Índice

Portada

Dedicatoria

Cita

NOTA DEL TRADUCTOR

INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS (800 A. C.-1939)

¿De dónde viene el nombre de España?

¿Cuál fue el legado de la presencia musulmana entre el año 711 y 1492?

¿Cómo forjaron Fernando e Isabel un reino español unido?

¿Cómo surgió el Imperio español?

¿Quién fue Cristóbal Colón?

¿Quiénes fueron los «conquistadores»?

¿Cuál fue la edad de oro de España?

¿Por qué entró en decadencia España en el siglo XVII?

¿Cómo contribuyeron los monarcas Borbones a la modernización de España entre 1700 y 1823?

¿Cómo era la Constitución de 1812?

¿Qué fueron las guerras civiles carlistas de 1833-1876?

¿Por qué duró tan poco la Primera República (1873-1874)?

¿Qué fue el Desastre del 98?

¿Por qué partió Alfonso XIII hacia el exilio en 1931?

¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Civil de 1936-1939?

¿Quién era el general Francisco Franco?

¿Cuáles fueron las dimensiones ideológicas de la Guerra Civil?

¿Qué papel jugó la intervención extranjera en la Guerra Civil?

¿Por qué los republicanos perdieron la guerra?

2. EL RÉGIMEN FRANQUISTA (1939-1975)

¿Qué clase de dictadura instauró el general Franco tras vencer en la Guerra Civil de 1936-1939?

¿Cuál fue el papel del régimen de Franco en la Segunda Guerra Mundial y qué ocurrió con él tras la derrota del nazismo?

¿Cómo estaba organizado políticamente el régimen?

¿Cuál fue el legado económico de la Guerra Civil?

¿Cómo se recompensó a la Iglesia católica por su apoyo al general Franco?

¿Por qué fue importante el acuerdo de 1953 con Estados Unidos para la instalación de bases militares?

¿Cómo influyó el Plan de Estabilización de 1959 para la creación de una economía moderna?

¿Qué es el Opus Dei?

¿Cómo se convirtió España en uno de los principales destinos turísticos del mundo?

¿Cuál fue la oposición al régimen franquista?

¿Qué fue la organización independentista violenta vasca ETA?

¿Qué repercusión tuvo para el régimen que el presidente del Gobierno Carrero Blanco muriera asesinado por ETA?

¿Cuánto cambió la economía y la sociedad durante el régimen franquista?

3. LA TRANSICIÓN (1975-1982)

¿Qué ocurrió a la muerte de Franco?

¿Quién es el rey Juan Carlos?

¿Cómo se logró la Transición?

¿Quién fue Adolfo Suárez?

¿Qué importancia tuvieron las movilizaciones sociales y las huelgas como vía de presión para que cambiara el régimen?

¿Qué papel jugaron los medios de comunicación españoles e internacionales en la Transición?

¿Cuáles eran los principales problemas económicos?

¿Qué fueron los Pactos de la Moncloa?

¿Qué forma terminó adoptando la Constitución de 1978?

¿Cómo y por qué se creó el sistema autonómico?

¿Qué diferencias existen entre las diversas comunidades autónomas?

¿Por qué ETA prosiguió con su campaña de violencia por un Estado vasco independiente?

¿Por qué se produjo un intento de golpe de Estado en 1981?

4. LA ERA SOCIALISTA (1982-1996)

¿Por qué obtuvieron los socialistas una victoria arrolladora en las elecciones de 1982?

¿Quién es Felipe González?

¿Cómo lograron los socialistas controlar la desesperada situación económica de aquel entonces?

¿Por qué (y cómo) se procedió a la reforma de las fuerzas armadas?

¿Por qué los socialistas se oponían al ingreso en la OTAN y luego cambiaron radicalmente de opinión?

¿Qué impacto tuvo el ingreso en la Comunidad Económica Europea?

¿Cuál fue la política exterior de los Gobiernos socialistas?

¿Cómo consiguieron crear los socialistas un Estado del bienestar?

¿Cuánto se aproximaron los Gobiernos socialistas al cumplimiento de los requisitos para incorporarse a la Unión Económica y Monetaria europea?

¿Cómo fueron las relaciones de los socialistas con la Iglesia católica?

¿Qué fue «La Movida» madrileña?

¿Cuánto progresó el sistema autonómico con los Gobiernos socialistas?

¿Por qué se libró una «guerra sucia» contra la organización terrorista vasca ETA?

¿Cuáles fueron los escándalos de corrupción que llevaron a la caída de los socialistas?

5. EL REGRESO DE LA DERECHA (1996-2004)

¿Cómo logró la derecha reinventarse y regresar al poder en 1996 con el Partido Popular?

¿Quién es José María Aznar?

¿Cómo logró el Gobierno del PP cumplir con las condiciones para que España adoptara el euro como nueva moneda?

¿Qué papel jugaron las privatizaciones en la política económica?

¿Cuáles fueron las otras reformas económicas importantes impulsadas por el Partido Popular?

¿Por qué (y cómo) se crearon compañías multinacionales españolas?

¿Cómo se afrontó en España el fenómeno de la inmigración?

¿Cómo trató el Gobierno del PP de erradicar la organización terrorista vasca ETA?

¿Por qué el Gobierno español apoyó la invasión de Irak de 2003 liderada por Estados Unidos?

¿Por qué el terrorismo islámico atentó con bombas contra unos trenes en Madrid en vísperas de las elecciones generales de 2004?

6. LOS SOCIALISTAS CONTRAATACAN (2004-2011)

¿La vuelta de los socialistas al poder se debió al atentado terrorista islámico?

¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero?

¿Cómo se convirtió España en uno de los países más progresistas en temas morales?

¿Cómo reaccionó la Iglesia católica a las reformas?

¿Qué es la Ley de Memoria Histórica?

¿Cuáles fueron los motivos de que la expansión económica durara tanto tiempo?

¿Qué efecto tuvo la caída de los sectores inmobiliario y de la construcción?

¿Qué sucedió con el resto de la economía?

¿Qué medidas de austeridad se tomaron?

¿Cuáles fueron las causas de la crisis bancaria?

¿Qué pasos se dieron para resolver la crisis financiera?

¿Qué fue el movimiento de los indignados?

¿Por qué la clase política se volvió tan impopular?

¿Mejoraron las tensiones centro-periferia bajo los Gobiernos de Zapatero?

7. UNA LUCHA CONTRA LA CRISIS EN VARIOS FRENTES (2012-2019)

¿Quién es Mariano Rajoy?

¿Qué situación heredó el Partido Popular de los socialistas?

¿Qué medidas económicas adoptó el Gobierno del Partido Popular?

¿Cuál fue la repercusión política de la crisis?

¿Quién es Pedro Sánchez?

¿Por qué (y cómo) intentó Cataluña separarse de España?

¿Qué factores han impulsado el ascenso del partido ultraderechista Vox?

8. ¿QUO VADIS, ESPAÑA?

BIBLIOGRAFÍA BREVE

AGRADECIMIENTOS

Notas

Créditos

Para Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo.
In memoriam, Santos Juliá (1940-2019)
y Gabriel Jackson (1921-2019).

España no es tan diferente, tan «especial» como
interesadamente se dice. Hay que desterrar de una vez para
siempre la idea de que España es un país anómalo [...] que
constituye siempre un caso especial, una «excepción» al
amparo de la cual puede hacerse lo que convenga.

JULIÁN MARÍAS , filósofo y sociólogo (1914-2005)

Spain is different .

Eslogan de promoción turística en los años sesenta,
durante la dictadura franquista

NOTA DEL TRADUCTOR

Uno de los grandes retos de traducir al español un libro sobre España escrito en lengua inglesa es el de tratar debidamente las citas literales, que, por lo general, suelen corresponder a declaraciones o textos que se dijeron o se redactaron originalmente en castellano. El autor trabajó tanto con fuentes anglosajonas como con fuentes españolas, pero todas las citas se vertieron al inglés en la versión original del libro. Una mayoría de ellas se han podido recuperar para la presente traducción; el resto —aquellas que no se pudieron rescatar— se han tratado de traducir de la forma más fidedigna posible. El propósito último que nos ha guiado en esta tarea ha sido el de no perder la expresividad ni el ritmo de la prosa de partida, pero sin faltar (en la medida de lo razonable) a la literalidad de las palabras de los protagonistas.

INTRODUCCIÓN

Yo llegué a España cuando era aún un joven periodista en 1974, el año antes de que muriera el entonces dictador, el general Franco. Mi intención era pasar una breve temporada enseñando inglés en Madrid y regresar a mis labores periodísticas en Gran Bretaña, pero, en vez de ello, y por influencia de mi entonces novia (y hoy esposa) y de mis amigos españoles, me quedé un poco más. Ellos estaban convencidos de que el «Generalísimo», ya enfermo, no viviría mucho más tiempo y que la España posfranquista sería un lugar mucho más emocionante para un periodista en ciernes como yo que mi propio país de origen.

Según un chiste que por aquel entonces circulaba desde hacía tiempo, miles de españoles tenían un dedo índice más corto de lo normal de las muchas veces que habían repiqueteado con él en la mesa o mesita que tenían más a mano para enfatizar cada año su esperanza de que ese en concreto fuera el último de vida de Franco. Cuando finalmente falleció, después de una larga agonía, en 1975, a los ochenta y dos años de edad, España, un rincón periférico y relativamente atrasado del sur de Europa, apenas conocido más que por su turismo de masas (un aspecto en el que no ha dejado de crecer, pues el país recibe a más de ochenta millones de turistas anuales, la segunda mayor cifra de todo el mundo), las corridas de toros, el flamenco, la siesta y su dictador, el más veterano de Europa [1] , pasó de la noche a la mañana a ser un foco central de la atención internacional ante los temores (avivados por los medios internacionales en general, no solo los más sensacionalistas) de que el país pudiera sumirse en una nueva guerra civil.

Volví al periodismo después de que Harry Debelius, veterano corresponsal en Madrid del The Times de Londres, me contratara como colaborador suyo. Fueron tres años muy intensos durante los cuales entrevisté a muchos de los protagonistas clave de la transición a la democracia, incluido el rey Juan Carlos. El Monarca, a quien los comunistas apodaron erróneamente «Juan Carlos el Breve» cuando accedió al trono, pues preveían que pronto sería barrido de la escena política junto con los demás vestigios del régimen franquista, recordó durante nuestro encuentro un chiste que se contaba sobre él. «¿Por qué me coronaron en un submarino? Porque en el fondo no soy tan tonto». Y desde luego que no: ni en el fondo ni en la superficie, a juzgar por su papel en la admirablemente tranquila transición a la democracia que tuvo lugar durante esos años (la primera saldada con éxito en la turbulenta Historia de España) y que se convertiría en una especie de modelo para los países latinoamericanos y para los excomunistas.

En el otro extremo del espectro político, también entrevisté (en el club de golf de Biarritz, en su «santuario» del suroeste de Francia) a José Miguel Beñarán Ordeñana (alias «Argala»), miembro del comando de la organización independentista violenta vasca ETA (siglas del euskera Euskadi Ta Askatasuna, «Patria y Libertad») que detonó una bomba en diciembre de 1973 al paso del coche del almirante Luis Carrero Blanco, que era, a sus setenta años de edad, el presidente del Gobierno y previsible heredero político de Franco. El explosivo, colocado bajo la calzada de la calle, proyectó el vehículo de Carrero por los aires, por encima del tejado de la iglesia de San Francisco de Borja, donde acababa de acudir a misa. En 1978, Argala moriría asesinado en circunstancias similares por activistas de extrema derecha en Anglet (Francia), cerca de la frontera española.

En 1978, me trasladé a México para trabajar para el Financial Times . Pero era tal la atracción que España seguía ejerciendo sobre mí que, tras seis años en el país americano y dos más en Londres, en la sede central del periódico, abandoné el periodismo a tiempo completo y regresé con mi familia a Madrid para quedarme ya definitivamente. En 1976, mi esposa y yo habíamos comprado una casa en ruinas en un vetusto pueblo de Castilla-La Mancha, en la región donde transcurren las andanzas del protagonista de El Quijote, de Miguel de Cervantes. El lugar carecía de instalaciones de agua corriente, no tenía casi ninguna calle asfaltada y su escuela de primaria estaba muy deteriorada. Para hacer una simple llamada telefónica había que pasar por una operadora, que era hija de uno de los dueños del bar de la localidad, y el quiosco más cercano donde comprar un periódico estaba a diecisiete kilómetros de allí. Hace ya muchos años que tenemos agua corriente, que todas las calles están asfaltadas, y que disponemos de centralita telefónica automática, así como también de Internet, un moderno centro de educación de primaria y un ambulatorio. En la distancia, sobre uno de los cerros que delimitan el extenso embalse que hay junto al pueblo, veinticinco turbinas eólicas de cien metros de altura que presiden el paisaje, como si fueran una versión moderna de los molinos de viento gigantes contra los que luchaba don Quijote en la novela, generan electricidad. En la actualidad, España es el segundo mayor productor mundial de energía eólica por detrás de Alemania.

España se ha transformado en muchos sentidos. Pero sorprende lo poco que se conoce aún de este país (la cuarta mayor economía de la eurozona y la decimotercera del mundo), tanto dentro como fuera de sus fronteras, más allá de sus estereotipos, que perviven pese a su profunda discordancia con la realidad. Cuando vine a España por primera vez, un colega mío que vivía en Londres y me doblaba en edad me preguntó si aquí se fabricaban coches. En aquel entonces, yo no sabía casi nada de este país, pero sí sabía que era un importante productor de automóviles (más de setecientos mil anuales, lo que lo convertía en el noveno mayor fabricante mundial). En 2003, cuando José María Aznar era presidente del Gobierno, visitó el rancho texano del presidente estadounidense George W. Bush y, antes de verse con el propio Bush, tuvo una charla con uno de los más estrechos asesores de este. La conversación discurrió como sigue:

—And what is the chief product exported by Spain? («¿Y cuál es el principal producto de la exportación española?») —se interesa el colaborador de Bush.

—Cars («Coches») —responde Aznar.

—No, I am asking about the number one product which Spain exports («No, pregunto por el primer producto exportador español»).

—Cars («Coches») —repite el presidente español.

—No, no, what I want to know is which Spanish product sells most successfully abroad? («No, no, lo que quiero saber es qué producto español se vende más en el extranjero»).

—Yes, cars, cars —reitera el presidente español ante la sorpresa de su interlocutor [2] .

La percepción sobre España ha cambiado poco desde entonces. ¿Cuántas personas, por ejemplo, saben que muchos británicos actualmente hablan por teléfono, encienden la luz, realizan gestiones bancarias, viajan en metro, vuelan desde algunos aeropuertos, abren un grifo o tiran de la cadena del retrete gracias a empresas españolas que han adquirido compañías que prestan todos esos servicios en el Reino Unido? Los españoles también tienen una esperanza de vida mayor que la británica. ¿O cuántos saben que el Santander, la mayor entidad bancaria de la eurozona por capitalización bursátil, es propietario de la mayor franquicia bancaria de América Latina (que opera en muchos países de la región) y obtiene un porcentaje mucho mayor de sus beneficios en Brasil que en España? Más de una docena de multinacionales españolas ocupan posiciones destacadas en el mercado global.

También las actitudes morales han experimentado un cambio radical. A mi esposa y a mí nos impidieron alojarnos en un hotel en Ávila en 1974 porque no disponíamos de un «Libro de familia» que atestiguara que estábamos casados. Lo cierto era que lo estábamos, pero ninguna de nuestras quejas de que ningún documento parecido a ese se emitía en el Reino Unido para los matrimonios británicos sirvió de nada. Además, nos habíamos casado en las oficinas del Registro Civil de Gibraltar, en una época en que su frontera con España estaba cerrada (desde 1969, por orden de Franco). Nos casamos allí porque, durante el régimen franquista, el catolicismo era la religión oficial del Estado y era muy difícil que una católica (mi mujer) se pudiera casar con un protestante. (Muchos años después, descubrimos que sí podríamos habernos casado en España por lo civil si mi esposa hubiera apostatado de su fe ante notario). La única forma de llegar a Gibraltar desde Madrid era viajando en tren hasta el puerto de Algeciras y, desde allí, cruzar el Estrecho hasta Tánger por vía marítima para, luego, tomar un último barco hasta Gibraltar, un periplo ciertamente arduo. También se podía llegar al Peñón volando vía Londres, algo bastante absurdo. La frontera entre España y Gibraltar se abrió definitivamente en 1985.

Hoy España es un Estado aconfesional y la Iglesia católica ha perdido buena parte de su poder y su influencia. Por ejemplo, el número de matrimonios civiles supera al de eclesiásticos desde 2009 (en 2019, solo el 20,5 % de los nuevos cónyuges se casaron «por la Iglesia»). El ámbito de la moral, España es un lugar tan liberal como otros países europeos (cuando no más permisivo). La transición moral desde éticas intolerantes y tradicionales a éticas posmaterialistas (contraculturales) es un proceso global que lleva su tiempo. Pero algunos países han quemado etapas con mayor rapidez. Es el caso de España y lo acreditan los estudios de la Encuesta Mundial de Valores. Si comparamos la evolución de España y Estados Unidos en los últimos cuarenta años, por ejemplo, la sociedad norteamericana iba por delante de la española, pero hoy está muy rezagada con respecto a esta. En 2005, España pasó a ser el cuarto país del mundo donde se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, después de los Países Bajos, Bélgica y Canadá, un hito nada desdeñable si tenemos en cuenta que el franquismo encarcelaba a las personas homosexuales.

Este libro procede por orden cronológico, más que temático, y se concentra especialmente en los últimos ochenta años. Así permite que los lectores aprecien mejor el progreso de España a lo largo de los siglos (una evolución en ocasiones caracterizada por un paso adelante y dos atrás) y comprendan más a fondo aquellos aspectos de la historia del país que mejor ayudan a explicar tensiones o conflictos políticos relevantes en la actualidad, sobre todo en lo relativo a los nacionalismos regionales y la descentralización del Estado, y al clivaje religioso. Dado el formato pregunta-respuesta, la simplificación grosso modo de diversos aspectos de un país tan complejo como España ha sido inevitable. Una obra de esta naturaleza apenas si puede llegar a penetrar más allá de la superficie de la cuestión, pero humildemente me conformo con que anime al lector a seguir ahondando en ella.

Asimismo, y para que no se multiplicaran las preguntas, también me he visto obligado a acotar el alcance de la contextualización de España en el escenario internacional. He intentado dar respuestas lo más argumentadas posible a las preguntas que se plantean en estas páginas, dentro de los límites impuestos. Eso significa que algunas duplicaciones son inevitables, pues no es posible responder a algunos de los interrogantes que encabezan las secciones de los capítulos sin aludir a materiales que aparecen también en otras respuestas a interrogantes de otras secciones.

España ha enterrado muchos de los fantasmas de su pasado autoritario reciente, pero no todos ellos. Su sistema democrático es muy dinámico, si bien la clase política ha perdido entre la ciudadanía el lustre del que gozara durante la Transición de 1975-1978, cuando el consenso fue la consigna y el espíritu que guiaron sus acciones. El descontento generalizado con los dos principales partidos, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), nació en buena medida de la profunda recesión que siguió al estallido de una ingente burbuja inmobiliaria en 2008 y a la crisis financiera internacional. Aquel insostenible modelo económico se había basado de forma desproporcionada en el sector del ladrillo y apenas nada en el del conocimiento, con lo que se perdió la oportunidad de oro que toda una década de gran crecimiento había brindado para acometer reformas estructurales.

La espectacular caída en el sector de la construcción fue la principal causa de que se disparara la tasa de desempleo española hasta el 26 % en 2013, más del doble que la tasa europea media. La recesión, las políticas de austeridad que la siguieron y las revelaciones de extendidas corruptelas en la ya desacreditada clase política del país sacudieron los cimientos económicos, políticos, institucionales y sociales españoles después de lo que había sido un prolongado periodo de estabilidad. El dominio de los socialistas y los populares quedó tocado en las elecciones generales de diciembre de 2015, cuando dos partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos, obtuvieron escaños en el Congreso por primera vez. Otro partido, el ultraderechista Vox, irrumpió también en el escenario político nacional en 2019, con lo que se ha intensificado desde entonces una tendencia a la polarización y el tribalismo, y se ha acentuado la crispación. Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019 se celebraron cuatro elecciones generales, una cifra récord para un país de la Unión Europea (UE). El líder socialista Pedro Sánchez fue investido presidente en enero de 2020, tras ocho meses de interinidad, por la mayoría parlamentaria más ajustada en cuarenta años, al ser respaldado por 167 diputados frente a 165 noes, con 18 abstenciones, en un Congreso donde, actualmente, son dieciséis los partidos que cuentan con representación. El suyo es el primer Gobierno central de coalición y de minoría en España desde la Segunda República (1931-1939), constituido por ministros del PSOE y de Unidas Podemos, formación de izquierda más radical. De este modo, ya solo queda Malta como único país de la UE que no ha tenido ningún Gobierno de coalición en los últimos cuarenta años.

Mientras tanto, el ímpetu del independentismo catalán no ha mostrado síntomas de amainar. El Tribunal Supremo condenó en octubre de 2019 a nueve líderes separatistas a entre nueve y trece años de cárcel por su participación en la organización de un referéndum ilegal sobre la secesión de Cataluña en 2017 y por la consiguiente declaración unilateral de independencia. Fue la más grave crisis institucional vivida por el país desde el fallido golpe de Estado de 1981.

En el frente económico, España ha sido uno de los países más duramente golpeados por la pandemia de coronavirus de 2020, debido especialmente a la importancia del sector turístico, que representa el 12 % del PIB y el 13 % de los empleos (directos). Hasta junio, más de trescientas mil personas se habían infectado y más de veintiocho mil habían fallecido por el virus en España, las séptimas cifras más altas de todos los países del mundo. La economía tardará años en recuperarse de este bache.

España se ha enfrentado a muchos desafíos que solo han podido ser afrontados de verdad cuando los políticos han aparcado sus diferencias para trabajar por el bien del país en su conjunto. Ojalá sepan recuperar el consenso que caracterizó a la política española durante la Transición.

1
ANTECEDENTES HISTÓRICOS ( 800 A. C.- 1939)

¿ DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE DE ESPAÑA?

Los fenicios comenzaron a establecerse en la península Ibérica en torno al año 800 a. C. En aquel entonces, el territorio era poco más que un conjunto de llanuras y bosques habitados por jabalíes, lobos y damanes, pequeños animales peludos de orejas y patas largas que se asemejaban a conejos y se multiplicaban con asombrosa rapidez. Fue por ellos por lo que los fenicios llamaron a su nuevo territorio I-shepan-he («tierra de damanes»). Tras la invasión romana del año 218 a. C., el nombre se latinizó a Hispania y, con los siglos, se transformó en España. Cneo Cornelio Escipión desembarcó en Ampurias con dos legiones y quince mil soldados aliados y estableció allí una presencia que se prolongaría más de seis siglos. Todos los idiomas que se hablan en la España actual (castellano, catalán, gallego, entre otros) descienden del latín hablado durante el periodo de la dominación romana, excepto el vasco. En la actualidad, el español es el segundo idioma del mundo en número de hablantes que lo tienen como lengua materna (más de cuatrocientos ochenta millones) tras el chino mandarín, y es oficial en veintiún países, así como en las Naciones Unidas (junto a otros cinco) y en la Unión Europea.

Los romanos desarrollaron el regadío, construyeron calzadas, descubrieron minas e introdujeron nuevos cultivos, como las naranjas, los limones, el algodón, la caña de azúcar y el arroz, así como el vino y el aceite de oliva. Hispania fue el granero del Imperio romano. La de Las Médulas, en la provincia de León, fue la mina de oro más importante de todo el imperio y actualmente se puede visitar. El enorme acueducto de Segovia y el teatro de Mérida son monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en la provincia de Valencia se ha descubierto en 2020 el mayor acueducto romano de la península Ibérica (98,6 kilómetros), que es, a su vez, la sexta infraestructura hidráulica más larga del mundo clásico. Además de su idioma, también el derecho y el cristianismo romanos terminarían por impregnar la vida española, aunque modificados durante las generaciones subsiguientes. El Imperio romano desapareció como tal de Hispania a partir del 408 d. C., cuando la península fue invadida por tribus germánicas. Estas serían definitivamente expulsadas por los visigodos, que se establecieron en España a partir del año 415.

¿ CUÁL FUE EL LEGADO DE LA PRESENCIA MUSULMANA ENTRE EL AÑO 711 Y 1492?

Procedentes del norte de África, los moros (tribus bereberes) arribaron a las costas meridionales de la península Ibérica en 711, concretamente a una masa de roca caliza a la que llamaron jabal-tarik (roca de Tarik), que es la Gibraltar actual. En muy pocos años sometieron a los visigodos, que habían ido reemplazando a los romanos a partir del siglo V como dominadores de Hispania, y se hicieron con el control de la mayor parte de lo que hoy es España y Portugal. (Llegaron más al norte incluso, hasta Poitiers, donde fueron derrotados por Carlos Martel en el año 732). Los moros llamaron al territorio por ellos ocupado «Al-Ándalus», que quedó integrado en el califato de Damasco. La organización estatal islámica del país lo dividió en cinco áreas administrativas, que se correspondían muy aproximadamente con las actuales Andalucía, Galicia más Portugal, Castilla más León, Aragón más Cataluña, y la Septimania (la zona de Francia que comprende la región donde hoy se encuentran Béziers, Carcasona y Narbona).

La resistencia cristiana a los musulmanes se concentró inicialmente en la región montañosa de Asturias, donde, en el año 722, Pelayo acaudilló la primera victoria significativa sobre los moros en Covadonga y dio comienzo así a una ofensiva de setecientos setenta años de duración, la llamada Reconquista (cristiana), que terminaría expulsándolos de Iberia. Hoy hay un monumento a don Pelayo en Covadonga y un santuario muy popular dedicado a la Virgen María (Nuestra Señora de Covadonga) en una cueva. El heredero o (como es el caso en la actualidad) la heredera al trono español recibe el título de príncipe o princesa de Asturias en reconocimiento de la importancia de dicha región como cuna de la España cristiana.

El califato de Córdoba que se instauró en la España meridional, en lo que hoy es Andalucía, dominó Al-Ándalus y parte del norte de África desde 921 hasta 1031, año en el que se fraccionó en múltiples reinos de taifas (Granada entre ellos, por ejemplo) a causa de las luchas intestinas. La Gran Mezquita de Córdoba, erigida sobre el emplazamiento de la antigua iglesia de San Vicente, la cual, a su vez, se había levantado sobre los cimientos de un templo romano, se convirtió en el segundo lugar de culto más importante del islam después de La Meca. En la actualidad, es uno de los monumentos más visitados de España. El otro edificio andalusí más imponente es el palacio de la Alhambra de Granada. Los historiadores árabes de la época llamaban a Córdoba la «Joya del Mundo». Llegó a ser la mayor ciudad de la Europa occidental, con hasta medio millón de habitantes en su momento de máximo esplendor, y albergaba magníficos palacios, jardines, fuentes y bibliotecas, además de un centro de aprendizaje y traducción en una época en la que el resto de la Europa medieval no alcanzaba tal nivel de desarrollo. Los musulmanes se mostraban también tolerantes con los cristianos y los judíos; esa coexistencia de las tres religiones, aunque no siempre pacífica y armoniosa, fue un caso relativamente excepcional en la Edad Media europea. Los musulmanes permitían la práctica de otros credos siempre que los fieles de los mismos se sometieran a su gobierno y pagaran unos tributos especiales.

Los musulmanes también estaban muy avanzados en comercio, agricultura y urbanización (crearon nuevas ciudades, como Badajoz y Almería), y aprovecharon el sistema romano de regadío. Aún hoy, el Tribunal de las Aguas de Valencia, instaurado en época musulmana, continúa reuniéndose semanalmente para dirimir disputas por derechos de riego. Córdoba se hizo famosa por sus artesanías de cuero, metal (el cobre procedía de las minas de Río Tinto), seda, tejidos y otras especialidades. El mercurio se extraía de Almadén. La influencia árabe terminó siendo significativa también en la lengua española: por ejemplo, en los vocablos que comienzan por la sílaba «al-», como «alcalde» o «alfombra». Incluso el topónimo «Madrid», que no llegaría a ser capital de España hasta 1561, es de origen árabe (hace referencia a una corriente subterránea de agua). El filósofo musulmán Averroes (1126-1198) vivió en Córdoba y dejó una gran huella en la cultura europea; principalmente a él es a quien debemos que el conocimiento de Aristóteles se extendiera por el continente.

Los cristianos comenzaron a afianzarse y, ya en los albores del siglo X , tenían reinos en León (del que, al extenderse, nacería Castilla, la cual terminaría por englobar a aquel) y Navarra, así como el condado de Barcelona, gobernados todos ellos por caudillos guerreros con nombres llamativos, como Sancho el Craso (es decir, «el Gordo») o Wifredo el Velloso. Los reinos cristianos ocupaban hacia el año 1000 unos ciento sesenta mil kilómetros cuadrados y tenían una población de medio millón de habitantes, mientras que las áreas de dominio musulmán (las conocidas como taifas) abarcaban unos cuatrocientos mil kilómetros cuadrados y tenían unos tres millones de habitantes. La iglesia (y posteriormente, catedral) de Santiago de Compostela, la actual capital de Galicia, en el noroeste del país, alberga la cripta de Santiago Matamoros, quien, según la leyenda, se apareció como guerrero a lomos de un caballo blanco en la batalla de Clavijo y ayudó a los cristianos a apuntarse una victoria contra las fuerzas moras, netamente superiores en número. Es el patrón de España. Santiago de Compostela se convirtió en principal centro de peregrinaje del cristianismo occidental; aún hoy, miles de personas recorren a pie la ruta conocida precisamente como el Camino de Santiago. Teniendo en cuenta que actualmente viven en torno a un millón de musulmanes en España, el apelativo de Matamoros muy rara vez se utiliza ya para referirse al santo, aunque solo sea por una mera razón de corrección política (véase «¿Cómo se afrontó en España el fenómeno de la inmigración?», en el capítulo 5). En 1085, Toledo, ciudad muy cercana al centro geográfico de España, fue conquistada por las fuerzas cristianas, lo que disparó considerablemente la moral de esos reinos. De la importancia de Toledo en la historia de la Reconquista da buena fe el hecho de que su archidiócesis recibiera el honor de tener la Primacía de España por considerarse que la toledana tenía precedencia sobre las demás sedes episcopales de la España católica durante las edades medieval y moderna. Aún hoy, el arzobispo de Toledo es también llamado primado de España y suele ser elevado por el Papa a la condición de cardenal de forma casi automática.

El guerrero más ensalzado de aquellos tiempos (y verdadero héroe nacional) fue Rodrigo Díaz de Vivar (1043-1099), más conocido como el Cid Campeador. Este nombre procede de la palabra árabe seyyid, o señor, y el apelativo «campeador» del latín campi ductor, o campeón. El Cid, cuya figura se exalta en el Cantar de mio Cid, poema épico que se cree que fue escrito por un monje español del siglo XII , fue una especie de mercenario que luchó al servicio de los reyes moros. Pero se le recuerda especialmente por haber sido la figura central en la primera reconquista cristiana de Valencia. El resto de territorios musulmanes fueron cayendo progresivamente bajo el empuje de las fuerzas cristianas; en 1264, ya solo quedaba bajo dominio islámico el reino de Granada, que terminaría siendo conquistado por los cristianos en 1492 como parte de un proceso que abriría la puerta a una mayor unificación del país.

¿ CÓMO FORJARON FERNANDO E ISABEL UN REINO ESPAÑOL UNIDO?

Aunque de forma harto inconexa, los primeros pasos hacia una España unida se dieron a raíz del matrimonio, en 1469, entre los futuros reyes de Castilla y Aragón: Isabel I (1474-1504) y Fernando II (1479-1516), respectivamente. En aquella época, Castilla era ya el reino más extenso y poblado, con unos cinco millones de habitantes. La unión dinástica, la primera de toda una serie de monarquías compuestas en Europa basadas en el principio de aeque principali que, en el caso español, duraría como tal hasta comienzos del siglo XVIII , fue conocida como la de los «Reyes Católicos». Este sistema implicaba organizaciones administrativas y tributarias separadas para cada territorio, pero también cristalizó en numerosos proyectos e instituciones comunes (como, por ejemplo, los viajes y descubrimientos de Colón). Tras imponerse en la guerra civil desatada por las pretensiones rivales al trono de Castilla, los monarcas instituyeron la Inquisición en 1478 (en Castilla, extendida a Aragón en 1483) para forjar la unidad de religión en sus territorios. Casi todos los sistemas religiosos han concebido en algún momento mecanismos para controlar la fe y disciplinar la práctica, y no podemos obviar que el cristianismo fue una de las fuerzas motrices que impulsaron y guiaron la acción de los Reyes Católicos. La verdadera unidad política, sin embargo, no llegaría a España hasta el siglo XVIII , cuando fue impuesta por una dinastía diferente: la de los Borbones. Aragón, por ejemplo, retuvo hasta entonces sus Cortes, su moneda, sus leyes y su sistema de propiedad de la tierra, y las leyes, instituciones y costumbres tradicionales de Navarra no sufrieron cambios importantes hasta bien entrado el siglo XIX . El espíritu de la relación entre los territorios y la monarquía está muy bien ejemplificado por el juramento de lealtad que los nobles aragoneses prestaban a cada nuevo monarca. «Nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos Principal, Rey y Señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades; y si no, no».

El escudo de armas de Isabel y Fernando, y de los monarcas católicos posteriores, era un yugo y un haz de flechas. El yugo correspondía a Isabel, y las flechas, a Fernando. En los años treinta del siglo XX , ese escudo se convertiría en el símbolo de la Falange, partido fascista que terminaría transformándose en el Movimiento Nacional, única organización política legal durante la dictadura del general Franco (1939-1975). Es un símbolo aún hoy visible en la fachada de algunas iglesias.

Las víctimas originales de la Inquisición, institución que se mantuvo hasta 1820, fueron los marranos o conversos: aquellos judíos que se habían convertido a la fe cristiana pero de quienes se sospechaba que conservaban una fidelidad secreta al judaísmo. Tomás de Torquemada, gran inquisidor, ya había instado a Fernando en 1480 a expulsar a todos los judíos de Andalucía, que era donde vivía la mayoría de ellos. En enero de 1492, después de la conquista de Granada, el último reino andalusí, se dio orden de que todos los judíos (no menos de ciento cincuenta mil según las estimaciones) abandonaran España so pena de muerte. Fue la primera gran emigración de súbditos españoles de su territorio natal y la mayor limpieza étnica que se había producido hasta entonces en un reino europeo. Su partida privó al país de una parte sustancial de su vida industrial, financiera e intelectual.

En virtud de una nueva ley de 2015, con la que se pretendía reparar aquella «injusticia histórica», y durante un periodo que venció en 2019, 132.226 descendientes de judíos expulsados de España han solicitado la nacionalidad española. La ley otorga derechos de doble ciudadanía a los judíos que tengan orígenes españoles. Hasta entonces, conforme a la anterior ley de 1924, el Gobierno tenía poderes discrecionales para otorgar la nacionalidad a los judíos sefardíes, pero solo a cambio de que quienes la solicitaran renunciaran a su ciudadanía previa y tuvieran establecida su residencia en España.

El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, también gran inquisidor, ordenó a su vez medidas represivas contra los musulmanes en 1499, cuando se procedió a la quema pública de todos los libros religiosos árabes que se pudieron encontrar. En 1502, un edicto real decretó que los musulmanes estaban obligados a bautizarse para no ser condenados al exilio. La mayoría optaron por quedarse en España y convertirse, y pasaron a ser conocidos como moriscos (moros conversos). España fue a partir de entonces íntegramente católica (al menos, de forma nominal) y comenzó a cosecharse una fama de intolerancia y crueldad que no la abandonaría en siglos. De ahí nacería la llamada «Leyenda Negra», un fenómeno que, según el filósofo Julián Marías (1914-1995), «consiste en la descalificación global de un país, fundada en algunos hechos negativos, y no importa demasiado que sean verdaderos o falsos» [3] .

Aunque estos musulmanes eran de pura (o casi pura) sangre española (en el sentido de que no eran de ascendencia no cristiana) tras siglos y siglos de matrimonios mixtos, y pese a que se habían convertido, seguían siendo objeto de persecución porque pesaba sobre ellos la reputación de ser unos españoles herejes; tenían expresamente prohibido bañarse, por ejemplo, porque los baños frecuentes se consideraban en aquel entonces una prueba palmaria de apostasía. En los archivos de la Inquisición son constantes las referencias del tipo: «El acusado lavábase muchas veces».

La Reforma protestante, iniciada por el monje alemán Martín Lutero en 1517 y sus «Noventa y nueve tesis», apenas penetró en España [4] . Los sucesivos monarcas del país la rechazaron y la combatieron vigorosamente porque cuestionaba la fe católica y su propio papel sagrado como defensores del Santísimo Sacramento. El statu quo impedía que algo así pudiera ser tolerable en España, pues su creación misma como Estado había sido el resultado de la Reconquista previa. Si Carlos I (quien pasaría a ser también Carlos V, sacro emperador romano germánico, entre 1519 y 1556) hubiera sido Rey de España únicamente, la Reforma no habría significado ninguna amenaza grave para él, pero, como emperador, no podía permitirse divisiones religiosas en su imperio, pues sabía que estas podían tener también repercusiones en la propia España.

¿ CÓMO SURGIÓ EL IMPERIO ESPAÑOL?

El año 1492 fue trascendental para España y para el mundo. Fue entonces cuando Cristóbal Colón, tras haber zarpado de costas españolas y tras treinta y seis días de travesía oceánica, desembarcó el 12 de octubre en una isla del Caribe a la que puso de nombre San Salvador y que la mayoría de expertos sitúan en el archipiélago de las Bahamas. En los años siguientes, Colón realizó otros tres viajes de descubrimiento a América (el Nuevo Mundo) e inauguró así la era colonial europea, además de abrir paso a la globalización [5] . Aquel fue un momento crucial en la historia del mundo. Sus relatos sobre las poblaciones y la fauna indígenas, nunca antes vistas por los occidentales, animaron a otros muchos exploradores a aventurarse a cruzar el Atlántico en busca de riqueza y fama, acompañados de numerosos frailes y sacerdotes católicos, llevados estos de fervor misionero. El primer viaje de Colón coincidió en el tiempo con la publicación de la Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, el primer libro de gramática de una lengua europea moderna. Fue todo un síntoma de la clara supremacía de Castilla sobre el resto de España. Cuando Isabel I preguntó a Nebrija para qué servía su obra, él respondió a su «mui esclarecida Reina» que «siempre la lengua fue compañera del imperio». Los conquistadores españoles impusieron el idioma español y el cristianismo sobre territorios y poblaciones inmensos, mucho más extensos que los de España. La Iglesia católica animaba a los misioneros a aprender lenguas indígenas para que pudieran usarlas para cristianizar a las poblaciones locales. Uno de los primeros libros que se imprimió en América Latina fue una gramática náhuatl.

Los matrimonios dinásticos contribuyeron en gran medida a la creación del imperio, sobre todo el que, en 1496, unió a Felipe, hijo de Maximiliano I, el entonces monarca Habsburgo de Alemania (1486-1519), y a Juana, hija de Fernando e Isabel. El hijo nacido de esa unión, el futuro emperador Carlos V, sucedió a Maximiliano como sacro emperador romano germánico (Felipe I había fallecido a los veintiocho años de edad) y, por lo tanto, reinó tanto sobre el Sacro Imperio Romano como, con el nombre de Carlos I, sobre el Imperio español. Otros factores que impulsaron el desarrollo español fueron las ambiciones relativamente modestas de sus rivales potenciales de entonces, el papel del oro y la plata como fortalecedores del crédito del monarca, y la disposición a cooperar de una aristocracia que, a diferencia de sus homólogas de Francia e Inglaterra, aceptó que su condición de nobles implicaba el servicio a la Corona.

España fue la potencia preeminente durante el siglo XVI y buena parte del XVII , y la primera verdaderamente global. Controlaba la mayoría del territorio de lo que hoy es América Latina (con la importante excepción de Brasil, que pertenecía al Imperio portugués), diversas partes de Estados Unidos, las Indias Orientales (incluidas las Filipinas) y varios territorios europeos, como los Países Bajos (que incluían los actuales Estados del Benelux), la mayoría de Italia y algunas regiones de la Francia y la Alemania modernas. También consolidó su dominio naval sobre el Atlántico y el Pacífico, así como sobre la mayor parte del Mediterráneo. En 1571, España fue uno de los componentes de la llamada Liga Santa de Estados católicos marítimos que derrotó a los turcos otomanos en la batalla de Lepanto (la actual Náupaktos), en el golfo de Corinto, y asestó así un duro golpe al expansionismo musulmán, principal amenaza de la cristiandad occidental. Existen numerosas alegorías pictóricas de dicha contienda naval, incluida una de Tiziano (La Religión socorrida por España), expuesta en el Museo del Prado de Madrid.

España perdió sus posesiones en el resto del continente tras la guerra de Sucesión Española (1701-1714) que libraron varias potencias europeas a propósito de la posible unificación de los reinos español y francés bajo un mismo monarca borbónico, Felipe V. Los países latinoamericanos fueron independizándose progresivamente durante la primera parte del siglo XIX , y España perdió los últimos restos de su imperio —Cuba, Puerto Rico y Filipinas— a raíz de la guerra hispano-estadounidense de 1898. En las últimas dos décadas y media, ha surgido un nuevo tipo de ejército de conquistadores españoles: me refiero a las multinacionales con sede central en España que han conquistado segmentos significativos de la economía latinoamericana (véase «¿Por qué (y cómo) se crearon compañías multinacionales españolas?», en el capítulo 5).

¿ QUIÉN FUE CRISTÓBAL COLÓN?

Cristóbal Colón (1451-1506) nació en Génova o en sus proximidades. Se mudó a Lisboa hacia el año 1476 y, tras fracasar en su intento de persuadir al rey Juan II de Portugal para que le financiara una travesía del Atlántico, trasladó esa misma solicitud de patrocinio a España, donde el rey Fernando y la reina Isabel le ofrecieron un contrato para que descubriera una ruta marítima hacia Asia navegando rumbo al oeste. El 3 de agosto de 1492, se hizo a la mar con una flota de tres barcos y ciento veinte hombres desde Palos, en el suroeste de España. Tras recalar en las islas Canarias para aprovisionarse, volvieron a zarpar y navegaron durante más de un mes sin avistar tierra hasta que, finalmente, el 12 de octubre, y según las palabras del propio Colón, se divisó «algo parecido a un banco de arena blanca relucir a la luz de la luna». Se trataba de una pequeña isla del Caribe. Esa fecha se conmemora ahora todos los años en todo el mundo hispánico. Es el conocido en España como Día de la Hispanidad, aunque recibe diversos nombres en otros países: Día de Colón en Estados Unidos, por ejemplo, o Día de la Raza en México.

Colón aseguraba haber llegado a la India; cuando regresó a la corte real española en 1493, tras su primer viaje, se llevó a seis nativos consigo a quienes llamaba indios . Realizó tres viajes más, durante los cuales descubrió Cuba (aunque sin saberlo, pues él creía estar en el legendario reino de Kublái Kan) y Puerto Rico, fundó la ciudad de Santo Domingo en la isla de La Española (actuales Haití y República Dominicana), y exploró también una parte de la costa continental americana. En agosto de 1498, registró en su diario de a bordo que había encontrado «un muy vasto continente, que hasta hoy estuviera desconocido». Colón cayó en desgracia ante la Corona y los administradores coloniales. Acusados él y sus dos hermanos de graves abusos de poder —que incluían torturas— en el gobierno de los asuntos de La Española, fueron devueltos a España encadenados y luego encerrados en prisión. Después de seis semanas, el rey Fernando ordenó la excarcelación del descubridor y accedió a financiar su cuarto y último viaje. Tras su muerte, el cuerpo de Colón viajó tanto como lo había hecho en vida. Los resultados de una prueba de ADN realizada en 2004 parecen indicar que no fue enterrado en la catedral de Santa María de Sevilla, como muchos creían, sino en algún lugar del «Nuevo Mundo», posiblemente en la República Dominicana.

¿ QUIÉNES FUERON LOS «CONQUISTADORES»?

Entre los primeros y más famosos conquistadores, podemos destacar a Hernán Cortés, quien, al mando de no más de 1.500 españoles, conquistó el Imperio azteca en México, en 1521, y a Francisco Pizarro, quien derrotó a los incas en Perú, en 1533. Las fuerzas españolas eran manifiestamente inferiores en número, pero compensaban con creces esa desventaja con la superioridad que les otorgaban sus caballos, sus perros, sus espadas y sus cañones, elementos todos ellos desconocidos hasta entonces para las poblaciones indígenas. Ese efecto de la confrontación de estas con lo que venía del exterior fue muy importante. Los españoles también sacaron partido del descontento civil y de la hostilidad intercomunitaria en los imperios azteca e inca, factores ambos que volvieron a buena parte de la población local favorable a cooperar con los invasores. Prácticamente toda la carga de la lucha en los frentes de batalla recayó en aliados nativos de los españoles. Estos también encontraron entre los indígenas a intérpretes, la más famosa de las cuales fue la Malinche, una mujer náhuatl compañera de Cortés, que dio a luz al primer hijo de este, Martín. A Martín Cortés se le considera una de las primeras personas mestizas (de origen mixto europeo e indígena americano) de la historia.

Los españoles se establecieron como la nueva élite y asumieron el control de los sistemas de tributos y de trabajos forzados que ya funcionaban previamente bajo control indígena. También se vieron beneficiados por el hecho de estar ya inmunizados contra las enfermedades que introdujeron en el nuevo continente, sobre todo la viruela, que mató a cientos de miles de habitantes nativos. Dadas las probabilidades increíblemente adversas a las que se enfrentaban a priori, no es de extrañar que los españoles se asombraran de la relativa facilidad con la que habían procedido sus conquistas y que las atribuyeran a una misión dispuesta por Dios y a la superior moral que ellos entendían que dicha misión les infundía. Hubo testimonios diversos de apariciones de la Virgen María y Santiago, patrón de España, en los campos de batalla americanos de aquel entonces.

El conquistador típico era un hombre de edad que rayaba en la treintena, católico ferviente, no muy culto y procedente sobre todo de lo que hoy es la comunidad autónoma de Extremadura, situada en la España suroccidental. No solía ser un soldado de los ejércitos del rey. Los conquistadores (hombres, repito, en mucha mayor medida que mujeres) tendían a realizar la peligrosa travesía del Atlántico por voluntad y cuenta propias, espoleados por la perspectiva de adquirir riquezas y estatus social. La imagen mundialmente más extendida de los conquistadores españoles de América es la de unos seres sedientos de sangre. En realidad, no eran personas más violentas que las que forjaron otros imperios anteriores y posteriores. Lope de Aguirre, apodado «el Loco» (y brillantemente caracterizado por Klaus Kinski en la película de Werner Herzog Aguirre, la cólera de Dios, de 1972), fue un ejemplo extremo de brutalidad. Su expedición de 1560 por el río Amazonas fue una orgía de violencia. Sería ejecutado un año después por desafiar a la Corona española y, tras su consiguiente descuartizamiento, sus pedazos se enviaron a varias ciudades repartidas por la geografía de la actual Venezuela. La mayoría de los territorios conquistados fueron obtenidos de forma pacífica porque los nativos accedieron a someterse sin ofrecer resistencia. El fraile dominico Bartolomé de las Casas denunció en su Brevísima relación de la destrucción de las Indias el trato de que eran objeto los nativos. Hoy está considerado uno de los pioneros en la defensa del concepto de los derechos humanos universales.

¿ CUÁL FUE LA EDAD DE ORO DE ESPAÑA?

España alcanzó la cúspide de su poder global durante los reinados de Carlos I (1516-1556, también llamado Carlos V de Alemania, sacro emperador romano entre 1519 y 1556) y de su hijo Felipe II (1556-1598). Durante esa época, también vivió un florecimiento de la literatura y las artes conocido como el Siglo de Oro, aun cuando el periodo en sí se prolongó durante más de cien años. Miguel de Cervantes (1547-1616), autor de El Quijote, Fernando de Rojas (1465-1541), autor de La Celestina, los dramaturgos y poetas Lope de Vega (1562-1635) y Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), los pintores El Greco (1541-1614), Diego Velázquez (1599-1660) y Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), y el compositor Tomás Luis de Victoria (1492-1546), artistas todos ellos de los más conocidos de su época, aportaron también gran gloria, aunque de muy distinta índole, a España. Cervantes inventó la novela como género literario tal como hoy lo conocemos, con sus personajes en evolución, su visión de las costumbres y los comportamientos, y su crítica de la vida. Los marcados contrastes entre la grandeza imperial y el progresivo declive dentro del propio país pueden apreciarse muy bien en las páginas de El Quijote. Como el protagonista de la novela cervantina, la élite española también terminó perdiendo el contacto con la realidad.

¿ POR QUÉ ENTRÓ EN DECADENCIA ESPAÑA EN EL SIGLO XVII?

La avalancha de riqueza que entraba en España merced al comercio con las colonias fue monopolizada por la monarquía. Ese dinero animó a la dinastía de soberanos de los Habsburgo, desde Felipe I (de breve reinado: 1504-1506) hasta Carlos II (1665-1700), a perseguir sus propias ambiciones imperiales en territorios más cercanos y a involucrarse en toda una serie de inútiles y caras guerras europeas, entre las que destacó la guerra de Independencia de los Países Bajos (o guerra de Flandes, como se la conoció en España), que se prolongó desde 1568 hasta 1648. La contienda se inició como una revuelta de las Diecisiete Provincias contra Felipe II (1556-1598), soberano de los Países Bajos de los Habsburgo, y concluyó ochenta años después con el reconocimiento oficial de la independencia de las Provincias Unidas. Felipe reinaba desde el magnífico palacio-monasterio que mandó construir en El Escorial, cerca de Madrid, lugar monumental que hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La planta del inmenso edificio dibuja la forma de una parrilla en homenaje a lo que, según la creencia popular, fue la forma de morir de san Lorenzo, que halló el martirio al ser condenado a perecer abrasado en una de ellas. Nada en la Europa del siglo XVI podía equipararse a su tamaño y magnificencia salvo la basílica de San Pedro en el Vaticano.

Las finanzas de la Corona estaban en un deplorable estado de salud. «Todo se reduce a una sola cosa: dinero y más dinero», se lamentaba Felipe. Pero los acreedores extranjeros, deslumbrados por lo que suponían que era la riqueza sinfín que aportaban las colonias españolas, seguían facilitando préstamos al Estado. En 1588, la Armada Invencible zarpó rumbo a Inglaterra con el objetivo de derrocar a la reina Isabel I y poner fin tanto a la intervención inglesa en los Países Bajos como a la piratería —de corsarios como Francis Drake (1540-1596), también conocido en España como «el Pirata Draque»— contra navíos españoles que regresaban cargados a la metrópoli desde las colonias. Los barcos ingleses, más pequeños, demostraron ser más ágiles que las mucho más voluminosas naves españolas; unos cincuenta de los ciento treinta barcos de la flota del rey Felipe nunca regresaron a puerto. Cientos de vidas se perdieron. La empresa representó una ingente pérdida de dinero: cuando Felipe falleció en 1598, la deuda de la Corona multiplicaba por ocho su nivel anual de ingresos. Las arcas de la Corona española también flaquearon considerablemente por culpa de la guerra de los Treinta Años (1618-1648), que, en esencia, fue un conflicto entre protestantes y católicos en el ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico, y un enfrentamiento entre las dinastías rivales Borbón y Habsburgo por la preeminencia en Europa. Se libró principalmente en tierras de lo que hoy es Alemania.

La riqueza hizo que España se confiara y viviera con la falsa sensación de disponer de suficiente seguridad económica. Según Martín González de Cellorigo, un economista del siglo XVII , «ha puesto tanto los ojos nuestra España en la contratación de las Indias, donde les viene el oro, y la plata, que ha dexado la comunicación de los Reynos sus vecinos: y si todo el oro, y la plata, que sus naturales en el Nuevo Mundo han hallado, y van descubriendo la entrase, no la harían tan rica, tan poderosa, como sin ello ella sería». Demasiada de aquella riqueza se dedicó a construir iglesias, palacios y monasterios (se contaban más de nueve mil en 1626), y demasiada poca se invirtió en capital humano. Algo parecido sucedió siglos después, durante el delirio de la burbuja inmobiliaria española de 1994-2007, que, al pinchar, dejó un rastro de más de un millón de viviendas por vender (véase «¿Qué efecto tuvo la caída de los sectores inmobiliario y de la construcción?», en el capítulo 6). Los españoles preferían ocuparse en profesiones improductivas en la Iglesia, el Ejército y la Administración, y veían con desprecio el trabajo manual, la industria y el comercio.

Las medidas adoptadas por Felipe II atrofiaron el desarrollo intelectual y científico. Una de ellas fue establecer un índice de libros prohibidos específico para la Monarquía Hispánica, aparte del que tenía la Iglesia católica. Otra fue prohibir que salieran a estudiar fuera de España los estudiantes y eruditos españoles que quisieran hacerlo, salvo a tres o cuatro centros que dependían directamente de las embajadas de la monarquía católica. A grandes rasgos, puede decirse que estas restricciones duraron unos tres siglos, hasta mediados del XIX . Eso quiere decir que los españoles, que a comienzos del siglo XVI tenían unas universidades razonablemente buenas, con fuerte influencia erasmista, y una escuela tomista en Salamanca que era de lo más avanzado y sofisticado que tenía la intelectualidad católica, se vieron condenados al atraso por aquellos decretos. No pudieron leer a Leibniz, a Spinoza, a Hobbes, a Bacon, a Descartes, a Newton, a Galileo: se quedaron, en definitiva, al margen de la revolución filosófica y científica del siglo XVII . Esta situación no se rompió, realmente, hasta mediados de los años 1850, cuando Julián Sanz del Río viajó a Alemania, becado para estudiar filosofía. Allí conoció la obra del filósofo Krause y, bajo el influjo de esta, a su regreso a España, fundó una escuela filosófico-política en la que por primera vez la intelectualidad española se distanciaba del catolicismo.

Los judíos habían tenido una gran implicación en el comercio y la industria hasta su expulsión en masa en 1492. También la tenían los musulmanes en la agricultura. Recordemos que, en 1502, a estos últimos se les obligó a elegir entre convertirse a la fe cristiana o partir hacia el exilio, y que los que se convirtieron y se quedaron en España fueron conocidos a partir de entonces como moriscos . Pero, entre 1609 y 1614, unos trescientos mil moriscos fueron expulsados de España por orden de la Corona, lo que privó de una valiosísima mano de obra al sector agrícola, ya debilitado de por sí a causa de la baja fertilidad del suelo y unos reducidos conocimientos técnicos. De resultas de ello, España comenzó a importar trigo para alimentar a su población, que descendía en lugar de aumentar. Y es que, tras haber crecido con fuerza en el siglo XVI , el total demográfico español bajó en el XVII por culpa de los brotes de peste y la expulsión de los moriscos.

La inflación fue otro factor debilitador de la economía. La afluencia de oro y plata, en especial tras el descubrimiento de minas en México y Bolivia, impulsó los precios al alza: había demasiada gente con demasiado dinero para tan pocos bienes que comprar. Felipe IV (1605-1665) heredó una hacienda vacía al acceder al trono a los dieciséis años de edad. Su valido desde 1621 hasta 1643, Gaspar de Guzmán (el conde-duque de Olivares), aumentó los impuestos para poder seguir financiando la reiterada implicación de la Corona en las guerras, y con ello provocó sendas revueltas en Cataluña y Portugal (que, en aquel momento, formaba parte de una unión dinástica con España que duró desde 1580 hasta 1640). El propio Felipe puso el dedo en la llaga del problema cuando, en 1626, dijo: «Con tantos Reinos como se han unido a esta Corona, es imposible estar sin guerra en alguna parte, sea para defender lo que hemos adquirido o para entretener a los enemigos». Para entonces, los llamados «cuartos» de bronce eran ya de uso corriente más común en España que los «reales» de plata, y en el transcurso de las dos décadas siguientes, las monedas de plata desaparecieron de la circulación (salieron todas al exterior para pagar las importaciones). En 1640, la Corona retiró todas las monedas de cobre, las fundió y las volvió a acuñar con el doble de valor nominal. Los precios se dispararon y minaron la iniciativa comercial aún existente. Como si de un símbolo de la debilidad del Estado español se tratara, el hijo de Felipe, Carlos II, el último monarca de los Habsburgo en España, era un hombre tan enfermizo (tanto física como mentalmente, a causa de la excesiva endogamia en la familia real) que hubo de ser presentado en la corte sostenido por cuerdas como si de un títere se tratara.

¿ CÓMO CONTRIBUYERON LOS MONARCAS BORBONES A LA MODERNIZACIÓN DE ESPAÑA ENTRE 1700 Y 1823?

Los Borbones llegaron al trono en 1700 después de que Carlos II falleciera sin haber tenido descendencia y dejando el trono vacante y con dos pretendientes rivales. Carlos nombró heredero antes de morir a Felipe, nieto de su hermanastra María Teresa, primera esposa del rey Luis XIV de Francia. El otro pretendiente era el archiduque Carlos de Austria. El nombramiento de Felipe V fue la chispa que encendió la guerra de Sucesión Española (1701-1714), que libraron varias potencias europeas. España se dividió entre los partidarios de Felipe y aquellos otros temerosos de que el absolutismo de Luis XIV se reprodujera también en España. Cataluña apoyó inicialmente a Felipe, pero optó luego por Carlos, que contaba con el respaldo de una alianza antifrancesa formada por Gran Bretaña, Austria y los Países Bajos. La guerra concluyó con los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), por los que los Países Bajos españoles y las posesiones que España aún conservaba en Italia pasaron a estar bajo dominio de Austria, y Gibraltar, en el extremo meridional de la península, fue cedido a la monarquía británica. Aún hoy, este diminuto territorio británico de ultramar, también conocido como El Peñón, es una molesta piedra en el zapato de las relaciones entre los dos países. El imperio de España en América se mantuvo intacto. La monarquía borbónica, victoriosa al fin, suprimió las instituciones medievales de autogobierno de Cataluña mediante el Decreto de Nueva Planta dictado el 9 de octubre de 1715 y despachado el 16 de enero de 1716, tras haber rendido Barcelona un año antes, entre el 11 y el 14 de septiembre de 1714. (De hecho, el 11 de septiembre es actualmente el día nacional de Cataluña, la llamada Diada, y es festivo en dicha comunidad autónoma. Es ya tradición que, durante esa jornada, los políticos depositen ofrendas florales ante el monumento a Rafael Casanova, uno de los líderes de la defensa de Barcelona en 1714, y que se celebren manifestaciones independentistas). Felipe reinó durante cuarenta y cinco años, el más largo reinado de un monarca en la historia española moderna y contemporánea, solamente interrumpidos brevemente por un periodo de siete meses, en los que abdicó en favor de su hijo mayor, Luis, cuyo reinado fue uno de los más breves. Luis murió joven y sin hijos, y Felipe regresó al trono. Los Borbones han sido la dinastía real española desde entonces, y su reinado solo ha sido interrumpido durante breves periodos en el siglo XIX y durante la Segunda República y la consiguiente dictadura del general Franco (1939-1975).

Liberada de la carga de tantas guerras y del debilitante coste de las mismas, la economía comenzó a beneficiarse del comercio y de la riqueza crecientes en las colonias. Las provincias vascas tenían astilleros muy activos y una potente metalistería del hierro y el cobre, en Valencia se producía seda, en Cataluña prosperaba una pujante industria del algodón, y en las factorías castellanas se creaban objetos de porcelana, vidrio y telas de calidad. La población retomó la senda del crecimiento (de unos 7,5 millones de habitantes en 1712 pasó a unos 10,5 millones en 1786), se implementaron reformas sociales, y la construcción de carreteras y canales mejoró ostensiblemente las comunicaciones interiores, sobre todo con Madrid (capital del reino desde 1561), que, hasta entonces, había sido un enclave aislado en el centro mismo del país. La monarquía abolió también muchos de los «fueros» (o derechos históricos) que aún regían en buena parte de España, también en territorios como Aragón y Valencia, y con ello potenció la unidad del país. Entre tales derechos estaba incluida, por ejemplo, la exención de atender a las levas de soldados en tiempo de guerra. Carlos III (1759-1788), propugnador del despotismo ilustrado (y considerado un monarca liberal para los criterios de la época), demostró un especial vigor modernizador. Sus efímeras reformas promovieron la ciencia y la investigación, y modernizaron la agricultura, y también evitó que el país se enredara en guerras sin sentido. Los coloridos cuadros tempranos de Francisco de Goya (1746-1828), algunos de los cuales sirvieron de modelo para confeccionar tapices para los palacios reales, muestran una sociedad en paz consigo misma; su obra madura, por el contrario, retrata la guerra y la injusticia social en tonos mucho más tenebrosos.

A mediados del siglo XVIII , los ideales de la Ilustración, un movimiento que trataba de favorecer la razón y el progreso científico, comenzaban a filtrarse en España, en parte a través de las familias francesas que vivían en el país y, en parte también, a través de los francófilos. Pero chocaron con la feroz oposición de la Iglesia católica y de su particular perro de presa, la Inquisición, deseosa de seguir sosteniendo que ella era la exclusiva poseedora de la verdad. Esas dos fuerzas opuestas —la europeización de España y el empeño en volver a glorias pasadas— caracterizarían la dinámica social e intelectual del país a lo largo del siglo XVIII y aún mucho tiempo después.

Carlos III había conseguido debilitar la posición de la Iglesia y, por consiguiente, la de la Inquisición expulsando a los jesuitas de España en 1767; para él eran una fuerza demasiado poderosa y rica. Los jesuitas controlaban muchas de las escuelas del país con rígida disciplina. Su lema educativo de cabecera era que «la letra con sangre entra». Uno de los cuadros de Goya, precisamente el así titulado, nos muestra a un maestro con un perro a su lado azotando a un alumno. Los jesuitas regresaron a España a comienzos del siglo XIX (aún volverían a ser desterrados de 1835 a 1848) y conservaron su especial control sobre la educación hasta la Segunda República, en 1931. El Rey también limitó las inmensas y, muchas de ellas, improductivas propiedades de la Iglesia y la aristocracia, que no hacían más que actuar como obstáculo al aumento de la producción agraria, por medio de una ley elaborada por Gaspar Melchor de Jovellanos, un juez y admirador del economista escocés Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones (1776), obra fundamental sobre el capitalismo. Sin embargo, dicha ley, que liberó mucho terreno, terminó beneficiando con el tiempo a los grandes terratenientes más que a los pequeños propietarios y, a la larga, acabaría propiciando la agitación social que se vivió a comienzos de la década de 1930. Mientras las universidades y los intelectuales de otras partes de Europa se abrían camino con grandes progresos en los campos de la física, la anatomía, la geografía y la historia natural, en los círculos académicos españoles la teología continuaba siendo la materia de estudio más importante. En las clases de teología de la prestigiosa Universidad de Salamanca, por ejemplo, se debatía sobre en qué lengua hablaban los ángeles.

A Carlos lo sucedió en el trono en 1788 su hijo homónimo, Carlos IV. Tras la decapitación del primo de este, Luis XVI, en 1793, España se vio envuelta en una guerra contra la Francia revolucionaria, cuya Convención Nacional se había comprometido a «confraternizar con todos los pueblos que deseen recobrar su libertad». A Carlos IV le interesaba de España más la caza que el gobierno del país, una tarea esta última que delegó en Manuel Godoy, ministro principal suyo y amante de su esposa, la reina María Luisa. Godoy negoció una paz en 1795 por la que accedió a ceder la mitad española de la isla caribeña de La Española a cambio de que los franceses retirasen sus fuerzas del norte de España, que habían ocupado.

El golpe de Estado de Napoleón Bonaparte de 1799 contra los revolucionarios calmó a la monárquica España, que pasó entonces a aliarse con Francia contra Gran Bretaña. La flota británica comandada por el almirante Lord Nelson infligió una dura derrota a la armada hispano-francesa en la batalla de Trafalgar de 1805, y con ello puso fin al poder naval español. El hijo del rey Carlos, Fernando VII, accedió al trono en marzo de 1808. Para entonces, miles de soldados franceses habían entrado en España camino (presuntamente) de Portugal, país aliado de los británicos. Lo habían hecho porque la propia Corona española les había otorgado salvoconducto tras cerrar un tratado con Francia por el que ambos países acordaban repartirse el territorio luso. El reinado de Fernando solo duró cuarenta y ocho días. Él tenía esperanzas de que Napoleón lo apoyara como su hombre en el trono español, pero fue forzado por este a abdicar y ceder la Corona a un hermano del emperador francés, José, y quedarse retenido en Francia durante los seis años siguientes.

El pueblo de Madrid, indignado por la situación, se levantó contra los franceses los días 2 y 3 de mayo de ese año, fechas clave en la historia española (el 2 de mayo es festivo ahora en la Comunidad Autónoma de Madrid) inmortalizadas en dos de las más impactantes pinturas de Francisco de Goya (El dos de mayo de 1808 en Madrid y El 3 de mayo en Madrid, respectivamente, cuadros ambos expuestos en el madrileño Museo del Prado). Gran Bretaña, deseosa de impedir el control francés sobre la península Ibérica, acudió en ayuda de España enviando tropas al mando del general Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, a Portugal. Desde allí, Wellesley avanzó sobre España y, reforzado por miles de guerrilleros españoles, liberó Madrid en lo que los británicos conocen como la guerra Peninsular, y los españoles, guerra de la Independencia. Dicha contienda bélica militarizó a la sociedad y politizó al Ejército. La Junta Central, una especie de Gobierno nacional que asumió el lugar dejado vacante por el rey Fernando, se había retirado desde Madrid a la sureña Cádiz y había convocado un Parlamento, el cual redactó la primera Constitución de España en 1812. El despótico Fernando volvería a ocupar el trono en 1814, tras la derrota de los franceses, y reinaría otros diecinueve años.

Los jesuitas, todo un baluarte antirrevolucionario, regresaron al país en 1815 tras haber sido expulsados en 1767, y la Inquisición (instaurada, recordemos, en 1478) puso especial atención en perseguir a los liberales y sus publicaciones. En 1823, el general Rafael del Riego, político liberal que había desempeñado un papel destacado durante el llamado Trienio Liberal (tres años de gobierno popular durante los que se había reinstaurado la Constitución de Cádiz y se había desafiado el, hasta entonces, poder absoluto del rey Fernando), fue arrestado por fuerzas francesas aliadas y ejecutado en Madrid. Dichas fuerzas habían acudido en ayuda del Rey, quien, durante esos tres años, había sido prisionero de su propio Gobierno a casi todos los efectos. Una canción popular dedicada a su figura se convertiría muchos años después en el himno de la Primera (1873-1874) y de la Segunda (1931-1939) Repúblicas, el llamado «Himno de Riego». Tras dicha intervención internacional, se abrió un largo periodo de inestabilidad y conflicto político entre las fuerzas reaccionarias y los valedores de algún tipo de modernización política, social y económica.

¿ CÓMO ERA LA CONSTITUCIÓN DE 1812?

La Constitución de 1812, la primera que hubo en España, fue redactada y promulgada por las Cortes de Cádiz durante la guerra de la Independencia (1808-1814) por parlamentarios representantes de los territorios de la Corona hispánica, incluidos buena parte de los de la América española de entonces. Aquellas Cortes de Cádiz representaron la entrada de la clase media española, liderada por intelectuales, en la vida política. La Carta Magna de 1812, fuertemente influida por las Constituciones estadounidense (1787) y francesa (1793), suponía una ruptura radical con el Antiguo Régimen. Entró en vigor en toda España, América del Sur, América Central y parte también de América del Norte, en territorios que hoy forman parte de Estados Unidos, e incluso en Puerto Rico y Filipinas, que fueron posesiones españolas desde el siglo XVI hasta 1898. La palabra «liberal», como etiqueta exportada al vocabulario político internacional, fue acuñada originalmente en Cádiz. El vocablo dejó así de significar únicamente «generoso» y «favorablemente dispuesto hacia otras personas», que era el sentido en el que se usaba en la literatura española del siglo XVII , por ejemplo.

La efímera Constitución española de 1812 (derogada en 1814) fue la primera de su género en poseer ese carácter transcontinental. Constitution Square (la «plaza de la Constitución» de San Agustín, Florida, ciudad fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés que es la más antigua del Estados Unidos actual) no está dedicada a la Constitución estadounidense, sino a la española de 1812. Establecía la mayoría de libertades que los Estados democráticos dan ya por sentadas en la actualidad, pero que nunca habían existido en España hasta entonces. Instituía los principios de la soberanía popular, el sufragio universal masculino, la libertad de información y la inviolabilidad de los derechos de propiedad individuales y de ciudadanía. Se consagraba también la monarquía como forma de gobierno, aunque el poder real recaía en las Cortes (el Parlamento nacional). Se eliminaban también todos los privilegios colectivos especiales (ya fuera el derecho de las provincias vascas a fijar sus propios gravámenes o el de las fuerzas armadas a tener sus propios tribunales). En el texto constitucional, España se declaraba Estado unitario y también apostaba por restringir el poder de la Iglesia católica y de la aristocracia. Abrió la puerta a las posteriores leyes de desamortización impulsadas por Juan Álvarez Mendizábal en la década de 1830, que autorizaron la expropiación y reventa de propiedades eclesiásticas. Al amparo de esa legislación, se pusieron en venta muchas tierras de la Iglesia y también algunas pertenecientes a la Corona; asimismo, la nobleza dejó de tener el monopolio de la incorporación directa al cuerpo de oficiales del Ejército. También en el plano económico, en el texto constitucional de 1812 se introducía, por primera vez a tan alto nivel jurídico, la figura de un impuesto universal sobre la renta de carácter progresivo.

Las libertades de los españoles quedaban salvaguardadas, en principio, por una disposición según la cual la Constitución no podía reformarse, al menos, en los ocho años siguientes a su aprobación. Su vigencia no duró más de dos años, sin embargo, pues Fernando VII, plegado a los intereses conservadores, la abolió en 1814, nada más regresar al trono. Volvería a ser reinstaurada durante tres años en 1820, coincidiendo con la llegada del Gobierno del Trienio Liberal. Y serviría de faro en muchas de las luchas por la independencia en las colonias españolas, pues en su texto se consagraba la idea de que no debían ser consideradas como tales colonias.

¿ QUÉ FUERON LAS GUERRAS CIVILES CARLISTAS DE 1833- 1876?

Las tres guerras civiles carlistas (1833-1839, 1846-1849 y 1872-1876) no fueron únicamente un conflicto dinástico entre los partidarios de Carlos, hermano de Fernando VII (rey de España entre 1808 y 1833, a excepción de cinco años del principio de ese periodo), y los de la hija del monarca, Isabel, niña aún a la muerte de este. (La madre de Isabel y viuda de Fernando, María Cristina, ejerció de regente hasta que su hija alcanzó la mayoría de edad para reinar en 1843). Simbolizaron también la lucha entre la España liberal y la más profundamente reaccionaria, un conflicto de carácter político y social que culminaría en la Guerra Civil de 1936-1939, durante la cual los carlistas combatieron en el bando del general Franco. Fernando ya había comentado proféticamente en su momento que «España es una botella de cerveza y yo soy el tapón; en el momento en que este salte, todo el líquido contenido se derramará, sabe Dios en qué derrotero».

Las bases más sólidas del carlismo se localizaban en las aisladas y profundamente católicas zonas rurales de las provincias vascas y en parte de Cataluña, donde se defendía el autogobierno local reconocido por los «fueros» de origen medieval. Los burgueses liberales se concentraban en los entornos urbanos. En el nivel de la contienda política electoral, la batalla enfrentaba al conservador Partido Moderado y al liberal Partido Progresista, si bien ambas formaciones apoyaban a Isabel. Los progresistas eran más radicales que los moderados; los primeros defendían la «libertad» según la concebía el texto de la Constitución de 1812, mientras que los segundos eran partidarios del «orden». Esos dos partidos, aunque bajo diferentes denominaciones y facciones dominantes, se repartieron el poder y las fidelidades clientelistas a lo largo de diversas elecciones fraudulentas hasta la caída de la monarquía borbónica en 1931. Ambos recurrieron a sus amigos en las fuerzas armadas para provocar cambios en los Gobiernos mediante los denominados pronunciamientos militares, que, en general, solían quedarse solo en eso, en proclamaciones de derrocamiento del Gobierno de turno (o incluso en simples intentonas golpistas) a cargo de generales poderosos, sin necesidad de recurrir al uso directo de la fuerza, como, por el contrario, sí ocurriría en 1936. El extendido uso de los pronunciamientos como forma de conseguir un cambio institucional (entre 1815 y 1936, hubo más de cincuenta entre pronunciamientos propiamente dichos, golpes, complots y amotinamientos militares) es un claro síntoma de la debilidad de la sociedad civil española y del Estado durante todo ese tiempo.

Tanto moderados como progresistas formaron en diversos momentos Gobiernos encabezados por generales, como, entre los primeros, Ramón María Narváez y Leopoldo O’Donnell (de la Unión Liberal), y entre los segundos, Baldomero Espartero y Juan Prim. En 1868, Prim, admirador de Abraham Lincoln, encabezó un pronunciamiento guiado por el lema «España con honor» y forzó la huida de la reina Isabel a Francia.

La Revolución de 1868 (también llamada «la Gloriosa») trajo consigo una nueva Constitución que mantenía viva la esperanza de instaurar un sistema político más representativo que, sin embargo, nunca llegó a hacerse realidad por culpa de las interminables rivalidades entre partidos y de una guerra de guerrillas en Cuba por la independencia de aquella isla. Madrid envió tropas para sofocar el levantamiento y el Gobierno se vio obligado a renunciar a dos de los compromisos iniciales —el fin de las levas obligatorias («quintas») y el de los impuestos sobre los alimentos— que habían dotado a la Revolución del necesario respaldo popular. Las Cortes reemplazaron a Isabel por Amadeo I —hijo del rey Víctor Manuel de Italia—, quien reinó durante menos de tres años (1870-1873). Prim murió asesinado el mismo día en que Amadeo desembarcaba en Cartagena para dirigirse a Madrid a ocupar el trono. El Rey abdicó finalmente tras los reiterados fracasos para formar un Gobierno estable, y las Cortes se decantaron entonces por proclamar la república.

¿ POR QUÉ DURÓ TAN POCO LA PRIMERA REPÚBLICA ( 1873- 1874)?

La Primera República española nació el 11 de febrero de 1873, en un momento de inestabilidad política y agitación social en aumento. El país se sumía en el caos: la tercera guerra civil carlista se extendía por el norte de España, Barcelona reclamaba su autonomía, los anarquistas incitaban a la violencia en el sur, y tanto conventos como religiosos y religiosas eran objeto de ataques anticlericales. Recordemos que ya durante la primera guerra civil carlista se habían expropiado a la Iglesia tierras improductivas o poco aprovechadas con el propósito de estimular la producción de los pequeños propietarios. La Constitución de 1869, además, consagraba por fin la libertad religiosa; pero el catolicismo continuaba siendo la religión oficial del Estado. La Iglesia también tenía reconocida una representación política especial por medio de un número de escaños reservados en el Senado, y contaba con un gran margen de libertad de acción en lo referente a las órdenes religiosas (de ahí que el número de monjes en España creciera desde los aproximadamente mil quinientos de aquel momento hasta los más de veintidós mil que había ya en 1910).

La República, que, según el proyecto de Constitución Federal que se había diseñado, iba a constituirse en una federación de diecisiete «estados», terminó fragmentándose más aún a causa del llamado «cantonalismo», una forma de autogobierno extremo. En el verano de 1873, varias ciudades —Valencia, Málaga y Granada, entre ellas— llegaron a declararse independientes de Madrid. Ya el escritor inglés Richard Ford había anotado en su Manual para viajeros por España, publicado originalmente en inglés en 1845, que el país era un «manojo de unidades locales atadas por una cuerda de arena». Ford decía allí que España era el país de las «patrias chicas». La «patria» (el país) es, ante todo, un lugar de origen, y que sea «chica» (pequeña) implica que es algo que hay que proteger. La lealtad primigenia de un español es, en muchos casos, para con el pueblo, la villa o la ciudad donde nació, un lugar tangible, antes que para con su país: de ese sentimiento dan buena fe las decenas de miles de «fiestas mayores» anuales que se celebran en los pueblos.

A principios de 1874, España había tenido ya cuatro presidentes del poder Ejecutivo —no llegaron a jurar como presidentes de la República— en apenas once meses cuando el general Manuel Pavía se alzó en Madrid e instauró una república unificada y presidida por Francisco Serrano. A este régimen republicano le puso fin casi un año después un nuevo golpe de Estado encabezado por el general Arsenio Martínez-Campos desde Sagunto. El Ejército había terminado con la monarquía borbónica en España siete años antes, con el derrocamiento de la reina Isabel, y el Ejército la restablecía así siete años después en la persona de Alfonso XII (1874-1885). Las fuerzas armadas decidieron que tenían el deber de «salvar» al país del caos; la siguiente ocasión en la que se invocó tal argumento fue ya en 1936, cuando el alzamiento del general Franco sumergió al país en una guerra civil de tres años.

¿ QUÉ FUE EL DESASTRE DEL 98?

La restablecida monarquía borbónica, apoyada en la Constitución de 1876 y en el sufragio universal masculino, trajo un periodo de estabilidad relativa y de alternancia de Gobiernos formados por los partidos Liberal y Conservador. El sistema político, no obstante, no terminó nunca de encajar en la realidad socioeconómica de un país predominantemente rural y altos índices de analfabetismo. A la alternancia pactada en el poder entre unas élites políticas muy restringidas se la llamó turno pacífico. La base de ese turno fueron las prácticas electorales corruptas. El carácter relativamente uniforme de la alternancia lo ilustra el hecho de que, de todos los diputados «electos» entre 1879 y 1901, 1.748 fueron conservadores y 1.761, liberales. En 1891, en un colegio electoral de Murcia, el presidente de la mesa obligó a los participantes en los comicios a introducir las papeletas de votación por una ventana para que él pudiera cambiarlas con toda comodidad. No era insólito que se publicaran resultados de los comicios antes incluso de que se celebraran. Las elecciones eran generalmente amañadas por «caciques» locales (figuras de poder en las zonas rurales). Pese a ello, el país siguió adelante hasta la guerra hispano-estadounidense de 1898, que se saldó con la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, los restos del antaño inmenso Imperio español.

En Estados Unidos, la indignación de la opinión pública ante el trato abusivo de los españoles hacia los rebeldes que luchaban contra el dominio colonial crecía constantemente y terminó empujando al presidente William McKinley a declararle la guerra a España. La humillante derrota española, aún hoy conocida como el «Desastre del 98», generó una profunda conmoción psicológica en todo el país y propició durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) un largo periodo de introspección nacional y de examen de las causas del retraso del país. La oficialidad militar culpó de su derrota al Gobierno, y más concretamente a las autoridades civiles que lo formaban, y comenzó a considerar a la clase política como una amenaza interior.

El concepto que tenía España de sí misma como gran potencia quedó hecho añicos: si las colonias americanas se habían perdido en su día a raíz de una guerra civil entre españoles metropolitanos y coloniales, Cuba le fue arrebatada por un país cada vez más fuerte y justo en un momento en que otras potencias imperiales como Gran Bretaña estaban afianzando sus intereses, y surgían incluso algunas nuevas, como Alemania e Italia. La pérdida de Cuba, la joya de lo que quedaba de la Corona imperial, fue un golpe particularmente duro para Cataluña, pues más de la mitad de sus exportaciones (de textiles de algodón, zapatos, marroquinería y productos de cuero en general) se vendían a dicha isla. En 1900, esas ventas habían desaparecido. La derrota también dejó al Ejército —una casta ociosa y despojada de una verdadera misión— en un estado de introversión y de búsqueda de un nuevo papel.

Entre las luces guiadoras del no muy cohesionado, aunque sí influyente, movimiento intelectual y político conocido como la Generación del 98 podemos destacar a Joaquín Costa, al pedagogo Francisco Giner de los Ríos, al poeta Antonio Machado y al novelista Pío Baroja. Costa fue la principal figura de un movimiento conocido como Regeneracionismo; reclamaba la intervención de un «cirujano de hierro» (la figura de un hombre fuerte) para solucionar los problemas de España. Giner de los Ríos propugnaba una particular versión de la ética protestante de la superación personal y la tolerancia. Consideraba fundamental la necesidad de educar a los hombres y a las mujeres. Junto a otros colaboradores fundó en 1876 la Institución Libre de Enseñanza. Concebida inicialmente como una especie de universidad independiente de la Iglesia y del Estado, no concedía títulos de educación superior. Posteriormente, se transformaría en una red de centros de educación primaria y secundaria con una notable influencia en el ámbito de la élite liberal. A ella le seguiría la creación de la Residencia de Estudiantes en 1910 y la Residencia de Señoritas en 1915, dirigida esta por María de Maeztu, ambas concebidas como «colegios» universitarios siguiendo las líneas de los colleges de Oxford y Cambridge. Estas residencias también jugarían un papel clave en la vida intelectual de los veinticinco años siguientes. El poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí y el cineasta Luis Buñuel coincidieron en la Residencia de Estudiantes. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de medicina en 1906, fomentó también el desarrollo científico e intelectual a través de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que facilitó a muchos alumnos españoles de trayectoria prometedora la posibilidad de continuar sus estudios en el extranjero. Gracias a las becas de la Junta, algunas personas pudieron trabajar con las principales personalidades de la ciencia internacional, importando las técnicas más avanzadas y transformando de manera sustantiva el panorama de la ciencia española.

El filósofo liberal José Ortega y Gasset escribió en 1910: «España es el problema, y Europa, la solución». Se refería así a una constante en la Historia española: la incapacidad para acompasarse al ritmo de la Europa democrática liberal. Para los miembros de la denominada Generación del 14 (llamada así a raíz del famoso discurso de Ortega y Gasset Vieja y nueva política, de ese mismo año), Europa significaba ciencia, razón, universidad, cultura, investigación; en definitiva, modernidad. Su solución fue una afirmación visionaria que se convertiría en el mantra constante de las sucesivas generaciones de españoles liberales deseosos de modernizar el país hasta la entrada misma de España en la Comunidad Económica Europea en 1986.

¿ POR QUÉ PARTIÓ ALFONSO XIII HACIA EL EXILIO EN 1931?

En el periodo comprendido entre 1898 y 1931, año de la proclamación de la Segunda República, hubo varios intentos de «reforma desde arriba» promovidos por políticos de la Restauración (nombre que recibe la época que se inició al término de la Primera República en 1874, cuando se «restauró» la monarquía borbónica), pero también fueron tiempos de una creciente «revolución desde abajo». Alfonso XIII, que accedió efectivamente al trono en 1902, cuando le fue reconocida la mayoría de edad a los dieciséis años, demostró ser perfectamente consciente de la responsabilidad que recaía sobre él en aquel momento al afirmar: «De mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la república».

Los políticos de los partidos conservador, liberal y republicano esperaban que la introducción de reformas sociales y políticas contuviera el descontento en aumento. Pero no había puntos de encuentro ni apenas acuerdos, siquiera dentro de cada uno de los partidos, pues todos ellos estaban formados por facciones dispares. Entre 1898 y 1923 se sucedieron más de una decena de Gobiernos diferentes. El sello de identidad de la derecha, empeñada en volver atrás el reloj de la Historia, era la defensa de los privilegios de la Iglesia, que era objeto de crecientes ataques por su riqueza y por su influencia social y educativa; mientras, la izquierda no violenta consideraba, entre otras cosas, que la clave para modernizar la sociedad era dotarla de un sistema educativo que fuera precisamente así, moderno. La derecha clerical propugnaba la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas de secundaria y autonomía plena en sus propios centros educativos frente a cualquier intento de control estatal. Los liberales aspiraban a que se respetara la libertad de conciencia y a hacer efectivo el control del Estado sobre la educación secundaria impartida en centros privados.

Mientras tanto, el país se empantanaba en un impopular conflicto militar en el protectorado español de Marruecos con el que el Ejército pretendía recuperar el prestigio perdido en la guerra hispano-estadounidense de 1898, y expandir al mismo tiempo su influencia en el norte de África para mantener fuera de las manos francesas el litoral norteafricano próximo a la costa española. El llamamiento a filas de tropas reservistas en 1909 encendió la chispa de la llamada Semana Trágica en Barcelona y otras ciudades catalanas, durante la que se produjeron enfrentamientos entre trabajadores y el Ejército. Más de cien personas murieron en los choques y grupos de anarquistas prendieron fuego a varios conventos e iglesias.

Un año más tarde, en 1910, los anarquistas fundaron la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en Barcelona, organización que se sumó a la Unión General de Trabajadores (la UGT, el sindicato —más moderado— que los socialistas habían fundado en 1888) en la presión por la mejora de las condiciones laborales y de vida. De todos modos, pronto estalló la rivalidad entre ambas centrales sindicales. Sus bases de apoyo estaban entre los trabajadores descontentos que habían emigrado a las ciudades desde el campo en busca de empleo. El sector agrícola concentraba al menos a la mitad de la población activa española en aquel entonces. Se calcula que, entre 1900 y 1913, 1,5 millones de españoles se trasladaron a vivir a ciudades como Barcelona, Bilbao o Madrid, o emigraron al extranjero, procedentes en especial de las regiones más pobres del país, como Andalucía y Galicia. La propiedad de la tierra en la primera de ellas consistía principalmente en grandes fincas (latifundios) controladas por un puñado de familias ricas, mientras que, en la segunda, predominaban las parcelas de cultivo de muy pequeña extensión (minifundios).

La Guerra Mundial de 1914-1918, durante la que España se mantuvo neutral, cerró la válvula de escape de la emigración exterior y generó más emigración interior a las ciudades, que aumentaron espectacularmente en número de habitantes. La guerra fue lucrativa para muchos industriales y navieros, pues significó un boom de las exportaciones, pero los beneficios no se extendieron en igual medida a las masas pobres. La violencia política, inspirada por la Revolución Rusa de 1917, atenazó a algunas ciudades, como Barcelona, donde estalló una guerra abierta entre la CNT y los sindicatos libres, respaldados estos por los patronos e integrados en el movimiento sindical católico. También había malestar en sectores del Ejército; en 1917, un sindicato de oficiales, autodenominado «juntas de defensa», reclamó un aumento salarial y un sistema de ascensos atendiendo a la antigüedad y no a la hoja de servicios en las campañas de Marruecos. En 1921, el Ejército español sufrió un nuevo «desastre» en la batalla de Annual, en la región del Rif, cuando fuerzas tribales bereberes acabaron con la vida de ocho mil soldados españoles, reclutas en su mayoría. La aviación española lanzó gas mostaza sobre la población civil en la guerra del Rif. Las Cortes exigieron por todo aquello una investigación sobre las responsabilidades tanto de Alfonso XIII, que había dirigido la campaña directamente desde Madrid, como de unas fuerzas armadas notoriamente corruptas.

El general Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, tomó el poder en 1923, justo antes de que los resultados de aquella investigación fueran presentados ante el Parlamento de la nación. Se acabaron así cincuenta años de ausencia de intervenciones militares y de vigencia del corrupto sistema del turno o alternancia de Gobiernos. Alfonso actuó al margen de la Constitución y nombró a Primo de Rivera presidente de un Directorio Militar, con lo que dio su apoyo tácito al golpe de Estado. Aquella maniobra distanció al Rey de todos los políticos del Parlamento, y en especial de los socialistas, pero también de muchos intelectuales. El autoritario Primo de Rivera, que se consideraba a sí mismo el «Cirujano de Hierro» que en su día había reivindicado Joaquín Costa, anunció que se proponía «constituir un breve paréntesis en la marcha constitucional de España, para establecerla tan pronto como [nos ofrezca] el país hombres no contagiados de los vicios que a las organizaciones políticas imputamos». El paréntesis se prolongó durante siete años.

Alfonso XIII asumió una posición en segundo plano, mientras Primo de Rivera lanzaba un plan de industrialización y obras públicas que mejoró considerablemente las redes viarias, creó embalses y amplió la red eléctrica. También fundó el Banco Exterior, semipúblico, para financiar el comercio exterior; nacionalizó la compañía telefónica, que, hasta entonces, había sido propiedad de la estadounidense ITT, e instituyó el monopolio de la empresa Campsa sobre el petróleo, así como una novedosa red de hoteles de titularidad estatal, los «paradores», instalados en muchos casos en castillos y palacios restaurados. La expansión económica de esos primeros años se fue apagando a medida que avanzaba la década de los años veinte: la peseta se hundió en su cambio con las monedas extranjeras, la inflación se elevó ostensiblemente y una mala cosecha agravó el insuficiente abastecimiento de alimentos para la población.

Un cada vez más impopular Primo de Rivera también cayó en desgracia con la oficialidad del Cuerpo de Artillería por la cuestión de los ascensos. Alfonso XIII, caracterizado en un panfleto clandestino como la «pareja de baile» de Primo de Rivera, trató de aprovechar esta oportunidad para desligar a la monarquía de lo que, en la práctica, era una dictadura personal, y para enmendarse por haberla apoyado. Así, cuando Primo de Rivera sondeó la opinión del Ejército en 1930 para medir el apoyo con el que contaba y descubrió que ya no le quedaba casi ninguno, el Rey no dudó en aceptar su dimisión.

El general Berenguer, enemigo declarado de Primo de Rivera y muy identificado con el continuismo conservador, se convirtió entonces en jefe de Gobierno con la misión de devolver a España a la senda del sistema constitucional mediante la convocatoria de unas elecciones generales. Pero Berenguer gobernó por decreto y sin levantar la censura durante un año, retrasando las susodichas elecciones, que jamás llegarían a celebrarse. Mientras tanto, la impopularidad del rey Alfonso XIII crecía en prácticamente todos los sectores de la sociedad. Llegó a producirse incluso una sublevación liderada por oficiales del Ejército en Jaca, al socaire de la formación de una alianza de fuerzas antialfonsinas mediante el llamado Pacto de San Sebastián (1930). Pero, incapaces de reunir suficientes apoyos, un buen número de aquellos militares rebeldes fueron apresados y ejecutados.

Sí se celebraron, en cambio, elecciones municipales el 12 de abril de 1931, que eran un primer paso para el retorno a la normalidad constitucional. En una amplia mayoría de las capitales de provincia (concretamente, en 46 de las 50), salieron vencedoras las candidaturas republicanas, aun cuando la mayoría de concejales elegidos aquel día en el conjunto del país fueran monárquicos, lo que significaba que estas otras candidaturas habían obtenido un fuerte apoyo en localidades más pequeñas. El país quedó así dividido —al menos, en el plano electoral— entre el campo, que votó mayoritariamente por la monarquía, y la ciudad, que votó a favor de la república. A los dos días, el Rey declaró que las elecciones «me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo». También pudo comprobar que había perdido el favor del Ejército y de la Guardia Civil. Así que decidió embarcarse rumbo a Francia para no regresar jamás a territorio español. Parecía terminar así la dinastía borbónica en España tras doscientos treinta y un años de historia. De hecho, no volvería hasta 1975, encarnada ya en la figura de Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII y sucesor del general Franco como jefe del Estado.

¿ CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DE LA GUERRA CIVIL DE 1936- 1939?

La Segunda República, nacida en plena depresión económica mundial, significó el fin del sistema corrupto de alternancia de Gobiernos basado en elecciones amañadas y un censo electoral limitado. Supuso también la llegada a España de la política de masas cuando el país registraba todavía índices de analfabetismo y de desarrollo económico similares a los de Inglaterra en la década de 1830 o los de Francia en la de 1860. El primer contacto de España con la democracia parlamentaria genuina se producía así ciento cincuenta años después de la aprobación de la Constitución de Estados Unidos y un siglo más tarde que la entrada en vigor de la Ley de Reforma en Gran Bretaña. En el transcurso de los cinco años siguientes, seis fuerzas rivales (y sus respectivos partidarios) compitieron por el poder: la democracia liberal, el conservadurismo autoritario, el fascismo, el nacionalismo regional, el socialismo y el comunismo (este último, débil todavía cuando estalló la Guerra Civil).

Las elecciones generales de junio de 1931 otorgaron una holgada mayoría absoluta en el Parlamento a las fuerzas partidarias de la República, que procedieron de inmediato a una redistribución del poder en el país mediante el impulso de reformas en la propiedad agraria, el sistema educativo, las relaciones Iglesia-Estado y el Ejército. Entre las primeras medidas acordadas se encontraban el Estatuto de Autonomía para Cataluña, aprobado en referéndum, y una serie de leyes laborales que introdujeron la protección de las bajas por enfermedad, la jornada de ocho horas, el salario mínimo y un mecanismo de resolución de conflictos entre patronal y sindicatos. Tras siglos de desatención, también se aprobó un programa ambicioso de construcción de escuelas y formación de profesorado. En diciembre de 1931 entraba en vigor una nueva Constitución que tomaba como modelo otras de tipo «progresista», como la mexicana de 1917 o la de Weimar de 1919, e introducía figuras como el sufragio femenino, el matrimonio civil y el divorcio, amén de instituir un sistema de educación obligatoria, gratuita y laica. Los artículos 26 y 27 inflamaron los ánimos de los defensores de un sistema más conservador, pues decretaban la separación entre Iglesia y Estado, prohibían que las órdenes religiosas se dedicaran a la enseñanza y retiraban la presencia de crucifijos en las escuelas públicas, algo muy impopular justamente entre aquellas clases sociales de las que procedía tradicionalmente el alumnado de esos centros. La Iglesia contaba con miles de comunidades religiosas, que totalizaban más de cien mil sacerdotes, monjes y monjas. La orden de los jesuitas fue ilegalizada en 1932.

El filósofo José Ortega y Gasset dijo de dichas disposiciones que eran «cartuchos detonantes» que tenían el potencial de hacer añicos la estabilidad de la República. Ya al principio del régimen republicano, hubo incidentes y ardieron algunas iglesias y conventos. Para la izquierda anticlerical, la Iglesia y los grandes terratenientes eran enemigos de la modernización social y económica y había que meterlos en vereda. (No menos demonizada estaba la izquierda desde el sector eclesiástico: en un catecismo de la época, a la pregunta «¿qué clase de pecado comete el que vota a un candidato liberal?» se respondía con un «generalmente, pecado mortal»). En Andalucía, un 1 % de propietarios controlaba más del 40 % de las tierras, muchas de ellas improductivas. Existió en España un modelo de producción muy atrasado que duró allí más que en ningún otro país europeo occidental. El documental surrealista titulado Las Hurdes, tierra sin pan, que Luis Buñuel realizó en 1933, describe muy gráficamente la pobreza rural que pervivía en el norte de Extremadura.

La República estuvo dividida desde sus inicios. Los republicanos conservadores pretendían fomentar el desarrollo de un Estado capitalista moderno, mientras que los anarquistas estaban decididos a destruirlo. Las agresivas medidas adoptadas contra la Iglesia (incluso se llegó a restringir el tañido de las campanas de los templos en algunas zonas) llevó a la dimisión, en octubre de 1931, de Niceto Alcalá-Zamora, el presidente del Gobierno provisional, y de Miguel Maura, ministro de la Gobernación. También existían divisiones en la izquierda e incluso en el seno mismo del Partido Socialista por cuestiones de estrategia. La derecha, sin embargo, compartía más intereses comunes: la persecución contra la Iglesia se convirtió para sus diversas fuerzas en un motivo de unión en torno a la causa de la oposición a la República.

Tras el abortado golpe de Estado de agosto de 1932 liderado por el general José Sanjurjo, militar conocido como «el León del Rif» por el aura de valentía de la que se había dotado durante las guerras de Marruecos, la derecha trató de recuperar el poder actuando desde dentro del sistema. José María Gil-Robles, un abogado católico, fundó la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), una amplia alianza de la derecha confesional que aspiraba a conseguir el poder en las urnas para dar marcha atrás a las reformas mediante «una verdadera y honda revolución con el crucifijo en la mano». (Pensemos que, ya para entonces, se había instaurado un régimen autoritario de ese signo en Austria). Los seguidores de Gil-Robles se dirigían a él llamándolo «Jefe» y exhibían retratos de su líder de diez metros de alto. Muchos empresarios y terratenientes sacaron su capital del país y provocaron con ello una grave depreciación de la peseta frente a otras monedas extranjeras. El descontento se aceleró tanto en las zonas urbanas como en las rurales, lo que provocó choques entre los trabajadores que protestaban y las fuerzas del orden público republicanas. El más destacado fue el incidente de Casas Viejas (Cádiz), en el que murieron una veintena larga de personas en enero de 1933.

Los partidarios de la República no habían logrado aún superar sus diferencias cuando se celebraron las elecciones de noviembre de 1933 —las primeras después de que el derecho de sufragio hubiera sido ampliado a todas las mujeres mayores de veintitrés años (más de seis millones)—, por lo que, a diferencia de la derecha, los partidos de izquierda no organizaron candidaturas conjuntas. Pagaron un precio muy alto por ello: los nueve partidos de la derecha cosecharon 242 escaños (115 candidatos de la CEDA) que les otorgaron la mayoría absoluta; los ocho partidos de la izquierda sumaron 100 (58 de ellos, socialistas) y el centro, 131. Los comunistas, que tan dominante papel jugarían posteriormente durante la Guerra Civil, consiguieron un único escaño, mientras que José Antonio Primo de Rivera, que había fundado la fascista Falange Española ese mismo año (y era hijo del general que fuera presidente del Gobierno entre 1923 y 1930), entró en el Parlamento bajo la candidatura de la CEDA.

En un primer momento, la CEDA optó por apoyar a un Gobierno en minoría de los republicanos radicales, pero, en octubre de 1934, entró a formar parte del Gobierno mismo, lo que desencadenó una revolución en Asturias liderada por mineros militantes. El Ejército reprimió brutalmente aquel levantamiento. El fracaso de este, unido a la suspensión de la reforma agraria y la del Estatuto de Cataluña, entre otras medidas dirigidas a dar marcha atrás a lo iniciado en la legislatura previa, radicalizó a la izquierda y, en especial, a los socialistas. El país estaba muy polarizado: los anticlericales se oponían a la Iglesia, los sindicatos estaban en contra de los propietarios hacendados, y los republicanos mantenían una enconada rivalidad con los monárquicos.

Tras haber aprendido la amarga lección de la desunión en las elecciones de 1933, el PSOE, el Partido Comunista, la Unión Republicana y otras formaciones partidarias de la República, entre ellas dos partidos catalanistas, formaron un Frente Popular para presentarse unidos a las elecciones de febrero de 1936. Francisco Largo Caballero, el líder socialista, manifestó que si la derecha volvía a ganar «tendremos que ir a la guerra civil declarada», mientras que la propaganda electoral de Gil-Robles no le iba a la zaga en extremismo con eslóganes como «¡por Dios y por España!». El centro político, por su parte, era débil.

El Frente Popular ganó con 278 escaños (99 socialistas) frente a los 137 del llamado Frente Nacional (88 de la CEDA) y 56 de los partidos centristas. El recuento de los votos totales, sin embargo, arrojó unas cifras muy igualadas (4,6 millones de sufragios de los vencedores frente a 4,5 millones de sus principales rivales). Los bastiones de la izquierda se localizaban en las ciudades, las áreas industriales y el sur del país, donde el desempleo rural de los campesinos sin tierras era muy elevado, mientras que la derecha controlaba la España central. La estrategia de la CEDA de valerse del sistema insertándose en él como un caballo de Troya con la intención de derrocarlo desde dentro no había funcionado. Eso le proporcionó el descrédito ante las fuerzas más reaccionarias y que terminara siendo flanqueada por dos partidos más extremos: el Bloque Nacional del monárquico José Calvo Sotelo y la Falange de José Antonio. La opción del golpe militar cobraba fuerza; los generales comenzaron a conspirar.

El Gobierno del Frente Popular, encabezado por Manuel Azaña, concedió una amnistía para todos los presos políticos, restauró la autonomía catalana y ordenó el traslado a otros destinos, más lejanos, de aquellos generales sospechosos de estar conspirando contra la República (Franco, que fue destinado a las islas Canarias, era uno de ellos). La violencia en las calles de Madrid empezaba a estar fuera de control. El 13 de julio, después de que un falangista hubiera asesinado a un oficial de la Guardia de Asalto republicana el día anterior, Calvo Sotelo fue arrestado y sacado de su domicilio, y su cadáver fue luego encontrado a las puertas de un cementerio madrileño, víctima de un asesinato por venganza.

Aquella fue la gota que colmó el vaso de lo que el filósofo Julián Marías denominaría tiempo después una «locura colectiva», producto de «una escisión del cuerpo social mediante una tracción continuada ejercida desde sus extremos» [6] . Varias guarniciones militares, comenzando por la del enclave norteafricano español de Melilla, se alzaron el 17 y el 18 de julio, y encendieron así la chispa inicial de una larga guerra civil que enfrentaría a centralistas contra regionalistas, a religiosos contra laicistas, o a urbanitas cosmopolitas contra tradicionalistas rurales, y que involucraría a diversas clases sociales e ideologías políticas. Se calcula que unos catorce mil oficiales apoyaron el alzamiento y unos ocho mil quinientos permanecieron leales a la República. Una de las primeras figuras republicanas asesinadas fue el universal poeta y dramaturgo Federico García Lorca, quien fue arrestado en Granada por matones leales a Franco y ejecutado en el margen de un solitario camino rural. Años después, concluida la dictadura de Franco, la búsqueda del lugar donde fue enterrado Lorca se convertiría en una especie de cruzada para la izquierda.

¿ QUIÉN ERA EL GENERAL FRANCISCO FRANCO?

El general Franco, uno de los orquestadores del golpe de Estado contra la República en 1936 que desembocó en la Guerra Civil de los tres años siguientes, fue dictador de España desde entonces y hasta su muerte en 1975. Hijo de un contador de navío (que llegó a general de intendencia de la Armada), nació seis años antes del Desastre del 98 en El Ferrol (La Coruña), un lugar en el que se dejó sentir con fuerza la pérdida de los restos del Imperio (Cuba, Filipinas y Puerto Rico), pues allí estaba el puerto base de algunos de los navíos hundidos en la guerra hispano-estadounidense. Frustradas sus aspiraciones iniciales de ingresar en la Armada, a los quince años de edad entró en la Academia de Infantería de Toledo, una institución muy influida por la pérdida de las últimas colonias y en la que se tendía a culpar a la clase política del declive de España. En 1917 comandó una unidad que ayudó a sofocar una huelga en Oviedo (Asturias). Pasó luego diez años de guerra colonial en el Marruecos español, donde se forjó una reputación de buen líder, disciplinado, valiente y despiadado. Ascendió rápidamente por el escalafón militar hasta convertirse, a los treinta y tres años de edad, en el general más joven que había habido en Europa desde Napoleón.

Su tiempo en África moldeó su mentalidad: «Sin África, yo apenas puedo explicarme a mí mismo, ni me explico cumplidamente a mis compañeros de armas». En 1927 fue nombrado director de la principal academia militar de España, la de Zaragoza, que transformó en un caldo de cultivo de la derecha ultranacionalista y reaccionaria. Cuando los obreros asturianos se sublevaron contra la entrada de la derechista CEDA en el Gobierno republicano, en octubre de 1934, Franco despachó hasta allí tropas de la Legión y mercenarios marroquíes y las comandó desde el Ministerio de la Guerra en Madrid. La rebelión fue aplastada con un alto precio en vidas humanas: mil quinientos muertos, tres mil heridos y veinticinco mil detenidos. Él había hecho venir desde África a esas fuerzas represoras, a cuyo mando directo había estado y en las que tenía total confianza (a diferencia de otros soldados de compañías peninsulares). En una visita a Oviedo, tras su victoria, él mismo describió la sublevación como «una guerra de frontera [...]: las fronteras del comunismo, el socialismo y demás formas del asalto y destrucción de una civilización para sustituirla con la esclavitud». Se consideraba a sí mismo destinado a «salvar a España», en la misma línea que héroes nacionales pretéritos como El Cid. Los partidarios de la República y sus ideas eran ajenos a la España «verdadera», y él los equiparaba a los bereberes del norte de África, pues tanto los unos como los otros eran, desde su punto de vista, rebeldes.

Franco no fue particularmente religioso en su juventud, pero sí pasó a serlo tras casarse con Carmen Polo, descendiente de una familia de la pequeña aristocracia. Cuando se instaló en el palacio de El Pardo, en las proximidades de Madrid, tras su victoria en la Guerra Civil, guardó junto a su cama el brazo momificado de santa Teresa de Ávila. (Según la mitología tradicional católica, el cuerpo de santa Teresa se mantuvo incorrupto tras su muerte). En septiembre de 1936, menos de dos meses después del golpe militar, la junta de generales sublevados (Junta de Defensa Nacional) proclamó a Franco jefe del Gobierno, y él se otorgó a sí mismo el título de jefe del Estado. También era «Generalísimo» de las fuerzas armadas (el mismo título que Iósif Stalin se había otorgado sí mismo) y jefe del Movimiento Nacional, la única organización política legal en el país durante su dictadura. Al poco de su victoria, Franco se vanaglorió de haber «liquidado el siglo XIX , que no debiera haber existido», pues el liberalismo había pretendido «la negación del espíritu español». Afirmaba que su victoria había sido dispuesta por Dios y por la Historia. Tal como rezaba la inscripción que figuraba en las monedas de curso legal que se acuñaron durante su régimen, él era «Caudillo de España por la gracia de Dios».

¿ CUÁLES FUERON LAS DIMENSIONES IDEOLÓGICAS DE LA GUERRA CIVIL?

Muchos consideran que la Guerra Civil española fue un preludio de las batallas ideológicas de la Segunda Guerra Mundial entre el fascismo, el comunismo y la democracia liberal. La contienda mundial se inició con la invasión alemana de Polonia cinco meses después de la victoria definitiva del general Franco, proclamada el 1 de abril de 1939, pero no podemos obviar el hecho de que, en la Guerra Civil, estuvieron en juego muchas cuestiones que eran particulares del contexto español, como la división religiosa o los nacionalismos regionales. Por vez primera desde la invasión napoleónica (1808-1814), España se vio atrapada dentro de un conflicto más amplio que sobrepasaba sus propias fronteras nacionales. Los rebeldes «nacionales» luchaban por el restablecimiento del orden tradicional y, especialmente, por el estatus de la Iglesia católica, mientras que los defensores de la República se fueron dividiendo, con el devenir de la contienda, entre quienes abogaban por la democracia liberal y quienes aspiraban a realizar una revolución comunista. El hecho de que la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini apoyaran a Franco, y la Unión Soviética comunista de Stalin hiciera lo propio con la República, acentuó la dimensión ideológica del enfrentamiento.

La Iglesia dio su bendición a la causa de Franco y la elevó a la categoría de «cruzada». Enrique Plá y Deniel, obispo de Salamanca, capital en aquel momento del territorio controlado por los nacionales, publicó una carta pastoral en septiembre de 1936 en la que aseguraba que el conflicto formaba parte de una conflagración más global: «En el suelo de España, luchan hoy cruentamente dos concepciones de vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal en todos los pueblos de la Tierra [...]. Los comunistas y los anarquistas son los hijos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los que hacen un culto de la virtud y por ello les asesinan y los martirizan». La Iglesia reducía así las complejísimas circunstancias de la guerra a una lucha sin matices entre el bien y el mal.

¿ QUÉ PAPEL JUGÓ LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA EN LA GUERRA CIVIL?

La Guerra Civil se internacionalizó ya desde el principio. La Italia fascista y la Alemania nazi suministraron aviones de transporte, con los que los trece mil quinientos efectivos que integraban las tropas que el general Franco tenía inicialmente bajo su mando directo, las mejor equipadas, cruzaron el mar desde Marruecos hacia la España peninsular al comienzo de la contienda. Italia proporcionó setenta mil militares y Alemania envió a cinco mil asesores, además de la Legión Cóndor, con unos cien aviones y unos seis mil quinientos militares. La Guerra Civil brindó a Hitler, en particular, la oportunidad de probar armas y técnicas nuevas. El 26 de abril de 1937, en pleno día de mercado, sesenta aviones alemanes e italianos lanzaron bombas explosivas e incendiarias (diseñadas para arder a temperaturas de dos mil quinientos grados centígrados) sobre la localidad de Guernica (Guipúzcoa), tradicional centro de los derechos y las libertades colectivas vascas, en lo que fue uno de los primeros bombardeos aéreos sobre una población civil indefensa en Europa. Murieron más de cien personas. Varios fueron los motivos por los que Hitler decidió ayudar a Franco. La formación de Gobiernos de Frente Popular en España y Francia hizo que Hitler sintiera que sus temores sobre la existencia de una «amenaza blochevique mundial» se estaban confirmando. Hitler veía además en el hecho de ayudar a Franco a ganar la Guerra Civil una oportunidad para captar a España como aliado y exprimir a Francia desde dos frentes. Otro factor era la mejora de relaciones de Hitler con la Italia fascista que se desprendería de llevar a cabo una operación conjunta con Mussolini en España.

La Unión Soviética, muy especialmente, y también México (aunque en menor medida) acudieron en ayuda de la República. Moscú envió a dos mil asesores y fue ganando influencia sobre el Gobierno a medida que avanzaba la guerra. La República pagó el apoyo soviético transfiriendo quinientas toneladas de oro de las cámaras acorazadas del Banco de España a la Unión Soviética. Las democracias estadounidense, británica y francesa adoptaron una posición de no intervención, lo que implicó que España no pudiera adquirir armas a esos Estados. El Gobierno socialista de Francia estuvo inicialmente a favor de apoyar a su régimen hermano español, pero no podía hacerlo sin el acuerdo de Gran Bretaña, que todavía estaba empeñada en contemporizar ante Hitler.

La República, en mucha mayor medida que el bando franquista, atrajo también a sesenta mil combatientes voluntarios del extranjero, que se alistaron en las Brigadas Internacionales. También hubo voluntarias, que colaboraron como enfermeras. Muchos de los extranjeros y extranjeras que defendieron la República eran personas exiliadas de otros países europeos con regímenes autoritarios que vieron en España la oportunidad de luchar por causas que habían perdido en sus propios lugares de origen. En torno a una cuarta parte de los «brigadistas» eran judíos. La guerra también atrajo a intelectuales de izquierda europeos y americanos. El escritor socialista británico George Orwell luchó en una columna del antiestalinista Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Los comunistas estalinistas tacharon al POUM de «trotskista» y lo acusaron de tener infiltrados a agitadores fascistas y de formar parte de la llamada «quinta columna» franquista. (Recordemos que León Trotski moriría asesinado en México en 1940 por orden de Stalin). El poeta británico W. H. Auden (1907-1973) pasó varias semanas en suelo español emitiendo propaganda republicana y cedió todos los derechos por la venta de su comprometido poema «España» (1937) a la organización Medical Aid for Spain [7] . Entre los corresponsales extranjeros que cubrieron el conflicto estuvo Ernest Hemingway. Las experiencias de Orwell en España, que él mismo contó en su Homenaje a Cataluña, influyeron considerablemente en su propia perspectiva política y lo convirtieron en un vehemente oponente de todos los sistemas totalitarios. También fueron un importante germen inspirador de sus dos grandes obras maestras, Rebelión en la granja (publicada originalmente en 1945) y 1984 (de 1949). Orwell huyó de España cuando supo que tanto él como su mujer estaban amenazados por los comunistas españoles y por agentes de la Internacional Comunista (la Comintern). El líder del POUM, Andreu Nin, antiguo secretario de Trotski, no tuvo tanta suerte: fue arrestado, torturado y asesinado.

¿ POR QUÉ LOS REPUBLICANOS PERDIERON LA GUERRA?

Los rebelados contra el Gobierno democráticamente elegido de la República tenían la fuerza de las armas de su lado y, en especial, un superior poderío aéreo gracias al apoyo de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Las fuerzas armadas del general Franco no solo tenían mejor armamento y mayor experiencia de combate (adquirida en el norte de África), sino que también eran más disciplinadas y se hallaban bajo un mando militar y político unificado, a diferencia de lo que ocurría con las fuerzas republicanas. Además, el Ejército de Franco supo gestionar mejor a sus reclutas (1,2 millones) que el Ejército Popular de la República (1,7 millones). Los soldados nacionales combatían en mejores condiciones materiales y sufrían menos problemas de desabastecimiento en el frente.

En el bando republicano, la eficacia administrativa se vio dificultada por la profunda grieta que separaba, en el interior del Gobierno mismo, a los socialistas de los comunistas, mientras que, sobre el terreno, las divisiones faccionarias en el propio seno de la izquierda resultaron en una especie de guerra civil dentro de la Guerra Civil. Por ejemplo, en mayo de 1937, diversas facciones se enfrentaron a tiros por las calles de Barcelona cuando el Partido Comunista de España (PCE) y su brazo en Cataluña (el Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC) intentaron tomar el edificio de la Telefónica, controlado hasta ese momento por los anarquistas.

Muchos republicanos liberales se distanciaron de la causa de la República por culpa de la violencia anticlerical perpetrada por los anarquistas y otros grupos que parecían estar fuera del control del Gobierno: 13 obispos y 6.832 curas, monjas, monjes y otros miembros del personal de la Iglesia fueron asesinados (compárense con los aproximadamente novecientos religiosos y religiosas que lo fueron durante la Revolución Francesa, por ejemplo). Algunos historiadores estiman que aquel fue el mayor baño de sangre clerical de la historia de la Iglesia católica. En algunas localidades, casi todo el clero murió asesinado (por su parte, entre los partidarios de la República asesinados por el bando rebelde hubo que lamentar un número desproporcionado de maestros). Unos mil «mártires» españoles serían posteriormente beatificados o canonizados por los papas Juan Pablo II (1978-2005) y Benedicto XVI (2005-2013).

A medida que se prolongaba la guerra, los republicanos fueron padeciendo una creciente escasez de tropas y tuvieron que recurrir a levas cada vez más impopulares de reclutas. A los de apenas diecisiete años de edad a los que se llamó a filas en los meses finales de la guerra, ya en 1939, se los conoció colectivamente como la Quinta del Biberón, por su extremada juventud. También la comida escaseaba en las áreas bajo control republicano —un factor que minaba muy seriamente la moral—, dado que los territorios cerealistas de la España central estaban mayoritariamente bajo control de las fuerzas de Franco. Estas, además, lograron imponer un bloqueo en la costa mediterránea que impidió la llegada de importaciones a los puertos republicanos.

La ofensiva final tuvo lugar después de que el coronel Segismundo Casado, apoyado por el político socialista Julián Besteiro, encabezara el 5 de marzo un golpe en la zona republicana contra el Gobierno de Juan Negrín y formara una junta militar de gobierno, el Consejo Nacional de Defensa. Casado justificó su maniobra alegando que el Gobierno republicano era un títere de Moscú y que se estaba preparando un golpe de Estado para instaurar una dictadura comunista en la España republicana. Aquello frustró definitivamente los intentos de Negrín de conseguir una paz honrosa y negociada con unas garantías mínimas para la población civil. El hasta entonces presidente del Gobierno republicano huyó a Francia y diversos grupos de tropas comunistas desplegadas en torno a Madrid se sublevaron en ese momento contra la junta de Casado, lo que supuso el inicio de otra guerra civil dentro de la Guerra Civil, saldada en esta ocasión con unas dos mil muertes en los enfrentamientos resultantes. Casado acabó con la sublevación e inició negociaciones con Franco, quien no estaba dispuesto a aceptar otra cosa que no fuera una rendición incondicional. Finalmente, el 1 de abril, en su último parte de guerra, Franco proclamó: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas Nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Besteiro fue arrestado y condenado a treinta años de cárcel. Falleció al año siguiente de una septicemia en la prisión de Carmona. Casado partió hacia el exilio, pero murió en España en 1968, tras regresar al país en 1961.

2
EL RÉGIMEN FRANQUISTA
( 1939- 1975)

¿ QUÉ CLASE DE DICTADURA INSTAURÓ EL GENERAL FRANCO TRAS VENCER EN LA GUERRA CIVIL DE 1936- 1939?

Además de las más de doscientas mil personas que murieron en los frentes de batalla entre 1936 y 1939, otras ciento cincuenta mil (como mínimo) fueron asesinadas extrajudicialmente o ejecutadas tras juicios someros y sin garantías en la zona bajo control «nacional», y otras cincuenta mil lo fueron en territorio republicano, todo ello teniendo en cuenta que la población total española era de veinticuatro millones de habitantes [8] . El fin de la Guerra Civil precipitó la huida de unas cuatrocientas ochenta mil personas hacia Francia, norte de África y el continente americano, incluyendo a un muy elevado número de intelectuales, en torno a unos cinco mil. La Retirada fue una diáspora de masas de población, de larga duración —permanente en la mitad de los casos— y plural, porque incluyó a integrantes de todos los estratos sociales, políticos y económicos. En las playas del Mediterráneo se improvisaron espacios insalubres para la acogida de los refugiados. Se estima que unas quince mil personas fallecieron de disentería y otras afecciones relacionadas en campos de internamiento franceses, como los de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y Le Barcarès. La desolación por la derrota republicana queda reflejada en la última fotografía del poeta Antonio Machado, fallecido en Collioure (Francia), a la edad de sesenta y cuatro años, después de cruzar la frontera a pie junto con su madre y su hermano José (que reharía su vida en Chile), bajo una lluvia gélida. Aproximadamente la mitad de todos los españoles y españolas que cruzaron la frontera entonces tomarían más tarde el camino de regreso tras la rendición de Francia ante Alemania en 1940. Tampoco hay que olvidar que unos treinta y tres mil niños y niñas fueron embarcados durante la Guerra Civil por sus padres republicanos rumbo a la Unión Soviética, México, Gran Bretaña y otros países. Aquel año de 1939 fue el primero de un exilio que se prolongó políticamente hasta 1977-1978, con la promulgación de la actual Constitución española. Lejos de pretender alguna reconciliación, Franco prosiguió con la represión llevado por el afán de depurar el país de aquellos que consideraba enemigos de la patria. Creó así una cultura de la victoria que dividió a España entre vencedores y perdedores durante toda la dictadura. El régimen se basó en favorecer a quienes eran adeptos al mismo por encima de quienes se consideraba que no lo eran. La participación en él quedó reservada a personas del primer grupo. La fecha de la sublevación que desencadenó la Guerra Civil (18 de julio) y la de la victoria de Franco (1 de abril) se convirtieron en días de conmemoración y festivos oficiales en toda España. En julio se abonaba a los trabajadores (tanto del sector público como del privado) una semana de paga extra: la conocida como «paga (del 18) de julio».

La Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada en febrero de 1939, dos meses antes de que terminara la guerra —y con efectos retroactivos hasta el 1 de octubre de 1934, fecha de la revolución minera de Asturias—, junto con la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, de marzo de 1940, autorizaban al régimen a encarcelar o ejecutar a cualquier individuo que, «cegado por un sectarismo incomprensible, cometiera actos u omisiones que causaren perjuicio a los fines que persigue este movimiento redentor de nuestra Patria». Una comisión oficial de los nacionales había concluido en febrero de 1939 que quienes llevaron a cabo el levantamiento militar de julio de 1936 «no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley», pues los poderes del Gobierno republicano eran «sustancial y formalmente ilegítimos». Se afirmaba allí, incluso, que la sustitución de la monarquía del rey Alfonso XIII por la República había sido «un hecho de fuerza disimulado bajo apariencias legales» después de que los monárquicos hubieran vencido en las elecciones municipales de 1931. Según esa «justicia al revés», había sido la defensa de la República (en cualquiera de sus formas) lo que debía entenderse como constitutivo de delito de rebelión. Al menos veinte mil personas murieron ejecutadas durante la primera mitad de la década de los años cuarenta, la mayoría condenadas por tribunales castrenses, lo que representa una cifra superior a la de enemigos políticos liquidados durante (y después de) la liberación de Francia e Italia hacia el final de la Segunda Guerra Mundial (fascistas, colaboracionistas, etcétera). En noviembre de 1940, había en España más de doscientas ochenta mil personas en las cárceles, y sectores profesionales enteros habían sido objeto de purgas laborales: se calcula que unos sesenta mil maestros y maestras de escuela, sospechosos de tener simpatías republicanas, tuvieron que demostrar su lealtad al nuevo régimen para poder seguir enseñando. Solo en ese año de 1940, el Servicio de Información e Investigación de la Falange recabó información sobre los antecedentes políticos de más de 2,9 millones de personas (de una población total de 25,8 millones de habitantes).

El 2 de marzo de 1944 nacía por decreto el DNI (el carné de identidad), cuyas competencias de expedición y gestión tenía asignadas de forma centralizada la Dirección General de Seguridad. Sin embargo, debido a la falta de recursos y a la miseria de la posguerra, el proceso de implantación se dilató siete años y no fue hasta 1951 cuando finalmente se comenzaron a expedir dichos documentos (con el número 1 para Franco). Aunque las falsificaciones estaban perseguidas, había algunas muy buenas (como las del Partido Comunista de España, que eran excelentes). El carné suscitó cierta reticencia social por su condición de herramienta de control, pero también contó con adhesiones de quienes lo veían necesario para acreditar su identidad.

Los primeros años del régimen fueron tan brutales que Dionisio Ridruejo —quien fuera director de la maquinaria propagandística franquista y pasaría a ser, años después, un opositor centro-izquierdista al régimen— escribió a propósito de ese periodo que «moralmente, los conquistados se convirtieron en los vencedores».

El anteriormente mencionado Antonio Machado (1875-1939), que murió en su efímero exilio francés cinco semanas antes de que se acabara la guerra, había publicado esta profética nana para recién nacidos casi veinte años antes de la contienda:

Españolito que vienes al mundo te guarde Dios.

Una de las dos Españas ha de helarte el corazón.

Entre las figuras conocidas que fallecieron en el exilio podemos citar el periodista Manuel Chaves Nogales (en Londres, en 1944), el compositor Manuel de Falla (en Argentina, en 1946), el escritor Arturo Barea, autor de la trilogía La forja de un rebelde (en Inglaterra, en 1957), el poeta y premio Nobel Juan Ramón Jiménez (en Puerto Rico, en 1958) y el director de cine Luis Buñuel, cuya película El discreto encanto de la burguesía ganó un Óscar en 1973 (en México, en 1983).

Miles de presos republicanos y comunes fueron obligados a trabajar entre 1940 y 1959 en la construcción del monumento del Valle de los Caídos, en la sierra de Guadarrama, próxima a Madrid. (De hecho, el régimen siguió usando a presos políticos como mano de obra forzada hasta 1970). Más de treinta y tres mil víctimas de ambos bandos enfrentados en la Guerra Civil están enterradas allí, lo que lo convierte en la mayor fosa común de España. Los muertos republicanos fueron trasladados al lugar sin el consentimiento de sus familias y, en algunos casos, incluso contra el deseo expreso de estas. El complejo monumental incluye una basílica excavada en la montaña y rematada por una cruz de ciento cincuenta metros de altura, la más alta del mundo. Fue inaugurado por Franco el 1 de abril de 1959, Día de la Victoria y festividad nacional. En su discurso de ese acto, el dictador, tras hacerse la pregunta retórica de «¿cuáles son los enemigos de España?», respondió: «Los enemigos de España son siete: el liberalismo, la democracia, el judaísmo, la masonería, el capitalismo, el marxismo y el separatismo». A un lado del altar está situada la tumba de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, ejecutado por los republicanos el 20 de noviembre de 1936. Franco murió también un 20 de noviembre, pero de 1975, con lo que la fecha adquirió una significación casi mística para sus partidarios. Estuvo enterrado frente a José Antonio, al otro lado del altar, hasta el 24 de octubre de 2019, cuando sus restos fueron exhumados y trasladados al cementerio municipal de El Pardo, en Madrid, donde también está enterrada su esposa, Carmen Polo. Hasta entonces, Franco era la única de las personas enterradas en la basílica que había fallecido de muerte natural. El traslado del cuerpo de Franco se produjo tras una batalla judicial de un año de duración con la familia del dictador —que quería que fuera inhumado en la cripta de la catedral de La Almudena, en Madrid— y después de que el Tribunal Supremo autorizara finalmente al Gobierno socialista de Pedro Sánchez a proceder con la exhumación. «No habrá paz y concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que los de las víctimas», dijo la vicepresidenta Carmen Calvo. Terminaba así el contencioso sobre el traslado de la sepultura de Franco, pero no la mucho más conflictiva controversia sobre la búsqueda de un relato histórico consensuado sobre lo acaecido en la Guerra Civil y el posterior régimen de Franco, algo que, en un país como España, que sufrió un horrendo conflicto fratricida, ha sido ciertamente más difícil de conseguir de lo que lo fue, por ejemplo, en Alemania a propósito de su pasado nazi.

Durante el anterior régimen, se erigieron monumentos franquistas en numerosas localidades. A quienes murieron combatiendo en el bando vencedor, a los «caídos por Dios y por España», se les recordó con placas conmemorativas en iglesias donde figuraban todos sus nombres, coronadas por el emblema del yugo y las flechas de los Reyes Católicos, símbolo adoptado por la Falange por considerarlo representativo de la unidad española. A muchos republicanos se los enterró en fosas comunes y, hasta años después de terminada la dictadura, no comenzó a haber apoyo público para localizarlas y desenterrar y recuperar los restos de los allí sepultados. Muchas calles cambiaron de nombre tras la Guerra Civil y pasaron a llevar los de conocidos oficiales del bando nacional: a las vías más importantes, por ejemplo, se les ponía el nombre de Primo de Rivera (habitualmente, avenida de José Antonio). La totémica fecha del 18 de julio se conmemoraba todos los años, y también había un desfile todos los primeros de abril para celebrar la «Victoria». Se puso fin tanto a la autonomía de Cataluña (vigente desde 1932) como a la del País Vasco (en vigor desde julio de 1936). Se ilegalizó el uso público (y, en algunos casos, también privado) de las lenguas regionales, e incluso actividades tan inocuas como las danzas o la música locales fueron reprimidas. Mientras vivía en Barcelona durante los años cincuenta, sir John Elliott, el distinguido historiador británico que entonces era un joven estudiante ocupado en labores investigadoras, cometió el error de pedir a un guardia de tráfico indicaciones sobre cómo llegar a un sitio en catalán, en vez de en castellano. La respuesta del guardia fue: «Hable la lengua del imperio». En aquellos años, los españoles ni siquiera podían pedir una «ensaladilla rusa» en un bar o un restaurante, por las presuntas referencias a un aliado de la República que encerraba ese nombre. El plato fue oficialmente rebautizado como «ensaladilla imperial».

También se anularon las libertades conquistadas para las mujeres durante la Segunda República, que incluían, entre otras cosas, el derecho a divorciarse y el derecho al sufragio. El régimen invalidó todos los matrimonios civiles celebrados durante este periodo, con lo que miles de hijos e hijas se convirtieron en ilegítimos con efectos retroactivos. La ley era muy discriminatoria para las mujeres casadas. El artículo 57 del Código Penal (revocado finalmente en 1975) estipulaba que «el marido debe proteger a la mujer y esta obedecer al marido». Sin la aprobación de su esposo, una mujer tenía prohibidas casi todas las actividades económicas legales, como, por ejemplo, firmar contratos de trabajo, ser dueña de propiedades e incluso viajar lejos de su domicilio. La ley también preveía definiciones menos estrictas de ciertos delitos —como el adulterio o el abandono del hogar— para los maridos que para sus esposas. A las mujeres solteras, por su parte, no se les permitía independizarse del hogar paterno antes de tener cumplidos los veinticinco años de edad sin consentimiento de sus padres.

¿ CUÁL FUE EL PAPEL DEL RÉGIMEN DE FRANCO EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y QUÉ OCURRIÓ CON ÉL TRAS LA DERROTA DEL NAZISMO?

La Segunda Guerra Mundial comenzó cinco meses después de la victoria final de Franco en la Guerra Civil, en abril de 1939. El dictador tomó partido por las potencias del Eje, con las que se identificaba ideológicamente, aun cuando España mantuviera oficialmente una postura de neutralidad en el conflicto. Según archivos desclasificados en 2013, el MI6, el servicio secreto de inteligencia exterior del Gobierno británico, gastó el equivalente de más de doscientos millones de dólares en sobornos a altos oficiales, armadores de barcos y otros agentes españoles para que España se mantuviera fuera de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se reunió con Franco en Hendaya en octubre de 1940 con la intención de convencerlo para que entrara directamente en la guerra o, cuando menos, autorizara el libre paso de las fuerzas del Tercer Reich por todo el territorio español. Hitler quería conquistar el territorio británico de Gibraltar, de gran importancia estratégica porque está situado en la punta sur de la península, en una ubicación inmejorable para controlar la entrada y salida occidental del Mediterráneo. Tras el encuentro, Hitler contó a Mussolini por carta que preferiría «que le arrancaran tres o cuatro muelas antes de reunir[se] con Franco de nuevo». Franco exigía demasiado (entre otras cosas, la vuelta de Gibraltar a soberanía española, así como una parte importante del imperio colonial francés en África) y tenía muy poco que ofrecer a cambio, al menos en lo relativo a la posible aportación militar española. Pero si Hitler hubiera controlado el Mediterráneo, habría podido cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial.

La principal contribución del régimen al esfuerzo bélico de Hitler consistió en el envío de una División Azul (así llamada por el color del uniforme de la Falange) de cuarenta y siete mil voluntarios para combatir en el Frente Oriental junto a las fuerzas del Reich en 1941, en el marco de la guerra germano-soviética. Unos cuarenta y dos mil retornaron a España en 1943, mientras que unos cinco mil cayeron en combate. Aquella expedición también brindó a Franco la oportunidad de alejar de España a algunos de los jóvenes falangistas más radicales en aquel momento. Asimismo, el régimen exportó wolframio
—un elemento clave para la fabricación de armamento— y otros minerales a Alemania, y permitió que los submarinos germanos atracaran en puertos españoles. El Banco de España recibió oro nazi, una parte del cual procedía del saqueo de víctimas del Holocausto. Al igual que durante la Guerra Civil, los españoles también se dividieron en bandos opuestos con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los soldados que combatían con las fuerzas soviéticas contra los nazis eran exiliados españoles que se habían quedado en la URSS tras el fin de la Guerra Civil. Cerca de trescientos cincuenta de dichos exiliados (algunos de ellos, enviados a la Unión Soviética de niños durante la guerra) fueron encarcelados en gulags entre 1939 y 1956 por «crímenes» de diversa índole, ya fuera en calidad de «enemigos del pueblo», «trotskistas», «espías al servicio del imperialismo» o «desviacionistas» [9] . Uno de ellos fue el cirujano catalán Julián Fuster Ribó, el «español Fuster» que menciona el nobel de literatura Alexander Soljenitsin en su famoso libro Archipiélago Gulag. Fuster fue internado en Kengir, un campo de trabajos forzados, entre 1948 y 1955, donde malvivió expuesto tanto a los rigores invernales con temperaturas de cuarenta grados bajo cero como al calor del verano estepario. Muchos simplemente intentaron salir de la Unión Soviética hacia España o hacia otro país (en ocasiones con la única intención de volver a reunirse con sus familias), pero fueron clasificados por ello como disidentes. Las autoridades comunistas rara vez autorizaban que abandonaran el país. Los dirigentes del Partido Comunista de España exiliados en Moscú fueron cómplices de esa represión. Según recuerda el comunista italiano Ettore Vanni, en una reunión en 1947 Santiago Carrillo llamó a las personas que querían salir de la URSS «traidores que dejan el país socialista para ir a vivir entre los capitalistas». Alguien gritó en la reunión: «Hay que darles un tiro por la espalda».

Otros partidarios de la República que habían cruzado la frontera para huir a Francia lucharon allí en las filas de la Resistencia contra las fuerzas de ocupación alemanas. Lluís Companys, el presidente de la Generalitat catalana, fue detenido por la Gestapo en Francia y devuelto a España, donde sería ejecutado en 1940. Francisco Largo Caballero, que era el presidente socialista del Gobierno de la República en 1936, estuvo recluido cuatro años en el campo de concentración de Sachsenhausen, próximo a Berlín. Unos diez mil españoles murieron en campos de concentración nazis, la mitad de ellos en Mauthausen-Gusen (tres de ellos, vecinos del pueblecito de Buendía, en la provincia de Cuenca, que conozco de primera mano porque es donde tengo mi segunda residencia). Uno de los prisioneros de ese campo fue el catalán Francesc Boix, quien trabajó en el laboratorio fotográfico que las SS tenían allí y logró esconder unas dos mil fotos de las crudas condiciones de vida en aquel lugar. Posteriormente, prestaría testimonio como testigo clave en los juicios de Núremberg de 1945-1946. Varios centenares de españoles lucharon con la 2.ª División Acorazada francesa bajo el mando del general Philippe Leclerc, que liberó París en agosto de 1944. El gobernador alemán de París se rindió a un soldado español antes de firmar la capitulación de sus fuerzas.

La victoria de los Aliados convirtió al franquista en un régimen paria. En marzo de 1946, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia declararon que España no podría aspirar a ningún tipo de «asociación plena y cordial» con ellos mientras Franco se mantuviera en el poder. Con ese ostracismo pretendían estimular «una retirada pacífica de Franco, la abolición de la Falange y la instauración de un Gobierno provisional o interino que permita que el pueblo español tenga la oportunidad de decidir libremente el tipo de sistema político del que desee dotarse». Franco no cedió y convocó un referéndum para julio de 1947 sobre la Ley de Sucesión, que declaraba que España era un «Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino», con Franco erigido en su monarca a todos los efectos salvo en nombre, hasta el punto incluso de que se le reconocía la potestad de nombrar a su sucesor. Un año más tarde, España quedaba excluida del Plan Marshall, el programa estadounidense de ayudas que contribuyó a la reconstrucción de dieciséis economías nacionales no comunistas en la Europa de posguerra. Ese rechazo fue objeto de una divertida sátira cinematográfica en la famosa película de 1953 Bienvenido Mr. Marshall, dirigida por Luis García Berlanga, cuyas sutilezas escaparon a la comprensión de los censores franquistas. Una de sus escenas nos muestra un coche americano de grandes dimensiones cruzando a toda velocidad un pueblo ante la multitud que allí lo aguardaba, y sin dejar otra cosa a su paso que polvo y esperanzas defraudadas. La película no nos aclara si el susodicho Mr. Marshall iba en aquel vehículo.

¿ CÓMO ESTABA ORGANIZADO POLÍTICAMENTE EL RÉGIMEN?

La única organización política legal era el Movimiento Nacional, que nació de la fusión, en 1937, de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), las dos fuerzas políticas que apoyaron directamente el alzamiento militar. La Falange no había conseguido ni un solo escaño en las elecciones generales de febrero de 1936, las últimas celebradas antes de la Guerra Civil. Sin embargo, Franco la eligió como instrumento para vehicular la ideología del régimen y como semillero de sus políticos. Su fundador, José Antonio Primo de Rivera, a quien Franco vio siempre como un rival, murió ejecutado en 1936 en zona republicana una vez iniciada la Guerra Civil y se convirtió en un héroe y mártir de la causa nacional. La Falange, como Franco, culpaba al liberalismo del siglo XIX del declive español y consideraba a los partidos políticos unos elementos ajenos a la verdadera España. «Un siglo y medio de democracia parlamentaria —declaró Franco—, acompañada de la pérdida de un territorio inmenso, tres guerras civiles y el peligro inminente de desintegración nacional, son balance desastroso suficiente para desacreditar los sistemas parlamentarios a ojos del pueblo español».

El Estado franquista decía fundamentarse en una «democracia orgánica» (no parlamentaria, pues las democracias parlamentarias eran «inorgánicas»), en la que el pueblo no estaba representado por partidos políticos —los cuales, en palabras del propio régimen, «sacrifican los intereses de la nación ante los del partido»—, sino por instituciones «naturales», como los municipios, la familia y el Sindicato Vertical. Aunque ese Estado se autoproclamó al principio como «un instrumento totalitario al servicio de la integridad nacional», lo cierto es que terminaría adoptando formas más autoritarias que totalitarias a partir de 1957, según el sociólogo español afincado en Estados Unidos Juan Linz, quien elaboró el concepto de «regímenes autoritarios» precisamente para definir la especificidad de dictaduras como la franquista. Dentro del régimen, que también acogió a los monárquicos borbónicos y carlistas que aceptaron la legitimidad del caudillaje de Franco, había cierto «pluralismo limitado», como lo llamó Linz, entre las diversas «familias» políticas. La dictadura era más un régimen autoritario dirigido por un militar que una dictadura militar en el sentido estricto del término. Franco se consideraba a sí mismo responsable solo ante «Dios y la Historia». El régimen distaba mucho de ser como los totalitarismos de la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista, aunque, como estos, podía mostrarse despiadado con cualquiera que pretendiera oponerse a él.

Los trabajadores y los patronos estaban organizados dentro de la Organización Sindical Española (la OSE, el Sindicato Vertical único), fundada en 1940 conforme al modelo de las corporaciones de Mussolini en Italia. Cada una de las ramas de la OSE estaba compuesta por todos los «productores» de un mismo sector. El Sindicato Vertical fue ideado como una solución definitiva al problema del conflicto de clases; según la lógica del Estado franquista, ¿para qué se necesitaban organizaciones separadas, como las normales en una democracia parlamentaria, si de este otro modo todo el mundo trabajaba por el interés de la nación?

La Falange organizó a las mujeres por medio de su Sección Femenina, fundada por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio. Todas las mujeres solteras de edades comprendidas entre los dieciocho y los treinta y cinco años tenían que desarrollar seis meses de servicio social, durante los cuales se les inculcaba la importancia del matrimonio y la maternidad y se las disuadía de aspirar a prácticamente cualquier otra cosa. En palabras de la propia Pilar, «la única misión que tienen asignada las mujeres en la tarea de la Patria es el hogar». No sería hasta los años finales de la dictadura, en plena escalada de la agitación social y política, cuando serían autorizadas otras asociaciones políticas aparte del Movimiento. Pero las únicas organizaciones que aprovecharon ese leve gesto de aperturismo fueron las leales al régimen.

El control político se ejercía también a través de la prensa, que venía a ser una especie de «cuarto poder» situado, por su importancia, solo por detrás del Movimiento Nacional, el Sindicato Vertical organizado por el Estado y la policía política (la Brigada Político-Social). El papel de los medios de comunicación españoles, como el de todas esas otras instituciones, también vino determinado por el resultado de la Guerra Civil, pues se los concibió como una especie de instrumento dirigido a mantener en alto la bandera de la «cruzada» franquista y a servir al régimen; ese fue especialmente el caso de la televisión y la radio públicas. Por ejemplo, así rezaba uno de los principios de la Federación de Asociaciones de la Prensa en tiempos de Franco: «Como españoles criados en la fe católica y como defensores del glorioso Movimiento Nacional, es nuestro deber servir con celo a estas verdades religiosas y políticas». El Movimiento construyó una red de treinta y ocho periódicos y cuarenta emisoras de radio. Los diarios tenían mucha más influencia que la indicada por su tirada total (de unos cuatrocientos cincuenta mil ejemplares diarios), sobre todo en las áreas rurales (en once provincias, el único periódico disponible era el del Movimiento). La prensa oficial también estaba integrada por el diario Pueblo, órgano del Sindicato Vertical, y por el ultraderechista El Alcázar, así llamado en honor de la fortaleza toledana (un museo militar, en la actualidad), donde un grupo de fuerzas nacionales resistió un célebre asedio de fuerzas republicanas durante dos meses al comienzo de la Guerra Civil, hasta que Franco llegó allí para levantarlo y rescatar a los sitiados con tropas traídas del norte de África.

El sistema educativo también fomentaba la obediencia al régimen. En un libro de texto de los primeros años del franquismo, además de mostrar dibujos de niños cuadrándose con el saludo fascista, podía leerse lo siguiente: «Quien asume responsabilidad debe también asumir poder. Por esa razón, el Estado tiene todo el poder. Nuestro deber único como subordinados a él es obedecer. Debemos obedecer sin discusión. Quien da órdenes lo hace porque sabe lo que está haciendo».

¿ CUÁL FUE EL LEGADO ECONÓMICO DE LA GUERRA CIVIL?

La España de posguerra sufrió el hambre, la escasez y la pobreza endémica. Hablamos de la España de las cartillas de racionamiento, de las colas que se formaban para recoger comida o para recibir atención en las llamadas «Gotas de Leche», del estraperlo, de la mendicidad, de la atención sanitaria y escolarización precarias o de los Comedores de Auxilio Social. En el mundo rural era difícil sobrevivir, de ahí el éxodo a las ciudades. La Guerra Civil puso a la economía española de rodillas. Hablamos de una economía en la que la mitad de los trabajadores estaban ocupados en la agricultura. El PIB disminuyó un 36 % en términos reales entre 1935 y 1938. Hasta 1953 no recuperaría la producción nacional total su nivel de 1935 (el inmediatamente previo a la guerra).

La necesidad más apremiante era alimentar a la población. En 1939 se introdujo el sistema de racionamiento, que no terminó hasta 1952. Muchas personas trataban de sobrevivir comiendo hierbas que hervían en agua salada. Se calcula que unos doscientos mil españoles murieron de hambre o de enfermedades directamente relacionadas con la malnutrición entre 1939 y 1945. La tuberculosis se disparó tras la guerra. Argentina, uno de los escasos aliados de Franco, acudió en su rescate enviando ayuda a España (cargamentos de trigo y carne) para paliar la hambruna que sufría el país y que fue una de las más desconocidas tragedias europeas de aquellos años. Todavía hoy se alude a la década de los cuarenta en España con la coletilla de «los años del hambre». El nivel de consumo per cápita de carne y trigo en 1950 era aún apenas la mitad que el previo a la Guerra Civil. La situación dio pie al florecimiento de un mercado negro muy activo. La austeridad severa de esos años quedaría retratada, por ejemplo, en el personaje de tebeos Carpanta —una creación del historietista y dibujante José Escobar estrenada en 1947—, que siempre terminaba sus historietas asándose su propio zapato para tener algo que llevarse a la boca.

La política económica inicial del régimen fue la autarquía (la búsqueda de la autosuficiencia productora nacional): un régimen económico aliado natural del autoritarismo político que, más que resolver problemas, los agravó. La piedra angular de dicha política fue la sustitución de importaciones. En el plano industrial, la punta de lanza de esa ofensiva por la autosuficiencia la constituyó el Instituto Nacional de Industria (INI), un holding empresarial público fundado en 1941, modelo del mussoliniano Istituto per la Ricostruzione Industriale. El INI facilitó iniciativas estatales centralizadas para muchos sectores industriales, como el del carbón, la electricidad, el aluminio, la aviación y la construcción naval. La actividad del sector privado estaba muy controlada también, y tanto el nivel de producción como los precios estaban sujetos a regulación. Esto propiciaba frecuentes episodios de escasez y la existencia de unas empresas incapaces de competir en los mercados internacionales y, por consiguiente, de obtener las divisas necesarias para importar productos requeridos para la industrialización del país. Las exportaciones de España en los años cincuenta representaban menos del 4 % sobre el total del PIB, el nivel más bajo de todos los países de la OCDE a excepción de Turquía. El sistema de importaciones (con licencias, cuotas y permisos de todo tipo) era terreno propicio para las corruptelas. Desacreditada, la autarquía terminó oficialmente en 1959 (véase la sección dedicada al Plan de Estabilización).

¿ CÓMO SE RECOMPENSÓ A LA IGLESIA CATÓLICA POR SU APOYO AL GENERAL FRANCO?

La alta jerarquía de la Iglesia no perdió ni un segundo en dar su bendición al levantamiento de Franco contra la República en 1936, elevándolo a la condición de cruzada dirigida a restaurar los valores cristianos. Una de las primerísimas medidas de Franco tras la guerra, en mayo de 1939, fue hacer entrega de la espada de la victoria «sobre los infieles» al cardenal arzobispo de Toledo, Isidro Gomá y Tomás, quien la exhibió en la catedral de la ciudad como «testimonio elocuente de la fe de nuestro católico pueblo tan dignamente representado por su Caudillo en aquel momento culminante y trascendental de nuestra historia patria». Ante semejante relación simbiótica, difícilmente podrá extrañarnos que la Iglesia se convirtiera en uno de los pilares del régimen.

El renombrado filósofo Miguel de Unamuno (1864-1936), a la sazón rector de la Universidad de Salamanca, chocó en un encontronazo público con uno de los generales clave de Franco, José Millán Astray, al poco del estallido de la guerra. Fue entonces cuando proféticamente anunció: «Vencerán, pero no convencerán; conquistarán, pero no convertirán. Esto sería la victoria de lo peor, de una marca de catolicismo que no es cristiano, y de un militarismo paranoico criado en campañas coloniales». Millán Astray contestó: «¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte!». De no haber sido por la intervención de la esposa de Franco, es probable que Unamuno hubiera sido acribillado a tiros allí mismo. De todos modos, fallecería pocos meses después, desolado y solo.

El poder y los privilegios de la Iglesia, erosionados durante la Segunda República (1931-1939), le fueron restablecidos tras la victoria de Franco y quedaron sellados en agosto de 1953 merced al Concordato firmado con la Santa Sede, que hacía del catolicismo la religión oficial del Estado español y otorgaba al régimen la legitimación moral de la Iglesia. Los estrechos lazos que ligaban al poder civil con el eclesiástico conformaban el sistema ideológico y político que, con el tiempo, se conocería como «nacionalcatolicismo». La enseñanza de religión era obligatoria en todas las escuelas y los centros educativos de titularidad eclesiástica estaban subvencionados por el Estado; además, el matrimonio civil estaba prohibido si alguno de los cónyuges era católico (los matrimonios religiosos protestantes eran directamente ilegales), los sacerdotes estaban eximidos del servicio militar y el Estado asumió el pago de los salarios del clero. Todas las aulas estaban presididas por un crucifijo.

Los obispos eran procuradores (parlamentarios) en las eminentemente ornamentales Cortes del franquismo y miembros también del Consejo del Reino (principal órgano asesor del régimen), y el clero tenía asimismo representantes en las juntas censoras y ocupaba puestos en la Administración pública del sistema educativo y en la sindical. Se trataba de las ventajas más generosas jamás disfrutadas por la Iglesia española desde los tiempos de la monarquía absoluta y la convertían en una especie de Gobierno en la sombra. Pocas iglesias han llegado a estar tan comprometidas políticamente en la Edad Contemporánea.

Franco conservó el derecho, concedido por el Vaticano en 1941, a elegir a los obispos de las diversas diócesis entre una lista previamente seleccionada por la Santa Sede. Los obispos le juraban lealtad en los términos siguientes: «Ante Dios y los Santos Evangelios, [...] juro y prometo respetar y hacer que mi Clero respete al jefe de Estado español y al Gobierno establecido según las leyes españolas. [...] Preocupándome del bien e interés del Estado español, procuraré evitar todo mal que pueda amenazarlo».

La Iglesia tenía una considerable influencia sobre la vida moral y sobre qué libros se podían leer o qué películas se podían ver. En 1959, Enrique Plá y Deniel, cardenal primado de España, declaró que «al público le representa un peligro especial a su moral los baños en las playas. [...] Deberá evitarse el baño mixto en las playas, piscinas y ríos, lo cual es casi siempre una ocasión próxima de pecado y un escándalo. Que los novios caminen por las calles asidos del brazo o se encuentren en cualquier parte juntos estando solos constituye pecado mortal. El baile que encierra un abrazo constituye un peligro para la moral cristiana, porque [los así abrazados] están muy cerca del estado pecaminoso». El Concordato no sería objeto de una revisión sustancial hasta 1979. Para entonces, España ya había pasado a ser una monarquía parlamentaria y un Estado aconfesional (véase «¿Cómo fueron las relaciones de los socialistas con la Iglesia católica?», en el capítulo 4).

¿ POR QUÉ FUE IMPORTANTE EL ACUERDO DE 1953 CON ESTADOS UNIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE BASES MILITARES?

A finales de los años cuarenta, el Gobierno estadounidense de Harry Truman llegó a la conclusión de que su política de aislamiento de España había reforzado a Franco, había obstaculizado la recuperación económica del país y había complicado la colaboración del régimen franquista como aliado en el caso de que se declarara una nueva guerra mundial. Dean Acheson, secretario de Estado (1949-1953), dijo que la política seguida hasta entonces no solo había «fracasado en cuanto a su fin declarado, sino que había contribuido a fortalecer la posición del actual régimen». Con la Guerra Fría en pleno auge y con Franco jugando su carta de anticomunista acérrimo (el «Centinela de Occidente» se hacía llamar), el Pentágono se fijó en España como emplazamiento en el que instalar bases militares por su posición geoestratégica. Según un informe secreto elaborado por la Agencia Central de Inteligencia en 1947 (y ya desclasificado), «en caso de guerra entre Estados Unidos y la URSS, la península Ibérica, por la presencia de los Pirineos, podría ser escenario de una breve acción dilatoria frente a un avance soviético desde Francia. Pero el valor principal de la península para cualquiera de las partes beligerantes sería su potencial como emplazamiento para la instalación de bases aéreas y navales desde las que controlar el Mediterráneo occidental y sus accesos desde el Atlántico» [10] .

España era el eslabón que faltaba en la cadena del Mando Aéreo Estratégico estadounidense para completar su red de bases de despliegue de avanzada y de envolvimiento de la Unión Soviética. Ya se habían instalado bases en las Azores (Portugal) en 1951 y en Turquía en 1952. El punto de inflexión se había producido en junio de 1950, cuando la comunista Corea del Norte invadió Corea del Sur, que estaba bajo control estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, la Unión Soviética ya disponía de capacidad atómica militar. A Washington le preocupaba también el crítico estado en el que se hallaba la economía española —«sostenida con pinzas y vacuas esperanzas», según un informe de una misión económica estadounidense— y el potencial de agitación social que ello implicaba [11] . La caza de brujas anticomunista liderada por el senador Joe McCarthy también ayudó a crear el ambiente propicio para una reconciliación con el régimen. Estados Unidos había retirado a su embajador de Madrid en 1946, pero decidió instaurar a uno nuevo en 1951.

Franco se hizo de rogar y, a cambio de las bases, pidió grandes paquetes de ayuda, a lo que Washington se negó. Finalmente, el Pacto de Madrid para la instalación de bases aéreas en Torrejón (cerca de Madrid), Sanjurjo de Valenzuela (cerca de Zaragoza) y Morón de la Frontera (cerca de Sevilla), y una base naval en Rota (cerca de Gibraltar), se firmó en 1953. Torrejón se convirtió en el cuartel general de la 16.ª Fuerza Aérea (16 AF) de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (USAFE), así como en sede del Ala Táctica de Combate 401 (401 TFW). Se dice que, tras la firma del tratado, Franco comentó: «Ahora sí que he ganado la guerra [civil]».

El acuerdo resultó especialmente controvertido para los Gobiernos francés y británico, pues estaban convencidos de que no haría más que minar la autoridad moral del bloque occidental; también lo era, obviamente, para los «liberales» (progresistas) estadounidenses y para los demócratas y los exiliados españoles, pues entendían que contribuía a apuntalar el régimen dictatorial. Las fuerzas militares estadounidenses, lejos de entrar en España para liberarla del yugo autoritario, consolidaban así la dictadura y le proporcionaban una sensación generalizada de seguridad de cara al futuro. El acuerdo, que se mantuvo básicamente inalterado hasta 1988, cuando el Gobierno socialista de entonces renegoció amplias partes del mismo, fue un gigantesco triunfo para Franco, sobre todo porque no se le exigió liberalización política alguna a cambio. También fomentó un fuerte sentimiento antiestadounidense entre la izquierda española que perviviría aún mucho después de la muerte de Franco en 1975.

La dictadura ganaba así respetabilidad internacional y se sentía internamente más protegida con la presencia de tropas estadounidenses en suelo español. También recibía unos 625 millones de dólares del Gobierno norteamericano en seis años. Pero, al mismo tiempo, la base naval de Rota ahorraba al Gobierno de Washington decenas de millones de dólares anuales, pues sus submarinos ya no tenían que volver a Charleston o New London cada cincuenta y seis días para reabastecerse y reaprovisionarse (un viaje de ida y vuelta de dos semanas en total). Posteriormente, la pista aérea de Rota se convertiría en un activo de gran valor para la Fuerza Aérea estadounidense, después de que Washington perdiera sus bases en Marruecos en 1963. Incluso se hicieron obras en ella para alargarla a fin de que permitiera el aterrizaje y el despegue de bombarderos B-51 y de aviones cisterna KC-135 en situaciones de emergencia. Rota se convirtió así en una de las tres mayores y más importantes bases estadounidenses fuera del Estados Unidos continental para la función de la disuasión estratégica, y continúa siéndolo.

España fue acogida de nuevo en el redil occidental, e ingresó en las Naciones Unidas en 1955 y en las principales instituciones del capitalismo —el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Europea de Cooperación Económica (OCEE), precursora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— en 1959. Sin embargo, se mantuvo excluida de la OTAN hasta después de la muerte de Franco. El presidente Dwight Eisenhower visitó España en diciembre de 1959, pero ningún primer ministro ni jefe de Estado europeo llegaría a reunirse nunca con Franco durante sus treinta y nueve años de mandato, salvo el dictador portugués António de Oliveira Salazar.

¿ CÓMO INFLUYÓ EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE 1959 PARA LA CREACIÓN DE UNA ECONOMÍA MODERNA?

Los veinte años de autarquía (autosuficiencia) que tan poco hicieron por mejorar el nivel de vida en el país llegaron a su fin en 1959, poco después del ingreso de España en el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Plan de Estabilización, respaldado por el Fondo y elaborado por un grupo de destacados tecnócratas españoles (varios de ellos, miembros del Opus Dei, organización católica ultraconservadora de miembros predominantemente seglares), fue el primer paso hacia la implantación de una economía de mercado. En un memorando previo que los tecnócratas dirigieron al FMI, explicaban que «ha llegado el momento de orientar la política económica en el sentido de situar a la economía española en línea con los países del mundo occidental y liberarla de intervenciones que, heredadas del pasado, no se ajustan a las necesidades de la situación actual».

Se abolió la multiplicidad de tipos de cambio, se devaluó la peseta, se congelaron los salarios y se liberalizó una parte del comercio que ya estaba en manos privadas. Se relajaron las restricciones que limitaban las inversiones extranjeras directas y la política económica pasó a estar orientada hacia las exportaciones. Entre 1959 y 1974, el crecimiento económico real promedió un 6,9 % anual, una tasa solo superada por Japón entre las naciones desarrolladas, si bien es cierto que el nivel de partida era bajo. A consecuencia de este desarrollo económico, la sociedad cambió más rápidamente entre 1950 y 1970 que en todo el siglo previo: de ser una sociedad tradicional dominada por una élite terrateniente reaccionaria y en la que tenía una presencia preponderante una amplísima clase de jornaleros y trabajadores del campo no propietarios, se transformó en otra más moderna, en la que predominaban las clases media y obrera. Los tecnócratas creían que la prosperidad económica serviría para despolitizar España. «España estará lista para la democracia cuando la renta per cápita alcance los mil dólares anuales», se cuenta que dijo Laureano López Rodó, arquitecto principal de toda una serie de «planes de desarrollo». (La renta per cápita en precios de mercado traspasó la frontera de los quinientos dólares en 1963, y la de los mil en 1971, cuatro años antes de la muerte de Franco). El propio dictador admitió que, sin las reformas, «íbamos directos a la bancarrota». En 1960, cuando la balanza por cuenta corriente arrojaba ya superávit, el régimen comenzó a crear un sistema de seguridad social, de viviendas de protección oficial (de más bajo coste), de expansión de las oportunidades educativas, y de creación de industrias en los sectores químico, de maquinaria y de construcción naval, así como de manufacturación de bienes de consumo, incluidos los automóviles. El pequeño Seat 600, fabricado bajo licencia de la italiana Fiat, se hizo tan popular en el país como el Mini en Gran Bretaña. El porcentaje de hogares españoles con al menos un coche subió desde el 4 % de 1960 hasta un 35 % en 1971.

El desempleo, sin embargo, se mantuvo elevado durante los años sesenta, lo que obligó a muchas personas a emigrar. Entre 1960 y 1973, se calcula que 1,5 millones de españoles partieron hacia Alemania, Francia, Suiza y otros países europeos en busca de trabajo. Según las estimaciones, en 1970, 3,3 millones de españoles vivían en el extranjero, lo que equivalía a una cuarta parte de la población activa en España en aquel entonces. Por suerte para España, en aquellos años, el resto de Europa se encontraba en pleno periodo de expansión y el empleo ofrecido en el extranjero servía de «válvula de escape» para un país que, de otro modo, se habría arriesgado a padecer una grave conflictividad social, sobre todo en las áreas rurales, donde más de un millón de personas (un 10 % de la población activa) estaban subempleadas y apenas si tenían suficiente para su supervivencia. Entre 1959 y 1969, las remesas de los españoles residentes en el extranjero ascendieron a tres mil novecientos millones de dólares, una cifra superior a la inversión extranjera directa neta durante ese mismo periodo.

También la emigración interior fue considerable en esos años. Entre 1960 y 1970, más de tres millones de personas cambiaron de zona de residencia permanente dentro de España: desde los pueblos y villas de las áreas rurales hacia, principalmente, Madrid, Barcelona y Bilbao. Se crearon así los primeros poblados de chabolas en las afueras de esas ciudades y, a los pocos años, los primeros polígonos de edificios de viviendas de gran altura y mala calidad. En términos aproximados, más de una de cada diez personas que vivían en el país cambiaron de municipio de residencia durante ese periodo. La emigración dentro de España desde las localidades pequeñas hacia las grandes y hacia el extranjero transformó los valores sociales, pues puso a los españoles en contacto con unos estilos de vida más modernos. La población residente en localidades de menos de veinte mil habitantes se desplomó y pasó de ser el 71 % del total que era en 1900 a representar solamente el 45 % en 1979.

¿ QUÉ ES EL OPUS DEI?

El Opus Dei (la «Obra de Dios») fue fundado en 1928 por el sacerdote aragonés Josemaría Escrivá de Balaguer y su objetivo principal es «encontrar a Dios en la vida ordinaria», una filosofía expresada por el propio Escrivá de Balaguer en su obra Camino. El libro es una compilación de 999 máximas que van desde comentarios catequísticos cristianos tradicionales como «la oración del cristiano nunca es monólogo» hasta refranes como «no dejes tu trabajo para mañana». El Opus Dei no es una orden religiosa, como pueden serlo los dominicos o los jesuitas, pero tampoco es un instituto seglar o un movimiento religioso. Es una prelatura personal, un 98 % de cuya membresía es seglar y solo un 2 %, clerical.

Fue Pío XII quien, en 1947, le otorgó la autoridad papal para la práctica eclesiástica. En la actualidad, cuenta con casi noventa y cinco mil miembros repartidos por todo el mundo, muchos de los cuales ocupan puestos importantes tanto en la Administración pública como en el sector privado. El Opus Dei adquirió especial prominencia en España por vez primera durante los años sesenta del siglo XX , cuando diversos tecnócratas que eran miembros de dicha organización (o personas próximas a ella) se encargaron de la elaboración de los planes destinados a modernizar la economía nacional y a dotarla de mayor competitividad y eficiencia. En una época en la que España era aún un país empobrecido, el Opus Dei ponía el acento en conceptos como la productividad, la competitividad y la probidad, más que en la democracia. Ello le valió las críticas de muchos demócratas, que lo consideraban en exceso conservador y partidario del régimen franquista.

De todos modos, ese no era el caso de todos los miembros de la Obra. Rafael Calvo Serer, un miembro destacado del Opus, fundó el diario liberal Madrid en 1966. La publicación fue multada y sus ediciones secuestradas en varias ocasiones por sus incisivas críticas al régimen, hasta que echó definitivamente el cierre en 1971. Con los años, el Opus Dei fue adquiriendo una influencia mayor en los ámbitos educativo, judicial y bancario, en detrimento de la Administración pública. Aun así, el Opus Dei siguió dando clases particulares a los alumnos más brillantes que «opositaban» a incorporarse como funcionarios a la Administración pública o la judicatura para asegurarse de que pudieran aprobar las «oposiciones» y para ganarse su lealtad en el proceso. El papa Juan Pablo II canonizó a Escrivá de Balaguer en 2002, a quien calificó en dicha ocasión de «santo de la vida ordinaria».

¿ CÓMO SE CONVIRTIÓ ESPAÑA EN UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DEL MUNDO?

En 1951, con motivo de una reorganización de los ministerios, el turismo fue elevado a rango ministerial con una cartera propia. En 1959, el Gobierno abolió la necesidad de visados de entrada en el país para turistas y devaluó la peseta, lo que hizo que España fuera aún más barata para quienes la visitaban desde países con divisas fuertes. España también se benefició considerablemente de la desregulación a nivel europeo del negocio de los turoperadores de vuelos chárteres. El número de visitantes extranjeros de España dio un gran salto en 1960 hasta alcanzar los 4,3 millones (más que Francia), los 18 millones en 1967, los 30 millones en 1975 y más de 83 millones en 2019 (36 millones más que su población permanente), lo que lo convierte en el segundo mayor destino turístico mundial. El turismo pasó a ser así uno de los sectores de actividad clave de España, con un peso del 12 % de su PIB.

España había sido bendecida por la naturaleza con centenares de kilómetros de litoral virgen que pronto sería urbanizado (y, en no pocos casos, arrasado) con hoteles y edificios de apartamentos baratos para los niveles del resto de Europa. Benidorm, un tranquilo pueblo de pescadores y agricultores de la costa mediterránea hasta los años sesenta, se convirtió en el destino arquetípico del turismo de masas y de los paquetes turísticos de los que España es considerada auténtica pionera. En la actualidad, Benidorm alberga el hotel más alto de Europa, el Gran Bali, con cincuenta y dos plantas y setecientas setenta y seis habitaciones. Además de su abundante catálogo de playas, España cuenta con cuarenta y ocho monumentos o conjuntos monumentales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo que es el país con la tercera mayor cifra de ellos en el mundo.

El régimen de Franco promocionó comercialmente el país durante la década de los sesenta con el eslogan «Spain is different» («España es diferente»), lo que no dejaba de ser cierto en comparación con otros países europeos (es decir, teniendo en cuenta las notables excepciones de las dictaduras portuguesa [1932-1974] y griega [1967-1974]). El turismo, como las remesas de los emigrantes, proporcionaron unas divisas de las que España estaba muy necesitada y también jugó un papel muy importante en el desarrollo democrático del país, porque puso a los españoles en contacto con poblaciones e ideas diferentes —en particular, las de las democracias europeas— y porque les amplió los horizontes. Paradójicamente, pues, el turismo contribuyó a hacer que España fuera un país más «normal».

¿ CUÁL FUE LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN FRANQUISTA?

La oposición al régimen adoptó múltiples formas distintas y se dividió entre la interior y la exterior. En términos generales, se diferenciaba entre los «aperturistas» (quienes abogaban por una reforma desde dentro del propio régimen) y los «rupturistas» (quienes querían una ruptura completa y la plena democracia). También había divisiones entre los monárquicos. Los alfonsinos (así llamados en recuerdo de Alfonso XIII, último rey de España, que se había exiliado en 1931, pocas horas antes de la proclamación de la Segunda República, y que abdicó definitivamente en 1941) respaldaban a don Juan de Borbón, hijo de Alfonso, mientras que los carlistas apoyaban a los descientes del infante don Carlos, hermano de Fernando VII.

Don Juan había entrado en secreto en España en 1936 bajo la identidad falsa de Juan López, poco después de que estallara la Guerra Civil, y había tratado de unirse al Ejército «nacional», pero fue llevado de vuelta a la frontera francesa. Franco justificaría más tarde esa medida diciendo que, para que un Rey fuera restablecido con ciertas garantías en el trono de España, debería hacerlo en calidad de pacificador y no de vencedor. En 1945, en su Manifiesto de Lausana, don Juan llamó a poner fin al régimen «totalitario» y a instaurar una extensa serie de libertades democráticas. Aunque sus relaciones con Franco eran tensas, ambos acordaron, en un encuentro celebrado a bordo del yate del dictador, el Azor, que el hijo de don Juan, Juan Carlos, fuera educado en España a partir de 1948. Aquella maniobra mantenía abiertas las opciones de la dinastía borbónica, que había reinado en España durante doscientos cincuenta años. Franco nombró finalmente sucesor a Juan Carlos en julio de 1969 contra los deseos de don Juan, que entendía que había visto así usurpados sus propios derechos personales (véase «¿Quién es el rey Juan Carlos?», en el capítulo 3). Don Juan vivió la mayor parte de su vida autoexiliado en Portugal, desde donde pudo criticar a Franco y encabezar una oposición moderada al régimen. Sus partidarios estuvieron entre los ochenta delegados llegados de España y treinta y ocho exiliados republicanos que asistieron al encuentro del IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich, en junio de 1962. Aquella fue la primera ocasión en que grupos de vencedores y de vencidos de la Guerra Civil se sentaban en una misma mesa para hablar de la reconciliación nacional.

En dicho congreso se adoptó una resolución en la que se exponían las reformas democráticas que España tendría que acometer para poder ingresar algún día en la Comunidad Económica Europea (CEE). Precisamente, el Gobierno de Madrid había presentado una solicitud de ingreso en la CEE en febrero de 1962. De ahí que arremetiera furioso contra aquel encuentro refiriéndose a él como el «Contubernio de Múnich». Los asistentes al mismo que regresaron a España fueron condenados a elegir entre ser desterrados a las islas Canarias (y permanecer confinados allí) o pasar un año en prisión. Uno de los deportados a la isla de Fuerteventura, el democristiano Fernando Álvarez de Miranda, llegaría a ser el primer presidente de la Cámara Baja del Parlamento español, el Congreso de los Diputados (1977-1979), tras la muerte de Franco.

El Partido Comunista de España era, con diferencia, la fuerza opositora más organizada y entregada a la labor. En octubre de 1944, después de que la ciudad francesa de Toulouse hubiera sido liberada de los nazis, una fuerza comunista de varios miles de guerrilleros, muchos de los cuales habían combatido con el maquis (guerrilla de resistencia a la ocupación alemana), cruzó la frontera con el norte de España, pero fue derrotada por las tropas de Franco en el valle de Arán. Apenas si recibieron apoyo de la población local, que bastante tenía con su particular batalla diaria por la supervivencia. Los comunistas abandonaron definitivamente la lucha armada contra el régimen en 1948 y, tras adoptar una política de reconciliación nacional a partir de 1956, comenzaron a organizarse clandestinamente en el interior de España y a infiltrarse en las ramas del Sindicato Vertical, desde donde presionaron para conseguir mejores condiciones laborales. También se encargaban de Radio España Independiente, cuyas emisiones desde sus estudios en Checoslovaquia podían escucharse en España. Muchos colaboradores clandestinos del Partido Comunista eran hijos y, en algunos casos, hijas de quienes habían participado en la Guerra Civil, y no solo de los del bando perdedor. A veces compartían celda en la prisión cuando eran arrestados [12] . Esas experiencias comunes influyeron en la conciencia de los hijos de los vencedores y de los vencidos cuando les tocó estar en puestos de importancia en la vida política y civil al término del régimen de Franco, y contribuyeron a que enterraran sus diferencias y trabajaran juntos por la democracia tras la muerte del dictador.

La mayoría de huelgas y paros laborales de la oleada de protestas de 1962-1964 no tuvieron una motivación política directa, sino que estaban relacionados con los salarios y otros problemas. El régimen se aplicó con tal mano dura contra los huelguistas que ayudó a crearse su propia oposición política. La disensión organizada fue cobrando fuerza en las fábricas y en las universidades. Junto con otros grupos opositores, los comunistas fundaron el sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.), que aún hoy es la principal central sindical española y que entonces demostró especial efectividad en las industrias del metal en Madrid y Barcelona. En noviembre de 1962, Julián Grimau, un miembro del comité central del Partido Comunista y principal agente encubierto del mismo en España, fue detenido, juzgado por un tribunal militar bajo la acusación de haber organizado asesinatos durante la Guerra Civil (y no por sus actividades ilegales posteriores) y ejecutado por fusilamiento. Aquella sería la última sentencia dictada por «crímenes de sangre» cometidos durante la Guerra Civil.

La ejecución concitó multitudinarias manifestaciones de protesta en el extranjero y también en España, que el régimen aprovechó para mantener la división entre vencedores y vencidos y reunir apoyos. Jorge Semprún, agente comunista itinerante con base en París, se alojó durante temporadas en el mismo piso franco madrileño que Grimau. Semprún sería con el tiempo un muy conocido novelista, guionista e, incluso, ministro de Cultura (1988-1991) del Gobierno socialista de Felipe González. También los socialistas se vieron forzados a pasar a la clandestinidad tras la Guerra Civil, pero, en comparación con los comunistas, su papel en la oposición fue relativamente menor que el de estos últimos hasta la muerte de Franco.

En noviembre de 1966, la propaganda del régimen para el referéndum de aprobación de una nueva Constitución (o «ley orgánica») que, entre otras cosas, otorgaba a Franco el derecho a nombrar a su heredero, presentó el «sí» como un voto por España y el «no» como un voto a favor de Moscú. Un 96 % de los votantes marcó la casilla del «sí». Los comunistas renunciaron a la violencia y, poco a poco, se fueron resignando a no esperar ningún cambio fundamental hasta que muriera Franco. Al mismo tiempo, en 1959, surgía en el País Vasco el grupo revolucionario ETA, decidido a recurrir a la violencia para conseguir la independencia vasca.

También a finales de los años cincuenta, la Iglesia, que tan mayoritariamente había respaldado el alzamiento franquista en 1936 —con la única excepción reseñable de una parte del clero vasco y catalán, leal a la República, que había concedido autonomía a sus territorios respectivos— comenzó a desdecirse de su anterior apoyo al régimen. Los democristianos formaron dos organizaciones de trabajadores: la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Católica. El régimen las toleró, como también toleró al principio a Comisiones Obreras. Todo esto fue posiblemente debido a que la creación de dichos sindicatos coincidió con un nuevo posicionamiento de la Iglesia sobre la cuestión de los derechos humanos y sobre su propio papel en una sociedad cada vez más laica y pluralista, un posicionamiento expresado en las encíclicas Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963) del papa Juan XXIII, así como en el Concilio Vaticano II (1962-1965). Y Franco no tenía deseo alguno de perder el favor del Vaticano.

En la década de los años sesenta, el porcentaje de sacerdotes diocesanos que no habían vivido personalmente la Guerra Civil ascendía ya a un 40 % del total, aproximadamente. Solo la alta jerarquía, más envejecida, sí tenía vivo ese recuerdo. El Concilio Vaticano II suscitó un intenso debate en la Iglesia española. Un franquista disidente, Joaquín Ruiz-Giménez, antiguo embajador de España ante la Santa Sede (1948-1951) y ministro de Educación (1951-1956), puso en marcha la revista Cuadernos para el Diálogo, en 1963, en colaboración con intelectuales democristianos de izquierda y socialistas. El régimen toleró dicha publicación. Algunos miembros liberales del clero ofrecieron sus propias casas parroquiales, iglesias y conventos como lugar seguro para que grupos opositores celebraran sus reuniones. En 1963, el padre Aureli Maria Escarré, abad del monasterio benedictino de Montserrat, en las cercanías de Barcelona, concedió una entrevista al periódico francés Le Monde que concitó las iras del régimen y le obligó a exiliarse. «España está todavía dividida en dos bandos —dijo—. Detrás de nosotros no hay solamente veinticinco años de paz, sino veinticinco años de victoria. Los vencedores, incluida la Iglesia, no han hecho nada para concluir con esta división de vencedores y vencidos. Esto representa uno de los fracasos más lamentables de un régimen que se dice cristiano, pero cuyo Estado no obedece a los principios básicos del cristianismo».

En 1971, una conferencia de obispos y sacerdotes votó una resolución de petición de disculpas por el papel de la Iglesia en la Guerra Civil, aunque el texto no logró el respaldo de la mayoría de dos tercios requerida para su adopción oficial. Al término del régimen, en 1975, las relaciones entre una parte de la jerarquía de la Iglesia y la dictadura eran extremadamente agrias. A algunos sacerdotes se los conocía como «curas obreros» porque se identificaban con movimientos obreristas próximos al Partido Comunista o controlados por este. El más famoso de esos curas obreros fue el jesuita José María de Llanos, quien había estado muy implicado inicialmente con Falange hasta que fue destinado a un barrio chabolista de Madrid, El Pozo del Tío Raimundo. El régimen llegó incluso a dedicar una prisión especial en Zamora a la reclusión de religiosos disidentes.

Según una encuesta realizada en los años setenta por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) entre sacerdotes, un 69 % de ellos estaba en desacuerdo con las directrices sociales y políticas establecidas por la jerarquía eclesiástica. Al acceder a la silla episcopal de la archidiócesis de Madrid en 1971, el cardenal aperturista Vicente Enrique y Tarancón (1907-1994), uno de los actores que desempeñaría un importante papel durante la posterior transición a la democracia, declaró: «Durante siglos, ha existido una simbiosis entre la Iglesia y la política. Esta larga fase toca hoy a su fin y será sustituida por una fase de independencia de la Iglesia con respecto al Estado». Tarancón, quien a sus treinta y nueve años de edad era entonces el obispo más joven de España, se convirtió en una «bestia negra» de la extrema derecha: en el funeral de diciembre de 1973 por el presidente del Gobierno franquista, el almirante Luis Carrero Blanco, que acababa de ser asesinado por ETA, fue increpado por grupos de franquistas al grito de «¡Tarancón, al paredón!». Pero lo cierto es que, gracias a ese distanciamiento con el régimen, la Iglesia se libró de una potencial ola adversa de anticlericalismo tras la muerte de Franco.

La oposición comenzó a consolidarse y a unirse en el momento en que el régimen entraba ya en su fase más crepuscular. El primero en marcar tendencia fue el Partido Comunista, que formó una coalición en París, en julio de 1974, denominada Junta Democrática con la Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez, el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván (profesor universitario expulsado de su plaza en Salamanca en 1965 a raíz de las protestas estudiantiles) y una serie de disidentes varios, incluido Carlos Hugo, pretendiente carlista al trono español. Una formación más establecida como era el Partido Socialista Obrero Español (fundado en 1879) se negó a sumarse, receloso de que los comunistas usaran esa alianza para adquirir respetabilidad y se apropiaran de ella para sus propios fines e intereses. Un año más tarde nacía la Plataforma de Convergencia Democrática, formada por el resto de la oposición, incluido un renovado PSOE liderado por un nuevo secretario general, Felipe González. González, un abogado andaluz de treinta y tres años que vivía en España, había reemplazado al histórico líder exiliado Rodolfo Llopis en el congreso que el partido había celebrado en Suresnes (Francia), en 1974. González llegaría a ser presidente del Gobierno de España desde diciembre de 1982 hasta mayo de 1996 (véase «¿Quién es Felipe González?», en el capítulo 4). Ambas coaliciones aspiraban a instaurar un sistema político que supusiera una ruptura completa con el régimen franquista, al que juzgaban incapaz de reformarse a sí mismo.

¿ QUÉ FUE LA ORGANIZACIÓN INDEPENDENTISTA VIOLENTA VASCA ETA?

Dos de las tres provincias vascas —Vizcaya y Guipúzcoa— tomaron partido por la Segunda República en la Guerra Civil, mientras que Álava apoyó mayoritariamente al general Franco, y Navarra, donde también se habla euskera, fue el bastión de los ultracatólicos carlistas. Vizcaya, Guipúzcoa y Álava vivieron un breve periodo de autogobierno vasco conjunto hasta que cayeron en poder de las fuerzas de Franco en junio de 1937, casi dos años antes del final de la Guerra Civil. Álava conservó sus privilegios históricos como premio por haber ayudado a Franco, como también los conservó Navarra. Las localidades de Durango y Guernica, situadas en la «traidora» provincia de Vizcaya, fueron despiadadamente bombardeadas en abril de 1937 por la aviación alemana e italiana, enviada a España por Hitler y Mussolini, una tragedia que Pablo Picasso inmortalizaría en su monumental cuadro al óleo (aunque con dimensiones de mural) Guernica, que pintó en París ese mismo año y sobre el que dejó estipulado que no podría exhibirse en España mientras las libertades democráticas no fueran restauradas en el país. (La obra se enviaría finalmente desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta Madrid en septiembre de 1981, ocho años después de que Picasso, que jamás regresó a España, hubiera fallecido en 1973, y hoy está expuesta en el capitalino Museo Reina Sofía. Una copia en forma de tapiz está colgada también en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York). Entre los ejecutados por las fuerzas nacionales en su avance hubo catorce sacerdotes vascos que habían apoyado a la República.

Tras la Guerra Civil, la lengua y la cultura de los vascos, cuyo custodio tradicional había sido el clero local, fueron reprimidas con fuerza. Euskadi Ta Askatasuna (ETA) fue fundada en 1959 como respuesta a tal situación por un grupo de jóvenes nacionalistas de clase media, frustrados por la pasividad del Partido Nacionalista Vasco (PNV), representante político histórico del nacionalismo vasco, la mayoría de cuyos dirigentes se encontraban en el exilio. La ideología de ETA era una mezcla de nacionalismo vasco tradicional, socialismo revolucionario y anticolonialismo. Muchos de sus primeros militantes procedían de los círculos del catolicismo.

El objetivo de la organización era crear una nación vasca independiente formada por la unión de cuatro provincias españolas y tres francesas, es decir, asentada tanto a uno como a otro lado de los Pirineos. Su estrategia se basaba en un enfoque conocido como «acción-represión-acción», con el que se pretendía provocar al Estado para que entrara en una espiral represiva tras cada una de las acciones del grupo. Sus dirigentes creían que, con ello, despertarían un apoyo popular cada vez mayor hacia su causa y movilizarían el activismo del pueblo contra la dictadura.

Su primera operación de cierto alcance fue el intento fallido de descarrilamiento en 1961 de un tren que transportaba a veteranos del bando franquista de la Guerra Civil hasta San Sebastián para celebrar allí el 25.º aniversario del inicio de la contienda. El primer asesinato de ETA se produjo en junio de 1968, cuando un coche en el que viajaban activistas de la organización se detuvo en un control de carretera y se inició un tiroteo que dejó a un guardia civil muerto, José Antonio Pardines. El primer asesinato de la banda ya planificado como tal fue el de Melitón Manzanas —jefe de la Brigada Político-Social (la policía política del régimen) de Guipúzcoa y conocido torturador— ese mismo año en Irún, muy cerca de la frontera francoespañola.

Del odio que el nacionalismo vasco sentía hacia el régimen fue claro epítome Joseba Elósegui, antiguo capitán de una de las unidades emplazadas en Guernica cuando la localidad fue bombardeada el 16 de abril de 1937, quien, en septiembre de 1970, se roció de gasolina y se prendió fuego. Lo hizo en plena celebración del campeonato mundial de pelota vasca en San Sebastián, cuando presidía Franco. Elósegui saltó sobre la pista desde una grada a casi cinco metros de altura y fue a parar a una posición muy cercana a la del dictador mientras gritaba «Gora Euskadi askatuta» («¡Viva el País Vasco libre!», un eslogan muy popular en euskera). Sobrevivió a las quemaduras y fue condenado a siete años de prisión.

En diciembre de 1970, dieciséis miembros de ETA, entre ellos dos sacerdotes, fueron juzgados en Burgos en un proceso que provocó manifestaciones, huelgas y ocupaciones de iglesias en apoyo a los acusados, así como diversas muestras de protesta en el extranjero. Seis de los encausados fueron condenados a muerte. Al resto se les impusieron condenas de entre doce y noventa años de cárcel. Franco se plegó a la presión internacional que le demandaba clemencia y conmutó las penas de muerte por sentencias de treinta años de prisión. Puede que también influyera en su ánimo en aquel momento el acuerdo comercial preferencial que España acababa de firmar con la Comunidad Económica Europea unos meses antes.

La acción más espectacular de ETA tuvo lugar en diciembre de 1973, cuando detonaron una bomba de múltiples cargas —que un comando de la banda había colocado en un túnel en T excavado a tal fin por debajo de la calzada— al paso del vehículo oficial del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno y previsible heredero político de Franco. La explosión hizo que su Dodge Dart blindado, que pesaba más de dos toneladas, saltara treinta metros en el aire y se precipitara sobre la azotea del edificio anexo a la iglesia de San Francisco de Borja, en el centro de Madrid, donde acababa de asistir a misa. El asesinato fue una represalia por la ejecución de dos activistas de ETA y el quinto magnicidio de un jefe del Gobierno español en menos de un siglo. Enseguida comenzaron a circular chistes por España que atribuían a Carrero Blanco el mérito de haber sido el primer astronauta español. Unos meses más tarde, en septiembre de 1974, ETA también se atribuiría el atentado con bomba contra la madrileña cafetería Rolando, próxima a la sede central de la Policía, que mató a trece personas. Y, aunque el País Vasco recuperó su autogobierno en 1978, ETA siguió asesinando por la causa independentista (véase «¿Por qué ETA prosiguió con su campaña de violencia por un Estado vasco independiente?», en el capítulo 3). Su atentado más brutal tuvo lugar en junio de 1987, cuando la detonación de un artefacto con una gran carga explosiva colocado en el aparcamiento subterráneo del Hipercor de Barcelona mató a veintiuna personas e hirió a otras cuarenta y cinco. De las ochocientas cincuenta y cuatro personas asesinadas por ETA entre 1959 y octubre de 2011, cuando anunció un alto el fuego permanente, solo cuarenta y cinco lo fueron durante el régimen franquista.

¿ QUÉ REPERCUSIÓN TUVO PARA EL RÉGIMEN QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CARRERO BLANCO MURIERA ASESINADO POR ETA?

Los primeros años setenta fueron tiempos tumultuosos para España; solo en 1970, se registraron nada menos que ochocientas diecisiete huelgas. Había manifestaciones que reclamaban democracia, ETA seguía matando y todo ello hacía que el régimen reprimiera con fuerza tanto a los etarras como a los opositores en general. Nada de ello, sin embargo, disuadió al Ministerio de Turismo de promocionar el país como destino turístico en 1971 con el eslogan «Feel free in Spain» («Siéntete libre en España»). A sus ochenta años, un enfermo general Franco decidió, en junio de 1973, separar las funciones del jefe del Estado y el jefe del Gobierno asignando las segundas al almirante Luis Carrero Blanco (de setenta años de edad). Persona de su confianza desde hacía mucho tiempo, Carrero Blanco llevaba ya seis años siendo vicepresidente del Gobierno y se le consideraba la persona que daría continuidad al régimen cuando Franco muriera. Era un monárquico, próximo al movimiento conservador católico Opus Dei, cuyos tecnócratas habían impulsado la liberalización inicial de la economía, y conocía todos los entresijos del régimen gracias a los muchos cargos que había desempeñado en él. Pero solo duró seis meses en el nuevo puesto, pues murió asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973. Tras su asesinato, se produjeron numerosos arrestos, incluido el de Simón Sánchez Montero, uno de los líderes comunistas en la clandestinidad, pero el régimen se abstuvo de declarar el estado de emergencia, pese a las presiones de la extrema derecha.

Franco, desolado por la muerte de su colega más cercano, nombró a Carlos Arias Navarro, ministro del Interior y defensor de la línea dura del régimen (amén de antiguo jefe de la Policía Secreta), nuevo presidente del Gobierno. Entre la izquierda se le conocía como «el Carnicero de Málaga», pues había ejercido como fiscal en dicha ciudad después de que cayera en poder de los nacionales durante la Guerra Civil y había participado en la salvaje represión posterior. Su nombramiento como primer presidente civil desde 1939 coincidió con el anuncio en ese mismo día de una serie de sentencias inusualmente duras como resultado del juicio de los llamados «Diez de Carabanchel», diez dirigentes del sindicato ilegal Comisiones Obreras. Marcelino Camacho fue condenado a veinte años de cárcel y el padre jesuita Francisco García Salve, un «cura obrero», a diecinueve.

Pese a su ferviente franquismo, Arias prometió iniciar una cierta apertura política en un discurso que dirigió a las Cortes el 12 de febrero de 1974, pero no fueron más que palabras huecas. Lo único novedoso que se permitió a partir de entonces fueron las «asociaciones» políticas (que no «partidos», palabra prohibida en el vocabulario del régimen) que fuesen compatibles con los principios del Movimiento Nacional, la única organización política legal real. Doce días más tarde, las relaciones entre el régimen y la Iglesia entraron en una grave crisis después de que monseñor Antonio Añoveros Ataún, obispo de Bilbao, publicara una carta pastoral reclamando el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística vasca. Ese era un tema tabú y su simple mención despertó las iras del Estado. Añoveros fue puesto bajo arresto domiciliario, pero se negó a dimitir de su puesto y a abandonar España si el mismísimo papa Pablo VI no se lo pedía. Cuando el Papa amenazó con excomulgar a Arias si el Gobierno español decidía expulsar al obispo, el régimen optó por ceder.

El siguiente golpe vino de la vecina Portugal, cuando el 25 de abril de 1974 fue derrocada la dictadura allí instaurada desde hacía cuarenta años, un acontecimiento que los españoles pudieron ver por televisión. Aquel cambio provocó un atrincheramiento de la dictadura española que se ahondó aún más tras el derrocamiento, en julio de ese mismo año, de la junta militar que ocupaba el poder en Grecia. El general Manuel Díez-Alegría, jefe del Alto Estado Mayor de las fuerzas armadas españolas y figura relativamente liberal dentro del régimen, fue destituido después de que se hubiera reunido durante una visita a Rumanía con Santiago Carrillo, el dirigente del PCE en el exilio. A Díez-Alegría se le consideraba un hombre que podría desempeñar el papel que el general António de Spínola había jugado en Portugal durante el golpe militar contra la dictadura. Se decía que incluso le habían enviado un monóculo por vía anónima (Spínola llevaba uno muy característico) como una forma simbólica de pedirle que interviniera.

Atrapado entre las presiones para iniciar reformas y el enfado de los ultrafranquistas englobados bajo la denominación colectiva de «el Búnker», Arias tomó partido por los franquistas. Así, a diferencia de lo ocurrido en el juicio de Burgos de 1973 contra separatistas vascos de la banda ETA, el régimen ya no mostró compasión alguna dos años después con cinco militantes que habían sido condenados en diversos procesos por haber matado a tres policías. Fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975 en aplicación de una draconiana ley antiterrorista que convertía las sentencias de pena de muerte en condenas de obligado cumplimiento. Un grupo de destacadas figuras francesas, entre quienes se incluían el actor Yves Montand y el escritor Régis Debray, fueron expulsadas de Madrid por haber intentado celebrar una rueda de prensa en protesta por las sentencias. Policías vestidos de paisano acompañaron a algunos de los periodistas —yo entre ellos— a diversas comisarías para interrogarlos. La ejecución de aquellos dos miembros de ETA y tres del maoísta Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) desató una oleada de huelgas en España, protestas en el extranjero, llamadas a consultas de embajadores de ocho países de la Comunidad Económica Europea (CEE), y una suspensión de las negociaciones comerciales con este organismo. Los cinco ejecutados estaban entre los más de trescientos acusados civiles que habían sido juzgados por tribunales militares (en «consejos de guerra») entre 1974 y 1975 por delitos diversos. El régimen, por su parte, reaccionó convocando una multitudinaria concentración de apoyo a Franco (con ciento cincuenta mil participantes), que salió ese día al balcón del Palacio Real de Madrid junto al príncipe Juan Carlos, su heredero designado, para denunciar la «conspiración masónica izquierdista de la clase política en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social». Aquella sería su última aparición pública. El 30 de octubre, Franco sufrió un ataque al corazón del que ya no se recuperaría, y falleció el 20 de noviembre. Su dictadura fue la única, fuera del bloque comunista, no derrocada por la vía violenta en la Europa del siglo xx.

¿ CUÁNTO CAMBIÓ LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA?

Entre 1960 y 1975, el cambio económico y social experimentado en España, así como la creación de riqueza, alcanzaron una gran profundidad pese a producirse durante un periodo de tiempo mucho más breve que en otros países europeos (véase la tabla 1). La sociedad que Franco dejó al morir no guardaba parecido alguno con la existente antes de su alzamiento en 1936. Las transformaciones habían traído estabilidad, pero las estructuras políticas seguían estando osificadas y ajenas a la profunda metamorfosis que el país había vivido, y dos de los principales apoyos del régimen —la Iglesia y las élites terratenientes— o bien habían dejado de respaldarlo, o bien se habían ido diluyendo en el devenir de la historia.

El «milagro económico» había creado, ya en los años sesenta, una clase media mucho más grande (un 33 % de la población total en 1970 frente a un 14 % en 1950) y había librado a España del inmenso abismo entre ricos y pobres existente antes de la Guerra Civil. La participación de la agricultura en el PIB descendió del 27 al 9 % entre 1960 y 1975, al tiempo que la industria y el sector servicios fueron ganando peso en la economía. La proporción de población urbana pasó del 46 al 55 %, y el número de ciudades de más de cien mil habitantes subió de 26 a 38 %. La renta per cápita en 1975 era de 3.186 dólares y permitía la existencia de una verdadera sociedad de consumo. El número de turismos por mil habitantes también había crecido desde los diez que se registraban en 1960 hasta los ciento veinticinco en 1975.

 Tabla 1: Estadísticas socioeconómicas básicas (1960-1975).

Concepto 

1960 

1960 

Población (en millones de habitantes) 

30,9 

36,0 

Renta per cápita (en dólares estadounidenses) 

248 

3.186 

Estructura del producto interior bruto (en % sobre el total) 

Agricultura 

27 

9,0 

Industria 

30 

39,0 

Servicios 

43 

52,0 

Población activa por sector (en % sobre el total) 

Agricultura 

44 

21,8 

Industria 

24 

37,8 

Servicios 

32 

40,4 

Ingresos por exportaciones (en millones de dólares) 

725 

6.583 

Estructura de las exportaciones (en % sobre el total) 

Agricultura 

56 

23 

Bienes industriales 

33 

60 

Materias primas 

11 

8 

Turistas (en millones) 

6 

30 

Remesas de emigrantes (en millones de dólares) 

57 

700 

Inversión extranjera directa neta (en millones de dólares) 

123 

430 

Coste de la vida (índice) 

100 

375 

Ingresos (índice) 

100 

1.000 

Teléfonos (por 1.000 habitantes) 

56 

210 

Televisores (por 1.000 habitantes) 

5 

190 

Turismos (por 1.000 habitantes) 

10 

125 

Producción de automóviles 

39.600 

696.000 

Tractores en uso 

71.000 

336.700 

Burros y mulas 

1.850.000 

570.000 

Producción de acero (en millones de toneladas) 

1,9 

11,1 

Producción de cemento (en millones de toneladas) 

5,2 

23,9 

Viviendas construidas (principalmente, pisos) 

127.800 

374.200 

Fuente:  The Economist. Compilado a partir del estudio sobre España publicado en el número del 2 de abril de 1977 de dicha revista.

Muchos trabajadores pudieron permitirse en esos años hacer sus primeras vacaciones de sol y playa, precisamente en un momento en el que el sector turístico del país estaba en plena expansión. El aumento de la prosperidad posibilitó también que el Estado realizara inversiones importantes en redes viarias, ferrocarriles, puentes, túneles y embalses. En un país propenso a las sequías, la capacidad de almacenamiento de agua se multiplicó por seis. También creció el gasto en educación. La matriculación en centros de primaria pasó a ser más del doble en 1970 (con una tasa del 88,3 %) que una década antes, en 1960, y el índice de analfabetismo cayó del 13,7 al 8,8 %.

También la posición de las mujeres en la sociedad avanzó considerablemente a pesar el rol tradicional que tenían reservado. En 1974, las mujeres representaban el 30 % de la población activa, el doble que en 1950. La sociedad también se estaba volviendo más laica y menos influida por la Iglesia católica, pilar del régimen hasta sus últimos años.

La prensa —aunque no así otros sectores comunicativos— había ganado en libertad merced a una ley de 1966 que puso fin a la censura previa del Estado y la sustituyó por la autocensura de los propios directores. Distaba mucho de ser, pues, una norma liberal, pero dio a periódicos como el relativamente liberal Informaciones —donde, por cierto, tenía yo mi oficina de corresponsal del diario The Times— y a revistas como la humorística La Codorniz y la progresista Triunfo un mayor margen de libertad, y permitió también la aparición de nuevas publicaciones como Cambio 16, algunos de cuyos números fueron secuestrados de todos modos por traspasar los límites tolerados por el régimen. También en el mundo del arte se respiraba mayor libertad. Entre los principales cineastas de la época figuraban Carlos Saura (La prima Angélica), Víctor Erice (El espíritu de la colmena) o Basilio Martín Patino (Canciones para después de una guerra), y en literatura, entre las figuras más influyentes figuraban el poeta Vicente Aleixandre y los novelistas Camilo José Cela (La colmena) y Miguel Delibes (El camino). Aleixandre y Cela ganarían el premio Nobel en 1977 y 1989, respectivamente. También había destacados cantautores de canción protesta, como Joan Manuel Serrat, Raimon y Paco Ibáñez. Los españoles ya no se alimentaban exclusivamente de un torrente constante de panegíricos del régimen, pues había bastantes más libros disponibles, incluso de autores marxistas. Homenaje a Cataluña, el libro de George Orwell en el que narró sus experiencias combatiendo en el bando republicano durante la Guerra Civil, se publicó en España en 1970 prácticamente íntegro (solo se le borró un pasaje). Aun así, algunas de las librerías que vendían esos libros sufrieron ataques del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey.

En los años setenta, los sondeos de opinión evidenciaban que los españoles estaban superando cada vez más las divisiones causadas por la Guerra Civil y habían allanado así el camino hacia la reconciliación. De las personas preguntadas al respecto en una encuesta de 1975, un 74 % decía estar a favor de la libertad de prensa, un 71 %, de la libertad religiosa, y un 58 %, de la libertad sindical. De todos modos, esos cambios socioeconómicos no garantizaban el éxito automático de una transición a la democracia a la muerte de Franco. El contexto internacional en aquel momento era también muy diferente. España se encontraba firmemente anclada en el bloque occidental como consecuencia del acuerdo de 1953 que autorizó a Estados Unidos a instalar bases militares en el país. También tenía un acuerdo comercial preferencial desde 1970 con la Comunidad Económica Europea, el club de las democracias europeas que había rechazado la dictadura unos años antes, en 1962.

3
LA TRANSICIÓN
( 1975- 1982)

¿ QUÉ OCURRIÓ A LA MUERTE DE FRANCO?

Franco, protagonista principal de casi medio siglo de la historia de España, falleció el 20 de noviembre de 1975 a los ochenta y dos años de edad. Llevaba días conectado a un montón de aparatos médicos y con el brazo de Santa Teresa y el manto de la Virgen del Pilar (patrona de España) haciéndole compañía junto a su cama. Decenas de miles de españoles hicieron cola para desfilar ante la capilla ardiente del dictador; había quienes bromeaban diciendo que lo que quería mucha de aquella gente era asegurarse de que estuviera muerto de verdad. La mayoría de la población no había conocido otro sistema político más que el franquista. A sus treinta y siete años, el príncipe Juan Carlos había asumido ya la Jefatura efectiva del Estado tres semanas antes, pues, en su momento, Franco lo había designado sucesor postergando al padre del príncipe, don Juan de Borbón, inicial pretendiente al trono de España, a quien el dictador tenía por demasiado liberal.

En su primer discurso ante las Cortes, Juan Carlos dejó claro que quería ser el Rey de «todos los españoles sin excepción», haciendo así una referencia indirecta a sus aspiraciones de reconciliación nacional. Franco había dejado todo «atado y bien atado» en su régimen y sus instituciones, por lo que, a partir de ese momento, correspondería a Juan Carlos desatar los nudos para posibilitar el restablecimiento de la democracia. El Rey y su círculo de colaboradores más allegados eran muy conscientes de que romper con el régimen demasiado rápido podría provocar un golpe militar, y que proceder con demasiada lentitud en las reformas dispararía la frustración contenida de muchos españoles, que esperaban con impaciencia el cambio democrático y que estaban ya más que preparados para él tras la transformación económica y social vivida por el país. Fuera como fuere, la monarquía, la única institución que no se había identificado con ninguno de los dos bandos durante la Guerra Civil, y por consiguiente, también la única que podía mover el país hacia delante, corría un serio riesgo.

Muchos de los dos mil presos políticos que había en el país no se beneficiaron de la amnistía «general» limitada que el Rey decretó menos de una semana después de la muerte de Franco. Sin embargo, sí permitió la excarcelación del más famoso de todos ellos, Marcelino Camacho, conocido sindicalista, que salió de la cárcel de Carabanchel de Madrid tras haber cumplido tres años y medio de una sentencia de seis. Se le había condenado por liderar Comisiones Obreras, el sindicato clandestino controlado por los comunistas. Camacho había pasado un total de catorce años en prisión durante la dictadura. Otra consecuencia inmediata de la muerte de Franco fue la exhibición, por fin, en las salas de cine, de la película El gran dictador, de Charlie Chaplin, treinta y cinco años después de su estreno, así como de otras cintas prohibidas durante la dictadura, como El último tango en París. Muchos españoles habían cruzado la frontera francesa para ver esta película en 1972, cuando se estrenó. En Perpiñán, por ejemplo, llegaron a verla ciento diez mil espectadores (la población de la ciudad en aquel entonces apenas llegaba a los cien mil habitantes).

El Rey mantuvo como presidente del Gobierno al recalcitrante franquista Carlos Arias Navarro, a quien los españoles habían visto sollozar en la televisión nacional mientras anunciaba el fallecimiento del dictador, y también a los tres ministros militares. Pero equilibró esas confirmaciones con el nombramiento de varios ministros relativamente liberales, como, por ejemplo, José María de Areilza, que ocupó la cartera de Exteriores. También reubicó a figuras conocidas, muchas de las cuales ya habían ocupado carteras ministeriales en tiempos de Franco: fue el caso de Manuel Fraga, un político de perfil autoritario que aspiraba a llegar a ser presidente del Gobierno liderando un partido conservador de estilo europeo. Cuando Arias prometió cambiar las leyes «como Franco habría deseado», produjo consternación en la derecha reformista y perdió la poca credibilidad que tenía para la izquierda, que organizó entonces manifestaciones multitudinarias para reclamar una amnistía para los presos políticos y los exiliados, y el reconocimiento oficial de todos los partidos políticos. Incluso los obispos se sumaron a las reivindicaciones de amnistía. Algunos grupos de extrema derecha, como Fuerza Nueva, también salieron a la calle (aunque en mucho menor número) a defender el régimen y condenar la democracia. Se había optado por prolongar el mandato de los procuradores de las últimas Cortes franquistas un año más con el fin de dar un margen de tiempo al país para avanzar por la senda de la democratización, pero el progreso en ese sentido no dejaba de ser muy lento.

La tímida y vacilante liberalización emprendida por el Gobierno ponía de manifiesto las profundas contradicciones que tensaban el Gabinete entre la vieja guardia, inflexible (el sector conocido como «el Búnker»), y el puñado de ministros reformistas. En el País Vasco, por ejemplo, en diciembre de 1975 se desplegó en público la bandera nacionalista sin intervención policial (la primera vez que eso sucedía en treinta y ocho años), pero quienes se manifestaron pidiendo amnistía fueron reprimidos con porras y se practicaron múltiples arrestos. En marzo de 1976, un grupo de oficiales de las fuerzas armadas que habían constituido la ilegal Unión Militar Democrática (UMD) fueron juzgados y condenados a penas de entre dos y ocho años de prisión. En otro juicio se condenó a nueve comunistas por pertenencia a organización ilegal. También la prensa recibía intimidaciones, y se seguían infligiendo torturas a algunos detenidos por motivos políticos. La revista Cuadernos para el Diálogo retiró un reportaje sobre las torturas de la Guardia Civil y la policía secreta después de que su director fuera informado de que, si no lo hacía, se secuestraría el número y se le obligaría a comparecer ante un tribunal militar.

En ese tenso ambiente, los principales grupos de la oposición de izquierdas decidieron aparcar sus diferencias y formar una alianza llamada Coordinación Democrática (también conocida como Platajunta). Fue el resultado de la colaboración entre la Junta Democrática (fundada por los comunistas) y la Plataforma de Convergencia Democrática (dominada por los socialistas) con la intención de presionar para acelerar el ritmo de las reformas democráticas. El enfrentamiento entre facciones, tan crónico y característico en la izquierda, había sido uno de los factores que había lastrado a la República. El Rey, atrapado entre el inamovible Búnker y una izquierda que comenzaba a hacer demostraciones de fuerza, comenzó a impacientarse con Arias y, en julio, provocó su dimisión al declarar a la revista estadounidense Newsweek que su presidente del Gobierno era un «desastre sin paliativos».

¿ QUIÉN ES EL REY JUAN CARLOS?

Juan Carlos Víctor María de Borbón y Borbón nació en Roma en 1938, en plena Guerra Civil española. La familia real llevaba para entonces siete años en el exilio, al que había partido el abuelo de Juan Carlos, Alfonso XIII, en la víspera de la proclamación de la Segunda República, en 1931. Alfonso abdicaría en 1941 en su hijo don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, apenas seis semanas antes de morir.

Tras la Guerra Civil, en 1945, don Juan pidió al general Franco que, «reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado», restaurara la monarquía. Franco ignoró el llamamiento y desairó a don Juan con el referéndum de 1947, por el que España fue proclamada una «monarquía católica, social y representativa», con el Generalísimo como su vitalicio monarca sin corona, poseedor del derecho a nombrar a su sucesor. A pesar de tan fuerte desavenencia, ambos acordaron ese mismo año enviar a Juan Carlos a España para que se educara en el propio país. Franco no quería distanciarse de la monarquía, pues le interesaba valerse de esta como sostén para sus propios fines y porque, además, dependía hasta cierto punto de dicho apoyo; don Juan, por su parte, deseaba dejar una puerta abierta por si, algún día, la monarquía pudiera volver con él (o su hijo) al frente.

Juan Carlos tenía solo diez años cuando se desplazó de Lisboa a Madrid (la familia vivía entonces en Estoril, cerca de la capital lusa) y se convirtió con los años en un peón en la partida de ajedrez que jugaban su padre y el dictador. Era un niño de mirada triste. Vivió separado de su familia durante largos periodos, en los que estuvo pegado a las frías faldas de Franco, que nunca tuvo un hijo varón. Su hermano pequeño, Alfonso, murió a los catorce años mientras ambos jugaban con una pistola cargada. Juan Carlos contaba con un formidable equipo de tutores privados y seguía un horario estricto que comenzaba con una misa antes del desayuno. Tras completar su educación secundaria, recibió formación militar en las academias de los tres ejércitos (Academia General Militar, Escuela Naval Militar y Academia General del Aire), donde hizo numerosos contactos que le resultarían muy útiles durante la transición a la democracia. A Franco le gustaba darle lecciones de historia sobre los que, a juicio del dictador, habían sido los errores cometidos por diversos antecesores del propio Juan Carlos.

En 1960, Juan Carlos se casó con Sofía, hija del rey Pablo de Grecia y hermana de Constantino, que sucedió a su padre en 1964, pero se vio obligado a huir del país en 1967 a raíz de un golpe militar que se saldó con la abolición de la monarquía. En 1969, Franco nombró a Juan Carlos futuro jefe del Estado y, con ello, provocó un serio distanciamiento entre este y su padre. Juan Carlos estaba tan afectado en aquella época por el nombramiento y por las incitaciones de diversos franquistas que lo animaban a exigir la abdicación de su padre, aunque para ello tuviera que enfrentarse a él, que la sola idea le hacía llorar. Pero también era consciente de que, de haber rechazado la sucesión en favor de su padre, probablemente les habría costado a ambos la Corona. A fin de cuentas, en aquel entonces existía el riesgo de que el dictador nombrara sucesor a Alfonso de Borbón, primo de Juan Carlos. Alfonso se casó en 1972 —un par de años después del nombramiento de Juan Carlos como príncipe de España— con una nieta de Franco, Carmen. (En su día, el padre de Alfonso, don Jaime, sordomudo de nacimiento, había renunciado a toda pretensión al trono en favor de su hermano don Juan, menor que él). Aun a pesar de su proclamación como príncipe heredero de Franco, Juan Carlos nunca estuvo seguro del todo de que llegaría a ser jefe del Estado. Cuando oía que se aproximaban vehículos al Palacio de La Zarzuela haciendo sonar las sirenas, nunca estaba seguro de si venían a arrestarlo o a servirle de medio de transporte y protección. El Gobierno estadounidense tampoco estaba tranquilo con la cuestión de la sucesión y deseaba que Franco, muy debilitado y enfermo, traspasara la jefatura del Estado a Juan Carlos antes de morir. Washington temía que, si no se hacía de ese modo, a la muerte del dictador reinaría la anarquía. Richard Nixon envió a Madrid al teniente general Vernon Walters en misión secreta en 1971 para que intentara convencer a un Franco ya enfermo de Parkinson de la conveniencia de que pasara el relevo en vida a su sucesor, pero el dictador había decidido morir con las botas puestas.

Juan Carlos aceptó el nombramiento en los únicos términos en que podía hacerlo en aquel momento, jurando lealtad al régimen y a la «legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936», fecha de la sublevación de Franco contra la República.Las declaraciones públicas de Juan Carlos eran vagas y vacuas, como no podían ser de otro modo, dadas las circunstancias. En privado, sin embargo, Juan Carlos dejó muy claro a sus personas de confianza que tenía la intención de erigirse en un símbolo de reconciliación y restaurar la democracia. Como heredero de Franco, se dio cuenta de que un apoyo firme a la democracia era el único camino para adquirir legitimidad y conseguir respaldo para la monarquía. El dirigente comunista Santiago Carrillo dijo de él que sería «Juan Carlos el Breve», convencido de que solo era un títere de Franco y de que su reinado sería efímero.

Unos meses antes del fallecimiento de Franco en 1975, el régimen prohibió la entrada de don Juan en España después de que este hubiera declarado que el nombramiento de su hijo como sucesor «no sirve lógicamente para acometer el cambio democrático». A diferencia de su padre, Juan Carlos sí creía que la democratización podía materializarse desde dentro del propio régimen. La formación académica y militar del Rey le había proporcionado un conocimiento muy estrecho de cómo funcionaba el sistema político franquista y cómo podía ser cambiado desde su interior. La historia nos enseña que las transiciones de la dictadura a la democracia tienden a ser más estables y a mejorar sus probabilidades de éxito si son diseñadas desde arriba por élites del propio régimen que se agota. Juan Carlos mantuvo al reaccionario Carlos Arias Navarro en el puesto de presidente del primer Gobierno post-Franco, que duró solamente ocho meses, al tiempo que alentaba activamente a las fuerzas democráticas. Una ruptura total y súbita con el régimen no entraba en las previsiones del joven monarca, pues ello le habría privado de la única autoridad de la que estaba investido, legada por la legislación franquista. Además, habría desencadenado un golpe impulsado por aquellos sectores de las fuerzas armadas que estaban alineados en contra de la democracia, pero que se mantenían leales y obedientes al nuevo jefe de Estado porque había sido nombrado por Franco.

El Rey aguardó el momento que le pareció más oportuno y, en julio de 1976, sustituyó a Arias por Adolfo Suárez, el hombre elegido para «desatar» los nudos del régimen y deshilarlo. A medida que comenzaron a verse por fin progresos en el avance hacia la democracia, Juan Carlos, más astuto de lo que se le creía capaz, pasó a ser considerado el «piloto» del cambio y dejó de ser llamado «el Breve». El propio Carrillo diría que, de no haber sido por el Rey, «ya habrían comenzado los tiros».

En mayo de 1977, poco antes de las primeras elecciones democráticas en cuarenta y un años, don Juan renunció a sus derechos al trono para que, en el proceso de redacción de la nueva Constitución, las nuevas Cortes erigidas en Asamblea Constituyente no tuvieran duda alguna de quién era el rey legítimo. La Constitución consolidó la monarquía y Juan Carlos la aseguró más aún el 23 de febrero de 1981, cuando, como jefe supremo de las fuerzas armadas y luciendo su uniforme militar de gala como tal, apareció por televisión para hacer frente a una intentona golpista orquestada por una minoría de nostálgicos que se proponían dar marcha atrás en el tiempo. Juan Carlos ordenó a los perpetradores que se rindieran (véase «¿Por qué se produjo un intento de golpe de Estado en 1981?», en el capítulo 3).

Al comienzo de la década de 2010, la monarquía era popular en España. En un sondeo de opinión realizado con motivo del 80.º aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1931, un 48 % de los encuestados consideró que la monarquía era un sistema político mejor que la república, frente a un 39 % que dijo preferir la república. Sin embargo, varios incidentes embarazosos han manchado desde entonces la imagen y el prestigio de la familia real. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés) retiró al rey Juan Carlos la presidencia honoraria de dicho organismo en 2012 por haber participado en un safari de caza de elefantes en Botsuana, y su yerno, Iñaki Urdangarin, comenzó a cumplir en junio de 2018 una condena de cinco años y diez meses de prisión por fraude fiscal, estafa y tráfico de influencias que se le impuso como resultado de una causa judicial cuyas investigaciones iniciales se remontaban a 2010. El costoso safari africano del Rey en un momento de especial dificultad económica nacional le obligó a pedir públicamente disculpas por su comportamiento y a aumentar la transparencia del presupuesto anual de la Casa Real. Al término de 2012, un 53 % de personas encuestadas en un estudio de Metroscopia se declaró a favor de la monarquía parlamentaria como mejor sistema posible para España frente al 72 % que opinaba eso mismo en 1998. A lo largo de ese mismo periodo de tiempo, el apoyo al restablecimiento de una república en España aumentó desde el 11 % hasta el 37 %. El 19 de junio de 2014, el rey Juan Carlos abdicó en su hijo, el hasta entonces príncipe Felipe, y entre los motivos que adujo para dar tal paso, dijo que «hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías».

La difícil relación entre padre e hijo alcanzó un punto crítico en marzo de 2020, cuando el rey Felipe anunció su renuncia a la herencia personal que, en principio, le correspondería a la muerte de su padre. Ese anuncio se produjo tras saberse por la prensa que el monarca emérito era beneficiario de una sociedad panameña, Lucum Foundation, constituida por Juan Carlos en 2008 y ligada al grupo bancario Mirabaud de Ginebra, especializado en servicios de banca privada. Dicha sociedad era depositaria de sesenta y cinco millones de euros catalogados como una «donación» del rey de Arabia Saudí. Felipe también retiró la asignación anual que los presupuestos públicos habían previsto para su padre hasta entonces. El rey actual declaró que se había enterado de la existencia de aquella sociedad en 2019 y que renunciaba a todo beneficio que de ella pudiera derivarse. Mientras, la fiscalía suiza también estaba investigando otra sociedad en un paraíso fiscal presuntamente vinculada a Juan Carlos. Además, en junio de 2020, la fiscalía del Tribunal Supremo español ha anunciado que está investigando a Juan Carlos por su papel en la concesión en 2011 a empresas españolas de un contrato de construcción de una línea férrea de alta velocidad en Arabia Saudí. La investigación se centrará de momento en lo sucedido a partir de junio de 2014, cuando Juan Carlos abdicó del trono y perdió así su inviolabilidad constitucional como jefe del Estado.

¿ CÓMO SE LOGRÓ LA TRANSICIÓN?

La transición democrática comenzó de verdad a partir de la dimisión del presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro en julio de 1976, y de su sustitución por el mucho más joven Adolfo Suárez, un antiguo director general de la televisión estatal (TVE) y ministro del Movimiento Nacional, única organización política legal todavía en tiempos del Gobierno Arias. Suárez era de la misma generación que el Rey (ambos nacieron en la década de los treinta), y, por tanto, no estaba manchado por ninguna mácula directa de la Guerra Civil. Inicialmente, su nombramiento complació a los franquistas y horrorizó a la oposición, pero solo hasta que comenzó a ponerse de manifiesto que, a diferencia de las de Arias, las intenciones de reforma de Suárez eran firmes. Su ascensión al cargo fue orquestada por Torcuato Fernández-Miranda, antiguo profesor de derecho político del rey Juan Carlos y presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, máximo órgano consultivo y encargado de seleccionar a la terna de candidatos de la que el Monarca debía escoger a su presidente del Gobierno. Fernández-Miranda deslizó el nombre de Suárez en dicha lista de manera casi inadvertida; nadie consideraba que tuviera oportunidad alguna de conseguir el puesto. Pero la realidad era que su candidatura formaba parte de una maniobra cuidadosamente diseñada para utilizar la «legalidad» franquista y al apparatchik del Movimiento Nacional para encaminar al país progresivamente hacia la democracia en vez de provocar una ruptura brusca con el régimen, algo que habría elevado muchísimo el riesgo de irritar a la vieja guardia.

Un elemento que facilitó sobremanera la Transición fue la existencia de un funcionariado capaz de diferenciar entre el servicio al Estado y el servicio a un Gobierno en particular. Gracias a ello, no fue preciso proceder a una transformación previa o simultánea de la Administración pública para que el régimen pudiera avanzar hacia la democracia. Además, puesto que el régimen de Franco no fue tanto una dictadura militar como la dictadura de un militar, en el momento de su muerte tampoco resultó necesario desalojar a los militares del poder. Y salvo entre los reducidos círculos ultras que estaban situados a uno u otro de los extremos políticos, tampoco había en el país ningún ánimo especial de reabrir las divisiones causadas por la Guerra Civil. La izquierda tomó conciencia de que sus presiones para que se formara de inmediato un Gobierno provisional y unas Cortes Constituyentes que decidieran la forma del régimen eran utópicas, y se dio cuenta de que tendría que negociar pacientemente con los reformistas del régimen. El consenso, tras un pasado tan polarizado, se convirtió en la consigna fundamental tanto entre la derecha reformista como entre la izquierda no violenta. Epítome de ello fue el llamado «Pacto de Olvido» al que las élites políticas se comprometieron de manera tácita para mirar hacia el futuro y no volver la vista atrás al pasado. Esa mirada a tiempos pretéritos podría haber desestabilizado la Transición, como ocurrió en Argentina en cuanto se pusieron en marcha los procesos judiciales contra los militares. Puede decirse que el mencionado «pacto» quedó institucionalizado con la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977.

La gran diferencia entre España y otras dictaduras que avanzaron hacia la democracia en el siglo XX era que la española había sido el producto de una guerra civil devastadora. Ninguno de los bandos tenía interés alguno en que se escrutara el papel que habían jugado durante la Segunda República, con anterioridad a la Guerra Civil, pues tal examen habría abierto una caja de los truenos con consecuencias potencialmente violentas. No hubo nada parecido a una Comisión de Verdad y Reconciliación como la instaurada en Chile poco después del final de la dictadura de Pinochet, en 1990. A nivel más popular y local, sin embargo, la Ley de Amnistía no fue óbice para que se procediera, ya desde un primer momento, a la apertura de fosas comunes para recuperar los restos mortales de republicanos ejecutados durante la guerra y en la represión posterior a esta, ni para que se aprobara el pago de pensiones a los exmilitares y los expolicías republicanos, por ejemplo. Tampoco frenó la publicación de numerosos libros de memorias, novelas y estudios históricos serios sobre la Guerra Civil y la posguerra.

La postura de la oposición respecto a la Transición quedó sintetizada en una frase de Enrique Tierno Galván, profesor universitario socialista y, posteriormente, popular alcalde de Madrid. «Si el Gobierno quiere construir una casa [la España democrática], amueblarla y, luego, invitarnos a ser sus inquilinos, la negociación no va a ser posible. Si, por el contrario, invita a la oposición a construir la casa y amueblarla, entonces sí es posible la negociación». Sucedió lo segundo y terminó instaurándose un sistema político inclusivo, en muy marcado contraste con el régimen franquista anterior.

Suárez contó con la inestimable ayuda del general Manuel Gutiérrez Mellado, jefe del Estado Mayor Central del Ejército, que reemplazó a un franquista incondicional como era el general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil para el cargo de vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa. De Santiago dimitió en septiembre de 1976 por estar en desacuerdo con el plan del Gobierno de abolir la estructura sindical franquista y legalizar los sindicatos libres, a los que consideraba «responsables de los ultrajes cometidos en la zona roja» (el área del país controlada por los republicanos durante la Guerra Civil). Gutiérrez Mellado, por su parte, declaraba que no le importaba que le llamaran liberal si aquello quería decir «que estoy dispuesto a que no haya más luchas fratricidas y que quiero que España sea de todos los españoles». Abolió los ministerios del Ejército, el Aire y la Marina, y los unió en un nuevo Ministerio de Defensa, a cuyo frente se situó. También trató de cambiar la mentalidad de los oficiales, especialmente de aquellos que habían luchado en el bando franquista durante la Guerra Civil. De hecho, retiró de sus puestos a la mayoría de los franquistas y los reemplazó por moderados. El general introdujo todas esas modificaciones corriendo un gran riesgo personal por ello. De hecho, fue objeto habitual de insultos y hostigamientos de los oficiales de línea dura.

Las Cortes aprobaron la reforma del Código Penal y legalizaron así la actividad política de todas las tendencias por vez primera en treinta y siete años con la única excepción de los comunistas —la fuerza opositora más organizada en aquel entonces—, sobre quienes continuó pesando la prohibición formal por las presiones de los franquistas intransigentes. El Rey decretó una amnistía parcial para presos y exiliados políticos, pero no para quienes estaban condenados por delitos de sangre, por lo que ciento cuarenta y cinco miembros de la banda independentista violenta ETA permanecieron en prisión. También se prohibió el regreso a España de varias personas, entre ellas, la octogenaria (ochenta y dos años de edad contaba en aquel momento) Dolores Ibárruri, legendaria dirigente comunista conocida como «la Pasionaria», famosa por aquel «¡No pasarán!» (en referencia a las tropas de Franco) que había proclamado en un discurso pronunciado al comienzo de la Guerra Civil. Que los comunistas siguieran ilegalizados mellaba la credibilidad de las elecciones generales prometidas para 1977. Santiago Carrillo, veterano secretario general del partido en el exilio, puso a prueba la sinceridad de las intenciones del Gobierno entrando en España por la frontera francesa con su aspecto disimulado por una peluca para no ser reconocido por la policía española en el puesto fronterizo. Sin embargo, fue arrestado en Madrid y encarcelado en diciembre de 1976, poco después de que las Cortes franquistas hubieran aprobado la Ley para la Reforma Política y, con ello, se hubieran aniquilado a sí mismas como Cámara parlamentaria nacional. Con aquella medida allanaron el camino para la llegada de la democracia parlamentaria y una monarquía constitucional. Solo 59 procuradores (del núcleo duro franquista) de esas últimas Cortes franquistas votaron en contra de las reformas; los 425 (nada menos) que las apoyaron lo hicieron llevados de una combinación de motivos: obediencia a la autoridad, patriotismo y, en algunos casos, la promesa de escaños garantizados en el nuevo Senado que surgiera de las elecciones. La participación popular en el referéndum de aprobación de dicha ley, celebrado el 15 de diciembre de 1976, fue del 78 % del total del electorado, y un 97 % de los votantes se expresó favorable a las reformas, aun a pesar de la campaña de boicot a las mismas organizada por la izquierda.

Un reportaje sobre el referéndum para el programa News at Ten de ITN, a cuya elaboración contribuí, fue denunciado por la Embajada de España en Londres como «insultante y poco representativo». Fue filmado en el pueblo de Buendía (provincia de Cuenca), donde ya entonces tenía (y sigo teniendo) una casa. Había muy pocos teléfonos y el puesto de venta de prensa más cercano estaba a diecisiete kilómetros, por lo que la única conexión de los vecinos con el mundo exterior era la cadena de televisión pública. La mayor parte del reportaje había sido filmado en un bar en el que los habitantes del pueblo habían preferido seguir jugando a las cartas que escuchar el discurso que Suárez dirigió a la nación poco antes del referéndum. Lo allí acaecido era perfectamente representativo del sentir de un amplio segmento de la población de las zonas rurales, que tenía poca idea de las reformas políticas que estaban teniendo lugar.

El Tribunal de Orden Público (TOP), órgano judicial específico para delitos políticos, fue abolido a continuación, lo que permitió que Carrillo saliera de la cárcel al cabo de una semana de haber entrado en ella, y que el Partido Comunista de España fuera legalizado por fin el 9 de abril de 1977, una semana después de la disolución del Movimiento Nacional. No haber autorizado el PCE habría dado a los comunistas una importancia de la que carecían en realidad. Carrillo había accedido en unas negociaciones secretas con Suárez a reconocer la monarquía y la unidad de España, y a colaborar en la búsqueda de soluciones consensuadas a la crisis económica, pues, no en vano, su partido controlaba Comisiones Obreras, principal sindicato del país. El PCE quería mejorar su respetabilidad pública y, de hecho, en aquellos meses, mostró un carácter muy disciplinado y pragmático: cuando cinco de sus abogados laboralistas (del PCE y de CC. OO.) fueron asesinados por terroristas de ultraderecha que buscaban aplicar una estrategia de tensión para desbaratar las medidas democratizadoras, la dirección del partido se negó a ceder a provocaciones y optó por organizar una multitudinaria manifestación silenciosa por las calles de Madrid. La legalización del PCE indignó a los oficiales reaccionarios de los Ejércitos y motivó la dimisión del almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina. Según informes de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, la mayoría de los oficiales que ostentaban grados superiores a los de teniente coronel eran contrarios a la legalización de los comunistas.

España celebró sus primeras elecciones generales libres desde febrero de 1936 (cinco meses antes de la sublevación militar de Franco) el 15 de junio de 1977. Una verdadera sopa de letras de 70 partidos políticos y 4.537 candidatos optaban aquel día a ser elegidos para los 350 escaños de la nueva Cámara Baja del Parlamento nacional, el Congreso de Diputados. La Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición amplia de doce agrupaciones, formada a toda prisa, encabezada por Suárez, y en la que estaban incluidos los sectores más progresistas de la Administración franquista —liberales, democristianos y socialdemócratas— obtuvo el 34,4 % de los votos y 166 de los 350 escaños en juego. El Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González, recibió un 29,3 % de los votos y se hizo con 118 escaños; el Partido Comunista de España, bajo el liderazgo de Carrillo, tuvo un 9,3 % de los votos y 20 escaños, y la neofranquista Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, exministro de Información y Turismo cuando aún vivía el dictador y, luego, autoritario ministro del Interior en el primer Gobierno formado tras la muerte de Franco, consiguió un 8,2 % de los votos y 16 diputados. Fraga cometió un grave error de cálculo al creer que la dictadura había vuelto conservador a un amplio segmento del electorado. Los 31 escaños restantes fueron cosechados por partidos catalanes y vascos, entre otros. La participación electoral fue de casi el 80 %. Los partidarios más fervientes de Franco, pese a rechazar los partidos políticos por concepto, se presentaron en varios de ellos a las elecciones, pero, juntos, no llegaron a sumar ni el 1 % de los sufragios totales.

Los resultados representaron una victoria para la derecha reformista sobre la neofranquista, pero también de la izquierda moderada sobre la izquierda radical, y fueron una expresión clara del deseo de los españoles de pasar página con respecto a la dictadura. La victoria de la UCD impidió una polarización entre los extremos de la izquierda y la derecha, algo que podría haber significado un peligroso clímax para todo aquel periodo de transición. La alta jerarquía de la Iglesia en España también desempeñó un papel positivo al no valerse de su influencia y su poder considerables para apoyar abiertamente a un partido democristiano, como hiciera durante la Segunda República con la CEDA. Tratándose de un país predominantemente católico, España habría sido terreno abonado para un partido de ese signo como el que ya existía en lugares como Alemania e Italia. Pero la democracia cristiana española estaba muy dividida. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (la organización de los obispos de España), temía que un partido confesional reavivara el asolador anticlericalismo de la República, uno de los desencadenantes del levantamiento del general Franco que inició la Guerra Civil.

Los comunistas Rafael Alberti y «la Pasionaria», en un simbólico acto de reconciliación, presidieron la sesión inaugural del nuevo Parlamento (a la que tuve el honor de asistir), y el Rey se refirió a sí mismo por vez primera en público como un «monarca constitucional». La última vez que «la Pasionaria» había hablado en las Cortes fue en 1936, cuando el país estaba al borde de la Guerra Civil. La primera ley aprobada por las nuevas Cortes, en octubre de 1977, concedió la amnistía a todas aquellas personas condenadas por delitos políticos (incluidos los delitos de sangre) que no se hubieran beneficiado ya de la amnistía de 1976, y estipuló que los delitos políticos cometidos con anterioridad a diciembre de ese año quedaban automáticamente prescritos. Con ello, se trazaba una línea de separación final con la dictadura y se le concedía impunidad, pero se facilitaba también el apoyo de todos los partidos a la nueva Constitución democrática que estaba por venir. Desde entonces, han sido varias las ocasiones en que se ha invocado esa ley para desestimar la investigación de delitos cometidos durante el franquismo, que tampoco han podido ser depurados en Comisiones de Verdad y Reconciliación ni en otros comités de similar índole como los que sí se instauraron en países como Chile, Sudáfrica o Uruguay (véase «¿Qué es la Ley de Memoria Histórica», en el capítulo 6).

¿ QUIÉN FUE ADOLFO SUÁREZ?

Adolfo Suárez, el político elegido por el rey Juan Carlos para desguazar el régimen franquista, nació en Cebreros, un pueblo de la provincia de Ávila, en 1932, un año después de la proclamación de la Segunda República y cuatro antes del inicio de la Guerra Civil. Su padre era procurador de los tribunales y él mismo se tituló en derecho. Extraordinariamente bien parecido, Suárez llamó la atención de Fernando Herrero Tejedor, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento Nacional, única organización política legal durante el franquismo en Ávila, provincia conocida por su conservadurismo y su catolicismo. Suárez desempeñó varios cargos en el Movimiento, única vía de avance en política para jóvenes ambiciosos como él. Se convirtió en procurador en las siempre obedientes Cortes franquistas a los treinta y cinco años, y en gobernador civil de Segovia y jefe del Movimiento en dicha provincia un año más tarde. Llamó la atención del futuro Rey cuando, entre 1969 y 1973, desempeñó el cargo de director general de la televisión estatal, desde el que se encargó de promocionar la imagen de Juan Carlos y, al parecer, incluso compartió con él sus ideas sobre cómo se podía cambiar el régimen desde dentro. En 1975, era ya el segundo al mando en el Movimiento a nivel nacional y pasó a ser su «ministro-secretario general» (y, por lo tanto, a formar parte del primer Gobierno constituido tras la muerte de Franco bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro) a finales de ese mismo año. También en 1975, sería uno de los primeros funcionarios del régimen en aprovechar la ley que autorizaba la creación de nuevas asociaciones políticas que cumplieran con los principios del Movimiento y formaría Unión del Pueblo Español.

El conocimiento, la experiencia y los contactos adquiridos por Suárez, unidos al hecho de que no estaba claramente identificado con ninguna de las corrientes del franquismo ni se le había podido asociar con ninguno de los escándalos de la dictadura, lo colocaban en una posición ideal para encargarse de la reforma del régimen desde dentro en cuanto el Rey decidió prescindir de Arias. El principal obstáculo político que tuvo que vencer fueron las reticencias a la legalización del Partido Comunista de España. Pese a haber sido un servidor leal del régimen de Franco y, por consiguiente, miembro de una casta que, en general, había perdido el contacto con lo mucho que la sociedad española había cambiado durante treinta y seis años de gobierno unipartidista, Suárez poseía un olfato político muy desarrollado. De ahí que declarara, en una de sus frases célebres, que «vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal». Los sondeos de opinión mostraban que española había un amplio apoyo popular a la legalización de los comunistas. Suárez consiguió ganarse el respaldo de la alta oficialidad militar para la legalización de los partidos políticos con la promesa de que los comunistas quedarían excluidos de esa medida. Pero, al mismo tiempo, mantuvo unas largas negociaciones secretas con Santiago Carrillo, líder del PCE, dirigidas a permitir el regreso a la legalidad de su partido a cambio de no sacudir el árbol de la monarquía. Y así fue: el partido fue legalizado en plena Semana Santa de 1977, concretamente el sábado, un día festivo para muchos españoles (también para las principales figuras de las fuerzas armadas). Cuando los generales, indignados, lo acusaron de haberlos engañado, él respondió que su promesa inicial se había visto superada por la marcha de los acontecimientos, pues había obtenido importantes concesiones de los propios comunistas.

La legalización de todos los partidos políticos eliminó el obstáculo final para la celebración de elecciones generales en junio de 1977, los primeros comicios libres en cuarenta y un años. Suárez necesitaba un partido para acudir a esas elecciones y maniobró todo lo que pudo hasta presentarse a ellas como líder de una coalición centrista de doce grupos (la Unión de Centro Democrático), formada menos de dos meses antes de que los españoles acudieran a las urnas. Se trataba de una alianza que abarcaba corrientes dispares, sostenida únicamente por la ambición personal de poder y no sobre una ideología común. Algunos de los grupos que la componían eran tan pequeños que los españoles bromeaban en aquel entonces que ni con todos sus miembros había suficiente para llenar un taxi. En apenas unos años, las contradicciones y las luchas intestinas de la UCD llevarían finalmente a su implosión y a su práctica desaparición de la escena política en las elecciones de 1982, a las que Suárez se presentó liderando ya un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), que solo obtuvo dos escaños y el 2,9 % de los votos. Tras haber abandonado definitivamente la política en 1991, quien fuera el primer presidente del Gobierno de la España democrática actual murió en 2014.

¿ QUÉ IMPORTANCIA TUVIERON LAS MOVILIZACIONES SOCIALES Y LAS HUELGAS COMO VÍA DE PRESIÓN PARA QUE CAMBIARA EL RÉGIMEN?

La transición a la democracia fue diseñada desde arriba por el rey Juan Carlos y por pactos entre las élites de la derecha reformista y de la izquierda no violenta. No obstante, hubo también una intensa presión «desde abajo» a favor del cambio, expresada en forma de manifestaciones multitudinarias y huelgas por la amnistía de los presos políticos, la legalización de los partidos y los sindicatos, y la autonomía de las regiones.

Al término de la dictadura, surgieron miles de nuevas asociaciones y movimientos sociales. Los principales sindicatos de los años previos a la Guerra Civil eran la Unión General de Trabajadores, fundada en 1888 y asociada históricamente al Partido Socialista Obrero Español, y la anarquista Confederación Nacional del Trabajo, fundada en 1910. El régimen franquista había ilegalizado a ambas formaciones y había otorgado la única autoridad legal de representación de los trabajadores (y sus patronos) a su propio Sindicato Vertical.

El Partido Comunista comenzó a infiltrarse en las ramas de ese sindicato durante los años sesenta y estableció una organización paralela conocida como Comisiones Obreras. Esta logró tener una existencia semilegal gracias a que representaba mejor los intereses de los trabajadores que el Sindicato Vertical y, a menudo, era el único medio viable para la resolución de los conflictos laborales. Pero fue finalmente ilegalizada en 1969. Marcelino Camacho, miembro del comité central del PCE y el más conocido dirigente de CC. OO. durante la dictadura, pasó un total de catorce años en la cárcel y, tras la muerte de Franco, se convirtió en el primer secretario general de dicho sindicato, constituido ya en confederación sindical.

En los seis primeros meses de 1976, mientras el Gobierno de Carlos Arias Navarro se tomaba con irritante calma la necesidad de impulsar reformas, España se vio sacudida por una oleada de huelgas, encierros y sentadas para reivindicar, no ya mejoras en los salarios y las condiciones laborales, sino el cambio democrático mismo. Los sindicatos fueron legalizados en abril de 1977. Los trabajadores se mostraron particularmente combativos en el País Vasco, donde organizaron huelgas y manifestaciones después de que la policía disparara contra los manifestantes. Cerca de 17 millones de jornadas de trabajo se «perdieron» a causa de la actividad huelguista durante 1977, cuando, en los años finales de la dictadura, la media había sido de unos dos millones anuales.

¿ QUÉ PAPEL JUGARON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES E INTERNACIONALES EN LA TRANSICIÓN?

En los años crepusculares del régimen aparecieron nuevos semanarios, como Cambio 16, Doblón y Triunfo, que fueron haciendo gala de una audacia creciente en sus contenidos, aun a costa de recibir multas y de padecer el secuestro de algunas ediciones. Cuando Franco murió en noviembre de 1975, estas y otras publicaciones vinieron a componer una especie de Gobierno en la sombra que constantemente pedía amnistía, reformas democráticas y, por encima de todo, elecciones generales.

Algunos periodistas fueron atacados por realizar su trabajo. José Antonio Martínez Soler, director de Doblón, en febrero de 1976, fue introducido a la fuerza en un coche y trasladado al campo. Allí, atado y con los ojos vendados, fue golpeado en la cabeza y en las plantas de los pies. Y todo ello por haber cometido el «crimen» de publicar un artículo muy moderado sobre la Guardia Civil, en el que informó de que algunos agentes y oficiales de la Benemérita eran miembros de la ilegalizada Unión Militar Democrática. Sus captores querían de él una lista de nombres. Y probablemente habría muerto de hipotermia de no ser por que logró desatarse después de que sus secuestradores lo abandonaran, amarrado tal cual lo tenían, en medio de un bosque.

En la vanguardia de los llamamientos a la democracia, y de la conformación de la opinión pública en ese sentido, estuvo el periódico de centro-izquierda El País, cuyo primer número se publicó el 4 de mayo de 1976 y que contaba con un antiguo preso político y con un exministro franquista entre sus accionistas. A los lectores del diario que en sus primeros tiempos de vida iban por la calle con un ejemplar sostenido bajo el brazo se los conocía popularmente como «sobacos ilustrados». Actualmente, El País es el periódico de mayor tirada de España. El susodicho ministro era Manuel Fraga, impulsor en su época al frente de la cartera de Información y Turismo de la Ley de Prensa de 1966 que eliminó la censura previa. El expreso era Ramón Tamames, catedrático de economía y miembro del comité central del Partido Comunista de España. El principal editorialista y jefe de la sección de opinión del diario era Javier Pradera (1934-2011), antiguo comunista en la década de los cincuenta e hijo y nieto de destacadas figuras de la élite conservadora que fueron asesinadas por los anarquistas al principio de la Guerra Civil. El País, un diario afín al PSOE, cuestionó ya desde su primer número las credenciales democráticas del primer Gobierno posfranquista, encabezado por Carlos Arias Navarro, y publicó la primera entrevista en un medio español a Dolores Ibárruri, la octogenaria presidenta del PCE, cuando aún se encontraba exiliada en Moscú. El 18 de octubre se estrenó otro periódico, Diario 16, con un editorial que exigía la abolición del Ministerio de Información, «prueba flagrante de que la censura sobrevive, con sordina». El 18 de noviembre, las últimas Cortes franquistas votaron su autodisolución al aprobar la reforma política y dejar así el camino expedito a la celebración de unas elecciones generales en junio de 1977. Diario 16 informó de la maniobra en su portada con el llamativo titular de «Adiós, dictadura, adiós».

La muerte de Franco motivó un incremento considerable del número de corresponsales extranjeros destinados en Madrid. Éramos libres de escribir lo que quisiéramos, a diferencia de la prensa española en aquellos primeros años tras la desaparición del dictador, pero estábamos sujetos a una especie de «censura comercial». El régimen tenía la facultad de controlar la distribución de las publicaciones extranjeras en España, dado que todos los ejemplares de las mismas se enviaban desde el aeropuerto de Madrid, tan pronto como llegaban, al Ministerio de Información. A continuación, los artículos que se referían a España se traducían y se entregaban a altos funcionarios (incluido el ministro, en algunos casos) para que estos autorizasen su venta en quioscos. Solo entonces tenían los distribuidores permiso para hacer llegar las publicaciones a los vendedores finales. Todas las copias de un diario con algún contenido no autorizado eran eliminadas.

Otra táctica que se aplicaba a veces era la de permitir la distribución pero retrasándola varios días; era poco probable que un periódico publicado un lunes se vendiera bien un jueves. Los periódicos The Times, Le Monde, Süddeutsche Zeitung y Frankfurter Allgemeine se vieron especialmente afectados por esta medida, y sus corresponsales acordaron publicar al final de cada mes el número de días en los que había estado prohibida la distribución de sus publicaciones. Esta decisión desagradó enormemente al Gobierno, que pretendía que en el resto del mundo se creyera que en España podía distribuirse la prensa extranjera sin restricciones. Algunos periodistas y editores españoles utilizaban a la prensa extranjera para sortear las restricciones a las que estaban sometidos. Hay quien afirma que los corresponsales extranjeros ayudaron a España a lograr la democracia sencillamente informando de lo que realmente sucedía. En aquella época se contaban muchos chistes sobre españoles que leían la prensa de otros países para averiguar lo que estaba sucediendo en el suyo propio. Por ejemplo, Manuel Fraga, el entonces ministro del Interior, fue entrevistado por The Times y proporcionó en esa conversación más datos sobre reformas políticas futuras que los que había dado el propio presidente del Gobierno Arias. Un editorial del ABC comentó, de forma lacónica, que era ridículo que en otros países supieran lo que estaba pasando en España antes de que lo hicieran los españoles.

La prensa extranjera también proporcionaba una ayuda de tipo práctico. La Junta Democrática, formada por el Partido Socialista Popular, el PCE y los carlistas, se constituyó en julio de 1974 en el despacho de Walter Haubrich, corresponsal del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Iba a ser anunciada simultáneamente en París y en el restaurante madrileño Las Cuevas de Sésamo, pero, cuando los participantes se estaban acercando al lugar, notaron la presencia de la Policía. Haubrich ofreció entonces su casa como lugar seguro para el acto.

¿ CUÁLES ERAN LOS PRINCIPALES PROBLEMAS ECONÓMICOS?

Los quince años de fuerte crecimiento económico durante los que el PIB real se incrementó en cerca de un 7 % anual (aunque, eso sí, desde un punto de partida comparativamente bajo) terminaron tras la crisis del petróleo de 1973-1974. La subida de precios resultante fue especialmente onerosa para España por su elevada dependencia del petróleo y del gas, con los que abastecía dos terceras partes de sus necesidades energéticas. La industria española era intensiva en energía y, pese a la liberalización puesta en marcha con el Plan de Estabilización de 1959 (véase «¿Cómo influyó el Plan de Estabilización de 1959 para la creación de una economía moderna?», en el capítulo 2), la de España seguía siendo una de las economías con mayores niveles de proteccionismo y más baja competitividad de la Europa occidental. La economía creció solamente un 1 % en 1975, año del fallecimiento de Franco.

La inflación anual aumentó desde el 17,4 % registrado en 1974 hasta el 24,5 % en 1977 alimentada por un incremento salarial que había superado al de los precios al consumo durante varios años seguidos. La balanza por cuenta corriente, tras años de superávit, comenzó a registrar déficits cuando los ingresos por el turismo y por las remesas de los emigrantes ya no pudieron compensar el déficit comercial. El número de personas desempleadas se multiplicó por más de dos entre 1973 y 1977, hasta llegar a las 832.000 (un 6,3 % de la población activa), debido a que las empresas despedían a trabajadores para hacer frente a la recesión económica. La tasa del paro subió más aún porque, en esos años, comenzaron a regresar un buen número de emigrantes que habían perdido sus puestos de trabajo en sus antiguos países de destino. El sector de la construcción naval, que era el tercero mayor del mundo en 1974, se vio muy duramente golpeado por el desplome del mercado de compraventa de petroleros, y la industria siderúrgica (la 13.ª mundial) también se resintió de que la capacidad internacional de producción de acero hubiera pasado de pronto a ser excesiva para atender la demanda real de ese material. El aumento de los precios mundiales del petróleo no se trasladó tan de inmediato a los consumidores españoles como ocurrió en otros muchos países porque las autoridades temían que alentara la inflación más aún, si cabe, y que intensificara la agitación social en un año, el último de la dictadura, en el que se vivían los estertores finales del régimen. El consumo de petróleo continuó creciendo como si nada hubiera pasado; de hecho, de los diez principales países occidentales industrializados, España fue el único en el que aumentó.

También el sector público estaba inflado: aproximadamente 1,5 millones de personas estaban en la nómina del Estado; de ellas, doscientas cincuenta mil eran trabajadores empleados en las más de sesenta empresas que eran propiedad de (o estaban controladas por) el Instituto Nacional de Industria, un holding empresarial público que incurría repetidamente en pérdidas y participaba en sectores como el del acero, el de la construcción naval y el del carbón.

El primer Gobierno posfranquista ignoró en buena medida los problemas económicos, pues ya tenía bastante con los políticos. El segundo y el tercero, presididos ya por Adolfo Suárez (y formados por políticos de Unión de Centro Democrático a partir de 1977), tampoco hicieron gran cosa en un primer momento. La peseta se devaluó en febrero de 1976 (un 11 %) y en julio de 1977 (un 20 %). Pero esas medidas no abordaban las raíces mismas de los problemas, que, por su cariz estructural, precisaban —como el pacto mismo entre la derecha reformista y la izquierda que posibilitó la transición a la democracia— de un acuerdo de consenso entre los partidos políticos, los sindicatos y la patronal. Ese consenso llegaría por fin en octubre de 1977 con los llamados Pactos de la Moncloa.

¿ QUÉ FUERON LOS PACTOS DE LA MONCLOA?

Los Pactos de la Moncloa, así llamados porque se firmaron en la residencia oficial del presidente del Gobierno, a las afueras de Madrid, representaron un intento de repetir en el terreno económico lo que se había logrado por consenso en el ámbito político: en esencia, acordar unas vías de control de una inflación desbocada y de los problemas de la balanza de pagos. La crisis económica en aumento amenazaba con sacudir el tren que avanzaba hacia la democracia hasta hacerlo descarrilar.

La izquierda, que controlaba a los dos sindicatos principales, accedió a limitar los aumentos salariales para que no superaran la tasa de inflación prevista (hasta ese momento, tales incrementos se basaban en la inflación previa) a cambio de contrapartidas, como una mejora de las prestaciones por desempleo y de las pensiones, así como otras en educación, sanidad y políticas de vivienda, y la promesa de que se restituirían a los sindicatos los activos que les habían sido confiscados tras la Guerra Civil.

El primer paso hacia la creación de un régimen fiscal moderno se adoptó cuando las Cortes unificaron el sistema del impuesto sobre la renta para que tanto los ingresos salariales como los procedentes de otras actividades económicas fueran gravados con arreglo a unas mismas normas. Además, por vez primera, se ilegalizó la evasión fiscal. En tiempos de Franco, no pagar impuestos era una práctica muy extendida: los ingresos totales por recaudación fiscal en 1975 (incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social) solo representaron un 18 % sobre el PIB, un porcentaje más bajo que el de ningún otro país de la OCDE con la excepción de Turquía. Con el nuevo sistema, se amplió la plantilla de los inspectores de Hacienda y se incorporó un importante sistema informático de control. Gracias a las reformas, el número de contribuyentes casi llegó a triplicarse entre 1977 y 1979, año en que alcanzó la cifra de 5,3 millones.

Las medidas incluidas en los Pactos de la Moncloa, unidas a la devaluación de la peseta en julio de 1977, redujeron la inflación hasta el 15 % anual durante los tres años siguientes (que, aun así, continuaba siendo casi el doble de la tasa media de la OCDE) y produjeron el primer superávit en la balanza de pagos desde 1973. De todos modos, no sirvieron para contener el aumento del desempleo y, entre 1978 y 1982, se perdieron más de un millón de puestos de trabajo. Tras los Pactos seguirían otros acuerdos entre el Gobierno y los agentes sociales
—como el Estatuto de los Trabajadores de 1980— con los que se alcanzó un cierto grado de paz social. Además de por su importancia económica, los Pactos fueron muy significativos porque mostraron a los españoles que los políticos de las diferentes ideologías podían lograr puntos de encuentro para buscar soluciones a los problemas del país.

¿ QUÉ FORMA TERMINÓ ADOPTANDO LA CONSTITUCIÓN DE 1978?

La Constitución de 1978, redactada por una Comisión formada por representantes de todos los partidos políticos principales y aprobada en referéndum por el 88 % de los votantes, con una participación del 67 %, significó la confirmación institucional de la transición a la democracia. Era la sexta Constitución que entraba en vigor desde 1812, si incluimos la de 1834 —que, técnicamente, se llamó Estatuto Real— y las siete Leyes Fundamentales de Franco, promulgadas entre 1938 y 1967, cuyo conjunto formaba una especie de constitución ciertamente sui géneris. La duración media de las Constituciones que se sucedieron entre 1812 y 1931 fue de diecisiete años. La más longeva fue la de 1876, que entró en vigor tras la caída de la Primera República y la Restauración en el trono de la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII. Duró hasta 1923, cuando Alfonso XIII recurrió al general Miguel Primo de Rivera para que encabezara el Gobierno.

La Constitución de 1978 tuvo en cuenta a un amplio espectro de la opinión pública y, precisamente por ello, ninguno de los Gobiernos formados desde entonces ha estimado necesario reformarla en lo esencial para amoldarla a sus intereses particulares. Su borrador inicial fue redactado por una ponencia de siete políticos: tres de la Unión de Centro Democrático, uno del PSOE, uno del PCE, uno de la neofranquista Alianza Popular y otro (catalanista) en representación de los nacionalistas catalanes y vascos. El borrador fue revisado por la Comisión Constitucional, que propuso finalmente un proyecto de constitución que, sometida a referéndum popular, fue aprobada en diciembre de 1978 y sigue en vigor sin apenas haber sido modificada desde entonces.

La Constitución consolidó la monarquía restablecida por Franco, pero también el sistema parlamentario implantado por la Ley para la Reforma Política de noviembre de 1976, que, ya en su momento, había convertido las Cortes franquistas en un Parlamento bicameral, formado por un Congreso de 350 diputados elegidos por sufragio universal y por un Senado de 250 senadores elegidos en su mayoría también por sufragio universal, aunque una parte de ellos lo fue inicialmente por designación (41 a propuesta del rey Juan Carlos). En lo referente a los derechos humanos fundamentales, los derechos sociales y el Estado de derecho, los padres de la Constitución tomaron como fuente de inspiración a su más inmediata predecesora democrática, la de 1931, elaborada por el primer Parlamento de la Segunda República, si bien se evitaron las referencias directas a la misma para no inflamar los ánimos de la derecha ni aniquilar el espíritu de consenso que con tanto esmero se había ido cultivando en los años y meses previos. La Constitución estableció las bases para la formación de un sistema cuasifederal de comunidades autónomas (17 en su configuración final) y para poner fin a una forma de Estado sumamente centralizada que Franco había creado y que los militares se habían encargado de defender.

La otra cuestión controvertida en el redactado de la Constitución fue el papel que se reservaría a la Iglesia católica, uno de los pilares del régimen de Franco. Tanto el Gobierno de la UCD, con el apoyo de los partidos de la oposición de izquierda, como la jerarquía de la Iglesia, liderada por el cardenal aperturista Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, adoptaron una estrategia moderada de consenso. Nadie quería evocar los conflictos que habían acosado a la Segunda República. El anticlericalismo fue uno de los factores que inspiró el levantamiento de Franco en 1936, que la Iglesia elevó a la condición de «cruzada». Si la Constitución de 1931 había declarado que España no tenía religión oficial, la de 1978 estipula que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», y, en ese mismo apartado tercero de su artículo 16, dice que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». No se menciona a ningún otro grupo religioso por su nombre. Para los socialistas, aquella era una forma de introducir una «confesionalidad encubierta», y por ello votaron en contra de ese artículo en la Comisión encargada de redactar el texto del proyecto de Constitución.

Una pequeña minoría de obispos conservadores, encabezados por el cardenal Marcelo González Martín, que publicó una carta pastoral al respecto, criticó el texto definitivo de la Constitución por adoptar una postura de neutralidad ante los valores católicos en lugar de encarnarlos. La Constitución no se posicionaba en contra del divorcio, ni del control de la natalidad, ni del aborto, una oposición que, en los momentos inmediatamente posteriores al final del régimen de Franco, era prevalente en la sociedad. La carta del cardenal González presagiaba los conflictos que aflorarían años después, durante los Gobiernos socialistas (véanse «¿Cómo fueron las relaciones de los socialistas con la Iglesia católica?», en el capítulo 4, y «¿Cómo reaccionó la Iglesia católica a las reformas?», en el capítulo 6). En 1979, se firmaron acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede con el rango de tratados internacionales. El Gobierno accedió a seguir pagando los salarios del clero a cambio de que la Iglesia se comprometiera a pagarlos ella misma en un plazo máximo de tres años, un compromiso que en 2020 todavía no se ha cumplido, pues continúan sufragándose en su mayor parte con las aportaciones indirectas de los contribuyentes a través del IRPF. También se sigue financiando con dinero público la extensísima red de centros educativos asociados a la Iglesia católica, que representan la mayoría de las llamadas «escuelas concertadas». De todos modos, el apoyo social a la educación concertada es fuerte entre los votantes de la derecha y el centro-derecha, pero también entre ciertos sectores del electorado del PSOE. Además, todavía hoy sigue enseñándose la asignatura de religión en las escuelas públicas (impartida por profesorado elegido por la autoridad episcopal). No obstante, el principio de la libertad de conciencia del alumnado de los centros públicos quedó establecido y reconocido ya desde un primer momento, y precisamente en virtud de dicho principio, ningún alumno está obligado desde entonces a asistir a clase de religión. La Iglesia también tiene reconocidos unos beneficios fiscales en aplicación de aquellos acuerdos.

¿ CÓMO Y POR QUÉ SE CREÓ EL SISTEMA AUTONÓMICO?

Un tema constante en la historia española que todavía está pendiente de solución ha sido la tensión existente entre centro y periferia y, concretamente, entre Madrid y las regiones donde más fuerte es el sentimiento nacionalista propio: el País Vasco y Cataluña, en especial. El escritor británico Gerald Brenan (1894-1987), que vivió la mayor parte de su vida en España, señaló en una ocasión que un español «se caracteriza en primer lugar por su vinculación a su ciudad natal o, dentro de ella, a su familia o grupo social, y solo en segundo lugar a su patria y al Estado». La Constitución de 1978 trató de desactivar el antagonismo reinante en los, desde el punto de vista político, intensos años del inmediato posfranquismo, creando un sistema de 17 «comunidades autónomas» que convertía a España en un Estado cuasifederal.

Una parte significativa de la presión que exigía acometer un cambio durante la Transición vino del País Vasco (formado administrativamente por las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava) y de Cataluña. Durante la Segunda República, ambas regiones gozaron de un autogobierno que el general Franco suprimió al ganar la Guerra Civil en 1939. Franco creó entonces uno de los aparatos estatales más rígidamente centralizados de toda Europa. Galicia también aprobó en referéndum un estatuto de autonomía propio, pero este nunca llegó a implementarse debido al estallido de la contienda.

Adolfo Suárez, presidente del Gobierno entre 1976 y 1981, puso en marcha el proceso descentralizador en 1977, cuando invitó a Josep Tarradellas, presidente del Gobierno autónomo catalán en el exilio, a regresar a España para asumir la presidencia de una Generalitat restablecida. Tarradellas, que había sido consejero de la Generalitat durante la Guerra Civil, prometió a cambio aceptar tanto la monarquía como la unidad de España.

La Constitución de 1978 reconoció la existencia de diferentes «nacionalidades» y «regiones», pero prefirió no enumerar las unas ni las otras por no herir susceptibilidades. A partir de entonces, entre 1979 y 1983 se traspasaron progresivamente competencias en grados diversos a las comunidades que se iban formando y a los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla, aunque manteniendo en todo momento «la indisoluble unidad de la nación española», por expresarlo en el propio lenguaje constitucional. El Gobierno central conservó las competencias en política exterior, comercio, defensa y política macroeconómica, mientras que las comunidades fueron recibiendo progresivamente poderes en materias como educación, vivienda, sanidad y justicia. Este indiscriminado proceso de descentralización se conoció como la política del «café para todos» y condujo a la creación de unas Administraciones autonómicas infladas, con unas 5.000 compañías y corporaciones de titularidad autonómica o municipal (desde canales de televisión hasta empresas de recogida de basuras o fundaciones), lo que provocó una importante subida del déficit presupuestario y la deuda pública del conjunto de España. El modelo fiscal para las autonomías estuvo viciado desde el principio: la recaudación tributaria está esencialmente en manos de la Administración central, pero el gasto de esos fondos corresponde mayoritariamente a los 17 Gobiernos autonómicos.

El País Vasco, donde la banda terrorista ETA continuó luchando por la independencia, no estuvo directamente representado entre los siete «ponentes» encargados de redactar el borrador de la Constitución de 1978, ya que todas las regiones tuvieron como representante a un nacionalista catalán. Las enmiendas que el Partido Nacionalista Vasco (de centro-derecha) planteó al texto constitucional fueron rechazadas. Entre otras cosas, el PNV quería que se reconocieran en él los derechos «forales» (históricos) del País Vasco. El hecho de que no fuera así llevó a que el partido se retirara de la Comisión Constitucional encargada de revisar el proyecto de constitución en el Congreso y a que el índice de abstención en el referéndum de diciembre de 1978 fuera superior en el País Vasco (un 46 %) que en el conjunto de España (un 33 %). La suma de los votos negativos y las abstenciones en Euskadi ascendió ese día al 57 % del electorado. Hasta la fecha, ni el PNV ni (menos aún) el resto de partidos nacionalistas vascos más radicales han abrazado la Constitución tal como fue aprobada en su día. Los motivos invocados para ese rechazo están centrados en el hecho de que en la Carta Magna no se reconoce el derecho a la autodeterminación de los territorios ni tampoco explícitamente a Euskadi como nación, y se atribuye a las fuerzas armadas el papel de garantes de la integridad territorial de España.

En julio de 1979, Adolfo Suárez, el entonces presidente del Gobierno, llegó a un acuerdo con el PNV para implantar un sistema de autogobierno para las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, que se constituyeron en la comunidad autónoma del País Vasco (o Euskadi, en euskera). Suárez transfirió a los vascos un mayor grado de autogobierno del que les había sido reconocido en el estatuto de 1936 y superior al de cualquier otra región española. Los vascos obtuvieron así una elevada autonomía fiscal, su hacienda foral se encarga de recaudar la mayoría de los impuestos en su territorio y solo tiene que transferir una cantidad preacordada de lo recaudado (un «cupo») a la Administración central cada año. También les fue reconocida su propia fuerza policial autonómica. Suárez esperaba pacificar así la región. Los vascos aprobaron aquel acuerdo en referéndum en octubre de 1979. Un estatus similar fue pactado para la región vecina de Navarra. ETA, sin embargo, no dejó de matar hasta octubre de 2011, cuando declaró un alto el fuego «definitivo» (véase «¿Por qué ETA prosiguió con su campaña de violencia por un Estado vasco independiente?», más adelante).

¿ QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE LAS DIVERSAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS?

Las 17 comunidades autónomas varían considerablemente en cuanto a tamaño, estructura económica y nivel de riqueza. Andalucía, con una población de 8,5 millones de habitantes (más de una quinta parte del total de España) es la mayor y, junto con Extremadura, la más pobre en renta per cápita. Los índices de desempleo en esas dos comunidades superaban el 20 % en 2019, cuando la media para toda España era de 14 %. Las regiones septentrionales registran tasas de paro más bajas que las meridionales, lo que no hace más que acentuar la división norte-sur característica en España.

La actividad económica predominante en Andalucía es el turismo, en el que destaca su Costa del Sol, mientras que en Extremadura es la agricultura. Madrid es la sede de numerosas grandes empresas españolas y de delegaciones de compañías extranjeras, mientras que Cataluña es un puntal económico y concentra una cuarta parte de las exportaciones españolas (el tamaño de su economía es como el de todo Portugal); La Rioja es famosa por sus vinos; Galicia, por su lluvia; y las islas Canarias están mucho más próximas a África que a la Europa continental.

En España, abundan los estereotipos regionales: los madrileños tienen fama de «chulos»; los andaluces, de juerguistas; los catalanes, de tacaños; y los gallegos, de ser tan enigmáticos que, si alguien se encuentra con uno en una escalera, «nunca se sabe si la está subiendo o la está bajando», según una gracia popular. El País Vasco, Cataluña y Galicia tienen idiomas propios, como también los tienen Navarra (vasco), la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares (catalán), Aragón (aragonés y catalán), y Asturias y Castilla y León (asturleonés).

Los españoles de las comunidades del norte, más ricas por lo general, tienden a mirar por encima del hombro a sus compatriotas del sur, a quienes tienen por perezosos y demasiado dependientes de las ayudas y subvenciones que les llegan a través del llamado sistema de solidaridad entre comunidades autónomas, que trata de paliar las disparidades regionales de renta. Esto es muy especialmente así en Cataluña, donde molesta el volumen de recaudación fiscal que los catalanes deben transferir a la Administración central para su posterior redistribución entre otras regiones, más pobres. Tras unas elecciones anticipadas en dicha comunidad autónoma, en noviembre de 2012, los partidos favorables a la celebración de un referéndum de independencia (una opción que el Gobierno central siempre ha rechazado por ilegal) se hicieron con la mayoría absoluta de los escaños del Parlamento autonómico y se dio inicio al denominado procés, dirigido a la creación de un Estado catalán independiente. (Véase «¿Por qué (y cómo) intentó Cataluña separarse de España?», en el capítulo 7).

El nacionalismo ha ido en aumento, y no solo en Cataluña. Los 12 partidos nacionalistas subestatales (es decir, aquellos que solo presentaron candidatos en circunscripciones propias de sus regiones) captaron el 12,3 % de los votos en las elecciones generales de noviembre de 2011, lo que se tradujo en un total de 43 de los 350 escaños del Congreso, cuando, en las elecciones de 2008, los 10 partidos nacionalistas entonces presentes solo consiguieron el 8,6 % de los votos y 27 diputados. Las cifras respectivas en las elecciones de noviembre de 2019 fueron 11,2 % y 42. Ahí está el ejemplo de Teruel Existe, una plataforma de electores fundada para llamar la atención sobre una provincia largo tiempo abandonada y olvidada por el poder central (su capital es la única sin conexión directa de tren con Madrid de todo el territorio nacional), que ha logrado entrar por vez primera en el Congreso en noviembre de 2019, y cuyo único diputado ha tenido un papel clave para que el PSOE pudiera procurarse la ajustadísima mayoría que le ha permitido formar Gobierno. «La agrupación de electores surgida de aquella reivindicación primitiva de los turolenses ha decidido el Gobierno de un país que siempre ninguneó y marginó a su provincia», escribió Julio Llamazares en El País.

¿ POR QUÉ ETA PROSIGUIÓ CON SU CAMPAÑA DE VIOLENCIA POR UN ESTADO VASCO INDEPENDIENTE?

El Estatuto de autonomía del País Vasco de octubre de 1979, aprobado en referéndum, y la formación de un Gobierno nacionalista en dicha comunidad autónoma en 1980 no impidieron que ETA continuara matando por el objetivo de conseguir un Estado vasco independiente. La organización terrorista asesinó a 92 personas en 1980, su año más sangriento (compárese esa cifra con los 70 asesinatos cometidos por la banda entre 1968 y 1977). Los dos grandes partidos nacionalistas vascos (el PNV y Herri Batasuna, brazo político de ETA) sumaron una mayoría absoluta de los escaños del Parlamento de Euskadi en las elecciones de 1980. Pero para los pistoleros de ETA la democracia en España no era más que un lavado de cara que no modificaba la verdadera naturaleza del Estado español, que, según ellos, seguía siendo autoritaria. La banda consideraba que el Estado era una fuerza de ocupación en tierras vascas. Entre sus víctimas se contaban no solo representantes de ese Estado, sino también empresarios y políticos. La causa de ETA se vio facilitada por la extrema brutalidad de la Guardia Civil durante la dictadura, una brutalidad que, según Amnistía Internacional, poco cambió durante los primeros años de la democracia. Muchos vascos sin conexiones directas con el terrorismo que habían sido arrestados tras la muerte de Franco salían de prisión con señales de haber sido torturados. Algunos sospechosos de ETA, como fue el caso de Joseba Arregi en 1981, murieron cuando estaban bajo custodia policial. De hecho, la muerte de Arregi en dependencias de la Policía Nacional provocó una jornada de huelga general en el País Vasco.

La legitimidad que se arrogaba ETA se vio favorecida también por la «guerra sucia» que algunos miembros del Gobierno socialista de Felipe González libraron contra la banda y su entorno entre 1983 y 1987. La mencionada «guerra» estalló cuando una banda llamada GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) comenzó una campaña de asesinatos que acabarían con la vida de 27 personas, 10 de las cuales ni siquiera tenían conexión real (o aparente) con ETA (véase «¿Por qué se libró una «guerra sucia» contra la organización terrorista vasca ETA?», en el capítulo 4).

¿ POR QUÉ SE PRODUJO UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN 1981?

Para los franquistas recalcitrantes, la legalización del Partido Comunista, la creación de la «España de las autonomías», la creciente violencia de la banda ETA (que mató a más de 240 personas entre 1977 y 1981) y la crisis económica en aumento eran demasiadas ruedas de molino con las que comulgar. El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles comandados por un oficial de poblado bigote y tricornio reglamentario tomaron el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como futuro presidente del Gobierno en sustitución de Adolfo Suárez, mientras era retransmitida en directo por televisión para toda España. Suárez había dimitido de resultas de las inevitables divisiones internas en la Unión de Centro Democrático, una coalición de fuerzas demasiado dispares.

Durante la intentona golpista, el susodicho oficial —el teniente coronel Antonio Tejero— irrumpió en sede parlamentaria disparando tiros al aire, mientras que, en Valencia, el capitán general de aquella región militar, Jaime Milans del Bosch, declaraba el estado de emergencia y enviaba tanques a las calles de la ciudad. El general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa, se encaró con Tejero, un conocido conspirador contra la democracia, pero fue devuelto por este a su asiento de la bancada azul de muy malos modos. Al oír los disparos, todos los diputados se ocultaron bajo las mesas de sus escaños, salvo Suárez, Gutiérrez Mellado y el líder comunista, Santiago Carrillo, protagonistas clave todos ellos de la Transición. Unos cuantos guardias civiles acompañaron a Carrillo a una dependencia privada del propio Congreso y allí lo amenazaron con ejecutarlo. Javier Cercas analiza tan definitorio momento en su brillante libro Anatomía de un instante. Las imágenes del golpe sacudieron todos los televisores del país y, en cuestión de horas, las principales figuras de la oposición que no se habían quedado atrapadas en el Congreso optaron por ocultarse. Miles de españoles, temiéndose lo peor, subieron en sus coches y partieron en dirección a Francia o Portugal.

Tejero, que ya había estado implicado en la Operación Galaxia, nombre en clave que se dio a un anterior plan golpista de 1978 del que las autoridades tuvieron conocimiento a tiempo y por el que solo tuvo que cumplir siete meses de reclusión, creía que los golpistas contaban con el apoyo del rey Juan Carlos, pero lo cierto es que no lo tenían. Entre ellos se encontraba también el general Alfonso Armada, antiguo secretario general de la Casa del Rey. El golpe fracasó al día siguiente después de que el Rey, vestido con el uniforme de gala de capitán general de los Ejércitos, lo condenara en un discurso dirigido a la nación por televisión: «La Corona [...] no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum». Si el Rey no hubiera obrado de ese modo, posiblemente habría sido el fin de la monarquía y quién sabe si de la recién nacida democracia. Millones de personas en toda España celebraron el fracaso del golpe. Los orificios de las balas que aquel día se alojaron en el techo del hemiciclo parlamentario se han mantenido desde entonces como aleccionador recordatorio de lo peligrosamente cerca que anduvo España de retrotraerse varios años en el tiempo.

4
LA ERA SOCIALISTA
( 1982- 1996)

¿ POR QUÉ OBTUVIERON LOS SOCIALISTAS UNA VICTORIA ARROLLADORA EN LAS ELECCIONES DE 1982?

La Unión de Centro Democrático (UCD), más unida por la ambición de poder que por una ideología común, se desmoronó en los meses previos a las elecciones generales de octubre de 1982. Fue un proceso acelerado por las divisiones y por las deserciones de algunos de sus principales dirigentes, que se pasaron a otros partidos de la izquierda y, sobre todo, de la derecha. La UCD había cumplido su función como formación encargada de presidir la transición a la democracia y contener la polarización. Pero, precisamente por ello, en cuanto la democracia dio señales de que estaba bien asegurada, la UCD perdió su razón de ser y se disgregó en sus diversas partes constituyentes. Su desintegración puede interpretarse también como un síntoma de la consolidación y la madurez alcanzadas por el sistema político, pues difícilmente hubiera tenido lugar si entre la élite política y los ciudadanos hubiera cundido el temor a la polarización (que fue precisamente lo que había justificado la creación del partido en primera instancia).

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había ascendido ya por entonces a la primera línea de la política española bajo el carismático liderazgo de Felipe González. El suyo era un programa socialdemócrata moderado que atraía a la mayoría sociológica de centro-izquierda del electorado español y, en especial, a los votantes nacidos tras la Guerra Civil de 1936-1939. Además, no generaba antagonismo en las fuerzas armadas —que todavía se resentían del impacto causado por la intentona golpista de febrero de 1981—, salvo en un minoritario sector de oficiales más reaccionarios. Los socialistas supieron captar el estado de ánimo del país con su lema «Por el cambio» y conquistaron el 48,3 % de los votos en las elecciones, y doscientos dos de los 350 escaños del Congreso, lo que continúa siendo a día de hoy la más grande mayoría conseguida por ningún partido español en democracia (Segunda República incluida). La participación electoral de las elecciones de 1982, de un 80 %, tampoco ha sido superada desde entonces. La segunda vencedora de aquella jornada fue la derechista Alianza Popular (AP), que, coaligada con el Partido Demócrata Popular (PDP) y liderada por Manuel Fraga, se alzó con un 26,5 % de los votos y ciento siete diputados. También obtuvo extraordinarios resultados la coalición nacionalista catalana de centro-derecha Convergència i Unió (CiU), con un 3,7 % de los votos totales en el conjunto de España (más del 22 % en Cataluña). La UCD se hundió y solo recibió un 6,8 % de los votos y once escaños. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) se hizo con el 1,9 % del voto total en España (más del 31 % en Euskadi) y ocho escaños. Y, por último, el PCE tuvo el 4 % de los votos y cuatro diputados. La adopción de la provincia como circunscripción electoral hace que, en las elecciones al Congreso de los Diputados en España, los efectos proporcionales de la ley D’Hondt queden distorsionados y se favorezca la concentración regional del voto. De ahí que CiU consiguiera más escaños que la UCD pese a haber obtenido un porcentaje menor de votos en el conjunto del país.

Aquellas elecciones marcaron un punto de inflexión. Según se cuenta, el rey Juan Carlos había dicho en alguna ocasión que la democracia no estaría asegurada hasta que los socialistas, un partido de tradición republicana, accedieran al poder. Y lo cierto es que en él se mantuvieron, con González como presidente del Gobierno, hasta 1996. Los comicios marcaron el inicio de un sistema político esencialmente bipartidista, dominado por el PSOE y AP (posteriormente PP, Partido Popular: véase «¿Cómo logró la derecha reinventarse y regresar al poder en 1996 con el Partido Popular?», en el capítulo 5), un bipartidismo que solo en fecha reciente ha empezado a flaquear.

¿ QUIÉN ES FELIPE GONZÁLEZ?

Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, nació en Sevilla en 1942, en plena década de represión tras la victoria de las fuerzas del general Franco en la Guerra Civil de 1936-1939. Hijo de un ganadero, González estudió en un colegio de los Padres Claretianos y fue luego a la universidad, donde se licenció en derecho. Durante sus años de estudiante universitario, se implicó en grupos políticos católicos bajo la tutela de Manuel Giménez Fernández, un profesor democristiano que había sido ministro con la CEDA en 1934, durante la Segunda República. En 1965, la Iglesia católica alemana concedió a González una beca para estudiar economía en la Universidad Católica de Lovaina (en Bélgica), donde fue testigo de primera mano de las duras condiciones de vida de los emigrantes españoles en aquel país.

Inició su carrera profesional como abogado laboralista en Sevilla y tuvo un papel muy dinámico en la reactivación del Partido Socialista Obrero Español en la clandestinidad, donde se le conocía por el alias de «Isidoro». Adquirió protagonismo en el congreso del PSOE en Toulouse (Francia) de agosto de 1972, en el que también destacaron otros jóvenes militantes del partido en España, como Alfonso Guerra, que comenzaron a cuestionar el liderazgo de los dirigentes veteranos del partido en el exilio, como Rodolfo Llopis (1895-1983), al entender que habían perdido el contacto con los cambios acaecidos en España durante todo ese tiempo. Dos años más tarde, en octubre, González arrebató a Llopis el control del partido en el congreso celebrado en Suresnes, en las cercanías de París, y fue elegido su nuevo secretario general.

González adoptó una actitud pragmática ante la Transición ya desde las primeras etapas de esta, pues se dio cuenta de que una «ruptura democrática» abrupta con la dictadura era algo imposible y de que a la democracia solo se podría llegar mediante negociaciones con el Gobierno del régimen. Willy Brandt, el entonces canciller socialdemócrata de la Alemania Occidental, fue un influyente mentor político de González. Brandt había cubierto la Guerra Civil como periodista. La victoria del PSOE en las elecciones municipales españolas de abril de 1979, las primeras verdaderamente democráticas a nivel local desde la Segunda República, convenció a González de que, si el partido se despojaba de su tradicional bagaje ideológico marxista y ocupaba el espacio socialdemócrata, también estaría en disposición de ganar las elecciones generales. La etiqueta de «marxistas» daba a los enemigos derechistas del PSOE una munición muy potente para atacarlo y para asustar a votantes potenciales.

En una atrevida maniobra, González dimitió como secretario general del PSOE en el congreso que el partido celebró en mayo de 1979, después de que el comité encargado de la definición ideológica de la formación se reafirmara en su carácter marxista. González dedicó aquel verano a visitar toda España para explicar su postura a los militantes de base del partido y, finalmente, volvió a asumir la secretaría general en septiembre, en un congreso extraordinario de los socialistas, cuando sus oponentes de mayo fueron derrotados de forma aplastante en una nueva votación. Contó para ello con la inestimable ayuda de Guerra, estrecho colaborador suyo desde los tiempos de ambos en la Universidad en Sevilla. Guerra ejerció a partir de entonces un control férreo sobre el aparato del partido y se convirtió en el vicepresidente del Gobierno surgido tras la victoria socialista en las elecciones de 1982. La edad media de los ministros del primer Gobierno del PSOE apenas superaba los cuarenta años y muchos de ellos habían cursado parte de sus estudios en el extranjero. González ganó cuatro elecciones generales seguidas, pero terminó retirándose de la política activa tras perder las de 1996.

¿ CÓMO LOGRARON LOS SOCIALISTAS CONTROLAR LA DESESPERADA SITUACIÓN ECONÓMICA DE AQUEL ENTONCES?

A finales de 1982, los socialistas heredaron una economía que llevaba tres años sin apenas crecer y arrojaba unas tasas de desempleo muy elevadas (15,6 %) e inflación. Era una economía muy dependiente del petróleo importado; buena parte de su industria y de su banca eran poco competitivas; la agricultura era ineficiente, y la legislación laboral, diseñada por el régimen franquista para proteger el empleo a cambio de obediencia política, era rígida y obstaculizaba la creación de nuevos puestos de trabajo. Los socialistas habían prometido durante la campaña electoral que crearían ochocientos mil nuevos empleos durante su primera legislatura de cuatro años, pero pronto se dieron cuenta de que aquellas previsiones no eran realistas. De hecho, esa fue, más o menos, la cifra de puestos de trabajo perdidos desde que accedieron al poder hasta el momento en que se celebraron las elecciones generales siguientes, en junio de 1986.

El PSOE había aprendido la lección de la ruinosa experiencia francesa de aquellos años. Felipe González, al acceder a la Presidencia del Gobierno, optó por no seguir el ejemplo de François Mitterrand, el presidente francés (1981-1995), quien, tras acceder al cargo, nacionalizó empresas y bancos, elevó el salario mínimo, acortó la semana laboral, creó doscientos cincuenta mil nuevos empleos en la Administración pública e implantó un impuesto «solidario» para las grandes fortunas. Aquellas políticas, lejos de resolver los desequilibrios macroeconómicos de Francia, los agravaron, por lo que Mitterrand tuvo que virar hacia unas políticas más ortodoxas que restituyeran algo la salud de la economía. En el programa de los socialistas españoles solo se prometió la nacionalización de una empresa, y esa era Red Eléctrica de España, operadora del sistema de distribución de la electricidad en todo el país. Sin embargo, su primera gran medida en ese sentido fue la expropiación, en febrero de 1983, de Rumasa, el mayor conglomerado privado de empresas español, con compañías de banca, construcción, bebidas, hoteles, seguros y propiedades inmobiliarias (rurales y urbanas). La expropiación se justificó alegando que Rumasa estaba al borde de la quiebra y que el Gobierno estaba obligado a proteger el sistema bancario y los aproximadamente sesenta mil empleos que estaban en juego.

La crisis industrial de finales de los años setenta había impactado con fuerza en el sector financiero español; cincuenta y ocho de los ciento diez bancos con sede en el país entre 1977 y 1985 sufrieron problemas serios de algún tipo. Posteriormente las empresas de Rumasa fueron reprivatizadas, al igual que lo serían (en la segunda mitad de la década de los ochenta) varias compañías del Instituto Nacional de Industria, entre las que destacaron los casos de Seat, la fabricante automovilística que reiteradamente arrojaba pérdidas y que fue vendida a la alemana Volkswagen, y la fabricante de camiones Enasa, que se vendió a Iveco, una división de la italiana Fiat, a fin de garantizar su supervivencia. Cuando los socialistas accedieron al poder, el INI, fundado en 1941 para ser la gran fuerza impulsora de la política de autarquía económica diseñada por el régimen de Franco, contaba con doscientos diecisiete mil empleados (un 7 % de la mano de obra industrial española) y concentraba toda la producción nacional de aparatos aéreos y del aluminio, un 80 % de la naval, un 50 % de la de carbón, un 40 % de la de fertilizantes y un tercio de la del acero y la electricidad. Se procedió entonces a «reconvertir» las infladas e ineficientes industrias pesadas españolas, concentradas sobre todo en el norte del país, para reducir considerablemente su tamaño. Las grandes empresas públicas que sí eran rentables y se consideraban estratégicas —en especial, Telefónica (en telecomunicaciones), Repsol (en petróleo y gas) y Endesa (en electricidad)— solo se privatizaron parcialmente entre 1988 y 1995, mediante salidas a Bolsa, con el objetivo de prepararlas para una mayor competencia.

Se devaluó la peseta un 8 %, se endureció la política monetaria, y el sindicato hermano del PSOE, la Unión General de Trabajadores y el sindicato comunista Comisiones Obreras, comulgaron con la necesidad de una mayor contención salarial. La política económica fue encomendada a Miguel Boyer, un economista que había trabajado en el Banco de España. Las renqueantes industrias públicas del acero y la construcción naval fueron reducidas y racionalizadas, recurriendo para ello a ayudas públicas, y por entonces también comenzaron a desmantelarse los monopolios estatales del petróleo (y sus derivados), el tabaco y el cereal.

En el ámbito del mercado laboral, el Gobierno introdujo los contratos temporales, aunque sin alterar prácticamente nada de la paternalista legislación protectora de los llamados contratos indefinidos, heredada del franquismo. La nueva modalidad contractual, que preveía un periodo mínimo de seis meses y podía renovarse hasta por un total de tres años seguidos, fue aprovechada por los empresarios como una vía para soslayar las rigideces del Estatuto de los Trabajadores. La patronal calculaba por aquel entonces que, de media, a una empresa le costaba casi el doble despedir a un trabajador con contrato fijo en España que en el resto de Europa. La proporción de trabajadores con esos contratos temporales precarios sobre el total de la población ocupada se disparó desde representar menos del 10 % antes de 1984 hasta ser ya el 33 % en 2007, en el momento álgido del boom económico de esa década (un porcentaje que se ha reducido —poco— en años posteriores hasta registros del 25 % [en 2019]), lo que dio pie a que se creara un mercado de trabajo dual dividido entre empleo estable (el de los llamados insiders del mercado laboral, protegidos por un contrato indefinido) y precario (el de los outsiders, empleados con contratos temporales). Esa disfuncionalidad del mercado laboral continúa siendo uno de los factores que explican la persistencia de un elevado nivel de paro en España.

La situación dio un vuelco a partir de 1985, cuando la inflación cayó por debajo del 10 % anual por primera vez en una década y el auge de las exportaciones y de la inversión extranjera directa en España contribuyó a que la balanza de pagos por cuenta corriente volviera a arrojar superávit. Aquello sentó las bases para que diera comienzo un nuevo periodo sostenido de crecimiento económico elevado, similar al de los años sesenta. La economía creció a una media anual del 4,5 % en términos reales entre 1986 y 1990, muy por encima del 3,3 % combinado de los quince países que entonces componían la Comunidad Europea, y el índice de desempleo se redujo del 20 al 16 % durante esos mismos años. Carlos Solchaga, el ministro de Economía y Hacienda, llegó a presumir en 1988 de que España era el país donde más rápidamente podía enriquecerse una persona.

Sin embargo, durante ese tiempo, las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos se deterioraron, especialmente con la UGT. Nicolás Redondo, secretario general de dicho sindicato y figura importante del PSOE (de hecho, había desaprovechado la oportunidad de haber salido del congreso de Suresnes convertido en líder del partido en 1974), dimitió de su escaño en el Congreso en octubre de 1987 en señal de protesta por el carácter restrictivo de los Presupuestos Generales del Estado para 1988. Los sindicatos, particularmente irritados por la reforma del sistema público de pensiones y por los nuevos contratos de trabajo para los jóvenes, que preveían menores indemnizaciones por despido, querían que el Gobierno iniciara un «giro social» hacia la izquierda que supusiera una mejor redistribución de la riqueza que se estaba generando en aquellos momentos y un mayor desarrollo del Estado del bienestar español. Así que organizaron una huelga general en diciembre de 1988. Acusado por Redondo de favorecer a los ricos, González replicó: «Mi problema no es que haya ricos; es que hay pobres».

Pese a la plena libertad existente para afiliarse a ellos, el número de miembros de los sindicatos españoles cayó durante la década de los ochenta: de representar el 21 % de los asalariados, los trabajadores sindicados pasaron a ser solo el 13 % de los empleados por cuenta ajena, un nivel muy por debajo de la media del 28 % del conjunto de los países de la OCDE. Esto se debió a los cambios acaecidos en la economía y, en especial, al aumento de la importancia del sector servicios, donde los sindicatos tienden a ser estructuralmente más débiles.

¿ POR QUÉ (Y CÓMO) SE PROCEDIÓ A LA REFORMA DE LAS FUERZAS ARMADAS?

La intentona golpista del 23 de febrero de 1981 (el conocido como 23-F) que tan cerca estuvo de conseguir que España diera marcha atrás en su avance hacia la democracia, puso particularmente de relieve la urgente necesidad de una reforma militar. Mientras que otras instituciones (y, en particular, las Cortes) se habían democratizado y el país se regía por una Constitución liberal desde 1978, la mentalidad de buena parte de la plana mayor de los Ejércitos españoles poco había cambiado. Alberto Oliart, ministro de Defensa en el último Gobierno de la UCD que se había formado justo después del golpe fallido del 23-F, llegó a resumir así ese modo de pensar de muchos altos oficiales: «Los militares tenían de política solo dos ideas elementales: una, el comunismo era el enemigo número uno; dos, España era diferente a los demás países y era imposible implantar la democracia».

Como pilar principal del régimen que habían sido, en las fuerzas armadas existía un elevado número de generales cuya única lealtad era para con el franquismo. Cuando, en junio de 1977, se creó un Ministerio de Defensa único a partir de la fusión de los del Ejército, la Marina y el Aire, y más aún, cuando, a partir de 1979, esa cartera pasó a ser desempeñada por autoridades civiles, el periódico El Alcázar, órgano oficioso de la ultraderecha (y cuya cabecera homenajeaba a la famosa fortaleza sitiada durante la Guerra Civil), sentenció que el nuevo ministerio ya «no representa[ba] a las fuerzas armadas». De los ciento catorce ministros que habían servido en Gobiernos de Franco entre 1939 y 1975, cuarenta eran militares. En 1980, cinco años después de la muerte del dictador, el Ejército aún contaba en sus filas con una cifra desproporcionada de generales: nada menos que 565. La mayoría tenían más de setenta y tres años de edad, lo que significaba que habían estado en la treintena cuando lucharon en el bando de Franco durante la Guerra Civil. Todos los miembros que integraban el Consejo Superior del Ejército de Tierra en el momento del fallecimiento de Franco habían combatido en la guerra. Los militares tenían también sus propios tribunales separados, que se usaban entonces para juzgar muy diversos delitos políticos.

En niveles más bajos del escalafón, varios oficiales jóvenes que habían accedido a la oficialidad después de 1960 y no estaban tan adoctrinados se integraron en la clandestina Unión Militar Democrática (UMD), formada durante los años finales de la dictadura. Nueve miembros de la UMD fueron arrestados en julio de 1975 y condenados a sentencias de hasta ocho años de prisión. Curiosamente, uno de ellos había nacido en el interior del Alcázar de Toledo durante el prolongado asedio al que fue sometido por fuerzas republicanas en 1936, durante la Guerra Civil. (Tras la victoria de Franco, los militares transformaron una de las estancias de dicha fortaleza —que actualmente alberga el Museo del Ejército— en una especie de santuario, con el teléfono y diversos retratos del coronel José Moscardó, gobernador militar de Toledo en el momento de la sublevación, y de su joven hijo Luis, a quien soldados republicanos habían hecho prisionero en otro lugar de España. Todo aquello venía a cuento de que Moscardó padre, que resistió setenta días en el Alcázar hasta la llegada de las fuerzas franquistas, recibió una llamada en su teléfono para amenazarle de que su hijo sería ajusticiado si él no rendía la fortaleza. Él pidió entonces hablar con su hijo y, en un momento de la conversación, le dijo: «Pues si es cierto [eso de que te fusilarán si no me rindo], encomienda tu alma a Dios, grita “¡Viva Cristo Rey!” y “¡Viva España!”, y muere como un patriota»).

Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno que asumió el poder en diciembre de 1982, explicó que la postura del Ejecutivo socialista ante los militares estaba «fundamentada en la lealtad, pero siempre sobre la firme base del respeto a la autoridad del Gobierno». Los socialistas hicieron manifiesta esa autoridad nombrando a Narcís Serra —un político catalán que había sido alcalde de Barcelona hasta ese momento— ministro de Defensa. Serra, quien de joven se había librado de cumplir el servicio militar obligatorio, estuvo en el cargo nueve años, que dedicó a modernizar las fuerzas armadas y a hacer efectiva la transición de la función principal de las mismas desde el ámbito de la seguridad interior del país al de la defensa nacional. No hubo purgas de militares ni policías franquistas recalcitrantes para no romper con el espíritu de la Transición democrática, contrario a la venganza. (Cuando González visitó Sevilla por primera vez como nuevo presidente del Gobierno, fue recibido en el aeropuerto por el mismo policía que lo había arrestado en 1974 después de que hubiera sido elegido secretario general del PSOE en el congreso que el partido acababa de celebrar en Francia).

En 1984, la reforma de la Ley de la Defensa Nacional otorgó al presidente del Gobierno un mayor grado de autoridad sobre las fuerzas armadas gracias, entre otras cosas, a la creación de una Junta de Defensa Nacional y también de una reformada Junta de Jefes de Estado Mayor, que pasó a ser un órgano consultivo y no de mando. Asimismo, en 1985 entró en vigor un nuevo Código Penal Militar con una jurisdicción limitada exclusivamente a los delitos castrenses. Ambas reformas pusieron fin a más de cien años de autonomía militar con respecto al Gobierno nacional y significaron la subordinación efectiva de las fuerzas armadas al poder civil. El tamaño de las propias fuerzas armadas se redujo bastante durante esos años, pues pasó de ser de más de trescientos mil efectivos a la muerte de Franco (de ellos, doscientos diecisiete mil reclutas) a doscientos diecisiete mil (ciento cincuenta y ocho mil reclutas) en 1991. También se había acortado para entonces el periodo de servicio militar obligatorio: ya no era de un año, sino de nueve meses. La «mili» quedaría abolida definitivamente en 2001. La reducción del tamaño de los Ejércitos sirvió asimismo para disminuir el porcentaje de presupuesto militar dedicado a personal (que era de dos tercios a mediados de los años setenta, mucho más que en otros países europeos occidentales) y para liberar dinero con el fin de invertirlo en mejorar equipos y material.

¿ POR QUÉ LOS SOCIALISTAS SE OPONÍAN AL INGRESO EN LA OTAN Y LUEGO CAMBIARON RADICALMENTE DE OPINIÓN?

Los socialistas congelaron la participación de España en la OTAN después de que el país hubiera ingresado en la Alianza Atlántica por decisión del último Gobierno de la UCD en 1981 aprobada en Cortes, aunque con el voto contrario de la oposición socialista y comunista. El nuevo Gobierno del PSOE insistió en cumplir con su promesa de campaña de someter antes la cuestión a referéndum popular. La decisión irritó a otros miembros de la OTAN y, en especial, a Estados Unidos, que temía que una potencial retirada de España sentara un precedente para otros países —Grecia, por ejemplo— cuya permanencia en la Alianza se consideraba poco segura.

A diferencia de lo que ocurría con el ingreso en la Comunidad Europea, en España no existía un consenso amplio sobre la entrada en la OTAN. Se trataba de un asunto especialmente espinoso para la izquierda, que entendía que ese ingreso no hacía más que exacerbar el clima de la Guerra Fría. El apoyo de Washington al régimen de Franco, materializado en el acuerdo sobre las bases estadounidenses de 1953 (véase «¿Por qué fue importante el acuerdo de 1953 con Estados Unidos para la instalación de bases militares?», en el capítulo 2), había promovido entre muchos demócratas españoles una sensación de traición estadounidense y una fuerte corriente de sentimiento antiamericano a propósito de la política exterior de Estados Unidos. No ayudó que, casi treinta años después, cuando el Congreso de los Diputados fue tomado por los golpistas del 23-F, en vez de alinearse claramente en apoyo del amenazado Gobierno democrático español, el secretario de Estado estadounidense de entonces, Alexander Haig (un exgeneral), se desentendiera públicamente de la situación por considerarla «una cuestión interna de España». Aquel comentario confirmó para muchos izquierdistas españoles la idea de que Washington valoraba bien poco la suerte que pudiera correr la democracia española y todavía añoraba la amigable relación que había mantenido con el régimen franquista. La izquierda también estaba muy descontenta con el burdo intervencionismo estadounidense en América Central durante los primeros años ochenta, a raíz del derrocamiento sandinista de la dictadura (respaldada por Washington) de Anastasio Somoza en Nicaragua y el posterior apoyo encubierto del Gobierno estadounidense a la llamada Contra: los contrarrevolucionarios nicaragüenses.

Sin embargo, González se dio cuenta en esos años de que la pertenencia a la OTAN era un elemento inherente a la integración del país en la Europa occidental y que ayudaría a poner fin al aislamiento de España. También consideró que contribuiría a la modernización y la despolitización de las fuerzas armadas. Así que, inmediatamente después del ingreso de España en la CEE, el presidente decidió convocar un referéndum sobre la permanencia en la OTAN para el mes de marzo y, dando un osadísimo giro a la que había sido su postura política hasta entonces, hizo campaña por el voto del «sí». Concretamente, el eslogan de los socialistas para aquel referéndum fue «En interés de España, vota sí» y, de hecho, consiguieron ganarlo, pues un 53 % de los votos fueron afirmativos, frente a un 40,3 % de negativos. Sin embargo, la abstención fue elevada y se situó en el 40 %. Pese a haber apoyado desde el principio el ingreso y la permanencia de España en la OTAN, la conservadora Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, recomendó a sus votantes que se abstuvieran. Con aquella jugada oportunista, Fraga lo apostaba todo a que González perdiera el referéndum, tuviera que convocar elecciones y AP las ganara.

Los socialistas matizaron su «sí» a la OTAN con tres condiciones: que España no se integraría en la estructura de mando militar de la Alianza; que se mantendría la prohibición de entrada o almacenamiento de armas nucleares en suelo español y, sobre todo, que se produciría una disminución progresiva de la presencia militar estadounidense en el país. Para el PSOE, el único modo de dejar atrás el origen franquista del acuerdo de 1953 con Estados Unidos sobre bases militares sería reduciendo la presencia estadounidense en España, más incluso que ingresando en la OTAN. Francisco Fernández Ordóñez, el entonces ministro de Exteriores, dejó clara esa postura cuando le comentó al secretario de Estado norteamericano, George Shultz, que «lo que queremos es una relación equilibrada, no una subordinación».

Esto se logró gracias a un nuevo acuerdo sobre las bases militares firmado en 1988, el cual redujo la presencia estadounidense en aproximadamente un 40 % (cuatro mil quinientos miembros de personal militar y quinientos de personal civil) y supuso la retirada de los setenta y dos cazabombarderos F-16 estacionados hasta entonces en Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid. Pese a las mencionadas limitaciones a la integración de España en la OTAN, finalmente se desarrolló una fórmula que ha permitido que el país contribuya a la seguridad occidental a través de un conjunto de acuerdos de coordinación. Así, a diferencia de lo que ocurrió con Francia, que también optó por mantenerse al margen de la estructura militar integrada de la Alianza, España ha participado en el Comité de Planificación de la Defensa, el Comité Militar y el Grupo de Planificación Nuclear (GPN), y ha formado parte del proceso de planificación defensiva de la OTAN. Durante la guerra del Golfo de 1990-1991, el Gobierno socialista concedió a las fuerzas estadounidenses en tránsito hacia la zona de combate pleno e ilimitado acceso y uso de sus instalaciones militares en España, e incluso envió unidades navales españolas a la región dentro del marco de la Unión Europea Occidental, en la que España había ingresado ese mismo año para participar en el embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU. El conservador Partido Popular, que desalojó a los socialistas del poder en 1996, tomaría en su momento la medida de integrar a España en la estructura de mando militar de la OTAN en 1999. Para entonces, Javier Solana, antiguo ministro de Exteriores con los socialistas, llevaba ya cuatro años ejerciendo el cargo de secretario general de la Alianza Atlántica. Curiosamente, Solana había sido autor en sus años de juventud de un panfleto anti-OTAN.

¿ QUÉ IMPACTO TUVO EL INGRESO EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA?

El régimen franquista había solicitado el ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1962, pero era imposible que España fuera aceptada como Estado miembro hasta que no se convirtiera en una democracia. La solicitud fue acogida con frialdad por la Comisión Europea de entonces, que se limitó a enviar un acuse de recibo de la carta en cuestión. El régimen lo intentó de nuevo en 1964, cuando la Comisión recibió autorización para examinar asuntos económicos de interés mutuo con España. De ahí nacería el Acuerdo Económico Preferencial entre España y la Comunidad que se firmó en 1970.

Tras el final de la dictadura en 1975 y encaminado ya el país por la senda de la democracia, se abrió por fin la puerta a su ingreso como miembro de pleno derecho en la Comunidad. Todos los partidos políticos —con la única excepción de la extrema derecha— estaban a favor de la entrada en la CEE (la que se conocería como Unión Europea a partir de 1993), pues entendían que significaba la salida definitiva de España del frío ostracismo anterior y su aceptación plena por la comunidad de los Estados democráticos europeos. España fue admitida como miembro del Consejo de Europa en noviembre de 1977, dos años después de la muerte de Franco, a modo de antesala de una posterior admisión en la CEE. Las negociaciones para el acceso a esta última se iniciaron en febrero de 1979 y fueron complejas y prolongadas. El nivel de desarrollo económico español era significativamente más bajo que el de los otros diez Estados miembros (a excepción de Grecia) y su sector industrial estaba necesitado de una profunda reforma estructural. Existían también dificultades relacionadas con la flota pesquera española. Pero era en el área de la agricultura donde las consecuencias potenciales del ingreso de España causaban una mayor preocupación, especialmente en Francia, que veía en su vecino del sur una amenaza para la viabilidad económica de sus propios agricultores y ganaderos. Tomado en su conjunto, el sector agrario español era ciertamente ineficiente (representaba un 20 % de la población ocupada, pero producía únicamente el 6 % del PIB), aunque contaba con exportadores competitivos de frutas y hortalizas.

El acuerdo de adhesión a las Comunidades Europeas, que entró en vigor en enero de 1986, fijó un periodo de transición de siete años para aspectos como la eliminación de aranceles aduaneros e industriales a bienes procedentes de países de la CEE, o de los impuestos y de la mayoría de cuotas a las importaciones españolas. Se cerraron también acuerdos a más largo plazo para la inclusión del sector agrario español en la Política Agrícola Común (PAC). La integración de España en el Sistema Monetario Europeo (SME) se dejó para cuando el Gobierno de Madrid considerara que la economía del país estaba completamente preparada para ello.

El impacto de la entrada en el club de Estados comunitarios se hizo evidente de forma casi inmediata. En 1986, el porcentaje de exportaciones totales que tuvieron como destino a otros países de la CEE fue del 60 %, frente a un 53 % en 1985; simultáneamente, la cuota de importaciones españolas procedentes del resto de la CEE se incrementó desde el 36 hasta el 48 %. Alemania Occidental relevó a Estados Unidos como principal proveedor español. La economía se volvió mucho más abierta: las exportaciones e importaciones de bienes representaban ya el 61 % del PIB español en 1995, en comparación con el 27 % en 1975 y con el 36 % en 1985. La inversión extranjera directa en España aumentó espectacularmente, pues muchas empresas trataron de posicionarse favorablemente en un mercado de unos cuarenta millones de consumidores. Las acciones de compañías españolas no financieras en propiedad de accionistas extranjeros pasaron de ser el 14 % del total en 1983 a representar un 40 % en 1992 (en el caso de las compañías financieras, el salto en ese mismo periodo fue desde el 5 % hasta el 22 %).

Con el fin de facilitar los dolorosos ajustes económicos que España estaba obligada a realizar para cumplir con las obligaciones contraídas con la CEE y adaptarse al aumento de la competencia, Felipe González se convirtió en valedor de los Estados miembros más pobres de la Comunidad (Portugal, Irlanda y Grecia, además de España) ante el resto de socios comunitarios. En la cumbre de diciembre de 1992 celebrada en Edimburgo, González arrancó de la CEE el acuerdo para instaurar un sistema de fondos de cohesión para países (como España) cuya renta per cápita fuera inferior al 90 % de la media comunitaria, y para incrementar los fondos estructurales destinados a regiones pobres con el propósito de reducir las disparidades interregionales de renta. España se benefició considerablemente de esos diferentes tipos de fondos comunitarios, buena parte de los cuales se utilizaron para transformar las infraestructuras de transportes del país mediante la construcción de autovías y autopistas, aeropuertos y hasta una red ferroviaria de alta velocidad. La vía férrea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992 en coincidencia con la Exposición Universal que se celebraba ese año en la capital andaluza (feudo tradicional del Partido Socialista), redujo a la mitad el tiempo de viaje en tren entre ambas ciudades, que pasó a ser de menos de tres horas.

¿ CUÁL FUE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS?

La principal prioridad de la política exterior española fue la integración en la Comunidad Económica Europea y la búsqueda de una relación más equilibrada con Estados Unidos. La política exterior de Franco había sido esencialmente proamericana y proárabe, y el ingreso en la CEE había sido imposible a causa de su propio régimen dictatorial.

El apoyo de Gran Bretaña al ingreso de España en la Comunidad desde el momento en que la democracia se instauró en el país se vio favorecido por la decisión del Gobierno socialista español, en 1985, de abrir por completo la frontera con Gibraltar (que ya había sido reabierta parcialmente para el tránsito de peatones en 1982). Franco había cerrado en 1969 la «verja» fronteriza con la entonces colonia británica (oficialmente, un territorio británico de ultramar desde 2002), cuya soberanía es reivindicada por España desde hace siglos. (Gibraltar fue cedido a Gran Bretaña en 1713 por el Tratado de Utrecht). El Gobierno socialista estableció relaciones diplomáticas con Israel en 1986, pero compensó ese movimiento permitiendo que la Organización para la Liberación de Palestina abriera una delegación en Madrid. Se completaba así el retorno de España a una situación de relaciones diplomáticas normalizadas con todos los países. (Las relaciones con la Unión Soviética y con México, países ambos que habían apoyado a la República durante la Guerra Civil, ya habían sido restablecidas en 1977, durante el primer Gobierno del centrista Adolfo Suárez).

Los socialistas aprovecharon la incorporación de España a la Comunidad para potenciar el papel del país como puente natural entre Europa y América Latina, y para fomentar políticas que relajaran el pago de la deuda externa en aquella región del mundo y promovieran su crecimiento económico. (En su momento, Franco concibió las relaciones de España con América Latina como si todos esos países formaran parte de una comunidad espiritual de naciones hispánicas, un concepto conocido por el nombre de «hispanidad»). Felipe González se implicó activamente en los procesos democratizadores en Argentina, Chile, Uruguay y América Central, donde pudo aportar su experiencia y su propio conocimiento personal sobre esa clase de procesos.

Los socialistas españoles se opusieron a la guerra de la Contra nicaragüense contra el Gobierno de la izquierda sandinista en Nicaragua durante los años ochenta. Los sandinistas habían derrocado la brutal dictadura de Anastasio Somoza en 1978. Asimismo, soldados, policías y observadores españoles participaron en las misiones de paz y verificación de los acuerdos que Naciones Unidas envió a El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Del mayor protagonismo internacional de España fue buen ejemplo el hecho de que, en apenas poco más de una década, pasó de ser un país receptor de ayuda oficial al desarrollo (AOD) a ser donante. En 1992, la AOD española representó un 0,26 % del PIB, aún por debajo de la cifra del 0,35 % que entonces recomendaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para los países desarrollados, pero sin duda muy por encima del minúsculo 0,05 % dedicado en 1983.

En 1992, en lo que se podría considerar una iniciativa dirigida a emular a la Commonwealth británica, España impulsó de forma decisiva la celebración de las cumbres de la llamada Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN), que se han venido organizando anualmente desde entonces con la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de naciones que mantienen lazos de afinidad cultural con las antiguas metrópolis de la península Ibérica. En 1993, el país se convirtió también en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 1993-1994.

¿ CÓMO CONSIGUIERON CREAR LOS SOCIALISTAS UN ESTADO DEL BIENESTAR?

El Estado del bienestar español fue uno de los últimos en hacer acto de aparición en la escena europea. Mientras la mayoría de los Gobiernos europeos se afanaron entre 1960 y 1975 en construir sistemas públicos de pensiones, de subsidios de desempleo, de sanidad y de vivienda, entre otros, el gasto social del régimen franquista continuó en niveles mínimos, aunque no insignificantes, ni mucho menos. De todos modos, en cuanto la democracia se consolidó en España, y muy especialmente a partir de la llegada de los socialistas al poder en 1982, el país comenzó una carrera por recuperar el terreno perdido en ese ámbito. El gasto público se disparó: de un 24 % del PIB en 1975 (año de la muerte de Franco) pasó a un 40 % en 1980 y un 45 % en 1994 (pensemos que, en Francia, solo aumentó del 53 al 54 % durante ese mismo periodo, y que en Alemania hizo lo propio pasando del 48 al 51 %).

El gasto de las Administraciones públicas se dedicó a pagar el aumento de funcionarios y empleados públicos (que, de ser 1,5 millones en 1982, pasaron a totalizar 2,2 millones en 1992) y del gasto social, sobre todo, en pensiones, cuyo presupuesto se incrementó desde los 1,3 billones de pesetas de 1982 hasta los 6,5 billones de 1995: una cuarta parte del gasto público total. La Ley General de Sanidad de 1986 instauró la sanidad pública universal. En 1994, el 80 % de la población estaba ya cubierta por una red de centros de atención médica primaria. Por su parte, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 estableció la obligatoriedad y la gratuidad de la educación en los colegios públicos y elevó la edad legal de escolarización mínima obligatoria hasta los dieciséis años (antes estaba fijada en catorce). España se situaba así en sintonía con la mayor parte de los países europeos. La proporción de niños de edades comprendidas entre los tres y los cinco años que estaban inscritos en centros de preescolar se incrementó también desde el 47 % (en 1975) hasta el 84 % (en 1992), y el número de estudiantes universitarios también creció y pasó de ochocientos mil en 1985 a aproximadamente un millón y medio en 1995. Asimismo, aumentaron las prestaciones por desempleo —concebidas en no poca medida como una medida para paliar el incremento del paro (que se había vuelto a disparar hasta el 24 % de la población activa en 1994)— y comenzaron a concederse también subsidios para el desempleo rural, lo que, a la larga, fomentaría una elevada tendencia a la corrupción y al amiguismo en muchos lugares.

España trató de financiar ese incremento del gasto público recaudando impuestos y aumentando la eficiencia del sistema tributario. También recurrió a la deuda pública. No obstante, el ritmo del gasto superó al de los ingresos fiscales en tal medida que el déficit presupuestario general del Estado alcanzó el 7 % del PIB en 1993. El número de contribuyentes del impuesto sobre la renta aumentó desde los 303.000 que lo pagaron en 1970 hasta los más de once millones que lo hicieron en 1992, y en 1986 se introdujo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como consecuencia del ingreso en la Comunidad Europea. Debido al rápido envejecimiento demográfico en España, hubo que reformar el sistema público de pensiones, que representaba un esfuerzo excesivo para las finanzas del Estado. Por cada beneficiario de una pensión pública había solamente 2,3 cotizantes a la Seguridad Social, frente a la media de cinco que se registraba en el resto de la Europa Occidental. Se decidió entonces que el número de años de cotización requerido para tener derecho a una pensión pública básica se incrementaría de diez a quince, y que el periodo de referencia sobre el que se calcularía el importe de la pensión se alargaría. El pronunciado aumento de la proporción de personas jubiladas (cuyo número aproximado alcanzó los cinco millones en la década de los ochenta) respecto a la población ocupada se debió principalmente a la caída de la tasa de fertilidad y a la creciente esperanza de vida. El promedio de hijos por mujer en España era de casi tres en 1960, pero de solo 1,2 en 1992 (y 1,3 en 2019), muy por debajo del nivel de sustitución (2,1). La consecuencia inmediata fue un estancamiento demográfico relativo que solo se alivió con la entrada de inmigrantes a partir de mediados de los años noventa. La población residente aumentó en 392.921 en 2019 hasta los 47,3 millones de habitantes, gracias a un saldo migratorio positivo de 451.391 personas (hubo 748.759 inmigraciones por 297.368 emigraciones) que compensó el saldo vegetativo negativo (en España, las defunciones superan a los nacimientos).

Esa caída de la fecundidad fue la más acusada en toda Europa. El régimen franquista, apoyado por la Iglesia católica, había promovido la formación de familias numerosas; entre otras cosas, el aborto era entonces ilegal y no había métodos anticonceptivos disponibles. El régimen otorgaba todos los años premios de natalidad a las parejas con más hijos. (Curiosamente, el propio Franco tuvo solamente una hija). Las redes familiares (basadas en la familia extensa) actuaban, y continúan actuando —aunque en menor medida que en el pasado—, como un cojín amortiguador para sus miembros, sobre todo en épocas de crisis económica. En torno a dos tercios de los españoles y las españolas de edades comprendidas entre los veinticinco y los treinta años que no se han casado todavía viven en el hogar familiar, una proporción muy alta en relación con la habitual en el resto de Europa y que continúa aumentando debido al elevadísimo desempleo y a las dificultades para encontrar vivienda asequible. La red de familiares cuida de los parientes en paro; de hecho, muchos pensionistas viven con sus hijos y cuidan de sus nietos. Así es como muchas mujeres pueden trabajar sin necesidad de pagar una guardería para sus hijos pequeños.

¿ CUÁNTO SE APROXIMARON LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA INCORPORARSE A LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA EUROPEA?

La economía española avanzó a grandes pasos tras ingresar en la Comunidad Económica Europea en 1986 (Unión Europea a partir de 1993), pero tenía aún mucho terreno que recorrer si se quería que el país estuviese entre los primeros que formarían parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM) a partir de 1999 y adoptarían el euro como moneda. Los criterios de convergencia exigidos para integrarse en la UEM, incorporados ya al Tratado de Maastricht de 1992, eran: un déficit público no superior al 3 % del PIB; un nivel máximo de deuda pública equivalente al 60 % del PIB; unos tipos de interés a largo plazo no superiores en dos puntos porcentuales a la media de los registrados en los tres países que los tuvieran más bajos, y una inflación no mayor de 1,5 puntos porcentuales a la media de los tres países menos inflacionistas. En lo que respecta a la peseta, los países candidatos debían haber permanecido en el mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo (SME) durante un mínimo de dos años consecutivos y no haber devaluado su moneda durante todo ese periodo. La peseta entró en el SME en 1989 con una banda de fluctuación permitida para su tipo de cambio bastante amplia (de un 6 %).

El Gobierno respondió al reto de la entrada en la UEM con un nuevo programa. Duplicó el tiempo requerido para tener derecho a cobrar prestaciones por desempleo, que pasó de seis meses a un año; redujo la duración y la cuantía de esas prestaciones; suprimió monopolios en sectores como los de los teléfonos, los transportes y la distribución de petróleo y derivados; instituyó una autoridad de defensa de la competencia; congeló las subvenciones a las empresas públicas y concedió al banco central (el Banco de España) independencia para fijar la política monetaria.

No obstante, el elevado crecimiento del gasto público, motivado en parte por las infraestructuras necesarias para los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, generó desequilibrios en las cifras macroeconómicas y sobrecalentaron la economía. En septiembre de 1992, por vez primera en diez años, se devaluó la peseta (un 5 %) con el propósito de recuperar la renqueante competitividad del país. Ese año, España fue clasificada en el puesto 18 de 23 países incluidos en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Aquella sería la primera de un total de tres devaluaciones efectuadas en un intervalo temporal de casi tres años, y que llevarían a la peseta a reducir su valor en un 35 % con respecto al marco alemán y a impulsar la inflación al alza. La economía entró en recesión en 1993 y se contrajo un 1,2 %, la más pronunciada caída del PIB desde que se introdujera el Plan de Estabilización en 1959 (véase «¿Cómo influyó el Plan de Estabilización de 1959 para la creación de una economía moderna?», en el capítulo 2), pero suave todavía en comparación con la que se experimentaría en 2009 (véanse diversas secciones del capítulo 6). El déficit público se situó en el 7 % del PIB, el nivel de la deuda pública sobrepasó el 60 % del PIB, y los tipos de interés y la inflación aumentaron por encima de las condiciones exigidas para la UEM. La tasa de paro alcanzó el 24 % en 1994, un nivel inaudito hasta entonces en España. El crecimiento económico real entre 1991 y 1995, último año completo de los socialistas en el Gobierno, cayó a una tasa anual negativa del 1,3 %, cuando en el quinquenio 1986-1990 había sido positiva del 4,5 %, y por vez primera fue más baja que la del conjunto de los quince países de la Unión Europea. La mala situación económica y los múltiples casos de corrupción influyeron en la derrota del PSOE en las elecciones de 1996. El Partido Popular (PP) pudo entonces recoger el testigo y apretar el paso con un extraordinario esprint final para meter a España en la UEM (véase «¿Cómo logró el Gobierno del PP cumplir con las condiciones para que España adoptara el euro como nueva moneda?», en el capítulo 5).

¿ CÓMO FUERON LAS RELACIONES DE LOS SOCIALISTAS CON LA IGLESIA CATÓLICA?

Tanto los socialistas como la Iglesia habían avanzado muchísimo desde los tiempos del anticlericalismo de la izquierda de la Segunda República (1931-1939) y el atrincheramiento de la jerarquía católica reaccionaria en sus posturas durante la dictadura de Franco (1939-1975). También la sociedad española y sus valores habían cambiado. En 1976, casi dos tercios de las personas entrevistadas para un sondeo de Gallup se consideraban a sí mismas creyentes y bastante o muy practicantes; diez años después, solo dos quintas partes se definían así. Los socialistas aceptaron que el catolicismo era una realidad sociológica del país (muchos de sus votantes eran católicos practicantes) y, por su parte, la Iglesia se dio cuenta de que las relaciones entre el poder civil y el eclesiástico no podrían ser tan cómodas y amigables en una democracia como lo habían sido durante la dictadura.

Fue inevitable, sin embargo, que esas relaciones se volvieran más conflictivas. Los socialistas entendían que la Constitución de 1978 era demasiado ambigua a propósito de la posición de la Iglesia y que no llegaba a hacer de España un Estado verdaderamente laico. Ciertamente, Iglesia y Estado no están tan separados en España como lo están en Francia, y los socialistas adoptaron una actitud más dura en torno a lo que consideraban que eran las concesiones injustificadas que el Gobierno centrista precedente había hecho a la Iglesia. Pronto surgieron tensiones entre el Gobierno del PSOE y la alta jerarquía eclesiástica sobre temas como: la legalización del aborto (pese a que se hizo efectiva mediante una restringida «ley de supuestos»); la implantación de controles más férreos sobre los centros educativos concertados de la Iglesia, receptores de subvenciones públicas; la negociación de los salarios del clero a cargo del Estado, y la relegación de la asignatura de religión —tanto en las escuelas públicas como en las concertadas— a una categoría académica inferior, así como la anulación de la obligación de los alumnos de asistir a las misas y servicios religiosos en cualesquiera de esos centros.

El papa Juan Pablo II (1978-2005) consideraba que España era un bastión de catolicismo que había que proteger de la permisividad y el laicismo crecientes. Tenía al Opus Dei (véase «¿Qué es el Opus Dei?», en el capítulo 2), fundado por el español Josemaría Escrivá de Balaguer, en muy alta estima. En 1982, el Papa otorgó a «la Obra» el estatus de «prelatura personal». La jurisdicción del prelado no es territorial, sino que se ejerce sobre un grupo de personas, se encuentren estas donde se encuentre. También implica que la organización en cuestión pasa a estar bajo la supervisión directa de la Santa Sede y no responde ante los obispos locales. Este excepcional reconocimiento, el único que una organización seglar posee en la Iglesia católica, permitió que el Opus funcionara jurídicamente de un modo muy similar al de las órdenes religiosas, sin sujeción a las fronteras geográficas. El portavoz del Papa en esos años fue un español, Joaquín Navarro Valls, destacado miembro del Opus Dei. Además, el Vaticano beatificó a Escrivá, como paso previo a su santificación (su canonización llegaría finalmente en 2002). Roma también beatificó a numerosos sacerdotes asesinados durante la Guerra Civil, una medida que los socialistas percibieron como una provocación política.

Bajo el papado de Juan Pablo, la jerarquía de la Iglesia en España aumentó su nivel de combatividad y ruido mediático, y redujo el de su adaptabilidad con respecto al del periodo de la Transición. El liberal cardenal Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid, fue sucedido en el cargo por Ángel Suquía Goicoechea, que estaba más alineado con la orientación más conservadora del Vaticano de entonces. La Iglesia convocó manifestaciones multitudinarias contra aquellas leyes a las que se oponía, mientras que la derechista Alianza Popular (AP) organizaba una ofensiva paralela en la Cortes y agitaba la histeria acusando a los socialistas de anticlericales, sobre todo en referencia a los cambios en materia de educación. Los socialistas no mordieron el anzuelo ni buscaron el enfrentamiento directo con la Iglesia, pero tampoco estaban dispuestos a concederle un cheque en blanco. Su estrategia consistió en interpretar los deberes establecidos en la Constitución y en los tratados del modo más limitado posible, y en impulsar legislación que encauzara a España por la senda de una mayor laicidad. No obstante, no sería hasta comienzos de la década de los noventa cuando organizaciones de otros credos (protestantes, judías y musulmanas) verían oficialmente reconocidos algunos de los derechos de los que ya gozaba la Iglesia católica. Pero no obtuvieron, por ejemplo, la misma exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la que disfrutaba la Iglesia, ni financiación vía IRPF ni el mismo reconocimiento de sus fiestas religiosas como festivos oficiales. Lo que se asentó en esos años fue una especie de modus vivendi en torno a la «cuestión religiosa» que duraría hasta el regreso del PSOE al Gobierno en 2004. Fue entonces cuando se impulsaron nuevas reformas que chocarían otra vez con el antagonismo de la Iglesia (véase «¿Cómo reaccionó la Iglesia católica a las reformas?», en el capítulo 6).

¿ QUÉ FUE « LA MOVIDA» MADRILEÑA?

Un fenómeno muy representativo del ambiente posfranquista de libertad, cuando no de hedonismo, fue la llamada «Movida» madrileña, movimiento contracultural nacido en la capital durante los años ochenta que se extendió pronto a todo el país. La Movida iba tanto de pasárselo bien y «salir de copas» hasta las tantas de la noche, como de experimentar e innovar en ámbitos como la música pop, el cine y el arte en general. La figura emblemática y más conocida es Pedro Almodóvar, el director español más aclamado mundialmente desde Luis Buñuel, con su característico estilo provocador, su excéntrico sentido del humor y hasta su chabacanería y su cursilería. La Movida, al menos en lo que a cine se refiere, nace en 1980 y su primer largometraje es Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, del propio Almodóvar. Rodada con muy escaso presupuesto, su trama sigue las aventuras de los tres personajes del título: Pepi, que quiere vengarse del policía corrupto que la violó; Luci, un ama de casa masoquista, y Bom, solista lesbiana de un grupo punk . Su no menos bufa Mujeres al borde de un ataque de nervios, de 1988, llamó la atención de los medios internacionales y amplió considerablemente el público del cineasta manchego (llegó incluso a ser versionada en un musical de Broadway). Todo sobre mi madre ganaría un Óscar en el año 2000 a mejor largometraje en lengua no inglesa y Dolor y gloria ha sido una de las candidatas finales a esa misma categoría para la edición de 2020. (En 2003, otra película de Almodóvar, Hable con ella, ganó la estatuilla otorgada al mejor guion original).

¿ CUÁNTO PROGRESÓ EL SISTEMA AUTONÓMICO CON LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS?

La Constitución de 1978 instituyó un Estado cuasifederal (véase «¿Cómo y por qué se creó el sistema autonómico?», en el capítulo 3). Durante los años ochenta, se concretaron diecisiete comunidades autónomas en España, cada una con su propio Parlamento y su propia bandera regional. El Gobierno central creó en 1984 el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para procurar una financiación equitativa de las diversas comunidades, dado que sus niveles de renta per cápita eran (y continúan siendo) bastante dispares. La renta per cápita de Extremadura en 2018 era de 18.174 de euros, en comparación con los 34.916 de Madrid y los 25.854 de la media nacional. Solo cuatro comunidades tenían una renta per cápita por encima del promedio de la UE (30.540 euros en 2018).

En 1989, la clase política comenzó a debatir cómo atribuir al Senado, la Cámara Alta de las Cortes españolas, las funciones de cámara de representación territorial que la Constitución prevé para ella. La idea inicial era que funcionase de un modo similar al Bundesrat alemán, que representa a los dieciséis Länder (Estados federados) a fin de garantizar un mínimo de participación regional en la actividad legislativa y la toma de decisiones federales. En España, sin embargo, nada se ha concretado desde entonces en este ámbito. El Senado tiene doscientos ocho escaños por elección directa de los ciudadanos, y cincuenta y siete de designación autonómica (es decir, por elección indirecta), aunque esta última cifra puede variar en función de la población de las diferentes comunidades autónomas. En la mayoría de las cincuenta provincias españolas se elige a cuatro senadores, con independencia de su población, y solo las islas (Canarias y Baleares) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (enclaves de soberanía española en la costa norteafricana) eligen un número diferente (de entre uno y tres senadores). Esta asignación otorga un fuerte peso a las provincias de menor población, históricamente más conservadoras. La provincia de Madrid, por ejemplo, con una población de casi 6,7 millones de habitantes, y la de Soria, con menos de noventa mil, están representadas por cuatro senadores cada una. En lugar de convertir el Senado en una verdadera cámara de representación autonómica, los socialistas instauraron en 1994 la Comisión General de las Comunidades Autónomas, formada por senadores y representantes del Gobierno central y de los autonómicos.

La transferencia de competencias a las autonomías fue reduciendo progresivamente la participación de la Administración central en el gasto público total (descontado el gasto de la Seguridad Social), que pasó del 72 % en 1987 al 63 % en 1992, y fue incrementando la de las Administraciones autonómicas, que pasó del 12 al 23 % en ese mismo periodo (y que ha continuado creciendo: en 2011, era ya del 37 %). El proceso de descentralización se saldó asimismo con un sensible aumento del personal funcionario y contratado público de las Administraciones autonómicas (cuarenta y seis mil en 1982, seiscientos mil en 1992, 1,3 millones en 2008 y 1,5 millones en 2019). Ese incremento no se compensó más que parcialmente con una reducción del personal en nómina de la Administración central. La tendencia en la mayoría de las Administraciones autonómicas fue la de reproducir la organización y las funciones de la Administración del Estado en sus ámbitos propios, algo que ocasionó un considerable aumento del gasto y de la deuda pública para financiarlo. Dos décadas más tarde, los déficits públicos y los niveles de deuda de las autonomías fueron un factor significativo en la crisis financiera en España que tanto asustó a los mercados internacionales de deuda.

Con el proceso de progresiva descentralización de competencias, llegó también la creciente importancia en la vida política estatal de ciertos partidos nacionalistas vinculados a alguna comunidad autónoma particular. Destacaron, en ese sentido, la catalana Convergència i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que asumieron el papel de árbitros de la formación del cuarto Gobierno de Felipe González (1993-1996) y del primero de José María Aznar (1996-2000), pues ni el PSOE ni el PP obtuvieron mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1993 y 1996, respectivamente. A cambio de su apoyo a un Gobierno socialista a nivel nacional, Convergència i Unió consiguió que se transfiriera a la Administración autonómica catalana la gestión del 15 % de la recaudación del impuesto sobre la renta en Cataluña, una medida que se haría luego extensiva al resto de las autonomías. En su propia comunidad autónoma, CiU gozó de un periodo de hegemonía sin oposición entre 1980 y 2003, mientras que el Partido Nacionalista Vasco dominó en el País Vasco durante los primeros años de Gobierno autonómico hasta que el partido sufrió una escisión en 1987, a partir de la cual se vio obligado a gobernar en coalición con los socialistas. CiU y la independentista Esquerra Republicana de Catalunya reivindicaban en aquellos años una mayor autonomía, similar a la vigente en Euskadi, donde el nivel de autogobierno es muy parecido al de un Land alemán.

¿ POR QUÉ SE LIBRÓ UNA «GUERRA SUCIA» CONTRA LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA VASCA ETA?

Cuando los socialistas llegaron al Gobierno a finales de 1982, pocos meses después del intento fallido de golpe de Estado en febrero de 1981, se vieron atrapados entre el miedo a perder el apoyo de las fuerzas armadas y el recrudecimiento de la campaña de asesinatos de la organización terrorista vasca ETA. El aparato de la Seguridad del Estado que heredaron de Ejecutivos previos había cambiado poco durante los primeros años de la democracia. ETA había asesinado a doscientas cuarenta y cuatro personas en el periodo transcurrido entre la aprobación de la Constitución democrática en diciembre de 1978 y 1982. Durante esos años, una banda de extrema derecha estrechamente conectada con los servicios de seguridad estatales autodenominada Batallón Vasco Español comenzó una guerra sucia contra ETA en la que mató a, al menos, diez personas, entre las que sobresalió la figura de José Miguel Benarán Ordeñana (alias «Argala»), destacado ideólogo etarra. Argala estuvo directamente involucrado en el asesinato el 20 de diciembre de 1973 del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno con Franco y hombre que tenía encargada la misión de dar continuidad al régimen tras la muerte del Generalísimo. Lejos de abandonar aquella guerra sucia, varios elementos díscolos de las fuerzas de seguridad, con la complicidad de altos cargos de un Gobierno que se atribuía una posición de superioridad moral en aquel conflicto —sobre todo, porque no se consideraba manchado por ningún pasado franquista—, decidieron continuarla por su cuenta para forzar a ETA a abandonar las armas. Otro de sus objetivos era propiciar un cambio de actitud de las autoridades francesas respecto a ETA, a fin de obligarlas a colaborar con España persiguiendo a los etarras en suelo galo y cerrando así el «santuario» que se decía que la banda tenía en el País Vasco francés. No por casualidad, la mayoría de los veintisiete asesinatos dirigidos contra la banda y su entorno se produjeron en el sur de Francia.

En octubre de 1983, los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una especie de escuadrones de la muerte formados principalmente por mercenarios como Jean-Pierre Cherid (un paramilitar francés de extrema derecha implicado en el asesinato de Argala) y financiados con dinero de los fondos reservados del Gobierno español, secuestraron a dos simpatizantes etarras de veinte años —José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano— en Bayona (Francia). (Cherid moriría en 1984 mientras activaba una bomba). Los cadáveres de Lasa y Zabala, con impactos de bala en sus cabezas y señales de haber sido torturados, fueron hallados en enero de 1985 en una fosa rellenada con cal viva en la provincia de Alicante (España), a ochocientos kilómetros de distancia. En aquel entonces, el juez instructor atribuyó las muertes a un «probable ajuste de cuentas entre miembros de bandas internacionales» y archivó el caso.

El Estado mostró muy escaso interés por descubrir la verdad. Un valiente patólogo local, Antonio Bru Brotons, que sospechó que allí se estaba produciendo un encubrimiento, decidió conservar los huesos y, en 1995, estos fueron por fin identificados como los restos de Lasa y Zabala. El general Enrique Rodríguez Galindo, de la Guardia Civil, y Julen Elgorriaga, gobernador civil socialista de la provincia vasca de Guipúzcoa, serían posteriormente condenados por su implicación en los asesinatos, junto con dos agentes de la propia Benemérita.

El GAL estuvo activo hasta 1987. Sus víctimas (veintisiete muertos y veintiséis heridos) fueron generalmente personas sospechosas de pertenecer a ETA o figuras vinculadas a otras actividades del nacionalismo vasco, pero algunas ni siquiera tenían tales conexiones, como ocurrió en el caso concreto de Segundo Marey, quien, confundido con un terrorista de ETA, fue sacado a la fuerza de su casa en diciembre de 1983. Cuando se aclaró quién era en realidad, el GAL lo puso en libertad dejándole una nota de presentación en un bolsillo en la que, entre otras cosas, se podía leer: «Cada asesinato de los terroristas tendrá la respuesta necesaria». En 1998, ya con el conservador Partido Popular en el poder, José Barrionuevo, exministro del Interior socialista; Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad con Barrionuevo, y Julián Sancristóbal, exgobernador civil de Vizcaya, fueron condenados a penas de varios años de prisión por su implicación en aquel secuestro de Marey.

Felipe González, presidente del Gobierno durante esos años, ha negado siempre que él fuera la persona que, en algunos documentos internos, aparecía identificada como el «Sr. X», la cima de la pirámide gubernamental que autorizó que el GAL se formase y actuase. Lo más que se aproximó González a admitir alguna responsabilidad en ese sentido fue cuando, en una ocasión, declaró que «el Estado de derecho se defiende en los tribunales y en los salones, pero también en las alcantarillas». Según un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fechado en 1984 y desclasificado en 2020, «González estaba de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir el terrorismo fuera de la ley».

El escándalo del GAL causó un daño inmenso a los socialistas. Mostró que, por mucho que la Transición se hubiera producido ya, los servicios de Seguridad del Estado aún no habían aprendido ni «interiorizado» las reglas de la democracia. Además, en vez de conducir a la disolución de ETA, las acciones del GAL reforzaron a la banda y le sirvieron en bandeja mayores apoyos a su causa. El único aspecto positivo de todo aquello fue la buena labor de los medios de comunicación españoles —ya completamente libres para entonces— desenterrando el caso GAL, y muy especialmente de los periódicos Diario 16 y El Mundo. El sistema judicial obligó a algunos de los responsables a rendir cuentas ante la justicia, gracias sobre todo a la perseverancia investigadora de Baltasar Garzón, principal magistrado instructor de aquellos casos, que posteriormente se haría mundialmente famoso por dictar una orden internacional de arresto contra el general Augusto Pinochet, expresidente de Chile, por la presunta muerte y torturas infligidas a varios ciudadanos españoles durante la dictadura en aquel país.

¿ CUÁLES FUERON LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN QUE LLEVARON A LA CAÍDA DE LOS SOCIALISTAS?

Felipe González ganó las elecciones de 1993, aunque no con la mayoría absoluta de los escaños del Congreso. Prometió entonces «un cambio sobre el cambio». Con ello, trataba de responder al creciente desencanto popular con su partido por culpa de la corrupción y de las revelaciones sobre el terrorismo de Estado de los GAL (años después de que estos hubieran puesto fin a sus actividades), haciéndose eco de un exitoso eslogan socialista de 1982 («Por el cambio»). González sorprendió a propios y extraños al «reclutar» para su grupo parlamentario en el Congreso a Baltasar Garzón, magistrado instructor que había encabezado la investigación de varios de los crímenes relacionados con el GAL. Garzón salió elegido como diputado como independiente en las listas del PSOE por Madrid y fue nombrado «zar antidroga» del nuevo Gobierno. Pero el magistrado de la Audiencia Nacional no tardó en tener la sensación de que había sido utilizado por los socialistas para limpiar la imagen del partido, aprovechando el prestigio que él había cosechado con su campaña anticorrupción, y dimitió al cabo de un año para reanudar de inmediato sus investigaciones sobre el GAL.

Apenas pasaba un día entero —especialmente durante esta cuarta legislatura de los socialistas en el Gobierno— sin que algún nuevo escándalo saltara a los titulares de la prensa, para mayor escarnio de un partido que había hecho bandera de su supuesta integridad con el eslogan «Cien años de honradez». Una serie de factores —la poca alternancia en el poder entre los dos principales partidos políticos, el gran aumento del gasto público, la fuerte inversión en obras públicas, la transferencia de competencias a las comunidades autónomas y el incremento del coste del funcionamiento de los partidos—, unidos a un ineficaz sistema de controles y contrapesos institucionales, propiciaron un clima favorable a la corrupción y al tráfico de influencias. Una nueva palabra apareció en el argot político, «pelotazo», que la Real Academia Española de la Lengua introduciría en su diccionario en los años noventa con la definición siguiente: «Operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida».

Entre las figuras caídas en desgracia en esos años se encontraban Luis Roldán, primer director general de la Guardia Civil desligado del escalafón militar, y Mariano Rubio, gobernador del Banco de España. Roldán, a quien se consideraba favorito para ser el futuro ministro del Interior, huyó de España en abril de 1994 tras ser destituido de su cargo y fue detenido en Laos en febrero de 1995. En el transcurso de los siete años previos, había amasado una fortuna personal de catorce millones de euros, procedentes principalmente de comisiones ilegales por la concesión de licencias de construcción de edificios de la Guardia Civil. De vuelta a España, fue condenado a treinta y un años de prisión por cohecho, falsedad documental, malversación de fondos públicos, chantaje y fraude fiscal. Rubio, por su parte, pasó una breve temporada en prisión por su implicación en un delito de fraude fiscal e información privilegiada del Banco Ibercorp, cuyo director era Manuel de la Concha, exsíndico de la Bolsa de Madrid. El caso de Rubio impactó muy especialmente a la opinión pública española, pues presidía la institución responsable del buen funcionamiento del sistema financiero. Otro escándalo destacado fue el que tuvo como protagonista a Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, a quien se acusó de tráfico de influencias y de haberse enriquecido de un modo inexplicable.

Igual de dañino para los socialistas fue el escándalo Filesa de los años noventa, en el que treinta y nueve personas fueron imputadas por una trama de financiación ilegal del partido a través de pagos de empresarios por la elaboración de unos informes falsos por parte de una firma de consultoría a cambio de favores del Gobierno. Un ejemplo típico de aquella estafa fue el pago de 33.600.000 pesetas (201.940 euros) efectuado por la cadena de hipermercados Pryca por un «informe» de dieciocho páginas fotocopiadas del BOE, de periódicos provinciales y de planes urbanísticos municipales. Otro de los escándalos que estallaron en aquel entonces afectó directamente al sindicato hermano de los socialistas, la UGT, que creó una cooperativa inmobiliaria (Promoción Social de Viviendas, PSV) para la construcción de viviendas de bajo coste para miles de sus afiliados, que acabó declarándose en suspensión de pagos y, finalmente, en quiebra. La cooperativa PSV cayó por culpa de la aplicación de unas muy dudosas técnicas contables y de su participación en negocios especulativos que no guardaban ninguna relación con la finalidad —construcción de vivienda subvencionada— para la que se había creado. Nicolás Redondo, histórico dirigente máximo de la UGT desde 1971 (cuando aún era un sindicato clandestino), se vio obligado a dimitir.

Los escándalos, sin embargo, no eran privativos de los socialistas. Gabriel Cañellas, presidente popular de las Islas Baleares, tuvo que dimitir en 1995 por unas irregularidades relacionadas con la construcción de un túnel. Varios políticos del PP estuvieron implicados en una trama de financiación ilegal de su partido, descubierta en 1990, en lo que se conoció como el caso Naseiro. También algunos destacados empresarios con ambiciones políticas se involucraron en escándalos financieros; quizás el más conocido en aquellos años fue Mario Conde, presidente del Banesto, uno de los mayores y más antiguos bancos del país por entonces. El Banco de España intervino el Banesto en 1993 tras descubrir un agujero negro en sus cuentas equivalente a miles de millones de euros y destituyó al consejo de administración de la entidad. Conde fue condenado a veinte años de cárcel por fraude y estafa, y Banesto fue vendido al Banco Santander.

Estos y otros muchos escándalos formaron parte de lo que por entonces se dio en conocer como la «cultura del pelotazo» (los tiempos del «todo vale» y del «hazte rico rápido»). Por lo general, tanto los dirigentes del Gobierno como de los partidos se mostraban muy reacios a reconocer sus responsabilidades políticas en aquellos escándalos hasta que los tribunales determinaban a qué cargos delictivos debían enfrentarse. Además, muchas autoridades se sentían a salvo por la lentitud desesperante con la que actúa el sistema judicial y por la politización del mismo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano encargado de nombrar a los principales cargos judiciales nacionales, autonómicos y provinciales, así como de elaborar informes preceptivos sobre las iniciativas legislativas del Gobierno (y de las comunidades autónomas) que afecten a materias judiciales, y de sancionar a los jueces que incumplan sus obligaciones legales, se creó en 1980 con veinte vocales, doce de ellos elegidos por la propia judicatura. En 1985, el Gobierno socialista cambió la ley para que esos doce miembros fueran designados también por el Congreso y el Senado (como ya lo eran los otros ocho) de entre los propios jueces y magistrados, así como entre juristas a quienes se les supone reconocida competencia. Dado que el PSOE era mayoritario en ambas cámaras de las Cortes, la mayoría de los miembros del CGPJ debían lealtad al partido entonces en el poder. Muchos de aquellos escándalos no habrían tenido lugar o habrían sido detectados antes si hubiera habido una separación de poderes (un sistema de controles y contrapesos entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial) más contundente y efectiva. Este es un problema que sigue afectando seriamente a la salud del sistema político español, y el PSOE y el PP lo han mantenido intacto durante todo este tiempo. Todas las promesas y compromisos para cambiar el sistema y permitir que sean los jueces quienes elijan a los vocales del CGPJ han caído en el pozo de los incumplimientos.

En el Congreso se vivía un estado permanente de enfrentamiento («crispación» era la palabra de moda) entre los socialistas y el PP, primer partido de la oposición, que imposibilitaba el consenso político necesario para las reformas y tensaba la vida política. González se vio forzado a convocar elecciones anticipadas para marzo de 1996 (en vez de para 1997), cuando en otoño de 1995 los nacionalistas catalanes que sostenían a su Gobierno en el Congreso rechazaron apoyar su propuesta de Presupuestos Generales para el año siguiente. Los socialistas perdieron aquellos comicios, aunque no por mucho margen. Obtuvieron un 37,6 % de los votos y ciento cuarenta y uno de los trescientos cincuenta escaños, frente al 38,8 % de votos y ciento cincuenta y seis escaños del PP. Fue una derrota dulce para el PSOE y una victoria amarga para los populares.

5
EL REGRESO DE LA DERECHA
( 1996- 2004)

¿ CÓMO LOGRÓ LA DERECHA REINVENTARSE Y REGRESAR AL PODER EN 1996 CON EL PARTIDO POPULAR?

Del hambre de poder del conservador Partido Popular (PP) tras trece años de Gobiernos socialistas hizo una divertida representación el dibujante El Roto en una viñeta de 1996 en El País. En ella aparecía un franquista típico bajo las palabras: «Si la derecha no gana esta vez, dejaré de creer en la democracia».

El PP nació de la reconversión de la neofranquista Alianza Popular (AP), que habían formado en 1976 siete antiguos ministros (conocidos como los «Siete Magníficos»). El más destacado de ellos era Manuel Fraga, exministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969, que también ocupó la cartera de Interior (1975-1976) en el primer Gobierno tras la muerte de Franco. La asociación de AP (refundada ya como PP en 1989) con el régimen franquista y, por ende, con los vencedores de la Guerra Civil fue para ella un lastre electoral que le impidió superar un «techo» de porcentaje de votos en las elecciones generales de 1982, 1986 y 1989. El PP no logró obtener más del 26 % de los votos hasta las elecciones de 1993, cuando el partido llevaba ya cuatro años liderado por José María Aznar, un político mucho más joven. AP había probado a situar a otros dos líderes al frente del partido antes de Aznar, pero ninguno había durado mucho tiempo en el puesto, y Fraga regresó con el propósito de restablecer el orden. El PP perdió de nuevo en 1993, pero lo hizo ya por un margen mucho más ajustado —obtuvo un 34,8 % de los votos frente al 38,8 % de los socialistas—, y se impuso por fin en 1996 con un 38,8 % de los sufragios y ciento cincuenta y seis de los trescientos cincuenta diputados del Congreso.

La victoria del PP fortaleció a la joven democracia. El traspaso de poder de Felipe González a Aznar fue un acontecimiento histórico, pues era la segunda ocasión en España en sesenta años en la que el poder pasaba de un partido elegido en las urnas a otro. Al PP, sin embargo, le faltaban veinte escaños para la mayoría absoluta y aquello obligó a Aznar a cerrar pactos con los partidos nacionalistas conservadores catalán y vasco, a cambio de una mayor autonomía para sus comunidades respectivas. El PP tenía (y continúa teniendo) una presencia débil tanto en el País Vasco como en Cataluña, donde esos partidos nacionalistas conservadores absorben la mayoría del voto de centro-derecha.

El PP conquistó el espacio de centro, ese donde se ganan la mayoría de elecciones, a base de despojarse de la imagen autoritaria con la que era percibido tanto en España como en el exterior y a fuerza también de transformarse en un partido de oposición más responsable. En 1986, AP había instado a sus partidarios a abstenerse en el referéndum sobre la permanencia en la OTAN, un asunto crucial para la política exterior española en el que lo natural para un partido conservador habría sido decantarse por el «sí». AP, sin embargo, antepuso sus propios intereses a los del país, pues esperaba que el PSOE, que hizo campaña por el voto afirmativo, saliera derrotado de aquel referéndum y no tuviera más remedio que convocar elecciones. La presencia en el nuevo PP de democristianos con reputados pedigrís de demócratas, aunque fuera a título más individual que colectivo, ayudó a que el partido se volviera más responsable y suavizara su imagen.

Un punto de inflexión en ese sentido llegó en 1989, cuando el Partido de la Democracia Cristiana (PDC) de Javier Rupérez se disolvió para integrarse en el PP. Aquello significó la desaparición de la democracia cristiana como fuerza política independiente (por pequeña que hubiera sido hasta entonces) en el conjunto de España, pero permitió que influyera en un movimiento más amplio dando lustre a las posibilidades electorales de la derecha española y ayudando al PP a convertirse en un verdadero partido del centro-derecha convencional en Europa. En 1991, el PP adquirió la respetabilidad internacional que buscaba al integrarse como miembro de pleno derecho en el Partido Popular Europeo, el mayor movimiento político de centro-derecha a nivel de toda Europa, y en 1993 fue admitido en la Internacional Demócrata Cristiana. Moderando su imagen, el PP logró también impedir la creación de un partido de extrema derecha. A diferencia de lo que sucede en la izquierda, un espacio por el que tradicionalmente compiten varios partidos, los votantes conservadores españoles tuvieron durante muchos años una sola opción, hasta la irrupción de Ciudadanos en 2015 y de Vox en 2019.

El PP consiguió dar la vuelta a la situación y pagar con su misma moneda a los socialistas, entonces muy desacreditados por los escándalos de corrupción, al caracterizarlos como una fuerza anticuada para los nuevos tiempos que corrían. Una generación mucho más joven reemplazó en aquellos años a la que había consolidado la transición a la democracia en España. Bastantes de los líderes del PP no tenían ni veinticinco años cuando Franco murió en 1975. Sus primeros recuerdos políticos eran los del proceso de Burgos contra miembros de ETA y el atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de Franco, en pleno crepúsculo de la dictadura. Y su primera experiencia en política la tuvieron haciendo oposición contra los socialistas, y no en actividades clandestinas durante el régimen dictatorial. Sus mentores políticos eran Ronald Reagan y Margaret Thatcher, líderes de la revolución conservadora de los años ochenta.

¿ QUIÉN ES JOSÉ MARÍA AZNAR?

José María Aznar, presidente del Gobierno español de 1996 a 2004, nació en Madrid en 1953. Su abuelo Manuel fue un destacado periodista que tomó partido por el bando franquista durante la Guerra Civil y que posteriormente fue director de La Vanguardia Española, nombre del más importante de los diarios publicados en Barcelona durante la dictadura. En su adolescencia, en tiempos aún del régimen de Franco, Aznar fue miembro de un sindicato estudiantil que apoyaba a la Falange. Tras licenciarse en Derecho, se hizo inspector de Hacienda e ingresó en la neofranquista Alianza Popular (AP) en 1979. En 1982 fue elegido diputado autonómico por la provincia de Ávila, en la Comunidad de Castilla y León, y en 1987 dimitió de su escaño para encabezar las listas de AP a las elecciones autonómicas de esa misma comunidad, históricamente conservadora. Para entonces, España ya había instituido el cuasifederal sistema de las autonomías.

Tras ganar aquellos comicios, fue presidente de Castilla y León hasta 1989, cuando entró en la escena de la política nacional como líder del refundado Partido Popular (PP) en sustitución de Manuel Fraga, quien, pese a haber sido el fundador de AP, había contribuido a la inelegibilidad del partido por su asociación previa con el régimen franquista y había propiciado, con ello, que este se dividiera en luchas intestinas entre corrientes y personalidades. Aznar amplió la base del PP al integrar en él a políticos más jóvenes y menos conocidos que reemplazaron a la vieja guardia franquista, y pasó a ejercer un control férreo sobre el partido. Transformó el PP, en palabras de su estrecho colaborador, Pedro Arriola, en «una derecha desvergonzada, que a diferencia de lo que le ocurrió a UCD, que tenía mala conciencia frente a la izquierda, no tiene que pedir perdón por nada, ni por la Guerra Civil ni por el franquismo». También fundó la FAES en 1992, un gabinete de estudios que desde entonces ha mantenido lazos de unión estrechos con otros think tanks conservadores estadounidenses y que ha funcionado como laboratorio de ideas del PP.

Aznar llegó al poder en 1996 sin mayoría absoluta y aupado por el eslogan «Gana el centro». La Iglesia no expresó un apoyo activo al PP, pero, llamando a los católicos a votar a partidos que defendieran las posiciones antiabortistas de la propia Iglesia (los socialistas habían despenalizado parcialmente el aborto en 1985 con una «ley de supuestos»), logró arrancar un respaldo de los populares a su postura, pues Aznar prometió tumbar cualquier proposición de ley con la que se pretendieran ampliar dichos supuestos. Asimismo, la llamada de los obispos al restablecimiento en un sistema político asediado por la corrupción de unos valores éticos fuertes coincidía con partes del programa electoral del PP. Aznar también ganó un cierto voto de solidaridad tras haber salido ileso por los pelos de un atentado cometido contra él en 1995 por la banda terrorista ETA, que, veinte años después de la muerte de Franco, continuaba sin cejar en su campaña de violencia por la independencia de la nación vasca.

El PP conquistó la mayoría absoluta en las elecciones de 2000 (con ciento ochenta y tres de los trescientos cincuenta diputados del Congreso). Para entonces, Aznar se había convertido en un actor importante de la escena europea, ya que era el único jefe de Gobierno de centro-derecha superviviente en los grandes países de la UE, después de que el socialdemócrata Gerhard Schröder hubiera derrotado al hasta entonces canciller Helmut Kohl en Alemania, y el candidato del Nuevo Laborismo, Tony Blair, hubiera hecho lo propio con el conservador John Major en Gran Bretaña. Pese a sus aparentes diferencias ideológicas, Aznar mantuvo una estrecha relación con Blair. Ambos promovieron en 2000 la llamada Agenda de Lisboa, para fomentar la competitividad de la economía de la Unión Europea y basarla más en el sector del conocimiento, y juntos apoyaron la invasión estadounidense de Irak en 2003. El endurecimiento de la postura española con Cuba, su antigua colonia, fue también una de las características de la política exterior de Aznar, más proatlantista. La Unión Europea, por iniciativa delprimer ministro español, fijó una posición común respecto a Cuba, que condicionaba todo diálogo con las autoridades comunistas de la isla a que estas realizaran avances hacia una apertura democrática. La medida fue precedida por la ejecución sumaria por fusilamiento de tres personas que habían secuestrado un ferri con la intención de huir del país, y del arresto de setenta y cinco disidentes.

Aznar no se presentó a un tercer mandato como presidente en las elecciones de 2004 —pese a que no obstaba impedimento legal alguno para ello— y transfirió el liderazgo del PP a Mariano Rajoy. La suya fue una decisión sin precedentes en la política posfranquista.

¿ CÓMO LOGRÓ EL GOBIERNO DEL PP CUMPLIR CON LAS CONDICIONES PARA QUE ESPAÑA ADOPTARA EL EURO COMO NUEVA MONEDA?

Cuando el Partido Popular asumió el Gobierno en 1996, España ya se había recuperado de la ligera recesión que había atravesado y su economía volvía a crecer. El país, sin embargo, no cumplía ninguno de los criterios establecidos para ingresar en la Unión Económica y Monetaria y adoptar la moneda común europea (el futuro euro), a partir de 1999. La inflación, los tipos de interés, el déficit presupuestario y la deuda pública sobrepasaban las condiciones de convergencia requeridas y consagradas en el Tratado de Maastricht de 1992 para la constitución de la futura eurozona. El gasto público había aumentado desde niveles de aproximadamente el 30 % del PIB en 1977 hasta el 45 %, y el desempleo estaba situado en el 23 %.

Tras el largo periodo de aislamiento del resto de Europa vivido durante el régimen de Franco, la inclusión de España en el núcleo de países que formaban la UEM y que estaban situados a la vanguardia de un proyecto europeísta se había convertido en una cuestión de orgullo nacional. Una constante durante buena parte de la historia española ha sido la relativa desincronización de España con respecto al resto de Europa. El deseo de estar a la par con los otros países explicaría el fuerte apoyo político de todos los partidos a la entrada en la UEM, como lo había sido el similar apoyo al ingreso en la Comunidad Económica Europea de hacía más de una década. Este objetivo ayudó al PP en su llamamiento a realizar sacrificios e hizo que el camino de llegada al euro fuera mucho menos bacheado de lo que podría haber sido. Los funcionarios y empleados públicos aceptaron una congelación salarial, se redujo el gasto público, se procedió a la privatización de empresas a mayor escala que durante los Gobiernos socialistas y se adoptaron varias medidas estructurales de calado. En la primavera de 1998, España ya cumplía con las condiciones: su déficit público estaba por debajo del margen máximo permitido del 3 % sobre el PIB (cuando, en 1995, estaba en el 6,5 %), el peso de la deuda pública sobre el PIB se estaba reduciendo, y la inflación se había rebajado al 2 % (cuando estaba en el 4,5 % en 1995). Con ella, también cayeron los tipos de interés. Las cosas se vieron facilitadas, además, por el hecho de que España se había convertido en la mayor receptora neta de fondos de la UE, muchos de los cuales se emplearon para mejorar considerablemente las infraestructuras en transportes. La estabilidad macroeconómica favoreció un nuevo círculo virtuoso de crecimiento elevado y creación de empleo, parecido al experimentado durante casi una década tras el ingreso de España en la CEE hasta la ligera recesión de 1993. La renta per cápita española aumentó y pasó de ser del 80 % de la media de los quince países de la Unión Europea en 1994 a situarse en el 87 % en 2004, y gracias a la creación de 1,8 millones de nuevos puestos de trabajo, el índice de desempleo cayó del 23 % al 11,5 % durante ese mismo periodo.

El ingreso en la zona euro, sin embargo, privó a España de su anterior libertad para fijar tipos de interés y devaluar su moneda. Los tipos son establecidos por el Banco Central Europeo, en vez de por los bancos centrales de los Estados miembros, y los países de la eurozona no pueden devaluar la moneda común. Los Gobiernos socialistas previos habían devaluado la peseta en tres ocasiones entre 1992 y 1995. La pérdida de la independencia en esas áreas de decisión significó que, cuando la economía española entró en un largo periodo de recesión a partir de 2008 (dentro de una caída generalizada en la eurozona), no pudo recurrir a los tipos de interés ni a la devaluación monetaria para recuperar competitividad (véase «¿Qué medidas de austeridad se tomaron?», en el capítulo 6).

¿ QUÉ PAPEL JUGARON LAS PRIVATIZACIONES EN LA POLÍTICA ECONÓMICA?

El Partido Popular aceleró el ritmo de la política de privatizaciones por motivos ideológicos, pero también porque lo necesitaba para maximizar ingresos con los que contener el déficit público, rebajar el volumen de la deuda pública y cumplir con los criterios de la Unión Europea en cuanto a la propiedad estatal de empresas. El grueso de los ingresos procedió de la venta de acciones de Endesa, grupo empresarial dominante en el sector eléctrico español y joya de la corona de la industria pública; de Repsol, grupo del sector de los hidrocarburos, y de Telefónica, operadora de telecomunicaciones (todas ellas, compañías muy rentables), así como de la aerolínea Iberia. Los presidentes de estas y otras corporaciones privatizadas eran empresarios próximos al PP.

En 2001, durante la segunda legislatura del PP en el Gobierno de España, la participación del Estado en empresas consideradas estratégicas en sus sectores respectivos se circunscribía ya a poco más que RTVE (con dos canales nacionales de televisión y varias cadenas radiofónicas), Renfe (la compañía ferroviaria), la agencia de noticias Efe, Enresa (encargada de la gestión de los residuos nucleares), la cadena hotelera de los Paradores de Turismo, y varias empresas de los sectores del carbón, la defensa y la construcción naval que generaban pérdidas. El Estado conservaba «acciones de oro» en el banco Argentaria, en Telefónica y en Repsol, para protegerlas de opas hostiles, unas acciones que finalmente tuvo que suprimir a instancias de la UE.

¿ CUÁLES FUERON LAS OTRAS REFORMAS ECONÓMICAS IMPORTANTES IMPULSADAS POR EL PARTIDO POPULAR?

El principal éxito económico del Partido Popular fue la estabilidad macroeconómica, pues posibilitó que España estuviera en el primer grupo de países que adoptaron el euro y supuso el inicio de trece años de crecimiento sostenido (aun cuando buena parte del mismo terminara por demostrarse ilusorio) hasta 2008, año en que la economía cayó en picado. El Gobierno popular también emprendió reformas poco profundas en ámbitos como las pensiones y el mercado de trabajo.

La legislación laboral aprobada en 1997 introdujo una nueva modalidad de contrato indefinido que reducía las indemnizaciones por despido. Los pagos por el «finiquito» de un contrato de trabajo indefinido en España estaban entre los más generosos de Europa y eran causa importante de la reticencia de los empresarios a contratar empleados fijos, en vez de temporales. Esto hacía que el mercado laboral estuviera fuertemente segmentado entre trabajadores estables (con contratos indefinidos) y precarios (con contratos temporales). El nuevo contrato pretendía mejorar la situación de dos colectivos: la población más expuesta al desempleo (los jóvenes, los parados de larga duración y las personas de más de cuarenta y cinco años) y los trabajadores con empleos temporales. Se reducían las indemnizaciones por despido injustificado desde los cuarenta y cinco días de salario por año trabajado (hasta un máximo de cuarenta y dos meses de sueldo) a treinta y tres días por año (y un máximo de veinticuatro meses). Aun así, estas cifras seguían estando por encima de la media de la Unión Europea. En 2001, a raíz de una nueva reforma, ese límite de treinta y tres días se haría extensivo a más situaciones y casos. La reforma de 1997 también avanzó en una vía iniciada ya por los socialistas en 1994: la de clarificar cuándo se consideran justificados los despidos de trabajadores y, por consiguiente, se indemnizan con una menor compensación de solo veinte días de salario por año trabajado, hasta un máximo de doce meses de sueldo. La reforma de 1994 para ampliar esos supuestos de despido justificado había tenido escaso efecto hasta la llegada de la nueva legislación porque los juzgados de lo social (los que entienden de la legislación, laboral en España) continuaron fallando muy mayoritariamente a favor de los trabajadores.

La tasa de paro se redujo a la mitad, hasta el 11,5 %, durante los ochos años de Gobiernos del PP, pero la masiva creación de empleo se debió principalmente al boom económico de aquel entonces —y, en particular, de un sector tan intensivo en mano de obra como es el de la construcción— más que a reformas estructurales. La acelerada carrera por edificar cientos de miles de viviendas comenzó a partir de la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1998, que permitió aumentar espectacularmente la superficie de terreno edificable. El PP creyó (equivocadamente) que aquella reforma reduciría los precios del suelo, pero tuvo el efecto contrario. El número de expedientes de construcción de obras nuevas pasó de los 76.127 que se registraron como media anual entre 1990 y 1995, cuando aún gobernaban los socialistas, a los 269.391 anuales que se contabilizaron entre 1996 y 2003, ya bajo Gobiernos del Partido Popular. Tal concentración de actividad en un solo sector propició un fuerte desequilibrio en la economía del país y dio origen a una enorme burbuja inmobiliaria que estallaría en 2008 (véase «¿Qué efecto tuvo la caída de los sectores inmobiliario y de la construcción?», en el capítulo 6).

La viabilidad a largo plazo del sistema público de pensiones contributivas se veía ya entonces comprometida por el envejecimiento demográfico, debido a su vez al alargamiento de la esperanza de vida en España (las españolas y los españoles viven de media ochenta y tres años, frente a los setenta y ocho de los estadounidenses) y a la volátil tasa de paro. Ambos factores, combinados, crearon la llamada «trampa de las pensiones»: el número de personas ocupadas del que depende la población mayor es cada vez menor en términos proporcionales. El problema comenzó a manifestarse entonces porque, en España, la Guerra Civil había causado en su día una fuerte caída del índice de natalidad y retrasó el baby boom hasta los años 1960-1975, más de una década después que en otros países occidentales. El PP amplió el periodo de referencia para calcular la pensión que corresponde percibir al alcanzar la edad de jubilación, que pasó de ocho a quince años, pero la fórmula siguió siendo una de las más generosas aplicadas en los países desarrollados.

El PP otorgó a los diecisiete Gobiernos autonómicos competencias para recaudar impuestos con la intención de potenciar una mayor «corresponsabilidad» fiscal y de hacer que las autonomías dependieran menos de la financiación procedente del Estado central o de los mercados internacionales de deuda. Los dos mayores capítulos de gasto financiados mediante transferencias de fondos del Estado central a las comunidades autónomas eran los correspondientes a la sanidad y la educación públicas descentralizadas. Hasta 1997, la descentralización de las competencias fiscales se limitó a la recaudación de los llamados «tributos cedidos», principalmente sobre el ámbito inmobiliario y del patrimonio, cuyos tipos y condiciones continuaban siendo fijados por el Gobierno central. A partir de ese año, los Gobiernos autonómicos ya pudieron establecer por su cuenta una parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los contribuyentes empadronados en su comunidad. Desde entonces, los tipos de ese impuesto se dividen entre una parte estatal y otra autonómica. También se autorizó entonces a las comunidades autónomas a variar localmente los umbrales de renta exenta del impuesto. De ese modo, entre 1997 y 2001, la recaudación ingresada por los impuestos sobre los que los Gobiernos autonómicos pasaron a tener capacidad regulativa para cambiar la base imponible o el tipo impositivo creció hasta el punto de que, de representar aproximadamente una cuarta parte de los ingresos tributarios corrientes, pasó a suponer más de la mitad de estos. Esa reforma, sin embargo, no sirvió para garantizar la disciplina fiscal de los Gobiernos autonómicos, pues paralelamente el nivel de sus respectivas deudas y déficits presupuestarios dejaron de tener límites, como sí lo habían tenido durante el proceso de convergencia para el ingreso en la Unión Económica y Monetaria que llevó a la adopción del euro. De resultas de ello, las Administraciones autonómicas no tuvieron reparo en acudir a financiar su gasto en los mercados financieros o a obtener préstamos de los bancos, una costumbre que tendría graves repercusiones para el déficit público y la crisis financiera disparados que asolarían la economía española una década después.

¿ POR QUÉ (Y CÓMO) SE CREARON COMPAÑÍAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS?

La pertenencia a la Comunidad Europea desde 1986 permitió que un número importante de empresas, y especialmente de empresas públicas de sectores oligopólicos, como las telecomunicaciones (Telefónica), el gas y el petróleo (Gas Natural y Repsol), y la electricidad (Endesa) —que, con el tiempo, acabarían privatizándose y contarían con abundante efectivo disponible—, se expandieran en el exterior para compensar el aumento de la competencia en su propio país de origen. La adopción del euro en 1999 posibilitó que las compañías recabaran fondos para sus adquisiciones a tipos de interés inimaginables unos pocos años antes. La inversión directa en el extranjero se disparó desde un promedio anual de 2.300 millones de dólares para el periodo 1985-1995 hasta una media de 30.400 millones al año para 1995-2004, y llegó a ser de 94.300 millones anuales en 2005-2007 para luego moderarse hasta los 40.800 millones en 2008-2011 (y 29.537 millones en 2012-2019), según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) [13] . El capital acumulado de las inversiones españolas en el extranjero al término de 2011 era ya de 656.503 millones de dólares y representaba un 42,5 % sobre el PIB del país, cuando, en 1990, ese capital solo equivalía a un 3 % del PIB. (En 2019, ese stock de capital era ya más moderado, de 606.549 millones de dólares.) Se trata de una cifra superior a la de las inversiones italianas en el exterior, por ejemplo, tanto en términos absolutos como proporcionales sobre el PIB de los respectivos países. España, junto con Corea del Sur y Taiwán, ha generado el mayor número de multinacionales globales de todos aquellos países que, en los años sesenta del siglo XX , aún no habían desarrollado una base industrial sólida (véase la tabla 2).

 Tabla 2: Multinacionales españolas situadas en posiciones destacadas en el mercado global1.

Empresa 

Sector 

Posición en el mercado mundial 

Ebro Puleva 

Procesamiento de alimentos 

N.º 1 en producción de arroz y N.º 2 en producción de pasta. 

Deoleo 

Procesamiento de alimentos 

N.º 1 en producción de aceite de oliva. 

Viscofán 

Procesamiento de alimentos 

N.º 1 en producción de envolturas artificiales para productos cárnicos. 

Freixenet 

Vinos espumosos 

N.º 1 en producción de vinos espumosos. 

Inditex 

Ropa 

N.º 1 en venta minorista de moda. 

Pronovias 

Ropa 

N.º 1 en confección de vestidos de novia. 

Acerinox 

Acero 

N.º 1 en producción de acero inoxidable. 

Roca 

Sanitarios 

N.º 1 en fabricación de sanitarios de baño. 

Grupo Antolín 

Componentes del automóvil 

Nº 1 en producción de componentes y módulos para el interior del automóvil. 

Zanini 

Componentes del automóvil 

N.º 1 en producción de tapacubos. 

Siemens Gamesa 

Energía renovable 

N.º 1 en capacidad instalada de turbinas eólicas offshore y n.º 2 en capacidad onshore. 

Iberdrola 

Electricidad 

N.º 1 como productor de energía eólica2. 

Grupo Ferrovial 

Infraestructuras 

N.º 5 en construcción y gestión de infraestructuras de transportes3. 

ACS/Hochtief 

Infraestructuras 

N.º 1 en construcción y gestión de infraestructuras de transportes3. 

Abertis 

Infraestructuras 

N.º 4 en construcción y gestión de infraestructuras de transportes3. 

Telefónica 

Telecomunicaciones 

N.º 7 por ingresos totales. 

Santander 

Banca 

N.º 1 en capitalización bursátil en la zona euro, y franquicia n.º 1 en América Latina. 

Sol Meliá 

Hoteles 

Cadena de hoteles vacacionales n.º 1 en total de camas. 

(1) Según el último año disponible en cada caso. (2) Sin contar China, por falta de datos que se puedan comparar con los de Iberdrola. (3) Clasificada por Public Works Financing según el número de concesiones de autovías, autopistas, puentes, túneles, líneas férreas, puertos y aeropuertos cuantificadas en más de 50 millones de dólares de inversión que estaban ya en construcción o en funcionamiento a fecha de 1 de octubre de 2018. Fuente: Tabla elaborada a partir de los informes de las propias empresas. 

América Latina fue la primera opción natural para las empresas españolas interesadas en invertir en el extranjero. Además de las afinidades culturales y lingüísticas, existían factores adicionales que atrajeron a las compañías hacia aquella región del mundo. La liberalización económica y las privatizaciones en América Latina abrieron allí sectores a los inversores que, hasta aquel momento, les habían estado vedados, y no hay que olvidar que las infraestructuras de la región, poco desarrolladas en general, llevaban mucho tiempo necesitadas de mejora. Así, entre 1993 y 2000, durante la primera fase de la expansión significativa de las inversiones españolas en el exterior, Telefónica, los bancos Santander y BBVA, Repsol, Gas Natural y las compañías energéticas Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa efectuaron adquisiciones en la región. La inversión española en América Latina promedió 13.100 millones de dólares anuales durante ese periodo. Solo Estados Unidos, cuya economía era en aquel entonces doce veces mayor que la de España y que limita geográficamente con aquella región, invirtió más allí. A comienzos de la década de 2000, las compañías españolas se habían convertido ya en las mayores operadoras en los sectores de las telecomunicaciones, la electricidad, el agua y los servicios financieros en la región, y los beneficios generados allí habían pasado a constituir una proporción importante de sus ingresos globales. El ascenso del Santander desde sus orígenes en el siglo XIX como banco emisor local en la provincia septentrional homónima hasta su posición como primera entidad de banca minorista de la zona euro (y la mayor también en capitalización bursátil) y dueña de la principal franquicia bancaria en América Latina, es especialmente reseñable. El banco cuenta con más de ciento cuarenta millones de clientes en todo el mundo y genera, por ejemplo, una proporción mucho mayor de sus beneficios en Brasil que en España. El otro gran banco español, el BBVA, gana también más dinero en México que en su propio país de origen.

El cambio de orientación inversora desde América Latina hacia Europa, Estados Unidos y Asia dio comienzo a principios de la década de 2000, tras el colapso financiero en Argentina, que golpeó a los bancos y empresas españolas que tenían intereses allí. Varias inversiones emblemáticas ejemplificaron aquel nuevo rumbo: la adquisición de O2 (operadora de telefonía móvil en el Reino Unido, Alemania e Irlanda) por parte de Telefónica y la entrada de esta en el capital de China Netcom; la adquisición del banco británico Abbey por el Santander por 15.600 millones de dólares; y también la adquisición por parte del BBVA de dos pequeños bancos en California y en Texas. En 2000, en la lista de las quinientas mayores empresas mundiales por capitalización bursátil solo aparecían ocho españolas; en 2008, esa cifra había aumentado y eran ya catorce (en el ranking de 2012 había vuelto a bajar y ya solo eran seis).

Las adquisiciones y la diversificación hicieron posible que las principales compañías españolas compensaran por otras vías la grave crisis que sufrió su propio mercado nacional de origen entre 2008 y 2013. Más del 60 % de los ingresos de las sociedades anónimas que forman el Ibex 35, principal índice de referencia de la Bolsa de Madrid, se generan fuera de España. Inditex, propietaria de la cadena de tiendas de moda Zara, que abrió su primer establecimiento en Galicia en 1975 y, en menos de cuarenta años, se convirtió en el mayor minorista textil del mundo por volumen de ventas (con casi seis mil tiendas fuera de España en noventa y cinco países, incluidas quinientas en China), genera más del 80 % de sus ingresos en el mercado internacional. Dos compañías destacadas en el sector de la tecnología son Grifols (farmacia y sanidad) y Abengoa (energías alternativas y servicios medioambientales), que cotizan en el Nasdaq. Y Renfe logró en 2020 un precontrato de 5.560 millones de euros para la explotación de la línea del tren de alta velocidad entre Dallas y Houston en Estados Unidos, el mayor jamás ganado por una empresa pública española en el exterior.

¿ CÓMO SE AFRONTÓ EN ESPAÑA EL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN?

A España comenzaron a llegar inmigrantes en cifras muy significativas durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular. A la muerte del general Franco, había en el país ciento sesenta y cinco mil habitantes de nacionalidad extranjera (yo incluido). En 1995, eran algo más de novecientos mil. En 2005, ese número había aumentado ya hasta los 3,7 millones, y en 2012, había contabilizados 5,7 millones. España pasó de ser una exportadora neta de población —en las décadas de los cincuenta y los sesenta, más de un millón de sus habitantes emigraron a América Latina y el norte de Europa— a convertirse en la mayor receptora de inmigrantes en la Unión Europea en un brevísimo periodo de tiempo. En proporción sobre la población total, el porcentaje de extranjeros residentes ha aumentado desde el 0,4 % en 1975 hasta el 11 % a 1 de enero de 2020 (sin incluir a aquellos que ya se han nacionalizado españoles), una de las cifras más elevadas entre los grandes países europeos.

Como en el caso de otros muchos cambios en España, el de la afluencia de inmigrantes se produjo con gran rapidez. Se trataba, además, de un fenómeno novedoso en un país que se había caracterizado por la intolerancia durante siglos y que había expulsado a muchos de sus ciudadanos hacia tierras extranjeras por razones políticas, religiosas o económicas. Según el historiador Henry Kamen, entre 1492 —año de la expulsión masiva de judíos y musulmanes— y 1975, unos tres millones de españoles habían salido del país por presiones políticas o económicas, sin contar a los otros muchos (muchísimos) que formaron parte del habitual proceso emigratorio, sobre todo durante la década de 1960 [14] .

Los inmigrantes llegaban a España atraídos por una economía en veloz expansión y creadora de empleo, sobre todo en el sector de la construcción. En el momento álgido del boom económico, en 2007, más de la mitad de los 3,3 millones de inmigrantes no comunitarios trabajaban en dicho sector. Hasta entonces, la española había sido una sociedad relativamente homogénea desde el punto de vista étnico. Inicialmente el mayor contingente de inmigrantes procedía de Marruecos. Muchos marroquíes llegaban a España ilegalmente cruzando las peligrosas aguas del estrecho de Gibraltar a bordo de precarias embarcaciones («pateras») y arriesgando seriamente la vida. España está muy próxima a Marruecos en términos geográficos —en el punto más cercano entre ambas, solo catorce kilómetros separan la península Ibérica en su extremo sur de la costa marroquí más septentrional—, pero muy separada en el económico, pues la renta per cápita española es prácticamente el décuplo de la marroquí (que es de unos tres mil dólares). España representaba una especie de «El Dorado» para muchos marroquíes pobres. Cuando Rumanía ingresó en la Unión Europea en 2004, enseguida superó a Marruecos como país de origen de la más numerosa comunidad de población extranjera en España (897.000 rumanos a comienzos de 2012, frente a 788.000 marroquíes), pues los ciudadanos comunitarios gozan de libertad de movimiento dentro de las fronteras de la UE, a diferencia de los marroquíes y los ciudadanos de otros países no comunitarios, que precisan de permisos de trabajo y de residencia para trabajar legalmente en España. (En 2001, sin embargo, el número de habitantes de nacionalidad rumana en España no llegaba a los sesenta mil). Otras comunidades numerosas de residentes extranjeros en España son la que procede del Reino Unido (formada principalmente por personas jubiladas) y las de Italia y Colombia. Más de la mitad de los extranjeros que viven en España son de países no comunitarios.

La afluencia de inmigrantes fue, de entrada, una consecuencia (y, posteriormente, un factor impulsor) de la prosperidad española. En 2003, España recibió a uno de cada tres inmigrantes llegados a la Unión Europea. De no haber sido por los inmigrantes, España no habría podido cosechar sus fresas de Huelva, ni sus peras de Lérida, ni habría contado con mano de obra suficiente para trabajar en la agricultura intensiva de los sofocantes invernaderos de plástico de Almería, ni para sostener su boom de la construcción, ni para mantener en funcionamiento los hoteles en las zonas turísticas, ni para cuidar de los niños ni de las personas ancianas. Según un informe del Gobierno español, la mitad del crecimiento anual del PIB español entre 2001 y 2005 (que fue de un 3,1 % de media) es atribuible al efecto de la llegada de esos inmigrantes, un incremento sensible en comparación con la contribución del 12 % al crecimiento anual medio del 4,1 % del PIB que realizaron los inmigrantes en España entre 1996 y 2000 [15] . Los inmigrantes también hicieron que el rigidísimo mercado laboral español fuera más flexible, pues su nivel de exigencia en ese sentido era menor que el de los trabajadores autóctonos. Asimismo, invirtieron la tendencia de las anteriores proyecciones de descenso de la población del país debido la caída de la tasa de fertilidad (que había pasado de los 2,8 hijos por mujer en 1978 a 1,2 en 2000, por debajo de la tasa de sustitución de 2,1 que se considera necesaria para mantener estable el nivel de población). Cerca de dos tercios de los seis millones de habitantes en que creció la población española entre 2001 y 2011 (el mayor crecimiento demográfico de España en diez años en toda su historia) fueron debidos a la llegada de inmigrantes al país y a la mayor tasa de fertilidad de las mujeres inmigrantes en comparación con las autóctonas.

Los inmigrantes también han cambiado el mapa religioso de España. De ser un país casi exclusivamente católico, ha pasado a tener, a fecha de 2012, en torno a 1,4 millones de musulmanes, 1,2 millones de protestantes (o evangélicos), quinientos mil cristianos de las iglesias ortodoxas (rumana, búlgara, rusa), ciento veinticinco mil testigos de Jehová y cuarenta y ocho mil judíos, según el Registro de Entidades Religiosas.

Los inmigrantes no quitaron puestos de trabajo a los españoles porque llegaron durante la fuerte expansión económica que vivió el país en esos años y se ocuparon en muchos de los empleos no especializados de baja cualificación en los que muchos españoles ya no querían trabajar. Eso explica hasta cierto punto por qué los españoles demostraron una considerable tolerancia hacia los inmigrantes. No hubo una reacción de rechazo extendida contra ellos, ni se creó un partido antiinmigración y xenófobo análogo al Frente Nacional francés o al británico. (El ultraderechista Vox no conquistó escaños en el Congreso hasta 2019). Los únicos disturbios antiinmigrantes verdaderamente graves tuvieron lugar en el año 2000 en la localidad de El Ejido (Almería), donde cientos de norteafricanos trabajan como mano de obra barata en los invernaderos de plástico donde se producen las verduras y hortalizas invernales de Europa bajo un calor asfixiante. También ha sido frecuente motivo de controversia la construcción de nuevas mezquitas, sobre todo en núcleos urbanos, y, de hecho, muchos de esos centros de culto han sido edificados o acondicionados en las afueras de los pueblos y las ciudades a causa de la oposición vecinal.

La población activa se incrementó sensiblemente entre 1998 y 2007 al tiempo que la tasa de paro se veía reducida a menos de la mitad, hasta solo el 8 %. Fue, sin duda, un hito muy destacado, pero insostenible. Cuando la economía entró en recesión en 2009, fueron también los inmigrantes quienes representaron una proporción muy importante de los nuevos desempleados, pues muchos de ellos trabajaban con contratos temporales en el sector de la construcción y fueron los primeros en perder su trabajo cuando estalló la burbuja inmobiliaria. El índice de desempleo entre los inmigrantes (superior al 35 % en 2013) era mucho más elevado que la media nacional (de algo más del 25 % en 2013). (La tasa de paro en 2019 era de un 20 % entre la población activa extranjera residente en España, y de un 13,8 % entre la de nacionalidad española). Debido a ello, comenzaron a regresar a sus países de origen en un número muy apreciable a partir de 2010, al tiempo que se reanudaba el viejo fenómeno de la emigración de miles de españoles autóctonos hacia la Europa del norte, solo que esta vez quienes emigraban eran personas con nivel formativo elevado, entre ellas, ingenieros y médicos. Desde 2011 hasta 2016, por primera vez en treinta años, el número de personas que emigraron (españoles que buscan trabajo en el extranjero y extranjeros que regresan a sus países) superó el número sumado de los extranjeros que inmigran y los españoles que regresan a España; muchos españoles se han visto así obligados a desempeñar esos empleos no cualificados (durante la temporada de la vendimia, por ejemplo) de los que, hasta poco antes, se encargaban los inmigrantes.

¿ CÓMO TRATÓ EL GOBIERNO DEL PP DE ERRADICAR LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA VASCA ETA?

El atentado fallido de la organización terrorista vasca ETA contra José María Aznar con un coche bomba en 1995, un año antes de que fuera investido nuevo presidente del Gobierno de España, endureció las posiciones del Partido Popular hacia la banda. ETA llevaba en aquel entonces más de treinta años luchando con métodos violentos por la independencia de un Estado socialista vasco formado por las tres provincias de Euskadi más Navarra y el País Vasco francés (en el extremo suroeste del territorio nacional galo).

El PP se mostró más intolerante desde el punto de vista ideológico con el nacionalismo vasco que el Gobierno socialista previo, y más dispuesto también a erradicar a ETA por la vía policial antes que por la política. Cuando el PP llegó al poder, ETA había matado ya a 747 personas, trescientas setenta y cuatro de ellas durante los trece años precedentes de Gobierno socialista (a una media anual de veintinueve). Las detenciones y encarcelamientos de personas sospechosas de pertenecer a ETA se incrementaron considerablemente desde el momento en que el PP llegó al Gobierno, debido en parte a una mayor cooperación con la vecina Francia, que dejó de ser así el refugio seguro que era para los etarras. El número anual de asesinatos de ETA cayó de quince que se registraron en 1995 a cinco en 1996. El asesinato en julio de 1997 de Miguel Ángel Blanco, un concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya), señaló un punto de inflexión y despertó una oleada de repulsa popular en toda España: seis millones de manifestantes salieron a las calles a expresar su indignada repulsa a ETA. Blanco fue asesinado después de que el Gobierno se negara a ceder ante el ultimátum de cuarenta y ocho horas dado por ETA para trasladar a los presos etarras a prisiones más cercanas a las provincias vascas.

El Gobierno también empezó a vigilar más de cerca los vínculos entre ETA y sus aliados políticos, la conocida como «izquierda abertzale » (es decir, «patriótica»). En diciembre de 1997, veintitrés miembros de Herri Batasuna (HB) fueron condenados a siete años de prisión por colaboración con ETA. Su caso se centró en un vídeo con militantes armados de la banda que la formación, considerada la portavoz política de ETA, había tratado de mostrar durante la campaña electoral de las generales de 1996. Aquella era la primera vez que miembros de HB (fundada en 1978) iban a la cárcel por cooperar con ETA. En otra causa separada, aunque dentro de la misma campaña de cerco a la banda terrorista, también el periódico vasco Egin fue clausurado por sentencia judicial.

En septiembre de 1998, se oficializó en el País Vasco un importante realineamiento político a raíz de la firma del llamado Pacto de Estella (o Lizarra, por el nombre de dicha localidad en euskera) entre todos los partidos nacionalistas vascos, en el que acordaron intensificar el proceso de construcción nacional por medios pacíficos. Aquello polarizó aún más la vida política vasca, dividiéndola visiblemente entre nacionalistas y no nacionalistas. Hasta entonces, el principal eje de separación del sistema de partidos se había establecido entre aquellos que apoyaban el statu quo institucional —incluido el Partido Nacionalista Vasco (de centro-derecha, principal fuerza nacionalista de Euskadi), que respaldaba la legitimidad de las instituciones autonómicas vascas pese a que, en el referéndum de 1978, muchos de sus partidarios habían votado en contra de la Constitución o se habían abstenido—, y el nacionalismo abertzale, en particular HB, que defendía el independentismo de manera más radical. Ese apoyo manifiesto del PNV a la autodeterminación sembró la discordia entre este partido y el Gobierno en minoría del PP en Madrid, al que el PNV sostenía con sus diputados en el Congreso.

ETA declaró su primer alto el fuego «indefinido» y HB se refundó y pasó a denominarse Euskal Herritarrok (EH, «ciudadanos vascos» en euskera) con la intención de ampliar su apoyo electoral. De hecho, cosechó un 18 % en las elecciones autonómicas vascas de octubre de 1998, lo que convirtió a ese partido en el tercero más votado de Euskadi tras el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. El PNV, tras varios Gobiernos de coalición con el Partido Socialista de Euskadi, decidió aliarse con EH, mucho más radical. Durante la «tregua» decretada por ETA, el Gobierno central mantuvo contactos directos en secreto con representantes de la banda, pero resultaron infructuosos. ETA quería un acuerdo de paz que incluyera un referéndum sobre la independencia, una exigencia que el PP rechazaba de plano. En noviembre de 1999, ETA anunció el fin de su alto el fuego y reanudó los atentados mortales: de hecho, mató a cuarenta y seis personas entre 2000 y 2004, año en el que los socialistas regresaron al poder.

¿ POR QUÉ EL GOBIERNO ESPAÑOL APOYÓ LA INVASIÓN DE IRAK DE 2003 LIDERADA POR ESTADOS UNIDOS?

Aznar fue reelegido presidente del Gobierno en 2000 tras haber cosechado en las urnas una mayoría absoluta parlamentaria y, sintiéndose más liberado para actuar que durante su anterior Gobierno en minoría, se propuso conseguir de Estados Unidos un equivalente español a la relación «especial» del Reino Unido con Washington. Ese giro en la política exterior rompió con la línea esencialmente europeísta y buscadora de consensos que había seguido España desde la muerte de Franco, condicionada en gran medida por la determinación con la que el conjunto de la clase política española se propuso el objetivo de integrar al país en la Unión Europea.

Aznar se sentía decepcionado con las políticas económicas aplicadas en Francia y en Alemania, pues entendía que se apartaban deslealmente del objetivo de una economía europea más liberalizada y orientada al mercado. Consideró entonces que, manteniendo una relación más estrecha con Washington, crearía un contrapeso al dominio francoalemán en la Unión Europea. Para él, aquella era también una forma de promover los intereses económicos y empresariales de España en Estados Unidos, sobre todo entre la comunidad hispana —que tan rápido crecía allí y que ya era mayor que la población total de España—, y de elevar el perfil del país en la escena mundial. Y no era una vía de sentido único: el estrechamiento de lazos estimularía sin duda una mayor inversión directa en España de las empresas estadounidenses. En el punto de mira de Aznar estaba la incorporación de España a una versión ampliada del G-8, foro de encuentro de las ocho mayores economías del mundo. También aspiraba a posicionar la economía española —que, gracias al espectacular crecimiento registrado durante la década de los noventa, llegó a situarse provisionalmente en el octavo puesto de las economías del mundo desarrollado por tamaño— más claramente dentro del ámbito del modelo anglosajón de capitalismo y más alejada de la versión socialdemócrata impulsada por los socialistas en España. Fue con esa idea con la que él y Tony Blair, el entonces primer ministro británico, colaboraron estrechamente en la elaboración y aprobación de la Agenda de Lisboa para incrementar la competitividad de la economía de la UE.

La oportunidad de forjar unas relaciones políticas y económicas más estrechas con Washington se presentó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono. Fue entonces cuando se activó la conexión entre Aznar y el presidente George W. Bush. Ambos dirigentes mostraban una proximidad ideológica y Aznar había sido personalmente víctima de un atentado con coche bomba perpetrado por la banda terrorista vasca ETA en 1995. Cuando Bush hizo escala en Madrid en su primera visita como presidente a Europa, Aznar habló con él largo y tendido sobre terrorismo, y ambos coincidieron en que era necesario librar una guerra global contra ese fenómeno y sus promotores. En 2003, España se convirtió en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, justo cuando Aznar era ya el más sólido aliado europeo de Estados Unidos junto con Blair. Aznar fue el principal instigador del artículo que se publicó en el Wall Street Journal en enero de 2003, y que firmaron los primeros ministros de ocho países europeos, en el que se decía que «la relación transatlántica no debe convertirse en una víctima de los constantes intentos del régimen iraquí de amenazar la seguridad mundial». Aznar trató sin éxito de convencer a México y a Chile, que también eran miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, para que apoyaran una resolución de la ONU que autorizaría el uso de la fuerza en Irak ante la presunta acumulación de armas de destrucción masiva que Sadam Husein había ordenado. En el momento más álgido del apoyo de Madrid a Washington, el Gobierno español promovió una campaña publicitaria de España en Estados Unidos con el lema «Vuestro amigo en Europa».

España se integró en la coalition of the willing («coalición de los dispuestos») liderada por Estados Unidos; símbolo de ello fue la fotografía conjunta de Bush, Blair y Aznar en la cumbre que celebraron en las Azores en marzo de 2003, poco antes del inicio de la invasión de Irak. Aznar justificó la participación española con el argumento de que «no queremos ver a España sentada en el rincón de la Historia, en el rincón de los países que no cuentan, que no sirven, que no deciden. [...] Para situar a nuestro país entre los más importantes del mundo, cuando el mundo está amenazado, debemos asumir responsabilidades». En sus memorias como expresidente, publicadas en 2004, Aznar explicó un poco más a fondo aquella decisión: «En los últimos doscientos años, nuestro país no había asumido responsabilidades internacionales. [...] Después del desastre de la invasión napoleónica, España fue expulsada de la política europea en el Congreso de Viena, en 1815. A partir de ahí, salvo algunas incursiones puntuales, España se refugió en sí misma» [16] . En otro libro, Aznar escribió: «España estuvo en las Azores porque no pudo participar en el desembarco de Normandía [de 1944], que es donde debíamos haber estado» [17] .

De todos modos, Aznar no aportó tropas de combate para la campaña en Irak, pues tal medida habría resultado demasiado controvertida en un país, España, cuya ciudadanía estaba, en su inmensa mayoría, en contra de la invasión (incluida buena parte del electorado y la militancia de su propio partido y de la Iglesia católica). Según un sondeo realizado en su momento por el Real Instituto Elcano, un think tank madrileño, apenas un mes antes de la invasión iraquí, un 64 % de los españoles se oponía a cualquier tipo de intervención militar en aquel país, un 27 % la apoyaría solo si contaba con el respaldo de Naciones Unidas, y únicamente un 2 % aprobaba el uso de la fuerza con o sin resolución de la ONU de por medio. Aznar se limitó a enviar a mil trescientos militares como fuerzas de paz y también de reconstrucción tras la guerra. La arbitraria manera de actuar de Aznar convirtió la política exterior en un campo de enconada batalla con los socialistas, cuya primerísima decisión nada más ganar las elecciones generales de marzo de 2004 sería la de ordenar el regreso a España de las tropas españolas destinadas en Irak.

¿ POR QUÉ EL TERRORISMO ISLÁMICO ATENTÓ CON BOMBAS CONTRA UNOS TRENES EN MADRID EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2004?

El 11 de marzo de 2004, a una hora en la que miles de viajeros se desplazaban hacia sus lugares de trabajo cotidianos, hicieron explosión diez artefactos rellenos de metralla que habían sido colocados a bordo de cuatro trenes de cercanías que se dirigían a la estación madrileña de Atocha y que mataron a ciento noventa y dos personas y dejaron heridas a otras mil ochocientas. Se trataba del ataque terrorista islamista en Europa más devastador desde que la explosión de un avión de PanAm sobre Lockerbie (Escocia) matara a doscientas cincuenta y ocho personas en 1988.

Las explosiones del 11-M (como se conoce desde entonces aquella trágica jornada) ocurrieron tres días antes de las elecciones generales del 14 de marzo y fueron perpetradas por una célula afiliada a Al Qaeda, que dijo haber cometido el atentado en represalia por el apoyo de España a la guerra en Irak. La célula estaba formada por un grupo de jóvenes inmigrantes norteafricanos, ayudados por delincuentes comunes españoles de poca monta, que les proporcionaron la dinamita, uno de los cuales era un adolescente de dieciséis años a quien se conocía como «el Gitanillo». Según defendió la Fiscalía durante el juicio celebrado contra algunos de los implicados en la conspiración, los terroristas actuaron influidos por un panfleto publicado en un sitio web afiliado a Al Qaeda en el que se llamaba a atentar contra España. En concreto, el panfleto pedía que se cometieran «dos o tres atentados [...] aprovechando la inminencia de las elecciones generales en España», pues, de ese modo, se aseguraría la «victoria del Partido Socialista y, por lo tanto, la retirada de las fuerzas españolas [de Irak]». El candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se había comprometido en marzo de 2003 (un año antes del 11-M) a retirar las tropas que España tenía desplegadas en suelo iraquí si su partido regresaba al poder en las siguientes elecciones, como finalmente ocurrió (véase «¿La vuelta de los socialistas al poder se debió al atentado terrorista islámico?», en el capítulo 6).

El atentado contra los trenes no había sido el primero cometido por terroristas islámicos en España. En abril de 1985, una bomba colocada en un restaurante próximo a Madrid y frecuentado por personal militar de la cercana base aérea estadounidense de Torrejón mató a dieciocho personas. Las investigaciones llevadas a cabo tras el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York del 11 de septiembre de 2001 revelaron, asimismo, que algunos de los implicados habían viajado a España para obtener documentos falsos, entre otros materiales. Ayman al Zawahiri, estrecho colaborador de Osama bin Laden, anunció un mes después del 11-S que Al-Ándalus (nombre árabe que los conquistadores musulmanes dieron a la península Ibérica antes de que esta fuera conquistada de nuevo por ejércitos cristianos, tras un largo proceso que concluyó en 1492) volvería algún día a estar bajo dominio islámico. En mayo de 2003, un atentado suicida con explosivos en el restaurante y local social Casa de España, en Casablanca (Marruecos), se había cobrado la vida de cuarenta y cinco personas.

Otros factores que habían situado a España en el mapa de las actuaciones yihadistas eran su proximidad al norte de África y la numerosa comunidad inmigrante musulmana residente en el país, una minoría de la cual sentía desafecto por su nación de acogida y podía ser potencialmente proclive a sumarse a la causa fundamentalista islámica. Por otra parte, la oposición a la guerra era una actitud muy extendida entre los españoles (un 90 %), según los sondeos de opinión, y había hecho que muchos de ellos salieran a la calle a manifestarse contra la invasión. Los yihadistas veían a España, pues, como un lugar idóneo para perpetrar un atentado exitoso para sus intereses. Además, los servicios de Seguridad europeos consideraban en aquel entonces que Londres tenía más probabilidades de ser el objetivo de un atentado terrorista que Madrid, dado que Gran Bretaña era el aliado más estrecho de Washington en la guerra de Irak.

El Gobierno reaccionó atribuyendo inmediatamente la autoría de las explosiones a la organización terrorista vasca ETA, contra la que el PP mantenía una política de línea dura. Aznar telefoneó incluso a directores de periódico para hacérselo saber y también se transmitieron instrucciones a los embajadores españoles en otros países para que defendieran la tesis de la autoría etarra. En un primer momento, pareció lógico que el Gobierno atribuyera el atentado a ETA, teniendo en cuenta la campaña de violencia desplegada por la banda desde hacía más de treinta años. Ya había tratado de atentar (sin éxito) contra estaciones ferroviarias madrileñas, y dos de sus miembros habían sido detenidos un mes antes del 11-M cuando transportaban media tonelada de explosivo hacia la capital española. Sin embargo, el rastro de pruebas —halladas en una mochila bomba que no había llegado a explotar y en una furgoneta donde había siete detonadores y una cinta de casete con versículos del Corán— condujo a la Policía hasta tres ciudadanos marroquíes, que fueron arrestados de inmediato, e hizo evidente ya a las pocas horas del atentado que ETA no había sido la responsable. El Gobierno tardó en anunciar públicamente ese y otros detalles en aquel par de días previos a las elecciones, con lo que pronto comenzó a ser acusado de manipular la información para beneficiar electoralmente al PP. En plena jornada de reflexión, la víspera del día de los comicios, se encontró una cinta de vídeo cerca de la mezquita central de Madrid en la que un portavoz de Al Qaeda reivindicaba para su organización la autoría de las explosiones. Miles de personas, movilizadas por mensajes de texto a través de los teléfonos móviles y también por Internet, se manifestaron espontáneamente ante la sede central del PP en Madrid en protesta por lo que estaba ocurriendo y en abierto desafío a la prohibición de actividades políticas que la ley electoral española impone durante el día inmediatamente previo al de una cita electoral.

La comisión parlamentaria de investigación del 11-M convocada por los socialistas tras su victoria en aquellas elecciones eliminó toda sospecha de implicación de ETA en el atentado y llegó a la conclusión de que el Gobierno de Aznar había manipulado información con fines electorales. También declaró que el Gobierno había subestimado la amenaza terrorista islámica a la que se enfrentaba España. Todos los partidos salvo el PP aprobaron sus conclusiones. No obstante, desde sectores cercanos al Partido Popular continuaron difundiéndose y apoyándose durante años teorías de la conspiración sobre lo sucedido. También las asociaciones de víctimas acabaron dividiéndose y politizando la tragedia. La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, madre de una de las víctimas, se mostró muy crítica con la actuación en su momento del Gobierno del PP, mientras que la mucho más veterana Asociación de Víctimas del Terrorismo, fundada en 1981 por familiares y afectados de las personas asesinadas por ETA, adoptó una actitud dura contra los socialistas. Las víctimas del 11-M tienen un monumento-homenaje en la estación de Atocha: un gran cilindro de cristal en el que figuran inscritos los nombres de los ciento noventa y dos asesinados, de los que aproximadamente una cuarta parte eran inmigrantes que trabajaban en España.

6
LOS SOCIALISTAS CONTRAATACAN
( 2004- 2011)

¿ LA VUELTA DE LOS SOCIALISTAS AL PODER SE DEBIÓ AL ATENTADO TERRORISTA ISLÁMICO?

El PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero como cabeza de lista, ganó las elecciones del 14 de marzo de 2004, tres días después del atentado terrorista islámico que mató a ciento noventa y dos personas en Madrid. Recibió once millones de votos, frente a los 9,7 millones que obtuvo el PP, pero se quedó a doce escaños de la mayoría absoluta del Congreso y tuvo que depender del apoyo parlamentario de Izquierda Unida (IU) y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para formar Gobierno.

El PP y el PSOE hicieron interpretaciones muy distintas de aquellos resultados y continuarían haciéndolas durante los años siguientes. Los populares dijeron que el atentado había reavivado el sentimiento contrario a la guerra de buena parte de la ciudadanía, y que esta se había decidido a penalizar así al PP por haber apoyado la invasión de Irak en contra de la opinión inmensamente mayoritaria de los españoles. También culpaban a la izquierda y a los medios opuestos a la guerra de que habían canalizado interesadamente ese sentimiento en las horas previas a las elecciones. El Partido Popular entendía, por ello, que Zapatero era un presidente «accidental».

Los socialistas aseguraban que habrían ganado los comicios de todos modos, y que los esfuerzos del PP por colgar las culpas del atentado a la banda terrorista ETA habían sido un engaño que se volvió en su contra. Zapatero había prometido un año antes del atentado retirar las tropas españolas de Irak si vencía en aquellas elecciones, y la carga identitaria de su programa político (que prometía reformas sociales y conectaba bien con los colectivos y grupos minoritarios) también le había hecho ganar apoyos. Si ETA hubiera sido la responsable de aquellas explosiones, lo más probable es que el PP hubiera ganado las elecciones. El atentado movilizó a votantes que, de otro modo, se habrían abstenido o se habrían mostrado indecisos. La participación electoral fue del 77 %, la tercera más elevada desde que la democracia volvió al país en 1977. En España, hasta hace unos años al menos, cuando la participación era baja, la derecha tendía a salir más favorecida que la izquierda, pues solía estar más unida en torno a un único partido (el PP), mientras que la izquierda estaba (y está) más escindida en varios partidos, el PSOE e IU (ahora Unidas Podemos) entre ellos. Según un sondeo realizado después de las elecciones por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 22 % de los votantes (1,6 millones, aproximadamente) dijo que el atentado había influido en su decisión y los había movido a votar.

La victoria de los socialistas y la casi inmediata retirada de las tropas españolas de Irak fueron interpretados en círculos mediáticos, políticos (de derechas) e internacionales, así como en importantes sectores del PP, como una capitulación ante el terrorismo. Según esa errónea percepción, Bin Laden —y no Zapatero— había sido el verdadero vencedor de las elecciones. El historiador Charles Powell escribió que eso era como decir que las elecciones presidenciales estadounidenses de 1980 habían sido ganadas por el ayatolá Rujolá Jomeini y no por Ronald Reagan, que derrotó a Jimmy Carter después de que este perdiera gran parte de su crédito político en su enfrentamiento con el líder revolucionario iraní, a raíz del fracaso de su misión para rescatar a los estadounidenses a quienes el régimen de Teherán retenía como rehenes en su propia embajada [18] . Para los españoles el terrorismo no era una novedad. Llevaban mucho tiempo negándose a ceder ante las exigencias de ETA; además, once millones (de una población total de cuarenta y dos millones) salieron a manifestarse en diversas ciudades al día siguiente del atentado, antes incluso de que tuvieran la certeza de quiénes habían sido realmente los culpables; y no hay que olvidar que se habían manifestado con igual contundencia unos meses antes para proclamar su oposición al apoyo de su Gobierno a la guerra en Irak.

¿ QUIÉN ES JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO?

José Luis Rodríguez Zapatero era prácticamente un desconocido para la mayoría de los españoles antes de su acceso a la secretaría general del PSOE en julio de 2000, a raíz de la dimisión de Joaquín Almunia y de la derrota del partido frente al conservador PP en las elecciones generales de aquel año. Zapatero nació en 1960 en Valladolid, capital actual de la comunidad autónoma (predominantemente conservadora) de Castilla y León. Su abuelo paterno, capitán del Ejército republicano, murió ejecutado por las tropas del general Franco por haberse negado a sumarse al bando sublevado durante la Guerra Civil. Tuvo tiempo de escribir a mano una última voluntad veinticuatro horas antes de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento, en la que declaró que su credo había sido el de «un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes». Esa tragedia familiar probablemente influyó en la perspectiva de Zapatero sobre la Guerra Civil y llevó a que su Gobierno aprobara la controvertida Ley de Memoria Histórica, de 2007 (véase la sección al respecto en este capítulo). El abuelo materno de Zapatero, a quien él sí conoció en vida, luchó en el bando franquista, algo a lo que el presidente se cuidó mucho de dar publicidad.

Zapatero había sido líder de las Juventudes Socialistas de la provincia de León y, tras haber cursado derecho y cuando se dedicaba a dar clases en esa misma facultad de la capital leonesa, fue elegido diputado en Madrid, el más joven del Congreso (con solo veintiséis años). Se presentó candidato a la secretaría general del partido tras haber fundado una corriente interna llamada Nueva Vía, un nombre evocador de la Third Way (Tercera Vía) de Tony Blair, el primer ministro británico, y del Neue Mitte (Nuevo Centro) del canciller socialdemócrata alemán de aquel entonces, Gerhard Schröder. Zapatero era el candidato tapado que competía contra tres políticos más veteranos. Por su falta de experiencia y su apariencia se ganó el apodo de «Bambi» que le dedicó Alfonso Guerra, antiguo vicepresidente del Gobierno del PSOE (de 1982 a 1991). Pero, al ser quien menos relacionado estaba con las Administraciones socialistas previas y quien menor edad tenía de todos los candidatos, su mensaje sobre la necesidad de renovar y rejuvenecer un partido cuyo crédito había quedado muy tocado al término de su cuarta y (hasta entonces) última legislatura de gobierno (1993-1996) halló un gran eco entre los delegados que votaban en aquellas primarias. Finalmente, las ganó por un margen muy estrecho, llevándose cuatrocientos catorce de los novecientos noventa y cinco votos emitidos, nueve más que su rival más próximo.

La filosofía política de Zapatero se fundamentaba en las teorías de la libertad y la «no-dominación» propugnadas por el profesor de Princeton Philip Pettit en su libro Republicanismo, de 1997. Pettit ha definido y defendido lo que él llama «republicanismo cívico» como «el respeto a todas las comunidades, identidades, colectivos e ideas porque todas contribuyen a evitar la dominación de unos sobre otros» (El País, «El gran reto de Zapatero será su relación con la Iglesia», 15 de marzo de 2018). Zapatero impulsó la aprobación de una serie de medidas legislativas progresistas en el plano social y modificó elequilibrio mantenido hasta entonces con la poderosa Iglesia católica española (véanse las dos secciones siguientes de este capítulo).

En política exterior, Zapatero ya se había ganado la reputación de antiamericano antes de acceder al cargo, después de que se negara a ponerse de pie al paso de la bandera estadounidense durante el desfile de la Fiesta Nacional celebrado en Madrid el 12 de octubre de 2003. Fue un gesto manifiesto de protesta por la guerra impulsada por Estados Unidos en Irak. Sus intentos de suavizar la política común que mantenía la Unión Europea con respecto a Cuba, consistente hasta entonces en ligar los avances en las relaciones con el régimen comunista con los progresos de La Habana en materia de democratización interna, también generaron antagonismo en Washington. Y no menos contrariado se sintió el Gobierno estadounidense por la relación de proximidad de Zapatero con el declaradamente antiamericano presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Tras la amigable relación de Estados Unidos con el anterior presidente del Gobierno español, José María Aznar, que apoyó la guerra en Irak, George W. Bush marginó a Zapatero por considerarlo un aliado desleal. El presidente estadounidense dedicó un intencionado desaire al nuevo presidente español cuando invitó a Aznar a visitar la Casa Blanca en 2004, justo después de abandonar el cargo, y nunca cursó invitación alguna en ese sentido a Zapatero, que tuvo que esperar para ello a que Bush fuera reemplazado por Barack Obama cinco años después. De todos modos, las tensiones con Washington no fueron óbice para que Zapatero incrementara en mil quinientos efectivos la presencia de soldados españoles en las fuerzas de paz desplegadas en Afganistán. Él entendía que esta sí era una causa justificable, pues, a diferencia de la guerra en Irak, la intervención militar en suelo afgano contaba con el beneplácito expreso de Naciones Unidas.

¿ CÓMO SE CONVIRTIÓ ESPAÑA EN UNO DE LOS PAÍSES MÁS PROGRESISTAS EN TEMAS MORALES?

España había realizado un progreso considerable durante los treinta años siguientes al final de la dictadura franquista en cuanto a la modernización política y económica de la nación, aunque no tanto en el campo de la reforma de la cultura social. Como cabía esperar del país que acuñó y exportó la palabra machismo a otras lenguas (como el inglés), España continuaba siendo un lugar caracterizado por un exceso de dominio masculino y de sexismo, y esa era una cultura muy asentada en la sociedad. Se había producido una revolución sexual con la introducción de los anticonceptivos, pero las mentalidades habían cambiado poco, sobre todo las de las generaciones de más edad.

Zapatero quiso dejar claras desde un principio sus credenciales feministas formando el primer Gabinete de la historia española con el mismo número de ministros y ministras, una de las cuales, María Teresa Fernández de la Vega, sería la primera mujer vicepresidenta. Una nueva ley de igualdad requirió a partir de entonces que los partidos políticos asignaran un mínimo del 40 % de puestos en sus listas electorales a candidatas mujeres, y que las grandes empresas (con plantillas de más de doscientos cincuenta empleados) reservaran también un mínimo de un 40 % de los puestos de sus consejos de administración a mujeres (aun así, ambos requisitos todavía no se cumplen en todos los casos a día de hoy). También entró en vigor en 2005 una ley contra la violencia doméstica centrada en la protección de las víctimas, el apoyo a su recuperación y la imposición de duras penas a los culpables. En los ocho años anteriores al acceso de Zapatero a la Presidencia del Gobierno, unas seiscientas mujeres habían muerto en España víctimas de la violencia de género. El número de mujeres que son asesinadas por sus maridos o compañeros disminuyó a cuarenta y seis en 2012, la cifra anual más baja en más de una década. También el permiso de paternidad recibió un mayor reconocimiento legal y se mejoraron las condiciones de la baja por maternidad. Y se potenció la investigación con células madre.

La reforma más controvertida de todas fue la legalización en 2005 del matrimonio entre personas del mismo sexo. Solo tres países más en todo el mundo habían dado ya ese paso en aquel entonces (Holanda, Bélgica y Canadá). Además, la medida autorizaba que las parejas homosexuales pudieran adoptar. El conservador Partido Popular recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional y presionó para que la palabra «matrimonio» fuera excluida de aquel texto (pues consideraba que solo era aplicable a parejas heterosexuales) y sustituida por la palabra «unión». El alto tribunal terminó ratificando la ley en 2012, tras siete años de deliberaciones.

En cuanto a la cuestión del aborto, se aprobó la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo sin condiciones hasta la 14.ª semana de gestación, y hasta la semana 22.ª en los supuestos de violación, anomalías en el feto o riesgo para la salud de la madre, e incluso hasta el momento mismo del parto, si el feto presentaba alguna enfermedad grave o incurable (según el criterio de un comité médico).

La nueva ley del divorcio de 2005 introdujo, a su vez, un sistema de disolución rápida conocido como «divorcio exprés», por el que las parejas que así lo quisieran ya no estaban obligadas a guardar un periodo de separación de un año como condición previa al inicio de los trámites legales. La ley eliminaba también la necesidad de atribuir responsabilidades a alguno de los cónyuges por el fracaso del matrimonio. El número de divorcios se incrementó en un 73 % en el primer año siguiente a la fecha de entrada en vigor de la ley.

Finalmente, la llamada Ley de Dependencia preveía ayudas del Estado a las personas que estuvieran impedidas para llevar una vida autónoma o independiente por motivos de enfermedad, discapacidad o edad avanzada. Hasta entonces, la carga del cuidado de esas personas había recaído de forma desproporcionada sobre los familiares y, en especial, sobre madres, hijas o esposas, que se veían así privadas de (o limitadas en) la posibilidad de obtener ingresos con un trabajo remunerado fuera de casa, pues se suponía que les correspondía cuidar de sus parientes enfermos sin compensación económica alguna, o pagar a una persona cuidadora que se encargara de esa labor. Según un estudio del Ministerio de Asuntos Sociales, aproximadamente 1,1 millones de personas mayores y/o afectadas por discapacidades graves no podían atender debidamente sus propias necesidades cotidianas básicas. De ellas, un 73 % superaban los sesenta y cinco años de edad. Por otra parte, 1,6 millones de personas (aproximadamente) precisaban de algún tipo de apoyo para realizar ciertas actividades de su vida diaria. En total, sumaban 2,7 millones de personas, un 6,4 % de la población española.

El Gobierno también se comprometió con el objetivo de dedicar una mayor atención a la situación de la población pobre de los países en desarrollo, fijándose la ambiciosa meta de dedicar cada año un 0,7 % del PIB a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) a partir de 2012, para convertir así a España en una de las primeras naciones desarrolladas en alcanzar esa cifra recomendada por Naciones Unidas. Sin embargo, en 2019, la cantidad anual dedicada a ese fin todavía era de solo el 0,2 %.

¿ CÓMO REACCIONÓ LA IGLESIA CATÓLICA A LAS REFORMAS?

La nueva legislación sobre el matrimonio homosexual, el divorcio y el aborto, que situó a España en la vanguardia mundial de la modernización social, llevó también a los socialistas a chocar frontalmente con la Iglesia católica. El cardenal Antonio Rouco Varela, arzobispo de Madrid, acusó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de haber transformado España en «Sodoma y Gomorra». La Conferencia Episcopal Española cargó contra la ley del matrimonio homosexual porque consideraba que suponía «introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social». Algunos alcaldes del PP se negaron a casar a parejas del mismo sexo, y el llamado Foro Español de la Familia, apoyado por el propio PP y la Iglesia, convocó una manifestación en Madrid en defensa del modelo de familia tradicional que congregó a varios cientos de miles de personas.

Zapatero abolió también la práctica de la exhibición de símbolos religiosos en espacios pertenecientes a instituciones públicas, por considerarla contraria a la aconfesionalidad del Estado instituida por la Constitución de 1978. Asimismo, dio carpetazo a una reforma legislativa que pretendía convertir la asignatura de religión en obligatoria en la educación pública, anunció que la religión ya no sería una asignatura del plan de estudios oficial de primaria ni de secundaria, y restringió las subvenciones destinadas a los centros educativos concertados (que son de titularidad privada y, en la mayoría de casos, gestionados por la Iglesia). Zapatero añadió entonces una nueva materia denominada «Educación para la ciudadanía» al currículo escolar, para promover la formación en valores cívicos y humanos. La Iglesia y el PP dijeron que aquella asignatura, cada vez más extendida en otros países, era doctrinaria y política, y vulneraba el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. España parecía decidida a dejar de ser bastión del catolicismo para convertirse en uno de los países más laicos del mundo. De hecho, el Vaticano acusó a los socialistas de practicar una mezcla de «fundamentalismo laico» y «totalitarismo agnóstico».

A pesar de las tensas relaciones entre los socialistas y la Iglesia, ambas partes acordaron implantar un nuevo sistema de financiación. A partir de 2007, el Estado dejó de pagar una asignación pública anual a la Iglesia. Para compensarla por esa pérdida, el Gobierno incrementó la cuantía de la donación voluntaria que los contribuyentes podrían aportar a partir de entonces a la Iglesia en su declaración anual del impuesto sobre la renta (IRPF), que pasó así de un 0,52 % a un 0,7 % de su cuota íntegra de ese tributo. Es la única confesión religiosa que disfruta de ese privilegio en el país. Uno de cada tres contribuyentes (o, lo que es lo mismo, 7,1 millones de ellos) marcó en su declaración correspondiente al ejercicio de 2018 una equis en la casilla que el IRPF reserva para la Iglesia, que recibió 284,4 millones de euros por esa vía (cuando, en 2006, último año en que estuvo vigente la anterior cuota fiscal, habían sido 144 millones). Según el Concordato de 1979 entre España y la Santa Sede, la Iglesia tendría que haber sido autosuficiente a nivel financiero ya desde la década de los noventa, pero todavía continúa sin serlo en la actualidad.

¿ QUÉ ES LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA?

El llamado «Pacto de Olvido» consistió en el acuerdo tácito mantenido entre los partidos del conjunto del espectro político español durante la transición a la democracia para no reabrir las heridas de la Guerra Civil y la dictadura, ni usar el pasado con fines políticos. La sociedad civil colaboró en hacer efectiva esa actitud. No hubo en España nada parecido a una comisión de verdad y reconciliación ni a unos juicios por crímenes de guerra [19] . El pacto se institucionalizó con la Ley de Amnistía de 1977, que abarcaba todos los delitos de carácter político cometidos hasta diciembre de 1976. Ese espíritu, sin embargo, no fue óbice para que se siguieran publicando o estrenando centenares de libros de historia, novelas, libros de memorias y películas sobre la Guerra Civil.

El pacto comenzó a resquebrajarse en la década de los años noventa. Los socialistas, temiendo perder las elecciones de 1993 ante el avance de los conservadores del Partido Popular, agitaron en su campaña el fantasma de los orígenes franquistas del PP para insinuar que la democracia estaba en peligro. Asimismo, tras la reelección del PP en 2000 con una mayoría absoluta parlamentaria, la izquierda y los nacionalistas vascos y catalanes presentaron varias propuestas en el Congreso para que este aprobara resoluciones de condena de la Guerra Civil y del régimen franquista. El pasado volvía a convertirse así en motivo de enfrentamiento político. Si bien el PP no creía que hubiera necesidad alguna de remover el recuerdo del pasado, accedió a firmar una declaración conjunta de condena de la Guerra Civil y de la dictadura con la esperanza de poner fin así a las iniciativas parlamentarias dirigidas a aprobar medidas más concretas. No lo consiguió. José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE a partir de 2000, convirtió la «recuperación de la memoria histórica» en un elemento de su programa electoral en los comicios de 2004, en los que resultó ganador. Para entonces, había aumentado también considerablemente la presión en ese mismo sentido procedente de diversas organizaciones y movimientos sociales y, en particular, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

La Ley de Memoria Histórica, a la que el PP se opuso con fuerza, se aprobó en el otoño de 2007. Donde antes había imperado el consenso sobre la necesidad de no instrumentalizar políticamente el pasado ni reabrir viejas heridas o provocar otras nuevas, reinaba ahora la división. La renovada dirección del PSOE, en la que no había ya figuras que tuvieran recuerdo ni experiencia directos de la Guerra Civil ni de la vida durante el régimen franquista (a diferencia de los dirigentes del partido cuando este estuvo en el poder entre 1983 y 1996), consideraba que había llegado el momento de honrar a todas las víctimas de la contienda y de la dictadura posterior. Creía que la democracia había alcanzado ya la suficiente madurez y consolidación en el país como para que se pudiera afrontar la cuestión pendiente desde la Transición. España era el único caso de país que había transitado hacia la democracia en el siglo XX sin haber iniciado ningún proceso de autoexamen estatal oficial de los crímenes cometidos durante la dictadura previa. El cambio de actitud vino propiciado en parte por el intento de Baltasar Garzón (famoso por su carácter poco acomodadizo y un cierto afán de notoriedad pública) de extraditar en 1998 al exdictador chileno Augusto Pinochet, admirador confeso de Franco, por las muertes y las presuntas torturas sufridas por varios ciudadanos españoles en aquel país. La maniobra de Garzón exponía a España a ser fácilmente acusada de hipocresía, teniendo en cuenta que el Estado español nunca había exigido oficialmente responsabilidad alguna a ningún funcionario o autoridad de su propia dictadura.

El régimen de Franco solo había recordado a quienes habían muerto luchando por su causa; en 1940, ordenó la recopilación de una lista oficial de asesinatos cometidos por los republicanos: la llamada Causa General. La Ley de Memoria Histórica declara ilegítimos los tribunales castrenses que condenaron a muchas personas a prisión o a muerte; prohíbe los símbolos públicos que homenajean a Franco o a sus aliados; insta a la Iglesia —que, en su día, llegó a calificar la sublevación de Franco de «cruzada»— a eliminar placas en memoria de los «caídos por Dios y por España», y prohíbe cualquier acto de conmemoración franquista en el monumento del Valle de los Caídos, donde Franco estuvo enterrado hasta octubre de 2019, cuando sus restos fueron exhumados y trasladados al cementerio municipal madrileño de El Pardo. La ley también prevé que dicho monumento, acaparado simbólicamente por uno de los dos bandos, sea convertido en lugar de homenaje a todas las personas que murieron en la Guerra Civil, sin excepción. Poco se ha hecho hasta ahora para que esto último sea una realidad. El Estado asignó, asimismo, una partida presupuestaria a la exhumación de fosas comunes de víctimas de ambos bandos. (El Gobierno del PP había puesto dinero público en 2002 para la exhumación y repatriación desde Rusia de los cadáveres de varios voluntarios españoles de la División Azul enviada a aquel país por Franco para apoyar a las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial). La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, fundada en el año 2000, ha tenido un papel muy activo desenterrando fosas comunes en diversos lugares de España. En el cementerio malagueño de San Rafael, por ejemplo, están enterrados los restos mortales de más de cuatro mil cuatrocientas personas ejecutadas extrajudicialmente entre 1937 y 1951.

En 2008, Garzón calificó los actos de represión cometidos por la dictadura franquista de crímenes contra la humanidad y comenzó a investigar judicialmente los casos de detención ilegal y desapariciones por la fuerza ocurridos entre 1936 y 1951, que se habían saldado con la muerte de más de ciento catorce mil personas. Un sindicato de funcionarios minoritario de extrema derecha, Manos Limpias, se querelló entonces contra Garzón acusándolo de prevaricación por haber abusado de su autoridad a sabiendas y, en particular, por actuar contra la Ley de Amnistía de 1977 para delitos perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura. (En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU exhortó a España a revocar dicha Ley de Amnistía a fin de garantizar que la justicia española no reconociera periodo de prescripción alguno para los crímenes contra la humanidad). Garzón fue exculpado de aquella acusación en 2012, pero cuando fue acusado de nuevo de prevaricación por haber ordenado ilegalmente escuchas para interceptar las conversaciones en prisión entre varios acusados de un caso de corrupción y sus abogados, ya no pudo evitar que lo condenaran a once años de inhabilitación, lo que, en la práctica, significó su expulsión de la carrera judicial en España.

Igualmente controvertida fue la entrada dedicada a Franco en el Diccionario biográfico español, publicado en 2011 por la Real Academia de la Historia, en la que se calificaba su régimen de «autoritario, pero no totalitario» y eludía llamarlo dictador. El texto, que provocó una querella académica de tintes sectarios, había sido redactado por el octogenario profesor Luis Suárez, una figura destacada de la Hermandad del Valle de los Caídos (el mausoleo donde Franco se encontraba enterrado en aquel entonces). Finalmente, Juan Pablo Fusi se encargaría de redactar la entrada correspondiente a Franco en la edición digital del diccionario (publicada en 2018), en la que este es definido como dictador. Las emociones agitadas por los casos de Garzón y este del diccionario pusieron de manifiesto que los fantasmas del pasado continúan sin descansar en paz. De hecho, en 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que pretende impulsar una reforma del Código Penal en la que se incluya como delito el enaltecimiento del franquismo.

¿ CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS DE QUE LA EXPANSIÓN ECONÓMICA DURARA TANTO TIEMPO?

El Gobierno socialista heredó del anterior, del Partido Popular, una economía que crecía con rapidez y que presentaba unos muy buenos datos en cuanto a los índices básicos —inflación, déficit público, deuda pública— gracias a que, en su día, el Ejecutivo del PP había logrado que España cumpliera con las condiciones macroeconómicas estipuladas para su integración como miembro fundador de la zona euro en 1999. La estabilidad macroeconómica, unida a ciertas reformas liberalizadoras y a la entrada de cuantiosos fondos comunitarios y de un elevado flujo de inversión extranjera directa, aseguraron a España un círculo virtuoso de aumento sostenido del PIB. El motor del crecimiento y de la fuerte creación de empleo, sin embargo, se localizaba en un sector de actividad intensivo en mano de obra y difícilmente sostenible: me refiero a la construcción y, en particular, la de viviendas. El resultado era una economía desequilibrada en su composición. Entre 1995 y 2007, se habían creado ocho millones de puestos de trabajo. La población ocupada, que se situaba en torno a los doce millones de personas en 1995 (la misma cantidad que dos décadas antes), se incrementó hasta los más de veinte millones de afiliados que la Seguridad Social contabilizaba en 2007. Ciertamente, fueron años de «vacas gordas», pero, por desgracia, no se aprovecharon para introducir las reformas estructurales que el país necesitaba. La inversión en vivienda llegó a ser el equivalente del 9 % del PIB, un porcentaje muy por encima del normal en otras zonas de Europa. El ritmo de viviendas iniciadas con los Gobiernos socialistas fue más acelerado (un promedio de 434.316 anuales entre 2004 y 2011) que con los Ejecutivos populares (269.391 al año entre 1996 y 2003), lo que representaba una cifra muy superior a la de viviendas necesarias, incluso aunque las condiciones del mercado inmobiliario hubieran sido de estabilidad, que claramente no lo eran en España. El país sumó en torno al 30 % de todas las viviendas nuevas construidas en la Unión Europea entre 2000 y 2009, pero su economía solamente generó un 10 % (aproximadamente) del PIB total comunitario durante ese mismo periodo.

Varios fueron los motivos del boom de la construcción. En primer lugar, los tipos de interés quedaron muy bajos en España tras la adopción del euro en 1999. En cuestión de semanas, cayeron desde el 14 % (vigente aún la peseta) hasta el 4 % (ya con el euro) y el descenso no se detuvo ahí. Para decidir su política monetaria, el Banco Central Europeo se guiaba principalmente por la situación del entorno económico en Alemania y Francia, las mayores economías de la eurozona. Pero esa política monetaria igual para todos no era la adecuada para España. La tasa de inflación española era más elevada, por lo que los tipos de interés reales aquí eran muy próximos a cero, o incluso negativos. Esto incentivaba considerablemente la contratación de préstamos; además, las hipotecas para la compra de una primera vivienda daban derecho a desgravación fiscal. Las entidades bancarias (tanto las españolas como las internacionales) pusieron toda la energía en atraer con financiación a esos nuevos clientes y llegaron a ofrecer préstamos hipotecarios por importes de hasta el 110 % del bien hipotecado y a devolver en cuarenta años. Los bancos alemanes, en particular, financiaron a aquellos homólogos suyos españoles que solicitaban fondos adicionales para conceder nuevos empréstitos. En segundo lugar, la compra de inmuebles residenciales era considerada una inversión segura en un país donde la vivienda en propiedad era el 85 % de la vivienda total (frente a una media del 60 % en el resto de la zona euro), y donde un número significativo de personas tenían una segunda residencia (en muchos casos, un apartamento en la costa o una casa en el campo). Los incrementos del precio de las viviendas promediaron un 12 % anual durante la mayor parte de la década de 2000, y los inversores especulativos hicieron una fortuna antes del hundimiento de ese mercado. En 2011, la revista The Economist publicó que los precios de la propiedad inmobiliaria en España estaban sobrevalorados en un 44 % [20] . En tercer lugar, la demanda extranjera de viviendas vacacionales y para la jubilación en España era importante. En cuarto lugar, las cajas de ahorros (entidades bancarias con presencia eminentemente regional y constituidas como fundaciones y no como sociedades anónimas) operaban en conexión demasiado directa con políticos y empresarios locales, en un entorno en el que el interés de los promotores de viviendas por propiciar la máxima alza posible de los precios inmobiliarios era más que evidente. Asimismo, las autoridades municipales se beneficiaban de la recalificación de terrenos para hacerlos edificables, pues con ello aumentaban los ingresos de la hacienda local (muy limitados en cuanto al resto de fuentes). Además, a partir de una cierta superficie mínima, cuando los promotores construían en solares hasta entonces no edificados, automáticamente los ayuntamientos se hacían propietarios del 10 % del terreno, que muy a menudo vendían al mismo promotor. En esa práctica halló terreno abonado la corrupción. En España se bromeaba por aquel entonces diciendo que la manera más fácil de hacerse millonario era ser alcalde. En 2006, en la cúspide de su expansión económica, en España se movía la cuarta parte de todos los billetes de quinientos euros que estaban en circulación en los doce países que componían la eurozona en aquel momento: una proporción muy superior a la que le correspondía por el tamaño de su economía. Los españoles de a pie llamaban a aquellos billetes, muy utilizados en transacciones opacas al fisco en las que mediaban grandes sumas de efectivo, los «Bin Laden» (en alusión a Osama bin Laden, fundador de Al Qaeda), porque todo el mundo sabía que existían y cómo eran, pero nadie los había visto nunca. En general, la locura colectiva en el sector inmobiliario que se apoderó de España en aquellos años fue una historia de codicia, amiguismo, tráfico de influencias, corrupción, temeridad crediticia y lamentable falta de supervisión adecuada por parte de las autoridades bancarias. Durante los años del boom, la prensa iba repleta de anuncios de propiedades y vehículos de lujo.

Tanto los particulares como las empresas pidieron mucho dinero prestado a los bancos y lo gastaron en febril abundancia. El crédito al sector privado en el momento de máxima expansión —entre 2004 y 2007— llegó a crecer a una media anual del 23 %. El país llegó a acumular en algún momento hasta la cuarta parte del volumen total de préstamos que se concedían en el conjunto de la zona euro. Pero, al mismo tiempo, ese aumento del crédito no se producía de forma equilibrada en los diversos sectores de la economía, sino que se concentraba en el inmobiliario. Los préstamos para la adquisición, promoción y/o edificación de ese tipo de propiedad representaron en 2007 el 62 % de la financiación bancaria destinada al sector privado. La deuda bruta de los hogares y las sociedades no financieras se duplicó entre 2000 y 2010 hasta nada menos que un volumen equivalente al 214 % del PIB, frente a un promedio de aproximadamente un 165 % para el conjunto de la eurozona y Estados Unidos. Semejante acumulación de deuda en el sector privado se tradujo en un incremento de la posición deudora neta española con respecto al resto del mundo, que, en 2011, se situaba en el 92 % del PIB (si bien, en los últimos años, se ha reducido algo y, al término de 2018, era del 77 %). Era una cifra muy próxima a las de Grecia, Portugal e Irlanda, que eran de en torno al 100 %: los tres países tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea en uno u otro momento entre 2010 y 2011. Por comparación, otros países como Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos evidenciaban por aquel entonces posiciones deudoras netas frente al resto del mundo de entre el 10 y el 20 % de su PIB. En el extremo opuesto, Alemania y Países Bajos registraban posiciones acreedoras netas en relación al resto del mundo de aproximadamente un 35 % de su PIB.

El boom en el sector inmobiliario tampoco habría sido posible sin la llegada de trabajadores inmigrantes, principalmente procedentes de países extracomunitarios, que, a su vez, necesitaban vivienda y, con ello, contribuyeron a sostener el auge del sector. El número de inmigrantes extracomunitarios residentes en España alcanzó la cifra de 2,3 millones en 2005, y la situación irregular de muchos de ellos (pues, a diferencia de los inmigrantes comunitarios, no tenían automáticamente derecho a trabajar en el país) hizo que el Gobierno socialista aprobara una amnistía ese mismo año de la que se beneficiaron 578.000 personas: concretamente, las que pudieron aportar alguna prueba de su situación laboral (algún contrato de trabajo) y de haber estado residiendo en España durante al menos seis meses. En 2006, el número de viviendas iniciadas (762.214) fue mayor que el de Alemania, Francia e Italia juntas. Entre 1998 y 2007, el parque de viviendas aumentó en 5,7 millones (cerca de un 30 %).

España creó aproximadamente un tercio de los nuevos puestos de trabajo registrados en la Unión Europea en 2006. El sector inmobiliario, en particular, tuvo una gran repercusión en el resto de la economía española, que se expandió en una media de algo más del 3 % anual entre 2004 (año de la vuelta de los socialistas al poder) y 2008 (cuando se inició el desplome económico), frente a un 2,1 % en el conjunto de la eurozona durante el mismo periodo. El índice de desempleo ya se había reducido a la mitad durante los Gobiernos precedentes del PP (del 22,8 % de 1996 al 11,5 % de comienzos de 2004, justo antes de que los populares abandonaran el poder) y continuó cayendo con los socialistas, hasta alcanzar un mínimo del 8 % en 2007. La renta per cápita española creció desde un 91 % de la media de los 27 de UE (en 1996) hasta un 101 en 2004 y un máximo de un 105 en 2007 (por encima de Italia, incluso). La bonanza económica generó a su vez una sensible subida de los ingresos fiscales que se tradujo en un superávit presupuestario de un 2,2 % del PIB en 2007, y una reducción del nivel de la deuda pública hasta el 36,3 % del PIB. Pero también produjo un déficit en la balanza por cuenta corriente que, en 2006, fue de 105.000 millones de dólares (un 8 % del PIB), lo que significaba que era el segundo mayor del mundo en términos absolutos, solo por detrás del estadounidense (una economía inmensamente más grande). En 2007, ese déficit alcanzó la cota del 10 % del PIB, todo un síntoma de lo sobrecalentada y poco competitiva que se había vuelto la economía del país y de muy por encima de sus posibilidades que estaban viviendo los españoles gracias al dinero prestado.

¿ QUÉ EFECTO TUVO LA CAÍDA DE LOS SECTORES INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN?

La expansión económica que vivió España durante esos años se asentó en unos cimientos muy poco estables, y estos comenzaron a resquebrajarse y a ceder con las primeras señales de que se estaba produciendo una crisis crediticia global en agosto de 2007, a raíz del estallido de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, pero, sobre todo, a partir de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, que desencadenó la más profunda recesión en la economía global desde los tiempos de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. La economía española se había construido en exceso (literalmente) sobre la base del ladrillo y el cemento, y demasiado poco sobre la del conocimiento. El gasto de España en I+D ha sido tradicionalmente bajo (un 1,3 % del PIB en 2011, por ejemplo, frente a una media del 2 % en el conjunto de los países de la Unión Europea y de más del 3 % en los países nórdicos) y solo un 0,5 % de las patentes triádicas (las registradas en las oficinas de patentes y marcas de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Japón) contabilizadas en 2009 fueron de origen español.

Los sectores de la construcción e inmobiliario representaban un 18 % del PIB y un 20 % del total de la mano de obra empleada en el momento álgido de la expansión económica, en 2006, y generaron un 30 % del crecimiento económico experimentado entre 1997 y 2007. Un modelo económico tan asimétrico era insostenible y, por decirlo con el título de una conocida novela de Gabriel García Márquez, era también la crónica de una muerte anunciada. Durante más de una década, la clase política alentó entusiasta un crecimiento fenomenal de ese sector sin reparar en la burbuja que se estaba generando ni en lo que ocurriría cuando estallara. Y cuando estalló (en 2008), el crecimiento económico real de España se desplomó desde el 3,6 % registrado en 2007 hasta solo un 0,9 % en 2008, para entrar seguidamente en recesión desde 2009 hasta 2013 (con un anémico repunte del crecimiento en 2011). Muchos bancos y promotores inmobiliarios quebraron. El impacto sobre las cuentas del Estado no fue menos dramático: los ingresos cayeron rápidamente sin que el gasto dejara de aumentar, ya que buena parte del mismo estaba comprometido en servicios esenciales, como la sanidad o la educación, por lo que el superávit presupuestario equivalente al 1,9 % del PIB registrado en 2007 pasó a ser un déficit público del 11,2 % en 2007 (en 2012, todavía estaba en el 7 %). La deuda pública bruta se disparó desde el nivel equivalente al 36,3 % del PIB en el que estaba en 2007, inmediatamente antes de la crisis, hasta el 84 % al término de 2012 y el casi 100 % al final de 2019.

Más de la mitad de los más de tres millones de puestos de trabajo perdidos entre 2008 y 2012 —cuando se contabilizaban ya un total de 5,9 millones de personas desempleadas y una tasa oficial de paro del 25 %, la más alta de todos los países industrializados— se localizaron en los sectores inmobiliario y de la construcción. También la proporción de la población activa que llevaba al menos dos años seguidos sin encontrar empleo subió desde el 1,7 % en 2007 hasta más del 10 % en 2012 (el doble que en el conjunto de la UE). La tasa de desempleo juvenil (en personas de entre dieciséis y veinticuatro años de edad), incluyendo a los estudiantes, llegaba al 55 % (y aun excluyendo a los estudiantes y a alguna otra categoría asimilable, la tasa continuaba siendo altísima, de más o menos la mitad de esa cifra). Muchas de esas personas desempleadas habían dejado de estudiar muy jóvenes para entrar a trabajar en el sector de la construcción. En 2007, en pleno apogeo del boom económico, un 31 % de las personas de edades comprendidas entre los dieciocho y los veinticuatro años habían dejado los estudios a los dieciséis años, lo que representaba una tasa de abandono escolar temprano que duplicaba la de la Unión Europea [21] . Algunas de esas personas con bajos niveles de cualificación retomaron los estudios durante la crisis, y muchas de las que estaban ya estudiando no tuvieron más opción que seguir en el sistema educativo. De ahí que, en 2012, la tasa de abandono escolar temprano en España hubiera descendido hasta el 25 % (una tendencia que se ha mantenido, pues era ya el 17,3 % en 2019).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió del riesgo de burbuja inmobiliaria ya en 2004, cuatro años antes de que estallara. El precio medio del metro cuadrado de la vivienda aumentó desde los ochocientos cuarenta y dos euros en 1996 hasta los mil ochocientos ochenta y ocho en 2003, seis veces más rápido de lo que crecieron los salarios. También Jaime Caruana, el gobernador del Banco de España, pidió en 2004 una «absorción ordenada del desajuste existente mediante una pronta desaceleración de los precios». Sin embargo, el Gobierno no adoptó medidas encaminadas a enfriar el sector inmobiliario ni el crecimiento del crédito bancario que estaba alimentando aquel auge desmedido. (En 1988 y 1989, por ejemplo, durante un boom anterior, años antes del estreno del euro, el Banco de España había impuesto un límite de un 10 % de crecimiento anual al volumen total de préstamos concedidos por la banca). El saldo vivo total de los préstamos a los promotores y las constructoras creció desde los 33.500 millones de euros que sumaban en el año 2000 hasta los 470.000 millones en 2008 (casi el 50 % sobre el PIB de España). El parque de viviendas nuevas por vender se multiplicó desde las 195.184 que había en 2005 hasta las 676.038 acumuladas al término de 2011. Si sumamos aquellas que no se habían acabado de construir porque los promotores se habían arruinado en el proceso o habían abandonado los proyectos antes de finalizarlos y aquellas otras que se habían quedado los bancos tras ejecutar las correspondientes hipotecas, el número de viviendas no vendidas se estimaba en más de un millón, que, según algunas fuentes, vendrían a ser tantas como en Estados Unidos (y eso teniendo en cuenta que el PIB español equivale a menos de un 7 % del estadounidense).

Un ejemplo típico del fiasco inmobiliario fue una urbanización llamada Residencial Francisco Hernando (en honor de su promotor) construida a treinta y cinco kilómetros de Madrid, en la localidad toledana de Seseña, que, según el proyecto inicial, triplicaría la población del municipio (situado en una llanura del secano castellano) con la construcción de 13.500 viviendas (pisos). Se habría convertido en uno de los mayores complejos residenciales de España. De aquel «Manhattan de La Mancha» (como se lo conoció en su día), solo se habían vendido dos mil quinientos pisos cuando la burbuja inmobiliaria estalló en 2008.

Además de la debacle de la vivienda, hubo que lamentar la mala praxis inversora de los Gobiernos autonómicos, que dedicaron grandes sumas de dinero a la construcción de infraestructuras, muchas de las cuales no eran realmente necesarias. Un ejemplo fue el nuevo aeropuerto de Ciudad Real, pequeña capital de provincia a ciento sesenta kilómetros de Madrid, en la región de Castilla-La Mancha, gobernada en aquel entonces por el PSOE, que costó mil cien millones de euros. Aunque es privado, contó con apoyo público del Gobierno autonómico y fue financiado en parte por una caja de ahorros local (controlada por el propio Gobierno de la comunidad autónoma) que terminó por quebrar. El aeropuerto, con una pista preparada para el aterrizaje y el despegue de superjumbos A380, fue construido con la idea de aligerar la presión que estaba experimentando el aeropuerto de Madrid, pues se ubicó en las proximidades de la estación de la línea del tren de alta velocidad. Sin embargo, prácticamente el único tráfico que recibió entre diciembre de 2008 y 2011 (año en el que tuvo que cerrar) fue de jets privados con pasajeros adinerados que viajaban hasta allí para practicar la caza en la región. Este tipo de gran infraestructura inservible, objeto de no pocas chanzas a escala nacional, fue bautizada con el muy apropiado nombre de «Don Quijote» en honor al caballero errante protagonista de la célebre novela de Miguel de Cervantes, famoso por su incapacidad para distinguir entre la realidad y la ficción. Posteriormente, pasaría a llamarse Aeropuerto Central Ciudad Real. Otro ejemplo de gasto público imprudente, esta vez en la Comunidad Valenciana, controlada en aquel entonces por el Partido Popular, fue nuevamente un aeropuerto construido en Castellón que costó más de doscientos millones de euros y fue inaugurado en 2011 pese a que el Gobierno autonómico no había conseguido aún la licencia de operación para aquellas instalaciones. Se calcula que, en el año mismo de su inauguración, solo en publicitar el aeropuerto se gastaron cinco millones de euros. Los visitantes del complejo (que, aun después de inaugurado, se mantuvo inactivo hasta diciembre de 2014) pueden contemplar a su entrada una escultura de veinticuatro metros de altura dedicada al controvertido político local del PP que inspiró la construcción de la infraestructura, y coronada por un avión de aluminio a escala. El mencionado político, Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón en el momento de la inauguración, fue condenado a cuatro años de cárcel en 2013 por defraudar a Hacienda. En Valencia capital, algunas asociaciones de la propia ciudad organizaron tours en autocar para visitar lo que llamaron la «ruta del despilfarro» dentro de la propia capital del Turia. Entre sus paradas estaban el circuito urbano de Fórmula 1, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (que incluye una ópera con capacidad para cuatro mil espectadores sentados), las inacabadas obras del nuevo estadio de fútbol del Valencia C.F. (todavía sin visos de terminarse a fecha de 2020), la ampliación de la sede del Parlamento autonómico y, para dar el crudo contrapunto a tanta opulencia artificial, un centro escolar con aulas instaladas en barracones provisionales.

El despilfarrador gasto impulsado por los Gobiernos autonómicos fue un factor de primer orden en el desmedido aumento del déficit público español. Inquietó mucho a los mercados en 2011 y 2012 e impulsó al alza la prima de riesgo de los títulos de deuda pública de España (calculada como la diferencia entre el tipo de interés que se paga por los bonos españoles a diez años y el que se paga por los de Alemania, considerados de muy bajo riesgo) hasta más de seiscientos cincuenta puntos básicos, cuando la media para todo 2007 había sido de solo ocho puntos básicos. Hubo momentos en que el diferencial de esa deuda española a diez años superó los setecientos puntos básicos, que fue precisamente el nivel en el que las autoridades europeas decidieron activar los rescates financieros de Grecia, Portugal e Irlanda de 2010 y 2011.

¿ QUÉ SUCEDIÓ CON EL RESTO DE LA ECONOMÍA?

La caída del sector inmobiliario que desencadenó la recesión que sufrió España desde 2009 hasta 2013, apenas interrumpida por un levísimo respiro en 2011, hizo que el país se volviera más dependiente aún del turismo, pilar ya tradicional de su economía (que acapara en torno al 12 % del PIB y el 10 % de la población activa), y obligó a las empresas a exportar más. El sector turístico no perdió un ápice de su pujanza en aquellos años (más de cincuenta y siete millones de visitantes en 2013, más de ochenta y tres millones en 2019, la segunda cifra más elevada del mundo) debido en parte a la coincidencia de las revoluciones en el mundo árabe, que llevaron a muchos turistas a cambiar sus destinos vacacionales por España. Las islas Canarias, por ejemplo, recibieron doce millones de turistas en 2011, el séxtuplo de su población permanente total.

La recesión impulsó a un mayor número de compañías españolas a vender en el extranjero para sobrevivir y algunas lograron grandes éxitos en ese sentido. Si antes de integrarse en la UEM (en 1999), España podía devaluar la peseta para mejorar la competitividad de sus exportaciones, desde entonces solo ha podido incrementarla potenciando la productividad y reduciendo los márgenes de beneficio. Las exportaciones de bienes crecieron en 85.000 millones de dólares entre 2009 y 2012 y alcanzaron así la cota de los 298.000 millones de dólares (un 21,5 % del PIB). La ratio de las exportaciones con respecto a las importaciones llegó de ese modo al 88 %, una cifra récord. El auge de las exportaciones y el hundimiento de las importaciones se tradujo en una marcada caída del déficit español por cuenta corriente, que pasó de ser del 10 % sobre el PIB en 2007 a quedarse en menos del 1 % en 2012. El valor per cápita de las exportaciones españolas, sin embargo, seguía siendo relativamente bajo (5.339 dólares en 2010) en comparación con los 7.458 dólares de Italia y los 15.474 de Alemania [22] . En 2012 se registró una cifra récord de empresas exportadoras regulares en España: 130.247, un 12 % más que en 2011 (en 2019, eran ya 203.990). Sin embargo, el país todavía arroja un déficit comercial total debido a la obstinadamente elevada factura que paga por la importación de energía.

El sector exportador ganó competitividad a partir de 2009. Los costes laborales unitarios de España habían aumentado en un 38 % entre 1998 y 2009, frente a un 23 % de incremento en el conjunto de la zona euro. Durante ese periodo, las subidas salariales acordadas continuaron siendo mayores que la tasa de inflación, a pesar del relativamente elevado desempleo estructural español. Incluso en 2009, un año en el que la economía se contrajo en un 3,7 %, los salarios reales aumentaron un 3,2 %. Sin embargo, los sueldos cayeron en términos reales a partir de 2009, lo que contribuyó a potenciar la competitividad de la economía. Aun así, la posición de España en el índice anual de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial tardó un poco en variar: en 2012 seguía siendo la 36.ª de ciento cuarenta y cuatro países, la misma posición que en 2011, si bien en 2019 era ya la 23.ª de ciento cuarenta y uno.

Tradicional exportadora de hortalizas, fruta y vino, hoy España exporta una gran diversidad de productos, entre los que se incluyen sistemas informáticos y de control del tráfico aéreo, equipos para la navegación aeroespacial y automóviles (que, en los años en que el mercado mundial es favorable, representan un 20 % de las exportaciones españolas totales). Mientras Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia perdieron cuota de mercado global en diferentes proporciones durante la pasada década (debido principalmente al mayor protagonismo de China y de otros países emergentes), España ha mantenido prácticamente igual su porcentaje de la exportación mundial de mercancías (un 1,7 %), si bien sigue estando considerablemente por debajo del de Alemania (7,7 %), Francia (3,5 %) e Italia (2,7 %).

Pero lo cierto es que, de no haber sido por este impulso exportador, la recesión en España habría sido aún más profunda. Como proporción del PIB, las exportaciones de bienes aumentaron de 15,2 % en 2009 hasta el 23,6% en 2019. De hecho, uno de los grandes retos que España tiene planteados ante sí es el de conseguir mantener ese empuje de sus exportaciones también en momentos de recuperación de su demanda interna.

¿ QUÉ MEDIDAS DE AUSTERIDAD SE TOMARON?

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero no quiso reconocer públicamente que la economía estaba en crisis hasta dos años después de que aparecieran las primeras señales de desaceleración en 2008, año en que había sido reelegido para un segundo mandato. Tampoco el Partido Popular parecía muy en contacto con la realidad. En su programa electoral de 2008, incluyó la promesa de crear 2,2 millones de puestos de trabajo, reducir la tasa de paro al 6,5 % (la más baja que se habría registrado nunca en la España posterior a Franco) y acelerar el crecimiento del PIB hasta el 4 % anual en 2012. En 2008, Zapatero estaba tan seguro de la fortaleza de la economía que introdujo una rebaja fiscal de cuatrocientos euros para todos los contribuyentes. Dicha medida fue eliminada ya en 2009, pero pocos recortes más se practicaron en aquel momento, lo que, unido al desplome de los ingresos fiscales, provocó que el déficit público se disparase desde el 3,8 % del PIB (en 2008) hasta un máximo histórico del 11,1 % (en 2009). Con el anticíclico y keynesiano Plan E —una especie de medida equivalente al New Deal que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt impulsó como respuesta a la Gran Depresión—, el Gobierno trató de reactivar la economía en 2009 a través del fomento de la obra pública. Pero apenas tuvo efecto. Sirvió para financiar cosas como que el monumento a Cristóbal Colón, de diecisiete metros de altura, fuese movido cien metros y volviera a ocupar la misma localización en el centro de Madrid donde anteriormente había estado colocado durante casi cien años. No sería hasta mayo de 2010, después de que la Unión Europea hubiera acordado ya un rescate de la economía griega con la esperanza de frenar de ese modo la crisis que estaba poniendo en peligro la supervivencia misma de la zona euro, cuando Zapatero dejaría por fin de negar la evidencia y aplicaría un giro de ciento ochenta grados a su política económica.

Al ser uno de los diecisiete países de la eurozona, España tenía vedada (entonces y ahora) la posibilidad de devaluar su moneda salvo que se retirara del espacio monetario común. Así que el Gobierno optó por la vía de la austeridad con medidas como un recorte salarial de un 5 % de media en los sueldos de los 2,8 millones de funcionarios y empleados públicos (y una congelación de dichos salarios para 2011, que se prorrogó en 2012, ya con el nuevo Gobierno del PP), una reducción de 7.600 millones de euros en el capítulo de la inversión pública, una congelación de las pensiones (de cinco millones de pensionistas en total) y la abolición del llamado «cheque bebé» de dos mil quinientos euros que el Estado pagaba de una sola vez a los padres por bebé recién nacido o recién adoptado (y que se había introducido en 2007 para reactivar la baja natalidad española). La renta per cápita de España cayó por debajo de la media de la UE en 2011 por vez primera desde 2001. Concretamente, se situó en el 99 % de la media comunitaria en paridad de poder adquisitivo, tras haber alcanzado un máximo del 105 % en 2007.

Se impusieron por decreto una subida del tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido del 16 al 18 % (que aún se incrementaría más, hasta el 21 %, en septiembre de 2012) y una serie de reformas en el mercado laboral, justamente en un momento en que el desempleo había superado el 20 % y continuaba aumentando, y patronal y sindicatos no habían llegado a ningún acuerdo en cuanto al paquete de medidas que había que aplicar tras casi dos años de negociaciones. Se redujeron las indemnizaciones por despido no justificado para los trabajadores con contratos indefinidos, que pasaron de cuarenta y cinco a treinta y tres días de salario por año trabajado. Según el Banco Mundial, los costes de un despido en España, antes de aquella reforma, promediaban cincuenta y seis semanas de salario: el doble del nivel medio en la OCDE. También se reformó el sistema público de pensiones y se aprobó el retraso progresivo de la edad oficial de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años (un retraso que se habrá aplicado plenamente en 2027), así como el alargamiento del número de años de cotización necesarios para poder cobrar el 100 % de la pensión por la que se haya cotizado. Por último, y en una rara muestra de aparcamiento temporal de sus diferencias, el PSOE y el PP acordaron una enmienda constitucional para oficializar un techo de déficit público (al estilo de la «regla de oro» presupuestaria alemana), el primer cambio de cierto calado introducido en el texto de la Carta Magna desde que se aprobara en su versión original de 1978. Según esa reforma, España debe ceñirse a un tope de déficit público a largo plazo que solo puede rebasarse en situaciones de desastre natural, recesión o emergencia extraordinaria. El límite para el déficit estructural (la parte del déficit público nacional que no obedece a cambios en el ciclo económico) quedó fijado en el 0,4 % sobre el PIB anual a partir de 2020, imposible de conseguir debido al enorme impacto de la pandemia de coronavirus.

¿ CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DE LA CRISIS BANCARIA?

La exposición de los bancos españoles a la crisis de las hipotecas subprime estadounidenses era mínima, pero a lo que sí quedaron expuestos (y mucho) fue a la gran bolsa de activos inmobiliarios tóxicos que se formó en el propio país a raíz del hundimiento del mercado inmobiliario nacional en 2008. Aun así, el Gobierno no pareció darse por enterado de ello. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero declaró en un encuentro con banqueros de Wall Street en Nueva York, nueve días después de la caída de Lehman Brothers (en septiembre de 2008), que «quizás España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor». Después de que la burbuja estallara y España entrara en recesión, los impagos de los préstamos concedidos a promotores inmobiliarios y empresas constructoras calculados como porcentaje sobre el total de dinero prestado por la banca a esos dos sectores (la tasa de morosidad) se disparó desde apenas un 0,6 % en 2007 hasta más del 25 % en 2012. El importe total sumado por los préstamos morosos contabilizados en los balances de los bancos españoles representaba un 10,3 % del importe total de los préstamos vivos concedidos a todos los sectores en 2012 (aun excluyendo los préstamos tóxicos ya derivados entonces hacia un «banco malo» especialmente creado a tal efecto), frente a un 0,7 % en 2006.

La crisis de la banca se concentró especialmente en las cajas de ahorros, que concentraban en aquel entonces más o menos la mitad del volumen del sistema bancario. Fueron especialmente azotadas por los impagos de préstamos y, con ello, desencadenaron una caída bancaria en cadena similar en su profundidad a la generada por la crisis de las cajas de ahorros estadounidenses (las llamadas «sociedades de ahorro y préstamo») a finales de los años ochenta. El origen de las cajas españolas como instituciones bancarias se remonta al siglo XIX y fueron creadas para ayudar a las «clases menos favorecidas». Basadas hasta cierto punto en el modelo alemán, no son sociedades de responsabilidad limitada y, por consiguiente, no cuentan con capital accionarial. Destinan fondos a proyectos locales de interés social en vez de repartir dividendos. Están gobernadas por una asamblea general y por un consejo de administración formado por cargos políticos, empresarios locales y ahorradores. Con los años, las grandes cajas —como Caja Madrid y la barcelonesa La Caixa— fueron dejando atrás sus orígenes humildes como instituciones cuasibenéficas de ámbito regional para convertirse en importantes grupos de servicios financieros en pie de igualdad con los bancos comerciales. También entraron como accionistas en diversas empresas. La supresión en 1989 de las restricciones que hasta entonces tenían para abrir sucursales fuera de sus regiones de origen permitió que muchas cajas se expandieran por toda España, y que lo hicieran a un ritmo inexorable. El número de oficinas de cajas de ahorros aumentó desde las 13.642 de 1990 hasta un máximo de 25.001 en septiembre de 2008, al tiempo que las de los mucho más prudentes bancos comerciales y, en especial, de los dos mayores entre ellos (el Santander y el BBVA), se reducían de las 16.917 a las 15.657.

La primera en caer fue Caja Castilla-La Mancha (CCM) en marzo de 2009, cuando el Banco de España ordenó intervenirla. Entre los diversos proyectos para los que la CCM había facilitado financiación de forma irresponsable, estaba el inservible aeropuerto de Ciudad Real. Su intervención fue el primer rescate bancario realizado en España en dieciséis años. Otras dos cajas, CajaSur (controlada principalmente por la Iglesia católica) y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), esta última con sede central en Valencia, zona cero de la debacle inmobiliaria, también fueron intervenidas.

En el plazo de una década, la posición y la reputación del sistema bancario español pasó de la admiración internacional a la vergüenza mundial. El Banco de España había sido pionero en el año 2000 de una innovadora política de aprovisionamiento anticíclico que creaba una especie de colchón durante las fases ascendentes del ciclo económico para suavizar el impacto de la morosidad sobre las ganancias de los bancos en periodos de menor crecimiento, cuando aumentan los impagos de los préstamos. Los bancos comerciales que cotizan en Bolsa —sobre todo el Santander y el BBVA, que, juntos, representan en torno a un tercio del volumen del sistema bancario español— recurrieron a esa política macroprudencial para acumular provisiones suficientes que les permitieran amortiguar los efectos de la crisis y soportarla relativamente bien. Pero la supervisión de las cajas de ahorros fue terriblemente insuficiente y la calidad de su gobierno (tanto interno de cada una de ellas como del ecosistema colectivo que formaban) dejó mucho que desear. Según un informe interno de los inspectores del Banco de España filtrado en 2012, la dirección de la entidad «miró hacia otro lado» cuando su propio personal halló indicios de prácticas indebidas en las entidades bancarias que se encargaba de supervisar.

Luis Linde, el gobernador del Banco de España que sustituyó a Miguel Ángel Fernández Ordóñez en junio de 2012, declaró que «en los años de burbuja inmobiliaria y financiera que acabó en 2008, había una especie de euforia [...] que llevaba a no ver —o no querer ver— los riesgos que se estaban acumulando» [23] . Fernández Ordóñez abandonó el cargo un mes antes del final de su mandato previsto para el cargo debido a las críticas que el Gobierno popular formuló contra su manejo previo de la crisis bancaria. «Era como si nadie quisiera prever escenarios de recesión, de subida de tipos de interés o de colapso de la financiación», reiteró Linde. Como bien señalara George Orwell, el célebre escritor británico, en 1946, «ver lo que uno tiene delante de las narices precisa una lucha constante» [24] . La élite política y financiera española no hizo ese esfuerzo.

¿ QUÉ PASOS SE DIERON PARA RESOLVER LA CRISIS FINANCIERA?

En 2009, con el telón de fondo de una crisis bancaria en otros muchos países de la UE, el Gobierno instituyó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para fomentar con ayudas estatales una serie de fusiones e integraciones entre cajas de ahorros. El número de cajas descendió de cuarenta y seis a once entre 2009 y 2012, debido principalmente a fusiones forzadas por el Banco de España. El FROB se quedó con acciones de algunos de los bancos resultantes. En enero de 2011, siete cajas de ahorros en apuros —incluida Caja Madrid, la segunda mayor de todas, controlada por el Partido Popular— se fusionaron para formar Bankia, la cuarta entidad por volumen de préstamos, cuya posterior salida a Bolsa en Madrid, en julio de ese mismo año, se realizó sobre la base de unas cuentas no auditadas. Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), fueron promocionadas como la mayor entidad bancaria de España en volumen de negocio nacional, con 455.000 millones en préstamos y depósitos, y un 10 % de cuota de mercado. Las autoridades esperaban que, consolidando esas instituciones en un solo banco de grandes dimensiones, solucionarían la crisis de las cajas de ahorros, pero, en vez de ello, la chapucera fusión originó la mayor catástrofe bancaria de la historia de España. En mayo de 2012, el Gobierno del PP, que había sustituido a los socialistas y había regresado al poder en diciembre de 2011 (véase el capítulo 7), nacionalizó Bankia, presidida en aquel momento por Rodrigo Rato (antiguo ministro de Economía del PP y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional), después de que Deloitte se negara a firmar la auditoría de las cuentas de 2011. Dos meses antes de la nacionalización, el Banco de España había acusado a Bankia en un informe interno de que «la entidad no est[aba] reflejando contablemente la morosidad real de su cartera crediticia» [25] . Otro informe presentado ante el consejo de administración de Bankia por uno de sus consejeros en diciembre de 2011 ya avisaba de que el banco tenía entre sus clientes a doscientos ochenta promotores inmobiliarios (prestatarios) que eran, en su mayoría, insolventes [26] .

José Ignacio Goirigolzarri, antiguo consejero delegado del BBVA, fue recuperado para la presidencia de Bankia como sustituto de Rato y, desde ese nuevo puesto, solicitó una inyección de capital urgente de 19.000 millones de euros de dinero público, que habría que sumar a otra ayuda estatal previa de 4.465 millones. Bankia corrigió y reformuló sus resultados de 2011, que pasaron a reflejar una pérdida neta de 3.318 millones de euros, en vez del anterior beneficio neto declarado de trescientos nueve millones. El grupo Bankia-BFA incurrió en unas pérdidas de 21.200 millones de euros en 2012, las mayores jamás declaradas en la historia empresarial española. A cambio de recibir 22.400 millones de euros más en fondos de rescate proporcionados por la UE en 2012, Bankia fue obligada a presentar un plan de recorte de unos seis mil empleos (un 28 % de su plantilla) y de cierre de cerca del 40 % de sus sucursales que terminó de ejecutar en 2015.

Los más de trescientos cincuenta mil pequeños inversores que, en su momento, adquirieron participaciones preferentes en Bankia convencidos de que eran una inversión segura vieron cómo sus ahorros se quedaban prácticamente en nada por la caída del precio de la acción de la entidad, que se desplomó en un 80 % durante su primer año de cotización bursátil.

Contra la crisis bancaria se adoptaron medidas más estrictas en lo referente a la normativa de provisiones mínimas, y también en cuanto a la valoración de las propiedades y terrenos embargados por ejecuciones hipotecarias o usados como garantía de ese tipo de préstamos, y se acortó el calendario para dotar provisiones por préstamos dudosos. También se incrementaron los requerimientos de capital y se fijó una mayor ratio mínima de capital básico (core capital) en el 8 % (y en el 10 % para bancos muy dependientes de los mercados de financiación mayorista). Asimismo, se llevaron a cabo pruebas de estrés en casi todos los bancos en 2010, 2011 y 2012 supervisadas por la Autoridad Bancaria Europea para medir la capacidad de las diferentes entidades para sobrevivir a diversos escenarios de recesión. El Gobierno socialista anunció en julio de 2011 que las pruebas habían demostrado con claridad que el sistema financiero español era «sólido y solvente». Sin embargo, con el tiempo, aquellas primeras pruebas se demostraron inadecuadas por insuficientes, dado que prácticamente nadie había previsto que España continuaría estando en recesión en 2012 y 2013. También se quedaron cortas ante el agravado deterioro de la crisis de la eurozona. El Gobierno del PP, que había llegado al poder en diciembre de 2011, solicitó una evaluación independiente del grado de solvencia del sistema bancario por parte de dos consultoras internacionales. Los resultados, publicados en septiembre de 2012, mostraron que el sistema bancario necesitaría en su conjunto sesenta mil millones de euros de capital en el peor de los escenarios previsibles para mantener una ratio de capital del 6 %. La buena noticia era que esa cifra era menor que el rescate de hasta cien mil millones de euros aprobado antes de las nuevas pruebas de estrés por las autoridades europeas para bancos que estuvieran necesitados de recapitalización, a cambio, eso sí, de que se instituyera un «banco malo» que concentrara los activos inmobiliarios tóxicos, se reformara el inadecuado sistema de supervisión bancaria del país (que tanto había fallado a la hora de detectar la crisis) y se facilitaran informes periódicos de la situación de los bancos con problemas a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Como condiciones adicionales, se requirió de España que exigiera una mayor dotación de provisiones para préstamos hipotecarios, así como una ratio de capital básico más elevada. En total, las provisiones por préstamos fallidos dotadas por los bancos entre 2007 y 2012 superaron los 250.000 millones de dólares, una cifra equivalente a más del 20 % del PIB español en 2011. La cobertura media de los préstamos al sector inmobiliario se incrementó desde el 18 % que se registraba al término de 2011 hasta el 45 % de un año después.

Los dos mayores bancos españoles, el Santander y el BBVA, no requirieron de dotaciones adicionales de capital, pues las pruebas de estrés mostraron que seguían siendo muy solventes aun en los escenarios más adversos. Desde noviembre de 2012, el Consejo de Estabilidad Financiera incluye al Santander en su lista de bancos más importantes para la estabilidad de las finanzas globales.

¿ QUÉ FUE EL MOVIMIENTO DE LOS INDIGNADOS?

La ciudadanía española estaba muy enfadada con la tasa de paro (la más alta de un país desarrollado), las medidas de austeridad, la caída de las cajas de ahorros y los millonarios salarios e indemnizaciones que cobraban los altos ejecutivos de las entidades. Esa indignación pareció llegar a su punto crítico el 15 de mayo de 2011 cuando decenas de miles de jóvenes desencantados ocuparon la madrileña Puerta del Sol, el corazón de la ciudad, y acamparon en ella durante todo un mes. Aquel movimiento ciudadano, conocido como el 15-M y organizado a través de los teléfonos móviles y de Internet, no tardó en atraer a seguidores en toda España e inspiró incluso el movimiento Occupy Wall Street en Nueva York. Entre sus simpatizantes había anticapitalistas, obreros sin trabajo y pensionistas afectados por la reducción de sus pensiones, pero también antiguos propietarios que habían perdido su vivienda por no poder pagar la hipoteca y estudiantes universitarios que, con un mercado laboral en el que el desempleo juvenil se acercaba entonces a tasas de más de 45 % (para los menores de veinticinco años), no veían ningún futuro ante sí.

Este movimiento de los indignados, como también se lo conoció, no se caracterizaba por tener una ideología particular, pero pilló a la clase política completamente por sorpresa. Sus seguidores estaban unidos por su enfado con los dos partidos políticos principales, el PSOE y el PP, a los que acusaban de dedicar más tiempo a pelearse entre ellos que a buscar una salida común a la crisis económica de España. En los sondeos de opinión, los políticos salían repetidamente valorados como el colectivo menos respetado por la ciudadanía y como uno más de los problemas de España, en vez de como una solución.

El movimiento del 15-M dio la espalda a los partidos políticos y a los sindicatos tradicionales organizados de forma vertical («desde arriba») y, aplicando el enfoque contrario («desde abajo»), puso el acento en temas específicos como la banca o la reforma de la ley electoral, que beneficia a los grandes partidos. Hasta un 80 % de los españoles llegó a declararse favorable a los manifestantes. Uno de los inesperados protagonistas del movimiento fue Michael Banks, uno de los personajes infantiles de la película musical de Disney Mary Poppins, de 1964. El rostro del niño que lo interpretaba apareció en unos carteles colgados en las paredes de la Puerta del Sol en honor a su protagonista, que, en la película, exigía que le devolvieran su dinero en el Banco Dawes Tomes Mousley Grubbs de la Fidelidad y, con ello, desataba un pánico bancario. Llegó a crearse incluso una plataforma nacional de afectados para llamar la atención sobre el sufrimiento de las personas que habían perdido su empleo y que, incapaces de pagar sus hipotecas por ello, se enfrentaban al embargo bancario de sus viviendas. La situación se veía agravada en un buen número de casos porque muchos desahuciados tenían la obligación legal de seguir pagando cuotas de sus préstamos en cumplimiento de la ley hipotecaria en España, que es una de las más duras de Europa: los dueños de una vivienda están obligados a seguir abonando lo que deben de su hipoteca aun después de entregar su inmueble al banco, si el precio real de mercado de esa propiedad no alcanza a cubrir el saldo pendiente de la deuda total adquirida. Unas trescientas cincuenta mil propiedades inmobiliarias (viviendas y terrenos) fueron embargadas por ejecuciones de hipotecas entre 2008 y 2012. En algunos casos, los ciudadanos se organizaban para impedir desahucios por ejecución de hipoteca bloqueando el acceso de policías y agentes judiciales a las viviendas en cuestión. De hecho, el PP reaccionó a la presión social creciente y a varios suicidios de propietarios desahuciados publicando un decreto en noviembre de 2012, un año después de su regreso al Gobierno, que suspendía los desahucios de personas en situación de mayor necesidad durante dos años. Poco después, un fallo del Tribunal Europeo de Justicia de marzo de 2013 obligó al Gobierno del PP a modificar la ley hipotecaria y restringir los supuestos en los que se puede proceder a la ejecución de una hipoteca.

Si bien el PP nunca quiso ver a los manifestantes del 15-M como otra cosa más que una banda de anarquistas (pese a que, en la práctica, mostraron un comportamiento muy cívico y apenas si hubo en su seno brote alguno de violencia callejera), los socialistas y, en particular, Izquierda Unida se mostraron muy interesados por canalizar aquella disconformidad hacia su terreno.

¿ POR QUÉ LA CLASE POLÍTICA SE VOLVIÓ TAN IMPOPULAR?

De los políticos españoles se tenía la percepción de que eran una parte más de los profundos problemas del país, en vez de una vía para su solución. En los sondeos, los partidos políticos eran las instituciones con el peor índice de aprobación de un total de treinta y cuatro tipos de organizaciones y grupos sociales (los médicos eran los mejor valorados). El descontento con la clase política y, en particular, con los dos grandes partidos (PSOE y PP), provenía de cosas como el goteo incesante de escándalos de malversación de fondos públicos; el constante clima de enfrentamiento entre los miembros de la élite política y la incapacidad de estos para dejar a un lado sus diferencias e intereses partidistas y acordar medidas por el bien del país; la politización de las instituciones del Estado; la lentitud del sistema judicial (que apenas ha digitalizado unos trámites y procedimientos que se conservan casi sin cambios desde el siglo XIX ), y la ausencia de un sistema eficaz de controles y contrapesos institucionales y de democracia interna en los partidos políticos. Los españoles eligen a sus políticos mediante listas electorales «cerradas» que elaboran las direcciones de los partidos. Una forma de castigar a los militantes discrepantes es relegándolos a posiciones tan bajas en esas listas que no tengan posibilidad efectiva alguna de salir elegidos. La clase política es vista por la ciudadanía como una especie de élite extractiva [27] . En España, según algunas estimaciones, hasta trescientos mil empleos son puestos de designación política en todos los niveles, estatal, autonómico y municipal.

Tal era el desencanto con los políticos que, en vísperas de las elecciones generales de noviembre de 2011, el 75 % de electores encuestados manifestaba tener poca o nula confianza en el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el 66 % decía lo mismo del candidato del PP, Mariano Rajoy, que fue el ganador de los comicios. España no es un caso único de descrédito popular de la clase política, pero la hondura de ese sentimiento era extraordinariamente intensa en el país y se tradujo en manifestaciones frente al edificio del Congreso en Madrid, en 2012 y 2013, con pancartas en las que se podían leer lemas como «Que se vayan todos». En 2012, un juez, Santiago Pedraz, causó irritación entre la élite política al desestimar el caso contra los organizadores de las manifestaciones por una querella presentada por la Policía, y, en particular, al hacerlo con el argumento de que estaban justificadas por «la convenida decadencia de la clase política».

¿ MEJORARON LAS TENSIONES CENTRO-PERIFERIA BAJO LOS GOBIERNOS DE ZAPATERO?

En términos generales, las relaciones entre el Gobierno central y los nacionalistas del País Vasco continuaron siendo tensas durante los ocho años de Gobierno socialista, y las relaciones entre Madrid y Cataluña se volvieron más problemáticas. El Parlamento vasco aprobó en diciembre de 2004 el plan de Juan José Ibarretxe —lendakari del Gobierno de Euskadi— para alcanzar una «libre asociación» del País Vasco con España, en la que se contemplara el derecho a la autodeterminación de aquella comunidad autónoma. Se trataba de aplicar un modelo similar al del estatus de Puerto Rico con respecto a Estados Unidos y, con ello, modificar unilateralmente el Estatuto de Autonomía de Euskadi. El plan, que estaba previsto que se sometiera a referéndum del electorado vasco, fue rechazado por el Congreso de los Diputados en febrero de 2005 por trescientos diecinueve votos frente a veintinueve.

ETA anunció un alto el fuego en marzo de 2006 que rompió al final de ese mismo año cuando colocó un artefacto explosivo en un aparcamiento del aeropuerto de Madrid y mató a dos trabajadores inmigrantes ecuatorianos. El Gobierno había invertido un considerable capital político durante esos meses para tratar de solucionar definitivamente el conflicto. Pero aquel atentado puso fin a toda esperanza de que ETA se disolviera por iniciativa propia mientras quisiera poner de manifiesto que no había sido derrotada por el Estado español. Señaló un punto de inflexión y llevó a los socialistas (y a los populares cuando regresaron al Gobierno a finales de 2011) a decidirse por una política de «derrota policial» del independentismo violento en vez de negociar con él, como todos los presidentes del Gobierno anteriores habían intentado en algún momento. El Partido Socialista de Euskadi se alió con el PP tras conseguir, entre ambos, una mayoría suficiente de los escaños en las elecciones parlamentarias vascas de 2009 con la que desalojaron al Partido Nacionalista Vasco del poder, al no contar este con escaños bastantes para continuar gobernando.

El Gobierno central se mostró comprensiblemente cauteloso ante el alto el fuego «definitivo» declarado por ETA el 20 de octubre de 2011 para poner fin a cuarenta y tres años de actividad terrorista dirigida a crear un Estado vasco soberano independiente. La banda, que acumulaba un largo historial de promesas incumplidas y treguas rotas, no se desarmó ni pactó ningún acuerdo como los de Viernes Santo alcanzados en Irlanda del Norte en 1998 entre el Gobierno británico y el Ejército Republicano Irlandés (IRA). Su alto el fuego llegó en un momento en que ETA se encontraba considerablemente debilitada por el arresto de miembros en activo (sobre todo en Francia), el decomiso de alijos de armas y el desmantelamiento de sus fuentes ilegales de financiación. También crecían las presiones desde sectores de la izquierda abertzale y de centenares de presos de ETA para continuar luchando por la causa independentista a través de la participación en las instituciones políticas democráticas. Una coalición de aliados políticos de ETA bautizada con el nombre de Bildu había logrado de esta manera nada menos que el 26 % de los votos emitidos en Euskadi en las elecciones municipales de mayo de 2011 (seis meses antes del alto el fuego de ETA), el segundo porcentaje más alto, justo por detrás de los nacionalistas de centro-derecha del PNV. Aquellos resultados hicieron que ETA tuviese que admitir que la solución al conflicto vasco solo podría llegar «a través de un proceso democrático que tenga la voluntad del Pueblo Vasco como máxima referencia y el diálogo y la negociación como instrumentos». El lenguaje de ese comunicado fue muy similar al utilizado en una declaración leída tres días antes como conclusión de una conferencia internacional de paz celebrada en San Sebastián. Los participantes, entre quienes estuvo el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, llamaron a poner fin a la violencia y a hallar una solución política para el conflicto vasco. Un mes después del alto el fuego, Amaiur —otra nueva coalición de la izquierda abertzale vasca— obtuvo muy buenos resultados en las elecciones generales de noviembre de 2011 y se estrenó en el Congreso de los Diputados con siete escaños, dos más que el Partido Nacionalista Vasco, que ha sido tradicionalmente el más votado en Euskadi.

En Cataluña, una comunidad autónoma que representa casi una quinta parte de la economía española y un 16 % de la población, la votación del Parlamento autonómico en 2005 a favor de una mayor autonomía hizo que todos los partidos del Congreso en Madrid salvo el PP acordaran tramitar la propuesta de un nuevo estatuto. El Partido Popular temía que el reconocimiento de mayor autonomía para Cataluña provocaría una deriva que llevaría a la ruptura de la unidad de España como Estado. De todos modos, en 2006, tras ser tramitado sucesivamente por los Parlamentos catalán y español, y ser sometido al referéndum favorable del electorado de la comunidad autónoma, quedó aprobado un nuevo Estatuto de Autonomía que concedía a la Generalitat un mayor control sobre ámbitos como las infraestructuras, los permisos de trabajo para inmigrantes, el poder judicial, los impuestos y la negociación con la Unión Europea de temas que afectaran a Cataluña. Tres cuartas partes de los votantes catalanes aprobaron el nuevo estatuto y solo un 21 % lo rechazaron. La abstención, sin embargo, fue alta: un 51 %. El PP recurrió el texto ante el Tribunal Constitucional (TC). En junio de 2010, el TC ratificó en su casi totalidad los doscientos treinta y tres artículos del estatuto, aunque tumbó disposiciones contenidas en catorce de ellos y, en concreto, algunos de los puntos más controvertidos, como el reconocimiento del catalán como «lengua preferente» en la comunidad. Sí aceptó, no obstante, el aspecto más polémico del preámbulo de aquel texto legal, donde se define a Cataluña como «nación», pero lo hizo entendiendo que su inclusión allí no tenía más sentido que una simple alusión histórica y cultural y carecía de «valor legal», pues, de poseerlo, habría contravenido la Constitución española.

La mayoría de la clase política catalana reaccionó con indignación, incluido el Partido Socialista de Cataluña (asociado al PSOE), que en aquel momento encabezaba el Gobierno tripartito de coalición en la comunidad autónoma (el cual sería derrotado por la coalición nacionalista conservadora Convergència i Unió en las elecciones de noviembre de 2010, aunque no se alzaría en ellas con la mayoría absoluta). Ernest Benach, presidente del Parlamento catalán, declaró que la sentencia del Tribunal Constitucional abría una «crisis de Estado» al «ignorar la voluntad de la ciudadanía» catalana. El fallo del tribunal significó un punto de inflexión para los nacionalistas catalanes, pues muchos de ellos —incluido Jordi Pujol, de CiU, presidente del Gobierno autonómico desde 1980 hasta 2003 y líder nacionalista preeminente durante la transición a la democracia— se convencieron a partir de aquel momento de que Cataluña no tenía ya encaje posible en España.

7
UNA LUCHA CONTRA LA CRISIS EN VARIOS FRENTES
( 2012- 2019)

¿ QUIÉN ES MARIANO RAJOY?

Mariano Rajoy se convirtió en líder del Partido Popular en 2004 en sustitución de José María Aznar, que había decidido no presentarse a la reelección para un tercer mandato en el cargo de presidente del Gobierno. Rajoy había sido ministro de Administraciones Públicas (1996-1999), ministro de Educación y Cultura (1999-2000), vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior (2001-2002), y vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia (2002-2003) a lo largo de las dos legislaturas de Gobierno del PP. Nació en 1955 en Santiago de Compostela, la actual capital de Galicia, región de donde fueron originarios también otros líderes políticos conservadores, como el mismísimo general Franco o Manuel Fraga. Su abuelo paterno fue uno de los arquitectos del Estatuto de Autonomía de Galicia durante la Segunda República (1931-1939) —que, aunque aprobado en referéndum, no llegó a entrar en vigor porque la Guerra Civil no lo hizo posible— y su padre fue jurista y presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra. A los veintitrés años de edad, Rajoy aprobó unas duras y reñidas oposiciones a registrador de la propiedad (un puesto de trabajo muy seguro y muy bien remunerado) tras las cuales se convirtió en la persona más joven que haya desempeñado nunca esa función en España. Entró en política en 1981, cuando fue elegido para la legislatura inaugural del Parlamento autonómico gallego como diputado por Alianza Popular (AP), refundada en 1989 como Partido Popular. Para entonces, España había estrenado ya su sistema cuasifederal de distribución territorial del poder: el Estado de las autonomías. En 1986, Rajoy fue elegido diputado en el Congreso, en Madrid, como número uno de la lista de AP por Pontevedra.

El PP perdió las elecciones generales de 2004 y de 2008, pero Rajoy continuó siendo presidente del partido. Accedió a la Presidencia del Gobierno en diciembre de 2011, después de que los populares barrieran en las urnas a los socialistas, muy desacreditados por los efectos de la «Gran Recesión» tras casi ocho años en el poder. El PP aumentó su número de escaños en el Congreso desde los ciento cincuenta y cuatro que tenía hasta los ciento ochenta y seis (sobre los trescientos cincuenta totales), es decir, una mayoría absoluta con solo el 44,6 % de los votos; el PSOE, liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba, antiguo ministro del Interior y portavoz del Gobierno, cayó de ciento sesenta y nueve a ciento diez diputados, y su porcentaje de voto se desplomó desde el 43,6 % hasta solo el 28,7 %. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno saliente, no se presentó a la reelección para un tercer mandato. Los socialistas perdieron más de cuatro millones de votos y el PP ganó algo menos de seiscientos mil. Los votantes abandonaron a los socialistas en beneficio, principalmente, de Izquierda Unida, una opción más radical, que incrementó su número de escaños de dos a once, y de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que pasó de uno a cinco, o para engrosar las filas de la abstención. El PP volvió a vencer en las elecciones generales de diciembre de 2015, pero perdió su anterior mayoría absoluta y se quedó únicamente en ciento veintitrés escaños. La llegada a la escena política nacional de dos partidos emergentes —los autoproclamados «centristas» de Ciudadanos (Cs), con su famoso «ni rojos ni azules», y los antisistema de Podemos—, con sendos cupos importantes de escaños en el Congreso, puso fin a la hegemonía previa del PSOE y de los populares. Ningún partido por separado (ni en combinación con otros) fue capaz de formar un Gobierno y hubo que convocar nuevas elecciones para junio de 2016, en las que el PP incrementó su número de diputados a ciento treinta y siete. Aquellos comicios también originaron un bloqueo político, pero Rajoy consiguió finalmente formar un Gobierno en minoría merced a que los socialistas se abstuvieron en la segunda votación para su investidura en el Congreso el 31 de octubre de 2016, donde salió confirmado por una mayoría parlamentaria simple (que es la que se necesita para investir a un candidato a presidente del Gobierno en segunda ronda, a diferencia de lo que ocurre en primera ronda, cuando solo puede ser investido con la mayoría absoluta de la Cámara a favor). La abstención del PSOE se produjo después de que Pedro Sánchez, joven líder del partido hasta ese momento, fuese retirado de la secretaría general por negarse a apoyar la abstención de sus diputados. Ese Gobierno aguantó hasta junio de 2018, momento en que Rajoy fue derrotado en una moción de censura presentada por Sánchez, que había regresado de su ostracismo para liderar de nuevo el PSOE. La moción llegó inmediatamente después de que se hubiera dictado una sentencia judicial condenatoria por el caso Gürtel, un caso de corrupción generalizada en el que estaban involucrados altos cargos del PP. Fue apoyada por la extrema izquierda de Podemos, aliada ya entonces con Izquierda Unida, y por los dos partidos independentistas catalanes y el Partido Nacionalista Vasco. Rajoy reaccionó abandonando la política.

¿ QUÉ SITUACIÓN HEREDÓ EL PARTIDO POPULAR DE LOS SOCIALISTAS?

El Partido Popular heredó en 2011 diversas crisis en cinco frentes distintos que se superponían uno encima de otro cual muñecas rusas: el económico (colapso de un modelo económico insostenible que se basaba en exceso en un sector muy intensivo en mano de obra como es el de la construcción), el financiero (niveles elevados de déficit y deuda públicos, y varios bancos en apuros), el social (desempleo descontrolado), el político (deslegitimación de una clase dirigente desacreditada y lastrada por una corrupción endémica) y el institucional (desconfianza hacia las instituciones del Estado por haber sido colonizadas por los políticos).

La economía estaba en recesión, la deuda pública se había duplicado desde 2007 hasta alcanzar el 69 % del PIB, y la balanza fiscal había pasado de registrar un superávit del 1,9 % del PIB a tener un déficit del 9,4 % (muy por encima del objetivo del 6 % inicialmente acordado con la UE por el anterior Gobierno socialista). El problema más crítico que el nuevo Ejecutivo tenía por delante era el de cómo reactivar la economía y crear puestos de trabajo en un país cuya tasa de paro alcanzó registros récord de en torno al 27 % en 2013. La profundidad de la crisis del desempleo en España era tal que el país, de 46,7 millones de habitantes y con un PIB que representaba un 11 % del total de la eurozona, concentraba un 31 % (5,9 millones) de los 18,7 millones de parados del conjunto de los Estados de la zona euro, cuando en Alemania (con ochenta y dos millones de habitantes y un 30 % del PIB de dicha zona) solo vivían el 15 % de ellos (2,9 millones). Más espectacular aún era el paro juvenil (de personas de edades comprendidas entre los dieciséis y los veinticuatro años), que en España alcanzaba niveles del 55 %. Y más preocupante, si cabe, era el hecho de que más de la cuarta parte de la población situada en el sector de edad de los quince a los veintinueve años no estaba empleada, ni estudiando, ni formándose (los popularmente conocidos en España como «ninis»), una proporción que superaba en diez puntos porcentuales la media de la OCDE. Esas personas constituían una especie de «generación perdida», ya que no solo carecían de empleo, sino que muchas se habían quedado también en unos niveles de cualificación muy bajos. El problema del desempleo estaba relacionado en parte con el desequilibrado modelo económico español, de forma desproporcionada basado en el sector del ladrillo, que había creado cientos de miles de puestos de trabajo cuando la economía estaba expansión, pero que los había destruido a idéntica gran escala durante la recesión. Muchos de quienes perdieron su empleo habían dejado los estudios a los dieciséis años durante la época de bonanza económica, pues no les había costado encontrar trabajo, especialmente en sectores como el de la construcción o el turismo. En 2012, una de cada cuatro personas jóvenes residentes en España (de edades comprendidas entre los dieciocho y los veinticuatro años) representaban casos de abandono escolar temprano: el doble que la media del conjunto de la UE.

¿ QUÉ MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTÓ EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR?

La prioridad máxima del Ejecutivo popular fue convencer a los mercados de que España no debía ser metida en el mismo saco de desprestigio en el que habían introducido a Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, economías todas ellas rescatadas en los meses previos por la UE. La clave para conseguirlo estaba en romper el círculo vicioso que se había formado entre el sector bancario y la deuda soberana española, y que se debía en muy buena medida a que los bancos acumulaban mucha deuda pública en sus balances. Para interrumpir esa realimentación negativa se hacía preciso reestructurar y recapitalizar los bancos en apuros y atajar de raíz el déficit público. Mariano Rajoy logró que España no siguiera los mismos pasos que aquellos otros países y no tuviera que pedir un rescate nacional, pero no pudo evitar que la UE decretara un rescate bancario de 41.300 millones de euros (el coste total del rescate comunitario se cifraría finalmente en 65.700 millones) para reflotar varios bancos con problemas y, muy especialmente, Bankia, el quinto mayor banco español, cuya situación era tan mala que había tenido que ser nacionalizado. La crisis de Bankia era tan grave que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España en aquel momento, llegó a temer que pudiera forzar la salida del país de la zona euro. El banco central español, al que se acusaba de haberse quedado dormido respecto a los controles del sistema cuando estalló la crisis bancaria, también se vio obligado a reformar el lamentablemente inadecuado aparato supervisor vigente en el país y adoptar medidas más estrictas en lo referente a la dotación de provisiones, la tasación de las propiedades embargadas por ejecuciones hipotecarias y de los inmuebles usados como garantía de las hipotecas, y los calendarios de las provisiones para préstamos dudosos. También hubo que segar los incestuosos nexos de las participaciones accionariales cruzadas entre bancos y grandes empresas.

El Gobierno del PP tenía ante sí una tarea de proporciones hercúleas si quería reducir el déficit fiscal. El compromiso de los socialistas para recortar el déficit hasta el umbral del 3 % sobre el PIB en 2013 (el objetivo fijado inicialmente por la UE) demostró ser demasiado ambicioso. Al Ejecutivo popular se le concedió un año adicional para cumplir con ese objetivo, pero tampoco esta era una meta realista, por lo que hubo que retrasar la fecha máxima establecida para el cumplimiento de dicho límite hasta 2016 (al final, no se cumplió con el umbral del 3 % hasta 2018, año en el que el déficit público cayó al 2,5 %). En 2014, las pensiones de los más de ocho millones de perceptores de las mismas dejaron de actualizarse automáticamente con la tasa anual de inflación, en cumplimiento de una de las exigencias que la Comisión Europea planteaba desde hacía tiempo. Aquella reforma ayudó a contener las presiones a largo plazo sobre el gasto público, pero fue revocada en 2018 a raíz de las protestas de los pensionistas y como peaje que el PP tuvo que pagar para conseguir el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (que nunca llegó a aprobarse porque el PP fue desalojado del Gobierno de la nación en junio de 2018).

Se introdujeron también reformas en el mercado laboral, más ambiciosas que las aprobadas por el Gobierno socialista previo. Se autorizó, por ejemplo, a que las empresas se desligaran de los convenios colectivos sectoriales y alcanzaran sus propios convenios con los trabajadores. También se les reconoció a las compañías mayores facultades discrecionales para adoptar medidas internas dirigidas a limitar la destrucción del empleo. Se redujeron las indemnizaciones por despido no justificado de trabajadores con contratos indefinidos de cuarenta y cinco días de sueldo por año trabajado (hasta un máximo de cuarenta y dos meses de salario) a treinta y tres días por año (con un máximo de veinticuatro meses), y se suprimió el requisito de autorización administrativa previa para el caso de los despidos colectivos (los llamados «expedientes de regulación de empleo»). Estas medidas ayudaron a salvar puestos de trabajo y a crear otros nuevos.

Pese al cóctel potencialmente explosivo que formaban la mezcla de un fenomenal aumento del paro (con el consiguiente descenso del nivel de vida), un significativo ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, una erosión del Estado del bienestar a raíz de los recortes del gasto público y la afluencia de inmigrantes, España soportó admirablemente bien los peores años de la crisis. La renta per cápita real cayó un 10,4 % entre 2007 y 2013 tras haber crecido entre 1960 y 2007 a una tasa anual acumulada del 3,1 %. En 2018, la renta per cápita apenas era un 2 % más alta que en 2007. El coeficiente de Gini, en el que 0 representa la igualdad de renta absoluta en una sociedad y 100, la desigualdad total, dio un salto desde 32,9 hasta 34,5 en los siete años previos a 2016. La desigualdad de renta en la eurozona en su conjunto, sin embargo, se situó bastante por debajo de los niveles españoles, pues el mencionado indicador apenas se despegó de 30 (de 30,3 pasó a 30,7 en el mismo periodo). Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), España es uno de los países que menos reducen las desigualdades tras la intervención redistributiva del Estado porque las ayudas se centran en los mayores y en las clases acomodadas, y apenas existe redistribución hacia las familias vulnerables y los jóvenes [28] . El resultado es que los niveles de pobreza infantil en España se sitúan entre los más altos de la OCDE.

Muy poco después de ese informe del FMI, se hacía público también otro de Philip Alston, relator especial de la ONU, sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, en el que concluía que «España hoy tiene que mirarse bien en el espejo. Y lo que verá no es lo que la mayoría de españoles y españolas desearían ver. Esa imagen que el país tiene de sí mismo como una sociedad de base familiar cohesionada, arraigada en unos valores profundamente compartidos y en la solidaridad social, ha quedado seriamente quebrada por una crisis económica y por la aplicación de políticas neoliberales» [29] . España, por ejemplo, tiene una de las comunidades romaníes más numerosas de la UE, formada por aproximadamente unas setecientas cincuenta mil personas (un 1,6 % de la población total). Más del 80 % de ellas se enfrentan a la pobreza o a la exclusión social, y un 46 % son extremadamente pobres al encontrarse en niveles de renta que no superan los trecientos diez euros mensuales. La tasa de pobreza infantil en dicha comunidad se sitúa en el 89 %, y el desempleo, en el 52 %. Solo un 17 % de los hombres y las mujeres romaníes de más de dieciséis años de edad han terminado algún nivel de estudios igual o superior al de la educación secundaria.

Aun así, no deja de ser cierto que el país no se vino abajo gracias a la amplitud y la cohesión de las redes de las familias, que acostumbran a cuidar de los suyos en épocas de crisis, aunque esas redes se vieron debilitadas por la magnitud del problema del desempleo. Muchos abuelos pensionistas, por ejemplo, sostuvieron a familias enteras, sobre todo aquellas en las que todos los miembros estaban en paro. Otros muchos países donde no existen redes parecidas, especialmente en el norte de Europa, no habrían podido resistir las circunstancias extremas que se dieron en España sin experimentar un desestabilizador grado de agitación social.

La economía fue retomando progresivamente la senda del crecimiento y, a mediados de 2017, ya se habían recuperado los niveles de PIB existentes antes de la crisis. Los récords en las exportaciones y la llegada de turistas tuvieron un papel significativo en la recuperación. Las exportaciones de bienes incrementaron su peso en el PIB español desde el 15,2 % de 2009 hasta el 23,6 % en 2019, y el número de turistas se disparó en ese mismo periodo de los 52,5 millones a casi ochenta y tres millones. La tasa de paro bajó hasta el 14 % desde máximos del 26 %.

¿ CUÁL FUE LA REPERCUSIÓN POLÍTICA DE LA CRISIS?

Entre octubre de 1982 y diciembre de 2015, cuando dos nuevos partidos, el pretendidamente centrista Ciudadanos (Cs) y el antisistema Podemos, se hicieron con sendas cuotas significativas de los escaños del Congreso, la vida política española estuvo dominada por el Partido Popular y el PSOE. Ambos partidos se fueron alternando en el poder y todas sus legislaturas, salvo dos, agotaron (total o prácticamente) los cuatro años previstos en la Constitución y las leyes pertinentes. La suma de votos recibidos por socialistas y populares en las elecciones generales celebradas durante ese periodo oscilaron entre un máximo del 84 % sobre el total de sufragios emitidos (en 2008) y un mínimo del 51 % (precisamente, en 2015). En esas últimas elecciones, el PP de Mariano Rajoy consiguió ciento veintitrés de los trescientos cincuenta diputados, la cifra más baja de los populares desde 1989; al PSOE le correspondieron noventa, su peor registro; a Podemos, cuarenta y dos, y a Cs, cuarenta. Los resultados produjeron un Congreso bloqueado y polarizado en el que los partidos no fueron capaces de acordar la formación de un nuevo Gobierno de tendencia alguna, y fue necesario celebrar nuevas elecciones en junio de 2016.

Podemos, liderado por Pablo Iglesias (una figura reconocible, entre otras cosas, por su emblemática coleta), fue fundado en marzo de 2014 por un grupo de profesores de extrema izquierda de la Universidad Complutense de Madrid. El partido nació del movimiento social de los indignados. Desde el primer momento, arremetió contra la corrupción y las políticas de austeridad, y acuñó la expresión «la casta» para referirse a la élite política y empresarial del país. Fundado sin dinero, sin un programa y sin afiliados, Podemos dejó atónito al arrellanado mundillo de la política en España al obtener el 8 % de los votos y cinco escaños en las elecciones europeas de mayo de 2014. En 2016, unió sus fuerzas a las de la comunista Izquierda Unida (IU) para competir en las elecciones generales de ese año bajo la marca Unidos Podemos (UP). Sin embargo, con el 21,1 % de los votos que sacó entonces solo conquistó dos escaños más que la suma de IU y Podemos en 2015.

Cs nació siendo un partido catalán antinacionalista y, como tal, opuesto al pujante movimiento independentista en aquella comunidad autónoma. Se estrenó consiguiendo tres diputados en el Parlamento autonómico en las elecciones catalanas de noviembre de 2006. La formación se expandió por vez primera fuera de Cataluña en 2014, cuando ganó dos escaños en las elecciones al Parlamento Europeo. En marzo de 2015, se presentó a los comicios autonómicos andaluces y obtuvo nueve escaños. Animado por esos resultados, Cs decidió presentarse en el conjunto del territorio español en las elecciones generales de diciembre de 2015.

El PP volvió a ganar en 2016 con ciento treinta y siete escaños, pero continuaba estando lejos de la mayoría absoluta del Congreso (situada en ciento setenta y seis diputados). Continuó en el poder, pero con un Gobierno en minoría y gracias al apoyo parlamentario de Ciudadanos. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo solo duró hasta junio de 2018, cuando Rajoy perdió la moción de censura impulsada por los socialistas en la Cámara Baja de las Cortes después de que un tribunal hallara al PP culpable de haberse beneficiado de sobornos en un prolongado caso de corrupción conocido como Gürtel. Pedro Sánchez, líder de los socialistas, reemplazó así a Rajoy como presidente del Gobierno, pues, en España, para que el Congreso pueda retirar la confianza a un jefe de Gobierno mediante una moción de censura, la Constitución exige que esta incluya un candidato a la Presidencia respaldado por la mayoría absoluta de la Cámara. Rajoy se retiró de la política a los sesenta y tres años y fue sustituido como líder del PP por alguien mucho más joven: Pablo Casado, de treinta y siete años de edad. Tras la salida de Rajoy, ya no quedaba ningún líder de los cuatro principales partidos que no fuera «posfranquista», en el sentido de que, o bien no habían nacido cuando el dictador murió en 1975 (como era el caso de Casado, Iglesias y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera), o bien eran apenas unos párvulos (como era el caso de Sánchez, que tenía solo tres años en aquel entonces). La imposibilidad de que Sánchez obtuviera el apoyo de las Cortes a su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 lo llevó a convocar elecciones anticipadas en abril de ese mismo año, en las que su partido ganó ciento veintitrés de los trescientos cincuenta diputados, pero no los suficientes para gobernar en solitario. A aquellos comicios se presentó otro nuevo partido emergente, el ultraderechista Vox, cuyo ideario era una amalgama entre la reacción contra la amenaza del independentismo catalán y el resurgimiento del nacionalismo español, que consiguió veinticuatro escaños y contribuyó a agravar la fragmentación del Congreso. Hasta la irrupción de Vox, España era prácticamente el único país de la UE inmune a la llamada de ese tipo de partidos, pese a sus elevados niveles de desempleo y la importante presencia de inmigrantes en su territorio. Sin embargo, el PP, Cs y Vox seguían sin sumar suficientes diputados para formar Gobierno. Por su parte, los varios meses de negociaciones discontinuas entre PSOE y Unidas Podemos (formación esta que había feminizado su nombre para presentarse a las generales de abril) de cara a formar un Gobierno de coalición en minoría fracasaron y el presidente en funciones convocó nuevamente elecciones anticipadas, esta vez para noviembre de 2019, las cuartas en cuatro años, todo un récord en un Estado miembro de la UE (véase la tabla 3). Tampoco Cs quiso contemplar siquiera la posibilidad de formar una coalición de Gobierno con los socialistas.

 Tabla 3: Resultados de las elecciones generales, 1982-2019 (% sobre el total de votos emitidos).

1982 

1986 

1989 

1993 

1996 

2000 

2004 

2008 

2011 

2015 

2016 

abr. 2019 

nov. 2019 

PSOE 

48,3 

44,1 

39,6 

38,8 

37,6 

34,7 

42,6 

43,6 

28,7 

22,0 

22,7 

28,7 

28,0 

Comunistas1 

4,0 

4,6 

9,1 

9,6 

10,5 

5,5 

4,9 

3,8 

5,4 

3,6 

— 

— 

— 

Podemos2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20,6 

21,1 

14,3 

12,8 

Partido Popular3 

26,5 

26,0 

25,8 

34,8 

38,8 

45,2 

37,6 

40,1 

44,6 

28,7 

33,0 

16,7 

20,8 

Ciudadanos 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13,9 

13,0 

15,8 

6,8 

Vox 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,2 

10,3 

15,1 

Partidos catalanes4 

3,7 

5,0 

5,0 

4,9 

4,6 

4,2 

3,2 

3,0 

4,1 

4,6 

4,6 

5,8 

6,0 

Partidos vascos5 

1,9 

1,5 

1,2 

1,2 

1,3 

1,5 

1,6 

1,2 

1,3 

2,0 

2,0 

2,5 

2,7 

Otros 

15,6 

18,8 

19,3 

10,7 

7,2 

8,9 

10,1 

8,3 

15,9 

4,6 

3,6 

5,9 

0,9 

(1) Partido Comunista Español e Izquierda Unida a partir de 1986 y hasta 2016, cuando se unió con Podemos para formar Unidos Podemos. (2) Unidos Podemos a partir de 2016 y Unidas Podemos a partir de 2019, e incluyendo en ambos casos partidos regionales aliados. (3) Partido Popular a partir de 1989 (antes Alianza Popular). (4) CiU, Esquerra Republicana de Catalunya y otros partidos. (5) Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, Herri Batasuna y EH Bildu, entre otros. Fuente: Ministerio del Interior. 

Sánchez apostó a que unas nuevas elecciones generales reportarían más escaños al PSOE, pero bien podría decirse que el tiro le salió por la culata. Los socialistas perdieron tres diputados, y, además, Vox obtuvo más del doble que en las anteriores de abril, cincuenta y dos, convirtiéndose así en el tercer mayor partido nacional, con el apoyo de 3,6 millones de votantes. Y el Congreso quedó más fragmentado si cabe (los partidos con representación parlamentaria son ahora nada menos que dieciséis). Entre los nuevos partidos que han accedido a Cortes se encuentra Teruel Existe, un movimiento formado para llamar la atención nacional sobre el abandono que padece esa provincia, con un diputado. Teruel forma parte de la llamada «España vacía» (o «vaciada»): no tiene conexión ferroviaria directa con Madrid, algunas de sus localidades prácticamente son ya pueblos desiertos, y su densidad de población es de solo nueve habitantes por kilómetro cuadrado cuando la media española es de noventa y cinco.

El conflicto independentista catalán dominó la campaña electoral de noviembre de 2019: un 44 % de los votantes dijo que había influido en el sentido de su voto (un 70 % en el caso de los que votaron a Vox). Pero, de nuevo, ni el bloque de la derecha (PP, Cs y Vox) ni el de la izquierda (socialistas y Unidas Podemos) pudieron reunir escaños suficientes para formar un Gobierno con mayoría absoluta. El mayor perdedor de los comicios fue Cs, que se hundió desde los cincuenta y siete hasta los diez escaños en el Congreso, un resultado que se saldó con la dimisión de Rivera, que decidió abandonar la política. Rivera se había fijado como objetivo superar al PP en diputados (Cs se quedó a solo nueve escaños de los populares en las elecciones de abril, y a doscientos mil votos de distancia), y convertir así a Ciudadanos en el principal partido de la derecha: una estrategia previsiblemente desastrosa para una formación que se había proyectado inicialmente ante el electorado como una opción de centro orientada a cambiar el sistema bipartidista y convertirse en la llave del equilibrio de poder. Cs podría haberse avenido a formar un Gobierno de coalición estable y de línea reformista tras las elecciones de abril: con los socialistas sumaba ciento ochenta escaños, suficientes para una mayoría absoluta. Además, ya había acordado en febrero de 2016, tras la primera de las cuatro citas electorales sin resultados concluyentes, un programa común con el PSOE que, sin embargo, no había obtenido apoyo suficiente en el Congreso porque, en aquel entonces, las dos formaciones no sumaban mayoría. Habría bastado con recuperar aquel programa tras los comicios de abril de 2019. Pero por culpa de la intransigencia de Ciudadanos, inmerso en pleno giro a la derecha, España perdió una oportunidad histórica de tener un Ejecutivo reformista y sostenible. En vez de eso, en noviembre, dando un brusco giro de ciento ochenta grados y escenificando una especie de escarmentada retractación con grave riesgo para su credibilidad, Sánchez resucitó en menos de veinticuatro horas el difunto pacto con Unidas Podemos tras haber dicho que una coalición como esa no le habría dejado dormir tranquilo por las noches. La velocidad con la que se cerró el acuerdo hizo que muchos votantes se preguntaran para qué les habían obligado a acudir de nuevo a las urnas.

Con el apoyo tácito de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido independentista catalán más votado, y de Bildu, que se abstuvieron en la segunda votación de investidura que tuvo lugar el 7 de enero de 2020, en la que bastaba con una mayoría simple a favor de Sánchez para convertirlo en presidente, este pudo por fin formar el primer Gobierno de coalición en España desde la Segunda República por un ajustadísimo margen de ciento sesenta y siete votos a favor y ciento sesenta y cinco en contra. Terminaban así ocho meses de bloqueo político. El precio de haber conseguido el apoyo de ERC fue iniciar una mesa de diálogo para la resolución del conflicto catalán. El bloque parlamentario de la derecha bautizó al nuevo Gabinete de Sánchez como «Gobierno Frankenstein» porque su supervivencia dependía de los independentistas catalanes. ERC dejó muy claro a los socialistas que estos no podían dar por descontado el apoyo de los republicanos, sino que este dependería de los progresos que se produjeran en las negociaciones. La diputada de ERC Montserrat Bassa —cuya hermana Dolors fue uno de los nueve dirigentes políticos catalanes condenados a prisión por el Tribunal Supremo en octubre de 2019, por su papel como impulsores de la celebración en 2017 del referéndum ilegal sobre la secesión de Cataluña y, posteriormente, de la declaración unilateral de independencia— así lo expresó ante el Congreso en el día mismo de la investidura de Sánchez: «Me importa un comino la gobernabilidad de España».

¿ QUIÉN ES PEDRO SÁNCHEZ?

Pedro Sánchez nació en 1972. Se licenció en economía por la Universidad Complutense de Madrid en 1995 y, a continuación, cursó dos programas de posgrado, uno de los cuales, un máster en política económica de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas. Ingresó en el PSOE en 1993 y, en los años 1997 y 1998, fue jefe de gabinete de Carlos Westendorp, alto representante de Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina y antiguo ministro español de Exteriores. Sánchez fue también concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid de 2004 a 2009, y pasó a ser diputado del Congreso en septiembre de 2009, al ocupar la vacante dejada por quien hasta entonces también había sido ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aunque perdería su escaño dos años después, en las elecciones de 2011. Volvió a sentarse en el Congreso en 2013, ocupando en este caso el escaño al que renunció Cristina Narbona. Fue elegido secretario general del PSOE en julio de 2014 con el 49 % de los votos emitidos por los afiliados y se presentó a las generales de diciembre de 2015 como candidato del partido a la Presidencia del Gobierno. En esos comicios, los socialistas obtuvieron noventa de los trescientos cincuenta escaños del Congreso y quedaron segundos por detrás del Partido Popular. La formación de extrema izquierda Podemos, de reciente creación en aquel entonces, entró en el Parlamento español con sesenta y nueve diputados, muchos de ellos arrebatados en las urnas a los socialistas. Ni Sánchez ni Mariano Rajoy, líder del PP (que obtuvo ciento veintitrés escaños), fueron capaces de formar Gobierno y, en junio de 2016, hubo que celebrar nuevas elecciones en las que los socialistas cayeron aún más, hasta los ochenta y cinco escaños, su peor resultado, y el PP acrecentó su peso en la Cámara con catorce diputados más. Sánchez fue desalojado de la dirección del partido tras una agria disputa interna a propósito de su negativa a permitir un nuevo Gobierno del PP en minoría, que, en aquellos momentos, parecía la única opción viable si no se querían convocar nuevamente elecciones generales.

Sánchez decidió entonces pasar su particular travesía por el desierto de la política haciendo una gira por toda España para movilizar y reunir apoyos a su idea de regeneración del partido. Tuvo un regreso triunfal en mayo de 2017, cuando fue elegido nuevamente secretario general con el 50,2 % del voto de la militancia. Apoyó la decisión de Rajoy de intervenir el Gobierno autónomo de Cataluña tras los incidentes del referéndum ilegal sobre la independencia y la declaración unilateral de secesión en el Parlamento catalán. Pero cuando, en mayo de 2018, la Audiencia Nacional dictó sentencias de prisión al término del juicio por el caso Gürtel de corrupción generalizada que implicaba al PP, Sánchez vio una oportunidad y la aprovechó para presentar una moción de censura contra el Gobierno. La ganó debido principalmente a los votos de Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya, y se convirtió así en presidente. Al no reunir suficiente apoyo parlamentario para sus Presupuestos Generales del Estado para 2019, Sánchez se vio obligado a convocar elecciones anticipadas en abril de ese mismo año. Su veto a formar Gobierno con Unidas Podemos y la negativa de otros partidos a darle apoyo activo o pasivo (aunque fuera absteniéndose en la segunda votación de la sesión de investidura en el Congreso, en la que al candidato le basta una mayoría simple para obtener el necesario refrendo parlamentario) desembocó en la convocatoria para el mes de noviembre de las cuartas elecciones generales en cuatro años. Antes de eso, aún tuvo tiempo de aprovechar su posición como presidente del Gobierno en funciones para exhumar los restos del general Franco del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio de El Pardo. Los resultados de los comicios de noviembre, tan poco concluyentes como los de los anteriores, no dieron otra opción a Sánchez que aplicarse una cura de humildad y sumar sus fuerzas, esta vez sí, con las de Unidas Podemos para formar el primer Gobierno de coalición en España en más de ochenta años y no exasperar así a los sufridos españoles con una nueva convocatoria electoral. A la vista de su trayectoria, se entiende mejor que Sánchez publicara en 2019 un libro titulado Manual de resistencia.

¿ POR QUÉ (Y CÓMO) INTENTÓ CATALUÑA SEPARARSE DE ESPAÑA?

Aunque los orígenes de la reciente ofensiva independentista en Cataluña (el llamado procés) se remontan a algo más de una década atrás, lo cierto es que las tensiones entre centro y periferia llevan mucho tiempo siendo un elemento permanente en el paisaje político español. España tuvo un temprano y eficaz proceso de construcción estatal a lo largo de los siglos XV al XVIII , pero su proceso de construcción nacional, más tardío y problemático, no tuvo propiamente lugar hasta los siglos XIX y XX , enfrentado a fuertes identidades regionales, especialmente, en Cataluña y el País Vasco. No obstante, España constituye uno de los muy contados casos de país que ha logrado preservar su integridad nacional a lo largo de los siglos en Europa. Las fronteras españolas apenas han experimentado modificaciones en cinco siglos y, de hecho, no se ha producido ningún cambio territorial (dejando las posesiones coloniales a un lado) en los últimos doscientos años, a diferencia de lo acaecido en Francia, Alemania e Italia, donde las configuraciones regionales han sufrido variaciones relativamente frecuentes.

Cataluña nunca ha sido un Estado soberano independiente en ningún sentido moderno del término (aunque esta es una tesis muy discutida por los independentistas). Sus orígenes se remontan al condado de Barcelona, un principado franco fundado como parte del Imperio carolingio durante los primeros tiempos de la reconquista cristiana de España, entonces bajo dominio musulmán. Pasó luego a formar parte, ya como Principado de Cataluña, de una federación, la Corona de Aragón, que terminaría uniéndose en 1479 con la Corona de Castilla como consecuencia del matrimonio que había tenido lugar en 1469 entre Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Esta unión dinástica (lo que los historiadores denominan una «monarquía compuesta») dio origen al país que daría en llamarse «España». En 1716, tras la rendición de Barcelona dos años antes a las fuerzas de Felipe V, monarca de la recién entronizada dinastía borbónica en España, Cataluña, como el resto de la Corona de Aragón, fue despojada de sus leyes y libertades colectivas tradicionales, y quedó fusionada con la España absolutista y centralizada bajo la hegemonía de la cultura y el poder castellanos. La autonomía de la que disfrutó Cataluña durante diversos periodos de mayor democracia en el siglo XX (1914-1923 y 1931-1939) fue rescindida por las dictaduras de Primo de Rivera (1923-1930) y Franco (1939-1975). El régimen franquista volvió a centralizar fuertemente el poder y se mostró inicialmente muy hostil contra la lengua catalana, aunque luego toleró un limitado uso social de la misma a partir de los años sesenta, coincidiendo con un momento de fuerte desarrollo económico. La Constitución de 1978 fue apoyada por el 88 % de los votantes del conjunto de España y por un 90,5 % de los catalanes. Desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía de 1979, Cataluña ha tenido uno de los más elevados niveles de autogobierno regional en Europa, con competencias amplias en materias como sanidad, educación, política penitenciaria y medios de comunicación.

Hasta mediados de la década de 2000, podría decirse que la sociedad catalana estaba dividida en, aproximadamente, tres tercios: un grupo de catalanes (básicamente, la población rural y la clase media y alta urbana) consideraban que Cataluña era una nación diferenciada por su lengua y su cultura propias distintivas; otro, menos cohesionado desde el punto de vista sociológico y menos movilizado también, era el compuesto por descendientes de inmigrantes procedentes de otras regiones de España que conservaban una identidad predominantemente española y tenían el español como lengua materna; y, finalmente, un tercer grupo, formado por aquellos que tenían una identidad española y catalana compartida y tendían a ser verdaderamente bilingües y biculturales.

Ese statu quo político cambió por una serie de razones externas e internas. Entre los factores externos, cabe señalar que tanto la globalización como la integración europea pueden alentar los movimientos secesionistas: el libre comercio y la delegación de soberanía en instancias gubernamentales internacionales hacen que ya no sea necesario que los Estados sean grandes para obtener y aprovechar economías de escala en cualquiera de esos ámbitos. El problema catalán puede ser entendido también en el contexto de la creciente desconexión entre los Gobiernos y los gobernados, y del auge del populismo en Europa. Las encuestas mostraban que el apoyo a la secesión en Cataluña era superior entre quienes tenían una renta familiar neta de entre dos mil y tres mil euros mensuales, lo que relacionaba muy directamente al separatismo catalán con un fenómeno de clase media o incluso media alta.

A nivel interno, el proceso de construcción explícita de una identidad nacional distinta de la española comenzó bajo el impulso de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña de 1980 a 2003, y se apoyó fundamentalmente en el sistema educativo, la lengua catalana y la emisión de programación televisiva en dicho idioma (a través de TV3), gracias a competencias transferidas desde el Estado central. La «catalanización» fomentó el sentimiento independentista, que se intensificó a su vez a raíz de la crisis económica iniciada en 2008. Antes de eso, era infrecuente que más del 20 % de los catalanes se declararan favorables a la independencia. Los nacionalistas catalanes se sentían agraviados por lo que consideraban que era la transferencia de una cantidad desproporcionada de su riqueza al Estado central («Madrid») para su redistribución entre otras regiones —más pobres— de España, y se convencieron a partir de aquel momento de que a Cataluña le iría mejor económicamente si se separara del Estado español. De ahí salió el mantra nacionalista «España nos roba», que tantas veces han repetido los partidos nacionalistas [30] . Artur Mas, presidente autonómico catalán desde 2010 y líder de la nacionalista Convergència i Unió, convocó elecciones anticipadas en noviembre de 2012 para tratar de hacerse con una mayoría absoluta en el Parlamento que le permitiera celebrar un referéndum sobre la secesión. Las elecciones llegaban dos meses después de que se hubiera organizado una multitudinaria manifestación popular favorable a la independencia a la que, según las estimaciones, asistieron un millón de personas, y después también de que Mas hubiera fracasado en su intento de arrancar del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, un acuerdo para conseguir una mayor autonomía fiscal en Cataluña. Sin embargo, CiU solo consiguió cincuenta de los ciento treinta y cinco escaños del Parlamento autonómico, doce menos que en 2010. Esquerra Republicana de Cataluña, por su parte, aumentó los suyos hasta más del doble (veintiuno), mientras que los socialistas (favorables a la creación de un Estado federal en el conjunto de España) bajaron de veintiocho a veinte, su peor resultado en unas elecciones autonómicas catalanas hasta entonces. El PP obtuvo diecinueve diputados (uno más que en los comicios previos). En total, los partidos favorables a la celebración de un referéndum de independencia conquistaron ochenta y siete de los ciento treinta cinco escaños de la Cámara. La participación electoral se acercó al 70 %, la mayor de unas elecciones autonómicas catalanas en casi treinta años. Ciudadanos sacó más del doble de votos (en porcentaje) con respecto a 2010 y aumentó sus diputados de tres a nueve.

Mas impulsó y organizó un referéndum simbólico no vinculante que se celebró el 9 de noviembre de 2014 (9-N) contra la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. De los 2,3 millones de votos recogidos (de un total de 6,3 millones de electores potenciales), más del 80 % fue favorable a la secesión (una cifra equivalente al 29 % del censo electoral catalán). Rajoy restó toda importancia a aquella votación y dijo que no negociaría con la soberanía nacional. La Constitución española otorga al Gobierno central «competencia exclusiva» para la autorización de convocatorias de referéndum, una autorización que Madrid ya se había negado a conceder a Cataluña, alegando que la única vía legal para iniciar un proceso que pudiera desembocar en la independencia de cualquier región sería una enmienda a la Constitución. La aprobación de dicha reforma requeriría de una mayoría cualificada en ambas Cámaras de las Cortes españolas, la convocatoria automática de nuevas elecciones generales y el respaldo del electorado en un referéndum celebrado en el conjunto de España.

Mas no logró reunir suficientes apoyos en el Parlamento catalán para seguir siendo presidente tras las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 y fue relevado en el cargo por el más radical Carles Puigdemont en enero de 2016. Posteriormente, el Tribunal Supremo inhabilitó a Mas para el ejercicio de cargos públicos hasta febrero de 2020, como condena por haber organizado el referéndum del 9-N. Puigdemont perseveró en el camino iniciado por su antecesor convocando un nuevo referéndum sobre la independencia de Cataluña para octubre de 2017. Este plebiscito incumplía la ley española, las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación, las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa (un organismo de referencia en cuestiones constitucionales y de referéndums) y hasta el propio estatuto autonómico de Cataluña.

Un significativo factor externo que alentó la ofensiva independentista fue el acuerdo alcanzado entre el Partido Nacional Escocés (SNP) y el Gobierno de Londres en 2014, para la celebración de un referéndum vinculante de independencia en Escocia y la apertura así de una vía legítima y aceptable para la creación de un nuevo Estado dentro de Europa. El caso escocés, sin embargo, presentaba varias diferencias con el catalán. El referéndum en Escocia fue acordado con Londres, frente al unilateralismo del proceso independentista catalán. Y si el proceso independentista escocés respetó en todo momento las reglas del Estado de derecho, el catalán las contravino de forma flagrante. En la Constitución española se establece que la soberanía corresponde al pueblo español en su conjunto, lo que contrasta con la naturaleza explícitamente compuesta del Reino Unido. Sin Cataluña, el proyecto mismo de la nación española se vendría abajo; Escocia, por su parte, se concebía en último término como un elemento no tan indispensable para la supervivencia del resto del Reino Unido.

El Gobierno central del PP respondió con dureza al desafío de la Generalitat enviando a unidades de policía antidisturbios para impedir el referéndum. El resultado de ello fueron las impactantes imágenes de policías con porras empleándose a fondo contra votantes pacíficos, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que fueron un regalo propagandístico para los separatistas y un desastre de relaciones públicas para el Gobierno. El hecho de que, de todos modos, más de dos millones de catalanes (algo más del 40 % del censo electoral) acudieran a las urnas y se expresaran a favor de la creación de una república catalana separada de España —aun cuando el recuento de votos no pudiera ser verificado de manera independiente—, y de que ese resultado fuera seguido a los pocos días de una declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán, vino a demostrar el éxito de la estrategia de la «catalanización» previa y el absoluto fracaso de Madrid en su intento de contrarrestar con un mínimo de eficacia toda aquella campaña de propaganda. No menos malogrado fue, sin embargo, el esfuerzo por internacionalizar la cuestión de la independencia. El único apoyo de un país extranjero a la secesión llegó de Nicolás Maduro, el autoritario presidente de Venezuela. Todos los demás dirigentes internacionales manifestaron su apoyo expreso a Madrid (especialmente en la UE) o guardaron silencio sobre el tema. La Comisión Europea dejó muy claro que una Cataluña independiente dejaría automáticamente de formar parte de la UE y, por consiguiente, de la eurozona, y tendría que negociar su ingreso desde el principio.

El Gobierno reaccionó a la declaración de independencia interviniendo la autonomía catalana e imponiendo su control directo desde Madrid en virtud del artículo 155 de la Constitución de 1978. Aprovechando dicha intervención (que no se levantó hasta junio de 2018), firmó el decreto de disolución del Parlamento de Cataluña y convocó elecciones autonómicas anticipadas para diciembre de 2017. En ellas, los partidos independentistas conservaron su anterior mayoría parlamentaria al sumar setenta de los ciento treinta y cinco escaños de la Cámara (dos menos que en 2015) con un 47,5 % de los votos y una participación electoral récord del 80 %. Los llamados «partidos constitucionalistas» sumaron cincuenta y siete diputados, cinco más que en 2015, de los que treinta y seis correspondieron a Ciudadanos (había obtenido veinticinco dos años antes), deslumbrante vencedor de los comicios. Era la primera vez que un partido no nacionalista quedaba primero en número de diputados en el Parlamento autonómico, pero no eran suficientes para que pudiera gobernar en solitario ni en coalición. Por su parte, el PP quedó prácticamente barrido del mapa parlamentario catalán, con solo cuatro diputados (siete menos de los que tenía).

En noviembre de 2017 fueron detenidos doce dirigentes independentistas por su intervención en la organización del referéndum y la posterior declaración unilateral de independencia. Puigdemont y varios de sus lugartenientes salieron del país hacia un exilio autoimpuesto en Bélgica. El ultranacionalista Quim Torra —quien en 2012, en un diario de signo independentista subvencionado por la Generalitat, se había referido a los catalanes que hablan en español como «bestias que viven, mueren y se multiplican»— relevó a Puigdemont como presidente autonómico de Cataluña. Antes del final de ese mismo año 2017, más de tres mil empresas catalanas —entre ellas, los dos principales bancos, CaixaBank y Banco Sabadell— se habían llevado su sede social del territorio de esa comunidad autónoma, con el propósito de salvaguardar sus intereses en el hipotético caso de una independencia catalana.

Los doce líderes independentistas encausados fueron juzgados en Madrid en febrero de 2019. La sala del Tribunal Supremo que los procesó actuó con la máxima transparencia: toda la vista oral fue televisada en directo. Nueve de ellos llevaban ya hasta quince meses en prisión preventiva: era el caso, por ejemplo, de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, el partido independentista con mayor representación en número de diputados en el Congreso en Madrid, y antiguo vicepresidente del Gobierno autonómico catalán. Puigdemont fue arrestado en Alemania en marzo de 2018 en cumplimiento de una euroorden de detención emitida por el juez instructor español, pero el tribunal alemán competente falló que solo se le podría extraditar a España por el cargo de malversación de fondos públicos y no por el otro (y mucho más grave) cargo que pesaba contra él: el delito de rebelión. El tribunal rechazó el argumento de que la acusación española de «rebelión» (que no figura en el código penal germano) fuera equiparable a la de «alta traición» (que sí figura en él), pues no apreció pruebas suficientes de que la violencia observada durante el referéndum hubiera representado una amenaza directa para el Gobierno nacional. El juez instructor español rechazó la entrega de Puigdemont solo por malversación y retiró temporalmente la euroorden contra todos los líderes independentistas huidos, con lo que el expresidente catalán pudo regresar a su «exilio» en Bélgica.

En octubre de 2019, el Tribunal Supremo exculpó a todos los dirigentes encausados del delito de rebelión (que comportaba condenas de hasta veinticinco años de prisión), pero halló culpables de sedición a nueve de ellos y de malversación de fondos públicos a cuatro de esos nueve. Otros tres de los acusados fueron únicamente inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos y multados por desobediencia. Los magistrados del alto tribunal expresaron en la sentencia que la protección constitucional de la unidad territorial de la nación vigente en España era el principio normal establecido también en el resto de Europa. «No existe ninguna constitución europea que avale el “derecho a decidir”, tal y como de forma reiterada reivindican los procesados». La pena de prisión más larga (trece años) correspondió a Oriol Junqueras. La sentencia fue el detonante de cinco días de protestas violentas en las calles de Barcelona y en otras partes de Cataluña, que se saldaron con seiscientas personas heridas, más de mil contenedores de basura quemados (así como varios automóviles) y un bloqueo del aeropuerto internacional de Barcelona que provocó la cancelación de más de cien vuelos.

Junqueras había salido elegido parlamentario europeo en las elecciones de mayo de 2019, previas a la conclusión del juicio, pero no pudo ocupar su escaño porque el Tribunal Supremo le denegó el permiso para salir de la cárcel y cumplir con los procedimientos requeridos para convertirse en eurodiputado. Sus abogados recurrieron esa decisión judicial ante el propio Supremo, que optó por plantear una «cuestión prejudicial» al respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual dictaminó en diciembre de 2019 que el alto tribunal español debería haber solicitado al Parlamento Europeo un suplicatorio para que le levantara la inmunidad a Junqueras, si quería mantenerlo en prisión provisional. No obstante, el TJUE falló también que correspondía de todos modos al Tribunal Supremo decidir cómo aplicar ese dictamen, puesto que la situación de Junqueras había cambiado y ya no era un acusado, sino un condenado en firme. Como era de esperar, en enero de 2020 el Supremo se pronunció finalmente en contra de dejar a Junqueras en libertad. «Quien participa en un proceso electoral cuando ya está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional», dictaminó en aquel auto. El dictamen del TJUE también tuvo efectos sobre la situación de Puigdemont y de Toni Comín, uno de sus colaboradores, quienes habían huido en su día a Bélgica antes de que pudieran ser detenidos en España. El Parlamento Europeo les autorizó a partir de ese momento a ocupar sus escaños, una decisión que el Tribunal Supremo español cuestionó al solicitar formalmente a la Eurocámara que levantara la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y de Comín. La formación de ultraderecha Vox intervino también en la controversia anunciando que se querellaría contra el Parlamento Europeo por haber reconocido a los políticos independistas catalanes como europarlamentarios. Mientras tanto, en enero de 2020, el Parlamento catalán retiró a Torra su acta de diputado y acató así la orden de la Junta Electoral que trataba de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo había condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. Torra no había cumplido en su día con un mandato de la propia Junta que requería la retirada de banderas esteladas, lazos amarillos u otros símbolos de análogo significado de los edificios públicos de cara a las elecciones de abril de 2019 para garantizar la debida neutralidad. Aun así, se le ha permitido continuar en el cargo de presidente de la Generalitat.

¿ QUÉ FACTORES HAN IMPULSADO EL ASCENSO DEL PARTIDO ULTRADERECHISTA VOX?

Hasta las elecciones generales de abril de 2019, España había logrado esquivar el auge de la ultraderecha que recorría buena parte de Europa, seguramente inmunizada en gran medida por el recuerdo de la larga dictadura del general Franco. Hoy parece, sin embargo, que esa inmunidad solo retrasó la llegada del extremismo populista de derecha al país; de hecho, el populismo extremo ya había irrumpido antes desde las filas de la izquierda con el movimiento antisistema Podemos, que se estrenó en el Parlamento nacional en 2015. Aunque no pierde ocasión de sacar partido de algunos de los valores conservadores característicos del franquismo, sobre todo en lo relacionado con temas de moralidad, Vox mantiene claras similitudes con otros movimientos populistas análogos actuales, como los de Polonia, Hungría e Italia.

Vox fue fundado en 2013 por un grupo de militantes escindidos del Partido Popular (Santiago Abascal, su actual líder, entre ellos) y, por lo tanto, no nació como un fenómeno desligado de la clase política convencional. Pocos les prestaron atención (de hecho, la formación apenas obtuvo el 0,2 % de los votos emitidos en las elecciones generales de 2016, tres años después de su creación). Sin embargo, a raíz del clima creado por los escándalos de corrupción del PP y por el procés independentista en Cataluña, Vox fue ganando protagonismo y se presentó con unas listas bastante consolidadas a las elecciones autonómicas andaluzas de diciembre de 2018, en las que obtuvo nada menos que doce de los ciento nueve escaños del Parlamento de la comunidad y un 11,9 % de los votos. De hecho, el éxito de Vox posibilitó que el PP y Ciudadanos, respaldados por la formación de ultraderecha, desalojaran al PSOE del Ejecutivo autonómico andaluz en el que había estado durante treinta y seis años. A diferencia de lo que ha ocurrido en Francia o en Alemania, donde los partidos constitucionalistas se han negado explícitamente a pactar con ninguna fuerza neofascista, en España, el PP y Cs se aliaron con Vox para formar algunos Gobiernos autonómicos, lo que contribuyó a dar una mayor legitimidad al nuevo partido. Algunos factores fundamentales contribuyeron a que semejante terremoto político tuviera lugar en la comunidad autónoma más poblada de España (con 8,4 millones de habitantes). Además del cansancio del electorado tras tantos años de Gobiernos del mismo partido, los socialistas estaban muy tocados por sus propios escándalos de corrupción locales y por el hecho de que Andalucía continuara teniendo una tasa de paro muy elevada (del 23 %, ocho puntos porcentuales superior a la media nacional) y una comunidad inmigrante muy numerosa, sobre todo de personas de origen extracomunitario.

Envalentonado por aquel éxito, Vox se presentó a las dos elecciones generales celebradas en 2019 y obtuvo veinticuatro diputados en abril (con un 10,2 % de los votos) y cincuenta y dos en noviembre (con un 15 % de los sufragios), con lo que se ha convertido en la tercera fuerza parlamentaria en importancia, por detrás de los socialistas y los populares. En noviembre recibió 3,6 millones de votos (un millón más que en abril). Los sondeos de opinión han mostrado posteriormente que la crisis catalana fue el motivo principal del incremento del porcentaje de voto de Vox. El partido es populista, pero con un marcado acento castellano: además de su fiera oposición al separatismo catalán, es un defensor de la tauromaquia, pretende que la bandera española ondee en todos los edificios públicos y aboga por el uso preferente del español en todo el país, relegando a otras lenguas, como el catalán, el gallego o el vasco, a la condición de optativas en aquellas regiones donde tengan hablantes autóctonos. En el plano cultural, es conservador. España pasó en pocas décadas de la retaguardia a la vanguardia en temas morales (feminismo, homosexualidad, etc.) y eso ha supuesto un coste en tensiones y debates internos. Si comparáramos la situación española y la estadounidense en los últimos cuarenta años, por ejemplo, podríamos comprobar que, al principio, Estados Unidos estaba más avanzado en estas cuestiones, pero que ahora se ha quedado bastante rezagado con respecto a España. ¿Qué consecuencia tiene una evolución así? Aquellos países que registran transiciones morales muy rápidas tienden a encontrarse con divisiones sociales muy agudas de tipo intergeneracional o entre diferentes sectores de su sociedad. Las personas mayores y la población rural se sienten atacadas y menospreciadas por personas de grupos de edad más jóvenes, urbanitas y cosmopolitas.

Las propuestas políticas de Vox en materia de inmigración son especialmente duras: aboga por deportar automáticamente a todos los inmigrantes sin papeles, por clausurar todas las mezquitas consideradas fundamentalistas, por prohibir la asignatura de religión islámica en las escuelas públicas y por construir muros en las fronteras de los enclaves españoles norteafricanos de Ceuta y Melilla con la vecina Marruecos. Desde su origen, Vox ha difundido numerosas afirmaciones que no se sustentan con datos y hechos probados. Por ejemplo, ningún inmigrante recibe dinero por el solo hecho de llegar a España [31] .

La dureza de su mensaje antiinmigración halló eco en una parte del electorado, aun cuando nada parece indicar, según los datos, que los inmigrantes estén quitando empleos a los españoles autóctonos. De hecho, las encuestas mostraban que los españoles seguían siendo mucho más tolerantes con los inmigrantes que la mayoría de las otras sociedades europeas. La economía no se habría expandido como lo hizo entre 1997 y 2007 de no haber sido por la gran inmigración de trabajadores, empleados sobre todo en los sectores de la construcción y la agricultura. De todos modos, en un vídeo de propaganda electoral, Abascal aparecía liderando a un grupo de hombres a caballo para emprender una «reconquista» dirigida a recuperar España. El partido no ha propugnado hasta el momento que el país abandone la Unión Europea, pero sí se ha mostrado más firme que el PP y el PSOE en la defensa del restablecimiento de la soberanía española sobre el territorio británico de Gibraltar, que España cedió a Gran Bretaña en 1713 por el Tratado de Utrecht.

A diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Reino Unido, Gibraltar (con una población de 34.000 habitantes) votó por una abrumadora mayoría del 96 % a favor de permanecer en la UE en el referéndum del Brexit de 2016. Lograr una relación fluida una vez el Peñón abandone la UE es una prioridad tanto para España como para Gibraltar, sobre todo en lo relativo a la libertad de movimientos: unas quince mil personas que trabajan en Gibraltar (y representan, aproximadamente, la mitad del empleo en ese territorio) cruzan a diario la frontera desde España. Más de nueve mil de ellas son españolas y, sin ellas, la economía del Peñón difícilmente podría funcionar. (La tasa de desempleo en Gibraltar es de un insignificante 0,1 %, frente a un 32 % en la vecina La Línea de la Concepción). España y Gibraltar firmaron un acuerdo fiscal en 2019 —el primer acuerdo internacional alcanzado entre España y el Reino Unido con respecto a Gibraltar desde 1713— con disposiciones similares a las de un tratado de doble imposición, incluida la obligación de compartir información. Hace tiempo que, desde España, se acusa a Gibraltar de ser un paraíso fiscal, aunque las autoridades gibraltareñas lo niegan. Lo cierto es que el territorio tiene un régimen fiscal mucho más liviano que el español. Pero el tratado prevé que Gibraltar mantenga en vigor una legislación equivalente a la comunitaria en cuestiones relativas a la transparencia, la cooperación, la eliminación de prácticas fiscales dañinas y la lucha contra el lavado de dinero, una vez haya abandonado la Unión.

8
¿ Q uo vadis , ESPAÑA?

Pocos países han vivido una transformación económica, social y política tan profunda como España en los años transcurridos desde la entrada en vigor de su Constitución de 1978 (véase la tabla 4). El país cuenta con una democracia consolidada —con sus defectos, como las de todos los países democráticos— en la que impera el Estado de derecho. Desde 1978, España sigue instalada en un grupo formado por cerca de treinta democracias en las que las instituciones y las prácticas liberales están consolidadas, según varios rankings, como los de V-Dem, Freedom House y Economist Intelligence Unit (EIU). Su esperanza de vida es una de las mayores del mundo; sus infraestructuras viarias, ferroviarias y de telecomunicaciones son, por lo general, de primer orden; ha dado origen a un grupo de importantes empresas multinacionales; ha absorbido a varios millones de inmigrantes, y su sociedad está socialmente cohesionada y muestra elevados niveles de tolerancia en temas morales, todo ello sustentado por unas redes familiares extensas, que continúan siendo muy sólidas. La Gran Recesión sacudió con fuerza el país entre 2008 y 2014: la tasa de paro llegó al 26 % y la hegemonía de los dos grandes partidos políticos (PSOE y PP) se diluyó con el ascenso de tres nuevas formaciones: Podemos, Ciudadanos y Vox. Pero España resistió el embate. Los desafíos a los que se enfrenta ahora el país son muy distintos. A muy corto plazo destaca, en particular, el económico, sobre todo a raíz de las excepcionales y colosales repercusiones de la pandemia de coronavirus, que, hasta julio de 2020, había infectado ya a más de trescientas mil personas en España y terminado con la vida de más de veintiocho mil ciudadanos, lo que situaba al país en el séptimo puesto mundial en cifras absolutas de infectados y fallecidos por la covid-19. Además, el número de casos por cien mil habitantes era uno de los más elevados de Europa.

 Tabla 4: Estadísticas socioeconómicas básicas, 1978-2019.

Concepto 

 1978 1

 2019 1

Población total (millones) 

37,0 

47,3 

Población extranjera (millones)2 

0,16 

5,2 

Tasa de desempleo (%) 

7,6 

13,8 

PIB per cápita (en paridad de poder adquisitivo, en dólares) 

7.883 

40.139 

Estructura del PIB (% sobre el total) 

Agricultura 

8,9 

2,8 

Industria 

31,8 

15,8 

Construcción 

8,8 

6,5 

Servicios 

50,3 

74,5 

Empleo por sector (% del total) 

Agricultura 

20,3 

4,0 

Industria 

27,4 

14,0 

Construcción 

9,5 

6,5 

Servicios 

42,8 

75,5 

Tasa de participación de la fuerza laboral (%) 

Hombres 

80,0 

64,3 

Mujeres 

20,0 

53,3 

Exportaciones de bienes y servicios (% sobre el PIB) 

15,0 

34,8 

Importaciones de bienes y servicios (% sobre el PIB) 

14,0 

32,0 

Número de turistas (millones) 

36,9 

83,7 

Inflación de precios al consumidor (%) 

16,5 

0,9 

Gasto público (% sobre el PIB) 

27,0 

41,9 

Ingresos públicos (% sobre el PIB) 

25,7 

39,1 

Deuda pública (% sobre el PIB) 

15,3 

95,5 

Ingresos fiscales totales (% sobre el PIB) 

21,5 

35,4 

Número de declaraciones de IRPF (millones y en % de la población) 

5,3 (14,3 %) 

20,6 (43,5 %) 

Stock de inversiones extranjeras directas entrantes (en miles de millones de dólares) 

5,1 

751,5 

Stock de inversión española en el exterior (en miles de millones de dólares) 

1,9 

606,5 

Gasto en I+D (% sobre el PIB) 

0,35 

1,2 

Solicitudes de patentes registradas en la Oficina Europea de Patentes 

3 

1.676 

Índice de Desarrollo Humano de la ONU3 

0,680 

0,891 

Esperanza de vida al nacer (años) 

74,3 

83,6 

Población de 15 años o más (% del total) 

26,7 

15,4 

Población de 65 años o más (% del total) 

10,7 

19,1 

Tasa de dependencia de la tercera edad4 

19 

30,6 

Población urbana (% del total)5 

71,5 

80,0 

Tasa de fertilidad (nacimientos por mujer) 

2,54 

1,23 

Tasa de analfabetismo entre los mayores de 16 años (% del total del grupo de edad) 

9 

1,75 

Tasa de analfabetismo entre los mayores de 65 años (% del total del grupo de edad) 

30 

5,4 

Población con estudios universitarios (% de las personas mayores de 16 años) 

3,6 

28,2 

Turismos por cada mil habitantes 

136 

515 

Afiliación sindical (% de la población ocupada) 

26,0 

13,9 

Gasto en defensa (% sobre el PIB) 

2,1 

0,9 

(1) O últimos datos disponibles. De todas formas, 2020 ha sido un año anómalo debido al impacto de la pandemia de coronavirus, por lo que no se usa ninguna cifra correspondiente al mismo.

(2) Excluyendo a extranjeros que se han nacionalizado españoles.

(3) El valor máximo es uno. El índice se basa en la esperanza de vida al nacer, la media de años de escolaridad, los años de escolaridad esperados y la renta per cápita.

(4) Número de individuos de 65 años o más por cada 100 personas en edad de trabajar, entendidas como aquellas que tienen entre 20 y 64 años.

(5) Personas que viven en áreas urbanizadas de más de 50.000 habitantes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Eurostat, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Informes de Desarrollo Humano de la ONU, UNCTAD, Organización Mundial del Trabajo, Ministerio de Economía, Afi, Oficina Europea de Patentes, Fundación BBVA y OTAN. 

En el plano político, España se ha adentrado en territorio inexplorado con la formación de su primer Gobierno de coalición desde los tiempos de la Segunda República, aun cuando en los niveles autonómico y municipal haya habido abundantes ejemplos de ese tipo de alianzas. El Gobierno en minoría que conforman los socialistas y la extrema izquierda de Unidas Podemos se constituyó en enero de 2020, tras cuatro elecciones generales en el último cuatrienio (entre 1978 y 2015, solo había habido diez citas electorales de ese tipo), un tiempo perdido en lo relativo a las reformas estructurales que España necesitaba y continúa necesitando. Está por ver que la coalición vaya a aguantarse durante los cuatro años de duración máxima que tienen las legislaturas en España, pues su supervivencia depende de que los trece diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, el partido independentista catalán con mayor presencia en el Congreso, y también (aunque en menor medida) los cinco de Bildu, partido independentista vasco, no le retiren el apoyo tácito que le prestaron al abstenerse en la sesión de investidura del presidente Sánchez. Si unas nuevas elecciones anticipadas dieran como resultado una nueva situación de bloqueo parlamentario, es evidente que a España le vendría muy bien que se formara una «gran coalición» a la alemana entre PP y PSOE, los dos principales partidos, con el apoyo de Ciudadanos (Cs), que sirviera para forjar el consenso entre fuerzas de los dos grandes bloques ideológicos del sistema político que tanto necesita el país.

La oposición de derecha no perdió un segundo en recuperar la estrategia de la «crispación» desplegada ya en su día por José María Aznar contra el Gobierno socialista de Felipe González en los años noventa. El tono de la vida política ha dado un giro a peor después de que el ultraderechista Vox obtuviera, en noviembre de 2019, cincuenta y dos diputados al Congreso, convirtiéndose así en la tercera fuerza parlamentaria, y aprovechara esa nueva posición de visibilidad para arremeter con fuerza contra el «feminismo supremacista», los «globalistas» de la UE (aunque el partido no aboga por que España abandone la Unión Europea) y los extranjeros que «amenazan con empobrecernos e islamizarnos». Desde entonces, los debates parlamentarios, sobre todo durante la crisis del coronavirus, han sido poco más que una letanía de insultos cruzados entre casi todos los partidos.

Para la derecha, que el nuevo Gobierno estuviera integrado (o apoyado) por partidos que habían expresado en mayor o menor medida su oposición a la Constitución de 1978 era algo muy difícil de aceptar. ¿La entrada de fuerzas cuasianticonstitucionales era el preludio de la madurez y la sensatez de estas (un presagio de su renuncia a la reforma constitucional, en unos casos, y a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña, en otros) o se trataba de una maniobra de «entrismo» para acabar con las instituciones desde dentro? En todo caso, se observa un contraste enorme entre la moderación de la sociedad española (nada crispada ni polarizada, a excepción quizá de Cataluña) y la polarización y crispación de los políticos. ¿Acabarán arrastrando a la sociedad hacia su particular enfrentamiento?

La democracia española saldría beneficiada si los partidos políticos redujeran el presidencialismo de sus líderes, fomentado a su vez por el sistema electoral de listas cerradas. Precisamente, las listas cerradas que se usan en España para la elección de los diputados (aunque no en el caso del Senado) transfieren un poder excesivo a los aparatos de los partidos que, de ese modo, ya no tienen que rendir apenas cuentas ante las bases y se aseguran la obediencia aduladora de sus propios políticos. En un sistema de listas cerradas como el que se usa en España para las elecciones al Congreso, a diferencia de lo que ocurre con los de listas abiertas, los electores votan a un grupo de candidatos y no a políticos concretos. Además, los candidatos salen elegidos conforme al orden en que han sido previamente colocados en la lista (por la dirección del partido) según el número de escaños obtenidos por esta. Las listas cerradas de partido tienden a reprimir las corrientes independientes y minoritarias dentro de sus filas. Y es que, como reza la célebre frase que se dice que pronunció Alfonso Guerra cuando controlaba el aparato del PSOE: «El que se mueve no sale en la foto».

Buen ejemplo de dicha dinámica fue el desastre electoral de Cs en noviembre de 2019, después de su giro a la derecha. Casi todos los observadores tenían muy claro —aunque no así el líder del partido, Albert Rivera, ni su círculo de más estrechos colaboradores— que Cs iba a obtener malos resultados, pero en la dirección estaban convencidos de que conseguirían más votos que el Partido Popular y de que Rivera se vería aupado a la Presidencia del Gobierno. Según el demoledor libro ¡Vamos? Una temporada en política, de Xavier Pericay, uno de los fundadores de Cs, el partido «había nacido para contribuir al restablecimiento de la realidad como antídoto a la ficción política instalada en Cataluña», y, sin embargo, cayó en una «ensoñación» al creer que podía convertir a Rivera en presidente del Gobierno. «Esa ambición iba acompañada de una dosis nada despreciable de mesianismo. Cuanto más nos contradecían los hechos, más nos empecinábamos en ignorarlos» [32] .

Si Cs hubiera formado un Gobierno de coalición con los socialistas tras las elecciones de abril de 2019, cuando esta era una opción perfectamente viable merced a que ambos partidos sumaban escaños suficientes para constituir una mayoría absoluta en el Congreso y no están muy separados en el plano ideológico, España se habría librado de celebrar en noviembre sus cuartos comicios generales en cuatro años y Vox no se habría convertido en el tercer mayor partido parlamentario tras doblar con creces su número de diputados. El regreso al centro político de la mano de Inés Arrimadas, que reemplazó a Rivera al frente de la formación, es una buena noticia en ese sentido.

El conflicto independentista en Cataluña pende desde hace tiempo sobre el paisaje político español y absorbe de él ingentes cantidades de energía. Con su disposición a sentarse y hablar con los secesionistas catalanes, Pedro Sánchez —a diferencia de su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy— ha optado por la estrategia correcta, incluso aunque la mesa de diálogo puesta en marcha en febrero de 2020 no lleve a la resolución de la crisis. La Economist Intelligence Unit(EIU, asociada a la revista The Economist) amonestó a España en su Índice de Democracia de 2019 (publicado en enero de 2020) a causa del conflicto catalán: «Aunque la sentencia condenatoria dictada [contra nueve líderes separatistas] se aviene con la literalidad de la ley, las largas penas de prisión impuestas por delitos como el de sedición a unos políticos elegidos democráticamente no se avienen al espíritu de la democracia. Con su respuesta en exceso legalista a la cuestión catalana, las autoridades españolas han evidenciado la poca confianza que tenían de solucionar el problema por la vía del diálogo político y el debate abierto, y han socavado sus credenciales democráticas en el proceso». No obstante, esa reprimenda no ha impedido que España haya mejorado ligeramente su puntuación y ascienda puestos en dicho índice desde la posición 19.ª que ocupaba en 2018 hasta la 16.ª (empatada con Austria) de un total de ciento sesenta y cinco países y dos territorios, y que sea uno de los veintidós Estados que cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados «democracias plenas» según la mencionada clasificación.

Las líneas rojas marcadas desde ambos bandos del conflicto independentista catalán continúan trazadas en tales términos que sigue siendo difícil imaginar qué solución satisfactoria para todas las partes podría poner fin al enfrentamiento. El acuerdo deliberadamente ambiguo entre el PSOE y ERC a cambio del apoyo tácito de este partido independentista catalán a la formación del Gobierno de coalición en minoría en Madrid prevé que los resultados de las negociaciones entre los Gobiernos catalán y español sean sometidos a votación popular en Cataluña «de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político».

El camino que se le presenta por delante a Cataluña será ciertamente difícil, complejo y largo, y se verá complicado por la división en el movimiento independentista entre pragmáticos y maximalistas. El hecho de que los Gobiernos central y catalán estén sentados a una mesa de negociación debería servir en sí mismo para distender la situación, al menos durante un tiempo. Una reducción de las penas por sedición —calificadas de «inusitadamente altas» por el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo— en virtud de una reforma del Código Penal, sería también un paso positivo. Las penas previstas por este delito son mucho más elevadas en España que en Alemania o Francia, por ejemplo. Mientras tanto, el ya de por sí elevado grado de autonomía del País Vasco se ha incrementado aún más en 2020 a raíz del acuerdo alcanzado entre Gobiernos para transferir la gestión de la Seguridad Social en aquella comunidad autónoma a las autoridades de Vitoria, satisfaciendo así una reivindicación tradicional de estas. En un escenario de futuro en el que es probable que Cataluña también adquiera mayores cuotas de autonomía —sin llegar a la independencia—, todo parece indicar que España se encamina hacia un sistema confederal de Gobierno.

El Senado precisa una reforma. Definido en la Constitución como la «cámara de representación territorial», el Senado nunca ha cumplido esa función. Cuenta con doscientos sesenta y cinco miembros, cincuenta y siete de los cuales son de designación autonómica (elegidos por los Parlamentos de las comunidades) y el resto son de elección popular directa. Apenas posee competencias legislativas propias y funciona básicamente como una cámara de validación que se ha convertido en una especie de «cementerio de elefantes», al que los dos grandes partidos envían a sus dirigentes más veteranos hacia el final de sus carreras políticas. Si el Senado se hubiera desarrollado como verdadera cámara parlamentaria representativa de las comunidades autónomas, capaz por lo tanto de distender las tiranteces entre el centro y la periferia en un país cuasifederal, es posible que el conflicto en Cataluña no hubiera alcanzado las proporciones que alcanzó, pues la crisis en aquella comunidad se habría abordado en un órgano multilateral y no sobre una base meramente bilateral.

En el plano económico, el coronavirus ha situado a España en una posición particularmente vulnerable. La economía llegó a la crisis ya debilitada. En 2019, el déficit fiscal era del 2,8 % del PIB (se tardó una década, algo sin precedentes, en situarlo por debajo del 3 %, el umbral de la Unión Europea actualmente suspendido), lo cual suponía una posición de partida mucho peor que la de otros países de la UE; la deuda pública equivalía al 95,5 % del PIB, y el paro era del 14 %, por encima del doble de la media comunitaria. Por su situación macroeconómica de base, España estaba en una posición mucho más débil que la
de otras grandes economías de la UE para superar los efectos de la crisis tirando de gasto público. Así, el impulso fiscal inmediato de España ascendió al 5 % del PIB, frente al 13,3 % de Alemania o el 4,8 % del Reino Unido, según Bruegel. España también ha tacañeado con los aplazamientos de impuestos: sus medidas apenas suponen el 0,8 % del PIB, en comparación con el 13,2 % en Italia y el 7,3 % en Alemania. La importancia de los sectores golpeados por la crisis, el turismo en particular (que supone el 12 % del PIB y el 13 % de los empleos), es mayor en España que en los demás países grandes de la zona euro. Los sectores más afectados representan alrededor del 25 % del PIB. En la estructura empresarial, las pymes tienen un peso comparativamente mayor que en la mayoría de los países que comparten el euro (el 90 % de las empresas tienen menos de diez empleados, frente a un 75 % en Alemania), lo cual las hace más vulnerables, ya que no tienen acceso a la financiación externa y sí costes más altos en relación con los ingresos. Por último, la crisis ha vuelto a poner claramente de manifiesto que, al igual que en anteriores recesiones, la destrucción de empleo recayó de manera desproporcionada e injusta sobre los trabajadores temporales (más de una cuarta parte del total). Según la previsión de la OCDE, en el mejor de los casos, la economía española se contraerá más de un 11 % en 2020, el desempleo subirá hasta el 20 %, el déficit fiscal superará el 10 % y la deuda pública crecerá hasta alcanzar el 117 % respecto al PIB.

La tasa de pobreza relativa (personas cuya renta disponible está por debajo del 60 % de la media nacional), que por fin empezó a caer en 2017 tras subir durante una década a causa de la Gran Recesión, está aumentando de nuevo y de manera más pronunciada. Oxfam Intermón calcula que esta tasa llegará hasta el 23,1 %, desde el 21,5 % previo a la pandemia. Puede que no parezca mucho, pero elevaría el número de pobres en 700.000 personas, hasta los 10,8 millones. Se calcula que el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad en la distribución de renta), en el que 0 representa la igualdad perfecta y 100 la desigualdad perfecta, aumentará desde el 32,5 anterior a la pandemia hasta el 34,2. Una vez más, podría parecer una variación poco significativa, pero en el punto álgido de la recesión, entre 2012 y 2013, el índice subió menos de un punto.

En España, el gasto social está orientado desproporcionadamente a la tercera edad, mientras que las ayudas familiares son de las más bajas de la UE. Con ello se está creando un problema intergeneracional. El nuevo ingreso mínimo vital que entró en vigor en junio de 2020, dirigido al grupo de población más pobre (unos 850.000 hogares), contribuirá en parte a mejorar esta situación, pero añadirá un coste estructural permanente y significativo al problemático presupuesto español, y requerirá un ahorro estructural similar, a menos que se produzca un aumento importante de los ingresos públicos. El gasto en pensiones también se incrementará de manera significativa si las desviaciones de la reforma de 2013 se vuelven permanentes y no se adoptan medidas compensatorias adecuadas.

El fondo de recuperación de la Unión Europea no será la panacea para salir económicamente de la pandemia, y sin reformas estructurales y duraderas, se desperdiciará. Un elemento clave son los impuestos. La carga fiscal española representa un 35,4 % del PIB, muy por debajo de la media de la UE, aunque los tipos impositivos marginales sobre la renta personal son similares a la media del bloque. El problema reside en los tipos impositivos efectivos para particulares y empresas debido a las exenciones, las deducciones, las bonificaciones y las lagunas, además del fraude y la evasión. Las rebajas fiscales aprobadas en 2015 por el Partido Popular, en un momento en el que el déficit estructural no se había corregido y el país estaba saliendo de su última recesión, fueron demagógicas.

El gasto público debe estar sometido a una supervisión y una transparencia mucho mayores, y debe asignar más fondos a recursos humanos y muchos menos a infraestructuras físicas, como carreteras y vías férreas, que son una gran fuente de corrupción. Según un informe de diciembre de 2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), creada con retraso en 2017 a instancias de la Comisión Europea, el 52,9 % de los contratos públicos no justifica el presupuesto de licitación, es decir, el precio de salida que la Administración puso a las obras o los servicios que quería contratar. También se denunciaba en dicho documento la existencia de irregularidades en el 47 % de la contratación menor, que es la que se otorga directamente (sin concurso) para evitar la competencia. En el informe también se lamentaba la ausencia de medios informáticos y personales suficientes para las tareas de supervisión.

España tiene una de las Administraciones públicas menos abiertas del mundo desarrollado. Comparada con las de otros países, donde los ciudadanos pueden consultar con regularidad a través de Internet los contratos y el gasto públicos, así como las demandas judiciales y los informes administrativos, la Administración española se ha manejado siempre con extrema cautela a la hora de permitir que los ciudadanos accedan siquiera a la información básica. Y los secretos de Estado nunca mueren en España. Una ley franquista de 1968 es la caja fuerte que impide que salgan a la luz. Los sucesivos Gobiernos de la democracia no han hecho nada por cambiarla, temerosos de enfrentarse a ellos. Mientras, por poner un par de ejemplos, en el Reino Unido y Suecia el plazo para desclasificar los secretos oficiales es de treinta y cuarenta años, respectivamente. En España ese periodo es eterno.

La mejor vía de avance para España es el acuerdo de reformas por consenso, lo que solo se puede conseguir si todos los protagonistas implicados hacen concesiones. Los sucesivos Gobiernos españoles han sido particularmente propensos a anular las reformas de sus predecesores, sobre todo en las áreas laboral, educativa (para desesperación de los padres), fiscal y de urbanismo. Este partidismo debería terminar. Por ejemplo, en los últimos cuarenta años, los sucesivos Gobiernos han aprobado más de cincuenta reformas laborales de una u otra clase
—posiblemente, todo un récord mundial— y, sin embargo, el paro nunca ha bajado del 7 % (un nivel que en Estados Unidos o el Reino Unido se considera desastroso). El mercado de trabajo ya está exhausto de tanta reforma.

Las reformas introducidas por el PP durante la última crisis en 2012 han ayudado a salvar puestos de trabajo en muchas empresas e incluso han permitido que se cree más empleo aun en contextos con ritmos de crecimiento económico más bajos que en el pasado. La aspiración del Gobierno de coalición de devolver a los trabajadores poder negociador mediante los convenios colectivos gracias a la derogación de la reforma del PP, que permite anteponer los convenios de empresa a los sectoriales, no tiene visos de que vaya a ayudar a crear empleo. Además, y esto es lo más importante, antes tendrá que abordarse la injusta división del propio mercado laboral dividido en dos niveles entre insiders (trabajadores con contratos indefinidos) y outsiders (ese 25 % de trabajadores que están contratados temporalmente). La creación de empleo en años recientes se ha hecho en buena medida a costa del aumento de los contratos de trabajo precarios. La considerable diferencia entre trabajadores con contrato temporal y aquellos otros con contrato fijo, en lo que a los costes de indemnización por despido respecta, continúa siendo la causa fundamental de que los empleadores oferten tan pocos contratos nuevos del segundo tipo.

El Estado del bienestar se encuentra sometido a presiones crecientes, sobre todo desde el frente de las pensiones. Los españoles viven ahora casi diez años más de media que cuatro decenios atrás, algo que pocos países han logrado en tan poco tiempo. La esperanza de vida al nacer es de ochenta y tres años, una de las más elevadas del mundo. La edad media de la población española en 2020 es de cuarenta y cinco años, cuando la media mundial es de treinta y uno y la de los países desarrollados, de cuarenta y dos. En 2050, el 35 % de la población residente en España tendrá más de sesenta y siete años (frente a un 16,5 % en 2020). La ratio de afiliados a la Seguridad Social respecto a los pensionistas ha caído desde los 2,71 afiliados por pensionista en 2007 hasta los 2,31 (y se prevé que sea de 1,26 en 2050, según la Comisión Europea). La generación del baby boom comenzará a jubilarse en 2022. Visto el imparable envejecimiento poblacional, mantener el sistema de pensiones sin introducir reformas es una opción insostenible que solo podrá funcionar temporalmente a expensas de unas generaciones, las más jóvenes, que son, ya de por sí, las más desfavorecidas por la situación actual. El gasto en pensiones calculado como porcentaje sobre el PIB está en niveles análogos a los de países similares y al de la media de la UE, pero la tasa de sustitución de las pensiones públicas —es decir, el cociente (expresado en porcentaje) que resulta de dividir la prestación inicial media cobrada por los pensionistas por el último salario que perciben de media antes de jubilarse— es considerablemente más elevada en España que en la media de la UE de los veintiocho.

En el espacio de una década, y a menos que se produzca un cambio demográfico significativo, solo unas cuatrocientas mil personas se incorporarán anualmente al mercado de trabajo, frente a las entre setecientas mil y ochocientas mil que se jubilarán cada año. O bien se introducen las políticas preceptivas para incrementar la bajísima tasa de fertilidad actual, que es de 1,23 hijos por mujer (muy por debajo de la tasa de sustitución de 2,1), o bien España va a necesitar una nueva gran entrada de inmigrantes. Tras unos años de crisis (2010-2014), en los que fueron muchos más los inmigrantes que abandonaron el país que los que llegaron a él, España ha vuelto a convertirse en receptora neta de inmigración extranjera desde 2015 y esa tendencia se intensificó en 2019. De todos modos, el número de fallecimientos en España ha superado al de nacimientos todos los años desde 2015, algo que, anteriormente, solo se había llegado a registrar en épocas de guerra.

Una de las consecuencias positivas de la Gran Recesión en España fue la considerable reducción de la tasa de abandono escolar temprano (entre la población de dieciocho a veinticuatro años de edad) en el país, que pasó del 30 % en 2006 al 17,3 % en 2019, debido a que los estudiantes tenían muchas menos opciones alternativas a seguir estudiando a partir de los dieciséis años. Aun así, continúa siendo cercano al doble de la media comunitaria. España debería seguir el ejemplo de Inglaterra, que, en 2015, elevó la edad de escolarización mínima obligatoria hasta los dieciocho años. Por ley, el alumnado británico debe seguir sus estudios hasta los dieciséis años y, a partir de entonces, continuar estudiando u optar por la formación profesional o algún tipo de aprendizaje reglado hasta alcanzar, como mínimo, la mayoría de edad.

Muchos de quienes abandonan los estudios prematuramente son «repetidores» de cursos de la educación secundaria obligatoria: en España, el 29 % de los estudiantes de quince años estaban repitiendo algún curso de la ESO en 2018, frente al 13 % de media en el conjunto de los países de la Unión Europea. Varios son los factores que explicarían esa elevada tasa de abandono, pero podríamos destacar tres: un gasto en educación inferior a la media de la UE (y cuyo peso proporcional sobre el PIB descendió entre 2011 y 2017, al pasar del 4,4 al 3,9 %, frente a una media del 4,6 % en el conjunto de la UE), una baja cualificación del profesorado y un sistema de aprendizaje demasiado memorístico. El proyecto de ley anunciado por el actual Gobierno en marzo de 2020 para introducir un periodo de prácticas tuteladas en aulas reales durante un año para los candidatos a ocupar plazas de profesorado en educación infantil, primaria y secundaria antes de incorporarse definitivamente a sus puestos es una buena idea.

En las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional del Alumnado (PISA) de la OCDE, y según el informe trienal publicado en diciembre de 2019, los alumnos de quince años de edad obtuvieron la peor puntuación registrada por España en ciencias y bajaron un poco la obtenida anteriormente en matemáticas. En concreto, la puntuación en ciencias fue de 483, cuando el mejor resultado había sido de 496 en 2012; la de 481 obtenida en matemáticas significó un ligero descenso con respecto a la de 486 de 2015. Las puntuaciones de España fueron similares a las de países como Hungría y Lituania. El país necesita una economía basada más en el conocimiento: el gasto en I+D, del 1,2 % del PIB, es poco menos de la mitad que el de la media de la UE y está a años luz de distancia de los países líderes en ese terreno, como Suecia (donde se aproxima al 3,5 % del PIB). Y los conocimientos de idiomas siguen dejando mucho que desear, si bien ese es un terreno en el que se ha producido una sensible mejora en los últimos cuarenta años. Pedro Sánchez es el primer presidente del Gobierno que habla buen inglés desde los tiempos de Leopoldo Calvo-Sotelo (jefe de Gobierno de 1981 a 1982).

En general, España está lejos de cumplir con las metas fijadas en la estrategia Europa 2020 de la UE sobre crecimiento sostenible, basadas en cinco objetivos en los ámbitos del empleo, la I+D, el cambio climático, la educación, y la pobreza y la exclusión social.

En política exterior, el hecho de que el Gobierno estuviera en funciones durante casi todo 2019 y se haya centrado en combatir el impacto del coronavirus en 2020 impidió que España pudiera estar más activa en la escena internacional, aunque ello no fue óbice para que Josep Borrell, el hasta entonces ministro de Exteriores, fuera nombrado jefe de la diplomacia de la UE. El Gobierno de coalición, y Borrell en particular, se han declarado muy interesados en que Europa juegue un papel más firme en el mundo, y que se alcance un mayor nivel de unidad comunitaria en diversos frentes, como las políticas migratorias, la descarbonización y los derechos sociales. España, la cuarta economía de la UE ahora que el Reino Unido ha abandonado ese club de naciones, ocupa puestos destacados en algunos de los principales rankings internacionales, lo que respalda sus credenciales para hacerse valer con más fuerza en política exterior (véase la tabla 5). El poder blando es la baza más sólida que España tiene en sus manos.

 Tabla 5: Posición de España en diversos rankings internacionales1.

Concepto 

Puesto de países 

Índice de democracia (de la EIU) 

16 de 167 

Índice de Estado de derecho (del WJP) 

21 de 179 

Índice de democracia liberal (de V-Dem) 

9 de 179 

Libertad en el mundo (de Freedom House) 

22 de 195 

Clasificación mundial de la libertad de prensa (de Reporteros sin Fronteras) 

29 de 180 

Índice de las percepciones de corrupción (de Transparencia Internacional) 

21 de 180 

Índice global de ley y orden (de Gallup) 

19 de 80 

Índice mundial del trilema energético (del Consejo Mundial de la Energía) 

18 de 128 

Índice de desempeño logístico (del Banco Mundial) 

17 de 160 

Índice de conectividad global (de DHL) 

23 de 140 

Índice mundial de innovación (de la OMPI) 

29 de 129 

Índice internacional de competitividad fiscal (de la Tax Foundation) 

23 de 36 

Índice mundial de la brecha de género (del Foro Económico Mundial) 

8 de 163 

Índice de igualdad de género (de la UE) 

9 de 28 

Mujeres con cargos ministeriales (ONU Mujeres) 

2 de 188 

Índice de igualdad de la mujer en el lugar de trabajo (del CFR) 

4 de 189 

Índice global sobre mujeres, paz y seguridad (de la ONU) 

15 de 165 

Índice global de diplomacia (del Lowy Institute) 

9 de 61 

Índice global de movilidad social (del Foro Económico Mundial) 

28 de 82 

Índice Elcano de presencia global (del R. I. Elcano) 

12 de 120 

Índice mundial de competitividad (de IMD) 

36 de 63 

Índice de competitividad global (del Foro Económico Mundial) 

23 de 141 

Índice de facilidad para hacer negocios (del Banco Mundial) 

30 de 190 

Índice de los objetivos de desarrollo sostenible (del SDSN) 

21 de 162 

Índice de dominio del inglés (de EF) 

35 de 100 

Índice de libertad económica (de la Heritage Foundation) 

57 de 180 

Índice de desarrollo humano (de la ONU) 

25 de 189 

Ranking de la Organización Mundial de la Salud 

7 de 190 

Índice global de seguridad sanitaria (Johns Hopkins) 

15 de 40 

Índice Bloomberg del país más saludable 

1 de 169 

Índice del mejor equilibrio vida-trabajo (de la OCDE) 

4 de 38 

Índice de países más atractivos para los trabajadores del mundo (del Boston Consulting Group) 

6 de 197 

Índice de competitividad en viajes y turismo (del Foro Económico Mundial) 

1 de 140 

Número de sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO 

3 de 168 

Número de Reservas de la Biosfera de la red de la UNESCO 

1 de 123 

Índice de paz global (del Institute for Economics & Peace) 

38 de 163 

(1) La más reciente disponible. Fuente: Las instituciones elaboradoras de los diversos índices y clasificaciones. 

En último lugar (aunque no menos importante), está la cuestión de la monarquía, restaurada en 1975 al término de la dictadura de Franco. Los dos reyes que ha tenido España desde entonces han prestado un buen servicio al país. Juan Carlos I fue en muy buena medida el motor que impulsó el regreso a la democracia «desde arriba» (sin olvidar que también hubo un impulso democratizador «desde abajo»), y su hijo, Felipe VI, restituyó la dignidad al cargo de la Jefatura del Estado tras los escándalos que habían desembocado en la abdicación de su padre, e incluso las infracciones y los deslices de este último descubiertos desde entonces. El presunto comportamiento impropio del antiguo Jefe del Estado no justifica abolir la forma de gobierno monárquica. Lo que está en juego ahora no es si continuar con la monarquía o instaurar la Tercera República —algo que, por sí solo, en nada contribuiría a resolver los problemas de España—, sino la calidad de su democracia. Una república no tiene por qué ser más democrática que una monarquía parlamentaria. A fin de cuentas, en un país tan polarizado como está en la actualidad, un monarca puede situarse por encima de la pelea política de un modo mucho más efectivo que un presidente de la República [33] .

El país ha avanzado muchísimo, pero los retos que se le plantean requieren de compromise, una palabra inglesa que no tiene un equivalente exacto en español que abarque totalmente la idea de llegar a un acuerdo con concesiones (este es el elemento clave) de todas las partes implicadas (el Gobierno, los partidos de la oposición y los agentes sociales). «Compromiso» es lo que comúnmente se conoce como un «falso amigo», mientras que el equivalente más cercano, «pacto» o, en su variante verbal, «pactar», se define, según la Real Academia Española, como «acordar algo entre dos o más personas o entidades, obligándose mutuamente a su observancia», que no es lo mismo que compromise . ¡Qué constructivo sería que la palabra compromise entrase en el vocabulario político español!

BIBLIOGRAFÍA BREVE

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TREMLETT , Giles, Isabel la Católica. La primera gran reina de Europa, Debate, Barcelona, 2017.

TREGLOWN , Jeremy, La cripta de Franco. Viaje por la memoria y la cultura del franquismo, Ariel, Barcelona, 2014.

AGRADECIMIENTOS

Ha sido un placer trabajar con Lola Cruz, mi editora en Espasa, y con Albino Santos, mi ilustrado traductor, en esta versión en español del libro, que fue publicado originalmente en 2013 por Oxford University Press dentro de su popular colección What Everyone Needs to Know y con el formato de preguntas y respuestas característico de esta. He introducido algunas correcciones y añadidos al texto inglés de origen y he reescrito la parte final para dar cuenta también de novedades importantes en la evolución del país acaecidas durante estos últimos años. He tenido la gran fortuna de haber convencido a los amigos que aquí menciono para que se leyeran la totalidad (o alguna parte) del manuscrito original, y agradezco enormemente los comentarios que me hicieron llegar. El texto original en inglés fue leído por el recientemente desaparecido Santos Juliá y por el también historiador Charles Powell, el novelista Antonio Muñoz Molina, el economista Valeriano Muñoz, el politólogo Diego Muro, el académico de la Universidad de Oxford Eric Southworth, y el escritor y ensayista Jeremy Treglown. Ignacio Molina leyó los borradores de los nuevos capítulos 7 y 8 para esta edición española e Emilio Lamo de Espinosa hizo lo propio con el del capítulo 8.

También estoy agradecido a las personas siguientes que, en el transcurso de los años y en diversas formas, han mejorado mi conocimiento de España: Joaquín Almunia, Jesús de Blas, Tom Burns, Salustiano del Campo, Emilio Cassinello, Manuel de Lope, John Carlin, Jaime Carvajal, Guillermo de la Dehesa, Fernando Fernández, Soledad Fox, Juan Pablo Fusi, Ian Gibson, Ferdi Grafe, Mauro Guillén, Jorge Hay, José Antonio Herce, los ya desaparecidos Gabriel Jackson y Michael Jacobs, José Álvarez Junco, Emilio Lamo de Espinosa, Julio Llamazares, Javier Marías, Cees Nooteboom, Marcelino Oreja, Víctor Pérez-Díaz, Charles Powell, Paul Preston, Michael Reid, José Manuel Romero, Gabriel Tortella y Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. También doy las gracias a todos mis colegas del Real Instituto Elcano. Cualquier error es exclusivamente mío.

Notas

[1] Seguido muy de cerca por el portugués António de Oliveira Salazar.

[2] Diálogo citado en José Luis Barbería, «El valor de la marca España», El País, 19 de junio de 2006. José María Aznar se reunió con George W. Bush en Crawford (Texas), en febrero de 2003.

[3] Julián Marías, España inteligible, Alianza, Madrid, 2005, pág. 201. El término se hizo muy popular después de que Julián Juderías publicara un libro sobre el tema en 1914 (La Leyenda Negra, La Ilustración Española y Americana, Madrid). Él la llamó «la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas; enemiga del progreso y de las innovaciones».

[4] En su «Cuestionamiento al poder y la eficacia de las indulgencias» (documento también conocido como «Las noventa y cinco tesis»), Lutero protestaba contra los abusos de la curia romana y, en especial, contra la venta de indulgencias (exoneraciones de castigos temporales por pecados previamente perdonados) y otras prácticas internas de la Iglesia católica.

[5] El nombre de América le viene del explorador italiano Amerigo Vespucci (1454-1512), que no fue el primer europeo en pisar aquel continente. Sí que se le considera, no obstante, la primera persona que se dio cuenta de que había arribado a las costas de un continente aparte, y no a las de Asia, como Colón creía haber hecho. Es al cartógrafo alemán Martin Waldseemüller a quien se atribuye el primer uso del nombre América del que se tiene constancia: fue en un mapa suyo de Universalis Cosmographia y lo hizo precisamente en honor de Vespucci.

[6] Julián Marías, «La Guerra Civil: ¿Cómo pudo ocurrir?» (1980), reimpreso como el capítulo 12 de Ser español: ideas y creencias en el mundo hispánico, Planeta, Barcelona (2008), págs. 255-256.

[7] W. H. Auden, Spain, Londres, Faber and Faber (1937). [Hay traducción al castellano: España y otros poemas, Instituto de la Juventud, Murcia (2005)]. En el poema, Auden describía España como «ese fragmento arrancado de la cálida África, tan burdamente soldado a la inventiva Europa».

[8] Estas cifras están tomadas del prólogo al libro de Paul Preston The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain, HarperPress, Londres (2011). [Hay traducción al castellano: El holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Debate, Barcelona (2011)].

[9] Luiza Iordache, En el Gulag: Españoles republicanos en los campos de concentración de Stalin, RBA, Barcelona, 2014.

[10] «The political future of Spain», 5 de diciembre de 1947, publicado dentro del programa de revisión histórica de la CIA.

[11] La cita apareció en el New York Times del 28 de octubre de 1951, tomada de un informe de una misión económica estadounidense a España.

[12] Cuando a Santiago Carrillo, secretario general del PCE (1960-1982), le preguntaron por qué había jóvenes que se unían al partido a pesar de toda la propaganda franquista adversa que recibían, él respondió que porque la única forma de estar activamente contra el régimen en aquel entonces era haciéndose comunista. Citado en Santiago Carrillo, Dialogue on Spain, con Régis Debray y Max Gallo, Lawrence & Wishart, Londres (1976). [Hay traducción al castellano: Mañana, España: Conversaciones con Régis Debray y Max Gallo, Akal, Madrid (1976)].

[13] Estas cifras proceden de los Informes sobre las Inversiones en el Mundo que la UNCTAD publica con carácter anual.

[14] Henry Kamen, The Disinherited: The Exiles Who Created Spanish Culture, Allen Lane, Londres, 2007, pág. xi (prefacio). [Hay traducción al castellano: Los desheredados: España y la huella del exilio, Aguilar, Madrid, (2007)].

[15] El informe fue elaborado por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (noviembre de 2006).

[16] José María Aznar, Ocho años de gobierno: Una visión personal de España, Planeta, Barcelona, 2004.

[17] José María Aznar, Retratos y perfiles: De Fraga a Bush, Planeta, Barcelona, 2005, págs. 265-274.

[18] Charles Powell, «Did Terrorism Sway Spain’s Election?», Current History Magazine, noviembre de 2004, pág. 380.

[19] La primera comisión de ese tipo se constituyó en Chile en 1990.

[20] Indicadores de la revista The Economist sobre los precios de la vivienda publicados en el número del 3 de mayo de 2011.

[21] Según la definición que maneja la Unión Europea, están en situación de abandono escolar temprano los jóvenes de edades comprendidas entre los dieciocho y los veinticuatro años que no han estudiado más allá de la educación secundaria y han abandonado ya el sistema educativo y formativo.

[22] Cifras calculadas sobre la base de los datos de población y exportaciones de los Indicadores del Desarrollo Mundial (del Banco Mundial).

[23] Comparecencia de Luis Linde ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.

[24] George Orwell, «In Front of Your Nose», Tribune, 22 de marzo de 1946. [Hay traducción al castellano: «Delante de las narices», en El poder y la palabra: 10 ensayos sobre lenguaje, política y verdad, Debate, Barcelona (2017)].

[25] Informe interno de un equipo de inspectores del Banco de España redactado en marzo de 2012 y citado en el diario El País del 26 de septiembre de 2012.

[26] Informe presentado por José María Fernández Norniella y citado en el diario El País del 24 de septiembre de 2012.

[27] Este término fue desarrollado originalmente por James A. Robinson y Daron Acemoglu en su libro Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown Business, Nueva York, 2012. [Hay traducción al castellano: Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Deusto, Barcelona (2012)].

[28] El informe, publicado en febrero de 2020, se puede consultar (en inglés) en https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/01/30/Effectiveness-and-Equity-in-Social-Spending-The-Case-of-Spain-48936.

[29] El informe, también publicado en febrero de 2020, se puede consultar (en inglés) en https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=E.

[30] En julio de 2020, un juez de la Audiencia Nacional ha propuesto sentar en el banquillo a los nueve miembros de la familia Pujol —el matrimonio y sus siete hijos— por aprovecharse de su «posición privilegiada» en la vida catalana para enriquecerse hasta acumular un patrimonio «desmedido» relacionado con el cobro de comisiones ilegales.

[31] Véase el reportaje de Guillermo Abril, «Por qué voto a Vox», El País Semanal , 16 de febrero de 2020, https://elpais.com/elpais/2020/02/07/eps/1581073136_206237.html.

[32] Véase Elsa García de Blas, «A Rivera le acompañó la soberbia hasta el final», entrevista a Xavier Pericay, El País , 14 de febrero de 2020, https://elpais.com/politica/2020/02/13/actualidad/1581624323_702626.html.

[33] En el artículo «Symbolic Unity, Dynastic Continuity, and Countervailing Power: Monarchies, Republics, and the Economy», publicado en la revista Social Forces en mayo de 2018, Mauro Guillén expone la convincente conclusión, extraída tras haber examinado datos de ciento treinta y siete países correspondientes al periodo 1900-2010, de que las economías de países que tienen la monarquía como forma de gobierno presentan mejores índices de rendimiento que las de las repúblicas o las dictaduras, y también aportan mejores niveles de vida a sus poblaciones (véase http://www-management.wharton.upenn.edu/guillen/2018_Docs/Symbolic_Unity_Monarchies_Republics.pdf).

Microhistoria de España

William Chislett

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Título original: Spain. What everyone needs to know ®

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