Resulta bastante frecuente que los estudios sobre el movimiento obrero argentino establezcan una distinción más o menos marcada entre una etapa inicial, signada por la influencia de los conceptos clasistas y del ideario internacionalista propios del marxismo y el anarquismo, y una fase posterior, a partir del surgimiento y consolidación del peronismo, caracterizada por la reorientación de los trabajadores hacia el campo del nacionalismo. El libro de Baily, que comienza con la fundación de la primera federación obrera, en 1890, y lleva sus análisis hasta 1973, esboza en este terreno una perspectiva más matizada, poniendo de relieve que ya desde las primeras décadas del siglo, y en particular en los años treinta, comenzaron a perfilarse en los sectores obreros los elementos ideológicos que acabarían configurando la corriente nacionalista popular. Evolución que facilitó el encuentro entre clase trabajadora y peronismo y que contribuye a explicar la persistencia de su adhesión al mismo, a pesar de que la relación entre el régimen peronista y su base de su sustentación obrera haya sido, como lo muestra claramente Baily, compleja y no exenta de contradicciones.

Samuel L. Baily

Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina

ePub r1.1

et.al 01.06.2018

Título original: Labor, Nationalism and Politics in Argentina

Samuel L. Baily, 1967

Traducción: Alberto Ciria

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

ePub base r1.2

Para Joan, en reconocimiento

por tantas cosas

PREFACIO

El movimiento obrero se ha convertido en una de las fuerzas políticas e ideológicas más importantes en la Argentina del siglo XX. Muchos de los cientos de miles de trabajadores migrantes, tanto de Europa como de las zonas rurales del país, han encontrado en diversas épocas refugio político e ideológico dentro de los movimientos laborales. Juan D. Perón, presidente de la República desde 1946 a 1955, buscó de modo especial el apoyo de los trabajadores para conquistar y conservar el poder. Y a partir del derrocamiento de Perón, en 1955, todos los gobiernos han enfrentado el problema crítico de negociar con los dos millones y medio de obreros agremiados, dominados por los peronistas.

Me propongo describir en este libro el papel político e ideológico del movimiento obrero en la Argentina del siglo XX, las razones y consecuencias de esa actividad sindical. He ubicado la historia del movimiento en una perspectiva particular —como parte esencial del proceso de modernización— y, por lo tanto, me he concentrado en tres efectos afines en la transición de la Argentina desde una sociedad agrícola tradicional hacia una sociedad moderna en proceso de industrialización: la organización de la clase obrera, la participación de los trabajadores en política y el surgimiento del nacionalismo popular en los movimientos laborales.

Mi interés fundamental reside en el período de Perón, si bien trato al comienzo la creación de la primera federación obrera en 1890 y, al final, la consolidación de la Revolución Libertadora en 1957. Los dos primeros capítulos son introductorios y su contenido resultará conocido a los estudiosos del tema. El resto de la obra, que abarca el período 1930 a 1957, se basa en fuentes no utilizadas antes por otros investigadores (periódicos sindicales, informes de organizaciones obreras y entrevistas personales). Esto permite ofrecer un aporte basado en los hechos, y también interpretativo, a la historia del movimiento obrero argentino. El estudio minucioso alcanza hasta 1957, porque, para esa fecha, se había delineado con claridad la naturaleza de los problemas básicos vinculados con las organizaciones laborales, los nacionalismos y la política. Ningún cambio fundamental ha ocurrido durante la última década. No obstante, en el epílogo nos ocupamos del período siguiente hasta el presente.

Para escribir sobre el movimiento obrero argentino en el siglo XX hay que afrontar problemas especiales de objetividad. El período de Perón se halla en la actualidad todavía tan fresco y su influencia alcanza tan grandes proporciones, que casi todos los argentinos tienen emociones y opiniones firmes sobre él mismo. He supuesto que el peronismo —bueno o malo— es un movimiento importante y que sus partidarios tienen derecho a ser escuchados y comprendidos en sus propios términos. También he procurado, sin juzgarlos, entender a todos los grupos, formular sus posiciones y analizar sus motivaciones.

Aunque el libro se refiere al nacionalismo y la política en el movimiento obrero argentino, confío en que resulte útil para su estudio y el del nacionalismo popular en otros países de América latina y acaso en otras zonas del mundo que se encuentran en proceso de desarrollo. Mi propósito ha sido señalar ciertas condiciones y circunstancias fundamentales en que surgen los nacionalismos populares y apuntar algunas consecuencias de tales procesos para otras sociedades.

El libro tardó más de cinco años en elaborarse, lapso durante el cual recibí la generosa colaboración de muchas personas (y pasé casi un año en la Argentina consultando archivos y periódicos en los sindicatos y entrevistando a dirigentes gremiales). Agradezco en especial a Arthur P. Whitaker sus críticas, sus sugerencias y su estímulo. Deseo expresar mi reconocimiento por la ayuda que he recibido de Gino Germani, José Luis Romero, Hans Kohn, Joseph Barager, Robert J. Alexander, Otis H. Green, Sebastián Marotta, Luis Gay, Daniel Vukasovich, Alberto Belloni, Patricio Randle y Luis Angeleri y el personal a sus órdenes en la biblioteca de la Confederación General del Trabajo, en Buenos Aires. También agradezco a mis colegas del Departamento de historia de la Universidad de Rutgers por sus sugerencias, y destaco mi gratitud hacia el Rutgers University Research Council. Finalmente, deseo agradecer a mi esposa Joan sus observaciones y críticas, su aliento y estímulo, y su paciencia.

SAMUEL L. BAILY

New Brunswick, New Jersey

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INTRODUCCIÓN

La rápida industrialización de buena parte de Europa durante el siglo XIX afectó profundamente a Latinoamérica, cuyas materias primas y mercados necesitaban los países industriales. Como resultado de esta demanda, y mediante los esfuerzos de estadistas latinoamericanos que deseaban modernizar sus países, emigraron muchísimos europeos que invirtieron grandes sumas de capital para explotar esos recursos. Los extranjeros, en sociedad con los nativos, explotaron nuevas minas y plantaciones y ampliaron las existentes para hacer frente a la creciente demanda europea de salitre, cobre, estaño, café, azúcar, cereales, lana y carne. Además, instalaron nuevas industrias para elaborar mucho: de dichos productos y fomentaron la construcción de ferrocarriles, puertos y caminos para facilitar el movimiento de bienes.

Esta actividad económica ayudó a producir importantes cambios sociales y políticos en muchos países latinoamericanos. Facilitó la urbanización, la inmigración y el desarrollo de los grupos socioeconómicos medios e inferiores. Condujo a la formación de nuevos partidos políticos y nuevas instituciones. Y provocó el surgimiento de nuevas ideas y la redefinición de las viejas.

En la Argentina, el proceso de modernización comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX. La demanda europea de lana, carne y cereales estimuló el rápido desarrollo de muchos sectores de la economía. Aparecieron medios de transporte e industrias auxiliares en función de las principales industrias de exportación. De Europa llegaron grandes cantidades de inmigrantes para brindar su mano de obra a la economía en expansión, y el crecimiento de las ciudades generó nuevas demandas de trabajo y capital. Para la década de 1850, los trabajadores urbanos habían comenzado a formar organizaciones mutuales y en 1890 se estableció la primera federación obrera argentina.

A partir de 1890, el movimiento obrero organizado ha desempeñado un papel decisivo en la transformación de la Argentina de una sociedad agrícola tradicional a una sociedad moderna tanto en lo político e ideológico, como en lo económico. Los obreros se organizaron primero para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo, pero también se preocuparon por la cuestión mucho más amplia de cuál sería el tipo de sociedad en que deberían vivir y quién debería regirla. En consecuencia, el movimiento obrero organizado ayudó a que los grupos socioeconómicos inferiores participaran activamente en la estructura política del país y enunció la ideología del nacionalismo popular para justificar las demandas sociales y políticas —a la vez que económicas— de estos grupos.

El concepto de «movilización social», formulado por K. Deutsch, ayuda a explicar por qué el movimiento obrero ha desempeñado un papel múltiple en países como la Argentina. De acuerdo con Deutsch, la movilización social es el proceso de cambio ocurrido en países que pasan de modos de vida tradicionales a otros modernos, y dicho proceso se sucede en dos etapas. En la primera, se deterioran los vínculos sociales, económicos y psicológicos tradicionales, inclusive las pautas de afiliación a grupos y de identidad personal. En esta etapa se destruye el consenso que mantiene unida a la sociedad agrícola tradicional. En la segunda etapa, las personas «movilizadas» buscan desarrollar nuevas pautas comunitarias que les brinden una sensación de identidad personal y un medio para proteger sus propios intereses[1].

Este libro enfoca tres efectos afines de la movilización social en la Argentina: la organización del movimiento obrero, la participación de los trabajadores en política y el surgimiento del nacionalismo popular dentro del movimiento obrero. Los tres efectos proceden del desarraigo de los grupos socioeconómicos inferiores que describe Deutsch en la primera etapa y todos ellos son manifestaciones del deseo de asimilación y protección experimentado por dichos grupos, señalados en la segunda etapa.

Puesto que el término «nacionalismo» es vago e imposible de definir en cualquier sentido a la vez preciso y de aplicación general, es de suponer que, si bien existen semejanzas entre los nacionalismos y los movimientos nacionalistas de varias partes del mundo y momentos diferentes, la palabra sólo adquiere significado preciso en un contexto histórico específico[2]. En las páginas siguientes trataré de ofrecer una definición amplia de los nacionalismos del movimiento obrero argentino del siglo XX.

El nacionalismo popular, como se lo emplea en esta obra, se refiere a la fuerza generada por los trabajadores «movilizados» que buscan establecer una nueva identidad y proteger sus intereses. Manifiesta el deseo de los trabajadores por formar una comunidad particular sobre cuyo destino influirán. Se traduce en el esfuerzo por crear la nación, puesto que ésta es cuanto Rupert Emerson llama la comunidad final, o sea «la comunidad máxima que, cuando la suerte es adversa, controla de manera efectiva la lealtad de los hombres, superando las pretensiones de las comunidades menores incluidas, así como las de aquéllas que la cruzan o la envuelven potencialmente dentro de una sociedad todavía más vasta[3]».

Tal como lo da a entender Emerson, la nación representa el consenso que la sociedad comparte sobre los valores y procedimientos fundamentales, por el cual «controla de manera efectiva la lealtad de los hombres». En la Argentina, sin embargo, todavía no ha surgido consenso alguno, nuevo y amplio, en sustitución del de la sociedad agraria tradicional destruido. Muchos grupos luchan para crear la nación, pero no existe acuerdo sobre los valores y procedimientos que se deberían sustentar o sobre lo que significa la pertenencia a tal nación. En otras palabras, hay pocos intereses comunes o instituciones con amplio respaldo que puedan aunar los elementos diversos de la Argentina del siglo XX. Por lo tanto, los nacionalistas populares por más numerosos que sean, sólo constituyen uno de los grupos nacionalistas en competencia, aunque se imaginen voceros de un consenso nacional en ciernes y que sus intereses sociales y económicos son los intereses auténticos de la futura nación.

Los nacionalistas del movimiento obrero han intentado transformar la sociedad y conquistar el Estado para establecer un consenso nacional que avale su pretensión de ser los representantes genuinos de la nación que surge. Su nacionalismo reclama una revolución política, un cambio radical en la estructura social en beneficio de una distribución más justa del poder, el prestigio y la riqueza, y la modernización por medio de la industrialización rápida, por cuanto se la considera como la mejor forma de librar al país de la influencia extranjera y de crear una sociedad igualitaria. Se equiparan los grupos que han venido ejerciendo el poder con quienes se oponen a la industrialización rápida y a los extranjeros. El nacionalismo popularse convierte así en la «bandera» o justificativo para la creación de una sociedad industrial independiente y representativa.

El influjo y el empleo del nacionalismo popular en la Argentina no se ha circunscrito a las capas sociales inferiores. En muchos casos la jefatura y parte de los adherentes a los movimientos nacionalistas populares proceden de los sectores medios. Pero la fuerza inspiradora ha surgido de los estratos sociales inferiores y las demandas y necesidades de éstos otorgan su rasgo diferencial al movimiento.

En el movimiento obrero argentino han surgido dos formas básicas de nacionalismo popular. En primer lugar, apareció una forma «liberal» cuando los trabajadores inmigrantes europeos y sus hijos buscaron asimilarse a la sociedad argentina. Más tarde, se desarrolló una forma antiliberal cuando los trabajadores criollos migrantes del interior entraron en contacto con una ciudad poco conocida y sus habitantes, y se empeñaron en conservar algo de su modo tradicional de vida en el ambiente urbano.

Los términos «liberal» y «criollo» adquieren un sentido particular cuando se los aplica al movimiento obrero argentino. Desde la época colonial, la Argentina ha estado dividida en dos sociedades: una con centro en Buenos Aires y la otra en el interior.

Durante el siglo XIX el liberalismo se desarrolló primordialmente en la sociedad con centro en Buenos Aires como una ideología de reforma. Fue la filosofía de los intelectuales y estadistas que llegaron al poder después de la caída del dictador Juan Manuel de Rosas a mediados del siglo y que ante todo deseaban modernizar el país de acuerdo con los ejemplos de Inglaterra y los Estados Unidos. Los liberales argentinos rechazaron lo que consideraban un gobierno personalista atrasado y las tradiciones hispanocriollas del período de Rosas. Se proponían desarrollar el país mediante el gobierno constitucional, la educación, el laissez-faire, el capital europeo y la inmigración europea.

Los liberales desconfiaban de las masas, tanto las de Buenos Aires como las del interior, y en verdad dieron la espalda a la clase obrera en formación. En consecuencia, a fines del siglo, apareció un liberalismo de izquierda, orientado más que nada por el Partido Socialista. Los socialistas querían modernizar a la Argentina mediante el gobierno constitucional, la educación, la inmigración europea y el libre comercio, pero también exigían la participación política del trabajador inmigrante europeo en Buenos Aires, y ciertas formas del Estado benefactor, tales como la nacionalización de industrias básicas y la protección de una legislación laboral. Los socialistas argentinos eran liberales en la medida que buena parte de su ideología se arraigaba en la tradición liberal del país, pero modificaron dicha tradición para hacerla aceptable a los trabajadores inmigrantes europeos.

En el interior del país surgió una filosofía criolla entre quienes rechazaban el liberalismo, buscando en cambio las bases para el desarrollo de la sociedad en España y en la tradición hispanocatólica de la Argentina. La tradición criolla era una tradición nativa pero, como existían pocos indios en la Argentina, resultaba una tradición hispánica nativa. Como ocurrió con el liberalismo, apareció una forma izquierdista de la filosofía criolla. El criollo izquierdista compartía muchos elementos de la tradición hispanocatólica de la Argentina, pero exigía una sociedad igualitaria en lugar de una sociedad gobernada por una élite.

Este libro se ocupa de las variedades izquierdistas del nacionalismo liberal y del criollo. He intentado explicar su desarrollo como una consecuencia lógica del proceso de modernización e indicar de este modo su permanencia e importancia dentro de la sociedad argentina.

Capítulo 1

LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO EN LA ARGENTINA

La generación liberal que asumió el gobierno después de derrocar a Juan Manuel de Rosas en 1852, provocó el rápido desarrollo económico que constituyó a la larga el mayor estímulo para el crecimiento y la organización de la clase trabajadora. Los presidentes Bartolomé Mitre y Domingo F. Sarmiento iniciaron el proceso cuando fomentaron el empleo de nuevas técnicas en la agricultura y la ganadería, la construcción de ferrocarriles y puertos, la expansión de la inmigración y el desarrollo de la educación. Mas la culminación no llegó hasta la década de 1880 cuando una serie de acontecimientos se combinaron para convertir ese período en el gran momento de desarrollo. En 1879 el general Julio A. Roca conquistó nuevas y vastas regiones de tierras fértiles exterminando a los indios que todavía poblaban las pampas. Un año después, el gobierno federalizó la ciudad de Buenos Aires, resolviendo así el problema de su relación formal con el resto del país, y se abrió un período de estabilidad política. La aparición del barco frigorífico permitió que la Argentina vendiera sus carnes en el mercado europeo en expansión. La consiguiente prosperidad económica atrajo grandes cantidades de capital y mano de obra extranjeros, y a su vez esto contribuyó a aumentar el desarrollo. Surgió así la economía argentina moderna, basada en la producción y exportación de carne y cereales.

En 1890, una crisis económica interrumpió de modo temporario el proceso, y por una década se retrasó considerablemente el desarrollo. A fines de los años de 1880, la emisión de papel moneda sin respaldo, las políticas crediticias sin serias garantías, las sequías, la especulación y la corrupción, habían provocado el colapso financiero, y con él la reducción de las inversiones e inmigraciones extranjeras. Sin embargo, el crecimiento potencial del país siguió siendo elevado, y para comienzos de este siglo la Argentina entraba en un segundo período de desarrollo que duraría hasta la Primera Guerra Mundial. La nueva prosperidad atrajo nuevos inmigrantes y reactivó la corriente de capital europeo[1].

Este flujo de inmigrantes fue decisivo para la organización de la clase obrera. El movimiento obrero argentino, desde sus comienzos rudimentarios en 1857 hasta la declinación temporaria ocurrida luego del Centenario de la Independencia en 1910, fue un reflejo bastante fiel del movimiento obrero europeo. Los grupos obreros adquirieron allí sus métodos de organización y agitación, así como sus ideologías y programas específicos. La mayoría de sus integrantes y prácticamente todos sus dirigentes fueron también originarios de Europa. Si los trabajadores nativos se afiliaron al movimiento obrero organizado, su número nunca fue suficiente para neutralizar la influencia y el liderazgo del inmigrante europeo. Aparentemente, el trabajador criollo no estaba dispuesto, o por lo menos se hallaba menos dispuesto que el inmigrante, a cuestionar el orden social y económico existente, y en consecuencia los recién llegados no tuvieron oposición alguna en la práctica cuando organizaron y condujeron el movimiento obrero embrionario[2].

Entre 1857 y 1914, y en particular durante los períodos prósperos de la década de 1880 y principios de la de 1900, se radicaron permanentemente en la Argentina más de dos millones de inmigrantes. Para 1914, eran extranjeros tres de cada diez individuos que vivían en la Argentina y la mitad de los que vivían en la ciudad de Buenos Aires[3].

El inmigrante típico era el español o el italiano, de 15 a 64 años. Era un agricultor o un trabajador especializado o semiespecializado ocupado en una pequeña fábrica o taller. La mayoría de los inmigrantes se concentraron en las provincias del litoral, principalmente en las ciudades de Buenos Aires y Rosario.

El inmigrante era una persona desarraigada, un hombre «marginal» suspendido psicológicamente entre dos mundos. España o Italia le eran familiares, pero su futuro radicaba en la Argentina. Había soportado las penurias de la migración porque esperaba vivir mejor en la Argentina. Gino Germani señala que, los inmigrantes, «sin perder su identificación emocional con la patria de origen adquirieron una identificación con la patria nueva[4]».

El acto de migrar del Viejo al Nuevo Mundo era un acto individual que destruía los vínculos comunitarios tradicionales del inmigrante. Dice Oscar Handlin: «El acto de la migración fue individual, aunque se desarraigaron a un mismo tiempo comunidades enteras, y aunque toda la vida en el viejo mundo hubiera sido antes comunitaria. El mero hecho de la partida de los campesinos constituía un índice de la desintegración de las viejas costumbres aldeanas[5]».

Una de las necesidades más imperiosas del trabajador inmigrante era la de formar nuevos lazos comunitarios. Sus primeras tentativas en este sentido fueron las sociedades de socorros mutuos, carentes de contenido político y revolucionario. Ya en 1857 se fundaron dos sociedades para proporcionar, a los inmigrantes espartóles, hospitales, escuelas y seguros por accidente, enfermedad y sepelio. Cuatro años más tarde se crearon dos sociedades italianas de socorros mutuos, una en Buenos Aires y otra en Rosario. A fines de siglo había en la Argentina 79 sociedades italianas de socorros mutuos y 57 españolas[6].

Algunas de estas sociedades se organizaron en torno de un oficio particular, en lugar de la nacionalidad. Sus actividades se ampliaron para abarcar la defensa de los intereses económicos así como el socorro mutuo. La primera de ellas, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, fue creada en 1857 por los linotipistas de Buenos Aires. En 1877, luego de 21 artos de limitada actividad sindical, los afiliados a la Sociedad Tipográfica Bonaerense formaron la Unión Tipográfica para iniciar una política más vigorosa. La Unión fue a la huelga cuando no se satisficieron por completo sus demandas de aumento de salarios y reducción en las horas de labor. El gremio perdió la huelga, y un arto después la organización madre disolvió la Unión Tipográfica por su ineficacia. Otras sociedades comenzaron actividades gremiales, pero ninguno de dichos grupos resultó particularmente efectivo[7].

Los acontecimientos dentro del movimiento obrero europeo afectaron entonces en forma directa la situación argentina. En 1864, los obreros ingleses, alemanes, franceses, italianos, polacos y suizos fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores para coordinar diversas organizaciones obreras dedicadas a la «ayuda mutua, el progreso y la emancipación total de la clase trabajadora[8]». La Internacional creció al punto de tener filiales en otros países, pero la actitud hostil de muchos gobiernos y la lucha ideológica interna entre socialistas y anarquistas la hirió de muerte. A partir de la supresión de las secciones francesa, alemana, italiana y espartóla de la Internacional, y la derrota de la Comuna de París a principios de la década de 1870, una cantidad de dirigentes obreros experimentados buscó refugio en la Argentina, donde fundaron filiales locales de la organización europea.

Los afiliados argentinos a la Internacional consiguieron nominalmente organizar a la clase trabajadora, pero la división entre socialistas y anarquistas limitó la eficacia de las secciones argentinas, como ya había sucedido en Europa. Además, el gobierno hostigó a las secciones locales. Finalmente la disolución de la Internacional en su reunión de Filadelfia (1876), las dejó libradas a su suerte[9].

El éxito reducido de las sociedades de socorros mutuos con orientación sindical, y de las secciones de la Asociación Internacional de Trabajadores, no restó fuerzas a otros intentos organizativos, pues los anarquistas y socialistas que llegaron a la Argentina en cantidades crecientes durante la década de 1880 rivalizaron entre sí para controlar el embrionario movimiento obrero. Ambos grupos crearon numerosas organizaciones políticas y sindicales entre los trabajadores especializados y semiespecializados de Buenos Aires, Rosario y otras pocas ciudades del Litoral, pero desde el comienzo los socialistas tuvieron más éxito que los anarquistas.

El Vorwärts fue el primer grupo argentino importante que difundió el socialismo. Formado en 1882 por refugiados obreros de la Alemania de Bismarck, era un grupo político parecido al Vorwärts alemán, del cual conservó su nombre e inspiración. El propósito del grupo era organizar a los trabajadores para «cooperar en la realización de los principios y fines del socialismo, de acuerdo con el programa de los socialdemócratas de Alemania[10]». Si bien la organización ponía énfasis en los objetivos políticos, también ayudó a constituir sindicatos como uno de los medios para organizar a la clase obrera.

El Vorwärts argentino, más preocupado por el proletariado políticamente experimentado de una Alemania en vías de industrialización que por los inmigrantes italianos y españoles en la Argentina (a los que trataba de dirigir), instó a los trabajadores a que adoptaran técnicas parlamentarias no-revolucionarias para mejorar su situación económica. Comenzó una campaña para naturalizara los inmigrantes europeos, con el fin de que los trabajadores ejercieran el sufragio y obtuvieran así el control político del Estado. Este tipo de programa, aunque exitoso en Alemania, no resultó eficaz en la Argentina.

Comenzada apenas su industrialización, era todavía un país principalmente agrícola gobernado por una oligarquía terrateniente. La inmensa mayoría de los trabajadores procedía de España e Italia, países donde era poderoso el anarquismo. No comprendían los métodos de los socialistas. Mientras el obrero veía cómo la oligarquía dominaba el país mediante el fraude y la fuerza, no podía ilusionarse con las soluciones parlamentarias para sus problemas.

Los acontecimientos históricos ayudaron empero al Vorwärts en sus intentos por organizar al movimiento obrero. A fines de la década de 1880, el deterioro de la situación económica del país produjo una baja de los salarios reales, la desocupación y una serie de paros y huelgas[11]. En 1887 los zapateros ganaron su huelga a favor de una reducción en la jornada laboral. En 1888 los obreros de los talleres del Ferrocarril Sur fueron a la huelga para que sus salarios se pagasen en oro, en lugar del peso papel que sufría cada vez más los efectos de la inflación. Y, en 1889, 3000 carpinteros y 6000 albañiles consiguieron un aumento de sueldos del 20 por ciento porque había escasez de mano de obra en ambos oficios[12].

Estimulado por la crisis económica, por la militancia de la clase obrera y por la fundación de la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores en París (julio de 1889), el Vorwärts convocó a las organizaciones obreras de Buenos Aires para constituir el Comité Internacional Obrero. El programa del grupo, al igual que el de los social-demócratas alemanes, hacía hincapié en los métodos políticos evolucionistas. Señalaba la necesidad de peticionar al Congreso Nacional para que aprobase una legislación laboral favorable, y propiciaba el establecimiento de una federación obrera que aumentase la eficacia económica y política de los trabajadores[13].

A mediados de 1890, cuando cayó el presidente Miguel Juárez Celman en medio de una profunda crisis política, el Comité consiguió organizar la primera federación sindical argentina, la Federación de Trabajadores de la Región Argentina (FTRA)[14]. De acuerdo con sus estatutos, el objetivo de la FTRA era la defensa de los intereses morales y materiales del obrero mediante el establecimiento de sociedades apolíticas. En teoría, por lo tanto, la FTRA acogía en su seno tanto a los anarquistas como a los socialistas, pero cuando se reunió su segundo congreso en octubre de 1892, la organización poseía una evidente orientación socialista. En dicho congreso los afiliados apoyaron la «politización» de la clase obrera, la nacionalización de la industria y el arbitraje en los conflictos laborales. En consecuencia, la minoría anarquista revolucionaria se retiró[15]..

El gesto de los anarquistas debilitó a la FTRA, pero otros factores contribuyeron a su destrucción. No tenía respaldo financiero apropiado y, debido a la crisis económica, aumentó la desocupación y muchos de sus afiliados se vieron obligados a regresar a Europa[16]. La FTRA se disolvió poco después de su segundo congreso.

En la misma década los socialistas organizaron otras tres federaciones obreras a imitación de la FTRA con objetivos evolucionistas, pero no llegaron a encuadrar a los trabajadores. Fracasado su intento y como su interés primordial era conseguir el control político de la sociedad, los socialistas se dedicaron a formar un partido político.

Juan B. Justo fue el creador del Partido Socialista[17]. Justo pasó buena parte de su infancia en la estancia de su padre, al sur de la provincia de Buenos Aires. Estudió en el Colegio Nacional y en la Universidad de Buenos Aires. Mientras cursaba medicina, trabajó como periodista en el diario La Prensa. En 1888, a los 23 años, se recibió de médico y dedicó los dos años siguientes a viajar y estudiar en Europa.

A su regreso, en 1890, se interesó por la situación política argentina. Integró el comité ejecutivo de la Unión Cívica, organización recién creada con el fin de acabar con la corrupción en política, lograr elecciones libres y honradas, y terminar con el dominio ejercido por la oligarquía terrateniente sobre el país. Sin embargo, Justo se desilusionó con la Unión Cívica porque propiciaba una revolución popular —en lugar de un golpe militar— para derrocar a la oligarquía, y porque temía que la organización se dedicara sólo a los problemas políticos con exclusión de los sociales y económicos.

Justo se retiró de la Unión Cívica y volvió a ejercer la medicina, pero no pudo alejarse de la política. Pronto comenzó a entusiasmarse por el socialismo. Para 1894 ya había fundado el diario La Vanguardia, había integrado a varios grupos socialistas en el Partido Obrero Socialista Internacional y se había convertido en uno de los socialistas más caracterizados del país. Al año siguiente, 1895, el partido cambió su nombre por el de Partido Obrero Socialista Argentino y en 1896 pasó a llamarse Partido Socialista Argentino. Justo fue el dirigente indiscutido de la agrupación desde 1896 hasta su muerte, ocurrida a principios de 1928.

Justo era socialista, pero también liberal y nacionalista, y logró conciliar las tres posiciones. Como Sarmiento y Mitre, quería europeizar el país y transformarlo en una nación próspera y progresista. Creía en el constitucionalismo, el laissez-faire económico con algunas modificaciones, la educación pública universal, el fomento sin restricciones de la inmigración, el sufragio universal, y en un gobierno central fuerte para llevar a la práctica las reformas. Rechazaba el liberalismo políticamente conservador y antipopular de Roca y sus sucesores, pero en ningún momento rechazó los ideales liberales.

Al mismo tiempo, Justo quería emplear al Partido Socialista y al movimiento obrero para forjar una nueva nación. Indicaba que «Nuestra unidad nacional según la Constitución, es más antigua que la de Alemania, pero debido a la incapacidad de la oligarquía gobernante, no podemos hablar aún de una verdadera unidad nacional[18]». Creía que el Partido Socialista triunfaría donde había fracasado la oligarquía: conquistaría la unidad nacional, liberaría al país del imperialismo económico, elevaría el nivel de vida de los trabajadores y contribuiría a que el «espíritu argentino» prevaleciera en todos los sectores de la sociedad[19].

El nacionalismo de Justo se componía primordialmente de antiimperialismo y de una preocupación por asimilar al trabajador inmigrante en la estructura política del país. En un artículo publicado en La Nación, en 1896, Justo atacó al imperialismo: «Lo que no pudieron los ejércitos lo ha podido entre tanto el capital inglés. Hoy nuestro país es tributario de Inglaterra[20]». El ataque no constituía empero una denuncia general del capital extranjero. El liberal Justo reconocía los beneficios aportados a la Argentina por las compañías ferroviarias, de gas, tranviarias, telefónicas y telegráficas de propiedad británica, y se oponía a las restricciones arancelarias al libre intercambio de bienes. Su antiimperialismo criticaba el drenaje de oro hacia otros países, el capital que no se integraba a la economía nacional y la influencia política de los capitalistas extranjeros en la Argentina[21]. En consecuencia, liberar al país del imperialismo económico quería decir librarlo de la interferencia política que practicaban los capitalistas extranjeros.

Justo se preocupó mucho por el segundo objetivo de su nacionalismo: la asimilación del trabajador inmigrante. Aunque buscó catequizar tanto a los obreros nativos como a los extranjeros, Justo concentró sus esfuerzos en estos últimos, por creerlos más capaces de desarrollar el socialismo en la Argentina. En el editorial de la primera edición de La Vanguardia, 7 de abril de 1894, Justo afirmó que el millón y medió de inmigrantes europeos, junto con los elementos deorientación europea existentes en el país, «forman hoy la parte activa de la población, la que absorberá poco a poco al viejo elemento criollo, incapaz de marchar por sí solo hacia un tipo social superior[22]». Volvió a formular la misma idea dos años más tarde, cuando explicó que el partido socialista se proponía incorporar los cientos de miles de trabajadores europeos a la vida política del país, «para dirigirlo hacia una organización colectivista, humanitaria, y científica[23]».

La participación electoral representó la culminación lógica de los esfuerzos de Justo y los socialistas para llevar a cabo la asimilación de los trabajadores inmigrantes a la vida política del país. En 1896, el Partido Obrero Socialista Argentino designó a Justo y a otros cuatro afiliados como candidatos al Congreso Nacional, pero los socialistas obtuvieron apenas 138 votos de los 12 000 emitidos en Buenos Aires —la única ciudad donde contaban con cierta fuerza—, y no alcanzaron a elegir ningún representante. Aunque el comicio resultó evidentemente fraudulento, poco tenía que ver el fraude con el fracaso del partido; de acuerdo con los propios cálculos socialistas, no recibió más de 250 sufragios[24].

No tuvo éxito la campaña de los socialistas para asimilar al trabajador inmigrante. En 1896, sólo el 43 por ciento de los 764 afiliados al Partido Socialista eran ciudadanos argentinos aptos para votar en las elecciones nacionales y tan sólo en 1915 el partido puso en vigor la resolución aprobada por su comité ejecutivo en 1895, que establecía que sus afiliados debían ser ciudadanos argentinos. Además, apenas el 1 por ciento de la población extranjera del país (25 por ciento del total de habitantes) y el 2,3 por ciento de la población extranjera de Buenos Aires (50 por ciento del total de habitantes urbanos) adquirieron la ciudadanía antes de la Primera Guerra Mundial[25].

Los socialistas fracasaron pues en brindar un liderazgo eficaz al movimiento obrero, en gran medida porque intentaron emplear los métodos parlamentarios de una Alemania que se industrializaba, para mejorar las condiciones del trabajador argentino, en un momento en que dichas actividades no podían producir los resultados esperados.

Pese a la debilidad del movimiento socialista durante las décadas de 1880 y 1890, los anarquistas no alcanzaron a competir eficazmente con él por la dirección de la clase obrera argentina porque se hallaban divididos en dos facciones. Una facción apoyaba la filosofía de acción individual de Miguel Bakunin y la otra se inspiraba en la filosofía colectivista de Pedro Kropotkin. Sólo los unía su preferencia por la acción directa y su rechazo de los métodos parlamentarios de los socialistas. No deseaban asimilar al obrero en la sociedad argentina, sino destruir la sociedad existente y construir otra nueva en su reemplazo.

Durante la década de 1890, la facción colectivista se impuso y allanó el camino para que un liderazgo unificado controlara el naciente movimiento sindical. Las publicaciones de Antonio Pellicer Paraire, un español que vivía en la Argentina, dieron a los anarquistas la base teórica para una organización colectiva y, cosa tan importante en una sociedad de inmigrantes con motivaciones económicas, explicaron cómo podían desarrollar una lucha económica cotidiana mientras trabajaban a largo plazo por objetivos revolucionarios.

En 1900 Pellicer Paraire publicó una serie de artículos titulada La organización obrera, donde señalaba la ineficacia de la acción individual. Decía Pellicer Paraire: «La mayoría de los anarquistas se mostraba adversa a toda coordinación permanente de voluntades; se fiaba demasiado en el mito del pueblo y en la espontaneidad». «Pero» —continuaba— «la minoría dirigente dominaba por su organización y, para poder acabar con este gobierno de la minoría, los trabajadores tendrían que organizar fuerzas superiores[26]».

Este autor proponía una organización económica dirigida a mejorar la suerte de los trabajadores en la sociedad actual, y una organización revolucionaria destinada a producir una sociedad nueva y mejor. Cada grupo local de trabajadores del mismo oficio, o cada unidad de fábrica, tendría que organizar una sociedad de resistencia. Las sociedades locales deberían unirse para formar una federación de oficios que luchase para mejorar las condiciones económicas y sociales. Además de la federación de oficios, las sociedades deberían constituir una federación local, o «comuna revolucionaria», para hacerse cargo de todos los asuntos relativos a la «libertad y la existencia», y transformarse así en el núcleo de la sociedad anarquista futura.

La nueva preocupación de los anarquistas por la organización y el bienestar económico los llevó, en 1901, a unirse con los socialistas en la fundación de la Federación Obrera Argentina (FOA). Gracias a los esfuerzos de dirigentes como el anarquista Pedro Gori y el socialista Adrián Padroni, la federación conservó su unidad durante más de un año. Sin embargo, en su segundo congreso de abril de 1902, se dividió la FOA por el problema de la representación de los delegados. Ambos grupos denunciaron las «maniobras fraudulentas» de la oposición, y al final se retiraron los delegados de las 19 filiales socialistas[27].

Luego del retiro de los socialistas, los anarquistas controlaron buena parte del movimiento obrero organizado en la Argentina. A pesar de la formación de la Unión General del Trabajo (UGT) en 1903 —dominada por los socialistas—, los anarquistas constituyeron la facción más poderosa del movimiento obrero hasta 1910, año en que el gobierno prohibió sus actividades[28].

Una vez afianzado su dominio sobre la FOA, los anarquistas la convirtieron en una organización política para difundir sus ideas. Su nombre cambió por el de Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Adoptaron un programa basado en las ideas partidistas de Pellicer Paraire, y en 1905 apoyaron abiertamente la filosofía política del comunismo anarquista, eliminando de la federación a todos los que no eran anarquistas[29].

La dirección anarquista del movimiento obrero se diferenciaba muchísimo de la de sus predecesores con orientación parlamentaria. En lugar de empeñarse por asimilar los trabajadores a la sociedad, y de este modo llegar a la reforma de esta última, los anarquistas intentaron crear una «sociedad pura» y radicalmente nueva. Para ellos, el Estado-nación era una creación artificial, tal como lo demuestra una resolución aprobada por la FORA en 1905: «Compañeros delegados: las fronteras que separan a los pueblos no tienen razón de ser para los que no reconocemos otra patria que el mundo entero[30]». Creían que el presente Estado nacional era un mal que debía destruirse antes de llegarse a desarrollar la sociedad nueva y regenerada. En consecuencia, no vacilaban en emplear métodos violentos y «socialmente inaceptables» para conseguir sus fines.

La huelga general revolucionaria fue el método nuevo más importante empleado por los anarquistas para tratar de derrocar al gobierno y conquistar beneficios para los obreros. Inspirados por la huelga general de Barcelona en 1902, los anarquistas argentinos dieron comienzo a una ola de huelgas locales y generales. Durante la más exitosa de éstas, en mayo de 1909, entre 200 000 y 300 000 trabajadores abandonaron sus tareas en Buenos Aires por seis días para protestar contra los «asesinatos policiales». La huelga terminó cuando el gobierno accedió a muchas demandas de los obreros[31].

Otra técnica importante introducida por los anarquistas durante este período fue la «propaganda por la acción». Dicha idea se había desarrollado en Francia, España e Italia en las décadas de 1880 y 1890, y muchos anarquistas argentinos, conocedores de la historia reciente de estos países, creían que los actos individuales de terrorismo se justificaban cuando fracasaba la acción conjunta. El 11 de agosto de 1905, un anarquista trató de asesinar al presidente Manuel Quintana como protesta por la supuesta brutalidad policial durante la represión del frustrado movimiento revolucionario de la Unión Cívica Radical. Del mismo modo, el 14 de noviembre de 1909, un joven anarquista ruso asesinó al coronel Ramón L. Falcón, jefe de policía de Buenos Aires, por su crueldad en la represión de las manifestaciones y protestas obreras[32].

En la Argentina, el anarquismo presentó otro aspecto que ha escapado a los escritores que han visto en él solo violencia y terror. Al mismo tiempo que los anarquistas desarrollaban su acción militante en contra del gobierno, en un gesto aparentemente contradictorio trataban de mejorar la situación concreta del obrero, en lo social y en lo económico, dentro de la sociedad por destruir. James Bryce, quien visitó la Argentina poco después del asesinato del coronel Falcón, comentó lo siguiente sobre esta situación paradójica: «Nuestro tiempo ha presenciado demasiados incidentes raros como para sorprenderse de que se realicen actos de violencia en un país donde, si bien existe un despliegue ostentoso de riqueza, el trabajo es más abundante y los salarios son más elevados que en cualquier otra parte del mundo. Tales actos no se dirigen contra la opresión ni a las condiciones industriales, sino contra el propio gobierno[33]».

Lord Bryce y otros observadores nunca llegaron a comprender que, como el movimiento obrero era en su gran mayoría un movimiento inmigratorio enfrentado a un gobierno hostil, no sólo debía ser revolucionario sino que a la vez debía orientarse hacia la consecución de beneficios económicos concretos. El trabajador que había abandonado su tierra nativa en procura de una vida mejor, deseaba ganancias económicas inmediatas, por más que odiase al gobierno y buscara su destrucción. Pellicer Paraire había indicado una manera de lograr simultáneamente ambos objetivos. Así, a diferencia de sus camaradas europeos, los anarquistas argentinos insistieron sobre mejoras económicas concretas a la par que sobre la actividad revolucionaria[34].

Por la misma naturaleza dual de su programa, los anarquistas pudieron dirigir por un tiempo de manera más eficaz el movimiento obrero organizado que los socialistas. Las tácticas anarquistas y la prosperidad general del período llegaron en verdad a mejorar las condiciones de los trabajadores. Como los patrones cosechaban importantes ganancias, podían permitirse un aumento de salarios para acabar con las huelgas y conservar el orden. Entre 1904 y 1909, los salarios de los trabajadores especializados y semiespecializados aumentaron con mayor rapidez que el costo de la vida; la jornada laboral promedio de dichos grupos se redujo en una o dos horas; y se rebajaron los alquileres en ciertos barrios obreros de Buenos Aires[35].

En su mayoría, la oligarquía terrateniente conservadora en el poder desde 1880 a 1916 manifestó poca comprensión o simpatía por el movimiento obrero naciente. Pocos individuos —Carlos Pellegrini, Joaquín V. González, Roque Sáenz Peña— reconocieron la necesidad de ayudar a la clase trabajadora, pero no pudieron cambiar el modo de pensar de su propia clase. En ningún momento el gobierno transmitió al obrero la impresión de que deseaba comprender sus problemas sociales y económicos, o ayudarlo a resolver esas cuestiones dentro del marco institucional del país. La clase obrera no podía formar parte de la sociedad argentina en pie de igualdad con la oligarquía.

La actitud oficial frente al obrero fue ambivalente. En la década de 1890, la oligarquía gobernante mostró indiferencia para con el movimiento sindical, pero a medida que la FORA —cada vez más militante— introdujo nuevos métodos de lucha para conseguir sus propósitos, el Estado los contrarrestó con nuevas medidas represivas. Como respuesta a la ola de huelgas de 1902, y a la primera huelga general en la historia argentina, la policía comenzó a allanar sedes sindicales, a emplear informantes en los gremios, a detener obreros en gran escala y a prohibir la publicación de periódicos gremiales[36]. El gobierno también recurrió al estado de sitio para enfrentar a los trabajadores, estableciendo un precedente muy usual en la Argentina desde entonces.

El medio más importante empleado por el gobierno para combatir la creciente militancia del movimiento obrero, consistió en deportar a sus dirigentes. El 23 de noviembre de 1902, el Congreso sancionó la Ley de Residencia, que autorizaba al gobierno a deportar a todo extranjero cuya conducta «comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público», a prohibir la entrada de aquellos culpables de delitos, así como a deportar en el plazo de tres días a quienes fueran pasibles de condena[37].

Esta ley aisló al trabajador inmigrante de la sociedad argentina. La participación en una huelga convertía a una persona en «extranjero indeseable», en «agitador profesional» o en «elemento subversivo». El obrero carecía de protección legal porque, en general, los tribunales no reconsideraban mediante el habeas corpus la orden presidencial de deportar a los «extranjeros indeseables[38]».

Al cabo de poco más de un año, el gobierno pareció suavizar su actitud frente a los trabajadores. En 1904, el ministro del Interior, Joaquín V. González, uno de los miembros más progresistas de la oligarquía, intentó mejorar las relaciones entre el movimiento obrero y el Estado. Elevó al Congreso un proyecto de ley nacional del trabajo que establecía la jornada de ocho horas, la reglamentación del trabajo nocturno, el descanso dominical, el seguro por accidente, la reglamentación del trabajo femenino y la prohibición de trabajar a los menores. Al mismo tiempo, el proyecto disponía una reglamentación oficial para las actividades sindicales[39].

De haberse adoptado el proyecto de González, éste habría constituido un importante paso adelante en las relaciones entre el movimiento obrero y el Estado, pues establecía la primera legislación protectora del obrero en la historia argentina. También pretendía sentar las bases de la cooperación entre los sindicatos y los medios oficiales en la solución de los diferendos. Tanto las empresas como los sindicatos se opusieron sin embargo a él. Los patrones pensaron que la ley otorgaba al trabajador concesiones inauditas e innecesarias y las organizaciones sindicales creyeron que pondría fin a su independencia al someterlas a la reglamentación oficial. En consecuencia este proyecto nunca se convirtió en ley[40].

En 1907, nuevos intentos y nuevos fracasos, pero el Congreso creó al menos el Departamento del Trabajo. Una vez constituido éste, invitó a la FORA y a la UGT a participar de un tribunal que resolvería conflictos entre patrones y obreros, pero ambas federaciones gremiales se negaron a apoyar la iniciativa de un «gobierno burgués y corrupto[41]».

El fracaso de estos y otros esfuerzos a cargo de los elementos más progresistas de la oligarquía por establecer canales eficaces de comunicación entre los patrones, el gobierno y el movimiento obrero, se debió a que ninguna de las partes estaba dispuesta a otorgar concesiones, y el resultado de la pugna fue la supresión directa del movimiento sindical. La celebración del Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, significó el acto final del drama. El gobierno mantuvo conversaciones con los dirigentes de la FORA para tratar de evitar las manifestaciones durante esos festejos. Los dirigentes de la FORA vacilaron, ya que eran voceros de un movimiento militante pero disciplinado a medias. Pensaban que debían declarar la huelga porque los trabajadores así lo deseaban, aunque les preocupaba la «reacción inevitable del nacionalismo [argentino]» que podría provocar su huelga[42].

La Confederación Obrera de la Región Argentina (CORA, de reciente creación y de tendencia sindicalista), confiando en arrebatar la iniciativa a la vacilante FORA, llamó a la huelga general para el 18 de mayo, siete días antes de la conmemoración de la independencia. Para conservar su posición de predominio, la FORA se sintió obligada a declarar una huelga general para el mismo día. Sus dirigentes anunciaron que los afiliados a la FORA irían a la huelga, a menos que el gobierno pusiera en libertad todos los presos políticos y derogara la Ley de Residencia.

El gobierno, negada la cooperación deseada, tomó medidas para prevenir las manifestaciones: éstas fueron la represión total del movimiento obrero organizado. El 13 de mayo comenzó a arrestar dirigentes gremiales, y al día siguiente implantó el estado de sitio. Las turbas, con el apoyo de la policía, atacaron y destruyeron casi todas las sedes sindicales y los periódicos de la clase obrera. Se detuvo a miles de trabajadores, y se deportó a varias docenas de ellos. El Estado logró su propósito: no hubo manifestaciones obreras durante los festejos del Centenario. Pero, como señala el historiador anarquista Diego Abad de Santillán, «la historia recordará que para celebrar la fecha de la Independencia fue necesario convertir a Buenos Aires en un campamento militar…»[43].

La tensión se mantuvo durante mayo y la lucha apenas terminó el 26 de junio. Ese día explotó una bomba en el teatro Colón, que se encontraba vacío, y se responsabilizó por el atentado a un anarquista. Dentro de las 48 horas el Congreso Nacional, a quien apoyó la mayoría de sectores de la sociedad que no eran obreros, aprobó una ley que individualizaba a los anarquistas como la causa de la intranquilidad social[44].

La Ley de Defensa Social tenía la intención de destruir al movimiento anarquista. Prohibía que los anarquistas entrasen al país, propagasen sus ideas o realizasen actos públicos, y enumeraba las sanciones para diversas actividades que comprometieran la seguridad nacional[45].

Con la aprobación de la Ley de Defensa Social se puso fin a la dirección anarquista del movimiento obrero organizado y se debilitó en forma severa al sindicalismo. Se deportó o encarceló a muchos dirigentes de la FORA, la organización no pudo reunirse por más de dos años, y dejaron de publicarse los dos periódicos anarquistas. Se toleró el funcionamiento de las filiales locales de la FORA, pero sus actividades fueron severamente restringidas, como las de todos los grupos sindicales.

En consecuencia, y a pesar de ciertas tentativas para ayudar al movimiento obrero, el resultado concreto de la política oficial fue aislar al trabajador y considerarlo como un criminal y un elemento subversivo. El gobierno no reconoció legalmente a la mayoría de los gremios y, en lugar de negociar con los dirigentes sindicales en su carácter de representantes de los trabajadores, amenazó con deportarlos porque eran «extranjeros indeseables».

El Estado acaso creyó que, al deportar a los dirigentes obreros, había deportado sus problemas sociales y económicos. Por supuesto, ésta no era la solución a dichos problemas. Los dirigentes eran simples representantes de una clase obrera inmigrante que buscaba mejorar su nivel de vida. Estos sectores eran nuevos y en constante crecimiento, pero se hallaban aislados y sin asimilar. A menos que el gobierno estuviera dispuesto a deportar a todos los trabajadores, no podía eliminar la intranquilidad social.

Para 1910 era evidente el surgimiento del movimiento obrero organizado en la Argentina, pero sin haberse integrado en la estructura institucional del país. Ésa sería su posición hasta que las condiciones permitieran que empleara las instituciones existentes para ayudarlo a lograr sus aspiraciones económicas y sociales.

Capítulo 2

PRIMERAS MANIFESTACIONES DEL NACIONALISMO OBRERO

El movimiento obrero organizado no se recuperó del todo del tremendo retroceso de 1910 hasta casi el fin de la década, cuando la guerra estimuló la prosperidad y la relativa escasez de mano de obra otorgó a los gremios una fuerte posición negociadora. Empero, el movimiento obrero «renovado» no era el mismo que el gobierno había aniquilado. En el ínterin, había madurado una nueva generación de trabajadores, portadores de actitudes nuevas e importantes para el desarrollo del nacionalismo popular.

Esta nueva generación de trabajadores tuvo dirigentes sindicalistas y más tarde socialistas, en lugar de anarquistas. El sindicalismo se había desarrollado en Francia durante la década de 1890 como reacción frente al parlamentarismo de los socialistas y al exclusivismo de los anarquistas comunistas. A diferencia del anarquismo y el socialismo, el sindicalismo surgió a partir de las organizaciones gremiales existentes, y creció como una ideología pragmática y no política basada en las necesidades inmediatas del trabajador. El movimiento se proponía unir a todos los obreros en una organización sindical que los ayudara a mejorar su situación inmediata, para convertirse, en el futuro, en la institución básica de la sociedad.

El sindicalismo apareció por primera vez en la Argentina cuando estaba alcanzando el apogeo de su influencia en Europa. En 1906 los sindicalistas arrebataron a los socialistas el control de la Unión General del Trabajo, y al mismo tiempo formaron un grupo de simpatizantes dentro de la FORA anarquista[1]. En 1909, para intentar la unión del movimiento obrero, los sindicalistas y los gremios autónomos constituyeron un nuevo organismo, la Confederación Obrera de la Región Argentina (CORA), y en 1915 la disolvieron para plegarse a la FORA. En su noveno congreso, reunido poco después, se dividió la FORA en las facciones sindicalista y anarquista por la cuestión del exclusivismo y el carácter político del comunismo anarquista. Los sindicalistas controlaron la facción dominante, que pasó a llamarse la FORA IX porque el noveno congreso repudió al comunismo anarquista. La facción anarquista pasó a llamarse la FORA V, porque en el quinto congreso (1905) la federación había adoptado la filosofía política del comunismo anarquista.

La FORA IX sindicalista y apolítica, que controló al movimiento obrero desde 1915 a 1922, fue la central gremial independiente de mayor eficacia en la historia del país. Mientras se recuperaba de los sucesos de 1910 y de la división de 1915, creció de 51 filiales con 3000 miembros a 734 filiales con unos 70 000 miembros. El número anual de huelgas, índice de la nueva actividad sindical, se quintuplicó con holgura —de 65 en 1915 a 367 en 1919—, y el número de huelguistas fue más de veinte veces superior, pasando de 12 000 a 309 000. Pero resultó más importante para el trabajador el hecho de que los salarios reales subieron como consecuencia de dicha actividad, además de la prosperidad acarreada por la guerra y la reducción de la inmigración por idénticas razones. Como lo indica el cuadro I, los salarios reales declinaron entre 1914 y 1918, pero subieron con rapidez después de esta última fecha hasta alcanzar un pico en 1923 (26 por ciento más que en 1914).

Muchos factores diferenciaron a las generaciones de obreros dirigidos por anarquistas y sindicalistas, pero probablemente el más importante resultó el cambio en la composición de la clase obrera. Con predominio anarquista del período anterior a la Primera Guerra Mundial, la FORA contó, como principal apoyo, con artesanos inmigrados de Europa. Sus afiliados eran, básicamente, españoles e italianos que trabajaban en situaciones de estrecho contacto personal con sus patrones, y sus filiales más importantes eran los sindicatos de oficios —zapateros, panaderos, carpinteros y albañiles— ubicados en Buenos Aires y Rosario. En cambio, el movimiento obrero durante la Primera Guerra Mundial y la década de 1920 se componía primordialmente de trabajadores del transporte que vivían a lo largo y a lo ancho del país, muchos de los cuales eran hijos de inmigrantes con escaso o ningún contacto personal respecto de sus patrones.

CUADRO I

SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, 1914-1930 (EN PORCENTAJE)
1914 | 68 | 1923 | 86
1915 | 61 | 1924 | 85
1916 | 57 | 1925 | 89
1917 | 49 | 1926 | 90
1918 | 42 | 1927 | 95
1919 | 57 | 1928 | 101
1920 | 59 | 1929 | 100
1921 | 73 | 1930 | 91
1922 | 84 |  |
Fuente: República Argentina, Departamento Nacional del Trabajo, División de Estadística, Estadística de las huelgas, Buenos Aires, 1940, págs. 21-22.

La aparición de los obreros del transporte en una posición privilegiada dentro del movimiento sindical, fue consecuencia del rápido desarrollo económico y la modernización iniciados a fines del siglo XIX, y en particular del asombroso crecimiento de las industrias ferroviaria y marítima. Entre 1900 y 1930 se duplicó con creces la extensión de vías férreas en la Argentina, pasando de 16 694 km a 38 552 km. La industria marítima se desarrolló en proporción análoga y con parecida velocidad. Entre 1913 y 1929 el volumen del comercio de cabotaje aumentó el 100 por ciento, de 11 800 000 toneladas anuales a 22 700 000 en idéntico lapso[2]. A medida que crecían dichas industrias, también lo hizo el número de sus empleados, y para 1920 los trabajadores del transporte representaban más de la mitad de los obreros sindicalizados del país[3].

El número creciente de argentinos con padres inmigrantes que aparece en el movimiento obrero, fue el resultado del transcurso del tiempo y de la Primera Guerra Mundial. Entre 1880 y 1910 llegaron para radicarse en la Argentina más de dos millones de inmigrantes. Pero entre 1910 y 1920 la amenaza de la guerra, y luego el propio conflicto bélico, redujeron prácticamente a cero el flujo inmigratorio: durante toda la década apenas llegaron al país 269 000 inmigrantes permanentes[4]. Por otra parte, gran cantidad de inmigrantes había pasado en la Argentina el tiempo suficiente para formar familias. Como consecuencia de ello, los hijos de inmigrantes cubrieron la creciente demanda de mano de obra y se convirtieron en un segmento cada vez más importante dentro del movimiento obrero organizado[5].

Un tercer cambio en la composición de la clase obrera fue el desarrollo de un grupo reducido de trabajadores de cuello blanco y empleados públicos. Durante este período se organizaron los bancarios, los periodistas, los empleados de comercio, los trabajadores del telégrafo y los empleados de correos en la Capital Federal, del mismo modo que los maestros de Mendoza y los empleados de comercio de Rosario[6]. Aunque algunos de dichos sindicatos no tuvieron una vida muy larga, continuaron en funcionamiento gremios de cuello blanco y de empleados públicos en cantidad suficiente como para ejercer cierta influencia sobre el movimiento obrero.

El crecimiento de los sindicatos del transporte y el aumento en el número de hijos de inmigrantes, trabajadores de cuello blanco y empleados públicos, fueron procesos graduales y con frecuencia irregulares. Pero, para el fin de la Primera Guerra Mundial, dichos procesos habían llegado a estimular cambios en las actitudes tradicionales del trabajador sindicalizado. Los dirigentes de los grandes e importantes gremios ferroviarios y marítimos que representaban a hombres procedentes de todo el país y que trabajaban en situaciones cada vez más impersonales, comenzaron a entender que el gremio local ya no podía resolver sus problemas fundamentales. Las huelgas locales tenían cada vez menos eficacia, y el sindicato local —por su cuenta— nada podía hacer para evitar la discriminación regional en los salarios, el costo elevado de la vida, la especulación y el desempleo. Estos dirigentes sindicales comprendieron que sus problemas eran problemas nacionales, y se dieron cuenta gradualmente de la necesidad de adquirir influencia a nivel nacional. Esto, a su vez, obligó a los trabajadores a reevaluar las actitudes tradicionales del movimiento obrero con respecto al gobierno.

Las actitudes psicológicas de los hijos de trabajadores inmigrantes reforzaron la preocupación creciente de los dirigentes de los gremios del transporte por los problemas nacionales. El inmigrante europeo se hallaba conflictuado por una doble lealtad, pero su hijo —nacido en el país donde vivía y trabajaba— estaba mucho menos comprometido en este conflicto emocional. En la mayoría de los casos, ansiaba convertirse en una parte activa e importante de la sociedad argentina, y acaso era más susceptible que el obrero nativo a la influencia del nacionalismo argentino. Lord Bryce, haciéndose eco de la opinión de muchos autores, señaló que «los niños que nacen en el país crecen con sentimientos argentinos y, quizá, son todavía más patrióticos que la juventud de origen nativo»[7].

Finalmente, la sindicalización de algunos trabajadores de cuello blanco y empleados públicos infundió actitudes nuevas e importantes en el movimiento obrero. Los bancarios, los maestros y los empleados de correos no eran revolucionarios, ni poseían una orientación clasista. Querían reformar el sistema capitalista argentino, pero no destruirlo. Concebían al Estado como el probable instrumento para provocar el esperado cambio social y económico, y por lo tanto buscaban obtener influencia dentro del aparato gubernativo.

Las nuevas actitudes oficiales hacia el movimiento obrero organizado también contribuyeron a la evolución de las actitudes de los trabajadores. Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, la política laboral del gobierno había oscilado desde la indiferencia en la década de 1890, a la persecución y el aislamiento sistemáticos de los trabajadores a principios de la década de 1900. Pero con la elección de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la nación en 1916, el gobierno cambió su actitud tradicional hacia el movimiento obrero organizado.

Una importante diferencia entre el gobierno de Yrigoyen y las administraciones de sus predecesores fue que, por primera vez en la historia argentina, los «sectores medios» conquistaron una influencia decisiva en la dirección del país[8]. La política laboral del presidente reflejaba este hecho: comprendía las necesidades y aspiraciones de los obreros porque los consideraba un elemento legítimo de la sociedad, pero dicha comprensión tenía sus límites. Entre 1916 y 1919 el Estado apoyó muchas demandas del movimiento obrero pero, a partir de 1919, a medida que declinaba la prosperidad y se difundía en los sectores medios el temor a la revolución social, comenzó a restringir las actividades sindicales.

Los dirigentes del nuevo gobierno sostenían que representaban a todo el pueblo argentino, y no simplemente a la oligarquía terrateniente. Yrigoyen insistía en que el gobierno debe ser imparcial. Debe actuar para poner fin a los «privilegios y fueros que pueden desvirtuar el principio básico de la unidad nacional». Debe «amparar a todas las clases y cuidar todos los intereses, buscando en el bienestar común la seguridad de cada uno…»[9]. En otras palabras, el gobierno era el representante político de la clase trabajadora así como de los demás sectores de la sociedad.

Yrigoyen protegió los derechos de sindicalización y de huelga del movimiento obrero, y comprometió al Estado en las disputas entre el capital y el trabajo, para asegurar justicia a ambas partes. Como resultado de ello, durante los primeros tres años de su presidencia —en los que el país experimentó la prosperidad acarreada por la guerra y el subempleo— las organizaciones sindicales pudieron abarcar nuevas industrias, nuevas zonas geográficas e industrias que hasta esa fecha sólo se hallaban parcialmente sindicalizadas. Los obreros de los frigoríficos de Berisso, los trabajadores textiles y metalúrgicos de Buenos Aires y los azucareros del Norte llevaron a cabo sus primeros intentos de organización, y la FORA IX pasó de 3000 afiliados en 1915 a tener 70 000 en 1920.

Además, el gobierno intervino en la importante huelga marítima de 1916, y en la huelga ferroviaria de 1917, para proteger los intereses de los obreros, así como los de los patrones y del país en su conjunto. Se solucionaron ambas huelgas al concederse a los obreros muchas de sus demandas; por otra parte, durante la huelga ferroviaria, Yrigoyen defendió los derechos de los trabajadores frente a la fuerte presión en contrario de las empresas. Varios representantes de la industria y el comercio solicitaron al presidente que pusiera fin a la huelga, ordenando a la marina que interviniera los ferrocarriles. Yrigoyen, aparentemente molesto por la sugerencia, dijo: «Entiendan, señores, que los privilegios han concluido en el país y que de hoy en más, las fuerzas armadas de la Nación no se moverán, sino en defensa del honor o de su integridad»[10].

La actitud y las acciones del gobierno de Yrigoyen mostraron un cambio importante en relación con las de los anteriores gobiernos conservadores. Yrigoyen terminó con la persecución sistemática del movimiento obrero, y señaló que el Estado tenía la obligación de servir y defender los intereses de los trabajadores, así como los de los restantes sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, empero, tomó medidas que desvirtuaron la incipiente fe de los trabajadores en el gobierno.

Esa falta de confianza se fundaba en que el presidente carecía de un programa laboral específico, y en consecuencia trataba a los trabajadores sindicalizados de acuerdo con las necesidades del momento. Este fracaso en institucionalizar los derechos del movimiento obrero implicaba que los trabajadores sólo se veían protegidos cuando era presidente un hombre que comprendía su causa, y únicamente cuando dicha persona seguía siendo comprensiva. Más concretamente, el movimiento obrero lamentaba que el gobierno no se esforzara por aprobar una legislación laboral protectora de sus intereses. Ni Yrigoyen ni su sucesor, Marcelo T. de Alvear, se preocuparon por derogar la Ley de Residencia o la Ley de Defensa Social. El Estado también continuó empleando la policía en sus relaciones con el movimiento obrero, lo cual recordaba a los trabajadores que mucha gente consideraba a sus problemas como «asuntos policiales». Y, como ya hemos notado, si bien los salarios reales de los trabajadores industriales aumentaron de modo importante después de 1919, los mismos habían declinado casi un 40 por ciento entre 1914 y 1918.

Los sucesos de la Semana Trágica, del 7 al 14 de enero de 1919 ejemplifican tanto el temor oficial como el grado del apoyo gubernativo al movimiento obrero organizado. Las violentas protestas de los trabajadores y la severa represión oficial fueron el resultado de presiones acumuladas durante varios años. Los salarios reales habían disminuido, y el precedente de la Revolución Rusa sirvió para empeorar las relaciones entre patrones y obreros. Muchos trabajadores creyeron que esta revolución podía aplicarse al país. Los empresarios y muchos miembros del gobierno, temiendo que pudiese ocurrir en la Argentina una revolución parecida, se opusieron a los esfuerzos de Yrigoyen para proteger a los obreros, y esperaron la oportunidad de poner al descubierto la naturaleza «inadecuada y descarriada» de su política.

El 2 de diciembre de 1918, la mayoría de los 2500 trabajadores de los talleres metalúrgicos Vasena, en Buenos Aires, fueron a la huelga como protesta frente al despido de varios de sus compañeros por realizar actividades sindicales[11]. Cuando su primera huelga no produjo los resultados esperados, los metalúrgicos decidieron iniciar otra huelga más prolongada y ampliar sus demandas. Presentaron un petitorio a la patronal donde exigían las ocho horas de trabajo y un aumento de por lo menos el 20 por ciento sobre sus salarios, además de la reincorporación de los compañeros despedidos. La huelga continuó sin incidentes hasta el 7 de enero de 1919, cuando los huelguistas chocaron con los «rompehuelgas» llamados por la empresa. La policía intervino para sofocar el conflicto, y el resultado fue un trabajador muerto y muchos heridos. A medida que continuaba la huelga, otros sindicatos apoyaron a los metalúrgicos y la FORA IX se hizo cargo de la situación. El 9 de enero, cuando los trabajadores intentaron dar sepelio a la víctima caída el día 7, se desencadenó otro combate con la policía, que provocó más muertos y heridos. Entonces, la FORA IX declaró una huelga general, y el jefe de policía de Buenos Aires fue reemplazado por el ministro de Guerra, para que este último pudiera controlar militarmente a la ciudad.

Al día siguiente, 10 de enero, el conflicto adquirió aspectos todavía más serios. Grupos de obreros pretendieron atacar el Correo Central y la Jefatura de Policía. Organizaciones privadas como la Liga Patriótica y la Asociación del Trabajo —representantes ambas de los intereses empresarios conservadores— se unieron a la policía y al ejército para contener las manifestaciones.

Los dirigentes de la FORA IX decidieron entonces buscar un fin inmediato a todo el conflicto. Negaron su responsabilidad por los ataques al Correo y la Jefatura de policía, y presentaron al gobierno sus exigencias para llegar a un acuerdo. Solicitaban la aprobación del petitorio originario de los metalúrgicos de Vasena, y la libertad de todos los presos sindicales. Los representantes de la FORA IX se reunieron con el presidente y otros funcionarios oficiales, y se concedió al gremio las mejoras de salarios y de horas de trabajo solicitadas, aunque no se liberó a los presos.

El 12 de enero, cuando la huelga parecía casi solucionada, la policía alegó haber descubierto una conspiración de origen soviético para derrocar al gobierno argentino. Las pruebas de tal conspiración eran muy escasas, pero la policía, secundada por la Liga Patriótica y la Asociación del Trabajo, incursionó por los barrios obreros de Buenos Aires en busca de los conjurados. El resultado fue la muerte, las lesiones o la cárcel para cientos de personas, en especial judíos y anarquistas.

Aunque los metalúrgicos de Vasena habían conseguido una reducción en la jornada laboral y un aumento en los salarios, se negaron a volver al trabajo hasta que todos los obreros fuesen puestos en libertad, inclusive los arrestados en los últimos días. La FORA IX también apoyó esta demanda. Los presos fueron liberados el miércoles 15 de enero, después de reunirse una delegación sindical con Yrigoyen y otros funcionarios. Para fines de esa semana casi todos los trabajadores habían vuelto a sus tareas, y la crisis se había atenuado.

Es importante recordar que durante la Semana Trágica el gobierno mostró preocupación, a la vez que temor, por el movimiento obrero organizado. Parece claro afirmar que este gobierno de clase media recurrió a la policía y las fuerzas armadas, y permitió que grupos particulares y antisindicales intervinieran contra los obreros, porque consideraba que la situación era explosiva en potencia. Al mismo tiempo, al colaborar en la solución del diferendo original, el gobierno intentó demostrar su comprensión para con el movimiento obrero organizado.

La actitud y la política laborales de Yrigoyen eran ambivalentes, como reflejo del respaldo que su régimen encontraba en los sectores medios. Sin embargo, sus acciones durante la Semana Trágica y otras crisis similares, por severas e injustas que parecieron a muchos, no podían ocultar el hecho de que el Estado consideraba al movimiento obrero organizado como un elemento vital e incomprendido de la sociedad, con derecho a idéntica consideración, protección y respeto de acuerdo a la ley. En comparación con los gobiernos anteriores, el de Yrigoyen mostró cierta predisposición hacia el movimiento obrero organizado, y este hecho —además de los cambios en la composición de la clase trabajadora— fomentó nuevas e importantes actitudes sindicales para el desarrollo del nacionalismo argentino.

El cambio de dirigentes gremiales, cuando los sindicalistas reemplazaron a los anarquistas, reflejó los cambios en la clase obrera y en el gobierno. Los sindicalistas rechazaron el exclusivismo de sus predecesores y siguieron un programa de gremialismo apolítico que hacía posible la cooperación con el Estado. Entonces, los afiliados a la FORA IX manifestaron en una moción aprobada por su Congreso de 1915, por 46 votos a 14: «La FORA no se pronuncia oficialmente partidaria ni aconseja la adopción de sistemas filosóficos, ni ideologías determinadas…»[12].

La importancia de la posición apolítica de la FORA IX residía en que, por primera vez, una federación sindical argentina aspiraba a ser una auténtica organización nacional, representativa de todas las facciones políticas y de todas las regiones del país. En otras ocasiones, ciertas federaciones obreras habían expresado ideas similares pero esforzándose poco o nada para llevarlas a la práctica. Al concretar su programa de gremialismo político, la FORA IX dio un paso fundamental hacia su objetivo de representar a los trabajadores argentinos.

El sindicalismo no revolucionario de la FORA IX fue otra respuesta importante frente a los cambios ocurridos en la sociedad argentina. En sus declaraciones, los dirigentes hablaban de la «lucha de clases revolucionaria» y de la «huelga general revolucionaria», empleando la misma retórica fatigada de la FORA anarquista. En sus acciones, empero, los dirigentes de la FORA IX apoyaron al régimen de Yrigoyen como ninguna otra federación anterior había llegado a apoyar a un gobierno argentino[13].

Sebastián Marotta, secretario general de la FORA IX durante gran parte de este período, recalca que la mayoría del movimiento obrero organizado apoyó al gobierno de Yrigoyen. Pero aclara que el movimiento obrero nunca apoyó oficialmente al presidente, porque tal actitud hubiera contrariado la prohibición de pronunciamientos políticos aprobada por la FORA IX, y hubiera dividido a los gremios[14].

Los obreros tampoco respaldaron a Yrigoyen con sus votos. El movimiento obrero organizado se componía todavía en gran parte de inmigrantes, y apenas estaban habilitados para votar en las elecciones nacionales poco más del 2 por ciento de los extranjeros radicados en Buenos Aires, y menos del 1 por ciento de los extranjeros que vivían en el resto del país[15].

El apoyo que el movimiento obrero dio a Yrigoyen se manifestó principalmente en la cooperación con el gobierno durante épocas de crisis. A diferencia de la FORA anarquista la FORA IX sindicalista aceptó el arbitraje y la mediación oficiales en las disputas laborales. Por ejemplo, la FORA IX, en colaboración con la Federación Obrera Marítima, aceptó la mediación del Departamento del Trabajo para resolver la huelga marítima de 1916. A ello se oponía la patronal, recelosa de Yrigoyen. El contraste era evidente si se recuerda una situación parecida en 1907, cuando los patrones, confiados en el respaldo del Estado, se mostraban dispuestos a cooperar con el Departamento del Trabajo en la solución de los conflictos, cosa que las federaciones obreras consideraban una «colaboración desleal con el capitalismo burgués»[16].

La huelga ferroviaria de 1917 brindó otro ejemplo de cooperación entre los sindicatos y el gobierno. El ministro de Obras Públicas, mientras manifestaba respeto por el derecho de huelga de los trabajadores, solicitó al sindicato la autorización de hacer correr los trenes que llevaban leche a los hospitales. Se acordó la autorización a condición de que los afiliados al gremio manejaran esos trenes lecheros. Antes de esta fecha es imposible encontrar en la Argentina una cooperación parecida, basada en una especie de respeto mutuo[17]. Por primera vez en la historia del país una federación obrera importante pudo seguir esta política de cooperación con el gobierno, porque sus dirigentes creían que la misma atendía los intereses de los trabajadores.

Las ideas de muchos socialistas argentinos fueron tan importantes para el desarrollo del nacionalismo en el movimiento obrero como lo fue la política de cooperación con el Estado que había sido implantada por la FORA IX. Durante los primeros treinta años de actividad gremial en la Argentina, la única organización de clase obrera que expresó algún tipo de nacionalismo fue el Partido Socialista. En la década de 1890, el fundador y jefe del partido, Juan B. Justo, expuso una forma apenas modificada del nacionalismo liberal de Sarmiento y Mitre: deseaba crear una nación argentina nueva y moderna mediante la asimilación de los trabajadores inmigrantes europeos a la estructura política del país, para que desde allí pudieran ejercer su influencia y transformar la sociedad. Durante las dos primeras décadas de este siglo, Manuel Ugarte, Alfredo L. Palacios y otros infundieron nuevas ideas nacionalistas en el Partido Socialista, permitiendo que la clase obrera adquiriese una concepción mucho más amplia del fenómeno. Cuando los afiliados al partido llegaron a ser dirigentes gremiales de importancia durante las décadas de 1920-1930, utilizaron algunas ideas de Justo, Ugarte y Palacios, y de este modo el nacionalismo se propagó al movimiento sindical.

Ugarte y Palacios compartían con Justo ciertas ideas nacionalistas. Los tres creían en la compatibilidad del nacionalismo y el socialismo, y que el Partido Socialista era producto del ambiente argentino y no una «flor exótica», como había criticado el socialista italiano Enrico Ferri[18]. También creían que el Partido Socialista y el movimiento obrero organizado deberían colaborar en la creación de una nueva nación, y que el Estado debería intervenir en los problemas económicos y sociales para proteger los intereses de todos los sectores de la sociedad.

Palacios coincidía en otras ideas con Justo. Ambos eran partidarios del libre comercio, la atenuación de la lucha de clases y ¡a reducción del poder de la Iglesia y los militares. Se inspiraban también en los pensadores y estadistas liberales de la Argentina: Bernardino Rivadavia, Esteban Echeverría, Domingo F. Sarmiento y Bartolomé Mitre.

Pero Palacios y Ugarte disentían con Justo sobre ciertos aspectos importantes. Destacaban mucho más que Justo el aporte potencial del argentino nativo —el criollo familiarizado con las tradiciones y valores hispánicos— a la transformación de la nación argentina. Palacios, aunque dispuesto a emplear las ideas y la gente europeas en la Argentina, consideraba que la nación futura debía ser una síntesis de inmigrantes y criollos, y de sus respectivas tradiciones. Afirmó: «La gran tarea patriótica consiste en arraigar a nuestro suelo al inmigrante… Nuestra actividad colectiva, ha de realizar… la visión grandiosa del porvenir, sin olvidar que el esfuerzo debe ser de nativos y extranjeros»[19].

Ugarte profundizó todavía más el tema. Recalcó que el criollo debe ser el elemento básico de la sociedad argentina en formación, porque fue el bastión de los valores e instituciones hispánicos tradicionales, esencia de la nacionalidad. Escribió: «España fue la cuna y el brazo de la nacionalidad. Somos sus hijos cariñosos y ninguna bandera debe estar como la suya tan cerca de nuestro corazón»[20].

A partir de esta creencia en la importancia de la tradición criolla argentina, surgió un nuevo significado del antiimperialismo, diferente del concepto formulado por Justo. Justo atacaba la influencia política extranjera en la Argentina, pero aceptaba las ideas progresistas —según él— de Europa y los Estados Unidos como forma de contrarrestar las atrasadas tradiciones hispano-criollas. En consecuencia, no creía que los Estados Unidos y Gran Bretaña —las potencias anglosajonas— eran necesariamente enemigos del país.

En cambio, Ugarte y Palacios veían en las potencias anglosajonas la amenaza más grave para la independencia cultural, económica y política de la Argentina. Ugarte entendía que la unificación de América latina era el único modo de proteger a la Argentina del imperialismo norteamericano, y de salvaguardar sus propios valores sociopolíticos tradicionales y criollos. Por lo tanto, inició en 1900 una campaña para unir a América latina con propósitos de autodefensa que continuaría toda su vida. En La Patria Grande, Mi campaña hispanoamericana, El porvenir de América Latina y El destino de un continente (obras escritas entre 1910 y 1917), expuso y reiteró sus argumentos. Los Estados Unidos habían desmembrado a México, intervenido en Cuba, Santo Domingo y Nicaragua, y separado a Panamá de Colombia. La única manera de evitar el dominio de América latina por las potencias anglosajonas consistía en crear una gran nación latinoamericana, consciente de sus inequívocos orígenes y tradiciones hispánicos, y dispuesta a defender su futuro independiente[21].

Palacios no participó tanto como Ugarte en la campaña antinorteamericana, pero sí apoyó el esfuerzo de este último para unir a América latina. En 1913 Palacios escribió a Ugarte, como testimonio de su respaldo: «Mi querido Ugarte: Le envío un discurso que pronuncié el año pasado pidiendo en nombre de la solidaridad latinoamericana la condonación de la deuda de guerra y la devolución de los trofeos del Paraguay. Quiero así significarle una vez más mi adhesión entusiasta por la campaña emprendida por usted»[22].

Doce años después Palacios influyó mucho en la fundación de la Unión Latinoamericana, una organización cuyo propósito fundamental fue crear una federación latinoamericana capaz de hacer frente al imperialismo extranjero. Además, el programa de la Unión Latinoamericana repudiaba la diplomacia secreta del panamericanismo —contraria al latinoamericanismo— y la intervención extranjera para el cobro de las deudas públicas[23].

Ugarte y Palacios aportaron otras nuevas ideas nacionalistas. La voz de Ugarte fue una de las primeras en apoyar la protección del Estado a la industria nacional. Afirmó: «Un país que sólo exporta materias primas y recibe del extranjero los productos manufacturados, será siempre un país que se halle en la etapa intermedia de su evolución»[24]. Por lo tanto, a diferencia de Justo y de Palacios, propiciaba modificaciones al sistema de libre comercio y una amplia protección oficial a la industria local.

Palacios adoptó una nueva posición nacionalista con respecto a la guerra. Sostuvo que la guerra no siempre era resultado del conflicto entre intereses burgueses, ni tampoco era siempre perjudicial a los intereses de la clase trabajadora. En verdad, agregó, los trabajadores podrían obtener beneficios en una guerra, y acaso querrían apoyar la política de su gobierno en caso de un conflicto bélico. Por lo tanto no creyó, como lo hicieron muchos dirigentes obreros antes de la Primera Guerra Mundial, que en caso de declararse las hostilidades deberían ir a la huelga los trabajadores de todo el mundo[25].

Palacios y Ugarte infundieron muchas ideas nacionalistas nuevas en el Partido Socialista Argentino, que en su gran mayoría modificaron las ideas liberales de Justo. Si bien sus posiciones no eran idénticas, resultaban lo bastante similares como para que los afiliados al partido criticaran a ambos por defender el «nacionalismo criollo», y los expulsaran de la organización.

Ugarte, que se había afiliado en 1904, fue expulsado en 1913. En este último año, a poco de haber regresado de una gira por América latina, Ugarte polemizó con los directores del diario del Partido Socialista, La Vanguardia. En un editorial. La Vanguardia sostuvo que Colombia, como todos los demás países sudamericanos, había sido afectada por las guerras civiles y el caos político, y que la separación de Panamá «contribuirá, probablemente, a su progreso [el de Colombia], y entrará de lleno en el concierto de las naciones prósperas y civilizadas»[26]. Ugarte cuestionó la exactitud y las derivaciones del editorial. Afirmó que Colombia era uno de los países «más generosos y cultos» que había visitado. Además, la separación de Panamá del resto de la nación —resultado directo de la diplomacia yanqui— de ningún modo contribuiría al progreso de la madre patria. Ugarte insistió en que tal expresión constituía un ataque a los valores hispánicos y una defensa del imperialismo norteamericano y los valores anglosajones[27]. Poco después de este incidente, el partido expulsó a Ugarte.

La expulsión de Palacios en 1915 tuvo mayor importancia que la de Ugarte, porque Palacios, el primer diputado socialista del país, tenía más influencia que su amigo. Oficialmente, se expulsó a Palacios por haber contrariado la prohibición partidaria de batirse a duelo, pero la verdadera razón fije su independencia de acción y su defensa del nacionalismo criollo. En un discurso que el delegado José P. Baliño pronunció en el segundo congreso extraordinario del Partido Socialista (1915), puede advertirse el sentimiento probable de la mayoría de los afiliados. Baliño acusó: «El doctor Palacios habría debido salir del Partido Socialista antes de ahora si no se hubiera reformado la ley electoral, y habría debido salir porque hubiera continuado creando y fundando aquellos falsos comités independientes que sostenían su candidatura frente a la del Partido; y si no hubiera salido por eso, tendría que salir mañana por su nacionalismo criollo»[28].

El partido expulsó a Ugarte y a Palacios principalmente por el nacionalismo criollo que representaban, pero no rechazó todas las formas de nacionalismo. La guerra hizo que muchos socialistas, antes indiferentes, apoyasen el tipo de nacionalismo económico auspiciado por Justo durante muchos años, y en 1915 el partido confirmó su interés general por la asimilación del trabajador inmigrante, poniendo en vigor una resolución de 1896 que exigía la ciudadanía argentina a sus afiliados. Cuando los submarinos alemanes comenzaron a perturbar la navegación argentina, afectando temporariamente a muchas industrias (y provocando por lo tanto la desocupación), muchos afiliados ——inclusive Justo— parecieron aceptar el análisis de la situación efectuado por Palacios, ignoraron la oposición de los intemacionalistas, olvidaron la «naturaleza burguesa» del conflicto, y en su lugar hablaron de proteger al comercio local contra la amenaza extranjera[29].

El problema dio lugar a una crisis interna en el Congreso partidario de 1917, donde Justo apoyó la intervención militar del gobierno para proteger a la navegación argentina. Sin embargo, la mayoría de los internacionalistas rechazó su moción[30]. Sin tener en cuenta esta derrota, los diputados socialistas en el Congreso Nacional —fieles a Justo— apoyaron la ruptura de relaciones con Alemania. El partido se dividió, y los internacionalistas se alejaron para fundar el Partido Socialista Internacional, que más tarde se transformó en el Partido Comunista de la Argentina.

Entonces, si bien el Partido Socialista expulsó a Ugarte y a Palacios por su nacionalismo criollo, también rechazó la alternativa de los internacionalistas. A la vez, la clase de nacionalismo defendido por Justo —una forma de nacionalismo liberal con variaciones— se convirtió en una fuerza cada vez más importante dentro de la organización.

Durante la década de 1920, reapareció el sectarismo en el movimiento obrero argentino, estimulado por la Revolución Rusa y la situación de deterioro económico y social experimentada por el trabajador. La Revolución Rusa significó un tema ideológico para casi todos los gremios. La mayoría de los obreros aprobaba los ideales de la revolución, pero los partidarios de la hegemonía soviética sobre el movimiento obrero internacional lucharon sin tregua contra quienes se oponían a dicha tendencia.

Después de la guerra, el restablecimiento de vínculos con Europa resultó la causa principal del deterioro en la posición del trabajador argentino. La industria nacional tenía que competir ahora con la extranjera por el mercado interno, y muchos obreros argentinos tenían que competir por sus puestos con los nuevos inmigrantes. Además, la elección de Alvear en 1922, y sus ideas más conservadoras, indicaron que el movimiento obrero iba a recibir menos protección del gobierno que antes.

En consecuencia, si bien el movimiento obrero organizado alcanzó cierto apogeo en 1920, se fragmentó en forma desastrosa poco después. La FORA IX se disolvió en 1922, siendo reemplazada por la Unión Sindical Argentina (USA). Los gremios ferroviarios controlados por los socialistas se retiraron de inmediato, y los sindicalistas, apoyados por los comunistas, quedaron al frente de la nueva federación. Los dirigentes de la USA interpretaban el gremialismo apolítico, a diferencia de los de la FORA IX, de un modo tal que eliminaba por completo su colaboración con el gobierno. Creían que el programa de sus predecesores inmediatos había resultado infructuoso porque no pudo evitar la desocupación y el debilitamiento del movimiento obrero. Por lo tanto, intentaron reactivar los desacreditados programas en contra del Estado, propios de los anarquistas anteriores a la Primera Guerra Mundial[31].

La USA había calculado mal la naturaleza y la importancia de los cambios ocurridos en la clase obrera: aparte de los trabajadores del transporte, se retiraron de la federación otros gremios clave. En 1924 los municipales se apartaron de la USA porque Francisco Pérez Leirós, su secretario general y a la vez diputado nacional por el Partido Socialista, fue expulsado por participar en política[32]. Los gráficos de Buenos Aires también abandonaron la organización por desacuerdos políticos. Y los comunistas se retiraron por no haber podido controlar la USA para afiliarla a la Internacional de Moscú. Para 1925, la USA sólo contaba con 1000 afiliados cotizantes, en comparación con los 70 000 de la FORA IX en 1920[33].

A causa de dicha fragmentación, los principales sucesos en el movimiento obrero durante la década de 1920 acontecieron dentro de los gremios individuales, y en particular dentro de la importante Unión Ferroviaria. Ésta contaba con filiales en todo el país, con el mayor número de afiliados a cualquier sindicato, y con una posición estratégica inigualada. Asimismo, no se vio muy afectada por la reapertura de los mercados europeos y el nuevo influjo de inmigrantes.

La Unión Ferroviaria no tenía una historia muy antigua en el campo gremial. La Fraternidad fue el primer sindicato ferroviario de la Argentina (1887), y nucleó a los foguistas y maquinistas. En general, la Fraternidad había cosechado varios éxitos, pero en 1912 perdió una huelga decisiva principalmente por carecer de apoyo efectivo en los demás trabajadores ferroviarios. En consecuencia, favoreció la sindicalización de los empleados no afectados a las locomotoras. En 1922 todos estos grupos se unieron para formar la Unión Ferroviaria, que desde sus comienzos fue el gremio más grande del país[34].

El establecimiento de la Unión Ferroviaria en ese preciso momento fue importante para el desarrollo del nacionalismo dentro del movimiento sindical, porque incorporó a su programa las ideas y formulaciones de anteriores organizaciones gremiales y del Partido Socialista, precisamente cuando las estaban rechazando la mayoría de los demás sindicatos y federaciones. La Unión Ferroviaria tenía alcance nacional porque los ferrocarriles cubrían muchas regiones del país; representaba a todos los trabajadores del riel que no se ocupaban de las locomotoras, y se organizaba de acuerdo con los principios centralistas del sindicato por industria mantenidos por la Fraternidad Sus dirigentes siguieron las posiciones no revolucionarias y apolíticas de la FORA IX, y reconocieron con claridad que debían hacer sentir su influencia a nivel nacional, para actuar dentro de la estructura institucional del país y defenderla Constitución de 1853.

Los dirigentes de los gremios ferroviarios —influidos acaso por las ideas de Manuel Ugarte— fueron más allá que sus predecesores, pues buscaron utilizar al nacionalismo para mejorar su posición económica y elaboraron conscientemente sus demandas en términos del interés nacional. En 1928, por ejemplo, uno de los ferrocarriles extranjeros pretendió reducir el número de operarios que empleaba en sus talleres para la construcción de vagones, con el pretexto de que no tenían bastante que hacer. Al mismo tiempo, la empresa importaba vagones, violando un acuerdo con el gremio (1926) en el sentido de que los fabricaría en la Argentina en la medida de lo posible. Los dirigentes del sindicato protestaron de inmediato, y señalaron con precisión: «Con esa actitud nuestra, no solamente defendimos un interés corporativo… sino que defendimos, también, a otras tantas familias argentinas e, indirectamente, la producción nacional. Conquistamos a la opinión pública y el gobierno coincidió ampliamente con nuestro punto de vista, reconociendo que, en tal emergencia, la Unión Ferroviaria no estaba inspirada exclusivamente en propósitos corporativos, sino que encaraba una cuestión tan trascendental, con un amplio criterio de interés general»[35]. Resultó eficaz esta utilización del nacionalismo para proteger los empleos de los afiliados al gremio: llegaron al país los vagones que se habían encargado en el extranjero, pero la empresa también accedió a construir un mínimo de dos vagones por mes en sus propios talleres.

En 1926 la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y los trabajadores municipales se unieron para formar la Confederación Obrera Argentina (COA), de orientación socialista. La coa fue la federación más importante de la Argentina entre 1926 y 1930, con cerca de 70 000 afiliados[36]. Como la Unión Ferroviaria era el sindicato más influyente dentro de la coa (en representación de unos 50 000 trabajadores), toda la federación recibió el influjo del concepto de nacionalismo expresado por la entidad del riel.

Para 1930, cuando los integrantes de la COA y de la USA se unieron para formar la Confederación General del Trabajo (CGT), los trabajadores ferroviarios habían desarrollado un nacionalismo rudimentario que combinaba la política nacionalista de la FORA IX, las ideas nacionalistas del Partido Socialista y por lo menos ciertos indicios de la fuerza potencial del nacionalismo económico. Dicho nacionalismo constituyó la base del nacionalismo liberal que apareció en su plenitud, dentro del movimiento obrero, a fines de la década de 1930.

Capítulo 3

EL SURGIMIENTO DEL NACIONALISMO LIBERAL

Setiembre de 1930 fue un mes importante para el movimiento obrero organizado en la Argentina, porque tuvo lugar un cambio fundamental de gobierno y porque la mayoría de las facciones sindicales se unieron en una sola confederación. El 6 de setiembre, el general José E. Uriburu —de extrema derecha— derrocó al régimen del senil Yrigoyen, agobiado de problemas e impopular a la sazón, con lo que inauguró un período de trece años durante el cual el Estado, en representación de una coalición de fuerzas conservadoras similar a la que había dominado la Argentina antes de la Primera Guerra Mundial, se mostró hostil a las aspiraciones del sindicalismo.

Pocas semanas más tarde, los integrantes de la Confederación Obrera Argentina (COA) controlada por los socialistas, de la Unión Sindical Argentina (USA) controlada por los sindicalistas, y un grupo de sindicatos autónomos se fusionaron para establecer la organización que desde ese entonces ha dominado el movimiento obrero argentino: la Confederación General del Trabajo (CGT). El acuerdo escrito que unificó a dichos grupos establecía que la CGT sería gobernada por un congreso nacional anual de delegados nombrados por elección, y por un comité ejecutivo. Hasta que pudieran redactarse y aprobarse los estatutos formales, la CGT sería gobernada por un Comité Nacional Sindical provisorio, compuesto por quince miembros de la COA, quince de la USA y diez de los sindicatos autónomos. La función básica del Comité Nacional Sindical consistía en redactar los estatutos, y en convocar a una asamblea constituyente para dar carácter oficial a la organización[1].

Para conservar la unidad gremial luego de una década de divisiones causadas principalmente por disputas sectarias, los dirigentes de la CGT insistieron en que ésta fuera independiente de todos los partidos políticos y grupos ideológicos. Sin embargo, el gobierno del general Uriburu hizo difícil mantener un programa de neutralidad política. En el manifiesto del 1.º de octubre, Uriburu expresó simpatías fascistas. Aunque insistió en su respeto y defensa de la Constitución de 1853, también indicó que el sistema político argentino debía reformarse de modo drástico, y de acuerdo con las bases del Estado corporativo de Mussolini. Explicó: «Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de comités políticos y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etcétera, la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra»[2].

Muchos dirigentes sindicales mostraron preocupación por las ideas antidemocráticas y antiliberales de Uriburu. No obstante, no quisieron arriesgar la división en el movimiento obrero recientemente unificado, o afrontar la ira del gobierno si se unían a la oposición política. Además, muchos grupos democráticos en la Argentina aceptaron el nuevo régimen, y la Corte Suprema le había otorgado reconocimiento legal. Por lo tanto, los dirigentes de la CGT, después de entrevistarse con un representante de Uriburu, dieron a publicidad una declaración que esbozaba lo que consideraban una postura neutral. En parte, el documento decía: «La Confederación General del Trabajo, órgano representativo de las fuerzas obreras sanas del país, está convencida de la obra de renovación administrativa del gobierno provisional y dispuesta a apoyarla como está en su acción institucional y social… También está convencida esta Confederación de que el gobierno provisional no mantiene en vigencia la ley marcial sino para asegurar la tranquilidad pública…»[3].

Los dirigentes sindicales se daban cuenta de la importancia de un gobierno favorable a sus intereses, y a cambio de apoyar a Uriburu deseaban el mismo tipo de relación que habían mantenido con Yrigoyen. En su programa mínimo, la CGT exigía el reconocimiento cabal del derecho a la sindicalización y a la libertad de actividades, la participación de los gremios en todas las instituciones públicas relacionadas con las condiciones de trabajo y de vida, y la seguridad de que los beneficios de la mecanización se concederían a todos por igual, inclusive los trabajadores[4]. En otras palabras, los obreros querían consolidar su posición de igualdad creciente frente a los demás sectores de la sociedad.

Pero el movimiento obrero vio frustradas sus aspiraciones cuando el gobierno dio a conocer un programa que abrogaba las garantías constitucionales de muchos ciudadanos, y otorgaba privilegios a grupos especiales. Poco después del golpe del 6 de setiembre, el régimen eliminó los sindicatos dirigidos por anarquistas y comunistas, proceso que continuó con ataques a los elementos obreros más moderados. Además de ello, el general Uriburu denunció la ley de salarios mínimos, dificultó las reuniones sindicales, estableció un sistema de espías en los gremios, aplastó huelgas mediante la acción policial, y no se preocupó por hacer cumplir la legislación laboral existente[5].

También se retornó al sistema de gobierno por el fraude y la fuerza anterior a la Primera Guerra Mundial, y, lo mismo que en dicho período, el Estado negó así a las clases populares los medios de adquirir influencia dentro de la estructura política del país y de promover cambios pacíficos. En abril de 1931, el gobierno anuló la elección para gobernador de la provincia de Buenos Aires porque había triunfado un radical, y cubrió la vacante con uno de sus propios hombres. A fines del mismo año, el régimen recurrió de nuevo al fraude para asegurar la elección del general Agustín P. Justo como sucesor de Uriburu[6].

Los dirigentes de la CGT protestaron con energía la violación de los derechos legales y constitucionales, y subrayaron que deseaban disfrutar de los mismos derechos que todos los ciudadanos. Como ejemplo de esa injusticia, señalaron que el gobierno había creado una Comisión Nacional de Desempleo, integrada por diez miembros, la cual sólo contaba con un representante de la CGT. Querían saber por qué los obreros no deberían tener igual representación que el gobierno y la industria en dicha importante comisión[7].

De acuerdo con los dirigentes gremiales, otra violación del principio legal de igualdad de protección la constituía la negativa oficial a restringir las actividades de grupos armados de particulares, tales como la Legión Cívica. Estos grupos atacaban a los obreros, actuaban como rompehuelgas, y a veces asesinaban con impunidad. Sin embargo, cuando la CGT consideró los medios para desarmar a dichos organismos, muchos elementos moderados y conservadores se unieron para defenderlos, temiendo que los sindicatos obtuviesen armas y se rebelaran[8].

Para complicar la situación, la gran desocupación y la estabilización de los salarios reales presionaron de modo particular a los dirigentes de la CGT para que éstos encontraran soluciones inmediatas y eficaces a los problemas de los trabajadores. Para 1933, carecían de empleo unas 334 000 personas, o sea el 7 por ciento de la fuerza de trabajo (5 000 000). Los salarios reales de los trabajadores industriales, duplicados durante la década de 1920, se mantuvieron cerca del mismo nivel en la de 1930 (véase cuadro II).

Los dirigentes de la CGT se enfrentaban con un dilema. Por un lado, habían adoptado un programa de gremialismo apolítico para evitar dividir el movimiento obrero o contrariar al régimen. Por el otro, creían que los gobiernos de Uriburu y Justo estaban violando los derechos constitucionales de los trabajadores al negarles cualquier papel importante en la sociedad, y al limitar las conquistas económicas y sociales que mucho costó ganar. Los dirigentes sindicales querían saber cómo podía funcionar la CGT, dentro de los límites de su programa apolítico, para modificar la actitud de un régimen hostil y para proteger sus derechos legales.

CUADRO II

SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, 1929-1939 (EN PORCENTAJE)
1918 | 42 | 1934 | 99
1929 | 100 | 1935 | 101
1930 | 91 | 1936 | 95
1931 | 98 | 1937 | 96
1932 | 104 | 1938 | 96
1933 | 96 | 1939 | 97
Fuente: República Argentina, Departamento Nacional del Trabajo, División de Estadística, Estadística de las huelgas, Buenos Aires, 1940, págs. 21-22.

El dilema produjo un serio conflicto dentro de la CGT, porque los sindicalistas de la anterior USA y los socialistas de la ex COA proponían soluciones diferentes a la cuestión. Los sindicalistas propiciaban la continuación del programa de gremialismo apolítico, para concentrarse en problemas económicos específicos. Los socialistas querían, en verdad, abolir el gremialismo apolítico para que la CGT se identificara activamente con los grupos políticos que se oponían a la oligarquía, al fascismo y al gobierno, y defendían lo que consideraban amenazas a un Estado democrático.

La lucha ocurrió dentro del Comité Nacional Sindical provisorio de la CGT, porque los sindicalistas (que habían conseguido controlar la organización) nunca llegaron a convocar un Congreso Nacional. A medida que se desarrolló la disputa, los socialistas terminaron por creer que la oligarquía terrateniente, la Iglesia, los militares y el capital extranjero se habían coligado con el fascismo internacional para privar a los trabajadores de sus derechos constitucionales, y que los sindicalistas, al conservar su programa de completa neutralidad política, estaban prestando un apoyo tácito a la coalición «profascista y antiobrera». Los sindicalistas rechazaron la acusación, pero sus propias actitudes —más el deterioro en la posición de los trabajadores— hicieron que buena parte del movimiento obrero organizado creyera lo que afirmaban los socialistas.

En la reunión del Comité Nacional, el 30 de noviembre de 1933, los socialistas criticaron un nuevo manifiesto del Comité Ejecutivo —controlado por los sindicalistas—, por no ser suficientemente antifascista y antioficialista. Después de un largo y agitado debate, se solucionó el problema en forma provisoria porque el Comité decidió nombrar una comisión especial para redactar una declaración sobre el fascismo. Pero el Comité también votó en contra de la cooperación con los partidos de izquierda en la lucha contra los «elementos reaccionarios» de la sociedad, y de este modo derrotó a los socialistas[9].

Hacia fines de 1933, el programa apolítico de los sindicalistas contaba con el apoyo de la mayoría del Comité Nacional Sindical, pero los primeros no pudieron conseguir la adhesión de los gremios grandes e importantes controlados por los socialistas: ferroviarios, empleados de comercio, municipales y gráficos. En consecuencia, a principios de 1934, los empleados de comercio repudiaron el manifiesto antifascista del Comité Nacional Sindical por la debilidad de sus conceptos. Además, el gremio de los gráficos acusó al comité ejecutivo de la CGT de allanarse al «gobierno reaccionario»[10].

La lucha continuó intensificándose hasta el 12 de diciembre de 1935, cuando ¡os dirigentes socialistas de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, la Confederación General de Empleados de Comercio, la Unión Tranviaria, la Unión Obrera Municipal y la Asociación Trabajadores del Estado, que representaban una importante mayoría en el movimiento obrero, se constituyeron en el nuevo comité ejecutivo de la CGT. El nuevo cuerpo explicó que se había hecho cargo de la situación porque el anterior comité ejecutivo había contrariado la voluntad de la mayoría de los afiliados a la CGT[11]. Pocos meses más tarde, convocó a un congreso constituyente que estableció formalmente a la confederación bajo la dirección de un comité central y un congreso nacional anual.

El triunfo de la rebelión socialista de 1935 se debió a que las ideas de los nuevos dirigentes eran más adecuadas a la situación política de la década de 1930 que las de los sindicalistas. El programa de gremialismo apolítico y cooperación con el gobierno pudo proteger los intereses obreros durante el régimen relativamente favorable de Yrigoyen y los radicales. Sin embargo, los gobiernos de Uriburu y Justo, que representaban a diferentes grupos de la sociedad, se mostraron hostiles al sindicalismo, y pretendieron «subvertir el Estado democrático». En estas circunstancias, la neutralidad política o el aislamiento político resultaban ineficaces, y parecían casi suicidas.

Los nuevos dirigentes socialistas de la CGT, que creían que los intereses de los trabajadores y del Estado democrático se hallaban amenazados por la alianza del fascismo internacional con los intereses conservadores y antidemocráticos de la Argentina, expresaron un nacionalismo liberal popular. Dicho nacionalismo, basado en los valores del inmigrante europeo y sus descendientes (y desde la década de 1870 el predominante en el movimiento obrero), era la enunciación del deseo de los trabajadores de proteger su creciente identidad con la nación argentina tradicional y liberal ambicionada por Sarmiento, Juan B. Justo y, hasta cierto punto, por Alfredo L. Palacios. Su función primordial consistía en crear y proteger un consenso nacional fundado en ciertos conceptos liberales, muy criticados por ese entonces: la modernización e industrialización dentro de una economía librecambista, la «europeización» del país mediante una continua corriente inmigratoria, el cumplimiento estricto de la Constitución de 1853, un sistema de gobierno donde participaran partidos políticos independientes y competitivos, y restricciones a la intervención en política de la Iglesia y las fuerzas armadas.

Para crear y defender este consenso nacional, el movimiento obrero organizado intervino activamente en política por primera vez desde que los anarquistas habían dirigido los sindicatos, en el período anterior a la Primera Guerra Mundial. Los dirigentes gremiales siguieron hablando de un sindicalismo apolítico, pero en los hechos se dedicaron mucho a la política.

En el Congreso Constituyente de la CGT, en 1936, sus dirigentes reafirmaron la independencia absoluta frente a todos los partidos políticos y grupos ideológicos. Pero al mismo tiempo señalaron que la CGT «intervendrá constantemente en todos los problemas nacionales que afecten a los trabajadores»[12]. Estas vagas afirmaciones reflejaban la incertidumbre de los dirigentes de la CGT en relación con su función política. No se indicaba cómo el movimiento obrero iba a intervenir «constantemente» en todos los problemas que afectaban al trabajador, ni cuáles eran los «problemas nacionales» que también lo afectaban.

Un artículo aparecido en el periódico del organismo, CGT, poco después del congreso constituyente, parecía expresar las opiniones de los dirigentes con respecto a la actividad política. Su autor decía que, en épocas anteriores, la actuación de la clase obrera había sido sindicalista y apolítica por necesidad. Ahora, en cambio, la situación había cambiado. Los trabajadores de Francia y hasta los de España —el país del clásico sindicalismo apolítico— se habían unido al frente popular en contra del fascismo. El autor terminaba afirmando que el fascismo amenazaba tanto la existencia continuada de los sindicatos libres, que éstos se veían justificados así a comprometerse políticamente para apoyar a los elementos democráticos del país[13].

En forma dramática, la CGT hizo públicas las consecuencias políticas de su nuevo nacionalismo liberal al conmemorar el 1.º de mayo de 1936 junto a todos los elementos democráticos de la sociedad argentina. En el acto hablaron José Domenech por la CGT, Arturo Frondizi por la Unión Cívica Radical, Lisandro de la Torre por el Partido Demócrata Progresista y Mario Bravo por el Partido Socialista. El tema de todos los discursos fue la defensa de la democracia argentina contra la creciente amenaza del fascismo.

Al referirse a dicho acto, un editorial de CGT explicó que el 1.º de mayo había significado una demostración práctica del programa apolítico del organismo. El movimiento obrero tenía una misión económica específica, que no podía confundirse con los objetivos de los partidos políticos. Pero, y esto era lo importante del editorial, su autor decía a continuación que debía cambiarse la estructura política del país para que todos se beneficiaran, y en la situación actual los sindicatos debían buscar los mismos objetivos que los partidos democráticos[14].

Los empleados de comercio apoyaron con un lenguaje más directo esta idea de participación política temporaria. El acto del 1.º de mayo, afirmaron, evidenció la independencia política de la CGT, pero sin enajenarla de las fuerzas que respaldaban propuestas concretas y comunes para la defensa de la democracia[15].

Los acontecimientos nacionales e internacionales se combinaron para aumentar la intensidad de la campaña antifascista llevada a cabo por los dirigentes obreros socialistas. Por ejemplo, los trabajadores argentinos parecían identificar su causa con la de los republicanos españoles, en lucha contra el general Franco y sus aliados alemanes e italianos. Para colaborar con dicha causa y con los antifascistas de todo el mundo, los dirigentes de la CGT se empeñaron en una amplia campaña para allegar fondos a la República española, e intentaron contrarrestar la propaganda antirrepublicana publicada por muchos diarios argentinos. Desde 1936 a 1939, casi todos los números de CGT contenían por lo menos un artículo, y a veces más de uno, dedicados a la situación en España[16].

Los sucesos internos, en especial los que el movimiento obrero criticaba como parcialidad del gobierno y sus medidas anticonstitucionales, también estimularon el desarrollo de la campaña antifascista de los sindicatos. Los dirigentes de la CGT afirmaron: «Cuando se confía a un hombre una función pública en nuestro país, es timbre de orgullo para él y motivo de estimación para sus conciudadanos desempeñarla ubicado en un plano superior de imparcialidad». Este principio de honestidad en la función pública, agregaron, no era compartido en la actualidad por quienes se hallaban en el poder[17].

Además, los dirigentes gremiales —amenazados por la actividad antihuelguística del gobierno— exigían el reconocimiento del trabajador como un integrante igual de la sociedad, con derecho a respeto y protección plenos bajo la ley. El autor de un artículo publicado en La Fraternidad —el periódico del sindicato de maquinistas y foguistas del mismo nombre— sostenía que los obreros no eran enemigos de la policía o del Estado. Pero subrayaba que la policía y el gobierno deben reconocer que las huelgas no se dirigían necesariamente en su contra, y también que no eran ideológicas: las huelgas constituían una simple tentativa de obtener beneficios económicos[18].

Sin embargo, se continuaron sucediendo los actos que el movimiento obrero consideraba arbitrarios e inconstitucionales. Como consecuencia de una huelga de albañiles, el gobierno arrestó y deportó a cinco dirigentes gremiales de acuerdo con lo prescripto en la Ley de Residencia. Un editorial de CGT afirmaba que dicha ley no sólo era inconstitucional, sino contraria a las tradiciones argentinas de democracia y hospitalidad. Mediante el empleo de la ley, los terratenientes querían privar a los trabajadores de su patria[19].

A pesar de los comicios presidenciales fraudulentos de 1937, los elementos democráticos tenían alguna esperanza en que el primer mandatario recientemente ungido, Roberto M. Ortiz, reencauzaría al país por su tradición democrática, como lo había hecho Sáenz Peña 25 años atrás. El presidente Ortiz apoyó la investigación parlamentaria sobre penetración fascista en la Argentina, propiciada por socialistas y radicales. En 1940, intervino la provincia de Buenos Aires después de una elección fraudulenta para gobernador. Y Ortiz parecía simpatizar con las aspiraciones de las clases populares[20].

Los dirigentes de la CGT comprendieron la diferencia entre el presidente Ortiz y sus predecesores inmediatos, y comenzaron a reafirmar la necesidad de cooperación entre el gobierno y los gremios. Señalaron que el futuro del movimiento obrero organizado se hallaba «íntimamente ligado con los intereses más elevados y permanentes del país»[21] Y los empleados de comercio —que cada vez adquirían mayor influencia— expresaron su deseo de «continuar su colaboración en la tarea difícil de mejorar el futuro de la Patria».[22].

Pese al aparente resurgimiento del deseo experimentado por ciertos sindicalistas de conseguir sus objetivos mediante la cooperación con el oficialismo, resultó imposible llevar a la práctica tal política. Muchos elementos que habían apoyado a Uriburu y a Justo también apoyaron al régimen de Ortiz, y las buenas intenciones del presidente con frecuencia eran anuladas por la oposición existente dentro de la coalición gobernante. Se ignoraba la legislación laboral en vigor, y seguían siendo fuertes los sentimientos antisindicales a nivel oficial[23].

El nacionalismo liberal, surgido dentro del movimiento obrero entre 1935 y 1939, se acentuó durante los cuatro años siguientes porque se lo empleó para nuevos fines. El nacionalismo de la CGT dirigida por los socialistas apareció, en el primer período, como un medio para defender tanto los intereses obreros como las instituciones democráticas amenazadas del país, pero después de 1939 los socialistas utilizaron el nacionalismo para intentar conservar su liderazgo en el movimiento.

En 1935, los socialistas tuvieron éxito al enfrentar a los sindicalistas por el control de la CGT, pues éstos no habían logrado proteger al trabajador frente a la hostilidad de los gobiernos de Uriburu y Justo. Empero, como dirigentes del movimiento obrero después de 1935, los socialistas tampoco pudieron mejorar la actuación de sus antecesores. Entre 1930 y 1935 no variaron los salarios reales de los trabajadores industriales. Los mismos fluctuaron entre 1935 y 1939, pero declinaron finalmente en pequeña proporción (véase cuadro II). Además, muchos obreros no estaban sindicalizados, y seguía siendo grande el descontento en las clases populares[24]. En dichas circunstancias, los sindicatos comunistas de reciente organización y los gremios sindicalistas desplazados disputaron a los socialistas la dirección del movimiento obrero.

El aumento de la influencia comunista en el movimiento obrero se relacionaba muy de cerca con el aumento de los sindicatos por industria. Durante la década de 1930, la industria argentina se desarrolló con rapidez porque la depresión mundial había reducido la capacidad de importación del país, obligándolo a satisfacer sus necesidades con las empresas locales. El crecimiento de la industria nacional fue paralelo al aumento de los trabajadores industriales, y entre 1935 y 1939 la población del país se incrementó en un 6 por ciento, mientras el número de personas ocupadas en la industria aumentó un 31 por ciento[25].

Los comunistas, tesoneros y militantes, fueron los únicos que organizaron a estos nuevos trabajadores industriales. En 1935 y 1936 dirigieron una serie de huelgas para conseguir el reconocimiento de sus gremios. La campaña culminó con las huelgas de la construcción (1936), que a su vez llevaron al establecimiento de la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), que llegaría a tener importancia bajo el control comunista.

La formación de la FONC —y su afiliación a la CGT— otorgó a los comunistas gran influencia dentro del movimiento obrero, cambiando el equilibrio sindical de fuerzas. En 1935, los gremios del transporte —Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Unión Tranviaria— contaban con más de 100 000 afiliados, los empleados de comercio con unos 15 000, los municipales con unos 10 000, y los obreros textiles eran unos 5000. Los obreros de la construcción sólo estaban parcialmente sindicalizados, y su fuerza era muy escasa.

Sin embargo, para 1940, los gremios del transporte habían pasado de 100 000 a 115 000 afiliados, mientras los obreros de la construcción alcanzaban a unos 50 000 (recuérdese que su organización era muy reciente). Cuando se reunió en 1939 el primer congreso ordinario de la CGT, la FONC —dirigida por los comunistas— tuvo 19 representantes sobre un total de 138, ya que antes había carecido de representación[26].

El crecimiento de los sindicatos industriales con dirección comunista resultó importante, en varias formas, para el desarrollo del nacionalismo liberal. En primer lugar, sus dirigentes, al seguir la línea del comunismo internacional, trataron de formar un frente popular para defender las instituciones democráticas argentinas frente a los ataques de la alianza «conservadora-fascista». En 1929 los comunistas habían constituido su propia federación obrera, el Comité de la Unidad Clasista. El organismo no tuvo mucho éxito y en 1935, como respuesta a la nueva política de cooperación con la izquierda democrática inspirada por el Comintern, los comunistas locales disolvieron el Comité de Unidad Clasista y se incorporaron a la CGT. Nunca se concretó en el país un frente popular al estilo de los de Francia o Chile, pero por un tiempo su clima se difundió en la izquierda argentina, ya que los comunistas trabajaban junto a los socialistas en la campaña antifascista.

Dicho clima terminó bruscamente en la Argentina para agosto de 1939, cuando Hitler y Stalin firmaron un pacto de no agresión. Los comunistas y socialistas, colaboradores con anterioridad, se atacaron recíprocamente con violencia, y los socialistas replicaron con el empleo del nacionalismo liberal para defender su propia posición, y desacreditar a los comunistas.

En la reunión del comité central de la CGT (mayo de 1940), el secretario general José Domenech —afiliado al Partido Socialista— sostuvo que el problema de la actual contienda europea era la opción entre el fascismo o la democracia, y que una victoria democrática favorecería mejor los intereses del movimiento obrero argentino. En consecuencia, propuso una declaración que repudiara «enérgicamente toda expansión totalitaria».

Pedro Chiaranti, dirigente de la FONC controlada por los comunistas que antes había apoyado las ideas de Domenech y a los socialistas, manifestó entonces que el problema de la guerra era la rivalidad de los imperialismos, y no la opción entre la democracia o el fascismo. Afirmó que el sindicalismo argentino carecía de interés en el asunto, y por lo tanto propuso una declaración distinta en repudio del conflicto bélico, a causa de su carácter imperialista y en respaldo de la neutralidad del país. Se aprobó por fin la resolución de Domenech por 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención, índice de la fuerza relativamente pareja de las facciones socialista y comunista en el comité central[27].

El cisma entre socialistas y comunistas era algo más que la diferencia de opinión sobre el pacto Hitler-Stalin y el conflicto desarrollado en Europa. En lo fundamental, la pugna tendía a controlar el movimiento obrero. Los socialistas dominaban los gremios del transporte más antiguos, más especializados y más conservadores —La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Unión Tranviaria—, así como los empleados de comercio y los trabajadores municipales. Muchos de ellos eran propietarios de sedes gremiales, colonias de vacaciones y hospitales. Algunos disfrutaban de beneficios sociales y jubilatorios, y otros procuraban obtenerlos. Todos contaban con un número creciente de empleados que recibían su salario de la propia organización. Los gremios no eran revolucionarios, y creían que para proteger sus intereses era indispensable la cooperación con el Estado, por más que la misma se hallara temporalmente frustrada.

Por otra parte, los comunistas representaban a los sindicatos industriales más nuevos: obreros de la construcción, textiles y metalúrgicos. Tenían que proteger pocas sedes sindicales, colonias de vacaciones, hospitales o jubilaciones. Tenían poco o nada que conservar, y sus dirigentes provenían de una generación más joven y agresiva de obreros, que no estaban comprometidos con la idea de cooperar con el Estado como el mejor modo de proteger los intereses de los trabajadores. En consecuencia, la lucha comunista-socialista fue también la lucha entre los «ricos» y los «pobres» del movimiento obrero.

Mientras los socialistas se peleaban con los comunistas, también debían enfrentar el desafío menor de los gremios sindicalistas, desplazados en 1935 de su posición privilegiada. Dichos gremios, principalmente los telefónicos y los marítimos, reconstituyeron en 1937 la Unión Sindical Argentina (USA), y se opusieron una vez más a la creciente influencia del Partido Socialista en el movimiento obrero. Sin embargo, los dirigentes de la USA también se preocupaban por el aumento de la amenaza fascista a las instituciones democráticas del país, y a fines de 1940 Luis Gay, secretario general de la USA, envió una nota a la CGT solicitando «una acción en común en defensa de las libertades y conquistas del movimiento obrero, amenazadas por la posibilidad inquietante de un golpe de estado indiscutiblemente reaccionario…»[28]. Pero como la USA sólo ejercía escasa influencia dentro del sindicalismo, la CGT —casi sin perjudicar su posición de liderazgo— pudo exigir la unidad en sus propios términos, u oponerse a cualquier otra iniciativa. La actitud impidió el logro de la unidad.

Los dirigentes socialistas de la CGT concentraban sus esfuerzos en desacreditar a los comunistas y, al hacerlo, se dirigían con frecuencia al nacionalismo liberal de los trabajadores. En agosto de 1940, la CGT convocó a un mitin antifascista en el Luna Park para oponerse a la ocupación de Europa por Hitler, así como al reemplazo del enfermo Ortiz por el vicepresidente Ramón S. Castillo, de tendencia favorable al Eje. Angel Borlenghi, secretario general de los empleados de comercio, criticó de modo indirecto a los comunistas al considerar la dependencia del sindicalismo en un sistema democrático, y su obligación de unir a los elementos democráticos del país en defensa de tal sistema.

Francisco Pérez Leirós, secretario general de los trabajadores municipales, se refirió al mismo asunto. Manifestó: «Nada hay superior al interés de la nación». Los gremialistas debían defender las instituciones democráticas y representativas porque aspiraban a una vida mejor, y la democracia era el instrumento más perfecto para lograrlo, entre todos los conocidos. Terminó diciendo que los gremialistas podían colmar sus aspiraciones dentro de la ley, ya que sus problemas llegarían a resolverse en el marco de la Constitución Nacional[29].

El secretario general de la CGT, José Domenech, volvió sobre el tema en un discurso pronunciado en el acto que Acción Argentina realizó en el Luna Park a fines de dicho año, y en una entrevista con representantes de Argentina Libre (dos grupos políticos no partidistas que se oponían al fascismo). Según él, la actual contienda no era entre imperialismos rivales, como sostenían los comunistas, sino una lucha por la supervivencia. Domenech advirtió que si los fascistas ganaban en Europa y en América, ello significaría el fin del sindicalismo libre e independiente. Por lo tanto, el movimiento obrero debía unirse a los elementos democráticos en defensa del gobierno constitucional tradicional[30].

Cuando Alemania invadió a la Unión Soviética a mediados de 1941, los dirigentes gremiales comunistas pasaron de una posición de neutralidad al apoyo fanático de la causa aliada y rusa. En vez de criticar a los dirigentes socialistas de la CGT por apoyar a los sectores democráticos de la Argentina y del mundo en su pugna contra el fascismo (como lo habían hecho antes), los comunistas los criticaban ahora por no prestar más respaldo a los antifascistas.

Los socialistas respondieron cuestionando la sinceridad de los comunistas como luchadores antifascistas. A fines de junio, CGT publicó un editorial titulado «La veleta del Comintern». El mismo comenzaba diciendo que cuando se fundó la Internacional Roja los comunistas atacaron a todos los demás sectores del movimiento obrero. Empero, con el avance del fascismo, establecieron una nueva línea de cooperación con todos los sectores democráticos para luchar en su contra. A continuación, después de la firma del pacto Hitler-Stalin, los comunistas defendieron a Hitler y Mussolini como víctimas del imperialismo inglés, criticando a la democracia como una trampa destinada a que el mundo peleara en una guerra imperialista. En fecha más reciente, la invasión hitlerista a la Unión Soviética había producido otra táctica que favorecía la cooperación. El editorial preguntaba: ¿En qué creían realmente los comunistas[31]?

La pugna comunista-socialista por el control del movimiento obrero se manifestó otra vez con claridad en la reunión del Comité Central de la CGT, en octubre de 1942. El comité expulsó a un dirigente comunista del sindicato de la construcción por haber escrito un artículo que criticaba a los socialistas, y también censuró al diario comunista La Hora por sus repetidos ataques a la CGT[32].

Los comunistas, ubicados de nuevo junto a los países democráticos que combatían el fascismo, respondieron con una crítica a la CGT por no redoblar sus esfuerzos contra el fascismo en Europa y la Argentina. Sostenían que la posición de neutralidad política de la CGT era, en realidad, una expresión de solidaridad con el gobierno «fascista» del presidente Castillo[33].

Una vez más, el secretario general Domenech intentó emplear al nacionalismo para reforzar sus argumentos. Señaló que, en sus orígenes, los socialistas y los comunistas habían trabajado juntos en la CGT. Y preguntó retóricamente qué era lo que había ocurrido. Los comunistas habían cambiado de táctica porque ciertos «elementos extranjeros» se infiltraron en sus gremios[34].

En diciembre de 1942 —cuando los dos principales sectores competían entre sí por ser más antifascistas— el segundo congreso ordinario de la CGT enunció su nacionalismo en términos precisos. En la ocasión, los dirigentes sindicales observaron que desde 1930 la evolución económica y democrática de la Argentina había sido trabada por la oligarquía terrateniente en el poder, y fue la clase trabajadora quien más sufrió durante este período. Sostuvieron que para remediar la situación el país debía volver a un régimen constitucional democrático, y subrayaron que el movimiento obrero se hallaba singularmente calificado para unir a la república en defensa de tal gobierno. Según ellos, el movimiento obrero, «que está al margen de todo interés banderizo y político electoral, por reunir en sus filas sin distinción de ideologías a los productores, posee las condiciones indispensables para impulsar la unidad nacional de todos los sectores políticos y económicos de la República que estén dispuestos a reestablecer la verdad electoral que permita el acceso a la dirección del Estado a los representantes de las mayorías auténticas, que asegure el imperio de las libertades constitucionales para todos los habitantes del país, que encuadre a nuestra acción en las filas de los países democráticos en lucha contra el eje totalitario…»[35].

Esta explícita formulación del nacionalismo liberal no pudo oscurecer, aunque sólo fuese temporariamente, las divisiones sectarias tan marcadas dentro del movimiento obrero, y la lucha continuó hasta que la CGT se escindió formalmente en dos organizaciones. Pero, en sí misma, la división de la CGT entre comunistas y socialistas no llegó a dividir al movimiento sindical, pues los socialistas contaban con una mayoría apreciable en el comité central. Empero, dentro del sector socialista en la CGT se desarrollaron crecientes desavenencias que contribuyeron muchísimo a la división declarada en el movimiento obrero. José Domenech y otros dirigentes de la poderosa Unión Ferroviaria encabezaban un grupo de socialistas. El otro grupo estaba acaudillado por Francisco Pérez Leirós, de los municipales, y Angel Borlenghi, de los empleados de comercio.

La división fue causada por una combinación de razones, incluyendo la hostilidad y rivalidad personales, y el resentimiento por el predominio de la Unión Ferroviaria en la CGT. Sin embargo, la razón más importante consistió en la desconfianza mutua respecto a las intenciones políticas del adversario. El grupo de Domenech quería convertir a la CGT en un partido laborista, o crear un partido laborista independiente, para que cualquiera de ellos asumiera la tarea de unir a los elementos democráticos del país. El grupo de Pérez Leirós-Borlenghi deseaba que el Partido Socialista representara los intereses políticos del movimiento obrero, y temía que el de Domenech convirtiera a la CGT en una organización política rival para reemplazar al Partido Socialista[36].

Esta división entre los socialistas de la CGT contribuyó de modo decisivo al cisma en la organización. En la reunión ya mencionada del comité central (octubre de 1942), Domenech renunció a su cargo de ecretario general aparentemente porque el comité había permitido que la Federación Gráfica Bonaerense continuase en la CGT, aunque estaba atrasada en el pago de sus cuotas. Técnicamente, Domenech tenía razón: los estatutos de la CGT prohibían de modo específico que una filial siguiera en el comité central en caso de atrasarse en dichos pagos. Pero su renuncia para recalcar ese punto de vista, transformó un pequeño conflicto en un tema fundamental. Se votó para reconsiderar la moción originaria que autorizaba a los gráficos a permanecer en el comité, y el resultado fue adverso a la facción de Domenech, por 22 votos a 19 y una abstención. Los socialistas Borlenghi, Pérez Leirós y José Argaña votaron con los comunistas en oposición a Domenech, estableciendo así la alianza que iba a dividir a la CGT[37].

La verdadera escisión ocurrió en la reunión del comité central, en marzo de 1943, cuando sus miembros debían elegir nuevas autoridades. Se presentaron dos listas de candidatos. Domenech encabezaba la Lista n.º 1. La Lista n.º 2, encabezada por Pérez Leirós, recibió el apoyo de los comunistas y del grupo socialista contrario a Domenech. Cuando Marcos D. Lestelle (Unión Ferroviaria) votó por la Lista n.º 2, su gremio lo reemplazó por Juan Rodríguez, que entonces sufragó por la Lista n.º 1. Gracias a Rodríguez, el grupo de Domenech ganó por un solo voto (23 a 22). La oposición sostuvo que las elecciones habían sido fraudulentas, y se retiró[38].

Como tanto Domenech y Pérez Leirós eran afiliados al Partido Socialista, su comité ejecutivo intentó resolver el problema. Pero la división se produjo, precisamente, porque Domenech y sus seguidores eran más leales al movimiento obrero que al Partido Socialista, y en consecuencia era imposible que este último arreglara el diferendo. Por lo tanto, la CGT se dividió en dos fracciones hostiles de fuerza numérica casi pareja: la CGT n.º 1, compuesta por los gremios cuya primera lealtad se refería al movimiento obrero (Unión Ferroviaria, Unión Tranviaria y el Sindicato de Cerveceros), y la CGT n.º 2, que incluía a los gremios cuya lealtad básica era para el Partido Socialista o el Comunista (La Fraternidad, los empleados de comercio, los municipales, los gráficos, los trabajadores del Estado y la fono[39].

En vísperas de la era de Perón, el movimiento obrero organizado se encontraba en posición ambigua. Por un lado, la CGT contaba con unos 331 000 afiliados, sobre un total de 547 000 obreros sindicalizados en el país. Además, al participar activamente en la campaña antifascista de Fines de 1930 y principios de 1940, la CGT había identificado por primera vez al sindicalismo con sectores importantes de la sociedad argentina. Por otro lado, estaba sindicalizado menos de un tercio de los trabajadores industriales del país, y cerca de la décima parte de todas las personas empleadas en relación de dependencia. La abrumadora mayoría de ellos se concentraba en Buenos Aires y Rosario[40]. El movimiento obrero organizado había elaborado un nacionalismo liberal para defender sus intereses, pero se hallaba dividido y, por cierto, no era un movimiento auténticamente representativo ni nacional.

Capítulo 4

LOS NACIONALISMOS EN EL MOVIMIENTO OBRERO Y EL ASCENSO DE PERÓN

Desde 1943 la historia del sindicalismo y del nacionalismo argentinos ha estado estrechamente ligada con la carrera y la personalidad de Juan Domingo Perón. Perón fue el primer dirigente importante en comprender el significado político potencial de las aspiraciones frustradas de los trabajadores —enunciadas en el desarrollo de sus nacionalismos—, y entre 1943 y 1946 utilizó con habilidad las ideas y los grupos del movimiento obrero como base para obtener el poder político. Por un lado, socavó la influencia de los partidos Comunista y Socialista, afirmando que eran ajenos a la tradición argentina. Y, por el otro, apoyó a quienes creían que el movimiento obrero debía constituir una fuerza política independiente, y estimuló el desarrollo del nacionalismo criollo entre los trabajadores migrantes del interior, cuyo número crecía con rapidez. El resultado fue que Perón conquistó el poder político y durante el proceso, el movimiento obrero logró un nuevo status en la sociedad argentina.

Perón figuraba entre los coroneles y generales partidarios del Eje que participaron en el golpe del 4 de junio de 1943, para derrocar al presidente Castillo e impedir su reemplazo por Robustiano Patrón Costas, de tendencia proaliada. Sin embargo, al principio no llegó a controlar el nuevo gobierno y luego de varios días de luchas políticas, el general Pedro P. Ramírez surgió como presidente provisional. Ramírez aseguró a los argentinos que las Fuerzas Armadas sólo habían actuado para defender el honor y las tradiciones del país y para acabar con un régimen de fraude y corrupción.

Aunque pasajera, la reacción inicial de las organizaciones obreras fue favorable al gobierno de Ramírez. Desde la primera presidencia de Yrigoyen, muchos dirigentes gremiales habían comprendido la necesidad de colaborar con el Estado para proteger sus conquistas económicas y sociales y promover su identidad como parte de la comunidad nacional. Habían tenido cierto éxito con esta política durante la era de Yrigoyen, pero muy poco desde 1930 a 1943. En consecuencia, cuando las Fuerzas Armadas depusieron al presidente Castillo, los dirigentes sindicales estaban dispuestos a considerar la idea de cooperación con el nuevo régimen, pues cualquier gobierno habría de ser mejor que los anteriores. Un editorial de CGT criticó a los ex gobernantes por no haber colmado las aspiraciones del pueblo, por no haber reencauzado el país hacia el sistema constitucional, y por no haber resuelto los principales problemas económicos de la nación. El editorial terminaba diciendo que las declaraciones del nuevo gobierno habían despertado grandes esperanzas en el sindicalismo[1].

A mediados de julio, el gobierno disolvió la CGT n.º 2 porque era una «organización extremista», y muchas de sus filiales se unieron con reservas a la CGT n.º 1, hecho que estimuló y agradó a sus dirigentes que durante julio y agosto continuaron apoyando al gobierno. No cuestionaron el decreto sobre asociaciones profesionales, que establecía una reglamentación oficial para las actividades de los gremios[2]. Y en otro editorial de CGT, los dirigentes de la confederación señalaron que era innecesaria la tradicional desconfianza de la clase obrera frente a toda intervención del gobierno en el movimiento obrero, porque en muchos casos el Estado podía beneficiar a los trabajadores[3].

Empero, pronto fue evidente que el gobierno de Ramírez no era favorable al gremialismo (como el de Uriburu 13 años antes). En agosto, la poderosa Unión Ferroviaria y La Fraternidad fueron intervenidas y obligadas a retirarse de la CGT. En consecuencia, el secretario general Domenech, afiliado a la Unión Ferroviaria, renunció al cargo y dio a publicidad un manifiesto exigiendo el retorno a un sindicalismo independiente. El comité ejecutivo de la CGT trasladó los archivos y los fondos de la organización a los domicilios particulares de varios de sus integrantes y el mobiliario a la sede de la Unión Tranviaria. Dejó de sesionar indefinidamente hasta que los restantes miembros del comité decidieran si la confederación debía continuar sus actividades, o no[4].

Dichos miembros decidieron reestructurar el comité central de la CGT, a pesar de la ausencia forzosa de los gremios del riel, y antes de tres semanas eligieron un nuevo comité ejecutivo. Los dirigentes de la CGT criticaron entonces el decreto de asociaciones profesionales, que muchos habían aceptado con anterioridad. Ahora subrayaban que la medida legal obligaba a los trabajadores a sindicalizarse, discriminaba en contra de los inmigrantes, y quitaba a ciertas personas la libertad de agremiación[5].

Luego del ataque al decreto de asociaciones profesionales, sobrevino uno directo al gobierno. Otro editorial de CGT sostenía que la sindicalización había aumentado con el progreso industrial. No obstante, en esa época, el gobierno había comenzado una campaña ilógica contra el gremialismo en Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes, que permitía a los patrones la libertad de explotar a los obreros. En forma que recordaba al período anterior a 1943, el editorial concluía diciendo: «El país no pertenece a una minoría de privilegiados y no puede ser gobernado enteramente para su beneficio»[6].

Durante el mes de octubre de 1943 aumentaron la intranquilidad gremial y las huelgas, y la respuesta oficial fue el arresto de docenas de dirigentes sindicales. En diciembre, el gobierno contrarió todavía más a los dirigentes obreros liberales al reimplantar la enseñanza religiosa católica en las escuelas públicas, al proscribir los partidos políticos y al establecer un rígido control sobre la prensa. En siete meses, Ramírez se había enajenado por completo del movimiento obrero organizado.

El coronel Perón vigilaba muy de cerca el desarrollo de las relaciones entre los sindicatos y el Estado. A pesar de su colaboración con la facción militar de extrema derecha, a cierta altura de este período comprendió que el actual gobierno no podría sobrevivir exclusivamente por la fuerza, como lo habían intentado los regímenes de la década de 1930. Entendió que, para prolongarse en el tiempo, debía contar con un amplio apoyo político del pueblo, y se decidió a emplear el movimiento obrero como la base de este respaldo. Así, mientras el gobierno de Ramírez frustraba las aspiraciones del sindicalismo, Perón forjaba relaciones personales con algunos de sus dirigentes.

El primer contacto de Perón con los dirigentes obreros ocurrió a principios de julio de 1943, cuando él y su amigo el coronel Domingo A. Mercante se reunieron con Angel Borlenghi y José Argaña, representantes de la facción Pérez Leirós en la CGT. Aunque la CGT n.º 2 fue intervenida pocas semanas más tarde, estos hombres siguieron conversando con Perón y se vincularon personalmente con él. Al grupo se sumaron Juan A. Bramuglia, abogado de la Unión Ferroviaria, Francisco Pablo Capozzi de La Fraternidad, y otros. En estas reuniones, Perón se enteró de los deseos de los dirigentes sindicales: igualdad de status con respecto a todos los demás grupos integrantes de la sociedad argentina, y un gobierno representativo de sus intereses y aspiraciones. En lo específico, querían la libertad de agremiación en todo el país, un Ministerio de Trabajo eficaz, sistemas de jubilaciones y de previsión social, y el fin de la intervención oficial en los gremios[7].

Perón, deseoso de asociarse a las aspiraciones del movimiento obrero, usó su influencia dentro del nuevo régimen para hacer cumplir algunas de estas demandas. Puso de manifiesto su apoyo al derecho de los obreros a sindicalizarse, ayudando a los trabajadores de los frigoríficos en su huelga de setiembre de 1943. Gracias a Perón, triunfó la huelga y los obreros firmaron su primer convenio colectivo de trabajo. Además, Perón recorrió las calles de Berisso, uno de los centros de la industria frigorífica, del brazo de Cipriano Reyes, dirigente de esos trabajadores. Por primera vez desde la época de Yrigoyen, los obreros contaban con el respaldo activo de un alto funcionario oficial.

El 27 de octubre de 1943 el gobierno nombró a Perón director del Departamento de Trabajo y Previsión Social, cargo en apariencia insignificante. En un mes consiguió aumentar la importancia de su nuevo puesto, al convertir el Departamento en una secretaría independiente cuyo titular poseía rango ministerial. Como secretario de Trabajo y Previsión Social, Perón se halló en mejor posición para responder a las demandas de los dirigentes gremiales. Si bien no terminó con la intervención a los gremios ferroviarios, designó nuevos interventores. Los sindicatos se habían opuesto enérgicamente a los interventores originales, pero el nuevo funcionario, el coronel Mercante, hijo de maquinista, tenía simpatías entre los dirigentes y los trabajadores. Y en diciembre de 1943 la acción de Perón provocó la suspensión del decreto de asociaciones profesionales dictado por Ramírez, que ahora despertaba fuertes críticas.

Además de conceder muchas demandas específicas, Perón comprendió que —en lo fundamental— los dirigentes gremiales deseaban la ayuda oficial para obtener un nuevo status en la sociedad. En un editorial de CGT, dichos dirigentes manifestaban que, en el pasado, la intervención estatal había sido despótica e implantada para beneficiar a una reducida minoría. El editorial continuaba diciendo que, en la actualidad, se requería la intervención del Estado con la colaboración del pueblo, en beneficio de todos[8].

En su discurso inaugural como secretario de Trabajo, Perón pareció responder al editorial de CGT. Dijo que nunca había creído que los problemas de los trabajadores y los patrones fueran asuntos particulares. En el pasado, «el Estado manteníase alejado de la población trabajadora. No regulaba las actividades sociales como era su deber; sólo tomaba contacto… cuando el temor de ver turbado el orden aparente de la calle le obligaba a descender de la torre de marfil». Ahora el gobierno debe fomentar una organización sindical con un amor profundo a la Patria y un respeto absoluto por la ley, y «en el camino de la grandeza de la patria ha de contar con el fervor y la adhesión de todos los hombres de trabajo que anhelen el bien supremo del país»[9].

Prosiguiendo su esfuerzo para otorgar un nuevo status al movimiento obrero dentro de la nación que surgía, Perón se refirió a la virtud del trabajo. Declaró: «El trabajo después del hogar y de la escuela es un insustituible modelador del carácter de los individuos». El trabajo da forma a «los hábitos y las costumbres colectivos» y, por lo tanto, a la «tradición nacional»[10].

Los dirigentes de la CGT quedaron encantados. Perón, un importante funcionario oficial, estaba indicando un papel para el movimiento obrero con el que ellos apenas si habían soñado. Los estaba ayudando a conquistar un status y una influencia nuevos al proteger sus derechos de agremiación, al crear una Secretaría de Trabajo, al sostener que los gremios debían asociarse al gobierno para el desarrollo del país, y al afirmar que el trabajo daba forma a la tradición nacional. Para fines de 1943, Perón había echado los cimientos para construir una relación personal perdurable con los trabajadores.

Antes de que Perón pudiera seguir adelante con sus planteos, debía adquirir mayor influencia dentro del gobierno, cosa que ocurrió durante los seis primeros meses de 1944. El 24 de febrero, fue obligado a renunciar el impopular general Ramírez, y un amigo íntimo de Perón, el general Edelmiro J. Farrell, lo reemplazó como presidente provisional. Al mismo tiempo, Perón fue nombrado ministro de Guerra. Su influencia continuó en ascenso, y a principios de julio se convirtió en vicepresidente provisional del país. Para mediados de 1944, como secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente, Perón era el hombre más poderoso del régimen.

Una vez asegurada su posición dentro del Estado, Perón intensificó sus esfuerzos para conquistar el apoyo personal de los trabajadores. Afirmó y reiteró la idea fundamental de que los intereses de la nación debían ser los mismos del movimiento obrero, y prometió a todos los trabajadores un nuevo status, dignidad e influencia dentro de la sociedad argentina. Específicamente, Perón subrayó de nuevo la dignidad del trabajo. Explicó que los jefes de la revolución habían dividido el país en dos grupos. Un grupo eran los hombres que trabajan; el otro, los hombres que viven de quienes trabajan. «Nos hemos colocado abiertamente al lado de los hombres que trabajan»[11].

Además de buscar respaldo mediante sus discursos, Perón disputaba la herencia nacionalista al llevar a cabo un programa que beneficiaba en forma clara a los trabajadores. Estimuló y colaboró en la sindicalización de los obreros azucareros del Norte (que habían sufrido larga explotación), los trabajadores vitivinícolas de Mendoza, los de la madera, y los otros. Exigió el cumplimiento de leyes existentes como las que establecían las vacaciones pagas, la protección contra despidos arbitrarios y la restricción de los monopolios. Hizo aprobar una nueva legislación para crear tribunales del Trabajo en todo el país —cuya necesidad tenía larga data—, para establecer controles de precios sobre los artículos de primera necesidad, y para proteger a los trabajadores rurales. Y colaboró con los empleados de comercio para dar forma a un sistema de jubilaciones y con los ferroviarios para mejorar su sistema jubilatorio existente, recaudar fondos para una clínica, obtener aumentos de salarios y poner fin a la intervención oficial en sus gremios.

Uno de los actos más populares de Perón fue nombrar a individuos vinculados con el movimiento obrero para ocupar cargos importantes en el gobierno. Por ejemplo, consiguió la designación como interventor nacional en la estratégica provincia de Buenos Aires de Juan A. Bramuglia, ex abogado de la Unión Ferroviaria. Un articulista de La Fraternidad señaló que, durante mucho tiempo, las personas de clase alta habían asumido prominentes cargos públicos, en especial en esa provincia. Sin embargo, el reciente interventor era hombre de orígenes humildes, que conocía a los trabajadores y simpatizaba con ellos[12].

A la vez que se dirigía a los intereses económicos y aspiraciones psicológicas del movimiento obrero, Perón buscó conquistar el apoyo político de los trabajadores al reducir la influencia de los partidos Socialista y Comunista. La intervención oficial de la CGT n.º 2, en julio de 1943, debilitó la tradicional influencia sindical de los partidos obreros, pero éstos consiguieron conservar cierta fuerza dentro de la CGT n.º 1. Perón criticó abiertamente a dichos grupos a mediados de 1944. Refiriéndose al socialismo y al comunismo, explicó que «las extrañas ideologías… constituyen, sin duda… el virus de la peor enfermedad de las masas obreras. Los políticos han explotado siempre ese factor para tener divididos a los trabajadores y usarlos en su provecho». Advirtió que este gobierno no permitía la actuación de elementos foráneos en las organizaciones gremiales[13].

La política de Perón tuvo éxito en la medida que ganó el apoyo de la mayoría de los trabajadores liberales, porque había sido más favorable al movimiento obrero que ninguna otra persona en la historia argentina. Unos pocos liberales —los identificados más estrechamente con el Partido Socialista— se opusieron al gobierno, pero cuando surgía un problema específico, la CGT seguía la orientación de Perón, y buena parte de los dirigentes liberales de la confederación parecían acercarse a algunos de sus programas.

El apoyo de la CGT a la protección oficial de la industria resulta un ejemplo interesante del rapprochement entre los liberales y Perón. Para proteger y estimular la industria nacional, el gobierno estableció el Banco de Crédito Industrial, la Secretaría de Industria y Comercio y tarifas protectoras para algunos artículos. La CGT, tradicionalmente orientada hacia el librecambismo, estuvo de acuerdo con el programa, incluyendo las tarifas protectoras. Un editorial de CGT explicaba que la Argentina no podría basar su independencia económica únicamente en la agricultura y la ganadería, porque siempre se vería sometida a los caprichos de los fabricantes extranjeros respecto a sus necesidades. El país debía defender su industria nacional contra el emplee «indebido» de la libertad de comercio[14]. Esto no significaba una aprobación total del proteccionismo, pero constituía una importante modificación del concepto librecambista tradicional formulado por el movimiento obrero.

Otro ejemplo sobresaliente de la modificación de ideas tradicionales por parte de los liberales, lo brinda la aprobación de la CGT a la neutralidad oficial en política exterior. Hasta ese entonces, la central obrera había apoyado con energía un programa de cooperación con los países democráticos del hemisferio occidental y del mundo. Pero los dirigentes liberales de la CGT explicaban ahora que la neutralidad no quería significar la oposición o el aislamiento frente a los países democráticos. Era, simplemente, una política de apoyo al gobierno en contra de las presiones extranjeras que podían «frustrar la voluntad nacional»[15].

A fines de 1944, la CGT y muchos de los principales gremios apoyaban a Perón y al Estado porque ambos habían otorgado al movimiento obrero un nuevo status en la sociedad. Los dirigentes de la CGT aclaraban que el apoyo popular se debía a la simpatía activa manifestada por Perón para con la clase trabajadora. El régimen de facto, por el bien del país, había reemplazado a la camarilla que gobernó por el fraude y la «subversión institucional»[16].

Los dirigentes de La Fraternidad expresaban opiniones similares. La Revolución de Junio había sido argentina en todas sus etapas, y por esta razón se ganó la oposición de los trusts extranjeros. Seguían diciendo que su mayor importancia radicaba en que la Revolución había iniciado «la era de las realizaciones», y mejorado la situación del obrero. El trabajador ya no era un paria[17].

Los dirigentes de la Unión Ferroviaria criticaban «el error de intervenir nuestra entidad», pero indicaban que la misma había servido para destruir el mito de que los ferroviarios eran «agitadores profesionales». Destacaban con evidente orgullo que Perón, ahora la figura clave del gobierno, había afirmado públicamente que los ferroviarios eran el sindicato modelo de la nación. El nuevo régimen había producido una revolución en el panorama social del país. «Hoy, la fuerza del Estado se encuentra al servicio de la justicia social», y la voz del trabajador se escuchaba con la misma autoridad y respeto que las demás[18].

Al mismo tiempo que ganaba las simpatías de los sindicalistas, y en particular de los liberales en la CGT n.º 1, Perón buscaba el apoyo de los trabajadores no agremiados del interior, que se transformaban en una parte cada vez más importante de la fuerza laboral en las ciudades.

La depresión y la Segunda Guerra Mundial estimularon el proceso de industrialización en la Argentina, al aislarla otra vez de los países europeos que tradicionalmente la proveían de productos terminados. La consiguiente demanda de trabajadores industriales, la mecanización de la agricultura y el descenso relativo en el número de ocupaciones agrícolas, más la política oficial de restricción de la inmigración, provocaron una gran migración de trabajadores desde las zonas rurales del interior hacia Buenos Aires y las restantes ciudades del país.

Aunque había existido cierta migración interna en la Argentina durante muchos años, sólo alcanzó proporciones notables para fines de la década del treinta. En 1914, el 11 por ciento de la población del Gran Buenos Aires había nacido en el interior, y el 49 por ciento en el extranjero. Para 1936, no más del 12 por ciento de la población de la Capital Federal había nacido en el interior, y un 36 por ciento provenía del exterior. Empero, para 1947, el 29 por ciento de esa población urbana había nacido en el interior, y sólo el 26 por ciento en el extranjero. En términos absolutos, entre 1896 y 1936, llegó a Buenos Aires un promedio de 8000 provincianos por año. La cifra ascendió a 72 000 por año entre 1936 y 1943, y a 117 000 por año entre 1943 y 1947[19].

La migración destruyó los tradicionales vínculos comunitarios del peón rural, como había ocurrido con los propios del trabajador europeo, y también lo impulsó a buscar una nueva identidad comunitaria en el ambiente urbano. Sin embargo, y con anterioridad a 1943, se frustraron esos esfuerzos. El gobierno ignoró al peón rural, y los dirigentes socialistas de la CGT no lo incorporaron al movimiento obrero, ni intentaron ayudarlo en forma concreta.

Los dirigentes de la CGT anterior a 1943 tenían conciencia de dicha migración, pero aparentemente no alcanzaron a captar su sentido para el futuro del sindicalismo y el desarrollo político del país. Ya en junio de 1938, un articulista de CGT se quejaba de que antes de que la organización sindical hubiera podido absorber a los desocupados producidos por la depresión mundial, se veía amenazada por los peones rurales que huían a los centros poblados en busca de trabajo. Entre 1938 y 1943, los dirigentes de la CGT siguieron manifestando su preocupación por la cantidad creciente de migrantes internos, pero hicieron poco o nada por ellos[20].

Los migrantes internos y los trabajadores sindicalizados se miraban con hostilidad y desconfianza. Los afiliados a los gremios de la CGT eran principalmente de origen inmigrante europeo, obreros especializados o semiespecializados, y vivían en Buenos Aires o en otra de las ciudades del Litoral, o en su zona de influencia. Los nuevos trabajadores provenían de las regiones rurales del interior; eran analfabetos, carecían de especialización y no estaban agremiados. No conocían el socialismo, el fascismo, la democracia o la Constitución de 1853. Su concepto del gobierno derivaba de la relación patrón-peón en la estancia, paternalista y autoritaria[21].

Los dirigentes sindicales socialistas de la CGT anterior a 1943, herederos de buena parte del legado democrático y liberal de Sarmiento y Juan B. Justo, asociaban al migrante interno con lo que creían era la tradición hispánico-criolla del interior, antidemocrática y antiprogresista. El migrante interno asociaba a los dirigentes sindicales con ideas extranjeras abstractas, y con los esfuerzos para borrar sus tradiciones y valores criollos. Y a medida que los migrantes internos se convertían en el elemento individualmente más numeroso de la clase obrera, el nacionalismo de los dirigentes gremiales socialistas se transformaba en la doctrina de una élite.

En estas circunstancias. Perón no tuvo muchas dificultades para atraerse a los migrantes internos. Los ayudó a organizar sindicatos para proteger sus intereses económicos, criticó lo que éstos consideraban ideologías «foráneas» del socialismo y el comunismo, defendió a la Iglesia y la enseñanza religiosa, y enunció muchos de sus ideales criollos. Con el avance del proceso, los trabajadores desarraigados del interior se identificaron personalmente con Perón, y llegaron a considerarlo como una especie de nuevo patrón: era, a la vez, su jefe sindical, su gobierno y la encarnación de su nación.

Angel Perelman, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desde su fundación en 1943 hasta 1946, enunció con claridad este nacionalismo criollo o antiliberal. Sostenía que los partidos Socialista y Comunista, junto con la CGT, habían traicionado los intereses de los trabajadores y del país y, en consecuencia, se los debía reemplazar por organizaciones obreras auténticamente nacionales. Afirmaba que esos grupos eran importaciones europeas que actuaban —en la práctica— como el ala izquierda de la oligarquía liberal, al no haber protestado contra el derrocamiento del gobierno de Yrigoyen —verdaderamente argentino y popular—, y al haber apoyado la «política burguesa» de la libertad de comercio[22].

Con todo, Perelman parecía más preocupado por el exclusivismo y el elitismo de las organizaciones obreras tradicionales. Como Ugarte y Palacios, creía que la tradición criolla era un elemento fundamental en la nación argentina que despuntaba. Por lo tanto, reiteraba que la CGT no era una auténtica organización nacional, pues sólo representaba a la «aristocracia obrera», o sea los inmigrantes europeos calificados que se habían agremiado, y cumplían tareas en los servicios públicos de propiedad extranjera. Quería saber por qué la CGT no sindicalizaba a los trabajadores criollos no calificados, que cubrían las vacantes en las nuevas industrias de la Argentina.

Perelman indicaba que el país requería un partido laborista y una federación obrera auténticamente nacionales: actuando de común acuerdo, estos grapos debían tratar de incorporar al trabajador criollo, proteger la industria local y destruir el poder de la burguesía liberal, los terratenientes y los capitalistas extranjeros. Tales organizaciones serían importantes para el desarrollo de una nueva nación argentina, fiel a sus tradiciones hispánico-criollas.

Hilario Salvo, que en 1946 reemplazó a Perelman como secretario general de la UOM, se explayó todavía más sobre algunas de estas ideas. Señaló que los nacionalistas criollos eran antiliberales y antidemocráticos porque la democracia liberal, en la Argentina, había producido la explotación de las masas desposeídas por la adinerada oligarquía terrateniente. En consecuencia, los nacionalistas criollos anhelaban un gobierno muy poderoso, capaz de restringir el imperio de la oligarquía y de proteger los intereses de todos los miembros de la sociedad. Salvo concluía que debían protegerse las libertades públicas pero en caso de conflicto, el Estado tenía que intervenir para asegurar que los derechos de la sociedad en su conjunto predominaran sobre los individuales[23].

De este modo, el nacionalismo criollo —que se convertiría en el concepto dominante del movimiento obrero— era una enunciación de la hostilidad y el temor experimentados por los trabajadores del interior hacia los tradicionales grupos dirigentes de la sociedad, además de la expresión del deseo de proteger sus propios valores y formas de vida tradicionales.

Si bien Perón había conquistado el apoyo de la mayoría de las organizaciones obreras hacia fines de 1944, el mismo no resultaba tan absoluto como parecía. A mediados de 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial y los preparativos para las elecciones provocaron un aflojamiento de las restricciones oficiales sobre las actividades de los partidos políticos y los gremios. Como resultado, surgió una considerable oposición sindical. Los socialistas de la CGT n.º 2 —cada vez más aislados— rompieron abiertamente con los dirigentes de la CGT existente atacando a Perón y al gobierno por «subvertir» el sistema democrático-liberal. El cisma continuaba la anterior división de la CGT, en marzo de 1943. Por un lado, había una minoría de socialistas y comunistas convencidos de que sus partidos debían representar los intereses políticos del trabajador, y que criticaban a Perón por su fascismo. Por el otro, había una gran mayoría de sindicalistas y socialistas que otorgaban su lealtad primaria al movimiento obrero, que creían que los trabajadores necesitaban un partido político nuevo e independiente para representar sus intereses, y que apoyaban a Perón. A partir de 1945, se llamó a los primeros «liberales» y a los segundos «laboristas», aunque ambos grupos seguían teniendo en común muchas ideas liberales[24].

Los gremios liberales que se oponían a Perón eran La Fraternidad, los obreros del calzado, los textiles, una fracción de los empleados de comercio y una fracción de la Unión Tranviaria. Se nuclearon a mediados de 1945 para protestar contra la política oficial: las restricciones impuestas por el gobierno al derecho de huelga, la intervención a los gremios municipal y metalúrgico, y lo que veían como otras limitaciones a la libertad sindical.

El comité ejecutivo de La Fraternidad (que en 1944 aparentemente había respaldado a Perón) aprobó, en mayo de 1945, una serie de resoluciones que condenaban las «acciones antidemocráticas» del gobierno. Dirigiéndose al nacionalismo liberal del movimiento obrero, el comité exigía el restablecimiento de los derechos constitucionales de libertad de prensa, de palabra y de reunión. También reclamaba el fin del estado de sitio, el restablecimiento de la «normalización institucional», y el término del aislamiento con respecto a los países democráticos[25].

A mediados de 1945, Perón —inseguro de la magnitud de la oposición sindical liberal al gobierno— intentó captársela haciendo lugar a algunas de sus demandas. El 9 de junio fueron puestos en libertad todos los presos políticos de orientación democrática. El 7 de julio, Farrell anunció que en un futuro próximo se realizarían comicios presidenciales. El 6 de agosto, el régimen levantó el estado de sitio que duraba desde fines de 1941. Y en un importante discurso pronunciado a mediados de agosto en el Colegio Militar, Perón defendió ante sus pares la revolución social y económica. Declaró: «Empieza el gobierno de las masas populares. Es un hecho que el ejército debe aceptar y colocarse dentro de la evolución. Eso es fatal. Si nosotros no hacemos la revolución pacífica, el pueblo hará la Revolución violenta[26]».

A pesar de estos esfuerzos, Perón no pudo satisfacer a sus críticos sindicales liberales, y en setiembre y octubre dicho grupo disidente aumentó sus ataques contra el régimen. Perón, temeroso de los efectos políticos de la continua oposición sindical, decidió poner fin a la misma sin reparar en los métodos.

Los laboristas, aunque representaban una sustancial mayoría en la CGT, se hallaban en una posición incómoda. Apoyaban las conquistas de Perón y deseaban que continuara el proceso, pero también concordaban con muchas críticas de los liberales. Sin atacar al gobierno, empezaron a hablar de la necesidad de restablecer el régimen constitucional, sosteniendo que los trabajadores estaban unidos por su sentido de responsabilidad democrática. Tenían la misma responsabilidad que los argentinos en el 25 de mayo de 1810, como fue el caso de Mariano Moreno, y más adelante Esteban Echeverría y Roque Sáenz Peña[27].

Los dirigentes laboristas de la Unión Ferroviaria repetían estas ideas. Para ellos, la nación argentina se nutría de sentimientos comunes de democracia y libertad, que la identificaban con los ideales de los próceres de la independencia. En consecuencia, el gobierno debía poner en libertad a todos los presos políticos, levantar el estado de sitio y volver al régimen constitucional[28].

Además, los laboristas deseaban apoyar al posible triunfador, y temían que los gremialistas liberales, unidos con la oposición democrática de los políticos, llegaran a ganar la lucha contra el régimen. Por lo tanto, no querían enemistarse con ninguno de los grupos.

Los liberales dieron un paso muy decisivo a principios de setiembre, cuando La Fraternidad y los gremios textil y del calzado se retiraron de la CGT. Recibieron el apoyo de sectores no-oficialistas dentro de los empleados de comercio y la Unión Tranviaria. Jesús Fernández, presidente de La Fraternidad, justificó el retiro haciendo referencia una vez más al nacionalismo liberal. Comenzó diciendo: «La llamada Confederación General del Trabajo no representa en la actualidad al auténtico movimiento sindical, por cuanto sus dirigentes, en abstracción absoluta de los intereses de los trabajadores, se han colocado al servicio de causas foráneas que están en pugna con la tradición y el sentimiento obrero…». Sostuvo que la CGT «ha permanecido indiferente ante la clausura e intervención de sindicatos, detención de dirigentes, asaltos de locales obreros, creación colateral de sindicatos con propósitos divisionistas, proscripción de la libertad sindical y democrática, aislamiento internacional, carestía de la vida, inflación y armamentismo…»[29].

El ataque ocurrió en el momento en que alcanzaba su punto culminante la oposición general a Perón. La hostilidad hacia el régimen crecía en casi todos los partidos políticos, los principales diarios, los intelectuales y los estudiantes universitarios, para no mencionar las organizaciones empresarias y financieras. Spruille Braden, a poco de ser acreditado como nuevo embajador norteamericano (llegó al país en mayo de 1945), favoreció abiertamente esta oposición, en la que desempeñó importante papel. El levantamiento del estado de sitio, en agosto, permitió que la oposición se manejara con más libertad, aprovechando al máximo la oportunidad. La culminación de este proceso fue la Marcha de la Constitución y la Libertad, el 19 de setiembre, en la cual participaron más de 250 000 personas. Para muchos, pareció el fin de Perón[30].

Frente a la oposición activa de los liberales y a la actitud expectante de muchos laboristas hacia el resultado final de la pugna, Perón se dispuso a asegurar su control sobre el movimiento obrero. A fines de setiembre, forzó un cambio de dirigentes en la CGT reemplazando a su secretario general Alcides Montiel por el más «seguro» Silverio Pontieri, y pocos días después el gobierno reimplantó el estado de sitio. Finalmente, el 2 de octubre se dictó un nuevo decreto de asociaciones profesionales que autorizaba únicamente a los gremios con personería gremial, oficialmente reconocida, a negociar con el Estado y la patronal[31].

Mientras Perón pretendía consolidar su poderío gremial, se volvió más intensa la lucha con el resto de la oposición. El 9 de octubre, la guarnición de Campo de Mayo, con su comandante el general Eduardo Avalos a la cabeza, marchó sobre Buenos Aires y obligó a Perón a renunciar a sus tres cargos. Esto confundió tanto a las fuerzas favorables a Perón como a las opositoras, pero especialmente a estas últimas. Por ejemplo, el general Avalos permitió que Perón hablara a los trabajadores el 10 de octubre, ocasión en que éste les recordó que había dejado firmado un decreto de aumento general de salarios, y que esperaba haría efectivo el nuevo gobierno. Además, la oposición propuso soluciones bastante necias que sólo contrariaron y atemorizaron al movimiento obrero. Un grupo sostuvo que la Corte Suprema, conservadora y nada favorable a los sindicatos, debía asumir la conducción del país. Y, una vez alejado Perón de sus funciones, los empresarios se negaron a pagar a sus trabajadores el feriado nacional del 12 de octubre, Día de la Raza.

Salvo el reducido grupo de liberales, el movimiento obrero se sintió amenazado por el golpe de Avalos, y mientras las facciones opositoras discutían entre sí, la mayoría de los sindicalistas se unió y organizó para su propia defensa. Se reunió una comisión ad hoc de 5 laboristas, formada por el secretario general de la CGT Silverio Pontieri, Angel Borlenghi, Alcides Montiel, Luis Gay y Néstor Alvarez, para decidir la mejor forma de conservar las conquistas logradas en los dos últimos años. Los citados visitaron a Perón, el cual, de acuerdo con Gay, no los ayudó mucho porque tenía miedo y no sabía qué rumbo tomar[32].

Después del 12 de octubre, cuando el gobierno controlado por Avalos hizo arrestar a Perón y lo recluyó en la isla Martín García, los dirigentes gremiales actuaron por cuenta propia. El 14 de octubre la cgt declaró la huelga, y al día siguiente Cipriano Reyes, jefe del nuevo y poderoso sindicato de los obreros de la carne, se entrevistó con los dirigentes de la confederación, exigiendo que la declaración de huelga fuese llevada a la práctica de inmediato. El 16 de octubre sesionó el comité central de la CGT, integrado principalmente por laboristas y unos pocos antiliberales, para considerar las próximas acciones específicas. Los dirigentes vacilaron sobre la mejor alternativa a seguir, y por ello tardaron casi diez horas en llegar a una resolución. Los representantes de los gremios tradicionales —gráficos y ferroviarios— se negaron a concretar la declaración de huelga general, porque el general Avalos controlaba efectivamente al país y había dado al movimiento obrero garantías de que se respetarían las conquistas de los dos años anteriores. Los representantes de los gremios industriales de reciente creación apoyaron la huelga general porque creían que los obreros no podían confiar en el general Avalos. Este último grupo, si bien minoritario, fue el más convincente, y a la una de la madrugada el comité central, por 21 votos a 19, decidió declarar una huelga general revolucionaria para el 18 de octubre[33]. Después de la votación, todos los sectores de la cgt apoyaron la huelga de modo activo.

Al día siguiente de la reunión de la CGT, el 17 de octubre, Eva Duarte, la amiga de Perón que a poco sería su esposa, Cipriano Reyes, el coronel Domingo A. Mercante, Hilario Salvo, Luis Gay, Angel Perelman y otros, recorrieron la ciudad y sus alrededores incitando a los trabajadores laboristas y antiliberales a reunirse en la Plaza de Mayo antes de la huelga general[34]. Respondieron al llamado decenas de miles de obreros, en especial los de la carne y metalúrgicos, y al caer la tarde una multitud de unas 100 000 personas colmaba la capacidad de la plaza frente a la Casa Rosada. La policía y las fuerzas armadas favorables a Perón impidieron que se perturbara la concentración. En las últimas horas de la tarde, la comisión laborista entrevistó al presidente Farrell, que parecía estar a la expectativa de los acontecimientos, y consiguió que se pusiera en libertad a Perón, y se le permitiera hablar desde los balcones de la Casa Rosada. Perón apareció cerca de medianoche y pronunció una breve alocución, dedicada principalmente a pedir que los trabajadores volvieran a sus casas, pero ello fue suficiente para convencer a la muchedumbre de que había sido repuesto en el poder, y que se protegerían las conquistas de los dos últimos años[35].

El 17 de octubre fue importante por muchas razones. Quizá la más fundamental fue que intensificó el creciente sentimiento de identificación nacional experimentado por los obreros, al hacerlos conscientes de su propio poder político. Con su presencia en la Plaza de Mayo, habían obligado a la oposición que consideraban conservadora y antisindical a reponer en el poder a Perón, símbolo de la nación igualitaria que ambicionaban. Luego de años de intentos frustrados por establecer su influencia dentro de la sociedad argentina, había llegado por fin la hora de la victoria, y estaban dispuestos a disfrutar y proteger su nuevo status.

El 17 de octubre también permitió a Perón consolidar y reafirmar el control sobre sus partidarios militares y sindicales. Los militares enfrentados con la alternativa entre una guerra civil o Perón y su programa social y económico, eligieron a estos últimos. Los dirigentes laboristas de la CGT, enfrentados con la alternativa de los métodos a veces no democráticos de Perón junto a su programa social y económico o la falta de cualquier programa social y económico, también eligieron a Perón.

Además, los sucesos del 17 de octubre consolidaron la nueva distribución de fuerzas en la estructura del poder sindical: los dirigentes laboristas se unieron a los trabajadores antiliberales para controlar en forma casi absoluta el movimiento obrero; y los liberales, que no participaron en las manifestaciones (y tan importantes en el pasado), quedaron con un pequeño núcleo de simpatizantes pero sin ninguna influencia. Como respuesta a una sugerencia publicada en la prensa conservadora, en el sentido de que la demostración fue una «treta demagógica estimulada artificialmente», El Obrero Ferroviario, periódico de la Unión Ferroviaria que controlaban los laboristas, señaló que los obreros no habían respondido a la demagogia sino que habían defendido sus legítimas conquistas, objetivos de una lucha desarrollada durante tantos años[36].

Finalmente, el 17 de octubre fue importante porque consagró el título de «descamisados» a las masas que apoyaron a Perón. El término había sido empleado por las clases altas para indicar su repugnancia por las masas, pero después del 17 de octubre éstas aceptaron de buen grado la denominación para indicar su orgullo de trabajadores pobres pero esforzados, representantes de la nueva nación. Los descamisados incluso pretendieron ser herederos de los sans-culottes de la Revolución Francesa. Un editorial de CGT proclamó, con orgullo, que eran los nuevos «sans-culottes criollos», y que el 17 de octubre habían salvado la Revolución de Perón[37].

Poco después del 17 de octubre, los dirigentes laboristas de la CGT —conocedores de la historia y la reciente victoria electoral del Partido Laborista británico y deseosos de institucionalizar el poder político de los trabajadores— fundaron el Partido Laborista Argentino, formularon un programa, y eligieron a Luis Gay y Cipriano Reyes como presidente y vicepresidente de la agrupación.

Era lógica la elección de Gay y Reyes como jefes del nuevo partido. Ambos se habían ganado el respeto de los sectores antiliberal y laborista del movimiento; habían apoyado con energía a Perón desde el comienzo, y habían figurado entre la gente más activa en los sucesos del 17 de octubre. Además, Gay había abogado durante muchos años por la formación de ese tipo de partido laborista, independiente y no sectario[38].

Gay y Reyes rechazaban el elitismo de los desacreditados liberales y su identificación con el Partido Socialista, porque concebían al Partido Laborista como un complemento político independiente de una CGT también independiente. Reyes explicaba: «Somos un partido nacional —no decimos el único, pero sí afirmamos el más nacional de todos los partidos— por nuestra extensión, por nuestro arraigo y por la profundidad con que encaramos soluciones nacionales para los problemas nacionales… Rechazamos y combatimos la pretendida irreconciliabilidad de libros y de alpargatas… Proclamamos la virtud esencial del trabajo, fuente de toda superación, base de toda conquista y puntal de granito de las virtudes humanas, incluyendo las del conocimiento, el saber y los valores del espíritu. Creemos y proclamamos que libros y alpargatas —trabajadores y estudiantes, productores y profesionales— caben en el pueblo, son el pueblo mismo…»[39].

Sin embargo, Gay y Reyes aceptaron muchas ideas del nacionalismo liberal y las incorporaron al programa partidario: gobierno constitucional; restricciones a la actividad política de la Iglesia y los militares; industrialización basada en una economía librecambista; inmigración europea continuada para hacer frente a la demanda de trabajo; reforma agraria sin suprimir la propiedad privada; nacionalización de los servicios públicos y unas pocas industrias básicas, la mayoría de ellos en manos extranjeras; impuestos a la renta, a la propiedad y a la herencia; participación de los obreros en las ganancias; y previsión social. Era el programa de una revolución social nacional, pero lo importante es que se deseaba llevarla a cabo por medios democráticos[40]. De este modo, aunque por un tiempo fue apoyado por los antiliberales, el Partido Laborista y su filosofía constituyeron una expresión política del nacionalismo liberal.

En perspectiva, es posible criticar a los dirigentes laboristas por su imperdonable ingenuidad. Hacían frente a un dilema, pero se negaban a reconocerlo como tal. Pensaban que podían apoyar a Perón y a la revolución social y económica, sin apoyar sus métodos antidemocráticos o sin perder su independencia. Sólo el tiempo convencería a esos dirigentes partidarios de la imposibilidad de lograr ambas cosas.

El 15 de enero de 1946, el Partido Laborista designó libremente a Perón como su candidato presidencial para los comicios de febrero, en razón de que había hecho más por el movimiento obrero que cualquier otra persona. Cuando Perón insistió para que la agrupación aceptara al radical disidente J. Hortensio Quijano como candidato a vicepresidente (en lugar del coronel Mercante), se produjeron algunos resquemores que, sin embargo, no fueron profundos y tuvieron escasa o ninguna consecuencia en el resultado de la elección. Al compartir la fórmula con un radical, era obvio que Perón trataba de ubicarse en la línea de Yrigoyen, el único mandatario argentino que había manifestado simpatía por la clase trabajadora, cosa que no molestó a la mayoría de los obreros.

Durante la campaña, Perón (con el apoyo laborista) se dirigió tanto a la variante laborista del nacionalismo liberal como al nacionalismo criollo. Se presentó como protector de los trabajadores y defensor de la Constitución y las leyes del país. En dicha campaña resultó beneficiario de la ineptitud y falta de unidad de la oposición.

La oposición sindical siguió manifestándose entre octubre de 1945 y febrero de 1946, pero sólo sirvió para fortalecer la influencia de Perón sobre la mayoría de los obreros. En la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), efectuada en París a fines de 1945, el socialista y ex secretario general de la CGT n.º 2 Francisco Pérez Leirós, y el comunista Rubens Iscaro, apoyados por el dirigente gremial mexicano Vicente Lombardo Toledano (de tendencia procomunista), afirmaron que el régimen de Perón era de tipo fascista, y que la CGT no era una organización sindical independiente. A raíz de estos ataques, los delegados de la CGT no fueron admitidos ese año a la conferencia de la oit[41].

La oposición sindical, que todavía peleaba los combates de fines de 1930 y principios de 1940, pretendía desacreditar a Perón llamándolo fascista. Pero Perón vinculó hábilmente esta oposición con los elementos europeizantes y conservadores de la Argentina, y así buscó socavar cualquier influencia que pudieran haber tenido aún sobre los trabajadores. En noviembre de 1945, los socialistas y comunistas —junto con sus partidarios en los gremios— se habían unido con los radicales y ciertos conservadores para constituir la Unión Democrática antiperonista. Perón sólo tuvo que aludir a este hecho para convencer a muchos trabajadores de que los partidos obreros tradicionales se encontraban aliados con los «elementos reaccionarios», tratando de derrocar el régimen de la revolución social.

Los dirigentes laboristas de la CGT criticaban a ambos partidos por apoyar a la oligarquía. Pontieri, el secretario general de la CGT, explicaba que cuando los socialistas y comunistas no pudieron controlar a la FORA IX sindicalista en época de Yrigoyen, habían denunciado el servilismo de la organización frente al gobierno. Concluía diciendo que, en la actualidad, formulaban idénticas acusaciones infundadas contra la CGT, porque eran incapaces de admitir que los trabajadores prefirieran el gobierno a sus ideas[42].

Al principio, la campaña se centró en el decreto n.º 33 302, del 20 de diciembre de 1945, que disponía aumentos de sueldo para la mayoría de los trabajadores y un mes adicional de sueldo como aguinaldo. Los empresarios reaccionaron con rapidez y en forma decisiva ante la situación. En su reunión del 27 de diciembre, los integrantes de la Unión Industrial Argentina declararon que el sueldo anual complementario era inconstitucional, que las cuestiones salariales formaban parte exclusiva del proceso de deliberaciones entre patrones y obreros, que resultaba financieramente imposible a los empresarios cumplir con las exigencias del decreto, y que éste imponía una solución económica falsa a los problemas argentinos, pues acarrearía «consecuencias morales nocivas». Para hacer sentir con más fuerza su protesta, los industriales cerraron sus fábricas y talleres durante tres días[43].

De inmediato, la CGT cursó una nota al presidente Farrell expresando que por ningún concepto los trabajadores permitirían que se violara el decreto, que el movimiento obrero apoyaba las medidas oficiales para hacerlo cumplir y para quebrar el «lock-out reaccionario» de los patrones, y que también respaldaba el plan de desarrrollo industrial de gobierno[44].

En el momento crítico de esta polémica, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del decreto que autorizaba al secretario de Trabajo a designar delegados provinciales y territoriales, con facultad de aplicar multas a quienes no cumplieran la legislación laboral. Buena parte de los gremialistas temía el severo deterioro de las conquistas de los dos últimos años, si los empleadores podían desobedecer ahora con impunidad los decretos de la Secretaría de Trabajo[45]. Mucha gente pensaba que la única forma de proteger sus intereses era elegir a Perón como presidente.

La campaña llegó a su culminación dos semanas antes de los comicios, cuando los Estados Unidos dieron a publicidad el «Libro Azul» sobre la Argentina. El documento acusaba a Perón y a sus allegados de colaborar con el nazismo, y sostenía que la CGT era apenas un organismo títere en manos del gobierno[46]. Perón sacó provecho del ataque al presentar los comicios como una opción entre él o Braden, el ex embajador que a la sazón era Secretario Asistente de Estado, y a quien se debía la publicación del «Libro Azul». A los trabajadores no les resultaba difícil deducir que el enemigo foráneo —Braden y los Estados Unidos— se había coligado con el enemigo interno —la oligarquía y la Unión Democrática— para pretender destruir a Perón, la revolución social y económica, y la nación igualitaria que ambicionaban[47].

Todo lo que necesitaba Perón era esta combinación de acontecimientos. En las elecciones de febrero (que en un primer momento la oposición reconoció honradas), Perón derrotó a su descolorido adversario por 300 000 votos: 1 527 230 a 1 207 155. Conquistó el 56 por ciento de los sufragios, y 304 de los 376 votos en el colegio electoral. Sus partidarios ganaron dos tercios de las bancas en la Cámara de Diputados, 28 de las 30 bancas del Senado, y todas las gobernaciones provinciales menos la de Corrientes. Acaso su victoria más importante fue la obtenida frente a los viejos partidos de la clase obrera: los socialistas y los comunistas no consiguieron ninguna representación parlamentaria[48].

Algún tiempo después, Perón explicó lo que para él significó el período: «Las revoluciones pueden ser legitimizadas por el consenso de la opinión pública y porque se considera que han desempeñado objetivos elevados o han puesto fin a una situación política corrompida. Con respecto a mi participación particular en el movimiento del 4 de junio de 1943, es indisputable que ha sido legitimizado por la manifestación popular del 17 de octubre de 1945, y por las elecciones, libres, completamente libres, de febrero de 1946»[49].

Entre 1943 y 1946, Perón se atrajo con habilidad a la variante laborista del nacionalismo liberal y al nacionalismo criollo, conquistó el apoyo de una gran mayoría de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, y se convirtió en el primer presidente argentino elegido libremente en casi veinte años. Con la ayuda de Perón, los obreros se habían independizado en gran medida de los partidos izquierdistas tradicionales, asumiendo un papel principal en la nueva comunidad nacional. Pero el movimiento obrero organizado todavía era independiente del gobierno en forma considerable, cosa que Perón no podía tolerar por mucho tiempo.

Capítulo 5

LA VICTORIA DE LOS NACIONALISTAS CRIOLLOS

Perón, al ser elegido presidente por primera vez en febrero de 1946, pudo haber gobernado democráticamente a la Argentina de acuerdo con la tradición liberal del país. Pero es probable que nunca tuvo en cuenta dicha posibilidad, ya que durante muchos años se había vinculado con elementos antiliberales, había aceptado sus valores hispánico-criollos y aprobado sus conceptos autoritarios de gobierno. En ocasiones, Perón empleó medios democráticos como las elecciones, pero creía que el Estado por él presidido debía ser omnipotente y hacerse cargo de numerosas funciones que hasta entonces desempeñaban otras instituciones. Y también creía que, en caso de trabarse un conflicto, debían predominar los derechos del Estado —representante de la voluntad popular— sobre los derechos de los grupos o de los individuos.

En consecuencia, durante su primera administración, Perón superó la oposición de los sectores democrático-liberales de la Argentina y estableció un régimen autoritario antiliberal. Restringió las actividades de los partidos políticos, intervino las universidades, expulsó a muchos de sus profesores, reemplazó a todos los jueces de la Corte Suprema con una sola excepción, y coartó la libertad de prensa. Además, en lo relativo a este estudio, destruyó el poder de los dirigentes laboristas del movimiento obrero.

A mediados de la década de 1940, los migrantes internos antiliberales se transformaron en el elemento más numeroso de la fuerza de trabajo. Sin embargo, a principios de 1946 las principales organizaciones obreras todavía estaban bajo el control de los laboristas independientes, de orientación democrática, que defendían una versión modificada del nacionalismo liberal. Hasta ese momento, los laboristas habían apoyado a Perón, pero el presidente comprendía los límites de tal actitud. Por lo tanto, comenzó a desacreditar a los laboristas como antes había hecho con los liberales, y a reemplazarlos por antiliberales adictos a su persona, y cuyo nacionalismo criollo coincidía con sus propias ideas.

Como presidente de la Argentina, Perón prosiguió la revolución social y económica que había iniciado hacía más de dos años, para consolidar la lealtad de los trabajadores. Esta revolución, que atraía por igual a laboristas y antiliberales, mejoró en verdad durante este período los salarios totales y la posición de los obreros, pero también los hizo depender económicamente del Estado y de Perón.

Durante buena parte de esta etapa los precios subieron con rapidez, pero hasta 1949 los salarios aumentaron todavía con mayor ritmo. Entre 1943 y 1946 fluctuaron algo los salarios reales, pero en su mayoría conservaron el mismo nivel. Con posterioridad a 1946, siguieron aumentando hasta 1948, cuando los salarios reales de los trabajadores no calificados eran un 37 por ciento más elevados que en 1943. Su declinación comenzó a partir de 1948, y para la época de los comicios presidenciales de noviembre de 1951, habían caído por debajo del nivel de 1943 (véase cuadro III).

Los beneficios sociales (salarios indirectos) aumentaron con firmeza durante este período, y agregaron entre un 30 y un 50 por ciento a los salarios totales. El gobierno aumentó el número de feriados oficiales pagos, estableció vacaciones pagas y obligatorias, y concretó indemnizaciones por accidente y enfermedad para la mayoría de los trabajadores. Además, inició un programa de previsión social. En 1943 sólo medio millón de trabajadores gozaban de los beneficios de la previsión social, pero para 1946 la cifra había subido a más de un millón y medio, y para 1951 unos cinco millones de trabajadores —aproximadamente el 70 por ciento del total de la fuerza de trabajo— disfrutaban de la previsión social[1].

CUADRO III

SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, 1943-1951 (EN PORCENTAJE)

Año
Trabajadores no calificados
Trabajadores calificados

1943
100.0
100.0

1944
104.0
—

1945
—
—

1946
96.0
91.0

1947
108.5
105.0

1948
137.0
127.0

1949
133.5
120.0

1950
127.0
113.0

1951*
115.0
99.9

* Los promedios para los diez primeros meses del año.

Fuente: United States Department of Commerce, Bureau of Foreign and Domestic Commerce, Foreign Service Report Series, Economic Review of Argentina, Washington, 1951, 1953; United States Department of Commerce, Business Information Service, World Trade Series, Economic Review of Argentina, Washington, 1951. Para cifras diferentes que indican, sin embargo, la misma tendencia, véase Confederación General Económica de la República Argentina, Informe económico, Buenos Aires, 1955, págs. 181-192.

La esposa de Perón, Evita, ayudó muchísimo a que los obreros obtuvieran beneficios económicos. Había asumido un importante papel en la organización de un sindicato nacional de empleados radiofónicos, y también había participado en los sucesos del 17 de octubre de 1945. Pero Evita comenzó a actuar de modo principal en el movimiento obrero con posterioridad a la asunción de la presidencia por su esposo, en junio de 1946. Trasladó su despacho a la Secretaría de Trabajo, e intervino en todas las instituciones estatales relacionadas con asuntos laborales. Participó en las negociaciones colectivas, discusiones, contratos y proyectos de jubilaciones, y estimuló a dirigentes y trabajadores aislados para que acudieran a ella con sus problemas, recibiendo personalmente a muchos de ellos, y de este modo afianzó su propio séquito de fieles partidarios.

Además de dominar las instituciones estatales que reglamentaban el movimiento obrero organizado, Evita creó en junio de 1947 una Fundación de Ayuda Social, nomina ente privada. Dirigida por la esposa del presidente, la organización recaudaba lo que en verdad eran contribuciones forzosas de varias fuentes, inclusive las empresas y todos los afiliados a la CGT. Con este dinero Evita construyó escuelas hospitales y lugares de recreo para niños, y adquirió medicinas, alimentos y ropa para distribuir a los necesitados de toda la Argentina. Se desconoce la cifra exacta de lo recaudado y distribuido, pues Evita no contabilizaba dichas partidas. Sin embargo, el monto fue importante, y la Fundación dispensó una ayuda a los humildes que éstos no encontraban en ninguna otra parte[2]. Tomando en cuenta todos los elementos, la situación financiera de los obreros era mejor en 1951 que en 1943.

Por añadidura, la revolución de Perón se dedicó a algo más que las meras conquistas económicas, y el presidente continuó satisfaciendo por muchos medios la demanda expresada por los trabajadores de obtener dignidad e igualdad de status dentro de la sociedad. Lo importante fue que reiteró su afirmación en el sentido de que los trabajadores constituían la esencia de la Argentina, y que su gobierno era un gobierno de las masas. Insistió en que su régimen «es de base profundamente proletaria y obrera, y que nuestros actos de gobierno se inspiran en esa masa[3]».

Por primera vez en la historia del país, los obreros o sus asesores ocuparon ciertas carteras importantes. Angel Borlenghi, secretario general de los empleados de comercio, se convirtió en ministro del Interior. Juan A. Bramuglia, ex abogado de la Unión Ferroviaria, fue ministro de Relaciones Exteriores. José María Freire, ex dirigente de los trabajadores del vidrio, se desempeñó como secretario de Trabajo, y luego alcanzó rango ministerial.

Perón también siguió protegiendo el derecho de los trabajadores a la sindicalización en todo el país, alentándolos activamente en esa dirección. Cuando fue elegido presidente, en febrero de 1946, había cerca de medio millón de trabajadores agremiados en la Argentina. Cuando fue reelecto, a fines de 1951, la cifra había aumentado unas cinco o seis veces, hasta llegar a dos y medio o tres millones[4].

Para asegurarse el amplio y reiterado apoyo laboral, Perón inició nuevas campañas para aumentar los crecientes sentimientos obreros en cuanto a dignidad, igualdad de status e identidad comunitaria. La más importante fue la incorporación de los derechos del trabajador a la Constitución de 1949. El artículo 37 de la Constitución enunciaba los siguientes derechos del trabajador: 1) derecho a trabajar; 2) derecho a una retribución justa; 3) derecho a la capacitación; 4) derecho a condiciones dignas de trabajo; 5) derecho a la preservación de la salud; 6) derecho al bienestar; 7) derecho a la seguridad social; 8) derecho a la protección de su familia; 9) derecho al mejoramiento económico y 10) derecho a la defensa de los intereses profesionales.

La nueva Constitución también protegía los derechos del trabajador al poner «al servicio de la economía nacional» la propiedad privada, el capital y los recursos naturales. El artículo 38 disponía, en forma similar a la Constitución mexicana de 1917, que «La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común». El artículo 39 señalaba que «El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social». Y el artículo 40 decía que «La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo»[5].

Los trabajadores fueron prácticamente unánimes en aprobar estos principios. Sus derechos se hallaban protegidos por la Constitución, por primera vez en la historia argentina. Nadie podría rechazarlos ya como «agitadores profesionales», negar sus legítimas demandas o la igualdad que reclamaban. Gracias a Perón, la ley y el gobierno garantizaban por fin a los trabajadores una identidad provechosa como miembros de la sociedad.

Perón también halló ecos favorables en muchos sectores del movimiento obrero con su campaña por la independencia económica nacional. Intentó colocar bajo el control estatal las industrias esenciales y los servicios públicos, para librar a la Argentina de la presión de empresas extranjeras, y permitir que los trabajadores sirvieran al país y a sí mismos en lugar de a un empleador privado. El gobierno nacionalizó los teléfonos, el gas, algunas compañías menores de electricidad, otras de agua y energía, así como el Banco Central. Creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) para controlar el comercio exterior; fundó un Consejo Económico Nacional para coordinar todas las actividades financieras y económicas del régimen; aumentó la flota mercante; promulgó un Plan Quinquenal para el desarrollo industrial y repatrió la deuda exterior[6].

Mientras el gobierno cumplía este programa de independencia económica, el sindicalismo compartía la satisfacción y el orgullo de muchos sectores nacionales. Los representantes de la CGT estuvieron presentes en la ceremonia realizada en la histórica casa de Tucumán, con gran despliegue de publicidad, donde Perón proclamó la independencia económica de la Argentina. El 9 de julio de 1947, al cumplirse ciento treinta y un años de la declaración de independencia política, Perón proclamó la necesidad de «romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos y gobierno propios de las fuentes económicas»[7].

Con todo, la nacionalización de los ferrocarriles pareció brindar a los trabajadores su máxima satisfacción. Los primeros ferrocarriles argentinos habían sido de propiedad y administración estatales, así como de capitales británicos y franceses, y para 1890 el gobierno y las empresas privadas y extranjeras controlaban unos 4700 km de vías cada uno. Empero, la proporción cambió en forma drástica después de 1890, ya que en 1943 sólo los ingleses controlaban más de 28 900 km (o sea cerca del 70 por ciento del total nacional de vías[8]).

El movimiento obrero había insistido desde tiempo atrás en este tipo de nacionalizaciones. Ya en 1917, los obreros del riel habían propuesto la nacionalización de los ferrocarriles como la «mejor garantía para el progreso del país». En 1938 la Unión Ferroviaria aprobó una resolución exigiendo la nacionalización del Ferrocarril Central de Córdoba, y en 1942 La Fraternidad sugirió que el Estado adquiriera los ferrocarriles «ya que esto es un incentivo para el engrandecimiento de la Nación que beneficiaría al pueblo en general»[9].

Poco después de la Revolución del 4 de junio de 1943, el gobierno inició las negociaciones que eventualmente llevaron a la compra de los ferrocarriles. El 13 de febrero de 1947 se firmó un acuerdo anglo-argentino, pero como dicha adquisición se vinculaba con la renegociación de los convenios sobre carnes y trigo, los detalles no pudieron resolverse hasta febrero de 1948[10].

El 1.º de marzo de 1948 cientos de miles de personas se reunieron en la enorme plaza y el parque frente a la Estación Retiro, para escuchar a Perón, Evita y varios dirigentes gremiales en su elogio de la nacionalización de los ferrocarriles. La reacción de buena parte del movimiento obrero organizado halló expresión en una nota que los empleados de comercio enviaron a Perón, donde le agradecían la compra de los ferrocarriles porque la misma cumplía «una profunda aspiración del pueblo argentino»[11].

En especial, manifestaron su complacencia los obreros ferroviarios liberales y laboristas. Un editorial de La Fraternidad, titulado «Ya son nuestros», explicaba que durante los últimos veinticinco años «las empresas ferroviarias no satisfacían ninguno de los intereses enumerados, locales y nacionales… Por esto repetimos que sin negar lo que hicieron en bien del desarrollo económico y moral de nuestro pueblo, las empresas ferroviarias habían cumplido su mandato en el país»[12].

Bajo un titular a media página, «Perón cumple», un articulista de El Obrero Ferroviario señalaba que la nacionalización de los ferrocarriles trajo a los obreros la independencia económica, dignificó sus tareas convirtiéndolos en sus propios patrones, y colocó los ferrocarriles al servicio de la nación en lugar de los intereses extranjeros. En consecuencia, concluía el autor, éste era uno de los días fundamentales en la historia argentina[13].

La nacionalización siguió siendo un logro popular para los trabajadores. Un año después, Jesús Fernández, el presidente liberal y antiperonista de La Fraternidad, escribió un artículo en el periódico del gremio elogiando el programa de nacionalización. Afirmaba que Mariano Moreno había exigido originariamente la independencia económica, pero la nacionalización de los ferrocarriles constituía el primer paso verdadero hacia tal fin. Ahora, los obreros argentinos del riel eran sus propios patrones, y por lo tanto habían dejado de ser parias en el país. Terminaba diciendo que los ferrocarriles podían dejar de servir a sus intereses de lucro, y comenzar a procurar el bien de la nación[14].

La principal consecuencia de la revolución durante este período fue que, al satisfacer ciertas necesidades económicas y psicológicas de todos los sectores del movimiento obrero, movió a los trabajadores a ser influidos cada vez más por el Estado y por Perón. Perón y Evita aumentaron los salarios totales, nombraron a dirigentes gremiales como ministros, protegieron al trabajador para que pudiera sindicalizarse en todo el país, insistieron en que las demandas laborales se incorporaran a la nueva Constitución y nacionalizaron ciertas industrias que convirtieron a cientos de miles de obreros en empleados del Estado. Por lo tanto, los obreros llegaron a considerar que Perón y Eva, antes que los gremios, representaban la fuente de todas las mejoras sociales y económicas.

Mientras Perón llevaba a cabo esta revolución, destruía a la vez el poder de los dirigentes sindicales democráticos y las organizaciones gremiales independientes. En 1946, los principales grupos obreros —el Partido Laborista, la CGT y la mayoría de los gremios importantes— se hallaban dirigidos por laboristas que creían que un movimiento obrero independiente constituía la mejor garantía para la continuación del progreso social y económico. Sin embargo, Perón temía el poder de dichas organizaciones porque, en gran medida, eran independientes de su persona y del gobierno y ofrecían un grave obstáculo para su control sobre el movimiento obrero.

Perón empleó una variedad de métodos para destruir la independencia del movimiento. Al hacer que los trabajadores dependieran del Estado y de él mismo para el mejoramiento de su situación, socavó gradualmente la fuerza de los dirigentes gremiales democráticos. Pero su técnica más eficaz siguió siendo la que había empleado para derrotar a los socialistas y comunistas: transformar cada problema en una cuestión de lealtad nacional. Definió a cada problema de modo que lo que él deseaba se identificara con el bienestar de la nación, y lo que deseaban sus opositores con lo antiargentino. En casos concretos, asociaba a los dirigentes democráticos con intereses foráneos, consideraba a las huelgas desautorizadas como actos de traición, y lograba que los gremios estuvieran integrados cada vez más por obreros antiliberales que lo aceptaban como jefe del movimiento obrero, la encarnación del gobierno y el «patrón» nacional.

El nuevo Partido Laborista fue el primer objetivo de Perón. Había conseguido reducir al mínimo la influencia de los partidos Socialista y Comunista en los sindicatos, pero el Partido Laborista surgió de los comicios presidenciales como una organización independiente y poderosa, cuyos jefes lo veían como el equivalente argentino del Partido Laborista británico. Sus dirigentes apoyaban a Perón, pero pretendían conservar su independencia e insistían en un gobierno democrático para el país.

Varios incidentes revelaron las diferencias de opinión entre el primer mandatario y los dirigentes del Partido Laborista. Por ejemplo, Perón quiso que Angel Borlenghi fuese presidente de la agrupación, pero la convención eligió a Luis Gay. Perón deseó también escoger los candidatos laboristas para los cargos nacionales y provinciales, El partido se opuso y mantuvo las selecciones de las convenciones provinciales y nacionales. El partido, en cambio, accedió a los deseos de Perón cuando aceptó a Quijano en lugar de Mercante como candidato a la vicepresidencia, pero el cambio se debió principalmente al retiro de Mercante y a su pedido de que la organización apoyara a Quijano[15].

Poco después de las elecciones de 1946, circularon rumores de que Perón quería acabar con el partido. Pero sus intenciones sólo se manifestaron en mayo. Sin previo aviso, el presidente anunció por radio que disolvería su coalición electoral para reemplazarla por el Partido Único de la Revolución Nacional. Los laboristas comprendieron la insinuación: el nuevo plan político no toleraría la existencia de ningún partido obrero independiente. Se reunió el Comité Ejecutivo Nacional y, con el apoyo de 83 diputados laboristas (sobre un total de 101), se negó a disolver el partido. Empero, dos días más tarde, 30 diputados laboristas se volcaron a Perón, y en poco tiempo algunos otros se retiraron de la agrupación. Gay, presidente del Partido Laborista, renunció a su cargo antes que votar su disolución, pero no rompió abiertamente con Perón en esa oportunidad. Por fin, sólo quedó en completa oposición a Perón Cipriano Reyes, el vicepresidente de la agrupación[16].

No está del todo claro el modo en que Perón convenció a los diputados laboristas para que siguieran sus indicaciones. Por cierto, el primer mandatario no dejó de emplear la fuerza cuando lo creyó necesario. Sin embargo, fue probablemente la situación lo que determinó las opciones de muchos, tal el caso de Gay. Si bien los dirigentes creían en un partido político representativo de la clase obrera, auténtico e independiente, una vez que Perón aclaró su posición, no encontraron otra alternativa provechosa que apoyarlo. La revolución social y económica avanzaba bajo la dirección del jefe de Estado, y un porcentaje cada vez mayor de los trabajadores identificaba sus intereses con los del presidente. Se pensó que éste no era el momento de romper con Perón, pues se podía ganar más si se continuaba cooperando con él[17].

En agosto de 1946, el Partido Laborista, privado de su representación parlamentaria y de su presidente, realizó un congreso nacional para decidir su futuro. Los afiliados que permanecieron en la agrupación coincidieron en proseguir sus actividades y eligieron a Cipriano Reyes como nuevo jefe. Pero el 4 de julio de 1947 se intentó asesinar a Reyes, y el 30 de enero de 1948, el gobierno retiró la personería jurídica al partido, impidiendo su participación en los comicios de marzo o en elecciones futuras[18].

Para febrero de 1948, los únicos restos del que alguna vez fuera el floreciente Partido Laborista consistían en unos pocos dirigentes, que no tardaron en ser arrestados o exiliados. El 24 de setiembre de 1948, el presidente anunció que se había perpetrado un atentado contra su persona. Acusó a Cipriano Reyes, Walter Beveraggi Allende y los demás dirigentes laboristas, de conspirar junto a John Griffiths —ex agregado cultural de la embajada norteamericana en Buenos Aires— con el propósito de asesinarlo, y entregar el país a los intereses extranjeros. Reyes fue encarcelado sin ordenarse su procesamiento, y siguió preso hasta la caída de Perón, con excepción de un breve período de libertad. Varios dirigentes pudieron exiliarse, pero la mayoría compartió el destino de Reyes. El resultado del proceso fue que, para fines de 1948, desaparecía la única organización política que quedaba en el campo sindical.

Al mismo tiempo, Perón trató de establecer su control absoluto sobre la CGT. Los laboristas que dirigían la organización lo habían apoyado el 17 de octubre de 1945, pero su respaldo tuvo un carácter ambiguo, ya que la votación a favor de la huelga general había resultado sumamente reñida. Apoyaron evidentemente a Perón en la elección presidencial del 24 de febrero de 1946, pero como sus estatutos prohibían la participación de la CGT en política, no pudieron avalar su candidatura en forma directa[19]. Y si bien no protestaron en forma clara cuando el presidente destruyó el Partido Laborista, muchos de esos hombres todavía creían que el movimiento obrero debía contar con su propio partido político independiente, así como con una organización económica independiente[20].

En noviembre de 1946, el ex presidente del Partido Laborista, Luis Gay, volvió a derrotar al candidato apoyado por Perón (Angel Borlenghi) en una elección, esta vez la de secretario general de la CGT.

Aunque había favorecido a Perón el 17 de octubre y el 24 de febrero, Gay debe haber preocupado al nuevo mandatario porque era un nacionalista liberal, popular entre los trabajadores, incorruptible e independiente. Ni bien fue elegido secretario general, Gay conversó con Perón para decirle que la confederación debía ser independiente del gobierno, y que sus esfuerzos se dedicarían a dicho fin[21]. Un articulista de CGT explicó que Gay pertenecía a la corriente sindicalista que consideraba que el movimiento obrero organizado debía dar órdenes a los partidos políticos y al gobierno, y no a la inversa[22].

Aparentemente, lo que más inquietaba a Perón era la popularidad personal de Gay entre los obreros. Como lo indicó otro artículo en CGT, casi todos los sectores sindicales estimaban y respetaban al nuevo secretario general. El autor del texto comenzaba diciendo que el país necesitaba más hombres como Gay, hombres que aceptasen cargos gremiales importantes y de gran responsabilidad sin buscar el dinero. Gay era presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal, vicepresidente de la Empresa Mixta Telefónica Argentina y secretario general de la CGT pero sólo recibía sueldo por el primer empleo. Gay había llegado a carecer de intereses personales y a repudiar la ambición. El autor resumía que los viejos dirigentes gremiales habían cultivado con esmero un espíritu espartano, y todos podían seguir su ejemplo[23].

Gay era una persona muy difícil de atacar por su popularidad e integridad. Sin embargo, en enero de 1947, la visita de una delegación de dirigentes sindicales norteamericanos dio a Perón la oportunidad que necesitaba para vincular a Gay con los opositores foráneos a su régimen, y dañar de este modo su reputación e influencia en el movimiento obrero. Perón había invitado a los gremialistas norteamericanos a visitar la Argentina, pero ante la negativa de éstos a efectuar el viaje a menos que la invitación proviniera también de las organizaciones sindicales del país, la CGT y el gobierno patrocinaron conjuntamente dicho viaje. Irritado por la cuestión, Perón se disgustó aun más porque la delegación norteamericana anunció que había llegado para realizar una investigación sobre el polémico movimiento obrero argentino[24]. La CGT agasajó con una recepción a los viajeros la misma noche de su arribo a Buenos Aires. Gay, en su calidad de secretario general, fue el anfitrión oficial y pasó mucho tiempo conversando con sus invitados. Poco después, esa misma noche, se reunió el comité ejecutivo de la CGT a solicitud de Perón, y destituyó a Gay de su cargo por «colaborar» con los críticos extranjeros del régimen.

No obstante ello, como Perón deseaba hacer creer a los trabajadores que era apoyado por los norteamericanos, la delegación estadounidense recibió una publicidad favorable en la prensa sindical argentina. Por ejemplo, CGT reprodujo el mensaje de la delegación visitante a Perón, en el cual sus dirigentes le agradecían la oportunidad de haber conocido la Argentina, y expresaban el deseo de una mayor cooperación entre los movimientos obreros de ambos países. Otro artículo, en el mismo número del periódico, llegó a señalar que los norteamericanos se quitaron los sacos y se convirtieron en «perfectos descamisados»[25].

A su regreso a los Estados Unidos, la delegación sindical dio a conocer un informe muy esclarecedor sobre el movimiento obrero argentino, en el cual afirmó que si bien el Estado había adoptado muy escasas acciones formales para suprimir las libertades públicas, una atmósfera de temor perturbaba el ejercicio de las mismas; que si bien el gobierno —aprovechando la favorable situación económica del país— había establecido reformas sociales y económicas reclamadas desde mucho tiempo atrás, las empleaba en general con propósitos políticos; y que si bien existía un grupo pequeño e independiente de sindicatos opositores, la CGT no tenía libertad para elegir sus propias autoridades, para participar en convenios colectivos privados con la patronal, o para administrar sus asuntos internos[26].

Los dirigentes gremiales norteamericanos sostuvieron que la renuncia de Luis Gay a la Secretaría General significaba un índice muy importante del control oficial ejercido sobre la CGT. Habían conocido a Gay en la recepción de la CGT que tuvo lugar la noche de su llegada, y al día siguiente se sorprendieron al enterarse de que el nuevo secretario general había renunciado sin previo aviso. Explicaron en su informe: «Nos resultó difícil creer que ése fuera el destino del dirigente de una organización con más de 500 000 afiliados, simplemente porque se supuso que no había estado de acuerdo con los planes sindicales del presidente de la nación»[27].

La CGT, que para entonces ya no era autónoma, respondió prontamente al informe, y lo utilizó como «prueba» de que Gay, en efecto, era un traidor. Los nuevos dirigentes afirmaron que el informe de la delegación sindical norteamericana era absolutamente falso. Luis Gay, el colaborador argentino en este ataque, había vendido a su país y a los trabajadores al imperialismo yanqui, y por lo tanto tuvo que ser reemplazado. A continuación, señalaron que las puertas de la Casa Rosada estaban abiertas. Si Gay tenía necesidad de corregir ciertas cosas, pudo y debió haberlas discutido con Perón[28].

Aurelio Hernández, el fiel peronista que sustituyó a Gay, desarrolló una activa campaña para terminar con los últimos vestigios de independencia en la CGT. Pretendiendo, obviamente, aparecer tan fervoroso y desinteresado como su antecesor, Hernández se negó a recibir sueldo por su nuevo cargo. Mayores consecuencias tuvo otra de sus medidas: amplió la información del periódico CGT, aumentó su circulación de 10 000 a 45 000 ejemplares, y lo convirtió en una hoja de propaganda oficial[29]. El análisis de su contenido de 1943 a 1947 muestra que, con anterioridad a este último año, había muy pocos artículos sobre Perón o Evita que no se relacionaran directamente con asuntos gremiales; no había fotos a toda página, slogans, titulares ni artículos de fondo dedicados a la pareja presidencial. Ni bien Hernández se transformó en secretario general, disminuyó el contenido gremial de CGT y aumentó su contenido político. El 1.º de marzo de 1947 apareció el primer retrato a toda página de Perón y Evita, con slogans apropiados. De ahí en más, CGT se puso al servicio de los dos.

Acaso la medida más trascendental tomada por Perón y Hernández para acabar con la independencia del movimiento obrero fue fomentar una expansión increíblemente rápida de la confederación, al sindicalizar a muchos obreros que hasta entonces no lo estaban. Con anterioridad a 1947, la CGT estaba en manos de los dirigentes de los sindicatos tradicionales, muchos de los cuales eran laboristas. Al ampliar el movimiento para incluir a los trabajadores no calificados y antiliberales de las ciudades y el interior, Perón llegó a reducir al mínimo la importancia numérica de los laboristas.

Las cifras disponibles sobre el crecimiento de la CGT —aunque no merecen mucha confianza— sugieren por lo menos la magnitud de la veloz expansión de la organización en 1947. A comienzos de ese año, la CGT tenía aproximadamente 500 000 afiliados, cifra que para fin de año llegaba a 1 500 000. Hasta 1947, la mayoría del crecimiento sindical se debió al aumento numérico de los gremios tradicionales. Empero, en 1947, su causa principal fue la organización de nuevos gremios de trabajadores no calificados y antiliberales[30].

Hernández había servido bien a su poderoso mentor: para fines de 1947, Perón había obtenido el control de la CGT y destruido su independencia. Pero hasta el leal Hernández tenía sus días contados como dirigente de la CGT. A causa de una diferencia de opinión con Eva Perón, fue reemplazado al poco tiempo por José Espejo. El apellido del nuevo secretario general era apropiado. Su principal antecedente para el cargo consistía en haber sido portero del edificio donde Eva Duarte y Juan Perón ocuparon departamentos contiguos en 1944 y 1945[31]. Cumplía órdenes, y no molestaba al presidente y su esposa. La CGT y su secretario general se habían convertido en el espejo de la pareja gobernante.

El tercer blanco de Perón fueron los gremios individuales. Ésta fue su tarea más difícil, pues existían tantos sindicatos en el país que no era posible una campaña centralizada o uniforme. Su técnica para controlarlos varió con cada organización. La continuada revolución social y económica ganó adherentes, pero no consiguió necesariamente la obediencia absoluta. En consecuencia, Perón sobornó a algunos dirigentes gremiales, ofreció puestos oficiales a otros, intimidó a algunos más, y encarceló o exilió a unos pocos. También denegó personería gremial a ciertos sindicatos recalcitrantes, como los textiles y los obreros del calzado.

Con todo, la principal técnica presidencial para controlar los gremios consistió en la intervención directa por el gobierno o por la CGT, con el pretexto de proteger los intereses de la clase trabajadora y de la nación. Siempre se encontraba alguna razón, por ejemplo la corrupción interna, para «justificar» la intervención, y otorgar a las medidas de Perón una apariencia de legalidad. Una vez al frente del gremio, el interventor oficial podía manipular —y en verdad lo hacía— sus asuntos a voluntad, expulsar a dirigentes y afiliados que no cooperaban, y seguir efectuando elecciones hasta que los resultados fueran favorables[32].

El presidente trató de lograr el apoyo de ciertos gremios mediante elecciones, pero en muchos casos la técnica a lo sumo produjo un éxito parcial, y se debió recurrir a la intervención directa. Por ejemplo, en marzo de 1947 la Federación Gráfica Bonaerense realizó comicios para elegir su comité ejecutivo. La elección en sí fue correcta, y el candidato peronista —que obtuvo poco más de la mitad de los 8000 votos emitidos— la recibió como una gran victoria democrática. Dichos comicios fueron técnicamente libres, no así las campañas. Cualquiera pudo presentarse como candidato, pero el peronista contó con abundantes fondos del gobierno y otro tipo de ventajas, tal el uso exclusivo de los automóviles del Ministerio de Trabajo[33].

Pese a la victoria peronista en la elección de 1947, los gráficos conservaron cierta independencia, y Perón recurrió una vez más a la intervención, En febrero de 1949 fueron a la huelga reclamando un aumento de salarios, el movimiento fue declarad o ilegal y el gremio fue intervenido por la CGT. Para justificar la medida, las nuevas autoridades de la federación explicaron que la CGT se había hecho cargo de la misma para «argentinizar la organización del sindicato, contaminado durante tantos años por influencias extrañas a la Patria». Agregaron a continuación que habían dado al gremio un «espíritu argentino», habían descolgado los retratos de Marx y Stalin para reemplazarlos por un busto de San Martín, y habían quemado todos los libros que contenían «ideas exóticas»[34].

Como parte de su campaña para destruir la independencia de los sindicatos, Perón limitó el derecho de huelga en forma que recordaba a los gobiernos anteriores a la Primera Guerra Mundial. Desde esa época, los obreros habían empleado la huelga en la Argentina como un medio de presionar económicamente a sus patrones para obtener beneficios específicos. En muy pocos casos se habían producido huelgas políticas y, a excepción de ciertas huelgas inspiradas por los comunistas y la demostración obrera del 17 de octubre de 1945, ninguna pudo haber sido interpretada como un ataque revolucionario contra el Estado. Sin embargo Perón, temeroso de la eventual importancia política de este tipo de acción gremial independiente, comenzó a explicar que las huelgas no autorizadas constituían actos de traición, y que quienes las dirigían eran traidores a la patria.

Perón empezó sus ataques contra el derecho de huelgas incluso antes de ser elegido presidente. En enero de 1945, el gobierno dictó un decreto que transformaba una huelga ilegal —o sea, una huelga declarada sin autorización oficial— en un delito contra el Estado. Entre los Derechos del Trabajador, enunciados por primera vez el 24 de febrero de 1947 y luego incorporados a la Constitución, es significativo subrayar que Perón no incluyó el de huelga. Sostenía que la huelga ya no era necesaria en la Argentina, porque el Estado protegía los intereses de los trabajadores. Además, tal acción podía desbaratar la economía y perjudicar el interés nacional. Por lo tanto, la huelga era una medida extrema que sólo debía emplearse cuando se hubieran agotado todos los medios legales de resolver un conflicto, y cuando el gobierno hubiera concedido su autorización.

La CGT volvió sobre el tema expuesto por Perón con respecto a las huelgas. En febrero de 1947, la organización sometida formuló una advertencia a quienes se lanzaban a la huelga sin consultar primero con la Secretaría de Trabajo, explicando que tales acciones espontáneas no se ajustaban a la «reciente tradición laboral argentina». Los dirigentes afirmaron que las huelgas eran medidas extremas para utilizarse sólo en el caso de fracasar todos los recursos legales. En la Argentina, las huelgas prácticamente no tenían sentido porque el actual gobierno satisfacía las demandas de los trabajadores[35].

Quien declaraba una huelga no autorizada, era atacado como un comunista o un socialista que cooperaba con los intereses foráneos. En octubre y noviembre de 1949, los obreros azucareros de Tucumán (sindicalizados gracias a Perón) fueron a la huelga en demanda de aumentos salariales sin contar con la autorización oficial. La huelga se declaró ilegal y sus dirigentes fueron arrestados, pero la única forma en que el gobierno pudo resolver el problema fue concediendo a los trabajadores un aumento del 60 por ciento.

Dicha huelga preocupó tanto a Perón, que él mismo se dirigió al país por radio para explicar sus causas. Insistió en que era una protesta con fines políticos, inspirada por dirigentes antinacionales. El presidente señaló tres conclusiones que podían derivarse del incidente. Primero, los dirigentes azucareros habían traicionado los intereses generales de la clase trabajadora, al buscar objetivos políticos personales. Segundo, y en contra de los principios del justicialismo[36], los jefes del sindicato habían mantenido conversaciones con los partidos opositores, acabando con la posibilidad de una solución negociada. Y, tercero, los comunistas, socialistas, radicales y conservadores habían aprobado esta traición a los intereses obreros, evidenciando así su falta de patriotismo[37].

Las huelgas ferroviarias de fines de 1950 y principios de 1951 se manejaron de la misma manera. Los trabajadores exigían aumentos de salarios y dirigentes sindicales más capaces, pero Perón los atacó como traidores al servicio de intereses foráneos. En un discurso pronunciado durante una reunión de la CGT en enero de 1951, el presidente explicó que los comunistas habían planeado una agitación mundial en el ramo del transporte, como lo ejemplificaban las huelgas casi simultáneas en Inglaterra, los Estados Unidos, Chile y el Brasil. Añadió que grupos de comunistas, socialistas y radicales habían recorrido los barrios obreros de Buenos Aires, castigando a las mujeres e hijos de los trabajadores que deseaban cumplir con sus tareas. Prometió seguir el precedente establecido en Inglaterra y los Estados Unidos, o sea aplicar todos los recursos legales para reprimir las actividades ilegales de los dirigentes antiargentinos del paro[38].

La intervención a La Fraternidad, en mayo de 1951, culminó el ataque de Perón contra los gremios independientes. A principios de 1951, la CGT cursó notas a todos los sindicatos solicitando la designación de cuatro delegados, para coordinar los esfuerzos obreros en pro de la reelección de Perón. La Fraternidad se negó a ello, señalando que sus estatutos le prohibían todo tipo de participación política. Después de una serie de notas y críticas violentas procedentes de la CGT y de Eva Perón, La Fraternidad resultó intervenida porque «no consulta ni refleja el pensamiento y la voluntad legítima de los trabajadores del riel[39]». Este acto puso un fin repentino a la independencia de la última organización gremial libre en la Argentina.

Durante los seis años de su primera presidencia, Perón destruyó el Partido Laborista y dominó la CGT y los sindicatos individuales en el movimiento obrero. Afirmaba que toda la oposición a esta campaña era producto de intereses foráneos en conjunción con argentinos renegados que habían traicionado al país. El éxito del plan fue indudable. Entre 1946 y 1951 la cantidad de reuniones sindicales por año, realizadas en la zona del Gran Buenos Aires, bajó de 759 497 a 167 676, lo cual reflejaba la creciente inutilidad de esas expresiones de democracia gremial[40]. Hacia 1951 no había sindicatos independientes del gobierno, y en todos los casos sus dirigentes eran antiliberales cuya lealtad primaria se brindaba a Perón.

La destrucción de los liberales y los laboristas creó un vacío a nivel dirigente en el movimiento obrero que se expandía: el propio Perón, con ayuda de su esposa, procuró cubrirlo. Mediante el empleo de símbolos y ritos prosiguió sus esfuerzos, comenzados en 1944, para trasladar la relación patrón-peón de la estancia a la escena política nacional, de modo que los migrantes internos recientemente sindicalizados creyeran que Perón era la encarnación de la nación criolla, y que gracias a él habían conquistado una nueva identidad comunitaria y una voz significativa en la dirección del país.

Los símbolos más importantes del régimen eran Perón y su esposa. Perón era el símbolo de la nación, y Eva el de los descamisados. Perón aclaró su posición en el discurso del 1.º de marzo de 1948, en oportunidad de la nacionalización de los ferrocarriles: «Yo quisiera que en este acto de hoy olvidárais todos que soy el general Perón, y que ante vuestra conciencia, ante la conciencia de todo el mundo, no hubiese más que la representación material, la encarnación viviente de la, una vez más, gloriosa nación Argentina[41]».

Un año después, el secretario general de la CGT, José Espejo, volvió sobre el mismo tema. Dijo que nadie podía detener la magna obra de Perón, ni siquiera Braden y sus colaboradores argentinos. Pero la nación debía ser leal para defender esta gran revolución. Debía tener «lealtad sin límites al Conductor, que es la lealtad hacia nosotros pues, es él quien nos encarna, en esta gran causa, que es la causa de la Patria misma[42]».

Perón era la encarnación de la nación, el «patrón» nacional y, como tal, el representante de los trabajadores. Pero Evita era el símbolo particular de los obreros por su contacto diario más estrecho con ellos, y un canal especial para llegar a Perón. Su función de satisfacer las necesidades institucionales y psicológicas del movimiento obrero organizado se volvió más importante a medida que declinó la independencia de los sindicatos tradicionales.

Eva Perón reunía cualidades excepcionales para su nueva función. Conocía en carne propia los problemas de la pobreza. Era la más joven de cinco hijos extramatrimoniales. Su padre había muerto sin dejarles herencia alguna. Pasó muchos años de penurias económicas. Lo que otros aprenden en los libros, Evita lo supo por experiencia propia[43].

Eva Perón desempeñó un papel importante en establecer la imagen de su esposo como el «patrón» nacional que había dispensado todos los beneficios, y hacia quien debían volcarse todas las lealtades. En su libro La razón de mi vida, dio forma a los temas que antes había repetido infinidad de veces en sus discursos a los descamisados: «Yo no era ni soy nada más que una humilde mujer… un gorrión en una inmensa bandada de gorriones… Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pienso y todo lo que siento es de Perón. Pero yo no me olvido ni me olvidaré nunca de que fui gorrión ni de que sigo siéndolo. Si vuelo más alto es por él. Si ando entre las cumbres, es por él. Si a veces toco casi el cielo con mis alas, es por él[44]».

Evita explicó también a los trabajadores la relación existente entre Perón y ella. Les dijo que hay hombres comunes que recorren senderos ya explorados por otros, y hay hombres extraordinarios que ven el futuro y conducen a otros hacia esa meta. Dentro del segundo grupo ubicaba a Alejandro Magno, Colón, Napoleón, San Martín y Perón. Al asumir la presidencia, Perón ya no pudo dedicar al pueblo todo el tiempo que deseaba. Su esposa reveló que, por lo tanto, su misión consistía en mantener un estrecho contacto con el pueblo. No podía haber separación entre el pueblo y el gobierno, concluía, porque «para divorciarse de su pueblo, el Jefe del Gobierno deberá empezar por divorciarse de su propia mujer[45]».

Los símbolos de la nación se encontraban bien definidos, pero para otorgar a los trabajadores la sensación de identificarse activamente con los mismos, y de participar en la dirección del país, la pareja gobernante desarrolló un sistema de ritos cada vez más complejos. El rito anual más importante era la celebración del Día de la Lealtad, el aniversario del 17 de octubre de 1945. Cada año la CGT comenzaba los preparativos para el Día de la Lealtad más temprano que el año anterior, y en 1950 la propaganda apareció ya a principios de agosto. La ceremonia tenía características similares en cada ocasión: además de hacer uso de la palabra algunos dirigentes gremiales, el espectáculo culminaba con los discursos de Eva y Juan Perón ante miles de trabajadores reunidos en la Plaza de Mayo. También los discursos eran parecidos: la máxima virtud de los hombres era la lealtad a Perón, a la revolución y a la nación.

El gobierno también planeó muchos festejos especiales para los trabajadores y otros sectores de la sociedad. La Declaración de la Independencia Económica y la nacionalización de los ferrocarriles sirvieron para efectuar actos importantes, que aumentaron la imagen de Perón como el protector de la nación y el obrero. Pero la conmemoración del año sanmartiniano, en 1950, ofreció a Perón una oportunidad sin precedentes para construir su propia imagen como la del segundo libertador de la Argentina. Lo consagró Año del Libertador General José de San Martín y aprovechó todo momento para identificarse con el héroe nacional. CGT publicó innumerables artículos sobre Perón y San Martín, con retratos de ambos a toda página en poses idénticas que hacían resaltar el parecido. Aparecieron extensas notas afirmando que, de haber vivido hoy San Martín, estaría luchando por la justicia social junto a Perón y los descamisados[46].

Además de los actos anuales y especiales, el ritual peronista comprendía canciones, poemas y slogans. Después de 1948, «Perón cumple, Evita dignifica» empezó a reproducirse en cada página de los periódicos sindicales. Se empleaban con frecuencia denominaciones como «San Perón», «Santa del Trabajo» y la «Dama de la Esperanza», y entre otros slogans conocidos figuraban «Los argentinos no deben ser ni excesivamente ricos ni excesivamente pobres», y «La tierra debe ser para el que la trabaja». En su ejemplar de noviembre de 1950, El Obrero Ferroviario reprodujo un poema dedicado a Evita, del doctor Raúl Mendé. La primera estrofa basta para ilustrar el tipo de adulación poética que predominaba:

Todas las primaveras de la Patria

florecieron en ella. Todo el pueblo

se dio cita en su nombre…

¡Evita!… Para el sueño

de todos los humildes de mi tierra,

para la fe de todos los enfermos,

para todas las lágrimas,

para el dolor de todo desconsuelo:

¡estrella, corazón, ángel y verso,

lo mejor de la tierra

y lo mejor del cielo[47]!

Durante su primera presidencia, Perón ayudó a que los antiliberales —el sector más numeroso de la fuerza laboral— controlaran el movimiento obrero. Sindicalizó a los migrantes internos, que desconocían o no se preocupaban por la tradición argentina del gremialismo democrático e independiente, ni por el nacionalismo liberal. También destruyó los sindicatos independientes, reemplazó a sus dirigentes liberales y laboristas por antiliberales que le debían lealtad personal, y se convirtió en la fuente exclusiva de beneficios sociales y económicos para el trabajador. Finalmente, utilizó con habilidad los símbolos y los ritos para ayudar a cubrir el vacío a nivel de dirigentes, para consolidarse como el «patrón» nacional, y para convertir al nacionalismo criollo en la ideología del movimiento obrero.

Capítulo 6

LA OPOSICIÓN SINDICAL A PERÓN

Durante la primera presidencia de Perón hubo dos clases de oposición sindical al gobierno: la oposición con fines políticos de ciertos dirigentes que luchaban por un gremialismo independiente y la oposición puramente pragmática de los trabajadores que luchaban por las conquistas económicas. La oposición se desarrolló cuando ciertos dirigentes y trabajadores empezaron a comprender que no siempre eran idénticos los intereses del movimiento obrero, de la nación y de Perón, como éste les había asegurado en repetidas ocasiones.

Los dirigentes liberales, laboristas y hasta antiliberales protestaron en variados tonos las renovadas restricciones oficiales a la actividad sindical, e intentaron justificar, sin éxito, sus protestas en los términos del nacionalismo. Sostenían que Perón, al negarles su independencia, estaba traicionando los intereses de la nación y frustrando la voluntad de sus integrantes.

Los liberales fueron los primeros en oponerse al régimen. Rompieron abiertamente con Perón en setiembre de 1945, cuando La Fraternidad, los obreros del calzado y los textiles se retiraron de la CGT[1]. Dirigidos por Cándido Gregorio, de los textiles, y Alfredo Fidanza, del gremio del calzado, se unieron poco después de la elección de Perón para constituir el Comité Obrero Argentino de Sindicatos Independientes (COASI). El COASI no tenía peso y tampoco era muy eficaz, pero conseguía irritar al régimen. Por ejemplo, en 1949, un representante del COASI —en lugar de uno de la CGT— fue admitido a la reunión organizativa de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, porque los miembros del COASI convencieron a la organización internacional de que la CGT no era independiente del gobierno. Poco después, Perón obligó a exiliarse en Montevideo a los dirigentes del COASI[2].

En la Argentina, la oposición sindical más importante en el campo liberal procedía de los dirigentes de La Fraternidad, el prestigioso sindicato de maquinistas y foguistas. La Fraternidad apoyó buena parte de la revolución social y económica de Perón. Recibió con gran beneplácito los derechos del trabajador, la nacionalización de los ferrocarriles, la reafirmación oficial de la soberanía argentina en las islas Malvinas y la Antártida, y los numerosos aumentos de salarios. Sin embargo, el apoyo sindical al gobierno era limitado porque el gremio no deseaba entregar su independencia a cambio de los beneficios de la revolución; sus dirigentes creían que, si se sacrificaba la independencia del movimiento obrero, no podían conquistarse beneficios permanentes ni ocurrir una auténtica revolución. Los dirigentes gremiales formularon su filosofía en un editorial de La Fraternidad. «Los poderes públicos conocen la posición patrióticamente constructiva del gremio», aclaraban. Empero, su patriotismo no excluía la acción independiente para lograr aumentos de salarios, o defender sus propios intereses[3].

Durante el período, los ferroviarios emplearon el nacionalismo liberal para auspiciar un sindicalismo independiente y apolítico. En nombre de las tradicionales libertades argentinas, exigieron la derogación de todas las leyes que restringían el derecho de huelga, y denunciaron las intervenciones oficiales en los gremios. Uno de los blancos principales de sus críticas fue la Ley de Residencia, que permitía al gobierno deportar a los extranjeros cuya conducta «pusiera en peligro la seguridad nacional». Los miembros de La Fraternidad presentaron sus argumentos con energía en 1948, inmediatamente después de que el Estado hubo recurrido a la Ley de Residencia para detener y deportar a varios trabajadores que habían participado en una huelga. Los maquinistas y foguistas afirmaban que este empleo de la ley era inconstitucional. La ley tenía orígenes «oligárquicos y reaccionarios», y se oponía a las libertades fundamentales protegidas por la Constitución. Solicitaban que se pusiese fin a las deportaciones, y que se derogara la ley[4].

Además de oponerse a las restricciones oficiales sobre la independencia y democracia sindicales, los dirigentes de La Fraternidad atacaban lo que consideraban abusos del gobierno en relación con otras instituciones democráticas argentinas. Dentro del gremio, los liberales exigían la reimplantación de la enseñanza laica para asegurar la imparcialidad y libertad de la educación pública. En 1946 celebraron la actitud de la prensa libre al defender la democracia y la libertad, y en 1950 —luego de que el régimen clausuró docenas de periódicos— el Congreso de La Fraternidad aprobó una resolución donde reiteraba que la libertad de prensa era «la exteriorización más elocuente de la democracia», y reclamaba que se volviese a permitir la publicación de todos los diarios[5].

A fines de 1950, un artículo titulado «Rosas y los revisionistas de la historia» (aparecido en La Fraternidad) pareció captar la esencia de la protesta de este gremio liberal contra el régimen antiliberal de Perón. El articulista, al atacar a Perón comparándolo de modo indirecto con el caudillo antiliberal Juan Manuel de Rosas, señalaba que resultaba difícil comprender cómo los ciudadanos argentinos, herederos de una «tradición liberal, democrática y progresista», podían apoyar una «“revisión” [de la historia] tan descarada cuando se quiere hacer prevalecer a Rosas como el arquetipo de nuestra nacionalidad…». Rosas fue el caudillo que entregó el gobierno a la aristocracia terrateniente, y ofreció a Inglaterra la venta de las islas Malvinas. El autor concluía diciendo que los héroes de la Argentina eran Belgrano, Moreno, Rivadavia, Echeverría, Sarmiento y Alberdi[6].

La oposición de La fraternidad era molesta, pero Perón vacilaba en intervenir el gremio por su prestigio y su larga tradición de influencia en el movimiento obrero. Sin embargo, en diciembre de 1950 y enero de 1951, los afiliados a La Fraternidad participaron activamente en las huelgas ferroviarias «ilegales», y pocos meses más tarde se negaron a apoyar la reelección de Perón. A causa de dichos incidentes y ya en posesión de un firme control sobre el resto del sindicalismo, Perón dio órdenes a la CGT para que interviniera La Fraternidad, y de este modo acalló la principal fuente que quedaba de oposición liberal a su régimen.

Hasta fines de 1946, los dirigentes laboristas en los sindicatos identificaban sus intereses con Perón. Empero, y en forma gradual, llegaron a creer que el presidente, al restringir las actividades de los gremios y al pretender establecer un régimen personalista, había traicionado la revolución social y económica y la tradición argentina de constitucionalismo liberal. Concretamente, protestaron contra la destrucción del Partido Laborista llevada a cabo por Perón, y el aniquilamiento de la independencia de la CGT y los sindicatos individuales.

Las ideas de Luis Gay y Cipriano Reyes, dirigentes del Partido Laborista, eran parecidas a las de muchos laboristas, y brindan algunas claves sobre las razones por las que originariamente apoyaron a Perón, y luego se le enfrentaron. Gay, como dirigente de los obreros telefónicos y secretario general de la Unión Sindical Argentina en la década de 1930, se sintió desilusionado por el fraude, la corrupción y los ataques al movimiento obrero provenientes de los regímenes de de Uriburu, Justo y Castillo. Por lo tanto, creyó que la Revolución del 4 de junio de 1943 implicaba un cambio positivo. Gay afirmó que muchos no confiaron por completo en Perón durante el período 1943-1946, porque pensaban que, en esencia, era un fascista «criollo»; pero lo cierto es que provocó una revolución social y económica, y no había otro camino que apoyarlo si se deseaba que la revolución siguiera su curso.

Gay recalcó, en forma bastante ingenua, que él había apoyado las ideas representadas por Perón, y no a Perón como persona. Por ejemplo, sostuvo que la demostración del 17 de octubre de 1945 se dirigió a defender las conquistas de los dos últimos años frente a la amenaza de la contrarrevolución, y que no constituyó —en lo fundamental— un levantamiento para defender a Perón. Análogamente, insistió en que los comicios de 1946 fueron un triunfo para el Partido Laborista y la revolución social, en lugar de una victoria personal de Perón[7].

Cipriano Reyes, el ambicioso vicepresidente del Partido Laborista y uno de los principales organizadores de la movilización del 17 de octubre, explicó la forma en que Perón había «violado» el concepto laborista de nacionalismo. En su libro. ¿Qué es el laborismo?, publicado a fines de 1946, Reyes criticó a Perón el haber ignorado por completo la voluntad nacional[8]. Empezaba afirmando que el gobierno de Perón pretendía haber «forjado la unidad nacional». ¿Pero qué clase de unidad era ésa? ¿Por qué se había negado Perón a aceptar la «auténtica unidad» establecida en las urnas el 24 de febrero de 1946? ¿Por qué había destruido al Partido Laborista, luego de haber conquistado dos tercios de las bancas en la Cámara de Diputados y el 85 por ciento del voto popular? Reyes concluía que la revolución era popular, o si no no era una revolución. El país debía tener unidad, pero «unidad olvidando los mandatos populares es subversión. Unidad de espaldas al pueblo y cerrar los oídos a sus expresas indicaciones es politiquería fraudulenta y venal, tan fraudulenta y negatoria como fue la de las épocas más ominosas de la oligarquía en el poder»[9]. Reyes insinuaba con claridad que Perón había traicionado a la revolución y a la nación.

Muchos laboristas criticaron a Perón por traicionar a la revolución, pero al no descubrir otra alternativa provechosa, gran cantidad de ellos continuó apoyando al presidente durante cierto tiempo. Pueden haber sido ingenuos al creer en la posibilidad de distinguir a Perón de la revolución, pero eran sinceros en el deseo de luchar por el campo social y económico, por un movimiento sindical independiente y por una nueva Argentina igualitaria y democrática.

Si bien los antiliberales desarrollaron una estrecha identificación personal con Perón, y se convirtieron en la espina dorsal del movimiento obrero controlado por el gobierno, en ocasiones algunos de sus dirigentes se opusieron al régimen. En general, creían que la revolución social y económica debía seguir adelante a cualquier costo. El gobierno debía desempeñar un papel principal en la revolución, para asegurar que el bien más importante de la comunidad nacional predominara sobre los deseos particulares de individuos y grupos. No obstante, ciertos dirigentes comprendieron la necesidad de una acción independiente para proteger sus intereses.

Entre los antiliberales, Hilario Salvo fue uno de los críticos más severos de la política oficial[10]. Salvo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desde 1946 a 1951, y diputado peronista en el Congreso Nacional desde 1951 a 1954, se consideraba un peronista leal pese a haber sido expulsado del partido en 1954. Salvo sostenía que el aporte principal de Perón a la sociedad argentina fue la revolución social y económica ocurrida entre 1943 y 1946. Luego de la elección de Perón como presidente, éste se dedicó a la política en lugar de continuar la revolución, y destruyó la independencia del movimiento obrero por razones políticas. Salvo señalaba que, por desgracia, Perón no entendía que la oposición pudiera ser leal, y que una oposición constructiva llegara a ser útil para el crecimiento y el desarrollo. En consecuencia, el primer mandatario intentó destruir todas las manifestaciones de oposición a su gobierno, leales o no.

Aunque Salvo criticaba ciertas medidas de Perón, no hizo casi nada para protestar abiertamente en su contra. Se opuso a la disolución del Partido Laborista y a la expulsión de Gay como secretario general de la CGT. Pero hasta 1949 no hizo pública, con actitudes o palabras, su protesta, cuando renunció a su cargo en el Comité Central de la CGT. Desde 1949 a 1954 —año en que se lo expulsó del partido por «deslealtad»—, Salvo exigió la restauración de la independencia para el movimiento obrero y el restablecimiento de la revolución originaria. Sin embargo, a diferencia de los liberales, nunca propició el derrocamiento del gobierno ni se opuso a las prácticas «antidemocráticas» del régimen.

La postura de Salvo, y en general la de la oposición antiliberal, era paradójica. Dichos dirigentes simpatizaban más con las ideas y métodos de Perón que cualquier otro grupo de gremialistas, pero a veces se vieron obligados a combatirlo. Querían un gobierno fuerte y antiliberal que lo sacrificara todo por la revolución criolla, pero deseaban participar de alguna manera en decidir cuáles intereses habrían de sacrificarse primero. Querían llegar a oponerse a Perón como integrantes de una leal oposición, pero Perón no les permitió ese lujo.

Básicamente, el problema de los antiliberales era el mismo que el de todos los grupos sindicales opositores: resultaban ineficaces porque Perón los había colocado, con mucha habilidad, en un dilema aparentemente insoluble. Por un lado, apoyaban con matices diversos su obra porque había hecho más por los trabajadores que cualquier otro individuo en la historia argentina. Por el otro, criticaban su enfoque personalista y ciertas de sus técnicas de gobierno. Comprendieron demasiado tarde que, para la inmensa mayoría de los obreros, Perón, la revolución social y económica y la nación, estaban demasiado vinculados entre sí como para dividirse. En esas circunstancias, el nacionalismo no podía emplearse con eficacia para justificar la oposición a Perón o a su régimen.

Entre 1949 y 1951 se desarrolló en el movimiento obrero otro tipo más eficaz de oposición. Los salarios reales comenzaron a declinar después de 1948, y los nuevos dirigentes peronistas en los gremios, más fieles a Perón que a los obreros, no hicieron casi nada para remediar la situación. Por lo tanto, en muchos casos, los trabajadores ignoraron a dichos dirigentes y recurrieron a la huelga —la única herramienta con que todavía contaban— para defender lo que entendían eran sus legítimos intereses económicos. La mayoría de estos trabajadores eran peronistas leales que no se consideraban opositores al régimen y, por supuesto, no habrían respaldado los esfuerzos de ningún grupo por reemplazar a Perón. Sin embargo, al ir a la huelga sin autorización oficial, rechazaban implícitamente la pretensión de Perón de asimilar toda acción independiente a la traición, conservando de este modo el derecho a determinar en parte el interés nacional.

Durante 1946-1948 hubo muchas más huelgas que en los períodos de tres años inmediatamente anteriores y posteriores. Desde 1943 a 1945 ocurrieron unas 50 huelgas por año en la Capital Federal, que abarcaron a 20 000 trabajadores[11]. Empero, desde 1946 a 1948 hubo unas 100 huelgas por año, que abarcaron a 400 000 trabajadores, o sea el doble de huelgas anuales en las que participaron veinte veces más trabajadores. Y desde 1949 a 1951 hubo unas 30 huelgas por año que abarcaron a 50 000 trabajadores[12].

Las razones del número elevado de huelgas durante el período 1946-1948 fueron que el movimiento obrero —en rápida expansión— todavía disfrutaba de un grado considerable de autonomía, y Perón, de acuerdo con su plan para sindicalizar a los obreros antiliberales, estimuló y aprobó muchas de esas huelgas. Por ejemplo, el gobierno apoyó ciertas huelgas declaradas para obtener el reconocimiento del sindicato frente a la patronal, y obligar a que los patrones acataran la nueva legislación laboral. De esta forma, el Estado respaldó las huelgas de los obreros azucareros y de la carne en 1946, porque su propósito era obligar a las empresas a pagar el polémico aguinaldo.

Aunque la cantidad de huelgas disminuyó en 1949-1951, todavía era sumamente elevada si se tiene en cuenta que, para esa fecha, Perón había consolidado su control del movimiento obrero y se oponía con vigor a ese tipo de acción independiente. En general, en este período el gobierno era contrario a todas las huelgas, y si llegaba a declararse una sin previa autorización oficial, la CGT o las propias autoridades intervenían el sindicato y ponían fin al conflicto. Los dirigentes recalcitrantes eran reemplazados, iban a la cárcel o al exilio.

Durante este último período las principales huelgas fueron realizadas por los gráficos, los trabajadores azucareros de Tucumán, los obreros de los frigoríficos, los marítimos, los bancarios y los ferroviarios. Cada huelga presentó detalles diferentes, pero es importante señalar que todas tuvieron muchas características comunes. En cada ejemplo, la causa fundamental fue la declinación de los salarios reales. En muchos casos, los dirigentes del gremio firmaban un contrato o llegaban a un acuerdo con el gobierno o la patronal, los trabajadores repudiaban dicho convenio acusando a sus dirigentes de no defender los intereses del conjunto, y a continuación los obreros iban a la huelga para protestar por sus bajos salarios, y por el servilismo manifestado por sus dirigentes ante el Estado. En todos los casos, el régimen declaraba ilegales las huelgas porque los trabajadores no habían obtenido la correspondiente autorización oficial. A renglón seguido, el mismo Estado o la CGT intervenía el gremio en cuestión, y la huelga era levantada. Con todo, como resultado final, los trabajadores obtenían buena parte de las demandas por las cuales habían ido a la huelga[13].

En ninguno de estos ejemplos la huelga constituyó un acto revolucionario destinado a derrocar el gobierno. Ciertos obreros pretendieron capitalizar políticamente el descontento creado por la caída en los salarios reales, pero la gran mayoría fue a la huelga buscando un aumento de sueldos, y atacó a sus dirigentes inoperantes antes que al Estado o a Perón. Exigían la libertad de huelga porque estaban aprendiendo, por experiencia propia, que por más que el Estado los había beneficiado debían conservar cierto grado de independencia para proteger sus intereses.

La serie de huelgas ferroviarias en noviembre y diciembre de 1950 y en enero de 1951, ejemplifican la naturaleza de la mayoría de las huelgas durante este período. La Unión Ferroviaria, con unos 150 000 afiliados, era el sindicato más grande del país. Representaba a los trabajadores de una industria estratégica, e incluía grupos de todos los sectores ideológicos del movimiento obrero. El gremio ferroviario había apoyado con vigor la revolución social y económica del gobierno, y en especial la nacionalización de los ferrocarriles. Pero cuando comenzaron a declinar los salarios reales, los trabajadores se sintieron obligados a protestar pese a la desautorización oficial.

Hasta mediados de 1948, gran parte de sus dirigentes era laborista. En 1946, 1947 y 1948 la Asamblea General de la Unión Ferroviaria aprobó una resolución que exigía la derogación de la Ley de Residencia, y en 1948 la Asamblea criticó la deportación de obreros implicados en una huelga[14]. La Asamblea General también rindió homenaje al liberal Sarmiento, atacó la tiranía del antiliberal Rosas, repudió los atentados a la libertad de expresión, y reafirmó su respeto por la tradición democrática del país. Acaso resultó más importante la aprobación por la Asamblea, en 1948, de una resolución que reclamaba la inmediata «normalización» de la CGT, y la convocatoria de sus órganos ejecutivos en forma regular[15].

Si bien los laboristas se hallaban en mayoría, en la Unión Ferroviaria también había un reducido grupo de liberales. Uno de sus miembros más calificados era Antonio Scipione, un radical que ha dirigido el gremio desde el derrocamiento de Perón. Hasta mediados de 1948, los liberales representaban cerca del 15 por ciento de los afiliados, o acaso más, como lo indica la votación sobre ciertos temas en las reuniones anuales de la asamblea general. Por ejemplo, en 1946 la asamblea aprobó una resolución para rendir homenaje a las autoridades nacionales. Scipione se opuso a la misma por creer que tal respaldo —aunque se brindara a un gobierno favorable a los obreros— contradecía la prohibición del gremio respecto a todo tipo de participación política. La resolución se aprobó por 76 votos a favor, 16 en contra, 5 abstenciones y 5 ausentes, lo cual indica que por lo menos había 16 liberales entre los 102 delegados a la asamblea[16].

En 1947, los liberales se opusieron a una resolución para apoyar las tareas de El Obrero Ferroviario, porque afirmaban que el periódico no se dedicaba exclusivamente a la información sindical. La resolución fue aprobada por 72 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención y 19 ausentes[17]. Y, en 1948, los liberales llegaron incluso a reunir 5 votos en contra de una resolución para donar dinero a la Fundación Eva Perón[18].

También había antiliberales en la Unión Ferroviaria, particularmente después de 1948. El grupo antiliberal más fuerte se componía de partidarios de Eva Perón[19]. El 25 de agosto de 1948, en comicios de dudosa honestidad, Pablo C. López, obrero ferroviario con escasa experiencia sindical pero a la vez uno de los protegidos de Evita, se convirtió en secretario general del gremio, y otros seguidores de la esposa del presidente controlaron el comité ejecutivo. Con el triunfo de López, se produjeron muchos cambios en la Unión Ferroviaria. En comicios posiblemente fraudulentos, ninguno de los 16 liberales fue reelegido a la asamblea general. Asimismo, fueron acallados muchos laboristas, y el comité ejecutivo, la asamblea general y El Obrero Ferroviario se transformaron en foros de propaganda política[20].

A medida que empezaron a declinar los salarios reales, se desarrolló una creciente intranquilidad entre los obreros, que exigían acción a sus dirigentes. López y su grupo no hacían nada, pues eran más leales a Eva Perón y su esposo que a los trabajadores que supuestamente representaban. En consecuencia, los propios obreros se hicieron cargo del problema. Formaron un Comité de Emergencia para coordinar sus actividades, y el 15 de noviembre de 1950 fueron a la huelga en demanda de mejoras salariales. Los dirigentes del Comité de Emergencia fueron llamados al despacho del secretario de Transporte, teniente coronel Juan F. Castro, quien puso fin a la huelga al prometerles un aumento de sueldos[21].

El comité ejecutivo, encabezado por Pablo López, intentó socavar dicho apoyo al Comité de Emergencia, que carecía de reconocimiento legal. Los integrantes del primer Comité presentaron sus renuncias, y a continuación convocaron a una reunión de muchos dirigentes de las secciones locales que, como era previsible, rechazaron las mismas. El 27 de noviembre, Perón intervino públicamente en respaldo de López, declarando que el comité ejecutivo de la Unión Ferroviaria se componía de los «más fieles peronistas que en este momento existen». Contando con el apoyo personal de Perón, López hizo conocer la siguiente advertencia: «¡Cuidado Ferroviarios! Todo ferroviario que se preste a secundar acciones y actitudes que no sean aconsejadas por la Unión Ferroviaria, comete una incalificable traición en contra del general Perón y de su esposa, doña Eva Perón…»[22].

Los trabajadores no se inmutaron por la demostración de apoyo, ni fueron intimidados por la amenaza. El Comité de Emergencia no consideró que el aumento salarial prometido por el teniente coronel Castro era adecuado en cantidad o en su alcance. Por lo tanto, a mediados de diciembre, efectuó una reunión fuera de la sede de la Unión Ferroviaria para exigir un aumento apropiado de salarios y la renuncia del «inoperante» Comité Ejecutivo. La reunión provocó una segunda huelga. En ese momento, Perón volvió a intervenir y, cuando se enteró de las tratativas de su secretario de Transporte con el oficioso Comité de Emergencia, forzó la renuncia del funcionario. De inmediato la CGT, siguiendo órdenes presidenciales, intervino a la Unión Ferroviaria y dio término a la huelga. Más adelante, la CGT prometió aumentos generales de salarios y elecciones libres para constituir un nuevo comité ejecutivo.

A mediados de enero, el Estado todavía no había podido llevar a la práctica los aumentos prometidos en diciembre. El Comité de Emergencia, bastante embriagado por sus exitosas manifestaciones de independencia, envió un ultimátum al gobierno. Exigía que se concretaran las promesas de aumentos de sueldos y, más importante aun, afirmaba el derecho de designar una comisión para supervisar los próximos comicios. El Estado ni siquiera contestó al ultimátum, y el 23 de enero casi todos los 150 000 afiliados a la Unión Ferroviaria fueron a la huelga.

Perón respondió rápida y decididamente.

Convocó al Comité Central de la CGT, pidió y obtuvo su apoyo y el 25 de enero de 1951 dictó un decreto que le permitía movilizar a los ferroviarios por razones de seguridad nacional. Cientos de obreros fueron arrestados, y unos 2000 suspendidos en sus tareas[23]. Al día siguiente, 26 de enero, los demás afiliados volvieron al trabajo.

Perón trató de diferenciar entre los obreros y sus dirigentes, y de echar la culpa de la huelga a los comunistas y, en menor grado, a los socialistas y radicales. Insistió en que la huelga había sido obra de «mil o dos mil agitadores y 148 000 hombres confundidos[24]». El socialista Roberto Testa, ex funcionario de la Unión Ferroviaria, manifestó que los socialistas y unos pocos comunistas habían provocado la huelga[25].

Existen ciertas sospechas de que otras personas también tomaron parte en la huelga. Tanto a Mercante, como a Bramuglia y Castro, no les gustaba Evita y su discípulo Pablo López, y por lo tanto quizás apoyaron a la oposición, o incluso llegaron a aliarse con ella, para ponerlos en aprietos. Mercante, como gobernador de la provincia de Buenos Aires donde tuvo lugar la mayoría de los hechos, pudo haber reducido al mínimo la magnitud del conflicto, pero nada hizo por detenerlo. Bramuglia visitó con mayor asiduidad que de costumbre a Mercante durante el período de las huelgas. Y el secretario de Transporte Castro conversó con el oficioso Comité de Emergencia, lo cual amenazaba obviamente la situación de Pablo López como dirigente, y su control sobre el gremio[26].

Es muy probable que los comunistas, socialistas, radicales y ciertas facciones descontentas entre los peronistas participaron en la huelga en mayor o menor grado, y algunos sin duda lo hicieron por razones políticas. Pero ello no puede borrar el hecho de que la inmensa mayoría de los trabajadores tuvo en cuenta principalmente los motivos económicos. En lo político, se oponían a los dirigentes peronistas serviles porque deseaban un aumento de salarios, y no porque quisieran derrocar al gobierno. Exigían la libertad de huelga y, aunque el conflicto se reprimió enérgicamente, los obreros lograron sus objetivos: López fue expulsado del sindicato y, se incrementaron los salarios.

De este modo, durante la primera presidencia de Perón la oposición de los dirigentes gremiales con respecto al Estado resultó limitada e ineficaz, por la simple razón de que la gran mayoría de los trabajadores vinculaba a Perón con la revolución social y con la nación, manteniendo su lealtad hacia los tres. Estos dirigentes disidentes no pudieron cambiar el rumbo de la revolución que creían había sido traicionada por Perón, y tampoco conservaron sus cargos por mucho tiempo.

La oposición pragmática de los trabajadores fue bastante amplia después de 1948, y en cierta medida eficaz, pero sólo duró mientras el Estado se negaba a acceder a sus demandas. El gobierno podía detener a un puñado de dirigentes y llamarlos traidores a la patria, pero no podía detener a miles de obreros que se hallaban en huelga reclamando aumentos de sueldos, y afirmar que todos ellos eran traidores. En consecuencia Perón echaba la culpa de muchas de las huelgas a los «agitadores foráneos», arrestaba a unos pocos socialistas y comunistas para «demostrar» sus acusaciones y, cuando la huelga terminaba, concedía a los obreros la mayoría de las demandas por las cuales habían dejado sus ocupaciones.

Esta historia de la oposición sindical al gobierno indica la forma completa en que Perón había asumido el legado del nacionalismo popular. Algunos dirigentes individuales pretendieron, sin éxito, sembrar dudas sobre la lealtad de Perón hacia el movimiento obrero y la nación. La única oposición sindical efectiva fue la de los fieles peronistas que exigían —y recibían— beneficios económicos, creyendo que los dirigentes gremiales serviles —y no Perón— se los habían negado.

Capítulo 7

PERÓN ABANDONA A LA NACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Para el fin de su primera presidencia, Perón aparentemente había conseguido sus objetivos sindicales: había socavado la influencia de los liberales y laboristas, convertido al nacionalismo criollo en el nacionalismo dominante del movimiento obrero, y se había identificado —a la par de su gobierno— con la nación ambicionada por los obreros antiliberales que controlaban al sindicalismo.

Sin embargo, la necesidad económica y política obligó a Perón, durante su segundo período, a adoptar medidas que la mayoría de los trabajadores consideraban contrarias a sus intereses, y por lo tanto cuestionó el supuesto de que los intereses del movimiento obrero eran en verdad idénticos a los de la nación. Los trabajadores seguían fieles a Perón y a lo que creían eran los intereses nacionales, pero ahora —aparentemente— las dos cosas no resultaban precisamente lo mismo. Los obreros experimentaban un conflicto y, como Perón nunca lo solucionaba, se confundían, se frustraban y hasta llegaban a manifestarse resentidos. Nunca culparon abiertamente de ello a Perón, pero sí atacaron a sus lugartenientes en el movimiento obrero y apoyaron con menor eficacia su régimen en el momento en que aquél necesitaba todo el respaldo posible.

Hasta 1948, Perón intentó reforzar el sector industrial de la economía a costa del sector agrícola; reducir las inversiones extranjeras, en particular las referentes a servicios públicos y ferrocarriles; otorgar al Estado un papel decisivo en la reglamentación de la economía; y redistribuir el producto bruto nacional en favor de la clase trabajadora. Este programa se financió con las divisas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial.

Con posterioridad a 1948, comenzaron a disminuir las reservas financieras del país, y se desató una inflación desenfrenada. La Argentina carecía de las divisas extranjeras necesarias para importar materiales y equipos indispensables en un crecimiento industrial continuado, y el sector agrícola —que aportaba la mayor parte de esas divisas— era improductivo. En consecuencia, en 1949, el gobierno inició una nueva política económica destinada a controlar la inflación, a atraer inversiones extranjeras y a mejorar el sector agrícola de la economía[1].

Para estabilizar los precios, Perón redujo el monto de los gastos públicos, restringió el crédito, estimuló la productividad y contuvo los salarios reales. En 1948 se dictó un decreto —pero sin llevarse de inmediato a la práctica— que establecía que los aumentos de salarios debían ser absorbidos por las ganancias y, no ser trasladados a los precios de las mercaderías. Empero, ya en 1949, el movimiento obrero advirtió el cambio de énfasis en la política oficial. Perón designó a 1949 como el Año de la Productividad, y el sentido del slogan resultó evidente cuando un tribunal del Trabajo, en Azul, se negó a reincorporar en sus tareas a un obrero despedido por negligente. Los dirigentes de la CGT explicaron la justificación de tal acción sin precedentes en la Argentina de Perón, porque todo el mundo tenía la obligación de producir para el bienestar de la nación[2].

En 1950 el gobierno dio comienzo a una nueva política salarial, que obligaba a los gremios más importantes a firmar convenios por dos años en lugar de uno, pero en la mayoría de los casos la inflación forzó a Perón a conceder aumentos de sueldos antes del vencimiento de dichos convenios. Por ejemplo, en junio de 1950, los textiles firmaron un convenio por dos años que les garantizaba un 30 por ciento de aumento en sus salarios. Sin embargo, un alza aguda en el costo de vida (en especial en 1951) obligó a la patronal a renegociar el contrato antes de su vencimiento. Con la intención de hacer todo lo posible para contener la inflación, el gobierno elaboró una fórmula con los patrones, por la cual éstos concederían a sus obreros textiles una bonificación por asistencia del 30 por ciento, en lugar de un incremento salarial. Esto significaba que si un trabajador había tenido asistencia perfecta durante un período de dos semanas, y en consecuencia producía el máximo establecido, recibía una bonificación completa. Si había faltado, sólo recibía una bonificación parcial[3].

La campaña antiinflacionaria de productividad se desarrolló con lentitud hasta los comicios presidenciales celebrados en noviembre de 1951. Después de su triunfo, Perón se sintió aparentemente fuerte como para iniciar medidas más estrictas de control. En diciembre de 1951, ayudó a la constitución de la Confederación General Económica (CGE) para que representara los intereses empresarios, y solicitó a la CGE, a la CGT y al Consejo Económico Nacional la estabilización de precios y salarios[4]. Así, mediante dichas organizaciones, el Estado fijó los precios y los salarios, y ajustó su control sobre la economía[5].

Como era de prever, la denominada CGT apoyó la campaña antiinflacionaria oficial. En 1952, el periódico de la confederación comenzó a publicar slogans en la parte superior de cada página, aconsejando a los obreros que produjeran más, gastaran sólo lo necesario y ahorraran lo más posible[6]. Para 1954, los dirigentes instaban a que los obreros tuviesen un nuevo tipo de moderación. Un editorial de CGT explicaba que los sindicatos no sólo debían garantizar la unidad y la disciplina colectiva, sino también asegurar que los trabajadores, «que han recibido la justicia social lógica y necesaria, no se extralimiten en sus demandas más allá de lo razonablemente justo». El editorial terminaba diciendo que el obrero que deseaba respeto para sus justas demandas debía ser razonable, y debía comprender que los convenios colectivos tienen la intención de proteger a ambas partes[7].

La campaña antiinflacionaria alcanzó su apogeo en marzo de 1955, cuando la CGT y la CGE auspiciaron conjuntamente el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social. La productividad fue el tema del Congreso, pero éste subrayó la cooperación entre obreros y patrones para el bien del país. El autor del informe final sobre las actividades del Congreso destacó que dicha serie de reuniones «termina la época de lucha y el movimiento gremial vuelve a colaborar con los factores de producción del país… Ahora los representantes de los trabajadores colaboran con los representantes de las organizaciones patronales[8]».

Otro aspecto del nuevo programa económico —la campaña para atraer inversiones privadas extranjeras a la Argentina— se oponía al anterior nacionalismo económico de Perón. El gobierno, desde 1950, pretendió disminuir las restricciones a la importación de maquinarias y equipos, y al envío de dividendos fuera del país. Además, trató de garantizar a los inversores la compensación de sus pérdidas en caso de ocurrir nacionalizaciones[9].

Sin embargo, sólo en 1954 y 1955 los esfuerzos rindieron resultados concretos. En 1954, la Fiat instaló una fábrica en Córdoba, y en 1955 varias empresas extranjeras construyeron plantas en la Argentina, o firmaron contratos para hacerlo. La Kaiser inauguró una planta de montaje de automotores en Córdoba, y una subsidiaria de la Standard Oil Company de California firmó un convenio que le permitía explorar y desarrollar el petróleo en la Patagonia. Y, finalmente, el Estado negoció un crédito de 60 millones de dólares con el Import-Export Bank para construir una acería.

La maquinaria propagandística de Perón adoptó de inmediato la nueva línea, y explicó a los trabajadores que no se habían producido cambios en la política. CGT sostenía que «los inversores extranjeros son un peligro para el país de la inversión únicamente cuando esos países carecen de normas legislativas para reglamentar adecuadamente sus actividades». El artículo seguía diciendo que el capital extranjero tenía una importante misión que cumplir para el desarrollo de la Argentina, pues el país poseía reglamentaciones apropiadas para controlar su actividad[10].

Empero, la propaganda orquestada no podía ocultar el hecho de que, en verdad, el gobierno se había embarcado en una nueva política económica. Además de la presencia física de nuevas compañías extranjeras en la Argentina, el Estado modificó su política con respecto a la fuente principal de capital foráneo, los Estados Unidos. En julio de 1953, Milton Eisenhower —hermano del presidente norteamericano— recibió una entusiasta bienvenida oficial al visitar la Argentina. En octubre del mismo año, Perón elogió al presidente Eisenhower, y se refirió a su cordial amistad con los Estados Unidos. En forma más concreta, Perón autorizó la distribución de 16 revistas norteamericanas en la Argentina (que había prohibido con anterioridad), y pareció aprestarse a restringir las actividades comunistas.

Una parte importante de la nueva política económica fue el esfuerzo oficial por reestructurar el sector agrícola, que se hallaba muy deteriorado. Durante su primera presidencia, Perón había mantenido bajos los precios de los productos agrícolas, y limitado mucho los créditos. El rendimiento agrícola declinó agudamente por la consiguiente falta de alicientes, y por las sequías de 1950 y 1951. Empero, en 1952, la administración concedió a los productores su primer aumento importante de precios desde 1946, y liberalizó los créditos a las actividades agropecuarias[11].

Pese al interés oficial, la nueva política económica fracasó. La productividad del trabajador agrícola aumentó levemente entre 1950 y 1955, pero la del trabajador industrial siguió siendo más o menos la misma. Además, las reservas netas en oro y divisas extranjeras del Banco Central declinaron de 5646 millones de pesos en 1947 a 1485 millones de pesos en 1955, y el circulante aumentó de 8000 millones de pesos en 1945 a 60 000 millones de pesos en 1955. Finalmente, la ansiada llegada del capital extranjero no se produjo en cantidad suficiente, limitándose a unas pocas industrias[12].

Para este trabajo resulta fundamental el hecho de que la nueva política económica obligó al Estado a reducir la revolución social y económica a favor de los trabajadores. Los beneficios sociales siguieron siendo prácticamente los mismos que antes, pero los salarios reales declinaron bruscamente entre 1949 y 1952, y sólo se recuperaron levemente durante el período de 1953 a 1955 (véase cuadro IV).

CUADRO IV

SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, 1949-1955 (EN PORCENTAJE)
1949 | 105.0
1950 | 100.0
1951 | 92.6
1952 | 82.0
1953 | 86.3
1954 | 97.1
1955 | 97.0
Fuente: Confederación General del Trabajo, Boletín Informativo Semanal, 17 de junio de 1963, pág. 5.

Los obreros industriales no sólo lamentaron la declinación de los salarios reales, sino también los favores que recibía el sector agrícola de la economía, la invitación al capital extranjero para invertir en la Argentina, y el desarrollo de relaciones más amistosas con los Estados Unidos. La nueva política económica no alcanzó a lograr sus objetivos, pero sin embargo hizo que buena parte del movimiento obrero organizado cuestionara qué tipo de intereses representaban el gobierno y Perón. En general, los trabajadores cooperaron con dichos programas, a causa de su lealtad personal hacia Perón. No dejaron de advertir que la participación en lo que muchos consideraban programas antisindicales, los reducía a la posición de un elemento influyente entre los varios que formaban la sociedad, mientras antes creían haber sido los representantes más importantes de la nación argentina.

Los ataques de Perón a la Iglesia católica en 1954 y 1955, ofendieron en apariencia a muchos integrantes del gran sector antiliberal en el movimiento obrero. Pocos trabajadores eran católicos practicantes que asistían a los oficios religiosos, o participaban en otras actividades de este tipo[13]. No obstante, la Iglesia había ejercido considerable influencia entre los peones rurales, y había sido una de las escasas organizaciones conocidas y amistosas que los migrantes internos encontraron en la ciudad. Además, la Iglesia había colaborado en silencio con el régimen durante los primeros años del peronismo. En consecuencia, muchos trabajadores experimentaban cierta lealtad hacia la Iglesia, y los ataques de Perón a ésta aumentaban su creciente confusión sobre el verdadero carácter del gobierno[14].

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado fueron cordiales desde 1943 hasta cerca del final de la primera presidencia de Perón. El gobierno de facto, al implantar la enseñanza religiosa en las escuelas, cambió una tradición de cincuenta años de separación entre la Iglesia y el Estado en este campo. La Iglesia respondió con el apoyo al régimen. Durante la campaña presidencial de 1946, los obispos argentinos dieron a publicidad una pastoral que aconsejaba a los católicos abstenerse de votar por candidatos cuyas plataformas establecieran la legalización del divorcio, la prohibición de enseñanza religiosa en las escuelas, o la separación de la Iglesia y el Estado. Como todos los partidos pertenecientes a la Unión Democrática opositora propiciaban una o más de dichas ideas, la carta pastoral constituyó un apoyo indirecto para Perón[15].

La posterior actividad oficial en el campo de la previsión social, y su pretensión de reemplazar la enseñanza religiosa por la del peronismo, llevaron a una relación menos cordial con la Iglesia. En 1950 presbítero Julio Meinvielle, conservador y antiliberal, criticó al régimen peronista por intentar crear una «Argentina atea y socialista[16]». En 1951 también atacó al gobierno de Perón, de modo indirecto monseñor Gustavo J. Franceschi, director de la importante revista católica Criterio. Franceschi sostenía que en la Rusia stalinista, en la Alemania de Hitler y en la Italia de Mussolini se había desarrollado un conformismo a causa de la errónea creencia en el poder de un individuo, y porque, para muchos, el conformismo era el camino más seguro de obtener beneficios materiales. El religioso terminaba manifestando que un conformismo de este tipo no habría de salvar al hombre ni al mundo (lo cual era una referencia implícita a la situación argentina)[17].

Los elementos liberales de la Iglesia —menos influyentes— se habían opuesto en silencio a Perón desde sus primeros tiempos, pero la oposición se acentuó gradualmente. Monseñor Miguel de Andrea, Obispo de Temnos y principal adversario eclesiástico del régimen manifestó en 1946 que no estaba a favor ni en contra de Perón. Empero, dijo que creía en la libertad de expresión, la democracia, el sindicalismo independiente, el cristianismo y la Constitución argentina y que hablaría claro cuando se viesen afectados estos ideales[18].

En verdad, de Andrea no «habló claro» contra Perón pero, como asesor de la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas, opuso al régimen en forma indirecta. Por ejemplo, como respuesta a la campaña oficial para destruir la independencia del movimiento obrero, subrayó públicamente la necesidad del sindicalismo independiente para el desarrollo de una Argentina democrática. Y, en 1951 tomó parte muy activa en la fundación del Instituto Cultural Gremial. El propósito del Instituto era capacitar a dirigentes gremiales para que, cuando discutían con peronistas o comunistas, pudieran argumentarles con eficacia de acuerdo a la doctrina sindical cristiana[19].

El desencanto de la Iglesia frente a Perón había evolucionado bastante para 1951, de modo que no apoyó su reelección como lo había hecho indirectamente en 1946. De ahí en adelante, se deterioraron con rapidez las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y en noviembre de 1954 Perón lanzó una ofensiva contra la Iglesia, pronunciando discursos frente a los gobernadores provinciales y la CGT[20]. Acusó a la Iglesia de infiltrarse en los movimientos populares, con la intención de que los trabajadores se volvieran contra el gobierno. Perón explicó que en todas las organizaciones existían hombres buenos y malos. En la Argentina había 16 000 sacerdotes, pero apenas 20 ó 30 perturbaban el orden público. Insistió en que su régimen no atacaba a la Iglesia, pero sí se opondría a los escasos curas malos que conspiraban junto a los comunistas para derrocar al gobierno[21].

Entre noviembre de 1954, cuando Perón dijo estos discursos, y el 16 de junio de 1955, cuando fue excomulgado, el Estado atacó continuamente a la Iglesia. Aprobó una ley legalizando el divorcio, prohibió las procesiones religiosas en las calles, suspendió la enseñanza religiosa en las escuelas, y dio comienzo al proceso de separación entre la Iglesia y el Estada. En mayo hubo una serie de manifestaciones anticlericales, y se produjo una agresión a la curia arzobispal. Y en junio, la procesión de Corpus Christi —prohibida por el régimen pero que de todos modos llevó a cabo la Iglesia— terminó en un tumulto. Para castigar a la Iglesia por realizar la procesión sin permiso, Perón expulsó del país a dos prelados católicos. El Vaticano lo excomulgó pocos días después[22].

No resulta del todo claro el porqué de los ataques de Perón a la Iglesia, pero hay varias razones que ayudan a entender su actitud. En primer lugar, el presidente necesitaba desviar la atención de la grave situación económica, el ingreso del capital extranjero y su menguante popularidad. Acaso creyó que su ataque contra la Iglesia brindaría la distracción necesaria. Segundo, algunos de sus asesores íntimos —Angel Borlenghi, John William Cooke, Armando Méndez San Martín y otros— eran anticlericales, y probablemente lo aconsejaron en esa dirección. Tercero, Perón quizá se preocupaba por la rivalidad entre las organizaciones católicas liberales y sus propias organizaciones. Monseñor de Andrea poseía cierta influencia entre los trabajadores; la Acción Católica y la Asociación Democrática de Estudiantes Secundarios (ADES) habían rivalizado eficazmente con la Unión de Estudiantes Secundarios, auspiciada por el gobierno; y el proyectado Partido Demócrata Cristiano con seguridad podía ganar la voluntad de muchos peronistas, en especial entre los obreros. Y, cuarto, como dictador, Perón probablemente no podía tolerar la continua independencia de la Iglesia[23].

Sin embargo, es evidente que Perón calculó mal el efecto de sus ataques contra la Iglesia sobre la sociedad argentina en general, y sobre el movimiento obrero en particular. En lugar de fortalecer la posición oficial, su política transformó a la Iglesia en una especie de símbolo de independencia, y en punto de convergencia para la oposición al régimen. Es verdad que existía una tradición anticlerical en el movimiento obrero, pero resulta irónico destacar que, en su mayor parte, se hallaba vinculada con los liberales y laboristas que Perón había reemplazado. Muchos de los nuevos dirigentes antiliberales eran católicos nominales, y varios de ellos pensaban que los ataques a la Iglesia hicieron perder a Perón un apoyo considerable entre los trabajadores[24].

Los ataques de Perón a la Iglesia nunca contaron con amplio apoyo sindical. No convencieron a los liberales ni a los laboristas, porque los integrantes que aún quedaban en dichos nucleamientos estaban demasiado amargados por los incidentes previos, como para considerar cualquier tipo de colaboración con Perón. Y, para numerosos trabajadores antiliberales, tales ataques implicaban el cambio de la anterior política oficial sin suficiente justificativo y, junto con la nueva política económica, provocaban preocupación acerca del rumbo futuro del gobierno.

Perón intentó disipar, de diversos modos, las crecientes dudas de los trabajadores. Por ejemplo, empleó símbolos y ritos que ayudaran a convencer a los obreros de que nada había cambiado. Siguió presentándose como «la representación material, la encarnación viva» y el «patrón» nacional de la Argentina. Pero el fallecimiento de su esposa lo privó de un vínculo importante con el sindicalismo, y lo obligó a intentar ocupar el lugar de Eva como símbolo especial de los descamisados. Desde fines de 1951, cuando Perón se enteró de que su mujer pronto moriría de cáncer, hasta el deceso de ella el 26 de julio de 1952, el periódico CGT desarrolló una intensa campaña de propaganda con el fin de ayudar al presidente a alcanzar su objetivo. Y a fines de 1951 se publicó el libro La razón de mi vida —que apareció con la firma de Eva Perón—, para comunicar a los trabajadores la necesidad de lealtad y obediencia absolutas hacia Perón.

Para no dejar nada librado al azar. Evita dio a conocer su opinión con meridiana claridad en un postrer y dramático discurso a los descamisados, reunidos en la Plaza de Mayo el 1.º de mayo de 1952, donde los exhortó: «Mis queridos descamisados: Otra vez estamos aquí reunidos los trabajadores y las mujeres del pueblo… para dar la respuesta al líder del pueblo… Aquí estamos… mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida, porque es la vida de la patria… Yo le pido a Dios que no permita a esos insensatos —los traidores de adentro y de afuera— levantar la mano contra Perón, porque ¡guay de ese día! Ese día, mi general, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descamisados de la Patria para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista… Estén alertas. El enemigo acecha… Pero nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la Patria misma»[25].

A continuación del fallecimiento de su esposa, Perón consolidó su posición haciéndose cargo de las funciones desempeñadas antes por Evita. Se transformó en presidente de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón y del Partido Peronista femenino. Pero más importante que ello fue el hecho de que reemplazó a su mujer en las frecuentes reuniones con los dirigentes de la CGT.

La propaganda aumentó también después de la muerte de Evita. El período de luto interrumpió todas las actividades cívicas durante más de una semana, y CGT reprodujo una nueva serie de slogans para recordar el acontecimiento: «Desde la inmortalidad, Eva Perón continuará siendo el Angel de la Guarda de su pueblo», «Eva Perón continuará siendo el puente de amor entre el general Perón y su pueblo»[26].

La culminación de la campaña para trasladar a su esposo el amor personal del pueblo por Evita, se produjo el 17 de octubre de 1952. Este Día de la Lealtad los descamisados llenaron la Plaza de Mayo para honrar a Perón y especialmente a la desaparecida. El secretario general de la CGT, José Espejo, explicó que los trabajadores se habían congregado otra vez para apoyar a Perón, pero con más deseos que nunca de rendir homenaje a la memoria de Evita.

El suceso más importante del día fue la lectura del testamento de Eva Perón. Después de un minuto de silencio destinado a evocar su presencia, se dio solemne lectura al documento: «Quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo… Si muriese antes que Perón, quisiera que esta voluntad mía… sea leída en acto público en la Plaza de Mayo, en la Plaza del 17 de Octubre, ante mis queridos descamisados. Quiero que sepan, en este momento, que lo quise y lo quiero a Perón con toda mi alma… Mientras viva Perón, él podrá hacer lo que quiera con todos mis bienes… Pero después de Perón, el único heredero de mis bienes debe ser el pueblo…»[27].

Además de confiar en su carisma para conservar el apoyo de los trabajadores, Perón intentó desviar la atención de éstos de la situación nacional, prometiéndoles un reconocimiento y un liderazgo internacionales. Pretendió hacer creer a los obreros argentinos que habían creado una nación de trabajadores y, en consecuencia, se hallaban especialmente calificados para ayudar a hacer lo mismo al resto de América latina. Quiso cambiar el enfoque del nacionalismo de los trabajadores, apartándolo de la revolución interna en lo social y económico, y llevándolo a una revolución internacional que libraría al continente de influencias foráneas. El sindicalismo argentino, por lo tanto, conquistaría la hegemonía sobre los movimientos obreros de la zona.

Los agregados obreros a las embajadas argentinas, que actuaban en muchos países latinoamericanos desde 1946, habían conseguido cierto éxito en lograr apoyo para Perón. Pero hasta 1952 no se intentó coordinar sus esfuerzos, ni brindarles una base regional. En febrero de 1952 se reunieron en Asunción del Paraguay 133 delegados en representación de diecinueve países, bajo el patrocinio de Perón, para constituir el Comité de Unidad Sindical Latinoamericana (CUSL). El propósito manifiesto de la nueva organización internacional era luchar contra la miseria, la explotación y el colonialismo en América, y en especial librar a América latina de toda influencia foránea[28].

En los meses posteriores a la formación del CUSL, los dirigentes antiliberales de la CGT expresaron sus objetivos con más detalles. El periódico de la CGT señalaba que el justicialismo se había convertido en el ideal de América latina. La Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), la Confederación Interamericana de Trabajadores (CIT) y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), no habían podido satisfacer las necesidades de los trabajadores de América por carecer de autonomía desde el momento de su fundación[29]. Habían sido dominadas por los comunistas o por el movimiento sindical norteamericano, siempre complaciente con Wall Street. Los dirigentes de la CGT afirmaban que el CUSL sería diferente pues, en el campo del sindicalismo internacional, adoptaría la Tercera Posición de Perón entre el colectivismo y el capitalismo[30].

Perón participó en la campaña propagandística de CGT para hacer creer a los trabajadores que tenían una importante misión internacional. Por ejemplo, en mayo de 1952 explicó que no deseaba imponer el peronismo a nadie. Al mismo tiempo, no podría evitar que otros lo adoptaran, porque «la doctrina del movimiento peronista no es la propiedad absoluta de Perón, del peronismo, o de los argentinos… Pertenece a todos los hombres y a todos los pueblos que quieren utilizarla como un camino a la liberación»[31].

En noviembre de 1952, los integrantes del CUSL se reunieron en México para ampliar la organización, hacerla más atractiva y cambiar su nombre por el de Agrupación de Trabajadores Latino Americanos Sindicalizados (ATLAS). Sus dirigentes afirmaban representar a dieciocho millones de trabajadores en América latina y, además de atacar al movimiento obrero norteamericano como «instrumento de Wall Street» y a la ORIT como «instrumento del sindicalismo norteamericano», promovieron a Eva Perón como la santa patrona de todos los obreros americanos[32].

ATLAS fue la criatura de la CGT argentina y de Perón, durante el régimen de éste. Su primer secretario general fue José Espejo, ex secretario general de la CGT. Perón y el movimiento obrero argentino suministraron la inmensa mayoría de fondos para el funcionamiento de la organización. Y los agregados obreros argentinos en los países latinoamericanos contribuyeron, en buena parte, a estimular la fundación de filiales.

ATLAS tuvo más éxito en las naciones con regímenes dictatoriales, aunque también progresó algo en otras. Consiguió apoyo sindical en Colombia (regida por Gustavo Rojas Pinilla), Chile (Carlos Ibáñez del Campo), Nicaragua (Anastasio Somoza), Perú (Manuel Odría), Haití (Paul Magloire) y Guatemala (Jacobo Arbenz). También fue bien recibida por grupos costarricenses, cubanos, mexicanos, puertorriqueños y uruguayos[33].

Muchos dictadores vieron con buenos ojos a esta organización porque les resultaba útil. Con posterioridad a junio de 1953, cuando el general Rojas Pinilla derrocó al gobierno colombiano de Laureano Gómez, se permitió al agregado obrero de Perón que llevara a cabo una infiltración en el movimiento sindical, para establecer un contrapeso oficial a la Unión de Trabajadores de Colombia, influida por la Iglesia. Al no poder controlar la organización, los simpatizantes de Rojas Pinilla-Perón fundaron la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), y la afiliaron a ATLAS. Dichos elementos también intentaron apoderarse de la otra central sindical importante de Colombia, la Confederación de Trabajadores de Colombia, pero fracasaron en la empresa. Los dirigentes de la CNT afirmaban tener 120 000 afiliados, pero la cifra era muy exagerada y, a pesar de contar con abundantes recursos, el organismo nunca ejerció demasiada influencia dentro del movimiento obrero colombiano[34].

Carlos Ibáñez del Campo también se propuso utilizar ATLAS para ayudarlo a fundar rivales oficiales frente a las federaciones obreras existentes en Chile. En 1948, los trabajadores azucareros dirigidos por Rubén Hurtado —un partidario de Perón que más tarde ocupó altas funciones en ATLAS— nuclearon a varios gremios, para formar la Confederación Nacional de Sindicatos Obreros de Viña del Mar. Cuando Ibáñez, que simpatizaba con la política sindical de Perón, fue elegido presidente de Chile en 1952, tanto Hurtado como los peronistas recibieron nuevos bríos. Dos semanas después que Ibáñez juró su cargo, María de la Cruz, firme seguidora de Ibáñez y Perón, anunció la creación de dos nuevas federaciones gremiales favorables a este último. Ibáñez también nombró a Jorge Ibarra, pro peronista, como uno de sus asesores sindicales, y más adelante intercambió visitas con Perón[35].

Era nominal el apoyo recibido por Perón de los trabajadores chilenos, pero en febrero de 1953 la mayoría de los sindicatos de ese país se unió para constituir la Central Única de Trabajadores de Chile (CUTCH), en parte para evitar que el gobierno de Ibáñez crease una sola federación gremial controlada por el Estado, parecida a la CGT argentina. La antiperonista CUTCH ha dominado el movimiento obrero chileno desde 1953 y por ello, a pesar del respaldo de Ibáñez, ATLAS no realizó actividades importantes en Chile[36].

En el democrático Uruguay, ATLAS consiguió ganar simpatías de un 5 ó 10 por ciento de los trabajadores. En 1950, los peronistas uruguayos —dirigidos por el metalúrgico Omar Díaz— fundaron el Movimiento Nacional Revolucionario La Escoba. El grupo tenía unos 20 000 integrantes, en su mayoría procedentes de los sindicatos metalúrgico y de la carne, y desde 1950 a 1955 publicó un periódico titulado La Escoba. Al fundarse ATLAS en 1952, este movimiento se convirtió en su filial uruguaya, pero en ningún momento llegó a las masas[37].

Pese al apoyo de varios dictadores y a la creación de filiales en diversos países democráticos, ATLAS nunca resultó una organización internacional poderosa y representativa. Nunca fue rival para la ORIT. Era obvio la falsedad de pretender contar con dieciocho millones de afiliados. Su principal base era el movimiento obrero argentino, y las pruebas concretas indican que, fuera de la Argentina, tenía unos 166 000 afiliados, distribuidos en 41 federaciones, confederaciones y organizaciones locales[38]. ATLAS se redujo prácticamente a la nada después de la caída de Perón.

ATLAS fue un fracaso, al igual que los esfuerzos de Perón por reavivar el descolorido sentido de una misión nacional en los trabajadores, al convertirlos en dirigentes de una revolución continental. Los obreros no podían olvidar los problemas domésticos que afectaban su vida cotidiana, sin importarles lo que el periódico CGT proclamaba acerca de su importancia en el plano internacional. Por ello, en los momentos críticos, Perón intentó utilizar otros medios para distraer la atención de los trabajadores de la situación local.

Por ejemplo, en abril de 1953, cuando los salarios reales llegaron a su nivel mínimo durante todo el período, las turbas atacaron e incendiaron el Jockey Club, la Casa del Pueblo socialista y la Casa Radical, sin ser molestadas por la policía. Y el 13 de mayo de 1953 Perón retomó el estilo oratorio de su difunta esposa, en un discurso pronunciado ante los trabajadores del vestido. Citando a Evita, dijo: «La lucha de clases sólo terminará cuando desaparezca una clase». Insistió en que el movimiento peronista «destruiría a la oligarquía», porque en la Argentina sólo podía vivir la clase que trabajaba[39].

Si bien la mayoría de los obreros continuó siendo fiel a Perón desde 1952 a 1955, éstos se hallaban cada vez menos dispuestos a aceptar la redefinición del interés nacional formulada por el presidente. En lo pragmático, exigían más libertad para luchar por lo que entendían eran sus intereses, y reclamaban dirigentes más accesibles, eficaces y honestos, en forma parecida a lo ocurrido durante los últimos años de la primera administración peronista. Pero la caída de los salarios reales, la penetración del capital extranjero, la nueva actitud frente a los Estados Unidos, los ataques a la Iglesia (además del creciente servilismo de los dirigentes obreros para con el régimen), se combinaron para dotar de urgencia a la protesta, que transformó el descontento en frustración, y luego en resentimiento.

Los liberales, exiliados en Montevideo, intentaron vanamente criticar a Perón por haber violado la tradición nacional, señalando que había traicionado sus propios ideales. En 1953 advirtieron que el antiyanqui Perón se había amigado ahora con los Estados Unidos. En 1954 atacaron al gobierno por restituir la industria del país a manos privadas. Y también previnieron que Perón estaba entregando el petróleo argentino a los capitalistas extranjeros, favoreciendo a las empresas norteamericanas en lugar de las argentinas[40]. Sin embargo, sus ataques casi no tuvieron efecto al otro lado del estuario.

Durante este período, se desdibujaron bastante las líneas ideológicas que dividían a los diversos grupos en el movimiento obrero argentino, en especial entre laboristas y antiliberales. Los dirigentes de todos los gremios se hallaban sometidos a Perón, y adoptaban la oscilante línea partidaria antes que sus propias inclinaciones ideológicas. No obstante, ello no eliminó ciertas importantes manifestaciones del descontento obrero. Tales manifestaciones, como antes, seguían apuntando a los jefes sindicales serviles, pero ahora, como éstos estaban vinculados todavía más estrechamente con Perón, algunas de las protestas desafiaban de modo indirecto al mismo Perón.

Por ejemplo, durante la asamblea general de la Unión Ferroviaria realizada en 1953, el delegado Juan de Dios Obregón criticó abiertamente al gobierno. La asamblea repudió su discurso y expulsó a Obregón de las deliberaciones, pero resulta significativo que la organización le permitiera concluir tan larga arenga, y la publicara en sus actas para conocimiento de todos los trabajadores[41].

Obregón afirmó que tanto el Estado como el comité ejecutivo de la Unión Ferroviaria habían fracasado en desarrollar los ferrocarriles del país. Éstos se hallaban por completo desorganizados, y lo seguirían estando mientras los manejara gente sin experiencia, «hombres que han venido de la calle». Continuó manifestando que el gremio debía colaborar con el gobierno, pero la colaboración no reside en decir siempre que sí, sino en mantener en alto la verdad, guste o le disguste al poderoso… «La comisión directiva, con Perón a la cabeza, tiene el mundo en las manos, pero hasta la fecha no sabe qué hacer de él[42]».

La misma asamblea general de la Unión Ferroviaria debatió un folleto que también criticaba al comité ejecutivo. Del mismo modo que con el discurso de Obregón, la asamblea repudió el folleto, pero sin embargo lo analizó en detalle y lo publicó en sus actas. El folleto, que condenaba al presidente del gremio, Rosales, llevaba las firmas de la Comisión Peronista Central de los ferrocarriles Mitre, Roca, San Martín, Sarmiento, Belgrano y Urquiza. El documento afirmaba que el comité ejecutivo había actuado sin la participación de los trabajadores, prorrogado ilegalmente su mandato de dos años a cuatro, colaborado con los comunistas, castigado injustamente a varios afiliados e intervenido seccionales de la organización. El folleto terminaba diciendo que varios de sus miembros eran agentes de Spruille Braden y la Unión Democrática[43].

Durante esta época, muchos obreros metalúrgicos protestaron también contra la política de los dirigentes del gremio y del gobierno. Los metalúrgicos estaban divididos en varios grupos, dos de los cuales se oponían a las medidas oficiales. El primero lo encabezaba el secretario general Abdula Baluch, y apoyaba incondicionalmente al régimen. El segundo grupo estaba inspirado por el ex secretario general Hilario Salvo, y criticaba con dureza a Baluch por sus «simpatías trotskistas» y su sumisión frente a las autoridades nacionales. Los simpatizantes comunistas dirigían al tercer grupo en Rosario, y se unieron a Salvo para combatir a Baluch.

La lucha entre dichos grupos adoptó diversas formas. Por ejemplo, en setiembre de 1952, un grupo armado de partidarios de Salvo atacó la sede central del gremio. Con ayuda externa, el grupo de Baluch pudo rechazar la agresión, pero al mismo tiempo la filial Rosario se declaró autónoma, y se separó de la organización madre. La CGT intervino el sindicato en apoyo de Baluch, y éste pudo eventualmente convencer a la seccional Rosario para que reingresara a la Unión Obrera Metalúrgica. Pero varios dirigentes perdieron sus cargos, y el incidente provocó amargos resquemores entre los trabajadores[44].

El descontento para con el sumiso Baluch fue en aumento y, en mayo y junio de 1954, cuando el gremio estaba renegociando su convenio con la patronal, tomó la forma de una protesta violenta. Los obreros pedían un 30 por ciento de aumento salarial, y los empleadores les ofrecían el 10 por ciento[45]. Los trabajadores iniciaron una serie de huelgas y trabajos a desgano en respaldo de sus demandas. A principios de junio, Baluch anunció el término de la huelga porque la patronal había ofrecido un aumento del 16 por ciento, y pidió a los obreros que volvieran a sus tareas. Muchos de éstos se negaron a aceptar el arreglo, y pretendieron dirigirse a la Casa Rosada para presentar sus quejas a Perón, creyendo todavía que el primer mandatario resolvería el asunto en su favor. Se desató una pelea entre partidarios y opositores de Baluch, la policía quiso ponerle fin, y el saldo fue de tres personas muertas (inclusive un funcionario del gremio)[46].

Al día siguiente los trabajadores formaron un comité de huelga para dirigir sus continuadas protestas, y dieron a publicidad un manifiesto formulando sus reivindicaciones. Exigían salarios suficientes para mantener a sus familias, acusaban a Baluch de negociar en secreto con la patronal, sostenían que los dirigentes del gremio habían disparado contra ellos con armas de fuego, y recalcaban que tenían derecho a elegir dirigentes capaces[47].

El secretario general de la CGT, Eduardo Vuletich, previno a los dirigentes de la huelga: «Tengan cuidado porque la actitud de ustedes va contra el gobierno». Cuando éstos prosiguieron con sus actividades la policía intervino para «solucionar» el conflicto. Como era de prever, la CGT y los dirigentes del sindicato afirmaron que la huelga era de orientación comunista, y pretendía dividir al gremio. Empero, se hizo lugar a las demandas de los obreros: los salarios fueron aumentados, y se reemplazó a Baluch como secretario general[48].

Se expresó abiertamente la oposición sindical a los salarios bajos y a los dirigentes ineficaces. Pero la oposición sindical hacia los ataques contra la Iglesia fue más sutil. La CGT, la Unión Ferroviaria y la mayoría de los demás sindicatos se hacían eco de las acusaciones de Perón contra la Iglesia, pero al mismo tiempo tomaban en cuenta la influencia que ésta todavía ejercía sobre muchos trabajadores, al insistir en que atacaban sólo a unos pocos «malos católicos», y no a la Iglesia en general.

En noviembre de 1954 —a continuación del ataque inicial de Perón contra la Iglesia—, los dirigentes de la CGT emitieron una declaración afirmando que los trabajadores creían en Dios, y que la confederación no cerraba sus puertas a la religión. Pero esos dirigentes recalcaron que los trabajadores no permitirían que los «malos católicos» se infiltraran y destruyeran sus organizaciones[49]. Acaso fue significativo que los metalúrgicos antiliberales permanecieran callados durante la campaña anticlerical oficial, mientras la CGT y muchos otros dirigentes gremiales apoyaron activamente a Perón en este intento. En la eventualidad, el silencio indicaba simpatía —si no apoyo inequívoco— por la Iglesia.

Entre el 16 de junio y el 16 de setiembre de 1955, volvieron a aparecer todos los conflictos desarrollados durante la segunda presidencia de Perón. La sublevación militar del 16 de junio no llegó a derrocar al gobierno, pero atemorizó lo suficiente a Perón como para permitir que el ejército redujera todavía más la influencia y el poder sindicales. Los militares se apoderaron de los restos de un arsenal de 5000 rifles y revólveres que conservaba la CGT. El periódico CGT publicó editoriales instando a los trabajadores a respetar las leyes, en beneficio del sindicalismo y la nación. Angel Borlenghi y Eduardo Vuletich —desde la muerte de Evita, los principales «agitadores» del movimiento obrero— renunciaron a sus cargos respectivos de ministro del Interior y secretario general de la CGT. Y el 15 de julio de 1955 Perón anunció el fin de su revolución[50].

En su discurso del 15 de julio, Perón explicó que los peronistas habían iniciado un movimiento revolucionario, y que tales movimientos tenían derechos que no podían compartir con los partidos políticos. El régimen había restringido las libertades públicas, cuando ello fue necesario, para lograr sus objetivos revolucionarios pero nunca había hecho uso del terror. Perón continuó diciendo que todas las revoluciones tienen un punto final: «La revolución peronista ha finalizado; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país, no puede ser la revolución… Yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos… Nunca el peronismo ha sido más fuerte que en estos días y es por eso, porque somos fuertes, que debemos buscar ser grandes en el cumplimiento de nuestra misión frente a la República[51]».

También se intensificó el conflicto entre el Estado y la Iglesia. El 16 de junio de 1955, el Vaticano excomulgó a Perón como represalia por haber expulsado del país a dos prelados argentinos. A continuación, en el mes de julio, la jerarquía católica publicó una Declaración episcopal denunciando la persecución religiosa en la Argentina, aclarando que no sólo se oponían a Perón unos pocos sacerdotes, sino toda la jerarquía de la Iglesia. La declaración analizaba las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante el año anterior, señalando cómo el gobierno había impedido la recíproca cooperación. Sostenía que el régimen había atacado a la Iglesia por medio de la prensa, acusado a la Iglesia de infiltrarse e interferir en movimientos seculares, permitido el divorcio, suprimido los feriados religiosos, eliminado la enseñanza religiosa en las escuelas, e iniciado medidas tendientes a separar la Iglesia del Estado[52].

En esta coyuntura comenzó su ataque al régimen la oposición obrera no peronista. Concentración Obrera, un minúsculo partido izquierdista protestó públicamente por la falta de libertad en el país. El Partido Socialista exigió la eliminación del peronismo. Los escasos restos de la alguna vez poderosa FORA anarquista, pidieron la independencia y libertad gremiales, además de la libertad de huelga, de asociación y de palabra[53].

Una declaración dada a conocer por 56 ex dirigentes gremiales de orientación liberal y laborista constituyó, quizás, el ataque más perjudicial al régimen procedente de la clase obrera. Entre otras cosas, el documento decía: «Uno de los factores fundamentales de la actual crisis nacional es la pérdida de la autonomía del movimiento obrero y la anulación de los derechos individuales de sus integrantes… Necesitan para ello de organizadores cuyo período no debe medirse por el enriquecimiento y la fastuosidad de sus dirigentes, sino por su austeridad, abnegación y ascendiente moral; para que sean ante los gobiernos y la clase patronal representantes de los trabajadores y no agentes gubernamentales ante los trabajadores[54]».

A medida que aumentaba la oposición dentro y fuera del movimiento obrero, Perón intentó defender su posición. A mediados de agosto anunció el fin de la tregua política que había declarado un mes antes. CGT comenzó a publicar editoriales incendiarios combatiendo toda oposición al régimen, y también desató una intensa campaña para volver a identificar a Perón con su difunta esposa[55]. Finalmente, el 31 de agosto, Perón pretendió revivir los días dramáticos de octubre de 1945 que lo habían llevado al poder. Como prefacio a la cuidadosa puesta en escena del espectáculo, dio a conocer su renuncia. Perón explicó a la CGT y al Partido Peronista que «Los hombres no somos garantía de nada permanente para la Nación. Sólo las organizaciones e instituciones son permanentes y en ellas el país debe tener su única garantía[56]».

La CGT y el Partido Peronista, de acuerdo con el libreto, rechazaron la renuncia, y para evocar un paralelo completo con el 17 de octubre de 1945, se llevó en trenes y ómnibus a los trabajadores para una gran concentración en la Plaza de Mayo. A «pedido» de la muchedumbre, mucho más reducida y considerablemente menos entusiasta que diez años atrás, Perón retiró su renuncia y pronunció el discurso más incendiario de su vida. Comenzó diciendo que había ofrecido la paz y la tregua a sus adversarios, pero que éstos no las deseaban. Su respuesta había sido la violencia: «a la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente… y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos… El dilema es bien claro: o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a destrozar al final… Hoy comienza para todos nosotros una nueva vigilia en armas[57]».

Poco después de esta arenga se reunió el comité central de la CGT, y aprobó una moción propuesta por el secretario general Hugo Di Pietro para colocar las reservas voluntarias de trabajadores a disposición del ejército. El ejército, inquieto desde tiempo atrás por la perspectiva de milicias obreras, rechazó la oferta, y el 16 de setiembre de 1955 el general Eduardo Lonardi inició la Revolución Libertadora que derrocaría a Perón[58].

Acaso el hecho más importante respecto a la caída de Perón es que el movimiento obrero organizado hizo muy poco por defenderlo. El secretario general Di Pietro habló por radio para pedir a los trabajadores que lucharan por Perón, pero sólo respondieron al llamado del dirigente de la CGT grupos aislados en Buenos Aires, Rosario y unas pocas ciudades más[59].

Existen varias razones explicativas de tal actitud. De acuerdo con los peronistas José Alonso y Augusto Vandor, Perón jamás dio orden de luchar y los sindicatos carecían de armas. Además, Perón estaba cansado y quería mucho a la Argentina: por lo tanto, salió del país para evitar una sangrienta guerra civil que la hubiera destruido[60]. El antiperonista Diego Ribas ha indicado otro aspecto esencial. En época de Perón, fueron escasos los dirigentes gremiales que adquirieron influencia y prestigio propios y, por ello, cuando ocurrió la Revolución Libertadora, no había nadie en posición de suministrar una conducción eficaz a las masas. Los desacreditados lugartenientes de Perón ocupaban las sedes sindicales, pero los trabajadores no los seguían[61].

Quizá la interpretación más acertada es la expresada por los peronistas Daniel Vukasovich y Juan Carlos Loholaberry, los peronistas disidentes Luis Gay e Hilario Salvo, y el antiperonista Sebastián Marotta, al sugerir que —además de las razones ya citadas— los trabajadores no combatieron porque Perón había dado fin a la revolución, obligándolos a cuestionar el supuesto de que sus intereses eran los mismos que los de la Nueva Argentina[62]. Habían apoyado a Perón porque éste los identificó con una nación criolla igualitaria, donde los obreros eran ciudadanos iguales, respetados e influyentes. Pero el panorama parecía chocar con la política de Perón en el sentido de contener los salarios, fomentar las inversiones extranjeras en la Argentina, estrechar relaciones con los Estados Unidos y oponerse a la Iglesia. Perón había hecho mucho por crear una nación de trabajadores, pero ahora parecía haberla abandonado.

La comparación entre setiembre de 1955 y octubre de 1945 ejemplifica la diferencia en las actitudes de los trabajadores, al comienzo y al final de la era de Perón. En 1945 el movimiento obrero se unió para defender a Perón, a la revolución social y económica y a la nación de trabajadores que surgía, pese a que el coronel no había dado orden de luchar y los gremios carecían de armas. Con todo, los militares se hallaban divididos y dudaban en apoyar a Perón o no, y tampoco consiguieron el respaldo de los civiles. Esta combinación favoreció a los trabajadores, y produjo la victoria obrera del 17 de octubre.

En setiembre de 1955 la situación fue muy diferente. Los militares se encontraban más unidos que nunca en su oposición a Perón, y poseían el respaldo de los civiles. El movimiento obrero estaba dividido, y dudaba acerca de lo que Perón representaba. La mayoría de los trabajadores seguía conservando una lealtad personal hacia Perón, pero estaban resentidos y no lucharon. En tales circunstancias, los militares tuvieron pocas dificultades en derrocar a Perón.

Capítulo 8

EL RESURGIMIENTO DEL NACIONALISMO CRIOLLO

El problema más difícil enfrentado por los jefes victoriosos de la Revolución Libertadora, se refería al destino de la CGT peronista con dos millones y medio de afiliados. Los dirigentes de las facciones militares antiliberales y liberales concordaban en poner fin a la influencia de Perón en el movimiento obrero, pero diferían en el modo de lograrlo. Los antiliberales querían apartar a los obreros de Perón prosiguiendo, bajo su propia dirección, buena parte de la revolución social y económica. Los liberales sentían la necesidad de eliminar del movimiento obrero a quienes de algún modo estuvieron estrechamente vinculados con el peronismo.

El general Eduardo Lonardi, presidente provisional desde mediados de setiembre a mediados de noviembre de 1955, intentó la neutralidad en el conflicto desatado entre los dos grupos militares, evitando al mismo tiempo las recriminaciones contra los peronistas. Buscó pacificar el país sobre la base de la conciliación, y adoptó como suyo el lema de Justo José de Urquiza, el caudillo que había vencido a Rosas en 1852: «Ni vencedores ni vencidos». Quiso avenirse con el movimiento obrero dominado por el peronismo, porque creía que el apoyo de la CGT era esencial si se pretendía entregar el gobierno a los civiles en un futuro próximo. Así fue que afirmó: «Con el apoyo de la CGT no habrá más problemas»[1].

Tanto el sindicalismo como los militares se encontraban divididos en dos grandes sectores. En primer lugar, estaban los peronistas, que controlaban la mayoría de los gremios y representaban a un 70 por ciento de los trabajadores. Dentro de este sector figuraba un pequeño núcleo de importantes gremialistas que insistían en el regreso de Perón. Además, había otro grupo de dirigentes peronistas más jóvenes y menos influyentes que, contando con el aparente apoyo de una gran mayoría de los obreros, se hallaban más dispuestos a negociar con el gobierno para proteger las conquistas laborales de los últimos 12 años. El segundo grupo fundamental dentro del movimiento obrero eran los «independientes». Incluía a todo tipo de antiperonistas, como socialistas, comunistas, radicales y algunos ex miembros del Partido Laborista[2].

En general, Lonardi tendió a ignorar a los independientes, atacó a los peronistas intransigentes y pretendió ganarse a la generación moderada de jóvenes peronistas. El problema que más preocupaba a los obreros peronistas era saber si se conservarían las conquistas de los últimos 12 años, o no. ¿Iba la Revolución Libertadora a proteger su status, ya algo socavado durante la segunda presidencia de Perón? Concretamente, querían saber quién iba a controlar la CGT, los sindicatos individuales y los diarios obreros La Prensa y El Líder. Lonardi dio seguridades inmediatas a los trabajadores de que se protegerían sus legítimos intereses, y después de varias crisis consiguió solucionar los problemas más importantes a satisfacción de la mayoría de ellos.

El 25 de setiembre Lonardi inició su campaña para conseguir el apoyo de la CGT, conferenciando con su secretario general Di Pietro. Como resultado de la reunión, el Estado se comprometió a aceptar toda la legislación social y los convenios colectivos de trabajo, a respetar los derechos de la CGT y sus filiales, a prohibir cualquier medida legal contraria al organismo gremial y a permitir que la CGT continuara publicando el diario La Prensa[3]. Al día siguiente, Lonardi aumentó todavía más su popularidad entre los obreros peronistas al nombrar como ministro de Trabajo a Luis B. Cerrutti Costa, un abogado laboral nacionalista y católico, que había apoyado firmemente a Perón en los primeros años de su régimen[4].

Sin embargo, en el plazo de una semana estalló la primera de las dos crisis más importantes entre los obreros y el gobierno. Para empezar, la administración dio comienzo a una campaña para desacreditar a Perón, y separarlo de la revolución social y económica de los trabajadores. Habilitó al público y filmó el lujoso departamento en la Capital Federal que el ex presidente utilizaba como refugio, para señalar que en realidad éste no había sido un pobre descamisado. Informó que en el departamento se hallaron 400 trajes, 60 pares de zapatos, 10 televisores, pieles, joyas, oro y dinero en efectivo, además de 14 autos en el garaje. Dos días después, la policía dio a conocer varias cartas secuestradas de Perón a su amante, Nelly Rivas, una muchacha de dieciséis años, hjja de un portero. Una de dichas cartas, que la prensa antiperonista reprodujo en muchas ocasiones, se dirigía a: «Mi nena querida», y estaba firmada: «Papi»[5].

Los trabajadores peronistas se preocuparon más por los grupos armados de independientes que tomaron por la fuerza muchas sedes sindicales, inclusive la de la Unión Ferroviaria. El 3 de octubre los dirigentes de la CGT reclamaron al gobierno por tales agresiones, y el ministro de Trabajo Cerrutti Costa les aseguró de inmediato, que Lonardi quería cumplir su promesa de respetar los derechos sindicales, evitando las ocupaciones violentas de los gremios.

No obstante, esa misma tarde el comité ejecutivo de la CGT redactó una carta a Lonardi condenando los ataques violentos a los sindicatos, y exigiendo protección contra futuros asaltos. La misiva aseguraba que los dirigentes convocarían de inmediato a las elecciones libres, y declararían una amnistía para que participaran en los comicios todos los trabajadores, sin tener en cuenta sus afiliaciones ideológicas. También se solicitaba al gobierno los fondos para financiar esas elecciones. Lonardi se entrevistó con el comité ejecutivo de la CGT, recibió su carta y volvió a asegurar a los dirigentes que protegería los intereses obreros[6].

Durante los días siguientes se desató una importante rebelión peronista en las bases, que condujo a la exclusión de la generación más vieja de dirigentes peronistas intransigentes. Era evidente que los trabajadores peronistas ya no querían tolerar a sus jefes tradicionales, corruptos y serviles. El resultado fue que, el 5 de octubre, dos peronistas jóvenes, Andrés Framini del gremio textil, y Luis Natalini de Luz y Fuerza, sustituyeron a Di Pietro y su comité ejecutivo como dirigentes de la CGT[7].

Este cambio al más alto nivel, que llevó al poder a los elementos peronistas moderados que el régimen consideraba capaces de colaborar con él, significó un triunfo para Lonardi. En consecuencia, el ministro de Trabajo se apresuró a reconocer a los nuevos dirigentes, y enseguida formalizó con ellos un acuerdo para fortalecerlos en su posición, con fecha 6 de octubre de 1955. Según lo establecido, todas las filiales de la CGT llamarían a elecciones dentro de los 120 días; se dispondría una amnistía general para que los trabajadores pudieran participar en los comicios; las autoridades a elegirse designarían representantes al comité central de la CGT, que a su vez debería elegir al comité ejecutivo y al secretariado de la Confederación; y el ministro de Trabajo supervisaría las elecciones, a la vez que protegería a todos los gremios de nuevos ataques armados por parte de grupos opositores[8].

Una vez conseguido este acuerdo, el gobierno intervino varios sindicatos que habían sido ocupados por los independientes de modo violento —incluyendo los sindicatos ferroviarios, de la carne, telefónico y marítimo—, para devolverlos a sus dirigentes peronistas. Durante un breve período de cerca de una semana pareció estabilizarse la actividad gremial, pues las diversas facciones sindicales y el Estado aceptaron aparentemente el statu quo.

Sin embargo, la tranquilidad temporaria fue engañadora porque ya se estaba desarrollando la segunda crisis importante entre el movimiento obrero y el gobierno, en el período de Lonardi. A mediados de octubre, el régimen invitó a representantes periodísticos de todo el mundo a examinar las joyas, las pieles y los vestidos coleccionados por Eva Perón, y al mismo tiempo acusó al peronismo de haber perpetrado grandes fraudes electorales. Además, los elementos antiperonistas volvieron a atacar varias sedes gremiales, y expulsaron a los interventores de la CGT[9].

Los nuevos dirigentes de la CGT, deseosos de colaborar con el gobierno, respondieron al principio con moderación. Por ejemplo, aconsejaron a los trabajadores que hicieran caso al consejo oficial, y se presentaran a sus tareas en el tradicional feriado peronista, el 17 de octubre. También peticionaron a las autoridades en el sentido de que se cumplieran las demandas formuladas en el acuerdo del 6 de octubre.

Empero, la crisis creció rápidamente. El 19 de octubre se reunió un grupo de dirigentes gremiales independientes y dio a publicidad una declaración que criticaba a los peronistas, y también al ministro de Trabajo. Los independientes sostenían que Cerrutti Costa no interpretaba los principios democráticos de la Revolución Libertadora, denunciaban las «acciones comprometedoras» del funcionario —en especial su plan de celebrar elecciones sindicales dentro de los 120 días—, y exigían el cumplimiento de los «auténticos objetivos» de la revolución[10].

En el transcurso de la semana siguiente continuaron los asaltos a los gremios, mientras el gobierno poco hacía por evitarlos, ya que se hallaba atrapado por las luchas entre las dos facciones militares y los dos grupos sindicales. De acuerdo con lo manifestado por los dirigentes de la CGT, por lo menos catorce gremios habían sido ocupados por la fuerza. Por lo tanto, el 26 de octubre, Framini y Natalini, más unos 300 funcionarios sindicales, solicitaron y consiguieron una entrevista con Cerrutti Costa donde insistieron otra vez en sus reivindicaciones.

Como vocero del grupo, Framini recalcó que la CGT deseaba colaborar con el gobierno provisional y no pagar obligaciones políticas, tal como habían acusado ciertos independientes. A la vez, previno al ministro de Trabajo que los trabajadores no permitirían que se les arrebataran por la fuerza sus conquistas legítimas. Framini señaló que la solución del problema consistía en respetar el acuerdo del 6 de octubre.

A continuación, Framini presentó una lista de lo que él y sus partidarios consideraban «violaciones» al acuerdo, pidiendo al Estado que reintegrase todos los gremios a sus legítimas autoridades, hasta que se realizaran las elecciones; que apoyara a los interventores de la CGT en sus esfuerzos por desempeñar sus obligaciones; que restituyera las regionales de la CGT a sus dirigentes legítimos y que pusiera en libertad a los trabajadores arrestados por motivos políticos. Los dirigentes obreros acompañaron el petitorio con la advertencia de que declararían una huelga general si no se aceptaban sus demandas en el plazo de dos días[11].

Al día siguiente, el gobierno dio a publicidad el Informe Prebisch, recientemente concluido, sobre el estado de la economía argentina. Raúl Prebisch, director antiperonista de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y gerente del Banco Central argentino en la década del treinta, había coordinado las actividades de un grupo de destacados economistas que se dedicaron a analizar la economía nacional, luego del derrocamiento de Perón. Sus conclusiones fueron que el país atravesaba la peor crisis económica de su historia, porque las fuerzas productivas estaban desquiciadas. La producción per cápita sólo había crecido un 3,5 por ciento en los últimos diez años. Y el régimen de Perón había empeorado la situación contrayendo empréstitos perjudiciales, y siguiendo una política de descapitalización para hacer frente a los aumentos en las demandas de bienes de consumo. El informe continuaba diciendo que la intervención peronista en la economía había sido desmedida y desordenada. Además, los gastos del Estado resultaban demasiado elevados, pues absorbían el 22 por ciento del producto bruto nacional. También observaban los economistas que la tremenda inflación de los dos últimos años había sido provocada por los aumentos salariales sin un correspondiente incremento en la productividad de los trabajadores, y por las facilidades de créditos bancarios destinados a cubrir déficits[12].

El Informe Prebisch seguía sugiriendo medidas para terminar con la crisis económica. Su autor recomendaba el aumento de las inversiones extranjeras en la producción petrolífera y en la industria argentinas, aumentos de precios para estimular la producción agrícola y ganadera, y el establecimiento eventual de un mercado libre de cambios[13].

Los nacionalistas criollos de la CGT recibieron con mucho desagrado el Informe Prebisch. Además de criticar a Perón y su época, las «soluciones» de los economistas indicaban el deseo oficial de volver a la tradicional economía exportadora del laisscz-faire, que los obreros temían iba a subordinar sus intereses a los de la oligarquía terrateniente. Un articulista de CGT afirmó que «la única víctima [del Plan Prebisch] será la clase trabajadora argentina». Dicho plan tendía a de-valuar el peso, a aumentar el costo de la vida y a promover «el enriquecimiento de los menos a expensas de la miseria de los más»[14].

Por consiguiente, las tensiones eran elevadas cuando el ministro de Trabajo respondió el 28 de octubre a las demandas presentadas por la CGT dos días antes. La posición oficial tomó cuerpo en un decreto que disponía elecciones en los gremios. El decreto suspendía a todos los funcionarios de la CGT y sus filiales; autorizaba al ministerio de Trabajo a designar tres veedores por cada sindicato para garantizar la calma, asegurar el Ubre acceso de todos a la organización, e instarlos a participar en los comicios; establecía una comisión electoral central para llevar a cabo las elecciones, integrada por funcionarios públicos; permitía que votasen los afiliados y afiliadas de dieciocho años o más; disponía el voto directo, secreto y obligatorio; permitía que cualquier grupo presentara candidatos, siempre que contara con las firmas del 5 por ciento de los afiliados al sindicato; y recalcaba que las elecciones se llevarían a cabo dentro de los 120 días[15].

Los dirigentes de la CGT se irritaron porque el gobierno no los había consultado con anterioridad sobre el decreto, y porque fueron desplazados del control que ejercían sobre la confederación y los gremios individuales. Por ello Framini, Natalini y los secretarios generales de los principales sindicatos peronistas tomaron parte de una reunión en la que redactaron tres resoluciones. La primera establecía el nombramiento de una comisión de seis miembros para que se reuniera con los dirigentes de la CGT, a fin de considerar la forma en que debían responder al nuevo decreto del régimen[16]. La segunda resolución declaraba, en principio, una huelga general. Y la tercera disponía la adopción de medidas concretas de huelga, si los dirigentes gremiales no conseguían obtener garantías adecuadas por parte del gobierno.

Durante los tres días posteriores, la comisión especial de la CGT se entrevistó varias veces con Cerrutti Costa, pero sin llegar a ningún acuerdo. En consecuencia, los dirigentes sindicales llamaron a la huelga general para el 31 de octubre. Al día siguiente, el ministro de Trabajo habló por radio a los trabajadores para pedirles que no obedecieran la orden de huelga, pero su discurso produjo resultados escasos o nulos, y el movimiento de protesta fue considerado muy exitoso por muchos observadores[17].

En esta coyuntura el general Lonardi, temiendo las consecuencias políticas de una continua agitación gremial, se encargó personalmente de las negociaciones, y el 2 de noviembre llegó a un acuerdo con los dirigentes obreros. Framini y Natalini no serían removidos de la CGT, y los interventores designados por la central obrera seguirían al frente de los sindicatos que no habían sido asaltados, hasta la fecha de las elecciones. Los gremios asaltados serían intervenidos por el ministerio de Trabajo, y sus asuntos quedarían en manos de una comisión conjunta con representantes peronistas e independientes. Y, finalmente, se pondría en libertad a todos los trabajadores detenidos por razones políticas[18].

El acuerdo con el gobierno fue bien recibido por la mayoría de los obreros, pero dividió todavía más a las dos facciones militares de la Revolución Libertadora. Lonardi continuó tratando de mantenerse neutral en la pugna, cosa bastante imposible. Los liberales —predominantes en las fuerzas armadas— creían que la neutralidad del presidente, y su política sindical, eran índices de su preferencia por los antiliberales. La crisis culminó el 12 de noviembre, cuando el régimen reemplazó al ministro del Interior, el liberal Eduardo Busso, por el antiliberal Luis María de Pablo Pardo, asociado a grupos de extrema derecha. Esto produjo la renuncia a la Junta Consultiva Nacional de todos sus miembros menos los nacionalistas de derecha, y al día siguiente el general Pedro Eugenio Aramburu —como cabeza del grupo liberal— llevó a cabo un golpe incruento, y sustituyó a Lonardi como presidente provisional de la Argentina[19].

Lonardi había proseguido una política de reconciliación con la joven generación de gremialistas moderados del peronismo, creyendo que era el camino más rápido para volver al país al gobierno constitucional de los civiles. Su política logró éxito en la medida que obtuvo el apoyo de la CGT y la mayoría de los trabajadores, pero no alcanzó a resolver todos los problemas en la forma prevista. La facción de los militares liberales se lanzó al golpe en parte porque los peronistas todavía controlaban la CGT, luego de dos meses de ocurrida la Revolución Libertadora. A diferencia de Lonardi, Aramburu y sus partidarios no distinguían entre peronistas «duros» y moderados, y por lo tanto deseaban extirpar a los elementos peronistas del movimiento obrero.

Durante sus dos primeros días en el cargo, Aramburu evidenció claramente su posición frente a los sindicatos. Permitió que los independientes se apoderaran por la fuerza de los gremios. Impuso el control del Estado sobre los editoriales de los diarios obreros El Líder y La Prensa. Y reemplazó al ministro pro-peronista de Trabajo (Cerrutti Costa) por Raúl C. Migone, de firme trayectoria antiperonista[20].

El 15 de noviembre, los dirigentes de la CGT declararon una huelga general como repudio a la nueva política sindical oficial. Todavía se discute si la huelga fue efectiva o no, pero no existen dudas sobre sus consecuencias. El régimen la consideró un acto de subversión política y la reprimió con energía. Concretamente, declaró ilegal al movimiento, efectivos militares intervinieron la CGT y todas sus filiales, un destacamento de la infantería de marina se apoderó del edificio de la CGT se detuvo a Framini, Natalini y muchos otros dirigentes gremiales por haber ordenado la huelga «ilegal», y se estableció una comisión para investigar a la CGT[21].

Los considerandos al decreto de intervención expresaban las razones de las medidas oficiales. Decían que el gobierno de Perón había convertido a la CGT en un instrumento político para dominar a los trabajadores, y hacerlos obedecer sus «objetivos tiránicos y totalitarios». Además, los dirigentes de la CGT habían tolerado la declinación de los salarios reales y del volumen de ahorros, una corrupción generalizada y la eliminación de huelgas efectuadas por razones económicas justificadas. El decreto todavía agregaba que la CGT no había hecho caso a los «esfuerzos heroicos» de la Revolución Libertadora por derrocar a la tiranía, y en cambio había dispuesto huelgas políticas contra el Estado con el propósito de reinstaurar la dictadura anterior[22].

A las intervenciones en los gremios sucedió, en las semanas posteriores, el arresto de casi todos los dirigentes sindicales peronistas. Fuera de Framini y Natalini, el gobierno detuvo a José Espejo, Eduardo Vuletich, Hugo Di Pietro, José Alonso y muchos otros. Un corresponsal del New York Times calculó que 200 dirigentes gremiales fueron recluidos únicamente en el establecimiento penal de Ushuaia[23].

A la vez que arrestaba a los peronistas, el régimen estimuló a la minoría de independientes para que dirigiera el movimiento obrero. Por ejemplo, formó una Junta Asesora Gremial —integrada por independientes— para colaborar con el interventor en la CGT capitán de navío Alberto Patrón Laplacette. Entre los miembros de la Junta se hallaba el veterano dirigente sindicalista Sebastián Marotta, y también ciertos gremialistas antiperonistas muy inflexibles como Cándido Gregorio[24].

Además de atacar a los peronistas, el régimen parecía modificar en muchas otras formas la revolución social y económica. Un modo de hacerlo fue la campaña para desacreditar a Perón y al peronismo. El gobierno efectuó una investigación de la CGT y de toda la administración de Perón, y publicó sus conclusiones en el llamado Libro negro de la segunda tiranía. La «primera tiranía» era la de Rosas, y la «segunda» la de Perón.

En su introducción, el Libro negro se proponía descubrir cómo en la reciente dictadura «se había realizado su obra destructora, señalar sus propósitos, sus cómplices y colaboradores, sus métodos de corrupción y propaganda, sus grandes negociados, antes que desaparecieran los rastros y las pruebas». El volumen dedicaba gran parte de sus páginas a la corrupción del régimen peronista, en particular en el movimiento obrero, para señalar a continuación que la legislación laboral más importante había sido aprobada antes de 1943[25].

A diferencia de lo ocurrido con Lonardi, la campaña difamatoria se llevó a cabo en los periódicos sindicales controlados por los interventores oficiales. CGT, El Obrero Ferroviario, La Fraternidad y otras publicaciones gremiales dedicaban muchas páginas a denunciar los crímenes del peronismo. Por ejemplo, un artículo aparecido en la edición de diciembre de 1955 de El Obrero Ferroviario, titulado «Sabía usted, compañero…», decía que durante el mes de octubre de 1948 el comité ejecutivo del sindicato había autorizado gastos equivalentes a 300 dólares para un regalo de bodas a José Espejo, 4500 dólares para un almuerzo en honor de Eva Perón, y 1000 dólares para un regalo de cumpleaños a la esposa del presidente. Además, había asignado 10 000 dólares para que Pablo López viajara a los Estados Unidos para ser intervenido quirúrgicamente, y 50 000 dólares para la campaña de la reelección de Perón en 1951. Como muchos otros de contenido similar, el artículo finalizaba con la frase: «Todos con fondos sociales[26]».

La política económica oficial también parecía subordinar los intereses de los trabajadores a los de los estancieros y los patrones. Un artículo publicado en CGT, durante el período de Lonardi, había evidenciado la oposición de los peronistas al plan de Prebisch sobre desarrollo económico. Sin embargo, el 28 de enero de 1956, el gobierno de Aramburu aprobó dicho plan y dispuso que se llevara a la práctica. Durante los meses siguientes, el Estado invitó a los inversores extranjeros para que regresaran a la Argentina, desnacionalizó el Banco Central, eliminó controles oficiales sobre la industria y la agricultura, se asoció al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, e inició un programa de austeridad[27].

El resultado inmediato de la nueva política económica fue la caída de los salarios reales, en particular durante el primer semestre de 1956 (antes de la firma de los nuevos convenios), y un vuelco en la distribución del producto bruto nacional que favoreció a los empleadores y propietarios (véase cuadro V).

En marzo y abril de 1956 el gobierno deterioró todavía más la influencia de los peronistas, al restringir su participación en actividades políticas y gremiales. Un decreto del 6 de marzo estableció que no podrían ocupar cargos públicos de ninguna clase las personas que, con posterioridad al 4 de junio de 1946, hubieran desempeñado funciones electivas en el orden nacional, provincial o municipal; cargos públicos de alta jerarquía; o cualquier puesto en el Partido Peronista[28]. El 19 de abril, por otro decreto fundado en la necesidad de fijar una independencia total frente al régimen depuesto, se decidió que las siguientes personas no podrían ocupar cargos gremiales: las que hubieran cumplido funciones en la CGT desde el 1.º de febrero de 1952 al 16 de setiembre de 1955; las que hubieran desempeñado cargos sindicales durante el mismo período; y las afectadas por la investigación en el movimiento obrero[29].

CUADRO V

SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES: DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL, 1954-1959 (EN PORCENTAJE)
Año | Salarios reales | Porcentaje de los trabajadores en el PBN
1950 | 100 | —
1954 | — | 58
1955 | 97 | 55.5
1956 | 96.7 | 53.8
1957 | 103.9 | 52.1
1958 | 110.2 | 53.1
1959 | 81.1 | 45.8
Fuentes: CGT, Boletín, 17 y 24 de junio de 1963; Antonio F. Cafiero, Cinco años después, págs. 127-128.

Además, el 27 de abril el gobierno de Aramburu anuló por decreto la Constitución peronista de 1949, y reimplantó la Constitución liberal de 1853. Se eliminaron los artículos 37 al 40, que establecían la función social de la propiedad privada y los derechos del trabajador, cosa que preocupó mucho a los obreros.

El 1.º de mayo de 1956, la tradicional celebración obrera, no fue un momento particularmente agradable para los trabajadores peronistas. Aramburu, Migone y Patrón Laplacette hicieron uso de la palabra en una reunión de trabajadores para reafirmar sus posiciones antiperonistas y —en verdad— antisindicales. Aramburu les prometió la protección actual y futura de sus derechos y conquistas. Pero, al referirse evidentemente a la CGT, advirtió que no se permitiría la existencia de otro Estado en el Estado argentino. Terminó diciendo que el gobierno entregaría los gremios a los trabajadores, pero sin permitir el regreso al poder de los peronistas.

En su alocución, Migone criticó al régimen de Perón y reprochó a los obreros el apoyo que le brindaron. Recalcó que los llamados beneficios del pasado reciente se originaron en el deseo del ex presidente de erigir un régimen personalista y dictatorial, y no en un deseo sincero de justicia social. Continuó afirmando que la Revolución Libertadora, por su auténtico interés en el bienestar de los obreros, pondría fin al totalitarismo en el país y en el movimiento gremial. Las influencias antidemocráticas en el mundo del trabajo eran responsables exclusivas de la huelga general revolucionaria del 15 de noviembre, habiendo obligado al gobierno a intervenir la CGT y arrestar a varios de sus dirigentes.

El interventor Patrón Laplacette dio término a la reunión asegurando a los trabajadores que ni él ni el Estado tenían la intención de sustituir a los gremialistas como dirigentes de sus organizaciones. No obstante, señaló la necesidad de la intervención como medida temporaria para acabar con la influencia totalitaria en el movimiento obrero[30].

El 23 de mayo el gobierno estableció por decreto un nuevo régimen de asociaciones profesionales, tal como lo había prometido Aramburu. El decreto disponía la realización de elecciones en los gremios dentro de los 150 días, reiteraba la proscripción de los peronistas que hubieran sido dirigentes gremiales durante la segunda presidencia de Perón, y ajustaba los detalles del proceso comicial. También incluía un nuevo artículo que fijaba la representación de la minoría en el comité ejecutivo de cada sindicato, lo cual favorecía a los independientes, pues eran minoritarios en la mayoría de los casos[31].

De este modo, durante sus primeros seis meses en el cargo, Aramburu dispuso el retorno de los gremios a los trabajadores, pero en forma tal que aisló a la mayoría peronista en el movimiento obrero y cuestionó su identidad como un sector legítimo e influyente de la sociedad argentina. Aramburu trató a los dirigentes y trabajadores peronistas como elementos subversivos que significaban una amenaza para su régimen. Intervino la CGT y todas sus filiales, arrestó a cientos de gremialistas peronistas, comenzó una política económica que redujo a corto plazo los salarios reales y redistribuyó la riqueza para favorecer a las clases patronal y terrateniente, prohibió la participación de los peronistas en elecciones sindicales y en la política general, y eliminó los «Derechos del Trabajador» de la Constitución.

En estas circunstancias, no resulta difícil comprender por qué la mayoría de los trabajadores llegó a pensar que Aramburu había destruido la revolución social y económica y, socavado el Estado-nación argentino con que habían llegado a identificarse. Acaso Perón abandonó a la nación de los trabajadores durante su segunda presidencia, pero la política de Aramburu hizo olvidar este hecho a la mayoría de los trabajadores, y los impulsó a comenzar a considerar el período de Perón como una edad de oro.

Los dirigentes sindicales peronistas describen la época de Aramburu como «la revancha». José Alonso, importante gremialista durante la administración de Perón y secretario general de la CGT desde 1963 a principios de 1966, reconoció que los jefes de toda revolución exitosa tenían que arrestar a ciertos opositores. Pero el régimen de Aramburu fue más lejos: arrestó a miles de dirigentes gremiales y persiguió a sus familias. Alonso manifestó haber pasado dieciocho meses en la cárcel, su casa fue allanada varias veces mientras la policía toleraba el robo de algunos bienes, y su mujer e hijos pequeños se vieron obligados a vivir en constante temor por su seguridad[32].

Francisco Prado, secretario general de Luz y Fuerza, afirmó que el término «revancha» tenía un sentido más general. Explicó que, durante el período peronista, los trabajadores ocuparon muchos altos cargos oficiales, ejercieron una tremenda influencia y adquirieron una nueva posición económica y social en la Argentina. Sin embargo, Aramburu dio un brusco corte a todo el proceso mediante las detenciones de trabajadores, su legislación represiva y su política económica. La revancha no fue otra cosa que la sorpresa experimentada por los obreros frente a este abrupto cambio en su status[33].

En general, los independientes fueron algo más reacios a emplear te palabra «revancha» para describir la política laboral de Aramburu. Herminio Alonso, presidente de La Fraternidad, indicó que no resultaba del todo exacto hablar de revancha, pues las acciones de Aramburu representaban una respuesta frente a los excesos del régimen de Perón, y debían ubicarse en esta perspectiva más amplia[34].

Por otra parte, el veterano dirigente sindicalista Sebastián Marotta empleó el vocablo en varias ocasiones para describir las medidas laborales de Aramburu. Sostuvo que la revancha fue provocada porque Aramburu toleró que los empresarios y estancieros actuaran con entera libertad en relación con el movimiento obrero. Aramburu no comprendió lo que estaba ocurriendo, o sea que los trabajadores habían perdido bastante entusiasmo por el régimen depuesto en 1955, y que —de habérselo él propuesto e intentado— hubiera podido apartarlos de Perón. En su lugar, pretendió suprimir toda actividad peronista en el campo sindical y, en consecuencia, volvió a hacer surgir el atractivo de Perón hacia los trabajadores[35].

Es importante destacar que la gran mayoría de los obreros aparentemente creyó que dicho período significaba una revancha para arrasar sus conquistas de los últimos 12 años. Desde mediados de 1956 a fines de 1957, los trabajadores peronistas vivieron un período de frustración y amargura extremas, y protestaron de diversos modos contra el brusco cambio en su status.

Por ejemplo, el 9 de junio de 1956 los ex generales Juan José Valle y Raúl Tanco, jefes del Movimiento de Recuperación Nacional, encabezaron una rebelión contra el gobierno que contaba con cierto apoyo gremial[36]. Estos generales se sublevaron principalmente porque Aramburu los había eliminado del ejército, junto con otros elementos peronistas. Pero recibieron el apoyo de muchos trabajadores peronistas ya que se oponían a la revancha, y prometían restablecer al movimiento obrero en su «legítima» posición dentro de la sociedad.

La Proclama Revolucionaria criticaba al régimen de Aramburu, entre muchas otras cosas, sosteniendo que no había reconocido las conquistas legítimas del movimiento obrero, había perseguido y encarcelado a miles de trabajadores, utilizado una legislación represiva para privar a cierta gente del derecho a ocupar cargos sindicales, y abolido por decreto una Constitución —promulgada democráticamente— que garantizaba los derechos del pueblo. El programa sindical de Valle y Tanco consistía en entregar los gremios a los obreros peronistas, realizar elecciones dentro de los 45 días, poner en libertad a todos los trabajadores detenidos por razones políticas y anular los decretos que restringían la participación de los peronistas en política y en actividades gremiales[37].

Sin embargo, la Revolución de Valle no triunfó porque el gobierno actuó con premura, y los trabajadores no alcanzaron a tener oportunidad de apoyarla activamente. El general Valle y por lo menos otras 27 personas fueron ejecutadas en forma sumaria (este tipo de medidas no se había utilizado en la Argentina durante muchos años). Además, se arrestó a cientos de obreros peronistas en todo el país.

El movimiento obrero continuó su protesta después de la Revolución de Valle. Se acusó a los trabajadores peronistas de atacar a funcionarios públicos y de practicar actos de sabotaje en las fábricas. Más importante resultó el hecho de que los gremios iniciaron muchas huelgas, sosteniendo que eran el medio de respaldar sus exigencias de aumentos salariales. El Estado rechazó las afirmaciones de los sindicatos, insistiendo en que las huelgas eran políticas y tenían el propósito de derrocar a la Revolución Libertadora. En realidad, se hallaban presentes en diversos matices tanto los motivos políticos como los económicos. De este modo, fueron a la huelga por razones económicas los empleados de comercio, los gráficos y los telefónicos (considerados independientes), mientras obedecían a motivos políticos y económicos las huelgas de los textiles y metalúrgicos peronistas[38].

El cuadro VI, que muestra las huelgas ocurridas en la Capital Federal durante 1951-1960, señala la magnitud de la protesta, en especial si se recuerda que la mayoría de las huelgas en 1956 tuvo lugar en el segundo semestre del año.

CUADRO VI

HUELGAS EN LA CAPITAL FEDERAL, 1951-1960
Año | Huelgas | Huelguistas
1951 | 23 | 16 356
1952 | 14 | 15 815
1953 | 40 | 5506
1954 | 18 | 119 701
1955 | 21 | 11 990
1956 | 52 | 853 994
1957 | 56 | 304 209
1958 | 84 | 277 381
1959 | 45 | 1 411 062
1960 | 26 | 130 044
Fuente: República Argentina, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Conflictos del trabajo. pág. 104.

Como resultado de las huelgas, renunció el ministro de Trabajo Migone por su incapacidad de controlar la situación sindical. El gobierno arrestó a otras docenas de dirigentes gremiales peronistas, y la CGT —dirigida por el interventor Patrón Laplacette— desarrolló una intensa campaña de propaganda para reducir el recurso de las huelgas. En un discurso pronunciado por radio, Patrón Laplacette sostuvo que las huelgas, como la guerra, eran armas extremas que sólo podían emplearse cuando se agotaran todos los demás medios para resolver un problema, y que incluso en esta instancia debían usarse con la máxima moderación. Un editorial de CGT profundizó este argumento. Comenzaba diciendo que el derecho de huelga era una parte importante del sistema democrático, pero los trabajadores tenían la obligación moral de utilizar adecuadamente la huelga, y no con propósitos políticos. El editorial advertía que ciertas huelgas se lanzaban con propósitos políticos, aunque aparentemente parecieran legítimas[39].

Al mismo tiempo, el gobierno también pretendió acceder a algunas de las que consideraba demandas legítimas de los obreros. Es importante mencionar que, sin derogar los decretos que restringían la participación peronista, procuró normalizar o devolver a los trabajadores la mayor cantidad posible de gremios. Para abril de 1957, se habían normalizado 59 de las 119 filiales de la CGT en Buenos Aires, 36 se hallaban en proceso de conseguirlo, y no se proyectaba nada al respecto para el futuro inmediato de 24 filiales. Ya se habían normalizado 113 de los 159 gremios del interior[40].

La culminación de este esfuerzo por devolver los gremios a los trabajadores no peronistas, consistió en normalizar la CGT. El 25 de junio de 1957 se dictó un decreto que facultaba a su interventor para convocar a un congreso general extraordinario de las filiales de la CGT que contaran con 1000 afiliados o más. El principal objetivo del Congreso sería la sanción de nuevos estatutos, la elección de autoridades y el término de la intervención.

El congreso no llegó a realizar ninguno de sus fines, después de reunirse durante cinco sesiones violentas, borrascosas y polémicas, entre el 26 de agosto y el 4 de setiembre. El problema que interrumpió sus deliberaciones fue la validez de las credenciales de los delegados. En la quinta sesión del congreso, por el voto de 298 miembros a 291, los delegados aprobaron una protesta contra las restricciones legales que prohibían ocupar esos cargos a los dirigentes peronistas, y a continuación formaron una comisión verificadora para estudiar y convalidar las credenciales de todos los delegados. La consecuencia fue que se retiraron los principales gremios independientes: Unión Ferroviaria, empleados de comercio, trabajadores del vestido, empleados municipales, trabajadores del Estado, bancarios y gráficos. Se dio término al congreso por falta de quorum, y la CGT tardó en normalizarse otros cinco años y medio[41]. A continuación, las filiales de la CGT se dividieron en los «62» gremios peronistas y los «32» gremios independientes. Más tarde se produjo una escisión en los 32, que dio origen a un grupo de «19» sindicatos controlados en su mayoría por los comunistas. Pero sólo las 62 organizaciones peronistas han funcionado hasta la fecha de modo efectivo.

Los peronistas sostienen que el fracaso del congreso se debió a las maquinaciones del gobierno. José Alonso manifestó que Aramburu —al comprender que el movimiento obrero era el grupo mejor organizado del país— no quería entregar el gobierno a los civiles con la CGT en manos de los peronistas y, por lo tanto, convocó dicho congreso para que ella pasara a poder de los independientes. Los interventores oficiales colocaron gente «segura» en la delegación de ciertos gremios, como el del vestido, y así creyeron contar con suficientes delegados favorables para controlar el congreso. Alonso terminó diciendo que el único problema que modificó este esquema fue que algunos de los delegados «oficialistas» votaron con los peronistas, dándoles a éstos la mayoría. En consecuencia, el gobierno se vio obligado a dar por finalizado el congreso[42].

Por otra parte, los independientes afirman que el congreso fracasó por la intransigencia de los peronistas. Francisco Pérez Leirós dijo que los peronistas querían ser dueños absolutos del movimiento obrero, sin preocuparse por los no peronistas. Herminio Alonso declaró que la frustración del congreso fue motivada por el hecho de que los peronistas deseaban disponer de la CGT con propósitos políticos. Para Alonso, la cuestión no tenía nada que ver con las credenciales, como sostenían los peronistas. La cuestión era si se permitiría que los independientes existieran o no[43].

El problema de las credenciales y la «intransigencia» de los peronistas provocaron el fracaso del congreso. Las consecuencias más importantes fueron que la CGT permaneció en manos del gobierno, los peronistas siguieron proscriptos, y los independientes continuaron controlando una cantidad de gremios cuyos afiliados tenían simpatías peronistas.

En perspectiva, la Revolución Libertadora tiene particular interés para la historia del nacionalismo y el sindicalismo en la Argentina, porque estimuló el renacimiento de un nacionalismo criollo popular —que parecía irse desvaneciendo— y vinculó, en forma indeleble, a dicho nacionalismo con Perón y la nueva generación de jóvenes dirigentes gremiales peronistas. El general Lonardi, deseoso de explotar la confusión y el resentimiento de los trabajadores peronistas que habían quedado sin conducción, los dejó al frente de sus sindicatos y pretendió apartarlos todavía más de Perón, continuando buena parte de la revolución social y económica, y ofreciéndoles un status importante en la Argentina posterior a Perón. Pero el general Aramburu, que luego de dos meses reemplazó a Lonardi, tenía una opinión diferente sobre el peronismo y el movimiento obrero organizado. Para él, el peronismo era un mal intolerable que debía ser extirpado. La CGT era el principal bastión de dicho mal y, por lo tanto, debía ser depurada. No le importaba el hecho de que los peronistas representaran al 70 por ciento de los trabajadores. Por procedimientos que recordaban a los gobernantes anteriores a la Primera Guerra Mundial, Aramburu trató a los obreros peronistas como agentes subversivos que amenazaban al régimen, y pretendió aislarlos y destruirlos.

El problema consistió en que Aramburu cuestionó la identificación de los obreros con Perón y su sociedad de trabajadores, sin ofrecerles una alternativa verdadera para que volvieran a identificarse. A diferencia de Lonardi, no pretendió otorgarles un status importante en la Argentina posterior a Perón. En el desarrollo de los acontecimientos, se olvidó el abandono de Perón a la nación de los trabajadores, borrándose aparentemente el resentimiento que pudo haber existido en su contra. La era de Perón se convirtió en algo así como un mítico paraíso de los trabajadores. Perón se transformó otra vez en el símbolo de la revolución social y económica y de la nación de los trabajadores. Y en la lucha contra el régimen de Aramburu, alcanzó influencia y prestigio una nueva generación de gremialistas peronistas.

La política laboral de Aramburu fortaleció al peronismo y al nacionalismo criollo en los sindicatos, en lugar de cumplir el propósito de debilitarlos, y dejó una herencia con la que han tenido que lidiar todos los gobiernos posteriores.

CONCLUSIONES

El estímulo más importante para la organización y crecimiento de la clase obrera urbana y para el desarrollo del nacionalismo popular en el sindicalismo argentino, lo constituyó la veloz expansión económica a fines del siglo XIX y en el siglo XX. La expansión económica provocó la industrialización, la urbanización y la inmigración —tanto procedente de Europa como del interior del país—, y éstas a su vez deterioraron las asociaciones tradicionales de los trabajadores, para obligarlos a buscar una nueva identidad comunitaria.

Fueron principalmente políticos los medios por los cuales el obrero desarraigado, en la Argentina, pretendió restablecer su identidad comunitaria y proteger sus intereses. Con el transcurso del tiempo, el trabajador llegó a comprender que sus problemas económicos y sociales eran problemas nacionales que no podía resolver el sindicato local. También asimiló que su poder de negociación económica —incluso si se trataba de elementos especializados de la fuerza de trabajo— resultaba insuficiente, por sí mismo, para producir el tipo de reformas que ambicionaba, o el tipo de sociedad que soñaba. En esta situación, el trabajador llegó a considerar al Estado como la institución más capaz, en potencia, de proteger sus intereses y de resolver sus problemas.

El nacionalismo popular fue el programa de los trabajadores movilizados que buscaban status, seguridad e influencia en su nuevo ambiente físico y psicológico. Se desarrolló como ideología política cuando los obreros empezaron a vincular sus intereses con los del Estado, y se manifestó —lógicamente— en sus tentativas por apoderarse del Estado. El movimiento obrero comenzó a vincular sus intereses con los del Estado durante la primera presidencia de Yrigoyen, y dicha vinculación ha seguido creciendo desde entonces. Por lo tanto, desde 1930, los dirigentes de la CGT han mirado de entrada con buenos ojos a todos los nuevos gobiernos con excepción del de Aramburu, aunque varios de ellos estuvieron evidentemente controlados por grupos hostiles a los trabajadores.

El nacionalismo popular representó una ideología política para los trabajadores. Su propósito fue legitimar las aspiraciones de los obreros, unir a los distintos elementos de la sociedad y justificar un cambio radical en las estructuras sociales, políticas y económicas, para crear una nueva comunidad igualitaria. Los nacionalistas obreros creían representar mejor los auténticos intereses del pueblo argentino, y buscaron el poder político para que éste los ayudara a crear y proteger un consenso nacional en tomo a sus ideales y programas.

Dentro del movimiento obrero, cada grupo buscó el poder político en forma diferente, y dicha forma nos ilustra en buena medida sobre el sentido específico de su nacionalismo. Los liberales y los laboristas buscaron el poder mediante el Partido Socialista y el Partido Laborista, respectivamente. Si bien existieron diferencias entre ambos grupos, los dos creyeron que un régimen constitucional y democrático era la mejor forma de cambiar la sociedad según sus planes, y los dos actuaron a través de partidos políticos para obtener sus objetivos.

El nacionalismo liberal se desprendió de los valores y tradiciones de los trabajadores inmigrantes europeos, en su mayoría radicados en Buenos Aires y Rosario, que habían asimilado buena parte de la tradición liberal argentina. Se proponía la participación obrera en la estructura institucional del país, mediante un gobierno constitucional civil y los partidos políticos. También creía en las libertades públicas, las restricciones a las actividades políticas de la Iglesia y las fuerzas armadas, y (sin rechazar el principio librecambista) el control estatal sobre el capital extranjero invertido en la nación. En general, era dinámico, de orientación interna y cosmopolita, en lugar de nostálgico, xenófobo y con fundamentos étnicos. Su propósito radicaba en la creación de una sociedad igualitaria, de acuerdo con la filosofía liberal democrática de la Argentina y las modificaciones introducidas por la clase obrera inmigrante.

A diferencia de los liberales y laboristas, los trabajadores criollos buscaron el poder político principalmente por medio de Perón. Eran migrantes internos que sólo conocían una forma personalista de autoridad. En su mayoría, eran trabajadores no calificados sin ninguna capacidad de negociación económica. El poder político les resultaba una necesidad más imperiosa que para los liberales y laboristas, y aceptaron de buen grado el tipo conocido de autoridad que representaba Perón, en lugar de las promesas abstractas e incumplidas de un Estado constitucional y democrático.

El sentido del nacionalismo criollo se desprendía de los valores y tradiciones etnocéntricos de los trabajadores migrantes provenientes del interior. Implicaba la participación en la estructura institucional del país, pero dicha participación adquiría la forma de una relación personal directa con un conductor político. Poseía un tinte nostálgico y xenófobo vinculado con la tradición nacionalista del gobierno de Rosas y del culto del gaucho. A mediados del siglo XX, se fundió esta corriente con otra que subrayaba el futuro antes que el pasado, y la revolución social interna antes que el odio a los extranjeros. Su nuevo ambiente influía en los trabajadores provincianos, y apoyaban cada vez más esta última tendencia a medida que se prolongaba su residencia en Buenos Aires, Rosario y las demás ciudades. El objetivo de los nacionalistas criollos era la creación de una sociedad igualitaria fundada en las tradiciones hispánico-católicas del interior, con las modificaciones introducidas por los migrantes de las clases populares que vivían en los centros urbanos.

Si bien el propósito general de ambos tipos básicos de nacionalismo, en el movimiento obrero, consistió en ayudar al trabajador desarraigado para que forjara y protegiera una identidad dentro de su nuevo ambiente, los nacionalistas populares de la Argentina no pudieron conseguir su objetivo.

Los nacionalistas liberales se convirtieron en una élite que no llegó a crear una sociedad constitucional y democrática unificada. Nunca influyeron demasiado en la estructura institucional de la Argentina anterior a Perón y, después de 1943, Perón y los nacionalistas criollos —cada vez más poderosos— cuestionaron continuamente su status como parte de la comunidad argentina. Pero también fracasaron los laboristas. Durante el breve período entre 1943 y 1946 parecieron haber alcanzado su objetivo, mediante la colaboración con Perón. Pero Perón comprendió su afinidad con los liberales y su implícito desafío al poder que él representaba, y luego de los comicios de 1946 el presidente destruyó sus posiciones.

Durante la primera administración de Perón, los nacionalistas criollos establecieron su identidad como un elemento influyente dentro de la sociedad, y parecía que habían creado la nación igualitaria tan ambicionada. Pero sus aspiraciones se vieron frustradas por el aparente abandono de Perón con respecto a sus intereses durante la segunda presidencia, y por la abierta oposición de Aramburu a aceptar que ellos representaran la nación argentina. En consecuencia, de una forma o de otra, todos los nacionalismos del movimiento obrero experimentaron frustraciones.

La vaguedad de su ideología fue una de las razones por las cuales los nacionalistas populares no consiguieron lograr sus objetivos. El nacionalismo popular tenía al menos dos sentidos en el contexto argentino, y en cuanto ideología general no respondía a una cantidad de interrogantes críticos. En general, justificaba una redistribución del poder a favor de los grupos socioeconómicos inferiores, pero dejaba sin explicar cuál de éstos debía gobernar, cómo debía traspasarse el poder de una persona a otra, o cómo resolver los conflictos dentro de la sociedad. El nacionalismo popular legitimaba los cambios profundos dentro de la sociedad, pero no establecía un procedimiento para gobernarla que fuese legítimo y aceptado por todos.

Las graves divisiones de los nacionalistas populares (similares a las ocurridas en otros elementos de la sociedad) constituían otra razón del fracaso en lograr sus objetivos. En la Argentina no surgió ni perduró un nacionalismo del movimiento obrero, diferente de las especies populares del nacionalismo liberal y criollo. La lealtad de los trabajadores nunca se brindó de modo exclusivo al sindicalismo, y ni siquiera a las clases populares cuyos intereses aquéllos identificaban con los del Estado-nación. En su lugar, consiguieron esta lealtad ciertos elementos no-obreros, muchos de los cuales se identificaban con grupos de clase media que decían representar los intereses de los trabajadores. Los liberales eran leales al Partido Socialista. Los criollos eran leales a Perón. Y los laboristas, leales al movimiento obrero y por lo cual su nacionalismo podía considerarse un nacionalismo obrero, resultaron destruidos por Perón. Perón comprendió que la atracción laborista significaba un desafío a su posición política. Si los trabajadores estaban unidos, actuaban en forma independiente y su lealtad primaria se dirigía al movimiento obrero, no podía contar en todos los casos con su apoyo político. Por lo tanto, tuvo que suprimirlos para poder sobrevivir.

El desarrollo del movimiento obrero organizado y el surgimiento del nacionalismo popular dentro del mismo, tienen consecuencias importantes para la sociedad argentina en su conjunto. Por empezar, el movimiento obrero se ha convertido en una fuerza política fundamental en la Argentina, y sus aspiraciones (enunciadas en sus diversos tipos de nacionalismos) se han visto en general frustradas. Los nacionalistas populares no han conseguido crear la sociedad igualitaria y unida que ambicionaban y, por lo tanto, constituyen una fuerza potencialmente revolucionaria dentro de la actual sociedad fragmentada.

Además, si bien los trabajadores no se encuentran fuertemente unidos, el nacionalismo criollo —alimentado con tanto esmero por Perón— se ha trasformado en la ideología dominante del movimiento obrero, y muy probablemente lo seguirá siendo. Ello quiere decir que los elementos de la sociedad argentina que desean establecer una comunidad unificada, deben hacer las paces no sólo con los sindicatos, sino con los nacionalistas criollos que controlan gran parte del movimiento.

Esto no implica que la actual identificación de los nacionalistas criollos con Perón, y la propia era de Perón que ahora resulta mítica, tengan que adquirir caracteres permanentes, ni tampoco que el contenido del nacionalismo criollo deba permanecer rígido. Perón utilizó el nacionalismo popular para promover sus propios intereses, pero no hay razón para que otros no puedan emplearlo con propósitos diferentes, que modifiquen su actual contenido. Por ejemplo, Arturo Frondizi, uno de los dirigentes importantes del radicalismo durante el período de Perón y con posterioridad al mismo, adoptó un nacionalismo popular muy similar al de aquél, siendo apoyado por los nacionalistas criollos en la elección presidencial de 1958. Sin embargo, una vez llegado al poder, Frondizi abandonó esta posición y perdió el respaldo de los peronistas. Ello indica que si algún grupo político ofreciera a los trabajadores un nuevo status e igualdad de derechos dentro de la sociedad, además de conservar sus conquistas, Perón dejaría de ser el principal símbolo de sus aspiraciones frustradas y perdería mucha influencia dentro del movimiento obrero.

En verdad, este proceso ya está en marcha. La influencia de Perón dentro del movimiento obrero argentino se basa en dos elementos: su importancia simbólica y su poder político. Perón siempre mantendrá cierta importancia simbólica para el movimiento obrero argentino, porque inició una revolución social en beneficio de los trabajadores. Pero esta importancia podría reducirse al mínimo si algún gobierno llegase a cumplir las exigencias básicas de los sindicalistas.

Sin la presencia de Perón en Buenos Aires y sin contar con un conductor carismatico en su reemplazo, los nacionalistas criollos recurrieron cada vez más a los medios institucionales para lograr sus objetivos. La CGT, reorganizada en enero de 1963, se convirtió desde esa fecha en el centro de su poderío político. Además, ha surgido una nueva generación más profesional de dirigentes gremiales (Augusto Vandor[1], Francisco Prado y otros), la mayoría de los cuales careció de trascendencia durante el período de Perón. Muchos de ellos desean afirmar su independencia frente a Perón y, con espíritu pragmático, quieren obtener influencia con los actuales gobernantes del país. También existe una nueva generación de trabajadores cuyos padres migraron de las provincias hacia Buenos Aires y otras ciudades, cosa que no ha ocurrido con sus hijos, nacidos y criados en los centros urbanos. No existen estudios adecuados sobre este sector, pero sí se encuentran pruebas fragmentarias en el sentido de que el ambiente ciudadano ha modificado sus valores y, por lo tanto, dichos trabajadores se hallan muchísimo menos apegados a la tradición criolla de sus padres. Todo señala que, si bien es posible la perduración del nacionalismo criollo, no es necesaria su identificación con Perón y con el modo de vida del interior. Los nacionalistas criollos, sin Perón y con una ideología más flexible, podrían unirse con mayor facilidad a otros grupos en la sociedad argentina.

La Argentina tiene profundas divisiones. Resulta difícil pronosticar cómo se unificará la sociedad del futuro, pero hay algo evidente: no puede haber una nación argentina, ni un consenso nacional que permita edificar un sistema político estable, sin que los ideales y las aspiraciones de los nacionalistas populares estén representados de algún modo fundamental, y sin permitirse a los trabajadores participar, en igualdad de condiciones, en la estructura institucional del país.

EPÍLOGO

LA SITUACIÓN EN MARZO DE 1973

La situación básica en lo que respecta al movimiento obrero, la actividad política y el nacionalismo en la Argentina no ha variado mucho en la última década. El país continúa muy fragmentado, sin estabilidad política, debilitado económicamente y bajo control militar. El gobierno hostiga con frecuencia a las organizaciones laborales, las cuales desempeñan un papel solo marginal en la estructura institucional ya bastante debilitada del país; sus conquistas son precarias. El nacionalismo popular —todavía una vaga ideología política igualitaria— ha sido la mayor parte de las veces controlado y frustrado. La llegada de un nuevo gobierno peronista abre la posibilidad de un cambio, pero los militares han establecido con claridad que mantendrán el poder de veto; de este modo, las perspectivas de que dicho cambio sea fundamental resultan muy escasas.

Es esencial comprender el papel de las Fuerzas Armadas para explicar la posición obrera de los últimos años. Desde 1930, cuando el general José F. Uriburu derrocó al gobierno electo del anciano Hipólito Yrigoyen, las Fuerzas Armadas han actuado como custodios auto-designados del bienestar público. Una y otra vez han intervenido para restablecer el orden y mantener la estabilidad política o para tratar de resolver los problemas económicos y sociales que enfrentaba el país. Y, después de cada período de fracaso militar, entregaron el gobierno a líderes civiles elegidos en las urnas para, al poco tiempo, intervenir de nuevo con los mismos objetivos. Los golpes de estado han sido más comunes que las elecciones; los derechos constitucionales sólo han estado en vigencia total durante 15 años en los últimos 43, y los militares han gobernado directamente el país 30 de estos mismos años.

La razón subyacente del papel tan importante desempeñado por las Fuerzas Armadas se halla en la falta de un consenso amplio entre los argentinos acerca de los valores y los procedimientos fundamentales. No existe un mecanismo institucional apoyado por una mayoría para resolver los conflictos entre los divergentes elementos socioeconómicos activados. Como resultado, cuando se suscita una crisis de envergadura, los militares, con su monopolio de la fuerza organizada, dan un paso al frente como árbitros y defienden lo que a su criterio representa el interés de la comunidad global. En realidad las Fuerzas Armadas actúan en beneficio de ellas mismas y de uno o dos sectores sociales, pero rara vez (si es que ocurre alguna) lo hacen en beneficio de las organizaciones laborales o de la clase trabajadora. Dicho de un modo más sencillo, no existe un acuerdo sobre las reglas del juego político, y así les ha sido posible a los militares cambiar esas reglas cuando lo han creído conveniente: han enmendado la Constitución por decreto, promulgado estatutos por encima de ella, y han modificado e ignorado las leyes que consideraban poco prudentes.

Ningún gobierno, si no existe un consenso amplio acerca de los valores y los procedimientos, puede pretender que posee legitimidad real, lo cual impide alcanzar una estabilidad política auténtica. Los militares parecen haber reconocido este hecho y, en consecuencia, han tratado de crear o imponer este consenso desde arriba. Por otra parte, se han opuesto al nacionalismo popular, numéricamente superior, que se esfuerza por crear un consenso desde abajo. Desde luego existen otros grupos de la sociedad argentina además de las Fuerzas Armadas y los movimientos obreros. El punto esencial reside en el hecho de que los nacionalistas populares son el grupo más numeroso de la sociedad, y en que los militares han bloqueado toda estructura institucional que se base en la ideología del nacionalismo popular. El resultado es la falta de consenso en cuanto a los procedimientos y una inestabilidad política continua como fruto de la frustración.

En enero de 1963 se normalizó la CGT. Desde entonces, en los últimos 10 años, el movimiento obrero ha sufrido una serie de divisiones y realineamientos que debilitaron su poder económico y político y redujeron su influencia en la sociedad argentina. Cuando los obreros lograron unirse, ejercieron una gran influencia; cuando han estado divididos, el gobierno y los militares actuaron casi a voluntad de modo tal que lesionaron los intereses de la clase trabajadora.

El congreso de la CGT que se regularizó en 1963 representaba el triunfo de las fuerzas conciliadoras tanto de las «62 Organizaciones» peronistas como de los independientes no peronistas. El congreso se centró en temas comunes para ambos grupos y no en posiciones sectarias, y originó una CGT que durante un año y medio estuvo unida, desarrollando una acción efectiva de carácter gremial. Sin embargo, a mediados de 1964 los políticos sectarios resurgieron dentro de la organización y los grupos no peronistas renunciaron al comité central. En marzo de 1965 muchos destacados dirigentes obreros peronistas fueron elegidos legisladores, lo cual exacerbó las divisiones partidarias dentro del movimiento. Además, tanto sectores peronistas como independientes se fraccionaron en varios grupos. En ese momento, al comenzar 1963, mientras las organizaciones laborales estaban profundamente debilitadas por divisiones, el presidente Illia sancionó modificaciones a la ley de asociaciones profesionales; unos pocos meses más tarde las Fuerzas Armadas instalaron al general Juan Carlos Onganía en la presidencia.

Después de una breve luna de miel con los obreros, Onganía y su nuevo ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, instauraron un plan de estabilización que cargaba sobre la clase trabajadora el peso del desarrollo económico. Aun más, Onganía suspendió las negociaciones paritarias, eliminó a los representantes obreros de la cajas de jubilación, reprimió las huelgas, suspendió la personería gremial y se incautó de los fondos de los sindicatos recalcitrantes.

En el movimiento obrero, dividido y desorientado, se fueron formando tres tendencias: los colaboracionistas, dirigidos por Rogelio Coria, que estaban dispuestos a trabajar con el gobierno; los dialoguistas, dirigidos por Augusto Vandor, que conversarían con el gobierno, pero sin comprometer sus posiciones; y los intransigentes, dirigidos por Raimundo Ongaro, que rechazaban todo contacto con el gobierno. En el congreso de la CGT de marzo de 1968, Ongaro fue elegido secretario general, lo que condujo a la creación de dos CGT: la CGT de Paseo Colón y la CGT de Azopardo.

Aunque al comienzo de 1969 nadie podía prever qué sucedería en los siguientes cuatro años, esa fecha marca el principio de un período de agitación social ampliamente extendida y continua, que condujo a cambios significativos en la política y en la composición del gobierno, y que llevó a las elecciones de marzo de 1973. Las injusticias acumuladas durante tres años dieron lugar a una ola creciente de protestas en las filas de la clase trabajadora y produjeron el Cordobazo, una serie eficaz de huelgas generales y locales, manifestaciones y un nuevo esfuerzo por unir al movimiento obrero. También originaron los movimientos guerrilleros que secuestraron a personas acaudaladas y las liberaron a cambio de alimentos y ropas para los pobres; también dieron muerte a figuras políticas y militares, como el general Pedro Eugenio Aramburu, considerado responsable de pasadas represiones.

La guerrilla tuvo una parte importante, aunque sin pretenderlo, en el camino hacia las elecciones. El gobierno militar se dio cuenta de que para terminar con la agitación y la violencia populares debía asignar algún poder a un gobierno electo que incluyera a los peronistas. Comprendió que la vuelta al gobierno constitucional separaría a la extrema izquierda del peronismo de centro izquierda, y procedió en consecuencia. Así, el surgimiento de la guerrilla de extrema izquierda ubicó a los peronistas en un punto central del espectro político y los convirtió por primera vez desde 1955 en una opción aceptable. Una situación semejante en los primeros años de este siglo llevó a la oligarquía gobernante a apoyar elecciones libres y honestas que darían el poder a la clase media del Partido Radical; así se eliminó la posibilidad de que los trabajadores militantes anarquistas pudieran tomar el poder.

Del mismo modo, es importante hacer notar que el movimiento obrero comenzó a unirse durante los últimos años. Hacia 1972 las «62» eran más fuertes que nunca y representaban el 91 por ciento de todas las organizaciones obreras del país. Todavía existen divisiones dentro de las «62» y es posible que aumenten, fragmentando a este grupo en el futuro, pero la unidad institucional de los obreros en las 62 Organizaciones provee un foro eficaz para el debate y la esperanza de que los trabajadores hayan comprendido la importancia fundamental de unirse.

FUERZA DE «LAS 62»

| 1957 | 1963 | 1972
Miembros de «las 62» | 881 600 | 1 266 900 | 1 766 930
Total de miembros sindicalizados | 2 221 400 | 2 174 000 | 1 943 230
Porcentaje de miembros de «las 62» dentro del total de sindicalizados | 40 | 58 | 91
Fuente: Documentación e información laboral, Nucleamientos sindicales, Buenos Aires, 1972.

Es importante entender por qué durante la década pasada las metas de los obreros han sido tanto políticas como económicas y sociales. Los movimientos laborales han estado muy envueltos en política precisamente porque la estructura política no les permitió participar eficazmente en la toma de decisiones y defender sus intereses socioeconómicos. Privadas de la negociación en paritarias, las organizaciones laborales no pudieron resolver satisfactoriamente los problemas referentes a las condiciones de trabajo y de vida: salarios, jubilaciones, pensiones, vivienda, costo de vida, etcétera. Los gobiernos militares desde 1966 han ignorado la negociación paritaria, y tales problemas sectoriales se relacionan claramente con problemas sociales más amplios. Los trabajadores no pueden proteger sus intereses a menos que participen en la redacción de las leyes y reglamentaciones que afectan sus intereses, y a menos que conserven su vigencia las leyes y la Constitución que les garantizan la libertad de asociarse, el derecho de huelga, las negociaciones paritarias, etcétera.

Este vínculo entre las condiciones de trabajo y de vida sectoriales y los más amplios problemas económicos y políticos de la sociedad ha sido reconocido por todos los grupos del movimiento obrero durante la última década. Algunos sectores han rechazado la incorporación de los obreros en cuanto tales a la política partidista, pero todos reconocen la relación que existe entre los intereses del sector obrero y la sociedad en general. Esto resulta manifiesto en los diversos programas y afirmaciones de todos los grupos del movimiento obrero desde 1963[1].

El Plan de lucha, publicado en 1963 por un movimiento unido de trabajadores, enumera casi todos los problemas importantes que se han tratado desde entonces. El Plan incluye exigencias tan inmediatas como aumentos reales de los salarios, pensiones y jubilaciones, y apoyo a las cooperativas y para la construcción de viviendas de bajo costo. Pero también exige el respeto total de la Constitución y las leyes, la libertad de los detenidos sociales y políticos, el fin de la legislación represiva y del estado de sitio, la absoluta integridad de la personería gremial, la libertad de prensa y la defensa de los derechos de los partidos políticos. Además, el Plan pide la participación activa de los trabajadores en todas las instituciones que se relacionan con asuntos económicos y, en particular, con la administración y dirección de la industria, la «defensa de los bienes patrimoniales de la Nación… en forma que su explotación sirva de positivo beneficio al programa nacional y no constituya actividad lucrativa de sectores interesados particulares, nacionales o extranjeros», la cancelación de los contratos con empresas petroleras extranjeras, la reducción de los gravámenes que encarecen los materiales necesarios a la industria, la reducción de los impuestos a las ventas, el control de precios, el control de la especulación y el contrabando, ayuda para el desarrollo de una marina mercante y una reforma agraria «estableciendo un régimen de distribución de la tierra facilitándola en propiedad a quienes la trabajan[2]».

Ha habido ligeros cambios de énfasis de tiempo en tiempo, de grupo a grupo, pero lo fundamental es que las organizaciones laborales han articulado un programa coherente de nacionalismo popular que intenta definir el tipo de sociedad en la cual desean vivir los obreros. La clase trabajadora no sólo quiere mejores salarios, jubilaciones y vivienda: también aspira a una sociedad en la cual pueda participar efectivamente como parte de la estructura económica y política, una sociedad basada en leyes estables que garanticen sus libertades y derechos, una sociedad que se desarrolle económicamente y reparta la riqueza con justicia, una sociedad cuyo gobierno represente los intereses de todos, soberana, económica y políticamente, y una sociedad que pueda decidir su propio destino.

Creo que es apropiado finalizar este epílogo con el mismo párrafo con el que concluí la obra hace seis años. «La Argentina tiene profundas divisiones. Resulta difícil pronosticar cómo se unificará la sociedad del futuro, pero hay algo evidente: no puede haber una nación argentina, ni un consenso nacional que permita edificar un sistema político estable, sin que los ideales y aspiraciones de los nacionalistas populares estén representados de algún modo fundamental, y sin permitirse a los trabajadores participar, en igualdad de condiciones, en la estructura institucional del país». Ahora que la Argentina ha vuelto a tener un gobierno constitucional existe la esperanza fundada de que esto se pueda lograr.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1973

BIBLIOGRAFÍA

Los libros más importantes sobre el movimiento obrero en la Argentina son las historias escritas por algunos de los protagonistas en las actividades sindicales: Diego Abad de Santillán brinda el punto de vista anarquista; Jacinto Oddone y Martín S. Casaretto han elaborado dos trabajos de orientación socialista; Sebastián Marotta, el más imparcial de todos los historiadores del gremialismo, sigue por lo general la comente sindicalista; Rubens Iscaro es un stalinista y Cipriano Reyes representa la posición laborista. Quienes mejor expresan el punto de vista peronista son Alberto Belloni, Angel Perelman y Luis B. Cerrutti Costa.

Estas historias del movimiento obrero poseen varias características comunes. En primer lugar, se trata de obras sectarias que pretenden justificar una determinada posición. Segundo, contienen muchos errores de hecho. Y tercero, su estilo es desprolijo además de perderse, con frecuencia, en detalles sin importancia. No obstante, son libros muy valiosos porque presentan puntos de vista diferentes, y muchas veces reproducen numerosos documentos que no se pueden ubicar en ninguna otra fuente.

No existe una información estadística amplia y digna de confianza sobre el movimiento obrero y otros temas afines. Con todo, entre el material disponible, lo mejor se halla en los Censos Industriales de 1950 y 1954 y, en Organización sindical: asociaciones obreras y patronales, tres publicaciones oficiales de la República Argentina.

Los periódicos e informes sindicales constituyeron, de lejos, la fuente más importante de materiales empleada en este libro. La riqueza de información y la diversidad de opiniones que en ellos se encuentra, son imposibles de reemplazar. Los periódicos CGT, La Fraternidad, El Obrero Ferroviario y COASI resultaron sumamente útiles. Se los complementó con las Actas de los Congresos Nacionales y las reuniones del comité ejecutivo de la CGT, la Confederación General de Empleados de Comercio, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Las Actas (inéditas) de la Comisión Administrativa de la Unión Obrera Metalúrgica fueron una inapreciable fuente de información sobre el movimiento peronista durante la era de su jefe.

Finalmente, debe mencionarse las entrevistas con los principales actores en los hechos analizados. Resultaron muy provechosas, principalmente, para guiar al autor en la comprensión de tantos temas complejos. Se las empleó para complementar las fuentes impresas, o para fijar un punto de vista particular.

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OTRAS FUENTES

ENTREVISTAS

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Alonso, Herminio. Presidente de La Fraternidad. Buenos Aires, 10 de abril y 22 de julio de 1963.

Alonso, José. Secretario general de la CGT. Buenos Aires, 19 y 25 de julio de 1963.

Borges, Jorge Luis. Escritor. Buenos Aires, 18 de marzo de 1963.

Cafiero, Antonio F. Ministro de Comercio, 1952-1955; miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Peronista. Buenos Aires, 31 de julio de 1963.

Carbone, Oscar. Gerente de Relaciones Industriales, Monsanto Argentina. Buenos Aires, 3 de julio de 1963.

Casanova, Enrique. Miembro del Comité Nacional del Partido Laborista. Buenos Aires, 26 de mayo de 1963.

Cerrutti Costa, Luis B. Ministro de Trabajo en el gobierno de Lonardi; abogado laboral. Buenos Aires, 30 de mayo de 1963.

Del Mestre, Mario Luis. Secretario de Prensa de La Fraternidad. Buenos Aires, 11, 16,17 y 24 de abril de 1963.

Del Pozo, Luis. Gerente de ACIEL. Buenos Aires, 12 de julio de 1963.

Falasco, Julio. Dirigente socialista de las huelgas ferroviarias, 1950-1951. Entrevista con Robert J. Alexander, Buenos Aires, 4 de agosto de 1952. (Notas dactilografiadas).

Gay, Luis. Ex secretario general de la Unión Sindical Argentina; ex secretario general de la CGT; ex presidente del Partido Laborista. Buenos Aires, 29 de julio de 1963.

—Entrevista con Robert J. Alexander. Buenos Aires, noviembre de 1946. (Notas dactilografiadas).

Ghioldi, Américo. Veterano dirigente del Partido Socialista, y actual dirigente del Partido Socialista Democrático. Buenos Aires, 31 de mayo de 1963.

González, Juan. Dirigente gremial católico. Entrevista con Robert J. Alexander. Buenos Aires, 3 de julio de 1956. (Notas dactilografiadas).

Goyeneche, Juan Carlos. Dirigente del grupo nacionalista católico de extrema derecha, encabezado por Marcelo Sánchez Sorondo. Buenos Aires, 17 de abril de 1963.

Gregorio, Cándido. Dirigente de la Unión Obrera Textil, en la época anterior a Perón; dirigente de COASI en la Argentina y en el exilio. Buenos Aires, 5 de junio de 1963.

Letelier, Francisco. Funcionario de relaciones públicas de la Confederación de Villa del Mar. Santiago de Chile, 5 de agosto de 1963.

Loholaberry, Juan Carlos. Secretario general en ejercicio de la Asociación Obrera Textil. Buenos Aires, 23 de julio de 1963.

Marcovecchio, Salvador. Secretario General de la Confederación de Empleados de Comercio. Buenos Aires, 1.º de agosto de 1963.

Marotta, Sebastián. Secretario general de la FORA IX (1917-1920), y veterano dirigente gremial de los gráficos, en actividad hasta 1957. Buenos Aires, 20 de junio, 11 y 16 de julio de 1963.

Moreno, Carlos Ernesto. Secretario general de los Empleados de Comercio de Tucumán. Tucumán, 20 de mayo de 1963.

Oneto Gaona, Juan Martín. Presidente de la Unión Industrial Argentina. Buenos Aires, 15 de julio de 1963.

Palacios, Alfredo L. Veterano dirigente socialista. Buenos Aires, 24 de julio de 1963.

—Entrevista con Robert J. Alexander. Buenos Aires, noviembre de 1946. (Notas dactilografiadas).

Pepe, Lorenzo A. Vicepresidente de la Unión Ferroviaria, y jefe del grupo peronista del sindicato. Buenos Aires, 10 de mayo de 1963.

Pérez Leirós, Francisco. Ex diputado socialista en el Congreso Nacional; secretario general de la CGT N.º 2 en 1943; y varias veces secretario general de la Unión de Empleados y Obreros Municipales. Buenos Aires, 14 de junio de 1963.

Prado, Francisco. Secretario general del gremio Luz y Fuerza. Buenos Aires, 23 de julio de 1963.

Pueyrredón, Gustavo A. Vicepresidente de la Sociedad Rural. Buenos Aires, 18 de julio de 1963.

Recalde, Ildefonso. Presidente de la Confederación General Económica. Buenos Aires, 12 de julio de 1963.

Ribas, Diego. Secretario general adjunto de la CGT; secretario general del gremio de los gráficos. Buenos Aires, 17 de junio de 1963.

Rodríguez, José. Secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario. Rosario, 1.º de julio de 1963.

Rodríguez, Victorino. Secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Rosario, 1.º de julio de 1963.

Ruberto, Pedro Pascual. Sacerdote católico del barrio obrero de Berisso. Berisso, 18 de julio de 1963.

Salvo, Hilario. Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, 1945-1951. Diputado peronista en el Congreso Nacional, 1951-1954. Luján, 27 de julio de 1963.

Sapag, Elias. Senador de la Nación. Miembro del Movimiento Popular de Neuquén. Jefe del bloque de partidos peronistas provinciales en el Senado. Filadelfia, 21 de abril de 1964.

Scipione, Antonio. Presidente de la Unión Ferroviaria, y dirigente del gupo liberal del gremio durante la época de Perón. Buenos Aires, 9 de mayo de 1963.

Simo, Alejo. Secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba. Córdoba, 18 de mayo de 1963.

Testa, Roberto. Ex funcionario de la Unión Ferroviaria. Entrevista con Robert J. Alexander. Buenos Aires, 1.º de agosto de 1952. (Notas dactilografiadas).

Thayer, William. Ex abogado del sindicato de obreros metalúrgicos de Chile. Santiago de Chile, 6 de agosto de 1963.

Torres, Elpidio. Secretario general de la CGT Regional de Córdoba. Córdoba, 17 de mayo de 1963.

Vandor, Augusto. Secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica; miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Peronista. Buenos Aires, 30 de julio de 1963.

Vázquez, Víctor. Dirigente del grupo comunista en la Unión Ferroviaria. Buenos Aires, 7 de mayo de 1963.

Vincelli, Ricardo E. Secretario general del gremio de los químicos. Buenos Aires, 30 de julio de 1963.

Vukasovich, Daniel. Integrante de la Comisión Ejecutiva del Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE). Buenos Aires, 15 y 29 de julio de 1963.

CARTAS

Gay, Luis. Buenos Aires, 12 de setiembre de 1963; 10 de octubre de 1963; 12 de enero de 1964; 30 de marzo de 1964; 4 de mayo de 1964. (En los archivos del autor).

Belloni, Alberto. Buenos Aires, 4 de agosto de 1965. (En los archivos del autor).

SAMUEL L. BAILY (1933) es un historiador estadounidense que se ha especializado en historia de América Latina del siglo XX y migraciones comparativas. Es profesor de historia en la Universidad de Rutgers. Entre sus obras más importantes encontramos Nationalism in Latin America (1970) The United States and the development of South America, 1945-1975 (1976) Labor, Nationalism and Politics in Argentina (1967) Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870-1914 (1998) y Cities of Hope: People, Protests, and Progress in Urbanizing Latin America, 1870-1930 (2000), en coautoría con Ronn Pineo y James A. Baer.

Notas a la Introducción

[1] Karl Deutsch: «Social Mobilization and Political Development». American Political Science Review, LV, N.º 3 (setiembre de 1961), págs. 493-514. <<

[2] Es vasta la literatura sobre el nacionalismo y temas afines. A continuación se incluye una lista de las obras que me han sido especialmente útiles: E. H. Carr: Nationalism and After. Londres, Macmillan, 1945; Daniel Cosío Villegas: «Nacionalismo e desenvolvimento». Revista Brasileira de Política Internacional, V, N.º 20 (diciembre de 1962), págs. 673-690; Karl W. Deutsch: Nationalism and Social Communication. Nueva York, Wiley & Sons, 1953; Rupert Emerson: From Empire to Nation. Boston, Beacon Press, 1962; Harvard University Center for International Affairs: United States Foreign Policy: Ideology and Foreign Affairs. Washington, Unites States Government Printing Office, 1960; Carlton J. H. Hayes: Nationalism: A Religion, Nueva York, Macmillan, 1960; Carlton J. H. Hayes: The Historical Evolution of Modem Nationalism. Nueva York, Macmillan, 1931; Helio Jaguaribe: Burguesía y proletariado en el nacionalismo brasileño. Buenos Aires, Coyoacán, 1961; John J. Johnson: «The New Latin American Nationalism». Yale Rewiew, LIV (diciembre de 1964), págs. 187-204; Clark Kerr y otros: Industrialism and Industrial Man. Cambridge, Harvard University Press, 1960; Hans Kohn: The Idea of Nationalism, Nueva York, Macmillan, 1960; Cándido Antônio Mendes de Almeida: Nacionalismo e desenvolvimento, Río de Janeiro, Instituto Brasileiro de Estudos Afro-asiáticos, 1963; James O. Morris: «Consensus, Ideology and Labor Relations». Journal of Inter-American Studies, VII, N.º 3 (julio de 1965), págs. 301-315; Royal Institute of International Affairs: Nationalism. Londres, Oxford University Press, 1939; Robert E. Scott: «Nation Building in Latin America», en Karl W. Deutsch y William J. Fohz (comps.): Nation Building. Nueva York, Atherton Press, 1963, págs. 73-83; Kalman H. Silvert (comp.): Expectant Peoples. Nueva York, Random House, 1963; Arthur P. Whitaker: Nationalism in Latin America Gainesville, University of Florida Press, 1962; Arthur P. Whitaker y David C. Jordan: Nationalism in Contemporary Latin America. Nueva York, Free Press, 1966. <<

[3] Emerson: From Empire to Nation, págs. 95-96. <<

Notas al Capítulo 1

[1] James R. Scobie: Argentina. Nueva York, Oxford University Press, 1964, cap. 5; H. S. Ferns: Britain and Argentina in the Nineteenth Century. Londres, Oxford University Press, 1960, caps. 13, 14 y 15. <<

[2] En fecha tan reciente como 1914, el inmigrante representaba el 59 por ciento de los trabajadores sindicalizados, aunque apenas el 47 por ciento de la población obrera. Véase Alberto Belloni: Del anarquismo al peronismo. Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1960, pág. 29; José Luis Romero: Las ideas políticas en la Argentina. México, Fondo de Cultura Económica 1946, págs. 178-179; Arthur P. Whitaker: Argentina. Englewood Cliffs (N. J.), Prentice-Hall, 1964, pág. 55. (Hay versión castellana: Argentina. México, Diana, 1966). <<

[3] Gino Germani: Estructura social de la Argentina. Buenos Aires, Raigal, 1955, págs. 81-82. Además de los inmigrantes permanentes, había miles de golondrinas que venían todos los años para levantar las cosechas, y luego volvían a sus países de origen. Los golondrinas no se afiliaban a gremio alguno, y en consecuencia carecen de importancia para este trabajo. <<

[4] Gino Germani: Política y sociedad en una época de transición. Buenos Aires, Paidós, 1962, pág. 210. Para análisis del inmigrante y sus aspiraciones, cf. Juan A. Alsina: El obrero. Buenos Aires, Imprenta Calle de México, 1905; Tomás R. Fillol: Social Factors in Economic Development: The Argentine Case, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Press, 1961; Gastón Gori: La pampa sin gaucho. Buenos Aires, Raigal, 1952; José Ingenieros: Sociología argentina. Buenos Aires, Ediciones L. J. Rosso, 1925; J. L. Romero: Las ideas políticas en la Argentina, ob. cit. <<

[5] Oscar Handlin: The Uprooted. Nueva York, Grosset and Dunlap, 1951, pag. 38. <<

[6] Juan A. Alsina: El obrero, págs. 88-89, 101-109; G. Cermani: Estructura, págs. 202-203. <<

[7] Sebastián Marotta: El movimiento sindical argentino. Buenos Aires, Lacio, 1960, vol. I, págs. 19-23. <<

[8] Lewis L. Lorwin: Labor and Internationalism. Nueva York, Macmillan 1929, pág. 39. <<

[9] Martín S. Casaretto: Historia del movimiento obrero argentino. Buenos Aires, Lorenzo, 1946, vol. I, págs. 6-7. <<

[10] Jacinto Oddone: Historia del socialismo. Buenos Aires, La Vanguardia, 1934, vol. I, pág. 195. <<

[11] H. G. Fems: Britain and Argentina, págs. 445-446; Aldo Ferrer: La economía argentina. Buenas Aires, Fondo de Cultura Económica, 1963, pág. 135. <<

[12] Robert J. Alexander: «The Labor Movements of Latin America» (original inédito, s/f), pág. 24; Jacinto Oddone: Gremialismo proletario argentino. Buenos Aires, La Vanguardia, 1949, pág. 30. <<

[13] Jacinto Oddone: Gremialismo, págs. 42,53-55. <<

[14] La federación fue conocida por varias denominaciones. Sigo a Oddone al referirme a ella como FTRA. <<

[15] Jacinto Oddone: Gremialismo, págs. 66-68. <<

[16] Sólo en 1891 abandonaron la Argentina 81 932 inmigrantes, y la inmigración neta en ese año fue de 29 835. Para estadísticas relativas a la inmigración, véase República Argentina, Tercer Censo Nacional, Buenos Aires, Rosso y Cía., 1917, vol. X, pág. 399. <<

[17] La información biográfica sobre Justo que se lee a continuación, se basa en Dardo Cúneo: Juan B. Justo. Buenos Aires, Alpe, 1956, págs. 15-50. <<

[18] Ibid., pág. 151. <<

[19] Juan B. Justo: La realización del socialismo. Buenos Aires, La Vanguardia, 1947, págs. 29-31. <<

[20] Cit. en José Luis Romero: Las ideas políticas, pág. 193. <<

[21] Juan B. Justo: Socialismo, págs. 132-135; José L. Romero: Las ideas políticas, págs. 193-194. <<

[22] Jorge E. Spilimbergo: Juan B. Justo o el socialismo cipayo. Buenos Aires, Coyoacán, s/f, pág. 19. <<

[23] Juan B. Justo: Socialismo, págs. 21-25. <<

[24] Jacinto Oddone: Socialismo. Vol. I, págs. 251, 258-260; H. H. Schultze: «The Socialist Movement in the Argentine Republic», International Socialist Review, V (julio de 1904), págs. 18-20. <<

[25] Dardo Cúneo: Justo, pág. 148; Ysabel F. Rennie: The Argentine Republic. Nueva York, Macmillan, 1945, pág. 200; G. Germani: Política, págs. 195, 203. Los extranjeros podían votar en las elecciones municipales de la ciudad de Buenos Aires, y en otros pocos distritos. <<

[26] Antonio Pelücer Paraire: Análisis de la cuestión de la vida. Barcelona, P. Cuesta, s/f; Diego Abad de Santillán: La FORA. Buenos Aires, Nervio, 1933, pág. 63. <<

[27] Diego Abad de Santillán: La FORA, pág. 79; J. Oddone: Gremialismo, pág. 95. <<

[28] Existen pocas cifras dignas de confianza sobre afiliación sindical durante este periodo. De las conocidas, parece que la FORA y la UGT alcanzaron su máximo poderío en 1906, cuando la FORA contaba con unos 25 000 afiliados, la UGT con unos 10 000 y había unos 10 000 trabajadores adheridos a sindicatos autónomos. La fuerza efectiva del movimiento obrero organizado era quizás el doble de las cifras aludidas, porque muchos trabajadores que no se agremiaban para evitar pagar las cuotas respectivas, apoyaban no obstante a los gremios durante las huelgas. Después de 1906, tanto la FORA como la UGT perdieron muchos miembros, y aumentó el número de sindicatos autónomos. Véase Buenos Aires, Departamento de Estadística Municipal: Censo general de la ciudad de Buenos Aires, 1906, págs. 212-235; República Argentina: Tercer Censo Nacional, vol. VII, pág. 402; República Argentina, Departamento Nacional del Trabajo: Boletín, nos. 4, 5, 6, 9 (31 de marzo de 1908; 30 de junio de 1908; 30 de setiembre de 1908; 30 de junio de 1909); M. S. Casaretto: Movimiento obrero, vol. I, pág. 107; J. Oddone: Gremialismo, págs. 14, 187. <<

[29] El «comunismo anarquista» se refiere a una forma comunitaria de anarquismo, y no a la combinación filosófica del anarquismo y el comunismo. Cf. Diego Abad de Santülán, La FORA, págs. 125-130. <<

[30] Ibid., pág. 149. <<

[31] La Protesta, 3/8 de mayo de 1909, y 19 de setiembre de 1909; La Nación, 2/8 de mayo de 1909; Martín S. Casaretto: Movimiento obrero, vol. I, págs. 90-93. <<

[32] S. Fanny Simon: «Anarchism and Anarcho-Syndicalism in South America», Hispanic American Histórical Review. XXVI, n.º 1 (febrero de 1946), págs. 38-45 <<

[33] James Bryce: South America. Nueva York, Macmillan, 1913, pág. 343. <<

[34] Para una comparación con los anarquistas españoles, cf. Gerard Brenan: The Spanish Labyrinth. Cambridge, Cambridge University Press, 1950. <<

[35] República Argentina, Departamento Nacional del Trabajo: Boletín, n.º 8 (31 de marzo de 1909), págs. 16-30. <<

[36] Diego Abad de Santillán: La FORA, pág. 104; Oddone: Gremialismo, págs. 108,118. <<

[37] Anales de Legislación Argentina: 1889-1919. Buenos Aires, La Ley, 1941, págs. 560-561. <<

[38] Santos Primo Amadeo: Argentine Constitucional Law. Nueva York, Colombia University Press, 1943, pág. 167. <<

[39] Para un análisis completo de esta ley, véase Ingenieros: Sociología argentina, págs. 243-271. <<

[40] José Luis Romero: Las ideas políticas, págs. 200-204; Rubens Iscaro: Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino. Buenos Aires. Anteo, 1958, págs. 68-69. <<

[41] Jacinto Oddone: Socialismo, vol. II, pág. 380. <<

[42] Para versiones sobre este período, véase Abad de Santillán: La FORA, pág. 212; La Nación, mayo-junio de 1910. <<

[43] Diego Abad de Santillán: La FORA, pág. 212. <<

[44] Unión Industrial Argentina: Boletín, 15 de mayo de 1909; 19 de junio de 1909; 15 de julio de 1910. <<

[45] Anales de Legislación Argentina: 1889-1919, págs. 788-789. <<

Notas al Capítulo 2

[1] La facción sindicalista de la FORA estaba encabezada por A. Ghiraldo, escritor que durante un tiempo dirigió La Protesta. Cf. H. A. Cordero: Alberto Ghiraldo. Buenos Aires, Claridad, 1962. <<

[2] Aldo Ferrer: La economía argentina, pág. 108; R. M. Ortiz: Historia económica de la Argentina. Buenos Aires, Raigal, 1955, vol. II, págs. 232,290. <<

[3] Cálculo basado en cifras que figuran en S. Marotta: Movimiento sindical, vol. II, pág. 182; L. B. Cerrutti Costa: El sindicalismo, las masas y el poder. Buenos Aires, Trafac, 1957, pág. 94; J. B. Chiti y F. Agnelli: La Fraternidad. Buenos Aires, Ravaschino Hnos., 1937, pág. 371. Las cifras de estos autores son bastante exageradas y las he reducido en un 25 por ciento. <<

[4] Gino Germani: Estructura, pág. 82. <<

[5] Los migrantes internos ocuparon algunos de los puestos, pero con anterioridad a 1936 dicho tipo de desplazamiento resultó insignificante, y las personas nacidas en las provincias jamás representaron más del 12 por ciento de la población de la ciudad de Buenos Aires. Véase G. Germani: Política, pág. 230. <<

[6] Sebastián Marotta: Movimiento sindical, vol. II, págs. 257-259; Alfredo L. Palacios: El nuevo derecho. Buenos Aires, Claridad, 1934, 3a edición, pág. 232. <<

[7] James Bryce: South America, pág. 339. Mayor información sobre la asimilación del inmigrante en la Argentina, en G. Germani: Política, págs. 197-210; Tomás R. Fillol: Social Factors, pág. 35. <<

[8] Empleo el término «sector medio», como lo hace John J. Johnson, para designar a los grupos que abarcan «desde el empleado público de cuello blanco y poco sueldo, con educación limitada y casi siempre sin útiles vinculaciones de familia, hasta los adinerados propietarios de empresas comerciales e industriales, por un lado, y hasta los profesionales educados, maestros y burócratas oficiales de alto nivel, por lo común procedentes de viejas familias, por el otro» (pág. IX). No pretendo que los sectores medios constituyeran un estrato social o clase coherentes, o que sus integrantes tuvieran necesariamente antecedentes comunes o valores comunes. Señalo que los sectores medios eran elementos nuevos en el gobierno, y que ciertos integrantes del sector medio —inclusive Yrigoyen— manifestaban actitudes hacia el movimiento obrero organizado diferentes de las de los miembros de la clase dirigente tradicional. Véase J. J. Johnson: Political Change in Latin America: The Emergence of the Middle Sectors. Stanford, Stanford University Press, 1958. (Hay versión castellana: La transformación política de América Latina: surgimiento de los sectores medios. Buenos Aires, Hachette). John P. Gillen: «Some Signposts for Policy», en Richard N. Adams y otros: Social Change in Latin America Today. Nueva York, Vintage, 1961, págs. 14-62; Ralph L. Beals: «Social Stratification in Latin America», American Journal of Sociology, LVIII, n.º 4 (enero de 1953), págs. 327-339; y Sugiyama Iutaka: «Social Stratification Research in Latin America», Latin American Research Review. I, n.º 1 (octubre de 1965), págs. 7-34. <<

[9] Gabriel del Mazo (comp.): El pensamiento escrito de Yrigoyen. Buenos Aires, Raigal, 1945, pág. 110. <<

[10] Gabriel del Mazo: El radicalismo, Buenos Aires, Gure, 1957, vol. 1, pág. 209; A. Palacios: Derecho, págs. 194-203. Para un análisis pormenorizado de la huelga de los marítimos, véase República Argentina, Departamento Nacional del Trabajo: Boletín, n.º 37 (marzo de 1918). <<

[11] Esta descripción de la Semana Trágica se basa en los siguientes libros, representativos de diferentes puntos de vista: J. Oddone: Gremialismo. págs. 286-295, que presenta la posición socialista: S. Marotta: Movimiento sindical, vol. II, págs. 241-248, la sindicalista; R. Iscaro: Movimiento sindical, págs. 105-107, la comunista; N. Babini: Enero de 1919 (Buenos Aires, Servicio Editorial y Periodístico Argentino, 1956), que hace lo propio con la radical; J. R. Romariz. La Semana Trágica (Buenos Aires, Hemisferio, 1952) es el relato de un oficial de policía que participó en los sucesos de la semana; y C. Ibarguren: La historia que he vivido (Buenos Aires, Peuser, 1955, págs. 34J-344), la conservadora. <<

[12] Sebastián Marotta: Movimiento sindical, vol II, pág. 186. <<

[13] Alfredo Palacios analiza esta dicotomía entre la doctrina y la acción. Véase A. Palacios: Derecho, pág. 202. <<

[14] Entrevista con Sebastián Marotta, secretario general de la FORA IX, 20 de junio de 1963. <<

[15] Gino Germani: Política, pág. 203. <<

[16] Alfredo Palacios: Derecho, pág. 194. <<

[17] Ibid., pág. 200; S. Marotta: Movimiento sindical, vol. II, págs. 188-192. <<

[18] Enrico Ferri y Juan B. Justo: El Partido Socialista en la República Argentina. Buenos Aires, Lotito y Barberis, 1909. <<

[19] Alfredo Palacios: Derecho, pág. 35. <<

[20] Manuel Ugarte: El porvenir de América Latina. Buenos Aires, Indoamérica, 1953, pág. 44. <<

[21] Ibid., págs. 112-118. <<

[22] Ibid., pág. XXI. <<

[23] Ibid. <<

[24] Ibid., pág. XXV. <<

[25] Alfredo Palacios: Derecho, pág. 240. <<

[26] Jorge E. Spilimbergo: Justo, pág. 48. <<

[27] Ibid., págs. 48-49; Alberto Methol Ferré: La izquierda nacional en la Argentina. Buenos Aires, Coyoacán, 1963, págs. 56-57. <<

[28] Partido Socialista de la República Argentina: II Congreso Extraordinario (Buenos Aires, 1915), pág. 128. <<

[29] Juan B. Justo: Internacionalismo y patria. Buenos Aires, La Vanguardia, 1933, págs. 134-138; A. Dickmann: Nacionalismo y socialismo. Buenos Aires, Porter Hnos., 1933, pág. 19. <<

[30] Los internacionalistas contaron con una reducida mayoría temporaria, y se impusieron por 4000 votos a 3500. Cf. D. Cúneo: Justo, págs. 366-369. <<

[31] Véase Unión Sindical Argentina: Carta orgánica, Buenos Aires, La Internacional, 1921, pág. 2. <<

[32] Entrevista con Francisco Pérez Leirós, secretario general de la Unión Obrera Municipal, 14 de junio de 1963. <<

[33] J. Oddone: Gremialismo, pág. 311; R. Iscaro: Movimiento sindical, pág. 139; M. S. Casaretto: Movimiento obrero, vol. I, pág. 71. <<

[34] Para 1926, la Unión Ferroviaria contaba con 50 000 adherentes entre los 90 000 trabajadores sindicalizados. Véase nota 3, supra. <<

[35] Unión Ferroviaria: Memoria y balance: 1928. Buenos Aires, La Vanguardia, 1929, pág. 6. <<

[36] Véase nota 3, supra. <<

Notas al Capítulo 3

[1] Jacinto Oddone: Gremialismo, págs. 328-330. <<

[2] Alberto E. Uriburu (comp.): La palabra del General Uriburu. Buenos Aires, Roldán, 1933, págs. 21-25. <<

[3] Jacinto Oddone: Gremialismo, pág. 374; Alfredo Galletti: La política y los partidos. Buenos-Aires, Fondo de Cultura Económica, 1961, pág. 94. <<

[4] CGT, 15 de enero de 1932. Se trata del periódico de la Confederación General del Trabajo. <<

[5] La Fraternidad, 20 de agosto de 1930. Es el periódico del gremio de maquinistas y foguistas del mismo nombre. <<

[6] Alfredo Galletti: La política, pág. 76. <<

[7] CGT, 25 de enero de 1934; 14 de diciembre de 1934. <<

[8] CGT, 14 de diciembre de 1934; La Fraternidad, 5 de noviembre de 1933. <<

[9] CGT, 28 de febrero de 1934. <<

[10] CGT, 28 de febrero de 1934; 20 de abril de 1934. <<

[11] CGT, 20 de diciembre de 1935. <<

[12] CGT, 10 de abril de 1936; Cerrutti Costa: El sindicalismo, pág. 113. <<

[13] CGT, 10 de abril de 1936. <<

[14] CGT, 22 de mayo de 1936. <<

[15] Confederación General de Empleados de Comercio: Memoria del Consejo Administrativo al II Congreso Ordinario. Buenos Aires, 1936, pág. 50. <<

[16] CGT, 21 de agosto de 1936; 31 de mayo de 1937; y 1936-1939, passim. <<

[17] CGT. 2 de diciembre de 1938. <<

[18] La Fraternidad, 5 de noviembre de 1937. <<

[19] CGT, 31 de diciembre de 1937. <<

[20] Nicolás Repetto: Mi paso por la política: de Uriburu a Perón. Buenos Aires, Santiago Rueda, 1957, págs. 150-153, 184-189,212-216. <<

[21] CGT, 27 de enero de 1939; 7 de abril de 1939. <<

[22] Confederación General de Empleados de Comercio: Memoria del Consejo Administrativo al III Congreso Ordinario. Buenos Aires, 1939, pág. 5. <<

[23] Alfredo L. Palacios: La justicia social. Buenos Aires, Claridad, 1954. <<

[24] La mayoría de los trabajadores sin sindicalizar eran migrantes no-calificados procedentes del interior. Para un análisis sobre las migraciones internas y su importancia en el movimiento obrero, véase el capítulo siguiente. <<

[25] Aldo Ferrer: La economía argentina, pág. 190; Unión Industrial Argentina: Anales, enero de 1942, pág. 20. <<

[26] CGT, 27 de diciembre de 1935; 3 de marzo de 1939. República Argentina, Departamento Nacional del Trabajo, División de Estadísticas: Organización sindical: asociaciones obreras y patronales. Buenos Aires, 1941, pág. 6. <<

[27] Confederación General del Trabajo: Actas de las reuniones del Comité Central Confederal. Buenos Aires, La Vanguardia, 1942, págs. 12, 13, 16. <<

[28] CGT, 11 de octubre de 1940. <<

[29] CGT, 30 de agosto de 1940. <<

[30] CGT, 27 de diciembre de 1940; 18 de abril de 1941. <<

[31] CGT, 27 de junio de 1941. <<

[32] CGT, Actas del Comité Central (1942), págs. 34, 230-233. <<

[33] Ibid., pág. 111. <<

[34] Ibid., págs. 187-193. <<

[35] Confederación General del Trabajo: Acta del Segundo Congreso Ordinario Confederal. Buenos Aires, 1943, pág. 134. <<

[36] Jacinto Oddone: Gremialismo, págs. 376-378. Angel Perelman, uno de los primeros dirigentes peronistas antiliberales, señala que el grupo de Domenech era también el más nacionalista de los dos. Cf. Angel Perelman: Cómo hicimos el 17 de octubre. Buenos Aires, Coyoacán, 1961, pág. 43. <<

[37] CGT. Actas del Comité Central (1942), pág. 83. <<

[38] Confederación General del Trabajo: Actas de las reuniones del Comité Central Confederal. Buenos Aires, La Vanguardia, 1943, pág. 19. <<

[39] Jacinto Oddone: Gremialismo, págs. 398-400. <<

[40] Para un análisis crítico de las cifras sobre afiliaciones a los gremios, y sobre trabajadores ocupados en la industria y en general, véase Felix Weil: Argentine Riddle. Nueva York, John Day, 1944, págs. 73-86, 225-226, 231-243, 268. <<

Notas al Capítulo 4

[1] CGT, 11 de junio de 1943. <<

[2] Para el texto del decreto, véase Anales de Legislación Argentina: 1943, págs. 227-230. <<

[3] CGT, 6 de agosto de 1943. <<

[4] CGT, 7 de agosto de 1943. <<

[5] CGT, 1.º de octubre de 1943. <<

[6] CGT, 16 de octubre de 1943. <<

[7] Entrevista con Francisco Pérez Leirós, ex secretario general de la CGT n.º 2 y ex diputado socialista en el Congreso Nacional, 14 de junio de 1963. «La historia del peronismo, XI», Primera Plana, 24 de agosto de 1965, págs. 42-45. <<

[8] CGT, 1.º de noviembre de 1943. <<

[9] CGT, 5 de diciembre de 1943. <<

[10] Juan D. Perón: El trabajo a través del pensamiento de Perón. Buenos Aires, Secretaría de Prensa y Difusión, 1955. pág. 12. <<

[11] Ibid., pág. 20. <<

[12] La Fraternidad, 5 de febrero de 1945. <<

[13] Juan D. Perón: Pensamiento, pág. 19. <<

[14] CGT, 16 de junio de 1944. <<

[15] CGT, 1.º de agosto de 1944. <<

[16] CGT, 1.º de noviembre de 1944. <<

[17] La Fraternidad, 5 de junio de 1944; 5 de octubre de 1944. <<

[18] El Obrero Ferroviario, setiembre y noviembre de 1944; 1.º de diciembre de 1944. Se trata del periódico de la Unión Ferroviaria. <<

[19] Gino Germani: Política, pág. 230; José Manuel Saravia: Argentina 1959. Buenos Aires, Ediciones del Atlántico, 1959, pág. 28. <<

[20] CGT, 3 de junio de 1938; 20 de junio de 1941. <<

[21] Para un análisis sobre el carácter del migrante interno, ver P. R. David: «The Social Structure of Argentina» (tesis doctoral, Indiana University, 1962); V. E. de Pablo y M. Ezcurra: Investigación social en agrupaciones de «Villas Miserias» de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Comisión Nacional de la Vivienda, 1958; Manuel Zymelman: «Cultural Pattems of Labor and Latin American Industrialization», Journal of Inter-American Studies, V, n.º 3 (julio de 1963), págs. 357-370, y James O. Morris: «Consensus, Ideology and Labor Relations», Journal of Inter-American Studies, VII, n.º 3 (julio de 1965), págs. 301-315. <<

[22] Perelman vuelca estas ideas en su libro Cómo hicimos el 17 de octubre. <<

[23] Entrevista con Hilario Salvo, 27 de julio de 1963. <<

[24] Empleo el término «laborista» para identificar a los liberales que apoyaron a Perón, ya que fueron los individuos que más influencia tuvieron en la creación del Partido Laborista, tema éste que se considera infra en este capítulo. <<

[25] La Fraternidad, 20 de mayo de 1945. <<

[26] Luis B. Cerrutti Costa, El sindicalismo, pág. 156. <<

[27] CGT, 1.º de setiembre de 1945. <<

[28] El Obrero Ferroviario, 1.º de mayo de 1945. <<

[29] La Fraternidad, 6 y 20 de setiembre de 1945; CGT, 16 de setiembre de 1945. <<

[30] Arthur P. Whitaker: The United States and Argentina. Cambridge, Harvard University Press, 1954, págs. 132-134. <<

[31] Para el texto de este decreto, véase Anales de Legislación Argentina: 1947, págs. 143-168. <<

[32] Entrevista con Luis Gay, primer presidente del Partido Laborista y secretario general de la CGT (durante un breve lapso entre fines de 1946 y principios de 1947), 29 de julio de 1963. El coronel Domingo A. Mercante se hallaba junto a Perón durante el período, y luego del arresto de éste probablemente actuó como enlace entre el movimiento obrero y el dirigente depuesto. <<

[33] Alberto Belloni: Peronismo, págs. 50-53; Perelman: Cómo hicimos, págs. 71-79; Cipriano Reyes: ¿Qué es el laborismo?, Buenos Aires, Ediciones RA, 1946, págs. 45-52. Entrevista con Luis Gay, 29 de julio de 1963. <<

[34] Es discutible el papel de Eva Duarte en los sucesos del 17 de octubre. En mi opinión, Eva no fue muy importante si se la compara con Luis Gay y Cipriano Reyes. La citada no alcanzó gran influencia en el movimiento obrero sino poco después de que Perón asumió la presidencia. <<

[35] Primera Plana no considera que la actividad de Gay fue tan importante como yo lo indico, y prefiere otorgar más mérito al coronel Mercante. Véase «La historia del peronismo, XVI-XX», Primera Plana, octubre de 1965. <<

[36] El Obrero Ferroviario, 1.º de noviembre de 1945. <<

[37] CGT, 1.º de noviembre de 1945. <<

[38] Entrevista con Luis Gay, 29 de julio de 1963. <<

[39] Cipriano Reyes: Laborismo, pág. 116. <<

[40] Alberto Belloni: Peronismo, pág. 56; C. Reyes: Laborismo, págs. 109-114. <<

[41] El Comando Obrero Único, dominado por los comunistas, declaró una huelga general para el 31 de octubre, que el gobierno reprimió con facilidad. A comienzos de diciembre, se reunió la Conferencia Nacional de las Organizaciones Sindicales Independientes bajo la presidencia del veterano gremialista comunista Pedro Chiaranti y el antiguo dirigente sindicalista Sebastián Marotta, para repudiar el estado de sitio, el empleo de las torturas, la reglamentación corporativa en los gremios, y la enseñanza religiosa en las escuelas, pero el hecho alcanzó una resonancia mínima entre los trabajadores. Véase R. Iscaro: Movimiento sindical, págs. 229-232. <<

[42] CGT, 1.º de noviembre de 1945; 1.º de diciembre de 1945. <<

[43] Argentina Fabril, enero de 1946. Se trata de la publicación mensual de la Unión Industrial Argentina. <<

[44] CGT, 16 de enero de 1946. <<

[45] CGT, 16 de febrero de 1946. <<

[46] United States Government Memorándum: Consultation Among the American Republics with Respect to the Argentine Situation. Washington, 1946, págs. 112-116. <<

[47] CGT, 1.º de marzo de 1946. <<

[48] Arthur P. Whitaker: The U. S. and Argentina, pág. 149. <<

[49] Cit. en Robert J. Alexander: The Perón Era. Nueva York, Columbia University Press, 1951, pág. 52. <<

Notas al Capítulo 5

[1] CGE, Informe, págs. 181-192 Juan D. Perón: Así cumple Perón. Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones, 1951, pág. 7. <<

[2] Para más datos sobre Eva Perón, véase los trabajos críticos de María Flores: Woman with a Whip. Nueva York, Doubleday, 1953; Alexander: The Perón Era, págs. 103-114; y George 1. Blanksten: Perón’s Argentina. Chicago, University of Chicago Press, 1953, págs. 87-110. Cf. también las obras laudatorias de Román J. Lombille: Eva, la predestinada. Buenos Aires, Gure, 1955; B. Acossano: Eva Perón, su verdadera vida. Buenos Aires, Lamas, 1955; y el libro que se le atribuye a Eva Perón: La razón de mi vida. Buenos Aires, Peuser, s/f. <<

[3] Juan D. Perón: Pensamiento, pág. 63. <<

[4] No son dignas de confianza la mayoría de las cifras publicadas sobre el movimiento obrero durante este período. Las cifras que aquí se dan, se calcularon teniendo en cuenta la información obtenida en entrevistas con muchos de los dirigentes gremiales más importantes. Además, la CGT tiene en la actualidad unos dos millones y medio de afiliados, y no hay razón para suponer que dicha cifra ha disminuido notablemente desde el período anterior. <<

[5] Faustino Legón y Samuel W. Medrano: Las Constituciones de la República Argentina. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1953, págs. 478-484. <<

[6] Juan D. Perón y Eva Perón: Día de la Lealtad: Discursos del Gral. Juan Perón y de la Señora Eva Perón. Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones, 1949, pág. 6; Blanksten: Perón, págs. 252-256. <<

[7] El Laborista, 7 de octubre de 1947. <<

[8] Aldo Ferrer: La economía argentina, pág. 108; A. P. Whitaker: The U.S. and Argentina, pág. 201; R. M. Ortiz: Historia económica, vol. II, págs. 232-237. <<

[9] Alfredo Palacios: Derecho, pág. 201; Unión Ferroviaria: Actas de la Asamblea General: 1938. Buenos Aires, 1938, pág. 245; La Fraternidad: Actas del Congreso Nacional: 1942. Buenos Aires, 1942, pág. 162. <<

[10] George I. Blanksten: Perón, pág. 241; Alexander: Perón, págs. 157-158. <<

[11] Federación Empleados de Comercio: Memoria de la Comisión Directiva 1947-1949. Buenos Aires, Imprenta Castromán, Ortiz y Cía., 1950, pág. 35. <<

[12] La Fraternidad, 20 de marzo de 1948. <<

[13] El Obrero Ferroviario, 27 de febrero de 1948. <<

[14] La Fraternidad, 5 de marzo de 1949. <<

[15] Entrevista con Luis Gay, 29 de julio de 1963. Walter Beveraggi Allende, El fracaso de Perón y el problema argentino. Buenos Aires, Rosso, 1956, pág. 41 <<

[16] Ibid., págs. 41-45. Entrevista con Luis Gay, 29 de julio de 1963; Gay, carta al autor, 4 de mayo de 1964. <<

[17] Entrevista con Luis Gay, 29 de julio de 1963. <<

[18] Walter Beveraggi Allende: El fracaso… pág. 47. <<

[19] CGT, 1.º de octubre de 1945; 1.º de febrero de 1946. <<

[20] Entrevista con Luis Gay, 29 de julio de 1963. <<

[21] Ibid. <<

[22] CGT, 16 de noviembre de 1946. <<

[23] CGT, 16 de enero de 1947. <<

[24] Entrevista con Luis Gay, 29 de julio de 1963. <<

[25] CGT, 16 de febrero de 1947. Los delegados manifestaron que la única razón por la cual se quitaron los sacos fue el calor reinante. Véase American Federation of Labor: American Labor Looks at the World. Washington, 1947, págs. 20-27. <<

[26] Ibid., pág. 26. <<

[27] Ibid., pág. 25. <<

[28] CGT, 16 de marzo de 1947. <<

[29] CGT: Labor realizada por el Secretariado Confederal. Buenos Aires, 1947, págs. 15,17. <<

[30] Como ya se indicó, las cifras sobre afiliaciones a sindicatos no son del todo dignas de confianza. Las aquí ofrecidas también se basan en entrevistas, además de la información existente en CGT, 1.º de octubre de 1946 y 16 de noviembre de 1947; CGT: Labor realizada, pág. 106; El Obrero Ferroviario, 1.º de febrero de 1947; L. B. Cerrutti Costa: El sindicalismo, pág. 184. <<

[31] Robert J. Alexander: Perón, pág. 111. <<

[32] American Federation of Labor: World, pág. 21. Entrevista con Cándido Gregorio, ex secretario general del sindicato textil, 5 de junio de 1963. <<

[33] CGT: Labor realizada, pág. 23. Entrevista con Sebastián Marotta, 11 de julio de 1963. <<

[34] Federación Gráfica Argentina: Memoria y balance: 1951. Buenos Aires, 1951, pág. 24. <<

[35] CGT, 16 de febrero de 1947; 1.º de noviembre de 1947. <<

[36] «Justicialismo» es el nombre dado por Perón a su confusa filosofía política que se ubicaba entre el comunismo y el capitalismo. Para un análisis del justicialismo, véase G. I. Blanksten: Perón, págs. 276-305, 423-439; A. Magnet: Nuestros vecinos argentinos. Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1956. <<

[37] Juan D. Perón: La traición de los dirigentes de la FOTIA y la FEIA a los trabajadores del azúcar. Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones, 1950, páes. 13-14. <<

[38] Juan D. Perón: Habla Perón a los ferroviarios. Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones, 1951, págs. 7-13. <<

[39] CGT: Memoria y balance: 1950-1951. Buenos Aires, 1952, págs 25-29, La Fraternidad, 20 de abril de 1951. <<

[40] República Argentina, Dirección Nacional de Estadística y Censo, Anuario estadístico de la República Argentina. Buenos Aires, 1957, pág. 143. <<

[41] La Nación, 2 de marzo de 1948. <<

[42] CGT, 16 de setiembre de 1949. <<

[43] George I. Blanksten: Perón, págs. 87-89. <<

[44] Eva Perón: La razón…, págs. 9-10. De acuerdo con Bernardo Rabinovitz, el libro fue escrito por el periodista español Manuel Penella de Silva. Cf. Bernardo Rabinovitz: Sucedió en la Argentina. Buenos Aires, Gure, 1956, pág. 73. <<

[45] Eva Perón: La razón…, pág. 83. <<

[46] Por ejemplo, véase CGT, 5 de enero de 1951. <<

[47] El Obrero Ferroviario, noviembre de 1950. Para otras canciones y poemas de propaganda, véase A. Monti: Antología poética de la revolución justicialista. Buenos Aires, Librería Perlado, 1954. <<

Notas al Capítulo 6

[1] La Fraternidad volvió a afiliarse más tarde a la CGT, para intentar reformarla desde adentro. <<

[2] Entrevista con Cándido Gregorio, 5 de junio de 1963. Entrevista con Sebastián Marotta, 16 de julio de 1963. Éste no fue el primer éxito de los liberales en el plano internacional. Como resultado de sus esfuerzos, el Congreso de la OIT —en 1945— excluyó de su seno a los representantes de la CGT. <<

[3] La Fraternidad, 5 de agosto de 1949. <<

[4] La Fraternidad, Actas: 1948, págs. 27,193. <<

[5] La Fraternidad, Actas: 1946, pág. 249; La Fraternidad, Actas: 1950, pág. 252. <<

[6] La Fraternidad, 20 de octubre de 1950. <<

[7] Entrevista con Luis Gay, 29 de julio de 1963. Aunque Gay recordaba sucesos ocurridos hacía más de 15 años, su relato coincide con los hechos y opiniones manifestadas en una entrevista con Robert J. Alexander, el 22 de noviembre de 1946. <<

[8] Cipriano Reyes, Laborismo, págs. 22, 41. De acuerdo con Luis Gay, este libro no fue escrito por quien aparece como autor. No obstante, su valor radica en que expresa las ideas de Reyes y sus partidarios. <<

[9] Ibid., págs. 103-104. <<

[10] Entrevista con Hilario Salvo, 27 de julio de 1963. Si bien Salvo refería opiniones formuladas entre 10 y 15 años atrás, buena parte de esta entrevista puede corroborarse en CGT y en las Actas de la Comisión Administrativa, 1943-19 Unión Obrera Metalúrigica, Buenos Aires (en los archivos del sindicato). <<

[11] No se dispone de estadísticas relativas a las huelgas en todo el país. Son importantes las cifras de la Capital Federal por la gran concentración de obreros y gremios en la zona. <<

[12] Las cifras se calcularon tomando en cuenta las existentes en República Argentina, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Estudios e Investigaciones: Conflictos del trabajo. Buenos Aires, 1961, pág. 103. Se han redondeado los resultados. Para una comparación entre la Argentina y otros países, cf. International Labor Office: Yearbook of Labor Statistics: 1951-1952. Ginebra, 1952, págs. 327-330. <<

[13] Robert J. Alexander: Perón, págs. 93-100; R. Iscaro: Movimiento sindical, págs. 242-251. <<

[14] Unión Ferroviaria: Actas: 1948, pág. 128. <<

[15] El Obrero Ferroviario, junio de 1948. <<

[16] Unión Ferroviaria: Actas: 1946, págs. 170-195. <<

[17] Unión Ferroviaria: Actas: 1947, pág. 198. <<

[18] Unión Ferroviaria: Actas: 1948, págs. 274-275. <<

[19] Hubo un grupo de antiliberales que se opuso a Evita y a sus fieles, pero no he podido hallar información concreta sobre sus actividades. Además, los comunistas contaban con algunos simpatizantes en el gremio, pero no hacen directamente a nuestro análisis porque, durante la mayor parte de la primera presidencia de Perón, no estuvieron en el bando opositor. Durante la guerra habían colaborado con los liberales en su oposición al fascismo y a Perón, pero en 1946 —cuando la Argentina reanudó relaciones diplomáticas con la Unión Soviética— disolvieron sus propias organizaciones gremiales, y se volcaron al peronismo. La alianza duró pocos años, porque Perón clausuró el diario comunista La Hora, expulsó del país al dirigente Victorio Codovilla y deportó a varios obreros comunistas que participaron en una huelga. Como respuesta a estos ataques, los comunistas no acudieron al nacionalismo liberal, como a fines de la década de 1930 y principios de la de 1940, pero sí apoyaron ciertas ideas liberales. Por ejemplo, sostenían que el gobierno había destruido la independencia sindical y limitado el derecho de huelga. Además, afirmaban que el Estado había sindicalizado a los trabajadores desde arriba para servir sus propios intereses, reemplazando la lucha de clases por un sistema pernicioso de cooperación entre las clases. Véase R. Iscaro: Movimiento sindical, págs. 232-253. <<

[20] Entrevista con Antonio Scipione, 9 de mayo de 1963. El hecho de que Perón y la CGT prometieran elecciones sindicales libres como parte de la solución del conflicto, corrobora la opinión de Scipione en el sentido de que los comicios previos habían sido fraudulentos. <<

[21] Las principales fuentes de información para esta descripción de las huelgas son: 1) Los siguientes periódicos desde noviembre de 1950 a febrero de 1951: El Obrero Ferroviario, La Fraternidad, Nuevas Bases, La Nación y CGT. 2) Entrevistas con participantes en los sucesos: Antonio Scipione, dirigente de la oposición liberal durante la época de Perón y con posterioridad Secretario General de la Unión Ferroviaria, 9 de mayo de 1963; Víctor Vázquez, uno de los dirigentes del grupo comunista en la Unión Ferroviaria, durante el régimen de Perón y con posterioridad al mismo, 7 de mayo de 1963; y José Alonso, que fuera interventor de la CGT en la Unión Ferroviaria en la época de la huelga y secretario general de la CGT desde 1963 a 1966, 19 de julio de 1963. También he consultado la entrevista de Robert J. Alexander con Julio Falasco, el dirigente socialista de las huelgas, 4 de agosto de 1952. <<

[22] El Obrero Ferroviario, diciembre de 1950. <<

[23] Robert J. Alexander: Perón, pág. 98. <<

[24] Juan D. Perón: Ferroviarios, pág. 7; CGT, 26 de febrero de 1951 <<

[25] Roberto Testa, entrevista con Robert J. Alexander, 1.º de agosto de 1952 <<

[26] George I. Blanksten: Perón, pág. 354. <<

Notas al Capítulo 7

[1] Antonio F. Cafiero: Cinco años después. Buenos Aires, El Gráfico, 1961, págs. 329-346; A. Ferrer: La economía argentina, págs. 212-213. <<

[2] CGT, 19 de agosto de 1949. <<

[3] U. S. Commerce: Economic Review, 1951, pág. 15. <<

[4] La Confederación General Económica representaba a los nuevos industriales manufactureros, mientras la Unión Industrial Argentina representaba a grupos vinculados con las industrias tradicionales de exportación. <<

[5] CGE, Informe; La Nación, 25 de marzo de 1952; New York Times, 23 de marzo de 1954. <<

[6] Por ejemplo, cf. CGT, 23 de mayo de 1952. <<

[7] CGT, 23 de enero de 1954. <<

[8] Congreso nacional de productividad y bienestar social: antecedentes, temario, conclusiones. Buenos Aires, 1955, pág. 20. <<

[9] Aldo Ferrer: La economía argentina, pág. 218. <<

[10] CGT, 1.º de mayo de 1954. <<

[11] Antonio F. Cafiero: Cinco años después, págs. 305-308. <<

[12] Aldo Ferrer: La economía argentina, pág. 218. United States Department o Labor, Bureau of Labor Statistics: Foreign Labor Information: Labor in Argentina. Washington, junio de 1959, pág. 2. <<

[13] Para dos cálculos sobre el número de católicos practicantes en la Argentina, véase Peter M. Dunne: A Padre Views South America. Miwaukee, Bruce, 1945, pág. 22; y J. L. de Imaz: Motivación electoral. Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social, 1962, pág. 26. <<

[14] Aunque no existen estadísticas para corroborar esta afirmación, dos influyentes dirigentes gremiales antiliberales —el metalúrgico Hilario Salvo y el textil Juan Carlos Loholaberry— piensan que el ataque llevado a cabo por Perón contra la Iglesia produjo resentimientos en muchos trabajadores. Entrevista con H. Salvo, 27 de julio de 1963. Entrevista con J. C. Loholaberry, 23 de julio de 1963. <<

[15] Para diferentes versiones sobre la relación entre Perón y la Iglesia, véase R. J. Alexander: Perón, págs. 127 y sigs.; John J. Kennedy: Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1958; Pablo S. Marsal: Perón y la Iglesia. Buenos Aires, Rex, 1955; y Pedro Badanelli: Perón, la Iglesia y un cura. Buenos Aires, Tartessos, 1960. <<

[16] Julio Meinvielle: Política argentina: 1949-1956. Buenos Aires, Trafac 1956, págs. 171-178. <<

[17] Criterio, 24 de mayo de 1951. <<

[18] Robert J. Alexander: Perón, pág. 130. <<

[19] Juan González, entrevista con Robert J. Alexander, 3 de julio de 1956. <<

[20] Cuando Eva murió en 1952, ciertos elementos sindicales pidieron su canonización como Santa Eva de América. La Iglesia no se entusiasmó con la propuesta, y ello acaso pudo haber disgustado a dichos trabajadores. Sin embargo, Perón no participó de la idea, y no criticó a la Iglesia hasta fines de 1954. <<

[21] Para el texto de estos discursos, véase Hechos e ideas, octubre-noviembre de 1954, págs. 389 y sigs. Véase también CGT, 13 y 27 de noviembre de 1954. <<

[22] República Argentina: Libro negro de la segunda tiranía. Buenos Aires, 1956, págs. 233-242; CGT, 15 de abril de 1955; New York Times, 16 de junio de 1955. <<

[23] Alejandro Magnet: Vecinos, págs. 181-212. <<

[24] Un reducido grupo de antiliberales —que desde ese entonces se conoce como «izquierda nacional»— ejerció cierta influencia sobre Perón y apoyó sus ataques contra la Iglesia. La izquierda nacional se componía de un grupo de intelectuales marxistas de avanzada que, influidos por los trabajos de León Trotsky, rechazaban la social-democracia y el comunismo stalinista. Pensaban que la Argentina era un país subdesarrollado, en el cual las clases populares debían cooperar con la burguesía nacional para conseguir la independencia económica. Para ellos, la independencia económica brindaría los cimientos de un auténtico crecimiento económico y la eventual socialización del país. En consecuencia, apoyaron a Perón por considerarlo un nacionalista económico, cuyo gobierno representaba un paso importante en la transición de la actual sociedad a la futura utopía socialista.

Dentro de la izquierda nacional se ubicaban dos facciones principales: la de quienes, como Rodolfo Puiggrós y Eduardo Astesano, se apartaron del Partido Comunista argentino para constituir el Movimiento Obrero Comunista, en apoyo de Perón; y la de quienes, como Jorge Abelardo Ramos, Jorge E. Spilimbergo y Enrique Dickmann, formaron el Partido Socialista de la Revolución Nacional. Otros pocos individuos, como Juan José Hernández Arreguí, Angel Perelman y John William Cooke, no pertenecieron a ninguno de esos grupos, pero sin embargo compartieron muchas de las ideas básicas de los mismos. Alberto Belloni, carta al autor, 4 de agosto de 1965; Juan José Hernández Arreguí: La formación de la conciencia nacional: 1930-1960. Buenos Aires, Hachea, 1960, págs. 485-494, Alberto Methol Ferré: La izquierda nacional en la Argentina. Buenos Aires, Coyoacán, 1963. <<

[25] Cit. en Arthur P. Whitaker: The U. S. and Argentina, pág. 166. <<

[26] CGT, 28 de julio de 1952; 1.º de agosto de 1952. <<

[27] La Nación, 18 de octubre de 1952. <<

[28] Robert J. Alexander: Perón, págs. 188-193; CGT, 22 de febrero de 1952. <<

[29] En 1948 la Confederación Interamericana de Trabajadores (CIT) reemplazó a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), dominada por los comunistas, como la principal organización sindical regional en el hemisferio occidental. La CGT argentina no se afilió a la CIT. En 1949, los gremialistas libres del mundo, preocupados por la orientación comunista de la Federación Mundial de Sindicatos Obreros (FMSO), se reunieron en Londres para fundar la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL). Para disgusto de Perón, esta Confederación reconoció a la COASI —en lugar de la CGT— como su filial argentina. En 1951, las organizaciones sindicales del hemisferio se pusieron de acuerdo para suprimir la CIT, formando la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), como organización regional de la CISL. La CGT fue excluida de la ORIT. <<

[30] CGT, 29 de febrero de 1952. Para un análisis sobre la Tercera Posición, véase G. I. Blanksten: Perón, págs. 277-293, 423 439; y A. Magnet: Vecinos. <<

[31] CGT, 23 de mayo de 1952. <<

[32] CGT, 28 de noviembre de 1952. <<

[33] República Argentina: Libro negro, págs. 254 y sigs.; R. J. Alexander: Perón, págs. 189 y sigs. <<

[34] CGT, 27 de febrero y 15 de mayo de 1954; A. Magnet: Vecinos, pág. 107. <<

[35] Entrevista con William Thayer, ex abogado del sindicato de obreros metalúrgicos de Chile, 6 de agosto de 1963. Entrevista con Francisco Letelier, funcionario de relaciones públicas de la Confederación de Viña del Mar, 5 de agosto de 1963. <<

[36] Entrevista con William Thayer, 6 de agosto de 1963. United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Foreign Labor Information: Labor in Chile. Washington, julio de 1956, págs. 8-9. <<

[37] Entrevista con Juan A. Acuña, secretario general de la Confederación de Sindicatos del Uruguay, 8 de julio de 1963. <<

[38] República Argentina, Vicepresidencia de la Nación, Comisión Nacional de Investigaciones, Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. Buenos Aires, 1958, vol. V, pág. 120. <<

[39] Juan D. Perón: Dijo Perón a los delegados al congreso extraordinario de la FONIVA. Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones, 1953, págs. 11-12; República Argentina, Libro negro, págs. 227 y sigs. <<

[40] La Vanguardia, 5 de agosto de 1953; 14 de julio de 1954. COASI, noviembre de 1952. <<

[41] Unión Ferroviaria, Actas: 1953, pág. 71. <<

[42] Ibid., págs. 19-20. <<

[43] Ibid., págs. 131-133. <<

[44] Entrevista con Hilario Salvo, 27 de julio de 1963. UOM, Actas, 25 de noviembre de 1952. <<

[45] La Vanguardia, 26 de mayo de 1954. Entrevista con Augusto Vandor, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, 30 de julio de 1963. Vandor sugirió cifras diferentes en esta entrevista, pero la cuestión sigue siendo la misma. Vandor afirmó que el gremio exigió un aumento de salarios del 56 por ciento, otros sindicatos pedían aumentos de hasta un 45 por ciento, y Baluch firmó un acuerdo salarial que concedía un 25 por ciento de aumento. <<

[46] Nuevas Bases, junio de 1954; La Vanguardia, 9 de junio de 1954. <<

[47] La Nación, 30 de junio de 1954. <<

[48] Nuevas Bases, junio de 1954; La Vanguardia, 9 y 16 de junio de 1954. <<

[49] CGT, 27 de noviembre de 1954; Unión Ferroviaria, Actas: 1953, págs. 35, 57, 239. <<

[50] CGT, 24 de junio de 1955; La Nación, 30 de junio y 2 de julio de 1955; Arthur P. Whitaker, Argentine Upheaval. Nueva York, Praeger, 1956, pág. 25. <<

[51] La Nación, 16 de julio de 1955. <<

[52] Criterio, 28 de julio de 1955. <<

[53] La Nación, 14, 15 y 21 de agosto de 1955. <<

[54] La Nación, 25 de agosto de 1955; Clarín, 25 de agosto de 1955. Los firmantes de esta declaración incluían, entre otros, a gremialistas como Sebastián Marotta, ex dirigente de la FORA IX; Jesús Fernández, ex presidente de La Fraternidad; y Roberto Testa, ex funcionario de la Unión Ferroviaria. <<

[55] CGT, 12 y 19 de agosto de 1955. <<

[56] La Nación, 1.º de setiembre de 1955. <<

[57] Ibid. <<

[58] La Nación, 8 de setiembre de 1955; Franklin Lucero: El precio de la lealtad. Buenos Aires, Propulsión, 1959, pág. 126. <<

[59] La Nación, 16/19 de setiembre de 1955; New York Times, 19 de setiembre de 1955. <<

[60] Entrevista con José Alonso, 19 de julio de 1963. Entrevista con Augusto Vandor, 30 de julio de 1963. <<

[61] Entrevista con Diego Ribas, secretario general del gremio de los gráficos, 17 de junio de 1963. <<

[62] Entrevistas con Daniel Vukasovich, 15 de julio de 1963; Juan Carlos Loholaberry, 23 de julio de 1963; Luis Gay, 29 de julio de 1963; Hilario Salvo, 27 de julio de 1963 y Sebastián Marotta, 11 de julio de 1963. <<

Notas al Capítulo 8

[1] Bonifacio del Carril: Crónica interna de la Revolución Libertadora. Buenos Aires, Emecé, 1959, pág. 128. Véase también el relato del hijo de Lonardi, Luis Ernesto Lonardi: Dios es justo. Buenos Aires, Itinerarium, 1958, págs. 192-200. <<

[2] La división del movimiento obrero en estos grupos se basa en informaciones contenidas en CGT, 11 de noviembre de 1955; Confederación General del Trabajo, «Congreso General Extraordinario de la CGT, 26-VIII-57/5-IX-57» (una copia a mimeógrafo se halla en los archivos de la CGT, Buenos Aires). Empleo «independientes» para designar a todos los antiperonistas, si bien el término no se usó en este sentido hasta cierto tiempo después. <<

[3] La Prensa, uno de los diarios más antiguo y prestigiosos de la Argentina, había sido confiscado por Perón, y entregado a la CGT, en 1951. <<

[4] New York Times, 26 y 27 de setiembre de 1955. Entrevista con Luis B. Cerrutti Costa, 30 de mayo de 1963. <<

[5] New York Times, 29 de setiembre de 1955; 1.º de octubre de 1955. <<

[6] La mayoría de esta información sobre el período de Lonardi proviene de CGT. <<

[7] Originalmente, junto con Framini y Natalini, se había designado a Dante Viel de los trabajadores del Estado, pero al día siguiente se lo excluyó del cargo sin dar explicaciones. <<

[8] CGT, 11 de noviembre de 1955; El Obrero Ferroviario, setiembre de 1955. <<

[9] CGT, 11 de noviembre de 1955; New York Times, 14 de octubre de 1955. <<

[10] COASI, diciembre de 1955. <<

[11] CGT, 11 de noviembre de 1955. <<

[12] Bank of Boston: The Situation in Argentina, 31 de octubre de 1955. <<

[13] Ibid. <<

[14] CGT, 11 de noviembre de 1955. <<

[15] Anales de Legislación Argentina: 1955, vol. A, págs. 563-566. <<

[16] La comisión estaba integrada por Rafael Colace, José F. Agarraberes, Humberto Mandrioni, Salvador A. Zucotti, Rafael Ginocchio y Eustaquio Tolosa. <<

[17] Por ejemplo, véase New York Times, 3 de noviembre de 1955. <<

[18] CGT, 11 de noviembre de 1955. <<

[19] David C. Jordan: «Argentina’s Nationalist Movements and the Political Parties: 1930-1963», tesis doctoral, University of Pennsylvania, 1964, págs. 243-248. <<

[20] New York Times, 16 de noviembre de 1955. <<

[21] Anales de Legislación Argentina: 1955, vol. A, págs. 580-581. <<

[22] Ibid. <<

[23] New York Times, 31 de diciembre de 1955. <<

[24] CGT, enero de 1956. El periódico CGT reapareció en enero de 1956, bajo la supervisión del gobierno, y reflejó el punto de vista oficial antes que el sindical. <<

[25] República Argentina: Libro negro, págs. 21, 146. <<

[26] El Obrero Ferroviario, diciembre de 1955. Como en el caso de CGT, el gobierno controlaba El Obrero Ferroviario, y en consecuencia, este periódico ya no podía reflejar las opiniones gremiales. <<

[27] Bank of Boston: The Situation in Argentina, 27 de agosto de 1956; 24 de setiembre de 1956. <<

[28] Anales de Legislación Argentina: 1956, págs. 243-244. <<

[29] Ibid., págs. 294-295. <<

[30] República Argentina, Ministerio de Trabajo y Previsión: Política social y libertad sindical. Buenos Aires, Departamento de Publicaciones y Biblioteca, 1956. <<

[31] Anales de Legislación Argentina: 1956, págs. 476-479. <<

[32] Entrevista con José Alonso, 19 de julio de 1963. <<

[33] Entrevista con Francisco Prado, 23 de julio de 1963 <<

[34] Entrevista con Herminio Alonso, 22 de julio de 1963. <<

[35] Entrevista con Sebastián Marotta, 11 de julio de 1963. <<

[36] Entrevista con Daniel Vukasovich, 15 de julio de 1963. Entrevistas con José Alonso y S. Marotta, citadas supra. <<

[37] Comisión Popular Permanente de Homenaje a los Héroes y Mártires del 9 de Junio: Documentos de la Revolución del 9 de Junio. Buenos Aires, 1962. <<

[38] Entrevista con Augusto Vandor, 30 de julio de 1963. Entrevista con Juan Carlos Loholaberry, 23 de julio de 1963. También entrevistas con Herminio Alonso y S. Marotta, citadas supra. <<

[39] CGT, octubre-noviembre de 1956. <<

[40] CGT, abril de 1957. <<

[41] CGT, «Congreso 1957», págs. 365 y sigs. <<

[42] Entrevista con José Alonso, 25 de julio de 1963. <<

[43] Entrevista con Francisco Pérez Leirós, 14 de junio de 1963. Entrevista con Herminio Alonso, 22 de julio de 1963. <<

Notas a la Conclusión

[1] Vandor fue asesinado el 30 de junio de 1969. <<

Notas al Epílogo

[1] Véase Documentación e información laboral, Santiago Senén González: El sindicalismo después de Perón. Buenos Aires, 1971, y Rubén Rotondaro: Realidad y cambio en el sindicalismo. Buenos Aires, 1971. <<

[2] Senén González: op. cit., págs. 52 a 58. Para una buena explicación del nacionalismo del movimiento obrero, véase M. Gazzera y N. Ceresole: Peronismo, autocrítica y perspectivas. Buenos Aires, 1970, y Luz y Fuerza: Pautas para una política nacional. Buenos Aires, 1972. <<