En la Comunidad de Madrid murieron miles de mayores en las residencias durante la pandemia de Covid-19. La cifra podría haber sido inferior de no haberse aplicado unos polémicos protocolos que impidieron el acceso de muchos residentes a los hospitales y que les condenaron a una muerte en condiciones indignas.

Durante aquellas terribles semanas, Alberto Reyero Zubiri —entonces consejero de Políticas Sociales y, por tanto, la máxima autoridad en las residencias de la región— se desgañitó pidiendo ayuda y denunciando las dramáticas consecuencias de estos protocolos. Pero sus compañeros en el Gobierno, del Partido Popular, le ignoraron.

En este libro, el exconsejero realiza un ejercicio voluntario de rendición de cuentas y relata la intrahistoria de cómo se tomaron aquellas decisiones. Morirán de forma indigna no solo es un documento político de primer orden sobre un episodio histórico que aún sangra, sino que también eleva la mirada hacia el futuro y los peligros que vendrán si seguimos ignorando nuestras responsabilidades.

Alberto Reyero Zubiri

Morirán de forma indigna

Un libro sobre las circunstancias en las que murieron miles de mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de Covid-19 y sobre las decisiones políticas que se tomaron aquellos días

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Titivillus 15.04.2024

Alberto Reyero Zubiri, 2022

Editor digital: Titivillus

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A los trabajadores de las residencias, que tan injustamente han sido tratados durante la pandemia y a quienes debemos tanto.

Gracias de todo corazón.

Prólogo

Por Manuel Rico

En el futuro, cuando se escriban los textos de historia, uno de los testimonios esenciales para entender qué ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia será este libro que recoge el testimonio de Alberto Reyero. Morirán de forma indigna, qué título tan terrible y tan impactante, sobre todo cuando se tiene la certeza de que no nos encontramos ante una ficción, sino ante un relato verídico. Murieron miles, efectivamente, de forma indigna.

«Esto que tienes delante, querido lector, es mi verdad; en minúscula, claro, como casi todas las verdades importantes. Y que nadie se llame a engaño: por supuesto que esta historia no es imparcial. Pero, aunque no estés de acuerdo con mis juicios, mis opiniones o mis hipótesis, será difícil que hagas caso omiso de los hechos y de los documentos en los que he basado mi versión», confiesa Reyero en las primeras páginas. Yo creo que es una Verdad con mayúscula.

Pero más allá de esta discrepancia, lo que no tiene discusión es que estamos ante un relato basado en documentos y hechos narrados por un testigo directo de lo ocurrido. Y en cuanto a los juicios, ¿de verdad se podrán rechazar? Hay entre nosotros terraplanistas, claro, pero lo que difunden no son juicios. Ese es precisamente uno de los grandes males de nuestro tiempo: la confusión de las profesiones. En tu currículum puede poner que eres periodista, pero si te dedicas a manipular y fabricar documentos, tu actividad es la de sicario que opera en el sector informativo. Si eres un terraplanista, tus opiniones no son tan respetables como las de cualquier otro, sino que defiendes idioteces.

En definitiva: salvo que usted sea un sicario o un terraplanista, será muy difícil que discrepe de los juicios de Alberto Reyero después de conocer los hechos y los documentos.

Lo que desvela, lo que muestra, lo que desmonta

Las razones para leer este libro son muchas, pero yo las voy a agrupar en tres bloques: lo que desvela sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid durante la primavera de 2020, lo que muestra del funcionamiento del poder y las falacias que ayuda a desmontar.

El entonces consejero de Políticas Sociales asegura que la primera vez que se planteó dimitir fue al comprobar «la indiferencia dentro del Gobierno a la tragedia de Monte Hermoso», la primera residencia que se convirtió en noticia por el elevado número de muertes y contagios. El 25 de marzo, una semana después de que se empezara a hablar de Monte Hermoso y cuando ya casi mil personas habían fallecido en residencias, Reyero pidió ayuda en el Consejo de Gobierno telemático que se celebró aquel día.

«Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. “La situación es límite”, les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones», escribe Reyero. Y añade: «Durante aquel debate, un consejero de Ciudadanos me había escrito un mensaje de WhatsApp: “Les da igual”».

¿Frialdad e indiferencia ante la muerte de cientos de personas mayores, muchas de ellas dependientes, que se ahogaban en su propia tos, encerradas en sus habitaciones? ¿De qué calaña tienes que ser?

El lector descubrirá a lo largo de esta obra abundantes ejemplos de semejante indolencia e insensibilidad. En un país normal, decente, el mismo día que se publicase este libro, la Fiscalía de Madrid abriría diligencias, citaría a declarar a algunos protagonistas mencionados por Reyero, pediría documentación al Gobierno autonómico e iniciaría una investigación seria y en profundidad.

Claro que, en un país decente, los familiares de muchas víctimas no habrían tenido que soportar el escarnio de determinados autos judiciales y resoluciones fiscales de archivo, sin tomarse la molestia de realizar la más mínima investigación sobre los hechos descritos en las denuncias. Y todo ello ante la inaceptable y cómplice pasividad de la fiscal general del Estado hasta julio de 2022, Dolores Delgado.

Este libro desnuda también el funcionamiento de un poder opaco y corrupto. Opaco a veces incluso para el propio Reyero, a quien la presidenta Isabel Díaz Ayuso ocultó una reunión al principio de la pandemia donde en teoría se diseñó un plan con 270 actuaciones. «¿Dónde se encuentra ese plan con 270 medidas de lucha contra la pandemia? Porque si ahí están contenidas las líneas de actuación para enfrentarse a la mayor urgencia sanitaria de los últimos tiempos, ¿no deberíamos haber tenido acceso a ellas? Pero la realidad es que no lo hemos visto nunca. Ni nosotros ni nadie», se lamenta.

Un poder corrupto en la medida en que se apoya en un costoso aparato de propaganda para imponer un relato falso. Es casi tierno comprobar cómo el consejero va descubriendo las malas artes de algún gacetillero de tercera regional con ínfulas. Y es inevitable una sonrisa comprensiva ante su jugada de filtrar los correos que había enviado al consejero de Sanidad, el infausto Enrique Ruiz Escudero, como forma de reventar la enésima emboscada mediática que le tenían preparada sus compañeros de coalición. «En el río revuelto de la desinformación es donde triunfan las patrañas», resume Reyero, en referencia a la maquinaria de intoxicación de Ayuso y su otro escudero, Miguel Ángel Rodríguez. Maquinaria generosamente engrasada con los euros de los contribuyentes.

Este libro, en fin, ayuda a desmontar las falacias puestas en marcha por ese aparato de manipulación mediática que produce unos efectos tan nocivos en la sociedad. «Quien es ciego ante los hechos y la realidad es un peligro mayor para la verdad que el mentiroso», sostiene con razón el filósofo Byung-Chul Han, para quien «decir la verdad es un acto genuinamente político».

Hay mentiras tan burdas que no llegan ni a falacia, solo aptas para el consumo de tontos de remate, como la de que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias. Pero hay otras falsedades más elaboradas: que fue un tsunami ante el que no se pudo hacer nada; que el único culpable fue el bicho (simpleza que también propagó con entusiasmo casi fanático el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro); que en todas partes se actuó igual; que lo ejecutado con los residentes fue un triaje… Y la más inhumana de todas: que las personas fallecidas sin recibir atención médica en las residencias habrían muerto igual si las hubiesen trasladado a un hospital. Una verdadera estafa argumental que la propia Ayuso colocó en un programa nocturno de máxima audiencia, donde fue a hacer el saltimbanqui en vez de aprovechar para pedir perdón a los familiares de las víctimas.

Frente a ello, Reyero explica cómo actuaron de forma diferente en otras comunidades autónomas, denuncia que el «hospital milagro» montado en Ifema «tenía truco», detalla el escándalo de la llamada «operación bicho» y disecciona el Protocolo de la Vergüenza, que establecía «que había vidas dignas de ser vividas y otras que no. Así de claro. La terminología médica escondía una discriminación inaceptable: si vives en una residencia no tienes derecho a ir al hospital. Tampoco si tienes una discapacidad. Hay otras vidas que merecen ser salvadas antes que la tuya». Decir la verdad es, desde luego, un acto genuinamente político.

Por supuesto, Reyero también se rebela ante la falsedad de que el traslado a los hospitales para atender a los enfermos no habría servido de nada: «Sí cuestiono que se negara el traslado automáticamente a aquellos que estaban en condiciones de ser trasladados y que se podrían haber beneficiado del tratamiento en el hospital. […]. ¿A cuántas de esas personas que, con el tratamiento adecuado, podrían haber superado la enfermedad en un hospital se les negó el acceso? No lo sabemos. Y no lo llegaremos a saber nunca. Pero intuimos que fueron muchas».

«En política puedo admitir casi todo, pero que se utilice una tragedia en beneficio propio me parece una absoluta inmoralidad», denuncia el autor. ¿Acaso no entenderá este hombre el concepto «libertad»? Libertad para manipular a los muertos. Y cañas, muchas cañas, para los vivos. Sobre todo para los vivos de la especie espabilado superior, aquel que se va embolsando las comisiones de doscientos mil en doscientos mil euros.

Los zapatos sucios

Hasta aquí alguna de las (poderosas) razones para leer este libro. Como en todo testimonio, en sus páginas también está presente esa parte más humana de quien se confiesa. Está el Reyero prepolítico, a quien la experiencia con su madre dependiente le llevó a escribir un blog titulado proféticamente No es Madrid para viejos. Y está el Reyero político, que recorre a una velocidad de vértigo el camino que va de la ilusión por cambiar las cosas al desencanto, empujado a medias por la brutalidad de la pandemia y la fiereza de Ayuso y sus palanganeros. A nadie puede extrañar que recuerde así un debate en la Asamblea pocos días antes de dimitir: «No era la primera vez que me ocurría, pero tenía un problema: estaba más de acuerdo con lo que decía la oposición que con lo que afirmaba mi presidenta, con la que ya no estaba de acuerdo en nada».

Ese trayecto de Reyero trae a la memoria unas palabras que escribió Gramsci en su juventud: «Cuando discutas con un adversario, trata de ponerte en sus zapatos. Lo comprenderás mejor y tal vez acabarás concediéndole un poco, o mucho, de razón. He seguido este consejo de sabios durante mucho tiempo. Pero los zapatos de mis oponentes estaban tan sucios que he concluido: es mejor ser injusto algunas veces que experimentar de nuevo este asco que me provoca el desmayo». Hay que decir que Reyero se esfuerza hasta el punto final por no ser injusto con nadie, pero también que cuando uno llega a esa última frase es plenamente consciente de lo sucios que llevan algunos sus zapatos y que resulta imposible no experimentar un asco profundo ante ciertos hechos.

Miles de personas murieron de forma indigna. Es algo que debería avergonzar a cualquier sociedad. Ese mal ya no podrá ser compensado jamás, pero nos queda la obligación de honrar su memoria, de buscar la verdad y de exigir justicia.

Los seres humanos se pueden agrupar de múltiples maneras, pero a mí me gustan las divisiones sencillas: hay personas que viven de forma digna y personas que se comportan de manera indigna.

Este libro está escrito por una persona digna.

Los que por acción u omisión permitieron que 7291 mayores fallecieran en las residencias de Madrid sin recibir la atención sanitaria a la que tenían derecho son personas indignas. Y los que mintieron, ocultaron o manipularon los hechos, también. Y quienes se negaron a investigarlos, también. Aunque disimulen, aunque lo nieguen, todos ellos llevarán el resto de sus días ese peso de indignidad sobre sus conciencias. Y en el futuro, cuando se escriban los libros de historia, los miembros de su estirpe se avergonzarán de ellos al conocer lo que hicieron en aquella primavera negra de 2020.

Manuel Rico

Julio de 2022

Nota de los editores

Este libro cuenta con 358 notas al pie. En ellas se recogen los títulos y los autores de todos los documentos consultados por el autor. Asimismo, en las últimas páginas de este libro hay un apéndice con los enlaces a todas estas fuentes, siempre que estén disponibles.

Introducción

Tiene muchas ventajas lo de poner las cosas por escrito. La niebla se dispersa y la verdad, o algo parecido a ella, aparece cruda y desnuda, no siempre grata, desde luego.

Sebastian Barry, El caballero provisional

El 2 de octubre de 2020 presenté mi dimisión como consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Ocupé el cargo poco más de un año. Pero en ese periodo vivimos la mayor tragedia de nuestra generación, la pandemia de Covid-19, y me correspondió gestionar uno de los sectores más castigados: las residencias de mayores.

Entonces la situación en las residencias había mejorado, así que cerré la puerta con cuidado y me marché en silencio. Mi discreción sorprendió a muchos, que esperaban otra cosa. Pero creo que hice lo correcto. De los sitios hay que saber marcharse. Me pidieron muchas entrevistas. En todo tipo de medios. No concedí ninguna. Me fui en silencio en octubre de 2020 con la esperanza de contar mi versión en el momento y lugar oportunos: la comisión de investigación constituida en julio de 2020 para explicar la gestión de la crisis en las residencias.

Desde el primer momento manifesté mi deseo de comparecer y contestar a las preguntas de los diputados de todos los grupos políticos. Las fáciles y las difíciles. Alguien que ha tenido responsabilidades durante la crisis y que ha tomado decisiones durante la misma tiene el deber moral de compartir su actuación y de mirar a la cara a los ciudadanos.

Pero la victoria del Partido Popular en las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021, y su posterior acuerdo con Vox, provocó el cierre prematuro y definitivo de la comisión. Solo dio tiempo a que comparecieran familiares, trabajadores, patronales y expertos. Cuando empezaban a comparecer los responsables políticos, le dieron cerrojazo. Por tanto, esta es la única manera a mi alcance para que se conozca lo sucedido y de que no parezca que doy por buenos los criterios que dejaron sin asistencia sanitaria a muchas personas en la Comunidad de Madrid.

Esto que tienes delante, querido lector, es mi verdad; en minúscula, claro, como casi todas las verdades importantes. Y que nadie se llame a engaño: por supuesto que esta historia no es imparcial. Pero, aunque no estés de acuerdo con mis juicios, mis opiniones o mis hipótesis, será difícil que hagas caso omiso de los hechos y de los documentos en los que he basado mi versión, ordenándolos para que se comprendan mejor. He hecho un verdadero esfuerzo por documentar la mayor parte de lo ocurrido. De ahí, las sesiones en la Asamblea, las noticias de prensa, los documentos, las cartas, los emails y los WhatsApp. Y cuando especule o emita hipótesis que no puedo probar, lo advertiré.

Es posible que contando mi versión me exponga más de lo que ya lo he hecho hasta ahora. Otros integrantes del Gobierno no han ofrecido ninguna explicación, se han limitado a negarlo todo y a bloquear cualquier posibilidad de que conozcamos los hechos. Y hay que reconocer que no les ha ido mal, aunque muchos seguimos sin entender que una persona pueda volver la espalda y no dar explicaciones acerca de una tragedia como la vivida.

Tengo muy presentes las palabras del escritor chino Yan Lianke a sus estudiantes de la Universidad de Hong Kong en su primera clase virtual, nada menos que el 21 de febrero de 2020. Están recogidas en un texto titulado «Que cuando esta epidemia acabe nos quede la memoria»:

Espero que, en un futuro previsible y no muy lejano, cuando este país comience a anunciar a los cuatro vientos con toda fanfarria y épica su victoria en la guerra contra la epidemia, no nos convirtamos en esos escritores que entonan cantos vacíos, sino únicamente en personas honestas y con memoria… Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, pero guardar silencio y olvidar son barbaries aún más terribles[1].

En este caso, la memoria es necesaria para que aprendamos de nuestros errores. Si ocurre algo parecido en nuestro futuro, ¿elegiremos otra vez abandonar a los más mayores, a los que van en silla de ruedas o a los que viven en una residencia? No, encogerse de hombros no es una alternativa. Ni tampoco ventilar un asunto de esta importancia con tanta ligereza.

Pero la memoria es necesaria, sobre todo, porque tenemos una deuda enorme con las personas que no recibieron la atención que se merecían. El elevado número de muertos en residencias —34 669 en toda España, según el último informe del Imserso disponible[2]— ha acabado por tener el efecto perverso de invisibilizar a las víctimas. Las cifras monstruosas deshumanizan y parece que cien muertos nos conmuevan menos que uno solo. Por eso os invito a pensar en las muertes provocadas por el covid de una forma individual. Como si fuera la de un familiar cercano.

Porque la deuda también es gigantesca con los familiares de quienes murieron. No hay manera de que una herida cicatrice si desconocemos los hechos. Esta es mi humilde contribución a ese objetivo, que debería ser el de todos.

Tampoco han faltado personas cercanas y que me quieren que me han dicho: «¿Por qué no lo dejas? Pasa página. Contar tu historia no te va a traer más que problemas». A algunos les sigue sorprendiendo mi insistencia en este tema. Como si fuera una obsesión o una rareza. Es posible que tengan razón, pero ojalá fuera todo tan sencillo y pudiera hacerles caso. Pero no puedo olvidarme. Porque escribir este texto me ayuda a entender mejor lo que pasó, qué hice yo y qué hicieron los demás. Y también qué fue lo que no hicimos. Necesito contar lo que sé y lo que la mayoría no sabe. Es mi manera particular de pasar página. Y si no escribo mi historia, corro el riesgo de que alguien lo haga por mí.

En estas páginas también me he propuesto combatir lo que se ha venido a llamar «edadismo», un término feísimo pero muy certero para referirnos a la discriminación hacia las personas de más edad, muchas veces señaladas como una carga improductiva para la sociedad. Muy pocos lo reconocerán abiertamente, pero todos respiramos aliviados cuando constatamos que la enfermedad atacaba a los más mayores, muy poco a los jóvenes y casi nada a los niños: «Un joven puede morir; el viejo debe morirse». Eso es lo que señaló oportunamente Adela Cortina en un artículo publicado en El País al final de la primera ola, el 23 de julio, titulado «Desenmascarar la gerontofobia», y que luego desarrolló en un magnífico libro[3].

No comparto ese estado de anestesia, como si por el hecho de que los fallecidos estuvieran en sus últimos años de vida resultara inevitable que murieran. Porque no es verdad. Perdieron la vida cuando no les tocaba. Que eso no se nos olvide nunca. Tenían el mismo derecho a la atención médica que todos los demás.

No me cabe ninguna duda de que el año 2020 quedará marcado en nuestras vidas para siempre, pero estoy seguro de que iremos olvidando muchos detalles. La imperiosa necesidad de «pasar página» relegará al olvido cosas que deberíamos tener presentes. Ya hay numerosas señales de ello. Pero aún estamos a tiempo de recordarlas y es importante dejarlas por escrito.

El paso del tiempo me ha permitido ver algunas cosas con más claridad. Entender lo que pasa cuando estás en la vorágine de una batalla nunca es fácil. En algunos casos, es imposible. A la gente que solo es espectadora le cuesta entenderlo, pero es así. Por eso intentaré explicarlo con la historia del protagonista de una de mis novelas favoritas, La Cartuja de Parma, de Stendhal[4].

Es una anécdota muy conocida pero no por eso menos cierta. Fabrizio del Dongo, su joven protagonista, huye de su casa en Italia y se une al ejército de Napoleón. Su bautismo de fuego se produce, ni más ni menos, en la batalla de Waterloo. No es un enfrentamiento cualquiera, sino el punto final para el emperador corso. Sin embargo, nuestro protagonista apenas se da cuenta de lo que está viviendo en primera persona. Incluso le pregunta a un sargento: «Señor, es la primera vez que asisto a una batalla. Pero ¿es esta una verdadera batalla?».

Fabrizio se desvanece en las primeras escaramuzas y cuando recupera el conocimiento, lo que será conocido en los libros de historia como Waterloo, ha concluido. El drama napoleónico había terminado antes de que Fabrizio entendiera de qué iba la cosa. Para Stendhal, no es posible que los protagonistas de un hecho lo capten en su integridad; eso solo será posible más tarde y en los libros de historia. Incluso el periodista que relata en tiempo real está siempre en inferioridad de condiciones con el historiador. En mi caso, además, todavía era más complicado porque, como iremos viendo a lo largo de este texto, me ocultaron información de forma deliberada. No es que no fuera capaz de verla: es que mis supuestos compañeros en el Gobierno me la escondieron.

Muchas veces he lamentado no haber hecho más entonces. Y no encuentro una respuesta que me satisfaga. Es verdad que hice mucho más que otros: levanté la voz y pedí ayuda en los lugares más insospechados, aunque eso me trajera algunos problemas. Pero no es suficiente consuelo.

En un artículo publicado el 7 de julio de 2021 en Infolibre, Baltasar Garzón hacía una pregunta que todavía retumba en mis oídos: «Si así piensa y no estaba de acuerdo, entonces ¿por qué consintió en tales medidas cuando era consejero?»[5]. De alguna manera, este texto es una manera de responder esa pregunta y de entender por qué no lo paré, si es que acaso tenía alguna posibilidad de hacerlo. La vida es muchas veces más complicada de lo que recordamos después.

El contexto de esta historia es inevitablemente político, porque muchas decisiones se tomaron en esa clave. Algunos miembros del Gobierno autonómico hicieron lo contrario a lo que debían. ¿Por qué lo hicieron? Habría que preguntárselo a ellos. En política puedo admitir casi todo, pero que se utilice una tragedia en beneficio propio me parece una absoluta inmoralidad. Sobre todo, cuando se hace en medio de esa tragedia.

Pero estas páginas no pretenden ser un ajuste de cuentas con nadie. A quien quiera encontrar algo así, le recomiendo que no pierda el tiempo leyendo estas páginas. Aquí contaré mi versión acerca de lo que viví durante esos meses, lo que hice y lo que no hice. Y, por supuesto, lo que hicieron otros y lo que, a mi juicio, no hicieron. Por eso centraré mi relato en mi experiencia personal como consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Lo importante, para mí, no era el partido al que pertenecíamos unos u otros. En una pandemia, todos deberíamos apretar los dientes y remar en la misma dirección. Aunque también espero que mi relato sirva a quien tenga algún interés en conocer la política real y saber qué es lo que ocurre dentro de un gobierno de coalición en una situación tan adversa.

Podríamos sentenciar que el texto que tienes delante, querido lector, contiene dos relatos que discurren en paralelo, muchas veces se entremezclan y no se entienden el uno sin el otro. El primero, y más importante, trata acerca de lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Tengo que aclarar que también habría podido dedicar tiempo a las personas con discapacidad, que también sufrieron mucho durante este periodo, pero por razones de espacio y de foco solo las menciono de pasada. No descarto escribir sobre ello más adelante. El segundo relato es mi experiencia como consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y el intento miserable y fallido de buscar un culpable.

Para terminar con esta introducción quiero dar las gracias a mi familia, a Mare y a Cristina, por todo el apoyo siempre y especialmente durante todo este tiempo tan doloroso. Y tampoco me quiero olvidar del cuarto miembro de mi familia, Mango, que me acompañó especialmente durante las noches más oscuras. Gracias a los tres.

El virus

El 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud recibió la primera alerta de las autoridades chinas acerca de la aparición en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, de una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Una semana después, el 7 de enero de 2020, y tras los primeros análisis de los sanitarios chinos, se descubrió la aparición de un nuevo coronavirus que se cobró su primera víctima mortal cuatro días después.

Desde un primer momento las informaciones eran confusas y todo sonaba muy lejano. Si se escucharon tambores que anunciaban la peor epidemia de nuestra generación, yo no los escuché. Como no lo hizo casi nadie. Recuerdo comentarios del tipo: «Es como una gripe». El conocido empresario Elon Musk, por ejemplo, publicó un tuit, nada menos que el 6 de marzo, en el que decía: «El miedo al coronavirus es una tontería»[6]. El mensaje tuvo una repercusión extraordinaria: 282 000 retuits y 1 524 000 me gusta. Sobra cualquier comentario.

Incluso algunos epidemiólogos rebajaron entonces las dimensiones del peligro. Esa era la situación, por mucho que después la queramos recordar de otra manera. Y es, por otro lado, lo que ha ocurrido siempre en la historia. Como escribió Albert Camus en La peste: «Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas»[7].

Siempre pensaré que las alertas de grandes epidemias de años anteriores (gripe A, gripe porcina, gripe aviar, vacas locas o ébola), que acabaron por no ser tan graves como algunos anunciaban, jugaron en contra de la reacción al covid. Es el clásico cuento de Pedro y el lobo. Muchos pensaron que sería otra epidemia más. Todavía recuerdo las críticas al Gobierno en 2009 por la compra masiva de vacunas contra la gripe A que acabaron en la papelera. «¡Vergüenza!». «¡Despilfarro!». La prevención pasa muchas veces por ponerse en lo peor. Eso es lo que ocurrió entonces; y lo que no pasó con el covid. Los cisnes negros llegan en contadas ocasiones, pero alguna vez llegan.

Un año después del estallido de la epidemia, el Informe anual de seguridad nacional admitiría que el Gobierno central tuvo que tomar decisiones en los primeros meses con «información parcial o poco actualizada» sobre el alcance real de la pandemia, ya que el sistema de vigilancia epidemiológica español no estaba preparado para procesar tal volumen de datos con la rapidez requerida «para la correcta toma de decisiones». Ese mismo informe también señalaría otras lecciones de las que deberíamos tomar buena nota para el futuro[8].

Durante el resto de enero de 2020 se detectaron los primeros casos en Estados Unidos, Tailandia, Alemania, Japón y Oriente Medio, lo que obligó a todos los países a reforzar las medidas de seguridad en los aeropuertos y a elaborar los primeros protocolos de actuación. En España, el primer documento de esta naturaleza data del 24 de enero, lo aprobó el Ministerio de Sanidad y lo distribuimos en la Consejería de Políticas Sociales el 27 de enero. Solo tres días después, el 30 de enero, la OMS declaró el Estado de Emergencia Internacional, coincidiendo con el bloqueo de un crucero con 7000 personas en un puerto italiano por sospechas de infección.

A principios de febrero, España registró su primer caso, un paciente alemán ingresado en la isla de la Gomera. También llegaron a Madrid veintiún españoles evacuados desde Wuhan para pasar una cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, que serían dados de alta el 14 de febrero sin que se detectara ningún positivo. Por su parte, Reino Unido confirmó dos casos e Italia declaró la emergencia nacional. En los primeros días de febrero, el número de fallecidos ascendía ya a 361 en todo el mundo, superando al Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) de 2002, por el que habían fallecido 349 personas. Se registraban casos también en Bélgica y se produjo el primer fallecimiento en Estados Unidos.

La extensión global y acelerada del virus empezó a preocupar a la comunidad internacional. De hecho, la espantada de empresas de todo el mundo obligó a cancelar eventos como el Mobile World Congress de Barcelona, lo que generó unas pérdidas estimadas de 500 millones de euros y provocó la indignación de quienes consideraban que era una decisión demasiado drástica. Un editorial de El País, publicado el 14 de febrero, era muy crítico con esa cancelación. Se titulaba «Sin razones». Y el subtítulo añadía lo siguiente: «La suspensión del Mobile obedece a una reacción histérica no justificada»[9]. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaró que respetaba la decisión de los organizadores, pero añadió a continuación: «No hay motivos de salud pública que lo justifique»[10]. El 13 de febrero. Un mes después se declararía el estado de alarma en toda España.

Para entonces ya había más de 2000 fallecidos y de 74 000 contagiados en todo el mundo. Italia decidió aislar el 22 de febrero tres localidades en la región de Lombardía, en el norte del país, después de confirmar quince nuevos contagios y la muerte de uno de los dos contagiados, un hombre de setenta y siete años. En cambio, por esas fechas, en España solo llevábamos tres casos confirmados y ningún fallecido oficial.

El 25 de febrero se confirmó el primer caso en la Comunidad de Madrid, un joven de veinticuatro años que había viajado a Italia. Por entonces, la Consejería de Sanidad ya había distribuido por los hospitales un primer manual para el manejo de pacientes con coronavirus. La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que es un organismo autónomo que gestiona los centros públicos directamente dependientes de la Consejería de Políticas Sociales (residencias de mayores, centros de día, residencias de discapacidad, centros de mayores, centros ocupacionales, centros de menores y comedores sociales), también había distribuido un manual de prevención para sus trabajadores.

Pero en menos de veinticuatro horas, los contagios en España ascendieron a 23. El virus había llegado con fuerza. Y, más en concreto, a la Comunidad de Madrid, que el 2 de marzo ya era la región con más afectados de España, veintinueve, muchos de ellos en Torrejón de Ardoz. El Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas lanzó ese mismo día una recomendación a los Estados miembros para que adoptaran medidas de distanciamiento social individual.

Un día después, el 3 de marzo, se comunicó el primer fallecimiento por coronavirus en España, ocurrido en la Comunidad Valenciana, aunque por lo que se pudo saber días después, había tenido lugar realmente el 13 de febrero, aunque sin prueba diagnóstica que lo confirmara en el momento de su fallecimiento.

Aunque la confirmación no llegaría hasta el día siguiente, el 3 de marzo falleció en el Hospital Gregorio Marañón una mujer de noventa y nueve años proveniente de una residencia madrileña. Se trataba de la primera víctima mortal en la Comunidad de Madrid y la tercera en España.

Hasta aquí el contexto de la historia que me dispongo a contar. Es un contexto en gran parte conocido por todos, pero considero necesario fijarlo porque en unos años se nos habrán olvidado muchas cosas. La pandemia nos golpeó a todos, sin distinción. Lo diferente fue la involucración de cada uno de nosotros en la pandemia. La mayoría fueron espectadores, otros se convirtieron en víctimas y a unos pocos nos tocó ser protagonistas. En mi caso la viví como consejero de Políticas Sociales de una comunidad autónoma y, por tanto, responsable de las residencias, el sector más castigado durante la crisis. Por eso creo necesario que, antes de entrar de lleno en el relato propiamente dicho, cuente brevemente cómo llegué a ese puesto.

La dependencia

Nunca lo he escondido, pero tampoco he hecho un alarde especial de la motivación personal que me trajo a la política y en concreto a las políticas sociales. Hasta 2007 nunca se me había pasado por la cabeza dedicarme a la política. En ese momento ya llevaba casi veinte años trabajando como profesional de recursos humanos. Y estaba contento con mi carrera.

Pero ese año se produjeron dos acontecimientos que cambiaron mi vida: uno general y otro personal. El general lo llevaba viviendo desde hacía un tiempo: como ciudadano estaba muy descontento con la situación política creada por el nuevo Estatut de Cataluña y la respuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque entonces veía el fenómeno con cierta distancia, el nacimiento y la entrada de Ciutadans en el Parlament de Cataluña me produjo una verdadera alegría. Llegaba aire fresco a la política española.

El segundo, el acontecimiento personal, consistió en que mi madre, que ya arrastraba problemas físicos y cognitivos relacionados con la edad desde hacía unos años, pero que vivía tranquilamente en casa, sufrió un ictus en mayo de 2007. Esto la llevó primero al hospital y más tarde a una residencia. El ictus la dejó absolutamente dependiente para el resto de sus días. Fallecería seis años después, pero entonces empezó mi baño de realidad con la dependencia en casa.

Esos dos acontecimientos confluyeron el 22 de mayo de 2007 en el Hospital de La Princesa, donde mi madre estaba ingresada. Mientras la acompañaba en su habitación, leí en la portada del ABC: «Socialistas vascos críticos con Zapatero preparan un nuevo partido nacional». La noticia explicaba que «Savater, Rosa Díez, Martínez Gorriarán y Niko Gutiérrez han fundado en San Sebastián esa “tercera vía” que sería realidad en octubre. Ya han mantenido contactos con Ciutadans».

Ese mismo día, el ABC también le dedicaba un editorial: «¿El tercer partido?»[11]. A pesar del título, el tono del editorial era bastante crítico con la posible creación de un nuevo partido. En realidad, defendía el bipartidismo. Tampoco había que esperar milagros del ABC. Pero destacaba algo que siempre me había seducido, la existencia de una tercera vía entre los dos bloques tradicionalmente inamovibles en España. Siempre había observado con envidia la existencia en Reino Unido de los liberal-demócratas. ¿Por qué no podía haber un partido así? Que nos permitiera, además, superar de una vez las dos Españas.

Sería largo de contar, pero desde ese momento estuve muy atento a todos los movimientos en relación con esta iniciativa. Unos meses más tarde, en septiembre de 2007, asistí al acto en el que se presentó el partido del que hablaba ABC: UPyD. Ese día me entusiasmaron el manifiesto y los discursos pronunciados en la Casa de Campo madrileña: Albert Boadella, Mario Vargas Llosa, Fernando Savater y Rosa Díez. Entre los asistentes también recuerdo la presencia de un joven Albert Rivera que unos meses atrás había entrado en el Parlament de Cataluña con Ciutadans. Estábamos ante la presentación de un auténtico partido nacional de orientación centrista.

Después de muchas dudas, ya que nunca había militado en ningún partido político, en enero de 2008 me afilié a UPyD. Mi intención solo era contribuir emocional y económicamente al esfuerzo colectivo para la construcción de esa tercera vía con la vista puesta en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008. Pero acabé integrándome en la vida del partido y comencé a coordinar un grupo de trabajo de dependencia. Esta decisión desembocó años después en mi entrada en la Asamblea de Madrid en 2011 como diputado y portavoz de UPyD en las áreas de Asuntos Sociales y de Discapacidad. Más tarde, en las elecciones de 2015 repetí como diputado, entonces ya en Ciudadanos, que había decidido dar el salto nivel nacional, donde seguí con responsabilidades en Políticas Sociales.

Por el lado más personal, la experiencia de tener a una persona dependiente en casa y toparme con las dificultades para que la ley de dependencia protegiera a mi madre, me llevaron a publicar, a principios de 2009, un blog personal con un título que, leído años después, no deja de sorprenderme: No es Madrid para viejos, se llamaba. Entonces no sabía lo que nos esperaba once años después.

En su momento creí haberlo borrado: consideraba que mi puesto como diputado en la Asamblea no era compatible con un blog de esas características; languideció durante unos meses hasta que dejé de escribir en 2012. Pero no fui muy hábil borrándolo y todavía se puede encontrar en esta dirección de internet: https://noesmadridparaviejos.wordpress.com/

Me produce algo de ternura leer ahora las entradas de ese blog, llenas de la inocencia y en muchos casos de la «salvaje indignación» de un ciudadano completamente ajeno a la política. Invito a quien esté interesado a que bucee en su contenido y, por favor, sean comprensivos con su autor.

A efectos de hacernos una idea de su contenido, copio la entrada con la que inauguré el blog, un 5 de febrero de 2009. Se titulaba «Exposición de motivos»[12]:

Es muy simple. Mi experiencia personal es que la Ley de Dependencia es bastante floja y que además en Madrid se está utilizando como herramienta de boicot al Gobierno, sin importar quiénes son los verdaderos sufridores del mismo. También me empuja a publicar mis pensamientos y experiencias que todavía estamos a tiempo de que la Ley de Dependencia sirva para algo y espero ayudar a contribuir un poco a remar en esa dirección. La perspectiva que utilizaré se referirá sobre todo a los mayores; claro que la ley de dependencia está dirigida también a otros colectivos, pero mi experiencia se refiere a mi madre, que tiene 86 años y es el caso que mejor conozco. En cualquier caso, afecta a decenas de miles de personas en Madrid y según los datos estadísticos del Imserso, los mayores de 65 suponen un 80 % de las solicitudes recibidas (el 52 % hace referencia a los mayores de 80).

Este no es un blog político pero con eso tampoco quiere decir que intente ser «políticamente correcto»; por supuesto contendrá mis ideas y mi posicionamiento, cuando lo tenga. A aquellos que considere responsables de esta gran mentira, les atacaré sin reparo. Me da igual a qué partido pertenezcan, lo cierto es que han asumido una responsabilidad ante los ciudadanos y en su sueldo van incluidas las críticas a su gestión. Por ahora tengo el nombre de un responsable que se está luciendo con este tema y que se llama Esperanza Aguirre.

No soy un experto en la materia. Solo soy un sufridor de un sistema que no funciona. Mi objetivo es agitar conciencias y movilizar iniciativas. La información que iré publicando en el blog es fruto de mi experiencia personal y de mis investigaciones en Internet y que por tanto están al alcance de cualquiera. Intentaré utilizar información digestible ya que la mayoría es legal y/o estadística y eso permite a los políticos salir indemnes porque sus ciudadanos no entienden o acaban por aburrirse de una jerga tecnócrata que solo es oscurantista y, por qué no, bastante pedorra.

En el caso de la Comunidad de Madrid es más complicado disponer de datos: su fuerte es la propaganda pero no la transparencia, es fácil encontrar folletos en pdf con abuelos muy saludables y deportistas pero cuando se trata de recibir información, ay señor ahí llegan los problemas. No digo que no exista, simplemente que ponen difícil su acceso. En cualquier caso y dado que existen datos a nivel nacional, eso nos permite disponer de la información de Madrid. En los tiempos de hoy la única censura posible para los tiranos sería prohibir Internet y eso, para nuestra suerte, está al alcance de muy pocos.

Los mayores son, junto a los niños, los que menos posibilidades tienen de levantar la voz. Además, a los viejos se les tiende a aparcar en contenedores llamados Residencias porque suelen ser feos (a algunos se les cae la baba o incluso tienen la fea costumbre de cagarse encima) y posiblemente pensamos que encerrándoles y no viéndoles cada día, acabaremos por olvidarnos de ellos. A los políticos no les importan demasiado los viejos, solo un poquito en época de elecciones, porque en muchos casos ni siquiera votan, aunque tampoco hay que olvidar los casos de políticos corruptos que han manipulado sus firmas para atribuirse sus votos. En algún artículo recordaré algún caso que denominaré grotesco por evitar palabras trágicas.

Posiblemente se acercan tiempos de ira popular en España ante la ineptitud de la mayoría de nuestros políticos para gestionar los problemas que parece que han caído del cielo y de los cuales los responsables siempre son otros. Seguramente no habrá abuelos manifestantes o huelguistas furibundos pero con la pequeña contribución de este blog, pretendo que no se nos olviden sus problemas.

Finalmente cualquiera que quiera ayudarme es bienvenido y solo tiene que enviar un email con su experiencia personal, aclaración o crítica a noesmadridparaviejos@gmail.com

Quedaban muy claras desde el principio cuáles eran mis intenciones y también los adversarios que quería combatir. El enfrentamiento continuo de Esperanza Aguirre con el Gobierno central estaba teniendo consecuencias devastadoras sobre las personas dependientes. Pero ¿no se trataba de proteger a las personas más vulnerables? No había manera de entenderlo. Y eso que aún no conocía en profundidad la destrucción que había supuesto Esperanza Aguirre para todo lo que sonara a «social» en la Comunidad de Madrid.

Que las políticas sociales han importado muy poco en el PP, lo sabe cualquiera medianamente interesado en la materia. En el menos dañino de los casos lo han considerado como caridad, nunca como derecho. Sus distintos consejeros mostraron un desconocimiento generalizado de la materia, que tampoco es lo más grave, porque de todo uno acaba aprendiendo. Pero cuando no se tiene ningún interés, no hay nada que hacer.

Por esa razón, la Comunidad de Madrid es en la actualidad la comunidad autónoma con las políticas sociales más obsoletas de España. La Ley de Servicios Sociales de 2003 o la de Infancia de 1995 son solo dos ejemplos que harían sonrojar a cualquier persona con un mínimo compromiso hacia los más vulnerables. Han gozado de mayorías absolutas durante muchas legislaturas para sacar adelante esas reformas. Y no han hecho nada. No han querido. No les ha importado.

Mi blog llamó la atención de las personas interesadas en la cuestión. El Mundo se puso en contacto conmigo para incluir el caso de mi madre en una serie de reportajes que denominaron «El drama de la dependencia». El 5 de noviembre de 2010, salió publicado bajo el título de «Los 1058 días de María Teresa»[13]. Esos 1058 días eran los que llevábamos esperando una solución desde que presentamos la solicitud de una prestación de dependencia. Nuestro calvario era uno más de los miles que vivieron los madrileños durante esos años. Mis sensaciones están bien recogidas en el reportaje, cuando, refiriéndome a los mayores, afirmo cosas como la siguiente: «Son los grandes olvidados, lo han tenido muy difícil, se hacen sus necesidades encima y tendemos a esconderlos en los contenedores llamados residencias, parece como que no existan». Los que habéis pasado por una situación parecida sabéis la desesperación de no ser capaz de encontrar una solución para tus padres mayores.

El blog me sirvió de plataforma para denunciar la situación que vivíamos en la Comunidad de Madrid, así como para mantener contacto con familias en la misma situación. También me permitió profundizar en el conocimiento de la dependencia, primero, y de los servicios sociales, después. Y, además, significó empezar a tejer una red de contactos que más adelante me serían muy útiles en mi desempeño político. Posiblemente sin el ictus de mi madre y el calvario administrativo posterior no me habría dedicado nunca de manera profesional a la política.

Los ocho años de diputado en la oposición, primero en UPyD y luego en Ciudadanos, me permitieron aprender mucho sobre los servicios sociales, mantener un contacto muy estrecho con entidades del tercer sector y expertos en la materia. De todos aprendí mucho. También me sirvió para familiarizarme con una actividad, la parlamentaria, absolutamente desconocida para mí por entonces. Y para descubrir que me gustaba. Podría detenerme en esos años de oposición, pero tengo que avanzar. A lo largo del texto ya saldrán algunas referencias a esos años de aprendizaje.

Las elecciones autonómicas de 2019 trajeron un escenario nuevo a la Comunidad de Madrid. Los 26 diputados de Ciudadanos nos permitieron explorar un acuerdo con otras fuerzas políticas. Desde el primer momento, la Dirección nacional del partido apostó solo por un acuerdo con el PP. Desgraciadamente, nunca se contempló otra alternativa.

El acuerdo no era fácil porque precisaba del apoyo de Vox, que me parecía preocupante. Pero después de semanas de negociación, alcanzamos un pacto de gobierno. En el mismo se acordaron 155 medidas de gobierno muy razonables y la distribución de consejerías entre PP y Ciudadanos[14]. Ignacio Aguado (futuro vicepresidente) me ofreció la Consejería de Políticas Sociales, una confianza por la que le estaré siempre agradecido.

El 20 de agosto de 2019 prometí mi cargo en Sol. Fue un acto solemne. A su finalización se celebró el primer Consejo de Gobierno, del que recuerdo pocas cosas, salvo las inquietantes fotos que nos hicieron y que fueron pasto de los primeros memes. A continuación, me desplacé a la Consejería en O’Donnell, acompañado del reducido equipo que nombraría de forma inmediata: mi viceconsejero, Javier Luengo; mi jefe de gabinete, Carlos Reus; y mi jefa de protocolo, Mamen Sacristán.

Tenía el propósito de que, por primera vez en la Consejería, todos los altos cargos tuvieran experiencia en la materia de la que iban a ser responsables. La militancia política no sería el factor más importante. Durante los gobiernos anteriores, la Consejería de Políticas Sociales había sido como el gordito en el patio del colegio a la hora de elegir equipo para jugar al fútbol: era siempre la última elección, la que nadie quería. Esta vez no iba a ser así. Algunos veníamos de la política, sí, pero la mayoría lo hacía directamente desde las entidades sociales o desde la administración pública. A estos últimos les convencí con un proyecto de cambio para los servicios sociales madrileños después de años de completo abandono.

Llegamos con las ideas muy claras sobre qué hacer en relación con las políticas sociales, pese a que los portavoces de los partidos de izquierda se mostraron muy escépticos por nuestra dependencia de Vox. Éramos la tercera pata del «trifachito» y carecíamos de credibilidad.

No quise incrementar la estructura de la Consejería, aunque con el nuevo Gobierno aumentó el número de Consejerías, de viceconsejeros y de directores generales. En este sentido, me bastó con algunos cambios internos en la distribución de competencias y con equilibrar de forma paritaria los altos cargos. También cambié la denominación de la Dirección General de la Mujer por Dirección General de Igualdad, e introduje dos cambios en la denominación de la Consejería: incluí el término «Igualdad» y añadí una «s» a la tradicional denominación de «Familia», en un guiño deliberado a la diversidad familiar. La consejería, pues, pasó a llamarse: «Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad». Es llamativo que esas dos pequeñas innovaciones en la denominación no sobrevivieran después de las elecciones anticipadas de 2021[15].

Los primeros meses en la Consejería fueron muy intensos. Las entidades sociales solicitaban reuniones y algunas requerían mi presencia en sus actos; lo normal en estos casos. Pero me preocupaba que eso me quitara tiempo para lo que era más necesario. Ya había visto a muchos de mis antecesores dejarse arrastrar por la inercia del cargo. Y lo más urgente era actualizar una normativa obsoleta en materia de servicios sociales y de infancia. Y cambiar cualquier normativa, no digamos una ley, es una tarea muy complicada en la Comunidad de Madrid, donde todo son trabas, por si alguien no lo sabe.

El estallido

Volvamos a esas semanas en las que el covid aún se movía sigilosamente en la Comunidad de Madrid. Me dispongo a elaborar una cronología de aquellos días, porque no se me ocurre una manera mejor de mostrar a qué velocidad se desarrollaron los acontecimientos.

Durante la segunda quincena del mes de febrero la actividad en la Consejería de Políticas Sociales comenzó a focalizarse cada vez más en el covid. Los profesionales de la Consejería empezaron a trabajar en la elaboración y en la difusión de documentos, recomendaciones y otros protocolos relacionados con el coronavirus, dirigidos tanto a trabajadores como a usuarios. Por ejemplo, durante aquellas semanas trabajaron junto a la Consejería de Sanidad en un protocolo llamado Procedimiento de actuación para centros de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad frente a la infección por coronavirus, que se distribuyó el 6 de marzo.

Hacia esos mismos días se concretaron otras actuaciones. El 25 de febrero de 2020 difundimos un documento de la Consejería de Sanidad llamado Manejo del Paciente Sospechoso de Infección por el nuevo Coronavirus (SARS-COV-2) en Hospitales de la Comunidad de Madrid. Y el 27 de febrero enviamos el Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARS-COV-2) adaptado a la Comunidad de Madrid. La distribución de material fue constante durante esos días. Además, activamos la compra de material de protección, aunque más tarde comprobaríamos que no de manera suficiente.

Pero a la vez que nos preparábamos para la posible pandemia, seguíamos con nuestro trabajo de costumbre. El martes 3 de marzo terminamos una ronda de treinta presentaciones a los trabajadores de la Consejería para explicarles nuestros planes para la legislatura. La última tuvo lugar en la Residencia de mayores Doctor González Bueno, del distrito de Fuencarral. Todas las reuniones terminaban con una ronda abierta de preguntas, y no recuerdo que ese día hubiera ninguna especialmente preocupada por la situación de la epidemia. Uno de los presentes en la reunión me confirmó que, efectivamente, no las hubo[16].

Sin embargo, durante la tarde del día siguiente, el miércoles 4 de marzo, me dieron dos noticias que precipitarían los acontecimientos. La primera es que una residente de la Residencia La Paz, a solo unos pasos de la Consejería, había fallecido el día anterior en el Hospital Gregorio Marañón, también muy cerca de la Consejería, posiblemente por covid, aunque todavía estaban a la espera de las pruebas que lo confirmaran.

Entonces, para ser considerado caso sospechoso de covid y que te hicieran una prueba PCR, además de presentar síntomas, era necesario haber estado durante los catorce días anteriores en alguna zona de riesgo, como China o Italia. Por razones obvias esto último no ocurría en ninguno de nuestros residentes. Sin embargo, la médico de la residencia había insistido en que le practicaran la prueba. Y como se supo después, sus sospechas habían sido ciertas: el fallecimiento se había producido por covid. Un ejemplo más del gran nivel de los profesionales sociosanitarios de la Comunidad de Madrid.

La segunda noticia de aquella tarde es que se había detectado el primer contagio en una residencia, también en La Paz. Era una muestra de que el virus llevaba ya algún tiempo circulando en la Comunidad de Madrid. El hecho de que las enfermedades respiratorias sean tan habituales en las residencias, especialmente en invierno, había hecho que su propagación pasara más desapercibida.

Al día siguiente, jueves 5 de marzo, teníamos pleno en la Asamblea, así que, nada más recibir estas noticias, convoqué una reunión también en la Asamblea para estudiar los siguientes pasos en la Consejería. El día de la reunión —en la que participaron el viceconsejero de Políticas Sociales, el secretario general técnico, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social y la directora general de la Atención al Mayor y a la Dependencia— fuimos conociendo más detalles de la situación en La Paz y en el centro de mayores Duque de Ahumada, en Valdemoro, donde también había personas contagiadas y posiblemente algún fallecimiento todavía sin confirmar.

La información empezaba a ser muy preocupante, por lo que estuvimos en contacto durante todo el día con la Consejería de Sanidad. Se remataron las últimas correcciones del protocolo de actuación que se aprobaría y distribuiría el día siguiente. Tomamos la decisión conjunta con la Consejería de Sanidad de cerrar los 213 centros de mayores de la Comunidad. En cambio, atendiendo a la petición del Ministerio de Sanidad, mantuvimos abiertos los centros de día y las residencias.

Los centros de mayores son lugares de ocio y de convivencia para personas mayores autónomas, nada que ver con los centros de día y las residencias, que son lugares donde se atiende a personas dependientes y cuyo cierre planteaba otros problemas. En los días inmediatamente posteriores escuchamos algunas quejas por el cierre de los centros de mayores (Fernando Simón dijo en su rueda de prensa diaria que «Sanidad aconseja no cerrar los centros de día de mayores de forma generalizada»[17]), pero me alegra haber tomado esa decisión tan pronto. Durante aquellos días en el ambiente flotaba la sensación de que probablemente estábamos sobreactuando. Ahora es difícil entenderlo porque la memoria es corta, pero es lo que pasaba. Recordemos las alertas fallidas del pasado reciente que comenté antes. Siempre pensé que era deseable pasarnos antes que quedarnos cortos.

Durante esa tarde aparecieron las primeras imágenes en televisión de la residencia La Paz. Se hablaba ya de varios contagios, aunque de ningún fallecimiento más. Me llamó la presidenta Isabel Díaz Ayuso y le informé de la situación y de que estaba en contacto con el consejero de Sanidad. A pesar de todo, la situación parecía bajo control.

El viernes 6 de marzo celebramos en Sol un acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A su término volví con urgencia a la Consejería, donde había convocado a mi equipo para informarles del protocolo recién aprobado y de las acciones por los primeros positivos detectados en una de nuestras residencias. Este protocolo —el primero de muchos— informaba sobre los procedimientos para la detección y la notificación de casos, sobre los mecanismos de seguridad y de aislamiento, así como sobre la limitación de las visitas que no fueran «estrictamente necesarias», otra decisión que también fue cuestionada entonces por excesiva.

El día siguiente, sábado 7 de marzo, me acerqué a las oficinas centrales de la AMAS, en la calle Agustín de Foxá. Tres días antes me había reunido con todos los directores de la Agencia en una residencia de la AMAS sin que hablásemos sobre el coronavirus, y ahora me sentaba con su equipo de crisis para tantear las maneras posibles de contenerlo. Así se había acelerado todo.

Ya he mencionado que la AMAS es un organismo autónomo que gestiona los centros directamente dependientes de la Consejería de Políticas Sociales. Aunque en la Comunidad de Madrid solo había veinticinco residencias enteramente públicas —frente a las 450 privadas—, la AMAS es un recurso muy valioso para conocer las acciones que luego serán necesarias en el resto de la red y que afectan también a los recursos externalizados. Durante mis primeros meses en el cargo, visité con frecuencia las oficinas centrales de la Agencia. Pero, a partir de ese momento, pasaría ahí todos los fines de semana para observar la situación desde primera línea. El resto de la semana lo pasaría en mi despacho de la Consejería.

El domingo 8 de marzo por la mañana revisamos, entre otras cosas, la instrucción de la Dirección General de Salud Pública que a partir de ese día restringía las visitas en las residencias y que se envió esa misma tarde a todas las residencias de la Comunidad de Madrid. Según la instrucción, se limitaban las visitas a los residentes a las «estrictamente necesarias» e impedía las visitas a personas «con sintomatología respiratoria, como tos o dificultad respiratoria». La nota de prensa de la Comunidad de Madrid decía: «Salud Pública limita las visitas a los centros de mayores para disminuir el riesgo de infección»[18]. Esa instrucción levantó mucha controversia[19], pero la apoyamos desde la Consejería de Políticas Sociales. No había otra alternativa para «disminuir el riesgo de infección entre las personas que residen en centros de mayores», como decía la propia instrucción.

Pero el acontecimiento con más peso político, a pesar de la pandemia, fue la celebración del Día de la Mujer. Y, más específicamente, la manifestación prevista en el Paseo del Prado. El pleno del jueves anterior también se había centrado en este tema, como demuestra un vistazo al orden del día o al diario de sesiones.

Es cierto que la proximidad de la manifestación había provocado que se hablara más de lo habitual del coronavirus en los medios, pero parecía responder más al rifirrafe político que a una verdadera alerta sanitaria. Hasta el mismo portavoz del Gobierno sobre la materia, Fernando Simón, llegó a afirmar lo siguiente en la víspera de la manifestación: «Si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera»[20]. Si estaba muy preocupado, no lo parecía.

Ese mismo 8 de marzo El Mundo publicó una entrevista que me habían hecho tres días antes, durante aquel día de pleno tan agitado: «Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de Madrid: “No vamos a tolerar ningún recorte en derechos”»[21]. En esa entrevista no me preguntaron nada relacionado con el covid y sí, curiosamente, por mi relación dentro del Gobierno. Para que seamos conscientes de cuáles eran las preocupaciones de la opinión pública en esos momentos:

P: Un sector del PP le afea que parezca que le haga oposición al Gobierno desde dentro…

R: Yo he sido oposición en las dos legislaturas anteriores y he criticado muchas cosas que no me gustaban. Me resultaría muy difícil decir que lo que he criticado ahora me parece bien. Sigo pensando lo mismo. A veces es complicado gobernar con el partido que lleva gobernando 24 años, no lo niego. Atempero mucho esas críticas cuando creo que no conducen a nada, pero cuando responden a la situación que estamos trabajando para solucionar no tengo ningún problema.

«Un sector del PP le afea que parezca que le haga oposición al Gobierno desde dentro…». Eso era lo que pensaban de mí. No era la primera vez. Por suerte, todavía hablaban de «un sector del PP». En cuestión de días, como veremos, tomarían la palabra fuentes del Gobierno. Lo que esperaban de mí era una lealtad mal entendida. Y los medios compraban acríticamente un argumento que desgraciadamente se volvería habitual: que estar en desacuerdo con el PP significaba hacer «oposición al Gobierno desde dentro». Daba igual que hubiera dos partidos en el Gobierno.

Aquella misma tarde acudí a la manifestación en el Paseo del Prado. El encuentro con mis compañeros del partido fue extraño. Los saludos fueron discretos, lejos del entusiasmo general en circunstancias similares. Lo que sí entró dentro del orden habitual (desafortunadamente) fue la reacción que provocó nuestra presencia en la manifestación. A la media hora de iniciar la marcha, colectivos de radicales nos rodearon y acabaron echándonos de la manifestación. Seguíamos siendo mal recibidos en estas manifestaciones. Ni la igualdad, ni la violencia de género, ni los derechos de la mujer son patrimonio de nadie. También me había referido a ello en la entrevista publicada esa misma mañana:

P: ¿Está el 8-M politizado?

R: Sí. El feminismo debería hacer una reflexión sobre si es inclusivo. En este movimiento deberían caber todos con independencia de su ideología.

El panorama cambió por completo al día siguiente. De la noche a la mañana, todo el mundo pasó a estar convencido de que la situación era extremadamente crítica y de que había que tomar medidas con urgencia. Las señales desde el Gobierno central empezaron a ser muy diferentes a las existentes hasta entonces.

El 9 de marzo fue un día con muchas reuniones. Por un lado, me reuní en la Consejería con los portavoces de Políticas Sociales de los distintos grupos parlamentarios. Les expliqué los pasos que estábamos dando para proteger a las residencias y para aprovisionarnos de equipos de protección individual (EPIs), aunque todavía no éramos conscientes de que ese sería uno de los grandes problemas por la escasa oferta en el mercado y la brutal demanda existente. Los portavoces, a su vez, me transmitieron sus opiniones y sus comentarios, que, como siempre, fueron de mucha utilidad.

En otra sala de la Consejería se celebraba un encuentro con los representantes y plataformas de los familiares para explicar los últimos protocolos e instrucciones. Ellos nos trasladaron su malestar por la restricción de visitas y nosotros les explicamos que se trataba de una medida extraordinaria fruto de una situación excepcional. Es un debate importante porque afecta a la seguridad de las personas, pero también a sus derechos fundamentales. Ese debate, como todos los difíciles, no nos abandonaría durante toda la pandemia.

Ese día también participé en una reunión con las patronales de las residencias para explicarles nuestras medidas y conocer sus puntos de vista. En aquel encuentro hablamos sobre las primeras dificultades en el acopio de material de protección, sobre todo de mascarillas, e intercambiamos algunos contactos de proveedores por si eran de utilidad. También nos reunimos con los sindicatos, con iguales objetivos y resultados que el encuentro anterior.

Precisamente, durante esta última reunión me llamó por teléfono el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, con quien me encontré un rato más tarde en la Consejería, adonde se desplazó acompañado de su equipo. Compartimos las mismas preocupaciones y nos confirmaron que el día anterior habían enviado a todas las comunidades autónomas el protocolo que habíamos puesto en marcha el 6 de marzo en la Comunidad de Madrid y que le había hecho llegar ese mismo día al secretario de Estado. Quiero destacar que en toda la crisis me sentí acompañado por Nacho Álvarez y Luis Barriga, director general del Imserso, también presente en esta reunión. En un sistema tan descentralizado como el nuestro, el Gobierno central tiene un papel limitado sobre las competencias transferidas (los servicios sociales lo son), pero ejercieron su labor de coordinación y estuvieron ahí siempre que los necesité. Y de manera cálida y cercana. Gracias.

Después de esa reunión me marché a un Consejo de Gobierno extraordinario en Sol convocado tan solo unas horas antes. Por lo que nos habían adelantado, se trataba de debatir y aprobar medidas extraordinarias, entre las que destacaba, por encima del resto, el cierre de colegios. A ese Consejo asistimos todos los consejeros, menos la consejera de Medio Ambiente, y transcurrió con caras de profunda preocupación; el consejero de Sanidad nos explicó en detalle cuál era la situación y, lo más preocupante, la que se nos venía encima. No hubo mucho debate acerca de lo que era necesario hacer. Se aprobaron las siguientes medidas:

Se suspende la actividad docente presencial en todos los niveles educativos y se recomienda la formación online.

Se aconseja a las empresas que se realice teletrabajo y facilitar flexibilidad horaria para la conciliación familiar.

Las actividades quirúrgicas programadas o las pruebas diagnósticas no preferentes podrán ser suspendidas o retrasadas.

Los hospitales habilitarán las camas de reserva y se instalarán otras nuevas para asegurar una atención adecuada.

El Gobierno regional establecerá un plan específico de Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos.

En Atención Primaria se atenderá prioritariamente a los pacientes en sus domicilios.

Es conveniente evitar todos los viajes que no se consideren estrictamente imprescindibles.

Se recomienda a los mayores o con enfermedades crónicas que eviten abandonar su hogar o residencia.

En la sala de al lado, mientras tanto, esperaban los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea a los que la presidenta y el consejero de Sanidad comunicarían a continuación las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno.

Más allá de todas esas reuniones, el virus continuaba su expansión imparable. El 9 de marzo, el número de contagios confirmados en Madrid pasó de 202 a 469.

Me fui del Consejo extraordinario con la convicción de que estábamos tomando las medidas adecuadas y de forma temprana. En cambio, recuerdo que para algunos estábamos sobreactuando. Recibí mensajes de WhatsApp de amigos de fuera de la política que me comentaban que nos estábamos equivocando. Es muy probable que la manifestación del día anterior no ayudara a que la sociedad estuviera suficientemente concienciada sobre el verdadero alcance de la situación. Tampoco ayudó que durante ese fin de semana la jornada de futbol se celebrase con total normalidad y con los estadios llenos. Pero ojalá hubiéramos sobreactuado más y más temprano. Algunos de los que nos criticaron entonces, nos acusarían luego de haber actuado tarde. Así de injustas son las responsabilidades políticas.

Aquel 9 de marzo fue el preludio de unos días frenéticos en la Consejería de Políticas Sociales: se aprobaron los primeros gastos de emergencia para la compra de equipos de protección, se suspendieron actividades para mayores, se cerraron los centros de día, se modificó el servicio de ayuda a domicilio… Nos reunimos con patronales y sindicatos varias veces durante esos días. No voy a entrar en detalle porque sería muy largo y, además, todas estas actuaciones están recogidas en las notas de prensa publicadas en esas fechas[22].

El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el Covid-19 como pandemia global. Ese mismo día, el Consejo de Gobierno se reunió de nuevo y formalizó la creación de la comisión interdepartamental sobre el coronavirus, con representación de todas las consejerías, para coordinar nuestras acciones. En realidad, esta comisión se había reunido por primera vez el 5 de marzo, pero a partir de entonces empezó a reunirse diariamente (sábados y domingos incluidos), una periodicidad que solo se rebajó cuando la situación comenzó a calmarse.

El jueves 12 de marzo me reuní por la mañana con las dos plataformas de familiares más activas en Madrid, Pladigmare y Marea de Residencias. Ya se habían reunido con altos cargos de la Consejería, pero también querían hacerlo conmigo en persona. Seguían molestos con la restricción de actividades y de visitas, y les preocupaban las consecuencias del aislamiento sobre sus familiares. Les aseguré que compartía esa preocupación, pero traté de explicarles que no teníamos otra alternativa si queríamos protegerles.

Y por la tarde del jueves 12 de marzo, la Consejería de Sanidad anunció un Plan de Acción contra el coronavirus, entre cuyas medidas destacaba el establecimiento de un mando único sanitario y la medicalización de las residencias. Esta medida, la más relevante para nuestra Consejería, implicaba sobre el papel que los mayores contagiados pudieran ser atendidos en las propias residencias[23].

Aunque lo veremos en detalle más adelante, hay que tener en cuenta que muchas residencias no cuentan con personal sanitario porque no lo exige la ley. Las residencias son recursos diseñados para cuidar y no para curar. Y las que sí tienen servicio médico suelen dedicarse a atender las enfermedades crónicas de los residentes. Para los casos agudos, la alternativa es siempre la atención hospitalaria. La residencia llama a una ambulancia y el residente es atendido en las urgencias del hospital. Por lo tanto, que se anunciaran medios sanitarios para las residencias era una buena noticia.

Ese día también se anunció el fichaje de Antonio Burgueño como asesor principal para la pandemia, lo que provocó una tremenda indignación en el sector sanitario público ya que había sido el artífice de la privatización sanitaria durante la época de Esperanza Aguirre[24].

El 13 de marzo volvimos a tener Consejo de Gobierno extraordinario, esta vez un poco accidentado. La consejera de Medio Ambiente había dado positivo en una prueba de covid (por eso no había asistido a ninguno de los Consejos de la semana), así que nos hicieron una prueba PCR a los demás consejeros. Nos dieron el resultado por la tarde: todos dimos negativo. En ese Consejo aprobamos más medidas que entrarían en vigor el día siguiente y que, aunque irían evolucionando con la pandemia, marcarían el día a día de nuestras vidas[25]. Entre ellas estaban las siguientes:

La suspensión de los espectáculos públicos, actividades recreativas, locales, establecimientos y comercios minoristas, a excepción de los de alimentación, venta de productos de primera necesidad y supermercados, entre otros.

El cierre de cines, teatros, discotecas, salas de exhibiciones, salas de conciertos, auditorios, salas de exposiciones, gimnasios, locales o recintos deportivos cerrados, casinos, salones de juego, parques de atracciones, parques zoológicos, parques recreativos infantiles, verbenas, desfiles, fiestas populares, bares de copas, tabernas, bodegas, cafeterías, bares, chocolaterías, heladerías, restaurantes, salones de banquetes, terrazas, entre otros. Las cafeterías, bares y restaurantes pueden prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio o para su recogida en el local y consumo a domicilio.

El establecimiento del teletrabajo entre los empleados públicos de la Administración regional, salvo en el caso del personal sanitario y educativo, y la puesta en marcha de las condiciones necesarias para llevarlo a cabo.

Al terminar el Consejo de Gobierno, entraron en la sala trabajadores de Madrid Digital para explicarnos cómo debíamos utilizar las herramientas informáticas para reuniones telemáticas (Teams y Zoom) que teníamos en nuestros ordenadores y que tanto utilizaríamos durante los meses siguientes[26].

Esa misma mañana, la del viernes 13 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una comparecencia que seguimos desde la sala del Consejo de Gobierno. En la misma anunció que el día siguiente propondría en el Consejo de ministros la aprobación del segundo estado de alarma de la historia de nuestra democracia (después del decretado en 2010 por la crisis de los controladores aéreos) y explicó que era el marco jurídico adecuado para tomar las medidas necesarias para derrotar la epidemia.

Y por la tarde, ese mismo día, mantuve una nueva reunión presencial con los grupos parlamentarios en la Consejería. Asistieron todos menos el portavoz de Vox. Todo su grupo parlamentario estaba guardando cuarentena por los contagios después de una reunión multitudinaria en Vistalegre durante el fin de semana anterior. A partir de ese momento, estas reuniones con los grupos parlamentarios, que serían muchas durante la crisis, se celebrarían de forma telemática.

Como había anunciado Pedro Sánchez, el Consejo de ministros declaró el 14 de marzo el estado de alarma en toda España por un periodo de quince días, lo que generaba algunos cambios en las competencias habituales de los responsables políticos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, adquiría un especial protagonismo dentro del Gobierno y disponía de la facultad de «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza», lo que incluía centros sanitarios y farmacéuticos de titularidad privada. Pero el artículo 6 del Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma también afirmaba que «cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma»[27].

Otros detalles relevantes de aquel decreto fueron la obligatoriedad de que los desplazamientos se realizaran individualmente o la suspensión de la actividad escolar presencial en todos los niveles educativos en favor de las actividades online. La declaración del estado de alarma servía de refuerzo, en el caso de la Comunidad de Madrid, a las medidas aprobadas el viernes en el Consejo de Gobierno.

En esos momentos ya intuíamos que esos quince días iniciales eran solo el comienzo de un periodo más largo, pero no creo que nadie imaginara que al final duraría más de noventa días. El estado de alarma también afectó a la forma de trabajar en la Consejería. Todos los trabajadores, salvo contadas excepciones, recibieron instrucciones para teletrabajar desde sus casas. Sin embargo, y con el objetivo de ser lo más operativos posible, el viceconsejero y yo seguimos acudiendo diariamente a la Consejería. El resto de mi gabinete siguió gestionando la crisis de forma telemática, enfocando todos sus esfuerzos a las áreas más críticas, que eran las de Mayor y Dependencia, Discapacidad y Servicios Sociales.

Entre las tareas que les asignamos estaban la de dar respuesta a todas y cada una de las quejas y consultas que llegaban desde las distintas vías de contacto habilitadas en la Consejería, trabajar en el establecimiento de protocolos de actuación para contener la pandemia en todos los frentes y diseñar una estrategia de comunicación institucional que pusiera coto a la incertidumbre que empezaba a crecer entre la ciudadanía.

Por su parte, el 15 de marzo, la Dirección General del Mayor recordó a todos los centros que como consecuencia de la declaración del estado de alarma se restringían totalmente las visitas de familiares, además de la obligatoriedad de establecer cauces de comunicación con los familiares, tanto por vía telefónica como telemática.

Es probable que esta recopilación se haya hecho demasiado exhaustiva. Si por mí fuese, lo sería aún más, porque los ciudadanos merecen conocer cómo se tomaron las decisiones durante aquellos días. Pero hay que dejar espacio a otras cuestiones. Y de lo que no cabe duda es que la lista sería más exhaustiva si incluyera las reuniones secretas que se celebraron a mis espaldas. No digamos ya de los ciudadanos. Hablo de reuniones que no figuran en las agendas respectivas de sus asistentes, pese a que sea obligatorio de acuerdo con la ley de transparencia y a que en ellas se tomaron decisiones fundamentales para nuestras vidas.

Los planes

Antes de hablar sobre aquellas reuniones, me gustaría detenerme en mis planes de cambio para la Consejería de Políticas Sociales, aquellos que llegamos a presentar en diversas reuniones pero que la pandemia obligó a dejar en el tintero. Los menciono porque me parece una buena manera de explicar cuáles son los problemas de la atención social en la Comunidad de Madrid y también porque nos ayudará a comprender episodios posteriores de esta historia.

Para quien no esté familiarizado con ellas, las competencias de la Consejería de Políticas Sociales estaban recogidas en el artículo 1 del Decreto 279/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno[28]. En cuanto a la atención a los mayores y personas dependientes, que es la que aquí nos interesa, mis años en la oposición me habían enseñado cuáles eran las necesidades principales. Hay decenas de ejemplos de mi posición en los diarios de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea, la inmediatamente anterior a la pandemia.

Por ejemplo, el 5 de octubre de 2017 presenté una proposición no de ley, de Ciudadanos, en la que instaba a poner en marcha un pacto por una reforma de los centros y residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Mis primeras palabras, que pueden recuperarse tanto en el diario de sesiones como en YouTube, fueron las siguientes: «Las residencias en la Comunidad de Madrid tienen un problema»[29]. No es que fuera clarividente. Eso era una evidencia para todos menos para el gobierno de entonces, que lo negaba.

Mi discurso aquel día se centró en los cambios de la sociedad española en los últimos años, y más concretamente en el paulatino envejecimiento de la población, el aumento de sus niveles de dependencia, la entrada en vigor de la Ley de Dependencia y la crisis económica que vivimos desde 2007. Además, proponía la formación de una Comisión en la que participasen la Administración, los grupos parlamentarios y los sindicatos más representativos para que naciera una reforma de los centros y las residencias públicas con soluciones a corto plazo (para los problemas más urgentes) y a medio y largo plazo (para convertir los centros residenciales en sociosanitarios y para profundizar en la atención centrada en la persona).

Mi intervención en la Asamblea del 10 de mayo de 2018, con ocasión de la toma en consideración de una proposición de ley, de Podemos, sobre los centros residenciales para mayores, comenzaba así: «Muchas gracias, señora presidenta. De todos es sabido que las residencias de mayores arrastran problemas desde hace mucho tiempo, con carencias importantes en plantillas, ratios, medios, materiales e infraestructuras; todas ellas tienen como consecuencia deficiencias en la atención a nuestros mayores»[30]. Hay muchos otros ejemplos en la misma línea.

Al llegar a la Consejería en agosto de 2019 nos pusimos manos a la obra con todo esto en la cabeza. Después de las reuniones de cortesía con sindicatos y patronales, les convocamos a una reunión conjunta el 15 de noviembre de 2019 en O’Donnell para hablar de un cambio en el modelo en la atención de los mayores. La nota de prensa de la Comunidad de Madrid sobre aquella reunión recoge nuestros objetivos principales:

Hay que proponer centros residenciales con una atención de mayor calidad, más abiertos a las familias y a la participación, con especial interés a la supervisión de los servicios prestados. Para lograr una mejora de la atención que se presta a los mayores, la nueva normativa actualizará las ratios de personal, además de priorizar el criterio de calidad frente al precio en los nuevos contratos que se lleven a cabo[31].

Ese cambio de modelo era uno de los grandes objetivos de la legislatura, junto a la aprobación de una nueva ley de servicios sociales.

El 12 de febrero de 2020 me reuní con las patronales de los centros residenciales para abordar el cambio en el modelo residencial. Asistieron AESTE, LARES, AMADE y Federación Empresarial de Dependencia, las cuatro patronales con más implantación en la Comunidad de Madrid. En esa reunión pusimos encima de la mesa que nos proponíamos hacer un cambio en el modelo para que se centrara más en la persona y en el que tuviera mayor implicación la Consejería de Sanidad, como ya estaba hablado en distintas reuniones con el director general de Coordinación Socio-Sanitaria. Dos semanas después, el 27 de febrero nos reunimos con los portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid para trasladarles el cambio en el modelo residencial que queríamos abordar.

Una de las líneas de trabajo era el refuerzo de las inspecciones y de las sanciones a las empresas o entidades incumplidoras, así como el impulso de la transparencia en materia de sanciones. Teníamos claro que la única fórmula válida para que la colaboración público-privada funcionara pasaba por la suma de una potente acción inspectora y de una mayor transparencia. De ahí que una de nuestras primeras medidas fuese la publicación de las residencias que habían sido sancionadas por la Comunidad entre los años 2014 y 2018, algo a lo que los gobiernos anteriores se habían resistido pese a los requerimientos del Consejo de Transparencia.

El 20 de octubre de 2020, El País publicó una entrevista con un titular inequívoco: «Vamos a colgar las multas a residencias para que mejore la atención». El subtítulo de la noticia tampoco dejaba mucho margen a las dudas: «El consejero del que depende la atención a las personas mayores anuncia un “cambio radical” tras años de opacidad: en adelante será conocido el nombre de los geriátricos que se salten la ley»[32].

Sobre este compromiso decidido con la transparencia, también afirmaba en la entrevista: «Vamos a trabajar en un sistema de información periódica en la web, sencillo y amigable, para que antes de elegir centro los familiares sepan qué ha pasado con esa residencia. Tendrán acceso tanto a las sanciones como a las actas de inspección, para que así también se conozca quién está superando los controles».

En esa misma entrevista se recogían algunas de las medidas que queríamos poner en marcha en las residencias: «La gente se está viendo expulsada de Madrid, donde las plazas están copadas por las privadas. Tenemos que pensar también en cambiar el modelo de residencias que tenemos en Madrid. Hay residencias de más de 500 personas que parecen fábricas. ¿Ese es el modelo que queremos para nuestros mayores? Tenemos que pensar en centros, públicos y privados, más pequeños, adecuados para conocer al residente, pisos tutelados, cohousing».

Otro aspecto en el que intentamos introducir cambios fue en las consecuencias de los incumplimientos para las empresas. Las familias que denunciaban malas prácticas en las residencias no entendían que a algunas empresas les saliera más barato pagar una sanción que hacer las cosas bien. El sistema en vigor hacía muy difícil que, ante un incumplimiento reiterado de las condiciones de un contrato, pudiéramos romperlo. Era prácticamente imposible, salvo que abonáramos indemnizaciones muy elevadas. Lo que habría sido absurdo, contraproducente y muy caro. El incumplimiento cometido tenía que ser de tal calibre que de facto imposibilitaba que un contrato se resolviera por esa causa. No lo entendían los familiares, y tampoco lo entendía yo.

El sistema era desincentivador para los cumplidores, que eran la mayoría. Debíamos poner en marcha un «círculo virtuoso», propio de los sistemas de gestión de la calidad, que sirviera de motivación a los que querían hacer las cosas bien. Pero para modificar los umbrales de incumplimiento debíamos esperar a que se fueran cumpliendo los contratos que estaban en vigor. Los vigentes no lo permitían.

Estos propósitos no se quedaron solo en palabras, sino que trabajamos desde muy pronto, y durante el tiempo que pudimos, en llevarlos a la práctica. El 13 de noviembre de 2019, por ejemplo, presentamos en la comisión preparatoria del Consejo de Gobierno un documento titulado Informe relativo a las actuaciones en materia de transparencia en la prestación de servicios sociales a través de centros o servicios en la Comunidad de Madrid. Uno de sus aspectos más novedosos era la publicación periódica de las sanciones y del resultado de las inspecciones realizadas[33].

Este informe no pasó el filtro de la comisión preparatoria y por tanto no llegó al Consejo de Gobierno, como era nuestro objetivo. El secretario del Consejo de Gobierno nos advirtió de la existencia de serios problemas jurídicos en nuestra propuesta, a su juicio insalvables. Aunque no estábamos de acuerdo con esa opinión, no podíamos hacer otra cosa que explorar otras vías que contaran con el respaldo del equipo jurídico de la Comunidad. Ya lo presentaríamos de otra forma. Nadie dijo que hacer cambios fuera sencillo. Pero como en tantas otras cosas, la pandemia lo paralizó todo. Es un trabajo que quedó pendiente y tengo serias dudas de que los actuales gestores tengan la misma voluntad de cambio y de transparencia que teníamos nosotros.

El 14 de enero de 2020, El País publicó una noticia en la que se mostraban las primeras consecuencias del paulatino endurecimiento de los controles: «El consejero Reyero impone siete sanciones en cuatro meses a residencias de ancianos en Madrid»[34]. El subtítulo añadía lo siguiente: «La Consejería de Políticas Sociales ha aumentado el control a los 18 centros públicos de mayores gestionados por empresas». En esa noticia ponían en contexto lo que suponían los datos de ese corto periodo de tiempo: «En los últimos cuatro meses de 2019 fueron impuestas siete multas de este tipo, frente a las ocho del período enero-agosto. Es un número extraordinariamente alto si se tiene en cuenta que solo 19 fueron penalizadas entre 2014 y 2018». También recogía una declaración de intenciones muy clara sobre nuestra línea de actuación: «No nos va a temblar el pulso a la hora de imponer sanciones y penalizar a aquellas residencias que no cumplen».

El 3 de febrero, el mismo periódico contaba la siguiente noticia: «Una de las peores empresas de residencias en Madrid se enfrenta a un castigo histórico»[35]. En ella se destacaba que nos encontrábamos ante «una señal más de una nueva etapa de mano dura con quienes descuiden a estas personas vulnerables» y que era el «primer expediente de sanción en la Comunidad para retirarle a una empresa la gestión de centros públicos de la tercera edad». Y es que la noticia explicaba en su desarrollo que nuestra Consejería tenía la intención de retirar la gestión de tres centros públicos al grupo Aralia —a los que unos días más tarde se uniría otro del grupo DomusVi—, «al haber subcontratado a empleados para cubrir bajas de cuidadores. Los pliegos prohíben ese recurso a terceras empresas para garantizar la calidad del servicio».

En caso de prosperar la sanción le supondría a la empresa la imposibilidad de contratar con la Comunidad de Madrid durante tres años, aunque la noticia también recogía unas declaraciones mías en las que advertía que estábamos al inicio del procedimiento: «Por supuesto no podemos dar nada por hecho y tendremos en cuenta las alegaciones de la empresa». La información señalaba que Aralia recibía 15 millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid «a pesar de ser una de las compañías más sancionadas y con peor reputación de la región».

Desafortunadamente, esas actuaciones acabaron en nada a finales de 2020 porque no prosperó legalmente su tramitación por diversas razones que sería prolijo de explicar. Pero la mención sirve para ilustrar el cambio de rumbo que queríamos imprimir y la señal que comenzamos a transmitir al sector, donde fue en general bien recibida. Pueden quedarse con el nombre de esta empresa, porque volverá pronto a nuestro relato.

La reunión

Y ahora sí, regresemos a una de las reuniones que se hicieron a espaldas de algunos miembros del Gobierno y que mencionaba anteriormente. Durante bastante tiempo creí que el primer movimiento importante de la Comunidad en relación con el coronavirus se había producido el 12 de marzo con el anuncio solemne, por parte de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, de la puesta en marcha de un Plan de Acción contra el Coronavirus que incluía la siguiente medida en relación con las residencias: «Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo».

Pero resulta que el día anterior en Sol se habían reunido Isabel Díaz Ayuso —la presidenta—, Enrique Ruiz Escudero —consejero de Sanidad—, Javier Fernández Lasquetty —consejero de Hacienda—, Miguel Ángel Rodríguez —jefe de gabinete de la presidenta— y Antonio Burgueño, entonces externo al Gobierno porque aún no había sido nombrado asesor para el covid. Lo sería al día siguiente.

No hay rastro alguno de esa reunión en las agendas públicas de sus participantes. La única persona que incluyó alguna actividad ese día fue la presidenta, con un acto suficientemente conocido: la conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11-M. Con posterioridad ha habido diversas peticiones de información acerca de las personas que pasaron por la Puerta del Sol durante esa semana. Por supuesto, no han facilitado ninguna información.

No supimos nada de la existencia de esa reunión hasta que Antonio Burgueño, el único que no formaba parte del Gobierno, la mencionó en una entrevista publicada en junio de 2020 en El País[36]. En esa entrevista, explicaba que había recibido una llamada de la presidenta a las cinco de la tarde del 10 de marzo para pedirle su opinión sobre la pandemia. «Le dije que lo veía muy mal y le propuse hacer un plan. Mi idea es muy militar, muy del ejército y de empresa. Me dice: “Mañana nos lo cuentas en la Casa de Correos a [el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz] Escudero, [el consejero de Hacienda, Javier Fernández] Lasquetty y a mí”», afirmaba Burgueño. Y la entrevista continuaba:

P. ¿Qué pasó al día siguiente?

R. Les dije: «Tienen ustedes necesidad de un plan de guerra». No sé si usé esa expresión, pero uno de los presentes dijo: «Ya tenemos un general». Yo propuse que una persona tuviera el mando único, ajeno al mando político. Me fui y en cuestión de 24 horas, yo y el equipo de mi consultoría elaboramos un programa con 270 tareas que fue presentado el jueves 12 por el consejero Escudero.

Desde que me enteré de aquella reunión, no han dejado de rondarme muchas preguntas. ¿Por qué la mantuvieron en secreto ante el vicepresidente del Gobierno y ante mí? ¿Por qué no contaron con la persona que tenía más información sobre las residencias —yo— para elaborar las medidas pertinentes? ¿Por qué, en cambio, sí estaba presente el consejero de Hacienda? ¿Hubo más reuniones similares? Y, sobre todo, ¿dónde se encuentra ese plan con 270 medidas de lucha contra la pandemia? Porque si ahí están contenidas las líneas de actuación para enfrentarse a la mayor urgencia sanitaria de los últimos tiempos, ¿no deberíamos haber tenido acceso a ellas? Pero la realidad es que no lo hemos visto nunca. Ni nosotros ni nadie. Ese plan también se ha solicitado por medio de transparencia. La respuesta ha sido la habitual en estos casos: negar su existencia[37].

Reconstruyamos, a continuación, la supuesta génesis de este presunto plan. El 10 de marzo, a las cinco de la tarde, la presidenta llamó por teléfono a Antonio Burgueño, quien le propuso un plan contra la pandemia que presentó en Sol al día siguiente, 11 de marzo. La estrategia, según Burgueño, consistía en 270 medidas, como ya hemos visto.

Una nota de prensa de la Comunidad de Madrid, publicada el 12 de marzo, nos permite saber lo que ocurrió el día siguiente a esa reunión:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expuesto a lo largo de hoy a todos los hospitales madrileños y los sindicatos el plan integral diseñado por el Gobierno regional para afrontar, con las mayores y mejores garantías, las consecuencias derivadas por la situación del coronavirus (COVID-19). Las reuniones, presididas por Díaz Ayuso, se han celebrado desde este mediodía en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. El primer encuentro ha sido con los gerentes de los hospitales de la red pública madrileña y, posteriormente, con los responsables de los hospitales privados de la región. A primera hora de esta tarde, Díaz Ayuso ha mantenido otra reunión con el mismo objetivo, con los representantes de los sindicatos de la sanidad madrileña, SATSE, CC OO, UGT, CCOO y AMYTS y CSIT Unión Profesional. En todos estos encuentros ha asistido también el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien esta tarde comparecerá ante los medios de comunicación para detallar el contenido de este plan integral de la Comunidad de Madrid[38].

Aunque no se hablaba de ello en la nota de prensa, podemos ver en las fotos, todavía colgadas en la web de la Comunidad de Madrid[39], que además de las personas mencionadas (la presidenta y el consejero de Sanidad) estaban sentados a la mesa presidencial Antonio Burgueño y la viceconsejera de atención sanitaria, Ana Dávila. Suponemos que la presidenta nunca llegó a enseñar el plan, sino que se limitó a exponerlo, porque, como digo, no conozco a nadie que lo haya tenido entre sus manos. Luego, por la tarde, se celebró la rueda de prensa en la que el consejero de Sanidad presentó públicamente su Plan de acción contra el coronavirus. De las supuestas 270 medidas, Escudero mencionó solo algunas, que son las que todavía aparecen en la web de la Comunidad de Madrid:

Se crea un sistema centralizado de UCI para alcanzar el millar de camas dirigidos a pacientes de cuidados intensivos.

Habrá un seguimiento sanitario intermedio para afectados leves en hoteles.

Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo.

Los ciudadanos podrán llamar a los centros de salud para comunicarse directamente con su enfermera y médico de cabecera.

Se duplica la plantilla para atender en el teléfono 900 102 112.

Las aseguradoras eliminarán su cláusula de rescisión de póliza en caso de pandemia.

Telemadrid y Onda Madrid serán un canal de servicio de información actualizada y especializada en el coronavirus.

Entonces fue cuando conocí la existencia del supuesto plan. Y ahora me arrepiento de no haber hecho más preguntas. Supongo que lo di por bueno porque planteaba la medicalización de las residencias y que los contagiados serían atendidos allí mismo, lo que significaba que los mayores entraban dentro de las prioridades de Sanidad. Pero pasaban los días y no había ningún rastro de la prometida medicalización.

Para explicarlo, me detendré en uno de los días en los que la sociedad española cobró conciencia de la verdadera dimensión del drama: el 17 de marzo. Si ya estábamos preocupados por la evolución del número de infectados y de fallecidos, ese día todos comprobamos el potencial mortífero de la enfermedad en espacios como las residencias. Esto es lo que publicó La Vanguardia: «Al menos 17 fallecidos por coronavirus en una residencia de ancianos de Madrid»[40]. La residencia en cuestión se llamaba Monte Hermoso y estaba situada en el distrito de Latina de la ciudad de Madrid. Además de los 17 fallecidos que mencionaba la noticia, contaba con más de 70 contagiados. Familiares de varios internos de la residencia denunciaban «falta de medidas, opacidad y engaños» en la gestión de la crisis por parte de este centro privado, pero con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, donde residían 200 ancianos.

Estos datos convertían a la residencia madrileña, en ese momento, en el mayor foco de coronavirus de toda España. La situación de esta residencia respondía a los patrones que veríamos repetidos más tarde en otros lugares, pero esa fue la primera y puso en evidencia que las medidas que se venían tomando no eran suficientes.

El plan de seguimiento que habíamos puesto en marcha en los primeros días de la crisis pedía a los centros que reportaran su situación para que pudiésemos reaccionar con agilidad. Pero pronto quedó claro que este sistema, basado en la información que nos remitían las propias residencias, no era suficiente. Entonces decidimos mejorarlo e instaurar un sistema más ambicioso consistente en la recopilación diaria y sistemática de información de las 475 residencias de mayores de la Comunidad. De todas, también de las privadas. Enseguida se incorporarían también en ese seguimiento las más de 200 residencias de personas con discapacidad.

Este sistema, liderado por el secretario general técnico de la Consejería y la inspección del CIRA (Control de calidad, inspección, registro y autorizaciones), hacía que los inspectores se pusieran en contacto cada día con todos los centros residenciales para conocer su situación real: número de infectados, sintomáticos, aislados y fallecidos, así como sus necesidades de personal y material. Era una información muy costosa de obtener, pero nos permitió conocer en tiempo real la situación de cada residencia, así como elaborar informes diarios muy detallados que compartíamos diariamente con la Consejería de Sanidad.

Ese mismo día, el 17 de marzo, la Cadena SER entrevistó al consejero de Sanidad, quien afirmó: «En esa residencia está claro que ha habido un foco, un foco con muchos contagiados y nosotros siempre trabajamos para dar solución a esos residentes pero es importante que nosotros también recibamos información de la propia residencia, si no es difícil realizar cualquier actuación»[41]. Que el consejero de Sanidad afirmara el 17 de marzo que no tenía ninguna información de esa residencia no significa que la residencia no se la hubiera transmitido a la Consejería de Sanidad. Sí lo había hecho, como pudimos confirmar gracias a un informe elaborado por la Dirección General del Mayor que se remitió posteriormente a la Fiscalía Provincial de Madrid y del que extraigo la siguiente información.

El 8 de marzo, la trabajadora social de la residencia Monte Hermoso se había puesto en contacto por correo electrónico con la Dirección General del Mayor, dependiente de nuestra Consejería, para informar de que habían avisado a Sanidad del cierre de su centro de día, a la espera de que un médico epidemiólogo se pusiera en contacto con ellos. En una conversación telefónica posterior se comunicó a la misma Dirección General que ante los dos positivos confirmados en ese momento, se iban a poner en contacto con dos epidemiólogos de la unidad técnica del área 1, cuyos nombres omito, por razones obvias, pero que constan en el informe.

Durante los días siguientes, la residencia nos fue informando de la evolución en el número de fallecidos y de contagiados, tanto residentes como trabajadores. Y más allá de los números concretos, nos fueron trasladando información sobre lo que ocurría en la residencia.

El 9 de marzo, la directora nos comunicó que ya había 21 residentes con sintomatología compatible con infección por coronavirus. Desde la Dirección General se instó a la residencia a que trasladaran dicha situación a Salud Pública, que eran quienes estaban en condiciones de prestarles la ayuda que necesitaban.

El 11 de marzo, fue la trabajadora social de la residencia la que informó por correo a la Dirección General del número de afectados.

El 12 de marzo, además del número de residentes aislados y de trabajadores de baja por enfermedad, nos comunicaron la contratación de más personal asistencial y que también estaban en contacto diario con su centro de referencia de Salud Pública. En esta conversación también mencionaron los problemas que estaban teniendo para que los residentes fueran trasladados al hospital.

El 13 de marzo, además del recuento diario de infectados y de víctimas (cinco residentes habían muerto), nos dijeron que el 10 de marzo Salud Pública había tomado muestras a catorce residentes sin que hasta ese momento conocieran los resultados. También nos informaron de las medidas adoptadas por el centro, como el aislamiento en una misma planta de las personas contagiadas o con sospecha de contagio. Y, por último, nos comentaron que la residencia estaba totalmente cerrada a las visitas, siendo el personal médico y social el encargado de informar a familiares del estado de salud y general de los residentes.

El 15 de marzo nos comunicaron que precisaban la derivación urgente de treinta y seis residentes con síntomas severos y positivos confirmados, así como encontrar una alternativa a los más de sesenta residentes que no presentaban síntomas, pero que, de no adoptar medidas, se contagiarían.

El 16 de marzo solicitaron aclaraciones a la Dirección General acerca de si, con la situación de ese momento, se iban a poder realizar las derivaciones hospitalarias de los usuarios afectados. Se les volvió a informar de que dicha solicitud no podía atenderse desde esa Dirección General, ya que correspondía a la Consejería de Sanidad la toma de decisiones e instrucciones en relación con las derivaciones hospitalarias.

El 17 de marzo informaron de que habían recibido material desde la Consejería de Sanidad que, aunque todavía insuficiente, «ayuda a que los trabajadores no se expongan más de lo que ya lo han hecho». Los responsables de la residencia afirmaban que tenían «contacto directo con la directora de geriatría del Hospital Clínico y diferentes médicos voluntarios que están volcándose en ayudar a paliar la situación. Desgraciadamente hemos tenido conocimiento de que el foco no solo se encuentra en nuestras instalaciones, sino en todo el barrio, siendo nuestros ancianitos los más vulnerables a sus efectos».

Aunque el consejero de Sanidad había subrayado la importancia de que las residencias mantuvieran informada a su Consejería, lo cierto es que la residencia Monte Hermoso ya lo había hecho. Desde nueve días antes. La propia Consejería de Sanidad lo acabaría reconociendo.

He contado este caso para que no perdamos de vista la gravedad de la epidemia, pero también por lo que ocurría con la medicalización de las residencias. En una entrevista que le hicieron ese mismo día 17 por la tarde en Informativos Telecinco, Isabel Díaz Ayuso siguió la estela argumental marcada por el consejero de Sanidad en la SER. Primero, afirmó que no sabía nada del estado de la residencia hasta que los medios de comunicación informaron de la muerte de diecisiete personas. Además, afirmó que todas las residencias ya estaban medicalizadas, ya fueran públicas, privadas o concertadas.

Reproduzco lo que dijo en esa entrevista: «Nos ha llegado la información a lo largo de la tarde. Dentro de toda la red asistencial, en su práctica totalidad todas las residencias están todas medicalizadas. De esta no sabíamos que estaban en esta situación. […]. Yo lo que también quiero transmitir es que no es la tónica general en nuestras residencias». Y continuó diciendo lo siguiente: «En las que son públicas están medicalizadas. En las privadas concertadas como este caso lo que hemos hecho es trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger a los mayores, la población más vulnerable»[42]. ¿Sabía de lo que estaba hablando?

Hay que recordar que esto lo estaba diciendo el 17 de marzo por la tarde. Solo cinco días antes, uno de los puntos del Plan de lucha contra el coronavirus que acababan de anunciar afirmaba que «las residencias se van a medicalizar». De ser cierto lo que afirmaba la presidenta, estaríamos ante unos gestores con unas capacidades sobrehumanas. Solo habían necesitado cinco días para medicalizar unas 200 residencias. Huelga decir que lo que decía la presidenta no era verdad. Ni siquiera se le parecía.

Pero no solo eso. Una noticia publicada el 29 de abril en elDiario.es desveló que un representante del geriátrico Monte Hermoso había enviado un correo electrónico a la presidenta el 16 de marzo, un día antes de su intervención en Telecinco, alertando de la «situación extrema» en la que se encontraba la residencia y de que llevaban varios días sin obtener respuestas de la Consejería de Sanidad. «Las comunicaciones en poder de esta redacción ponen de manifiesto la desesperación de los gestores del geriátrico que tras varios días intentando que se le prestase ayuda desde la Comunidad de Madrid optaron por escribir directamente a Isabel Díaz Ayuso», leemos en la noticia. El equipo de Ayuso admitía que, efectivamente, su gabinete había recibido ese email y que lo había puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad, la cual respondió que ya estaba trabajando en el tema[43].

El correo electrónico a la presidenta también mencionaba algo sobre lo que hablaremos más tarde: los problemas en la derivación hospitalaria. En él se informaba de que residentes con sintomatología covid, «algunos de ellos de gravedad», no habían podido ser derivados a los hospitales. «A pesar de haberse requerido su traslado, no han llegado los servicios sanitarios, habiendo fallecido esta noche un gran número de ellos». Durante aquellos días, solo se produjeron catorce derivaciones hospitalarias: trece residentes al Hospital Clínico y uno al Hospital Central de la Defensa.

Otro caso concreto demuestra que la prometida medicalización no terminaba de ponerse en marcha. El lunes 23 de marzo recibí una llamada de Raquel Jimeno, alcaldesa de Ciempozuelos, informándome de la situación extrema en la que se encontraba la residencia Casaquinta de su localidad. Así que decidí visitarla el día siguiente con el gerente de la AMAS, Óscar Álvarez, el director general de Emergencias, Pedro Antonio Ruiz, y la propia alcaldesa. También acordé con el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, que nos acompañara el «geriatra de enlace» asignado a la residencia, perteneciente al Hospital Infanta Elena de Valdemoro, aunque no se presentó. Horas después nos informaron que estaba de baja. Fue la primera visita a una residencia que realicé durante la crisis.

La situación que nos encontramos no podía ser más desoladora. En ese momento ya habían fallecido veintitrés personas en la propia residencia y otras dos en el hospital, y el número de contagiados era muy elevado. Había una tristeza muy difícil de transmitir con palabras. La directora que nos enseñó las instalaciones se echó a llorar varias veces de impotencia.

A la vuelta de Ciempozuelos, y ya en la Consejería, volví a hablar con el director general de Coordinación Socio-Sanitaria y le pedí que enviara un refuerzo sanitario con urgencia a esa residencia. Me respondió que enviaría un equipo móvil con médico y servicio de enfermería. Me pareció insuficiente, pero mejor eso que nada. Desde la Consejería de Políticas Sociales no podíamos hacer mucho más. Necesitábamos una mayor involucración de la Consejería de Sanidad, responsable de llevar la atención sanitaria a las residencias.

En otras comunidades autónomas ya se estaba haciendo así. De Andalucía tenía información directa. Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Andalucía y responsable de las residencias andaluzas, me había comentado por teléfono: «En cuanto se detecta un solo caso de covid en una residencia, la Consejería de Salud toma el mando. Esa es la operativa que tenemos». Días después pude ver el acuerdo en el que se sustentaba lo que me había dicho la consejera: se había tomado el 20 de marzo y salió publicado diez días más tarde en el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía[44].

Algo similar también ocurría en la Comunidad Valenciana, como habíamos podido ver en una noticia publicada el 18 de marzo en El Confidencial: «Las residencias de ancianos de la Comunitat con casos de virus tendrán control público»[45]. En el cuerpo de la noticia explicaban en qué consistía ese control: «Las residencias de ancianos públicas y privadas de la Comunitat Valenciana en las que se produzcan brotes de coronavirus pasan al control y protección de la Conselleria de Sanidad, que tendrá plena capacidad de inspección para evaluar la situación y tomar las medidas oportunas». En la Comunidad de Madrid, en cambio, seguían sin tomarse medidas semejantes.

El 24 de marzo, el mismo día de mi visita a la residencia de Ciempozuelos, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una normativa (Orden SND/275/2020, de 23 de marzo) que apuntaba en la misma dirección[46]. Después de hablar con el secretario de Estado, Nacho Álvarez, para conocer todas las implicaciones de esa Orden Ministerial —era bastante compleja— escribí un mensaje de WhatsApp al chat de los miembros del Gobierno, con la vista puesta en el Consejo de Gobierno previsto para el día siguiente:

El BOE ha publicado hoy la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establece que Sanidad debe asumir el control de las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios con casos confirmados de COVID-19.

1) Mañana necesitaríamos que se hiciera efectivo y que se nombrara un responsable de la Consejería de Sanidad para que se hiciera cargo de la atención sanitaria en estos centros. La situación es realmente preocupante, no os voy a engañar. Y debemos tomar decisiones acerca de cómo medicalizar estas residencias, aislar a los residentes, etc.

2) También sería bueno pedir a Pablo Iglesias y a Margarita Robles que extiendan el nivel de participación del ejército más allá de las labores de desinfección que está realizando la UME. Si hay personal sanitario, debería estar ya echando una mano en esta crisis.

3) Por último, y a título personal, considero que el SAMUR podría ayudar en la tarea de medicalizar las residencias. Os propongo contactar formalmente al ayuntamiento para que les autoricen a prestar servicios sanitarios en las residencias de inmediato.

Me gustaría que mañana, en el Consejo, pudiéramos tratar estos tres puntos,

Gracias.

No recibí ninguna respuesta durante la noche. Tampoco la esperaba porque las horas no eran las mejores: las 22:33. En cualquier caso, lo trataríamos al día siguiente en el Consejo de Gobierno.

En ese Consejo telemático, el 25 de marzo, hablé sobre la orden ministerial que, a mi juicio, implicaba la necesidad de hacer efectivo el mando sanitario de las residencias. Como tenía previsto, aproveché también para compartir con el resto de los consejeros la dureza de mi visita a la residencia Casaquinta de Ciempozuelos y la necesidad inaplazable de reforzar el apoyo sanitario en las residencias. La extrema virulencia de la epidemia, las bajas del personal asistencial y las dificultades para derivar a los hospitales estaban originando una situación insostenible para la que necesitábamos la involucración de Sanidad. También les hablé de lo que estaban haciendo en Andalucía y en la Comunidad Valenciana —que, además, tenían gobiernos de coalición—. Esperaba que entendieran la realidad de lo que estaba ocurriendo en las residencias de la Comunidad de Madrid. Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. «La situación es límite», les resumí.

No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado[47]. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones. Era la misma respuesta que estaba recibiendo mi equipo durante esos días y que me transmitían desconsolados. El único momento en el que hubo alguna reacción fue cuando me quejé amargamente de que no se nos tuviera en cuenta, de que no importábamos, de que se nos estaba dejando a nuestra suerte. El consejero de Sanidad se molestó por mis comentarios.

Podría citar muchos ejemplos de nuestros gritos de auxilio a la Consejería de Sanidad durante esos días para que medicalizaran las residencias. Pero no quisieron escucharlos. Y no lo digo solamente yo. El 22 de junio de 2020, El País publicó una entrevista con Carlos Mur, que había sido director general de Coordinación Socio-Sanitaria, y, por tanto, una persona con mucha relevancia en la Consejería de Sanidad al comienzo de la pandemia. Este fue el titular: «El responsable de medicalizar residencias en Madrid admite que la atención fue insuficiente durante semanas»[48].

Por otro lado, en su posterior comparecencia ante la comisión de investigación sobre residencias de la Asamblea de Madrid, en febrero de 2021, Antonio Burgueño, el asesor del Gobierno madrileño durante esas fechas, reconoció que la medicalización de las residencias no llegó a ponerse en marcha. «Estamos hablando de que el enfermo no fue bien atendido», dijo ese día. También lo dijo en la entrevista gracias a la cual me enteré de la reunión clandestina en Sol: «La medicalización de las residencias no se llevó a cabo. En el ejército es todo muy fácil. Faltó jerarquía, rapidez y eficacia», reconocía Antonio Burgueño en El País[49].

Como no estuve presente en aquella reunión secreta del 11 de marzo, jamás sabré qué falló exactamente para que no se produjera la prometida medicalización. Solo me queda especular sobre el asunto. Que la comisión de investigación terminara abruptamente tampoco ayuda a conocer las respuestas a preguntas como: ¿es probable que en aquella reunión anunciaran la medicalización de las residencias porque era una medida amable, aunque sabían de antemano que no la llevarían a término? Y una pregunta que me cuesta escribirla, pero tengo que hacerla: ¿alguno de los asistentes consideró que si iba a haber muertos mejor que se produjeran en las residencias (lejos del foco mediático) y no en los hospitales?

Recordemos el contexto: a la vista de lo que estaba ocurriendo en el norte de Italia, había cierto temor a que se produjera un colapso sanitario. Es una cuestión que también sobrevolaba la cabeza de la presidenta, como demuestra el hecho de que en una entrevista televisada el 19 de marzo tildara de «bulo»[50], precisamente, los rumores de colapso sanitario. ¿Sería muy descabellado que en aquella reunión se plantearan todas las maneras de evitar un colapso que, además de tener consecuencias sobre la población, cuestionara las políticas sanitarias de la Comunidad de Madrid durante los últimos años? ¿Por eso estaba presente uno de sus artífices, el consejero de Hacienda?

El origen

Nada de lo que pasó en marzo y abril de 2020 es ajeno a las políticas aplicadas durante los últimos veinticinco años en la Comunidad de Madrid. No puede serlo. El sistema sanitario y los servicios sociales partían de una situación de precariedad. Si la situación ya era grave en todo el país[51], aún lo era más en la región madrileña. Por ejemplo, el Índice de desarrollo de los servicios sociales 2020, publicado en mayo de 2021 por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, otorgaba la peor calificación posible a la Comunidad de Madrid en prestación de servicios sociales o en presupuesto dedicado a ellos[52]. Algunos medios se hicieron eco de la presentación de este informe. ElDiario.es, por ejemplo, tituló la noticia de la siguiente manera: «Madrid y Murcia son las comunidades que afrontaron la crisis de la COVID con peores servicios sociales»[53].

Además, recordemos que en esa época aún seguían vigentes los presupuestos aprobados en diciembre de 2018 porque no se había intentado llegar a ningún acuerdo para sacar adelante unos nuevos, como sí había sucedido en otras comunidades autónomas con gobiernos de coalición. La razón real de que no se hubiesen aprobado unos presupuestos para 2020, a mi juicio, era que el Partido Popular no quería enfrentarse a Vox a sabiendas de que Ciudadanos se opondría a algunas de sus exigencias.

Y para que nos hagamos una idea más precisa de lo que significaba que los presupuestos estuvieran congelados, en cuanto se aprobaron unos nuevos, en 2022, el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales se incrementó en un 19.23 % respecto a 2019 (353 millones de euros más en términos absolutos), hasta alcanzar un total de 2191 millones de euros.

Pero lo que mucha gente no sabe es que la intención original de la Consejería de Hacienda era ajustar aún más los presupuestos prorrogados. En febrero de 2020, esta consejería nos comunicó que había que dar una vuelta de tuerca más y que el presupuesto prorrogado debía ser «forzosamente restrictivo», lo que suponía bajar entre 350 y 400 millones de euros adicionales a los 260 millones ya retenidos a principios de año para compensar el aumento del gasto de personal. Es algo similar a lo que habíamos hecho a finales de 2019 para cerrar el año por debajo del 0.4 % de déficit, cuando se aplicaron retenciones de crédito por valor de 194 millones de euros. En resumen, y explicado de manera sencilla: tuvimos que enfrentarnos a una crisis sanitaria con una financiación ya de por sí escasa y con un presupuesto inferior al del año anterior.

En lo que tiene que ver con las residencias de mayores, ya mencionamos antes nuestras llamadas de atención al respecto durante los años previos. Pero podríamos mencionar muchas cosas más. En 2017, por ejemplo, con ocasión de la renovación del Acuerdo Marco de plazas residenciales concertadas, se dejaron 1000 plazas sin cubrir. Muchas empresas renunciaron al concierto ya que consideraban que, con los precios y condiciones que ofrecía la Comunidad de Madrid, no podían prestar un servicio de calidad. Y es que en 2017 el precio que la Comunidad de Madrid pagaba por cada una de las plazas concertadas llevaba diez años congelado. La menor de las consecuencias de esa renuncia fue la reubicación en otras residencias de aquellos usuarios que ocupaban plazas que no se renovaban; la mayor fue que no sabremos nunca el efecto que eso tuvo sobre el servicio y la calidad que prestaron las empresas que sí lo continuaron haciendo. Por este motivo, uno de nuestros objetivos inmediatos era la renovación de un Acuerdo Marco razonable en verano de 2021, cuando terminaba el que estaba vigente.

Durante la décima legislatura (2015-2019), en la que Ciudadanos no tenía responsabilidades de Gobierno, pero permitíamos con nuestro voto que gobernara el PP, habíamos sido muy críticos con su modelo de gestión en las residencias. En mis intervenciones insistía en denunciar el modelo low cost y de adjudicación por subasta, que desgraciadamente era el habitual en las contrataciones públicas de la Comunidad de Madrid. Pongo de ejemplo (uno de tantos), mis palabras en el Pleno de la Asamblea del 17 de marzo de 2016, con ocasión de una proposición no de ley del PSOE:

A nuestro juicio, la situación actual tiene las siguientes características: en primer lugar, ha existido una carrera a la baja en precios, la subasta se ha convertido en muchos casos en la única alternativa de adjudicación. En segundo lugar, al no tener en cuenta la calidad de los proyectos, se está expulsando a las entidades con experiencia, con buenos profesionales y con capacidad de innovación. En tercer lugar, se está favoreciendo un modelo que premia los costes bajos a cualquier precio, que es salarios bajos y, en muchos casos, proyecto inexistente; empresas sin ninguna experiencia en el sector y buenos contactos, claro, van expulsando a empresas y entidades sin ánimo de lucro que tienen experiencia contrastada en el sector. Consideramos que esto va en contra de los más mínimos estándares de una gestión eficiente y tenemos que ser capaces entre todos de encontrar un modelo que sea sostenible… Tenemos que ser capaces de detener esa carrera de licitaciones al mejor postor por lo menos en esta área de políticas sociales y familia, porque esto nos conduce a un sitio que no es nada recomendable. Porque ¿ustedes se imaginan que el único criterio para buscar una residencia para sus padres fuera el precio? ¿A que no lo harían? Pues debería ocurrir lo mismo con las decisiones públicas[54].

Tampoco es casualidad que durante esa legislatura (la inmediatamente anterior a la pandemia), prosperaran en la Asamblea dos reprobaciones a dos consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Precisamente a los de Sanidad (el 23 de junio de 2017) y al de Políticas Sociales (el 8 de febrero de 2018). Las dos Consejerías con el papel más crítico con relación a la pandemia. En ambas, mi voto y el de mi grupo parlamentario fue a favor de reprobar a ambos consejeros. Me voy a detener en la reprobación del consejero de Políticas Sociales de entonces, Carlos Izquierdo, que se concretó en la PNL 6/2018 presentada por Podemos. Entre las razones que daban para su reprobación, se encontraba la gestión de las residencias:

Los problemas en la gestión de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid han sido una constante durante esta legislatura y uno de los ejemplos más relevantes de la rápida degradación de un servicio público por parte del Gobierno del Partido Popular. Las condiciones de las residencias, los servicios a los usuarios, las condiciones de los trabajadores, el trato a las familias han empeorado gravemente durante estos años y han sido numerosos los ejemplos de estos problemas que se han llevado a la Asamblea ante la inacción permanente del Consejero[55].

Mi intervención el día en el que se debatió esa reprobación fue especialmente dura:

La gestión de las residencias públicas ha sido nefasta. No dudamos que en algunos casos se hayan producido accidentes lamentables de difícil control, pero el manejo posterior de esas crisis, la ocultación de los accidentes, la negación de los problemas, especialmente los de plantilla, o las declaraciones comparando las residencias con aparcamientos de ancianos, ha sido calamitoso; señor Izquierdo, usted es el responsable de los mayores de nuestra Comunidad. También es calamitosa la mano tendida que los grupos de la oposición le hemos tendido a usted para avanzar en un acuerdo y ustedes han optado por enrocarse e improvisar una vez más otro plan, esta vez de residencias, que llega tarde, mal diseñado y sin proyecto, cuando el daño ya está hecho… Usted se encontró con unos servicios sociales de calidad media/alta en la Comunidad de Madrid pero que habían sufrido fuertes recortes durante la pasada legislatura y no ha hecho absolutamente nada para detener su deterioro. Al contrario, su papel ha sido el de empeorar las políticas sociales. Y no lo digo yo: lo dicen los ciudadanos, lo dicen las familias y lo dicen las entidades del Tercer Sector[56].

Esto ocurría solo dos años antes de que llegara la pandemia. El resultado de la votación de la reprobación del consejero fue el siguiente: 126 diputados presentes; 78 votos a favor y 48 votos en contra. Unos meses más tarde, con ocasión de la dimisión de Cristina Cifuentes, Carlos Izquierdo saldría por la puerta de atrás y dejaría de ser consejero de Políticas Sociales.

¿La razón de lo que ocurrió en marzo y abril de 2020 en las residencias madrileñas es consecuencia de esas políticas (y las de los veinticinco años anteriores)? No solo, claro. En cualquier desastre, las causas son siempre múltiples, y algunas son muy difíciles de controlar. Pero ¿influyeron? Sin ninguna duda. ¿Si las residencias hubieran estado bien financiadas habríamos evitado la hecatombe? Rotundamente, no. Los tsunamis, cuando llegan, se lo llevan todo por delante. Pero también es verdad que las construcciones más sólidas y flexibles resisten mejor que las endebles: un mismo tsunami no causa los mismos estragos en las costas de Japón que en las de Filipinas. Y el sistema residencial madrileño mostraba señales de debilidad desde hacía demasiado tiempo.

Y no solo hablo de inversiones insuficientes: las leyes sociales vigentes en Madrid eran las más antiguas de España. Teníamos una ley de infancia de 1995 —obsoleta después de dos reformas de calado en la legislación nacional—, una ley de servicios sociales de 2003 —previa a la ley de dependencia— y una normativa sobre residencias de los años ochenta y noventa del siglo pasado, por citar solo los ejemplos más sangrantes. La Comunidad de Madrid era la comunidad autónoma con la legislación social más obsoleta de toda España.

Por esa razón, el primer objetivo de mi Consejería era acabar con aquello que durante la campaña electoral yo había calificado como «siesta normativa». Mientras gobiernos de otras comunidades autónomas se habían ido pertrechando con suficientes instrumentos jurídicos para gobernar con garantías, en la Comunidad de Madrid se había estado a otras cosas. Porque una de las consecuencias de no haber actualizado el Estatuto de Autonomía, como sí fueron haciendo la mayoría de comunidades autónomas en los primeros años del siglo XXI, es que la Comunidad de Madrid es una de las pocas en las que no se puede legislar por decreto ley. Y si el decreto ley es una herramienta útil en condiciones de normalidad, imaginaos cuánto lo es en una situación de emergencia. Solo hace falta mirar cuánto legislaron otras comunidades autónomas durante este periodo. En Madrid se tuvo que confiar todo a la contratación de emergencia, con los riesgos que eso supone, como hemos ido viendo con el tiempo.

Durante el último gobierno la actividad legislativa tampoco fue precisamente frenética. «No ha logrado sacar adelante en ese año y siete meses de legislatura ningún presupuesto y que solo ha aprobado una ley, la del Suelo, recurrida ante el Tribunal Constitucional al haberse aprobado sin el quorum necesario», contaba una noticia de elDiario.es publicada el 14 de marzo de 2021, cuando Ayuso anunció la convocatoria de elecciones anticipadas[57]. Estas cosas revelan un problema que no es de ahora: en esta Comunidad se ha estado más preocupado por esconder la corrupción (Gürtel, Púnica, Lezo…) o por bajar impuestos a costa de los servicios públicos que de prepararse para gobernar en condiciones.

La campaña

El 18 de marzo, el día siguiente a que se conociera la situación en la residencia Monte Hermoso, comenzó para mí con una conexión en directo en Telemadrid desde mi despacho en la Consejería. Además de hablar sobre la situación de esta residencia, expliqué por qué las residencias eran lugares especialmente vulnerables. Describí su contexto —personas mayores, dependientes y con pluripatologías compartiendo espacios comunes— como «una tormenta perfecta» para la transmisión del covid. Dos meses después, la Revista Española de Salud Pública publicaría un documento científico-técnico que lo explicaría mucho mejor que yo:

Existe una creciente evidencia internacional de que las personas que viven en centros sociosanitarios son particularmente vulnerables a las infecciones graves por SARS-CoV-2 y están experimentando altas tasas de mortalidad. La edad avanzada y las comorbilidades que presentan los residentes son factores de riesgo de gravedad y, además, el estrecho contacto que hay con el personal que los atiende ha hecho que los efectos de la emergencia sanitaria COVID-19 estén siendo particularmente graves en este colectivo. Otros factores que contribuyen a la extrema vulnerabilidad de estos centros son: los menores recursos diagnósticos con los que cuentan, la alta carga de trabajo, la falta de preparación del personal en cuanto a medidas de prevención y control de la infección, la movilidad de los trabajadores de una residencia a otra y el número de bajas en los trabajadores por enfermedad que está ocasionando esta pandemia, lo que implica una mayor carga de trabajo a los presentes con el consiguiente riesgo. La respuesta inmune alterada asociada al envejecimiento y la alta prevalencia de comorbilidad, como el deterioro cognitivo y la tos crónica, pueden dificultar el reconocimiento de los primeros signos y síntomas de infecciones virales respiratorias en esta población. Además, en los ancianos las infecciones en general se manifiestan con sintomatología atípica, que lleva a un retraso del diagnóstico. Varios estudios demuestran que las estrategias de control de infecciones basadas en la presencia de síntomas no son efectivas ni suficientes para evitar la transmisión, debido al papel importante que tienen los casos asintomáticos y presintomáticos[58].

A estas alturas, lo tenemos bastante claro. Pero recordemos que en aquella época todavía estábamos aprendiendo muchas cosas y por eso me parecía tan importante que hiciésemos pedagogía en las entrevistas.

Ese mismo 18 de marzo se publicó una noticia en ESdiario con el siguiente titular: «La cruel masacre en una residencia destapa la negligencia del consejero de Cs»[59]. No es más que un digital de segunda, pero lo analizaré porque pone en evidencia cómo funcionan las cosas en la Comunidad de Madrid.

Detengámonos en las palabras utilizadas en el titular: «Cruel», «masacre», «destapa», «negligencia». No cabían más valoraciones en una frase. Tampoco nos podemos olvidar de la mención a Ciudadanos, no fuera a ser que alguien se confundiera y achacara la supuesta «negligencia» a quien no debía. En el subtítulo de la noticia se mostraban algo más austeros, pero se entregaban directamente a la mentira: «El episodio colectivo más trágico del coronavirus, con 17 ancianos muertos, no encontró respuesta de Alberto Reyero, desaparecido pese a los avisos de trabajadores del centro».

No importaba lo compleja que fuera la situación a la que nos enfrentábamos en esos momentos y lo poco que supiéramos todavía de la mayoría de las cosas. En los primeros días de la crisis en las residencias, ellos ya tenían muy claro quién era el culpable y habían dictado sentencia. En solo unas horas. Se dedican al activismo, no al periodismo.

Solo estaban contando lo que les habían dictado en Sol. Porque en eso al menos eran honestos: «Según ha constatado ESdiario en fuentes oficiales del Gobierno regional, ni la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, fue informada de la situación del centro desde los responsables del área que tutela toda la atención a mayores en la región madrileña pese a que ellos son, sin duda, el objetivo más vulnerable del temible virus de origen chino». Acabamos de ver que eso no era cierto, como acabarían reconociendo. Demasiado tarde, claro. Y tengo una pregunta adicional y posiblemente muy ingenua: ¿Es normal que «fuentes oficiales del Gobierno regional» (como cita la noticia) se dediquen a mentir y a criticar a un miembro de su propio Gobierno?

Por otro lado, en la noticia desarrollaban punto por punto el argumentario que habían utilizado el día anterior tanto el consejero de Sanidad como la presidenta. No podía ser de otra manera si el origen de la información era el mismo. Aunque en este caso le añadían un toque melodramático: «Indignación al más alto nivel en la Puerta del Sol, donde se observan los hechos con pena por los mayores e incredulidad por la gestión».

A pesar de que en el cuerpo de la noticia reconocían que «las circunstancias que rodean el cruel caso no están nada claras», eso no les impedía llegar a la conclusión de que podían «encerrar incluso responsabilidades penales». Un razonamiento muy coherente, las circunstancias no estaban claras, pero ya tenían claro que había delito. Además de periodistas, jueces. Y añadían algo que es muy importante para entender mejor toda esta historia: «La propia Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias para conocer todos los detalles de un luctuoso suceso que puede tener consecuencias políticas profundas, ya para empezar». ¿Consecuencias políticas profundas? ¿Para empezar? ¿Qué nos estaba queriendo contar Sol, perdón, la redactora de ESdiario?

En la propia información hacían uso de un curioso argumento de autoridad, el del director de ese mismo medio digital. Veamos: «El propio director de ESdiario, Antonio Martín Beaumont, lo ha resumido con un demoledor tuit en el que denuncia la actitud del consejero Reyero, ahora en Ciudadanos [esto que no falte] pero procedente de UPyD [esto tampoco], por quien ya fue diputado autonómico: “Vergüenza la negligencia dolosa del consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero. Si en vez de dedicarse al postureo afrontara su responsabilidad, la suerte de los mayores de la Residencia Monte Hermoso podría haber sido diferente”»[60]. «Vergüenza», «negligencia dolosa» (este era también fiscal), «postureo», «UPyD». El mismo estilo del titular de la noticia, acumulando valoraciones precipitadas en unas pocas frases.

Pero sigamos con la noticia. Informaban de algo que era absolutamente falso en relación con las explicaciones que había dado en el directo de Telemadrid:

No ha explicado cómo y por qué se desatendieron las múltiples alertas lanzadas por familiares de los residentes que, durante días, mostraron su preocupación por el estado de sus seres queridos sin recibir información precisa al respecto. Algunos hablan de llamadas sin atender, de explicaciones poco precisas, de invitaciones a llevárselos a casa sin las pruebas médicas preventivas oportunas y, con el brote desatado, casi de abandono en soledad.

Más adelante insistían en que no había habido «ni una reacción de la Consejería [así a secas, dando por supuesto que hablaban de la Consejería de Políticas Sociales], pese a que le debían constar los avisos desesperados de trabajadores del propio centro, como esta espeluznante queja pública de un fisioterapeuta de Monte Hermoso en la que revela que llevaban con el foco desde el 7 de marzo y que, pese a sus constantes avisos, la Consejería de Asuntos Sociales [ahora sí, aunque no sea verdad] no les hizo caso».

Esa «espeluznante queja» a la que hacían referencia era un tuit que adjuntaban en la noticia y que copio en su integridad, porque son tan groseros mintiendo, que no se dieron cuenta de que la publicación de ese tuit probaba precisamente lo contrario de lo que pretendían demostrar:

Nacho Lozano @natxo88 (10:20 – 15/3/20): «Escribo estas líneas sobre la situación en mi trabajo, a ver si por la magia de las RRSS llega a alguien que nos pueda ayudar. #COVID-19 #155coronavirus @Hardcorcon»:

Soy fisioterapeuta y trabajo en una residencia de 130 camas en Madrid. Llevamos desde el día 7 de marzo con un foco de coronavirus en el centro y la situación que tenemos actualmente es desoladora. Hemos calculado unos 70 casos entre residentes y personal. El día 10 se realizaron pruebas a algunos abuelillos pero a día de hoy seguimos sin ninguna notificación al respecto. Han fallecido 12 residentes, 9 en el propio centro, y la cuenta por desgracia se prevé que siga aumentando. A pesar de solicitar derivaciones hospitalarias, estas no se producen porque los facultativos de las ambulancias no las consideran necesarias y cuando sí lo consideran es tan tarde que ya no hay nada que hacer. Nos encontramos a la deriva con respecto a las instituciones competentes, Consejería de Sanidad, Salud Pública … El personal de la residencia está haciendo lo indecible para ayudar en esta lucha desigual; da igual que seas enfermera, recepcionista, auxiliar, personal de mantenimiento o de administración … todos estamos intentando sumar para ayudar a nuestros mayores. Mucha fuerza y ánimo a todos los que se encuentren en una situación similar[61].

El fisioterapeuta no mencionaba por ningún lado a la Consejería de Políticas Sociales; sí lo hacía por el contrario a la Consejería de Sanidad, a la que mencionaba como una de «las instituciones competentes», junto a Salud Pública, un área que también depende de la Consejería de Sanidad. En el tuit no había ni una mención a la Consejería de Políticas Sociales, a pesar de que, según la noticia, «esta espeluznante queja pública de un fisioterapeuta de Monte Hermoso en la que revela que llevaban con el foco desde el 7 de marzo y que, pese a sus constantes avisos, la Consejería de Asuntos Sociales no les hizo caso».

Si leemos con detenimiento este tuit, además, comprobaremos que advertía sobre otro de los grandes caballos de batalla durante la crisis: los problemas con las derivaciones hospitalarias. Es decir, los problemas con los que se encontraban las residencias cuando pedían que sus usuarios fuesen trasladados a los hospitales. «A pesar de solicitar derivaciones hospitalarias, estas no se producen porque los facultativos de las ambulancias no las consideran necesarias». De los doce fallecimientos que mencionaba el tuit, nueve se habían producido en la residencia. Un 75 % del total. Un porcentaje muy similar al que llegaríamos semanas después, cuando hiciéramos recuento de esos terribles meses de marzo y abril.

La noticia de ESdiario incluía también la denuncia inconcreta de un empleado de la residencia, «que sigue en activo en estos momentos en el centro, prefiere que no conste su nombre por temor a repercusiones, pero está perfectamente identificado por este periódico». En concreto, la noticia publicaba el siguiente entrecomillado: «Al ver la situación se avisó a la Consejería para advertir de la situación. Nos han dejado vendidos, no hemos tenido el apoyo de las administraciones y ahora mienten, porque dicen que no tenían constancia de ello, pero no es verdad, porque se avisó a la consejería de que estábamos desbordados». La noticia no especificaba (de nuevo) de qué consejería se trataba, aunque daba a entender que era la de Políticas Sociales, los únicos culpables para ESdiario. Como todos sabéis ya, porque lo hemos contado solo unas páginas atrás, la consejería a la que se estaba refiriendo debía de ser la de Sanidad (igual que el tuit del fisioterapeuta), que era la que mantenía un contacto estrecho con la residencia desde días antes a través de las médicas epidemiólogas asignadas. Pero eso les daba igual.

La información deslizaba también otras frases que dejaban bien claro el mensaje que querían trasladar a la opinión pública: «La gestión de Reyero y su silencio hasta ahora está ya en la mirilla de la Justicia, de la política y, sobre todo, de los familiares de los fallecidos».

Hasta aquí el análisis de la noticia. Que era sesgada, falsa y cutre es evidente. Intentan presentarlo como periodismo, pero no lo es. Ya hemos visto que la presidenta y el consejero de Sanidad sí fueron avisados. Y los ejemplos incluidos en la noticia se referían a la Consejería de Sanidad, no a la de Políticas Sociales. Esta noticia habría pasado bastante desapercibida si algunos altos cargos del Gobierno del PP no se hubieran entregado con entusiasmo a su difusión. Desde sus correos y sus WhatsApp personales propagaron el enlace a la noticia, señalándome como culpable de la tragedia en la residencia Monte Hermoso. Ese era el único objetivo de la publicación de esa noticia tan burda.

Acababan de poner en marcha un plan desde Sol. Habían encontrado un culpable. Por supuesto, no era de los suyos. Es una de las jugadas clásicas en los gobiernos del PP: echar la culpa a los demás e intentar salvar el pellejo. Pero, además, iniciaban la cacería de un consejero de Ciudadanos, como mencionaba el titular. No olvidéis aquellas «consecuencias políticas profundas» a las que se refería la redactora de ESdiario. O que mi gestión estaba ya en la «mirilla de la política». ¿De la mirilla de Sol? Probablemente.

A pesar de que la noticia no era más que otro instrumento de la campaña de intoxicación que estaban poniendo en marcha por esas fechas, me siguió escamando durante meses la extrema virulencia de los ataques de este medio y también los de su director. Durante toda la pandemia no dejó de sorprenderme, pero entonces tenía demasiadas preocupaciones como para dedicar ni un segundo de mi tiempo a entender sus motivaciones.

Además de lo publicado ese 18 de marzo, durante los meses de abril y mayo, Antonio Martín Beaumont me dedicó palabras poco cariñosas desde su columna en La Razón. Todas ellas seguían el mismo patrón: yo era el único culpable de lo que estaba pasando en las residencias madrileñas. Era tal su obsesión que, tan avanzada la crisis como el 29 de junio, una vez que ya se sabía que no se había medicalizado ninguna residencia, me dedicó las siguientes palabras desde sus cuentas de Twitter y Facebook: «Cada día que pasa sale un nuevo dato horroroso que demuestra la inutilidad del personaje que ha causado sufrimiento y muerte a nuestros mayores. El consejero madrileño Alberto Reyero de Asuntos Sociales no puede seguir en su cargo. Por decencia. Ayuso y Aguado deben actuar ya»[62].

Una vez que dejé la Consejería, y con el tiempo que antes no tenía, me dediqué a tratar de entender el origen de esa animadversión. Y solo contaré una parte de lo que averigüé, porque daría para un monográfico. En un principio me engañé al explicarme toda esa inquina con la vieja relación del director de ESdiario con el PP, desde los tiempos de la Alianza Popular más conservadora: había sido presidente de Nuevas Generaciones de 1979 a 1984, procurador y portavoz en las Cortes de Castilla y León por Alianza Popular de 1983 a 1987, y autor de la biografía de María Dolores de Cospedal. Todo eso no justificaba nada. Cada uno es muy dueño de tener la ideología que quiera.

Sí me sorprendió encontrarme con que, solo un año antes, el alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover, del PP, había acusado a Antonio Martín Beaumont de encabezar una campaña de «descrédito personal y político» contra él para favorecer a su hija, concejal en la misma localidad[63]. Una campaña de acoso en la que, supuestamente, habría utilizado el medio que dirigía. Es decir, ESdiario. Mira qué cosas[64].

Pero las rencillas políticas de un municipio madrileño seguían sin tener nada que ver conmigo. Por esa razón dirigí mi atención hacia su publicación. ¿De dónde había salido ESdiario? ¿A quién pertenecía? Pronto averigüé que formaba parte de un grupo de comunicación, EDIGRUP, con fuerte implantación en Castilla y León. ¿Y quién estaba a la cabeza de este grupo de comunicación? José Luis Ulibarri[65].

Un repaso al currículo judicial de José Luis Ulibarri y a sus numerosas imputaciones resulta bastante ilustrativo. En abril de 2022 —por citar el caso más reciente— la Audiencia Nacional le condenó dentro de una pieza del caso Gürtel por un delito de prevaricación (tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público), un delito de fraude a las administraciones públicas (seis meses de prisión), un delito continuado de falsedad en documento mercantil (seis meses y 1200 euros de multa) y un delito contra la Hacienda Pública (tres meses de prisión y 40 000 euros de sanción), así como un delito de tráfico de influencias (tres meses)[66].

El 28 de febrero de 2009, con motivo de su imputación en el caso Gürtel, el diario Público publicó un perfil de José Luis Ulibarri titulado «El empresario que ya se veía en la “Champions”»[67]. En él, un político de Ponferrada afirmaba lo siguiente: «Cualquiera que se enfrenta a él en Castilla y León tiene que tener en cuenta que será apisonado por los medios». No es extraño, por tanto, que en el sumario del caso Enredadera, por el que ingresó en prisión preventiva un tiempo, volvieran a salir acusaciones de acoso como las que había denunciado el alcalde de Villaviciosa de Odón. Una noticia publicada el 3 de agosto de 2018 en el diario Leonoticias informaba de la existencia de una grabación en la que José Luis Ulibarri daba órdenes al director del Diario de León —también propiedad de EDIGRUP— de que pusiera «en el punto de mira» al presidente de la Diputación de esa misma provincia. La noticia añadía que una de las conclusiones de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) era que Ulibarri «recurría a la presión mediática para conseguir sus fines empresariales»[68]. Esto ya se parecía más a lo que estaba buscando. ¿Y sabéis quién colabora con el Diario de León? Antonio Martín Beaumont.

Pero no quedaba ahí la cosa. Encontré mucha más información sobre las conexiones entre Ulibarri y Beaumont, por si la de ESdiario y la del Diario de León no fueran suficientes. En una columna de El País publicada el 5 de marzo de 2007 y titulada «La Brunete mediática del PP»[69], Francesc de Paula Burguera contaba que Mediamed Comunicación Digital había recibido trece concesiones de TDT en la Comunidad Valenciana, que al frente de esta empresa estaban Antonio Martin Beaumont y José Luis Ulibarri, y que ambos eran «afines al PP». Todo esto sería muy interesante de contar, pero nos desvía demasiado del tema. Lo importante aquí es señalar la relación entre empresas y las campañas de intimidación a políticos.

Este asunto incluso vivió un momento televisivo. En abril de 2013, en una tertulia del programa Al Rojo Vivo, en La Sexta, el periodista Ernesto Ekaizer acusó en directo a Antonio Martín Beaumont de muchas cosas. Pero la que nos importa aquí es la de ser «un periodista disfrazado» y de «estar a sueldo». ¿De quién? «De José Luis Ulibarri»[70].

La conexión entre Ulibarri y Beaumont ha quedado más que demostrada. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues que José Luis Ulibarri, además de propietario de EDIGRUP, también es el fundador de Aralia, la empresa con la que había tenido un importante conflicto solo un mes y medio antes por un grave incumplimiento contractual que habíamos detectado desde la Consejería.

En ese momento, según recogía El País el 2 de febrero de 2020, «Aralia alega ser víctima de una “caza de brujas” por parte del consejero. Su director general, Álvaro Durán, respondió en un correo electrónico que tomarán medidas en los tribunales. “En ningún caso permitiremos ser atropellados por una decisión política arbitraria y que nos deja indefensos ante la opinión pública”, contestó Durán a este periódico»[71]. Ese mismo día me remitió una carta a la Consejería en términos similares. Aunque el propio José Luis Ulibarri se había apartado de la dirección coincidiendo con sus primeras imputaciones judiciales, la empresa seguía liderada por su familia.

No digo que los ataques de ESdiario y de su director estuvieran relacionados con los intereses del grupo empresarial al que pertenecía. Pero tampoco puedo decir que no lo estuvieran. Lo cierto es que esa relación empresarial existía. Y era una relación estrecha, de muchos años y que seguía vigente. A lo mejor, una aclaración advirtiendo del conflicto de intereses no hubiera estado de más. Sobre todo, viendo el historial de acoso a políticos en sus medios. Y lo dejo aquí.

Los protocolos

El 21 de marzo volví a las oficinas de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Era el tercer sábado consecutivo que lo hacía desde que conocimos el primer fallecimiento en una residencia madrileña porque esas visitas me permitían hablar con el equipo que estaba en primera línea, profundizar en la evolución de la crisis y transmitirles el apoyo del Gobierno en un momento tan difícil.

Esa mañana, el gerente de la AMAS me informó, nada más llegar, de que acababan de recibir un protocolo de Sanidad que les tenía muy preocupados. Era la primera vez que me hablaban de la existencia de un protocolo que, de aplicarse, impediría que muchos de nuestros residentes fuesen atendidos en los hospitales. Le pedí que me lo enseñara. El documento les había llegado adjunto en un correo electrónico enviado por Carlos Mur, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, área dependiente de la Consejería de Sanidad, con el siguiente mensaje:

Asunto: protocolo derivación hospitales a residencias (geriatra referente) - atención en residencias

Att./ Directores Gerentes y Directores Médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid

Buenos días a todos,

Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo actualizado para criterios de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid, servicios de Geriatría con especialistas referente constituidos y teléfono de contacto. Además, protocolo de actuación y protección elaborado por el AMAS (Dr. Primitivo Ramos) y listado de recursos (residencias de mayores con sus hospitales de referencia)

Dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y del material disponible. En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPIS en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales. El objetivo primordial en este momento es disminuir fallecimientos evitables en determinados centros.

Ruego a los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales la difusión del protocolo de actuación a todas las residencias de la red pública y privada.

Muchas gracias a todos por el esfuerzo y la comprensión.

Un afectuoso saludo, y mucho ánimo

Además del protocolo de marras, el email contenía otros documentos que no son relevantes ahora, pero que algunos aprovecharían después para confundir. El que nos interesa aquí es el que el correo denominaba «Protocolo actualizado para criterios de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada)». De entre todos esos documentos, este era el único firmado digitalmente por el director general, en concreto a las 16:37 del 20 de marzo, aproximadamente una hora antes de la hora de envío del correo electrónico (más tarde me enteraría de que la primera reunión para elaborar el protocolo se había celebrado el 13 de marzo y de que existía una versión anterior fechada el 18 de marzo).

El nombre completo del documento en cuestión, el famoso protocolo al que dedicaríamos tanto tiempo después, era «Protocolo de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19». En él se establecía un objetivo general de carácter muy poco concreto:

Establecer un modelo de coordinación entre los centros residenciales públicos, concertados y privados dependientes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y Centros Asistenciales dependientes de la Consejería de Sanidad de los hospitales de la Red Sanitaria Pública del Servicio Madrileño de Salud, que permita garantizar una atención a las necesidades de los residentes afectados por el Covid-19 con criterios de calidad, adecuación científico técnica y seguridad.

Donde sí revelaba su verdadera naturaleza era en sus objetivos secundarios, entre los que destacaba el primero de ellos:

Contribuir a la sostenibilidad del Sistema de Salud evitando las graves consecuencias que el colapso del mismo tendría tanto para la población afectada por el Covid-19 como para los pacientes no afectados por el virus y cuya salud debiera sufrir las menores consecuencias posibles de la actual crisis.

Personalmente, creo que en las palabras «sostenibilidad» y «colapso del sistema de salud» se encuentran las verdaderas razones que explican ese documento.

El protocolo abarcaba contenidos tan diversos como la definición de nuevos roles profesionales (geriatra de enlace y coordinador de plazas sociosanitarias) o el material a suministrar a las residencias (equipos de protección individual y medicación). Pero lo que más le preocupaba al gerente era el apartado 5, denominado «desarrollo operativo», donde se indicaba que, ante la detección de un paciente con sospechas de contagio por Covid-19, habría que proceder de la siguiente manera (subapartado 3):

Valoración, conjuntamente con el geriatra de enlace, de los criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante una infección respiratoria

Los protocolos de determinación de PCR diagnóstica serán los que se establezcan en el «Procedimiento de actuación frente a casos de nuevo coronavirus» del Ministerio de Sanidad (última actualización disponible).

Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que no tengan las siguientes características, serían criterios de exclusión:

Pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos.

Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzada.

Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS de 7).

Deterioro funcional severo (definidos por Barthel <25).

Deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5): lo ideal sería visita/atención en la propia residencia.

El siguiente subapartado, el número 4, recogía los «criterios de exclusión» que debían aplicarse en los casos en los que no había sospechas de Covid-19 pero sí se presentaba cualquier otra patología. Es decir, pongamos el caso de una persona con un agravamiento de su enfermedad crónica, algo que en circunstancias normales habría supuesto la derivación de la persona afectada:

Valoración, conjuntamente con el geriatra de enlace, de los criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante otra patología:

No se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios:

Criterios de gravedad de la patología aguda a tratar

Pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos

Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzada

Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS de 7)

Deterioro funcional severo (definidos por Barthel <25)

Deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5): lo ideal sería visita/atención en la propia residencia.

Estos protocolos expresaban que un residente que presentase síntomas de Covid-19 o sufriese cualquier otro problema de salud no sería trasladado a un hospital si cumplía alguno de los «criterios de exclusión». Estos criterios no se aplicaban para las personas que viviesen en sus domicilios y no en una residencia. Es decir, la condición sanitaria de los pacientes no era tan importante como el lugar en el que vivían. Tal cual.

Meses después, el 13 de noviembre de 2020, en la comisión de investigación en la Asamblea, la directora de una residencia de Alcorcón, Lidia Sánchez, explicaría de forma muy sencilla lo que eso significaba:

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: De hecho, en uno de los protocolos se habla de… —si me dejan un momento, lo miro— la escala de fragilidad, que un poco viene a decir que, si voy en silla de ruedas —tenga deterioro cognitivo o no lo tenga—, no entro [dentro] de los criterios de derivación, ya sea una derivación por motivos respiratorios, una infección respiratoria, o cualquier otra patología[72].

Aunque no recuerdo haberlo comentado con el gerente de la AMAS en nuestra conversación del 21 de marzo, en dicho protocolo se establecía también el papel que tendría desde ese momento el geriatra de enlace en la activación del traslado; y lo hacía en su punto 5:

(Procedimiento de derivación):

Será el geriatra de enlace quien activará el traslado al centro hospitalario de referencia o apoyo que considere, traslado consensuado con el médico responsable del paciente (en las residencias que haya).

El matiz estaba en ese adjetivo, «consensuado». La realidad es que, si el hospital decía que no, quedaban pocas posibilidades de consenso. Encontramos un ejemplo en la declaración, también en la comisión de investigación, en este caso el 4 de diciembre de 2020, de Mirthaines Castro de Ponzo, doctora de una residencia de Griñón que peleó por conseguir la derivación al hospital de un enfermo de su residencia:

La Sra. CASTRO DE PONZO: … un protocolo lo tienes que cumplir, obviamente, pero en el momento en que tú decides derivar a un residente no tenías la manera de hacerlo.

El Sr. FIGUERA ÁLVAREZ: O sea que se sintió obligada a actuar en función del protocolo.

La Sra. CASTRO DE PONZO: Obviamente, porque yo —voy a citar algo— en una de esas conversaciones le dije al geriatra: mira, lo monto en mi coche y me lo llevo al hospital. Y, bueno, tuve una respuesta, y la respuesta fue: bueno, lo llevas al hospital y se quedará en una silla dos días hasta que pueda ser atendido, porque estamos colapsados[73].

A la conversación que inicié con el gerente se incorporó el coordinador médico asistencial de la AMAS, Primitivo Ramos, quien me confirmó que también estaba en desacuerdo con ese protocolo y me ayudó a entender lo que significaba la terminología médica (GDS, Barthel). Me quedó claro que personas con un nivel de dependencia 2 o 3 quedarían excluidas de la derivación hospitalaria. O lo que es lo mismo: la mayoría de nuestros residentes. El nivel 2 de dependencia, por ejemplo, incluye a personas que no necesitan apoyo permanente de un cuidador, sino solamente ayudas puntuales dos o tres veces al día. Esto implicaba que una persona bastante autónoma en silla de ruedas o con síndrome de Down tampoco podría ser trasladada a un hospital, ya sufriese Covid-19 o cualquier otro problema de salud. Una barbaridad.

Que no se atienda a alguien en un hospital porque su traslado puede resultar perjudicial, no lo discute nadie. Sí cuestiono que se negara el traslado automáticamente a aquellos que estaban en condiciones de ser trasladados y que se podrían haber beneficiado del tratamiento en el hospital. Sobre todo, cuando existían alternativas hospitalarias —lo veremos más adelante— y cuando la prometida medicalización de las residencias no se estaba llevando a cabo. No hace falta que entre en detalles acerca de cómo morían las personas contagiadas de covid; imaginaos las que lo hacían sin un adecuado soporte sanitario. Porque todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a la sanidad y a no ser discriminados. Y no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución en su artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»).

¿A cuántas de esas personas que, con el tratamiento adecuado, podrían haber superado la enfermedad en un hospital se les negó el acceso? No lo sabemos. Y no lo llegaremos a saber nunca. Pero intuimos que fueron muchas.

Seguimos conversando durante un buen rato en la sede de la AMAS e intenté tranquilizar a mis dos interlocutores. «No os preocupéis. Esto no pude ser. Se lo transmitiré al consejero de Sanidad».

La mañana del día siguiente, 22 de marzo, envié un email a las 09:06 a Enrique Ruiz Escudero (consejero de Sanidad) y a Carlos Mur (director general de Coordinación Socio-Sanitaria), con copia a Javier Luengo (viceconsejero de Políticas Sociales) y a Miguel Ángel Jiménez (secretario general técnico de Políticas Sociales). No sé qué se me pasaría por la cabeza para escribir ese email a primera hora de la mañana de un domingo. No hay duda de que no había dormido mucho y durante toda la noche le había estado dando muchas vueltas a la cabeza a la conversación que habíamos mantenido sobre el protocolo en la AMAS. Lo primero que hice esa mañana, pues, fue trasladar nuestro desacuerdo a la Consejería de Sanidad en los siguientes términos:

Estimados compañeros,

Os agradezco la elaboración del Protocolo de Coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el COVID-19, pero me preocupan algunos de los criterios de exclusión de derivación hospitalaria establecidos en el mismo, como los siguientes:

Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS de 7)

Deterioro funcional severo (definidos por Barthel <25)

Deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5)

No estoy muy familiarizado con el índice Barthel pero entiendo que su equivalencia con los grados de dependencia puede significar que gran parte de los grados 3 estarían incluidos dentro de las personas excluidas y no hay que olvidar que son uno de los colectivos más numerosos en nuestras residencias de mayores. Si esto ocurriera, tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de las residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas. Por lo que sería necesario un apoyo sanitario adicional por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener.

Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene una componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con discapacidad grave pero buenas expectativas de vida (lesionados medulares, personas con parálisis cerebral, personas con discapacidad intelectual grave, etc.), podrían ser rechazados en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales. Por favor, tened en cuenta eso. Además, las residencias de personas con discapacidad no cuentan en su mayoría con soporte sanitario porque en situaciones normales no lo necesitan y son atendidos de manera habitual por su centro de salud más cercano

Sin otro particular, recibid un abrazo

Alberto

Como no conseguí hablar con el consejero de Sanidad a lo largo de la mañana, le envié otro email unas horas más tarde, en este caso solo a él, a las 14:18. En este segundo correo, aparte de insistir en la escasez de EPIs y de PCRs, le sugería que considerara dedicar parte de los hoteles medicalizados para el traslado de residentes sin síntomas de las residencias más castigadas por la epidemia y que por sus características pudieran ser reubicados. Pero el objetivo principal de este segundo email seguía siendo insistir en lo que ya había mencionado en el correo enviado a primera hora de la mañana, el protocolo de derivación a hospitales, que nos preocupaba enormemente. Este es el segundo texto enviado:

Buenos días Enrique,

Como estamos teniendo problema para poder hablar, te paso alguna de las cuestiones que me preocupan en relación a las Residencias.

Como he comentado en un email anterior en el que te he puesto en copia, me preocupan las consecuencias de excluir de la derivación hospitalaria a un número importante de nuestros residentes (básicamente los grados 3 de dependencia). Las Residencias son eficaces en la atención social pero la atención sanitaria está concebida para atender el día a día de los residentes, apoyada por el centro de salud más cercano y/o el hospital de referencia; una situación como la actual precisaría de una medicalización de las residencias que solo nos podríais facilitar vosotros o puntualmente las brigadas sanitarias del ejército.

Otra cuestión es la necesidad perentoria y conocida por todos de contar con EPIs y tests de detección rápida del COVID-19. En la actualidad son minoría las residencias con contagiados, pero resulta necesario y urgente proteger aquellas donde todavía no ha entrado. Ya que los familiares no pueden visitarlas en estos momentos, la única vía de entrada serían los trabajadores, por lo que es imprescindible contar con EPIs y tests de diagnóstico rápido con personal para implementarlo en la entrada de estos recursos para impedirlo.

En aquellas Residencias donde el virus ha entrado, la situación es muy complicada y aunque se realicen bien las tareas de aislamiento, no sé si podríamos considerar dedicar parte de los hoteles medicalizados a trasladar a residentes sin síntomas de estas residencias y que por su situación puedan ser trasladados para un mejor aislamiento del virus.

Por último, trasladarte nuestra preocupación por la dificultad que nos trasladan desde varias residencias con casos positivos y situaciones complejas de contactar con los geriatras de los hospitales y por la dificultad de que pacientes de las residencias sean derivados a los hospitales de referencia por lo que, dado que no cuentan con los recursos anunciados de medicalizar las residencias, les aboca a una situación de indefensión.

De cara a paliar esta situación y encontrar soluciones con carácter inmediato, como sabes, he solicitado la intervención de personal militar sanitario y logístico. De cara a poder poner en marcha esta activación lo antes posible solicito el refuerzo y el apoyo de la consejería que diriges en la intermediación con el Ministro de Sanidad y el Gobierno de España.

Un abrazo y mucho ánimo

Alberto

Estos dos correos electrónicos, enviados ese 22 de marzo, contienen muchas de las preocupaciones que se materializarían con el paso de los días: la inquietud por los criterios de exclusión en los hospitales, por supuesto; la necesidad desesperada de contar con EPIs y test; la alternativa de trasladar a personas contagiadas a los hoteles medicalizados; o la constatación de que no se había avanzado nada respecto a los recursos anunciados diez días antes para medicalizar residencias. Aunque estábamos en un momento muy temprano de la pandemia, todavía no tenía la certeza de que se estuviera negando la atención a los residentes en los hospitales. El protocolo que me habían enseñado el día anterior en la AMAS no era más que un papel. No podía ser que lo estuvieran aplicando. «Eso no puede ser», me repetía. «No puede ser».

Antes comenté que el consejero de Sanidad no me había contestado al primer email, pero sí lo hizo el segundo de sus destinatarios: Carlos Mur, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria. La persona que firmaba el protocolo y el que había enviado el correo electrónico solicitando su difusión. En su comparecencia del 24 de febrero de 2021 en la comisión de investigación de residencias en la Asamblea afirmó, para mi sorpresa, que nadie le había comunicado su disconformidad con los protocolos, ni durante su proceso de elaboración ni después. Lo podemos leer aquí:

La Sra. JOYA VERDE: ¿Algún responsable de la Consejería de Sanidad por encima de usted le llama o se pone en contacto con usted personalmente para trasladarle su disconformidad con esas recomendaciones?, ¿tienen alguna comunicación personal para hablar en concreto de esas recomendaciones o no? Simplemente, por ir un poco ágiles, sí o no.

El Sr. MUR DE VÍU BERNAD: No, no recibí ninguna llamada mostrándome la disconformidad con el contenido del protocolo geriátrico.

La Sra. JOYA VERDE: Ha quedado claro que ni por parte de ningún superior suyo de la Consejería de Sanidad ni tampoco de ningún responsable de la Consejería de Políticas Sociales.

El Sr. MUR DE VÍU BERNAD: No[74].

O en su respuesta, unos minutos después, a la pregunta directa de la portavoz de Ciudadanos, Ana García, quien le preguntó directamente por mi correo electrónico:

La Sra. GARCÍA GARCÍA: Le vuelvo a preguntar: ¿no recuerda que usted tuviera conocimiento de la oposición del señor Reyero a los Protocolos, a través de un correo electrónico del pasado 22 de marzo?

El Sr. MUR DE VÍU BERNAD: Recuerdo perfectamente que el 22 de marzo yo no recibo un correo electrónico directamente del consejero Reyero. En los 64 días y 64 noches que estuve como director general durante la primera ola de la pandemia recibí y envié 3025 correos electrónicos, los cuales han sido convenientemente revisados, y le puedo asegurar que yo no recibí o no me consta haber recibido un correo electrónico con esas características[75].

Lo cierto es que el director general de Coordinación Socio-Sanitaria no solo recibió ese 22 de marzo un correo mío alertando sobre los protocolos y sus consecuencias, sino que lo contestó una hora y media después, a las 10:26. En su contestación puso en copia a todos los destinatarios de mi correo y añadió a la viceconsejera de atención sanitaria, Ana Dávila. Y para que quede constancia de lo que digo, lo copio a continuación:

Estimado Alberto,

Muchísimas gracias por este correo, y por las indicaciones que contiene. El protocolo elaborado y consensuado por diez jefes de servicio de Geriatría de los hospitales madrileños, apoyados por el Dr. Primitivo Ramos (AMAS), intenta prestar la mejor atención clínica a la pandemia actual, utilizando los recursos existentes de la forma más racional posible. Por supuesto, son unas recomendaciones dinámicas, que deben evolucionar en base a datos objetivos: número de casos, número de fallecidos, profesionales de baja por aislamiento… Y disponibilidad de recursos en residencias, pero también en los centros hospitalarios, como sabes muy al límite esta semana. La idea núcleo era tratar «in situ» en las residencias aquellos casos que fuesen posibles, y trasladar al hospital a aquellos que pudiesen beneficiarse de ello. Evidentemente, las bajas y falta de cobertura de las mismas en las residencias de la red de Políticas Sociales con médicos y enfermeras, unidas a la falta global de EPIs, no nos permite funcionar todavía como «residencias medicalizadas».

No obstante, vamos socorriendo las residencias con más apuros, suministrando material, fármacos y oxigenoterapia desde sus hospitales de referencia. Los EASD de Atención Primaria, ya desbordados por la atención a domicilio, han ayudado en casos puntuales. Hemos movilizado el Pal24, los equipos de cuidados paliativos domiciliarios, para que presten la cobertura que puedan a las residencias. En efecto, y es muy duro reconocerlo, con algunos casos solo aspiramos a proporcionar sedación y muerte digna. Aspectos que sugiero sean también consultados a expertos en Bioética. Ahora que los hoteles medicalizados y el Ifema comienzan a funcionar en tiempo récord, los hospitales podrán derivar pacientes allí y prestar atención aún con más rendimiento.

En cuanto a los criterios establecidos para traslado según el índice de Barthel y GDS, me parece adecuado revisarlos con vuestros interlocutores mañana mismo, los centros de discapacidad me preocupan enormemente. En efecto, sus residentes suelen tener una buena expectativa de vida. Estoy en contacto estrecho con la DG, Pilar López, para atender todo lo que podamos. Como bien conoces, algunos nunca permitiremos criterios que resulten discriminatorios por ciertos motivos. Toda nuestra vida profesional ha estado presidida por la lucha contra el estigma y la discriminación de los más vulnerables, por trastorno mental u otras causas.

Gracias de nuevo

Un abrazo,

Carlos

La intervención de Carlos Mur del 24 de febrero de 2021 en la comisión de investigación no pudo ser más bochornosa. Puedo entender que intentara escabullirse de su responsabilidad afirmando que los protocolos no eran más que simples orientaciones para los geriatras, que incluso declarara estar disconforme con algunos de sus criterios o que llegara a decir que el protocolo recogía «una redacción inadecuada de los criterios o recomendaciones de derivación, utilizando el término de exclusión»[76]. ¿Por qué los firmó, entonces? No una vez, ni dos, sino cuatro. Lo que no admito es que mintiera e intentara sumar en su ignominia a otros que no tenían nada que ver.

A la pregunta de la portavoz de Vox, Gádor Joya, acerca de si había consultado el protocolo con alguien, dijo lo siguiente: «Lo hablé con la viceconsejera y con el consejero de Sanidad, y con el consejero de Políticas Sociales»[77]. No es admisible porque afirmaciones de estas características provocan una absoluta indefensión: ¿Cómo voy a demostrar yo que no hablé de este tema con él si nunca se produjo esa conversación? Por suerte, unos minutos más adelante y, ante las preguntas inquisitivas de la portavoz de Ciudadanos, Ana García, tuvo que retractarse de lo dicho con anterioridad: «Discúlpeme, quizá me he explicado mal. Yo no he dicho que el consejero Reyero validara ningún protocolo ni explicara nada»[78].

Mientras escuchaba esa comparecencia me reafirmé en algo acerca de lo que he reflexionado constantemente durante todo este tiempo: «Menos mal que puse muchas de las cosas por escrito». Y es que, durante la comparecencia negó varias veces que le advirtiera de nada:

La Sra. GARCÍA VILLA: Cuando le dijeron que podría tener consecuencias legales, el consejero Reyero, ¿usted qué pensó?

El Sr. MUR DE VÍU BERNAD: A mí directamente, el consejero Reyero, con el cual hablaba directamente casi todos los días en aquellas semanas y mantuvimos una relación muy estrecha —incluso me invitó en una ocasión a comer y a reunirme con su equipo, el día 18, para hablar de determinadas necesidades, entre las que también se habló de cómo se iban a vehiculizar, posibilidad de contratación para dotar de personal a los recursos sociosanitarios y también para comentar un poco la posibilidad de establecer un mando único en los servicios sociales al igual que se había hecho en el mando sanitario—, nunca me comunicó directamente ese tipo de calificativos, que entiendo que comunicaría a su homólogo[79].

Tanto lo que decía mi email como su contestación revelan que Carlos Mur mentía y que lo hacía de manera deliberada. En su email contestaba a mis advertencias acerca de las consecuencias legales del protocolo con estas palabras: «Como bien conoces, algunos nunca permitiremos criterios que resulten discriminatorios por ciertos motivos». ¿Qué le ocurrió a Carlos Mur durante la comisión de investigación?

Como oportunamente le recordó la portavoz de Ciudadanos, Ana García, los comparecientes en una comisión de investigación están obligados a decir la verdad, tal y como establece el Código Penal en su artículo 502.3: «El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses». No parece que eso le importara mucho entonces. Y posiblemente estaba en lo cierto: no ha tenido consecuencias.

Más tarde supe que, desde el envío del primer protocolo, el 18 de marzo, pese a la petición expresa del director general de Coordinación Socio-Sanitaria en su correo («Ruego a los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales la difusión del protocolo de actuación a todas las residencias de la red pública y privada»), la Dirección General de atención al mayor y a la dependencia había decidido no enviarlo. A juicio de su directora general, Begoña Cortés, en ese protocolo se establecían limitaciones a las derivaciones hospitalarias de acuerdo con criterios de dependencia y discapacidad que no eran aceptables. Algo con lo que no puedo estar más de acuerdo. Me siento orgulloso de que formara parte de mi equipo.

De ese protocolo se enviarían nuevas versiones el 24 y el 25 de marzo, aunque no será hasta el último, el del 25 de marzo, cuando se cambien los parámetros de exclusión por discapacidad y se sustituyan por una escala de fragilidad. Posiblemente en algo influiría el correo que envié al director general de Coordinación Socio-Sanitaria para introducir esos cambios. Pero, a pesar de todo, ninguna de las versiones del protocolo contó nunca con el visto bueno de la Consejería de Políticas Sociales.

Las distintas versiones del protocolo afirmaban que había vidas dignas de ser vividas y otras que no. Así de claro. La terminología médica escondía una discriminación inaceptable: si vives en una residencia no tienes derecho a ir al hospital. Tampoco si tienes una discapacidad. Hay otras vidas que merecen ser salvadas antes que la tuya. Y ese protocolo se aplicó. Por supuesto que se aplicó. Lo sabemos de distintas maneras, que veremos más adelante.

De momento, me gustaría abordar una última pregunta sobre este tema. ¿Por qué ninguno de los geriatras que colaboraron en su redacción alzó la voz contra estos protocolos? Encontramos la respuesta en la entrevista de El País a Antonio Burgueño, publicada el 22 de junio de 2020. «Los geriatras que los elaboraron pensaban que alguien vería a esos enfermos», afirmaba Burgueño[80]. Es decir, los geriatras que colaboraron en la elaboración de los protocolos estaban convencidos de que la anunciada medicalización se llevaría a cabo. Cosa que, como ya hemos visto y seguiremos analizando, nunca ocurrió.

La ayuda

Desde el primer momento tuvimos la sensación de que la Consejería de Sanidad no prestaba suficiente atención a las peticiones de auxilio que estábamos haciendo desde la Consejería de Políticas Sociales. Cuando le trasladé la situación al vicepresidente Ignacio Aguado, me sugirió que solicitara la intervención del Ejército y que hablara con la ministra de Defensa.

La tarde del 19 de marzo, en una entrevista en la Cadena SER, planteé la necesidad de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estuviera presente en las residencias. Así lo titularon en ese medio: «División en el Gobierno madrileño por la intervención del Ejército en las residencias»[81]. La división respondía a que el equipo de la presidenta se había encargado de manifestar a los medios que esa vía no estaba «encima de la mesa»[82]. Entre los argumentos que manejaban para desacreditar mi petición se encontraba que no la había presentado en el Consejo de Gobierno y que no la había despachado con ella. Es curioso que dijeran eso cuando la Consejería de Sanidad había puesto en marcha unos protocolos que excluían de la atención sanitaria a muchas personas sin haberlos presentado al Consejo de Gobierno. Además, afirmaban que desplegar al Ejército en las residencias de Madrid supondría replegar sus unidades de otras partes del país donde su labor era imprescindible. Como si las cifras de muertos en las residencias no fueran una urgencia de primer orden.

Entonces me sorprendió la virulencia de su respuesta. No entendía por qué. La única explicación que he encontrado después es que no estaban dispuestos a mostrar ninguna debilidad ante el Gobierno central.

La reacción del entorno de la presidenta me dio igual y seguí insistiendo. Fui posiblemente tan pesado que la propia presidenta acabó dándome la razón en un mensaje de WhatsApp: «Haz tú la gestión que decidas con el ejército, es tu responsabilidad. Es tu idea, llévala a cabo. Si el ejército tiene material o personal, pregunta tú ya que es idea tuya». Y eso es lo que hice. Y en el Ministerio de Defensa sí me escucharon.

Como recogía Vozpópuli en una información publicada el 20 de marzo: «El Ejército empieza a desinfectar las residencias de Madrid a pesar de la negativa de Ayuso»[83]. Pero las labores de desinfección aún me parecían insuficientes. Había que conseguir una ayuda más especializada del Ministerio de Defensa y que se involucrara también en la atención sanitaria.

Durante esos días me habían hablado muy positivamente de la Brigada Sanitaria del Ministerio de Defensa. Solicitaría su ayuda. A través de Miguel Gutiérrez, un diputado nuestro en el Congreso, conseguí el teléfono de Esperanza Casteleiro, la jefa de gabinete de la ministra de Defensa. La llamé y le trasladé la situación extrema de las residencias de la Comunidad de Madrid. Le hablé de las buenas referencias que teníamos de la Brigada Sanitaria y le pregunté si podríamos contar con su ayuda. Me contestó que hablaría con la ministra y que me llamaría a continuación. A la media hora me devolvió la llamada y me comunicó que la ministra le había dicho que los servicios asistenciales de Defensa eran muy limitados y que, en cualquier caso, trasladara nuestra petición al Ministerio de Derechos Sociales. «Desde allí, que conocen la disponibilidad de todos, ya que reciben todas las peticiones de las comunidades autónomas, nos la remitirán», me dijo.

Hablé a continuación con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y le informé de mi conversación con el gabinete de la ministra de Defensa y que iba a solicitar ayuda formal al Gobierno central; y que lo haría mediante una carta dirigida a Pablo Iglesias (ministro de Derechos Sociales), con copia a Salvador Illa (ministro de Sanidad) y a Margarita Robles (ministra de Defensa). Envié dicha carta por correo electrónico la noche de ese sábado 21 de marzo, al mismo tiempo que la compartía en mi cuenta de Twitter[84]. Reproduzco un extracto a continuación:

Estimado Vicepresidente,

[…]

La Sanidad madrileña está haciendo un enorme esfuerzo y un gran trabajo pero la situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos de las personas más vulnerables y con pluripatologías, por lo que en muchos casos deben permanecer en la Residencia, recibiendo una atención médica para la que la mayoría no están preparadas. Lo están para atención sanitaria en situaciones ordinarias pero no en una situación de crisis como la actual.

Por esa razón solicitamos que se active el apoyo sanitario y logístico del Ejército que permita mejor atención y viabilidad de los recursos residenciales con los que poder hacer frente a la crisis por el COVID-19.

Por eso te ruego que hagáis lo posible por conseguir la coordinación con el Ministerio de Defensa e indicar que entendemos que la misma puede realizarse mediante el personal de médicos, enfermeros y sanitarios de las unidades militares del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Unidad Militar de Emergencias o incluso la activación de reservistas con perfil sanitario.

En la actualidad la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya está trabajando a plena satisfacción en la desinfección de centros residenciales en la Comunidad de Madrid en el marco de la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.

Gracias por toda la ayuda que nos podáis prestar desde el Ministerio.

Un cordial saludo,

El secretario de Estado me respondió de inmediato solicitándome que identificara las residencias con la situación más delicada; concentrarían los primeros esfuerzos en ellas. Le envié un extracto con la información que habíamos empezado a recopilar esa misma semana de todas las residencias, con los centros que se encontraban en peor situación marcados en rojo. Durante los días siguientes aumentó la presencia de la UME en las residencias.

Se me ocurre otro ejemplo para ilustrar el abandono que veníamos experimentando. La comisión de seguimiento que comentamos unas páginas atrás mantuvo durante la primera ola un grupo de WhatsApp con todos los secretarios generales técnicos y viceconsejeros del Gobierno. El 25 de marzo, el mismo día en que se había celebrado un Consejo de Gobierno telemático en el que solo recibí evasivas a mis peticiones, en ese grupo se produjo una conversación que reconstruyo de memoria y a partir de las notas que, indignado, tomé entonces, cuando me informaron.

La secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia comenzaba informando del correo electrónico que habían recibido de un vecino de Mejorada del Campo que trasladaba la desesperación que estaban pasando en una pequeña residencia de ancianos de la localidad, que llevaba casi una semana sin médico ni enfermera: «Los ancianos están agonizando». También explicaba que habían contactado con la UME, con el alcalde y con el 112, pero no encontraban solución. Después de preguntar con quién podían hablar, concluía con dos frases que no se me olvidarán nunca: «Nadie se merece morir así» y «Solo necesitamos un médico». La residencia de la que hablaba ese correo era la residencia Gaudí, privada y con 52 plazas autorizadas.

La respuesta en el grupo de WhatsApp de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, fue inmediata y aparentemente tranquilizadora, informando que enviarían al SUMMA. Lo sorprendente fue lo que añadió a continuación: necesitaban que Políticas Sociales les diera el nombre de la paciente.

¿Nos estaban haciendo una petición desesperada de auxilio y necesitaban saber el nombre de una paciente? La situación era dramática en toda la residencia. El mensaje era clarísimo.

El viceconsejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, le contestó asegurando que la Consejería de Políticas Sociales ya le había trasladado las necesidades de apoyo sanitario de esa residencia al director general de Coordinación Socio-Sanitaria el lunes por la mañana (23 de marzo). Y que la propia geriatra del Hospital del Henares también había alertado sobre la gravedad de la situación con un mensaje que también había trasladado a la Consejería de Sanidad. ¿Por qué les costaba tanto entender que nosotros no podíamos prestar la asistencia sanitaria que sí podía prestar Sanidad?

Ana Dávila contestó a este mensaje con una frialdad tremenda, insistiendo en que necesitaban el nombre de la paciente que tenían que recoger. Javier Luengo le respondió recordando algo que ya sabían: que había un fallecido en espera de retirar el cadáver y 48 personas infectadas. Y todo ello, sin médico ni enfermera. «No hay una paciente. Hay 48», aseguraba Luengo.

La contestación de Ana Dávila fue que, para actuar, había que activar las medidas de la Orden Ministerial que nos habían enviado y que estaban esperando a que la viéramos.

La noche anterior, como ya hemos visto, ya había informado yo al Consejo de Gobierno acerca de la necesidad de implementar precisamente esa Orden Ministerial:

El BOE ha publicado hoy la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establece que Sanidad debe asumir el control de las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios con casos confirmados de COVID-19.

1) Mañana necesitaríamos que se hiciera efectivo y que se nombrara un responsable de la Consejería de Sanidad para que se hiciera cargo de la atención sanitaria en estos centros. La situación es realmente preocupante, no os voy a engañar. Y debemos tomar decisiones acerca de cómo medicalizar estas residencias, aislar a los residentes, etc.

Pero con su mensaje en la comisión de seguimiento, Ana Dávila estaba insinuando que no leíamos lo que nos mandaban… Y por si fuera poco, seguía en esa línea faltona, quejándose de que no estábamos colaborando lo suficiente. De nuevo, la responsabilidad era nuestra, que no hacíamos nada. Balones fuera y mientras tanto, cientos de personas muriendo en las residencias sin atención sanitaria. Bastaba con que ellos ordenaran el envío de ayuda, pero se resistían a hacerlo.

Javier Luengo respondió en ese grupo con contundencia, resumiendo el sentir general de la Consejería. Lo hizo en unos términos parecidos a los siguientes: «Entonces, ¿no mandáis a nadie a dar apoyo a la petición de emergencia?».

La situación se volvió tan tensa que el viceconsejero de Presidencia se vio obligado a intervenir para sugerir que se llamaran para tratar este tema y ofreciéndose él mismo para mediar. Eran las 9 de la noche. Esa actitud por parte de la Consejería de Sanidad era a lo que nos enfrentábamos en esas fechas. ¿Incomprensible? Sí, pero real. Los que tenían que ayudarnos no estaban dispuestos a hacerlo.

Hay que destacar que Ana Dávila, como viceconsejera de Asistencia Sanitaria, tenía un papel clave como responsable del SERMAS, del SUMMA 112 y de la coordinación sociosanitaria.

No quisieron entender nunca algo que les repetimos constantemente: que había más de 100 residencias que no contaban con un médico; y que la plantilla sanitaria era muy limitada en aquellas residencias que sí lo tenían. Pero es que, además, la Consejería de Políticas Sociales nunca estuvo dimensionada para una catástrofe sanitaria como la que se nos vino encima. Por eso en otras comunidades autónomas se organizaron para que la Consejería de Sanidad se hiciera cargo en cuanto se identificaba un contagio en una residencia.

Ya he mencionado páginas atrás que en la Comunidad de Madrid había 475 residencias de mayores, veinticinco de las cuales eran públicas y 450 privadas. Las veinticinco públicas están gestionadas por la AMAS y todas ellas cuentan con personal sanitario propio y dependiente de la Consejería. En el resto de la red (que abarca aproximadamente un 90 % del total de las plazas), el personal sanitario depende de las propias empresas que gestionan el recurso residencial.

Entre las privadas hay dos tipos: las que son completamente privadas y las que son concertadas y de gestión indirecta. En las primeras, nuestro papel era autorizar su funcionamiento e inspeccionarlas una vez al año como mínimo. En las segundas nos encargábamos de elaborar los pliegos de contratación, garantizar la libre concurrencia de las licitaciones y controlar su cumplimiento. Y en ambos casos, las propias residencias son las encargadas de contratar al personal sanitario, aunque no en todos los casos están obligados a contar con este tipo de personal.

Una vez iniciada la pandemia, nuestra consejería pasó a ser la responsable de absolutamente todo lo que ocurría en las 475 residencias de mayores que hay en la región, en las 181 para personas con discapacidad y en las más de 80 residencias pertenecientes a congregaciones religiosas. Era lógico que nos encargáramos de todas ellas, aunque las residencias privadas y concertadas seguían siendo las encargadas de contratar a su personal sanitario. Repito, pues, que la Consejería seguía teniendo un papel importante pero muy limitado.

Además, hay que tener en cuenta que muchos de los trabajadores de la Consejería tienen un perfil más orientado hacia la gestión. En la plantilla de la Dirección General de la atención al mayor y a la dependencia, por ejemplo, cuando estalló la pandemia había 347 personas, 261 de los cuales se dedicaban a gestionar el complejo procedimiento existente para la atención a la dependencia. Quedaban, pues, 86 personas que se dedicaban a trabajar en la elaboración de los pliegos, en la contratación y en el control de las aproximadamente 15 000 plazas de residencias de gestión indirecta y concertadas de la red, así como de centros de día, de teleasistencia o de ayuda a domicilio. Tampoco podemos olvidarnos del otro recurso con el que cuenta la Consejería, como es la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA), que es la encargada de autorizar e inspeccionar las residencias y que entonces contaba con treinta personas.

Creo que con esta breve y muy simplificada explicación nos podemos hacer una idea de la situación. La Consejería no estaba diseñada para hacerse cargo de la asistencia sanitaria. Y menos en una epidemia. Y fue lo que nunca quisieron entender en la Consejería de Sanidad.

También hay que destacar que el personal sanitario presente en las residencias (propio o no) está muy capacitado para el tratamiento de enfermos crónicos y la atención diaria de los residentes, pero no tanto para atender situaciones agudas. La práctica habitual en una residencia es solicitar el traslado al hospital en cuanto la situación de un residente se complica. Las residencias funcionan, a todos los efectos, como los hogares de los mayores. Si su situación sanitaria se complica, son atendidos en los hospitales.

Además de las residencias que no tenían médico en su plantilla o que, si lo tenían, no estaba disponible las 24 horas, la epidemia, con sus bajas y cuarentenas, significó que muchas tuvieran que sobrevivir los peores días sin atención sanitaria alguna. Esa era la realidad en la que nos encontrábamos. Y tuve la ocasión de compartirla públicamente en mi comparecencia en la comisión de Políticas Sociales del 21 de abril de 2020, donde dije entre otras cosas lo siguiente:

A día de hoy, el 22 por ciento de los médicos de las 475 residencias de mayores está de baja y el 26 por ciento de los DUE, de unas plantillas pensadas como recurso social y no sanitario, repito, aunque cuenten con médico. Para que nos hagamos una idea, hay 135 centros residenciales de mayores que no tienen médico, un 28 por ciento del total, y 106, un 22 por ciento, que solo lo tienen en turno de mañana. Esto, que puede ser suficiente y que es legal en unas condiciones de normalidad asistencial, no lo es en una situación de emergencia con un elevado número de enfermos contagiosos dentro de una residencia; de ahí, la petición que se ha hecho de manera reiterada y desesperada por parte de mi consejería[85].

Por esas razones, entre otras, rogábamos a la Consejería de Sanidad que nos ayudara. Ya he comentado que en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo solicité, para empezar, cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para atender a los casos más urgentes, pero necesitábamos muchos más. Curiosamente, Antonio Burgueño, la persona que había nombrado la presidenta Ayuso como asesor para el covid, en una entrevista publicada meses después en El País, dimensionaría la necesidad de las residencias en ese momento: «Mi plan era medicalizarlas con los tres mil y pico médicos de atención primaria en la Comunidad, pero ellos no fueron [a las residencias]»[86]. ¿Os hacéis una idea de lo poco que estaba pidiendo? Pues no nos dieron ni eso.

Respecto a las declaraciones de Antonio Burgueño a El País hay que destacar que provocaron una tremenda indignación entre los colectivos de médicos. Tanto la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se indignaron al considerar que estaba acusando de manera injusta a los médicos de atención primaria «cuando no tienen competencias ni facultades de decisión para desplazarse a las residencias de mayores […] y que, por tanto, no abandonaron a su suerte a los mayores de las residencias»[87]. No estaba de más la aclaración solicitada, pero estaba claro que las responsabilidades no estaban en los médicos de atención primaria sino en la Consejería de Sanidad.

En esa misma línea lo explicaría unos días después el director de la residencia pública Reina Sofía en un testimonio recogido por elDiario.es en una crónica publicada el 1 de abril: «“Aquí todos nuestros residentes son personas muy dependientes con pluripatologías y complejidad clínica importante”, replica el director de la residencia Reina Sofía, cuyos usuarios en su mayoría son no derivables según el nuevo protocolo. El gestor lamenta no haber tenido más apoyo sanitario. “Nos habría venido bien. En algunos casos evolucionan muy rápido. Tenemos los medios propios de una residencia, no el aparataje de un hospital necesario en supuestos de gravedad extrema”»[88]. Y esto lo decía el director de una residencia pública, que eran las mejor equipadas en cuanto a personal sanitario.

No sé si alguien en el otro lado del Gobierno llegó a entenderlo, pese a nuestra insistencia. Quienes sí lo entendían eran algunos expertos en el sector sociosanitario, como recogería El País en un artículo publicado el 3 de junio: «“Se percibía una tremenda frustración”, cuenta Gustavo García, experto en servicios sociales que conversó en los peores momentos con Reyero y otros altos cargos de la consejería. “Ellos no tenían medios y podían hacer poco. Es como si le pides a la Consejería de Turismo que ponga medidas sanitarias en los hoteles”»[89].

No se puede explicar mejor. Esa era la realidad, cuando además los hospitales o la atención primaria cuentan con trabajadores públicos. Con muchos trabajadores públicos y muy especializados. Sanitarios en su mayoría. Cualquier hospital del SERMAS cuenta con más trabajadores públicos que nuestra Dirección General de atención al mayor y a la dependencia al completo. O por ejemplo, la plantilla del SUMMA 112 multiplicaba por cuatro el personal de toda la Dirección General; por no hablar de los perfiles especializados con los que ellos sí contaban y nosotros no.

Y ya que hablo del SUMMA 112, más tarde me contaron que aproximadamente un 20 % de sus efectivos (unos 400 sanitarios) no estuvieron operativos las primeras semanas de la pandemia como consecuencia del cierre de los centros de salud. Con el tiempo, la mayoría se iría incorporando —no todos— a los nuevos recursos que se fueron abriendo, como Ifema. En lugar de hacernos caso y de asignar personal sanitario temporalmente a las residencias, nos lo quitaron. Los hospitales, pero sobre todo Ifema. Actuaron de aspiradoras del escaso personal sanitario que había en nuestras residencias, como luego veremos. En el momento en el que más lo necesitábamos.

Y para terminar con esto, no quiero olvidarme de mencionar que durante esas semanas hablé varias veces con Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid. Consciente de la situación en la que estábamos en la Consejería de Políticas Sociales, me ofreció recursos del ayuntamiento de Madrid similares a los que estaban utilizando para las personas sin hogar, en este caso en la Casa de Campo. Le agradecí el ofrecimiento, no solo en lo material sino sobre todo en lo emocional. Pero después de valorar su propuesta, tuvimos que descartarla: nuestro problema principal era de personal sanitario.

El plan

El jueves 26 de marzo fue un día clave en la cronología de la gestión de la pandemia durante la primera ola. La presidenta me llamó por teléfono a primera hora y me informó de que había decidido poner en marcha un plan de choque para las residencias coordinado por la Consejería de Sanidad y con la participación de las consejerías de Justicia y de Políticas Sociales. No me contó mucho más, pero me pidió mi opinión. Yo le contesté que me parecía una buena idea. Lo que teníamos enfrente era una emergencia sanitaria y era una buena manera de hacerle frente. Y además era una medida que daba respuesta a la Orden Ministerial que ya les había explicado, primero por WhatsApp y más tarde en el Consejo de Gobierno. Contaba con mi apoyo.

En ese momento sentí un cierto alivio. Creía que mi petición de ayuda había sido finalmente escuchada, que mis compañeros habían entendido que el problema era sobre todo sanitario y no solo de servicios sociales y que por fin íbamos a contar con la ayuda que necesitábamos. Ay, ingenuo de mí.

La presidenta nos convocó más tarde a una videoconferencia con el vicepresidente, el alcalde de Madrid, el consejero de Sanidad y el consejero de Justicia. En esa reunión nos dio algún detalle adicional del Plan y todos mostramos nuestro apoyo. De nuevo.

El tema de las competencias, pues, quedaba de la siguiente manera. Por un lado, recordemos que el 14 de marzo de 2020 se aprobó el decreto ley del estado de alarma que facultaba al ministro de Sanidad a garantizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública en toda España. Por otro lado, en el plano autonómico, iba a aprobarse un plan de choque en las residencias de la Comunidad de Madrid que ponía al frente a la Consejería de Sanidad, en coordinación con la de Políticas Sociales y Justicia.

Mientras esto ocurría, algunos medios empezaron a hacerse eco de la existencia de unos protocolos que impedían el acceso a los hospitales. El día anterior, 25 de marzo, El Español publicó una noticia con el siguiente título: «El polémico documento de Madrid: los ancianos con discapacidad y síntomas no se derivarán al hospital»[90]. Esa información recogía extractos de la primera versión del protocolo, la del 18 de marzo, y afirmaba que la Comunidad de Madrid estaba «discriminando a los ancianos que viven en residencias y que presentan discapacidades de movimiento o cognitivas». Asimismo, señalaba cómo había llegado este protocolo a su poder: «Este diario ha llegado a él después de que una residencia con numerosas personas en esta situación viera cómo sus pacientes no podían ser trasladados a los hospitales».

Esa noticia recogía la indignación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con los criterios que se establecían en ese documento: «Hemos trasladado la situación a la Consejería de Políticas Sociales y nos han comentado que ellos tampoco lo entienden». Era la primera vez que se publicaban los protocolos y que se hacía público que en la Consejería de Políticas Sociales no estábamos de acuerdo con ellos.

Como tantas otras veces, la Consejería de Sanidad no hizo ningún comentario: «El Español ha intentado ponerse en contacto con la Dirección General que elabora el documento, pero ha sido infructuoso». También era la primera vez que se reproducían algunos de los criterios contenidos en el protocolo. En los extractos que reproducía la noticia estaban subrayados algunos de los aspectos más sangrantes del mismo. Pero para conocerlo en su integridad aún tendríamos que esperar un par de meses.

El día siguiente, 26 de marzo, El País publicó una noticia titulada de una manera muy descriptiva: «¿Por qué no va la ambulancia a las residencias? Madrid descarta a terminales, grandes dependientes…»[91]. La información contaba que «las residencias de Madrid donde hay un brote de coronavirus chocan estos días con un muro para aliviar su situación: muchos ancianos enfermos son rechazados por los hospitales». Y señalaba claramente dónde estaba ese muro: «En un protocolo de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso El País, que ha sido elaborado por un grupo de geriatras basado en la ética de la medicina de catástrofes».

El artículo también ofrecía detalles que en ese momento todavía eran desconocidos acerca del sistema que ese protocolo había puesto en marcha y hacía referencia a la reunión del 13 de marzo entre geriatras y funcionarios de la Consejería de Sanidad. Esta información, además, recogía un extracto del protocolo, en este caso correspondiente a la tercera versión, la del 24 de marzo.

A raíz de la publicación de estas dos noticias, diferentes medios se pusieron en contacto con nosotros para conocer la posición de nuestra consejería. La he encontrado recogida por lo menos en dos noticias distintas, en informaciones del 26 de marzo:

El Mundo (16:40): «La Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria había enviado un protocolo de actuación a las residencias que en la Consejería de Políticas Sociales consideraban “discriminatorio”»[92].

ElDiario.es (17:13): «La Consejería de Sanidad distribuyó, en contra del criterio de Políticas Sociales, un protocolo que dejaba fuera de los traslados a los usuarios con estas características [mayores de residencias con dependencia severa] y ahora anuncia que lo modificará tras las quejas de CERMI por “discriminatorio”»[93].

Nuestra posición estaba muy clara. Pero los medios no volvieron a interesarse por esta cuestión, de manera seria, hasta casi dos meses después.

Ya que hemos mencionado la información de El Mundo que recogía nuestra oposición a los protocolos, me detendré en el resto de la noticia, que llevaba el siguiente titular: «Sanidad de Madrid rectifica la instrucción de no llevar al hospital a ancianos con discapacidad y síntomas de coronavirus». La noticia mencionaba que la instrucción «había generado un profundo malestar en las asociaciones que representan a las personas con diversidad funcional» y que «esta indicación figuraba en el protocolo frente a la pandemia del Covid-19 que la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria había enviado a las residencias de mayores de la región esta semana, tal y como avanzó El Español y confirmaron a este periódico en el Gobierno regional». La frase final es muy importante porque incluía la confirmación, por parte del Gobierno regional, de la existencia de esas instrucciones. ¿Por qué la considero importante? Porque dos meses después, el 28 de mayo, la presidenta lo negaría rotundamente en el pleno de la Asamblea.

Algunos medios, entre ellos infoLibre, entenderían posteriormente la publicación de esta noticia como una filtración «interesada» de la Consejería de Sanidad: «El 26 de marzo, la Consejería de Sanidad aprovecha la noticia publicada en el periódico de Pedro J. para anunciar públicamente, a través de El Mundo, que ya se ha rectificado dicha “instrucción”»[94]. En realidad, a lo que se estaban refiriendo era a que el día 25 habían enviado una última versión del protocolo que suavizaba alguna de las barbaridades de las versiones anteriores. Esa misma excusa sería la que utilizarían semanas después, cuando se anunciara el cese de la persona que firmaba esas instrucciones y que veremos más adelante.

También el 26 de marzo, en la Consejería de Políticas Sociales nos preparamos para publicar una nota de prensa con los datos de fallecidos en residencias hasta ese momento. Era una información que nos llevaban reclamando los medios desde hacía días y que nos habíamos comprometido a facilitar. La transparencia seguía siendo un compromiso innegociable, y más en una situación como la que estábamos viviendo.

Esa semana, la cifra de fallecidos recogida diariamente por los inspectores del CIRA había alcanzado cotas dramáticas. Si el 22 de marzo eran 485 los fallecidos en las residencias, solo tres días más tarde esa cifra había aumentado hasta 1130. Antes de publicar los datos, los compartimos con los grupos parlamentarios y con las plataformas de familiares, con el objetivo de evitar el impacto emocional que les hubiera causado enterarse por la prensa.

En cuanto en Sol supieron que íbamos a publicar esa información, la consejera de Presidencia me llamó pidiéndome explicaciones. Le expliqué las razones para hacerlo y seguimos adelante, aunque me quedó muy claro que no le gustaba la idea, como también supe por una noticia de El Confidencial publicada el 28 de marzo: «La gota que colmó el vaso fue la decisión del consejero de Ciudadanos de publicar las cifras de muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid. En el entorno más cercano de la presidenta de la Comunidad se entendió como “un alarmismo innecesario” y “una falta de sensibilidad”»[95]. Ellos hubieran preferido la opacidad de siempre, claro. No podíamos ver el mundo de una manera más diferente.

Alrededor de las 20:00, Presidencia lanzó una nota de prensa en la que anunciaba el plan de choque del que nos había hablado la presidenta por la mañana y que implicaba el establecimiento del mando único de Sanidad sobre las residencias. Reproduzco de forma íntegra la nota de prensa[96]:

Díaz Ayuso activa un plan de choque en residencias de mayores con Sanidad de mando único y la colaboración de Bomberos y Protección Civil

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pondrá en marcha de manera urgente un plan de choque para las residencias de mayores de la región ante los acontecimientos de los últimos días en los que se han registrado numerosos casos de contagiados y fallecidos en estos centros como consecuencia del coronavirus (COVID-19). La Consejería de Sanidad se situará como mando único para llevar a cabo las actuaciones sanitarias en estos centros.

Este plan incluye la actuación inmediata de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal de Protección Civil en una serie de actuaciones para las que contarán con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Entre ellas, destacan el traslado de pacientes sin patologías y que no estén infectados, a hoteles cercanos o, dependiendo del criterio de los familiares, a su domicilio particular: los responsables de la Consejería de Políticas Sociales contactarán con los familiares para que decidan la opción preferida en cada caso. Estas actuaciones de choque contarán, además, con la colaboración estrecha del Ayuntamiento de Madrid, que pone a disposición del Gobierno regional sus servicios tanto del Samur-Protección Civil como de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, para las residencias situadas en la capital.

Para ultimar el proyecto, Díaz Ayuso ha convocado esta mañana una reunión de urgencia por videoconferencia en la que han participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

El Plan supone un mando único sanitario que asumirá la Consejería de Sanidad, en coordinación con la de Políticas Sociales y Justicia, Interior y Víctimas, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM). El Gobierno regional hará un mapeo urgente de las residencias de la región, para analizar bajo un mismo protocolo el estado de las mismas y la situación de los residentes.

Así, desde la ASEM se va a establecer un mando operativo para coordinar todas las actuaciones de los cuerpos (Bomberos y Protección Civil), siempre bajo las directrices de Sanidad y Políticas Sociales, que decidirán en cada caso cuáles son las actuaciones que llevar a cabo. La Comunidad dará traslado de este plan de actuación y coordinación a la Delegación de Gobierno.

La nota de prensa era bastante fiel a lo que me había contado por teléfono esa mañana la presidenta y a lo que posteriormente nos había ampliado a todos en la reunión telemática: «La Consejería de Sanidad se situará como mando único para llevar a cabo las actuaciones sanitarias en estos centros», decía la nota de prensa. ¿Cómo no iba a estar de acuerdo si eso era lo que había solicitado por escrito al Consejo de Gobierno solo dos días antes? Recordemos: «Mañana necesitaríamos que se hiciera efectivo y que se nombrara un responsable de la Consejería de Sanidad para que se hiciera cargo de la atención sanitaria en estos centros». Desde luego, era una buena noticia.

La manipulación

Pero ahí no acabó la cosa. La tarde nos tenía todavía reservada una sorpresa. Unos minutos después del lanzamiento de la nota de prensa de la Comunidad de Madrid, a las 20:35, Okdiario publicaba una noticia con el siguiente titular: «Ayuso aparta a Cs de la gestión de las residencias de mayores e impone un mando único»[97].

El cuerpo de la noticia reproducía de manera bastante fiel la nota de prensa publicada solo unos minutos antes por Presidencia sobre el plan de choque (algunos párrafos son los mismos) en la que no se decía nada de apartar a nadie. Pero el titular era muy claro. Aclaraba cómo había que interpretar ese plan de choque: «Ayuso aparta a Cs». Eso era lo sustancial. Se insistía en lo mismo que ya había hecho ESdiario una semana antes. Había que dejar muy claro a quién se apartaba. En el titular. Para eso están los medios amigos. Ya habrá tiempo de recompensarles.

Por otro lado, la información de Okdiario insistía en que la decisión de Ayuso implicaba «unificar la gestión del coronavirus dentro de su Gobierno» y «aparcar el mando de una de las carteras de Cs». E insistía: «Esto implica que los responsables hasta el momento, Cs, quedan al margen de la Consejería de Políticas Sociales por lo que respecta a las residencias y hasta que pase la situación de emergencia». Que eso no fuera lo que decía la nota de prensa publicada unos minutos antes por la Comunidad de Madrid les importaba poco.

Hay que reconocer las prisas que se habían dado en Okdiario en hacer esa interpretación. Solo habían necesitado unos minutos. Eso sí, con el tiempo suficiente para que se replicara en los telediarios de la noche. Porque eso es lo que pasó. Algo que se ha hecho muy habitual en los últimos tiempos: se publica una información en un medio digital amigo y a continuación las televisiones se hacen eco, replicándola y amplificándola en sus informativos. En eso consiste su estrategia. La veremos repetida en centenares de ocasiones.

Y eso fue lo que ocurrió. La interpretación de Okdiario, y no la nota de prensa, es la que saltó a los medios, especialmente a los telediarios de la noche. Y desde Sol, al mismo tiempo, empezaron a contar a los periodistas que se habían visto obligados a hacerlo por mi incompetencia, negligencia y el desastre de mi gestión. Es algo que en ese momento ya intuía que estaban haciendo, pero más tarde me lo confirmaron varios periodistas. El mensaje era diáfano: yo era el culpable. ¿De qué? De todo.

Esas interpretaciones no fueron desmentidas entonces; todo lo contrario, las irían repitiendo a los periodistas desde Sol. La podemos rastrear en decenas de informaciones publicadas durante las semanas posteriores. Solo hace falta una pequeña búsqueda. Solo mencionaré dos, a título de ejemplo.

La primera es una columna publicada tiempo después en El Mundo, concretamente el 3 de junio de 2020, con el título de «El aviso de Reyero» y firmada por Ferran Boiza[98]. Volveremos sobre esta columna más adelante pero ahora quiero destacar el reconocimiento de que Sol estaba utilizando dos canales de información a la vez, uno oficial y otro extraoficial, para criticar a un miembro de su Gobierno. «Cuatro días después [de haber pedido por carta a Pablo Iglesias que enviara la UME a las residencias madrileñas], Ayuso apartaba a Reyero del control de las residencias y se lo entregaba a Ruiz Escudero. Extraoficialmente, porque no controlaba lo que sucedía en los geriátricos, había encargado una investigación por teléfono e informaba más a la oposición que a su Gobierno». El argumentario de Sol no podía estar mejor resumido. Y digo yo: ¿no es una contradicción que fuentes oficiales transmitan mensajes extraoficiales? En lo que a mí respecta, además ocurría algo importante: como las fuentes no daban la cara, no podía defenderme.

Un segundo ejemplo de esta manera tan mezquina de proceder lo encontramos en una información publicada en El País también meses más tarde, el 21 de junio de 2020. Se trata de un relato bastante fiel de lo vivido durante esos meses: «La muerte indigna: reconstrucción de la tragedia de las residencias de ancianos en Madrid»[99]. Por lo que traigo aquí esta crónica es por el siguiente párrafo en referencia a ese 26 de marzo: «Nadie oculta el enfado con el consejero de Políticas Sociales. Hay comentarios irreproducibles, por descarnados. “La negligencia es de tal magnitud que va a tener problemas (judiciales)”, es el resumen». Curiosamente, ese comentario era muy parecido al que había recogido ESdiario el 18 de marzo: «La gestión de Reyero y su silencio hasta ahora está ya en la mirilla de la Justicia». Era evidente que el origen de la información era el mismo. Sol. No solo era alguien «negligente», sino que me las vería pronto con la Justicia.

Estos fueron los mensajes que trasladaron a los medios durante las primeras semanas de la crisis. No se puede ser más desleal con un miembro del Gobierno. Las fuentes de un Gobierno criticando a uno de sus componentes, cuando debería haberlo protegido. Sobre todo, en un momento tan dramático como el que estábamos atravesando. Un mensaje oficial y otro extraoficial, uno por delante y otro por detrás. Pero esa deslealtad en un momento tan crítico no era lo peor. Muchos periodistas y gran parte de la opinión pública daban por bueno lo que les contaban desde el propio Gobierno. A mí solo me quedaba apretar los dientes y aguantar.

Es curioso que tres meses después del anuncio del plan de choque, el 24 de junio, en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, la presidenta Ayuso corrigiera a Okdiario —y los mensajes que su entorno estaba contando a los periodistas— afirmando que no me habían quitado las competencias durante la crisis del coronavirus «sino que la Comunidad de Madrid estableció un plan de choque entre tres consejerías (Políticas Sociales, Sanidad e Interior) para trabajar de manera conjunta en las residencias y frenar los contagios y fallecidos», según una noticia de Europa Press que recoge las declaraciones de la presidenta en esa entrevista[100].

A buenas horas llegaban esas aclaraciones. Había tenido tiempo de sobra para desmentir los mensajes de su propio equipo, pero entonces no le interesaba. La aclaración habría tenido algún valor la misma noche del 26 de marzo o en los días posteriores, pero tres meses después llegaba tarde. Es más, demostraba una vez más la tortuosa relación que tienen con la verdad. ¿Quién iba a prestar atención a la verdad dicha tres meses después? El mal estaba hecho. Y sabían perfectamente lo que se hacían.

La misma noche del 26 de marzo me llegaron muchos mensajes de WhatsApp mostrándome apoyo, aliento y cariño. Y no solo de compañeros de partido. Todos se habían enterado por la interpretación que había hecho Okdiario y que había sido jaleada desde Sol. Lo estaban viendo en los telediarios. Ninguno se había enterado por la nota de prensa de la Comunidad de Madrid. Les había llegado la información extraoficial, no la oficial.

Algunas personas me escribieron alarmadas porque el PP volviera a recuperar la gestión de las residencias. «Contigo estábamos tranquilos. Las residencias estaban en buenas manos. Ahora nos tememos lo peor. Lo de siempre», me decía un mensaje de WhatsApp. De eso se trataba. Para eso estaba en política. Para hacer las cosas de otra manera. Traté de tranquilizarles. Me aferraba a lo que me había contado la presidenta acerca del plan de choque esa mañana, no a las intoxicaciones de Sol. A pesar de que estaba tocado, no estaba hundido. Aunque parezca una paradoja, esas intoxicaciones me reforzaron en lugar de debilitarme.

En los días siguientes, leí interpretaciones de todo tipo. Por un lado, que me habían apartado por mi «negligencia», como repetían las fuentes de Sol. Por otro, que era una venganza por haber publicado los datos de fallecidos en las residencias. Y, por otro más, que era una represalia a mi alerta acerca de los protocolos. O que había sido consecuencia de la carta a Pablo Iglesias unos días antes. Interpretaciones para todos los gustos, como vemos.

Nunca sabré las verdaderas razones que les llevaron a trasladar a los medios el mensaje de que me estaban apartando de la gestión de las residencias. Pero desde mis tiempos de COU siempre he sido siempre muy partidario de aplicar la navaja de Ockham. Es decir, la máxima de que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Me constaba que en la otra orilla del Gobierno estaban cada vez más preocupados por las consecuencias legales de lo que estaba pasando en las residencias. Al mismo tiempo, la Orden Ministerial aprobada esa semana ponía el foco en la Consejería de Sanidad, por lo que había que hacer algo. «Esta Consejería es nuestra, cuidado», debieron pensar. El precedente de lo que se estaba haciendo en otras comunidades autónomas seguro que también ayudó.

Me llegó información de que esa era la posición que llevaba manteniendo durante días el consejero de Justicia, a quien le preocupaban las consecuencias futuras de seguir con los brazos cruzados. No en vano, desde su Consejería sabían que las ambulancias se estaban negando a recoger enfermos en las residencias y que las llamadas al 112 se grababan. Y eso, claro, les preocupaba.

Es importante leer la nota de prensa publicada ese día acerca del plan de choque porque es el único soporte documental público acerca del plan. No existe ningún documento que contenga el plan de choque como tal. Es terrible, pero es así. Hay una curiosa costumbre en la Comunidad de Madrid que consiste en anunciar planes sin ninguna clase de soporte, más allá de la nota de prensa, que no falta nunca. Los denominan «planes», pero no tienen objetivos, ni calendario, ni responsables. Nada. Desde el punto de vista formal son un verdadero desastre, pero tienen una ventaja imbatible: con el paso del tiempo, nadie puede evaluar si han sido un éxito o un fracaso. Ya lo dijo un personaje de una famosa serie británica en los años ochenta, Yes Minister: «Si la gente no sabe lo que haces, nunca sabrá lo que haces mal».

En cualquier caso, no me duelen prendas en reconocer qué es lo que funcionó en el plan de choque. Y es muy fácil: todo lo que tuvo que ver con la gestión de la emergencia. Es de justicia reconocer el papel de Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, en la gestación y el desarrollo del plan de choque. La coordinación de muchos actores (UME, Bomberos, 112, Sanidad, Políticas Sociales, etc.) contribuyó de manera indudable a contener el drama en las residencias.

Había terminado un día muy agitado, en el que ocurrieron tantas cosas que me parece conveniente una recapitulación. Sobre las 9:00 recibí una llamada telefónica de la presidenta comunicándome la decisión de poner en marcha un plan de choque en las residencias. A las 13:00 mantuvimos una reunión telemática en la que la presidenta especificó algunos detalles adicionales de ese plan y en la que también estaba el alcalde de Madrid, el vicepresidente y los consejeros de Sanidad y de Justicia. A las 16:40, El Mundo recogió la noticia de que «Sanidad de Madrid rectifica la instrucción de no llevar al hospital a ancianos con discapacidad y síntomas de coronavirus». Sobre las 19:00, la Consejería de Políticas Sociales publicó una nota de prensa que informaba por primera vez acerca del número de fallecidos en residencias. Alrededor de las 20:00, Presidencia publicó una nota de prensa anunciando la puesta en marcha del plan de choque. Y finalmente, a las 20:35, Okdiario publicó cómo había que interpretar ese plan de choque: «Ayuso aparta a Cs de la gestión de las residencias de mayores e impone un mando único», que sirvió como trampolín para que la noticia saltara a los medios nacionales.

Este titular de Okdiario (y sus réplicas mediáticas) tapó informaciones muy relevantes, como las verdaderas características del plan de choque, el número de fallecidos en las residencias o el reconocimiento que hacía el Gobierno regional de que existía un protocolo que impedía el traslado de personas con dependencia y discapacidad a los hospitales. Todas estas cuestiones quedaron fuera del foco público a pesar de su importancia y no sería hasta semanas después, cuando cesaran al autor de ese protocolo, el 13 de mayo, cuando la opinión pública empezara a prestarle la atención suficiente. Ya llegaremos a ello.

El culpable

La mañana siguiente tuve que sacar todas las fuerzas que me quedaban para desmentir el titular de Okdiario de la noche anterior. Estuve toda la santa mañana repitiendo en los medios el mismo mensaje sobre la puesta en marcha del mando único de Sanidad. Me remitía al mensaje que había trasladado por WhatsApp al Consejo de Gobierno solo unos días antes: no solo estábamos de acuerdo con el mando único, sino que lo habíamos propuesto nosotros.

Empecé el día con una entrevista con Àngels Barceló en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, continué con Onda Madrid, entré en Las mañanas de TVE y concluí en el programa 120 Minutos de Telemadrid. En todas esas entrevistas insistí en otro mensaje que no me cansaría de repetir durante toda la pandemia: la unidad y no la confrontación entre instituciones era la solución.

Por ejemplo, estas fueron mis palabras en la entrevista en la Cadena SER:

No es momento de criticar. Es el momento de la política en mayúscula, no de la política en minúscula. A mí nunca me vais a oír criticar ni al Gobierno central ni al Gobierno de Madrid, ni a otros gobiernos. Yo creo que en este momento tenemos que centrarnos en solucionar un problema, quizá el problema más grave al que nos enfrentaremos en nuestra vida y tenemos que ser capaces de ir todos de la mano. Se han podido cometer errores por todos, yo incluido, pero lo que tenemos que hacer es ser capaces de solucionarlo y tomar las medidas lo más rápido posible[101].

En la entrevista en Televisión Española llegaron a rotularme como «exconsejero» y el presentador me preguntó varias veces si iba a dimitir[102]. ¿Qué estarían contando desde Sol para que actuaran de esa manera en RTVE?

Antes de avanzar, merece la pena que nos detengamos en una cuestión necesaria para entender lo que ocurriría después: el nombramiento en enero de 2020 de Miguel Ángel Rodríguez («MAR», entre los iniciados) como jefe de gabinete de la presidenta Ayuso. Esta decisión supuso un cambio significativo en la trayectoria de la presidenta, tal y como reconoció ella misma con ocasión de su nombramiento en el Consejo de Gobierno del 21 de enero de 2020: «Le he nombrado porque para mis mensajes, para mi agenda, para mi trabajo, creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos».

Su nombramiento no gustó nada en Ciudadanos y así lo expresamos tras la reunión del Consejo de Gobierno de ese día. En una conversación en la que estábamos todos los consejeros menos la presidenta, hubo palabras muy gruesas que no voy a reproducir aquí. Algún medio las recogió muchos meses después, pero las que yo oí ese día fueron aún peores.

¿Sabía yo algo de MAR por aquel entonces? Poco más que la mayoría. Le recordaba por su paso como portavoz del primer gobierno de Aznar, sus intervenciones maleducadas en debates televisivos o su condena por conducir borracho y poner en peligro la vida de otras personas. La policía le detuvo tras estrellar su coche contra tres vehículos aparcados y en la prueba de alcoholemia cuadriplicó la tasa permitida.

En los últimos tiempos había mostrado sus malos modales en Twitter, que es la taberna del siglo XXI. De Inés Arrimadas dijo que era «físicamente atractiva como hembra joven», pero «políticamente inconsistente»; a Ángel Garrido (consejero), lo calificó de «tránsfuga de mierda»; a Ignacio Aguado (vicepresidente), lo llamó «desleal». También fue sonada la discusión que tuvo con Espinosa de los Monteros, a quien le dedicó estas amables frases: «Jódete, imbécil: Avalmadrid. Así os empuren. Idiotas!»; a este mensaje, el representante de Vox contestó: «Interesante… o sea, que ambas cosas están conectadas? Porque los niños y los borrachos no mienten nunca!».

A su llegada a la dirección del gabinete de la presidenta, MAR borró todos esos mensajes que le dejaban en tan mal lugar. Lo cual denota, además de mala educación, la falta de valor para sostener unas opiniones manifestadas solo unos meses antes. Quien se comporta así, y hay casos a derecha e izquierda, no merece que nos fiemos de ellos. Y no digamos cobrar un sueldo público.

En la parte que nos interesa, como la incorporación de MAR y la llegada de la pandemia casi coincidieron en el tiempo, es difícil saber si la estrategia de Ayuso cambió por su llegada, por el covid, o, lo más probable, por las dos. ¿Se aprovechó la pandemia para poner en marcha una nueva estrategia? No deja de ser una opinión, pero no tengo ninguna duda de que así fue.

A partir de ese momento, convertir a la presidenta en un «personaje» con alcance nacional pasó a ser una verdadera obsesión para Sol. Se trataba por un lado de completar lo que había quedado inacabado (Miguel Ángel Rodríguez había sido su asesor durante la campaña para las elecciones de mayo de 2019) y, por otro, de repetir la jugada que tan bien había salido en los años ochenta con Aznar desde la presidencia de Castilla y León.

Esto ya ha sido muy comentado por decenas de analistas políticos, pero a efectos prácticos la nueva estrategia consistió en intensificar la agresividad del discurso de Ayuso, buscando en muchos casos la vulgaridad y los mensajes faltones, siempre dirigidos al presidente Sánchez. Para ello se aprovechó el peculiar estilo de la presidenta, que ya conocía bien porque había compartido escaño con ella varios años en la Asamblea. Barbaridades dichas como si tal cosa, sin inmutarse, con cierta chulería, pero sin decir una palabra más alta que otra. Además, se apostó por perseguir los titulares a toda costa o las fotografías (aunque fueran ridículas) con tal de salir en los medios.

Este estilo tampoco era ninguna novedad en la Comunidad de Madrid. Desde un primer momento pretendieron volver a los años de Esperanza Aguirre. Entonces, este tipo de comportamientos les sirvieron para enfrentarse a los casos de corrupción que casi les hicieron descarrilar. En esta ocasión solo les faltaba la mayoría absoluta para hacer lo que les diera la gana, pero el resto era igual: desde el desparpajo en el discurso, el control férreo de los medios de comunicación o el desprecio a rendir cuentas en la Asamblea. Pero, sobre todo, la repetición machacona de ese agravio institucional, esta vez sustituyendo a Zapatero por Sánchez. Cualquier cosa que saliera mal, entonces y ahora, era responsabilidad del Gobierno central; y lo que salía bien se debía a la magnífica gestión de la presidenta. Hasta encontraron un nombre para lo que representaba Sánchez: «Madrileñofobia».

Esa estrategia llegó a límites tan grotescos que, durante la campaña electoral de 2021, cuando la gestión de la vacunación presentaba unos resultados muy malos en la Comunidad de Madrid en comparación con el resto de comunidades autónomas, la presidenta hizo afirmaciones tan estrafalarias como esta: «Si no hubiera sido por el Gobierno, yo ya tendría Madrid vacunada al 100 %». Sin tener en cuenta que el problema de disponibilidad de vacunas era europeo y que Madrid siempre puntuó mal en el porcentaje de vacunas dispensadas respecto a las disponibles. Pero qué más da, también los defensores del Brexit aseguraban que financiarían el sistema sanitario británico con los 350 millones de libras semanales que dejarían de enviar a la Unión Europea. Es una estrategia claramente populista pero que da muy buenos resultados.

La receta de confrontación y consignas simplonas se convirtió en el pan nuestro de cada día. La política como espectáculo y no como gestión. Aunque se hable continuamente de gestión, esta no importa tanto como las consignas resultonas del tipo «socialismo o libertad».

Si en circunstancias normales la confrontación con el presidente del Gobierno es una anormalidad (en un Estado de las autonomías como el nuestro, las instituciones tienen que cooperar), en mitad de una pandemia es absolutamente reprochable. Pero esa fue la estrategia seguida por Sol desde febrero de 2020. Hasta unos límites que agotan al más pintado. Y lo peor es que la pandemia, en lugar de atenuar la estrategia, la impulsó.

En la parte que nos toca, el nombramiento de MAR supuso que todo quedara al servicio del relato y que lo importante fueran los fines. Daba igual que lo que se transmitiera fuera verdad o mentira, aunque hay que decir que muchas veces era pura ficción. Los medios no importaban, como tampoco importaban los escrúpulos. Si había que echar la responsabilidad sobre las espaldas del consejero de Políticas Sociales, se hacía, apoyándose además en periodistas y medios subvencionados.

Volvamos al día en el que se puso en marcha el plan de choque. Solo tocando las teclas necesarias y sin necesidad de dar la cara, Sol había construido con éxito un mensaje muy simple, en el que yo era el culpable. Ahora intentaré seguir las miguitas que, como Pulgarcito, los empleados de la factoría de intoxicación de Sol fueron dejando por el camino en sus conversaciones con los medios y que me fueron contando algunos periodistas. Ya hemos mencionado una crónica de El País donde aparecía el siguiente mensaje: «Hay comentarios irreproducibles, por descarnados. “La negligencia es de tal magnitud que va a tener problemas (judiciales)”, es el resumen».

Pero quedará mucho más claro con otro ejemplo. Y para que nadie vea inquina hacia ningún medio concreto, se trata de dos noticias de ABC publicadas unas semanas después. La única diferencia era el redactor que las firmaba. En las dos es muy fácil identificar un mismo mensaje original, pero contado de manera muy diferente.

La primera es del 31 de mayo e incluía la siguiente afirmación:

La situación de Alberto Reyero en el Gobierno regional es delicada. Entre las filas populares le culpan de «la desastrosa gestión de las residencias de mayores» durante las primeras semanas de la pandemia del coronavirus. Tanto es así, que Ayuso impuso un mando único en la figura del responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; algo que se leyó como una desautorización total a cómo Alberto Reyero estaba haciendo las cosas[103].

La segunda noticia se publicó solo unos días más tarde, el 5 de junio, una vez que se habían conocido los emails que había enviado al consejero de Sanidad. La traigo aquí por el siguiente párrafo:

De ruido de fondo está la pelea soterrada que ha mantenido Reyero desde el inicio de la pandemia: fue el primero en denunciar que las residencias no podían atender la situación y pidió la ayuda del Ejército, que la presidenta Ayuso desestimó en un primer momento, pero luego aceptó. Días después, ella creaba un mando único que colocaba las residencias, desde el punto de vista sanitario, bajo las órdenes de Sanidad. Reyero lo agradeció y afirmó que era su petición: medicalizar las residencias. Pero desde el equipo de la presidenta se vendió como una desautorización al consejero de Políticas Sociales[104].

Con una diferencia de cinco días, las dos informaciones aludían a la puesta en marcha del plan de choque, aunque con una diferencia radical: mientras que la primera noticia nos decía que se había leído como una desautorización total, la segunda aclaraba que era el mensaje que estaba vendiendo el equipo de la presidenta. El redactor de la primera noticia había dado por bueno lo que le contaban desde Sol y ni siquiera mencionaba las fuentes que estaban detrás. Era casi un hecho probado. No había que dar más explicaciones. En la segunda noticia, por el contrario, la periodista era muy consciente de que ese mensaje se lo estaban vendiendo desde el equipo de la presidenta y marcaba espacio propio.

Aunque ya hemos mencionado un ejemplo de El País y otro de ABC, voy a poner otro para rematar mi argumento sobre la actuación de las fuentes de Sol. En este caso, la noticia se publicó el 28 de marzo en El Confidencial: «Vuelve la guerra soterrada en Madrid entre PP y Cs en plena crisis de las residencias»[105]. Y decía cosas como las siguientes:

En el entorno más cercano de la presidenta de la Comunidad se entendió como «un alarmismo innecesario» y «una falta de sensibilidad» (la publicación de los datos de fallecidos).

Una fuente del Ejecutivo asegura que «la realidad es que la presidenta ha tomado la decisión ante la situación de descontrol en la gestión de las últimas semanas y la falta de información de lo que estaba ocurriendo por parte de la Consejería».

Las fuentes del PP también rechazan la versión de Ciudadanos. «Eso son excusas. Lo único que pedían, y lo hacían en entrevistas —no lo despachó con la presidenta— es la intervención de médicos de la UME».

Era tanta la información que estaban suministrando esas «fuentes» que el periodista se veía obligado a llamarlas de tres maneras distintas. Como si de la Santísima Trinidad se tratara («son distintos en sus personalidades, manteniendo, sin embargo, unidad de sustancia como el único Dios verdadero»). El recurso a «las fuentes» será una herramienta muy utilizada por Sol durante esas semanas. Es lamentable que aprovecharan una situación tan desesperada como la pandemia para actuar así, pero es lo que hay. Por desgracia, es como algunos entienden la política. Y las consecuencias de estos mensajes no se quedan solo en el debate mediático, como podemos suponer, sino que se infiltran en nuestra actividad cotidiana. Eso lo supe pronto.

Una de las competencias de mi Consejería era la protección de menores. Durante los meses anteriores a la pandemia pusimos en marcha algunos recursos para atender a los menores migrantes no acompañados en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, los técnicos de la Dirección General de Infancia habían autorizado la apertura de un centro para catorce niños en Miraflores de la Sierra. En cuanto se enteraron en la localidad, su alcalde solicitó una reunión. Esa reunión se celebró en febrero de 2020, y en ella nos trasladaron el absoluto rechazo del ayuntamiento, algo infelizmente habitual cuando se trata de poner en marcha centros de estas características. En su caso, alegaban que las instalaciones no eran adecuadas.

La llegada de la pandemia retrasó el calendario previsto, pero la saturación en los centros existentes a principios de abril era tal, que nos vimos obligados a abrir con urgencia los centros pendientes, entre los que se encontraba este. Llamé al alcalde y le dije que seguíamos adelante con la apertura.

Con el fin de asegurarme de que la decisión de la Consejería era la correcta, me acerqué el jueves 9 de abril a Miraflores de la Sierra para ver las instalaciones sin intermediarios. Mientras iba de camino, avisé por teléfono al alcalde, que me esperó en el chalet con seis concejales de la localidad. Luego me culparían en redes de que me había saltado el confinamiento para ir a Miraflores. Me había desplazado cincuenta kilómetros por una cuestión urgente de trabajo. Un partyman solo a la altura de Boris Johnson, como podéis comprobar. Un Jueves Santo, para más señas. Este es el tuit que publicó el alcalde, acompañado de una foto que me hizo, sin autorización, una de las concejalas[106].

Luis Guadalix @LGuadalix 20:40 9/4/20

El Consejero de Política Social que tan mal ha gestionado las residencias de ancianos @albertoreyero, saltándose las normas de confinamiento domiciliario, va a meter en un chalet de Miraflores 14 MENAS ¿es necesario crear un problema donde no lo hay? @IdiazAyuso @davidperez

Ese mismo día, la cuenta de Facebook del Ayuntamiento compartió otro mensaje en el que, además de hablar de mi «desastrosa gestión» durante la crisis del Covid-19, trasladaban el siguiente mensaje: «Bienvenidos sean, que tengan suerte y no ocurra ningún accidente, porque el responsable será el consejero»[107]. Ahí queda eso. Desde luego, sí hubo un accidente días más tarde, cuando la cocina del chalet en el que iban a instalarse los menores no acompañados sufrió un incendio[108]. En el que por suerte no hubo heridos y del que, sobra decirlo, no fui el responsable. Pero más allá de este suceso, durante mi visita del 9 de abril, alguno de los concejales me culpó sin inmutarse de las muertes en las residencias. No había duda, la campaña infame que llevaban días alimentando desde Sol estaba funcionando.

La impotencia

Recuerdo las últimas semanas de marzo y las primeras de abril con mucho dolor e impotencia. Describirlas como «tristes» es decir muy poco. La oscuridad es el sentimiento que más se me viene a la cabeza. Se había hecho de noche. De golpe. Aunque fueran las diez de la mañana. Me cuesta recordar detalles concretos de esos terribles días y no sabría precisar los peores momentos. A esa oscuridad se le sumaba la sensación, compartida por tantos, de estar viviendo una distopía de calles vacías, con la diferencia de que yo no hice el confinamiento y podía verlo todos los días en mi camino a la Consejería. Una ciudad vacía e irreal. Muy triste.

Aunque me esfuerce en hacer memoria, no recuerdo el clima de aquellos días. Sea como sea, los imagino como si fueran unos días más propios de enero que de primavera. Esos días me costaba muchísimo levantarme de la cama e ir a la Consejería a seguir sufriendo. Pero había que hacerlo.

La jornada empezaba muy temprano en la Consejería. En un edificio casi vacío, pasábamos las horas hablando continuamente por teléfono y con una sensación de impotencia que nos angustiaba. Nos sentíamos una gota muy pequeña dentro de una catástrofe oceánica. No salíamos de la Consejería ni para comer. No había nada abierto por los alrededores y tampoco habría tenido la fortaleza de ánimo para salir. El conductor y el escolta recogían varios menús del día con los que comíamos todos en la Consejería. Durante el almuerzo repasábamos con quién habíamos hablado y qué tareas teníamos pendientes para la tarde. Pero también compartía con Javier Luengo cómo nos sentíamos, lo que convertía el almuerzo en el mejor momento de la jornada. Le estaré eternamente agradecido a Javier por esos momentos y por todo. Y a Mamen, que también estuvo ahí todos esos días. Ella sabe por qué.

Durante esos días en la Consejería nos acompañaban las sirenas de las ambulancias que llegaban continuamente al Hospital Gregorio Marañón, que está al lado. Me propuse que la jornada en la Consejería no terminara más tarde de las ocho, la hora de los aplausos a los sanitarios. En algún momento había que cortar.

La Consejería no solo está al lado del Hospital Gregorio Marañón, sino enfrente del Hospital Santa Cristina, por lo que el ruido a las ocho de la tarde era ensordecedor. Los vecinos salían a los balcones y las sirenas de ambulancias y coches de policía contribuían a añadir aún más irrealidad a lo que estábamos viviendo. En casa hacía las últimas llamadas y miraba los mensajes de WhatsApp, que no dejaba de recibir a todas horas. Con preguntas, peticiones, llamadas de auxilio. Para algunas encontraba solución, para muchas otras no. También repasaba los informes diarios que nos llegaban desde cada una de las residencias. Solo eran hojas de Excel, pero era muy doloroso imaginar a las personas, a las familias y a los trabajadores que estaban detrás de esos números terribles.

Las noticias de los telediarios eran tan espantosas que decidí no ver la televisión. Todo resultaba muy doloroso. Estaba en un túnel, incapaz de imaginar que pudiera haber una salida. Eso parecía inconcebible entonces.

Lo peor llegaba por la noche. Por el día, la actividad frenética en la Consejería nos mantenía bastante ocupados. Pero por las noches me sumergía en el horror y en el miedo. Durante esos días dormí muy poco. Me desvelaba a las dos de la madrugada y me sentía envuelto en una extraña mezcla de estupor y de angustia. En esos momentos era capaz de percibir la devastación que se vivía en Madrid. Sentía pánico y ansiedad. De cuando en cuando oía las sirenas de las ambulancias que seguían sonando en la lejanía y esperaba a que amaneciera con los ojos muy abiertos. En esas noches de desesperación no tenía ningún sentimiento de esperanza ni de futuro. El tremendo número de muertes y la sensación de que no se terminarían nunca podían conmigo. Y no veía término a esa sensación.

Muchas de esas noches en las que me desvelé, acabé sentado delante del ordenador, escribiendo mi despedida como consejero. Era una manera de desahogarme. Porque, además del número diario de fallecimientos, me atormentaba la campaña que estaban dirigiendo contra mí. Redactar mi salida aliviaba el tremendo dolor que sentía.

Pese a la confusión de aquellos días, la primera vez que me planteé la dimisión fue cuando vi la indiferencia dentro del Gobierno a la tragedia de Monte Hermoso. Pero el Consejo de Gobierno del 25 de marzo fue la gota que colmó el vaso. No podía soportar la frialdad que me habían transmitido y su negativa a prestarnos la ayuda que les estábamos pidiendo. Durante aquel debate, un consejero de Ciudadanos me había escrito un mensaje de WhatsApp: «Les da igual».

No veía solución. No nos iban a ayudar. No lo entendía, pero era así. A lo mejor era yo el problema, y sin mí en la Consejería nos ayudarían. Puede sonar absurdo ahora, pero esos eran los pensamientos que se me pasaron por la cabeza entonces. Trasladé lo que estaba pensando al vicepresidente, a mi viceconsejero y a mi jefe de gabinete. A nadie más. La realidad es que nosotros, con nuestros propios medios, no íbamos a ser capaces de atender la catástrofe sanitaria. Había que hacer algo. Y hacerlo ya.

En ese momento todos me animaron, me quitaron de la cabeza la dimisión y achacaron mi reacción al cansancio acumulado después de tantos días sin descanso. Me sugirieron que me fuera a casa y que descansara. «Al día siguiente verás las cosas de otra manera». Es verdad que me sentía muy mal física y psicológicamente, pero la indiferencia que había encontrado en el Consejo de Gobierno había acabado por romperme. No me lo podía creer. No lloré porque me cuesta hacerlo. Pero en esos momentos me sentía como si hubiera estallado en llanto.

Me marché a casa y no me conecté a la reunión telemática convocada con los portavoces de la Asamblea para compartir los datos del número de fallecidos en las residencias. Esa reunión se celebró con normalidad y la coordinó en mi lugar el viceconsejero de Políticas Sociales. Les transmitió a los portavoces que no me encontraba bien, sin muchas más explicaciones. Era la verdad, pero se trataba de un malestar que iba mucho más allá de lo físico.

Durante esos meses me engañaba pensando que no dejaba traslucir mi sufrimiento. Nos consideramos más fuertes de lo que realmente somos y nos creemos capaces de esconder nuestras debilidades. No fui consciente de lo que proyectaba hacia el exterior hasta mucho tiempo después, cuando los más cercanos me comentaron algo que, por respeto, no me habían dicho en los peores días: «Tienes mucha mejor cara, Alberto». Yo me miraba en el espejo y me seguía viendo horrible. Con unas ojeras muy marcadas y con una tremenda desazón en la cara. En los peores días ni siquiera tuve valor para mirarme en el espejo. Siguieron haciéndome comentarios así hasta semanas después de mi dimisión. Algún día, todavía me lo dicen. Definitivamente, la cara es el espejo del alma. Es imposible esconder el sufrimiento.

Pero la noche del 26 de marzo me propuse aguantar hasta que terminara el estado de alarma o a que la situación general hubiera mejorado. Reescribí esa despedida durante muchas de esas noches y lo que puse por escrito es muy fiel a la desesperación que vivía. Es, sin ninguna duda, el germen de este libro. Si alguna vez me pidieran un resumen, les enviaría lo que escribí esos días. Ahí está todo. Ni siquiera lo he hablado con nadie en persona. Y aquí estoy diciendo más de lo que nunca he dicho. Muy pocas personas dentro del Gobierno llegaron a conocer cómo me sentía realmente, y algunos ni siquiera llegaron a darse cuenta de la campaña a la que me veía sometido.

Mi equipo se resintió durante este periodo. Alguno se cayó por el camino. Un día en el pleno de la Asamblea, cuando tuve que explicar la dimisión de un miembro de mi equipo por una enfermedad, fruto del agotamiento que habíamos sufrido, me quejé amargamente de que no conocían lo mal que lo estábamos pasando. Fue una reflexión en voz alta. Una reflexión amarga. Y eso que estábamos ya a 2 de julio de 2020:

Me gustaría aprovechar la ocasión y la oportunidad que usted me da para compartir con todos ustedes unas reflexiones… hay veces que me da la sensación de que determinadas personas no entienden no solo la situación por la que ha pasado la sociedad madrileña sino la situación por la que ha pasado esta propia consejería. ¡Señoría, lo hemos pasado muy mal dentro de la consejería! Lo hemos pasado muy mal en la consejería, lo hemos pasado muy mal en la AMAS y lo hemos pasado muy mal en las residencias y, al final, estoy convencido de que estamos pagando una factura por eso, porque realmente, estar durante tres meses sufriendo… Yo creo que, en muchos casos, muchos de ustedes no son conscientes de lo que supone, en el punto más álgido de la pandemia, salir de la consejería a las 20:00 o a las 21:00 horas y tener que irse a casa sabiendo que habían muerto 300 o 400 personas de nuestras propias residencias. Y eso ha sido muy duro, y eso ha pasado factura sobre todos nosotros y seguro que pasará factura sobre todos nosotros[109].

Igual que esa angustia llegó un día, se fue difuminando con el paso de las semanas, aunque se quedó una tremenda tristeza que nunca me abandonará. Es posible que sea injusto, pero en los días y semanas posteriores me quedó una sensación de que, a pesar del sufrimiento de todos, la mayoría no alcanzaba a entender lo que habíamos pasado en la Consejería. Muchos habían vivido otra realidad, incluso dentro del Gobierno. Algunos se mostraban bastante relajados y no se molestaban en disimularlo. Hablaban de recetas, de libros, de entretenimiento, de una etapa más relajada en sus vidas. Es humana cierta indiferencia al sufrimiento ajeno. Mientras no te toque, puedes estar tranquilo.

De manera paradójica, además de reescribir continuamente mi despedida, otra cosa que me ayudó a salir del pozo fue que me estuvieran señalando y desprestigiando. Eso me convenció de que debía centrarme en mi trabajo y en mi defensa. Me quedaban cosas por hacer.

También agradecí mucho los ánimos de quienes me conocían y de quienes sabían de qué iba la cosa. Pongo como ejemplo un tuit del 19 de abril de 2020 escrito por Raúl Camargo, diputado de Podemos durante la legislatura anterior a la pandemia, muy activo en materia de residencias:

Esto es inaudito: Ayuso quiere cargarle el marrón de las Residencias a Reyero, que lleva ahí solo unos meses y al que encima le quitó las competencias hace un mes… el PP lleva 25 años destruyendo los centros residenciales. Que nadie olvide eso…[110]

Durante la anterior legislatura habíamos estado en desacuerdo en muchas cosas, pero hay que reconocer que teníamos un concepto parecido de la honestidad. Por esa razón, no puedo más que agradecerle que escribiera ese tuit.

Una persona muy allegada también me explicó la situación de una manera muy gráfica en un mensaje privado: «Alberto, esto es como si te acabaran de nombrar director de un camping que lleva 25 años abierto, que se construyó en el cauce de un río y en el que no se ha tomado ninguna medida de protección durante todo ese tiempo. Llega un día, a los seis meses de hacerte con la dirección del camping, en el que se desata la gota fría y su consiguiente riada, y se lo lleva todo; una auténtica catástrofe. Y resulta que el responsable del desastre eres tú. No cuela». Todos estos comentarios me ayudaron a no rendirme.

El milagro

Las ideas de las que se venían hablando desde la presentación del plan de choque se plasmaron el 28 de marzo en una orden conjunta de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales —técnicamente llamada Orden 1/2020, de 27 de marzo— que regulaba las intervenciones en las residencias por parte de ambas consejerías[111]. Quien quiera leerla, se encontrará con que en esa orden conjunta no se habla de ninguna retirada de competencias a la Consejería de Políticas Sociales. Porque para que estas cosas se lleven a término no basta con que Okdiario publique una noticia, pese a que en el Madrid trumpista parezca que sí.

No me extenderé mucho sobre ello porque es algo farragoso. Pero, más allá de la ausencia de algún documento que permita su evaluación, la plasmación jurídica de la orden conjunta fue bastante chapucera. De haberse hecho bien, la orden conjunta sería el desarrollo normativo del decreto autonómico que puso en marcha el plan de choque. Pero como eso no se hizo, hubo que buscar la necesaria percha jurídica en otro sitio. Y se tuvo que recurrir a la Orden Ministerial SND/275/2020, de 23 de marzo, tal y como yo mismo había solicitado días antes en un Consejo de Gobierno. A efectos jurídicos, el famoso plan de choque era inexistente.

En términos prácticos, la Orden 1/2020 delimitaba claramente las competencias de cada una de las dos consejerías en relación con las residencias. Simplificando, dejaba claro que a la de Sanidad le correspondía ocuparse de todo lo que tuviera que ver con altas, bajas y traslados de residentes, así como la medicalización de los centros. A la de Políticas Sociales nos permitió realizar algunas intervenciones en residencias, como el diseño de procesos para apoyar a los centros en una situación más crítica.

Para llevar a cabo esta última tarea, seleccionamos una serie de «empleados designados» entre los directores de centros de día y de mayores de la AMAS, ya que tenían mucha experiencia y disponibilidad por el cierre de sus centros. Su misión consistiría en trabajar estrechamente con los responsables de cada residencia para estabilizar la situación asistencial, que no sanitaria, de los centros intervenidos. Entre sus tareas concretas se encontraban velar por el bienestar de los residentes, garantizar una comunicación fluida y constante con sus familiares, reorganizar y reforzar la plantilla a través de bolsas de candidatos facilitadas por la Consejería y vigilar estrechamente el cumplimiento de las instrucciones de Sanidad.

El 31 de marzo tomamos la decisión de intervenir las ocho primeras residencias, aunque unos días más tarde decidimos ampliar la intervención a otras cinco. En un primer momento, los trece empleados designados se reunieron con las direcciones de los centros para explicarles el proceso que habíamos iniciado y recopilar los detalles necesarios para elaborar un informe de situación. Estos primeros encuentros no fueron muy bien recibidos por algunas residencias —había quien consideraba que su situación ya estaba estabilizada y que este proceso perjudicaba su imagen comercial— y por algunas plataformas —la consideraban una intervención testimonial y poco efectiva.

Pero la mayoría de los centros acabó agradeciendo la presencia de nuestros empleados designados. A pesar de que se trataba de una actuación inédita en la Comunidad de Madrid, el balance de las intervenciones fue bastante positivo. Se solventaron muchos de los problemas relacionados con la falta de material y de personal. Además, la llegada de test permitió la creación de entornos más seguros para los residentes. En julio, una vez concluido el estado de alarma y con una situación mucho más tranquila, suspendimos estas intervenciones. Tengo que agradecer la dedicación y la disposición de los trabajadores de la Consejería que desempeñaron durante semanas este difícil papel y en unas condiciones muy duras.

Lo que desgraciadamente no se solucionó fue la falta de médicos y enfermeros que sufrían estas residencias, pese a las numerosas peticiones que los empleados designados, las propias residencias, la Dirección General del Mayor o mi propio gabinete enviaban constantemente a la Consejería de Sanidad.

Esta es la idea que nos trasladaron, por ejemplo, durante mi visita el sábado 11 de abril a la residencia Fundación Santísima Virgen y San Celedonio. Hasta esa fecha habían fallecido veintinueve personas en la residencia y siete en el hospital. Gran parte del personal asistencial de la residencia estaba de baja por contagio o cuarentena. En el centro agradecían la intervención que les prestábamos desde la Consejería de Políticas Sociales, pero la consideraban insuficiente. Solo el apoyo sanitario aliviaría la situación a corto plazo y sentaría las bases para una recuperación futura.

En esa misma visita, se refirieron con pesar al hospital de campaña de Ifema, no como el centro al que llevar a sus residentes, sino como el lugar que les había arrebatado personal sanitario esencial (dos enfermeros). Sentí una tremenda rabia. No solo no nos dejaban trasladar a los enfermos al lugar donde había sanitarios, sino que nos arrebataban los pocos que teníamos.

Unos días después, el 14 de abril, también acompañé a la «empleada designada» de otra de las residencias, la Purísima Concepción, que nos había transmitido los problemas que estaba encontrando con la dirección del centro. Me reuní con los responsables para asegurarles que estábamos ahí con el único objetivo de ayudarles y el resultado del encuentro fue muy positivo. También pude comprobar que lo peor ya parecía haber pasado para esa residencia. Los datos en nuestro poder mostraban que habían fallecido nada menos que cuarenta y siete personas en la residencia y seis en el hospital. Más allá de estas cifras espeluznantes, empecé a ver alguna señal de normalidad que no había sido capaz de percibir en mis visitas a las residencias los días anteriores. En cualquier caso, tendrían que transcurrir semanas para que recuperaran la normalidad.

En este texto ya ha aparecido mencionado Ifema, el recinto ferial de Madrid, en cuyos pabellones 7 y 9 se instaló un hospital de campaña temporal. Aunque su objetivo declarado era la descongestión de los centros hospitalarios ordinarios, en realidad podría considerarse el mayor fenómeno de marketing de la primera ola. Ifema fue un plató para la puesta en escena del guion propagandístico diseñado desde Sol: Una presidenta en acción. Les fue tan bien el story de Ifema que más adelante buscaron su réplica con el hospital Zendal, aunque eso quedará fuera del alcance de este texto.

Las pruebas de la vocación publicitaria de este hospital son numerosas. Por ejemplo, solo estuvo abierto cuarenta y un días —los primeros pacientes ingresaron el 22 de marzo y se cerró el 1 de mayo— pero la presidenta lo visitó al menos en cinco ocasiones. También lo visitaron el rey Felipe VI y el entonces presidente del PP, Pablo Casado. ¿Qué pintaba en Ifema el presidente del PP? Ya lo digo yo: nada. Salvo subirse al carro del guion propagandístico diseñado en Sol.

Otro punto álgido de la campaña publicitaria de ese gran plató fue la primera intervención quirúrgica en sus instalaciones. Concretamente, el 17 de abril. No pudo hacerla otra persona que un diputado del PP, el único médico de su grupo parlamentario, Eduardo Raboso. La Comunidad de Madrid distribuyó fotos y vídeos de la intervención a medios y a redes, con declaraciones del médico incluidas. Algo que repetirían posteriormente en el Zendal. Misma intervención y mismo médico. En las cinco semanas en que permaneció abierto el Hospital de Ifema, solo hubo otra operación más. En este segundo caso, nada sabemos de quién fue su protagonista. Ya no era noticia.

Otro aspecto en el que merece la pena detenerse es el número de camas. La Comunidad de Madrid anunció oficialmente el 20 de marzo la puesta en marcha del hospital. Su cuenta oficial de Twitter decía lo siguiente:

La Comunidad de Madrid va a montar un hospital en Ifema con la UME con 5500 camas de hospitalización y UCI para dar respuesta a la demanda asistencial que prevemos para los próximos días. Los hoteles medicalizados se mantienen para pacientes con perfiles clínicos más leves[112].

Es la misma cantidad que se menciona en un vídeo titulado «El Hospital de Ifema», publicado el 30 de marzo y que aún puede verse en YouTube[113]. Con mucha épica, el vídeo afirma:

En Ifema se trabaja las 24 horas, mañana y tarde los enfermos son atendidos por médicos de atención primaria, por la noche es el turno del SUMMA, con el apoyo del SAMUR. Más de 1000 profesionales entre los que se celebra cada alta como una victoria. En un hospital que se ha convertido en un referente no solo en España sino a nivel mundial. Listos para enfrentar la pandemia todos juntos, el hospital temporal de la Comunidad de Madrid en Ifema es un símbolo con el que vencer al coronavirus.

Pero, pese a las 5500 camas anunciadas, el número total de pacientes que pasaron por el hospital durante sus cinco semanas fue de 3811, según datos de la Consejería de Sanidad. Y su pico máximo de ocupación fue de 1500 pacientes, un 25 % de lo anunciado. Así lo acabaría por reconocer la misma cuenta de la Comunidad de Madrid, pero dos años después, cuando ya no le interesaba a nadie:

El 21 de marzo del 2020 abrió sus puertas el Hospital temporal de @IFEMA Una infraestructura habilitada en tan solo 48 horas, con 1300 camas y 16 puestos de UCI, que atendió a casi 4000 personas en los peores momentos de la pandemia[114].

En lo que se refiere al perfil de sus destinatarios, el 20 de marzo, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, afirmó que Ifema pretendía asumir el aumento previsto de contagiados por el coronavirus, así como hacer frente al tratamiento de los más graves en las UCI que se instalen, según puede leerse en una noticia de Europa Press[115].

Al día siguiente, el 21 de marzo, el consejero de Sanidad afirmaba en un vídeo: «La Comunidad de Madrid ha puesto ya en marcha las primeras camas del hospital que va a albergar a los pacientes de hospitalización por coronavirus en Ifema. Esta primera fase son los pacientes más leves que se van a incorporar de manera provisional en el pabellón 5 y posteriormente los pabellones 7 y 9 albergarán al resto de pacientes que sean derivados de los hospitales madrileños»[116].

El 23 de marzo, por su parte, Madridiario publicó una entrevista a Antonio Zapatero, director del hospital de Ifema, en la que apuntaba en la misma dirección que el consejero de Sanidad:

P: ¿Qué pacientes van a ser los que van a ser atendidos aquí en este hospital que ha creado la Comunidad de Madrid?

R: […] De momento estamos recibiendo pacientes que en principio son pacientes que no tienen que complicarse […][117].

Ahora que hemos mencionado a Antonio Zapatero cabe recordar los comentarios que le dedicó la presidenta durante las semanas en las que estuvo abierto el hospital de campaña: «Antonio Zapatero ha sanado al 99 % de los pacientes que pasaron por él» o «4000 personas han pasado por sus manos, con tan solo 16 fallecidos»[118]. La presidenta repitió este tipo de mensajes durante su discurso de clausura, pronunciado el 1 de mayo: «Se llama hospital milagro porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado, han curado»[119]. ¿Era Antonio Zapatero un nuevo santo laico? ¿Un curandero? ¿Un chamán? Eso parece. Su misión durante esas cinco semanas fue sanar enfermos. ¿Estábamos en Lourdes o en el Campo de las Naciones de Madrid?

Una semana después de cerrar el hospital temporal, el 9 de mayo, el mismo Antonio Zapatero completó la información sobre el perfil de los usuarios de Ifema en una entrevista en el diario La Provincia de Las Palmas titulada «El alma de Ifema»[120]:

P: ¿Me puede hacer un perfil del paciente ingresado en Ifema?

R: Los pacientes iban de los 18 a los 103 años. La edad media 53 años y el 92 % ingresaban con neumonía, 50 % con neumonía bilateral. En total, en Ifema, solo ha habido 16 fallecimientos de los 3812 pacientes atendidos.

P: Es una tasa de fallecimiento muy baja. ¿Cuál diría que ha sido el éxito de este dato?

R: Se debe a que el perfil del paciente que ingresaba tenía poca posibilidad de complicarse. Al principio no había UCI en los pabellones y los pacientes que entraban no eran los más graves.

El milagro tenía truco. En Ifema solo se trató a enfermos leves o con «poca posibilidad de complicarse». Si se hubiera trasladado allí a los usuarios de nuestras residencias, esas maravillosas estadísticas habrían saltado por los aires. Durante las semanas en las que estuvo abierto Ifema hubo días en los que fallecieron 400 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid. En un solo día, sí. Solo 16 personas murieron durante los 41 días en los que permaneció abierto el hospital de Ifema. Durante esos mismos días, fallecieron más de 5000 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid. 5000 frente a 16 en Ifema. Lo estoy escribiendo y, pese al tiempo transcurrido, se me están saltando las lágrimas. Es indignante.

Pero es necesario comentar ahora otros dos aspectos sobre las residencias. El primero, el vaciado de profesionales sanitarios que supuso la apertura de Ifema. Podríamos escribir un capítulo sobre los efectos devastadores de Ifema sobre la atención primaria. El País dedicó un artículo al asunto el 28 de marzo: «El daño colateral del gran hospital en Ifema: así queda desmantelada la atención primaria»[121]. El subtítulo de la noticia resumía bien el problema: «La Consejería de Sanidad saca los efectivos para el hospital de campaña del recinto ferial de los centros de salud y los hospitales».

Pero su efecto sobre las residencias fue especialmente demoledor. En primer lugar, porque el personal sanitario dependiente de la Consejería de Sanidad históricamente tiene mejores condiciones que el de la Consejería de Políticas Sociales. Por no hablar del personal sanitario de las residencias privadas, cuyas condiciones suelen ser algo peores. Y segundo, porque presentaba a los profesionales el siguiente dilema: convertirse en héroes (en Ifema) o en villanos (en las residencias). La elección que tomaron muchos profesionales fue clara y las consecuencias sobre las residencias, devastadoras.

El segundo aspecto que es necesario comentar es el nulo alivio que supuso Ifema para las residencias. A pesar de que los residentes no tenían acceso a los hospitales por el argumento del colapso hospitalario, nunca consideraron el hospital de Ifema como posible destino para los residentes. Y no será porque no lo pedimos. Lo solicité de palabra y también por escrito en los correos y cartas que envié al consejero de Sanidad en aquellas fechas.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación al año siguiente, Carlos Mur confirmaría que los residentes no eran bienvenidos en Ifema:

El Ifema fue un hospital de campaña que se creó de la nada, en un pabellón, como bien recuerdan, del día 20 al 22 de marzo. En aquel momento los criterios que a nosotros nos habían trasladado el día 19 de marzo para poder ingresar a una persona en el Ifema eran que fueran pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Lógicamente no lo cumplían muchísimos residentes en las residencias de mayores. Lo mismo en el caso de los hoteles medicalizados.

Es decir, las personas más dependientes quedaban excluidas. No solo en los hospitales ordinarios por los protocolos, sino también en los extraordinarios. Más adelante supimos, gracias a informaciones publicadas por infoLibre, que solo veintitrés residentes (doce de la residencia Monteverde, en Villaviciosa de Odón, y once de la residencia Sol Salud, de Collado Villalba) fueron trasladados a Ifema[122]. Solo veintitrés de las 3811 personas atendidas en Ifema. Un 0.6 % del total. Que se dice pronto. ¿A alguien le parece medianamente normal? En esa misma información, Manuel Rico se hacía dos preguntas muy oportunas: «¿Qué sentido tiene montar un “hospital milagro” y excluir justo al colectivo que está padeciendo de forma más brutal la pandemia?» y «¿Por qué estuvo solo seis semanas abierto un centro cuyos resultados consideraba tan excelentes el Gobierno de Madrid?».

Manuel Rico aportaba más datos impactantes:

En los nueve días anteriores al cierre —del 21 al 30 de abril, ambos inclusive—, perdieron la vida 960 personas que vivían en geriátricos de la Comunidad de Madrid. De ellos, 549 lo hicieron en la propia residencia sin ser trasladados previamente a un hospital. Esta cifra supone el 57.2 % del total, lejos ya del 77 % de media que se registró en el conjunto de marzo y abril, pero aún muy por encima de lo que era habitual antes de la pandemia. ¿El «hospital milagro» no podía ayudar a esos mayores que seguían falleciendo en las residencias de forma masiva?

La traca final de la historia de Ifema fue el acto de clausura que se celebró el 1 de mayo. En él, la presidenta de la Comunidad y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se sacaron una fotografía detrás del mostrador de un puesto de calamares. «Llevo toda la mañana rebozando», bromeó Ayuso, mientras ofrecía un bocadillo. Más allá de esta escena y de las aglomeraciones que se produjeron (graves por sí mismas en una situación de pandemia), se trató de una fiesta de despedida en toda regla, mientras seguían falleciendo personas en la Comunidad de Madrid. Según los datos de la propia Consejería de Sanidad, ese 1 de mayo fallecieron setenta personas por covid en los hospitales madrileños y había todavía 3589 personas hospitalizadas y 681 en UCI. No había nada que celebrar.

La correspondencia

El 15 de julio de 2021, durante el debate en el que se cerró la comisión de investigación sobre las residencias, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, se refirió a mí, aunque sin mencionarme, con las siguientes palabras:

Si tenías un problema con un compañero de Gobierno, le llamabas, sobre todo porque le tenías sentado al lado. No tenías que mandarle ninguna carta. O por lo menos en las reuniones a las que ibas, si es que ibas a alguna, planteabas los problemas. Una persona que se dedicaba, como Enrique López, como Enrique Escudero, como el resto del Gobierno, a trabajar, no necesita mandar cartas que con el tiempo parece que uno está preconstituyendo pruebas para salvar su propio… (duda) trasero, en lugar de trabajar por el bienestar de los madrileños y el bienestar de las residencias[123].

Es probable que Alfonso Serrano no supiera que, precisamente, fue su compañero Enrique Ruiz Escudero quien inauguró la correspondencia por carta que mantuvimos durante la pandemia. En efecto, el 29 de marzo recibí una carta del consejero de Sanidad en la que me explicaba, con una condescendencia que aún no comprendo, cuáles eran las implicaciones de la orden que nuestras consejerías habían firmado conjuntamente un par de días antes. ¿Acaso pensaba que no estaba al corriente de lo que se redactaba en mi consejería y de lo que se publicaba con mi firma? Por si esto fuera poco, el día siguiente, el 30 de marzo, me llegó otra carta suya en términos muy parecidos.

A finales de marzo tenía muy claro que, aunque no me quedara otra opción más que convivir con el relato que estaban difundiendo en mi contra, no iba a tolerar ese tono. Por eso decidí escribirle una réplica sin esconderme detrás de cobardes argumentaciones técnicas; tendría un carácter político y recogería alguno de los mensajes que más nos preocupaban por entonces. La copio íntegra:

Madrid, 31 de marzo de 2020

Estimado Consejero,

Como bien conoces, los efectos del COVID-19 sobre las personas mayores y especialmente sobre las que viven en residencias está siendo devastador.

Como ya he tenido ocasión de comentar, el establecimiento del mando sanitario en la gestión de la crisis del COVID-19 en las residencias es un acierto. Ahora tenemos que ser capaces de que funcione bien la Orden 1/2020, de 27 de marzo, que elaboramos de manera conjunta la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y que nos marca responsabilidades a unos y a otros.

No me cansaré de recordar que las residencias madrileñas son recursos sociales y que en esta situación de emergencia necesitan más que nunca de un apoyo sanitario intenso.

Estamos ante un problema sanitario y le estamos dando respuesta en centros sociales con los medios materiales previstos para otro tipo de atención. Con personal capacitado técnicamente, pero muy reducido y que habitualmente se dedica al cuidado de los procesos crónicos y de la dependencia.

Por todo ello, me siguen preocupando algunos aspectos que te detallo a continuación:

El primero es la incorporación de personal sanitario a nuestros centros y que lo hagan con material adecuado. No se trata de otra cosa que de poner en marcha la tan anunciada «medicalización» de las residencias, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias. Para aquellos enfermos que no pueden ser derivados al hospital y tienen la enfermedad, deben implantarse medidas de hospitalización en las propias residencias, reduciendo el riesgo de contagio y aplicando todas las medidas para garantizar, en el caso de que sean necesarias, unos cuidados paliativos adecuados. La solución que hasta ahora habéis ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos nosotros no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente.

El segundo es una petición casi desesperada. Necesitamos contar con suficientes pruebas de detección del COVID-19. Sin ellas es imposible tomar decisiones correctas en las residencias. En el caso de los usuarios es fundamental para aislar correctamente desde el primer momento a usuarios positivos y negativos. Y en el de los trabajadores, lo es para ser capaces de contar con todos aquellos que son negativos, aunque estén pasando una cuarentena en sus domicilios. ¿Sabes cuándo podremos contar con ellos en un número suficiente?

Mi tercera preocupación es la actual solicitud que nos estáis haciendo de derivación de pacientes de hospitales a los centros residenciales. Por supuesto que estamos dispuestos a poner plazas a vuestra disposición, estamos convencidos de que nos tenemos que alinear todos para salir de esta crisis. Pero no podemos hacerlo sin atender primero al problema existente en todas nuestras residencias, que con esta carga adicional se verá incrementado (sin mencionar los riesgos de extender los contagios si se hace precipitadamente), y sin contar con los medios humanos y materiales, tanto de EPIS como clínicos imprescindibles. Por lo tanto, con la mayor celeridad, hay que atajar nuestra situación y, en base a ello, articular mecanismos ágiles con los que podamos contribuir a colaborar con los hospitales. Si no, corremos el riesgo de que todo nuestro sistema residencial colapse.

Y, por último, los protocolos de derivación hospitalaria existentes. Los relativos a personas mayores y a personas con discapacidad. Esta cuestión ya te la he transmitido con anterioridad. En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas de grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro.

Sin otro particular, un abrazo

Alberto Reyero Zubiri

Mi carta terminaba con la inevitable referencia a los protocolos y a mi preocupación por los mismos. El párrafo era tremendamente claro. Como ya había ocurrido con mis correos electrónicos de una semana antes, no hubo respuesta.

Aunque no di a conocer el contenido de esa carta, el 29 de marzo había escrito un artículo que salió publicado en El Confidencial en el que explicaba claramente cuál era mi posición y que compartía contenido con la carta enviada el 31 de marzo. El título del artículo no deja mucho espacio a interpretaciones: «Es la hora de la atención sanitaria en las residencias». Además de hacer un relato de la situación en las residencias y destacar la ausencia dramática de equipos de protección y de pruebas diagnósticas, desarrollaba la idea del titular. A continuación, destaco un fragmento, aunque el artículo completo puede leerse en internet:

A algunos les cuesta entender que las residencias son centros de servicios sociales, es decir no son centros sanitarios, y que la atención sanitaria que en ellos se presta va orientada a cubrir las necesidades del día a día de los mayores (consulta, recetas, medicación, tratamientos, etc.), pero no están suficientemente preparados para hacer frente a una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual. Entre otras cosas porque no cuentan con el material adecuado para hacerlo.

Por eso, es la hora de incrementar la atención sanitaria en las residencias. Desde la Consejería de Políticas Sociales llevamos tiempo reclamando una mayor intervención de Sanidad en las residencias. La solución pasa por derivar adecuadamente a las personas que desarrollan la enfermedad, aislar a los que presentan síntomas o trasladar a otro recurso a los que no los tienen. Asimismo, es necesario que los usuarios de las residencias puedan participar del traslado a los hoteles medicalizados puestos en marcha o sean derivados a alguna de las 5500 camas de hospitalización del hospital de campaña de IFEMA.

[…]

Y para aquellos que no pueden ser trasladados al hospital y tienen la enfermedad, deben implantarse medidas de hospitalización en las propias residencias, reduciendo el riesgo de contagio y aplicando todas las medidas para garantizar, en el caso de que sean necesarios, unos cuidados paliativos adecuados. Y todo eso solo se puede hacer con la ayuda de Sanidad[124].

En los días siguientes aparecieron en los medios dos noticias sorprendentes que me empujaron a escribir de nuevo al consejero de Sanidad. Una hacía referencia a algo que denominaban «inicio de repliegue sanitario» como consecuencia de la mejora de la situación general en los hospitales de la Comunidad de Madrid; y la otra daba cuenta del envío de equipos de SAMUR en apoyo al sistema sanitario de Castilla y León. Vayamos por partes.

En relación con el «repliegue sanitario» me parece especialmente significativo el mensaje del consejero de Sanidad el 7 de abril en una entrevista en Onda Madrid: «Vamos ganando días a la pandemia y ya planteamos el repliegue para volver a la normalidad en los hospitales»[125]. ¿Vivíamos en la misma región? Para hacernos una idea, según los datos de mi Consejería —que, recordemos, reportábamos diariamente a Sanidad— ese día murieron 302 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid. 302. Frente a las 71 que lo habían hecho en hospitales. A lo mejor percibían una mejora en los hospitales, pero las residencias seguían en una situación desesperada. Y nos salían con este tipo de mensajes.

Y sobre el envío de equipos del SAMUR en apoyo al sistema sanitario de Castilla y León, la Cadena SER contaba el 8 de abril que la Comunidad de Madrid iba a enviar veinte sanitarios y veinte voluntarios del SAMUR como refuerzo a las provincias de Segovia y Soria[126]. No podía creerme que los recursos disponibles se enviaran a otras comunidades autónomas mientras la situación seguía siendo dramática en las residencias.

Hacía poco más de dos semanas, el 24 de marzo, había solicitado al Consejo de Gobierno la ayuda del SAMUR: «A título personal, considero que el SAMUR podría ayudar en la tarea de medicalizar las residencias. Os propongo contactar formalmente al Ayuntamiento para que les autoricen a prestar servicios sanitarios en las residencias de inmediato». Pero solo atendieron parcialmente mi petición enviando un número muy limitado de efectivos.

Escribí sendos WhatsApp a la delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y al consejero de Sanidad ese mismo 8 de abril pidiendo explicaciones. Los dos me respondieron, aunque sin darme muchas esperanzas. Según la delegada del Ayuntamiento, estaban haciendo todo lo que les pedían desde la Comunidad y nos invitaba a que, si necesitábamos más ayuda, lo solicitáramos en las reuniones de Platercam; el consejero de Sanidad me confesó que el Ayuntamiento no estaba cumpliendo con las expectativas. A esas alturas, por supuesto, creí más la versión del Ayuntamiento: no lo estaban pidiendo. O no lo suficiente, por lo menos.

También envié un WhatsApp a la presidenta, pero se escudó en argumentos competenciales: no podía evitar que el alcalde Almeida quisiera contribuir con otro ayuntamiento. Eso es lo que me dijo, aunque no era lo que contaban algunos medios. El Mundo de ese mismo día publicó una noticia con el siguiente titular: «El Ayuntamiento de Madrid va a colaborar con la Junta de Castilla y León para incrementar el personal sanitario de esta región en su lucha contra el coronavirus»[127]. El hecho de que su acuerdo fuese con la Junta demuestra que no era una gestión entre ayuntamientos, tal y como me había contado la presidenta.

Durante esos días me seguían llegando peticiones desesperadas de auxilio. Como ejemplo, rescato un mensaje publicado el 10 de abril en Twitter, que señalaba muchas de las cuestiones importantes en esas semanas:

@Victor_274 – 10/4/20 @Saludmadrid @ComunidadMadrid @albertoreyero

Mi abuela lleva 7 días luchando por su vida en la residencia Adolfo Suárez de Madrid, que no tiene los medios necesarios para salvarla, porque solo la pueden salvar en un hospital lleno de médicos con el material adecuado y no en una residencia que no tiene ni siquiera un médico 24h, pero como tiene 92 años la estáis dejando morir, en silencio, sin su familia cerca, le estáis negando conocer a su bisnieto que está en camino, nos estáis negando que nos despidamos de ella, le estáis negando la vida y como a ella al resto de residentes que no llegan al hospital porque lo denegáis, estáis haciendo una eutanasia encubierta y no presionáis a los hospitales para que les salven, se le acumulan los muertos en las residencias mientras se presume en televisión de no dejar a nadie atrás, por favor exijan a los geriatras del Hospital Ramón y Cajal que admitan a los ancianos que requieran de atención hospitalaria sea cual sea su edad o situación. Para su muerte estoy preparado, para su sacrificio no[128].

A la vuelta de la visita a Miraflores de la Sierra que ya he relatado para ver las instalaciones en las que íbamos a instalar un centro de menores, ya en casa, empecé a redactar otra carta al consejero de Sanidad:

Madrid, 11 de abril de 2020

Estimado Consejero,

La evolución de la situación en los centros residenciales continúa siendo muy preocupante, tal y como puedes comprobar en la información que recibís diariamente y que recaban los inspectores de mi consejería. El mando único sanitario en centros residenciales establecido el pasado 26 de marzo fue una buena decisión y está funcionando en muchos aspectos, pero tiene lagunas importantes en la atención a las personas mayores que viven en estos centros, que considero esencial resolver. Me refiero en primer lugar al imprescindible apoyo sanitario en residencias y en segundo lugar a la escasa derivación hospitalaria de sus usuarios. En lo que se refiere al apoyo sanitario en residencias, no se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada «medicalización», que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas más destacadas del Plan de Acción contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo. No hace falta que insista en que las residencias madrileñas son recursos sociales y que en esta situación de emergencia necesitan más que nunca de un apoyo sanitario intenso. La solución de facilitarnos listados de personal sanitario para que lo reclutemos directamente es algo que no funciona porque competimos con Sanidad y al final la mayoría prefiere ir antes a Ifema que a una residencia; ahora, en la misma línea, nos ofrecéis listados de personal sanitario de las Mutuas de accidentes de trabajo para que los contratemos nosotros o las residencias. Además de lo ineficiente del proceso, en este caso no es el perfil más idóneo para atender a este colectivo. Aun así, estamos haciendo todos los esfuerzos por rescatar algún perfil en ese sentido. Lo más efectivo sería que el mando sanitario enviara personal sanitario en coordinación con los equipos de geriatría de los hospitales. No es necesario recordar cuáles son las necesidades de las residencias, os enviamos información diaria de cada una de ellas y además las estáis conociendo de primera mano en los reconocimientos que se están llevando a cabo.

Tampoco puedo dejar de citar la decepción que supone escuchar mensajes que mencionan un repliegue sanitario en la Comunidad, como consecuencia de la mejora en la situación hospitalaria general, y que eso no suponga ningún refuerzo sanitario en las residencias, cuando es absolutamente necesario y venimos insistiendo en ello repetidamente. No lo puedo entender. Por no mencionar que equipos de SAMUR se envíen en apoyo al sistema sanitario de Castilla y León. Sé que es una decisión que le corresponde al Ayuntamiento de Madrid y que persigue la solidaridad territorial que comparto, pero ¿no sería más adecuado que reforzaran la situación sanitaria en las residencias? La realidad de los centros residenciales en la Comunidad de Madrid a estas alturas de la crisis es que, a pesar de nuestras continuas peticiones, no cuentan con apoyo sanitario estable y que las cifras de derivación a hospitales son tremendamente bajas en este segmento de la población. Durante estos días he revisado cómo se está organizando la atención sanitaria en centros residenciales en otras CCAA como consecuencia de la crisis del COVID-19 y me ha sorprendido encontrar ejemplos mucho más eficaces que el nuestro, no dejando a su suerte a Políticas Sociales sino mediante la implicación directa de Sanidad. Me refiero a la Comunidad Valenciana y a Andalucía. En la Comunidad Valenciana ya establecieron el 18 de marzo, mediante una Resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que fuera Sanidad quien dictara las medidas necesarias para el control y tratamiento de la epidemia en aquellas residencias de personas mayores dependientes afectadas por el virus. Esto significa que una vez se notifica un caso positivo, la Conselleria de Sanidad se hace cargo de la parte sanitaria del centro y adopta las medidas necesarias para el control y tratamiento de la epidemia. Esto supone la intervención sanitaria gradual en función del estado de la situación en cada uno de los centros. En el caso de Andalucía, el 20 de marzo se estableció que la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios (Sanidad) adoptaría las medidas necesarias para el control y tratamiento de la epidemia en aquellos centros sociosanitarios afectados por el coronavirus COVID-19, cualquiera fuera su titularidad y tipología de gestión; resumiendo: que Sanidad pasaba a actuar en una residencia en cuanto se identificara un positivo en COVID-19.

Y fueron más allá. El Consejo de Gobierno aprobó el 26 de marzo un Acuerdo en el que relacionan las medidas a implementar por Sanidad en relación con la medicalización y dotación de recursos de los centros residenciales como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19. Son muchas medidas y muy interesantes, todas ellas bajo el principio de ampliar y reorganizar los servicios del sistema sanitario para prestar la atención sanitaria necesaria en las residencias. La Comunidad de Madrid tiene sus propias características, pero considerar los centros residenciales dentro de las prioridades de Sanidad, como hemos insistido debería haberse hecho desde un primer momento, es la vía para dar una respuesta sanitaria adecuada a las personas que residen en estos centros. Por eso te pido que trabajemos ya en una solución distinta a la actual y que pase por una implicación mayor de Sanidad, en línea con lo que se está haciendo en estas CCAA. Desde mi punto de vista, el problema fundamental en la Comunidad de Madrid es que no se acaba de considerar a los usuarios de las residencias como un colectivo prioritario dentro de la competencia del mando único sanitario. Por eso, en lugar de enviar médicos, enviáis listados.

Tampoco quiero olvidarme de una cuestión que me preocupa especialmente y que ya te he transmitido con anterioridad: la escasa derivación hospitalaria de nuestros centros residenciales, sobre todo de aquellas con grado 3 de dependencia. Si eso hubiera venido acompañado de la medicalización de las residencias, habría tenido sentido, pero no ha sido así. Como se os ha trasladado desde los centros y desde algunas de las patronales del sector, los datos de derivación a hospitales desde residencias son tremendamente escasos y preocupantes. A esto hay que añadir un aspecto que nos remiten desde estos mismos centros, como son las derivaciones de pacientes dados de alta desde un centro hospitalario y que son trasladados a centros residenciales directamente siendo positivos en COVID-19. Una situación que consideramos puede provocar nuevos picos de contagio en centros residenciales muy mermados tanto en personal como en residentes por el efecto de dicho virus.

En semanas anteriores hemos hecho distintas propuestas para que los usuarios de residencias pudieran derivarse a otros recursos, ya fuera a los hoteles «medicalizados» puestos en marcha o que incluso se reservara un espacio en Ifema para ellos. Sobre estas propuestas hemos tenido respuestas negativas en un primer momento. Entendemos que serán decisiones basadas en criterios clínicos, médicos o sanitarios, pero también entendemos que deberían derivarse más pacientes de residencias a centros hospitalarios, sobre todo, ahora que tanto Ifema como el resto de hospitales empiezan a estar en una situación de menor presión asistencial que en semanas anteriores.

Para terminar, sé que estáis con ello y te ofrezco toda la colaboración de mi consejería; ahora toca dar un paso más y avanzar en la especificidad epidemiológica que tiene una residencia, sobre todo de mayores, con personas muy frágiles, que necesitan seguir siendo atendidos y que conviven con otros usuarios, y sobre los que no se puede aplicar medidas de distanciamiento social como sí se haría en el caso de que vivieran en sus domicilios. Es por tanto necesario que trabajemos en dar respuestas distintas que contribuyan a contener la letalidad de la epidemia dentro de las residencias. Si no lo hacemos, la tragedia actual se puede convertir en una catástrofe. La reciente llegada masiva de test estoy seguro que contribuirá mucho en ese sentido, aunque es importante destacar que para estabilizar de manera más profunda la situación en las residencias deben estar dotadas de test PCR que detecten las personas que no han sido contagiadas. Es vital para completar la labor de estabilización que ya hemos conseguido en las residencias que hemos intervenido durante las últimas semanas, y poder trasladar a puntos limpios y centrarnos en atender a los mayores de la manera más adecuada.

Sin otro particular, recibe un abrazo

Alberto Reyero Zubiri

Uno de los aspectos de esta carta que más llamó la atención al conocerse su contenido fue la siguiente frase: «En lugar de enviar médicos, enviáis listados». La realidad es que solo nos mandaban listados de médicos de mutuas de accidentes de trabajo con los que contactar. Con independencia de sus perfiles, más acostumbrados a tratar a personas en edad laboral que a mayores víctimas de una epidemia infecciosa, cuando llamábamos a los teléfonos que nos facilitaban o bien ya habían sido contratados por los hoteles medicalizados o por Ifema, o bien no estaban interesados en trabajar en una residencia.

El 14 de abril hablé en una entrevista en la Cadena SER sobre las dos noticias: «No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se emplee en las residencias. Como no entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice en la atención a nuestros mayores»[129]. Ese día me preguntaron por primera vez acerca de qué me parecería la apertura de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid. Y respondí lo que contestaría siempre: «Estoy totalmente a favor».

En los días siguientes recibí muchos palos por quejarme del envío de un equipo del SAMUR a Castilla y León, acusándome de insolidario. En mi cuenta de Twitter aparecieron muchos trolls con esa cantinela. Una diputada del PP en la Asamblea de Madrid me llamó «mezquino». Lo que dije, y está en la carta enviada al consejero de Sanidad, es lo siguiente: «Yo soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero no entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se refuerce la atención sanitaria en nuestras residencias». Creo que quedaba meridianamente claro lo que quería decir. Con más de 300 personas muriendo al día en las residencias madrileñas sin atención sanitaria, era un completo disparate desprenderse de recursos. También se molestaron conmigo en el Ayuntamiento de Madrid. Me daba igual. No estaba en política para hacer amigos.

Pocos días antes de mi intervención en la Cadena SER, concretamente el 10 de abril, recibimos una solicitud de información remitida por Amnistía Internacional. Más tarde supimos que esta organización humanitaria había hecho lo mismo en todas las comunidades autónomas para conocer detalles sobre la gestión de la pandemia en las residencias. Posteriormente, utilizarían la información recopilada, junto a muchas otras entrevistas y testimonios, para un informe publicado a finales de 2020 y titulado Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia Covid-19 en España[130]. Estos son algunos fragmentos de mi respuesta, redactada el 12 de abril:

A día de hoy hemos intervenido (socialmente) 13 residencias, designando en cada una de ellas a un empleado público encargado de coordinarse con la dirección del centro para atender y cubrir todas las necesidades y demandas de las residencias. Ya hemos comenzado a estabilizar la situación social en alguna de ellas, con la colaboración de las direcciones de los centros y con la plantilla de las residencias, volcada desde el primer minuto en atajar la expansión del virus.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que estamos desarrollando, no conseguiremos tener un éxito completo sin una mayor implicación de la Consejería de Sanidad, a la que seguimos insistiendo en este sentido. Le comunico que, en el día de ayer, volví a solicitar por carta un papel más decidido al Consejero de Sanidad, con el único fin de establecer una correcta atención sanitaria a los mayores que se encuentran en los centros residenciales.

Dentro de nuestras posibilidades estamos habilitando hoteles donados para la derivación de los mayores autónomos con test negativos, estamos reforzando las plantillas de las residencias con situación más comprometida, seguimos dotando de material de protección a los trabajadores y exigiendo la garantía de los derechos de nuestros residentes demandando una y otra vez su derivación a hospitales, ya que no se están medicalizando las residencias de la Comunidad de Madrid.

A continuación, enumeraba algunas de las acciones que estábamos llevando a cabo desde nuestra Consejería, como el refuerzo de la distribución de equipos de protección individual, el refuerzo de personal sociosanitario o la puesta en marcha de un servicio de apoyo psicológico para los profesionales de las residencias. Mi carta terminaba con el siguiente párrafo:

Sin embargo, coincido con ustedes tanto en las recomendaciones sanitarias que nos han dirigido, como en la total defensa y garantía de los derechos de las personas mayores y con discapacidad. No obstante, las residencias no son centros sanitarios, por lo que es fundamental un apoyo decidido —como si está ocurriendo en otras CCAA como la andaluza o la valenciana— de la autoridad sanitaria. Por mi parte, les garantizo que estoy haciendo lo imposible por conseguir esa implicación en la Comunidad de Madrid.

El País se hizo eco de esta carta un par de meses más tarde, el 16 de junio, en medio del cruce de reproches que había entonces entre mi consejería y la de Sanidad. Esto es lo que decía la noticia: «El consejero de las residencias en Madrid se quejó de su Gobierno en una carta a Amnistía Internacional»[131]. En realidad, de quien me estaba quejando era de la Consejería de Sanidad, porque yo era miembro del mismo Gobierno. Pero ya se sabe que ellos eran más Gobierno que nosotros.

La presidenta Ayuso, en lugar de preguntarse si era cierto lo que decía esa carta (recordemos que se conoció en junio, pero la había enviado dos meses antes), se limitó a afirmar lo siguiente en una entrevista en La Sexta el 18 de junio: «Estas cartas son innecesarias. Creo que es mejor que cada consejero, dentro de un Gobierno, hable de lo que ha hecho cada uno dentro de su consejería»[132].

Eso es justamente lo que no hizo el consejero de Sanidad. Un tiempo después de haber remitido mi carta supe que Enrique Ruiz Escudero había recibido la misma solicitud de información. Pero no contestó, igual que tampoco respondió a algunas de mis cartas ni a las de entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La información de El País contaba que quien sí contestó a Amnistía Internacional fue el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. «Fue una respuesta insatisfactoria que no entró en detalle en los requerimientos que les pedimos», dijo entonces una portavoz de la ONG sobre la respuesta de MAR.

La medicalización

Los lectores se habrán percatado de que algunos de los temas que aparecen en las cartas son bastante recurrentes. Pero no quedaba más remedio que seguir insistiendo porque aún no se habían resuelto. El 15 de abril, el día después de mi entrevista en la SER, celebramos un Consejo de Gobierno a cuya finalización la presidenta nos preguntó directamente al consejero de Sanidad y a mí qué entendíamos por medicalización.

Es curioso que las mismas personas que pusieron en circulación el concepto aún estuvieran dando vueltas a su definición. Sobre todo, si recordamos que la propia presidenta había afirmado ante los medios, el 17 de marzo, que «prácticamente todas las residencias madrileñas estaban ya medicalizadas». Si no tenía claro su significado, ¿por qué lo dijo tan alegremente?

Contesté exactamente lo mismo que venía manteniendo desde entonces: que no se había medicalizado ninguna residencia. «La atención sanitaria sigue siendo la misma que antes del 12 de marzo, cuando se prometió que se medicalizarían las residencias». El consejero de Sanidad me cuestionó abiertamente: «No tienes la más mínima idea de las residencias de la Comunidad de Madrid».

Mi opinión, en cambio, estaba alineada con la de algunos expertos, como la de Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Española de la Dependencia y uno de los históricos del sector, quien afirmó en una entrevista en El Español, publicada el 9 de mayo:

Llevo dedicado a este mundo de los mayores desde el año 1984. Profesionalmente, he sacado los dientes por este sector, y te digo que no sé lo que es una residencia medicalizada. ¿Qué se entiende por eso? ¿Llevar a unos médicos de atención primaria unas horas a la semana para que valoren las historias clínicas y los tratamientos que se administran a los ancianos? ¿Eso es medicalizar un centro? Yo entiendo que no, bajo ningún concepto. Necesitaríamos recursos humanos, de forma permanente en el centro, y no una visita puntual. Yo no estoy de acuerdo con que se hayan medicalizado 200 residencias. Hasta donde yo sé, eso no es así[133].

Desde que la presidenta nos preguntó al consejero de Sanidad y a mí por el significado de la medicalización, las cifras oficiales no dejaron de bailar. El 19 de abril, en una rueda de prensa, Isabel Díaz Ayuso dijo: «Ya hay más de 100 residencias medicalizadas en la Comunidad de Madrid». El 24 de abril, cinco días más tarde, la propia presidenta afirmó en el pleno que había 204 residencias medicalizadas[134]. Y la cifra siguió bailando hasta estabilizarse en 232, un número que repitieron tanto la presidenta como el consejero de Sanidad. Recordemos que el número de residencias de mayores en la Comunidad de Madrid era de 475, a las que habría que sumar las de personas con discapacidad.

El 11 de junio, durante un pleno, la presidenta protagonizó una performance en la que enseñó un listado de papel continuo con todas las intervenciones sanitarias supuestamente realizadas en las residencias. Es probable que los lectores recuerden aquella imagen, lo que demostraría la eficacia de su acción. Pero de la medicalización real de las residencias, seguimos sin saber nada. O de la información que contenían esos listados, tampoco. Ya hemos visto en un capítulo previo cómo hasta Carlos Mur y Antonio Burgueño, dos personas poco sospechosas de estar en contra de la presidenta, acabaron afirmando que las residencias no habían recibido la atención sanitaria que requerían.

Durante aquellas semanas, el tema de la medicalización también saltó al plano judicial. El País titulaba así el 21 de abril: «Los jueces obligan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que medicalice las residencias de mayores de Alcorcón»[135]. El Ayuntamiento de Alcorcón había solicitado la intervención inmediata de la Consejería de Sanidad en sus centros mediante cartas enviadas los días 3, 5 y 6 de abril. Y al considerar que no atendían a sus peticiones, el Ayuntamiento había presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entonces le daba la razón con una medida cautelarísima.

Lo que estaba exigiendo la Justicia a la Comunidad de Madrid era que enviara, con la mayor urgencia posible, el personal sanitario necesario a las cuatro residencias de Alcorcón, así como todas las pruebas diagnósticas precisas tanto para los residentes como para el personal.

Dos días después, Natalia de Andrés, alcaldesa socialista de Alcorcón, me brindaba su apoyo en los medios: «El señor Reyero llevaba razón y, por tanto, nuestra solidaridad con él. La experiencia vital que hemos tenido en Alcorcón así lo demuestra. También lo dice una orden del Ministerio de Sanidad, los informes y las cartas del Ayuntamiento de Alcorcón y hasta un auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid». De Andrés recordaba que, antes de iniciar el procedimiento judicial, había intentado contactar con el consejero de Sanidad, pero no había recibido respuesta. Y añadía: «Entendí que no había buena predisposición»[136]. A partir de esa primera demanda, se sumaron más ayuntamientos del PSOE, especialmente el de Leganés, y siguió un verdadero rosario de autos y recursos. Incluyo algunos de los titulares publicados en El País, que es el medio que más seguimiento realizó de los mismos durante esas fechas:

«Nuevo varapalo judicial a Ayuso por las residencias de Alcorcón» (4 de mayo)[137].

«Los jueces reiteran a Ayuso su obligación de medicalizar las residencias de Leganés» (8 de mayo)[138].

«Los jueces frenan el intento de Ayuso de no medicalizar las residencias de Alcorcón y Leganés» (4 de julio)[139].

«Los jueces obligan a medicalizar las residencias de Alcorcón por sexta vez» (18 de julio)[140].

«Alcorcón y Leganés demandan a Sanidad por la gestión de las residencias de mayores» (1 de noviembre)[141].

«Desestimado el recurso del Gobierno regional contra la demanda de las residencias de Leganés» (26 de noviembre)[142].

Hay muchos ejemplos más, pero el tema excede la ambición de este texto. Solo me gustaría añadir un reconocimiento a la alcaldesa de Alcorcón por el compromiso demostrado hacia sus vecinos más vulnerables.

Ignacio Fernández-Cid, el experto citado líneas atrás, también compareció en la comisión de investigación en la Asamblea, donde volvió a abordar el tema de la medicalización. Reproduzco su conversación con la portavoz socialista, Purificación Causapié, el 9 de octubre de 2020:

El Sr. FERNÁNDEZ-CID PLAÑIOL: […] En cuanto a la medicalización, vuelvo a insistir, seguimos sin saber exactamente qué se entiende por medicalización de una residencia. ¿Qué ha cambiado o variado con respecto a lo que teníamos en enero o en febrero? Pues que ahora ¿desde Atención Primaria o, mejor dicho, desde los hospitales, viene algún médico a la residencia? Eso, para nosotros, ¡no es medicalizar una residencia!

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: Desde luego, para mí tampoco.

El Sr. FERNÁNDEZ-CID PLAÑIOL: Entonces, vienen a echarnos una mano y a valorar determinados casos, pero es lo que debiera ser normal, como lo definía antes, es lo que nosotros entendemos que debiera ser el sistema sanitario dando servicio a unas personas mayores dependientes, que en los últimos años de su vida van a consumir el 90 por ciento de sus necesidades sanitarias.

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: Claro, pero…

El Sr. FERNÁNDEZ-CID PLAÑIOL: Por tanto…

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: Yo le quiero preguntar sobre esos meses.

El Sr. FERNÁNDEZ-CID PLAÑIOL: Por tanto, ¿consideramos que eso es medicalizar una residencia? No, claramente eso no es medicalizar una residencia[143].

Para terminar, de momento, con el tema de la medicalización, me gustaría destacar que donde se ha llegado más lejos en la definición de ese concepto ha sido en el ámbito jurídico. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el marco de los procedimientos judiciales antes mencionados, concluyeron que la medicalización se llevaba a cabo desplazando al centro «equipos de profesionales sanitarios, suficientes y adecuados a la situación de emergencia sufrida». También afirmaban que no era suficiente el envío de material, sino que también requería la adopción de «medidas organizativas» que garantizasen el derecho a la protección de la salud. «E incluso modificar el uso de estos centros para que sean utilizados como espacios de uso sanitario, puesto que no lo eran, en todo o en parte de sus instalaciones», concluían. Estas afirmaciones están recogidas de una noticia de El País, del 8 de mayo[144], ya que no dispongo del auto. Pero creo que la opinión de los jueces está bastante clara.

Las derivaciones

Ya he contado cómo, el 21 de marzo de 2020, me enteré de la existencia de los protocolos de Sanidad sobre la derivación de pacientes de las residencias a los hospitales. Y también hemos leído cómo manifesté mi preocupación sobre el tema en dos correos electrónicos (ambos enviados el 22 de marzo) y en dos cartas (enviadas el 31 de marzo y el 11 de abril). Si en los correos manifestaba mi preocupación por los criterios de exclusión, en las cartas la expresaba por el escaso número de pacientes que estaban siendo derivados. Tal y como habíamos temido al principio, los protocolos estaban teniendo consecuencias prácticas.

También he contado cómo, según supe a posteriori, las reuniones para la elaboración de los protocolos habían empezado el 13 de marzo. Que se me excluyera del proceso, otra vez, hace que no pueda responder a muchas preguntas sobre ellos. Siempre he pensado que decidieron poner los criterios por escrito porque las primeras instrucciones se dieron de palabra y mucha gente, en hospitales y residencias, se opuso.

Una fuente muy fiable del SUMMA 112 me confirmó más adelante que, efectivamente, las cosas habían sido como pensaba. Alrededor del 10 de marzo, la dirección médico asistencial del SUMMA 112 dio instrucciones verbales a la plantilla de que no recogieran a personas de las residencias. El 10 de marzo. Como esas instrucciones fueron verbales no puedo demostrar que existieran (como sí ocurre con los protocolos), pero doy verosimilitud a ese testimonio. Y un análisis de los datos disponibles también demuestra su consistencia. Y es que eso explicaría que desde los primeros días de la pandemia hubiera problemas para derivar a los residentes; las dificultades se convertirían en insalvables a partir del 18 de marzo, cuando empezó a distribuirse la primera versión escrita del protocolo.

Un primer ejemplo lo encontramos en aquel tuit del 15 de marzo que ya vimos sobre la residencia Monte Hermoso: «A pesar de solicitar derivaciones hospitalarias, estas no se producen porque los facultativos de las ambulancias no las consideran necesarias y cuando sí lo consideran es tan tarde que ya no hay nada que hacer»[145]. Como vemos, ese tuit ponía el foco en las ambulancias y no en los hospitales.

Un segundo ejemplo lo encontramos en el desplome de las derivaciones que se produjo durante esas mismas fechas. Un análisis de Manuel Rico en infoLibre sobre el primer semestre de 2020 señala un punto de inflexión precisamente en la semana del 9 al 15 de marzo. Mientras que la media semanal entre el 6 de enero y el 8 de marzo fue de 835 traslados a hospitales, en la semana del 9 al 15 de marzo solo se produjeron 552[146]. Recordemos que por esas fechas todavía no se habían enviado los protocolos, pero sí se estaban transmitiendo instrucciones en ese sentido como la mencionada en el SUMMA 112.

En las dos semanas siguientes, ya con los protocolos a pleno rendimiento, se alcanzó un récord negativo en el número de traslados: en la semana que va del 16 al 22 de marzo, fueron 345; y en la del 23 al 29 de marzo, 400. No hace falta insistir en que a partir del 9 de marzo lo lógico habría sido que los traslados se hubieran incrementado al mismo ritmo con el que crecían los contagios. Y ocurrió exactamente lo contrario.

Lidia Sánchez, directora de una residencia de Alcorcón, también confirmaría la existencia de esas trabas en la derivación durante su comparecencia en la comisión de investigación el 13 de noviembre de 2020:

El 13 de marzo [de 2020] intentamos derivar a la primera persona que creíamos que era un posible caso por cómo se encontraba y su sintomatología, y al llamar al 061 para que vinieran a recogerle con una ambulancia, nos dice el 061 que las derivaciones tienen que ser a través del servicio de geriatría del hospital, que han puesto un geriatra de enlace y que debemos comunicar con ese geriatra para que autorice o no la derivación hospitalaria. Obviamente, nos ponemos a buscar el nombre de la geriatra con la que tenemos que ponernos en contacto; algo que no conseguíamos. Llego a llamar incluso al geriatra de Móstoles, porque la necesidad era derivar y no conseguía contactar. Finalmente, consigo contactar con geriatría, estamos hablando de que serían las diez de la noche, aproximadamente, y se nos comunica que no, que no se puede derivar[147].

Y sería lo mismo que repetirían un gran número de responsables de residencias. Un día antes de que se enviara la primera versión del protocolo, el 17 de marzo, el médico de la residencia Purísima Concepción, Miguel Ángel Rodríguez Cañas, comunicaba a los familiares que «los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias, que nos recomiendan que los mantengamos en la residencia. Permanecen aislados». Ese mensaje estaba contenido en una carta que reprodujo infoLibre el 19 de junio de 2020, dentro de una información titulada: «Una residencia comunicó que las “autoridades sanitarias” prohibían el traslado a hospitales ya antes del Protocolo del Gobierno Ayuso»[148].

La misma fuente que me había transmitido la existencia de esas instrucciones verbales de no recoger a personas de las residencias, me confirmaría que, en los días inmediatamente posteriores a la puesta en marcha del plan de choque, es decir, a partir del 27 de marzo, la misma persona que había dado instrucciones de no recoger a personas de las residencias para llevarlas a los hospitales trasladó a la plantilla del SUMMA 112 que a partir de entonces podían hacerlo.

También eso coincide con otros testimonios, como ocurre con las declaraciones del director de la residencia pública Reina Sofía de Las Rozas recogidas en una noticia publicada por elDiario.es el 1 de abril: «No hemos podido derivar ningún residente desde el 10 de marzo hasta el lunes [entiendo que se refiere al lunes anterior a la publicación de la noticia, por tanto, el 30 de marzo]»[149].

Nunca sabremos si este cambio de criterio en el SUMMA 112 se produjo porque entonces la responsabilidad de las residencias ya había pasado a la Consejería de Sanidad, porque la situación hospitalaria apuntaba signos de mejoría o porque las residencias ya se habían resignado a su suerte y eran muy pocas las que solicitaban traslados a hospitales.

Desgraciadamente, ningún responsable político relacionado con las derivaciones hospitalarias se someterá en sede parlamentaria a las preguntas que confirmen alguno de estos extremos. Uno de los convocados a la comisión de investigación era el gerente del SUMMA, al que habría que preguntarle si eran ciertas esas instrucciones, pero no llegó a comparecer por el bloqueo del PP y Vox después de las elecciones de mayo de 2021.

En la misma noticia de elDiario.es que recogía las declaraciones del director de la residencia pública Reina Sofía de Las Rozas, también aparecían las declaraciones de la hija de un usuario de la residencia Mirasierra DomusVi de Madrid: «Sé que mi padre se va a ir en estos días, pero pido que se haga justicia humana por todos ellos, por todos los residentes que están pasando por algo así». La hija continuaba diciendo que «el traslado al hospital no se ha contemplado como posibilidad en ningún momento». En las siguientes semanas conocimos muchos testimonios parecidos, tanto de familiares como de profesionales de las residencias.

Entre estos últimos, voy a destacar la entrevista que le hicieron el 6 de mayo a Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Española de la Dependencia y de quien ya hemos hablado, en el programa La noche de Dieter, de esRadio. Además de su presentador, Dieter Brandau, en esa entrevista estaban presentes los periodistas Carlos Cuesta y Carmen Tomás. Son veinte minutos de entrevista que no tienen desperdicio[150]. Este es solo un fragmento:

IGNACIO FERNÁNDEZ-CID: Es lo que llevamos denunciando desde el inicio de todo esto, que nos estaban abandonando. Que nosotros estábamos llamando, que desde los distintos centros estábamos llamando a los hospitales de referencia y que no nos dejaban hacer derivaciones hospitalarias. Y que a continuación decíamos: por favor danos medicación para poder tratar a estas personas en los centros. Pero nos daban medicación, pero no la buena medicación, no los retrovirales, no una medicación que se ha descubierto que era contra la malaria que es muy eficaz en esto, la hidroxicloroquina. Esos medicamentos, determinadas áreas de sanidad no nos los han enviado. Eso sí, morfina y sedación nos han enviado de todo.

DIETER BRANDAU: Morfina y sedación sí, medicamentos para curar, no.

[…]

IGNACIO FERNÁNDEZ-CID: Yo me pregunto: ¿y es lo normal que las personas mayores mueran en las residencias? Pues no, lo normal es que mueran en los hospitales, como en las casas no es normal que mueran los mayores, mueren en los hospitales. Alguien tiene una enfermedad, se deriva por urgencias, en el hospital intentan tratarlo y si lamentablemente no sale adelante pues fallece en el hospital. Es lo normal, ¿verdad? Teniendo en cuenta que las residencias son las casas de los mayores, pues es una continuidad, más de lo mismo; pero lamentablemente los datos después confirmarán que la mayoría de los fallecimientos en residencias se han producido en la propia residencia…

[…]

IGNACIO FERNÁNDEZ-CID: Siempre hemos funcionado muy bien. Cada uno en su epígrafe. ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes cuidan? Pues a cuidar. ¿Ustedes qué hacen? ¿Curan? Pues a curar. Cuando nosotros necesitamos de la colaboración de los sanitarios, pues se deriva una persona al hospital para una prueba de diagnóstico, por ejemplo. Pero después vuelve con nosotros. Nosotros tenemos médicos, nosotros tenemos enfermeros, nosotros tenemos fisioterapeutas, tenemos terapeutas ocupacionales. Lo que no podemos jugar es a lo que no somos; pero no debemos jugar a lo que no somos tampoco porque sería una duplicidad de recursos y no tendría sentido. Y encarecería enormemente todo el sistema. ¿Para qué? Pero es que lo que ha fallado aquí son las autoridades sanitarias que no nos han dejado derivar a las personas mayores a los centros, no los centros; como también falló el sistema funerario, cuando colapsó. No fallaron las residencias que nos gusta tener los cadáveres, sentados con las personas que están conviviendo ahí.

CARMEN TOMÁS: A ver si consigo reponerme de lo de la morfina porque me he quedado helada y estoy todavía que tengo palpitaciones.

IGNACIO FERNÁNDEZ-CID: Los problemas que han tenido las residencias han sido las públicas y las privadas. Si es que el virus no sabe si es pública o es privada. Cuando las públicas han querido hacer utilización del sistema público de salud, también se han encontrado con los mismos problemas; así que no se trata de un modelo que haya funcionado público o privado, no. Es que no funcionaba la sanidad con respecto a las personas mayores institucionalizadas.

DIETER BRANDAU: Es una de las entrevistas más terribles que he hecho en esta situación de alarma y de crisis por el coronavirus. El testimonio que usted ha dado ha sido de lo más estremecedor que yo he escuchado, de verdad. Y le voy a pedir, si no le importa. Necesito saber cuál es la situación, por si no le importa que le volvamos a molestar en días venideros, para que usted nos diga en qué se va mejorando, en que se va empeorando, y sobre todo en qué tenemos que dar la voz de alarma de los medios porque una cosa es que el Gobierno decida abandonarles y olvidarles, pero nosotros no estamos dispuestos a ello, así que si no le importa que le volvamos a llamar, me gustaría que permaneciéramos en contacto para poder tener información directa de lo que está pasando en las residencias en España.

IGNACIO FERNÁNDEZ-CID: Yo siento muchísimo haberles dado la tarde, pero tenemos la obligación de denunciar lo que está pasando, es lo que ha pasado. ¿El que se brinden ustedes a llamarme? Encantadísimos de que nos den ustedes voz porque es que estas cosas hay que decirlas y no se pueden disfrazar porque estamos hablando de personas, las más vulnerables de la sociedad.

DIETER BRANDAU: Si precisamente le llamamos porque estamos hartos de disfraces. Queremos saber la verdad, aunque la verdad duela. Queremos saber qué pasa con nuestros mayores. No se lo merecen. Querían medicamentos y les mandaron morfina. Es terrible lo que ha pasado y espero que paguen por ello, pero me gustaría que dentro de la posibilidad no vuelva a suceder. Así que, don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, la patronal de las residencias en España, si a usted no le importa, le vamos a llamar y mucho para que le cuente a los españoles cuál es la situación de las residencias. Muchísimas gracias por su testimonio. Carmen, Carlos, gracias por haber estado.

CARMEN TOMÁS: ¡Cómo se nos ha quedado el cuerpo!

DIETER BRANDAU o CARLOS CUESTA (no se distingue): Terrible. Una más. Sí, pero esta especialmente dura.

¿Por qué estos periodistas tan indignados y horrorizados por el abandono y la morfina no volvieron a interesarse por el drama vivido en las residencias madrileñas? Habría que preguntárselo a ellos. Lo cierto es que su indignación y la esperanza de que alguien pagara por ello se quedó ahí. En cambio, en otras intervenciones en medios, Ignacio Fernández-Cid siguió siendo igual de claro acerca de los problemas en las derivaciones hospitalarias. Esto es lo que dijo en su entrevista del 9 de mayo en El Español, que ya hemos mencionado[151]:

P: ¿Qué sucedía al llamar al hospital?

R: No nos dejaban derivarlos allí. Si llamas diciendo que tu padre está en la residencia directamente ni te atienden. Eso es una angustia tremenda. Hay muchas familias que se han enfadado porque no les hemos derivado a su padre o a su madre al hospital. Oiga, pero es que no nos han dejado. Y nos dicen: «¿Cómo va a ser posible?». Se lo prometo, no nos han dejado. Pero si una persona mayor desde su casa necesita ir al hospital, ese procedimiento no ha cambiado. Si tienes una urgencia, lo llevas a urgencias y ya está. El problema ha sido las personas que estaban en los centros. Por eso las familias no lo entendían. Y esa orden las han dado las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

El 14 de junio, El País publicó una noticia titulada: «La rebelión contra el hospital de una directora de residencia: “Esto es sentenciar de muerte a la gente y no lo pienso permitir”»[152]. El texto contaba que Lidia Sánchez había enviado el 9 de abril un escrito de desobediencia al Hospital de Alcorcón «por obligación ética» después de haber visto durante semanas morir a mayores sin atención médica. La noticia reproducía ese correo electrónico, que refleja muy bien lo angustioso de la situación para las residencias:

Buenas tardes:

Llevo semanas viendo cómo los residentes morían en nuestro centro sin atención hospitalaria, sin los medicamentos específicos para coronavirus porque había desabastecimiento. Sin derivaciones hospitalarias porque los hospitales estaban colapsados.

Entiendo la situación en ese momento, pero ahora NO, no la entiendo ni pienso quedarme viendo cómo tengo residentes con positivos, gente todavía sin prueba y con sintomatología respiratoria, que voy a seguir viendo morir.

Me niego, lo siento, viendo cómo las urgencias del HUFA [Hospital Universitario Fundación Alcorcón] están vacías y camas suficientes para atender a personas, y lo que yo tengo aquí son personas, mayores pero personas, y no se merecen morir en una residencia sin la atención que se merecen, ya no hay nada que justifique que cada una de las personas que siguen aquí [no] reciban la atención que necesitan.

Si no se toman medidas YA, voy a tomar otras medidas, si tengo que llamar a las familias para que vengan en sus coches y cojan a su familiar y se presenten en el hospital lo voy a hacer.

Os voy a pasar un listado de personas que deben en este momento recibir atención hospitalaria, si en un tiempo razonable a lo largo del día de hoy no vienen ambulancias a buscar a mis residentes empiezo a llamar familias.

No me parece bien que el hospital me diga que suba dosis de tranquilizante y sujete para poner un oxígeno, me den un tratamiento en pastillas para gente que no come, esto es sentenciar de muerte a la gente y no lo pienso permitir. No es normal que exista tratamiento intravenoso y nos den pastillas, con gente con disfagia, que no come… sabiendo que ese tratamiento es tirado porque es imposible darlo.

Os voy a dar un listado de todos aquellos precisan atención hospitalaria en este momento.

Según señalaba la noticia,

El correo de protesta de la directora Sánchez del 9 de abril surtió efecto. A la mañana siguiente escribía de nuevo a las familias: «Quería que supierais que esta misma mañana ha venido la geriatra del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón personalmente al centro para ver la situación actual de los residentes que tienen en estos momentos problemas de salud. Que ayer ya hubo derivaciones y hoy por la mañana. Las personas que puedan seguir aquí bien el tratamiento, lo seguirán recibiendo en el centro, si en algún momento observamos la imposibilidad serán derivados al hospital». Alrededor de la mitad de abril, cuando los hospitales madrileños se desatascan, comienzan las admisiones de los mayores que habían sido relegados. Los enfermos de Amavir Alcorcón pudieron quizás ganar unos días gracias al ultimátum de la directora.

En la misma información se recogía también el testimonio estremecedor de la hija de un residente que había fallecido en la residencia: «“Mi padre no tuvo derecho a nada, ni a ser diagnosticado, ni a ser tratado, ni a morir dignamente”, dice Ester, que no culpa ni a la residencia ni al hospital. “Esto ha sido una guerra con muchas víctimas, pero ha habido alguien que ha cribado, tú sí, tú no…”». Esta persona era enfermera, así que sabía de lo que hablaba.

Lidia Sánchez compareció en la comisión de investigación de la Asamblea el 13 de noviembre de 2020. Recomiendo leer la comparecencia en su integridad[153]. Algunas de las cuestiones que explicó Lidia Sánchez las destacó El País ese mismo día, en una crónica en la que se decía lo siguiente:

Lidia Sánchez ha relatado que, entre el 13 de marzo y el 9 de abril, el hospital rechazó derivaciones, un período durante el que murieron 30 residentes en su centro, Amavir Alcorcón. Sánchez ha contado a la comisión de investigación que, «sin lugar a dudas», habrían sobrevivido algunas personas de no haberse producido el tapón hospitalario que sufrieron los geriátricos, ordenado por la Comunidad de Madrid para reducir la presión sobre los hospitales[154].

La información añadía que a la residencia se le impidió cualquier traslado hasta el 1 de abril. Que entre el 1 y el 9 de abril solo se admitieron siete. Y que cuando el hospital levantó por completo el bloqueo, la mortalidad descendió de golpe: entre el 9 de abril y el 28 de mayo solo murieron siete mayores de su residencia.

La comparecencia deparó algunos momentos especialmente significativos:

El Sr. DELGADO ORGAZ: ¿El geriatra de enlace en algún momento le explica cuáles son los criterios por los que se admiten a pacientes o se rechazan?

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: Sí.

El Sr. DELGADO ORGAZ: ¿Coinciden con los del borrador que se les envía a ustedes el día 20 de marzo?

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: Sí.

El Sr. DELGADO ORGAZ: ¿En algún momento recibieron alguna notificación indicando que eso era simplemente un borrador o que no era un documento oficial? No, ¿verdad?

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: No.

[…]

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: … usted ha dicho que le llegó un protocolo el día 21, que afectaba a la derivación hospitalaria. ¿Me puede decir la fecha que tenía el protocolo, es decir, la fecha en que se firma el protocolo?

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: El 20 de marzo.

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: Vale. A partir de ahí, se establecen una serie de criterios, y yo le quería preguntar una cosa. Permítame que acuda a la información que saca El País, en la que usted habla de un señor de 75 años que tiene alzhéimer moderado. ¿Esta persona, con ese criterio —según lo que yo sé— sin conocer a la persona por supuesto, no es una persona que tenga una dependencia grave ni es una persona que tenga una demencia grave, ni que tenga unas expectativas de vida limitadas fuera de la situación en ese momento?

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: No.

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: Es decir, es una persona con un alzhéimer moderado. Es una persona con un nivel de dependencia moderado, quiero decir.

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: Es una persona.

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: Sí.

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: Con derecho a una atención médica.

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: Pero ni siquiera estaría en el protocolo.

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: No.

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: Vale. Es que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta.

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: De hecho, en uno de los protocolos se habla de… —si me dejan un momento, lo miro— la escala de fragilidad, que un poco viene a decir que, si voy en silla de ruedas —tenga deterioro cognitivo o no lo tenga—, no entro [dentro] de los criterios de derivación, ya sea una derivación por motivos respiratorios, una infección respiratoria, o cualquier otra patología.

La Sra. CAUSAPIÉ LOPESINO: Me llamó la atención la información por eso, porque, efectivamente, es una persona con una expectativa de vida amplia y en una situación que se puede valer incluso en determinados momentos por sí misma, ¿no?

La Sra. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: Sí.

Otro caso que tuvo bastante repercusión fue el de una residencia de Griñón. El Periódico publicó una noticia el 26 de junio de 2020, acompañada de un impactante audio, que recogía la conversación telefónica entre la doctora de esa residencia y la hija de una residente, en la que la facultativa reconocía que no podía enviar a la enferma a un centro sanitario[155].

Este es un resumen del audio, para el que me he servido de una transcripción que hizo esa misma tarde la web de La Sexta. En este audio se oye a la doctora de la residencia decirle esto a la hija de una residente llamada Alejina: «Yo hablé con el hospital esta mañana y bueno, Alejina fue una de las primeras personas que he tenido con síntomas respiratorios y ganchos febriles. Que estuvo seis días bien y luego siete días después empezó nuevamente la fiebre a subir. Terminamos un ciclo de antibióticos con cefixima, hicimos un ciclo de levofloxacino, que ya lo terminamos. Y esta mañana me dijo la doctora (del hospital): “bueno, vamos a iniciar otro ciclo con otro antibiótico. A ver si podemos hacer algo”»[156].

Entonces, la hija formula la pregunta clave a la doctora: «De llevarla al hospital, nada ¿no?». La respuesta de la médica es muy clara: «Nada, no… Cuando llamas a pedir ambulancia ellos te dicen: “¿Tiene síntomas respiratorios? A consultar con el geriatra del hospital”. Y con el geriatra del hospital es con quien hemos manejado a Alejina. Y no tiene criterios para derivación… La Comunidad de Madrid tiene unos criterios para los residentes que son: uno, puede ser trasladado a urgencias todo aquel paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria. Dos, que no tenga deterioro cognitivo. Tres, que tenga un parte que sea una persona independiente. Cuatro, que no tenga patologías asociadas, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga antecedentes de nada». En palabras de la médica eso era algo «ilógico»: «Porque lo que no puede esperar uno es que una persona mayor de 80 años no tenga nada».

La conversación terminaba de manera dramática. La hija, visiblemente preocupada, insistía en preguntar si, en el caso de que empeorase, podría acceder al hospital. De nuevo la respuesta fue un «no». Esta residente acabó falleciendo diecisiete días después de esa llamada, como consecuencia del covid. Lo hizo en la residencia. No llegó a ser derivada al hospital. Dado el interés que despertó este audio, esta médica también fue requerida en la comisión de investigación. Su nombre es Mirthaines Castro de Ponzo y compareció el 4 de diciembre de 2020[157]. Estas son algunas de las muchas cosas interesantes que contó:

El Sr. FIGUERA ÁLVAREZ: ¿Usted sintió que esos protocolos eran de obligado cumplimiento?

La Sra. CASTRO DE PONZO: Realmente, no, pero no había otra manera, porque…

El Sr. FIGUERA ÁLVAREZ: ¿Puede explicar eso?

La Sra. CASTRO DE PONZO: Sí, porque un protocolo lo tienes que cumplir, obviamente, pero en el momento en que tú decides derivar a un residente no tenías la manera de hacerlo.

En otro momento, afirmó:

El Sr. FIGUERA ÁLVAREZ: ¿Está usted de acuerdo con esos criterios del protocolo?

La Sra. CASTRO DE PONZO: Yo, realmente, no.

El Sr. FIGUERA ÁLVAREZ: ¿No está de acuerdo?

La Sra. CASTRO DE PONZO: No.

El Sr. FIGUERA ÁLVAREZ: ¿Y lo manifestó en algún momento al director de la residencia o a sus superiores?

La Sra. CASTRO DE PONZO: Sí lo manifesté a algunos médicos del hospital, sí.

El Sr. FIGUERA ÁLVAREZ: ¿Y cuál fue la respuesta?

La Sra. CASTRO DE PONZO: Pues que son protocolos y la situación era la que era.

Durante los peores días de la crisis, las policías municipales de varios ayuntamientos inspeccionaron algunas residencias. En el caso de Madrid capital, infoLibre publicó el 9 de junio de 2020 la siguiente noticia: «Actas de inspección policial recogen quejas de residencias por no poder enviar enfermos a hospitales: “No hubiera habido tantos fallecimientos”»[158]. En esa noticia se mencionaban dos visitas de la Policía Municipal a la residencia Geriasa, una el 9 de abril y otra el 15 de mayo. En esta segunda visita, en su informe de «observaciones», los agentes indicaban lo siguiente: «Significar que la directora manifiesta su estado de frustración debido a que no les dejaron derivar residentes en plena crisis hasta que el 08/04/2020 les permitieron la derivación de una forma selectiva y bajo los Protocolos establecidos por el centro de referencia que es el Hospital de la Princesa… Significar que no les han facilitado medicamentos hospitalarios hasta mediados de abril».

La noticia menciona otra residencia, Amavir Usera, sobre la que los agentes escribieron lo siguiente en un acta el 7 de abril: «Actualmente en el centro hay cuatro cadáveres (2 ayer y 2 hoy). Personal sanitario en momento inspección: 1 médico, 1 DUE [Diplomado Universitario en Enfermería] y 16 auxiliares. Las derivaciones al hospital de referencia (Hosp. 12 de Octubre) no se admiten para personas con síntomas por Covid». En la información publicada se incluían copias de las actas.

Para terminar, en los informes publicados por Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y CSIC, se recogen numerosos testimonios de profesionales sanitarios que son muy reveladores y que veremos más adelante.

La Asamblea

En torno a esas fechas se fue reactivando la actividad parlamentaria, después de un mes y medio de parón. El 21 de abril tuvo lugar la primera comisión de Políticas Sociales y se desarrolló de forma telemática[159]. Inicié mi intervención recordando a las personas que habían fallecido por el covid y reivindicando que antes que números eran personas. También quise tener presente a un colectivo que había sido injustamente criminalizado:

Tampoco puedo olvidarme de los trabajadores de las residencias, que en esta batalla tienen un papel protagonista y de los que deberíamos acordarnos todos los días cuando aplaudimos desde nuestros balcones. Gracias por todo vuestro esfuerzo y dedicación sin descanso.

Insistí en algo que mucha gente aún no sabía: que las residencias no son hospitales.

Las residencias son centros de servicios sociales. Es decir, no son centros sanitarios, y la atención sanitaria que en ellos se presta va orientada a cubrir las necesidades del día a día de los mayores (consulta, recetas, medicación, tratamientos, etc.), pero no están suficientemente preparados para hacer frente a una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual.

No rehuí aspectos espinosos como la medicalización de las residencias o las derivaciones hospitalarias, aspectos que tendrían una especial relevancia semanas después. Respecto a la medicalización, traté de quitar hierro a la polémica con mis compañeros de Gobierno. En relación con la derivación, adelanté cuestiones que luego sorprenderían a muchos y que demuestran cuál fue siempre mi posición:

La derivación hospitalaria es otra cuestión importante. En el pico de la crisis es verdad que se produjeron muy pocas derivaciones de usuarios de las residencias a los hospitales. Yo no cuestiono los criterios clínicos —que no me corresponde a mí valorar sino a Sanidad— para decidir si en cada caso es adecuada o no esa derivación, pero hemos solicitado de manera reiterada a la Consejería de Sanidad —y así se lo he hecho saber al consejero en varias ocasiones— que facilitara en lo posible ese traslado. En los últimos días, las derivaciones se han incrementado, pero es verdad que no ha sido así en el periodo central de la crisis; eso será algo que tendremos que evaluar en el futuro.

También recordé que solo llevaba seis meses y medio como consejero cuando empezó la crisis; que disponía de la misma red y de los mismos recursos que pusieron en marcha gobiernos anteriores. Los contratos vigentes eran los contratos que existían y ni siquiera disponía de un nuevo presupuesto que me hubiera permitido introducir algún cambio.

En respuesta a los grupos parlamentarios afirmé que «a veces me preguntan si hubiera tomado alguna medida antes, y mi respuesta es afirmativa: sin ninguna duda». Pero añadí que, de haber actuado antes, «con toda probabilidad habríamos encontrado una enorme resistencia. Nuestras dos primeras medidas —el cierre de centros de mayores y la limitación de visitas— no fueron bien recibidas e incluso cuatro días después de la instrucción de las visitas —el 12 de marzo—, tuve que explicar a plataformas de familiares la necesidad y no el capricho de esa medida, que lo único que perseguía era proteger a los mayores». Ese comentario, que sigo pensando que es bastante sensato, lo utilizaría después Vox para pedir mi cese.

Durante esa comisión, la portavoz del PP, Dolores Navarro, negó que me hubieran quitado las competencias de las residencias, contradiciendo lo que estaba contando el equipo de la presidenta a los medios:

Cuando ustedes hablan de que el mando único asumía las competencias y que, entonces, Sanidad asumía las competencias, yo les digo: creo que no han entendido bien lo que es el mando único. El mando único no asume las competencias sino que coordina las actuaciones en torno al plan de choque, y esto es asumir el control, pero la Consejería de Políticas Sociales sigue teniendo sus competencias y sigue realizando sus labores.

El 24 de abril nos vimos las caras en la Asamblea muchas personas que, durante ese tiempo, a lo sumo habíamos tenido contacto telemático o telefónico. Con muchos otros, ni eso. El ambiente en el hemiciclo era muy extraño, como casi todo durante esas fechas. Para muchos se trataba de la primera vez que salían de casa desde la declaración del estado de alarma.

El portavoz de Podemos, Jacinto Morano, preguntó acerca de los motivos por los que el Gobierno regional había decidido no medicalizar las residencias para personas mayores en la Comunidad de Madrid:

Que no hay residencias medicalizadas en la Comunidad de Madrid no lo dice este humilde diputado ni su Grupo Parlamentario, lo dice su consejero de Políticas Sociales, que el otro día dijo en esta Cámara —y me sumo a sus palabras, aunque sea un adversario político— que llevaba realizando a su Gobierno una petición reiterada y desesperada de medicalización de las residencias[160].

En su contestación, la presidenta Ayuso dijo lo previsible, que 204 residencias ya estaban medicalizadas gracias a su plan de choque. Es más, llegó a afirmar que su plan había servido como modelo a otras comunidades autónomas para hacer frente a un enemigo común «que se ha cobrado la mitad de las vidas en toda Europa precisamente en las residencias». Pero también añadió un respaldo explícito a mi gestión que me pareció sorprendente:

Teniendo clarísimo que [el virus] va a estar otro largo tiempo entre nosotros y que los mayores son una población vulnerable a este enemigo común, lo que vamos a hacer es reforzar y reorganizar las residencias, la atención sociosanitaria que se está ofreciendo en ellas, que es algo que además he hablado con el consejero Reyero, a quien respaldo públicamente[161].

Me pareció sorprendente porque solo cuatro días antes, el domingo 19 de abril, había sembrado dudas sobre mi gestión en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de presidentes de todas las comunidades autónomas con el presidente Sánchez. Así lo recogió El Mundo ese día: «Ayuso amenaza con ceses si se demuestra que hubo “negligencias” en las residencias de mayores»[162]. Por supuesto, nadie tuvo ninguna duda de a quién estaba señalando la presidenta, ya que la palabra «negligencia» se había asociado anteriormente conmigo.

Pero por si quedaba alguna duda, El País no solo recogía las palabras literales de la presidenta, sino que las acompañaba con otras de unas imprecisas fuentes del PP: «“Cuando entraron los bomberos, gracias al mando único creado para quitarle las competencias a Reyero, no se podían creer lo que veían”, resumieron fuentes del PP que aseguraron que Aguado no comunicó con la suficiente agilidad y transparencia a Díaz Ayuso el drama que se estaba viviendo en las residencias. “Aguado tiene un problemón”»[163].

Que algunos periodistas publicaran noticias negativas sobre mí no me parecía tan grave: cuando uno está en política se acaba acostumbrando a comentarios desagradables e injustos. Pero en este caso los comentarios procedían de la presidenta, de compañeros de Gobierno y de algunos concejales. No es necesario un extraordinario ejercicio de empatía para imaginar cómo me sentía al oír estas cosas.

En relación con el plan de choque, ya hemos explicado suficientes cosas como para saber que las palabras que recogían los medios no eran ciertas. Pero no está de más recordar que el 24 de junio, tres meses después de que se anunciara el plan de choque, la propia presidenta afirmó en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, que no me habían quitado las competencias[164].

El lunes 20 de abril, al día siguiente de la reunión de presidentes autonómicos, Ignacio Aguado fue a la Cadena SER y dejó el siguiente mensaje: «Este Gobierno se construye sobre un acuerdo político que deja bien claro cuáles son las competencias y las responsabilidades de cada uno y esa decisión [un posible cese] no está sobre la mesa hoy y tampoco le compete a la presidenta en tanto en cuanto cada partido elige y nombra a sus consejeros»[165].

En ese momento agradecí mucho a Ignacio Aguado que me defendiera con tanta claridad en los medios. Pero, aunque hubiera gente empeñada en lo contrario, no era cuestión de si un consejero era de Ciudadanos o del PP. Lo importante seguía siendo poner todos los medios posibles para encontrar soluciones a la situación desesperada de las residencias. Al terreno del rifirrafe entre partidos era al que nos querían arrastrar desde Sol. Por eso no entendí muy bien el respaldo público de la presidenta en la Asamblea.

Más adelante, el 29 de abril, tuvimos un pleno monográfico de diez horas en la Asamblea sobre la gestión del gobierno regional durante la pandemia. La presidenta Ayuso tuvo una intervención muy política. La culpa de todo era de Sánchez: «Reconozco mi error: ¡fiarme de la izquierda!»[166]. Esa sería su principal línea argumental en los meses venideros.

Las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios se mantuvieron dentro de lo previsible. Lo más destacable quizás fuese la intervención de Rocío Monasterio, que no dudó en señalarme como único responsable de todo lo ocurrido y pidió varias veces mi cese o mi dimisión. Ahí van algunos ejemplos de su primera intervención:

Es verdad, señora Ayuso, que usted tuvo el reflejo, en cierto modo, de apartar al consejero de Políticas Sociales, señor Reyero, y centralizar la competencia de residencias en Sanidad; lo que no entendemos es por qué no ha cesado al consejero, máximo responsable de las residencias[167].

Que por primera vez se pidiera mi cese no sería especialmente reseñable. Estaban en su derecho, sobre todo teniendo en cuenta la tragedia que estábamos viviendo en las residencias. Pero más allá de que sus palabras no fuesen ciertas porque no me habían apartado de mis tareas, me llamó la atención hasta qué punto retorció las palabras que yo había pronunciado en la comisión de Políticas Sociales telemática celebrada el 21 de abril y que he mencionado al comienzo de este capítulo[168].

Ese día, en respuesta a los grupos parlamentaros, afirmé que «a veces me preguntan si hubiera tomado alguna medida antes, y mi respuesta es afirmativa: sin ninguna duda». A continuación, añadí que, de haber actuado antes, «con toda probabilidad habríamos encontrado una enorme resistencia. Nuestras dos primeras medidas —el cierre de centros de mayores y la limitación de visitas— no fueron bien recibidas e incluso cuatro días después de la instrucción de las visitas —el 12 de marzo—, tuve que explicar a plataformas de familiares la necesidad y no el capricho de esa medida, que lo único que perseguía era proteger a los mayores». Sigo pensando que era un comentario sensato, pero Rocío Monasterio le dio otra vuelta en su discurso en la Asamblea:

Además, el señor Reyero lo dijo hace una semana en una comisión: «No actuamos; tuve miedo a la opinión pública». Tuvo miedo, no actuó; tuvo miedo, han fallecido 7000 ancianos; tiene miedo, ¡no puede estar en un Gobierno en un momento en el que hace falta valentía!, ¡el miedo a la impopularidad lo inhabilita políticamente! La responsabilidad es ajena a la popularidad, y quien presta más atención a lo segundo que a lo primero ¡no es apto para el cargo! —lo siento, señor Reyero; ¡le aprecio!—; por eso, si no le cesa la señora Díaz Ayuso, ¡le animo a que dimita!, ¡le animo a que dimita! Hay más honra en la aceptación de los errores y en la renuncia que en la obcecación por seguir a cualquier coste. […] Cese al señor Reyero, proteja a Madrid con unos nuevos presupuestos que garanticen que ningún madrileño se quede atrás, y tendrá nuestro apoyo y tendrá nuestra lealtad. Muchas gracias[169].

Al margen de cómo había retorcido mis términos —yo no había dicho ninguna cosa parecida, pero ¿qué otra cosa podíamos esperar de un partido populista?—, también me parecieron significativas las siguientes palabras:

Hay un hecho que exige una explicación mayor y una asunción de responsabilidades: las residencias y las siete mil y pico personas —ancianos— que han fallecido en ellas. ¡Siguen falleciendo!: 64 al día, desde el 10 de abril.

¿Por qué me llamó la atención ese dato? Porque en esas fechas no se publicaban datos diarios de fallecidos en las residencias de Madrid y porque el día anterior, según la información que recababan los inspectores de mi consejería, las cifras coincidían con las mencionadas por Rocío Monasterio. Y esa información solo estaba disponible en mi consejería y en la de Sanidad, a la que diariamente se enviaban las cifras. ¿Qué estaba pasando? ¿Sería posible que la portavoz de Vox estuviera recibiendo información de la Consejería de Sanidad?

Por otro lado, no sería la única vez que esto ocurriera. En plenos posteriores, Vox también utilizaría información facilitada por la Consejería de Sanidad en muchas de las preguntas que me hicieron en el pleno. Lo que no podía preguntarme el PP, ya lo hacía Vox. Este intercambio de información me lleva a preguntarme si la petición de cese o dimisión que hacía Rocío Monasterio no estaría pactada con la presidenta. Ya que la presidenta había declarado en rueda de prensa el 19 de abril que habría ceses si se demostraba negligencia y el día siguiente Aguado había descartado que pudiera cesar a los consejeros nombrados por Ciudadanos, esa era la única alternativa a su alcance. La presidenta no podía cesarme, pero la portavoz de Vox sí podía pedirlo. Y estaba claro que ambas estaban interesadas en que hubiera una crisis de gobierno. Y en que se repitieran las elecciones, también.

El fin de semana siguiente a ese pleno monográfico, ABC publicó un sondeo que no hizo más que confirmar mis sospechas: «El PP se dispara en la Comunidad de Madrid y Ciudadanos se hunde»[170]. Aunque no lo parezca, estamos todavía en 2020. El reparto de escaños que arrojaba esa encuesta señalaba una subida considerable del PP y la posibilidad de elegir entre Vox y Ciudadanos para gobernar. Por enloquecido que pudiera parecer un sondeo en esos momentos, eso era lo que publicaba ABC el 2 de mayo de 2020 en su edición impresa.

Unos días más tarde y seguramente envalentonados por los resultados que vaticinaban esas encuestas, El Mundo recogió el 8 de mayo lo que parecía ser el sentir general del PP acerca del Gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid: «Diputados del PP avisan a Ignacio Aguado: “Ayuso tiene el botón rojo”». Y la noticia añadía: «Los afines a Ayuso le recuerdan que puede convocar elecciones ante “deslealtades”»[171].

En el pleno del 14 de mayo contamos con un invitado especial en el hemiciclo de Vallecas: Santiago Abascal, el presidente de Vox. Ahora puede parecer normal, pero en ese momento las visitas estaban tan restringidas (por razones obvias) que la tribuna de invitados aparecía vacía semana tras semana. La presencia de invitados no estaba permitida. Vox encontró una treta para saltarse el protocolo de plenos durante el estado de alarma: acreditar a Abascal como asesor de su grupo parlamentario. «Asesor por un día». El presidente de Vox. En fin.

Nadie se creyó la excusa de sus compañeros de partido de que simplemente había ido «a escuchar» la intervención de su portavoz madrileña, Rocío Monasterio. Es más, aparte de las conversaciones privadas que pudieran tener, ni Abascal ni Ayuso se escondieron. La presidenta y Abascal se dejaron hacer una foto en el pasillo, en la que también estaban Rocío Monasterio, Ana Cuartero —portavoz adjunta de Vox— e Ignacio Arias —representante de Vox en la Mesa—. Estoy seguro de que la conversación privada fue lo de menos (las habrán tenido muchas veces, los dos provienen de Nuevas Generaciones). De lo que se trataba era de exhibir sintonía entre Ayuso y Vox.

Más allá de la foto, aquel pleno fue recordado por la respuesta de la presidenta a una pregunta de la oposición, la cual le sirvió una vez más para confrontar con Sánchez y abrir telediarios. Desde hacía unas semanas habían comenzado caceroladas y manifestaciones en la calle Núñez de Balboa contra la prórroga del estado de alarma. Y Ayuso se refirió a ellas en los siguientes términos: «Hagan test, hagan exámenes, analicen a la población, hagan políticas creativas de libertad, ¡y no lo que están haciendo ustedes!, ¡que están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único dictatorial! Y esperen a que la gente salga a la calle, ¡porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma!»[172].

Lo más parecido a esas palabras que conservaba en mi memoria era lo que le había oído a ese pintoresco personaje, Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, alentando a los CDR en 2018: «A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d’apretar»[173]. Es un absoluto sinsentido que los más altos representantes del Estado en sus respectivas comunidades autónomas y, por lo tanto, garantes del Estado de Derecho en esos territorios, alienten manifestaciones ilegales. Lo hacen para que sus incondicionales les jaleen, pero es un comportamiento absolutamente irresponsable y reprochable. No vale todo.

En circunstancias normales me habría disgustado escuchar ese discurso. Pero tampoco era la primera salida de tono de la presidenta en la Asamblea. Hay más, pero ahora me vienen a la memoria otras palabras en el pleno del 3 de octubre de 2019: «¿Y qué será lo siguiente? ¿La cruz del Valle? ¿Todo el Valle? ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en 1936? Desde luego, el Gobierno que se ha instalado en La Moncloa está, una y otra vez, persistiendo en el bloqueo y en el estancamiento, y Sánchez pretende que sea el propio Franco quien le saque de ese desastre»[174]. A las alturas que hizo ese comentario sobre las manifestaciones de Núñez de Balboa ni siquiera me disgustó, solo me incomodó; lo que dijera ya no me concernía. Por esas fechas ya no aplaudía en la mayoría de sus intervenciones.

Pero no nos despistemos. La pregunta que vino a escuchar Abascal de su compañera de partido no pudo ser más del montón. Rocío Monasterio es una mala parlamentaria. En su intervención lanzó su cansino mensaje populista, pero deslizó dos frases que llamaron mi atención. La primera —hay que tener cuajo para hacerla en presencia de Abascal y en la Asamblea de Madrid— fue la siguiente: «No podemos permitirnos un sistema autonómico que suponga un gasto político espectacular y, además, un mecanismo de financiación para sus chiringuitos ideológicos y para colocar políticos»[175].

En ese momento miré a la tribuna de invitados donde estaba sentado el presidente de Vox y me vino el recuerdo de cuando él era alto cargo en la Comunidad de Madrid y solicité su comparecencia en la Asamblea. Era el 5 de noviembre de 2013. En esa época, su historial de amenazado por ETA le daba cierto crédito moral a mis ojos. Pero, pese a ello, le cité para que diese explicaciones acerca de su actividad como gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, una entidad dependiente del gobierno regional y con un nombre tan rimbombante como inútil era su actividad. Antes había dirigido la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, otro organismo superfluo —acabó siendo eliminado— para el que además carecía de capacitación técnica.

Durante mi intervención en aquella comparecencia, ocho años antes, califiqué la Fundación que dirigía como «un chiringuito para colocar a personas afines» al PP. Mi intención era acabar con esas instituciones dudosas que existían gracias a la benevolencia de Esperanza Aguirre y a la de los madrileños que las consentíamos. Y ahí estábamos ocho años más tarde: la compañera de Abascal quejándose de esos mismos chiringuitos que habían permitido su crecimiento político[176].

La segunda mención llamativa de Rocío Monasterio durante ese pleno se refería a Ciudadanos: «Y, desde luego, el señor Aguado y el partido veleta, que ahora gira hacia los socialcomunistas, no son la mejor garantía para la seguridad y certidumbre de las pymes, las empresas y las familias madrileñas; no creemos que sean los que estén dando en este momento la seguridad necesaria»[177].

Sin embargo, los titulares de ese día fueron para las palabras de la presidenta sobre las manifestaciones en Núñez de Balboa. Seguramente al darse cuenta de que su intervención había pasado desapercibida y de que no la había entendido nadie, Rocío Monasterio escribió este tuit al día siguiente: «Ante la deslealtad de Ciudadanos al gobierno de la CM y su traición a los madrileños, ofrecemos nuestro apoyo a la presidenta Ayuso para exigir al gobierno que deje de castigar a una región de España. #ProtejamosEspaña y #ProtejamosMadrid de los socialcomunistas y sus socios»[178].

Ese tuit no venía mucho a cuento (¿de qué deslealtad y traición estaba hablando?), salvo que estuviera pensando en un adelanto electoral, que era lo que había tratado de transmitir con escaso éxito el día anterior. El número de escaños que sumaban entonces con el PP (42 de 129 posibles) no les permitía hacer muchas cosas, por lo que unas nuevas elecciones podrían otorgarles más influencia.

¿Y qué pensaba Ayuso sobre esa posibilidad? El Mundo lo dejaría bastante claro en una información publicada el 22 de junio de 2020: «Génova frenó la intención de Ayuso de convocar elecciones anticipadas»[179]. La información contaba con el siguiente subtítulo: «La presidenta de la Comunidad de Madrid propuso ir ya a las urnas por la mala relación con Ciudadanos, la amenaza de moción de censura del PSOE y las encuestas favorables». La propia presidenta confirmaría la noticia esa misma mañana en Los desayunos de TVE. ¡Qué bien planifican los mensajes en Sol: primero filtración y luego confirmación!

En El Mundo se hablaba también de que lo tenían todo preparado para darle al botón electoral: «Las fuentes consultadas señalan que la presidenta habría llegado incluso a solicitar que se redactara el decreto de disolución de la Cámara regional». Y la noticia señalaba al autor intelectual de esa estrategia tan responsable: «El principal valedor de esta operación frustrada, según todas las fuentes consultadas, ha sido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso». Todo esto con 70 personas fallecidas el día anterior, 3589 hospitalizados y 681 en UCI.

El aparthotel

Este libro demuestra que le he dado muchas vueltas a cada uno de los asuntos relacionados con la pandemia en la Comunidad de Madrid. Pero, por muchas vueltas que les dé, hay algunos episodios que aún hoy se me escapan y me resultan incomprensibles. Uno de ellos es el rocambolesco episodio del aparthotel en el que estuvo viviendo la presidenta durante buena parte de la crisis.

Isabel Díaz Ayuso se contagió de covid al principio de la pandemia y pasó una larga temporada en la habitación de un hotel. Aunque nunca llegaría a confirmarlo, parece que se recluyó entre el 16 de marzo, cuando dio positivo en una PCR, y el 25 de mayo, cuando la Comunidad de Madrid entró en fase 1.

Aunque mucha gente comentaba lo del hotel, nadie conocía los detalles hasta que Vanity Fair, un medio que no suele informar sobre política, desveló la siguiente información el 11 de mayo: «Descubrimos el apartamento secreto de Díaz Ayuso: una “royal suite” privada en pleno centro de Madrid»[180]. La noticia especificaba que el hotel era en realidad una «suite privada ubicada en un aparthotel propiedad del empresario Kike Sarasola, con dos terrazas, dormitorio con vestidor, baño propio, salón-comedor y cocina integrada» con vistas al templo de Debod. Y que su precio habitual era de 200 euros la noche.

En un primer momento, nadie se pronunció acerca de quién pagaba la estancia. Fue Room Mate, la cadena propietaria del aparthotel, la que declaró en un comunicado que «la presidenta de la Comunidad Madrid pagará personalmente la factura correspondiente al igual que hacen el resto de los huéspedes, sin coste alguno para la Comunidad de Madrid. Al tratarse de un uso del apartamento en larga estancia, el precio estipulado es de 80 euros por noche». El asunto no me parecía relevante. Al fin y al cabo, se trataba de una cuestión privada de la presidenta.

Pero el guion de la historia dio un giro inesperado para nosotros cuando, durante la tarde del día siguiente, se relacionó a la Consejería de Políticas Sociales con la noticia. A las 17:00 horas del 12 de mayo, mi jefa de prensa recibió una llamada desde Vanity Fair para preguntarle por 565 749.58 euros supuestamente adjudicados a Room Mate desde nuestra consejería por convertir dos hoteles en residencias y que figuraban en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid.

Los periodistas relacionaron inmediatamente esta información con el aparthotel de Ayuso preguntándose si el Gobierno estaba pagando su estancia o si la cadena hotelera estaba recibiendo contratos públicos como contraprestación. Alguien se había encargado de hacer un pantallazo de esa adjudicación (puede acceder cualquiera, es público), y comenzó a circular como un tiro por las redes.

La realidad es que nosotros no habíamos firmado ningún acuerdo con Room Mate para la conversión de hoteles en residencias. Todo me parecía bastante enrevesado, por lo que pensé que alguien me la estaba jugando y que estaba intentando responsabilizarme de cualquier cosa. Enseguida nos pusimos en marcha para entender qué estaba ocurriendo. Revisamos toda la información disponible y, efectivamente, el portal de contratación reflejaba esa supuesta adjudicación, aunque nunca se había producido. En realidad, el adjudicatario de ese acuerdo era la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid. Y el importe no era de 565 749.58 euros, sino de 77 337 euros mensuales.

Room Mate había cedido uno de sus hoteles gratuitamente para que lo utilizáramos como residencia, y la Coordinadora del Tercer Sector se estaba ocupando de los servicios necesarios para su funcionamiento temporal a cambio de los 77 337 euros mencionados. Como había quedado claro que Room Mate no tenía nada que ver con ese contrato, llamé esa misma noche a su propietario, Enrique Sarasola, para pedirle disculpas y comunicarle que haríamos todo lo que estuviera en nuestra mano para aclarar el error. Era más de medianoche, pero como él estaba pasando el confinamiento en Colombia, pudimos hablar sin problema.

La mañana siguiente, la del 13 de mayo, nos reunimos a primera hora con los trabajadores encargados de introducir la información en el portal de contratación, que no eran cargos de mi consejería sino empleados de la Comunidad de Madrid que llevaban trabajando desde muchísimo antes de mi llegada a la Consejería. Y después de explicarnos lo ocurrido, quedamos convencidos que se trataba de un error humano y de nada más que un error humano. Dado que no había nada que ocultar, convoqué a todos los medios que habían mostrado interés por el asunto a la Consejería para dar explicaciones individuales, facilitarles toda la documentación y contestar las preguntas que consideraran convenientes. La adjudicación no tenía ninguna relación con la estancia de la presidenta en el aparthotel y no había nada que ocultar.

La mayoría de los periodistas llegaron a la consejería con la convicción de que ese contrato demostraba que estábamos pagando el aparthotel de la presidenta desde la Consejería. Cuando un periodista ha llegado a unas conclusiones, aunque sean disparatadas, es difícil convencerle de lo contrario. Pero no tenía mucha lógica que si alguna consejería estaba pagando la estancia de la presidenta fuese precisamente la nuestra.

Las reuniones salieron bien, aunque algún periodista siguió con la matraca. Una conspiración resultaba mucho más atractiva que la triste realidad de un error administrativo. En lo que a mí respecta, me atormentaba la agridulce sensación de tener que dar explicaciones por cuestiones que nada tenían que ver conmigo. Y más en una situación como la que estábamos atravesando. Pero, desgraciadamente, era lo que tocaba.

Esta historia podría haberse quedado en un error administrativo, pero también llegó al pleno del 14 de mayo. A una pregunta de la oposición acerca de este asunto, Ayuso contestó lo siguiente: «Aquí lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido, casualmente mal puesto, del que se ha enterado justo un periodista y, en el momento en el que lo ha conocido, lo han descolgado a unas horas extrañas, y, por supuesto, abriré una investigación interna en la Comunidad de Madrid»[181]. Ya la teníamos liada. A la finalización del pleno, el secretario general técnico presentó su dimisión, asumiendo el error administrativo por haberse producido en un departamento del que él era responsable, algo que le agradezco.

Como era de prever, las siguientes semanas fueron muy incómodas. Algunos medios me asediaron durante tres fines de semana seguidos y Presidencia estuvo solicitándome información acerca de los accesos al portal de contratación pública. Esta petición es delirante si tenemos en cuenta que cualquier manipulación deja rastro informático y que tanto el portal de contratación como Madrid Digital (la empresa pública con capacidad para rastrear los accesos) dependían de consejerías en manos del PP. Es decir, que si alguien hubiera realizado la menor maniobra sospechosa, lo habrían sabido de inmediato.

A la presidenta le envié un informe sobre la investigación que habíamos realizado en la consejería y que contenía las siguientes conclusiones [lo he retocado por cuestiones de privacidad porque menciona a trabajadores de la Consejería]:

La confusión en la publicación de la adjudicación del contrato de emergencia para la puesta en marcha y funcionamiento del Hotel Room Mate Alicia como centro residencial temporal para personas mayores de la Comunidad de Madrid suscrito con la entidad Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, ha venido de una inadecuada interpretación de la información de una memoria que figuraba en el expediente. La trabajadora de la División de Contratación de esta Consejería es una profesional intachable, con más de 28 años prestando servicios en la Comunidad de Madrid y más de 14 años en la División de Contratación. Se ha tratado de un error humano sin ninguna intencionalidad, fruto del volumen de trabajo que se está asumiendo en estas circunstancias y de las condiciones anormales en las que se está trabajando.

Pero por alguna razón había alguien interesado en estirar la polémica. Una información publicada en El Confidencial el 20 de mayo señalaba que «para el entorno de Díaz Ayuso, “la teoría del error humano no es creíble” y siguen manteniendo que el episodio del contrato “estaba perfectamente diseñado y no fue casualidad”»[182]. El mismo redactor no dejaba de hacerse algunas preguntas oportunas: «Presidencia tampoco aclara quién está realizando esa investigación paralela y hasta dónde piensan llegar». Y concluía: «Muchos apuntan a que el objetivo final es el consejero Reyero, objetivo de los populares desde la crisis de las residencias».

Pero igual que había nacido, la polémica acabó muriendo. El 14 de julio de 2020, la presidenta dio por zanjado el asunto en una entrevista en Telemadrid: «Yo ya le pedí explicaciones al consejero, él me las dio y le creí. Creo que ya no tengo que mirar más allá». Después de todo el revuelo mediático montado, se trataba de una cuestión de «creer al consejero»[183]. Tengo que reconocer que cada vez entiendo menos de qué va esta historia de la política, en estos tiempos importan más las creencias que las evidencias.

Pasado el tiempo siempre me quedará la duda de qué ocurrió realmente y siempre me preguntaré por el extraño interés que tuvieron durante esas semanas en el otro lado del Gobierno por estirar el problema. Curiosamente esto ocurría durante las semanas en las que se conocieron los protocolos y fue cesado su autor. Ellos también sabían que el asunto estaba zanjado y que no admitía que se le diera más vueltas. Si hubiera habido alguna manipulación por nuestra parte, su posición era la mejor para saberlo porque controlaban dos herramientas clave: el portal de contratación y Madrid Digital. En ambas se deja un rastro informático imposible de borrar. Pero me temo que mis sospechas nunca serán aclaradas. Y a estas alturas ya da igual.

Unos meses más tarde leí una información que en su momento me pasó inadvertida y que alimenta mis sospechas acerca del extraño interés que existía en Sol por estirar esta absurda polémica. Se trata de una columna de Raúl del Pozo publicada en El Mundo el 13 de mayo de 2020 y titulada «La cabeza de Isabel»[184], donde se mencionaba la existencia de una cacería para acabar con la presidenta Ayuso y que yo era uno de sus principales protagonistas. Como siempre, los mensajes se escondían detrás de fuentes o portavoces anónimos. En este caso, según el periodista, lo contaba «la Puerta del Sol» [sic]: «Respecto al medio millón a Sarasola y la retirada del Portal de Transparencia es la mierda que mete Ciudadanos, que participa en la cacería. Lo que les jode es que Isabel les saca 10 puntos en las encuestas y barrería en unas elecciones». El estilo soez de esas palabras y la obsesión con las elecciones ya permitía adivinar quién se escondía detrás de ese rimbombante «Puerta del Sol». Algo que se confirmaba un poco más adelante con las casposas palabras que cerraban la columna y que, en este caso, el periodista ponía en boca de «fuentes cercanas a la presidenta»: «Todo el enredo lo ha montado Alberto Reyero [en negrita] de Ciudadanos, que metió la morcilla en el Portal de Transparencia. Ya sabemos que buscan la cabeza de Isabel. Los estamos esperando a puerta gayola».

Los protocolos (II)

Volvamos al asunto de los protocolos, porque es el verdadero meollo de esta historia. El miércoles 13 de mayo se celebró Consejo de Gobierno. El asunto principal era resolver la crisis ocasionada por la sonada dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, producida el 7 de mayo, porque consideraba que en Madrid no prevalecían los criterios de salud para pasar a la fase 1[185]. Hay que aplaudir la actitud de Yolanda Fuentes, aplicando siempre los criterios médicos por delante de los políticos. No es habitual. Prefirió renunciar a su cargo antes que avalar un documento que, a su juicio, iba a multiplicar el número de contagios en Madrid.

Además de su dimisión, el consejero de Sanidad nos informó sobre el nombramiento de Elena Andradas en su lugar, así como sobre la creación de una nueva Viceconsejería de Salud Pública y Covid a cargo de Antonio Zapatero, quien había sido director del hospital de Ifema. Hasta ahí, todo iba según el guion previsto y que había anunciado parcialmente la presidenta en una entrevista en televisión minutos después de la dimisión de Yolanda Fuentes[186].

Pero también anunció el cese del director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, y el nombramiento de Francisco Javier Peromingo en su lugar. Aunque no era un cambio con el que contáramos, tampoco me llamó demasiado la atención si tenemos en cuenta la situación que estábamos viviendo: era normal introducir cambios organizativos en la Consejería de Sanidad como consecuencia de la dimisión de un cargo tan relevante como el de la directora general de Salud Pública.

A esa misma conclusión llegaron la mayoría de los medios, que la misma mañana de los nombramientos destacaron el nuevo cargo de Antonio Zapatero por encima de todo lo demás. Pero esa misma tarde, El Mundo nos invitaba a una lectura alternativa. La clave no estaba en el nombramiento de Zapatero, sino en el cese de Carlos Mur: «Madrid destituye al alto cargo que frenó el traslado de los ancianos con coronavirus a los hospitales»[187]. Tuve que leerlo dos veces para confirmar que estaba leyéndolo bien. El titular era demasiado descarnado para un medio que llevaba meses tratando muy bien a la presidenta.

Solo tres días antes, el domingo 10 de mayo, la presidenta había concedido una entrevista a El Mundo cuyas fotografías mostraban a una Ayuso «doliente», vestida de negro y con las manos cruzadas sobre el pecho, representando a la mater dolorosa de todos los madrileños[188]. El objetivo de sus asesores era trasladar a los madrileños el inmenso dolor que sentía la presidenta por sus ciudadanos.

Ese día se habló mucho más de esas fotos que de la entrevista. Los memes se multiplicaron en las redes y el nombre de la presidenta fue tendencia. Los comentarios no eran demasiado positivos, por lo general, pero consiguieron que se hablara mucho de ella, que era su objetivo. No voy a detenerme ahora en esa campaña de comunicación, sino que voy a citar dos detalles de esa entrevista que entonces pasaron más desapercibidos. Primero, le hicieron la inevitable pregunta sobre mi posible cese y tiró del argumentario habitual:

P. ¿Habría destituido a Reyero si no fuera de Cs?

R. Como no está en mi responsabilidad tampoco tengo por qué intentar crear fricciones en un Gobierno que ha pasado una situación tan dura como una epidemia en la que hemos sido un foco.

Nihil novum sub sole. Lo que podríamos traducir libremente como que no había nada nuevo en el argumentario de Sol. Yo seguía siendo el responsable de lo sucedido en las residencias, pero como no estaba en su mano destituirme, no le quedaba más remedio que cargar conmigo. Durante los días posteriores, el equipo de Ayuso trasladó con más claridad a los medios afines el mensaje de que de haber podido, ya lo habría hecho.

Sus sorprendentes palabras de respaldo, pronunciadas durante el pleno del 24 de abril, ya habían quedado en el olvido. Una verdadera montaña rusa. Pero lo más interesante vino a continuación. En esa misma entrevista se coló un comentario que sorprendió a más de uno, seguramente porque se salió del guion previsto. Las cosas que cuenta Ayuso suelen ser mucho más interesantes cuando se sale de los mensajes prediseñados:

P. La patronal de las residencias denunció que durante el pico de la pandemia no se aceptaron hospitalizaciones de residentes.

R. Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado.

Esa contestación no era coherente con la imagen que habían querido transmitir en las fotos. Ella ventilaba con una tremenda frialdad unas «hospitalizaciones de residentes» que habían causado mucho dolor y a mucha gente. Tampoco es que la empatía haya sido nunca su fuerte, a pesar de los esfuerzos de sus asesores por disimularlo. No hay ninguna referencia al sufrimiento de víctimas o familiares en toda la entrevista. Ella estaba a otras cosas. A cosas de presidenta.

Pues bien, el mismo periódico que publicó esa entrevista y que solía ser el primero en informar de aquellas novedades que el Gobierno quería que se conocieran, nos informaba de que el traslado de ancianos a hospitales se había frenado y que su responsable tenía nombre y apellidos: Carlos Mur. Sin rodeos. ¿Estaría Sol detrás de la lectura que hacían en El Mundo? No me cabe duda. Lo primero que pensé es que habían encontrado un pringado en sus propias filas. Alguien a quien echarle todas las culpas. Pronto me daría cuenta de que las cosas eran aún más complejas.

Tengo que recordar que, hacia esas fechas, apenas se había hablado en los medios sobre los protocolos de no derivación. Los habían mencionado algunos medios (El Español, El País, El Mundo, elDiario.es…) en informaciones publicadas a finales de marzo y comienzos de abril. Pero en ningún caso se ofrecían demasiados detalles y solo habían aparecido extractos que resultaban confusos. Si prestamos atención a la entrevista que le habían hecho a la presidenta el 10 de mayo en El Mundo, veremos que sí le preguntaban por las denuncias de la patronal de residencias a causa de la no hospitalización de residentes, pero no por la existencia de protocolos.

De ahí la importancia de esta noticia en la cronología de este relato. En ella estaban reconociendo lo que negarían días más tarde: que una orden había «frenado» el traslado de residentes a los hospitales y que esa orden tenía un responsable. No sé si es que se equivocaron al medir las palabras, pero era difícil creer que Carlos Mur hubiese ido por libre y que hubiese firmado unos documentos tan importantes sin ningún conocimiento del consejero de Sanidad o de la presidenta.

El propio Carlos Mur lo reconoció casi un año después, el 24 de febrero de 2021, en su comparecencia en la comisión de investigación: «Yo siempre informé a mis superiores directos de dichas versiones y de la evolución de los protocolos»[189]. Ese día añadió que los protocolos fueron presentados el domingo 15 de marzo a la Mesa de Apoyo al SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), presidida por Escudero. Tal y como recordaba una noticia de El País publicada ese día, en esa mesa «se sentaba la cúpula de la Consejería y un grupo de especialistas»[190].

Sobre la presidenta, Carlos Mur no dijo nada. Pero está claro que, como muy tarde, había conocido los protocolos gracias a esa noticia de El Mundo. Porque la presidenta mencionó la noticia en su cuenta personal de Twitter, y no para desmentirla sino para añadir el siguiente comentario: «Carlos Mur ha hecho un gran trabajo en las residencias de mayores, y es una de las personas que más ha contribuido para frenar la crisis en ellas. Este cambio —nada— tiene que ver con su trabajo; estamos renovando la Consejería y cuento con él»[191]. ¿A qué venía esa excusatio? ¿De verdad hacía falta incluir una referencia tan explícita a su trabajo en las residencias? Todo indicaba que nos estábamos perdiendo algo. Desde luego, lo que no parece cierto es que Díaz Ayuso contara con él para renovar la Consejería. En el momento en el que escribo estas líneas, junio de 2022, Carlos Mur trabaja como «Cap del Servei de Salut Mental, SAAS, Principat d’Andorra», según su perfil de LinkedIn.

Lo más probable es que esta maniobra de Sol constituyese lo que se conoce como una voladura controlada. Es decir, que el entorno de la presidenta supiera que los protocolos iban a conocerse en cuestión de días y que decidiera adelantarse cesando a Carlos Mur, filtrando la noticia a un medio próximo y tratando de controlar la versión desde su origen. Hay una frase muy reveladora en la noticia de El Mundo: «La citada directriz estaba incluida en un protocolo de actuación que fue enviado a los centros asistenciales de mayores a finales del mes de marzo, aunque según la Consejería de Sanidad no llegó a aplicarse y se procedió a su modificación». Esa sería una de las excusas que utilizarían para sacudirse cualquier responsabilidad.

A los cinco días del cese de Carlos Mur, los medios empezaron a informar de esos protocolos que, según El Mundo, habían frenado «el traslado de los ancianos con coronavirus a los hospitales». El primero en sumarse a la escalada de informaciones fue El Confidencial, que el 18 de mayo publicó una noticia relacionada con ellos: «Así se condenó a los ancianos: “No se permite ingresar pacientes de residencias al hospital”»[192].

Aunque no mencionaba explícitamente los protocolos, la información adjuntaba un parte de alta de urgencias del Hospital Infanta Cristina de Parla (Madrid), del día 25 de marzo, que confirmaba la existencia de órdenes de rechazar a los ancianos de residencias con síntomas de coronavirus. En el parte se leía la frase del titular: «Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital». No se puede expresar en menos palabras todo lo que pasó en las residencias y hospitales de la Comunidad de Madrid durante esas terribles semanas.

Esa noticia incluía también otra información muy relevante: las consecuencias que había tenido el rechazo a ese ingreso. Se había devuelto a su residencia a una mujer menor de 80 años que presentaba «neumonía bilateral» y «probable COVID-19 (pendiente PCR)». Y la misma noticia nos informaba de que la paciente había fallecido en su residencia tres días después de haber sido rechazada en el Hospital Infanta Cristina de Parla.

Unas horas más tarde, el mismo medio ampliaba la información con la siguiente noticia: «Denunciado el Hospital Infanta Cristina por su veto a ancianos sospechosos de COVID-19»[193]. El subtítulo añadía lo siguiente: «La Asociación de Afectados por la Pandemia asegura que el rechazo a ingresar a mayores con síntomas “vulneró todos sus derechos, privándoles de un tratamiento adecuado”».

Esta segunda información incluía la denuncia presentada contra el director médico y contra el director gerente del hospital por la comisión de delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. «La Orden de desatención hospitalaria a los ancianos procedentes de residencias, en caso de confirmarse, ha dejado a su suerte a miles de personas vulnerables en la Comunidad de Madrid, condenándoles a una muerte segura pues las residencias carecen de medios sanitarios para atender la pandemia del COVID-19», se leía en la denuncia. De nuevo, en una sola frase se describían muy bien las consecuencias de ese rechazo.

Sin embargo, El Confidencial no volvió a informar más acerca de esta denuncia o sobre las derivaciones hospitalarias en general, que yo sepa. Cuesta trabajo entenderlo.

Afortunadamente, otros medios cogieron el testigo por esas mismas fechas, como el diario digital Nius, que el 19 de mayo difundió la siguiente información: «La Comunidad de Madrid tenía un protocolo para decidir qué ancianos de residencias eran hospitalizados»[194]. Era la primera noticia que publicaba un protocolo en su integridad, del que, además, afirmaba que existían varias versiones (citaban dos de ellas). La noticia explicaba que los protocolos impedían «hospitalizar a ancianos dependientes severos o totales o con demencia» y recogía también las palabras de un portavoz de la Consejería de Sanidad —sin identificar— que admitía la existencia de esos protocolos, aunque aseguraba que se trataba de borradores que se «modificaron enseguida».

Asimismo, la noticia destacaba que la consejería daba el asunto por zanjado y que «no se ha dejado a las personas tiradas. Eso no ha sucedido. Se han trasladado a 7000 pacientes de residencias a hospitales». Que sí se habían producido traslados sería otra línea argumental que veríamos repetida hasta la saciedad a partir de entonces, a pesar de que la existencia de traslados no desmentía la existencia de unos protocolos que los negaran en muchos casos. La sospecha de la existencia de una voladura controlada desde Sol iba sumando argumentos.

A partir de ese día fue como si se abriera una esclusa que hubiera estado taponando noticias muy importantes sobre lo ocurrido. Los medios empezaron a publicar noticias cada vez más elaboradas y con más documentación. Tengo que destacar a infoLibre y a su director de investigación, Manuel Rico, quien el 26 de mayo comenzó a publicar los resultados de una investigación en la que llevaba trabajando semanas. La primera noticia de aquella serie se titulaba «El documento que prueba que el Gobierno de Ayuso fijó “criterios de exclusión” para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales»[195].

Ese artículo explicaba de forma pormenorizada los aspectos más importantes de ese protocolo e incluía extremos que hasta ese momento eran poco conocidos. Además, analizaba con bastante detalle los «criterios de exclusión» que impedían llevar a pacientes mayores a los hospitales. Como respuesta a la petición de información del periodista, la Consejería de Sanidad no había aclarado qué centros habían recibido ese protocolo y se limitó a destacar que, en un envío posterior del documento, el 25 de marzo, se usaba la expresión «recomendaciones de exclusión».

La noticia también explicaba que «la Consejería de Políticas Sociales (Cs) se desmarca con contundencia de las actuaciones de Sanidad» y reproducía nuestra contestación:

Hay un primer documento del 18 de marzo, que la Dirección General del Mayor decide no enviar porque no está de acuerdo con los criterios que se especifican. En el AMAS se envía el documento porque está firmado por Sanidad. Pero el geriatra del AMAS envía un email advirtiendo de que no está de acuerdo con esos criterios. En concreto, no comparte las referencias al índice Barthel. En documentos posteriores, se cambia el código Barthel por un criterio de escala de fragilidad. Pero ninguno de los documentos enviados cuenta con el visto bueno del consejero.

La noticia de infoLibre, además, ponía en orden el confuso goteo de informaciones sobre las distintas versiones de los protocolos que se habían ido conociendo durante las semanas anteriores.

El día siguiente, 27 de mayo, infoLibre dio un paso más y publicó los protocolos: «infoLibre reproduce íntegro el Protocolo del Gobierno Ayuso que prohibió trasladar pacientes de residencias a hospitales»[196]. Estábamos en un momento verdaderamente capital. Cualquier persona podía comprobar qué decían o qué dejaban de decir esos documentos. Y algo muy importante, se podía ver con suficiente claridad que esos documentos estaban firmados por un alto cargo de la Consejería de Sanidad.

Además de los protocolos, esa noticia recogía la opinión de diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid: «No les dieron otra alternativa que morir solos en las residencias» (Emilio Delgado, Más Madrid); «El envío de ese documento supone una “vulneración” de los “derechos fundamentales” de los mayores enfermos que hubiesen necesitado atención hospitalaria» (Purificación Causapié, PSOE). Los protocolos ya habían entrado también en la agenda política de la Comunidad de Madrid.

En el pleno del 28 de mayo, Jacinto Morano, el portavoz de Podemos, preguntó a la presidenta si conocía la existencia de una orden de no hospitalizar a personas mayores de residencias de la región durante la crisis del covid. La presidenta, a pesar de todo lo que ya se había publicado, contestó sin pestañear:

Gracias, señoría. Muy buenos días a todos; presidente. No hay tal orden, hay una filtración de un borrador; eso es todo. Gracias[197].

A pesar de lo que dijo, la existencia de los protocolos ya no la podía negar nadie. Que se habían distribuido a quien tenía que aplicarlos, tampoco. Todavía no disponíamos de los datos suficientes para saber hasta qué punto se habían aplicado en la práctica, pero cada vez se hablaba más de lo difícil que había resultado la derivación de residentes a los hospitales.

El enfrentamiento

El 1 de junio estaba señalado en el calendario desde hacía semanas por la celebración de la primera comisión presencial de Políticas Sociales desde la declaración del estado de alarma. Desde la celebrada de forma telemática el 21 de abril, no había habido más comisiones. Como los grupos parlamentarios podían enviar preguntas con antelación de manera excepcional, el viernes 29 de mayo me llegaron cuatro preguntas, dos del PSOE y dos de Unidas Podemos. Me detendré en las dos que estaban relacionadas con los protocolos:

¿Usted estaba de acuerdo con los protocolos que llegaron a las residencias y hospitales donde se les negaba atención hospitalaria a las personas que procedían de las residencias? (Enviada por Paloma García, portavoz de Unidas Podemos).

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de Políticas Sociales ante la aplicación de Protocolos para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales durante el periodo de la pandemia ocasionada por el COVID-19 por parte de la Consejería de Sanidad? (Enviada por Purificación Causapié, portavoz del PSOE).

Podría haber pasado de puntillas por ellas, pero quería compartir todo lo que sabía. Se lo comenté a Ignacio Aguado y durante el fin de semana preparé mi intervención a conciencia. Me propuse ser muy claro y explicar de forma contundente mi posición, que, por otro lado, seguía siendo la misma que cuando me encontré con los protocolos dos meses atrás. En la introducción ya mencioné al personaje de La Cartuja de Parma, Fabrizio del Dongo, y a la dificultad que tienen los protagonistas de un episodio para entender la realidad según la están viviendo. La primera vez que me enseñaron un protocolo de no derivación, el 21 de marzo, me invadió un sentimiento de incredulidad: no podía creérmelo. Me decía que no se trataba más que de un papel y que no era posible que se aplicaran esos criterios para rechazar a personas a la puerta de un hospital. La solución, pensé, sería hablarlo con sus responsables. Cuando mostré mis reparos a la Consejería de Sanidad, me aseguraron que las decisiones de derivación siempre se tomarían de forma individual y teniendo en cuenta solo los aspectos clínicos del paciente, nunca basándose en los criterios de edad, discapacidad o lugar de residencia que señalaba el protocolo. Posiblemente quise creerme sus explicaciones, aunque pronto me di cuenta de las consecuencias que estaba teniendo su aplicación: la mayor parte de los residentes estaban muriendo en las propias residencias y no en los hospitales, como era lo habitual en otras circunstancias; también pude escuchar cada vez más testimonios de directores y médicos de residencias que confirmaban que durante las peores semanas no habían podido derivar al hospital a ninguno de sus residentes. Algunos, incluso, mencionaban que en cuanto se enteraban de que les llamaban de una residencia no les recogían.

Como es natural, durante la comparecencia hablé de muchas cosas relacionadas con la situación en las residencias de mayores y con el trabajo que veníamos realizando en la consejería. Pero me reservé un espacio para contestar las preguntas de la oposición sobre los protocolos. Era muy consciente de las consecuencias que mis palabras iban a tener y recordé una frase muy conocida de Michael Ignatieff: «Nada te va a causar más problemas en política que decir la verdad»[198]. Si hubiera hecho otra cosa, nunca me lo habría perdonado. Copio mis respuestas del diario de sesiones, en las que hago referencia a un par de noticias publicadas el 26 de marzo, cuando se habló de los protocolos por primera vez en los medios, aunque todavía de manera confusa:

En relación con la pregunta sobre los protocolos de derivación hospitalaria, yo creo que ya hemos dejado claro desde un primer momento cuál era la posición de mi consejería. Y le pongo simplemente dos ejemplos que están en los medios: uno es una información, además, del mismo día, del 26 de marzo, en la que dice El Mundo que «la Dirección General de Coordinación Socio-sanitaria había enviado un protocolo de actuación a las residencias que en la Consejería de Políticas Sociales consideraban discriminatorio» —26 de marzo—. Otro ejemplo es también del 26 de marzo, elDiario.es, que dice: «La Consejería de Sanidad distribuyó, en contra del criterio de Políticas Sociales, un protocolo que dejaba fuera de los traslados a los usuarios con estas características y ahora anuncia que lo modificará tras las quejas del Cermi por discriminatorio» —26 de marzo.

Hoy, 1 de junio, me preguntan lo mismo y me reafirmo en lo mismo: no estoy de acuerdo con lo que dicen estos protocolos; es más, estoy radicalmente en contra y así se lo hemos hecho saber al consejero de Sanidad, de palabra y por escrito, en reiteradas ocasiones: en concreto, se lo comuniqué personalmente por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril, y lo mismo han hecho en muchas ocasiones miembros de mi equipo, por escrito y en reuniones celebradas con la Consejería de Sanidad.

Mi posición ha sido siempre la misma. Yo nunca voy a entrar a considerar si procede o no la derivación al hospital en cada caso concreto, esta derivación debe basarse en criterios clínicos que no discuto y que no me corresponde valorar, pero considero al mismo tiempo que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad; no es ético y posiblemente no sea legal.

Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que, si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización porque si no dejábamos indefensos a nuestros residentes, o, lo que es lo mismo, y para que se me entienda, o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia.

Eso mismo se lo transmitimos el viceconsejero y yo mismo al presidente de CERMI Madrid, que, con posterioridad, a principios de abril, expresó su inquietud por la existencia de estos protocolos; le transmitimos la posición de la consejería, que es contraria a la existencia de esos criterios de exclusión, que en este caso concreto, el de la discapacidad, además va en contra de los derechos de las personas con discapacidad establecidos internacionalmente. Porque hay una cosa que no debemos olvidar nunca: que nosotros, todos y todas, por nuestra condición de ciudadanos, tenemos derecho a la atención sanitaria pública, ya sea en el centro de salud, ya sea en el hospital. Hay veces que hay que recordar lo obvio: por vivir en una residencia, tenga o no médico, no se pierde ese derecho.

Espero haber contestado a su pregunta con claridad.

El portavoz de Vox ha dicho que debía haber dado un golpe en la mesa y haber dimitido. Señoría, dimitir durante un estado de alarma en el que hay muertos en las residencias creo que hubiera sido una irresponsabilidad[199].

Las cartas estaban encima de la mesa. Mi comparecencia sorprendió a casi todo el mundo. Hasta entonces había aguantado en silencio todos los ataques recibidos desde Sol. La mayoría habían sido indirectos y a través de sus fuentes, pero habían resultado muy eficaces para construir su relato. La única manera de derrotarlo era contando la verdad.

Mi comparecencia en la comisión de Políticas Sociales del 1 de junio provocó mucho revuelo y encontró repercusión inmediata en medios. El mismo día de la comparecencia, El País la resumió así: «El consejero de Políticas Sociales en Madrid cree que negar el auxilio a las residencias pudo ser ilegal»[200]. Y el subtítulo añadía: «Alberto Reyero, de Cs, alienta una investigación contra el protocolo de hospitalización de su propio Gobierno».

Al día siguiente, infoLibre tituló una noticia de la siguiente manera: «Un consejero de Ayuso desenmascara a la presidenta y pone en duda la legalidad de la actuación de Sanidad en las residencias»[201]. Y puso el siguiente subtítulo: «Reyero admite que lo que su presidenta pretendió reducir a mero “borrador” era un Protocolo aprobado por Sanidad y defiende que se cree una comisión de investigación, que Ayuso descalificó porque las conclusiones están escritas».

A lo largo de esta historia circulan diversos bulos. Aunque ahora se les llame «hechos alternativos», la existencia de la posverdad no es nueva. Ya Aristóteles dijo que «falso es, en efecto, decir que lo que es, no es, y que lo que no es, es; verdadero que lo que es, es, y lo que no es, no es»[202]. Uno de ellos fue calificar a Ifema como un «hospital milagro». Rebajar la categoría de los protocolos a simples borradores permitía a los responsables de Sanidad o a la presidenta restarles importancia, pero no es más que otro bulo.

Las versiones del 18, 20, 24 y 25 de marzo de los protocolos llevaban la firma electrónica de un director general de la Consejería de Sanidad (Carlos Mur, director general de Coordinación Socio-Sanitaria). Eso ya confirmaría su validez porque de lo contrario estaríamos ante un grave problema de seguridad jurídica. ¿Un documento firmado por un alto cargo de la administración madrileña no tiene ninguna validez? Y no solo eso: es que la palabra «borrador» no aparece en ninguna parte del documento.

Pero más allá de la categoría que le confiere la firma, el propio firmante confirmó su validez al menos en dos ocasiones. La primera, en un artículo de su puño y letra publicado el 13 de junio en El País, en el que Carlos Mur afirmaba lo siguiente: «Esos protocolos clínicos de atención en residencias de mayores, que no órdenes, resoluciones o instrucciones de ningún tipo, fueron consensuados por los geriatras referentes de Madrid y rubricados por mí para organizar la mejor asistencia en el lugar más adecuado, en un contexto de catástrofe sanitaria»[203]. Y la segunda, en la comisión de investigación del 24 de febrero de 2021, donde señaló lo siguiente:

El Sr. MUR DE VÍU BERNAD: Sí, dichos protocolos, tanto las primeras versiones como el protocolo definitivo del día 25, están firmados[204].

La situación está bastante clara, por lo que resulta patético releer ahora las intervenciones de Carlos Izquierdo, portavoz del PP en la comisión de investigación, afirmando que todos los protocolos enviados eran borradores excepto el último. Casualmente, el menos salvaje de los cuatro. «Hubo un protocolo —y así es como lo tenemos entendido—, que fue el del día 25 de marzo»[205], dijo en su contestación a Carlos Mur ese mismo 24 de febrero. ¿En qué se diferenciaba formalmente la última versión de las anteriores? En nada. Todos eran versiones de consecutivos protocolos correctamente aprobados, firmados y enviados. ¿Desde una dirección falsa? No, desde la dirección corporativa de Carlos Mur en la Comunidad de Madrid. Ellos sabrán por qué fueron cambiando las versiones, pero todas eran válidas.

A nadie se le escapa que estaban mintiendo, pero lo siguieron repitiendo en los medios, en el pleno, en las comisiones. Se lo he oído a la presidenta, al consejero de Sanidad, a los miembros del grupo parlamentario popular. ¿Es mentira? Sí. ¿Es ridícula? Sí. ¿Les importa? No. ¿Por qué? Porque les funciona. Eso es lo único que les interesa. Enrocándose en la idea del borrador, consiguen que no hablemos del terrible contenido de los protocolos, sobre el que no se han pronunciado jamás.

El 3 de junio había Consejo de Gobierno y se presumía agitado. Por si faltaran ingredientes para el drama, los dos medios que habían estado más pendientes de la situación en las residencias, El País e infoLibre, publicaron sendas informaciones esa misma mañana.

El País me dedicó un perfil con el siguiente titular: «Reyero, el verso suelto que pone en apuros el Gobierno de Ayuso»[206]. El artículo explicaba que detrás de mis palabras había dos meses y medio de frustrantes pedidos de auxilio y dibujaba un perfil bastante positivo de mi gestión hasta el momento. Además, recogía comentarios como el siguiente: «Quienes conocen a Reyero creen que está actuando al margen de consideraciones políticas, movido por la integridad que le caracteriza. Entró en política precisamente para defender los derechos de los mayores después de luchar durante más de mil días para que su madre, María Teresa Zubiri, recibiera la ayuda de la Ley de Dependencia».

También recogía la opinión de políticos de otros partidos. Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, elogiaba mi actitud y afirmaba: «Hemos salido todos a dar la cara por Reyero menos sus compañeros de partido. Es bochornoso». José Ángel Chamorro, diputado del PSOE, decía sobre mí: «Es tan honesto que sigue diciendo lo mismo que cuando estaba en la oposición. Es una persona honrada y me ha dado muchas muestras de ello a lo largo de los años». Y, por último, el artículo recogía las palabras de José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales: «Si Reyero acabara cayendo sería una injusta pérdida para el sector de residencias en Madrid».

El artículo de El País no fue el primero que me llamaba «verso suelto». También lo había hecho El Mundo en una noticia publicada el 15 de mayo y titulada «Alberto Reyero, el “verso suelto” del Gobierno de la Comunidad de Madrid»[207]. Curioso. Las dos Españas de acuerdo, por una vez. En la información de El Mundo, que desgranaba las diversas polémicas que había sostenido con los miembros del PP en el Gobierno, se decía que la expresión procedía de «un sector del partido con el que comparte gestión», lo que denotaba su intención peyorativa, a diferencia de la información en El País. Lo que nunca me habían llamado, al menos que yo sepa, era «caballo desbocado», como hacía un artículo publicado el 24 de junio en ESdiario[208].

Ese mismo 3 de junio, infoLibre desmentía otro de los argumentos falsos a los que se estaban aferrando en Sol: que los protocolos no habían llegado a aplicarse. El artículo de Manuel Rico era muy claro: «Los datos que oculta Ayuso: el 80 % de los fallecidos en marzo que vivían en residencias no fueron trasladados al hospital»[209]. Este periódico había tenido acceso a los datos oficiales de residentes muertos durante el primer mes de pandemia, desglosados por centros y por lugar de fallecimiento. Y estos datos les permitían concluir que «la cifra de decesos en las residencias se incrementó de forma acelerada tras la orden de Sanidad de prohibir ciertas derivaciones: entre el 25 y el 30 de marzo murieron 1364 residentes y solo el 13 % recibió asistencia hospitalaria».

Esta información es toda una pieza de periodismo de investigación que merece estudiarse con mucho detalle. Partiendo de cientos de solicitudes de información realizadas al portal de transparencia, a la Consejería de Sanidad y a las residencias, las conclusiones sobre el frenazo en la admisión de residentes en los hospitales eran muy certeras e impactantes. Por mucho que lo negaran, quedaba claro que los protocolos se habían aplicado.

Tengo que reconocer que, después de la comparecencia del lunes y a punto de entrar en un Consejo de Gobierno presumiblemente hostil, esos comentarios me infundieron mucho ánimo. Hasta ese momento, los mensajes en la prensa acerca de mi gestión estaban mayoritariamente dictados desde Sol. Las cosas estaban cambiando.

El Consejo de Gobierno de ese 3 de junio se centró en asuntos de tramitación ordinaria, pero, a su término, la presidenta se refirió a mi comparecencia del lunes anterior en la Asamblea y censuró que estuviese acusando al consejero de Sanidad de un delito. La consejera de Presidencia intervino en términos parecidos. A continuación, me tocó hablar a mí. Y, por supuesto, me defendí. A esas alturas ya no estaba dispuesto a tolerar más ataques: «No estoy acusando a nadie», contesté. «Me han preguntado en comisión acerca de mi posición sobre los protocolos. ¿Qué queréis que haga? ¿Que mienta? Esos protocolos son una auténtica barbaridad. Solo he dicho lo que pienso».

Insistí también en que me sorprendía que mostraran tanta preocupación por las consecuencias judiciales y que nadie del Gobierno (de la parte del PP, claro) se hubiera pronunciado en contra del contenido de esos protocolos —spoiler: no lo harán nunca—. Afirmé que, si querían, podían afirmar que solo eran borradores, aunque no lo fueran. Pero que, por lo menos, dejaran claro que los criterios de exclusión no eran admisibles en una sociedad como la nuestra. Aunque miré directamente al consejero de Sanidad, este ni se inmutó. Posteriormente, y como suele ser habitual, habló sin decir nada.

En ese diálogo también fue la primera vez que compartí con mis compañeros de Gobierno cómo me había sentido durante los meses anteriores: «Señalado desde el minuto uno». Les dije: «Claro que me estoy defendiendo». Y añadí: «Lo seguiré haciendo si se me sigue atacando».

Dado el cariz que estaba tomando la conversación, uno de los presentes intentó llevar la discusión a un terreno más «constructivo», pero absolutamente delirante. Insistió en lo mismo que había comentado la presidenta, añadiendo que le preocupaban las consecuencias legales de lo que había afirmado en la comisión. «Para todos», recalcó. Fue entonces cuando nos sugirió que tuviéramos una estrambótica reunión, el consejero de Sanidad y yo, con el abogado general de la Comunidad de Madrid y el consejero de Justicia, con objeto de armar una respuesta conjunta. Como si fuéramos delincuentes, sí. Esa reunión nunca se celebró, faltaría más. Al menos con mi presencia.

La conversación concluyó en términos relativamente amistosos para la manera en que había empezado la semana. Intervino la presidenta para cerrar el intercambio de palabras, nos pidió tranquilidad y unidad a todos, y quedamos en seguir adelante en buena armonía por el interés y la continuidad del Gobierno.

El tema de las responsabilidades ya sobrevolaba los medios de comunicación. Páginas atrás me he referido a una columna escrita por Ferran Boiza, titulada «El aviso de Reyero»[210] y que se publicó en El Mundo el 3 de junio de 2020. Entonces la mencionaba para ilustrar cómo mis compañeros en el Gobierno manejaban las fuentes extraoficiales. «Cuatro días después (de haber pedido por carta a Pablo Iglesias que enviara la UME a las residencias madrileñas), Ayuso apartaba a Reyero del control de las residencias y se lo entregaba a Ruiz Escudero. Extraoficialmente, porque no controlaba lo que sucedía en los geriátricos, había encargado una investigación por teléfono e informaba más a la oposición que a su Gobierno», contaba la noticia.

Esta columna también hacía referencia a mi intervención en la comisión de Políticas Sociales del 1 de junio. En dicha columna se afirmaba que «con casi 6000 ancianos fallecidos en los geriátricos de la región y diversas investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha decidido blindarse por lo que pueda suceder. No parece dispuesto a cargar con la responsabilidad última de lo sucedido en las residencias de mayores de Madrid, aunque sus compañeros del PP en el Gobierno le acusen de haberse puesto de perfil».

Y hay otro fragmento reseñable. Es cuando el periodista, refiriéndose a los protocolos, escribe: «Esas instrucciones, según Sanidad, nunca llegaron a aplicarse, algo que niegan las residencias madrileñas, pero Mur de Víu fue destituido hace dos semanas sin más explicaciones». El columnista era consciente de que había alguna inconsistencia. La única que parecía no haberse enterado a esas alturas era la presidenta. Recordemos sus palabras: «No hay tal orden, hay una filtración de un borrador; eso es todo».

En un artículo publicado dos días más tarde, Vozpópuli también señalaba la cuestión de las responsabilidades: «La firma que acecha a Ayuso y su consejero de Sanidad por las muertes en las residencias»[211]. La noticia explicaba cómo la firma digital del director general de Coordinación Socio-Sanitaria en los protocolos ponía en aprietos a Enrique Ruiz Escudero y a la presidenta «ante una eventual judicialización de la gestión en las residencias de mayores». Y añadía, además, una información muy relevante: «Fuentes del Gobierno madrileño subrayan a este medio que la colocación de la firma electrónica es el trámite administrativo con el que un documento deja de ser borrador para convertirse en legal a todos los efectos».

Para explicar mi situación en esos primeros días de junio, voy a recurrir a la archiconocida tríada de Albert O. Hirschmann: salida, voz y lealtad[212]. La parte del PP en el Gobierno me estaba pidiendo que hiciera uso de la lealtad, una de sus palabras fetiche. Bueno, en realidad lo es su antónimo, la deslealtad, que utilizan muy a menudo para descalificar lo que hacen otros y nunca para lo que hacen ellos. En este caso, la lealtad que me reclamaban consistía en que mintiera a las preguntas de la oposición. Sin rodeos. Como estamos viendo, ellos lo habían hecho muchas veces, de ahí que sea comprensible que no entendieran mi actitud. Ellos habrían preferido que argumentara que los protocolos solo eran borradores. O mejor, que me callara.

Pero yo no contemplaba mentir. Lo que no acababan de entender era que podía guardarme las críticas a algunas medidas aberrantes de aquellos días, como el reparto de menús de Telepizza para niños en situación vulnerable, porque no eran de mi competencia. Pero no estaba dispuesto a callarme acerca de aquellas cuestiones que sí lo eran. Como ocurría con los protocolos.

En ese momento elegí alzar la voz en lugar de ejercitar esa tramposa lealtad que me reclamaban. Y lo hice sin ningún titubeo, de manera firme y con la verdad por delante. Pesara a quien pesara. Por eso pronuncié aquellas palabras sobre los protocolos y sobre la medicalización de las residencias en la comisión de Políticas Sociales del 1 de junio. Qué mejor lugar que la Asamblea para contar la verdad, sin mensajes oficiales y extraoficiales filtrados a los periodistas. Yo, contestando a las preguntas que me hacían desde la oposición. De frente. Estaba convencido de que mi deber era hablar y no esconderme.

Dos personas muy relevantes del sector de las residencias me escribieron por WhatsApp sendos mensajes. No identificaré a sus autores porque podría perjudicarles en su actual relación con la administración madrileña, pero los reproduzco aquí:

Muy valiente, muchas gracias Alberto. Un abrazo fuerte y ánimo para lo que te va a venir encima (15:22 del 2 de junio de 2020)

Alberto quiero darte las gracias por tus declaraciones en la asamblea. Gracias por ser voz del sector (21:17 de 2 de junio de 2020)

Claro, que no todo el mundo estaba de acuerdo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, me recriminó en una entrevista en Antena 3 «que mandara correos sobre unas supuestas ilegalidades relacionadas con las residencias durante la crisis del coronavirus y los sacara para tratar de exculparse»[213]. Como si hubiera escrito esos emails a toro pasado y no unos meses atrás. Otro que esperaba que mintiera en comisión. Aunque por esas fechas gozara todavía del fervor popular, el «alcalde de España», como le llamaban algunos compañeros de partido y medios de comunicación, ya estaba enseñando su verdadera cara.

La elección que tomé de alzar la voz, me condujo de manera inexorable al siguiente paso: mi salida. Marcharme se convirtió en mi única opción. Una decisión que fue tomando forma durante esos días, aunque tardaría bastantes semanas en llevarla a cabo. Mientras tanto, me tocaría aguantar el chaparrón.

La correspondencia (II)

Ya he contado bastantes cosas sobre el 3 de junio, cuando se celebró el Consejo de Gobierno. Pero ese día aún hubo más. Por la tarde, Raquel Ruiz, mi jefa de prensa, me informó de que la habían llamado desde el diario El Mundo para contrastar una información que pretendían publicar. Supuestamente había llegado a sus manos un documento de la Consejería de Políticas Sociales que confirmaba nuestra participación en la elaboración de unos protocolos similares a los que yo había criticado en la Asamblea.

De primeras, no tenía ni idea de a qué documento se referían. Pero averiguamos que hablaban de un documento llamado «Procedimiento de actuación frente a la infección por coronavirus para Centros de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad (20/03/2020)». Se trataba de una versión actualizada del protocolo de actuación que habíamos enviado el 6 de marzo desde la Consejería, al que se iban incorporando progresivamente los protocolos que llegaban desde la Consejería de Sanidad y desde el Ministerio de Sanidad. Total, que era un documento técnico y de segundo nivel que no tenía absolutamente nada que ver con las derivaciones hospitalarias.

No era, ni de lejos, comparable a los protocolos distribuidos desde la Consejería de Sanidad. A diferencia de ellos, ni siquiera contaba con la firma de algún alto cargo del Gobierno. Pero no solo eso: el documento no resistía un análisis atento. ¿Qué pintaba la Consejería de Políticas Sociales decidiendo sobre la derivación a los hospitales? La realidad es la que es. Desde las residencias se solicita la derivación; la decisión, como era natural, pertenecía a la Consejería de Sanidad (el 112 y los hospitales). Disculpad, pero a veces no queda más remedio que explicar lo obvio.

Más o menos eso fue lo que intentó explicarle la jefa de prensa al periodista de El Mundo, pero dio igual. No les íbamos a estropear una información que tenían interés en publicar. ¿Se trataría acaso de un encargo? Mi interpretación es que esa información procedía de Sol. Como no podían negar que estaban de mierda hasta arriba, querían demostrar que nosotros éramos parecidos. En política, muchas veces, se utiliza el «y tú más» como estrategia defensiva. Pues bien, esta era otra variante, que podríamos denominar el «y tú también». La mayoría de las veces su única defensa es afirmar que «todos somos iguales». No importa que sea mentira y que esos mensajes sean perjudiciales para nuestras democracias. Pero, afortunadamente, no todos nos comportamos igual.

Hay que estar muy desesperados para adoptar una estrategia así. En Sol debieron pasar varios días buscando alguna información que nos dejara en mal lugar. Y por lo que se ve, eso fue todo lo que encontraron.

No puedo resistirme a señalar que el periodista que llamó a la Consejería es el mismo que, un año más tarde, publicaría la exclusiva acerca del supuesto espionaje al que la dirección del PP estaba sometiendo a Ayuso, desatando una profunda crisis en el PP que acabaría con la dimisión de Pablo Casado. Periodismo de investigación, lo llaman.

Después de la llamada de El Mundo, nos reunimos en la Consejería y pensamos cómo hacer frente a esa infamia. Es triste que, en una situación tan extrema como la que todavía estábamos viviendo, tuviésemos que gastar energía en esas cuestiones. En esas fechas, la Consejería de Sanidad reportaba en torno a una treintena de muertes diarias. Había casi 500 personas ingresadas en hospitales y casi 140 en las UCI. Pero no teníamos otra elección.

Yo estaba indignado como pocas veces lo estuve durante esta crisis. Lo primero que se me vino a la cabeza fue explicar las cosas tal y como eran en una rueda de prensa, pero lo descartamos enseguida. Y de pronto surgió otra idea dentro del equipo: ¿y si contraatacamos? Si se disponían a lanzar una noticia tan endeble, nosotros podíamos salir con una información mucho más sólida. Y con una diferencia importante: la nuestra era verdadera.

Aquí entraban en juego los correos electrónicos enviados al consejero de Sanidad el 22 de marzo y que había mencionado el lunes en la comisión. Hasta entonces, su contenido solo lo conocían los interesados. ¿Y si se los facilitábamos a algún medio para que los hiciera públicos? Al fin y al cabo, eran unos documentos informativamente relevantes.

El día siguiente, 4 de junio, tuvimos pleno en la Asamblea. La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, preguntó por los criterios que se habían seguido para la elaboración de los protocolos. Esta fue la respuesta del consejero de Sanidad:

Señora Causapié, ha habido hasta seis versiones de ese protocolo y el documento al que usted se refiere, y que ha aparecido en algunos medios de comunicación, era un borrador, de los seis borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios. Los protocolos definitivos de actuación de residencias se enviaron el día 25 de marzo a los centros sociosanitarios, contando con el consenso de todos los coordinadores de geriatría de los hospitales de la red pública. En todos estos documentos se especifica claramente que se valorará individualmente cada caso, con criterio clínico, para el traslado a un hospital de los residentes con enfermedad terminal que se encuentren en cuidados paliativos o con alto grado de fragilidad; y, si no, léase el documento hasta el final, no por partes. Por tanto, no voy a admitir, ni a ustedes ni a nadie, que se instrumentalice políticamente un error más que evidente, porque además de faltar a la verdad entraña otro tipo de responsabilidades[214].

La contestación del consejero de Sanidad se alineaba con la mentirosa teoría del borrador. Hasta ahí, lo normal. La novedad es que reconocía que sí se habían distribuido esas instrucciones, algo que hasta ese día habían negado de forma contundente. Por supuesto, ese detalle no pasó inadvertido a los medios, que lo destacaron de inmediato.

La Cadena SER tituló así: «Escudero admite que se envió por error instrucciones a las residencias para no derivar a hospitales»[215]. Las palabras de Ruiz Escudero eran una enmienda a la totalidad de todo lo que habían dicho hasta entonces y también a las declaraciones de la presidenta solo dos días antes en Telemadrid, donde había afirmado que se trataba de «un borrador que tenía Sanidad, de los múltiples que se estudiaron, pero que nunca se llevó a ningún lugar». Empezaban a aflorar las contradicciones.

Esa misma tarde, ya en la Consejería, seguía sin estar del todo convencido de que la publicación de mis correos al consejero de Sanidad fuese una buena idea. Me resistía a creer que El Mundo fuera a publicar una información tan absurda. Pero averiguamos que la noticia no solo estaba lista para publicarse el día siguiente, sino que lo haría en portada de la edición nacional. También nos enteramos de que el titular que tenían previsto incluía, como no, la palabra «Ciudadanos». No me lo podía creer, pero esa era la realidad. Ya no quedaban dudas de lo que perseguían ni de la procedencia de la información. Esto me convenció de que debíamos seguir adelante con nuestra idea: al día siguiente, todo el mundo conocería mis correos al consejero de Sanidad.

Y así llegamos a la mañana del 5 de junio, en la que nos desayunamos con dos titulares sobre las residencias de la Comunidad de Madrid.

El diario El Mundo afirmaba en su portada impresa: «Ciudadanos envió el mismo protocolo de hospitalización de ancianos que considera “ilegal”»[216]. Y no la firmaba un simple redactor sino uno de los subdirectores, el mismo que había llamado a mi jefa de prensa dos días antes.

El diario El País, por su parte, afirmaba lo siguiente: «Los correos internos de la Comunidad de Madrid que denunciaron las muertes “indignas” en las residencias»[217].

Dejo a los expertos que analicen ambos titulares desde un punto de vista estrictamente periodístico, pero voy a detenerme con cierto detalle en la noticia publicada por El Mundo. Pese a la mención a Ciudadanos en el titular, la noticia explicaba que el protocolo no lo enviaba Ciudadanos. Curiosa manera de redactar una noticia, contradiciendo el titular. Pero es que ni siquiera lo había enviado un alto cargo nombrado por Ciudadanos, sino el «coordinador médico asistencial de la Consejería de Políticas Sociales» (algo que no era del todo cierto, porque en realidad lo era de la AMAS, pero da igual). Relacionar al coordinador médico asistencial con Ciudadanos es completamente absurdo porque se trata de un funcionario. Y de mucho prestigio profesional. Durante los veintitrés años anteriores había trabajado con consejeros del PP. Ocupaba ese puesto a mi llegada, y lo seguiría ocupando a mi marcha. Y para colmo, este coordinador había manifestado también su oposición a los protocolos de Sanidad, como había hecho el resto de la Consejería. Algo de lo que había constancia por escrito. Por no hablar de otros detalles que hacían que la noticia se tambaleara desde su misma concepción: el documento no estaba firmado, como sí ocurría con los protocolos de Sanidad, y nuestra consejería no pintaba nada en las decisiones sobre quién ingresa o quién no en un hospital.

Por fortuna, o por cuidar las formas, en la noticia recogían nuestra posición: «Se trata de un documento técnico, no político, en el que recogemos toda la normativa vigente y que deja la última palabra en manos de los hospitales, no de las residencias». Asimismo, añadían que el profesional que los había mandado se había opuesto a los criterios, aunque el documento incluyera las órdenes de la Consejería de Sanidad porque era su obligación.

Si atendemos al número de comentarios que generó la noticia en las ediciones digitales de sus respectivos periódicos, la de El Mundo tuvo un efecto bastante limitado. A finales del mes de junio de 2021, la noticia original solo tenía ocho comentarios. En cambio, la noticia de El País tenía 894. Aunque solo fuera en términos cuantitativos, la información había tenido un protagonismo discreto, pese a haber ocupado la portada del diario y a que el consejero de Sanidad se paseara por diversos medios, nacionales y locales, para reforzar el mensaje. Nadie me pidió jamás una explicación sobre la información publicada por El Mundo. El resto de medios y los grupos políticos entendieron que, aparte del titular y de la portada, no había noticia. Ni orden, ni firma. Nada.

Enrique Ruiz Escudero debía haber comprometido su presencia en diversos medios para comentar el titular de El Mundo, pero la publicación simultánea de los correos en El País debió cambiarle el paso. Y esa es la explicación de que el consejero de Sanidad, habitualmente correcto, recurriera al insulto, que suele ser el recurso del que no tiene ninguna razón.

En esas entrevistas, el consejero de Sanidad me acusó de «fariseo» y de haber filtrado correos personales. Europa Press recogía sus declaraciones al respecto: «Resulta sorprendente que haga referencia a correos personales […] no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo Gobierno, pero bueno, allá cada uno con su conciencia, y me parece una actitud de un fariseísmo político la verdad que sorprendente»[218]. Y un poco más tarde, en Radio Nacional, siguió insistiendo en la cuestión de las comunicaciones al afirmar compungido que se sentía «decepcionado» al ver que unas comunicaciones internas se filtraban a medios de comunicación[219].

Lo que decía el consejero no era del todo exacto: yo no había desvelado correos de otras personas. Sencillamente, me había limitado a compartir los que yo había escrito unos meses antes. En la noticia de El País solo estaban mis palabras, de las que me hago responsable, para lo bueno y para lo malo. No había desvelado, como afirmaba el consejero, ningún «intercambio de correos».

Esta ambigüedad con el lenguaje no es ninguna casualidad. En el río revuelto de la desinformación es donde triunfan las patrañas. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Sucedió mucho tiempo después, el 12 de abril de 2021, durante la campaña electoral de 2021, pero viene al caso. Se trata de una entrevista de María Rey a Pablo Iglesias en el programa 120 Minutos de Telemadrid. María Rey, una periodista que a mí siempre me ha parecido honesta, realizó unos comentarios que reflejaban la confusión sembrada desde Sol. Mostraré solo un extracto, pero la entrevista completa puede verse en la página web de Telemadrid[220]:

PABLO IGLESIAS: … la propia Consejería del Gobierno de la señora Ayuso dijo que esas órdenes, que negaron, prohibiendo el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales eran ilegales e inmorales. Eso no lo dice Podemos, Pablo Iglesias como vicepresidente…

MARÍA REY: ¿Usted ve a un médico negando la atención a una persona porque es mayor? A un médico de Madrid… Es que a mí me cuesta mucho ese momento de decisión…

PABLO IGLESIAS: Ah, pero no hablemos de cosas que nos imaginemos, hablemos de los hechos. ¿Existen unos correos electrónicos de la Consejería…?

MARÍA REY: Existen un montón.

PABLO IGLESIAS: No, no…

MARÍA REY: Sí, de correos, de protocolos. Existen un montón, de órdenes…

PABLO IGLESIAS: Parece que diciendo que existen un montón, no existe ninguno. Existen correos electrónicos que pueden ser constitutivos de delito y además la señora Ayuso ha cerrado la comisión en la que se tenía que investigar esto; implicaron la dimisión del consejero de Ciudadanos, que dijo: estas órdenes firmadas por el señor que ha puesto Ayuso aquí, pueden ser un delito, son inmorales y son ilegítimas. Entonces esto lo podemos asumir como lo que fue, que a mi juicio es absolutamente criminal, o decir que papeles hay un montón o que hay cruce de acusaciones. Lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid con las residencias es criminal. Es criminal.

Pero volvamos a esa mañana del 5 de junio. Nos habíamos propuesto no hacer ninguna declaración. Mis correos al consejero de Sanidad hablaban por sí solos. Pero la presencia de Ruiz Escudero en distintos medios nos convenció de que había que reaccionar. Tampoco podíamos permitir que monopolizara el mensaje. A última hora de la mañana entré en directo en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta y en la Cadena SER. Y ya por la tarde, entré en otro programa de La Sexta, Más Vale Tarde. Mi idea era confirmar los emails publicados, reforzar lo que pensaba de los protocolos («no son éticos y posiblemente no sean legales») y no entrar al trapo de los insultos.

Ese mismo viernes por la noche, Pepa Bueno tituló su editorial en Hora 25, en la Cadena SER, «Morirán de forma indigna»[221]. Lo reproduzco en su integridad porque expresa maravillosamente bien las cosas realmente importantes:

«Morirán de forma indigna». Esta frase del consejero de Políticas Sociales del Gobierno autónomo de Madrid al consejero de Sanidad nos acompañará ya a todos siempre cada vez que pensemos en la pandemia del 2020.

«Morirán de forma indigna»… le decía el de Asuntos Sociales al de Sanidad tras recibir la orden de no enviar al hospital a los mayores dependientes de las residencias. Los que no se pueden valer por sí mismos, los que no pueden reclamar atención médica u hospitalaria. Casi 19 500 mayores han muerto en España por COVID-19 o con síntomas compatibles porque ni a una prueba tuvieron derecho. Seis mil de ellos se calcula que en Madrid.

Es increíble que este asunto no esté en el centro exacto de todo el debate público y político. Cuando la responsabilidad se reparte, el griterío baja. Y las residencias son competencia autonómica, por más que el cinismo imperante en la derecha mire para otro lado o encuentre en el mando único a partir del 14 de marzo el manto bajo el que esconderse.

«Morirán de forma indigna». Por escrito, en un email. ¿Y ahora qué?, ¿cuáles son los planes?, ¿qué están haciendo?, ¿cómo se están reorganizando? En Madrid y en todas las comunidades. Superado el momento más dramático, ¿qué dicen los responsables, qué hacer?, ¿por dónde tirar para evitar que esto se repita en una segunda ola de la pandemia? Tanto tiempo perdido, tantas palabras gastadas estos días en sus batallitas de politiquería… ya está bien.

La noche del sábado, el 6 de junio, el consejero de Sanidad acudió a Estado de Alarma, un programa de YouTube que se hizo muy popular durante ese periodo. La presentación de la entrevista no dejaba dudas sobre sus objetivos: «Entrevista al consejero de Sanidad de Madrid traicionado por Cs y al que quiere laminar la izquierda»[222]. El consejero de Sanidad se lamentó durante la entrevista, de manera lastimera, del escaso impacto que había tenido la noticia de El Mundo. En eso estábamos de acuerdo: les había salido mal la jugada.

El mismo sábado, El Mundo volvió a la carga con otra noticia: «Las 21 reuniones sobre residencias de ancianos que se saltó el consejero de Políticas Sociales de Madrid»[223]. Estábamos delante del segundo capítulo de la respuesta de Sol a mi intervención del lunes en la comisión. El titular de la noticia hacía referencia a las reuniones que había puesto en marcha el consejero de Sanidad tras aprobarse el plan de choque para que nos coordinásemos las tres consejerías involucradas: Sanidad, Justicia y Políticas Sociales.

Antes de que se celebrara la primera, el consejero de Sanidad me preguntó quién consideraba conveniente que asistiera por mi consejería. Le contesté que lo haría mi viceconsejero, Javier Luengo. Y que se le unirían otros miembros de la consejería con responsabilidades en la materia. Mi propuesta le pareció bien. Por lo tanto, es cierto que no había asistido a esas reuniones, pero no me las había «saltado», como afirmaba el titular. Lo llamativo es que el consejero de Justicia (el tercer involucrado en el plan de choque), tampoco había asistido a ninguna de esas reuniones porque el consejero de Sanidad —que era el coordinador del plan— tampoco debió considerarlo necesario.

Los asistentes de mi Consejería me informaban diariamente del desarrollo de esas reuniones. En algún caso, incluso, pude ver alguna de las actas. Aunque cuando el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno solicitó esas actas a la Consejería de Sanidad, respondieron que no existían, según informó El País muchos meses después[224]. Ellos sabrán por qué no las entregaron. Entre los otros asistentes estaban, además de los representantes de las tres consejerías que integraban el plan de choque, miembros de AESTE, una de las patronales de las residencias. No había nadie de AMADE, FED o LARES, el resto de patronales madrileñas. Eso molestó especialmente en el sector, se quejaron a la Consejería de Sanidad y tuvieron una reunión adicional para tratar de apagar ese malestar. Por lo que sé, solo una.

Tampoco puedo resistirme a comentar que el único resultado material de esas veintiuna reuniones fue el traslado de usuarios de los hospitales a algunos centros residenciales y la consiguiente compensación que recibieron quince residencias privadas por esa intervención. Y lo hizo, según la Cadena SER, «en contra del criterio de la Abogacía de la Comunidad»[225]. De la única reunión con las otras patronales parece que no salió nada. Según informaba también la Cadena SER, en la patronal de las pequeñas residencias, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), reaccionaron con asombro a ese acuerdo: «Nosotros en ningún momento tuvimos ninguna propuesta como sector de que se pusieran plazas a disposición. Esto fue un acuerdo privado que se hizo con determinadas empresas»[226].

El lunes siguiente, 8 de junio, visité el Banco de Alimentos de Tres Cantos y presentamos una iniciativa, en colaboración con la Fundación KPMG, para hacer frente a la emergencia social provocada por la pandemia. En estas páginas no hablaré sobre los efectos sociales y económicos del covid porque se escapa a los propósitos de este libro, pero fue uno de los temas que tuvimos más presente desde mi consejería.

La cuestión es que nosotros habíamos pasado página a la polémica, pero el consejero de Sanidad persistía en su periplo mediático. Quiero suponer que recibía órdenes. Lo que no le exime de su responsabilidad, claro. Pero eso nos empujó a continuar la ronda de medios que habíamos interrumpido durante el fin de semana. Ese lunes entré en directo en Telemadrid, Onda Cero y Cuatro. No sabíamos muy bien adónde podía conducirnos ese enfrentamiento. Posiblemente a ningún lado. Pero yo estaba dispuesto a seguir porque tenía la convicción de que la razón estaba de mi parte.

Pero el 9 de junio la Dirección de Ciudadanos nos ordenó que parásemos. En ese momento ya me pareció una decisión absurda, contraria a los intereses del partido y a los de los madrileños. Con el paso del tiempo no puede parecerme más ridícula. En relación con lo que tenía que ver con el partido, no pudo verlo con mayor claridad Isabel Serra, la portavoz de Podemos, que en una entrevista el 4 de junio en elDiario.es afirmó que estábamos «siendo utilizados en muchas ocasiones como cabeza de turco y lo hemos visto en las residencias». E incluso me mencionaba directamente: «[…] su consejero de Políticas Sociales, al cual ha apartado y además ha tratado de cargar con todos los errores o ilegalidades que se han cometido»[227].

Muchas veces me he preguntado cuáles fueron las razones para que tomaran esa decisión. La única explicación es que no quisieran poner en riesgo los gobiernos surgidos de los acuerdos con el PP en 2019. Y menos cuando, además, un mes más tarde compartíamos candidatura en las elecciones en el País Vasco.

El Confidencial hizo una interpretación parecida el 28 de junio: «La estrategia que pide Arrimadas desde hace meses choca con lo que ocurre en el Gobierno regional. Desde la dirección nacional se pidió estabilidad y “ni un ruido” en los Gobiernos regionales donde se comparte poder con el PP: Andalucía, Castilla y León y, sobre todo, Madrid»[228].

En lo que a mí concierne, acaté las órdenes sin rechistar. Tampoco pedí explicaciones. No quería convertirme en un problema para mi partido o para mis compañeros. Pero eso no significó que me gustaran. O que estuviera de acuerdo con ellas. Me pareció que estábamos perdiendo una ocasión inmejorable para que se conociera la verdad sobre lo que había pasado en las residencias de la Comunidad de Madrid. Aunque lo tildaran de «guerra de las residencias» y lo pusieran al mismo nivel que otras polémicas de aquellos días, como una posible moción de censura o el disparate del aparthotel, su importancia no era comparable. Aquí estábamos delante de una más que probable vulneración de derechos humanos.

Ese día se rompió algo con el partido. Desde Sol habían hecho todo lo posible por cargarme con las culpas de una tragedia terrible y mi propio partido me negaba la oportunidad de defenderme cuando tenía oportunidad de hacerlo. No me habían apoyado al principio y ahora me pedían que me callara.

El 10 de junio celebramos el primer Consejo de Gobierno después de la publicación de mis correos y de mi enfrentamiento público con Enrique Ruiz Escudero. Esa misma mañana, El País publicó un contundente editorial que señalaba muy bien lo importante. Se titulaba «Indignidad»:

Que los consejeros enfrentados por la gestión de las residencias en Madrid pertenezcan a la coalición regional, Ciudadanos y el Partido Popular, ha dejado al descubierto la tensión política entre ambas. Pero no es esta hoy la dimensión crucial, puesto que, ante la posibilidad de que exista una relación de causa y efecto entre una orden administrativa y la inexorable condena de un elevado número de ancianos a morir sin asistencia, lo que urge es fijar los hechos y luego exigir las responsabilidades que correspondan. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado a esclarecer esta vergüenza y la oposición debe exigirlo con la contundencia que requiere la evidencia de que miles de ancianos murieron abandonados[229].

A la finalización del Consejo de Gobierno de ese día, se repitieron los reproches del anterior. Yo no desaproveché la oportunidad de contar el proceso que había llevado a que El País publicara mis correos electrónicos. No me guardé nada. La llamada del periodista de El Mundo, incluida. Las caras de la mayoría de los consejeros del PP eran un poema. A juzgar por sus reacciones, diría que solo los más cercanos a la presidenta estaban al corriente de los enredos de Sol. También les recordé lo que había dicho la semana anterior: «Claro que me estoy defendiendo». Y terminé con la advertencia de que seguiría haciéndolo si continuaban los ataques.

El diario ABC informó al día siguiente sobre ese Consejo de Gobierno: «Presión en el Gobierno para frenar la bronca entre Reyero y Ruiz Escudero»[230]. La noticia afirmaba que «en el seno del gabinete regional son varios los consejeros que han asistido atónitos al espectáculo de sus dos compañeros haciendo una ronda de entrevistas afeándose la gestión de la crisis. El asunto, coinciden, se fue de madre cuando comenzaron a filtrarse desde Políticas Sociales correos personales enviados por el consejero Reyero al consejero Ruiz Escudero. Una situación que ha dejado “estupefactos” a algunos de los políticos que se sientan en la mesa del Consejo de Gobierno». Lo que la noticia no mencionaba eran las razones que nos habían llevado a hacer públicos los correos. La crónica también afirmaba que la llamada a rebajar la tensión estaba surtiendo efecto porque no se habían producido nuevas declaraciones mías o de Ruiz Escudero.

La noticia concluía ampliando una idea también presente en el subtítulo: «El choque, tan frontal como descarnado y visible, ha preocupado a muchos miembros del Ejecutivo autonómico, según explican a ABC fuentes conocedoras del desarrollo de la reunión del Consejo. Y no solo a los populares, sino también a algunos destacados consejeros de Cs, compañeros de Reyero, entre los que citan a Ángel Garrido, Marta Rivera de la Cruz o Eduardo Sicilia». Los mencionados negaron personalmente tener nada que ver. Es cierto que la noticia no recogía declaraciones suyas y que yo ya estaba más que familiarizado con los mecanismos de intoxicación habituales de esas «fuentes», pero volví a pensar en que quizás había llegado el momento de mi dimisión. Mi continuidad estaba perjudicando al resto. Y el partido estaba, desafortunadamente, a otras cosas.

Las derivaciones (II)

Esos días también se alzaron voces en defensa de los protocolos, como la de José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), que el domingo 7 de junio publicó un comunicado titulado «Residencias de mayores: ya tenemos el culpable»[231]. En él, afirmaba cosas como las siguientes:

Se ha malinterpretado el sentido de los protocolos y circuitos puestos en marcha, tergiversación realizada por grupos de interés variopintos. Y no han explicado la verdadera orientación de los mismos: dar la mejor atención en el entorno más adecuado a las personas mayores más vulnerables. Aun cuando estas decisiones no sean del agrado de todos.

Cuando a un residente se le ha intentado manejar en su residencia ha sido porque la derivación al hospital no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital. Hay que recordar que en el periodo más virulento de la pandemia la situación de los hospitales era «de guerra»: hospitales que habiendo aumentado el número de camas en un 30 % tenían más de 200 pacientes pendientes de una cama para ingresar en planta, esperando en los servicios de urgencia; unidades de cuidados intensivos que habiendo incrementado su capacidad en un 400 % estaban tensionados al máximo para tener capacidad para atender a pacientes que muy probablemente se beneficiarían del tratamiento en ese tipo de unidades. Un entorno no adecuado a personas tan frágiles y tan dependientes, sin un beneficio para ellos.

Y, en otro pasaje, afirmaba:

Que no se ha negado el ingreso hospitalario a los ancianos de la Comunidad de Madrid también lo dicen los datos: 10 300 residentes han sido trasladados desde su residencia a hospitales desde el 1 de marzo hasta el día 5 de junio (una media de 106 cada día); el día 6 de abril se alcanzó un pico de 206 traslados de residencias a hospitales; de los 2226 pacientes ingresados en La Paz entre el 25 de febrero y el pasado 19 de abril, el 32 % (709 personas) provenían de una residencia de mayores… y así en el resto de hospitales.

Supongo que, con este comunicado, en el PP respirarían con alivio. Después de unos días sin más argumentos que la negación, alguien salía en su defensa. Sus medios afines también lo celebraron.

Por mi parte, puedo entender alguno de los argumentos del comunicado que lo que trataba era de eximir de responsabilidad a los geriatras. Estoy convencido de que los profesionales sanitarios (geriatras y médicos de las residencias) actuaron correctamente en situaciones dificilísimas. Con una tremenda dedicación. Por encima de sus capacidades. Estoy convencido. El debate no es acerca de lo que hicieran o dejaran de hacer los geriatras, aunque otros hayan querido involucrarles y, de paso, descargar su responsabilidad. No es mi caso. Lo que siempre he criticado de los protocolos es que las órdenes políticas se antepusieran a las valoraciones individuales (y clínicas). Y ya lo hemos visto: esos protocolos no pueden entenderse sin la promesa, realizada el 12 de marzo, de que las residencias serían medicalizadas.

Lo más probable es que los geriatras diseñaran y aplicaran el triaje en los hospitales pensando que las residencias tendrían un refuerzo sanitario de médicos, enfermeros, fármacos y oxigenoterapia. Es lo mismo que señaló Antonio Burgueño, el asesor para el Covid-19 del Gobierno durante esas semanas, el 22 de junio de 2020: «Los geriatras que los elaboraron [los protocolos] pensaban que alguien vería a esos enfermos»[232]. Y no los vieron, como ya sabemos. Si hubieran sabido en qué iba a consistir la medicalización de las residencias, ¿se habrían opuesto a los protocolos? No lo sabemos, aunque por las palabras de Burgueño podríamos interpretar que sí.

Durante aquellas semanas tuvimos otro ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden tener efectos perniciosos en un contexto de crisis sanitaria. Unos días después de que la prensa reprodujera los primeros protocolos firmados por Carlos Mur, descubrimos otros documentos que demostraban que la exclusión de los ancianos en la atención sanitaria no se limitaba a las residencias, sino que también afectó a los pacientes domiciliarios. Lo publicó El País el 10 de junio: «Madrid elaboró un protocolo para no derivar al hospital a pacientes domiciliarios»[233]. La información añadía que esos documentos se habían distribuido el 23 de marzo y que recomendaban atender en sus casas a los pacientes de covid mayores de ochenta años con enfermedad terminal, frágiles o con demencia moderada o grave.

Me consta que estos documentos no son del todo comparables a los protocolos sobre las residencias, ya que en el propio encabezado se especificaba que eran «recomendaciones» y no «exclusiones». Pero la propia información de El País recogía el testimonio de un médico de atención primaria: «Era una orden y así la entendimos los que acudimos a diario a domicilios. Fue una directriz que se mandó como protocolo; ni como sugerencia ni como borrador. En cuanto lo recibí me sacudió por dentro. Supone hacer una criba por edad y por condición. Ni siquiera permite dar una oportunidad de rescate a esas personas». En una situación de emergencia es difícil que un profesional discuta un documento de Sanidad, aunque no esté de acuerdo.

Volviendo otra vez al comunicado de José Augusto García Navarro, hay argumentos que no entiendo. Por ejemplo, el de que «cuando a un residente se le ha intentado manejar en su residencia ha sido porque la derivación al hospital no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital». Ya hemos visto gracias una noticia de infoLibre que los traslados de las residencias a los hospitales se desplomaron un 37 % en las cuatro semanas críticas de la pandemia[234]. ¿Acaso había un porcentaje notablemente inferior de residentes que podían beneficiarse de un traslado con respecto a las circunstancias normales? ¿Acaso iban a mejorar en unos centros en los que la única atención sanitaria posible era «morfina y sedación», como había afirmado Ignacio Fernández-Cid en el programa de Dieter Brandau?

Alguno de los ejemplos que citaba esta noticia eran auténticamente demoledores: «Vitalia Home Parla derivó a un paciente en esas cuatro semanas, la residencia pública Adolfo Suárez a tres, Ballesol Alcalá a cuatro. En esos tres centros murieron 219 personas». Y alcanzaba la siguiente conclusión: «Las derivaciones no se impidieron de forma sistemática durante toda la pandemia. El análisis semanal de las cifras demuestra que la paralización se ejecutó entre el 9 de marzo y el 5 de abril. Y con especial intensidad entre el 16 y el 29 de marzo, cuando el Gobierno Ayuso aprobó un Protocolo que impedía el traslado al hospital de determinados residentes».

Pero también hay casos más recientes. Durante el mes de enero de 2021, en la tercera ola, conocimos la existencia de dos brotes en dos residencias madrileñas, una en Becerril de la Sierra y otra en Puerta de Hierro (Madrid), que ocasionaron veintidós fallecidos (a 31 de enero). Doce en la primera residencia y diez en la segunda. Según las informaciones periodísticas publicadas esos días, de esos veintidós fallecidos, siete lo hicieron en sus respectivas residencias (cinco en Becerril y dos en Puerta de Hierro) y los otros quince lo hicieron en el hospital al que habían sido trasladados. Es decir, un 32 % de fallecidos en residencias frente a un 68 % en hospitales. En enero de 2021. Muy lejos de esas cifras espeluznantes de la primera ola. Y unos porcentajes mucho más razonables. ¿O es que acaso estos residentes eran muy diferentes de los anteriores y su derivación al hospital sí les proporcionaba un beneficio en su pronóstico vital? La única diferencia que se me ocurre es que en enero de 2021 los hospitales no tenían problema para admitir enfermos. La situación era otra y ya no había necesidad de aplicar ese terrible protocolo.

No nos engañemos. El problema eran los hospitales y no los enfermos. Y claro, reconocer eso significaba dejar que la opinión pública se fijara en lo que no querían: en las políticas sanitarias aplicadas durante los últimos veinticinco años, tal y como indicaba muy acertadamente el informe de Amnistía Internacional que pronto veremos con detalle: «La infrafinanciación de la sanidad ha pasado factura. La década de los recortes sanitarios y sociales ha provocado un deterioro en el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria en España»[235].

Tampoco entiendo la siguiente afirmación del comunicado del presidente de la SEGG: «Que no se ha negado el ingreso hospitalario a los ancianos de la Comunidad de Madrid también lo dicen los datos: 10 300 residentes han sido trasladados desde su residencia a hospitales desde el 1 de marzo hasta el día 5 de junio (una media de 106 cada día); el día 6 de abril se alcanzó un pico de 206 traslados de residencias a hospitales».

Esta información —también citada entonces por la Consejería de Sanidad— era bastante sesgada. El País publicó el 20 de diciembre de 2020 la siguiente noticia: «Las residencias de la Comunidad de Madrid lograron derivar solo a unos 900 ancianos en las tres semanas más duras de la pandemia», afirmaba el diario, refiriéndose al periodo entre el 18 de marzo y el 5 de abril[236]. Así pues, si acercamos el foco a los peores días, nos encontramos con 900 traslados en 19 días. Eso significa que hubo 47 al día. Tengamos en cuenta que en la Comunidad de Madrid había 475 residencias de mayores. ¿Y sabéis cuántas personas fallecieron en esas residencias durante esas mismas fechas? 3735. O sea, 197 al día. ¿Y sabemos cuántas se rechazaron en los hospitales? Ese dato no lo tenemos. La cuestión clave es que la existencia de traslados no excluye la existencia de los protocolos porque había residentes cuya condición escapaba a los criterios de exclusión.

Pero lo que menos entiendo es el énfasis del comunicado en que los hospitales «estaban tensionados al máximo para tener capacidad para atender a pacientes que muy probablemente se beneficiarían del tratamiento en ese tipo de unidades. Un entorno no adecuado a personas tan frágiles y tan dependientes, sin un beneficio para ellos». José Augusto García Navarro añadía: «Hay que recordar que en el periodo más virulento de la pandemia la situación de los hospitales era “de guerra”».

El argumento del triaje recordaba, llevándolo al extremo, al famoso dilema de La decisión de Sophie, la novela de William Styron que cuenta la historia de una mujer polaca a quien, a su llegada a Auschwitz, un médico nazi y borracho obliga a elegir a cuál de sus dos hijos pequeños quiere salvar. La alternativa que le plantea es terrible. De no hacerlo, ambos morirán. Este momento trágico marcará el resto de la vida de Sophie, que acabará suicidándose[237].

Desde luego, las afirmaciones de José Augusto García Navarro no cuadran con la insistencia de la propia presidenta en que no había colapso sanitario. «La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos», dijo un 19 de marzo[238]. O el 24 de marzo de 2020, cuando el día anterior habían muerto 272 personas en Madrid, y afirmó al Financial Times que la Comunidad estaría pronto en disposición de ayudar a otros territorios[239]. Pero es que tampoco cuadra con el hecho de que los recursos disponibles no llegaran a agotarse. Recordemos que las residencias no se medicalizaron y que solo un 0.6 % de las personas ingresadas en Ifema procedía de residencias. En una «situación de guerra», los recursos disponibles se llevan al límite.

Pero es que la Consejería de Sanidad además tenía a su disposición los recursos de la sanidad privada. En el debate monográfico del 29 de abril sobre la puesta en marcha de un mando único en la Sanidad madrileña, la presidenta Ayuso había afirmado:

El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas![240]

Pues Manuel Rico respondió a la presidenta en su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias[241]: «Las que no salvó… fueron las de los mayores que se morían en las residencias. De acuerdo con la información oficial de la Comunidad de Madrid, en los meses de la primera ola de la pandemia no consta ni un solo traslado desde un geriátrico a un hospital privado a través del servicio público de ambulancias. Ni uno. Cero». El periodista añadía en su libro: «A la hora de morir sin recibir atención hospitalaria, en el Madrid de Ayuso, también hubo clases». ¿Os acordáis de los pasajeros de primera clase del Titanic? Pues eso. En el siglo XXI y en la Comunidad de Madrid.

Este extremo lo confirmaría meses después Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, en su comparecencia en la comisión de investigación el 9 de octubre de 2020: «Nunca llegaron pacientes a hospitales desde las residencias. Iban y venían siempre desde el hospital público correspondiente. O sea, llegaban al hospital público y desde el hospital público nos los remitían. De hecho, no sé exactamente el número de pacientes que pudieran venir de residencias, porque para mí constaba siempre que venían de hospitales públicos». En ese momento, Mónica García, de Más Madrid, le interpela: «O sea que de las residencias a los hospitales privados nunca hubo derivaciones». Y Juan Abarca responde: «En mi grupo, no»[242].

Durante la crisis, el propio Juan Abarca escribió un blog que se hizo muy popular y que ofrecía un «parte de guerra» diario de la situación en HM Hospitales. El siguiente fragmento pertenece a la entrada del 23 de abril de 2020: «Nadie pensaba que lo que ha ocurrido pasaría. Siguen llegando mayoritariamente a los hospitales enfermos de residencias, muy mayores y muy malitos que al menos, al llegar al hospital, tienen alguna oportunidad. No como pasó en semanas anteriores. Lo que ha pasado con nuestros mayores ha sido terrible y muy injusto»[243]. ¿Os suena de algo? ¿Estaba atacando acaso al Gobierno? Eso es lo que hubieran dicho de cualquier otro. Lo que estaba contando solo era la verdad: durante las primeras semanas los residentes no llegaban a los hospitales y esto había sido «terrible y muy injusto». Y para quien tenga alguna sospecha, la comparecencia de Juan Abarca en la comisión de investigación la había solicitado el mismo PP.

La primera información que recuerdo sobre el papel de la sanidad privada en el drama de las residencias se publicó el 11 de junio en El País. La noticia tenía el siguiente titular: «Los mayores con seguro privado sí fueron trasladados de residencias a hospitales en Madrid»[244]. En la noticia se nos informaba de que «la Comunidad no impuso el triaje de ancianos a los hospitales privados, reconociendo a sus asegurados un derecho a la atención médica que negó al resto». En este caso, el hecho de ser trasladados por ambulancias privadas les había permitido sortear el sistema establecido por la Consejería de Sanidad y encontrar una vía de escape.

Durante agosto de 2020, Manuel Rico aportó bastantes más detalles. Por ejemplo, un artículo del 19 de agosto explicaba que «Ayuso no añadió ni un hospital privado a la red pública que atendía a los mayores pese a que miles morían en las residencias sin ser trasladados a un centro médico»[245]. Es decir, a los residentes sin seguro privado no solo se les negó el acceso al hospital de campaña, sino también a los hospitales privados.

Manuel Rico ampliaría la información en otro artículo publicado el 21 de agosto: «Las residencias públicas de Madrid sufrieron más que las privadas el frenazo a los traslados hospitalarios»[246]. En esta información se reproducía el documento original de la Consejería de Sanidad, de 1235 páginas, con todas las derivaciones hospitalarias entre enero y junio desglosadas una a una por residencia. Desconocemos las razones para que esto fuera así. Es muy probable que la diferencia se deba a que había más residentes con póliza médica privada en las residencias privadas que en las públicas. Pero ese análisis aún está pendiente, como tantos otros.

El 22 de agosto, publicó otro artículo titulado: «7 de abril de 2020, el día de la vergüenza: 913 residentes mueren en Madrid»[247]. Esta nueva pieza daba cuenta de que en los veinte días posteriores a la aprobación del protocolo, 5343 mayores murieron en sus residencias, lo que equivaldría al 84 % del total de los fallecidos durante ese periodo. Y terminaba con otra conclusión no menos demoledora: «El Gobierno Ayuso no ejecutó ninguna de las tres alternativas que tenía ante el colapso de la red pública de hospitales: ni trasladó a los mayores enfermos al Ifema, ni usó la red hospitalaria privada para atenderlos, ni medicalizó las residencias».

De toda la intervención de José Augusto García Navarro, una de las cosas más surrealistas es por qué en un artículo en Vozpópuli publicado el 9 de junio, dos días después del comunicado, el mismo José Augusto García Navarro afirmaba lo siguiente: «Yo pregunto por ese protocolo. Si existe, yo no lo he visto»[248]. E insistía más adelante: «No puedo negar que exista, pero no lo he visto. No me lo han enviado, ni el protocolo, ni el borrador». ¿No había tenido tiempo de echar ni un ligero vistazo a los protocolos antes de publicar un comunicado en el que afirmaba que se habían tergiversado?

Recordemos que los protocolos se habían publicado ya en los medios, incluyendo Vozpópuli, el mismo que le estaba preguntando. Solo cuatro días antes, el 5 de junio, este medio había accedido a uno de los documentos, fechado el 20 de marzo, «en el que aparece claramente la firma electrónica del director general de Coordinación Socio-Sanitaria y la hora precisa de la rúbrica»[249].

Si todo esto llamaba la atención, lo hace bastante más que José Augusto García Navarro insistiera meses después. Lo hizo durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea, el 24 de febrero de 2021. Entonces, lo que había visto era un «borrador» (vaya por Dios) que no tenía ni fecha ni firma:

El Sr. DÍAZ MARTÍN: … en un medio de comunicación —y cito literal— dijo refiriéndose a los protocolos de derivación: «No puedo negar que existan, pero no los he visto». ¿Los ha visto ya?

El Sr. GARCÍA NAVARRO: Es cierto. Pues mire, he visto una de las versiones y, además, lo he visto en un borrador que no tiene ni nombre…

El Sr. DÍAZ MARTÍN: ¿Sabe de qué día?

El Sr. GARCÍA NAVARRO: Pues no le sé decir de qué día es; no le sé decir porque es un borrador que no tiene ni fecha ni firma, o sea que imagínese. Por cierto, ese borrador me lo enviaron de este medio de comunicación, que después de decirlo yo dice: ah, bueno, pues te lo enviaré. Y me lo enviaron. Tampoco sé si es cierto, ¿eh?[250]

Sorprende su insistencia en llamar «borrador» a lo que ya había quedado claramente demostrado que no lo era. Las cuatro versiones enviadas tenían fecha y firma. Y también sorprende el escaso interés que seguía mostrando por conocer los protocolos sobre los que no dejaba de opinar.

No sé qué pensara el presidente de la SEGG de lo que afirmaría un par de años después su homólogo gallego, Miguel Ángel Vázquez, presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología y vocal de la SEGG, que al explicar a infoLibre la puesta en marcha durante la pandemia de centros de cuidados intermedios en Galicia, centros con unos medios similares a los de una unidad hospitalaria, dijera lo siguiente: «Nos parecía una aberración absoluta la respuesta que estaban dando los geriatras en Madrid de no permitir la derivación hospitalaria de muchos residentes, y temíamos que algo así terminase sucediendo en Galicia y nos quisimos adelantar»[251].

No me cansaré de repetirlo: un ciudadano, por el hecho de vivir en una residencia con atención médica no pierde su derecho a la atención sanitaria pública que nuestro sistema presta, simplificando, por dos vías: atención primaria (centros de salud) y atención especializada (hospitales). ¿Qué decía el comunicado de la SEGG sobre esta exclusión de los mayores? Nada. Como si la atención sanitaria universal existente en España no fuera con ellos.

El valor igual de todas las personas exige que todos seamos tratados en las mismas condiciones. Esto es innegociable y lo establece la Constitución Española en su artículo 14, que ya he mencionado. Y lo decía muy claramente el Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia, publicado el 2 de abril de 2020[252]:

Debe subrayarse la absoluta proscripción de empleo de criterios fundados en la discriminación por cualquier motivo con la finalidad de priorizar pacientes en dichos contextos. En este sentido, excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos, por ejemplo, por razón únicamente de una edad avanzada, resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro Estado de derecho (art. 14 de la Constitución española). En este sentido, los pacientes de mayor edad en caso de escasez extrema de recursos asistenciales deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la población, es decir, atendiendo a criterios clínicos de cada caso en particular. Aceptar tal discriminación comportaría una minusvaloración de determinadas vidas humanas por la etapa vital en la que se encuentran esas personas, lo que contradice los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, en particular el reconocimiento de la igual dignidad intrínseca de todo ser humano por el hecho de serlo.

Además de las implicaciones jurídicas, un protocolo como ese, con exclusiones específicas para personas en función de su nivel de dependencia y/o discapacidad, tiene consecuencias éticas absolutamente reprochables. Esos protocolos daban por bueno un mensaje que no podemos admitir: las personas dependientes, aquellos que viven en residencias, son enfermos irrecuperables y por esa razón se les niega la admisión en los hospitales.

Personalmente, me siento más cercano a los planteamientos de Adela Cortina en su libro Ética cosmopolita: «Todas las personas, por sí mismas, tienen un profundo valor. Y es este valor el que debe orientar el quehacer de las sociedades y también la toma de decisiones en tiempos de pandemia al aplicar medidas terapéuticas»[253].

En el fondo, el médico cruel de La decisión de Sophie sabe perfectamente que todas las vidas tienen el mismo valor. «Casi no bebía… antes de venir aquí. ¿Se imagina? Mi padre me preguntó qué clase de medicina practico aquí. ¿Qué puedo decirle? Realizo el trabajo de Dios. Elijo quién vivirá y quién morirá. ¿No es ese el trabajo de Dios?», afirma el médico en una escena de la versión cinematográfica de la obra[254]. ¿Eligieron ser Dios en la Comunidad de Madrid?

Los informes

Durante los meses inmediatamente posteriores a la primera ola se publicaron varios informes que aportaron una mirada independiente a lo ocurrido en las residencias españolas. Por razones obvias, mi mirada se dirigirá sobre todo a la Comunidad de Madrid. Cada uno de estos informes se acerca a la realidad desde un ángulo particular y propone medidas para el futuro. Seguro que en los años próximos habrá muchos más. Necesitamos que haya muchos más. Para que entre todos hagamos una evaluación rigurosa de lo que hicimos bien y de lo que no. No hay otra manera de progresar.

El primer informe en el que me detendré es el publicado en diciembre de 2020 por Amnistía Internacional. Su título es muy explícito: Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España[255]. Ya lo he mencionado, pero ahora me detendré algo más en su contenido. En primer lugar, me interesa su análisis de la situación de partida de los sistemas sanitarios y de dependencia, muy debilitados después de la crisis de 2008 y de las medidas de austeridad aplicadas:

La situación de desamparo que pasaron las personas mayores no puede analizarse separadamente de otro tema de máxima preocupación para la organización: el impacto de las medidas de austeridad y el consecuente debilitamiento del sistema sanitario público en España. La infrafinanciación de la sanidad ha pasado factura. La década de los recortes sanitarios y sociales ha provocado un deterioro en el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria en España. Y es que mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido un 8.6 % de 2009 a 2018, el gasto sanitario en sanidad se ha reducido en un 11.21 % respecto a 2009. Por su parte, la inversión en atención primaria ha disminuido un 13.10 %. Este proceso de debilitación del sistema sanitario explica en gran medida por qué se ha llegado a esta situación de no derivación hospitalaria de personas mayores en las semanas críticas de la pandemia, con un contexto de mucha presión al sistema sanitario.

Los dos capítulos más extensos de este informe, y que también son los que más nos interesan aquí, son el 3 («Discriminación por exclusión generalizada de derivación a hospitales») y el 4 («Sin opciones y soluciones inviables: la supuesta “medicalización” de las residencias»). Los nombres de los capítulos son tan descriptivos que no haría necesario añadir mucho más, pero voy a recoger un par de fragmentos.

El capítulo 3 contiene un análisis muy interesante de los criterios éticos y legales relacionados con las derivaciones:

La Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 solicitó al Comité de Bioética del Ministerio de Sanidad un informe sobre las implicaciones éticas de las recomendaciones de la SEMICYUC para las personas con discapacidad. En su informe del 25 de marzo, el Comité enfatiza que la priorización de recursos sanitarios es algo consustancial al propio sistema de salud, y que los conflictos y dilemas éticos son algo también habitual en la asistencia sanitaria, al margen de la pandemia. Reconoce que «resultaría radicalmente injusto que las personas cuya salud está más amenazada por un eventual contagio del coronavirus fueran, a su vez, las más perjudicadas», y que «conceptos tales como “utilidad social” o similares no responden a los principios bioéticos que deben informar la toma de decisiones en el ámbito asistencial». Para el Comité de Bioética, la referencia a la «supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada» o a que los pacientes con «deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas, no serían subsidiarios de ventilación mecánica invasiva» no son compatibles con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El 3 de abril, el Ministerio de Sanidad emitió un informe donde recuerda que la discriminación por razón de edad está prohibida en la Constitución española.

A su vez, este informe documenta de manera exhaustiva la existencia de protocolos y recoge testimonios de decenas de personas afectadas. Destaco tres de estos testimonios:

A una trabajadora de un hospital público en Madrid le consta la aplicación del protocolo y la denegación de las ambulancias cuando provenían de residencias. Un médico de atención primaria de la Comunidad de Madrid confirmó a Amnistía Internacional, en relación con el protocolo sobre derivación, que «hubo un documento que yo he tenido en mis manos y que ha circulado de la Consejería a las residencias; donde decían lo que había que hacer, y qué había que seleccionar. Que gente mayor, con deterioro cognitivo, con enfermedades terminales, con ciertas patologías, con expectativa de vida escasa o limitada, no se derivase a hospitales, y que tuviesen una muerte digna en las residencias, con una sedación». Según el director de Coordinación Sociosanitaria, la existencia de dicho protocolo no significa que el criterio de cada profesional médico deba prevalecer en todo caso.

Una profesional sanitaria de un hospital público relata que «ese protocolo no lo teníamos. Se cuidaron muy mucho de enviarlo solo a los geriatras de las unidades de enlace, nadie más lo tenía. Solo lo tenía la gente que se dedicaba a eso. Es raro porque cuando das un protocolo de actuación médica, se lo das a todo el mundo. En este caso el documento por escrito solo lo tenían los geriatras. Normalmente las directrices se dan a todo el mundo por escrito y luego hay cuatrocientas reuniones, para hablar de los protocolos, es lo normal. Salvo este. Se envió solo a quien se tenía que enviar». Continúa explicando que «a efectos prácticos, era no (ingresar) a personas de residencias».

Una doctora de residencias de Madrid explicó cómo en unos días la situación cambió repentinamente: «Llamaba al 061 o a unidades de enlace, y si era mayor de 85 años y tenía situación de discapacidad física o intelectual, no era posible derivar. Las unidades de apoyo te ayudaban un poco, te mandaban medicación intravenosa. Cuando llamaba, me pedían nombre, DNI y las escalas Barthel y LOBO. Si tú decías que era mayor de 85 años, con mala puntuación en esas escalas, ya no había nada que hacer. Pedían edad, estado cognitivo y de movilidad. Y con el 061 era igual que con la unidad de enlace: si algo de lo que decías sobre el estado de salud previo del paciente o su pronóstico no les convencía, tenías que tratarle en el centro».

El capítulo 4, por su parte, menciona las deficiencias en la puesta en marcha de medidas alternativas para la asistencia médica adecuada de este grupo de personas vulnerables. Este capítulo recoge testimonios como el siguiente:

Una profesional sanitaria de un hospital público de Madrid cuenta que «en teoría, si una residencia no tiene médico, una enfermera no puede prescribir medicación. Aunque lo tuviera, la enfermera no puede poner nada sin prescripción médica. La enfermera no puede decidir sobre tratamientos agudos. No pueden poner la medicación cuando quieran ni como quieran. Y la cantidad de medicación a disposición dependerá de la residencia, puedes tener pero no lo puedes poner sin médico, y durante la pandemia se les acababa más rápido. Hay mucha variedad en el tipo de residencias. Hay otras que tienen de todo, otras de nada, en cualquier caso tienen pero para una urgencia».

También hay que destacar el pronunciamiento que realiza Amnistía Internacional en relación con el derecho universal a la sanidad que tenemos todos, vivamos donde vivamos y con el que estoy radicalmente de acuerdo:

Es una obligación básica del Estado garantizar el derecho de acceso a los servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables.

El derecho a la salud de las personas mayores está contenido en el artículo 12.1 del PIDESC, que reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que incluye la «creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad». Además, el PIDESC prohíbe la discriminación por diversos motivos y por «cualquier otra condición social».

El Comité ha declarado que «el ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto no debe depender del lugar en que resida o haya residido una persona, ni estar determinado por él, y que deben eliminarse las disparidades entre localidades y regiones, por ejemplo, garantizando la distribución uniforme, en cuanto al acceso y la calidad, de los servicios sanitarios de atención primaria, secundaria y paliativa».

Si el título del informe es explícito, las conclusiones no podrían ser más rotundas. Esta es una de ellas:

Las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19, en particular en Cataluña y Madrid, han sido inadecuadas y han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias; en concreto, el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. No solo eso, sino que las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho de las personas residentes a la vida privada y familiar.

El segundo informe que me interesa es el publicado en octubre de 2020 por el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC), titulado Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores y COVID-19: dificultades y aprendizajes[256]. Este informe es particularmente útil para analizar uno de los mayores fallos de la crisis, no solo en Madrid: la coordinación sociosanitaria. También dedica algunas páginas a la derivación hospitalaria, y en ellas afirma lo siguiente:

Una de las circunstancias más dramáticas de la pandemia, ampliamente reflejada en los medios de comunicación, ha sido la relativa a los obstáculos planteados desde distintas instancias a la hospitalización de los ancianos residentes en centros geriátricos contagiados por coronavirus. En un contexto de desbordamiento absoluto en buen número de hospitales (particularmente en las UCI), el establecimiento de mecanismos de triaje (como sistematización de los enfermos de acuerdo a la urgencia de la atención) era difícilmente evitable. No por ello resultó menos devastador para una sociedad en estado de shock.

Las consideraciones éticas en torno al racionamiento del acceso a un recurso sanitario crítico del que dependía literalmente la vida de los pacientes no podían por menos que resultar complejas en un contexto de escasez extrema. Pero la sospecha de que esa discriminación (es decir, proceso de «seleccionar excluyendo», utilizando la primera acepción de ese término según el diccionario de la RAE) no estuviera basada en una evaluación individualizada del estado de salud de cada paciente (tratando de discernir de entre todos los aspirantes a una cama de hospital, cuál se beneficiaría más en términos de salud de recibir ese tipo de tratamiento), sino en una categorización genérica por la cual todos los residentes en centros geriátricos fueran considerados irrecuperables, resultó moralmente inaceptable y provocó la indignación de amplios sectores de la sociedad.

A lo largo del informe también se recogen testimonios muy interesantes, de los que destaco dos. El primero, relacionado con una restricción del acceso de los mayores al sistema hospitalario que indudablemente se refiere a Madrid:

[…] llegó un protocolo sobre tema de derivación […] con unos criterios, que yo hice la revisión de las historias médicas con el médico que teníamos aquí en ese momento y mandamos las características de esos residentes al hospital (anonimizado), o sea, no sé si sabéis que ese protocolo decía que si tenía un GDS de 7 no se debería de derivar. Un GDS de 4 o 5 más un Barthel no sé ahora de qué número tampoco… Pacientes con una patología agravante como… con cáncer o afectación importante de otros órganos vitales pues tampoco… Luego ya, más tarde, mandó el hospital otro tipo de anexo en el cual teníamos que dejar justamente todo esto reflejado y combinar la derivación o no del paciente con la geriatra del hospital. Que aquí sí hubo personas que se han derivado. No todas, pero sí hubo un número de pacientes que se pudieron derivar.

Y el segundo, que es también muy significativo, subraya las argucias que tuvieron que utilizar familias o residencias para sortear estos protocolos:

Una familia que quería derivar a un anciano llamó al hospital diciendo que era un domicilio, la ambulancia no se llevó al residente al darse cuenta que era una residencia. La familia hizo presión y logró derivar, aunque luego murió.

Para terminar, voy a mencionar el informe de Médicos Sin Fronteras: Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España[257]. Se trata del primero que fue publicado, en agosto de 2020, y está muy apegado a los datos de la primera ola que se conocían por esas fechas. En la introducción ya se señala claramente cuál era el punto de partida y el papel al que se vieron abocadas las residencias sin estar preparadas para ello:

En el primer momento de la crisis, el foco de la respuesta se centró en el colapso del sistema sanitario, en los servicios de urgencias y las UCI de los hospitales, llegándose al punto de obstaculizar las derivaciones de pacientes desde las residencias. Estas últimas tuvieron que asumir de facto una responsabilidad para la que no estaban preparadas, ni dotadas, ni protegidas, con unas consecuencias desastrosas para residentes, personal y equipos de gestión, y un impacto directo en la alta mortalidad.

En lo que se refiere a los protocolos, hay un capítulo con un título elocuente: «Denegación de derivaciones a los servicios hospitalarios: ¿negligencia u omisión del deber de socorro?». El informe repasa las alternativas existentes y recuerda que no se tuvo en cuenta a los usuarios de residencias:

En España, y al margen de las limitaciones de las camas de UCI, debieron proponerse alternativas con los recursos disponibles, procediendo a derivaciones a hospitales, centros sociosanitarios, extensiones hospitalarias, hoteles «confort» o medicalizados u hospitales privados, ya que, en todos estos lugares, hubo plazas libres incluso durante las semanas del pico epidemiológico. En algunas de las comunidades que desarrollaron protocolos para restringir de facto las derivaciones se derivó a hospitales privados a residentes que contaban con un seguro privado, ya que sí había camas y recursos disponibles, como alternativa a dejarlos morir en la residencia.

En este informe también se recogen testimonios muy reveladores de directores de residencias y de trabajadores. Uno de los casos que mencionan es el de un enfermero, en el que no se específica de qué Comunidad Autónoma, pero reflejaría muy bien lo ocurrido en la Comunidad de Madrid:

En nuestro caso, teníamos la capacidad de atender a algunos pacientes que, en circunstancias normales, se hubiesen derivado sin problemas. Aquí hay un servicio médico y tenemos instalación de oxígeno, así que se hizo el esfuerzo mientras se pudo, porque ya nos habían dicho que el hospital no admitía los casos de residencias, por falta de camas. Pero llegó un momento en que hablábamos ya de riesgo vital, y no siempre relacionado con la COVID. Aquí los pacientes son de edad avanzada y una complicación de sus enfermedades crónicas es una amenaza. Se intentó derivar a dos residentes para los que ya no teníamos medios, pero desde el hospital nos confirmaron [que] no los admitirían. Me consta que nuestro médico insistió en la urgencia de esas derivaciones, pero le dejaron claro que de las residencias no se estaban haciendo ingresos. Sin más, no importaban los motivos para pedir la derivación. Los dos pacientes se murieron aquí en el plazo de dos días y, francamente, no tenía por qué haber sido así. Los dos eran recuperables.

Parecía que no se daban por enterados de algo que estuvimos repitiendo todos desde el ámbito de lo social durante esas fechas: que las residencias estaban para cuidar, pero no para curar. También aportaban otro testimonio, francamente dramático:

Llamabas al hospital de referencia y te decían: «Lo siento, hoy solo podemos admitir a una persona de residencias, elijan ustedes». Aun así, la ambulancia no venía a recogerla y fallecían en pocas horas o días.

El informe también incide en los aspectos éticos de la derivación y señala cuestiones tan importantes como las siguientes:

Como sucede con cualquier otra persona usuaria de la sanidad pública, los mayores que viven en residencias están sometidos a criterios clínicos de admisión en UCI y otros servicios hospitalarios. En una situación de saturación de las urgencias, como la que se vivió en varios puntos del país durante las etapas más agudas de la epidemia, esos criterios clínicos de admisión cobran aún más relevancia para asegurar que los medios existentes se ponen al servicio del paciente que tenga un mejor pronóstico vital. Cada caso debe ser valorado individualmente, con criterio exclusivamente clínico, psicológico y social. Los criterios de priorización deben ser objetivos, éticos y transparentes, aplicarse equitativamente y hacerse públicos si fuera necesario …

[…]

La realidad que observaron los equipos de MSF es que se dejó la asistencia sanitaria en manos del personal de las residencias, que no están en ningún caso equipadas y carecían en muchos casos de oxigenoterapia, respiradores o antibióticos intravenosos, elementos necesarios para algunos pacientes con COVID-19. Incluso faltaban los equipos de protección, pero sobre todo carecían de personal sanitario en una ratio proporcional a las necesidades y con la experiencia y formación acorde. Todos estos recursos se priorizaron para los hospitales, en detrimento de las residencias y de la población más vulnerable, que quedó en manos de las buenas intenciones de las personas que los cuidaban, solos frente a un enorme desafío, que en ocasiones era salvarles la vida o acompañarlos en la muerte.

La OMS alertaba, en un informe sobre la crisis de la COVID-19 en Europa, que «varios países de la región han emitido directrices que impiden el acceso de personas mayores a la atención hospitalaria», medidas que «no se recomiendan en los casos en los que la residencia no ofrezca estándares clínicos básicos de atención». «Debe asegurarse el acceso adecuado y apropiado a la atención médica, tanto en las derivaciones al hospital como en sus hogares y en atención primaria», continúa el informe, que indica que, en el caso de infección aguda, como es la COVID-19, se recomiendan el monitoreo de saturación y la suplementación temprana de oxígeno mediante máscara o cánula nasal si el oxígeno cae por debajo del 95 %. En este sentido, la OMS apunta que «si los servicios e instalaciones de las residencias no pueden proporcionar este tratamiento al paciente con disnea, entonces se le debe ofrecer una ubicación donde se le pueda proporcionar». «No hacerlo supone denegar el acceso a cuidados a estas personas —subraya—. Resultan preocupantes y no se recomiendan los ejemplos de personas mayores a las que se les niega atención (es decir, asesoramiento, oxígeno, monitoreo de saturación o acceso a hospitales o cuidados críticos) debido a su edad o su vulnerabilidad».

Y finalmente, también se posiciona claramente en sus páginas sobre la medicalización de las residencias:

La propuesta de medicalizar las residencias como única vía urgente y excepcional de respuesta fue más una promesa que una realidad. Sin embargo, de cara al futuro, es importante distinguir entre dotar a las residencias de recursos (oxígeno y quizá personal extra de enfermería o aumentando las visitas de atención primaria) y los cuidados de hospitalización (cuidados de enfermería y médico de guardia las 24 horas del día, acceso rápido y fácil a pruebas complementarias como laboratorios y rayos X, capacidad de asistencia urgente y reanimación cardiopulmonar en caso necesario, etc.). La medicalización de las residencias no debe prevenir o sustituir las debidas derivaciones a los hospitales u otra alternativa viable que asegure cuidados de calidad y respete la dignidad del paciente. Las residencias continúan siendo hogares.

Es evidente que soy más partidario de las posiciones expresadas por estas entidades que del comunicado de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pero eso no significa que tenga la razón. Creo que será muy útil que, en el futuro, académicos de la Ética o de la Filosofía del Derecho, estudien la cuestión y nos aclaren muchas de las dudas que inevitablemente nos surgen. Estoy convencido de que esto ocurrirá más tarde o más temprano. Nos merecemos un debate sincero y sosegado, que nos aclare cómo debemos actuar ante dilemas tan importantes que puedan surgir en el futuro.

Más allá de cuestiones éticas o de derechos fundamentales, mi punto de vista se resume en una frase que mencioné en mi comparecencia del 1 de junio en la comisión de Políticas Sociales: «O el residente va al hospital o el hospital va a la residencia»[258]. Me sorprendió gratamente verla reproducida más adelante en el Informe Anual 2020 del Defensor del Pueblo, publicado en 2021:

Si los residentes no van al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia. Ante la no derivación a los hospitales se debían medicalizar las residencias, algo que no ocurrió en todos los territorios durante los dos primeros meses de la pandemia, o sucedió tarde o de forma insuficiente[259].

Para terminar, la dramática situación que habíamos vivido durante esos meses terribles hubiera requerido de una explicación al más alto nivel, de la presidenta, por ejemplo, en la que, con liderazgo y transparencia, hubiera transmitido lo siguiente a los residentes y a sus familias: «La situación es de colapso en nuestros hospitales. No hay suficientes camas ni UCI dada la magnitud de la epidemia a la que nos enfrentamos. Nos vemos obligados a una decisión dolorosa: elegir quiénes pueden ser atendidos en los hospitales. No os preocupéis. Los que no puedan ser atendidos allí, lo serán en las residencias». Desgraciadamente no hubo ningún mensaje parecido (todo lo contrario, se negó el colapso) ni se produjo esa adecuada atención en las residencias.

El 2 de diciembre de 2020 se publicó la Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España, elaborada por un grupo de trabajo técnico muy variado[260]. En sus 107 páginas, hay un apartado que se llama «Marco ético», y que establece dos principios muy claros. El primero es la transparencia: «La toma de decisiones y la priorización realizada deben justificarse y comunicarse de forma clara y accesible; también las incertidumbres y la variación de criterios en un momento dado a la vista de unas nuevas circunstancias». Y el segundo es la rendición de cuentas: «Exige dar cuenta de los resultados alcanzados como consecuencia de la priorización adoptada, de modo que puedan ser objeto de escrutinio por parte de la ciudadanía y, en su caso, de exigencia de responsabilidades». Son dos principios que deberían guiar los pasos de un líder honesto. Por desgracia, eso no lo vimos en la Comunidad de Madrid.

Las competencias

Las relaciones entre el Gobierno central y el autonómico fueron tensas la mayor parte del tiempo. Esa era la estrategia marcada desde Sol. En lo que a mí respecta, ya he comentado mi agradecimiento a Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, con quien mantuve contacto desde el principio de la crisis y que siempre estuvo disponible. También he señalado que, pese a las trabas que nos ponían desde Presidencia, el Ministerio de Defensa atendió a nuestra petición de que la UME entrara en las residencias.

Sin dejar de reconocer la ayuda que nos prestaron, Margarita Robles, la ministra de Defensa, también hizo unas declaraciones bastantes incomprensibles en uno de los momentos más delicados de la crisis. El lunes 23 de marzo de 2020, durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, la ministra afirmó que, durante sus visitas a las residencias, «el Ejército se ha encontrado a ancianos abandonados e incluso muertos en sus camas»[261]. La propia ministra matizaría esas palabras poco después en una entrevista en esRadio afirmando que «la inmensa mayoría de residencias están funcionando bien, con unos trabajadores y asistentes que son encomiables» y que los problemas más graves se limitaban a «algún caso concreto»[262].

Las declaraciones me parecieron incomprensibles porque no aportaba ninguna información específica. No sabíamos a qué residencias se refería, ni siquiera en qué comunidades autónomas se encontraban. Porque recordemos que en España hay unas 5000 residencias de ancianos y que esas declaraciones podían ser muy alarmantes sobre la situación de las residencias. Esa misma mañana me preguntó la presidenta si alguna de las residencias a las que se refería la ministra estaba en Madrid. No lo sabíamos.

Las informaciones de las que disponíamos afirmaban que algunas personas fallecidas tenían que esperar más tiempo del habitual (y del deseable, claro) a que acudieran los servicios funerarios. Pero nada más. Ninguna residencia tenía ningún interés en incrementar el dolor de nadie. Tampoco es casualidad que poco tiempo después se abrieran morgues temporales para aliviar el atasco que se producía no solo en las residencias, sino también en los domicilios. Por mencionar la más conocida, la del Palacio de Hielo de Madrid, que se abrió al día siguiente de las declaraciones de la ministra. Pero no teníamos ninguna constancia de que los miembros del Ejército se hubiesen encontrado con un panorama como el que había descrito Margarita Robles.

Más allá de este caso, mi relación con el Gobierno central fue bastante normal. Eran tiempos para ir todos a una, no para tirarnos los trastos a la cabeza. Por el contrario, algunos de mis compañeros en el Gobierno autonómico acusaban constantemente a Pedro Sánchez y a sus ministros de estar gestionando mal la pandemia. Y no solo eso: sembraron la confusión en cuestión de competencias para beneficiarse políticamente o sacudirse responsabilidades. Estas son algunas citas al respecto, agrupadas por El País en una misma noticia[263]:

En los momentos más difíciles de Madrid [Pablo Iglesias] no ha estado a la altura. Tenía el mando único en las residencias y no ha tenido la dignidad de pisar una sola. […] ¿Dónde está el jefe de Reyero, que es Pablo Iglesias, además de echando gasolina en este debate y haciendo tanto daño? (Isabel Díaz Ayuso, 8 de junio).

El único mando responsable en todas las residencias de ancianos tiene nombre en nuestro país, y se llama Pablo Iglesias (Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, 9 de junio).

Usted asumió el mando único de las residencias de mayores, es decir, es el único que manda en este tema (Teodoro García Egea, entonces número dos del PP, dirigiéndose al propio Pablo Iglesias el 10 de junio en el Congreso).

Como vemos, distintos miembros del PP intentaban deslizar la misma idea cuando surgía el tema de los muertos en las residencias y la falta de derivaciones. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, hizo lo mismo en el pleno del 11 de junio de 2020, al criticar por primera vez los protocolos, pero dirigiendo su dedo acusador hacia Pablo Iglesias:

La muerte de nuestros ancianos —además, en condiciones indignas— y la mera existencia de protocolos para evitar su traslado a centros hospitalarios obliga a los dirigentes a asumir su responsabilidad. En Vox apoyaremos la creación de una comisión de investigación para que los responsables, ¡empezando por Pablo Iglesias!, ¡el máximo responsable!, y continuando, en su caso, por los miembros de este Gobierno, expliquen y respondan por lo sucedido.

El 19 de marzo, Pablo Iglesias asumió el mando único de los servicios sociales, quedando bajo su autoridad la gestión de las residencias de ancianos. ¡Ante millones de españoles asumió y aseguró que ningún ciudadano iba a quedar atrás! Hoy sabemos que miles de ancianos han muerto solos y abandonados en residencias en condiciones indignas; ¡les dejaron atrás!, ¡les dejaron atrás![264]

A estas alturas ya sabemos que lo de la comisión de investigación era mentira, ya que, después de las elecciones de 2021, el voto de Vox sirvió para cerrarla. Pero es interesante ver cómo empezó a señalar como responsable a Pablo Iglesias, igual que estaban haciendo algunos miembros del PP. Pero ¿qué tenía que ver Pablo Iglesias en todo esto? Retrocedamos un tiempo atrás para situar el origen de esta afirmación.

El 19 de marzo, Salvador Illa y Pablo Iglesias celebraron una rueda de prensa conjunta en la que explicaron las medidas aprobadas ese mismo día en un decreto y en una orden. Ninguna de esas normas afirmaba que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Iglesias, asumiera las competencias sobre las residencias; tampoco establecía un «mando único» para las residencias.

Lo que dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es que habían elevado un protocolo «acordado con las comunidades autónomas» a carácter de orden ministerial con el fin de «garantizar la restricción de visitas», de «garantizar una atención médica mínima» y de «cerrar aquellos centros de mayores que no tuvieran las mínimas condiciones».

En lo que se refiere a Pablo Iglesias, es cierto que aprovechó su intervención para enfundarse el traje de salvapatrias que tanto le gusta. Parece mentira que a estas alturas no conozcamos al personaje. Esa rueda de prensa me recordó a otra mucho más famosa celebrada en enero de 2016, donde sin encomendarse a Dios ni al diablo, se autoproclamó vicepresidente, responsable del CNI y no sé cuántas cosas más, después de reunirse con el Rey, sin que Pedro Sánchez, que supuestamente le nombraría, supiera nada.

Pero lo que en realidad afirmó Pablo Iglesias durante la rueda de prensa del 19 de marzo de 2020 fue lo siguiente:

Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros reforzando las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuanto antes[265].

La parte proporcional de esos 300 millones (37 755 146) llegó a la Comunidad de Madrid en las siguientes semanas y se utilizó con ese fin.

Supongo que Iglesias, celoso de que el ministro de Sanidad hubiera sido nombrado autoridad única en el decreto del estado de alarma, soñaba con que se le reconociera un estatus similar. Y por eso cayó en la sobreactuación durante esa rueda de prensa. Pero de ahí a sacar la conclusión de que era el máximo responsable de las residencias es ir demasiado lejos. Las competencias sobre las residencias no pasaron a manos del Gobierno central, sino que siguieron, como hasta entonces, en manos de las comunidades autónomas. No hay BOE que sustente lo contrario. De hecho, lo que afirma el decreto del estado de alarma no admite interpretación:

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Artículo 6. Gestión ordinaria de los servicios.

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.

La gestión de estos centros, igual que el resto de los recursos que están bajo el paraguas de la «asistencia social» que menciona el artículo 148.20 de la Constitución Española, siguieron siendo competencia de las comunidades autónomas. El mando único lo asumió en materia sanitaria a nivel nacional el Ministerio de Sanidad en el decreto del estado de alarma. Lo demás, son cuentos y ganas de enredar.

Pero esta historia está repleta de mentirosos que, en un momento insospechado, acaban enredándose en sus propias mentiras. Es lo que le ocurrió a la presidenta Ayuso el 18 de junio de 2020 en una entrevista con Sonsoles Ónega en el programa Ya es mediodía de Telecinco[266]. La presentadora le hizo una pregunta sin doble intención y que ni siquiera mencionaba el asunto de las competencias: «¿Por qué en el Ayuntamiento de Madrid sí ha sido posible el acuerdo y en la comunidad no?». Esta fue la respuesta de la presidenta: «Es cierto que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas, yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España, entonces es cierto que son distintas competencias». La contrapregunta de Sonsoles Ónega no se hizo esperar: «¿Nos está diciendo que gestionó las residencias, luego no fueron competencia del mando único?». Reproduzco la respuesta de la presidenta:

No, a ver, ya empezamos, la gestión de los servicios sociales… a ver el ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, de los hospitales que las competencias autonómicas y municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las residencias.

No os esforcéis por buscar un sentido a la respuesta, porque no lo tiene. Las competencias sobre las residencias las tenía la Comunidad de Madrid. Es mucho más sencillo.

Pero la verdad no solo se le escapó a la presidenta, sino también al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. Fue durante el debate del Estado de la Región del 15 de septiembre de 2020:

Dice usted: «Tráigame aquí un boletín oficial que diga que Pablo Iglesias asume el mando»; vale, bueno, a ver, no es el boletín oficial, es una noticia de La Sexta, que para usted puede ser más o menos algo así como creíble (Risas.): «Pablo Iglesias se pone al mando de los servicios sociales de toda España: vamos a construir un escudo social». Oiga, ¿está mintiendo La Sexta? ¿Lo está diciendo usted? ¡A ver si se están equivocando! (Aplausos.) ¿Esto qué es? ¿La caverna mediática? ¡Es La Sexta! «¡El ministro Illa ha puesto al mando de los servicios sociales de toda España al vicepresidente Pablo Iglesias!». ¡Oiga, eso lo dice La Sexta!, que ya sé que no es el BOE, pero usted le dará un poquito de credibilidad, pero bueno[267].

El diario de sesiones recoge la expresión «(Risas)». Y no encuentro otra manera de interpretarla diferente a «Nos estamos riendo de todos vosotros». Ellos se reían, pero a mí me parece muy triste que un partido de gobierno se maneje así en una cuestión tan grave.

¿Qué es lo que pasaba con esta historia? Pues que se trataba de otro bulo. Y de un bulo muy inteligente, todo hay que decirlo. La frase que encasquetaba las competencias de las residencias a Pablo Iglesias la entiende cualquiera. No funcionaría igual si dijera, por ejemplo: «Las competencias son del Gobierno central». Demasiado técnico. Incluir a Pablo Iglesias en la historia (el «malo» de la película, a ojos de mucha gente), le añadía ese componente emocional necesario para que un bulo prospere. Sobre todo, entre los convencidos. En eso consiste el populismo.

Desmentir un bulo exige explicaciones detalladas, complejas y, por qué no decirlo, aburridas. Ya lo hemos visto, hay que tirar de normativa. Un rollo. Es mucho más entretenida la primera frase. Así funciona esto. Por tanto, «las competencias de las residencias son de Pablo Iglesias». Punto final. Podríamos criticar la gestión de Pablo Iglesias en relación con las residencias por muchas cosas, pero en este caso es por la razón equivocada. No les importaba lo que hubiera hecho o no. Nunca les ha importado.

El objetivo principal de ese bulo era dar cumplimiento a una de las leyes de oro del PP: «Cuando algo sale mal, hay que buscar un culpable». Y a eso se le sumaba otro objetivo: confundir a la opinión pública, que no sabrá muy bien con qué carta quedarse y que llegará a la conclusión de que, como hay dos versiones de peso parecido, ninguna de las partes tiene razón. Lo cual se convierte de manera inmediata en el triunfo innegable de la mentira. Porque no hay dos versiones. Hay una que es falsa y otra que es verdadera. Lo demás es caer en sus trampas.

El 25 de junio aproveché un pleno de la Asamblea para dejar clara mi posición:

Es conocida mi posición respecto a la medicalización de las residencias, por otro lado, coincidente con la de otras personas relevantes en el ámbito sanitario, como hemos podido leer esta semana. Y solo remarcar que esta petición se ha hecho por tierra, mar y aire en cualquier reunión que hayamos tenido y en la que haya participado Políticas Sociales. Le puedo garantizar que yo no me he quitado de en medio y que yo sigo pensando que la responsabilidad de Políticas Sociales y de las residencias está aquí, está en esta comunidad autónoma y está en esta consejería[268].

El País utilizó mis palabras para titular ese mismo día: «El yo acuso de un consejero a su propio Gobierno: “La responsabilidad de las residencias está en Madrid”»[269]. La noticia explicaba que mis palabras contradecían la versión de Díaz Ayuso, empeñada en subrayar la responsabilidad del Gobierno central.

Pero hay una explicación aún más sencilla para entender que todo no era más que un bulo. ¿Os imagináis por un casual que, si Pablo Iglesias hubiera sido el responsable de las residencias, PP y Vox se habrían apresurado tanto en dar carpetazo a una investigación parlamentaria en la Asamblea de Madrid sobre su gestión? No, ¿verdad? Ahí lo tenéis. ¿Por qué? Porque era mentira.

La investigación

El pleno del 11 de junio será recordado por la performance de la presidenta lanzando un enorme listado de papel continuo que, supuestamente, contenía información sobre las actuaciones en las residencias de mayores de Madrid. Pero me gustaría destacar otras dos cosas de ese mismo pleno. La primera es que la presidenta siguió negando la existencia de los protocolos. Y la segunda es que informó de la apertura de una investigación interna para conocer lo ocurrido en las residencias. Vayamos por partes.

Respecto a la primera, Isabel Serra le dijo a la presidenta aquel día:

Ustedes, en vez de medicalizar las residencias, lo que hicieron fue aprobar cuatro protocolos distintos, que enviaron a las residencias y a los hospitales, en los que se excluía a las personas enfermas de COVID en función de su grado de dependencia. Esta orden que mandaron a los hospitales prohibía que los hospitales recibiesen a estas personas y les excluía del auxilio; de hecho, el 80 por ciento de las personas que murieron en residencias no fueron trasladadas a los hospitales. ¿Pueden explicarnos por qué las vidas de las personas dependientes valen menos que las vidas del resto de los ciudadanos? ¡Cómo es posible que ustedes —no un médico— decidiesen sobre esas vidas diciendo que no valían igual que el resto! Cuando salieron a la luz estos protocolos, en vez de abrir una investigación interna, de asumir responsabilidades, de pedir perdón, lo que han hecho es ¡mentir! Primero, usted dijo que eso era un borrador; después, el consejero de Sanidad dijo que se había enviado por error, ¡pero no fue un error!, y prueba de que no fue un error es que el consejero Reyero estuvo mucho tiempo insistiéndoles en que no aplicasen esa salvajada, y ustedes, en vez de hacerle caso, le retiraron y continuaron aprobando esa salvajada[270].

Frente a estas palabras, la presidenta volvió a negar la existencia de los protocolos:

No ha habido ni una sola orden pública, política, que haya decidido traslados o no; ¡no mientan! Ya hemos llegado a los 10 600 traslados; así que ¡no mientan! ¡Claro que ha habido traslados!, ¡y nunca ha habido una orden política! Y en los días más críticos, cuando nadie sabía qué hacer —que si el Gobierno de España no sabe qué hacer hoy con el COVID, ¡imagínese hace tres meses!—, en esas noches de infierno, cuando se estaban muriendo hasta 500 personas en la Comunidad de Madrid, con una alta carga viral en los hospitales, muchos criterios, siempre geriátricos o sanitarios, decidían o no si era mejor que esas personas se quedaran en su casa, que era la residencia, o que fueran a un hospital, donde a lo mejor no podían ni ser atendidos por la tensión a la que estábamos todos sometidos[271].

Estaban echando mano del falaz argumento de que siguió habiendo traslados a los hospitales en las peores semanas para negar los protocolos. Claro que hubo traslados, incluso durante las primeras semanas de la pandemia; lo que no significa que no se frenaran cuando más necesarios eran y que no excluyeran a muchos residentes. Sobre el argumento del colapso en los hospitales ya hemos comentado varias veces en este relato que el resto de los recursos disponibles nunca llegaron a agotarse y que durante una de esas «noches de infierno» a las que se refería la presidenta, en concreto la del 19 de marzo, ella misma había desmentido esa circunstancia: «La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos»[272].

En ese mismo pleno, la portavoz socialista, Pilar Sánchez Acera, preguntó por la coordinación entre la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales durante la crisis del covid. A esta pregunta contestó el consejero de Sanidad. La menciono, no por la respuesta de Enrique Ruiz Escudero, que no dijo nada relevante, sino por lo que afirmó la portavoz socialista, resaltando las mentiras y contradicciones de las distintas versiones:

Señor consejero, usted nos ha mentido. Usted dijo que no hubo protocolo; luego, dijo que el protocolo era un borrador y que nunca se firmó; luego, apareció firmado ese protocolo y dijo que no se había enviado, y ahora sabemos que hubo envíos masivos de esos protocolos de exclusión. ¡Usted nos ha mentido! ¿Piensa dar alguna razón de por qué ha querido ocultar esta realidad? Cuando usted vio ese protocolo, ¿pensó que era poco ético y posiblemente ilegal? Cuando el señor Reyero le expresó las dudas sobre lo legal y lo ético de ese protocolo, ¿usted qué hizo? ¿Miró a otro lado?

Mire, le voy a contar algo que es público y que ha pasado en la residencia Reina Sofía, de la Comunidad de Madrid. El 19 de marzo, cuando estaban esos protocolos por la Consejería de Sanidad y por la Consejería de Políticas Sociales, apareció el primer fallecido por coronavirus en esa residencia. El 31 de marzo —en 11 días— hubo 46 fallecidos de coronavirus en esa residencia. ¿Sabe cuántas derivaciones, ¡de esas famosas 10 600 que ha cacareado la presidenta de la Comunidad de Madrid!, se produjeron en la residencia pública Reina Sofía en esos días? ¡Cero, señor consejero!, ¡cero! ¡Ni una derivación para ninguno de esos mayores! ¿Tiene usted alguna explicación? Porque, para mí, la explicación es que ustedes quisieron evitar el colapso hospitalario que se iba a producir, y lo hicieron a costa de los mayores residentes de nuestra comunidad, porque pensaron que eran los más vulnerables y que iban a estar callados, ¡que era el silencio![273]

Respecto a la segunda cuestión —la apertura de una investigación interna para conocer lo ocurrido en las residencias—, en una respuesta a Rocío Monasterio, la presidenta Ayuso deslizó que había una investigación interna abierta sobre las residencias de la que no teníamos ninguna noticia:

¿Que hay que hacer una comisión de investigación? ¡Por supuesto! ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? ¡Por supuesto que también! Si queremos analizar qué ha pasado y, sobre todo, cómo reforzar las residencias a futuro, porque vamos a vivir más años y porque, probablemente, no será el único virus que venga y asole nuestro país, ¡por supuesto que estaremos ahí para hacerlo mejor!; pero, desde luego, ¡no pueden decir que a los mayores se les ha dejado morir ni tampoco pueden decir que ha habido criterios públicos o privados para ello![274]

Como no teníamos ninguna constancia de lo que estaba afirmando la presidenta y se montó mucho revuelo, las fuentes de Sol se ocuparon de aclararnos sus palabras. Al día siguiente, el ABC publicó una noticia con declaraciones del «equipo de la presidenta»: «Ayuso sorprende a Cs con una investigación interna sobre residencias de mayores»[275]. Aparte de relatar el asombro de los consejeros de Ciudadanos sobre esa investigación, mencionaba lo siguiente:

El equipo de la presidenta explica que todo comenzó hace un mes, cuando ante los choques ya entonces evidentes —y ahora descarnados— entre los consejeros de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), y Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero (PP), se le preguntó por la posibilidad de ceses. Ella lo descartó, pero apuntó que habría que evaluar lo hecho. Comenzó entonces a solicitar información sobre las actuaciones en residencias, y como prueba se presentó ayer en el pleno con un enorme listado de papel continuo donde, según dijo, se detallaban muchas de las medidas llevadas a cabo.

Pero la realidad es que nadie había solicitado información en ningún momento a la Consejería de Políticas Sociales. Casualmente, al día siguiente, el 12 de junio, desde Presidencia llegó una carta firmada por Díaz Ayuso que estaba dirigida a las directoras generales de mi consejería:

Como sabes, mi propósito es que la Comunidad de Madrid sea una administración eficiente, cercana y transparente, especialmente en todo lo que ha sido nuestro trabajo durante la crisis provocada por el Covid19.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer todas y cada una de las acciones que hemos puesto en marcha durante los últimos meses por haber tenido la responsabilidad de gestionar la epidemia más terrible conocida en décadas. Perciben una buena actuación por parte de la Comunidad de Madrid, si bien las residencias de ancianos y los mayores ante el Covid19 están generando expectación por parte de muchas familias afectadas. Por ello, te pido que me remitas antes del día 18 de junio el detalle de toda la actividad del departamento que diriges relacionada con esta pandemia a la siguiente dirección de correo electrónico: ******@*****.***

Necesito conocer cada una de las acciones que se han realizado desde el 15 de febrero hasta la fecha, especificando el día en el que han sido puestas en marcha.

Te agradezco tu colaboración, que servirá para demostrar, una vez más, nuestro compromiso con los madrileños, así como para explicar el trabajo que hemos desarrollado durante estos durísimos meses. Ellos merecen saberlo, y nosotros que se conozca.

Muchas gracias

Quizás esa era la razón por la que el ABC especificaba lo siguiente en el cuerpo de su información:

Ahora, el siguiente paso va a ser pedir informes por escrito a las direcciones generales de las tres consejerías que estuvieron coordinadas en la gestión de las residencias, desde que se dio el mando único a Sanidad: esta, la de Políticas Sociales y la de Justicia. No hay, aclaran, ninguna intención de «buscar culpables», previendo las interpretaciones que se puedan dar dada la tensión existente entre los socios de Gobierno por este asunto.

Todas las direcciones generales y organismos autónomos de mi consejería contestaron a ese correo con exhaustivos informes.

Le habíamos perdido la pista a este asunto hasta que un año después, el 13 de julio de 2021, El Independiente publicó la siguiente noticia: «Transparencia insta a Ayuso a informar sobre su investigación de los centros de mayores»[276]. Curiosamente, esta noticia se conoció dos días antes de que PP y Vox dieran carpetazo definitivo a la comisión de investigación sobre las residencias.

La noticia de El Independiente se debía a que el 25 de enero de 2021, un particular había dirigido una solicitud de información a la Comunidad de Madrid para conocer los detalles de la investigación interna anunciada por la presidenta Ayuso seis meses antes. Según informaba este diario, el solicitante había «tratado sin éxito, de conocer las conclusiones o la fase en que se encontraba dicha investigación, a quién y qué tipo de información se había solicitado, cuál había sido la cronología de los trabajos y qué consejería o equipo concreto había llevado a cabo la actuación, entre otras cuestiones concretas». Como no había obtenido una respuesta satisfactoria, este particular interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia.

En un primer momento, el Consejo había solicitado traslado del expediente a la Comunidad de Madrid, que le respondió que la información que le solicitaban no era un procedimiento administrativo «con algún tipo de audiencia o efectos públicos» y que Díaz Ayuso solo buscaba disponer de datos a nivel interno sobre la gestión de las residencias de mayores «para su conocimiento y, en su caso, propuesta de acciones o medidas adicionales».

Estas explicaciones no satisficieron al Consejo de Transparencia, que reclamaba la información con los siguientes argumentos:

Las actuaciones llevadas a cabo en el marco de una investigación por lo acontecido en las residencias de mayores a consecuencia de la crisis sanitaria derivada por el Covid-19 no pueden ser encuadrables dentro de la categoría de información auxiliar o de apoyo, al tener una incidencia directa en el proceso de toma de decisiones públicas y, por lo tanto, en el principio de rendición de cuentas en el que se basa la LTAIBG [Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno], que parte del acceso a la información para un adecuado control de las decisiones de los responsables públicos.

Meses más tarde, la Cadena SER recibió una respuesta sobre este mismo tema después de haber hecho una petición de información al Portal de Transparencia. «La investigación interna que anunció Ayuso de residencias fue una “consulta informal” a algunos departamentos», afirmaba el titular de una noticia publicada el 20 de noviembre de 2021[277].

La emisora contaba que la respuesta, firmada por el jefe del gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, rebajaba mucho las pretensiones de la investigación interna anunciada al etiquetarla como una «solicitud de información interna que se produce con cierta habitualidad y periodicidad en la gestión diaria de las funciones administrativas desarrolladas por los altos cargos y el personal de dirección de la Administración de la Comunidad de Madrid». Del mismo modo, afirmaba que no existía ningún documento con las conclusiones. Una vez más optaron por el oscurantismo, no fuera que la transparencia desnudara sus contradicciones.

Esta respuesta tan tibia no cuadraba muy bien con la petición expresa que había hecho a los directores generales en su carta del 15 de junio de 2020. Recordemos algunos de sus párrafos relevantes:

Como sabes, mi propósito es que la Comunidad de Madrid sea una administración eficiente, cercana y transparente, especialmente en todo lo que ha sido nuestro trabajo durante la crisis provocada por el Covid19.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer todas y cada una de las acciones que hemos puesto en marcha durante los últimos meses por haber tenido la responsabilidad de gestionar la epidemia más terrible conocida en décadas…

Te agradezco tu colaboración, que servirá para demostrar, una vez más, nuestro compromiso con los madrileños, así como para explicar el trabajo que hemos desarrollado durante estos durísimos meses. Ellos merecen saberlo, y nosotros que se conozca.

Y tampoco olvidemos las últimas palabras de esa carta, que muy bien podrían servir de título irónico a todo este episodio: «Ellos merecen saberlo, y nosotros que se conozca».

El vídeo

Hay algo que no puedo pasar por alto del pleno del 18 de junio. Durante las primeras semanas de la crisis se había hecho viral un vídeo, muy corto, en el que un supuesto médico explicaba cómo se estaba preparando el sistema de salud de la Comunidad de Madrid para excluir a las personas mayores de la atención hospitalaria. Pero no estaba datado y nadie sabía dónde se había grabado. Pues bien, la mañana del 18 de junio, El País publicó un reportaje, titulado «Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen»[278], que aportaba el contexto necesario y confirmaba su veracidad.

El vídeo se había grabado en el Hospital Infanta Cristina de Parla, tal y como había reconocido un portavoz del centro a El País. Recordemos que es el mismo hospital que había protagonizado una noticia publicada el 18 de mayo de 2020 en El Confidencial, la cual incluía un parte de alta que confirmaba la existencia de órdenes de rechazar a residentes con síntomas de coronavirus[279]. El parte no podía ser más explícito: «Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital».

El vídeo, pues, se había grabado en ese hospital, concretamente en una sesión preparatoria para un escenario inminente de colapso hospitalario que se había celebrado en la segunda o tercera semana de marzo de 2020, según explicó el mismo portavoz del centro. Esa sesión, además, tenía nombre: «La teoría del paréntesis». Esta expresión significaba que solo la población enferma que quedara dentro de los corchetes del paréntesis tendría acceso al hospital. «En los días siguientes los corchetes se iban a estrechar como unas pinzas. Un lado del paréntesis sería movido por las autoridades políticas, excluyendo a los vulnerables de mayor edad, y el otro por el hospital, dejando fuera a pacientes jóvenes con menor riesgo», explicaba la noticia de El País.

El periodista que firmaba el reportaje, Fernando Peinado, afirmaba que el taller de diecinueve minutos de duración fue grabado para que los compañeros de guardia pudieran conocer una información considerada «muy importante». En ese vídeo, el instructor dice cosas tan sorprendentes como las siguientes:

Ya se les está negando tratamiento a los ancianos de las residencias… Se les está dando terapia para infección bacteriana y si es un COVID, mala suerte.

Si queremos salvar a nuestros ancianos tendremos que asumir de alguna forma… arriesgar a que un paciente joven, que si empeora nadie le va a denegar una cama de UCI, esté en su casa.

Es posible que en las próximas semanas a un paciente de x edad se le deniegue el ingreso hospitalario porque necesitemos la cama para otro paciente que se beneficie más de ello. Esto es un trauma. Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen pero necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar.

Por el bien de los mayores, antes de que nos obliguen a echarlos del hospital, tenemos que priorizar el sacar a las personas jóvenes, a las que nunca se les va a denegar un recurso, para tener camas disponibles para los pacientes más ancianos.

Si no lo haces tú habrá alguien, algún administrativo que dirá «no cumple criterios de ingreso» y traerá a la policía y se lo llevará del hospital aunque tú no quieras.

Son decisiones drásticas horrorosas, que les costará la reelección política seguro, ¿vale? Les costará su cabeza, pero es necesario para la sociedad.

Las camas de UCI no son de mi hospital. Las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad que más se beneficie de ello, no por gravedad, sino por años de vida recuperables. Eso es drástico. Esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo.

Esto es un cambio de chip, ¿vale? No estamos preparados ninguno para esto. Lo sé.

Esa decisión nos va a venir de arriba.

La noticia de El País incluía una valoración con la que estoy muy de acuerdo: «En conjunto, queda claro que los fines de la sesión eran informar de una muy próxima decisión política que supondría excluir a los ancianos y adoptar decisiones de organización interna para retrasar el colapso del hospital de Parla». ¿Una decisión política? Sí, una decisión política.

Cuando leí la noticia publicada esa mañana y pude ver el vídeo completo minutos antes del pleno, aparte de confirmar lo que ya sabía o intuía, pensé en lo difícil que era para un responsable político dar la cara cuando se conoce una información de ese calibre. Con solo un diez por ciento de lo que aparecía en esa noticia, yo habría corrido a esconderme debajo de la cama y la guardia civil no podría sacarme de ahí. Pero siempre encuentran una excusa, por inverosímil que parezca.

La Consejería de Sanidad respondió lo siguiente tras la publicación del vídeo: «Es una sesión interna en la que se simulaban las distintas posibilidades que podían ocurrir y diferentes formas de actuar según el escenario de inicio de la pandemia. Como simulación que era, no estaba sujeta a ningún protocolo ni directriz específica». El consejero de Sanidad, además, afirmó que el vídeo se había grabado el 18 de marzo, casualmente el mismo día que enviaron la primera versión del protocolo y cinco días después de que se hubieran puesto a trabajar en el mismo. Que en el vídeo dijeran que «ya se les está negando tratamiento a los ancianos de las residencias», confirmaría que el frenazo había comenzado unos días antes de que se enviaran los protocolos, tal y como nos habían trasladado en el SUMMA 112.

La propia presidenta escribió un tuit ese mismo día que se sumaba a la excusa del simulacro: «Después de lo vivido, de los momentos tan duros afrontados, los hospitales de Madrid tienen que defenderse de filtraciones y bulos. Esto no eran instrucciones sino una sesión interna entre médicos para analizar todos los escenarios posibles de pandemia»[280].

Pero lo cierto es que la difusión de este vídeo cerraba un círculo sobre lo ocurrido en el Hospital Infanta Cristina de Parla. En él se explicaba cómo se iba a denegar el ingreso hospitalario a las personas mayores. Días más tarde, se firmó un parte de alta de urgencias que rechazaba un ingreso siguiendo «directrices de la dirección médica». Y la persona rechazada acabó falleciendo en su residencia tres días más tarde. Es muy difícil contemplar estos hechos de manera aislada, por muchas excusas que pongan.

Sus excusas siempre me recuerdan a la escena de Casablanca en la que el capitán Renault ordena a sus guardias que cierren el local de Rick (Humphrey Bogart). «¡Qué escándalo, aquí se juega!», responde cuando le preguntan por la razón de la clausura. Mientras, un empleado del local le entrega un sobre diciéndole: «Aquí están sus ganancias de esta noche». Su capacidad para encontrar respuestas para todo es admirable. Lo preocupante es que, como sociedad, traguemos con estos niveles de cinismo.

La medicalización (II)

La grotesca historia que viene a continuación la seguí a través de la prensa y de la comisión de investigación. No poseo ningún documento personal sobre ella porque me mantuvieron al margen en todo momento. Pero, aun así, merece la pena detenerse en ella porque sintetiza muy bien una manera de hacer política, muy típica en la Comunidad de Madrid, en la que se mezcla el nepotismo y la chapuza. Me estoy refiriendo a la entrada en escena de Encarnación Burgueño y de la «operación bicho».

Mi primera información sobre ella, aunque aún no recibía ese nombre, fue gracias a una noticia de El País, publicada el 6 de abril: «Ayuso coloca a la hija del ideólogo de la privatización sanitaria del PP a gestionar la crisis de las residencias»[281]. La noticia contaba que Encarnación Burgueño y su empresa Cardio Líder estaban coordinando la respuesta a la grave situación de las residencias por el coronavirus, ofreciendo un perfil bastante poco favorecedor sobre la profesionalidad de la protagonista:

«Carece de experiencia relevante en el sector».

«En los últimos años ha sido jefa de ventas de Telepizza, trabajadora de una inmobiliaria y teleoperadora».

«Cardio Líder no figura como empresa en el Registro Mercantil».

«Cardio Líder es una mera marca utilizada para la comercialización de desfibriladores».

Según la noticia, el único atributo relevante de Encarnación Burgueño parecía ser el de «hija de». En este caso, de Antonio Burgueño, de quien ya hemos hablado con anterioridad. Recordemos que la presidenta Ayuso le había fichado en los primeros días de marzo, en aquella reunión celebrada a nuestras espaldas en Sol, como principal asesor externo para el coronavirus, aunque ya arrastraba una dilatada carrera dentro de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid.

Entonces, el nombramiento de Antonio Burgueño despertó bastante polémica. Entre las críticas más destacadas, estaba la de José Ramón Arribas, jefe de Sección de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Hospital La Paz-Carlos III, que había ejercido como teórico portavoz del Gobierno para el coronavirus durante los primeros momentos y que solicitaba «respetuosamente» en un tuit a Isabel Díaz Ayuso que reconsiderara su decisión, porque Antonio Burgueño era «una persona que cuenta con el rechazo de gran parte de la sanidad madrileña»[282].

Pero igual que supimos del nombramiento de Antonio Burgueño con bastante estruendo, nunca se nos comunicó su destitución, que debió producirse a las pocas semanas. Nadie dio nunca ninguna explicación sobre ella. Durante las noches de abril y mayo, la presencia de Antonio Burgueño se hizo habitual en un programa de El Toro TV contestando preguntas sobre el COVID.

Volviendo a la información publicada el 6 de abril en El País, en ella se nos contaba que Encarnación Burgueño dirigía un pequeño equipo de profesionales que había visitado más de 100 residencias en la región y que había realizado una «evaluación de la situación y necesidades». «Siempre lo hacemos por encargo y en colaboración con la Consejería de Sanidad», afirmaba la propia protagonista de la noticia. La Consejería de Sanidad, por su parte, rebajaba su trabajo a «un apoyo puntual que se buscó en el inicio del impacto de la epidemia en las residencias», según la propia noticia.

La actuación de Cardio Líder no estaba siendo muy bien valorada entre los profesionales. Un médico denunciaba lo siguiente: «Intervinieron unilateralmente, sin pedirlo nosotros, en una residencia y fue peor el remedio que la enfermedad. El médico no se debía de haber leído ni el protocolo de derivación. Horrible, muy mal coordinado. Así que hemos pedido que no vuelvan a ir». La publicación de esta noticia ese 6 de abril supuso el final abrupto de los trabajos de Encarnación Burgueño y su equipo.

No volvimos a saber más de ellos hasta el 22 de junio. Ese día, El País publicó la siguiente noticia: «Los 12 días de la “operación bicho”: el fiasco del plan de la Comunidad de Madrid para salvar las residencias»[283]. En ese momento conocimos muchos más detalles sobre esa confusa operación y, lo más sorprendente, pudimos leer la transcripción de unos mensajes de WhatsApp de Encarnación Burgueño que definían muy bien lo grotesco del personaje:

A ver, operación bicho al habla. Me acaba de llamar el señor Carlos Mur. Me tenéis que mandar los EPI que necesitéis, ¿vale? Con un margen de dos o tres más por equipo, ¿vale? Los EPI que se necesitan para a primera hora él decir dónde tenemos que ir a por ellos. ¿Vale? Y mañana por la mañana nos dice. Me ha dicho que hay diez residencias que están fatal y unas treinta que están mal. O sea, mañana si acaso empezaríamos a primera hora de la tarde o en cuanto lo tengamos todo organizado. Lo tengáis todo organizado. ¿Vale? Si no, empezamos haciendo radiografías, que no pasa nada. ¿Vale? Pero por lo menos ir a echarles un cable y a ver cómo lo podéis ir organizando vosotros.

Ejem, llevamos en torno a 8600, yo ya pondría con los que me faltan unos 8700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso?, ¿sabéis el curro que habéis hecho? Es increíble. O sea, increíble. En una semana y poco. Una semana. Porque empezamos el viernes de la semana anterior. En una semana. Flipo colorines, tíos. Flipo colorines de lo que valéis. Joder como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, Comunidad Autónoma, ¿vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga. Que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa. Gracias. Muchísimas gracias.

Las transcripciones revelan el lamentable nivel de la «operación bicho», pero no dejan de ser una anécdota. Trágica, pero una anécdota. Lo grave es que una Comunidad como la de Madrid, con un presupuesto en sanidad que supera los 8000 millones de euros, pusiera en marcha un plan como este en la peor crisis sanitaria de los últimos cien años. Con una autónoma sin trabajadores a su cargo y sin experiencia en el sector, que tuvo que subcontratar a una empresa de ambulancias de Ávila cuyos médicos no estaban ni siquiera dados de alta en la Seguridad Social. Más propio de un episodio de Aquí no hay quien viva que de la comunidad autónoma con el mayor PIB de España.

Ese 22 de junio reapareció en escena Carlos Mur, quien había sido director general de Coordinación Socio-Sanitaria hasta su cese en el mes de mayo, admitiendo a El País que las residencias de Madrid se habían quedado sin apoyo médico relevante hasta el 6 de abril, sorprendentemente el mismo día en el que había saltado la primera noticia sobre la «operación bicho». «Ese día comenzó un “plan de choque ordenado”, con la participación de Samur, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, recursos humanos de los hospitales y profesionales de las mutuas de salud, entre otros»[284]. O sea, que lo que se había hecho los once días anteriores en los que llevaba en vigor el plan de choque (en un momento dramático, no lo olvidemos) había sido un plan desordenado.

Y continuaba afirmando que «hasta ese día no hubo suficiente personal para medicalizar las residencias… Fue insuficiente (el apoyo a las residencias), pero insuficiente fue todo. Faltaba material de hospitales y recursos de todo tipo». Recordemos que estaba hablando del 6 de abril, veinticinco días después de que el consejero de Sanidad anunciara a bombo y platillo que «las residencias se van a medicalizar». En esas mismas fechas sí había habido tiempo y recursos para poner en marcha, entre otras cosas, el hospital de campaña de Ifema, para el que habían movilizado, según decían las informaciones publicadas, más de mil sanitarios.

Sobre la «operación bicho», Carlos Mur dijo lo siguiente al mismo medio: «Tenían un voluntarismo importante pero evidentemente no era el de personas preparadas». Y añadía: «Vimos que había alternativas mejores para lograr la medicalización».

No volvimos a saber nada más del plan de Encarnación Burgueño hasta el 4 de diciembre de 2020. Esa mañana, en la que estaba prevista su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea, El País dio a conocer los audios de Encarnación Burgueño que solo conocíamos a través de sus transcripciones. El título de la noticia era el siguiente: «“Operación bicho al habla”: los audios de la mujer que quiso ser reina de las residencias en Madrid»[285]. En ella se relataba el plan fallido para llevar médicos a las residencias de mayores de Madrid durante las peores semanas de la crisis. Animo a quien no los haya escuchado a que lo haga y que no se quede solo con las transcripciones recogidas páginas atrás.

Más allá de estas revelaciones, la noticia recogía un nuevo documento firmado digitalmente por Carlos Mur. En esta ocasión, se trataba de un acuerdo datado a las 16:54 del 25 de marzo en el que se encargaba a una empresa subcontratada por Burgueño «prestar sus servicios en la gestión integral de la crisis COVID-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid». Este documento da a entender que el encargo no solo era de «apoyo puntual», tal y como había asegurado la Consejería de Sanidad, sino que se le encargaba «la gestión integral».

Ya he relatado que esa misma tarde, la del 25 de marzo, me había ido a casa desesperado después de un Consejo de Gobierno decepcionante y que había empezado a pensar seriamente en una posible dimisión. Pues bien, esa misma tarde en la que no me conecté a la reunión telemática con los portavoces de la Asamblea porque no podía más, Carlos Mur firmaba un acuerdo (incluido en la información de El País) con el siguiente objeto: «Va a prestar sus servicios en la gestión integral de la crisis Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid». Nada más y nada menos. La gestión integral, a una persona sin medios y sin preparación. Ese documento revelaba en qué consistía la tan mentada medicalización y era el único documento en el que se materializaba.

No puedo dejar de mencionar el intercambio que se produjo durante la comisión de investigación entre Encarnación Burgueño y la portavoz de Ciudadanos, Ana García, porque es alucinante:

La Sra. GARCÍA GARCÍA: ¿Usted habitualmente desempeña sus servicios sin tener ningún tipo de contrato?

La Sra. BURGUEÑO JEREZ: ¿Qué?, perdón.

La Sra. GARCÍA GARCÍA: ¿Usted habitualmente presta sus servicios sin tener ningún tipo de contrato?

La Sra. BURGUEÑO JEREZ: ¿Con prestar servicios a qué se refiere? ¿A ayudar a las personas? Yo soy autónoma. Aparte de eso, tengo mi preparación, y si a mí la responsable de una residencia me llama y me dice que si me puede llamar el hijo de una persona fallecida, que no consigue que le hagan caso en la funeraria para que vayan a por su familiar, yo, como he hecho siempre —porque yo he vivido en un pueblo y siempre lo he hecho—, he ayudado a quien me lo ha pedido. ¡Siempre![286]

Que ese acuerdo estuviera firmado el 25 de marzo (un día antes de anunciar el Plan de choque) indica que ya llevaban algún tiempo hablando sobre ello. Mientras yo me desgañitaba pidiendo ayuda, en la Consejería de Sanidad seguían trabajando en paralelo sin informar de nada a la Consejería de Políticas Sociales. La existencia de ese acuerdo también demostraría que se trataba de un trabajo sancionado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Algo que es gravísimo.

La comparecencia de Encarnación Burgueño el 4 de diciembre en la comisión de investigación no pudo ser más esperpéntica y demostró la trágica chapuza con la que se había manejado una cuestión tan importante. Lo de menos es que Encarnación Burgueño no tuviera ni empresa ni recursos, que tuviera que subcontratar a una empresa que contaba con una quincena de sanitarios y varias ambulancias. El relato provocó «estupor en la Asamblea de Madrid por el relato de caos de Encarnación Burgueño, la mujer que dirigió la “operación bicho”», como tituló ese día su crónica Fernando Peinado en El País[287].

Dos días después, el 6 de diciembre, El País publicó una entrevista con Encarnación Burgueño que puso broche final a un relato a mitad de camino entre el esperpento y la tragedia, y que nos señala la frivolidad con la que acometieron la medicalización de las residencias y la pata sanitaria del Plan de Choque[288]. Al ser preguntada por su cualificación para el puesto, Encarnación Burgueño responde cosas de este tipo: «Trabajé en 2005 en la apertura de la residencia en mi pueblo, San Martín de Pusa, en Toledo». Es decir, en esos momentos en los que el residente no iba al hospital, el hospital no iba a las residencias. Se limitaban a enviar a Pepe Gotera y Otilio a algunas residencias a ver si podían hacer algo. En la Comunidad Autónoma con mayor PIB de España.

La dimisión

La primera vez que se me pasó por la cabeza dimitir fue después del Consejo de Gobierno del 25 de marzo. La tremenda insensibilidad a las llamadas desesperadas de auxilio que hacíamos desde la Consejería y la sensación de que mi presencia era contraproducente me empujaron a planteármelo de manera seria y a comunicarlo internamente.

Pero la noticia que publicó Okdiario al día siguiente, durante la noche del 26 de marzo (recordemos el titular: «Ayuso aparta a Cs de la gestión de las residencias de mayores e impone un mando único»), me convenció de que sería más útil dentro de la Consejería que fuera y de que tenía que aguantar.

Y aguanté hasta que el 9 de junio, otra vez, pensé en que había llegado el momento. El estado de alarma ya estaba terminando y tampoco llevaba bien que la dirección del partido no me hubiera respaldado más en la guerra en los medios. Eso lo veía todo el mundo, no solo yo. Tenía presente en esos momentos, por ejemplo, las palabras de Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, cuando denuncié los protocolos en la Asamblea y que fueron recogidas por El País: «Hemos salido todos a dar la cara por Reyero menos sus compañeros de partido. Es bochornoso»[289]. O las de Isabel Serra, portavoz de Podemos, pronunciadas durante el pleno del 11 de junio en la Asamblea y en las que se dirigía al vicepresidente Ignacio Aguado, de mi propio partido: «Es una vergüenza oírle hablar de este tema quitando hierro al asunto, como si no hubiese pasado nada, sosteniendo a los responsables de todo esto con tal de preservar su sillón. Usted está dando la espalda a su consejero, ¡el único coherente!, y a los mayores abandonados». ¿Cómo no me iba a sentir solo?

Aunque el responsable no era Aguado, me sentía abandonado y tampoco entendía la postura del partido. Siempre había creído que una de nuestras señas de identidad era contar la verdad. Sin nuestra presencia, lo ocurrido en las residencias se habría escondido. Se habría destruido a martillazos si hubiera sido necesario. La denuncia contra los protocolos demostraba que éramos distintos. No quisieron darse cuenta de que el objetivo no era yo, sino el partido. Era obvio porque nunca se olvidaban de mencionarlo en sus titulares. Pero en la dirección optaron entonces por no hacer ruido y por el espejismo de una continuidad que acabó como todos ya sabemos.

La decisión no era sencilla para mí. Me preocupaba que mi dimisión se interpretase como un reconocimiento de que yo era el culpable de la situación. Dimitir es una rareza en este país, salvo que le hayan pillado a uno con el carrito de los helados, lo que no ayuda nunca a quien quiere dimitir por otras razones.

Alguna persona me recordó las palabras de Camilo José Cela en el discurso de recepción del Premio Príncipe de Asturias de 1987 y que en el PP siguen a rajatabla: «En España, el que resiste, gana»[290]. Pero yo no estaba dispuesto a resistir. ¿Para qué? Es posible que dimitiendo perdiera la batalla política, pero a esas alturas me importaba una mierda mi carrera política. Eran mucho más importantes mi dignidad y mi conciencia.

Los Consejos de Gobierno y los plenos se habían acabado convirtiendo en un tormento. Los integrantes del PP siempre me habían parecido excesivamente conservadores, especialmente en cuestiones que afectan a la moral individual. Sus continuos comentarios despectivos sobre la eutanasia o los derechos LGTBI me sacaban de quicio. Muchas veces me preguntaba qué hacía sentado a su lado. Sobre la eutanasia tuvimos un pequeño debate después de un Consejo de Gobierno durante el mes de julio. En esos días se estaba debatiendo en el Congreso la ley de eutanasia que finalmente sería aprobada. Uno de los consejeros más conservadores del Gobierno comentó que después de la cantidad de mayores que habían fallecido en las residencias a la izquierda no le iban a quedar muchas ganas de aprobar la eutanasia. Tal cual.

Yo me quejé en voz alta: «No sé qué tiene que ver la eutanasia con lo ocurrido en las residencias. No creo que haya sido precisamente tibio con lo ocurrido en relación con la atención sanitaria de los mayores y estoy a favor de la eutanasia. Son dos cosas totalmente distintas». El consejero que hizo ese comentario se disculpó y retiró lo dicho. Entendió que no era el momento de mostrar diferencias en una cuestión que nos separaba a los dos partidos, pero ponía en evidencia cómo entendían los criterios de exclusión en los hospitales: como una especie de eutanasia.

Cada día se me hacía más cuesta arriba compartir silla con aquellos que no solo minimizaban lo ocurrido en las residencias, sino que además habían querido responsabilizarme injustamente de todo ello. A estas alturas me molestaba todo lo que hicieran o dijeran.

El problema no eran solo ellos, empezaba a serlo yo. Llevaba semanas que no aplaudía las intervenciones de la presidenta, que cada vez me parecían más fuera de lugar. Y me daba la impresión de que empezaba a resultar molesto incluso para mis propios compañeros. Tenía que salir de ahí y con urgencia. La perspectiva de la próxima finalización del estado de alarma, el 22 de junio, me abría una ventana para dar por terminada mi experiencia como consejero. Dimitiría en el momento en el que pudiera hacerlo de manera responsable.

Llamé a Aguado por teléfono y le comuniqué mis intenciones, no solo de dimitir como consejero, sino también de abandonar mi escaño en la Asamblea. Creo que se sorprendió, aunque quedamos en hablar más adelante. También hablé con César Zafra, el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, quien trató de convencerme de que continuara. Aguado también lo hizo unos días más tarde. Y aunque no era lo que quería hacer, acabé aceptando que haría lo posible por aguantar.

Durante esos días, las «fuentes» de Sol seguían a lo suyo. El Confidencial publicó una noticia el 13 de junio con el siguiente titular: «Ayuso y Aguado aparcan la crisis a agosto: el precio, las cabezas de Escudero y Reyero»[291]. La noticia pintaba un futuro en el que yo estaba fuera del Gobierno, tal y como anhelaba, pero no quería que fuese por un cese. Yo quería irme por mi propio pie.

El sábado 20 de junio me fui a pasar el día en la sierra con mi mujer y llegué a la conclusión de que ya no aguantaba más. El lunes por la mañana, el mismo día en que se acabó el estado de alarma, llamé a Aguado y le dije que me lo había pensado mejor y que iba a dimitir. No me contestó nada concreto, pero intuí que no le gustó. Hay detalles que no se me escapan después de muchos años de convivencia política.

Ese mediodía entró en juego el partido por primera vez de manera directa. Me llamaron y estuve en dos ocasiones en la sede de Ciudadanos de la calle Alcalá. No voy a contar las conversaciones que mantuve ni con quién me reuní, pero el caso es que tomé la decisión de no dimitir entonces y de mantener el escaño.

Es verdad que me pude ir en ese momento. A las bravas. Pensaran lo que pensaran en el partido, no dejaba de ser una decisión personal. Pero preferí esperar a contar con el beneplácito de la dirección. Sentía que les debía una por haber confiado en mí para ir en listas dos veces y por haberme nombrado consejero. Por absurdo que pueda parecer ahora, eso era lo que estaba en mi cabeza entonces. Por esa razón decidí aguantar hasta la vuelta de las vacaciones.

Uno de los motivos por los que en el partido me pidieron que aguantase fue la cercanía de la posible reprobación del consejero de Sanidad. Poco después de que se conocieran los protocolos en su integridad, el grupo parlamentario de Unidas Podemos presentó una iniciativa para reprobar la actuación política de Enrique Ruiz Escudero. En el texto de dicha iniciativa hacían un repaso de los últimos meses y concluían con un párrafo que resumía las razones para su presentación:

Tras conocer la existencia de unos protocolos que han podido tener efectos gravísimos en cuanto a la violación del derecho a la protección de la salud y discriminatorios para las personas con discapacidad, y al comprobar que por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha dado más que información contradictoria sin asumir responsabilidades, presentamos la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Asamblea de Madrid reprueba la actuación política del consejero de Sanidad, Sr. D. Enrique Ruiz Escudero por su gestión de la crisis del COVID-19, y por tanto exige su dimisión o cese inmediato[292].

Esta iniciativa fue calificada por la Mesa de la Asamblea y se fijó el pleno del 25 de junio para su debate y votación. Hacia esas fechas, algunos medios empezaron a especular acerca de la intención de mi voto. El más crudo de todos fue El Confidencial, que tituló así el 24 de junio: «Ciudadanos intenta evitar un “reyerazo” que precipite la crisis de gobierno en Madrid»[293]. Me molestó mucho el término «reyerazo». Me pareció que comparar el voto de reprobación a un consejero con uno de los mayores casos de corrupción de la reciente historia madrileña (conocido como «Tamayazo») superaba lo mínimamente admisible. Después de más de tres meses sin tuitear (mi último tuit era del 19 de marzo) publiqué los dos mensajes siguientes:

En lugar de debatir por qué no se medicalizaron las residencias o por qué se excluyó a personas dependientes o con discapacidad de la atención hospitalaria, salimos con esta vileza. Ya está bien[294].

El que quiera reducir todo a un enfrentamiento con un compañero de Gobierno o a una lucha entre partidos políticos es un miserable. Yo no estoy en eso[295].

El revuelo acerca de mi posible voto a favor de la reprobación obligó a Ignacio Aguado a contestar sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 23 de junio. La Cadena SER publicó una noticia cuyo titular también seguía la senda del «reyerazo»: «Aguado descarta un “reyerazo” y afirma que ningún miembro de su partido apoyará la reprobación de Escudero»[296].

Mientras tanto, la presidenta Ayuso sostuvo en una entrevista en Antena 3 que esperaba que yo votara en contra de la reprobación del consejero de Sanidad, ya que era el «momento de demostrar el trabajo realizado unidos». Era la misma entrevista en la que afirmó por primera vez que no me habían retirado las competencias de las residencias durante la crisis del coronavirus[297].

El debate sobre la reprobación tuvo lugar el 25 de junio. Las intervenciones de los portavoces de los grupos de oposición fueron un buen resumen de toda esta situación. Pero destacaré dos frases breves. La primera, de la portavoz de Podemos, Paloma García Villa: «Esta denegación de atención sanitaria ha sido una decisión política de este Gobierno, y eso, señorías, ¡se llama eugenesia!»[298]. Y la segunda, de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, dirigiéndose a Vox, que seguía pidiendo mi cese y que, al mismo tiempo, se negaba a reprobar a Escudero porque sostenía que antes era necesaria una comisión de investigación: «Señores de Vox, me tienen que explicar esta disociación cognitiva por la que al señor Reyero había que cesarle inmediatamente y el señor Escudero, en cambio, necesita una investigación exhaustiva en una comisión de investigación»[299].

Me ausenté durante todo el debate de la reprobación y solo entré en el hemiciclo para la votación. A pesar de las especulaciones previas, voté lo mismo que mi grupo parlamentario. Como he hecho siempre en mis diez años de parlamentario regional. En un mundo ideal yo habría votado a favor de la reprobación, pero por encima de lo que yo pensara, estaba la disciplina de partido, en la que siempre he creído. Total, que voté en contra de la reprobación del consejero de Sanidad.

Cuando se conocieron los resultados de la votación —36 votos en contra de la reprobación y 34 a favor— los diputados del PP aplaudieron en pie. Mientras lo hacían, yo me marché del hemiciclo. Lo resumió muy bien El País:

Al final del día, Reyero vota junto a PP, Cs y Vox para evitar el desdoro a su compañero de Sanidad. Sin embargo, hace patente su desacuerdo: se ausenta de todo el debate, no vuelve a la Cámara hasta el último segundo antes de votar, y es el primer diputado en marcharse. Una forma de combinar el respeto de la disciplina de partido con la expresión gráfica de su crítica a la gestión de la pandemia[300].

No hace falta que cuente cómo me sentía al salir del hemiciclo.

Es curiosa la interpretación que hicieron de esa votación otros medios, como El Confidencial, que tanto había insistido en la posibilidad de un «reyerazo» durante los días previos: «Reyero cede a la presión y no reprueba a su “enemigo” Escudero por las residencias»[301]. Cumplir con mi obligación como diputado de un grupo parlamentario era «ceder a la presión». Y lo más triste era que el periodista que escribía estas cosas era el mismo que solo un mes antes había denunciado lo que le había ocurrido a una residente en un hospital de Parla y sobre lo que no volvió a hablar.

La intoxicación

A pesar de todo el ruido mediático de las primeras semanas de junio, la publicación de mis correos a Ruiz Escudero y mis intervenciones en la Asamblea sirvieron para que el relato de Sol sobre mi responsabilidad empezara a revelar su inconsistencia. En esos días recibí muchos mensajes de apoyo. Desde secretarios de Estado, entidades sociales, patronales, sindicatos, compañeros de partido, amigos y familiares. Nunca se imaginarán lo que entonces significaron para mí esas palabras cariñosas. En la mayoría de los casos no tenían por qué hacerlo. Todos ellos quedarán en la intimidad de mis conversaciones telefónicas o de mis mensajes de WhatsApp, pero les estaré siempre muy agradecido.

Sí voy a destacar otras que fueron públicas. Por ejemplo, las de Isabel Serra, la portavoz de Podemos, en una entrevista publicada en elDiario.es el 4 de junio de 2020, que ya he mencionado con anterioridad[302]. A la pregunta que le hacían acerca de mi gestión, contestaba lo siguiente: «Que está siendo muy claro. Dijo que pensaba que lo que contenía ese protocolo no era ético, y tampoco era legal y no sé cuánto tiempo va a dejarle estar Isabel Díaz Ayuso en sus funciones. Pero desde luego creo que su postura ha sido coherente y valiente en esta crisis. Es de lo mejor que hay en ese Gobierno». Estas palabras me parecen especialmente valiosas porque me consta que la familia de Isabel Serra vivió muy de cerca el drama de las residencias.

Otro mensaje que para mí tuvo mucha importancia en su momento fue el del portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, durante el pleno del 2 de julio. Ese día me dedicó unas palabras de reconocimiento que reproduzco tal y como constan en el diario de sesiones:

Quiero hacer hoy un reconocimiento al señor Reyero. Ustedes, a menudo nos tachan de sectarios, y no es así, cuando alguien lo hace bien, lo decimos. Señor Reyero, desde la discrepancia ideológica —ya le adelanto que los trabajos que ha presentado usted, por ejemplo, para reformar la Ley de Servicios Sociales nos parecen un esperpento— y desde la crítica con algunas decisiones que usted ha tomado o que no ha tomado, como, por ejemplo, el envío rápido de inspectores a las residencias, quiero reconocerle hoy más compromiso con el cargo que ocupa, más honestidad y más valor que todo el resto del Gobierno junto, incluido su propio partido.

Usted acudió aquí con su particular ideología, usted cree en la liberalización de determinadas cosas en las que yo no creo, yo creo que tiene que haber un sector público fuerte, pero, cuando usted vio el peligro que corrían las personas mayores en la Comunidad de Madrid, no pensó si gobernaba Sánchez o si gobernaba Rajoy, pidió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, como habíamos pedido nosotros también.

Usted acudió a esta Cámara hablando de transparencia, publicó todas las sanciones de las residencias que habían sido sancionadas —cosa que no se había hecho en veinticinco años— y nos facilitó a todos los grupos información detallada de la situación de cada residencia —cosa que no volvió a suceder ni una sola vez más después de que a usted le quitaran de en medio.

Y por todo ello tiene mi reconocimiento personal y también el de mi grupo, y por una cuestión muy sencilla: porque también tenemos familias y, si mañana hay un rebrote y nuestros familiares están en una residencia, o si gente querida está en una residencia, o porque por compromiso público nos preocupa el pueblo de Madrid, preferiríamos gestionarlo nosotros, creo sinceramente que lo haríamos mejor, pero nos quedaríamos mucho más tranquilos si hubiera más gente como usted y menos gente que ha demostrado tener pocas ideas, poca vocación, poco interés por el servicio público y, desde luego, ninguna vergüenza. Muchísimas gracias[303].

Hacia esas fechas también se publicaron distintos artículos que reconocían mi labor y que demostraban cómo el relato de Sol había perdido fuerza. Por ejemplo, Ramón de España, un escritor al que respeto y no conozco de nada, publicó en El Español una columna que contenía los siguientes pasajes[304]:

Como todos sabemos, el coronavirus se ha cebado con las residencias de ancianos, especialmente en Madrid y en Cataluña. […] En Madrid, la presidenta Díaz Ayuso se hizo unas fotos memorables en la prensa —modelo Virgen de los Dolores, con lágrima incluida— para mostrar la pena que le daba todo, pero el responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se permitió, al principio de la pandemia, ignorar tres veces seguidas las sugerencias del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que hizo lo que pudo, aunque sin éxito alguno, para evitar la subsiguiente escabechina en las residencias.

Reyero advirtió de las posibles muertes y se opuso al criterio de admisión en hospitales que enviaba a ancianos especialmente perjudicados directamente al pudridero. Tres mensajes, tres, le hizo llegar a Ruiz Escudero, quien no se dignó contestar a ninguno. La actitud de Reyero me parece tan digna de aplauso que no sería de extrañar que la acabara pagando caro: como socio minoritario del Gobierno madrileño, es posible que su buena intención haya sido interpretada como una traición a la causa, pues ya se sabe que Díaz Ayuso no lleva nada bien que se metan en lo que ella considera sus asuntos, ya se trate del Gobierno central o de un señor de Ciudadanos cargado de buena intención.

En cualquier caso, en un mundo de políticos cuya principal preocupación es conservar el sillón, el gesto de Reyero destaca y le honra: alguien con cargo que parece preocuparse por el bien común es toda una novedad en el panorama político español.

Otra prueba de que el relato de Sol contra mí perdía fuelle es que Pablo Iglesias ocupara mi lugar como cabeza de turco desde mediados de mayo. El delirante mensaje sobre su mando único en residencias había ido sumando voces en las últimas semanas.

Pero la supuesta tregua declarada el 9 de junio, según habían recogido ABC y El Confidencial, no impidió que siguieran difundiéndose mensajes en mi contra, tanto entre los políticos como en los medios. Miembros del PP me confiaron que ya estaban ofreciendo el puesto de consejero a otra persona de Ciudadanos (no podían hacer otra cosa dado el acuerdo de gobierno) y que estaban pidiendo a personas relevantes que solicitaran mi dimisión públicamente. Solo lo consiguieron con Rocío Monasterio.

En esa época los medios se dividían entre los que se interesaban por saber más sobre el drama en las residencias y los que solo buscaban esparcir rumores sobre dimisiones y ceses, hablando sobre politiquería en el peor sentido de la palabra. Entre estos últimos, los ataques en mi contra adquirieron un grado más de mezquindad y de falta de escrúpulos.

El relato estaba tan desquiciado que en una entrevista en Cuatro el 16 de junio, la presidenta Ayuso se refirió a Pablo Iglesias como «el jefe de Reyero»[305]. O que unos días después, el 24 de junio, esta vez en Antena 3, afirmó que esperaba que votara en contra de la reprobación a Escudero ya que «era momento de demostrar el trabajo realizado unidos»[306]. Lo que fue traducido de manera inmediata por ESdiario con su habitual simpatía hacia mi persona: «Ayuso clava su mirada en Reyero: si vota reprobar a Escudero se acabó»[307].

Y hablando de ESdiario, este es el contexto en el que el 29 de junio su director publicó un mensaje en sus redes sociales que ya he mencionado algunos capítulos más atrás: «Cada día que pasa sale un nuevo dato horroroso que demuestra la inutilidad del personaje que ha causado sufrimiento y muerte a nuestros mayores. El consejero madrileño Alberto Reyero de Asuntos Sociales no puede seguir en su cargo. Por decencia. Ayuso y Aguado deben actuar ya». De los protocolos que habían negado la asistencia en los hospitales a los residentes más dependientes, ni media palabra[308].

Ese mismo día 29 de junio, no por casualidad, se publicaron nuevas informaciones que pretendían seguir erosionándome. Solo habían pasado cuatro días desde que votara en contra de la reprobación del consejero de Sanidad. ¿Acaso no será que esperaban que mi voto fuese favorable a la reprobación para convocar elecciones? ¿Buscaban provocarme y así encontrar una excusa para lo que de verdad pretendían?

Ese día, pues, El Independiente publicó una noticia con el siguiente titular: «Asalto al poder de Madrid: Reyero, el hombre clave de la desestabilización». El subtítulo, por su parte, añadía: «La izquierda madrileña pone el foco en el consejero de Políticas Sociales, que ha protagonizado importantes desencuentros con el PP durante la pandemia. En el PP creen que Aguado “no controla” a Reyero, y este “va por libre”»[309].

La conspiración que mencionaban en el titular y que detallaban en el cuerpo de la noticia era otro disparate más: «“Ciudadanos va por un lado, y Reyero va por otro, va por libre”, asienten fuentes del PP madrileño. “Aguado no controla a su consejero, y eso supone un problema para Ciudadanos. Él es parlamentario, y con su escaño puede hacer lo que crea conveniente”, afirman, convencidos de que, si llega a consumarse un asalto al poder en la Comunidad de Madrid, el compromiso de Ignacio Aguado de mantener la legislatura no será suficiente».

Olvidaban, otra vez, que en diez años como parlamentario siempre había votado lo mismo que mi grupo parlamentario, la última vez hacía tres días. Cosa que, por cierto, no podían decir todos los consejeros del PP que se sentaban conmigo en el Consejo de Gobierno. Pero les daba igual: querían extender la idea de que yo era un peligro. Además, la noticia me relacionaba con la izquierda, igual que había hecho la presidenta Ayuso al relacionarme con Pablo Iglesias. Todo por no dar la razón acríticamente a mis compañeros. «Agradable no es que un consejero critique así a su Gobierno», afirmaban las fuentes consultadas por la periodista. Es enternecedor cuando los desalmados se ponen dignos. Probablemente eso lo decía el mismo que desde el 18 de marzo se había dedicado en cuerpo y alma a esa campaña infame que perseguía culparme de la situación de las residencias.

Ese mismo día, El Mundo publicó como gran exclusiva los mensajes que mi jefe de gabinete, Carlos Reus, había enviado la tarde del 26 de marzo a los portavoces de la Asamblea informando sobre la situación en las residencias y facilitando algunos datos. «El WhatsApp de Políticas Sociales cuando ya habían muerto 1065 ancianos en residencias de Madrid: “Hay que empezar a actuar dentro”», decía el titular. Y el subtítulo: «Un mensaje del jefe de gabinete del consejero, Alberto Reyero, refleja que hasta el 26 de marzo no tomó medidas drásticas»[310].

Este artículo es un cúmulo de medias verdades y responde sin ninguna duda a la estrategia marcada por Sol, repitiendo su argumentario al pie de la letra. Los mensajes afirmaban que los datos de los que disponíamos no eran definitivos. Esto se debía, entre otros motivos, a que la ausencia de test (sobre todo al principio de la crisis) impedía confirmar si un fallecimiento era consecuencia del covid o no. La noticia interpretaba eso como un reconocimiento de nuestra incapacidad para conocer la cifra real de fallecidos en las residencias. La desconocíamos, sí, pero porque era materialmente imposible conocerla pese a que nos comunicábamos a diario con todas y cada una de las residencias de la Comunidad de Madrid. Y si los mensajes señalaban la necesidad de «actuar dentro» de las residencias era porque los responsables no lo estaban haciendo.

Vozpópuli también publicó durante esas fechas, concretamente el 1 de julio, una noticia que tenía bastante poco que ver con lo que estaba ocurriendo en realidad: «Reyero incomoda a Ayuso al no cubrir las últimas dimisiones en su consejería»[311]. Eso no era verdad, porque ya se había nombrado a dos personas para cubrir esas bajas. Uno de ellos, de hecho, llevaba más de un mes en su puesto, como así constaba en el BOCM. El otro había sido nombrado el día siguiente de la dimisión del anterior y lo podían comprobar en el portal de transparencia. Y en el tercer caso, el del gerente del AMAS, todavía no había sido sustituido porque su cese a petición propia no se había publicado en el BOCM y aún no era efectivo. Nos quejamos al periodista que firmaba la noticia, que se excusó diciendo que esa era la información que había recibido. La información añadía que el PP interpretaba que todos estos movimientos se debían a que mi futuro judicial no era «nada halagüeño».

Y para terminar con este listado, El Mundo subió un peldaño de truculencia en una noticia publicada el 27 de julio: «Los 1164 cadáveres de ancianos fallecidos en geriátricos de Madrid que se han evaporado»[312]. La información afirmaba lo siguiente: «La Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, informa de 5987 mayores fallecidos, pero Sanidad Mortuoria rebaja la cifra a 4823. El departamento de Alberto Reyero admite que desconoce cuál es la cifra real». Otra vez, con la palabra Ciudadanos colocada en primera línea.

¿Estaban afirmando que habíamos inflado artificialmente las cifras de muertos? Si no fuera tan trágico, provocaría una tremenda carcajada. Lo que ocurría es que nosotros trasladábamos al Ministerio de Sanidad las cifras de fallecidos que nos reportaban las propias residencias, como era nuestra obligación y como habíamos hecho desde el principio de la crisis. Y siempre advertíamos de que no podíamos garantizar la exactitud de esa información porque era la que nos facilitaban las propias residencias, y ellos mismos no sabían a ciencia cierta si todos los fallecidos lo eran a causa del coronavirus por la falta de pruebas suficientes. Los datos que facilitaba la Consejería de Sanidad, en cambio, estaban basados en los certificados de defunción, algo a lo que nosotros no teníamos acceso, y que supongo que por su propia naturaleza oficial solo incluían a los fallecidos con test de covid positivo. Y ya sabemos lo que ocurrió los primeros días. Total, que, en realidad, la noticia se limitaba a constatar que los trabajadores de las residencias y la Consejería de Sanidad contabilizaban las muertes de distinta forma y que, como consecuencia, las cifras no coincidían[313]. A esas alturas ya me daba igual todo lo que viniera de Sol. A la vuelta del verano me iría a casa.

La comisión

El 6 de julio de 2020 se constituyó en la Asamblea de Madrid la «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020». Esta era la denominación completa. Vox presentó su propia solicitud para abrirla, pero la Mesa de la Asamblea no la admitió porque no contaban con el número mínimo de diputados para hacerlo. Al final, tramitó en su lugar la presentada por los grupos de izquierda PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

Mi posición al respecto fue la misma desde el primer momento en que me plantearon su posible constitución, el 14 de abril de 2020 ante los micrófonos de la Cadena SER: yo quería que la abrieran. En el PP, en cambio, nunca la quisieron, pero no podían frenarla por la aritmética parlamentaria existente en esos momentos. En el pleno del 18 de junio de 2020, la presidenta Ayuso no mostró ningún entusiasmo al respecto:

¿A cuántas familias van a traer aquí azuzadas por el dolor y alimentadas políticamente por ustedes? ¿A cuántas van a engañar y les van a decir que la muerte de su padre o de su abuelo podría haberse evitado cuando era imposible? No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, extrayendo casos concretos y manipulando lo que ha sucedido en los hospitales. […] Van a traer una comisión de investigación, en la que no van a investigar nada, y van a construir su relato como si fuera un plató de televisión para partir mi Gobierno y para lanzar esas soflamas ¡tan indignantes y de tan poca vergüenza! ¡Dejen de manipular a los ciudadanos, no les digan esas barbaridades![314]

Yo también hablé en ese pleno:

¡Bienvenida sea la existencia de esta investigación parlamentaria! Creo que es un ejercicio de transparencia que nos va a permitir saber qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado en la gestión y en el pasado de las residencias, porque, además, soy un convencido de que esa es la única manera que tenemos de mejorar: analizarlo[315].

Con la convocatoria de elecciones anticipadas —las celebradas el 4 de mayo de 2021—, la comisión quedó en suspenso después de haber celebrado ocho sesiones. Los principales responsables políticos aún no habían pasado por ella. Con el objetivo de reabrir la comisión, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos registraron una petición el 11 de junio de 2021 en la Asamblea de Madrid. Pero la posición del PP ya había cambiado, en consonancia con el cambio en la aritmética parlamentaria. Ese mismo día, Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del PP, dijo lo siguiente: «El PP no va a ser ningún tipo de soporte para que jueguen con el dolor de las familias madrileñas e intenten utilizar ese dolor contra Isabel Díaz Ayuso. Es inaceptable»[316]. Es llamativo que cuando no tenían la mayoría votaran a favor y que en cuanto la recuperaron, hicieran uso de esa mayoría para bloquearla.

La posición de Vox al respecto es una muestra más de sus bandazos en toda esta historia. La primera ocasión en la que escuché a Rocío Monasterio expresarse públicamente sobre las residencias fue el 17 de abril de 2020 en Onda Madrid. La página web del medio recoge que su formación había presentado un requerimiento en todas las Audiencias Provinciales de España, incluido Madrid, para conocer el «número real de fallecidos» por coronavirus en las residencias porque a su juicio se había producido un «geriatricidio»[317]. En esa misma entrevista solicitó que se investigara «cómo ha sido la atención a los ancianos; que se inspeccione cada centro y se provea del material necesario; y que se realicen test a cada persona para garantizar la seguridad en las residencias». Y concluyó pidiendo una reflexión «sobre el abandono de nuestros mayores» y que se tomaran «medidas urgentes para que esto no se repita».

Aunque señalara a Pablo Iglesias como responsable, Rocío Monasterio también denunció la existencia de protocolos y apoyó la creación de una comisión de investigación en el pleno del 11 de junio de 2020:

Señorías, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nuestra Constitución establece que la dignidad humana es un valor inherente a la persona y que los poderes públicos deben defenderla y respetarla. El respeto a la dignidad humana prohíbe que el Estado disponga de la vida de cualquier individuo simplemente para alcanzar otro fin, ¡incluso si este otro fin es salvar la vida de otras personas! El deber del Estado es el de proteger la vida de los españoles, ¡de todos los españoles!, ¡de todos!, ¡también de nuestros ancianos! La muerte de nuestros ancianos —además, en condiciones indignas— y la mera existencia de protocolos para evitar su traslado a centros hospitalarios obliga a los dirigentes a asumir su responsabilidad. En Vox apoyaremos la creación de una comisión de investigación para que los responsables, ¡empezando por Pablo Iglesias!, ¡el máximo responsable!, y continuando, en su caso, por los miembros de este Gobierno, expliquen y respondan por lo sucedido… Los madrileños merecen conocer la verdad. El Gobierno de Sánchez ha hecho de la manipulación y la mentira su primera seña de identidad; ¡no tomen su peligroso ejemplo y expliquen si es que son capaces cuáles son los motivos que justifican la existencia de un plan sanitario para discriminar a los ancianos! ¡Créame que para nosotros no existe causa alguna que justifique tal atrocidad! Muchas gracias[318].

Incluso yo mismo podría estar de acuerdo con algunas de estas palabras. Exceptuando, claro, la cuestión de las responsabilidades. Pero, pese a estas declaraciones grandilocuentes, a Vox nunca le importaron los mayores lo suficiente. Tuve la oportunidad de recordárselo en un pleno el 9 de julio de 2020:

Señoría, me alegro por su interés y el de su grupo acerca de los mayores y de las residencias porque ¿sabe cuántas preguntas realizaron en pleno en los seis meses anteriores a la pandemia sobre esta cuestión? ¡Cero!, ¡ninguna! Por el contrario, ¿saben cuántas realizaron sobre menores extranjeros no acompañados en ese mismo periodo? ¡Cuatro!, y, por supuesto, no lo hicieron para defender su situación sino para estigmatizarlos y criminalizarlos. Eso sí, desde la crisis han realizado —con esta— cuatro preguntas sobre la materia; así que, aunque solo sea por populismo, ¡bienvenidos sean a la preocupación que antes no tenían sobre nuestros mayores y la necesidad de un cambio en el modelo de cuidados en nuestra región![319]

Desgraciadamente, mis palabras sobre su falta de interés acabaron siendo muy ciertas cuando finalmente apoyaron que no se reabriera la comisión de investigación después de las elecciones de 2021. Y eso que, en un primer momento, parecía que Vox apoyaría su reapertura. El lunes 14 de junio de 2021, en pleno debate sobre el asunto, Rocío Monasterio respondió así en una entrevista en Onda Madrid a la pregunta de si su partido apoyaría la creación de una comisión de investigación:

Por supuesto que sí. Nosotros, la comisión de residencias creemos que es necesaria. Sería muy irresponsable por nuestra parte, con lo que ha pasado en las residencias, no…, sobre todo no analizar más que investigar, en lo que hemos fallado para no volver a hacerlo […] Hay muchísimas familias que siguen sufriendo con horror la pérdida de un ser querido en una residencia. Yo he hablado con muchísimos de ellos. Y desde luego nosotros no podemos dejar sin respuesta todo lo que pasó allí[320].

Sin embargo, el sábado 18 de junio 2021, solo cinco días más tarde, la propia Monasterio se corrigió a sí misma el día en que Díaz Ayuso tomó posesión del cargo[321]:

Nosotros no vamos a apoyar una comisión de la izquierda que viene con un interés revanchista y que además no ha presentado en otros parlamentos donde ha ocurrido lo mismo con las residencias. Vox tiene el afán de mejorar el sistema de residencias y de garantizar que no se puede negar el acceso a un hospital para los mayores. Estudiaremos cuáles son las medidas para cambiar el modelo de residencias y para que nunca más se pueda dar el protocolo que presuntamente ha vulnerado los derechos fundamentales de nuestros mayores.

Es imposible saberlo a ciencia cierta, pero no es descabellado pensar que el cierre de la comisión se incluyera en las negociaciones entre PP y Vox después las elecciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta que ese 18 de junio de 2021 Isabel Díaz Ayuso logró ser investida gracias a los votos de Vox.

Ese cinismo fue todavía más evidente en el debate del 15 de julio de 2021 sobre la creación de una nueva comisión de investigación que diera continuidad a la que había antes de la convocatoria de elecciones[322]. Se abstuvieron a la vez que llamaban «infame» al protocolo de no derivación a hospitales. «No estamos ni con unos ni con otros», dijeron lavándose las manos, pero actuando de compinches de quienes querían taparlo todo. Esa es la «derecha valiente». Las responsabilidades políticas se habían resuelto con mi dimisión. «Fuimos nosotros los que pedimos la dimisión del señor Reyero», dijeron el día del debate, obviando la existencia de un «protocolo que presuntamente ha vulnerado los derechos fundamentales de nuestros mayores», según ellos mismos afirmaron. Y lo confirmaría el día después de consumar el carpetazo su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros: «Las responsabilidades políticas ya se adoptaron cuando dimitió el que fue consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero»[323]. A lo mejor esa sandez les sirve para no avergonzarse de sí mismos por las noches.

Y no creáis que ese cinismo ha menguado con el paso del tiempo. Ignacio Arias, portavoz del partido, dijo lo siguiente el 5 de mayo de 2022 en el pleno de la Asamblea en un debate sobre residencias:

¿Quieren que hablemos de residencias? Podemos hablar de residencias… Que sí, que efectivamente los protocolos de la vergüenza existieron, ¡si lo reconoció el señor Carlos Mur en la comisión de investigación!, ¡ya está! ¡No se deben volver a repetir!, ¡eso no lo vamos a permitir desde Vox!, ¡no va a haber ese tipo de protocolos![324]

Eso lo dicen de palabra. En cambio, sus hechos apuntan en otra dirección, ya que bloquearon una comisión de investigación en la que habrían tenido que dar la cara los verdaderos responsables. No son otra cosa que cómplices. Ni siquiera pueden alegar desconocimiento. Puedo llegar a entender sus cálculos políticos, aunque me repugnen. Pero lo que no me parece admisible es que hicieran discursos en defensa de los derechos humanos y que luego protegieran a los que los habían pisoteado. Tuvieron la oportunidad de ser útiles para los ciudadanos, pero optaron por la inutilidad.

En general, y lejos de lo que hubiera sido deseable, la constitución de comisiones de investigación en los parlamentos autonómicos para investigar lo ocurrido durante la pandemia no ha sido común. Donde las hubo, Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León, les dieron carpetazo en cuanto se renovaron los parlamentos. En este país nos falta cierto hervor democrático. La mayoría de los partidos que daban soporte al Gobierno en sus respectivas comunidades autónomas votaron en contra de su puesta en marcha. No fue el caso de la Comunidad de Madrid, mientras estuvimos en el Gobierno. Y mi papel y el de mi partido fue clave para que así ocurriera. Permitidme que me sienta orgulloso de ello.

Para terminar con la comisión de investigación, recomiendo a todos los interesados que lean las transcripciones de las comisiones que sí se celebraron en el Diario de Sesiones. Es verdad que no dio tiempo a que comparecieran los principales responsables políticos, pero un simple repaso a las intervenciones de los que sí lo hicieron arroja mucha luz acerca de lo que pasó.

Las familias

Una vez terminado el estado de alarma y con las aguas mediáticas un poco más calmadas, quise reunirme personalmente con las asociaciones de familiares de residentes. Desde el 12 de marzo no había mantenido ningún contacto directo con ellas, ya que el peso de nuestra relación lo mantuvo mi gabinete. Durante esos días, hicimos todo lo posible por atender sus dudas, tomar en consideración sus sugerencias e intermediar con las residencias. Ahora había llegado el momento de que nos viéramos las caras y compartiéramos lo vivido en los últimos meses.

A esa reunión, celebrada el 6 julio, invitamos a las dos plataformas de familiares más representativas en la Comunidad de Madrid: Pladigmare y Marea de Residencias. El inicio del encuentro fue tenso. En el ambiente se palpaba el dolor que habíamos pasado todos. Aunque la reunión se había convocado para debatir los pasos necesarios para corregir el modelo y para incorporar los aprendizajes de la pandemia, fue inevitable que nos detuviéramos en los terribles meses que acabábamos de vivir.

Fue una conversación franca, dolorosa y creo que útil. Hubo asuntos prácticos que no pudimos resolver de la manera deseable para todos. Por ejemplo, los familiares que habían sacado a los residentes al principio de la crisis se encontraron con problemas para su reingreso posterior por culpa de la normativa existente. Nos comprometimos a estudiarlo caso por caso, y no siempre pudimos dar con la solución adecuada. Pero, al margen de este asunto, la reunión terminó con el compromiso de que la nueva normativa en la que llevábamos trabajando desde antes de la llegada de la pandemia facilitara la existencia de comités de familiares en las residencias, una petición histórica que apoyábamos decididamente.

Las familias merecen todo nuestro apoyo y respeto, pero no solo de palabra, sino también con los hechos. No entiendo cómo algunas veces se han atrevido a hablar en su nombre. Lo hicieron para justificar el carpetazo a la comisión de investigación. «La izquierda quiere jugar con el dolor de las familias madrileñas e intentar utilizar ese dolor para hacer daño a Isabel Díaz Ayuso», dijo el portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz Abrines, el 11 de junio de 2021[325]. O lo que afirmó el consejero de Justicia en una entrevista publicada en El País el 25 de julio de 2021: «Esta comisión es ineficiente. Inconveniente, torticera, y además instrumentaliza el dolor de las víctimas»[326]. Pero, ¿acaso habían hablado con ellas? Una noticia publicada en infoLibre invitaba a cuestionarlo. El titular afirmaba lo siguiente: «“Una puñalada trapera a las víctimas”: los familiares, indignados tras el cierre de la investigación de residencias en Madrid»[327]. La noticia contenía testimonios como los siguientes:

«Es una forma de no respetar nuestro dolor, nuestro duelo. Mi padre tenía derecho a vivir» (Emilio Gómez Ceto. Su padre falleció en la Residencia Getafe Alzheimer).

«Si ni siquiera dan la cara en algo en lo que fueron responsables, ¿qué nos cabe esperar? ¿Es esto la libertad de la que tanto hacen gala?» (José Antonio Galán. Su suegro falleció en la Residencia Adolfo Suárez).

«Es una puñalada trapera a las víctimas y a sus familiares» (Miguel Ángel Vázquez, de Pladigmare).

«Hoy han escupido sobre las tumbas de las 6209 víctimas de la covid en las residencias de la Comunidad de Madrid» (Paulino Campos, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias).

También pensando en el futuro —al menos, mientras me mantuviera en el cargo—, a principios de julio convoqué en la Consejería a sindicatos, patronales y grupos parlamentarios. La idea era que compartiésemos impresiones sobre los meses anteriores e iniciásemos las conversaciones para una renovación del Acuerdo Marco de Residencias.

Solo faltaban diez meses para que venciese el acuerdo que rige las residencias concertadas, lo que suponía una gran oportunidad para encarar algunos déficits históricos. Diez meses puede parecer mucho tiempo, pero no lo es tanto en términos administrativos: era necesario iniciar los trámites necesarios si queríamos llegar a tiempo entonces.

Uno de los problemas que arrastraban era el precio que la Comunidad de Madrid abonaba por plaza y día a las empresas que gestionaban plazas públicas, ya que llevaba muchos años congelado. Eso había tenido efectos perversos, sobre todo en la reducción de plazas y en el empeoramiento en la calidad de la atención. Por eso, para empezar, era necesario incrementar el presupuesto dedicado a ese acuerdo marco. Y hacerlo ya en 2021. Una de las enseñanzas de la crisis fue la confirmación de que el sector estaba infradotado presupuestariamente. Expuse nuestras ideas a sindicatos y patronales, recogimos sus sugerencias y nos pusimos manos a la obra para buscar la financiación. Incrementaríamos el presupuesto y, a la vez, las exigencias a las empresas.

El 13 de julio anuncié en la Cadena SER mi disposición a solicitar al Consejo de Gobierno un incremento de 70 millones para las residencias concertadas. Como bien recogía la noticia en su página web, esto suponía un aumento del 50 % del presupuesto[328]. Mi estrategia acudiendo antes a los medios era comprometer de antemano a un Consejo de Gobierno que sería siempre muy reacio a cualquier incremento en materia social. En el siguiente Consejo de Gobierno, mi propuesta recibió el apoyo más o menos explícito del resto de consejeros, incluido el de Hacienda. No sé si lo hicieron a regañadientes, pero no tenían otra alternativa. En el Pleno del 16 de julio, aproveché una pregunta de Carla Santiago, portavoz de Ciudadanos, para aportar más información sobre esta propuesta de incremento presupuestaria:

Es imprescindible que comencemos a actuar sobre lo más cercano en el tiempo: el acuerdo marco de plazas concertadas, que vence dentro de diez meses, ¡y que debemos empezar a negociar ya!

Este acuerdo marco cubre aproximadamente el 50 por ciento de las plazas gestionadas por la Comunidad de Madrid; este acuerdo marco lleva demasiados años congelado y no responde a las necesidades de nuestros mayores, que requieren: mejores ratios de atención, es decir, incrementar la plantilla de personal de atención directa que afecta a médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y psicólogos.

También exige una mejor coordinación con la sanidad pública, un aspecto en el que tenemos que mejorar las dos consejerías implicadas, y asimismo unas mejores condiciones laborales de los trabajadores que superen la actual situación de precariedad.

Por eso tenemos ahora una oportunidad única de transformar la atención de nuestros mayores con un incremento del acuerdo marco del 50 por ciento para el año que viene… ese incremento que hemos solicitado de presupuesto vendrá acompañado, por supuesto, de una mayor exigencia por parte de la Administración —en eso se basa una colaboración público-privada eficaz y sana, con más inspección y con más vigilancia—, y una mayor financiación que nos traerá una mejor atención y un incremento de la vigilancia y el control y, por tanto, una mejor atención a nuestros mayores[329].

Este impulso presupuestario se concretaría meses después cuando, conmigo ya fuera de la Consejería, mi sustituto, Javier Luengo, firmara con los agentes sociales un nuevo acuerdo con mejores condiciones y un incremento de 58 millones de euros en su financiación. Así lo recogió Madridiario el 22 de febrero de 2021: «Un nuevo Acuerdo Marco prioriza la calidad frente al precio en la contratación de plazas concertadas en las residencias»[330].

Dos días después de haber anunciado mis intenciones sobre el incremento presupuestario en la SER, el 15 de julio de 2020, se celebró en Sol el primer aniversario del acuerdo de Gobierno. El lema del acto, al que asistimos todos los consejeros y muchos diputados del PP y Ciudadanos, era «Compromiso compartido». Su escenografía se asemejaba más a una boda civil que a otra cosa. Los contrayentes eran Ayuso y Aguado. De las crónicas de ese día, me quedo con la que escribió ese mismo día El País y que dio en el clavo: «Aguado entrega las armas a Ayuso»[331]. Poco más había que añadir. De haberme quedado alguna duda acerca de mi deseo de salir de ese gobierno, ese día se habría disipado.

El pleno del 16 de julio supuso el término del periodo de sesiones. Pasó sin pena ni gloria. No podía faltar la campaña de acoso y derribo que había iniciado unos meses antes Rocío Monasterio con ocasión del pleno monográfico sobre el covid. En su pregunta a la presidenta, afirmó lo siguiente:

Los fallos en la gestión de la primera oleada han repercutido en la vida de miles de madrileños y por eso reclamamos, una vez más, la dimisión del señor Reyero, porque el señor Reyero está deslegitimado como consejero, porque él reconoció que no tomó medidas por miedo a la opinión pública. Si se repiten los errores, la responsabilidad será suya, señora presidenta, no será del señor Aguado; usted es la presidenta del Gobierno, aunque a veces el vicepresidente actúe como tal[332].

Por lo menos esta vez la señora Monasterio no me estaba señalando como criminal, tal y como había hecho unos días antes, el 23 de junio, según recogía El Mundo: «La izquierda quiere tapar la negligente gestión criminal de Pablo Iglesias y del señor [Alberto] Reyero, que aun perteneciendo a Ciudadanos ya sabemos que es un infiltrado del PSOE en el Gobierno de [Isabel] Díaz Ayuso»[333]. Asesino, negligente e infiltrado… Como escribió Rubén Amón en un memorable artículo publicado en El País en 2019, Vox es «el partido del cuarto gin-tonic»[334]. No hay que tenérselo en cuenta.

Aun así, seguía erre que erre con su campañita y criticando mi falta de valentía. Personalmente, no creo que la valentía tenga ningún especial valor político. «No soy el capitán Trueno», le dije una vez al portavoz de Vox durante un debate. Salvo que esa «valentía» se entienda en el sentido que lo hacía Émile Zola: «Se imaginan que no pueden obrar de otro modo porque no tienen el valor de obrar de otro modo»[335]. Esa sí me interesa. La que nace de la coherencia y de las convicciones. Curiosamente, y a pesar de Vox, el calificativo que más he escuchado durante este periodo ha sido precisamente el de «valiente». Hoy todavía, dos años después, no hay acto al que asista en el que no se me acerquen trabajadores sociales, funcionarios o personas anónimas para darme las gracias por mi valentía. No creo que fuera ni valiente ni cobarde. Hice lo que creí que debía hacer, sin importarme las consecuencias.

Mientras tanto, el mes de julio terminaba con algo de inquietud en el ambiente. El 26 de julio, la Consejería de Sanidad nos informó de un repunte en los contagios. Se empezaba a hablar, todavía tímidamente, de una segunda ola. El día anterior al último Consejo de Gobierno, la presidenta anunció en una rueda de prensa —otro anuncio sin consultar a los demás— una serie de medidas entre las que se encontraba el «carnet de inmunidad». La comunidad científica cuestionó su utilidad y Díaz Ayuso se vio obligada primero a matizarlo y después a retirarlo. Solo era una ocurrencia más.

En lo que a mí respecta, empecé a preocuparme y decidí convocar una reunión semanal con las patronales de las residencias para hacer un seguimiento periódico y lo más pegado posible a la realidad de la situación en los centros. Estas reuniones se demostraron muy útiles con el paso del tiempo, incluso cuando ya había abandonado la Consejería.

La dimisión (II)

Durante el mes de julio, la incidencia de contagios era muy baja. Por fin habíamos llegado a una situación que meses atrás parecía inalcanzable. De manera inusual —el año 2020 lo fue para todo— la actividad parlamentaria se prolongó en el mes de julio. Y en uno de los plenos celebrados entonces, concretamente el día 9, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, preguntó a la presidenta si iba a reducir su Consejo de Gobierno. Lo destacable no es la intervención de Vox sino la contestación de Ayuso, en la que por primera vez se mostró dispuesta a reducir el Consejo de Gobierno:

Si esto es una condición para los presupuestos, como le he oído en otras ocasiones, ayúdennos —esta vez sí— a sacarlos adelante, que es algo que nunca sucede, ¡siempre nos dejan solos! —por eso le decía que hace tan feliz su política a Pedro Sánchez—; ayúdennos, porque suelen votar con la izquierda todo aquello que consideran que arremete contra este Gobierno. ¡Échennos una mano!, ¡ayúdennos a sacar adelante los presupuestos!, y, desde luego, si hay posibilidad de reducir consejerías y Administración pública, demostrando que con esto vamos a ofrecer una Administración más eficaz, le doy mi palabra de honor de que lo reduciré[336].

Esta simple declaración desataría un runrún de especulaciones sobre probables crisis de Gobierno durante el verano en las que además del teórico cambio de cromos entre Escudero y yo, que se daba por descontado, empezaba a hablarse de otras consejerías que podrían desaparecer. Esta clase de especulaciones serían muy numerosas a partir de ese momento y se alargarían durante el resto del verano.

Como no quería estar lejos de Madrid demasiado tiempo, me marché unos días a Asturias. Aunque la situación estaba controlada en las residencias, no dejaban de llegarnos señales de alerta que, afortunadamente, no llegaron a tener grandes consecuencias. Una de las causas es que, como nos informó la Consejería de Sanidad durante los primeros días del mes, el 61 % de los mayores en residencias de Madrid y el 30 % de sus trabajadores había dado positivo en anticuerpos. Las elevadas cifras de contagios en marzo y abril otorgaban un nivel de inmunidad a los residentes que serviría como barrera a la enfermedad en caso de rebrotes. El drama anterior actuaba, paradójicamente, como muro de contención.

Pero eso, al igual que la compra masiva de material de protección y los planes de contingencia puestos en marcha, no impedía que las residencias siguieran siendo especialmente vulnerables. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales nos convocó en agosto a dos videoconferencias para que todas las Consejerías del ramo compartiéramos información. La actuación de la Consejería de Sanidad en esas fechas, por el contrario, volvió a parecerme muy desesperante. Mientras todas las comunidades autónomas se centraban en incrementar el número de rastreadores, en la Comunidad de Madrid no hicieron nada. En un Consejo de Gobierno posterior comprobé que la pasividad del consejero provocaba malestar incluso entre sus compañeros conservadores.

También pude comprobar en varias reuniones que la relación entre Enrique Ruiz Escudero e Isabel Díaz Ayuso no atravesaba su mejor momento. Estas tiranteces llegaron a trascender en los medios. Ignacio Escolar publicó el 19 de septiembre de 2020 en elDiario.es una columna titulada «La dignidad de dimitir» en la que afirmaba lo siguiente: «[…] Enrique Ruiz Escudero, que va diciendo a medio Madrid lo incompetente que es la presidenta Díaz Ayuso, con la que apenas se habla. Pero ahí sigue, que lo importante es el sillón»[337].

Esos días hubo muchos rumores: que si el consejero de Sanidad había presentado su dimisión, pero Ayuso no la había aceptado, que si Ayuso no podía cesarlo porque tenía papeles comprometedores en relación con las compras de material en China… Aunque me llegaron desde distintos lugares, posiblemente todas esas informaciones no fueran más que intoxicaciones.

El clima de desesperación por la inacción del Gobierno regional lo recogió muy bien un artículo publicado en El Español el 21 de septiembre y que se titulaba «Cómo el virus derrotó a Madrid: historia de cuatro meses de ineptitud colectiva»[338]. El artículo repasaba los meses posteriores a la primera ola y se centraba sobre todo en agosto: «La primera semana de agosto, el mes que prometía tranquilidad y acopio de fuerzas para afrontar la vuelta a la normalidad de septiembre en el mejor escenario posible, fue dantesca: de repente, los casos empezaron a superar el millar». Y señalaba cuál había sido la única reacción del consejero de Sanidad: «Para desviar la polémica, el consejero de Sanidad Ruiz Escudero acusó a Fernando Simón de querer perjudicar intencionalmente a Madrid».

Estoy muy de acuerdo con la mayoría de sus párrafos: «Agosto fue un mes de ver venir la ola y no hacer nada. Así, hasta el 20 de agosto, cuando Isabel Díaz Ayuso, vuelta de unas fugaces vacaciones, anunció limitaciones al ocio nocturno cuando el virus hacía tiempo que había abandonado las discotecas para instalarse en las oficinas, los hogares, los restaurantes, las residencias de ancianos. […] Para entonces, la batalla estaba perdida». Y el artículo terminaba de una manera lapidaria: «No pasaba nada hasta que empezó a pasar. Y para cuando ha pasado, ya es tarde […] Quizá sea momento de reemplazarles por gente más válida y, sobre todo, más valiente». Así estábamos por aquellos días.

Por mi parte, en torno al 20 de agosto me reuní de nuevo con Aguado para recordarle que mi decisión de abandonar la consejería seguía siendo firme. De hecho, saber que había una estación término en el horizonte era lo único que me animaba a mantener el foco y a aguantar. No podía más. Después de varias conversaciones, me pidió que esperara al debate del Estado de la Región que iba a celebrarse los días 14 y 15 de septiembre. Por lo demás, ya teníamos el visto bueno del partido.

Pese a que los rumores sobre una remodelación de Gobierno nos habían acompañado durante todo el verano —y mi nombre entraba en todas las quinielas— llegamos al debate del Estado de la Región sin ningún movimiento en ese sentido.

El primer día del debate, el 14 de septiembre, el día reservado para el discurso de la presidenta en la Asamblea, Díaz Ayuso solo dedicó unas palabras al asunto que nos preocupa aquí:

El mayor reto es el que ha planteado el impacto de la COVID en los centros de mayores y de discapacidad. Aunque la mortalidad ha sido, en proporción a su tamaño, menor que en la mayoría de las comunidades autónomas y que en muchos países de nuestro entorno, hemos tenido un número de fallecidos inasumible. Tuvimos que poner en marcha una estrategia coordinada entre tres consejerías para, en tiempo récord, asistir a 584 residencias; de ellas, se han medicalizado 232, con 28 equipos de Atención Primaria, 38 de hospitales y 26 geriatras de alcance [quería decir «enlace»], entre otros. También se ha suministrado material de protección cada cuatro o cinco días —más de 12 millones de unidades de material de protección entregadas— y se han puesto en marcha recursos alternativos de alojamiento y asistencia[339].

De manera incomprensible, ya que a esas alturas todos teníamos mucha más información, siguió negando que se hubiera excluido a los mayores del traslado a los hospitales. Esta vez, eso sí, ni se refirió a los protocolos como borradores ni dijo nada acerca de que no los hubieran enviado, pero dijo algo que es importante destacar:

Un hecho de los que más ha dolido en estos meses fue la acusación de que prohibíamos ingresos de personas mayores en hospitales. La realidad demuestra que las acusaciones fueron falsas: se han realizado 12 457 traslados entre residencias y hospitales; luego no estaba prohibido[340].

Lo que nos faltaba por oír. ¿Cómo podían manipular tanto? Era el mismo argumento falaz que había utilizado el 11 de junio en un pleno mientras lanzaba listados. Nadie había hablado de que se prohibieran los traslados. Claro que no estaban prohibidos. Faltaría más. Se excluyó de la derivación a hospitales a unas personas en función de criterios de dependencia o de discapacidad. Y esos criterios eran muy restrictivos e injustos, especialmente en el protocolo del 20 de marzo. La propia existencia de esos criterios significaba que algunos los superaban, concretamente los menos dependientes o aquellos con una discapacidad menor. Por no mencionar aquellos casos en los que la insistencia de las residencias o de los familiares, o la flexibilidad de algunos geriatras a la hora de aplicar los criterios, les permitieron sortearlos y ser admitidos en el hospital.

Todo esto ya se sabía a esas alturas gracias a decenas de testimonios que habíamos ido conociendo. Pero no debemos desechar sin más el razonamiento que introdujo la presidenta porque no era improvisado. Según ella, como hubo traslados, eso significaba que no hubo ninguna prohibición. Y para subrayarlo aportaba una cifra precisa: 12 457 traslados. Pero no ofrecía ningún detalle sobre esos traslados que permitiera saber de dónde procedían esas cifras ni de qué periodo estaba hablando.

Como ya he comentado en otro momento, gracias a las peticiones de información del grupo parlamentario socialista recogidas por El País el 20 de diciembre, sabemos que «las residencias de la Comunidad de Madrid lograron derivar solo a unos 900 ancianos en las tres semanas más duras de la pandemia, entre el 18 de marzo y el 5 de abril»[341]. Son datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad. Para ponerlos en contexto, durante esos mismos días fallecieron 3735 personas en las residencias. Y no solo eso: recordemos que los tres días siguientes a la aprobación del protocolo (20, 21 y 22 de marzo) fueron precisamente aquellos en los que menos derivaciones se produjeron y que durante las cuatro semanas críticas de la pandemia los traslados se desplomaron con respecto a las cuatro semanas previas.

Durante el debate posterior, los portavoces de la oposición repitieron los reproches habituales, siendo el portavoz de Podemos, Jacinto Morano, quien más tiempo dedicó a las residencias:

[…] se han negado a medicalizar las residencias de mayores. Señora Díaz Ayuso, usted, en el discurso que hizo ayer nos volvió a dar la misma cifra de las doscientas y pico residencias medicalizadas, que son las que estaban antes de la pandemia, que llevó a su consejero a decir ¡que no estaba medicalizada ninguna aparte de las que ya lo estuvieran anteriormente a la pandemia! … Y luego, el gran capítulo oscuro de esta gestión, que son los protocolos de no derivación de nuestros ancianos a los hospitales, de los residentes de las residencias de mayores. Usted decía ayer que había habido 12 000 derivaciones. Evidentemente, porque esos protocolos no estuvieron en vigor durante todo el tiempo. Lo que nos preocupa son los 7000 ancianos que no fueron derivados y que fallecieron en las residencias, que fallecieron sin atención médica, que fallecieron sin un aliento y sin un cuidado. Me gustaría que no negara esa realidad y que dijera a los madrileños por qué ha ocurrido esto. Porque, como dijo, de nuevo, su consejero de Políticas Sociales, ustedes tomaron la decisión de que ni el anciano fuera al hospital ni el hospital fuera al anciano. Ustedes decidieron quién vivía y quién moría. Ustedes, señora Díaz Ayuso, jugaron a ser Dios en las residencias de la Comunidad de Madrid[342].

No era la primera vez que me ocurría, pero tenía un problema: estaba más de acuerdo con lo que decía la oposición que con lo que afirmaba mi presidenta, con la que ya no estaba de acuerdo en nada.

Aunque habíamos acordado seguir adelante con mi dimisión, faltaba por concretar la fecha definitiva. El 16 de septiembre quedé a comer en una terraza cercana a la Consejería con Aguado, Zafra y Jennifer Santos, la jefa de prensa de Aguado. La comida fue un poco caótica, ya que la presidenta había anunciado esa misma mañana medidas que, de nuevo, no había pactado con nadie, lo que había provocado otra crisis. En cualquier caso, acordamos que la comunicaría el 25 de septiembre. También convinimos el formato del anuncio. Lo haríamos un viernes por la tarde para disminuir el ruido mediático. Escribiría una carta neutra que enviaría a la presidenta y a los medios de comunicación; a su vez, el vicepresidente llamaría antes a la presidenta para comunicarle mi decisión y a continuación lo haría yo.

Acepté. Me fastidiaba tener que hacer una comunicación un poco a escondidas, como si hubiera hecho algo mal, pero tal y como estábamos, lo prioritario para mí era marcharme y hacerlo con los parabienes del partido. Si se garantizaba mi salida, haría lo que hiciera falta. Firmaría lo que me pusieran delante.

La semana siguiente a esa comida en la calle Goya, la situación general se complicó. Y de qué manera. El conflicto con el Gobierno central estalló. En Sol debían de estar encantados. Después de un amago de unidad, escenificado en una estrambótica rueda de prensa de Sánchez y Ayuso rodeados de decenas de banderas españolas en Sol, volvió a estallar la discordia de siempre. De nuevo, la destrucción y el cálculo político. En lo que a mí respecta, y dadas las circunstancias, me pidieron que retrasara la comunicación al viernes siguiente, el 2 de octubre, que sería la fecha definitiva.

Durante esa última semana se produjo un hecho que observé con mucha atención. El 23 de septiembre, con los contagios disparados, se llegó al acuerdo de nombrar portavoz del Grupo Covid-19 en la Comunidad de Madrid a Emilio Bouza, exjefe del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón. En los medios se vendió como «un Fernando Simón para Madrid». Tampoco era ninguna novedad: en los meses anteriores había habido nombramientos parecidos y fugaces, como los de José Ramón Arribas o el de Antonio Burgueño. Pero parecía un movimiento en la buena dirección.

Pues bien, solo dos días más tarde, el 25 de septiembre, Emilio Bouza presentaba su dimisión. En su carta de renuncia decía cosas como las siguientes:

Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento. Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España con la mejor de las voluntades. Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la Salud. Pero, sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias.

Como afirmaba un médico de su entorno cercano en El Periódico: «Cualquiera en su sano juicio lo habría hecho como él». Este médico, además, añadía: «Corren el riesgo de que el próximo profesional al que llamen no quiera sentarse en ese puesto»[343]. A una persona normal en una situación de gresca política no le queda otra solución que marcharse. No sé si alguien aprendió algo de esta dimisión y de la lección de dignidad que dio Emilio Bouza aceptando el puesto y renunciando dos días después. Yo que estaba en mi propio proceso de dimisión, aunque no tenía su libertad para hacerlo, la recibí con mucho interés y admiración.

La semana definitiva de mi dimisión también fue bastante agitada desde el punto de vista parlamentario. El lunes comparecí en la comisión de Políticas Sociales, el jueves contesté a dos preguntas en el pleno y el viernes comparecí en la Comisión de Mujer. En lo que nos interesa, en mi intervención en la Comisión de Políticas Sociales pude despedirme, aunque nadie se diera por enterado. Mi objetivo era explicar que la situación en las residencias estaba razonablemente controlada, algo de lo que estaba convencido:

[…] estamos en una segunda ola y en una situación en la que, evidentemente, la población madrileña está en una situación de riesgo. Yo creo que los datos están ahí, la situación general es preocupante, pero también le puedo decir, igual que se lo dije en la reunión telemática que tuvimos, que la situación dentro de las residencias está razonablemente controlada. Además, yo les puedo decir —y esa es una cuestión solo de percepciones— que estoy menos preocupado ahora de lo que lo estaba hace mes y medio, cuando veía que la situación empezaba a crecer, ¡en lo que se refiere a la situación de las residencias! Lo que también nos ha enseñado esta epidemia es que no podemos predecir lo que nos van a deparar las semanas futuras, y que la situación se puede complicar, pero en este momento siento que la situación está bastante controlada. Luego, con los datos que compartiré con ustedes pueden pensar si estoy equivocado o no. ¿Por qué considero que está la situación controlada? Porque se dan unas circunstancias bastante diferentes a las de la primera ola […]

[…] en esta segunda ola está funcionando de manera muy adecuada la coordinación sociosanitaria; es decir, la coordinación entre Políticas Sociales y Sanidad. Decirles que la derivación hospitalaria está funcionando de manera adecuada; las personas que necesitan atención hospitalaria están siendo hospitalizadas, lo cual es un dato positivo. Y algo que hemos mencionado en otras ocasiones, que creo que es un aspecto que también es muy importante y que también nos permite mirar el futuro con alguna dosis de tranquilidad, es que el índice de inmunidad en las residencias, con carácter general, es alto: la media es del 61 por ciento. Nos tenemos que fijar en aquellas residencias en las que el índice de inmunidad es bajo, que son las que están más expuestas a los riesgos, y, además, la mayoría de los brotes precisamente están ocurriendo en estas residencias que tienen un índice de inmunidad bajo[344].

Y donde quedó más en evidencia que estaba ante una despedida fue en mi alegato final en el que hice, una vez más, un llamamiento a la unidad:

Para terminar, la verdad es que cuando empezamos a lanzarnos los trastos a la cabeza unos a otros me pongo muy nervioso. Creo que, en una situación como esta, debemos ir todos unidos; todos de la mano. Creo que desde que empezó la pandemia no me habrán oído una sola vez que haya cuestionado ni lo que ha hecho el Gobierno nacional, ni lo que han hecho los ayuntamientos… Tenemos que tener claro que de esto tenemos que salir todos juntos y, al final, en lo que nos corresponda a cada uno de nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo importante porque en un país como el nuestro en el que las competencias son compartidas, si nos dedicamos a echar la culpa al de más allá, realmente no seremos capaces de solucionar el problema al que nos enfrentamos.

Tenemos una segunda ola que no sabemos si puede afectar tanto a las personas que son susceptibles o sujetos de atención de esta consejería, posiblemente menos que en la primera, o no tanto como en la primera, pero también van a ser afectados en esta segunda ola, y yo creo que la única manera de vencer al virus será que todos vayamos de la mano, que no nos tiremos los trastos a la cabeza. Creo que habrá momentos y habrá tiempo para dilucidar las responsabilidades políticas, para eso tenemos una Comisión de Investigación —que yo siempre he sido partidario de tenerla— en la que podemos dilucidar precisamente esas responsabilidades políticas, pero tenemos que ser todos capaces ahora de resolver la situación que tenemos por delante y eso solo se consigue con la unidad de todos nosotros porque, además, si lo preguntas en la calle, eso es lo que quieren los ciudadanos, que nos dejemos de peleas y solucionemos el problema que tenemos por delante, que es muy grande[345].

Y así llegamos al día de mi dimisión, el viernes 2 de octubre. Cuando decidimos anunciarla ese día nunca sospechamos que coincidiría con la puesta en marcha de un estado de alarma específico en la Comunidad de Madrid. A pesar de todo eso, decidimos seguir adelante. Yo no podía retrasarlo más. Aunque nos resistamos, la vida no puede planificarse.

Aquella mañana, minutos antes de acompañarme a la Comisión de Mujer, a una integrante del gabinete de la Consejería le comunicaron que había dado positivo en una prueba de covid. Después de comunicarlo a la Consejería de Sanidad, se activó el protocolo correspondiente. Los miembros del gabinete y los altos cargos que compartimos planta nos hicimos la prueba de antígenos en el centro de salud que está enfrente de la Consejería. Di negativo. Como el resto. Realicé mi última comparecencia como consejero y, cómo no, tuve el último rifirrafe con la portavoz de Vox, Alicia Rubio, que seguía empeñándose en estigmatizar a los que no son «normales» como ellos. En este caso seguía insistiendo en calificar a la comisión de Mujer como «hemipléjica»[346]. No tienen remedio.

Pasé la tarde en la Consejería. El plan era que, sobre las 19:00, el vicepresidente Aguado se lo comunicara a la presidenta y que, a continuación, yo la llamara. Durante esa tarde retoqué los últimos detalles de la carta que enviaría a Ayuso y a los medios. Reproduzco aquí su contenido:

Estimada Presidenta

Cuando me nombraste Consejero de tu Gobierno, ninguno imaginábamos la complicada situación que íbamos a vivir, pero te agradezco la confianza depositada en mí. Ha sido una de las mayores experiencias de mi vida profesional.

Hoy, 2 de octubre de 2020, te comunico mi dimisión como Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, una vez pasado el debate del Estado de la Región y ahora que se reinicia la actividad parlamentaria ordinaria.

No se trata de una decisión apresurada sino meditada. Creo necesario cerrar una etapa, dar un paso al lado y volver a mi trabajo en la Asamblea, desde donde seguiré defendiendo los derechos de las personas más vulnerables.

La situación en las residencias está en la actualidad bastante controlada, aunque no nos podemos confiar: es necesario no bajar la guardia y mantenerse alerta. En esta segunda oleada, a diferencia de la anterior, nos enfrentamos mejor equipados, sabemos más del virus, todos los centros cuentan con planes de contingencia y nuestros residentes tienen un porcentaje de inmunidad elevado. Además, en esta segunda ola está funcionando adecuadamente la coordinación sociosanitaria y la derivación hospitalaria es fluida. Confío que todo esto sea suficiente para contener el virus dentro de las residencias en los próximos meses.

Una de las mayores enseñanzas de esta crisis es que el modelo de cuidados necesita ser cambiado, tanto en la Comunidad de Madrid como en toda España. Es algo que ya sabíamos antes de la crisis pero que ahora se hace ineludible acometer.

No quiero terminar sin agradecer a nuestro Vicepresidente, Ignacio Aguado, por facilitarme la oportunidad de ser Consejero de la Comunidad de Madrid.

No puedo olvidarme de los trabajadores de esta Consejería y especialmente de todos los que han desarrollado su labor en las Residencias; en esta batalla han tenido un papel protagonista y han estado siempre a la altura. Se merecen un reconocimiento de la sociedad y, sobre todo, de este Gobierno.

Presidenta, te deseo mucha suerte y acierto en la tarea que tienes por delante. La unidad entre las instituciones es el camino más acertado para vencer al virus.

Un abrazo,

Alberto Reyero Zubiri

Eran las 19:00 y seguíamos a la espera. Parecía que la presidenta estaba reunida y no le cogía el teléfono a Aguado. Al final consiguió hablar con ella sobre las 20:00, por lo que ya pude hablar con Ayuso. Esto es lo que recuerdo de esa conversación telefónica:

—Presidenta. Ya te ha contado el vicepresidente que presento mi dimisión.

—Sí.

—Quiero que sepas que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo estas semanas. Me sienta más o menos cómodo con todo lo que está pasando. Eso no importa. La principal razón de mi salida es que me sentí maltratado durante los primeros meses de la pandemia. Que los mensajes que se lanzaron desde tu entorno no me parecieron justos… Y que espero… que eso no se repita ahora, presidenta.

—Yo también lo pasé mal, consejero. Lo del hotel me hizo mucho daño.

—Presidenta. Todos lo hemos pasado mal. Pero yo quiero que quede claro que me refiero a ciertos mensajes que salieron de Sol, en los que en lugar de hacer piña en la situación complicada que estábamos viviendo, se centraron en señalarme como culpable de lo que estaba sucediendo… De todas maneras, solo quería que supieras las verdaderas razones para mi renuncia. Públicamente yo quiero salir bien. Sin hacer ruido. No estamos para tonterías. En esa línea va la carta de dimisión que voy a enviar a los medios; ahora mismo te la envío por WhatsApp. Verás que me limito a comunicar mi salida y que he decidido dar un paso al lado e iniciar una nueva etapa. Que seguiré como diputado en la Asamblea.

—Siento que te hayas sentido así. Este Gobierno será siempre tu Gobierno. Gracias por tu trabajo.

—Mucha suerte y acierto en tus decisiones. Adiós, presidenta.

El envío de mi carta de dimisión a los medios fue como abrir una compuerta. Mi gabinete empezó a recibir decenas de llamadas de los medios; yo mismo comencé a recibir cientos de mensajes de WhatsApp, que no remitirían en todo el fin de semana. Me llamó mucha gente, pero solo se lo cogí a dos personas a quienes agradezco mucho el detalle: al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

En los minutos posteriores a que se conociera mi dimisión afloraron los dos extremos de la calidad humana. Mientras Ángel Gabilondo me llamaba solo para trasladarme su afecto y desearme lo mejor, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, publicó en sus redes sociales un mensaje que decía: «¡Por fin!»[347].

La noticia de mi dimisión cogió vuelo casi de inmediato y la recogieron los telediarios nacionales. Para haber querido pasar desapercibidos, no habíamos tenido mucho éxito.

Después de mi llamada telefónica, la presidenta intervino en una entrevista en La Linterna, de la Cadena Cope. Según recogió ese medio: «Ayuso le ha trasladado al ya exconsejero suerte»[348].

Sobre las 10 de la noche me fui a casa. Aunque la dimisión no sería efectiva hasta la semana siguiente, una vez que saliera publicada en el BOCM, ya estaba todo hecho. Estaba donde quería estar. Fuera de todo. Y estaba bien. Tardé en conciliar el sueño esa noche, pero dormí a pierna suelta por primera vez en varios meses. Todo había terminado.

Epílogo

Los perdedores de la historia tienen más cosas que enseñarnos que los vencedores. No hay víctima que dure para siempre; lo importante es saber reaccionar frente a la derrota.

Mark Mazower, Lo que no me contaste

El acuerdo de gobierno con el PP en la Comunidad de Madrid nos dejó a los pies de los caballos desde el principio. Con él estábamos traicionando uno de los dos ejes con los que se había construido Ciudadanos como alternativa: la regeneración política. El otro era impedir la existencia de gobiernos populistas o subordinados a nacionalistas. En lo que se refiere al primer eje, en Murcia, Castilla y León o la Comunidad de Madrid, llegamos a acuerdos en los que nos limitamos a apuntalar a gobiernos de muchos años. En otros, como Andalucía o la ciudad de Madrid, el acuerdo significó un verdadero cambio de gobierno. No me parece casualidad que los primeros casos acabaran mucho peor que los segundos.

Por no mencionar el apoyo que necesitábamos de Vox para formar gobierno. Para colmo, la mayoría de sus obsesiones se concentraban en el área de mi responsabilidad: negación de la violencia machista, homofobia, criminalización de los niños migrantes, rechazo a la inmigración, etcétera. Pese a las presiones, no creo haber hecho ninguna concesión a sus ideas reaccionarias. Todo lo contrario. Y ahí está la hemeroteca para demostrarlo. Esas fueron algunas de las razones de que me pusieran en su punto de mira desde el principio. Ese «¡Por fin!» de Rocío Monasterio en Twitter y en Instagram, minutos después de que anunciara mi dimisión, es un punto final muy significativo y que confirma lo que digo.

Cuando Ignacio Aguado me ofreció ser consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, tuve muchas dudas. Me parecía una labor casi imposible, después del abandono y la dejadez de los gobiernos anteriores del PP. Quizás otras áreas no tuviesen el mismo problema. Pienso, por ejemplo, en Economía. Pero para el PP los servicios sociales nunca han sido una prioridad, sino todo lo contrario. La Comunidad de Madrid siempre aparecía muy mal valorada en los rankings de servicios sociales, lo cual no era ninguna casualidad. Durante meses comenté con mi equipo más cercano una broma que reflejaba muy bien lo que pensaba. Se trataba de la fantasía de subir a la tribuna de la Asamblea y decirles a los madrileños la verdad de lo que me había encontrado: «Señorías, los servicios sociales en Madrid están en una situación muy precaria. Hemos venido para cambiar muchas cosas. Y las cambiaremos». Lo peor es que la situación no ha dejado de empeorar: en el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicado el 22 de junio de 2022, la Comunidad de Madrid obtiene la valoración más baja de sus servicios sociales entre todas las comunidades autónomas españolas (3.07 sobre 10)[349].

Nuestra relación con los servicios sociales, además, no solo requería un cambio de paradigma político que tuviera más presentes los cuidados, sino también una transformación social. Uno de los indicadores más certeros de nuestro nivel de decencia como sociedad es cómo tratamos a las personas más vulnerables y, de manera especial, a los mayores. Y nuestra sociedad arrastra un problema grave de «edadismo» desde mucho antes de la pandemia. Solo un mes antes de que estallara, el 30 de enero de 2020, El País publicó un reportaje que, a la luz de lo ocurrido después, cobra un especial sentido: «Mayores aparcados en la residencia: un 40 % recibe visitas y apenas el 16 % sale por Navidad»[350].

La noticia informaba de un estudio sobre la soledad de los mayores en residencias y se basaba en datos obtenidos de los registros de visitas en once residencias del sur de la Comunidad de Madrid. La realidad es que los mayores dependientes ya eran en gran medida invisibles. Por no hablar del incremento en los últimos años de personas mayores de 80 años que vivían solas en sus casas, unas 850 000, según la Encuesta Continua de Hogares de 2018[351]. La soledad no deseada es un problema por resolver.

Pero aun así acepté la responsabilidad y me dispuse a cambiar todo aquello que estuviese en mi mano. Siempre repetí en mis comparecencias públicas que me consideraba de paso en la Consejería. Que mi obligación era recibir lo que se había hecho en el pasado, lo bueno y lo malo, y entregarlo mejorado a quien viniera después. Es verdad que nunca pensé que solo llegaría a estar poco más de un año. Aunque ese año valiera por varios. Y que más de la mitad de ese tiempo estaríamos inmersos en la mayor tragedia de nuestra historia reciente. Pero las cosas son como son, no como nos gustaría.

La pandemia se llevó por delante todas las propuestas de cambio que traía bajo el brazo. Pero tampoco voy a llorar por la leche derramada. Como decía Caballero Bonald, quien nos dejó recientemente: «Somos el tiempo que nos queda»[352]. Estoy seguro de que en condiciones normales habría podido mejorar muchas cosas resistiendo las acometidas de mis socios más reticentes. Tuve mala suerte, pero no vale lamentarse por ello; salvo por las vidas que se han quedado por el camino, claro. Esas estarán siempre en nuestro recuerdo. Ahora toca mirar hacia delante, también en lo personal y contribuir desde donde nos corresponda a impulsar un cambio en la atención a los mayores.

En lo que se refiere a mi labor como consejero, siempre me quedará la espina clavada de si pude hacer más o de si pude haberlo hecho de otra manera. Otros no hicieron nada, salvo aprobar protocolos vergonzosos para luego negar su existencia o que llegaran a aplicarse. En cuanto pudieron, bloquearon la comisión de investigación sobre la gestión en las residencias para no tener que dar explicaciones. Lo único que hicieron fue esperar a que escampara e intentar que la gente se olvidara.

Pero ahí están las cifras, desmintiendo el relato que nos han querido contar acerca de la excelente gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. El Barómetro anual del Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea, publicado el 12 de octubre de 2021 y elaborado con información de la Oficina Europea de Estadística, señaló a la Comunidad de Madrid como la región de la Unión Europea con un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020 en comparación con la media de defunciones de los cuatro años anteriores, con un 44 %. Otras tres comunidades españolas se encontraban en la lista de diez regiones europeas con mayor exceso de mortalidad en 2020: Castilla-La Mancha, en tercer lugar, con un 34 %; Castilla y León, en sexto lugar con un 29 %; y Cataluña, en octavo, con un 27 %. El informe completo es fácilmente accesible por internet, pero aquí incluyo una tabla con las diez regiones europeas con mayor exceso de mortalidad en 2020[353].

| Región | % |  | Región | %
1 | Comunidad de Madrid | 44 | 6 | Castilla y León | 29
2 | Lombardía | 39 | 7 | Valle d’Aosta | 28
3 | Castilla-La Mancha | 34 | 8 | Cataluña | 27
4 | P. A. di Trento | 32 | 9 | Podkarpackie | 26
5 | Mayotte | 32 | 10 | Piemonte | 25

Estos datos se parecen mucho a los de otros estudios, como el publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)[354], basado en las cifras de vigilancia diaria de 2020 y 2021 del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), o el publicado por la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF)[355], ambos en esas fechas.

En abril de 2022, por su parte, conocimos los efectos del covid sobre la esperanza de vida en las regiones europeas durante el 2020, también con datos de la Oficina Europea de Estadística[356]. Y los resultados seguían siendo muy tozudos: la Comunidad de Madrid fue la región europea en la que más disminuyó la esperanza de vida con respecto a 2019, con una caída de 3.5 años. El segundo puesto lo comparten la región italiana de Lombardía y Castilla-La Mancha, donde el descenso fue de 2.8 años.

¿El exceso de mortalidad en la Comunidad de Madrid o el descenso tan elevado en su esperanza de vida pueden achacarse a los protocolos o a la no medicalización de las residencias? Es imposible establecer una relación causal irrefutable, pero lo más probable es que influyeran en gran medida. En la primera ola aproximadamente la mitad de los fallecidos provenían de una residencia, independientemente de que su muerte se produjera en ellas (la mayoría) o en un hospital. Y tampoco podemos olvidar que en la Comunidad de Madrid se produjo una circunstancia que no ocurrió en ningún otro lugar: la existencia de un documento escrito de la Consejería de Sanidad que impedía que determinadas personas fueran atendidas en un hospital.

Aunque para ser justos, también influyeron otros factores. Algunos, más evitables, como la situación de la sanidad madrileña. Y otros, menos controlables, como la alta densidad de población de la región, ser un nudo de transporte nacional e internacional o haber sido una de las primeras CCAA fuertemente golpeadas por el covid. Ojalá lleguemos a una conclusión definitiva con el paso del tiempo y podamos aprender de ella. Pero eso será complicado mientras no hablemos abiertamente de ello y analicemos lo ocurrido con una disposición constructiva. ¿Ni siquiera sobre eso merecemos una explicación?

Ya lo he dicho varias veces en este texto: que los demás no hicieran nada no es suficiente consuelo. De lo que sí estoy orgulloso es de que, a pesar de la irresponsable campaña en mi contra que pusieron en marcha, no me dejé vencer. A uno siempre le quedan dudas acerca de cómo se comportaría en situaciones verdaderamente difíciles. Leyendo sobre momentos terribles de nuestra historia, muchas veces me he preguntado: «¿Qué habría hecho yo?». En este caso no tengo nada de qué avergonzarme. Les hice frente sin importarme las consecuencias. Ahora sé que de no haberlo hecho y de haberme dejado doblegar por sus mentiras, hoy sería el único culpable de lo que pasó, por encima de protocolos infames, de que no medicalizaran las residencias o de la puesta en marcha de inaceptables chapuzas como la «operación bicho». Lo que me salvó fue contar la verdad, no callármela.

También me echaron en cara que escribiera aquellos correos electrónicos y aquellas cartas al consejero de Sanidad para «salvar el trasero». Lo dijo con esas palabras el portavoz del PP, en el momento en el que intentaba justificar el indecente carpetazo a la comisión de investigación en julio de 2021. Y es cierto que también me sirvieron para eso, pero no por las razones que ellos creen. En ningún momento he rehuido mi responsabilidad, creo que hay muchas pruebas de ello a lo largo de esta historia. Si no hubiera puesto mis advertencias por escrito, habrían rematado la faena que iniciaron el 18 de marzo de 2020 cuando me señalaron como único responsable de la hecatombe. Sí, es verdad, esas cartas me salvaron, pero de ellos.

Ahora que, después de diez años, ha terminado mi carrera política, me marcho con dos hitos en la mochila de mi labor parlamentaria de los que me siento especialmente orgulloso. Esto ya es decir mucho en un lugar como la Asamblea, en el que casi todo lo que ocurre suele ser invisible para los medios y para los ciudadanos. Y cuando no lo es, se pasa a la historia parlamentaria por decir «estoy tocándome los cojones, que para eso me hice diputado»[357] o por jugar a Apalabrados mientras se votaba la privatización de la gestión de la sanidad madrileña[358]. Por citar dos momentos que me tocó vivir como diputado.

Voy a resumir brevemente los dos hitos por los que me siento más orgulloso. El primero en 2013, cuando convoqué a la comisión de Políticas Sociales a uno más de la corte de mantenidos por las «mamandurrias» de Esperanza Aguirre. Se trataba de Santiago Abascal y ya lo conté en mi relato. El segundo tuvo lugar el 1 de junio de 2020, cuando tuve la osadía de calificar desde el mismo Gobierno que los protocolos de exclusión hospitalaria aprobados por la Consejería de Sanidad «no eran éticos ni posiblemente legales». Algo sobre lo que, por cierto, ya había advertido durante los primeros días de la pandemia, con nulo éxito y con consecuencias sobre mi persona. Otros, posiblemente, se habrían callado. Yo hice lo que creí que debía hacer: decir la verdad.

En la Introducción mencionaba que una de las razones que me han llevado a escribir este libro es el bloqueo de la comisión de investigación en la Asamblea. A diferencia de ellos, yo siempre he expresado mi absoluta disposición a comparecer. Por algo será. Pienso que, como cargo público durante la tragedia, era mi obligación hacerlo. Animaría a quienes han hecho todo lo posible por no comparecer a que dejen de negarlo todo, a que respondan por sus decisiones, a que den la cara, a que no oculten información, a que no digan mentiras y a que cuenten su verdad. Las víctimas del covid en las residencias tienen derecho a saber lo que pasó. Por favor, comparezcan y dejen de lanzar mensajes de que les importa el sufrimiento de las víctimas. Los familiares no necesitan que nadie se autoproclame su defensor. Necesitan la verdad. Solo eso. Es demoledor que un gobierno se niegue a rendir cuentas. Eso no hace más que incrementar la inmensa deuda que teníamos pendiente con los que ya no están. Mientras no hagamos eso, es imposible que cierren sus heridas.

Personalmente, solo estoy reclamando responsabilidades políticas. La obligación de rendir cuentas es de primero de democracia. En cuanto a las responsabilidades penales, no me corresponde a mí su búsqueda. Por eso dije lo que dije en la comisión en relación con los protocolos: «No son éticos y posiblemente no sean legales». Tenía claro que había un problema ético porque contradecía principios tan básicos como la igualdad o la dignidad, con independencia de la edad o de la discapacidad.

Me han echado en cara que no acudiera entonces o más tarde a los juzgados a denunciar los protocolos. Puede que esté equivocado, pero siempre he considerado que la valoración de la legalidad de esos protocolos no me correspondía a mí, sino a los jueces y fiscales, quienes no lo han considerado necesario hasta ahora. También tengo que confesar que me cuesta trabajo entender que, en los procedimientos abiertos, aún no hayan llamado a declarar a ningún responsable de la existencia de esos protocolos para explicar qué es lo que pretendían con su puesta en marcha. O que Fiscalía no haya mostrado más interés en investigarlos. Aunque sea para decirnos que todo estaba bien. Posiblemente no sepa demasiado de Derecho. Y lo poco que sé, lo aprendí hace demasiados años.

Cuando abandoné la Consejería en octubre de ese año horrible, lo peor en las residencias madrileñas ya había pasado. La inmunidad actuaba de barrera a la enfermedad en la mayoría de ellas. Luego llegarían las vacunas y el final de la pesadilla. Por eso a algunos les extrañó que me fuera cuando las cosas ya estaban mejorando. «Si lo peor ha pasado, ¿por qué te vas?», me decían.

Pero, aunque lo hicieran de buena fe, se equivocaban. Precisamente que las cosas fueran a mejor no me empujaba a quedarme sino a todo lo contrario. Aguanté mientras creí que debía hacerlo, pero me fui entonces porque me resultaba imposible compartir nada con quienes habían querido borrarme del mapa. Con ellos no podía ir ya ni a la vuelta de la esquina. Eso en lo que se refiere a la parte emocional, que me dejó agotado y vacío. Pero también había argumentos racionales en mi decisión. Continuar como consejero no conducía a nada. No esperaba nada bueno de nuestra asociación y no quería compartir proyecto con quienes no se inmutaban por excluir a las personas más vulnerables de la atención sanitaria. Nunca más. Lo que ocurrió meses después no hizo más que confirmar que mi diagnóstico no estaba equivocado.

A pesar de que tengo que estar muy agradecido y en toda la crisis estuve muy bien acompañado, no dejé de sentir la soledad en ningún momento. Era a mí a quien señalaban y culpaban desde Presidencia. Era a mí al que apartaban de la carretera y al que estuvieron a punto de atropellar. Era yo el que escribía los emails y las cartas al consejero de Sanidad oponiéndome a los protocolos y alertando de sus consecuencias. Era yo el que entraba en la radio o en la tele para explicar lo que pasaba o para negar que se estuviera medicalizando nada. Era yo el que tenía que leer noticias falsas e injustas. Era yo el que tenía que aguantar que lanzaran mensajes extraoficiales desde una parte del Gobierno. Era yo el que tenía que resistir en los Consejos de Gobierno y soportar sus malas caras. Era yo el que no dormía por las noches y soñaba con que todo acabara de una vez. Era yo el que tenía que dar la cara con los grupos políticos para explicarles la situación en la que nos encontrábamos. Era a mí a quien llamaban mezquino diputados de mi socio de gobierno. Era yo el negligente y el desleal. Era yo el que en última instancia tenía que decidir si merecía la pena seguir adelante, actuar de acuerdo con mis convicciones o dejarlo pasar. Era yo el que tenía que defenderse en los medios. Era a mí a quien decían que querían cesar, pero no podían. Era yo el que soñaba con dimitir. Era yo el que redactaba cartas de dimisión y al final fui yo, solo yo, el que dimití, en contra de los consejos de casi todos.

Todos los que me querían, entre los que está mi familia, por supuesto, me ayudaron. Sobre todo, con su cariño incondicional. Pero al final estaba yo solo ante el mundo. Los que estuvieron muy cerca saben quiénes son. Y les estaré siempre agradecido.

De alguna manera se cierra un ciclo que comenzó hace años cuando me enfrenté a la dependencia en casa y comencé a escribir un blog de clarividente título a la luz de lo ocurrido después: «No es Madrid para viejos». A pesar del tiempo transcurrido, cuando releo hoy las entradas de ese blog, me reconozco. Sigo siendo el mismo. Me revuelven las tripas las mismas cosas. Las mismas injusticias. La misma desfachatez de los de siempre. Mi paso por la política no me ha cambiado. Habría querido cambiar más cosas, es verdad. Pero me marché con la sensación de que las inercias de la administración o las redes clientelares dificultan mucho los cambios, por pequeños que sean. Y también me faltó tiempo, claro.

Durante toda la crisis me rondó la convicción de que un Gobierno autonómico no está para hacer oposición al Gobierno central. En Madrid, la queja y el victimismo se han convertido en una estrategia de confrontación con el Gobierno central. Con indudables réditos electorales y de popularidad, es verdad. Lo que no le quita ni un ápice de irresponsabilidad. No puede ser que los gobiernos independentistas de Cataluña acaben siendo el referente. Algo funciona mal en nuestro sistema autonómico cuando no hay suficiente cooperación y lealtad entre las instituciones. Todos somos Estado y a veces se nos olvida. La oposición al Gobierno central se hace en el Congreso de los diputados, aunque eso no sirva para lanzar al estrellato a ningún dirigente autonómico. Siempre tuve claro que un consejero (o un presidente) gobierna para todos los ciudadanos, los que les han votado y los que no. Esto, que parece obvio, se ha incumplido de forma reiterada e irresponsable en la Comunidad de Madrid.

Existe un deseo comprensible y compartido por todos de pasar página. Pero es necesario que saquemos conclusiones acerca de lo que pasó en las residencias durante la primera ola de la epidemia. En las olas siguientes ya tuvimos en cuenta algunas cosas que, aunque parezca increíble, habían sido desatendidas. Me refiero a cuestiones tan básicas como las siguientes: que todos los ciudadanos tengan derecho a una atención sanitaria pública; que la atención primaria también debe ocuparse de los usuarios de las residencias, no solo para tramitar recetas; que la derivación a los hospitales debe ser fluida y en función de las necesidades individuales de cada enfermo; que no puede haber instrucciones políticas que decidan sobre su destino; que las residencias están para cuidar, no para curar; que lo social no está en un nivel inferior a lo sanitario; que algunos recortes matan. Pero sigue siendo necesario que reflexionemos de verdad y sin filtros partidistas sobre lo ocurrido para que en el futuro hagamos las cosas mejor. No podemos permitir que pase un solo día sin que nuestras preguntas sobre lo ocurrido encuentren respuestas.

También deberíamos ser capaces de revisar cómo hemos permitido que la polarización lo invada todo. Tomar una posición clara sobre cualquier tema implica ataques crueles desde la otra mitad de la sociedad. O eres facha o eres comunista. En cuanto levanté la voz sobre lo que consideraba injusto e indecente concité los odios de una parte de la derecha. ¿Por qué? Porque ponía en dificultades a los que habían sido capaces de poner en marcha esa barbaridad. Sin entender que me daba igual que esa medida la hubiera puesto una presidenta de izquierdas o de derechas, lo grave era el hecho en sí; la indecencia no conoce de colores políticos.

Otro aspecto muy relacionado con la polarización es la mentira, que desgraciadamente se ha instalado con firmeza en nuestra sociedad. Que te pillen mintiendo no te pasa ninguna factura. Por eso hay políticos sin escrúpulos que mienten sin rubor. Hoy dicen lo contrario de lo que decían ayer y no pasa nada. Niegan lo que está escrito y da igual, pese a que eso genere ciudadanos descreídos. Lo importante es controlar el relato. La verdad ya no cotiza. Da igual que la Comunidad de Madrid fuera la región con mayor exceso de mortalidad de toda la Unión Europea durante la primera ola, mientras haya organizaciones —subvencionadas o de ningún peso institucional— que nos entreguen premios por nuestra buena gestión. Y si alguien lo critica es porque es comunista. Y lo peor es que esa estrategia funciona. Sigo pensando que deberíamos ser más exigentes con los nuestros que con nuestros adversarios.

En este relato también ha quedado de manifiesto la responsabilidad de la prensa, que debería reflexionar seriamente sobre su papel y sobre su futuro. En lugar de airear bulos o intoxicaciones, deberían denunciarlos. Y no me refiero solo a los medios que se dedican descaradamente al activismo o que solo se alimentan de subvenciones, sino también a los que compran relatos que les llegan empaquetados y que no los someten a ninguna crítica. ¿En qué cabeza cabe que un protocolo firmado por un alto cargo de Sanidad se convirtiera en algún momento en un borrador? En un país normal cualquiera que utilizara un argumento como ese debería irse a su casa inmediatamente, ya fuera político o periodista. Parece que los hechos han perdido terreno con respecto a las opiniones. Quizá sea un antiguo, pero sigo pensando que el papel de la prensa todavía es muy importante en una sociedad democrática. Y si muchos medios siguen por este camino acabarán sumidos en la irrelevancia. Por suerte todavía hay medios y profesionales que resisten.

En lo que a mí respecta, y ya que no tendré la oportunidad de compartir mi versión ni mis conclusiones en la Asamblea, como habría deseado, he escrito este texto donde todas las personas interesadas podrán encontrar lo que sé. Espero haber respondido de alguna manera a esa pregunta que me planteaba Baltasar Garzón en el artículo que mencionaba en la Introducción: «Si así piensa y no estaba de acuerdo, entonces, ¿por qué consintió en tales medidas cuando era consejero?». No sé si lo habré conseguido. Que las preguntas sean más o menos sencillas no significa que las respuestas también lo sean; la realidad es siempre mucho más complicada. Por eso he intentado reflexionar y poner por escrito mi versión sobre lo ocurrido. Al menos me ha ayudado a cicatrizar una parte del inmenso dolor que todavía siento.

Madrid, septiembre de 2022

Apéndice: enlaces a las fuentes

(El número corresponde al de la nota al pie)

[1] https://elpais.com/cultura/2020/03/20/babelia/1584729446_793122.html [cons. 27-06-22]

[2] https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/inf_resid_20220703.pdf [cons. 18-07-22]

[3] https://elpais.com/opinion/2020-07-22/desenmascarar-la-gerontofobia.html [cons. 27-06-22]

[5] https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/malicia_1_1207097.html [cons. 27-06-22]

[6] https://twitter.com/elonmusk/status/1236029449042198528 [cons. 27-06-22]

[8] https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2020 [cons. 27-06-22]

[9] https://elpais.com/elpais/2020/02/13/opinion/1581621470_349839.html [cons. 27-06-22]

[10] https://www.abc.es/espana/abci-salvador-illa-sobre-cancelacion-no-motivos-salud-publica-justifique-202002131318_video.html [cons. 27-06-22]

[11] https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-20070522-4.html [cons. 27-06-22]

[12] https://noesmadridparaviejos.wordpress.com/2009/02/05/exposicion-de-motivos/ [cons. 27-06-22]

[13] https://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/04/madrid/1288893305.html [cons. 27-06-22]

[15] https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/01/BOCM-20210701-1.PDF [cons. 18-07-22]

[17] https://www.elplural.com/sociedad/sanidad-aconseja-no-cerrar-centros-mayores-forma-generalizada_234700102 [cons. 28-06-22]

[18] https://www.comunidad.madrid/comunicado/2020/03/13/salud-publica-limita-visitas-centros-mayores-disminuir-riesgo-infeccion [cons. 02-09-22]

[19] https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/jose-manuel-ramirez-residencias-impedir-entrada-visitas-residentes-coronavirus-cruel-innecesario_18_2911920105.html [cons. 02-09-22]

[20] https://cadenaser.com/ser/2020/03/07/sociedad/1583584691_962782.html [cons. 28-06-22]

[21] https://www.elmundo.es/madrid/2020/03/08/5e62a85ffdddffeb038b4630.html [cons. 28-06-22]

[22] https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/09/comunidad-madrid-aprueba-medidas-extraordinarias-coronavirus

[23] https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/12/comunidad-madrid-pone-marcha-plan-historico-unira-sanidad-publica-privada-unica-coordinacion [cons. 07-07-22]

[24] https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-12/diaz-ayuso-ficha-para-la-crisis-del-coronavirus-al-ideologo-de-la-privatizacion-de-la-sanidad.html [cons. 13-07-22]

[25] https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/12/comunidad-madrid-pone-marcha-plan-historico-unira-sanidad-publica-privada-unica-coordinacion [cons. 07-07-22]

[27] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 [cons. 13-07-22]

[29] https://youtu.be/kbOGiKc1Qjg [cons. 28-06-22]; https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/X-DS-514.pdf (a partir de la página 30998) [cons. 07-07-22]

[30] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/X-DS-680.pdf (página 41247) [cons. 07-07-22]

[31] https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2019/11/15/comunidad-madrid-trabaja-patronal-sindicatos-mejorar-atencion-mayores [cons. 07-07-22]

[32] https://elpais.com/ccaa/2019/10/20/madrid/1571568639_925755.html [cons. 28-06-22]

[34] https://elpais.com/ccaa/2020/01/13/madrid/1578947529_591231.html [cons. 28-06-22]

[35] https://elpais.com/ccaa/2020/01/31/madrid/1580485514_111720.html [cons. 28-06-22]

[36] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-22/antonio-burgueno-los-mayores-de-residencias-quedaron-abandonados-a-su-suerte-en-toda-espana-incluido-madrid.html [cons. 28-06-22]

[37] https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-19/el-misterioso-plan-de-270-puntos-que-diseno-el-estratega-de-ayuso-para-la-pandemia.html [cons. 13-07-22]

[38] https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/12/diaz-ayuso-expone-hospitales-sindicatos-plan-integral-sanidad-madrilena-afrontar-coronavirus [cons. 07-07-22]

[39] https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/12/diaz-ayuso-expone-hospitales-sindicatos-plan-integral-sanidad-madrilena-afrontar-coronavirus [cons. 28-06-22]

[40] https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474232196498/fallecidos-madrid-residencia-ancianos-coronavirus-brote-espana.html [cons. 28-06-22]

[41] https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/coronavirus-madrid-detectan-17-fallecidos-y-75-contagios-en-una-residencia-3670 [cons. 28-06-22]

[42] https://youtu.be/7pDAgO_w8ro [cons. 28-06-22]

[43] https://www.eldiario.es/madrid/residencia-ancianos-madrid-consejeria-sanidad_1_5949605.html [cons. 28-06-22]

[44] https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/61/BOJA20-061-00003-4315-01_00171721.pdf [cons. 07-07-22]

[45] https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2020-03-18/residencias-ancianos-comunitat-valenciana-casos-virus-tendran-control-publico_2504696/ [cons. 28-06-22]

[46] https://boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf [cons. 07-07-22]

[47] http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=104#no-back-button [cons. 07 de julio de 2022]

[48] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-21/el-responsable-de-la-medicalizacion-de-residencias-en-madrid-admite-que-la-atencion-fue-insuficiente-durante-semanas.html [cons. 28-06-22]

[49] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-22/antonio-burgueno-los-mayores-de-residencias-quedaron-abandonados-a-su-suerte-en-toda-espana-incluido-madrid.html [cons. 28-06-22]

[50] https://www.cope.es/trecetv/programas/el-cascabel/videos/isabel-diaz-ayuso-trece-sanidad-madrilena-esta-colapsada-como-dicen-los-bulos-20200320_1047299 [cons. 02-09-22]

[51] https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*:*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR41500020&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and [cons. 28-06-22]

[52] https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-DEC-2020_def_baja.pdf [cons. 28-06-22]

[53] https://www.eldiario.es/sociedad/madrid-murcia-son-comunidades-afrontaron-crisis-covid-peores-servicios-sociales_1_7965604.html [cons. 28-06-22]

[54] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/X-DS-166.pdf [cons. 07-07-22]

[55] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00163.pdf [cons. 07-07-22]

[56] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/X-DS-598.pdf [cons. 07-07-22]

[57] https://www.eldiario.es/madrid/ley-suelo-cero-presupuestos-navajazos-anos-gestores-derecha-madrid_1_7304269.html [cons. 07 de julio de 2020]

[58] https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/Suplementos/Perspectivas/perspectivas2_gallego.pdf [cons. 29-06-22]

[59] https://www.esdiario.com/espana/478620886/La-cruel-masacre-en-una-residencia-destapa-la-negligencia-del-consejero-de-Cs.html [cons. 29-06-22]

[60] https://twitter.com/Amartinbeaumont/status/1240322814068097025 [cons. 29-06-22]

[61] https://twitter.com/natxo88/status/1239119325581148161 [cons. 29-06-22]

[62] https://twitter.com/Amartinbeaumont/status/1277685825426411522 [cons. 29-06-22]; https://www.facebook.com/antoniomartinbeaumont/videos/316889719469224/ [cons. 29-06-22]

[62] https://www.publico.es/politica/pp-villaviciosa-odon-venganzas-filtraciones-cintas-video-dirigentes-pp-pueblo-madrid.html [cons. 07-07-22]

[64] https://www.esdiario.com/espana/861169271/El-increible-video-viral-del-alcalde-mas-energumeno-de-Espana.html [cons. 02/09/22]

[65] https://www.esdiario.com/medios/444436515/De-El-Semanal-Digital-a-ESdiario-20-anos-de-periodismo-riguroso-y-comprometido.html [cons. 02/09/22]

[66] https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/tribunales/constructor-empresario-medios-castilla-leon-jose-luis-ulibarri-condenado-ano-medio-carcel-gurtel-boadilla_1_8901060.html [cons. 29-06-22]

[67] https://www.publico.es/espana/empresario-ya-veia-champions.html [cons. 07-07-22]

[68] https://www.leonoticias.com/leon/ulibarri-periodistas-punto-20180801130850-nt.html [cons. 29-06-22]

[69] https://elpais.com/diario/2007/03/05/cvalenciana/1173125881_850215.html [cons. 07-07-22]

[70] https://www.periodistadigital.com/periodismo/tv/20130402/ekaizer-enloquece-lasexta-antonio-martin-beaumont-periodista-disfrazado-sueldo-noticia-689401860114/ [cons. 29-06-22]

[71] https://elpais.com/ccaa/2020/01/31/madrid/1580485514_111720.html [cons. 13-07-22]

[72] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-286.pdf [cons. 13-07-22]

[73] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-308.pdf [cons. 07-07-22]

[74] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[75] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[76] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[77] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[78] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[79] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[80] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-21/el-responsable-de-la-medicalizacion-de-residencias-en-madrid-admite-que-la-atencion-fue-insuficiente-durante-semanas.html [cons. 29-06-22]

[81] https://cadenaser.com/emisora/2020/03/19/radio_madrid/1584605987_066518.html [cons. 29-06-22]

[82] https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-19/la-comunidad-de-madrid-pide-al-ejercito-que-intervenga-sus-residencias-para-frenar-las-muertes.html [cons. 29-06-22]

[83] https://www.vozpopuli.com/espana/politica/ejercito-desinfectar-residencias-madrid-ayuso_0_1338466525.html [cons. 29-06-22]

[84] https://twitter.com/albertoreyero/status/1241466102603005952

[85] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-169.pdf [cons. 07-07-22]

[86] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-22/antonio-burgueno-los-mayores-de-residencias-quedaron-abandonados-a-su-suerte-en-toda-espana-incluido-madrid.html [cons. 29-06-22]

[87] https://corporativa.amyts.es/noticias/noticia/?slug=actualidad-amyts-envia-un-requerimiento-a-antonio-burgueno-para-que-aclare-publicamente-sus-palabras-sobre-la-atencion-primaria [cons. 13-07-22]

[88] https://www.eldiario.es/catalunya/familias-geriatricos-barcelona-coronavirus-diagnosticar_1_1224048.html [cons. 29-06-22]

[89] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-02/reyero-el-verso-suelto-que-pone-en-apuros-el-gobierno-de-ayuso.html [cons. 29-06-22]

[90] https://www.elespanol.com/espana/madrid/20200325/polemico-documento-madrid-ancianos-discapacidad-no-derivaran/477453553_0.html [cons. 29-06-22]

[91] https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-26/por-que-no-va-la-ambulancia-a-la-residencia-los-cuatro-criterios-en-madrid-para-seleccionar-quien-es-hospitalizado.html [cons. 29-06-22]

[92] https://www.elmundo.es/madrid/2020/03/26/5e7c5d7d21efa081408b45e5.html [cons. 29-06-22]

[93] https://www.eldiario.es/madrid/madrid-rectifica-protocolo-residencias-discapacidad_1_1000606.html [cons. 29-06-22]

[94] https://www.infolibre.es/politica/documento-prueba-gobierno-ayuso-fijo-criterios-exclusion-no-trasladar-enfermos-residencias-hospitales_1_1183461.html [cons. 29-06-22]

[95] https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-28/residencias-ayuso-pp-cs-aguado-coronavirus_2522667/ [cons. 29-06-22]

[96] https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/26/diaz-ayuso-activa-plan-choque-residencias-mayores-sanidad-mando-unico-colaboracion-bomberos-proteccion-civil [cons. 07-07-22]

[97] https://okdiario.com/espana/ayuso-aparta-cs-gestion-residencias-mayores-impone-mando-unico-5365567 [cons. 29-06-22]

[98] https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/03/5ed68a8f21efa0911f8b45d9.html [cons. 29-06-22]

[99] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-20/el-primer-aviso-sobre-residencias-en-madrid-la-situacion-en-hospitales-esta-dificultando-la-derivacion-en-algunos-casos.html [cons. 29-06-22]

[100] https://www.europapress.es/nacional/noticia-ayuso-espera-reyero-vote-contra-reprobacion-consejero-sanidad-llama-demostrar-trabajo-unidos-20200624102709.html [cons. 29-06-22]

[101] https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_2020-0327_090000_100000/ [cons. 18-07-22]

[102] https://www.rtve.es/play/videos/la-manana/manana-27-03-20/5546932/ [cons. 18-07-22]

[103] https://www.abc.es/espana/madrid/abci-investigacion-falso-contrato-estancada-falta-colaboracion-reyero-202005310025_noticia.html [cons. 04-07-22]

[104] https://www.abc.es/espana/madrid/abci-choque-frontal-consejeros-madrilenos-pp-y-residencias-202006060027_noticia.html [actualizado el 6 de junio de 2020 y consultado el 04-07-22]

[105] https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-28/residencias-ayuso-pp-cs-aguado-coronavirus_2522667/ [cons. 04-07-22]

[106] https://twitter.com/LGuadalix/status/1248319964701958144 [cons. 04-07-22]

[107] https://www.facebook.com/AyuntamientoMirafloresdelaSierra/posts/pfbid0yLKdtU1vsjragSXYEVugZM2SuY8EMsLLXv2ZieAJ71eDm7JjojL5uFZQbNZW48Vxl?__tn__=%2CO*F [cons. 04-07-22]

[108] https://www.europapress.es/epagro/noticia-incendian-cocina-chale-miraflores-acogera-menores-tutelados-comunidad-criticas-alcalde-20200414125402.html [cons. 04-07-22]

[109] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-205.pdf [cons. 07-07-22]

[110] https://twitter.com/camargoraul/status/1251926758506418177 [cons. 04-07-22]

[111] https://www.bocm.es/boletin-completo/BOCM-20200328/76 [cons. 07-07-22]

[112] https://twitter.com/comunidadmadrid/status/1240973316854251523 [cons. 04-07-22]

[113] https://youtu.be/dJoPrpYrj0c [cons. 04-07-22]

[114] https://twitter.com/ComunidadMadrid/status/1505963073055690755?s=20&t=AETp0AIWpgG_jVNU6CNZug [cons. 13-07-22]

[115] https://www.europapress.es/madrid/noticia-hospital-ifema-asumira-aumento-contagiados-tratamiento-mas-graves-ucis-lopez-20200320152748.html [cons. 04-07-22]

[116] https://www.europapress.es/videos/video-com-madrid-termina-primeras-camas-hospital-ifema-20200321212538.html [cons. 04-07-22]

[117] https://youtu.be/gM-7jW41Kmc [cons. 04-07-22]

[118] https://www.eldiario.es/madrid/director-hospital-ifema-pacientes-confinados_1_6051901.html [cons. 04-07-22]

[119] https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/05/01/diaz-ayuso-ensalza-milagro-ifema-su-apagado-es-simbolo-vida [cons. 04-07-22]

[120] https://www.laprovincia.es/sociedad/2020/05/09/alma-ifema-8223911.html [cons. 04-07-22]

[121] https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-28/el-dano-colateral-del-gran-hospital-en-ifema-asi-queda-desmantelada-la-atencion-primaria.html [cons. 04-07-22]

[122] https://www.infolibre.es/politica/hospital-milagro-ayuso-excluyo-mayores-23-residentes-trasladados-ifema_1_1186204.html [cons. 04-07-22]

[123] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XII-DS-23.pdf; https://mediateca.asambleamadrid.es/watch?id=ZDMzNmY3ZWEtMDQwMS00ZGRkLTgwMjUtYzUyZjVjMGU0ODBl&start=8060 [cons. 07-07-22]

[124] https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2020-03-29/sanidad-atencion-residencias-ancianos_2523403/ [cons. 08-07-22]

[125] https://twitter.com/eruizescudero/status/1247479958668300289 [cons. 04-07-22]

[126] https://cadenaser.com/emisora/2020/04/08/radio_segovia/1586329770_283868.html [cons. 04-07-22]

[127] https://www.elmundo.es/madrid/2020/04/08/5e8da2effdddff80748b4683.html [cons. 04-07-22]

[128] https://twitter.com/victor__274/status/1248387957435674628 [cons. 13-07-22]

[129] https://cadenaser.com/emisora/2020/04/14/radio_madrid/1586888166_474703.html [cons. 04-07-22]

[130] https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=Abandonadas+a+su+suerte.+La+desprotecci%C3 %B3n+y+discriminaci%C3 %B3n+de+las+personas+mayores+en+residencias+durante+la+pandemia+covid-19+en+Espa%C3 %B1a [cons. 04-07-22]

[131] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-15/el-consejero-de-las-residencias-en-madrid-se-quejo-de-su-gobierno-en-una-carta-a-amnistia-internacional.html [cons. 04-07-22]

[132] https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/ayuso-arv_202006165ee8ad09b27bce00019cba6f.html [cons. 04-07-22]

[133] https://www.elespanol.com/espana/20200509/pedimos-medicinas-ancianos-morfina-sedacion-denuncian-residencias/488452348_0.html [cons. 04-07-22]

[134] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-170.pdf [cons. 07-07-22]

[135] https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-21/los-jueces-obligan-al-gobierno-regional-que-facilite-medios-a-las-residencias-de-mayores-de-alcorcon.html [cons. 04-07-22]

[136] https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-22/alcorcon-apremia-al-gobierno-regional-a-que-actue-en-las-residencias.html [cons. 04-07-22]

[137] https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-03/nuevo-varapalo-judicial-a-ayuso-por-las-residencias-de-alcorcon.html [cons. 04-07-22]

[138] https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-07/los-jueces-reiteran-a-la-comunidad-de-madrid-su-obligacion-de-medicalizar-las-residencias-de-leganes.html [cons. 04-07-22]

[139] https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-03/los-jueces-reiteran-a-ayuso-que-debe-medicalizar-las-residencias-de-alcorcon-y-leganes.html [cons. 04-07-22]

[140] https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-17/los-jueces-obligan-a-medicalizar-las-residencias-de-alcorcon-por-sexta-vez.html [cons. 04-07-22]

[141] https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-31/alcorcon-y-leganes-demandan-a-sanidad-por-la-gestion-de-las-residencias-de-mayores.html [cons. 04-07-22]

[142] https://elpais.com/espana/madrid/2020-11-22/desestimado-el-recurso-del-gobierno-regional-contra-la-demanda-de-las-residencias-de-leganes.html [cons. 04-07-22]

[143] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-251.pdf [cons. 07-07-22]

[144] https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-07/los-jueces-reiteran-a-la-comunidad-de-madrid-su-obligacion-de-medicalizar-las-residencias-de-leganes.html [cons. 04-07-22]

[145] https://twitter.com/natxo88/status/1239119325581148161 [cons. 29-06-22]

[146] https://www.infolibre.es/politica/prueba-definitiva-discriminacion-mayores-madrid-datos-residencias-desvelan-paralizo-traslado-hospitales_1_1186627.html [cons. 05-07-22]

[147] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-286.pdf [cons. 07-07-22]

[148] https://www.infolibre.es/politica/residencia-comunico-autoridades-sanitarias-prohibian-traslado-hospitales-protocolo-gobierno-ayuso_1_1184337.html [cons. 05-07-22]

[149] https://www.eldiario.es/catalunya/familias-geriatricos-barcelona-coronavirus-diagnosticar_1_1224048.html [cons. 05-07-22]

[150] https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2020-05-06/entrevista-a-ignacio-fernandez-cid-149506.html [cons. 05-07-22]

[151] https://www.elespanol.com/espana/20200509/pedimos-medicinas-ancianos-morfina-sedacion-denuncian-residencias/488452348_0.html [cons. 04-07-22]

[152] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-13/la-rebelion-contra-el-hospital-de-una-directora-de-residencia-esto-es-sentenciar-de-muerte-a-la-gente-y-no-lo-pienso-permitir.html [cons. 05-07-22]

[153] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-286.pdf [cons. 07-07-22]

[154] https://elpais.com/espana/madrid/2020-11-13/una-directora-de-residencia-en-madrid-relata-que-el-hospital-rechazo-a-sus-enfermos-durante-27-dias.html [cons. 05-07-22]

[155] https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200625/residencias-madrid-coronavirus-enfermos-hospital-8014511 [cons. 05-07-22]

[156] https://www.lasexta.com/noticias/nacional/la-llamada-que-retrata-el-drama-en-las-residencias-de-madrid-de-llevarla-al-hospital-nada_202006265ef5f64f794006000195f7ef.html [cons. 05-07-22]

[157] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-308.pdf [cons. 07-07-22]

[158] https://www.infolibre.es/politica/actas-inspeccion-policial-recogen-quejas-residencias-no-enviar-enfermos-hospitales-no-hubiera-habido-fallecimientos_1_1183957.html [cons. 05-07-22]

[159] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-169.pdf [cons. 07-07-22]

[160] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-170.pdf [cons. 07-07-22]

[161] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-170.pdf [cons. 07-07-22]

[162] https://www.elmundo.es/madrid/2020/04/19/5e9c640b21efa07b2a8b45fe.html [cons. 05-07-22]

[163] https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-19/ayuso-plantea-ceses-de-consejeros-y-directivos-si-se-demuestra-que-ha-habido-negligencias-en-la-gestion-de-las-residencias.html [cons. 05-07-22]

[164] https://www.europapress.es/nacional/noticia-ayuso-espera-reyero-vote-contra-reprobacion-consejero-sanidad-llama-demostrar-trabajo-unidos-20200624102709.html [cons. 29-06-22]

[165] https://cadenaser.com/emisora/2020/04/20/radio_madrid/1587408776_083364.html [cons. 05-07-22]

[166] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-172.pdf [cons. 07-07-22]

[167] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-172.pdf [cons. 07-07-22]

[168] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-169.pdf [cons. 07-07-22]

[169] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-172.pdf [cons. 07-07-22]

[170] https://www.abc.es/espana/abci-pp-dispara-comunidad-madrid-y-ciudadanos-hunde-202005012034_noticia.html [cons. 05-07-22]

[171] https://www.elmundo.es/espana/2020/05/08/5eb5c6fefc6c83b5048b459c.html [cons. 05-07-22]

[172] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-179.pdf [cons. 07-07-22]

[173] https://www.rac1.cat/info-rac1/20181001/452114190509/quim-torra-als-cdrs-apreteu-i-feu-be-dapretar.html [cons. 07-07-22]

[174] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-26.pdf [cons. 07-07-22]

[175] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-179.pdf [cons. 07-07-22]

[176] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/IX-DS-469.pdf [cons. 02-08-22]

[177] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-179.pdf [cons. 07-07-22]

[178] https://twitter.com/monasterior/status/1261246760334381060 [cons. 05-07-22]

[179] https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/22/5eedf290fdddff96438b457c.html [cons. 05-07-22]

[180] https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/isabel-diaz-ayuso-apartamento-hotel-coronavirus-kike-sarasola-cuarentena/44906 [cons. 05-07-22]

[181] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-179.pdf [cons. 07-07-22]

[182] https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-20/aguado-cierra-el-caso-room-mate-y-el-pp-le-desmiente-ayuso-sigue-investigando_2603240/ [cons. 05-07-22]

[183] https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-2/deslealtad-Gobierno-Espana-Diaz-Ayuso-2-2249795059--20200714104905.html [cons. 05-07-22]

[184] https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2020/05/13/5ebbff5821efa0f2728b45a2.html [cons. 05-07-22]

[185] https://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/exdirectora-Salud-Publica-Madrid-prevalecen-0-2229677030--20200508114108.html [cons. 13-07-22]

[186] https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuso-dimision-directora-salud-publica-no-he-tenido-ocasion-hablar-ella-20200507192101.html [cons. 05-07-22]

[187] https://www.elmundo.es/madrid/2020/05/13/5ebc123221efa04a5b8b45a4.html [cons. 05-07-22]

[188] https://www.elmundo.es/madrid/2020/05/10/5eb6d37d21efa0181e8b457a.html [cons. 05-07-22]

[189] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[190] https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-24/ifema-se-quedo-con-los-sanitarios-que-iban-a-curar-a-los-mayores-de-residencias.html [cons. 07-07-22]

[191] https://twitter.com/IdiazAyuso/status/1260632056234741760 [cons. 02-09-22]

[192] https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-18/ancianos-orden-pacientes-residencias-hospital_2593211/ [cons. 05-07-22]

[193] https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-05-18/denuncia-hospital-infanta-cristina-homicidio-imprudente-veto-ancianos_2599904/ [cons. 05-07-22]

[194] https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/coronavirus-covid-19-madrid-protocolo-decidir-ancianos-residencias-hospital_18_2948670305.html [cons. 05-07-22]

[195] https://www.infolibre.es/politica/documento-prueba-gobierno-ayuso-fijo-criterios-exclusion-no-trasladar-enfermos-residencias-hospitales_1_1183461.html [cons. 29-06-22]

[196] https://www.infolibre.es/politica/infolibre-reproduce-integro-protocolo-gobierno-ayuso-prohibio-trasladar-pacientes-residencias-hospitales_1_1183505.html [cons. 05-07-22]

[197] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-184.pdf [cons. 07-07-22]

[199] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-186.pdf [cons. 07-07-22]

[200] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-01/el-consejero-de-politicas-sociales-en-madrid-cree-que-negar-el-auxilio-a-los-mayores-en-residencias-pudo-ser-ilegal.html [cons. 05-07-22]

[201] https://www.infolibre.es/politica/consejero-ayuso-desenmascara-presidenta-pone-duda-legalidad-actuacion-sanidad-residencias_1_1183678.html [cons. 05-07-22]

[203] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-13/el-problema-fueron-las-bajas-de-sanitarios.html [cons. 05-07-22]

[204] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[205] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[206] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-02/reyero-el-verso-suelto-que-pone-en-apuros-el-gobierno-de-ayuso.html [cons. 05-07-22]

[207] https://www.elmundo.es/madrid/2020/05/15/5ebd8fcdfc6c831f268b456e.html [cons. 05-07-22]

[208] https://www.esdiario.com/espana/427002775/Ayuso-clava-su-mirada-en-Reyero-si-vota-reprobar-a-Ruiz-Escudero-se-acabo.html [cons. 05-07-22]

[209] https://www.infolibre.es/politica/datos-oculta-ayuso-80-fallecidos-marzo-vivian-residencias-no-trasladados-hospital_1_1183716.html [cons. 05-07-22]

[210] https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/03/5ed68a8f21efa0911f8b45d9.html [cons. 29-06-22]

[211] https://www.vozpopuli.com/espana/politica/ayuso-sanidad-madrid-residencias_0_1361564841.html [cons. 05-07-22]

[213] https://www.europapress.es/nacional/noticia-almeida-recrimina-reyero-mandara-correos-supuesta-ilegalidad-sacara-tratar-exculparse-20200615105846.html [cons. 05-07-22]

[214] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-188.pdf [cons. 07-07-22]

[215] https://cadenaser.com/emisora/2020/06/04/radio_madrid/1591285483_147387.html [cons. 05-07-22]

[216] https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/04/5ed9201d21efa0d4268b4580.html [cons. 05-07-22]

[217] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-04/los-correos-internos-de-la-comunidad-de-madrid-que-denunciaron-las-muertes-indignas-en-las-residencias.html [cons. 05-07-22]

[218] https://www.europapress.es/madrid/noticia-escudero-acusa-reyero-fariseismo-politico-defiende-gestion-residencias-20200605103848.html [cons. 05-07-22]

[219] https://www.rtve.es/noticias/20200606/madrid-defiende-residencias-se-actuo-supervision-geriatras-no-se-aplico-borrador/2015804.shtml [cons. 05-07-22]

[220] https://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/minutos-Parte-uno-2-2331386880--20210412055052.html [cons. 05-07-22]

[221] https://cadenaser.com/programa/2020/06/05/hora_25/1591388082_053295.html [cons. 05-07-22]

[222] https://youtu.be/Ys-Fg3ZTQTw [cons. 05-07-22]

[223] https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/05/5eda9626fc6c836e228b45e5.html [cons. 05-07-22]

[224] https://elpais.com/espana/madrid/2022-02-12/la-comunidad-de-madrid-miente-a-un-organo-estatal-para-ocultar-como-gestiono-la-crisis-de-las-residencias.html [cons. 05-07-22]

[225] https://cadenaser.com/2022/03/09/ayuso-indemnizo-con-mas-de-un-millon-de-euros-a-15-residencias-privadas-en-contra-del-criterio-de-la-abogacia-de-la-comunidad/ [cons. 13-07-22]

[226] https://cadenaser.com/emisora/2021/10/21/radio_madrid/1634796028_052369.html [cons. 18-07-22]

[227] https://www.eldiario.es/madrid/serra-unidas-podemos-comunidad-madrid_128_6035804.html [cons. 05-07-22]

[228] https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-28/reyero-las-encuestas-y-una-visita-del-enviado-de-arrimadas-la-semana-negra-de-aguado_2657883/ [cons. 05-07-22]

[229] https://elpais.com/opinion/2020-06-09/indignidad.html [cons. 08-07-22]

[230] https://www.abc.es/espana/madrid/abci-presion-gobierno-para-frenar-bronca-entre-reyero-y-ruiz-escudero-202006110031_noticia.html [cons. 06-07-22]

[231] https://www.segg.es/media/descargas/Carta-geriatria-residencias-Madrid.pdf [cons. 05-07-22]

[232] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-21/el-responsable-de-la-medicalizacion-de-residencias-en-madrid-admite-que-la-atencion-fue-insuficiente-durante-semanas.html [cons. 29-06-22]

[233] https://elpais.com/sociedad/2020-06-09/madrid-elaboro-un-protocolo-para-no-derivar-al-hospital-a-pacientes-domiciliarios.html [cons. 05-07-22]

[234] https://www.infolibre.es/politica/prueba-definitiva-discriminacion-mayores-madrid-datos-residencias-desvelan-paralizo-traslado-hospitales_1_1186627.html [cons. 05-07-22]

[235] https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*:*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=EUR41500020&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and [cons. 28-06-22]

[236] https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-20/las-residencias-madrilenas-lograron-derivar-a-solo-900-ancianos-en-las-semanas-mas-duras-de-la-pandemia.html [cons. 05-07-22]

[238] https://www.cope.es/trecetv/programas/el-cascabel/videos/isabel-diaz-ayuso-trece-sanidad-madrilena-esta-colapsada-como-dicen-los-bulos-20200320_1047299 [cons. 02-09-22]

[239] https://www.ft.com/content/5f4f79ac-6ddb-11ea-9bca-bf503995cd6f [cons. 05-07-22]

[240] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-172.pdf [cons. 07-07-22]

[242] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-251.pdf [cons. 07-07-22]

[243] https://www.hmhospitales.com/coronavirus/parte-diario/covid-19-23-abril-2020 [cons. 06-07-22]

[244] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-10/los-mayores-con-seguro-privado-pudieron-ser-trasladados-de-residencias-a-hospitales-en-madrid.html [cons. 06-07-22]

[245] https://www.infolibre.es/politica/ayuso-no-anadio-hospital-privado-red-publica-atendia-mayores-pese-miles-morian-residencias-trasladados-centro-medico_1_1186665.html [cons. 06-07-22]

[246] https://www.infolibre.es/politica/residencias-publicas-madrid-sufrieron-privadas-frenazo-traslados-hospitalarios_1_1186712.html [cons. 06-07-22]

[247] https://www.infolibre.es/politica/7-abril-dia-verguenza-madrid-registra-muerte-913-residentes_1_1186778.html [cons. 06-07-22]

[248] https://www.vozpopuli.com/sanidad/geriatras-protocolo-madrid-mayores-hospitales_0_1362464834.html [cons. 29-06-22]

[249] https://www.vozpopuli.com/espana/politica/ayuso-sanidad-madrid-residencias_0_1361564841.html [cons. 05-07-22]

[250] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-365.pdf [cons. 07-07-22]

[251] https://www.infolibre.es/politica/desastre-domusvi-galicia-contrasta-baja-mortalidad-residencias-gestion-publica_1_1306872.html [cons. 02/09/22]

[252] https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AspectosEticos_en_situaciones_de_pandemia.pdf [cons. 05-07-22]

[254] https://journal.eticaycine.org/Es-posible-la-decision-etica-en-el-campo-Sobre-la-real-decision-de-Sophie [cons. 18-07-22]

[255] https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=Abandonadas+a+su+suerte.+La+desprotecci%C3 %B3n+y+discriminaci%C3 %B3n+de+las+personas+mayores+en+residencias+durante+la+pandemia+covid-19+en+Espa%C3 %B1a [cons. 04-07-22]

[256] https://digital.csic.es/handle/10261/220460 [cons. 06-07-22]

[257] https://www.msf.es/sites/default/files/documents/medicossinfronteras-informe-covid19-residencias.pdf [cons. 06-07-22]

[258] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-186.pdf [cons. 07-07-22]

[259] https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/05/Informe_anual_2020-1.pdf [cons. 06-07-22]

[260] https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_Estrategia_Vacunacion/docs/COVID-19_EstrategiaVacunacion.pdf [cons. 06-07-22]

[261] https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/margarita-robles-ancianos_18_2919270084.html [cons. 06-07-22]

[262] https://www.europapress.es/nacional/noticia-robles-cadaveres-residencias-casos-excepcionales-hay-tomarlos-excepcionales-20200323220107.html [cons. 06-07-22]

[263] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-25/el-yo-acuso-de-un-consejero-de-cs-la-responsabilidad-de-las-residencias-esta-en-madrid.html [cons. 06-07-22]

[264] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-192.pdf [cons. 07-07-22]

[265] https://www.youtube.com/watch?v=STpPTPhgDfE [cons. 18-07-22]

[266] https://www.niusdiario.es/nacional/diaz-ayuso-descolocada-afirma-ante-sonsoles-onega-madrid-gestionaba-residencias_18_2964945275.html [cons. 06-07-22]

[267] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-221.pdf [cons. 07-07-22]

[268] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-200.pdf [cons. 07-07-22]

[269] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-25/el-yo-acuso-de-un-consejero-de-cs-la-responsabilidad-de-las-residencias-esta-en-madrid.html [cons. 06-07-22]

[270] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-192.pdf [cons. 07-07-22]

[271] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-192.pdf [cons. 07-07-22]

[272] https://www.cope.es/trecetv/programas/el-cascabel/videos/isabel-diaz-ayuso-trece-sanidad-madrilena-esta-colapsada-como-dicen-los-bulos-20200320_1047299 [cons. 02-09-22]

[273] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-192.pdf [cons. 07-07-22]

[274] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-192.pdf [cons. 07-07-22]

[275] https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ayuso-sorprende-investigacion-interna-sobre-residencias-mayores-202006112045_noticia.html [cons. 06-07-22]

[276] https://www.elindependiente.com/espana/2021/07/13/transparencia-insta-a-ayuso-a-informar-sobre-su-investigacion-de-los-centros-de-mayores/ [cons. 06-07-22]

[277] https://cadenaser.com/emisora/2021/10/19/radio_madrid/1634620575_625230.html [cons. 06-07-22]

[278] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-17/vamos-a-denegar-la-cama-a-los-pacientes-que-mas-riesgo-de-morir-tienen.html [cons. 06-07-22]

[279] https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-18/ancianos-orden-pacientes-residencias-hospital_2593211/ [cons. 05-07-22]

[280] https://twitter.com/idiazayuso/status/1273510743879684096 [cons. 06-07-22]

[281] https://elpais.com/sociedad/2020-04-06/ayuso-coloca-a-la-hija-del-ideologo-de-la-privatizacion-sanitaria-del-pp-a-gestionar-la-crisis-de-las-residencias.html [cons. 06-07-22]

[282] https://twitter.com/jrarribas/status/1238156568715300869 [cons. 06-07-22]

[283] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-21/los-12-dias-de-la-operacion-bicho-el-fiasco-del-plan-de-la-comunidad-de-madrid-para-salvar-las-residencias.html [cons. 06-07-22]

[284] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-21/el-responsable-de-la-medicalizacion-de-residencias-en-madrid-admite-que-la-atencion-fue-insuficiente-durante-semanas.html [cons. 28-06-22]

[285] https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-03/operacion-bicho-al-habla-los-audios-de-la-mujer-que-quiso-ser-reina-de-las-residencias-en-madrid.html [cons. 06-07-22]

[286] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-308.pdf [cons. 07-07-22]

[287] https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-04/este-es-el-contrato-con-la-comunidad-de-madrid-para-la-medicalizacion-de-residencias-que-encarnacion-burgueno-niega-que-existe.html [cons. 06-07-22]

[288] https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-05/encarnacion-burgueno-maldije-mi-apellido-mil-veces.html [cons. 06-07-22]

[289] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-02/reyero-el-verso-suelto-que-pone-en-apuros-el-gobierno-de-ayuso.html [cons. 05-07-22]

[290] https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/cela/discursos/discurso_03.htm [cons. 06-07-22]

[291] https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-13/ayuso-aguado-aparcan-crisis-agosto_2636975/ [cons. 06-07-22]

[292] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf [cons. 13-07-22]

[293] https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-24/ciudadanos-evitar-reyerazo-precipite-crisis-gobierno-madrid_2651991/ [cons. 06-07-22]

[294] https://twitter.com/albertoreyero/status/1275681517180723200 [cons. 06-07-22]

[295] https://twitter.com/albertoreyero/status/1275681914603614210 [cons. 06-07-22]

[296] https://cadenaser.com/emisora/2020/06/24/radio_madrid/1593010053_314356.html [cons. 06-07-22]

[297] https://www.europapress.es/nacional/noticia-ayuso-espera-reyero-vote-contra-reprobacion-consejero-sanidad-llama-demostrar-trabajo-unidos-20200624102709.html [cons. 29-06-22]

[298] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-200.pdf [cons. 07-07-22]

[299] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-200.pdf [cons. 07-07-22]

[300] https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-25/el-yo-acuso-de-un-consejero-de-cs-la-responsabilidad-de-las-residencias-esta-en-madrid.html [cons. 06-07-22]

[301] https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-25/reyero-ayuso-madrid-escudero-residencias_2655160/ [cons. 06-07-22]

[302] https://www.eldiario.es/madrid/serra-unidas-podemos-comunidad-madrid_128_6035804.html [cons. 05-07-22]

[303] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-205.pdf [cons. 07-07-22]

[304] https://cronicaglobal.elespanol.com/examen-protagonistas-semana/alberto-reyero_355215_102.html [cons. 06-07-22]

[305] https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuso-pregunta-donde-estado-iglesias-jefe-reyero-gestion-residencias-20200616194512.html [cons. 06-07-22]

[306] https://www.europapress.es/nacional/noticia-ayuso-espera-reyero-vote-contra-reprobacion-consejero-sanidad-llama-demostrar-trabajo-unidos-20200624102709.html [cons. 29-06-22]

[307] https://www.esdiario.com/espana/427002775/Ayuso-clava-su-mirada-en-Reyero-si-vota-reprobar-a-Ruiz-Escudero-se-acabo.html [cons. 06-07-22]

[308] https://twitter.com/Amartinbeaumont/status/1277685825426411522 [cons. 29-06-22]

[309] https://www.elindependiente.com/politica/2020/06/29/asalto-al-poder-de-madrid-reyero-el-hombre-clave-de-la-desestabilizacion/ [cons. 06-07-22]

[310] https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/28/5ef8af65fc6c8392098b460d.html [cons. 06-07-22]

[311] https://www.vozpopuli.com/espana/reyero-ayuso-dimisiones-madrid_0_1369064291.html [cons. 06-07-22]

[312] https://www.elmundo.es/madrid/2020/07/26/5f1d683221efa0f7718b459b.html [cons. 06-07-22]

[314] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-196.pdf [cons. 07-07-22]

[315] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-196.pdf [cons. 07-07-22]

[316] https://www.elplural.com/politica/espana/pp-veta-comision-investigacion-muertes-residencias-responsabilizar-iglesias_268595102 [cons. 07-07-22]

[317] https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/rocio-monasterio-geriatricidio-residencias-9-2223467647--20200417054736.html [cons. 06-07-22]

[318] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-192.pdf [cons. 07-07-22]

[319] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-211.pdf [cons. 07-07-22]

[320] https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Vox-investigacion-residencias-registrada-Asamblea-9-2350354943--20210614104204.html [cons. 13-07-22]

[321] https://youtu.be/Ekiz3iK70dA [cons. 13-07-22]

[322] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XII-DS-23.pdf [cons. 13-07-22]

[323] https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-ue-vox-subraya-espana-deberia-liderar-accion-internacional-liberar-cuba-yugo-comunista-20210716111117.html [cons. 13-07-22]

[324] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XII-DS-227.pdf [cons. 07-07-22]

[325] https://cadenaser.com/emisora/2021/06/11/radio_madrid/1623413488_841472.html [cons. 18-07-22]

[326] https://elpais.com/espana/madrid/2021-07-25/enrique-lopez-numero-dos-de-ayuso-se-nos-insulta-diciendo-que-somos-sectarios.html [cons. 18-07-22]

[327] https://www.infolibre.es/politica/punalada-trapera-victimas-familiares-indignados-cierre-investigacion-residencias-madrid_1_1207453.html [cons. 18-07-22]

[328] https://cadenaser.com/emisora/2020/07/13/radio_madrid/1594646173_087397.html [cons. 06-07-22]

[329] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-218.pdf [cons. 07-07-22]

[330] https://www.madridiario.es/488949/un-nuevo-acuerdo-marco-prioriza-la-calidad-frente-al-precio-en-la-contratacion-de-plazas-concertadas-en-las-residencias [cons. 06-07-22]

[331] https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-15/aguado-entrega-las-armas-a-ayuso.html [cons. 06-07-22]

[332] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-218.pdf [cons. 07-07-22]

[333] https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/23/5ef1dcfc21efa0d5728b45d5.html [cons. 21-07-22]

[334] https://elpais.com/politica/2019/04/13/actualidad/1555142026_772567.html [cons. 21-07-22]

[336] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-211.pdf [cons. 07-07-22]

[337] https://www.eldiario.es/escolar/dignidad-dimitir_132_6231123.html [cons. 06-07-22]

[338] https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20200921/virus-derroto-madrid-historia-meses-ineptitud-colectiva/521698888_0.html [cons. 06-07-22]

[339] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-221.pdf [cons. 07-07-22]

[341] https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-20/las-residencias-madrilenas-lograron-derivar-a-solo-900-ancianos-en-las-semanas-mas-duras-de-la-pandemia.html [cons. 05-07-22]

[342] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-221.pdf [cons. 07-07-22]

[343] https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200926/coronavirus-dimision-emilio-bouza-8129437 [cons. 06-07-22]

[344] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-230.pdf [cons. 07-07-22]

[345] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-230.pdf [cons. 07-07-22]

[346] https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-238.pdf [cons. 07-07-22]

[347] https://twitter.com/monasterior/status/1312100820008148992 [cons. 06-07-22]

[348] https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/ayuso-sobre-dimision-reyero-decidido-dar-este-paso-por-motivos-personales-20201002_925444 [cons. 06-07-22]

[349] https://elpais.com/sociedad/2022-06-22/seis-de-cada-10-ciudadanos-viven-en-comunidades-autonomas-con-servicios-sociales-debilitados.html [cons. 20-07-22]

[350] https://elpais.com/ccaa/2020/01/29/madrid/1580313507_833124.html [cons. 07-07-22]

[351] https://www.ine.es/prensa/ech_2018.pdf [cons. 07-07-22]

[353] https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf [cons. 08-07-22]

[354] https://www.eldiario.es/sociedad/muertes-esperadas-septiembre-evoluciona-peor-crisis-mortalidad-inicio-democracia-exceso-momo-29-de-octubre_1_6946073.html [cons. 13-07-22]

[355] https://www.lavanguardia.com/vida/20211028/7822827/madrid-aumento-mortalidad-41-2020-doble-catalunya.html [cons. 13-07-22]

[356] https://www.newtral.es/esperanza-de-vida-pandemia/20220509/ [cons. 13-07-22]

[357] https://www.vozpopuli.com/espana/David_Marjaliza-Francisco_Granados-Juez_Eloy_Velasco-francisco_granados-operacion_punica-david_marjaliza_0_828217202.html [cons. 18-07-22]

[358] https://elpais.com/ccaa/2012/12/28/madrid/1356691225_945587.html [cons. 18-07-22]

ALBERTO REYERO ZUBIRI (Madrid, 1962) es un abogado y político español diputado autonómico por Unión Progreso y Democracia de la IX legislatura de la Asamblea de Madrid y por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la X legislatura de esta.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1985 y Entrenador Ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching. Afiliado a Unión Progreso y Democracia (UPyD), fue miembro de la Coordinadora Territorial en Madrid, llegando a formar parte del Consejo Político Nacional del partido. Tras las elecciones autonómicas de 2011, fue elegido diputado de la IX legislatura de la Asamblea de Madrid. Reyero, que en abril de 2015 anunció su marcha de UPyD, se presentó en la lista de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía para las elecciones a la Asamblea de Madrid de mayo de 2015; obtuvo escaño de diputado autonómico para la X y XI legislatura de la cámara autonómica.

Reyero, que durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 criticó los protocolos de Sanidad de la Comunidad de Madrid en cuanto al triaje de enfermos como «poco éticos y posiblemente ilegales», presentó su dimisión como consejero de Políticas Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid el 2 de octubre de 2020, apelando a la «unidad de las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus» en la segunda ola. Su libro Morirán de forma indigna narra los hechos que ocurrieron durante aquellos fatídicos días.

Notas

[1] Yan Lianke, El País, «Que cuando esta epidemia acabe nos quede la memoria», 20 de marzo de 2020. <<

[2] Imserso, Enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Centros Residenciales (actualización n.º 71), 3 de julio de 2022. <<

[3] Adela Cortina, El País, «Desenmascarar la gerontofobia», 23 de julio de 2020. El libro posterior se llama Ética cosmopolita (Ediciones Paidós, 2021). <<

[4] Stendhal, La Cartuja de Parma [1839], traducción de Consuelo Berges, Madrid, Alianza Editorial, 2020. <<

[5] Baltasar Garzón, Infolibre, «Malicia», 7 de julio de 2021. <<

[6] Elon Musk (@elonmusk): «The coronavirus panic is dumb», Twitter, 6 de marzo de 2020. <<

[7] Albert Camus, La peste [1947], traducción de Rosa Chacel, Barcelona, Edhasa, 2010. <<

[8] Departamento de Seguridad Nacional, Informe anual de seguridad nacional 2020, Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado, abril de 2021. <<

[9] El País, «Sin razones», El País, 14 de febrero de 2020. <<

[10] Atlas España, «Salvador Illa sobre la cancelación del WCM: “No hay motivos de salud pública que lo justifique”», ABC, 13 de febrero de 2020. <<

[11] ABC, «¿El tercer partido?», ABC, 22 de mayo de 2007, p. 4. <<

[12] Alberto Reyero Zubiri, «Exposición de motivos», No es Madrid para viejos, 5 de febrero de 2009. <<

[13] Roberto Bécares, «Los 1058 días de María Teresa», El Mundo, 5 de noviembre de 2010. <<

[14] En el lado del PP quedaron la Presidencia del Gobierno y las Consejerías de Sanidad, Presidencia, Justicia, Hacienda, Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Vivienda y Educación. En el lado de Ciudadanos quedaron las Consejerías de Transparencia y Deporte, Economía y Empleo, Transportes, Políticas Sociales, Universidades y Cultura, además de la Vicepresidencia. Salvo contadas excepciones, las Consejerías actuaban de manera estanca. Es decir, eran monocolores. <<

[15] Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 1 de julio de 2021. <<

[16] A aquella reunión asistieron directores y jefes de área técnico asistencial de las residencias públicas, así como directores de los centros de mayores y de menores de la AMAS. <<

[17] El Plural, «Sanidad aconseja no cerrar los centros de día de mayores de forma generalizada», Elplural.com, 6 de marzo de 2020. <<

[18] Comunidad de Madrid, «Salud Pública limita las visitas a los centros de mayores para disminuir el riesgo de infección», Comunicado, 8 de marzo de 2020. <<

[19] Niusdiario.es, «José Manuel Ramírez: “Impedir la entrada en las residencias por el coronavirus es cruel e innecesario”», Nius diario. 9 de marzo de 2020. <<

[20] Europa Press, «Simón sobre la manifestación del 8M: “Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera”», Cadena SER, 7 de marzo de 2020. <<

[21] Marta Belver, «Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de Madrid: “No vamos a tolerar ningún recorte en derechos”», El Mundo, 8 de marzo de 2020. <<

[22] La Comunidad de Madrid dispone de un buscador de notas de prensa en la siguiente dirección web: https://www.comunidad.madrid/notas-prensa Las medidas extraordinarias por el coronavirus están recogidas, por ejemplo, en una nota de prensa publicada el 9 de marzo de 2020 con el título «La Comunidad de Madrid aprueba medidas extraordinarias por el coronavirus» (véase URL en el Apéndice). <<

[23] Comunidad de Madrid, «La Comunidad de Madrid pone en marcha un plan histórico que unirá la sanidad pública y privada bajo una única coordinación», Nota de prensa, 12 de marzo de 2020. <<

[24] Juan José Mateo y Berta Ferrero, «Díaz Ayuso ficha para la crisis del coronavirus al ideólogo de la privatización de la sanidad», El País, 12 de marzo de 2020. <<

[25] Comunidad de Madrid, «La Comunidad de Madrid ordena el cierre de los establecimientos y comercios, excepto de alimentación y primera necesidad», Nota de prensa, 13 de marzo de 2020. <<

[26] Ese mismo día se activó la alerta 2 de PLATERCAM en la Comunidad de Madrid y se puso en marcha un comité técnico que unificaba todos los servicios de emergencia de la región, tanto en materia de seguridad como de protección civil. Adicionalmente se habilitó un Centro de Coordinación (CECOR) con presencia del SUMMA, SAMUR, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional y enlaces con el resto de los servicios de seguridad y emergencias. <<

[27] Boletín Oficial del Estado, «Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», boe.es, 14 de marzo de 2020. <<

[28] El artículo dice textualmente: «El titular de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ejercerá las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y las demás disposiciones en vigor, correspondiéndole como órgano superior de la Administración de la Comunidad de Madrid el desarrollo general, la coordinación, la dirección, ejecución y control de las políticas públicas del Gobierno en los ámbitos siguientes: cohesión, inclusión social e innovación social, servicios sociales, dependencia, promoción social, fomento del voluntariado, inmigración y cooperación al desarrollo, familias y natalidad, consecución de la igualdad real y efectiva en los diferentes ámbitos de la vida política, económica y social, lucha contra la violencia de género y contra la discriminación y salvaguarda del derecho de todas las personas al reconocimiento de su identidad y al libre desarrollo de su personalidad acorde a la identidad o expresión de género libremente manifestada; y para los siguientes colectivos: mujeres, personas dependientes, menores de edad, LGTBI, mayores, inmigrantes y con discapacidad». <<

[29] Ciudadanos Madrid, «Reyero: “Las residencias necesitan de un gran acuerdo con el compromiso de grupos y sindicatos”», YouTube, 5 de octubre de 2017. Pleno Asamblea del 5 de octubre de 2017 (a partir de la p. 30 998). <<

[30] Pleno Asamblea del 10 de mayo de 2018 (p. 41 247). <<

[31] Comunidad de Madrid, «La Comunidad de Madrid trabaja con la patronal y los sindicatos para mejorar la atención a los mayores», Nota de prensa, 15 de noviembre de 2019. <<

[32] Fernando Peinado, «Vamos a colgar las multas a residencias para que mejore la atención», El País, 21 de octubre de 2019. <<

[33] La ley de transparencia de la Comunidad de Madrid ya nos obligaba a hacerlo con las penalidades económicas de los contratos. En lo que se refiere a las sanciones, dado que su número no era excesivamente elevado y su histórico estaba, en gran medida, ya sistematizado, proponíamos publicarlas directamente en la página web de la Comunidad de Madrid, a partir del 1 de diciembre de 2020, y su actualización con carácter mensual. <<

[34] Fernando Peinado y Juan José Mateo, «El consejero Reyero impone siete sanciones en cuatro meses a residencias de ancianos en Madrid», El País, 14 de enero de 2020. <<

[35] Fernando Peinado y Juan José Mateo, «Una de las peores empresas de residencias en Madrid se enfrenta a un castigo histórico», El País, 2 de febrero de 2020. <<

[36] Fernando Peinado, «El asesor sanitario de Ayuso: “Los mayores de residencias quedaron abandonados a su suerte en toda España, incluido Madrid”», El País, 23 de junio de 2020. <<

[37] Fernando Peinado, «El misterioso plan de 270 puntos que diseñó el estratega de Ayuso para la pandemia», El País, 19 de febrero de 2021. <<

[38] Comunidad de Madrid, «Díaz Ayuso expone a hospitales y sindicatos el plan integral de la sanidad madrileña para afrontar el coronavirus», Nota de prensa, 12 de marzo de 2020. <<

[39] Véase dirección en el Apéndice. <<

[40] Europa Press / Redacción, «Al menos 17 fallecidos por coronavirus en una residencia de ancianos de Madrid», La Vanguardia, 17 de marzo de 2020. <<

[41] Redacción médica, «Coronavirus Madrid: detectan 17 fallecidos y 75 contagios en una residencia», Redacción médica, 17 de marzo de 2020. <<

[42] El País, «Ayuso, el 17 de marzo: “[Las residencias] en su práctica totalidad están todas medicalizadas”», YouTube, 3 de diciembre de 2020. <<

[43] Fátima Caballero, «Una residencia donde murieron 17 ancianos en cuatro días alertó a la Comunidad de Madrid sin lograr respuesta», elDiario.es, 29 de abril de 2020. <<

[44] Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 30 de marzo de 2020. <<

[45] Efe, «Las residencias de ancianos de la Comunitat con casos de virus tendrán control público», El Confidencial, 18 de marzo de 2020. <<

[46] Boletín Oficial del Estado, martes 24 de marzo de 2020. <<

[47] El artículo 25.1 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, afirma lo siguiente: «Las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Sus miembros están obligados a guardar secreto sobre las opiniones y votos emitidos en el transcurso de las reuniones, así como de la documentación a que hayan podido tener acceso por razón de su cargo, mientras no se hayan hecho públicas oficialmente». <<

[48] Fernando Peinado, «El responsable de medicalizar residencias en Madrid admite que la atención fue insuficiente durante semanas», El País, 22 de junio de 2020. <<

[49] Fernando Peinado, «El asesor sanitario de Ayuso: “Los mayores de residencias quedaron abandonados a su suerte en toda España, incluido Madrid”», El País, 23 de junio de 2020. <<

[50] Cadena Cope, «Isabel Díaz Ayuso, en TRECE: “La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos”», cope.es, 20 de marzo de 2020. <<

[51] El informe que publicó Amnistía Internacional en diciembre de 2020 lo expresaba en los siguientes términos: «La infrafinanciación de la sanidad ha pasado factura. La década de los recortes sanitarios y sociales ha provocado un deterioro en el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria en España. Y es que mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido un 8.6 % de 2009 a 2018, el gasto sanitario en sanidad se ha reducido en un 11.21 % respecto a 2009. Por su parte, la inversión en atención primaria ha disminuido un 13.10 %. Este proceso de debilitación del sistema sanitario explica en gran medida por qué se ha llegado a esta situación de no derivación hospitalaria de personas mayores en las semanas críticas de la pandemia, con un contexto de mucha presión al sistema sanitario». Amnistía Internacional, La década perdida. Mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018, 16 de julio de 2020. <<

[52] VV. AA., Índice de desarrollo de los servicios sociales 2020, Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, mayo 2021. <<

[53] Belén Remacha, «Madrid y Murcia son las comunidades que afrontaron la crisis de la COVID con peores servicios sociales», elDiario.es, 24 de mayo de 2021. <<

[54] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 17 de marzo de 2016, p. 9256. <<

[55] Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, 1 de febrero de 2018, p. 22 384. <<

[56] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 8 de febrero de 2018, p. 36 842. <<

[57] Fátima Caballero, «Una ley (del suelo), cero presupuestos y navajazos: el final de dos años de los gestores de la derecha en Madrid», elDiario.es, 14 de marzo de 2021. <<

[58] Pilar Gallego Berciano, «Impacto de Covid-19 en los centros sociosanitarios», Revista Española de Salud Pública, 13 de mayo de 2020. <<

[59] Alicia Martín, «La cruel masacre en una residencia destapa la negligencia del consejero de Cs», ESdiario, 18 de marzo de 2020. <<

[60] @Amartinbeaumont, «Vergüenza la negligencia dolosa…», Twitter, 18 de marzo de 2020. <<

[61] @natxo88, «Escribo estas líneas sobre la situación en mi trabajo, a ver si por la magia de las RRSS llega a alguien que nos pueda ayudar. #COVID-19 #155coronavirus @Hardcorcon», Twitter, 15 de marzo de 2020. <<

[62] @Amartinbeaumont, «Cada día que pasa…», Twitter, 29 de junio de 2020; Antonio Martín Beaumont, «Cada día que pasa…», Facebook, 29 de junio de 2020. <<

[63] Marta Monforte Jaén, «Venganzas, filtraciones y cintas de vídeo de los dirigentes del PP en un pueblo de Madrid», Público, 17 de enero de 2019. <<

[64] ESdiario, «El increíble vídeo viral del alcalde más energúmeno de España», ESdiario, 9 de enero de 2019. <<

[65] ESdiario, «De El Semanal Digital a ESdiario: 20 años de periodismo riguroso y comprometido», ESdiario, 14 de enero de 2021. <<

[66] Laura Cornejo, «El constructor y empresario de medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri, condenado a un año y medio de cárcel por la Gürtel Boadilla», elDiario.es, 8 de abril de 2022. <<

[67] Pere Rusiñol, «El empresario que ya se veía en la “Champions”», Público, 28 de febrero de 2009. <<

[68] Leonoticias, «Ulibarri a los periodistas de sus medios: pon en el punto de mira a “Juanito Valderrama”», Leonoticias. <<

[69] Francesc de Paula Burguera, «La Brunete mediática del PP», El País, 5 de marzo de 2007. <<

[70] Periodista digital, «Ekaizer enloquece en laSexta contra Antonio Martín Beaumont: “¡Eres un periodista disfrazado! ¡Estás a sueldo!”», Periodista digital, 2 de abril de 2013. <<

[71] Fernando Peinado y Juan José Mateo, «Una de las peores empresas de residencias en Madrid se enfrenta a un castigo histórico», El País, 2 de febrero de 2020. <<

[72] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 13 de noviembre de 2020, p. 17 536. <<

[73] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 4 de diciembre de 2020, p. 19 065. <<

[74] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 24 de febrero de 2021, p. 23 057. <<

[75] Ibid., p. 23 068. <<

[76] Ibid., p. 23 051. <<

[77] Ibid., p. 23 056. <<

[78] Ibid., p. 23 067. <<

[79] Ibid., p. 23 053. <<

[80] Fernando Peinado, «El responsable de medicalizar residencias en Madrid admite que la atención fue insuficiente durante semanas», El País, 22 de junio de 2020. <<

[81] Cadena SER, «División en el Gobierno madrileño por la intervención del Ejército en las residencias», Cadena SER, 19 de marzo de 2020. <<

[82] Fernando Peinado, «El consejero de Políticas Sociales en Madrid pide a los médicos del Ejército que intervengan sus residencias», El País, 19 de marzo de 2020. <<

[83] Jorge Sáinz, «El Ejército empieza a desinfectar las residencias de Madrid a pesar de la negativa de Ayuso», Vozpópuli, 20 de marzo de 2020. <<

[84] Alberto Reyero (@albertoreyero), «He solicitado al Ministerio de Derechos Sociales…», Twitter, 21 de marzo de 2020. <<

[85] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad», 21 de abril de 2020, p. 8976. <<

[86] Fernando Peinado, «El asesor sanitario de Ayuso: “Los mayores de residencias quedaron abandonados a su suerte en toda España, incluido Madrid”», El País, 23 de junio de 2020. <<

[87] Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, «AMYTS envía un requerimiento a Antonio Burgueño para que aclare públicamente sus palabras sobre la Atención Primaria», corporativa.amyts.es, 28 de junio de 2020. <<

[88] Pau Rodríguez y Sofía Pérez Mendoza, «La saturación de los hospitales reduce al mínimo los traslados de enfermos graves desde residencias de ancianos», elDiario.es, 1 de abril de 2020. <<

[89] Fernando Peinado, «Reyero, el verso suelto que pone en apuros el Gobierno de Ayuso», El País, 3 de junio de 2020. <<

[90] Diego Rodríguez Veiga, «El polémico documento de Madrid: los ancianos con discapacidad y síntomas no se derivarán al hospital», El Español, 25 de marzo de 2020. <<

[91] Fernando Peinado, «¿Por qué no va la ambulancia a las residencias? Madrid descarta a terminales, grandes dependientes…», El País, 26 de marzo de 2020. <<

[92] Marta Belver, «Sanidad de Madrid rectifica la instrucción de no llevar al hospital a ancianos con discapacidad y síntomas de coronavirus», El Mundo, 26 de marzo de 2020. <<

[93] Sofía Pérez de Mendoza, «Madrid da marcha atrás con la orden que rechazaba hospitalizar a mayores de residencias con dependencia severa», elDiario.es, 26 de marzo de 2020. <<

[94] Manuel Rico, «El documento que prueba que el Gobierno de Ayuso fijó “criterios de exclusión” para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales», infoLibre, 26 de mayo de 2020. <<

[95] Alberto Pérez Giménez, «Vuelve la guerra soterrada en Madrid entre PP y Cs en plena crisis de las residencias», El Confidencial, 28 de marzo de 2020. <<

[96] Comunidad de Madrid, «Díaz Ayuso activa un plan de choque en residencias de mayores con Sanidad de mando único y la colaboración de Bomberos y Protección Civil», Nota de prensa, 26 de marzo de 2020. <<

[97] Carlos Cuesta, «Ayuso aparta a Cs de la gestión de las residencias de mayores e impone un mando único», Okdiario, 26 de marzo de 2020. <<

[98] Ferran Boiza, «El aviso de Reyero», El Mundo, 3 de junio de 2020. <<

[99] Juan José Mateo y Fernando Peinado, «La muerte indigna: reconstrucción de la tragedia de las residencias de ancianos en Madrid», El País, 21 de junio de 2020. <<

[100] Europa Press, «Ayuso espera que Reyero vote en contra de la reprobación del consejero de Sanidad y llama a demostrar el trabajo unidos», Europa Press, 24 de junio de 2020. <<

[101] Cadena SER, Hoy por Hoy (27/03/2020 - tramo de 09:00 a 10:00), a partir del minuto 13:07, 27 de marzo de 2020. <<

[102] Televisión Española, La Mañana (27/03/20), a partir del minuto 1:00:12, 27 de marzo de 2020. <<

[103] Carlos Hidalgo, «La investigación del falso contrato, estancada por la “falta de colaboración de Reyero”», ABC, 31 de mayo de 2020. <<

[104] Sara Medialdea, «Choque frontal de dos consejeros madrileños de PP y Cs por las residencias», ABC, 5 de junio de 2020 [actualizado el 6 de junio de 2020 y consultado el 4-07-22]. <<

[105] Alberto Pérez Giménez, «Vuelve la guerra soterrada en Madrid entre PP y Cs en plena crisis de las residencias», El Confidencial, 28 de marzo de 2020. <<

[106] Luis Guadalix, «El consejero de Política Social…», Twitter, 9 de abril de 2020. <<

[107] Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, «Comunicado de Alcaldía», Facebook, 9 de abril de 2020. <<

[108] Europa Press, «Incendian la cocina del chalé de Miraflores que acogerá menores tutelados por la Comunidad tras las críticas del alcalde», Europa Press, 14 de abril de 2020. <<

[109] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 2 de julio de 2020, p. 11 116. <<

[110] Raúl Camargo (@camargoraul), «Esto es inaudito…», Twitter, 19 de abril de 2020. <<

[111] Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 28 de marzo de 2020. <<

[112] Comunidad de Madrid, «La Comunidad de Madrid va a montar…», Twitter, 20 de marzo de 2020. <<

[113] Salud Madrid, «El Hospital de IFEMA», YouTube, 31 de marzo de 2020. <<

[114] Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid), «El 21 de marzo del 2020…», Twitter, 21 de marzo de 2022. <<

[115] Europa Press, «El hospital de Ifema asumirá el aumento de contagiados y el tratamiento de más graves en UCIs, según López», Europa Press, 20 de marzo de 2020. <<

[116] Europa Press, «La Com. de Madrid termina las primeras camas del hospital de IFEMA», Europa Press, 21 de marzo de 2020. <<

[117] Madridiario, «Entrevista a Antonio Zapatero, director del Hospital Temporal de IFEMA», YouTube, 23 de marzo de 2020. <<

[118] Raúl Rejón, «El director del hospital de Ifema dice que la “inmensa mayoría” de centros de salud cerraron durante la pandemia al no poder atender pacientes», elDiario.es, 29 de junio de 2020. <<

[119] Comunidad de Madrid, «Díaz Ayuso ensalza el “milagro” de IFEMA en su apagado: “Es un símbolo de vida”», audio, Comunidad de Madrid, 1 de mayo de 2020. <<

[120] Atala Martín, «El alma de Ifema», La Provincia, 9 de mayo de 2020. <<

[121] Isabel Valdés, «El daño colateral del gran hospital en Ifema: así queda desmantelada la atención primaria», El País, 28 de marzo de 2020. <<

[122] Manuel Rico, «El “hospital milagro” de Ayuso también excluyó a los mayores: solo 23 residentes fueron trasladados a Ifema», infoLibre, 6 de agosto de 2020. <<

[123] Por la razón que sea, esta intervención no aparece en el Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid que le correspondería («Sesión plenaria», 15 de julio de 2021, pero sí aparece en la mediateca de la Asamblea, véase dirección en el Apéndice). <<

[124] Alberto Reyero, «Es la hora de la atención sanitaria en las residencias», El Confidencial, 29 de marzo de 2020. <<

[125] Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero), «Vamos ganando días a la pandemia y ya planteamos el repliegue para volver a la normalidad en los hospitales. Audio de mi entrevista hoy en @ondamadrid @BuenosDiasOM @telemadrid», Twitter, 7 de abril de 2020. <<

[126] Cadena SER / Radio Segovia, «La Comunidad de Madrid envía sanitarios al Hospital de Segovia», Cadena SER, 8 de abril de 2020. <<

[127] Virginia Gómez, «El Ayuntamiento de Madrid envía personal sanitario a los hospitales de Castilla y León por el coronavirus», El Mundo, 8 de abril de 2020. <<

[128] @Victor_274, «Mi abuela lleva 7 días…», Twitter, 10 de abril de 2020. <<

[129] Cadena SER, «Reyero: “No entiendo que lleven sanitarios a otras comunidades y no a nuestras residencias”», Cadena SER, 14 de abril de 2020. <<

[130] Amnistía Internacional España, Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia Covid-19 en España, 4 de diciembre de 2020. <<

[131] Fernando Peinado, «El consejero de las residencias en Madrid se quejó de su Gobierno en una carta a Amnistía Internacional», El País, 16 de junio de 2020. <<

[132] La Sexta, «Ayuso, sobre la carta de Reyero a Amnistía Internacional por el trato en las residencias de Madrid: “Es incomprensible e innecesaria”», laSexta.com, 16 de junio de 2020. <<

[133] Brais Cedeira, «“Pedimos medicinas para los ancianos y nos dieron morfina y sedación”, denuncian las residencias», El Español, 9 de mayo de 2020. <<

[134] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 23 y 24 de abril de 2020, p. 9009. <<

[135] F. Javier Barroso, «Los jueces obligan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que medicalice las residencias de mayores de Alcorcón», El País, 21 de abril de 2020. <<

[136] F. Javier Barroso, «Alcorcón apremia al Gobierno regional a que actúe en las residencias», El País, 23 de abril de 2020. <<

[137] F. Javier Barroso, «Nuevo varapalo judicial a Ayuso por las residencias de Alcorcón», El País, 4 de mayo de 2020. <<

[138] F. Javier Barroso, «Los jueces reiteran a Ayuso su obligación de medicalizar las residencias de Leganés», El País, 8 de mayo de 2020. <<

[139] F. Javier Barroso, «Los jueces frenan el intento de Ayuso de no medicalizar las residencias de Alcorcón y Leganés», El País, 4 de julio de 2020. <<

[140] F. Javier Barroso, «Los jueces obligan a medicalizar las residencias de Alcorcón por sexta vez», El País, 18 de julio de 2020. <<

[141] F. Javier Barroso, «Alcorcón y Leganés demandan a Sanidad por la gestión de las residencias de mayores», El País, 1 de noviembre de 2020. <<

[142] F. Javier Barroso, «Desestimado el recurso del Gobierno regional contra la demanda de las residencias de Leganés», El País, 26 de noviembre de 2020. <<

[143] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 9 de octubre de 2020, p. 14 749. <<

[144] F. Javier Barroso, «Los jueces reiteran a Ayuso su obligación de medicalizar las residencias de Leganés», El País, 8 de mayo de 2020. <<

[145] @natxo88, «Escribo estas líneas sobre la situación en mi trabajo, a ver si por la magia de las RRSS llega a alguien que nos pueda ayudar. #COVID-19 #155coronavirus @Hardcorcon», Twitter, 15 de marzo de 2020. <<

[146] Manuel Rico, «La prueba definitiva de la discriminación de los mayores en Madrid: los datos por residencias desvelan cómo se paralizó el traslado a los hospitales», infoLibre, 18 de agosto de 2020. <<

[147] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 13 de noviembre de 2020, p. 17 502. <<

[148] Manuel Rico, «Una residencia comunicó que las “autoridades sanitarias” prohibían el traslado a hospitales ya antes del Protocolo del Gobierno Ayuso», infoLibre, 19 de junio de 2020. <<

[149] Pau Rodríguez y Sofía Pérez Mendoza, «La saturación de los hospitales reduce al mínimo los traslados de enfermos graves desde residencias de ancianos», elDiario.es, 1 de abril de 2020. <<

[150] La noche de Dieter, «Entrevista a Ignacio Fernández-Cid», esRadio (audio), 6 de mayo de 2020. <<

[151] Brais Cedeira, «“Pedimos medicinas para los ancianos y nos dieron morfina y sedación”, denuncian las residencias», El Español, 9 de mayo de 2020. <<

[152] Fernando Peinado, «La rebelión contra el hospital de una directora de residencia: “Esto es sentenciar de muerte a la gente y no lo pienso permitir”», El País, 14 de junio de 2020. <<

[153] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 13 de noviembre de 2020. <<

[154] Fernando Peinado, «Una directora de residencia en Madrid relata que el hospital rechazó a sus enfermos durante 27 días», El País, 13 de noviembre de 2020. <<

[155] Juan José Fernández, «El drama de las residencias en Madrid: Así se impedía derivar ancianos al hospital | audio», El Periódico, 25 de junio de 2020. <<

[156] Toni Gil Tro, «La llamada que retrata el drama en las residencias de Madrid: “De llevarla al hospital, nada”», La Sexta, 26 de julio de 2020. <<

[157] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 4 de diciembre de 2020, p. 19 065. <<

[158] Manuel Rico, «Actas de inspección policial recogen quejas de residencias por no poder enviar enfermos a hospitales: “No hubiera habido tantos fallecimientos”», infoLibre, 9 de junio de 2020. <<

[159] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad», 21 de abril de 2020. <<

[160] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 23 y 24 de abril de 2020, p. 9009. <<

[161] Ibid., p. 9010. <<

[162] R. Bécares, «Ayuso amenaza con ceses si se demuestra que hubo “negligencias” en las residencias de mayores», El Mundo, 19 de abril de 2020. <<

[163] Juan José Mateo, «Las 5272 muertes en residencias agravan la crisis entre PP y Cs: Díaz Ayuso ya no descarta ceses», El País, 19 de abril de 2020. <<

[164] Europa Press, «Ayuso espera que Reyero vote en contra de la reprobación del consejero de Sanidad y llama a demostrar el trabajo unidos», Europa Press, 24 de junio de 2020. <<

[165] Cadena SER, «Aguado reta a Ayuso: “No le compete cesar a consejeros de Ciudadanos”», Cadena SER, 20 de abril de 2020. <<

[166] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 29 de abril de 2020, p. 9135. <<

[167] Ibid., p. 9164. <<

[168] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad», 21 de abril de 2020. <<

[169] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 29 de abril de 2020, p. 9164. <<

[170] Mariano Calleja, «El PP se dispara en la Comunidad de Madrid y Ciudadanos se hunde», ABC, 1 de mayo de 2020. <<

[171] Juanma Lamet, «Diputados del PP avisan a Ignacio Aguado: “Ayuso tiene el botón rojo”», El Mundo, 8 de mayo de 2020. <<

[172] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 14 de mayo de 2020, p. 9565. <<

[173] RAC1, «Quim Torra, als CDRs: “Apreteu i feu bé d’apretar”», Rac1.cat, 1 de octubre de 2018. <<

[174] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 3 de octubre de 2019, p. 498. <<

[175] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 14 de mayo de 2020, p. 9567. <<

[176] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de Asuntos Sociales», 5 de noviembre de 2013, p. 25 809. <<

[177] Ibid. <<

[178] Rocío Monasterio (@monasterioR), «Ante la deslealtad…», Twitter, 15 de mayo de 2020. <<

[179] Marta Belver, «Génova frenó la intención de Ayuso de convocar elecciones anticipadas», El Mundo, 22 de junio de 2020. <<

[180] Eva Lamarca, «Descubrimos el apartamento secreto de Díaz Ayuso: una “royal suite” privada en pleno centro de Madrid», Vanity Fair, 11 de mayo de 2020. <<

[181] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 14 de mayo de 2020, p. 9570. <<

[182] Alberto Pérez Giménez, «Aguado cierra el “caso Room Mate” y el PP le desmiente: Ayuso sigue investigando», El Confidencial, 20 de mayo de 2020. <<

[183] Telemadrid, «Díaz Ayuso: “Ha habido más deslealtad hacia mí que hacia el Gobierno de España”», Telemadrid, 14 de julio de 2020. <<

[184] Raúl del Pozo, «La cabeza de Isabel», El Mundo, 13 de mayo de 2020. <<

[185] Europa Press, «Yolanda Fuentes explica que dimitió porque en Madrid “no prevalecen los criterios de salud” para pasar a la fase 1», Telemadrid, 8 de mayo de 2020. <<

[186] Europa Press, «Ayuso, sobre la dimisión de la directora de Salud Pública: “No he tenido ocasión de hablar con ella”», Europa Press, 7 de mayo de 2020. <<

[187] Marta Belver, «Madrid destituye al alto cargo que frenó el traslado de los ancianos con coronavirus a los hospitales», El Mundo, 13 de mayo de 2020. <<

[188] Marta Belver y Ferran Boiza, «Díaz Ayuso: “Tienes que dar el primer paso; cada semana que pasa un negocio se cierra, un autónomo se queda fuera”», El Mundo, 10 de mayo de 2020. <<

[189] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 24 de febrero de 2021, p. 23 052. <<

[190] Fernando Peinado, «El hospital de Ifema se llevó a los sanitarios que iban a medicalizar las residencias», El País, 24 de febrero de 2021. <<

[191] Isabel Díaz Ayuso, «Carlos Mur ha hecho un gran trabajo…», Twitter, 13 de mayo de 2020. <<

[192] Alberto Pérez Giménez, «Así se condenó a los ancianos: “No se permite ingresar pacientes de residencias al hospital”», El Confidencial, 18 de mayo de 2020. <<

[193] El Confidencial, «Denunciado el Hospital Infanta Cristina por su veto a ancianos sospechosos de Covid-19», El Confidencial, 18 de mayo de 2020. <<

[194] Susana Camacho, «La Comunidad de Madrid tenía un protocolo para decidir qué ancianos de residencias eran hospitalizados», Nius, 19 de mayo de 2020. <<

[195] Manuel Rico, «El documento que prueba que el Gobierno de Ayuso fijó “criterios de exclusión” para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales», infoLibre, 26 de mayo de 2020. <<

[196] Manuel Rico, «infoLibre reproduce íntegro el Protocolo del Gobierno Ayuso que prohibió trasladar pacientes de residencias a hospitales», infoLibre, 27 de mayo de 2020. <<

[197] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 28 de mayo de 2020, p. 9835. <<

[198] Michael Ignatieff, Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política, Madrid, Taurus, 2014, p. 19. <<

[199] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad», 1 de junio de 2020, p. 9979. <<

[200] Fernando Peinado y Manuel Viejo, «El consejero de Políticas Sociales en Madrid cree que negar el auxilio a las residencias pudo ser ilegal», El País, 1 de junio de 2020. <<

[201] Manuel Rico, «Un consejero de Ayuso desenmascara a la presidenta y pone en duda la legalidad de la actuación de Sanidad en las residencias», infoLibre, 2 de junio de 2020. <<

[202] Aristóteles, Metafísica, Madrid, Gredos, 1994, p. 198. <<

[203] Carlos Mur de Víu, «El problema fueron las bajas de sanitarios», El País, 13 de junio de 2020. <<

[204] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 24 de febrero de 2021, p. 23 049. <<

[205] Ibid., p. 23 077. <<

[206] Alberto Reyero, «Reyero, el verso suelto que pone en apuros el Gobierno de Ayuso», El País, 3 de junio de 2020. <<

[207] Marta Belver, «Alberto Reyero, el “verso suelto” del Gobierno de la Comunidad de Madrid», El Mundo, 15 de mayo de 2020. <<

[208] A. I. M., «Ayuso clava su mirada en Reyero: si vota reprobar a Ruiz Escudero se acabó», ESdiario, 24 de junio de 2020. <<

[209] Manuel Rico, «Los datos que oculta Ayuso: el 80 % de los fallecidos en marzo que vivían en residencias no fueron trasladados al hospital», infoLibre, 3 de junio de 2020. <<

[210] Ferran Boiza, «El aviso de Reyero», El Mundo, 3 de junio de 2020. <<

[211] Antonio Rodríguez, «La firma que acecha a Ayuso y su consejero de Sanidad por las muertes en las residencias», Vozpópuli, 5 de junio de 2020. <<

[212] Albert O. Hirschmann, Salida, voz y lealtad, Fondo de Cultura Económica, 1977. <<

[213] Europa Press, «Almeida recrimina a Reyero que “mandara correos” sobre supuesta ilegalidad y “los sacara para tratar de exculparse”», Europa Press, 15 de junio de 2020. <<

[214] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 4 de junio de 2020, p. 10 095. <<

[215] Elena Jiménez, «Escudero admite que se envió por error instrucciones a las residencias para no derivar a hospitales», Cadena SER, 4 de junio de 2020. <<

[216] Esteban Urreiztieta, «Ciudadanos envió el mismo protocolo de hospitalización de ancianos que considera “ilegal”», El Mundo, 4 de junio de 2020, 22:41. <<

[217] Fernando Peinado, «Los correos internos de la Comunidad de Madrid que denunciaron las muertes “indignas” en las residencias», El País, 5 de junio de 2020, 00:30. <<

[218] Europa Press, «Escudero acusa a Reyero de “fariseísmo político” y defiende la gestión en residencias», Europa Press, 5 de junio de 2020. <<

[219] RTVE.es, «Madrid defiende que en las residencias se actuó con “supervisión de los geriatras” y no se aplicó el borrador», RTVE. <<

[220] Telemadrid, 120 minutos (Parte 1), Telemadrid.es, 12 de abril de 2021. <<

[221] Pepa Bueno, «Morirán de forma indigna», Hora 25, Cadena SER, 5 de junio de 2020. <<

[222] Estado de Alarma Oficial, «Entrevista al consejero de Sanidad de Madrid traicionado por Cs y al que quiere laminar la izquierda», YouTube, 6 de junio de 2020. <<

[223] Ferran Boiza y Marta Belver, «Las 21 reuniones sobre residencias de ancianos que se saltó el consejero de Políticas Sociales de Madrid», El Mundo, 6 de junio de 2020. <<

[224] Fernando Peinado, «La Comunidad de Madrid miente a un órgano estatal para ocultar cómo gestionó la crisis de las residencias», El País, 12 de febrero de 2022. <<

[225] E. Jiménez y J. Alonso, «Ayuso indemnizó con más de un millón de euros a 15 residencias privadas en contra del criterio de la Abogacía de la Comunidad», Cadena SER, 9 de marzo de 2022. <<

[226] J. Alonso y E. Jiménez, «Ayuso indemnizará a 15 residencias privadas por los “daños” que les produjo la intervención por la pandemia», Cadena SER, 21 de octubre de 2021. <<

[227] Fátima Caballero, «Isa Serra, Unidas Podemos: “Echar a Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid es un imperativo moral”», elDiario.es, 4 de junio de 2020. <<

[228] Alberto Pérez Giménez, «Reyero, las encuestas y una visita del enviado de Arrimadas: la semana negra de Aguado», El Confidencial, 28 de junio de 2020. <<

[229] El País, «Indignidad», El País, 10 de junio de 2020. <<

[230] Sara Medialdea, «Presión en el Gobierno para frenar la bronca entre Reyero y Ruiz Escudero», ABC, 11 de junio de 2020. <<

[231] José Augusto García Navarro, «Residencias de mayores: ya tenemos el culpable», SEGG.es, 7 de junio de 2020. <<

[232] Fernando Peinado, «El responsable de medicalizar residencias en Madrid admite que la atención fue insuficiente durante semanas», El País, 22 de junio de 2020. <<

[233] Elena G. Sevillano, «Madrid elaboró un protocolo para no derivar al hospital a pacientes domiciliarios», El País, 10 de junio de 2020. <<

[234] Manuel Rico, «La prueba definitiva de la discriminación de los mayores en Madrid: los datos por residencias desvelan cómo se paralizó el traslado a los hospitales», infoLibre, 18 de agosto de 2020. <<

[235] Amnistía Internacional, La década perdida. Mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018, 16 de julio de 2020. <<

[236] EP, «Las residencias de la Comunidad de Madrid lograron derivar solo a unos 900 ancianos en las tres semanas más duras de la pandemia», El País, 20 de diciembre de 2020. <<

[237] William Styron, La decisión de Sophie, Barcelona, Navona, 2016. <<

[238] Cadena Cope, «Isabel Díaz Ayuso, en ‘TRECE’: “La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos”», cope.es, 20 de marzo de 2020. <<

[239] Daniel Dombey, «Madrid’s coronavirus fighter says controls will have impact within days», Financial Times, 24 de marzo de 2020. <<

[240] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 29 de abril de 2020, p. 9124. <<

[241] Manuel Rico, ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, Barcelona, Planeta, 2021. <<

[242] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 9 de octubre de 2020, p. 14 703. <<

[243] Juan Abarca, «Parte Diario Crisis Coronavirus - 23 Abril 2020», hmhospitales.com, 23 de abril de 2020. <<

[244] Fernando Peinado y Juan José Mateo, «Los mayores con seguro privado sí fueron trasladados de residencias a hospitales en Madrid», El País, 11 de junio de 2020. <<

[245] Manuel Rico, «Ayuso no añadió ni un hospital privado a la red pública que atendía a los mayores pese a que miles morían en las residencias sin ser trasladados a un centro médico», infoLibre, 19 de agosto de 2020. <<

[246] Manuel Rico, «Las residencias públicas de Madrid sufrieron más que las privadas el frenazo a los traslados hospitalarios», infoLibre, 21 de agosto de 2020. <<

[247] Manuel Rico, «7 de abril de 2020, el día de la vergüenza: 913 residentes mueren en Madrid», infoLibre, 22 de agosto de 2020. <<

[248] Nieves Salinas, «Los geriatras sobre el protocolo de Madrid para no enviar a los mayores a los hospitales: “No lo hemos visto”», Vozpópuli, 9 de junio de 2020. <<

[249] Antonio Rodríguez, «La firma que acecha a Ayuso y su consejero de Sanidad por las muertes en las residencias», Vozpópuli, 5 de junio de 2020. <<

[250] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 24 de febrero de 2021, p. 23 106. <<

[251] Manuel Rico, «El desastre de DomusVi en Galicia contrasta con la muy baja mortalidad en las residencias de gestión pública», infoLibre, 30 de agosto de 2022. <<

[252] Ministerio de Sanidad, Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia, sanidad.gob.es, 2 de abril de 2020. <<

[253] Adela Cortina, Ética cosmopolita, ediciones Paidós, 2021, p. 97. <<

[254] La decisión de Sophie, Alain J. Pakula, 1982 [cita tomada de: Yairsiño Oviedo Correa, «¿Es posible la decisión ética en el campo? Sobre la real decisión de Sophie», Journal Ética & Cine, marzo 2016]. <<

[255] Amnistía Internacional España, Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia Covid-19 en España, 4 de diciembre de 2020. <<

[256] VV.AA., Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores y COVID-19: dificultades y aprendizajes, CSIC - Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), 6 de octubre de 2020. <<

[257] Médicos Sin Fronteras, Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España, msf.es, agosto de 2020. <<

[258] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad», 1 de junio de 2020, p. 9980. <<

[259] Defensor del pueblo, Informe anual del Defensor del Pueblo 2020. Volumen I. Informe de gestión (p. 598), Madrid, 2021. <<

[260] Grupo de trabajo técnico de vacunación COVID-19, Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, 2 de diciembre de 2020. <<

[261] Telecinco, «Margarita Robles: “En algunas residencias se han encontrado a ancianos muertos en sus camas”», telecinco.es, 23 de marzo de 2020. <<

[262] Europa Press, «Robles, sobre los cadáveres en las residencias: “Los casos excepcionales hay que tomarlos como excepcionales”», Europa Press, 23 de marzo de 2020. <<

[263] Juan José Mateo, «El “yo acuso” de un consejero a su propio Gobierno: “La responsabilidad de las residencias está en Madrid”», El País, 25 de junio de 2020. <<

[264] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 11 de junio de 2020, p. 10 298. <<

[265] Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, «Comparecencia de Pablo Iglesias para explicar el Escudo Social frente al Coronavirus», YouTube, 19 de marzo de 2020. <<

[266] Urko Gabilondo, «Díaz Ayuso, descolocada, afirma ante Sonsoles Ónega que Madrid “gestionaba las residencias”», Nius, 18 de junio de 2020. <<

[267] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 14 y 15 de septiembre de 2020, p. 12 566. <<

[268] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 25 de junio de 2020, p. 10 770. <<

[269] Juan José Mateo, «El “yo acuso” de un consejero a su propio Gobierno: “La responsabilidad de las residencias está en Madrid”», El País, 25 de junio de 2020. <<

[270] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 11 de junio de 2020, p. 10 295. <<

[271] Ibid., p. 10 297. <<

[272] Cadena Cope, «Isabel Díaz Ayuso, en ‘TRECE’: “La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos”», cope.es, 20 de marzo de 2020. <<

[273] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 11 de junio de 2020, p. 10 339. <<

[274] Ibid., p. 10 300. <<

[275] Sara Medialdea, «Ayuso sorprende a Cs con una investigación interna sobre residencias de mayores», ABC, 12 de junio de 2020. <<

[276] Antonio Salvador, «Transparencia insta a Ayuso a informar sobre su investigación de los centros de mayores», El Independiente, 13 de julio de 2021. <<

[277] Elena Jiménez, «La investigación interna que anunció Ayuso de residencias fue una “consulta informal” a algunos departamentos», Cadena SER, 20 de octubre de 2021. <<

[278] Fernando Peinado, «Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen», El País, 18 de junio de 2020. <<

[279] Alberto Pérez Giménez, «Así se condenó a los ancianos: “No se permite ingresar pacientes de residencias al hospital”», El Confidencial, 18 de mayo de 2020. <<

[280] Isabel Díaz Ayuso, «Después de lo vivido…», Twitter, 18 de junio de 2020. <<

[281] Oriol Güell, «Ayuso coloca a la hija del ideólogo de la privatización sanitaria del PP a gestionar la crisis de las residencias», El País, 6 de abril de 2020. <<

[282] José Ramón Arribas (@jrarribas), «.@IdiazAyuso Respetuosamente le solicitamos que reconsidere el nombramiento de Antonio Burgueño como coordinador frente a COVID-19, una persona que cuenta con el rechazo de gran parte de la sanidad madrileña. Esta crisis necesita consenso y unidad #CoVMadrid», Twitter, 12 de marzo de 2020. <<

[283] Fernando Peinado, «Los 12 días de la “operación bicho”: el fiasco del plan de la Comunidad de Madrid para salvar las residencias», El País, 22 de junio de 2020. <<

[284] Fernando Peinado, «El responsable de medicalizar residencias en Madrid admite que la atención fue insuficiente durante semanas», El País, 22 de junio de 2020. <<

[285] Fernando Peinado, «“Operación bicho al habla”: los audios de la mujer que quiso ser reina de las residencias en Madrid», El País, 4 de diciembre de 2020. <<

[286] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19…», 4 de diciembre de 2020, p. 19 028. <<

[287] Fernando Peinado, «Estupor en la Asamblea de Madrid por el relato de caos de Encarnación Burgueño, la mujer que dirigió la “operación bicho”», El País, 4 de diciembre de 2020. <<

[288] Fernando Peinado, «Encarnación Burgueño: “Me dijeron que mi propuesta estaba estudiada, avalada y comprobada”», El País, 6 de diciembre de 2020. <<

[289] Alberto Reyero, «Reyero, el verso suelto que pone en apuros el Gobierno de Ayuso», El País, 3 de junio de 2020. <<

[290] Camilo José Cela, «En España, el que resiste, gana», Centro Virtual Cervantes, 1987. <<

[291] Alberto Pérez Giménez, «Ayuso y Aguado aparcan la crisis a agosto: el precio, las cabezas de Escudero y Reyero», El Confidencial, 13 de junio de 2020. <<

[292] Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, 18 de junio de 2020, pp. 7292-7294. <<

[293] Alberto Pérez Giménez, «Ciudadanos intenta evitar un “reyerazo” que precipite la crisis de gobierno en Madrid», El Confidencial, 24 de junio de 2020. <<

[294] Alberto Reyero (@albertoreyero), «En lugar de debatir…», Twitter, 24 de junio de 2020. <<

[295] Alberto Reyero (@albertoreyero), «El que quiera reducir…», Twitter, 24 de junio de 2020. <<

[296] Efe, «Aguado descarta un “reyerazo” y afirma que ningún miembro de su partido apoyará la reprobación de Escudero», Cadena SER, 24 de junio de 2020. <<

[297] Europa Press, «Ayuso espera que Reyero vote en contra de la reprobación del consejero de Sanidad y llama a demostrar el trabajo unidos», Europa Press, 24 de junio de 2020. <<

[298] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 25 de junio de 2020, p. 10 875. <<

[299] Ibid., p. 10 890. <<

[300] Juan José Mateo, «El “yo acuso” de un consejero a su propio Gobierno: “La responsabilidad de las residencias está en Madrid”», El País, 25 de junio de 2020. <<

[301] Alberto Pérez Giménez, «Reyero cede a la presión y no reprueba a su “enemigo” Escudero por las residencias», El Confidencial, 25 de junio de 2020. <<

[302] Fátima Caballero, «Isa Serra, Unidas Podemos: “Echar a Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid es un imperativo moral”», elDiario.es, 4 de junio de 2020. <<

[303] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 2 de julio de 2020, p. 11 161. <<

[304] Ramón de España, «Alberto Reyero», El Español, 7 de junio de 2020. <<

[305] Europa Press, «Ayuso se pregunta dónde ha estado Iglesias, “el jefe de Reyero”, en la gestión de residencias», Europa Press, 16 de junio de 2020. <<

[306] Europa Press, «Ayuso espera que Reyero vote en contra de la reprobación del consejero de Sanidad y llama a demostrar el trabajo unidos», Europa Press, 24 de junio de 2020. <<

[307] A. I. M., «Ayuso clava su mirada en Reyero: si vota reprobar a Escudero se acabó», ESdiario, 24 de junio de 2020. <<

[308] @Amartinbeaumont, «Cada día que pasa…», Twitter, 29 de junio de 2020. <<

[309] Ana Belén Ramos, «Asalto al poder de Madrid: Reyero, el hombre clave de la desestabilización», El Independiente, 29 de junio de 2020. <<

[310] Ferran Boiza, «El WhatsApp de Políticas Sociales cuando ya habían muerto 1065 ancianos en residencias de Madrid: “Hay que empezar a actuar dentro”», El Mundo, 28 de junio de 2020. <<

[311] Antonio Rodríguez, «Reyero incomoda a Ayuso al no cubrir las últimas dimisiones en su consejería», Vozpópuli, 1 de julio de 2020. <<

[312] Ferran Boiza, «Los 1164 cadáveres de ancianos fallecidos en geriátricos de Madrid que se han evaporado», El Mundo, 27 de julio de 2020. <<

[313] Siempre ha habido mucha controversia en torno al número total de fallecidos durante la primera ola del covid en las residencias de la Comunidad de Madrid. Esto se debe a las dificultades para confirmar cualquier fallecimiento como consecuencia del covid. Además, a esas cifras habría que añadir la de los residentes fallecidos en los hospitales. Algunos medios, como infoLibre, han cifrado los fallecidos en 7291, aunque personalmente he optado por no dar una cifra exacta. <<

[314] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 18 de junio de 2020, p. 10 520. <<

[315] Ibid., p. 10 546. <<

[316] Cynthia Coiduras y Suren Gasparyan, «El PP veta crear una comisión de investigación sobre las muertes en las residencias, después de responsabilizar a Iglesias de ellas», ElPlural.com, 12 de junio de 2021. <<

[317] Telemadrid, «Monasterio reclama medidas de emergencia tras el “geriatricidio” en residencias», Telemadrid.es, 17 de abril de 2020. <<

[318] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 11 de junio de 2020, p. 10 298. <<

[319] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 9 de julio de 2020, p. 11 564. <<

[320] Telemadrid, «Vox apoyará la comisión de investigación en residencias registrada por la izquierda en la Asamblea», Telemadrid.es, 14 de junio de 2021. <<

[321] Vox Madrid, «Declaraciones de Rocío Monasterio en la toma de posesión de Ayuso», YouTube, publicado el 19 de junio de 2021. <<

[322] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 15 de julio de 2021, a partir de la p. 658. <<

[323] Europa Press, «Vox subraya que España debería liderar la acción internacional para liberar a Cuba del “yugo comunista”», 16 de julio de 2021. <<

[324] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 5 de mayo de 2022, p. 13 309. <<

[325] Elena Jiménez, «Más Madrid, PSOE y Podemos quieren reabrir la comisión de residencias y el PP se opone», Cadena SER, 11 de junio de 2021. <<

[326] Luis Gómez y Juan José Mateo, «Enrique López, número dos de Ayuso: “Se nos insulta diciendo que somos sectarios”», El País, 25 de julio de 2021. <<

[327] Álvaro Sánchez Castillo, «“Una puñalada trapera a las víctimas”: los familiares, indignados tras el cierre de la investigación de residencias en Madrid», infoLibre, 16 de julio de 2021. <<

[328] Cadena SER, «Alberto Reyero solicitará un incremento de 70 millones para las residencias concertadas», Cadena SER, 13 de julio de 2020. <<

[329] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 16 de julio de 2020, p. 12 160. <<

[330] MDO/E.P., «Un nuevo Acuerdo Marco prioriza la calidad frente al precio en la contratación de plazas concertadas en las residencias», Madridiario, 22 de febrero de 2021. <<

[331] Manuel Viejo, «Aguado entrega las armas a Ayuso», El País, 15 de julio de 2020. <<

[332] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 16 de julio de 2020, p. 12 163. <<

[333] Marta Belver, «Vox rechaza reprobar al consejero de Sanidad de Madrid porque la izquierda quiere “tapar la negligencia criminal” del Gobierno central», El Mundo, 23 de junio de 2020. <<

[334] Rubén Amón, «Vox: el partido del cuarto gin-tonic», El País, 14 de abril de 2019. <<

[335] Émile Zola, Yo acuso, Barcelona, Tusquets, 2021. <<

[336] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 9 de junio de 2020, p. 11 537. <<

[337] Ignacio Escolar, «La dignidad de dimitir», elDiario.es, 18 de septiembre de 2020. <<

[338] Guillermo Ortiz, «Cómo el virus derrotó a Madrid: historia de cuatro meses de ineptitud colectiva», El Español, 21 de septiembre de 2020. <<

[339] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 14 y 15 de septiembre de 2020, p. 12 456. <<

[340] Ibid. <<

[341] EP, «Las residencias de la Comunidad de Madrid lograron derivar solo a unos 900 ancianos en las tres semanas más duras de la pandemia», El País, 20 de diciembre de 2020. <<

[342] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Sesión plenaria», 14 y 15 de septiembre de 2020, p. 12 497. <<

[343] Juan José Fernández, «Dimite el portavoz de coordinación Covid del Gobierno de Madrid con el Ejecutivo central a las 48 horas de su nombramiento», El Periódico, 26 de septiembre de 2020. <<

[344] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad», 28 de septiembre de 2020, p. 13 144. <<

[345] Ibid., p. 13 175. <<

[346] Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, «Comisión de Mujer», 2 de octubre de 2020, p. 13 835. <<

[347] Rocío Monasterio (@monasterioR), «¡Por fin!», Twitter, 2 de octubre de 2020. <<

[348] Redacción La Linterna, «Ayuso, sobre la dimisión de Reyero: “Ha decidido dar este paso por motivos personales”», Cadena Cope, 2 de octubre de 2020. <<

[349] María Sosa Troya, «Seis de cada diez ciudadanos viven en comunidades autónomas con servicios sociales debilitados», El País, 22 de junio de 2022. <<

[350] Fernando Peinado, «Mayores aparcados en la residencia: un 40 % recibe visitas y apenas el 16 % sale por Navidad», El País, 29 de enero de 2020. <<

[351] Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Continua de Hogares 2018, ine.es, 2 de abril de 2019. <<

[352] José Manuel Caballero Bonald, Somos el tiempo que nos queda. Obra poética completa (1952-2009), Barcelona, Seix Barral, 2011. <<

[353] Barómetro anual del Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea, Comité Europeo de las Regiones, 12 de octubre de 2021, p. 86. <<

[354] Raúl Sánchez, «El exceso de mortalidad en la pandemia: a las 46 000 muertes de más de la primera ola se suman ya 44 000 desde septiembre», elDiario.es, 29 de octubre de 2021. <<

[355] Marta Ricart, «Madrid aumentó su mortalidad un 41 % en 2020, casi el doble que Catalunya», La Vanguardia, 28 de octubre de 2021. <<

[356] María Pascual, «Tres de las diez regiones europeas que más esperanza de vida han perdido en 2020 son españolas», Newtral, 9 de mayo de 2022. <<

[357] Ángela Martialay, «Un exdiputado del PP a Marjaliza: “Estoy tocándome los cojones, que para eso me hice diputado”», Vozpópuli, 25 de julio de 2015. <<

[358] José Marcos, «Dos diputados del PP juegan al “Apalabrados” en plena votación», El País, 28 de diciembre de 2012. <<