Javier Castro-Villacañas y Luis Suárez

MIGUEL BLESA,
EL LOBO DE CAJA MADRID

Gestión, lujo y ruina de un depredador financiero

Primera edición: septiembre de 2014

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 5

I. LOS DOS ENCARCELAMIENTOS DE MIGUEL BLESA 6

Primer ingreso en Soto del Real 6

Aquellos 24 millones de euros que Blesa dio a Díaz Ferrán 10

La telaraña judicial 18

La segunda entrada en prisión de Blesa 22

II. UN JUEZ LLAMADO ELPIDIO 25

Elpidio significa «el que tiene esperanza» 25

La instrucción de Elpidio: las querellas por los créditos de Díaz Ferrán y la compra del Banco Nacional de Miami 28

III. MIGUEL BLESA, UN SEÑORITO DE LINARES 32

Infancia, juventud y Aznar 32

Los grandes sueldos de Blesa en Caja Madrid 38

Autocréditos de Caja Madrid a Miguel Blesa 40

IV. EL ÁNGEL CAÍDO, BALADA TRISTE DE CAJA MADRID 41

Memoria histórica de Caja Madrid: trescientos años de crédito popular 41

Trescientos años de gloria y diez de hundimiento bajo el mandato de Miguel Blesa 42

Creación de la Caja de Ahorros de Madrid propiamente dicha 45

La Primera República y Caja Madrid 47

La Restauración 48

Siglo XX, cambalache 49

De la dictadura de Primo de Rivera a la Segunda República 50

La Guerra Civil y el saqueo de los montes de piedad 51

La dictadura franquista 52

El principio del fin: la desnaturalización de las cajas a través de «la comisión de mantenimiento» y la politización de sus consejos de administración 54

La trampa de la comisión de mantenimiento 55

Las cajas y el Estado de las Autonomías 56

Miguel Blesa, un presidente tóxico para Caja Madrid y todo nuestro sistema financiero 59

V. PACTO DE PODER CON LOS COMUNISTAS 64

La politización de Caja Madrid 64

El chollo de ser consejero de Caja Madrid 70

Otras prebendas y regalías: las asambleas generales 72

El adiós de Miguel Blesa 74

VI. LOS PIRATAS DEL CARIBE 75

Nuestro hombre en La Habana 76

Una mansión en Miami 79

Gürtel también estuvo en Florida 82

La compra del City National Bank de Florida (CNBF) 86

¿Quién es Leonard Abess? 107

CNBF, un banco con antecedentes 109

La quiebra de Su Casita de México 115

VII. LOS NEGOCIOS RUINOSOS DE MIGUEL BLESA 116

1.082 millones de euros a Martinsa Fadesa 116

Caja Madrid y el caso Gescartera 123

La Corporación Cibeles 124

«Nos vamos de compras» 128

Operación Halley: o cómo colocar Air Comet a Iberia 131

El fondo hispano-saudí de la «princesa Corinna» 133

VIII. EL ENGAÑO DE LAS PREFERENTES 140

Una comercialización salvaje 140

Deuda subordinada y preferentes. Dos productos distintos y una sola finalidad: cuadrar el balance de la caja 146

Blesa invierte en bonos de BBVA antes que en preferentes 147

Ancianos, ciegos, niños y demás inversores de alto riesgo 148

IX. LA VIDA PREFERENTE DE TÍO MICKY 153

La escopeta de Caja Madrid: cacerías, viajes y negocios 153

«Querido tío Micky» 156

Vega Sicilia, Valbuena... 158

Un avión en Miami 159

Un apartamento en Nueva York con Alejandro Agag 160

2,15 millones al contado por un chalé en La Florida 161

Los cuadros de Gerardo Rueda 162

El obelisco y otras menudencias 167

X. LA GOBERNANZA DE CAJA MADRID 169

El caudillaje 169

Caja Madrid y los medios 174

XI. OBITUARIO: LA MUERTE DE CAJA MADRID 178

Los pecados capitales de la gestión de Blesa al frente de Caja Madrid 178

Esperanza Aguirre versus Alberto Ruiz-Gallardón 181

CRONOLOGÍA 187

A todos los trabajadores y clientes de la extinta Caja Madrid,
especialmente a todos aquellos que se vieron afectados y perjudicados por
la negligente gestión de Miguel Blesa en la comercialización salvaje de los
productos financieros conocidos bajo la denominación
de preferentes y deuda subordinada.

INTRODUCCIÓN

La actuación de Miguel Blesa como presidente que fue de la cuarta entidad financiera de España, Caja Madrid, es un asunto que sigue abierto en diferentes juzgados de nuestro país. Con independencia del resultado final de cada uno de los procedimientos judiciales que aún siguen en marcha, la desaparición de una entidad pública, como lo fue Caja Madrid, y la necesaria aportación de más de 20.000 millones de euros por parte del Presupuesto del Estado, utilizados para el rescate de su heredera Bankia, es un asunto de interés general que requiere de la máxima información, el necesario debate contradictorio, así como de la aportación de cuantos documentos sean precisos para la más exacta explicación y entendimiento de lo que ha sucedido.

Este ha sido nuestro único objetivo al escribir el presente libro: ante un asunto de claro interés informativo, hacer uso de la libertad de expresión que protege nuestra Constitución para contar la historia de Caja Madrid; también la de su presidente, Miguel Blesa; así como intentar desmenuzar la telaraña de procedimientos e incidentes judiciales que se han tejido en torno a su figura y a su presidencia al frente de la entidad financiera madrileña durante los últimos años.

I. LOS DOS ENCARCELAMIENTOS DE MIGUEL BLESA

Primer ingreso en Soto del Real

Blesa no paraba de mirar su reloj. Apenas quedaban unos segundos para que dieran las nueve de la noche. Junto a él, de pie, se encontraba su abogado, Carlos Aguilar, quien intentaba tranquilizarle respecto a su inmediato futuro. «Hay que ser optimistas», se le escuchó comentar. Sin embargo, todo dependía exclusivamente de la decisión de un juez del que nunca antes habían oído hablar. Y del que les costaba recordar su nombre.

—¿Elpidio, Eldipio Silva…? ¿Cómo me has dicho que se llama su señoría? —volvió a preguntar Miguel Blesa a su abogado.

Blesa y Aguilar estaban esperando una resolución que se les iba a comunicar allí mismo, en persona.

—Auto in voce —anunció una funcionaria judicial.

Era por tanto cuestión de segundos, quizá unos minutos más… La espera ya se hacía interminable. En la bancada de enfrente, la acusación popular del sindicato de funcionarios Manos Limpias, ejercida bajo la dirección letrada de Luis Pineda, presidente de AUSBANC (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios), hacía una reflexión distinta respecto a la demora en la adopción de la decisión.

—Demasiado tiempo lleva ya el juez deliberando. Si no fuera a tomar una decisión trascendental ya le habrían dejado en libertad —comentó el abogado Pineda a una de sus colaboradoras.

De repente, la oscuridad, como una boca de lobo, se adueñó de todo el juzgado. Alguien, sin querer, había apretado un interruptor general y se apagaron todas las luces de la sala. Miguel Blesa, aficionado a la astrología y andaluz muy supersticioso, interpretó aquello como un presagio fatal. Miró por la ventana de la sala y comprobó que también la noche había caído sobre Madrid.

—Mal augurio —murmuró.

Eran demasiadas las horas que llevaba en el juzgado. Aquel fundido en negro general sepultó sus últimas esperanzas.

De pronto, como se fue, volvió la luz. Blesa aprovechó ese instante para observar los demás rostros presentes en la sala, que según su interpretación reflejaban división de expresiones: cansancio, expectación, incertidumbre… Nadie parecía tener claro lo que podía suceder. Sin embargo, a esas horas, y más después del apagón, él ya no albergaba ninguna duda. No era para menos. Tal y como se había desarrollado la jornada de aquel jueves 16 de mayo de 2013, repleta de interrogatorios, contestaciones y diligencias, su intuición primaria le llevaba al pesimismo. Y tenía razón.

Fue entonces cuando Elpidio José Silva Pacheco, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Plaza de Castilla, en Madrid, apareció por la sala de vistas, pidió silencio y mandó sentarse a todos los presentes. Luego tomó la palabra y ordenó a Miguel Blesa que se pusiera de pie para que escuchara el contenido del auto que acababa de dictar:

—Mire usted, este es un trabajo que hago desde hace tiempo y estas decisiones son difíciles de tomar. Son medidas difíciles. No son fáciles de hacer…

Blesa bajó los ojos. No quería escuchar más. Las primeras palabras no dejaban duda sobre la decisión que había adoptado su señoría. Nada bueno para él. Seguro. Miguel Blesa de la Parra (Linares, Jaén, 1947), uno de los hombres más poderosos del sistema financiero español, protagonizaba en ese instante una secuencia única en la vida judicial de nuestro país. También un momento histórico en el devenir de nuestro sistema financiero. Y sin lugar a dudas el peor momento de su vida y de su carrera profesional. Como acto reflejo escondió la cara y, durante varios segundos, centró su mirada en el suelo del juzgado. Ahí estaban, sobre el parquet, los típicos mocasines de piel con borlas que calzaba de manera habitual. No había parado de moverlos durante todo el interrogatorio. Los nervios mandaban en su voluntad. Ahora, de pie, tampoco podía pararlos.

—El problema con su tema —continúo el juez Silva— es por un lado de índole objetiva: los indicios de criminalidad que gravitan en la causa. Y por otro, de índole in crescendo, cada vez que usted habla y responde a mis preguntas surgen más indicios. Yo no sé qué pasa con esta causa. Debería venir todo el mundo aquí acogiéndose a su derecho a no declarar —le reprochó el juez a Blesa.

La argumentación del juez Silva no cesaba. Todo lo contrario. E incluso llegó a profetizar en aquel momento, con varios meses de anticipación, lo que más tarde le iba a ocurrir a él mismo, los «problemas con este tema»: primero su inhabilitación y, posteriormente, su procesamiento por haberse atrevido a echarle el lazo al jefe de la banda que había hundido Caja Madrid.

—Lo digo así abiertamente, porque es que, claro, es difícil cuando uno quiere ver algo y sabe de ello, y se empieza a enredar. Se puede enredar, pero ahora no es el momento de enredar, porque ahora se está observando su conducta, y con una lupa. Yo en esto, si me dejan, llegaré hasta el final. Me sorprende que se me diga que hay interés porque llegue hasta el final, porque, hombre, yo, vamos, yo qué sé, ahí están los anales de la prensa y jamás se han dicho tantas cosas sobre este juzgador, y jamás he tenido más problemas. Yo tengo serios problemas con este tema.

Quizá por ese sentido profético, Elpidio Silva no tuvo más remedio que cuestionar la actuación seguida durante la instrucción tanto por Blesa como por su defensa:

—Entre otras cosas porque, además, la defensa, con una estrategia realmente respetable, recurre todo, recurre absolutamente todo. De tal manera, hombre, que decir que hay una intención clara, manifiesta, por parte del imputado Blesa para que se sepa todo lo que hay… yo no lo tengo tan claro.

Sin ninguna duda, aquel fue un día frenético en los juzgados de Madrid. Y también una jornada significativa respecto a lo que puede ocurrirle a un juez cuando adopta decisiones importantes en contra de uno de los integrantes de la oligarquía política, sindical y financiera de nuestro país. Con independencia de que fuera, además, uno de los responsables de la quiebra de una de nuestras cajas de ahorros. El sistema defendía a los suyos. Y es por eso por lo que el juez Elpidio Silva se había convertido ya, para muchos medios de comunicación, en un «juez antisistema».

No tenía que ser así, porque en nuestro país antes de conocer de su existencia ya se habían producido, y después se han seguido desarrollando, otras muchas comparecencias y diligencias judiciales donde exdirectivos y expresidentes de cajas de ahorros, quebradas y rescatadas con el dinero público, han tenido que responder con mayor o menor fortuna para ellos de su actuación. Pero aquel jueves 16 de mayo de 2013 ocurrió un hecho insólito: un juez ordenaba colocar las esposas a uno de ellos. Pese al daño y al perjuicio económico, privado y público, causado por todos los responsables de nuestras cajas quebradas, Miguel Blesa fue ese día el primero y, hasta el momento, el último de todos ellos que ha dado con sus huesos en la trena. También es verdad que él había sido el más importante (presidente de la cuarta entidad financiera de nuestro país, por detrás del Banco Santander, el BBVA y La Caixa) y, quizá por ello, se merecía un trato «desigual» respecto a sus conmilitones.

Aunque la deriva del llamado «caso Blesa», reconvertido con el paso del tiempo para muchos medios de comunicación en el «escándalo Elpidio Silva», demuestra a las claras hasta dónde llegan los «tentáculos» de poder de Miguel Blesa y sus amigos. Elpidio Silva se atrevió a tocar un nervio del sistema, y el sistema saltó como un resorte en contra de quien había tenido tamaño «atrevimiento».

Aunque tampoco era aquella la primera vez que Blesa había tenido que acudir a declarar ante un juzgado para responder de sus actuaciones en Caja Madrid. Unos meses antes, el miércoles 5 de diciembre de 2012, había sido llamado a declarar, también por el juez Elpidio Silva, por la concesión de 26,6 millones de euros a otro «todopoderoso» del establishment empresarial hispano: su amigo y compañero de presidio meses después Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), antiguo consejero suyo en Caja Madrid. Aquel súper «autocrédito» de una cantidad tan descomunal se concedió a una empresa en quiebra técnica, Air Comet, lo que despertó sospechas de ilegalidad más que fundadas.

Aquellos 24 millones de euros que Blesa dio a Díaz Ferrán

«Están tiesos, les faltan 50 millones porque los bancos no les han renovado líneas. Prometen el famoso mandato de venta, pero el precedente de Seguros Mercurio no es bueno. Estamos viendo qué podemos hacer», le comentó Matías Amat Roca, director de negocio de Caja Madrid a Miguel Blesa el 22 de octubre de 2008.

Y era verdad, Gerardo Díaz Ferrán estaba más tieso que la mojama y los responsables de Caja Madrid, con Miguel Blesa a la cabeza, eran perfectamente conscientes de su situación. La entidad había prestado a Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual 24 millones de euros, supeditados a la venta de Viajes Marsans, a través de sus empresas patrimoniales Holdisan y Parihol, respectivamente. Pero ambos empresarios no se encontraban al corriente de sus deudas.

Pese a estos antecedentes y al conocimiento que Blesa y su equipo directivo tenían de la quiebra real de las empresas de Díaz Ferrán y su socio, diez meses después de la anterior conversación Blesa autorizó un excedido de 2 millones de euros en la cuenta que las sociedades patrimoniales tenían en Caja Madrid. Gonzalo Alcubilla, responsable de banca de empresas en Caja Madrid, advirtió a su presidente de lo que supondría su concesión: «Visto con riesgos». Miguel Blesa no tardó tres minutos en contestar a los reparos que le ponía su responsable, accediendo a la operación, no sin antes reconocer con alta dosis de ironía que Díaz Ferrán «tendría que ponernos una alfombra roja».

Dos meses después de esta ampliación de crédito, el 29 de octubre de 2009, Díaz Ferrán volvía a la carga sobre su amigo el presidente de la caja de todos los madrileños, para obtener favores crediticios al margen del mercado. Esta vez su mensaje a Blesa fue a través del móvil: «Estoy verdaderamente abrumado del lío que me pueden montar, estoy hablando con Gonzalo Alcubilla, pero veo que si tú (por Miguel Blesa) no das un empujón no va a salir».

Y Blesa le contestó intentando darle ese empujón a su amigo, por encima de cualquier criterio de rentabilidad y seguridad financiera: «Estoy en contacto permanente con Gonzalo para buscar una solución, pero lo de las nóminas es difícil siendo consejero (legalmente tendría que solicitar autorización a la Comunidad de Madrid) y con el excedido, no obstante lo intentamos», le contestó Blesa también por móvil, una hora y ocho minutos después.

Díaz Ferrán estaba en una situación tan canina que no tardó ni dos minutos en darle una solución: «Podemos hacerlo con mi socio Gonzalo Pascual que no es consejero» transmitió a su íntimo amigo. Sin embargo, esta vez, pese al criterio de Miguel Blesa, se impuso la racionalidad bancaria gracias a una comunicación de Gonzalo Alcubilla donde desaconsejaba la operación porque el expresidente de la CEOE no concretaba «ninguna forma de repago» y la situación del grupo era «difícil». En el camino ya se habían concedido 26 millones de euros.

El expresidente de la patronal española, el ínclito Gerardo Díaz Ferrán, es uno de los ejemplos más claros de cómo la corrupción de nuestro sistema empresarial llega a lo más alto, siempre que esté protegida por nuestra casta política-financiera. De ahí su amistad con Miguel Blesa, una relación que venía de antiguo. Pero el escándalo por el que se encontraba aquel 5 de diciembre de 2012 preso, era por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans, del que era presidente, para evitar el pago a sus acreedores. Y fue en relación a esa causa, por la que el juez Elpidio Silva había recibido la comunicación de su competencia por parte de la Audiencia Nacional, una vez que se había tenido conocimiento de que, desde el año 2009, el sindicato Manos Limpias tenía presentada una denuncia en su juzgado sobre esos mismos hechos.

La cronología procesal fue la siguiente. La primera denuncia de Manos Limpias fue presentada por su secretario general, Miguel Bernard, el 28 de diciembre de 2009, el día de los Santos Inocentes. Fue también otro 28 de diciembre, pero en aquella ocasión de 1993, cuando el Banco de España decidió la intervención de otra entidad financiera, el famoso «caso Banesto» por la existencia de un agujero patrimonial —se dijo entonces— de 3.636 millones de euros, 605.000 millones de pesetas de aquella época, ordenándose aquella misma mañana la destitución de todo su consejo de administración, incluido el cese de su entonces flamante presidente, Mario Antonio Conde Conde. Ahora los hechos puestos en conocimiento de la autoridad judicial por Miguel Bernard se centraban en la existencia de «un supuesto delito societario y otro de falsedad» por la concesión de unos créditos por parte de Caja Madrid al grupo del antiguo propietario de Viajes Marsans, por aquella época todavía presidente de la patronal española. En la denuncia se apuntaba la posible conducta delictiva de Miguel Blesa y de Gerardo Díaz Ferrán.

Aquella fría mañana de diciembre las aspiraciones de Miguel Bernard al presentar su denuncia no eran nada inocentes, pero tampoco tan optimistas como para esperar para Blesa un desarrollo procesal más o menos similar al que tuvo Conde: ingreso en prisión primero y juicio penal después (tal y como le ocurrió al engominado banquero gallego en la crisis terminal del «felipismo»). Es importante señalar, en esta breve mirada por el retrovisor de nuestra historia financiera, que quien ejercitó en los años noventa la acción social de responsabilidad contra los administradores de Banesto fue el equipo jurídico de AUSBANC (dirigido también por Luis Pineda), los mismos que a día de hoy representan la acción popular contra Miguel Blesa y su equipo de Caja Madrid al estar contratados sus abogados por el sindicato de Miguel Bernard.

El propio Miguel Bernard ha reconocido que, a finales de 2009, no podía sospechar la importancia que iba a adquirir aquel sello de entrada del registro del Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla plasmado en su denuncia. Aquella tinta impresa sobre su copia iba a ser el talismán en el inicio del fin de otro financiero español, en esta ocasión Miguel Blesa.

El escrito llegó por turno de reparto a la mesa del magistrado Elpidio Silva (Juzgado de Instrucción número 9), quien no puso buena cara por el fondo «poco consistente» y la forma «muy generalista» con que estaba redactada la denuncia. Aun así la admitió a trámite y citó a Miguel Bernard el día 9 de febrero de 2010 para que se ratificara y, si pudiera, ampliara los hechos denunciados con nuevos datos. No debieron de convencer ni mucho ni poco los argumentos de Bernard al juez Silva, porque su denuncia fue despachada con «cajas destempladas» y archivada provisionalmente. «Sobreseimiento provisional», dictó Silva, ya que la denuncia «carecía del más mínimo soporte acreditativo». Stand by, por tanto, a la espera de la ampliación o conocimiento de nuevos datos sobre los fabulosos créditos concedidos a Díaz Ferrán.

De Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, se ha dicho casi todo. Pocas opiniones a favor y algunas más en contra. Pero ha sido gracias a él, a su denuncia primero y acusación popular después, como han salido adelante casos de corrupción tan importantes como el de Iñaki Urdangarin (con la imputación histórica de su esposa la infanta Cristina de Borbón), el de los eres de Andalucía, el Gürtel del Partido Popular o el mismísimo «caso Blesa». Sin la decisión y valentía de Miguel Bernard esos procesos contra la «cleptocracia institucional» no hubieran existido. De ahí que se le reconozca al presidente de Manos Limpias, en esto sí coincide todo el mundo, una voluntad inquebrantable en la lucha contra la corrupción al no dar ninguna denuncia por perdida.

«Es como el protagonista de la película La matanza de Texas», nos comenta uno de sus colaboradores. «En España es tal el grado de corrupción que Miguel sabe que dispare donde dispare siempre acierta».

Bernard estaba convencido de su puntería y de la veracidad de los hechos denunciados sobre Caja Madrid, por eso no se dio por vencido y presentó una nueva querella, esta vez dirigida contra Bankia (la heredera de la caja), que cayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Al ser el querellado Bankia, este juzgado de instrucción se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde ya se seguían diligencias por una querella presentada con antelación por el partido político Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra treinta y tres exmiembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), investigación que respaldaba la Fiscalía Anticorrupción.

Y fue en medio de este trasiego procesal cuando los nuevos datos sobre la quiebra y el vaciamiento patrimonial de Viajes Marsans se conocieron por la opinión pública. En esas informaciones vieron la luz los «magníficos» créditos de Blesa a su amigo y conmilitón de consejo Gerardo Díaz Ferrán.

En concreto, Caja Madrid concedió el 18 de noviembre de 2008 (siendo Díaz Ferrán consejero de esa misma entidad financiera) dos créditos a sendas sociedades del jefe de la patronal y de su socio Gonzalo Pascual, Holdisan y Parihol, por un importe total de 24 millones de euros. La finalidad de la operación era dotar de tesorería (liquidez) a otras dos empresas del grupo: Viajes Marsans y Air Comet. En la escritura de constitución del crédito se establecía una primera disposición por 17 millones de euros que se llevó a efecto el mismo día de la instrumentalización del crédito y otra disposición de 7 millones condicionada a la existencia de una oferta vinculante por la compra de Viajes Marsans y a que se pignorasen las acciones de la sociedad.

A pesar de que esta oferta vinculante nunca existió, se les permitió disponer de esos 7 millones mediante una trasferencia de 4 millones a Viajes Marsans el 9 de enero de 2009, y otra de 3 millones el 12 de enero, que presuntamente acabó en la cuenta personal de Gerardo Díaz Ferrán. Díaz Ferrán era un viejo conocido de Miguel Blesa, quien le había ayudado a lo largo de los años en los que Ferrán se mantuvo en el consejo de Caja Madrid, desde 2002 hasta principios de 2010; primero en representación de la CEIM y posteriormente como presidente de la CEOE, aunque no le correspondía.

Durante todos esos años Díaz Ferrán siempre fue un personaje controvertido. El propio Banco de España ya había avisado a Blesa en 2004 de que el jefe de la patronal había sido denunciado y estaba siendo investigado por presunto manejo de dinero negro y falseamiento de las cuentas de las empresas de su grupo empresarial con el nada elogiable objetivo de intentar defraudar a la Hacienda Pública.

Poco le importaron a Blesa las alertas del Banco de España y mantuvo siempre su apoyo a Ferrán durante años, hasta el punto de que llegó a concederle más de 234 millones de euros de financiación a distintas empresas de su grupo: Viajes Marsans, Tiempo Libro, Pullmantur y las patrimoniales Teinver, Inversiones Grudisan, Holdisan y Parihol. De acuerdo con el artículo 56.1 de la Ley 4/2003 de 11 de marzo de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid (ley que desarrolla la anterior y estatal LORCA, Ley 31/1985, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros) Caja Madrid tenía que solicitar autorización previa a la Comunidad Autónoma de Madrid, antes de realizar operaciones de crédito a favor de sus consejeros, familiares o cualquiera de sus grupos empresariales:

Artículo 56. Requisitos para operaciones financieras con la Caja

1. Los vocales del consejo de administración o sus cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos, así como las sociedades en las que estas personas tengan una participación que aislada o conjuntamente sea mayoritaria, o en las que ejerzan el cargo de presidente, consejero, administrador, gerente, director general o asimilado, no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la caja ni enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por las entidades en que ejerzan tal cargo, sin previa autorización expresa del consejo de administración de la caja y de la consejería competente de la Comunidad de Madrid.

Caja Madrid, Miguel Blesa, concedió millones de euros a Díaz Ferrán, uno de sus consejeros, incumpliendo la legislación vigente al no obtener la autorización previa y expresa de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Aunque el «supervisor» de la actividad de bancos y cajas, el Banco de España, se había pronunciado en 2009 (ante una denuncia presentada también por Manos Limpias) en defensa de los créditos de Caja Madrid a Díaz Ferrán, afirmando que Blesa había cumplido el procedimiento, todo el castillo de naipes y la responsabilidad de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la salvaguardia de nuestro sistema financiero quedó en evidencia, al no haber evitado la quiebra de las cajas de ahorros en general y de Caja Madrid en particular, cuando el «autor» de dicho informe, el inspector del Banco de España Pedro González González reconoció, en el interrogatorio que le realizó el juez Elpidio Silva, que si hubiera sabido entonces lo conocido con posterioridad (situación de las empresas de Díaz Ferrán y procedimiento irregular en la concesión de los créditos por parte de Caja Madrid) le hubieran «temblado las piernas» y «estaría aterrado» por «haberse comido» esos créditos. Se reproduce a continuación, literalmente, parte de las declaraciones realizadas ante el juez por el inspector del Banco de España Pedro González González, funcionario que supervisó los créditos concedidos a Díaz Ferrán: «Yo creo que este tipo de operaciones tienen un elevado riesgo y que, hombre, salvo que tengas una certeza razonable de que en un año puedas recuperar esa inversión porque la venta es casi segura, pues porque el mandato de venta tiene una serie de condicionantes que tal, porque el acreditado además, tienes un trato con él de historia que te fías y que tal y que cual. Yo con criterio económico, me hubieran temblado hasta las piernas, que probablemente no hubieran dado esa operación. Le soy sincero porque es mi opinión, es mi opinión. Que eso no significa que a lo mejor pregunta usted a otro inspector y a lo mejor le dice otra cosa, porque aquí hay juicios profesionales».

Y más adelante, este mismo inspector, Pedro González, ahondó en esta opinión cuando Silva le preguntó sobre lo que habría hecho el Banco de España si hubiera tenido toda la información respecto a la forma de disponer Díaz Ferrán del citado crédito: «Probablemente, o por lo menos lo hubiéramos consultado al servicio jurídico para ver si hay base y no hubiera sido una opinión tan categórica diciendo que no, es que esto, perdóneme, pero es que me está aterrando, y perdone el término, que lo diga de esta manera, porque es un tema muy serio o hemos sido totalmente ineficaces y nos lo hemos comido, perdóneme que utilice estas expresiones porque me parece un tema muy serio, o nos lo hemos comido y no nos hemos enterado, porque no somos omniscientes, y lo lamento, pero no somos sabios».

Ante tal respuesta, el juez Elpidio Silva preguntó directamente:

—¿Usted entiende que se ha podido engañar al Banco de España?

A lo que el inspector del Banco de España, contestó sinceramente:

—Claro, si no me lo dan y hay una opinión así, pues yo no sé si puedo decir el término engañar, pero desde luego ocultar, no dármelo…

Quizá todo este asunto habría pasado inadvertido si no hubieran aparecido dos sentencias posteriores: las de disolución de Viajes Marsans y Air Comet, donde se confirma que el grupo liderado por Díaz Ferrán se encontraba en quiebra técnica desde febrero de 2008, ocho meses antes del «regalo» del crédito.

Miguel Blesa autorizó, sin las más mínimas garantías y sin la diligencia propia de un buen financiero, un crédito de urgencia a su amigo Díaz Ferrán, a sabiendas de que su grupo de empresas estaba quebrado. Air Comet era insolvente al menos desde abril de 2008, ante el impago de cuotas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y nóminas de los trabajadores. Irregularidades contables relevantes que impiden conocer la situación financiera de la compañía (artículo 164.2.1 de la Ley de Cajas). Las principales irregularidades contables detectadas eran:

1. La falta de dotación por pérdida de valor de las acciones de Interinvest, S. L. tras la expropiación por parte del gobierno de la República Argentina de Aerolíneas Argentinas y Grupo Austral.

2. La falta de provisión de la deuda que las compañías del exdirector general de la compañía, don Antonio Mata, tenían con Air Comet.

El 20 de mayo de 2014 Manos Limpias volvió a insistir ante el Banco de España para que actuase, desde el punto de vista administrativo, contra Miguel Blesa por su gestión al frente de Caja Madrid cuando se concedieron los créditos a Díaz Ferrán. Rectificar es de sabios, aunque en este asunto, una rectificación llegaría demasiado tarde.

La telaraña judicial

El conflicto de competencia judicial se resolvió el 8 de octubre de 2012, cuando el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, resolvió no aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción número 9 (juez Elpidio Silva) y le instó a seguir las diligencias. Según los magistrados de la sala «no se alcanza a comprender, salvo que se tengan facultades adivinatorias inusuales» la «conexidad» entre ambas causas que había puesto en evidencia el juez Elpidio Silva. Obligado por la Audiencia Nacional y por el Ministerio Fiscal, Elpidio Silva vuelve a recibir la denuncia de Manos Limpias. Él no había manifestado un interés especial por el caso. Más bien todo lo contrario, había querido pasar de él y quitárselo de encima. Por eso sigue causando rubor la acusación que esgrimió un año después el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, contra Elpidio Silva cuando le acusó de «prevaricación» e «interés personal» en el caso Blesa «desde el primer momento». ¿También cuando no quiso instruir el procedimiento?, nos preguntamos ahora.

Todo el lío judicial se encaminó procesalmente el 5 de diciembre de 2012. Ese día Gerardo Díaz Ferrán se pasó la mayor parte de la jornada subiendo y bajando del furgón verde de la Benemérita. Él ya dormía esa noche como preso, recluido en la prisión de Soto del Real, pero antes había tenido que recorrer por la mañana el trayecto hasta los juzgados de la Audiencia Nacional, en su nuevo emplazamiento en la calle del General Prim, para responder del alzamiento y quiebra de Viajes Marsans ante el juez Santiago Pedraz, magistrado juez del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, para luego trasladarse esposado al Juzgado de Instrucción número 9, y ahí responder ante el juez Elpidio Silva sobre el crédito que recibió de Caja Madrid mientras era consejero de esta entidad financiera. Blesa (expresidente de Caja Madrid) y Díaz Ferrán (expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE), dos claros representantes de la España del despilfarro.

Y es que los paseíllos de la gente poderosa como Blesa y Díaz Ferrán, la llamada beautiful people del posfelipismo, por los juzgados y calabozos de Madrid se han convertido, de un tiempo a esta parte, en todo un sinvivir para la clase política y financiera de nuestro país. Los lazos de intereses, negocios y beneficios personales entre ellos retratan a nuestra clase dirigente. En el lado contrario nos encontramos todos los demás ciudadanos. Los perdedores de esta crisis. Los paganinis, como se dice vulgarmente. Y por encima de todos, las personas que han sido engañadas o han perdido sus ahorros y puestos de trabajo por las negligentes actuaciones de estos financieros metidos a políticos, o mejor dicho políticos a secas metidos a financieros públicos. Es de todos conocido que la mayoría de estas pasarelas no terminan en el furgón de la Guardia Civil ni en la recuperación de lo robado por parte de los afectados. De ahí que las imágenes de Blesa escapando a la carrera, protegido por sus abogados, huyendo de la ira y la protesta de los clientes de Caja Madrid, que se sentían estafados por la comercialización de preferentes y deuda subordinada, se hayan convertido en todo un símbolo de nuestra época: el pueblo busca la justicia por su cuenta, cuando la justicia da la espalda a las demandas fundadas de su pueblo.

Aquel jueves 16 de mayo de 2013 fue una de las pocas ocasiones de la historia de España donde la cuerda de presos organizada por la Guardia Civil desde unos calabozos a una cárcel no estaba formada por los de siempre: rateros vulgares, habilidosos carteristas, rápidos aluniceros, siniestros violadores, criminales en serie… y demás fauna habitual en cualquiera de las tipificaciones del Código Penal. Una persona nueva, distinta y distante en su apariencia al resto de arrestados, unía su muñeca y su grillete a otra, esta sí, carne de presidio habitual.

Y es que tan solo unos minutos antes el juez Elpidio Silva había descalificado con rigor la coartada esgrimida durante toda la mañana por la defensa y por el propio Miguel Blesa para justificar la compra del Banco Nacional de Miami.

—Usted me dice que el Banco de España es malintencionado. Al regulador se le puede tachar de cualquier cosa menos de malintencionado con la banca. El regulador ha tenido cierta responsabilidad, no penal, respecto de las entidades financieras, y concretamente de las cajas y de Caja Madrid —le reprochó Silva.

Pero el juez fue más allá y le dijo a Blesa que no le había convencido ninguno de los argumentos que este le había dado durante las tres horas que duró el interrogatorio.

—Para este juzgador hay que traer argumentos serios —dijo el juez.

Carlos Aguilar, abogado defensor de Miguel Blesa, y la fiscal presente (ausente durante muchas de las diligencias realizadas durante aquella jornada), no daban crédito a lo que estaban oyendo. Fue en ese momento cuando la defensa del último presidente de Caja Madrid llegó a la conclusión de que había que «deshacerse» (desde el punto de vista procesal) del juez que había hecho posible algo que, hasta ese momento, parecía inimaginable. El objetivo procesal, a partir de ese instante, era hacer que Miguel Blesa dejase de depender judicialmente del juez Elpidio Silva. Y se tenía que conseguir lo antes posible. El intrépido juez gaditano no les despertaba ninguna confianza. No lo veían claro. Oteaban un horizonte más bien negro. Una oscuridad como la que se produjo en la sala del juzgado cuando alguien apagó las luces. Una oscuridad tan negra como el alma de lobo de Miguel Blesa. El lobo de Caja de Madrid. A Silva no le parecieron serios, ni de recibo, los motivos expuestos por el expresidente de la caja para justificar la compra del CNBF (City National Bank de Florida). Tampoco le parecía de recibo el precio pagado. Y mucho menos, que se hubiera troceado la operación para esquivar, dolosamente, la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid.

—Esta es una instrucción que no está dando el primer asalto. Veo que había un régimen de confabulación con Barcoj (el exdirector financiero de Caja Madrid)…Yo tengo que salvar el tipo, si usted está en libertad puede hablar con ellos —comentó el titular del Juzgado número 9 en referencia a otros directivos que ya estaban imputados.

Luego vino la lectura íntegra del auto de prisión y la imposición de las esposas. Testigos presenciales llegaron a relatar que el agente de la Guardia Civil que colocó los grilletes sobre las manos de Miguel Blesa no pudo contenerse y esgrimió una especie de mueca. Algunos interpretaron aquel extraño gesto como una media sonrisa contenida, quizá de satisfacción. Puede que fuera, él o cualquier miembro de su familia, uno de las decenas de miles de damnificados por la quiebra de la caja madrileña.

La segunda entrada en prisión de Blesa

Aquel 16 de mayo el juez Elpidio Silva actuó en contra del criterio del Ministerio Fiscal y mandó a Blesa a la prisión de Soto del Real atribuyéndole la comisión de un presunto delito societario, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en la operación de compra en 2008 del City National Bank de Florida. El juez consideró, además de que existía «innegable riesgo de fuga», la posibilidad de destrucción de pruebas y le retiró el pasaporte.

No llegaron a veinticuatro las horas que Miguel Blesa permaneció en prisión. Como declaró Miguel Bernard, secretario general del sindicato Manos Limpias, «casi estuvo menos tiempo que una visita en el vis a vis». Reunió la fianza de 2,5 millones de euros que le había impuesto el juez Silva Pacheco como fianza, con cheques personales de encuesta particular en Bankia.

El exbanquero volvió a prisión el 5 de junio de ese mismo año, por orden, otra vez, de Elpidio Silva, tras obtener el juez unos correos electrónicos corporativos de Caja Madrid donde aparecían nuevas pruebas relacionadas con la compra del Banco de Miami. Esa mañana Elpidio Silva, cuya recusación había sido solicitada por la defensa del exbanquero por «enemistad manifiesta», llamó a declarar por sorpresa y de forma urgente a Miguel Blesa y a su entonces número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj. El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, había presentado un incidente de recusación contra el juez Silva al dudar de su imparcialidad y entender que sus decisiones revelaban un «interés personal, directo e indirecto» en la causa, así como la «enemistad manifiesta» antes señalada, que llevaba a pensar (según lo manifestado por la defensa de Blesa) que «actúa más como denunciante que como un instructor independiente». El abogado de Díaz Ferrán se adhirió a este escrito de recusación argumentando razones similares. El juez Elpidio Silva dejó temporalmente la investigación del crédito que Caja Madrid concedió al expresidente de la CEOE, a la espera de que la Audiencia Provincial resolviera definitivamente su recusación.

Silva aparcó la pieza procesal relativa al crédito a Díaz Ferrán, pero ya tenía abierta otra pieza separada por la compra por Caja Madrid del City National Bank de Florida en abril de 2010. En esa pieza todavía no se había presentado ninguna recusación contra Silva, y esa fue la puerta que vio abierta el magistrado para volver a interrogar a Blesa.

Además, la citación era consecuencia de la recepción en el Juzgado número 9 de un informe realizado por la Guardia Civil, en donde figuraban correos electrónicos intercambiados entre Blesa y Sánchez Barcoj en fechas previas a la compra del banco estadounidense. En los citados correos el exdirector financiero de la caja explicaba al entonces presidente que la entidad tenía un seguro de cambio contratado para cubrir el riesgo de depreciación del dólar, divisa en la que se compró el Banco de Florida. En otro e-mail, Sánchez Barcoj explicaba a su entonces superior que la caja tenía una posición en tesorería de 100 millones que podrían utilizar «por si se pone alguna operación a tiro».

Elpidio Silva interpretó como un indicio de irregularidad este remanente de 100 millones. Blesa, por su parte, contestó que «se había tergiversado el sentido de la correspondencia». Miguel Blesa ingresó poco antes de las 23 horas en la prisión madrileña de Soto del Real. Como sucedió con el primer ingreso, también en esta ocasión el representante de la Fiscalía se opuso a la medida adoptada por el juez Silva.

En una primera decisión, la Audiencia Provincial de Madrid avaló este encarcelamiento, pero cinco días más tarde anuló la investigación, al encontrar vicios en la instrucción de Silva que se había reabierto por el caso concreto de la denuncia de la concesión del crédito de 26,6 millones a Viajes Marsans y se había convertido, según la Audiencia Provincial de Madrid, en una especie de «causa general» contra Miguel Blesa. Es por ello por lo que se dejaron sin efecto todas las actuaciones realizadas por el juez Elpidio Silva, incluyendo la nueva causa abierta por la compra del City National Bank de Florida. Tuvo que ser el propio juez Silva quien excarcelara a Blesa después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara las diligencias realizadas tras la reapertura del caso sobre los créditos a Díaz Ferrán.

II. UN JUEZ LLAMADO ELPIDIO

Elpidio significa «el que tiene esperanza»

Elpidio es nombre masculino de origen griego que significa «el que tiene esperanza». Miguel también es nombre de varón, pero su ascendencia es hebrea y significa: «Dios es justo». Elpidio Silva y Miguel Blesa, los dos protagonistas de este drama (político, financiero y judicial), uno por haber perdido la libertad durante unos días y tener que responder ante la Justicia por su actividad como presidente de Caja Madrid, y el otro por estar a punto, quizá, de perder su carrera profesional como juez, deberían intercambiarse sus apelativos para ser uno (el juez) justo como Dios, y mantener el otro (el expresidente de Caja Madrid) la esperanza para salir airoso de los procesos judiciales que existen contra él por los tejemanejes que realizó al frente de la caja madrileña.

¡Quién les iba a decir a estos dos vecinos de Plaza de Castilla en Madrid, separados por menos de 200 metros, que el futuro les tenía reservado un destino cruzado! En esa plaza, en lo más alto de una torre inclinada (en sus orígenes torre KIO, antiguo símbolo de corrupción) Miguel Blesa disponía de un descomunal despacho, desde cuyo ventanal observaba cada mañana cómo entraban y salían de un edificio lúgubre de juzgados hormigas que eran jueces, fiscales, imputados, abogados, ciudadanos, guardias civiles…

Uno de esos bichitos raros era Elpidio José Silva Pacheco, magistrado juez en excedencia que fue titular del Juzgado de Instrucción número 9. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla con el número uno de su promoción y premio extraordinario de licenciatura. Posteriormente se doctoró en Derecho por la Universidad de Cádiz. Elpidio es hijo de diplomáticos, ha recorrido medio mundo, habla tres idiomas y lleva veintidós años en la judicatura, cinco de ellos ejerciendo como magistrado juez de instrucción en Madrid. Anteriormente estuvo destinado como magistrado en la Audiencia Provincial de Cuenca (2005-2008) y previamente en la de Las Palmas (2001-2005). Fue asimismo titular del Juzgado de lo Penal y de Vigilancia Penitenciaria de Ceuta y de diversos juzgados de primera instancia e instrucción en Lora del Río (Sevilla), Aracena (Huelva) y San Roque (Cádiz). Se formó internacionalmente en la Université Panthéon-Assas (París II) y en la Università di Bologna. Además, ejerció como juez del Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio (Francia).

Pero no solo de leyes y de normas vive el hombre y, en este sentido, Elpidio se ha mostrado también como un excelente deportista: fue campeón de España juvenil de tenis de mesa en 1977 representando al Club Nazaret de Jerez. «Formaba parte de la selección nacional de tenis de mesa, pero como todavía no era deporte olímpico no pude acudir a los Juegos de Moscú», recuerda sobre su etapa deportiva.

Ha publicado dos libros de poesía, Memoria inconjugable (finalista del premio Adonais) y Memoria del olvido, y un libro de ensayo que ha sido todo un éxito, La Justicia desahuciada: España no es país para jueces, donde realiza una radiografía del sistema judicial de nuestro país y habla sobre el papel que desempeñan los jueces.

Resumiendo y abreviando: Elpidio es número uno de carrera, doctor en Derecho, experto en informática, profesor de Derecho y de Criminología, obsesionado con los delitos económicos y el blanqueo de capitales, separado, con un hijo… ¿Un tipo raro? No, pero sí una persona hecha a sí misma y, quizá por eso, fuera de lo normal.

Miguel Blesa, todo lo contrario. Un hombre hecho por los demás. En concreto por José María Aznar, amigo de oposición y compañero en su primer destino en Logroño como inspector de Hacienda. Quizá por eso se creía extraordinario. Aznar fue quien le aupó a la presidencia de la caja de Madrid. Y se mantuvo al mando de la caja verde del osito repartiendo, mediante créditos dudosos, el dinero de todos a favor de sindicatos, partidos, fundaciones y empresarios. Algunas de esas pólizas todavía son motivo de causa en los juzgados de Madrid, una vez apartado del caso el juez Elpidio. Por ejemplo, la compra del Banco Nacional de Miami o el supercrédito concedido a la inmobiliaria Martinsa de Fernando Martín.

Rebobinando la vida de ambos, la cinta confiesa que los dos han vivido. Aunque, eso sí, de distinta manera. Elpidio con problemas de alquiler y juicios en Madrid, viviendo en una roulotte en Las Palmas de Gran Canaria, teniendo problemas con la contribución urbana en Cuenca o siendo sancionado por expedientes disciplinarios por retrasos en su juzgado; mientras que Miguel viajaba en un coche «incómodo» de medio millón de euros, fomentaba la burbuja inmobiliaria entre todos los madrileños, comercializaba preferentes engañosas y había comprado por 10 millones de dólares en Florida una mansión para representación y fiestas de nuestra caja.

Hoy Caja Madrid no existe y el Estado ha tenido que inyectar más de 20.000 millones en su banco sucesor, Bankia.

Una auténtica partida de ping pong. Eso fue lo que sucedió con el caso Blesa en los juzgados de Madrid: una vez apartado Elpidio Silva, ningún juez lo quería instruir. Y en mitad de esta partida el juez Elpidio Silva solicitó la excedencia de su plaza en el Juzgado de instrucción número 9 para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo encabezando la lista del Movimiento RED. Antes había cumplido una sanción (cuatro meses y siete días) de suspensión de empleo y sueldo impuesta contra él por el Consejo General del Poder Judicial por retraso injustificado y falta de motivación en resoluciones pertenecientes a otras causas distintas a las investigaciones realizadas sobre Caja Madrid.

Y es que ha dado tantas vueltas la pelota del caso Blesa que es difícil saber a quién le corresponde ahora mover ficha en esta partida. Una labor más para leguleyos que para periodistas.

La instrucción de Elpidio: las querellas por los créditos de Díaz Ferrán y la compra del Banco Nacional de Miami

La lupa de Elpidio Silva estuvo centrada en los extraños movimientos que realizó Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, durante la primavera de 2008. El 18 de marzo de ese año Miguel Blesa contrató una póliza de seguro de cambio (Caja Madrid le vendía 1 millón de dólares al cambio de 1,57 dólares por euro) con vencimiento para su utilización tres meses después: el 16 de junio. El 14 de abril tuvo lugar el consejo de administración de la Caja donde se aprobó la compra del 83 por ciento de las acciones del City National Bank de Florida (CNBF). El coste total de la operación lo cerraría dos años después Rodrigo Rato, cuando adquirió el 17 por ciento restante. Sumando todas las cantidades desembolsadas la aventura americana costó a Caja Madrid la friolera de 1.449 millones de dólares (unos 1.100 millones de euros). A finales de 2013 Bankia cerró la venta de este marrón heredado de Blesa al BCI chileno por 882,2 millones de dólares (683 millones de euros). Las pérdidas de la operación dan miedo: en torno a los 417 millones de euros.

Está claro que Caja Madrid pagó un exagerado sobreprecio por la compra del Banco de Florida. Lo que no está claro es para qué quería utilizar Miguel Blesa, en aquellas mismas fechas, un millón de dólares. Miguel Blesa contestó que el aseguramiento del millón de dólares era para comprar un inmueble en Estados Unidos, lo que finalmente no se llevó a cabo. Pero esto es lo que todavía no ha aclarado Caja Madrid (ahora Bankia): ¿se compraron los dólares? ¿Se transfirieron a Estados Unidos? ¿Qué se hizo con ellos? ¿Se anuló la operación? Aún no se sabe nada respecto al final de este expediente. Bankia tendrá que responder algún día del destino final de esta póliza.

Y fue en este momento procesal donde quedó parada la investigación al ser apartado de la misma Elpidio Silva y declarado nulo todo lo actuado.

Sin embargo, desde el punto de vista informativo es importante reseñar que el juez Elpidio José Silva requirió al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), organismo adscrito al Banco de España, para que se investigara si el expresidente de Caja Madrid cobró alguna comisión ilegal «en el marco de la gestión gravemente irregular» llevada a cabo en la caja. El juez también solicitó un informe completo de los controles fronterizos para averiguar dónde y con quién viajó Miguel Blesa durante aquellos meses.

Por su parte, la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Guardia Civil, adscrita a la UCO (Unidad Central Operativa), con sede en el cuartel de Rivas-Vaciamadrid, destripó dos de los tres ordenadores personales que tenía Blesa en su oficina de la torre inclinada de Plaza de Castilla. Un tercer ordenador desapareció y podría ser la clave de muchas operaciones.

Desde el inicio de la investigación la acusación popular del sindicato Manos Limpias no ha parado de moverse. Su representación letrada, a cargo de Luis Pineda, abogado y presidente de AUSBANC, no ha dejado de viajar a Miami, donde mantiene contactos personales con las más altas instancias de la política, la economía y los medios de comunicación del estado de Florida. Fruto de estos contactos son muchas de las informaciones que han servido a la acusación para denunciar qué hay detrás de la compra del CNBF.

Durante todo este tiempo, el escándalo Blesa no cesa de aparecer en las portadas de todos los periódicos de Miami. Tan es así que el anterior presidente del CNBF, Leonard Abess, declaró a finales de 2013 en el Miami Herald: «El banco no estaba en venta, y ellos tuvieron que pagar para conseguirlo. Fue un precio justo y negociado».

Fueron tales las plusvalías obtenidas por Leonard Abess por la venta del CNBF que ya está señalado como el mejor vendedor de bancos en la historia de Estados Unidos. El presidente Barak Obama lo reconoció públicamente en un discurso en la Casa Blanca en febrero de 2009: «Pienso en Leonard Abess, el presidente de un banco de Miami, quien, según se informó, vendió la parte de su compañía, recibiendo una bonificación de 60 millones de dólares que repartió entre las 399 personas que trabajaban para él y otras 72 que solían hacerlo».

¡Se repartieron 60 millones de dólares entre 471 personas, a razón de 127.388 dólares por empleado del CNBF por su venta a Caja Madrid! Esto sí que es una obra social del capitalismo, y no la quiebra de la Caja Madrid pública. Pero ¿fueron estas las únicas comisiones que se repartieron de tan exitosa venta? Cuesta mucho creerlo ¿A dónde fue a parar el millón de dólares que quería utilizar Miguel Blesa? La acusación y el juez siempre pensaron que podrían tener relación con la obtención de beneficios ilegales por aquella operación. Expertos financieros consultados explican que, entre particulares que no gozan de confianza mutua, antes de la finalización de un negocio se exige lo que en América se llama «enseñar el color del dinero». Esto es, hacer un desembolso inicial para demostrar que la oferta, por muy estrafalaria que parezca, va en serio.

Miami y el millón de dólares se han convertido en el talón de Aquiles de Miguel Blesa. También marcan su horizonte penal. El estado de Florida siempre había sido su obsesión. Queda ya para la antología del despilfarro bancario la celebración de un consejo de administración en abril de 2004, de lunes a jueves, en el Hotel Ritz de Miami Beach, con todos los gastos pagados, con veintiún consejeros más sus acompañantes en la zona más rica de la ciudad. Para más inri, en Madrid, durante aquellas fechas, se celebraban los funerales de Estado por las víctimas del 11-M. Miguel Blesa no tuvo la delicadeza de guardar las formas, el luto y el dolor ante el mayor atentado de la historia de España. También fue un disparate la compra de una mansión en Cayo Vizcaíno, en Florida, en abril de 2006 por más de 10 millones de dólares. Allí la cúpula de Caja Madrid organizó extravagantes fiestas que sorprendieron por su suntuosidad a los banqueros de FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos), que en 2007 celebró en Miami su convención anual. Finalmente la mansión se vendió por menos de la mitad de su precio de adquisición. ¡Otro de los «negocietes» de Blesa que incrementaron la cuenta de pérdidas de Caja Madrid!

Tal sigue siendo la obsesión de Miguel Blesa por Miami que se la ha contagiado a su actual mujer, Gema Gámez Pérez, veintiséis años menor que él, antigua empleada de Caja Madrid, con la que iba a contraer matrimonio en junio de 2013, aunque boda y luna de miel tuvieron que ser aplazadas por la prisión y retirada del pasaporte del exfinanciero. Y es que Gema Gámez es la única accionista de una empresa constituida en diciembre de 2011 y denominada Octubre en Florida S. L. Además de poético, el nombre es toda una declaración de intenciones de la parejita.

III. MIGUEL BLESA, UN SEÑORITO DE LINARES

Infancia, juventud y Aznar

Miguel Blesa de la Parra nació en Linares, Jaén, el 8 de agosto de 1947. Cumplió en el verano de 2014 sesenta y siete años. Sus padres, Miguel Blesa Moreno y Dolores de la Parra Sánchez, eran dos conocidos propietarios de tierras vinculadas al cultivo de olivos y la fabricación del aceite. Su madre es descendiente de un conocido latifundista de la provincia de Jaén, mientras que su padre se mantuvo siempre muy relacionado con los sectores políticos y económicos del franquismo que resultaron vencedores tras la Guerra Civil. Miembro de varias cofradías religiosas, destacó principalmente por su pertenencia a la popular cofradía del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor de Linares.

Miguel es el segundo de cinco hermanos. Su hermana mayor, Dolores, es procuradora de los tribunales en Jaén; su hermano Manuel es empresario autónomo y se dedica al negocio del turismo; su hermana María del Carmen es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, mientras que su hermano más pequeño, Ramón, es notario en la ciudad de Málaga.

Miguel Blesa, al igual que sus hermanos, recibió una educación exquisita, destinada a la obtención de un título universitario y su conversión definitiva en un profesional con altas expectativas de éxito. Miguel Blesa estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Granada, siendo residente en el Colegio Mayor Loyola de esta ciudad. Una vez alcanzada la licenciatura, se trasladó a Madrid para preparar las oposiciones al Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, en una academia vinculada al Centro de Estudios Universitarios (CEU), de la ACNP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas). Tuvo buena estrella al decidir matricularse en aquella academia y preparar allí esas oposiciones, pues en esas aulas se cruzó con otro opositor, José María Aznar, que con el tiempo llegaría a ser presidente del Gobierno y máximo padrino de sus aventuras financieras. Los dos compañeros acudían con frecuencia a la casa de Blesa a estudiar. La mayoría de las veces, Ana Botella iba a buscar al final de la jornada a su novio de entonces, José María Aznar.

Los dos ganaron las oposiciones en diciembre de 1976, aunque con la particularidad de que Miguel Blesa las aprobó con retraso: es seis años mayor que Aznar, por lo que accedió al puesto de inspector de Hacienda con más años que su compañero de pupitre.

Sin embargo, por esas cosas de la lentitud secular de la administración y la realización de los correspondientes cursos de formación, no fue hasta 1978 cuando los dos optaron a su primer destino. Primero pensaron en Soria, pero finalmente eligieron a la par la Delegación Provincial de Logroño del Ministerio de Hacienda.

En el capítulo riojano de las memorias escritas por José María Aznar se cuenta su experiencia en la capital, Logroño. Allí desembarcó el expresidente del Gobierno en compañía de Miguel Blesa. Pero no llegaron solos. Con ellos viajaron sus respectivas esposas. Ana Botella por parte de Aznar y María José Portela Martínez por parte de Blesa. Los dos matrimonios se interesaron al mismo tiempo por el mismo piso situado en un bloque de viviendas en la esquina de San Antón con Gran Vía. Como no era cuestión de organizar una comuna de inspectores y consortes, echaron a suertes qué familia ocuparía el piso deseado. Lo cuenta el propio Aznar en sus Memorias I, donde relata cómo se jugó a cara o cruz el piso disputado con Blesa. Aznar llegó a Logroño a finales de mayo de 1978, con Ana Botella, actual alcaldesa de Madrid, embarazada de su primer hijo, José María: «Nos pusimos a buscar casa y muy pronto encontramos dos pisos en el mismo edificio en el centro de la ciudad, en la calle San Antón, esquina con Gran Vía. Uno tenía mejores vistas que el otro. Como Miguel Blesa y su mujer, María José Portela, también estaban buscando piso, decidimos tirar una moneda al aire para ver quién se quedaba el mejor. Tuvimos suerte nosotros», recuerda el expresidente.

Ganó, pues, el matrimonio Aznar-Botella, que fue al octavo piso, relegando a la familia Blesa-Portela a uno inferior, el séptimo, en el mismo bloque de viviendas.

Personas que compartieron con ellos aquel año escaso en la capital de La Rioja afirman que Blesa y Aznar eran personas distantes y diferentes. Mientras que José María ya era militante de la Alianza Popular de Manuel Fraga, Miguel Blesa se presentaba en las tertulias, en las reuniones familiares y de amigos como más de izquierdas. Sus simpatías en aquella época se inclinaban por el Partido Socialista Obrero Español.

Pero la política hace extraños compañeros de cama y, pese a las diferencias, Miguel y José Mari no dejaron de ser amigos. Blesa permaneció casado unos años con María José Portela, hasta que se divorció más tarde. Con ella tuvo una hija, María José Blesa Portela, Cus Blesa, economista por el CEU y crítica cinematográfica. Ambos matrimonios pasaban periodos de vacaciones juntos en el Pirineo catalán y en Oropesa (Castellón).

Blesa enseguida regresó a Madrid, donde pasó siete años destinado en el Ministerio de Hacienda. Primero ejerció diversos cargos técnicos en la administración central. En 1979 fue nombrado secretario del gabinete técnico del ministro de Hacienda de entonces, Jaime García Añoveros, y, en 1981, jefe del Servicio de Tributos de las Comunidades Autónomas. Finalmente, en 1983, recién llegado al poder el PSOE de Felipe González, Miguel Blesa fue nombrado subdirector general de Estudios y Coordinación del Ministerio de Economía, a cuyo frente se encontraba Miguel Boyer.

Permaneció en el ministerio hasta el año 1986, cuando pidió la excedencia y montó una asesoría fiscal, ejerciendo la abogacía como especialista en Derecho Tributario. Es en esta época cuando asesora a familias importantes del antiguo régimen franquista, como los Martínez-Bordiú. A partir de 1989, con su amigo José María Aznar ya en la presidencia del Partido Popular, las gestiones como asesor fiscal y financiero se extienden al PP y al propio Aznar. Eran muy conocidas entonces sus relaciones con el equipo de tesorería y gerencia del Partido Popular en la calle Génova. Miguel Blesa era conocido como Michi por los Naseiro, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y tenía acceso a todas las cuentas y balances del partido de su amigo Aznar. Incluso se llegó a publicar que era Miguel Blesa quien se trasladaba en moto desde la sede de la calle Génova al domicilio de Aznar para realizarle las declaraciones de IRPF al que sería, con el paso de los años, presidente del Gobierno. A principios de los noventa Blesa ascendió en el aparato del partido y pasó a integrar un gabinete de estudios económicos dentro de la FAES.

Paralelamente a los devaneos de Miguel, durante esos años José María Aznar fue ascendiendo peldaño a peldaño en lo único que le importaba: su carrera política. En 1987 Aznar ganó las elecciones autonómicas y fue elegido procurador y presidente de la Junta de Castilla y León, cargo del que dimitió en 1989 para hacerse cargo de la presidencia del PP (refundación, tras un congreso en Sevilla, de la antigua Alianza Popular).

Hay que esperar hasta 1993 para que Miguel Blesa ingrese en el consejo de administración de Caja Madrid en representación del Partido Popular. Su ascenso político es paralelo a la toma de poder de su siempre amigo José María Aznar. El despacho de asesoría fiscal que comparte con Francisco Guio Montero adquiere cada vez más encargos de las grandes empresas interesadas en «construir puentes» con lo que llaman «el entorno del bigotitos». Aznar también consigue que Antonio Asensio y Mario Conde le coloquen en el consejo de Antena 3 representando a Banesto, antes de su intervención y posterior compra por el Banco de Santander.

Tres años después, cuando tan solo han pasado unos meses desde que el Partido Popular ganase las elecciones, concretamente el 11 de septiembre de 1996, Miguel Blesa de la Parra accede a la presidencia de la tricentenaria caja madrileña. Su nombre había aparecido como candidato para presidir distintas empresas públicas. José María Aznar aplicó criterios puramente amiguistas en el reparto de las presidencias de muchas de estas empresas. Para los anales de la historia económica española quedará el nombramiento de Juan Villalonga, cuyo único mérito había sido ser compañero de pupitre de Aznar en el Colegio de El Pilar de Madrid, como presidente de la Compañía Telefónica. El nombre de Miguel Blesa ya se había barajado para la presidencia de Caja Madrid un año antes, en 1995, cuando el PP había ganado las elecciones municipales y autonómicas en Madrid. Sin embargo, los hombres del PP en la entidad financiera, encabezados por Rodolfo Martín Villa, que desde que fue jefe nacional del SEU (Sindicato Español Universitario) con veinticuatro años, durante la dictadura del general Franco, no se había bajado del coche oficial, tenían otros intereses y mantuvieron su apoyo a Jaime Terceiro, catedrático de Economía designado presidente de la Caja por el PSOE.

Miguel Blesa supo aguantar, e incluso llegó a compartir despacho con el ínclito Martín Villa, al ser integrantes los dos del comité de control de la caja. Su actividad durante aquellos años en el consejo de administración fue de perfil bajo, de trato agradable y, eso sí, procurando no llevar la contraria a ninguna fuerza viva de la «partitocracia» que dominaba la caja. Y tal vez a aquellas artes aprendidas durante su estancia en el consejo debe Miguel Blesa su nombramiento como presidente. Para ello tuvo que alcanzar un pacto, que significaba en realidad «el consenso de la caja». Muy similar al consenso del régimen político español del 78. El pacto fue suscrito con Comisiones Obreras de Banca (COMFIA), dirigida entonces por la colérica María Jesús Paredes, e Izquierda Unida (en realidad, el Partido Comunista de España). Gracias a este acuerdo de 1996, Izquierda Unida y su sindicato ganaron más poder y fuerza dentro del consejo y, como contrapartida, Miguel Blesa obtuvo lo que buscaba. Ocupó la presidencia del consejo de Caja Madrid hasta enero de 2010, ejerciendo también la presidencia de la Corporación Financiera y de la Fundación Caja Madrid. Asimismo ocupó diversos cargos en diferentes consejos de administración, en Telemadrid, Grupo Dragados y Endesa, así como el de presidente de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del patronato del Museo Thyssen.

Su cese en enero de 2010 fue el resultado de una trifulca sin cuartel entre los diversos sectores del PP madrileño: con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre por un lado (en contra de Miguel Blesa), y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón por otro (apoyando a Blesa). Intervino para poner orden en la disputa el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien impuso a Rodrigo Rato en la presidencia. Miguel Blesa, desaparecido en combate, estuvo missing durante dos años, y se entregó a la plácida vida de un jubilado enamorado con muchos posibles que le había dejado su pensión de oro. A partir de la marcha de Caja Madrid su actividad política y de negocios es casi inexistente. Sí aparece esporádicamente por el palco del Santiago Bernabéu. Eso sí, sigue alternando de manera habitual con su amigo José María Aznar. Consigue mantenerse como consejero en filiales de FCC y de Mapfre, unas responsabilidades siempre bien retribuidas, al mismo tiempo que reabre su despacho profesional de asesoría fiscal. En la primavera de 2010 se casó su hija, María José Blesa Portela con Luis Miguel Valtierra de Simón. Era todavía época de vino y rosas. Dos años después vendría el hundimiento. A aquella boda todavía acudieron muchos representantes de la high society política y empresarial: los Aznar con todos sus hijos, Jaime de Marichalar, su valedor, Alberto Ruiz-Gallardón, Rodolfo Martín Villa, Celia Villalobos, Marina Danko…

Qué diferencia con su boda casi clandestina en Las Jarillas, tres años después, con la joven Gema Gámez, veintisiete años menor que Blesa, celebrada el 4 de octubre de 2013, donde no estuvo presente ni su hija María José, que prefirió quedarse en su casa cuidando de su hijo (nieto de Blesa) recién nacido. Eso sí, asistieron los de siempre: el matrimonio Aznar y su amigo de infancia de Linares, el torero Sebastián Palomo Linares. La boda iba a celebrarse en un principio el 8 de junio por todo lo alto, pero el juez Elpidio Silva ya había aparecido en la vida del exfinanciero y le había ingresado dos veces en prisión. Amén de retirarle el pasaporte, indispensable para una luna de miel como Dios manda.

Los grandes sueldos de Blesa en Caja Madrid

Blesa cobró más de 13,7 millones en sus últimos cuatro años de presidente de Caja Madrid. El año 2010, en el que trabajó solo un mes (enero), cobró la nada módica cantidad de 3,7 millones. El resto de años 3,4 millones en 2009, 3,1 en 2008 y 3,5 en 2007, año en el que dio un gran salto en su remuneración frente a los 1,7 millones del anterior.

Dinero suficiente para celebrar la lujosa boda con su antigua compañera de trabajo Gema. La ceremonia que se tenía que haber celebrado en el mes de junio de 2013 tuvo que ser suspendida por la entrada en prisión del antiguo presidente de Caja Madrid, y probablemente uno de los principales culpables de la convulsa situación que ha vivido el sector financiero español.

En 2010, año de su cese como presidente, cobró algo parecido a lo que Cospedal llamó «despido diferido», y en todo caso un gran chollo para Blesa, que ganó los ya referidos 3,7 millones por tan solo un mes de trabajo. Curiosamente todas sus declaraciones le salieron a devolver por parte de Hacienda.

En la boda, a la que iban a acudir, se decía, más de 400 invitados, aunque pocos de ellos pertenecientes al grupo dirigente del Partido Popular, probablemente se servirían algunos de los vinos favoritos del presidente de Caja Madrid: lujo a raudales para impresionar a los invitados. Por el hecho de no ser presidente no iba a dejar de homenajearlos como lo hacía en las torres de Caja Madrid. Desde un Vega Sicilia Único Magnun, con coste aproximado de 500 euros cada botella, a un Vega Sicilia Reserva Especial Único, de 400 euros; o quizás un Chateau d’Yquem blanco francés de 90 euros la botella. Para acompañar los postres y brindar por la felicidad de los novios, tal vez un Louis Roederer de 40 euros, o un Krug Brut de 853.

Lo que estaba claro es que a él le tocaría pagar; no como a su amigo Aznar en la boda de Alejandro Agag, en la que los vinos fueron regalo de la familia Álvarez. Si no había políticos, probablemente hubiese muchos inmobiliarios de los que Blesa financiaba y con los que viajaba a exóticos lugares.

Pero no solo Blesa cobraba un buen sueldo; todo su equipo se beneficiaba de unos esplendidos emolumentos mientras la situación de la caja se deterioraba día a día. Así, sus hombres de confianza Barcoj y Amat cobraron cada uno de ellos 9,7 millones de euros durante cuatro años (de 2007 a 2011). Durante el año 2009 una de las máximas preocupaciones del equipo de Blesa era blindarse ante los posibles ataques por el incierto final que tenía el presidente envuelto en la lucha fraternal entre Esperanza Aguirre y Gallardón. El secretario del consejo de Caja Madrid negoció con Barcoj su propia salida de la caja por motivos personales, obteniendo una indemnización de 4,78 millones de euros.

En total los integrantes del comité de dirección obtuvieron más de 71 millones de euros, y a ello habría que sumar lo que recibieron los consejeros de la caja.

Resulta sorprendente que este aspecto haya pasado desapercibido al Banco de España y la Fiscalía Anticorrupción, al contrario de lo que ha sucedido en los casos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caixa Catalunya. En el caso de la CAM el Banco de España tiene fiscalizados cobros indebidos por parte del comité de dirección de la caja de 47,3 millones de euros, que cobraron los ejecutivos mediante jubilaciones, pagas de beneficios, dietas y otras retribuciones variables.

Autocréditos de Caja Madrid a Miguel Blesa

Caja Madrid prestó a Blesa un total de 930.000 euros en tres créditos durante los últimos años de su presidencia (2004-2008). Según la información que ha facilitado Bankia al juez instructor en dos de estas operaciones se incumplió lo dispuesto en la Ley de Cajas, que exige la «previa autorización expresa» de la Comunidad de Madrid para que los miembros del consejo de administración de una caja puedan obtener un «autocrédito».

El primer préstamo es un crédito de 29 de abril de 2004 por un importe total de 234.000 euros, con garantía de su casa de Estepona (Málaga). Otro préstamo se concedió en noviembre de ese mismo año por un importe de 421.000 euros. Estos dos créditos no cuentan con la autorización de la Comunidad de Madrid ni tampoco con el informe del gobierno corporativo de Caja Madrid. Todos estos trámites se realizaban a posteriori: primero se obtenía el dinero y luego se buscaba la autorización.

El tercer crédito es de mayo de 2008, coincidiendo con la compra del CNBF (City National Bank de Florida). Sí aparece la autorización de la CAM y su importe es de 275.000 euros. Según la escritura del notario, era para comprar un piso en la calle Concha Espina de Madrid.

IV. EL ÁNGEL CAÍDO, BALADA TRISTE DE CAJA MADRID

Memoria histórica de Caja Madrid: trescientos años de crédito popular

22.424 millones de euros. Cifra redonda y lironda. Eso sí, en rojo y en negativo. Esta fue la valoración final que se le dio al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, la sucesora de Caja Madrid. En mayo de 2013 el gobierno de Mariano Rajoy anunció que «el Estado español aportará el capital que sea estrictamente necesario para realizar los saneamientos precisos». Dicho y hecho, faltaba únicamente por conocer cuál tendría que ser la participación del Estado en el capital del BFA. Al final, los informes de los valedores han revelado que el banco no vale nada. La matriz de Bankia pasó a ser en su totalidad, el cien por cien, propiedad del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), apartando de la propiedad de su accionariado a las siete cajas de ahorros que alumbraron su nacimiento. De esta manera, Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja La Rioja, Caixa Laietana, Caja de Ávila y Caja Canarias dejarán de existir y de ser accionistas de Bankia, cediendo su propiedad al Estado. La más importante de todas ellas, Caja Madrid, culminó de este modo un viaje a ninguna parte. A continuación vamos a relatar la historia del hundimiento de una de las cajas más importantes de España. Y vamos a señalar los nombres y apellidos de todos y cada uno de los responsables de este desastre. Esta es la crónica del ángel caído de nuestro sistema financiero.

Trescientos años de gloria y diez de hundimiento bajo el mandato de Miguel Blesa

Nombre: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Fecha de nacimiento: 3 de diciembre de 1702. Fundador: Francisco Piquer, sacerdote aragonés. Conocida popularmente como Caja Madrid, aunque en su partida de nacimiento se inscribió con la denominación exclusiva de Monte de Piedad de Madrid. Su parto propició la fundación de otros montes de piedad semejantes y supuso el antecedente para la fundación de la primera caja de ahorros de España. La inspiración del padre Piquer para la puesta en marcha de la entidad madrileña tuvo su origen en tierras italianas, concretamente en la ciudad eterna, donde él residió durante una época y donde ya existía el llamado Monte de Roma. Pero no hay que olvidar la existencia de otro antecedente más autóctono: desde hacía siglos funcionaban perfectamente configurados en la Península Ibérica, e inspirados todos ellos por la doctrina franciscana, otros montes de piedad (dedicados al préstamo prendario) y los llamados montepíos (dedicados a asegurar la asistencia social de viudas y huérfanos ante el fallecimiento de maridos y padres). También hay que señalar como antecedentes de los mencionados montes de piedad las llamadas «arcas de limosna de Castilla» (1431). Su objetivo fue intentar erradicar la usura y las malas prácticas bancarias, facilitando préstamos, en especie o en metálico, en condiciones benéficas en cuanto a plazo y tipo de interés, y con garantía prendaria (pignus). Estas arcas obtenían sus fuentes de financiación a través de diversos medios, entre los que destacaban los legados y las limosnas. También realizando operaciones propiamente bancarias, mediante la custodia de depósitos gratuitos o remunerados. Se anticiparon, de este modo, a la operatoria más genuina de lo que años después fueron las cajas de ahorros propiamente dichas.

La Caja de Ahorros de Madrid fue, por tanto, la más antigua de las cajas de ahorros españolas. Su finalidad inicial era atender las necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos, dándoles protección y apoyo financiero a través de la concesión de préstamos de dinero gratuito, garantizados, eso sí, con alhajas, prendas y otros bienes. Desde sus inicios contó con el apoyo del Patronato Real, que realizaba, gracias a sus donativos y a través del Monte de Piedad de Madrid, una labor benéfica y social de crédito financiero no cobrando intereses por los préstamos. Concedía hasta dieciocho meses de plazo para realizar los desempeños. De esta forma se consiguió, gracias a su importante labor, amortiguar los abusos de la usura.

Su fundador fue Francisco Piquer, sacerdote que nació el 4 de octubre de 1666 en la localidad de Valbona (Teruel) y murió en Madrid el 13 de septiembre de 1739. Aragonés de excelente formación religiosa y humanista, tuvo la oportunidad, como ya se ha señalado, de conocer y estudiar en persona, durante su estancia de formación en Italia, el funcionamiento de los montes de piedad de la capital y Nápoles. A su regreso a España, en 1693, ingresó en las Descalzas Reales de Madrid, ocupando una plaza de capellán de la cuerda de contralto en el convento de las madres franciscanas, debido a sus grandes dotes para el canto y la música. Fue allí donde el 3 de diciembre de 1702, día de san Francisco Javier, del cual era muy devoto, fijó en el muro de su habitación, al pie de una imagen de la Virgen, una cajita o cepillo de ánimas. Y a continuación llamó a las personas con quienes vivía, que eran sus dos sobrinos, Miguel y Pedro Piquer, el ama de gobierno, doña Ana Bonfante, y dos criados, para que asistieran como testigos a la fundación del monte de piedad madrileño. Fue en ese momento cuando, depositando un real de plata en la cajita situada debajo de la imagen de la Virgen, pronunció las siguientes palabras: «Sean ustedes testigos de que este real de plata que tengo en la mano y voy a depositar en la cajita, ha de ser el principio y fundamento de un monte de piedad que Dios ha de favorecer para sufragio de las ánimas y socorro de los vivos».

Trescientos años después de pronunciarse tan místicas intenciones, la Caja de Ahorros de Madrid fue el trampolín utilizado para que sus dirigentes, empezando por su presidente Miguel Blesa, protagonizaran las más mundanas y horteras actividades de lujo y desenfreno y, al mismo tiempo, a través de la comercialización de productos de alto riesgo (como fueron las «preferentes» y «la deuda subordinada») propiciaran la ruina y la pérdida de ahorros de muchos de sus clientes y depositarios. ¡Si el padre Piquer levantara la cabeza!

Desde sus orígenes el padre Piquer tuvo una cosa clara: el funcionamiento y futuro del monte de piedad pasaba más por el amparo y la jurisdicción de la monarquía que del poder eclesiástico.

El hecho de que el monte de piedad se erigiese en el Convento de las Descalzas Reales sirvió de argumento para que el padre Piquer pudiera maniobrar y, escapando del control de la Iglesia, se abrigase en el más terrenal y fructífero del Palacio Real. Esta cesión total del monte al Patronato Real planteó varias resistencias y problemas. No se llegó a materializar en su integridad hasta once años después, en 1713.

El principal problema del recién creado monte de piedad fue, naturalmente, el de la captación de capital. Pero el impulso soberano podía en aquella época con casi todo, y así, en 1710 se consiguió que se pudieran pedir limosnas en las Indias a favor del monte madrileño y años más tarde el rey le concedió, ya directamente, una cantidad fija anual sobre las rentas de Indias. De esta manera, los medios de los que se sirvió el monte de piedad para captar ingresos, desde la histórica base inicial del real de plata, fueron los siguientes:

1. Limosnas de particulares.

a. Rentas y mercedes reales de las Indias.

b. Legados y herencias.

c. Limosnas procedentes de los empréstitos.

d. Cajitas domiciliarias y mesa del claustro de las Descalzas Reales.

2. Créditos contra la Real Hacienda.

3. Depósitos.

4. Otros medios.

No fue hasta 1836 cuando el entonces gobernador civil de Madrid y futuro fundador de la Caja de Ahorros de Madrid, Salustiano de Olózaga, ofició al monte de piedad para que su junta elaborara un reglamento en el que se considerase la aplicación de una tasa de interés en los préstamos. Ese mismo año la junta determinó un déficit de 18.300 reales de vellón y un volumen de ingresos por limosnas de 1.619 reales de vellón: el más bajo de toda la historia del monte.

Creación de la Caja de Ahorros de Madrid propiamente dicha

Fue en plena época liberal, el 3 de abril de 1835, cuando el ministro Diego Medrano firmó una real orden en la que se encargaba a las cajas de ahorros «la promoción del ahorro de las clases industriales». Será posteriormente, con la ley de 29 de junio de 1880 (Gaceta de 1 de julio), cuando se establezca la primera delimitación normativa de los montes de piedad y de las cajas de ahorros, definiendo sus objetivos como «auxiliar a las clases necesitadas con préstamos a módico precio».

En 1836 se planteó por primera vez el cobro de un interés en los préstamos concedidos. Su finalidad, cubrir los gastos de administración que generaba la actividad del monte de piedad para asegurar su continuidad y futuro económico. Dos años después, el 25 de octubre de 1838, es cuando se crea propiamente la Caja de Ahorros y Previsión de Madrid, con la misma finalidad que su antecesora: que los sectores sociales menos acomodados pudieran depositar en ella cantidades pequeñas y obtener préstamos de sus empeños. Sus principales impulsores fueron Mesonero Romanos y Acebal Arratia.

Un año después, en 1839, a causa de una denuncia presentada contra varios empleados del monte de piedad, la reina Isabel II decide incluir en su junta de gobierno a dos directivos de la recién creada Caja de Ahorros de Madrid. En concreto, a partir del 19 de octubre de 1839, la operativa de ambas instituciones se fusiona mediante la puesta en marcha de tres decisiones financieras:

1. La inversión en el monte de los depósitos captados en la Caja de Ahorros de Madrid, mediante la práctica de un interés del 6 por ciento, del que el 5 por ciento se entregaba a la caja.

2. La puesta en práctica de medios propios de captación del dinero por parte del monte mediante depósitos remunerados al 5 por ciento.

3. Las ganancias que obtenía el monte por su negocio prestamista (una vez deducidos los gastos generales y de personal) pasaban a engrosar el volumen de su capital social.

La vinculación de la Caja de Madrid al monte de piedad no impidió la independencia funcional de ambas instituciones, pues cada una de ellas contaba con órganos directivos diferentes. Sin embargo, la necesidad de unión entre ambas instituciones, el monte y la caja, va haciéndose sentir de manera cada vez más intensa. La dependencia financiera existente entre ambas sociedades condujo, años más tarde, a la fusión de ambas instituciones en una sola entidad. De esta forma, el 22 de abril de 1869 se constituyó el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid. Con posterioridad, y debido fundamentalmente a la importancia que fueron adquiriendo las funciones de las cajas de ahorros, se invirtió el orden de su nombre pasando a denominarse Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

La Primera República y Caja Madrid

El 17 de julio de 1873 el que fuera presidente de la Primera República y ministro de la Gobernación Francisco Pi y Margall, firmaba un decreto por el que se aprobaban los estatutos para el gobierno y administración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid. En el artículo 1 de los estatutos, el gobierno de la República vuelve a insistir en la razón social y objeto de la institución, que permanecen inalterables: el Monte de Piedad, instituido a principios del siglo XVIII, y la Caja de Ahorros, creada en virtud del Real Decreto de 25 de octubre de 1838, constituyen un solo establecimiento y se rigen por una misma administración. Este único establecimiento estará dividido en dos secciones, el monte de piedad y la caja de ahorros. El monte de piedad tiene por objeto hacer préstamos a las clases necesitadas, sobre alhajas, ropas y otros efectos, a un módico interés anual, con los caudales propios de la institución y con los que ingresen en ella por cualquier otro concepto. Por su parte, la Caja de Ahorros está destinada a recibir y hacer productivas las economías de las clases laboriosas, empleando los capitales impuestos y los intereses que devenguen en las operaciones del monte, cuyo capital y los valores empeñados responderán de los créditos de los impositores.

Como se puede comprobar, los cambios políticos, y lo volveremos a ver posteriormente con los que se producen a lo largo del siglo XX, no suponen nunca una desnaturalización del objeto social de la Caja de Ahorros de Madrid. Todo lo contrario. Cada cambio de gobierno, de régimen, de marco institucional, va unido, en la caja, a una reafirmación permanente de su carácter de entidad crediticia popular y de propiedad pública, sin ánimo de lucro y al servicio de las clases más desfavorecidas. Todo esto sucedió hasta que llegó Miguel Blesa a su presidencia, de la mano del Partido Popular y de José María Aznar. Gracias al pacto de poder que realizó con partidos y sindicatos de izquierda, consiguió quebrar su compromiso fundacional, su historia institucional y su legalidad estatutaria para convertirse en una seudobanca de inversiones, más propicia al pelotazo bursátil que a garantizar sus depósitos y facilitar el crédito popular.

La Restauración

Toda la época de la Restauración va unida al crecimiento de las cajas en general, y de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid en particular. Mediante una ley promulgada el 29 de junio de 1880 se posibilita la creación de la mayor parte de las cajas de ahorros que hemos conocido en nuestro país, reservándose el gobierno el derecho a la aprobación de los estatutos y los reglamentos de cada entidad.

Después de una crisis financiera en 1888, se abrió el debate en la opinión pública, que se traslada posteriormente al Senado y al Congreso de los Diputados, sobre la función real que venía realizando el monte de piedad: si podía dedicarse a la realización de operaciones financieras, «operaciones bancarias» como se las denominaba, o debía limitar su actuación a la vertiente puramente social de ayuda al necesitado mediante la realización de los préstamos tradicionales con garantía de alhajas y ropa. El debate fue ganado, con el paso del tiempo, por los hechos consumados. Cada vez adquieren más importancia dentro del balance contable de la caja tanto los préstamos con garantías de valores o hipotecarios como la propia existencia de una cartera de valores propiedad del monte de piedad y de la caja.

Será con la aprobación de una nueva ley, la del 29 de junio del año 1880, cuando el nuevo régimen de la Restauración borbónica intente cerrar la regulación de las cajas. Esta ley tuvo un carácter totalmente opuesto a la anterior de 1853: anula las obligaciones uniformes y permite una realidad diversa en la gestión y promoción de las cajas de ahorros. Esta ley será la que posibilite la creación de la mayoría de las cajas que han existido en nuestro país. Remarca el carácter benéfico de las entidades, pero no las somete a una obligación de carácter uniforme, municipal, ya que reconoce el origen privado de muchas de las cajas que ya estaban en funcionamiento. Gracias a esta ley el número de cajas pasó de doce a cuarenta y nueve, y también se produjo un importante crecimiento de los recursos financieros de todas ellas. Acomodándose a esta nueva ley, la Caja de Ahorros de Madrid aprueba unos nuevos Reglamentos en 1896.

Siglo XX, cambalache

En esta mirada rápida que estamos echando sobre la historia tres veces centenaria de Caja Madrid hay que resaltar el cambio importante que se produce tras la llegada del siglo XX. El debate general en la opinión pública (ampliable a todas las cajas) es si el monte de piedad de la caja madrileña podía dedicarse, como se ha comentado, a la realización de operaciones financieras, «operaciones bancarias» propiamente dichas, o se debía limitar a su finalidad puramente social. Toda la evolución de las cajas de ahorros, y también de Caja Madrid, a comienzos del siglo XX está ligada, por tanto, a la transformación del concepto de beneficencia y su progresiva sustitución por el concepto de previsión o seguro social. Los cambios políticos acompañan este debate. En 1908, el día de Nochebuena, se aprueban los estatutos fundacionales del Instituto Nacional de Previsión, que vienen a establecer una vinculación de las cajas de ahorros con las políticas sociales de los sucesivos gobiernos en lo que se refiere fundamentalmente a la organización de las mismas, a sus inversiones y a muchas de las funciones que se les atribuyeron como entidades colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión. Este sistema se recogió después en el Estatuto de Ahorro de 1933, durante la Segunda República, aunque hay que reconocer que el sistema de seguros cubría solamente una pequeña parte de las necesidades de los asalariados, fundamentalmente la de pensiones dedicadas a la vejez.

De la dictadura de Primo de Rivera a la Segunda República

Pero será en tiempos de la dictadura, bajo el gobierno del general Miguel Primo de Rivera, cuando se perfile de una manera más clara este cambio de orientación, que se define con el traspaso de la dependencia de las cajas al Ministerio de Trabajo y Previsión por su vinculación con «las funciones sociales que hayan de ejercerse en virtud de disposiciones legales dictadas por dicho ministerio». En este contexto hay que señalar el real decreto ley de 9 de abril de 1926 por el que se establece el registro e inspección de las entidades de ahorro, además de su capitalización y actividades similares. En 1929, el 21 de noviembre, se aprobó otro real decreto ley donde se regulaba el régimen jurídico del ahorro popular, subsanando el error del decreto anterior de 1926, en el que se había regulado bajo la misma norma a entidades totalmente diferentes como eran las cajas de ahorros, los montes de piedad, entidades particulares de ahorro, capitalización y similares, mutualidades, cooperativas y empresas aseguradoras en general, constituidas muchas de ellas como sociedades anónimas con ánimo de lucro, aspecto absolutamente contrario al espíritu y funcionamiento de nuestras cajas populares. El decreto de 1929 establece una diferenciación entre el registro e inspección de las cajas de ahorros y el de las otras entidades intrínsecamente capitalistas.

El decreto de 1929 estuvo plenamente vigente hasta junio de 1931, en plena época republicana. Mediante otro decreto, de 1 de junio, se dejó en suspenso. Sin embargo, el decreto de 1929 se convirtió en el principal referente legislativo que se mantuvo durante la Segunda República, el franquismo y los primeros años del reinado de Juan Carlos I. El Estatuto para las Cajas de Ahorro Popular aprobado el 14 de marzo de 1933 bajo los auspicios del ministro socialista de Trabajo, Francisco Largo Caballero, fue un afortunado resumen del decreto ley de 1929. Este texto normativo de 1933 se mantuvo vigente en su casi totalidad durante toda la época del franquismo. Los rasgos fundamentales del estatuto de 1933 fueron:

1. Precisaba la definición de las cajas de ahorros como instituciones de patronato (propiedad) estatal o privado, pero exentas de lucro mercantil no dependientes de ninguna empresa y dirigidas por una junta o consejo de administración de actuación gratuita.

2. Confirmó su carácter y finalidad benéfico-social.

3. Delimitó las inversiones con un criterio eminentemente social.

4. Creó y promovió importantes fondos de reserva.

5. Estableció la obligatoriedad de federación y confederación con otras cajas según afinidad, domicilio o relación con la finalidad de favorecer la cohesión y eficacia de su sistema financiero y de crédito.

La Guerra Civil y el saqueo de los montes de piedad

La Guerra Civil, fracaso colectivo y desastre político, social y económico para nuestro país, no acabó sin embargo con la vida de las cajas de ahorros, aunque sí ocasionó en ellas importantes pérdidas y otras repercusiones de tipo material y económico. Así, por ejemplo, los edificios centrales de la Caja de Ahorros de Madrid, situados en la calle de Celenque y en la plaza de las Descalzas, fueron objetivos de los bombardeos de los aviones nacionales el día 19 de noviembre de 1936. Otro hecho importante de este triste periodo fue el robo y la desaparición de las alhajas y joyas que servían de garantía a los préstamos que la Caja de Madrid había concedido. El marco legal que se utilizó para este auténtico latrocinio fue la creación de la llamada «Caja de Reparaciones», que nació en septiembre de 1936 con la «justificación» de evitar la rapiña de los grupos incontrolados en los primeros meses de la Guerra Civil, pero que terminó convirtiéndose en un inmenso almacén de joyas, diamantes, oro amonedado, fajos de billetes, coronas de vírgenes, cuadros, cuberterías, colecciones de relojes… destinados a sufragar los gastos de la guerra por el ejército republicano.

La leyenda del fin de ese inmenso tesoro (del que formaban parte objetos y alhajas depositados en la caja madrileña) habla de un cuádruple destino. Una parte importante se vendió en París de manera regular en el año 1938 por una comisión especial del Ministerio de Hacienda; otra gran parte de la Caja de Reparaciones, con varios bultos inventariados con joyas de los diferentes montes de piedad, se marchó a México en el yate Vita fletado por Juan Negrín (allí el botín fue recibido por Indalecio Prieto, hecho que provocó la disputa entre los dos prebostes frentepopulistas); otro pellizco pasó la frontera de Francia y se esfumó para siempre tras la guerra, y hubo una cuarta parte que se quedó en España (en el castillo de Figueras) junto a la frontera de Francia, abandonada en la huida final del gobierno de la República. Esta parte recuperada por las tropas franquistas se intentó devolver a sus legítimos propietarios (entre ellas muchas cajas y montes de piedad) con escaso éxito durante la década de los cuarenta, pasando posteriormente a integrarse dentro del Patrimonio del Estado.

La dictadura franquista

Tras la victoria del bando nacional el régimen del general Franco apuntaló el carácter comunal, católico e institucional (con la participación de la Iglesia, diputaciones provinciales y ayuntamientos) que tenían la mayoría de estas entidades. Los primeros años de autarquía supusieron la organización y el control del crédito por parte del Estado, mediante la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 y, más específicamente dirigido a las cajas, el decreto de 6 de junio de 1947, por el cual el gobierno se atribuyó el nombramiento de los presidentes de las federaciones de cajas, la designación de los presidentes de los consejos de administración de las cajas, manteniéndose los cargos de los órganos de gobierno como gratuitos. Este decreto también estableció la vinculación y dependencia de la obra social de las cajas con el Ministerio de Trabajo, que aprobaba «en cada uno de sus ejercicios económicos el plan de la obra social propuesto». Esta lucha política, frente a otros sectores más conservadores del régimen de Franco, fue ganada por el ministro falangista de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco. De esta manera, y manteniendo lo establecido en el estatuto republicano de 1933, las cajas debían destinar entre el 25 y el 50 por ciento de los beneficios líquidos anuales a reservas, y el resto habría de ser invertido necesariamente en obras sociales y benéficas. De esta cantidad, el 85 por ciento se invertía en obras sociales propias que deberían destinarse obligatoriamente en tres sectores:

1. Sanidad: ambulatorios, hospitales, colonias infantiles, guarderías…

2. Cultura: bibliotecas, escuelas profesionales y colegios de enseñanza primaria.

3. Construcción de viviendas protegidas.

El 15 por ciento restante pasaba a formar parte de un fondo común benéfico-social constituido dentro del Ministerio de Trabajo. Gracias a estos fondos se construyeron y pusieron en marcha, entre otras muchísimas obras sociales, las universidades laborales. Esta normativa se mantuvo en vigor, con ligeras modificaciones, hasta 1977.

Tras el Plan de Estabilización de 1959, en 1962 se aprueba la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, que va a tener, gracias a posteriores decretos, una repercusión directa sobre las cajas de ahorros, sobre todo en su control e inspección. Se crea un órgano superior: el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro (ICCA). «El Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro despeñará las funciones de alta dirección, coordinación e inspección de aquellas y servirá de elemento de relación de las cajas con el Banco de España y el Instituto de Crédito a medio y largo plazo», se afirma en su decreto de creación.

Con el paso del tiempo y gracias al desarrollo económico que vivió España durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, las cajas de ahorros se fueron convirtiendo en auténticas instituciones financieras y empezaron a ofrecer a sus clientes una completa gama de servicios crediticios, compitiendo directamente, de tú a tú, con las otras entidades financieras: los bancos.

A finales de 1970 la Caja de Ahorros de Madrid tenía la siguiente red de sucursales: 87 oficinas en Madrid capital; 32 en Madrid provincia; 8 en Ciudad Real; 1 en Guadalajara y 5 en Toledo. En total: 133.

El principio del fin: la desnaturalización de las cajas a través de «la comisión de mantenimiento» y la politización de sus consejos de administración

Con la llegada de la Transición y la implantación del régimen de la monarquía parlamentaria, las cajas de ahorros se acomodan a la nueva situación política amparadas en una nueva normativa auspiciada por Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía y vicepresidente en el primer gobierno de Adolfo Suárez. Gracias al Real Decreto 2290/77 de 27 de agosto, sobre regulación de los órganos rectores de las cajas de ahorros (el conocido como Decreto Fuentes Quintana) se introducen novedades muy importantes en el marco de actuación de estas entidades, propiciando una gran transformación y expansión de las mismas. La finalidad de este decreto era configurar desde cero las formas de gestión colectiva de las cajas. El Decreto Fuentes Quintana equiparó por primera vez la operativa que realizaban las cajas con la desarrollada por los bancos, permitiendo la diversificación de su actividad, ampliando la dedicación al segmento familiar e incluyendo la financiación de la pequeña y mediana empresa. En la práctica, hasta 1977 las cajas de ahorros estaban muy delimitadas en su actividad, pero el Decreto Fuentes permitió ampliar los horizontes de estas entidades y realizar actividades que hasta entonces habían estado reservadas a la banca, como la financiación empresarial, la operativa de extranjero o la gestión de tesorería.

La trampa de la comisión de mantenimiento

Tras la aprobación del Decreto Fuentes Quintana, en 1977, las cajas de ahorros, que hasta entonces habían funcionado como una auténtica bendición social del crédito y del ahorro popular, se convirtieron en un infierno comercial por las malas prácticas bancarias y la especulación financiera. En esta norma se determinó que «las cajas de ahorros podrán realizar las mismas operaciones que las autorizadas a la banca privada», pero este marco general de actuación en ningún caso se debió interpretar como una derogación de lo establecido en el Estatuto de las Cajas de Ahorros de 1933 y en su precedente, el Real Decreto Ley de 1929, que expresamente habían establecido que «la administración de los ahorros en las cajas será absolutamente gratuita para los imponentes». Hay que tener en cuenta que el Código Civil establecía que «las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior». El artículo 20 del decreto de 1977 se refería, genéricamente, a las operaciones que podrían realizar a partir de su aprobación las cajas de ahorros, pero no derogaba en absoluto la naturaleza original de las mismas como «entidades benéfico-sociales exentas de lucro mercantil». Esta naturaleza de las cajas iba necesariamente unida a la gratuidad de la administración de los ahorros que custodiaban y que, posteriormente, prestaban; formando todo ello parte indisoluble de la razón de ser de las cajas.

Un hecho importante une desde sus inicios a la asociación que ha dirigido la acusación penal contra Miguel Blesa, AUSBANC, con la denuncia y oposición a la mayoría de las triquiñuelas realizadas por los diferentes consejos de administración de las cajas de ahorros españolas. Desde su fundación la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios inició una auténtica cruzada en contra de la implantación, primero, y el «mantenimiento» (nunca mejor dicho) después, de la «comisión de administración o mantenimiento» en las cajas de ahorros.

Estas acciones en defensa del consumidor se concretaron en la presentación de numerosas demandas ante los tribunales de justicia contra la mayoría de las cajas que cobraban esta comisión, el reparto de cartas tipo de reclamación contra el cobro de la comisión de administración o mantenimiento y la realización de campañas masivas en prensa y en medios de comunicación denunciando lo que se consideraba una práctica ilegal. Pese a obtener sentencias favorables en primeras y segundas instancias, el Tribunal Supremo no admitió la importancia y trascendencia de los fundamentos de hecho y de derecho que contenían estas resoluciones y, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2005, la Sala Primera del alto tribunal español desestimó el recurso interpuesto por AUSBANC contra la primera resolución dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra que había revocado una anterior de primera instancia (Juzgado de Primera Instancia número 7 de Pontevedra de 6 de marzo de 1998) que había declarado nula la citada comisión de mantenimiento. Las cajas de ahorros habían abandonado su naturaleza de entidades de crédito sin ningún ánimo de lucro. Bajo la ilusión de ser «banca real», dejaron de ser las «cajas de ahorros originales» para convertirse en «banca de la nueva clase política». Finalmente, con la crisis la mayoría desapareció.

Las cajas y el Estado de las Autonomías

El desarrollo del Estado de las Autonomías, configurado como forma de organización territorial en la Constitución de 1978, se convirtió finalmente en una trampa mortal para las cajas de ahorros. La nueva organización territorial del Estado propició la aprobación de unos estatutos de autonomía que atribuían a la mayoría de las comunidades autónomas, dentro de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, competencias sobre las cajas de ahorros, así como sobre el desarrollo legislativo y ejecución en materia de crédito, en conformidad con la legislación básica del Estado. Con la excusa de insertar la realidad de las cajas en el marco territorial en el que desarrollaban su actividad, el régimen de la monarquía parlamentaria benefició a su clase política (a través de los partidos y sindicatos mayoritarios) permitiéndoles el control de las cajas de ahorros.

Utilizando el argumento de la necesidad de «democratizar sus órganos rectores», el 2 de agosto de 1985 se aprobó una ley de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorros (ley que ha estado en vigor hasta la desaparición mayoritaria de las cajas: 29 de diciembre de 2013).

A partir de aquel momento, y tras la aprobación de los diferentes estatutos de autonomía, los distintos gobiernos autonómicos fueron aprobando sus particulares leyes de cajas. Para bien y para mal, las cajas de ahorros se mimetizaron con el reparto político y sindical que se extendió como una mancha de aceite por todas las instituciones y organismos autónomos de nuestro país. Dejaron de tener como primera finalidad el fomento del crédito popular y la realización de una función social, para convertirse en un banco privado de partidos y sindicatos y, en una parte importante, también en una especie de «reserva federal», «banco central» (Banco de España en el caso español) para la financiación y el endeudamiento de los gobiernos autonómicos y sus ayuntamientos. Fue el propio creador del sistema y padre del nuevo régimen regulador, Enrique Fuentes Quintana, quien denunció en 1980 el peligro de esta deriva: «Las Cajas de Ahorros no pueden ser la tesorería de las Comunidades Autónomas». Desgraciadamente, sí lo fueron.

En concreto, la Comunidad Autónoma de Madrid asumió su competencia sobre las cajas de ahorros a través del artículo 26 de su estatuto de autonomía y el 15 de julio de 1992 dictó una primera Ley de Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid. Las competencias básicas de esta ley ya otorgaban a la Comunidad de Madrid la potestad para autorizar la creación, fusión y liquidación de cajas en su ámbito territorial; de recibir informes de las cajas sobre política económica; autorizar la distribución de excedentes; realizar inspecciones e imponer sanciones; recibir comunicación previa de apertura de oficinas; autorizar créditos a los miembros del consejo de administración, y estar informada de la realización de operaciones con grandes riesgos o inversiones para otorgar su autorización sobre los mismos. Sobre estas dos últimas funciones (autorizar créditos a los miembros del consejo y autorizar grandes riesgos, como la compra del Banco National de Miami) Miguel Blesa se saltó a la torera la legislación a la que estaba obligado a ceñirse.

En 2002 el gobierno de José María Aznar aprobó una serie de medidas de reforma del sistema financiero, en las que se daba una redacción a determinados artículos de la Ley de Cajas (la LORCA). La Comunidad de Madrid aprobó, el 11 de marzo de 2003, una nueva Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, donde se seguían manteniendo las competencias y el teórico control sobre las cajas. La realidad es que los partidos políticos y los sindicatos se repartían los sillones del consejo de administración y luego la caja de ahorros volaba a su aire sin el control ni la vigilancia de nadie. Así pasó con Caja Madrid.

Por eso las cajas de ahorros se desnaturalizaron y perdieron su carácter social. Fueron fuente de financiación de cada una de las comunidades autónomas en cuyo territorio tenían su sede, y también sirvieron de manantial de tesorería para partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos… Y lo más grave, actuaron como instrumento de crédito y financiación para negocios ruinosos. La politización de las cajas de ahorros acabó con su solvencia y sentenció su continuidad. A la cabeza de todos estos despropósitos, Caja Madrid. Y como piloto de su hundimiento, el que fue durante los últimos años su presidente: Miguel Blesa.

Miguel Blesa, un presidente tóxico para Caja Madrid y todo nuestro sistema financiero

Miguel Blesa es el paradigma de cómo se han destruido las cajas de ahorros en España. Este linarense de sesenta y siete años ingresó en el consejo de administración de Caja Madrid en 1993. Amigo de José María Aznar, fue elegido presidente de esta entidad financiera el 11 de septiembre de 1996, tras el triunfo del PP en las elecciones de ese mismo año. La actividad de Miguel Blesa al frente de la caja de ahorros madrileña siempre ha estado acompañada de grandes polémicas e importantes escándalos. Vamos a señalar en este apartado, y muy resumidamente, los más importantes.

La cláusula ilegal del redondeo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia histórica el 3 de junio de 2010, por la cual dictaminó que la normativa española que permite eliminar el redondeo en el tipo de interés de los préstamos hipotecarios se ajusta a la legislación comunitaria. Todo tenía su origen en una cruzada histórica también protagonizada por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, AUSBANC, en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores de banca, que desde el año 2000 había iniciado numerosas acciones judiciales contra Caja Madrid para combatir la aplicación de esta cláusula. En concreto, Caja Madrid introdujo una cláusula escrita en las hipotecas, redactada en contrato tipo, según la cual el tipo de interés aplicable a partir de la primera revisión se redondeaba por exceso en un cuarto de punto porcentual. Un juzgado de primera instancia de Madrid estimó la demanda contra Caja Madrid por considerar que su cláusula de redondeo era abusiva y, por ello, nula con arreglo a la legislación nacional. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en octubre de 2002 esta sentencia y la entidad recurrió ante el Tribunal Supremo. Fue el alto tribunal español quien preguntó al Tribunal de la Unión Europea (TUE) si la normativa española era compatible con la legislación comunitaria. El TUE dijo que sí, y a partir de este momento son cada vez más las sentencias que confirman en los tribunales esta ilegalidad. Baste como ejemplo una sentencia de 12 de enero de 2012 del Juzgado de Primera Instancia de Jaén donde se declara la nulidad absoluta de la cláusula litigiosa y se ordena la devolución de todo lo cobrado indebidamente.

Bajo su presidencia Caja Madrid actuó como un tiburón financiero más, sin ninguna finalidad social

Desde que Miguel Blesa llegó a la presidencia de Caja Madrid en 1996 se fueron aprobando unos sucesivos «planes estratégicos» que tenían como único objetivo promover el endeudamiento familiar (con redondeo ilegal) y la expansión inmobiliaria del ladrillo. La fórmula era muy sencilla: dinero supuestamente barato y políticas comerciales más que agresivas. Al principio funcionó el cuento de la lechera: los beneficios anuales se dispararon desde el 2,2 por ciento en 2002, pasando por el 23 en 2005, hasta llegar al 117 por ciento en 2007. Todo parecía ir viento en popa. Pero, en contra de todo criterio empresarial y financiero, no se adoptaron las decisiones encaminadas a destinar a la entidad los suficientes recursos y los necesarios depósitos por si cambiaba de dirección el viento. Una política despiadada de préstamos a los propios miembros del consejo de administración, ya fueran a nivel personal o a sus empresas, unida a la aprobación de un plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección (consistente en una remuneración adicional ligada a los resultados anuales de la caja) acabaron por hundir definitivamente las cuentas de Caja Madrid.

El consejo de administración, presidido durante catorce años por Miguel Blesa, se convirtió durante todo el ciclo alcista en el centro del huracán de operaciones inmobiliarias que fomentaron la burbuja del ladrillo, una de las causas principales de la crisis económica tan brutal que hemos sufrido en nuestro país. En esta burbuja enloquecida del ladrillo Caja Madrid fue uno de los principales manantiales en la adjudicación de créditos de alto riesgo, que finalmente se han demostrado ruinosos para la economía doméstica de miles de familias españolas, aunque muy rentables para los promotores inmobiliarios que los solicitaron.

La primera entidad donde se estancó el beneficio y se disparó la morosidad

Cuando en 2008 la crisis económica estalló con toda su crudeza las cajas de ahorros en su conjunto habían alcanzado el 55 por ciento de la cuota del mercado financiero español. Un trozo de pastel demasiado apetitoso para no intentar apoderarse de él. Y la segunda más importante de todas ellas, Caja Madrid, llegó a ser el cuarto grupo financiero español, con un volumen de negocio gestionado de 180.700 millones de euros al cierre del ejercicio de 2005. Durante el año 2007 Caja Madrid obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.860 millones. A partir de este momento, la caída en picado se hizo imparable. Los beneficios del año 2009 solamente alcanzaron los 266 millones de euros, lo que supuso un descenso del 66,4 por ciento respecto al año 2008. Fue bajo la presidencia de Miguel Blesa cuando se obtuvieron los peores resultados y se adoptaron las peores decisiones. Señalemos los principales de todos ellos:

1. Alta morosidad

Aparte del descenso de los beneficios, fue la morosidad en Caja Madrid el dato que más prevaleció frente a otras entidades financieras españolas, situándose en el 5,7 por ciento en el año 2009, una cifra claramente por encima de la media del sector financiero, que ascendió al 4,7 por ciento y que también superó la media de morosidad en las cajas, que fue del 4,78 por ciento.

2. Inversiones desastrosas

La configuración de su cartera industrial con inversiones y compra de acciones durante el año 2007 en Iberia, Mecalux y SOS Cuétara, en las que se invirtieron casi 800 millones, fue a la larga un auténtico desastre. Apenas un año y medio después las minusvalías acumuladas por estas inversiones se acercaban al 57 por ciento.

3. Despilfarro: compra de una vivienda de lujo en Miami

En la larga lista de actuaciones poco afortunadas destaca la adquisición de una lujosa mansión en Key Biscayne (Miami), destinada a ser vivienda del responsable de la entidad en el estado de Florida (Estados Unidos), como informó en exclusiva el periódico financiero Mercado de Dinero. Una mansión por la que la entidad pagó 10 millones de dólares y cuyo valor se desplomó, fruto de la crisis inmobiliaria que asoló la zona.

4. El escandaloso Consejo de Caja Madrid en Miami

A finales de marzo de 2004, cuando en la capital de España se estaban celebrando los funerales oficiales por las víctimas de los criminales atentados del 11-M, el presidente de Caja Madrid trasladó a la capital del estado de Florida a toda la alta cúpula de la entidad financiera madrileña para celebrar un consejo de administración en el Hotel Ritz de Miami Beach.

5. Un BMW de más de medio millón de euros para el presidente

En mayo de 2009 toda la prensa se hizo eco del escándalo que suponía, en plena crisis financiera, que la comisión ejecutiva de Caja Madrid hubiera autorizado la adquisición de un lujoso BMW serie 7 blindado, destinado a trasladar de forma segura a su presidente. El coste total de la adquisición: la escandalosa cifra de 510.000 euros.

6. Las viviendas de la Complutense

En 1996 la Universidad Complutense de Madrid decidió erigirse en promotora inmobiliaria y construir doscientas viviendas en unas parcelas de la zona de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, propiedad de Urbanizadora Somosaguas. En total 182.982 metros cuadros de fincas rústicas. El día 27 de diciembre de 1996, la Urbanizadora Somosaguas, propiedad del empresario Luis García Cereceda vende a la mercantil Parque de Somosaguas S. A., también de su propiedad, pero en quiebra técnica, las citadas parcelas por un importe de 1.400 millones de pesetas. Unos meses después, 31 de marzo de 1997, la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid compró los citados terrenos a García Cereceda por un precio declarado de 2.625 millones de pesetas. Para poder hacer frente al pago de esta cantidad la Universidad Complutense tuvo que solicitar dos préstamos hipotecarios de 1.500 millones de pesetas, concedidos por el Banco Central Hispano y Caja Madrid.

Finalmente, y tras muchos años de pleitos y disputas urbanísticas, se pudo construir sobre los terrenos recalificados pero a costa de una carga financiera superior a los 1.500 millones de pesetas. Lo que era una promoción social, comprometiéndose la universidad con los adjudicatarios con viviendas de 180.000 euros (30 millones de pesetas de entonces) finalmente ha salido por el doble: en torno a los 360.000 euros (60 millones de las antiguas pesetas). El sobrecoste de esta operación ha sido de 60 millones de euros. El pasado año, el rector de la Complutense, José Carrillo, se encontró con un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid donde se exigía a la Fundación de la Universidad Complutense que aclarase el contrato de construcción de las 384 viviendas de Somosaguas. Nada se ha explicado. Está claro quién ha salido perjudicado en esta promoción: la Universidad Complutense de Madrid y los adjudicatarios y compradores de las viviendas. Pero todavía falta por saber si alguien, aparte de Caja Madrid, Banco Central Hispano y García Cereceda, obtuvo algún beneficio por esta operación.

V. PACTO DE PODER CON LOS COMUNISTAS

La politización de Caja Madrid

«Esperanza Aguirre no tiene ni puta idea». Era el 21 de mayo de 2009 y así de contundente fue la respuesta de Miguel Blesa a su actual mujer, Gema Gámez (entonces todavía era su novia). Su discreta compañera (siempre le llamaba en público presidente, nunca Miguel, quizá para no levantar sospechas) había cometido la imprudencia de hacerle llegar vía e-mail una noticia de última hora, recogida por todos los periódicos digitales. En ella, Esperanza Aguirre, presidenta entonces de la Comunidad de Madrid, salía al paso de dos noticias recientes sobre Caja Madrid publicadas en el diario El Mundo. La primera tenía tan solo dos días de vida, se publicó el 19 de mayo, venía firmada por Carlos Segovia y contó con los honores de ser portada en el periódico: «Caja Madrid aprueba la compra de un coche de 510.717 euros para Blesa». Dentro del rotativo se desarrollaba la noticia (con foto y gráfico incluido) del BMW serie 7 con blindaje de máxima seguridad B7/B6, que la caja había puesto a disposición de su mandamás, cuando apenas le quedaban, como mucho, siete meses al frente de la entidad financiera. Pero había más, porque dos días después, aquel mismo 21 de mayo, también El Mundo informaba en sus páginas de Economía de la «Insolvencia de Caja Madrid para pagar los intereses de dos bonos hipotecarios». El escándalo fue mayúsculo, saltó a la opinión pública y Esperanza Aguirre no tuvo más remedio que contestar a las preguntas de los periodistas al término del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que se celebró ese mismo día. «Yo soy una persona muy austera por naturaleza y no me parece correcto que los cargos públicos no tengan aún más cuidado con el dinero que gestionan de los contribuyentes que con el nuestro propio», contestó, intentando dar una larga cambiada respecto al caso concreto, la presidenta de Madrid.

Pero ni siquiera el quite de cortesía realizado por Aguirre, al generalizar en la respuesta una pregunta que se refería a un comportamiento particular, le pareció bien al superpoderoso Blesa. La contestación a su novia informante es todo un ejemplo del grado de soberbia del personaje: «No tiene ni puta idea. ¿Qué es eso de no tener beneficios? ¿A qué cliente pensara ella que hemos dejado de pagar?».

Además de espejo de su carácter, esta conversación es la evidencia del deterioro por el que atravesaba la relación entre Blesa y la presidenta de su partido durante la última etapa del amigo de Aznar al frente de la caja. Si algo tiene que quedar claro de toda esta relación, es que Caja Madrid, bajo la presidencia de Blesa, funcionó como una sucursal del PP. Un chiringuito financiero del Partido Popular (a través de la cual se realizaron todo tipo de favores, se colocaron amigos y familiares, se realizaron inversiones millonarias innecesarias o se decidieron estrategias impuestas por políticos populares, al margen de criterios financieros rentables). Pero Caja Madrid no solamente funcionó como una sucursal del PP. Miguel Blesa conocía los mecanismos del consenso que rigen, desde su origen, en nuestro sistema político y convirtió la entidad financiera madrileña en el paradigma del consenso político-sindical que, a la larga, arruinó nuestras cajas de ahorros.

Por eso Caja Madrid fue también el banco del PSOE, el de Izquierda Unida y, por encima de todo, la taberna financiera donde hicieron y deshicieron los sindicatos UGT y CCOO. Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que Caja Madrid fue el paradigma financiero de nuestro sistema político. Miguel Blesa fue integrante y amigo de los miembros de «la casta» política y sindical del régimen y una entidad que debía ser de todos pasó a ser una caja al servicio de sus conmilitones de oligarquía. Todo ello por razones políticas (exclusivamente de poder) y por el único interés personal de su presidente.

Todo empezó el 6 de septiembre de 1996, cuando el Partido Popular de Madrid firmó un pacto secreto con Comisiones Obreras (CCOO) para controlar Caja Madrid. El acuerdo quedó recogido en un documento de 8 folios y 19 cláusulas que firmaron, por representación del PP de Madrid, su entonces secretario general, Ricardo Romero de Tejada, y por parte del sindicato comunista, su entonces secretario de política institucional, que pasaría a ser después secretario regional de Madrid, y hoy se ocupa de la secretaría de Formación del sindicato, Javier López. El acuerdo, al que luego se sumaría Izquierda Unida, garantizaba la presidencia de la entidad a Miguel Blesa, en sustitución de Jaime Terceiro, concediéndole a CCOO un trato preferente en el consejo de la entidad financiera madrileña y en el diseño de las políticas de personal y estratégicas de Caja Madrid.

Jaime Terceiro había sido reelegido por unanimidad del consejo de administración cuatro meses antes (mayo de 1996), pero desde que José María Aznar había ganado con mayoría simple las elecciones generales, en marzo de ese mismo año, su suerte estaba echada. Hubo intentos y movimientos para evitar las dos cosas: que Aznar llegara a La Moncloa (el conocido posicionamiento del grupo PRISA a favor de una alternativa liderada por Ruiz-Gallardón) y evitar que Blesa llegara a la plaza de Celenque. Pero se vencieron ambas resistencias y una vez conseguido lo primero (Aznar en la presidencia del Gobierno) lo segundo (su amigo Blesa en la presidencia de Caja Madrid) se dio por añadidura.

El consejo de Caja Madrid estaba compuesto por veinte miembros, aparte del propio presidente. Había ocho representantes del PP, cinco del PSOE, dos de IU, dos de CCOO, uno de la Confederación de Cuadros y otro independiente. La decisión de relevar al presidente debía ser tomada por mayoría simple (once votos), pero para nombrar al nuevo presidente era necesario la mayoría de dos tercios (catorce votos), por lo que era esencial para los planes del PP contar con los votos de los comunistas, puesto que ya tenía los apoyos del consejero independiente y también del representante de los cuadros.

El pactó se firmó y las cláusulas se cumplieron. La principal de ellas: el nombramiento de Miguel Blesa como presidente. Se puede afirmar, sin faltar un ápice a la verdad, que Miguel Blesa fue el presidente de Comisiones Obreras. Ellos lo pusieron, ellos lo mantuvieron y ellos no hicieron nada por retirarle de su cargo. El pacto entre el sindicato comunista y Miguel Blesa fue de estabilidad de gobierno de Caja Madrid hasta el final de su presidencia y contenía tres objetivos fundamentales:

1. Naturaleza jurídica y órganos de gobierno

Bajo el compromiso (más bien excusa) del Partido Popular de no privatizar la caja (ninguna Caja fue privatizada por el PP), el sindicato apoyó a Blesa, con la condición añadida de que hubiera una participación «propia y directa del grupo de representantes de CCOO en los órganos de gobierno de Caja Madrid con la Presidencia, al mismo nivel que otras asociaciones presentes en el consejo de administración». CCOO también se garantizaba el control sobre las competencias delegadas por el consejo de administración, reforzando «las competencias del mismo» y propiciando «el consenso entre los diferentes grupos o asociaciones presentes en el consejo, en cuanto a las cuestiones básicas (plan estratégico, plan táctico anual, modificaciones de organigrama, política de nombramientos, política de relaciones laborales)». Comisiones Obreras también se garantizaba su presencia en la comisión ejecutiva de la entidad, así como en las empresas en las que tuviera participación Caja Madrid.

2. Políticas estratégicas de Caja Madrid

El acuerdo suponía el compromiso de «impulsar las políticas de inversión en sectores estratégicos: telecomunicaciones, energía, agua, distribución, seguros e inmobiliario». Un compromiso que, con el paso de los años, se plasmaría en la participación de Caja Madrid en operaciones más propias de un capitalismo salvaje que de los objetivos de una entidad financiera semipública con una finalidad social: acuerdo con la aseguradora Mapfre, creación de Realia y la toma de participación en Endesa y Telefónica. También se hacía referencia a la potenciación de los préstamos hipotecarios: «En este segmento tradicional de Caja Madrid, hay que mantener el liderazgo adquirido apoyando las medidas recientemente adoptadas y una reactivación de las operaciones con promotores y, sobre todo, con las fórmulas de cooperativas de viviendas sociales, que deben ser clientes preferenciales de Caja Madrid, dedicando a este último sector una atención especial, con criterios de pluralidad en las inversiones y con rigurosos análisis de riesgo en cada caso».

Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán popular y un buen trecho es lo que separó los buenos deseos marcados en el acuerdo PP-CCOO con la realidad de la política de créditos hipotecarios impulsados por la caja. La política del ladrillo, la burbuja inmobiliaria, el redondeo ilegal, la cláusula suelo también ilegal, los créditos «fáciles» donde quedaron atrapados decenas de miles de trabajadores españoles, fueron posibles en Caja Madrid gracias al apoyo de CCOO a las políticas de Miguel Blesa. Desde que en el año 2007 estalló la crisis económica han sido más de 350.000 familias españolas las que se han quedado sin hogar. Según los datos facilitados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, más del 80 por ciento de los desahucios de Madrid están ligados a Bankia (la heredera de la caja madrileña). En esto quedó el pacto con CCOO.

3. Relaciones laborales internas dentro de Caja Madrid

Gracias al pacto secreto firmado con Blesa, Comisiones Obreras se garantizaba el control de las políticas de empleo y de la bolsa de trabajo de la caja. Además, el sindicato se garantizaba una especie de veto sobre el nombramiento y ascensos en la política de personal de la entidad financiera: «En el marco de diálogo que preside todo este documento, se informará y dialogará acerca de los nombramientos de altos cargos de la institución que vayan a ser propuestos o efectuados con el compromiso obvio de discreción respecto a esta cuestión», rezaba el documento.

El pacto secreto marcó las líneas generales de actuación de Caja Madrid al margen del consejo de administración durante toda la presidencia de Miguel Blesa. Nunca fue llevado ni presentado a dicho consejo. Se tuvo conocimiento del mismo a través de filtraciones periodísticas solamente sobre algunos de sus contenidos o líneas básicas. Al pacto con CCOO inmediatamente se sumó Izquierda Unida (coalición electoral liderada por el Partido Comunista de España, PCE). En el año 2000 también se adhirió el PSOE y su sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT). Miguel Blesa obtuvo ese año su reelección con el voto unánime de todos los consejeros. El peculiar consenso de la caja se había recuperado. Todos querían participar y lucrarse con sus beneficios.

El texto completo fue publicado en otoño de 2003, una vez estallado el escándalo del tamayazo que obligó a repetir las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. El objetivo de su publicación fue contrarrestar la propaganda del PP contra el PSOE, al que acusaba de pactar con Izquierda Unida el gobierno de la Comunidad de Madrid. El PSOE contraatacó y demostró que antes que ellos, el PP ya había pactado con los comunistas en una institución tan importante para la comunidad como era Caja Madrid.

Descubierto el pastel, la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid declaró el 21 de septiembre de 2003 que el acuerdo alcanzado entre su partido y el sindicato era «un pacto para lograr que no interfiera la política» en las decisiones de la entidad financiera, que no tenía que tener otro objetivo «que garantizar los ahorros de los impositores y de los madrileños». Y añadió: «Todo lo que sea actuar por consenso en beneficio de los ahorradores madrileños es algo positivo». Años después dicho consenso y la politización real de la caja llevaron a la necesidad de que fuera rescatada con miles de euros públicos y a su desaparición.

El chollo de ser consejero de Caja Madrid

Solo un repaso a los nombres y cargos políticos o sindicales más conocidos del último consejo de Caja Madrid nos ofrece las claves del grado de politización que inundó la entidad financiera. Los sueldos son del año 2011, porque un año después el Real Decreto 2/2012 redujo los salarios de las Cajas intervenidas a 100.000 euros para los consejeros no ejecutivos y 600.000 para los consejeros ejecutivos.

Mercedes de la Merced (376.000 euros en 2011). Dirigente del PP, fue una de las consejeras más veteranas de Caja Madrid. Entró a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón. Mercedes de la Merced no poseía ningún conocimiento ni formación financiera, era licenciada en Filosofía, su único aval fue haber sido militante del PP y persona muy próxima a José María Aznar.

Ricardo Romero de Tejada (270.000 euros en 2011). Exsecretario general del Partido Popular de Madrid y exalcalde de Majadahonda. El PSOE denunció que estuvo implicado en el conocido tamayazo, la fuga de dos diputados autonómicos del PSOE que en 2003 impidió un gobierno socialista en la Comunidad de Madrid. Hizo y deshizo en el PP madrileño durante más de una década.

José Ricardo Martínez (180.000 euros en 2011). Secretario general de UGT de Madrid y consejero de la Corporación Cibeles, una sociedad filial de la entidad desde 2012. Es diplomado en Magisterio, estudió Filosofía y es empleado de Renfe. Ante el escándalo por la publicación de su sueldo afirmó que destinaba su remuneración al sindicato UGT.

Virgilio Zapatero (421.000 euros en 2011). Exrector de la Universidad de Alcalá de Henares y exministro de Relaciones con las Cortes en el gobierno de Felipe González, fue propuesto como vicepresidente por el secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, cuando negoció el desembarco de Rato en la entidad. Además de ser miembro del consejo de Bankia, cobró 366.000 euros en 2011 por ser también consejero del BFA (Banco Financiero y de Ahorros).

José Manuel Serra Peris (209.000 euros en 2011). Abogado del Estado, fue secretario de Estado de Industria y Energía durante el primer gobierno de Aznar, colaborando así con el entonces ministro Rato. Este consejero de Bankia también lo es de las empresas Ence, Iberia y Loterías y Apuestas del Estado. En el pasado también estuvo en los consejos de administración de Red Eléctrica de España, Endesa, SEPI, Corporación Financiera Alba… En definitiva, un profesional de los consejos.

José Antonio Moral Santín (521.000 euros en 2011). La alianza de Moral Santín con Miguel Blesa fue la clave del equilibrio de poder en Caja Madrid. También de muchas operaciones y actuaciones inexplicables. Por ejemplo, las viviendas de la Universidad Complutense. Doctor en Ciencias Políticas y Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense, este leonés fue militante del prosoviético Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), de Ignacio Gallego. Algunas fuentes le sitúan como el hombre que recibía los sobres de la KGB para el partido en Madrid antes de la desaparición de la Unión Soviética. Posteriormente fue diputado por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Fue vocal en BFA, Caja Madrid, Cibeles, Mapfre, Telemadrid y presidente de la Gestora del Centro Internacional de Estudios Económicos y Sociales.

Otras prebendas y regalías: las asambleas generales

Formar parte de alguno de los órganos de gobierno de Caja Madrid era un auténtico chollo para los afortunados. Dietas, tarjetas de crédito a cuenta de la empresa, pertenencia a otros consejos externos de empresas participadas, más los créditos especiales a miembros o familiares eran algunos de los diferentes sistemas de remuneración y compra de voluntades que se utilizaban en la caja.

Para evitar molestas comparaciones entre uno y otro consejero, en la mayoría de los casos las cantidades abonadas ni siquiera eran aprobadas por la comisión de retribuciones. Blesa utilizaba las retribuciones de la caja cual señor feudal de su cortijo, premiando a los «buenos» y «castigando» a los malos. Así las cosas, los miembros de la comisión de control recibían 1.350 euros por cada reunión, lo que les permitía embolsarse 90.000 euros al año en concepto de dietas, ya que se reunían una vez y media a la semana como promedio, a lo que había que añadir la tarjeta de crédito, black (negro) a efectos fiscales, de 25.000 para un miembro de a pie de la comisión. Su presidente tenía derecho a una tarjeta de 50.000 euros.

La situación era peculiar, ya que los mismos que tenían que controlar a cuenta de la comunidad al presidente y al consejo de administración dependían de ellos a la hora de establecer sus remuneraciones. En la práctica era la zorra quien se encargaba de cuidar y vigilar a las gallinas.

Por ejemplo, los miembros del consejo recibían tres dietas: por asistencia al consejo de administración que se reunía veinte veces al año (60.000 euros al año); más una dieta de 3.000 euros por pertenencia al consejo de la corporación (45.000 euros al año); más dietas por pertenencia a otros consejos externos (28.000 euros al año) que cobraban con independencia de que se reuniese el consejo o no. Además tenían derecho también a una tarjeta de 25.000 euros, por lo que su remuneración total ascendía a una cantidad en torno a los 158.000 euros anuales.

Los vicepresidentes cobraban 100.000 euros más por pertenencia a consejos externos más una tarjeta de 50.000 euros, por tanto en torno a los 283.000 euros.

El sistema no era uniforme, sino que, una vez más, dependía de la decisión y de los caprichos del presidente. Así los consejeros Antonio Romero y José Acosta del PSOE, y Pedro Bedía, Francisco Baquero y Mercedes de la Merced del Partido Popular rompían el sistema general y tenían remuneración a su medida, especialmente en las dietas recibidas por consejos externos y tarjeta de crédito.

Pero también, los consejeros generales (320) de la Asamblea tenían una dieta de 1.350 euros por asistencia, más un regalito. Algunas veces se les nombraba miembros de consejos de las participadas. «Buena parte de ellos, además, son seleccionados por las diferentes “sensibilidades” para cubrir vocalías en participadas de la corporación según el cupo, cada una conforme al porcentaje de su representación en la asamblea general», según explicó Enrique de la Torre a su sucesor.

Si se producía una vacante era De la Torre quien negociaba con el «líder de la sensibilidad correspondiente» su sustitución. El propio De la Torre explicaba que «todo lo anterior tiene la bendición presidencial y (salvo las dietas y tarjetas de Bedia y Baquero) de la comisión de retribuciones».

Una vez más el banco de favores de Blesa funcionaba con arreglo, no tanto a los intereses de la Comunidad de Madrid o del Partido Popular, sino a los suyos propios, permitiendo que un puñado de políticos y sindicalistas se forrasen como jamás habían soñado en su vida perjudicando gravemente al interés general.

A cuenta de las distintas presiones ejercidas a inicios de 2009 contra Blesa, Sánchez Barcoj buscó el apoyo del Ministerio de Economía, en aquella época a cargo de Elena Salgado. La contestación de la ministra zapaterista a su ruego fue la siguiente: «Aconsejan resistencia y que nos mostremos en todos los ámbitos que podamos como potenciales “compradores” en caso de entidades con problemas, y que seamos lo suficientemente hábiles como para ceder prebendas, tipo consejos regionales, control de la obra social por comunidades».

El adiós de Miguel Blesa

Miguel Blesa fue relevado de su puesto en Caja Madrid después de una pelea sin cuartel entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Para entonces ya se había blindado bien con los famosos bonus. Pero no solamente él. El programa de fidelización que entró en vigor el 1 de enero de 2007 hubiera supuesto 25 millones de euros para sus beneficiarios, los diez miembros que en ese momento integraban la alta dirección de Caja Madrid, que eran el propio Miguel Blesa y nueve ejecutivos más: Juan Astorqui, Carlos Martínez, Ramón Ferraz, Rafael Spottorno, Matías Amat, Carmen Contreras, Mariano Pérez Claver, Ricardo Morado e Ildefonso Sánchez. Cuando Rodrigo Rato llegó a la cúpula de Caja Madrid, tres miembros de la alta dirección salieron de la entidad financiera: el propio Blesa; Juan Astorqui, director de comunicación, y Ricardo Morado, que era el responsable de sistemas. Entre los tres iban a recibir una indemnización de casi 6 millones de euros (Blesa 2,8 millones, Astorqui 1,4 y Morado 1,8). Dada la situación de la caja estos pagos fueron suspendidos. Al igual que ha sucedido con las remuneraciones de los consejeros de otras cajas intervenidas, los tribunales tendrán que tener también la última palabra, poniendo el punto y final a esta desgraciada historia.

VI. LOS PIRATAS DEL CARIBE

No se sabe el porqué, pero Miguel Blesa tenía desde siempre obsesión por el Caribe. Primero fue su desembarco en Cuba, a través de Corporación Financiera Habana, en el año 1998. Después vino la entrada en Hipotecaria Mexicana Su Casita. Más tarde la apertura de una delegación de Caja Madrid en el estado de Florida, y finalmente la compra alocada del City National Bank de Florida (CNBF). Todas las obsesiones se pegan o, al menos, encierran peligro de contagio. Y eso es lo que le pudo suceder a su actual mujer, Gema Gámez, que también se vio abducida por las «pasiones» del Caribe. Como ya se ha contado, Gema Gámez constituyó en 2011, como única accionista, una empresa dedicada a la moda y peletería, denominada Octubre en Florida S. L.

La piratería en el mar Caribe está repleta de episodios e historias construidas sobre algunos hechos reales y una gran cantidad de mitos y leyendas, la mayoría de las veces alejadas de la verdad histórica. Muchos de estos mitos fueron trasladados primero a las novelas de aventuras y posteriormente al cine, que creó un género que, con sus altas y bajas, ha contado siempre con el favor del público, llegando sus producciones hasta nuestros días. Seguro que, desde niño, a Miguel Blesa le gustaron las aventuras de los filibusteros en el mar, seguidas también por romances en sus guaridas de tierra, protagonizadas por audaces individuos con patente de corso (gracias a su proximidad al poder político) y alejados, la mayoría de las veces, de la obligación de rendir cuentas ante nadie. Los historiadores nunca se han puesto de acuerdo sobre dónde empezaba la piratería (la acción ilegal) y dónde terminaba el corso (la actuación autorizada), dado que la misma persona podía ser considerada como un corsario por sus compatriotas o amigos y un pirata por sus enemigos o damnificados.

Analizamos a continuación los negocios empresariales puestos en marcha por Blesa en la misma zona geográfica donde se vivieron la mayoría de estas aventuras.

Nuestro hombre en La Habana

Desde su llegada al poder, los distintos gobiernos de Felipe González entendieron que las principales empresas públicas españolas debían aprovechar las oportunidades que les ofrecía Iberoamérica. Las empresas todavía públicas entonces, Endesa, Repsol, Telefónica, Iberia y Argentaria, con presidentes nombrados por los políticos, salieron de compras por distintos países hispanoamericanos. De esta manera se cumplía un doble objetivo. Primero, la internacionalización de las empresas con la búsqueda de nuevos mercados y la realización de inversiones más que atractivas. Y segundo, lo que era más importante: ayudar a la transición desde regímenes dictatoriales y lograr así la consolidación de las, todavía en aquella época, incipientes democracias iberoamericanas. La mayoría de las veces, lo anterior sirvió únicamente para que muchos intermediarios se forraran con la excusa de la cooperación española.

Lo cierto es que uno de los países elegidos para poner en marcha esta opción geopolítica fue la Cuba socialista de Fidel Castro. Al dictador cubano le intentaron asesorar, entre otros, el que fuera ministro felipista Carlos Solchaga, una vez derrumbado el muro de Berlín y desaparecida del mapa la Unión Soviética. Solchaga quería asesorar para sortear la crisis económica derivada del periodo especial en el que se encontraba el país como consecuencia de la desaparición del comunismo real y las ayudas soviéticas.

El gobierno socialista de González facilitó además a los pequeños y medianos empresarios la financiación de sus exportaciones con las líneas Cesce y otras. Sin embargo una de las primeras decisiones tomadas por José María Aznar nada más llegar a la presidencia del Gobierno fue castigar a la dictadura castrista cerrando las líneas de crédito a las exportaciones y haciendo muy difícil a los exportadores españoles su presencia en la isla. De hecho Aznar fue el precursor de la postura única europea que penalizaba a los inversores en Cuba.

Por eso llamó, y sigue llamando ahora poderosamente la atención la inversión y la constitución de Corporación Financiera Habana por parte de su amigo del alma Miguel Blesa. Con toda seguridad José María Aznar conoció y autorizó esta inversión «especial» en la isla símbolo de «lucha anticapitalista».

El 27 de octubre de 1997, Caja Madrid y el Banco Popular de Ahorro de Cuba firmaron un protocolo de intenciones cuyo objetivo básico era el establecimiento de una alianza estratégica mediante la constitución de una empresa mixta, que con sede social en la capital del país, La Habana, y con la denominación de Corporación Financiera Habana (CFH), desarrollase servicios propios de una institución financiera no bancaria.

El 9 de octubre de 1998, dos años después de la llegada de Aznar a La Moncloa, se constituyó en La Habana Corporación Financiera Habana S. A., como empresa mixta de nacionalidad cubana. Fue la primera sociedad anónima de capital mixto del sector financiero cubano creada al amparo de la Ley 77 de la Inversión Extranjera.

Corporación Financiera Habana S. A. contó con un capital inicial de 5 millones de euros que se fue ampliando hasta llegar a los 10 millones de dólares, aportados en un 40 por ciento por Banco Popular de Ahorro cubano, y en un 60 por Caja Madrid. El acuerdo incluía una opción de compra por un 5 por ciento del capital del Banco Popular cubano, en el caso de que el gobierno socialista de Cuba decidiese vender parte del capital. Los objetivos de la corporación eran la financiación de inversiones, y lo que fue más importante, hacerse con parte de la propiedad y los negocios del Banco Popular, en aquella época uno de los principales bancos cubanos especializados en el mercado interior. CFH fue durante mucho tiempo el principal vehículo de inversión en Cuba para empresarios españoles. Años después, ya sin Blesa en la presidencia, Bankia abrió una oficina de representación en La Habana.

A través de Corporación Financiera Habana se financiaron inversiones a numerosos empresarios, políticos y amigos de Miguel Blesa, la mayoría en apartamentos y edificios, en unos años en los que en La Habana estaba permitida la inversión extranjera en inmuebles. Eran los tiempos de un Aznar recién llegado al gobierno que se había marcado como objetivo cambiar la política que la Unión Europea, por influencia de los anteriores gobiernos de Felipe González, había mantenido con el régimen de los hermanos Castro. Aznar prometió durante la campaña de 1996 un cambio total respecto a la política de Cuba. De hecho, durante la visita a Madrid del vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, Aznar anunció el fin de las ayudas económicas españolas a Cuba, en la línea de posicionarse a favor de la política norteamericana respecto al régimen de La Habana.

Por eso resulta curioso que durante este cambio radical de la política exterior española, una entidad presidida por un íntimo amigo de Aznar, Miguel Blesa, decidiese asociarse a un banco cubano para montar CFH. Pero también es sorprendente que la Comunidad de Madrid, presidida por Ruiz-Gallardón, diese el visto bueno a la inversión en La Habana.

¿Es posible que un íntimo de Aznar al que le debía el puesto decidiese saltarse las recomendaciones de su jefe? Es más que dudoso. Más bien, todo lleva a pensar que la estrategia formaba parte de un apoyo subterráneo, o una cabeza de puente, de los cubanos exiliados en Miami, con Mas Canosa, también íntimo amigo de Aznar, a la cabeza para que tuvieran un vehículo mediante el cual hacer sus inversiones y posicionarse dentro de la isla. Hay que recordar que, en aquella época, muchos dudaban de que el régimen castrista pudiera evitar el «efecto dominó» que había hecho caer, uno tras otro, todos los gobiernos comunistas de los antiguos países sometidos a la órbita de Moscú. Las autoridades políticas de Cuba seguro que conocían las ocultas relaciones de Blesa y su banda y, al autorizarlas, ya habrían colocado en su balanza, por un lado las necesidades de obtención de divisas a través de inversiones extranjeras y, en el otro platillo, la posibilidad de dejar entrar al enemigo, siempre vigilado, dentro del sistema financiero de la isla.

Una mansión en Miami

En abril de 2006 Caja Madrid compró por 10.500.000 dólares (unos 8,5 millones de euros) una exclusiva mansión con embarcadero privado en el 890 de Harvor Drive, en Cayo Vizcaíno (Florida). El palacete, situado en una zona donde viven famosos cantantes, artistas internacionales y algunos de los empresarios más ricos de Estados Unidos, no podía ser, en ningún caso, el inmueble adecuado para representar a una entidad financiera. Y menos aún si esa entidad financiera tenía como única finalidad realizar actividades de tipo social o benéfico. Pero a Miguel Blesa le encantó el lugar y autorizó la compra.

A Blesa siempre le ha gustado aparentar más de la cuenta y codearse con aquellos que él consideraba que eran la crème de la crème de nuestra pirámide social, aunque en su ascensión enloquecida hacia ninguna parte, la mayoría de las veces solo alcanzase la cumbre para entronarse como el más feliz de todos los horteras. Algo de eso sucedió en Miami con la mansión de Miguel Blesa. El pelo de la dehesa de Linares nunca se le acabó de desprender del todo, y se le divisaba a lo lejos, así como su comportamiento como nuevo rico, gracias a los ahorros y los beneficios de una caja que no era suya y sí pertenecía a decenas de miles de impositores y millones de madrileños.

Además, como el dinero era de otros, pagaba más de la cuenta. Según un informe de tasación realizado por la reconocida inmobiliaria local Peña Appraisal Services Inc., encargado antes de la compra por el representante legal de Caja Madrid en Miami, Holland and Knight, el precio del palacete floridense era tan solo de 8 millones de dólares.

Así que Miguel Blesa autorizó pagar 2,5 millones de dólares más por una mansión, no se sabe el porqué, para que en ella viviera el delegado de Caja Madrid en Miami, Borja Murube. El informe de la inmobiliaria tasadora es taxativo. Consta de más de 60 folios, se realiza un análisis del inmueble, del barrio donde se encuentra y de los precios a los que se han vendido otras propiedades en la misma zona. El precio abonado, 10,5 millones de dólares, significa que Caja Madrid pagó por cada metro cuadrado 1.343 dólares, una cifra desorbitada si se compara con otras operaciones realizadas en esa misma época y en esa misma zona, que se hacían abonando entre los 500 y los 850 dólares por metro cuadrado.

Lo exagerado del precio pagado se comprueba también dando un repaso a las distintas transacciones que se realizaron sobre el inmueble durante los años anteriores. En 1995 se vendió por 1,5 millones de dólares; por 1,87 millones cuatro años más tarde, en 1999; por 2,5 millones en agosto de 2001, y finalmente por los 10,5 millones que pagó Caja Madrid en 2006, eso sí, después de una remodelación que se realizó con anterioridad, en el año 2004.

La residencia cuenta con una parcela de 1.700 metros cuadrados y más de 725 de vivienda; un muelle de 10 metros para el amarre de yates; seis dormitorios, varios salones, seis cuartos de baño, amplios ventanales con vistas al mar… todo un lujo incompatible con la finalidad social de la entidad financiera madrileña.

La mansión, como se ha indicado, está situada en el 890 de Harbor Drive, y así se denominaba también la sociedad que compró el inmueble:, 890 Harbor Drive, cien por cien propiedad de Caja Madrid, y que, a efectos del registro, dependía de tres de sus ejecutivos: Borja Murube, exdirector de Banca Corporativa en Miami y persona que disfrutaba del inmueble, José Cueto y Pablo Fernández.

Borja Murube era el director de la división de Banca Corporativa de Miami Latinoamérica de Caja Madrid y gozó del privilegio del disfrute de la residencia. Como han denunciado trabajadores de Caja Madrid: «A otros delegados de la caja en otros países repartidos por el mundo nunca se les compró una mansión para que vivieran».

La realidad es que el palacete se utilizó para albergar extravagantes fiestas que sorprendieron por su suntuosidad a muchos de sus invitados. Por ejemplo los banqueros de la Federación Latinoamericana de Bancos, que eligieron Miami para celebrar su convención anual en 2007, o los miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se reunieron en Miami del 4 al 8 de abril de 2008 y que fueron agasajados por las huestes de Miguel Blesa. Tras el cóctel, muchos manifestaron su perplejidad ante el hecho de que aquella suntuosa mansión y aquella fiesta fuera de lugar fueran cosa de una entidad benéfica social española.

El gran beneficiado de la operación fue el vendedor del inmueble, Juan Carlos Casas. Un español que es uno de los hijos menores de la familia entonces propietaria de Escopetas Gamo. A principios de los noventa, la firma catalana Industrias Gamo, el mayor fabricante de armas de aire comprimido en Europa, envió a Juan Carlos a Florida con la intención de abrir mercado en Estados Unidos a los productos fabricados en España. La empresa estaba entonces en manos de la familia Casas, hasta que en 2007 la vendieron por 70 millones de euros al fondo MCH, que tomó el 80 por ciento del capital, mientras que los propietarios conservaban el 20 por ciento restante. La facturación consolidada de Gamo rondaba los 70 millones de euros y distribuía sus productos en más de 50 países, entre los que destacaba Estados Unidos.

Allí en Florida se afincó Juan Carlos Casas, que contrajo matrimonio con Cristina, hasta que pegó el pelotazo por la venta de su vivienda. Después de la operación era uno de los habituales en los saraos que organizaba Blesa en Cayo Vizcaíno.

Seis años después de la incursión inmobiliaria de Miguel Blesa y la antigua Caja Madrid en Miami, Bankia consiguió vender el exclusivo palacete el 17 de diciembre de 2012. El precio reconocido por la venta, según fuentes del sector, fue de 7,5 millones de dólares (5,5 millones de euros). El precio inicial de venta era de 8,7 millones de dólares, y se tuvo que ajustar a la baja para realizar la transacción.

Como se ve, no fue un gran negocio para la antigua Caja Madrid, ahora Bankia, ya que compró el inmueble en abril del año 2006 por 10.500.000 de dólares (8,5 millones de euros), es decir 3 millones de euros tirados a la basura. Una de tantas cosas fallidas durante la gestión de Blesa. A esta cantidad habría que sumar las nada desdeñables tasas, que ascendían en torno a los 108.000 dólares anuales y que religiosamente pagaba Caja Madrid.

A pesar de estas pérdidas la actual Bankia ha tenido suerte en la venta (pudo ser peor), ya que el mercado residencial americano subió en el último año un 5,5 por ciento en tasa interanual. Los motivos para este crecimiento son que la economía está creciendo, que los stocks de vivienda están bajando y que los tipos de interés están bajo mínimos. A pesar de ello el mercado no ha podido compensar el sobreprecio que se pagó en su día por el chaletito.

Gürtel también estuvo en Florida

La expansión de Caja Madrid en Florida coincidió en el tiempo con las inversiones realizadas por la red Gürtel en Miami. Se puede afirmar, por tanto, que las operaciones realizadas por Gürtel (presunta trama de corrupción económica vinculada con el Partido Popular) en el condado de Miami Dade fueron paralelas a la adquisición del City National Bank de Florida por Caja Madrid, que también tenía su sede operacional al sur del estado, en el mismo lugar: Miami Dade. El seguimiento del dinero obtenido ilícitamente por la red dirigida por Francisco Correa llevó a la policía española y a la Agencia Tributaria hasta una persona, Ana Karlota Figueroa, que desarrollaba su actividad profesional en el estado de Florida. Karlota Figueroa, de máxima confianza de Correa, fue finalmente procesada al considerarla la policía pieza clave en todos los negocios desarrollados en Estados Unidos por la red Gürtel.

Durante el registro realizado por la policía en una casa propiedad de Francisco Correa en la urbanización gaditana de Sotogrande, se obtuvo la documentación mercantil que permitió establecer la relación de Correa con seis entidades extranjeras: Anchorage Global y Hilgart Investment en las Islas Vírgenes británicas; Jade & Acualina en Colombia; Caribbean & Marina Property en Panamá; Eleven First Class en China y, finalmente, Fortune International Realty Group en Florida (Estados Unidos). Según el informe realizado por la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal), a través de Fortune International Francisco Correa había participado en seis proyectos de inversión en Miami. La sociedad Fortune International, según afirma el informe de la UDEF, «crea toda una estructura societaria para el inversor mediante la construcción de una serie de sociedades matrices domiciliadas en las Islas Vírgenes británicas (…). El denominador común de todas estas operativas no es otro que el enriquecimiento personal del propio Correa y de la organización por él liderada, así como la búsqueda en todo momento de la opacidad en todas sus operaciones».

Islas Vírgenes es uno de los paraísos fiscales más famosos del mundo. Cinco sociedades allí domiciliadas constituyen el Grupo Hilgart (Anchorage Global y Hilgart Investment entre ellas), a nombre de Francisco Correa. Este grupo participaba a su vez en otras doce sociedades radicadas en la capital del estado de Florida.

Karlota Figueroa figuraba como administradora de siete sociedades que Francisco Correa presuntamente utilizaba para blanquear el dinero obtenido con sus actuaciones ilícitas en España. Como ha quedado señalado, según la investigación realizada por la UDEF, la ingeniería financiera que realizaba la trama Gürtel les permitía desviar los fondos obtenidos en España hacia empresas en el exterior, principalmente vía paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes, que a su vez participaban en sociedades en el estado de Florida. Estas sociedades invertían básicamente en inmuebles de lujo en Miami, como el edificio Residencial Jade promovido por Fortune International. Allí, en una torre frente al mar de cuarenta y dos plantas, la red de Correa adquirió tres apartamentos.

El grupo de sociedades de Correa en Miami, una auténtica tela de araña mercantil y financiera, contaba con la estrecha colaboración del despacho de abogados Juris Magister, con sede en esa ciudad, y también con los servicios de un bróker en bolsa, Randall Lew Caruso, cuyo nombre se conoció a través de un contacto telefónico que realizó la esposa de Pablo Crespo, presunto número dos de la trama de corrupción, cuando su marido se encontraba preso en la cárcel de Soto del Real. La policía sospechó que esa conversación fue utilizada para dar instrucciones a Lew Caruso sobre un traslado de fondos desde una cuenta del Bank of New York a otra en la sociedad Merrill Lynch. La cuenta receptora estaba abierta a nombre de Chelmi Ltd, sociedad mercantil constituida en las Islas Caimán. Es en relación a los movimientos de fondos en esta cuenta en Merrill Lynch, donde aparece el nombre del ciudadano español Guillermo Martínez Lluch. Martínez Lluch fue director de una sucursal de Bancaja en Miami y la policía tiene acreditado que tanto Francisco Correa como Pablo Crespo le concedieron poderes para vender bonos que eran de su propiedad. Es así como acabó imputado el director de la oficina de Bancaja en Miami que posteriormente se fusionó con Caja Madrid para crear Bankia. Según los informes policiales, Bancaja pudo jugar un papel esencial en la estrategia de blanqueo de capitales llevado a cabo por Gürtel.

La supuesta vinculación de Bancaja, y por extensión del Banco Financiero y de Ahorros (BFA, matriz de Bankia) hizo correr por aquel entonces ríos de tinta en ambas orillas del Atlántico. En marzo de 2009, larepublica.es publicó un comentario sobre las relaciones de Esperanza Aguirre con la oposición cubana en Miami y sobre las ramificaciones de la trama Gürtel en Florida en el que se aseguraba que «el director de la sucursal de Bancaja en Miami, una entidad bancaria española vinculada a Aznar, es un personaje que entre sus muchos (des) atributos tiene el de una estrecha relación con la Fundación Nacional Cubano Americana desde la época de su ahora fallecido titular y agente de la CIA estadounidense, Jorge Más Canosa».

En esa misma ciudad de Miami, donde Caja Madrid destinó más de 1.000 millones de euros para extender allí su negocio, a costa de un gran agujero que podría terminar con su expresidente Miguel Blesa en la cárcel, vivió también un tiempo el empresario Juan Villalonga, amigo íntimo de José María Aznar. Su nombre apareció en una de las conversaciones intervenidas a Álvaro Pérez, alias el Bigotes, otro de los cabecillas de la red Gürtel. Las grabaciones revelaban una conversación entre ambos cuando Villalonga preparaba su candidatura para presidir el Real Madrid.

En otra conversación diferente, en octubre de 2007, Miguel Blesa le aclaraba a su agente en Miami los «otros amigos» que Esperanza Aguirre mantenía en «aquella tierra»: «Hablé con la presidenta y quedó en que me diría algo sobre un posible agasajo aprovechando su visita a Miami; estoy convencido de que no le viene bien porque llega el mismo viernes y tiene plan con unos amigos de aquella tierra».

También la Caja de Ahorros del Mediterráneo decidió abrir oficina en Miami en el año 2006, contando con la presencia del entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en su inauguración. Francisco Camps fue finalmente absuelto en enero de 2012 en la llamada «causa de los trajes» relacionada con la red Gürtel, aunque su imputación en el caso le obligó a presentar su dimisión como presidente de la Generalitat en 2011. Todavía fuerte en 2006, durante la inauguración de la oficina en Miami alabó la iniciativa llevada a cabo por la Caja de Ahorros del Mediterráneo y destacó que la oficina de Miami demostraba la apuesta de futuro de las empresas valencianas y españolas en general por expandirse en América. Aquel día Camps recordó que Florida era la «puerta principal» de entrada de su comunidad en Estados Unidos, «uno de los principales objetivos para la internacionalización del tejido empresarial valenciano».

El desembarco en Florida fue una auténtica obsesión para las cajas de ahorros españolas durante aquella época. También para Blesa y su equipo, quienes en el año 2006 hicieron una primera oferta para comprar una entidad financiera al otro lado del Atlántico. Este primer intento no prosperó.

La compra del City National Bank de Florida (CNBF)

El pasado mes de marzo de 2014 recordamos con emoción y dolor en toda España el décimo aniversario del brutal atentado de los trenes de Atocha que segó la vida de dos centenares de personas en Madrid. Se ha señalado ya, pero conviene recordarlo nuevamente que en 2004, pocos días después del 11-M, mientras se celebraba el funeral de Estado por las víctimas en la catedral de la Almudena, presidido por los reyes de España, Blesa y sus consejeros organizaron un consejo de administración, concretamente entre los días 21 a 26 de marzo de 2004, en Miami. En aquella ocasión, los miembros del consejo de Caja Madrid acudieron a Florida acompañados de sus parejas, lo que convirtió aquella excursión en una actividad más de ocio que de trabajo (solo se reunieron un día). Fue durante aquel consejo cuando decidieron que era «conveniente estratégicamente ampliar negocio en esa zona geográfica».

Como se ha indicado los consejeros tuvieron muy pocas reuniones y, por el contrario, sí disfrutaron de mucho paseo, muchas compras, todas las cenas y más de un partido de golf. A costa del presupuesto de Caja Madrid, sus directivos consiguieron alejarse del «asfixiante» ambiente que existía durante aquellos días en Madrid. Todos los consejeros se alojaron y relajaron en las lujosas instalaciones del Hotel Ritz Carlton de Miami, a un precio por habitación de 600 euros la noche.

Eso sí, para que los veintiún consejeros no se sintieran solos, sus mujeres se les unieron en la comitiva. Todo ello en mitad de una semana como aquella, tan importante para la historia de España. Para no enturbiar las reuniones ejecutivas, las consortes tuvieron su propia agenda de compras, comidas y visitas turísticas por todo el estado de Florida.

El objetivo oficial de la reunión era «evaluar los proyectos y perspectivas de Caja Madrid en Estados Unidos y Latinoamérica», aunque, según se publicó en aquel momento, el motivo del viaje y la reunión a Miami no fue otro que «acabar con toda resistencia del sector progresista, es decir de la representación de los trabajadores y del PSOE». Dicho objetivo se había visto frustrado y superado, tras la sorprendente victoria de Rodríguez Zapatero en las elecciones del 14 de marzo de 2004, lo que supuso el fin del golpe de poder que pensaba dar Miguel Blesa para quedarse con todo el control dentro del consejo de administración de la caja.

Para llevar a cabo esta expansión Miguel Blesa echó mano de Sánchez Lozano como responsable de inversiones especiales, con derecho a invertir. Fue el propio Lozano quien confesó su participación en todo lo de Miami, cuando declaró ante el juez Juan Antonio Toro que las decisiones de compra las tomaba con Blesa mano a mano, sin que el resto de directivos o consejeros tuviesen nada que aportar.

Aunque parezca sorprendente, Barcoj y Amat, otros dos de los más estrechos colaboradores de Blesa, no analizaban las compras ni participaban en su análisis y decisión como han declarado en repetidas ocasiones. Por tanto, ni el responsable de negocio (Amat) ni el responsable de Finanzas (Barcoj) tenían, según lo declarado por ellos, voz y voto en las adquisiciones.

Los tres citados, junto con Carlos Vela y, según las ocasiones, algún consejero más formaban un «núcleo duro» alrededor del presidente, creando un «sistema cerrado» en la cúpula destinado exclusivamente a proteger sus dudosas actuaciones.

A partir de 2006 Lozano fue especialmente activo en la búsqueda de oportunidades de inversión. Tras analizar distintos bancos, fue en el año 2007 cuando decidieron realizar una oferta por el Total Bank, que posteriormente fue adquirido por el Banco Popular por 300 millones de dólares.

Finalmente encontraron su presa. La primera vez que se ven con el propietario fue el 22 de marzo de 2007: «¡Por fin hemos estado con el dueño. Es un tipo curioso!», le comentó entusiasmado Lozano a Blesa. Vuelven en ese mismo año a verse las caras con los ejecutivos de City: «Vamos el 4 a Miami. Tenemos previsto vernos en una larga reunión con ellos para explorar posiciones de cara a una posible compra. También tenemos que estar con varios bancos de negocios para que nos ayuden a rematar algo».

La reunión del 4 de septiembre sirvió para poner una referencia de precio: «Él quiere vendernos si conseguimos rematar un acuerdo. No será barato, 1.000 millones de dólares. Es un banco de ricos y de empresas. No es un banco minorista. Que él venga en su avión privado a Madrid con su mujer en la segunda quincena de octubre».

Después de más de seis meses de contactos superficiales con los vendedores del City National Bank, el 11 de octubre del 2007 Lozano le dice a Blesa: «La semana que viene estaremos con ellos en Miami para entender cómo es el banco y qué espera de su visita a Caja Madrid. De cara a su viaje a Madrid los días 12 al 15 de noviembre, me contó Chelo que tenías previsto comer con él el martes 13 y le has invitado al Concierto del Ahorro el miércoles día 14. Yo sugiero que vea también a Matías e Ildefonso después de que Leonard Abess hable contigo. También quiero organizarle con Carlos Martínez una visita a la Obra Social, y supongo que a la Casa Encendida, ya que los temas de filantropía les interesan mucho a título personal, como buenos norteamericanos. ¿Quieres que vean a alguien más? Ya estamos coordinando con ellos su logística, ya que viene con su mujer, en su avión privado, al Ritz, y quieren pasear un poco por Madrid, para lo que ha pedido un guía y quiere también un chófer. Intentaremos ayudarle en todo lo que necesite ya que es importante que se vaya con buena impresión».

Pocos días después de celebrarse la reunión en Miami Lozano le dice a Blesa: «Estuvimos ayer muchas horas con él. Creo que tenemos ya una idea razonable sobre cómo es el banco». En otra conversación le confirma sus buenas impresiones sobre la marcha del negocio: «Ha ido bien, muy bien y la visita a Madrid será importante para que se decida (ya está bastante convencido), mientras vamos a ver otros bancos que pudieran venderse».

En otra conversación Lozano le cuenta a Blesa cómo se va a realizar la adquisición y la participación al final de la misma de unos llamados «intermediarios»: «Hemos acordado hablar directamente sin intermediarios hasta el final de las negociaciones». ¿Qué se ocultaba detrás de esta frase? Según nos confirman fuentes relacionadas con la adquisición, fue pronunciada por Lozano ante el interés de un abogado americano por participar en las negociaciones. Al decir sin intermediarios, lo más probable es que los «intermediarios» aparecieran al final para emitir la factura de una intermediación quizá no realizada.

Llama la atención, en todo caso, que en un par de conversaciones se hubiese decidido comprar un banco que además era totalmente distinto a Caja Madrid: el CNBF era un banco para ricos, especialmente judíos, sin ninguna actividad de banca comercial, que era, precisamente, la especialidad de la caja madrileña, y con un balance muy concentrado en unos pocos clientes; de hecho el propio dueño tenía el 10 por ciento del pasivo de la entidad. Era un tipo de banco casi unipersonal, muy alejado del de banca pública de la caja madrileña.

En todo caso, dichas conversaciones demostraban el gran avance que se estaba produciendo, teniendo en cuenta cómo habían empezado las conversaciones con el propietario hacía unos meses. Lozano le describía: «Es un multimillonario críptico e indescifrable. No sé qué quiere hacer, ni él tampoco. Según sus asesores, la reunión muy bien». Empezaba una partida en la que solo iba a resultar un perdedor: Caja Madrid.

El 28 de octubre de aquel año 2007 el influyente periódico inglés Financial Times dedicó una página a hombres influyentes de los negocios españoles. Con el Titulo «Of Bankers, Builders, and Fortune Makers» (De banqueros, constructores y hacedores de fortuna) el Financial Times realizaba un análisis de los principales empresarios españoles y hablaba (con foto incluida de Botín) de la importante operación que había realizado el presidente del Banco Santander en ABN AMRO, con Abelló, que acababa de entrar en Sacyr para fortalecerla ante su entrada en Repsol, con Oscar Fanjul, con Blesa y con su amigo Alejandro Agag, yerno de José María Aznar.

De Miguel Blesa decía el periódico financiero británico lo siguiente: «¿Qué hará Blesa con los más de 4.300 millones de euros que la mayor caja de España se embolsará con la venta del 10 por ciento de Endesa?».

La respuesta al anterior interrogante la daba el propio reportaje del Financial Times, ya apuntando hacia Florida: «Está haciendo babear a más de un banquero de inversiones. Invertirá las plusvalías de más de 2.500 millones de euros en el extranjero o se dedicará a comprar acciones de sociedades cotizadas en España». Financial Times terminaba su artículo definiendo a Blesa como un deft tactician (hábil estratega por su pericia para escaparse de las presiones políticas), lo que se ha demostrado como cierto. A lo que había que añadir, siete años después, su capacidad adquirida para escapar de la presión judicial, creando mediante recursos e impugnaciones una maraña judicial que, por el momento, ha impedido la investigación de su mala gestión.

Premonitoriamente, el periódico británico ya anunciaba las distintas adquisiciones que Caja Madrid iba a realizar con la liquidez obtenida tras la venta de sus participaciones en Endesa: compras internacionales y nacionales. Lo único que el Financial Times no acertó a adivinar fueron las pérdidas que esas inversiones le iban a causar a la caja madrileña.

Pero en aquel momento, para un gestor como Blesa, salir en el Financial Times era el súmmum: no es nada fácil aparecer en «la Biblia de las finanzas» y menos aún para empresas de un país como España y, además, que te dediquen una página entera. Todo un éxito. Las fuentes del Financial Times estaban tan bién informadas que acertaron en todo. Finalmente, Abess vino a España los días anteriores a la reunión del comité de dirección que aprobaría la adquisición. «Me ha dicho Matías que mañana no vas a bajar a la reunión de la delegación de Estados Unidos», le dice su jefa de gabinete a Blesa el día 3 de diciembre. A lo que Blesa le contesta: «No iré mañana. Vienen con prisa y yo tengo aún más. La pierna va mejorando lentamente, muy lenta». Su jefa de gabinete recibe finalmente a los americanos ella sola. «Mañana recibiré yo sola en el Hall a “todo el séquito”... ¡Ya me he preparado el discurso en inglés! Por cierto te excusaré diciendo que something’s coming up...».

Tan solo seis meses después, en abril de 2008, se adquirió el City National Bank de Florida con un sobreprecio excesivo (1.150 millones de dólares), probablemente para evitar que se le fuese la pieza o quizás por otros motivos. Si se toma como referencia el Total Bank, vemos que finalmente fue adquirido por el Banco Popular, que en 2007 valía 300 millones con unos activos de 1.700 millones de dólares. Tan solo un año después, Blesa pagó 1.150 millones por algo que solo tenía 2.400 millones de activos: el City National Bank (CNB).

Según un informe de la Dirección General de Supervisión del Banco de España la negociación de compra del CNB estaba prácticamente concluida a finales de 2007, por lo que Caja Madrid en su Plan de liquidez del año 2008 planificó la compra del banco en 497 millones de euros, sin embargo al final la compra se realizó el 14 de abril de 2008 por 618 millones, es decir 121 millones más. El porqué de esta diferencia en el precio sigue siendo un enigma.

El procedimiento de compra fue cuando menos peculiar. No solo la forma de seleccionar a la entidad que se iba a adquirir, sino también los criterios de dicha elección, y la fórmula para establecer el precio y analizar la entidad. En un comité de dirección de fecha 14 de diciembre de 2007, bajo una presentación denominada «Proyecto Ciudad», Sánchez Lozano decía: «Tenemos una oportunidad de adquirir el cien por cien del CNBF». La oferta de compra ya realizada estaba sujeta a una revisión completa de la entidad y a un acuerdo de retención de los principales ejecutivos, así como a las autorizaciones de los supervisores españoles y de Estados Unidos.

Entre las autorizaciones y notificaciones que se precisaban en España para realizar dicha adquisición, Sánchez Lozano reconocía la necesidad de la autorización del Banco de España para tomar el control de una entidad extranjera, y también la de la Comunidad de Madrid, por superar la adquisición el 5 por ciento de los recursos propios computables de Caja Madrid. Así lo veía también Sánchez Lozano, quien llegó a confesarse ante Miguel Blesa: «Solo veo dos temas: creo que la expectativa de Abbey (vendedor del Banco) respecto al precio va a ser muy alta y eso podría crearnos algún problema para justificar su compra». La segunda complejidad a la que se refería Sánchez Lozano era respecto a la cohesión del equipo directivo con su presidente y a una posible ruptura de la convivencia entre los propios ejecutivos de Caja Madrid, cosa que efectivamente ocurrió.

Las expectativas del vendedor eran 1.300 millones de dólares por el cien por cien del banco. «Nos ha puesto un precio muy alto: 1.300 millones. Lo analizaremos. Todo lo demás, que no es el precio, lo podríamos arreglar» fue el sabio consejo que transmitió Sánchez Lozano.

Después de mucho hablar durante el último trimestre del año 2007 y los primeros días del año 2008, se firmó finalmente la compra el 8 de abril de 2008 por 1.150 millones de dólares, sin que ni la comisión de inversiones, ni la comisión de control, ni el consejo de administración lo hubiesen autorizado a pesar de que estatutariamente era obligatorio. Miguel Blesa se saltó todos los controles, internos y externos, y no se encomendó ni a Dios ni al diablo.

Para su valoración no se utilizó ningún tipo de asesoramiento financiero y el cálculo fue realizado por la propia Caja Madrid. El precio resultante fue de 3,7 veces su valor en libros, lo que sin duda fue muy alto para aquel momento, en plena quiebra de Lehman Brothers. El 83 por ciento se pagó en noviembre de 2008 y se firmaron opciones put and call por el restante 17 por ciento. La cantidad aplazada conllevaba un tipo de interés del 6 por ciento anual. Hay que señalar que este pago aplazado no estaba condicionado a posibles déficits patrimoniales que fuesen detectados durante los dieciocho meses de aplazamiento.

A pesar de lo anterior, se firmó como garantía una scraw account con 100 millones de dólares que supuestamente cubriría las posibles contingencias descubiertas con posterioridad a la compra.

Todo esto llevó a alguno de los miembros de la comisión de inversiones a poner objeciones sobre el precio y solicitar nuevas valoraciones, eso sí, ajenas a Caja Madrid y contratadas por terceros. En dicha comisión de inversiones se estudió la operación de compra y entre las autorizaciones necesarias que se mencionaron estaba la de la Comunidad de Madrid por superar el 5 por ciento de los fondos propios, documento que no aparece en la presentación que se realiza al posterior consejo y que se intenta evitar fraccionando el pago.

Algún miembro del equipo le sugirió a Blesa contratar un asesor externo que diera una fair opinion sobre el precio de compra, a lo que Blesa se negó: «No me sale de los cojones», se comentó que llegó a decir.

Estanislao Rodríguez Ponga, vicepresidente del consejo de Caja Madrid y miembro de la comisión de inversiones, manifestó que era el comité de dirección el que aprobó finalmente la inversión y que a los miembros de la comisión de inversiones se les dio la información el mismo día en que se reunían, el viernes 11 de abril de 2008. Una información contenida en más de 800 páginas y todas ellas en inglés.

Rodríguez Ponga fue la persona que más reparos puso a la compra del Banco de Miami. No estaba de acuerdo con la valoración realizada, y también mantenía serias dudas respecto a los aspectos fiscales y algunos problemas legales, como por ejemplo la obligatoriedad de solicitar la autorización a la Comunidad de Madrid al superar el precio el 5 por ciento de los fondos propios de la antigua caja.

De todas maneras, por el resultado final, se puede definir la actuación de Rodríguez Ponga como el claro ejemplo de «tirar la piedra y esconder la mano». Primero anunció que se iba a abstener, se atrevió incluso a no recomendar la inversión al resto de los consejeros, pero finalmente votó favorablemente a la adquisición. Más adelante veremos por qué.

Hay que señalar en este aspecto que, a pesar de las objeciones manifestadas, Miguel Blesa aseguró en el consejo que la operación se aprobaba sin condiciones, ocultando a los consejeros la existencia de sanciones contractuales si la operación no se llegaba a aprobar. Concretamente no informó sobre una sanción pactada, que ascendía a 50 millones de dólares, en caso de que el consejo de administración no aprobase la compra el día 14 de abril de 2008.

El abogado defensor de Miguel Blesa, Carlos Aguilar, durante la declaración de Estanislao Rodríguez Ponga el 14 de febrero de 2014 ante el juez Juan Antonio Toro, se mostró muy nervioso por lo que estaba manifestando el que fuera antiguo vicepresidente de la entidad. Quizá por ello se extralimitara en sus formas, según ha quedado constancia en la grabación que reproduce íntegramente la testifical. Aguilar interrumpió de forma abrupta e intimidatoria al abogado de la acusación popular, Luis Pineda, a raíz de la pregunta que formuló al testigo, Rodríguez Ponga, sobre la existencia de la penalización de 50 millones de dólares y sobre la existencia de una ampliación de capital adicional de 100 millones de dólares que City National Bank de Florida necesitó realizar por requerimiento del supervisor estadounidense al poco tiempo de producirse su adquisición, concretamente entre el primer pago (83 por ciento) y el segundo pago (17 por ciento).

El funcionamiento real de la comisión de inversiones, cuya autorización de la operación era necesaria según lo dispuesto en la LORCA (Ley Reguladora de las Cajas de Ahorro) para autorizar este tipo de inversiones, demuestra la falta de gobernanza en la que había incurrido Caja Madrid: los órganos de control no controlaban, los consejeros no aconsejaban ni vigilaban la marcha de la entidad y todo se dejaba a la decisión y a la «vista de lince» empresarial de un personaje tan inexperto como Miguel Blesa. Los tres miembros de la comisión de inversiones, Alberto Recarte García, José María Arteta Vico y Estanislao Rodríguez Ponga, recibieron más de 800 páginas de información en inglés para revisar la operación y la entidad cuya compra iba a ser analizada el siguiente día hábil, el 14 de abril de 2008. Ellos se reunieron el viernes 11 de abril. Es de todo punto imposible que en un día pudieran desarrollar correctamente su trabajo. Pero, eso sí, no solicitaron ningún tipo de prórroga para estudiar la documentación. Todo se tenía que realizar «deprisa, deprisa», con la vista únicamente puesta en el lunes siguiente. Así, de esta manera tan poco fiscalizadora y profesional, actuó la comisión de inversiones de la caja.

Al no existir ninguna objeción que así lo impidiera por parte de la comisión de inversiones, el consejo de Caja Madrid tuvo lugar al siguiente día hábil: el lunes 14 de abril. Bajo la atenta mirada del presidente, Miguel Blesa, Sánchez Lozano hizo una breve presentación del Banco de Miami ocultando la mayor parte de la información (es posible que ni siquiera él mismo la conociera). En la comisión de inversiones se había suscitado un intenso debate, no tanto sobre la conveniencia de la compra del banco como sobre el precio en cuestión, la no intervención de un tercero que emitiese una opinión externa sobre el valor del banco y, por supuesto, sobre el cumplimiento de la legislación de las cajas de ahorros que establece el control obligatorio de la Comunidad de Madrid siempre y cuando las inversiones supongan más del 5 por ciento del capital (fondos propios) de la caja en cuestión.

El propio Miguel Blesa, durante su comparecencia ante el juez Silva, negó su pertenencia a la comisión de inversiones, lo que es cierto, pero también es verdad que el presidente de Caja Madrid participó en la discusión general que se suscitó en la entidad sobre la bondad de la operación.

La firma del put and call, así como su precio, se ocultó en todo momento a la comisión de inversiones y al propio consejo de administración. En el acta del consejo de administración de fecha 19 de enero de 2009 en el que se recogían los informes realizados por la comisión se decía específicamente: «La comisión de inversiones, en dos sesiones celebradas el día 11 de abril de 2008, analizó la operación del City National, consistente en la toma de una participación accionarial en el CNBF y el resto de operaciones jurídicas complementarias, bien directamente por la caja, bien por una sociedad filial del grupo, adquiriendo el 83 por ciento del capital social de la sociedad. El desembolso a realizar para la adquisición asciende a 927 millones de dólares USA (618 millones de euros)».

La discusión fue muy dura y rápidamente conocida por toda la cúpula de Caja Madrid. El secretario del consejo de la Corporación Cibeles y miembro del clan de los amigos del presidente, Ignacio Navascués, se puso enseguida en contacto con él para transmitirle su «adhesión inquebrantable» a sus proyectos: «Ya me he enterado de la lamentable actuación de ayer y creo que con independencia del problema del fuego amigo, hay una cuestión que le saca de quicio y no es otra que abordes proyectos que te posicionan más todavía en la presidencia y que él combate para evitar que te fortalezcas. No lo aguanta y por eso lo que hizo ayer y los comentarios al salir de la reunión del otro día. Es un tema sin solución y que siempre va a estar en la mesa. Un abrazo y ya sabes que, con independencia de todo, un proyecto como este hay que sacarlo adelante aun cuando sea capaz de ponernos a todos en una posición difícil y que le daremos la batalla que sea necesaria».

«Muchas gracias, fue una vergüenza. Si plantea batalla el lunes se la voy a dar y se va a arrepentir. Un abrazo», contestó Miguel Blesa al consejero Navascués.

En la reunión del lunes 14 Estanislao Rodríguez Ponga volvió a insistir sobre sus objeciones a la compra del banco estadounidense. Y así lo remarcó con tres sugerencias: solicitar un estudio de un tercero sobre la valoración del banco, solicitar una opinión sobre si los fondos de comercio generados en la compra eran deducibles para Hacienda, y pedir un informe legal sobre si era preciso el cumplimiento del artículo 17 de la LORCA sobre la autorización necesaria por parte de la Comunidad de Madrid.

De vuelta a casa después de la reunión de la comisión de inversiones, Miguel Blesa habló con Juan Astorqui, director de comunicación de Caja Madrid: «Nada parece indicar que hayamos tenido filtraciones sobre Palm. Nuestros consejeros están disciplinados. ¿Qué les has dado esta vez?».

La tensión se transmitía de arriba abajo dentro de la entidad, ya que cuando llevaron a la comisión de inversiones la compra del City National Bank, las cosas no estaban claras ni siquiera con los americanos. Para no complicar más las cosas e incluso evitar que se rompiera la negociación, Miguel Blesa dio las últimas instrucciones a sus más íntimos: «Los americanos no quieren hablar del put and call. ¿Para qué esos detalles? Con decir que hay una opción de compra por el resto es suficiente. No nos compliquemos la vida».

No nos compliquemos la vida nosotros, porque ya se la complicaremos a los depositarios, clientes y demás ciudadanos españoles. Este parecía ser el lema de conducta del presidente de la caja. Ya que si se sabía que había un put and call la autorización de la Comunidad de Madrid era necesaria e incluso probablemente los vendedores americanos deberían declarar la venta por el cien por cien, ya que esta era el objeto auténtico del contrato de compraventa.

En la declaración de Miguel Blesa ante el juez Elpidio Silva, el testimonio sobre la forma de funcionar de la Caja madrileña bajo su presidencia no puede ser más revelador.

Miguel Blesa: Todo, los directivos despachan conmigo, Lozano actuaba autónomamente sin condicionamiento alguno.

Juez: ¿Cómo es el trabajo que desempeña para la compra de la entidad? ¿Lo puede describir mínimamente?

Miguel Blesa: El análisis junto con su equipo del banco, la valoración del banco de todos sus activos, de todos sus pasivos.

Juez: ¿Cómo se lleva la… cómo se llega a la cifra final de venta?

Miguel Blesa: Pues como resultado de la valoración de las partes, de los elementos que tienen en el banco.

Juez: O sea, en el ámbito bancario, si le estoy entendiendo bien, no se regatea.

Miguel Blesa : ¿Perdón?

Juez: No se regatea, se llega a una cantidad, se valora y nada, a comprar o no.

Miguel Blesa: Claro que se discute el precio, por eso no se acuerda en dos días.

Juez: «Vale, ¿me puede decir cómo fue esto?

Miguel Blesa: Yo eso no… yo es que no estaba en esas reuniones, señoría. Supongo que como en todas las transacciones, se partiría de un precio para que al final se llegase a otro. Yo no le puedo decir si empezamos por 200 para llegar a 300, no lo sé.

En realidad, la forma de establecer el precio no pudo ser menos profesional. Como se ha visto, Sánchez Lozano, de la División DNA Inversiones Especiales, le dijo a Miguel Blesa: «Nos han puesto un precio alto: 1.300 millones dólares (unos 900 millones euros). El lunes/martes lo analizaremos y te cuento lo que pensamos. Todo lo demás que no es el precio, creo que lo encajaremos».

Al final el precio se ponía como si fuesen tratantes de ganado, a buen ojo. Lo malo es que actuaban con dinero público y no de su propiedad y de ahí la necesidad del buen funcionamiento de los controles internos de la caja y de las autorizaciones externas de la Comunidad de Madrid. El precio final fue de 1.150 millones de dólares, precio real del cual se retuvieron 32 millones de dólares para pagar parte del bono de los ejecutivos y empleados del banco. Ese mismo bono que Abess meses después dijo haberlo dado él. Lo cierto es que en la práctica Caja Madrid, es decir todos nosotros, pagamos la mitad del bono.

Nunca se hizo una valoración real de los activos ni tampoco se contrató un asesor externo. Todo ello a pesar de lo que había anunciado Sánchez Lozano pocos meses antes, respecto a la necesidad de contar con la valoración imparcial de un experto que les hubiera permitido conocer el valor aproximado de la entidad.

La propia due diligence de limitado alcance la realizó la empresa auditora KMPG sin que interviniesen, a pesar de lo dicho por Blesa, los departamentos internos del banco, especialmente el departamento de riesgos. Blesa llegó a declarar años después: «El análisis del banco se pudo hacer fácilmente porque además en Caja Madrid hay un equipo que se encarga de hacer eso para terceros».

Realmente el único «equipo» que participó en la compraventa fue el formado por Sánchez Lozano, el secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, el asesor jurídico Jesús Rodrigo y un abogado de Miami, de nombre AI Ávila.

El precio final acordado fue, por tanto, de 1.150 millones de dólares, que se distribuían en 854 millones de dólares el valor real del banco teniendo en cuenta distintos sistemas de valoración (ratios financieros, transacciones realizadas, análisis bursátil, etc.), 120 millones por exceso de capital y 158 por la fiscalidad del fondo de comercio, a lo que había que sumar 18 millones de distintos planes de compensación a los ejecutivos (parte del famoso bono concedido por el antiguo propietario).

Poco después de la reunión del comité de dirección en donde se aprobó la compra del cien por cien por 1.300 millones, se inició la negociación de los contratos. En enero se diseñó una estructura distinta a la inicialmente aprobada. Sánchez Lozano le llegó a proponer a Miguel Blesa: «La estructura que encaja es la creación de un holding que comprara inicialmente el 83 por ciento y el 17 por ciento mediante opciones». Pero surgió un problema importante: la inversión realizada por Caja Madrid en Cuba: «El tema que ha generado más preocupación es la inversión en Cuba, por si esto puede suponer la negativa de las autoridades americanas. Esto tiene buena pinta aunque no quiero vender la piel del oso (americano) antes de cazarlo».

Semejante optimismo animó a Blesa en aquella época en que todo alrededor no eran más que problemas políticos por todas partes: «A otra cosa mariposa, Miami está a punto de caramelo».

El principal escollo era sin duda la necesaria aprobación de la inversión por parte de la Comunidad de Madrid, poco predispuesta en esos momentos a darle aire a un Miguel Blesa ya plenamente enfrentado con Esperanza Aguirre.

El 8 de febrero le dice Enrique de la Torre a Miguel Blesa: «Miguel, para tu información y por si alguien te pregunta por las autorizaciones de la comunidad, este es el contrato de put and call del proyecto Palm (Miami), que vamos a negociar la semana que viene. He dado mi conformidad al texto con la única salvedad de que en las cláusulas 1.3 (autorizaciones para el put) y 2.3 (autorizaciones para nuestro call) se condicione el ejercicio del put and call, en lo que a Caja Madrid se refiere, no al approval by the appropriate Spanish Banking authorities sino al approval by appropriate Spanish financial authorities, lo que nos permite defender allí que hablamos del Banco de España (cosa que aceptan) y aquí, en su caso, que es la Consejería de Hacienda».

Es decir, un doble lenguaje, un tocomocho contractual para eludir el cumplimiento de la ley. Spanish financial authorities en lugar de Spanish Banking authorities (Banco de España en vez de Comunidad de Madrid). Y por fin aparecen las famosas comisiones. El 28 de enero en cruce de correos electrónicos entre abogados se dice: «Necesitamos establecer un estándar para determinados gastos varios. Alguna vez se ha hablado de 1 millón incluido en el capítulo de indemnizaciones, pero pensamos que se debería incluir al menos 10 millones aunque siga siendo menos del 1 por ciento del valor de compra».

La necesaria autorización de la comisión de control también se obvió. La comisión de control era la conexión legalmente establecida en las cajas de ahorros entre la asamblea general, el Banco de España y la consejería competente de cada comunidad autónoma, en nuestro caso, Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El Banco de España fue francamente tibio en la aprobación de la operación a pesar de lo que declaró Blesa ante el juez.

Juez: El Banco de España no hace observaciones sobre la bondad económica de las operaciones. Yo le leí textualmente un párrafo donde el Banco de España lo que hace es un control de tipo protocolario, formal, en algunos elementos sí es un control de riesgo, pero no… El Banco de España en esto pues se comporta como el Ayuntamiento de Madrid respecto de la persona que va a montar un bar y quiere ocupar mesas en el exterior bajo un uso privativo del suelo, le da la licencia, pero no le dice: seguro que vas a ganar dinero con el bar. Esto no lo dice, porque la Administración dada la configuración de la Administración Central del Estado, controla pero no se mete en el negocio porque eso es imposible. Y, entonces en ese sentido, el Banco de España no le dijo que la operación era viable, que económicamente era buena. No, lo que le dijo es que bueno, que cumplían los controles y abajo hizo la advertencia, que usted me dijo que esa advertencia era meramente formal. Es al contrario. Esa advertencia es la que registra el esquema material.

Miguel Blesa: Si me permite…

Juez: Sí.

Miguel Blesa: Una observación. El Banco de España, la Comisión Ejecutiva del Banco de España aprobó esa operación sobre la base de lo que se dispone en la legislación de disciplina de intervención de entidades de crédito y un decreto sobre creación de bancos, actividad trasfronteriza y cuestiones relativas al régimen de entidades de crédito. Eso no es una cosa protocolaria. Eso no es una... porque entonces el Banco de España, ¿qué fue lo que aprobó? Señoría, el Banco de España es el regulador y tiene por finalidad velar la tutela, la vigilancia y velar por la estabilidad y la solvencia del sistema financiero español. Si el banco, es inimaginable que el Banco de España pudiera autorizar una operación cuando estuviera viendo el riesgo intrínseco a esa operación, la debilidad del proyecto o que se estaba pagando un precio desorbitado, porque si el Banco de España no reacciona ante eso, ¿ante qué va a reaccionar el Banco de España? Si es que no estaría cumpliendo su misión. Es que es su misión, claro está, el Banco de España no puede meterse en otra cosa. La aprobación le corresponde al consejo de administración. La oportunidad o no de una expansión en el exterior la decide el consejo de administración. Si esta compra se adecúa o no al proyecto de expansión anterior…. exterior, perdón, también lo tiene que decidir el consejo de administración, pero no podemos imaginar que el Banco de España permanezca inflexible ante un proyecto que pudiera considerar ruinoso para una entidad, la que fuera.

Juez: Usted recuerda, yo le leí el párrafo y creo que es correcto desde el punto de vista del control. Banco de España aseguraba un control formal pero no la bondad de la operación. Lo dice expresamente. De cualquier manera, esta operación se quebró. Se organizó en dos fases. Una fase de compra y una fase de compra con opción de put and call. ¿Por qué se hace esto?

Miguel Blesa: Apunta el Banco de España, yo creo que no muy bien intencionadamente se eludió el control de la Comunidad de Madrid. Eso es un juicio de valor, señoría. No se puede decir se eludió. No fue necesario…

La personalidad de Miguel Blesa en la época que declaró ante el juez Elpidio Silva era como había sido siempre (la imagen que transmite cada vez que va a un juzgado): prepotente, soberbio y poco dado a aceptar controles y opiniones distintas a la suya.

Lo que no quería reconocerle Miguel Blesa al juez es que el Banco de España, efectivamente, en un documento de 11 de septiembre, afirma que la autorización se realizaba según carta de compromiso remitida por Caja Madrid con fecha de 14 de mayo, complementada con otra carta de fecha 30 de julio, en donde Caja Madrid se comprometía a colocar el 30 por ciento de su participación en la Corporación Cibeles en bolsa. Es decir, el Banco de España aprobaba la operación siempre y cuando saliese a Bolsa Cibeles y, por tanto, condicionada a ello.

La actuación frente a la comisión de control presidida por Pablo Abejas se puede calificar como esperpéntica. Poco después de la aprobación por parte del consejo, Miguel Blesa le da órdenes estrictas a Barcoj para sortear las dudas e informaciones que se habían solicitado: «No sé si te han pedido desde la comisión de control documentación sobre la operación Palm. Ni una letra, ni una letra, ese asunto lo gestionaré yo».

Por su parte, el secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, recibió la solicitud de información por parte de los miembros de la comisión de control, y así se lo transmitió a Miguel Blesa: «Me pide Mónica Fernández Mejuto/Antonio Román la documentación que te pide en un correo Pablo Abejas en relación con la compra del City Nacional Bank de Florida. Supongo que debo dársela, en concreto el acta de la comisión de inversiones y el contrato de compraventa».

Blesa le contesta, poniéndole firme: «No le des nada en absoluto, ni tú ni nadie. La petición es a mí y yo le daré lo que crea necesario antes del miércoles. No ha habido compra del banco, solo autorización del consejo para comprar, no hay contrato de compraventa. La comisión de control no va a supervisar jamás los contratos de compras de la caja, no es su misión. La comisión de control no examina las actas de la comisión de inversiones. La comisión no toma acuerdos que tenga que revisar nadie; analiza operaciones y eleva su informe al consejo».

Afirmación que evidentemente era falsa, puesto que el contrato ya había sido firmado y por tanto había entrado en vigor, por supuesto condicionado a recibir los oportunos permisos de las autoridades competentes, eso sí excepto la de las autoridades políticas, que, en este caso, estaban representadas por la Comunidad de Madrid.

«He comunicado la petición de Abejas a Ildefonso —continúa Blesa— para su conocimiento, pero la contestación la prepararé yo. No mandaré ningún acta ni contrato por las razones que te he explicado». En definitiva, la opacidad como modelo de gestión de una caja pública. Nada de qué informar.

Finalmente, Blesa preparó un borrador para enviar al presidente de la comisión, en donde se negaba la existencia de contrato de compraventa a pesar de que sí existía. Dicho borrador es, a su vez, corregido por el secretario general: «El consejo de administración ha tomado por unanimidad el acuerdo de adquirir el National City Bank de Florida. Dicho acuerdo de compraventa está sometido todavía a trámites legales para los accionistas norteamericanos y a las autorizaciones del Banco de España y de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No se ha producido la compra del banco y, en consecuencia, no hay contrato de compraventa». Como se puede comprobar, lo más parecido a un trilero financiero: «¿Dónde está la bolita?... ¡No existe la bolita!».

Poco antes de recibir la autorización del FED, el 23 de octubre, Blesa y Barcoj mantienen una conversación sobre una noticia aparecida en los medios de comunicación.

Barcoj dice: «Como sabes cubrimos en su momento no solo la totalidad de las dos compras, sino 100 kilos más por si se ponía algo a tiro». Miguel Blesa le contesta: «Se me había olvidado comentar un tema contigo. ¿Te acuerdas de lo que hablamos? No era solo el encarecimiento sino el límite de autorización por la Comunidad de Madrid. Deja que alguien entre al trapo, le daremos un buen pase. Moraleja: hazle a todo la prueba del estrés, lo que puede salir mal sale mal y si sale mal… ni te cuento».

Una vez más Miguel Blesa demostraba con sus palabras la voluntad de esquivar el control de la Comunidad de Madrid, ya que la inversión considerada en su totalidad superaba ampliamente el 5 por ciento de fondos propios que establece la legislación para requerir la aprobación de la comunidad autónoma.

La compra finalmente se instrumentalizó como una compra de activos y pasivos. Es decir se transfieren el 7 de noviembre los activos y pasivos a una nueva sociedad que asume el nombre de la antigua. De esta forma se elimina cualquier posible rastro de comisiones en la nueva sociedad que, de existir, se quedaría en la antigua.

Pero el escenario no podía ser peor. En septiembre de 2008 estalló la crisis bancaria internacional con la quiebra, entre otros, de Lehman Brothers, causando graves problemas y trastornos a todo el sistema financiero mundial. Los mercados bursátiles cayeron, los inversores retiraron sus apoyos de financiación negándose a respaldar a la banca y los bancos cerraron los mercados interbancarios no prestándose entre ellos.

Los bancos intentaban vender su activos lo más rápido posible, tratando de minimizar los riesgos y obtener tesorería. Para evitar males mayores los gobiernos habilitaron líneas de créditos e intervinieron más de un banco a la deriva. Ese otoño eran vulnerables todas las instituciones financieras, no solo extranjeras sino también las españolas, a pesar de la negación del gobierno español y a pesar de la miopía de Miguel Blesa. En plena crisis bancaria mundial, mientras todos se retiraban él se dedicaba a comprar y comprar.

En un informe del Banco de España de fecha 19 de abril de 2010, estando ya Rato como presidente de Caja Madrid el Banco de España explica la operación: «El 7 de noviembre de 2008 Caja Madrid ejecuta la adquisición por un importe de 927 millones de dólares por el 83 por ciento del capital social del banco. Para el 17 por ciento restante CM vende una opción put y compra una opción call por un precio de ejercicio de 190 millones de dólares más un interés del 6 por ciento anual ejercitable la primera entre los 15 y 18 meses desde la compra del 83 por ciento inicial y la segunda 3 meses después de finalizar el periodo de la put». El Banco de España concluye que el fondo económico de este cruce de opciones es «análogo a una compra a plazo sintética».

Para que todo el mundo lo entienda, incluso los que se puedan considerar más legos en la materia: si se diera el caso de que el vendedor no quisiera vender, Caja Madrid le obligaría a vender, sí o sí. Lo más curioso de la operación fue la forma de pago realizada por Caja Madrid: el 7 de noviembre de 2008 se pagó la parte principal del precio acordado en la operación: 827.345.444 dólares al principal de sus accionistas, Leonard Abess; y los 100 millones de dólares restantes a una cuenta de la mercantil Holland and Knight LLP.

Por ello, al comprar Caja Madrid la sociedad contabilizó el cien por cien del fondo de comercio generado, puesto que en la práctica, según el Banco de España, se compró la totalidad y no solo el 83 por ciento. De esta manera, el Banco de España reconocía que al comprarse el banco tendría que haber sido necesario solicitar la autorización del Banco de España y de la Comunidad de Madrid.

El propio Banco de España consideró que el valor real del banco estaría entre los 549 y los 581 millones de dólares, frente al valor en libros de 1.150 millones. Todo ello por un banco calificado por el regulador americano como «no bien gestionado». Poco después de la compra y antes de realizar el segundo pago tuvieron que invertirse 100 millones adicionales.

Así concluyó un proceso que, desde luego, no fue amor a primera vista. Más bien todo lo contrario. Los americanos se hicieron de rogar, ya que las negociaciones duraron, según el vendedor, más de un año. Doce meses que los antiguos responsables de Caja Madrid aprovecharon para viajar repetidamente a Miami y allí compartir entre ellos mesa, mantel, partidos de baloncesto y otras pequeñas fiestas. Como se ha indicado, fue en octubre de 2007 cuando Abess y su mujer vinieron a Madrid invitados por Caja Madrid y se quedaron impresionados de la obra social que en aquel año ascendió a 480 millones de dólares. Quizá debió pensar entonces que él también debería ser uno de los beneficiados socialmente por los negocios de la caja. Y lo consiguió, a través de la venta de su banco.

Según sus propias declaraciones no hubo por medio intermediarios que asesoraran sobre precio, negociaciones, etc. «Ellos (Caja Madrid) lo hicieron a la vieja usanza, nunca me presionaron», declaró a una revista de Florida una vez que ya tenía el dinero guardado en el bolsillo.

Un año más tarde, en 2009, intentaron comprar el Mellon Bank, que fue adjudicado por la FED al Banco Sabadell. Mellon, con unos activos parecidos al City, solo valió entonces 100 millones de euros. La inversión tenía una clara finalidad: reducir el importe de la amortización por deterioro del Fondo de Comercio de City. Por tan solo 100 millones de dólares adquirían un banco ligeramente más pequeño que el City, con 1.479 millones USD en depósitos, dos sucursales en propiedad y trece en alquiler.

La justificación de esta inversión fue razonada por Sánchez Lozano: «La fórmula de adquisición de depósitos y oficinas facilita la integración en City, aumenta notablemente su tamaño y nos hace más fuertes en su zona de actuación actual, y es una de las contempladas en el plan de inversiones en Florida, aprobado por el consejo».

Estaba claro que, por si sola, la inversión en el City Bank de Florida no iba a ninguna parte. Hasta los propios directivos de Caja Madrid lo veían así. Hasta el regulador norteamericano de banca, la USOCC (The Office of the Comptroller of the Currency), pretendió que Caja Madrid se hiciera cargo de la práctica totalidad de la cartera de riesgo de los créditos a la construcción o promotores, The Commercial Real Estate. Aproximadamente 300 millones de dólares. ¿A quién correspondía estos créditos? A día de hoy todavía se desconoce.

¿Quién es Leonard Abess?

El propietario del City National Bank de Florida antes de la compra por Caja Madrid era Leonard Abess, que continúa siendo un personaje muy conocido en la comunidad de Florida y un financiero que se caracteriza por ser un fiel y generoso donante en las campañas del Partido Demócrata. Abess heredó el banco de su padre después de haberlo recomprado a unos narcotraficantes colombianos. Esta historia la contaremos más adelante.

Pero ¿quién es Leonard Abess? ¿Es tan buen negociador como se ha escrito? Seguramente lo era y lo sigue siendo. Hay un dicho que se repite en los círculos financieros de Miami: «Si Leonard Abess está cavando un agujero y te dice que está buscando oro lo mejor que puedes hacer es salir corriendo, buscar una pala y cavar con él».

En unas declaraciones hechas en el año 1987, poco tiempo después de su vuelta al City National Bank, Abess manifestó: «Tenemos que ser muy sensibles y mantener un nivel de solidez y solvencia en el banco. Queremos que la gente nos vea como una roca sólida, como cuando yo era pequeño».

Mostrando su carácter más conservador manifestó que como capitán de la nave prefería que los pasivos del banco estuviesen en activos líquidos e instrumentos a corto plazo.

Leonard Abess Jr. no es muy conocido en España, pero sí lo es en Estados Unidos, en donde la Revista Time le consideró uno de los cien hombres más relevantes del mundo en el año 2009. Figuró en la lista Time entre gente tan importante como Angela Merkel, Hillary Clinton o Carlos Slim. En su semblanza, el exgobernador de Florida, hermano del presidente Bush, le definía como una de las personas más impresionantes y apasionadas que había conocido.

El hermano menor de Bush, íntimo amigo de José María Aznar y probable candidato a competir en las próximas presidenciales americanas, también decía que «Leonard había hecho dos cosas bien: vender su negocio bancario con un beneficio extraordinario y segundo haber repartido parte de sus beneficios a sus antiguos empleados».

Incluso el propio presidente de Estados Unidos, Barak Obama, reconoció públicamente la valía del banquero en un discurso pronunciado en la Casa Blanca en febrero de 2009: «Pero en mi vida, también he aprendido que la esperanza se encuentra en lugares poco probables; que la inspiración proviene no de quienes son más poderosos o célebres, sino de los sueños y las aspiraciones de los estadounidenses que no tienen nada de comunes y corrientes. Pienso en Leonard Abess, el presidente de un Banco en Miami quien, según se informó, vendió la parte de su compañía, recibiendo una bonificación de 60 millones de dólares que los repartió entre todas las 399 personas que trabajaban para él, y a otras 72 que solían hacerlo.

»No se lo dijo a nadie, pero cuando un diario local lo averiguó, simplemente comentó: “Conozco a algunas de esas personas desde que tengo siete años. No me pareció correcto que solo yo recibiera el dinero”».

«El Banco no estaba a la venta y ellos pagaron lo que tenían que pagar», manifestó en mayo de 2013 Leonard Abess al Miami Herald. «Era un precio justo y negociado». El escándalo Blesa ya había saltado a las portadas y a los noticiarios de todos los medios informativos del estado de Florida. Leonard Abess tuvo que dar también sus explicaciones a la opinión pública estadounidense, y eso que él había realizado un gran negocio, ya que la imagen que siempre se había transmitido del CNBF iba unida a ser uno de los bancos más rentables de Florida. Como veremos a continuación, lo anterior no era totalmente cierto.

El padre de Abess fundó el banco en 1946 y lo vendió al grupo Duque en 1980. Posteriormente, en 1985, Abess hijo lo volvió a comprar, ya en bancarrota, por 21 millones, para revenderlo a Caja Madrid por 1.150 millones. Un negocio en toda regla para el exitoso Leonard Abess Jr.

CNBF, un banco con antecedentes

Cuando Caja Madrid compró el Banco de Miami, era la segunda vez que la familia Abess lo vendía. Aunque la primera transmisión de la propiedad de la entidad financiera fue mortis causa, ya que Leonard Abess Jr. había heredado el banco de su padre. Fue posteriormente, en 1980, cuando Abess Jr. vendió por primera vez su banco a un grupo inversor colombiano que lo llevó a la quiebra.

Tanto era el apego de la familia a la entidad financiera que lo volvió a comprar por 21 millones de dólares en 1985, hasta que en abril de 2008 se lo revendió a la Caja Madrid de Miguel Blesa por 1.150 millones de dólares. Es decir, un modesto beneficio, en veintitrés años, de 1.129 millones de dólares.

Como se ha indicado, Leonard Abess Jr., quizá imitando al padre Piquer, el fundador de Caja Madrid hace trescientos años e impulsor de su obra social, decidió repartir parte del beneficio obtenido por la venta del banco con sus antiguos empleados activos y jubilados, a los que repartió la nada desdeñable cantidad de 60 millones de dólares. En algo coincidían todos los directivos de la antigua caja madrileña: Abess había quedado impresionado en su visita a España por la obra social que atesoraba Caja Madrid (ya desaparecida obra social). Quizá por ello Leonard Abess decidió repartir el bonus de 60 millones de dólares entre las 471 personas que, según él, estaban vinculadas como trabajadores en activo o jubilados con el banco. Un total de 60 millones de dólares entre 471 empleados supone la apreciable cantidad de 127.388 dólares para cada uno de los trabajadores ligados al City National Bank de Florida. De ahí que Abess esté considerado como el mejor vendedor de bancos en la historia financiera de Estados Unidos. Cuando Abess recompró el banco en 1985 tenía 400 millones de dólares de activos y lo vendió con 2.750 millones.

City National Bank Corp. tuvo en su día un importante pleito con el Banco Exterior de España, integrado posteriormente en Argentaria, y con una filial de este en Panamá, por un supuesto uso indebido de un certificado de depósito por valor de 8 millones de dólares de la época (unos 1.150 millones de pesetas), que fue utilizado para obtener un préstamo.

Según la demanda, City National Bank de Miami compró un certificado de depósito por valor de 8 millones de eurodólares al Banco Exterior S. A., en Panamá, el 23 de marzo de 1982. En esta misma fecha el entonces vicepresidente del City National Bank Corp., Camilo Bautista, usó el certificado para obtener un préstamo de la subsidiaria del Banco Exterior de España en Panamá por valor de 8 millones de dólares para la empresa Domino Investments Ltd.

Esta compañía, con sede en las Islas Caimán, era propiedad del magnate colombiano del café Alberto Duque, cuyo grupo se encuentra actualmente en quiebra. Más de una veintena de bancos norteamericanos acusaron a Duque y a su grupo de empresas de obtener préstamos fraudulentos por valor de más de 120 millones de dólares. City National Bank de Florida reclamaba la devolución del certificado de depósito que se encontraba en poder del Banco Exterior de España, pidiendo indemnizaciones por daños y perjuicios al banco español y a su filial, así como a Camilo Bautista y a otro alto funcionario del City.

La cantidad total demandada por City National Bank al Banco Exterior era de unos 56 millones de dólares, por daños y perjuicios, según manifestaron en Madrid en esa época fuentes de esta entidad, que siempre defendió la legalidad de la operación.

Los Duque eran todo un poder cafetero en Colombia y su presencia en Estados Unidos se multiplicó con el trabajo del nuevo vicepresidente. Tanto que al finalizar la década Alberto Duque viajaba en su moderno jet privado, tenía una lujosa mansión en Miami y a partir de 1977 se convirtió en el «barón del café» cuando estableció su propia tostadora, la General Coffee Corporation. «El eje de mi idea al aventurarme con una tostadora en Estados Unidos giraba en torno al propósito inédito de llegar con café ciento por ciento colombiano hasta la taza del consumidor norteamericano y hacerle saber, a quien se deleitaba con la suavidad adictiva de este café, que se trataba de un producto de mi país. Hasta entonces el consumidor norteamericano común bebía su café con la mecánica consuetudinaria del que se toma un remedio, sin importarle procedencia», recordaría muchos años después Alberto Duque.

Sus propios negocios se consolidaron con una constructora en Bogotá e importadoras de automóviles en Cali (Colombia) y en Madrid (España). Pero fue mucho más allá. A los treinta años de edad ya contaba con dos jets para sus desplazamientos, un Rolls Royce, una empresa de zumo de naranja, la All Sun Juice, que compró por 4 millones de dólares, y la Chase & Sanborn, una marca de café que adquirió de Nabisco.

También era el principal accionista, 51 por ciento, del City National Bank de Miami, entonces tenido por un establecimiento financiero muy tradicional de la comunidad judía que consiguió por 40 millones de dólares con préstamos esencialmente de la banca árabe y francesa. Incluso llegó a negociar con socios texanos la adquisición de Air Panamá. Además tenía una gran hacienda de más de cien hectáreas en Carolina del Norte y otra mansión en Cancún.

Un buen día se enfrentó con sus socios en el City National Bank, porque, según ellos, estaba haciendo cosas con las que no estaban de acuerdo y que hacían que el banco no fuera rentable. Entonces Duque les propuso comprarles su parte para limar diferencias. Así las cosas, se metieron en una loca carrera para conseguir 52 millones de dólares, que era la cantidad que valía la parte del capital que no controlaban.

A principios del 82 ya era el presidente del consejo directivo del banco y disponía de una empresa aérea con una flotilla compuesta por dos superjets, dos jets y un helicóptero. Había quienes consideraban su fortuna en torno a los 300 millones de dólares. Un año más tarde debió soportar el trago amargo que significaron las denuncias contra las empresas del Grupo Duque que manejaba su padre en Colombia. Dichas denuncias se centraban en que las empresas habían recibido preferencialmente una gran cantidad de préstamos del estatal Banco Popular, del cual era vicepresidente un primo de Alberto Duque. Esas denuncias afectaron indirectamente a sus negocios. Los bancos que financiaban las operaciones cafeteras de Colombia y Estados Unidos empezaron a reducir los créditos y comenzaron a correr rumores de embarques ficticios de café. En mayo de 1984 una veintena de bancos norteamericanos, franceses e ingleses demandaron a Duque por falsedad en los documentos de embarque de sus productos.

El colombiano Duque siempre se defendió diciendo que todo había sido un montaje, pero lo cierto es que fue procesado bajo la acusación de estafa y perdió todas sus propiedades. Bancos de Carolina del Sur le demandó por el pago de 56 millones de dólares y fue confinado durante siete años en diferentes establecimientos carcelarios de Estados Unidos.

Entre los clientes tradicionales del banco siempre se encontraban los viejos conocidos de la «afición» financiera internacional. Recientemente el Nuevo Herald de Miami se hacía eco de la noticia de una querella interpuesta en Miami por el periodista Thor Halvorssen Mendoza contra una compañía denominada Derwick Associates USA LLC y sus accionistas Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D’Agostino, un grupo de jóvenes ejecutivos beneficiados por innumerables negocios en la Venezuela actual, mediante fuertes inversiones en energías renovables y en la PDVS 2. Todos ellos también personajes muy conocidos últimamente en España por integrar el grupo de inversores venezolanos que adquirieron la finca El Alamín, probablemente una de las más espectaculares de España, propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, compañero de procesos penales y viejo amigo de Miguel Blesa.

Este grupo presentó a través de Derwick, durante el 2009 y 2010, más de veinticinco ofertas en proyectos de construcción al Estado venezolano y les fueron adjudicados doce contratos valorados aproximadamente en 1.000 millones de dólares. Todos ellos relacionados con las energías alternativas.

Las acusaciones no irían más allá de una disputa entre grupos y familias venezolanas si no fuese porque en la denuncia se implica a Banesco Panamá en el pago a funcionarios del gobierno venezolano. Según la demanda, a través de Banesco Panamá se habrían pagado 50 millones de dólares a determinados funcionarios. La peculiaridad del caso es que Derwick está siendo investigado por el SEPBLAC español (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) por la transferencia que hicieron el 28 de febrero de 2012 de 28,75 millones de euros en concepto de préstamo participativo, fondos que fueron utilizados para pagar la ya citada finca El Alamín, propiedad de Díaz Ferrán, en el término municipal de Santa Cruz de Retamar (Toledo).

Da la casualidad de que Francisco D’Agostino está casado con María Victoria Vargas, hija de Víctor Vargas, suegro de Luis Alfonso de Borbón. D’Agostino fue dueño de la sociedad Merrick Trust y Merrick Patners que mantuvo un riesgo en City National Bank de Florida de 11,3 millones de dólares

Banesco Panamá es propiedad de Banesco Corporación Holding Hispania S. L., mercantil domiciliada en Madrid, con Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco Grupo Financiero Internacional, con presencia en Venezuela, España, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Suiza, Alemania, Portugal, Reino Unido y Francia. Domiciliada en la calle Claudio Coello de Madrid, la sociedad Banesco Corporation Holding es la adjudicataria de los bancos Etcheverría y Nova Caixa Galicia, subastados y vendidos por el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Banesco Grupo Financiero Internacional emitió una nota de prensa en la que negaba haber realizado los supuestos pagos de los sobornos a los funcionarios venezolanos a través de una «sociedad offshore registrada en Panamá con cuentas en Banesco». El propio Banesco afirmaba que en los quince países, incluyendo Estados Unidos, en donde tiene operaciones «desarrolla las más altas prácticas de control y prevención contra la legitimación de capitales». Lo cual evidentemente nadie duda.

Pero también es cierto que Banesco Venezuela y Banesco Holding son propiedad de accionistas comunes, pero no son sociedades dependientes, según el Registro Mercantil Español, posiblemente para evitar posibles riesgos de efecto «dominó».

El otro gran beneficiado de los créditos del City National Bank de Florida era Jorge Pérez, presidente del grupo Related Group, que con más de 46 millones de créditos era el principal deudor del banco de Florida. Jorge Pérez es un cubano americano que con el tiempo se ha convertido en uno de los principales promotores y constructores de Miami. Es muy conocido por haber donado su gran colección de pintura, valorada en 40 millones de dólares, a la ciudad de Miami para relanzar el Museo de Arte de la ciudad. Ello, a pesar de haber perdido miles de millones durante la crisis inmobiliaria. Todo un mérito.

La quiebra de Su Casita de México

Su Casita era una entidad hipotecaria mexicana, que llegó a ser la segunda de su país, en la que Miguel Blesa y su equipo invirtieron 332 millones de euros, mediante la compra en el año 2005 del 25 por ciento de su accionariado. Tal era el interés por el mercado hipotecario mexicano que la participación de Caja Madrid se fue incrementando con el paso de los años: 40 por ciento en el año 2006 y, finalmente, aprobación de la compra del cien por cien en el año 2008, cuando ya había estallado la crisis de las hipotecas subprime.

Fue el 21 de julio de 2008 cuando la comisión de inversiones de Caja Madrid informó favorablemente, y por unanimidad, respecto a la operación consistente en la adquisición del 60 por ciento restante de la sociedad holding Su Casita, con domicilio en México, por un precio aproximado de 342 millones de dólares adicionales. Pocos meses después, en diciembre del mismo año, deciden no ejecutar la operación. Las pérdidas para Caja Madrid fueron de 95 millones de euros, debido a la quiebra definitiva del grupo. Otro negocio redondo realizado bajo la gestión de Miguel Blesa. Pero hay más.

VII. LOS NEGOCIOS RUINOSOS DE MIGUEL BLESA

1.082 millones de euros a Martinsa Fadesa

«Ya he hablado con un importante con bigote para que se interese», le comentó Miguel Blesa a Matías Amat. Con bigote hay muchas personas en España. Importante con bigote, muchas menos. Casi podemos asegurar que se estaban refiriendo al expresidente del Gobierno José María Aznar. ¿Qué es lo que sucedía? Pues algo tan sencillo como que la sindicación de bancos financiadores de Martinsa estaba renegociando en abril del 2008 el crédito concedido a la inmobiliaria y había dos fondos Shinsei y JER que se «hacían los despistados» y no contestaban a la refinanciación.

Como ambos bancos estaban muy relacionados con Morgan Stanley, Blesa solicitaba la intermediación de su amigo José María Aznar para que el tema saliese adelante. Tenía mucho interés: no en vano Caja Madrid era uno de los financiadores más importantes de Martinsa Fadesa, dirigida, a su vez, por otro íntimo amigo, Carlos Vela. Carlos Vela era otro compañero de cacerías del presidente de Caja Madrid que ostentaba el «triste privilegio» o «antecedente» de haber aprobado la financiación de Martinsa Fadesa poco antes de ser fichado por esta como consejero delegado. Algo que en España resultaba lo más «natural» dentro de un mercado tan oligárquico y tan escaso de controles como fue el de las cajas de ahorros durante los últimos treinta años. Desgraciadamente para todos los ciudadanos que pagamos los gastos de este descontrol, así fue.

Martinsa Fadesa era una de las inmobiliarias mayores de España, propiedad de Fernando Martín, efímero presidente del Real Madrid durante el intervalo entre las presidencias de Ramón Calderón y Florentino Pérez, y que protagonizó una de las suspensiones de pagos mayores de nuestro país.

Fernando Martín, propietario de Martinsa, compró al empresario gallego Manolo Jove la inmobiliaria Fadesa poco después de que esta hubiese salido a bolsa, marcando de esta forma el precio, que fue superior a 4.000 millones de euros, que Fernando Martín pagó mediante un crédito sindicado cuya entidad líder fue la Caja Madrid de Miguel Blesa.

El responsable del estudio y aprobación del crédito fue el ínclito Carlos Vela, que en aquella época era director general de riesgos de Caja Madrid. Tan solo un mes después de la aprobación y disposición del supermillonario crédito, ¡4.000 millones de euros!, Carlos Vela fichó por Martinsa Fadesa como consejero delegado. «Si sale bien me haré multimillonario. Si sale mal me haré solamente rico», comentó Carlos Vela a sus compañeros de Caja Madrid cuando anunció su fichaje por la inmobiliaria.

Pocos meses después le tocó renegociar con los bancos, entre los que se incluía su antigua entidad, la restructuración de la millonaria deuda, ya que con la caída del mercado inmobiliario claramente Martinsa no podía hacer frente a los pagos de la deuda. Es por eso por lo que Blesa acudió a su amigo importante del bigote José María Aznar: o todas las entidades financieras sindicadas se hacían cargo del marrón, o quien más saldría perdiendo sería Caja Madrid.

El destino estaba escrito y, finalmente, en julio de 2008 Martinsa Fadesa suspendió pagos. Pero, significativamente, a Carlos Vela no le tocó sufrir la suspensión ni se vio afectado por ella, ya que pocos días antes de que la sociedad se acogiese al concurso de acreedores ya se había desvinculado de la inmobiliaria, y había regresado al equipo de Miguel Blesa en Caja Madrid. Tras su regreso, Carlos Vela estaba destinado a presidir uno de los proyectos estrella de Blesa: la Corporación Cibeles, que pretendía aglutinar la cartera de sociedades participadas por Caja Madrid y realizar su posterior salida a bolsa.

Sin embargo, las críticas a su viaje de ida y vuelta de Caja Madrid a Martinsa Fadesa y el resultado de su gestión como responsable de créditos, que provocó 250 millones de pérdidas a la caja, obligó al entonces presidente de la caja a prescindir de él.

No se fue de vacío, sin embargo. Para más inri, recibió una indemnización de 1,5 millones de euros, por esta fugaz segunda etapa en la caja. Eso sí, su salida fue precedida de numerosas críticas por parte de los representantes de los impositores en varias asambleas generales de Caja Madrid. El escándalo fue mayúsculo, hasta el punto de que Ignacio González, por aquel entonces número dos de la Comunidad de Madrid, tuvo que dar explicaciones en rueda de prensa, para lo que solicitó información a Caja Madrid. Enterado Miguel Blesa, enseguida transmitió instrucciones a sus más cercanos: «Me debí de expresar mal. No quiero que mandemos información alguna, solo que tú transmitas a Isabel de palabra que nadie tiene esas competencias, solo el consejo y la comisión ejecutiva que aprobó por unanimidad».

Blesa, poco transparente, como siempre, y acostumbrado a hacer lo que quería, no estaba dispuesto a dar ningún tipo de explicación, entre otras cosas porque había «pecadillo».

La realidad es que la comisión ejecutiva de Caja Madrid había aprobado un riesgo máximo de 248,6 millones en el crédito sindicado, pero la colocación no fue bien, por lo que la entidad se tuvo que quedar con un riesgo real de 733,7, no autorizado por ningún órgano más que por el presidente. Es decir, sin autorización del consejo. Al igual que hizo con los créditos a Ferrán, se saltó todos las atribuciones de riesgos y los controles establecidos.

En la suspensión de pagos de la inmobiliaria, de un pasivo total de 7.000 millones de euros, 1.092 millones correspondían a la caja. Es decir, más del 15 por ciento del total del pasivo de Martinsa Fadesa le correspondía a Caja Madrid, siendo, sin lugar a dudas y con mucho, la mayor acreedora.

La salida de Carlos Vela una vez retornado a Caja Madrid, gracias a las presiones ejercidas procedentes de prácticamente todos los sectores de la sociedad madrileña, no fue pacífica, y acabó con una amistad de años con Miguel Blesa.

Carlos Vela, enterado de que lo querían purgar mandó un burofax a la caja madrileña intentando preconstituir pruebas de cara a su millonaria indemnización:

El pasado día 7 de julio de 2008 suscribí con CAJA MADRID CIBELES, S .A. un contrato de trabajo por el que se regulaba la relación laboral de alta dirección entre dicha entidad y el que suscribe, contrato que documentaba la relación de esa naturaleza especial iniciada de forma efectiva el día 10 de igual mes y año y en virtud del cual se me encomendaban las funciones ejecutivas emanadas del consejo de administración.

Sin embargo, el pasado día 29 de julio, he sido instado a desalojar el despacho que ocupaba en las oficinas de la empresa desde el inicio de la relación, junto con mis enseres personales, quedando en consecuencia sin despacho en el que desempeñar mis funciones. Me consta igualmente que por la empresa se ha nombrado a otra persona para desempeñar las funciones ejecutivas para las que fui contratado.

Los anteriores datos evidencian la voluntad de la empresa de proceder a la extinción de mi contrato laboral.

Pese a ello, tal voluntad extintiva no se me ha manifestado de forma clara por la empresa, ni por supuesto el motivo que la justificaría, por lo que con el objeto de aclarar la situación, les remito la presente comunicación como expreso requerimiento para que en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su recepción, expresen con claridad si es su voluntad la de extinguir dicha relación o no, en el entendimiento de que si en dicho plazo no recibo respuesta alguna por su parte, ratifican su deseo de extinguir el contrato, siendo que en este último supuesto me reservo desde luego las acciones que en Derecho me correspondan para exigir el cumplimiento de lo libremente acordado en lo que a las consecuencias económicas de su extinción se refiere.

Así acabaron unos días angustiosos para los dos viejos colegas, que rompieron su amistad aunque durante un tiempo más se estuvieron mandando mensajes entre ellos. Sobre todo Carlos Vela, quien no cesó de mandarle a Blesa mensajes intentando evitar el golpe de la destitución: «Has pensado algo…??? Llamo a Juan Rodríguez Inciarte…??? Le invito a comer aquí… asistes tú….??? Lo hago por mi cuenta….? Llamas tú a Botín…??? Con lo que te joden las preguntas….!!!!».

No sería Botín finalmente quien contratara a este mago de las finanzas y los negocios inmobiliarios, sino Florentino Pérez para su ACS.

Sin embargo Carlos Vela respiraba por la herida y no cesaba de escribirle a su amigo: «Miguel piensa en el camino hacia Ítaca y haz lo que tengas y puedas hacer… porque al final solo podrás recordar de lo que te sientas orgulloso». Y aún, con sorna, se apiadaba de su amigo Blesa intentando crearle mala conciencia: «Me imagino por lo que estás pasando… Con que sea nada más que un 20 por ciento de lo mío ya es un desastre».

Atrás quedaron sus viajes, correrías y cacerías conjuntas a lo largo y ancho de todo el planeta: Kenia, Namibia, Rumanía. Algunas de ellas realizadas en plena deriva final hacia la quiebra de Martinsa Fadesa. Concretamente, llama la atención una cacería que tuvo lugar durante el puente de Todos los Santos de 2007. El día 5 de noviembre de ese año, Miguel Blesa, adicto a presumir de sus conquistas cinegéticas, envió a una amiga fotos que demostraban su presencia en una cacería en Namibia junto a Carlos Vela. Justo ese mismo día el diario económico Expansión publicaba un reportaje donde explicaba cómo las compañías inmobiliarias estaban aumentando riesgo financiero porque se estaban depreciando los activos que habían dejado como prenda de sus préstamos. En concreto, Martinsa Fadesa había caído un 26 por ciento en bolsa, y Colonial un 32 por ciento. Y mientras esto ocurría el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, estaba cazando en Namibia con el consejero delegado de Martinsa Fadesa, la inmobiliaria con la que había contraído un riesgo de 1.092 millones de euros, desglosados de la siguiente manera: 622 millones, por la financiación, como se ha indicado, entre Martinsa y Fadesa; 237 millones por operaciones de suelo; 168 millones por financiación de promociones, y 65 millones de avales. La suma en total representaba un 20 por ciento de todo lo que adeudaba Martinsa Fadesa. Así que, lo nunca visto: un empresario al borde de la quiebra mantiene el 20 por ciento de su deuda con una entidad financiera, pero es amigo y excompañero del presidente de esa entidad y, en vez de desvivirse y solucionar los problemas económicos que tienen entre ambos, se van los dos juntos de cacería a África. Un auténtico despropósito.

Desgraciadamente para todos los impositores, clientes y resto de ciudadanos españoles, aquella deuda solo era la punta del iceberg que representaba el conjunto de riesgo que había adquirido Caja Madrid con la mayoría de las empresas de la burbuja inmobiliaria española. El 20 por ciento de las deudas de la burbuja inmobiliaria estaba en poder de Caja Madrid. Esa era la media del sector, y así ocurría con Osuna, Pryconsa, Sando, Nozar, Lualca, Reyal Urbis, Sacresa… En total, los promotores inmobiliarios españoles debían a Caja Madrid unos 14.372 millones al inicio de la crisis, aunque la situación de Bancaja era mucho peor. Por eso, también fue una temeridad unificar ambas entidades en el parto fallido de Bankia.

De hecho, el riesgo que adquirió Caja Madrid con Martinsa Fadesa fue traspasado finalmente a la Sareb, el «banco malo» controlado por el Estado con el objeto de que todos los contribuyentes pagásemos la ruina de nuestros «señores del ladrillo».

Otro de estos «señores del ladrillo», Luis Portillo, de Colonial, también invitó a Miguel Blesa a cazar, tan solo un mes y medio antes de que la inmobiliaria iniciara su agonía final. Colonial debía a Caja Madrid 275 millones, pero parece ser que eso a Miguel Blesa le traía sin cuidado. Fue tal el escándalo que Tomás Gómez anunció a bombo y platillo una investigación, y declaró: «Me preocupa muy mucho la actuación en estos últimos tiempos del señor Carlos Vela. Llama poderosamente la atención su actuación cuando era responsable de grandes préstamos en Caja Madrid y luego como persona contratada por Martinsa para gestionar la ayuda que él mismo prestó y cómo una vez que se procede con la suspensión es rescatado por el presidente de la entidad Caja Madrid para que siga desempeñando funciones de alta dirección».

Las pruebas definitivas de la metedura de pata de Miguel Blesa al fomentar ilimitadamente la burbuja inmobiliaria son sus propias instrucciones transmitidas al equipo directivo, una vez conocida la suspensión de pagos del grupo presidido por Fernando Martín: ordenó que no se le pasase «ni un dato» al entonces todavía vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La misma conducta reincidente: ocultar información a la Comunidad de Madrid. Pero en esta ocasión no solamente era la ocultación de una situación, era que además de ocultar, Miguel Blesa había mentido a la comisión ejecutiva de la caja. Les había dicho que solo iba a asumir 250 millones de deuda en la fusión de Martinsa con Fadesa y, finalmente, adquirió más de 600 millones de euros.

El 6 de julio, un año y medio después de los tiros en Namibia, Miguel Blesa enviaba una carta de protesta a los organizadores del safari: «Los trofeos no están en nuestro poder ni hemos tenido la más mínima explicación por su parte», decía. Lo mismo que nos ha sucedido a los españoles con Caja Madrid, que no hemos recibido ninguna explicación por parte de Miguel Blesa.

Caja Madrid y el caso Gescartera

En Caja Madrid Bolsa no estaban muy felices con el nombramiento del despacho CSM para defender los intereses de la caja en el escándalo Gescartera. «No entiendo que un despacho que lleva un tema tan relevante no sepa a estas alturas qué normativa es aplicable», protestaron desde la planta noble de Plaza de Castilla ante la inactividad del bufete jurídico. Finalmente tuvieron que formar un grupo de trabajo para gestionar un problema que se les iba a todas luces de las manos.

Sin nombrarlo, se referían ni más ni menos que al abogado Carlos Aguilar, quien llevó la defensa de los intereses jurídicos de Caja Madrid en el caso Gescartera y que, años después, sería el abogado del mismísimo Miguel Blesa en los casos de la compra del City National Bank de Florida y los créditos a Díaz Ferrán. Antes, Carlos Aguilar también había sido el abogado de Caja Madrid en el caso Deoleo contra los hermanos Salazar. En definitiva, un hombre de la casa, y un abogado de máxima confianza.

A pesar de no ser la única entidad financiera condenada, Caja Madrid fue declarada en su día la máxima responsable civil subsidiaria, por la infracción de normas de obligado cumplimiento, cuya observancia hubiera evitado la comisión de los delitos por los que se condenó a los responsables de Gescartera. Caja Madrid tuvo que pagar la cantidad de 12 millones de euros a los afectados por el caso Gescartera, más un 30 por ciento de intereses correspondientes a los ocho años de duración del proceso. De esta forma finalizaba uno de los mayores escándalos financieros de la democracia (después llegarían otros mayores, como la quiebra de las cajas de ahorros). Gescartera fue una estafa que superó los 108 millones de euros, realizada por una agencia de valores en donde había personalidades cercanas al antiguo presidente del Gobierno José María Aznar, y entre cuyos clientes se encontraban los principales fondos públicos de la policía, la Guardia Civil, la Iglesia, la ONCE y el Ministerio de Defensa.

La acción de las acusaciones, AUSBANC entre ellas, en la defensa de los intereses de los clientes de Gescartera fue vital para que estos perjudicados recuperasen parte de la inversión realizada. El Tribunal Supremo sentenció: «Caja Madrid Bolsa debe resarcir el importe de los saldos acreedores de los clientes (integrado por sus inversiones no recuperadas más los intereses legales), pero no en la totalidad, sino en lo ilegítimamente distraído de los recursos gestionados por Caja Madrid Bolsa para Gescartera durante el tiempo en que la primera operó como depositaria. El total resultante será distribuido entre los afectados que se relacionan en la sentencia en proporción al importe de su perjuicio».

La Corporación Cibeles

En la estrategia diseñada por Miguel Blesa, el City National Bank de Florida no iba a ser sino una parte integrante de un holding mayor denominado Caja Madrid Cibeles por el cual la caja presidida por Blesa pretendía obtener unas buenas plusvalías y liquidez mediante su salida a bolsa, operación que hubiera permitido a Caja Madrid reforzar sus fondos propios y su base de capital.

El modelo a seguir era el del holding de la Caixa Criteria, que había salido a bolsa tras integrar en él todas las participaciones históricas de la caja catalana.

El 14 de abril de 2008, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, la decisión unánime de su consejo de administración de constituir una sociedad que aglutinase las participaciones estratégicas del grupo Caja Madrid con el fin de sacarla a bolsa antes de que finalizase el año 2008.

El porcentaje de capital que se colocaría entre el público, a través de una fórmula mixta de oferta pública de venta y de oferta pública de suscripción, no quedaba en principio fijado, si bien inicialmente se calculó que fuese alrededor del 30 por ciento. En todo caso, Caja Madrid hizo pública su voluntad de mantener en el futuro el control de la sociedad cotizada, con una participación igual o superior al 51 por ciento.

El principal problema era que Caja Madrid no tenía históricamente una cartera importante de empresas en su poder, susceptibles de cotizar en bolsa, por lo que hubo que buscarla deprisa y corriendo. El objetivo fundamental era conseguir una capitalización de al menos 3.000 millones de euros para poder cotizar dentro del Ibex. En aquel momento varias empresas del Ibex, Técnicas Reunidas, Iberia, Bolsa y Mercados y Abengoa estaban por debajo de la cantidad deseada.

La estrategia no podía ser más ambiciosa y difícil de conseguir dado el poco aprecio que tienen los mercados a las sociedades holding. Algunos de los objetivos señalados fueron los siguientes:

1. Acometer una estrategia de crecimiento en mercados atractivos a través de la idealización de los clientes.

2. Potenciar su crecimiento orgánico e inorgánico en España y otros mercados como el Este, México y Estados Unidos.

3. Conseguir participaciones de control y vocación de permanencia.

4. Acompañar a Mapfre en el desarrollo internacional.

Dentro de Cibeles se incluían todas las participaciones de Caja Madrid en Mapfre, la banca privada, las pensiones, la agencia de bolsa y por supuesto Miami y México.

Todo hace pensar que entre los objetivos de muchos de los directivos de la caja, Blesa entre ellos, estaba el buscarse un refugio por si cambiaban las tornas de la política (ya habían empezado los enfrentamientos con la Comunidad de Madrid) y así tener acogida en la sociedad bursátil si finalmente eran despedidos de la dirección de Caja Madrid.

Aunque la operación se aprobó en el consejo, el presidente de la comisión de control, Pablo Abejas, se enteró por la prensa, como así lo certifica una carta del 21 de abril de 2008, en la que le solicita al presidente determinada información, contestada por Blesa el 29 de abril.

Enrique de la Torre le envió un correo a Blesa con los estatutos de Cibeles, en el que le decía: «Me atrevería a asegurarte, en cualquier caso, que tendría la conformidad de los reguladores, si la precisáramos y que con esos estatutos no se te cuela ni Dios en Cibeles». Constatación de que la querían controlar ellos y solo ellos.

En junio de 2008 se constituyó la sociedad holding Cibeles, a la que se traspasaron mediante aportaciones de capital no dinerarias todas las participaciones que tenía en ese momento Caja Madrid (excepto Corporación Financiera Habana, que se quedó en el balance de Caja Madrid para no obstaculizar la compra del Banco de Miami). Afortunadamente, Cibeles Caja Madrid no salió adelante, porque hubiese sido otro negocio ruinoso de Miguel Blesa. Tanto él como todo su equipo profesional, Sánchez Lozano, Pérez Claver, Sánchez Barcoj y Matías Amat, entre otros, tienen un amplio expediente de experiencias fallidas.

En paralelo a Caja Madrid Cibeles, mantenían la Corporación Financiera Caja Madrid, tenedora de las acciones de carácter industrial que la caja había ido comprando con el deseo de cotizar en la Bolsa de Madrid tarde o temprano. Entre las inversiones que se habían realizado estaban las siguientes:

La entrada en Mecalux, pagando 168 millones por un 20 por ciento, en junio de 2008, mediante una ampliación de capital a la que acudió en solitario Caja Madrid a un precio de 25 euros la acción, cuando en el mercado cotizaba a 16,43 euros; es decir una prima del 50 por ciento. La sociedad se acaba de vender por 30 millones, con unas pérdidas de 138 millones.

En SOS Cuétara invirtieron, en octubre de 2008, 150 millones de euros por el 10,5 por ciento del capital. Luego compraron otro 4 por ciento y, finalmente, un 4 por ciento adicional, lo que convirtió a la caja en el segundo máximo accionista, con un 18 por ciento. Su inversión final rondó los 200 millones de euros. El valor actual de su participación está en torno a los 60 millones, y por tanto hay una pérdida de 140 millones.

En Indra invirtieron desde 1999 hasta 360 millones de euros. Finalmente se vendió a la SEPI por 337 millones. Incluso la única operación brillante, les salió rana después de trece años.

En Iberia, la gestión de Blesa es de infausto recuerdo para los españoles. Bankia la acaba de vender por 675 millones, tras haber invertido la caja 731 millones durante los años que van de 2001 al 2007.

Hasta las inversiones más rentables de Blesa han supuesto pérdidas para Bankia, obligada a vender por la Comunidad Europea.

Blesa manifestó durante su declaración ante el juez Silva que los departamentos de la caja fueron muy capaces, y pudo ser cierto en su momento, respecto al resto de la gente que trabajaba en Caja Madrid, pero es evidente que en lo que se refiere a su equipo de dirección, las pruebas nos demuestran que no se movía por el análisis empresarial, sino por otros intereses. Por ejemplo, el encaje de Rafael Sánchez Lozano en la estructura de Caja Madrid no dejaba de ser un tanto peculiar; dependiendo directamente de Blesa, no daba cuenta a nadie de sus actuaciones, él solo despachaba con el presidente.

Sus resultados no pudieron ser más nefastos: compra de SOS, Mecalux, la financiera Su Casita, City National Bank y, por supuesto, Iberia. En todas ellas participó el que fue conocido en los círculos económicos de la capital como el James Bond de Caja Madrid. Ninguno del resto de los ejecutivos, al parecer y según lo manifestado en las diligencias judiciales, participó en las decisiones que se tomaron.

El resumen, hay que insistir, no puede ser más nefasto. En las diligencias previas en el Juzgado número 9 figura el siguiente correo de Blesa sobre la compra del Banco de Miami: «Deja que alguien entre al trapo, le daremos un buen pase. Moraleja: hazle a todo la prueba de estrés, lo que puede salir mal sale mal y si sale mal ni te cuento». Está claro cuál era el pase: Corporación Cibeles, llena de marrones gracias a sus inversiones, que han causado pérdidas de 1.174 millones a Bankia.

La ruina de Bankia y la muerte empresarial como financiero de Blesa tuvieron lugar cuando este se olvidó que él era un bancario y no un banquero de inversiones acostumbrado a ganar dinero a golpe de pelotazos. Caja Madrid era, en aquellos momentos, una entidad gestionada por un grupo de ejecutivos educados en la cultura financiera del pelotazo, la especulación y la servidumbre política. Como el dinero no era suyo, ancha era Castilla y más ancha Caja Madrid. Y nadie puede culpar a los mercados, ya que la mayoría de las operaciones se realizaron en años «malos» como 2008 y 2009. Faltó prudencia y profesionalidad. Y sobre todo control político de una caja pública. Las manos sucias de los políticos y sindicalistas en Caja Madrid hicieron posible todo este desastre. En total, las inversiones de Miguel Blesa y su equipo provocaron pérdidas por valor de 1.174 millones de euros.

Fiel a sus costumbres de nuevo señor feudal del siglo XXI, Miguel Blesa iba colocando a cada uno de sus escuderos en las empresas que se iban comprando. A Pérez Claver lo envió a SOS y a NH, y a Lozano lo mandó a Iberia, donde desde luego ha dejado mal recuerdo, siendo muy poco querido. Según los sindicatos de la compañía de aviación, «su gestión pasará a los anales de lo que no se debe hacer en una empresa aeronáutica».

«Nos vamos de compras»

Gracias a la incompetencia o laxitud del Banco de España, el de Miami no fue el único banco que Blesa intentó «asaltar». Su sueño de siempre fue comprar un banco español. Concretamente el Bankinter. Y lo intentaron.

Sánchez Lozano le preguntó a Blesa si iba a comentar la inversión en Miami con el gobernador del Banco de España, en una reunión que tenían fijada para el 13 de diciembre de 2007. Blesa le contestó de manera categórica: «No hay nada más urgente que esto de Miami. El jueves tengo gobernador y tengo que llevar una idea de todo lo que hay entre manos. El final del año será de vértigo».

En la conversación que mantuvo con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, popularmente conocido como Mafo, Miguel Blesa le abrió un abanico de diferentes operaciones que, según él, podían ser realizadas por la caja: la primera de ellas, naturalmente, Miami; la segunda, y más sorprendente, Bankinter; la tercera el proyecto denominado Spencer (la actividad de banca particular de JP Morgan), y en cuarto lugar, la compra de Iberia. A la manera de un auténtico charlatán o vendedor de El Rastro, todo era posible para el depredador de Caja Madrid. La lástima es que al frente de nuestro máximo órgano regulador, el Banco de España, no hubiera una persona que le parara los pies ante tal cúmulo de despropósitos. Ocurrió a finales de 2007, cuando la España de ZP vivía todavía en el optimismo bobalicón de una fiesta interminable. Luego estallaría la crisis y, con ella, la quiebra de Caja Madrid.

Lo más curioso de este interés precipitado de Caja Madrid por Bankinter es que pocas semanas antes se había hecho pública la presencia del banco francés Crédit Agricole en el capital de Bankinter, hasta entonces dominado casi exclusivamente por la familia Botín. El 19 de noviembre de 2007 Crédit Agricole adquirió el 14,99 por ciento de la entidad financiera, lo que le permitía controlar el 19,53 por ciento del capital del banco. Esta compra respondía a la estrategia de expansión del banco francés para reforzar su presencia en el mercado bancario español.

Los propietarios de Bankinter reaccionaron a esta compra solicitando al Banco de España autorización para llegar hasta el 29,99 por ciento del capital. Un porcentaje que marcaba una línea roja, sobre la cual se hubiese tenido que lanzar una opa para hacerse con la totalidad del capital del banco. Ante este pulso financiero entre banqueros privados, a Miguel Blesa le salió una vez más el alma de especulador, haciendo caso omiso de la tradicional estrategia conservadora de las cajas y al respeto que debía imponer por su carácter de mero administrador de una banca pública y «supuestamente» controlada.

Antes de la conversación con el gobernador del Banco de España, Barcoj y Blesa mantuvieron una reunión en donde el primero le comentó que existían fuertes rumores sobre una posible fusión entre Bankinter y Banesto, como defensa ante la entrada de los franceses en Bankinter. Miguel Blesa, en pleno delirio de grandeza, pues se creía un gigante pero tenía los pies de barro, le contestó con su habitual lenguaje de depredador cinegético: «Dependerá de cómo sucedan las cosas, pero a lo mejor en enero nos tenemos que platear dar aire al paquete. A este paso la plusvalía va a ser de calibre magnum».

Fue en esa reunión preparatoria del encuentro con el gobernador, donde Barcoj le propuso a Blesa la compra de Bankinter: «Si vas a ver al gobernador y dado que se especula con que Jaime Botín podría vender Bankinter y quedarse con el banco los franceses, podrías sondear si no nos dejan ahora intentarlo».

La locura se retroalimentaba entre los directivos de Caja Madrid. Un delirio especulativo que le hubiera costado a la caja madrileña al menos 2.500 millones de euros al comprar el 51 por ciento de un banco que capitalizaba 5.000 millones de euros a finales del año 2007.

Como demostración de que la obsesión por el Bankinter venía de lejos, durante todo el año 2007 Caja Madrid ya había comprado pequeños paquetes de acciones de ese banco, inicialmente con el único objetivo de especular en bolsa y conseguir nuevas plusvalías. Estas inversiones llegaron a alcanzar el 4,68 por ciento del capital del banco. Por qué el Banco de España permitió esta toma de capital es una incógnita, dada su tradicional oposición a que las cajas compraran bancos.

En la reunión del 13 de diciembre el gobernador no le dio permiso para comprar Bankinter. Ante esta negativa, fue durante el año 2009 cuando Caja Madrid se dedicó a desinvertir todo su paquete, primero mediante pequeñas colocaciones y por fin mediante Accelerates rock-Bulid, o lo que es lo mismo, la colocación de un gran paquete de acciones entre inversores cualificados e institucionales.

Operación Halley: o cómo colocar Air Comet a Iberia

Otra de las ideas absurdas que compartía Miguel Blesa con su grupo más cerrado de directivos, con Sánchez Lozano a la cabeza, era la fusión de Iberia con Air Comet. Esa era la compañía aérea de Gerardo Díaz Ferrán, otro de los oligarcas de cuyas hazañas ya se ha dado cuenta suficiente en este retrato impresionista sobre la historia de Caja Madrid. Pero Díaz Ferrán era más cosas: consejero de Caja Madrid y patrón de los empresarios españoles hasta su entrada en la cárcel de Soto del Real, donde al escribirse estas líneas lleva más de dos años.

El siempre imaginativo Sánchez Lozano propuso como opción corporativa para Iberia integrar Air Comet dentro de la compañía. El descaro justificativo de la operación fue absoluto, ya que, una vez más, no se realizan valoraciones externas, al igual que se hizo con el Banco de Miami, y se valoró la compañía del «amigo» Díaz Ferrán en 100 millones de euros. O lo que es lo mismo, estaban dispuestos a darle a Díaz Ferrán el 5 por ciento de Iberia a cambio del cien por cien de una empresa que, de acuerdo con la sentencia de la quiebra dolosa, estaba ya en quiebra técnica desde febrero del año 2008.

Es decir, Blesa trató de salvarle el tipo a su amigo Díaz Ferrán. Hay que recordar la historia. El grupo Air Comet, propiedad de Díaz Ferrán y su socio Pascual, era propietario de Air Comet, línea aérea centrada en España y Latinoamérica, Air Comet Chile para vuelos interiores de Latinoamérica, Austral vuelos internos en Argentina y Aerolíneas Argentinas por cuya compra fue condenado Díaz Ferrán a dos años y dos meses de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, ya que en el momento de su adquisición se le olvidó pagar al fisco la nada módica cantidad de 99 millones de euros.

Como la operación finalmente no salió, quizá porque reinó la cordura o porque los otros socios de Iberia pusieron el grito, nunca mejor dicho, en el cielo. Miguel Blesa autorizó, utilizando todo el poder ejecutivo que le otorgaba su presidencia, un crédito por 24,5 millones de euros a Teinver, sociedad patrimonial de Gerardo y Gonzalo, para que fuese utilizado como tesorería por Air Comet en noviembre de 2008.

La aprobación de dicho crédito saltándose los controles de la caja supuso la apertura del procedimiento 58/2010, a instancia del sindicato Manos Limpias (ver capítulo 1), que posteriormente y gracias a la Sección 30 de la Audiencia Provincial fue archivado, encontrándose ahora probablemente prescritas las presuntas actuaciones irregulares que, de existir, se hubieran podido realizar en este asunto.

Queda constatada la estrategia clarísima de salvar «cueste lo que cueste» al «soldado Díaz Ferrán». Primero intentando integrar a su compañía al borde de la quiebra en Iberia, y después concediéndole un crédito más que irregular y, visto lo sucedido después, a todas luces injustificable. El descaro de la trama organizada fue increíble, ya que sentían que se movían con absoluta impunidad. Nadie le ponía frenos al depredador financiero. Durante años Blesa ocultó a las instancias pertinentes los riesgos mantenidos con el grupo G&G (Gerardo y Gonzalo), en especial a la Comunidad de Madrid, cuya autorización era preceptiva, como se ha indicado (ver capítulo 1) para la concesión de préstamos a consejeros de la Caja de Madrid. Esta actuación desmedida se repitió en varias ocasiones, hasta el punto de que los riesgos acumulados y concedidos a Díaz Ferrán llegaron a ascender a la cantidad de 189 millones de euros.

Sánchez Lozano y Blesa fueron los que se negaron a que asesores externos hicieran la valoración del Banco de Miami, según ellos porque decían que los departamentos de la caja eran sobradamente profesionales y valoraron el banco en 500 millones más de dólares. También valoraron Air Comet, posteriormente quebrada, en 105 millones de euros.

La sentencia sobre la quiebra fraudulenta de Air Comet establece la retroactividad de la quiebra a febrero de 2008, justo cuando Blesa y Sánchez Lozano la valoraron en 105 millones de euros.

En la declaración de Miguel Blesa ante el juez Elpidio Silva, reconoció expresamente que Sánchez Lozano dependía de él directamente y solo le reportaba a él, lo que demuestra que Miguel Blesa, salvo que fuese engañado, tenía que estar al tanto de todas las gestiones que realizase el imaginativo Sánchez Lozano. Los socios de Iberia debieron oponerse a la operación, si no se hubiera producido un nuevo perjuicio a Caja Madrid, otro más. Aunque eso sí, sin duda, se hubiera hecho un gran favor a su amigo Díaz Ferrán, al que luego se pudo favorecer con la concesión del supercrédito.

El fondo hispano-saudí de la «princesa Corinna»

Fueron catorce las empresas españolas que suscribieron a lo largo de 2007 acuerdos de asociación con el Fondo de Infraestructuras Hispano-Saudí creado a la sombra de los monarcas de España y de Arabia Saudí y con la intermediación más que decisiva de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, también conocida como «princesa Corinna». Las empresas españolas que participaron en el mencionado Fondo fueron Obrascon Huarte, Grupo Villar Mir, Endesa, Mutua Madrileña, Sacyr Vallehermoso, Abertis Infraestructuras, Acciona, Iberdrola, Isolux Corsán, Técnicas Reunidas, ACS y Unión Fenosa, además de La Caixa y la Caja Madrid presidida por Miguel Blesa.

La princesa Corinna saltó a las portadas de todos los periódicos españoles el 14 de abril de 2012, cuando el entonces rey Juan Carlos I se vio inmerso en la mayor polémica de su reinado, surgida a raíz del escándalo que generó la noticia de su participación en una cacería de elefantes en Botsuana. Durante la misma, el monarca había sufrido un accidente con rotura múltiple de cadera, por lo que tuvo que ser trasladado a Madrid para ser operado de urgencia. Todas las portadas de los periódicos y revistas de Europa se hicieron eco, a partir de aquel accidente, de la «especial amistad» («entrañable amistad» reconocería meses después la propia implicada) entre el entonces rey de España y la «princesa» Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que se encontraba acompañando al rey en aquella cacería. El escándalo aumentó después de conocerse que los gastos de la lujosa batida de elefantes (más de 50.000 dólares) habían sido sufragados por el empresario sirio Mohamed Eyad Kayali, uno de los representantes oficiosos de la casa real de Arabia Saudí en España, «cuyos negocios defiende e impulsa», según se publicó durante aquellos días en la prensa española.

Pero ahí no terminaron las sorpresas relacionadas con la «entrañable» Corinna. Un año después, en 2013, se supo que el 8 de abril de 2006 un avión de la Fuerza Aérea española había volado rumbo a Riad, capital de Arabia Saudí, transportando en la comitiva que encabezaba el rey Juan Carlos I a un número importante de empresarios españoles, teniendo como objetivo la firma de varios acuerdos de colaboración entre ambos países, el más llamativo de los cuales era la creación de un fondo para el desarrollo de inversiones en infraestructuras de energía, transporte y telecomunicaciones. En el avión oficial, acompañando a los reyes don Juan Carlos I y doña Sofía, viajaron el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el titular de Industria, José Montilla. Pero también tenían pasaje en aquel vuelo dos importantes féminas: la ciudadana de origen iraní Shahpari Azam Zanganet, representante en Arabia Saudí de los intereses empresariales de Juan Miguel Villar Mir (presidente de la constructora OHL), y su socia y amiga, la llamada princesa Corinna.

El rey fue recibido, la misma tarde del 8 de abril de 2008, por el monarca saudí Abdullah Bin Aldulkaziz Al-Saud. La finalidad de la creación del fondo, en teoría, era de lo más plausible: el gobierno de Riad mantenía abierto un gigantesco programa de inversiones en infraestructuras que incluía la creación de varias «ciudades económicas» nuevas, una de las cuales se pretendía que fuera construida por empresas españolas y destinada a albergar industrias de energía de última generación promovidas por inversores hispanos.

La posterior visita del rey saudí a España, en junio de ese mismo año, contribuyó a cerrar definitivamente el proyecto. Fue en ese momento cuando se creó el citado Fondo Hispano-Saudí de Inversiones en Infraestructuras (como se denominó inicialmente), cuyo objetivo era verse agraciado con la adjudicación de los muchos proyectos de ingeniería puestos en marcha por el gobierno saudí gracias al maná inagotable del petróleo del Golfo. En la trastienda de todo el negocio, como recaudadora y comisionista entre la parte saudí y la española, participó la citada Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

El objetivo de los promotores del fondo consistió en captar al menos 1.000 millones de dólares, en varias fases, divididos al 50 por ciento entre saudíes y españoles. La primera etapa de la captación de dinero tuvo como fecha de conclusión el 31 de julio de 2007, y dio prioridad a la entrada de empresas españolas de construcción y de gestión de infraestructuras. En una segunda fecha, el 30 de septiembre, se abrió la entrada a empresas de otros sectores con interés por hacer negocios en Arabia Saudí. En una tercera fase se previó la posibilidad de abrir la entrada a empresas de terceros países, hasta alcanzar el objetivo de los 1.000 millones de dólares.

A los inversores se les daba la oportunidad de entregar cantidades desde 10 millones de dólares. La inversión de 50 millones de dólares o más daba al empresario correspondiente la posibilidad de participar en un comité asesor, un órgano de carácter meramente consultivo cuya finalidad era efectuar recomendaciones al gestor del fondo sobre cuestiones políticas o económicas, análisis de los sectores más importantes para invertir y las resoluciones de los contenciosos que se pudieran generar entre los participantes. La presencia en el comité asesor no daba en ningún caso la posibilidad de participar en la gestión y las decisiones del mismo. Y es que la gestión financiera del fondo quedó encomendada a Morgan Stanley, mientras que la gestión técnica corrió a cargo de los bancos de negocios Arox Capital y Cheyne Capital. Finalmente, Cheyne Capital compró a Arox su participación y se quedó como gestor único del fondo. Este se domicilió en un paraíso fiscal de los más famosos del mundo, la isla de Guernsey en el Canal de la Mancha, y quizá el más opaco para las autoridades tributarias españolas. La forma de actuar del fondo quedó también establecida: se crearían empresas específicas conforme se fueran logrando las adjudicaciones de los proyectos, a razón de empresa por proyecto. La rentabilidad del fondo quedó fijada en un 8 por ciento de interés con un periodo de inversión de quince años, prorrogable por otros tres.

Sin embargo, y pese a los grandes propósitos y planes desarrollados, el fondo, como se dice vulgarmente, pinchó en hueso. Desde el primer momento las autoridades saudíes no mostraron el más mínimo interés en alcanzar los objetivos señalados y, mucho menos, desembolsar su parte correspondiente a los capitales comprometidos. Tanto es así que, en apenas dos años, el 12 de abril de 2010, se liquidó el fondo por culpa, principalmente de la falta de interés saudí.

Sucedió que, llegada esa fecha, 12 de abril de 2010, algunos empresarios españoles ya habían depositado 21 millones de dólares en el capital del fondo. Durante varios meses los empresarios españoles intentaron recuperar las aportaciones iniciales realizadas, pero sin ningún éxito. La empresa Energy & Infrastructure GP Limited fue la intermediaria que cobró las cantidades desembolsadas durante la corta vida del fondo. Nunca se ha logrado saber quién o quiénes se esconden detrás de esta mercantil que, durante todo el proceso, ocultó perfectamente sus identidades. Actuó como un perfecto fiduciario, negándose radicalmente a devolver el dinero desembolsado, aduciendo que las cantidades entregadas cuadraban, casi a la perfección, con los gastos de gestión (management fees) ocasionados por el fondo.

Al final, la totalidad de los empresarios españoles que picaron el anzuelo acordaron perder las aportaciones realizadas y pagar el 0,85 por ciento de las aportaciones totales comprometidas a cambio de liquidar los compromisos adquiridos. En total las cantidades pagadas y no recuperadas rondan la cifra señalada de los 21 millones de dólares. La pregunta, todavía sin respuesta, sigue siendo la misma: ¿quién o quiénes se beneficiaron de una inversión que, desde el principio (según se pudo demostrar después), parecía destinada al fracaso y cuya única finalidad fue sablear a la crème de la crème del empresariado hispano? Más de uno y de una tienen todas las papeletas para rellenar los nombres finales de este acertijo.

¿Y cuál fue el papel de Caja Madrid en todo este tinglado? Como se ha señalado, la Caja Madrid de Miguel Blesa fue uno de los inversores que participó en el fondo. La opción inicial de Caja Madrid era invertir 50 millones de dólares (35 millones de euros) en el proyecto, capital que le daba derecho a optar a un puesto en el comité asesor del fondo.

En una comunicación fechada el 2 de octubre de 2007, Matías Amat propone a Blesa dos alternativas: «1. Participar con 25 millones de dólares sin consejo (se queda en el financiero). 2. Participar con 50 millones de dólares con consejo (tiene que ir a la ejecutiva salvo que hagamos la trampilla de romper la operación en dos: primera operación los 35 millones, limite del financiero, y operación a la semana siguiente de 15 millones, 10 millones de euros, también en el financiero). Intentaré esta segunda a ver cómo me va».

De esta forma, nuevamente se incumplían los propios estatutos de la caja que establecían que una inversión de 35 millones de euros tenía que aprobarse en la comisión ejecutiva, en la que además de los directivos estaban algunos de los consejeros políticos, mientras que en el comité financiero solo estaban Blesa y «sus chicos» (sus hombres de confianza).

Era el comportamiento habitual de Caja Madrid, que bajo la presidencia de Miguel Blesa funcionó como un cortijo privado, como si fuera una empresa particular suya, y no como una entidad pública sometida a controles internos y externos obligatorios. Meses después, como ya se ha indicado, el equipo de Blesa actuaría de igual forma en la compra del City National Bank de Florida.

La forma en la que Blesa y su equipo pretendían participar en el fondo hispano-saudí eludía los controles de la Comunidad Autónoma de Madrid y en especial lo establecido en la Ley 4/2003 de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 17 establece que «la consejería competente autorizará, con carácter previo, las inversiones de las cajas de ahorros que tengan su domicilio social en la Comunidad de Madrid, siempre que impliquen la toma de control de la sociedad y su importe supere el 5 por ciento de los recursos propios computables de la caja, de acuerdo con la normativa del Banco de España. Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación en aquellos casos en que la inversión, aun no suponiendo la toma de control de la sociedad, supere en su importe el 2 por ciento de los activos totales del grupo consolidado de la caja».

Se puede concluir que el fondo saudí, creado para mayor gloria de la princesa Corinna, nació herido de muerte desde el primer momento. Así lo vieron, por lo menos, los principales empresarios españoles que, de alguna manera, se vieron obligados a participar en esta inversión fuera de todo criterio de mercado. Los propios directivos de Caja Madrid así lo certificaron. Matías Amat informó en octubre de 2007: «La parte española que es de 150 millones (los moros colocan 350) está muy verde. Solo ha confirmado que entra con 50 Villar Mir; dada la situación de los mercados no encuentran más inversores».

Más de un año después, el 4 de febrero de 2009, Carlos Contreras informaba a Matías Amat del liderazgo que había adoptado la constructora ACS para informar a los gestores del fondo de la intención de los inversores españoles de «paralizar primero los pagos y a corto plazo, analizar cómo disolver el fondo».

Los directivos de Caja Madrid entendían que la entidad madrileña no se podía «significar en ningún momento en este tema». Y no se significaron, salvo en el dinero que perdieron. Fueron fieles servidores de alguien que mandaba más que ellos. La inutilidad de la inversión en el fondo quedó de manifiesto en el informe borrador presentado a Miguel Blesa de una reunión mantenida por Matías Amat con la Secretaría de Estado de Comercio el 24 de febrero de 2009:

Estábamos todos los inversores españoles. Los comentarios han sido:

El fondo no ha cumplido sus expectativas ya que los saudíes han puesto menos capital que los españoles y mucho menos de lo que habían prometido.

Los gestores del fondo solo se dedican a cobrar, pero ni hay proyectos ni transparencia.

La Secretaría de Estado ha comentado: con fecha 22 de diciembre Su Majestad envió una carta al rey de Arabia (nos la ha leído) pidiéndole respetuosamente que se interesara en que se cumplieran los objetivos de participación de capital saudí, al mismo tiempo que le manifestaba el descontento de los inversores españoles.

La Secretaría tiene previsto viajar a principios de marzo para, utilizando su terminología, darles un ultimátum.

Todos hemos estado de acuerdo en que es sorprendente que no haya interés por parte saudí y que si esto se confirma en el próximo viaje, no habrá más remedio que cancelar/congelar el fondo. También ha habido consenso que deberíamos hacer las cosas con firmeza pero con elegancia para que quede bien Su Majestad.

La conclusión ha sido que la Secretaría nos convocará de nuevo, a la vuelta del viaje, para tomar una decisión final y, si fuera liquidarlo, hacerlo ordenadamente (en ese momento veremos cómo). Nos ha pedido, también, la Secretaría, que mientras tanto, no mandáramos ninguna carta. Nos hemos puesto como fecha tope Semana Santa. También hemos estado todos de acuerdo en que no pagamos más gastos.

Pese a la opinión manifestada por los directivos de Caja Madrid, la administración y cobro de los gestores duró todavía un año más. Como se ha indicado, fue el 12 de abril de 2010 cuando por fin se liquidó el fondo «misterioso» e ineficaz.

VIII. EL ENGAÑO DE LAS PREFERENTES

Una comercialización salvaje

La euforia de Miguel Blesa le impedía acertar con las teclas exactas de su ordenador. Pero no importaba. Él necesitaba mostrar su satisfacción lo antes posible: «Que barbaro. Y eso que habiamops engaÑado a los clientes» (sic).

La excitación pudo más que la prudencia y el hombre que llevaba dirigiendo los destinos de Caja Madrid desde 1996 «confesaba», como han venido a demostrar acontecimientos posteriores, el engaño perpetrado contra decenas de miles de suscriptores de preferentes de Caja Madrid.

De aquella manera tan atropellada como espontánea, respondía Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, el 26 de mayo de 2009, a las 21.09 horas, a una comunicación que le había remitido tan solo dos minutos antes Matías Amat Roca, director general de negocio de la caja hasta el año 2010: «Total colocado al cierre de hoy: 2.200 millones. 1.500 de nueva suscripción y 700 de canje. Hoy se han colocado 300 (200 de suscripción y 100 de canje). Creemos que el ritmo en los próximos días estará entre 100/200 día. Si fuera así cerraríamos la nueva suscripción el viernes/lunes y dejaríamos abierto el canje (en el folleto dejamos la posibilidad de canje hasta el 11 de junio). En vez de colocar la nueva suscripción en 7 semanas (que nos parecía un periodo muy corto) se habrá colocado en 1 semana!!! Lo que he aprendido es que si a los sindicatos no les gusta, probablemente es un buen producto».

Durante aquel 2009, el año del correo del «qué bárbaro», Caja Madrid emitió 3.000 millones de euros en participaciones preferentes: un producto de alto riesgo donde la entidad se comprometía a pagar una rentabilidad según sus resultados, e incluso, como ha sucedido, podría no llegar a pagar nada si llegaba a una situación de números rojos. El 98,9 por ciento de los clientes que suscribieron los 3.000 millones ese 2009 eran «familias» —como la entidad denominaba a sus clientes minoristas— y el resto, 1,1 por ciento, pequeñas empresas no financieras.

¡Qué bárbaro! Efectivamente. Ni bancos, ni fondos de garantía, ni fondos de inversión, ni grandes multinacionales, ni aseguradoras… Un producto de alto riesgo únicamente vendido a las «familias» (particulares) de Caja Madrid, haciéndoles creer que adquirían una especie de «depósito con rentabilidad fija». Todo lo contrario. La Comisión Nacional del Mercado de Valores emitió un informe, con fecha de 7 julio de ese mismo año (día de cierre de colocación del producto «Participaciones Preferentes Perpetuas serie II de Caja Madrid») donde se certifica esta anomalía: Caja Madrid no colocó este producto de alto riesgo a ninguna entidad con conocimientos financieros. Solo a sus clientes tradicionales. En efecto, una auténtica barbaridad.

Y es que la colocación de participaciones de preferentes destinadas a pequeños inversores de edad avanzada, con escasa predisposición al riesgo y mínimo conocimiento de los mercados y productos financieros, no es un caso aislado de abuso de clientes de la Caja Madrid dirigida por Miguel Blesa.

Las directrices comerciales de Blesa y de su director comercial Matías Amat constituyeron sin duda un borrón en la historia de la entidad con más de trescientos años de historia. Con las preferentes o con otros productos, Blesa, el depredador de la caja y de sus clientes, dejó en su gestión titulares como «Caja Madrid engaña hasta a los muertos», haciendo referencia a un seguro de amortización de préstamos que no se hizo efectivo al fallecimiento del titular, dejando en la calle al titular del préstamo, o a los más de 270.000 clientes que tuvieron que esperar para que la caja les eliminase de sus hipotecas la cláusula de redondeo.

Durante mucho tiempo Blesa gestionó la caja lejos de los principios éticos y el espíritu social que alentó a su creador el padre Piquer, y sin tener en cuenta sus «singularidades».

Bankia, en su conjunto, tenía más de 300.000 afectados por los productos híbridos de capital, de los que el propio FROB estima que solo recuperarían el 55 por ciento de lo invertido.

Esta colocación masiva de preferentes ha dado lugar a un nuevo procedimiento contra Blesa en la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, en donde el juez Andreu tiene carta libre para investigar las colocaciones que Caja Madrid realizó.

Fue en el consejo de administración del 24 de abril de 2009, con el voto mayoritario de todos sus consejeros, donde se empezó a hablar de la necesidad de emitir nuevas preferentes y deuda subordinada, en el marco de una ponencia denominada «Niveles de solvencia», realizada por Sánchez Barcoj.

Se repasaba la evolución de la solvencia de Caja Madrid, el BIS se situaba en un 9,67 por ciento y el Core Capital en el 6,56 por ciento, datos ligeramente inferiores a los de diciembre del año anterior, principalmente como consecuencia de las nuevas inversiones realizadas y del deterioro de las carteras y por tanto con la necesidad de mayores provisiones.

Barcoj sugirió la posibilidad y conveniencia de emitir las preferentes para reforzar los fondos propios de la caja en previsión de nuevas operaciones, pero especialmente para hacer frente al progresivo deterioro de la situación económica, aunque a Blesa le importaba poco la coyuntura y siempre alegaba que el problema de Caja Madrid era la lucha fratricida y no la situación económica.

Finalmente fue en el consejo del 22 de junio donde se aprobó el orden del día que se llevó a la asamblea general celebrada a continuación. Entre otros puntos, tenía estos:

1. Emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos:

Primero. Autorizar al consejo de administración para que acuerde la emisión por parte de la propia caja y sociedades de sus grupo de:

1.1. Cédulas, bonos, obligaciones y participaciones, cédulas hipotecarias o de cualquier otra naturaleza.

1.2. Cualquier otro instrumento, incluso subordinado o preferente para la captación de recursos ajenos.

2. Valores negociables que incorporen una opción de compra, suscripción o venta de un activo subyacente, cualquiera que sea el método de liquidación.

Segundo: se autoriza al consejo para que pueda solicitar la admisión a cotización en mercados de valores organizados de las emisiones de valores negociables.

Lo curioso es que una vez más Blesa se saltó sus órganos de gobierno, ya que la emisión había sido aprobada por la CNMV el 21 de mayo, empezándose la comercialización al día siguiente. Es decir la aprobación por la asamblea general se hace una vez colocada, o en pleno proceso de colocación de la emisión.

Matías Amat le comentó a Blesa su preocupación porque la red no tuviese especial interés en colocar esta emisión debido a los problemas que hubo en las emisiones del año 2004. «Empezamos la comercialización mañana. Irá bien. Toda la información que recibo de la red es positiva», le decía a Amat tan solo a veinticuatro horas del inicio de la colocación. «Dios te oiga. Me dan miedo los excesos de celo de la red», le contestó Blesa.

Blesa y Amat estaban exultantes porque, según ellos mismos comentaban, habían recibido por parte de la CNMV un trato de favor, ya que su emisión fue aprobada en mejores condiciones que las de otras entidades como La Caixa. Amat reconocía que el supervisor había ayudado un «poco» a la caja, puesto que tenían una relación «más fluida».

Las condiciones de la nueva emisión eran: importe a emitir de 1.500 millones de euros ampliables a 3.000 millones en su caso, en función de la demanda, a un tipo de interés del 7 por ciento TAE los primeros cinco años y a partir de entonces Euribor más 4,75 por ciento, los tipos más altos de ese momento.

La letra pequeña de la emisión era más que engañosa para inversores no especializados. Las preferentes son un instrumento híbrido entre acciones y deuda que las entidades emiten para mejorar su solvencia reforzando sus fondos propios. Por no tener vencimiento son un activo perpetuo, es decir el ahorrador nunca sabe cuándo puede recuperar su inversión inicial, y todo dependerá de que la entidad emisora amortice o recompre la emisión. La clave en este caso es el precio de recompra, ya que las entidades lo ofrecen al precio que consideran más adecuado ofertándose importantes descuentos que pueden llegar a rondar el 50 por ciento, si es que se cobra algo. Por último, la característica definitiva es que el emisor solo paga intereses si la entidad tiene beneficios. El primer día la red ya había colocado 1.300 millones de euros entre sus clientes. «Qué notición», dijo Blesa al comprobar que en tan solo un día se había superado prácticamente el 40 por ciento del objetivo mensual: 2.700 millones en un mes. Al cuarto día Blesa afirmó: «Qué bárbaro, y eso que habíamos engañado a los clientes». Como todo engaño tarda unos meses o unos años en descubrirse, eso es lo que está haciendo la justicia ahora con los cientos de sentencias dictadas en contra de las entidades que emitieron las preferentes.

La comercialización no estuvo exenta de problemas. Según los ejecutivos de Caja Madrid, la competencia, La Caixa y Unicaja, que simultáneamente estaban colocando sus propias emisiones, estaban haciendo publicidad negativa de las preferentes de Caja Madrid, especialmente en lo referido al rating y al precio de recompra.

Sería casualidad, pero poco después de haberse iniciado la comercialización la agencia de prensa internacional Bloomberg anunciaba que «los bonos hipotecarios de Caja Madrid no cumplen con el pago de intereses». El tema no tenía más trasfondo, porque eran cédulas hipotecarias que Caja Madrid había mantenido en su balance, es decir, no las había comercializado a inversores finales, pero esto en el fondo dejaba ver el inicio de los problemas de la caja. ¿Para qué hace Caja Madrid una emisión de cédulas hipotecarias, si no las comercializa? ¿No sería que los inversores no estaban dispuestos a asumir hipotecas basura?

Pero los miedos de la red comercial tenían su sentido. En el año 2004, poco después de la primera emisión realizada por Caja Madrid, se descubrió una operativa irregular realizada por seis empleados de la caja en el mercado interno previsto para dar liquidez a los productos híbridos. La reacción de la caja fue el despido de estos empleados, pero, siendo dos de ellos afiliados a la UGT, el sindicato se opuso al considerar que no era una operativa irregular, sino un fallo de control del propio sistema por no haberse incumplido ninguna norma interna.

La propia UGT consideró en un escrito en defensa de sus afiliados que los productos siempre habían dado múltiples problemas en cuanto a la definición y a su comercialización. Al parecer, el sistema, especialmente en lo relacionado con las órdenes sin precio y las operaciones que se casaban off line, daba pie a pensar que determinados empleados especulaban con los productos que ellos mismos compraban a los clientes que querían deshacer posiciones. La Unión General de Trabajadores reconocía que «una vez visto que a los empleados no se les excluye de los productos entendemos que no se puede penalizar o considerar como negativa la especulación con los mismos, ya que tratándose de productos a largo plazo, su propia naturaleza como la de todos aquellos que cotizan en mercados, conlleva principalmente obtener beneficio entre el precio de compra y el de venta, es decir naturaleza especulativa».

Y esto lo reconocía la propia UGT en 2004, ante los casos que se estaban produciendo, en los que determinados empleados compraban en condiciones de oportunidad productos a sus propios clientes.

Deuda subordinada y preferentes. Dos productos distintos y una sola finalidad: cuadrar el balance de la caja

Junio de 2009 es el mes clave para Blesa. En plena lucha fratricida para mantener su mandato y después de la frustrada salida a bolsa de Caja Madrid Cibeles, no le queda otra opción que hacer una gran emisión de preferentes para fortalecer una vez más los fondos propios, a pesar de que estaba al límite legal de fondos propios de segunda calidad.

Los problemas de Caja Madrid se retrasaron con las plusvalías derivadas de la venta de Endesa, en tono a los 2.500 millones de euros, que sin duda ayudarían a dilatar el proceso de deterioro. Las inversiones en SOS Cuétara, una «auténtica galleta inversora», en Su Casita, un timo, en Iberia, un desastre, y todo ello en un proceso de pelea fratricida con la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, fueron lo que llevó a la caja a un proceso de declive imparable.

La caja colocó 3.000 millones de títulos preferentes, especialmente a particulares, lo que con el tiempo sería uno de los mayores errores de su gestión y que supondría pérdidas multimillonarias a cientos de miles de pequeños ahorradores. La colocación fue considerada beneficiosa por suponer una desaparición de la desventaja competitiva respecto a los bancos, en términos de aumento de recursos propios básicos, para de esta forma poder seguir aprovechando las oportunidades de crecimiento que pudiesen darse en un futuro, extendiendo la influencia de las cajas y el peso de su modelo de negocio.

Pero lo más peculiar de la argumentación era que «con las emisiones de preferentes se proporcionaba a la caja la posibilidad de gestionar su base de capital de forma similar a los bancos, aumentando el porcentaje de beneficio anual que podrían repartir. Si las cajas hubiesen distribuido a obra social un 50 por ciento de sus beneficios individuales de 2004, el total de fondos destinados a obra social por el sector habría sido un 74 por ciento superior, es decir, 2.078 millones de euros. Si hubiesen destinado un 50 por ciento de sus beneficios consolidados, el dinero dedicado a la obra social hubiese sido de 2.567 millones de euros, un 114 por ciento superior».

Quien utilizaba el argumento de la obra social para realizar emisiones de productos híbridos no era otro que el actual ministro de Economía y Productividad, Luis de Guindos, en aquellos momentos al frente de la filial española de Lehman Brothers.

Blesa invierte en bonos de BBVA antes que en preferentes

La presión a la red comercial sobre la colocación de preferentes era tal que la gestora de patrimonio del propio Blesa le ofreció invertir 450.000 euros de su cartera en preferentes. La contestación de Blesa fue que no estaba muy seguro de querer invertir a tan largo plazo (indefinido). Desde su pedestal no era consciente que si él no quería invertir a tan largo plazo probablemente el producto tampoco era bueno para los miles y miles de ahorradores que después de una larga vida laboral no debían colocar sus escasos ahorros en un producto de alto riesgo.

Probablemente el perfil de inversor de las preferentes estaba más cerca de Blesa que del resto de pequeños ahorradores. Finalmente acabó invirtiendo, ante la insistencia de su gestora, 150.000 euros, tan solo el 2,5 por ciento de su cartera.

Ancianos, ciegos, niños y demás inversores de alto riesgo

«He dejado de confiar en los bancos». Quien así hablaba era Honoria Moya, probablemente una de las primeras ciudadanas que obtuvieron una sentencia favorable por haber invertido en preferentes. Viuda de setenta y nueve años, con escasos conocimientos financieros, inversora en productos de pasivos clásicos, fue asesorada por el subdirector de la oficina para invertir en participaciones preferentes, un producto de alto riesgo y poca liquidez. El resultado: una condena a Caja Madrid a pagar las pérdidas ocasionadas a su cliente. Nada tendría de particular el caso de Honoria Moya si no fuese porque, como asociada de AUSBANC, acudió a los servicios jurídicos de la asociación en el año 2003 para exponer su caso: la Caja Madrid de Miguel Blesa le había vendido unas preferentes por un importe de 42.000 euros, que dos años después le suponían unas pérdidas de 5.300 euros.

El caso se ganó, siendo probablemente una de las primeras, si no la primera, sentencia de preferentes. La resolución consideró probado que la entidad había ocultado información relevante a la cliente de setenta y nueve años, como por ejemplo la existencia de un riesgo de no percepción de dividendos si no se alcanzaba un beneficio suficiente o que el valor de las preferentes podía bajar en el mercado, y no había tenido en cuenta el perfil conservador de las inversiones realizadas hasta la fecha por la clienta tradicional de la caja madrileña.

En esta sentencia de 2005 se definió por vez primera el perfil del inversor gracias a los buenos oficios de los servicios jurídicos de AUSBANC. Por primera vez, la jurisprudencia española determinó que el historial y las características del inversor, lo que se conoce como principio de autonomía de la voluntad de las partes, se imponía sobre el documento firmado, que era la defensa de la mayoría de las entidades en esos momentos.

Las directrices que emanaban del anterior presidente Miguel Blesa constituían un borrón en la historia de Caja Madrid. Basta acudir a las hemerotecas para ver casos evidentes de abusos de la clientela, mala utilización de los fondos que le eran encomendados y comercialización de recursos tóxicos.

El perfil del inversor fue adoptado bastante tiempo después por la Comunidad Económica Europa, en la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros, más conocida por MIFID, vigente desde el 1 de noviembre de 2007 para regular la prestación de servicios de inversión. Por lo tanto afecta directamente a la forma en que las entidades de crédito o de inversión informan, asesoran o venden productos financieros a sus clientes reales o potenciales.

Los objetivos de la directiva fueron:

1. Proteger al cliente para que conozca y comprenda el producto que va a comprar, sepa valorar el riesgo en el que va a incurrir y tome la decisión en consecuencia.

2. Regular el comportamiento de la entidad financiera.

3. Incrementar la competencia entre entidades.

La MIFID clasificó a los clientes por el nivel de información, formación y experiencia inversora, dividiéndolos en clientes elegibles, profesionales y clientes minoristas que gozan de máximo nivel de protección dada su menor preparación financiera.

Para valorarlos, la directiva obligó a que se hiciera un test de idoneidad y un test de conveniencia. El primero es el más complejo y se aplica cuando exista un contrato de asesoramiento en materia de inversión. El segundo es más corto y se aplica cuando el cliente no tiene experiencia y se trata de un producto complejo. Desgraciadamente, las imágenes vistas en televisión y prensa demuestran que en gran medida algunas entidades han hecho caso omiso de esta obligación.

La mayoría de las antiguas cajas de ahorros utilizaron las emisiones de deuda subordinadas y preferentes como vía para la captación de recursos propios, dada la imposibilidad de ampliar capital mediante la emisión de acciones.

En la mayoría de los casos, estas «participaciones preferentes» fueron vendidas a personas sin apenas conocimientos financieros, gente mayor e incluso analfabetos que llegaron a retirar su dinero de depósitos a plazo fijo a instancias de los comerciales del banco, que les prometieron una mayor rentabilidad, con la misma seguridad. Pero la realidad ha acabado por demostrar que las preferentes no eran, ni mucho menos, lo que les habían contado.

Todos sabemos el resultado: la pérdida casi total de sus ahorros, ante la quiebra o graves dificultades de muchas de esas entidades. Y estamos hablando de millares y millares de afectados en toda España. Ante este panorama resulta evidente que han fallado tanto el legislador europeo como el nacional, el Banco de España y la CNMV.

La propia MIFID distingue entre productos no complejos y productos complejos. Entre los primeros se encuentran las acciones, la deuda pública, los fondos de inversión y las cédulas hipotecarias. Entre los productos complejos se encuentran precisamente todos aquellos que han arruinado a miles de personas: deuda subordinada, preferentes, Hedge funds, derivados, contratos financieros atípicos, seguros de cambios y opciones sobre divisas.

Las entidades financieras vendieron preferentes, deuda subordinada, seguros de tipo de interés a todo tipo de personas que se ajustaban al perfil del inversor minorista y por tanto sin conocimiento financiero. Un mayor control de a quién y cómo contrataban este tipo de operaciones hubiese evitado los escándalos existentes actualmente y que, con mayor o menor esfuerzo, la jurisprudencia está ayudando a resolver.

Las entidades no cumplieron con las exigencias impuestas por la directiva MIFID, privando con ello de la debida protección que el ordenamiento jurídico brinda al inversor minorista.

A pesar de todo, el propio regulador, el Banco de España, advertía a la CNMV que la introducción de nuevos requisitos en la emisión de preferentes con el fin de proteger a los inversores minoristas podía tener un efecto contraproducente, ya que según el banco emisor «obligar a que las emisiones contaran con una entidad de liquidez que garantizara el cobro de los intereses prometidos a sus clientes» podría ser entendido por los clientes como un riesgo para las emisiones en circulación en ese momento.

El escaso interés del regulador y del supervisor en que las entidades cumplieran con la normativa MIFID hizo que en muchos casos la directiva no fuera cumplida por las entidades.

Son conocidos los casos en los que al rellenar los contratos de inversores minoritarios el impreso venía ya con la X en la casilla en la que se aseguraban los conocimientos financieros del cliente. La jurisprudencia establece en la mayoría de los casos la total omisión de las obligaciones que la normativa MIFID impone a la entidad bancaria, la falta de calificación y de una recomendación coherente en cuanto a la conveniencia del producto, bajo la perspectiva de todas sus posibles consecuencias.

Los clientes contratan con una idea equivocada y desviada de sus intereses, bajo una inducción carente del más mínimo rigor en la transparencia del producto y la información suministrada. Así lo afirma la sentencia de Honoria:

Con todo ello la concurrencia del error como vicio de consentimiento que produce la nulidad del contrato es reprochable a la parte que pretende mantener la validez y vigencia del contrato. Además el error en ningún caso resulta inexcusable pues es evidente que la entidad demandada impidió con su postura precontractual tanto formal como material, la posibilidad de que la actora entendiera y aceptara con plenitud de conocimiento el contenido, alcance y consecuencias del contrato, sobre la base de unas previsiones de evolución de los mercados, no explicada al cliente, en cuyo estudio y análisis la demandada ostenta una evidente posición de ventaja.

Otra de las obligaciones que impone la directiva MIFID es la formación de las personas que venden los productos, aunque evidentemente tampoco en muchos casos se cumple. Ante esto la jurisprudencia dice:

Lo que es absolutamente reprobable es que mediante unos agentes, en este caso el director de una sucursal bancaria, sin conocimientos precisos y completos, como exige la legislación bancaria, se exponga al mismo a la venta de unos productos complejos, enmarcándolos en una naturaleza que no tienen, la de seguros contra la subida de tipos de interés, y ofreciéndolos, como otros muchos productos, a usuarios sin conocimientos avanzados y necesarios para la contratación de los mismos, y que si lo contratan es en la confianza que les merece el director de la sucursal en la que operan.

Gracias, sin duda, a Honoria Moya y a los servicios jurídicos de AUSBANC, pero se hubiese podido evitar tanto sufrimiento si el resto de actores, entidades financieras, legisladores, reguladores y supervisores hubiesen hecho efectivamente su trabajo.

IX. LA VIDA PREFERENTE DE TÍO MICKY

La escopeta de Caja Madrid: cacerías, viajes y negocios

De todas las cacerías en las que participó Miguel Blesa a lo largo de su vida, una ha recobrado con el paso del tiempo todo su simbolismo. Tuvo lugar el 8 de septiembre de 2009 en Rumanía y se llevó por delante a un ejemplar de oso pardo común de unos 400 kilos de peso. El abatimiento se realizó en plena cordillera de los Cárpatos. Las tarifas que se pagaban entonces por cada pieza de oso rumano oscilaban entre los 15.000 y los 23.000 euros. Rumanía sigue sin dar más de 300 licencias al año. Es un negocio vedado, reservado para los más ricos de los ricos europeos. Miguel Blesa era uno de ellos.

Por aquellas mismas fechas, el entonces presidente de Caja Madrid participaba en otro tipo de cacería, con trifulca empresarial incluida. Pero esta tenía como escenario los alfombrados despachos del poder político madrileño. Blesa aspiraba a un tercer mandato al frente de la caja del oso. A mediados de los noventa, Caja Madrid cambió su logo y dejó únicamente la imagen de un oso, que simboliza a la capital de España.

No lo consiguió. La pelea entre la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, fue a dentellada limpia. Gallardón apoyaba a su amigo Blesa, mientras que Aguirre quería colocar a uno de los suyos: Manuel Pizarro. Intervino el presidente del partido, Mariano Rajoy, y la pelea terminó en tablas: Blesa abandonó Caja Madrid el 28 de enero de 2010, siendo sustituido por Rodrigo Rato. Pero el oso verde de la entidad ya había sido derribado, estaba moribundo y feneció a los pocos meses.

Osos, búfalos, pumas, leones, ciervos… Donde ponía el ojo, Miguel Blesa ponía la bala. Eso sí, únicamente en el terreno cinegético, porque en los negocios, tal y como ha quedado patente a lo largo de la presente investigación, no tenía tanta puntería. En concreto, su permanencia al frente de Caja Madrid (de 1996 a enero de 2010) ha quedado como una de las más desastrosas gestiones del sistema financiero español. Así lo demuestra el óbito definitivo de la caja madrileña, que contaba con más de trescientos años de historia, y su entierro final dentro del conglomerado de Bankia, entidad asimismo rescatada de la quiebra con la aportación de más de 22.424 millones de euros públicos.

Paciencia, reflejos, pulso firme y acertada puntería. Cualidades que debe poseer todo buen cazador. Pero el Miguel Blesa cazador no manejaba únicamente esas habilidades para abatir a sus espectaculares piezas. Necesitaba algo más y en su caso le vino regalado. Como cualquier tirador que se precie, Blesa requería de un magnífico rifle de precisión, además de un excelente visor de mira telescópica. Y se hizo con ellos.

El año 2008 Blesa cogió su fusil: un Blaser R93 de alta gama (unos 6.000 euros de precio), acompañado de un visor Zeiss 6-12 x 72 (otros 2.500 euros), junto a las monturas que fijaban el visor al cañón (400 euros cada una). Así pertrechado, con ese escudo mortífero de unos 10.000 euros, gentileza de una empresa de la que había sido consejero antes de aterrizar en Caja Madrid, emprendía Blesa sus safaris de evasión.

Con un arma de estas características es difícil errar el tiro. Las fotos que publicó el suplemento «Crónica» del diario El Mundo el domingo 8 de diciembre de 2013 así lo demostraron. Dichas instantáneas corresponden a algunas de las cacerías en las que participó el expresidente de Caja Madrid a lo largo y ancho de este mundo. También debía de ser difícil equivocarse al estar al frente de la cuarta entidad financiera del país. Pero en este caso, Blesa no estuvo tan acertado y los tribunales investigan todavía a día de hoy si, además de negligencia, pudo existir alguna conducta delictiva por parte del impetuoso cazador linarense. Si el presidente de Caja Madrid hubiera sido tan certero en su faceta bancaria como con el rifle que le regalaron, la entidad no habría necesitado 22.424 millones para salvarse de la quiebra.

La querencia por las armas de Miguel Blesa no se ceñía únicamente a su pasión cinegética. El periódico online infoLibre le llegó a vincular con supuestas operaciones de venta de armamento. Blesa siempre ha negado su participación en esos negocios. Lo que sí aparece en el sumario judicial por la compraventa del Banco de Florida es su presunta mediación en operaciones de venta de material de aviación, cuya utilización podía ser civil o militar, a Cuba, Libia, Venezuela y Argelia.

«Pancho me dijo que ya tienes tu rifle maravilloso y que lo quería poner a tu nombre desde el principio; ya te habrá contactado pidiéndote copia de tu licencia, debes mantenerte ignorante de todo hasta el final», le comentó a Miguel Blesa el presidente de la empresa de equipamiento aeroespacial EINSA, Pedro Rodríguez Pla, en 2008. Miguel Blesa, que todavía presidía Caja Madrid, tenía muy buena relación con EINSA, de cuyo consejo de administración había sido miembro. Tanto es así que muchas veces visitaba a sus excompañeros en la sede de su antigua compañía en Alcalá de Henares, llegándose a fotografiar con el fusil que le habían regalado en el despacho del presidente.

El periódico infoLibre informó en la primera semana de diciembre de 2013 de una supuesta intermediación del expresidente Aznar en la venta de equipos de ingeniería aeroespacial de EINSA en Argelia, Libia y Venezuela. En estos negocios participaría también un hermano de Alejandro Agag, yerno del expresidente Aznar. Este ha negado expresamente su participación en este tipo de negocios. EINSA diseña y fabrica vehículos y equipos de alta complejidad para la asistencia y el apoyo de la aviación civil y militar. Miguel Blesa fue consejero de esta empresa entre marzo de 1991 y enero de 1997. En el sumario del City National Bank aparece distinta documentación donde los responsables de EINSA ofrecen la participación de Caja Madrid en diversas operaciones mercantiles. Una de ellas se refiere a la financiación de un acuerdo comercial con la Aviación Cubana para el suministro de todos los equipos de handling que necesite la compañía durante cinco años, a razón de 3 millones al año. «Por si esta operación fuese de vuestro interés, hemos incluido en nuestros precios franco fábrica un 3 por ciento para vosotros, para que de esta forma, vuestra oferta pueda resultar tan atractiva o más que la del Sabadell», le comunican desde EINSA al presidente de Caja Madrid.

Como se ha indicado, Aznar emitió un comunicado en donde negaba expresamente que «concluyera ningún contrato o encargo de EINSA» y donde rechaza que «hubiera recibido retribución o comisión alguna por parte de dicha compañía». Miguel Blesa, por su parte, negó su participación en negocios de venta de armamentos, pero no se pronunció sobre su participación o la de Caja Madrid en los negocios de handling de EINSA.

«Querido tío Micky»

Las cacerías eran solamente algunos de los «pequeños lujos» de la buena vida que se pegaba Miguel Blesa, al que su sobrino se refería como tío Micky. «Querido tío Micky, lo siento, no me he podido resistir a mandarte esta foto. Estarás conmigo en que el coche es espectacular», le decía su pariente después de retratarse saludando dentro de su vehículo. «¿Qué tal su Ferrari?», le preguntaban al volver de pasar un fin de semana fuera de Madrid. «Fantástico, pero no está hecho para 120. He venido prudente, salvo ocasiones. He llegado a 240», contestaba Blesa.

Tal debía de ser su afición por la velocidad que su actual mujer le propuso comprar, en agosto de 2009, un simulador de carreras de Fórmula 1. «Amorcito, mira qué pasada», le decía Gema Gámez Pérez, quien adjuntaba además una imagen del simulador. «¿De dónde has sacado esto? ¿Lo venden?», contestaba impetuoso Miguel Blesa.

Miguel Blesa estaba puntualmente informado de los radares fijos instalados por la Dirección General de Tráfico, ya que como el propio Blesa reconoce, su Ferrari va «como un avión». El vehículo fue adquirido por Blesa de segunda mano y por él declaró tan solo 30.000 euros a efectos del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: «Para hacer el cambio de titularidad mañana, hoy deberíamos liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Por eso no solo tenemos que firmar el contrato de compra-venta sino indicar la (sic) el valor del vehículo, para sobre eso pagar un 4 por ciento. ¿Cuánto quiere que pongamos?», le preguntó su secretaria. «30.000 euros», respondió escuetamente Blesa.

En torno a los 1.200 euros pagó de impuestos el expresidente de Caja Madrid por su Ferrari, más o menos lo mismo que le costaba un kilo de caviar Beluga Royal 000 en 2002: «He hablado con SAEID… y me dice que encantado que le llames y te lo acerca a casa. Tiene el Sevruga-170.000 pts/kg. Pero nos aconseja el Beluga Royal 000 (máxima calidad de caviar) que en la calle lo vende a 700.000 el kg, pero a nosotros nos lo deja en 240.000 pts/kg (merece la pena) pero que no lo digamos a nadie. Cómprale ¼ de cada y pruebas».

Y es que la vida de Miguel Blesa de la Parra era así, a lo grande. En julio de 2009, cuando le quedaban apenas unos meses para abandonar la caja ya quebrada y entregarla de esta manera a su sucesor, explicaba a una amiga cómo iba a pasar sus vacaciones: «Yo estoy deseando que acabe mi curso escolar; tengo un verano movidito, no me voy a aburrir. La última semana de julio navegando en Turquía, la primera de agosto cuidando el negocio, y luego me retiraré entre la Costa Azul, también con barco, Sotogrande y más Madrid, y acabaré con mi hija y el aspirante en Miami. Lo dicho, variado y movido».

Cuando en abril de 2008 estaba en plena negociación para la compra de unos apartamentos en Nueva York con Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar, le informa de cómo va a pasar las próximas semanas, a lo grande: París, Estambul, Hungría, la Fórmula 1: «Como verás, el responsable de ventas [le adjunta una información sobre una promoción inmobiliaria en Nueva York] no se da por vencido y hace gala de su capacidad de persuasión. Te lo envío por si entre partido de fútbol, carrera de GP o de F1 reconsideras el proyecto; yo me uniré a lo que hagas y puede que Carlos Vela también, pero si no os decidís creo que buscaré algo en París. No nos veremos en Estambul, me coincide con caza de corzos en Hungría, una opción irresistible; sí nos veremos en otra carrera. Un abrazo, Miguel».

Vega Sicilia, Valbuena...

Regar su buena vida con los vinos más excelentes era otro de los placeres sibaritas a los que se entregaba habitualmente Miguel Blesa. «Presidente», le informa en una comunicación, en abril de 2007, Ildefonso José Sánchez Barcoj, exdirector financiero de Caja Madrid, «tal y como hablamos, hemos hecho una pequeña bodega para acompañar convenientemente las “excelencias” de nuestra cocina [le adjunta en el escrito dos cartas]. La primera es una carta especial para tu uso, y la segunda para uso de los miembros del comité de dirección. A ti te actualizaremos todas las semanas, y a los directores se la entregamos cuando piden la comida. La diferencia es que en la tuya hemos incluido algunas exquisiteces (no todo va a ser ratio de eficiencia), tipo Vega Sicilia, Valbuena, ya habituales y Chateau D’Yquem. También te hemos hecho una selección de buen champán. Un saludo».

Así era la «vida preferente» de tío Micky Blesa, a todo tren, o mejor a todo Ferrari. A Blesa le gustaba el lujo y decidía sobre la carta de vinos, para su uso exclusivo, en la planta noble de la torre KIO. Compraba caviar o reaccionaba con inusitada ira ante las críticas aparecidas en el periódico El Mundo por la compra de un vehículo BMW blindado de más de 500.000 euros. Y además contó durante 2009, último año de su presidencia, con un presupuesto mensual para gastos de representación, relaciones externas y protocolo de 84.000 euros. Durante el mes de abril de 2009, por ejemplo, se gastó la nada despreciable cantidad de 56.363,46 euros. La vida de tío Micky sí era preferente.

Un avión en Miami

Probablemente uno de los secretos mejor guardados de la etapa de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid es la existencia de un avión al servicio de la presidencia. Al igual que le sucedía a Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, a Miguel Blesa también le gustaba aquello de los altos vuelos. Como se ve, una afición muy compartida por la casta financiera y empresarial de nuestro país.

La compra del City National Bank de Florida no vino sola, trajo consigo la adquisición de cinco sociedades que venían adosadas a la anterior: City National Bancshares, propietaria de City National Corporation, City National Bank de Florida, City National Insurance Agency y, sorpresa, una compañía de aviación, la CNB Aviation LLC.

La única finalidad de CNB Aviation era la tenencia y mantenimiento de un avión comercial para vuelos privados. En una comunicación remitida el 3 de septiembre de 2008 por Sánchez Lozano a Miguel Blesa sobre el gobierno corporativo del holding americano, el primero, que en aquel momento ya apuntaba hacia los negocios de aviación (léase Iberia) le dice al segundo que CNB Aviation tiene como administrador a Harol Brewer (uno de los ejecutivos del antiguo equipo de gestión del banco). Bajo la legislación americana una entidad extranjera no puede ser propietaria de una aeronave. Para ello se prevé, sigue diciendo Lozano, nombrar a una persona americana como propietaria fiduciaria de esta sociedad, con un acuerdo con el banco. Y propone que esa persona sea Harol Brewer, el mismo que estaba antes, como administrador fiduciario en representación del banco. La licencia del avión 582DT se otorgó el 20 de abril de 2007 y estuvo en vigor hasta el 23 de junio de 2011 en que se canceló.

El avión lo utilizaba el antiguo propietario del banco, Leonard Abess, para sus gestiones empresariales. En una comunicación de fecha 11 de octubre de 2007, el propio Sánchez Lozano le dice a Blesa que Abess viajará a Madrid con su mujer en «su avión privado». La sociedad propietaria del avión tenía como sede social la antigua dirección del City, 25 W Flagler ST STE 711 Miami, Florida, United States, 33130, y el administrador siguió siendo Harol Brewer, aunque la matricula estuviera a nombre de una sociedad denominada Adams Aviation Service Trustee, domiciliada en Delaware, conocido paraíso fiscal en territorio estadounidense. La licencia fue cancelada antes de su vencimiento en el año 2011. Es una incógnita qué fue del avión. ¿Sabrán en Bankia de su existencia? ¿Lo habrán vendido? Muchas dudas sin resolver que el juzgado debería investigar.

Un apartamento en Nueva York con Alejandro Agag

«Lo que hice fue la cobertura del precio de la cotización del dólar, porque tenía en proyecto una inversión inmobiliaria de un apartamento donde habían ofrecido muy buenas condiciones en Nueva York, y lo que hice fue pedir una cobertura mientras se negociaba por el plazo de tres meses, la cobertura del precio del dólar. Nunca hice esa operación, y antes de los tres meses se deshizo la…». Así justificaba Miguel Blesa la firma de un contrato de seguros de cambio por 1 millón de euros en marzo de 2008. Blesa, convertido en intermediario entre Alejandro Agag y la inmobiliaria que comercializaba el apartamento en Nueva york.

Los tres amigos, Alejandro Agag, Carlos Vela y Miguel Blesa, estaban dispuestos a comprar un apartamento cada uno en el mismo edificio que Robert de Niro o Al Pacino. Apartamentos de 139 metros cuadrados, valorados en torno a los 2 millones de dólares. Miguel Blesa llegó a hacer el depósito de reserva correspondiente. El edificio se situaba cerca de la calle 57, con vistas a Central Park y al Carnegie Hall, probablemente uno de los más exclusivos de Nueva York, con terraza, piscina, gimnasio con spa y su propio bar. A pesar de la insistencia de la comercial de la inmobiliaria, Blesa no consiguió convencer a Agag, por lo que la operación se deshizo. Su amigo Carlos Vela le ofreció entonces comprar un apartamento que Martinsa Fadesa estaba construyendo en París. ¿Nueva York o París? Daba igual. Blesa tenía dinero y quería un «pisito».

2,15 millones al contado por un chalé en La Florida

En diciembre de 2009, poco antes de ser cesado, Blesa quiso dar un nuevo sentido a su vida e inició la búsqueda de una casa para vivir con su novia Gema, con quien se casó al poco tiempo de salir de prisión por segunda vez.

«Cariño, ¿esta será la casa de los Montis?».

Se trataba de una residencia en una urbanización cerrada, dotada de seguridad y formada por varias viviendas unifamiliares. Con una parcela de 878 metros cuadrados y construidos 699, constaba de garaje, dormitorio y gimnasio en planta sótano, recibidor, cocina, despacho, comedor y salón en planta baja, y cuatro dormitorios con sus propios aseos en planta primera. Fue tasada un año antes en 2,8 millones de euros. La pareja tenía la duda de si la casa de sus sueños era la de su amigo y compañero de cacerías y viajes, Carlos Monteverde, protagonista de una de las quiebras más sonadas del mercado inmobiliario español de los últimos años.

«Estoy viendo en Idealista.com las fotos de la casa que nos dijeron que estaba vendida o no disponible. Yo creo que es la misma, el misterio es si puede ser que el propietario la intentara vender antes de que se la quedara el banco y no pudo hacerlo».

«El otro día dijo Monty algo de que se la había quedado el banco, yo creo que el Espírito Santo ¿Te acuerdas?».

Finalmente hicieron una oferta por 2 millones de euros, que Espírito Santo rechazó, ya que su primer precio era 2,5. Luego bajaron a 2,2 millones, cerrándose poco después la compraventa en 2,15 millones.

Por fin eran propietarios de una magnífica mansión en uno de los principales barrios del noroeste de Madrid, La Florida. Según comunicó la comisión anticorrupción del partido X, el precio se realizó mediante dos pagos, un cheque bancario por 200.000 euros a modo de entrega a cuenta y el resto mediante otro cheque, el 22 de febrero, cuando Blesa ya había dejado de ser presidente de Caja Madrid. Frente a los españoles que tardan veinte años en poder pagar su vivienda, Blesa pudo pagarla a tocateja con tan solo medio año de su millonario sueldo público.

Los cuadros de Gerardo Rueda

La sombra del presidente Aznar ha sido larga y ardua, proyectándose sobre todos los años que Blesa estuvo en Caja Madrid. No en vano era su amigo y le debía el cargo a él.

«Con los pelos que se ha dejado mi padre por ti, y han sido muchos, me parece impresentable, lo que has hecho o no has hecho. No se merece esta decepción», le decía Aznar júnior a Blesa a propósito de uno de los favores que Aznar quería que le hiciese Blesa: la compra de la colección de cuadros de su amigo Gerardo Rueda. Pero en banca se dice mucho una frase que se repite constantemente a los recién ingresados: «No te engañes, chaval, este banco flota porque hay mucho madero». Es decir, ni siquiera un presidente puede hacer todo lo que quiere.

Conocida es la afición de Aznar por Miami, Florida, a donde acude habitualmente a ver a sus contactos cubanos relacionados con la oposición al régimen de Castro. Sus relaciones con Luis Conte, presidente del Partido Ortodoxo Cubano, de más de ochenta años, los Mas Canosa (primero el padre y luego el hijo), los Montaner, y por supuesto con Jeff Bush, casado con una cubana, han llevado a Aznar a pasar una gran parte de su tiempo en Miami. De hecho la fundación FAES, a través de Rafael Bardají, ha abierto una delegación en Miami.

Uno de sus contactos en Miami es la familia Olloqui, empresarios aragoneses con fuertes intereses en Miami, pero especialmente en Cuba, en el sector de las telecomunicaciones. Los Olloqui dirigen, entre otras muchas cosas, el grupo BTS cuya principal actividad es la de «transportar» llamadas a Cuba, especialmente vía satélite, de tal forma que la gente del exterior se pueda comunicar con la isla. El negocio es altamente lucrativo y de poco riesgo ya que el operador extranjero es el que cobra las llamadas y cada cierto tiempo liquida con ETECSA, la compañía cubana, el dinero por la terminación de las llamadas. Es uno de los pocos negocios que no tiene, por decirlo de alguna forma, riesgo cubano, ya que es la empresa exterior quien paga al sistema castrista, inyectando de esta forma tesorería al gobierno cubano. El grupo Olloqui lleva en ese mercado muchos años, lo que le ha permitido montar un emporio que ocupa un edificio propio en el centro de los negocios de Miami, Brickell Street.

José María Aznar intentó intermediar durante el 2009 para que Caja Madrid le concediese al grupo Olloqui una operación de financiación en España, operación que hasta ese momento les estaban financiando en Cuba, a través de la Corporación Financiera Habana de Caja Madrid. La falta de garantías de los Olloqui motivó que finalmente la operación no se llevase a cabo.

El negocio no podía ser más rentable, ya que el Grupo Olloqui tenía la exclusiva de compra de paquetes de minutos de salida y entrada internacionales en Cuba. Para ello Olloqui negoció un precio por debajo del oficial cubano y paga los minutos a Cuba a corto plazo, mientras que cobra prácticamente en efectivo.

ETECSA, la compañía telefónica cubana, y otros operadores, tradicionalmente pagaban con pagarés que la Corporación Financiera Habana descontaba; pero necesitaban modificar la fórmula, por temor a que les bloqueasen los fondos en moneda, como ocurre en Venezuela. Para ello Olloqui necesitaba realizar la operación de descuento en España, dejando en garantía de la financiación unas plantaciones de Teka en Ecuador, valoradas, según ellos, en 30 millones de euros.

A pesar de que Blesa informaba mediante correos electrónicos directos a José María Aznar, Caja Madrid, tras insistir Aznar, recibió al máximo ejecutivo del grupo, pero finalmente se descartó la operación al no poder entregar garantías suficientes en España. No era la primera vez que Aznar jugaba a favor de cubanos americanos con base en Miami. Quizás la más conocida intermediación fue el incidente de Sintel, filial de Telefónica especializada en hacer zanjas, que fue vendida en el año 1996 a MasTech, compañía propiedad de Mas Canosa, presidente de la Fundación Cubano Americana, una de las más radicalizadas de Miami en contra del régimen castrista. Sintel fue vendida a MasTech por 30 millones de euros, con la peculiaridad de que la operación se aprobó fuera de acta y sin que los consejeros se enterasen en el último consejo que presidia Cándido Velázquez, antes de la llegada a Telefónica de Juan Villalonga, otro de los amigos de Aznar.

El gran Cándido Velázquez falleció negando que esa operación se hubiese aprobado bajo su mandato. Hasta el final sostuvo que alguien la introdujo en el libro de actas sin su conocimiento.

Mientras los empleados montaban un campamento en defensa de la empresa y de sus derechos, los compradores se dedicaron a vaciar la empresa a través de MasTech Internacional, compañía pantalla. Después de un largo pleito de doce años cada empleado recibiría 30.000 euros por sentencia de la Audiencia Nacional.

La venta por 30 millones supuso un déficit patrimonial de 59,3 después del vaciamiento que hicieron los nuevos propietarios, lo que provocó la quiebra de la sociedad. Finalmente tuvieron que intervenir el gobierno Aznar y la Telefónica de Villalonga, que hicieron frente a las deudas contraídas por los cubanos con los empleados.

Era costumbre de Aznar el pedir habitualmente favores a Miguel Blesa, como ocurrió con la colección de obras de arte de su amigo Gerardo Rueda, que intentó colocar a la caja por 54 millones de euros. Una vez más la firmeza de Spottorno consiguió que la operación no se llevara a cabo, ya que la colección valía escasamente 3 millones de euros. El propio Spottorno le decía a Blesa: «He leído, no sin estupor, las valoraciones que hacían potenciales compradores de la colección. El precio es disparatado».

A pesar de eso Aznar recordaba cuál era su pintor español preferido: «Rueda, Rueda y Rueda». La idea de Aznar era constituir un museo financiado por la caja, con una inversión total de entre 113 y 169 millones de euros, que incluía no solo la compra de la colección, sino la adecuación de un edificio en el Paseo del Prado de Madrid, cerca de donde está el Caixa Forum, cuya restauración se cifraba entre 69 y 115 millones.

Spottorno manifestaba que «el proyecto es inabordable para la Fundación Caja Madrid y por lo tanto debe ser abandonado». Ello, a pesar de las múltiples presiones que Blesa recibía de su jefe de filas: «¿Sabes lo que es una apisonadora?». La colección estaba constituida por más de 200 obras de las que solo 20 eran de Rueda. El resto era de otros artistas amigos del pintor español. Aznar medió con Gallardón para que el ayuntamiento cediese por cincuenta años el edificio en el Paseo del Prado, que debía ser demolido para construir uno nuevo. Ni siquiera el resto de patrones de la Fundación entendieron el proyecto, considerándolo inviable.

La fallecida Mercedes de la Merced le mandó un SMS a Blesa: «Miguel, ¿qué tal? Estoy en Bolivia, en La Paz. Me dice el alcalde que Aznar está triste por la negativa de la caja a su proyecto, Alberto también está molesto. ¿No se puede retomar? ¿Quién lo vetó? puedo hacer algo yo? Besos. Mercedes».

Pero Blesa también ofrecía favores a su amigo del alma, José María Aznar, según lo publicado. A través de su amigo Rodríguez Pla, propietario de una empresa de fabricación de materiales para la aviación civil y militar, le propuso ser agente suyo en distintos países, como Angola, Cuba, Venezuela, Libia y otros cuantos más en los que Aznar podría hacer valer sus influencias. Aznar llegó a tener un contrato de agencia con la compañía EINSA, y contrató a gente que hiciese el trabajo, como el hermano de Alejandro Agag, Carlos Agag. Jose María Aznar ha negado expresamente esta intermediación. La historia fundacional de la sociedad viene de lejos, más concretamente del año 2002, cuando la Fiscalía solicitó que fuesen investigadas las sociedades propietarias del capital de EINSA, a lo que el juez Garzón se negó, en el marco de las investigaciones a la Banca Privada del BBVA, Privanza BBVA, ya presidido por aquellas fechas por Francisco González.

En 2008 EINSA trataba de firmar un acuerdo de colaboración con el expresidente: «No hay ningún problema en que el contrato sea con una persona física o jurídica. Si quieres ser titular del acuerdo como persona física, por nosotros no hay problema», le dijo Rodríguez Pla a Aznar.

Aznar contrató a Carlos Agag para que hiciese los primeros contactos en Argelia, tras un primer viaje del presidente. «Lo que acordemos con Agag es como si lo acordamos con él». La firma además contaba con una sociedad en Miami, EINSA Corp, creada por el mismo abogado que trabajaba para Caja Madrid, Alcides Ávila, con un capital social de 845.000 euros.

En sus cuentas anuales la sociedad reconoce una partida de 4.668.938 euros para gastos correspondientes a servicios de subcontratación de personal y comisiones satisfechas a agentes por la intermediación comercial.

El obelisco y otras menudencias

Quizás sea una de las decisiones que mejor demuestran la pérdida de juicio de Miguel Blesa, mostrando su megalomanía, cuando encargó al controvertido arquitecto valenciano Santiago Calatrava una obra para situarla en la Plaza de Castilla, frente a la torre de Caja Madrid.

Hasta ese momento Madrid se había librado de Calatrava, y de sus pifias, pero no siempre se puede cantar victoria y al final cayó. Era evidente que el amigo de Camps, Barberá y compañía no podía dejar de aterrizar en Madrid tarde o temprano.

La negociación con el arquitecto fue un disparate, hasta el punto de que la única persona que en aquella entidad tenía un cierto sentido común, Rafael Spottorno, comentó: «Calatrava ha vuelto, por fin, a la cordura y se ha puesto a trabajar, con unos términos contractuales razonables, en el proyecto de terminación de la base del obelisco. Me ha mandado unos bocetos, manejando varias alternativas que he enseñado a Pilar Martínez, delegada de Urbanismo, y que cuentan con la aprobación del ayuntamiento. Quizás te divierta ver lo que se propone, que a mí me parece digno de su talento pero no de su talante». Nunca se sabrá si Spottorno, luego jefe de la Casa Real, cuando hablaba de talento lo hacía con cierta sorna. Lo que está claro es que lo de talante lo decía sinceramente. El presupuesto de tan afanada obra ascendió a 12,9 millones de euros, de los que 9,5 corrieron a cuenta de la Fundación Caja Madrid y el resto de los fondos que, con cargo a Caja Madrid, se cedían al ayuntamiento para infraestructuras.

Las críticas a la obra fueron muy fuertes. Blesa se quejaba amargamente: «En El gato al agua estuvieron criticando, mofándose, haciendo gracietas del obelisco Calatrava. Unos decían que si no tenía el ayuntamiento un destino mejor para su dinero, otros que si era obra social de una caja… para qué contarte, estos chicos saben de todo, todo lo arbitran».

A Blesa se le ocurrían distintos usos para el obelisco. Con motivo de la contratación y posterior cese de Carlos Vela como consejero delegado de Cibeles, operación nunca entendida por la entidad, y ni siquiera por sus colegas de partido, Blesa le decía a su secretario general: «Solo quiere dinero y si se lo damos me queman a mí en el agujero del obelisco que tenemos abajo. Si mantiene la demanda se va a suicidar, él vera». Lo cierto es que el cese de Vela le costó a Caja Madrid 1,5 millones por quince días de trabajo.

El obsequio de Blesa a la ciudad de Madrid con motivo del trescientos cumpleaños de la caja acabó siendo un regalito envenenado. El acuerdo con el ayuntamiento era que la caja pagaba el diseño y la obra y el consistorio su mantenimiento. Sin embargo, como en todas las obras de Calatrava, el mantenimiento es muy caro, más de 150.000 euros al año. El ayuntamiento ha decidido apagarlo y así reducir los costes en ese apartado.

El sueño de Blesa fue situar el obelisco junto al monumento a Calvo Sotelo. Para los ciudadanos será un recuerdo de la nefasta gestión de Blesa.

X. LA GOBERNANZA DE CAJA MADRID

El caudillaje

Mientras Miguel Blesa finalmente preparaba de nuevo su boda para el 4 de octubre de 2013, pocos meses después de salir de la cárcel, se hacía público un informe del Banco de España, de fecha 4 de febrero del año 2009, que no puede ser más crítico con la gobernanza que hacia Miguel Blesa de Caja Madrid. Aunque fue aprobado por unanimidad en el consejo de administración, en dicho informe el Banco de España hace innumerables reparos y varias afirmaciones que contradicen lo dicho por Blesa ante el juez Silva.

Uno de los principales reparos que hace el Banco de España al informe del gobierno corporativo está relacionado con la información que Caja Madrid daba sobre los créditos concedidos a los miembros del consejo de administración, los miembros de la comisión de control y a partidos políticos y sindicatos. Según el Banco de España, la Caja Madrid de Blesa solo daba información «sobre las operaciones nuevas formalizadas durante el año en lugar de las posiciones acumuladas al 31 de diciembre del año correspondiente», como hubiese correspondido. De esta forma se ocultaba el volumen de riesgos contraídos con cada uno de los consejeros o su ámbito de actuación. Por ejemplo el de Díaz Ferrán, que llegó a acumular un riesgo de más de 220 millones de euros.

El Banco de España denunciaba que ni la asamblea, ni el consejo contaban con normas de funcionamiento, lo que permitía, al ser ejecutiva la presidencia, que Blesa hiciese y deshiciese a su libre albedrío. De acuerdo con el banco emisor, «el presidente es ejecutivo y tiene voto de calidad», cosa que Blesa negó en repetidas ocasiones ante el juez Silva. Además, a pesar de la existencia de una comisión de inversiones, en aquella fecha el consejo de administración tenía facultado por poder a Blesa como presidente ejecutivo, «para constituir y tomar participaciones en sociedades», lo que estaba al margen de lo dispuesto por la ley que regulaba las cajas. El Banco de España decía que no existen actas de las reuniones ni de la comisión de inversiones ni de la comisión de remuneraciones. No hay que olvidar que en aquellas fechas se tomaron decisiones tan ruinosas para Caja Madrid como la toma de participación en City National Bank, Mecalux, SOS, Su Casita y tantas otras. Además, fue Blesa quien llevó personalmente las negociaciones de Iberia con British Airways para la fusión de ambas sociedades, lo que dio lugar a la actual IAG, que está hundiendo a la antigua aerolínea española.

Blesa dijo en una ocasión en la junta general de FCC: «Estos hacen menos caso a los accionistas que yo a mi consejeros generales». Y, en efecto, hacía y deshacía a su antojo. El Banco de España denunció que la comisión de auditoría estaba formada por tres personas, de las que dos eran miembros de la comisión ejecutiva, lo cual va en contra de lo establecido por la disposición decimoctava de la ley 24/1988 de Regulación del Mercado de Valores. Según la ley, la mayoría de los miembros del comité de auditoría deben tener la condición de consejeros no ejecutivos del consejo de administración. Antes de 2008 ni siquiera había comité de auditoría.

Pero una vez más la Comisión Nacional del Mercado de Valores optó por mirar a otro lado, pese a que su antiguo presidente Manuel Conthe promovió el conocido informe sobre buen gobierno corporativo. Es bien conocida la afición de Blesa, durante toda su gestión, a saltarse lo establecido por las leyes nacionales y regionales, los decretos y hasta los reglamentos internos. Y sin embargo una y otra vez el supervisor y el regulador miraban para otro lado.

El expresidente de Caja Madrid no dijo la verdad en su declaración ante el juez Silva por los procedimientos abiertos por la concesión de créditos a Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank. Blesa afirmó, a preguntas del juez, que Caja Madrid no era presidencialista y que las decisiones se tomaban siempre en órganos colectivos: «Yo no he tenido confabulación con nadie. Y además me pregunto, ¿confabulación para qué? ¿Para hacer qué?, si yo no podía hacer nada. Si todo lo que yo hago está sometido a la aprobación de un consejo de administración, de unos órganos de gobierno. Yo no puedo hace nada, yo no he sido un presidente presidencialista. Si todas mis facultades estaban denegadas, las tenía que decidir un consejo, al presidente le corresponde la dirección, la iniciativa, y que tratara de persuadir a la gente cuando piensa que una cosa va a ser buena para la caja, pero a partir de ahí ya no puede hacer nada más. No hay presidencialismo posible, ninguno. Yo no podía haber estado el tiempo que estuve en la caja si hubiera sido presidencialista. No podría haber estado». De esta forma trataba de eludir su responsabilidad personal.

Sin embargo, la información que obra en los dos procedimientos confirma lo contrario y que la inspección del Banco de España constató que el consejo de administración de Caja Madrid autorizó al presidente, Miguel Blesa, para que acordara la toma de participaciones estratégicas hasta un importe de 2.000 millones de euros. Blesa decidió unilateralmente, como mínimo, la toma de participaciones en Endesa, Indra, Iberia y City. Como consecuencia de estas inversiones el Banco de España alertaba del aumento de riesgo de mercado derivado de participaciones estratégicas. Además alertaba de que el reglamento de la comisión de inversiones no se ajustaba a los criterios establecidos por la LORCA (Ley de Regulación de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros), ya que el reglamento de la comisión limitaba cuantitativamente el concepto de participación en proyectos empresariales y por tanto estaba restringiendo aquellas inversiones de las que debería haber informado la comisión.

Además, de acuerdo con la inspección del Banco de España, la comisión de inversiones no levantaba actas de las decisiones tomadas, y solo a posteriori, al finalizar el ejercicio y de cara al informe de gobierno corporativo, emitía un informe al respecto. Este personalísimo sistema de funcionamiento causó que Caja Madrid pagara generalmente unos precios disparatados por sus participaciones. De ese modo, la adquisición de fondos de comercio acabó suponiendo un lastre para los recursos propios de la caja, para su liquidez y para su rating. Aspectos importantes ya que Caja Madrid, según el Banco de España, dependía en exceso de los productos híbridos de capital (deuda subordinada y preferente).

Es cierto que la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a no declarar contra sí mismos y el de no confesarse culpables. El afectado por un procedimiento penal puede abstenerse de declarar y tiene la libertad de decir durante la declaración lo que quiera. En Estados Unidos la libertad de declarar o no supone que si se hace debe decirse la verdad y por tanto no se puede mentir. Aquí sí se puede mentir, y por ello es importante la labor del juez instructor, de la Fiscalía y de las partes para llegar a la verdad sin que se pongan límites a la instrucción.

En Caja Madrid las decisiones las tomaba el presidente, con escaso nivel de discusión por parte de los miembros del consejo, más preocupados por su permanencia en ese organismo, para mantener sus Fringe Benefits, que por la gestión de la caja. Blesa actuaba como un Papá Noel con cada uno de ellos.

No era la primera vez que el Banco de España llamaba la atención a Miguel Blesa. En una inspección realizada sobre el ejercicio 2004, se pusieron encima de la mesa casos de miembros del consejo de administración y de la asamblea general que tenían algún tipo de incompatibilidad. Sin embargo, haciendo oídos sordos, Blesa les mantuvo en esos organismos. El más importante fue Gerardo Díaz Ferrán, miembro del consejo, presidente en aquel momento de la CEIM, denunciado por manejo de dinero negro y falsedad en las cuentas de empresas de su grupo, con el nada elogiable objetivo de defraudar a Hacienda.

Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual tuvieron que comparecer en el año 2005 como imputados por un presunto delito de apropiación indebida de 204 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales había destinado al pago de deudas de Aerolíneas Argentinas, después de que fuese privatizada en el año 2001. La compañía argentina fue adquirida por Air Comet, sociedad controlada por el grupo G&G, como familiarmente se llamaba en Caja Madrid al Grupo Marsans, de Díaz Ferrán. Tres meses después de esta compra la SEPI hizo una aportación de 244 millones de euros para reflotar la compañía. A raíz de la suspensión de pagos de Aerolíneas, las deudas supuestamente canceladas figuraban a nombre de Air Comet, cosa expresamente prohibida en el contrato de compraventa. Estamos hablando de hechos que tuvieron lugar en los años 2004 y 2005, y a pesar de ello Blesa mantuvo a Gerardo en el consejo hasta que en el 2010 tuvo que dimitir por el escándalo de los créditos concedidos a Marsans.

El propio Banco de España recordaba que la LORCA, en su artículo 16, establece las condiciones de inelegibilidad para ser miembro de los órganos de gobierno de las cajas.

Caja Madrid era un cortijo a disposición de unos pocos. Se gestionaba como si fuese un banco de favores, a la manera de los bajos fondos. Sus gestores funcionaban mediante el intercambio de ayudas, que iban acumulando en un banco imaginario al que se recurría siempre que se necesitaba. La compra del City deja ver actuaciones que podrían ser tipificadas como administración desleal (ocultación de datos al consejo, información falsa a la CNMV y a la CAM). Por ello se debe seguir investigando, como apunta la Sección 15 de la Audiencia Provincial.

Es bueno recordar la actuación de Blesa en este caso, porque, como bien dice la Audiencia Provincial, Sección 15, Caja Madrid era eminentemente presidencialista y por tanto no había decisión o acción que no la tomase finalmente el presidente, siempre Miguel este caso Blesa.

Caja Madrid y los medios

Durante años una de las auténticas obsesiones de Miguel Blesa y su equipo de mariachis, especialmente Juan Astorqui y Enrique de la Torre, fueron los medios de comunicación y específicamente AUSBANC Editorial. No en vano fue AUSBANC quien consiguió en una sentencia histórica la desaparición de la cláusula de redondeo, que Caja Madrid aplicaba mayoritariamente a sus clientes en préstamos y créditos. También fue AUSBANC quien inició las primeras reclamaciones contra los seguros de cobertura de los tipos de interés.

Astorqui, con ganas de ganarse a su jefe y amigo, al que ha ayudado incluso después de su entrada en la cárcel mediante la emisión de notas de prensa y múltiples llamadas a periodistas, para vender las tesis de la defensa de Blesa, solía hacer resúmenes de prensa con la posición de determinados medios de comunicación y determinados periodistas. En esos informes se clasificaba la línea informativa de los medios en favorable, desfavorable o neutra. Lo hizo especialmente ante un trance tan importante como fue el proceso electoral que le costó a Blesa la presidencia.

Probablemente fuera de la realidad, Astorqui llegaba a decir que los medios que influían en más de 5,5 millones de lectores mantenían una posición positiva hacia Blesa; los que alcanzaban una audiencia de 3,6 millones tenían una actitud neutral, y solo 2,2 millones de lectores se veían influidos para mal por sus medios.

El estudio también afectaba a los columnistas. Catorce se posicionaban claramente a favor de Blesa, cuatro eran contrarios y solamente dos se mantenían neutrales. Siempre según Astorqui, los medios desfavorables eran el diario El Mundo, El Economista, Hispanidad y la COPE. Neutrales eran La Razón, ABC, El Confidencial y Onda Cero. El resto eran favorables, especialmente Libertad Digital, que recibía importantes contratos de publicidad de Caja Madrid y del que era presidente Alberto Recarte, consejero de la caja.

Entre los columnistas desfavorables se señalaba a Amador García Ayora, de El Economista, Casimiro García Abadillo y Carlos Segovia, ambos de El Mundo, y José Eulogio López, mientras que los neutrales eran Alfonso Ussía y Jesús Cacho.

Llama poderosamente la atención la presencia de El País y sus columnistas Miguel Ángel Noceda e Iñigo de Barrón entre los medios y personas favorables.

Seis años después, durante el juicio a Blesa y la posterior apertura de juicio a Silva, los medios han mantenido en general sus posiciones. ¿Casualidad? No, si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que la caja de Blesa se gastaba en publicidad, alrededor de los 30 millones de euros anuales, principalmente dirigidos a televisiones y diarios. Por no mencionar las líneas de financiación que otorgaban a los grupos editoriales, especialmente a PRISA. Solo de esta forma se entiende la dependencia que la prensa de difusión nacional tenía de Caja Madrid, lo que hacía muy difícil que se hiciese pública la verdadera situación de la extinta entidad.

En una comunicación de fecha 10 de junio de 2009, Enrique de la Torre, por aquel entonces secretario del consejo de Caja Madrid, le decía a Barcoj: «Adjunto informe del Servicio de Atención al Público sobre tipología de reclamaciones que está empezando a incrementarse de forma preocupante. Se trata de la cobertura con productos derivados de los riesgos de tipo de interés. (sic) Actualmente tenemos tres reclamaciones, una del Banco de España, otra de la CNMV y otra de AUSBANC. Asesoría Jurídica está trabajando de forma intensa para dar respuesta a estas reclamaciones, si bien nos encontramos con algunos expedientes en los que faltan documentos por los que habrá que dar traslado a banca Comercial y plantearse si se renegocia con el cliente o se asumen cancelaciones que en algunos casos pueden ser muy elevadas».

En muchos casos en los que faltaban documentos y había falta de transparencia, el propio departamento comercial proponía que se analizasen, renegociasen o regularizasen, aunque los importes fueran muy elevados.

Desde entonces, estamos hablando de 2009, AUSBANC ha obtenido más de 900 sentencias favorables en primera y segunda instancias sobre estos productos financieros tan tóxicos. Al menos el 20 por ciento pertenecen a la antigua Caja Madrid.

En el caso de la cláusula de redondeo, en un correo de fecha 13 de julio de 2008, cuando todavía el Tribunal Supremo no había dictado la sentencia que sería desfavorable contra Caja Madrid, De la Torre le decía a Blesa: «Te envío el acuerdo que adoptó el comité financiero el 12 de marzo de 2007 sobre eliminación del redondeo con motivo de la nueva ley de consumidores y las nuevas resoluciones del Banco de España. Dejo a tu criterio mencionarlo en la asamblea. En secretaría general pensamos que, cuanto menos se conozca, nos permitirá una ejecución ordenada de una sentencia desfavorable del Tribunal Supremo y es bueno mantener el efecto sorpresa». Nuevamente, los mariachis incumpliendo la ley y las disposiciones de sus propios órganos de decisión.

Quizás lo que llevaba peor Blesa y su equipo era la presencia de un consejero general de AUSBANC en la asamblea general, la misma a la que Blesa presumía de no hacer caso. Tanto el consejero general Alejandro Castilla como Luis Pineda estuvieron presentes en asambleas en las que se expusieron distintas preguntas. Si hubiesen obtenido las respuestas correctas quizás la caja no hubiera terminado desapareciendo ni rescatada su sucesora con el dinero de todos.

En un correo con fecha 30 de junio de 2008, Enrique de la Torre le detallaba a Blesa la información que solicitaban para la asamblea. Entre otros datos, hablaba de la remuneración del presidente, en aquel momento 3.559.000 euros, la relación de la caja con Iberia, la presencia de Blesa en el consejo de Endesa, la adquisición de una vivienda de lujo en Miami, por supuesto la compra del City National por 1.150 millones de dólares, y Gescartera.

Desgraciadamente, la contestación de Enrique de la Torre no dejaba lugar a dudas: los consejeros generales no tenían derecho a esa información y menos a solicitar información en aquellos temas que no estuviesen en el orden del día. El secretario general, por indicación de Blesa, no solo no estaba dispuesto a dar información en público sino que tampoco en privado. Así lo decía en un correo dirigido a Blesa con copia a Barcoj: «Miguel, no pienso llamar a Pineda. Lo que tenemos que decidir es si por cortesía, como otras veces, desdoblamos el turno de palabra en una primera fase antes de someter los acuerdos sobre las cuentas y luego al final de la asamblea, que es lo que aparece en el orden del día. Yo soy partidario de suprimir la primera fase, dado que nadie, insisto nadie, la utiliza para hablar de las cuentas. Ya me dirás».

Después de veintiocho años AUSBANC sigue viva, como lo demuestran sus repetidos éxitos judiciales, por ejemplo el último sobre la cláusula suelo que ha beneficiado a más de 600.000 españoles. Por desgracia Caja Madrid, con más de trescientos años de historia, ya no está, por la gestión y la soberbia de Miguel Blesa de la Parra.

XI. OBITUARIO: LA MUERTE DE CAJA MADRID

Los pecados capitales de la gestión de Blesa al frente de Caja Madrid

Un informe de la Intervención del Estado revisando los informes de la Inspección del Banco de España ha puesto de manifiesto lo que ya nos suponíamos desgraciadamente con la quiebra de Bankia, informe que finalmente le ha costado el puesto a José María Roldán, responsable de Inspección durante el mandato de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuñadísimo de Manuel Pizarro y alma máter de las finanzas del PP, un hombre que ha estado presente en todos los acontecimientos económicos de la época del PP y al que por temor la banca le ha tenido que nombrar presidente de la AEB. No se sabe bien si por méritos propios o si es que tiene algo que ocultar, por lo que su silencio se agradece.

La Inspección resume los «pecados capitales», ocho para no quedarse cortos, de la actuación de Blesa:

1. Su gestión y la de su equipo era cuanto menos propia de imprudentes y de incompetentes, al no reaccionar con mayor celeridad ante el empeoramiento progresivo del mercado, y no haber sabido, querido o podido tomar otras alternativas ante la crisis por todos anunciada, pero cuya magnitud, puede que les haya sobrepasado.

2. El periodo problemático de gestión se inicia en el año 2004. Se adoptaron políticas comerciales que incrementaban de forma significativa el perfil de la cartera de riesgos, destacando la generalización de préstamos cuyos importes superaban el 80 por ciento del valor de tasación del inmueble hipotecado, importancia cada vez mayor de los sistemas de amortización de cuota creciente, plazos de amortización más largos, utilización de canales externos a la propia entidad como los APIS, la red agencial Mapfre y clientes extranjeros. Todo ello llevó a un incremento de la morosidad cerca de los dos dígitos, tomando las medidas adecuadas demasiado tarde.

3. El otorgamiento de riesgos sin garantía, como en el caso de Viajes Marsans, propiedad de su amigo Díaz Ferrán, y el importante crecimiento del crédito a grandes promotores, en general amigos de Miguel Blesa. Desgraciadamente la entidad no tenía muy claro hasta dónde llegaban los intereses de la entidad y hasta dónde llegaban los de los amigos de Blesa.

4. Incumplimiento sistemático de determinadas órdenes ministeriales, circulares del Banco de España, y leyes nacionales y locales, como en el caso de la compra del City National Bank, que no es el único. Ya conocemos el caso de la fragmentación de la compra de City para eludir el control de la Comunidad de Madrid, pero hay más que iremos conociendo poco a poco, y conocemos también el uso continuado de Tasa Madrid en contra de la normativa que establece que la tasadora debe ser independiente.

5. Errores sistemáticos en las previsiones de los planes de negocio, no solo en Caja Madrid sino también en las entidades adquiridas como City y Si Casita.

6. Pérdidas de más de 1.250 millones de euros a la fecha de ayer en adquisiciones de sociedades participadas como City, Si Casita, Mecalux, SOS, Iberia, NH Hoteles, etc. Las estrategias de diversificación de negocio, el aumento de la cartera de participadas, el incremento de la presencia exterior son medidas comunes y generalizadas en épocas boyantes, pero que rompen los principios de especialización, tan denostados en su momento, de banca tradicional.

7. Por alguna razón que desconocemos la presión del Banco de España era cada vez menor. La labor del supervisor podría haber sido más severa, no permitiendo el crecimiento desorbitado, que dificultó e hizo ineficaces las medidas de reconducción de los problemas.

8. La ausencia de transparencia de las comisiones de inversiones y también de las de remuneraciones, por la inexistencia de actas de las reuniones, en contra de las mejores prácticas de gobierno corporativo y en línea con lo aconsejado por el Código Unificado de Buen Gobierno.

«El banco de los favores cobra los mayores intereses», debía pensar Blesa después de trece años al frente de la entidad. Durante años Blesa había ido poniendo a sus fieles al frente de los nuevos proyectos, aunque no tuviesen la capacidad necesaria para gestionarlos. Caja Madrid se había convertido en una caja altamente presidencialista presidida por Blesa, apoyado en una serie de directores generales que conformaban el comité de dirección con un objetivo básico: ganar cuota de mercado, lo que condujo a la entidad a fuertes crecimientos y al final a la quiebra. El comité de dirección tenía como objetivo básico el ocultar las decisiones tomadas a los órganos oficiales de las cajas, el consejo de administración, la comisión ejecutiva, la comisión de inversiones y la comisión de control, todos ellos establecidos por la ley.

Casos claros serían Sánchez Lozano, el instrumentador de la diversificación de negocios e internacional, y tristemente recordado en Iberia por su gestión en la crisis de la compañía áerea de bandera española y su fusión con British Airways, y Mariano Pérez Claver, que tras pasar por distintos puestos en la Caja acabó de presidente de SOS Cuétara y de NH Hoteles. De él decía Blesa: «Mariano no duerme pensando en su situación».

Sin embargo esta agresiva estrategia de crecimiento de balance debilitaba su solvencia al no poder acompañar la estrategia con un incremento de los fondos propios. Por ello Caja Madrid era excesivamente dependiente de los productos que hoy se han demostrado tóxicos, como las preferentes y la deuda subordinada, que llegaban prácticamente al límite legal.

Esperanza Aguirre versus Alberto Ruiz-Gallardón

La lucha de los partidarios de Aguirre y los de Gallardón por hacerse con el poder tenía un tercer invitado y no precisamente de piedra. Mientras que Aguirre buscaba sustituir a Blesa por su segundo Ignacio González, Gallardón quería mantener a Blesa aumentando la influencia de Madrid capital en los órganos de gobierno de la caja. Pero Blesa tenía un especial interés en la pelea: mantenerse en el poder porque de acuerdo con la normativa existente en aquel momento no podía ser reelegido.

La imposibilidad no dependía de la comunidad o de ningún otro representante en la asamblea general. Simplemente, a Blesa le había vencido el plazo de doce años de mandato establecido por la Ley Financiera de 2002 y la Ley de Cajas de Madrid de 2003. La Ley de Cajas de Madrid, en su disposición transitoria quinta modificó una palabra de la transitoria diez de la ley básica (cambiaron «el presente mandato» por «tal mandato») y eso creó una interpretación de ley que no era válida. Por tanto, con independencia de la lucha fratricida, Blesa no podía seguir en la presidencia, igual que la mayoría de sus consejeros, que también habían cumplido con los doce años.

A finales del año 2008 la Asamblea de Madrid aprueba la nueva representación en Caja Madrid impulsada por Esperanza Aguirre y aprobada con los votos del Partido Popular, la abstención del PSOE y los votos en contra de Izquierda Unida. A principios del año 2009 la comisión de control de Caja Madrid decidió que las elecciones se regirían según la normativa de la reforma recién aprobada y se votó la destitución de Pablo Abejas, de la facción de Aguirre, y por tanto enfrentado a Blesa. El enfrentamiento entre las facciones del PP y el enroque de Blesa hicieron que incluso Mariano Rajoy solicitase la intervención del Banco de España, con lo que se entraba en un terreno muy peligroso. Sin embargo, de haberse producido esa intervención, ello hubiese sido quizás la salvación de la caja.

El 29 de enero el consejo de administración de Caja Madrid aprueba los nuevos estatutos de la entidad, con un fuerte debate entre los consejeros que al final simplemente se dieron por enterados de la remisión a la consejería de la propuesta de estatutos y reglamentos para que fuese autorizada o se modificase. Es decir, en aquellos momentos la caja de Miguel Blesa era incapaz de negociar con la comunidad nada que le afectase.

La mayor discrepancia entre la comunidad y la caja era la modificación de la ley que anteriormente establecía que era el consejo quien proponía las modificaciones de los estatutos y del reglamento electoral a la Asamblea para su aprobación, cuando en la nueva normativa hacía falta que previamente lo aprobase la Comunidad de Madrid, una vez fuese remitido por la caja.

Aquello era fundamental para pararle los pies a Miguel Blesa, por lo que su máximo apoyo, el ayuntamiento de Gallardón, interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, sin oír a las partes, respondió suspendiendo de forma cautelarísima cualquier acción dirigida a aprobar los nuevos estatutos. Acción que poco después fue revocada por el mismo tribunal, permitiendo la celebración de la asamblea, que finalmente el 23 de marzo rechazó el nuevo proyecto de estatutos adaptados a la normativa de cajas de ahorros aprobada por la Comunidad de Madrid.

En esta guerra la comunidad decidió seguir adelante con la promulgación de los nuevos estatutos y el reglamento electoral. Como no podía ser de otra forma, apareció el gobierno de Zapatero, presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la ley madrileña de cajas, sumándose a los presentados por los ayuntamientos de Madrid y Sevilla, recurso que fue admitido a trámite poco después.

El 19 de junio la Asamblea de Madrid tuvo que aprobar una modificación de la ley regional para ajustarse a la normativa estatal, lo que permitió que el gobierno retirase el recurso.

En aquellas fechas Blesa recibe una carta de un amigo: «Estoy leyendo las últimas noticias sobre el pacto de Aguirre y, desde luego, huele a vendetta, ataque de soberbia y todos los peyorativos que te dé la gana. Desde fuera, esto tiene el peor cariz y me lleva a sugerirte que tengas una prudencia extraordinaria. Hay demasiada inquina y demasiado apasionamiento. Mi humilde opinión es que no debes entrar al trapo de la lucha personal. Si pintan tan mal las cosas como parece, después del combate limpio y legal que has llevado a cabo, prepárate a salir a tu estilo, con discreción y elegancia. Creo que de otra manera tendrías mucho más que perder. Y en la boda ten temple con Aznar, que creo que es quien ha estado en la sombra y quien no soporta que uno de los suyos haya tenido inteligencia y coraje para pensar por sí mismo y querer llevar su propio camino. Eso para él sería intolerable, y al poner en duda la potencia de su ego, traición de lesa humanidad, merecedora de las peores penas y, en esa tesitura, dudo yo mucho de la continencia que su conciencia “cristiana” pueda tener a la hora de embridar sus más bajos instintos, que por otra parte están siempre “plenamente justificados”. Y la rubia con tal de complacer a su jefe y mentor, lo único que haría sería echar gasolina al fuego. Te ha tocado vivir la cruz de la política. Te ruego que no la lleves a su lado más oscuro. Más que nunca, un abrazo muy fuerte y mucha suerte para el tramo final».

Pero era difícil parar la guerra, a pesar de que en 2009 la caja estaba en caída libre, por la crisis financiera, por la desastrosa gestión de Blesa y por los desequilibrios institucionales debidos a los enfrentamientos políticos.

Blesa le contesta a su amigo: «Este folletín es tan rico en matices y anécdotas y está tan radiado y contado en la prensa (a veces me siento como Belén Esteban: Blesa se ha comprado un coche… se ha operado de la espalda…) que cualquiera está legitimado a especular sobre las motivaciones y el final ya próximo. No hagas mucho caso a ninguna de las tesis que circulan sobre el origen de pactos o posibles desenlaces; yo que lo sigo a diario, me sorprendo permanentemente de los cambios y quiebros de cintura de unos y otros. Como en tantas otras cosas de la vida cuyo porqué nos empeñamos en sofisticar, aquí la realidad es simple, garbancera: unos cambian los pactos defendiendo su continuidad y dietas y otros (léase la otra) se han propuesto controlar la caja al precio que sea para que alguien haga lo que yo no he querido hacer bajo su reinado, así de simple. Cada vez suena con más fuerza la opción de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, pero es tan extravagante y desvergonzada que parece condenada al fracaso; dicen que a Rajoy le produce sarpullido. No estamos muy lejos del final, en septiembre deberían despejarse muchas cosas aunque el proceso culmine en noviembre. Ya nos enteraremos, amigos y enemigos seguirán radiándolo como si fuera un partido del Betis o un combate de boxeo, mejor esto último».

Pero su amigo no cesa en el empeño de animarle: «Tienes en contra a la “abominable” pero, a lo mejor, no tiene más remedio que tragarse algún sapo. Mientras tanto disfruta y que no decaiga tu ánimo. Abrazo fuerte».

El 20 de octubre, por si faltase algún ingrediente, el Juzgado número 60 de Madrid vuelve a paralizar el proceso electoral, esta vez con la excusa de los sesenta y cuatro consejeros generales que corresponde nombrar a la corona, que tradicionalmente no ha hecho uso de este derecho.

La prensa del momento se llena de rumores de posibles sustitutos de Blesa. Rato, González y De Guindos eran algunos de los candidatos que aparecían un día sí y otro también. Por si fuese poco, la comisión de control vuelve a nombrar a Pablo Abejas presidente, a pesar de que unos meses antes le habían puesto una querella por una posible prevaricación en su gestión anterior.

Eran continuas las declaraciones en prensa de unos y otros. Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón, declaró que «era de vómito» que personas cercanas a Esperanza Aguirre intentasen evitar el nombramiento de Rato como presidente de la caja. La batalla de Blesa estaba pérdida, ya no era el candidato ni tan siquiera del ayuntamiento de la capital. Su rol era simplemente esperar a que se pusiesen de acuerdo en elegir a su sucesor en un despacho que no tenía nada que ver con Caja Madrid, que simplemente estaba en Génova. Al final el asunto se movió con unas declaraciones de Zapatero en las que reconocía que no vería con malos ojos que Rato fuese presidente de la caja. Automáticamente Ignacio González, el candidato de Aguirre, tiró la toalla y declaró que le parecía bien Rato como presidente.

Finalmente se celebró una asamblea general, el 30 de noviembre, en la que el único consejero general que intervino se refirió a los largos avatares del proceso electoral en Caja Madrid, aludiendo también a algunos temas de medios de comunicación relacionados con la caja, para centrarse después en las declaraciones de la consejera señora Rodríguez Quijano sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, pidiendo la reprobación expresa de la misma por la asamblea y el presidente. También se refirió a temas recurrentes en otras intervenciones suyas, tales como la responsabilidad de Caja Madrid Bolsa en el tema Gescartera, las reclamaciones pendientes sobre el redondeo de intereses, las inversiones en Miami, la inversión en SOS y otros aspectos. El señor Blesa, le respondió muy escuetamente a su intervención, a pesar de que Alejandro Castilla, consejero general en representación de los impositores, había tocado temas que serían claves en los procesos posteriores.

Finalmente Tomás Gómez y Rodrigo Rato firmaron un acuerdo por el que el PSOE se comprometió a apoyar al segundo al menos hasta 2015. Se necesitaba el apoyo de dos tercios de los votos y de los veintiún consejeros solo once eran afines al PP. A cambio, habría una vicepresidencia y dos consejeros para el PSOE.

Cuando Caja Madrid presentó los resultados del año 2009 anunció un descenso de los beneficios de un 68 por ciento, debido a las provisiones extraordinarias.

Una duda razonable que nos quedará siempre es hasta qué punto esta pelea de gallos entre personas y entre partidos políticos no fue lo que llevó a la quiebra a la caja.

CRONOLOGÍA

6 de septiembre de 2006: el PP firma un pacto con CCOO e IU para gobernar Caja Madrid.

10 de septiembre de 2006: el consejo de administración de Caja Madrid nombra a Miguel Blesa presidente.

Marzo de 2007: crédito sindicado a Martinsa.

Abril de 2007: se nombra consejero delegado de Martinsa a Carlos Vela.

Enero de 2008: se empiezan las negociaciones para renegociar el crédito de Martinsa.

Abril de 2008: Martinsa suspende pagos.

8 de abril de 2008: se firma la compra de CNB.

11 de abril de 2008: se reúne la comisión de inversiones para analizar la compra de CNB.

14 de abril de 2008: se reúne el consejo de administración.

Julio de 2008: se nombra a Vela consejero delegado de CM Cibeles.

Agosto de 2008: le echan como consecuencia de la presión ejercida.

7 de noviembre de 2008: se hace el pago del 83 por ciento de CNB.

18 de noviembre de 2008: disposición de 17 millones y abono en Teinver.

18 de noviembre de 2008: concesión del crédito de 24 millones a las sociedades del grupo Díaz Ferrán.

17 de diciembre de 2008: el comité de dirección aprueba la compra de CNB.

9 de enero de 2009: disposición de 4 millones y abono en viajes Marsans.

12 de enero de 2009: disposición de 3 millones y abono en la cuenta personal de Díaz Ferrán.

28 de julio de 2009: el PSOE se une al pacto del PP, CCOO e IU.

21 de agosto de 2009: ampliación del crédito en 2 millones de euros y abono de 1,7 millones en Air Comet y 0,3 en viajes Marsans.

28 de diciembre de 2009: denuncia de Miguel Bernard, secretario de Manos Limpias.

9 de febrero de 2010: ratificación de la demanda por parte de Miguel Bernard.

4 de mayo de 2010: segunda transferencia por el 17 por ciento de CNB.

8 de octubre de 2012: la Audiencia Nacional devuelve el expediente al Juzgado número 9 de Silva para que instruya diligencias.

5 de diciembre de 2012: declaración de Díaz Ferrán y primera declaración de Miguel Blesa.

16 de mayo de 2013: primera entrada en prisión de Miguel Blesa, en esta ocasión sin fianza.

5 de junio de 2013: segunda y última entrada en la cárcel de Miguel Blesa.

16 de julio de 2013: el CGPJ suspende al juez Silva por cuatro meses y siete días.

29 de diciembre de 2013: Silva se inhibe del caso Blesa.

4 de febrero de 2014: el CGPJ suspende cautelarmente a José Elpidio Silva de la carrera judicial.

20 de mayo de 2014: nuevo escrito de Manos Limpias solicitando que se abra expediente informativo por los créditos concedidos a Díaz Ferrán.

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