Para Andrés, M.ª Ángeles, Susana, Verónica

A la memoria de José-Carlos

Prefacio

CUANDO SE HA CUMPLIDO en el año 2011 el 75 aniversario del comienzo de la guerra civil española y el 150 aniversario del comienzo de la guerra civil estadounidense, y con el eco de la renovación historiográfica que ha supuesto el reciente 70 aniversario del conflicto español en el año 2006, este libro pretende acercarse a la visión estadounidense sobre la Segunda República y la guerra civil española desde las preocupaciones de la política interior y exterior de Estados Unidos, utilizando principalmente la documentación confidencial del Departamento de Estado sobre España de 1931 a 1939 y las informaciones de los principales periódicos estadounidenses.

Teniendo en cuenta las valiosas investigaciones realizadas sobre este tema a uno y otro lado del Atlántico en los últimos años, como el libro pionero de Douglas Little, Malevolent Neutrality. The United States, Great Britain and the Origins of the Spanish Civil War (1985), que centra su análisis de 1931 hasta el estallido de la guerra civil; el de Marta Rey García, Stars for Spain. La Guerra Civil Española en los Estados Unidos (1997), sobre la prensa y la opinión pública estadounidense, y más recientemente los libros de Dominic Tierney, FDR and the Spanish Civil War (2007) y Joan Maria Thomàs, Roosevelt y Franco. De la guerra civil a Pearl Harbor (2007), que tiene en el final de la guerra civil su punto de partida, el presente libro pretende aportar una visión política global estadounidense de la Segunda República Española, de 1931 a 1939.

Desde la perspectiva de una república federal, que en 1931 recordaba el 66 aniversario del final de su cruenta guerra civil, y en medio de la mayor depresión económica de la historia del capitalismo, que veía tambalearse el orden internacional liberal que como primera potencia mundial había diseñado en 1918, Estados Unidos pasará del temor inicial a la penetración comunista en España durante la administración republicana de Herbert Hoover, pronto desvanecido por reformas que entroncaban con el republicanismo americano, a las simpatías de la administración Roosevelt desde 1933 con el reformismo de la Segunda República Española, al progresivo temor a la penetración del fascismo en España y, sobre todo, al análisis de las claves de la inestabilidad política española desde la revolución de octubre de 1934, por más que en el convulso escenario internacional de aquellos años España era un país relativamente estable y fue una preocupación menor para el Departamento de Estado hasta la guerra civil.

Cuando en medio de un ambiente internacional cada vez más tenso en Asia y Europa, el golpe de Estado del 17-18 de julio se convirtió en una guerra civil, el gobierno estadounidense conoció muy pronto las dimensiones de la violencia empleada en ambos bandos y las profundas motivaciones políticas y sociales de la contienda. La administración Roosevelt, atrapada en las leyes de neutralidad, el fuerte sentimiento no intervencionista de la opinión pública y la gravedad de la crisis económica, optó finalmente por el embargo legal, que prohibía la venta de armas a España, como la mejor opción para evitar la extensión del conflicto, secundando así la política británica y francesa de No Intervención.

Aunque Estados Unidos era un actor menor, con su decisión privó a la República de un importante abastecedor de material bélico y dejó de ejercer el liderazgo democrático que, como primera potencial mundial, Estados Unidos y su presidente podían haber tenido desde 1933 en Etiopía, China, España, frenando en su raíz el expansionismo italiano, japonés y alemán.

Públicamente Roosevelt reconoció su error en febrero de 1939, cuando ya era inútil para la suerte de la República Española, China y Checoslovaquia, pero fue esencial para convencer a la opinión pública y al Congreso de Estados Unidos de que había que apoyar a Francia y Gran Bretaña en la guerra que se avecinaba en Europa.

Este estudio ha formado parte del proyecto de investigación I+D+I MICINNHAR/2008-03970, por lo que agradezco la ayuda económica de la Dirección General de Investigación y gestión del Plan I+D+I y de los fondos FEDER, imprescindibles para consultar los fondos documentales y bibliográficos necesarios en la realización de esta investigación, tanto en España como en Estados Unidos.

Por distintos motivos quisiera expresar mi agradecimiento en la elaboración de este libro a Perry Anderson, M.ª Fernanda Alcañiz, Rafael Aracil, Teresa Carnero, Jessica Fraser, Mario García Bonafé, Mar Gómez, Richard Herr, José Manuel Macarro, Edward Malefakis, Cristóbal Montoro, José Antonio Piqueras, Joan Maria Thomàs, M.ª Fernanda del Rincón, Sergio Valero, Joan Villarroya, Devra Weber, y muy especialmente a Ronald Fraser por su ayuda y estímulo constante. Igualmente agradecer la confianza de mis editores Carmen Esteban y Josep Fontana que han hecho posible la publicación de este libro.

A todas las personas e instituciones aquí mencionadas mi más sincera gratitud, aunque la responsabilidad en el contenido de este libro es exclusivamente mía.

AURORA BOSCH

Valencia, 10 de julio de 2011

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¿Una revolución en un país lejano?

Estados Unidos ante la proclamación de la República

(Enero de 1930-diciembre de 1931)

TEMORES DE CONSPIRACIÓN BOLCHEVIQUE EN LA MOVILIZACIÓN REPUBLICANA

A principios de los años veinte, España era un país distante para Estados Unidos. No había participado en la primera guerra mundial y las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban muy deterioradas desde la guerra hispano-estadounidense de 1898. Las cosas mejoraron cuando el general Miguel Primo de Rivera fue invitado por el rey Alfonso XIII a formar gobierno el 12 de septiembre de 1923 y estableció un régimen dictatorial que acabó con la inestabilidad política, la conflictividad social, la guerra de Marruecos y el problema catalán. Solamente diez días después de que Primo tomara el poder, el embajador de Estados Unidos en España, Alexander P. Moore, ya señalaba con entusiasmo que «Primo y el actual Gobierno son el Gobierno más popular que España ha tenido en años», porque había acabado con «los asesinatos, huelgas y desórdenes».¹

La estabilidad, la apertura del nuevo régimen a las inversiones extranjeras y la reducción de las barreras comerciales eran también apreciadas por Wall Street y por el propio embajador Moore, hombre de negocios de éxito, que en 1924 ya predijo que la dictadura proporcionaría «excelentes oportunidades para la expansión de los negocios en España»,² lo que se adecuaba perfectamente al diseño de la política exterior estadounidense durante los años veinte. En efecto, el 29 de agosto de ese mismo año la International Telephone and Telegraph Company (ITT) consiguió la concesión exclusiva para renovar toda la red telefónica española para 1929. La ITT estableció una compañía telefónica subsidiaria, La Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) y en los siguientes cinco años triplicó el uso del teléfono en el país. Las exportaciones estadounidenses a España crecieron en un tercio y las de España a Estados Unidos se triplicaron. Sin embargo, la creación en 1928 de la empresa CAMPSA, como monopolio nacional para distribución de petróleo, a base de la incautación de propiedades de las compañías petroleras extranjeras y la firma de un contrato de suministro de crudo con la URSS, distanció al Departamento de Estado y a los inversores estadounidenses de un régimen que no parecía proteger la propiedad privada ni favorecer especialmente las inversiones estadounidenses.

Desde 1926 era manifiesto también el descontento de amplios sectores de la población española con Primo de Rivera, de forma que cuando el nuevo embajador, Irwing B. Laughlin, llegó a Madrid en 1929, «ya había rumores de descontento con la Dictadura»,³ pero para él nada indicaba un cambio inmediato de régimen. A pesar de que Laughlin, diplomático de carrera de 57 años, miembro de una acaudalada familia de Pittsburgh, republicano conservador y casado con una católica, había establecido desde su llegada a Madrid estrechos lazos con el rey y el círculo de aristócratas que lo aconsejaban,⁴ le pilló por sorpresa que el 29 de enero de 1930 el rey relevara del poder a Primo de Rivera y lo sustituyera por el general Dámaso Berenguer, jefe de su casa militar.

El 31 de enero de 1930 Laughlin informaba al secretario de Estado, Henry L. Stimson, que el nuevo gobierno iba a ser «una dictadura como la anterior pero de una orientación distinta, alejada de un régimen militar», e insistía en que la transición iba a ser pacífica «sin desórdenes de ningún tipo».⁵ Similar insistencia en el orden y la tranquilidad de la situación política en España manifestaba la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Barcelona unas semanas después, al pedir a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington que informara al Departamento de Estado y al público en general que la situación en España «no podría ser más pacífica y respetuosa de la ley», pues informaciones contrarias sobre movimientos revolucionarios y desórdenes políticos «totalmente infundadas» estaban afectando a la depreciación de la peseta y por tanto a los negocios americanos en España.⁶

No en vano por esas fechas, entre las principales preocupaciones de política exterior de la administración del presidente Herbert Hoover, estaban la seguridad de las inversiones estadounidenses en el extranjero y el temor a las restricciones comerciales que otros países pudieran imponer para defenderse de la depresión económica. Cuando el derrumbe de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 se estaba convirtiendo en la crisis económica más importante de la economía de Estados Unidos y por ello de la economía internacional, las barreras proteccionistas establecidas por todos los países para defenderse de la caída de precios de los productos y de la contracción de la demanda no hicieron más que acelerar y agravar una crisis económica caracterizada por las caídas de precios, la quiebra de los negocios y el elevado paro forzoso,⁷ alterando así el diseño económico y político del nuevo orden mundial que Estados Unidos lideraba desde el final de la primera guerra mundial.

Efectivamente, Estados Unidos empezó a interesarse más por España cuando el nuevo orden internacional, que como primera potencia mundial había diseñado tras la primera guerra mundial, estaba a punto de derrumbarse. El conflicto había desacreditado las viejas formas de diplomacia imperial que permitieron que la guerra estallara y que fueron incapaces de acabarla. Esta fue la oportunidad para que las ideologías y las alternativas de relaciones internacionales que plantearon simultáneamente Estados Unidos y la URSS llenaran el vacío, a partir de 1917-1918, con ideologías antagónicas y enfrentadas: el internacionalismo liberal y el internacionalismo proletario.⁸

Tras la Gran Guerra, la primera guerra europea en la que desde abril de 1917 participó Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson, destacado representante del internacionalismo liberal, basó la política exterior estadounidense en la extensión del principio de liberalismo económico y político al orden mundial, la reducción de la carrera de armamentos y el anticomunismo. Un programa que ligaba la búsqueda de la seguridad nacional a dos nociones: la de que los estados democráticos eran la forma más estable de gobierno nacional y que Estados Unidos debía desempeñar un papel de liderazgo en la reconstrucción económica y política mundial.⁹ Wilson también pretendía, mediante la creación de la Sociedad de Naciones, que el Nuevo Orden Internacional Liberal y la política exterior fueran un asunto supranacional o universal.

La toma del poder por los bolcheviques en noviembre de 1917 implicaba también un objetivo universalista, el de extender la revolución mundial. Este objetivo suponía la interferencia en otros estados, y su «reconstrucción» político-social, pues no solamente se pretendía derribar gobiernos, sino transformar sociedades. El nuevo régimen, desde luego, no jugaba con las normas capitalistas, pues ni respetaba la propiedad, ni asumía las deudas contraídas por los gobiernos anteriores con los aliados; tampoco respetaba las reglas liberales-democráticas porque disolvió en enero de 1918 la Asamblea Constituyente en la que no tenían mayoría los bolcheviques.

En efecto, los acontecimientos de 1917-1918 crearon las bases del conflicto entre comunismo y capitalismo.¹⁰ Sin embargo, lo más notable de los años veinte fue el repliegue paralelo de la escena internacional tanto de Estados Unidos como de la URSS. Tras intervenir —tímida y tardíamente— en la guerra civil rusa junto con los otros aliados a favor de los rusos blancos, en lo que se podía considerar la primera escaramuza militar de la Guerra Fría; negarse a reconocer el régimen soviético durante toda la década, y utilizar la ayuda alimentaria y económica para luchar contra la expansión del bolchevismo en Europa,¹¹ Estados Unidos pareció confinarse en su hemisferio. Desde el «Gran viraje» de Stalin en 1928, la URSS puso énfasis, primero, en construir la seguridad y fortaleza del Estado soviético. El conflicto ideológico entre comunismo y capitalismo, internacionalismo liberal e internacionalismo proletario, que ambos países lideraban, permaneció durante el periodo de entreguerras, pero se dirimió en rivalidades internacionales mucho menores de lo que se habría podido anticipar.¹²

Si la Pax Americana consiguió sus objetivos durante los años veinte, fue debido a la enorme prosperidad y autosuficiencia económica que alcanzó Estados Unidos en aquella década. Esta superioridad le permitía, sin aumentar el gasto militar, dominar un orden internacional pacífico y estable que favorecía las exportaciones americanas, protegía sus inversiones en el extranjero, controlaba las materias primas y expandía los ideales y valores americanos por el mundo.¹³ La crisis del 29 y sus consecuencias cambiaron todo el panorama internacional sin que Estados Unidos, preocupado con las tremendas dimensiones de la depresión económica en su país y sin resortes en política exterior, pudiera hacer nada por evitarlo. En Asia, los japoneses rompían el equilibrio pactado en Washington en 1921 invadiendo Manchuria en 1931 y ocupando en 1932 los principales puertos de China. En todo el sur del hemisferio occidental nuevos gobiernos progresistas y radicales evidenciaban la protesta contra la dominación y el imperialismo estadounidense.

En cuanto a Europa, la crisis de la democracia se aceleró con las consecuencias de la crisis económica en los países vencidos en la primera guerra mundial. Estados Unidos apoyó generosamente el régimen de Mussolini, pues pensaba que Italia no era una nación preparada para la democracia y necesitaba una «mano fuerte» que defendiera al país del comunismo y lo modernizara.¹⁴ Tampoco parecían preocuparle demasiado los regímenes corporativos y las dictaduras monárquicas que se iban estableciendo en el Viejo Continente. En esta gravísima situación, Hoover se negó tajantemente a la propuesta europea de cancelar las deudas pendientes y las reparaciones de guerra para superar la crisis económica, que según Stimson constituía la última posibilidad de evitar el empeoramiento de la crisis política y económica en Alemania.

Desde este preocupante panorama internacional, la administración Hoover temía también que el cambio de régimen en España favoreciera la subversión de izquierdas y aumentara el nacionalismo económico. Desde que el general Dámaso Berenguer asumiera la jefatura del gobierno el 29 de enero de 1930, su objetivo había sido llevar al país a la normalidad constitucional anterior a la dictadura de Primo de Rivera, pero nada más restablecer las garantías constitucionales se tuvo que enfrentar a la movilización política que se venía gestando, desde los últimos años de la dictadura, en unas ciudades transformadas desde la primera guerra mundial por la emigración, la construcción urbana, las industrias grandes y pequeñas: la reorganización del viejo y nuevo republicanismo, la articulación de una nueva derecha, la protesta de los intelectuales y del sector estudiantil, el crecimiento de los sindicatos y partidos de clase y la erupción de la conflictividad social.¹⁵

En ese contexto, el embajador Laughlin consideraba el 25 de marzo de 1930 que por primera vez la situación era grave, pero no alarmante, pues aunque era probable «un cambio en la forma de Gobierno» hacia la República, no parecía haber amenaza de revolución ni de subversión comunista. Para él los cambios iban a tomar la forma más suave de «lucha fraccional entre partidos», ya que no había «una rebelión en marcha» y los elementos desafectos al régimen monárquico eran políticos con «opiniones teóricas» que buscaban el cambio para mejorar sus posibilidades políticas, profesionales o intelectuales; «un sector industrial poco compacto», descontento porque España es un país industrialmente atrasado y un pequeño, pero muy activo, número de republicanos, que estaba luchando contra la monarquía desde hacía muchos años. Según el embajador, frente a esos elementos que buscaban el cambio, había dos fuerzas superiores que se resistían a él: «la gran masa de gente inculta y mentalmente letárgica tanto del campo como de la ciudad, y la Iglesia, que aún los controla», cuya influencia había sido siempre y seguía siendo «uno de los principales baluartes de la Corona».¹⁶

Parecía evidente que por esas fechas Laughlin no había calibrado la intensidad del republicanismo, la reorganización sindical, ni el desgaste de una monarquía identificada con el dictador y la incapacidad de revivir a los antiguos partidos dinásticos. Sin embargo, aproximadamente un mes después, aunque el embajador seguía insistiendo en que la popularidad del rey era «más fuerte que nunca», reconocía que había muchos políticos monárquicos que, como José Sánchez Guerra, habían «perdido la fe en el Rey»; que los republicanos, aunque divididos en numerosos grupos, eran «más fuertes que nunca» en las ciudades y zonas industriales, donde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) —que quería establecer una república «similar a la del actual Gobierno soviético en Rusia, si bien es cierto que más moderada»—¹⁷ también estaba bien organizado.

En efecto, los acontecimientos políticos se aceleraron durante el verano, pues el 17 de agosto de 1930 seis republicanos españoles, cuatro republicanos catalanes y el líder socialista moderado Indalecio Prieto firmaron en la ciudad de veraneo de San Sebastián un pacto para llevar al país a la República. En el llamado Pacto de San Sebastián acordaron establecer una república, garantizar la libertad religiosa y política, proceder a la elección de unas Cortes Constituyentes y permitir a las regiones que lo desearan redactar estatutos de autonomía y someterlos a las Cortes.¹⁸ El pacto se refrendó en Madrid el 28 de septiembre en un mitin multitudinario, al que asistieron 20.000 personas. El 20 de octubre el PSOE y la UGT se sumaron al Pacto de San Sebastián. Desde entonces se puso en marcha el movimiento revolucionario para derrocar a la monarquía por vía insurreccional. El plan del comité revolucionario era una insurrección militar apoyada por una huelga general de las organizaciones obreras, en la que incluso se comprometieron algunos anarcosindicalistas y la dirección moderada de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Durante aquellos meses de preparación del movimiento insurreccional se multiplicaron los conflictos laborales y las huelgas en las zonas urbanas e industriales, principalmente bajo el liderazgo de la CNT, pues la central anarcosindicalista, que oficialmente no consideraba la lucha por la república más que «un hecho político» en «la revolución transformadora de los valores políticos y económicos»¹⁹ que perseguían, desde la caída de la dictadura había adoptado como táctica para la supervivencia y recuperación de su organización la acción directa y la lucha en la calle, la oposición a los comités paritarios y las bases de trabajo.²⁰ En ese contexto, el embajador Laughlin recibió con sorpresa las noticias alarmantes del cónsul Clement S. Edwards desde Valencia, donde el paro y la crisis económica estaban deteriorando la situación política de la provincia. La fuerte propaganda comunista, «no de tipo ruso, pero partidaria de la acción directa», matizaba el cónsul, explicaba que «la gente de los numerosos pueblos» sólo estuviera esperando «la iniciativa de la ciudad para alzarse y desarmar a la guardia civil», de forma que podía declararse una huelga general en la ciudad y un levantamiento del pueblo «a menos que la Monarquía desaparezca en el último trimestre del año en curso», concluía el cónsul.²¹

Por su parte, el Departamento de Estado estaba investigando directamente sobre posibles movimientos del bolchevismo en España relacionados con una revolución inminente. El 1 de octubre de 1930, el Departamento de Justicia le informaba que personas relacionadas con la American Vigilant Intelligence Federation22 decían haber avisado a las autoridades españolas sobre «actividades bolcheviques en España relacionadas con una revolución inminente».²³ Y unos días después, el Departamento de Estado era informado de la nota oficial del ministro de Estado español sobre «las detenciones y registros de comunistas españoles y la deportación de comunistas extranjeros».²⁴

Efectivamente, la revolución republicana estaba en marcha, pero poco tenía que ver con una revolución comunista. En realidad, Estados Unidos tenía poco que temer de las influencias bolcheviques en España, pues, como Estados Unidos, España era aún uno de los pocos países occidentales que no había reconocido a la Unión Soviética.²⁵ La Internacional Comunista no se preocupó de España hasta 1930, cuando cayó el general Primo de Rivera y la reorganización del republicanismo le hizo pensar que España estaba «madura» para la revolución. Sin embargo, los dirigentes de la Internacional Comunista no se ponían de acuerdo en si esta debía ser una revolución proletaria o democrática. Esto último es lo que pensaban algunos dirigentes del «casi inexistente» Partido Comunista Español (PCE), fundado en 1920 y mermado por las escisiones en 1930, que sin embargo se negó a participar en el movimiento republicano por considerar que los republicanos formaban un «frente único» de la burguesía contra la revolución y que socialistas y anarquistas «eran agentes enemigos».²⁶

La insurrección militar que debía iniciar el movimiento fue sofocada el 12 de diciembre de 1930 en Jaca (Huesca) y el 15 de diciembre —la fecha oficialmente prevista— en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid). Ese mismo día, 15 de diciembre, Sheldon L. Crosby, encargado de Asuntos Internos de la embajada estadounidense en Madrid, informaba al Departamento de Estado sobre los rumores de que «aviación y artillería» se habían convertido en «revolucionarias», los aviones se habían «pintado de rojo y trabajadores civiles en el aeródromo (de Cuatro Vientos) se habían armado».²⁷ Crosby, siguiendo la interpretación del gobierno y la prensa conservadora española, no tenía dudas de que era un movimiento «marcadamente comunista», «sin duda inspirado por Moscú» y «promovido por reconocidos agitadores», aunque estaba convencido de que iba a fracasar por no contar con el apoyo decidido del ejército y por la rápida y enérgica respuesta gubernamental, pues «más de doscientos líderes republicanos habían sido arrestados en Madrid y provincias», destacando entre ellos Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Marcelino Domingo, Indalecio Prieto y Alejandro Lerroux, miembros destacados del Comité Revolucionario.²⁸

En efecto, el 15 de diciembre de 1930, los generales Ramón Franco y Gonzalo Queipo de Llano, principales promotores de la insurrección militar, huyeron a Portugal, donde fueron detenidos y confinados; los líderes del levantamiento de Jaca, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, fueron condenados a muerte y fusilados el 14 de diciembre; la CNT convocó una huelga general el 15 de diciembre de 1930, como parte del movimiento insurreccional republicano, que en su conjunto ya había fracasado ese mismo día por la pasividad de los socialistas, que no fueron a la huelga, la vacilación de los militares comprometidos temerosos de que les faltara apoyo popular, la indecisión de los republicanos y la rápida represión gubernamental.

Sin embargo, casi inmediatamente Crosby percibió que el rápido restablecimiento de la normalidad era más bien ficticio, conseguido con medidas extraordinarias como la proclamación de la ley marcial, la rigurosa censura de prensa sobre todas las noticias que se enviaban al extranjero, la prohibición de todas las llamadas internacionales e interurbanas excepto con permiso del gobierno o la necesidad de un pase especial para viajar por el país o abandonar España; pues en el país persistía «una corriente de descontento general», un sentimiento de que «algo pudiera estallar en cualquier momento».²⁹ Igualmente Crosby comenzó a cuestionar la interpretación gubernamental de la insurrección como comunista —aunque los líderes republicanos no la hubieran organizado, la habían «aprovechado para medir sus fuerzas, como un globo sonda»—³⁰ y apreciaba un descontento general en el país, que iba más allá de la oposición de republicanos, socialistas y comunistas e incluía a «grandes masas de gente de todo tipo», descontentos «no solamente con el actual Gobierno —al que consideraban incapaz de mantener el orden y restaurar la normalidad política—, sino con el Rey», que había mostrado con sus acciones «perseguir sus propios intereses por encima de los intereses del país», «había sacado la mayor parte de su fortuna del país y estaba mezclado en “negocios dudosos”».³¹

En los días siguientes, los propios líderes del movimiento republicano se preocuparon de desmentir directamente a la embajada americana el supuesto carácter comunista del movimiento revolucionario. Desde la cárcel Modelo de Madrid insistían en la naturaleza nacional y democrática de su revolución civil y política, «un alzamiento nacional contra un régimen de oprobio» para «restaurar la libertad y la decencia pública», en el que habían «participado y participan todas las clases de la sociedad española, todos los partidos antimonárquicos y todos los cuerpos del Estado, sin excluir el Ejército». «Es pueril que el Gobierno del Rey (...) haya querido presentar la Revolución como una estéril algarada comunista. Los comunistas y otros partidos y organizaciones del proletariado, participan en nuestro plan, deponiendo momentáneamente en aras del bien común las diferencias de clase; pero la revolución que planteamos y dirigimos es política, y se encamina a instaurar una República que, afianzando la libertad, y tras la exacción severa de las responsabilidades contraídas por el Rey y sus servidores, dicte en sus Cortes Constituyentes las leyes apetecidas por la inmensa mayoría de los españoles», añadían los líderes encarcelados.³²

Abundando en el peligro de catalogar el descontento contra la monarquía como subversión comunista, unas semanas después, los prestigiosos intelectuales José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón hicieron llegar el manifiesto de la Agrupación al Servicio de la República a la embajada de Estados Unidos. En su informe al Departamento de Estado, el embajador Laughlin destacaba que el manifiesto era «una llamada a todos los ciudadanos en defensa del Estado tradicional español, ahora en proceso de descomposición», la supresión de la monarquía era el primer paso requerido «para la resurrección de España», la movilización organizada de la juventud y de todos los españoles con inclinaciones intelectuales influiría sobre el resto de la nación «para preparar elecciones constitucionales» y la República resultante sería «el signo de que los españoles han decidido tomar el destino en sus manos».³³

También el gobierno español, por boca de su embajador español en Washington, Alejandro Padilla, tranquilizaba al secretario de Estado sobre los dos aspectos que más le preocupaban respecto a España: la estabilidad política interna y las relaciones con Latinoamérica. «El movimiento revolucionario no fue un asunto de gran importancia», a pesar de las «informaciones sensacionalistas y muy exageradas sobre este tema que publicaron los periódicos de Estados Unidos y de todo el mundo», aseguraba Padilla a Stimson. Igualmente, el embajador español aprovechó el asunto del reconocimiento del nuevo gobierno de Guatemala para confirmar al secretario de Estado que el gobierno español quería actuar de acuerdo con Estados Unidos en lo relativo a asuntos de América Latina, reconociendo así el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental.³⁴

En efecto, el gobierno español creía tener controlada la situación y a principios de febrero de 1931 restableció las garantías constitucionales. Sin embargo, muchos de los grupos incluidos en el movimiento republicano no se contentaban con la vuelta a la monarquía liberal constitucional, sino que exigían la evolución a una república democrática con alto contenido social. Este movimiento forzó la dimisión del general Berenguer el 14 de febrero de 1931, pero José Sánchez Guerra, su sucesor en la jefatura de gobierno, no consiguió formar un gobierno nacional con participación republicana, y el rey encargó al almirante Juan Bautista Aznar la formación de un gobierno, en el que los liberales monárquicos eran mayoría. Aznar convocó para el 12 de abril de 1931 las primeras elecciones municipales democráticas de la historia de España, pues su gobierno confiaba en la victoria de los partidos monárquicos, gracias a la fidelidad del voto rural; mientras socialistas y republicanos decidieron participar y presentarse unidos a las elecciones. En medio de la preparación de la campaña electoral, la movilización republicana era tan intensa que Laughlin consideraba unas semanas antes del 12 de abril que el movimiento revolucionario no había sido destruido y había «indicios de que se está organizando otro intento», pero también informaba a Stimson contradictoriamente que la situación había mejorado y que la monarquía parecía «más firmemente establecida que en ningún otro momento desde la caída de la dictadura a finales de enero de 1930».³⁵

LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL RECONOCIMIENTO DEL NUEVO RÉGIMEN

Los resultados electorales que comenzaron a conocerse el 13 de abril, anunciando la victoria abrumadora de los republicanos en las ciudades y el voto popular, sorprendieron así al embajador Laughlin, que el 13 de abril informaba al secretario de Estado que la victoria de los republicanos había sido «aplastante en todas las capitales excepto Cádiz, Ávila, Pontevedra y Orense», aunque esto no significaba necesariamente «un cambio de la monarquía a la república».³⁶ En las horas siguientes pareció confirmarse tanto la victoria republicana como la incertidumbre respecto al futuro político, y Laughlin precisaba que aunque se habían elegido aproximadamente «20.000 concejales monárquicos y 5.000 antimonárquicos», el voto antimonárquico ganaba por una proporción de cuatro a uno. También el embajador destacaba que el propio jefe del gobierno, el almirante Aznar, había tenido que aceptar no sólo la victoria inesperada de los republicanos, sino la grave crisis política que entrañaba que «un país que pensamos que era monárquico, en 24 horas demostró ser republicano» y estar «directamente contra el Rey». Laughlin no atisbaba el día 13 de abril ni la salida del rey del país,³⁷ ni la proclamación de la República y la formación de un gobierno provisional, pero al día siguiente ambos acontecimientos se precipitaron y las noticias llegaron a Estados Unidos.

Ese mismo día, 14 de abril, el secretario de Estado, Henry L. Stimson, urgía a Laughlin a enviarle las últimas noticias, pues al día siguiente se iba a enfrentar a las preguntas de la prensa estadounidense.³⁸ «El Rey partió anoche hacia Cartagena, donde embarcó en el crucero español Príncipe Alfonso, presumiblemente hacia Inglaterra, y la Reina y los Infantes han abandonado esta mañana el país por tren, no se sabe si hacia Portugal o Francia. Continúa el entusiasmo, pero sin desorden, y no parece que el Rey ha abdicado. La Gaceta de Madrid publica esta mañana que el Gobierno Provisional de la República asume el poder del estado sin resistencia u oposición de ningún tipo, con el expreso consentimiento de las fuerzas políticas victoriosas y de acuerdo al deseo popular expresado en las urnas», le respondió Laughlin ese mismo día sin añadir comentario alguno.³⁹ El embajador completaba estas noticias con la información sobre la proclamación en Barcelona de la República Catalana dentro de la Confederación de Estados Ibéricos, en la que también destacaba que «la población barcelonesa estaba exultante, pero se mantenía el orden y no había sido necesaria la intervención de las fuerzas del orden».⁴⁰

El día 15 de abril los principales periódicos estadounidenses reflejaban en su primera página el final de 981 años de gobierno monárquico y el júbilo general que había acompañado a la proclamación de la República en España. Ese ambiente de «Carnaval» de la noche del 14 de abril en Madrid, en el que en medio de banderas rojas republicanas, chaquetas rojas y guapas jóvenes con gorros frigios se entonaba La Marsellesa.⁴¹ A esa impresión inicial siguieron un día después los primeros análisis sobre la crisis política española. El New York Times buscaba en sus páginas editoriales la causa de que unas simples elecciones municipales hubieran llevado a que Alfonso XIII abandonara España, llegando a la conclusión de que el voto antimonárquico expresaba tanto el descontento por ocho años de dictadura, consentida por el rey, como el malestar por los problemas económicos y financieros por los que el país estaba atravesando.

Para el diario neoyorquino era evidente que una revolución se estaba fraguando, «pacífica por el momento, pero que puede amenazar, si no consigue sus objetivos, con convertirse en guerra civil». El editorial recordaba que sesenta años antes España había tenido un experimento desastroso de gobierno republicano, aunque «posiblemente el pueblo español esté ahora maduro para la República», pero vaticinaba que el gobierno provisional se enfrentaba a meses de «problemas y arduo trabajo», pues tenía que elaborar una Constitución y mantener la ley y el orden, cuando ya en Barcelona el Sindicato Único (CNT) había proclamado la huelga general. Curiosamente no manifestaba ninguna alarma ni sorpresa por la proclamación de la República Catalana, pues identificaba la posible estructura estatal de la República Española con una república federal como la estadounidense, y en este ámbito de identificación republicana el editorial concluía afirmando que la actitud de Estados Unidos como república federal debía ser de simpatía y tolerancia hacia la nueva república y los esfuerzos de los españoles por volver «a la libertad y el autogobierno».⁴²

Más pesimista en sus análisis sobre el nuevo régimen español era el Washington Post, que creía que la caída de la monarquía se debía a la incapacidad de los políticos monárquicos para gobernar honestamente y a las dificultades financieras, pero no pensaba que los republicanos pudieran formar un gobierno estable, pues el país «estaba impregnado de socialismo», Barcelona era «un semillero del comunismo» y sería normal que en esas circunstancias «un hombre fuerte» tomara el poder. «El remedio sería encontrar un Mussolini», pero el peligro era que «el comunismo llevara a los socialistas a un régimen leninista» antes de que el dictador apareciera.⁴³

En su primer análisis de la crisis política española, el embajador Laughlin no llegaba a ir tan lejos en su esperanza de que apareciera un Mussolini, pero reconocía que «la mentalidad del siglo XVII del pueblo español, capturada por falsedades comunistas», podía «ver una tierra prometida donde no existe», y cuando llegara la desilusión el nuevo régimen podría ser «incapaz de contener las influencias bolcheviques», por lo que aconsejaba a Stimson no reconocer inmediatamente a la República hasta asegurarse de que estuviera libre de la amenaza comunista,⁴⁴ que fue en efecto la principal preocupación del Departamento de Estado en los días siguientes.

No en vano desde la proclamación de la República estaban llegando al Departamento de Estado noticias inquietantes de la prensa soviética desde Riga, en las que se comparaba la situación española con la revolución rusa y al gobierno provisional de la República Española con el gobierno provisional ruso de febrero a octubre de 1917, y el gobierno provisional alemán, considerándolo así un gobierno reaccionario en el que «los socialfascistas», al igual que la socialdemocracia en Alemania, «eran los verdugos de la clase obrera», rememorando la represión del Partido Comunista Alemán en la revolución alemana de 1918. De acuerdo con este análisis, Pravda informaba que voluntarios comunistas, despedidos por la multitud en la estación de Moscú, habían partido hacia España para ayudar al débil Partido Comunista Español a luchar por la República Soviética Española.⁴⁵ Por su parte, Izvestia afirmaba, que desde el punto de vista del imperialismo, España era escenario de la lucha entre el capitalismo francés e inglés, los cuales temían la transformación de la revolución democrático-burguesa española en una revolución socialista.⁴⁶

Muy distintas eran las informaciones que recibía el Departamento de Estado de sus embajadores en Europa Occidental y Latinoamérica. El día 16 de abril, México y Uruguay fueron los primeros países en reconocer a la República Española, pues en toda Latinoamérica se esperaba que el nuevo régimen estrechara los lazos con las repúblicas latinoamericanas; al día siguiente, 17 de abril, como era de esperar, la República Francesa reconoció a la República Española⁴⁷ y también lo hicieron Chile y Bolivia. En el Imperio Británico, donde se consideraba la situación española un asunto interno, que no amenazaba ni con una extensión del comunismo, ni con tener repercusiones en otras partes de Europa, el reconocimiento de la República estaba ya siendo aprobado por los dominios,⁴⁸ mientras en Alemania, aunque contemplaban el cambio de régimen como inevitable y seguirían el ejemplo de otros gobiernos, no correrían a reconocerla⁴⁹ y en Italia no se había tomado aún una decisión.⁵⁰

Muy tranquilizadora era también la opinión que el secretario de Estado recibió de Hernand Behn, el presidente de la ITT, la principal empresa estadounidense con inversiones en España. Según sus informes el ministro de Asuntos Exteriores Alejandro Lerroux y el presidente del gobierno Niceto Alcalá Zamora habían asegurado personalmente en Madrid a Lewis Proctor, director de la CTNE, y a Beekman Wintrop, ex gobernador de Puerto Rico y director de la banca familiar neoyorquina Robert Wintrop and Company, que todas las propiedades e inversiones extranjeras en España serían respetadas, apoyadas y protegidas, por lo que Behn sugería reconocer a la República lo antes posible, cuando podía obtenerse el beneficio del «beau geste» y «no esperar a hacerlo detrás de los británicos u otros en el último momento».

El presidente de la ITT pensaba que el país era totalmente estable y no tenía temor ni a la nueva estructura del Estado ni a la extensión del comunismo. Reconocía que si a Cataluña se le daba algún tipo de estatus independiente, los vascos y los gallegos probablemente pedirían lo mismo, «pero todo indica que habrá estabilidad y que el Gobierno será capaz de mantener el orden y respetar sus obligaciones internacionales». El propio ministro de Asuntos Exteriores, Alejandro Lerroux, contacto de la ITT en el gobierno junto con Miguel Maura y un hombre al que Behn consideraba muy inteligente y decisivo en la nueva situación política, se lo había asegurado personalmente el pasado mes de septiembre, cuando Behn le sugirió que «había la impresión en el extranjero de que el nuevo régimen podría tener una orientación comunista», y que si hubiera alguna posibilidad de que esto sucediera «el crédito exterior de España se destruiría durante mucho tiempo». Ya entonces, Lerroux le aseguró que «si ellos triunfaban, establecerían una república que seguiría el modelo de los Estados Unidos», y en esos días le había confirmado personalmente por teléfono que «no había en absoluto comunismo en España; que ellos no reconocerán el comunismo en España y no permitirán que se desarrolle».⁵¹

Con esas informaciones, el secretario de Estado pensaba que el gobierno provisional controlaba la situación, excepto en Cataluña, y que el nuevo régimen debía ser reconocido, pero había que esperar a que lo hicieran antes otras potencias europeas, «pues la situación española es principalmente preocupación de algunos gobiernos europeos».⁵² El día 21 de abril Laughlin recibió autorización para reconocer al gobierno provisional de la República Española, una vez lo hiciera Gran Bretaña.⁵³ Ambos países junto con Alemania y Suiza lo reconocieron el día 22 de abril de 1921, y dos días después lo haría el Vaticano.⁵⁴

A finales del mes de abril incluso el embajador Laughlin admitía el orden, la tranquilidad y «la ausencia de todo tipo de rencor por parte del Gobierno hacia los monárquicos», «lo que dice mucho no sólo del nuevo Gobierno, que parece controlar la situación, sino del pueblo español en general, cuyo deseo parece ser ayudar a que el cambio de Gobierno sea lo más tranquilo y ordenado posible».⁵⁵ En esta línea, el 5 de mayo de 1931 Laughlin hacía el primer análisis detallado y confidencial de la revolución producida en España, que por primera vez no consideraba comunista. Aunque estimaba que las elecciones a Cortes Constituyentes, a celebrar el siguiente mes de junio, contribuirían a esclarecer la naturaleza del cambio político español, desde su experiencia en Grecia como ministro plenipotenciario entre 1924 y 1926 la consideraba más bien «una evolución», similar a la revolución griega de 1923-1924 —en la que el comunismo no tuvo éxito entre la gran masa de la población, los campesinos y pequeños propietarios—. «Esto es lo que probablemente pasará», añadía, «si esta República sigue su anunciada intención de redistribución de la tierra.» No en vano Laughlin consideraba que la incapacidad y «egoísta estupidez» de los llamados Grandes de España, «propietarios absentistas que nunca viven en sus fincas y que incluso no las visitan —desdeñosos pasajeros del barco del Estado—, ignorantes y miopes egoístas como niños malcriados», eran los responsables de la crisis política española. ⁵⁶ El problema era que, a diferencia de Grecia, España no era una sociedad igualitaria en las zonas latifundistas y tenía un significativo movimiento obrero tanto en las zonas industriales urbanas, como en las agrícolas, aunque la influencia no era mayoritariamente comunista.⁵⁷

LOS PRIMEROS MESES DE LA REPÚBLICA: ELABORAR UNA CONSTITUCIÓN, PRIMERAS REFORMAS, PRIMERAS PROTESTAS

La tranquilidad destacada por todos los observadores extranjeros duraría poco. Ya el 7 de mayo de 1931 el New York Times daba cuenta de la tensión existente entre la Iglesia Católica y el nuevo gobierno republicano, que tenía la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado como un elemento principal de su programa de gobierno. Así, el mismo día en que el ministro de Finanzas, Indalecio Prieto, invitaba a los judíos sefarditas a volver a España y les prometía tanto la naturalización como la libertad de cultos, el cardenal Segura, primado de la Iglesia Católica en España, elogiaba al destronado Alfonso XIII e instaba a los católicos a las movilizaciones masivas y a votar por partidos que defendieran los derechos de la Iglesia. Su actitud de enfrentamiento con el régimen republicano desafiaba las directrices del Vaticano de respetar a los nuevos poderes constituidos y abría un conflicto entre la jerarquía católica española y la República.⁵⁸ El diario neoyorquino esperaba que estas palabras de la pastoral del 1 de mayo de 1931 del primado de España tuvieran en efecto consecuencias en la política española, pero sin llegar a la «polémica religiosa que tuvo lugar en México hacía unos años».⁵⁹

Era lógico que en Estados Unidos se tuviera a México como referencia del máximo enfrentamiento reciente entre la Iglesia Católica y el Estado, pues la decisión del gobierno del presidente Plutarco Calles, en 1926, de considerar las infracciones religiosas como delitos criminales provocó la repuesta inmediata de los obispos de suspender los oficios religiosos. A esta suspensión respondieron con un levantamiento espontáneo unos 25.000 «cristeros», procedentes de los sectores populares, que al grito de «viva Cristo Rey» y «viva la Virgen de Guadalupe» se enfrentaron al ejército y al Estado mexicano en una guerra —«La Cristiada»— que hasta 1929 absorbió el 45 por ciento del presupuesto nacional. En la resolución del conflicto entre el Estado mexicano y el Vaticano fue decisiva la mediación de Estados Unidos y de su embajador en México, Dwight W. Morrow.⁶⁰

El 12 de mayo tanto el New York Times⁶¹ como el Washington Post⁶² daban noticias pormenorizadas en sus primeras páginas de que la multitud había incendiado las iglesias, conventos y colegios religiosos en Madrid y muchas otras ciudades españolas. La descripción del New York Times de los incendios del 11 y 12 de mayo en Madrid, Alicante, Valencia y Málaga, como respuesta a la pequeña provocación del Círculo Católico en Madrid el 10 de mayo y a la represión policial de la posterior manifestación antimonárquica, huía del sensacionalismo e indicaba que no había habido de momento ni muertos ni heridos, pero 10.000 religiosos habían abandonado sus sedes y habían sido destruidas propiedades por un valor de cinco millones de dólares. Al parecer el gobierno había acusado a sus enemigos en la derecha —monárquicos— y en la izquierda —comunistas— de haber provocado los incidentes, deteniendo a ochenta comunistas y a algunos aristócratas y había tomado medidas extraordinarias como la proclamación del estado de guerra en la capital, el establecimiento de la ley marcial en toda España, el cierre de fronteras y los cierres de la Bolsa y los bancos. Aún menos alarmista era la información que recibía el 12 de mayo el secretario de Estado del embajador Laughlin desde Madrid, pues concluía contundentemente que ya ese mismo día las autoridades «habían tenido éxito en restaurar la tranquilidad» y pedía información sobre la capacidad de la embajada para refugiar a religiosos, esconder sus bienes o usar la bandera estadounidense para proteger inmuebles de la Compañía de Jesús.⁶³

A la hora de los análisis, el editorial alarmista del Washington Post del 14 de mayo acusaba directamente a la Internacional Comunista de estar detrás de los incendios, tanto para utilizar la inestabilidad española para avanzar en la revolución mundial, como un primer paso para establecer la dictadura soviética en España. «Tras la destrucción de iglesias y conventos, están ahora dirigiendo su atención a los bancos y establecimientos comerciales (...) todos los esfuerzos son necesarios para salvar a España de los estragos del comunismo»,64 concluía el periódico. Sin embargo, mucho más realista, el embajador Laughlin afirmaba contundentemente unos días después que los incendios de conventos e iglesias no representaban la política del gobierno provisional, «ni había sido obra del pueblo, como decían los periódicos», sino que, aunque le resultaba difícil de entender, habían sido realizados por una minoría de jóvenes extremistas —un máximo de doscientos o trescientos hombres bien organizados— «como aquellos que son instrumentos de los jefes mafiosos en los Estados Unidos». La única responsabilidad del gobierno, añadía Laughlin, «fue que no tomó medidas preventivas ni lo reprimió al principio enérgicamente»,⁶⁵ pues, en efecto, el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, no logró la autorización del gabinete el día 11 de mayo para reprimir a los incendiarios.

En ese mismo tono exento de alarma, el New York Times estimaba que los incendios estaban deteriorando las relaciones entre la Iglesia Católica y la República, pues mientras los jesuitas se habían refugiado en el Monasterio de Loyola, cerca de San Sebastián, el obispo de Vitoria había sido expulsado del país y se dirigía a Roma; el de Málaga, cuyo palacio había sido incendiado, acababa de tomar un barco en Gibraltar en la misma dirección, y el cardenal Segura pedía al Papa abandonar Toledo y dirigirse a la Curia Romana; mientras, el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, protestaba enérgicamente al Vaticano sobre la actitud hostil del clero católico hacia la República Española y el gobierno decidía aplazar las elecciones del 21 al 28 de junio.⁶⁶ En efecto, el diario neoyorquino tenía razón sobre los efectos políticos de largo alcance de unos hechos localizados y minoritarios que cedieron rápidamente, pero que muchos católicos interiorizaron como un ataque de la república laica, al que se sumarían las tensiones crecientes con la jerarquía católica más intransigente con la expulsión de España del obispo de Vitoria o la del cardenal Segura en junio por sus ataques a la República.

Por las mismas fechas dos noticias económicas que afectaban de distinta forma a los intereses estadounidenses eran destacadas por el diario neoyorquino: el monopolio soviético del mercado de petróleo español y la difícil situación financiera de la República. En 1928, el gobierno español había firmado un contrato de suministro de petróleo crudo y refinado con la compañía soviética de petróleos NAFTA, que fue rescindido por el gobierno del general Berenguer. Desde entonces el petróleo estadounidense había vuelto a penetrar masivamente en el mercado español, pero el 21 de mayo de 1931 Indalecio Prieto, ministro de Finanzas, volvió a firmar un contrato con la industria de petróleo soviética por el que esta abastecería a todo el mercado español de crudo y refinado, desplazando al petróleo estadounidense, británico y rumano. Entre las ventajas de la firma de este contrato, Prieto señalaba el ahorro de 20 millones de dólares en 3 años y un acuerdo comercial con la URSS, para ser firmado inmediatamente después del reconocimiento de la Unión Soviética por la República Española, por el que aquella compraría productos españoles por una cantidad equivalente al 20 por ciento del valor del crudo suministrado a España. Así, los intereses petroleros americanos veían escaparse una vez más el mercado español a favor del petróleo soviético, en lo que parecía también un acercamiento diplomático entre la URSS y la República Española.⁶⁷

Respecto a la progresiva caída de la peseta y la difícil situación financiera a la que se estaba enfrentando el gobierno provisional por la escasez de capital y dinero en circulación, el New York Times explicaba acertadamente cómo desde la proclamación de la República los intereses económicos determinados a debilitar el nuevo régimen habían sacado del país mil millones de pesetas o escondido sus depósitos bancarios en casa.⁶⁸ En efecto, exactamente novecientos diecisiete millones de pesetas fueron retirados de las cuentas bancarias entre el 1 de abril y el 30 de junio, equivalentes al 13 por ciento de los depósitos totales, casi el mismo porcentaje en que se redujeron los préstamos y créditos concedidos por las entidades bancarias privadas.⁶⁹ El gobierno decidió por tanto aumentar el dinero en circulación, para calmar las protestas de los empresarios, que atribuían su dificultad de conseguir créditos a esta escasez.

En medio de estas dificultades financieras, y cuando aún no se habían apagado los efectos de la primera explosión anticlerical, el gobierno se enfrentaba a constantes conflictos laborales en las zonas agrícolas e industriales, producto tanto de la dificultad de aplicar la nueva legislación laboral de urgencia y de las expectativas levantadas respecto a sus reformas sociales, como a la estrategia sindical de algunos sectores de la CNT de no dar tregua al nuevo régimen. Aunque el gobierno provisional no iba a alterar el aparato del Estado antes de las elecciones a Cortes Constituyentes y la aprobación de una nueva Constitución, el compromiso de republicanos y socialistas por solucionar los problemas sociales más urgentes del país les llevó a promulgar por decreto, entre abril y mayo de 1931, la jornada de 8 horas y las primeras vacaciones pagadas de una semana; a tener una disposición a arbitrar la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo en los sectores industriales, y a ocuparse con prioridad de resolver la cuestión agraria, especialmente en las zonas latifundistas.

Desde el Ministerio de Trabajo, el líder socialista Francisco Largo Caballero tomó una serie de medidas urgentes para mejorar la situación de los pequeños arrendatarios y los jornaleros, que representó una revolución en el campo español al desplazar el poder en el campo hacia el campesinado sin tierras y particularmente hacia el sindicato socialista.⁷⁰ Los arrendatarios podían exigir el pago por las mejoras efectuadas, solicitar la reducción de las rentas si la cosecha había sido mala o dar prioridad a los arrendamientos colectivos dirigidos por sindicatos y sociedades obreras. Los jornaleros se vieron inmediatamente beneficiados por el establecimiento de la jornada de 8 horas y la extensión de los jurados mixtos a la agricultura, así como por los polémicos decretos de Laboreo Forzoso, que amenazaban con ceder las tierras incultas de los propietarios a las organizaciones obreras locales, si no continuaban cultivándose con los usos y costumbres de cada región; de Términos Municipales, que obligaba a contratar primero a los trabajadores que residían en el municipio frente a los foráneos, y el decreto de Asentamientos Colectivos, que permitía a los sindicatos ocupar las fincas abandonadas. En cuanto a los jurados mixtos, eje del nuevo marco legal tanto en la agricultura como en la industria, no eran una ruptura respecto a la práctica societaria y paritaria que la UGT utilizó durante la dictadura de Primo de Rivera, pero otorgaban un poder extraordinario al Ministerio de Trabajo, y por tanto a la UGT, y además excluían a la CNT de estar representada en ellos.⁷¹

Así, si las reformas del Ministerio de Trabajo provocaban ya en el mes de mayo de 1931 una conflictividad extraordinaria en las zonas latifundistas de Andalucía, que expresaba la protesta por la oposición de los propietarios y de muchas autoridades locales a aplicar los decretos del gobierno provisional, también le enfrentaban con la CNT en ciudades como Sevilla y Barcelona, donde el sindicato tenía una mayor implantación. Frente a unos jurados mixtos controlados por los socialistas, la CNT optaba por la acción directa para resolver los conflictos laborales, sin el arbitraje gubernamental y la negociación colectiva que los jurados mixtos y las bases de trabajo suponían.⁷² De esta forma, en Sevilla, ciudad portuaria con un paro muy elevado, en la que predominaba la CNT y el PCE sobre una UGT débil, se declaró por dos veces el estado de guerra. También en Barcelona los conflictos laborales que sobrepasaban el marco legal de los jurados mixtos fueron constantes, de forma que a poco más de dos semanas de las elecciones, Frank L. Kluckhohn, el corresponsal del New York Times, al hacerse eco de la difícil situación laboral en el puerto de Barcelona, enumeraba los «nuevos peligros a los que se enfrentaba la República», que tras el éxito de sus dos primeros meses y de haber hecho la revolución política «debía hacer con éxito su reforma social, si no quería enfrentarse a un giro a la izquierda». En ese sentido indicaba acertadamente que el peligro «no vendría de los comunistas», pocos y divididos, «sino de movimientos o conflictos como los inspirados por la CNT recientemente en Andalucía y Barcelona». Con todos estos frentes ya abiertos, el gobierno provisional se enfrentaba a las elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931.

Con una derecha desorganizada, el triunfo de la candidatura republicano-socialista fue arrollador tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones. En unas elecciones en que hubo un 35 por ciento de abstenciones, que podrían representar tanto al conservadurismo católico monárquico como al anarcosindicalismo, el Partido Socialista fue el partido más votado y obtuvo 113 diputados en las Cortes, cuando el máximo de diputados que había obtenido antes de 1923 fueron 7; le siguió el Partido Radical de Alejandro Lerroux, con 89 diputados, que ocupaba el centro republicano y se presentó como un partido de orden, seguido de los partidos que representaban la izquierda del republicanismo: Radicales Socialistas (54), Esquerra Republicana (36) y Acción Republicana (30). Le seguían después la Derecha Liberal Republicana (22), los republicanos gallegos (19) y la Asociación al Servicio de la República (13). Así, el 90 por ciento de los escaños de la Cámara pertenecían a la coalición gobernante republicano-socialista, mientras que la derecha no republicana, que representaba el orden tradicional y a la Iglesia Católica, apenas contaba con 50 escaños de casi 500, de forma que no podría influir en la redacción de la Constitución.⁷³ Como tampoco lo harían los grupos fascistas y comunistas, demasiado débiles para alcanzar representación parlamentaria, o el potente sindicalismo anarquista, mayoritariamente autoexcluido de la política parlamentaria.⁷⁴

El resultado electoral era una ruptura radical con las Cortes de la monarquía y una legitimación de la República, ciertamente más a la izquierda de lo que hubiera deseado el Departamento de Estado, que había apostado desde el principio por Alejandro Lerroux como el hombre fuerte de la República Española. Unas semanas después, en su análisis de las elecciones Laughlin se refería al Partido Socialista como «el partido más poderoso, más disciplinado y mejor organizado de España», porque tenía «el apoyo incondicional de la Unión General de Trabajadores, que controla todo el movimiento obrero, excepto en Cataluña», sus tácticas incluían «la utilización de los conflictos laborales como medio de conseguir la socialización de la producción y otros fines, sin llegar a la violencia», y en cuanto a los nuevos diputados socialistas, los consideraba en general «hombres de poca formación».⁷⁵ Unos días antes de que las Cortes Constituyentes abrieran sus sesiones el 14 de julio, Salvador de Madariaga, embajador de España en Washington, tranquilizaba a los funcionarios del Departamento de Estado sobre la estabilidad de la República cuando les comunicaba que la amenaza más seria para el nuevo régimen no era el separatismo, ni el problema del ejército ya resuelto, sino el sindicalismo anarquista, que en Cataluña, en los distritos mineros de Asturias y en las grandes regiones latifundistas de Andalucía dirigían «una campaña de agitación» contra la República. La mejor forma de burlar los designios de los grupos sindicalistas era «la formación de un nuevo Gobierno resuelto a adoptar una política muy progresista»,⁷⁶ indicaba Madariaga.

Y es que desde el 4 de julio, el gobierno republicano se enfrentaba a la huelga de la Compañía Telefónica, convocada por la CNT en toda España, a la que se sumaban la convocatoria del sindicato anarcosindicalista de huelgas generales en todas las ciudades en apoyo de los obreros de la Telefónica. Esta huelga contra un monopolio estadounidense era un desafío al gobierno, que respondió contundentemente apostando por mantener el servicio telefónico en todo el país con apoyó del sindicato socialista, cuyos afiliados sustituyeron a los obreros de la CNT en huelga. Al final la huelga sólo paralizó totalmente los servicios telefónicos de Barcelona y Sevilla, ciudad en la que el conflicto se convirtió en huelga general, a la que el gobierno contestó declarando el estado de guerra en la ciudad, lo que a la postre acabó con la huelga del 29 de julio con un saldo de 20 muertos y 40 heridos.⁷⁷

A finales de julio el cónsul general de Estados Unidos se hacía eco desde Barcelona tanto de los «los serios disturbios con muchas bajas que desde ayer al mediodía han seguido a la declaración de huelga general en Sevilla», como de la situación amenazante en Barcelona el 23 de julio,⁷⁸ pero dejaba muy claro en las informaciones posteriores sobre los conflictos obreros en Barcelona, que la CNT o los sindicalistas tenían muy poco que ver con el comunismo soviético, aunque en el preámbulo del programa de la CNT se dijera que el objetivo final de la organización era «establecer un Estado comunista» y su órgano de expresión, Solidaridad Obrera, afirmara que era «comunista en sentimiento».⁷⁹

En el mismo sentido iban las informaciones que el Departamento de Estado recibía de la URSS desde la capital letona. La interpretación ortodoxa de la Internacional Comunista seguía impregnando los análisis oficiales sobre las perspectivas inmediatas de la revolución en España, si los elementos más revolucionarios de la clase obrera española se liberaban «de la influencia de los líderes anarcosindicalistas y de los socialistas moderados». En una Europa más favorable a la revolución porque el «capitalismo está llegando rápidamente a su última etapa; una república proletaria de sóviets se está desarrollando», ésta podría comenzar en España y alterar «toda la cuenca mediterránea», señalaba el secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos Rojos y miembro de la Internacional Comunista, A. Lozovsky.⁸⁰ Por supuesto, la prensa soviética no reflejaba la masiva participación electoral, ni el resultado de las elecciones a Cortes Constituyentes en España, pero conforme se afianzaba la república democrática, Coleman observaba desde Riga que «sorprendentemente ha habido recientemente muy pocos comentarios editoriales en los periódicos rusos sobre el curso de la Revolución española, en contraste con los artículos casi diarios dedicados a la situación en Alemania. La misma proporción se observa en las columnas de noticias».⁸¹

Era lógico que a mediados de 1931 la prensa soviética pensara que la revolución soviética era más probable en la República Alemana de Weimar que en la República Española. Los intentos económicos de Estados Unidos por estabilizar la Alemania posbélica, asegurando su viabilidad económica mediante la negociación de las reparaciones a la baja y la concesión de créditos a corto plazo, dieron sus frutos entre 1924 (Plan Dawes) y 1929 (Plan Young). Durante esos años la recuperación económica y la estabilidad política fueron otra vez incorporando a Alemania en el orden político internacional. Sin embargo, el crac de 1929, con su inmediata repercusión en un país que dependía totalmente de los créditos americanos a corto plazo, fue el comienzo de una profundísima crisis económica que tendría su secuela en la caída del gobierno de gran coalición, presidido por el socialdemócrata Hermann Müller, el 27 de marzo de 1930. La radicalización de las fuerzas políticas alemanas y la progresiva destrucción de la República de Weimar fue evidente en las elecciones del 11 de septiembre de 1930; los nazis pasaron de 12 (810.000 votos) a 107 diputados (6.400.000 votos), los comunistas obtuvieron 77 escaños y un millón y medio de votos, y fueron sustituyendo a la socialdemocracia en zonas clave de Alemania hasta convertirse en el principal partido de la ciudad de Berlín en las elecciones generales de noviembre 1932.⁸²

A pesar de que nada parecía indicar una expansión del comunismo soviético en España, el Departamento de Estado seguía analizando cualquier mínima relación de la situación española con el comunismo internacional, no en vano la expansión del comunismo en Estados Unidos era una de las múltiples preocupaciones de un país que estaba ya en su segundo año de profunda depresión económica. Ciertamente, por esas fechas el desempleo masivo y la quiebra de los negocios no se había manifestado aún en amplios movimientos de protesta social, pero The Communist Party of The United States (CPUSA), hasta entonces un partido marginal y sectario como en España, fue tomando fuerza cuando a principios de la década de los años treinta se preocupó de organizar tanto a los parados como a los trabajadores afroamericanos en la industria, y especialmente en la agricultura del sur, que no interesaban a ninguna organización sindical, con el objetivo de movilizar a la minoría negra del sur contra el capitalismo.⁸³ En esa estrategia fue decisiva para dar una proyección nacional al CPUSA la decisión del partido de proporcionar ayuda legal a los «chicos de Scottsboro», nueve jóvenes negros acusados de violar a dos mujeres blancas en un tren de mercancías en Alabama en marzo de 1931. El caso recibió una cobertura informativa nacional y permitió a los comunistas presentarse como defensores más acérrimos de los derechos civiles de los afroamericanos que muchos grupos ya establecidos en la defensa de la minoría negra, como The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).⁸⁴

La repercusión de este caso en España fue seguida atentamente por el Departamento de Estado, que recibió una copia del telegrama del Sindicato de la Industria de la Construcción de Bilbao, del 21 de julio, en el que protestaba enérgicamente «contra la ejecución de la sentencia de muerte de los 8 obreros negros en Estados Unidos (Alabama)».⁸⁵ A finales de diciembre recibió igualmente copia del telegrama de la Sección Española de Socorro Rojo Internacional pidiendo «la inmediata libertad de los jóvenes negros de Scottsboro».⁸⁶

No había sin embargo mucho que temer del débil PCE, que no sacó ni un solo diputado en las elecciones del 28 de junio y por tanto no tuvo representación en las Cortes, que desde el día 14 de julio se reunieron con el objetivo principal de elaborar una Constitución. Mientras a finales de verano el propio ministro de la Gobernación, Miguel Maura, aseguraba directamente a Laughlin que no había ninguna amenaza comunista en España, pues «todas las huelgas y desórdenes laborales de naturaleza revolucionaria que habían tenido lugar en España en los últimos 6 meses habían sido organizados por la Confederación Nacional del Trabajo» y en muy pocos casos los sindicalistas habían trabajado «directamente bajo las órdenes de Moscú», el embajador informaba a Stimson sobre la lenta discusión de la Constitución, que comenzó sus debates el 28 de agosto. Las Cortes estaban de momento encalladas en la discusión del Estatuto catalán y los tensos debates estaban haciendo decaer el prestigio y poder político de los sectores más conservadores como Alcalá Zamora, Miguel Maura, e incluso Alejandro Lerroux, mientras que ascendía el de Manuel Azaña y algunos de los ministros socialistas.⁸⁷

En efecto, el artículo 26, que en su redacción final disolvía las órdenes religiosas y prohibía la enseñanza a las congregaciones religiosas, fue aprobado el 14 de octubre con la ausencia en la Cámara de 233 diputados; la derecha no republicana abandonó las Cortes y Alcalá Zamora y Miguel Maura, que habían anunciado su voto en contra, dimitieron. Manuel Azaña tomó posesión como nuevo presidente del gobierno el 15 de octubre. Tras esta grave crisis política aumentó el interés del Departamento de Estado por los socialistas y sus principales dirigentes, que seguían formando parte del nuevo gobierno. Los análisis de la embajada en las semanas siguientes precisaban que el Partido Socialista estaba dividido en dos grupos: uno liderado por Largo Caballero, que hubiera querido que un socialista presidiera un gobierno de coalición con los republicanos, y otro liderado por Julián Besteiro y Fernando de los Ríos, que pensaban que aún no había llegado el momento para que los socialistas estuvieran representados en cualquier gobierno. En cuanto al tema de si las Cortes debían disolverse o no una vez elaborada la Constitución, «la posición de Largo Caballero y otros socialistas es que estas no debían disolverse hasta que no se aprobara la legislación complementaria». El embajador destacaba también que «el Partido Socialista no tenía un programa establecido» —a la espera del siguiente congreso— pero daba que pensar la opinión de Caballero, recogida en el periódico Ahora, de que «si alguna fracción republicana intentase formar un Gobierno de partido y disolver prematuramente las Cortes, los socialistas y la UGT lo considerarían como una provocación y se verían lanzados a una verdadera guerra civil», de la que no se sentirían responsables.⁸⁸

Mientras tanto, las Cortes Constituyentes acusaron al rey de alta traición y lo condenaron a destierro perpetuo, la redacción de la Constitución avanzaba y esta fue aprobada después de tres meses de intensos debates el 9 de diciembre, por una votación de 368 a favor y ninguno en contra, pero con la ausencia de la derecha no republicana. Al día siguiente, 10 de diciembre, Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República y, tras una inauguración que no pareció despertar gran entusiasmo internacional, encargó, como se preveía, a Manuel Azaña formar nuevo gobierno. Ante la negativa de Lerroux a formar gobierno con los socialistas, Azaña prefirió aliarse con estos últimos en la búsqueda de un gobierno estable, pero la gran coalición republicano-socialista se había quebrado en el debate constitucional. El gobierno decidió prolongar las Cortes hasta que se aprobaran las leyes fundamentales que desarrollaban el texto constitucional.

Como rezaba el artículo 1.º de la Constitución, España era «una República democrática de trabajadores de toda clase», en referencia al constitucionalismo social del periodo de entreguerras, un Estado integral —que no federal— «que reconocía la autonomía de los municipios y regiones», laico y representativo, donde «los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo». Un par de semanas antes de ser aprobada la nueva Constitución, esta era analizada por el New York Times, que ponía en duda que la derecha pudiera aceptarla y que fuera por tanto una Constitución para todos. El diario neoyorquino describía la Constitución, en la que se reflejaba la influencia de los socialistas como grupo mayoritario en las Cortes, como un documento que «no es marxista, ni socialista», puesto que no era una Constitución de clase y reconocía los derechos de propiedad. En este sentido, unos meses antes el periódico ya se había referido a este tema señalando que cuando España se definía como una «república de trabajadores», no lo hacía en el sentido clasista soviético, sino en el sentido anglosajón de unir a todos los que trabajan, en la más pura tradición del productivismo republicano estadounidense. Sin embargo, también destacaba que hacía posible el socialismo al dejar la puerta abierta a la nacionalización de la industria —en referencia al artículo 44, que admitía la expropiación con o sin indemnización y subordinaba las fuentes naturales de la riqueza a los intereses de la economía nacional—, y que con tendencias reformistas tales como un divorcio fácil se había ganado la oposición de la derecha, que «ya había comenzado su campaña revisionista».⁸⁹

En efecto la Constitución aprobada no solamente nació con el rechazo de una minoría poderosa y el recelo de amplios sectores de la población católica, sino que, en palabras de Mercedes Cabrera, «no se limitaba a fijar procedimientos, sometía a derecho las relaciones entre poderes, incorporaba mecanismos de democracia directa y derechos sociales y fijaba el camino para la resolución de conflictos —como el religioso—, sobre los que no había logrado acuerdo. Incorporó además la Ley de defensa de la República, que había levantado fuertes críticas».⁹⁰

Sin embargo, en esos momentos la Constitución parecía tener el apoyo necesario para garantizar la estabilidad. El diario neoyorquino, sólo unos días antes de que se aprobara la Constitución, hacía una apuesta clara por la República Española destacando que había seguido un camino de pluralismo y resolución pacífica de los conflictos muy distinto al ruso. Tras ocho meses de revolución, el régimen había superado «la necesidad infantil de revolución». «No se ha pasado del republicanismo y el radicalismo al comunismo y la toma del poder por el proletariado. Aún quedan problemas latentes graves, como el Estatuto catalán o las relaciones con la Iglesia Católica, pero incluso en este último aspecto no parece que vaya a haber un conflicto formidable», añadía. Mucho menos preocupante era desde su punto de vista la reforma agraria, que en dos años planeaba redistribuir la propiedad de la tierra a costa de los latifundios y hacer propietarias a 75.000 familias campesinas de las zonas latifundistas, lo que el rotativo neoyorquino consideraba un proceso de redistribución de la tierra similar al que estaba teniendo lugar en la Europa central y oriental «sin una revolución bolchevique».⁹¹

Se puede decir que a finales del año 1931, tanto el Departamento de Estado como los intereses económicos y parte de la prensa estadounidense habían disipado sus temores sobre una rápida penetración del comunismo en España y apostaban por la estabilidad del nuevo régimen. Reconocían, como lo hacía el gobierno español, los peligros del acoso de la CNT a la República o el elevado índice de conflictividad obrera; pero, a diferencia de lo que pregonaba la prensa conservadora española, distinguían entre socialistas, anarcosindicalistas y comunistas, no temían al aumento de tensiones entre la Iglesia Católica y el Estado, ni a una reforma agraria que distribuyera la propiedad, ni a que el Estado evolucionara hacia una república federal. Desde su propia experiencia de república federal, que basaba gran parte de su éxito político desde 1789 en la libertad religiosa y en una política de tierras que había fomentado la propiedad agraria igualitaria, esas políticas podían ser más bien la solución que la causa de los problemas políticos de la República Española.

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De la amenaza comunista

a la amenaza fascista

(Enero de 1932-diciembre de 1933)

DEPRESIÓN ECONÓMICA Y RUPTURA DEL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

Al comenzar el año 1932, Estados Unidos no solamente se enfrentaba al progresivo deterioro de la situación económica interna y a los primeros conflictos sociales que esta había ocasionado, sino que el sistema internacional que desde 1921 Charles Evans Hughes, como secretario de Estado, y Herbert Hoover, como secretario del Tesoro en la administración del presidente Warren G. Harding, habían diseñado para establecer una Pax Americana, basada en la prosperidad de Estados Unidos y la firma de tratados que frenaran la carrera de armamentos, saltaba por los aires con la quiebra de la economía estadounidense.

1931 había sido el año en que la sociedad estadounidense comprobó que la depresión no era un asunto de banqueros, empresarios o indigentes, sino que afectaba a todo el mundo.¹ No en vano, entre 1929 y 1932 el desempleo en el sector industrial pasó del 3 por ciento —1,6 millones de parados— al 25 por ciento —12 millones—, los ingresos de los estadounidenses descendieron más de la mitad, 9.000 bancos habían quebrado, muchas fábricas habían sido abandonadas y un millón de agricultores perdieron sus tierras, cuando la sequía y el derrumbe de los precios agrícolas en un 50 por ciento les impidió afrontar el pago de sus hipotecas. Incluso los que conservaron el empleo sintieron que sus condiciones de trabajo se hacían más precarias, y ya en 1930 vieron descender sus ingresos un 20 por ciento.²

Fue también en 1931 cuando el presidente Hoover interpretó que no estaba ante una crisis coyuntural interna que iba a resolverse con una simple política de Laissez faire y el recurso a la caridad privada y los fondos asistenciales de los poderes locales y estatales; sino que los problemas económicos estadounidenses se enmarcaban dentro de una crisis económica internacional, causada por la primera guerra mundial y en concreto por la crisis financiera europea de 1931. Según este diagnóstico, Hoover trató de aliviar la economía europea con una moratoria en el pago de las deudas y reparaciones de guerra, pero ese mismo año el Congreso aprobó la Ley Smooth Hawley Tariff, que aumentó en un 50 por ciento los aranceles estadounidenses haciendo más difícil la recuperación europea y por tanto el pago de las deudas a Estados Unidos. En cuanto a las medidas para conseguir la recuperación económica dentro del país, Hoover pensó que si apuntalaba los bancos y aumentaba la liquidez del sistema financiero, los empresarios podrían disponer de créditos en abundancia para reanudar la actividad económica.³ Esta política económica consideraba que la confianza económica sólo se podía sostener con una moneda fuerte, el mantenimiento del patrón oro y un presupuesto que no recurriera al déficit para promover el gasto público.

Ninguna de estas medidas parecía funcionar ni fuera ni dentro de Estados Unidos. En Europa, Gran Bretaña optó en 1931 por salir del patrón oro, liberándose de la dependencia del dólar, y en 1932 convocó a los países de la Commonwealth en la Conferencia de Ottawa, en la que decidieron aplicar el Sistema Imperial Preferente por el que se comprometían a comprar y vender sus productos preferentemente entre ellos, con lo que Estados Unidos perdía los importantes mercados de Australia y Canadá. Ese mismo año los países europeos se reunieron para pedir una moratoria o rebaja en el pago de las deudas a los banqueros de Nueva York, pagos que ningún país excepto Finlandia estaba cumpliendo, mientras en una Alemania arrasada por el paro y la crisis económica Adolf Hitler y los comunistas iban ganando fuerza electoral.

El fracaso de la política económica ortodoxa que Hoover había seguido para reactivar la economía, tuvo su precio político ya en las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 1930, en las que los demócratas consiguieron la mayoría en la Cámara de Representantes y suficientes avances en el Senado, para controlarlo en coalición con los agricultores del oeste. Este cambio político en el Congreso y la decisión de Hoover de arriesgarse con estrategias distintas para superar la crisis económica permitió que se aprobaran, entre enero y junio de 1932, las primeras medidas que recurrían al gasto público federal para ayudar a los sectores más perjudicados por la depresión. Los beneficiados fueron los bancos y sociedades de crédito —Glass Steagall Act y Reconstruction Finance Corporation—, los propietarios de casas —Federal Home Loan Bank Act— y los desempleados —Emergency Relief and Construction Act—. Aunque la ayuda a los agricultores hacía tiempo que se había abandonado, pues a mediados de 1931 el gobierno dejó de comprar excedentes y sin poder hacer nada vio derrumbarse los precios.

Ninguna de estas medidas pudo evitar las intensas protestas de los grupos afectados por la crisis en 1932. Los agricultores arruinados amenazaban con linchar a los jueces que ejecutaban las hipotecas, quemaban cosechas para subir los precios o desabastecían el mercado en las llamadas «huelgas de cultivo»; las protestas de los parados, organizadas principalmente por los Consejos de Parados Comunistas, habían pasado a tener una dimensión nacional y culminaron en las primeras marchas del hambre a Washington en diciembre de 1931 y diciembre de 1932, y en protestas como la de Detroit que en marzo de 1932 unió por primera vez a trabajadores y parados en sus peticiones de trabajo y ayuda al desempleo, aumento del 50 por ciento de los salarios, reducción de la jornada a siete horas diarias, no discriminación de los trabajadores negros y asistencia gratuita en el hospital de la Compañía Ford.⁴ El descontento se extendió a los veteranos de la primera guerra mundial, que, desempleados, pidieron al Congreso y al gobierno poder adelantar el cobro en metálico de sus bonos de guerra, que debían hacerse efectivos en 1945, al tiempo que presionaban al ejecutivo con una marcha sobre Washington de 25.000 veteranos. Hoover ordenó la intervención de la policía y del ejército, bajo el mando del general Douglas MacArthur, que a su vez fue asistido por los jóvenes generales Dwight Eisenhower y George Patton para reprimir a The Bonus Army, sospechoso de estar plagado de «comunistas o criminales».

Mientras en Estados Unidos la represión contra los veteranos, la desesperación general de la población y los primeros movimientos de protesta estaban minando la presidencia de Herbert Hoover, el sistema de tratados de Washington que cuidadosamente habían diseñado él mismo y Charles Evans Hughes, entre 1921 y 1922, para detener la carrera de armamentos, fracasaba estrepitosamente en el Pacífico. En 1929, el secretario de Estado Henry L. Stimson creía que «las perspectivas de paz eran más profundas que lo habían sido en ningún otro periodo del último siglo».⁵ Su diagnóstico no parecía tener en cuenta que el sentimiento nacionalista y antiamericano aumentaba en Japón y desde luego no pudo anticipar la invasión japonesa de Manchuria en 1931, ante la cual Hoover no reaccionó inmediatamente para defender a los chinos —excepto con llamadas al cese de hostilidades—, pues consideraba a Chiang Kai-shek y su Kuomintang peligrosamente revolucionarios y antiextranjeros.

Ante la pasividad estadounidense, los japoneses ocuparon en 1932 los principales puertos de China y respondieron a la llamada «Doctrina Stimson», que el secretario de Estado formuló en enero de 1932, y por la que Estados Unidos no reconocería el control japonés sobre Manchuria, ni ningún cambio territorial o administrativo que los japoneses impusieran a China, ocupando Shanghai.

También en Latinoamérica el derrumbe de Wall Street estaba acabando con la Pax Americana. Entre 1929 y 1932 la mayoría de los países de la América caribeña seguían dominados por dictaduras que contaban con el apoyo de Estados Unidos, pero en Nicaragua César Augusto Sandino se enfrentaba con las armas a la ocupación militar estadounidense y su ejemplo podía extenderse a otros países latinoamericanos. En efecto, gobiernos progresistas y radicales habían llegado al poder en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Chile, evidenciando que en todo el sur del hemisferio occidental había una protesta contra la dominación y el imperialismo estadounidense. ⁶

En cuanto a Europa, la crisis de la democracia seguía avanzando desde que Benito Mussolini llegara al poder en 1922 y se aceleró con las consecuencias de la crisis económica. En 1932 persistían las dictaduras militares en Bulgaria, Polonia y Lituania, y las dictaduras monárquicas en Yugoslavia y Rumanía; también ese mismo año llegaba al poder en Portugal el nacionalista corporativista Antonio Salazar; en Austria lo hacía el también corporativista y admirador de Mussolini, Engelbert Dollfuss, y en Hungría el antisemita de extrema derecha Gyula Gömbos; y el Partido Nazi, con 14 millones de votos, se convertía en el partido más votado de Alemania en las elecciones de julio de 1932, mientras las S.A. desataban la violencia contra comunistas y socialdemócratas y el canciller Von Papen declaraba el estado de guerra.

Muy cerca ya del poder, Adolf Hitler basaba gran parte de su discurso en la promesa de revisión del Tratado de Versalles y del nuevo orden internacional en Europa; orden internacional que Mussolini ya había comenzado a desafiar en el Mediterráneo al conseguir la cesión de las islas del Dodecaneso (1923), ocupar Corfú (1923) y Fiume (1924), y convertir a Albania en su protectorado en 1925. Aunque ni entonces ni en 1932 la preocupación de Estados Unidos era la Italia fascista. Al contrario, Estados Unidos apoyó a Mussolini desde que se hizo cargo del gobierno en 1922, negoció con este país el plan más favorable de reducción del pago de las deudas de guerra y los bancos estadounidenses concedieron importantes créditos al gobierno de Mussolini, pues pensaban que Italia no era una nación preparada para la democracia y necesitaba una «mano fuerte» que defendiera al país del comunismo y lo modernizara.⁷ Así, en 1932 el secretario de Estado Stimson consideraba que «Mussolini era uno de los más ardientes y menos inconsistentes abogados del desarme y la paz en toda Europa», estaba contra la hegemonía francesa, mantenía relaciones amistosas con la República de Weimar y compartía con Gran Bretaña el objetivo de conseguir un «equilibrio de poder en Europa».⁸

Pero Stimson sí que estaba profundamente preocupado por Alemania y respecto a ella pensaba ya en agosto de 1932 que «se había perdido la carrera contra el tiempo», pues ese mes Von Papen se había retirado de la conferencia de desarme. Para él fue el comienzo de una tragedia de «timidez en el arte de gobernar» de la que responsabilizaría posteriormente a los dirigentes de Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.⁹ Stimson hubiera querido que Estados Unidos ejerciera un liderazgo mayor en los asuntos europeos y aliviara la difícil situación económica europea aceptando la propuesta que le hicieron los países europeos en la Conferencia de Lausanne de cancelar todas las deudas pendientes para superar la crisis económica, de la misma manera que estos estaban dispuestos a cancelar las reparaciones y las deudas interaliadas. Pero Hoover se negó tajantemente a ligar las deudas de guerra con las reparaciones de guerra, con lo que Stimson pensaba que se agotaba la última posibilidad de evitar el empeoramiento de la crisis política y económica en Alemania.

En un año de elecciones presidenciales como era 1932, la administración Hoover parecía paralizada ante la crisis económica y el derrumbe del orden mundial construido sobre la prosperidad económica estadounidense. Los militaristas japoneses en Asia, Hitler en Europa y los movimientos nacionalistas radicales en América Latina estaban ya desafiándolo, pero las principales agresiones no venían de la Rusia soviética, como se esperaba desde 1917 y seguía temiendo el Departamento de Estado, sino de las pretensiones expansionistas de una nueva derecha en Europa y Asia.

¿INSURRECCIONES ANARQUISTAS O COMUNISTAS EN ESPAÑA?

En este panorama de crisis internacional la evolución de la República Española parecía benigna. Aunque las dificultades económicas eran muchas, España no estaba sufriendo un cataclismo económico similar al de muchas economías desarrolladas y el régimen liberal democrático instaurado el 14 de abril parecía sortear con éxito las dificultades.¹⁰ En una economía relativamente marginada de las corrientes internacionales, los efectos de la crisis económica mundial se estaban notando en algunos productos de exportación como el aceite o el vino común, pero las dificultades de la economía española a principios de 1932 se debían sobre todo a factores internos, muy relacionados con el cambio político que tuvo lugar el 14 de abril de 1931. La retirada inmediata de depósitos bancarios, la disminución drástica de la inversión, la política del gobierno republicano-socialista de suspender el programa de obras públicas de la dictadura de Primo de Rivera para sanear el déficit público, la crisis de la construcción residencial, las alzas salariales y la reducción de la jornada laboral, el boicot de muchos propietarios agrícolas a cumplir las bases de trabajo y las nuevas normativas laborales, contribuyeron a disminuir la actividad económica y aumentar el paro forzoso.¹¹

En cuanto al aspecto político, un editorial del New York Times del 10 de enero de 1932 señalaba que, en medio de «un mundo completamente trastornado» como el de 1930-1931, España estaba siendo capaz de hacer una revolución caracterizada por «una increíble moderación y comparativamente buena suerte». El problema catalán se había resuelto amigablemente, el peligro radical en Cataluña había quedado en una huelga de dos días de duración poco violenta, las diferencias partidistas se habían acomodado o pospuesto en la mejor tradición de funcionamiento democrático y los debates entre la Iglesia y el Estado no habían sido muy enconados. Para el diario neoyorquino la moderación política española no sólo podía servir como «ejemplo moral para otras naciones», sino que demostraba que se estaban exagerando los peligros políticos derivados de la depresión económica. «Ha habido muchas profecías de cataclismo social, de bolcheviques derrocando gobiernos, de calles por las que corría la sangre y cuerpos colgando de las farolas. Lo que se ha demostrado en los últimos años de depresión económica es la inmensa paciencia y autocontrol de las masas de hombres comunes de todas las naciones, más que su odio e inestabilidad.»¹²

Sin embargo, unos días antes, Lawrence A. Fernsworth había destacado desde el mismo periódico que en España había peligro de contrarrevolución tanto por la izquierda como por la derecha. Por la izquierda, los anarquistas y los comunistas antiestalinistas, liderados por Andreu Nin desde Cataluña, buscaban la revolución social, y el ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero había dejado claro que el objetivo de los socialistas era «imponer en el país un régimen socialista». Largo no había explicado ni cómo iba a imponerse este régimen, ni en qué iba a consistir, «pero estaba utilizando su posición oficial para favorecer al sindicato socialista a costa de los anarcosindicalistas». Desde la derecha «todos los elementos monárquicos» que habían «consolidado sus fuerzas desde la salida del Rey», añadía el corresponsal del diario neoyorquino, «querían que este y la Monarquía regresaran al poder en España».¹³

El diagnóstico de Fernsworth era acertado y desde comienzos del año 1932 las dificultades para el gobierno de coalición republicano-socialista se multiplicaron por los desafíos de la derecha y la izquierda. En un contexto de amplia movilización política, la amplitud de las medidas reformistas emprendidas por el nuevo régimen en el ejército, la educación, la estructura del Estado, las relaciones laborales y, sobre todo, la anunciada redistribución de la propiedad agraria en las zonas latifundistas mediante una ley de reforma agraria que se estaba discutiendo en las Cortes, levantaron enormes expectativas entre los trabajadores y jornaleros organizados y una gran resistencia en los sectores afectados. Los cenetistas, alejados por la UGT del control de la negociación colectiva, acentuaron su desafío a la República, y unas fuerzas del orden inadecuadas e insuficientes para la nueva sociedad democrática, con dirección y estructura militar, amplificaron los conflictos sociales con su desmedida represión.

El año político comenzó con la discusión en las Cortes de dos conflictos que estremecieron al país. En Castilblanco, Badajoz, los afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), la sindical agraria socialista, se sumaron a una huelga general el 30 y el 31 de diciembre de 1931 y un vecino murió a manos de la Guardia Civil. En respuesta, la multitud se abalanzó sobre los cuatro guardias asesinándolos y descuartizándolos después. La venganza de la Guardia Civil llegó a su máxima expresión en la localidad de Arnedo, Logroño, donde un destacamento de dicho cuerpo mató a once personas e hirió a otras treinta al disparar reiteradamente contra una manifestación pacífica frente al ayuntamiento. Entre los muertos había cinco mujeres y un niño.

Unos días después los militantes anarcosindicalistas de algunos pueblos valencianos, de la ciudad industrial de Manresa (Barcelona), de Bilbao y La Coruña, incendiaron algunas iglesias, hicieron ondear la bandera roja en los centros sindicales, colocaron algún explosivo o convocaron a la huelga general mientras algunos delegados de la CNT de Barcelona hablaban de «ir a un movimiento general y revolucionario con todas sus consecuencias». El embajador Laughlin citaba al gobierno español al calificar estos hechos como «un movimiento francamente revolucionario en carácter, apoyado por extremistas de la derecha e izquierda y financiado parcialmente por adversarios de la República en el extranjero».¹⁴

Temeroso respecto a la penetración del comunismo, pero mucho más explicativo de las graves dificultades económicas y laborales que latían en el fondo de esta intensa agitación social era el informe de quince páginas que el cónsul de Estados Unidos en Sevilla, Richard Ford, enviaba el día 18 de enero al Departamento. En ese invierno de «grave descontento», con disputas laborales constantes en el puerto y las zonas agrícolas, los elementos fuera de la ley «sembraban el caos social» y había «un puñado de líderes comunistas», recién llegados de Rusia tras estudiar «en el santuario del Bolchevismo», que podían liderar a la clase obrera local en la huelga general prevista para el 25 de enero. Las condiciones objetivas eran las propicias. Según el cónsul había 7.000 desempleados en la ciudad de Sevilla, el paro era total en la construcción y se había declarado una guerra entre la patronal y los sindicatos revolucionarios de la CNT (35.000 afiliados) y los Sindicatos Autónomos (19.500 afiliados), que dominaban entre la clase obrera local frente a la más reformista UGT (3.800). Peor era la situación descrita por Ford en las zonas rurales. Muchos de los 186.528 jornaleros de la provincia de Sevilla estaban en paro estacional, expectantes ante una reforma agraria anunciada, pero no definida legalmente, a la que los grandes propietarios ya estaban contestando dejando sin cultivar sus propiedades o no cultivándolas a pleno rendimiento, y arrendando la mayor cantidad de tierra posible, pues aunque no era probable que cobraran la renta, esperaban «que al tener la tierra dividida en pequeñas parcelas, evitarán la posible incautación de su propiedad». Ante este panorama Richard Ford no dudaba de que los líderes radicales fueran a continuar trabajando para «provocar la revolución social» y «conforme avance el invierno y el empleo decrezca y el hambre aumente, el partido comunista encontrará suelo fértil para plantar su semilla».¹⁵

El 19 de enero de 1932, al día siguiente de que el cónsul de Sevilla enviara su informe al Departamento de Estado, los mineros del Alt Llobregat convirtieron una huelga para mejorar las condiciones de trabajo en las minas en la proclamación por bando de la revolución y el comunismo libertario en toda España. La revolución no se proclamó en toda España y el movimiento anarquista fracasó, pero las huelgas y paros se extendieron a las principales ciudades del país y a todas las localidades donde la CNT tenía cierta implantación. En los días siguientes tanto el New York Times como el Washington Post destacaban en sus primeras páginas los intentos anarquistas y comunistas de establecer «una república soviética», «una dictadura del proletariado» con la toma del poder en algunos pueblos de Cataluña, Aragón y Valencia, la destrucción de archivos y registros de la propiedad en estas localidades y la declaración de huelga general en toda España. Pero también se apresuraban a señalar la pronta y contundente actuación del gobierno y de su presidente Manuel Azaña, que había hecho fracasar la insurrección rápidamente y reproducían sus palabras sobre el anarquismo: «Este movimiento comenzó fuera de España, pero voy a acabarlo aquí. Hemos detenido a 50 de sus líderes (...) mañana estarán camino de las colonias».¹⁶

Efectivamente, en tres días fue sofocada la insurrección y una importante represión se desató sobre la CNT y sus líderes locales, regionales y nacionales. Ciento nueve detenidos embarcaron desde el puerto de Barcelona en dirección a Bata y doce lo hicieron desde el puerto de Valencia.

A la hora de los análisis, el corresponsal del New York Times creía que se estaban utilizando las mismas tácticas que se utilizaron en Rusia durante la revolución bolchevique, pero los revolucionarios no contaban con una organización similar, pues estaban divididos entre comunistas y anarquistas, y la sociedad española no era la sociedad rusa de 1917. En ciudades industriales como Barcelona, el sindicalismo y la clase obrera eran muy importantes, pero «también había una pujante clase media» y España tenía «un espléndido servicio secreto construido por la dictadura y más de 30.000 guardias civiles, que están mejor entrenados que muchos ejércitos»,¹⁷ añadía, comparándolo con el débil poder federal estadounidense, que seguía recurriendo a los ejércitos privados como la Agencia Pinkerton para sofocar los conflictos laborales y de orden público. La rápida actuación gubernamental acabó con el movimiento insurreccional anarquista, pero como informaba el New York Times, no con la agitación sindical, pues la CNT convocó una huelga general el 14 de febrero en toda España contra la deportación de sus militantes a la Guinea Española, que, aunque fracasó como tal, se extendió a 23 ciudades, provocó 4 muertos en Barcelona y paralizó los puertos de Valencia, Barcelona y Málaga.¹⁸ El mismo día el diario neoyorquino revelaba que Joaquín Maurín, «líder de un partido comunista que dice no ser trotskista ni estalinista», creía que la reciente insurrección anarquista indicaba que España estaba preparada para pasar «de la revolución democrática a la revolución socialista», la cual comenzaría con la proclamación de una «república socialista en Cataluña», como un primer paso para el triunfo de «la segunda revolución española».¹⁹ En efecto, el sindicato de la CNT era la única fuerza de relativa importancia que había optado por la revolución frente a la República democrática, pero el fracaso de la primera insurrección y de la huelga general subsiguiente debilitó a la organización, la dividió entre moderados —treintistas— y radicales que controlarían la CNT desde 1932, continuando la táctica insurreccional.²⁰

La dificultad de entender la naturaleza y los objetivos del anarcosindicalismo y su confusión con el comunismo estaban también presentes en el análisis del movimiento revolucionario de enero que el embajador estadounidense en Madrid envió al secretario de Estado, análisis que sin embargo acertaba en señalar que las causas del descontento social eran internas: «la desilusión e incumplimiento de las promesas del Gobierno», especialmente la desilusión del campesinado, «que aún está esperando la solución de la cuestión agraria a su favor», explotada por «los elementos anarquistas revolucionarios». El gobierno solamente tenía, en opinión del embajador, dos alternativas para enfrentarse a la situación: reprimir duramente el movimiento revolucionario y antirrepublicano o «cumplir las principales promesas que hizo para el mejoramiento de la condición de las clases obreras y el campesinado», pues las únicas reformas realizadas hasta la fecha eran «la reducción de funcionarios» y «de oficiales en el ejército».²¹

Mientras según el New York Times el propio gobierno español, sospechando que dinero soviético hubiera ayudado a financiar la pasada insurrección de enero de 1932, se había negado a establecer relaciones diplomáticas con la URSS y a firmar siquiera un tratado comercial,²² la insurrección anarquista reabrió los temores del Departamento de Estado a la desestabilización comunista de la República Española, que urgía a Laughlin a tener «al Departamento totalmente informado en relación con la forma en que la Internacional Comunista y otras organizaciones controladas por Moscú están intentando transformar la revolución en una revolución comunista».²³

El informe de Laughlin sobre el comunismo en España reconocía entre varias ingenuidades que no había un gran partido comunista «como en Alemania», pero sí «una poderosa organización comunista», como demostraba el que «socialistas y sindicalistas siempre alcen la bandera roja y usen como emblema la hoz y el martillo, como hacen las organizaciones comunistas», o que la opinión pública no hiciera una distinción muy clara entre comunismo, anarquismo y sindicalismo. El embajador no tenía dudas de que el comunismo aumentaría su poder e influencia, pues tenía más financiación, y agentes comunistas rusos y franceses encontraban en la península terreno abonado por «el fracaso del Gobierno en general y de los socialistas en particular para mejorar las condiciones de los trabajadores», que les está tentando a «cambiar su lealtad del socialismo al sindicalismo», lo que no es sino «un pasito hacia el comunismo». Mientras estaba por ver cómo el proyecto de Ley de Reforma Agraria que se estaba discutiendo en las Cortes podría mejorar la estabilidad social, el gobierno parecía tener controlado el peligro comunista —finalizaba Laughlin—, y probablemente había dos garantías para que fracasaran las maniobras de anarquistas, sindicalistas y comunistas: «el sentido común del español medio» y el hecho de que la República «en lugar de disminuir sus imponentes fuerzas del orden, las ha mantenido e incluso aumentado».²⁴

Hasta cierto punto era lógica la confusión entre anarquistas y comunistas, pues ambos manifestaban su hostilidad a la República y su apuesta por la revolución; el débil PCE había convocado una huelga para los días 25 y 26 de enero de 1932, ligada a la que sostenían los ferroviarios, y se sumaron a la insurrección anarquista allí donde el Partido Comunista era una fuerza política y sindical importante. Este fue el caso de Sevilla, núcleo principal del Partido Comunista en España, donde este utilizó el movimiento anarcosindicalista mientras se enfrentaba a los cenetistas reformistas y a «los socialfascistas».²⁵

En esta preocupación por la expansión del comunismo interesaba especialmente al departamento recibir información sobre las relaciones entre comunistas españoles y americanos, que indicara una expansión del comunismo en Estados Unidos. Así, el Comité Local del Socorro Rojo Internacional (SRI) de Vigo denunciaba a través del cónsul estadounidense en la ciudad gallega «los mil atropellos de que vienen siendo objeto los trabajadores en general y muy en particular en la región de Kentucky», como el asesinato de «nuestro valiente camarada Harry Simms por los pistoleros a sueldo de la patronal de la región de Kentucky, por el solo motivo de pretender organizar, para su defensa, a la clase trabajadora de dicha región», «la cobarde agresión de que fueron víctimas por esos mismos sicarios los señores John Dewey y Sherwood Anderson, cuando pretendían distribuir socorros entre los hijos de los huelguistas» y el recurso a la deportación de obreros extranjeros «por la sola participación en los movimientos de la clase obrera».²⁶

Y es que en las huelgas mineras de los primeros años de la depresión en Estados Unidos, caracterizadas por una gran violencia, los comunistas estadounidenses desempeñaron un papel destacado. En 1931 los sindicatos comunistas organizaron la huelga más importante de la industria minera en las minas de Andrew Carnegie, en Pensilvania, donde llegaron a parar 40.000 mineros contra la reducción salarial y la precariedad laboral. En esa huelga al menos dos huelguistas fueron asesinados por agentes del orden. En Harlan County, Kentucky, uno de los principales centros del antisindicalismo en Estados Unidos, 10.000 mineros, organizados por el United Mine Workers, ya habían protagonizado una huelga en febrero y marzo de 1931, que fue reprimida violentamente. A mediados de junio de ese mismo año llegó a Harlan County Dan Slinger, el primer organizador del sindicato comunista de mineros The Trade Union Unity League’s National Miners Union, y en el otoño 3.000 mineros ya se habían afiliado. En el condado había un «estado de terror» y las condiciones de trabajo eran tan deplorables que la mayoría de los trabajadores estaban dispuestos a luchar con o sin liderazgo. El 1 de enero de 1932 comenzó la huelga organizada por los comunistas, en medio de lo que se ha llamado Harlan County War entre sindicalistas y esquiroles, que finalizó en fracaso en el mes de marzo. Pararon muchos menos mineros de los que se esperaba, el partido se centró en los mineros que estaban en la lista negra patronal —por tanto desempleados— en lugar de ayudar adecuadamente a los huelguistas y se enfrentó a una durísima violencia patronal, que causó la muerte a varios mineros, entre ellos el dirigente sindical comunista Harry Simms.²⁷

Más éxito tuvo el CPUSA en movilizar al país y al movimiento comunista internacional en torno a las quejas de los mineros y la ausencia de libertades civiles en esta parte de Kentucky. El Comité Nacional para la Defensa de los Prisioneros Políticos, una nueva organización del partido encabezada por el novelista Theodore Dreiser, envió una delegación a investigar la situación, en la que entre otros participaba el novelista John Dos Passos. Le siguieron otros comités, que incluían a escritores como Waldo Frank, Edmund Wilson y Malcolm Cowley, que fueron arrestados y expulsados de la ciudad; como le sucedió a la delegación estudiantil que llegó en marzo en dos autobuses y varios coches. En este punto intervino la delegación de la American Civil Liberties Union, encabezada por Arthur Garfield Hays, un grupo religioso liderado por Reinhold Niebuhr y un Comité del Senado tomó testimonio de lo sucedido.

En esta línea de defensa de los derechos civiles, aún tenía mayor relevancia para el departamento recibir entre mayo y noviembre de 1932 de la embajada en Madrid copia de las protestas del Sindicato Autónomo de Reinosa, Socorro Rojo Internacional de Reinosa, Unión Local de Sindicatos de Sevilla, Sindicato Confitero y Afines «Progreso» de Sevilla, Unión de Obreros Metalúrgicos de Sevilla, Federación Asturiana del Socorro Rojo Internacional y Comité central de Jóvenes Mineros de España, contra la ejecución inminente de los ocho jóvenes negros de Scottsboro, Alabama,²⁸ mientras el embajador Laughlin pedía reiteradamente al Departamento de Estado información detallada sobre la marcha del caso.

Y es que la lucha en el caso Scottsboro era la que estaba dando relevancia nacional e internacional al CPUSA. Por esas fechas el Partido Comunista de Estados Unidos a través de la International Labor Defense continuaba en plena campaña contra la sentencia de los ocho jóvenes negros condenados a morir en la silla eléctrica en Alabama, pues el partido había conseguido el apoyo de la mayor parte de los padres, para asumir el control de la defensa de los jóvenes hasta 1935. La estrategia comunista se desarrolló en tres líneas paralelas. Contrataron los mejores abogados para ganar una batalla legal que transformó el caso en una causa judicial con resonancia nacional e internacional. El partido organizó manifestaciones, recaudaciones de fondos, peticiones, envíos masivos de cartas y numerosos mítines asegurando siempre una numerosa presencia blanca para remarcar el carácter interracial de la lucha contra el racismo. Finalmente, todas las acciones y documentos del partido hacían referencia a la petición de libertad de los chicos de Scottsboro y algunas de las madres de los defendidos fueron enviadas a hablar del caso por todo el país y una de ellas al extranjero. De esta forma, a los ojos de muchos afroamericanos el papel del CPUSA en el caso Scottsboro reforzó la imagen de los comunistas como comprometidos defensores de las libertades y derechos de los negros, y por primera vez los líderes comunistas pudieron hablar en asociaciones, iglesias y organizaciones fraternas afroamericanas.²⁹

Al año de proclamarse la República Española los temores anticomunistas del departamento no se cumplieron y el balance del embajador en Madrid era positivo. Laughlin seguía temiendo la introducción del comunismo en el país a pesar de que no hubiera «un verdadero Partido Comunista», pero tenía que reconocer que «la República se esta consolidando día a día despacio, pero segura» y «se enfrenta a los complejos problemas que supone gobernar una nación». En su extenso informe a Stimson, Laughlin encontraba positiva la celebración de elecciones a Cortes Constituyentes, la aprobación de la Constitución y la restante actividad legislativa de las Cortes, que habían aprobado 170 leyes. Políticamente, la coalición que llevó la República a España estaba «probablemente muerta», señalaba acertadamente Laughlin, pues Alejandro Lerroux y su Partido Radical se estaban colocando más hacia la derecha en la oposición a un gobierno que, desde la proclamación de la República, había evolucionado hacia la izquierda, con el liderazgo de Manuel Azaña, pero apoyado en el Partido Socialista, «el partido más numeroso y poderoso». La situación económica era difícil, pues a los efectos de la crisis económica mundial se había añadido en el primer año de vida de la República la ausencia de confianza en el nuevo régimen y no sólo «la incertidumbre», sino sobre todo la hostilidad a la Ley de Reforma Agraria que se estaba discutiendo en las Cortes —a la que él consideraba unos días después como «claramente comunista en sus consideraciones»—³⁰ y las huelgas y desórdenes laborales. Tampoco dramatizaba el embajador los problemas entre la Iglesia Católica y la República, pues hasta entonces sólo se había prohibido la Compañía de Jesús y el gobierno seguía pagando «por un año o dos» parte de los subsidios a las parroquias, que después tendrían que apoyarse en sus feligreses para sustentarse. En cuanto a la reforma militar, había aumentado la eficacia del ejército, que era más profesional y menos politizado.

En el ámbito de las relaciones internacionales, que como Laughlin señalaba parecían preocupar muy poco a la opinión pública española, tranquilizaba que el régimen republicano siguiera sin reconocer a la URSS, no había habido cambios en las relaciones con Latinoamérica, aunque incrementar los lazos políticos y económicos con las repúblicas sudamericanas había sido «uno de los objetivos iniciales del Gobierno en política exterior» y en la Sociedad de Naciones el gobierno español había manifestado su propósito de que permaneciera la paz y la autoridad de la Sociedad, tal y como lo había expresado en el pasado conflicto chino-japonés.³¹

En la conclusión de su informe referida al futuro de la República, Laughlin citaba las palabras moderadamente optimistas de Manuel Azaña en su reciente discurso de Valencia, cuando este se había referido a que el periodo peligroso había pasado, el futuro no era fácil, cada individuo tenía «su responsabilidad en apoyar la República y en ocupar su lugar en la nación» y no veía obstáculo en medio de la discusión del Estatuto de Cataluña «al amor de los españoles a su región, para el interés y el sentimiento nacional. Es más, el amor y el interés por la propia región debe ser estimulado».³²

LA DERECHA MONÁRQUICA CONTRA LA REPÚBLICA

A principios de junio, aproximadamente un mes después de que Azaña pronunciara estas palabras, en medio de rumores de una posible dictadura militar apoyada por elementos de la derecha, la embajada estadounidense en Madrid informaba que la discusión del Estatuto de Cataluña estaba encontrando una inesperada oposición en las Cortes, pues algunos políticos como Alejandro Lerroux habían cambiado su postura de apoyar el Estatuto al comprobar que excepto «en Cataluña y las provincias vasco-navarras había una oposición mayoritaria al Estatuto entre la sociedad española que no reflejaban los grupos parlamentarios».³³ Esta opinión sobre el divorcio de la opinión pública y la clase política sobre la autonomía de Cataluña era compartida por el nuevo corresponsal del New York Times, que la extendía en general a todos los ámbitos de la política española. «Son laicos y están a favor de una avanzada socialización, si no socialismo. En otras palabras, ellos favorecen la ultra modernidad en una nación, que es esencialmente conservadora (...) apelan exclusivamente a la razón de las masas y las masas de España siempre están guiadas por pasiones»,³⁴ escribía Frank L. Kluckhohn refiriéndose al gobierno en un momento político que consideraba el más difícil desde la proclamación de la República, aunque desde la embajada consideraban que Azaña controlaba la situación al contar «con el apoyo leal de las fuerzas armadas del país» y la amenaza de dictadura de derechas no se consumaría.³⁵

Sin embargo, a finales de julio la embajada estadounidense comunicaba al Departamento de Estado que el edificio de la CTNE en Madrid había sido ocupado por guardias de asalto, pues el gobierno esperaba un golpe de Estado para el 24 de julio a las tres de la mañana, en el que se rumoreaba estaban implicados los generales José Sanjurjo y Manuel Goded, así como otros líderes militares.³⁶ En efecto, el general Sanjurjo, trasladado de la dirección de la Guardia Civil a la de Carabineros tras los trágicos sucesos de Arnedo, unió su resentimiento por la degradación de su nuevo destino al de otros militares descontentos con la reforma militar de Azaña, que contaron con el apoyo de monárquicos alfonsinos y algunos constitucionalistas en lo que era una conspiración anunciada, que se materializó finalmente el 10 de agosto de 1932 en Madrid y Sevilla, aunque en unas horas el golpe de Estado y la dictadura militar que proponían para restaurar el orden fracasaron, reforzando en cambio a Azaña y a su gobierno. «Ha sido una sorpresa para muchos que el primer ataque contra la República viniera de los monárquicos», indicaba en su editorial el Washington Post dos días después. Cuando lo que se esperaba era una agitación agraria filocomunista, el fracaso del golpe militar había demostrado, según el Post, «la lealtad de gran parte del ejército», el apoyo del principal sindicato del país y, sobre todo, «considerada la dureza de los largos debates en las Cortes sobre la cuestión agraria y la demanda del Gobierno autónomo de Cataluña», la capacidad de la nueva república para «capear un año de existencia antes de encontrar una alteración importante».³⁷

El análisis de la embajada consideraba unos días después la situación más preocupante por la adhesión al golpe militar de muchas autoridades civiles, sectores de la Guardia Civil, destacados líderes monárquicos y grandes de España; aunque coincidía con el periódico de Washington en destacar la rápida actuación del gobierno en la detención y castigo de los sospechosos.³⁸ En este sentido, el New York Times resaltaba que el gobierno hubiera conmutado la pena de muerte por cadena perpetua al general Sanjurjo y había propuesto legislativamente incautar «todas las fincas y propiedades de aquellos implicados en el golpe militar»,39 en una ley más bien simbólica que se aprobó el 24 de agosto, en lo que según el New York Times iba a ser «un primer paso en llevar a efecto la Reforma Agraria».⁴⁰

Efectivamente, una de las consecuencias del fervor republicano que acompañó a la represión del golpe militar de Sanjurjo fue la aprobación casi consecutiva en septiembre del Estatuto catalán y de la Ley de Reforma Agraria, que durante cuatro meses había languidecido en las Cortes ante la sistemática obstrucción de los agrarios y el desinterés y desgana de los republicanos.⁴¹ La embajada estadounidense en Madrid no dudaba en considerar que la Ley de Reforma Agraria aprobada el 9 de septiembre de 1932 por 318 votos a favor y 19 en contra era «de naturaleza socialista y no estaba claro si el principio de asociación cooperativa con el objetivo del desarrollo agrícola del país no entraría en conflicto con el rasgo individualista del carácter español».⁴² Lejos de emitir ningún juicio peyorativo, el Washington Post informaba con detalle sobre el contenido de una ley que costaría al gobierno «84.000 dólares anuales» y afectaría a unos «8.000 propietarios y algunos cientos de nobles así como a 20 antiguos latifundios reales» y beneficiaría «inicialmente a 100.000 personas», que aumentarían hasta más de un millón y podrían explotar la tierra individual o colectivamente. En efecto, como señala Edward Malefakis, el alcance de una ley a la que se le asignó un presupuesto que era la mitad del destinado a la Guardia Civil fue muy limitado, y solamente 6.000 o 7.000 campesinos se beneficiaron de las tierras que se incautaron tras dos años y medio de República,⁴³ pero, como señala Julián Casanova, fue una ley «muy amenazadora en principio»,⁴⁴ permitiendo la organización de los grandes propietarios, el miedo a la expropiación de los pequeños propietarios y la frustración del campesinado pobre.

Sin embargo, tanto los titulares del Washington Post como los del New York Times y la mayor parte de su espacio informativo sobre España, se referían al Estatuto catalán y no a la Ley de Reforma Agraria, reflejando sin duda el relativo desinterés político español por el tema, la relativa normalidad con que en una república como Estados Unidos, asentada sobre un campesinado familiar, se veía una redistribución equitativa de la propiedad y la simpatía de un Estado federal hacia la descentralización. Así, mientras para el periódico de Washington la autonomía de Cataluña era el primer paso hacia un Estado federal, el New York Times destacaba que la España republicana estaba alejándose de la intensa centralización de otras naciones europeas y estaba ofreciendo al mundo «un experimento con una nueva teoría al tratar con las minorías». Mostraba preocupación porque no se hubiera aprobado con consenso, sino con el obstruccionismo de la derecha, de forma que si en Cataluña había significado una victoria tras un siglo de lucha, en otros sitios se veía como destructiva para la unidad de España «que comenzó con la cruzada de Fernando e Isabel». Analizando el Estatuto, el artículo más importante para el New York Times, al mostrar el nivel de la autonomía conseguida por Cataluña, era el referido a la hacienda, pues España, que hasta entonces recaudaba un tercio de sus impuestos de la industrial Cataluña, quedaría reducida a recolectar los impuestos de tabaco, gasolina y aduanas.⁴⁵

EL CONFLICTO DE LA ITT

También el fracasado golpe de Estado de Sanjurjo comenzó a gestar una crisis diplomática grave entre Estados Unidos y España por el tema de la nacionalización de la CTNE, en lo que sería un ejemplo palpable de la política exterior Hoover-Stimson de considerar las inversiones americanas en el exterior como asuntos de Estado. Después de la sublevación, los sindicalistas acusaron a la ITT de facilitar la comunicación del general José Sanjurjo con los otros conspiradores. Durante el mes de octubre de 1932, se lanzaron explosivos contra la sede de la ITT en España y en las semanas siguientes la prensa de Madrid criticaba la concesión telefónica a la ITT con acusaciones de soborno y corrupción.

El 18 de noviembre de 1932, las Cortes anunciaron que iban a resucitar la propuesta de ley de expropiación de la CTNE —según el artículo 42 de la Constitución— del 18 de noviembre de 1931 y daban a la compañía solamente dos semanas para preparar su defensa. La ITT decidió recurrir al Departamento de Estado, que intentó bloquear el plan de expropiación temeroso de que este fuera un precedente para todas sus inversiones en el extranjero, especialmente en Sudamérica. El 25 de noviembre, el consejero John C. Willey, tras visitar al ministro de Asuntos Exteriores español, señaló que habría consecuencias si la CTNE era expropiada. Después de la intervención directa del Departamento de Estado, que pidió a Azaña que interviniera personalmente para evitar que las Cortes aprobaran la expropiación, en el mes de diciembre Stimson llegó a decir que se había desarrollado en España una situación grave que amenazaba con la ruptura diplomática. El conflicto acabó cuando el 6 de diciembre Manuel Azaña, que no era especialmente partidario de la expropiación de la CTNE, se pronunció en las Cortes contra el proyecto de ley de expropiación y a favor de la revisión de la concesión de la CTNE sobre las bases del «consentimiento mutuo». Como señala Douglas Little, quizá el gobierno de Azaña corrió este riesgo diplomático, porque pensaba que tenía mucho que ganar ligando la concesión de la CTNE a un mejor tratamiento de las exportaciones españolas en Estados Unidos.⁴⁶

UNA REPÚBLICA QUE PODÍA ORIENTARSE HACIA EL COMUNISMO

En el último trimestre del año 1932, cuando se debilitaba la fortaleza del gobierno Azaña y ya se había disipado el fervor republicano de agosto, la embajada de Estados Unidos en Madrid volvía a prestar mucha más atención a la posible evolución de la República Española hacia la izquierda o a la penetración comunista, que a los ataques de la derecha. «Los socialistas aspiraban a controlar la República», informaba Laughlin a Stimson al resumir los acuerdos del XIII Congreso del PSOE celebrado en Madrid a partir del 6 de octubre de 1932, en el que era evidente que la postura de Largo Caballero de permanecer en el gobierno no estaba en contradicción con el programa anticapitalista aprobado independientemente «de cualquier compromiso con la burguesía y dirigido hacia la completa adquisición del poder en orden a conseguir el objetivo último del socialismo».⁴⁷ En la difícil coyuntura internacional de 1932, los aspectos internacionales ocuparon un lugar destacado en el congreso socialista. En medio de gritos de «abajo el fascismo», los delegados rindieron tributo entusiasta a la memoria de Giacomo Matteotti, el líder socialista asesinado por los fascistas en 1924, y expresaron la necesidad «de una solidaridad internacional más efectiva entre el proletariado para prevenir que los Estados Unidos despojen a las débiles repúblicas Hispano-Americanas; Japón haga acciones similares en China y la Italia de Mussolini ponga en peligro la paz en Europa».⁴⁸

Unas semanas después Laughlin instruía a los cónsules de Estados Unidos en España a analizar en sus distritos la naturaleza y dimensión del sentimiento extremista, tanto de izquierda como de derecha, «prestando especial atención al carácter y efectividad de la propaganda comunista y sindicalista»,49 indicando así por dónde iban sus temores principales de desestabilización política. «No faltan indicios de un fermento radical entre los sindicatos en España y de la propaganda activa de muchos periódicos “rojos”, para intentar declarar un movimiento revolucionario», informaba el 14 de noviembre Laughlin a Stimson refiriéndose concretamente al diario comunista madrileño Frente Rojo, que criticaba las tácticas derrotistas de «los camaradas Adame, Trilla, Bullejos», la cúpula del PCE, que habían sido excluidos del partido «como enemigos del movimiento revolucionario español». Indicios de subversión comunista que según el embajador confirmaba el periódico El Sol y él constataba concretamente en los conflictos de la semana anterior en Tarragona y Barcelona.⁵⁰

En efecto, en octubre de 1932 el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista convocó en Moscú a la dirección del PCE, condenó sin paliativos su política de colaboración con los partidos democráticos y los expulsó de la Internacional Comunista. Aunque este grupo había conseguido que a comienzos de 1932 el PCE tuviera unos 10.000 militantes y hubiera fundado varios periódicos de los que el más importante era Mundo Obrero, los resultados eran insuficientes para la dirección de la Internacional Comunista, que hubiera querido que el PCE siguiera una política más decidida a atacar a la República y avanzar en la revolución proletaria. De este modo, la antigua dirección del partido fue sustituida por un grupo de jóvenes leales a la Internacional, formados en la academia Lenin y en la academia Frunze, como José Díaz —secretario general—, Jesús Hernández, Vicente Uribe, Antonio Mije, Manuel Hurtado, Dolores Ibárruri y Enrique Líster, bajo la supervisión del argentino Vittorio Codovilla, «el verdadero jefe del PCE hasta finales de 1937».⁵¹

Al finalizar el año 1932 Laughlin insistía en los rumores de «huelgas revolucionarias y sindicalistas», pero también de «movimientos subversivos de la derecha» y de las «extraordinarias precauciones que el Gobierno y la policía estaban tomando contra posibles disturbios de orden público»,⁵² como nuevos elementos de desestabilización política. Por esas fechas el corresponsal en España del New York Times coincidía en destacar la evolución revolucionaria de la República y su intento de crear una nueva sociedad evidente en el primer conflicto serio entre «el revolucionario fervor de la república» y los intereses estadounidenses «por la propuesta española de derogar el contrato de la CTNE». El objetivo de la revolución que se estaba realizando desde el 14 de abril de 1931 era «implantar un nuevo orden social y económico», construir una nueva España sobre la historia natural y el materialismo de Karl Marx, en lugar de la Biblia, e interpretaba las palabras de Azaña pronunciadas en Santander, como si el gobierno estuviera dispuesto a alcanzar esos objetivos «sin la Constitución» si era necesario. Con nuevas costumbres liberales en el matrimonio y la educación de los hijos, se trataba de crear «una base social totalmente nueva» y en unas semanas «se aprobaría la ley de “intervención” de los trabajadores en los negocios, por la que estos podrían participar en la dirección de las empresas y recibirían una parte de los beneficios», añadía el periodista en referencia al proyecto de «control obrero», que nunca llegó a discutirse en las Cortes. El que los socialistas «en su reciente Congreso se declararon francamente anticapitalistas, aunque probablemente no esperan acabar con el capitalismo a corto plazo», era para Kluckhohn otro indicio de ese cambio envuelto en «la fuerza nerviosa, la dureza dogmática, la fragilidad, la emoción, el tempo indefinible de la revolución real», un ambiente revolucionario que sólo podía capturarse desde España y que los políticos españoles creían que por su carácter «fraterno» y «pacífico» encontraría eco en Sudamérica, iniciando así el fin del dominio anglosajón, como indicaban los regímenes progresistas de México y Uruguay y el rechazo creciente a la Doctrina Monroe en toda Sudamérica.⁵³

VUELCO ELECTORAL EN ESTADOS UNIDOS: FRANKLIN D. ROOSEVELT Y LA PROMESA DEL «NEW DEAL»

En Estados Unidos no había sensación de que se estuviera produciendo una revolución, pero las elecciones presidenciales de noviembre de 1932 produjeron un cambio político importante tras una década de gobierno republicano. Franklin D. Roosevelt, el gobernador demócrata de Nueva York que desde agosto de 1931 estaba intentando luchar en su estado contra el desempleo y la pobreza con la intervención directa del gobierno del estado en la economía, venció a Hoover por 22,8 millones de votos frente a 15,75 millones, y consiguió 42 de los 48 estados y mayorías sustanciales en ambas cámaras del Congreso, gracias a una nueva mayoría electoral que incluía a las minorías étnicas de las grandes ciudades.

Aunque el resultado reflejaba sobre todo el fracaso de las políticas de Hoover para acabar con la depresión económica, ya en 1932 Roosevelt, preparándose para la nominación presidencial, había recurrido a las universidades para tener nuevas perspectivas sobre la depresión y en abril de 1932 formó un Brain Trust dirigido por Raymond Moley, que moldeó una política económica nacionalista, integral y colectivista basada en tres premisas: las causas de la crisis eran nacionales y los remedios debían ser internos; la necesidad de intervención gubernamental no solamente para prevenir abusos, sino para controlar, estimular y estabilizar la actividad económica y, finalmente, que cualquier intento de destruir los monopolios destruiría la mayor contribución de Estados Unidos a elevar el nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos, el desarrollo de la producción en masa. Sobre estas líneas generales se basaron los discursos de su campaña de primarias en los cuales también dejó claro la necesidad de restaurar el poder de compra de la población en una crisis de sobreproducción, que era una situación de emergencia nacional similar a una guerra y por tanto necesitaba para su solución tanto el activismo gubernamental como la continua experimentación.⁵⁴ En su discurso de aceptación en la convención demócrata de Chicago el 2 de julio de 1932, identificó al Partido Demócrata como «el portador del liberalismo y el progreso», declaró que no había tiempo para el miedo, la reacción o la timidez, atacó el fatalismo republicano y la reacción, señaló que las leyes económicas no eran naturales, enumerando seguidamente como objetivos para «aliviar la penuria» un programa de obras públicas autofinanciado, una semana laboral más corta, el control de la especulación, una política agraria que incluyera empleo juvenil en trabajos de conservación medioambiental, un programa de subvención de precios agrícolas y el rechazo de la Prohibición. El discurso concluía prometiendo «un nuevo trato para el pueblo Americano»,⁵⁵ aunque tras el New Deal no había un programa detallado de actuación y Roosevelt había hablado en su campaña de cosas contradictorias, como mantener un presupuesto equilibrado, reconocer el derecho de cada persona a una vida confortable y ofrecer planes específicos para la recuperación económica.

Por su propia biografía, este hijo único de una aristocrática familia del Valle del Hudson de origen holandés, primo lejano de Theodore Roosevelt y casado con Eleanor Roosevelt, sobrina del ex presidente, tenía una educación cosmopolita y por su experiencia como subsecretario de marina durante la administración de Woodrow Wilson compartía con el ex presidente el internacionalismo liberal y la idea de que Estados Unidos debía desempeñar un papel constructivo y destacado en la esfera internacional. Sin embargo, Roosevelt ganó la nominación demócrata después de complacer a los aislacionistas de su partido, desmarcándose de la Sociedad de Naciones, y de contentar a los conservadores con promesas de un presupuesto equilibrado. Aunque la nueva administración presidencial no tomaría posesión hasta el mes de marzo de 1933, y por tanto su política internacional tardaría aún unos meses en definirse y ejecutarse, el primer impacto de la elección de Roosevelt en este terreno fue dejar en suspenso el papel que Estados Unidos desempeñaría en la Conferencia Económica Mundial de Londres, a celebrar en la primavera de 1933, convocada por Herbert Hoover antes de las elecciones de 1932 para aumentar el comercio internacional y reducir la carrera de armamentos.

ESPECULACIONES SOBRE LA INSURRECCIÓN ANARQUISTA Y DESGASTE DEL GOBIERNO AZAÑA

En este compás de espera, el año 1933 comenzó en España con una nueva insurrección anarquista que parecía contradecir el carácter pacífico y fraterno de la revolución republicana española. Por esas fechas la evolución política y la potencialidad de las dos grandes sindicales eran muy distintas. La UGT se había convertido en el principal sindicato del país, gracias al crecimiento de sus sindicatos rurales en torno a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Su política de participación gubernamental y su posición privilegiada en los jurados mixtos les permitió ganar conflictos y militantes durante el año 1932. Su posibilismo y moderación les llevó a aceptar la Ley de Bases de la Reforma Agraria de septiembre de 1932 como medio de fortalecer la economía y la democracia. Era un primer paso para la posterior socialización de la tierra, pues consideraban que la sociedad española aún no estaba preparada para una auténtica reforma socialista.

En cuanto a la CNT, el triunfo de las tácticas y dirigentes radicales consumaría durante el año 1933 la escisión dentro de la organización anarcosindicalista entre los sectores moderados que querían colaborar con la República, agrupados en torno a los «trentistas» y los «sindicatos de oposición», y la FAI, que al controlar la organización rompió todo vínculo de entendimiento entre la CNT y el gobierno y continuó con la política insurreccional para llegar a la revolución de forma inmediata e impedir la consolidación de «la República burguesa». El Comité Nacional de la CNT y los grupos de la FAI querían que esta segunda insurrección anarquista tuviera resonancia en toda España, por lo que la hicieron coincidir con la huelga nacional de ferroviarios convocada para el 9 de enero de 1933. Al suspenderse la huelga, el Comité Nacional también retiró las órdenes de movilización, pero los preparativos se habían puesto en marcha y la FAI en Cataluña y los Comités Regionales de la CNT en Andalucía y Levante siguieron adelante y no desconvocaron la insurrección. Las huelgas, motines, explosiones, intentos de apoderarse de ayuntamientos e incluso la proclamación del comunismo libertario triunfaron por unas horas en Valencia, Barcelona y algunos pueblos de Aragón, el País Valenciano y Cádiz, pero tras una rápida y contundente intervención de las fuerzas del orden la CNT fracasó una vez más en su intento de proclamar la revolución en toda España.⁵⁶ Sin embargo, la manera brutal e injustificada con que la guardia de asalto reprimió el movimiento en la localidad gaditana de Casas Viejas dio a esta insurrección una trascendencia política enorme, pues comprometió la credibilidad del gobierno y del propio Azaña, sometido a partir de entonces a un acoso constante de la derecha y la izquierda.

Los principales periódicos estadounidenses se hacían eco de forma bastante alarmista en sus primeras páginas de la sangrienta insurrección que había tenido lugar en Valencia, Barcelona, Extremadura Occidental y Andalucía,⁵⁷ a la que Frank L. Kluckhohn del New York Times no dudó en vincular con Moscú y el comunismo soviético, llamando sóviets al establecimiento breve del comunismo libertario en algunos pueblos y sospechando de la financiación moscovita, frente a la opinión del ministro del Interior, Casares Quiroga, que en declaraciones al corresponsal insistió en «que los negros o anarquistas estaban implicados en la revuelta y negó que fuera necesaria una mano de hierro».⁵⁸ Aunque unos días después el mismo corresponsal reconocía que el movimiento que catalogaba como anarcocomunista había sido sofocado en toda España y era imposible volver atrás como querían los monárquicos, «pues si se estableciera una dictadura militar habría un levantamiento, no solamente de los rojos (...) sino de los sindicatos socialistas, que, con un millón de afiliados, están ahora jugando un juego moderado» y recogía también las quejas de Azaña sobre el injusto tratamiento que recibía la República en la prensa extranjera cuando «el régimen se había proclamado pacíficamente, estaba intentando establecer un estado progresista, la Iglesia no había sido mal tratada, no se había prohibido el culto y los ministros estaban haciendo un buen trabajo», en palabras del presidente del gobierno.⁵⁹

El cónsul general de Estados Unidos en Barcelona, Claude I. Dawson, también creía que aunque la FAI había organizado y liderado la revuelta, por el volumen del armamento desplegado y la financiación requerida debía estar ligada al comunismo soviético. «La indulgencia del Gobierno central contra los crímenes sindicalistas —en alusión a la liberación de los deportados en la insurrección del Alt Llobregat—», era, según Dawson, la principal causa de la insurrección, que contrastaba con «la rigurosa deportación de sospechosos monárquicos desde el mes de agosto de 1932».⁶⁰

Con más perspectiva, a finales de enero de 1933 Laughlin lo consideraba «el asalto más serio realizado al régimen republicano desde la revuelta monárquica del 10 de agosto de 1932», y lo catalogaba como «anarquista terrorista por un lado y una revuelta anarcosindicalista por otro, con indicios de ayuda de realistas y de fuentes soviéticas». Sin embargo, reconocía que en la embajada no tenía «confirmación de la complicidad del Comintern en el apoyo de los recientes disturbios», que parecía limitar sus esfuerzos en España a «adoctrinar al ejército»,⁶¹ y el PCE hacía unos análisis muy desenfocados de la situación política española, por lo que a pesar de las aparentes buenas condiciones para el desarrollo del comunismo había que «descartar la posibilidad de que España siga el patrón de Moscú». Laughlin se refería al último informe del Buró Político del Partido Comunista Español, donde se hacía la «imaginativa acusación» de que España, parte integral del sistema de vasallaje francés en Europa, «por los préstamos extranjeros y la ratificación del contrato de Teléfonos estaba entregando sus valores económicos al capitalismo extranjero», y «el rechazo del Gobierno a reconocer diplomáticamente a la URSS respondía a los deseos de la agresión imperialista». «Otro esfuerzo de fantasía», añadía el embajador, era la alegación de que el anticlericalismo del gobierno era «un subterfugio para proteger a los parásitos de la Iglesia de la furia de las masas en orden a preservar al clero como a uno de los factores básicos de la semifeudal explotación de las poblaciones rurales», o que los elementos monárquicos fueran acusados, «no sin justicia», de trabajar por la inestabilidad de la situación política y a los socialistas se les catalogara de «socialfascistas» y «pilares de la burguesía».⁶² Así, para Laughlin ni la financiación de la insurrección ni el suministro de armas dependían de Moscú, y los motivos de la insurrección eran endógenos: el desgaste del gobierno tanto por la izquierda como por la derecha, agravado tras la represión del movimiento en Casas Viejas, y sobre todo el retraso en la aplicación de la Ley de Reforma Agraria «que el campesinado y las clases obreras en general estaban esperando para mejorar su condición». ⁶³

Desde la brutal e indiscriminada represión de las fuerzas de orden público en Casas Viejas, en la que murieron 20 campesinos, incluidas dos mujeres y un niño, Laughlin daba cuenta de la difícil situación del gobierno y de la casi paralización de la actividad parlamentaria, pues una vez aprobada la Constitución no había consenso entre los grupos parlamentarios para que las Cortes siguieran funcionando, y, en este contexto, se enfrentaban a la discusión parlamentaria de las consecuencias de los sucesos de Casas Viejas, a la Ley de Congregaciones Religiosas y a la obstrucción parlamentaria de Lerroux y los radicales-socialistas.⁶⁴ Por otro lado, en el que sería su último informe como embajador a la administración estadounidense saliente, Laughlin mencionaba por primera vez «la atmósfera de considerable desorden político por los llamados movimientos fascistas y antifascistas».⁶⁵ Este mismo aspecto de que España, como otras partes de Europa, se hubiera convertido en escenario de la lucha entre fascismo y antifascismo se reflejaba en el primer informe enviado a la nueva administración Roosevelt por el conocido periodista, escritor y productor cinematográfico Cornelius Vanderbilt, en el que destacaba que había «una fuerte lucha entre la Rusia comunista y los fascistas italianos y alemanes por el control de España».⁶⁶

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE ROOSEVELT: LA AMENAZA DEL FASCISMO

En esta atmósfera de ascenso del fascismo y temor al avance del comunismo en Europa tomó posesión de su cargo como presidente Franklin D. Roosevelt en marzo de 1933. Hitler había llegado al poder en Alemania en enero y el expansionismo japonés y alemán moldeaban la política mundial, mientras la Sociedad de Naciones languidecía desde que en 1932 británicos y norteamericanos rechazaron apoyarla en su intento de parar el expansionismo japonés. Atrapado por los graves problemas económicos internos, el presidente dejó claro en su discurso de inauguración que su prioridad era acabar con la depresión económica y la política exterior ocupó un simple párrafo, en el que prometió una política de «buen vecino» con Latinoamérica.⁶⁷

Así sus primeras decisiones y las de su secretario de Estado Cordell Hull en política exterior se encaminaron a aliviar la crisis económica interna. En este sentido acordaron salir del patrón oro, para poder elevar los precios y recurrir al presupuesto para construir obras públicas y aliviar el desempleo. Por otro lado, con la idea de que Estados Unidos mantuviera su control absoluto sobre el dólar, el gobierno de Roosevelt torpedeó la Conferencia Económica de Londres al saber que esta quería ligar el dólar a otras monedas para buscar un nuevo estándar internacional.

Aparte de estas medidas de política económica, los primeros pasos en política exterior se dirigieron sobre todo a comenzar a instrumentalizar la nueva política de buena vecindad con Latinoamérica, que incluía aumentar la integración del comercio del hemisferio occidental bajo control de Washington. Respecto a Alemania y Europa, en general Roosevelt se limitó a advertir personalmente a las autoridades nazis sobre la violencia contra los judíos, pues pensaba que británicos y franceses eran los responsables de mantener la paz en Europa. Con el expansionismo japonés fue distinto, pues Asia era considerada un asunto americano desde finales del siglo XIX, por lo que en su primer año de presidencia Roosevelt trató de limitar los préstamos europeos a Japón, obtuvo 50 millones de dólares del Congreso para ayudar a la asediada China y gastó 238 millones de dólares en «obras públicas» para construir 32 barcos de guerra, incluidos dos portaaviones. Para contener a Japón, el presidente reconocería a la URSS en noviembre de 1933, frente a la posición de su Departamento de Estado.⁶⁸

A la espera de un nuevo embajador en España y en medio de la campaña electoral para las elecciones municipales parciales a celebrar el 23 de abril, John Bell, escritor y observador cualificado de la política europea, escribía un artículo entusiasta en el New York Times ante el segundo aniversario de la proclamación de la República. En dos años el gobierno español estaba tratando de construir una «república de los trabajadores» y había hecho «grandes progresos a pesar de sus numerosas dificultades»: los nobles y los hidalgos habían perdido importancia, las mujeres habían entrado en la vida pública, se estaba desarrollando el espíritu competitivo, había crecido la pasión por el cine como espectáculo de masas, estaba realizándose una reforma agraria que era «uno de los más audaces esquemas de socialización que se habían intentado nunca por ningún país», los jurados mixtos y las leyes de reducción de la jornada laboral habían elevado los salarios y mejorado las condiciones de trabajo, se había abolido la enseñanza religiosa en las escuelas y hecho un gran esfuerzo educativo construyendo escuelas y formando y contratando a nuevos maestros.⁶⁹

El 26 de abril Cordell Hull recibía un informe del nuevo encargado de negocios interino de la embajada estadounidense en Madrid sobre los resultados parciales de las elecciones municipales celebradas el 23 de abril, indicando que ya «mostraban un castigo al Gobierno republicano-socialista» y «un triunfo rotundo para la oposición de centro y derechas».⁷⁰ En efecto, en unas elecciones en que sólo se renovaban los ayuntamientos elegidos según el artículo 29 de la antigua ley electoral, principalmente en pequeñas localidades rurales de Aragón, Navarra y las dos Castillas, la principal sorpresa no fue tanto que el Partido Radical fuera el más votado, sino la aparición de una nueva derecha católica liderada por José María Gil Robles y agrupada en la CEDA, el primer partido de masas de la derecha española, que se había gestado fuera del Parlamento en la movilización contra la Ley de Congregaciones Religiosas y estaba dispuesto a luchar legal y pacíficamente por la religión, la familia, el trabajo, la propiedad y obra social dentro de su accidentalismo sobre las formas de gobierno.⁷¹

Frank L. Kluckhohn, desde las páginas del New York Times, extremaba la interpretación de las elecciones: «la lucha por construir una nueva España se ha convertido en una lucha de clases». Los conservadores y la clase media entendían que las recientes elecciones municipales demostraban que el país había reaccionado y la coalición de izquierdas debía dejar el poder. Los socialistas, que dominaban la coalición gubernamental, habían demostrado su poder y el de sus sindicatos en el paro general del pasado 1 de mayo, «quizás el paro más completo que ha hecho cualquier país en los tiempos modernos» y la actitud de Azaña era «la de continuar la revolución contra cualquier enemigo», paralizando el obstruccionismo de la oposición en las Cortes si era preciso con una ley que limitara el número de enmiendas a las proposiciones de ley, lo que sería «el establecimiento tácito de una dictadura de izquierdas, que podía ser sobrepasada por una revolución de derechas, especialmente cuando la división entre las clases sociales no hacía sino ampliarse». La Ley de Congregaciones Religiosas, aprobada el 17 de mayo, había creado «...una amplia brecha entre los elementos de la vieja y nueva España. Y si el Premier fuera más deprisa la ruptura sería inevitable». Por otro lado, si hubiera una reacción «la Iglesia no haría nada por evitarla», concluía Kluckhohn.⁷²

Ciertamente la tensión aumentó y la posición del gobierno se debilitó cuando éste siguió adelante con su calendario legislativo y el 17 de mayo las Cortes aprobaron la Ley de Congregaciones Religiosas, según la cual las escuelas secundarias religiosas debían cerrar el 1 de octubre de 1933 y las escuelas primarias a principios de 1934. Alcalá Zamora, en desacuerdo con la ley, no la firmó hasta el 2 de junio. Ese mismo día el Vaticano decidió nombrar primado de España a Isidro Gomá y el 4 de junio el papa Pío XI calificó la ley de «manifiesta injusticia» y llamó a los católicos a mostrar su oposición a la ley. La carta pastoral de julio del cardenal Gomá recordó a los fieles que era su deber aceptar los poderes civiles constituidos, pero que era deber de los padres católicos enviar a sus hijos a escuelas católicas y afirmaba que la Iglesia continuaría sus funciones educativas. Esta determinación de la Iglesia influyó decisivamente para que Alcalá Zamora pensara en disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales antes del primero de octubre —después de un segundo gobierno Azaña y un fallido intento de gobierno Lerroux—, cuando debían cerrarse las escuelas secundarias católicas.⁷³ Aunque el motivo de fondo para convocar elecciones era el desfase entre un electorado que se orientaba a la derecha y un Parlamento cuyo principal partido, el PSOE, estaba cada vez más radicalizado, por la presión de sus militantes sindicales ante la lentitud en la aplicación de la reforma agraria, y dividido sobre la participación en el gobierno Azaña.

Este fue el ambiente que captó Claude G. Bowers, el nuevo embajador estadounidense, cuando llegó a España y presentó sus credenciales al presidente Alcalá Zamora el 1 de junio de 1933. Designado embajador por el propio Roosevelt, con el que le unía una amistad personal, era políticamente un demócrata jeffersoniano más cercano al presidente que al secretario de Estado Cordell Hull, que había recibido la embajada como un premio por sus servicios en la campaña presidencial de 1932. En contraste con su predecesor en la embajada de Madrid, y de acuerdo con el objetivo de la nueva administración norteamericana, pretendía mejorar las relaciones hispano-estadounidenses y contribuir a que la democracia se afianzara en España.⁷⁴

Después de viajar por el país durante todo el verano, sus primeros informes de septiembre hablaban de las dificultades para mantener el segundo gobierno Azaña. Desde la izquierda la nueva dirección del PCE con el lenguaje del «tercer periodo» de la Internacional Comunista consideraba que «la presente República Española estaba, con los socialistas, en su camino al fascismo» y «el programa contrarrevolucionario del Gobierno Azaña-Largo Caballero», estaba atacando «a sangre y fuego» a las masas, y favoreciendo a los «grandes propietarios, los plutócratas y la banda de ladrones disfrazados conocidos como la Iglesia»;⁷⁵ pero sobre todo las críticas más desestabilizadoras desde la izquierda provenían de los sectores del Partido Socialista y la UGT, descontentos por la lenta aplicación de la reforma agraria y partidarios de dejar el gobierno. Aunque la mayor debilidad del gobierno Azaña provenía de su desfase político con la opinión popular recientemente expresada en las elecciones municipales y reiterada en las primeras elecciones para elegir miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales el 3 de septiembre, que «fue la causa directa de la dimisión del Gobierno Azaña (...) el pasado viernes, 8 de septiembre, y de que Lerroux, como representante del mayor partido en la oposición republicana, probablemente fuera llamado a formar nuevo Gobierno», informaba Bowers.⁷⁶

Una semana después el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora dio su aprobación al gabinete de coalición republicano-conservadora encabezado por Lerroux, el líder de los radicales, al que Bowers catalogaba «de marcada tendencia hacia la derecha en contradicción con la precedente coalición republicano-socialista»,⁷⁷ que tras unos días cayó el 3 de octubre.⁷⁸ La crisis política finalizó el 8 de octubre con la formación del gobierno del radical Martínez Barrios, «cuyo primer acto de Gobierno fue firmar el decreto de disolución de las Cortes Constituyentes, fijando elecciones generales para el 19 de noviembre», informaba el embajador.⁷⁹

«Hace dos años había un extremo peligro de una revolución en España como la Revolución Rusa. Hace un año había alguna posibilidad. Hoy en día esta posibilidad puede descartarse.» «No se observaban intentos de intervención del ejército» y «el sistema democrático está funcionando», observaba Frank L. Kluckhohn desde las páginas del New York Times al ver alejarse a la República tanto del fascismo como del comunismo, en contraste con la inestabilidad de otros países europeos.⁸⁰ Ante las próximas elecciones en las que el corresponsal esperaba que la gente mostrara su cansancio «del dominio socialista del régimen», Kluckhohn relativizaba la radicalidad de las reformas del primer bienio, muchas de las cuales no se habían materializado y en comparación con otros países duramente afectados por la depresión, la situación económica española no era tan grave, incluso parecía buena «al ser un país pegado a la tierra», la peseta se mantenía firme y los impuestos eran muy bajos.⁸¹

Con la preocupación de que el fascismo y el comunismo estaban siendo los responsables de la inestabilidad política europea, Bowers confirmaba unos días después a Hull que las próximas elecciones medirían la fuerza del comunismo español, hasta entonces muy minoritario electoralmente, pero que comenzaba a ganar militantes entre la izquierda socialista por su contundente crítica a la tarea gubernamental del PSOE —«fuente de inspiración para ordenar las masacres de obreros y campesinos» que «ha utilizado el régimen burgués como un elemento de represión; votando millones de pesetas para la guardia civil; creando y glorificando a los guardias de asalto, colaborando con la salvaje matanza de Casas Viejas»— y su apuesta por una revolución completa con aumento de salarios, disminución de horas de trabajo, reparto de tierras, concesión de la autonomía e independencia a catalanes, vascos y gallegos, evacuación inmediata de Marruecos y otras colonias.⁸²

«Las próximas elecciones generales no significan nada para nosotros. El parlamento tiene los sabores de una taberna barata y nosotros no queremos tener nada que ver con esto. Preferimos permanecer en las calles con nuestras armas en la mano, preparados para sacrificarnos sin echar de menos ninguno de los chanchullos y corruptelas que se desarrollan en los partidos políticos.»⁸³ Así reproducía el Washington Post las palabras del «líder de los fascistas españoles, José Antonio Primo de Rivera» en el mitin celebrado en Madrid el 29 de octubre de 1933 en el que se constituyó la Falange Española, el otro extremo del espectro político hasta entonces inexistente en España, que iba a concurrir a las elecciones en alianza con los monárquicos alfonsinos de Renovación Española. En este contexto, el embajador Bowers pidió el 7 de noviembre a los cónsules que añadieran un séptimo aspecto a sus informes consulares, «el crecimiento del movimiento fascista en España»,⁸⁴ evidenciando la importancia que el Departamento de Estado y la administración Roosevelt daban al progreso de este nuevo fenómeno político en España.

El mismo día en que se estaban realizando las elecciones en España el New York Times señalaba que tras una campaña muy violenta de seis semanas desarrollada «en medio de una dura batalla de palabras, puños y algunas veces armas entre los adherentes de la vieja España y la nueva», en la que «los reaccionarios» habían utilizado la radio y el aeroplano y las mujeres votaban por primera vez en un país latino se esperaba «una gran participación» en unas elecciones decisivas para que los votantes mostraran su «aprobación o desaprobación de las leyes relativas a la Iglesia, la reforma agraria y el establecimiento de un pequeño Estado catalán, que presagia la creación de un Estado vasco y otros Estados». El editorial apostaba por la victoria del centro de Alejandro Lerroux, de cuya fortaleza dependía a juicio del periódico neoyorquino el éxito de la democracia española. «Si el voto va a la extrema derecha o a la extrema izquierda resultará probablemente una dictadura.»⁸⁵

Tras una campaña electoral apasionada por la movilización de los católicos, con una gran financiación y un nuevo despliegue de propaganda, y una izquierda socialista que comenzaba a distanciarse de la «República burguesa», los votantes dieron un triunfo rotundo al Partido Radical y a la CEDA. Para el New York Times, «España había votado por el conservadurismo» de Gil Robles, que no parecía sentirse preparado para gobernar, y expresaba el temor de que «su triunfo pudiera causar una dictadura»,⁸⁶ ya que el centro y los partidos verdaderamente republicanos habían perdido votos.⁸⁷ También para la embajada lo más llamativo de unas elecciones en que los temas determinantes habían sido «la cuestión religiosa —especialmente— y las extremas políticas sociales desde el advenimiento de la República», eran «las inesperadas ganancias de la derecha y la increíble debilidad de los Radicales». Una derecha que se había presentado unida bajo el liderazgo de Gil Robles, había realizado una «brillante campaña», tenía «una perfecta organización militante, financiada por los agrarios, sectores de los negocios y según se dice por la Iglesia» y parecía dispuesta a apoyar la formación de un gobierno de centro presidido por Lerroux.⁸⁸

En efecto, con una nueva ley electoral que favorecía las grandes coaliciones los socialistas se presentaron solos a las elecciones, los republicanos de izquierda lo hicieron divididos, mientras las fuerzas conservadoras —ya organizadas— se reunieron en una gran coalición en torno a la defensa del orden y la religión; las Cortes resultado de las elecciones tuvieron muy poco que ver con las de junio de 1931. La CEDA, el partido más votado, obtuvo 115 escaños, la mayoría ocupado por nuevos diputados. Los radicales, después de dos años de oposición, sólo ganaron 10 diputados más, 104 en total, el 60 por ciento ocupado por políticos sin experiencia parlamentaria; la Acción Republicana de Manuel Azaña perdió 23 de los 28 escaños que tenía anteriormente y los socialistas bajaron de 115 a 58 diputados.

El 8 de diciembre de 1933, el mismo día en que se reunían las Cortes por primera vez, estalló una nueva insurrección anarquista. Se había decidido en el Pleno de Regionales de la CNT celebrado en Madrid el 30 de octubre si triunfaban en las elecciones las «tendencias fascistas». Tuvo especial incidencia en Aragón —la regional que lo había propuesto—, La Rioja, algunos puntos aislados de Cataluña, Extremadura, y la cuenca minera leonesa, aunque el incidente más espectacular y sangriento fue el descarrilamiento del rápido Barcelona-Sevilla a la altura de la localidad valenciana de Puzol. Al día siguiente el New York Times señalaba que había estallado el movimiento revolucionario que se esperaba desde que la derecha ganó abrumadoramente las últimas elecciones generales.⁸⁹ Para el Washington Post este último levantamiento anarquista, que se decía había «costado las vidas de más de 100 personas en los últimos tres días», había fracasado en conseguir el apoyo de los trabajadores para realizar una huelga general, pero expresaba un amplio sentimiento de descontento y malestar de la población porque muchas de las promesas hechas por los socialistas no se habían cumplido. Aunque lo que más preocupaba al periódico de Washington era si la derecha triunfante intentaría seguir «los ejemplos de Italia, Alemania y Austria en el establecimiento de un estado corporativo», pues según el periódico había confusión en Madrid, las derechas estaban «sobrepasadas por su victoria», no se sabía hasta dónde podían llegar en revisar la Constitución y se hablaba «de una dictadura de derechas, pero su programa parece estar aún en sus estadios formativos».⁹⁰

«España está al borde de una crisis profunda, que puede llevar semanas, meses, quizás años de confusión silenciada o abierta. La población está dividida entre revolución social y dictadura fascista. Hay poco para sonreír y no es una ópera cómica acerca de España en crisis, pues el fuego es mortífero», escribía Anita Brenner, escritora estadounidense de origen judío nacida en México, desde las páginas del New York Times, al analizar la campaña electoral y el resultado de las elecciones con la experiencia de lo que había pasado en Alemania. «Tres años después de su esperanzado experimento, la República Española estaba tambaleándose. Su mayor apoyo, el movimiento obrero, había desertado del clásico republicanismo y sus enemigos miraban hacia atrás hacia Alfonso o hacia Italia y Alemania.» «Se esperaba que algo distinto a la democracia curara muchas de las enfermedades económicas y sociales de España», continuaba Brenner. En cuanto al nuevo Parlamento, la mitad republicano y un tercio revolucionario, «era un cuerpo ingobernable» e incluso la derecha estaba dividida respecto a cómo salvar a España de la revolución. Entre las causas de que España hubiera perdido tan rápidamente su «fe en la democracia» estaban, para la escritora, la falta de educación política, el que para unos las reformas habían ido demasiado lejos y para otros habían sido insuficientes, la presión de los extremos manifestada por los tres levantamientos anarquistas y el intento de golpe de Estado monárquico. En cuanto a los aspectos concretos que habían llevado a la crisis, Brenner los encontraba en la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes, la autonomía de Cataluña, la reforma agraria, la represión sobre los anarquistas y el que los tres ministros socialistas salieran del gobierno, porque creían que «la justicia social es imposible sin revolución social».⁹¹

Unos días después, un artículo mucho más optimista del mismo periódico consideraba uno de los mayores logros políticos desde la proclamación de la Segunda República la integración de los católicos españoles en la República «con la expresa aprobación del Vaticano», estabilizando así el régimen en un momento dramático. El triunfo arrollador de los diputados católicos en las pasadas elecciones frente al fracaso de los monárquicos habría confirmado según el New York Times la opinión del Vaticano de no apostar por la Monarquía, como expresaban las recientes declaraciones del Observatore Romano. Así, finalmente, concluía el periódico neoyorquino, la República tenía un ala derecha, «lo que hará más fácil enfrentarse al grave problema inmediato de la amenaza anarquista».⁹²

Las elecciones de noviembre de 1933 tuvieron también otra consecuencia política importante, interrumpir el proceso de normalización de relaciones diplomáticas con la URSS, iniciado en julio de 1933 por el gobierno español con el reconocimiento oficial del establecimiento de relaciones entre los dos países. El triunfo de la CEDA en esas elecciones paralizó el intercambio de embajadores y hasta la victoria del Frente Popular no se volvió a hablar de normalización de las relaciones entre España y la URSS, y el intercambio de embajadores no se produjo hasta el mes de agosto de 1936, ya comenzada la guerra civil.⁹³

1932 y 1933 fueron años de elecciones en Estados Unidos y España, respectivamente, que introdujeron cambios políticos importantes y opuestos en ambos países. En Estados Unidos la victoria de Roosevelt en noviembre de 1932 no sólo supuso una forma heterodoxa de enfrentarse a la depresión económica y al desempleo masivo, sino que inauguró una nueva política exterior, que aunque era neutralista estuvo caracterizada por la «buena vecindad» en Latinoamérica, la preocupación por el expansionismo alemán y japonés y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la URSS. La perspectiva sobre España cambió con la nueva administración. Si durante la administración Hoover la amenaza comunista sobre la República Española estaba siempre presente, el nuevo embajador designado por Roosevelt, Claude Bowers, al llegar a España poco antes de las elecciones generales de noviembre de 1933, ya observaba la evolución a la derecha del electorado y veía con preocupación la ruptura de la coalición republicana, por la radicalización de los socialistas, la casi desaparición del centro, así como la aparición del fascismo. Después de las elecciones, los periódicos americanos hablaban ya de los posibles peligros de la violencia política y el establecimiento de una dictadura de derechas, sin duda influidos por los acontecimientos en Alemania.

3

Gobierno progresista en Estados Unidos, gobiernos conservadores

y movimiento revolucionario en España

(Diciembre de 1933-diciembre de 1935)

INTERVENCIÓN ECONÓMICA, MOVILIZACIÓN POLÍTICA, PROTESTA SOCIAL Y AISLACIONISMO EN ESTADOS UNIDOS

Desde que Roosevelt había asumido la presidencia en marzo de 1933, estaba tratando de conseguir la recuperación económica con una política económica heterodoxa e intervencionista con resultados no muy satisfactorios, que en 1934 le granjearon la oposición de la izquierda por su timidez y de la derecha por su «extremismo» intervencionista. Todas las principales leyes del llamado Primer New Deal, como la Ley de Adaptación Agrícola¹ (12 de mayo de 1933), que trataba de evitar la superproducción y la caída de precios con subvenciones a los agricultores y proyectos de modernización agrícola; la Ley de Préstamo para los Propietarios de Casas (junio de 1933), que para aliviar los desahucios ayudó a refinanciar una de cada cinco hipotecas de viviendas urbanas en el país; la Ley para la Reactivación de la Industria Nacional (NIRA) (13 de junio de 1933), que trató de estimular directamente la actividad industrial contentando a empresarios, consumidores² y trabajadores, y las distintas agencias y fondos federales que luchaban contra el desempleo aliviaron los peores efectos sociales de la depresión de cara al invierno de 1933-1934, mejoraron la actividad económica, reorganizaron la protesta social, pero en 1934 era evidente que esta intervención federal sin precedentes no podía sacar al país de la crisis económica, ni contentar a la mayoría de la población.

La expresión de descontento de muchos sectores populares y del radicalismo político con las medidas del Primer New Deal evidenciaba el problema de fondo de que no había ninguna estrategia gubernamental sólida, para recuperar el poder de compra y aumentar las inversiones, pues Roosevelt seguía creyendo en la ortodoxia del presupuesto equilibrado y era escéptico sobre las posibilidades de las obras públicas, como agente de la recuperación económica. Así lo demostró la timidez con que recurrió al gasto público y la supresión en la primavera de 1934 de la Administración de Trabajo Civil,³ en cuanto el invierno pasó y el programa costaba ya un billón de dólares. En abril de 1934, 4 millones de trabajadores volvían a estar en paro.

Lo que sí consiguió la legislación del Primer New Deal fue una intensa movilización cívica, política y sindical, en medio de una crisis económica, contra las limitaciones de las reformas iniciadas por la administración Roosevelt. Los impulsores del nuevo sindicalismo industrial⁴ aprovecharon la sección séptima de la NIRA, que exigía la representación sindical en las empresas y la negociación colectiva, para movilizar a los trabajadores no cualificados o semicualificados de las industrias en crisis, en demanda del cumplimiento de la nueva legalidad en cuanto a salarios mínimos y horas de trabajo. En 1933, 1.168.273 trabajadores participaron en paros, huelgas de celo y huelgas de brazos caídos en todo el país para conseguir mejoras salariales y reducción de las horas de trabajo en las industrias del textil, acero, automóvil y minería. En 1934 casi 1.500.000 trabajadores se movilizaron en un movimiento huelguístico que tenía como objetivo principal conseguir representación sindical en las empresas. Estas huelgas incluyeron a sectores sin experiencia en movilizaciones sindicales, como los trabajadores de Hollywood, los reporteros periodísticos, los trabajadores agrícolas de California,⁵ Washington, Florida, Connecticut, y hubo cuatro huelgas importantes muy violentas en las que fueron determinantes los trabajadores no cualificados y en las que trotskistas, comunistas y socialistas fueron los activistas más destacados. La huelga textil de la costa este, que acabó en una derrota de los trabajadores, y las huelgas del sector del automóvil en Toledo, Ohio,⁶ de los camioneros en Mineápolis, Minnesota y la de los estibadores en San Francisco, California, que consiguieron organizar sectores y ciudades muy antisindicales gracias a la nueva legislación y el arbitraje federal. Incluso cuando la huelga de San Francisco se convirtió en general el 14 de julio de 1934, paralizando también todos los puertos del Pacífico, y los periódicos de Hearst culpaban a los comunistas y hablaban de un conflicto entre americanos y antiamericanos, llegó a preocupar a la administración presidencial. Roosevelt estaba de crucero en el Pacífico y al parecer relativizó el peligro,⁷ pero por vez primera pidió a Cordell Hull, su secretario de Estado, que se preocupara de un asunto nacional.⁸ Al final el presidente tuvo razón y la huelga solamente duró cuatro días, alejando cualquier peligro de inestabilidad política.

Este movimiento huelguístico, el mayor desde el año 1919 en Estados Unidos, no sólo tuvo la novedad de incluir por primera vez a los trabajadores semicualificados y no cualificados, inmigrantes de segunda y primera generación, temporeros agrícolas mexicanos y aparceros negros, sino de contar con líderes medios comunistas, trotskistas o socialistas. Sin duda las huelgas triunfantes de 1934 prepararon el camino para la organización de las industrias de producción en masa a finales de la década de 1930, fueron el comienzo de la formación del sindicalismo industrial del Congress of Industrial Organizations (CIO) y llevarían finalmente a la aprobación por el Congreso de un nuevo sistema de relaciones laborales en 1935.⁹

Para los intereses económicos y políticos conservadores no fue suficiente la reducción del gasto público realizado por el presidente en la primavera de 1934, y en el verano de 1934 veían con preocupación el aumento del déficit público y la intervención del Estado en la economía. Lewis Douglas, director del presupuesto, dimitió en desacuerdo tanto con el déficit creciente, como con las políticas fiscales de Roosevelt. Ese mismo mes se constituyó en Washington The American Liberty League, que agrupaba tanto a empresarios como a políticos contrarios a la política económica del New Deal. Esta organización, dominada por los ejecutivos de Du Pont, la General Motors y los industriales del nordeste, se convirtió en el vehículo organizativo de todos los políticos críticos con el New Deal, por considerar que la intervención económica, al violar los derechos personales y de propiedad, era anticonstitucional, presentando pues recurso ante el Tribunal Supremo contra las principales medidas del Primer New Deal.¹⁰

Sin embargo, a pesar de las críticas y de las protestas de sindicalistas, conservadores y radicales a las primeras medidas del New Deal, los demócratas ganaron de forma aplastante las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 1934. El Partido Demócrata consiguió el control de ambas cámaras y los escaños republicanos quedaron reducidos al mínimo de su historia —un tercio del Congreso—: el Partido Republicano consiguió sólo siete gobernadores en todo el país. En estas elecciones Franklin D. Roosevelt demostró que seguía siendo el mejor líder para gestionar la crisis económica y las aspiraciones reformistas y radicales.

La política exterior de Roosevelt estaba también centrada en conseguir la recuperación económica de Estados Unidos. Cuando las primeras medidas del New Deal fracasaron a finales de 1933 en conseguir una rápida reactivación económica, Roosevelt recurrió a la tradicional táctica americana de buscar mercados en el exterior. El presidente y su secretario de Estado, Cordell Hull, un wilsoniano de Tennessee con gran experiencia en el Congreso, abarataron el dólar para hacerlo más competitivo en el exterior y utilizaron dos nuevas medidas para que Estados Unidos aumentara sus ventas en el extranjero: el Banco de Exportación-Importación y la Ley de Comercio Recíproco. El primer Banco de Exportación-Importación de Estados Unidos financió en principio el comercio con Cuba y la Unión Soviética y después impulsó el comercio con otros países americanos. El banco obtuvo permiso especial para ayudar a comerciar con la URSS, pues la Ley Johnson —que prohibía los créditos a los países que no habían pagado las deudas de guerra a Estados Unidos— no afectaba a los individuos extranjeros que necesitaban crédito para comprar bienes a Estados Unidos. Si alguna otra nación necesitaba dólares, tenía que prometer comprar mercancías a Estados Unidos y reducir sus propias barreras a los inversores y comerciantes norteamericanos.¹¹

En cuanto a la Ley de Comercio Recíproco de 1934 redujo hasta el 50 por ciento la tarifas aduaneras para la importación de mercancías de otro país, si este daba las mismas preferencias a las mercancías estadounidenses en su mercado y dio al presidente nuevos poderes para comerciar con mercados extranjeros, pues podía firmar tratados sin la aprobación del Congreso, aumentando tremendamente los poderes al ejecutivo en la política económica extranjera. La aplicación de esta ley fue especialmente efectiva en Latinoamérica, donde ayudó a integrar gran parte del comercio del hemisferio occidental bajo el control de Washington.¹²

A nivel político, Roosevelt fue el primer presidente que discutió la política de Estados Unidos en el hemisferio occidental con diplomáticos latinoamericanos y esta nueva atmósfera de buena vecindad se manifestó en 1934 en la retirada de los marines de Haití, el reconocimiento al gobierno revolucionario de El Salvador y la derogación de la Enmienda Platt, que había dado a los presidentes estadounidenses el derecho a intervenir en Cuba.13 En otros frentes, y particularmente en Europa, el fuerte sentimiento aislacionista de la población, que pensaba que Estados Unidos no debía inmiscuirse en los asuntos europeos, recibió el apoyo de las primeras conclusiones de la Comisión Nye del Congreso, que al analizar los motivos de la participación de Estados Unidos en la primera guerra mundial consideraba que banqueros y fabricantes de armas habían obtenido escandalosos beneficios con la guerra.¹⁴ En medio de esta intensa atmósfera aislacionista respecto a Europa, el secretario de Estado Cordell Hull reconocería después en sus memorias que desde que Alemania había salido de la Liga de Naciones el 14 de octubre de 1933, el cónsul general en Berlín informó al Departamento de Estado «que estaba creciendo constantemente el sentimiento militar» en Alemania, país que intentaba separar a Francia de Gran Bretaña, a Gran Bretaña de Estados Unidos y a los tres de Rusia.¹⁵

FRANCIA, AUSTRIA, ESPAÑA

En España, tras una campaña electoral como la de noviembre de 1933 influida por primera vez por los discursos en torno a la revolución y el fascismo¹⁶ y un resultado electoral favorable a la derecha no republicana agrupada en torno a la CEDA, el embajador de Estados Unidos en Madrid, Claude Bowers, transmitía a Hull su inquietud por la debilidad del gobierno radical de Lerroux, la formación de un frente de izquierdas liderado por un Partido Socialista radicalizado y, sobre todo, por las declaraciones de Indalecio Prieto respecto a que «los pactos preelectorales de los radicales con probados enemigos de la forma de Gobierno republicana» habían colocado «en un lugar representativo destacado a la extrema derecha», «la verdadera amenaza de la República».¹⁷

«Los socialistas parecían haber admirado y respetado el sistema democrático mientras estaban en el poder, pero cuando el electorado les volvió la espalda comenzaron a hablar de dictadura del proletariado», escribía Bowers a Hull cuando había rumores de un acuerdo entre UGT y CNT para declarar una huelga general si las Cortes aprobaban el decreto ley de Amnistía General, que iba a beneficiar a todas las personas implicadas en los levantamientos contra la República —incluido el Golpe de Sanjurjo—, excepto a los que habían participado en el movimiento anarcosindicalista de diciembre de 1933. No sorprendía al embajador que Largo Caballero —con sus ideales marxistas y sus «frecuentes llamadas a una dictadura del proletariado»— fuera el instigador y el cerebro del movimiento, pero dudaba de que Indalecio Prieto se sumara al movimiento y estaba seguro de que Julián Besteiro, siempre partidario de tácticas puramente parlamentarias y democráticas, haría cualquier cosa para oponerse a él. «La democracia se iba a resentir con este movimiento» y «el terreno se está preparando para una dictadura, que se instauraría tras un golpe de estado». «Si el golpe fuera de derechas sería apoyado en Santander, Castilla La Vieja y Navarra y si fuera de izquierdas triunfaría en Barcelona, Andalucía y Extremadura y en las grandes ciudades y distritos industriales»,18 añadía el embajador.

Ciertamente, el discurso de Largo Caballero se había radicalizado desde el verano de 1933, aumentando tanto su influencia entre los militantes socialistas, como la división dentro del PSOE, pero como señala Santos Juliá, no fue hasta la pérdida de las elecciones en noviembre, cuando el dirigente socialista perdió interés en la República como vehículo gradual de la transformación social y apostó por la revolución, si la derecha rompía la legalidad republicana y se orientaba hacia el fascismo.¹⁹ En diciembre de 1933 era evidente para Largo Caballero que si Lerroux formaba gobierno con apoyo de la CEDA y nombraba a militares de «francas tendencias fascistas» en los principales mandos militares, el Partido Socialista y la UGT emplearían los medios necesarios para «destruir de raíz riesgo tan considerable para el proletariado español».²⁰

Al comenzar el mes de febrero de 1934 la debilidad del gobierno radical de centro parecía aumentar para Bowers las posibilidades, no solamente de huelga revolucionaria, sino de guerra civil.²¹ En efecto, al depender el gobierno radical del apoyo de la CEDA —un partido que en última instancia quería llegar al gobierno para revisar la Constitución— para gobernar, se había inclinado más a la derecha, lo que había dividido al Partido Radical colocando al gobierno a merced de la CEDA en una situación de crisis permanente. Ante la eventualidad de una crisis de gobierno y su sustitución por un gobierno de centro-derecha, Bowers se hacía eco de que Manuel Azaña había declarado el 11 de febrero «que aunque él apoyaba la Constitución, la República era más grande que la Constitución y la voluntad del pueblo lo más importante de todo (....)»; así el gobierno aún temía un movimiento revolucionario que paralizara las telecomunicaciones, aunque de momento el embajador constataba que sólo había habido una huelga general en Bilbao y estaban en huelga 30.000 trabajadores de la construcción en Madrid.²²

Cuando desde Estados Unidos se hablaba de inestabilidad política en España, temores a una revolución socialista, golpe de Estado de derechas como reacción y quizá guerra civil resultante, estaban muy presentes las agresiones de la derecha fascista a las instituciones democráticas y a la izquierda en Francia y sobre todo en Austria. Cien mil personas de la Croix de Feu, Action Française, Les Jeunesses Patriotes, organizaciones de veteranos y otros grupos fascistas se congregaron la tarde del 6 de febrero de 1934 en la plaza de la Concorde con la intención aparente de asaltar el Parlamento convocados por la Action Française de Charles Maurras, a raíz del suicidio de Alexandre Stavinsky el mes anterior. La respuesta de los sindicatos socialistas fue convocar una huelga general para el 12 de febrero, a la que posteriormente se unieron los comunistas, en lo que sería un primer paso hacia un frente unido entre ambos sectores de la izquierda frente al ascenso del fascismo.²³ Catorce manifestantes y un policía murieron en los choques con la fuerza pública, 2.500 manifestantes y 100 policías resultaron heridos.

En esos mismos días los acontecimientos en Viena fueron más graves y acabaron con la socialdemocracia austriaca y lo que pudiera quedar de la república democrática instaurada después de la primera guerra mundial. Ya en 1927 las constantes agresiones de las organizaciones armadas de derecha a los militantes socialdemócratas habían creado una atmósfera de guerra civil a la que los socialistas respondieron con moderación.²⁴ La situación de tensión política y desgaste de la democracia parlamentaria empeoró con las tremendas consecuencias de la crisis financiera de 1931.²⁵ Los socialdemócratas rechazaron participar en el gobierno en junio de 1931, en 1932 las elecciones municipales indicaban un avance del Partido Nazi, sobre todo en Viena, mientras el canciller Engelbert Dollfuss asumía el poder y a partir de 1933 comenzó a instaurar un sistema corporativista católico, ante la pasividad socialista que lo consideraba un mal menor frente a los nazis. El 4 de marzo de 1933 Dollfuss suspendió el gobierno parlamentario —8 días antes de que Hitler lo hiciera en Alemania— y el 7 de mayo anunció que gobernaría a base de decretos ley.

A partir del 12 de febrero de 1934, los obreros socialdemócratas de Linz y Viena respondieron a las provocaciones de las Heimwehren —organizaciones fascistas de tendencia clerical apoyadas por Mussolini y el regente de Hungría Miklós Horthy— en un último intento de salvar la democracia. A la lucha, que provocó 1.200 muertos y 500 heridos, le siguió una sangrienta represión dirigida por el mayor Frey, jefe de las Heimwehren, a quien Dollfuss había confiado el Ministerio del Interior. Fue necesaria la intervención de Gran Bretaña y Francia para detener la masacre, pero no se pudo evitar la eliminación de la socialdemocracia austriaca.

Al finalizar esa semana de «guerra civil en Viena», en expresión del New York Times, el periódico informaba de que cinco socialistas más habían sido ahorcados, los militantes socialistas estaban siendo desprovistos de sus cargos elegidos y sus propiedades estaban siendo requisadas.²⁶ El mismo día se reproducían los temores del Partido Socialista Checo —con tres ministros en el único gobierno democrático que quedaba en Centroeuropa— a la inestabilidad en el continente europeo, pues «los socialistas austriacos no han violado la Ley, ni la Constitución, que usted, señor canciller [Dollfuss], juró defender».²⁷

«El ardor revolucionario de los elementos de la extrema izquierda se ha enfriado después de las sangrientas y aparentemente inútiles revueltas en Francia y la rebelión en Austria», señalaba el diario neoyorquino con respecto a España unos días después, añadiendo que José María Gil Robles había jurado finalmente la total lealtad de su partido a la República y anunciado su deseo de aceptar responsabilidades gubernamentales.²⁸ Sin embargo el Departamento de Estado estaba recibiendo la impresión contraria. En medio de la primera crisis que la CEDA provocó en los gobiernos radicales a principios de marzo,²⁹ desde Madrid Bowers destacaba la opinión del periódico republicano El Liberal, de que «si un Gobierno más a la derecha se formara, la situación en España sería similar a la de Alemania o Austria»,³⁰ mientras Largo Caballero visitaba Barcelona para «formar un frente de izquierdas» entre socialistas, anarcosindicalistas y comunistas.³¹ Desde Berlín William E. Dodd informaba a Hull que el gobierno español había pedido a la embajada española en aquella ciudad que le informara diariamente por teléfono sobre el reciente conflicto en Austria, pues «el Gobierno español está convencido de que los socialistas en España tienen planes de emular la acción de sus colegas políticos en Austria y que la represión sufrida por los socialistas en Austria va a tener efectos sobre los planes de los socialistas españoles».³² Desde Riga Felix Cole observaba que, si bien la prensa de Moscú había dedicado menos atención de la esperada a los últimos acontecimientos en España,³³ «las mismas esperanzas que se levantaron en los círculos revolucionarios internacionales de Moscú tras los desórdenes de París y después de los acontecimientos de Viena, estaban manifestándose en suelo español».³⁴

El 20 de abril se abrió una crisis de gobierno aún más grave, que aumentó la precariedad de la situación política española. Las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía que perdonaba a Sanjurjo y a todos los encausados por la sublevación militar de agosto de 1932, así como a los participantes en la insurrección anarquista de diciembre de 1933. El presidente de la República se negó inicialmente a firmar la ley y añadió 34 páginas de objeciones personales, Gil Robles trató de forzar la dimisión de Alcalá Zamora y al tratar de evitarlo Lerroux tuvo que dimitir. En medio de las noticias de las diferentes huelgas de Madrid,³⁵ Valencia y Zaragoza y de las primeras procesiones de Semana Santa realizadas en Sevilla desde la proclamación de la República,³⁶ lo más preocupante políticamente para Bowers era la exhibición de poder de los extremistas en la huelga general de 24 horas celebrada en Madrid el 21 de abril como protesta contra el «mitin» de Acción Popular en el Escorial. ³⁷ El 25 de abril el republicano valenciano y anterior ministro de Trabajo³⁸ Ricardo Samper formó un nuevo gobierno radical, pero la izquierda del partido, liderada por Martínez Barrio, se escindió definitivamente del Partido Radical desplazándolo inevitablemente a la derecha y haciéndolo más dependiente de la CEDA en el Parlamento al perder un quinto de sus diputados.³⁹

Desde entonces hasta primeros de octubre Bowers informaba a Hull de las enormes dificultades a las que se enfrentaba el nuevo gobierno radical, mientras los socialistas amenazaban con un movimiento revolucionario si la CEDA cumplía su estrategia de entrar en el gobierno. A las noticias sobre el recrudecimiento de la conflictividad laboral entre abril y mayo en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, estas últimas con sendas huelgas generales,40 se unía la inminente huelga nacional agrícola convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra cuando el gobierno derogó la Ley de Términos Municipales el 25 de mayo de 1934,⁴¹ base junto a los jurados mixtos del poder socialista en el campo desde el gobierno provisional. Con un paro agrícola creciente y una legislación desfavorable desde noviembre de 1933, la FNTT perdía huelgas y militantes,⁴² respondiendo con la radicalización y la movilización del 5 de junio a la revisión de la reforma agraria y la derogación de la legislación laboral del bienio republicano-socialista.⁴³ A pesar de ser el primer movimiento nacional campesino de la República, la embajada no daba mucha importancia a una huelga que fracasó rápidamente y fue duramente reprimida,44 pues consideraba a mediados de junio que la situación más grave estaba teniendo lugar en Cataluña.

La decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales el 8 de junio de 1934 de declarar ilegal la Llei de Contractes de Conreu, que permitía el acceso escalonado a la propiedad de la tierra de los rabassaires —una reforma agraria moderada que tan bien entendían los americanos—, por considerar incompetente al Parlamento catalán para legislar en materia de propiedad agraria,⁴⁵ provocó que el Parlamento catalán volviera a aprobar la ley y estuviera dispuesto a aplicarla, colocándose «en una situación de rebelión no armada» contra la autoridad de la República, «similar a la de un Estado americano que podría volver a aprobar una ley declarada anticonstitucional por el Tribunal Supremo»,⁴⁶ según el consejero de la embajada Hallet Johnson.

Durante los meses de junio y julio de 1934, el embajador Bowers recogía las opiniones de Martínez Barrio al respecto de que ningún grupo dudosamente republicano, aunque obtuviera la mayoría en las elecciones, debería llegar al poder,⁴⁷ y confirmaba la virulencia a la que estaban llegando los debates en las Cortes sobre el problema catalán, reproduciendo las palabras de Azaña —«en la actual situación Cataluña era el baluarte de la República»— e Indalecio Prieto —«en caso de un conflicto armado, el proletariado español estaría con la Generalitat»—,⁴⁸ pero confiaba en un acuerdo negociado.⁴⁹ En su opinión, Lluís Companys no era un secesionista, aunque «quisiera conservar a los secesionistas dentro de su partido» y Ricardo Samper estaba intentando llegar a un acuerdo con el gobierno catalán para que la Llei de Contractes de Conreu fuera modificada por la Generalitat y regresara al Tribunal de Garantías Constitucionales.⁵⁰ Su juicio político era acertado y el presidente del gobierno Ricardo Samper buscó y logró el acuerdo con Lluís Companys, materializado en la votación del texto de la ley en las Cortes el 21 de septiembre; pero la CEDA, la Lliga y el Institut de Sant Isidre ya habían orquestado su oposición absoluta y organizaron una «marcha sobre Madrid» de propietarios catalanes, el 8 de septiembre, en lo que sería sólo uno de los incidentes que aceleraron la crisis de octubre.

Mientras tanto, Estados Unidos estaba respondiendo con pasividad a los desafíos del statu quo en Europa y Asia. Las decisiones de Hitler en 1934 habían despejado cualquier duda que el secretario de Estado tuviera respecto a las intenciones y capacidades de Hitler. Hull se refería a la purga que Hitler había decretado el 30 de junio de 1934, en la que se ejecutó a unas cien personas, entre las que estaban el ex canciller Von Schleicher y el capitán Ernst Rom; al asesinato organizado por los nazis austriacos y alemanes del canciller austriaco Engelbert Dollfuss en julio de 1934, y a la asunción por parte de Hitler de la presidencia de Alemania el 2 de agosto de 1934, al morir el presidente Hindenburg. Sin embargo, respecto a lo ocurrido en Alemania, Hull señalaba que al ser asuntos internos alemanes, que no habían perjudicado a Estados Unidos ni a sus ciudadanos, «no había nada que pudiéramos hacer». En cuanto al asesinato de Dollfuss, «el Presidente y yo transmitimos nuestra pena y simpatía, pero no podíamos hacer otra cosa».⁵¹

También hubo pasividad en el Lejano Oriente frente a Japón. Así Roosevelt apoyó la expansión naval americana para igualar su poder naval al de Japón, pero sin que le llevara a una crisis con ese país. Esta actitud se manifestó sobre todo en la respuesta de Estados Unidos a la «doctrina Amau». En abril de 1934 Eiji Amau, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, anunció la oposición japonesa a la asistencia técnica, financiera y militar que Estados Unidos había estado suministrando a China, manifestando que como Tokio tenía el derecho a actuar sólo para preservar «la paz y el orden» en Asia, cualquier interferencia externa, como la ayuda militar a China, era considerada inamistosa por Japón.⁵²

OCTUBRE DE 1934: REVOLUCIÓN Y «SECESIÓN» EN ESPAÑA

La crisis económica seguía dominando hasta tal punto la política americana en el otoño de 1934, y en política exterior eran tan preocupantes el rearme, la relación cada vez más estrecha entre Alemania y Japón y la posible intervención italiana en Etiopía, que Cordell Hull no mencionaba siquiera a España en sus memorias, aunque estaba a punto de comenzar el movimiento revolucionario del que llevaba informando detallada y acertadamente el embajador en Madrid desde finales de septiembre. El Departamento de Estado ya sabía que se habían descubierto en Asturias 116.800 cargadores de rifle destinados a los revolucionarios procedentes del buque Turquesa, un asunto oscuro de falsa venta de armas a Abisinia en el que podía estar implicado Indalecio Prieto.53 También el secretario de Estado estaba al corriente del férreo control de la Guardia Civil sobre las entradas y salidas de Madrid y de que el gobierno Español aseguraba estar preparado para «defender la nación y mantener el orden», ante la situación incierta provocada por los movimientos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña y el frente común de izquierdas. Aunque no había conexión directa entre los movimientos nacionalistas, un asunto de «las clases medias y el campesinado», y la política de los partidos obreros, cada uno de ellos podía «aprovecharse de un movimiento provocado por el otro»,54 presagiaba acertadamente Bowers.

También Hull recibió valoraciones bastante precisas sobre los motivos reales, planificación y posibilidades de éxito de un movimiento socialista que, rompiendo con la vía parlamentaria y siguiendo el modelo bolchevique, iba a comenzar como una huelga general en las principales ciudades y centros industriales secundada por sectores afines en las fuerzas armadas. La verdadera razón del descontento socialista, según Bowers, era que no se estaban aplicando las leyes para la protección de los trabajadores agrícolas y se había violado la Constitución al aprobarse los pagos gubernamentales a los párrocos de los pueblos. Si como Gil Robles había anunciado, sólo iba a apoyar en adelante a un gobierno más a la derecha, los socialistas creían que la situación política «no tenía esperanza para ellos», pues el líder de la CEDA seguiría una política reaccionaria dictada por el Vaticano y los grandes propietarios e industriales que habían hecho posible el éxito de su partido.⁵⁵

Por estas fechas, Largo Caballero confirmaba a Mallory Browne, jefe del Paris Bureau del Christian Science Monitor que estaba preparando una serie de artículos sobre España, que «(...) los socialistas habían concluido que nada podría conseguirse por métodos constitucionales y habían decidido tomar el poder por la fuerza y establecer una dictadura de los trabajadores». Fernando de los Ríos, aunque estaba en contra del movimiento como Besteiro y hubiera preferido como opción la formación de un gobierno nacional, para celebrar nuevas elecciones, admitía que los socialistas estaban ligados a la disciplina de partido y que el propósito de la derecha era «destruir la Constitución y la República», precisaba Bowers.⁵⁶

Los socialistas más radicales creían que su único recurso era una revuelta abierta, que apoyarían «tanto los campesinos del sur como los trabajadores manuales de las grandes ciudades industriales», añadía el embajador señalando a favor del PSOE las diferencias con la socialdemocracia austriaca, partido que sólo controlaba Viena y su hinterland, por lo que una derrota de los socialistas en Viena acabó con el movimiento revolucionario. Pero a pesar de la mayor potencialidad del PSOE, Bowers dudaba de que el movimiento revolucionario pudiera tener éxito en España, pues era difícil que los sindicalistas de la CNT y los republicanos de izquierda lo apoyaran. Sus opiniones eran corroboradas por las recientes declaraciones de Azaña respecto a que cuatro quintos de España no eran socialistas y si el movimiento revolucionario tuviera un éxito momentáneo no podría mantenerse mucho tiempo en el poder, pues encontraría frente a él en la mayor parte de España «el poder organizado del Gobierno», aunque lo decisivo iba a ser «la actitud que el ejército tomaría si hubiera problemas».⁵⁷ El mismo Azaña había confesado a Mallory Browne que aunque simpatizaba con los socialistas y era consciente de la persecución que habían sufrido con el gobierno, su plan era «estúpido y fatal»: «España es antisocialista (...) puede que tomen el poder con un golpe. Estoy seguro de que no lo conservarán por mucho tiempo incluso con una política de terror. El Gobierno funciona prácticamente con funcionarios de carrera que son anti-socialistas y no trabajarán bajo un régimen socialista. El resultado sería una rápida caída y después la inevitable reacción, una dictadura de derecha, militar o católica o ambas. Y eso significa el fin de la República.» José Antonio Primo de Rivera reconocía a Browne por las mismas fechas que para establecer una dictadura fascista necesitarían al menos diez años.⁵⁸

El 1 de octubre de 1934 el New York Times informaba de que si la CEDA y otros partidos de derecha no entraban en el gabinete minoritario de centro de Ricardo Samper, el gobierno caería al día siguiente, al reabrirse las sesiones de las Cortes. El periódico recordaba que durante el verano la Cataluña autónoma había desafiado la autoridad de Madrid por sus diferencias en torno a la Llei de Contractes de Conreu, declarada anticonstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales, y se hacía eco de la promesa de Gil Robles a los propietarios de Cataluña de que su partido haría todo lo que pudiera para protegerlos de «la expropiación de su propiedad por la Generalidad en beneficio de los arrendatarios».⁵⁹

Dos días después el gobierno radical de Ricardo Samper caía y Bowers reproducía los rumores de que si Lerroux formaba gobierno con miembros del partido populista agrario, los socialistas convocarían una huelga general revolucionaria.⁶⁰ Al día siguiente, 4 de octubre, Hull era informado de que Lerroux había formado gobierno con tres ministros de la CEDA y se esperaba que los socialistas declararan a media noche una huelga nacional. De momento los cables telefónicos entre Madrid y Barcelona ya se habían cortado, se dudaba de la lealtad del gobierno catalán y el ejército estaba preparado.⁶¹

En España, como estaba previsto, la huelga general comenzó a medianoche del día 4 de octubre. Según informaba Bowers, la situación era amenazante en Cataluña, se había tomado la fábrica de armas en Eibar, se esperaban problemas en Madrid esa noche, la línea telegráfica entre España y Francia estaba cortada cerca de Barcelona, había huelga ferroviaria parcial y los soldados conducían algunos trenes de cercanías. Sin embargo, en opinión del embajador, a menos que el plan socialista se extendiera lentamente, parecía que la huelga iba a fracasar.⁶²

Pero el 6 de octubre, en la conversación telefónica mantenida con Cordell Hull, Bowers creía que el movimiento revolucionario estaba tomando fuerza y podía degenerar en un estado que solamente podía catalogarse de «guerra civil»: la situación era más complicada en Asturias y Barcelona, durante toda la noche había habido constantes tiroteos en Madrid, algunos cerca de la embajada, el gobierno se preparaba para actuar con firmeza, pero «todo dependía de la lealtad del ejército y la guardia civil»,63 concluía.

Al día siguiente, desde Barcelona tanto el cónsul general como el embajador daban cuenta a Hull de la proclamación por Companys a las 20.15 del día 6 de la República Catalana independiente dentro de la Federación Española de Repúblicas. Una hora después, tropas leales gubernamentales entraron en acción, tomaron posesión del aeródromo civil y bombardearon los edificios gubernamentales. «Companys y los que estaban con él se rindieron y fueron puestos bajo arresto, Lerroux declaró la ley marcial y todas las fronteras y los puertos se cerraron.»⁶⁴ Probablemente la derrota de la rebelión en Barcelona haría fracasar la huelga general, pues la unión del separatismo catalán con la huelga socialista había causado «una reacción pública general en favor del Gobierno»,65 añadía Bowers el día 7, mientras al día siguiente se habían enviado tropas para detener a 2.000 huelguistas leoneses en marcha hacia Asturias, y la armada iba a bombardear Gijón para poder desembarcar tropas en aquella región, único lugar de España donde de momento funcionaba la alianza entre socialistas y sindicalistas.66 En efecto, las informaciones del Departamento de Estado eran bastante precisas respecto al fracaso general del movimiento revolucionario, la rapidez con que se había reprimido la grave crisis política planteada por la independencia de Cataluña, mientras tomaba cuerpo un verdadero conato de revolución social en la zona minera al oeste de Bilbao y sobre todo en Asturias, donde había fraguado la Alianza Obrera entre UGT, CNT y PCE y contaban con armas.

Ya en su crónica del primer día del movimiento revolucionario, el New York Times destacaba que la huelga revolucionaria había paralizado casi totalmente el comercio, la industria y los transportes en todo el país y costado 85 muertos y 1.500 heridos, intuyendo tanto la violencia como la represión que estaban acompañando al movimiento, especialmente en Asturias, donde —a pesar de la estricta censura— William P. Carney, periodista conservador y simpatizante de Franco durante la guerra civil, en lo que era su primera crónica en España para el periódico neoyorquino, informaba que se había establecido la ley marcial, había encarnizadas batallas entre los mineros y la Guardia Civil, aviones militares sobrevolaban las zonas mineras y cientos de mineros rebeldes estaban siendo arrestados, así como un cierto número de diputados socialistas y concejales por posesión ilícita de armas. En Eibar y toda la zona industrial vasca en torno a Bilbao, cinco huelguistas habían sido asesinados, así como el diputado vasco tradicionalista Marcelino Oreja, añadía Carney.67 En efecto, si en Eibar y Mondragón algunos derechistas destacados fueron asesinados, en Asturias la Alianza Obrera armada había ocupado Avilés y Gijón, hasta llegar al centro de Oviedo, y coordinaba numerosos comités locales que intentaron establecer un régimen que llevó aparejada una violencia contra los poderosos y contra la Iglesia: fueron asesinados 34 sacerdotes y religiosos y ardieron 58 iglesias.

Por esas fechas la prensa estadounidense estaba familiarizada tanto con los movimientos huelguísticos en Estados Unidos y en Europa, como con la radicalización de la izquierda democrática, y así en el New York Times aparecían tanto noticias de que 1.000 mineros húngaros amenazaban con llevar hasta el final la huelga de hambre si no se les garantizaba un salario equivalente a 3,50 dólares a la semana,⁶⁸ como información en primera página de la decisión de los sectores moderados del Partido Laborista Británico de socializar las industrias, la tierra, el transporte y los bancos, si llegaban al poder en las siguientes elecciones.⁶⁹ Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en España era más grave. «El estallido de una guerra interna en España» habría añadido otro país a la lista de naciones en el continente europeo, donde la lucha entre reacción y democracia social había asumido una forma violenta. Era el final de la «guerra latente» que existía entre los socialistas en la izquierda y los grupos de derecha con tendencias fascistas.⁷⁰ Desde que los ministros de la CEDA entraron en el gobierno Lerroux, los socialistas, temerosos de ser aplastados como en Alemania y Austria, estaban luchando por su existencia así como por establecer una dictadura del proletariado, estimaba el New York Times.

Como señalaba Frank L. Kluckhohn desde el mismo periódico: «Existe la impresión de que los socialistas han perdido fuerza por esperar demasiado. Si ganan, sin embargo, España se convertirá en un estado proletario. Si pierden, lo más probable es que sean aplastados. La situación es precaria, no solamente para España, sino también en un sentido para Europa». Si la República Española podía campear el temporal, se la podía considerar firmemente establecida, sin embargo, de momento había «un peligro inmediato de una dictadura socialista en la izquierda y de una eventual dictadura militar en la derecha»,⁷¹ añadía Kluckhohn mientras el periódico apostaba por que el gobierno contendría la situación, aunque todo dependía del control del ejército,⁷² cuyas tropas, incluidas el tercio de África, estaban siendo necesarias para contener la revolución, especialmente en Asturias.⁷³

En efecto, bajo la dirección de Franco, un ejército de 15.000 soldados y 3.000 guardias civiles al mando del general López Ochoa, más las tropas coloniales del teniente coronel Yagüe, estaban reprimiendo la revolución en Asturias y según Bowers informaba a Hull el día 13 de octubre iban progresando lentamente frente a los mineros, aunque las informaciones no eran fiables por la extraordinariamente severa censura militar sobre la prensa extranjera. Debido a los «exagerados reportajes periodísticos principalmente de los corresponsales ingleses», el gobierno había cortado el teléfono y las conversaciones de radio con el mundo exterior y los telegramas solamente podían enviarse censurados, todo lo cual estaba ocasionando las protestas de los periodistas americanos,74 añadía el embajador. A pesar de esta férrea censura el New York Times informaba el mismo día 13 de octubre de la celebración de 30 consejos de guerra, mientras los militares ocupaban Oviedo y se celebraba el «día de la raza» el 12 de octubre. Los familiares de los condenados esperaban la magnanimidad del presidente Lerroux, «conocido por su buen corazón», que el mismo día 12 de octubre había afirmado que cuando los consejos de guerra estaban imponiendo severas sentencias no era el momento más adecuado «para celebraciones y regocijo nacional».⁷⁵

En este punto el Departamento de Estado recibía información unos días después de las desavenencias entre el ejército y algunos miembros del gobierno respecto a la ejecución de las penas de muerte. El ejército, secundado por los ministros de la CEDA, insistía en que se ejecutaran las penas de muerte dictadas por los consejos de guerra, pero el presidente de la República y el jefe del gobierno se oponían. Al parecer, un comité secreto del ejército, opuesto a las tácticas dilatorias del gobierno en este asunto, estaba planeando establecer una dictadura militar. El embajador señalaba que si los rumores se confirmaban y se producía un golpe de Estado eso llevaría «a la guerra civil a no ser que todas las unidades del ejército lo apoyaran».⁷⁶

La otra preocupación del Departamento de Estado eran los posibles daños a los ciudadanos e intereses americanos en España, en concreto a la ITT, durante el movimiento revolucionario. En toda España los cortes de líneas telefónicas fueron una de las primeras acciones de los revolucionarios, como los ataques a los edificios de la CTNE, pero como señalaba Bowers en relación con el edificio de la Telefónica en Madrid, todas esas acciones «no eran específicamente antiamericanas y se hicieron en un intento por parte de los socialistas de asegurarse las comunicaciones telefónicas».⁷⁷ Las informaciones de la propia ITT al departamento, aparte de confirmar que el edificio de la Telefónica en Gijón había sido seriamente dañado, se quejaba sobre todo de la fuerte censura en todas las llamadas telefónicas realizadas por la compañía desde España. Desde el 14 de octubre sólo se había permitido a la CTNE hacer una llamada diaria al exterior para asuntos de servicios.⁷⁸

No había ningún herido entre los ciudadanos americanos y, como todos los extranjeros, durante el tiempo que la frontera con Francia había estado cerrada, necesitaron un permiso especial del gobernador civil o de los jefes de policía para abandonar el país. En todos los casos solicitados el Ministerio de Asuntos Exteriores había otorgado rápidamente los permisos; sin embargo, fue necesaria la intervención del embajador para liberar a Jay Allen, corresponsal del Chicago News, arrestado por sospechas de relación con los socialistas.⁷⁹

El 15 de octubre de 1934, cuando el movimiento revolucionario ya estaba casi totalmente sofocado, desde Barcelona, el cónsul general Claude I. Dawson hacía un balance de la «Revuelta de la Generalitat» —sin duda el elemento más peligroso de la revolución de octubre para muchos observadores americanos—⁸⁰ en el que resaltaba la improvisación y el secretismo con que se decidió la proclamación del Estado catalán y concluía señalando que los prisioneros, entre los que se encontraban Manuel Azaña y casi todo el gabinete y Parlamento catalán, estaban detenidos en dos barcos en el puerto de Barcelona, mientras se estaban realizando los consejos de guerra.⁸¹

Al día siguiente el embajador confirmaba la toma de Oviedo por los 10.000 soldados de las tropas españolas, de la legión extranjera y moras a un considerable costo, pero reconocía que era muy difícil saber lo que estaba pasando por la férrea censura gubernamental. Los periódicos españoles solamente se referían a la «monstruosa crueldad» de los socialistas, que prendieron fuego a la catedral, el Banco de España, el gobierno civil, la universidad, el principal hotel y destruyeron propiedad privada por valor de 200 millones de pesetas. En Madrid no se recibía la prensa extranjera y los periodistas tenían muchas dificultades para enviar libremente su información fuera de España, pues todas las crónicas telefónicas debían ser traducidas al castellano y pasar la censura. Según Bowers, los motivos de esta férrea censura podían ser los reveses del ejército o «la naturaleza bárbara de la lucha» que estaba teniendo lugar en Asturias. Aunque el embajador no podía hacer constar fehacientemente ni las ejecuciones sumarias, ni las torturas y palizas, sí sabía que muchos alcaldes y concejales socialistas habían sido destituidos y sustituidos por miembros de la derecha, Largo Caballero había sido arrestado en Madrid y Prieto seguía escondido, mientras muchos oficiales del ejército pedían «mayor severidad en el castigo» a los revolucionarios, en colisión con el jefe de gobierno.⁸²

«Cuando el general Batet acabó con el movimiento separatista en Cataluña, la revolución estaba prácticamente acabada (...) el ejército fue leal, los anarquistas en el sur de España permanecieron tranquilos y la revolución, excepto en Asturias, fracasó»,83 avanzaba Bowers el 16 de octubre en un primer balance de la revolución. Al día siguiente ya se aventuraba a dar una primera opinión provisional pesimista sobre las consecuencias políticas: los líderes republicanos —únicamente no estaban en la cárcel o escondidos Alcalá Zamora y Lerroux— iban a ser arrinconados, y nuevos líderes, dudosamente republicanos, como Gil Robles, Goicoechea, Calvo Sotelo, el conde de Romanones, José Antonio Primo de Rivera y Royo Villanova iban a predominar. El efecto inmediato de la revolución era «el triunfo de la extrema derecha y el eclipse de los republicanos de izquierda, el avance de los reaccionarios, monárquicos y fascistas y la relegación de los buenos republicanos». Gil Robles, el nuevo hombre fuerte, era «un dictador sin cetro», tenía «el poder sin el puesto», «Lerroux dependía de él» y cualquier cambio de régimen «tomaría la forma de una dictadura de derechas católica o militar»,⁸⁴ concluía Bowers en su análisis provisional.

Cuando el 19 de octubre acabó la lucha en Asturias con la toma de Mieres, Bowers estimaba que era «el final definitivo del movimiento socialista», pero continuaba en toda España la ley marcial, la censura y la búsqueda de armas. La situación era muy incierta pues el gabinete seguía dividido en torno a la ejecución de las penas de muerte, y el ejército y la Guardia Civil, que habían perdido muchos efectivos,⁸⁵ creían que debían ejecutarse un número de sentencias por traición «para dar un castigo ejemplar» y continuaban los rumores de golpe de Estado, a los que Lerroux se había referido abiertamente asegurando que «ni el General Franco ni cualquier otro general español cometería tal felonía», de forma que «parece que no hay peligro, bajo el presente Gobierno, de que la política española siga las líneas de lo que pasó en Alemania e Italia»,⁸⁶ concluía Bowers. En este sentido, José Ignacio Escobar, editor del periódico de la extrema derecha La Época, había confirmado a la embajada que «el ejército no quería una dictadura militar», pero en el supuesto de que el gabinete dimitiera y un republicano de izquierdas fuera nombrado primer ministro, el ejército podría dar un golpe de Estado con éxito si actuaba unido. Si esto sucediera, «el General Franco sería ciertamente elegido como líder de tal movimiento pues es el único que cuenta con la confianza del ejército. Es un buen soldado y su honestidad e integridad de propósito son indudables».⁸⁷

Conforme pasaban los días había una preocupación en medios periodísticos y diplomáticos americanos por informar verazmente sobre la represión gubernamental en Asturias. El 29 de octubre el New York Times señalaba que las atrocidades cometidas por los revolucionarios asturianos «habían sido casi igualadas» por el pillaje y el asesinato a sangre fría de hombres, mujeres y niños por los soldados marroquíes que entraron en Oviedo el 13 de octubre, «después que la rebelión roja fracasó». «Ese día, de acuerdo con las investigaciones de la prensa no oficial, mataron a 28 hombres, cuatro mujeres y un niño de 4 años.» Según el periódico el balance de muertos era 163 guardias civiles, y 29 guardias de asalto, así como 10 guardias en otras partes de España, y tras la rendición de Oviedo 1.273 cuerpos habían sido sacados de las calles. Había 936 rebeldes arrestados solamente en Oviedo.⁸⁸ «No hay duda de las atrocidades cometidas por la Legión Extranjera y los regimientos de moros (...) el coronel Fuqua, el agregado militar, me ha dicho que sus actividades no están enteramente de acuerdo con las normas de la guerra», informaba Bowers a Hull el 30 de octubre, mientras rechazaba las exageraciones de la prensa de derecha sobre las atrocidades cometidas por los revolucionarios —ejecución de curas y monjas, matanza de niños ciegos— e indicaba que el propio general López Ochoa había admitido, en una entrevista al periódico Ahora el domingo anterior, los actos cometidos «por los moros».⁸⁹

Cuando se reabrieron las Cortes en el mes de noviembre, Bowers informaba que había triunfado la postura de Lerroux y Alcalá Zamora⁹⁰ de conmutar 21 de las 23 sentencias de muerte, ya no había rumores de golpe de Estado militar, pero Gil Robles habló a favor de «una democracia orgánica», la ley marcial se iba a prolongar 30 días más, y los republicanos de izquierdas y los socialistas anunciaron que no participarían en las Cortes si se implantaba la censura sobre todo lo dicho en el hemiciclo. Para el embajador, la insistencia del gobierno en esa «inusual y no democrática forma de censura» podía ser debida al temor a que se expusieran «las barbaries practicadas por las tropas moras en Asturias» y se conociera «el número de personas que según los rumores han sido ejecutadas en aquella provincia».⁹¹

Por otro lado, en castigo contra Cataluña el gobernador elegido por el gobierno asumiría las funciones de presidente de la Generalitat y del Consejo; la censura no sólo se mantenía, sino que se había hecho más estricta respecto a las noticias que llegaban a España, particularmente las referentes a la situación de la Iglesia en México; y el gobierno no había permitido a los soldados, cuyo reemplazo acababa el primero de noviembre, dejar el ejército.⁹² La situación política distaba mucho de ser normal para Bowers cuando seguían en el exilio o en prisión los líderes parlamentarios capaces de plantar batalla a las derechas, aún no se sabía cuándo Azaña, que estaba sufriendo una terrible persecución por parte de la derecha,⁹³ iba a ser juzgado, y Gil Robles insistía en que se les negara representación en las Cortes a los diputados que apoyaron la revolución, se disolvieran las organizaciones sindicales promotoras e incautaran sus fondos, todo lo cual tendría el efecto de «acabar con las organizaciones obreras en España».⁹⁴

El único aspecto político positivo y constructivo de la actividad de las Cortes eran las decisiones respectivas de los ministros de Agricultura —Giménez Fernández— y Trabajo —Anguera de Sojo—, a los que el embajador catalogaba de «socialistas cristianos», de que los yunteros siguieran ocupando las tierras que ocupaban temporalmente hasta el 31 de julio de 1935 y que se mantuvieran los salarios y la ley que prohibía los despidos improcedentes. Para Bowers ambos ministros, aunque autoritarios, creían «en las responsabilidades de los ricos y la protección de los pobres».95 Al mes siguiente al embajador ya le constaba la oposición de la CEDA al ministro de Agricultura,96 mientras la Guardia Civil continuaba en Asturias y se había extendido la ley marcial otro mes;⁹⁷ sin embargo, lo más preocupante para el embajador era el regreso a España del líder monárquico José Calvo Sotelo, al aprobarse la Ley de Amnistía de abril de 1934. El nuevo líder de los monárquicos unidos abogaba «por una monarquía fuertemente centralizada o por la combinación de fascismo y monarquía», a juzgar por las declaraciones que Bowers reproducía y traducía para Hull en su despacho del 11 de diciembre:

Nos declaramos a favor de una España unida y ordenada y contra la presente constitución del Estado (...) El ejército es no solamente el brazo sino la columna vertebral del Estado. Así proponemos la constitución de un bloque nacional que tendrá por objeto la conquista del Estado, una conquista total sin condiciones o compromisos en orden a hacer posible la formación del nuevo Estado (...)⁹⁸

Al comenzar el año 1935, Bowers consideraba la situación muy inestable por la difícil posición del presidente de la República, pues detestaba tanto a Gil Robles como a Lerroux y era difícil saber qué posición tomaría ante una eventual crisis del gabinete.⁹⁹ En efecto, desde el movimiento de octubre la CEDA había demostrado estar dispuesta a boicotear a los ministros que defendían la República —aunque fueran de su propio partido— y a provocar cuantas crisis hiciera falta para que Gil Robles ocupara la presidencia del gobierno. El 26 de abril se dio un gran paso en esta dirección al formarse por primera vez un gobierno con mayoría de la CEDA en el que Gil Robles fue nombrado ministro de la Guerra.

Bowers se hacía eco de la «rectificación de la República» iniciada por el gabinete: Gil Robles estaba reorganizando el ejército, relevando del servicio activo a los generales de tendencia republicana y reemplazándolos por generales de conocidas tendencias de derechas, como el general Franco, nombrado jefe del Estado Mayor, y el general Goded, nombrado inspector general, y estaba trabajando en una revisión de la Constitución que favoreciera la posición de la Iglesia Católica en España. El embajador no se refería a la «contrarreforma agraria», ni a la revisión de la legislación laboral o la venganza patronal contra los trabajadores sindicados cuando afirmaba que Gil Robles «estaba lejos de ser un completo reaccionario en el viejo sentido de la palabra», por sus convicciones sobre la responsabilidad social de la riqueza y el apoyo a ciertas medidas de asistencia social. Sin embargo, tenía que reconocer que toda la izquierda miraba a Gil Robles con sospecha y desconfianza, porque planeaba «triturar la Constitución democrática de 1931», y estaban por tanto organizándose para prevenir cualquier revisión constitucional.¹⁰⁰

Mientras tanto, en el mes de marzo de 1935 Manuel Azaña volvía a las Cortes y a la vida política, convirtiéndose tras su discurso de cuatro horas en las Cortes —terriblemente censurado para la prensa internacional— en el líder de la izquierda unida.¹⁰¹ Situación que se reafirmó tras el mitin masivo de Azaña en Valencia el 26 de mayo, al que asistieron entre 50.000 y 80.000 personas. Esta hostilidad y unificación de la izquierda fue muy evidente en el mitin de Manuel Azaña celebrado en Madrid el 20 de octubre, al que asistieron entre 300.000 y 400.000 personas y en el que había representantes de los socialistas, de Esquerra de Cataluña y miembros de la CNT. El embajador concluía su informe señalando que observadores imparciales estaban de acuerdo en que había «un amplio sentimiento de hostilidad hacia el presente Gobierno entre las masas que pueden hacer volver al poder a los partidos de izquierda en unas elecciones próximas».¹⁰²

En efecto, desde el multitudinario mitin de Valencia en mayo de 1935, toda la izquierda se identificaba con Azaña, el político que después de la cárcel y un largo silencio representaba como nadie la suerte de la República; mientras que Manuel Azaña buscaba con estos mítines multitudinarios fraguar una coalición de republicanos y socialistas, apoyada en un amplio movimiento popular que manifestara su intensa oposición al gobierno radical-cedista, ante la eventualidad de unas elecciones.¹⁰³

Las elecciones estuvieron más cerca cuando con un Partido Radical totalmente desprestigiado por los escándalos de corrupción que llegaron al propio Lerroux, Alcalá Zamora bloqueó en diciembre de 1935 el nombramiento de Gil Robles como presidente del gobierno, provocando una nueva crisis, que no pudo resolver el efímero y débil gobierno de liberales-demócratas e independientes de Manuel Portela Valladares. Después de tres semanas, el presidente de la República firmó el decreto de disolución de las Cortes y encargó a Portela la tarea de organizar nuevas elecciones.

El cambio político en España hacia el centro-derecha después de las elecciones de noviembre de 1933 coincidió prácticamente con la llegada a España de Claude G. Bowers, el nuevo embajador nombrado personalmente por el presidente Roosevelt, la aplicación de las primeras leyes del New Deal en Estados Unidos y una situación internacional cada vez más complicada en Asia y Europa, por el expansionismo de las nuevas derechas fascistas. En ese contexto internacional, en el que España seguía siendo un asunto menor para Estados Unidos, cada vez más dominado por un intenso aislacionismo con respecto a los asuntos europeos, las informaciones diplomáticas y periodísticas americanas sobre España analizaron detallada y acertadamente las causas, preparativos, realización y efectos políticos de la revolución de octubre de 1934.

En esta información, en la que desde el principio estaba la sombra de la guerra civil, preocupaba tanto la grave crisis política que hubiera supuesto «la secesión» de Cataluña, como desde el momento en que intervino el ejército para reprimir la represión de Asturias, el peligro de golpe militar y la subsiguiente guerra civil, si el ejército no estaba unido. A finales de 1935 ninguno de los oscuros presagios de los analistas americanos se había hecho realidad. España no había seguido de momento los pasos de Alemania y Austria. El movimiento socialista no había desaparecido, no se había instaurado un régimen fascista, ni un golpe militar había llevado a una guerra civil y se iban a convocar nuevas elecciones. Desde luego la situación política estaba lejos de estar normalizada o ser estable y una intensa polarización y violencia política¹⁰⁴ se manifestaba ante las próximas elecciones.

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Un «frente popular» contra el fascismo: España

(Febrero-julio de 1936)

COALICIONES POPULARES Y NEUTRALIDAD EN UN CONVULSO PANORAMA INTERNACIONAL

La formación de un amplio frente electoral republicano y de izquierdas para las elecciones de febrero de 1936 era tanto el resultado de las particulares circunstancias españolas tras la represión a la revolución de octubre de 1934, como fruto de la nueva estrategia de la Internacional Comunista de formar amplios frentes populares para frenar el ascenso del fascismo. Gueorgui Dimitrov, en nombre de Stalin, anunció en el VII Congreso del Comintern, celebrado entre julio y agosto de 1935, la nueva estrategia de «Frente Popular» antifascista de comunistas, socialdemócratas y partidos demócratas para contener al fascismo en Europa y sacar a Rusia de su aislamiento internacional frente a Alemania. Las circunstancia políticas en Francia y España desde 1934 favorecieron de distinta forma la creación de amplias coaliciones electorales de Frente Popular en 1936, año en que ambos países celebraban elecciones.

1936 era también año electoral en Estados Unidos y aunque allí el peligro de avance del fascismo y crisis de la democracia no existía, se fue gestando desde el año 1935 una amplia coalición electoral en torno al presidente Roosevelt. La respuesta de la administración Roosevelt a la declaración de inconstitucionalidad de algunas de las primeras leyes del New Deal en 1935 fue aprovechar una mayoría favorable en el Congreso desde las elecciones legislativas de 1934, para aprobar en el llamado «Segundo New Deal», no solamente más fondos públicos para acabar con el desempleo y la depresión, sino las leyes que establecieron las bases del Estado del bienestar, como la Ley de Seguridad Social y la Ley de Relaciones Laborales. Esta última, al reconocer el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente en las empresas y a la negociación colectiva, favoreció la constitución del nuevo sindicalismo industrial en torno al CIO en noviembre de 1935, en el que participaron ya activamente los comunistas. El CIO fue el embrión de la gran coalición electoral de inmigrantes recientes, afroamericanos, clases medias liberales urbanas y sindicalistas que iba a sostener a Roosevelt frente a los sectores políticos y económicos conservadores en las elecciones de noviembre de 1936. Era una coalición electoral con una clara orientación de clase, en la que formalmente no iba a participar el CPUSA, que aún buscaba una estrategia de Frente Popular en Estados Unidos, liderada por un Partido Obrero-Campesino, pero en la que de hecho se integraron muchos sindicalistas y simpatizantes comunistas.¹

Paralelamente, en 1935 y los primeros meses de 1936, se estaba produciendo un cambio espectacular de las relaciones internacionales, que mostraba la incapacidad de Francia y Gran Bretaña para contener el expansionismo alemán e italiano en Europa. La estrategia francesa para contener a Alemania, basada en los acuerdos de Stresa con Italia —14 de abril de 1935— y el Pacto Franco-Soviético —2 de mayo de 1935—, se tambaleaba seis meses después, dejando vía libre a Alemania. El frente de Stresa se disolvió en otoño de 1935 por la oposición de Gran Bretaña y Francia a tolerar la política italiana en Etiopía, y la incompleta alianza franco-rusa fue aceptada por ambas partes con muchas reticencias, al no ir acompañada de un acuerdo militar que concretara el alcance práctico de los compromisos adquiridos. Además, Gran Bretaña accedió al rearme naval alemán en junio de 1935.² En marzo de 1936 Alemania ocupaba la zona desmilitarizada de Renania, tolerando Francia una nueva violación del Tratado de Versalles y perdiendo la garantía de seguridad que suponía para ella la desmilitarización. Por su parte, Italia invadió Etiopía en octubre de 1935 y puso en evidencia una vez más la impotencia y desunión de la Sociedad de Naciones.

Cuando todos estos acontecimientos estaban comenzando a tener lugar en Europa, Roosevelt escribió a su embajador en Roma Breckinridge Long «que eran los tiempos internacionales más difíciles que había vivido. Incluyendo junio y julio de 1914».³ Estos acontecimientos y la petición del presidente al Congreso del mayor presupuesto de defensa que había sido solicitado en Estados Unidos en tiempos de paz —1,1 billones de dólares— provocó las protestas masivas de los pacifistas, que al no ver ningún peligro de invasión de Estados Unidos interpretaron este presupuesto como una señal de que el país se estaba preparando para entrar en guerra.

En abril de 1935 muchos sectores de la población y la mayoría en el Congreso querían evitar que Estados Unidos se viera envuelto en un conflicto europeo «en defensa de los derechos de los países neutrales», tal y como sucedió en la primera guerra mundial. Estaban de acuerdo en abandonar el viejo estilo de neutralidad que les había llevado a la primera guerra mundial «por defender su comercio con los aliados», por una verdadera ley de neutralidad que prohibiera abastecer a los beligerantes en otra guerra.

Había sin embargo dos posiciones respecto a la futura ley de neutralidad. Los aislacionistas querían una ley de neutralidad imparcial, que embargara armas, créditos y limitara el comercio a todos los países beligerantes. Los pacifistas y abogados de la seguridad colectiva querían asegurar la paz a través de la cooperación internacional y una legislación de neutralidad que diera poderes discrecionales al presidente para ayudar a prevenir o finalizar una guerra rechazando prestar ayudar al agresor. Esta era la postura de Roosevelt, que estaba convencido de que Estados Unidos tendría finalmente que enfrentarse a Berlín, pero en medio del conflicto no declarado entre Italia y Etiopía, las presiones de la opinión pública y la opinión de la Comisión de Exteriores del Congreso consiguieron que el 31 de agosto de 1935 se aprobara la Ley de Neutralidad según el primer criterio de estricta neutralidad.⁴

Cuando en octubre de 1935 Italia comenzó oficialmente la invasión de Etiopía y la respuesta a este conflicto quebró unos meses después la unidad de acción de la Sociedad de Naciones, Roosevelt estaba seguro de que el mundo iba a entrar en otra guerra mundial. «La situación internacional es muy grave», comunicaba el presidente a su gabinete en diciembre de 1935. «Hay un entendimiento entre Alemania y Japón que puede llevar al estrangulamiento de Rusia. Gran Bretaña, preocupada como siempre por el Imperio, y anticipando lo que este entendimiento podría significar para sus colonias, especialmente en Asia, ha decidido llegar a algún tipo de entendimiento con Hitler.»⁵

Al expirar en febrero de 1936 la Ley de Neutralidad de 1935, el presidente hubiera querido que la nueva ley otorgara más poderes discrecionales a la presidencia, sin embargo, por la oposición de la mayoría del Congreso, de grupos de presión aislacionistas y de muchos intereses económicos, la Ley de Neutralidad del 18 de febrero de 1936 era solamente una versión revisada de la ley de 1935, no dejando así al presidente medios efectivos para intervenir en la escena internacional a favor de la paz.⁶

16 DE FEBRERO DE 1936, VICTORIA ELECTORAL DEL FRENTE POPULAR EN ESPAÑA

Aunque en medio de este escenario internacional España era una preocupación menor para Estados Unidos, el 2 de enero de 1936 el New York Times consideraba que el país había comenzado el año en «un estado de caos», pues el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, tenía dificultades para conseguir la estabilidad parlamentaria. El 1 de febrero de 1936 el presidente de la República debía «disolver las Cortes o pedir a José M.ª Gil Robles, líder de los católicos conservadores que contaban con mayoría parlamentaria, que formara un nuevo Gobierno». Como según el rotativo neoyorquino, Alcalá Zamora «desconfiaba de Gil Robles», optó por nombrar a Manuel Portela Valladares jefe de gobierno el 14 de diciembre de 1936, con la idea de que este político gallego moderado condujera al país a nuevas elecciones, que quizá dieran la victoria al centro moderado,⁷ aunque agotaría su última posibilidad de disolver las Cortes cuando le quedaban aún dos años de mandato y le enemistaba con la derecha, observaba el New York Times. ⁸

Las perspectivas de victoria del centro moderado parecían muy escasas a comienzos de año, pues ya estaba muy avanzada la formación de un Frente Popular de izquierdas entre republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, y las fuerzas políticas conservadoras habían formado un pacto preelectoral entre la CEDA y los monárquicos, al que posteriormente se añadiría el Partido Radical. Con esta atmósfera preelectoral, el 7 de enero Alcalá Zamora disolvió las Cortes y Portela anunció elecciones para el domingo 16 de febrero. El 15 de enero se había firmado el pacto electoral del Frente Popular.

Con el liderazgo de Manuel Azaña y la división del Partido Socialista entre el «centro» de Prieto y la «izquierda de Largo Caballero», el frente popular español, como señala Santos Juliá, fue una coalición electoral de republicanos —Izquierda Republicana y Unión Republicana— y socialistas a la que por exigencias de los caballeristas «se sumaron los comunistas del PCE y el POUM, las organizaciones juveniles y los sindicatos socialistas y comunistas».⁹ El programa era moderado, pues si la coalición triunfaba los republicanos gobernarían solos con apoyo parlamentario de los socialistas, hasta que estos pudieran gobernar en solitario, pero la exigencia de amnistía, de liberación de los 30.000 presos y de readmisión de los obreros despedidos por la huelga de octubre de 1934 levantó una movilización popular de tal magnitud, que incluso la CNT llegó a recomendar el voto. Frente a ellos la derecha se agrupaba en el «frente de la contrarrevolución» liderada por la CEDA, que sin embargo no pudo hacer fraguar en estas elecciones un frente único con un programa común, presentándose con monárquicos o radicales según las circunscripciones.¹⁰

Días después en una campaña electoral que, a pesar de la intensa movilización política, se estaba realizando con normalidad debido en gran parte «al Gobierno y en particular a Portela por su efectiva organización de la fuerza pública para asegurar el mantenimiento del orden público», Bowers coincidía con el New York Times¹¹ en el papel decisivo que podía jugar el voto femenino, que por primera vez superaba al masculino —según el censo de 1933 podían votar 6.849.426 mujeres frente a 6.337.885 hombres—, a favor de la derecha, convenientemente agitado por el clero, que estaba interviniendo activamente en la campaña a favor de la CEDA y «exhortando públicamente con pastorales a todos los católicos a unirse en defensa de la Iglesia en las próximas elecciones». También resaltaba Bowers la tendencia hacia la izquierda del Partido Socialista bajo el liderazgo de Largo Caballero, que los dirigentes moderados no podían contrarrestar «por la alta disciplina del Partido Socialista en España» y porque «la revolución de 1934 en Asturias había tenido el efecto de convertir a muchos socialistas formalmente simpatizantes del programa moderado defendido por Julián Besteiro en el programa radical de acción favorecido por Largo Caballero».¹²

Fuera de estas impresiones el resultado de las elecciones le parecía al embajador muy incierto, pues la censura y el estado de excepción desde la revolución de octubre de 1934 hasta el periodo electoral habían «impedido la expresión pública e imparcial del sentimiento político»,¹³ aunque la derecha confiaba en ganar con una victoria aplastante. «Tenían muchos fondos y podían gastar una enorme cantidad de dinero en la campaña (...) contaban con el apoyo del clero» y en las dos últimas semanas de la campaña se habían unido a su coalición los candidatos del centro gubernamental, con lo que se esperaba que «pudieran contar con el apoyo oficial del Gobierno en las elecciones», explicaba Bowers a Hull a posteriori.¹⁴

«A pesar de estas aparentes ventajas disfrutadas por las fuerzas de la derecha en la presente campaña electoral parece que por los resultados preliminares la coalición de fuerzas de izquierda tuvo ganancias sustanciales en las elecciones de ayer», avanzaba sin embargo el embajador a Hull el día 17 de febrero.15 Ese mismo día el Washington Post informaba de que el gobierno había anunciado la victoria de la izquierda en Cataluña, sin embargo por la noche, sobre la base de los resultados parciales en toda España, afirmaba que la derecha había ganado con una «victoria arrolladora», aunque matizaba a continuación que la victoria no había sido tan rotunda como se esperaba, pues la izquierda había ganado mayorías importantes en algunas provincias, que hacían necesario esperar a la segunda vuelta de las elecciones el 1 de marzo para conocer los resultados definitivos.¹⁶

Como había avanzado Bowers, el Frente Popular ganó las elecciones por pocos votos, aunque el sistema electoral mayoritario le dio una holgada mayoría. No fue necesaria una segunda vuelta. Los partidos más votados fueron la CEDA, el PSOE e Izquierda Republicana; el centro representado por el Partido Radical quedó reducido a 4 diputados; los comunistas sólo consiguieron 17 diputados y la Falange sumó únicamente 46.466 votos. El 18 de febrero, el New York Times se apresuraba a reconocer en su editorial la victoria de la izquierda, evitando cualquier tono alarmista. A pesar de las sorpresas que para el periódico significaban la pérdida del control del Parlamento por el centro-derecha y la victoria de la izquierda en Madrid y Asturias, «la República permanecía firme», «no había señales de una fuerte reacción hacia la restauración de la monarquía»y «la oscilación política hacia los partidos de izquierda no necesariamente significaba una revolución».¹⁷ El Washington Post, alarmista como siempre, en su primer editorial después de las elecciones españolas resaltaba el carácter «táctico» de la alianza del Frente Popular frente a la amenaza de «retorno del fascismo» y concluía que la victoria de algunos partidos marxistas en las pasadas elecciones podría ser «el primer paso hacia el establecimiento de un estado socialista exactamente igual que el de la Rusia Soviética».¹⁸

La victoria del Frente Popular, interpretada como una política de Moscú para expandir la influencia comunista, preocupó a Washington y a los intereses económicos estadounidenses en España, que veían la posibilidad de un camino abierto a las tendencias extremistas de izquierda y derecha. Durante la campaña electoral la CTNE hizo abiertamente campaña por la derecha, aunque preparados para el triunfo del Frente Popular por las opiniones de Bowers, tanto el Departamento de Estado como la ITT parecían resignados a la victoria de la izquierda e incluso especulaban sobre los beneficios de un gobierno más estable.¹⁹

Las primeras informaciones ya indicaban que incluso la aceptación del resultado electoral era difícil. Entre el 17 y el 19 de febrero Bowers informaba que los planes de rebelión militar, en los que por primera vez estaba implicado Franco, se activaron nada más conocerse la victoria del Frente Popular;²⁰ mientras que Gil Robles intentaba convencer a Portela Valladares para que no dimitiera y declarara el estado de guerra. Paralelamente, el New York Times se hacía eco de las manifestaciones que recorrían las principales ciudades del país pidiendo amnistía y readmisión de los despedidos, mientras «la ejecutiva socialista pedía calma a sus militantes», y de los motines en las cárceles de Cartagena, Zaragoza y Valencia, al interpretarse la victoria de la izquierda «como un mandato para liberar a todos los prisioneros».²¹

Portela dimitió el 19 de febrero y el presidente de la República solucionó la difícil situación encargando a Manuel Azaña formar gobierno de una manera apresurada, antes de conocerse el resultado definitivo de las elecciones y de la constitución de las Cortes. Azaña formó un gobierno moderado, exclusivamente de republicanos, que no ocupaban ni la cuarta parte de los escaños de las nuevas Cortes, pero que contarían con el apoyo parlamentario de los socialistas al cumplir el programa del Frente Popular.

Ese mismo día, entre referencias a ataques de simpatizantes de izquierda a las derechas y de incendios de iglesias en algunas provincias, el Washington Post destacaba las declaraciones de algunos líderes socialistas respecto a que «el establecimiento del nuevo Gobierno era un gran paso hacia la España soviética» y que en cinco años esperaban lograr «la Unión de Repúblicas Soviéticas Ibéricas». Los socialistas, argumentaba el periódico, solamente habían apoyado la coalición de Frente Popular para derrotar a las derechas. Una vez conseguida la victoria electoral aplicarían su propio programa para «acabar con la actual forma de democracia española y constituir una Unión de Repúblicas Soviéticas Ibéricas, que abarcará toda España y posiblemente Portugal».²²

Por su parte el New York Times se hacía eco de las presiones en que se debatía el recién nombrado presidente Azaña cuando estaba acelerando la proclamación de la amnistía para los presos políticos en un intento de acabar con «los manifestantes pro amnistía y los que estaban liberando a los presos espontáneamente», al tiempo que pensaba en instaurar «el estado de alarma en el país». La tarde del 20 de febrero, en su primera emisión radiofónica al país, «emulando al Presidente Roosevelt», Azaña pidió expresamente que se mantuviera el orden: «debemos saber cómo ganar. Queremos paz social y orden. No va a haber persecuciones o venganzas dirigidas a aquellos que no están de acuerdo con nuestras políticas». Sus declaraciones, según el embajador Bowers, tuvieron un efecto inmediato en recuperar los valores bursátiles, que habían caído en picado al conocerse el resultado de las elecciones.²³

A pesar de estas palabras de Azaña, William P. Carney desde el New York Times observaba que el peligro mayor con que se enfrentaba el gobierno sería permitir que su política fuera dictada «por las masas que gritan su odio de clase en las calles». «Sería un error fatal si el Gobierno sirviera a las pasiones de las masas ocasionando la revolución social. La mitad conservadora de España no aceptaría lo que la otra mitad revolucionaria quisiera imponerle», añadía Carney, mientras daba cuenta de los decretos aprobados en la primera reunión del gabinete, para cumplir el programa del Frente Popular: la amnistía de los 30.000 presos políticos, la rescisión del pago de rentas a los arrendatarios, el comienzo de la reforma del sistema bancario, el restablecimiento de todos los ayuntamientos elegidos en 1931, la destitución de los concejales nombrados por la derecha desde la revolución de octubre de 1934 y la reinstauración de la autonomía en Cataluña.²⁴

Bowers, sin embargo, seguía insistiendo en las medidas inmediatas que había tomado Azaña para asegurar la estabilidad política y el mantenimiento del orden. «Los gobernadores civiles han sido nombrados en todas las provincias reemplazando a aquellos nombrados por el Gobierno Portela», los cambios en la cúpula militar habían desplazado a «los generales Franco —Canarias— y Goded —Baleares—, conocidos por tener simpatías derechistas (...)» y nombrado al general Sánchez Ocaña jefe del Estado Mayor.²⁵

El día 23 de febrero, dos artículos distintos aparecidos en el New York Times se referían ya exclusivamente a que España pudiera seguir los pasos de la Unión Soviética. El periódico incluía un artículo de G. Ward Price, corresponsal del conservador y pro fascista periódico londinense London Daily Mail en España, que destacaba cómo el bolchevismo había probado con mucho éxito su nueva arma política en España, el Frente Popular, de forma que el presidente Azaña estaba a merced de los partidos de extrema izquierda liderados por Largo Caballero. Moscú no solamente había inundado España de agentes soviéticos en los últimos años, sino que, según Ward Price, sufragaba los gastos de los comunistas españoles con 40.000 libras anuales y Cataluña, Valencia, el País Vasco y Galicia, a las que el gobierno concedería pronto la autonomía «combinadas con el resto de España formarían la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Españolas, una exacta réplica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas».²⁶ Por su parte, William P. Carney se detenía en el análisis de los planteamientos del Partido Socialista y de su líder más destacado, Largo Caballero, «el Lenin español», que había declarado que su objetivo era «establecer una dictadura del proletariado en España, con o sin la ayuda de los republicanos de izquierda» y el corresponsal se preguntaba «hasta qué punto era seria la posibilidad de que España» se convirtiera «en el segundo estado soviético de Europa», teniendo en cuenta la fuerza de un electorado obrero que no superaba los 3 millones, frente al conjunto de los aproximadamente 15 millones de electores.²⁷

Sin este alarmismo respecto a la evolución de España hacia el comunismo, el 24 de febrero de 1936 el embajador Bowers informaba al secretario de Estado de los resultados definitivos de las elecciones. Se confirmaba que la coalición de izquierdas había obtenido la mayoría absoluta y que probablemente tendría 260 escaños en las Cortes. La victoria de la izquierda había sido clara en las 8 principales ciudades del país, en todas las ciudades de cierta importancia y en Andalucía, donde la izquierda había vencido en todas las provincias excepto en Granada, por el triunfo de la derecha en los distritos rurales.²⁸ Precisamente en Granada la izquierda estaba pidiendo la anulación de las elecciones por fraude,²⁹ mientras José M.ª Gil Robles no dudaba en atribuir la derrota de la derecha a la falsificación de los resultados electorales. «La anarquía» durante los tres días posteriores a las elecciones permitió, según argumentaba el líder de la CEDA, que «los resultados electorales fueran falsificados en algunas provincias a favor de las izquierdas», de forma que la CEDA, con más votos que en las elecciones de 1933 y con mayor número de votos populares que las izquierdas había perdido las elecciones, transmitía Bowers a Hull.³⁰ Las denuncias mutuas de fraude electoral, en unas elecciones que sin embargo fueron limpias, dificultaban la estabilidad del nuevo gobierno y retrasaron la apertura de Cortes hasta el día 4 de abril, una vez que el día anterior finalizara el proceso de examinar las credenciales de los diputados elegidos el 16 de febrero y la Junta Electoral decidiera anular las elecciones en Granada y Cuenca.³¹

El orden público era el otro factor de inestabilidad gubernamental desde la victoria del Frente Popular. En un intento por contener las grandes manifestaciones que siguieron a la victoria de la coalición de izquierdas, indicaba Bowers, el gobierno desde su toma de posesión estaba ejecutando por decreto el programa del Frente Popular: el 29 de febrero de 1936 había decretado la readmisión de los trabajadores despedidos había reanudado el programa de educación pública adoptado por las Cortes Constituyentes en 1931, para que el 1 de mayo de 1938 toda la educación elemental estuviera en manos de la escuela pública estatal. Se preparaba un programa de obras públicas y ayuda al desempleo, se había suspendido el desalojo de arrendatarios por el decreto de 28 de febrero de 1936 y se había restablecido el gobierno y el Parlamento catalán,³²posibilitando el regreso triunfal a Barcelona de Lluís Companys y los seis consejeros que estaban encarcelados en Cartagena.³³

Para el New York Times el problema seguía siendo si el gobierno de Azaña podría controlar la presión de los socialistas y de su líder Largo Caballero, «cuyo objetivo era establecer una forma soviética de Gobierno lo más rápidamente posible» y estaba presionando a Azaña para abrir relaciones diplomáticas con Moscú y revisar el modus vivendi que la República tenía con el Vaticano.³⁴ El embajador Bowers coincidía con el periódico neoyorquino en el problema que suponía para el gobierno Azaña controlar a un Partido Socialista profundamente dividido, cuyo sector de izquierdas liderado por Largo Caballero afirmaba «que los trabajadores de España no aceptarán medias soluciones en su avance hacia un verdadero estado socialista».35 El rotativo neoyorquino presagiaba que «si los elementos radicales se convierten en dominantes, puede esperarse que su apoyo al gobierno se condicione a la aprobación de leyes exclusivamente socialistas, aunque Largo Caballero ha dicho que apoyaría al gobierno en tanto este ejecute el programa de la coalición de izquierdas».³⁶

Desde luego las sociedades agrarias de la FNTT estaban animando por esas fechas a sus afiliados a tomar la iniciativa en la redistribución de la tierra.³⁷ Esta llamada de la organización agrícola socialista se concretó en la ocupación de tierras de marzo en Madrid, Salamanca, Toledo y Murcia, que culminó en las ocupaciones de tierras realizadas el 25 de marzo por 60.000 campesinos en Badajoz.³⁸ El Washington Post se hacía eco de cómo estos miles de campesinos ocuparon las tierras y comenzaron a cultivarlas «desafiando las órdenes del Gobierno de que esperaran hasta la redistribución legal de las tierras».³⁹ Aparte de las ocupaciones de tierras, la gran concentración de campesinos en Madrid el 15 de marzo de 1936 y el millar de manifestaciones paralelas organizadas por la FNTT en el resto de España, reclamaban del gobierno la distribución de las tierras, la legalización de las ocupaciones y el derecho de los delegados obreros a fiscalizar todas las acciones de las juntas provinciales en lo relativo a asentamientos, facultando a los ayuntamientos para que ocuparan directamente los bienes comunales. También exigían la obligatoriedad del servicio de colocación, libertad inmediata de los presos sociales, limpiar el Instituto de Reforma Agraria de los enemigos de los trabajadores, cumplimiento del laboreo forzoso y devolución de las armas a los trabajadores para constituir Milicias Populares.⁴⁰ Ante estas presiones de la sindical agraria socialista, el gobierno Azaña legalizó las ocupaciones de tierras y aceleró la reforma agraria, asentando entre mayo y julio una media de 60.000 campesinos mensuales, superando en dos meses y medio los asentamientos realizados en los dos primeros años de gobierno republicano.⁴¹ Estos avances legislativos no supusieron sin embargo la paz rural, sino que en medio de una grave crisis agrícola fueron interpretados como un «atropello» por los propietarios, que en muchos casos dejaban de cultivar sus tierras.⁴²

A mediados de marzo las Cortes aceptaron por mayoría un debate sobre la ley y el orden, propuesto por Luis Lucia, líder de la Derecha Regional Valenciana y de la CEDA, «conocido por ser fuertemente republicano en sus simpatías y presumiblemente estar más de acuerdo con Giménez Fernández que con la fracción de Gil Robles»,⁴³ informaba Bowers a Hull. El gobierno, añadía el embajador, no podía controlar el orden público, a pesar de estar haciendo todo lo posible «para satisfacer las demandas populares»,⁴⁴ especialmente los enfrentamientos entre falangistas y socialistas.

Como respuesta al intento de asesinato del líder socialista Jiménez de Asúa por falangistas el 12 de marzo, la tarde del 13 de marzo fueron incendiados en Madrid «dos iglesias y el edificio del periódico fascista La Nación —órgano de José Calvo Sotelo—» por una multitud de jóvenes comunistas y socialistas, informaba el embajador al secretario de Estado. Bowers no sabía si los ataques «fascistas» habían sido la causa de similares incidentes ocurridos en Cádiz, Granada y Logroño, pero estos y otros desórdenes públicos que habían tenido lugar recientemente con toda probabilidad obligaban al gobierno «a extender el estado de alarma existente y la censura en toda España» y ya habían forzado la dimisión de los gobernadores de Albacete, Granada, Jaén, Logroño, Murcia y Cádiz.⁴⁵

El gobierno estaba particularmente preocupado por el reflejo exagerado de esta violencia política en la prensa extranjera, a la que acusaba de difundir «rumores infundados de atrocidades y violencia de masas en varias provincias», de realizar reportajes «de un carácter exagerado y tendencioso», de estar realizando «una injuriosa campaña», que en el caso de la prensa portuguesa era «una campaña deliberada de “distorsión” intentando mostrar que “las condiciones en España están al borde de la anarquía con el Gobierno incapaz de prevenir actos de violencia y destrucción por las multitudes comunistas”». Con gran sorpresa para Bowers el gobierno optó por convocar a todos los corresponsales extranjeros al Ministerio de Asuntos Exteriores para amonestarles «por enviar reportajes sobre la situación en España, que eran tendenciosos, engañosos y deliberadamente exagerados».⁴⁶

En este crispado ambiente, el gobierno decidió convocar elecciones municipales para el 12 de abril de 1936, excepto en Cataluña, que tenía jurisdicción propia, y en Sevilla, donde se posponían hasta el 3 de mayo por las festividades tradicionales de Semana Santa, que comenzaban en aquella ciudad el 12 de abril.⁴⁷ Como señalaba Bowers, la decisión del gobierno de celebrar elecciones municipales tan pronto fue «duramente contestada por la prensa de la derecha y algunos periódicos republicanos independientes».⁴⁸ La derecha creía que el gobierno trataba de sacar ventaja de sus divisiones y falta de unidad, mientras que el gobierno señalaba que era la única forma de superar la ilegalidad de muchos gobiernos locales, pues no se habían celebrado elecciones municipales en cinco años, desde el 12 de abril de 1931.

Como el embajador indicaba, hubo inmediatamente rumores de que los partidos de derecha podían incluso decidir no participar en las elecciones,⁴⁹ pues señalaban que «como fue el caso antes de las elecciones generales de febrero de 1936», el gobierno era incapaz de «ofrecer garantías de imparcialidad». En todo caso había división entre los monárquicos, que decidieron no participar, y la CEDA, que estaba dividida entre la postura de Gil Robles de no participar y la de hacerlo de Giménez Fernández y Luis Lucia. Finalmente el Comité Ejecutivo del partido dejó la decisión a sus asociaciones municipales y provinciales: en aquellas provincias donde el partido tuviera posibilidades de victoria participarían, pero donde las posibilidades fueran inciertas no se presentarían.⁵⁰

Otro factor de inestabilidad, que planeaba sobre el gobierno Azaña en el mes de marzo, era el proceso judicial iniciado a los militares acusados de excesos en la represión militar de octubre de 1934. Bowers consideraba que la posición del gobierno «podía ser muy incómoda» si se procesaba a López Ochoa, que era republicano y simpatizaba con el gobierno del Frente Popular, al tiempo que se hacía eco «de los rumores de descontento en el ejército» por el arresto de López Ochoa, negados por el ministro de la Guerra, que insistía en que el ejército mantendría la lealtad a su país y a la República.⁵¹ A pesar de su republicanismo, el general López Ochoa sería procesado y encarcelado, mientras desde el 8 de marzo los rumores de conspiración militar se habían convertido en preparación para un Alzamiento Nacional, «que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España».

«Enfrentado con muchos problemas políticos, sociales y económicos de extraordinaria gravedad que exigen un máximo de cooperación inteligente para su solución satisfactoria, tiene que soportar la continuada sospecha y abierta hostilidad de los elementos de derecha e izquierda en las Cortes», informaba Bowers a Hull expresando la difícil situación del gobierno Azaña el 4 de abril, fecha en la que finalmente comenzaron a funcionar las Cortes elegidas el 16 de febrero. Si los partidos de derecha se retiraban del Parlamento o si los extremistas de izquierda exigían una legislación socialista radical, «el Gobierno puede encontrar sus mejores esfuerzos ampliamente anulados»,⁵² añadía el embajador. Bowers ilustraba las dificultades de Azaña citando las palabras del presidente del gobierno en el discurso en el que presentaba su programa legislativo señalando que «la presente es la última ocasión que se ofrece a la clase burguesa en España de establecer un régimen de paz y normalidad y de consolidar la República sobre las bases de la justicia y la libertad»; a lo que Largo Caballero había contestado, en el mitin que celebraba en la plaza de toros de Madrid la unificación de las juventudes socialistas y comunistas, que si el programa del Frente Popular no se cumplía pacíficamente se lucharía con cualquier medio posible para cumplirlo.53 El mismo 4 de abril el gobierno decidía posponer indefinidamente las elecciones municipales. La opinión general extraoficial era que el aplazamiento de las elecciones municipales se debía «a las agitadas condiciones políticas de las pasadas dos o tres semanas y en consecuencia a la dificultad de asegurar elecciones pacíficas e imparciales»,54 informaba el embajador al secretario de Estado.

DESTITUCIÓN DE ALCALÁ ZAMORA Y ELECCIONES PRESIDENCIALES

Tres días después, las Cortes complicarían aún más la situación política, destituyendo al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora.⁵⁵ Las elecciones presidenciales se convocaron para el día 26 de abril y se harían por el procedimiento de colegio electoral, constituido por los diputados a Cortes y un número igual de compromisarios elegidos popularmente, que se reunirán el 10 de mayo de 1936. El candidato vencedor debería obtener una mayoría absoluta en el colegio electoral. Como indicaba el embajador, se daba por hecho «que el próximo presidente se elegirá entre la coalición de izquierdas» y entre los nombres que se barajaban estaban los de Martínez Barrio, Álvaro de Albornoz, Julián Besteiro, Fernando de los Ríos, José Giral y del propio Azaña, aunque de momento esa posibilidad era descartada porque sus servicios eran «indispensables como jefe del Gobierno». Sin embargo, Bowers hacía notar en su informe al Departamento de Estado que había divisiones en la coalición de izquierdas, pues mientras Azaña era partidario de que la coalición del Frente Popular se presentara unida, existía la posibilidad de que socialistas, comunistas y otras organizaciones proletarias decidieran romper la coalición con los republicanos de izquierdas y entrar en una lista separada de candidatos, si los partidos de derechas decidieran abstenerse en las elecciones presidenciales.

Mientras se realizaban los preparativos electorales, el gobierno avanzaba en la aplicación de la reforma agraria. Después de haberse distribuido la tierra a los yunteros en las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca, Toledo y Cádiz, el IRA estaba procediendo al reparto de tierra entre las familias de los trabajadores agrícolas y arrendatarios en otras partes del país y, subsidiado por el Estado con unos cincuenta millones de pesetas al año, iba a adquirir tierra para los asentamientos agrícolas y ayudar a los nuevos colonos establecidos con créditos de semillas, fertilizantes y equipamiento agrícola. Como indicaba el embajador a Hull, resolver el problema agrario era «quizás el problema más importante» con el que se enfrentaba el gobierno. Un fracaso en encontrar la solución adecuada a este problema podía llevar «a consecuencias sociales y políticas muy serias», pues el 60 por ciento de las aproximadamente 700.000 personas desempleadas en España, de acuerdo con las estadísticas oficiales, eran trabajadores agrícolas.⁵⁶

La complejidad de la situación política se evidenció a mediados de abril, cuando en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales, la violencia política entre socialistas y falangistas estallaba otra vez en Madrid, cuando iba a celebrarse el quinto aniversario de la proclamación de la República. El 13 de abril unos falangistas asesinaron al magistrado Manuel Pedregal, que acababa de condenar a algunos encartados en el atentado a Jiménez de Asúa un mes antes. Cuando al día siguiente desfilaba por la Castellana la Guardia Civil, un tiroteo provocó la muerte de un alférez de dicho cuerpo vestido de paisano, por disparos que, según Bowers, parecían de las Juventudes Socialistas Unificadas, aunque la prensa de izquierdas creía que el tiroteo era obra de «jóvenes fascistas». Cuando el jueves 16 de abril se celebró el funeral, un gran número de oficiales y números —desoyendo las órdenes del gobierno— tomaron parte en la comitiva funeraria de uniforme, pero lo más significativo para Bowers fue la asistencia de miembros de la CEDA, monárquicos y fascistas, diputados a Cortes y líderes políticos como Gil Robles y Calvo Sotelo. El gobierno fracasó en su intento de que el funeral no se convirtiera «en una manifestación fascista y antimarxista», comentaba Bowers, y tras el funeral hubo un tiroteo entre militantes de las juventudes socialistas o comunistas y la Guardia Civil con el resultado de seis muertos y 36 heridos. Después de estos incidentes siguió el intercambio de disparos, los tranvías pararon, los conductores y pasajeros fueron obligados a descender y muchos tranviarios, miembros de la UGT, hicieron el saludo socialista. La tarde del 16 de abril la CNT declaró la huelga general indefinida en Madrid y el día 17 de abril la huelga era ya prácticamente general. Todos los medios de comunicación habían parado, no se repartía el correo, casi todas las tiendas estaban cerradas, y también los teatros, restaurantes y establecimientos de todo tipo, así como garajes y gasolineras. Muchos empleados en los hoteles se pusieron en huelga, los kioscos cerraron, pero los trenes parecían circular según el horario previsto,⁵⁷ informaba el embajador al secretario de Estado.

La reacción del gobierno fue destituir por insubordinación a oficiales de la Guardia Civil que no obedecieron órdenes en el funeral del 16 de abril. La actitud de dicho cuerpo no tenía precedentes, pues, como indicaba el embajador, preocupado siempre por el análisis político, «esta organización siempre ha sido acreedora de la confianza de los sucesivos regímenes políticos desde su fundación hace cien años». Sin embargo, desde la revolución socialista de Asturias, en que la Guardia Civil desempeñó un papel determinante en la represión del movimiento y perdió 100 hombres, había «una enorme hostilidad de la izquierda hacia la guardia civil», a la que se acusaba de numerosos actos de brutalidad contra los prisioneros. Para Bowers, el problema al que se enfrentaba el gobierno era de «una extrema seriedad», pues no podía permitir «la existencia de una organización militar importante claramente hostil y por otra parte disolver la guardia civil, como los radicales socialistas y comunistas exigen, sería invitar al desorden completo en los distritos rurales donde ese cuerpo es la única garantía de ley y orden».⁵⁸

Para el New York Times estos incidentes indicaban «que las pasiones políticas estaban creciendo en intensidad y el país estaba dividido en dos campos hostiles», al tiempo que informaba de los enfrentamientos entre comunistas y fascistas en Jerez, seguidos por incendios de iglesias y conventos, con el saldo total de dos personas muertas y algunas heridas y del intento de asesinato en Sevilla del magistrado Eugenio Eizaguirre y su escolta, que fueron gravemente heridos.⁵⁹

Mientras el estado de alarma se prolongaba otros 30 días y el gobierno tomaba medidas inmediatas arrestando a 800 falangistas, el 15 de abril había comenzado en las Cortes el primero de los debates de orden público, ampliamente cubierto por el New York Times. Según este periódico el debate evidenciaba la gravedad de la situación política española, pues las intervenciones de los líderes de la derecha —José M.ª Gil Robles, José Calvo Sotelo y Juan Ventosa— suministraron datos sobre la violencia política desconocidos para la mayoría de los españoles por la censura de prensa existente, al tiempo que advertían a Azaña de la necesidad de salvar al país del «comunismo y el caos» y el presidente del gobierno aseguraba que «haría todo lo que pudiera para prevenir el establecimiento del comunismo en España». El diario neoyorquino reproducía las palabras alarmistas de Gil Robles cuando aseguraba que no había garantías para celebrar las elecciones presidenciales y se ofrecía para salvar España —«si el Gobierno no podía salvar a España de los rojos él lo haría»—. «Nos defenderemos, y si es necesario, lucharemos en las calles. Estamos preparados a morir para salvar a España.»⁶⁰

La tensión política que vivía el país estuvo presente en el ambiente en que se celebraron las elecciones presidenciales del 26 de abril. Un día antes el New York Times daba la noticia de que la noche del día 24 de abril habían sido recibidos por el alcalde de Madrid y una multitud de 20.000 personas, 121 revolucionarios que escaparon a Rusia tras la revolución de octubre de 1934. En Moscú «recibieron instrucción en el arte de la revolución social y cómo hacer la lucha de clases» y reconocieron abiertamente «sus intenciones de trabajar por el rápido establecimiento en España de un régimen soviético como el de Rusia». Por otra parte, la derecha había decidido no participar en las elecciones por considerar que el gobierno no podía garantizar la imparcialidad de estas, aunque el periódico El Debate urgía a los votantes católicos a ir a las urnas, pues si los partidos de la derecha no se presentaban a las elecciones era seguro el triunfo del candidato del Frente Popular, que con toda probabilidad sería Manuel Azaña.⁶¹

Un día después de las elecciones el Washington Post anunciaba la victoria del Frente Popular en unas elecciones en las que solamente participó el 30 por ciento del electorado. Bowers informaba unos días después de que al no presentarse la CEDA ni los monárquicos, la coalición de izquierdas había obtenido 400 de los 473 compromisarios, que después constituirán el colegio electoral para elegir al presidente. En cuanto a Azaña, aceptó la candidatura, porque era la única persona que todos los partidos de izquierda estarían de acuerdo en apoyar para ejecutar su programa de gobierno y pensaba que desde la presidencia —y con un gobierno dirigido por Prieto— podía servir mejor a la República,⁶² dadas las importantes prerrogativas de la institución presidencial: el derecho a designar al jefe del gobierno, derecho de veto sobre cualquier proyecto de ley, poder disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones si la situación lo requiere dos veces durante su mandato. De esta forma, como indicaba el embajador a principios de mayo, estaba «ganando terreno la opinión de que con un sensato ejercicio de estos poderes presidenciales el Sr. Azaña podría proteger el actual régimen democrático contra intentos de derribarlo por elementos extremistas de derecha o izquierda, aunque evitando cualquier intento de controlar las políticas de los gobiernos elegidos».⁶³ Sin embargo, como señala Santos Juliá, el pueblo respondió con «estupor, descontento y temor» a que Azaña dejara la presidencia del gobierno en esos momentos; su amigo y correligionario Francisco Ayala no dudó en afirmar que Azaña se había escondido «de espaldas a la tremenda realidad del país» y «ya se comprenderá lo que pensaron del asunto quienes no habían sido amigos y más que desamparo sintieron llegado el momento de la agresión definitiva».⁶⁴

En cuanto Azaña se perfiló como probable presidente de la República, pensó en efecto en Indalecio Prieto como presidente del gobierno. El 1 de mayo de 1936 el líder socialista había anunciado en la conflictiva ciudad de Cuenca, pendiente aún de la repetición de las elecciones de febrero, su disposición a colaborar con el gobierno en un discurso premonitorio en el que denunciaba que la violencia, la quema de iglesias y los choques callejeros sólo llevarían al fascismo, que el capitalismo tenía un papel esencial en resolver los problemas económicos y sociales de España y que el general Franco sería el candidato natural de las fuerzas que trataban de implantar una dictadura militar en España.⁶⁵

Como señalaba Bowers, esta postura política, así como la participación en un gobierno con los republicanos, eran contrarias a la izquierda de su partido, que liderada por Largo Caballero opinaba que solamente «si las circunstancias lo dictaran, un Gobierno estrictamente socialista podría constituirse para llevar a cabo la legislación de carácter marxista pregonada por el partido».⁶⁶ Estas diferencias de estrategia política y la lucha por el poder debían resolverse en el próximo Congreso del Partido a celebrar el 29 de junio, en que en opinión del embajador previsiblemente ganarían «los extremistas de Largo Caballero sobre los centristas de Prieto y el ala derecha reformista de Besteiro» y «apoyarían una propuesta de revisión del programa del partido presentada hace algunos años por la organización de Madrid que si se adoptara, impondría al partido los principios marxistas-comunistas estableciendo por cualquier medio una dictadura del proletariado».⁶⁷

Las celebraciones del 1 de mayo coincidieron con estas conjeturas y cambios políticos. Aunque continuaba el estado de alarma y había una estricta censura de prensa, Bowers señalaba que aparentemente las celebraciones del 1 de mayo se habían realizado sin incidentes en toda España, destacando en ellas la participación de jóvenes de las juventudes socialistas unificadas, «chicos y chicas comunistas y socialistas llevando camisas y blusas azules y rojas». En Madrid, cuando acabó la manifestación, el presidente del gobierno recibió la petición de los líderes obreros enumerando los puntos en los que era necesaria una rápida acción del gobierno: solución al problema del desempleo, semana de 40 horas y seis horas diarias de trabajo para los menores y en todas las industrias insalubres, desvío de las 400.000 pesetas destinadas a enviar a un equipo español a las Olimpiadas para desarrollar los deportes en España, castigo de aquellos responsables de los excesos cometidos al reprimir la revolución de octubre de 1934, reforma del ejército, la magistratura y la burocracia gubernamental, disolución y desarme de todas las organizaciones fascistas y monárquicas y confiscación de sus propiedades para el beneficio de los trabajadores desempleados, crédito extraordinario votado por las Cortes para la ayuda de las víctimas de la represión de Asturias y sus familias, ampliación de la Ley de Amnistía garantizando la libertad a las personas encarceladas por ofensas políticas que incluyera a aquellos que fueron erróneamente acusados de ofensas criminales, normalización de las relaciones económicas y diplomáticas con la URSS.⁶⁸

CONFLICTIVIDAD SOCIAL, PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO, CONSPIRACIÓN MILITAR

Mientras se esperaban los resultados electorales, se conocieron las cifras de desempleo correspondientes a finales del mes de febrero de 1936. El número de desempleados había aumentado hasta alcanzar la cifra de 843.872. El paro era especialmente importante en la construcción con 100.887 parados, pero sobre todo la agricultura acumulaba dos tercios del total de desempleados, con 562.421 parados, debido a las abundantes lluvias de los últimos meses, que habían paralizado las actividades agrícolas en algunos distritos.⁶⁹

Durante el mes de mayo el paro siguió aumentando y también las huelgas y conflictos laborales por todo el país para «forzar concesiones de los empresarios de aumento de salarios, menos horas de trabajo, readmisión de los despedidos».⁷⁰ Como observaba Bowers, muchos de estos conflictos se convirtieron como en Vigo o en la localidad valenciana de Alcira, en problemas de orden público con muertos, heridos, incendios de propiedades, iglesias, conventos o locales de la derecha, y el gobierno optó el 16 de mayo por prolongar el «estado de alarma» treinta días más.⁷¹

Más preocupantes eran las huelgas de brazos caídos, con ocupaciones de las empresas por los trabajadores, sobre la base de que los propietarios no operaban al máximo de su capacidad, porque los trabajadores no habían cobrado sus salarios durante semanas o como medio de presión para que la empresa readmitiera a trabajadores despedidos. El embajador enumeraba a primeros de mayo las ocupaciones de una línea de tranvías que operaba en el extrarradio de Madrid, de la línea de autobuses entre Madrid y el Pardo, de la cervecería El Águila también en Madrid y de la compañía minera y metalúrgica Peñarroya en la provincia de Córdoba, controlada por capital francés y una de las principales empresas mineras del país. Como se preocupaba de matizar Bowers, todos los conflictos terminaron con la intervención o arbitraje gubernamental a los pocos días, no produjeron daños en las propiedades y la reacción del gobierno fue rápida y contundente. «Sin embargo —añadía el embajador—, si tales incidentes se extendían una situación muy seria podría estallar.»⁷²

Desde que el 13 de mayo, Santiago Casares Quiroga, amigo y correligionario de Azaña, asumiera la presidencia de un gobierno compuesto exclusivamente por republicanos de izquierdas, estos y otros incidentes se extendieron por todo el país complicando aún más una situación política particularmente grave por la división política en los dos grandes partidos —la CEDA y el PSOE—.⁷³ Desde el primer momento el nuevo gobierno intentó agilizar el cumplimiento del programa del Frente Popular, sorteando la obstrucción parlamentaria en las Cortes, mientras que se enfrentaba a conflictos laborales crecientes, a problemas de orden público en el campo y las ciudades, y a los ataques de la derecha autoritaria, con una coalición gubernamental fragmentada por la división de los socialistas y desafiada por el poder de los sindicatos.⁷⁴

En efecto, en los dos primeros informes semanales al secretario de Estado después de la toma de posesión de Casares Quiroga, Bowers confirmaba ya avances legislativos tan importantes para los votantes del Frente Popular como la restauración de la Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932, la derogación de la Ley de Arrendamientos de 1935 y de la Ley de Jurados Mixtos de julio de 1935, que modificaba la de 1931, con lo cual, reflexionaba el embajador, «en el actual movimiento huelguístico, los trabajadores y sindicatos esperan ser favorecidos por los jurados mixtos, como lo fueron durante el primer bienio republicano».

Sin duda esas expectativas de ganar conflictos laborales que exigían aumentos salariales, reducción de la jornada de trabajo y mejora de las condiciones de trabajo animaron las huelgas y amenazas de huelgas que en mayo y junio afectaron a las principales ciudades del país, en lo que sería el principal movimiento huelguístico de los años republicanos. A mediados de mayo, Bowers informaba al Departamento de Estado de la huelga de todos los trabajadores de cafés y restaurantes en Barcelona; de la de pescadores, carpinteros y carboneros en Bilbao; de que los trabajadores del agua, gas y electricidad de Madrid amenazaban con ir a la huelga si no se cumplían sus demandas. En Madrid y en Sevilla los cines habían cerrado porque sus trabajadores estaban en huelga, como también lo estaban los conductores de autobuses interurbanos y en la capital andaluza la compañía de tranvías tuvo que hacer nuevas concesiones a sus trabajadores para evitar la huelga. Otras ciudades de Andalucía como Jerez de la Frontera y Algeciras habían tenido huelgas industriales y se habían declarado huelgas generales en Córdoba y Cádiz.

Sin embargo, los conflictos que el embajador consideraba más graves eran aquellos en que la CNT tomaba la iniciativa, causando problemas al Frente Popular y evidenciando la tensión entre la UGT y la CNT. El más preocupante era la huelga de los trabajadores de la construcción en Madrid, que, con 60.000 trabajadores en huelga, reflejaba no sólo la fuerza de la CNT en este sector, sino la intransigencia patronal con la amenaza implícita de cesar la actividad empresarial, pues a mediados de mayo y principios de junio la patronal había rechazado las demandas de los trabajadores y pedía el restablecimiento del principio de autoridad, la libertad de contratación, la solución de los conflictos laborales por los jurados mixtos y la reiteración de que los contratistas no podían «pagar salarios más altos a no ser que fueran reembolsados por el Gobierno». El documento concluía con la amenaza de que si estas condiciones no eran aceptadas por los trabajadores, los contratistas de obras públicas en breve «se verían obligados a cesar su actividad por la falta de recursos financieros y garantías de explotación». Una respuesta similar —que se extendía a otras industrias y explotaciones agrarias del país— era la que dieron los propietarios de minas de Asturias ante la eventualidad de una huelga minera, en la que los mineros iban a exigir que se pagara retroactivamente a todos los trabajadores despedidos por apoyar la revuelta de Asturias de 1934, una demanda que los propietarios de las minas señalaban que no podían satisfacer.

El embajador resaltaba también la contundente respuesta gubernamental a las «provocaciones» anarcosindicalistas, como reaccionar a la convocatoria de huelga de trabajadores de cafés, restaurantes y hoteles de Madrid —a la que se había sumado la UGT— «cerrando todos los locales de la CNT en Madrid y arrestando a sus líderes», mientras la policía y la guardia de asalto protegían todos los hoteles, restaurantes y cafés. Una acción gubernamental igualmente enérgica clausuró en Zaragoza y Barcelona las sedes de la CNT.⁷⁵

Todos estos conflictos eran el reflejo de la división del Partido Socialista y la renovada hostilidad entre anarcosindicalistas, socialistas y comunistas, que dificultaban la estabilidad gubernamental y la realización del programa de gobierno. Como señalaba Bowers, el conflicto dentro del Partido Socialista entre los elementos extremistas de Largo Caballero y los moderados de Indalecio Prieto se había agudizado con la decisión del Comité Nacional, a petición del Comité Ejecutivo —dominado por los moderados— de posponer la celebración del Congreso programado para el 29 de junio hasta el próximo octubre, «dando así a los moderados más tiempo para organizar la oposición a las extremas propuestas de revisión del programa del partido propuestas hacía algún tiempo por la organización de Madrid, bajo el liderazgo de Largo Caballero». Por otro lado, el 27 de mayo el Comité Nacional, en un manifiesto a todas las organizaciones locales del partido, hacía un llamamiento a mantener la unidad y disciplina de partido, y recomendaba progresar en la colaboración más estrecha con el Partido Comunista, afirmando que las diferencias entre la II y la III Internacional eran «más de forma que de sustancia». Para concluir su informe, Bowers describía gráficamente la división del Partido Socialista cuando informaba que mientras Largo Caballero recibía silbidos y abucheos de los sindicalistas en Zaragoza, Indalecio Prieto encontraba una recepción aún peor en el mitin socialista de Écija, Sevilla, donde fue constantemente interrumpido «por grupos de jóvenes socialistas y comunistas, vestidos con los colores azules y rojos de su organización», no llegó a tomar la palabra y tuvo que abandonar el lugar del mitin protegido por sus amigos, «bajo una lluvia de piedras y botellas».⁷⁶

Una coalición de Frente Popular muy debilitada por la división de los socialistas se enfrentaba a los ataques de la derecha autoritaria. Entre abril y julio de 1936 la falange clandestina había continuado especialmente en Madrid sus acciones violentas y enfrentamientos con la izquierda obrera, que le reportaron 43 muertos y 100 heridos, aunque causó más bajas entre sus adversarios. Más preocupante era el acercamiento progresivo de la CEDA hacia posiciones de fuerza autoritarias expresado en los 15.000 afiliados de las juventudes de Acción Popular que pasaron a la Falange y el hecho de que Gil Robles secundara en las Cortes la violencia verbal y antisistema de José Calvo Sotelo, cuando Mola, «El Director» de la conspiración militar, había firmado el 25 de mayo la primera de las cinco instrucciones reservadas. Entre las medidas gubernamentales para frenar estas amenazas y asegurar la administración de justicia, Bowers informaba de que «por las leves sentencias contra fascistas dictadas por los jueces de Madrid en casos políticos», varios jueces iban a ser transferidos y el ministro de Justicia había preparado un proyecto de ley por el que «magistrados, jueces y fiscales acusados de indulgencia serán juzgados por un tribunal especial compuesto por 5 jueces del tribunal supremo y 12 civiles».⁷⁷

Durante los meses de junio y julio continuaron los conflictos laborales en las ciudades y la agitación social en las zonas latifundistas agrarias en medio de una retórica revolucionaria, y aumentó la violencia política a cargo de las juventudes de derecha e izquierda. En esta atmósfera de crisis política, Bowers insistía en sus informaciones en la normalidad de acción del gobierno, que intentaba cumplir con el programa político del Frente Popular y mantener el orden público. Así, daba cuenta a mediados de junio de que el gobierno había ampliado el decreto de amnistía del mes de febrero, presentado un proyecto de intervención temporal de los ferrocarriles, aprobado un decreto ley que consolidaba la legislación existente sobre terrorismo y posesión ilegal de armas de fuego como actividades peligrosas e ilegales, y en el Consejo de Ministros del 9 de junio había decidido el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la URSS, así como la presentación a las Cortes de un proyecto de ley para la concesión de un crédito suplementario necesario para abrir una embajada en Moscú.⁷⁸

Pero como el propio Bowers comprobaba en las Cortes, cada día parecía más difícil la actividad política y parlamentaria. Ante la exposición de la política educativa del Frente Popular de promover la escuela pública y «erradicar la mezquina educación proporcionada por las organizaciones religiosas», Gil Robles anunció que abandonaría la Cámara siempre que hablara el ministro de Instrucción Pública.⁷⁹ Cuando las Cortes habían ratificado finalmente los resultados de las nuevas elecciones a diputados celebradas en la provincia de Cuenca, que daban la victoria a la izquierda, la derecha mantuvo que la izquierda había ganado con mayor fraude y coerción que el que habían ejercido supuestamente los partidos de derechas en las elecciones originales.⁸⁰

Fuera de la Cámara los conflictos laborales y el estado del orden público se deterioraban día a día. «El movimiento huelguístico que azota el país desde hace dos semanas no presentaba signos de remitir», informaba Bowers el 8 de junio a Hull, añadiendo que había 400 huelgas declaradas en el país, entre las que destacaba la huelga general en Vitoria y la huelga de la construcción en Madrid, que ya reunía a 100.000 trabajadores. En la misma ciudad continuaba la huelga de los empleados de cafés, restaurantes y hoteles y había comenzado la de empleados de ascensores y calderas. En la provincia de Málaga 100.000 trabajadores, muchos de ellos jornaleros, estaban en huelga, y la huelga de mineros de carbón en Asturias ya afectaba a 30.000 trabajadores y amenazaba con extenderse a otros sindicatos de Asturias. En este último conflicto el gobierno había dado su aprobación a la mayor parte de las demandas de los mineros, en particular a crear una Caja Asturiana de Previsión con fondos de los trabajadores, empresarios y el Estado, que servirían para pagar salarios de los mineros, parte de sus indemnizaciones y hacer posible su retiro más jóvenes. El problema era que debido a la mala situación de la industria minera en Asturias los propietarios no podían satisfacer la demanda de indemnización de 12 millones de pesetas a los mineros despedidos en 1934, cuando tenían que afrontar las demandas laborales de aumento de salarios y reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales.⁸¹

En cuanto al orden público, Bowers reconocía que había pasado a tener preferencia sobre todos los problemas a los que se enfrentaba el gobierno. Mientras comunistas y socialistas de izquierda estaban pidiendo la disolución de la Guardia Civil a raíz de los sucesos de Yeste, Albacete, en los que murieron 17 campesinos y 15 fueron heridos, en lo que se sospechaba habían sido «excesos individuales cometidos por miembros de la guardia civil»;⁸² el descontento social estaba aumentado extraordinariamente en Andalucía, como evidenciaban los importantes desórdenes de Córdoba y especialmente los sangrientos hechos de Málaga. Cuando los violentos enfrentamientos entre los sindicatos de pescadores comunistas, UGT y anarcosindicalistas culminaron con el asesinato de Antonio Román Reina, presidente socialista de la Diputación Provincial y causaron la muerte a una niña de 11 años, el gobierno ordenó un desarme general de la población, revocando todos los permisos de llevar armas y la clausura de todos los locales anarcosindicalistas de Málaga. ⁸³ Además, al calor de esta conflictividad estaban aumentando los delitos comunes, pues «los criminales toman ventaja de la preocupación de las autoridades y la policía con conflictos de carácter político y social para llevar a cabo sus delitos con impunidad», añadía Bowers.⁸⁴

Según la acertada información del embajador, el gobierno estaba también enfrentándose a los rumores cada vez más insistentes de la organización de una conspiración militar contra el gobierno en el Marruecos español, arrestando «un número no determinado de oficiales destinados a un regimiento de caballería de Pamplona» en relación con lo que se describía como «una conspiración monárquica y fascista» y transfiriendo diariamente muchos oficiales tanto del ejército como de la Guardia Civil. La relación entre los conspiradores y una supuesta trama civil había sido puesta en evidencia cuando la policía consignó a miembros destacados de los Tradicionalistas en Madrid 100 uniformes de la Guardia Civil totalmente equipados, que se presumía «iban a ser usados en alguna empresa subversiva planeada por los fascistas y los monárquicos más extremistas», observaba Bowers.⁸⁵

En esta situación, el 14 de junio la Gaceta de Madrid publicaba un decreto prolongando el estado de alarma hasta el 17 de julio, mientras el gobierno había destituido a los gobernadores de Sevilla, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Lugo, Málaga, Santander, Toledo, Huesca, Albacete y Orense, por haber sido incapaces de imponer su autoridad en sus respectivas provincias. «La ola de violencia y continuos desórdenes», añadía el embajador, amenazaba hasta tal punto con minar la autoridad, que la prensa de derecha e izquierda insistía en que el gobierno debía actuar con medidas extraordinarias para afirmar su autoridad. En algunas instancias se sugería que se le diera poderes absolutos al gobierno para «actuar por decreto», en otras se hablaba de «la posibilidad de reorganizar el Gobierno, quizá incluyendo representantes socialistas». Se hablaba de la posibilidad de que las «Cortes levantaran sus sesiones hasta el otoño» o que estas «se suspendieran durante 30 días por decreto», y la CEDA iba a presentar una interpelación a las Cortes pidiendo al gobierno tomar las medidas necesarias para acabar con la «situación subversiva».⁸⁶

El 19 de junio de 1936, el New York Times daba cuenta de esta interpelación en las Cortes señalando que Gil Robles había afirmado que desde las elecciones de febrero 269 personas habían muerto en España «en desórdenes acompañando a huelgas o manifestaciones políticas», 160 iglesias habían sido totalmente destruidas y 251 iglesias, conventos y colegios religiosos parcialmente destruidos. Según W. P. Carney, el presidente del gobierno Casares Quiroga no discutió las cifras, pero declaró que las huelgas y conflictos laborales eran debidos «a la actitud fascista de las asociaciones de empresarios» y Marcelino Domingo acusó a la derecha de «pagar a agitadores profesionales para fomentar la anarquía y el desorden en el país». Por su parte, el líder de la Lliga Catalana, Juan Ventosa, afirmó que si el gobierno no podía mantener la ley y el orden sería derrocado por los grupos que quieren imponer «un régimen de fuerza y coerción (...) lo cual sucedería pronto a no ser que el Gobierno se mostrara capaz de hacer compatibles el orden y la libertad. Cosa que no podrá hacer si su principal preocupación es mantener intacto el Frente Popular».⁸⁷

El embajador reseñaba que tanto la derecha como la izquierda habían considerado un triunfo el debate sobre el orden público en las Cortes, pero que lo que verdaderamente preocupaba al gobierno era la lentitud de la Cámara en aprobar la legislación para cumplir el programa del Frente Popular, y las huelgas constantes. El gobierno se estaba planteando la posibilidad de legislar por decreto, recurriendo al artículo 61 de la Constitución, que consideraba que «el Congreso puede autorizar al Gobierno a legislar por decreto», pero había negado cualquier intención de asumir plenos poderes para intervenir sobre el orden público, ya que eso era «abrir el camino hacia la dictadura».⁸⁸

En efecto, las huelgas persistían por todo el país en la tercera semana de junio. La más grave seguía siendo la de la construcción en Madrid, que afectaba incluso al suministro de aguas, ya que no se podían hacer reparaciones porque los trabajadores de la construcción se negaban a perforar las calles, «aunque la prensa apenas informa sobre esta situación, seguramente por la censura, la embajada ha podido verificar estos hechos con fuentes fiables. Teniendo en cuenta el peligro obvio que esto tiene para la salud pública es increíble que el Gobierno no haya tomado medidas para garantizar el suministro de agua»,⁸⁹ informaba sorprendido Bowers a Hull. En Asturias se había llegado a un acuerdo en la huelga de la minería de carbón, que garantizaba la mayoría de las peticiones de los trabajadores y se esperaba que el acuerdo sirviera para acabar con otros conflictos en el sector minero, particularmente en las minas de Río Tinto en Huelva, donde la petición de los trabajadores era también el establecimiento de la jornada de 40 horas. En Barcelona había huelga general de dependientes de comercio y empleados de almacén convocada por el Centro Autonomista de Dependientes de Comercio y de la Industria (CADCI), con 100.000 trabajadores afectados. Sin embargo Bowers destacaba el signo alentador de que los principales periódicos de izquierdas —en referencia a los socialistas— protestaban enérgicamente contra «las huelgas constantes, frecuentemente convocadas sin ningún motivo económico y caracterizadas por una actitud de violencia», y la UGT estaba moderando su discurso y práctica sindical, por lo que el embajador confiaba en que el gobierno pudiera encontrar muy pronto apoyo político y social «para suprimir enérgicamente todos los intentos de inyectar violencia en los conflictos laborales y usarlos para fines políticos».⁹⁰ También el embajador destacaba la normalidad en la acción de un gobierno que seguía aplicándose con celeridad en la reforma agraria, esperaba que el Estatuto de Autonomía de Galicia fuera refrendado el 28 de junio y estaba negociando el Estatuto vasco.

Por esas fechas, Frederick T. Birchall, premio Pulitzer de 1934 por sus crónicas europeas que desde 1933 vislumbraron los peligros del nazismo, publicaba en el New York Times dos artículos sobre España con un enfoque inusual en la prensa americana o británica de la época, pues señalaba que a pesar de la violencia y los enfrentamientos políticos España no iba a caer ni en el fascismo ni en el comunismo, ya que la población española era «la más individualista y menos disciplinada de toda Europa» y lo único que exigían las masas eran «mejores condiciones de vida».⁹¹ La pobreza era, por tanto, la causa de todos los problemas españoles, especialmente en la agricultura, de la que vivía el 70 por ciento de la población, y donde los salarios eran increíblemente bajos. Para Birchall la forma de evitar la evolución de España hacia el fascismo o el bolchevismo era mejorar las condiciones de los muy pobres. Teniendo en cuenta la desigualdad económica y la pobreza de muchos sectores de la población, lo que le sorprendía era que los desórdenes no fueran mayores en España, y, a diferencia de la mayoría de los observadores, Birchall creía que el gobierno «lo estaba haciendo lo mejor que podía». Como él recordaba, las transformaciones económicas necesarias eran de tal magnitud que exigían un gobierno fuerte, pues España no podía hacer a la vez todas las reformas que en otros países europeos necesitaron revoluciones para ser realizadas.⁹²

Pero conseguir un gobierno fuerte era difícil a finales de junio y principios de julio, en medio de la violencia política, los preparativos de golpe de Estado de derecha, los conflictos laborales y la dificultad de poder aprobar parlamentariamente el programa del Frente Popular. Los informes de Bowers señalaban, en efecto, que la situación política era cada día «más confusa e incierta», había «poca evidencia de un rápido retorno a la normalidad de las condiciones económicas» y la preocupación por el orden público, el movimiento huelguístico y el obstruccionismo de la derecha en el Parlamento apenas estaba permitiendo ejecutar el programa del Frente Popular. Aunque hubo pequeños avances legislativos en la primera semana de julio, como indicaba el embajador a Hull, no se podía avanzar en temas sustanciales como la aprobación de los nuevos proyectos de Ley de Reforma Agraria, que enfrentaban radicalmente al gobierno con la derecha y con amplios sectores de la sociedad rural. «Los proyectos de reforma agraria del Gobierno tienden a incrementar los costos de producción hasta tal punto que hacen imposible para los productores agrícolas continuar las operaciones, especialmente en vista de los bajos precios obtenidos por los productores agrícolas en general», señalaba en la Cámara el líder de los Agrarios José María Cid, en lo que era un sentir general entre muchos propietarios grandes y pequeños que habían dejado de cultivar en zonas como Andalucía. En respuesta, el ministro de Agricultura argumentaba, defendiendo sus medidas pro sindicales y pro jornaleros, que los salarios agrícolas eran tan bajos que hacían «insoportable» la situación de los trabajadores agrícolas y remarcó frente a cualquier sospecha de socialización que el principal objetivo del gobierno era «proteger a los pequeños propietarios y crear pequeños propietarios», añadía Bowers en su informe al secretario de Estado.⁹³

En efecto, esta actividad parlamentaria tenía lugar en una situación extraordinaria, donde el descontento social se expresaba con acciones revolucionarias en las zonas rurales, de las que curiosamente apenas daba noticia el embajador, y en la persistente actividad huelguística en las ciudades y zonas industriales, a la que sin embargo el gobierno se estaba enfrentando por primera vez con energía, pues las huelgas «estaban minando la vitalidad de la nación»,⁹⁴ y parecían estar cediendo en opinión de Bowers.

Más pesimista era Stephen O. Fuqua, agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Madrid, que el 14 de julio informaba al secretario de Estado que las autoridades gubernamentales eran incapaces de controlar la creciente ola huelguística, arbitrar los intereses de trabajadores y propietarios y garantizar el derecho al trabajo, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, concluyendo que

el movimiento huelguístico y los muchos problemas que este plantea, tales como el reajuste económico general y el incremento del costo de la vida están preocupando y afectando a la vitalidad del Gobierno, que parece incapaz de hacer frente a las demandas de los elementos en que se basa su poder. El Gobierno parece desorientado e incapaz de solucionar con éxito los graves problemas actuales. Una reorganización ministerial debería efectuarse en un futuro próximo.⁹⁵

Los líderes del Partido Socialista iban más lejos en el diagnóstico de la situación que Fuqua, pues, como resaltaba Bowers, reconocían que los desórdenes sociales y económicos en el país estaban ofreciendo «un suelo fértil para la preparación de un golpe de estado fascista» y llamaban a la unidad en torno al gobierno del Frente Popular, para resistir cualquier intento de derribar al régimen, «especialmente cualquier intento fascista de golpe de estado».⁹⁶

En efecto, cuando en la primera semana de julio Bowers informaba a Hull de los persistentes rumores de que se estaba preparando un golpe de Estado militar por «fascistas y otros elementos reaccionarios», los conspiradores ya se habían repartido su cometido en las distintas regiones, y el financiero Juan March había aportado el dinero para alquilar en Gran Bretaña el avión que trasladaría a Franco de Canarias a Marruecos. Había pruebas según el embajador de que la amplitud de la trama civil, en la que «elementos reaccionarios agrupados bajo el nombre de fascistas» incluían no solamente a la Falange Española sino también a los monárquicos y otros elementos de la derecha que quieren debilitar al Gobierno, podía hacer «que un golpe de Estado pueda tramarse con éxito». Sin embargo, el embajador transmitía a Hull la confianza del gobierno de que sus últimas medidas de arrestos, retiros y transferencias dejara el ejército y las fuerzas del orden «en manos de oficiales de confianza», al tiempo que reducía el peligro de la trama civil con el arresto el 5 de julio de «120 fascistas», pertenecientes a la Juventud de Acción Popular (JAP), la organización juvenil de la CEDA.⁹⁷

El 14 de julio, el New York Times se hacía eco en su primera página del asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo por guardias de asalto, la madrugada del 13 de julio, en represalia por el asesinato unas horas antes a manos de falangistas del teniente José Castillo, miembro de la Unión Militar Republicana Antifascista. Sólo unas semanas antes José Calvo Sotelo —añadía el diario— había acusado al gobierno en el Parlamento de «ser incapaz de acabar con las huelgas y la violencia política debido a sus aliados marxistas y sindicalistas en el Frente Popular», y que su «incapacidad para manejar la situación iba a arrojar a la clase media en manos del fascismo». El rotativo neoyorquino consideraba que «el asesinato de Calvo Sotelo podía ser un golpe mortal para el Gobierno del Frente Popular español, mientras daba noticias de que este había arrestado a 17 guardias de asalto y 80 fascistas, que en el entierro de Calvo Sotelo se había gritado el eslogan fascista “Arriba España”» y que el presidente de la República Manuel Azaña había decretado el 14 de julio la prolongación un mes más del «estado de alarma» y la interrupción de las sesiones parlamentarias durante una semana.⁹⁸

A pesar de esa tremenda tensión política, las clases acomodadas y algunos políticos ya se habían ido de vacaciones, como también había hecho el embajador estadounidense, que desde San Sebastián envió al Departamento de Estado sus últimos informes antes del 18 de julio de 1936. Desde la ciudad vasca, Bowers aún reseñaba con normalidad la actividad gubernamental el 14 de julio, informando sobre el proyecto de ley de tierras comunales, la aprobación del proyecto de ley para reducir la edad de jubilación de los funcionarios de la carrera judicial, para poder separar a jueces y miembros de la carrera judicial que eran hostiles al régimen republicano; de los progresos en los estatutos de autonomía para el País Vasco y Galicia o de que el ministro de Trabajo estaba estudiando la reducción de la jornada laboral en la industria a 40 horas semanales, la demanda principal en todas las huelgas en marcha.

Sin embargo, el embajador reconocía que lo más preocupante no eran los conflictos laborales, sino «los aspectos puramente políticos de la situación», con constantes rumores sobre una crisis de gobierno e incluso un intento de tomar el poder por elementos fascistas con apoyo del ejército, que se agravarían seriamente si se confirmaban los rumores del asesinato del líder monárquico Calvo Sotelo.⁹⁹ Una vez confirmados estos rumores, Bowers pensaba que la situación política del país se había deteriorado hasta tal punto «que a no ser que el Gobierno actúe enérgicamente para aplicar la ley y el orden su posición puede ser insostenible». Mientras se hablaba de que el gobierno tendría que dimitir y se formaría una coalición de republicanos de izquierda y socialistas bajo el liderazgo de Indalecio Prieto, que «estaría en una posición mejor para defender el régimen democrático y ejecutar la legislación acordada por los partidos del Frente Popular, que el presente Gobierno compuesto exclusivamente por republicanos de izquierda», para el embajador eran más inquietantes los repetidos rumores concernientes a la posibilidad de un golpe de Estado militar planeado por los «extremistas de derecha».¹⁰⁰

5

Del embargo moral al embargo legal: Estados Unidos ante una guerra civil en el precario equilibrio europeo

(Julio-diciembre de 1936)

DE «REVOLUCIÓN» A GUERRA CIVIL EN ESPAÑA: INCERTIDUMBRE EN LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE GUERRA

Los temores del embajador Bowers se cumplieron. El viernes 17 de julio el golpe de Estado comenzaba en Marruecos bajo la dirección del general Francisco Franco, que había dejado Tenerife de forma inesperada en dirección a Las Palmas la medianoche del día 16 de julio, desde donde voló a Tetuán al día siguiente. Como informara una semana después Mason Turner, cónsul americano en Tenerife, nada hacía sospechar «que se aproximaba la revolución», pues el propio Franco estaba jugando al golf poco antes de su partida de la isla de Tenerife. Sólo una semana después del golpe de Estado Turner, que conocía personalmente a Franco y lo consideraba una persona «encantadora y gentil», «adorada por aquellos que servían bajo su mando», fue ligando la insurrección militar a la visita de la flota española a Canarias en el mes de mayo.¹ Desde la mañana del día 18 de julio, las Canarias estaban bajo control de los militares rebeldes. Esa misma mañana Bowers, que estaba veraneando en Fuenterrabía, recibió la llamada de Eric C. Wendelin, el tercer secretario de la embajada, desde Madrid anunciándole la posibilidad de un golpe de Estado militar para el mediodía. Esta información junto a las primeras noticias muy fragmentarias de los efectos del golpe militar fueron enviadas inmediatamente a Washington. Como las líneas telefónicas con Madrid estaban cortadas y no podía comunicar con ningún consulado, la embajada solamente tenía noticias de que el golpe había sido sofocado en Madrid y Barcelona, que Bilbao estaba bajo control del gobierno, pero que «el movimiento revolucionario» dirigido por los generales Mola, Franco y Queipo de Llano estaba asumiendo grandes proporciones y Burgos, Vitoria, Logroño y Pamplona estaban ya en manos de los rebeldes, así como la emisora de Radio Sevilla.²

Sin embargo, estas y otras noticias de la sublevación militar no llegaron al Departamento de Estado hasta los días 21 y 22 de julio. A pesar de la decisión de la CTNE de restablecer rápidamente el servicio telefónico y de las facilidades que la compañía dio enseguida a la embajada, la información consular o de Wendelin desde Madrid llegaba muy fragmentada a Washington a través de París o Lisboa.³ Complicaba la situación que la sede estival de la embajada en San Sebastián estuviera incomunicada de Madrid y del resto de España y el embajador Bowers se encontrara en Fuenterrabía, aislado de San Sebastián.

Por eso el 21 de julio el Departamento de Estado enviaba una circular a todos sus cónsules en España, urgiéndoles a informar directamente a Washington sobre lo que estaba ocurriendo en sus distritos, con especial referencia al número de ciudadanos americanos y la seguridad de estos.⁴ Ese mismo día, vía París, Cordell Hull informaba a la embajada en Madrid que, como medida de precaución, el buque Quincy se dirigía a Gibraltar y el Oklahoma probablemente a Bilbao. Esa primera comunicación del departamento enviada se clasificaba bajo el epígrafe «Spanish Revolution», el mismo título genérico con el que el Departamento de Estado se referirá a las acciones de los rebeldes durante el resto del mes de julio.⁵

Las respuestas de los cónsules y de la embajada que llegaron a Washington el 22 y 23 de julio eran las primeras noticias fragmentarias, pero inquietantes, de la situación: los militares rebeldes controlan completamente Canarias y las ciudades de Galicia iniciando en ambas una amplia y dura represión. Burgos, Vitoria y Pamplona, además de Marruecos y Algeciras, estaban ya en manos de un movimiento que, dirigido por los generales Franco y Mola, tenía en expresión de este «un carácter nacional» y el propósito de «extraer de raíz y para siempre todo lo que representa la organización y principios del marxismo, el internacionalismo y la masonería».⁶ Bilbao estaba cercado y se estaba luchando en San Sebastián, Toledo y Guadarrama, amenazando Madrid. Fuerzas armadas leales y obreros armados controlaban de forma caótica y violenta la situación en Málaga, Barcelona, Valencia y en la capital, Madrid, donde a veces esta defensa de la legalidad iba acompañada de represión, quemas de iglesias, incautaciones y requisas.⁷ En general, el golpe de Estado militar parecía extenderse, pero no triunfaba con rapidez y el gobierno no lograba controlar la situación. Una situación suficientemente incierta y peligrosa para que los cónsules aconsejaran la evacuación de los ciudadanos americanos y la embajada se preparara para refugiar a todos los americanos residentes en Madrid.

Mientras tanto, en Estados Unidos periódicos como el Washington Post y el New York Times, burlando la censura y el triunfalismo gubernamental vía Londres,⁸ estaban dando noticias más detalladas del conflicto desde el 18 de julio,9 especialmente respecto a la rapidez y naturaleza del avance rebelde desde Marruecos y su llegada a la península ya el 19 de julio. Ese mismo día el Washington Post indicaba desde Gibraltar que los rebeldes habían llegado a la península, ocupado la ciudad de la Línea «dejando un montón de muertos» entre la oposición de izquierdas y estaban avanzando hacia el interior, mientras que desde Portugal el New York Times confirmaba el avance rebelde por el sur en dirección a Sevilla.¹⁰ Al día siguiente, cuando en Madrid se formaba el tercer gobierno en tres días y este decidía armar a los trabajadores, ambos periódicos estadounidenses hablaban ya de una guerra civil en España,¹¹ más dura y cruel que la guerra civil americana, pues se superponía a una lucha de clases con raíces profundas «que divide cada aldea, pueblo y ciudad por todo el país»,¹² entre «las masas revolucionarias» decididas a mantener y aumentar sus logros y las fuerzas moderadas y conservadoras que buscaban restablecer el «orden» y «salvaguardar a España del comunismo».¹³ Para el Washington Post muchos eran los indicios militares y políticos de una guerra que tenía el «aspecto desintegrador de una lucha de clases feroz a lo largo y ancho del país». No había batallas tácticas bien definidas, sino simultáneos episodios sangrientos que amenazaban la continuidad del poder civil en cada rincón de la República. Así, en la zona gubernamental, la lealtad al gobierno a menudo implicaba una situación de anarquía o desobediencia superior —como el ataque de los marineros a sus oficiales— y de confiscación de la propiedad privada.¹⁴

Al buscar los motivos que habían provocado la insurrección militar y a la postre la guerra civil, desde Ciudad de México William H. Lander, destinado durante muchos años en la oficina de United Press en Madrid, lo interpretaba como una contrarrevolución social, «una insurrección anti-New Deal» de los afectados por la reforma agraria del Frente Popular, aunque también la República había sido muy tolerante con sus enemigos.¹⁵ Para el editorial del New York Times del 21 de julio el motivo era más político, la incapacidad de los gobiernos republicanos de mantener el orden e imponerse a las posiciones más radicales en los meses del Frente Popular.¹⁶ En todo caso, al acabar la primera semana de lucha, los editoriales de ambos periódicos coincidían en señalar que el resultado era la dudosa supervivencia de una república liberal moderada entre dos extremos: «el sueño del presidente Azaña de una república liberal progresista ha acabado», indicaba de forma más explícita el Washington Post, para el que «la victoria de cualquier bando será un triunfo extremista (...) la cuestión es si el fascismo o el comunismo la suplantarán».¹⁷

En efecto, al final de la primera semana de conflicto el rápido y sangriento golpe militar planeado por los militares rebeldes no había triunfado, pero el gobierno tampoco había sofocado la rebelión y había ingredientes para que la situación evolucionara hacia una guerra civil. El golpe había triunfado rápidamente en Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Oviedo, pero había fracasado en Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao, Santander, Murcia, Almería y Cartagena, donde los trabajadores armados se unieron a las fuerzas de seguridad leales en resistir a la sublevación y quedaban aún importantes situaciones sin definir como la de Valencia. A pesar de no contar con la marina, el ejército de Marruecos, las unidades más profesionales del ejército español, había logrado ya saltar a la península gracias a la ayuda de Hitler a la hora de establecer el puente aéreo entre Marruecos y Sevilla, mientras que el gobierno Giral pidió armas al gobierno del Frente Popular francés y en Barcelona, donde ya se había formado como gobierno alternativo revolucionario el Comité Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya, el 22 de julio salieron las primeras columnas con destino a Aragón.

Ese mismo día 22 de julio, en Washington, la conferencia de prensa del secretario de Estado reflejaba la situación de incertidumbre diplomática de la administración Roosevelt con respecto a España. Mientras los reporteros insistían en preguntar a Hull si el gobierno consideraba el conflicto español como una guerra civil y si como tal se le iba aplicar la Ley de Neutralidad o era una situación similar a la guerra de Etiopía, el secretario de Estado reconocía el aumento «de la seriedad de los problemas en España (...) aunque de momento no se puede predecir qué va a pasar», por lo que la acción del gobierno estadounidense, como la de Francia, Inglaterra y otros países, se estaba limitando a enviar barcos para evacuar preventivamente a sus ciudadanos en España, acción que no planteaba «ningún aspecto relativo a la neutralidad». Hull insistía en quitar relevancia a esta iniciativa gubernamental indicando textualmente que «los marines no desembarcarán en las ciudades costeras para dar escolta a los barcos, ni está previsto que los ciudadanos evacuados sean trasladados a Estados Unidos, solamente los estamos apartando del peligro».¹⁸

Sin embargo, aun no sabiendo exactamente qué iba a pasar en España, se le planteó a Estados Unidos el primer problema indirecto de neutralidad ese mismo día 22 de julio en la ciudad internacional de Tánger, cuando barcos de la marina española pidieron que las compañías petroleras les suministraran crudo. Ante la amenaza del general Franco de bombardear los barcos del puerto de Tánger si se suministraba petróleo a los barcos de guerra españoles, la compañía británica Shell se negó a suministrar crudo aduciendo falta de stocks. En cuanto a la estadounidense Vacuum Oil Company, decidió por iniciativa propia suministrar una pequeña cantidad a petición del embajador español en Tánger, mientras que el cónsul estadounidense en la ciudad pedía opinión al Departamento de Estado.¹⁹ La respuesta de Washington fue que no se debería suministrar a ninguna de las dos partes si había la mínima posibilidad de vulnerar el estatuto de neutralidad de Tánger.²⁰

El mismo día 22 de julio el gabinete británico tomaba la decisión de negar a la República la petición hecha el día anterior de suministrar víveres y combustible a su flota en Gibraltar y Tánger. Esa «neutralidad táctica», en palabras de Enrique Moradiellos, indicaba tanto las dudas de los británicos sobre la capacidad militar gubernamental, como su prevención a un régimen que se inclinaba peligrosamente a la izquierda,²¹ y sobre todo era expresión de las dificultades que iba a encontrar el gobierno español en conseguir ayuda de las grandes potencias democráticas. Como señala Ángel Viñas, esta decisión británica anuló cualquier posibilidad de que la flota española pudiera haber obstruido «el incipiente traslado por vía marítima de las tropas coloniales» y determinó el 22 de julio que la URSS —tradicional suministradora de petróleo al mercado español— decidiera suministrar petróleo a la República, en una primera toma de posición soviética respecto al conflicto español.²²

Al día siguiente Cordell Hull informaba al presidente Roosevelt, de crucero por la costa de Nueva Inglaterra, de su preocupación por la situación española en parecidos términos a la prevención de los diplomáticos británicos: «Por la información que tenemos la situación está empeorando y parece que cada bando tiene un 50 por ciento de posibilidades de triunfar con igual resultado de que una situación totalmente caótica se mantenga en España durante un tiempo. Uno de los factores más serios en esta situación estriba en que el gobierno ha distribuido gran cantidad de armas y municiones en las manos de miembros irresponsables de las organizaciones políticas de izquierdas».²³ En la conferencia de prensa de ese mismo día, el secretario de Estado anunciaba que el vapor Exeter llegaría a Barcelona a las nueve de la mañana, para recoger a los más de 600 americanos que residían allí y otros barcos se preparaban para relevar al Quincy y el Oklahoma, que no podían permanecer en aguas europeas indefinidamente.²⁴

Al principio de la segunda semana desde que comenzara la insurrección militar, las primeras noticias del embajador Bowers y la conversación telefónica con Wendelin en Madrid confirmaron a Hull que la situación continuaba siendo incierta pero el conflicto se iba extendiendo por toda España, mientras en Madrid el gobierno mantenía la moral y controlaba la situación apoyado en los comunistas y socialistas, aunque nada sabían de lo que pasaba en Valencia y más al sur.²⁵ En su primer informe militar, el coronel Stephen O. Fuqua, agregado militar de la embajada en Madrid, veterano de la guerra contra España en Cuba y Filipinas y jefe de Estado de División en la primera guerra mundial,²⁶ confirmaba las sospechas de igualdad de los contendientes al dar una idea detallada de los planes y el contingente militar de los rebeldes, así como del atractivo que podía tener su insurrección para un amplio sector de la población:

El movimiento rebelde en el sur ha sido dirigido por el General Franco, que voló desde su comandancia en las Islas Canarias a Marruecos, estableciendo su cuartel general en Tetuán y Ceuta, y por el General Mola en el norte, con su cuartel general en Burgos. El Plan general parece haber sido ganar una línea, Zaragoza-Salamanca al oeste y al norte, consolidando el norte y tomando Córdoba, Sevilla y los puertos de Cádiz y Algeciras y trayendo a la Península una fuerza expedicionaria de 15.000 hombres. El plan en el norte, hasta el momento, parece haberse realizado, pero el del Sur ha sido interrumpido por falta de control marítimo suficiente para continuar la transferencia de tropas a la Península (...) Desde el punto de vista militar, parece como si el Gobierno se estuviera enfrentando a una difícil tarea para sofocar la rebelión (...) En conclusión, se puede decir en este momento, que aunque dominado por las fuerzas militares, el movimiento tendrá el apoyo de las grandes masas de españoles que se oponen al credo político y la dominación de la extrema izquierda y que, a pesar de todo lo demás, piden para España ley y orden y la protección de la vida y la propiedad (...).²⁷

Sin embargo, durante esa segunda semana de conflicto las cosas evolucionaron de tal manera en España, que ya no era posible negar que hubiera estallado una guerra civil, lo que inevitablemente obligaba a Estados Unidos a definir su posición respecto a esta y valorar el efecto que pudiera tener en la situación europea. El 27 de julio de 1936, Cordell Hull ya reconocía que había mantenido una entrevista con Luis Calderón, embajador español en Washington, a petición de este para hablar de la guerra civil española. En la entrevista, Calderón le ofreció la total colaboración del gobierno español en los temas relativos a la seguridad de los ciudadanos americanos y en especial en asegurar la evacuación hacia Valencia de los 160 americanos refugiados en la embajada de Madrid. Hull, que según sus propias palabras fue «muy cuidadoso en no insinuarle el mínimo sesgo a favor de ninguno de los dos bandos», avanzando lo que sería la política de Estados Unidos y desvaneciendo toda esperanza de que Madrid pudiera encontrar en Washington la ayuda que le había sido ya negada en el Reino Unido y Francia, le preguntó concretamente sobre la capacidad militar de ambos bandos y la posible duración del conflicto. Con realismo Calderón asumió que «las fuerzas gubernamentales tendrían mejores oportunidades para asegurar armamentos y suministros que las fuerzas revolucionarias», pero no podía comprometerse a decir hasta qué punto el ejército estaba dividido o cuánto podría durar la guerra, e independientemente de quien ganara el conflicto, se tardaría un tiempo en restablecer la situación.²⁸

Al día siguiente el general Miguel Cabanellas informaba a Hull desde Burgos de «la formación y toma del poder el 23 de julio del nuevo gobierno de España con el nombre de Junta de Defensa Nacional», de composición exclusivamente militar.²⁹ El 29 de julio el secretario de Estado transmitía al Departamento de Guerra el resumen de la situación militar en España elaborado por el agregado militar de la embajada en Madrid, catalogando ya el conflicto español de total guerra civil: los rebeldes habían tomado Marruecos, Cádiz, Algeciras, Sevilla, Córdoba y las principales ciudades del norte, excepto San Sebastián y Bilbao; el gobierno mantenía Madrid y los alrededores, y al este, Sigüenza, Valencia, el corredor de la costa, Barcelona, Málaga. En la zona gubernamental todos los hombres habían sido movilizados, los extremistas estaban siendo gradualmente controlados por el gobierno, pero la bandera roja socialista ondeaba en el Palacio Presidencial en Madrid.³⁰

Ese mismo día se publicaba en Estados Unidos la entrevista realizada a Franco en Tetuán por Jay Allen, periodista del Chicago Tribune, que conocía muy bien España desde su llegada a Madrid en 1930, simpatizaba profundamente con las políticas reformistas de la República e incluso cuando estalló el golpe militar estaba en Torremolinos preparando un libro sobre la reforma agraria.³¹ En la primera entrevista concedida por Franco a un corresponsal extranjero, el líder rebelde planteaba la guerra como una batalla entre España y el comunismo, que ya dominaba el gobierno del Frente Popular, y presentaba su movimiento como «Nacionalista Españolista», la única alternativa para salvar a España de «la anarquía y el barbarismo». A pesar de su baja estatura, aspecto afable y voz suave, Franco fue tajante en contestar a Allen que perseguirían la victoria «a cualquier costo» hasta Madrid y que tras su éxito —del que no dudaba— se establecería una dictadura militar. Franco aprovechó la entrevista para indicar cómo Gran Bretaña, Francia, Italia e incluso América sólo podrían beneficiarse de su triunfo sobre el comunismo y avisaba del peligro de vulnerar el estatuto de neutralidad de Tánger si las compañías petroleras abastecían a la armada española leal o permitían repostar en Gibraltar a una flota que había asesinado a sus oficiales.³²

Conscientes de lo que representaba el estallido de la guerra civil española en el precario equilibrio europeo, la preocupación inmediata del Departamento de Estado y el temor general de la prensa estadounidense³³ eran que la guerra española pudiera extenderse a Europa, a partir de la ayuda militar externa a los dos bandos. Mientras el Departamento de Estado no parecía mostrar interés en saber en qué aviones consiguieron las tropas de Marruecos aterrizar en Algeciras,³⁴ compartía la preocupación general de que el gobierno de Léon Blum hubiera vendido armas y municiones al gobierno de Madrid,³⁵ pues esa acción, aunque lícita, en opinión de los británicos incitaría a los alemanes e italianos a intervenir para hacer frente a la bolchevización del continente.³⁶

A finales del mes de julio los rumores de suministro de armas, municiones y dinero soviéticos a los comunistas españoles llegaban a Washington desde Riga, pero sin citar la fuente de información.³⁷ Sin embargo Loy Henderson, desde Moscú, apoyándose en la información del Foreign Office, no sólo negaba este hecho y aseguraba que a pesar de sus simpatías por la República los soviéticos no querían interferir en asuntos españoles, sino que era un rumor intencionado para que Alemania e Italia justificaran la ayuda que ya habían prestado y pensaban seguir prestando a los rebeldes:

le puedo decir privadamente y en confidencia que el Gobierno Soviético se ha abstenido cuidadosamente de tomar ninguna acción que pudiera ser considerada como interferencia en los asuntos españoles, ningún armamento soviético u otro equipamiento militar ha sido enviado a España, ningún buque soviético o funcionario ha jugado ningún papel directo o indirecto en el conflicto. Se han hecho cargos de interferencia soviética, sin embargo, por Alemania e Italia en aras de justificar la ayuda que ellos ya han prestado a los rebeldes. He sido informado de que estos Estados fascistas están planeando prestar más ayuda en el futuro si lo juzgan necesario para asegurar una victoria de los reaccionarios.³⁸

En efecto, la ayuda inmediata de Alemania e Italia a Franco estaba permitiendo trasladar al ejército de África a la península, cuando a finales de julio y principios de agosto quedaba definitivamente clara la distribución de las dos zonas y comenzaron a reconocerse los frentes. La República había conservado la capital, las principales ciudades, la mayor parte de las zonas industriales y mineras —Cataluña, Asturias, País Vasco— y de agricultura de exportación —Murcia, Comunidad Valenciana—, mientras que los rebeldes, aparte de Sevilla, Zaragoza y Granada, controlaban pequeñas ciudades o capitales de provincia principalmente en las zonas agrícolas de Andalucía Occidental, Galicia, Castilla-León, Aragón, La Rioja, Navarra y Álava.

En todo caso, al acabar el mes de julio no solamente estaba claro para la administración estadounidense que había una guerra civil en España, sino que el conflicto ya se había internacionalizado por la ayuda de Alemania e Italia a los rebeldes. Por otro lado, las noticias del terror y las ejecuciones de militares leales en Marruecos,³⁹ de la dura resistencia popular que los rebeldes estaban encontrando al avanzar por el sur de la península, de las ejecuciones de los líderes obreros desde Sevilla,⁴⁰ o de «la confiscación temporal» de las fábricas de la General Motors y de Ford en Barcelona⁴¹ —silenciadas curiosamente por el Departamento de Estado— indicaban el aspecto de enfrentamiento ideológico y social que subyacía en un conflicto convertido en «un combate a muerte entre conceptos irreconciliables no solamente de gobierno, sino de una organización social básica de la sociedad», como señalara un editorial del New York Times.⁴²

UNA GUERRA IMPLACABLE

La referencia a una guerra civil distinta, implacable, sin compromiso, mencionada casi inmediatamente por la prensa estadounidense, sería una de las constantes de los informes sobre la situación interior española que recibió el Departamento de Estado en el mes de agosto. No en vano, agosto fue uno de los peores meses del «terror caliente», que según el bando «purificaba» a España de sus enemigos o «eliminaba» los parásitos sociales, y entre finales de julio y septiembre fue responsable del cincuenta por ciento de los asesinatos cometidos en cada zona durante la guerra. En el bando rebelde la operación de limpieza para «extirpar de raíz» todo recuerdo de la República comenzaba cuando triunfaba la sublevación o llegaban las tropas de Franco, y las nuevas autoridades, requetés o falangistas encarcelaban, perseguían y eliminaban a los militares rebeldes, las autoridades republicanas, líderes de partidos y sindicatos, masones y hasta aquellos que habían votado al Frente Popular. Mientras que en la zona republicana, en medio del colapso del Estado y el comienzo de la revolución, los comités revolucionarios, milicianos «impacientes» o escuadrones de las distintas organizaciones se dedicaron a eliminar de forma irregular a todos los que representaban el orden de los sublevados y el poder convencional: militares, fuerzas del orden, propietarios, encargados de fábricas, militantes o simpatizantes de partidos considerados reaccionarios, «burgueses en general», católicos y clero, mientras se incendiaban y desacralizaban iglesias.⁴³

Así, al restablecerse las comunicaciones telefónicas⁴⁴ y tener más perspectiva, los cónsules daban una información más detallada del éxito o fracaso de la rebelión en sus distritos, de las consecuencias políticas de ese resultado y de la evolución militar en las distintas zonas de España. A pesar del localismo de esos primeros momentos, parecía haber tres constantes en la información diplomática: aunque el gobierno subsistía en la zona republicana, la resistencia a la sublevación había sido el comienzo de una revolución, la dura represión y el terror en ambos bandos y la igualdad militar de los dos ejércitos.

En el primer informe extenso y retrospectivo que Wendelin, el tercer secretario de la embajada, envió a Hull el 12 de agosto sobre la resistencia a la sublevación militar en Madrid, reflejaba el aumento del poder de las organizaciones obreras y las juventudes socialistas, desde su papel decisivo en la rendición del cuartel de la Montaña el 19 de julio, la ejecución sumaria de 100 de los oficiales capturados, así como quizá 200 de los civiles armados,⁴⁵ aunque desde entonces parecía que el gobierno iba restableciendo su poder. El New York Times compartía las opiniones de Wendelin tanto respecto a la represión en Madrid —«las cárceles están llenas de prisioneros, muchas personas han desaparecido y probablemente un indeterminado y horrendo número para siempre»—, como al restablecimiento de cierto control gubernamental.⁴⁶ Sin duda el aspecto revolucionario de participación popular entusiasta fue uno de los factores que a juicio de Wendelin hicieron fracasar la rebelión militar, junto a la lealtad al gobierno de la mayor parte de la marina y aviación, con las que contaban inicialmente los rebeldes, y la de la Guardia Civil y de asalto en Madrid y Barcelona.

Todas estas circunstancias indicaban, según Wendelin, que estaban ante una rebelión militar distinta a todas las anteriores: «una lucha a vida y muerte, peleada con una ferocidad sin precedentes en los tiempos modernos», que no podía simplificarse como una lucha entre fascismo y marxismo, pues había que tener también en cuenta la tradición monárquica, la influencia del anarcosindicalismo, y la fortaleza del sentimiento auténticamente republicano.⁴⁷

En su informe retrospectivo sobre el 19 de julio de 1936 en Barcelona, el cónsul general americano Lynn W. Franklin coincidió en señalar como decisiva para la derrota de la sublevación en la Ciudad Condal la alianza de tropas leales del ejército, Guardia Civil y grupos de trabajadores, que luchaban por toda la ciudad, mientras se veían ambulancias de la Cruz Roja, coches con civiles armados y con las iniciales de la CNT, no funcionaban teléfonos ni telégrafos y los transportes de todo tipo estaban paralizados. Para Franklin lo que se estaba viviendo era el «estallido de la presente guerra mundial», la incógnita era «ver si los elementos sindicales más radicales ahora en posesión de rifles y municiones confinarían su uso para propósitos legítimos, lo entregarán a las autoridades legalmente constituidas o iniciarían una gran venganza contra sus enemigos clericales y fascistas». Sin duda había muchos símbolos en la ciudad que para Franklin anunciaban la nueva situación revolucionaria: hombres armados acompañados de guapas mujeres se paseaban en los coches requisados por los sindicatos con el puño en alto, ardían algunas iglesias y las noticias de los días siguientes confirmaron que «los asesinatos continuaban de forma alarmante».⁴⁸

Como señalara a principios de mes el Washington Post desde Perpiñán o más tarde desde Ciudad del Vaticano, estas ejecuciones se realizaban principalmente contra religiosos y propietarios por el simple hecho de ser «considerados fascistas», pero con la oposición tanto de la Generalitat como del Comité de Milícies Antifeixistes, que estaban intentando sin éxito frenar los asesinatos indiscriminados.⁴⁹ La revolución en Barcelona y Cataluña también afectó por primera vez a intereses y vidas de ciudadanos americanos: como la incautación de las compañías Ford Motor Ibérica y General Motors, la muerte del empleado consular Sr. Iturralde por el comité local de Cornellá cuando iba a trasladar desde Begas al gerente de la Ford Mr. Jenkins o, con el signo opuesto, la utilización de la bandera americana por jóvenes fascistas que dispararon sobre las milicias. Todos incidentes menores, en una tónica —se insistía— de respeto general a los ciudadanos e intereses extranjeros, sobre los que tanto la Generalitat, como el Comité de Milícies Antifeixistes y el consulado estadounidense fueron extremadamente escrupulosos en no hacer un «casus belli».⁵⁰

También en Málaga las informaciones consulares indicaban que de momento se respetaba la vida de los extranjeros, pero los comités radicales controlaban la ciudad y el número de asesinatos diarios aumentaba;⁵¹ mientras que en Tarragona, donde el control de la CNT-POUM se veía contestado por la UGT y la Generalitat, había habido muchas ejecuciones la segunda semana de agosto, entre ellas las de personalidades como el presidente de la Cámara de Comercio, el delegado de Marina, el obispo auxiliar de la diócesis y el presidente de la Audiencia, «a pesar de estar custodiado por guardias de asalto».⁵² Un poco más al sur, en Valencia los empresarios y propietarios se veían amenazados por la incautación de sus propiedades y continuaban el 20 de agosto las ejecuciones secretas y arbitrarias «de unos 30 españoles acomodados cada noche», entre ellos el destacado empresario y cónsul honorario de Polonia Vicente Noguera.⁵³

A diferencia de lo difundido en Estados Unidos por las publicaciones católicas o la prensa de Randolph Hearst, el Departamento de Estado y algunos de los principales periódicos estadounidenses sabían que la violencia y el terror no era un asunto exclusivo de los revolucionarios en el bando gubernamental. Desde los primeros días que siguieron a la rebelión militar, el cónsul de Vigo William Corcoran, que tuvo que salir de la ciudad a las pocas semanas acusado de filocomunista, daba noticias detalladas de lo que iba presenciando en las calles de la ciudad gallega: matanzas indiscriminadas contra la multitud que iba en el ferry, detenciones de todos los republicanos y no católicos, abogados, médicos, profesores, trabajadores asesinados en las calles a sangre fría simplemente por ir vestidos con monos de trabajo. Como él y su mujer comprobaron personalmente, el fanatismo religioso jugaba un papel determinante en la represión. En el edificio donde vivían, el matrimonio fue tachado de comunista «por no ir a misa», lo que significaba estar amenazados de muerte.⁵⁴ A principios de agosto todas las cárceles habituales e improvisadas estaban repletas de liberales viviendo en medio de la mayor suciedad y miseria, los hospitales eran incapaces de atender a los enfermos y heridos, todos sus amigos estaban encarcelados o habían sido ejecutados, él tendría que salir de España para salvar su vida y no tenía ninguna duda de que en tres semanas de control militar se había pasado a la España de la Inquisición, que buscaba «despiadadamente vencer exterminando a todos los no-creyentes». Para Corcoran la masacre indiscriminada de fascistas radicales contra liberales y trabajadores estaba siendo de tal calibre, que el problema que tenían los militares era evitar mayores masacres «y ganar a los trabajadores para su causa», para tener bastantes efectivos militares.⁵⁵

También en Canarias, donde el éxito de la rebelión militar fue muy rápido, el Departamento de Estado recibía a mediados de agosto las noticias de la amplia represión que le acompañó. Según el informe del cónsul, desde el mismo 18 de julio fueron encarceladas todas las autoridades, los más destacados líderes de la izquierda, muchos de los comunistas radicales y sindicalistas. La guardia de asalto fue desarmada y arrestada, se hicieron innumerables prisioneros que fueron «colocados en barcos en el puerto, que normalmente se usan para transportar fruta» y los rumores indicaban que algunos de los prisioneros estaban siendo fusilados y el resto serían trasladados a campos de concentración.⁵⁶

Mientras tanto los rebeldes consolidaban el dominio de la línea al sur de Badajoz y Franco llegaba a Sevilla el 7 agosto. En la ciudad hispalense se concentraban las tropas que llegaban por aire desde Marruecos para dirigirse hacia Mérida y Badajoz con la intención de unirse en el norte con las tropas de Mola y atacar Madrid. Al día siguiente, Franco concedió una entrevista a Frank L. Kluckhohn, que se publicó en la primera página del New York Times el 9 de agosto, en la que Franco precisaba el objetivo de la rebelión militar y afirmaba que no quería imitar a Italia, ni tenía especiales relaciones con ese país, pues tras un gobierno militar su propósito político era aprobar una constitución liberal que no favoreciera a ninguna clase social:

Comenzamos la rebelión, sólo después de que fue evidente que el gobierno estaba cayendo en manos de los socialistas y comunistas extremistas y que no había justicia para los demás. Queríamos acabar con la cuota de asesinatos diarios y la desintegración social de España.⁵⁷

Simultáneamente, el cónsul estadounidense en Sevilla informaba que continuaban en la ciudad las ejecuciones nocturnas y en algunos pueblos de la región, al acercarse los militares rebeldes se hacían «matanzas de las clases altas», recibiendo después «un castigo riguroso» al ser ocupados por los rebeldes.⁵⁸

Wilson, encargado de negocios interino de la embajada americana en París, que se encontraba de vacaciones en Córdoba el 18 de julio, explicaba unos días después a Hull que los rebeldes contaron en la ciudad con el apoyo de los propietarios y clases respetables, que no dudaron en presentarse inmediatamente voluntarios y hacer donaciones que alcanzaron las 300.000 pesetas. Al tercer día, mientras la violencia se perpetraba por ambos bandos en los pueblos de la campiña cordobesa, para Wilson las principales operaciones militares de los rebeldes eran «expediciones punitivas a los pueblos supuestamente controlados por los comunistas», en las que se respondía a la matanza de propietarios y clero con «ejecuciones sumarias de todo el mundo sospechoso de haber participado en la matanza». Estaba claro para los propietarios y sus simpatizantes que era una guerra de supervivencia contra los comunistas quienes, si no los sometían, llevarían a cabo una terrible venganza. «Mi impresión es que ha comenzado una verdadera guerra civil, que está siendo peleada de forma implacable y que ha ido demasiado lejos para detenerla con un compromiso político»,59 concluía Wilson.

Como señalaba por esas fechas el conocido periodista del New York Times afincado en Barcelona Lawrence A. Fernsworth, «en todas las ciudades de la costa mediterránea la preponderancia de la juventud armada, muchos de ellos casi niños, es destacada. Las historias atroces son desgraciadamente demasiado ciertas en ambos lados». Según Fernsworth, parecía haber una distinción en relación con los métodos represivos de uno y otro bando: mientras las milicias gubernamentales y simpatizantes procedían contra realistas sospechosos y fascistas por un proceso de eliminación, «los insurgentes se superan en despiadadas ejecuciones masivas».60 En este sentido el New York Times indicaba que en un documento encontrado a un militar rebelde tras la toma de Guadalajara, «había instrucciones detalladas para destruir la moral del enemigo mediante el terror: ejecuciones masivas, destrucción de ganado, cosechas, viviendas, cortes de agua y luz debían ser los medios a emplear para ese fin».⁶¹

En el avance de los rebeldes hacia Madrid por el sur, las noticias de la toma y masacre de Badajoz el 14 de agosto por las tropas legionarias y moras del general Yagüe, difundidas para el público estadounidense gracias al artículo de Jay Allen en el Chicago Tribune, confirmaron las dimensiones de la represión sumaria que los diplomáticos estadounidenses ya venían observando en otras zonas ocupadas por los sublevados, con Córdoba y Sevilla a la cabeza. Cuando Allen llegó a la ciudad extremeña nueve días después, estaban «quemando cadáveres», y aún pudo observar la «hilera de hombres, con los brazos en alto», jóvenes campesinos y obreros, que eran introducidos en la plaza de toros para ser asesinados a las 4 de la madrugada, sumándose así a los 1.800 hombres y mujeres fusilados, y a los que, intentando huir, eran devueltos por la Policía Internacional portuguesa hasta sumar la cifra de 4.000 ejecutados que señalaba Allen en su artículo.⁶² La matanza fue justificada por el general Yagüe a John Whitaker, el periodista del New York Herald que también había informado in situ de la matanza con estas palabras: «por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Iba a llevar cuatro mil prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contra reloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?».⁶³

De forma inmediata, Allen perdió su trabajo en el Chicago Tribune con este reportaje, y la repercusión internacional de la matanza por las informaciones de los periodistas portugueses, franceses y estadounidenses fue tal que en adelante los insurgentes no permitieron a ningún periodista que entrara en una ciudad hasta 48 horas después de haber sido tomada. Hoy en día sabemos que unas mil personas perecieron en la entrada de las tropas en la ciudad y que con las ejecuciones posteriores pudieran llegar a 4.000, aunque excepto los testimonios orales cualquier rastro documental ha desaparecido de los archivos, Registro Civil y registro del cementerio.⁶⁴ Esto es sin duda un indicio de sus dimensiones, que ya en su momento los mismos ejecutores trataron de justificar abultando los números de sus bajas en la toma de la ciudad.

En efecto, Badajoz no solamente confirmaba el aspecto de guerra implacable, de exterminio, que estaba realizando el ejército insurgente, sino que en repuesta exacerbó otra vez la represión en la zona gubernamental, especialmente la ejecución sumaria de 20 a 40 destacados presos políticos en la cárcel Modelo de Madrid. Estas y otras acciones en Barcelona fueron condenadas por las autoridades gubernamentales y de la Generalitat, que trataron de controlar la arbitrariedad de las ejecuciones con el establecimiento de tribunales populares a finales del mes de agosto.⁶⁵ No iba a tener un efecto inmediato, y en los días siguientes continuaron llegando noticias sobre la represión en la retaguardia gubernamental al Departamento de Estado: el cónsul de Bilbao informaba cómo cada día eran asesinadas personas de «las clases altas»⁶⁶ y el cónsul de Valencia se refería a 120 ejecuciones la noche del 1 de septiembre y cómo la «completa socialización» estaba progresando rápidamente.⁶⁷ Paralelamente, las noticias que llegaban del bando rebelde desde Gibraltar se referían sobre todo a aspectos militares. Confirmaban que Franco había utilizado aviones alemanes para transportar las tropas desde Marruecos e indicaban que el ejército del sur podía estar en dos o tres semanas a las puertas de Madrid. Cualquier retraso en tomar la capital —señalaba el cónsul— podría plantear futuros problemas políticos en el bando rebelde, donde los fascistas en aumento y otras organizaciones políticas competirían con el poder.⁶⁸

También los aspectos militares eran ya la primera preocupación de las autoridades republicanas. El otro efecto de las noticias de Badajoz, y en general de la represión en el bando rebelde, fue unir a sectores políticos muy distintos en el bando gubernamental, para ganar la guerra como única forma posible de supervivencia. Las primeras noticias recibidas en el Departamento de Estado desde Madrid, sobre la unificación de las fuerzas armadas en un mando único a finales de agosto, iban en el sentido de aumentar la eficacia militar gubernamental.⁶⁹ Especialmente cuando el 3 de septiembre las tropas de Yagüe llegaron a Talavera y, ese mismo día en el norte, las tropas del general Mola tomaron Irún y el día 12 San Sebastián, uniendo la España rebelde y aislando el territorio republicano en el norte.

En efecto, buscar la eficacia militar sería uno de los principales objetivos, junto a la reconstrucción del poder del Estado, del gobierno de Unidad Nacional presidido por el líder de la UGT Francisco Largo Caballero desde el 4 de septiembre. Ese mismo día Wendelin comunicaba a Hull con detalle la formación del gobierno Largo Caballero, indicando que el ministro de Asuntos Exteriores —Julio Álvarez del Vayo— era la mano derecha del jefe del gobierno.⁷⁰ Por su parte el Washington Post señalaba que era el gobierno «más radical que nunca había gobernado España»⁷¹ —sin duda valorando que era un gobierno dirigido por un líder obrero histórico, en el que había dos ministros comunistas— y que su formación había tenido repercusiones inmediatas en la embajada de España en Washington, donde dimitió el embajador Luis Calderón, el primer secretario de embajada Luis de Olivares, el agregado militar mayor José Vidal y por supuesto el agregado del aire Ramón Franco, que sin renegar de sus ideas republicanas se unía a los rebeldes para conseguir «el orden en España».⁷² Ya el 11 de septiembre, Ramón Franco anunciaba —con información confidencial de su hermano— en su fiesta informal de despedida en Washington ante algunos militares americanos y el agregado militar de la embajada japonesa, que el objetivo político de su hermano y de los rebeldes era establecer una dictadura militar «hasta que el orden se restablezca» y después un «Estado corporativo siguiendo el modelo de Mussolini en Italia».⁷³

Lo que estaba claro desde hacía unas semanas para los diplomáticos americanos es que ya no se trataba de hacer triunfar o fracasar un golpe de Estado, sino de prepararse para una guerra larga, pues como señalara el cónsul de Gibraltar al observar lo que estaba pasando en Andalucía, «el cruel derramamiento de sangre en ambos bandos ha creado una situación en la que no puede haber compromiso y de la que España tardará mucho tiempo en recobrarse».⁷⁴ También desde finales de agosto distintas autoridades gubernamentales —Indalecio Prieto en Madrid, Jaume Miravitlles en Barcelona— reconocían al New York Times que la guerra iba a ser larga y difícil, pero tenían la seguridad de que la República la ganaría al contar con los principales recursos del Estado —reservas de oro del Banco de España— y del país.⁷⁵

Para el agregado militar Stephen O. Fuqua, ya en la segunda semana de agosto la superioridad gubernamental no estaba tan clara. Militarmente, el gobierno había fracasado en derrotar a los rebeldes en Guadarrama y las sierras, en avanzar hacia Zaragoza tanto por Madrid como por Barcelona; mientras que el principal éxito de los rebeldes había sido poder trasladar las tropas de Marruecos, asegurando el corredor Cáceres, Mérida y Sevilla paralelo a Portugal, «que conecta las regiones rebeldes del norte y del sur». Coincidía con el gobierno en que la principal ventaja de la República era tener las reservas de oro para comprar material de guerra, pero podía «darle Jaque mate el acuerdo de algunas naciones extranjeras —ahora en discusión— de no vender material de guerra, incluido aviones a ningún bando».⁷⁶

Fuqua tenía razón. Militarmente los 150.000 soldados rebeldes estaban siendo mucho más efectivos en el campo de batalla que los teóricos 90.000 que tenía la República antes de la disolución del ejército y posteriormente de las milicias, y la superioridad económica y financiera de la República podría desvanecerse si no conseguía ayuda militar externa comparable a la que estaba recibiendo el otro bando, o si nadie le suministraba armas en un mercado internacional en el que Estados Unidos era un destacado suministrador potencial.

«EL EMBARGO MORAL»: PAZ Y SEGURIDAD EN UN AÑO DE ELECCIONES

La guerra civil española estalló sólo un par de semanas después de que Franklin D. Roosevelt comenzara su campaña para la reelección tras ser nominado como candidato en la Convención Demócrata de Filadelfia. Después de la declaración de inconstitucionalidad de algunas de las principales medidas del Primer New Deal en 1935 y 1936, y la oposición declarada a su política reformista y económicamente heterodoxa de los intereses económicos y políticos conservadores agrupados en The Liberty League, Roosevelt aspiraba a un segundo mandato para salvar el New Deal. A pesar de esta sólida oposición, que incluía a algunos demócratas descontentos, la legislación más progresista aprobada en 1935 en «los segundos cien días», y los éxitos concretos del New Deal en reducir el paro de 12,5 a 8 millones y ayudar directamente a los sectores populares más afectados por la depresión, hacía difícil que los republicanos pudieran arrebatar la presidencia a Roosevelt, a no ser que algún tercer partido, como el populista pro fascista Union Party le restara votos católicos en los estados industriales.⁷⁷

Gran parte de la fortaleza de Roosevelt en esta campaña se debía a que había forjado una nueva coalición electoral basada en el voto popular y obrero de las minorías étnicas europeas de las grandes ciudades del norte, que ya había revolucionado el Partido Demócrata al arrebatar el poder del partido a los demócratas del sur, después de cien años, en la Convención Demócrata de Filadelfia, y a partir de esta campaña iba a revolucionar la política estadounidense. El apoyo explícito que los sindicatos del Congress of Industrial Organization (CIO) y American Federation of Labor (AFL) dieron a la campaña, como principal contribuyente, completaba una revolución electoral a la que habría que unir la captación por primera vez del voto negro en las grandes ciudades del norte.⁷⁸

En la política exterior, sin embargo, excepto en Latinoamérica, Roosevelt no había conseguido avanzar en su objetivo de estabilizar la democracia y lograr la «paz y seguridad mundial», asentada sobre un libre comercio internacional que favoreciera la recuperación de la economía americana.⁷⁹ Mientras la indecisión de Roosevelt y su Departamento de Estado en actuar a favor de la paz desde 1933, tanto en el Lejano Oriente como en Europa, había frustrado la política de cooperación con la URSS en ese aspecto desde 1934;⁸⁰ el ascenso de los regímenes fascistas en Japón y Europa y los acuerdos británicos de Ottawa en 1932 sumaron enormes territorios excluidos del libre comercio internacional, haciendo más difícil a juicio del presidente salvar la democracia asentada en el liberalismo económico.⁸¹

En ese contexto, la guerra civil española daba a Roosevelt la última oportunidad en plena campaña electoral de demostrar al electorado que estaba luchando por la paz.⁸² Es así como durante el mes de agosto de 1936 el Departamento de Estado y el presidente definieron la postura de Estados Unidos respecto a la guerra civil española, prestando especial atención a la posición de las potencias democráticas europeas y a las repercusiones que la guerra civil española estaba teniendo en las repúblicas latinoamericanas, su zona de influencia.

Mientras el gobierno francés de Léon Blum rectificó a finales de julio su postura inicial de ayudar al gobierno español, por la dura oposición interna y la actitud hostil del Reino Unido, y optó por promover la política de No Intervención como la mejor forma de evitar la internacionalización del conflicto español sin perjudicar la política británica de apaciguamiento hacia Alemania, el Departamento de Estado recibía confirmación a principios de agosto de la ayuda italiana, alemana y portuguesa al bando rebelde. Desde Tánger, el consulado confirmaba a Hull que mientras ninguna compañía estaba suministrando petróleo a los barcos españoles, Franco aumentaba su flota aérea para trasladar las tropas a la península con algún hidroavión de origen desconocido, 3 Junker y 9 Caproni, «parte del escuadrón Italiano que estaba causando tantos problemas internacionales por el aterrizaje forzoso de dos aviones en el territorio francés de Argelia, cerca de la frontera española».⁸³

Por esas mismas fechas el embajador estadounidense en Lisboa informaba que aunque la dictadura católica y corporativa del general Antonio Salazar aún no había reconocido oficialmente al gobierno de Burgos, desde el principio de la rebelión no sólo había mostrado abiertamente que la victoria de los rebeldes en España era para el gobierno portugués casi un asunto «de vida o muerte», sino que lo evidenciaba en la sintonía con los principios políticos representados por los rebeldes y la ayuda directa e indirecta a su causa. Gracias a una estricta censura se difundía la información de que el gobierno de Madrid estaba siendo financiado por los comunistas rusos para subvertir la paz y «Radio Club Portuguesa había sido más radical en sus denuncias al Gobierno de Madrid, que Radio Sevilla». Caldwell tenía pruebas de que el gobierno portugués había suministrado gasolina y petróleo a los rebeldes cerca de la frontera, Gil Robles había sido recibido por Salazar y aparentemente con fondos de Juan March —el empresario mallorquín que había financiado ya el golpe de Estado— estaba haciendo importantes compras para las fuerzas rebeldes. El embajador se hacía eco también de los fuertes rumores sobre las municiones que la flota portuguesa estaba transportando al sur de Portugal, de que aeroplanos procedentes de Sevilla estaban aterrizando en Lisboa con frecuencia y líderes españoles simpatizantes con los rebeldes se encontraban en Portugal, donde habían hecho de Estoril el centro de sus actividades.

En cuanto a la opinión pública portuguesa, vivía la situación española como un asunto propio que dividía a la sociedad, añadía Caldwell. Los que apoyaban la sublevación aducían que la democracia e instituciones parlamentarias habían fracasado en España, no habían podido defender las vidas y propiedades, ni habían sido capaces de mantener las instituciones democráticas frente al comunismo. Sus oponentes, de forma anónima y clandestina, argumentaban que en países como España y Portugal se debía dar una oportunidad a los principios democráticos y liberales para que tuvieran éxito y el gobierno elegido en elecciones libres debía ser apoyado frente a un Estado fascista bajo control militar.⁸⁴

Lisboa y Roma respondían invariablemente a las acusaciones de ayudar al bando rebelde acusando a su vez a Francia y la URSS de suministrar armas al gobierno español. Desde Roma llegaba información al Departamento de Estado de que el gobierno Italiano negaba insistentemente la propiedad de los aviones derribados en Argelia. El asunto estaba bajo investigación y en todo caso aquel gobierno, interesado en presentarse como el más firme defensor de la No Intervención «para mantener el orden social en Europa», insistía en que había sido una transacción privada que no implicaba al gobierno. Actitud que contrastaba, según Alexander Kirk, encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en Roma, con la interpretación oficiosa de la guerra civil española como una lucha entre fascismo y comunismo.

La apuesta italiana por la No Intervención a principios de agosto se condicionaba a que Francia y la URSS no siguieran ayudando al gobierno de Madrid, mientras la prensa de Roma, añadía Kirk, consideraba la oportunidad de pasar de la declaración de No Intervención —un principio de tiempo de paz restringido a que los gobiernos no asistan a los enemigos del gobierno establecido, pero que no afectaba a los ciudadanos particulares, que podían asistir a cualquiera de las partes en conflicto— a la de Neutralidad que se aplica al estado de guerra. Esta era la situación española —división territorial, dos ejércitos, dos gobiernos— en opinión de los periódicos romanos.⁸⁵

Pero según las informaciones en poder del Departamento de Estado, ni la URSS ni Francia confirmaron las sospechas de Portugal e Italia, aunque en ambos países amplios sectores de la opinión pública simpatizaban con el gobierno español. El embajador americano en París había informado ya el 2 de agosto a Cordell Hull que en el gobierno francés había triunfado la postura de los moderados de buscar una declaración de estricta neutralidad y No Intervención con Gran Bretaña e Italia, como la forma de «acortar» el conflicto español y evitar complicar las relaciones internacionales.⁸⁶ Por supuesto el gobierno francés podría cambiar de postura si otros países suministraban armas a los rebeldes. Dos días después, el encargado de negocios interino de la embajada francesa en Washington, Jules Henry, informaba directamente a Hull sobre la propuesta de No Intervención en la guerra civil española que su gobierno había hecho a Gran Bretaña e Italia, insistiendo «en el deseo de su gobierno de que el gobierno americano estuviera al tanto de su acción y sus premisas» y comentando la preocupación francesa por las noticias de que otros gobiernos, sin mencionar nombres, estaban violando la No Intervención.⁸⁷

En cuanto a la supuesta ayuda soviética, desde principios de agosto Loy Henderson estaba informando que no sólo el gobierno soviético no iba de momento a prestar ninguna ayuda al gobierno español «para no alimentar ninguna excusa de intervención de los gobiernos fascistas en Europa», sino que los representantes diplomáticos lituanos y alemanes en Moscú confirmaron que sus embajadas no tenían ninguna información de que «el Gobierno soviético estuviera mandando armas y equipamiento militar al gobierno español», aunque el gobierno alemán estaba preocupado con la posibilidad de establecimiento de un «Gobierno comunista en el suroeste de Europa».⁸⁸

De momento la única ayuda que iba a ir a España era el donativo recogido por los sindicatos soviéticos, decidida a remolque de la acordada el 28 de julio de 1936 por los sindicatos adheridos a la II Internacional (los británicos 1.000 libras, los sindicatos belgas y franceses 50.000 francos belgas y 25.000 francos franceses, respectivamente y The Internacional Ladies’ Garment Workers Union of the United departamentos 5.000 dólares). De no hacerlo, el Profintern —La Internacional Sindical Roja— «hubiera perdido mucho de su atractivo ante la clase obrera del mundo», por lo que organizaron una manifestación masiva de 120.000 trabajadores en la Plaza Roja de Moscú y las primeras páginas de los principales periódicos se dedicaron durante varios días a dar cuenta de los mítines y manifestaciones. Sin embargo, «de repente todo cesó abruptamente el 6 de agosto», añadía Henderson, sin duda para no levantar sospechas sobre su ayuda a España y manifestar su buena voluntad respecto a la adhesión de la URSS al Pacto de No Intervención.89 Incluso los funcionarios gubernamentales estaban divididos respecto a que el envío de dinero a España, al tener que convertirse en moneda extranjera y necesitar por tanto el permiso del Comisariado de Finanzas, pudiera ser interpretado como una ayuda directa del gobierno soviético y utilizado por Alemania e Italia para justificar la ayuda que continuaban dando a los rebeldes. Otros, sin embargo, consideraban que si la URSS quería continuar su hegemonía sobre el movimiento revolucionario internacional, no debía dudar en periodos de crisis en asumir el liderazgo de ese movimiento, concluía Arthur Bliss desde la legación americana en Riga.⁹⁰

Según la información diplomática estadounidense, para el gobierno de unidad nacional británico, que inicialmente había pensado en reconocer a los dos bandos,⁹¹ fue más fácil asumir y liderar la política de No Intervención, pues prácticamente todos los sectores de la opinión pública británica compartían la posición del gobierno.⁹² Los conservadores porque creían que la democracia ya estaba perdida independientemente de quien ganara la guerra. El Partido Laborista y los sindicatos —tras un enconado debate— decidieron en un congreso conjunto a puerta cerrada apoyar la política de No Intervención, como la única forma de mantener la paz en Europa, aunque reconocían el derecho del gobierno legal a defenderse de los insurgentes y por tanto a comprar armas. Los sindicatos se limitaron a recoger fondos por motivos humanitarios.⁹³ El Manchester Guardian, órgano oficioso de los sindicatos y el Partido Laborista, lo decía bien claro: «aunque se hacía una injusticia con el Gobierno español y se vulneraba La Ley Internacional, por miedo a que Italia y Alemania amenacen a Europa y al Mediterráneo occidental».⁹⁴ El 17 de agosto Herschel V. Johnson, primer secretario de la embajada americana en Londres, ya informaba a Hull de que el Foreign Office había hecho oficial el acuerdo de los gobiernos británico y francés sobre la propuesta francesa de prohibir la exportación de armas y municiones a España, y esperaban la adhesión de los gobiernos alemán, italiano, portugués y soviético para ponerlo en práctica. Ese mismo día el gobierno británico había pedido no vender aviones civiles británicos a ningún bando.⁹⁵

Mientras tanto se había definido la posición americana, muy en sintonía con la política de No Intervención que lideraban Gran Bretaña y Francia para aislar el conflicto español. La postura de escrupulosa no interferencia de Estados Unidos en la guerra civil española se manifestó ya en los primeros días de la guerra, cuando la embajada americana en Madrid, siguiendo el criterio de Washington de no dar refugio a ciudadanos de otras nacionalidades, excepto en circunstancias de extrema necesidad, no había refugiado más que a ciudadanos americanos y desde luego a ningún español.⁹⁶ El día 7 de agosto el secretario de Estado enviaba una circular a todos los cónsules y personal diplomático en España resumiendo la posición del gobierno de Washington sobre la guerra de España:

Es evidente que nuestra Ley de Neutralidad con respecto al embargo de armas, munición y material bélico no tiene aplicación en la presente situación, puesto que se aplica solamente en los casos de guerra entre naciones. Por otro lado, de acuerdo con la bien establecida política de no interferencia en los asuntos internos de otros países tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, este Gobierno escrupulosamente se abstendrá de cualquier interferencia en la desafortunada situación española. Pensamos que los ciudadanos americanos, en Estados Unidos y en el extranjero, están observando cuidadosamente esta reconocida política americana.⁹⁷

Unos días después Stanley K. Hornbeck, jefe de la División del Lejano Oriente del Departamento de Estado, fue casi el único funcionario de la administración que criticó esta política, tanto por interferir en el derecho legítimo del gobierno español a comprar armas, como por sentar el peligroso precedente de tratar en términos de igualdad a un grupo de rebeldes y a un gobierno legalmente reconocido. Igualmente Hornbeck mostraba también las debilidades de hacer cumplir un «embargo moral» sin ninguna apoyatura legal y su contradicción con la postura que el gobierno estadounidense había tomado en la intermitente guerra civil china, que subyacía a la guerra no declarada de Japón contra China, al facilitar a los nacionalistas chinos créditos y armas:

Si siguiendo la política de «no intervención» el ejecutivo consideraba deseable desanimar la exportación de armas a cualquiera de los dos bandos en España, entonces debe estar preparado para tomar la misma actitud en cualquier guerra civil. Pero esa no es la posición que hemos tomado y vamos a mantener en relación a otros conflictos civiles en otros países, notoriamente China.

(...) Prohibir por persuasión más que por autoridad bajo la ley es un procedimiento muy insatisfactorio y peligroso desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la efectividad. Esta postura tiene también elementos de gran injusticia potencial. Deja en manos de individuos privados una responsabilidad que debería ser del Gobierno. Perjudica al ciudadano consciente que quiere seguir la política gubernamental y da ventaja al ciudadano que es indiferente u hostil al gobierno y sus políticas y quiere sacar beneficios para sí mismo.

Por lo que Hornbeck concluía que mientras el gobierno no obtuviera el poder del Congreso para prohibir por ley la venta y exportación de armas para guerras civiles exteriores, «no puede actuar en absoluto para prevenir la venta y exportación de armas a ninguna de las partes envueltas en un conflicto civil».⁹⁸

Unos días después Mr. Phillips, secretario de Estado en funciones, trataba de defender en rueda de prensa estas debilidades de la política de «embargo moral», reiterando que la postura de Estados Unidos estaba definida por el Tratado de Montevideo de 1933, que en su artículo 8 señalaba que «ningún estado tiene el derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro» —posición independiente del acuerdo de No Intervención europeo—. Las supuestas ventas de aviones que se habían realizado a España no habían seguido «el espíritu de la política del gobierno», que siempre había respondido verbalmente lo mismo ante cualquier consulta sobre la venta de armas a España y no había recibido ninguna petición expresa «de licencias para exportar armas y municiones a España»,99 añadía Phillips. Los periodistas ni siquiera le preguntaron sobre las contradicciones entre esta política y la seguida en China, pues respecto a aquel país, objetivo preferente de Estados Unidos desde finales del siglo xix, había consenso incluso entre muchos aislacionistas en tolerar cierta ayuda.

La posición de no interferencia estricta y «embargo moral», muy acorde con la política de No Intervención europea que se estaba fraguando, no tenía desde luego ninguna capacidad legal para evitar que se exportaran armas o municiones a España, tampoco podía interferir en el libre abastecimiento a cualquier bando de otros productos estratégicos que como petróleo o vehículos empezaron a suministrar al bando rebelde empresas norteamericanas como la petrolera Texaco, la General Motors y la Ford.¹⁰⁰ Sin embargo, esta postura expresaba tanto los temores del secretario de Estado y algunos miembros de su departamento a las tendencias revolucionarias y pro comunistas de la zona leal,¹⁰¹ como sobre todo la preocupación de que la guerra no se extendiera más allá de las fronteras españolas y llevara a una guerra contra las potencias fascistas.¹⁰²

Esta vez no hubo fisuras entre Roosevelt y Hull, ni entre Roosevelt y el Congreso.¹⁰³ Con una opinión pública intensamente aislacionista respecto a Europa, el «embargo moral» no tenía ninguna intención de salvar la democracia española contra el fascismo, sino que trataba de evitar la guerra en Europa, presentando al presidente en el último tramo de la campaña electoral con una posición que «por una vez parecía aceptable a los irreconciliables aislacionistas e internacionalistas», señalaría Hull más tarde.¹⁰⁴ Por otro lado les evitaba el riesgo de alienarse el importante voto católico —que no era necesariamente conservador—,¹⁰⁵ muy impresionado por las reales y exageradas noticias de la represión contra el clero católico difundidas por la Iglesia Católica y la prensa de Hearst. Motivos suficientes para que todos aquellos que en su gabinete o en su círculo íntimo tenían mayores simpatías por el gobierno español —su propia esposa Eleanor Roosevelt, el secretario del Interior Harold L. Ickes y el secretario del Tesoro Henry Morgenthau— decidieran no hablar de España durante la campaña electoral.¹⁰⁶ Como mínimo España podía ser un factor de división en el voto al New Deal, especialmente aquel que pudiera ser atraído por el mensaje populista corporativo del padre Coughlin hacia el pro fascista Unión Party.¹⁰⁷

Con la perspectiva de atraer el voto pacifista agrupado en torno al People’s Mandate to End War y al senador republicano progresista Gerald Nye, el presidente ampliaba su mensaje pacifista en el discurso de Chautauqua el 14 de agosto.¹⁰⁸ Ya que no había conseguido su objetivo de paz en el mundo, al menos buscaba aislar a toda América y especialmente a Estados Unidos de la guerra. Basándose en la experiencia personal y colectiva de la primera guerra mundial Roosevelt hacía también una referencia indirecta a aquellos que, a pesar del «embargo moral», estaban vendiendo material de guerra a España, cuando señalaba: «Si nos enfrentamos a la elección entre beneficios o paz esta nación contestará —esta nación debe contestar— “Elegimos la paz”». Una elección difícil en tiempos de depresión económica, como reconocía el propio Roosevelt, pero imprescindible según sus palabras «para evitar la falsa prosperidad y mantener la paz».¹⁰⁹

En cuanto a las potencias europeas, el 24 de agosto Italia, Alemania y Portugal se sumaron al Pacto de No Intervención, aunque las dudas sobre su cumplimiento llegaron casi de inmediato al Departamento de Estado. Desde Lisboa el embajador R.G. Caldwell informaba a Hull ese mismo día de la conversación que había mantenido con Jay Allen, quien había confirmado la noticia de que dos barcos mercenarios alemanes habían llegado a Lisboa el 21 de agosto con un cargamento de armas para los rebeldes españoles —incluidos un tanque, catorce aeroplanos desmontados y grandes cajas probablemente de rifles y ametralladoras—, y estaba seguro de que terceras partes estaban comprando en Portugal «importantes cantidades de gasolina para aviones rebeldes españoles».¹¹⁰

Por otro lado representantes del Foreign Office en conversación con la embajada americana en París sospechaban de la declaración de Alemania comprometiéndose a prohibir la exportación de armas a España, pues estaba en contradicción con su anuncio de aumentar la duración del servicio militar obligatorio, lo que «daría a Alemania un ejército más potente del que tenía antes de la guerra (IGM), un ejército considerablemente más potente que el de Francia y que va a arrojar una sombra de temor sobre Europa».¹¹¹

Desde luego la prensa americana no tenía dudas durante el mes de agosto de que de una forma material o ideológica todas las potencias europeas estaban ya implicadas en la guerra civil española, a pesar del Pacto de No Intervención. El enfrentamiento ideológico español se reproducía en casi todos los países, como un indicio más del retroceso de la democracia en Europa desde hacía 15 años y de la debilidad de las democracias que pervivían, para competir con el creciente militarismo de los países fascistas, particularmente si la principal potencia europea, Gran Bretaña, practicaba una política «dubitativa e indecisa» para defender la democracia, al estar diplomáticamente muy debilitada desde su fracaso en la crisis de Etiopía.¹¹²

Para la administración estadounidense estas tempranas pruebas de violación del Pacto de No Intervención no debilitaban, sino que reforzaban, su postura de que el «embargo moral» era la mejor forma de prevenir una guerra en Europa, no de salvar la democracia en España o en Europa, mientras, como había declarado el presidente en Chautauqua, toda América se aislaba de la guerra aprovechando entre otras las ventajas de que Estados Unidos tenía buenos vecinos en el hemisferio occidental.¹¹³

Si las Américas pasaban a ser prioritarias en la política exterior era lógico que la posición de las repúblicas latinoamericanas ante la guerra civil española preocupara a Estados Unidos, no en vano esta guerra se estaba siguiendo con mayor intensidad que la primera guerra mundial —sólo comparable al seguimiento de la guerra hispano-americana—, por una población que se agolpaba en multitud y tomaba partido a la puerta de los periódicos esperando los boletines de noticias sobre España. Todas las noticias que llegaban al Departamento de Estado de las distintas repúblicas confirmaban que la guerra de España era vivida en todos los países latinoamericanos como un conflicto propio, que dividía a la población independientemente de la posición o simpatías de sus gobiernos. Y es que, como señalara el New York Times, las relaciones familiares estrechas entre las poblaciones de España y esas repúblicas, y un conflicto planteado como un «enfrentamiento entre derecha e izquierda», similar al alineamiento político de los partidos latinoamericanos, hacían que los sudamericanos vieran en España «una situación que ellos esperaban que eventualmente sucediera en su país».¹¹⁴

En México, el único país que en ese momento estaba dando toda su ayuda a la República, el apoyo gubernamental al gobierno español era tan decidido que el 22 de agosto, escoltado por el batallón 47 del ejército mexicano y acompañado por el cónsul general español en la Ciudad de México, salía un cargamento de 600 toneladas de rifles Máuser, ametralladoras y cartuchos desde Veracruz en dirección a un puerto francés del que informaba puntualmente Josephus Daniels, el embajador americano en la capital mexicana: «La carga del Magallanes comenzó anoche. Se ha dicho que el sindicato de estibadores locales, que simpatiza con el gobierno español, ha trabajado sin cobrar, pidiendo solamente que les dieran café».¹¹⁵

El lanzamiento de una bomba contra la embajada española en México, la expectación de los sindicatos de que la guerra pudiera influir en el resultado de las huelgas, y la huelga general de los días 15 y 20 de agosto de 1936, indicaban hasta qué punto el conflicto español se vivía como propio: «si vencen los llamados fascistas, los elementos reaccionarios y conservadores de este país se sentirán envalentonados (...) por el contrario si gana el Gobierno en España (...) y un gobierno más radical y terrorista surge de la lucha, los sindicatos radicales se sentirán animados y buscarán emular a sus colegas españoles esforzándose por obtener una mayor proporción del gobierno de este país», comentaba Daniels.¹¹⁶

Incluso el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, general Hay, pensaba que la situación española era muy parecida a la de la revolución mexicana:

Hay solo una diferencia —traducía Daniels a Hull—, en México los Huertistas que corresponden a los fascistas en España, asesinaron al presidente y vicepresidente, mientras que en España el presidente ha escapado al asesinato. Por lo demás las condiciones son idénticas (...) Nosotros escapamos al comunismo en México, o a cualquier cosa relacionada con él (...) porque a la gente se le dio más y más voz en el gobierno, se le concedió tierra y la oportunidad de mejorar el nivel de vida. En España, por otro lado, fueron reprimidos y oprimidos hasta que hubo, como es natural que hubiera, una explosión y hombres que habían sido liberales y opuestos al extremismo se sintieron obligados a tomar la posición más extrema para prevenir peores peligros.¹¹⁷

Uruguay, que simpatizaba con el gobierno español, había visto fracasado su temprano intento de mediación en la guerra civil, y en Colombia, aunque los liberales deploraron el asesinato de 6 monjas colombianas por las milicias el 12 de agosto en Barcelona, el Congreso y el gobierno, simpatizantes con el gobierno español, no condenaron el incidente.118 Mientras que en Costa Rica la mayoría de la población apoyaba a los rebeldes por miedo al comunismo y el anticatolicismo y solamente un Partido Comunista poco influyente apoyaba al gobierno español.¹¹⁹ En Argentina, por la enorme cantidad de españoles de primera o segunda generación entre la población, los acontecimientos españoles se vivían con especial intensidad,¹²⁰ pero según la embajada americana en Buenos Aires, tanto el gobierno como la mayoría de su reducida población, sin problemas graves de desempleo y con una creciente clase media, preferían una victoria rebelde y temían «una victoria de las fuerzas del Gobierno Español que pudiera dar ímpetu al crecimiento del comunismo, que a través de vínculos raciales y culturales se extendería a Argentina y otros países latinoamericanos».¹²¹

Entre finales de agosto y primeros de septiembre de 1936 la primera propuesta de mediación internacional y el primer ataque fortuito a un barco estadounidense obligaron al gobierno estadounidense a precisar su posición en España. Ante la primera mediación para humanizar la guerra civil y evitar la destrucción del patrimonio artístico auspiciada por el embajador argentino en Madrid, respaldada por la mayoría del cuerpo diplomático, la posición de Estados Unidos expresada por el propio Hull oscilaba entre no asistir a la reunión a celebrar en Hendaya «porque puede estar planeándose un tipo de intervención definitiva, que este gobierno no puede suscribir»¹²² y «ejercer nuestra influencia moral» a favor de la iniciativa, dando expresión a «los profundos sentimientos del pueblo americano».¹²³ Fracasado el intento de mediación, Hull aconsejaba tajantemente a Bowers «no asistir a ninguna reunión y no firmar ninguna nota aclaratoria».¹²⁴

La posición de Estados Unidos quedaba clara también con respecto al tema de la supuesta exportación de armas estadounidenses en la respuesta del Departamento de Estado al representante de la legación portuguesa en Washington, João De Deus Ramos: «es necesario obtener un permiso de la Oficina de Control de este Departamento para poder exportar armas y no se ha concedido ningún permiso desde el estallido del conflicto (...) en los pocos casos en que informalmente se ha preguntado a nuestra oficina de armas respecto a algún posible envío —añadía John Hickerson—, en cuanto se ha explicado que aunque el gobierno no tiene autoridad legal para prohibir, exportar, cualquier envío a España en las presentes circunstancias estaría en contradicción con el espíritu de nuestra política de no-interferencia, no se ha pedido ningún permiso de exportación de armas».¹²⁵

Mientras era asesinado el sexto ciudadano italiano en Barcelona, aparentemente por motivos religiosos, habiendo muerto unos días antes cinco alemanes, el primer incidente militar afectaba a Estados Unidos cuando el destructor Kane, que iba de Gibraltar a Bilbao para evacuar a ciudadanos americanos, era bombardeado seis veces el 13 de agosto de 1936. Estados Unidos se apresuró a considerarlo un error involuntario, pero Hull, siguiendo las indicaciones del presidente, se acercó tanto al gobierno español como al general Franco —informalmente a través del cónsul en Sevilla—, para asegurarles que la única razón de la presencia de barcos americanos en las costas españolas era evacuar a todos sus ciudadanos.¹²⁶ El gobierno republicano respondió deplorando el incidente, pero asegurando que no tenía ese tipo de aviones, ni ese día los aviones gubernamentales estaban actuando en la zona. La respuesta de Hull el día 4 de septiembre indicaba las dimensiones que estaba alcanzando el caso en la prensa americana, que empezaba a considerarlo un «complot para involucrar a Estados Unidos en los problemas europeos», por lo que su gobierno decidió indicar a los dos bandos que necesitaba saber la identidad exacta del avión.¹²⁷

Cuando el Departamento de Estado estaba tomado estas extremas precauciones para evitar un incidente en España que le apartara de su política de no implicarse en un potencial conflicto europeo, en sintonía con la mayoría de la opinión pública estadounidense, todos los países europeos habían firmado ya el acuerdo de No Intervención, aunque Italia y Alemania estaban violándolo manifiestamente a favor de Franco,¹²⁸ y Stalin estaba reconsiderando su política de distanciamiento con respecto a la República, que en ese momento solamente tenía la ayuda explícita del gobierno mexicano.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA GUERRA Y EMBARGO LEGAL

Ni España, ni ningún otro asunto internacional entorpecieron la arrolladora victoria de Roosevelt en las elecciones presidenciales celebradas el 3 de noviembre de 1936. Era la mayor victoria de la historia del Partido Demócrata, con un 60,8 por ciento del voto popular, todos los votos electorales excepto los 8 correspondientes a los estados de Vermont y Maine y el control del Congreso. Cuando Roosevelt confirmaba de esta forma contundente su segundo mandato y el Partido Demócrata se convertía de hecho en el partido nacional de Estados Unidos, la guerra civil española se internacionalizaba definitivamente en la batalla de Madrid.

Muchas cosas habían cambiado en el escenario español desde la formación del primer gobierno de Largo Caballero el 4 de septiembre, cuando las tropas rebeldes se preparaban para atacar Madrid a principios de noviembre. En política interna el bando gubernamental iba articulando cierta unidad política y militar para restablecer la legalidad y el poder del Estado republicano y construir un ejército eficaz. La CNT entró en el gobierno de la Generalitat el 26 de septiembre de 1936 y el 4 de noviembre lo haría en el nuevo gobierno de Largo Caballero; el 24 de octubre la Generalitat aprobó el Decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer para organizar la economía revolucionaria en Cataluña, el 30 de septiembre el gobierno de Madrid decretó la militarización de las milicias y la formación del Ejército Popular.

Los informes diplomáticos se hacían eco de la reordenación de las conquistas revolucionarias en Barcelona y Valencia y, particularmente, de la histórica entrada de la CNT en el gobierno de Largo Caballero el 4 de noviembre, pero demostraban que los efectos de estos cambios en la zona gubernamental no iban a ser inmediatos. Los consulados en zona republicana, por la coacción del momento político, suministraban una información «objetiva», escueta o indirecta que no entorpeciera su principal tarea de salvaguardar los intereses y las vidas de los ciudadanos estadounidenses, cuando sin ningún comentario informaban que en Bilbao, en la segunda semana de noviembre, se había ejecutado por espionaje a los cónsules de Austria y Paraguay tras ser juzgados por un «Tribunal Popular»,¹²⁹ o desde Barcelona enviaban a Hull una lista de 64 personas encarceladas, señalando únicamente que no había ningún ciudadano americano y que toda la información se enviaría al cónsul americano en Roma.¹³⁰

En el bando rebelde —en el que aparte del cónsul de Sevilla el Departamento de Estado no tenía fuente de información directa— los cambios políticos paralelos al avance de las tropas del sur desde Badajoz a Madrid también habían sido importantes. El 25 de septiembre se prohibieron todas las actividades políticas y sindicales y unos días después —29 de septiembre—, tras desviarse de su marcha a Madrid y conquistar y liberar el Alcázar de Toledo, Franco era nombrado jefe del gobierno y Generalísimo de los ejércitos. Al analizar el discurso político del nuevo «dictador de España», el Washington Post creía que Franco trataba de parecer más neutral, populista y menos reaccionario que la Junta Militar, pero no podía ocultar que los militares «no hubieran ido a ningún sitio sin la ayuda financiera de propietarios agrícolas y grandes capitalistas, que también habían pagado las armas de Alemania, Italia y Portugal».¹³¹

Pero sin duda lo más significativo de la información diplomática estadounidense en esos momentos eran los análisis militares, que mostraban la superioridad del ejército rebelde y la inminente toma de la capital. La superioridad militar rebelde se debía a la utilización de armamento moderno —aviones, tanques y artillería—, la desorganización y falta de liderazgo de las milicias y su ausencia de espíritu ofensivo, señalaba la embajada a Hull el 26 de octubre.¹³² Estas conclusiones eran el resultado del detallado análisis del agregado militar, el coronel Stephen O. Fuqua, único diplomático —debido a su nacionalidad— al que el gobierno español dio todas las facilidades y libertad de movimientos para visitar personalmente los frentes que rodeaban la capital.

En su informe, el agregado militar destacaba que la autonomía de las milicias, cuyos componentes no tenían otra instrucción militar que la que hubieran recibido en el servicio militar, y un sistema de suministros en que cada grupo político abastecía a los suyos habían sido probablemente los responsables de las aplastantes derrotas infligidas por las fuerzas rebeldes. De esta forma se desaprovechaba el entusiasmo y la alta moral de las milicias que luchaban con una gran motivación contra el fascismo y por la revolución, pero se desmoronaban «en su primer bautismo de fuego por falta de instrucción, ausencia de liderazgo y de armamento adecuado». El abastecimiento era entorpecido tanto por un sistema de transportes ineficiente, como por falta de adecuada conducción y mantenimiento de los vehículos, «cientos de los cuales están abandonados en talleres locales». «La posición defensiva (...) no es más que una línea o doble línea de tropas de infantería ocupando en la mayoría de los casos trincheras muy mal excavadas, mal situadas y protegidas (...) esta organización defensiva ha permitido a los atacantes rebeldes flanquear las posiciones en todos los frentes con mucha facilidad», concluía Fuqua al mostrar las debilidades defensivas de los frentes de Madrid, que ya habían sido rotos por los rebeldes en las carreteras de Portugal, Toledo y Aranjuez. En contraste el avance costaba a los rebeldes pocas bajas y obedecía siempre al mismo plan: preparación con bombardeo aéreo y artillería, seguido por avance de infantería en un flanco y si era al frente precedido de unos pocos tanques que tenían siempre el mismo efecto de que «en prácticamente todos los casos la milicia se ha retirado después del bombardeo aéreo y la artillería».¹³³

Tan inminente parecía la caída de Madrid, según estos informes, que ya el 28 de octubre Hull pedía de forma explícita, pero estrictamente confidencial, a los embajadores de Estados Unidos en París, Roma, Berlín y Londres, información sobre si los gobiernos respectivos tenían la intención de reconocer a los rebeldes como beligerantes o como gobierno.¹³⁴

También los periódicos estadounidenses llevaban algunas semanas preparando a sus lectores para la caída de Madrid. «Sólo diez semanas tras el anuncio optimista gubernamental de que los combates se acabarían en pocos días, un crecido ejército rebelde conquistaba el valle del Tajo y Toledo», opinaba el 27 de septiembre el editorial del Washington Post, considerando que «a partir de ahora, [el final de la guerra] no tardará mucho».¹³⁵ «Madrid caerá dentro de pocos días, anuncian los líderes rebeldes», titulaba el mismo periódico el 29 de septiembre un reportaje en el que comentaba: «Fríamente confiados, los conquistadores de Toledo concentraban esta noche sus fuerzas para lo que esperaban iba a ser la última campaña para tomar Madrid y poner fin a la guerra civil».¹³⁶

Si cayera Madrid a manos de Franco, había advertido Edwin L. James a los lectores del New York Times el 11 de octubre, «otras potencias podrían convencerse de que la victoria sería de los insurgentes, y por lo tanto aquellas tal vez contemplarían reconocer a los rebeldes».¹³⁷ El 24 de octubre, Louis Fischer, corresponsal de The Nation, considerado en Washington un experto en la URSS tras su estancia como corresponsal en aquel país durante más de década y media,¹³⁸ informó que Madrid se preparaba para el asedio y sus calles se llenaban de colas para comprar comestibles que ya escaseaban. «En tales circunstancias el sitio de la capital será un asunto muy serio. No obstante, la guerra civil continuará aunque el gobierno perdiera Madrid. La derrota, sin duda, sería dañina, pero podría desatar un arranque de energía y decisión que hasta ahora ha faltado a la revolución española.»¹³⁹

El 4 de noviembre, bajo el titular «Madrid observa la batalla», el New York Times publicó un reportaje de Associated Press sobre los madrileños «aterrorizados» que veían desde las azoteas de sus casas los combates a las afueras de la capital. «Cada media hora las sirenas anunciaban el paso de la aviación enemiga por encima de Madrid.»¹⁴⁰ Ya la semana anterior, informó el mismo periódico, se habían movilizado a «250.000 madrileños dispuestos a luchar hasta la muerte si era preciso en defensa de la ciudad, ahora que se aproximaba el momento de la batalla».141 El 6 de noviembre, el día anterior al comienzo de la ofensiva rebelde, entre noticias de los combates en Carabanchel, el diario neoyorquino indicaba que había escasez de comida en la capital hasta el punto de que el Club Británico y Americano no podía dar de cenar a los comensales por haber requisado el gobierno toda la comida de los restaurantes, cafés y hoteles.¹⁴² Por lo que se refería a la penuria de comestibles, el Washington Post ya explicaba el 9 de septiembre que la capital se enfrentaba a «una escasez aguda de víveres tanto enlatados como frescos» por el control insurgente de las regiones agrícolas.

En efecto, Madrid había pasado de la despreocupación de septiembre a enfrentarse a la caída de la capital entre la penuria y la desmoralización, especialmente cuando el 6 de noviembre el gobierno abandonó la capital en dirección a Valencia, dejando en Madrid una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja y compuesta de hombres «muy jóvenes», como resaltaban los diplomáticos americanos. Estos últimos especulaban también sobre la pérdida de poder político del presidente de la República Manuel Azaña, que se instalaba en Barcelona en lugar de hacerlo en Valencia con el gobierno. Ese mismo día, el Washington Post informaba que el nuevo embajador español en Estados Unidos, Fernando de los Ríos, en un discurso al Council of Foreign Affairs, había denunciado a la «Santa Alianza de los Estados totalitarios que ayudan a la causa absolutista española». Los pilares del Antiguo Régimen español —la Iglesia, el ejército y la aristocracia— se habían reunido para derrotar por las armas lo que no habían podido ganar por las urnas, que habían dado la victoria al Frente Popular. ¿Qué representaba esta alianza reaccionaria? «Nada más que lo que existía en el siglo xvi: intolerancia, control total de las consciencias individuales y la conservación de una estructura socio-económica por un absolutismo que se impone por el terror.»¹⁴³

El día 7 de noviembre, cuando los rebeldes comenzaron su ofensiva, Louis Fischer salió de su céntrico hotel a las 15.30 para acercarse al frente. «No tardé nada, llegué a las cuatro a la segunda línea de defensa. El Quinto Regimiento comunista que defendía este sector había fortificado un convento y cavado tres trincheras semicirculares alrededor del edificio (...) Las fuerzas enfrentadas parecen hoy más igualadas que la semana pasada. Además la moral y disciplina de las tropas leales han sido muy mejoradas por la presencia de los comisarios políticos, el trabajo mejor organizado de los oficiales del Estado Mayor, y por los nuevos tanques rápidos. En cuanto uno de estos entre en acción, los soldados lo siguen, lanzando gritos entusiastas (...) Los mismos soldados que vi hace un par de semanas huir en cuanto aparecía un bombardero, hoy se dispersan en orden, se echan a tierra y vuelven a sus puestos cuando los oficiales les dan la señal de que el peligro ha pasado (...)»¹⁴⁴

Sin embargo, la gran mayoría de los corresponsales americanos en Madrid no observó la transformación del espíritu de la población de la desmoralización al «no pasarán», estimulado por la organización comunista y los síntomas iniciales de la ayuda militar soviética, cuyos primeros cargamentos de armas habían llegado a Barcelona el 4 y 15 de octubre. Así, no compartían la confianza de su colega Fischer y dudaban que la capital pudiera resistir. «Con la esperada caída de Madrid en las próximas pocas horas», informó el New York Times aquel mismo sábado, día 7 de noviembre, «el gobierno decidió definitivamente abandonar la capital en las primeras horas de hoy (...)»¹⁴⁵ No les quedaba a los corresponsales más que apostar por el día en que entrarían los insurgentes. Sólo un periodista, Jan Yindrich, de la agencia de noticias estadounidense United Press —no por convicción sino más bien por contrariar a los demás— apostó por «nunca».

Había incluso periodistas que anticiparon los hechos supuestos, como el famoso corresponsal jefe en el extranjero de la cadena de periódicos de Hearst, Hubert Renfro Knickerbocker, apodado el Rojo por su flamante cabellera pelirroja, que anunció desde el campo de los insurgentes la conquista apócrifa de Madrid con todo lujo de detalles, como los vítores de la multitud aclamando la entrada triunfal de las tropas de Franco, e incluso con un perrito que ladraba alegremente.¹⁴⁶ Una invención ingeniosa que tuvo que desmentir.

Como preparación para la victoria rebelde, el 8 de noviembre, el corresponsal del New York Times Frank L. Kluckhohn publicó en el periódico una semblanza de Franco bajo el titular «Franco hace la guerra con gran desenfado». Al conocer a Franco, Kluckhohn se quedó sorprendido ante «un hombre bajito, casi afeminado (...) Sin embargo, la segunda impresión era de un desenfado eufórico (...) es tranquilo, seguro, aparentemente sincero. Sobre todo, no es didáctico, como son tantos dictadores o los que aspiran a serlo (...) Une en su persona todos los prejuicios de las clases acomodadas con un espíritu progresivo de un hombre que, más joven que la mayoría, ha avanzado rápidamente en la carrera, lo cual quiere decir que no está constreñido por la tradición (...) Se inclina a ver cualquier movimiento liberal de las demás clases con antipatía y gran inquietud (...) está dispuesto a utilizar todos los medios —nacionales— e internacionales para conseguir sus fines (...) se ha declarado liberal, fascista, partidario de una dictadura militar. No ve contradicción alguna en matar a campesinos en su propio beneficio ni de eliminar a la oposición con asesinatos disfrazados de ejecuciones militares».¹⁴⁷ Observaciones que recordaban a las apuntadas por Jay Allen en la entrevista que realizó a Franco en los primeros días de la sublevación militar.

En efecto, en la euforia de la perspectiva de conquistar Madrid se recrudeció la represión en la zona rebelde, como informaban algunos diplomáticos estadounidenses desde fuera de España, insinuando que esta represión podía superar a la de la zona gubernamental. Desde Suecia, el antiguo cónsul de Vigo, W. Corcoran, concluía su informe de finales de octubre sobre la represión rebelde en Galicia, que insistía llegara directamente al presidente Roosevelt —«estoy inquieto hasta tener la certeza de que esta información ha llegado a su destino»— antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, hablando claramente de exterminio:

Conforme nos llegan noticias del territorio controlado por los rebeldes mis primeros despachos sobre la Guerra civil señalando un plan preconcebido de exterminio de todos los liberales y no católicos está siendo corroborado. Miles de republicanos han sido ejecutados clandestinamente y los asesinatos aún continúan de acuerdo con las cartas que he recibido de mis amigos. La oposición en las provincias de Galicia controladas por los rebeldes es únicamente intimidada con la mayor crueldad (...).¹⁴⁸

Por su parte, Bowers desde San Juan de Luz resaltaba la ausencia de noticias del cónsul de Sevilla, cuando había informaciones que indicaban que «las condiciones allí son terribles».¹⁴⁹ Para contrarrestar la abundante información que se daba «en la prensa de los países neutrales» sobre los asesinatos en la zona gubernamental, el embajador incluía en su despacho un artículo del Manchester Guardian, en el que el corresponsal especial del periódico desde Andalucía reproducía los testimonios de los refugiados sobre el terror desatado en la ciudad de Sevilla por los falangistas y las tropas moras, con una media de 40 o 50 ejecuciones sumarias diarias de líderes sindicales y políticos del Frente Popular, trabajadores arbitrariamente elegidos y un ensañamiento especial contra los liberales republicanos de clase media, masones, médicos y maestros. Los cálculos en la primera quincena de noviembre eran ya de 8.000 asesinados en medio de un ambiente de fanatismo religioso. Igualmente todas las propiedades de las personas asociadas a la izquierda habían sido «confiscadas». Como el periodista británico señalaba, no podía acercarse a Sevilla y confirmar esta información in situ, pues desde las revelaciones periodísticas de las matanzas de Badajoz, Mérida y Almendralejo los periodistas ingleses, franceses y americanos no podían trabajar en el «bando nacionalista», excepto los seleccionados por las autoridades. Sin embargo, desde Gibraltar sí podía tenerse una idea fidedigna de lo que había pasado en la cercana localidad de La Línea: todos los masones y casi todos los liberales republicanos que no habían huido habían sido ejecutados con la excusa de ser anticlericales y sus bienes habían sido confiscados. La proximidad a Gibraltar permitió que solamente unos doscientos fueran ejecutados. Sin embargo en Almendralejo, un pueblo mucho más pequeño que La Línea, en dos días se ejecutó a 1.400.150 El cónsul americano en Gibraltar confirmaba unos días después las noticias de las arbitrarias ejecuciones sumarias en La Línea, pero señalaba también el enorme peligro de perder la vida que podía significar intentar ayudar a alguien en Málaga, en zona republicana.¹⁵¹

Esta era también la opinión de W.F. Amsden, el capitán del Quincy, después de estar más de dos meses en aguas españolas ayudando a evacuar a 500 personas de distintas nacionalidades a otros puertos y transferir a otras 500 a otros barcos. Caracterizaba la guerra española como «el reino del terror» y creía que era «la peor revolución que habían visto en sus vidas»: «mucha gente está siendo asesinada en las retaguardias, lejos del frente y lo peor está por venir». Según le habían dicho había habido «asesinatos en masa, de hasta 100 personas a la vez, en ambos bandos».¹⁵²

Desde luego en Madrid la confusión y el temor a la rápida caída de la capital habían acelerado también las ejecuciones de los «fascistas y elementos peligrosos». De los 5.000 presos que había en Madrid, entre 2.200 y 2.500 fueron trasladados en autobuses de la Sociedad Madrileña de Tranvías en distintas sacas del 7 de noviembre al 3 de diciembre hasta Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, donde fueron ejecutados, 2.000 de ellos entre el 7 y 9 de noviembre.¹⁵³ Ninguna otra noticia de la peor matanza en la retaguardia republicana llegó en esos días al Departamento de Estado.¹⁵⁴ James M. Hepbron, director de la Washington Criminal Justice Association, se hacía eco en el Washington Post del 24 de noviembre de la evacuación de presos políticos de la cárcel Modelo, sin poder confirmarlo y, ya el 7 de diciembre, William P. Carney, corresponsal del New York Times y simpatizante con los rebeldes, estimaba en 1.600 el número de presos políticos asesinados en Paracuellos, junto a otras apreciaciones del «terror rojo» en Madrid.¹⁵⁵

Sin embargo, la euforia nacionalista se frenó por la resistencia de Madrid, que Fisher anticipara el mismo 7 de noviembre. Cinco días después de comenzar la ofensiva, las escuetas noticias censuradas desde el bando rebelde de William Carney rezumaban todo menos euforia. «Tras cinco días de intentos en vano de penetrar en Madrid (...) parece que los insurgentes no vayan a reanudar la ofensiva hasta haber concentrado todas sus fuerzas más cercanas a la capital.»¹⁵⁶ Además, como informaba el 16 de noviembre el mismo periódico, la llegada de las primeras brigadas internacionales antifascistas habían subido la moral de los madrileños, muy debilitada sólo diez días antes por la partida del gobierno. «Estas brigadas bien armadas entraron en combate el mismo día de su llegada.» Continuaba el artículo: «Mario Nicoletti, comisario político de las Brigadas Internacionales, acaba de proclamar que Madrid tiene que ser la tumba del fascismo español al igual que el fascismo internacional (...) Madrid es actualmente el mayor experimento del comunismo que ha conocido el mundo occidental (...) Carteles de Moscú, con titulares en español, cubren todas las paredes, mientras los cines estrenan un sinfín de películas comunistas. Así, hace poco, un miliciano, Antonio Coll, dinamitó cuatro tanques enemigos en el mejor estilo de la película Kronstadt».¹⁵⁷

Tras la salida del gobierno, proseguía el diario neoyorquino, había habido «noches sangrientas cuando los muros del Retiro se llenaron de cadáveres» en una «última purga de los funcionarios ministeriales y de la policía, al mismo tiempo que se llevaron también a muchos rehenes de las cárceles. Sólo la Junta de Defensa pudo por fin acabar con ella (...) Madrid debe mucho a la Junta, que se compone de jóvenes revolucionarios y asesores militares». En la primera semana de su actuación, la Junta pudo restaurar la moral de la milicia e incluso animarla a niveles previamente desconocidos. Pero lo que más entusiasmó a la población resistente fue la aparición de unas fuerzas aéreas bien equiparadas con cazas muy modernos y buenos bombarderos en los cielos de Madrid. «Se espera más que nunca que Madrid pueda emular al Petrogrado bolchevique cuando en 1919 frustró el asalto del general Yudenich. El general Franco tiene que enfrentarse con una situación mucho más dura que en estos últimos veinte días.» El corresponsal anónimo del New York Times añadió que los refugiados de los pueblos cercanos afluían en elevado número al centro de la capital, caminando con dificultad con sus pocas posesiones atadas en sacos o bultos.¹⁵⁸

A pesar de estos cambios evidentes en la resistencia de Madrid, Wendelin informó a Hull el 17 de noviembre que «la situación militar es tal que en poco tiempo los rebeldes pueden controlar Madrid».¹⁵⁹ Efectivamente, en medio de los bombardeos masivos sobre la ciudad, la embajada sólo parecía preocupada de que Hull, como ya habían hecho los británicos directamente, pidiera al gobierno de Burgos a través de Queipo de Llano que extendiera la «zona de seguridad» para incluir la embajada americana en la zona excluida de las bombas rebeldes.¹⁶⁰ A finales de noviembre, el personal de la embajada se trasladaría a Valencia siguiendo los pasos del gobierno español. A diferencia de Madrid, en aquella ciudad aún no sentían seriamente «las realidades y horrores de la Guerra».¹⁶¹

El 18 de noviembre, el Washington Post anunció que la Italia fascista y la Alemania nazi acababan de reconocer oficialmente al gobierno «del fascista español, el insurgente General Franco». Las razones que aducían las dos potencias eran que Franco «había tomado posesión de la parte más grande de España» y «la falta de un gobierno responsable en las demás regiones bajo el control frentepopulista». Hitler y Mussolini, añadía el periódico, consideraban que Madrid «estaba ya prácticamente tomada por Franco».¹⁶²

Dos días después, el 20 de noviembre, el mismo periódico informó que la aviación rebelde «ha bombardeado una vez más con bombas incendiarias y explosivas el corazón de Madrid, dejando edificios en llamas por doquier y sin poder ni siquiera estimar el número de muertos».¹⁶³ El 22 de noviembre, el New York Times informó que el bombardeo de la artillería rebelde había comenzado al amanecer, hiriendo a varias personas en la calle Álvarez de Castro, lo que precipitó «la evacuación por taxi de 300.000 mujeres, niños y ancianos a Valencia». Al día siguiente el mismo periódico, en un parte censurado, comentó que la «batalla de Madrid comenzó otra vez hoy con gran intensidad».¹⁶⁴ Una semana más tarde, el 29 de noviembre, el New York Times opinaba en un artículo firmado por Walter Duranty en la página editorial, que «con la salvedad de la batalla del Marne en 1914 no ha habido en la historia una recuperación más sorprendente, que la racha repentina de resistencia por las fuerzas gubernamentales en contra del general Franco, cuyas tropas las habían forzado a recular hasta las mismas puertas de Madrid».¹⁶⁵

En una nueva entrega a The Nation, el 21 de noviembre, Fischer comentó que Madrid seguía resistiendo a pesar de ser bombardeada por los aviones y artillería enemiga. «Cada día que pasa con las defensas intactas, la República lo considera una victoria. Nadie puede prever cuántos días más Madrid pueda resistir. Desde el 7 de noviembre la presión ha sido tremenda.»¹⁶⁶

El 6 de diciembre, tras un mes de sitio, Fischer envió un nuevo parte a The Nation. En estas cuatro semanas, escribió, «el enemigo ha ganado muy poco. El 16 de noviembre una columna anarquista (la columna Durruti), enfrentada a una fuerza pequeña de moros, huyó de las líneas, dejando entrar a los rebeldes al campus universitario. A partir de aquel día, los soldados gubernamentales han luchado con una tenacidad extrema por cada metro de terreno ensangrentado y Franco no ha ganado casi nada para una pérdida grande de hombres y materiales...». Sin embargo, tras la llegada de varios miles de soldados alemanes a Cádiz, los bombardeos aéreos seguían y el día anterior, escribió Fischer, uno le había pillado en medio de la calle. Se refugió en un portal mientras las bombas cayeron a su alrededor. Cuando por fin se acabó el bombardeo, presenció la recogida de las mutiladas víctimas. «En momentos como estos, se odia violentamente al enemigo; y el odio perdura (...) Los dictadores de Berlín y Roma hacen un culto del horror, tratan al pueblo [español] (...) con la misma falta de misericordia, la misma crueldad que a los guerreros negros de Haile Selassie. La Europa occidental no puede esperar más que el mismo destino.»¹⁶⁷

Tras un mes de sitio era evidente que la ayuda internacional seguía transformando la guerra civil española y jugó a favor de la resistencia republicana en Madrid. Washington ya conocía directamente del embajador italiano en la capital estadounidense la constatación de que Italia y Alemania, tras la reciente visita del conde Ciano a Berlín, habían decidido favorecer, en su frente común contra el comunismo, a los rebeldes contra el gobierno de izquierdas, especialmente cuando la caída de Madrid y el final de la guerra parecían inminentes. Por otra parte Italia, señalaba Fulvio Suvich, no podía «tolerar el establecimiento de un régimen comunista en España, que eventualmente se extendería a Francia y a las fronteras de la Italia fascista (...) Esto pondría a Italia en grave peligro por el hecho de que al este se enfrenta con pueblos eslavos racialmente identificados con los rusos y que bien pueden caer víctimas del comunismo y así cercar a Italia por los dos lados».¹⁶⁸ La reacción de uno de esos países eslavos y fronterizos, Yugoslavia, no se hizo esperar: el gobierno yugoslavo publicó una orden para que los periódicos yugoslavos se refirieran en adelante a las tropas insurgentes españolas como «el Ejército nacionalista» y denominaran a las tropas gubernamentales como «Madrid o Fuerzas rojas». Igualmente prohibió cualquier comentario despreciativo del nacional-socialismo alemán o del fascismo italiano. En tres semanas, señalaba la legación estadounidense en Belgrado, la prensa yugoslava había pasado de simpatizar con el gobierno español a lo contrario.¹⁶⁹ Por otro lado, como informara la inteligencia naval estadounidense, Franco actuaba ya en los primeros días de noviembre como el representante del auténtico gobierno español, amenazando con derribar aviones franceses si no pedían permiso para volar por «su espacio aéreo».¹⁷⁰

En esas semanas, la única constancia que tenía el Departamento de Estado sobre las ayudas que llegaban al gobierno español, eran las de la incondicional ayuda del gobierno mexicano y los donativos de los partidos socialdemócratas y sindicatos suecos y daneses,¹⁷¹ países que contaban con gobiernos socialdemócratas simpatizantes con el gobierno español. Sin embargo, en el informe de Bowers a Hull del 11 de noviembre, el embajador informaba detalladamente de la ayuda militar que italianos y alemanes llevaban dos meses suministrando a Franco,¹⁷² reconociendo también que desde que la URSS denunció esta violación de la No Intervención el 6 de octubre «sin duda aviones rusos han llegado a los republicanos, y posiblemente tanques y artillería».¹⁷³

El cónsul de Sevilla confirmaba finalmente a Hull el 18 de noviembre, con notable riesgo para su persona —«la mera curiosidad a menudo conduce al arresto»—, que los alemanes seguían llegando a Sevilla y Cádiz. Mil doscientos soldados llegaron a Sevilla la noche del 16, formando parte de un contingente de los 5.000 llegados a Cádiz. La mitad partieron inmediatamente con camiones y cocinas de campaña.¹⁷⁴ El 20 de noviembre, Bowers ya señalaba al explicar el recibimiento al primer embajador ruso en España, que la actitud de las dos democracias europeas con respecto al conflicto español «han obligado a los liberales y demócratas, que no tienen simpatía con el comunismo, a dar la bienvenida a la ayuda de Rusia». Ayuda que estaba igualando a la de Alemania e Italia, añadía Bowers, y junto a la propaganda y la crueldad de los insurgentes favorecía que la guerra «estuviera haciendo comunistas en España».¹⁷⁵

La ayuda soviética era sin duda la responsable de que Madrid resistiera y el 23 de noviembre se estabilizaran las líneas, frustrando los planes rebeldes. Ese mismo día el cónsul de Bilbao confirmaba que habían llegado recientemente a la ciudad 6 barcos rusos, descargando tanques y otro material de guerra.¹⁷⁶ Esta ayuda se completaba con los voluntarios de las Brigadas Internacionales. Principalmente franceses, pero también rusos, alemanes, italianos, polacos, belgas, extranjeros radicales que, como informaba el cónsul de Barcelona, cruzaron la frontera francesa en el mes de noviembre y «habían contribuido a prolongar la resistencia de Madrid» y a que la guerra alcanzara un aspecto aún más internacional.¹⁷⁷ Internacionalización que completaban por el otro bando las tropas italianas y alemanas, supuestamente también voluntarias.¹⁷⁸

En efecto, desde Roma se informaba a Hull del reclutamiento organizado para ayudar a Franco a finales de noviembre: 10.000 camisas negras, 400 ametralladores para mandar las brigadas ametralladoras de las fuerzas insurgentes, un batallón de infantería alpina, todos ellos reclutados como voluntarios y embarcados hacia el Marruecos español donde se integrarán en la Legión Extranjera española. De momento parece que ya habían salido 2.000.¹⁷⁹ Igualmente desde Berlín y Sevilla Hull recibía a principios de noviembre la información de que «5.000 alemanes pasaron por la ciudad [Sevilla] para unirse al Ejército nacionalista, aunque no llevaban uniformes iban armados con rifles y alguna pieza de artillería». Sobre el 20 del mes anterior un destacamento de baterías antiaéreas compuesto por 700 hombres aterrizó en Cádiz. Muchos de los alemanes parecían tener relación con el ejército como reservas o soldados regulares, aunque tenían el estatus de «voluntarios». Al ser voluntarios, Alemania aseguraba que no estaba violando el Pacto de No Intervención, y no iba a abandonar el Comité. A finales de noviembre el cónsul americano en Sevilla, siguiendo las instrucciones de Hull de que informara con la máxima discreción respecto a cualquier movimiento de tropas, constataba que 700 soldados alemanes habían llegado a Cádiz en dos barcos con contingentes de artillería, aviación, transporte e infantería completamente motorizados y equipados. El tráfico en el puerto de Cádiz había llegado a su máximo durante el anterior mes de octubre por la visita de numerosos barcos alemanes que descargaron material de guerra. Por otro lado, Bay constataba —sin duda en referencia al pago de este material— que las exportaciones habían alcanzado un nivel sin precedentes y había escasez de monedas de plata.¹⁸⁰

Desde Berlín, el embajador William Dodd transmitía la preocupación en círculos diplomáticos por la considerable proporción de soldados alemanes luchando en España, que se interpretaba como la evidencia de que Alemania e Italia estaban apoyando decididamente a Franco, «para que este no falle», ayudándole sobre todo en el ejército de tierra para evitar problemas con Gran Bretaña. También señalaba la preocupación que la ayuda alemana provocaba en todos los círculos políticos alemanes, excepto en los sectores nazis más radicales —responsables del reclutamiento de voluntarios—, pues probablemente comprendían que la resistencia de Madrid significaba una guerra larga, muy lejos de la estrategia de Franco y de los deseos de Alemania e Italia.¹⁸¹

En este nuevo panorama de guerra larga e internacionalizada, a principios de diciembre Wendelin informaba que las Cortes reunidas en Valencia denunciaron el reconocimiento de los rebeldes por Alemania, Italia y Portugal el 18 de noviembre, y urgían la convocatoria del Consejo de la Sociedad de Naciones «para recordar a otras naciones sus obligaciones recíprocas hacia España».¹⁸²

En conversaciones del Foreign Office con diplomáticos americanos en Londres se afirmaba que por presiones de Francia el gobierno británico no había reconocido a Franco como beligerante, posición que parecía absurda para el mismo informante del Foreign Office: «Gran Bretaña y Francia reconocen a un Gobierno que ya no está en el poder, Italia y Alemania a uno que aún no lo tiene y ninguno de los gobiernos ha reconocido la situación real, un estado de beligerancia surgido de una Guerra Civil». Lo que sí estaba claro es que aunque la guerra se complicaba con las intervenciones extranjeras, Gran Bretaña no iba a ser engullida «en una prueba de fuerza».¹⁸³ En este sentido el Foreign Office ya comentaba a principios de diciembre que la ayuda alemana era más decidida y de distinto tipo que la soviética: «Alemania está decidida a asegurar el éxito de las tropas de Franco, en contraste con los soviéticos, que tienen una perspectiva a más largo plazo y desearían por falta de algo mejor lograr finalizar su objetivo primordial a través de medios menos obvios que una fuerza de prueba militar en el presente conflicto».¹⁸⁴

En cuanto a la propuesta española de intervención de la Sociedad de Naciones la comprendían, porque España no estaba representada en el Comité de No Intervención, pero no la compartían. La opción de Londres y París era que la Sociedad de Naciones tomara nota de la protesta española, pero que no decidiera constituir un comité específico para seguir la guerra civil española, sino que la solución era reforzar el Comité de No Intervención de Londres, que aunque se había demostrado impotente para evitar la ayuda de armamento y voluntarios, sí que podía ser efectivo —estaba siendo efectivo— en limitar el conflicto a España, pues lo deseaban todos los países participantes en el Comité.185 Aproximadamente un mes antes, Edwin L. James, director editorial del New York Times, consideraba que mientras se alargara el conflicto habría más peligro de que otros países se implicaran. Lo mejor para París y Londres era un triunfo rápido, particularmente de los rebeldes, que mantendría la situación europea tal y como estaba: «hay que admitir que el éxito del Gobierno sería difícil de manejar para Londres y París».¹⁸⁶

Con toda esta información respecto a la prolongación e internacionalización del conflicto la postura de Estados Unidos no cambió desde su posición de estricta no interferencia anunciada oficialmente a principios de agosto, sino que más bien la reforzó. Como los gobiernos británico y francés, la administración Roosevelt comprobaba cómo su política había contribuido a que la guerra se limitara a España. El gobierno estadounidense tenía claro que la revolución del bando republicano no era antiextranjera¹⁸⁷ —algo explicitado reiteradamente durante el otoño por la postura de colaboración y ayuda de las autoridades gubernamentales en todo lo referido a ciudadanos e intereses estadounidenses—, y reaccionó con mesura al bombardeo del edificio de la Telefónica en Madrid —uno de los más altos de la ciudad— en el peor momento de los bombardeos insurgentes sobre la ciudad, entendía las iniciativas humanitarias del cuerpo diplomático para practicar el derecho de asilo o evitar los bombardeos sobre la población civil que estaba sufriendo Madrid, pero no las secundaron por su política de no interferencia estricta.¹⁸⁸

Precisamente, en medio de la batalla de Madrid el presidente Roosevelt, políticamente reforzado por su abrumadora victoria en las elecciones presidenciales recién celebradas, recibió las primeras peticiones de mediación humanitaria de ciudadanos americanos y británicos, así como las primeras críticas de la izquierda americana a la postura de neutralidad. Para los miembros del Bernstein Eccentric Club de Londres el presidente Roosevelt era el único que podía intervenir para «parar la masacre» que se estaba llevando a cabo en Madrid, pues «neutralidad significa egoísmo».189 A finales del mes de noviembre el Comité Norteamericano de Ayuda a la España Democrática enviaba un telegrama al presidente, avalado por las firmas de cientos de personas de 12 ciudades, entre las que había conocidos intelectuales, pidiéndole que «en el nombre de la democracia y la humanidad usara su inmensa influencia para parar este holocausto», en referencia al asedio de Madrid, y apelando a las tradiciones americanas de «libertad y justicia» no reconociera a «los bandidos de Franco como un Gobierno legal, ya sea oficialmente o al reconocer el bloqueo ilegal de Barcelona».¹⁹⁰

Por supuesto ni el Departamento de Estado ni Roosevelt iban a realizar ninguno de estos reconocimientos, pero para el Partido Socialista Americano esta postura no era suficiente. El PSA criticaba tanto las limitaciones del New Deal en política interior —la «inadecuada e incompleta» ley de Seguridad Social, que había fracasado en establecer un seguro sanitario y la completa liquidación del ya insuficiente Works Progress Administration— como la política de neutralidad de la administración Roosevelt respecto a España. En este sentido el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista decidió enviar «saludos fraternales y apoyo y solidaridad a la España Gubernamental», apoyo que se materializó un mes después en la formación de la Columna de Voluntarios Eugene Debs, dispuesta a unirse al Ejército Popular español en su defensa de la capital de España.¹⁹¹

Era lógico que las demandas y las críticas a la posición de Roosevelt respecto a España se multiplicaran tras su contundente victoria en las recientes elecciones presidenciales. Con ese porcentaje de voto popular y electoral, y el dominio de los demócratas del Congreso, según Robert Dallek, el presidente hubiera podido hacer lo que quisiera, incluido permitir exportar armas al gobierno legal español. En lugar de eso, para evitar que empresas americanas siguieran exportando armas a España desoyendo el «embargo moral», en un momento en que Francia y Gran Bretaña estaban seguras de poder contener el conflicto a España, tomó la iniciativa de pedir al Congreso, cuando volvió a reunirse en enero de 1937, que convirtiera el embargo en legal.

La publicidad que alcanzó en la prensa estadounidense el embarque inminente de Robert Cuse de armas para el gobierno español, por valor de 3 millones de dólares, y el intento frustrado de Richard Dinely de estafar al gobierno español, con un supuesto cargamento de armas por valor de 9 millones de dólares, aceleraron la aprobación de la ley en el Congreso.¹⁹² Debido a esta premura, Roosevelt no luchó por una ley que garantizara poderes discrecionales al presidente como había hecho anteriormente, sino que apoyó un «embargo obligatorio», aprobado por el Congreso en dos días de debate y con el único voto en contra del senador de Minnesota por el Partido de los Campesinos y Trabajadores, John T. Bernard,¹⁹³ que le ató a una política irreversible durante toda la guerra, como se pondría en evidencia en los meses siguientes.¹⁹⁴ Si Roosevelt aceptó esta ley en la cumbre de su poder fue también para evitar un debate en el Congreso, cuando intentaba que este le secundara en su proyectada reforma del Tribunal Supremo, sin la cual Roosevelt pensaba que no podría salvar el New Deal.¹⁹⁵

Para la República el embargo legal supuso cerrar una de las pocas posibilidades que había tenido de adquirir armas desde que comenzó la guerra.¹⁹⁶ «El presidente Roosevelt se ha comportado como un auténtico caballero», comentaba Franco al New York American de Hearst, al conocer la noticia unos días después. «Su legislación de neutralidad, que acaba con la exportación de material de guerra a ambos bandos —la rapidez con que se ha aprobado y aplicado— es un gesto que los Nacionalistas no olvidaremos jamás.»¹⁹⁷ «Alemania recibe con grandes elogios el embargo y transporte de armas a España», indicaba el semioficial periódico alemán Diplomatische Korrespondenz.¹⁹⁸

En Estados Unidos hubo algunas voces que criticaron intensamente la decisión del Congreso. «Pro-Fascist Neutrality», titulaba el editorial del semanario progresista The Nation el 9 de enero de 1937. «Actuar ahora negando suministros al Gobierno español en su hora de necesidad será un acto poco amistoso deliberado», continuaba el artículo, que concluía señalando que «si este país va a abandonar su tradicional neutralidad, que al menos esté seguro de lo que no está apoyando activamente».199 Similares críticas hicieron los dirigentes comunistas y socialistas estadounidenses. El líder comunista Earl Browder dijo ante 20.000 comunistas reunidos en la ciudad de Nueva York que el embargo era un «acto hostil» contra un gobierno legal que estaba luchando contra el fascismo. Roy E. Burt, miembro del secretariado del PSA, catalogó la decisión como un «paso pro fascista», y Norman Thomas, el secretario general de los socialistas, escribió a Roosevelt que reconociera «los posibles efectos desastrosos de su acción al desarmar al Gobierno Español frente a los bien armados e implacables ejércitos rebeldes». Otras opiniones como la del New York Times o el San Francisco Chronicle criticaban el carácter obligatorio de la ley y la ausencia de poderes discrecionales del ejecutivo, mientras el aislacionista Christian Century apoyó decididamente la ley de embargo, como muchos católicos y la prensa católica en general.²⁰⁰

El presidente Roosevelt dejó clara una vez más su postura y la de su administración al contestar a las críticas de Norman Thomas. El embargo legal no solamente evitaba, como quería el pueblo americano, que Estados Unidos se implicara directamente en «un conflicto europeo», sino que contribuía a no aumentar las «desavenencias entre las naciones europeas, que son una amenaza constante a la paz mundial». ²⁰¹

Mientras las democracias occidentales reforzaban así su postura de No Intervención, en la Navidad de 1936, el mensaje del papa Pío XI destacado por el Washington Post daba constancia de la importancia internacional que había alcanzado el conflicto español, así como de las divisiones en el frente internacional contra el comunismo. Con un delicado estado de salud y desafiando a los médicos, el papa se levantó para pronunciar una alocución de Navidad que alertaba del peligro del «comunismo ateísta» y avisaba al mundo contra estas «fuerzas destructivas» que se han desatado en España y presagian «la terrible realidad que se prepara para Europa y todo el mundo si no se apresuran a adoptar los necesarios medios de defensa». Sin embargo, el pontífice también criticó a la Alemania nazi cuando dijo que había observado con preocupación que algunos de aquellos que reclaman el liderazgo en la lucha contra el comunismo «están dominados y guiados por ideas falsas y fatales». De hecho la Alemania nazi era el único país con el que el Vaticano tenía relaciones que no había retransmitido la alocución.²⁰²

6

1937: Dudas sobre la neutralidad, avance nacionalista en España y crisis en el Pacífico

POSIBILIDADES DE RECTIFICACIÓN EN LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS HACIA ESPAÑA

Pocas semanas después de que el Congreso sancionara legalmente el embargo el 8 de enero de 1937, los acontecimientos militares en España hicieron tambalear durante seis meses las opiniones de Roosevelt sobre la decisión tomada. Parecía el momento propicio para realizar algún cambio en la política exterior, pues el presidente comenzaba su segundo mandato sin hipotecas internas. Sin embargo su poder se deterioraría rápidamente ante el Congreso, la opinión pública y el Partido Demócrata, hasta llegar a uno de los puntos más bajos de su presidencia a finales de 1937.

Cuando a principios de febrero, las noticias de la rápida caída de Málaga en manos de los nacionalistas aparecieron en los principales periódicos estadounidenses, estos coincidían en señalar la importancia de esa victoria insurgente conseguida con la ayuda de Alemania e Italia, que acababa con el equilibrio militar de los últimos 4 meses y podía ser «el principio del fin de la guerra».¹ Sorprendía, a tenor de la rapidez con que los rebeldes se apoderaron de la ciudad, la represión inmediata manifestada en la detención de 5.000 militantes de izquierda, el pánico que se apoderó de sus habitantes cuando trataban de huir hacia Almería acosados por la aviación, pero sobre todo que esa aplastante victoria nacionalista se había conseguido gracias a la ayuda evidente de Alemania e Italia, calculada entre 15.000 y 20.000 italianos, algunos miles de alemanes y 100 tanques italianos, y a la «farsa de la no intervención»,² que si continuaba permitiría que los rebeldes ganaran la guerra. Mientras para el editorial del Washington Post del 10 de febrero esta era la guerra y la victoria de Alemania e Italia,³ desde Roma el corresponsal del New York Times resaltaba dos días después que la prensa italiana consideraba Málaga como una victoria italiana.⁴

A principios de marzo, el agregado militar de la embajada española en Madrid, el coronel Stephen O. Fuqua, confirmaba al Departamento de Guerra, que el cónsul americano en Gibraltar cuando visitó Málaga 5 o 6 días después de ser capturada comprobó que había 9 columnas italianas con 15.000 hombres, así como un par de barcos de la misma nacionalidad. Sin embargo, su detallado análisis enfatizaba los errores gubernamentales al analizar la derrota. «La desorganización debida a la ausencia de esfuerzo coordinado entre los varios comités de gobierno local, la ausencia de disciplina de la milicia y, sobre todo, el fracaso del Gobierno en mandar suficientes refuerzos a tiempo e imponer su autoridad sobre algunas columnas independientes (principalmente de la CNT) operando en los frentes vecinos» explicaban en su opinión la contundente victoria nacionalista sobre un terreno muy montañoso, adecuado para la guerra defensiva y con una población mayoritariamente hostil. Después el pánico se apoderó de su población, aumentado por los ametrallamientos de la aviación y los barcos a lo largo de la costa sobre «la marea humana» que huía por la carretera de Almería.

Para Fuqua la débil resistencia ofrecida por Málaga, el principal bastión comunista en España en el que habían gobernado durante 7 meses, decía muy poco «de la capacidad constructiva y de la habilidad para la organización» del Partido Comunista. Militarmente, consideraba la caída de Málaga de una «enorme importancia militar», pues los nacionalistas conseguían su primer puerto mediterráneo, cercano a Marruecos, y podían dirigir los 60.000 hombres de este extenso frente hacia Almería, Jaén, Madrid o hacia las provincias catalanas. El que durante dos días se prohibiera hablar de la derrota de Málaga en el bando gubernamental, indicaba la conmoción política que había causado la derrota, que suponía el comienzo de la caída del gobierno de Largo Caballero. Sin embargo, superada la conmoción inicial Largo Caballero utilizó la derrota para conseguir la reacción que le ayudara a superar sus dificultades, «debidas a ausencia de unidad de mando militar, ejército fuerte y disciplinado y los excesos revolucionarios cometidos por los sindicalistas que les han alienado la cooperación de ciertas clases». En este sentido, indicaba el agregado militar, ya el 14 de febrero a instancias gubernamentales se organizó en Valencia una gran manifestación a la que asistieron 200.000 personas, organizada por todos los partidos del Frente Popular pidiendo todas las medidas necesarias para ganar la guerra: todo el poder para el gobierno, servicio militar obligatorio, unidad de mando.⁵

En efecto, un ejército independiente italiano de 10.000 milicianos fascistas —muchos de ellos engañados para ir a Abisinia o reclutados forzosamente— al mando del general Mario Roatta y la Aviazione Legionaria como apoyo, fueron enviados a Málaga por Franco —junto a las tropas del duque de Sevilla— en lo que se estimaba una fácil victoria que animaría a Mussolini a seguir ayudando a los nacionalistas. Málaga era una batalla perdida para los republicanos —como sabían el propio Largo Caballero y el general Asensio, que no enviaron los refuerzos militares necesarios—. El caos de la ciudad desde el principio de la guerra, donde competían las milicias cenetistas y comunistas aisladas de la guerra, era el gran responsable. Con 12.000 milicianos, un tercio de los cuales carecían de fusiles y los que estaban armados no disponían de mucha munición; sin la ayuda del gobierno y la traición del comandante de la plaza, Málaga fue dejada a merced de los nacionales, mientras que su población, que había empezado a huir un día antes del ataque, después de la caída de la ciudad, vio su éxodo dificultado por la aviación y barcos italianos y sufrió los primeros síntomas de una feroz represión, que trataba de vengar la represión republicana.⁶ Esta derrota, en efecto, aumentó la tensión que ya existía entre Caballero y los comunistas, los cuales dirigieron sus ataques hacia Asensio, que finalmente fue sustituido el 21 de febrero de 1937, no por un militar cercano a los comunistas, sino por Carlos de Baraibar, socialista y amigo personal de Caballero.⁷

La rápida derrota de Málaga sobre las desordenadas milicias republicanas daba a los nacionales una falsa impresión sobre las posibilidades militares reales de los republicanos y sobre la transformación que la guerra estaba experimentando desde noviembre en el Frente de Madrid. Paralelamente a Málaga, la batalla del Jarama, primera parte de la iniciativa nacionalista para tomar Madrid por el sur cortando la carretera de Valencia, fue frustrada tras una feroz resistencia republicana y enormes pérdidas de ambos bandos, entre los que sobresalieron las bajas de las Brigadas Internacionales y particularmente de la Brigada Lincoln. En diciembre de 1936 comenzaron a llegar los primeros voluntarios de los 2.600 americanos que lucharían en 1937 y 1938 en la Decimoquinta Brigada Internacional en los batallones Lincoln, George Washington y John Brown.⁸ Los primeros voluntarios estadounidenses llegados a España para luchar contra el fascismo fueron inmediatamente enviados al frente el 17 de febrero, al mando de un británico «que les ordenó lanzar ataque tras ataque hasta que perdió 120 hombres de los 500 que formaban el batallón (Lincoln)», provocando el amotinamiento de los hombres, que amenazaron con linchar a su comandante y no volver al frente hasta elegir a sus propios mandos.⁹ Los americanos tenían así sus primeras bajas en esta internacionalizada contienda.¹⁰

Unas semanas después este ejército republicano transformado por las brigadas mixtas del Ejército Popular, la ayuda soviética y las Brigadas Internacionales no sólo detuvo, sino que también contraatacó a las tropas italianas en Guadalajara, en lo que sería el último intento de Franco de tomar Madrid rápidamente y una muestra más de la masiva participación italiana en el ejército rebelde. Hastiado por la prepotencia de los italianos y su deseo de autonomía militar, Franco les dejó casi en solitario la tarea de acabar la pinza sobre Madrid por el sur a la altura de Alcalá de Henares. El 8 de marzo el Corpo di Truppe Volontarie (CTV) al mando del general Roatta —35.000 hombres de infantería motorizada, cuatro escuadrones de tanques miniatura Fiat, 160 cañones de campaña, cuatro escuadrillas de cazas Fiat que resultarían inservibles por el mal tiempo y 1.500 camiones— intentó sin éxito realizar la guerra relámpago que tanto éxito le había dado en Málaga, pero en medio de un tiempo infame fue detenido y contraatacado por las fuerzas gubernamentales.¹¹

En esos momentos, la victoria de Guadalajara —una de las pocas victorias gubernamentales y la única nítida de toda la guerra— elevó la moral del gobierno, que como informara el asesor de la embajada Walter C. Thurston a Hull desde Valencia no solamente la presentó como una muestra de la superioridad militar gubernamental, sino la prueba evidente de la participación de unidades regulares italianas en la guerra, que pensaban llevar a la Liga de Naciones, como ya lo había expuesto el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez del Vayo en su nota a los gobiernos británico y francés el 29 de marzo y a la URSS el 2 de abril.¹²

Un observador militar belga y el coronel Fuqua valoraban militarmente para el Departamento de Estado y Guerra, respectivamente, la victoria gubernamental en Guadalajara. El primero centraba los motivos del fracaso de la ofensiva italiana en la sorpresa de la contraofensiva gubernamental, pues hasta la fecha «las tropas gubernamentales no habían sido capaces de conducir una acción ofensiva coordinada con éxito», y en que, como se había comprobado en la primera guerra mundial, los tanques usados por sorpresa eran «una excelente arma ofensiva si podían defender el terreno ganado con una infantería suficiente». Pero «en Guadalajara nada de esto se hizo, todo fue sacrificado a la rapidez». Aunque este éxito elevó la moral de las tropas gubernamentales, «que era decididamente baja después de su larga resistencia pasiva», aconsejaba a las tropas gubernamentales no confiarse, pues la situación en Madrid continuaba siendo muy difícil, «con tres cuartas partes de la ciudad en manos del adversario», de tal forma que si los nacionalistas lograban cortar la comunicación con Valencia, las tropas gubernamentales, inmovilizadas en el norte y en el oeste, correrían el riego de ser capturadas. ¹³

Mientras el asesor militar belga insinuaba que las tropas del ataque frustrado fueron principalmente italianas, pero no se atrevía a valorar las perspectivas militares futuras sin conocer la fuerza real del adversario y en concreto el volumen de «la ayuda externa que están recibiendo constantemente», Stephen O. Fuqua suministraba al Departamento de Guerra una información más precisa de las fuerzas que ganaron y perdieron la batalla de Guadalajara. El éxito de la contraofensiva gubernamental lo había conseguido una fuerza militar compuesta por 10 brigadas de voluntarios internacionales y las nuevas brigadas del Ejército Popular dirigidas por Líster, Mera y El Campesino, todas bien equipadas y apoyadas por 30 bombarderos y 60 cazas. Frente a ellos la participación italiana era indudable, pues los 400 prisioneros y el material incautado lo demostraban. Según Fuqua el gobierno quería presentarles como fuerzas regulares, cuando eran cierto tipo de voluntarios,¹⁴ «mientras ocultan que sus fuerzas de choque eran principalmente las Brigadas Internacionales».

Aunque Fuqua con su visión militar tradicional observaba que tras Guadalajara el gobierno había seguido con su táctica defensiva porque quizá no tenía fuerzas de reserva, también señalaba que Franco no había tomado rápidamente Madrid como se esperaba, probablemente por el mismo motivo, y por tanto no dudaba en concluir que era el mejor momento para el gobierno desde el comienzo de la guerra, pues claramente sus fuerzas habían retrasado la que parecía inminente toma de Madrid, la moral del gobierno se había elevado y este tenía ahora pruebas fehacientes del empleo de fuerzas italianas por «los nacionalistas», lo que había dado al Ministerio de Asuntos Exteriores «la oportunidad para una propaganda excelente en la presentación extranjera de este tema».¹⁵

Por las mismas fechas el embajador Bowers compartía la opinión de que la victoria de Guadalajara no solamente había elevado la moral de los soldados y de la población en el bando gubernamental, «sino que a tenor de lo sucedido en Guadalajara parecía que incluso por primera vez había superioridad militar» en el aire, lo que era de suma importancia, pues parecía que los primeros éxitos rebeldes eran debidos a su superioridad aérea. Para Bowers las repercusiones en Europa de la derrota de los italianos no eran menos importantes: «las naciones democráticas temen a la Guerra por el espectro de los ejércitos de Italia y Alemania, pero ha sido suficiente confrontarlas con un ejército embrionario, para que fueran derrotadas. Esto hará ver a Francia e Inglaterra que aquellas naciones que alarman al mundo con sus desfiles militares son las primeras en rehuir la batalla».¹⁶

En cuanto a las repercusiones de la derrota italiana en el bando rebelde, según las informaciones del cónsul americano en Sevilla, a finales de abril aún había una censura absoluta sobre todo lo referente a la derrota de Guadalajara, que excepto por noticias fragmentarias hacía imposible saber lo que había pasado.¹⁷ Por otra parte, Bowers resaltaba la satisfacción que produjo en Salamanca la derrota de los arrogantes italianos, que aunque iban a continuar enviando tropas y municiones, lo harían ahora bajo la dirección de Franco y subordinados a sus intereses.¹⁸ Como señala Antony Beevor, abandonada la rápida toma de la capital, en adelante triunfaría la estrategia militar alemana de atacar los flancos más débiles, como la región minera e industrial del norte.

Paralelamente, tanto Bowers como Fuqua hacían un balance a los 9 meses de comenzada la guerra favorable al gobierno. Mientras Fuqua, siempre más prudente, creía que aunque había una situación de «empate militar» y el gobierno estaba «con la moral más alta desde que había empezado la Guerra», seguía manteniendo su tesis de que el Ejército Popular no podría ganar la guerra si no adoptaba una actitud ofensiva;¹⁹ Bowers consideraba que la guerra había entrado en una nueva fase con ventaja para el gobierno y, compartía la opinión de muchos corresponsales de guerra²⁰ de que si se retiraran las fuerzas italianas y alemanas el gobierno vencería con rapidez a los rebeldes, porque el ejército ya no era una multitud indisciplinada, «sino una fuerza militar efectiva bajo un mando único», que había experimentado una transformación similar a la que realizó el ejercito de la Unión en la guerra civil americana entre la derrota en Bull Run, la primera batalla de la guerra, y la decisiva victoria en Gettysburg en 1863.²¹

En Washington, en la reunión del gabinete del 3 de abril, el propio presidente Roosevelt mencionó la situación española, «que había experimentado cambios claros en las últimas dos semanas», señalaba Harold L. Ikes, secretario del Interior en sus diarios. «Aunque nadie puede decir aún quién ganará al final, los gubernamentales tienen ahora la mayor ventaja que ningún bando ha tenido desde el comienzo de la Guerra», añadió Hull en la misma reunión.²²

El presidente y su gabinete hacían estas valoraciones sobre el conflicto español en un momento en que se estaba discutiendo en el Congreso la renovación de la Ley de Neutralidad que expiraba el 1 de mayo de 1937, y cuando el senador republicano progresista Gerald Nye —con una opinión pública muy sensibilizada por el cruel bautismo de fuego de los primeros americanos en el Jarama y las pruebas de la intervención italiana y alemana en Málaga y Guadalajara— introdujo una resolución en el Congreso preguntando si la Ley de Neutralidad podría aplicarse a las naciones que luchaban en un país envuelto en una guerra civil, con el objetivo de que Estados Unidos decretara el embargo de municiones a Italia y Alemania, discreción que sí quedaba en manos del presidente según la Ley de Neutralidad vigente.²³ Esta decisión acabaría con la cooperación de Estados Unidos con la política de No Intervención de Francia y Gran Bretaña, que Nye, cambiando totalmente su postura inicial aislacionista, «veía que estaba conduciendo a la intervención (de Estados Unidos) en el conflicto europeo».²⁴

Aunque Roosevelt simpatizaba con esta idea de ayudar indirectamente a la República, antes de alterar la política respecto a España preguntó al gobierno británico, y este y el propio secretario de Estado le aconsejaron no cambiar de política, pues los embargos contra Italia y Alemania podrían hacer peligrar seriamente el éxito de los esfuerzo conciliatorios que se estaban haciendo por parte de Gran Bretaña y Francia. La posición que desde enero de 1937 mantenía el ministro británico de Asuntos Exteriores Anthony Eden de favorecer a la República, como la mejor opción para Gran Bretaña y Europa, no era compartida por el resto del gobierno británico, que prefería que nadie ganara claramente en España y no estaban dispuestos a intervenir militarmente si oficialmente los italianos estaban luchando en España.

Paralelamente, el deterioro político de Roosevelt se estaba acelerado por su decisión de reformar el Tribunal Supremo y la tolerancia gubernamental ante las primeras huelgas de «brazos caídos» en las grandes industrias de producción masiva. Temeroso de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucionales las principales leyes del Segundo New Deal, como había hecho con las del Primer New Deal, el 5 de febrero de 1937, el presidente presentó al Congreso un proyecto para ampliar el Tribunal Supremo con seis miembros más, equivalentes al número de jueces con más de 70 años que no se habían retirado. Sin haberlo anunciado en la campaña electoral, ni consultado a los líderes del Congreso, este proyecto de ley desafiaba la autoridad del Congreso, que era el que determinaba el número de componentes del tribunal, y dio un argumento a los conservadores republicanos y demócratas que estaban en contra del New Deal enfrentándole también a algunos liberales de su partido y a la misma judicatura.²⁵ Cuando a partir del mes de marzo el Tribunal Supremo declaró constitucional la Ley de Salario Mínimo en Washington y la Ley Wagner de Relaciones laborales, y el 24 de mayo —con el retiro de un juez conservador—, los seguros de desempleo y vejez dentro de la Ley de Seguridad Social, era evidente que el proyecto de reformar el Tribunal Supremo no tenía sentido, aunque Roosevelt siguió luchando por la reforma hasta el mes de julio.²⁶

La oposición conservadora encontró más argumentos en las huelgas de brazos caídos que el CIO venía realizando desde diciembre de 1936 para organizar las grandes industrias. El primer éxito en la factoría Flint de General Motors en febrero de 1937, tras seis semanas de ocupación de la fábrica,²⁷ llevó al CIO a organizar la industria del acero y las otras empresas automovilísticas excepto Ford, Firestone, General Electric, Philco y RCA-Victor. Estos éxitos sindicales, conseguidos sin mucha violencia por la tolerancia e incluso simpatía gubernamental hacia las propuestas de los sindicatos, alarmaron sin embargo a muchos sectores de la clase media, que veían en ellas una amenaza a la propiedad, y pasaron factura a la popularidad del presidente. En estas condiciones, con el partido más dividido y más oposición en el Congreso y en la opinión pública hacia su gestión interna, no parecía el momento para dar un giro en la política hacia España desde la presidencia, desafiando al Departamento de Estado y a los aliados.

Roosevelt aparcó de momento la idea de extender el embargo a Italia y Alemania, pero los acontecimientos militares en la Campaña del Norte de España y particularmente los bombardeos de Guernica y Almería por parte de la aviación alemana harían cada vez más difícil para el presidente mantener su posición, mientras que reforzaba la posición oficial del gobierno español de que los países fascistas estaban atacando a un gobierno democrático ante la inacción de las democracias occidentales.

Tras los cuatro fracasados intentos de acabar rápidamente la guerra tomando Madrid, los alemanes lograron que Franco cambiara su estrategia por una guerra larga, que tan bien convenía a sus objetivos en Europa central, y de dirigir los ataques a la zona más débil y aislada de la República, el norte cantábrico, que además les permitiría obtener el carbón y el acero que necesitaban para su programa de armamento acelerado. A Asturias, Santander y Vizcaya no había podido llegar la centralización militar y política que se había realizado en la España republicana desde el otoño de 1936. En el caso de Euskadi, la autonomía otorgada el 1 de octubre de 1936 les había permitido consolidar una estructura administrativa independiente, con sus propias policías y ejército al mando del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Católicos y opuestos a la revolución, los nacionalistas vascos no tenían el objetivo de luchar hasta el fin de los obreros de la CNT, sino de defenderse y defender su tierra y, llegado el caso de un triunfo de Franco —como muchos nacionalistas suponían—, conseguir la derrota más leve posible, evitar la destrucción de sus bienes y territorios y salvar sus vidas.

Hacia Vizcaya, el último territorio vasco en manos de la República, hacia el hierro vizcaíno se lanzó a primeros de marzo la primera ofensiva del norte al mando del general Mola, con las 4 brigadas de requetés de la División Navarra, la División de Flechas Negras italianas y sobre todo la Legión Cóndor alemana, que sería la gran baza de la superioridad del ejército de Franco, como se demostró desde el primer día de la ofensiva con el bombardeo sobre la población civil de Durango. Unos días después el bloqueo sobre Bilbao y los puertos cantábricos trataba de vencer a la capital de Vizcaya por inanición, mientras el cerco sobre Bilbao se estrechaba con el bombardeo de la Legión Cóndor sobre Guernica, la ciudad sagrada de los vascos, el 27 de abril. Mientras la República no podía hacer pasar sus aviones por la frontera francesa, la aviación alemana lanzó 33 toneladas de bombas incendiarias sobre los habitantes de Guernica para verificar los efectos del terror aéreo. Los efectos militares del bombardeo fueron inmediatos y el ejército de Euskadi se tuvo que replegar al mal llamado cinturón de hierro de Bilbao, pues estaba incompleto y el enemigo tenía sus planos, ya que el oficial al mando se había pasado a los nacionales.

La opinión pública internacional fue sacudida por las noticias de los corresponsales en España, entre las que destacaba el célebre artículo del experimentado corresponsal de guerra británico George Steer, publicado simultáneamente en el London Times y el New York Times el 28 de abril de 1937. Como testigo presencial el mismo día del bombardeo de Guernica, Steer, que había presenciado los bombardeos italianos sobre población civil en Etiopía,²⁸ describía en su detallada y vívida crónica la destrucción total de la ciudad por la aviación Cóndor. Aunque de momento parecía que las bajas habían sido «afortunadamente reducidas», el objetivo era conseguir «la desmoralización de la población civil y la destrucción de la cuna de la estirpe vasca». «Por la forma en que fue llevada a cabo y la envergadura de la devastación que produjo, así como por la selección del objetivo, el bombardeo de Guernica no tiene punto de comparación en la historia militar», señalaba Steer.²⁹ Al día siguiente en el mismo rotativo neoyorquino la crónica de William P. Caney desde el ejército insurgente y su propio compromiso ideológico extendía las dudas sobre la autoría del atentado —«continúa la encarnizada controversia sobre si la virtual destrucción de la antigua capital vasca ha sido hecha por bombardeos alemanes luchando por el General Francisco Franco o por anarquistas»—,³⁰ pero el editorial de ese mismo día no dudaba en calificar el bombardeo de Guernica como de «asesinato en masa» para «aterrorizar a la población civil».³¹ El 30 de abril la primera página del New York Times destacaba que Guernica era la muestra de que Goering y la aviación alemana estaban utilizando la guerra civil española como un campo de pruebas para «demostrar las posibilidades de una guerra aérea en contra del alto mando del ejército alemán».³² El día anterior el Washington Post se refería a una guerra de «Franco contra los vascos» y la relacionaba con la evolución totalitaria del régimen de Franco, sellada unos días antes, el interés alemán por el hierro vasco y con los efectos de la política de No Intervención, que había hecho la guerra más cruel que nunca, «pues como resultado del plan de control internacional las llamas de la guerra pueden quedar confinadas al suelo español. Pero dentro de aquel país arden ahora con más furia».³³

Las noticias que llegaban al Departamento de Estado tanto del cónsul en Bilbao como del embajador Bowers, muy cerca en esta ocasión de la acción bélica desde la ciudad vasco-francesa de San Juan de Luz, y desde la España nacional a través del cónsul americano en Sevilla, confirmaban y ampliaban las noticias de la prensa sobre Guernica y las condiciones que se vivían en el sitio de Bilbao.

Antes de que comenzara la ofensiva sobre Vizcaya, el cónsul americano en Bilbao William E. Chapman ya informaba del hambre y la escasez de la población civil en toda la zona del norte. Mientras la ración se reducía a la mitad en el ejército y a su vez a la mitad en la ya reducida ración de arroz y alubias de los civiles, las autoridades estaban permitiendo «evacuar más fácilmente a los refugiados para tener a menos gente que alimentar». Los británicos, que ya habían evacuado a 17.000 refugiados de los puertos cantábricos, seguían haciendo todo lo posible para evacuar a los refugiados, incluidos prisioneros u otros que quisieran unirse a sus familias en Francia o en la España insurgente.

Tanto el cónsul de Bilbao como el embajador Bowers creían que las peculiaridades de los nacionalistas vascos dentro del bando gubernamental influían en que Franco intentara conquistar Bilbao por hambre sin recurrir a una gran violencia. Los nacionalistas vascos eran católicos, pero partidarios de una separación de la Iglesia y el Estado, no consideraban la guerra una contienda religiosa, sino social, y criticaban la postura oficial de la Iglesia;³⁴ respetaban la propiedad y eran enemigos de la violencia indiscriminada que habían intentado evitar por todos los medios. Sin embargo, Chapman creía que los insurgentes no tenían de momento suficientes medios para hacer un cerco sobre la ciudad, ni evitar el abastecimiento británico de carbón y comida, a cambio de transportar hierro vasco a Inglaterra. Así que todas las noticias indicaban que habría un ataque a Bilbao en cuanto acabara la ofensiva gubernamental sobre Oviedo, en la que participaban batallones vascos.³⁵

En esto se equivocaba Chapman. Un día después de enviar este informe, el 31 de marzo de 1937, comenzaba la ofensiva sobre Vizcaya. Para Bowers las razones para que los nacionalistas hubieran iniciado la ofensiva de Bilbao en un momento militar difícil para ellos eran particularmente poder pagar con el mineral de hierro vasco a Alemania e Italia y, en menor medida, controlar todos los territorios católicos. En el primer aspecto resaltaba que «no hay duda posible de que barcos alemanes e italianos están luchando con los rebeldes», por lo que se entendían «las justificaciones del Gobierno español a su denuncia del plan de control de la no intervención, que da a estas naves hostiles el monopolio en la vigilancia de la costa norte, como intolerable y deshonesta».³⁶

Diez días después, el cónsul americano en Sevilla confirmaba la participación de italianos y alemanes en la ofensiva de Vizcaya, y descubría la actitud del gobierno británico ante el bloqueo de Bilbao como favorable a los nacionales, mientras hablaba de la orientación fascista que estaba tomando el régimen. Sus noticias eran que se estaba atacando Bilbao por tierra con un ejército de 40.000 hombres, incluyendo miles de italianos y un número indeterminado de alemanes, y con un poderoso apoyo mecánico. Como no se podía tomar Bilbao sólo por tierra, los insurgentes «quieren reducir a la población por hambre y han establecido un bloqueo, así como difundido la noticia de que la costa está minada, con el considerable efecto en la ayuda extranjera particularmente británica». Aunque el envío de alimentos no era una violación del Pacto de No intervención, sin embargo el gobierno británico había tomado la posición de que «podía considerarse intervención permitir entregar alimentos no excluidos por el acuerdo, y segundo, que las aguas territoriales están minadas. El efecto es proyectar la influencia del Gobierno Británico sobre los rebeldes y asistir al General Franco en reducir por hambre a la población de Bilbao», destacaba contundentemente Charles A. Bay.³⁷

Como señalara Bowers unos días después, parte de la explicación de la postura inglesa era el deseo de retener el hierro vasco, «cuando Inglaterra nunca lo ha necesitado más por su programa de armamento» y todo el mundo pensaba —como había confirmado un periódico alemán— «que Franco había llegado a un acuerdo con Alemania, para entregarles todo el hierro que quisieran», una vez conquistada Vizcaya.³⁸

En efecto, después del bombardeo de Durango, la reacción del gobierno británico y la Royal Navy fue aceptar las informaciones nacionalistas sobre el minado de la costa y el bloqueo de Bilbao y aplicar su «estrecha política de No Intervención», aconsejando a los mercantes británicos no desafiar el bloqueo y permanecer en San Juan de Luz, hasta que el 20 de abril el pequeño mercante británico Seven Seas Spray llegó a Bilbao y demostró que no había buques nacionales, ni minas, y otros barcos franceses y británicos decidieron abastecer la ciudad y recoger refugiados que huían del acoso nacionalista.

Así, mientras Bowers confirmaba al Departamento de Estado tres días después del bombardeo de Guernica que «la ciudad sagrada de los vascos había sido totalmente destruida por bombas lanzadas desde aviones insurgentes de origen y pilotaje alemán», en línea con la amenaza de Mola de exterminar todas las ciudades de la provincia a menos que Bilbao se rindiera, también indicaba que avanzaban los planes para evacuar a mujeres y niños de Bilbao en barcos británicos, franceses y españoles.³⁹

La evacuación en barcos británicos explicaba según el embajador el reavivado resentimiento de Franco hacia los «sucios hipócritas» británicos —en palabras de Queipo de Llano—, pues Franco no aceptaba el plan de evacuación de británicos y franceses y sugería que las mujeres y niños se evacuaran a la zona rebelde. Efectivamente, las expectativas de Franco hacia los británicos eran enormes, pues mientras «la opinión pública y muchos periódicos defienden al gobierno de Valencia», oficialmente Gran Bretaña había «favorecido claramente a los rebeldes», «los británicos han intercambiado notas con Franco durante meses», pero «(...) porque Inglaterra no reconoció a Franco cuando lo hizo Alemania e Italia y en lugar de apreciar este cuasi reconocimiento, el Gobierno de Franco ha contestado habitualmente a estas notas, como ha replicado a todo, con insultos directos».⁴⁰

A esas alturas, como confirmaba Bowers, todo parecía favorecer a los rebeldes en la ofensiva a Bilbao y era en gran parte debido a la generosa ayuda de sus aliados. En ese momento 20.000 italianos estaban participando junto a la infantería española en la ofensiva de Bilbao, y en general había una gran concentración de italianos en el ejército de Burgos. En cuanto a la presencia alemana era mayor que en ningún otro momento, especialmente en artillería y aviación hasta el punto de que «la aviación rebelde está prácticamente en manos de los alemanes, aunque hay muchos aviones italianos».⁴¹

A pesar de la propaganda franquista que llegaba al Departamento de Estado a través del embajador americano en Lisboa asegurando «que los bolcheviques eran los autores del bombardeo de Guernica», ni el gobierno estadounidense ni la opinión pública de aquel país tenían duda sobre la autoría del bombardeo, ni de lo que estaba asegurando la superioridad de los rebeldes en el ataque de Vizcaya. Nunca hubo tanta unanimidad en la prensa estadounidense y en la opinión pública como en la condena del horror nazi sobre Guernica. Sólo una parte de la opinión católica aceptó la versión franquista de atribuir la destrucción de Guernica a los anarquistas vascos en retirada, desacreditó la crónica de Steer o calificó de montaje las fotografías del bombardeo.⁴²

El bombardeo de la ciudad vasca llegó también a ambas cámaras del Congreso. El 6 de mayo el senador republicano progresista William Borah, decano del Senado y antiguo presidente del Comité de Relaciones Exteriores de esa cámara, denunció el horror de la «obra maestra del fascismo» y, el 10 de mayo, el representante demócrata por Montana, Jerry O’Connell, insistió en la autoría alemana del bombardeo.⁴³ En el Congreso aún resonaban los intensos debates sobre la nueva Ley de Neutralidad, que con la vista en España incluía guerras civiles y fue aprobada por el Congreso el 29 de abril.⁴⁴ De enero a abril, los congresistas y senadores debatieron especialmente sobre la libertad de los grupos humanitarios para operar en naciones beligerantes y en guerras civiles, y sobre los poderes discrecionales dados al presidente.⁴⁵ En ambos sentidos, la ley aprobada incluía novedades respecto a la de 1936. Las organizaciones humanitarias debían registrarse en el Departamento de Estado, presentar mensualmente las cuentas de los donativos recibidos y especificar cómo eran empleados. Los poderes discrecionales del presidente al aplicar la ley seguían siendo limitados, pero a diferencia de las leyes anteriores, el presidente tenía el poder de prohibir la venta de material de guerra «a cualquier Estado beligerante o a cualquier Estado envuelto en una guerra civil», la exportación de «cualesquiera otros artículos o materiales» destinados a naciones o grupos beligerantes envueltos en una guerra civil y el transporte de armas en barcos americanos.⁴⁶ Así, cuando el presidente firmó la ley el 1.º de mayo hizo pública dos proclamaciones, una definiendo «las armas, municiones y material de guerra, y la otra aplicando el embargo de cargamentos de armas a España».47 Inmediatamente el Departamento de Estado comenzó el registro de personas y entidades que ayudaban a España.

En este contexto, las apelaciones internas y externas al presidente Roosevelt para que interviniera humanamente en España o ejecutara el embargo sobre Alemania e Italia se multiplicaron. Diez días antes del bombardeo de Guernica, el gobierno de México había intentado sin éxito que el gobierno estadounidense mediara para humanizar la guerra civil española y, casi por las mismas fechas, la presidenta y la secretaria de la sección americana de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad proponían al presidente Roosevelt que liderara a otras naciones neutrales en la consecución de la paz en España, pues «hay una diferencia en intervención para la guerra y mediación para la paz».⁴⁸ A la propuesta de México, el gobierno estadounidense respondía oral y confidencialmente que no tenía discreción para cambiar la política de no interferencia en España adoptada por el Congreso y, en cuanto a la conveniencia de una intervención humanitaria con la que simpatizaba, era «el Gobierno [estadounidense] el que había de determinar por él mismo» qué pasos se podían dar para humanizar el conflicto. A la petición de la Liga Internacional de Mujeres, la Casa Blanca respondía dándose por enterada de su misiva al presidente y de la convicción expresada en ella de que «mediación para la paz es distinta a intervención para la guerra».⁴⁹ Unos días después, el Departamento de Estado recibía la información difundida por el servicio de propaganda del gobierno republicano, para resaltar el apoyo internacional a su causa, en medio del ataque a Vizcaya, en la que se detallaba la ayuda que ciudadanos y asociaciones estadounidenses, desde Hollywood hasta los sindicatos, le estaban prestando.⁵⁰

El bombardeo de Guernica y el sitio de Bilbao permitieron al gobierno español, a través de su embajador en Washington, presentar la guerra como una invasión fascista extranjera en la que «si se retiran las tropas extranjeras el Gobierno ganaría en dos meses, pero si permanecen el tiempo puede ser indefinido».⁵¹ Sin embargo, en contra de lo que esperaba Hull y el Departamento de Estado, el gobierno de Valencia no hizo una petición oficial para que según la iniciativa del senador Nye, Estados Unidos aplicara la Ley de Neutralidad y el embargo a Alemania e Italia.⁵² Igualmente, las noticias de Guernica multiplicaron en Estados Unidos las protestas de distintas asociaciones, las manifestaciones de solidaridad y las peticiones de intervención humanitaria del presidente, para que cesaran los bombardeos sobre la población civil. Casi de forma inmediata los vascos-americanos protestaban enérgicamente a Cordell Hull «por la destrucción de la ciudad de Guernica (...) y los inhumanos crímenes cometidos contra la población civil de un país democrático como Euskadi por las fuerzas del General Franco»⁵³ y, posteriormente, el Comité Americano para los Niños Refugiados Vascos estaba arreglando el traslado de 500 niños a Estados Unidos desde París.⁵⁴ La Cruz Roja Americana proponía el 1 de mayo discutir la situación humanitaria española en un congreso internacional en Washington⁵⁵ y los masones, desde la Gran Logia Luz de Oriente de la Habana, Cuba, informaban al presidente Roosevelt de su petición de apoyo de todos los masones al gobierno español, porque está luchando «por la libertad de todo el mundo» y «los miembros del bando fascista en España han perseguido a los masones, asesinado a niños y bombardeado ciudades». Desde la perspectiva religiosa, un ciudadano de Texas escribía a su congresista para que el gobierno de Estados Unidos interviniera, «como cristianos», a favor de la población civil de Bilbao⁵⁶ y el obispo de la Iglesia Metodista Episcopaliana de Nueva York, en un documento enviado al secretario de Estado, acompañado con 90 firmas de representantes, senadores, gobernadores, doctores y pastores protestantes, hacía un llamamiento a la conciencia del mundo ante el cruento bombardeo de Guernica sobre población civil y pedía a Hull «hacer lo que sea posible desde su elevada posición para mitigar el sufrimiento de miles de civiles vascos que están soportando las calamidades de la guerra en defensa de su tierra natal». Por una vez la respuesta de Hull era personal: «Las grandes pérdidas de vidas entre los no combatientes en España me han causado la más profunda tristeza», y prometía intervenir: «debe tener la seguridad de que hago y seguiré haciendo todo lo posible por aliviar la actual deplorable situación dentro de la política americana de no interferencia en los asuntos internos de otras naciones».⁵⁷

Por otro lado, a mediados de mayo de 1937, el gobierno británico, a través de su embajador en Washington, pedía al presidente que, antes o después de la reunión del Comité de No Intervención, hiciera una declaración a favor del cese de bombardeos y el fin de atrocidades como la ejecución de prisioneros,⁵⁸ propuesta que el presidente y el secretario de Estado aceptaron si se llegaba a un acuerdo en el Comité de No Intervención.⁵⁹

Igualmente, desde el hemisferio occidental el Departamento de Estado recogía la propuesta del editorial del Diario Comercial de Tegucigalpa, según el cual Estados Unidos como país y el presidente Roosevelt como estadista eran los agentes adecuados para encabezar una iniciativa de paz en España, que se podría encuadrar en la política de «Buen Vecino»:

su política de «Buen Vecino» podía extenderse considerablemente y llegar hasta el punto de ofrecer sus buenos oficios pacifistas a un país que está siendo destrozado por una revuelta interna en la cual se han inmiscuido extraños elementos de fuera. Y el mundo entero, especialmente estos países de América Latina, agradecerían inmensamente a Roosevelt una gestión que trajera una vez más la paz a la heroica, a la vieja, a la noble España.⁶⁰

Los intensos bombardeos sobre Valencia y Barcelona⁶¹ por la aviación italiana y alemana y los acontecimientos de mayo y junio en el Mediterráneo aumentaron las presiones sobre el presidente y le hacían más difícil mantener la posición de neutralidad de Estados Unidos. El 31 de mayo de 1937, los aviones leales mataron a 31 marineros alemanes a bordo del barco de guerra Deutschland, que se encontraba en aguas territoriales españolas. En respuesta, barcos alemanes bombardearon la ciudad de Almería matando a 19 personas. En la tercera semana de junio, después de que el capitán del crucero alemán Leipzig declarara que submarinos leales le intentaron atacar dos veces, Alemania e Italia se retiraron de las patrullas navales de la No Intervención.

Tras el bombardeo de Almería, el propio Léon Blum urgía al gobierno de Roosevelt a pedir moderación a los alemanes, sin duda temiendo una declaración de guerra abierta entre Alemania y España. «Esta mañana Blum me telefoneó para decirme que había recibido una llamada de su embajador en Berlín, François Poncet, que le había preocupado mucho», indicaba el embajador americano en París a Cordell Hull. «Acaban de llegar noticias de que la flota alemana ya ha bombardeado Almería. Poncet teme que ahora bombardeará Valencia y Barcelona. Blum aún no ha podido conseguir hablar con nadie en Londres. Tan pronto como hable con Eden está seguro de que Londres y París aconsejarán moderación al Gobierno Alemán a través de sus embajadores. Me pide —continuaba Bullitt— que también el Gobierno Americano aconseje moderación a través de su embajador en Washington.»⁶²

Como escribiera el representante demócrata por Montana Jerry J. O’Connell a Roosevelt el 23 de junio, era evidente «que Italia y Alemania estaban en guerra con el Gobierno democráticamente elegido de España», por lo que diversas asociaciones llevaban desde finales de mayo pidiendo al presidente que el embargo y la Ley de Neutralidad se aplicaran a Alemania e Italia como había propuesto el senador Nye. «La guerra clandestina que Alemania e Italia están luchando contra España es una guerra abierta y no hay excusas para no ir aplicando nuestras leyes de neutralidad contra estos agresores»,⁶³ señalaba contundentemente el North American Committee To Aid Spanish Democracy. «Pedimos que las leyes de neutralidad de Estados Unidos se apliquen inmediatamente» a Alemania e Italia, exigía la sociedad fraterna comunista The International Workers Order,⁶⁴ mientras que la presidenta de la delegación de Massachusetts de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad se dirigía al presidente y al secretario de Estado para que el gobierno aplicara la misma prohibición de exportar armas y material bélico «a las naciones que han invadido España con sus tropas, pues son países beligerantes» en la guerra civil española y como tales «entran dentro del ámbito de esta misma Ley de Neutralidad».⁶⁵

La respuesta de Joseph C. Green, jefe de la Oficina de Control de Armas y Municiones, era invariablemente la misma respuesta formal que se dio también días después a peticiones similares de The National Chairman American League Against War and Fascism y The American League Against War and Fascism de Nueva York, en el nombre de un millón de neoyorquinos, que veían con estas agresiones que «la política del fascismo inevitablemente lleva a la guerra»:⁶⁶

Se transmite con esta carta una copia de la Resolución Conjunta del Congreso aprobada el 1 de mayo de 1937, enmendando la Resolución Conjunta aprobada el 31 de agosto de 1936. Observará que la sección 1 (a) de esta Resolución Conjunta señala que siempre que el Presidente encontrara que existe un estado de Guerra entre dos o más estados extranjeros proclamará tal hecho. Si el presidente encuentra que un estado de guerra existe entre dos o más estados extranjeros, él por supuesto estará obligado por los términos de la ley a proclamar ese hecho y prohibir la exportación de armas, municiones, y material de guerra a los estados nombrados en su proclamación.

Puede estar seguro de que este Departamento está observando atentamente los acontecimientos en todas las partes del mundo, y pone toda la información que llega en sus manos para que el Presidente sea capaz de cumplir sus obligaciones según las disposiciones de la Ley de Neutralidad.⁶⁷

Sin embargo, la Oficina de Control de Armas y Municiones ya había estudiado los escasos efectos que tendría el embargo de armas a Italia y Alemania, pues los créditos ya se habían prohibido bajo la Ley Johnson de 1934 y, en palabras de Hull, Italia y Alemania sólo importaban una «insignificante cantidad» de material de guerra de Estados Unidos, «principalmente motores para aviones», instalados en aviones manufacturados en otros países.⁶⁸ En efecto, suprimir las compras italianas por valor de 190.00 dólares en 1937 y las alemanas por valor de 440.000 dólares,⁶⁹ parecían cifras ridículas al Departamento de Estado para arriesgarse a poner en peligro los esfuerzos conciliatorios de Gran Bretaña y Francia y aumentar el peligro de una guerra general europea.

A pesar de la opinión del Departamento de Estado, Roosevelt, tras entrevistarse el 29 de junio con Norman Thomas, secretario general del PSA que acababa de venir de España, respondió a las presiones de los simpatizantes de la República en Estados Unidos con disposición a estudiar la extensión del embargo de armas a Berlín y Roma. Independientemente de lo que consideraran Gran Bretaña y Francia, «por muchas razones pienso que si Mussolini o el Gobierno Italiano o Hitler o el Gobierno Alemán han admitido o declarado oficialmente que sus fuerzas armadas están luchando en España al lado de Franco (...) entonces debemos actuar bajo la Ley de Neutralidad», escribía el presidente a Hull el mismo día 29 de junio. Añadía en su nota que parecía por los periódicos que ambos gobiernos habían hecho estas declaraciones oficiales, pero que convenía consultar con los embajadores americanos en Roma y Berlín.

El secretario de Estado extendió sus consultas a Francia y Gran Bretaña. La respuesta que venía de Francia y sobre todo de Gran Bretaña era que cualquier cambio de actitud de Estados Unidos en cuanto a extender el embargo a Italia y Alemania complicaría la actuación del Comité de No Intervención y significaría un mayor riesgo de guerra en Europa. Es más, como Hull comunicó al presidente en conversación telefónica el 6 de julio, una victoria de Franco no amenazaba los intereses británicos, pues según Eden «todo el propósito de Franco era una política ibérica (...) con los españoles en control de España y toda la influencia alemana e italiana eliminada»⁷⁰ y, como señalaba desde Roma el embajador Phillips, si el presidente declaraba que existía un estado de guerra entre Italia y España, «puede forzar a otros países a hacer precisamente lo que han tratado conjuntamente de evitar, concretamente la extensión del conflicto más allá de la frontera española».⁷¹

Para el Departamento de Estado no había un estado de guerra declarado entre España e Italia y Alemania. Ambos países habían reconocido a los insurgentes como gobierno legal y estaban actuando de acuerdo con ese reconocimiento, los ciudadanos de muchos países —entre ellos Estados Unidos— estaban luchando como voluntarios en ambos bandos y los dos bandos habían recibido asistencia material de otros países europeos. Así el presidente y Hull acordaron que sólo habría embargo contra Roma y Berlín en caso de una guerra europea.⁷² Como concluye Dallek, en contra de la animosidad personal de Roosevelt hacia las acciones de Italia y Alemania, «subordinó sus sentimientos a la determinación británica de mantener la paz, pasara lo que pasara en España». Como Londres, el presidente «estaba preparado para aceptar una victoria de Franco antes que arriesgarse a una guerra más amplia», aunque como señalaban las protestas de los simpatizantes del gobierno español con acierto dicha política «estaba animando la agresión que había querido prevenir».⁷³

ACERCAMIENTO DE ESTADOS UNIDOS A LA URSS Y REACCIONES POSITIVAS AL GOBIERNO NEGRÍN

No parece que en estas decisiones del gobierno de Roosevelt influyera demasiado la evolución del poder político en ambas zonas de España. Hacia la confirmación de un Estado totalitario de partido único desde abril de 1937 en el bando rebelde, cada vez más llamado nacional o nacionalista en los despachos diplomáticos y periódicos estadounidenses, y hacia una mayor centralización, restablecimiento de la normalidad democrática y moderación bajo hegemonía comunista en el bando gubernamental, tras una fuerte lucha interna en el mes de mayo.

La prensa estadounidense sí que se hizo amplio eco de estas evoluciones. Respecto a la España franquista, el 20 de abril de 1937 el New York Times incluía en su primera página desde Salamanca la noticia de que según el Decreto de Unificación del 19 de abril Franco pretendía constituir un régimen de partido único «bajo su único poder», disolviendo el Partido Fascista y los Requetés en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, así como las milicias de ambas organizaciones en la Legión Extranjera y el Ejército Regular.⁷⁴ Unos días después el mismo periódico llamaba a Francisco Franco «virtual dictador» y resaltaba en el titular su identificación con Hitler, que le había felicitado, así como también —desde la lógica preocupación estadounidense— indicaba que había recibido 100 telegramas de felicitación de Sudamérica.⁷⁵ En parecidos términos se expresaba el Washington Post unos días después en su editorial —«Por esta halagadora imitación del ejemplo alemán, no menos que del italiano, Hitler envió a Franco sus felicitaciones»—, añadiendo que esta evolución era posible por los éxitos militares de Franco y «su confianza en la victoria». No había duda para el periódico de Washington sobre la naturaleza del régimen, que ya estaba demostrando su crueldad en la ofensiva de Vizcaya.⁷⁶

Desde el mismo día 19 de abril el Departamento de Estado, a través tanto de Bowers como del cónsul de Sevilla, recibió una información puntual de esta importante evolución política. Particularmente brillante y acertado era el análisis del embajador del 19 de abril. Como historiador analizaba la particular interpretación de la Historia de España del discurso del 18 de abril de Franco, que tenía como objeto retornar a la grandeza del Imperio (español) Cristiano de los siglos XV y XVI. En el discurso Franco reflejó su baja opinión del estado democrático, añadía Bowers, el peligro principal del bolchevismo, su descontento con una gran parte de la prensa británica que apoyaba al gobierno constitucional, su opción por un nuevo Estado basado en una democracia orgánica, «en la que los partidos están prohibidos, la libertad de expresión y prensa denegadas, el voto proscrito, y al pueblo se le da lo que sus gobernantes deciden que es bueno...», y que no era en palabras del embajador más que «un concepto medieval del Estado, hostilidad a la democracia, aceptación del fascismo y una idea de la grandeza nacional basada en un poderoso ejército». En cuanto a la significación del Decreto de Unificación del 19 de abril de 1937, Bowers no tenía duda de que en adelante «Franco favorecería cualquier forma de gobierno que sustituyera a la república democrática» y nadie pensaba —fuera del pequeño círculo aristocrático— que tuviera «el más remoto interés de restaurar la monarquía, aunque es de los monárquicos de los que está sacando los fondos para financiar la guerra».⁷⁷

Charles Bay coincidía con Bowers desde Sevilla en que el objetivo inmediato de Franco al crear un partido único era evitar las disputas internas entre los sectores que le apoyaban y, asumiendo ya la victoria de Franco en la guerra, apuntaba a que la nueva organización podía convertirse al acabar el conflicto en el único partido político, similar al Partido Fascista de Italia, pero sin líderes capaces que pudieran aumentar la afiliación, ni la modernidad de aquel: «las diferencias con el modelo fascista es que no incluye a todas las clases sociales, edades, géneros y no es masivo».⁷⁸

Por otra parte, desde el corazón de la zona nacional Bay ironizaba sobre aquellos políticos republicanos presentados como revolucionarios al compararlos con personalidades reformistas y liberales americanas: «Azaña es tan rojo como el Senador Wagner; Barrio es tan rojo como el Senator Guffey; Miaja es tan rojo como el General MacArthur; y Caballero es tan rojo como el Senador La Follette». Es decir, ninguno de ellos era rojo ni comunista, podían ser políticos reformistas como los senadores demócratas Robert Wagner y Joseph Guffey, que respectivamente fueron responsables de la Ley de Relaciones Laborales y de la Ley de Seguridad Social y de medidas para regular las industrias de petróleo y carbón durante el Segundo New Deal, o políticos que lucharon contra la corrupción y los monopolios como el senador por Wisconsin y candidato a la presidencia en 1924 por el Partido Progresista Robert La Follette, o simplemente generales de trayectoria militar intachable y claramente anticomunista, aunque partidarios de los programas del New Deal como Douglas McArthur, que desde 1935 supervisaba la creación de las fuerzas armadas de Filipinas como comandante en jefe. «La autoridad de estos cuatro hombres —Azaña, Miaja, Barrio, Caballero— es mayor que en ningún otro momento»,79 concluía el cónsul de Sevilla resaltando la oportunidad de la moderación política en el gobierno español.

Las cosas no estaban tan claras en el bando gubernamental como Bay suponía. Resolver el problema del poder político en el bando republicano era mucho más complicado. La dificultad de unificar la diversidad de estrategias bélicas y la heterogeneidad política cuando se acumulaban las derrotas militares se puso en evidencia violentamente con la llamada crisis de mayo de 1937, en las calles de Barcelona y en el Frente de Aragón.

Ya la derrota de Málaga había puesto en evidencia la hostilidad entre Largo Caballero y los comunistas, pues el PCE lo hacía responsable de la derrota y, como los prietistas, querían relevarlo de la dirección de la guerra y excluir a las sindicales del gobierno.⁸⁰ El interesante informe del agregado militar Stephen O. Fuqua analizaba así el enrarecido ambiente político de la retaguardia republicana para el Departamento de Guerra en abril:

La caída de Málaga ha golpeado tan violentamente la estructura del Frente Popular que desde esta derrota militar el Gobierno de Caballero se encuentra con graves dificultades, su caída parecía inminente a final de febrero. Sin embargo, aunque desde entonces parece haberse evitado una crisis política, la situación es tal que los cambios políticos pueden ocurrir en cualquier momento. La impresión general es que si los nacionalistas infligieran otra derrota de magnitud, Caballero sería relevado del gobierno y quizás violentos cambios políticos tendrían lugar en el gobierno republicano, pues los sindicalistas tratarían de conseguir la supremacía política.

Posteriormente, Fuqua refería el intento de UGT y CNT de formar un gobierno exclusivamente sindical al que se oponían los partidos, reflejando el «antagonismo entre sindicalistas y marxistas» desde febrero, que «lejos de desaparecer ha aumentado, como se evidencia por los disturbios que recientemente han ocurrido en Madrid, Valencia, Barcelona y otros lugares, en los que un considerable número de personas han resultado heridas o asesinadas. Particularmente en algunas ciudades de Valencia los anarquistas y sindicalistas adoptaron una actitud de revuelta abierta contra el Gobierno, asumieron el poder policial, controlaron las comunicaciones y lucharon contra las fuerzas gubernamentales enviadas para mantener el orden».⁸¹ Bowers, aún con el eco de la victoria en Guadalajara, era más optimista unos días después en lo que se refería al restablecimiento del orden y el fortalecimiento del poder de la Generalitat en «la caótica Cataluña» y en Valencia frente a los anarquistas, de forma paralela a la centralización militar.⁸² Pero a finales del mes de abril ya informaba al Departamento de Estado del declive de la popularidad de Caballero, mientras Miaja se convertía en un héroe: «el motivo es tanto militar, la caída de Málaga, como su moderación que le ha ido alejando de las bases más radicales y acercándole curiosamente a Azaña». Según la información que le había suministrado Jay Allen, Miaja no sólo había sido uno de los artífices de la disolución de las milicias, sino que estaba pensando en reabrir las iglesias, «el poder está pasando a los elementos más republicanos», y «sectores del gobierno quieren eliminar a los anarquistas tan pronto como se presente una oportunidad»,⁸³ de acuerdo con la información confidencial que el periodista había recibido de Araquistáin, Del Vayo y Prieto.

Desde Barcelona el cónsul americano Lynn W. Franklin ya informaba a finales de marzo de la caída del gobierno de la Generalitat y la crisis política en Cataluña, provocada por la exclusión de la CNT del nuevo gobierno y las acusaciones contra el POUM. Para el cónsul lo más grave era que la crisis catalana restaba efectividad al esfuerzo bélico: «con los actuales y continuos desacuerdos en el Gobierno autonómico es imposible que Cataluña coopere estrechamente con el general Miaja, Comandante del ejército de Madrid, contra los insurgentes y asegure la adecuada protección a los que residen en Cataluña».⁸⁴ Por eso señalaba Franklin que se había recibido con un alivio general —citando a La Vanguardia— la formación del nuevo gobierno, que temiendo la derrota apostaba por la unidad. «Parece que se han entendido las deplorables consecuencias de la desunión y el peligro muy real de la derrota en la guerra, a menos que las diferencias entre las fuerzas políticas locales se dejen a un lado.»85 Sin embargo, la formación del nuevo gobierno no acabó con el caos en la retaguardia catalana, sino que exacerbó las protestas y acciones de la CNT, de forma que a finales de marzo los periódicos de Barcelona incluían la siguiente nota de la Generalitat, que ante «la anormal situación del orden público (...) por la existencia de grupos que en algunas partes de Cataluña se esfuerzan por imponerse con coerción y comprometen la revolución y la guerra (...) el Gobierno está suspendiendo sus mítines y espera que inmediatamente todos aquellos que no están directamente bajo la autoridad del Consejo de la Generalitat se retirarán de la calle en orden a hacer posible la rápida desaparición de la inquietud y alarma en que Cataluña está viviendo actualmente».⁸⁶

Ante la imposibilidad de restablecer el orden el gobierno de la Generalitat ordenó ocupar el edificio de la Telefónica en la Plaza de Cataluña, controlado por la CNT desde julio de 1936. En medio de una situación desesperada el presidente de la República Manuel Azaña, aislado en Barcelona, pedía ayuda al gobierno de Valencia. Una representación del gobierno, entre la que se encontraban los ministros catalanes y un total de 4.500 guardias, exhortó por radio al alto el fuego y a la unidad antifascista sin éxito, mientras la 25 División anarcosindicalista abandonaba el Frente de Aragón. El día 7 de mayo los guardias de asalto llegados desde Valencia, ayudados por los militantes del PSUC, acabaron con la resistencia cenetista, aunque ese mismo día hubo disturbios y hechos sangrientos en Aragón.⁸⁷

El Departamento de Estado siguió con mucha atención los acontecimientos, especialmente porque los intereses y las vidas de los americanos estaban en el centro físico del conflicto, en el edificio de la Telefónica en la Plaza de Cataluña. El propio Hull, ante las noticias sobre la paralización total de la ciudad con barricadas y aislada del resto del país,⁸⁸ preguntaba el 5 de mayo a Perkins por el edificio de la CTNE y la seguridad de sus empleados.⁸⁹ La respuesta de Perkins ese mismo día era que el personal de la ITT estaba a salvo en el Hotel Majestic, pero las comunicaciones con Valencia seguían interrumpidas y la lucha continuaba.⁹⁰ Ya el día 6, Perkins consideraba que el gobierno de Cataluña parecía tener el control de la mayor parte de la ciudad, aunque el gobierno central en Valencia iba a asumir el orden público en Cataluña y evaluaba en 200 personas el número aproximado de bajas. Sin embargo, el asesinato del miembro del PSUC y conseller del nuevo gobierno de la Generalitat Roldán Cortada y las noticias de que los refuerzos enviados desde Valencia estaban retenidos en Benicassim ensombrecían la situación.⁹¹ Paralelamente, Hull recibía las primeras interpretaciones políticas de la lucha. Desde el lugar de los hechos Perkins la interpretaba como un enfrentamiento entre el PSUC, que apoyaba al gobierno catalán, y los anarquistas, que temían que «cualquier intento de control del Gobierno les prive del poder que conquistaron y de otras ganancias revolucionarias», en el que el gobierno de Valencia se había mantenido «cuasi neutral».⁹² Desde París Del Vayo había comentado al embajador Bowers que la revuelta anarquista era «parte de un plan rebelde», pero también «una ocasión para acabar con los anarquistas», que habían sido hostiles al gobierno desde el principio⁹³ y le avanzaba ya el 6 de mayo la inminente caída de Largo Caballero y su sustitución por un socialista moderado como Prieto en primer término o Araquistáin.⁹⁴

Por otra parte, los periódicos estadounidenses siguieron con mucho interés estos preocupantes hechos para la República, que ya el Washington Post catalogaba en su artículo de primera página del 5 de mayo como una «guerra civil dentro de la guerra civil», en la que los anarquistas se habían levantado contra el gobierno de la Generalitat y combates sangrientos se sucedían en Barcelona y particularmente en el edificio de la Telefónica,⁹⁵ mientras en el editorial del día siguiente lo enmarcaba en el distanciamiento de Cataluña con respecto a la guerra y en la lucha de la CNT y el POUM por mantener y realizar su revolución, y la posición de las fuerzas políticas más moderadas representadas por el presidente Companys.⁹⁶ Igualmente el New York Times daba una información detallada de la gravedad de los acontecimientos de Barcelona el día 6 en su primera página con informaciones de Perpiñán y Valencia, mientras que se hacía eco de la información de la embajada española en París, que acusaba a la quinta columna de los hechos.97 Mucho más matizado e informado sobre la complejidad de los hechos de mayo era el artículo de Lawrence A. Fernsworth, publicado en el mismo periódico unos días después, cuando el gobierno y la Generalitat habían sofocado el levantamiento. Analizaba tanto la exclusión del POUM del último gobierno de la Generalitat, como las acusaciones que se le hacían de ser trotskista y estar en el centro de la insurrección, de un enfrentamiento entre la CNT y UGT-PSUC, entre los anarquistas, acusados de no someterse a la autoridad gubernamental y cometer excesos violentos, y los comunistas y ugetistas, denunciados por la CNT y el POUM de torpedear la revolución. Añadía en su interesante análisis la impopularidad de la CNT por la colectivización forzosa, como demostraban los enfrentamientos de la Fatarella en Tarragona, que acabaron con 30 campesinos muertos, o la resistencia de la CNT a abandonar su poder cantonal y violento en Lérida o Puigcerdá. Además Fernsworth concluía resaltando los problemas de la autonomía catalana con sus fuerzas de orden público y defensa compitiendo con las del gobierno central. Precisamente Perkins aprovechaba el caos del mayo barcelonés para suministrar información sobre los excesos y la represión de la Cataluña republicana. El día 7 de mayo el consulado enviaba una vez más al Departamento de Estado un artículo del propio Lawrence Fernsworth publicado en el Times de Londres, sobre la autonomía de poder y el terrorismo anarquista en Cataluña,⁹⁸ pero también la primera información recogida directamente por el consulado sobre la experiencia de las clases medias que habían sufrido la revolución por motivos religiosos o de propiedad en Cataluña y Valencia, basándose en el testimonio y las experiencias de un maestro de escuela, a la que el cónsul sólo añadía al final que «esta ha sido la tragedia de miles de personas».⁹⁹ Días después, agregaba informaciones de Fernsworth sobre las fábricas y tierras incautadas, que daban otra imagen de los «excesos de la revolución».¹⁰⁰

Para Lawrence Fernsworth el 10 de mayo Cataluña había vuelto a «su relativa normalidad de guerra», en comparación «con la trágica Madrid o la saturada y enfebrecida Valencia», aunque los elegantes hoteles eran ahora los cuarteles generales de sindicatos y partidos y las iglesias habían sido incendiadas y estaban vacías o convertidas en colegios y hospitales.¹⁰¹

En este sentido, desde el 8 de mayo el Departamento de Estado fue recibiendo noticias desde Barcelona o Valencia, a veces vía París, sobre el restablecimiento de la nueva normalidad en Barcelona. En lo que se calificaba desde París como «tregua armada», el 8 de mayo se comprobaba que «no había ningún americano herido o fallecido»,¹⁰² entre las barricadas la ciudad permanecía tranquila y las tiendas habían abierto. Los 5.000 soldados llegados la noche anterior desde Valencia aplaudidos «por muchos con vivas», según relataba el cónsul Perkins,¹⁰³ contribuían a dar sensación de normalidad, no obstante la comida escaseaba y los sindicatos retenían armas y municiones, por lo que Perkins aconsejaba «suspender las funciones consulares y evacuar al personal, excepto al Vicecónsul».¹⁰⁴

En los días siguientes las noticias se referían a que el gobierno de Valencia intentaba desarmar la retaguardia e imponer su autoridad,¹⁰⁵ mientras Bowers evaluaba positivamente el resultado final de lo que según sus noticias era una lucha entre el gobierno y los anarquistas: «aparentemente la revuelta anarquista ha sido derrotada y los anarquistas desarmados. Esto a mi juicio es una victoria más decisiva para el Gobierno que la victoria de tres batallas».¹⁰⁶

Unos días después, en medio de la inminente crisis de gobierno, Thurston desde Valencia matizaba la opinión de Bowers introduciendo un elemento que el embajador parecía ignorar: el creciente poder del Partido Comunista, que aparecía como el «partido del orden». En efecto, Thurston comprobaba que «el conflicto de Barcelona había intensificado las animosidades dentro del Frente Popular, notablemente entre la CNT y los comunistas».¹⁰⁷ Para él, el origen de la crisis de gobierno eran «las oscuras rivalidades y los conflictos de doctrinas y objetivos de los grupos que componían el Frente Popular». Su causa inmediata había sido el reciente conflicto de Barcelona y la presión del Partido Comunista para actuar drásticamente frente a estos hechos. Igualmente ya anunciaba que el próximo jefe de gobierno estaría entre los socialistas moderados Juan Negrín, Indalecio Prieto o Julián Besteiro, y que las sindicales habían anunciado que no colaborarían con ningún gobierno que no estuviera presidido por Caballero.¹⁰⁸

Tres días después, Thurston daba la noticia de que Juan Negrín, ministro de Finanzas en el anterior gabinete, había sido nombrado nuevo jefe de gobierno¹⁰⁹ y acertaba en interpretar el significado de su nombramiento por Manuel Azaña: «constituir un gobierno suficientemente libre de radicalismos extremos para hacer posible una política de apoyo por parte de Gran Bretaña», ya fuera directamente o por la vía de la mediación.¹¹⁰

En efecto, la crisis se resolvió el 18 de mayo con la formación del gobierno de Juan Negrín, designado por Manuel Azaña como el candidato idóneo para restablecer la normalidad republicana y conseguir la ayuda internacional sin la cual el presidente de la República creía que no podía ganarse la guerra.¹¹¹ Los moderados dentro del PSOE, con Prieto como figura destacada, y los republicanos eran mayoría, los sindicatos quedaban excluidos y el PC seguía controlando dos ministerios. Como señala Julián Casanova, aunque esta no era la victoria de la contrarrevolución que presentaba el editorial de Solidaridad Obrera de ese mismo día, « (...) a partir de mayo de 1937 algunas cosas cambiaron. El POUM fue liquidado, Largo Caballero se quedó solo y los anarcosindicalistas vieron cómo se aceleraba la pérdida de su poder político y armado».¹¹²

Los periódicos estadounidenses coincidían en valorar positivamente la elección de un jefe de gobierno moderado, culto y políglota y de un gobierno «centrista liberal» de Frente Popular en palabras del New York Times,¹¹³ con representación mayoritaria de socialistas moderados y republicanos, con exclusión de los sindicatos, ahora supeditados al gobierno, más efectivo para ganar la guerra por su reducido tamaño, pero que, como señalaba el editorial del Washington Post del 19 de mayo, «había revelado las divisiones del Frente Popular, que antes o después podían provocar peligrosas fisuras».¹¹⁴

Los informes de Bowers que llegaban al secretario de Estado coincidían con los periódicos en destacar la capacidad, amplia cultura y moderación del médico y profesor de la Universidad de Madrid Juan Negrín, que «habla inglés como un americano» y a pesar de ser socialista tenía «un conservadurismo de sentido común». También coincidían en el giro a la derecha del gobierno, representado en la inclusión de un ministro de Justicia católico, como el político vasco Manuel de Irujo, y la exclusión de los sindicatos, y lo interpretaba como un triunfo particular de Azaña y Prieto y de las fuerzas de orden. Sin embargo, llamaba la atención que, al igual que los periódicos estadounidenses, Bowers no hiciera ninguna referencia explícita a la continuada presencia de los comunistas en el gabinete y al aumento de su poder.¹¹⁵ Sin duda en sintonía con la buena y reciente relación entre Roosevelt y el Partido Comunista de Estados Unidos y con el acercamiento de Estados Unidos a la URSS.

Decidido a mejorar las relaciones con la URSS y a alinear a este país con las democracias frente a Alemania e Italia, en enero de 1937 F.D. Roosevelt envió a Moscú como embajador a Joseph Davis, rico abogado demócrata wilsoniano, con las órdenes de «ganar la confianza de Stalin».¹¹⁶ Este no sólo sustituyó al non grato William Bullitt, que fue enviado a París, sino que para disgusto del personal de la embajada en Moscú trató por todos los medios de ser conciliador con las acciones y decisiones soviéticas. En el aspecto económico de mejorar las relaciones con la URSS su agente era Henry Mongenthau, Jr., el secretario del Tesoro.¹¹⁷ En junio de 1937 Roosevelt y el subsecretario de Estado Sumner Welles, considerando que las secciones rusa y del Este de Europa del Departamento de Estado eran antisoviéticas y obstruccionistas con la política de acercamiento a la URSS, las disolvieron. Su jefe Robert Kelley fue enviado a Turquía, aunque toda la sección del Este de Europa fue absorbida por la nueva sección de Asuntos Europeos dirigida por J. Pierrepont Moffat, no precisamente partidario de mejorar las relaciones con la URSS.¹¹⁸

El acercamiento a la URSS tuvo repercusiones en el ámbito interno, donde el CPUSA pasó de la oposición frontal al New Deal y Roosevelt a su apoyo decidido en 1937. Cuando en febrero de 1937 el presidente inició su lucha contra el Tribunal Supremo, encontró en los comunistas un nuevo aliado para crear un Frente Democrático contra «las fuerzas de la reacción, el fascismo y la guerra». A finales de 1937 el CPUSA había redefinido totalmente su política: las raíces del partido estaban firmemente asentadas en la tradición política americana, los comunistas apoyaban al ala del New Deal del Partido Demócrata, liderada por Roosevelt y sustentada en la alianza de trabajadores, agricultores y clase media urbana, que formaban «un frente democrático contra el capital monopolista», sobre el que podría construirse «un partido del pueblo». También cambió la estructura y el discurso del partido, más acordes con la política estadounidense, centrado este último en el antifascismo, el progresismo y la democracia. Earl Browder, secretario general del partido, llegó a ser portada en el Time Magazine y completó la «americanización» del CPUSA colocando al partido fuera del modelo bolchevique. En Estados Unidos, pensaba Browder, no se llegaría a la revolución como consecuencia inevitable de la crisis económica, sino que los trabajadores podían alcanzar una conciencia de clase a través de un proceso largo y gradual, resultado de la lucha por mayores reformas dentro del marco de las instituciones democrático-burguesas. Esta evolución del Browderismo culminaría en el eslogan de que «el comunismo era el americanismo del siglo XX»119 y en sus repercusiones lógicas en la aceptación social y atractivo de los comunistas americanos en aquellos años.

Quizá por todo esto, el mismo día 18 de mayo el Departamento de Estado valoraba bastante positivamente al nuevo gobierno de liberales y socialistas moderados del doctor Negrín y entendía que la continuidad de los dos ministros comunistas le daría estabilidad al atraer a sus bases. Sus conclusiones, sin embargo, eran cautas, no dudaba que el objetivo de Negrín era conseguir un gobierno centralizado que pudiera ganar la guerra, pero no sabía si lo podría hacer sin el apoyo de los sindicatos. «Si tal gabinete puede conseguir suficiente apoyo popular para conseguir su objetivo es, sin embargo, problemático»,120 concluía el Departamento de Estado.

Mientras estas dudas quedaban en el aire, unos días después la primera postura internacional del nuevo gobierno sobre los rumores del armisticio si se retiraban los voluntarios, no dejaba lugar a dudas de que Negrín estaba empeñado en que este fuera el «Gobierno de la Victoria»: «el Gobierno no aceptará compromisos o componendas con el enemigo de nuestro pueblo (...) todos unidos para derrotar la rebelión».¹²¹

AVANCE DEL EJÉRCITO DE FRANCO EN ESPAÑA, «DISCURSO DE LA CUARENTENA» Y REACCIÓN AISLACIONISTA EN ESTADOS UNIDOS

Las divisiones internas dentro del Frente Popular y la superioridad de la ayuda extranjera a los rebeldes pronto demostraron las dificultades inmediatas de Negrín para que, en efecto, su gobierno fuera el de la victoria. El 16 de junio el gobierno vasco evacuó Bilbao y se retiró a Santander sin destruir la industria vizcaína —en conflicto con las órdenes recibidas—, que quedó inmediatamente en manos de los insurgentes, alcanzando ese mismo año niveles de producción no conocidos en los meses anteriores. Franco se disponía a atacar Santander y Asturias, acabando así la conquista del Frente Norte. Ante esa realidad el Ejército Popular decidió lanzar dos primeras ofensivas que distrajeran a las tropas de Franco del Frente Norte: Brunete y Belchite.

Ambas ofensivas, que no contaban con la aprobación de algunos generales republicanos, evidenciaron el creciente poder comunista ligado a la ayuda militar soviética en el Ejército Popular y en el diseño de la estrategia militar, en el momento álgido de la ayuda militar soviética a la República.

Brunete, a 20 km de Madrid, fue una de las mayores ofensivas republicanas de toda la guerra. Preparada por el Partido Comunista para exhibir su fuerza y capacidad militar, este asignó los papeles clave a las 5 Brigadas Internacionales y a las divisiones comunistas. El general Miaja era el comandante en jefe, el coronel Vicente Rojo era el estratega y cada jefe militar tenía su asesor soviético. La República movilizó a un total de 70.000 hombres, 132 carros de combate, 43 vehículos blindados, 217 cañones de campaña, 50 bombarderos y 90 cazas.

La ofensiva se inició el 6 de julio con una penetración profunda en las líneas enemigas, pero en esos primeros momentos en que los republicanos tenían superioridad, Líster y su asesor soviético no se atrevieron a avanzar y ordenaron cavar trincheras. Esto permitió al general Varela acumular fuerzas y recibir rápidamente refuerzos de dos divisiones del Frente Norte transportadas en cientos de camiones estadounidenses comprados a crédito. La cobertura aérea superior —destacando los Messerschmitt 109 de la Legión Cóndor— desde el día 11 de julio machacó sin descanso los blindados y trincheras republicanos, sin resguardo en medio de la árida meseta castellana.

Combates feroces, pero inútiles, y elevadísimo número de bajas republicanas, que aceleraron la desmoralización y la insatisfacción por la dirección de la lucha tanto en las tropas internacionales como en las nacionales, ambas durísimamente reprimidas, bajo acusaciones de estar penetradas por la quinta columna. El 23 de julio los nacionales tomaron la iniciativa y el 24 llegaron a Brunete. Franco declaró la victoria el 25 de julio, día de Santiago Apóstol.

Aparte de la superioridad aérea nacional, los problemas republicanos estuvieron desde el principio en la intendencia y, sobre todo, en la falta de iniciativa de los mandos, temerosos de tomar decisiones por su cuenta y carentes de experiencia en mandar tal concentración de tropas. Al final, aunque los comunistas presentaron Brunete como una victoria, los republicanos sólo consiguieron 50 kilómetros cuadrados y retrasar 5 semanas la toma de Santander, al precio de 25.000 bajas frente a 17.000 de los nacionales, y una pérdida catastrófica de material cuando estaba comenzando el bloqueo nacionalista del Mediterráneo.

A pesar de estas pérdidas, seis semanas después Rojo planteó en el Frente de Aragón una ofensiva sorpresa menor con el doble objetivo de tomar Zaragoza y sobre todo distraer fuerzas de Santander y Asturias el tiempo suficiente para que el invierno interrumpiera la ofensiva franquista hasta la primavera de 1938. Negrín y los comunistas tenían también el objetivo político de controlar Aragón. El control político comenzó el 11 de agosto al disolver el cenetista Consejo de Aragón y desmantelar colectividades y consejos municipales controlados por los anarquistas.¹²²

La ofensiva comenzó el 24 de agosto con gran superioridad republicana. El efecto sorpresa les permitió penetrar hasta 6 km de Zaragoza, pero entonces los blindados no se vieron apoyados por la infantería y casi todos ellos fueron destruidos. Mientras Líster y Modesto se culpaban mutuamente, decidieron cambiar hacia un objetivo más modesto: conquistar Belchite, defendida sólo por unos centenares de hombres, aunque bien fortificada. Del 1 al 6 de septiembre se luchó durísimamente casa por casa, las tropas republicanas se quedaron sin agua el día 13 y, como pasara en Brunete, la demora en avanzar permitió que acudieran tropas en apoyo de los nacionales. Al final otro enorme esfuerzo republicano y una gran pérdida de material para ganar 10 kilómetros de territorio de poco valor, sin conseguir conquistar Zaragoza, ni distraer fuerzas del Frente Norte. Allí la ofensiva siguió. Los mandos franquistas sabían que tenían que conquistar Santander y Asturias antes del invierno.

En efecto, tras la batalla de Brunete los nacionales comenzaron el ataque a Santander con un fuerte contingente de tropas italianas y la aviación alemana. Pronto las fuerzas republicanas se vieron cercadas en las ciudades de Santander y Santoña sin posibilidad de huir, circunstancia que llevó al PNV a negociar una rendición por separado con el conde Ciano para salvaguardar a los vascos, que los nacionales no respetaron. En Asturias la campaña sería mucho más dura, se alargó hasta finales de octubre y 5 meses posteriores de «furiosa guerra de guerrillas», después de la cual Franco pudo disponer del ejército del norte. Como señala Beevor, en la Campaña del Norte se había demostrado que las fuerzas nacionales y sus aliados, especialmente la fuerza aérea y artillera, eran superiores a las del enemigo y podían llevarle a la victoria final, si no estallaba primero un conflicto en Europa.¹²³

La única posibilidad en este sentido era que después del bombardeo de Almería y la retirada de Alemania e Italia de las patrullas de la No Intervención, pudiera estallar un conflicto en el Mediterráneo que la Conferencia de Nyon trató de paralizar, pero a cuyo peligro de extensión general era muy sensible la opinión pública estadounidense. Así, el New York Times del 10 de septiembre de 1937, al informar sobre la apertura de la Conferencia de Nyon, indicaba que «Londres no podía entender el temor a la guerra de la bolsa de Nueva York», pues la Bolsa de Londres estaba totalmente segura del mantenimiento de la paz,124 mientras Los Angeles Times publicaba en su primera página del 1 de agosto de 1937 que «en el 23 aniversario del comienzo de la Guerra Mundial» y «con la música de las ametralladoras y obuses resonando en España y China», un 44 por ciento de los estadounidenses veía muy difícil que Estados Unidos pudiera quedarse al margen del próximo conflicto.¹²⁵

La importancia de la caída del Frente Norte era también ampliamente reflejada por la prensa estadounidense, que especulaba con una rápida victoria de Franco en la guerra civil española. La toma del último puerto del norte no solamente acabó con la resistencia de Oviedo tras un año de lucha, sino que liberaba a 75.000 hombres que podían dirigirse a Valencia y Barcelona, «antes de que el Comité de No Intervención de Londres ejecutara su plan de retirada de voluntarios o de material de guerra extranjero», y acabar la guerra antes de que el invierno hiciera las operaciones militares más difíciles, señalaba el 22 de octubre el Washington Post.¹²⁶ Al día siguiente el New York Times insistía en que con los dos tercios de España ya bajo su control, Franco podía dirigir 100.000 hombres hacia Madrid y Aragón, mientras reforzaba su poder como dictador y en Salamanca las campanas de las iglesias celebraban con regocijo esta victoria.¹²⁷ «Spanish Civil War End Nearing», titulaba Los Angeles Times a finales de octubre, indicando que la guerra civil española había entrado en lo que podía muy bien ser «su etapa final».¹²⁸ El Post avanzaba algunas de las sombras de una hipotética victoria militar de Franco al indicar que Francia y Gran Bretaña, tras la toma de Asturias, habían pedido clemencia y trato humanitario para los sesenta mil o setenta mil «prisioneros marxistas», después de que traspasaran la frontera las noticias de que Franco «enfurecido por el reino del terror del destrozado ejército de Asturias, había amenazado con represalias masivas».¹²⁹

En Washington, a principios de verano de 1937, cuando F.D. Roosevelt había fracasado en su iniciativa de bloquear las agresiones en Europa y desistía de aplicar el embargo a Alemania e Italia para evitar un conflicto europeo, su gobierno se tuvo que enfrentar desde el 9 de julio de 1937 a la agresión abierta de Japón a China, el otro conflicto que amenazaba la paz mundial. La posición respecto a esta guerra no declarada era distinta a la de la guerra civil española, tanto en la administración Roosevelt, como entre los políticos y la población estadounidense. En Estados Unidos los aislacionistas estaban sobre todo interesados en no participar militarmente en Europa, pero muchos querían ayudar a China y algunos de sus líderes, como el senador Borah, estaban de acuerdo con los soviéticos para parar a Japón.¹³⁰ Por ese motivo F.D. Roosevelt, aunque evitando provocar la guerra con Japón, no retiró las 2.300 tropas que Estados Unidos tenía ya en China por derechos extraterritoriales, para proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses, sino que a partir del bombardeo de Shanghai envió 1.200 marines más. Tampoco aplicó la Ley de Neutralidad, que podía beneficiar a Japón, al ser una guerra no declarada, y permitió a China comprar armamentos y recibir créditos de Estados Unidos, pero siempre evitando provocar la guerra con Japón o enfrentarse a los aislacionistas en Estados Unidos.¹³¹ Al fin y al cabo, la capacidad militar estadounidense seguía siendo pequeña y Japón era el tercer consumidor mundial de productos estadounidenses.¹³²

En esa cautela del presidente influían los graves problemas políticos internos del verano y otoño de 1937. A la lucha contra el Tribunal Supremo y las huelgas de brazos caídos que se extendían por todo el país se añadía la errática gestión económica del presidente en erosionar el apoyo de la clase media. El éxito electoral de Roosevelt hasta entonces se debía al relativo éxito de su administración en luchar contra el paro y la crisis económica, pero cuando en el verano de 1937, acorralado por las críticas conservadoras y convencido de que la depresión había pasado, decidió equilibrar el presupuesto y recortar el gasto público, colocó al país en la llamada «depresión Roosevelt». Entre el otoño de 1937 y la primavera de 1938 el recorte del gasto público provocó el declive económico más drástico de la historia de Estados Unidos: el desempleo ascendió de 7,5 a 11 millones, los tipos de interés subieron y precios, beneficios e inversiones cayeron.

El presidente se encontraba así en el punto más bajo de su popularidad cuando el 21 de septiembre de 1937 los japoneses bombardearon a civiles en Nanking. Buscando una nueva forma de hacer la paz y consciente de que debía ir preparando poco a poco a la opinión pública para el intervencionismo, Roosevelt respondió a esta agresión pronunciando el 6 de octubre de 1937 en Chicago, la ciudad representativa del aislacionismo en Estados Unidos, el «discurso de la Cuarentena» en el que proponía «poner en cuarentena» a aquellos países «que estaban creando una situación internacional de anarquía e inestabilidad». Sin especificarlo, todo el mundo entendió que ese «diez por ciento» que amenazaba la seguridad del «noventa por ciento mundial» eran Alemania, Italia y Japón.¹³³

Como señalaba Cordell Hull, la reacción al discurso fue rápida y violenta, «amenazó con retrasar al menos seis meses nuestra campaña educacional para crear y reforzar una opinión pública partidaria de la cooperación internacional». Seis de las principales organizaciones pacifistas creían que el presidente estaba llevando al país hacia la guerra mundial, el sindicato American Federation of Labor declaró que los trabajadores americanos «no querían verse envueltos en guerras en Asia o Europa», una encuesta entre los congresistas demostró que por una mayoría de dos a uno estaban en contra de actuar en el Lejano Oriente y se inició una campaña para recoger 25.000 firmas que pidieran «mantener a América fuera de la guerra».¹³⁴

Ese mismo mes de octubre Roosevelt acarició la idea de seguir el plan de paz mundial del subsecretario de Estado Sumner Welles, convocando en Washington una gran conferencia de paz que coincidiera con el aniversario del armisticio del 11 de noviembre. La iniciativa no fue bien recogida ni entre los aliados más cercanos ni en la propia administración de Roosevelt, pues como Hull señalaba parecía una iniciativa inútil. El Eje seguía armándose, había demostrado reiteradamente su hipocresía en no respetar acuerdos internacionales y en cambio sería fatal para las democracias, pues les daría una «sensación de tranquilidad» en el momento en que debían rearmarse y preparar a la opinión pública para la cooperación internacional.¹³⁵

Esta fue la política que continuó realizando en efecto la administración Roosevelt cuando la idea se abandonó y Estados Unidos aceptó la invitación de la Liga de Naciones para participar en la Conferencia de Bruselas del 16 de octubre, que trataba sobre las acciones a tomar respecto a las agresiones de Japón. Tanto Hull como Roosevelt se opusieron a que Estados Unidos tomara el liderazgo, como era la opinión general, pues la opinión pública no toleraba una posición más agresiva con respecto a Japón, ni Estados Unidos estaba preparado para la guerra. La conferencia acabó así el 24 de noviembre de 1937 con la única resolución formal de respetar el Nine Power Treaty de 1922, por el que los nueve países firmantes —Estados Unidos, Japón, China, Francia, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Holanda y Portugal— se comprometían a respaldar la independencia e integridad de China.¹³⁶

Estaba claro que, entre la división de la opinión pública respecto a Japón y la recesión económica interna, Roosevelt no tenía medios —sin arriesgarse a la guerra— de aplicar la nueva vía de pacificación que había abierto en el «discurso de la Cuarentena». La evidencia de la impotencia e indecisión de Estados Unidos para actuar frente a los agresores apareció un par de semanas después. Cuando el 12 de diciembre aviones japoneses destruyeron la cañonera americana Panay, Roosevelt se quejó oficialmente a Japón el 16 de diciembre, pero cuando el gobierno japonés se disculpó, ofreció pagar los daños y prometió salvaguardar los derechos e intereses de los americanos en China, el presidente dio por cerrado el caso el día de Navidad.¹³⁷

El incidente del Panay no sólo mostraba las limitaciones de la administración Roosevelt para actuar frente a los agresores, sino que permitió al representante aislacionista demócrata de Indiana Louis Ludlow recoger las firmas necesarias para presentar una propuesta en la Cámara de enmendar la Constitución, que exigía un referéndum nacional para ratificar y hacer efectiva la declaración de guerra del Congreso. La propuesta se votó el 10 de enero y perdió por el estrecho margen de 209 a 188,¹³⁸ indicando el fuerte sentimiento aislacionista en el Congreso.

En el escenario europeo, el 31 de diciembre Hull respondía a la primera protesta oficial española, que el 19 de noviembre le había cursado el embajador Fernando de los Ríos contra la aplicación del embargo y la Ley de Neutralidad de 1937 a la guerra civil española. Según el gobierno español esta política violaba el Tratado de Amistad de 1902 y la ley internacional que reconocía el derecho del gobierno legal a adquirir los medios para defenderse. Hull se detuvo en su respuesta en este último punto indicando que el objetivo de la legislación estadounidense era mantener a Estados Unidos fuera de la guerra y que la ley de «defensa propia» estaba por encima de la ley internacional, pues Estados Unidos no era miembro de un sistema efectivo de seguridad internacional.¹³⁹

Cuando esta repuesta enfrentaba otra vez a la República con la imposibilidad de movilizar la mínima ayuda de las democracias, el gobierno republicano trataba de evitar una nueva ofensiva de Franco sobre Madrid y, quizá, un rápido final de la guerra, atacando Teruel, ciudad que sería efímeramente capturada por el Ejército Popular al acabar el año 1937.¹⁴⁰

7

Enero 1938-enero 1939, de Teruel

a Cataluña pasando por Múnich

Derrotas republicanas e intentos frustrados de Roosevelt de cambiar la política de neutralidad de Estados Unidos

Al comenzar el año 1938, con una calma aparente en el Pacífico, Roosevelt parecía preparado tanto para adoptar una posición ligeramente más firme hacia Japón, como para dirigir su atención a Europa y reavivar sus planes de paz mundial. Su idea era readaptar una revisión del plan del subsecretario de Estado Sumner Welles, reuniendo en la Casa Blanca a todos los representantes diplomáticos para obtener reducciones de armamentos e igualdad de oportunidades para todos los pueblos. El principal objetivo de la Conferencia Internacional era apoyar los esfuerzos de Gran Bretaña para llegar a un entendimiento práctico con Alemania y obligar a Japón a la paz con China en los términos del Nine Power Treaty, que garantizaba la política de «Open Door» y la integridad territorial en China. Para todo ello Roosevelt necesitaba el apoyo del gobierno de Chamberlain, que ya a principios de enero pidió al presidente posponer sus propuestas de paz hasta que el gobierno británico hubiera progresado en sus negociaciones con Alemania e Italia buscando el «apaciguamiento», que incluía la intención británica de reconocer la conquista Italiana de Etiopía, para restaurar las relaciones amistosas con ese país.¹

Igualmente, a comienzos del año, los grupos partidarios de apoyar al gobierno republicano español pensaban que era un buen momento, para que las renovadas protestas de la opinión pública estadounidense contra la política seguida en España tomaran cuerpo en una campaña para que el Congreso, presionado por la administración, repeliera el embargo. Sin embargo, la voluntad de no interferir en la política de apaciguamiento liderada por Gran Bretaña y seguida por Francia respecto a Italia y Alemania y los reveses militares de la República Española en los primeros meses del año 1938 decidieron finalmente al presidente a no alterar la política estadounidense respecto a España.

ENERO-ABRIL DE 1938, AVANCE REBELDE HASTA EL MEDITERRÁNEO EN ESPAÑA

El año 1937 había acabado sus días con las noticias del ataque inesperado del ejército republicano sobre la ciudad de Teruel. La sorpresa de la guarnición, ante este ataque emprendido por la República en unas condiciones climatológicas muy adversas, facilitó la victoria republicana el 7 de enero de 1938 y la conquista de la única capital de provincia durante toda la guerra por unas semanas. En realidad la ofensiva sobre Teruel fue la estrategia decidida por el general Rojo para desviar una vez más el proyectado ataque nacionalista sobre Madrid por el Frente de Guadalajara, una vez que habían conquistado todo el norte.

La conquista del norte había aumentado la superioridad del ejército de Franco para la guerra convencional. Sus tropas, de unos 650.000 hombres, ya igualaban a las republicanas, seguían estando mejor mandadas y contaban con una superioridad artillera y aérea demostrada. La República, para demostrar que era el ejército ortodoxo de un estado ortodoxo, seguía empeñada en mantener una guerra convencional de ofensivas frontales y batallas campales con inferioridad de aviación y artillería, en lugar de una defensa convencional bien planeada e incursiones rápidas e inesperadas por fuerzas capacitadas por los frentes más débiles, para hostigar y desgastar al enemigo y desmoralizar a su retaguardia. La batalla de Teruel seguía con esta lógica estratégica intentando militarmente causar «una destrucción limitada al adversario» y políticamente, como pensaba el ministro de Defensa Indalecio Prieto, conseguir alguna victoria que permitiera una posición de fuerza para negociar el final de la guerra.²

Por unas semanas la euforia republicana por la conquista de Teruel se reproducía en la prensa estadounidense. No en vano periodistas como Herbert L. Matthews del New York Times fueron invitados por el gobierno leal a presenciar la toma de la ciudad,³ pero también sus crónicas señalaban la dureza de la lucha casa por casa a 20 grados bajo cero y el rápido contraataque insurgente que acabó con la toma de la capital por el ejército de Franco el 22 de febrero. Ese mismo día entraba en la ciudad con las tropas de Franco el corresponsal del New York Times William P. Carney y comprobaba en persona la devastación de la ciudad y la crueldad de una lucha, que en algunas zonas de la ciudad había sido cuerpo a cuerpo, y a la que solamente podían regresar 1.000 de sus antiguos habitantes que habían escapado a las líneas insurgentes, mientras que los restantes 13.000 se evacuaron a territorio republicano. Para Carney lo decisivo en la victoria insurgente había sido el apoyo aéreo a la infantería, pero según le informó uno de los oficiales del alto mando rebelde, las órdenes de Franco —que se acercó al frente para dirigir personalmente el último día de ofensiva— habían sido evitar tanto el fuego aéreo como antiaéreo y el combate cuerpo a cuerpo, esperando que el enemigo se rindiera. «La lucha casa por casa es el estilo del enemigo, no el nuestro. Eso es lo que ellos quieren, pero no vamos a obligarles, porque nosotros siempre podemos probar nuestra superioridad en el campo de batalla y no tenemos que tomar Teruel de esta manera.» Esa misma superioridad, así como la importancia de haber frustrado la ofensiva gubernamental, la expresaba el general Aranda al periodista cuando resaltaba las enormes bajas infligidas al enemigo y los prisioneros capturados.⁴ En efecto, en la que fue una de las batallas más terribles de la guerra, las 40.000 bajas nacionales fueron superadas por las más de 60.000 bajas republicanas, que unidas a la destrucción de material y a la desmoralización que causó en la tropa se convirtió, según Beevor, en el mayor desastre militar republicano de toda la guerra.⁵ Como señalaba Herbert L. Matthews, las tropas leales veteranas acabaron rendidas y el material republicano destruido ya no pudo ser reemplazado.⁶

Ese mismo día 22 de febrero, Lawrence A. Fernsworth recogía desde Barcelona la opinión gubernamental sobre la derrota para el periódico neoyorquino. El culpable de la derrota era el Comité de No Intervención por impedir que la República pudiera igualar la superioridad artillera y aérea del enemigo gracias a los últimos envíos de material de Alemania e Italia; la pérdida de Teruel era de importancia secundaria, pues se había conseguido el objetivo principal de desviar al enemigo de tomar Madrid y, para sorpresa del periodista, el gobierno parecía «mucho más interesado en la situación causada por la dimisión de Anthony Eden y la política que iba a tomar el primer ministro Neville Chamberlain en Londres que en la caída de Teruel», pues «se siente aquí que la política de Mr. Chamberlain hacia Italia es un golpe directo contra la República Española».⁷

En efecto, la decisión del gobierno de Neville Chamberlain de reconocer la invasión italiana de Etiopía, provocando la dimisión de Anthony Eden en el mes de febrero como ministro de Exteriores en desacuerdo con las posibilidades de la política de apaciguamiento para conseguir la paz, no auguraba ningún cambio de la política británica con respecto a España, aunque parecía haber algunos indicios esperanzadores en Washington, donde Roosevelt se distanciaba ligeramente de la política de apaciguamiento al tener constancia desde principios de año del rearme alemán, mientras trataba de mostrar que Estados Unidos no era indiferente a las acciones de los países agresores.

En medio de la preocupación gubernamental por la nueva crisis europea, que supuso la anexión de Austria por la Alemania nazi en marzo de 1938, el ejército de Franco aprovechó la debilidad militar republicana para lanzar una ofensiva hacia el este desde el «saliente» de Teruel, que avanzó rapidísimamente sobre Aragón apoyándose en su superioridad aérea, artillera y de carros de combate. A mediados de marzo, el agregado militar estadounidense, tras visitar el Frente de Huesca invitado por el Ministerio de Defensa, constataba tanto la desgana de la tropa como la incapacidad ofensiva de las unidades leales y la superioridad del enemigo para una guerra convencional. Según su informe, las tropas no solamente no poseían «espíritu ofensivo y no contemplaban el avance», sino que tampoco hubieran podido hacerlo por falta de transporte, equipo ofensivo móvil y «la total ausencia de tanques». El mando militar estaba a cargo de un antiguo sargento del tercio de Marruecos, mecánico de profesión, con gran liderazgo, pero sin «la cualificación profesional esencial para este puesto de mando», lo que compensaba con decisiones en equipo en las que participan los oficiales jóvenes, los capitanes y tenientes mejor preparados a su mando. En cuanto a las capacidades defensivas de la unidad, estas también eran limitadas. El sistema de trincheras construido al principio de la guerra no había sido reparado ni modernizado desde entonces, daba poca protección y no estaba acondicionado para ataques aéreos —«el plan para enfrentarse al ataque aéreo enemigo era buscar cobertura sin ningún empleo del arma de la trinchera en fuego aéreo, añadía Fuqua—. Además, las trincheras estaban llenas de suciedad y ratas y ese espíritu de desgana general se trasladaba a la instrucción y toda la atmósfera general que el agregado militar calificaba como «impregnada con una actitud de indiferencia, negligencia y holgazanería».⁸

Era lógico que el informe de Fuqua sobre la ofensiva de Aragón resaltara tanto la «incuestionable superioridad de los rebeldes en mando y organización, en equipo y armamentos, en capacidad de maniobra y por encima de todo en labor de equipo en combate», como la retirada sin control de las tropas gubernamentales y su incapacidad para resistir. Para él la retirada de las tropas en el Frente de Aragón se estaba haciendo sin «dirección central», localmente, determinada solamente «por la presión del enemigo y las condiciones del terreno». A su juicio había sido esa «falta de determinación en resistir, lo que indudablemente había ayudado al rápido avance rebelde» y no iba a evitar que el enemigo entrara en Cataluña.⁹ En efecto, a principios de abril el ejército nacionalista llegaba por el norte a Lérida y ocuparía las plantas de energía eléctrica que abastecían Barcelona, mientras que por el sur entraba en Castellón por Morella a sólo unos 60 kilómetros del Mediterráneo.

La interpretación del embajador Bowers sobre la rápida ofensiva nacionalista de Aragón era más política y, como el propio gobierno republicano, culpaba a la notoria superioridad de ayuda italiana y alemana —no compensada por la reciente apertura de la frontera francesa y por un recorte aún mayor de la ayuda soviética después de marzo de 1938, según la tendencia iniciada en el otoño de 1937—,¹⁰ a la pasividad del Comité de No Intervención «manipulado ahora por Mr. Chamberlain» y, sobre todo, a la actitud de las democracias europeas, que estaban favoreciendo una rápida victoria de Franco. A menos que las democracias europeas suprimieran la prohibición de venta de armas al gobierno español, el ejército español no podría competir «con el continuo suministro de armas de los poderes fascistas al ejército de Franco», señalaba Bowers. «A menos que el Gobierno obtenga aviones y artillería para compensar la actual ventaja, los rebeldes ganarán en la presente ofensiva sin dificultad y muy pronto», concluía el embajador.¹¹

Desde luego para Bowers no había ninguna duda de que iban a llegar muy pronto al punto neurálgico de Cataluña y si la defensa de Cataluña se dejaba en manos de los catalanes el embajador estaba seguro de que «la lucha se perdería antes de comenzar», pues con una opinión muy alejada de la observación de la realidad catalana desde los hechos de mayo, Bowers no dudaba en acusar a los catalanes de no haber hecho «ninguna contribución a la causa del Gobierno durante la guerra» y a los regimientos catalanes «de cobardía o traición».¹²

Tras visitar los centros de aviación gubernamentales en España, los informes militares británicos de la segunda semana de abril coincidían con Bowers en que la desigualdad de ayuda externa y la caída del norte favorecían la victoria rebelde. «Si continúa aumentando el volumen de material alemán e Italiano hacia España, la moral del Gobierno puede decaer o su ejército puede ser derrotado», señalaban.¹³ Sin embargo, los mismos informes estimaban que aún no era demasiado tarde para evitar esa derrota y evitarla estaba en manos de Gran Bretaña. Cualquier actitud que favoreciera la ayuda militar a la República, no sólo cambiaría la desmoralización gubernamental y el curso de la guerra, sino «quizás evitaría un desarrollo estratégico que podría ser una situación muy embarazosa para Gran Bretaña, y conduciría a un acuerdo y al final de la guerra», indicaban los militares británicos, pues «no sería de extrañar, tal como van las cosas, escuchar dentro de poco que una gran cantidad de tropas alemanas han llegado a España para acabar la guerra y controlar la paz». En opinión de los militares británicos este cambio de actitud estaba exclusivamente en manos del gobierno británico, a quien todo el mundo consideraba «el árbitro real de la fortuna de España (...) y desearían que decidiera qué parte quiere que gane. Una vez tomada esta decisión la guerra habrá acabado».¹⁴

Desde luego en Cataluña y su capital Barcelona las derrotas y el avance insurgente invitaban a la desmoralización de la población y dividían al gobierno y a las fuerzas políticas republicanas sobre las posibilidades de victoria. En una Barcelona sin luz, donde se pasaba hambre, la CNT estaba desmoralizada desde los sucesos de mayo y la clase media catalana se resentía de la disminución de poderes de la Generalitat, apartándose del esfuerzo de ganar la guerra.¹⁵ Los bombardeos intensísimos e indiscriminados de la aviación italiana en el mes de marzo acabaron por minar la capacidad de resistencia de la población. En la misma ciudad, la división del gobierno sobre las posibilidades de victoria se saldó con la salida de Prieto del Ministerio de Defensa el 6 de abril, por su derrotismo manifiesto desde la caída de Teruel, y la asunción de esa cartera por el mismo Juan Negrín.¹⁶ Esta decisión del presidente del gobierno sería interpretada por Prieto como una cesión de Negrín a la presión de los comunistas, que desde luego acabó con la amistad entre ambos políticos socialistas. Interpretación que desmienten las últimas investigaciones, que indican que Negrín fue el único árbitro de la remodelación del gobierno.¹⁷

ANEXIÓN DE AUSTRIA Y PRESIONES AL CONGRESO PARA LEVANTAR EL EMBARGO

En el panorama internacional Hitler se había anexionado Austria el 9 de marzo de 1938, sin ninguna protesta por parte de las democracias. Los únicos cambios que podían alentar a la República eran la reapertura de la frontera francesa el 18 de marzo, al ser nombrado Léon Blum otra vez primer ministro, y la posibilidad de que la administración Roosevelt derogara la Ley de Neutralidad o el embargo. En efecto, el acentuado distanciamiento de Roosevelt de la política británica de apaciguamiento desde la anexión de Austria, el aumento de las simpatías de la opinión pública estadounidense por la causa republicana desde los bombardeos de Barcelona y la posibilidad de que esta simpatía se transformara, tal y como sucedió en abril, en una petición al Congreso para levantar el embargo, parecían confirmar las expectativas del gobierno español respecto al cambio en la política de Estados Unidos hacia España.

Desde marzo, coincidiendo con el arrollador avance de las tropas de Franco hacia Cataluña, los grupos que en Estados Unidos apoyaban al gobierno español lanzaron una campaña bien organizada para levantar el embargo, aprovechando que el 34 por ciento de la opinión pública estaba a favor de esta medida y simpatizaba más con la República que con Franco, aunque la mayoría seguía siendo partidaria de mantenerse al margen del conflicto y no alterar la política de neutralidad y el embargo.¹⁸ En efecto, en los primeros días de abril individuos y asociaciones presionaban ante sus congresistas o directamente al secretario de Estado y al presidente para que cambiara su política hacia España y retirara el embargo. Estas críticas expresaban tanto la paradoja de que el embargo estaba impidiendo la neutralidad de Estados Unidos en España al favorecer de hecho «la intervención fascista» al lado de los insurgentes, como la exigencia de distanciamiento respecto a la política de los británicos, que parecían interesados «en vender España a Mussolini», para tener un aliado contra los alemanes; cuando esa política, que significaba la dominación alemana e italiana de España, solamente podía perjudicar a Estados Unidos, al favorecer la expansión del fascismo por Sudamérica.¹⁹ El otro argumento contra el embargo se refería al contrasentido de utilizar el embargo para permanecer neutral ante un conflicto que ya no era «puramente civil», sino que se había transformado en una guerra «de invasión extranjera», por países que no habían hecho una declaración de guerra formal y podían comprar todas las armas que quisieran en el mercado mundial, mientras que «a los invadidos se les niega implícitamente ese derecho». Por otro lado, tras la invasión de Austria por la Alemania nazi, el conflicto español era más claramente «una parte integral de la política militar Nazi-Fascista de conquistar Europa».²⁰

Entre estos grupos, que movilizaron a profesores y estudiantes universitarios e incluían a los principales partidos de izquierda como el Partido Socialista y el Partido Comunista americanos, había asociaciones de mujeres, científicos destacados, escritores importantes como John Dos Passos y Ernest Hemingway, obispos protestantes y personalidades cívicas, incluso importantes políticos y diplomáticos como Henry Stimson, el secretario de Estado de la administración Hoover, Breckinridge Long y William Dodd, ex embajadores respectivamente de Italia y Alemania, y personas muy cercanas al presidente, como su esposa Eleanor Roosevelt, y Harold L. Ickes y Henry Morgenthau, miembros de su gabinete.²¹

Mientras el presidente dudaba si levantar el embargo y si, de hacerlo, el material llegaría a los republicanos, y el Departamento de Estado aseguraba que no había cambios en la política respecto a España de no interferencia en asuntos de otros países desde la resolución del Congreso del 8 de enero de 1937, el presidente de la ITT pedía consejo a principios de abril al Departamento de Estado sobre cómo actuar en España ante lo que sus hombres en Barcelona veían como una inminente huida del gobierno a Francia. Pierrepont Moffat, jefe de la División de Europa Occidental del Departamento Estado, indicando el pesimismo y la incertidumbre con que se veían desde Washington los avances rebeldes, le respondió a Frank Page que la compañía debía actuar como mejor defendiera sus propiedades, pues no estaba en posición de dar consejo, ni para impedir que el coronel Behn visitara las propiedades de la compañía en la España de Franco, ni para aconsejar si podían quedarse en Barcelona. Finalmente Behn dio libertad a sus hombres en Barcelona para decidir según la marcha de los acontecimientos.²² Dos días después, el 7 de abril, la Casa Blanca hacía llegar al Departamento de Estado pesimistas noticias confidenciales que llegaban directamente de René Massigli, el director político del Quai d’Orsay, sobre los efectos que tendría la política de resistencia del nuevo gobierno Negrín. «Massigli está esperando una aterradora catástrofe en España: Negrín ha reorganizado el Gobierno para luchar (encarnizadamente) hasta el final», había señalado Wilson a Roosevelt.²³

Mientras tanto los grupos pro republicanos en Estados Unidos consiguieron transformar su campaña en propuestas y simpatías más amplias en el Congreso. En el mes de marzo, el representante Jerry O’Connell presentó en la Cámara de Representantes una moción para levantar el embargo, que finalmente rechazó el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara. El 5 de abril, el representante demócrata por California Byron Scott presentó una nueva moción que pedía suprimir el embargo de armas a España, apoyada por una carta dirigida al presidente con la firma de 206 abogados, que urgían por consideración a la ley internacional y la tradición de la política exterior estadounidense «la inmediata reconsideración de la política del Gobierno de Estados Unidos hacia el Gobierno Republicano Español».²⁴

Alentados por estas propuestas en el Congreso y sobre todo por la llegada del nuevo material soviético, el recién remodelado gobierno español expresaba un optimismo tanto sobre sus posibilidades de victoria como sobre un cambio de la situación internacional, que los diplomáticos estadounidenses no podían entender. El 7 de abril, un día después de la formación del nuevo gobierno Negrín, Cordell Hull recibía una copia de la petición española a Francia y Reino Unido, para que revocaran la política de No Intervención con una carta personal del embajador español en Washington, Fernando de los Ríos, en la que hacía también una referencia indirecta a los perjuicios que la Ley de Neutralidad estaba causando a la República en los siguientes términos:

En nombre de mi Gobierno traslado a V.E. el informe que ha sido presentado en Londres y París a las respectivas cancillerías, en relación con la llamada política de no-intervención y con los daños que ha representado y representa para la defensa de nuestra independencia y libertades. V.E. sabrá apreciar la analogía de las razones aducidas, con las alegadas por el que tiene el honor de dirigirse a V.E. en relación con la llamada ley de Neutralidad.²⁵

La respuesta de Hull simplemente agradecía una semana después, al día siguiente de la toma de Vinaroz, la cortesía del embajador al enviarle el documento sin referirse siquiera a las alusiones a la Ley de Neutralidad.²⁶ Ese mismo día 7 de abril, informaciones diplomáticas desde Europa adelantaban al Departamento de Estado las intenciones de Gran Bretaña y Francia respecto a la protesta española en relación a la política de No Intervención. Según el Foreign Office, Francia no solamente había respondido al gobierno español que continuaría la política de No Intervención, sino que la política de resistencia de Negrín estaba haciendo fracasar cualquier intento de mediación de Francia que podía haber atraído a los británicos,²⁷ mientras que estos últimos ya estaban negociando lo que esperaban conseguir de una eventual victoria de Franco: que garantizara la evacuación de todas las «tropas voluntarias» y la delimitación de las actuales fronteras, concediera la amnistía política, devolviera a los británicos sus minas y otras propiedades, empleara capital y especialistas británicos en la reconstrucción de España y respetara las comunicaciones en el Mediterráneo.²⁸ Incluso un gobierno como Dinamarca, cuya opinión pública era totalmente favorable a la República, estaba pensando en enviar un agente comercial a Burgos por los numerosos intereses daneses que había en territorio de Franco.²⁹

Con estas noticias no era sorprendente que Thurston desde Barcelona se extrañara el 9 de abril de que el ministro de Asuntos Exteriores español, Julio Álvarez del Vayo, pensara que la situación militar había mejorado, el avance rebelde hacia el mar pudiera pararse y que el nuevo gobierno estuviera en camino no sólo de resolver las deserciones de los llamados a filas y la escasez de comida, sino de conseguir la unión de la España leal en una «unión sagrada». Su sorpresa continuaba al ver las esperanzas de cambio del panorama internacional que sustentaba Álvarez del Vayo, al interpretar como indicios significativos que favorecían a la República en el contexto de las pretensiones de Hitler sobre Checoslovaquia, las actividades del Partido Laborista en Inglaterra y la dimisión de parlamentario laborista y diplomático Harold Nicolson de la vicepresidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento británico en oposición a la política de apaciguamiento,³⁰ o la actitud del presidente Roosevelt y en general el sentimiento pro republicano en Estados Unidos. Aunque el ministro tuvo que reconocer a Thurston que «no habían recibido respuesta a la nota enviada a los Gobiernos británico y francés protestando contra la No Intervención».³¹ Al día siguiente, Bowers tampoco entendía el entusiasmo gubernamental teniendo en cuenta la cantidad de material alemán e italiano que estaba llegando al bando de Franco, sin que se materializara ninguna ayuda a la República. Reconocía que recientemente los franceses habían enviado 45 aviones y algo de artillería, pero eso no duraría pues «la situación en Francia es tan crítica y el elemento fascista en Francia tan fuerte que parece improbable que Francia se arriesgue mandando mucho más material de guerra fuera del país». Así, una vez más solamente quedaba Rusia, México y Checoslovaquia. Pero, como reflexionaba el embajador, seguramente sin conocer los últimos envíos rusos que atravesaron la frontera francesa, «Rusia no había mandado nada en meses, México estaba demasiado lejos y los Checos tenían ahora graves problemas». En esas circunstancias Bowers se aventuraba a dar a Hull un pronóstico sobre el final de la guerra, que desmentía totalmente el optimismo del gobierno español: «los rebeldes con los alemanes e italianos, y con todas las operaciones militares de los rebeldes ahora totalmente en manos del alto mando alemán e italiano, deben ganar contundentemente dentro de las próximas tres semanas o la guerra puede continuar por meses».³²

El 14 de abril de 1938, los diplomáticos americanos que en París estaban en contacto con representantes del gobierno republicano, tampoco comprendían el optimismo gubernamental, pues desde su punto de vista «(...) la posibilidad de un derrumbe total se puede considerar aplazada sobre un mes».³³

Al día siguiente, las tropas de Franco llegaban al Mediterráneo por Vinaroz y Benicarló cortando en dos la zona republicana y aislando Cataluña. Para los periódicos estadounidenses las expectativas de una rápida llegada al Mediterráneo la anunciaban unos días antes los ataques infructuosos sobre Tortosa,³⁴ pero fue la sorpresa de desviar el ataque hacia el puerto de Vinaroz, hacia el sur, lo que consiguió que «sin un solo disparo», excepto alguna resistencia aérea, las tropas gallegas y navarras del general Miguel Aranda llegaran a Vinaroz y unas horas más tarde a la cercana ciudad costera de Benicarló. En Vinaroz los soldados insurgentes fueron recibidos con entusiasmo al son del himno de los requetés carlistas, y mientras algunos se sumergían en el frío mar de abril, rápidamente se inició la tarea de desalojar el mercado de la iglesia y volverla a sacralizar para los oficios de Pascua.³⁵ Para el Washington Post era la victoria más importante de Franco,³⁶ y, como señalaba el New York Times, acercaba la victoria final rebelde pues no solamente aislaba a Cataluña y el gobierno del resto de la zona leal, sino que el ejército de Franco había capturado gran cantidad de material republicano y hecho muchos prisioneros.³⁷ La llegada al Mediterráneo tampoco sorprendió al Departamento de Estado, que estaba recibiendo despachos puntuales del rápido avance del ejército de Franco y el 16 de abril era informado tanto del significado militar de esa victoria que aislaba a Cataluña y daba a los insurgentes el control de 30 kilómetros de litoral mediterráneo, como de las posibles consecuencias políticas de esta nueva derrota en la zona gubernamental. Negrín decidía dar al general Miaja la autoridad de toda la zona leal excepto Cataluña, y en Valencia, ante la perspectiva de una rápida caída de Barcelona, se especulaba con la constitución de un gobierno provisional dirigido por Juan Peset de Izquierda Republicana, con mayoría republicana, representación de todos los partidos y la inclusión de Prieto como ministro de Guerra.³⁸

RETAGUARDIAS EN ESPAÑA: ACARICIANDO LA VICTORIA, APLAZANDO LA DERROTA

Sin duda el costo político del avance militar insurgente era muy alto en la retaguardia republicana. Mientras las dificultades y la cercanía de la guerra se extendieron por la zona leal y el gobierno de Negrín trataba de presentarse con una nueva cara de unidad que aseguraba la política de resistencia, en el bando franquista ya se especulaba con la victoria. En las tres cuartas partes de España dominada por Franco no se pasaba hambre y la vida cotidiana rayaba la normalidad, mientras Franco estaba dando forma a su nuevo Estado desde principios del año 1938. A finales de enero, la Junta Técnica se convirtió en un gobierno formal y desde el mes de marzo Franco aprobó todos los decretos que Serrano Suñer le presentaba desmontando la legislación civil, educativa y laboral de la República, recatolizando España y aprobando el Fuero del Trabajo, influido tanto por la Rerum Novarum como por la Carta del Lavoro fascista. En abril abolió el Estatuto de Cataluña y promulgó la Ley de Prensa, que ponía todas las publicaciones periódicas al servicio de Franco. Por supuesto, también estaban resolviendo con campos de concentración y ejecuciones el problema de los numerosos presos capturados en las zonas recién conquistadas.

Precisamente las primeras noticias de la represión en el País Vasco y del funcionamiento de la justicia franquista llegaban en la primavera de 1938 al Departamento de Estado, en un informe detallado del embajador Bowers tras entrevistarse con Jesús María de Leizaola, consejero de Justicia en el gobierno vasco desde octubre de 1936 y responsable de la junta que dirigió la última defensa de Bilbao y evacuó la ciudad. Desde Santander, donde se había refugiado, el político vasco acusaba a los insurgentes de haber ejecutado a 1.500 personas desde la caída de todo el País Vasco —solamente en Bilbao había 10.000 presos y se había ejecutado a 180— y denunciaba el funcionamiento de la justicia franquista, comparándola con los 9 meses de gestión del gobierno vasco: las sentencias se hacían públicas tras juicios secretos en los que generalmente se juzgaba a grupos de 40 o 50 personas, entre los que había tanto criminales como soldados, mujeres y sacerdotes; las acusaciones eran retroactivas hasta algunos años antes del comienzo de la guerra y podían tener simplemente que ver con las opciones políticas del candidato. Leizaola destacaba que mientras el gobierno vasco no sentenciaba a muerte a sacerdotes o mujeres, los franquistas habían ejecutado y encarcelado a varios sacerdotes «por lealtad a su pueblo».³⁹

Al ver cercano el final de la guerra, aumentaban las divisiones en el bando franquista entre los requetés, carlistas y nobleza, partidarios de restablecer la monarquía, y «los fascistas», indicaba Bowers al Departamento de Estado. «Si gana Franco la naturaleza del nuevo gobierno dependerá mucho de si se unen falangistas y sindicalistas, lo que fortalecería al grupo fascista suficientemente como para desplazar a Franco y en ese caso no habría restauración de la Monarquía»,⁴⁰ reproducía en su informe de primeros de abril el embajador citando a un hombre de negocios de Santander bien informado. Aunque el tema del tipo de régimen quedó de momento en suspenso, la traducción del discurso radiado de Franco del 19 de abril de 1938, que llegaba al Departamento de Estado unos días después, no dejaba dudas de que Franco consideraba ganada la guerra tras la llegada al Mediterráneo y planeaba el futuro en todos los aspectos: «hemos ganado la guerra; el enemigo la ha perdido irremediablemente», concluía Franco.⁴¹

En el menguante territorio gubernamental la guerra se había acercado a ciudades antes relativamente alejadas del conflicto como Valencia, donde todos los soldados habían sido obligados a permanecer en sus destinos desde principios de abril, y nuevos jóvenes reclutas eran enviados cada día a campamentos de instrucción, mientras la ciudad permanecía en una calma tensa controlada por los sindicatos, según informaba el vicecónsul Worley.⁴² Desde Barcelona, el 6 de abril el nuevo gobierno de Negrín se había presentado como el «Gobierno de Unidad Nacional», determinado a «luchar hasta la independencia de España» y a actuar duramente contra cobardes y traidores. En la Ciudad Condal parecía que los sindicatos iban a obligar a todos sus afiliados a presentarse voluntarios en el ejército, aunque «ante una eventual pérdida de la guerra la CNT contemplaba la liquidación de sus enemigos de clase»,⁴³ informaba Thurston insinuando las divisiones que podía haber bajo una unidad forzada y tardía. La llegada al Mediterráneo de las tropas franquistas el 15 de abril acentuaba esa sensación de derrota inminente entre la población leal, mientras había peligro de desintegración política y territorial como parecía anunciar el intento de crear un nuevo gobierno en Valencia. La respuesta gubernamental fue tajante: el gobierno no toleraría la formación de gobiernos locales. Como afirmaba Álvarez del Vayo a Thurston en Barcelona, la autoridad en el área sur era «el General Miaja», y como había señalado Negrín en su última alocución radiada del 18 de abril: «el gobierno es uno e indivisible».⁴⁴ Ese mismo día Worley informaba desde Valencia que se suspendía la formación de un gobierno provisional y que «la moral de la población había mejorado».⁴⁵

Mientras las tropas de Franco no se dirigieron a Barcelona, sino hacia Valencia y Castellón apoyando sus ataques con bombardeos sobre las ciudades de la costa valenciana, sorprendía aún más a los periodistas y diplomáticos estadounidenses en España la determinación de resistir del gobierno Negrín. Sólo unos días después de la toma de Vinaroz y Benicarló, Fernando de los Ríos pedía en Washington a Hull que Estados Unidos retirara el embargo, pues la guerra ya no era una guerra civil, sino una guerra contra la invasión extranjera, como demostraban los datos concretos de su informe.⁴⁶ La respuesta de Hull a la embajada española, que se demoró exactamente un mes, seguía insistiendo en el peligro de que la guerra civil española provocara un conflicto internacional, por lo que el gobierno de Estados Unidos «no veía motivos para cambiar su política con respecto a la exportación de armas» y por otra parte cualquier cambio de política era una decisión del Congreso, según la Declaración conjunta del Congreso del 8 de enero de 1937.⁴⁷

Este avance a Washington de la estrategia del gobierno Negrín para intentar una vez más la ayuda de las democracias a la República era confirmado por el ministro de Estado a los diplomáticos extranjeros en España, con la misma nota sobre los «objetivos de Guerra» del gobierno español, en la que se insistía sobre la lucha por la independencia y los planes para la reconstrucción de España como República democrática, con una generosa amnistía y garantía de las libertades civiles.⁴⁸ Mientras tanto las sindicales UGT y CNT habían sellado la unidad de acción en Barcelona el 14 de marzo de 1938 y, como observaba Thurston, conscientes de que no podían contar con ningún apoyo externo consideraban necesario ampliar el Frente Popular y el gobierno en Cataluña, pues «(...) la única esperanza para la conservación del Gobierno reside en la intensificación del esfuerzo bélico del propio país».⁴⁹

En efecto, el 1.º de mayo Negrín hizo público el plan de la «república en guerra» en «trece puntos». «La república popular» que saldría de la victoria garantizaría la propiedad, llevaría a cabo una profunda reforma agraria para crear una sólida democracia campesina, afirmaría tanto la libertad de conciencia como las libertades regionales, así como el mantenimiento de la independencia política y económica de España. Dos días después, Álvarez del Vayo negó a Thurston que los objetivos de guerra se hubieran hecho públicos a instancias de los británicos, como una precondición para las negociaciones de paz, o ante los rumores de una nueva crisis gubernamental, y, en contra de las opiniones de Prieto, creía que la situación militar estaba mejorando. «La explicación probable», añadía Thurston interpretando el optimismo de Negrín y Álvarez del Vayo, «es la esperanza de que “algo” ocurra en la esfera internacional que salve la causa gubernamental —que la mayoría de los españoles con los que he hablado admiten que está perdida—».⁵⁰

En efecto, unos días después el ministro de Estado español se lo explicaba a Bowers en conversación confidencial en París. Según su interpretación, el cambio fundamental con que contaba el gobierno no era tanto la ayuda de las democracias, como la retirada de las tropas y el material alemán de España si Hitler decidía atacar Checoslovaquia. «Él —Álvarez del Vayo— predice que la guerra continuará otro año a no ser que Alemania ataque Checoslovaquia y retire sus oficiales y material de España, lo que significaría una victoria leal más rápida.»⁵¹

La esperanza gubernamental en la victoria se fundamentaba también en que el ejército que defendió Madrid se iba a enviar a Barcelona, para hacerla igualmente inexpugnable, y la determinación de resistir de los catalanes había aumentado por los bombardeos y el anuncio de Franco de que acabaría con la autonomía catalana y prohibiría su lengua. También confiaban en que Francia se resistiera a cerrar la frontera, como pedían los británicos, y que estos últimos estuvieran decepcionados con Franco porque la economía de la zona franquista estaba dominada por los alemanes y los británicos seguían esperando recuperar su estatus económico «prebélico» con una victoria de Franco.⁵² Por otro lado, Negrín podía dar crédito a las informaciones sobre la fragilidad de la retaguardia franquista y pensar, como señala Viñas, «que el frente franquista pudiera cuartearse si la República seguía resistiendo».⁵³

Estas esperanzas gubernamentales contrastaban con la realidad de la situación internacional tras la llegada de Franco al Mediterráneo y con el cansancio de la guerra entre un sector amplio de las poblaciones de Madrid y Valencia. Era cierto que los diplomáticos británicos expresaron a Bowers su descontento por ser tratados con menos cortesía que los alemanes e italianos y por no haber obtenido los resultados económicos esperados a pesar del cuasi reconocimiento británico al gobierno de Franco,⁵⁴ sin embargo no dudaban de que Gran Bretaña retornaría a su estatus prebélico por las necesidades económicas de Franco.⁵⁵ En cuanto al Vaticano, el Departamento de Estado sabía que había reconocido «de jure» a la España de Franco el 3 de mayo de 1938, al elevar a su delegado diplomático al estatus de «nuncio» y ambos habían intercambiado plena representación diplomática.⁵⁶ Como informaba el Washington Post, «los lazos entre la Iglesia Católica y la España insurgente se habían estrechado con esa decisión». El papa Pío XI había nombrado a su antiguo nuncio en Austria, monseñor Gaetano Cicognani, nuncio apostólico en la España insurgente, y los insurgentes habían nombrado a don José María de Yanguas y Mesía, vizconde de Santa Clara y Avedillo, embajador en la Santa Sede.⁵⁷ Este reconocimiento se unía al de Alemania, Italia, Japón, Portugal, Nicaragua, Guatemala y las simpatías de los partidarios del coronel Batista en Cuba.⁵⁸

CONGRESO Y ADMINISTRACIÓN RECHAZAN LA PROPUESTA NYE PARA RETIRAR EL EMBARGO

En Estados Unidos, a mediados de abril, el presidente Roosevelt estaba tratando de recuperar la iniciativa con un nuevo programa de recuperación económica. La oleada de huelgas de brazos caídos y los intentos de reformar el Tribunal Supremo habían unido desde el verano de 1937 a demócratas conservadores y republicanos en un movimiento organizado para enfrentarse al New Deal. Cuando en la primavera de 1938 se hicieron notar los efectos de la retirada de fondos federales de 1937 en forma de un aumento drástico del desempleo, hambruna en regiones industriales como los Grandes Lagos y una nueva caída de la Bolsa el 25 de marzo de 1938, el presidente se encontraba en el momento más bajo de su popularidad y estaba perdiendo el apoyo público que tuvo desde 1932. Sus asesores más cercanos lograron convencerle de que la única solución era un nuevo programa de gasto público multibillonario, que el 14 de abril el presidente presentó en el Congreso no solamente para preservar el bienestar de la población sino para garantizar la libertad política.⁵⁹ Ese mismo día, con el telón de fondo de la reciente anexión nazi de Austria, Roosevelt había explicado en su charla radiofónica que la crisis internacional de la democracia no era porque «a la gente no le guste la democracia, sino porque están descontentos con el desempleo y la inseguridad».⁶⁰

Entre la primavera y el verano de 1938, Roosevelt intentó convencer al Congreso de que aprobara un gasto federal de 3,75 billones de dólares, apoyara las investigaciones antimonopolio y la Ley del Salario Mínimo. Si estas medidas funcionaban y se reactivaba la economía, el presidente podría plantar batalla a los conservadores en las primarias de su partido, que debían elegir los candidatos a las elecciones legislativas de noviembre de 1938.

En medio de esas prioridades de política interna, cuando el 15 de abril las tropas de Franco cortaron en dos el territorio republicano al tomar Vinaroz, se confirmó la resistencia del presidente a hacer algo con respecto a España cuando comentó al senador Borah que era «demasiado tarde para hacer algún bien», pues la reapertura de la frontera francesa no duraría mucho, Franco controlaba los mares y aunque se enviaran armas a España caerían en manos de los fascistas.⁶¹ Sin embargo, en el Congreso se renovaron los intentos de apoyar a la República cuando el senador republicano progresista Gerald Nye presentó su propuesta de levantar el embargo el 2 de mayo. El senador Nye mantenía que la política americana era «parcial con un bando y contraria a un Gobierno legal amigo», así como contraria a la Convención de la Habana de 1928, que prohibía el tráfico de armas y material de guerra «excepto cuando se destina a un Gobierno», por lo que proponía levantar el embargo para la venta de armas solamente al gobierno español y prohibir que estas se transportaran en barcos americanos. ⁶²

Con Roosevelt de crucero en el Caribe, Hull y sus asesores más cercanos en el Departamento de Estado intentaron ganar tiempo comunicando al Congreso que la administración estaba de acuerdo en levantar el embargo si se aplicaba a ambos bandos y se dejaba al presidente algún poder discrecional en la nueva política. Basándose en estas informaciones, el periodista Arthur Krock publicaba el 5 de mayo un artículo en la primera página del New York Times que aseguraba que la administración apoyaría la propuesta del senador Nye.⁶³ El artículo ha sido interpretado más bien como una filtración o un globo sonda lanzado por la propia administración para calibrar la reacción a esta postura,⁶⁴ pues el presidente telegrafió a Hull inmediatamente para que suspendiera toda declaración hasta su regreso. Mientras tanto la reacción de la jerarquía católica no se hizo esperar. A pesar de que los católicos americanos estaban divididos en sus lealtades hacia España en ese momento —alrededor de un 40 por ciento era favorable a la República— y esta división había llegado a algunos medios católicos como la revista Commonwealth,⁶⁵ la jerarquía católica dominaba a un lobby muy bien organizado en su apoyo a Franco y la neutralidad, y eran conscientes de su poder en la coalición del New Deal. En un año de elecciones legislativas y en el momento más bajo de la popularidad de Roosevelt, la coalición electoral del New Deal podía correr el riesgo de perder uno de sus apoyos principales en políticas sociales, como eran los católicos, o de ver enfrentarse dentro de la coalición del New Deal a los partidarios de ayudar a la República con los católicos que simpatizaban con Franco.

Cuando Roosevelt regresó a Washington el 9 de mayo y consultó con los demócratas en el Congreso, comprobó que aunque la propuesta de Nye fuera aprobada en el Senado no pasaría en la Cámara, pues muchos representantes demócratas expresaron al presidente sus temores de que la supresión del embargo «significaría la pérdida de todos los votos católicos el próximo otoño».⁶⁶ Roosevelt estaba de acuerdo en este riesgo político, pero sobre todo coincidía con Hull en la necesidad de no interferir en la política de Francia y Gran Bretaña; pensaba también que las armas americanas caerían en manos fascistas y que los republicanos estaban probablemente ya derrotados.⁶⁷ El 12 de mayo Hull envió la respuesta oficial al Comité de Relaciones Exteriores del Senado exponiendo la postura de la administración, en la que se oponía a la propuesta del senador Nye, en aras del peligro que aún suponía la guerra de España de convertirse en un conflicto internacional que pudiera arrastrar a Estados Unidos, y en la conveniencia de revisar si fuera el caso toda la legislación sobre neutralidad y no solamente un aspecto relativo a un caso concreto.⁶⁸ El comité presidido por el senador Pittman estuvo de acuerdo en seguir la postura de la administración y pospuso indefinidamente por 17 a 1 cualquier acción sobre la propuesta del senador Nye.⁶⁹

Curiosamente, cuando las posibilidades de ayuda legal a la República se esfumaron, el presidente Roosevelt apoyó un plan clandestino de ayuda a España ejecutado por su cuñado Gracie Hall Roosevelt, ferviente partidario de la causa republicana. Ante la petición desesperada de ayuda de Fernando de los Ríos a Roosevelt en marzo de 1938 y la certeza del presidente de que la opinión pública no permitiría levantar el embargo, Roosevelt respaldó la compra de 150 aviones nuevos y usados por una supuesta compañía francesa, pagados con monedas de plata española al Departamento del Tesoro,⁷⁰ que serían después introducidos clandestinamente en España aprovechando la reapertura de la frontera francesa. Sin embargo, cuando el plan comenzó a ejecutarse el presidente se distanció y actuó de forma muy conservadora. En junio todas las posibilidades de ayudar a la República de forma clandestina se abortaron por la oposición del embajador en París William C. Bullitt, un firme partidario del apaciguamiento, la oposición del Departamento de Estado y el cierre de la frontera francesa el 13 de junio de 1938.⁷¹ Tierney considera que, a pesar de su fracaso, la participación del presidente en el plan de ayudar clandestinamente a la República expresaba su cambio de opinión respecto al peligro de una victoria de Franco tanto en Europa como en Latinoamérica, y su progresivo distanciamiento de la política de apaciguamiento en los días previos a Múnich. Sin embargo, como indica Dallek, este distanciamiento no significaba poner obstáculo alguno a la política británica, por si esta tenía alguna posibilidad de conseguir la paz, con lo que esta posición ambigua y contradictoria «le dejó en gran parte inmovilizado en asuntos exteriores».⁷²

DERROTA EN EL EBRO Y PACTO DE MÚNICH

Desde la toma de Vinaroz el 15 de abril el Comité de No Intervención liderado por la iniciativa británica no había dado más que señales de la política de «apaciguamiento» con respecto a la guerra civil española. Si el tratado angloitaliano de abril de 1938 aceptaba tácitamente la intervención italiana en España, la propuesta del Comité de No Intervención del 5 de julio de retirada parcial de tropas extranjeras de España a una cifra mínima de 10.000 por bando garantizaba a cambio el estatus de beligerancia a los nacionales. Esta decisión de acercamiento a los dictadores en medio de la crisis checoslovaca desencadenada el 20 de mayo por las pretensiones de Hitler sobre los Sudetes, que colocaba a Europa al borde de una guerra, se complementaba con la declaración de Franco —aconsejado por los británicos— de que en caso de guerra europea su gobierno se mantendría neutral y las tropas del Eje en España no se acercarían a la frontera pirenaica.

El gobierno republicano no interpretaba tanto estos indicios de la política de apaciguamiento, sino al contrario la posibilidad de que la crisis checoslovaca y el riesgo de otra guerra europea llevaran a las democracias a una postura firme frente a las dictaduras y a cierta intervención en España a favor de la República. Así, Negrín —fracasados los intentos de paz—, apoyado por los comunistas, decidió lanzar la ofensiva más ambiciosa contra los nacionales, aprovechando el material que había podido llegar a España en la última apertura de la frontera francesa entre el 12 de marzo y el 12 de junio. La batalla del Ebro comenzó el 24 de julio con el objetivo político de «llamar la atención internacional con una acción militar de resonancias heroicas, que si tenía éxito permitiría a la República negociar con una posición de fuerza mayor»73 e inmediatamente conseguir un nuevo crédito de la URSS para poder resistir, a punto de agotarse tanto las reservas de oro como de plata.⁷⁴ Militarmente el objetivo máximo del general Rojo era volver a reunir las dos zonas republicanas y recuperar el corredor marítimo, el mínimo trazar dos tajos profundos en la zona nacional.

El planteamiento de la batalla, en el que la República entraba con una enorme inferioridad aérea y artillera, era muy arriesgado militarmente, y según Beevor tenía muchos puntos problemáticos que estaban en contradicción con la política de Negrín de resistir hasta que estallara la guerra en Europa. Era difícil llamar la atención europea, centrada en las pretensiones de Hitler sobre Checoslovaquia;⁷⁵ no había ningún indicio de que Franco aceptaría un compromiso ni de que los británicos y franceses apoyarían a la República; podían destruirse las mejores tropas del Ejército Popular,⁷⁶ era difícil reemplazar el material cuando la frontera francesa estaba otra vez cerrada y no se habían calculado los efectos de unas bajas numerosas en una moral republicana ya muy resquebrajada.⁷⁷

La batalla repitió los mismos errores de todas las ofensivas republicanas anteriores, tratando de hacer una guerra convencional con batallas en campo abierto con una manifiesta inferioridad en aviación y artillería. Y siguió la misma secuencia: primero un rápido avance aprovechando la sorpresa del enemigo, luego la ofensiva se veía detenida por la rápida movilización de refuerzos nacionales y finalmente la contraofensiva nacionalista.⁷⁸ El 29 de julio el general Rojo ya reconocía que el plan había fracasado: se había detenido la ofensiva nacionalista sobre Valencia —que de todas formas ya había sido frenada por la línea XYZ—, pero no había posibilidades de seguir avanzando ni de recuperar el corredor marítimo y reunir la zona republicana. Sin embargo, en lugar de retirar las tropas y salvar el material se decidió que políticamente había que resistir. Como señala Casanova, se convirtió en una batalla defensiva «que buscaba más cansar al adversario, obligarle a negociar una victoria menos incondicional, que derrotarle, algo imposible».⁷⁹ Así, la decisión republicana de no retirarse, unida a la decisión de Franco de empeñarse en una larguísima batalla de desgaste cuando podía haber ido directamente a Barcelona, convirtió el Ebro en la batalla más cruenta y larga de toda la guerra.⁸⁰

Fueron casi cuatro meses de una durísima lucha con una heroica resistencia republicana, mientras la crisis de Checoslovaquia concentraba toda la atención internacional, incluida la de Estados Unidos y el presidente Roosevelt, quien negándose una vez más a tomar una posición clara, no tuvo ninguna influencia en los acontecimientos. Cuando en los primeros días de la crisis la guerra parecía inevitable, Roosevelt no intervino a pesar de las peticiones de los embajadores americanos en Francia y Alemania y de Georges Bonnet, el ministro de Asuntos Exteriores francés, para que presionara a los checos a ceder los Sudetes y evitar la guerra. Roosevelt no contestó a ninguna de estas peticiones. Siguiendo su ambigua posición anterior ni aconsejaba el apaciguamiento, ni instaba a luchar, permaneciendo como un observador distante.⁸¹

Hasta agosto de 1938 Roosevelt siguió principalmente centrado en preparar las elecciones al Congreso de noviembre, intentando imponerse en las primarias de su partido a los conservadores, pero cada vez más preocupado por la crisis europea y, habiendo consentido la agresión fascista en España, deseaba que en esta ocasión las democracias se resistieran a Hitler. Roosevelt y Hull decidieron hacer pública su nueva postura a mediados de agosto, tratando de parar a Hitler con supuestas amenazas americanas en caso de guerra europea e, incluso, buscando formas directas de ayudar a Inglaterra y Francia contra Berlín. En este punto, las protestas de Londres respecto a que Estados Unidos sería el responsable de arrastrar a Gran Bretaña a la guerra, aconsejaron a Roosevelt y a Hull paralizar de momento la iniciativa.⁸²

Sin embargo, durante las dos primeras semanas de septiembre, mientras se agravaba la crisis checa, Roosevelt indicaba claramente sus simpatías por una posición firme frente a Berlín, pues pensaba que tras Checoslovaquia Hitler exigiría Dinamarca, el corredor polaco o penetrar en Rumanía. Pensó tanto en ayudar con armas a Francia y Gran Bretaña en una guerra defensiva que bloqueara Alemania, como en que finalmente Estados Unidos tendría que intervenir. Aunque el 21 de septiembre Praga sucumbiera a la presión anglo-francesa para ceder los Sudetes, Roosevelt pensó que la guerra podía evitarse y, convencido de que Francia y Gran Bretaña no estaban preparadas para luchar contra Alemania, decidió hacer un llamamiento público por la paz el 26 de septiembre y presionar a Hitler y Mussolini para reunirse en territorio neutral. Ante la petición del presidente checo Edvard Benes el día anterior para que urgiera a los gobiernos británico y francés a no abandonar Checoslovaquia, y arbitrar alguna solución, Roosevelt y Hull decidieron que el presidente no se implicara en un papel de arbitraje, que causaría las protestas de los aislacionistas en Estados Unidos; pero Roosevelt insistía en hacer una llamada clara por la paz y buscar una solución negociada, evitando caer en el mismo error de omisión que pensaba que hizo Wilson en 1914.⁸³

El mensaje del 26 de septiembre fue enviado directamente por Roosevelt a Hitler y Mussolini, y por mediación de Hull a Chamberlain y Daladier. La respuesta que de Hitler llegó el mismo día 26 por la noche fue en palabras de Hull «una larga diatriba contra el Gobierno Checo, el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones y concluyó colocando la responsabilidad por la paz o la guerra en Checoslovaquia, no en Alemania».⁸⁴ Al día siguiente el presidente envió un nuevo mensaje exclusivamente a Hitler sugiriendo inmediatamente una conferencia en algún lugar neutral de Europa, con la participación de todas la naciones interesadas en la cuestión checa. Ninguna de las recomendaciones de Roosevelt fueron tenidas en cuenta cuando al día siguiente Hitler invitó a Daladier, Chamberlain y Mussolini a reunirse en Múnich el día 29 de septiembre sin los checos ni los rusos, y la Conferencia decidió entregar los Sudetes a Alemania y permitir la destrucción de las fortificaciones checas mientras Hitler y Chamberlain expresaban deseos de paz.⁸⁵ Las malas relaciones de Estados Unidos con Alemania habían empeorado ya ese mismo mes de noviembre por la negativa de vender helio a Alemania para un dirigible comercial y por la protesta de Roosevelt contra la persecución de los judíos en la «noche de los cristales rotos», que culminó el día 15 de noviembre con la retirada mutua de embajadores «por el resto de sus relaciones en tiempos de paz».⁸⁶

En el gabinete presidencial nadie era optimista con la efímera paz conseguida a costa de desmembrar Checoslovaquia y decidieron, ya el día 30 de septiembre, que si estallaba la guerra en Europa, Estados Unidos haría todo lo posible por ayudar a las democracias sin ir a la guerra, como en ese mismo momento querían ayudar financieramente a China sin ir a la guerra contra Japón. En ese contexto el presidente relacionó —como hacía el gobierno español— una hipotética guerra europea con la derrota de Franco en España: «si la guerra estalla los franceses rápidamente reducirán las colonias italianas en el norte de África e inmediatamente liquidarán a Franco en España».⁸⁷

Nada de esto sucedió. Múnich fue un revés para la República y para la política de resistencia de Negrín, que lo había apostado todo en el Ebro para llamar la atención europea. Gran Bretaña no iba a cambiar su política respecto a España; alemanes e italianos no sólo no iban a retirar sus contingentes en España para dirigirse a otro escenario bélico en Centroeuropa, sino que Hitler, sabiendo que las democracias no intervendrían en España, aumentó su ayuda militar a Franco para la victoria final y la URSS comenzó a abrir un nuevo camino de acercamiento a Alemania que garantizara su seguridad nacional. Por eso, en un último intento desesperado, el mismo 21 de septiembre Negrín intervino en la Sociedad de Naciones para anunciar la retirada completa de los combatientes extranjeros de las filas gubernamentales y la creación de una comisión internacional que supervisara el proceso. No era una gran pérdida para la República, pues sólo quedaban 7.102 extranjeros en las brigadas y podría haber desencadenado una simpatía general por la causa republicana, pero una vez más la crisis checoslovaca relegó la guerra española a un asunto marginal. Mientras tanto continuaba la resistencia republicana en la sangrienta batalla del Ebro, consumiendo vidas y material bélico que la República no podía asumir.

Sin embargo, parte del efecto propagandístico que pretendía Negrín con la batalla del Ebro y el anuncio de la retirada de voluntarios se consiguió tanto en la opinión pública estadounidense como en algunos políticos del Congreso, y particularmente en Roosevelt, que pareció mucho más dispuesto a cambiar la política respecto a España dentro de una posición general de resistir al fascismo, que implicaba también reforzar el poder militar de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos y luchar contra la penetración fascista en el hemisferio occidental. Sin duda las informaciones que llegaban al Departamento de Estado en las últimas semanas de la batalla del Ebro hablando de una mayor eficacia del Ejército Popular, y en ocasiones de igualdad militar, influyeron en este cambio de actitud.

Mientras se llegaba al momento final de la Conferencia de Múnich, entre el 13 de septiembre y el 11 de octubre de 1938, el agregado militar S.O. Fuqua daba un informe sobre la situación en el Ebro y el resto de los frentes que una vez más resaltaba la incapacidad del Ejército Popular para mantener una ofensiva, pero tenía que reconocer la defensa heroica de los republicanos, que estaban demostrando el valor de los trabajos defensivos en terreno apropiado. Así, los rebeldes, aunque apoyados por la aviación y la artillería, avanzaban lentamente por la resistencia enemiga, pero también porque querían hacerlo con el menor número de bajas en aras de poder atacar después conjuntamente Valencia y Barcelona. Sin embargo, esto no ocultaba en opinión de Fuqua la superioridad militar rebelde, pues el ejército leal se resentía más que los rebeldes por la retirada de voluntarios, la escasez de comida en el frente y la retaguardia, y los deseos generales de paz de la población civil, que se iban extendiendo al ejército, y podrían tener en su opinión una mediación externa por parte de los poderes de Múnich tal y como sugería Chamberlain. A mediados de octubre Fuqua concluía:

Aunque las fuerzas republicanas están luchando duramente y peleando por cada metro de colina y valle, han perdido su principal línea de defensa y ahora lenta pero gradualmente se están retirando a sus segundas posiciones. La posición del Ejército del Ebro debe estar también adversamente afectada por la escasez de comida aquí en Barcelona y por la actual inseguridad del gobierno Negrín, martilleado por todos los lados por el grito de paz, paz, paz.⁸⁸

Con la previsible derrota gubernamental en el Ebro y el cansancio de la guerra entre la población, para el agregado militar estadounidense la guerra entraba en su fase final, pero atendiendo a las «peculiaridades y psicología españolas» era imposible señalar cuánto duraría.⁸⁹

Curiosamente las informaciones que llegaban al Departamento de Estado desde el bando nacional también veían lejano el final de la guerra, pero basaban su juicio en la igualdad militar de ambos bandos demostrada en la lucha en el Ebro. Un alto oficial rebelde, tras una visita a los frentes de tres meses, informaba al cónsul americano en Sevilla que la lucha en el Ebro igualaba a las batallas de la primera guerra mundial, tanto por los avances en las armas ofensivas y defensivas en la guerra aérea, como por la pérdida de vidas humanas en ambos bandos, particularmente en el bando gubernamental, que había tenido que llamar a seis nuevas quintas para la batalla. Como indicaba Bay, el oficial rebelde no dudaba en alabar al ejército enemigo: «el temperamento luchador de las fuerzas de Barcelona se describió como de primera clase», «la planificación y mando se calificó de excelente, así como la eficacia de las pequeñas unidades de lucha y de sus oficiales de capitán para arriba». El único punto débil eran los suboficiales y alféreces —«el eslabón más débil de la organización militar enemiga»—. Sin embargo esta debilidad no le impedía concluir que «si la Guerra tiene que acabar solamente por la lucha en el campo de batalla puede continuar algunos años más».⁹⁰

Como Fuqua predijo, la batalla del Ebro acabó el 16 de noviembre con un costo de 30.000 bajas en el bando franquista y 60.000 en el republicano, y unos 13.000 muertos repartidos a partes iguales entre los dos bandos.⁹¹ Fue una tremenda derrota para el Ejército Popular, que perdió lo mejor de su ejército y material de guerra cuando tenía que defender Cataluña. Al día siguiente el triunfalismo gubernamental resaltaba las pérdidas enemigas y la retirada ordenada del Ejército Popular sin pérdidas de hombres y material, «siguiendo el plan del Gobierno».⁹² Ese mismo día Pablo de Azcárate, de regreso a su embajada en Londres, se entrevistaba con Bowers, e insistía en que el gobierno no estaba seriamente preocupado por la retirada del Ebro, pues «el propósito original de la audaz ofensiva leal en lo que es considerada la más brillante maniobra de la guerra, fue crear una desviación por poco tiempo de la ofensiva de Sagunto. Ese propósito se consiguió inmediatamente. La ofensiva de Sagunto finalizó». En cuanto al segundo objetivo, «aguantar tanto como fuera posible para disminuir el prestigio de Franco como soldado, y obligarle a usar tanto material y tantos hombres como fuera posible», según Azcárate se había conseguido también con creces pues «el resultado habían sido las pérdidas más cuantiosas en hombres y material de guerra».⁹³

Unos diez días después, las informaciones que llegaban al Departamento de Estado del agregado naval de la embajada estadounidense en Lisboa, comandante Gade, citando como fuente al agregado militar británico en París, coronel W. Frazer, confirmaban esta opinión gubernamental y veían difícil que la guerra acabara ese invierno, tanto por lo improbable de un compromiso entre dos bandos irreconciliables, como por las dudas de que Franco consiguiera una victoria decisiva, cuando el Ejército Popular había abortado la ofensiva sobre Sagunto drenando 60.000 hombres de ese frente con su ataque en el Ebro.⁹⁴

A pesar del aparente equilibrio militar, como sabía el Departamento de Estado, el resultado de la Conferencia de Múnich y las noticias del Ebro tenían un enorme costo en la retaguardia republicana y en la política de resistencia de Negrín. Mientras las únicas noticias del bando nacional que se recibían desde Sevilla se referían a que los días 20 y 21 de noviembre se habían declarado días de luto en conmemoración del segundo aniversario del «martirio de José Antonio»,⁹⁵ en la zona republicana el cumplimiento con el compromiso de la retirada de fuerzas extranjeras,⁹⁶ y la reinstauración muy publicitada de los funerales religiosos en Barcelona,⁹⁷ seguían siendo los intentos desesperados para soldar una retaguardia desmoralizada y ofrecer una cara de normalidad democrática al exterior. También el juicio contra 11 líderes del POUM el 30 de octubre perseguía este objetivo. Las acusaciones de «derrotismo, espionaje, traición, exportación de capital y tesoros artísticos, instigación al levantamiento de mayo de 1937 eran formidables»,⁹⁸ pero las penas que les impusieron, como señalaba Thurston, eran relativamente leves: cuatro fueron condenados a 15 años de «separación de la sociedad» y los restantes de 7 a 11 años de cárcel.⁹⁹ Norman Thomas, el secretario general del Partido Socialista Americano, confiaba en que el resultado del juicio «marcaría el fin definitivo de las irregularidades judiciales que desgraciadamente habían tenido lugar durante los pasados meses» —refiriéndose a las acusaciones de fascistas del POUM y Andreu Nin— y «reforzaría la fe del movimiento obrero internacional en la causa de la República».¹⁰⁰

Todos estos movimientos no evitaron las divisiones entre los dirigentes republicanos, evidentes desde la crisis gubernamental de agosto, de las que Thurston informaba al Departamento de Estado. En medio de la batalla del Ebro, las críticas de Jaume Aiguadé de Esquerra Republicana y Manuel Irujo del PNV referidas tanto al desprecio del gobierno por la Generalitat, como al fracaso en restaurar la libertad religiosa y las 58 sentencias de muertes dictadas y ejecutadas por Negrín sin conocimiento del presidente de la República, llevaron a un desolado Azaña a pensar en dimitir;¹⁰¹ Prieto en el Comité Nacional del PSOE acusaba a Negrín de haberse plegado a los comunistas para expulsarle del gobierno y en el ejército había quejas de discriminación política y dominio de los comunistas, mientras la escasez de alimentos lo dominaba todo.¹⁰² «No nos preocupan vuestras creencias. Es suficiente para nosotros saber que estáis sufriendo y sois españoles. Mientras que vuestros líderes exportan vuestras cosechas y disipan el oro en propaganda calumniosa o comprando armas con las que prolongar vuestra agonía, la España nacionalista siente la angustia que estáis sufriendo y envía a vuestros niños, mujeres y enfermos esta evidencia de su recuerdo»,¹⁰³ rezaba la propaganda que envolvía los trozos de pan lanzados por los nacionalistas sobre las hambrientas ciudades republicanas.

Negrín decidió formar nuevo gobierno sustituyendo a Aiguadé y a Irujo por Josep Moix, del PSUC, y Tomás Bilbao, de Acción Nacionalista Vasca, en agosto, pero no resolvió las tensiones en la retaguardia agravadas por la derrota en el Ebro en noviembre. Inmediatamente los oficiales no comunistas acusaron a los comunistas y el Comintern criticaba a Rojo y a todo el Estado Mayor, mientras que el sentimiento anticomunista y el deseo de la población de que la guerra acabara había iniciado ya las purgas de comunistas en Madrid, según la información de Fuqua, y el SIM «había sido virtualmente destronado».¹⁰⁴ Por otro lado el invierno se acercaba y sin ninguna posibilidad de mediación franco-británica tras Múnich, la ofensiva nacionalista sobre Cataluña se lanzaría sobre una población desmoralizada y hambrienta que no podría defenderse. Como explicaba a principios de diciembre el embajador español en París, doctor Marcelino Pascua, a Wilson, el encargado de negocios interino de la embajada americana en París, el problema era que la República tenía «el 55 por ciento de los habitantes, pero solamente el 40 por ciento del territorio», que producía arroz y frutales, pero el trigo y la carne se producían en el otro bando, de forma que los recursos alimenticios de la República eran insuficientes para alimentar a una población creciente.¹⁰⁵

A pesar de la desesperada situación republicana tras la batalla del Ebro, Bowers transmitía directamente y como si fuera una cuestión propia al Departamento de Estado el rechazo del gobierno español tanto al intento de Chamberlain de buscar una solución negociada con los cuatro poderes de Múnich sacrificando a la República, como a la actitud de la Comisión delegada del Comité de No Intervención —Commission Hemming— que estaba vigilando la retirada de extranjeros según la política de apaciguamiento.

El gobierno español no solamente no tenía fe en «la integridad política o la honestidad personal del Sr. Chamberlain sino que dos años y cuatro meses de lucha habían indicado claramente que España no era Austria o Checoslovaquia», señalaba Bowers citando a Azcárate el 16 de noviembre de 1938, cuando las tropas republicanas se retiraban del Ebro.¹⁰⁶ El embajador en Londres era aún más contundente respecto a la responsabilidad e intenciones de británicos y franceses al aceptar la retirada solamente de 10.000 de los 90.000 voluntarios italianos enrolados en el ejército de Franco, a cambio del reconocimiento de la no beligerancia, cuando el gobierno estaba retirando a todos sus voluntarios.¹⁰⁷ «Como los Gobiernos británicos y franceses de Chamberlain y Daladier activamente y con determinación entregaron Checoslovaquia a los fascistas», están preparados para «hacer cualquier cosa para cooperar con Hitler y Mussolini para que España gire hacia los fascistas también. Nadie aquí tenía dudas sobre esto», añadía Bowers.¹⁰⁸

En efecto, tras el Pacto de Múnich y la derrota del Ebro, las perspectivas de que la República encontrara ayuda en las democracias, ante el peligro de guerra europea, se esfumaron. Los británicos confiaban en el acuerdo a que habían llegado con Franco de que en caso de guerra europea no intervendrían, lord Halifax parecía satisfecho con una retirada parcial de voluntarios y los gobiernos británico y francés sólo deseaban la rápida pacificación del Mediterráneo occidental, aunque eso significara sacrificar a la República en aras de conseguir la paz.

Desde su perspectiva de historiador, Bowers trataba de encontrar alguna ventaja para la República en esta nueva situación. Al haber abandonado los extranjeros el territorio leal, indicaba el embajador, la guerra se convertía simplemente «en una invasión extranjera» que podría provocar una reacción española similar a la de la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII y la Guerra de Independencia del siglo XIX.¹⁰⁹ Mientras el gobierno español pedía y obtenía una nueva ayuda soviética,¹¹⁰ su embajador en Washington se expresaba en parecidos términos al explicar ampliamente al presidente Roosevelt el 1 de noviembre el objetivo de la total retirada de voluntarios en el bando republicano: «la intención del gobierno español era hacer cualquier cosa que fuera necesaria para que el conflicto español permaneciera exclusivamente como un conflicto entre españoles, dando así un paso importante hacia su solución». Lo que en palabras de Fernando de los Ríos ponía aún más en evidencia que «la retirada de los voluntarios italianos ha sido solamente una farsa más a añadir a las muchas realizadas por la gran farsa de la no intervención».¹¹¹

AYUDAR A LA REPÚBLICA PARA FRENAR A ITALIA Y ALEMANIA

Unos días después Roosevelt sufrió un serio revés político en las elecciones legislativas de noviembre de 1938. Desde el mes de junio el presidente estaba embarcado en la tarea de influir en las primarias del partido, para conseguir «purgarlo» de los candidatos más conservadores ligados a lealtades locales y hostiles al New Deal imponiendo candidatos liberales que le permitirían contar en el Congreso con una mayoría cómoda favorable a aquel. El efecto fue el contrario: no consiguió imponer a sus candidatos y su intromisión directa en las primarias se interpretó como una evidencia de las tendencias dictatoriales del presidente. El desempleo y la precaria situación económica hicieron el resto, alejando de los demócratas tanto a los sectores más débiles como a la clase media descontenta con el poder creciente de los sindicatos y la ayuda a los parados. El Partido Demócrata ganó las elecciones, pero los republicanos y los demócratas conservadores avanzaron en el Congreso. A partir de ahí el New Deal avanzó muy poco; en el Partido Demócrata el poder estaba ahora compartido casi igualmente entre conservadores y liberales y la influencia de Roosevelt decrecía al estar acabando su segundo mandato y, como era la tradición desde George Washington, no podía presentarse a las elecciones de 1940.¹¹²

No era por tanto el momento más propicio para alterar la política exterior, pero entre Múnich y la caída de Barcelona en febrero de 1939, Roosevelt parecía el único gobernante democrático inclinado a cambiar su política hacia España en el contexto de una política contundente frente a Italia y Alemania. Los intentos de mediación primero, la propuesta de levantar el embargo o cambiar la Ley de Neutralidad después, y finalmente el intento de organizar la ayuda humanitaria no sólo buscaban la estabilidad europea, sino alejar la amenaza de que una victoria de Franco supusiera la penetración del fascismo en el hemisferio occidental, tema en el que Bowers seguía insistiendo al presidente y al Departamento de Estado.

Para Bowers era absolutamente evidente que «el propósito de los fascistas de Italia y de los nazis de Alemania era usar a su aliado, la España de Franco, como la punta de lanza en el ataque a nuestra posición en las Américas —por el origen español de los pueblos de Suramérica y Centroamérica—». Y por tanto el interés de Estados Unidos estaba claramente según el embajador con el gobierno constitucional de España.¹¹³ Para probar una vez más estas informaciones, Bowers traducía un artículo del periódico España de Tánger del 26 de noviembre de 1938, que concluía criticando el materialismo de Wall Street y las pretensiones expansionistas de Estados Unidos con estas palabras: «Norteamérica pretende dominar todo el continente. Hispanoamérica se enfrenta con la ambición desatada de los materialistas Anglo-Saxons. En esta cuestión de vida o muerte España en su día dirá la palabra final».¹¹⁴

Fue en septiembre de 1938, al interpretar que la ofensiva del Ebro estaba demostrando el equilibrio militar de ambos bandos, cuando por primera vez desde el comienzo de la guerra civil española Roosevelt estaba dispuesto a apoyar los intentos de mediación de Francia e Inglaterra. Al fracasar estos intentos de mediación tras Múnich, pues Alemania e Italia estaban seguras de que Francia y Gran Bretaña no iban a interferir su presencia en España, Roosevelt propuso un plan de mediación panamericano con la colaboración del Vaticano, para evitar la oposición católica estadounidense. Si Franco rechazaba la mediación, «sería una oportunidad para cambiar nuestra posición sobre el embargo», aconsejó Adolf Berle, el nuevo asesor del Secretario de Estado, al presidente.¹¹⁵

El temor de la administración Roosevelt a la penetración fascista en Latinoamérica, si ganaba Franco en España, le llevó a reafirmar su política de «buen vecino» hasta consentir en la nacionalización del petróleo mexicano por el presidente Lázaro Cárdenas en mayo de 1938 y a buscar la unidad hemisférica frente al fascismo en la Conferencia Panamericana de Lima en diciembre de 1938. En la misma conferencia se presentó el plan de mediación de Roosevelt en la guerra civil española, que pretendía crear un comité de 3 miembros para gobernar España durante tres meses, de forma que fuera asociando gradualmente en torno a él a todos los españoles y finalmente pudiera restaurar al gobierno español.¹¹⁶ En la conferencia no se consiguió el apoyo a este esquema de mediación: Franco había dejado claro que no iba a aceptar ninguna mediación, el Vaticano ya había reconocido de hecho al gobierno de Franco, las repúblicas latinoamericanas estaban divididas en sus lealtades hacia España y Cordell Hull no quería que estas divisiones hicieran peligrar la unidad hemisférica frente al fascismo y la guerra. Esto último se logró: las repúblicas latinoamericanas se comprometían junto a Estados Unidos a defender la seguridad, la independencia y las instituciones democráticas del hemisferio occidental.¹¹⁷

En el invierno de 1938-1939, Roosevelt trató de que la República no sucumbiera al hambre constituyendo un Comittee for Impartial Civilian Relief, que, con ayuda de la Cruz Roja Americana, esperaba recaudar 500.000 dólares para costear el envío de trigo a España.¹¹⁸ Para asegurar la imparcialidad de la iniciativa Roosevelt nombró al católico George McDonald presidente del comité. Sin embargo, como los más necesitados eran los civiles republicanos, las protestas de los católicos comenzaron casi inmediatamente cuando la mayoría de las ayudas iban a la zona republicana y en febrero de 1939 McDonald rechazó cooperar o buscar un sustituto, destruyendo así la capacidad del comité para captar fondos, que solamente recolectó una décima parte del medio millón de dólares esperados.¹¹⁹

Sólo parecía quedar la opción de levantar el embargo interpretando la nueva Ley de Neutralidad de mayo de 1937, por los poderes discrecionales que esta otorgaba al presidente sobre guerras civiles extranjeras. El Departamento de Estado estaba en contra de esta interpretación legal, pero Roosevelt consultó al fiscal general a finales de noviembre de 1938. La respuesta de Hommer Cummings fue negativa. Sólo el Congreso podía alterar la legislación de neutralidad. Key Pittman, presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, era muy escéptico respecto a cualquier cambio, y en diciembre de 1938 dilataba su respuesta al presidente.

En medio de esta dilación, la opinión pública —aunque más inclinada a favor de la República— presionaba en los dos sentidos al presidente ante un eventual cambio de su política levantando el embargo a España. El 16 de noviembre 5.000 jueces, abogados y profesores de leyes pidieron audiencia a Hull para expresarle su punto de vista respecto a que si a Franco se le otorgaran los derechos de beligerancia, prácticamente «se le garantizaría la victoria», con la consiguiente amenaza para la seguridad económica e independencia política de las repúblicas latinoamericanas, lo que hacía necesario a su juicio «levantar el embargo contra España».¹²⁰ En diciembre los veteranos de la Brigada Lincoln eran recibidos por 1.200 personas en el Madison Square Garden a los gritos de «Lift, Lift the Embargo on Spain».¹²¹ Por su parte algunos católicos americanos no sólo expresaban su «dolorosa decepción» ante un cambio de política que parecía inminente, sino aseguraban que «la conciencia católica sería profundamente herida por cualquier modificación de la política por parte del Gobierno federal que signifique simpatía oficial por el régimen de Barcelona», pues en referencia al reconocimiento diplomático de la URSS en 1933, estimaban que «nuestro Gobierno se ha asociado con los enemigos más amenazantes de la democracia en el mundo de hoy».¹²² Otras cartas enviadas al Departamento de Estado evidenciaban sin embargo el contraste entre la posición oficial de la Iglesia Católica americana y la de muchos católicos en Europa y Estados Unidos. Ephraim Cross, profesor de lenguas románicas en Nueva York y delegado americano en The International Conference of Child Aid Committees y The World Peace Conference, expresaba la desazón que había entre muchos católicos europeos por la posición de la jerarquía católica americana, escogiendo las siguientes palabras de un trabajador irlandés como conclusión de su carta a Hull: «Debe haber algo muy secreto y misterioso acerca de esta guerra de España que yo no entiendo, porque en esta lucha la Iglesia está del lado que parece tan clara y terriblemente equivocado».¹²³

En esos meses de noviembre y diciembre de 1938, el Departamento de Estado recibía perspicaces, valiosas y diversas visiones sobre ambos bandos de dos grandes compañías americanas establecidas en España: General Motors e ITT. Tras viajar unas semanas por el país, el ejecutivo de General Motors I. McGurk concluyó que era más fácil hacer negocios en la España de Franco que en la zona gubernamental. No en vano Franco había concedido a la compañía automovilística «toda la organización del sistema de transportes», según informaba Bowers a Hull a principios de enero de 1939, pues tanto General Motors como Texas Oil estaban ya «recogiendo los beneficios de su ayuda al Gobierno de Burgos».¹²⁴ En efecto, según el informe de McGurk, en la retaguardia franquista había algún racionamiento en la comida con el plato único los lunes y jueves y escaseaba la carne, pero en general no había escasez de alimentos y se estaban recuperando las empresas y negocios que habían estado en zona gubernamental. Al ejecutivo americano no parecía plantearle problemas especiales el que una compañía alemana se hiciera cargo de todas las exportaciones a España —incluidas las de General Motors—, ni que tanto General Motors como esta compañía subsidiaria alemana no pudieran mover el capital que tenían en España. En cuanto a los importantes hombres de negocios españoles con los que Franco había contactado no sólo estaban todos ellos decididamente a favor de Franco, sino que «han hecho considerables sacrificios personales en su interés», añadía McGurk. La conversación del hombre de la General Motors con el embajador americano en Lisboa concluía estimando que se llegaría a un acuerdo para acabar la guerra antes de fin de año, pero que alemanes e italianos se quedarían en España: «los alemanes pueden controlar algún puerto en el norte y los italianos establecer un aeropuerto en las islas».¹²⁵

La información que suministraba al Departamento de Estado Frank Page, presidente de la ITT, a finales de diciembre de 1938 sobre los negocios en la España de Franco era bastante distinta. La CTNE, que había prestado por igual servicios en los dos bandos, se encontraba con que los alemanes estaban presionando a Burgos para establecer un monopolio alemán de radio, telégrafo y teléfono al que de momento se habían opuesto los empleados de la compañía. La situación era tan preocupante que Page estaba pensando —y consultaba para ello al Departamento de Estado— enviar a Burgos a un directivo de su subsidiaria The International Standard Electric Company, pues los siete ejecutivos de la CTNE se encontraban en zona leal. El Departamento de Estado se negaba a dar ningún consejo, pues creía que la compañía debía realizar la acción que considerara más apropiada para sus intereses.

En cuanto a la situación en el bando leal, el representante de la CTNE en Barcelona indicó al coronel Behn que, en contraste con el optimismo que el presidente del gobierno había mantenido hasta entonces, «Negrín está cada vez más pesimista» y en medio del progreso de las fuerzas nacionales hacia Barcelona «es casi imposible saber qué está pasando en el frente, aunque las caras y expresiones de los altos cargos indican que las cosas no van demasiado bien».¹²⁶

LA OFENSIVA SOBRE CATALUÑA, DISCURSO DE ROOSEVELT

En efecto, el 23 de diciembre de 1938, Franco, con la promesa de una gran infusión de ayuda alemana, había iniciado la esperada ofensiva sobre Cataluña y avanzaba rápidamente hacia Barcelona sin apenas encontrar resistencia. Desde mediados de diciembre el Departamento de Estado estaba recibiendo noticias de los preparativos de esta ofensiva. La embajada española en París les había informado confidencialmente de que los rebeldes iban a lanzar una ofensiva sobre Cataluña a finales de diciembre con el objetivo de cortar el ferrocarril internacional en Puigcerdá, dejar a la España leal solamente con un ferrocarril hacia el mundo exterior en la línea de la costa, muy expuesta a los bombardeos tanto por aire como por mar, y llegar al mismo distrito de Barcelona.¹²⁷ El Washington Post, sorprendido de que los insurgentes lanzaran una ofensiva cuando comenzaba el invierno, daba a esta un sentido político en sintonía con la coyuntura internacional: Franco aprovechaba la escasez de víveres y material de la República para conseguir una gran victoria de cara a favorecer el reconocimiento de los derechos de beligerancia por Francia e Inglaterra, acelerando así la toma de Madrid, antes de que Chamberlain y Mussolini se entrevistaran en Roma a principios de febrero. ¹²⁸

En este sentido el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez del Vayo informaba a Thurston en Barcelona de que Franco asumía que esta sería la ofensiva decisiva para acabar la guerra. Por su parte el diplomático estadounidense observaba que las verdaderas debilidades gubernamentales, aparte de la escasez de comida, eran «sus deficiencias en aviación y artillería y probablemente una escasez general de material», aunque especulaba con que quizá «las fortificaciones, un intenso entrenamiento en operaciones defensivas y la moral puedan compensar estas».¹²⁹

Pero ni la moral era alta, ni las tropas ni la población estaban preparadas para una resistencia hasta la muerte. La ofensiva comenzó el 23 de diciembre y sólo unos días después Thurston constataba la rapidez del avance rebelde, apoyado en la superioridad aérea y artillera y la escasa resistencia leal,¹³⁰ hasta el punto de que Tarragona parecía a punto de caer el 4 de enero y se especulaba con nuevas sedes del gobierno en Valencia, Cartagena o Albacete.¹³¹ Estaba claro que 1939 no era 1936. Las sucesivas derrotas militares, la falta de apoyo exterior, las disputas políticas en la retaguardia, la pérdida de lo mejor del ejército y material bélico en el Ebro, el hambre, fraguaron una moral de derrota que en la mayoría de la población se traducía en el deseo de que la guerra acabara.

Ese mismo día, 4 de enero, Álvarez del Vayo seguía manteniendo una visión optimista sobre las capacidades de resistencia gubernamentales para detener los avances enemigos, cuando la llamada a nuevas quintas estaba consiguiendo que el objetivo de Franco, provocar la caída del gobierno republicano antes de la entrevista de Mussolini con Chamberlain, fracasara. Pero el ministro había perdido toda esperanza de ayuda internacional procedente de Gran Bretaña y Francia. «Él —Álvarez del Vayo— ya no espera un cambio favorable de la política británica o francesa ni ningún acontecimiento satisfactorio como consecuencia de la visita de Chamberlain a Roma», indicaba Thurston.¹³²

También el 4 de enero, en el Congreso de Estados Unidos Roosevelt criticaba directamente la política de neutralidad que su gobierno había observado hasta entonces. «Hemos aprendido que cuando deliberadamente tratamos de legislar la neutralidad, nuestras leyes de neutralidad pueden aplicarse desigual e injustamente —pueden en realidad dar ayuda al agresor y negarla a la víctima—. El instinto de autoprotección tendría que advertirnos de que no deberíamos dejar que sucediera nunca más», señalaba el presidente en su discurso al Estado de la Unión sin nombrar explícitamente a España.¹³³

El Congreso no pareció muy receptivo a este mensaje, que como es lógico hizo recuperar la esperanza al gobierno Negrín y disgustó a Franco. El 7 de enero, el embajador Bowers enmarcaba las duras críticas del gobierno de Franco al discurso de Roosevelt en el Congreso, dentro del cambio de actitud de dicho gobierno hacia Estados Unidos desde el Pacto de Múnich. El gobierno de Burgos había pasado de una actitud amistosa hacia Estados Unidos, «que daba a entender que al final de la guerra, necesitarían nuestros créditos y ayuda económica para reconstruir el país»,¹³⁴ a la hostilidad abierta, cambio de actitud que Bowers identificaba con la progresiva dependencia de Burgos de Italia y Alemania, el subsecuente apoyo de Franco a la política del Eje y la fascistización del Régimen desde que su gobierno había sido reconocido por Japón, Alemania e Italia.¹³⁵

«Señor Presidente: el resultado de la lucha en España decidirá lo que ha de ser Europa e Hispanoamérica y marcará por tanto el rumbo del mundo en el porvenir», escribía Negrín el 9 de enero de 1939 en su carta de felicitación al presidente Roosevelt por su discurso al Congreso. «Estoy seguro de que triunfaremos, mas si el destino y la impasibilidad de los demás lo impidieran, resistiremos hasta el aniquilamiento. Si pereciéramos habríamos al menos cumplido como colectividad nacional con nuestra misión histórica y como individuos con el mandato de nuestra conciencia», añadía el presidente del gobierno español avanzando un significado a la resistencia —quizá ya inútil— de la República Española. «Señor Presidente, sus palabras llenas de emoción religiosa y humana significan para nosotros ánimo y aliento. Gracias por ellas en nombre de España y en el mío propio»,136 concluía Negrín desde la desesperada situación republicana.

«He leído su carta con profundo interés, y puedo añadir, con total comprensión por la amarga angustia que el pueblo español se está viendo obligado a soportar.

Estoy seguro de que hablo en nombre del pueblo Americano cuando le expreso la sincera esperanza de que la bendición de la paz y el espíritu de buena voluntad y común entendimiento pueda pronto ser restaurado al pueblo español»,137 le respondió Roosevelt a Negrín pocos días después, comprendiendo la difícil situación española, pero no dando más que un mensaje general de paz.

Mientras tanto, como señalaba el presidente, sectores de la opinión pública americana presionaban para levantar un embargo que no estaba sirviendo más que para derrotar a la democracia en China y España, y por primera vez, la respuesta del Departamento de Estado no fue la habitual de remitirse a la legislación de neutralidad, sino que ofrecía la posibilidad de que, tras el discurso del presidente del 4 de enero, el Congreso pudiera discutir levantar el embargo o modificar la Ley de Neutralidad.¹³⁸

No parecía sin embargo que el mensaje de Roosevelt tuviera efecto alguno en la modificación de la política de No Intervención al otro lado del Atlántico. A mediados de enero, el embajador español en Francia constataba que ese país no iba a abrir la frontera, ni había hecho ninguna señal de cambiar su política de No Intervención, aunque para sorpresa de Wilson aún pensaba que Francia y Gran Bretaña «cambiarían de opinión antes de que fuera demasiado tarde». No había ningún motivo para esas expectativas: el gobierno británico dio alas a Franco para seguir reclamando el derecho de beligerancia antes de la retirada de todos los combatientes extranjeros; en cuanto al gobierno francés, este impidió que el mayor envío de material soviético depositado en Burdeos desde el 15 de enero llegara a la República.¹³⁹ Sin embargo Bowers daba más importancia a la repercusión política del discurso de Roosevelt en Gran Bretaña. Según información confidencial del Foreign Office, fue este el que urgió a Chamberlain a hacer una declaración favorable —que el mismo Foreign Office elaboró— al discurso de Roosevelt del 4 de enero, y el embajador pensaba que el militante mensaje del presidente y su eco favorable en la opinión pública británica habían sido decisivos para frustrar el plan de Chamberlain de garantizar los derechos de beligerancia a Franco en su reciente visita a Italia.¹⁴⁰

Aunque fueron también decisivas en el fracaso del plan de Chamberlain las demandas de Roma al exigir Túnez, Córcega y Niza, y la resistencia republicana en España, que no solamente había impedido la toma de Barcelona antes de la visita de Chamberlain a Italia, sino que en la ofensiva de Extremadura «ya había arrebatado más de 300 kilómetros cuadrados de territorio a los rebeldes que habían rendido las famosas minas de plomo, y habían llegado a muy pocas millas de cortar las comunicaciones de Franco entre el norte y el sur»,¹⁴¹ según informaba el embajador Bowers a Hull.

Mientras tanto las informaciones que llegaban al Departamento de Estado desde Barcelona eran bastante más pesimistas que las de Bowers. Thurston destacaba el avance rapidísimo del ejército rebelde sobre Lérida, Reus y Tarragona, y consideraba un frente secundario la ofensiva defensiva en Córdoba, mientras que Álvarez del Vayo estimaba que las únicas posibilidades del gobierno de continuar la resistencia en el sur, si caía Barcelona, eran recibir más material soviético —si se reabría la frontera— y la esperanza de que cambiara la política de neutralidad de Estados Unidos y la República pudiera comprar armas a aquel país.142 A punto de salir para Ginebra, el ministro de Asuntos Exteriores español trataba de interpretar cualquier gesto de simpatía internacional como el último aliento para que el gobierno continuara la resistencia y se dirigiera al sur si caía Barcelona: «Aunque no abrigamos ilusiones, un ligero ánimo se deriva de la reciente visita de un grupo de miembros del Parlamento francés y de la creciente simpatía con la causa gubernamental en Inglaterra y Estados Unidos».¹⁴³

El 15 de enero era ocupada Tarragona, y ante la inminente caída de Barcelona y la posible caída y capitulación del gobierno, los diplomáticos americanos en la ciudad preguntaban al Departamento de Estado qué hacer con la embajada y el consulado. Thurston creía que era conveniente no abandonar el consulado mientras fuera posible, aunque recomendaría a los ciudadanos salir de Cataluña o quedarse a su propio riesgo. Por otro lado el Departamento de Estado debía valorar si Estados Unidos quería establecer «de facto» relaciones con el nuevo régimen —para lo cual la permanencia del consulado en Barcelona podía ser muy útil— o mantener la embajada y trasladarla cerca del gobierno legal mientras este existiera.¹⁴⁴

Mientras entre el 15 y el 23 de enero proseguía el rápido avance de las tropas de Franco hacia Barcelona, que la movilización general y una débil resistencia no podían detener, y el gobierno español se retiraba a Gerona y Figueras, el Congreso de Estados Unidos era bombardeado con firmas, cartas y telegramas de los simpatizantes y partidarios de ambos bandos de la guerra civil española. Ante tales presiones cruzadas, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos decidió suspender toda la consideración sobre la neutralidad y la legislación de embargo a España «por el momento».145 Parecía un asunto demasiado comprometido.

Roosevelt, debilitado en el Congreso desde las últimas elecciones legislativas de noviembre y casi al final de su segundo mandato, no pudo presionar al Congreso, especialmente cuando él y los congresistas temían hipotecar para el futuro la revisión de la Ley de Neutralidad si la ligaban a la guerra civil española, y cuando el presidente necesitaba el apoyo de los congresistas para su política de rearme a favor de Gran Bretaña y Francia. Tampoco se atrevió a levantar el embargo utilizando sus poderes discrecionales y enfrentándose al Congreso, como pidió el ex secretario de Estado, Henry Stimson, a Hull el 18 de enero de 1939. Precisamente esos días el New York Times publicó la carta en la que Stimson explicaba su posición a favor de que el presidente levantara el embargo a España basándose en la historia de las relaciones internacionales estadounidenses desde George Washington, siempre partidaria de ayudar a los gobiernos reconocidos legalmente, y en la anomalía que representaba la negativa a ayudar al gobierno legalmente elegido en España, cuando además Estados Unidos «estaba muy lejos y nuestros intereses difícilmente iban a ser seriamente afectados por la guerra en España».¹⁴⁶ Dos prestigiosos juristas, el profesor Philip C. Jessup de la Universidad de Columbia y Charles C. Burlingham, ex presidente del Colegio de abogados de Nueva York, una autoridad en la judicatura nacional y el mentor del alcalde de Nueva York Fiorello La Guardia desde su primera elección en 1929, con acceso directo e influencia sobre el presidente Roosevelt, se unieron a la voz autorizada del secretario de Estado de Hoover y futuro secretario de Guerra en estas consideraciones el 30 de enero;¹⁴⁷ mientras que el abogado demócrata y católico Martin Conboy , fiscal del distrito sur de Nueva York entre 1933 y 1935, expresaba la opinión contraria el 24 de enero: la política de neutralidad de Estados Unidos fue establecida por George Washington y alterarla en ese momento significaría poner en peligro a Estados Unidos y, «cuando se trata de poner en peligro deliberadamente la paz de los Estados Unidos sobre las disputas de otros pueblos, la firme sensatez del pueblo americano va ciertamente a prevalecer»,¹⁴⁸ concluía.

Cuando Roosevelt aún quería ayudar a la República consiguiendo un acuerdo negociado en medio de las presiones de uno y otro signo desde las élites influyentes, la división de la opinión pública y la resistencia del Congreso, el avance de las tropas de Franco sobre Cataluña decidió la polémica. El 23 de enero, cuando se estaba realizando ya la evacuación de ciudadanos americanos de Barcelona, Thurston creía que la ocupación de la ciudad no era una cuestión de días, sino de horas. El día 24 el personal diplomático americano y todo el cuerpo diplomático huyó hacia la frontera francesa siguiendo al gobierno entre «una impenetrable masa de refugiados», que incluía a soldados heridos, mujeres y niños hambrientos que eran filtrados lentamente a través de la frontera francesa bajo la lluvia y el frío. La población que huía no tenía en cuenta las palabras de «paz y perdón» del Manifiesto de Franco a los catalanes, sino, como señalaba Bowers, «la reciente declaración formal y oficial de Franco de que tenía a 2.000.000 de personas fichadas para los pelotones de ejecución o los campos de concentración».¹⁴⁹

Todo el cuerpo diplomático esperaba en torno a Perpiñán a que el gobierno se pusiera en contacto con ellos, pero especulaban con la voluntad de Negrín de resistir, pues todos ellos pensaban que era difícil que el gobierno pudiera sostener tanto esa área de terreno como la zona sur.¹⁵⁰ Ese mismo día Negrín pidió al cuerpo diplomático que siguiera al gobierno, que había decidido mantener su tenaz resistencia indefinidamente «(...) a pesar de todas las dificultades».¹⁵¹ Pero Wallner ofrecía el contrapunto a esa decisión desde Valencia, donde «aunque la resistencia es la política oficial se concede en privado que la caída de Barcelona significa que el partido ha terminado, pero en la superficie las cosas parecen normales y probablemente permanecerán así hasta que la ofensiva rebelde se dirija hacia aquí».¹⁵²

También el mismo día 24 de enero Álvarez del Vayo informaba directamente al gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en París de los problemas de la resistencia republicana. Presentaba una situación crítica para la República por la superioridad aplastante del material bélico rebelde, recibido desde Alemania e Italia desde el pasado diciembre, mientras que la República no había recibido absolutamente nada de Francia y un poco de Rusia. Pero aseguraba que aun si cayera Barcelona la guerra continuaría en el centro de España «meses y años si fuera necesario», pues «los ejércitos de Extremadura y Levante están en buenas condiciones y son capaces de resistir indefinidamente». Agradecía por otro lado al gobierno y a la Cruz Roja Americana el envío de harina para los hambrientos refugiados y esperaba que el gobierno de Roosevelt intercediera para que Francia y otros países admitieran a los 150.000 refugiados que intentaban cruzar la frontera francesa. Al concluir su mensaje, el ministro de Asuntos Exteriores español reiteraba el deseo de que se informara al gobierno estadounidense «de la firme intención del gobierno español de resistir en Barcelona y de que están convencidos de que lo conseguirán».¹⁵³

El 26 de enero las tropas de Franco entraban en Barcelona¹⁵⁴ y ese mismo día la información llegaba al Departamento de Estado a través del Foreign Office y la embajada de Estados Unidos en Londres: «Por favor informe al Departamento de Estado que las tropas nacionalistas entraron en Barcelona esta tarde a las 15 G M T».¹⁵⁵ Esa misma tarde Madrid y Valencia recibieron la noticia que aún no se había hecho oficial con relativa calma y esperaban con impaciencia el anuncio de la política a seguir. «Los indicios actuales son que la capitulación sería a la vez popular y ordenada y que la resistencia incluso con la presencia gubernamental sería breve y trepidante», avanzaba el vicecónsul Wallner desde Valencia.¹⁵⁶

Por la noche la captura de Barcelona se celebró en Roma «como una victoria italiana», «con manifestaciones de considerable entusiasmo popular», según informaba la embajada americana en la capital italiana. En una manifestación frente al Palazzo Venezia el Duce declaró que no solamente el gobierno Negrín había sido derrotado sino que muchos otros de nuestros enemigos «están ahora mordiendo el polvo», y concluyó diciendo que aunque el eslogan de los «rojos» ha sido «no pasarán», «hemos pasado y pasaremos».¹⁵⁷

Por el contrario en Moscú «la importancia de la caída de Barcelona se ha minimizado en sus despachos y el énfasis se ha colocado en consideraciones estratégicas que indujeron al ejército republicano a abandonar la ciudad», indicaba Kirk. No había habido siquiera comentarios editoriales en la prensa dos días después, pero un artículo aparecido el 28 de enero en el Pravda responsabilizaba a la «hipócrita política de no intervención» y a los círculos conservadores de Gran Bretaña y Francia de la suerte de la República, en contraste con el sentimiento de sus poblaciones.¹⁵⁸ A finales del mes de enero de 1939 la URSS afirmaba que seguiría cumpliendo con sus obligaciones con la República y si Gran Bretaña y Francia lo hicieran aún se podría evitar la catástrofe.¹⁵⁹

En Washington, el mismo día de la toma de Barcelona el embajador español, Fernando de los Ríos, se dirigía al gobierno de Estados Unidos para que levantara el embargo de armas, apelando a «las nobilísimas palabras pronunciadas ante el Congreso el día 4 del presente mes por el Ilustre presidente de los Estados Unidos y las manifestaciones inequívocas de la opinión pública de este país», pues la guerra «continuará sin desmayo hasta que los extranjeros sean expulsados de España». En su opinión, «exclusivamente la falta de material de guerra, el cual con arreglo a principios indiscutibles de Derecho Internacional debería poder adquirir en países con los que mantiene relaciones normales, es lo que le dificulta la lucha con los rebeldes y con los ejércitos extranjeros invasores, dotados del más moderno material en cantidades ilimitadas», motivo por el que no era demasiado tarde para «modificar la situación de derecho mediante la cual se priva a España de un derecho de soberanía, el de comprar armas, antes al contrario, es apremiante, y de hacerlo, sus efectos serían inmediatos, tanto militares como políticos».¹⁶⁰ No opinaba lo mismo el diario de la capital, que interpretaba la caída de Barcelona como el comienzo de la última fase de la guerra y la segura victoria de Franco. Según The Washington Post la administración ya no debía plantearse si retirar el embargo, sino si iba a reconocer al régimen de Franco. Para el periódico era claramente un rotundo triunfo del fascismo internacional, responsable de la victoria de Franco, por lo que no solamente habían caído los índices de Wall Street, sino que ya no había ninguna posibilidad de que Múnich fuera una paz estable y por primera vez «esta doctrina totalitaria triunfante señala hacia el oeste, al Nuevo Mundo».¹⁶¹

El 27 de enero, un día después de la caída de Barcelona y cuando se confirmaban las noticias de que Hitler iba a expandirse hacia Europa Occidental, con graves repercusiones para la economía estadounidense, Roosevelt reconocía por primera vez a su gabinete que el embargo de armas a España «había sido un grave error» y «nunca volveremos a hacer nada igual». «El embargo va contra los principios tradicionales americanos e invalida la ley internacional establecida (...) la política que deberíamos haber seguido — añadió Roosevelt— era prohibir simplemente el transporte de municiones de guerra en barcos americanos. La España leal podría así haber luchado por su vida y por algunas de las nuestras también, como los acontecimientos demostrarán con mucha probabilidad.»¹⁶²

8

Dilatando el reconocimiento a Franco

ante la derrota republicana

LA OCUPACIÓN DE CATALUÑA Y EL PROBLEMA DEL RECONOCIMIENTO

El 27 de enero 1939, el Departamento de Estado recibía noticias directas de la entrada de las tropas de Franco en Barcelona el día anterior y de las primeras decisiones de las nuevas autoridades provinciales y locales para «reanudar inmediatamente la actividad económica». El vicecónsul Douglas Flood, que permanecía en el consulado de la Ciudad Condal, creía adivinar «sentimientos antiamericanos» en las tropas de Franco, aunque de momento no sabía «si esto se traduciría en una actitud oficial» hacia la oficina consular.¹

Días antes de la caída de la ciudad, asociaciones, iglesias estadounidenses y ciudadanos concretos como Xavier Cugat habían pedido la intervención del gobierno estadounidense ante las posibles represalias que las tropas franquistas iban a tomar sobre la ciudad.² A principios de febrero el ministro de Estado español pedía la mediación directa de Estados Unidos, «solo o en conjunción con otros gobiernos», para evitar la «matanza sistemática» que se esperaba en Barcelona, pues según información fiable «casi 5.000 personas ya habían sido fusiladas», y aunque estas informaciones no fueran exactas no había duda de que una represión masiva tendría lugar a menos que «el mundo exterior exprese alguna preocupación».³ La inquietud de Julio Álvarez del Vayo por la represión no parecía exagerada, pues en los primeros cinco días de la «liberación de Barcelona» parecían proliferar los ajustes de cuentas realizados por la quinta columna y los moros de Yagüe para castigar a la «roja y secesionista» Cataluña.⁴ Era el comienzo de la represión incontrolada sobre los catalanes republicanos que duraría hasta el final de la guerra, en un trato que los diplomáticos británicos consideraron dos años después como «peor que el que han sufrido las víctimas de la Gestapo y la OVRA», como señala Casanova.⁵

Paralelamente, los miembros de la embajada estadounidense que seguían al gobierno en su repliegue hacia la frontera francesa informaban al Departamento de Estado de las condiciones anunciadas por Negrín a las Cortes, reunidas en Figueras el 1 de febrero, en las que su gobierno estaría dispuesto a capitular: mantener la independencia e integridad territorial de España, el derecho de los españoles a elegir su destino en un plebiscito que decidiera la forma de gobierno y la garantía de que no habría represalias ni represión al acabar la guerra.⁶ Para Bowers una posición tan alejada de la política de resistencia y la casi total seguridad de que Franco no aceptaría estos términos de capitulación le llevaban a interpretar que el objetivo de Negrín con estas condiciones era «forzar un rechazo formal oficial de los términos que quedara registrado documentalmente», y continuar por tanto la política de resistencia.⁷ En efecto, frente a la indicación de Azaña unos días antes de que Negrín negociara con Francia e Inglaterra y alguna tercera potencia condiciones humanitarias a cambio de la capitulación —oída la opinión del general Rojo de que ya no se podía resistir—, Negrín optó por hacer aprobar sus condiciones en las Cortes, pues seguía pensando que la única forma de negociar con el enemigo era demostrar que el ejército podía resistir.⁸ Beevor, sin embargo, señala que Negrín tenía alguna esperanza de que Franco tuviera en cuenta el último punto relativo a las represalias con el apoyo de Gran Bretaña y Francia. Pero estas expectativas se desvanecieron pronto. La respuesta francesa —mientras retenían el material soviético en su frontera— fue que sólo permitirían la entrada de tropas en su país si llegaban debidamente formadas, con sus mandos al frente y haciendo entrega inmediata de las armas. Los británicos no sólo no se molestaron en contestar,⁹ sino que el 6 de febrero, mientras los nacionalistas comenzaban a ocupar la frontera francesa, ayudaban a que Menorca pasara a manos de los nacionalistas antes de que pudiera caer en manos de los italianos —enviando, eso sí, un barco que recogió a 400 refugiados políticos— y seguidamente el embajador británico y su equipo partieron hacia Marsella a la espera de acontecimientos.¹⁰ Según Thurston transmitía a Hull, para los diplomáticos británicos «la Guerra está virtualmente acabada y no les obligarán a regresar a España a no ser que sea con el propósito de participar en negociaciones de paz».¹¹ Era obvio que para la política franco-británica lo prioritario era que la guerra acabara cuanto antes, Franco mantuviera la neutralidad y las fuerzas del Eje abandonaran el territorio español.¹²

El día anterior, 5 de febrero, la salida a Francia del presidente de la República Manuel Azaña, acompañado de Juan Negrín, parte del gobierno y de Diego Martínez Barrio, el presidente de las Cortes, junto con casi medio millón de refugiados, había acelerado el proceso de reconocimiento de Francia y Gran Bretaña del gobierno de Franco¹³ y su deseo de acortar la guerra, pues en contra de los deseos de Juan Negrín, Manuel Azaña decidió permanecer en la embajada española en París y no regresar a España dando la guerra por perdida.¹⁴

El día 8 de febrero, el gobierno británico tomó la decisión reservada de reconocer al gobierno de Franco en cuanto fuera posible,¹⁵ pendiente de que el gobierno francés resolviera sus contenciosos con Franco. Unos días antes Bowers había recomendado a Hull mantener su apoyo al gobierno constitucional, recordándole que aún conservaba la capital, siete provincias y un ejército de 700.000 hombres. Estados Unidos se diferenciaría así de Gran Bretaña y Francia, manteniendo «nuestra posición americanista que está basada en nuestra política tradicional y rechazar ser chantajeado por cualquier forma de reconocimiento de un Gobierno fascista». Reforzando este aspecto de oportunidad de resistir al fascismo destacaba la información del agregado militar checo en Burgos, según la cual «todas las fábricas de Checoslovaquia estaban trabajando día y noche fabricando material de guerra para Hitler».¹⁶ Por su parte la prensa nacionalista de Barcelona daba ya por seguro el 4 de febrero el pronto reconocimiento de Estados Unidos de la España nacionalista y la apertura de una embajada estadounidense cerca de Franco, aunque la negativa del Departamento de Estado fue tajante en este sentido: Hull señalaba en conferencia de prensa el 7 de febrero que «la situación española era tan caleidoscópica que era difícil hacer una declaración definitiva y que por tanto no había nada que él pudiera decir».¹⁷

Quizá por este motivo, el consulado de Barcelona, en ausencia del cónsul y vicecónsul, sufría un registro por la policía secreta que amenazó incautarse un mapa y material del agregado militar;¹⁸ las noticias sobre Estados Unidos en los periódicos tenían un color «anti-Roosevelt»¹⁹ y la ITT recibía presiones de Franco en el sentido de que cualquier compañía o ciudadano extranjero «de un país que no hubiera reconocido a Franco tendría dificultades para hacer negocios en España». Como señalaba el presidente de la ITT, Frank Page, el jefe de gabinete de Franco había informado a la compañía que en cuanto Estados Unidos reconociera su gobierno todos los problemas de la CTNE se resolverían.²⁰ Otras compañías y empresarios hacían ver al Departamento de Estado las posibilidades de negocios en la España de Franco, no sólo para empresas que estaban ya muy bien posicionadas ante el nuevo régimen, como Firestone Company —con una fábrica en España y mitad de capital español—, Texas Oil Company —en muy buena posición para reorganizar Campsa— y General Motors, que iba a abrir una fábrica en España con la mitad del capital de Juan March; sino en general por las posibilidades de que el capital americano participara en la reconstrucción de España.²¹

Mientras tanto, el 9 de febrero el general Rojo, el más firme colaborador de Negrín en su política de resistencia, cruzaba la frontera francesa para no volver y presentaba unos días más tarde «su renuncia total y absoluta».²² El 10 de febrero las tropas de Franco habían ocupado todos los puestos fronterizos con Francia, dando por terminada la guerra en Cataluña. Ese mismo día 10, Fernando de los Ríos informaba ampliamente a Pierrepont Moffat en el Departamento de Estado sobre los movimientos del gobierno, el final de la guerra y la situación internacional con respecto a España. Desde la distancia en Washington, Fernando de los Ríos tenía noticias indirectas de que ese mismo día Negrín se había trasladado al área del sur y estaba consultando con Miaja, pero no sabía si el presidente del gobierno español «deseaba continuar luchando en la esperanza de que los acontecimientos en el escenario europeo cambiaran la situación, o si meramente deseaba negociar la paz en términos más satisfactorios». Él personalmente creía que Europa estaba más lejos de la guerra, sobrevalorando el efecto del discurso del presidente Roosevelt del 4 de enero sobre los planes de Mussolini y Hitler. Pero sin duda la mayor amargura expresada por el embajador en esa conversación de finales de la guerra hacía referencia a la posición que estaba tomando Gran Bretaña, que a pesar de su política de No Intervención «ha intervenido a favor de Franco, y de una forma importante, disponiendo la captura de la isla de Menorca», probablemente porque «los británicos están tratando de congraciarse con las fuerzas armadas del general Franco al facilitar su trabajo».²³

En esos momentos la posición del presidente Roosevelt y su gabinete se había distanciado mucho de la política de apaciguamiento de los británicos. Preocupados tanto por el expansionismo de Japón en el Pacífico, al ocupar Japón el 10 de febrero la isla de Hainan situada en la costa de la Indochina francesa,²⁴ como por la previsible expansión de Hitler hacia el occidente de Europa y el comienzo de las negociaciones para una alianza política y militar entre Japón, Italia y Alemania, tanto el Departamento de Estado como el presidente estaban desde principios de año presionando al Congreso para que levantara el embargo de armas o cambiara la Ley de Neutralidad para poder ayudar militarmente a Gran Bretaña y Francia.²⁵ Sin embargo, al caer Cataluña el 10 de febrero, el presidente Roosevelt daba la guerra por perdida para la República y agotada cualquier posibilidad de negociación que suavizara el final: «el mundo ha concluido que la guerra de España ha acabado, los nacionalistas han ganado, los republicanos deben por lo tanto rendirse sin condiciones».²⁶

HACIA EL FINAL DE LA GUERRA

En efecto, las noticias que llegaban desde la frontera francesa al Departamento de Estado al día siguiente indicaban que la victoria nacionalista estaba cerca y si el gobierno «tomaba la trágica decisión de continuar la guerra», los nacionalistas capturarían «en un relativamente breve periodo» la zona sur, pues aunque sus efectivos militares aún eran importantes, el gobierno contaba con desventajas fatales como el efectivo bloqueo aéreo y marítimo, no tener acceso directo a Francia, y un control absoluto del aire de los nacionalistas, que lo utilizarán «con una intensidad y devastación que será terrible». Además Thurston confirmaba que el gobierno estaba dividido sobre la conveniencia de resistir: Mientras Negrín y Del Vayo habían regresado ya al sur de España, Azaña permanecía en París y no iba a regresar al sur, ni deseaba continuar la guerra, y otros miembros del gobierno se habían quedado en Toulouse.²⁷

Esta inevitabilidad de la victoria de Franco parecía confirmarse cuando el 40 por ciento del personal militar —160.000 o 180.000 personas— que formaba parte de los 500.000 refugiados republicanos recién llegados a Francia, al parecer habían elegido ya unirse a Franco, según información de Thurston.²⁸ El resto se apiñaba en improvisados campos de refugiados donde las condiciones, según el detalladísimo informe con inclusión de 32 fotografías del agregado militar americano, eran muy duras: «Sufren por falta de asistencia sanitaria, comida insuficiente y seria ausencia de cobijo y cubierto. Tampoco se ha hecho ningún esfuerzo para organizarlo bajo sus propios líderes, o darles algo que hacer (...) En esta circunstancia se pueden esperar enfermedad y desórdenes», señalaba el teniente coronel H.B. Cheadle.²⁹

Con esa seguridad de los franquistas en una victoria inminente, Flood informaba con preocupación desde Barcelona que todos los corresponsales extranjeros habían sido llamados a Burgos al publicarse el 13 de febrero la Ley de Responsabilidades Políticas, que anunciaba perspectivas muy pesimistas sobre la represión a los republicanos, pues se aplicaba retroactivamente desde octubre de 1934 y no sólo castigaba a los que habían participado activamente en «la sublevación roja», sino también a los masones y a todos los partidos que componían la coalición del Frente Popular.³⁰ Él mismo comprobaba in situ en Barcelona como en medio de tremenda escasez de alimentos, los cambios de propiedad realizados durante la guerra se habían declarado ilegales y continuaban los consejos de guerra contra prisioneros políticos sin que tuviera forma de comprobar el número de ejecuciones realizadas, pues él «no podía asistir oficialmente a los juicios sumarísimos», ni los periodistas podían informar. Unos días después, el 21 de febrero, Franco visitaba Barcelona y pasaba revista a las unidades estacionadas en la capital. Para el diplomático americano la visita estuvo marcada por la falta de entusiasmo «excepto los vítores organizados».³¹ En el discurso que cerró su visita, Franco confirmó que su «ideología política estaba basada en el ejército», observaba Flood. Ese mismo día Bowers pensaba que la reciente remodelación del gobierno anunciaba una orientación fascista.³²

A pesar de todos los indicios sobre la naturaleza del régimen de Franco, Gran Bretaña y Francia hicieron saber a Cordell Hull el 18 de febrero que estaban a punto de reconocer el régimen de Franco, obligando así a Estados Unidos a definir su postura. Cordell Hull y el Departamento de Estado parecían favorables a un pronto reconocimiento, y el 23 de febrero el secretario de Estado envió un telegrama al presidente, que se encontraba de crucero, señalando que Gran Bretaña, Francia y Holanda estaban a punto de reconocer al gobierno de Franco, que otros 16 países ya lo habían reconocido y que sería conveniente llamar a Washington a consultas al embajador Bowers «en orden a tener las manos libres para el establecimiento de relaciones con Franco, si fuera lo aconsejable».33 Ese mismo día le respondió Roosevelt fijando lo que sería la postura singular de Estados Unidos. Aceptaba que Bowers fuera llamado a Washington, pero se le nombraría para otro puesto de embajador. En cuanto al reconocimiento, «no hay prisa en reconocer al Gobierno de Franco», señalaba el presidente. «Sin haber hecho ninguna declaración oficial no debería importar que se filtrara que tenemos la intención de reconocerlo, pero que primero estamos esperando si trata a los republicanos con la magnanimidad cristiana que los vencedores deberían mostrar tras una guerra civil larga y destructiva.»³⁴

Como habían anunciado, Francia y Gran Bretaña reconocieron al régimen de Franco el 27 de febrero de 1939, confirmando así su victoria en la guerra civil antes del final de la guerra. Inmediatamente el gobierno francés entregó a Franco las armas soviéticas retenidas en la frontera desde hacía meses. Ese mismo día, como estaba previsto, se hizo pública la renuncia de Manuel Azaña del cargo de presidente de la República, realizada «entre lágrimas» y una profunda amargura en la embajada de España en París el día anterior, antes de partir para su exilio en Suiza, según informaba en su primera página el Washington Post.³⁵

También ese mismo día, en la capital estadounidense un Fernando de los Ríos apesadumbrado por las noticias de España se entrevistaba con Cordell Hull para conocer la posición de Estados Unidos, cuando recibió una llamada urgente de su embajada para que preguntara «si íbamos a usar nuestra influencia moral contra la represión del general Franco», indicaba Hull.³⁶ Al día siguiente, 28 de febrero, Hull encargaba al embajador Bullitt en París que se entrevistara extraoficialmente con el representante de Franco para expresar la postura definida por el presidente, incluidas la exigencia de garantías de que no habría represalias contra el enemigo. Quiñones de León le dio todas las garantías respecto a las vidas y propiedades americanas, pero ninguna promesa respecto a la represión. En esas circunstancias Estados Unidos se atuvo a los hechos y no reconoció al gobierno de Franco hasta que «fue evidente que el Gobierno legal había dejado de existir en España».³⁷

DIVISIONES EN LA DERROTA: NOTICIAS DEL GOLPE DE CASADO

Cuando Negrín regresó a Madrid desde la frontera francesa el 12 de febrero, habiendo perdido sus principales puntales en la política de resistencia por la negativa de Azaña y Rojo a regresar a España, comprobó que el ejército del centro al mando del coronel Casado no compartía su estrategia de resistencia para acabar la guerra. Negrín, asumiendo ya la inevitabilidad de la derrota y sabiendo que la negociación con el enemigo, incluso reducida al término de que no hubiera represalias, era imposible, creía que sólo la resistencia permitiría salvar más vidas de republicanos. Sin embargo no preparó la resistencia,³⁸ estableció su cuartel general en Elda y los ministros tenían dificultades para entrevistarse con él. La mayor parte de la población compartía con Casado el cansancio de la guerra y un creciente sentimiento anticomunista, que en Madrid se sumaba al prolongado aislamiento de la capital y la fuerza creciente de la quinta columna. Para Casado y todos los jefes militares excepto Miaja, el mayor obstáculo para conseguir concesiones del enemigo era la intransigencia de Negrín y el apoyo que le prestaban los comunistas, pues acariciaban la idea de finalizar la guerra con un acuerdo entre militares.

Ya el día 18 de febrero el Departamento de Estado tenía información de que solamente los comunistas apoyaban en Madrid la política de resistencia, mientras crecían los deseos de paz entre la población después de los últimos bombardeos y las autoridades de Madrid y Valencia habían frenado los intentos comunistas de incrementar su poder.³⁹ Cuando el día 27 de febrero Francia y Gran Bretaña reconocieron al gobierno de Franco y la dimisión del presidente Azaña dejó descabezada a la República, la inminencia de la derrota aumentó estas divisiones. Un día antes del reconocimiento franco-británico, ya el final de la guerra se veía como inevitable desde Valencia, hasta el punto de que se habían repartido pasaportes a los líderes políticos y empleados del gobierno,⁴⁰ según informaba Wallner. Unos días después, aún no había habido una reacción pública al reconocimiento anglo-francés y la dimisión de Azaña, pero los diplomáticos americanos no solamente tenían evidencia de que «altas autoridades militares estaban a favor de la capitulación y estaban ejerciendo presión para obtener el consentimiento de Negrín», sino que después de visitar los frentes cercanos a Valencia en compañía del agregado militar habían llegado a la conclusión de que «hay suficiente disciplina y espíritu de cuerpo para organizar una capitulación ordenada pero no para una resistencia con éxito frente a la ofensiva enemiga que se puede esperar».⁴¹

En este ambiente los acontecimientos se precipitaron cuando Negrín, previendo la traición inminente de los militares profesionales, recurrió el 2 de marzo a comunistas para dirigir los ejércitos, promovió a puestos de máxima representación pero sin capacidad operativa a Casado —jefe del Estado Mayor del ejército— y Matallana —jefe del Estado Mayor Central—, asumió la dirección de los ejércitos, se trasladó de Madrid a Elda y destituyó al almirante Buiza, jefe de la armada. Su sustitución por el coronel Francisco Galán al frente de la Base Naval de Cartagena, con las órdenes de mantener este puerto para garantizar la evacuación, fue la chispa final que provocó el 4 de marzo la insurrección de la Base Naval de Cartagena, en una revuelta en la que participaron también franquistas, que aunque la Junta de Defensa logró sofocar,⁴² fue «demasiado tarde para salvar la Armada para la República», como señalaba Wallner al Departamento de Estado.⁴³ En efecto, la flota republicana a las órdenes de Buiza zarpó al día siguiente y fue internada en la base argelina de Bizerta por los franceses, perdiendo así la República la última posibilidad real de evacuación masiva. Ese mismo día 5 de marzo el coronel Segismundo Casado constituyó en Madrid el Consejo Nacional de Defensa presidido por Miaja —que había dejado de apoyar a Negrín tras los últimos nombramientos militares—, con representantes socialistas como Julián Besteiro, anarquistas y republicanos, con el objetivo de acabar con la política de resistencia e iniciar negociaciones para una «paz honrosa». El 6 de marzo el gobierno decidió abandonar España y huyó a Francia y al norte de África con los líderes comunistas excepto Togliatti, Checa, Hernández y Claudín, que se quedaron para organizar la evacuación de tantos militantes comunistas como fuera posible. Desde Valencia, ese mismo día Wallner informaba a Hull que Negrín y sus ministros se habían visto obligados a salir de España, al fracasar el intento comunista de tomar la flota republicana en Cartagena.⁴⁴ No podía dar detalles del Golpe de Casado por la censura y las dificultades de comunicación telefónica, pero creía que había alcanzado grandes proporciones en Madrid, Alicante y Cartagena, donde los principales líderes comunistas «estaban muertos o en prisión». En su opinión, la adhesión del ejército y de todos los grupos políticos y sindicales menos los comunistas al Consejo, así como la presidencia del general Miaja, «le aseguraba todos los poderes morales para hacer un llamamiento a la paz».⁴⁵

Tanto los periódicos como el Departamento de Estado siguieron detenidamente el golpe de Estado de Casado y los propósitos de los miembros del Consejo de Defensa, al hacer caer el gobierno Negrín en ese último tramo de la guerra. Presentándose como un gobierno republicano y anticomunista, el Consejo de Defensa quería dar por finalizada la resistencia y firmar la paz con el enemigo si «garantizaban la independencia de España y evitaban la represión». Como señalaba el Washington Post, Casado había pedido solamente dos condiciones para rendirse: «el salvoconducto para que los líderes republicanos pudieran salir de España y garantías de que a las tropas italianas no se les permitiría marchar triunfantes sobre Madrid como hicieron sobre Barcelona (en enero)». Según las noticias del propio periódico recogidas en Hendaya, el mismo día 6 nada hacía pensar que el Consejo iba a conseguir su objetivo, pues Franco estaba preparando un ultimátum a las fuerzas leales fijando un tiempo límite para que eligieran «continuar la resistencia o rendirse»: «si los leales deciden luchar, se ha dicho, Franco lanzará la más poderosa máquina de guerra de toda la guerra civil contra Madrid».⁴⁶

Mientras se hablaba de buscar la paz, en Madrid los comunistas se levantaron contra Casado.⁴⁷ La lucha, que duró una semana y costó 233 muertos y 564 heridos, fue relatada al Departamento de Estado por Francisco Ugarte, el custodio de la embajada de Estados Unidos en España, que la vivió desde allí en primera persona, pues los combates más duros se libraron al final de la Castellana. Tras proteger las ventanas del edificio con colchones, como habían hecho también en el edificio del ABC justo enfrente, Ugarte comprobaba el carácter confuso y contradictorio de los acontecimientos para la mayoría de la población. Los comunistas, al mando del teniente coronel Barceló, parecían controlar solamente un tercio de la ciudad, «pero las posiciones cambiaban continuamente día a día». Empresas americanas como el edificio de la CTNE o la empresa de máquinas de coser Singer estaban en manos del Consejo de Defensa, pero el apartamento de un ciudadano americano había sido ocupado por los comunistas durante la lucha.

En la confusión era difícil determinar qué tropas eran del Consejo y cuáles de los comunistas, hasta que el Consejo ordenó a todas sus fuerzas llevar un brazalete blanco en el brazo. Según Ugarte, ambos bandos pretendían estar luchando por el gobierno legítimo pero su impresión era que «la mayoría de los soldados sólo trataban de salvar el pescuezo», luchando en el bando de sus oficiales inmediatos. Parecía que esta misma confusión se extendía a los frentes que rodeaban la ciudad, donde los soldados no habían abandonado sus posiciones. Mientras los comunistas habían tomado prisioneros en los edificios de Nuevos Ministerios, Ugarte señalaba que Casado había ordenado liberar a todos los prisioneros políticos franquistas y había respetado a los refugiados en las embajadas y legaciones.⁴⁸ En este sentido, vía París, Quiñones de León, representante del gobierno de Franco en la capital gala, informaba al embajador Bullitt que el ministro de Asuntos Exteriores francés, George Bonnet, le había llamado a las cuatro de la mañana del día 8 de marzo comunicándole que los comunistas habían asaltado la embajada francesa en Madrid y le había pedido «si no pudiera haber una inmediata entrada de las tropas de Franco para salvar a los franceses y españoles que aún estaban en la Embajada francesa en Madrid». Ese mismo día las tropas de Matallana y Liberino González comenzaron a reducir a los comunistas, que el día 10 empezaron a retirarse, cesando así las gestiones francesas con Franco.⁴⁹ El día 12 se restauró la normalidad en Madrid, el teniente coronel Luis Barceló fue fusilado y todos los mandos de afiliación comunista y 10.000 soldados fueron arrestados. Ese mismo día en Washington el secretario del Interior, Harold L. Ickes, había invitado a cenar en su domicilio al embajador español⁵⁰ y señora, advirtiendo que De los Ríos «rechaza pensar que ha acabado toda esperanza, pero para un observador externo la situación parece estar muy lejos de ser propicia para los leales (...) Durante los últimos días», añadía Ickes con sorpresa, «el general José Miaja y el Ejército leal han aplastado a los comunistas, aunque los comunistas han hecho grandes sacrificios por el Gobierno Leal».⁵¹

Las informaciones de la prensa soviética que llegaron a Hull el día 10 de marzo hablaban de un «golpe de estado contrarrevolucionario» realizado por «los elementos derrotistas de la República Española instigados por los países fascistas con la connivencia de Gran Bretaña y Francia», mientras que la resistencia al golpe la estaban llevando a cabo «tropas republicanas leales sin referencia específica —resaltaba el encargado de negocios interino, Alexander C. Kirk— a ninguna instigación comunista de la resistencia».⁵² Por las mismas fechas, el vicecónsul de Valencia interpretaba el golpe de Estado contra Negrín y la lucha entre comunistas y casadistas desde el punto de vista de la mayoría que lo apoyaba. A su juicio, las razones del golpe se encontraban tanto en las sospechas de los socialistas hacia la influencia de los comunistas sobre Negrín, como en el rechazo de los jefes militares a continuar una resistencia que consideraban «suicida» tras la caída de Cataluña y la «dimisión de Rojo y Azaña». Para la mayoría de la gente, estimaba Wallner, las opciones eran negociación y evacuación, «Negrín rechazaba discutir la primera y se enfrentaba a la segunda emitiendo pasaportes pero no haciendo provisión de barcos para evacuar a la gente». En cuanto a la revuelta comunista para defenderse del golpe de Estado de Casado, la gente cree que «son muchachos engañados», añadía Wallner desde Valencia, «entendiendo que sus oficiales les han dicho que Madrid está en las manos de los insurgentes y que sus mujeres estaban siendo violadas por los moros», al menos eso era lo que había pasado en la escaramuza que tuvo lugar en Valencia —hubo también conatos en Alicante, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Murcia y Toledo— al atacar dos comunistas un control como reacción a la destitución de los mandos comunistas por el Consejo. Cuando el día 13 de marzo el enfrentamiento militar había concluido en Madrid, Wallner añadía otro motivo menos altruista por el que la mayoría de la población apoyara al Consejo de Defensa en su vigorosa acción contra los comunistas: «todo el mundo piensa que cuantos más comunistas haya en prisión para entregar a los pelotones de fusilamiento fascistas, más suave será su propio castigo». Y por supuesto esperaban que el nuevo gobierno consiguiera sobre todo «algún tipo de acuerdo para ellos con Inglaterra y Francia haciendo la evacuación (...) Mientras tanto», añadía el vicecónsul, «como nadie puede irse y nadie puede ser dejado atrás, hay en general un ambiente más relajado».⁵³

Todas estas expectativas eran erróneas. A partir del 12 de marzo el Consejo de Defensa intentó infructuosamente asegurar la magnanimidad de los vencedores, especialmente para los mandos militares, negociando una «paz honrosa» entre militares con Franco. Sin embargo Franco solamente estaba interesado en obtener de los militares republicanos «la ordenada y sumisa entrega de unidades, armamento y material».54 Como el jefe de los rebeldes había anunciado reiteradamente, y a esas alturas sabían tanto Negrín como la administración Roosevelt, Franco no estaba dispuesto siquiera a negociar sobre el tema de las represalias. Sólo aceptaba la rendición incondicional.

Ya el 2 de marzo de 1939 Fernando de los Ríos le comentó al subsecretario de Estado, Sumner Welles, que el gobierno leal no había obtenido respuesta de Burgos a su propuesta de capitulación si les aseguraba que no habría represión, ni el gobierno británico, ni el gobierno francés habían obtenido garantías satisfactorias de Franco en este sentido, así «que el Gobierno estaba preparado a luchar hasta el último hombre», si no recibía garantías respecto a la represión. En la misma entrevista el embajador español le pidió a Welles que el gobierno estadounidense mediara ante Franco para paralizar la represión que, según sus noticias, estaba teniendo lugar en Barcelona —ejecuciones masivas de 800 a 1.000 personas diarias— y permitiera la evacuación de 20.000 familias en la zona centro.⁵⁵

Como Welles indicó a De los Ríos, el gobierno estadounidense no solamente había hecho llegar su posición contra la represión, sino que este tema estaba en el centro de los escollos por los que Estados Unidos no reconocía a Franco. En la conversación que mantuvieron sobre ese tema el embajador de los nacionalistas en París, Quiñones de León, y el de Estados Unidos en la capital gala, Alexander Bullitt, el primero le transmitió el acuerdo oficial de su gobierno respecto a respetar las vidas y propiedades estadounidenses y cumplir sus obligaciones internacionales, sin embargo, no iban a aceptar ninguna condición sobre la represión para el reconocimiento oficial de Estados Unidos.

«No podemos admitir un reconocimiento condicional», indicaba Quiñones a Bullitt; «pero reiteramos la declaración hecha recientemente a los gobiernos francés y británico en el comunicado oficial del general Jordana. La generosidad del Generalísimo y el comportamiento de las autoridades y tribunales después de la ocupación de Cataluña constituye una garantía de equidad y justicia para todos los españoles no culpables de crímenes».⁵⁶

Las dudas de Bullitt sobre la «generosidad» de Franco y las nuevas autoridades en Cataluña salieron a relucir a lo largo de la conversación entre los embajadores, pues como el embajador americano indicó a Quiñones, había una contradicción legal entre la Ley de Responsabilidades Políticas, que permitía reprimir a todo aquel que no fuera manifiestamente franquista, y la declaración legal de que se aplicarían las leyes del 16 de julio de 1936. «Le dije a Quiñones de León», indicaba Bullitt a Hull en su informe posterior, «que estaba seguro de que sorprendería a la opinión pública americana saber que la “pasividad grave” se ha convertido en un crimen y le indiqué que aunque no había pena de muerte para “las responsabilidades políticas” todas las otras penas se iban a imponer a cada uno de los que vivían en el área republicana y, excepto los simpatizantes activos de Franco, se les va a colocar en la posición de un criminal. Le pregunté cómo esta ley podía conciliarse con la declaración de que los tribunales de justicia solamente aplicarían las leyes existentes el 16 de Julio de 1936.»⁵⁷

El propio Quiñones de León le confesó que no sabía cómo conciliar los dos documentos, pero que parecía que «nadie sería ejecutado excepto sobre la base de las leyes existentes el 16 de julio de 1936».⁵⁸ Tras estas declaraciones la conclusión de Bullitt era rotunda en el sentido de no fiarse de las declaraciones de generosidad del gobierno de Franco, a diferencia de lo que pensaban británicos y franceses. «Me parece obvio por lo precedente que actualmente en el flujo de la victoria el Gobierno del General Franco no está inclinado a hacer ninguna promesa respecto a la represión», seguía indicando Bullitt a Hull en su larguísimo telegrama. «Dudo sinceramente que bajo las actuales circunstancias cualquier promesa sobre este tema tenga valor. El periodo de reconstrucción después de una Guerra civil marcada por brutalidades tan extremas como la Guerra Civil Española va a ser ciertamente ensombrecido por crueldades y persecuciones. Sin embargo, sabemos por la experiencia previa con el Gobierno Soviético que todas las promesas de los dictadores después de una guerra civil no tienen relativamente ningún valor. El desarrollo de los acontecimientos depende del carácter del dictador (...) El embajador británico en París y Daladier y Bonnet parecen creer sinceramente que los embajadores británico y francés en Burgos serán capaces de hacer mucho por contener la brutalidad falangista y tienen confianza en el carácter personal de Franco.» ⁵⁹

Era evidente para Bullitt y el secretario de Estado que a un paso de la victoria Franco no solamente no iba a aceptar más que la rendición incondicional de los republicanos, sino que seguía sin admitir ninguna condición de magnanimidad con el enemigo para el reconocimiento de Estados Unidos, mientras que el retraso de la administración Roosevelt en reconocer al gobierno de Franco estaba perjudicando a los intereses americanos en España. Como constataba Flood en Barcelona a mediados de marzo, por esta dilación los hombres de negocios estadounidenses en la Ciudad Condal «estaban siendo discriminados respecto a su libertad de movimientos y a sus esfuerzos por restablecer sus negocios».⁶⁰

EL FIN DE LA POLÍTICA DE APACIGUAMIENTO

En esos momentos de desesperanza absoluta para la República, la política internacional estaba cambiando radicalmente hacia el fin de la política de apaciguamiento. El 7 de marzo de 1939, Roosevelt reconocía a los periodistas que la legislación de neutralidad de los últimos tres años no había contribuido a la causa de la paz; sino que, al contrario, «había ayudado a empujar las cosas en la otra dirección».⁶¹ Las noticias de Europa en febrero y principios de marzo daban la impresión de que el rearme francés, británico y americano, la resistencia francesa a las peticiones italianas en el Mediterráneo y las declaraciones del presidente Roosevelt estaban obligando a Hitler a sosegarse.⁶² Sin embargo, el 15 de marzo, tropas alemanas entraron en Praga y completaron la ocupación de Checoslovaquia. Fue el fin de la política de apaciguamiento. Menos de dos semanas después Gran Bretaña y Francia se comprometieron con la defensa de Polonia. «Si Alemania invade un país y declara la guerra, estaremos en el lado de Hitler al acogernos a la ley», comentó el 16 de marzo Roosevelt al senador Tom Connally, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, maldiciendo la Ley de Neutralidad.⁶³ El 17 de marzo de 1939, el gobierno de Estados Unidos, «fundado sobre y dedicado a los principios de la libertad humana y la democracia», condenó «los actos que han resultado en la extinción temporal de las libertades de un pueblo libre e independiente» y continuó reconociendo al embajador checo,⁶⁴ mientras el Departamento de Estado y el propio presidente seguían presionando insistente e infructuosamente a la Cámara de Representantes y al Senado para reformar la Ley de Neutralidad con The Peace Act of 1939. Esta ley eliminaba the mandatory embargo y proponía realizar todo el comercio sobre las bases del cash and carry, de forma que Francia y Gran Bretaña pudieran recibir armas en tiempos de guerra. El 21 de marzo, un día después de que el senador Key Pittman presentara el proyecto de ley, una encuesta de opinión indicaba que la opinión pública apoyaba en un 66 por ciento la venta de armas a Gran Bretaña y Francia para luchar contra Alemania e Italia.⁶⁵

Todos estos cambios llegaban demasiado tarde para la quebrada República Española. El Golpe de Casado acabó con cualquier posibilidad de resistir y alargar la guerra, sin conseguir mejores condiciones para la derrota. Al no rendirse el 25 de marzo la aviación republicana, ni el ejército dos días después, Franco cumplió su amenaza y lanzó la mayor ofensiva nacionalista de toda la guerra al amanecer del domingo 26 de marzo. En el bando republicano las tropas habían empezado a desertar, se izó la bandera blanca en todos los frentes y en un aire de fiesta muchos soldados regresaron confiadamente a sus pueblos. Los que temían las represalias del ejército vencedor —miles de militantes políticos, sindicales y militares— se dirigieron a los puertos de Valencia, Gandía y sobre todo Alicante, esperando ser evacuados.

En efecto, una vez rotas definitivamente las negociaciones para la rendición de Madrid porque según el Foreign Office Franco «no quería garantizar las vidas de los líderes políticos y sindicales»,⁶⁶ la capital se rindió el día 28. Todos los miembros del Consejo de Defensa habían abandonado la ciudad excepto Julián Besteiro, y se esperaba la entrada de las tropas nacionalistas esa misma tarde, «aunque la ciudad ya estaba engalanada con banderas nacionalistas».⁶⁷

Era ese el momento de recordar a los países que «no nos han reconocido», señalaba el Diario Vasco de San Sebastián refiriéndose a Estados Unidos. «Recomendamos a los españoles recordar actos como esta actitud —el no reconocimiento— del Gobierno de Washington; la constante falsificación de nuestra guerra por todos los grandes periódicos americanos; y la constante, lamentable y al mismo tiempo criminal propaganda de la prensa en favor de nuestros enemigos y contra nuestra causa», continuaba el diario donostiarra. «No hay duda de que ellos contribuyeron a la prolongación de la guerra y es justo exigir daños de los responsables, especialmente cuando se acercan a nosotros para realizar o extender sus negocios.»⁶⁸

Desde luego los principales periódicos estadounidenses dedicaron extensos artículos en sus primeras páginas a la caída de Madrid⁶⁹ y la consiguiente rendición de las nueve provincias aún en manos de la República, expresando la alegría de unos y el alivio general de la población; pero también intuyendo el drama de los refugiados y de los ya 492.000 prisioneros que el ejército de Franco había hecho desde el principio de la guerra, evaluando en sus editoriales y artículos de opinión con una mirada sombría el efecto del triunfo de Franco.

Para el editorial del New York Times esa victoria «podría dar ímpetus inmediatos a los desarrollos del fascismo en otras partes de Europa». En Roma la multitud entusiasmada gritaba «Túnez» y Mussolini la interpretaba como otra prueba de la invulnerabilidad italiana. En Berlín, la campaña contra Polonia se había intensificado y en general la victoria de Franco había aumentado el prestigio de Roma-Berlín.⁷⁰ Ese mismo día el artículo editorial de la influyente periodista Dorothy Thompson71 en el Washington Post expresaba los mismos temores. La autora, especialista en Centroeuropa y expulsada de la Alemania nazi en 1934, estaba segura de que Franco se uniría al Eje y acusaba directamente a los líderes de Francia y Gran Bretaña «por estar hipnotizados por el temor del Comintern» y no haber comprendido los hechos acerca del «Fascistern». De esta forma, añadía Thompson revelando la singularidad del fascismo, «el sistema liberal democrático no estaba adecuadamente defendido», para «la más efectiva técnica revolucionaria que se hubiera vislumbrado en la historia: la revolución total, llevada a cabo no por las clases sino por toda la nación (...) la combinación de las naciones, y la revolución».⁷²

Ese mismo día, 28 de marzo, Casado se entrevistaba en Valencia con el vicecónsul estadounidense informándole de la rendición de todo el territorio republicano y mostrando aún su esperanza de una ocupación nacionalista gradual y pacífica, que permitiera la evacuación de los líderes políticos y sindicales. «Cree que el plan nacionalista es hacer una ocupación gradual y que avanzará a lo largo de la costa desde el sur llegando a Valencia en 10 días o dos semanas», informaba Wallner a Hull. «En ese tiempo planea evacuar con el consentimiento tácito de los Nacionalistas a unos 15.000 líderes políticos y sindicales. Es optimista respecto a que la ocupación de toda el área será tan poco sangrienta como la de Madrid.»⁷³

Nada sucedió como preveía Casado. A la una de la tarde del 29 de marzo, la bandera nacionalista ondeaba en todos los edificios públicos de Valencia y la gente había salido a las calles celebrando el final de la guerra, cuando a las seis de la tarde las autoridades militares nacionalistas hicieron su entrada formal en la ciudad. Como Wallner suponía, Casado y algunos miembros del Consejo de Defensa Nacional consiguieron dejar España embarcando en el buque británico Galatea en Gandía el día 29 de marzo, pero el resto de los 15.000 militares y miembros de partidos políticos y sindicales se dirigió al puerto de Alicante esperando durante tres días agónicos a unos barcos que nunca llegaron.⁷⁴

En esos días, individuos, asociaciones de abogados, intelectuales liderados por Albert Einstein reiteraban sus demandas de intervención al Departamento de Estado para evitar la represión y la matanza que todos los indicios hacían prever, y pedían que Estados Unidos fuera generoso en el derecho de asilo.⁷⁵ Incluso algunos como el presidente de la Universidad de Rutgers sugería al Departamento de Estado que pusiera a Franco el ejemplo de la paz generosa del presidente Lincoln tras la guerra civil estadounidense: «si la unidad y la integridad de España se quieren reforzar para el futuro (...) generosidad y tolerancia deben prevalecer sobre el espíritu de venganza. Franco debería seguir el ejemplo de la historia del General Grant y sacar mucho provecho de ella».⁷⁶

El día 31 las tropas italianas del general Gastone Gambara, jefe del Estado Mayor del Corpo di Truppe Volontarie, ocuparon el puerto de Alicante y comenzaron a llevar a los prisioneros al Campo de los Almendros. Allí mismo comenzaron las ejecuciones y las ruedas de reconocimiento que venían de los pueblos. El 1 de abril, Franco daba por terminada la guerra. Ese mismo día Estados Unidos reconocía al gobierno de Franco y levantaba el embargo de armas a España. Cordell Hull pedía a Francisco Gómez Jordana establecer relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno español y le anunciaba que el presidente había nombrado a Alexander W. Weddell, embajador en la Argentina, como nuevo embajador de Estados Unidos en Madrid.⁷⁷ Fernando de los Ríos había dejado la embajada española en Washington el día 31 de marzo al cuidado del embajador de Colombia y el encargado de negocios interino. En adelante, De los Ríos sería profesor de The New Shcool of Social Research en Nueva York. El mismo día 1 de abril Juan Francisco Cárdenas, embajador de España en Washington entre 1932 y 1934, agente de Franco en Estados Unidos durante la guerra y con toda probabilidad el próximo embajador español, agradecía desde el Ritz Carlton de Nueva York la ayuda moral y material de los simpatizantes nacionalistas en Estados Unidos para defender la causa de «Dios, Patria y Familia». Dos días después el Departamento de Estado anunciaba que los simpatizantes estadounidenses de ambos bandos habían contribuido con tres millones de dólares a ayudar a los españoles.

En conferencia de prensa, el mismo 1 de abril Cordell Hull anunció el nombramiento de nuevo embajador en España, como habían hecho otros países, no quiso referirse a los contenciosos que el gobierno de Estados Unidos pudiera tener con el gobierno de Franco, como los relativos a la destrucción de propiedad americana, y contestó vagamente a la pregunta de si Estados Unidos estaba mediando ante Franco para que siguiera una política generosa con los prisioneros políticos. Esta vaguedad dio a los periodistas la impresión de que «algo se estaba haciendo en este sentido, pero todavía sin resultados definitivos».⁷⁸ En este sentido, ese mismo día Sumner Welles precisaba a Einstein y otros intelectuales que el gobierno había estado en contacto con Francia e Inglaterra en las diversas fases de evacuación de refugiados de España, que estaban a favor de las medidas de humanidad y respeto al asilo, y que durante toda la guerra habían seguido escrupulosamente la política del gobierno de Estados Unidos de «no dar asilo en los establecimientos diplomáticos y consulares americanos en el extranjero».⁷⁹

Cuando el 4 de abril Cordell Hull tuvo su primera conversación telefónica con Cárdenas, fue sin embargo explícito al rogarle que su gobierno tuviera indulgencia con los vencidos. En esta petición le recordó cómo la experiencia de su propia familia en la guerra civil estadounidense le hacía simpatizar con todo el pueblo español, pues al vivir en un estado fronterizo «experimentaron todos los horrores de nuestra guerra civil, y sé cómo simpatizar con el pueblo de cualquier país que se encuentra en la misma situación». Igualmente el secretario de Estado comprendía las dificultades de la posguerra, «como recuerdo vívidamente las dificultades del periodo de Reconstrucción que siguió a nuestra Guerra Civil», pero destacaba de aquella experiencia el respeto mutuo de los hombres que lucharon en los dos bandos y cómo muchos de ellos se unieron «e hicieron una gran contribución a la reconstrucción». Como observó Hull, Cárdenas no hizo ningún comentario a sus referencias a la reconstrucción estadounidense.⁸⁰

Ese mismo día las noticias de las primeras ejecuciones llegaron al Departamento de Estado desde Valencia. Wallner sabía con certeza que la mañana del 3 de abril habían sido ejecutados «21 comunistas miembros de la policía secreta, que ya estaban encarcelados por el Comité de Defensa», pero no podía confirmar ninguna otra ejecución.⁸¹ Mientras tanto, desde Hollywood escritores como Dashiell Hammett y asociaciones como la Liga Antinazi de Hollywood enviaban al Departamento de Estado sus protestas «en nombre de la humanidad (...) por las ejecuciones y torturas de miles de víctimas inocentes en la España de Franco».⁸²

El 15 de abril de 1939 Bowers, en su primera visita a España desde julio de 1936, daba a Hull una primera impresión del ambiente político de Burgos, la capital vencedora, cuando el régimen de Franco ya había anunciado su adhesión al Pacto Anti-Comintern el 7 de abril y Estados Unidos había establecido relaciones formales con el nuevo régimen el 3 de abril. En esa pequeña ciudad de provincias, donde la fotografía de Franco estaba en todos los escaparates, aún predominaban los uniformes y los consejeros civiles y militares italianos y alemanes, y la transición a la paz estaba siendo difícil y confusa por «los diferentes puntos de vista de la España Nacionalista». A la espera de la clarificación de la situación internacional y la celebración del desfile de la Victoria, no había comenzado aún la desmovilización. Desde la que había sido la capital franquista durante la guerra, Bowers tendía a disminuir la intensidad de la represión. «Aunque aún se hacen arrestos creo que son en pequeña escala, mientras continúa la liberación de prisioneros de poca importancia», observaba el ex embajador. «Corresponsales británicos y americanos con los que he hablado y tienen simpatías izquierdistas que acaban de llegar a Burgos desde Madrid, dicen que sólo tienen constancia cierta de tres ejecuciones desde la caída de Madrid y estiman que el total no es más de veinte hasta la fecha», concluía Bowers.⁸³

Unos días después su primera impresión de la capital derrotada era más amarga. El ex embajador, que había regresado a Madrid y a la embajada para recoger sus cosas tras casi tres años de ausencia, encontraba que Madrid era una ciudad «aún casi muerta» donde la vida parecería paralizada «si no fuera por las constantes idas y venidas de tropas y camiones militares», donde los signos de la destrucción y la miseria estaban por todas partes. Los pobres no podían cubrir sus necesidades, mientras «miles de personas aparentemente desempleadas deambulaban por las calles» y el problema de la escasez de vivienda era muy agudo, pues grandes zonas de la ciudad y los «suburbios más pobres habían sido completamente destruidos» y no se había hecho nada con respecto a «la demolición, nueva construcción o incluso retirada de las barricadas de piedra, de unos seis pies de altura, que se alineaban en muchas calles».

En cuanto a la represión, los arrestos continuaban a un promedio de 50 o más diarios y el trabajo de «depuración» se hacía «lenta y metódicamente aumentando la inquietud y el desasosiego» de la gente, informaba Bowers. De los cuatro o cinco mil «juicios» que se habían realizado desde la captura de Madrid, le habían confirmado que se habían dictado 50 sentencias de muerte, pero sólo siete se habían ejecutado. Reconocía que los rumores hablaban de ejecuciones sumarias secretas, pero el ex embajador decía «no haber encontrado bases razonables para creerlo». Lo que sí creía y podía comprobar era «el sentimiento de extrema amargura» que se podía sentir en Madrid y las dificultades para la reconciliación y la generosidad desde los vencedores. «Los nacionalistas creen firmemente que sólo en Madrid ha habido 75.000 asesinatos privados y oficiales⁸⁴ (...) El hecho de que esto se crea unánimemente hace difícil vislumbrar cualquier reconciliación en un futuro cercano con aquellos que tienen terribles recuerdos de los bombardeos, ametrallamientos y hambre.» A pesar de que nada hacía presagiar una reconstrucción fácil, Bowers pensaba que España no iba a sumarse a una eventual guerra europea, pues «España necesita paz» y «la consciencia creciente de su debilidad económica constituirá un elemento disuasorio demasiado grande (...) para permitir que prevalezcan las opiniones impetuosas»,⁸⁵ indicaba Bowers en su último informe a Hull sobre España.

El desfile de la Victoria un par de semanas después formalizaba el final de la guerra y avanzaba lo que se podía esperar del nuevo régimen en plena crisis política internacional. El millón de personas de otras partes de España y los miles de soldados entusiastas que llenaban las calles de Madrid el 19 y 20 de mayo de 1939 se encontraron con problemas de alojamiento, pero «muchas de las barricadas habían desaparecido (...) la comida era abundante, había artículos en los escaparates», observaba H. Freeman Mathews, el nuevo encargado de negocios interino de la embajada en Madrid. No en vano el objetivo del desfile era «primero y principal impresionar a los elementos discordantes con qué tipo de fuerzas han de vérselas, si contemplaran futuros disturbios. Sumado a esto vino el deseo italiano de desfilar y la buena disposición de Alemania a hacerlo, y finalmente el disfrute de la población española del espectáculo»,⁸⁶ opinaba John Gade, el agregado naval de la embajada americana en Lisboa, que también presenciaba el desfile.

El impresionante desfile de 120.000 hombres comenzó puntualmente a las nueve de la mañana. Las unidades italianas, que comprendían entre 12.000 y 15.000 hombres, se colocaron cerca de la cabecera del desfile y tardaron en pasar una hora de las cinco horas y media, mientras los 2.000 hombres de la Legión Cóndor, se colocaron cerca del final del desfile y fueron aplaudidos de forma entusiasta. Al diplomático americano le sorprendían «el carácter ultramoderno de algunas piezas» de algunos tanques, unidades motorizadas, piezas de artillería de la marca Krupp, pero también modernos rifles Schneider. De hecho, muchos camiones americanos iban transportando armas alemanas, indicaba Mathews.

El cuerpo diplomático también fue invitado a una función de teatro a la que asistió el general Franco la tarde del 19 de mayo, a la ceremonia religiosa en la mañana del 20 de mayo y a la recepción en El Escorial el sábado por la tarde. «Franco fue recibido en el Escorial con la ceremonia tradicional reservada a los Reyes de España de entrega de las llaves» y algunos embajadores se resintieron porque Franco dedicó muy poca atención al cuerpo diplomático, con la excepción del mariscal Pétain. Finalmente, Matthews consideraba que dada la popularidad de Franco y su condición de héroe exhibida en el desfile, no le sorprendería que la restauración de la monarquía se pospusiera por un tiempo,⁸⁷ planteando así una incógnita sobre la evolución del régimen político.

Casi al mismo tiempo, en Washington, a sugerencia del periodista Jay Allen, empleados del Departamento de Estado se reunían en una comida privada con Juan Negrín, quien les explicó sus planes para un próximo gobierno republicano en España. Esta fue una de las pocas reuniones políticas informales que Jay Allen consiguió para Negrín en su primera visita a Estados Unidos tras la guerra, pues aparte de la invitación a tomar el té con Eleanor Roosevelt fallaron los esfuerzos de Allen por conseguir una entrevista de Negrín con Franklin D. Roosevelt,⁸⁸ en medio de las acusaciones de pro comunistas tanto de los católicos estadounidenses como de republicanos españoles exiliados, entre los que estaba el ex embajador Fernando de los Ríos.⁸⁹ Según el informe de Adolf A. Berle, Jr., asesor del secretario de Estado, Negrín estaba organizando comités para estudiar y elaborar un programa legislativo «para cuando el Gobierno de Franco caiga y haya otra vez un Gobierno Republicano». Por ese motivo el ex presidente del gobierno español estaba en contacto con distintos españoles en el exilio, así como con falangistas, que eran liberales o revolucionarios, pero que en su momento se unieron a Falange para salvar sus vidas sobre todo en Andalucía. Por su parte, Demetrio Delgado de Torres, ex subsecretario de Hacienda, se quedaría en Washington estudiando las bases económicas del New Deal, con vistas a preparar un programa para cuando se reinstaurara la República en España. Berle solamente comentó a Negrín que le parecía sensato el consejo de J. Allen de que no aceptara la invitación a hablar en un gran mitin organizado por «los grupos de izquierda en Estados Unidos en el Madison Square Garden de Nueva York».⁹⁰ El 12 de mayo, en una comida con Harold L. Ickes, Felix Frankfurter, Henry Wallace, Tom Corcoran, Ben Cohen y el doctor Isador Lubin, Negrín explicó que la República había sido derrotada por no poder conseguir munición de guerra, que si la guerra hubiera durado dos o tres semanas más Franco se hubiera encontrado con una sublevación entre sus tropas y que estaba seguro de que estaría de vuelta en España en tres años.⁹¹

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Epílogo: Estados Unidos y el «nuevo Estado» franquista

(Mayo-diciembre de 1939)

TOTALITARISMO POLÍTICO E INTERVENCIONISMO ECONÓMICO: PRIMERAS IMPRESIONES SOMBRÍAS

Cuando el 7 de abril Italia ocupó Albania e inmediatamente llegó información al Departamento de Estado de que se proyectaban maniobras militares alemanas en la costa noroeste de Marruecos y los españoles iban a ocupar Tánger, la confirmación del empeoramiento de la situación en Europa llevó al presidente Roosevelt a enviar el 15 de abril un mensaje directo a Hitler y Mussolini, en el que exigía garantía de la independencia de las naciones amenazadas, se ofrecía de intermediario para transmitir la respuesta a las naciones interesadas e invitaba a ambos dictadores a tomar parte en negociaciones sobre el desarme y cuestiones económicas. El mismo día 15 de abril Roosevelt tomó también cierta iniciativa frente a Japón al ordenar regresar al Pacífico a toda la flota americana, respondiendo a las peticiones de Gran Bretaña y Francia, que ante el inminente peligro de guerra en Europa tenían que concentrar todo su contingente militar en el viejo mundo.¹

Mientras el mensaje a los dictadores fue saludado con entusiasmo por los países amenazados en Europa, Mussolini y Hitler respondieron tarde e indirectamente ridiculizando la propuesta del presidente Roosevelt. El 28 de abril Adolf Hitler señaló en el Reichstag que se había comunicado con las naciones para las que Roosevelt había exigido garantías, «y ellas le han respondido que no se sienten amenazadas por Alemania». El canciller alemán aseguró que no habría guerra y que si la hubiera sería para «deshacer errores anteriores», una tradicional lucha por el poder europea, que en nada afectaría a Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos.² Esta respuesta contentó a los aislacionistas en el Congreso estadounidense, pero no a Roosevelt ni a Hull, convencidos de que «no se podía esperar nada de Hitler, sino la guerra».³ Ambos redoblaron infructuosamente sus esfuerzos para que el Congreso revisara la Ley de Neutralidad y levantara el embargo a la compra de armas y material bélico, antes de la proyectada visita de los reyes de Inglaterra a Washington en el mes de junio.

En medio de estos dos escenarios de tensión internacional, las preocupaciones de la administración Roosevelt con respecto a España fueron definir la orientación y los primeros pasos del régimen, especialmente en su relación con los fascismos europeos y su posición ante la inminente guerra europea, conseguir la liberación de los voluntarios de la Brigada Lincoln encarcelados en España y salvar los escollos impuestos a algunas compañías estadounidenses, mientras las denuncias por la represión y las ejecuciones masivas del régimen franquista llegaban en Estados Unidos hasta la misma Eleanor Roosevelt.

Los interesantes primeros informes, recibidos en el Departamento de Estado de un Madrid que preparaba a principios de mayo el desfile de la Victoria, procedían de la embajada de Estados Unidos en Lisboa y se basaban en las observaciones y las noticias conseguidas en círculos franquistas por el agregado naval de la embajada de Estados Unidos en Lisboa, John Gade. El breve resumen del embajador en la capital portuguesa, Herbert C. Pell, que precedía al informe de John Gade, mostraba ya una imagen desalentadora de la situación en España: el país era «extremadamente pobre», los auxiliares extranjeros que permanecían en el país intervendrían en la definición de la política exterior, la educación pública «caería en manos de la Iglesia», no parecía haber muchas simpatías gubernamentales hacia Estados Unidos y, sobre todo, el nuevo régimen estaba realizando una severa represión buscando y ejecutando a sus oponentes políticos a razón como mínimo de 50 al día en Madrid y, probablemente, en el resto de España. Para Pell estaba claro el sentido depurador e intimidatorio de la represión franquista: «las ejecuciones colectivas continuarán hasta que ellos se hayan deshecho de sus oponentes más capaces y hasta que las masas estén intimidadas y aterrorizadas».⁴

El informe más detallado del agregado naval abundaba en estas observaciones sombrías. A la espera del desfile de la Victoria, Madrid tenía el aspecto de una ciudad recién salida de la guerra, donde los soldados no habían sido desmovilizados, grupos de prisioneros retiraban barricadas y hacían los preparativos para el desfile bajo estrecha vigilancia, mientras se hacían estallar las minas y se retiraban armamentos y explosivos. El principal problema de la capital continuaba siendo el hambre, y el Auxilio Social alimentaba diariamente a unas 200.000 personas en Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que «la necesidad estaba llevando a muchas jóvenes de buena familia a la prostitución». Otros cambios sociales provocados por la guerra eran más alentadores. Así Gade observaba «una actitud más diligente de los jóvenes» y unas relaciones más modernas entre chicos y chicas «que habían abandonado el cortejo tradicional y paseaban libremente por las calles».

El agregado naval no veía sin embargo ningún atisbo de reconciliación. El gobierno no daría una amnistía general por considerarlo demasiado peligroso y «la comparecencia a juicio de la mayoría de los culpables continuará discreta pero indefinidamente».⁵ En este sentido las noticias que Gade tenía de la represión eran confusas. Los rumores hablaban de 50 ejecuciones diarias en Madrid, mientras que las autoridades decían arrestar solamente a los que habían cometido graves crímenes, pero él mismo comprobaba que el suegro de un amigo había sido arrestado y condenado a cinco años de prisión simplemente por ser masón. Por su parte el diario ABC publicaba largas listas de los asesinados durante los tres años de guerra, evidenciando la intensidad de la «represión roja» en la capital, con los hitos de Paracuellos o la matanza de agustinos en El Escorial, como una expresión, según Gade, de «rivalidad política, odio de clases y resentimiento social».⁶

En medio de una enorme confusión y caos administrativo, nadie dudaba de que el nuevo régimen iba a ser reaccionario, primero con Franco como regente, para posteriormente restablecer una monarquía con poderes muy limitados. Pero todos estaban de acuerdo en que no sería un régimen fascista, pero sí «nacionalista» y «clerical». Lo que en caso de guerra en Europa significaba, en opinión de Gade, que una España exhausta no se adheriría directamente a los regímenes totalitarios, pero mantendría una extraña posición de «neutralidad armada», según la cual Franco guardaría fuertemente sus fronteras de los Pirineos y Marruecos frente a Francia, abriría sus puertos y abastecería a los poderes totalitarios con material bélico. Posición que de momento complacía suficientemente a «estos poderes».⁷

En cuanto a las relaciones de Estados Unidos con el nuevo régimen no estaban siendo fáciles. No se había entendido la política de neutralidad de Estados Unidos durante la guerra civil. La impresión general era «que estábamos contra Franco, nuestro embajador Bowers incuestionablemente lo estaba y permitimos que Estados Unidos fuera invadido con propaganda roja», indicaba Gade. Como resultado la prensa española no simpatizaba en ese momento con Estados Unidos y dominaba la propaganda alemana e italiana. Dificultaba la situación que no hubieran llegado los nuevos representantes diplomáticos, especialmente cuando los problemas más graves eran los relativos a los intereses de la ITT en España, añadía el agregado naval.

Ninguna empresa estadounidense podía reclamar a nadie —al ser una guerra civil— el daño sufrido por la guerra. Y desde luego ninguna otra empresa lo había sufrido como la CTNE, no sólo en sus líneas, sino en sus edificios en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, convertidos en emblemas en las respectivas capitales. El edificio de la Telefónica en Madrid por ser el edificio más alto y profusamente bombardeado, el de Barcelona al ser el escenario central de los hechos de mayo de 1937. Por otro lado, Franco acusaba a la ITT de haber colaborado y ser simpatizante de la República, de forma que el coronel Sosthenes Behn, presidente de la compañía, tenía prohibido regresar a España. Franco había ocupado la Telefónica en Madrid operando en ese momento con personal inexperto y parecía tener pretensiones de nacionalizar «todos los servicios públicos». En realidad, como explicaba el señor E.T. Caldwell —que confiaba en llegar a una solución razonable—, vicepresidente de I.T.T. Co. (España), el problema era que al estallar la guerra, la compañía tenía siete octavos de su capital invertido en la zona republicana y se encontró con «un difícil dilema»: «si hubiéramos dejado la Compañía o rechazado operar con ella, hubiéramos abandonado los enormes intereses que teníamos obligación de proteger y hubiéramos adaptado una política distinta de la de nuestro país».⁸ De esta forma, «gracias al heroísmo de sus empleados», la Compañía pudo mantener las propiedades y el servicio en funcionamiento, todo lo cual peligraba, según Caldwell, al estar en manos inexpertas.

En efecto, la estrategia de la ITT durante la contienda había sido mantener a los representantes estadounidenses de la compañía en la zona republicana, mientras que sus socios, el marqués de Urquijo y el Banco Hispano Americano, se quedaron en zona nacional. Ambas partes habían sido intervenidas durante la guerra civil y en mayo de 1939 la compañía seguía intervenida, sus empleados estaban bajo el procedimiento de depuración general y su presidente tenía prohibida la entrada en España.⁹ Como indicara ese mismo mes de mayo Mathews a Hull, los motivos de esta decisión eran tanto el resentimiento de Franco y otros líderes del régimen a una actitud no colaboradora de Behn durante la guerra, como sobre todo «la intención de restringir los derechos o privilegios de los que la Compañía ha disfrutado hasta ahora».¹⁰

El informe de Gade acababa refiriéndose a la entrevista con el mariscal Pétain, el embajador de Francia en Madrid, que alababa las cualidades militares de Franco, que «sin ser “un genio militar” durante la guerra había tenido “el sentido de organizar y pacificar antes de continuar”». Pétain coincidía con el diplomático americano en que Franco «aún tenía que ganar la paz», lo que no iba a ser fácil, e informaba a Gade del contencioso hispanofrancés al respecto de la devolución del oro español depositado en bancos franceses, en relación con el costo de mantener a los 400.000 refugiados españoles que aún se encontraban en Francia.¹¹

A finales de mayo, un amigo de G.S. Messersmith, asesor del Secretario de Estado, con «importantes intereses en España» le enviaba un amplio informe de la situación española basado en fuentes «imparciales y objetivas», que introducía el tema de la relativa debilidad del poder político de Franco. En opinión del informante, no había unidad entre sus seguidores, Franco no tenía un proyecto claro, no gozaba de un amplio consenso entre la población, pues sólo le apoyaba un tercio de esta, otro tercio era declaradamente hostil y el resto indiferente. Coincidía con los informes anteriores en que no había comenzado la pacificación, se estimulaba el fanatismo y continuaba la extensa represión —«actualmente aún cientos son arrestados y juzgados (muchos de ellos fusilados) cada día— con la colaboración de la Iglesia, como si esta no hubieran aprendido nada de la experiencia reciente (...) La Iglesia Española (Obispos y Jesuitas al frente) aparece como el defensor incondicional de la dictadura y anima todo tipo de persecución (no necesariamente la persecución de los criminales), pero la terrible persecución de los indiferentes, los liberales, los socialistas honestos, los libre-pensadores, etc.», señalaba el hombre de negocios americano.¹²

En su opinión, con el caos y desorden existente era difícil predecir el inmediato futuro político. España podía tanto restablecer la monarquía, si lo hacía antes «de la previsible crisis económica del próximo invierno», era independiente de Alemania e Italia y buscaba la pacificación y reconciliación real del país, como desembocar en una nueva revolución. Parte de esta incógnita política la resolvían las servidumbres y estrechas relaciones internacionales del nuevo régimen con Italia y Alemania, países —sobre todo el último— que ejercían una enorme presión política y económica sobre el nuevo régimen, hasta el punto de entorpecer la ayuda económica de las democracias, necesaria para la reconstrucción económica española.

Desde luego el informante no tenía dudas de la dramática situación económica española: España era un país completamente arruinado, había perdido más del 15 por ciento de la población activa en 1936 (muertos, inválidos, mutilados, heridos y emigrados: 1.200.000), en el mejor de los casos no habría una cosecha normal hasta 1942, el transporte era obsoleto, la intervención de precios había acabado con el comercio interior, y el comercio externo estaba casi totalmente en manos de Alemania e Italia, que trataban de impedir la ayuda económica de otros países multiplicando el efecto de la política autárquica e impidiendo la recuperación de la economía española.¹³

Para concluir explicaba la dificultad política y económica que entrañaban en ese momento las relaciones entre Estados Unidos y España. Políticamente «no es verdad (subrayado en el original) que el pueblo español esté contra los Estados Unidos (...) La más maliciosa propaganda alemana no puede agitarlo con tópicos como Cuba y Las Filipinas. La simpatía con un gran país democrático predomina sobre otros sentimientos. Los círculos oficiales están contra los Estados Unidos, como están contra Inglaterra, Francia, Bélgica, etc., porque no reconocieron la rebelión de Franco inmediatamente». Económicamente, el hombre de negocios reconocía que los problemas comerciales eran «muy difíciles». «España quiere algodón americano, gasolina, aceites lubricantes, coches, etc. Antes de la Guerra Civil España debía mucho a Estados Unidos por mercancías, beneficios de compañías americanas (teléfono, etc.). Ahora el restablecimiento pleno del comercio será difícil (...).»¹⁴

Unos días después, otro informe confidencial del capitán John Gade coincidía en que, en medio del hambre y la destrucción, «las dos condiciones que debían cumplirse para la reconstrucción del país» eran: «la moderación y clemencia» de Franco, y el abandono del principio de «autarquía» y «la aceptación de la ayuda de aquellos países amigos, que están deseando proporcionársela».¹⁵

ESTADOS UNIDOS Y EL «NUEVO ESTADO» ESPAÑOL, UNOS COMIENZOS DIFÍCILES

Washington sabía bien que sus relaciones con el nuevo régimen iban a estar sembradas de susceptibilidades, pues a principios de mayo de 1939 el nuevo embajador español en Washington, Juan F. Cárdenas, protestaba al subsecretario de Estado por los disturbios ocurridos con motivo de la celebración de una misa, a la que asistieron los cónsules generales de España y Portugal en Nueva York, celebrando el final de la guerra civil, en Newark, Nueva Jersey. La carta del embajador finalizaba con la amenaza de que, si se repetían los disturbios, «seguro que van a producir en mi país una fuerte reacción muy desfavorable a las amigables relaciones entre España y Estados Unidos».¹⁶ Tras solicitar una investigación a la policía de Newark,¹⁷ la contestación de Sumner Welles a Cárdenas daba cuenta de una manifestación de 300 personas a la puerta de la iglesia, en la que no hubo violencia pero sí comentarios despectivos, y que acabó con la detención de algunas personas, puestas en libertad a la espera de juicio tras pagar una fianza de 100 dólares.¹⁸

Todos los informes recibidos desde España en el mes de mayo indicaban las dificultades económicas y políticas de las relaciones con un nuevo régimen, aún sin definir totalmente, pero claramente orientado hacia el totalitarismo y la autarquía. John Gade había sugerido que dadas estas circunstancias Estados Unidos debía enviar a un embajador combativo a Madrid. El experimentado diplomático Alexander W. Weddell, anteriormente embajador en Buenos Aires,¹⁹ llegó en mayo a la embajada provisional en San Juan de Luz, se estableció después provisionalmente en San Sebastián hasta el otoño de 1939, cuando regresó a la sede habitual de la embajada estadounidense en Madrid, al Palacio de los Duques de Montellano en la Castellana. Su misión era contrarrestar la orientación antifascista y pro republicana de Bowers y, según el Departamento de Estado, «trabajar en armonía con el grupo en el poder». El presidente Roosevelt estaba de acuerdo con este objetivo, pero le dio un mensaje personal para Franco el 10 de mayo, que entre otras cosas enfatizaba la amistad entre los pueblos español y estadounidense, animaba a Franco a evolucionar hacia un régimen representativo —«estoy convencido de que bajo su liderazgo España dará grandes pasos hacia una forma de Gobierno representativo»— y, sobre todo, le alertaba sobre las graves consecuencias que la cesión de las Canarias a los Alemanes o «a cualquier otra potencia» tendría en las relaciones de ambos países.²⁰

Desde la capital donostiarra, los primeros informes del nuevo embajador a principios de junio evaluando el discurso del general Franco en el Consejo de Falange insistían en la orientación totalitaria y autárquica del régimen. Weddell destacaba en el primer aspecto la aceptación de los 26 puntos del programa de Falange, las reiteradas referencias de Franco a la hermandad con Portugal y la amistad con Italia y Alemania, «el frente de nuestro movimiento», las constantes alusiones críticas a la masonería internacional y la insistencia en la autarquía para solucionar los problemas económicos, aspecto que preocupaba singularmente al Departamento de Estado, especialmente en referencia a la necesidad de «motores y gasolina» y al siguiente párrafo del discurso de Franco transcrito y traducido por el embajador y subrayado posteriormente en el Departamento de Estado: «de ahora en adelante debemos proscribir el uso del tabaco, bebidas alcohólicas, estilos, ropas y perfumes, del exterior, y al mismo tiempo estimular la industria nacional para que pueda producir mercancías de la mejor calidad; la añoranza de las películas americanas debe cesar, y debemos aplicarnos para que nuestra producción les iguale (...)».²¹

Las cosas eran vistas de otra forma desde Barcelona. En la Ciudad Condal el interés principal de empresarios y autoridades era conseguir créditos estadounidenses para comprar algodón, con vistas a cubrir las urgentes necesidades de la industria local. Este objetivo estaba siendo entorpecido, tanto por la posición gubernamental de amistad hacia los regímenes dictatoriales de Italia, Alemania y Portugal, como sobre todo por la actitud del gobierno de Franco hacia la ITT y el «pro rojo» coronel Behn, al que seguía negándosele la entrada en España bajo la acusación de haber obtenido información militar que pasó a las autoridades republicanas durante la guerra.²² Había un asunto más que entorpecía la concesión del crédito, la dilación de Franco en liberar a 19 prisioneros de la Brigada Lincoln, que no habían podido ser incluidos en un canje con prisioneros italianos en el mes de abril de 1939.²³ No en vano el Departamento de Estado utilizó la concesión de créditos del Export Import Bank para la compra de algodón y petróleo, como medio de presión para resolver los contenciosos que tenía con el régimen de Franco.²⁴

AUTORITARISMO, PODER PERSONAL Y SIMPATÍAS CON EL EJE

Tampoco las relaciones exteriores que mantenía el nuevo régimen permitían albergar esperanzas de cambio respecto al autoritarismo y la autarquía. Las noticias que llegaban al Departamento de Estado desde Roma y Berlín, entre mayo y junio de 1939, enlazaban la participación de Alemania e Italia en la guerra civil española con la política internacional de ambos países en esos momentos, en la que se suponía la amistad con Franco.

Desde Roma se desvelaba detalladamente la temprana y decisiva participación naval y aérea italiana en España, especificando que la armada legionaria no sólo se utilizó para proteger los envíos desde Italia, sino para atacar a la flota republicana y los barcos que abastecían a los puertos republicanos. En este sentido fue determinante la acción de la guerra submarina, que comenzó a mediados de noviembre de 1936, «con efectos morales y materiales inmediatos» sobre el abastecimiento republicano, que resultaron decisivos para facilitar el éxito en la batalla de Málaga en febrero de 1937. De acuerdo con estas informaciones, Edward L. Reed, encargado de negocios interino de la embajada americana en Roma no tenía duda de «qué país había sido el responsable de la piratería submarina, que condujo a la Conferencia de Nyon».²⁵

Por otro lado, a finales de mayo, Hermann Goering recibía en Hamburgo a los 5.000 legionarios alemanes que habían combatido en España «contra el bolchevismo», según expresión de los periódicos alemanes, tras la decisión del gobierno alemán de intervenir en la guerra civil española.²⁶ Las celebraciones culminaron con el desfile de los voluntarios por las calles de Berlín el 6 de junio y el subsiguiente discurso de Hitler. Como el encargado de negocios interino Alexander Kirk señalara, llamaba la atención que Hitler omitiera en su discurso cualquier referencia directa a la URSS o al bolchevismo —normalmente asociados a la intervención en la guerra de España— mientras endurecía sus condenas a las democracias —especialmente Gran Bretaña y Francia—, y justificaba la intervención alemana como una respuesta a la petición de Franco por el peligro a que la revolución se extendiera en Europa y para proteger a Alemania de una evolución similar. En este sentido, la victoria de Franco en España había servido directamente a Alemania, en palabras de Hitler, «para aumentar la confianza nacional, fortalecer los lazos de camaradería con sus amigos y no dejar dudas en el mundo de que si alguien trata de atacar al Imperio Alemán se encontrará con la defensa del pueblo y el Ejército alemán».²⁷

Unos días antes, en su primera entrevista para el Popolo d’Italia tras el final de la guerra, Franco hacía numerosas referencias a una política exterior definida por la victoria «que ha hecho revivir el sentido de Imperio» y «la misión histórica de España» con su exigencia de unidad de pueblo y territorio dentro de los confines del país. Estas aspiraciones imperiales no debían alarmar a nadie, pues eran tan retóricas como ambiguas: «concebimos el imperio como una ardua lucha para defender, elevar y reforzar la civilización mediterránea».²⁸

Franco concretaba mucho más al analizar problemas candentes de la situación Europea. Polonia debía mantener buenas relaciones de vecindad con Alemania, consideraba peligroso llegar a cualquier pacto con Moscú²⁹ y en cuanto a los judíos, aunque enfatizaba que España había solucionado este problema hacía siglos forzando la conversión al catolicismo de los judíos que permanecieron en España, reconocía que persistía en España la sangre judía, pero ninguno de los principales seguidores y «mártires nacionalistas» era descendiente de judíos, aunque sí había algunos líderes judíos entre «los rojos».³⁰ Por otro lado España entendía el Islam y tenía muy buenas relaciones con Marruecos, país en el que según Franco «España tenía un futuro».

Obviamente esta clara orientación pro fascista de la política exterior dificultaba las relaciones con las democracias europeas. Desde la colonia británica de Singapur, los hasta entonces simpatizantes de Franco se percataban de los peligros del potencial alineamiento pro Eje del régimen de Franco para el orden internacional, y particularmente para los intereses del Imperio Británico. «Amenazaría la frontera francesa, la inexpugnabilidad de Gibraltar, el control de la entrada atlántica al Mediterráneo y con el establecimiento de bases submarinas en Canarias controlarían la ruta marítima al este vía cabo de Buena Esperanza», señalaba el despacho diplomático que recibió el Departamento de Estado, resumiendo el contenido de los periódicos de la colonia británica en la capital malaya.³¹

El contencioso principal en vías de resolución era sin duda con Francia, a la que el gobierno de Franco acusaba de no cumplir los términos del acuerdo Bérard-Jordana respecto a la devolución de oro, barcos pesqueros y mercantes, y todas las armas rusas detenidas en la frontera francesa con España. El gobierno francés alegaba que necesitaba esos recursos para mantener a los más de 400.000 refugiados españoles en Francia, a los que Franco se negaba a repatriar en bloque. Como señalaba Edwin Wilson desde la embajada americana en París, el problema residía en que el gobierno español no podía cumplir el compromiso de hacerse cargo en bloque de los refugiados, «pues de momento no podía afrontar los costos de acomodarlos en campos y mantener a sus antiguos enemigos, que no podían regresar a sus pueblos sin más». Wilson era sin embargo optimista respecto a que Franco «solamente estaba interesado en la reconstrucción de España» y «no deseaba participar en una guerra contra Francia y Gran Bretaña», aspecto en el que ayudaría que Francia evitara cualquier motivo de malentendido que pudiera traducirse en resentimiento de España respecto a Francia.³²

En Washington, por esas fechas y en los meses siguientes, ni Hull ni Roosevelt consiguieron convencer a senadores y congresistas para revisar la Ley de Neutralidad y ayudar materialmente a Gran Bretaña y Francia a «detener» la expansión de Hitler en Europa. Cuando en mayo el presidente supo que la revisión de la ley no pasaría el Senado, lo intentó con bastantes garantías de éxito en la Cámara de Representantes, pero en la votación final del día 30 de junio sucedió lo que Hull calificó como «una verdadera tragedia»,³³ pues aislacionistas y anti-new dealers frustraron una votación que parecía ganada a favor de levantar el embargo y revisar la Ley de Neutralidad y decidieron aplazar el tema hasta el siguiente periodo de sesiones, que comenzaba en enero de 1940. La reacción inmediata de las cancillerías europeas fue de desánimo, convencidas de que nada podía ya parar a Hitler en la invasión de Polonia, mientras que Hull y Roosevelt, con noticias fehacientes de los planes de Hitler sobre Polonia, Danzig y el fracaso de un acuerdo anglo-soviético en el que estaba trabajando la diplomacia británica, declararon públicamente que esta decisión «debilitaría el liderazgo de Estados Unidos en ejercer su potente influencia en la causa de preservar la paz entre otras naciones en el caso de una nueva crisis en Europa entre ahora (30 junio) y el próximo enero».³⁴

La administración Roosevelt sí que consiguió un éxito momentáneo en el Pacífico cuando el 26 de julio, ante los intentos de negociación de británicos y japoneses que favorecían las conquistas y posición de Japón en China, amenazó con no renovar el acuerdo comercial de 1911 con Japón, que expiraba en 6 meses, y poder aplicar así el embargo de materiales esenciales para la guerra a Japón, como nación que había violado el Nine Treaty Powers, según lo decidido por el Congreso en abril de 1939. La respuesta del gobierno japonés, seis días antes de que Alemania invadiera Polonia, alejaba de momento a Japón de los proyectos de política exterior de Italia y Alemania.³⁵

Paralelamente, en los dos meses anteriores a la invasión de Polonia, el Departamento de Estado observaba con preocupación cómo el régimen de Franco se orientaba más claramente hacia el autoritarismo y las simpatías con Italia y Alemania. Mientras los soldados iban siendo desmovilizados a un ritmo mayor que el cuerpo de oficiales, el embajador informaba en el mes de julio de las tensiones entre Franco y algunos viejos generales, que esperaban otra evolución política del régimen y acusaban al gobierno de lentitud en la reconstrucción del país. Según el informe de Weddell, algunos generales como Kindelán, Varela y Yagüe, manifiestamente monárquicos, pensaban que la desmovilización era muy lenta, que el gobierno no se había reorganizado para la paz, ni se había progresado en restaurar la vida social y económica del país; otros como Queipo de Llano tenían planes propios y todos sospechaban del poder creciente de Serrano Suñer en el gobierno y de la orientación pro Eje que estaba imponiendo a este.³⁶

Franco zanjó las pretensiones de Queipo de Llano de formar un directorio militar —la competencia directa más grave hacia su poder—, nombrándolo en julio jefe de una misión militar en Roma, después de que este rechazara la embajada en Buenos Aires. El decreto del 4 de agosto que revisaba los estatutos de la Falange, la Ley de Jefatura del Estado del 8 de agosto que daba poder a Franco para sancionar leyes y decretos, y la formación del nuevo gobierno dos días después eran interpretadas por el Departamento de Estado como una señal inequívoca de la evolución autoritaria y pro Eje del régimen.

El informe de Eric C. Wendelin, tercer secretario de la embajada americana en Madrid, a Pierrepont Moffat del 15 de agosto indicaba explícitamente que España se estaba orientando hacia un «régimen militar autoritario, fundamentado en una forma sindical de organización estatal en la que El Partido —Falange Española Tradicionalista— jugaría un papel decisivo». Los rasgos principales de este cambio, evidentes en el nuevo gobierno, eran el tremendo aumento del poder personal de Franco, de la influencia política del ejército y Falange, así como la manifiesta orientación exterior pro Eje y hostil hacia Gran Bretaña y Francia, conforme aumentaba la influencia de Serrano Suñer y disminuía la de los monárquicos. «Sobre la base de toda la información disponible parece que el nuevo Gobierno Español representa una orientación definitiva hacia un régimen más autoritario, fundamentado en el ejército y un único partido nacional-sindicalista, con Franco de jefe supremo y con acentuadas simpatías pro Eje»,³⁷ concluía tajantemente Wendelin.

EUROPA EN GUERRA. ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS, NEUTRALIDADES ENFRENTADAS

El 22 de agosto se firmó el Pacto Germano-Soviético, el 1 de septiembre Hitler invadía Polonia y, como ya habían anunciado los periódicos, el gobierno español declaraba la «estricta neutralidad». Dos días después Francia y Gran Bretaña declaraban la guerra a Alemania. Franklin D. Roosevelt no pudo convencer a Stalin de que cuando Hitler hubiera acabado con Francia atacaría la URSS, pero el estallido de la guerra en Europa convenció finalmente al Congreso para que aprobara la revisión de la Ley de Neutralidad el 27 de octubre de 1939, que levantaba el embargo de armas y permitía vender armas a Francia, Gran Bretaña y otros aliados de Estados Unidos con el sistema de cash and carry. Mientras se aprobaba la ley en el Congreso, el presidente estaba perfilando su candidatura para un tercer mandato en las elecciones de 1940, candidatura que ya apoyaba el 53 por ciento de la opinión pública, si la guerra continuaba en Europa al año siguiente.³⁸ El 31 de octubre de 1939, Franco decidió iniciar un ambicioso rearme de los ejércitos y poner en marcha una movilización gradual, hasta alcanzar las 150 divisiones; las costas y aguas jurisdiccionales españolas fueron puestas de inmediato al servicio de Alemania.³⁹

En esta atmósfera de cambios internacionales, la relación entre Estados Unidos y España era formalmente la de dos países neutrales, pero que simpatizaban con bandos opuestos, mientras seguían llegando informes pesimistas al Departamento de Estado, tanto sobre las dificultades en restablecer una relación fluida entre España y Estados Unidos, como sobre la evolución de la situación interna.

Una vez más los roces comenzaron en Estados Unidos, cuando la embajada española protestaba a mediados de agosto al Departamento de Estado por haber consentido una manifestación ante el consulado general de España en Nueva York contra la represión franquista, en la que se portaban las banderas republicanas, de Estados Unidos y de The American League for Peace and Democracy, en el preciso momento en que el gobierno español estaba demostrando su amistad al gobierno estadounidense, liberando a 7 ciudadanos americanos «condenados por los Altos Tribunales de Justicia».⁴⁰ La reacción de Sumner Welles, el subsecretario de Estado, fue de sorpresa ante la protesta, pues como escribió a Pierrepont Moffat significa que el encargado de negocios de la embajada española, Luis de Silva, «no conocía la Constitución Federal y por tanto la imposibilidad del Gobierno nacional de intervenir en cuestiones políticas de los Estados y las municipalidades», así como «la obligación de las autoridades de respetar el derecho individual a la libertad de expresión y reunión». Welles disculpaba la irritación del diplomático español por un incidente que duró solamente una hora y en el que no hubo actos violentos, porque Luis de Silva había pasado los tres años de guerra en las cárceles republicanas y, para rebajar la tensión, pidió a Moffat que le redactara el borrador de una carta, «que no sea demasiado desagradable ni cortante».⁴¹

En medio de este desencuentro entre la lógica de una dictadura y una democracia, las noticias desde España no eran más alentadoras, pero diferían en la actitud hacia Estados Unidos si provenían de Madrid o Barcelona. Si el 1 de septiembre, el cónsul general en Barcelona señalaba que las primeras 8.000 balas de algodón americano habían sido recibidas con entusiasmo y se esperaba conseguir un crédito del American Export Import Bank para importar otras 250.000 balas de algodón, en una ciudad que seguía dominada por la escasez y acaparamiento de alimentos básicos ante «los rumores de guerra»;⁴² en Madrid, a principios de noviembre, Weddell describía también una atmósfera de represión y hambre, mientras continuaban las dificultades en las relaciones diplomáticas con el gobierno español. El embajador informaba al Departamento de Estado de lo mucho que le estaba costando establecerse en la capital, porque «todos los buenos trabajadores parecían estar en la cárcel» y la embajada estaba literalmente peleando por obtener suficiente fuel y comida, ya que en medio de «las constantes celebraciones y desfiles por la victoria», el gobierno seguía «sin tomar medidas efectivas» frente al grave problema de la escasez de alimentos.⁴³ Tampoco estaba avanzando mucho en sus relaciones con el gobierno, pues solamente había logrado visitar una vez al ministro de Asuntos Exteriores.⁴⁴

En este sentido, el subsecretario de Estado se sorprendía irritado el 20 de noviembre porque, a pesar de los créditos concedidos a España, Franco no estaba cumpliendo su promesa de liberar a todos los prisioneros de guerra estadounidenses, ni había llegado a un acuerdo satisfactorio con la ITT,⁴⁵ por lo que a principios de diciembre Welles recordaba al embajador los temas que seguían interesando prioritariamente a Estados Unidos: si el gobierno español estaba en efecto dando un trato comercial preferente a Alemania, si avanzaban las conversaciones entre la ITT y el gobierno español y el retraso en liberar a todos los prisioneros americanos.⁴⁶

Mientras tanto los informes sobre política interna insistían en la ausencia de deseos de reconciliación del régimen y en la corrupción que la política económica de intervención y autarquía provocaba. En una España hambrienta, el gobierno español decidió restablecer el subsidio de 65 millones de pesetas a la Iglesia Católica,⁴⁷ mientras seguían llegando noticias directas al Departamento de Estado de la represión en Madrid —que se presumía se repetía en toda España—. Según esta información confidencial que llegó al Departamento de Estado a través del presidente de la ITT, Frank Page, en diciembre los periódicos de Madrid aún informaban de que se arrestaba de 25 a 30 personas diariamente acusadas de asesinato, desacralización de iglesias, haber tenido algún rango en el Ejército Rojo, pertenecido a las checas o crímenes de similar importancia. No se sabía qué pasaba con los detenidos, pero al parecer las personas que vivían en las afueras oían disparos todas las noches y las prisiones estaban tan llenas que «las tropas han sido desalojadas de sus cuarteles para acomodar a los prisioneros, e incluso antiguos refugios antiaéreos subterráneos están siendo usados como celdas de emergencia».⁴⁸

La situación económica seguía siendo muy grave. Los salarios eran muy bajos y la intervención no sólo suscitaba las críticas de los empresarios, sino que aumentaba la escasez y fomentaba la corrupción. Los precios fijos eran los causantes de la escasez de trigo y del mercado negro, había dificultades para importar equipos y materias primas, y el soborno y la corrupción parecían la única manera de evadir los controles y regulaciones.

Precisamente el descontento de trabajadores y empresarios con el intervencionismo, agravado por el bloqueo aliado a Alemania y por la incomodidad ante el Pacto Germano-Soviético entre los admiradores españoles del nazismo, era en opinión de Weddell lo que provocó, que por primera vez en el mes de noviembre, un miembro del gobierno, el ministro del Interior Serrano Suñer, reconociera la difícil situación económica del país «en lugar de acusar a los rojos» y «seguir celebrando la victoria tras 8 meses del final de la guerra».⁴⁹ El alcalde de Barcelona, Miguel Mateu, fue aún más explícito con el cónsul general americano. En su opinión el descontento creciente de la población, palpable en Madrid y Barcelona, era debido a la escasez de alimentos básicos, complicado con la casi completa ausencia de facilidades de transporte y por la necesidad de importaciones tanto de materias primas como de alimentos básicos, que la política autárquica estaba impidiendo. Mateu confesó a Bucknell que «él y muchos otros esperaban que el nuevo gobierno vería las dificultades de mantener tal política y cambiaría su curso hacia una más liberal».⁵⁰

En efecto, parafraseando a Antony Beevor, la situación económica española era en 1939 «pavorosa». La producción agraria e industrial había caído por debajo de la de 1935, el nuevo Estado carecía de divisas y reservas de oro, había perdido un 3,5 por ciento de la población activa, especialmente la mano de obra cualificada diezmada por la represión, la cárcel y el exilio. La política económica de intervencionismo y autarquía sólo empeoró las cosas: los precios fijos, cupos y cartillas de racionamiento desde el 14 de mayo de 1939 hasta 1952, provocaron el estraperlo y el mercado negro; el 50 por ciento de la población activa era agrícola, pero aun así disminuyó la superficie cultivada y la producción agrícola —los salarios eran la mitad de los que se cobraban durante la República y no alcanzaron el nivel de 1931 hasta 1956—; en la industria tremendamente dirigida también se prohibió la huelga, se depuró a los obreros, se alargó la jornada de trabajo y el comercio exterior disminuyó en un 50 por ciento respecto del que existía en 1935 y se mantuvo así hasta 1952.⁵¹

LA ADMINISTRACIÓN ROOSEVELT Y LA REPRESIÓN FRANQUISTA

Mientras Franco aseguraba su poder entre las élites, las resistencias de la población hostil no tenían ninguna posibilidad de amenazar al régimen en medio de la tremenda represión desatada por este. Aspecto muy difundido por los periódicos estadounidenses y con enorme repercusión en la opinión pública, que se tradujo en peticiones constantes de intervención al Departamento de Estado y críticas por la política oficial adoptada, que llegaron a tener repercusiones en la misma Casa Blanca.

En efecto, aparte del malestar creciente de la población, las únicas resistencias claras al régimen que percibían los diplomáticos americanos, provenían de Asturias y Barcelona. En Asturias se trataba de una resistencia armada, en forma de guerrillas, que actuaba desde 1937 en partidas de 25 o 50 hombres, generalmente mineros, que se refugiaban en las montañas, pero aunque los choques armados con la Guardia Civil y regimientos del ejército eran frecuentes en Asturias, no parecía haber ninguna posibilidad de que controlaran la región, se transformara en un conflicto civil o se extendiera a otras regiones de España. Mucho más difusas y desorganizadas eran las resistencias que el cónsul americano percibía en Barcelona: infiltrados anarquistas y comunistas en la Falange de Barcelona —que exigía la depuración de esta— o la iniciativa atribuida a anarquistas y comunistas de aprovechar la verbena de San Jaime la noche del 24 de julio de 1939 para incendiar la iglesia del Pueblo Español. Sin embargo, como señalaba el mismo cónsul, «la enorme cantidad de arrestos que se hacían diariamente sin conocimiento del público» a raíz de estos incidentes aseguraban que la situación estuviera bajo control.⁵²

También durante el mes de julio llegaba desde París la información al Departamento de Estado de que pocos refugiados de los 50.000 que Franco estaba dispuesto a recibir iban a regresar a España, en vista de las exigencias requeridas —rellenar un cuestionario que incluía las actividades realizadas durante la guerra civil— y la severidad con que «Franco estaba tratando a sus antiguos adversarios».⁵³ Estas nuevas apreciaciones sobre las dimensiones de la represión en España se unían a las noticias que habían suministrado los anteriores informes diplomáticos y privados, que la intuían según todos los indicios, pero no podían constatarla en medio del hermetismo y la opacidad oficial sobre estos temas.

Sin embargo, cuando las asociaciones y ciudadanos estadounidenses exigieron una respuesta del gobierno de Estados Unidos frente a la represión en España, aparecieron los problemas del Departamento de Estado y la administración Roosevelt por definir y condenar la represión franquista.

De junio a agosto de 1939, distintas asociaciones estadounidenses denunciaron ante el Departamento de Estado tanto la represión en España, como la necesidad de ayudar a los refugiados en nombre de «la democracia» y «las consideraciones humanitarias», o denunciaron casos concretos de represión y pedían al Departamento de Estado que intercediera por alguna persona concreta ante el gobierno español. El informe general más detallado de la represión en España fue el elaborado por The Spanish Refugee Relief Campaign, organización presidida por el obispo Francis J. McConnell, y honorariamente por Harold L. Ickes, encontrándose entre sus benefactores otros obispos protestantes e intelectuales tan relevantes como Albert Einstein, Thomas Mann, Lillian Hellman o Ernest Hemingway. El informe, basado en extractos de la prensa británica, estadounidense y de la República en el exilio, principalmente recogidos entre el 31 de marzo y el 6 de junio de 1939, describía un universo de denuncias, campos de concentración, tribunales militares y condenas a largos años de prisión o muerte —no había mucha precisión en este sentido y las cifras eran muy diversas—, que en su conjunto afectaba a personas que hubieran tenido relación con el régimen republicano, unas 400.000, ya fueran soldados, funcionarios o militantes de partidos y sindicatos.

De acuerdo con esta información detallada, el obispo McConnell concluía que el informe demostraba «que Franco estaba llevando a cabo sus amenazas para exterminar a todas las personas de simpatías democráticas», por lo que la mayoría de los 400.000 refugiados en campos franceses no retornarían a España, «pues se enfrentarían a la muerte o prisión», y en consecuencia la organización que presidía continuaría su campaña, para trasladarlos a los países latinoamericanos que estaban dispuestos a acogerlos. Curiosamente, la organización no pedía la intervención directa del Departamento de Estado, solamente que Charles Thompson de la División de Relaciones Culturales «continuara su interés en la solución del tremendo drama de los refugiados».⁵⁴

Prácticamente el resto de las cartas de protesta relacionadas con la represión que llegaron al Departamento de Estado hasta el mes de agosto eran de sindicatos y asociaciones relacionadas con el CPUSA, como Internacional Labor Defense, American League For Peace and Democracy, The Hollywood Anti-Nazi League for the Defense of American Democracy, Los Angeles Newspaper Guild o los trabajadores de la enseñanza de la República Mexicana, que pedían a la administración que intercediera por la suerte de Benito Bravo, minero asturiano de 60 años y secretario general de la organización comunista Socorro Rojo Internacional, responsable de la ayuda a niños, refugiados y víctimas de los bombardeos durante la guerra civil.

A todas estas peticiones el Departamento de Estado respondía invariablemente con las mismas palabras:

el Departamento aprecia los motivos humanitarios que contiene su carta pero este Gobierno debe, sin embargo, bajo los principios aceptados que gobiernan las relaciones internacionales, limitar su representación ante gobiernos extranjeros a asuntos que directamente afectan a intereses o ciudadanos americanos. Cualquier desviación de esta política no puede ser más que perjudicial a nuestros esfuerzos de extender la mayor protección posible a los legítimos intereses estadounidenses en el extranjero.⁵⁵

A finales de agosto, la represión en España preocupaba al propio presidente Roosevelt, que ante las preguntas de su esposa respecto a la información recibida del periodista Jay Allen, tanto sobre la represión como acerca de la posible repatriación forzada de los refugiados españoles en Francia relacionada con la devolución del oro,⁵⁶ pidió información directa al subsecretario de Estado Sumner Welles.⁵⁷ La respuesta de Welles al presidente señalaba que la mayoría de los 249.000 refugiados que habían dejado los campos franceses estaban en efecto siendo repatriados a España, una vez había sido devuelto el oro español, pero el Departamento de Estado no tenía ninguna información que indicara que «habían sido obligados por las autoridades francesas contra sus deseos».58 Sin embargo, las fisuras sobre este tema en el gabinete presidencial eran notables, pues The Spanish Refugee Committee, organización que presidía honoríficamente el secretario del Interior Harold Ickes, acusaba a Sumner Welles y al Departamento de Estado de compartir la postura dominante en el gobierno francés de forzar a los refugiados a regresar a España, donde estaban siendo confinados en campos de concentración, interrogados y muchos ejecutados, para «apaciguar» a Franco, de forma «que se sienta mejor con los países «anti-nazi». Ickes consideraba esta postura «exactamente como nuestro Departamento de Estado y exactamente como Sumner Welles» y recomendaba al Committee pedir una audiencia con el secretario de Estado o el presidente e ir directamente a la opinión pública.⁵⁹

Paralelamente, el 29 de agosto, Eleanor Roosevelt escribía también directamente desde Hyde Park a su amigo Sumner Welles para pedir información sobre las ejecuciones masivas en España, de las que le habían informado tanto Jay Allen como algunas asociaciones cívicas. Esta vez la respuesta de Welles a Eleanor Roosevelt se salía de la respuesta convencional, pues aunque insistía en que Estados Unidos no podía intervenir en asuntos internos de otros gobiernos excepto por lo que se refería a ciudadanos e intereses americanos, sí que había pedido información a sus diplomáticos en España y según sus informaciones la represión no alcanzaba el nivel de matanzas que señalaba la prensa en Estados Unidos. Lo más que podía hacer —respondiendo al interés directo de Eleanor Roosevelt— era advertir al gobierno español de la reacción negativa que la población estadounidense tendría ante una represión cruel y pedir a los diplomáticos americanos en España un informe más amplio sobre el tema.⁶⁰

El 9 de septiembre de 1939, Welles escribía al embajador Weddell haciéndole ambas recomendaciones: «cada vez que haya ocasión debe expresar sus convicciones a los representantes del Gobierno Español de que la opinión pública de este país estaría muy impresionada a favor de España si no se toman medidas de represión cruel o brutal contra los simpatizantes del anterior Gobierno legal. Al mismo tiempo se le pide que continúe enviando cualquier información que pueda obtener en relación con las alegaciones mencionadas, junto con su opinión de si hay algún fundamento de hecho».⁶¹

En este sentido la presión de Eleanor Roosevelt resultó algo efectiva, pero también a partir de entonces la tónica del Departamento de Estado será señalar que no tienen pruebas concretas sobre ejecuciones masivas en España, por lo que las cartas de protesta, como las de Herbert Southworth y Jay Allen,⁶² que denunciaban 186 ejecuciones en 9 días en Asturias, se referían sobre todo a la negativa de la administración a reconocer la magnitud de la represión en España, y, una vez más, esta protesta contó como aliada a Eleanor Roosevelt.

Esta vez la señora Roosevelt preguntaba directamente a Sumner Welles —utilizando la información de Jay Allen— acerca de las resistencias del Departamento de Estado a reconocer «la salvaje represión en España». Gracias a esta presión, Welles consiguió que el embajador Weddell realizara un informe bastante completo sobre la naturaleza de la represión de Franco en España, sobre el que se basaría la política oficial del gobierno estadounidense.

Como señalaba el propio Weddell, todas las fuentes a las que recurrió para elaborar su informe del 13 de diciembre de 1939 le indicaban que no podía hablarse de ejecuciones masivas. Conocía casos concretos de familiares o conocidos de los empleados de la embajada, que estaban en la cárcel o incluso fueron condenados a muerte en los momentos posteriores al final de la guerra, y sus sentencias habían sido conmutadas por cadena perpetua o varios años de prisión; el vice cónsul de Vigo sí confirmó 19 ejecuciones en su demarcación pero en un periodo relativamente prolongado de tiempo; los 11 prisioneros americanos de la Brigada Lincoln liberados el agosto anterior no informaron de nada que pudieran considerarse ejecuciones masivas; los corresponsales de periódicos americanos en España eran de la misma opinión, y en cuanto a las fuentes oficiales españolas indicaban que «ninguna sentencia de muerte es ejecutada sin someter previamente el dossier al Caudillo, cuyos consejeros militares revisan cada fallo».

Con estas fuentes de información diversas, pero obviamente limitadas y subjetivas, las conclusiones del embajador seguían negando la existencia de «ejecuciones masivas». Consideraba que la información de Allen sobre Asturias —que no podía refutar— podía ser consecuencia del enfrentamiento del pasado junio entre mineros armados y la Guardia Civil, a cuyos rumores se refirió en su momento, pero se inclinaba a pensar que aunque se dictaban muchas sentencias de muerte, a menudo tenían la secreta intención de ser conmutadas «con la idea de provocar un sentimiento de gratitud hacia el Gobierno». El embajador estaba convencido de que la idea de ejecución masiva entendida como «acabar con la vida de seres humanos en grandes cantidades por la autoridad gubernamental pero sin proceso legal» era extraña a los gobernantes españoles, a los que por sus frecuentes contactos personales consideraba «hombres de gran integridad personal, y de ninguna manera dados al sadismo brutal que estaría en la base de las ejecuciones masivas».⁶³

Sobre esta información el Departamento de Estado elaboró un memorándum, fechado el 12 de enero de 1940, para enviar a la señora Roosevelt, en el que se negaban las ejecuciones masivas sin juicio, pero no la amplitud de la represión sobre los antiguos republicanos. El memorándum comenzaba corroborando la opinión del embajador de que no había pruebas de ejecuciones masivas sin juicio —únicas que podrían catalogarse dentro de la categoría de ejecuciones masivas— y que estas no encajaban en la doctrina política del régimen que estaba en el poder en España, por más que «sus líderes habían expresado su determinación de castigar a los criminales que habían participado en los frecuentes asesinatos que habían tenido lugar en Madrid y en todas partes antes y durante la guerra civil». Las debilidades y contradicciones de esta afirmación se evidenciaban en el mismo memorándum cuando se aconsejaba no mostrar a Allen u otras personas que protestaban por la represión en España, pues mientras el informe del embajador no encontró evidencia de ejecuciones masivas sin juicios, los partidarios de la República «probablemente insistirán en que gran cantidad de personas han sido y aún están siendo ejecutadas después de un juicio que es pura comedia».

Sin embargo, el Departamento de Estado no negaba que muchos miles de antiguos partidarios del gobierno legal estaban bajo arresto en toda España y sufrían otras formas de castigo distintas a las condenas a muerte. Se recordaba que dado el carácter absoluto de la Ley de Responsabilidades Políticas podía detenerse a cualquiera que hubiera habitado territorio leal y no apoyara al movimiento durante la guerra y, aparte de las condenas a muerte, se estaban ejecutando una amplia gama de castigos que iban desde las «descalificaciones de cualquier actividad política, la restricción de lugares de residencia, el destierro en África, la expulsión, o el exilio, la confiscación de propiedad en distintos grados».

Incluso el memorándum reconocía que el propio jefe del ejército, el general Carlos Martínez Campo, se mostraba avergonzado ante el agregado militar de la embajada estadounidense porque aún había 100.000 prisioneros militares que, si eran considerados culpables, serían castigados de distintas formas por los tribunales militares, y si eran declarados inocentes serían liberados o enviados a batallones de trabajo. El agregado militar añadía que el ejército probablemente sólo ejecutaba al personal militar, mientras que la Guardia Civil y los falangistas seguramente ejecutaban a los civiles. Por otro lado, a finales de diciembre de 1939, el agregado comercial de la embajada en Madrid se refería tanto a la enorme maquinaria gubernamental que investigaba los antecedentes políticos de los trabajadores antes de poder ser contratados, como a la carencia de trabajadores cualificados, pues «tantos estaban aún en campos de concentración o cárceles» que «todos los oficios relacionados con la construcción se veían seriamente afectados».⁶⁴

Así, aun sin tener buenas fuentes de información, en enero de 1940 el Departamento de Estado negaba pero admitía la magnitud de la represión en España. En febrero de 1940, cuando los últimos prisioneros de la Brigada Lincoln fueron liberados y, seis meses después, cuando se resolvía el contencioso de la CTNE, la preocupación de la administración Roosevelt por la guerra en Europa, las presiones de Francia y Gran Bretaña por impedir una alineación más estrecha de Franco con las fuerzas del Eje y el interés por salvaguardar las inversiones americanas en España llevó al gobierno de Estados Unidos a normalizar las relaciones con el régimen de Franco. Esta política no impidió el progresivo alineamiento de Franco con Alemania e Italia en los meses siguientes, con la consiguiente reacción de Estados Unidos ante un acercamiento que consideraba extremadamente peligroso para la situación internacional entre junio de 1940 y diciembre de 1941.

Después de que Italia entrara en guerra en abril de 1940, Franco pasó en junio de 1940 de la neutralidad a la «no beligerancia», ordenó la ocupación de Tánger y comenzó las negociaciones con Alemania para entrar en guerra, mientras el régimen nazi avanzaba en la Europa continental tras la ocupación de Francia y preparaba la invasión de las Islas Británicas. Ante ese temor, que comenzaba con las posibilidades de un ataque de Franco a Gibraltar, el presidente y el secretario del Tesoro Henry Morgenthau, a petición de los británicos, consiguieron que se prohibiera a las compañías americanas transportar petróleo y gasolina de Venezuela, Colombia o México a cualquier puerto español, pues inmediatamente la mercancía eran transbordada a submarinos alemanes en los mismos puertos.⁶⁵

En efecto, en los meses siguientes los británicos consiguieron que Estados Unidos les ayudara en su sofisticada política para que España se mantuviera neutral, tanto en junio de 1940, como en la primavera de 1941. Gran Bretaña, sola en Europa frente a Hitler, no podía enfrentarse a Franco, pero sí utilizó como elementos de presión tanto la restricción de suministros de materiales básicos, como el abastecimiento de estos y la concesión de créditos, para que España no cayera irremediablemente en la órbita del Eje; el soborno a los generales monárquicos pro aliados y también cierta preparación militar para responder a acciones armadas del régimen.66 El relativo éxito de estas iniciativas, el fracaso de Hitler en invadir Gran Bretaña y, sobre todo, las desmedidas exigencias de Franco a Hitler de asegurarle un imperio en el noroeste de África, impidieron que Franco entrara de momento en guerra a favor del Eje, mientras Hitler estaba preparando la operación Barbarroja.

En la complicada atmósfera internacional del invierno y la primavera de 1941, cuando Roosevelt estrenaba un insólito tercer mandato para intentar mantener la neutralidad de Estados Unidos, el Departamento de Estado recibía de un ciudadano americano católico y pro franquista⁶⁷ noticias críticas sobre la situación en el sur de España, que se referían tanto al fracaso político de Falange —«Falange ha fallado en forjar una cohesión política y social»—, como a las divisiones entre Falange y el ejército, y a las penurias económicas —escasez de materias primas, red de transporte destruida, áreas no cultivadas por falta de fertilizantes, escasez de carbón, desconfianza en la moneda nacional— y al hambre entre la población hostil al régimen —«al límite de la hambruna» y con enorme aumento de la mortalidad infantil—;⁶⁸ de todo ello lo que más le interesaba al subsecretario de Estado Sumner Welles eran las noticias referidas a la creciente presencia de alemanes en la zona, aunque la población española estuviera a favor de los aliados.⁶⁹

No en vano, como señalara en 1944 el propio Sumner Welles, cuando Estados Unidos llevaba ya tres años inmerso en el conflicto mundial, «la continuada supremacía Alemana en la Península Ibérica constituía la amenaza más grave para las Naciones Unidas». No solamente hacía peligrar el control británico de Gibraltar, sino que durante los últimos meses de 1942 también amenazaba «las líneas vitales de comunicación del norte de África ya entonces en manos americanas», añadía el subsecretario. Por eso Welles justificaba que la política del presidente y su administración hacia España había sido a la vez «prudente y realista».⁷⁰ Amistosa con el pueblo español, proporcionando los suministros necesarios para aliviar los sufrimientos y penurias de la población, pero «mediante nuestras actividades comerciales excluyentes», añadía Welles, había evitado que los alemanes consiguieran solamente una fracción de los materiales estratégicos de España y había tenido éxito en disminuir la influencia de Alemania en España y desanimar al gobierno español de proporcionar asistencia declarada al Eje, cuando esta hubiera comprometido las operaciones anglo-estadounidenses en el norte de África y probablemente dilatado la invasión de Italia.

Esa política, pensaba el subsecretario de Estado, no sólo había permitido a los aliados avanzar en el Mediterráneo y norte de África, sino que, desde la perspectiva de una victoria aliada en 1944, estaba sentando las bases para una sólida relación con un gobierno representativo, que él esperaba que eligiera el pueblo español tras la guerra.⁷¹ Cuando hizo estas reflexiones, Sumner Welles también admitía que no había habido «mayor “error cardinal”» en la larga historia de la política exterior de la administración Roosevelt «que la política adoptada durante la guerra civil española».⁷² Sin calibrar que aquel error de 1936, no sólo contribuyó a la derrota de la democracia en España en 1939, sino que, junto a los avatares de la política internacional después de 1945,⁷³ iba a impedir que la victoria aliada en la segunda guerra mundial fuera también la del pueblo español en elegir un gobierno representativo.

Conclusión

Estados Unidos observaba «la revolución republicana» que comenzaba en España en 1930, cuando el nuevo orden internacional, que como primera potencia mundial había diseñado en los años veinte, basado en la extensión del principio del liberalismo económico y político al orden mundial, la reducción de la carrera de armamentos y el anticomunismo, comenzó a quebrarse en 1929, al evaporarse la prosperidad económica que lo sostenía.

En medio de la presidencia de Herbert Hoover, que personalmente se resistió a reconocer a la URSS a pesar de la opinión de su secretario de Estado Henry L. Stimson y de los intereses comerciales de Estados Unidos, el embajador en Madrid, Irving B. Laughlin, temió durante 1930 y gran parte de 1931 que la revolución republicana estuviera inspirada por Moscú, algo que ni siquiera creían en abril de 1931 los directivos de la ITT, compañía que había conseguido su contrato en España en 1928, y aconsejaron a Stimson reconocer el nuevo régimen.

Los temores de penetración del comunismo en España —como expresión que eran del enfrentamiento ideológico entre dos sistemas enfrentados desde 1917 — estaban forjados en gran medida por la propaganda soviética sobre la situación política española, en la que se exhibían fantasías sobre un triunfo inminente del bolchevismo en España, el «eslabón más débil» del imperialismo capitalista. Y es que hasta 1930 la Unión Soviética había prestado poca atención a España —con la que no tenía relaciones diplomáticas—, con la excepción de que en 1928 la empresa soviética NAFTA había conseguido el contrato de suministro de petróleo crudo y refinado de la empresa CAMPSA, que fue rescindido en 1930 por el gobierno del general Berenguer, pero que en mayo de 1931 volvería a firmar el gobierno provisional de la República.

A finales de 1931 el embajador Laughlin no solamente comprobó que la «revolución republicana» no había sido una revolución comunista, sino que la República era un régimen estable, que iba sorteando las primeras reformas, el aumento de la conflictividad laboral y, ya en agosto de 1932, un intento de golpe de Estado monárquico. No obstante, hasta la primavera de 1933, cuando Laughlin permaneció en España como representante de la administración Hoover, aparte de la grave crisis diplomática de noviembre de 1932 al respecto del tímido intento de nacionalización de la CTNE y el lejano temor a que el modelo de «revolución republicana» española pudiera ser exportado a algunas repúblicas latinoamericanas cuestionando la propia influencia estadounidense, la principal preocupación del embajador y del Departamento de Estado era que la República pudiera ser capturada por el comunismo, intento que parecía factible al confundir las dos primeras insurrecciones anarquistas como comunistas o en todo caso anarcocomunistas. Este temor a «la amenaza comunista» tenía mucho que ver con la resonancia nacional que adquirió el Partido Comunista Americano (CPUSA) en las violentas huelgas mineras de los primeros años de la Depresión y, sobre todo, con la campaña nacional e internacional contra la ejecución de los 8 jóvenes negros de Scottsboro, Alabama, que el Departamento de Estado seguía con atención en las escasas asociaciones comunistas españolas.

Sin embargo, no hubo ningún temor inicial a todos aquellos cambios que se identificaban con la tradición del republicanismo americano, como la reforma agraria, la evolución hacia una república federal o el reconocimiento de la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado y, una vez desvanecido el peligro comunista, se interpretaban los conflictos sociales del primer bienio republicano-socialista como la decepción del electorado ante las reformas prometidas y aún no realizadas, como la reforma agraria.

Cuando el presidente Roosevelt asumió la presidencia en marzo de 1933 y nombró a Claude G. Bowers embajador en Madrid, la depresión económica y el panorama internacional habían empeorado, tanto por el expansionismo japonés sobre China, como por la llegada al poder del nazismo en Alemania. Aunque la gravedad de la depresión económica obligó a Roosevelt a dedicar todo su primer mandato a poner en marcha el New Deal, el presidente tomó dos medidas inmediatas que rompieron con la política internacional de su predecesor: la política de «buen vecino» con Latinoamérica y el reconocimiento de la Unión Soviética en noviembre de 1933, decisiones que indirectamente cambiarían la visión estadounidense sobre la Segunda República Española.

El cambio político de Washington hacia una política liberal-reformista y la enorme movilización social y política que propició el New Deal tendrían una vez más reflejo en la información que recibía y demandaba el Departamento de Estado sobre España y en la apreciación de este sobre la República Española, en el momento en que el electorado español se estaba orientando más hacia el centro-derecha. El nuevo embajador de Estados Unidos en Madrid, un demócrata jeffersoniano con formación de historiador, envió desde el otoño de 1933 al Departamento de Estado una información pormenorizada, detallada, bien documentada y muy partidaria del éxito de la experiencia republicana y de las posiciones políticas de Azaña. En sus despachos cesaron casi de forma radical cualquier información sobre el peligro de que la República pudiera ser secuestrada por Moscú, no había confusión entre anarquistas y comunistas y comenzaron las noticias sobre el ascenso del fascismo y la progresiva atracción que este ejercía entre la juventud de la derecha española.

Desde que se conoció el resultado de las elecciones de noviembre de 1933, Bowers habló del peligro de guerra civil ligada a un golpe de Estado y la posible división del ejército respecto a él. En la revolución de octubre de 1934 enfatizaba el riesgo político que podría haber tenido «la secesión» de Cataluña para provocar una crisis de Estado y valoró las graves consecuencias políticas que iba a tener la intervención del ejército de África en la represión de Asturias. Tanto las informaciones que llegaban y demandaba el Departamento de Estado, como las de los principales periódicos estadounidenses, ponían el énfasis en el análisis político, buscando las claves de la inestabilidad de la República y dando por tanto gran importancia a los problemas religiosos, la discusión sobre el Estatuto de Cataluña, la ambigüedad de la CEDA hacia la República, la división del Partido Socialista y la radicalización de su sector mayoritario, y la desaparición del centro radical.

A pesar de la gravedad de los hechos de octubre de 1934, para Estados Unidos España seguía siendo un país más estable que otras repúblicas europeas establecidas en el periodo de entreguerras. No había sufrido la primera guerra mundial, no tenía que construir un nuevo país después de una experiencia traumática, ni asimilar mutilaciones territoriales o de población. Hasta 1932-1933 estuvo alejada de las consecuencias de la crisis económica por su relativo atraso económico e iba sorteando los ataques a la República y realizando ambiciosas reformas manteniendo la democracia, a pesar de la dura resistencia y hostilidad hacia ellas y de la situación de «excepcionalidad política» que los gobiernos de centro y centro-derecha impusieron desde octubre de 1934 hasta febrero de 1936.

Quizá por esa relativa estabilidad, España fue una preocupación menor para el Departamento de Estado hasta la guerra civil. La administración Roosevelt, volcada en solucionar su grave crisis económica y con un importante sector de la opinión pública fuertemente neutralista con respecto a los asuntos europeos, veía con preocupación el expansionismo japonés en Asia, la evolución de Alemania desde 1933, la de Austria desde 1934, y el expansionismo italiano desde 1935.

Cuando la situación internacional se fue deteriorando por el comienzo de la crisis etíope, en Estados Unidos la presión de una parte de la opinión pública, la mayoría del Congreso y muchos intereses económicos quedaron reflejados en las leyes de Neutralidad de 1935 y 1936, que apenas dejaron a Roosevelt margen para intervenir en ese conflicto, excepto el embargo de armas. La ineficacia de la Ley de Neutralidad de 1936 para intervenir en el conflicto ítalo-etíope en contra de Italia, unido al fracaso de la Sociedad de Naciones en hacer cumplir las sanciones económicas impuestas a Italia, llevaron a Cordell Hull a afirmar unos años después respecto a la situación internacional entre finales de junio y principios de julio de 1936, que «con el fracaso de la Sociedad de Naciones y el éxito de Mussolini, supe que el gran conflicto del que algunos habíamos estado avisando desde 1933 se había hecho más probable»,1 pues Japón se preparaba para otra guerra con China y Hitler para ocupar el Rin y proceder al rearme total.

Pero el Departamento de Estado no esperaba que el «gran conflicto» pudiera comenzar en España. El embajador Bowers, que había hablado insistentemente de peligro de guerra civil antes y durante la revolución de 1934, transmitió sin alarmismo al secretario de Estado desde febrero de 1936, cómo se iba deteriorando la situación política día a día. En medio del intenso movimiento huelguístico de mayo-junio de 1936, de la ocupación de tierras en el sur y de la interrupción de los cultivos, lo más preocupante para el embajador era la crisis política: la división dentro del Frente Popular por la división del Partido Socialista; la división dentro de la CEDA, el principal partido de la oposición, la captación de muchos de sus miembros y de amplios sectores de la derecha hacia posiciones autoritarias y pro fascistas, y las reiteradas noticias de una conspiración militar en marcha. Inevitablemente esa intensa crisis política se vio agravada por el asesinato de Calvo Sotelo, que precipitó el golpe militar, que Bowers esperaba para el otoño² y confiaba en que una vez más la República pudiera resistir.

A principios de agosto de 1936, el golpe de Estado se había convertido en una cruenta guerra civil que podía ser larga, y España podía ser el detonante de ese conflicto general del que hablara Hull. Esto es lo que pensaron Gran Bretaña y Francia cuando optaron por la política de No Intervención para aislar el conflicto español y esta, más que ninguna otra consideración ideológica o de política interna, fue la clave de la posición de Estados Unidos, que pasó del «embargo moral» de armas y material de guerra a España en agosto de 1936, al embargo legal en enero de 1937, la posición que mantendría durante toda la guerra, mientras algunas grandes compañías como Texaco, Ford o General Motors ya habían tomado posiciones al lado de Franco frente a la revolución.

Estados Unidos rompía así su política tradicional de ayuda a un gobierno legal reconocido, trataba por igual al agresor y al agredido, ampliaba de hecho la Ley de Neutralidad a una guerra civil y privaba a la República de una fuente principal de adquisición de armamento hasta enero de 1937. En la toma de esa decisión, liderada por el presidente Roosevelt en la cumbre de su poder político tras la abrumadora reelección de noviembre de 1936, pesaba un Congreso y una opinión pública intensamente aislacionistas respecto a los asuntos europeos, un electorado demócrata dividido en sus simpatías hacia España, el temor a enajenarse el voto católico, soporte fundamental de las políticas del New Deal en la lucha por salir de la depresión económica; pero sobre todo para el presidente esta política era la mejor forma de afianzar la paz en el mundo y la seguridad en Estados Unidos, en concordancia con sus aliados, acentuando así la dependencia de Gran Bretaña en toda la política europea estadounidense.

El progresivo avance rebelde de 1937 y los primeros meses de 1938, y la constatación de la intensa participación italiana y alemana en el bando franquista tras la conquista de Málaga o los bombardeos de Guernica, Almería o Barcelona sensibilizaron a sectores más amplios de la opinión pública estadounidense —siempre mayoritaria a favor de la neutralidad estricta— sobre el error de la política adoptada por Estados Unidos, que estaba favoreciendo claramente a los rebeldes y animando al revisionismo en la política exterior de Italia y Alemania, como demostró la anexión de Austria en marzo de 1938.

Fue en ese contexto, cuando el hasta entonces aislacionista senador republicano progresista Gerald Nye, apoyado por la opinión pública pro republicana, presentó en 1937 una propuesta en el Congreso para extender la Ley de Neutralidad y el embargo de armas a Alemania e Italia y un nueva propuesta en mayo de 1938 para levantar el embargo de armas a España, siempre que estas no fueran transportadas en barcos americanos.

Ni en un momento ni en otro, por más que el presidente Roosevelt y algunos miembros de su gabinete simpatizaban cada vez más con el gobierno de la República, y desde la anexión de Austria se distanciaban de la política de apaciguamiento, la administración Roosevelt se atrevió a desafiar la política británica y a tomar una posición más firme frente al expansionismo alemán y japonés, más allá del aviso y la declaración de intenciones que supuso el «discurso de la Cuarentena» del 6 de octubre de 1937.

Desde luego, mientras el liderazgo internacional de Roosevelt aumentaba entre los demócratas de todo el mundo, su liderazgo interno fue declinando en 1937 hasta llegar a sus momentos más bajos en las elecciones legislativas de noviembre de 1938. Una serie de decisiones presidenciales desafortunadas, como el intento de reformar el Tribunal Supremo sin contar con el Congreso y, sobre todo, la retirada de fondos públicos, que provocó un repunte agudo de la depresión económica y el desempleo, mientras los sectores conservadores se unían con éxito frente al New Deal, evidenció en las elecciones legislativas de 1938 que el presidente no era el líder indiscutible del Partido Demócrata.

Fue precisamente en ese momento, tras la batalla del Ebro y la crisis de Múnich y hasta la caída de Cataluña, cuando la administración Roosevelt estuvo más dispuesta a cambiar su política respecto a España y a separarse de la posición británica dentro de una posición general de resistir al fascismo en Europa y evitar su penetración en el hemisferio occidental. Cuando el apaciguamiento estaba demostrando que no podía garantizar la paz mundial y amenazaba la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio occidental, había que evitar una victoria de Franco.

Sin embargo, con un presidente muy debilitado y al final de su segundo mandato, un lobby católico muy bien organizado en su oposición a la República y el curso de la guerra en España, las tres iniciativas concretas de Roosevelt para ayudar a la República fracasaron. La mediación planteada en la Conferencia de Lima de diciembre de 1938 no pudo contar con el Vaticano, que ya había reconocido al régimen de Franco, ni con el apoyo unitario de las repúblicas latinoamericanas, que tenían simpatías encontradas respecto a España. La ayuda humanitaria para el invierno de 1938-1939 sólo recolectó una décima parte de los 500.000 dólares proyectados para enviar trigo a España, cuando levantó suspicacias de que esta ayuda iba principalmente a la zona republicana, y el intento de levantar el embargo, reinterpretando la nueva Ley de Neutralidad de mayo de 1937, se abandonó cuando el ejército de Franco ocupó Cataluña en febrero de 1939, en medio de los temores de los congresistas y del Departamento de Estado a plantear un tema que dividía tan profundamente a la opinión pública cerca de las próximas elecciones presidenciales, y podía hipotecar la aprobación de un programa de rearme para ayudar a Gran Bretaña y Francia.

El 4 de enero ante el Congreso y, tras la caída de Cataluña en su gabinete y en conferencia de prensa, F.D. Roosevelt fue el primer dirigente occidental que reconoció públicamente el error de la política exterior de Estados Unidos hacia España y China, dentro del error general de permitir la agresión impune de Alemania, Japón e Italia. Como señalaba el presidente, el embargo no solamente era una política que iba contra «los principios tradicionales americanos e invalidaba la ley internacional establecida», sino que podía haberse evitado, sin riesgo para Estados Unidos, prohibiendo simplemente el transporte de armas y municiones de guerra en barcos americanos, como habían defendido los partidarios de levantar el embargo en la primavera de 1938.

En esta línea, que acercaba más a Roosevelt y a Estados Unidos al papel de liderazgo democrático internacional que podía haber tenido desde el principio de los años treinta y que tendría en adelante, el gobierno de Estados Unidos decidió distanciarse de Gran Bretaña y Francia y no reconocer al gobierno de Franco mientras existiera un gobierno legal, por ver si podía obtener garantías respecto a evitar la represión posbélica. No consiguió ningún compromiso del gobierno de Franco respecto a la represión y el reconocimiento de Estados Unidos se hizo el mismo 1 de abril de 1939, sin denunciar la represión ni entonces ni en los meses posteriores, por estimar que no se estaban realizando las ejecuciones masivas sin juicio, que denunciaban muchas asociaciones y sectores de la opinión pública estadounidense.

Notas

1. ¿UNA REVOLUCIÓN EN UN PAÍS LEJANO? ESTADOS UNIDOS ANTE LA
PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA (ENERO DE 1930-DICIEMBRE DE 1931)

1. Alexander P. Moore a Charles E. Hughes, Madrid, 22 de septiembre de 1923, 852.00/950 y Madrid, 3 de diciembre de 1923, 852.00/1034. Citado por Douglas Little, Malevolent Neutrality. The United States, Great Britain and the Origins of the Spanish Civil War, Cornell University Press, 1985, p. 36.

2. The New York Times, 9 de marzo de 1924. Citado por Douglas Little, Malevolent..., p. 39.

3. Irving B. Laughlin a Henry L. Stimson, Madrid, 26 de enero de 1930, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1778. (En adelante se citará Laughlin a Stimson.)

4. Douglas Little, Malevolent..., p. 51.

5. Laughlin a Stimson, Madrid, 31 de enero de 1930, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1779.

6. E.L. Bacher, director del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América a J. Theodore Marriner, jefe de la División de Asuntos de Europa Occidental del Departamento de Estado, Washington, 11 de marzo de 1930, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1781.

7. Charles P. Kindleberger, La crisis económica 1929-1939, Crítica, Barcelona, 1985, pp. 340-342. Una buena síntesis de las causas de la depresión económica internacional en Jordi Palafox, Atraso económico y democracia, Crítica, Barcelona, 1991, pp. 128-148.

8. John Lewis Gaddis, We Now Know, Rethinking Cold War History, Oxford University Press, Nueva York, 1998, p. 5.

9. Tony Smyth, «Making the World Safe for Democracy in the American Century», en Michael J. Hogan (ed.), The Ambiguous Legacy. U.S. Foreign Relations in The «American Century», Cambridge University Press, Nueva York, 1999, p. 37.

10. Esta es la tesis de Ronald E. Powaski, La Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991, Crítica, Barcelona, 2000, pp. 23, 33, 42.

11. Walter LaFeber, «The Tensions between Democracy and Capitalism During the American Century», en Michael J. Hogan (ed.), The Ambiguous Legacy..., pp. 157-158.

12. John Lewis Gaddis, We Now Know, Rethinking Cold War History..., pp. 6-8.

13. Walter LaFeber, The American Age. United States Foreign Policy at Home and Abroad, W.W. Norton & Company, Nueva York, 1994, p. 355; Melvyn P. Leffler, «Open Door Expansionism, World Order and Domestic Constraints», en Thomas G. Paterson (ed.), Major problems in American Foreign Policy II: Since 1914, Heath and Company, D.C. Lexington, 1984, pp. 147, 126-127; John Braeman, «American Military Power and Security», en Thomas G. Paterson (ed.), Major problems in American Foreign Policy II: Since 1914, Heath and Company, D.C. Lexington, 1984, pp. 147-163.

14. David F. Schmitz, Henry L. Stimson, The First Wise Man, SR Books, Wilmington, 2001, pp. 85-86.

15. Para la transición a la República, Shlomo Ben Ami, Los orígenes de la segunda República. Anatomía de una transición, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pp. 145-161. Para una brillante síntesis reciente ver Julián Casanova, República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007.

16. Laughlin a Stimson, Madrid, 25 de marzo de 1930, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1782.

17. Laughlin a Stimson, Madrid, 26 de abril de 1930, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1784.

18. Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil, Crítica, Barcelona, 1976, p. 42.

19. Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Crítica, Barcelona, 1997, p. 14.

20. Eulalia Vega, Anarquistas y sindicalistas, 1931-1936, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1987, pp. 41-116.

21. Clement S. Edwards a I.B. Laughlin. Valencia, 20 de septiembre de 1930, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 2, reel 11, file n.º 852.00/1787.

22. Asociación patriótica y conservadora constituida después de la primera guerra mundial, que desde la constitución del Federal Bureau of Investigation (FBI) en plena «amenaza roja» posterior a la guerra, le informaba sistemáticamente sobre actividades radicales y comunistas. Desde 1933, con Roosevelt en la presidencia, la organización tomó un cariz antisemita y anti-New Deal, desapareciendo en 1941 cuando EE.UU. declaró la guerra a Alemania. Véase Regin Schmidt, Red Scare: FBI and the Origins of Anticommunism in the United States 1919-1943, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, Copenhague, 2000, p. 327.

23. Carta del Departamento de Justicia al Departamento de Estado, Washington, 1 de octubre de 1930. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00B/14.

24. Laughlin a Stimson, Madrid, 20 de octubre de 1930. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, Part 1, reel 33, file n.º 852.00B/15. Meses después recibiría información desde Zurich, en la que se indicaba que el Secretariado de la Internacional Socialista y del Trabajo había informado de «intentos revolucionarios comunistas y socialistas a finales de 1930» en España. Zurich, 26 de febrero de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00B/17.

25. Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2004, p. 14.

26. Rafael Cruz, El Partido Comunista de España en la II República, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pp. 113-116.

27. Sheldon L. Crosby a Henry L. Stimson, 15 de diciembre de 1930. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/ 1795. (En adelante Crosby a Stimson.)

28. Crosby a Stimson, Madrid, 16 de diciembre de 1930. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, files n.ºs 852.00/ 1796, 852.00/1797 y 852.00/1799.

29. Estas observaciones estaban subrayadas al margen por el Departamento de Estado. Crosby a Stimson, Madrid, 17 de diciembre de 1930. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/ 1802, pp. 1 y 5.

30. Crosby a Stimson, Madrid, 22 de diciembre de 1930. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1803, p. 2.

31. Ibídem, pp. 4 y 5.

32. En uno de los documentos adheridos al Manifiesto Republicano se insistía en que entre las muchas personas detenidas en la cárcel de Madrid solamente había un comunista, que se encontraba en la prisión desde hacía seis meses. Manifiesto Republicano y hoja mecanografiada firmada por los líderes del Comité Revolucionarios desde la Cárcel Modelo de Madrid, en Laughlin a Stimson, Madrid, 25 de diciembre de 1930, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1804.

33. Laughlin a Stimson, Madrid, 2 de febrero de 1931, Copia del manifiesto, traducción y resumen de la Agrupación al Servicio de la República, firmado por José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1808.

34. Department of State, Assistant Secretary, Memorandum of Conversation with the Spanish Ambassador, December 22, 1930, Washington, 23 de diciembre de 1930. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1801. Esta información será transmitida a Irwin B. Laughlin el 2 de enero de 1931.

35. Laughlin a Stimson, Madrid, 20 de marzo de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00 /1815.

36. Laughlin a Stimson, Madrid, 13 de abril de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/ 1814.

37. Laughlin a Stimson, Madrid, 16 de abril, recibido en Washington el 24 de abril de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1826.

38. Stimson a Laughlin, Washington, 14 de abril de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1815.

39. Laughlin a Stimson, Madrid, 15 de abril de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1817.

40. Jordan a Stimson, Barcelona, 15 de abril de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/ 1816.

41. John D. Grant, «981-Year’ Spanish Royal Rule Ends», The Washington Post, 15 de abril de 1931, p. 1.

42. «The Overturn in Spain», The New York Times, editorial, 16 de abril de 1931, p. 23.

43. «Communism in Spain», The Washington Post, 16 de abril de 1931, p. 6.

44. Laughlin a Stimson, Madrid, 16 de abril de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00 / 1818.

45. «The End of the Spanish Monarchy», Pravda, n.º 105, Moscú, 16 de abril de 1931. Artículo traducido por la Legación Americana en Riga, Letonia. En F.W.B. Coleman a Cordell Hull, Riga, 24 de abril de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/18.

46. «The Revolution in Spain, and the Policy of the Imperialistic Powers, Izvestia, n.º 106, Moscú,17 de abril de 1931. Artículo traducido por la Legación Americana en Riga, Letonia. En F.W.B. Coleman a Cordell Hull, Riga, 24 de abril de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/18.

47. El embajador en Francia (Edge) al secretario de Estado, París, 18 de abril de 1931. Telegrama 852.01/26. Foreign Relations (F.R.), pp. 988-989.

48. El embajador en Gran Bretaña (Dawes) al secretario de Estado. Telegrama 852.01/25. F.R., p. 991.

49. El embajador en Alemanai (Sackett) al secretario de Estado. Berlín, 18 de abril de 1931. Telegrama 852.01/28. F.R., p. 989.

50. El embajador en Italia (Garrett) al secretario de Estado. Roma, 18 de abril de 1931. Telegrama 852.01/27. F.R., p. 992.

51. Department of State, Assistant Secretary, Memorandum of conversation with Mr. Hernand Behn, President of the International Telephone and Telegraph Company, Washington, 21 de abril de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 43, file n.º 852.01/40.

52. El secretario de Estado al embajador en España (Laughlin). Washington, 19 de abril de 1931, 852.01/30. U.S. State Department, Spain, Foreign Relations, 1931, vol. II, F.R., p. 993.

53. El secretario de Estado al embajador en España (Laughlin). Washington, 21 de abril de 1931, 852.01/33, U.S. State Department, Spain, Foreign Relations, 1931, vol. II, F.R, p. 994.

54. Washington, 1 de mayo de 1931, Department of States, Division of Western European Affaires, Recognition by Foreign Governments of the Provisional Government of Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 43, file n.º 852.01/46.

55. Laughlin a Stimson, Madrid, 30 de abril de 1931, recibido en Washington el 2 de mayo de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/ 1834.

56. Laughlin a Stimson, Madrid, 5 de mayo de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1843.

57. Edward Malefakis, Southern Europe in the 19th & 20th Centuries: An Historical Overwiew, Estudios/Working Paper, Instituto Juan March de Estudios e Investigación, Madrid, 1992. También del mismo autor «The Political and Socioeconomic Contours of Southern European History», en Gunther, R., Nikiforos Diamandouros, P., y Junguer Puhle, H. (eds.), The Politics of Democratic Consolidation. Southern Europe in Comparative Perspective, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 33-76.

58. Hilari Raguer, «La cuestión religiosa», en Juliá, Santos (ed.), «Política en la II República», Ayer, n.º 20, 1995, pp. 224-226.

59. «Spanish Catholics are urged to vote», New York Times, 7 de mayo de 1931, p. 11.

60. Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, vol. 9, Editorial Crítica/ Cambridge University Press, Barcelona, 1992, pp. 156-158.

61. «Riots in 7 Spanish Cities; Churches Looted, Burned; Martial Law is Declared», New York Times, 12 de mayo de 1931, p. 1.

62. «State of War Grips Madrid While Mobs Fire Dozen Churches», The Washington Post, 12 de mayo de 1931, p. 1.

63. Laughlin a Stimson, Madrid, 12 de mayo de 1931, y Laughlin a Stimson, Madrid, 13 de mayo de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1840 y n.º 852.00/1846.

64. «Communists Harry Spain», The Washington Post, 14 de mayo de 1931, p. 6.

65. Laughlin a Stimson, Madrid, 19 de mayo de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1846.

66. «Martial Law Ends in Spanish Capital», The New York Times, 19 de mayo de 1931, p. 7.

67. «Soviets to Monopolize Spanish Oil Market», The New York Times, 22 de mayo de 1931, p. 2.

68. «Spanish Finances in Precarious State», The New York Times, 28 de mayo de 1931, p. 3.

69. Jordi Palafox, Atraso económico y democracia, Crítica, Barcelona, 1991, pp. 180-181.

70. Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1982, p. 204.

71. Santos Juliá, «Objetivos Políticos de la Legislación Laboral», en García Delgado, José Luis (ed.), La II República Española. El Primer Bienio, Siglo XXI, Madrid, 1987, pp. 27-39. También Palafox, Jordi, Atraso económico y democracia..., pp. 89-90.

72. Eulalia Vega, Anarquistas y sindicalistas, 1931-1936, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1987, pp. 63-72 y 101-110.

73. Mercedes Cabrera, «Proclamación de la República, Constitución y Reformas», en Juliá, Santos (coord.), República y guerra en España (1931-1939), Espasa, Madrid, 2006, pp. 24-25.

74. Julián Casanova, República y guerra civil..., p. 30.

75. Laughlin a Stimson, San Sebastián, 12 de agosto de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1867, pp. 3-4.

76. S.E. Grummon, Department of State, Division of Latin-American Affairs a Mr. Beal y Mr. Briggs, Division of Western European Affairs, Memorandum of Conversation with Don Salvador de Madariaga, Ambassador of Spain, Washington, 8 de julio de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1863.

77. Las cifras, así como un análisis detallado de la huelga general de Sevilla, en José Manuel Macarro Vera, La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Sevilla, Sevilla, 1985, pp. 147-151.

78. Claude I. Dawson, cónsul general americano, a Henry L. Stimson, Barcelona, 23 de julio de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1862. ( En adelante Dawson a Stimson.)

79. Dawson a Stimson, Labor Troubles and Communistic Tendencies of Labor Organizations, Barcelona, 20 de agosto de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00B/32.

80. A. Lozovsky, «The Moving Forces in the Spanish Revolution and the Task Facing The Spanish Proletariat», en F.W.B. Coleman a Henry L. Stimson, Riga, 21 de agosto de 1921. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852. 00B/33, p. 4.

81. Coleman a Stimson, Resumen del panfleto de A. Lozovsky, «The Moving Forces in the Spanish Revolution», Riga, 21 de agosto de 1921. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852. 00B/33.

82. Reinhard Kühnl, La República de Weimar, Edicions Alfons El Magnànim, Valencia, 1991, pp. 281-322. Claude Klein, De los Espartaquistas al Nazismo: la República de Weimar, Ediciones Península, Barcelona, 1970, pp. 89-104.

83. Fraser M. Ottanelli, The Communist Party of the United States. From the Depression to World War II, Rutgers University Press, New Brunswick and London, 1991, pp. 17-49.

84. Robert Cook, Sweet Land of Liberty? The African American Struggle for Civil Rights in the Twentieth Century, Longman, Londres/Nueva York, 1998, p. 56.

85. Crosby a Stimson, Madrid, 27 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00B/29.

86. Laughlin a Stimson, Madrid, 31 de diciembre de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00B/39.

87. Laughlin a Stimson, San Sebastián, 30 de septiembre de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852. 00/1873.

88. J. Webb Benton, encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en Madrid, a Henry L. Stimson, Madrid, 30 de noviembre de 1931. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affairs, 1930-1939, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1887.

89. «Quiet Spain», The New York Times, 20 de noviembre de 1931, editorial, III, p. E1, 1.

90. Mercedes Cabrera, «Proclamación de la República, Constitución y Reformas»..., p. 42.

91. «Moderation in Spain», The New York Times, 3 de diciembre de 1931, editorial, p. 26.

2. DE LA AMENAZA COMUNISTA A LA AMENAZA FASCISTA
(ENERO DE 1932-DICIEMBRE DE 1933)

1. David M. Kennedy, Entre el miedo y la libertad, Edhasa, Barcelona, 2005, p. 120.

2. Para los efectos sociales de la depresión, véase Irving Bernstein, The Lean Years. A History of The American Worker 1920-1933, Da Capo Press, Nueva York, 1960, pp. 312-333, y Gerald Markowitz y David Rosner (eds.), «Slaves of The Depression». Workers Letters about Life on The Job, Cornell University Press, Ithaca, 1987, pp. 1-16.

3. Charles P. Kindelberger, La crisis económica 1929-1939, Crítica, Barcelona, 1985, pp. 159-162.

4. Rhonda F. Levine, Class Struggle and The New Deal, University Press of Kansas, Lawrence, 1988, pp. 52-55.

5. Citado por Walter LaFeber, The American Age. United States Foreign Policy at Home and Abroad, W.W. Norton & Company, Nueva York, 1994, p. 355.

6. Walter LaFeber, The American Age..., pp. 352-357.

7. David F. Schmitz, Henry L. Stimson, The First Wise Man, SR Books, Wilmington, 2001, pp. 85-86.

8. Henry L. Stimson, On Active Service in Peace and War, Harper & Brothers, Nueva York, 1947, p. 268.

9. Ibídem, pp. 279-271.

10. Sobre estas «circunstancias afortunadas» de la II República Española, en comparación con las otras repúblicas establecidas en el periodo de entreguerras en Europa, véase Edward Malefakis, «Peculiaridad de la República española», Revista de Occidente, n.º 7-8, noviembre de 1981, pp. 28-33.

11. Jordi Palafox, Atraso económico y democracia, Crítica, Barcelona, 1991, pp. 180-205.

12. «A Lesson from Spain», The New York Times, editorial, 10 de enero de 1932, p. E1, 1.

13. Lawrence A. Fernsworth, «Trouble Expected From Spanish Reds», New York Times, 3 de enero de 1932, p. E4.

14. Laughlin a Stimson, Madrid, 6 de enero de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1888.

15. Consulado de Estados Unidos en Sevilla, Richard Ford, Political and Economic Situation in Seville Province, Sevilla, 18 enero 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00 /1890.

16. «Spain Speeds Army to End Anarchy Plot», The Washington Post, 22 de enero de 1932, p. 1.

17. Frank Kluckhohn, «Reds Cause Strife Troughout Spain», New York Times, 31 de enero de 1932, p. E3.

18. «Spanish Anarchists Call General Strike», The New York Times, 14 de febrero de 1932, p. 27 y «Four Dead in Spain As Red Strike Fails», The New York Times, 16 de febrero de 1932, p. 7.

19. «Red Chief Reveals Plot to Seize Spain», The New York Times, 14 de febrero de 1932, p. E4.

20. Julián Casanova, De la calle al frente, Crítica, Barcelona, 1997, p. 30.

21. Laughlin a Stimson, 10 de febrero de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00 /1891.

22. «Spain Rebuffs Soviet», The New York Times, 26 de febrero de 1932, p. 5.

23. Stimson a Laughlin, Washington, 15 de febrero de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 33, file n.º 852.00B/41.

24. El informe del embajador hacía referencia a los nuevos 2.500 agentes especialmente entrenados y equipados con transporte para «acción de choque», Laughlin a Stimson, Communism in Spain, Madrid, 2 de abril de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 33, file n.º 852.00B/44.

25. José Manuel Macarro Vera, La utopía revolucionaria, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, Sevilla, 1985, pp. 199-201.

26. El cónsul estadounidense en Vigo, Renwic S. McNiece, informa a Laughlin sobre las actividades del Socorro Rojo Internacional de Vigo, 17 de mayo de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 34, file n.º 852.00B/49.

27. Rhonda F. Levine, Class Struggle and..., p. 56.

28. Embajada de Estados Unidos en Madrid al Departamento de Estado, 19 de mayo de 1932, 26 de agosto de 1932, 6 de septiembre de 1932, 2 de septiembre de 1932, 29 de agosto de 1932, 28 de agosto de 1932, 1 de noviembre de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 34, file n.ºs 852.00B/49, 58, 60, 62, 63.

29. Fraser M. Ottanelli, The Communist Party of The United States, Rutgers University Press, New Brunswick/Londres, 1991, pp. 40-41.

30. Dawson a Stimson, Barcelona, 17 de mayo de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 2, reel 16, file n.º 852.52/25, p. 2.

31. Este aspecto debería ligarse a la mejora de las relaciones entre España, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos y el papel cada vez más relevante de la política exterior del gobierno Azaña, tal y como lo analiza Ismael Saz, «La Segunda República en la arena internacional», en Balfour, Sebastian y Preston, Paul (eds.), España y las grandes potencias en el siglo XX, Crítica, Barcelona, 1999, pp. 52-59.

32. Laughlin a Stimson, Review of the First Year of the Spanish Republic, Madrid, 2 de mayo de 1932, informe de 19 páginas. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1895.

33. Crosby a Stimson, Madrid, 7 de junio de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1896.

34. Frank L. Kluckhohn, «Spain Now Critical of New Republic», The New York Times, 12 de junio de 1932, p. E5, 1.

35. Crosby a Stimson, Madrid, 7 de junio de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1896.

36. Hugo Millard, segundo secretario de embajada a Stimson, San Sebastián, 25 de julio de 1932, Rumored Coup d’État. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1899.

37. «Spain’s Brief Revolt», The Washington Post, 12 de agosto de 1932, p. 6.

38. Laughlin a Stimson, San Sebastián, 22 de agosto de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1905.

39. Frank L. Kluckhohn, «Mercy for General Stirs Cortes Fights», New York Times, 26 de agosto de 1932, p. 2.

40. «Estates of Nobles Are Seized in Spain», The New York Times, 17 de agosto de 1932, p. 4. También destacaba el artículo que con esta medida «por primera vez la revolución española parecía tener alguna similitud con la francesa».

41. Edward Malefakis, Reforma agraria..., pp. 234-242.

42. J. Webb Benton, encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a Stimson, San Sebastián, 26 de septiembre de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 2, reel 16, file n.º 852.52/34.

43. Edward Malefakis, Reforma agraria y..., p. 325.

44. Julián Casanova, República y guerra civil..., p. 52.

45. Frank L. Kluckhohn, «Spain Completes Catalan Statute», The New York Times, 9 de septiembre de 1932, p. 6.

46. Little, Douglas, Malevolent Neutrality. The United States, Great Britain and the Origins of the Spanish Civil War, Cornell University Press, Ithaca, 1985, p. 126.

47. Laughlin a Stimson, Madrid, 10 de octubre de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1911.

48. Laughlin a Stimson, Madrid, 18 de octubre de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1912.

49. En sus informes los cónsules debían tener en cuenta también la dimensión del sentimiento a favor de los estatutos regionales; calcular la tasa de desempleo y las medidas para combatirlo; valorar la actitud hacia la guardia civil, policía y ejército, destacando tanto los indicios y evidencias de deslealtad o insubordinación entre las fuerzas armadas como la falta de confianza de las autoridades en ellas y hacer una semblanza de los principales políticos. Madrid, 8 de noviembre de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1916.

50. Laughlin a Stimson, Madrid, 14 de noviembre de 1932, Evidence of Increased Communist Activity in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 34, file n.º 852.00B/64.

51. Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2004, pp. 19-20.

52. Laughlin a Stimson, Madrid, 3 de diciembre de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, y Madrid, 12 de diciembre de 1932. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 34 file n.º 852.00/1919, y part 1, reel 3, file n.º 3852.00B/65.

53. Frank L. Kluckhohn, «Spain in Revolutionary Ardour Sweeps Away Old Institutions», New York Times, 11 de diciembre de 1932, p. XXIV, 1. Kluckhohn se refería al discurso pronunciado por Manuel Azaña en Santander el 30 de septiembre de 1932, «la obra realizada y el programa de gobierno», en el que señalaba dos condiciones inexcusables en la conducta de los partidos: «la fidelidad a los principios de la revolución y de la República» y «el límite legal de la constitución». Ver Manuel Azaña, Discursos políticos, Edición de Santos Juliá, Barcelona, Crítica, 2004, p. 232.

54. Una buena síntesis biográfica de Roosevelt es Michael Simpson, Franklin D. Roosevelt, Basil Blackwell, Oxford, 1989, pp. 1-22. También, entre las muchas biografías existentes, Ted Morgan, FDR. A Biography, Touchstone Book, Nueva York 1985.

55.  Franklin D. Roosevelt, Address Accepting the Presidential Nomination at the Democratic National Convention in Chicago, 2 de julio de 1932, en http://www. presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=75174#ixzz1NRMPcKD8, consultado el 20 de mayo de 2011.

56. Julián Casanova, De la calle al..., pp. 130-131.

57. «Battle Rages in Spain; 35 Die in Riots», The Washington Post, 10 de enero de 1933, p. 1.

58. Frank L. Kluckhohn, «37 Dead in Spain as Revolt Spreads», The New York Times, 12 de enero de 1933, p. 1.

59. Frank L. Kluckhohn, «Red Rising Shows The Trend in Spain», The New York Times, 15 de enero de 1933, p. 1.

60. Dawson a Stimson, Barcelona, 13 de enero de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1926.

61. Laughlin a Stimson, Madrid, 27 de enero de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/ 1927.

62. Laughlin a Stimson, Madrid, 13 de febrero de 1933, Communist Activities in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 34, file n.º 852.00B/67, pp. 3-4.

63. Laughlin a Stimson, Madrid, 27 de enero de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/ 1927.

64. Laughlin a Stimson, Madrid, 1 de marzo de 1933, Outline of present political situation. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1929.

65. Laughlin a Stimson, 21 de marzo de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 34, file n.º 852.00F/1.

66. Carta de Cornelius Vanderbilt al secretario de Comercio, Daniel C. Roper, y remitida por este a Cordell Hull, Madrid, el 21 de abril de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1931.

67. Franklin D.Roosevelt, First Inaugural Addresss, 4 de marzo de 1933. http:// millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3280, consultado el 23 de noviembre de 2010.

68. Walter LaFeber, The American Age, pp. 372-380.

69. John Bell, «Spain, Two Years a Republic, Has Undergone Vast Changes», The New York Times, 16 de abril de 1933, p. 9.

70. Joseph Flack, encargado de Asuntos Internos de la embajada, a Cordell Hull, Madrid, 26 de abril de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 3, file n.º 852.00/1930.

71. Mercedes Cabrera, «Proclamación de la República, Constitución y Reformas»..., pp. 63-64.

72. Frank L. Kluckhohn, «Review of Church and State Relations», The New York Times, 28 de mayo de 1933, p. 3.

73. Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil, Crítica, Barcelona, 1976, pp. 110-111.

74. Claude G. Bowers, My Mission to Spain, Simon and Schuster, Nueva York, 1954, pp. v-vi, 1, y Douglas Little, Malevolent..., p. 132.

75. Claude G. Bowers a Cordell Hull (en adelante Bowers a Hull), Madrid, 11 de septiembre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 34, file n.º 852.00B/74.

76. Bowers a Hull, Madrid, 12 de septiembre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1950, pp. 1-6.

77. Bowers a Hull, Madrid, 13 de septiembre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1951.

78. Bowers a Hull, Madrid, 4 de octubre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1952.

79. Bowers a Hull, Madrid, 10 de octubre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1958.

80. Frank L. Kluckhohn, «Parties in Spain Fight for Power», The New York Times, 17 de septiembre de 1933, p. 1.

81. Frank L. Kluckhohn, «Loss to Left Seen When Spain Votes», The New York Times, 14 de octubre de 1933.

82. Bowers a Hull, Madrid, 26 de octubre de 1933, y Bowers a Hull, Madrid, 26 de octubre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1959 y reel 34, file n.o 852.00B/75.

83. «Fascist Urges Spanish Revolt», The Washington Post, 30 de octubre de 1933, p. 1.

84. Bowers a Hull, Madrid, 7 de noviembre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1960.

85. «Spain Will Vote on Deputies Today», The New York Times, 19 de noviembre de 1933, p. 16.

86. «Victory in Spain Alarms Both Sides», The New York Times, 21 de noviembre de 1933, p. 14.

87. Frank L. Kluckhohn, «Spain Veers Right in Cortes Election», The New York Times, 20 de noviembre de 1933, p. 1.

88. Bowers a Hull, Madrid, 28 de noviembre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1964.

89. «Rising Long Expected», The New York Times, 9 de diciembre de 1933, pp. 6.

90. «Anarchism in Spain», The Washington Post, 12 de diciembre de 1933, p. 6.

91. Anita Brenner, «Spain, her Republic Failing, Girds for a Bitter Conflict», The New York Times, 17 de diciembre de 1933, p. XX2.

92. «Catholics Brace Regime in Spain», The New York Times, 24 de diciembre de 1933, p. E3.

93. Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la guerra..., pp. 16-18.

3. GOBIERNO PROGRESISTA EN ESTADOS UNIDOS, GOBIERNOS
CONSERVADORES Y MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN ESPAÑA
(DICIEMBRE DE 1933-DICIEMBRE DE 1935)

1. Muy bien analizada la aplicación de la política agraria en Anthony J. Badger, The New Deal. The Depression Years, 1933-1940, The Noonday Press, Nueva York, 1989, pp. 147-190.

2. La tesis de que la NIRA tenía también el objetivo de estimular el consumo de masas y organizarlo como arma política progresista que uniera a todos los sectores populares en Mel Jacobs, «Democracy’s Third Estate: New Deal Politics and the Construction of a “Consuming Public”», International Labor and Working-Class History, n.º 55, primavera de 1999, p. 29.

3. Creado en noviembre de 1933, para dar empleo y ayudas a los desempleados de aquel invierno.

4. Steve Fraser, «The Labor Question», en Fraser, Steve, y Gerstle, Gary, The Rise and Fall of The New Deal Order 1930-1980, Princeton University Press, Princeton, pp. 59-62.

5. Libro esencial para la actividad huelguística en los valles centrales de California, la condición de los trabajadores inmigrantes y la represión empresarial y estatal es Devra Weber, Dark Sweat, White Gold. California Farm Workers, Cotton and The New Deal, University of California Press, Berkeley, 1994, pp. 79-111.

6. Esta es la opinion de Art Preis, uno de los líderes del movimiento y posteriormente del CIO. Véase Art Preis, Labor’s Giant Step, Pathfinder Press, Nueva York, 1982, pp. 19-23.

7. Al parecer, Roosevelt dijo a un periodista que: «Everybody demanded that I sail into San Francisco Bay all flags flying and guns double shotted, and end the strike. They went completely off the handle». Citado por William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and The New Deal, Harper Torchbooks, Nueva York, 1963, p. 114.

8. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, The Macmillan Company, Nueva York, 1948, pp. 198-199.

9. Para el movimiento huelguístico de 1934 véase Rhonda F. Levine, Class Struggle and the New Deal, University Press of Kansas, Lawrence, 1988, pp. 117-136; David Milton, The Politics of U.S. Labor. From The Great Depression To The New Deal, Monthly Review Press, Nueva York, 1982, pp. 38-68.

10. La expresión es de John J. Raskob, alto ejecutivo de Du Pont y antiguo presidente del Partido Demócrata, The New York Times, 21 de diciembre de 1934. Citado por William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and the New Deal, p. 92.

11. Walter LaFeber, The American Age. United States Foreign Policy at Home and Abroad, W.W. Norton & Company, Nueva York, 1994, pp. 372-375.

12. En 1932 Estados Unidos controlaba un tercio del comercio latinoamericano y en 1938, la mitad de este.

13. La Enmienda Platt se derogó mientras Estados Unidos apoyaba económicamente a Fulgencio Batista y a su candidato presidencial —coronel Carlos Mendieta— frente a Ramón Grau Sanmartín, considerado «francamente comunista» por el subsecretario de Estado Sumner Welles.

14. El informe definitivo de la Comisión en The Nye Commission Report. Report of the Special Committee on Investigation of the Munitions Industry (The Nye Report), U.S. Congress, Senate, 74th Congress, 2nd sess., 24 de febrero de 1936, pp. 3-13. Consultado en http://astro.temple.edu/~rimmerma/nye_commission_report.htm.

15. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. 1, Macmillan, Nueva York, 1948, p. 238.

16. El cónsul de Vigo informaba el 2 de diciembre de 1933 de que un grupo de españoles atacaron a los marineros alemanes del crucero Koln, cuando, según rumores, estaban descargando cajas que contenían armas y municiones para los «fascistas» españoles. McNiece a Bowers, Vigo, 2 de diciembre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1967.

17. Bowers a Hull, Madrid, 13 de diciembre de 1933. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1969.

18. Bowers a Hull, Possibility of General Strike and other Agitation of combined Syndicalist and Socialist Labor Organizations, Madrid, 8 de enero de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1971.

19. Santos Juliá, «Socialismo y revolución en el pensamiento y la acción política de Francisco Largo Caballero», edición crítica a Francisco Largo Caballero, Escritos de la República, Pablo Iglesias, Madrid, 1985, p. LII.

20. 16 de diciembre de 1933, carta de E. de Francisco a la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, en Santos Juliá (ed.), Francisco Largo Caballero, Escritos..., p. 57.

21. Bowers a Hull, Madrid, 5 de febrero de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1977.

22. Bowers a Hull, Madrid, 14 de febrero de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1979.

23. Martin Kitchen, El período de entreguerras en Europa, Alianza Universidad, Madrid, 1992, pp. 259-261.

24. Jacques Droz, Historia general del socialismo, vol. III, Destino, Barcelona, 1982, p. 261.

25. Mark Mazower, La Europa negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, Ediciones B, Barcelona, 2001, p. 46.

26. «Socialists Joining Nazis For Revenge», The New York Times, 18 de febrero de 1934, p. 26.

27. «Czech Socialists assail Dollfuss», The New York Times, 18 de febrero de 1934, p. 26.

28. «Spirit of Revolt Cooling in Spain», The New York Times, 25 de febrero de 1934, p. E.3.

29. La crisis se resolvió el 3 de marzo de 1934 cuando Lerroux remodeló su gobierno con la sustitución de 3 nuevos ministros radicales (Salvador de Madariaga, Manuel Marraco y Rafael Salazar Alonso), tan sólo dos meses y medio después de que Lerroux formara su primer gobierno tras las elecciones de noviembre de 1933. Véase Julián Casanova, República y guerra civil..., p. 121; Octavio Ruiz-Manjón, «La vida política en el Segundo Bienio Republicano», en Santos Juliá, República y guerra civil en España, Espasa, Madrid, 2006, pp. 89-91.

30. El Liberal, 27 de febrero de 1934.

31. Bowers a Hull, The Political Situation, Madrid, 28 de febrero de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1983.

32. William E. Dodd transmitía desde la embajada de los Estados Unidos en Berlín a Cordell Hull, Transmitting Confidential Memorandum of Conversation with the Spanish Chargé ad interim, Berlín, 3 de marzo de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1986.

33. Pravda, n.º 74, 16 de marzo de 1934, en Felix Cole, encargado de Asuntos Internos de la embajada de Estados Unidos en Riga, a Hull, Recent Soviet Comments on events in Spain, Riga, 6 de abril de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1993, pp. 1-2 y p. 5.

34. Izvestia, n.º 50, 10 de marzo de 1934, en Felix Cole, encargado de Asuntos Internos de la embajada de Estados Unidos en Riga, a Hull, Recent Soviet Comments on events in Spain, Riga, 6 de abril de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1993, pp. 1-2.

35. Madrid, 14 de marzo de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00 /1987.

36. Bowers a Hull, Madrid, 28 de marzo de 1934. Confidential U.S. State Department.CentralFiles.Spain. InternalAffaires,1930-1939,part1,reel4,filen.º852.00/1989.

37. Bowers a Hull, Madrid, 9 de mayo de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1999.

38. Según informaba el embajador, la derecha había criticado duramente la decisión de Samper en marzo de obligar a los empresarios a adoptar la jornada laboral de 44 horas para evitar la huelga general en Madrid. Bowers a Hull, Madrid, 14 de marzo. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1987.

39. Nigel Townson, La República que no pudo ser: la política de centro en España (1931-1936), Taurus, Madrid, 2002, pp. 257-261; Julián Casanova, República y guerra..., p. 123; sobre la crisis y el gobierno de Samper, Octavio Ruiz-Manjón, El Partido Radical, Tebas, Madrid, pp. 439-454; Octavio Ruiz-Manjón, «La vida política en el Segundo Bienio republicano», en Santos Juliá, República y guerra civil en España, pp. 93-103.

40. Madrid, 9 de mayo de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/1999.

41. Bowers a Hull, General Conditions in Spain, Madrid, 26 de mayo de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 52.00/2001.

42. La pérdida de conflictos se tradujo también en pérdida de militantes, así a finales de 1933 la FNTT había perdido más de 7.000 afiliados en Cáceres y el PSOE perdió en toda España 25.000 afiliados en el primer semestre de 1934; véase Paloma Biglino, El socialismo español y la cuestión agraria 1890-1936, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, pp. 383-441.

43. «Nos pronunciamos por la Revolución», El Obrero de la Tierra, Madrid, 3 de febrero de 1934.

44. Para el resultado de la huelga, véase El Obrero de la Tierra, 10 y 14 de marzo de 1934; Biglino, Paloma, El socialismo español y..., pp. 454-467; Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1982, pp. 386-392.

45. Albert Balcells, El problema agrari a Catalunya, 1890-1936, la qüestió rabassaire, Nova Terra, Barcelona, 1968, pp. 171-214.

46. Hallett Johnson, consejero de la embajada de Estados Unidos en Madrid, a Cordell Hull, General Conditions in Spain with Particular Reference to the Serious Situation in Catalonia, Madrid, 13 de junio de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2003.

47. Bowers a Hull, The Catalonian Situation, Madrid, 20 de junio de 1934. Confidential U.S. State. Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2004.

48. Bowers a Hull, Madrid, 27 de junio de 1934. Confidential U.S. State. Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2006.

49. Bowers a Hull, Catalan Problem, Madrid, 10 de julio de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2008.

50. Bowers a Hull, Catalan Land Law Controversy, Madrid, 23 de julio de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2007.

51. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull..., pp. 238-244.

52. Walter LaFeber, The American Age. United States Foreign Policy at Home and Abroad, W.W. Norton & Company, Nueva York, 1994, p. 380.

53. Bowers a Hull, 25 de septiembre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2029.

54. Bowers a Hull, Menace of Revolutionary Activities, Madrid, 26 de septiembre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2030, p. 3.

55. Ibídem, p. 3.

56. Ibídem, p. 6.

57. Ibídem, p. 3.

58. Ibídem, pp. 6-7.

59. «Catalan Defiance of Madrid Grows», The New York Times, 1 de octubre de 1934.

60. Bowers a Hull, Resignation of Samper Government, Madrid, 3 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2049, pp. 5-6.

61. Bowers a Hull, Madrid, 4 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2025, y Gray a Bowers, file n.º 852.00/2026.

62. Bowers a Hull, Madrid, 5 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2027 y n.º 852.00/2028.

63. Memorandum of Long Distance Telephone Conversation between the Secretary of State and Ambassador Bowers in Madrid, on Saturday, October 6, Madrid, 8 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2039.

64. Dawson a Hull, Barcelona 7 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2034.

65. Bowers a Hull, Madrid, 7 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department.CentralFiles.Spain.InternalAffaires, 1930-1939, part1, reel 4, file n.º 852.00/2035.

66. Bowers a Hull, Madrid, 8 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department.CentralFiles.Spain.InternalAffaires, 1930-1939, part1, reel 4, file n.º 852.00/2037.

67. «85 Slain in Spanish Strike: Radicals Cripple Country Catalans Seek Secession», The New York Times, 6 de octubre de 1934, pp. 1 y 3; William P. Carney, «Martial Law in Asturias», The New York Times, 6 de octubre de 1934, p. 3; William P. Carney, «Catalans Secede As Rising Spreads», The New York Times, pp. 1 y 3.

68. «1.000 Hungarian Miners Threaten Suicide in Pits if $3.50 Week Wage is not Granted», The New York Times, 9 de octubre de 1934, p. 4.

69. «British Labor to Push Socialization if its Party Wins in Next Election», The New York Times, 4 de octubre de 1934, p. 1.

70. «“Foes of Republic” Attacked in Spain», The New York Times, 6 de octubre de 1934, p. 3.

71. Frank L. Kluckhohn, «Soviet for Spain is Socialist Aim», The New York Times, 6 de octubre de 1934, p. 3. Véase también «Spain’s Social Upheaval», The Washington Post, 8 de octubre de 1934, p. 8.

72. «Spanish Troubles», The New York Times, 8 de octubre de 1934, p. 16.

73. Al parecer más de 12.000 militares retirados ofrecieron sus servicios para reprimir la revuelta y fueron aceptados inmediatamente y enviados a varios lugares en España, véase «Terrorism Grips Northern Spain», The New York Times, 9 de octubre de 1934, p. 4.

74. Bowers a Hull, Madrid, 13 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2046.

75. «Asturias Rebels Continue Fighting», The New York Times, 13 de octubre de 1934, p. 7.

76. Pierrepont Moffat al Departamento de Estado, 17 de octubre de 1934, y Bowers a Hull, Madrid, 19 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2052 y file n.º 852.00/2053.

77. Bowers a Hull, Madrid, 8 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2057.

78. Pierrepont Moffat al Departamento de Estado, Madrid, 15 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2050.

79. Bowers a Hull, Madrid, 15 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2060. En efecto, Jay Allen, instalado en Madrid desde 1930, dio refugio en su domicilio de la calle de Alcalá, del 8 al 10 de octubre, a socialistas destacados como Negrín, Araquistáin, Álvarez del Vayo, Llopis y al dirigente minero asturiano Amador Fernández, pero no ocultaba al comité revolucionario, según la noticia que publicó su vecino y corresponsal del New York Times William P. Carney el 9 de octubre. Véase Paul Preston, Idealistas bajo las balas, Debate, Madrid, 2007, p. 354.

80. Esta era también la opinión del ministro del Interior español, Eloy Vaquero, cuyas declaraciones reproducía el embajador en su despacho el 10 de octubre de 1934: «Cataluña ha sido el centro más importante de la revolución. Cualquier cosa dependía de lo que pasaba allí. Si la Generalidad hubiera triunfado hubiera sido el mayor estímulo para los extremistas en todo el resto de España. Sin embargo, en la primera amenaza el castillo se rindió y Cataluña está en este momento totalmente pacificada», Bowers a Hull, 10 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2056, p. 2.

81. Dawson a Hull, The Revolt of the Generalitat, Barcelona, 15 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2065.

82. Bowers a Hull, Revolutionary Movement, Madrid, 16 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 2061, p. 2.

83. Ibídem, p. 5.

84. Bowers a Hull, Political Consequences of the Revolution, Madrid, 17 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2062, pp. 4-5.

85. Las cifras que en ese momento tenía Bowers eran que el ejército y las fuerzas del orden decían haber perdido a 1.500 hombres: en realidad tuvieron 300 muertos y 2.000 heridos.

86. Bowers a Hull, Political Situation and End of the Revolution, Madrid, 23 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2066.

87. La entrevista con Escobar fue mantenida por el consejero de la Embajada. Bowers a Hull, The Political Situation as Seen from the Extreme Right, Madrid 27 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2069, pp. 2-3.

88. «Slaying in Spain Laid to Moroccans», The New York Times, 29 de octubre de 1934, p. 10.

89. Bowers a Hull, Atrocities in Asturias, Madrid, 30 de octubre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2071.

90. Como resalta Ruiz-Manjón esta era la postura singularmente de Alcalá Zamora, «transcendencia histórica y supremo interés nacional», según las propias palabras del presidente de la República. Véase Octavio Ruiz-Manjón, «La vida política en el Segundo Bienio Republicano»..., pp. 106-107.

91. Bowers a Hull, The Political Situation, Madrid, 7 de noviembre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2075.

92. Bowers a Hull, Madrid, 14 de noviembre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2076.

93. Bowers a Hull, The Case of Sr. Azaña, Madrid, 27 de noviembre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2080.

94. Bowers a Hull, Madrid, 17 de noviembre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2077.

95. Bowers a Hull, The Political Situation: Emergence of Cristian Socialism, Madrid, 23 de noviembre de1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2079.

96. Bowers a Hull, Madrid, 24 de diciembre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2087.

97. Bowers a Hull, Public Order, Madrid, 6 de diciembre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2085.

98. Bowers a Hull, Monarchist Activity, Madrid, 11 de diciembre de 1934. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2083.

99. Bowers a Hull, Unstable Political Situation, Madrid, 8 de enero de 1935. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º852.00/2089.

100. Bowers a Hull, Madrid, 11 de junio de 1935. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2102.

101. Bowers a Hull, Madrid, 26 de marzo de 1935. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2095.

102. Bowers a Hull, Left Republican Concentration in Madrid; Speech of Azaña, Madrid, 23 de octubre de 1935. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2115.

103. Santos Juliá, Manuel Azaña, una biografía política, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pp. 406-414.

104. En su despacho del 11 de junio de 1935 a Hull, Bowers destacaba por primera vez la violencia política entre «populistas agrarios» y socialistas después del mitin monárquico de Novales, en el que tres personas habían sido asesinadas, aunque en realidad los primeros muertos de falangistas y socialistas habían comenzado antes de octubre de 1934, en los primeros meses de aquel año. Bowers añadía que el 8 de junio el gobierno había suspendido las reuniones políticas de todos los partidos, decidió prolongar el estado de alarma durante otro mes y mantener la censura. Bowers a Hull, Madrid, 11 de junio de 1935. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain. Internal Affaires, 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 4, file n.º 852.00/2102.

4. UN «FRENTE POPULAR» CONTRA EL FASCISMO: ESPAÑA
(FEBRERO-JULIO DE 1936)

1. Fraser M. Ottanelli, The Communist Party of the United States, Rutgers University Press, New Brunswick, 1991, pp. 83-105. Para la legislación del Segundo New Deal véase William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and the New Deal, Harper & Row Publishers, Nueva York, 1963, pp. 143-166.

2. Pierre Renouvin, Historia de las relaciones internacionales, Akal, Madrid, 1982, pp. 1000-1011.

3. Franklin D. Roosevelt and Foreign Affaires, II, pp. 437-438. Citado por Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Oxford University Press, Nueva York, 1981, p. 101.

4. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy..., pp. 101-104.

5. Declaración de F.D. Roosevelt a su gabinete el 27 de diciembre de 1935, citado por Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt..., p. 117.

6. Cordell Hull señalaba en sus memorias unos años después: «la nueva Ley de Neutralidad no correspondía a mis deseos básicos —que al presidente se le diera discreción para decidir a quién aplicar la Ley (...) La Ley de 1935 había sido en su naturaleza una legislación provisional. La Ley de 1936 continuaba siéndolo». Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. 1, The Macmillan Company, Nueva York, 1948, p. 467.

7. Esta es la idea expresada por Gabriel Jackson, La República Española y la Guerra Civil, Crítica, Barcelona, 1976, p. 173.

8. «Spain Enters 1936 in State of Chaos», The New York Times, 2 de enero de 1936, p. 11.

9. Santos Juliá, «El Frente Popular y la Política de la República en Guerra», en Santos Juliá (coord.), República y guerra en España, 1931-1939, Espasa, Madrid, 2006, p. 138.

10. Ibídem, p. 139.

11. William P. Carney, «Spanish Women to Vote Rightist», The New York Times, 19 de enero de 1936, p. E5.

12. Bowers a Hull, Madrid, 3 de febrero de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./433.

13. Bowers a Hull, Madrid, 3 de febrero de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./434.

14. Bowers a Hull, Madrid, 17 de febrero de 1936, pp. 3-4. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./435.

15. Bowers a Hull, Madrid, 17 de febrero de 1936, pp. 3-4. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./435.

16. «Rightists Claim Wide Victories in Spanish Vote», The Washington Post, 17 de febrero de 1936, p. 7.

17. «The Elections in Spain», The New York Times, 18 de febrero de 1936, p. 22.

18. «The Spanish Elections», The Washington Post, 21 de febrero de 1936, p. 8.

19. En concreto Frank Page, presidente de la ITT, sugería la víspera de las elecciones que la victoria del Frente Popular podía resultar «en el establecimiento de un gobierno más fuerte que el que España había tenido en muchos años». Citado por Douglas Little, Malevolent Neutrality, Cornell University Press, Ithaca, 1985, p. 190.

20. Bowers reprodujo en sus memorias que el general Franco llamó a Portela con la sugerencia de que le entregara el poder, véase Claude G. Bowers, My Mission to Spain, Simon and Schuster, Nueva York, 1954, p. 192. En realidad el general Franco pidió al general Sebastián Pozas, director de la Guardia Civil, que para prevenir el orden se uniera a una acción militar que ocupara las calles. Pozas y el director de la policía, general Miguel Núñez de Prado, se negaron y Franco finalmente se echó atrás al no ver madura la situación. Véase Paul Preston, Franco. Caudillo de España, Grijalbo, Barcelona, 2002, pp. 144-148; Julián Casanova, República y guerra civil..., p. 156.

21. William P. Carney, «Riots Sweep Spain on Left’s Victory; Jails Are Stormed», The New York Times, 19 de febrero de 1936, p. 1.

22. «Spanish Soviet Aim of Leftists; Riots Continue», The Washington Post, 21 de febrero de 1936, p. 10.

23. Bowers a Hull, Madrid, 24 de febrero de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42. file n.º 852.00 P.R./436, p. 3.

24. William P. Carney, «Spain Threatened by Martial as Leftists Riot», The New York Times, 21 de febrero de 1936, p. 1. William P. Carney, «Red Flag Paraded in Madrid Streets», The New York Times, 23 de febrero de 1936, p. 27.

25. Bowers a Hull, Madrid, 24 de febrero de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./436, p. 4.

26. G. Ward Price, «Spanish Left Gain is Laid to Moscow», The New York Times, 23 de febrero de 1936, p. 27.

27. William P. Carney, «Spain’s Left Groups Press their Reforms», The New York Times, 23 de febrero de 1936, p. E.5.

28. Bowers a Hull, Madrid, 24 de febrero de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./436, pp. 11-13.

29. Bowers a Hull, Madrid, 30 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./441, p. 2.

30. Bowers a Hull, Madrid, 9 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./438, p. 13.

31. Bowers a Hull, Madrid, 6 de abril de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./442, p. 10.

32. Bowers a Hull, Madrid, 2 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./437, pp. 6-8.

33. Ibídem, pp. 9-12.

34. «Spain Must Decide Communist Issue», The New York Times, 7 de marzo de 1936, p. 9.

35. Bowers a Hull, 9 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R. /438.

36. «Spain Must Decide Communist Issue», The New York Times, 7 de marzo de 1936, p. 9.

37. El Obrero de la Tierra, 29 de febrero de 1936.

38. Edward Malefakis, Reforma agraria..., pp. 420-425.

39. «Spanish Peasants Seize Estates, Begin Farming», The Washington Post, 30 de marzo de 1936.

40. El Obrero de la Tierra, 21 de marzo de 1936.

41. Edward Malefakis, Reforma agraria..., pp. 432-433.

42. Ampliamente documentado para Andalucía por Francisco Cobo Romero, Revolución campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía, Universidad de Granada, Granada, 2004, pp. 116-121; y José Manuel Macarro Vera, Socialismo, República y Revolución en Andalucía: (1931-1936), Universidad de Sevilla, Sevilla, 2000, pp. 421-452; para Castilla-La Mancha y particularmente Ciudad Real, véase Fernando del Rey, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008, pp. 502-511.

43. Bowers a Hull, Madrid, 23 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./440.

44. Bowers a Hull, Madrid, 9 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./438.

45. Bowers a Hull, Madrid, 16 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./439, p. 5.

46. Bowers a Hull, Madrid, 23 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./440, pp. 1 y 18.

47. Bowers a Hull, Madrid, 16 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./439, p. 6.

48. Bowers a Hull, Madrid, 23 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./440, p. 13.

49. Bowers a Hull, Madrid, 23 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./440, p. 15.

50. Bowers a Hull, Madrid, 30 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./441, p. 6.

51. Bowers a Hull, Madrid, 16 de marzo de 1936, y Madrid, 23 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./439, p. 10 y file n.º 852.00 P.R. /440, p. 1.

52. Bowers a Hull, Madrid, 30 de marzo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./441, p. 5.

53. Bowers a Hull, Madrid, 6 de abril de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./442, p. 11.

54. Bowers a Hull, Madrid, 6 de abril de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./442.

55. Para el agravamiento de la crisis política por la destitución de Alcalá Zamora véase Santos Juliá, Manuel Azaña. Una biografía política, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pp. 480-481.

56. Bowers a Hull, Madrid, 13 de abril de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./443, pp. 2, 10 y 13.

57. Bowers a Hull, Madrid, 20 de abril de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º: 852.00 P.R./444, reel 42, pp. 2-5.

58. Bowers a Hull, Madrid, 20 de abril de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º: 852.00 P.R. /444, pp. 5-6.

59. «Five Slain in Spain as Factions Fight», The New York Times, 17 de abril de 1936, p. 10.

60. «Five Slain in Spain as Factions Fight», The New York Times, 17 de abril de 1936, p. 10; y «Anti-Fascist Drive Nets 800 in Spain», The New York Times, 19 de abril de 1936, p. 32.

61. «121 Red Ex-Rebels Hailed in Madrid», The New York Times, 25 de abril de 1936, p. 8.

62. El objetivo de Azaña según Santos Juliá era salvar el «azañismo», donde podría rendir más y hacer posible un gobierno de coalición republicano-socialista dirigido por Prieto, que evitara la formación de un gobierno exclusivamente socialista y caballerista. Véase Santos Juliá, Vida y Tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940, Taurus, Madrid, 2008, p. 383.

63. Bowers a Hull, Madrid, 4 de mayo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./446, pp. 6-7.

64. Santos Juliá, Manuel Azaña..., p. 484.

65. Indalecio Prieto, «La Conquista Interior de España», discurso en Cuenca, 1 de mayo de 1936, Discursos fundamentales, Turner, Madrid, 1975, pp. 255-273.

66. Bowers a Hull, Madrid, 4 de mayo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./446, p. 3.

67. Bowers a Hull, Madrid, 11 de mayo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./448.

68. Bowers a Hull, Madrid, 4 de mayo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./446, pp. 8-9.

69. Bowers a Hull, Madrid, 27 de abril de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./445.

70. Bowers a Hull, Madrid, 4 de mayo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal aAfaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./446, p. 10.

71. Bowers a Hull, Madrid, 18 de mayo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./447, p. 4.

72. Bowers a Hull, Madrid, 4 de mayo de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42 file n.º 852.00 P.R./446, pp. 11-13.

73. En palabras de Santos Juliá, «los problemas no se derivaban de que esos grandes partidos ocuparan posiciones antisistema, sino de que sus divisiones internas los incapacitaran para sostener al Gobierno, mientras crecían las presiones militares y sindicales». Véase «Sistemas políticos y problemas de consolidación de la democracia», en Santos Juliá (ed.), en Política en la Segunda República, Ayer, 20, 1995, p. 139.

74. Como afirma José Manuel Macarro, «Para la CNT y para la UGT el momento de los políticos había caducado, porque había llegado el de la clase obrera y el de sus organizaciones genuinas, el de los sindicatos». Véase «Sindicalismo y Política», en Santos Juliá (ed.), en Política en la Segunda República, Ayer, 20, 1995, p. 169.

75. Bowers a Hull, Madrid, 25 de mayo de 1936, y Madrid, 1 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./449, p. 4, y file n.º 852.00 P.R./450, pp. 1-4.

76. Bowers a Hull, Madrid, 1 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./450, pp. 7-11.

77. Bowers a Hull, Madrid, 25 de mayo de 1936, y Madrid, 8 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º  852.00 P.R./449, pp. 2-3; e ibídem, file n.º  852.00 P.R./451, p. 6.

78. Bowers a Hull, Madrid, 15 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./452, p. 16.

79. Bowers a Hull, Madrid, 8 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./451, p. 7.

80. Bowers a Hull, Madrid, 8 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./451, p. 6.

81. Bowers a Hull, Madrid, 8 de junio de 1936, y Madrid, 15 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./451, p. 13, e ibídem, file n.º 852.00 P.R./452, p. 7.

82. Bowers a Hull, Madrid, 8 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./451, p. 4.

83. Bowers a Hull, Madrid, 15 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./452, pp. 1 y 9.

84. Bowers a Hull, Madrid, 15 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./452, p. 1.

85. Bowers a Hull, Madrid, 8 de junio de 1936, y Madrid, 15 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./451, pp. 9, e ibídem, file n.º 852.00 P.R./452, p. 5.

86. Bowers a Hull, Madrid, 15 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./452, p. 1.

87. William P. Carney, «Spain is Swept by Terror», The New York Times, 21 de junio de 1936, p. E.5.

88. Bowers a Hull, Madrid, 22 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º/ 852.00 P.R./453, p. 1-3.

89. Bowers a Hull, 22 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º/ 852.00 P.R./453, p. 5.

90. Bowers a Hull, 22 de junio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º/ 852.00 P.R. /453, p. 7.

91. Frederick T. Birchall, «Red Rule in Spain Seen as Unlikely», The New York Times, 22 de junio de 1936, p. 10.

92. Frederick T. Birchall, «Poverty Causes Spanish Ills», The New York Times, 28 de junio de 1936, p. E5.

93. Bowers a Hull, Madrid, 6 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./455, pp. 16-18.

94. Bowers a Hull, Madrid, 6 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./455, pp. 1-4.

95. Colonel Stephen O. Fuqua, agregado militar a Cordell Hull, Madrid, 14 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 2, reel 11, file n.º 852.5045/160.

96. Bowers a Hull, Madrid, 6 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./455, p. 12.

97. Bowers a Hull, Madrid, 6 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.º 852.00 P.R./455, pp. 1-4.

98. «Monarchist Chief Murdered in Spain; 17 Police Arrested», The New York Times, 14 de julio de 1936, p. 1, y «2 Killed in Madrid at Deputy’s Rites», The New York Times, 15 de julio, p. 10.

99. Bowers a Hull, San Sebastián, 13 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 42, file n.o 852.00 P.R./456.

100. Bowers a Hull, San Sebastián, 14 de julio de 1936, y San Sebastián, 15 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain 1930-1939, Internal Affaires, part 1, reel 4, file no 852.00/ 2296 e ibídem, reel 5, file n.º 852.00/ 2297.

5. DEL EMBARGO MORAL AL EMBARGO LEGAL: ESTADOS UNIDOS
ANTE UNA GUERRA CIVIL EN EL PRECARIO EQUILIBRIO EUROPEO
(JULIO-DICIEMBRE DE 1936)

1. Tenerife, Islas Canarias, 24 de julio de 1936 (recibido en el Departamento de Estado el 17 de agosto de 1936). Mason Turner, cónsul americano en Tenerife a Cordell Hull, Present Revolution in Spain and its Alleged Origin in Santa Cruz de Tenerife. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2626, pp. 2-6. Mason fue el primer diplomático americano que conoció a Franco y envió su opinión sobre este al Departamento de Estado en este informe.

2. San Sebastián, 24 de julio de 1936, Bowers a Hull, Rebellion. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2407.

3. Desde París llega la información de Madrid del 21 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part I, reel 4, file n.º 852.00/ 2186.

4. Washington, 21 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2195A.

5. Washington, 21 de julio de 1936. El Departamento de Estado a la embajada vía París. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/ 2186.

6. Clifford Finley, cónsul americano en Burdeos, informaba al secretario de Estado, el 22 de julio de 1936, de una entrevista concedida por el general Mola en Pamplona a un periodista de Burdeos. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2197.

7. A través de París, Wendelin informa de la situación en Madrid, 22 de julio 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part I, reel 4, file n.º 852.00/2193, 852.00/2196 y 23 de julio de 1936, file n.º 852.00/2215; John Chapman, cónsul americano en Bilbao, a Hull, Bilbao, 23 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2205; Bowers a Hull, San Sebastián, 21 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2207. Igualmente a través de París, información de los cónsules de Valencia y Barcelona, resumida por Jesse I. Straus, embajador en París, a Hull, París, 23 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2209 Sec. 2. William Corcoran, cónsul americano en Vigo, a Hull, Vigo, 23 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2222.

8. Este era en concreto el caso de muchas crónicas del New York Times, en las que siempre se resaltaba si habían sido censuradas o no.

9. El propio New York Times aseguraba el 20 de julio desde Washington que mucha de la información que manejaba el Departamento de Estado estaba siendo suministrada por los despachos de prensa, véase «Madrid Embassy Offers a Refuge», 21 de julio de 1936, p. 1. La crónica estaba fechada en Lisboa el 19 de julio de 1936.

10. «Rebels Gain in South Spain», The New York Times, 20 de julio de 1936, p. 1. La crónica estaba fechada en Lisboa el 19 de julio de 1936.

11. En concreto para el The Washington Post «la rebelión española se ha convertido hoy en guerra civil cuando las tropas rebeldes desde Marruecos aterrizan en las ciudades del sur y comienzan a penetrar en el interior», «Loyalist Ships Bombard Towns in Morocco», The Washington Post, 20 de julio de 1936, p. X1.

12. «Dispersing a Nation», Washington Post, 23 de julio de 1936, p. X8.

13. The New York Times, 21 de julio de 1936, editorial, p. 16. También «Rebels Marching on Seville» y «The Spanish Revolt», The New York Times, 20 de julio de 1936, p. 1.

14. «Dispersing a Nation», The Washington Post, 23 de julio de 1936, p. X8.

15. William H. Lander, «Seizure of land For Aid of Poor is Cause, Says Correspondent», The Washington Post, 20 de julio de 1936, p. XI.

16. The New York Times, 21 de julio de 1936, editorial, p. 16.

17. «Dispersing a Nation», The Washington Post, 23 de julio de 1936, editorial, p. X8. La misma idea de que el resultado de la guerra sería una dictadura en Lansin Warren, «Dictatorship in Spain is Likely to Follow War», The New York Times, 24 de julio de 1936, p. E.4.

18. Washington, 22 de julio de 1936, M.J. McDermott, Department of State. Division of Current Information, Memorandum of the Press Conference, Wednesday, July 22, 1936 (recibido en el Departamento de Estado el 22 de julio de 1936). Confidential U.S. State Department. Central Files, Spain 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2317.

19. Maxwell Blake, cónsul general americano en Tánger, a Hull, Tánger, 22 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 85200/2190. Días después el Comité de Control de Tánger decidió —con la oposición del representante español— no abastecer ni dar cobijo a los barcos españoles interpretándolo como un asunto que violaba la neutralidad. Tánger, Blake a Hull, Marruecos, 28 de julio de 1938, Legación de los Estados Unidos de América, Internacional Neutrality in Tangier under debate. The Technique of Procrastination. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2467, p. 12.

20. «El Departamento, en interés de la cooperación internacional para evitar complicaciones, no estaría dispuesto a apoyar a los ciudadanos americanos en Tánger en suministrar a cualquiera de los dos bandos en el presente conflicto, contrario a la política adoptada por las autoridades constituidas en la zona de Tánger.» En Washington, 22 de julio de 1936, respuesta del Departamento de Estado. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2190.

21. Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión. El Gobierno británico y la guerra civil española, Siglo XXI, Madrid, 1996, pp. 46-48.

22. Ángel Viñas, La soledad de la República, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 66-68, 91.

23. Washington, 23 de julio de 1936, Hull a Roosevelt. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2265K.

24. Washington, 23 de julio de 1936, M.J. McDermott, Department of State, Division of Current Information, Memorandum of the Press Conference, Thursday, July 23, 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2331.

25. Washington, 25 de julio de 1936, Department of State. For the Press. Memorandum of Conversation Between Secretary Hull and Mr. Wendelin of the American Embassy at Madrid. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2310.

26. «Varied Careers Mark Officers Who’s Who», The New York Times, 7 de septiembre 1919, p. 21.

27. Lisboa, 24 de julio de 1936, Stephen O. Fuqua, coronel de infantería, agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Madrid, al jefe de gabinete del Departamento de Guerra, Report Sent to Legation at Lisbon for Forwarding to Chief of Staff, G-2, War Department. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part I, reel 5, file n.º 852.00/2386.

28. Washington, 27 de julio de 1936, Cordell Hull, Memorandum of Conversation Between Secretary Hull and The Spanish Ambassador, Señor Don Luis Calderón about the «Spanish Civil War» (es la primera vez que se considera el conflicto en España una guerra civil). Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part, reel 5, file n.º 852.00/2300.

29. Burgos, 28 de julio de 1936, Junta de Defensa Nacional. Telegrama enviado al Secretario de Estado de Estados Unidos por el Presidente de la Junta de Defensa Nacional Miguel Cabanellas. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2319.

30. Hull al Departamento de Guerra, Washington, 29 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2316.

31. Paul Preston da valiosos detalles de la entrevista, como que Franco mostrara a Allen varios ejemplares del antibolchevique y antisemita Bulletin de L’Entente Internationale contre la Troisième Internationale, organización dirigida desde el Ministerio de Información de Josef Goebbels. Véase Paul Preston, Idealistas bajo las balas, Debate, Barcelona, 2007, p. 359.

32. Jay Allen, «No Let-Up in Drive on Madrid», Chicago Daily Tribune, 28 de julio de 1936, p. 2, y Jay Allen, «Military Dictatorship Will Follow Rebel Success in Spain, Gen. Franco Declares», Chicago Daily Tribune, 29 de julio de 1936, p. 2.

33. Buen exponente en este sentido es el editorial del Washington Post del 29 de julio de 1936, «Class War Unleashed», p. X6.

34. Williams a Hull, Gibraltar, 27 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2292. Esta era la primera información más completa de lo que pasaba en el sur que llegaba al Departamento de Estado, identificando ya a los gubernamentales como rojos, según la nomenclatura insurgente, y confirmando el control de «los revolucionarios» en Sevilla, Córdoba y Jaén, en la que se indica, que como los submarinos y la armada eran leales al gobierno las tropas de Marruecos estaban aterrizando en Algeciras con aviones.

35. Straus a Hull, París, 27 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º852.00/2290 SEC 1, 2, 3, 4.

36. Kirk a Hull, Roma, 25 de julio, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 4, file n.º 852.00/2275. Información del miedo a la extensión del comunismo en Europa occidental que Italia y Alemania quieren evitar.

37. Arthur Bliss Lane, de la legación de los Estados Unidos de América, a Hull, Riga, 30 de julio de 1936, Conversation with Mr.Vilhelm Munters, Minister for Foreign Affaires. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part I, reel 5, file n.º 852.00/2686.

38. Loy Henderson, encargado de negocios de la embajada americana en Moscú, a Hull, Moscú, 31 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2338. Henderson informa a través de la legación americana en Riga al secretario de Estado sobre la información que le había proporcionado Neymann del Foreign Office sobre la intención soviética de no intervenir en España. Bowers también confirmó que 14 aviones alemanes de habían vendido a los rebeldes. Bowers a Hull, a través de Gay desde el USS Cayuga, 30 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2325.

39. El New York Times informaba de que 28 soldados leales habían sido ejecutados, así como un número indeterminado de civiles, por batallones de fusilamiento que actuaban de 3 a 5 de la madrugada, mientras que al menos 900 civiles se encontraban detenidos en Tetuán. «Morocco Fearful of Rule by Rebels», The New York Times, 27 de julio de 1936, p. 2.

40. Bowers a Hull, a través de Gay desde el USS Cayuga, 30 de julio de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2325.

41. «U.S. Plant Seizure in Spain Described», The New York Times, 30 de julio de 1936, p. 1.

42. «The Spanish People’s Tragedy», The New York Times, 26 de julio de 1936, p. E8. Véase también sobre el mismo tema Edwin L. James, «Spain Faces Prospect of Long Class Battle», The New York Times, 26 de julio de 1936, editorial, p. E3.

43. Un análisis pormenorizado del «terror caliente» en el verano de 1936 en Julián Casanova, «Rebelión y Revolución», en Santos Juliá (coord.), Víctimas de la Guerra Civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999, pp. 57-153. Entre las síntesis más recientes destacan Javier Rodrigo, Hasta la raíz: violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, Alianza, Madrid, 2008; Francisco Espinosa Maestre (ed.), Violencia roja y azul. España 1936-1959, Crítica, Barcelona, 2010; Paul Preston, El holocausto español, Debate, Barcelona, 2011.

44. «La asistencia de la Compañía Telefónica en Madrid ha sido de incalculable valor para esta Embajada al poder establecer y mantener comunicaciones con la Embajada en París y los consulados de Barcelona y Valencia, así como con la Legación en Lisboa.» En informe confidencial de Eric C. Wendelin, tercer secretario de la embajada, a Cordell Hull, Madrid, 12 de agosto de 1936, The Military Revolt in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part I, reel 6, file n.º 852.00/2980.

45. Las cifras confirmadas son de más de un centenar de militares y falangistas asesinados, en lo que sería la primera matanza que causó desolación entre los que, como el socialista Julián Zugazagoitia, defendían la legalidad republicana, Julián Casanova, «Rebelión y Revolución», en Santos Juliá (coord.), Víctimas..., p. 58; Paul Preston, El holocausto..., pp. 356-357.

46. Crónica fechada el 2 de agosto en Madrid y enviada a través de Londres, en la que se insiste que es «el primer relato completo y sin censura que ha llegado a Londres desde la que la Guerra Civil española comenzó», «Uncensored Story of Spain’s Revolt», The New York Times, 5 de agosto de 1936, p. 1.

47. Informe confidencial de Eric. C. Wendelin, tercer secretario de la embajada, a Cordell Hull, Madrid, 12 de agosto de 1936, The Military Revolt in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2980.

48. Franklin a Hull, Barcelona, 12 de agosto de 1936, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2567. La constancia de estas primeras matanzas en las calles de Barcelona, así como de escenas similares en las otras ciudades de la retaguardia republicana en José Luis Ledesma, «Una retaguardia al rojo, la violencia en la zona republicana», en Francisco Espinosa Maestre (ed.), Violencia roja y azul. España 1936-1959, Crítica, Barcelona, 2010, pp. 165-166.

49. «Leftists Sweep over Catalonia, Killing Priests», The Washington Post, 2 de agosto de 1932, p. M1. «Refugees Tell of Horrors in Spanish War», The Washington Post, 26 de agosto de 1936, p. XI.

50. Barcelona, 10 de agosto de 1936, Lynn W. Franklin a Cordell Hull, Transmission of Copies of Political Reports on Fascist Uprising in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2862. Como señalaba el Washington Post el 4 de agosto, para evitar incidentes con las autoridades catalanas y españolas el Departamento de Estado insistía en que no tenía noticias de la incautación o confiscaciones de propiedades americanas, a pesar de que la prensa había informado ampliamente de la confiscación temporal de las fábricas de General Motors y Ford en Barcelona; véase «Quiet Spain Now Is Hull Advice to Americans», The Washington Post, 4 de agosto de 1936, p. X5.

51. Graves a Hull, Málaga, 12 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2556. Entre agosto y septiembre fueron asesinadas en Málaga alrededor de 1.100 personas, según Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2005, p. 126. Paul Preston da las mismas cifras para la ciudad de Málaga, pero mientras la ciudad estuvo en poder de los republicanos, El holocausto..., p. 352. Por su parte, J.L. Ledesma, refiriéndose a la provincia de Málaga y a las potentes «milicias» que por encima de las autoridades provinciales realizaron una auténtica limpieza, cuya represión superaría al 4 por ciento de la población en las primeras semanas de guerra, «Una retaguardia en rojo»..., p. 189.

52. Lynn W. Franklin a Cordell Hull, Barcelona, 16 de agosto de 1936, Letter (august 1936) from Consular Agent (Cesar F. Agostini) at Tarragona Regarding Disturbances in his District. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2925.

53. Davis, cónsul americano en Valencia, a Hull, Valencia, 21 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2734. Las informaciones de Davis para Valencia pueden estar muy cerca de la realidad, pues si en julio hubo solamente 50 asesinados en el País Valenciano, en agosto fueron 1.249 y en septiembre 1.424. Véase Julián Casanova, «Rebelión y Revolución», en Santos Juliá (coord.), Víctimas..., p. 141; Vicent Gabarda comprueba que la mayor parte de las ejecuciones se llevaron a cabo de agosto a octubre en una acción combinada de los comités revolucionarios y los tribunales populares, en La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, p. 169. En cuanto al asesinato del cónsul honorario de Polonia en Valencia, el conocido empresario Vicente Noguera, tuvo repercusión en las reuniones del cuerpo diplomático reunido en Madrid; véase Acta de la sesión celebrada por el cuerpo diplomático en la Embajada de Chile el día 13 de agosto de 1936, en Eric C. Wendelin a Codell Hull, Madrid, 25 de octubre de 1936, Enclosing Records of Sessions of Diplomatic Corps at Madrid. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3792. Wendelin justificaba la tardanza en enviar estas y otras informaciones sobre la situación en Madrid y la represión en la zona republicana «por la ausencia de personal administrativo» en la embajada.

54. William W. Corcoran, cónsul americano (antiguo cónsul de Vigo), a Cordell Hull, Gotemburgo, Suecia, 28 de agosto de 1936, Confidential. Report on Civil War in Spain, With Particular Reference To The Problem of Future Protection of American Citizens in Areas Dominated by the Rebels. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/3009.

55. Corcoran a Hull, Vigo, 3 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2361. Paul Preston destaca la feroz represión en Galicia totalmente desproporcionada con la escasa resistencia que halló la sublevación militar, véase Paul Preston, El holocausto..., pp. 92-301.

56. Mason Turner, cónsul americano en Tenerife, a Cordell Hull, Tenerife, Islas Canarias, 24 de julio de 1936 (recibido en el Departamento de Estado el 17 de agosto de 1936). Present Revolution in Spain and its Alleged Origin in Santa Cruz de Tenerife. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2626, pp. 4 y 6. Paul Preston señala que aunque el golpe triunfó de inmediato en Canarias, y por tanto no hubo muertos a manos de los republicanos, los insurgentes mataron a más de 2.500 personas durante la guerra, Paul Preston, El holocausto..., p. 302.

57. Frank L. Kluckhohn, «Franco Promises a Liberal Regime favouring No Class», The New York Times, 9 de agosto de 1936, p. 1.

58. Bay a Hull, Sevilla, 10 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2519. Para una síntesis de la represión en Andalucía y el «terror de Queipo», véase Paul Preston, El holocausto..., pp. 192-152.

59. Wilson a Hull, París, 7 de agosto de 1936, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2463. El secretario de Estado envió al secretario de Comercio este documento, con la impresión personal de Wilson sobre la sublevación y su respuesta en Córdoba y Sevilla en los primeros días que siguieron al golpe de Estado.

60. Lynn W. Franklin a Cordell Hull, Barcelona, 16 de agosto de 1936, Copies of Articles Regarding [Mr. Lawrence A. Fernsworth] Disturbed Conditions in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2864.

61. «Uncensored Story of Spain’s Revolt», The New York Times, 5 de agosto de 1936, p. 1.

62. Jay Allen, «Slaughter of 4000 at Badajoz, “City of Horrors”, is Told by a Tribune Man», Chicago Daily Tribune, 30 de agosto de 1936, p. 2.

63. Citado por Julián Casanova, «Rebelión y Revolución», en Santos Juliá (coord.), Víctimas..., p.76.

64. Esta es la información de Francisco Espinosa, «Julio de 1936. Golpe Militar y Plan de Exterminio», en Julián Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir, Crítica, Barcelona, 2002, pp. 75-76; Paul Preston, El holocausto..., p. 436.

65. 27 de agosto de 1936, embajador Claude G. Bowers, Hotel Eskualduna, Hendaya (Francia) al Departamento de Estado. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2867A; Hull a Bowers, Washington, 28 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part I, reel 6, file n.º 852.00/2946.

66. Chapman a Hull, Bilbao, 4 de septiembre de 1936, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2982.

67. Valencia, 2 de septiembre de 1936, Davis a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2958; Valencia, 4 de septiembre de 1936, Davis a Gray. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part I, reel 6, file n.º 852.00/2999.

68. Williams a Hull, Gibraltar, 2 de septiembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2959.

69. Wendelin a Hull, Madrid, 30 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2885.

70. Wendelin a Hull, Madrid, 4 de septiembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2994.

71. «Spain’s New leadership», The Washington Post, 5 de septiembre de 1936, p. X6.

72. «Calderon, Spain’s Envoy, Quits; Objects to Cabinet of Radicals», The Washington Post, 6 de septiembre de 1936, p. 1.

73. «Rebels in Spain Charting Rule of Dictatorship. Monarchy not to Return, Franco», The Washington Post, 11 de septiembre de 1936, p. X3.

74. Gibraltar, 22 de agosto de 1936, Williams a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2749.

75. William P. Carney, «Long War is Seen by Socialist Chief», The New York Times, 10 de agosto de 1936, p. 3. Walter Duranty, «Catalan leftist Ban Soviet Regime», The New York Times, 27 de agosto de 1936, p. 2.

76. Stephen O. Fuqua, coronel de infantería, agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Madrid, a Cordell Hull, Madrid, 10 de agosto de 1936, Military Uprising against the Government. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2970.

77. William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and The New Deal, Harper Torchbooks, Nueva York, 1963, pp. 177-183.

78. Antony J. Bardger, The New Deal. The Depression Years, 1933-1940, The Noonday Press, Nueva York, pp. 245-271.

79. Roosevelt compartía con el subsecretario de Estado Sumner Welles y otros miembros de su gabinete la idea wilsoniana de que sólo el capitalismo de «open door» podía restablecer la economía americana y mundial, estabilizar la democracia y asegurar la paz. David Ryan, US Foreign Policy in World History, Routledge, Londres y Nueva York, 2003, pp. 99-100.

80. Según Edward M. Bennet, aunque tanto Roosevelt como la URSS vieron claramente a partir de 1933 que si no se actuaba una guerra sería inevitable, el presidente y el Departamento de Estado temieron a una opinión pública neutralista y pacifista. Esta indecisión de Estados Unidos hizo que la URSS se centrara desde 1934 en el reforzamiento del Ejército Rojo, incluso a costa de no pagar las deudas que tenía con Estados Unidos desde la revolución —violando así el acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países de noviembre de 1933— y que volviera a reunir el Comintern en 1935 ensayando su nueva estrategia de frentes populares. Véase Edward M. Bennet, Franklin D. Roosevelt and The Search For Security. American-Soviet Relations, 1935-1939, Scholarly Resources Inc., Wilmington, 1986, pp. 47-62.

81. Por supuesto este argumento apuntaba la tensión con Gran Bretaña respecto a su Imperio colonial, que podían haber inducido a esta hacia el «apaciguamiento», para evitar la presión americana y una guerra con Alemania; David Ryan, US Foreign Policy..., pp. 100-101.

82. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Oxford University Press, Oxford/Nueva York, 1981, p. 131.

83. H.A. Doolittle, consulado general americano, a Cordell Hull, Tánger, Marruecos, 5 de agosto de 1936 (enviado el 8 de agosto de 1936), Voluntary Report. The Spanish Military Revolt in Marocco. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2729, pp. 12-13.

84. R.C. Caldwell a Hull, Lisboa, 3 de agosto de 1936, Attitude of Portugal towards the Spanish Revolution. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2660.

85. Alexander Kirk, encargado de negocios interino en la embajada de Estados Unidos en Roma, a Cordell Hull, Roma, 1 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2354; Roma, Alexander Kirk a Cordell Hull, Roma, 5 de agosto de 1936, Civil War in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2708.

86. Straus a Hull, París, 2 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2343.

87. Cordell Hull, Memorandum of Conversation Between Secretary Hull and the French Chargé D’Affaires, Mr. Jules Henry, Washington, 4 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2434.

88. Loy W. Henderson, encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos de América en Moscú, a Cordell Hull, Moscú, 1 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2731.

89. Arthus Bliss Lane a Cordell Hull, Riga, 21 de agosto de 1936, The Soviet Press and the Spanish Revolution. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2950.

90. Henderson a Hull, Moscú, 4 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2395.

91. «Sir Charles (...) comentó a Caldwell que aunque su gobierno consideró reconocer a las dos partes beligerantes, sin embargo (...) expertos del Foreign Office habían señalado que cualquier reconocimiento de beligerancia del Gobierno de Burgos significaría problemas embarazosos como el derecho de búsqueda en el mar, que Gran Bretaña está lógicamente ansiosa de evitar (...) la intervención de cualquier país podría, en vista de la actual situación internacional, producir consecuencias, cuyo resultado nadie puede prever.» R.G. Caldwell a Cordell Hull, Lisboa, 25 de agosto de 1936, Conversation with the British Ambassador. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2991.

92. Hugo García resalta el clima general de indiferencia y el abrumador apoyo a la No Intervención, incluso en amplios sectores del Partido Laborista, aparte de una decidida política informativa influida por la posición gubernamental a favor de la No Intervención; véase su libro Mentiras necesarias. La batalla de la opinión británica durante la Guerra Civil, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008, pp. 210-214.

93. Henry Lyndhurst, «The Shadows of Dictators over Europe», The New York Times, 23 de agosto de 1936, p. SM3-4.

94. Herschel V. Johnson, primer secretario de la embajada de Estados Unidos en Londres, a Cordell Hull, Foreign Office Warning Regarding Non-intervention in Spain, Londres, 17 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2770.

95. Johnson a Hull, The Spanish Revolution, Londres, 17 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2943.

96. Wendelin a Hull, Madrid, 4 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2396.

97. Circular. Departamento de Estado a todos los consulados en España. Estrictamente confidencial, Washington, 7 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2510A; el señor Williams Phillips, secretario de Estado en funciones, da a la prensa las instrucciones que ha enviado a todos los representantes de su gobierno en España referentes a la postura oficial sobre el conflicto, Washington, 11 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part I, reel 5, file n.º 852.00/2569.

98. Stanley K. Hornbeck, jefe de la División del Lejano Oriente del Departamento de Estado, Department of State, Division of Far Eastern Affaires, Washington, 11 de agosto de 1936, The Spanish Civil Conflict and the Question of American Policy as regards Cooperation with Other Powers in Placing an Embargo on Sale and Export of Arms. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2552.

99. M.J. McDermott, Department of State, Division of Current Information, Washington, 22 de agosto de 1936, Memorandum of The Press Conference, Saturday 22 August 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2912. Véase también respecto a la postura oficial del gobierno estadounidense «Hope to Preserve Neutrality», The New York Times, 13 de agosto de 1936, p. 10. En el citado artículo se transmite la confianza de la administración en que los empresarios respetarán «la política de neutralidad de los Estados Unidos en relación con la Guerra Civil Española» e insiste en que «después del 17 de julio ninguna munición o armamento se ha exportado a España. Anteriormente fueron inapreciables».

100. Desde el mes de agosto el anticomunista y filonazi presidente del Consejo de Administración de la Texaco, Torkild Rieber, decidió abastecer a Franco, no en las condiciones tan favorables que se han indicado hasta ahora, sino previo pago, «pero poniendo su inmensa flota a disposición de Franco»; véase Ángel Viñas, La soledad..., p. 135. Por otra parte, la General Motors y la Ford, cuyas empresas fueron confiscadas en el mes de julio por los sindicatos en Barcelona, y que a pesar de las promesas del gobierno de la República y la Generalitat no fueron devueltas a sus propietarios ni pagadas las indemnizaciones pertinentes, no sólo suministraron vehículos a los rebeldes con promesas de pago futuro, sino que se negaron a vender a los republicanos aunque estos podían pagar con dinero en efectivo . Véase The Secret Diary of Harold L. Ickes, vol. II, The Inside Struggle 1936-1939, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1955, p. 378. En cuanto al presidente de la CTNE, Sosthenes Behn, que estaba en Madrid desde el estallido de la guerra, aunque escrupulosamente intentó que su compañía diera servicio por igual en toda España, cuando los rebeldes amenazaban con tomar Madrid comunicó a Hull que él reconocería a Franco sin esperar al gobierno americano. Véase Douglas Little, Malevolent Neutrality, Cornell University Press, Ithaca/Londres, 1985, p. 258.

101. Esta es la opinión de Little respecto a las primeras semanas del conflicto español, referido a Cordell Hull y a algunos altos miembros de su departamento. Véase Doglass Little, Malevolent..., p. 238, y «Antibolshevism and Appeasement: Great Britain, the United States, and the Spanish Civil War», en David F. Schmitz y Richard D. Challener, Appeasement in Europe. A Reassement of U.S. Policies, Greewood Press, Nueva York, 1990, pp. 25-26.

102. Sin negar lo anterior, esta es la opinión tanto de Robert Dallek —máximo especialista en relaciones internacionales en las administraciones de F.D. Roosevelt— como de F. Jay Taylor en su clásico libro The United States and the Spanish Civil War, Octagon Books, Nueva York, 1971, p. 40. Opinión que yo comparto, teniendo en cuenta el contexto de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 1936.

103. Esto lo señala Hull en comparación con las reticencias del presidente a firmar la Ley de Neutralidad de 1935; véase Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. 1, The Macmillan Company, Nueva York, 1948, pp. 491-492.

104. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. 1, The Macmillan Company, Nueva York, 1948, pp. ... y Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt..., p. 127.

105. Muchos de los inmigrantes de segunda generación católicos del sur y del este de Europa se afiliaron al sindicato industrial de la CIO, principal soporte electoral de Roosevelt en la campaña de 1936, cuyo líder, John Lewis, comentó a un colaborador suyo que no podía apoyar al gobierno legal en España porque había demasiados católicos en la CIO: «No voy a meterme en este problema... es demasiado peligroso para mí». Véase Ted Morgam, FDR. A Biography, Simon & Schuster, Nueva York, 1985, p. 439.

106. Este silencio en la campaña electoral de 1936, que se extendió al boicot que hicieron algunos países a las olimpiadas en la Alemania nazi, está bien ilustrado en Blanche Wiesen Cook, Eleanor Roosevelt, vol. 2, 1933-1938, Bloomsbury, Londres, 2000, p. 334.

107. A pesar de que el Vaticano desautorizó oficialmente al padre Coughlin en sus ataques a Roosevelt, los demócratas estaban preocupados porque el Union Party les arrebatara el 20 por ciento del voto católico irlandés en Rhode Island y Massachusetts, única situación que hubiera dado a los republicanos una lejana posibilidad de ganar las elecciones de 1936. Para las referencias al Union Party, véase William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and..., p. 183.

108. El senador Nye y otros 10 senadores y representantes urgieron a Roosevelt a hacer una mención explícita en el discurso de Chautauqua a que el gobierno iba a hacer cualquier esfuerzo para evitar el envío de armas a España. Vése R. Dallek, Franklin D. Roosevelt and..., p. 128.

109. Franklin D. Roosevelt, «I Hate War», Chautauqua, Nueva York, 1936.

110. Caldwell a Hull, Lisboa, 24 de agosto de 1936, The Problem of Portuguese Neutrality, «Confidential»-Staff use only. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/3000.

111. Wilson a Hull, París, 25 de agosto de 1932, telegrama calificado como «Confidencial», recibido a las 10:40. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2791.

112. Barnett Nover, miembro del equipo editorial del Post, «Spain’s Position and Holdings Make World Crisis of Civil War», The Washington Post, 5 de agosto de 1936, p. X1. Véase también Anne O’Hare McCormick, «Right vs. Left: A Great Struggle», The New York Times, 30 de agosto de 1936.

113. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and..., p. 131.

114. Desde Buenos Aires, 21 de agosto de 1936, John W. Whites, «Spanish Republics Urge Peace Move», The New York Times, 23 de agosto de 1936, p. E4.

115. G.R. Wilson, cónsul americano, a C. Hull, Veracruz, México, 22 de agosto de 1936, estrictamente confidencial, The Exportation of Arms and Ammunition to Spain from Veracruz, México. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2764.

116. Josephus Daniels, embajador de Estados Unidos en México, a Cordell Hull, México, 5 de agosto de 1936, Repercussions of the Spanish rebellion: activities of the Spanish Ambassador, and possible results of Spanish situation on projected strikes in Mexico. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2558.

117. Josephus Daniels a Cordell Hull, México, 27 de agosto de 1936, Conversation with Minister for Foreign Affaires regarding conditions in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 9, file n.º 852.00/2941.

118. Wintrop S. Greene, encargado de negocios interino, a Cordell Hull, legación de los Estados Unidos de América en Bogotá, Bogotá, Colombia, 18 de agosto de 1936, Assassination of Colombian Citizens by Spanish Popular Front Militia. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2796.

119. Leo R. Sack a Cordell Hull, San José, Costa Rica, 17 de agosto de 1936, Confidential: Spanish Revolution. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2789.

120. William C. Burdett, cónsul general americano, a Cordell Hull, Buenos Aires, Argentina, 11 de agosto de 1936, Argentine Attitude Toward Spanish Rebellion. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2634.

121. Raymond E. Cox, encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, a Cordell Hull, Buenos Aires, 28 de agosto de 1936, Local Reaction and Press Comment on the Spanish Rebellion. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2989.

122. Textualmente la respuesta de Hull al embajador francés fue la siguiente: «Contesté que por supuesto compartía todos los puntos de vista expresados por el Embajador relativos al tremendo estado de las matanzas en España y las fases humanitarias que sugieren cualquier tipo de súplica o protesta incluso por parte de los neutrales; hasta ahora mi único consejo ha sido que las conferencias propuestas por los diplomáticos tienen el propósito de alguna fase definitiva de intervención que este Gobierno por supuesto no puede suscribir». State Department, Washington, 28 de agosto de 1936, Memorandum of Conversation Between Secretary Hull and The French Ambassador, Mr. André De Laboulaye. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2904.

123. Hull a Bowers, Washington, 1 de septiembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2938A.

124. Hull a Bowers, Washington, 4 de septiembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2983.

125. John Hickerson, Department of State, Division of Western European Affairs, Washington, 1 de septiembre de 1936, Memorandum of Conversation Between Mr. Hickerson and Mr. Joao De Deus Ramos, Secretary of the Portuguese Legation. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/3005.

126. Departamento de Estado, Washington, 30 de agosto de 1936, For the Press, Statement by The Secretary of State, Mr. Cordell Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2911; Department of State, Division of Current Information, M.J. McDermott, Memorandum of the Press Conference, Monday, 31 de agosto de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/3006.

127. Hull a Wendelin, Washington, 9 de septiembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 6, file n.º 852.00/2998.

128. Como señala Julián Casanova, el 28 de agosto de 1936 los jefes de los servicios secretos militares de Alemania e Italia suscribieron el acuerdo de «proseguir los suministros de material bélico y las entregas de municiones, según las peticiones del general Franco». Citado por Julián Casanova, República y guerra civil, Crítica/ Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 266.

129. Chapman a Hull, Bilbao, 23 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3846.

130. Mahlon F. Perkins a C. Hull, Barcelona, 20 de noviembre de 1936, estrictamente confidencial, List of Names of Imprisoned Persons. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3829.

131. Barnet Nover, «False Front. Deepening Shadows Over Spain», Washington Post, 3 de octubre de 1936.

132. Eric C. Wendelin a Cordell Hull, Madrid, 26 de octubre de 1936, Enclosing report on military situation in Spain, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3791, pp. 1y 2.

133. Stephen O. Fuqua a Cordell Hull, The Military Situation in American Embassy, en Eric C. Wendelin a Cordell Hull, Enclosing report on military situation in Spain, Madrid, 26 de octubre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3791, pp. 8-11.

134. Cordell Hull, Washington, 28 de octubre de 1936, circular a las embajadas de París, Roma, Berlín y Londres con los cambios pertinentes. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 43, file n.º 852.01/124A.

135. «Spain Crossroads», editorial, The Washington Post, 27 de septiembre de 1936, p. B4.

136. «Rebels Mass for Big Push to End War. Downfall of Madrid is a Matter of Days only, Leaders Declare», The Washington Post, 29 de septiembre de 1936, p. X8.

137. Edwing L. James, «Moscow Goes Fishing Upon Spanish Waters», The New York Times, 11 de octubre de 1936, p. E3.

138. Esta información y una buena semblanza de Fisher en Paul Preston, Idealistas..., p. 51.

139. Louis Fisher, «On Madrid’s Front Line», The Nation, 24 de octubre de 1936.

140. «Madrid Watches Battle», The New York Times, 4 de noviembre de 1937, p. 34.

141. «Madrid Mobilizes 250.000», The New York Times, 25 de octubre de 1936, p. 3.

142. «Left Government abandons Madrid», The New York Times, 7 de noviembre de 1936, p. 1. La crónica estaba fechada el día 6 de noviembre en Getafe.

143. «Rios Calls Foes of Madrid New “Holly Alliance”», The New York Times, 6 de noviembre de 1936, p. X9.

144. Louis Fisher, «Madrid Keeps its Nerve», The Nation, 7 de noviembre 1936, p. 539.

145. «Paying-Stone Barricades to Contest Surrender», The New York Times, 7 de noviembre de 1936, p. 1.

146. Claude G. Bowers, My Mission to Spain, Simon and Schuster, Nueva York, 1954, p. 320.

147. Frank L. Klukhohn desde Elvas, en la frontera entre Portugal y España, «Franco Wages War with a Light Heart. A Portrait of Spain’s Rebel Chief, Who Began his Military Career as a Lad of Fourteen», The New York Times, 8 de noviembre 1936, p. SM5.

148. William W. Corcoran, cónsul americano a Hull, consulado americano, Gotemburgo, Suecia, 30 de octubre de 1936, estrictamente confidencial. Sequel to Enforced Departure from Rebel-Controlled Spain of William W. Corcoran, American Consular Officer. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3789.

149. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 11 de noviembre de 1936, Political and Military Situation in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3863, p. 5. Ronald Fraser relata el ambiente de terror en Sevilla coincidiendo con la inminencia de la toma de Madrid, basándose en el testimonio principal de la sobrina del líder comunista José Díaz, cuya madre —que no era miembro de ningún partido— fue ejecutada en esas jornadas. Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, vol. 1, Crítica, Barcelona, 1979, pp. 376-378.

150. «Rebel Atrocities in Southern Spain», The Manchester Guardian, 10/11 de noviembre de 1936.

151. Williams a Hull, Gibraltar, 18 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3797.

152. «“Terror” Reigns in Spain, Says Quincy Capitain», Washington Post, 6 de octubre de 1936, p. X4.

153. José Luis Ledesma, «Una retaguardia al rojo»..., p. 229.

154. Paul Preston indica que varios miembros del cuerpo diplomático emprendieron una investigación para esclarecer lo ocurrido, El holocausto..., p. 493.

155. William P. Carney, «No Democratic Government in Spain», The New York Times, 7 de diciembre de 1936. Véase también para W.P. Carney y el New York Times, Marta Rey García, Stars For Spain, Ediciós Do Castro, A Coruña, 1997, pp. 193-194.

156. William P. Carney, «Panic Sizes Capital», The New York Times, 12 de noviembre de 1936, p. 1.

157. «New Troops Lift Madrid’s Morale», The New York Times, 21 de noviembre de 1936, p. 2. La crónica no censurada está fechada en Madrid el día 16 y enviada por Courier vía Londres.

158. Ibídem.

159. Wendelin a Hull, Madrid, 17 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/38, p. 3.

160. Wendelin a Hull, Madrid, 17 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.0/3788; Hull a Bay, Washington, 19 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3795.

161. Wendelin a Hull, Valencia, 30 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3935.

162. «Franco Envoys See Rome to Aid Fascist Troops in Spain», The Washington Post, 19 de noviembre de 1936, primera página. La crónica de Associated Press estaba fechada en Roma el día 18.

163. «London Offers Compromise to Franco in Form of Safety Zone at Barcelona», The Washington Post, 20 de noviembre de 1936, p. X1.

164. «Attack Opens at Dawn», The New York Times, 23 de noviembre de 1936, p. 12.

165. Walter Duranty, «Separatist Catalonia Goes to Madrid’s Aid», The New York Times, editorial, p. E5.

166. Louis Fischer, «Madrid Fights Off Franco», The Nation, 21 de noviembre de 1936.

167. Louis Fischer, «Under Fire in Madrid», The Nation, 12 de diciembre de 1936, p. 693.

168. Wallace Murray, Chief of the Division of Near Eastern Affaires, Washington, 2 de noviembre de 1936, Memorandum of Conversation between Mr. Murray and Fulvio Suvich, Italian Ambassador, sobre Present Situation in Spain. (El memorándum se envía a William Phillips, embajador americano en Roma confidencialmente por R. Walton Moore, Acting Secretary of State.) Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3804.

169. Charles S. Reed II, encargado de negocios interino, a Cordell Hull, legación de los Estados Unidos de América, Belgrado, 6 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3790.

170. The Intelligence Division Office of Chief Naval Operations, Navy Department to the Department of State, Washington, 7 de noviembre de 1936, General Franco Announces He Will Shoot Down French Planes, file n.º 852.00/3902. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, General Franco Announces He Will Shoot Down French Planes.

171. North Winship, encargado de negocios interino a Cordell Hull, legación de los Estados Unidos de América, Copenhague, 7 de noviembre de 1936, Assistance For Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3899; Brown a Hull, Suecia, 20 de noviembre de 1936, Sweden and the Spanish Civil War. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3967.

172. «He hablado reiteradamente con al menos 12 reputados corresponsales que han estado con los ejércitos rebeldes y todos me hablan de tanques, aviones, aviadores y tanquistas alemanes e italianos, y la semana pasada a dos miembros de mi equipo, que pasaron por Irún, un oficial del ejército rebelde les dijo orgulloso que había 60 aviones italianos en Ávila. Minfie del Herald-Tribune, Gorrell de United Press, Weaver del London News-Chronicle, que fueron capturados por los rebeldes y estuvieron con sus ejércitos durante tres días, Todos están de acuerdo en cada detalle de este punto (...) Webb Miller, jefe europeo de United Press, me dijo que un gran número de aviones italianos y alemanes se han visto en Sevilla, y han sido recibidos por quince o veinte oficiales italianos con los que había estado en la campaña de Abisinia.» Bowers a Hull, Political and Military Situation in Spain, San Juan de Luz, 11 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3863, p. 6.

173. Bowers aHull, San Juan de Luz, 11 de noviembre de 1936, Political and Military Situation in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3863, p. 7.

174. Esta es entre otras la opinión del Washington Post, que cree que Franco también espera una ayuda directa de Italia y Alemania. Véase «Franco Envoys See Rome Move to Aid Fascists Troops in Spain», Roma, 18 de noviembre, The Washington Post, 19 de noviembre de 1936, p. X1.

175. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 20 de noviembre de 1936, Political Situation in Spain, Confidential for the Secretary and Under Secretary. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3937, p. 3.

176. Chapman a Hull, Bilbao, 23 de noviembre. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3846.

177. Perkins a Hull, Barcelona, 2 de diciembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3960. Por su parte el New York Times describía cómo el desfile de las primeras tropas de brigadistas franceses y alemanes por la Gran Vía madrileña, bien equipadas, acompañadas de la fuerza aérea más moderna había contribuido inmediatamente a elevar la quebrada moral de la capital. En sus comentarios también añadía que la ciudad se había convertido en «símbolo de la lucha antifascista» y «el principal experimento del comunismo en occidente». Véase «New Troops Lift Madrid’s Morale», The New York Times, 21 de noviembre de 1936, p. 2.

178. Como señala Christophen Othen, «para llegar a las cifras previstas los reclutadores fascistas engañaron descaradamente. A algunos les dijeron que iban a Abisinia en calidad de colonos...»; véase Las Brigadas Internacionales de Franco, Destino, Barcelona, 2007, p. 164.

179. Phillips a Hull, Roma, 28 de noviembre de 1936 (estrictamente confidencial). Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3913.

180. Bay a Hull (estrictamente confidencial), Sevilla, 27 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3906; Moore, Acting Secretary to American Consul in Seville, Washington, 28 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3906.

181. William E. Dodd a Hull, Berlín, 4 de diciembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3993.

182. Wendelin a Hull, Valencia, 2 de diciembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3962.

183. Bingham a Hull, Londres, 25 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3882.

184. Bingham a Hull, Londres, 3 de diciembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3977.

185. Bingham a Hull, Londres, 3 de diciembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3977; Bingham a Hull, Londres, 4 de diciembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3989.

186. Edwin L. James, «Hitler and Mussolini Find Common Ground. Berlin Recognizes Rome’s Annexation of Ethiopia as Part of Accord Between Two Dictators», The New York Times, 26 de octubre de 1936, p. E3.

187. «Es preciso declarar que las autoridades gubernamentales catalanas y los más destacados líderes revolucionarios están dispuestos a ayudar en la evacuación de los extranjeros. Esta revolución parece relativamente libre de esa pizca de tragedia anti extranjeros, aunque habrá algunas. Las evidencias provienen de demasiados frentes oficiales y oficiosos, para dudarlo.» Mahlon F. Perkins a Cordell Hull, Barcelona, 2 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3825.

188. Wendelin a Hull, Madrid, 19 de noviembre. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3799.

189. Cablegrama enviado por el Bernstein Eccentric Club de Londres al presidente Roosevelt en Washington, 15 de noviembre de 1936. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3782.

190. El North American Committee to Aid Spanish Democracy al presidente Franklin D. Roosevelt a bordo del crucero Indianapolis en ruta a Buenos Aires para asistir a la Conferencia de Paz, Washington, 30 de noviembre de 1936: Stephen Early, Assistant Secretary to the President to the Acting Secretary of State. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 10, file n.º 852.00/3929.

191. «Socialist Assail our Stand on Spain», The New York Times, 23 de noviembre de 1936, p. 13. «U.S. Socialists Prepare to Join Army of Spain. “Eugene Debs Column” to Help Madrid Forces, Aide at N. Y States», The Washington Post, 23 de diciembre de 1936, p. XI.

192. Gerald Howson, Armas para España. La historia no contada de la Guerra Civil española Península, Barcelona, pp. 251-256.

193. Todos los aspectos respecto a la premura de la aprobación de la ley y de la presión del propio Roosevelt para que se aprobara ante la inminencia de la salida del cargamento de armas de Robert Cuse para la República en el Mar Cantábrico en Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. I..., pp. 490-492. Para una reproducción del debate en el Congreso, véase «The Debate in Congress on the Embargo of Jannuary 8, 1937», en Allen Guttman (ed.), American Neutrality and the Spanish Civil War, Heath and Company, Lexington, D.C., 1963, pp. 31-44. El debate muestra, como señala Dominic Tierney, sin embargo opiniones diversas; véase FDR and the Spanish Civil War, Duke University Press, Durham/Londres, 2007, p. 52.

194. The Debate in Congress on the Embargo of January 8, 1937, en Allen Guttmann (ed.), American Neutrality and the Spanish Civil War, Heath and Company, Lexington. D.C., 1968, pp. 33-44.

195. Robert Dalleck, Franklin D. Roosevelt..., p. 136.

196. Ángel Viñas, La soledad..., pp. 80-82; para Gerald Howson era «un panorama de oportunidades ilimitadas», por la disposición a vender de las compañías aeronáuticas o de material bélico y el nulo efecto disuasorio que tenía el embargo legal, aunque tuviera otro tipo de problemas como resolver transportar los aviones o hacer que llegara el dinero; véase Gerald Howson, Armas para España..., pp. 230-247.

197. New York American, 1 de febrero de 1937. Citado por Dominic Tierney, FDR and the Spanish Civil War, Duke University Press, Durham/Londres, 2007, p. 39.

198. F. Jay Taylor, The United States and the Spanish Civil War, Octagon Books, Nueva York, 1971, p. 81.

199. «Pro-Fascist neutrality», The Nation, 9 de enero de 1937, pp. 33-34. Reproducido en Allen Gutman (ed.), American Neutrality and..., pp. 31-32.

200. Todas estas opiniones resumidas por F. Jay Taylor, The United States and the Spanish Civil War, Octagon Books, Nueva York, 1971, p. 82-65.

201. Roosevelt a Thomas, 25 de enero de 1937. FDR Official, Files n.º 422c:memo. Citado por F. Jay Taylor, The United States and the Spanish Civil War, Octagon Books, Nueva York, 1971, p. 83.

202. «Pope Asks World War on Reds; Warns National of Fate of Spain. Pontiff reads Christmas Message against Advice of Physicians; Germany Ignores Rebroadcast of What May be his Last Talk», The Washington Post, 25 de diciembre de 1936, p. X1.

6. 1937: DUDAS SOBRE LA NEUTRALIDAD, AVANCE NACIONALISTA
EN ESPAÑA Y CRISIS EN EL PACÍFICO

1. La expresión concreta en George Axelsson, «Malaga Falls to Rebels; 5,000 Leftists Arrested», The New York Times, 9 de febrero de 1937, p. 1. Opiniones parecidas en «Spanish Rebels Occupy Malaga», Los Angeles Times, 8 de febrero de 1937, p. 1 y Barnet Nover, «In Spain, The Fall of Malaga», The Washignton Post, 11 de febrero de 1937, p. 9.

2. «The Fall of Malaga», The Washington Post, editorial, 10 de febrero de 1937, p. 8.

3. Ibídem.

4. «Italians Boastful of Malaga Victory», The New York Times, 11 de febrero de 1937, p. 12.

5. Stephen O. Fuqua, coronel de infantería, agregado militar de la embajada, al Departamento de Guerra, Valencia, 4 de marzo de 1937, The Fall of Málaga. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5130.

6. Según el embajador italiano en España, Randolpho Cantalupo, que se quejaba de las atrocidades de la represión franquista al conde Ciano, las tropas de la Falange y la Legión Extranjera mataron a 4.000 personas como venganza de los 2.500 asesinatos que habían cometido los republicanos. Véase Christopher Othen, Las Brigadas Internacionales de Franco, Destino, Barcelona, 2007, pp. 166-167. Paul Preston calcula que en el éxodo que salió de la ciudad «parece seguro que hubo más de 3.000» muertos y que las primeras siete semanas que siguieron a la toma de la ciudad «3.401 personas habían sido juzgadas, de las cuales 1.574 habían sido ejecutadas». El holocausto español, Debate, Barcelona, 2011, pp. 251-252.

7. Antony Beevor, La Guerra Civil Española, Crítica, Barcelona, 2005, pp. 292-296.

8. Dominic Tierney, FDR and The Spanish Civil War..., p. 64.

9. Antony Beevor, La guerra civil española..., pp. 313-314.

10. Para el significado de estas bajas y el bautismo de fuego de la brigada en el Jarama, véase Peter N. Caroll, La odisea de la Brigada Abraham Lincoln, Espuela de Plata, Sevilla, 2005, pp. 157-174.

11. Chistopher Othen, Las Brigadas Internacionales de Franco..., pp. 178-179.

12. La nota enviada por Álvarez del Vayo el 29 de marzo a los gobiernos de Francia y Gran Bretaña y a la URSS el 2 de abril de 1937 denunciaba explícitamente que: «Habían participado 4 divisiones italianas mecanizadas, más dos brigadas especiales de tropas alemanas e italianas» y concluía textualmente:

«La existencia de un ejército italiano de ocupación en guerra contra el Gobierno legítimo de España, aparte de constituir una violación de la Ley Internacional y de estar en abierta contradicción con la resolución del Consejo del 12 de diciembre cuando se afirmó que “cada estado tiene la obligación de abstenerse de intervenir en los asuntos internos de otros estados”, significa la mayor violación hecha de la política de No Intervención y de las obligaciones internacionales derivadas de la declaración de agosto de la No Intervención.

»Conduciéndose de esta manera, Italia ha contribuido a la prolongación de la Guerra en España, ha violado el artículo 10 del Pacto de la Liga de Naciones y se ha comportado como un verdadero poder beligerante». Walter C. Thurston a Cordell Hull, Valencia, 2 de abril de 1937, Italian Intervention in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5227.

13. Departamento de Estado, Washington, 31 de marzo de 1937, The Spanish Military Situation. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5178. El documento confidencial y sin firma se refiere a la autoría de la información como de «un observador militar belga que acaba de llegar del frente en España».

14. «Al parecer muchos prisioneros italianos habían declarado que eran trabajadores en paro en su país y que se habían alistado en el ejército como un medio para dar sustento a sus familias.» Stephen O. Fuqua al Servicio de Inteligencia del Departamento de Guerra, Valencia, 2 de abril de 1937, The Guadalajara Drive-Italian Participation Therein. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5324, p. 4.

15. Stephen O. Fuqua al Servicio de Inteligencia del Departamento de Guerra, Valencia, 2 de abril de 1937, The Guadalajara Drive-Italian participation Therein. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5324, pp. 3-4.

16. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 30 de marzo de 1937, Spanish Developments. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5120, p. 3.

17. Bay a Hull, Sevilla, 29 de abril de 1937, The Guadalajara Setback of General Franco’s Forces. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5415.

18. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 30 de marzo de 1937, Spanish Developments. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5120, p. 3.

19. Stephen O. Fuqua al Servicio de Inteligencia del Departamento de Guerra, Valencia, 4 de abril de 1937, The Military Situation, reel 16, file n.º 852.00/5325.

20. Incluso Knickerbocker —con el que Bowers se había entrevistado un par de veces—, el corresponsal de los periódicos de Hearst que había informado de la caída apócrifa de Madrid en noviembre pasado, estaba «atónito» al observar cómo un ejército de obreros campesinos y liberales se enfrentaba a soldados profesionales. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 12 de abril de 1937, The Spanish War. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5238, p. 4.

21. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 12 de abril de 1937, The Spanish War. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5238.

22. Harold L. Ickes, The Secret Diaries of Harold L. Ickes, vol. II, The Inside Struggle, 1936-1939, Weindenfeld and Nicolson, Londres, 1955, p. 110.

23. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Oxford University Press, Nueva York, 1981, pp. 140-141.

24. Ibídem, p. 141.

25. William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and The New Deal..., pp. 231-237.

26. William E. Leuchtenburg, The Supreme Court Reborn. The Constitutional Revolution in the Age of Roosevelt, Oxford University Press, Nueva York, 1995, pp. 132-156.

27. Sidney Fine, Sit-Down the General Motors Strike of 1936-1937, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1969; William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and The New Deal..., pp. 239-243.

28. Una excelente semblanza de George Steer y un análisis de la repercusión de su crónica sobre Guernica en Paul Preston, Idealistas bajo las balas..., pp. 313-336.

29. G.L. Steer, «Historic Basque Town Wiped Out; Rebels Fliers Machine-Gun Civilians; Waves of German-Type Planesd Fling Thousands of Bombs and Incendiary Projectiles on Guernica, Behind Lines, as priest Bless Peasant Filling Town on Market Day», The New York Times, 28 de abril de 1937, p. 1.

30. William P. Carney, «Rebels Lay Fires to Guernica “Reds”», The New York Times, 29 de abril de 1937, p. 1.

31. «Mass Murder in Guernica», The New York Times, 29 de abril de 1937, p. 20.

32. Pertinax, «Air Attack on Guernica Attributed to Goering», The New York Times, 30 de abril de 1937, p. 1.

33. Barnet Nover, «Just Barbarism», The Washington Post, 29 de abril de 1937, p. 9.

34. El informe de Bowers incluía el discurso de José A. Aguirre, presidente de Euskadi, en el que indicaba que la guerra civil no era una guerra religiosa, sino social, y criticaba la actitud oficial de la Iglesia. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 5 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5427.

35. William E. Chapman, American Consul, Voluntary Political Report: Notes on Political Affairs in the Consular District of Bilbao, Spain, Bilbao, 30 de marzo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5149.

36. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 12 de abril de 1937, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5238.

37. Charles A. Bay a Hull, Sevilla, 22 de abril de 1937, General Franco Combines the Fascists and Requetes and Eliminates all other Organizations. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5345.

38. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 30 de abril de 1937, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5276.

39. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 30 de abril de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5276.

40. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 5 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5427, pp. 1-3.

41. Ibídem.

42. Marta Rey García, Stars for Spain..., pp. 216-117.

43. Ibídem, p. 217.

44. En el Senado se aprobó por 63 votos a 6 y en la Cámara de Representantes por 376 a 12.

45. «Debate in Congress on the neutrality Act of May 1, 1937», en Allen Gutman (ed.), American Neutrality and the Spanish Civil War..., pp. 45-48.

46. «Neutrality Act» of 1937, May 1 1937, Joint Resolution.

47. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull..., vol. 1, p. 509.

48. La presidenta y la secretaria de la U.S. Section of The Women’s International League for Peace and Freedom (Sección Americana de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad) al presidente Roosevelt, Washington, 19 de abril de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5265.

49. En nombre de la Casa Blanca le contesta el 17 de mayo de 1937 John Hickerson, jefe en ejercicio de la División de Asuntos de Europa Occidental del Departamento de Estado, Washington, 19 de abril de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5265.

50. Walter C. Thurston a Cordell Hull, Valencia, 24 abril 1937, reel 17. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, file n.º 852.00/5383.

51. En la entrevista a la pregunta de Hull sobre los extranjeros que estaban luchando en España el embajador respondió: «16.000 con el Gobierno; unos 80.000 italianos y algunos miles de alemanes hasta llegar a la cifra aproximada de 130.000 en total, incluyendo a los marroquíes». Por otro lado, su argumento sobre la victoria gubernamental estaba basado en los superiores recursos humanos de la República: «en cuanto a población hay 9 millones con los insurgentes y 13 con los leales». Memorandum of Conversation between Secretary Hull and the Spanish Ambassador, Señor Dr. Don Fernando de los Ríos, Washington, 13 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5409.

52. Hull señalaba que la primera protesta formal de España por la aplicación del embargo y la Ley de Neutralidad fue el 19 de noviembre de 1937, 16 meses después de comenzada la guerra. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull..., vol.1, p. 513. Este aspecto, así como la resistencia del embajador en Washington desde septiembre de 1936, el socialista Fernando de los Ríos, a desafiar primero el embargo moral comprando armas para la República y, posteriormente, a protestar oficialmente por el embargo legal es explicado por Soledad Fox como la confianza que el embajador tenía en el cambio y el poder de la opinión pública estadounidense para forzar al Congreso a suprimir el embargo de armas a España; véase Soledad Fox, «Misión Imposible: la embajada en Washintgon de Fernando de los Ríos», en Ángel Viñas (dir.), Al servicio de la República, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 159-170. Su posición, como señala Octavio Ruiz-Manjón, causó desde el principio tensiones entre De los Ríos y Álvarez del Vayo, ministro de Exteriores; véase Ruiz-Manjón, Fernando de los Ríos: un intelectual en el PSOE, Síntesis, Madrid, 2007, pp. 421-427.

53. Florencio Laucirica, President Basque Americans a Cordell Hull, Nueva York, 29 de abril de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5266.

54. Frank Bohn, American Board of Guardians for Basque Refugees, París, 22 de Mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5511.

55. The American Red Cross a Hull, Washington, 1 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5297.

56. Hosmer Hill a Hull, El Paso, Texas, 18 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5477.

57. Francis J. McConnell, Resident Bishop, The Methodist Episcopal Church, a Cordell Hull, New York City, Nueva York, 17 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5466.

58. British Embassy, Washington DC, 15 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17 file n.º 852.00/5452.

59. Department of State, The Secretary, Memorandum of conversation Between Secretary Hull and the British Ambassador, Sir Ronald Linsdsay, Washington, 18 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5479; Department of State, Division of Western European Affaires, Memorandum of Conversation with Mr. Broadmead, First Secretary of the British Embassy, 20 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5521.

60. Gerald A. Drew, encargado de negocios interino a Hull, Tegucigalpa, 20 de mayo de 1937, Editorial Comment Suggesting that President Roosevelt Offer Good Offices to Bring peace in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5527.

61. Desde la embajada en Valencia, Thurston informaba detalladamente a Hull sobre los continuos bombardeos italianos de mayo sobre la ciudad sede del gobierno español: Thurston a Hull, 15 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5439; Thurston a Hull, 16 de mayo de 1937, 852.00/5443; Thurston a Hull, 28 de mayo de 1937, 852.00/5546; Thurston a Hull, 22 de mayo de 1937, 852.00/5491. Sus cálculos de las dos semanas de bombardeos eran de 253 muertos y más de 500 heridos. En opinión de Bowers los bombardeos de Valencia eran respuesta a los continuos bombardeos republicanos sobre Zaragoza, Valladolid, la Alhambra de Granada, Oviedo, Málaga, Algeciras y Burgos. Bower a Hull, San Juan de Luz, 17 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5549, p. 3. Para un estudio pormenorizado de los bombardeos sobre Valencia, véase Rafael Aracil/Joan Villarroya, El País Valencià sota les bombes (1936-1939), Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2010. Para Barcelona, véase Joan Villaroya, Els bombardeigs de Barcelona durant la guerra civil (1936-1939), Publicacions de L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1981.

62. Bullitt a Hull, París, 31 de mayo de 1937, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5551 Sec I.

63. North American Committee to Aid Spanish Democracy, 2 de junio de 1937, FC Lancaster a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5578; North American Committee to Aid Spanish Democracy, TD Kansas City, 31 de mayo de 1937, reel 17, file n.º 852.00/5579 y 852.00/5580.

64. «(...) como ellos (Italia y Alemania) están ahora comprometidos o están amenazando con comprometerse con cometer una agresión abierta pedimos que las leyes de neutralidad de Estados Unidos se apliquen inmediatamente.» M.H. Altman Chairman, The International Workers Order, TD Kansas City, 31 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5581.

65. Carta al presidente de Martha Helen Elliot, presidenta de la sucursal/delegación de Massachusetts de la Women’s Internacional League For Peace and Freedom, 28 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5589.

66. NY City Division, American League against War and Fascism, Nueva York, 1 de junio de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17 file n.º 852.00/5593. El texto completo tras la probada agresión de Alemania en el bombardeo de Almería el día anterior era: «es otra indicación de que la política del fascismo lleva inevitablemente a la Guerra, en el nombre de un millón de ciudadanos de esta ciudad pedimos al Departamento de Estado que inmediatamente decrete el embargo de todo material de guerra a Alemania y cese la discriminación contra España que ahora existe bajo la actual ley de neutralidad». En parecidos términos se expresaba dos días después Harry F. Ward, National Chairman American League Against War and Fascism, Nueva York 3 de junio de 1937, Part 1, reel 17, 852.00/5594. Después de la manifiesta hostilidad que supuso en bombardeo de Almería, pide el embargo a Alemania e Italia en cumplimiento de la Ley de Neutralidad.

67. Contestación de Joseph C. Green, jefe de la Oficina de Armas y Control de Municiones, en nombre del secretario de Estado, Washington, 2 de junio de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852. 00/5589.

68. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull..., vol. 1, p. 511.

69. Las cifras concretas en Norman Thomas a Roosevelt, 26 de agosto de 1937, FDR and FA, vol. 6, 32. Citado por Dominic Tierney, FDR and The Spanish Civil War..., pp. 71-72.

70. Citado por Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy..., p. 143.

71. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull..., vol. 1, p. 513.

72. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull..., vol. 1, p. 513.

73. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and..., p. 143.

74. The New York Times, 20 de abril de 1937, p. 1.

75. The New York Times, 27 de abril de 1937, p. 5.

76. «Kultur for Spain», The Washington Post, 30 de abril de 1937, p. 8.

77. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 19 de abril de 1937, War Developments in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5296, pp. 1-4.

78. Charles A. Bay a Hull, Sevilla, 22 de abril de 1937, General Franco combines the Fascists and Requetes and eliminates all other Organizations, reel 16, file n.º 852.00/5345, p. 2.

79. Ibídem, p. 8.

80. Julián Casanova, República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007, pp. 316-317.

81. Valencia, 4 de abril de 1937, Stephen O. Fuqua al Servicio de Inteligencia del Departamento de Guerra, file n.º 852.00/5323, The Political Situation.

82. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 12 de abril de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5238.

83. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 27 de abril de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5386, War Developments, Confidential for the Secretary and Under-Secretary, p. 7.

84. Lynn W. Franklin, cónsul americano en Barcelona, Barcelona, 29 de marzo de 1937, Resignation of Government of Cataluña, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5181.

85. Barcelona, 21 de abril de 1937, Mahlon F. Perkins, cónsul general americano a Hull, New Cabinet of Catalonia. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5388, reel 17.

86. Perkins a Hull, Barcelona 30 de abril de 1937, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5271.

87. Julián Casanova, República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007, pp. 317-324.

88. Todas estas informaciones recibidas desde Barcelona y Valencia en: Barcelona, 4 de mayo de 1937, Perkins a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5307; Perkins a Hull, Barcelona, 4 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5312.

89. Washington, 5 de mayo de 1937, Hull a Perkins, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5312.

90. Barcelona, 5 de mayo de 1937, Perkins a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5321; Perkins a Hull, Barcelona, 5 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5322. Ese mismo día se confirmaba desde Valencia el aislamiento con Barcelona, Thurston a Hull, Valencia, 5 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5329.

91. Perkins a Hull, Barcelona, 6 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5337; Thurston a Hull, 6 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5338.

92. Perkins a Hull, Barcelona, 6 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.00/5339.

93. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 5 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.009/5319.

94. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 5 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 16, file n.º 852.009/5343.

95. «Troops Recalled from Front by Government in Anarchist Rising», The Washington Post, 5 de mayo de 1937, p. 1.

96. «Trouble within Spain», editorial, The Washington Post, 6 de mayo de 1937, p. 8. Tres días después aparece en los artículos editoriales la misma idea con el título «Spain War Within a War», editorial especial, The Washington Post, 9 de mayo de 1937, p. B5 («Aligned on one side were the Anarcho-Syndicalist and Trotskysts; on the other, Republicans, Socialists and Communists. Immediate cause of the civil war within a civil war was the refusal of the Anarchist Militia to lay down their arms»).

97. «Anarchist Renew Barcelona Strife», The New York Times, 7 de mayo de 1937, p. 1.

98. Lawrence Fernsworth, «Antonio Martin, the Malaga Cripple», Barcelona, 7 de mayo de 1937, Perkins a Hull, reel 17, file n.º 852.00/5487. La primera información sobre la represión en Barcelona que el cónsul Lynn W. Franklin envió a Hull el 3 de agosto de 1936 estaba basada en el artículo de Lawrence Fernsworth, «On the French-Spanish Frontier», en Correspondent’s View of Barcelona Uprising. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 5, file n.º 852.00/2659.

99. Barcelona, 7 de mayo de 1937, Perkins a Hull, Life of the Newly Dispossessed. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5488.

100. Lawrence A. Fernsworth, The Catalan Picture. The Black and the White of it Looking Ander the Surface, by a Business Man, y At Grips with Terrorism. Catalonia’s Tragic Problem of Order Scanning the Future, by a Business Man, en Barcelona, 13 de mayo de 1937, Mahlon F. Perkins a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5584.

101. Lawrence A. Fernsworth, «Trotskysts’ Hand Seen in Barcelona», The New York Times, 11 de mayo de 1937.

102. Bullitt a Hull, vía París, 8 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5357.

103. Barcelona, 8 de mayo de 1937, Perkins a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5359.

104. Barcelona, 9 de mayo de 1937, Perkins a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5360.

105. Valencia, 9 de mayo de 1937, sin firmar a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5361; Barcelona, 14 de mayo de 1937, Perkins a Hull, 852.00/5412.

106. Bowers a Hull, San Juan de Luz, Barcelona, 11 de mayo de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5378.

107. Valencia, 14 de mayo de 1937, Thurston a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5425.

108. Valencia, 14 de mayo de 1937. Thurston a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5428.

109. Valencia, 17 de mayo de 1937, Thurston a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5450.

110. Valencia, 17 de mayo de 1937, Thurston a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5466.

111. Como señala Santos Juliá, esta era la razón principal de la decisión de Azaña; también señala el autor que Negrín era el único «de los políticos socialistas de relieve que en mayo de 1937 no concitaba el rechazo de ninguno de los partidos ni sindicatos que formaban el Frente Popular». Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña, Taurus, Madrid, 2008, pp. 412-413.

112. Julián Casanova, República y..., p. 324.

113. «Socialist Forms a Cabinet in Spain», The New York Times, 18 de mayo de 1937, p. 15.

114. «Shake-up in Valencia», editorial, The Washington Post, 19 de mayo de 1937, p. 8. También «Negrin Forms “Win the War” Cabinet for Loyal Spain», The Washington Post, 18 de mayo de 1937, p. 1.

115. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 18 de mayo de 1937, 852.00/5464; Bowers a Hull, San Juan de Luz, 19 de mayo de 1937, The New Government. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5590.

116. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy..., pp. 144-145.

117. Edward M. Bennett, Franklin D. Roosevelt and the Search for Security..., p. 96.

118. Edward M. Bennett, Franklin D. Roosevelt and the Search for Security..., pp. 102-106; Ronald E. Powaski, Estados Unidos y la Unión Soviética..., p. 58.

119. Fraser M. Ottanelli, The Communist Party of The United States..., pp. 111-135.

120. Department of State, Division of Western European Affaires, Memorandum, The New Spanish Cabinet (sin firma), 18 de mayo de 1937, 852.00/5502.

121. Valencia, 22 de mayo de 1937, Thurston a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 17, file n.º 852.00/5490.

122. Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2005, pp. 408-425, 443-447.

123. Antony Beevor, La guerra civil española, p. 350.

124. «Spanish Situation in Brief», The New York Times, 10 de septiembre de 1937, p. 1.

125. «New World War Feared by Voters», Los Angeles Times, 1 de agosto de 1937, p. 1.

126. «Asturias Revolt Delivers Gijon to Insurgents», The Washington Post, 22 de octubre de 1937, p. 1. En el mismo sentido de que la caída del norte podía acelerar el final de la guerra, véase Eugene J. Young, «Spanish Civil War End Nearing», Los Angeles Times, 31 de octubre de 1937, p. C6.

127. «Big Franco Drives to Be Made in East», The New York Times, 23 de octubre de 1937, p. 8.

128. Eugene J. Young, «Spanish Civil End Nearing», Los Angeles Times, 31 de octubre de 1937, p. c6.

129. «British, French Beg Franco to Spare Prisoners», The Washington Post, 23 de octubre de 1937, p. 6.

130. Walter LaFeber, The American Age, W.W. Norton & Company, Nueva York, 1994, p. 383.

131. Dennis Cerril y Thomas G. Patterson, Major Problems in American Foreign Relations, vol. II: Since 1914, Houghton Mifflin Company, Boston, 2000, pp. 115-117, y Akira Iriye, «Clash of Systems: The International Community Confronts Japanese Aggression», en Dennis Cerril y Thomas G. Patterson, Major Problems in American Foreign Relations, pp. 136-137.

132. Walter LaFeber, The American Age..., pp. 389-390.

133. «Franklin D. Roosevelt: “Quarantine the Aggressors”», Chicago, 5 de octubre de 1937.

134. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, p. 545.

135. Ibídem, p. 547.

136. Ibídem, p. 554.

137. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and..., p. 149.

138. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, pp. 563-564.

139. Ibídem, pp. 513-515.

140. «Teruel Captured, Madrid Announces», The New York Times, 22 de diciembre de 1937, p. 16; «Victory at Teruel is Hailed With Joy in Insurgent Spain», The New York Times, 2 de enero de 1938; Herbert R. Southworth, «Escape at Teruel», The Washington Post, 26 de diciembre de 1937, p. B8; «Rebel Column Storms Teruel Defense Lines», The Washington Post, 30 de diciembre de 1937, p. 14.

7. ENERO DE 1938-ENERO DE 1939, DE TERUEL A CATALUÑA PASANDO
POR MÚNICH. DERROTAS REPUBLICANAS E INTENTOS FRUSTRADOS
DE ROOSEVELT DE CAMBIAR LA POLÍTICA DE NEUTRALIDAD DE ESTADOS
UNIDOS

1. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Oxford University Press, Nueva York, 1981, pp. 155-157.

2. Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 464-465. Ángel Viñas critica esta visión de la estrategia del ejército republicano como política y contrapone a este análisis el de Gabriel Cardona, que indica que el gobierno de Negrín persiguió no una estrategia ofensiva, sino defensiva estratégicamente elástica, critica el hipotético papel que las guerrillas pudieran haber jugado e insiste en que el problema del fracaso en Teruel y otras fracasos ofensivos no fue la táctica republicana sino la superioridad militar franquista. Véase Ángel Viñas, El honor de la República, Crítica, Barcelona, 2009, pp. 247-249; Gabriel Cardona, Historia militar de una guerra civil, Flor del Viento, Barcelona, 2006, pp. 149-150.

3. Herbert L. Mathews, «Teruel Held by Loyalist Army, Visit There Shows», The New York Times, 5 de enero de 1938, p. 1; Herbert L. Matthews, «Sanguinary Fight Goes on at Teruel», The New York Times, 6 de enero de 1938, p. 2.

4. William P. Carney, «Teruel is Retaken by the Insurgents», The New York Times, 23 de febrero de 1938, p. 1.

5. Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2006, p. 476.

6. Herbert L. Matthews, Half of Spain Died, Charles Scribner’s Sons, Nueva York, 1973, p. 16.

7. Lawrence A. Fernsworth, «Defeat Laid to Planes», The New York Times, 23 de febrero de 1938, p. 1.

8. Stephen O. Fuqua, Barcelona, 14 de marzo de 1938, Insurgent Offensive on Aragon Front. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7740.

9. Stephen O. Fuqua, Barcelona, 16 de marzo de 1938, Insurgent Offensive on Aragon Front. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7709, Barcelona, 16 de marzo de 1938.

10. Ángel Viñas habla textualmente de «un desentendimiento más pronunciado de la situación española». Véase Ángel Viñas, El honor de la República..., p. 214.

11. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 28 de marzo de 1938, Facts and Observations on The Aragon Front. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7690, pp. 2-3.

12. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 28 de marzo de 1938, Facts and Observations on The Aragon Front. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7690, p. 4.

13. Edwin C. Wilson a Hull, París, 11 de abril de 1938, Report of British Military and Air Officers on Their Visit to Aviation Centers in Government Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7764, pp. 33-34.

14. Ibídem, pp. 32 y 33-34.

15. Para el ambiente de Barcelona y la actitud de las clases medias, véase Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Crítica, Barcelona, 1979, vol. II, pp. 199-206.

16. En esta información sobre los problemas de la ciudad y del gobierno Thurston indicaba que la exclusión de Prieto del gobierno «tendrá un mal efecto en la moral del ejército, pues las tropas confiaban en él». Thurston a Hull, Barcelona, 6 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7696.

17. Ángel Viñas demuestra que los comunistas, dispuestos a no perder sus carteras en el próximo gobierno, estaban de acuerdo en transigir con la permanencia de Prieto. Véase Ángel Viñas, El honor de la República..., p. 313. También Gabriel Jackson, Juan Negrín, Crítica, Barcelona, 2008, pp. 245-246, y Enrique Moradiellos, que indica cómo Negrín, decidido a no prescindir de Prieto en su gobierno, le ofreció otra cartera ministerial y la compensación de reducir la presencia comunista; véase Enrique Moradiellos, Negrín, Península, Barcelona, 2008, pp. 340-341.

18. En 1938 y 1939 el grupo mayoritario eran aquellos que no estaban interesados en España y no deseaba tomar partido. La proporción oscilaba entre el 33 y el 52 por ciento y había descendido significativamente desde el 66 al 79 por ciento en la primavera de 1937. Véase Gallup Poll December 1938, www. Lexisnexis.com, citado y elaborado por Dominic Tierney, FDR and The Spanish Civil War..., p. 90.

19. Carta de Elliot Paul al senador de Connecticut Augustine Lonergan, para que la reenviara al secretario de Estado, Nueva York, 4 abril 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7709.

20. Lista de nombres del Comité y Comité ejecutivo de la asociación que incluye a profesores universitarios, un par de obispos protestantes y el escritor John Dos Passos. Robert L. Paddock, presidente de The American Friends of Spanish Democracy al presidente Franklin D. Roosevelt, Nueva York, 4 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7743.

21. F. Jay Taylor, The United States and the Spanish Civil War, Nueva York, 1971, p. 169; Dominic Tierney, FDR and The Spanish Civil War, Duke University Press, Durham, p. 91.

22. Pierrepont Moffat, Washington, 5 de abril de 1938, Department of State, Memorandum of Conversation with Frank Page (ITT New York). Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7710.

23. Wilson a Roosevelt (desde la Casa Blanca el secretario del presidente informa al Departamento de Estado), París, 7 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7712.

24. F. Jay Taylor, The United States and the Spanish Civil War, p. 173.

25. Fernando de los Ríos a Hull, Washington, 7 de abril de 1938, Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7747.

26. La respuesta de Hull a De los Ríos, Washington, 16 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7747.

27. Wilson a Hull, París, 7 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7702.

28. Biddle a Hull, Varsovia, 7 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7703.

29. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 7 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7704.

30. Harold Nicolson dimitió de la vicepresidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento británico el 24 de febrero de 1938, en solidaridad con la dimisión y la postura de Eden, pero aplazó su decisión ante la petición de otros políticos antiapaciguamiento, como Winston Churchill, hasta el 7 de abril, cuando dimitió definitivamente. Véase Derek Drinkwater, Sir Harold Nicolson & International Relations, Oxford University Press, Nueva York, 2005, p. 147.

31. Thurston a Hull, Barcelona, 9 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7696.

32. Bowers a Hull, Analysis of the Reorganization of the Government, San Juan de Luz, 10 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7790, pp. 5-6 y ...

33. Wilson a Hull, 14 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7763.

34. «Rebels Counter Foe’s Offensive With New Drive», The Washington Post, 9 de abril de 1938, p. X5.

35. «American Sees Franco Troops Enter Seaport», The Washington Post, 16 de abril de 1938, p. X3.

36. «Franco Takes 18 Miles of Coast», The Washington Post, 16 de abril de 1938, p. 1.

37. «Vinaroz Captured», The New York Times, 16 de abril de 1938, p. 1 y 4.

38. Worley a Hull, Valencia, 16 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7770.

39. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 23 de marzo de 1938, Basque Justice Under the Basques and under Franco. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7685.

40. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 1 de abril de 1938, The Struggle of Franco Factions for Domination. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7759.

41. Charles A. Bay a Hull, 21 de abril de 1938, Speech Broadcast by General Franco. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7860.

42. Worley a Hull, Valencia, 6 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7691; Worley a Hull, Valencia, 8 de abril de 1938, file n.º 852.00/7706; Worley a Hull, Valencia, 12 de abril de 1938, file n.º 852.00/7734.

43. Thurston a Hull, Barcelona 6 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7697.

44. Thurston a Hull, Barcelona, 18 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7779.

45. Worley a Hull, Valencia, 18 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7774.

46. Fernando de los Ríos a Hull, Washington, 20 de abril de 1937. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7803.

47. Hull a Enrique Carlos de la Casa, encargado de asuntos internos de la embajada, 20 de mayo de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7803, p. 2.

48. Thurston a Hull, Barcelona, 27 de abril de 1938, The Spanish CivilWar; War objectives of the Spanish Government. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7916.

49. Thurston a Hull, Barcelona, 27 de abril de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7880.

50. Thurston a Hull, Barcelona, 3 de mayo de 1938, Interview with Señor Alvarez del Vayo. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7914.

51. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 9 de mayo de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7881.

52. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 9 de mayo de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7881.

53. Ángel Viñas, El honor de la República..., p. 387.

54. Bowers indicaba que sir Robert Hodgson, el agente diplomático que Gran Bretaña tenía en el bando franquista, «realemente actúa en funciones de Embajador». Bowers a Hull, San Juan de Luz, 5 de mayo de 1938, The Status of Britain in Franco Territory. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7929.

55. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 9 de mayo de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7930.

56. Charles A. Bay a Hull, Vatican recognizes «de jure» the Franco Regime, Sevilla, 4 de mayo de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7919.

57. The Washington Post, «Pope and Franco Exchange Envoys», 17 de mayo de 1938, p. X5.

58. Edward P. Lawton a Hull, La Habana, 16 de mayo de 1938, Meeting of Spanish Nationalist Organizations. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 28, file n.º 852.00/7955.

59. William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and The New Deal, Harper Torchbook, Nueva York, 1963, pp. 249-250 y 256-257.

60. F.D. Roosevelt, 14 de abril de 1938, On Economic Conditions, Radio Address of the President, Broadcast from the White House, consultado en http:// docs.fdrlibrary.marist.edu/041438.html.

61. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, p. 160.

62. Congressional Record, 75 Cong., 3 Sess., LXXXIII (2 de mayo de 1938) 6030. Citado por F. Jay Taylor, The United States and The Spanish Civil War, Octagon Books, Nueva York, 1971, p. 173.

63. «Roosevelt Backs Lifting Arms Embargo on Spain; Congress Agrees it Fails», The New York Times, 5 de mayo de 1938, p. 1.

64. Esta es la interpretación de Dominic Tierney, FDR and The Spanish Civil War..., pp. 99-100.

65. La revista pasa oficialmente en junio de 1938 a adoptar una posición de neutralidad o «positiva imparcialidad» en la guerra civil española, uniéndose así al Catholic Worker, que había adoptado esa postura desde el principio de la guerra. «Civil War in Spain and in United States», The Commonwealth, XXVIII, 24 de junio de 1938, pp. 229-239.

66. Esto es lo que el presidente comentó textualmente a Harold Ickes, firme partidario de ayudar a la República. Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes. The Inside Struggle 1936-1939, vol. II, Wedenfeld and Nicolson, Londres, 1955, p. 390.

67. Ibídem, p. 380.

68. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. 1, MacMillan, Nueva York, 1948, pp. 516-517.

69. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, p. 161.

70. El presidente aceptó el plan de Morgenthau de comprar 5.000 onzas de plata en forma de monedas de peseta al gobierno español, aunque el Tesoro normalmente sólo compraba lingotes de plata. John Morton Blum, From the Morgenthau Diaries. Years of Crisis, 1928-1938, vol. 1, Houghton Mifflin Company, Boston, Cambridge, 1959, p. 509.

71. La investigación concreta sobre esta ayuda clandestina según la nueva documentación de archivos rusos y estadounidenses en Dominic Tierney, FDR and The Spanish Civil War, pp. 103-112.

72. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, p. 158.

73. Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2005, p. 527.

74. Como Á. Viñas documenta, Negrín envió a Pascua a Moscú cuando el Ejército Popular lograba pasar el Ebro. Véase El honor de la República..., pp. 410-413. Como señala Beevor, la necesidad de abastecerse de armas a través de traficantes de armas y de alimentar a una población creciente de refugiados en el mermado territorio republicano hizo que a partir de abril Negrín tuviera que recurrir a las reservas de plata que, vendidas a entidades bancarias estadounidenses, francesas y suizas, sólo reportaron 31 millones de dólares, cuando, sin contar armamento soviético, la República necesitaba 27 millones de dólares al mes para subsistir. Véase Antony Beevor, La guerra civil española..., pp. 490.

75. Hugo García constata cómo en el Reino Unido, después de Nyon (septiembre de1937) y sobre todo después de la anexión de Austria en marzo de 1938, la guerra civil española pasó a ser considerada un problema secundario, Mentiras necesarias, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008, pp. 211-212.

76. Este riesgo es señalado también por Gabriel Jackson, Juan Negrín, Crítica, Barcelona, p. 371.

77. Ibídem, p. 526.

78. Esta apreciación es reiterada por distintos historiadores, como Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, vol. II, Crítica, Barcelona, 1979, pp. 255256, o más recientemente Jorge M. Reverte, que cuestionaba la iniciativa ofensiva de Rojo sin tener fuerzas suficientes para sostenerla unos pocos días, véase Jorge M. Reverte, El arte de matar, RBA, Barcelona, pp. 293-294 y 253-292.

79. Julián Casanova, República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 391.

80. Antony Beevor, La guerra civil española..., p. 534.

81. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945..., p. 162.

82. Ibídem, p. 163.

83. Según Harold L. Ickes, Roosevelt pensaba que si Wilson hubiera hecho un «vigoroso llamamiento a la paz» en 1914 la guerra podría haberse evitado, véase Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes, vol. II, The Inside Struggle..., p. 481.

84. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. I, p. 593.

85. Ibídem, pp. 163-166. Esta postura contradice la opinión coetánea de Harol Ickes, que quería ver alguna influencia de los mensajes de paz del presidente en la convocatoria de la Conferencia de Múnich, Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes, vol. II, The Inside Struggle, p. 479.

86. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. I, p. 599.

87. Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes, vol. II, The Inside Struggle, p. 481.

88. S.O. Fuqua a Intelligence Branch, Military Intelligence Division, General Staff, Barcelona, 1 de noviembre de 1938, Military Operations during Period September 13-October 11, 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8598, p. 11.

89. Ibídem, p. 12.

90. Charles. A. Bay a Hull, Sevilla, 10 de diciembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n. 853.00/8722, pp. 1-2.

91. Julián Casanova, República y guerra civil..., p. 390. Las cifras que da Beevor son 60.000 bajas nacionales, 75.000 republicanas y 30.000 muertos. Antony Beevor, La guerra civil..., p. 539.

92. Thurston a Hull, Barcelona, 17 de noviembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8633.

93. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 17 de noviembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8653.

94. Herbert C. Pell a Hull, Lisboa, 28 de noviembre de 1938, Notes on Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8687.

95. Charles A. Bay a Hull, Sevilla, 22 de noviembre de 1938, National Day of Mourning in Nationalist Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8680.

96. Walter C. Thurston a Hull, Mataró, 17 de noviembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8636.

97. Walter C. Thurston a Hull, San Andrés de Llavaneras, 20 de octubre de 1938, Increasing religious freedom. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8614.

98. Walter C. Thurston a Hull, San Andrés de Llavaneras, 20 de octubre de 1938, Preliminary report on the POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8618.

99. Walter C. Thurston a Hull, San Andrés de Llavaneras, 26 de noviembre de 1938, Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8716.

100. Norman Thomas, Justice Triumphs in Spain, Socialist Party, Chicago, n.d. c 1938.

101. Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña..., p. 440.

102. Walter C. Thurston a Hull, San Andrés de Llavaneras, 7 de noviembre de 1938, The Spanish Civil War; Political Developments. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8640, p. 3.

103. Walter C. Thurston a Hull, San Andrés de Llavaneras, 26 de octubre de 1938, The Spanish Civil War; Rebel Propaganda. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8620.

104. Walter C. Thurston a Hull, Barcelona, 25 de noviembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8656.

105. Edwin C. Wilson, encargado de negocios interino, a Hull, París, 9 de diciembre de 1938, Spanish Affaires. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8696.

106. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 16 de noviembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8652, pp. 3-4.

107. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 28 de octubre 1938, The Hemming Commission’s Real Purpose. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º  852.00/8605, p. 2; Bowers a Hull, San Juan de Luz, 3 de noviembre de 1938, The Number of Italians in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8609; Bowers a Hull, San Juan de Luz, 12 de noviembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8603.

108. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 1 de noviembre de 1938, What is Behind the Withdrawal of Foreigners. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8608, p. 2.

109. Ibídem.

110. Entre octubre y noviembre de 1938, primero Marcelino Pascua y luego Hidalgo de Cisneros consiguieron que Stalin concediera un nuevo crédito y un cuantioso pedido de material bélico. Como Ángel Viñas señala, «lo que Stalin no había conseguido a lo largo de los doce meses anteriores, se llevó a cabo en dos semanas». Ántel Viñas, El honor de la República..., p. 450.

111. Embajada de España en Washington a presidente Roosevelt, 1 de noviembre de 1938, Memorandum. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8663.

112. William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and the New Deal..., pp. 266-272.

113. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 6 de diciembre de 1938, South American Activities in Fascist Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8699, pp. 1-2.

114. «Atention America», España, Tánger, 26 de noviembre de 1938 (traducción). En Bowers a Hull, San Juan de Luz, 6 de diciembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8699.

115. Citado por Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy..., p. 178.

116. Manuel Azaña se hacía eco en sus Memorias de este plan de armisticio que le transmite Fernando de los Ríos, con la idea de que Burgos no lo aceptaría y este rechazo facilitaría a la administración Roosevelt derogar la Ley de Neutralidad. Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, II, Crítica, Barcelona, 1978, p. 422.

117. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy..., p. 177.

118. Álvarez del Vayo agradeció directamente al gobierno de Estados Unidos y a la Cruz Roja Americana a través de la embajada en París el envío de harina para los hambrientos refugiados. Wilson a Hull, 24 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/885.

119. Dominic Tierney, FDR and The Spanish Civil War..., p. 123.

120. P.J. Kern, Chairman, Lawyers Committee on American Relations With Spain a Hull, Nueva York, 16 de noviembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8637.

121. «Loyalist Veterans Get Welcome Here», The New York Times, 16 de diciembre de 1938, p. 16.

122. Edgar R. Smothers, S.J. a Mr. Sumner Welles, West Baden College, West Baden Springs, Indiana, 4 de diciembre de 1938, file n.º 852.00/8685.

123. Carta de Ephraim Cross a Hull, 852.00/8834, Nueva York, octubre de 1938.

124. Bowers a Hull, 7 de enero de 1939, The General Motors and Texas Oil. Relations with Franco, file n.º 852.00/8816.

125. Herbert C. Pell, Lisboa, 10 de noviembre de 1938, Conditions in Spain. Memorandum of Conversation with I. McGurk of General Motors. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8651, pp. 1-2.

126. Department of State, Washington, 28 de diciembre 1938, Memorandum of Conversation between Pierrepont Moffat, Chief Division of European Affaires and Mr Frank Page of ITT Company. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8741.

127. Edwin C. Wilson, encargado de negocios interino, a Hull, París, 15 de diciembre de 1938, Preparations for an Insurgent Offensive in eastern Spain at the end of December. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8725.

128. «A Political Offensive», editorial, The Washington Post, 29 de diciembre de 1938, p. X10.

129. Thurston a Hull, Mataró, 18 de diciembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8705.

130. Thurston a Hull, Mataró, 27 de diciembre de 1938. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8728.

131. Herbert L. Mattews constataba también la presencia de numerosas tropas de legionarios italianos; véase «Aerial Activity is Intense, Rebels Approach Key to Catalonia», en The New York Times, 28 de diciembre de 1938, p. 1.

132. Thurston a Hull, Barcelona, 4 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8745.

133. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign..., p. 179.

134. Bowers a Hull, 7 de enero de 1939, The Attitude of Franco to the United States. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8817, p. 2.

135. Ibídem, p. 3.

136. Mensaje de Negrín a Roosevelt (original y traducción) felicitándole por su discurso al Congreso la semana anterior (4 de enero de 1939). Washington, 9 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8806.

137. Contestación del presidente Roosevelt al presidente Juan Negrín a través de Cordell Hull el 13 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 32, file n.º 852.00/8806.

138. W.M. Gewehr, profesor de Historia, The American University, College of Liberal Arts, Washington D.C., y respuesta de Sumner Welles. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8869.

139. Antony Beevor, La guerra civil española..., pp. 557-558.

140. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 16 de enero de 1939, Political Significance of the Offensive Apropos the Rome Reunion. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8876, p. 4.

141. Ibídem, pp. 1-2.

142. Thurston a Hull, Barcelona, 12 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8777, p. 2.

143. Ibídem, p. 3.

144. Thurston a Hull, Barcelona, 15 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8788.

145. Pittman dijo a Moffat, Assistant Secretary of State: «la conflictiva avalancha de telegramas de ambos bandos (...) ha convencido individualmente a los senadores que estaban sentados sobre un asunto demasiado peligroso y cuanto más pronto pudieran alejarse de él evitando el tema mejor para ellos». Citado por Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American..., p. 180.

146. Text of Letter Addressed By Henry L. Stimson to The New York Times, 23 de enero de 1939. En «The Embargo on Arms to Spain», en International Conciliation, marzo de 1939, n.º 348, pp. 117-124.

147. Text of Letter Addressed by Philip C. Jessup and Charles C. Burlingham to The New York Times, 30 de enero de 1939. En International Conciliation, marzo de 1939, n.º 348, pp. 132-139.

148. Text of Letter Addressed by Martin Conboy to The New York Times, 24 de enero de 1939. En International Conciliation, marzo de 1939, n.º 348, p. 132.

149. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 23 de enero de 1939, Franco’s Manifesto to the Catalans. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8910, reel 32.

150. Thurston a Hull, Barcelona, 24 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8846.

151. Thurston a Hull, Barcelona, 24 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8847.

152. Wallner a Hull, 24 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8950.

153. Wilson a Hull, París, 24 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/885.

154. Jorge M. Reverte se refiere a la frase de Vicente Rojo «Barcelona ha caído sin gloria», para titular el relato de la escasa resistencia de la capital ante las tropas de Franco en su libro La caída de Cataluña, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 281-314.

155. Johnson a Hull, Londres, 26 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8864.

156. Wallner a Hull, Valencia, 27 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8881.

157. Philips a Hull, Roma, 27 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8868.

158. Kirk a Hull, Moscú, 28 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 31, file n.º 852.00/8882.

159. Kirk a Hull, Moscú, 31 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 32, file n.º 852.00/8892.

160. Fernando de los Ríos a Hull, embajada de España en Washington, 26 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain, Internal Affaires, 1930-1939. Part 1, reel 32, file n.º 852.00/9025.

161. «The Fall of Barcelona», The Washington Post, 27 de enero de 1939, editorial, p. 8.

162. Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes, vol.II, The Inside Struggle..., pp. 569-570.

8. DILATANDO EL RECONOCIMIENTO A FRANCO ANTE LA DERROTA
REPUBLICANA

1. Douglas Flood, vicecónsul americano en Barcelona a Cordell Hull, Barcelona, 27 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 32, file n.º 852.00/8903 y Flood a Hull, Barcelona, 28 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, reel 32, part 1, file n.º 852.00/8907.

2. Departamento de Estado, Washington, 28 de enero de 1939, Memorandum of Conversation, Participants: Mr. Roswell Barnes, Federal Council of Churches y Mr. Pierrepont Moffat, Chief, Division of European Affairs. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8897. Xavier Cugat al presidente, Hotel Statler, Detroit, 24 enero 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8902.

3. Walter C. Thurston a Hull, Perpiñán, 3 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, reel 32, part 1, file n.º 852.00/8908.

4. Guillermo Cabanellas hablaba de 10.000 asesinatos, La guerra de los mil días, Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 149. Cifra que reproduce Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2006, p. 568. Animados a denunciar por el Servicio de información y la policía militar, 8 meses después de la caída de Cataluña habían sido detenidas como sospechosas 22.700 personas. Ante la cercanía de la frontera la represión final fue menor de lo que se supuso inicialmente, sumando un total de 3.653 ejecutados, véase Paul Preston, El holocausto español, Debate, Barcelona, 2011, p. 610. También Josep M. Solé Sabaté, La repressió franquista a Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1985, pp. 62-67 y 95-187; Josep M. Solé i Sabaté y Joan Villarroya i Font, L’ocupació militar de Catalunya, L’Avenç, Barcelona,1987, pp. 119-130.

5. Julián Casanova, República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 405.

6. Thurston a Hull, Perpiñán, 4 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8916.

7. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 6 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8922.

8. En la reunión mantenida tras la caída de Barcelona por Azaña, Rojo y Negrín, por primera vez el general Rojo dio la guerra por perdida y se distanció de la postura de resistencia de Negrín. Véase Jorge M. Reverte, El arte de matar, RBA, Barcelona, 2009, pp. 317-321.

9. Antony Beevor, La guerra civil española..., p. 571.

10. Thurston a Hull, Perpiñán, 6 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º852.00/8923.

11. Thurston a Hull, Perpiñán, 6 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32,852.00/8923.

12. Antony Beevor, La guerra civil..., p. 579.

13. Esta es la opinión de Pablo de Azcárate que reproduce Ángel Viñas en El honor de la República, Crítica, Barcelona, 2009, p. 506.

14. Sobre la salida de España de Azaña y su decisión de permanecer en la embajada y la postura contraria del embajador Marcelino Pascua, atendiendo a las repercusiones en la política francesa, véase Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña, Taurus, Madrid, 2008, pp. 448-450.

15. Enrique Moradiellos, La pérfida Albión. El gobierno británico y la guerra civil española, Siglo XXI de España, Madrid, 1996, p. 350.

16. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 30 de enero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8895.

17. Departamento de Estado a cónsul americano en Barcelona, Washington, 9 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8933.

18. Al secretario de Estado, Barcelona, sin firma, 9 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8939.

19. Flood a Hull, Barcelona, 10 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, reel 32, file n.º 852.00/8945.

20. Memorandum of Conversation between Mr. Frank Page and Mr. Pierrepont Moffat, Chief, Division of European Affairs, 9 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, Rell 32, file n.º 852.00/8967.

21. Herbert C. Pell, embajador americano en Lisboa a Cordell Hull, Lisboa, 8 de febrero de 1939, Memorandum of conversation with Mr. Edgar H. Shumate, representative of Robert Benson & Co., Ltd., London Bankers (formerly connected with the National City Bank of New York). Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8986.

22. El 12 de febrero de 1939 presentaba la renuncia «total y absoluta a su cargo». Citado por Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña..., p. 450.

23. Departamento de Estado, Washington, 10 de febrero de 1939, Memorandum of Conversation entre Fernando de los Ríos, embajador de España y Pierrepont Moffat, Chief, Division of European Affairs. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part I, reel 32, file n.º 852.00/8953.

24. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. 1, Macmillan, Nueva York, 1948, p. 628.

25. Ibídem, pp. 612-613.

26. Citado por Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Oxford University Press, Nueva York, 1981, p. 180.

27. Thurston a Hull, Perpiñán, 11 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32 file n.º 852.00/8950.

28. Thurston a Hull, Perpiñán, 13 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, file n.º 852.00/8955. Según Antony Beevor, a finales de 1939 ya habían regresado a España «entre 140.000 y 180.000» refugiados en Francia «para caer en las manos de Franco». Antony Beevor, La guerra civil..., p. 638.

29. H.B. Cheadle, Spain. Comments on Current Events, Perpiñán, 15 de febrero de 1939, p. 10, en Thurston a Hull, Perpiñán, 25 de febrero de 1939, The Spanish Civil War; Concentration Camps in France. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9038.

30. Flood a Hull, Barcelona, 14 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8956.

31. Flood a Hull, 22 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8979.

32. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 22 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/8980.

33. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, p. 616.

34. Roosevelt a Hull, Naval Message, confidencial y secreto, 23 de febrero de 1939, PSF, Spain Box 50 FDRPL. Citado por Joan Maria Thomàs, Roosevelt y Franco. De la guerra civil a Pearl Harbor, Edhasa, Barcelona, 2007, p. 67.

35. «Spain’s President Quits and Goes into Exile; Madrid Collapse Near», Washington Post, 27 de febrero de 1939, p. 1.

36. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, p. 617.

37. Ibídem, p. 617.

38. Ángel Viñas y Fernando Hernández señalan también este aspecto de que el objetivo de la política de resistencia de Negrín era «la salvación de millares de vidas republicanas. Lo que no explicó era cómo se hubiera establecido la ligazón entre el fin y el medio». Por otro lado, su estrategia, como señalan los mismo autores, se basaba en un «vínculo débil» —la ayuda de las democracias—, «los juececitos de las democracias y su reconocimiento de Franco lo hicieron inviable». Ángel Viñas y Fernando Hernández, Crítica, Barcelona, 2009, p. 364.

39. Wallner a Hull, Valencia, 18 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part I, reel 32, file n.º 852.00/8973.

40. Wallner a Hull, Valencia, 26 de febrero de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part I, reel 32, file n.º 852.00/8994.

41. Wallner a Hull, Valencia, 4 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9006.

42. Antony Beevor, La guerra civil..., pp. 588-589; Jorge M. Reverte, El arte de matar..., pp. 332-333.

43. Wallner a Hull, Valencia, 6 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9007.

44. Wallner a Hull, Valencia, 6 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9007.

45. Wallner a Hull, Valencia, 7 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9015.

46. «Loyalist Generals Oust Negrin, Ask Peace of “Honor”», The Washington Post, 6 de marzo de 1939, p. 1; «General Casado Ousts Negrin; Heads New Madrid Council; Cartagena Revolt Quelled», The New York Times, 6 de marzo de 1939, p. 1; «Miaja, Given Madrid Rule, Seeks Truce», The Washington Post, 7 de mayo de 1939, p. 1.

47. El Washington Post hablaba de «The war within a war», en «Miaja Routs Reds Under Franco’s Fire», The Washington Post, 12 de marzo de 1939, p. 1.

48. Francisco Ugarte, custodio de la embajada, Military «Pronunciamiento» and Communist Revolt in Madrid, Madrid, 12 de marzo de 1939. En Bowers a Hull, The Spanish Civil War; Disintegration of the Republican Organization, 29 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9116.

49. Bullitt a Hull, París, 8 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9025, pp. 1-2.

50. En esta última lucha interna de la República Fernando de los Ríos, con el consejo de Indalecio Prieto y Martínez Barrio, rompería con el gobierno Negrín y por tanto con su jefe directo, el ministro de Estado Julio Álvarez del Vayo. Véase Octavio Ruiz-Manjón, Fernando de los Ríos. Un intelectual en el PSOE, Síntesis, Madrid, 2007, p. 447.

51. Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes, vol. II, The Inside Struggle..., p. 593.

52. Alexander C. Kirk, encargado de negocios interino, embajada en Moscú a Cordell Hull, Moscú, 10 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1 reel 32, file n.º 852.00/9036.

53. Wallner a Thurston, consulado americano, Valencia, 13 de marzo de 1939, p. 5, en Bowers a Hull, The Spanish Civil War; Disintegration of the Republican Organization, 29 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9116.

54. Jorge M. Reverte, El arte de matar..., p. 336.

55. Departamento de Estado, Washington, 2 de marzo de 1939, Memorandum of Conversation Between the Spanish Ambassador, Señor Dr. Don Fernando de los Ríos. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9024.

56. Bullitt a Hull, París, 8 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9025 (sección tres).

57. Bullitt a Hull, París, 8 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9025 (section eight).

58. Ibídem.

59. Bullitt a Hull, París, 8 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9025, (sección diez).

60. Flood a Hull, Barcelona, 16 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9051.

61. Citado por Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy..., p. 182.

62. Robert Dallek hace referencia a las informaciones en este sentido de los embajadores en París y Londres, Bullitt y Kennedy, respectivamente, y a las declaraciones de Winston Churchill resaltando el efecto de las amenazas de Estados Unidos sobre Hitler. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy..., p. 182.

63. Tom Connally as told to Alfred Steinberg, My Name is Tom Connally, VailBallou Press, Binghamton, Nueva York, 1954, p. 226.

64. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1,. p. 615.

65. Estas cifras son las que da Robert Dallek, Francis D. Roosevelt and American Foreign Policy..., p.183. Sin embargo, unos días después Cordell Hull señalaba que el porcentaje de la encuesta Gallup de abril de 1939 era un 57 por ciento a favor de vender armas a Francia y Gran Bretaña, Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, p. 643.

66. Bullitt a Hull, París, 27 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9077.

67. Wallner a Hull, Valencia, 28 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9076.

68. Citas extraídas del artículo de José María Castro en El Diario Vasco de San Sebastián del 29 de marzo de 1939, por Walter C. Thurston. Thurston a Hull, San Juan de Luz, 29 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9081.

69. «Madrid Surrenders», The Washington Post, 29 de marzo de 1939, p. 1; «Last Fourth of Spain Surrenders», The Washington Post, 30 de marzo de 1939, p. 1; «Madrid Yields, Ending War; Victors Enter Unresisted; Republican Leaders Flee», The New York Times, 29 de marzo de 1939, p. 1.

70. «The Fall of Madrid», editorial, The New York Times, 29 de marzo de 1939.

71. Dorothy Thompson fue portada de la revista Time en el número del 12 de junio de 1939, en el que se la consideraba la segunda mujer más influyente de Estados Unidos después de Eleanor Roosevelt.

72. Dorothy Thompson, «The Franco Victory», The Washington Post, editorial, p. 17.

73. Wallner a Hull, Valencia, 28 de marzo 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9078.

74. Para un relato de la espera en el puerto de Alicante basado en testimonios, véase Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Crítica, Barcelona, 1979, pp. 288-303.

75. Stanley M. Isaacs, President of the Borough of Manhattan a Cordell Hull, Nueva York, 28 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9084; Oscar E. Maurer, Moderator of the General Council of The Congregational and Christian Churches of The United States a Cordell Hull, New Haven, 29 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9087, Albert Einstein, Dorothy Thompson, Franz Boas... a Sumner Welles, Nueva York, 31 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9090.

76. Robert C. Clothier a Hull, president of Rutgers University, New Brunswick, 29 de marzo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9092.

77. «U.S. Grants Recognition to Franco», The Washington Post, 2 de abril de 1939, p. 1; «Franco is Recognized», editorial, The Washington Post, 2 de abril, 1939, p. B8; «Regime of Franco Recognized by the U.S.; Embargo is Lifted», The New York Times, 2 de abril de 1939, p. 1.

78. «Regime of Franco Recognized by the U.S.; Embargo is Lifted», The New York Times, 2 de abril de 1939, p. 1.

79. Sumner Welles a Einstein, Nueva York, 1 de abril de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9090.

80. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, p. 618.

81. Wallner a Hull, Valencia, 4 de abril de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9107.

82. Dashiell Hammett y Hollywood Anti-Nazi League, entre otras, Hollywood, 11 de abril de 1939 a State Department. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9093. En concreto los nombres y las asociaciones de Hollywood eran las siguientes: Donald Ogden Stewart League of Amn Writers, Theo Dreiser Amn League for Peace & Democracy, Motion Picture Artists Comm, Dashiell Hammett committee of 56, Melvyn Douglas Motion Picture Guild, Tess Slessinger Hollywood Anti-Nazi League, Marian Spitzer Motion Picture Democratic Comm, Philip Dunne North Amn Comm to Aid Spain, Francis M. Pottenger League of Womens Shippers.

83. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 15 de abril de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9138. Quizá estas opiniones moderadas sobre la represión en España pudieran tener que ver con no entorpecer la política británica de mantener a Franco neutral cuando la guerra estaba a punto de estallar en Europa, y tendría relación con la autocensura de la que habla María Luz Arroyo, en referencia a la decisión compartida con Roosevelt de no publicar sus memorias en 1939, para no contrariar a los británicos, cuando la guerra ya había comenzado en Europa. Véase el interesante texto de María Luz Arroyo, «The Long Silencing of the Spanish Memoirs of U.S. Ambassador Claude G. Bowers: A case of Forbearance or Political Repression?», en Cornelis A. van Minnen y Sylvia L. Hilton, VU University Press, Amsterdam, 2009, p. 142.

84. Las cifras que dan tanto F. Espinosa como P. Preston son de 8.815 ejecuciones y asesinatos en el Madrid republicano durante la guerra y 3.204 los ejecutados por la represión franquista al acabar la guerra.

85. El ex embajador señalaba que había regresado de Madrid la noche anterior, 31 de marzo de 1939. Bowers a Hull, San Juan de Luz, 1 de mayo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 32, file n.º 852.00/9181.

86. John A. Gade, The Victory Parade, Madrid, 18 de mayo de 1939, en Herbert C. Pell a Hull, Lisboa, 26 de mayo de 1939, Report on Conditions in Spain by Captain John A. Gade. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9229, pp. 10-11.

87. H. Freeman Mathews, encargado de negocios interino, a Hull, Madrid, 22 de mayo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, file n.º 852.00/9209, pp. 3-4.

88. Paul Preston, Idealistas bajo las balas, Debate, Barcelona, 2007, p. 381.

89. Respecto a esta visita de Juan Negrín y Julio Álvarez del Vayo a Nueva York, Fernando de los Ríos escribió a Tifón Gómez: «es increíble adónde puede conducir la vanidad aliada a la soberbia». En Octavio Ruiz-Manjón, Fernando de los Ríos..., p. 451.

90. Departamento de Estado, Memorandum of Conversation, Plans of Dr. Negrin, Washington, 19 de mayo de 1939. Participantes: Mr. A. A. Berle, Jr. y Dr. Juan Negrín, Dr. Delgado Torre, Mr. J. Allen, Mr. R. P. Berle. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, file n.º 852.00/9213.

91. Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes. vol. II, The Inside Struggle, pp. 633-634.

9. EPÍLOGO: ESTADOS UNIDOS Y EL «NUEVO ESTADO» FRANQUISTA
(MAYO-DICIEMBRE DE 1939).

1. Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. 1, Macmillan, Nueva York, 1948, pp. 620-622, 630.

2. Robert Dallek, Franklin Delano Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Oxford University Press, Nueva York, 1981, pp. 186-187.

3. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, pp. 622-623.

4. Herbert C. Pell a Hull, Lisboa, 26 de mayo de 1939, Report on Conditions in Spain by Captain John A. Gade. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9229, p. 2.

5. John A. Gade, Spain, Madrid, 19 de mayo de 1939, en Herbert C. Pell, Lisboa, 26 de mayo de 1939, Report on Conditions in Spain by Captain John A. Gade. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9229 y 852.00/9252, p. 5.

6. Ibídem, p. 3.

7. Ibídem, pp. 3 y 5.

8. Declaraciones de E.T. Caldwell citadas por John A. Gade, Spain, Madrid, 19 de mayo de 1939, en Herbert C. Pell, Lisboa, 26 de mayo de 1939, Report on Conditions in Spain by Captain John A. Gade. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33file n.º 852.00/9229 y 852.00/9252, pp. 3-4.

9. Adoración Álvaro Moya, «Redes empresariales, inversión directa extranjera y monopolio: el caso de telefónica, 1924-1965», en Revista de Historia Industrial, n.º 34, año XVI. 2007.2, p. 82; Joan Maria Thomàs, Roosevelt y Franco. De la guerra civil española a Pearl Harbor, Edhasa, Barcelona, 2007, pp. 86-89.

10. Matthews a Hull, 11 de mayo de 1939, FRUS 1939, vol. II, pp. 809-810. Citado por Joan Maria Thomàs, Roosevelt y Franco..., pp. 89-90.

11. John A. Gade, Tea with Marshall Pétain, at the French Embassy, Madrid, 18 de mayo de 1939, en Herbert C. Pell a Hull, Lisboa, 26 de mayo de 1939, Report on Conditions in Spain by Captain John A. Gade. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9229, pp. 8-10.

12. Spain-May 1939, informe anónimo, 27 de mayo de 1939, pp. 1-2, Department of State, G.S. Messersmith, Asistant Secretary to The Secretary and The Under Secretary. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9247.

13. Ibídem, pp. 3-6.

14. Ibídem, pp. 6-7.

15. Capitán John Gade, Spanish Post-War problems, Madrid, 6 de junio de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9259.

16. Juan F. Cárdenas a Sumner Wells, Washington, 10 de mayo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9216.

17. John A. Brady, jefe de policía de Newark a Sumner Welles, 16, 18 y 19 de mayo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939,Part 1, reel 33, file n.º F. W. 852.00/9216.

18. Sumner Welles a Francisco Cárdenas, Washington, 24 de mayo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9216.

19. Charles R. Halstead, «Diligent Diplomat. Alexander W. Weddell as American Ambassador to Spain», 1939-1942, The Virginia Magazine of History and Biography, enero de 1974, vol. 82, n.º 1.

20. Joan Maria Thomàs, Franco y Roosevelt..., pp. 91-94.

21. Alexander W. Weddell a Cordell Hull, Speech of Generalissimo Franco to the National Council of the Spanish Phalanx, San Sebastián, 9 de junio de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9230, p. 8.

22. Esta fue la explicación del gobernador civil de Barcelona, González Ontiveros, a Howard Bucknell, Jr., cónsul general en Barcelona. Howard Bucknell, Jr., American Consul General a Cordell Hull, Barcelona, 20 de julio de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9285.

23. Joan Maria Thomàs, Franco y Roosevelt..., p. 90.

24. Adoración Álvaro Moya, «Redes empresariales, inversión directa extranjera y monopolio: el caso de telefónica, 1924-1965», en Revista de Historia Industrial, n.º 34, año XVI. 2007.2, p. 82.

25. Edward L. Reed, encargado de negocios interino, embajada americana en Roma, a Cordell Hull, Participation in Spanish Civil War of Italian Naval and Air Forces, Roma, 15 de junio de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9245, p. 5.

26. Alexander Kirk, encargado de negocios interino, embajada americana en Berlín, a Cordell Hull, Berlín, 31 de mayo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9219.

27. Kirk a Hull, 7 de junio de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9230.

28. Edward L. Reed a Cordell Hull, Roma, 19 de mayo de 1939, Interview Granted Popolo d’Italia by General Franco. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9218, p. 2.

29. Ibídem, p. 3.

30. Ibídem, pp. 3-4.

31. Los artículos parcialmente reproducidos en el despacho diplomático son: «Editorial», Malaya Tribune, 2 de marzo de 1939; «Editorial», Malay Mail, 30 de marzo de 1939; «Columnist», Malaya Tribune, 30 de marzo de 1939; «Editorial», Straits Times, Singapur, 12 de mayo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9243.

32. Edwin C. Wilson a Cordell Hull, Strictly Confidencial , Delay in Fulfilling Terms of Bérard-Jordana Agreement, París, 10 de mayo de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part I, reel 33, file n.º 852.00/9221.

33. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, p. 647; Robert Dallek, Franklin Delano Roosevelt and..., p. 190.

34. Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, p. 651.

35. El embajador japonés en Washington, Kensuku Horinouchi, informó personalmente a Hull de que «su gobierno había decidido abandonar las negociaciones con Alemania e Italia para estrechar las relaciones bajo el Pacto Anti-Comintern» y que el cambio de la situación en Europa había hecho esta opción manifiesta y «su Gobierno consideraba importante adoptar una nueva política exterior». Cordell Hull, The Memoirs..., vol. 1, p. 639.

36. Paul Preston, Franco, Caudillo de España, Grijalbo, Barcelona, 2002, pp. 372-379.

37. Eric C. Wendelin a Pierrepont Moffat, Washington, 15 de agosto de 1939, Department of State, Division of European Affaires, Memorandum. Significances of Recent Governmental Changes in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9306, p. 6.

38. Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes, vol. III, The Lowering Clouds 1939-1941, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1955, pp. 49-53.

39. Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2005, pp. 646-647.

40. Luis de Silva, encargado de negocios de la embajada de España en Washington a Sumner Welles. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9313, Washington, 14 de agosto de 1939.

41. Welles a Moffat, Washington, 15 de agosto de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º F.W. 852.00/9313.

42. Howard Bucknell, Jr., a Cordell Hull, Barcelona, 1 de septiembre de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9339.

43. Weddell a Welles, Madrid, 7 de noviembre de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9379, p. 1.

44. Ibídem, p. 2.

45. Welles a Weddell, Washington, 20 de noviembre de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9372.

46. Welles a Weddell, Washington, 4 de diciembre de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9379.

47. San Sebastián, 27 de octubre de 1939, Robert M. Scotten a Cordell Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9376.

48. Mac a Frank Page, Madrid, 7 de diciembre de 1939. Frank C. Page, vicepresident de la ITT, envía desde Nueva York a Pierrepont Moffat una carta de uno de sus hombres en Madrid al que cataloga de «excelente observador, pero no muy bueno para deducir». Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9385.

49. Weddell a Hull, Madrid, 14 de noviembre de 1939, Recent Speech of Interior Minister Serrano Suñer Openly Admitting for the First Time the Gravity of Spain’s Present Difficulties. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9375; Alexander W. Weddell a Hull, Madrid, 24 de noviembre de 1939, Government Regulations of Business are Causing Widespread Discontent. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9382.

50. Howard Bucknell, Jr., cónsul general americano a Cordell Hull, Barcelona, 14 de noviembre de 1939, Press Comment on Mr. Serrano Suñer’s Speech. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9377.

51. Antony Beevor, La guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 604-619.

52. Howard Bucknell, Jr., cónsul general americano a Cordell Hull, Barcelona, 27 de julio de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9292.

53. Paris, 31 de julio de 1939, Bullitt a Hull. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, Part 1, reel 33, file n.º 852.00/9280 Sec. 1-2.

54. Nueva York, 23 de junio de 1939, obispo Francis J. McConnell, National Chairman of the Spanish Refugee Relief Campaign a Mr. Charles Thomson, Division of Cultural Relations, REPRISALS IN SPAIN. Evidence Gathered From Newspapers Sources From March 31st to June 6th, 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part I, reel 33, file n.º 852.00/9261.

55. Un ejemplo en estas contestaciones en Adolf A. Berle, Jr., Assistant Secretary of State a Martha Bliss, Washington, 15 de agosto de 1989. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9297.

56. Jay Allen a Mrs. Roosevelt, Nueva York, 23 de agosto de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9310 1/2.

57. Las palabras concretas del presidente a Welles fueron: «Me puede decir personalmente lo que le puedo decir a la Sra. Roosevelt extra-oficialmente». La Casa Blanca, Washington, 29 de agosto de 1939, F.D. Roosevelt al Secretario de Estado. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9310 1/2.

58. Wendelin a Welles, Welles a F.D. Roosevelt, Washington, 7 de septiembre de 1939, Memorandum. Spanish Refugees in France. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9310 1/2.

59. Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes, vol. III, The Lowering Clouds 1939-1941, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1955, pp. 17-18.

60. Washington, 9 de septiembre de 1939, Welles a Mrs. Roosevelt. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9324.

61. Welles escribe a Weddell enviándole la petición de Eleanor Roosevelt, Washington 9 de septiembre de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9324.

62. Herbert R. Southworth a Mr. Laurence Duggan, State Department, Division of The American Republics, Nueva York, 28 de octubre de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9349; Extract of a letter from Jay Allen to Eleanor Roosevelt, Nueva York, octubre de 1939, en Eleanor Roosevelt a Sumner Welles, La Casa Blanca, 7 de noviembre de 1939. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9368.

63. Weddell a Hull, Madrid, 13 de diciembre de 1939, Alleged political reprisals against adherents of the former regime in Spain. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9389.

64. Department of State, Division of European Affairs, Memorandum, Washington, 12 de enero de 1940. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9389.

65. John Morton Blum, From the Morgenthau Diaries, vol., II, Years of Urgency 1938-1941, Houghton Mifflin Company, Boston, 1965, pp. 322-325; Harold L. Ickes, The Secret Diary of Harold L. Ickes, vol. III, The Lowering Clouds 1939-1941, pp. 273-274. Un análisis pormenorizado de la reducción de suministros petroleros británicos y estadounidenses en el verano de 1940 en Joan Maria Thomàs, Roosevelt y Franco..., pp. 212-229.

66. Joan Maria Thomàs, Roosevelt y Franco..., p. 543.

67. Alexander Weddell a Sumner Welles, Madrid, 19 de febrero de 1941. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9264.

68. Anónimo (según el embajador Weddell el informante quería permanecer anónimo), Memorandum for the Ambassador, Málaga, 1 de febrero de 1941. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9264.

69. Como señalaba el subsecretario de Estado Sumner Welles al embajador Weddell: «hemos recibido desde luego numerosas indicaciones de la presencia de actividades de alemanes en varias condiciones en España, pero no poseemos tanta información concreta en este aspecto como nos gustaría tener. Confío en que me transmita cualquier información sobre este asunto y que nuestras oficinas consulares en España hagan lo mismo». Welles a Weddell, Washington, 24 de marzo de 1941. Confidential U.S. State Department. Central Files. Spain: Internal Affaires, 1930-1939, part 1, reel 33, file n.º 852.00/9264.

70. Para el análisis de esta política autónoma de Estados Unidos desde octubre de 1942, véase Joan Maria Thomàs, Roosevelt y Franco..., pp. 509-538.

71. Sumner Welles, The Time for Decision, Harper and Brother Publishers, Nueva York/Londres, 1944, pp. 178-181.

72. Ibídem, p. 61.

73. Véase especialmente Joan Maria Thomàs, La batalla del wolframio. Estados Unidos y España de Pearl Harbor a la Guerra Fría (1941-1947), Cátedra, Madrid, 2010. También Paul Preston, Franco..., pp. 552-579 y 613-645. En el mismo libro relata cómo en la Conferencia de Potsdam Truman no secundó —por temor a reabrir una nueva guerra civil en España— la propuesta de Stalin de romper relaciones con España y «dar apoyo a las fuerzas democráticas»; Churchill y posteriormente Atllee se opusieron a «adoptar medidas más flexibles» que la ruptura de relaciones por temor a perjudicar su relación comercial con España. Finalmente se adoptó la resolución mexicana de excluir a España de las Naciones Unidas. Paul Preston, Franco..., pp. 358-359.

CONCLUSIÓN

1. Hull, Cordell, The Memoirs of Cordell Hull, Macmillan, Nueva York, 1948, vol. 1, p. 471.

2. Bowers, Claude, My Mission to Spain, Simon and Schuster, Nueva York, 1954, p. 241.

Fuentes y bibliografía

FUENTES

Documentales

National Archives and Record Administration, Washington, D.C.

Confidential U.S. State Department. Central Internal Files, Spain Internal Affaires 1930-1939. Part 1. Political, Governmental, and National Defence Affairs, reels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 28, 31, 32, 33, 34, 42

Part 2. Social, Economics, Industrial, Communications, Transportation and Science Affaires, reels 11, 15, 19, 18, 22

Confidential U.S. State Department. Central Internal Files, Spain Foreign Affaires 1930-1939, reel 3

Hemerográficas

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Relación de diplomáticos y otros personajes que aparecen en el libro

Bacher, E.L., director del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en Barcelona.

Bay, Charles A., cónsul de Estados Unidos en Sevilla, 1936-1939.

Beekman, Winthrop, gobernador de Puerto Rico de 1904 a 1907, director del National City Bank de 1913 a 1916 y director de Robert Winthrop and Co. desde 1916.

Behn, Hernand, cofundador y presidente de la ITT.

Behn, Sosthenes, teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos y fundador junto a su hermano Hernand en 1920 de la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), fue posteriormente presidente de la CTNE durante los años de la II República y la guerra civil.

Benton, J. Webb, encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en Madrid, 1931.

Biddle, Anthony J. Drexel, Jr., embajador de Estados Unidos en Varsovia, 1937-1943.

Bingham, Robert, embajador de Estados Unidos en Londres 1933-1937.

Blake, Maxwell, cónsul general americano en Tánger.

Blucknell, Howard, Jr., cónsul general de Estados Unidos en Barcelona, 1940.

Bowers, Claude G., embajador de Estados Unidos en Madrid desde abril de 1933 hasta febrero de 1939.

Bullit, William C., primer embajador de Estados Unidos en Moscú, de 1933 a 1936 y embajador en París de 1936 a 1940.

Burdett, William C., cónsul general de Estados Unidos en Buenos Aires.

Caldwell, Robert G., embajador de Estados Unidos en Lisboa, 1933-1937.

Chapman, William E., cónsul de Estados Unidos en Bilbao, 1932-1938.

H.B. Cheadle, agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Madrid, 1939.

Coleman, Frederick W.B., enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la legación de Estados Unidos en Riga, 1922-1931.

Corcoran, William W., cónsul de Estados Unidos en Vigo en el momento del golpe de Estado de julio de 1936, nombrado ese mismo año cónsul en Gotemburgo, Suecia.

Crosby, Sheldon L., encargado de negocios interino de la embajada estadounidense en Madrid, 1929-1933.

Cox, Raymond E., encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

Daniels, Josephus, embajador de Estados Unidos en México, 1933-1941.

Davis, cónsul de Estados Unidos en Valencia, 1932.

Davis, Joseph, embajador de Estados Unidos en Moscú, 1936-1938.

Dawson, Claude I., cónsul general de Estados Unidos en Barcelona, 1929-1938.

De Deus Ramos, João, representante de la legación portuguesa en Washington.

Dodd, William E., embajador de Estados Unidos en Berlín, 1933-1937.

Doolittle, Hooker Austin, cónsul general americano en Tánger, 1938-1943.

Douglas, Lewis, director de presupuesto del primer gabinete de F.D. Roosevelt.

Drew, Gerald A., encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Edge, Walter E., embajador de Estados Unidos en París, 1921-1933.

Edwards, Clement S., cónsul de Estados Unidos en Valencia, 1924-1930.

Elliot, Martha Helen, presidenta de la delegación de Massachusetts de la Women’s Internacional League For Peace and Freedom.

Finley, Clifford, cónsul de Estados Unidos en Burdeos, 1933-1936.

Flack, Joseph, encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en Madrid, 1929-1933.

Flood, Douglas, vicecónsul de Estados Unidos en Barcelona, 1938-1939.

Ford, Richard, cónsul de Estados Unidos en Sevilla, 1927-1932.

Franklin, Lynn W., cónsul general americano en Barcelona, 1932-1938.

Frazer, Colonel W., agregado militar de la embajada del Reino Unido en París.

Fuqua, Stephen O., coronel del ejército de los Estados Unidos y agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Madrid, 1936-1939.

Gade, John A., capitán, agregado naval de la embajada estadounidense en Lisboa, 1939.

Garrett, John, embajador de Estados Unidos en Roma, 1929-1933.

Green, Joseph C., jefe de la Oficina de Armas y Control de Municiones.

Greene, Wintrop S., encargado de negocios interino, Legación de los Estados Unidos en Bogotá.

Grummon, S.E., Departamento de Estado, División de Asuntos Latinoamericanos.

Hammond, Ogden H., embajador de Estados Unidos en Madrid de diciembre de 1925 a octubre de 1929.

Henderson, Loy, encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en Moscú, 1933-1936.

Henry, Jules, encargado de negocios interino de la embajada de Francia en Washington.

Herschel V. Johnson, primer secretario de la embajada americana en Londres.

Hickerson, John, ayudante en jefe de la División de Asuntos de Europa Occidental del Departamento de Estado, 1928-1940.

Hodgson, sir Robert, el agente diplomático que Gran Bretaña tenía en el bando franquista durante la guerra civil.

Hornbeck, Stanley K., jefe de la División del Lejano Oriente del Departamento de Estado 1928-1937, y consejero especial del secretario de Estado Codell Hull de 1937 a 1944.

Hughes, Charles Evans, secretario de Estado en la administración del presidente Warren G. Harding, 1921-1925.

Hull, Cordell, secretario de Estado del presidente Franklin D. Roosevelt, 1933-1944.

McGurk, I., ejecutivo de General Motors en España durante la guerra civil.

Ickes, Harold L., secretario del Interior de 1933 a 1946 en las presidencias de F.D. Roosevelt y Harry Truman.

Johnson, Herschel V., primer secretario de la embajada de Estados Unidos en Londres.

Johnson, Hallett, consejero de la embajada de Estados Unidos en Madrid, 1933-1938.

Kelley, Robert, jefe de la División de Asuntos de Europa Oriental del Departamento de Estado de 1926 a 1945.

Kern, P.J., presidente del Lawyers Committee on American Relations with Spain.

Kirk, Alexander, encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en Roma, Moscú y Berlín, esta última de mayo de 1939 a octubre de 1940.

De Laboulaye, André Lefevre, embajador de Francia en Washington, 1933-1937.

Lane, Arthur Bliss, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Riga, 1936-1937.

Laucirica, Florencio, presidente de los Vascos-Americanos.

Laughlin, Irwin B., embajador de Estados Unidos en Madrid de octubre de 1929 a abril de 1933.

Linsdsay, sir Ronald, embajador británico en Washington, 1930-1939.

Long, Breckinridge, embajador de Estados Unidos en Roma, 1933-1936.

Lozovsky, A., secretario general de la Internacional Sindical Roja y miembro de la Internacional Comunista.

Marriner, J. Theodore, jefe de la División de Asuntos de Europa Occidental del Departamento de Estado 1929-1931; de 1931 a 1935 fue consejero de la embajada americana en París.

Massigli, René, experto en Alemania y director político del Quai d’Orsay desde 1933.

Mathews, H. Freeman, encargado de negocios interino de la embajada en Madrid desde mayo de 1939.

McDermott, M.J., Departamento de Estado, División de Información.

McNiece, Renwick S., cónsul de Estados Unidos en Vigo, 1932-1935.

Millard, Hugo, segundo secretario de embajada de Estados Unidos en Madrid, 1929-1933.

Moffat, Jay Pierrepont, dirigió la División de Asuntos de Europa Occidental del Departamento de Estado desde 1937 hasta 1940.

Moore, Alexander P., embajador de Estados Unidos en Madrid de marzo de 1923 a diciembre de 1925.

Morgenthau, Henry, secretario del Tesoro de Estados Unidos de 1934 a 1945.

Morrow, Dwight W., embajador de Estados Unidos en México, 1927-1930.

Murray, Wallace, jefe de la División de Asuntos de Oriente Próximo del Departamento de Estado.

Nicolson, Harold, diplomático y parlamentario laborista desde 1935.

Page, Frank, vicepresidente de la ITT.

Pell, Herbert C., embajador de Estados Unidos en Lisboa, 1937-1941.

Perkins, Mahlon F., cónsul general americano en Barcelona, 1937.

Phillips, William, secretario de Estado en Funciones y embajador de Estados Unidos en Roma de 1936 a 1941.

Poncet, André-François, embajador de Francia en Berlín, 1931-1938.

Reed, Charles S. II, encargado de negocios interino de la legación de Estados Unidos en Belgrado y posteriormente en Roma, 1939.

Sackett, Frederick M., embajador de Estados Unidos en Berlín, 1930-1933.

Stimson, Henry L., secretario de Estado de la presidencia de Herbert Hoover, 1929-1933 y secretario de Guerra de 1940 a septiembre de 1945, durante la segunda guerra mundial, en las administraciones de los presidentes Franklin D. Roosevelt y Harry Truman.

Straus, Jesse I., embajador de Estados Unidos en París, 1933-1936.

Suvich, Fulvio, embajador italiano en Washington.

Thomas, Norman, secretario general del Partido Socialista Americano.

Thurston, Walter C., funcionario del servicio exterior de Estados Unidos en la embajada de Estados Unidos en España cuando esta se traslada a Barcelona, en 1937, siguiendo al gobierno español.

Turner, Mason, cónsul de Estados Unidos en Tenerife.

Wallner, Woodruff, vicecónsul de Barcelona (1938) y Valencia (1939).

Walton Moore, R., asesor del secretario de Estado, 1933-1937.

Weddell, Alexander W., embajador de Estados Unidos en Madrid de mayo de 1939 a febrero de 1942.

Welles, Sumner, subsecretario de Estado, 1937-1943.

Wendelin, Eric C., tercer secretario de la embajada de Estados Unidos en Madrid.

Willey, John C., consejero del Departamento de Estado.

Williams, cónsul de Estados Unidos en Gibraltar.

Wilson, cónsul de Estados Unidos en Veracruz.

Wilson, Edwin C., encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en París.

Wilson, Hugh R., embajador de Estados Unidos en Berlín, marzo-noviembre de 1938.

Winship, North, encargado de negocios interino de la legación de Estados Unidos en Copenhague.

Worley, Lee, vicecónsul de Estados Unidos en Valencia.

Miedo a la democracia

Aurora Bosch

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Primera edición en libro electrónico (epub): enero de 2012

ISBN: 978-84-9892-260-8 (epub)

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