Mi embajada en Londres durante la guerra civil española abarca las memorias de Pablo de Azcárate, embajador de España en el Reino Unido. Un testimonio crucial de primera mano en uno de los momentos más trascendentales de España y de Europa. Una obra imprescindible para conocer los entresijos de la «internacionalización de la guerra civil» y la política de la «no intervención».

Porque lo que hizo Azcárate en Londres fue una diplomacia de combate, una lucha en la que creía que debía hacer todo para que triunfase la causa que él consideraba justa. Sus memorias son el testimonio de un combatiente que dejó de lado sus aspiraciones personales en aras de defender el sistema que consideró necesario para modernizar España. Para ello luchó por atenuar la simpatía que despertaban en la sociedad británica los sublevados y se enfrentó al gobierno conservador británico y a los prejuicios y falsedades que sobre la República se difundían.

Pablo de Azcárate

Mi embajada en Londres durante la Guerra Civil Española

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Titivillus 07.02.15

Título original: Mi embajada en Londres durante la Guerra Civil Española

Pablo de Azcárate, 1976

Editor digital: Titivillus

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«Me atrevo a pensar que el relato de mi experiencia personal, tal como aparece en las páginas siguientes, puede constituir una aportación valiosa al conocimiento de ciertos aspectos de la guerra civil de España, y en particular de la tristemente célebre no intervención».

«Al oír que se trataba del embajador de España, rojo de ira y sin estrechar la mano que yo instintivamente le tendía, Churchill declaró que no quería tener relación alguna conmigo y se alejó murmurando entre dientes: “sangre, sangre…”».

«La conversación con el rey (que no duró más de diez minutos) fue banal y sin interés: unas palabras sobre España, pero sin la menor alusión a los acontecimientos actuales; unas frases sobre mis servicios en la Sociedad de Naciones y eso fue todo».

«El señor Bosch Gimpera me explicó que Azaña consideraba imposible el triunfo militar de la República, que la situación interior era muy peligrosa y que era indispensable conseguir urgentemente que el gobierno británico tomara la iniciativa de una mediación que pusiera término a la guerra».

Prólogo a la presente edición.

PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN

Este libro de memorias de don Pablo de Azcárate, embajador de la República en Londres durante la guerra civil, es un auténtico clásico. Lo publicó la editorial Ariel en los albores de la transición. Hoy es inencontrable excepto en buenas bibliotecas. Sin embargo, se trata de un trabajo al que recurren una y otra vez casi todos los historiadores que se han acercado a un complejo de temas que suelen subsumirse bajo el título general de «internacionalización de la guerra civil» o subtítulos como los de «no intervención», «relaciones hispano-británicas en la guerra civil» y «política exterior republicana».

El que ahora las memorias de Azcárate de aquellos años aciagos aparezcan de nuevo es un pequeño hito. Reforzará la deuda de gratitud hacia Ariel que confío sientan todos los historiadores jóvenes, así como el público en general, interesados por dimensiones absolutamente esenciales de la contienda española.

En puridad, este prólogo a la reedición no es necesario. La presentación que hizo a la edición original el hijo de don Pablo, el entonces destacado dirigente del PCE Manuel Azcárate, dio en el clavo: «más que de una historia, se trata de materiales para la Historia».

Es una caracterización que, treinta y cinco años más tarde, no ha perdido un ápice de su vigencia. Pablo de Azcárate no intentó escribir la Historia, con mayúsculas. No era posible en aquellos años. Se concentró en lo que sabía personalmente y en lo que había visto y vivido. Con ello ofreció a sus lectores, y a los historiadores, un recorrido por los altos y bajos de su gestión en Londres. También de las aventuras diplomáticas en que estuvo involucrado a causa de las fortunas de la guerra y de la política exterior republicana, que siguió de cerca y a la que tanto contribuyó.

No es propósito de este prólogo ni enmendar algunas inexactitudes del de la edición original de Ariel ni, mucho menos, resituar las memorias. Eso sería un enfoque que debe quedar reservado a las investigaciones que se sirvan de ellas como lo que son: materiales, recuerdos de un protagonista, recreación de una atmósfera e identificación del tipo de relaciones personales que no siempre afloran en los documentos oficiales.

Sobre la personalidad y carrera del embajador Azcárate he tenido ocasión de hacer algunas consideraciones en el prólogo de mi edición a sus memorias de posguerra, aparecidas en octubre de 2010. Fue entonces consejero para Asuntos Internacionales del presidente del gobierno republicano en el exilio Juan Negrín. No es menester reproducir ni sintetizar aquí lo que entonces ya escribí. Conviene, no obstante, recordar que don Pablo procedía de una familia culta, universitaria y de talante más bien prorepublicano y que había sido uno de los alumnos predilectos de don Gumersindo de Azcárate, cofundador de la Institución Libre de Enseñanza y uno de los motores de la Junta de Ampliación de Estudios.

Sí quisiera subrayar, no obstante, dos rasgos que me parecen esenciales. El primero es que, a diferencia de sus memorias del exilio, Azcárate tuvo tiempo de elaborar y reelaborar las relativas a la guerra civil. Esto no ocurrió con las posteriores, en las que el texto quedó, salvo uno o dos capítulos, muy en borrador. El segundo rasgo es que en uno y otro caso Azcárate no se basó en recuerdos falibles, afectados de los imponderables que suscita la lejanía en el tiempo y en la memoria personal, que es necesariamente selectiva cuando no hiperselectiva.

El embajador Azcárate, al redactar estas memorias en su residencia de Ginebra, en los años cincuenta del pasado siglo, se basó en una masa documental de primera mano: copias de textos, despachos, telegramas, amén de recortes de prensa, entradas de un diario que llevó con aceptable puntualidad —si bien con lagunas— durante muchos años y una amplia gama de correspondencia muy variada. Todos ellos, salvo algunos pocos, los entregó la familia Azcárate a final de los años noventa al Ministerio de Asuntos Exteriores en cuyo archivo general se encuentran hoy primorosamente catalogados y, por supuesto, perfectamente conservados.

El resultado de los esfuerzos de Azcárate fue muy diferente a los que otros prohombres republicanos reflejaron en sus recuerdos durante los amargos años del exilio a tenor de una memoria evanescente, una literatura secundaria que generalmente no identificaron y peleas con otros memorialistas de distinta cuerda.

Azcárate, por el contrario, combinó los documentos que había generado o recibido con sus propios recuerdos y supo insuflarles un hálito y una pulsión emocional de los que carecen tantas y tantas obras de exiliados. La única con la que compite por un teórico primer premio a la calidad memorialística del exilio es, en mi modesta opinión, la de Zugazagoitia.

Ello no es de extrañar. Azcárate fue catedrático de Universidad, un gran analista, un profundo conocedor del marco internacional de la guerra civil, un diplomático nato aunque no profesional (quizá incluso un punto positivo), y que no tuvo el menor inconveniente en dejar los atractivos de una brillante carrera como funcionario de la Sociedad de Naciones (nada menos que uno de sus dos secretarios generales adjuntos) por la parva recompensa que le aguardaría como embajador en Londres de una República denostada y ayuna de toda ayuda por parte de las orgullosas democracias occidentales de la época. En los mentideros ginebrinos de entonces se hablaba de que tenía buenas posibilidades de suceder al secretario general y después de la segunda guerra mundial hubo gente que pensó en Azcárate para el puesto de secretario general de la nueva organización de Naciones Unidas.

Es decir, Azcárate era un diplomático de altura que renunció a una carrera brillante en la escena internacional porque apostó, desde el primer momento, por la defensa de la República. No en vano creía que era el único sistema que podía impulsar la modernización de España, cortar las ataduras con un pasado oligárquico y de subdesarrollo, insertarla en el concierto de las naciones democráticas del entorno y desterrar las consecuencias del dogal económico, político, cultural y militar que había cortocircuitado durante tanto tiempo las esperanzas de los institucionistas más ilustres.

En sus escritos Azcárate fue un hombre modesto. No contó en sus memorias todos los meritorios esfuerzos que hizo en pro de la República. Se limitó, obviamente, a los más importantes. A mí, sin embargo, siempre me impresionó su capacidad de ver lejos. Cuando, en agosto de 1936, todavía trabajaba en Ginebra aprovechó sus contactos con la delegación británica ante la Sociedad de Naciones para dar al Gobierno de S. M. una teórica explicando a sus colegas lo que estaba en juego en España.

El todavía secretario general adjunto subrayó, en primer lugar, la amargura y el desencanto que la actitud anglo-francesa de no ayudar a la República había provocado en Madrid. No sólo por el lanzamiento de la idea de no-intervención sino por la premura en aplicarla cuanto antes, cuando todavía quedaban algunos interrogantes esenciales a los que responder. Por ejemplo, las actitudes de las potencias fascistas, de la dictadura salazarista y de otros países europeos. Tal información es algo que sus interlocutores quizá desdeñaran. Al fin y al cabo podían argumentar que la idea estaba lanzada. Reforzarla con su puesta en práctica unilateral, antes de que todos los demás respondieran, sería una garantía para los demás Estados. Francia y el Reino Unido estaban dispuestos a atenerse a un compromiso que se gestaba en un marco meramente intergubernamental, de consenso y al margen de toda referencia a la Sociedad de Naciones.

Mayor importancia tiene, históricamente hablando, la segunda línea argumentativa de Azcárate. En ésta incidió en la perplejidad que producía a los gobernantes republicanos la noción de que las potencias democráticas pudieran creerse las patrañas que divulgaban los sublevados, y sus ya protectores en Roma, Lisboa y Berlín, de que lo que estaba sucediendo en España era una confrontación entre comunismo y anticomunismo. No era así. A decir verdad, nunca fue así.

En consecuencia Azcárate concluyó afirmando que si los países democráticos ayudaban a la República ésta podría neutralizar la sublevación. Con ello se robustecería el núcleo duro de republicanos de pro y de socialistas moderados en torno al cual podría establecerse la futura estructura política y social de España. Al tiempo, las democracias reforzarían sus posiciones en la piel de toro.

Azcárate, pues, identificó desde el primer momento el resorte fundamental que impulsó la estrategia exterior de la República en guerra y que, después, tanto se desvirtuó. Se trata este de un hecho que hay que atribuir por un lado a los vencedores, ciertamente. Pero, por otro, también a una parte de los vencidos (anarcosindicalistas, prietistas, poumistas) que, sin el menor pudor, falsearon la realidad y trataron de ajustar sus cuentas con Negrín, los socialistas negrinistas y, naturalmente, los comunistas.

En la atmósfera de la guerra fría, durante la cual Azcárate escribió sus memorias, se añadieron a aquella desvirtuación sistemática las complacencias con una dictadura ferozmente anticomunista y cuyo líder se dejaba ensalzar como el «centinela de Occidente». Franco se autoproyectó como el primero que había osado declarar la guerra al comunismo y que se había adelantado a todos los demás líderes occidentales, ya fueran británicos, norteamericanos o franceses. En un ejercicio de hipocresía completa, que también practicaron sus protectores Hitler y Mussolini, el Caudillo/Generalísimo/Jefe del Estado, amén de otros títulos, adujo reiteradamente que para ello conocía bien la perversidad intrínseca de los auténticos adversarios de la civilización cristiana y occidental, bajo cuyo palio (timbre de honor de la Iglesia española) él entraba y salía de iglesias y catedrales en el «Estado nacionalcatólico».

Azcárate no dejó la menor duda de que sabía que se adentraba en «territorio comanche». Tuvo, en efecto, que lidiar con un gobierno británico hiperconservador en el que, según dejó plasmado en estas memorias, predominaban «los elementos más reaccionarios del partido y en el cual incluso sus elementos más liberales no se distinguían por una especial simpatía hacia nuestra República». Aun así, se quedó corto a la hora de aquilatar las auténticas dimensiones y la auténtica hostilidad que el gobierno británico de la época, ya fuese presidido por Stanley Baldwin o por aquel parangón del apaciguamiento llamado Neville Chamberlain, siempre sintieron hacia la experiencia republicana. Venía, incluso, de antes de la sublevación y se acentuó hasta extremos paroxísticos después de ésta.

El vaciado sistemático de la documentación diplomática y militar británica de la época ha arrojado frutos inmensos. Lo que se sabe de la actuación de los servicios de inteligencia (en particular el SIS —Secret Intelligence Service o MI6—) no lleva a otra conclusión. Los papeles desclasificados del servicio de seguridad (MI5) o contraespionaje están repletos de prejuicios, falsas informaciones y exageraciones sobre los republicanos españoles. Azcárate jamás pudo conocer hasta qué punto los funcionarios con quienes se codeaba cocían propuestas y medidas que perjudicaban el esfuerzo de guerra de la República. Eso sí, se lo imaginaba. Le dio, de entrada, mala espina la frialdad, rayana casi en la grosería, con la cual le acogió el subsecretario permanente del Foreign Office, sir Robert Vansittart, uno de sus puntales.

La reacción del nuevo embajador, típicamente española, de «al mal tiempo, buena cara», hubiera sido mucho más mitigada de haber sabido hasta qué punto la diplomacia británica y los servicios de inteligencia británicos habían estado creando mala fama al Frente Popular desde casi antes de las elecciones de febrero de 1936. Que sepamos, nadie pasó entonces en la Administración británica por el menor filtro crítico las estupideces, las exageraciones y las manipulaciones de información que esparció la intoxicadora prensa de derechas, británica o española, de aquellos meses.

Para terminar, una confesión personal. Las memorias que ahora tiene el lector en sus manos ejercieron sobre mí, desde cuando las leí por primera vez, una profunda influencia. Han sido compañeras de viajes y de reflexiones. Cuando, en 2001, se me planteó la salida de la Comisión Europea, en la que había trabajado durante quince años, acudí a Azcárate como ejemplo. Al igual que él me llevé unas cuarenta cajas de papeles de mi archivo personal y que, naturalmente, no era toda la que había pasado por mis manos. A los quince días de dejar la Comisión, en la que había vivido o me había tocado ver no pocas aventuras políticas y burocráticas, me puse a escribir lo que había hecho y presenciado.

Empecé por los tiempos más próximos. Los dos últimos años. Escribí de un tirón en Madrid un primer borrador, de memoria y en tres meses. De regreso a Bruselas lo comparé con la documentación relevante de la época y me llevé la gran sorpresa. Cosas que yo creía que habían sucedido tal y como las había escrito, y que pensaba estaban grabadas en mi memoria, aparecían bajo otra luz al compararlas con los documentos. Así que, en 2002, cambié de técnica y escribí basándome en éstos. Cuando terminé el libro, que por cierto no tuvo el menor éxito editorial, había aprendido a combinar historia (documentada) y recuerdos. Como Azcárate. Tan pronto como se publicó la obra, lo primero que hice fue entregar a los archivos de la Unión Europea en Florencia las cuarenta cajas de documentación, que había utilizado a manera de préstamo. Como hizo la familia de Azcárate.

La experiencia me sirvió para desconfiar de las obras de memorialistas. Puedo asegurar que no quise inducir a error a nadie al escribir sobre el último período que viví en la Comisión. Y eso que no habían transcurrido ni dos años. Pero mi memoria ya jugaba trucos, era selectiva, había «olvidado» cosas que no me habían gustado. De no haber contado con el correctivo de la documentación, hubiera dado una imagen falsa del pasado de la Comisión Europea y de mi propio pasado. La evidencia primaria relevante de la época, los testimonios orales de compañeros y amigos, las notas de diario y la prensa del momento fueron los materiales sobre los cuales construí mi relato en el que únicamente no dije la verdad en relación con un solo episodio. Atribuí a mi perspicacia y capacidad analítica algo que, en realidad, había leído en un documento procedente del gobierno de un Estado miembro pero que, naturalmente, no podía identificar. Mis asesores jurídicos me indujeron a tender un inocente velo para enmascarar lo que se desprendía de tal información.

Así pues, los lectores que se acerquen por primera vez a estas memorias de don Pablo de Azcárate pueden tener la seguridad de que reflejan con precisión lo que hizo, vio y oyó. No son la Historia, pero sí materiales para la misma y de un valor muy superior a los recuerdos escritos por casi cualquier otro alto funcionario o dirigente republicano.

ÁNGEL VIÑAS

Bruselas, enero de 2012.

Presentación.

PRESENTACIÓN

Este libro no la necesita. El propio autor indica que no pretende dar una visión acabada, definitiva, de los temas tratados.

Más que de una historia, se trata de materiales para la Historia. Esta prudencia del autor a la hora de escribir su libro no se debe a que esté basado en fuentes inseguras, sino todo lo contrario. Aunque redactado en los años cincuenta, el libro está escrito sin tomar distancia respecto a los hechos narrados. Ésta es la razón por la que en él encontraremos no tanto el juicio del historiador como la realidad en la forma que ha sido vivida y sentida por el protagonista. En cualquier caso, las memorias que aquí presentamos constituyen un material histórico perfectamente directo sobre una experiencia diplomática de gran trascendencia.

Por otra parte, si un libro como éste no necesita presentación, puede ser útil, en cambio, ofrecer al lector algunos recuerdos y rasgos de la biografía de mi padre, Pablo de Azcárate Flórez.

Nació en Madrid en 1899. Su padre, Cayo de Azcárate, era militar; alcanzó el grado de coronel y fue presidente de la Junta de Defensa del Cuerpo de Ingenieros. Su tío, Gumersindo de Azcárate —la persona que sin duda influyó más directamente en la orientación inicial de su vida—, era catedrático y jurisconsulto; autor de numerosos libros sobre temas políticos y jurídicos; diputado republicano por León, casi sin interrupción, desde la primera república hasta el período de la primera guerra mundial.

La juventud de Pablo de Azcárate se desarrolló principalmente en el ambiente de la Institución Libre de Enseñanza. Fue alumno de don Francisco Giner y de don Manuel B. Cossío. Esta educación krausista ejerció indiscutiblemente una profunda influencia en toda su vida.

Hizo estudios de Derecho en las Universidades de Zaragoza y de Madrid. A los veintitrés años, en 1913, ganó la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Ejerció esa cátedra en Galicia durante un año y se trasladó luego a Granada.

A la muerte de Gumersindo de Azcárate, su sobrino Pablo se presentó a las elecciones a diputados a Cortes por León, en nombre del Partido Reformista, recientemente creado. Fue elegido diputado. Pero su participación en la política activa, en la vida parlamentaria española, fue de corta duración.

Antes de cumplir los treinta años, manifiesta ya particular interés por los problemas internacionales: realiza un viaje de un año a Inglaterra, durante el cual efectúa un estudio sobre la administración de los ferrocarriles británicos en el curso de la primera guerra mundial, publicado después en forma de libro.

En 1922, ingresa en la Sociedad de Naciones, en Ginebra, que estaba entonces en período de formación. Probablemente, Azcárate haya sido uno de los primeros españoles merecedores del calificativo de «funcionario internacional»: en efecto, dedicó su carrera, durante una parte importante de su vida, a una institución de carácter internacional. La Sociedad de Naciones representaba, en cierto modo, un experimento nuevo en el escenario europeo y mundial. Era una iniciativa tomada por las potencias vencedoras en la primera guerra mundial para aplicar nuevos métodos ante los graves problemas surgidos en aquella posguerra.

Azcárate se incorpora al núcleo inicial que se está formando en Ginebra, en el edificio del antiguo Hotel Nacional, a orillas del lago Leman, convertido en la primera sede de la Sociedad de Naciones. Ese núcleo era bastante heterogéneo: en él se agrupaban diplomáticos, hombres políticos, funcionarios, periodistas procedentes de numerosos países, y se ponían a trabajar juntos, en una administración cuya razón de ser era buscar soluciones de compromiso entre los intereses encontrados de algunas de las principales potencias que dirigían la política mundial.

La Sociedad de Naciones estaba entonces sometida principalmente a la influencia de los gobiernos de Londres y París.

El proceso de adaptación de un joven profesor español a ese ambiente no pudo ser fácil; Azcárate superó los obstáculos gracias, sobre todo, a su seriedad, competencia y capacidad de trabajo.

Su primer cargo fue el de miembro de la sección de Protección de Minorías; al cabo de seis años fue nombrado director de dicha sección, que tenía a su cargo, principalmente, los complejos problemas de educación, estatuto jurídico, etc., planteados por los núcleos de población minoritarios que habían quedado dentro de las fronteras de Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, etc. Con ese motivo, Azcárate tuvo que realizar numerosos viajes a Europa central y a los Balcanes y establecer relaciones con los gobiernos de esos países.

En 1934, fue nombrado secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones, cargo que desempeñó hasta que, en septiembre de 1936, se inicia el período al que está dedicado el presente libro.

Durante los catorce años en que Azcárate trabajó en la Sociedad de Naciones, la casa de mis padres en Ginebra fue un lugar donde se encontraban prácticamente todos los españoles que pasaban por esa ciudad: de un lado, las delegaciones que acudían a las reuniones de la Sociedad de Naciones o de la Oficina Internacional del Trabajo. Pero, además, numerosas figuras políticas o intelectuales como Fernando de los Ríos, íntimo de la familia Azcárate desde los tiempos de la Universidad de Granada, Largo Caballero, Madariaga, Pau Casals, Posada, Estelrich, Nicolau d’Olwer, Leopoldo Palacios, Gregorio Marañón, etc. Ocurría incluso que Andrés Segovia, que tenía su casa en Ginebra, se acercase con su guitarra…

Por los cargos que desempeñaba en la Sociedad de Naciones, Azcárate estableció relaciones con las principales figuras de la vida internacional de aquella época. En unos casos esas relaciones no iban más allá del marco oficial y protocolario; en otros, en cambio, se convertían en amistad y aprecio mutuo, cimentadas en permanentes trabajos y discusiones en común.

Entre las personas que frecuentaron la casa de Azcárate en aquellos años cabe citar a franceses, como J. Paul-Boncour, Pierre Laval, Léon Blum, Jean-Louis Barthou, etc.; ingleses, como Anthony Eden, lord Cecil; checoslovacos, como Eduard Benes, Fierlinger; soviéticos, como Litvinov, Rosenberg, Suritz; alemanes, etc.

Sin duda, Azcárate debía a su educación krausista un fuerte rigor moral, una gran conciencia y escrupulosidad en cualquier tarea que emprendiese, una actitud de tranquilidad y sencillez en todos los aspectos de su vida. Pero no cabe duda de que la experiencia de su largo período ginebrino le permitió abarcar con unas perspectivas más abiertas y una visión política más profunda el conjunto de los problemas internacionales; y le ayudó a adquirir un arte especial de la negociación, un método en la búsqueda incansable de soluciones a problemas que a primera vista parecían sin salida.

Para muchos, Azcárate aparecía, en ese período, como el negociador por excelencia, el hombre del «justo medio». Y también, como el «empresario» de la gran obra arquitectónica que representó la construcción del Palacio de la Sociedad de Naciones, el cual es aún hoy una de las visitas obligadas de los turistas en Ginebra. Dentro de la división de competencias en la secretaría general de la Sociedad de Naciones, le correspondió hacerse cargo de la alta dirección de los trabajos de construcción del nuevo edificio. Por iniciativa suya, le fueron encargados al pintor catalán Josep Maria Sert los frescos que decoran la sala del Consejo.

Sin embargo, por debajo del «ginebrino» plenamente dedicado a la vida internacional, los hechos iban a demostrar que permanecía un Azcárate que se sentía hondamente ligado a los destinos de su país y de su pueblo.

En Ginebra, fue una verdadera sorpresa cuando, en septiembre de 1936, al mes y medio de iniciada la guerra civil en España, y cuando la prensa internacional consideraba casi inminente la derrota del campo republicano, se supo que Azcárate dimitía de su cargo de secretario general adjunto y asumía el puesto de embajador de la república en Londres.

Para algunos fue incomprensible. Para otros, una «quijotada». Para Azcárate era el cumplimiento de un deber, que él consideraba impostergable por fidelidad a unos principios liberales y progresistas a los que se sentía atado por tradición familiar, por su educación, y también por lo que él había aprendido en la experiencia de su propia vida. En ésta, como en tantas otras coyunturas, la actitud resuelta de mi madre, Amelia Diz, le ayudó a tomar el camino acertado.

Lo que Azcárate hizo en Londres está escrito por él mismo en las páginas que siguen. Se representaba su misión diplomática como parte de una lucha en la que creía que debía hacer todo para que triunfase la causa que él consideraba justa.

Por eso su diplomacia fue, en cierto modo, una diplomacia de combate; por eso, en su libro, hay frases y acentos que responden a ese ambiente del período de la guerra civil, al espíritu que animaba a Azcárate no ya como diplomático, sino como combatiente. Eliminarlos, «edulcorarlos», no sólo hubiera parecido falsear el pensamiento del autor, dar una imagen errónea de su actividad oficial. Constituiría, lisa y llanamente, una burda mixtificación histórica.

Terminada la guerra civil, Azcárate permaneció en Londres, desde donde siguió el curso de la segunda guerra mundial. En ese período, se estrecharon en particular sus relaciones con don Juan Negrín, que había sido presidente del Consejo de ministros de la república en el último período de la guerra civil. La labor de Azcárate durante la segunda guerra mundial él mismo la ha calificado de «guerrillero de la diplomacia». Más que una labor de propaganda, hacia la que siempre mostraba Azcárate cierto recelo, cierta incomprensión, su trabajo se podría calificar de «gestión política», tanto en los medios de la izquierda inglesa, como sobre todo en relación con los diversos gobiernos emigrados que se habían instalado en Londres para proseguir la guerra contra el nazismo. Dirigentes laboristas como Attlee, Stafford Cripps, Noel Baker, el presidente checoslovaco Benes, el embajador soviético Maiski, varias de las personalidades francesas que rodeaban al general De Gaulle, mantenían con Azcárate relaciones frecuentes, le visitaban en su casa de Taplow. De la estima que esos medios tenían por él es testimonio la carta de Gaston Palewski, ministro del general De Gaulle y más tarde presidente del Consejo constitucional de Francia, con motivo de la muerte de Azcárate: «On ne pouvait le connaître sans l’estimer et l’admirer. Il s’était imposé au jugement de ses pairs. Il était lucide, net et droit comme une épée»[1*].

En el año 1947, Pablo de Azcárate volvió a ocupar importantes cargos en la vida internacional. Como secretario principal de la Comisión de Conciliación en Palestina, desempeñó un papel considerable en el proceso de creación del Estado de Israel.

En 1952, se retiró a Ginebra y dedicó los últimos años de su vida a trabajos históricos. Entre los libros de Pablo de Azcárate publicados en el último período de su vida podemos citar Wellington en España (1960), La guerra del 98 (1968), Mission in Palestine (1966), Gumersindo de Azcárate, estudio biográfico documental (1969), Protection des minorités (1969). Escribió extensas introducciones a los Documentos de Sanz del Río y a la Cuestión Universitaria de 1875. Asimismo, numerosos ensayos históricos: «La nota de la “Junta Suprema de Sevilla” al Zar Alejandro I de Rusia» (1959), «Apunte biográfico de don Patricio de Azcárate» (1962), «La fundación Sierra-Pambley» (1964), «Una profecía de Pitt sobre España» (1964), «Pronunciamiento del teniente don Cayetano Cardero» (1966), «Una excursión por la serranía de Ronda hace medio siglo» (1967), «El almirante Topete y los sucesos del 23 de abril de 1873» (1967), «Efemérides del siglo XIX» (1967), «Notas sobre el origen de la Institución Libre de Enseñanza» (1967), «Excursión a Sierra Nevada» (1969), «Algunos manuscritos inéditos (?), de Costa» (1970), «José María Maranges» (1970) y «Apuntes biográficos del contralmirante don Tomás de Azcárate» (1970). Su principal trabajo en estos años fue la redacción de sus memorias del período de la guerra, cuyo primer tomo presentamos aquí.

A pesar de su dedicación a la historia, Azcárate siguió con permanente preocupación el desarrollo de la vida internacional y colaboró en diversos periódicos (Tribune de Genève, Nacional de Caracas, etc.) dando su opinión sobre los sucesos más importantes que se producían en la escena mundial, al mismo tiempo que mantenía una relación intensa con la vida cultural y política española. Durante los años sesenta hizo algunos viajes a Barcelona y Madrid, colaborando en revistas como Ínsula, Papeles de Son Armadans, Boletín de la Real Academia de la Historia, Revista de Occidente, Realidad…

Hasta el fin se mantuvo fiel a los ideales liberales de su juventud. No se afilió a ningún partido, después de su inicial experiencia reformista. Quizá fue Negrín la figura política que mayor influencia ejerció sobre él. Dentro de las serias diferencias y discusiones que entre él y yo existieron, siempre respetó la opción que yo había hecho al afiliarme al Partido Comunista en 1934.

En su larga emigración, la preocupación política esencial de Azcárate fue contribuir al entendimiento de todas las fuerzas democráticas, para poner fin a la dictadura y establecer un régimen auténticamente democrático, que permitiese al pueblo decidir los destinos de España. Ya en un momento dramático de la guerra civil, en febrero de 1938, en carta a Fernando de los Ríos, a la sazón embajador en Washington, escribía: «Más que nunca es ahora necesario el sentido de la medida. Para medir lo bueno, lo mucho bueno que hay, y basar en ello la fe y confianza en el porvenir. Pero también para ver con claridad todo lo que queda todavía por hacer y por modificar. Que no es poco, ni de escasa importancia. Claro que, dominándolo todo, lo bueno y lo malo, los aciertos y los errores, queda una realidad profunda y sólida como el granito de la Sierra, y es lo que representa la acción del pueblo. Ésa es para mí la clave de todo. Y cualquiera que sea la estructura que se dé al Estado y sus instituciones después de la guerra, lo esencial es que se conforme a esa realidad básica de la nueva España, que consiste en la participación del pueblo, como elemento principal y decisivo, en la función rectora de los destinos del país».

Pablo de Azcárate murió en Ginebra el 12 de diciembre de 1971. Sus cenizas, por deseo expreso suyo, reposan en el Cementerio Civil de Madrid.

MANUEL AZCÁRATE

Madrid, enero de 1976.

Primera parte. Mi embajada en Londres.

PRIMERA PARTE.

MI EMBAJADA EN LONDRES.

Capítulo 1. Alfa y omega de mi embajada.

Capítulo 1

ALFA Y OMEGA DE MI EMBAJADA

A los pocos días de que Fernando de los Ríos llegara a nuestra casa de Ginebra para pasar una temporada con nosotros, recibimos las primeras noticias de los dramáticos acontecimientos que en julio de 1936 iniciaban en España la guerra civil. A las primeras noticias, confusas e incompletas, siguió, el día 20, una llamada telefónica de Indalecio Prieto a Fernando de los Ríos comunicándole que Cárdenas, el embajador en Francia, había dimitido, y pidiéndole, en nombre del gobierno, que saliera inmediatamente hacia París y se hiciera cargo de la embajada. Sin pérdida de tiempo cumplió Fernando de los Ríos el encargo, instalándose en la embajada (que habían abandonado, no sólo el embajador, sino todo su personal) e intentando asegurar un funcionamiento más o menos regular, con la colaboración de algunos «voluntarios» entre los cuales tuve el privilegio de contarme desde el primer momento, en que pasé en la embajada, junto a Fernando de los Ríos, todo el tiempo que pude sustraer a mis obligaciones de funcionario de la Sociedad de Naciones. Gracias, sin duda, al deseo de Léon Blum, a la sazón jefe del gobierno francés, de no crear dificultades protocolarias al gobierno español en aquellas angustiosas circunstancias, esta anómala situación pudo prolongarse varias semanas.

Durante aquel período, la embajada de España en París ofrecía un espectáculo indescriptible, convertida en un verdadero Oriente, en el que a todas horas del día y buena parte de la noche entraban y salían individuos de las más diversas nacionalidades y cataduras ofreciendo toda clase de armas, municiones y aviones. Sobre la embajada se había volcado el mundo turbio y sin entrañas del tráfico de armamentos, ávido de aprovechar la oportunidad excepcional que para la venta de armas averiadas o aviones de deshecho ofrecían, por una parte, la angustiosa situación del gobierno español que exigía con la máxima urgencia los aviones, los fusiles y las ametralladoras indispensables, no sólo para la defensa de Madrid, sino para mantener en la capital un mínimo de orden público, y por otra, nuestra total incompetencia en materia militar, que hacía de nosotros fácil presa de traficantes sin escrúpulos. En varias ocasiones me tocó compartir con Fernando de los Ríos auténticas congojas causadas por la imposibilidad de decidir si nos hallábamos ante ofertas serias y dignas de consideración, o ante vulgares intentos de estafa. Justo es recordar, sin embargo, que en contraste con este repugnante tráfico se produjeron los más puros, desinteresados y generosos ofrecimientos de hombres que pedían ir a España a combatir en defensa de la república. Y por si todo esto no fuera bastante, agréguese que los trágicos sucesos que tenían lugar en España, y el rápido avance de las fuerzas franquistas[1] sobre Madrid, nos tenían a todos en un estado de nerviosismo y en un grado de emotividad de lo más impropio para hacer frente, con la necesaria serenidad de juicio, a aquella confusión general.

Este estado de emotividad latente y contenida en que todos vivíamos se reveló de manera muy gráfica en una escena de la que fui testigo con ocasión de una de las visitas que en aquellos días hicimos juntos Fernando de los Ríos y yo a Léon Blum en su domicilio particular. Se lamentaba Fernando de los Ríos, en tonos vivos, de la ayuda que ya entonces prestaba la aviación alemana a las fuerzas franquistas y pintaba, en términos emocionados, los sufrimientos de la población civil y el heroísmo de nuestros soldados, cuando, de pronto, Blum se echó en sus brazos y permaneció así unos instantes sacudido por violentos sollozos. Ni que decir tiene que Fernando de los Ríos correspondió a esta explosión de dolor con signos no menos inequívocos de su propia congoja, y así terminó la entrevista sin que hubiera habido lugar para tratar el asunto que era su objeto de manera práctica y concreta.

Sin duda en aquellos días se cometieron errores, pero quien recuerde las condiciones en que se discutían y firmaban los contratos, acuciados por la incesante llegada de emisarios del gobierno con instrucciones para adquirir con la máxima urgencia y fuera como fuera el armamento y los aviones que se encontraran (emisarios que, en ocasiones, resultaron ser simples aventureros y hasta espías, pero ¿cómo identificarlos en aquel ambiente de fiebre y apremio en que todos vivíamos?), con una asistencia técnica nula o insuficiente, no podrá por menos de sentirse inclinado a disculparlos. Hay que añadir que aquella situación semicaótica duró poco; con la llegada del primer embajador, don Álvaro de Albornoz, sustituido a los pocos días por don Luis Araquistain, se regularizó la situación de la embajada, y, poco después, todo lo relativo a la adquisición de armamento (a través de las indescriptibles complicaciones y dificultades creadas por la no intervención) se confió a un organismo especial dotado de los elementos técnicos necesarios que aseguraban su eficacia y buen funcionamiento.

A diferencia de muchos de sus colegas, Julio López Oliván no dimitió de su cargo de embajador en Londres al producirse el «alzamiento», y hasta fines del mes de agosto continuó representando a la república cerca del gobierno británico con el mismo celo y la misma lealtad de que había dado prueba durante los tres años anteriores en los varios puestos que el gobierno de la república le había confiado. El 23 de agosto vino a París y en las conversaciones que durante el día mantuvo con nosotros, y muy especialmente con Enrique Ramos, ministro de Hacienda que se encontraba accidentalmente en la capital francesa para asuntos de su departamento, no dejó traslucir la menor vacilación en su propósito de seguir prestando sus servicios a la república en la difícil crisis que atravesaba.

Nuestra sorpresa fue tan grande como nuestra contrariedad cuando, al día siguiente, 24 de agosto, López Oliván, en conversaciones separadas con Fernando de los Ríos y conmigo, nos dio cuenta de su súbita e irrevocable decisión de dimitir de su cargo de embajador en Londres. Convinimos en esperar la vuelta del ministro de Hacienda, dos días después, para que el propio López Oliván le diera cuenta de su decisión, pero la entrevista no pudo celebrarse porque en la misma mañana del miércoles día 26 López Oliván me llamó por teléfono para decirme que, ante un aviso de Eden que había expresado el deseo de verle por la tarde, salía para Londres inmediatamente. Me pidió que fuera a verle al hotel, y así lo hice, permaneciendo con él hasta el momento de su marcha. Mi impresión es que la entrevista con Eden fue un pretexto para evitar la conversación con Enrique Ramos, al cual, no uniéndole los mismos vínculos de amistad personal que le unían a Fernando de los Ríos y a mí, le hubiera sido más difícil y enojoso explicar y justificar su brusco cambio de actitud.

La verdad es que las mismas cualidades de ponderación y buen sentido que, unidas a una clara inteligencia con un marcado ribete de escepticismo, constituían el gran atractivo personal de López Oliván y le convertían, en tiempos normales, en un excelente diplomático, le hacían poco apto para desenvolverse en un ambiente tan saturado de pasión y violencia como el que acompaña y rodea inevitablemente a toda guerra, y especialmente a las guerras civiles. Acaso la gota de agua que hizo desbordar el vaso de su indecisión fue la noticia de que entre las víctimas de los trágicos sucesos ocurridos en la Cárcel Modelo de Madrid en aquellos mismos días figuraba su cuñado el coronel Capaz.

De ello resultó que el gobierno de la república se encontró colocado inesperadamente ante la grave contingencia de tener que buscar un titular para la embajada en Londres, problema mucho más delicado y difícil que el de proveer la de París. Francia tenía un gobierno de coalición con predominio socialista, presidido por hombre tan íntima y sinceramente adicto a la república española y a sus hombres como Léon Blum. En cambio, en Inglaterra había un gobierno conservador, con predominio de los elementos más reaccionarios del partido, y en el cual incluso sus elementos más liberales no se distinguían por una especial simpatía hacia nuestra república. El gobierno no hubiera deseado sin duda, que la embajada quedara sin titular, lo cual hubiera facilitado su propósito de tratar sobre un pie de igualdad, de una parte, con un encargado de negocios de la república, de otra, con el agente oficioso que desde el primer momento designó el general Franco, cosa tanto más hacedera si se piensa que ese agente fue una personalidad de tanto relieve y prestigio entre los elementos conservadores y aristocráticos británicos como el duque de Alba. Era, pues, de temer que el gobierno británico buscara toda clase de pretextos para no dar el placet al candidato que presentara el gobierno español, lo que era fácil en aquellas circunstancias en las que el disgusto que la negativa pudiera causar en Madrid sería mirado en Londres con una completa indiferencia, si no con satisfacción.

Sin duda teniendo en cuenta esta peculiar situación, pensó el ministerio de Estado en mi candidatura, considerando que el gobierno británico no podría negar el placet a una persona que durante catorce años había gozado de la entera confianza del Foreign Office, como funcionario de la Sociedad de Naciones, y que llevaba tres desempeñando el alto cargo de secretario general adjunto de la misma organización internacional gracias, entre otros, al voto favorable del propio representante británico en la Asamblea y en el Consejo.

El resultado de todo esto fue que uno de los últimos días de agosto recibí una llamada telefónica del subsecretario de Estado, a la sazón Rafael Ureña, para preguntarme, por encargo del gobierno, si estaría dispuesto a aceptar el nombramiento de embajador en Londres. Mi respuesta fue inmediata: dadas las circunstancias graves porque atravesaba el país estaba totalmente y sin reserva a la disposición del gobierno. A los diez minutos volvió a llamarme Ureña para decirme que el Consejo de ministros había acordado mi nombramiento y que aquella misma noche se pedía el placet al gobierno británico. Y así, en cosa de unos minutos, me encontré, de buenas a primeras, colocado ante uno de los más violentos virajes de mi vida. Se cerraba el capítulo de mis catorce años de servicios a la Sociedad de Naciones y se abría otro preñado de incertidumbre y de peligros.

Gracias a las facilidades que me dio el secretario general, señor Avenol, y al celo y buena voluntad de mis colaboradores, pude librarme de mis compromisos y obligaciones en la secretaría de la Sociedad de Naciones en un plazo de unos cuantos días. Y sin falsa modestia, tengo que decir que mi gesto provocó en toda la secretaría un movimiento de simpatía y hasta de admiración. Abandonaba el segundo puesto en la jerarquía internacional, de una duración garantizada de cinco años, para ponerme al servicio del gobierno de la república española, que, a juicio de todos, tenía los días contados, porque, por aquellos días, nadie dudaba de que la entrada en Madrid del general Franco era inminente, y de que iba a acarrear el colapso del régimen republicano. Ante esta perspectiva no es extraño que mis colegas de la secretaría de la Sociedad de Naciones me miraran con la simpatía mezclada de admiración y de lástima que suelen inspirar quienes se sacrifican por una causa justa, pero ya condenada irremisiblemente al fracaso. No obstante, los hechos vinieron muy pronto a mostrar que esa perspectiva estaba basada sobre un cálculo erróneo: el colapso de la república no se produjo hasta dos años y medio más tarde.

Entre tanto, en Madrid, el gobierno presidido por el doctor Giral, en el cual desempeñaba la cartera de Estado Augusto Barcia, había sido sustituido por otro con participación socialista, presidido por Francisco Largo Caballero y en el cual era ministro de Estado Julio Álvarez del Vayo. Llamado por éste fui a Madrid a principios de septiembre. En avión (mi primer vuelo) desde Toulouse a Alicante, y en tren de Alicante a Madrid. El espectáculo de confusión y caos que ofrecía Madrid en aquellos días era indescriptible. El gobierno se había visto obligado a emplear hasta el último hombre y el último fusil de que disponía en un esfuerzo desesperado para contener el avance de las fuerzas franquistas en el Guadarrama y en las inmediaciones de Toledo, con el resultado de que en Madrid podían actuar una serie de bandas, al amparo de una representación de partidos políticos y organizaciones sindicales, las más de las veces falsas, que se dedicaban a poner en práctica una supuesta «justicia social» expeditiva que consistía, ni más ni menos, que en detener, e incluso asesinar, a gentes que ellas mismas escogían de la manera más arbitraria y caprichosa. Hubo casos de verdaderos forajidos que, por deseo de venganza o por otros motivos, tenían interés en hacer desaparecer a alguien y no dejaron pasar aquella ocasión para formular contra él cualquier falsa denuncia de carácter político que en aquel caos podía causar su muerte. Y es justo añadir que no faltaron casos en los cuales la víctima consiguió demostrar que se trataba, por ejemplo, de una venganza personal, o de un simple error, en los que no sólo se puso en libertad al acusado, sino que fue su acusador quien sufrió la suerte que a él estaba reservada.

Todo esto produjo un daño irreparable a la república, y hace pensar en la posibilidad de que en aquella macabra labor colaboraran agentes provocadores bien entrenados en el empleo de la pistola y del fusil ametrallador. Los periódicos del mundo entero publicaban cada mañana, junto a las noticias militares que anunciaban la inminente caída de Madrid, informaciones folletinescas sobre la anarquía y el caos reinantes en la capital del Estado. Y ni el hecho de que se tratara de un fenómeno común a ambos bandos, ni, sobre todo, la consideración de que todas las guerras civiles en la historia habían dado lugar a situaciones semejantes, bajo modalidades diferentes y con mayor o menor violencia según las circunstancias y el temperamento de cada pueblo, sirvieron para disminuir el profundo impacto que aquellos vergonzosos hechos causaron en la sociedad inglesa entera, desde la City hasta Transport House.

Un signo inequívoco de esto lo tuve en el incidente que se produjo a los pocos días de mi llegada a Londres, cuando, al final de uno de los innumerables banquetes a que tiene que asistir un embajador en Inglaterra, lord Cecil of Chelwood, a quien me unían lazos de respetuosa amistad creados en la Sociedad de Naciones, intentó presentarme a Winston Churchill; al oír que se trataba del embajador de España, rojo de ira y sin estrechar la mano que yo instintivamente le tendía, Churchill declaró que no quería tener relación alguna conmigo y se alejó murmurando entre dientes: «sangre, sangre…». Lord Cecil se disculpó como pudo y yo le tranquilicé quitando importancia al incidente. Pero para mí fue revelador de lo que me esperaba en lo que yo consideraba como mi principal tarea en Londres: ganar para la república el mayor apoyo y comprensión posible entre las clases conservadoras inglesas que eran las que en aquel momento gobernaban el país.

Hay que tener en cuenta que este tema del desorden reinante en España venía siendo ya explotado por la prensa conservadora inglesa desde el establecimiento mismo de la república, y particularmente en los meses que precedieron inmediatamente a la guerra civil. Y es bien sabido que ese desorden se ha venido invocando como la justificación del «alzamiento nacional» que la ayuda de la Alemania hitleriana y la Italia fascista transformó en un guerra civil.

No es mi propósito entrar en la discusión a la que ha dado lugar esta tesis tanto más cuanto que, cualquiera que haya podido ser su aceptación en los años que siguieron a la guerra, hoy día no me parece exagerado afirmar que tan sólo una ínfima minoría de españoles siguen prestándole crédito. Pero sí quiero aportar al debate un testimonio directo y cuya autoridad no podrá ser puesta en duda por quienes hayan mantenido, y acaso sigan manteniendo, que el desorden reinante en España durante la república fue la justificación de la guerra civil: me refiero al testimonio del entonces embajador de España en Londres don Ramón Pérez de Ayala.

En efecto, rectificando un largo telegrama de su corresponsal en Madrid, sobre el consabido tema del desorden reinante en España, que publicó el Times el 2 de abril de 1936 (es decir, tres meses y medio antes del «alzamiento»), el embajador de España dirigió una carta al director del gran diario de Londres que se publicó el 4 del mismo mes. Y es de advertir que la publicación de esta carta rectificativa fue iniciativa personal y espontánea del embajador. El ministerio de Estado (como entonces se le llamaba) no sólo no tomó ninguna iniciativa, sino que se limitó a acusar recibo del despacho del embajador comunicando el telegrama del Times y su carta con un «Saluda» formulario de la Sección de Europa. Ejemplo característico de burocracia rutinaria, incapaz de comprender la magnitud del daño que los informes del Times a la sociedad inglesa causaban a la república y la importancia y el valor del servicio que el embajador le prestaba con su carta rectificativa.

He aquí, ahora, el texto de la carta enviada por Pérez de Ayala al editor del Times:

Londres, 3 de abril de 1936

Muy señor mío:

Temo que la correspondencia de Madrid, publicada en ese periódico el día 2, produzca en el público inglés una impresión equivocada. En una brevísima unidad de acción, lugar y tiempo (o lo que es lo mismo, de una manera harto teatral) su corresponsal acusa una serie de incidentes desgraciados y abusivos, como suelen ocurrir en todos los países, singularmente en período experimental de ajuste a los comienzos de un nuevo régimen. Reconozco el deseo de objetividad de su corresponsal, puesto que después de la enumeración compacta de aquellos hechos luctuosos añade que han ocurrido a lo largo de varios meses y en un área tan vasta como España, con lo cual casi se anula la dramática unidad de acción, lugar y tiempo. Es como si se insinuase que la vida de Mr. Somebody había sido una espantosa tragedia, diciendo: «el pobre perdió a su padre, a su madre, a varios hermanos, su mujer, algunos hijos, varios amigos y no pocos miles de libras, y además le hicieron la operación de apendicitis, se rompió una pierna y apenas ve», para luego concluir: «cierto que todo esto ocurrió a lo largo de ochenta y cuatro años, que es la edad de Mr. Somebody».

Pero falta el otro lado de la cuestión y es: que cuanto más se haga resaltar la gravedad de los sucesos que han ocurrido o han estado a punto de ocurrir en España, tanto más tiene que ponerse de manifiesto la diligencia, tacto y autoridad natural (no represiva) con que el gobierno ha establecido la normalidad. El pueblo inglés debe confiar en esas cualidades del gobierno de España así como el pueblo español confía en ellas.

Suyo, etc…

Pérez de Ayala.

Después de pasar varios días en Madrid, durante los cuales tuve las obligadas conversaciones con el jefe del gobierno, Largo Caballero, y con algunos ministros, entre ellos muy especialmente el de Estado, Álvarez del Vayo, salí para París a bordo de un avión del gobierno que llevaba una misión oficial a Toulouse, acompañado de Antonio Ramos Oliveira, que había sido nombrado agregado de prensa en la embajada. A los pocos minutos de despegar volamos sobre territorio dominado por el general Franco y así seguimos haciéndolo hasta cruzar los Pirineos. El día era espléndido, de una claridad y transparencia como sólo he contemplado en Castilla y Palestina, lo que aumentaba el riesgo de ser vistos y perseguidos por algún avión de caza enemigo, sin que calmara mi natural inquietud el fusil ametrallador que el segundo piloto llevaba entre las rodillas; pero, o no nos vieron, o no dieron importancia a nuestro paso, porque llegamos a Toulouse sin el menor incidente.

En París pasé unos días desempeñando una misión reservada que me había confiado el propio jefe del gobierno, con conocimiento del ministro de Estado y de la que no es necesario hablar aquí porque no guarda ninguna relación con mi embajada en Londres; y en cuanto me fue posible proseguí mi viaje a la capital británica con el propósito de presentar sin perder momento mis cartas credenciales y poder abordar la difícil y delicada empresa que me esperaba en ella.

Como lo exigía el protocolo, visité primero al subsecretario permanente del Foreign Office, sir Robert Vansittart (luego, lord Vansittart), para entregar la copia de mis cartas credenciales, y la frialdad de su acogida, lindando con la grosería, me hizo comprender que mis relaciones con el Foreign Office iban a poner a prueba mi paciencia y mi capacidad para poner en práctica el viejo refrán castellano que dice: «a mal tiempo buena cara».

Todo el personal diplomático, con excepción de los agregados comercial, naval y agrícola, Daniel Fernández-Shaw, el comandante Navarro y José Da Casa, abandonaron la embajada, no sé si desde que se produjo el «alzamiento» o cuando dimitió López Oliván, y de acuerdo con mi criterio de reducir al mínimo el número de colaboradores, me limité a pedir al gobierno el nombramiento de Antonio de la Cruz Marín como ministro-consejero y de miss Eileen Brooke como mi secretaria particular, y el traslado a la embajada de José Luis Plaza, que era secretario en el consulado general. Con ellos y Antonio Ramos Oliveira, como agregado de prensa, puse de nuevo en marcha la embajada y este reducido personal no sufrió más cambio durante los dos años y medio que duró mi misión que el nombramiento de un nuevo secretario y de un oficial de cifra, y la sustitución, unos meses antes de su término y a su demanda, de Cruz Marín, que fue nombrado cónsul general en Nueva York, por don Jaime Montero. A este personal de plantilla se fueron agregando tres o cuatro auxiliares reclutados en el mismo Londres para trabajos especiales en relación, sobre todo, con los servicios de información y prensa.

Entre el personal subalterno, administrativo y doméstico (todo él inglés, con la excepción del archivero) no se produjo cambio alguno, ni a causa de dimisiones, ni por medidas de despido adoptadas por mí. El archivero, las tres secretarias, el conserje de la cancillería, el chófer, el mayordomo, el cocinero, las tres doncellas, los ayudas de cámara, todos sin excepción, permanecieron en sus puestos, sin que yo me preocupara de saber ni por quién, ni cuándo habían sido nombrados para ellos. Y debo decir que no sólo no tuvimos nunca la menor queja de sus servicios, sino que pudimos comprobar, día tras día, y con gran complacencia, que cumplían con un celo y una lealtad dignos de todo encomio.

Presenté mis cartas credenciales al rey Eduardo VIII (su abdicación no tuvo lugar hasta unos meses más tarde), siguiendo el protocolo habitual en tales ceremonias y en presencia de Eden, secretario de Estado de Su Majestad para asuntos internacionales. La conversación con el rey (que no duró más de diez minutos) fue banal y sin interés: unas palabras sobre España, pero sin la menor alusión a los acontecimientos actuales; unas frases sobre mis servicios en la Sociedad de Naciones, y eso fue todo.

Dos circunstancias merecen, sin embargo, una breve mención especial. La primera fue que durante el trayecto entre la embajada y el palacio de Buckingham, el «mariscal del cuerpo diplomático» (como se llama en Inglaterra a nuestro introductor de embajadores), entonces sir Sidney Clive, que me acompañaba en la aparatosa carroza protocolaria, me fue diciendo que al rey no le gustaban los cambios de embajadores y que confiaba en que si el general Franco entraba en Madrid, y el gobierno británico reconocía a su gobierno, no habría dificultad para que yo siguiera siendo embajador de España en Londres. La observación me dejó atónito por lo indiscreta y fuera de lugar, y en tono algo seco le respondí que no había lugar a considerar esa hipótesis porque Franco no tomaría Madrid y, por consiguiente, no podría ser reconocido por el gobierno británico. No sé qué pensaría de mí sir Sidney, porque la verdad es que en Londres todo el mundo daba como cosa segura la caída inminente de Madrid. Sin embargo, acerté en mi afirmación, y acaso a ello se debiera la especial consideración de que sir Sidney me hizo objeto durante los dos años y medio que tardaron en producirse los acontecimientos de que tan indiscreta y prematuramente me habló en nuestra conversación camino del palacio de Buckingham.

La otra circunstancia fue que Von Ribbentrop presentó sus cartas credenciales como embajador de Alemania al día siguiente de haberlo hecho yo, lo cual, en virtud de la regla protocolaria que determina la préséance entre los embajadores según la fecha de presentación de sus cartas credenciales, me valió el «privilegio» de tenerle a mi lado en cuantas ceremonias oficiales tuvieron lugar, hasta que, nombrado ministro de Negocios Extranjeros por Hitler, fue sustituido por Von Dirksen. Y debo decir que dentro de la frialdad que era natural en nuestros inevitables encuentros, Ribbentrop se condujo siempre con gran corrección, lo que redujo a un mínimo la violencia y embarazo que nuestra forzada vecindad no podía por menos de ocasionarnos a ambos.

Imponía el protocolo a los nuevos embajadores una visita de pura cortesía a todos sus colegas, en los días siguientes a la presentación de sus cartas credenciales; en tanto que los jefes de misión sin rango de embajador (ministros plenipotenciarios, encargados de negocios, etc.) debían tomar la iniciativa de visitar al embajador recién llegado. El resultado era que durante las dos primeras semanas el embajador novato apenas tenía tiempo para otra cosa que no fuera este constante hacer y recibir visitas, con la consiguiente pérdida de tiempo. Las visitas a los embajadores no dieron lugar al menor tropiezo; todos ellos (con una excepción de la que hablaré a continuación) me recibieron con perfecta corrección y cortesía, a la que se agregaba un coeficiente de cordialidad variable según la actitud más o menos favorable de su propio país hacia la república española. Von Ribbentrop, habiendo presentado sus cartas credenciales después que yo, me hizo la visita protocolaria muy correctamente, visita que yo le devolví a los pocos días. Con esta corrección del embajador alemán contrastó, y ésta es la excepción a que aludía más arriba, la deliberada grosería de que hizo alarde su colega italiano, el conde Grandi, que reiteradamente se negó a dar una respuesta, ni escrita ni telefónica, a mi carta pidiéndole hora para visitarle, lo que hizo imposible que quedara cumplida respecto de él esta exigencia del protocolo. En los dos años y medio que duró mi embajada, Grandi no desperdició ocasión de mostrar, en su manera de conducirse conmigo, su mal gusto y su peor educación, negándome el saludo de manera ostensible y hasta provocativa, conducta tanto más insólita cuanto que ya existían entre nosotros relaciones personales del tiempo de la Sociedad de Naciones, cuando él formó parte de la delegación italiana en la Asamblea o en la Conferencia del desarme. En honor a la verdad debo decir que esta conducta fue muy criticada entre el cuerpo diplomático, y que con ella Grandi más que otra cosa me ayudó a adquirir simpatías y benevolencia entre mis nuevos colegas, mientras, torpemente, infligía otro golpe a las escasas y vacilantes con las que él contaba.

Con algunas excepciones, todos los ministros plenipotenciarios acreditados en Londres rindieron al nuevo embajador español la visita protocolaria. Pero entre las excepciones figuró una que no puedo dejar de mencionar porque me causó una gran sorpresa y una no menor contrariedad, y fue la de Jan Masaryk, ministro de Checoslovaquia. Por otra clase de razones, políticas y personales, siempre había dado por seguro, un poco ingenuamente, que entre mis colegas en Londres el ministro de Checoslovaquia sería uno de los que con mayor cordialidad estarían dispuestos a prestarme el apoyo moral de su simpatía y de sus consejos tan necesarios para hacer frente a una situación difícil y delicada como la mía en los comienzos de mi embajada. El gobierno checoslovaco había mostrado siempre decidida e inequívoca simpatía hacia la república española. Personalmente, yo contaba desde mi primera visita a Praga, el año 1923, ya como funcionario de la Sociedad de Naciones, con la confianza y la amistad personal de Benes; en esa misma visita había ya creado una relación personal con el entonces joven Masaryk, y, en fin, había tenido el gran privilegio de ser recibido por su padre, el gran Thomas Masaryk, verdadero patriarca y fundador de la república checoslovaca. A pesar de todos estos vínculos personales y políticos, el ministro de Checoslovaquia en Londres no sólo se abstuvo de mostrar hacia el nuevo embajador español el menor signo de amistad o simpatía, sino que cometió la incorrección de no realizar la visita protocolaria que el propio Von Ribbentrop y los representantes de otros países manifiestamente hostiles a la república española no habían tenido escrúpulo en realizar. Sin duda el señor Masaryk quiso evitar que una amistad con el embajador de los «rojos» españoles perjudicara su situación de «niño mimado» en los medios aristocráticos ingleses y sus excelentes relaciones con poderosos elementos bancarios y financieros de la City. Esto me hizo ver que no estaba dotado de las cualidades de carácter apropiadas para la representación en Londres de un país como la república checoslovaca, y menos todavía de las que exigieron las graves vicisitudes a que tuvo que hacer frente, años más tarde, a través de las crisis porque atravesó su país.

Huelga añadir que durante los dos años y medio que duró mi misión en Londres no tuve para nada en cuenta la incorrección del ministro de Checoslovaquia, y aunque por su parte él nunca hizo nada para borrar y hacer olvidar sus efectos, tampoco llevó las cosas al extremo de no aceptar mis invitaciones a almorzar o cenar en la embajada.

Desde la caída de Barcelona en poder del general Franco, el 26 de enero de 1939, la guerra estaba virtualmente perdida para la república. Durante el mes de febrero siguiente, la embajada siguió funcionando normalmente, si bien la atmósfera era cada vez más densa y el esfuerzo para dar una imagen exterior de calma y serenidad se hacía cada día más difícil. Aun así, tengo que declarar que nadie flaqueó y que hasta el último momento todos mis colaboradores, sin excepción, supieron controlar sus nervios y mantener la actitud aplomada y serena que las circunstancias exigían.

El 23 de febrero vino a tomar el té con nosotros el «mariscal del cuerpo diplomático», sir Sidney Clive, y en términos velados, aunque suficientemente explícitos para que la cosa quedara clara, me hizo saber que el gobierno británico se vería muy pronto obligado a reconocer al general Franco y poner término a la representación diplomática de la república en Londres. La comunicación no me sorprendió, y es justo reconocer que la ocupación de Barcelona y sobre todo la salida del presidente de la república del territorio nacional habían creado una situación en la que otros menos hostiles a la república española que Neville Chamberlain, a la sazón jefe del gobierno británico, también hubieran vacilado en seguir considerando al gobierno republicano como el gobierno legítimo de España.

El lunes 27 de febrero recibí la notificación oficial del gobierno británico contenida en una carta de lord Halifax haciéndome saber que el reconocimiento del gobierno del general Franco se comunicaría oficialmente a la Cámara de los Comunes ese mismo día; carta a la cual respondí en el acto con otra acusando recibo de la notificación y añadiendo lo siguiente: «Me doy cuenta de que éste no es el momento de comentar la decisión adoptada por el gobierno del Reino Unido. Pero quizá se me permita decir que esta decisión, en cuanto contiene la aprobación del gobierno del Reino Unido a un nuevo régimen político en España impuesto por fuerzas extranjeras contra la voluntad del pueblo español, no podrá sino seguir siendo objeto de la más enérgica protesta por parte del gobierno republicano que es su único auténtico y legítimo representante».

Al día siguiente, 28 de febrero, el reconocimiento del gobierno del general Franco fue objeto de un extenso y animado debate en la Cámara de los Comunes. Lo abrió Clement Attlee, jefe de la minoría laborista, apoyando una proposición incidental en la cual se declaraba que «la decisión del gobierno de Su Majestad reconociendo incondicionalmente a las fuerzas rebeldes españolas, que dependían de la intervención extranjera, constituye una afrenta deliberada al gobierno legítimo de una potencia amiga, es una burda infracción de las tradiciones internacionales y marca una nueva etapa en una política que está destruyendo, sin interrupción, en todos los países democráticos, la confianza en la buena fe de la Gran Bretaña». Al discurso de Attlee contestó el propio primer ministro, Chamberlain, haciendo valer con gran énfasis una declaración del general Franco que prometía no tomar represalias, y de la que luego hablaremos con más detalle. El jefe de la minoría liberal, sir Archibald Sinclair, rompió una lanza por la república española y contra el reconocimiento del general Franco. Eden, por el contrario, se declaró favorable a este último alegando la desaparición de las autoridades republicanas y de la propia república, y el debate se prolongó vivo e incluso, en ciertos momentos, apasionado, durante varias horas hasta llegar a la votación, cuyo resultado fue de 137 votos en favor de la proposición incidental contra el reconocimiento y 344 contra la proposición y en favor del reconocimiento.

Este reconocimiento del gobierno franquista por el gobierno británico me obligó a enfrentarme de manera concreta e inmediata con el delicado problema que me planteaba el acto mismo de la entrega oficial de la embajada. Estaba firmemente decidido a no entregarla al representante del general Franco en Londres, lo que hubiera significado un reconocimiento implícito de que él era el sucesor legítimo del gobierno republicano. Pero ¿a quién entregarla? Existían dos posibilidades, porque la de encastillarme en la embajada, haciéndome fuerte en ella y obligando al gobierno británico a expulsarme por la fuerza no la consideré ni digna de la república española, ni de mi humilde persona. Una consistía en entregar la embajada al representante en Londres de un país amigo. Otra, en seguir ese mismo procedimiento, no con el representante de un país amigo, sino con el propio gobierno británico. Opté por la segunda fórmula, y con arreglo a ella, una vez aprobada por el ministro de Estado y aceptada por el Foreign Office, tuvo lugar, el 28 de febrero de 1939, a las cuatro de la tarde, la entrega de la embajada española en Londres al gobierno británico, representado a ese efecto por sir George Mounsey, subsecretario del Foreign Office encargado de los asuntos de Europa occidental. La cosa se hizo con gran sencillez y dignidad por parte de todos. Me acompañaba todo el personal diplomático de la misión, y juntos abandonamos la embajada después de haber, por decirlo así, puesto en posesión de ella a sir George Mounsey.

Antes de la llegada de sir George me había despedido, individualmente, de todo el personal administrativo y doméstico de la embajada y confieso que, aunque paso por ser hombre poco emotivo, estas despedidas me causaron profunda emoción; en particular las del mayordomo Mr. Keefe y del chófer, quienes por sus funciones habían mantenido una relación más personal conmigo: el primero, joven todavía, pero con varios años de servicio en la embajada y ascendido por Pérez de Ayala, muy justificadamente, a su puesto y categoría de mayordomo mucho antes de llegar a la edad madura que es usual en Inglaterra en quienes desempeñan esas delicadas funciones; el segundo, hombre ya de cierta edad que llevaba treinta años conduciendo a los sucesivos embajadores de España por las calles de Londres y las carreteras de Inglaterra.

De mi secretaria particular, miss Eileen Brooke, no tuve necesidad de despedirme porque se empeñó en seguir prestándome sus servicios a título personal y casi honorífico y, en efecto, hasta su muerte, cuatro años más tarde, continuó a mi lado dando prueba no sólo de sus dotes excepcionales de laboriosidad, inteligencia y tacto, sino de una generosidad y desinterés poco comunes y de una conmovedora devoción a la república española y a los ideales de libertad, democracia y progreso encarnados en ella.

A las cuatro de aquel mismo día, 28 de febrero de 1939, llegó a la embajada el duque de Alba, acompañado del señor Villaverde, haciéndose cargo de ella de manos de sir George Mounsey. Y, por cierto, que su primera decisión consistió en el despido global e inmediato de todo el personal doméstico y administrativo de la misma, sin tener en cuenta que salvo dos doncellas suizas y un ayuda de cámara francés, nombrados mientras yo fui embajador, el resto se encontraba ya en la embajada a mi llegada, y muchos de ellos (el archivero, el conserje de la cancillería, el chófer, el jardinero, etc.) eran viejos empleados, con muchos años de servicio en la embajada y reclutados en tiempo de la monarquía por el señor Merry del Val. Nada de esto les valió. El haber servido al embajador «rojo» con la misma lealtad con que habían servido a los embajadores anteriores, monárquicos y republicanos, hizo de ellos, a ojos del duque de Alba, verdaderos apestados cuyo contacto era nefando aunque sólo fuera por unas horas. Porque el despido tuvo efecto aquella misma tarde, con orden terminante de abandonar la embajada antes de la noche y de no volver a poner los pies en ella. Hubo una única excepción: el mayordomo, al cual el propio duque de Alba propuso y hasta suplicó que continuara en su puesto, propuesta a la que el muchacho opuso una tajante y desdeñosa negativa. Como es de suponer, todos ellos acudieron a mí, en un coro de lamentaciones, al día siguiente. El archivero, un viejecito para quien la vida entera se encerraba en los expedientes y carpetas del archivo, me contaba compungido que ni siquiera le habían permitido entrar a recoger un paraguas que se había dejado olvidado en la precipitación de su marcha. Para todos ellos, y en especial para los no ingleses, esta brusca e inesperada pérdida de su empleo fue una verdadera catástrofe. Por mi parte, hice cuanto pude por ayudarles a superar sus dificultades y poco a poco, jóvenes y viejos, consiguieron ir resolviendo los graves problemas que les había planteado su brusco e injustificado despido.

Años más tarde, en 1948, encontrándome en Jerusalén con una misión de las Naciones Unidas, me anunciaron la visita de un capitán de las fuerzas británicas de ocupación en Palestina, y cuál no sería mi sorpresa y alegría al reconocer en mi apuesto y simpático visitante a Mr. Keefe, mi antiguo mayordomo de la embajada de Londres.

Confieso que esta decisión del duque de Alba me causó honda impresión. No me hubiera extrañado por parte de un falangista fanático; pero que el duque de Alba comulgara en ese mismo espíritu de intransigencia, o por lo menos que se prestara a aceptarlo en caso tan banal e insignificante, mostró la blandura de su carácter y hasta qué punto era ficticia e injustificada la aureola de hombre de espíritu abierto, liberal y conciliador de que su figura estuvo rodeada en los últimos años de la monarquía.

Capítulo 1. El mundo político-social de Inglaterra ante la guerra de España.

Capítulo 2

EL MUNDO POLÍTICO-SOCIAL DE INGLATERRA

ANTE LA GUERRA DE ESPAÑA

Antes de tratar con detalle las cuestiones que considero de mayor entidad e interés entre las múltiples y variadas que constituyeron el quehacer diario de la embajada durante los dos años y medio que duró mi misión al frente de ella, me parece conveniente esbozar las condiciones sociales y políticas que nos rodeaban. Y me refiero a condiciones sociales y políticas no porque crea que se trate de dos campos bien delimitados e independientes. En realidad, esa actividad social de las misiones diplomáticas que tan frívolamente se censura, y que ha sido con tanta frecuencia objeto de burlas y sarcasmos, forma parte, y parte importante, de su actividad política. La inmensa mayoría de las personas que los diplomáticos encuentran en las innumerables ceremonias de carácter social o mundano, oficiales o privadas, a las que están obligados a asistir, son figuras importantes en los diferentes sectores de la vida nacional del país cerca de cuyos gobiernos están acreditados. Ellas ofrecen al diplomático la ocasión de establecer contactos que sin ellas no hubiera podido establecer; contactos casi siempre interesantes, tanto para difundir como para recibir información; y sobre todo, con gran frecuencia, permiten al diplomático tratar de los asuntos pendientes con el ministro de negocios extranjeros, con el jefe del gobierno o con algún alto funcionario responsable, en el ambiente y lenguaje propios de una conversación de carácter personal, sin el formalismo y reserva que siempre rodea a las entrevistas oficiales, aunque en mayor o menor medida según el grado de intimidad personal existente entre los interlocutores.

La vida de relación de una misión diplomática se desarrolla en dos esferas. La propiamente oficial, que abarca las relaciones oficiales con el gobierno del país en que se encuentra, principalmente con el ministro de negocios extranjeros y los altos funcionarios del ministerio, y, ocasionalmente, con el jefe o algún otro miembro del gobierno. Dentro de ella debe hacerse figurar las relaciones con sus colegas del cuerpo diplomático en la medida que ellas impliquen relaciones entre los dos gobiernos que respectivamente representan. En la esfera político-social hay que incluir el conjunto de relaciones que el diplomático mantiene y debe mantener con los elementos políticos y sociales del país, tanto para adquirir un conocimiento lo más completo y exacto posible de sus condiciones de vida en sus diversos aspectos, como para dar a conocer a sectores lo más amplios y extensos posible lo que le parezca conveniente hacer conocer sobre su propio país para el mejor éxito de su misión.

Relaciones oficiales

A mi llegada a la embajada, en septiembre de 1936, Anthony Eden era ministro de Negocios Extranjeros o, según la terminología británica, secretario de Estado para los asuntos extranjeros. Nos habíamos conocido en Ginebra, en la Sociedad de Naciones. El gobierno británico se interesaba muy particularmente por las cuestiones de minorías nacionales y desde el año 1928, cuando fui nombrado director de la sección especialmente responsable de los asuntos relativos a su protección por la Sociedad de Naciones, y sobre todo, desde mi nombramiento, en 1932, como secretario general adjunto, nuestras relaciones se hicieron más directas y adquirieron un carácter más personal. Esta circunstancia me permitió, desde el primer momento, dar a mis numerosas entrevistas y conversaciones con Eden, tanto las que tuvieron lugar en sus despachos oficiales del Foreign Office o en la Cámara de los Comunes, como las que surgieron ocasionalmente en encuentros puramente sociales, un tono personal que, sin duda, no dejó de contribuir a su eficacia. Debo, sin embargo, confesar que, a pesar de esta circunstancia favorable, no conseguí que la profunda repugnancia que le inspiraba el régimen franquista se completara en su espíritu con una inclinación favorable, franca y resuelta hacia la república. Ante la disyuntiva que plantea toda guerra, y más agudamente toda guerra civil, una actitud contraria a una de las partes que no va acompañada de una actitud favorable a la opuesta es políticamente estéril. Como veremos más adelante, tanto el partido conservador, al que Eden pertenecía, como su medio social, la aristocracia (con algunas honrosas excepciones), la alta burguesía y la City, la marina, el ejército, etc., eran, no sólo contrarios a la república, sino abiertamente favorables al general Franco. Eden tuvo el valor de recorrer la mitad del camino, declarándose contrario al general Franco; pero, a diferencia de algunas personalidades de su propio partido y medio social, le faltó el valor de completar el recorrido declarándose favorable a la república. El gesto de su dimisión, en el mes de febrero de 1938, como protesta contra la política de Chamberlain respecto a Italia, que de hecho daba por buena su intervención en la guerra de España, no dio políticamente el resultado que hubiera podido y debido esperarse. Quizá fue aquél el momento de toda la carrera política de Eden en el que se acusó con mayor relieve la indecisión como uno de los rasgos más característicos de su personalidad.

En su conjunto, y también salvando algunas honrosas excepciones, lo que constituía en los años 1936 y siguientes el mundo oficial de Inglaterra estaba dominado por los elementos más reaccionarios del Partido Conservador, los cuales, más o menos ostensiblemente según su temperamento, y en algunos casos más resignados que satisfechos, preferían el triunfo del «franquismo» al de una república en la que, cegados por sus prejuicios de clase y tendenciosamente informados por la prensa conservadora, no veían más que lo que tenía de revolucionaria en el orden interno, y en el externo el peligro de una influencia soviética, sin darse cuenta de que una de las causas determinantes, tanto del carácter revolucionario de la guerra como de la influencia soviética (en la medida en la que uno y otra realmente existieron), había que buscarla en la propia política británica de desconfianza y hostilidad hacia la república. Cada día que pasa aparece más claro que una política de apoyo moral y político a la república por parte de Inglaterra, análoga a la que, en 1833 y 1834, durante la primera guerra carlista, practicaron en favor de la monarquía constitucional de Isabel II y contra el absolutismo de don Carlos, tanto el gobierno liberal presidido por lord Grey con lord Palmerston como ministro de Negocios Extranjeros, como el conservador de sir Robert Peel con el duque de Wellington dirigiendo el Foreign Office, hubiera cambiado radicalmente el rumbo de la historia, no sólo de España, sino del mundo. Así lo reconoce un hombre de autoridad tan indiscutida como Liddell Hart, a quien en varias ocasiones he oído decir que la guerra de España fue la primera ocasión que se desperdició para destruir con un mínimo de esfuerzo y de pérdidas las dictaduras de Hitler y Mussolini.

Hay que reconocer que, salvo grupos muy selectos de viejos liberales gladstonianos y jóvenes intelectuales, a los ingleses, en general, no les repugnaba demasiado la idea de que en España existiera un régimen autoritario y de fuerza. Y lo más triste es que a este lamentable estado de espíritu han contribuido ciertos escritores españoles, entre los cuales algunos han alcanzado una situación preeminente en el mundo intelectual británico, que con una insistencia digna de mejor causa han presentado a los españoles como seres por naturaleza díscolos, ingobernables, anárquicos, en una palabra, incapaces de asegurar el funcionamiento normal y regular de un régimen político liberal y democrático, y para quienes, por consiguiente, un régimen autoritario es el que mejor cuadra con su idiosincrasia y temperamento. Confieso que nunca he podido leer sin indignación los escritos en los que se hace del pueblo español una presentación tan falsa como injusta. Y no sólo con indignación, sino con profunda amargura pude comprobar en mis años de embajador en Londres, cuando cada día percibía las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad británica ante la guerra civil, el profundo y extenso impacto que esa presentación había causado en la opinión del inglés medio respecto a España. La verdad es que entre los escasos antifranquistas que había en el mundo oficial de la Inglaterra de entonces, pocos lo eran por razones de principio, es decir, por estimar condenable el establecimiento en España de una dictadura; la inmensa mayoría de ellos lo eran ante la amenaza que hubiera significado para su país una España satélite a la vez de la Italia fascista y, sobre todo, de la Alemania hitleriana.

Debo añadir, para poner las cosas en su punto, que nada de esto fue obstáculo para que mis relaciones, tanto oficiales como personales (estas últimas dentro de los límites estrechos que las circunstancias hacían posible), con Eden y su sucesor lord Halifax, como secretarios de Estado, y el personal del Foreing Office, se desarrollaran siempre en términos no sólo correctos, sino cordiales y hasta afectuosos. Entre este personal quiero citar a Richard Butler y Harold Macmillan, como subsecretarios parlamentarios del Foreing Office, sir Robert Vansittart (más tarde lord Vansittart) y sir Alexander Cadogan, como secretarios permanentes, sir George Mounsey, como jefe del departamento de Europa occidental, y Walter Roberts, como especialmente responsable de los asuntos relativos a España.

En cuanto al «cuerpo diplomático» debo decir que, con excepción de las embajadas de la Unión Soviética, China y México, por razones políticas, y las de Polonia, Noruega y Suecia, por razones personales, el resto, siguiendo el ejemplo de su decano, el embajador del Brasil y su suplente el de Bélgica, una vez cumplido el deber protocolario del cambio de visitas (con las excepciones, como se ha visto en el capítulo anterior, de Grandi, embajador de Italia y Masaryk, ministro de Checoslovaquia), sencillamente ignoraron la existencia de un nuevo embajador de España. Al cabo de varios meses, y tengo motivos para saber que siguiendo instrucciones del Quai d’Orsay, el embajador de Francia se decidió a cumplir lo que, al parecer, es casi un deber de rutina protocolaria hacia un nuevo embajador, y nos invitó a almorzar; pero el remedio resultó peor que la enfermedad, porque sin duda para reducir al mínimo la significación diplomática y política del convite todos los invitados eran miembros del personal de la embajada; con lo que resultó que lo que el almuerzo perdió en significación diplomática quedó sobradamente compensado, para nuestro gusto, con su ambiente semifamiliar y el tono ameno y divertido que dio a la conversación el elemento joven, masculino y femenino, que dominaba alrededor de la mesa.

Ni con Stanley Baldwin, primer ministro durante los primeros meses de mi misión, ni con su sucesor, Neville Chamberlain, tuve ninguna clase de contacto, ni relación oficial ni personal. La indiferencia del primero hacia las cuestiones de política exterior era proverbial. Por otra parte, durante aquellos primeros meses de mi misión y últimos de su jefatura del gobierno, toda la atención y tiempo que consagró a los asuntos de Estado estuvieron totalmente dedicados a la grave y espinosísima cuestión de las relaciones entre el joven rey Eduardo VIII y Mrs. Simpson que como es sabido condujeron, con la abdicación del rey, a una de las crisis más agudas por las que ha atravesado la monarquía británica.

El caso de Neville Chamberlain fue completamente diferente y merece párrafo aparte. Contrariamente a su predecesor, su interés principal se concentró en la política internacional, para la cual estaba desprovisto de la más elemental preparación. En cuanto al fondo, incurrió en el catastrófico error de creer que era posible asegurar la paz a fuerza de concesiones más o menos humillantes ante las exigencias cada vez más ambiciosas de los dos dictadores europeos: Hitler y Mussolini. Fue la política que ha quedado en la historia de aquel lamentable período con el nombre de «apaciguamiento». Como no podía por menos de ocurrir, y como no cesaron de advertírselo todos los que preveían los catastróficos resultados de esa política, los dos dictadores, y sobre todo el alemán, interpretaban las concesiones de Chamberlain y su actitud conciliadora no como deseo sincero de llegar a acuerdos que pudieran estabilizar la paz, sino pura y simplemente como signos de debilidad. Así resultó que el «apaciguamiento», lejos de servir como una especie de válvula de escape a la tensión creada por las reivindicaciones y la consiguiente agresividad de la Alemania hitleriana, fue su más eficaz estímulo.

Aunque Chamberlain ha quedado como la personificación de la política de «apaciguamiento» sería un error creer que esta política no contaba en Inglaterra con poderosos y extensos apoyos y partidarios. Chamberlain contaba con el apoyo de la gran mayoría de los miembros de su gabinete. Los elementos directivos de la marina y del ejército la miraban con simpatía. Lo menos que puede decirse es que en la City no se manifestó signo visible de oposición a ella. En la prensa contaba con el apoyo de los grandes diarios conservadores de Londres y muy especialmente con el decidido y sin reservas del Times. Y tenía a su lado, con algunas honrosas excepciones, a la llamada «clase alta» formada por la aristocracia y la gran burguesía, que eran las que en aquellos días gobernaban Inglaterra. El exponente más representativo de lo que decimos era el tristemente célebre «Clivenden set», importante grupo de personalidades de los distintos sectores que dentro de esa «clase alta» eran los más resueltos partidarios del «apaciguamiento», que celebraban sus reuniones y ágapes en Clivenden, la estupenda posesión de lord Astor, a orillas del Támesis, cerca de Maidenhead, en el condado de Buckinghamshire.

También sería erróneo creer que no existieron, dentro de esa misma «clase alta», quienes vieron con clarividencia las catastróficas consecuencias que inevitablemente había de tener la política de «apaciguamiento» y que se opusieron a ella con toda la energía que consentían las reglas inmutables que rigen el funcionamiento del aparato político británico y hasta la vida social. Dentro del propio partido conservador, Winston Churchill y Eden fueron las dos figuras que encabezaban la oposición al «apaciguamiento», acompañados de un pequeño grupo dentro del cual hay que mencionar, no sólo por su relevante situación en la alta sociedad británica sino por su dinamismo en la lucha contra el «apaciguamiento», a la duquesa de Atholl, a lord Cecil of Chelwood y a lord Cranborne; la primera, esposa de uno de los primeros títulos nobiliarios de Escocia, y los dos últimos, respectivamente, hermano y primogénito de lord Salisbury.

Después de lo dicho, huelga añadir que Chamberlain evitó deliberadamente cualquier contacto directo conmigo, así como que, ante esa actitud, no hice nada por forzar su puerta, cosa que, por lo demás, hubiera sido, no sólo inútil, sino contraproducente. Recuerdo que en una gran recepción diplomática en el Foreign Office al poco tiempo de haber sido nombrado Chamberlain primer ministro, observé que Eden, como ministro de Negocios Extranjeros, le iba presentando a los embajadores que no conocía. Consulté con el de Bélgica, que sustituía al del Brasil como decano del cuerpo diplomático, si debía yo tomar la iniciativa de pedir a Eden que me presentara al primer ministro. La respuesta fue categóricamente negativa: la iniciativa correspondía al primer ministro y no hay que decir que entre los escogidos no figuró el embajador de España.

La situación de Eden en el gobierno se iba haciendo más difícil cada día por su disentimiento con la política de aproximación a los dictadores europeos que el primer ministro aplicaba con un empeño y tenacidad dignos de mejor causa. Cuando Chamberlain, rompiendo con las más arraigadas tradiciones, decidió dar de lado a su ministro de Negocios Extranjeros y al Foreign Office, para dirigir por sí mismo las negociaciones de un pacto con Mussolini, que a su juicio debería preparar el terreno para el entendimiento con Hitler, Eden consideró que no podía permanecer más tiempo en el gobierno y el 20 de febrero de 1938, juntamente con lord Cranborne, su fiel y leal colaborador como subsecretario parlamentario del Foreign Office, presentó la dimisión de su cargo de secretario de Estado para los negocios extranjeros, abriendo la crisis más grave por la que atravesó la política de «apaciguamiento». Conviene precisar que lo que hizo desbordar el vaso de la paciencia de Eden fue, en cuanto al fondo, la rotunda negativa de Chamberlain a someter las negociaciones con Mussolini y la conclusión del pacto que era su objeto a una sustancial reducción de la intervención italiana en la guerra de España; y en cuanto a la forma, el descaro con el que Chamberlain negociaba directamente con el embajador de Italia, Grandi, a sus espaldas y fuera de los canales tradicionales de la diplomacia, y lo que era todavía peor, empleando en Roma agentes personales de dudosa garantía y sentido de responsabilidad para sus negociaciones directas con Mussolini. Desgraciadamente, Eden, dominado por su temperamento abúlico, que en aquellos momentos agudizaba una crisis de depresión, se contentó con explicar su dimisión ante la Cámara de los Comunes en un discurso de tonos mesurados y renunció a toda clase de actuación pública, causando profunda decepción entre muchos de sus amigos que habían creído ver en él al líder de una nueva orientación del viejo partido tory; una orientación moderna y a tono con las exigencias de los tiempos.

En el campo propiamente político y parlamentario el núcleo compacto de la oposición a la política de «apaciguamiento» estaba formado por los partidos Liberal y Laborista dirigidos a la sazón, respectivamente, por sir Archibald Sinclair y Clement Attlee (más tarde lord Attlee) y el movimiento obrero representado por el Congreso de las Trade Unions.

Relaciones político-sociales

Grosso modo puede decirse que la línea de demarcación entre partidarios y enemigos de la política de «apaciguamiento» coincidió con la que separó a los simpatizantes con la causa de la república española en la guerra civil y los simpatizantes con el «franquismo».

La Iglesia anglicana estaba dividida en sus altas jerarquías (ignoro cuáles fueron las tendencias dominantes entre el clero parroquial) en dos tendencias representadas por el arzobispo de Canterbury, su cabeza visible eclesiástica, partidario del «apaciguamiento» y favorable a la causa «franquista», y el arzobispo de York, doctor William Ebor, que le sigue en rango dentro de la jerarquía eclesiástica, enemigo del «apaciguamiento» y favorable a la causa de la república española. A juzgar por las ostensibles y aparatosas muestras de consideración de que el primero hacía objeto a Ribbentrop, cuando como embajador de Alemania aparecía en la puerta de cualquiera de las grandes recepciones oficiales que tanto abundan en la vida diplomática de Londres, es preciso creer que la política de «apaciguamiento», especialmente aplicada a la Alemania hitleriana, tenía en el arzobispo de Canterbury no sólo un decidido y resuelto partidario, sino un activo colaborador. El de York era hombre de muy diferente mentalidad: de formación universitaria, con una buena y sólida preparación de economista y de una ideología política netamente liberal y progresista en el orden social, no ocultó nunca su oposición al «apaciguamiento» y su simpatía hacia la causa de la república española. Nuestras relaciones fueron constantes y cordiales, aunque siempre dentro de los límites de la discreción que imponía su alta jerarquía eclesiástica. En cambio, dado lo que yo consideraba como el objetivo principal de mi misión dentro del campo político-social, me pareció preferible evitar todo contacto con el doctor Johnson, deán de Canterbury, que se hizo famoso por su radicalismo, un tanto demagógico y vocinglero para mi gusto, y sus vínculos con el Partido Comunista.

La aristocracia, con algunas raras excepciones, fue declaradamente «franquista», cosa explicable y hasta natural si se recuerda el empeño de determinados sectores políticos españoles en subrayar y hacer alarde del carácter revolucionario de la guerra, y a la que contribuyó eficazmente la acción del duque de Alba como representante oficioso del general Franco en Londres durante la mayor parte de la guerra, y él mismo cabeza de una de las familias de más rancia nobleza escocesa como duque de Berwick.

Lo que merece mención especial fue la resolución y hasta el ardor con que dos de sus miembros más caracterizados, la duquesa de Atholl y lord Cecil of Chelwood, se mostraron siempre y en toda circunstancia partidarios de la causa republicana. Y ello no sólo prestando a la embajada de la república, incluso en los momentos más sombríos de la guerra, el inmenso sostén moral que representaba su mera presencia, sino, particularmente en el caso de la duquesa de Atholl, participando personalmente y con su nombre en importantes y valiosas actividades de propaganda en favor de la república. Y en honor de la verdad quiero añadir que en mi opinión la actitud de estas dos figuras de la aristocracia británica, a diferencia de muchas otras análogas, se debió, no sólo a consideraciones de interés nacional por estimar que una victoria franquista, lograda con el apoyo de Hitler y Mussolini, sería un peligro para la seguridad de Inglaterra, sino a la repugnancia que causaba a sus sentimientos auténticamente liberales el establecimiento en España de una dictadura militar.

Con la perspectiva que permiten los treinta años transcurridos desde entonces, me parece que la actitud de Eden y del grupo de parlamentarios conservadores que le siguieron fieles después de su dimisión, puede resumirse con razonable exactitud diciendo que ni la república, ni la dictadura militar franquista les satisfacían como régimen político de España (aunque en el caso personal de Eden creo que hubiera preferido la república), pero ante la realidad inmediata de la guerra civil lo sacrificaron todo al intento de evitar mediante la no intervención que la guerra civil degenerara en una segunda guerra mundial; y ello a pesar no sólo del visible y manifiesto fracaso de la complicada y costosa maquinaria instaurada para asegurar una no intervención efectiva, sino del irreparable daño que habían de causar al legendario fair play del pueblo británico las sucesivas claudicaciones ante las arrogantes exigencias de los dos dictadores europeos a las que, en el terreno de la no intervención, inevitablemente había de conducir su actitud. En definitiva, puede decirse que la no intervención sirvió de refugio a todo el que por razones de oportunidad o de conveniencia estaba interesado en no manifestar ostensiblemente sus preferencias, ya fueran favorables a la causa del franquismo, o a la causa de la república.

Dentro del Partido Conservador, el caso de Churchill merece mención especial. Dada su significación de líder contra la política de «apaciguamiento», parecía lógico que hubiera encabezado, a la vez, la tendencia favorable a la causa republicana en la guerra civil de España, entre los elementos políticos y sociales conservadores. Pero en esta ocasión, como en tantas otras a lo largo de su vida política, le faltó esa intuición propia del verdadero hombre de Estado que, sobreponiéndose a los prejuicios egoístas, personales o de clase, le permite percibir y valorar, certeramente y sin vacilaciones, todos los elementos que integran una situación política o social. La verdad es que Churchill, dominado por sus prejuicios de clase y víctima de su exacerbado personalismo que le hacía invulnerable a todo esfuerzo de persuasión, no se dio cuenta hasta unas semanas antes de su final, de la verdadera significación que la guerra civil de España tenía en el terreno internacional y en el de la seguridad de la propia Inglaterra.

Su reacción inicial ante la guerra civil se manifestó de manera particularmente viva en el episodio de mi frustrada presentación a él intentada por lord Cecil al que se hace referencia en el capítulo anterior. Durante los dos años y medio que duró mi misión en Londres traté por todos los medios de establecer contacto con Churchill. No logré que aceptara ninguna de mis invitaciones a la embajada, sin que sirvieran de nada las apremiantes instancias de la duquesa de Atholl, ni las intervenciones del propio lord Cecil, ni, en fin, mi relación con su yerno Duncan Sandys, con ocasión de la visita que con su mujer hizo a Barcelona en el mes de mayo de 1938. Tan sólo unas semanas antes del final de la guerra civil, y cuando de hecho estaba ya perdida para la república, aceptó Churchill que le fuera presentado su embajador en Londres y mantuvo con él una breve conversación. La presentación fue iniciativa de Maiski, embajador de la Unión Soviética en Londres, y tuvo lugar después de una gran comida diplomática en su embajada, es de suponer que con el previo acuerdo de Churchill. Liddell Hart en sus memorias exagera cuando dice que en 1938 Churchill y yo estábamos en «buenas relaciones» (good terms); la verdad es que mi relación con Churchill quedó limitada a esa breve conversación en la embajada soviética[1].

A los pocos días, el 30 de diciembre de 1938, publicó Churchill en el Morning Post un artículo en el que a vuelta de eufemismos y tergiversaciones para mantener una apariencia de imparcialidad, se limitaba a un frívolo y banal llamamiento para que unos y otros, como buenos españoles, aceptaran los ideales de la religión y la monarquía que no eran incompatibles, según él, con los de democracia y libertad. Pero lo más irritante en este artículo era su empeño en mantener el fiel de la balanza entre la república y el franquismo, ignorando deliberadamente el contraste entre los objetivos de guerra enunciados por la primera, a saber: independencia de toda injerencia extranjera, reconciliación nacional, amnistía y plebiscito, así como la retirada unilateral, bajo control de la Sociedad de Naciones, de todos los voluntarios que combatían en sus filas, y la rendición incondicional exigida por las autoridades franquistas y su negativa a aceptar el plan del Comité de Londres para la retirada de combatientes extranjeros. No obstante, este artículo representaba un cierto progreso comparado con su violenta reacción y su «sangre, sangre, sangre», de dos años antes. Pero, con todo, forzoso es reconocer que la actitud de Churchill ante la guerra de España, incluso en aquellos últimos momentos, no correspondió ni a las exigencias de la más elemental justicia, ni a lo que se podía haber esperado de un verdadero hombre de Estado británico.

Confieso sin rebozo que mi incapacidad durante toda la guerra para establecer y mantener relaciones con Churchill constituyó acaso el mayor fracaso de mi misión en Londres, en el campo de las relaciones político-sociales. Desde el primer momento consideré que mi objetivo principal en este terreno consistía en extender todo lo posible, dentro del mundo político y social de Inglaterra, y particularmente de Londres, la simpatía y el apoyo moral hacia la causa de la república. De toda evidencia esto exigía por mi parte crear el mayor número posible de contactos y relaciones con los elementos dirigentes de la aristocracia y la alta burguesía y con los de su órgano propiamente político, el Partido Conservador. Hay que reconocer, sin embargo, que la empresa era difícil. Por convicción, o por exigencias de la política de «apaciguamiento», la mayor parte de ese grande y poderoso sector de la sociedad británica de la época había aceptado la hábil propaganda de Goebbels presentando a la república española como un régimen fantoche en manos de Moscú. Por otra parte, esos mismos elementos de la sociedad inglesa leían todas las mañanas en sus periódicos relatos espeluznantes, más o menos verídicos, sobre el terror que por desgracia existió en la zona de la república durante los primeros meses de la guerra; mientras que los relatos sobre el terror que por esos mismos días existía en la zona dominada por las autoridades franquistas aparecían, si acaso, en periódicos de izquierda que no se leían en la clase alta de la sociedad. Y por si esto no fuera bastante, en esos elementos de la sociedad de Inglaterra era, como se ha dicho, en los que con la máxima eficacia se hacía sentir la acción del duque de Alba como representante oficioso en Londres del general Franco. No obstante, y por grandes que fueran las dificultades de la empresa, ése era el campo en el cual yo debía tratar de explicar cuál era la verdadera significación de la república, los peligros que para el futuro encerraba su abandono por Inglaterra y, en fin, los motivos de orden a la vez nacional y de principio por los cuales Inglaterra debería estar interesada en su victoria y consolidación. Y esto por dos razones obvias. La primera, porque en ese campo escaseaban los partidarios de la república tanto como abundaban los de la causa franquista. La segunda, no menos atendible, porque en aquel momento el gobierno de la Gran Bretaña se encontraba entre sus manos por medio del Partido Conservador.

No es necesario mucho esfuerzo para comprender el gran hándicap que para llevar esta empresa a buen término significó la actitud de Churchill. Sin embargo, conseguí establecer y mantener relaciones con ciertos grupos de la City y hasta con elementos que figuraban entre los más resueltos y ostensibles partidarios de la política de «apaciguamiento». Y a este propósito quiero recordar las dos ocasiones quizá más significativas en las que se manifestó esta relación. La primera fue la invitación a un almuerzo por sir John Reith, el 5 de julio de 1938, al que asistieron, aparte de los embajadores de los Estados Unidos, el arzobispo de Canterbury y lo que podría considerarse el estado mayor del «apaciguamiento», con lord y lady Astor a su cabeza. La segunda, más significativa, fue la invitación de lord y lady Astor a almorzar en su residencia de Londres, el 14 de diciembre de 1938. Al almuerzo asistieron las figuras más representativas del «Clivenden set». Recuerdo que gran parte del almuerzo la pasé explicando a lady Astor y lady Londonderry, que estaban, respectivamente, a mi izquierda y mi derecha en la mesa, que contra lo que ellas creían, la vida de familia, y en general la vida diaria de los españoles, no había sufrido cambio alguno con la república. Y tomando el café, en un aparte con lord Londonderry y lord Astor no me mordí la lengua tratando de hacerles ver que el medio más eficaz para que el régimen político de España, siendo liberal y democrático, no cayera en el extremismo y el desorden, consistía en que Inglaterra apoyara moral y políticamente a la república, como en el siglo XIX lo hizo al régimen constitucional en su lucha contra el absolutismo. Y en cuanto a la guerra, insistí en que este apoyo se manifestara, o bien tomando las medidas necesarias para garantizar una no intervención efectiva, o bien abriendo al gobierno de la república el mercado británico de material de guerra. Aunque mis dos interlocutores escucharon mi catilinaria con gran atención, ni me hice, ni me hago, la menor ilusión en cuanto al efecto que produjera en ellos. La verdad es que en mis argumentos no había nada nuevo para ellos; en el juego que traían entre manos, la pieza del régimen político de España estaba lejos de tener, a sus ojos, una importancia decisiva, y la política que yo recomendaba hubiera constituido un obstáculo para la consecución del objetivo que ellos perseguían.

En conjunto, tengo que reconocer que en este sector del campo político-social los resultados de mi actividad fueron muy inferiores a los que yo mismo me había propuesto conseguir.

Muy otro fue el caso en el sector de lo que podríamos llamar la acera de enfrente, es decir, el de los partidarios, amigos y simpatizantes de la causa republicana. Aquí, no se trataba tanto de explicar y convencer, sino de mantener vivo el fuego sagrado de la simpatía, de la amistad y hasta del entusiasmo; y no pocas veces poner límites y orientar las manifestaciones externas de ese entusiasmo. Ya se ha dicho que este mundo favorable a la causa de la república estaba grosso modo formado por los partidos liberal y laborista y los elementos sociales que ellos representaban en la vida política y parlamentaria: clase media profesional, una parte importante de intelectuales, universitarios y hombres de ciencia y la clase obrera organizada en el Congreso de las Trade Unions.

En este mundo la figura de Lloyd George ocupaba incuestionablemente el lugar de patriarca del moderno liberalismo británico y su actitud ante la guerra civil de España presenta un curioso contraste con la adoptada por Churchill. A diferencia de este último, sin ser, ni mucho menos, partidario de la política de «apaciguamiento», no figuró tampoco en las filas de sus más resueltos enemigos. Aquí conviene recordar que en el mes de septiembre de 1936, Lloyd George visitó Alemania con objeto de estudiar sobre el terreno las reformas sociales que Hitler había introducido, y en especial, las destinadas a combatir el paro obrero. Durante su visita Lloyd George tuvo dos conversaciones con Hitler y a su vuelta, ante la sorpresa general y la contrariedad de sus amigos liberales, no sólo mostró su admiración por las reformas sociales de la Alemania hitleriana, sino que no ocultó la favorable impresión que le había causado la exposición que Hitler le hizo de su política exterior, hasta el extremo de afirmar que, por el momento, Hitler no tenía intenciones agresivas, pasando por alto la ayuda que ya entonces estaba prestando al «franquismo» en la guerra civil de España, y la ocupación militar de Renania, unos meses antes, en abierta violación del Pacto de Locarno[2].

Pues bien, a pesar de todo esto, la causa de la república contó, desde el primer momento de la guerra civil, con el más resuelto apoyo moral y político de Lloyd George. Si la legendaria clarividencia política del viejo radical quedó momentáneamente oscurecida por el magnetismo personal de Hitler y la aparente audacia de sus reformas sociales, ante la guerra civil de España la reacción de Lloyd George respondió plenamente a lo que exigía su hondo liberalismo y sus responsabilidades como estadista británico. Conservo de mis entrevistas y conversaciones con él gratísimo recuerdo; siempre fueron alentadoras y cuantas veces acudí a él en demanda de consejo o de apoyo para alguna gestión, su acogida fue invariablemente de la máxima benevolencia y eficacia. Fue para él un gran sacrificio no haber podido aceptar la invitación del gobierno a visitar Barcelona, la zona republicana y los frentes. Vaciló varios meses, pero teniendo en cuenta sus años y las condiciones en las que se hubiera realizado el viaje, a pesar de todo lo que el gobierno hubiera hecho para asegurar su comodidad y evitarle toda fatiga, acabó por ceder a las instancias de sus hijos y renunciar a la visita[3].

En todos los sectores del mundo liberal la causa de la república gozaba de una simpatía general y sin reserva. En el político, y más concretamente en el parlamentario, aparte de su jefe, sir Archibald Sinclair, es indispensable mencionar a dos miembros de la Cámara de los Comunes de quienes no es exagerado decir que la causa de la república absorbió, durante toda la guerra civil, la mayor y la mejor parte de su actividad política dentro y fuera del Parlamento: me refiero a Eleanor Rathbone y Wilfrid Roberts. Entre los universitarios, la relativa escasez de los que abiertamente apoyaron la causa de la república quedó compensada por su calidad: basta citar al profesor Gilbert Murray, de la Universidad de Oxford, reconocido como uno de los helenistas de mayor autoridad en el mundo y políticamente fiel a la vieja tradición liberal gladstoniana, y al profesor J. B. Trend, de la Universidad de Cambridge, sin duda el hispanista que con Marcel Bataillon, de la Sorbona y miembro del Instituto, más hondo han calado en el conocimiento y comprensión del pueblo español, de su psicología y carácter, de su historia, de su literatura y el primero, muy especialmente, de su folklore. Huelga casi añadir que la república contó siempre con el apoyo de los periódicos liberales más importantes de Inglaterra; mencionemos entre ellos al Manchester Guardian (como se llamaba entonces), y al News Chronicle. Mis relaciones con el personal directivo del primero fueron menos estrechas y constantes que las que mantuve con los del segundo, por la simple razón de encontrarse en Manchester. Sir Walter Layton (más tarde lord Layton) propietario y director del News Chronicle, así como entre sus colaboradores J. A. Cummings y, muy particularmente, su redactor diplomático y antiguo amigo mío, Vernon Bartlett, figuraron siempre entre quienes, en Londres, me prestaron no sólo el aliento moral de su simpatía y amistad personal, sino la inestimable ayuda de su consejo.

La actitud del partido laborista y las Trade Unions merece párrafo aparte. Contra lo que hubiera podido suponerse, dada su unánime y categórica repulsa del «franquismo», su apoyo y simpatía hacia la república, aunque compartida por todos sus elementos, no lo fue en igual medida y con el mismo espíritu y efusión. En el Parlamento la guerra civil de España ofrecía una excelente plataforma para atacar al gobierno conservador, y siempre tuve la impresión que, para importantes sectores dentro del laborismo, esto era lo que fundamentalmente les interesaba en ella. En conjunto, y salvo honrosas excepciones, la actitud del partido laborista, y acaso más aún la de los elementos directivos del tradeunionismo, tuvo un carácter más bien pasivo, sin entusiasmo, sin efusión, con una peligrosa tendencia a derivar hacia la acción humanitaria. ¿Fue esta actitud resultado de la influencia católica dentro del laborismo? ¿Fue consecuencia de la repugnancia a entregarse sin reservas a una causa a la que los comunistas del mundo entero, y la Unión Soviética, prestaban un apoyo clamorosamente entusiasta? ¿Fue, en fin, una manifestación de la tradicional reserva con que la clase obrera y sus organizaciones políticas y sindicales han mirado siempre las cuestiones de política internacional, por considerar que esta última constituye una especie de coto de la aristocracia y la clase alta de la sociedad? A este respecto recuerdo que en una de las visitas que los líderes de las más importantes Trade Unions me hicieron para organizar la que hizo a España una delegación de tradeunionistas, ninguno de ellos sabía a punto fijo quién era el ministro de Negocios Extranjeros de su país y tuve yo que decirles que era Eden y, ante sus dudas y vacilaciones, encargarme de gestionar la concesión de los pasaportes a los expedicionarios. Claro está que hubo excepciones individuales entre las cuales quiero mencionar dos: la de Philip Noel-Baker, a quien me unían antiguos lazos de amistad, y la de sir Stafford Cripps. Los dos tenían ya una situación relevante en el partido; el primero como especializado en cuestiones internacionales, pero su origen universitario les tenía, en cierto modo, alejados del elemento obrero que nutría y dirigía las grandes Trade Unions, lo cual constituía un serio obstáculo para la eficacia de su participación en las funciones directivas del partido, que fue siempre inferior, con notorio perjuicio del propio partido y de la política general británica, a lo que hubiera podido esperarse dada la gran autoridad y prestigio de que uno y otro gozaban, no sólo en el mundo político, sino en el conjunto de la sociedad británica. Con más asiduidad Noel-Baker, por nuestra antigua amistad, los dos me prestaron sin reserva ni limitación el valiosísimo sostén moral de su asistencia y de su consejo, de que en tantas ocasiones tan necesitado estaba.

En cuanto al Partido Comunista, es notorio que para llevar a cabo en las mejores condiciones posibles lo que yo consideraba como el objetivo principal de mi misión en Inglaterra, era indispensable reducir a un mínimo mis relaciones con él. Por fortuna, así lo entendieron, no sólo su secretario general, Harry Pollit, sino el profesor Haldane, uno de sus directivos más caracterizados, a la vez que uno de los hombres de ciencia que gozaba en Inglaterra de más alta reputación y prestigio.

En fin, hasta entre las fuerzas armadas de tierra, de mar y de aire, que en su conjunto podían ser consideradas no sólo como contrarias a la causa republicana sino como ardientes partidarias de la franquista, tuvo la república puntos importantes de apoyo y contacto. Entre ellos es indispensable destacar la actitud del capitán (retirado). Basil L. Liddell Hart (hoy sir Basil), universalmente reconocido como la más alta autoridad en ciencia e historia militar, quien, tanto por razones de principio como por motivos de interés nacional, puso su inmensa autoridad personal y científica, no sólo entre los elementos militares, sino también entre los políticos, al servicio de lo que él consideraba esencial en la guerra civil de España: evitar el triunfo del franquismo que era tanto como derrotar moral y militarmente a Hitler y Mussolini; afrontando, incluso, el peligro de una guerra en la que la victoria sobre la Alemania hitleriana y la Italia fascista se hubiera conseguido con un mínimo de esfuerzo y sacrificios; en todo caso, con un esfuerzo y sacrificios incomparablemente inferiores a la hecatombe de la segunda guerra mundial.

Antes de poner término a este capítulo conviene decir algo sobre la actitud adoptada por los españoles residentes en Inglaterra ante la guerra civil.

La antigua colonia española de Londres adoptó una actitud abiertamente franquista y de inequívoca oposición a la república. No recuerdo haber tenido relación, durante los dos años y medio de mi embajada en Londres, con ningún miembro significado de ella con la excepción importante de don Cesáreo Sanz y Tovar, yerno y asociado en sus negocios del señor Roura, presidente de la Cámara de Comercio de España en Londres, que vino a verme en la embajada el 5 de mayo de 1937. Debo añadir que tanto el señor Sanz y Tovar como su suegro mantuvieron durante toda la guerra una actitud de reservada neutralidad absteniéndose, en lo que pude apreciar, de toda manifestación pública ni en favor ni en contra de la república ni del general Franco.

Entre los españoles que al estallar la guerra civil salieron de España y se establecieron en Inglaterra quiero mencionar los tres siguientes, no sólo por su particular significación en la vida de España, sino también a causa de las antiguas y muy estrechas relaciones personales que me unían a ellos: José Castillejo y Duarte, Alberto Jiménez Fraud y Salvador de Madariaga.

José Castillejo, que como secretario de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas quedará en la historia de la España contemporánea como el hombre clave del gran esfuerzo de renovación cultural, científica y universitaria realizado por ella durante el primer tercio del siglo XX, salió de España (con la aprobación del gobierno de la república) por estimar que en las condiciones creadas por la guerra no era posible emplear útilmente sus excepcionales cualidades y su experiencia en el campo de la cultura, la educación y la investigación científica. Gracias al apoyo de la familia de su mujer inglesa, cuya madre, la señora Claremont, gozaba de gran prestigio y predicamento en los medios educativos y universitarios ingleses, Castillejo ocupó durante la guerra puestos en varias universidades británicas, manteniendo una actitud de absoluta neutralidad entre los dos contendientes de la guerra civil. Si mis recuerdos no me engañan, su única actuación pública consistió en unas charlas en las emisiones españolas de la BBC en las que desarrolló, en la forma y términos que las circunstancias permitían, ciertas ideas un tanto utópicas sobre una futura organización política de España, que años antes había ya expuesto en una serie de artículos en el periódico de Madrid El Sol.

Alberto Jiménez Fraud salió de España, según lo que él mismo me contó años después, impulsado por el violento pánico que le causó la visita que recibió en la mañana de uno de los primeros días del «levantamiento» de un individuo que, como representante de no sé qué organismo o comité, le exigió la entrega inmediata de la Residencia de Estudiantes (de la que Jiménez era presidente) y ante la negativa de Jiménez alegando que antes tenía que consultar con el Ministerio de Educación anunció que volvería por la noche para hacerse cargo de los edificios y los fondos. Ante la indiferencia del Ministerio, impresionado por el asesinato reciente de su amigo fraternal Jorge Silvela y temiendo correr su misma suerte si aquella misma noche no entregaba la Residencia, resolvió precipitadamente refugiarse con su mujer en la embajada británica. Contentóse con llamar por teléfono al doctor Paulino Suárez, que dirigía uno de los laboratorios instalados en la Residencia por la Junta para Ampliación de Estudios, encargándole de su dirección. Con su precipitada e irreflexiva decisión, Alberto Jiménez no sólo abandonó la Residencia sino también a la madre y una hermana de su mujer, internada la primera en una clínica, víctima de una de las periódicas agravaciones de su enfermedad mental; y la segunda recogida en su casa por doña Tomasa Giner, ferviente y practicante católica, casada con don Alberto Giner, primo de don Francisco, y acaso la mujer española por la que este último sintió una más profunda admiración.

Los hechos demostraron que el pánico de Alberto Jiménez no estuvo justificado; ni el doctor Paulino Suárez, ni ninguna de las personas que rodeaban y aconsejaban a Jiménez en su delicada y difícil misión de dirigir la Residencia sufrieron el menor daño ni persecución, y en la Residencia instaló el gobierno de la república un cuartel de milicianos.

A los pocos días, o a las pocas semanas de haberse refugiado en la embajada británica, y gracias, sin duda, a su protección y gestiones, el matrimonio Jiménez llegó a Inglaterra y tras una primera y breve estancia en Londres, nuestro común y gran amigo el profesor Trend obtuvo para Jiménez un puesto de «lector» en su propia Universidad de Cambridge; puesto que después abandonó para ocupar otro en la Universidad de Oxford, por motivos y en circunstancias que ignoro. Porque conviene añadir que, a pesar de la antigua e íntima amistad que nos unía (la mía con Natalia Cossío, su mujer, remontaba a nuestra infancia en la Institución Libre de Enseñanza), tanto ella como su marido evitaron en forma particularmente rigurosa toda clase de relación, ni oficial ni personal, con nosotros; aunque, según ellos mismos me contaron años más tarde, la mantenían muy frecuente y cordial con el duque de Alba, representante oficioso del general Franco en Londres, y su colaborador el marqués (consorte) de Villaverde.

Esta actitud de ruptura con nosotros tuvo una excepción que merece párrafo aparte. Cuando, a petición del gobierno, Fernando de los Ríos se encargó de la embajada de París, abandonada en los primeros días del «levantamiento» por el embajador Cárdenas y todo su personal, llevó como auxiliares de confianza para trabajos de secretaría al hijo mayor de los Jiménez, Manuel, y al nuestro de igual nombre, de la misma edad y amigos de infancia. Tan pronto como la situación de la embajada quedó regularizada con el nombramiento de embajador, primero de Álvaro de Albornoz, y a los pocos días de Luis Araquistain, nuestro hijo marchó a España donde pasó toda la guerra, en tanto que, a ruego del propio Jiménez, y en cuanto quedé nombrado embajador en Londres, incorporé al suyo al servicio de cifra de la embajada. Esta situación un tanto anómala y equívoca se prolongó hasta que Manuel Jiménez llegó a la edad militar, con la consiguiente obligación de presentarse al llamamiento de movilización y, tras un período de instrucción, incorporarse a la unidad a que fuera destinado en el frente. A la carta que dirigí a Alberto Jiménez el 11 de octubre de 1937 (documento 1), haciéndole saber que si su hijo no se presentaba en España para ser movilizado era imposible que continuara formando parte del personal de la embajada, no he recibido nunca respuesta; pero al día siguiente de enviarla, Manolo no se presentó en la Cancillería ni en el comedor para almorzar con nosotros como lo hacía con frecuencia, y sin despedirse de nadie no volvió a poner los pies en la embajada, ni yo volví a verle hasta que más de veinte años más tarde, cuando ya ocupaba un puesto en la Unesco, tuve necesidad de tratar con él no recuerdo sobre qué asunto; y sobre todo hasta que en el año 1964 vino a Ginebra con motivo de la enfermedad y muerte de su padre.

Conocí a Salvador de Madariaga (a la vez que al matrimonio Maeztu) durante los ocho meses que pasé en Londres (entre febrero y agosto de 1920) designado por la Junta para Ampliación de Estudios para estudiar, con cargo a una de las pensiones instituidas por el filántropo argentino don Avelino Gutiérrez, la influencia de la guerra de 1914-1918 sobre la organización y funcionamiento de los servicios públicos de carácter industrial[4].

La notoriedad de que ya gozaba Madariaga, no tanto en los círculos políticos como en los intelectuales y literarios ingleses, la circunstancia de haberse casado con una distinguida dama escocesa y, más que nada, el haber desempeñado la cátedra Alfonso XIII en la Universidad de Oxford, en los años que mediaron entre su salida de la secretaría de la Sociedad de Naciones hasta su nombramiento por uno de los primeros gobiernos de la república de embajador en Washington, facilitaron, sin duda, su marcha a Inglaterra cuando se produjo el «levantamiento» y su instalación en Oxford. No recuerdo haber visto una sola vez a Madariaga durante la guerra civil, pero no era necesario haber hablado con él para percibir que, a diferencia de Castillejo y Alberto Jiménez, y llevado de su temperamento impulsivo, no se contentó con adoptar una actitud de discreta y expectante neutralidad sino que aspiró a colocarse au dessus de la melée y, más bien que copiando, parodiando a Erasmo en el siglo XVI y a Romain Rolland en la guerra de 1914, desempeñar el papel de amigable componedor entre las dos partes contendientes. No se daba cuenta de que la atmósfera que rodeaba su personalidad en España distaba astronómicamente de la que en cuanto a prestigio político, autoridad moral y consideración general hubiera sido necesaria, no sólo para salir airoso de la dificilísima empresa a la que con tanta ligereza se proponía lanzarse, sino para iniciarla en las condiciones mínimas indispensables para que a los ojos de los españoles, de uno y otro bando, no apareciera cubierta de lo que más eficaz e irremediablemente esteriliza una iniciativa: el ridículo.

Estas ilusiones que sin duda Madariaga se hizo en cuanto al papel que él podría desempeñar en la tragedia de España se transparentan en el artículo que bajo el título «Spain’s Ordeal» publicó en el semanario de Londres The Observer el 11 de octubre de 1938 y del cual se reproduce un resumen como documento 2. El texto siguiente de uno de sus primeros párrafos permite darse cuenta del espíritu y propósito que inspiró la redacción del artículo: «El hecho es que en ambas partes el valor, el sentido del deber, el desprecio de la vida y el desinterés por los puestos de mando brillan con el mismo esplendor y que, por lo tanto, no puede acusarse ni a la una ni a la otra de sostener esta guerra con propósitos indignos, viles o egoístas». (Una equiparación aplicable, en rigor, a los combatientes en las trincheras, pero no a los responsables de la iniciativa que condujo a la trágica guerra civil).

A estos tres hombres (y a tantos otros que adoptaron una actitud análoga a la suya) hubiera sido necesario recordar que, como don Gumersindo de Azcárate hizo notar en la admirable conferencia que sobre «El pesimismo en su relación con la vida práctica» pronunció en la Institución Libre de Enseñanza el 18 de febrero de 1877[5], Solón en una de sus famosas leyes castigaba «al que en medio de una sedición no optaba por alguno de los bandos contendientes».

Capítulo 3. Mediación.

Capítulo 3

MEDIACIÓN

Puede afirmarse sin temor a error notable que todas las guerras, internacionales o civiles, han ido acompañadas a lo largo de su cruel y doloroso desarrollo de iniciativas que tendían a su término mediante un compromiso y sin vencedores ni vencidos. El procedimiento consagrado para obtener este resultado es la mediación que, en el fondo, no es sustancialmente diferente de lo que en los procesos civiles internos se llama los buenos oficios o el laudo por amigables componedores. La mediación puede adoptar diferentes formas, desde la propuesta oficial y pública por uno o varios gobiernos neutrales, hasta la sugestión confidencial por un gobierno neutral, una institución humanitaria (por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja), o una personalidad privada. En cualquier caso, es indispensable tener muy en cuenta que la iniciativa de mediación, cuando una guerra está ya en curso, es una de las más difíciles y delicadas que cabe imaginar porque, aparte del peligro de fracaso que corre su autor, encierra el de conducir a un resultado contrario al que se buscaba con ella, prolongando y hasta agravando la contienda.

Si la iniciativa emana de uno de los contendientes (cosa improbable y hasta inverosímil, puesto que prácticamente se identificaría con un acto de rendición), o si cabe discernir en ella la participación directa o indirecta de uno de ellos, será inevitable que sea interpretada por el contrario como un signo de debilidad militar, lo que le alentará a rechazarla y continuar batiéndose hasta la victoria final. Aunque en menor escala, un efecto análogo producirá la aceptación inmediata y con signos de manifiesto contento por una de las partes de cualquier iniciativa de mediación de origen neutral. Es indudable que uno de los factores principales, si no el principal, para el éxito de una iniciativa de mediación consiste en la creencia por parte de cada uno de los contendientes de que el contrario es demasiado fuerte para poder estar seguro de obtener la victoria a un coste aceptable en hombres y dinero.

En cuanto a las iniciativas de mediación de origen neutral, la primera condición para su éxito es que cada uno de los contendientes tenga confianza en la imparcialidad de su autor y estén seguros de que la iniciativa no encierra una maniobra destinada a favorecer a su contrario. Y «miel sobre hojuelas» si además la iniciativa se presenta limpia de todo móvil egoísta por parte de su autor y exclusivamente inspirada en consideraciones altruistas y humanitarias.

En fin, toda iniciativa de mediación para tener un mínimo de garantía de éxito ha de ofrecer un compromiso constructivo que dé satisfacción razonable, aunque sea incompleta, a las reivindicaciones, aspiraciones y objetivos de cada uno de los contendientes y cuya incompatibilidad constituye la causa profunda de la contienda. Nada es tan estéril, contraproducente y hasta irritante como esos gestos en apariencia generosos y en el fondo frívolos y superficiales que, renunciando cómodamente a un análisis de las causas reales y efectivas de la lucha, y a la difícil y laboriosa búsqueda de un acomodamiento justo y razonable, se contentan con dirigir a los contendientes un llamamiento a la reconciliación, como si la lucha careciera de motivos serios y fundados, por lo menos a sus ojos, y los combatientes de una y otra parte se mataran en los campos de batalla poco menos que por diversión, capricho o terquedad.

La primera iniciativa de mediación de que tuve conocimiento personal se produjo a los pocos meses de haber empezado la guerra. El 29 de octubre de 1936 recibí el siguiente telegrama del señor Bosch Gimpera expedido el mismo día desde Le Perthus (es decir, desde territorio francés): «Llegaré Londres viernes tarde agradecería me recibiera seis siete tarde asunto urgentísimo encargo presidente». En efecto, el viernes a las seis de la tarde recibí la visita del señor Bosch Gimpera, a quien entonces sólo conocía de nombre, el cual abrió la conversación entregándome una carta autógrafa de Azaña, presidente de la república, cuyos términos merecen ser reproducidos aquí íntegramente:

Barcelona, 28 de octubre de 1936.

Excmo. señor don Pablo Azcárate

Mi querido amigo: el doctor Bosch Gimpera, rector de la Universidad de Barcelona, a quien usted conoce seguramente de nombre, le hablará a usted de algunos asuntos interesantes por encargo mío. Le saluda muy afectuosamente

M. Azaña.

A continuación, el señor Bosch Gimpera me explicó que Azaña consideraba imposible el triunfo militar de la república, que la situación interior era muy peligrosa y que era indispensable conseguir urgentemente que el gobierno británico tomara la iniciativa de una mediación que pusiera término a la guerra.

Tratando de dominar mi estupefacción, no sólo por la iniciativa misma, sino por las condiciones insólitas en las que se trataba de ponerla en práctica, y aunque todo indicaba que se intentaba hacerlo a espaldas del gobierno, rogué al señor Bosch Gimpera que me aclarara explícitamente este importante extremo y su respuesta no dejó lugar a la menor duda: el presidente de la república no había puesto al corriente de su iniciativa al gobierno y quería que el asunto se tratara con el más absoluto secreto.

Que el señor Bosch Gimpera aceptara semejante encargo no es sorprendente si (dejando a un lado el buen sentido) se tiene en cuenta que su misma elevadísima categoría como hombre de ciencia en disciplinas tan alejadas de la política y la diplomacia como la etnología y la prehistoria, explica y hasta cierto punto justifica que no se diera cabal cuenta de la monstruosidad que el encargo representaba. Sin contar con que hubiera sido muy difícil negarse, cara a cara, a aceptar un encargo que nada menos que el propio presidente de la república le presentaba como conducente a poner término inmediato a la guerra. Lo que es menos explicable es que Azaña, a quien ya entonces se consideraba (y hoy se le sigue considerando por muchos) como un gran estadista, intentara realizar una maniobra tan burda que, prescindiendo (y ya es prescindir) de consideraciones de orden político y hasta de orden moral, se iniciaba en condiciones que, para el más miope, no sólo la privaba de toda posibilidad de éxito, sino que como un boomerang se volvería contra su propio autor.

Supongamos, en efecto, que pasando por encima de toda consideración de lealtad hacia el gobierno y hacia quien en él era mi jefe inmediato, el ministro de Estado, y venciendo el escrúpulo que inevitablemente había de provocar en mi ánimo el carácter irregular y escandalosamente anticonstitucional de la iniciativa, yo hubiera aceptado colaborar en la maniobra solicitando la mediación del gobierno británico. ¿En nombre de quién formularía la demanda? Desde luego, no podría hacerlo en nombre del gobierno, y si lo hacía en el del presidente de la república, o en el mío propio, la maniobra quedaría descubierta en 24 horas, tan pronto como el Foreign Office telegrafiara a su encargado de negocios en Valencia (lo que haría con toda seguridad apenas yo hubiera salido del despacho del ministro) para que averiguara cuál era la actitud del gobierno respecto a tan delicado asunto. Está claro, pues, que el primer resultado de la maniobra hubiera sido la ruina política y moral de la república ante el gobierno británico. Y ello sin la menor perspectiva de conseguir su propósito, porque el más elemental buen sentido basta para comprender que el gobierno británico no iba a lanzarse a la aventura de una propuesta de mediación sin un mínimo de garantías en cuanto a la conformidad del gobierno responsable de la demanda.

Por otra parte, una vez practicada la gestión cerca del Foreign Office, desaparecía toda garantía de secreto y había que contar con que más pronto o más tarde (más bien lo primero que lo segundo) las autoridades franquistas, así como los gobiernos alemán e italiano, tendrían conocimiento de la demanda de mediación formulada por la república. ¿Cabe imaginar que unas y otros dieran a la iniciativa una interpretación que no fuera la de considerarla como un signo manifiesto e indudable de debilidad militar y de flojera política en la forma de llevar la guerra? Y si esto es así, ¿qué otra cosa hubiera podido hacerse más eficaz para confirmar a las autoridades franquistas y sus dos auxiliares extranjeros en su determinación de llevar la guerra adelante hasta conseguir la rendición incondicional de la república, o lo que era lo mismo, su destrucción, que desde el primer momento constituyó su declarado objetivo de guerra?

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, decidí limitarme a cumplir un solo extremo de las instrucciones que el presidente de la república me comunicó por conducto tan irregular: el relativo al secreto. Hoy, a los treinta años largos de aquellos sucesos, me creo no sólo autorizado, sino obligado, a romper mi silencio dando cuenta de mi participación en este episodio para contribuir a su completo y cabal conocimiento.

Ignoro lo que ocurrió después. Presumo que el señor Bosch Gimpera daría cuenta al presidente de la república del resultado negativo de la gestión que un poco impremeditadamente había aceptado realizar cerca del embajador en Londres. ¿Se buscó otro conducto para hacer llegar al gobierno británico la demanda de mediación con aprobación del gobierno? El hecho es que en el mes de diciembre del mismo año se recibió en Valencia una nota de los gobiernos británico y francés proponiendo su mediación. La verdad es que de esta nota no guardo recuerdo alguno y la única referencia a ella que encuentro entre mis papeles es la contenida en el párrafo siguiente de un telegrama que envié al ministro de Estado, el 20 de diciembre de 1936, dándole cuenta de una conversación con Maiski, embajador de la Unión Soviética; párrafo de especial interés para quienes crean, o hayan creído, que la actitud reservada que el gobierno de la república adoptó respecto de estas iniciativas de mediación fue inspirada por el gobierno soviético. El párrafo en cuestión dice así: «Sobre iniciativa mediación expresó opinión contraria pura y simple negativa parte gobierno la cual crearía muy mala impresión opinión pública internacional. Aconseja aceptación de principio bajo reserva condiciones. Recordó iniciativa mediación Lloyd George conferencia Prinkipo guerra civil rusa aceptada gobierno rechazada generales blancos».

He aquí, ahora, lo que sobre este particular me dijo Azaña en la conversación que mantuve con él, en Barcelona, el 27 de febrero de 1937, tal como aparece en la nota-resumen de la misma redactada en el mismo día en que tuvo lugar: «Situación malísima. La guerra la tenemos perdida. No podemos ganarla en el campo de batalla. Por eso desde el principio, en cuanto cayó Mérida y unieron los rebeldes el Norte y el Sur, pensó en la necesidad de alguna forma de intervención extranjera que terminara la guerra sin que la perdiera la república. Lleva cuatro meses luchando para hacer comprender esto al gobierno. A los cuatro meses ha logrado el Memorándum. Con este motivo relata muy en detalle lo ocurrido desde septiembre, con ocasión de las diversas reuniones en Ginebra. Especialmente, en la de diciembre, me dice que él mismo advirtió a Vayo que le hablarían de la idea de alguna intervención. Vayo no lo creyó y le dijo que no encontraría gobierno que aceptara la idea de “mediación”. Entonces apareció la nota franco-inglesa con la iniciativa de mediación. Pésimo efecto aquí. La palabra “mediación” desastrosa. Gran error. Para hacer algo, indispensable no emplearla».

La segunda iniciativa de que tuve personalmente conocimiento se produjo con ocasión de la visita a Londres de Julián Besteiro y el general Matz como representantes del presidente de la república en la coronación del rey Jorge VI. La visita duró desde el domingo día 9 de mayo de 1937 hasta el lunes 17, y, naturalmente, los dos delegados estuvieron alojados en la embajada. Una de las primeras cosas que me pidió Besteiro, apenas instalado a la llegada, fue que le arreglara una entrevista con Eden, a la sazón ministro de Negocios Extranjeros. En el acto la entrevista quedó convenida para el 11 de mayo a las 5 de la tarde, en su despacho del Foreign Office.

En la mañana del mismo día 11, Besteiro nos puso al corriente, al general Matz y a mí, de la gestión que el presidente de la república le había encargado que realizara cerca del gobierno británico. Sobre esta conversación, así como sobre la que mantuve con Besteiro a su vuelta del Foreign Office, redacté aquella misma noche las dos notas siguientes.

Conversación con Besteiro y el general Matz el 11 de mayo de 1937 a las 11 de la mañana.

Besteiro nos pone al corriente de la conversación que tuvo en el aeródromo con Azaña. Éste le encargó que hablara con Eden en el sentido de la necesidad de llegar rápidamente a una suspensión de hostilidades por medio de una intervención internacional. Confiaba en que Inglaterra podría tomar la iniciativa. Suspendidas las hostilidades podría sin dificultad hacerse la retirada de voluntarios. Besteiro añadió que él había mencionado la necesidad de poner al gobierno al corriente de ese encargo. Azaña dijo que no era necesario porque el gobierno conocía la cosa. —Yo dije a Besteiro que no había mucho nuevo en lo que nos decía. Desde febrero el gobierno se había declarado oficialmente en favor de la retirada de voluntarios y se había hecho una gestión muy reciente cerca de Inglaterra y Francia. Después, yo no había cesado de insistir. Había, sin embargo, un matiz de importancia: según lo que Besteiro decía, la intención de Azaña sería ir primero a la suspensión de hostilidades y luego a la retirada de voluntarios. Mis instrucciones en febrero habían sido, primero, retirada de voluntarios, y si la ejecución de esta medida lo requería, podría hablarse de suspensión de hostilidades. En la situación de Bilbao en aquel momento me parecía suicida plantear como tema central la suspensión de hostilidades; se interpretaría como una rendición; enorme responsabilidad. A mi juicio, no se podía cambiar en nada la posición ya establecida: retirada de voluntarios y cuando se haya decidido se estudiará si es o no necesario para llevarle a cabo la suspensión de hostilidades.— Besteiro pareció muy impresionado por mis argumentos y quedó en que a Eden le plantearía la cuestión tal como lo había sido hasta ahora. —El general Matz indicó que a su juicio el pueblo no aceptaría ni la mediación, ni la suspensión de hostilidades; se mostró muy contrario a todo ello (11.5.37).

Visita de Besteiro a Eden (11 de mayo de 1937).

1. Eden había citado a Besteiro hoy a las 5 de la tarde. Esta mañana hice preguntar si iría solo o se esperaba que yo le acompañase. Respondieron que solo.

2. A la vuelta me dijo Besteiro que con gran secreto (no para mí, añadió). Eden le había dicho que tenía sobre la conciencia lo poco que había hecho para librar a España de esta catástrofe, y que estaba decidido a tomar la iniciativa necesaria para poner de acuerdo a las potencias que tienen responsabilidad en la no intervención para que ejerzan una acción conjunta en el sentido, primero, de asegurar la retirada general de voluntarios y como consecuencia una suspensión de hostilidades. Eden creía que si se lograba una suspensión de hostilidades, no se volverían a reanudar y entonces podría verse lo que convenía hacer. Eden insistió en que Besteiro no hiciera ninguna comunicación al gobierno, porque no quiere que la cosa tome estado oficial alguno, por ahora. Entendí que Eden no tenía inconveniente en que Besteiro me hablase a mí y al presidente de la república, a título privado. Y en todo caso, nada a ningún extranjero, porque si se produjera alguna indiscreción todo estaba perdido. —Besteiro me dijo que había recomendado a Eden evitara hablar de «mediación», y que Eden había tomado nota.

Hice notar a Besteiro que todo eso que Eden le había dicho no contenía nada nuevo; eso era, más o menos, lo que hacía meses venía pidiendo el gobierno: acuerdo de las grandes potencias sobre retirada de voluntarios y si para llevarla a cabo era necesario una suspensión de hostilidades, el gobierno estaría dispuesto a examinar la posibilidad de realizarla. Le anuncié que todo quedaría, como hasta ahora, en buenas palabras[1].

Muy acertadamente, a mi juicio, tanto Giral como Álvarez del Vayo, los dos hombres que durante la guerra civil compartieron, alternativamente, la difícil y espinosa misión de dirigir la política internacional de la república, se mostraron particularmente cuidadosos de no envolver al gobierno en ninguna de esas iniciativas para obtener una mediación, ni siquiera una suspensión de hostilidades, a no ser previo acuerdo para la retirada de todos los combatientes extranjeros y como medida subsidiaria que hiciera posible su ejecución. Ante unos rumores lanzados por la radio franquista de Salamanca anunciando que la república había solicitado la intervención de Inglaterra para obtener una suspensión de hostilidades y que recogieron algunos periódicos ingleses, Giral, a la sazón ministro de Estado, reaccionó con la energía que muestran los términos mismos del telegrama siguiente que me envió el 11 de noviembre de 1937: «Desmienta terminante y categóricamente rumores y noticias circuladas prensa inglesa referentes petición suspensión hostilidades por gobierno república son totalmente falsas e injuriosas obedeciendo misma maniobra rebeldes que la supuesta toma Madrid». Y Giral, como es bien sabido, se caracterizó por la ecuanimidad y ponderación de sus juicios, por el interés particular que mostró hacia toda clase de actividades humanitarias (y entre ellas especialmente los canjes de prisioneros y presos políticos entre uno y otro campo) y por los estrechos vínculos de amistad personal y de incondicional adhesión política que le unían a Azaña. Y entre los innumerables casos que podrían citarse de la actitud reservada y prudente que Álvarez del Vayo adoptó ante tales iniciativas retengamos como uno de los más significativos, su reacción categóricamente negativa, más arriba reseñada, cuando, en el mes de diciembre de 1936, Azaña le advirtió que en Ginebra le hablarían de la posibilidad de una intervención extranjera en la guerra civil.

Pero sería injusto y erróneo creer que el gobierno español se encerró en una actitud puramente negativa en cuanto a esfuerzos políticos y diplomáticos destinados a poner término a la guerra. A su juicio el camino para obtener este resultado no pasaba ni por llamamientos más o menos frívolos y sentimentales a la reconciliación, ni por solicitudes de mediación que, conocidas por los franquistas, como inevitablemente habían de serlo, e interpretadas por ellos, muy naturalmente, como signos de debilidad y desaliento, no podían por menos de producir un efecto contrario al que se buscaba, a saber: reforzar y robustecer su decisión de negarse a todo arreglo pacífico y proseguir la guerra hasta la victoria final.

El gobierno comprendió muy pronto que mientras los franquistas pudieran contar con una ayuda en hombres y material, por parte de Alemania e Italia, tan sustancial como fuera necesario para asegurar la victoria, todos los intentos de mediación estaban de antemano condenados al fracaso. Por el contrario, si se conseguía eliminar esa ayuda, una rápida victoria de la república sería posible, probable o segura (según el grado de optimismo de cada cual) y, en todo caso, con el restablecimiento de un equilibrio de fuerzas entre los contendientes y la consiguiente desaparición de toda perspectiva de una fácil y completa victoria, quedaría abierto el camino para una posible mediación constructiva y eficaz.

Por esto, desde el mes de febrero de 1937, la acción diplomática de la república en Inglaterra se concentró muy especialmente en favorecer por todos los medios el cumplimiento efectivo y sin engaños del acuerdo del Comité de Londres sobre retirada de todos los combatientes extranjeros que figuraban tanto en las líneas franquistas como en las de la república. A fin de que esta acción resultara eficaz era necesario, primero, que el gobierno de la república hiciera conocer a todos los españoles y a la opinión pública internacional, sus fines de guerra; o en otras palabras, cuál sería su conducta en caso de victoria o las condiciones en las que estaría dispuesto a poner término a la guerra, y segundo, que contribuyera, por su parte y en toda la medida de sus posibilidades, a crear las condiciones favorables para que Alemania e Italia pudieran realizar honorablemente la revisión de su política respecto a España.

Veamos ahora, brevemente, las manifestaciones concretas de esta acción política y diplomática desarrollada por el gobierno de la república.

I. Con reiteración machacona, en notas diplomáticas, en declaraciones, en discursos de sus miembros, el gobierno de la república hizo saber urbi et orbi, y directamente a los gobiernos británico y francés, que la retirada de todos los combatientes extranjeros que luchaban tanto de un lado como del otro era la clave para la solución de los graves problemas que planteaba la guerra de España, tanto en el tablero internacional como en el campo de la política interior de la mayoría de los países europeos. Y cuando ante la obstinada negativa de los franquistas y de los gobiernos de Berlín y Roma a aceptar el plan elaborado por el Comité de Londres, Francia e Inglaterra se contentaron con oponer una política de tergiversaciones, aplazamientos y componendas, el gobierno de la república no vaciló en echar mano del último recurso para tratar de forzarles la mano retirando unilateralmente y bajo el control de la Sociedad de Naciones los voluntarios extranjeros que luchaban en sus filas[2].

II. El gobierno de la república hizo conocer sus fines de guerra en su famosa declaración de los «trece puntos» publicada el 30 de abril de 1938. (Dada su importancia y aunque ha recibido ya una amplia difusión, dentro y fuera de España, se reproduce como documento 3.) A nuestro objeto, en este momento, importa destacar entre sus enunciados los tres siguientes: a) garantía de «una España libre de toda injerencia extranjera sea cual sea su carácter y origen»; b) celebración de un plebiscito tan pronto termine la lucha y realizado con plenitud de garantías para decidir la estructuración jurídica y social de la república; c) amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar en la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España.

La publicación del documento en Inglaterra causó profundo impacto en la opinión pública y muy profunda satisfacción entre todos los que apoyaban la causa de la república. Nadie pudo dejar de apreciar el contraste que los «trece puntos» presentaban con los fines de guerra que los franquistas propalaban a todos los vientos y que se proponían la destrucción de la república, y con ella de la libertad y la democracia.

En cuanto al efecto que la publicación de los «trece puntos» causó en el gobierno británico, me parece de interés reproducir los párrafos siguientes de la nota-resumen de mi conversación con lord Halifax, el 31 de mayo de 1938, redactada inmediatamente después de haber tenido lugar.

[…] «Vamos a hablar confidencialmente yp between us —me dijo lord Halifax—. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de terminar con este bloody business?». (La expresión me causó mal efecto. Algo en el sentido de decir: ¡acaben ustedes de una vez de matarse y de complicarnos la existencia!). Absolutamente ninguna, le contesté, mientras no cese la intervención extranjera. El gobierno británico no da todo el crédito que merece nuestra sinceridad y convicción cuando decimos, desde el doctor Negrín hasta el último soldado en las trincheras, que luchamos para defender la independencia de nuestra patria, Y sin embargo, es rotundamente verdad. Y eso viene de un error corriente que consiste en creer que es la cuestión interior española la que ha suscitado la cuestión internacional, cuando en realidad es todo lo contrario. La cuestión interior española es poco importante comparada con la internacional; y cuando ésta quedara resuelta, verdaderamente resuelta, la puramente interior se resolverá rápida y fácilmente. Pero lo fundamental, lo previo, es lo internacional. Hay que detener e impedir a Alemania e Italia establecer su control en España aprovechando un momento difícil de la crisis política y social que España atraviesa.

«¿Pero no cree usted —me preguntó lord Halifax—, que si se pudiera terminar con la intervención extranjera, fuera posible un arreglo con Franco que permitiera el establecimiento de un gobierno intermedio entre las dos partes, admisible para la mayor parte de los españoles? Porque si la cosa sigue como hasta ahora, prosiguió lord Halifax, los españoles que siguen a Franco continuarán considerando al gobierno como “rojo” y “bolchevique” y se negarán a aceptarle, mientras que el gobierno seguirá negándose a aceptar la colaboración con los partidarios de Franco como “fascistas”, y no hay solución posible».

Todo eso quedaría prácticamente resuelto, contesté, con la eliminación de la intervención extranjera que sostiene y alimenta esa leyenda de nuestro «bolchevismo», etc. No costaría trabajo que la inmensa mayoría de los españoles se convencieran de que lo que quiere el gobierno es restablecer en España la legalidad constitucional; es decir, un régimen político en el cual las minorías, los disidentes, podrán vivir en condiciones análogas a las que tienen en Francia o Inglaterra. Y por si esto fuera poco, el gobierno ha anunciado un plebiscito para cuando termine la guerra. En esas condiciones, ¿qué sentido tiene para nosotros la idea de mediación? Los españoles que no estén de acuerdo con la Constitución y la república, o con el frente popular, no estarán en condiciones diferentes a los franceses monárquicos o los ingleses fascistas, o los conservadores franceses y los laboristas ingleses. La idea de un compromiso entre el gobierno legítimo de un país y un grupo minoritario que se levanta en armas contra el gobierno y gracias al auxilio de dos potencias extranjeras sostiene una verdadera guerra civil, es demoledora de todo principio de continuidad política, y, por consiguiente, de toda concepción conservadora. En eso consiste la diferencia entre Franco y nosotros. Franco y la gente que le rodea no tienen la menor idea de lo que representa asegurar la continuidad de la vida de la nación española en su conjunto. Por eso se han dejado dominar fácilmente por la influencia «totalitaria», tan contraria al temperamento español, y que consiste en suprimir al disidente. En cambio, nuestros hombres directivos tienen una profunda conciencia de su responsabilidad; saben que han de asegurar la continuidad histórica de España, y que la nación está formada de todos los españoles. Ahí están los «trece puntos» dando expresión a esa concepción. Y no son hombres que abandonan sus principios cuando saben que los principios son justos.

En esto anunciaron otra visita y no siguió la conversación. Lord Halifax escuchó con gran atención mi tirada tomando frecuentes notas. Al final retiró la decisión del gobierno británico de hacer todo lo posible para acabar con los bombardeos aéreos de poblaciones civiles.

Pero una vez más todos mis esfuerzos dialécticos se estrellaron con la inquebrantable decisión de Chamberlain de no hacer respecto a la guerra civil de España el menor gesto o ademán que pudiera entorpecer su catastrófica política de apaciguamiento de los dictadores europeos.

III. Tres meses de funcionamiento de la no intervención y del Comité de Londres bastaron para convencer al más optimista de su total ineficacia para poner término a la intervención germano-italiana en favor del franquismo; y cada día que pasaba aparecía más claro que en eso consistía la clave para abrir el camino, ya fuera a una victoria de la república, o a una fórmula de conciliación. Se imponía, pues, dar a la acción diplomática de la república un contenido constructivo, sin perjuicio de continuar la que hasta entonces había consistido principal si no únicamente en presentar al Comité de Londres o a la Sociedad de Naciones denuncias y protestas contra la intervención germano-italiana.

A esto tendió el intento que el gobierno realizó, en los meses de enero y febrero de 1937, con ocasión de la reunión ordinaria que el Consejo de la Sociedad de Naciones celebró en Ginebra en los últimos días del mes de enero. Su idea básica consistía en que la república se declarase dispuesta a aceptar determinados cambios territoriales en el Norte de África, en favor de Francia, a fin de que ésta pudiera hacer concesiones territoriales a Alemania en alguna de sus colonias africanas. Esta movilización territorial en África, que haría posible satisfacer importantes reivindicaciones de la Alemania nacional-socialista, abriría la puerta a una posible revisión de su política en España. Revisión que, en la medida que implicara una reducción sensible, o el abandono total de su intervención en favor del franquismo, tendría como consecuencia inmediata, o bien una rápida victoria de la república, o bien la creación dentro del franquismo de un estado de espíritu propicio a la aceptación de condiciones de paz razonables; en todo caso, la perspectiva de una paz basada sobre la reconciliación tal como el gobierno de la república no dejó de preconizarla durante toda la guerra.

A mi paso por París, camino de Ginebra para asistir con el ministro de Estado Álvarez del Vayo a la reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, expuse la idea a Araquistain, a la sazón embajador en París, quien la encontró acertada y muy susceptible de ser aceptada por Alemania, ya entonces, según los informes fidedignos que él tenía, preocupada e inquieta ante la perspectiva de una prolongación indefinida de la guerra de España. Tan optimista se mostró Araquistain que insistió para que, con el mayor secreto, se hiciera llegar la idea al gobierno alemán, a fin de evitar que el francés le diera «carpetazo». Pero ante mis objeciones por el riesgo de que los alemanes rompieran el secreto, condición sine qua non para el éxito del intento, decidimos abstenemos de toda iniciativa respecto al gobierno de Berlín.

En cuanto llegué a Ginebra, y después de una conversación preliminar con el ministro de Estado, redacté una breve nota en la que, a continuación de una referencia a la intención del gobierno de la república de seguir, en todo lo relativo a la Europa occidental, una política de estrecha colaboración con Francia e Inglaterra, se exponía la idea básica del intento en los términos siguientes:

En el mismo orden de ideas, España estaría dispuesta a examinar, en una negociación de conjunto, la conveniencia de modificar o no la situación actual en lo que se refiere a sus posiciones en el África del Norte (zona española de Marruecos), a condición que dicha modificación no se llevase, en todo caso, a cabo en beneficio de otras potencias que no fueran Francia y el Reino Unido.

El gobierno español estima que esta movilización de sus posiciones en el África del Norte debe contribuir a hacer factible, a través de arreglos territoriales más extensos, la solución de aquellos problemas políticos que figuran en el centro mismo de las dificultades actuales, y a la solución de las cuales se encuentra estrechamente ligado el propio porvenir de la política internacional de España.

El ministro de Estado se declaró de acuerdo, en principio, para llevar adelante el intento y una vez que él mismo expuso sus líneas generales a Eden y Delbos, que como ministros de Negocios Extranjeros de Inglaterra y Francia se encontraban también en Ginebra para asistir al Consejo de la Sociedad de Naciones, el asunto siguió siendo objeto de nuestras conversaciones no sólo con los dos ministros, sino con sus colaboradores inmediatos, especialmente con Vienot, a la sazón subsecretario de Negocios Extranjeros de Francia, y Massigli, director del departamento de la Sociedad de Naciones en el Quai d’Orsay. Por parte de los ingleses la acogida a nuestras sugestiones fue de marcada e inequívoca hostilidad[3]. En cuanto a los franceses, sin rechazar la idea de plano, y aun reconociendo que contenía elementos utilizables, la discutían con grave reserva y precaución; como en todo lo demás, durante aquellos años el gobierno francés no hizo más que seguir las directivas que recibía de Londres.

Sin desalentarse ante la actitud fría y reservada de sus interlocutores, el ministro de Estado, ya de vuelta en Valencia, redactó un memorándum destinado a ser comunicado confidencialmente a los dos gobiernos francés y británico. En su primer apartado se reproducía textualmente la nota que yo le había entregado en Ginebra como base para nuestras conversaciones preliminares. A continuación se explicaba el sentido y objeto de los sacrificios territoriales que España estaba dispuesta a consentir en relación con la eliminación de toda injerencia extranjera en la guerra civil; lo cual implicaba, en opinión del gobierno español, no sólo la adopción de medidas eficaces para hacer imposible la llegada a España de material de guerra y de combatientes extranjeros, sino «el reembarque en una fecha determinada, a ser fijada por el Comité de Londres, de cuantos elementos extranjeros, sin excepción, y cualquiera que sea su cometido, participen actualmente en la lucha interior española».

No conozco cómo ni cuándo se hizo la entrega de este memorándum al gobierno francés, ni tampoco la respuesta que este último dio al mismo. Cumpliendo instrucciones precisas del ministro de Estado, el 13 de febrero de 1937 entregué personalmente el memorándum a sir George Mounsey, director del departamento de Europa occidental en el Foreign Office. Cinco semanas más tarde, recibí la respuesta del gobierno británico contenida en una nota fechada el 20 de marzo y firmada por Walter Roberts, que en el departamento de Europa se ocupaba especialmente de los asuntos relativos a España. En ella, después de mostrarse de acuerdo con el gobierno español en cuanto a la necesidad de hacer cesar la intervención extranjera en la guerra de España, y de expresar su confianza en la eficacia de las medidas que el Comité de Londres acababa de adoptar a este respecto, el gobierno británico se declaraba decidido a concentrar todos sus esfuerzos a la consecución de dicho objetivo estimando «que los otros problemas a los cuales se refiere el señor Álvarez del Vayo deben esperar la vuelta de condiciones de paz en España». La incongruencia de esta respuesta salta a la vista si se tiene presente que todo eso que según el gobierno británico debería esperar el restablecimiento de la paz, tenía precisamente por objeto facilitar y abrir el camino a un rápido final de la guerra.

Pero por si esta actitud claramente negativa del gobierno británico no fuera bastante para dar al traste con las ilusiones que el intento hubiera podido despertar ante la angustiosa perspectiva que a todos oprimía de una prolongación indefinida de la guerra, ocurrió algo más que puso de relieve la esterilidad y el peligro de confiar demasiado en el mantenimiento del secreto en las negociaciones diplomáticas[4]. Y fue que a pesar de todas las precauciones que sin duda se tomaron, el 17 de marzo de 1937, a las cinco semanas de haber sido entregado el memorándum al Foreign Office, la radio franquista de Salamanca hacía público su texto íntegro y literal. Huelga añadir que el intento del gobierno español quedó definitivamente enterrado en germen.

(En el documento 4 se reproduce la nota en la que yo resumí nuestras conversaciones con Delbos, Massigli y Vienot a raíz de haber tenido lugar, y en el documento 5 el texto del memorándum del 13 de febrero de 1937).

IV. A principios del mes de noviembre de 1938 se anunció, para el día 23, una entrevista que debía celebrarse en París entre los ministros de Negocios Extranjeros de Inglaterra y Francia. Resultaba evidente que su objeto principal, si no el único, no podía ser otro que llegar a un acuerdo sobre las condiciones en que podría llevarse a cabo el reconocimiento de beligerancia, tanto al gobierno como a las autoridades franquistas; llamado por Álvarez del Vayo, ministro de Estado, pasé en Barcelona una semana entre el 6 y el 12 de noviembre. Aparte de dos días que dediqué a una visita al frente, el resto de mi estancia en Barcelona estuvo consagrado a la preparación de un aide-mémoire que, si no recuerdo mal, el propio ministro de Estado entregó personalmente a Georges Bonnet, a la sazón ministro de Negocios Extranjeros de Francia, en la entrevista que celebró con él en París el 21 de noviembre, y que yo entregué al embajador de Inglaterra en París el mismo día con una carta a Cadogan, secretario permanente del Foreign Office, momentos antes de salir para Londres el 22.

En ese aide-mémoire el gobierno español insistía sobre la urgencia de asegurar la retirada efectiva de los combatientes extranjeros, en conformidad con el plan unánimemente aprobado por el Comité de Londres; se recordaba que ante las demoras causadas por la actitud negativa de las autoridades franquistas y los gobiernos de Roma y Berlín, el gobierno español había decidido proceder unilateralmente a la retirada de todos los voluntarios extranjeros que luchaban en las filas de su ejército, retirada que se estaba efectuando bajo el control de la comisión internacional designada por la Sociedad de Naciones; en fin, rechazaba con toda energía el intento de equiparar esta retirada total y controlada, con la «burla siniestra» que representaba la repatriación de 10 000 combatientes italianos que no constituían más que una parte exigua de las fuerzas regulares italianas que habían invadido el territorio español, dando por cumplida con ello la condición impuesta a la entrada en vigor del pacto anglo-italiano; tanto más cuanto que el gobierno tenía la prueba de que ese simulacro de retirada había quedado virtualmente anulado por la llegada de gran número de «elementos técnicos» y de un inmenso material.

Unos días antes de mi visita a Barcelona, y llamado por Marcelino Pascua, embajador en París, había asistido al almuerzo que ofreció a Léon Blum, en la embajada, el 31 de octubre. Sobre la larga e interesante conversación que tuve con Blum y su incondicional amigo personal y político Max Dormoy, redacté por la noche una nota-resumen en la que aparecen indicados algunos de los factores que jugaban en la política francesa respecto a Inglaterra, y que tan fatales consecuencias tuvo para la república en aquellos momentos (documento 6).

V. Pero esta visita del ministro de Negocios Extranjeros británico a París quedó relegada a un segundo plano de actualidad cuando, a principios de mes de diciembre, se anunció que el propio Chamberlain acompañado de su ministro de Negocios Extranjeros, lord Halifax, se proponían realizar una visita a Mussolini, en Roma, los días 11 al 14 de enero de 1939. Esta visita presentaba una gravedad excepcional para el gobierno español, porque su objeto consistía, nada menos, que en llegar a un acuerdo que permitiera la entrada en vigor inmediata, y sin más aplazamientos, del pacto anglo-italiano. Chamberlain se hacía la ilusión de poder, gracias a este pacto, romper el famoso «eje» entre la Alemania hitleriana y la Italia fascista, y cegado con esta ilusión, se negaba a someter la entrada en vigor del pacto a una condición de importancia local y secundaria, a sus ojos, como la retirada más o menos sustancial de combatientes italianos en la guerra civil de España. Consciente del peligro que esto representaba para España, y de que ninguna protesta, por enérgica que fuese, modificaría la decisión del gobierno británico, el gobierno de la república optó por adoptar ante la visita a Roma de los dos hombres de Estado británicos una actitud constructiva y revisionista de las bases mismas sobre las que hasta entonces se había apoyado la política de la república respecto a Inglaterra y su política de «apaciguamiento», en especial respecto a Italia.

La verdad es que cada día me encontraba en mayor desacuerdo con la política de denuncia y protesta a que se limitaba la acción diplomática del gobierno español respecto al «apaciguamiento» y lo que era su consecuencia, y que Liddell Hart ha llamado la no intervención en la intervención germano-italiana. Ya se ha mencionado el fracaso del intento realizado en los meses de febrero y marzo de 1937 para dar un contenido constructivo a la acción diplomática de la república en relación, especialmente, con Alemania. Ahora, con ocasión de la visita a Roma de Chamberlain y lord Halifax, me pareció que valdría la pena de hacer un intento análogo, orientado esta vez hacia la intervención italiana. Con ese objeto redacté una nota que entregué a Negrín y Álvarez del Vayo en Barcelona y con la cual uno y otro se declararon de acuerdo, en principio (documento 7). En sustancia, la nota indicaba las líneas generales de una política dirigida a obtener del gobierno británico que, en el marco del restablecimiento de una colaboración amistosa con Italia, persuadiera a su gobierno de que el mantenimiento y consolidación de la república en España, no sólo no constituía una amenaza para ella, sino que podría contribuir a la garantía de sus intereses legítimos en el Mediterráneo. En el campo de la política interior la nota recordaba y desarrollaba los compromisos adquiridos por el gobierno de la república en los famosos «trece puntos» que Negrín, en su nombre, hizo públicos el 30 de abril de 1938, poniendo especial énfasis en tres de sus ideas directrices, a saber: eliminación de toda injerencia extranjera, plebiscito y amnistía. En el campo de la política exterior, la república debería declararse dispuesta a entrar en un concierto de las potencias mediterráneas y a mantener con Italia relaciones políticas y económicas inspiradas en sus intereses recíprocos y basadas sobre el más escrupuloso respeto de la vida interna de cada una de ellas. Sobre estos supuestos se trataría de persuadir al gobierno italiano, no de que prestara ayuda a la república, sino, pura y simplemente, de que cumpliera sus compromisos retirando su apoyo al franquismo. Con ello, y sin hacer correr el más mínimo riesgo a sus legítimos intereses en el Mediterráneo, Italia podría desentenderse de una aventura que cada día se presentaba como menos prometedora y más peligrosa.

Creo no exagerar si digo que las dos semanas últimas del mes de noviembre y las dos primeras del de diciembre de aquel año 1938 han quedado en mis recuerdos como el período más agitado y de más intensa actividad de toda mi misión. Se trataba de preparar el terreno para la nueva actitud del gobierno español ante la a todas luces inquebrantable decisión de Chamberlain de llegar rápidamente, y fuera como fuera, a una fórmula que permitiera la entrada en vigor inmediata del pacto anglo-italiano. Para ello era indispensable emprender una vez más, y ésta fue la última, el habitual recorrido de personalidades oficiales, diplomáticas, religiosas, políticas, militares, prensa, etc. En primer lugar, el Foreign Office: lord Halifax, sir Alexander Cadogan, sir George Mounsey; el arzobispo de York, en el sector eclesiástico; Liddell Hart, en el militar; Lloyd George, sir Archibald Sinclair, miss Rathbone, Wilfrid Roberts, del Partido Liberal; Attlee, Philip Noel-Baker, Morrisson, sir Stafford Cripps, del Laborista; la duquesa de Atholl y lord Cecil of Chelwood, en el Conservador; en la prensa, los redactores diplomáticos del Times (Macdonald), Daily Telegraph (Gordon Lenno), News Chronicle (Vernon Bartlett), Daily Herald (Ewer), Manchester Guardian; en fin, en el cuerpo diplomático me limité a poner al corriente a los embajadores de los Estados Unidos (Kennedy) y la Unión Soviética (Maiski). (En los documentos 8 y 9 se reproducen, como los escritos que reflejan más fielmente la acción desarrollada en Londres durante aquellas semanas, mi despacho al ministro de Estado del 17 de noviembre y la nota-resumen de mi conversación con el embajador de los Estados Unidos, el 8 de diciembre).

Como resultado de todo este trabajo, a la vez informativo y de exploración, redacté un proyecto de memorándum destinado a ser comunicado al gobierno británico como expresión de la actitud del gobierno español ante la proyectada visita a Roma de su jefe y su ministro de Negocios Extranjeros. Este proyecto, basado en las mismas ideas contenidas en la nota que con carácter secreto había entregado en Barcelona a Negrín y Álvarez del Vayo un mes antes, fue aprobado por el gobierno con algunas adiciones y supresiones, y después de haber dado cuenta de su contenido a lord Halifax en una larga conversación que tuvo lugar en su despacho de la Cámara de los Lores, en la tarde del 14 de diciembre, entregué su texto definitivo a sir Alexander Cadogan el día siguiente, 15 de diciembre (documento 10). Al memorándum acompañaba una nota sobre la delicada cuestión del reconocimiento de beligerancia, teniendo en cuenta que el plan del Comité de Londres establecía, como se recordará, una relación entre ella y la retirada de combatientes extranjeros, y que la retirada de combatientes italianos había de ser necesariamente uno de los principales objetos de discusión en las conversaciones anglo-italianas de Roma (documento 11).

El único punto importante que no pudo ser mencionado en el memorándum, pero que lo fue muy explícitamente en mis conversaciones con lord Halifax y Cadogan, se refería a la posibilidad de que el gobierno británico ofreciera al gobierno italiano una especie de garantía de que en España no se establecería un régimen comunista. El gobierno británico podría poner su veto al establecimiento en España de un régimen fascista con la misma razón, o sinrazón, con que el gobierno italiano declaraba que en ningún caso podía consentir que España tuviera un régimen comunista. Sobre esa base, los dos gobiernos podían ponerse de acuerdo para aceptar en España un régimen democrático, tal como el que reiteradamente había definido el gobierno de la república, lo que permitiría al dictador fascista operar su retirada de España sin el más leve rasguño de su prestigio.

Como siempre, lord Halifax escuchó con gran atención mis explicaciones y en respuesta a una carta que le escribí el 9 de enero de 1939, a mi regreso de una vista a Barcelona, reiterando los puntos expuestos en el memorándum, después de haberlos discutido en detalle tanto con Negrín como con Álvarez del Vayo, lord Halifax me aseguraba que durante sus conversaciones en Roma había tenido muy presentes las consideraciones contenidas en mi carta. Pero, como suele decirse, todo quedó en «agua de borrajas». Parece difícil creer que ni Chamberlain, ni el propio lord Halifax, introdujeran en la negociación un nuevo elemento como el sugerido por el gobierno español que no podría por menos que complicarla, poniendo en riesgo la rápida consecución de lo que a sus ojos constituía su objetivo esencial, y que por añadidura tendía a algo tan poco en armonía con lo que uno y otro deseaban como era el mantenimiento y consolidación de la república en España.

Sin duda el intento del gobierno español era tardío y no faltará quien le acuse de sobradamente ingenuo. Y, sin embargo, la idea que le servía de base, a saber: poner término al apoyo italiano al franquismo, no era tan quimérica como puede parecerlo hoy, a treinta años de distancia. No más que un mes antes de haber sido redactado el memorándum, había tenido yo de fuente seria y fidedigna la referencia de que, en Múnich, Hitler había dicho, riendo, a Chamberlain que el mejor servicio que podía hacer a Mussolini era obligarle a retirarse de España. Por otra parte, conviene recordar que unos meses antes el gobierno italiano había mostrado su deseo de ver entrar en vigor cuanto antes el pacto anglo-italiano, a lo que el gobierno británico había contestado insistiendo en mantener la condición previa de una retirada sustancial de combatientes italianos de España[5]. En fin, no contribuyó poco a alentarme para llevar adelante el intento, la referencia que hizo sir Alexander Cadogan a esa misma idea en la conversación que mantuvimos en su despacho del Foreign Office, el 18 de noviembre por la mañana, y de la que di cuenta al ministro de Estado aquella misma tarde en un telegrama en el que encuentro la frase siguiente: «Cadogan expresó opinión restablecimiento cordialidad relaciones anglo-italianas puede permitir gobierno británico persuadir Italia abandonar su política España que calificó él mismo de locura».

En todo caso, haya o no pecado de ingenuidad, nadie podrá negar al gobierno de la república el mérito de haber agotado, hasta el último momento, toda posibilidad, por exigua y frágil que fuera, de poner término a la lucha sin por ello abandonar los principios de libertad y democracia como base y fundamento del régimen político de España. Si el intento fracasó, la responsabilidad no incumbe, ciertamente, al gobierno español.

Capítulo 4.Bombardeos aéreos de poblaciones civiles.

Capítulo 4

BOMBARDEOS AÉREOS DE POBLACIONES CIVILES

Después de la no intervención acaso fue éste el tema que absorbió mayor atención, actividad y tiempo de la embajada española en Londres durante la guerra civil. Con arreglo a la escala que todavía entonces se aplicaba para medir y apreciar la gravedad de esos criminales bombardeos, los que sufrió la población civil del territorio dominado por el gobierno republicano alcanzaron un volumen considerable. Según datos oficiales que el representante de España leyó ante la tercera comisión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones el 17 de septiembre de 1938, sobre la población civil española en el territorio controlado por el gobierno se habían lanzado, en números redondos, unas 24 000 bombas que habían causado 7000 muertos y 11 000 heridos no combatientes, y destruido, total o parcialmente, 10 000 edificios. Ya me doy cuenta de que estas cifras harán sonreír a quienes, el año 1945, no vacilaron en aniquilar una buena parte de la población civil de Hiroshima y Nagasaki con el fin de acelerar el término victorioso de su guerra con el Japón; y a quienes, desde entonces, aceptan el exterminio de mujeres y niños, viejos y enfermos, mediante ataques militares directos, como medio lícito y legítimo de conseguir la victoria sobre el adversario. Sin embargo, y aunque no sirva más que para poder medir la profundidad del abismo moral en el que la humanidad ha caído en los últimos 30 años a este respecto, bueno será dejar registradas las reacciones que provocaron aquellos bombardeos aéreos de pueblos y ciudades españoles que entonces todavía conmovieron a la opinión pública mundial, y que hoy serían considerados poco más que como juego de niños.

Desde el comienzo mismo de la guerra, en julio de 1936, la aviación realizó bombardeos con objetivos militares mejor o peor definidos, y de los que fueron víctimas las poblaciones civiles de varios pueblos y ciudades en territorio bajo la autoridad del gobierno. Pero la aplicación sistemática de este bárbaro y cobarde método de guerra fue obra, no de la escasa aviación propiamente española de que disponía el general Franco, sino de la creciente contribución que, muy especialmente en el campo de la guerra aérea, prestaron Alemania e Italia al «alzamiento». Éste es un punto sobre el cual es indispensable insistir, no sólo por razones obvias de interés nacional, sino porque la complejidad de los problemas políticos y morales ante los cuales los constantes bombardeos de poblaciones civiles colocaron al gobierno español, no pueden ser comprendidos sin tener presente que esos bombardeos estaban realizados por fuerzas aéreas alemanas e italianas, puestas bajo las órdenes de los mandos militares de sus respectivos países y, en ocasiones, incluso sin conocimiento de las autoridades militares franquistas.

Los bombardeos aéreos realizados por la aviación alemana sobre Bilbao durante el asedio de que esta ciudad fue objeto en los meses de marzo y abril de 1937, y muy especialmente el que, el 26 de abril, materialmente arrasó la histórica villa de Guernica, de tan profundo valor sentimental y emotivo para el pueblo vasco, causaron tan violenta reacción en la opinión pública inglesa, sin distinción de tendencias políticas, que el gobierno se vio obligado a tomar ciertas iniciativas diplomáticas, por mucho que ello repugnara a su jefe Neville Chamberlain. De la violencia que revistió la indignación causada por el bombardeo de Guernica entre los mismos elementos conservadores de Inglaterra dio testimonio la intervención de lord Cecil of Chelwood en el curso del debate promovido con este motivo en la Cámara de los Lores, el 29 de abril de 1937. Lord Cecil refirió en detalle cómo se desarrolló el bombardeo, afirmando que los aviones que lo realizaron eran alemanes y reclamando en términos perentorios que el asunto se llevara ante la Sociedad de Naciones y que el gobierno británico no sólo protestara con la mayor energía ante el gobierno alemán, sino que adoptara medidas eficaces para hacer imposible la repetición de hechos tan bárbaros.

Unos días después, el 4 de mayo, tuvo lugar en la embajada un almuerzo en honor del arzobispo de York, doctor William Ebor, el segundo dignatario de la Iglesia anglicana, después del arzobispo de Canterbury, hombre liberal, de extensa cultura económica y que nunca ocultó sus simpatías por la república española ni le regateó su apoyo moral. El almuerzo, al que asistió también lord Cecil y el obispo de Southwark, fue seguido de una reunión en la que tomaron parte un cierto número de personalidades eclesiásticas entre las que recuerdo los representantes de varias otras iglesias protestantes, el canónigo Barry, de la abadía de Westminster, el deán de Rochester, el profesor McMurray y algunos otros. Como no podía menos de ocurrir, uno de los temas principales sobre que versó la conversación fue el bombardeo de Guernica y, en general, los bombardeos de poblaciones civiles y me causó una profunda impresión ver la exaltación con que aquellos hombres, modelos de ecuanimidad, manifestaban su reprobación de ese bárbaro método de guerra; y en su deseo de hacer algo práctico y positivo se convino en que el arzobispo de York visitaría al secretario de Estado, Eden, con el objeto de subrayar a sus ojos la gravedad moral de la cuestión que planteaba el bombardeo de Guernica y, en general, los bombardeos de poblaciones civiles como medio de guerra.

Es de suponer que el arzobispo cumplió la misión que se le había confiado; lo cierto es que a los pocos días, el 6 de mayo, Eden tuvo una conversación con el embajador alemán, señor Ribbentrop, en la cual no ocultó que, en su opinión, el bombardeo de Guernica había sido obra de la aviación alemana y propuso al embajador la práctica de una encuesta internacional a fin de determinar los responsables del bombardeo. Ribbentrop reservó su respuesta hasta haber recibido instrucciones de su gobierno, las cuales no se hicieron esperar ni pecaron por ambigüedad: el 15 de mayo, el secretario de Estado alemán, cumpliendo instrucciones personales del Führer, hacía saber a su embajador en Londres que «bajo ningún pretexto podía admitirse una encuesta internacional sobre el caso de Guernica». Y por si esta tajante negativa no fuera bastante significativa, los documentos oficiales alemanes publicados por los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos después de la última guerra, contienen una curiosa correspondencia que descubre el disgusto que causó en Berlín el comunicado publicado por los servicios de información del general Franco dejando ver, entre líneas, que el bombardeo había sido realizado por la aviación alemana, con otras particularidades de la visita que, con este motivo, hizo el embajador alemán al «caudillo» y, en fin, la peregrina y disparatada versión, lanzada a última hora y para salir del paso, por las autoridades franquistas, según la cual Guernica había sido incendiada por los propios vascos[1].

En relación con estos bárbaros bombardeos aéreos de la población civil, el gobierno británico tomó, por entonces, varias iniciativas. Una de ellas consistió en establecer, de acuerdo con el gobierno español y el general Franco, una lista de ciudades «abiertas» que no podrían ser bombardeadas; la idea fue, sin embargo, enseguida abandonada ante nuestras objeciones haciendo notar que establecía una discriminación intolerable y que, de rechazo, se legitimaría el bombardeo de las ciudades no incluidas en la lista. Entonces se manifestó una tendencia a proscribir en absoluto los bombardeos de poblaciones civiles, que era lo que desde el primer momento había propuesto el gobierno español; tendencia que se formalizó en una proposición sometida por el representante británico al Comité de Londres el 7 de mayo de 1937. Pero, al propio tiempo, y cediendo a la tentación siempre latente en la política británica respecto a España de favorecer el autonomismo vasco, el gobierno británico tomó la extraordinaria iniciativa de entablar una negociación directa con el gobierno autónomo vasco, a espaldas del de la república, con el objeto de crear una «zona neutra» que no sería objeto de bombardeo y en la cual se concentraría la población civil de Bilbao. Esta iniciativa dio lugar a una enérgica protesta por parte del gobierno de la república en cuanto a lo irregular de la negociación con un gobierno autónomo, sin el acuerdo del gobierno central; las dificultades prácticas de su ejecución dieron pronto al traste con tan insólito intento.

El subcomité de No Intervención, en su sesión del 18 de mayo, reanudó el examen de la proposición británica, consistente en dirigir «a las dos partes» un llamamiento para que renunciaran a los bombardeos aéreos, bajo reserva de examinar el texto de llamamiento en una sesión ulterior. No parece que de estas discusiones resultara nada concreto y positivo (como acontecía usualmente en dicho comité), y como a los pocos días se reunía en Ginebra el Consejo de la Sociedad de Naciones, ante él acudió el gobierno español en busca de medidas y resoluciones más eficaces que las que podían esperarse, con la mejor voluntad, del Comité de No Intervención. Y como resultado del enérgico alegato presentado por Álvarez del Vayo, en nombre del gobierno español, y de una discusión en la que abundaron las condenaciones de los bombardeos aéreos de poblaciones civiles como contrarios al derecho de gentes, el Consejo de la Sociedad de Naciones adoptó, por unanimidad, una resolución condenando «el recurso en la lucha española a métodos contrarios al derecho de gentes y el bombardeo de ciudades abiertas».

Antes de pasar adelante en nuestro relato, es indispensable señalar que ya entonces se planteó al gobierno español el angustioso problema de las represalias. Del terrible caso de conciencia que este aspecto de la cuestión presentaba a los hombres que a la sazón dirigían la guerra del lado gubernamental se hizo eco el ministro de Defensa, Indalecio Prieto, el 4 de junio de 1937, en una nota oficiosa a la que pertenecen los párrafos siguientes:

Frente a la aviación, arma terrible, no hay más que un recurso, la aviación usada con los mismos métodos que emplea el adversario, o en mayores proporciones si es posible; es decir, el terror contra el terror. El gobierno tiene recursos sobrados para adoptar el sistema de los facciosos, igualmente imposibilitados como nosotros de cubrir con defensas antiaéreas todo el territorio bajo su dominio. No hemos apelado a este sistema por escrúpulos de conciencia y, además, por creer que nuestra tutela de gobernantes desborda el territorio en que ejercemos plena autoridad para extenderse sobre el resto de la nación de toda la cual somos legítimos representantes. Hemos esperado en vano a que el enemigo desistiera del proceder alevoso que inició en Madrid y que luego ha hecho proseguir con furia sobre todas las poblaciones que siguen leales a la república. Ante la cruel persistencia en el ataque aéreo contra nuestras poblaciones civiles, y el eco desdeñoso que tuvieron reflexiones parejas a las aquí estampadas, que se expresaron públicamente en notas oficiosas y además se consignaron en documentos diplomáticos, nuestra conciencia parece ya vacilar, porque comienza a inquietarnos la duda de si escrúpulos excesivos al contenernos en la represalia nos apartan del deber sagrado de ganar la guerra a todo trance.

Esa advertencia no causó el efecto que se buscaba y las aviaciones alemana e italiana continuaron experimentando y perfeccionando sus métodos de ataque aéreo sobre los pueblos y las ciudades españolas. El bombardeo aéreo de Barcelona del día 19 de enero de 1938 por aviones italianos de la base que las fuerzas aéreas italianas habían establecido en Mallorca, causó 138 muertos y numerosísimos heridos entre la población civil. La emoción en Londres fue grande, y el 26 de enero telegrafié al presidente del Consejo de ministros sugiriendo que el gobierno se dirigiera a los gobiernos británico y francés reiterando su repugnancia ante la necesidad ya ineludible de aplicar represalias y declarándose dispuesto a aceptar la renuncia mutua al bombardeo de ciudades abiertas.

El gobierno aceptó la sugestión, pero en vez de la vía diplomática prefirió poner en práctica la idea mediante una nota oficiosa que el ministro de Defensa hizo pública el 28 de enero y en la cual, después de anunciar que la aviación del gobierno había dado adecuada respuesta a los recientes bombardeos de que habían sido víctimas Barcelona, Tarragona y Reus bombardeando Salamanca, Sevilla y Valladolid, declaraba que «la aviación republicana se abstendría de bombardear poblaciones de la retaguardia lejana, si el enemigo desistiera de hacerlo», y que «el gobierno de la república se allanaría con gusto a cualquier iniciativa encaminada a un compromiso mutuo mediante el cual quedara descartado de la guerra un procedimiento de lucha que al dolor de derramar sangre inocente acumula la pesadumbre de acelerar la ruina de España».

Esta nota del ministro de Defensa fue comunicada oficialmente al gobierno británico el día 31 de enero, en el curso de una conversación con el secretario de Estado, Eden; y, por cierto, que en ella me vi obligado a deshacer una maniobra que las «covachuelas» del Foreign Office habían sin duda preparado y a la que se refiere la siguiente anotación de mi diario:

Día 31 de enero. Esta tarde he tenido una conversación con Eden en su despacho del Foreign Office, sobre la cuestión de los bombardeos de ciudades abiertas. En cuanto empecé a decirle que venía a confirmar la actitud del gobierno tal como resultaba de la nota del ministro de Defensa (es decir, aceptación de un arreglo mutuo renunciando a bombardear ciudades abiertas alejadas de los frentes), hizo bajar a Roberts con un telegrama que Eden creía se había enviado ya al gobierno y al general Franco pero que por razones confusas que Roberts explicó no había sido expedido todavía. Cuando Roberts se marchó Eden me dio a leer el telegrama. En él se empezaba por lamentar la intensificación de los bombardeos, número de víctimas, etc.; luego se recordaba la iniciativa del Comité de No Intervención sobre prisioneros, bombardeos, etc.; en un párrafo extraño se reconocía que el gobierno y las autoridades de Salamanca podían encontrar dificultades para respetar y ajustarse a los principios de humanidad, y terminaba ofreciendo los buenos oficios del gobierno británico para llegar a un arreglo que eliminara los bombardeos. Eden se dio cuenta enseguida de la deplorable impresión que me causaba el telegrama, tanto por su texto como por la injusticia que entrañaba el tratar sobre un pie de igualdad a una y otra parte. Sin esfuerzo se convenció de que era imposible enviar el telegrama a Barcelona y ante mí telefoneó a Roberts para decirle que el telegrama se enviaría sólo a Salamanca. Roberts intentó defender la conveniencia de hacer el envío a «las dos partes», pero Eden insistió y la cosa quedó decidida. A continuación hablé a Eden de la tremenda tensión que existía en Barcelona y volví a insistir sobre la monstruosidad de responder al bombardeo de nuestras ciudades por la aviación alemana e italiana, bombardeando nosotros otras ciudades españolas; a menos, añadí, que vayamos a bombardear Nápoles o Génova. Eden trató como siempre de salir del paso, primero con alguna reserva sobre la aviación alemana e italiana; la base de Mallorca no era enteramente italiana, etc., pero ante una réplica mía muy contundente no insistió. Al final de la conversación me dijo que había telegrafiado a Washington preguntando si estarían dispuestos a apoyar su gestión en Salamanca. Una intervención francesa restaría probabilidades. Por el momento la gestión quedaría secreta. Al poco rato de volver a la embajada me telefoneó Eden para decirme que enviaba un telegrama a Leche (ministro británico en Barcelona), para ponerle al corriente de la situación, y quería saber si podía decirle que en nuestra conversación yo había declarado que el gobierno español estaría dispuesto a aceptar los buenos oficios del gobierno británico en caso de que Salamanca aceptara discutir el asunto. Le contesté afirmativamente.

Dos días más tarde, el 2 de febrero, y en respuesta a preguntas de algunos diputados laboristas, Eden hizo una referencia a la gestión realizada por el gobierno británico cerca del general Franco, y es justo señalar, por ser cosa rara, si no única, que en ella Eden no se refirió a «las dos partes», sino que específicamente hizo responsables a las autoridades franquistas del recrudecimiento de los bombardeos aéreos de poblaciones civiles, lo que obligaba al gobierno a tomar represalias «inevitables».

A esta iniciativa del gobierno británico, hecha pública en la Cámara de los Comunes el 2 de febrero, respondió el gobierno español en una nueva nota oficiosa del ministro de Defensa publicada el día 3:

Enterado el ministro de Defensa —decía uno de los párrafos de esta nota— de que los gobiernos británico y francés tomaban en consideración la iniciativa expuesta en su nota del 29 de enero, ha dado orden al jefe de las fuerzas aéreas para que los aviones rápidos de bombardeo se abstuvieran de todo raid profundo; paralizándose incluso los preparativos que en virtud de instrucciones anteriores se verificaban para contestar al bombardeo efectuado sobre Barcelona la mañana del 30 con el aciago resultado de que una tercera parte de las víctimas producidas por dicha doble agresión fueran niños acogidos a la guardería infantil de San Felipe Neri.

Y a continuación el ministro de Defensa anunciaba que mientras durasen las gestiones emprendidas por los gobiernos británico y francés para poner término a los bombardeos de ciudades alejadas de los frentes, las fuerzas aéreas de la república limitarían su acción ofensiva «a coadyuvar en los frentes a las operaciones del ejército de tierra y en la retaguardia a realizar servicios estrictos de vigilancia y reconocimiento».

El profundo y creciente malestar que los reiterados bombardeos aéreos de poblaciones civiles por la aviación alemana e italiana causaban en la opinión pública inglesa cristalizó en el llamamiento que un gran número de personalidades de la más alta representación en todos los sectores de la vida nacional dirigieron al gobierno y al general Franco, el 9 de febrero de 1938, pidiendo «el abandono por acuerdo expreso del bombardeo de poblaciones civiles». A este llamamiento contestó el gobierno al día siguiente, 10 de febrero, por una carta que dirigí en su nombre a tres de los firmantes del llamamiento, a saber: lord Cecil of Chelwood, sir Walter Layton y el obispo de Londres, en la cual, después de hacer observar que el gobierno había contestado por anticipado al llamamiento en las dos notas del ministro de Defensa del 29 de enero y del 3 de febrero, y de reproducir los párrafos pertinentes de ellas, se añadía lo siguiente:

El contenido de esas notas ha sido comunicado oficialmente al gobierno del Reino Unido, y entiendo que como consecuencia de ello se han tomado ya ciertas medidas. Puedo asegurar a ustedes que nadie espera con más fervor que el gobierno español el resultado práctico a que esas medidas puedan conducir en el plazo más breve posible. Y, por último, quiero expresar a ustedes el profundo aprecio con el cual el gobierno español ha recibido su llamamiento, que interpreta como la aprobación de decisiones que ya había adoptado él mismo, espontáneamente y por su propia iniciativa[2].

Ni este llamamiento, ni la gestión del gobierno británico, encontraron cerca del general Franco una acogida favorable. Si respondieron al primero, nunca se supo nada sobre los términos de la respuesta. Aunque no es difícil de presumir cuáles fueran por los categóricamente negativos que dieron a la segunda, confirmados de manera inequívoca por los ciento treinta y seis bombardeos realizados durante el siguiente mes de marzo, entre los cuales figura el dirigido contra la ciudad de Barcelona, el día 18, con el trágico resultado de un millar de muertos y varios de heridos entre la población civil.

Sobre este bombardeo aéreo de Barcelona contienen los documentos secretos alemanes, publicados por los gobiernos americano, británico y francés después de la última guerra mundial, noticias que merecen ser consignadas, aun a riesgo de interrumpir el orden de nuestro relato. Refiriéndose a ese bombardeo, el embajador alemán en Salamanca, señor Von Stohrer, se expresaba en los términos siguientes en un telegrama dirigido a su gobierno el 23 de marzo:

Me dicen de Barcelona que los resultados de los bombardeos aéreos que los italianos han realizado recientemente pueden calificarse de terribles. Casi todas las partes de la ciudad sufrieron sus efectos. No hubo indicio del menor intento de apuntar a objetivos militares. Se dice que las bombas, de un tipo particularmente destructor, han hundido cientos de casas y calles enteras. Hasta ahora se han contado mil muertos; pero se supone que se encontrarán muchos más entre las ruinas. Se calcula en 3000 el número de heridos. Parece que una bomba ha matado una fila entera de mujeres que esperaban la distribución de leche, y que otra ha destrozado un grupo de gentes que se había protegido a la entrada de un metro.

Y unos párrafos más adelante el embajador agregaba éste a la vez cínico y razonable comentario:

Temo que en una guerra civil como la de España, los bombardeos aéreos sin objetivos militares claramente visibles no sólo no produzcan el efecto psicológico que se busca, sino que entrañen considerable peligro para el porvenir. Estoy convencido de que tanto en España como en otros países excitarán el odio contra nosotros e Italia, después de la guerra, de la peor manera posible, haciendo notar que los aviones españoles no hubieran hecho sufrir a sus propias ciudades bombardeos devastadores como éstos, y que quienes los han realizado han sido sus aliados alemanes e italianos[3].

Este mismo bombardeo de Barcelona, el 18 de marzo de 1938, es objeto de otro documento oficial alemán que no puede omitirse. Se trata de otro telegrama del embajador alemán en Salamanca, dirigido a su gobierno el 24 de marzo, y en el cual resume en los términos siguientes una comunicación que acaba de recibir del general Veith, comandante de la Legión Cóndor:

Mi oficial de enlace con el «generalísimo» me hace saber que, con gran indignación de Franco, Mussolini había ordenado personalmente el bombardeo de Barcelona el día 18 de marzo. La Legión Cóndor no estaba implicada porque yo había prohibido el bombardeo de ciudades abiertas sin objetivo militar. El «generalísimo» me ha declarado el 23 de marzo que se habían lanzado bombas sobre barrios residenciales situados a cuatro kilómetros del centro industrial. Consideraba que esto había sido una «falta». Me entero por mi oficial de enlace que Franco ha pedido a Mussolini, por medio de su embajada en Roma, que se abstenga de dar directamente órdenes a las formaciones aéreas de Mallorca[4].

En fin, recordemos que este bombardeo de Barcelona del 18 de marzo de 1938 fue causa de una iniciativa de la subsecretaría de Propaganda de la república, la cual hizo dirigir al mundo intelectual y científico de Inglaterra una protesta firmada por don Jacinto Benavente, don Ignacio Bolívar, don Pedro Bosch Gimpera, don Enrique Moles, don José Xirau y don Pío del Río Hortega. Este mensaje de protesta se comunicó a 400 intelectuales y hombres de ciencia británicos, de los cuales 28 respondieron con cartas de gran cordialidad en las que se solidarizaban calurosamente con la protesta de los intelectuales españoles[5].

Volviendo a tomar el hilo de nuestro relato es indispensable recordar que a los pocos días de recibirse en Londres la respuesta negativa de las autoridades franquistas a la gestión del gobierno británico, tuvo lugar la dimisión de Eden como secretario de Estado[6], lo cual me obligó a proseguir con su sucesor, lord Halifax, mis conversaciones encaminadas, muy especialmente, en aquel momento preciso, a descubrir cuáles eran la actitud e intenciones del gobierno británico en vista del «no» perentorio y tajante que el general Franco había opuesto a su gestión. Aproveché para mi primer sondeo la visita protocolaria que hice al nuevo secretario de Estado el primero de marzo, pero el resultado fue poco alentador; lord Halifax se limitó a decir que el gobierno británico, de acuerdo con el francés, continuaba sus esfuerzos para llegar a un acuerdo.

Bien que los bombardeos aéreos, como hemos visto, no disminuyeron ni en número ni en intensidad durante los meses de marzo y abril de 1938, su importancia como objeto de la actividad diplomática del gobierno de la república quedó relegada a segundo plano mientras duró la grave crisis política y militar a que dio lugar el derrumbamiento del frente de Aragón en el mismo mes de marzo de 1938. Pero tan pronto como la situación militar se estabilizó de nuevo, el gobierno volvió a preocuparse con redoblado interés de la situación insostenible que había creado la persistencia de los bombardeos aéreos contra la población civil del territorio sometido a su autoridad, mientras que él mismo, considerándose ligado por su compromiso del mes de febrero, se abstenía escrupulosamente de toda represalia. Lo que concretamente determinó al gobierno a reanudar su acción diplomática en este terreno fue el terrible bombardeo aéreo de que fue víctima la ciudad de Alicante el 25 de mayo, causando unos 250 muertos y más de mil heridos entre su población civil. La ofensiva «diplomática» del gobierno se inauguró por una enérgica nota redactada y firmada por el propio ministro de Estado, Álvarez del Vayo, el 27 de mayo, y entregada en el Foreign Office el 28. En ella, después de mencionar el reciente ataque a Alicante y de recordar la resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones del 29 de mayo de 1937 y las dos notas oficiosas del ministro de Defensa del 29 de enero y 3 de febrero de 1938, Álvarez del Vayo decía lo siguiente:

Tres meses después nos encontramos en una situación en la que el gobierno de la república, consecuente con su concepción de la guerra, sigue procurando evitar al resto del país las consecuencias de un desencadenamiento frenético de métodos de lucha cuya única finalidad es el exterminio de la población civil, mientras la aviación invasora, insensible como sus jefes a los dolores de España, multiplica cada día sus ataques aéreos a las ciudades de retaguardia del tipo y brutalidad del que acaba de ser víctima Alicante. Y, por otra parte, nada ha vuelto a saberse del curso y desarrollo de las negociaciones cuya iniciativa y responsabilidad tomaron los gobiernos británico y francés en el mes de febrero último, a fin de llegar a un acuerdo que pusiera término a la aplicación de métodos de guerra que aparte de los dolores y sufrimientos que ocasionan al pueblo español, constituyen un verdadero baldón para la humanidad.

El gobierno de la república, al hacerse intérprete cerca del gobierno del Reino Unido del sentimiento de honda indignación que ante tales hechos experimenta el pueblo español, formula su más enérgica protesta contra el hecho de que el bombardeo de Alicante no haya merecido hasta hoy, por parte de quienes un día le estimularon a cesar en el bombardeo de ciudades abiertas, ni una sola palabra pública de condenación.

Por otra parte, el gobierno de la república se ve obligado a solicitar del gobierno del Reino Unido una declaración concreta sobre las negociaciones de las que, conjuntamente con el gobierno francés, tomó la iniciativa en el mes de febrero último. El gobierno de la república celebraría además conocer si el gobierno del Reino Unido, en caso de seguir considerándose ligado por la responsabilidad aneja a dicha iniciativa, cuenta poner en práctica medidas apropiadas para evitar la repetición de crímenes como el perpetrado recientemente con la ciudad de Alicante.

A esta nota del gobierno español contestó el Foreign Office, el 20 de junio, reiterando el «horror» que le causaban los bombardeos de poblaciones civiles y afirmando que, contrariamente a lo que parecía creer el gobierno español, el gobierno británico «no había entablado ninguna negociación con el gobierno francés» sobre la cuestión de los bombardeos aéreos, «ni había tomado ninguna iniciativa internacional en la materia», lo cual, como veremos en seguida, era manifiestamente inexacto.

Al bombardeo de Alicante, el 25 de mayo, siguió el de la pacífica ciudad catalana de Granollers el 31, tan brutal y sangriento como el anterior y con balance de víctimas parecido: 300 muertos y más de mil heridos. Profundamente indignado ante esta persistente barbarie de la aviación fascista y ante la pasividad de los gobiernos democráticos, el primer ministro y el ministro de Estado en repetidas y apremiantes llamadas telefónicas me encargaron que hiciera saber, urgentemente, al gobierno británico las circunstancias del bombardeo de Granollers, llamando su atención sobre la imposibilidad en la que el gobierno se encontraría de mantener su compromiso de no tomar represalias, si las gestiones de Inglaterra y Francia cerca de las autoridades franquistas no conseguían rápidamente poner término al empleo de tan bárbaro método de guerra.

Cumpliendo estas instrucciones, el mismo día 31 de mayo, a mediodía, dirigí tres cartas dando cuenta circunstanciada del bombardeo de Granollers a lord Halifax y a los jefes de las minorías laborista y liberal en la Cámara de los Comunes, Clement Attlee y sir Archibald Sinclair. La carta a lord Halifax tuvo como consecuencia inmediata una convocatoria para que fuera a verle a las cinco y media de la tarde. La conversación fue larga y en ella lord Halifax insistió en el horror que causaba al gobierno británico la «salvajada» (savagery) de los bombardeos aéreos y me hizo saber que ya había telegrafiado a Burgos expresando su reprobación. Por mi parte puse en duda la eficacia de esos mensajes a Burgos, teniendo en cuenta que los bombardeos de que eran víctimas las ciudades y pueblos españoles en la zona republicana eran obra de las aviaciones italiana y alemana, que ensayaban sobre ellos sus nuevos métodos de guerra totalitaria. Por ello, y en vista de que sería monstruoso que la república enviara sus aviones a bombardear otras ciudades españolas como represalia contra bombardeos realizados por Alemania e Italia, lo que procedía era que la presión diplomática británica se ejerciera en Berlín y Roma, más bien que en Burgos. Sin duda lord Halifax no juzgó prudente continuar la conversación en ese terreno y pasó a otros temas.

Paralelamente a esta acción oficial, me esforcé, durante aquellos mismos días, en reavivar un movimiento de opinión alrededor de la cuestión, que reforzara la presión sobre el gobierno para que se decidiera a tomar medidas eficaces que pusieran término a los bombardeos aéreos de poblaciones civiles (documento 12).

Y con esto llegamos a mi entrevista, el primero de junio de 1938, con Howard Smith, subsecretario del Foreign Office encargado interinamente de los asuntos de España; entrevista que ofrece un interés especial porque en ella se encuentra el origen y punto inicial de la única medida práctica que se ha adoptado para someter a sanción los bombardeos aéreos de poblaciones civiles; sanción puramente moral que ya entonces se mostró ilusoria, y que hoy haría sonreír despectivamente a quienes, desde Hiroshima y Nagasaki, han aceptado como método de guerra legítimo el exterminio de la población civil del adversario; pero que debe, sin embargo, quedar registrada en la historia de nuestra época como el único intento de oponer a los bombardeos aéreos de poblaciones civiles algo más, por poco que ello fuera, que declaraciones condenatorias invocando el derecho de gentes y los principios de humanidad. He aquí, ahora, el texto del telegrama por el cual di cuenta de esta entrevista al ministro de Estado:

He tenido esta tarde nueva conversación sobre bombardeos aéreos con subsecretario Foreign Office Howard Smith temporalmente encargado asuntos España. Mostró gran comprensión problema apreciando claramente difícil situación creada gobierno por ineficacia total acción internacional. Subrayé fuertemente deplorable efecto causado total ausencia más mínima condena moral que representa prácticamente aliento autores bombardeos. Sus palabras mostraban efecto causado mi insistencia con lord Halifax sobre responsabilidad alemanes e italianos. Título estrictamente personal y declarando cuidadosamente no comprometía ni directa ni indirectamente gobierno sugerí siguiente ante observaciones dificultad definir satisfactoriamente objetivos militares: designación tres oficiales aviación neutros que a petición gobierno o rebeldes practicaran sobre casos concretos rapidísima investigación y declararan públicamente si bombardeo estaba o no justificado por razones militares. Aparte presión política esto podría constituir especie sanción orden moral. Ruego a V. E. me diga si debo mantener esta sugestión como estrictamente personal o decir que informado gobierno la rechaza o la aprueba.

En las cuatro semanas que siguieron a esta entrevista, lo ocurrido en Inglaterra en relación con la cuestión de bombardeos de poblaciones civiles se encuentra resumido en un despacho que envié al ministro de Estado el 28 de junio y al cual pertenecen los párrafos siguientes:

En la sesión de la Cámara de los Comunes del día 3 de junio, el subsecretario parlamentario del Foreign Office declaró que el gobierno británico había tomado una iniciativa coincidente con mi sugestión personal al señor Howard Smith. El 5 de junio el Times consagraba una nota de su redactor diplomático y un editorial a esta iniciativa del gobierno británico, indicando que los gobiernos americano, sueco y noruego habían sido invitados para designar los miembros de la comisión, aludiendo a la mala acogida que la iniciativa había tenido en Burgos, Berlín y Roma y apoyando calurosamente la acción del gobierno británico. En los días siguientes se tuvo noticia de la aceptación por parte de los gobiernos sueco y noruego, y el 20 de junio el subsecretario parlamentario del Foreign Office hizo una nueva declaración en la Cámara de los Comunes según la cual todo estaba casi arreglado para la constitución y envío de la comisión a Toulouse, donde habría de quedar en espera del llamamiento, sea del gobierno, sea de las autoridades franquistas.

Entretanto, el 16 de junio, me había encargado V. E. una nueva gestión cerca de lord Halifax para llamar su atención, con la máxima urgencia, sobre la pasividad internacional ante los bombardeos, y especialmente sobre la dilación incomprensible en la constitución de la comisión neutra. No pudiendo visitar personalmente a lord Halifax por encontrarme enfermo, le envié una carta de la cual comuniqué copia a V. E. oportunamente. Al día siguiente, Howard Smith telefoneó a la embajada para decir que la cuestión se examinaba con la máxima urgencia y que la comisión quedaría muy rápidamente constituida; y el 20 lord Halifax contestó a mi carta explicando las gestiones hechas por el gobierno británico cerca de los gobiernos americano, sueco y noruego, y anunciando que aunque el gobierno americano no había dado una respuesta definitiva, los otros dos habían ya designado los oficiales, los cuales se reunirían la próxima semana en Londres antes de dirigirse a Toulouse donde establecerían su cuartel general[7].

Ese mismo día 20 de junio recibí el telegrama de V. E. informándome de la comunicación que había sido hecha al embajador francés en Barcelona, en su calidad de decano del cuerpo diplomático, en el sentido de que «ante carencia de una acción internacional rápida y eficaz el gobierno español veía aproximarse el momento en el que, considerándose definitivamente desligado de su compromiso moral contraído en febrero, pasaría a las represalias, que se tomarían no sobre las ciudades españolas del territorio rebelde sino sobre los lugares de origen», y encargándome que hiciera conocer inmediatamente al Foreign Office el contenido de esa comunicación. Dos días más tarde, el 22 de junio, telegrafié a V. E. informando que el anuncio de posibles represalias sobre los «sitios de origen» había causado impresión y preguntado si se consideraba conveniente mantener viva la inquietud mediante una gestión mía cerca del gobierno británico. El 24 por la mañana tuvimos una conversación telefónica en el curso de la cual insistió V. E. con gran energía sobre este punto, encargándome que volviera a la carga cerca de lord Halifax respecto de los peligros gravísimos que implicaba la prolongación de la situación presente, y explicando que los informes que el gobierno recibía respecto al estado de espíritu que se estaba creando en el territorio bajo el general Franco fortalecían más y más la idea del gobierno que, en caso de verse obligado a tomar represalias, éstas no se aplicarían a ciudades españolas, sino a los «lugares de origen». Esta gestión la realicé aquella misma tarde cerca de sir Alexander Cadogan, secretario permanente del Foreign Office, ante la imposibilidad de ver a lord Halifax que estaba ausente.

Como ocurre con frecuencia, mi visita al Foreign Office dio lugar a una serie de preguntas a la embajada por parte de periódicos y agencias. La respuesta que se dio fue que mi visita había tenido por objeto saber lo que había sobre la anunciada comisión neutra, e insistir sobre los peligros internacionales graves que podía implicar la prolongación de la situación actual. Sea que el redactor diplomático del Times obtuviera informes más detallados, sea que recordara alguna conversación que yo había tenido con él y en la cual le hubiera señalado la gravedad que podía presentar el que ante la indiferencia internacional el gobierno se viera obligado a tomar represalias, precisamente porque el gobierno no podía cometer la monstruosidad de hacerlas consistir en el bombardeo de otras ciudades españolas, el hecho es que en la nota que publicó al día siguiente, 25 de junio, figuraba el párrafo siguiente: «El embajador español, señor Azcárate, tuvo anoche una larga conversación con lord Halifax. En ella se mencionó el bombardeo de buques británicos, pero la principal preocupación del embajador consistía en averiguar lo que ocurría con la proposición británica de enviar una comisión internacional para informar sobre el bombardeo de ciudades abiertas por los aviadores rebeldes y sus aliados. El embajador declaró que a menos que cesen los ataques, el gobierno de Barcelona ordenará inmediatas y fuertes represalias y sugirió, gravemente, que las represalias podrían tener como objetivos, no tanto Burgos o Salamanca, como los sitios de donde vienen los ataques. En opinión del gobierno de Barcelona se trata no sólo de una guerra civil, sino de una guerra de invasión».

Durante el día esta información produjo revuelo y curiosidad. A las preguntas que se hicieron a la embajada se contestó por el servicio de prensa repitiendo lo que se había dicho la víspera explicando el objeto de mi visita al Foreign Office. Los periódicos de la tarde se limitaron a publicar una información enviada desde París a la British United Press, anunciando que la embajada española en París había comunicado al gobierno francés la decisión del gobierno español de revocar su compromiso de no bombardear ciudades españolas, atribuyendo a un portavoz de la embajada una declaración según la cual «en lo sucesivo siempre que los nacionalistas bombardeen Barcelona, Valencia u otras ciudades republicanas, nuestros aeroplanos bombardearán los puertos nacionalistas y los centros de las fuerzas aéreas nacionalistas». La información añadía que la embajada había negado oficialmente que el gobierno español hubiera amenazado al gobierno británico, a través de su embajada en Londres, con ejecutar represalias bombardeando ciudades alemanas o italianas. Esta información fue objeto de una rectificación por parte de la embajada de París, que no fue recogida en la prensa de Londres. En la misma tarde la agencia Reuter anunciaba haberse confirmado que el gobierno republicano había informado a los gobiernos francés y británico que podía verse obligado a tomar represalias, no tanto sobre ciudades nacionalistas, sino contra ciudades de países extranjeros que consideraba como responsables de los bombardeos. La prensa del domingo 26 reprodujo en tonos más o menos acentuados, según el carácter y tendencia del periódico, la misma información e incluso periódicos netamente moderados como el Sunday Times y el Observer se expresaron sin pasión y en términos razonables y objetivos. El mismo domingo por la tarde me llamó por teléfono, entre otros, Gordon Lennox, redactor diplomático del Daily Telegraph, a quien expliqué el sentido verdadero de la actitud del gobierno. La nota que publicó el lunes, sobre la base de nuestra conversación, y la misma publicada por el redactor diplomático del Times aludiendo a la fuerza «lógica» del intento, acabaron por calmar la agitación creada y las aguas volvieron a su cauce.

Mi impresión personal fue desde el primer momento que, al menos en lo que se refiere a la prensa inglesa, era mil veces preferible abstenerse de toda rectificación, ya que, en el fondo, no había habido ningún texto oficial sobre el cual pudiera basarse la información puesta en circulación; y que en cuanto a la información aparecida en el Times era difícil rectificarla sin destruir el efecto político buscado con la gestión realizada. Tuve por ello gran satisfacción cuando en la conversación telefónica que sostuve con V. E. el sábado 25 por la noche, y en la cual le di cuenta de las informaciones publicadas aquí durante el día, me ordenó V. E. que no hiciera rectificación alguna.

En cuanto a la reacción provocada en Inglaterra, hay que decir que aparte un editorial del Daily Mail atribuyendo la maniobra a los rusos, no ha habido ni una palabra de reproche, crítica o condenación de la actitud definida por el gobierno español. En general, todos los periódicos han subrayado la gravedad de las consecuencias posibles, pero nadie ha declarado la actitud injustificada en sí misma; el Times mismo, como ya he dicho, aludió a su «lógica». Y según informes ésa ha sido la nota dominante en la opinión pública y así han reaccionado todas las personas con las que en estos días he tenido ocasión de discutir la cuestión.

La formación de la comisión internacional propuesta por el gobierno británico tropezó con dificultades imprevistas. El gobierno americano se negó a designar oficiales americanos para que formaran parte de ella, y el gobierno sueco, por su parte, insistió en ser sustituido por otro país neutral, estimando que la participación británica no era bastante para conferir a la comisión el carácter de estricta neutralidad que condicionaba la del propio gobierno sueco. Al parecer, el gobierno británico intentó, sin éxito, obtener la participación del gobierno de los Países Bajos y ante la negativa de este último y la de los dos países escandinavos que fue su consecuencia, decidió constituir la comisión con dos oficiales de nacionalidad británica. Esta decisión fue comunicada a la Cámara de los Comunes por Chamberlain, el 13 de julio de 1938, mediante la declaración siguiente:

En vista de las dificultades que han impedido la formación de una comisión internacional para la investigación de los bombardeos de poblaciones civiles y ciudades abiertas, el gobierno británico propone, con la esperanza de que sea aceptado por ambas partes, en España, el envío a Francia de una comisión formada por dos súbditos británicos con el referido objeto. Dicha comisión solamente actuará a petición de la parte interesada.

¡A qué amargas reflexiones se presta la cobarde negativa de estos tres gobiernos a prestar su colaboración a aquel modesto intento de proteger al pueblo español contra los horrores de los bombardeos aéreos alemanes e italianos, cuando se piensa que no iban a transcurrir tres años sin que dos de ellos vieran sus ciudades y sus pueblos víctimas de los mismos bombardeos para los cuales España estaba sirviendo de campo experimental en el momento mismo de su negativa!

Por inverosímil que ello pueda parecer el gobierno británico necesitó nada menos que cuatro semanas para nombrar los dos miembros de la comisión. En efecto, hasta el 9 de agosto la embajada no fue informada oficialmente de su constitución y composición: sus miembros eran el capitán de aviación retirado J. R. Smyth-Bigott y el comandante de artillería D. E. Lejeune. La comisión enviaría sus informes al Foreign Office, «el cual trataría de darles la mayor publicidad posible»; estaba facultada para oír testigos, pero su principal misión consistía en «acudir al lugar del bombardeo, inmediatamente después del ataque, de modo que no fuera posible el cambio de posición de algún objetivo militar». Digamos, sin más tardanza, que en contraste con la cobardía, la indiferencia y la mala voluntad de otros, estos dos oficiales cumplieron su delicada misión con un celo, una objetividad y una independencia de juicio ejemplares.

Apenas constituida, la comisión fue invitada por el gobierno a examinar seis ataques aéreos contra Alicante, realizados durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1938; tres ataques sobre Barcelona realizados el 19 de agosto; un ataque a Sitges, el 18 de agosto, y otro a Torrevieja el 25 del mismo mes. La comisión redactó informes detallados sobre cada uno de estos ataques, especificando todas las circunstancias justificativas de sus conclusiones y, en varios casos, acompañados de planos indicando la trayectoria de los aeroplanos atacantes y las zonas bombardeadas. Estos documentos, verdaderos modelos de exactitud, objetividad y valor cívico, son los únicos puntos luminosos en el sombrío cuadro de claudicaciones, indiferencia y cobardía que presenta la reacción internacional ante la sistemática matanza de mujeres y niños españoles por las aviaciones alemana e italiana.

La comisión formuló las siguientes conclusiones sobre este primer grupo de casos sometidos a su examen: a) ataques a Alicante; «los ataques 1 y 5 fueron ataques deliberados sobre el área civil de una ciudad; el 2 fue un ataque a la estación del ferrocarril; el 3 fue, o bien un ataque deliberado contra el área civil de la ciudad, o bien un ataque defectuosamente dirigido contra el puerto y la estación marítima realizado por una escuadrilla mal entrenada; el 4 fue un ataque dirigido, probablemente, contra el área del puerto, pero desviado de su ruta por un fuego antiaéreo eficaz, con el resultado de que las bombas fueron lanzadas, deliberada o casualmente, sobre un barrio residencial diseminado en las afueras de la ciudad; el 6 fue un ataque al área portuaria y a la estación del ferrocarril»; b) ataque a Barcelona: «o bien un ataque deliberadamente dirigido contra el área civil de la ciudad, o bien un ataque defectuosamente dirigido contra el puerto realizado por una escuadrilla mal entrenada»; c) ataque a Sitges: «la comisión encuentra que las bombas han sido lanzadas sobre un área civil y que si la intención de los pilotos era atacar la línea ferroviaria hubieran debido elegir otro punto, lejos de una ciudad como Sitges»; d) ataque a Torrevieja: después de recordar que durante el ataque cayeron unas 30 bombas, de las cuales 4 en el puerto, 6 en la playa y el resto en la ciudad, la comisión declara, primero, que «el ataque no fue dirigido contra la estación de ferrocarril, las fábricas de salazón o el ferrocarril de vía estrecha que las une al puerto, bajo la errónea impresión de que pudieran ser objetivos militares», y, segundo, que «en vista de la escasa altitud a que se realizó el ataque y de las perfectas condiciones meteorológicas, el blanco alcanzado por las bombas era el objetivo contra el cual el ataque estaba dirigido».

En resumen, de los nueve ataques investigados, cuatro resultaron ser ataques deliberadamente dirigidos contra áreas civiles de una ciudad abierta; tres fueron casos dudosos; dos fueron ataques a zonas portuarias o estaciones de ferrocarril. Ni en un solo caso se trató de ataque dirigido a objetivos militares propiamente dichos.

Estos primeros informes de la comisión fueron hechos públicos por el gobierno británico, y la prensa inglesa los reprodujo y comentó en forma detallada. Pero lo que más contribuyó a subrayar su importancia fue la circunstancia de haber sido publicados unos días antes de reunirse en Ginebra la Asamblea de la Sociedad de Naciones, lo que dio lugar a que el valiosísimo testimonio que contenían desempeñara papel preponderante en la discusión que la Asamblea consagró a la cuestión de la protección de la población civil contra los bombardeos aéreos.

Esta cuestión había sido inscrita en el orden del día de la Asamblea a petición de los gobiernos de España y de Cuba y fue objeto de acalorada discusión en su tercera comisión durante las sesiones de los días 17, 20, 22 y 28 de septiembre de 1938, y, particularmente, en el comité de redacción que la comisión constituyó para preparar su informe a la Asamblea y del cual formaron parte los representantes de China, España, Francia, Grecia, Reino Unido y el profesor Maurice Bourquin (Bélgica) en su calidad de ponente.

Antes de abrir la discusión, el presidente de la tercera comisión, señor Lapointe (Canadá) dio lectura a un interesante memorándum preparado, sin duda, por la secretaría, y en el cual se recordaban «breve y objetivamente algunos hechos que indican la manera como este problema se ha planteado en el pasado y las intervenciones (discusiones o decisiones) a las cuales ha dado lugar en el plano internacional». A continuación el memorándum reproducía el texto de varias declaraciones de la Conferencia de La Haya en 1899, y de algunos artículos de la Convención de 1907, mencionaba los tratados de paz que pusieron término a la primera guerra mundial de 1914-1918, reproducía el texto del protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 prohibiendo el empleo de gases asfixiantes, citaba varias disposiciones y acuerdos adoptados por la Conferencia del desarme en 1932 y 1933, recordaba las resoluciones de la Asamblea y del Consejo de la Sociedad de Naciones del 28 y 29 de septiembre de 1937, en relación con las guerras de China y de España, hacía referencia a diversas declaraciones de hombres de Estado y de la Cruz Roja Internacional y, en fin, alegaba como prueba del interés que despertaba esta cuestión en la opinión pública mundial la llegada diaria a la secretaría de numerosos telegramas y cartas protestando contra los bombardeos aéreos de poblaciones civiles y suplicando a los gobiernos reunidos en Ginebra que encontrasen el medio de poner término a esa inhumana manera de proceder.

Habiéndoseme confiado por el ministro de Estado la representación de la delegación española en la tercera comisión, me incumbió el penoso y honroso papel de abrir la discusión, lo que hice en la sesión del 17 de septiembre con un breve discurso que empezaba explicando, en los siguientes términos, el sentido de la iniciativa tomada por el gobierno español al pedir la inscripción en el orden del día de la Asamblea de la cuestión relativa a la protección de las poblaciones civiles contra los bombardeos aéreos:

El gobierno español ha querido poner a la disposición de la Sociedad de Naciones, y por medio de ella de la comunidad internacional, la dolorosa experiencia que su pueblo ha adquirido en la materia. El gobierno español —y es un punto sobre el cual deseo insistir particularmente— no aparece en esta ocasión ante la Asamblea como demandante. Su iniciativa tiene como exclusivo objeto poner su experiencia a disposición de la Sociedad de Naciones y ofrecer su colaboración para toda acción, todo estudio que la Asamblea encuentre útil emprender para suprimir, o cuando menos contener, el recurso a un método de guerra que repugna de la manera más profunda los más elementales sentimientos de humanidad […] Por grandes que sean su optimismo y su confianza en la rapidez de los métodos que la Sociedad de Naciones aplique para la solución de este problema, el gobierno español duda que el resultado práctico de los estudios llegue a tiempo para remediar el caso de España.

Después de recordar las cifras relativas a los bombardeos aéreos de que hasta la fecha había sido víctima la población civil del territorio bajo la autoridad del gobierno (24 000 bombas arrojadas sin ningún objetivo militar; 7000 muertos y 11 000 heridos no combatientes; 10 000 edificios total o parcialmente destruidos), y de evocar el horror de los bombardeos aéreos, el discurso proseguía diciendo:

Pero hay dos cosas más difíciles todavía de representarse: una, la cobardía y la ausencia total de sentimientos humanos en quienes ordenan o ejecutan los bombardeos aéreos; otra, el heroísmo tranquilo y sereno, el valor silencioso de todos los días, de todas las horas, de que dan ejemplo al mundo las poblaciones mártires. Lo más espantoso no es el bombardeo mismo, sino la angustia de la incertidumbre, el temor constante de ver aparecer en el horizonte, en cualquier momento del día, tres, seis, nueve puntos negros, y a veces más, siniestros y amenazadores.

Y a continuación cité las siguientes palabras de Mussolini en un discurso pronunciado el 30 de marzo de aquel mismo año: «Nuestra aviación es una de las primeras del mundo. Los C. R. 38 han hecho en el cielo ibérico verdaderas carnicerías».

Insistiendo sobre su idea central, el discurso declaraba que a quienes incumbía decidir si había llegado el momento de que la Sociedad de Naciones pusiera en estudio los medios apropiados para poner término a esa inmensa calamidad, eran «los gobiernos de los países que, todavía, no habían sido víctimas de ese método de guerra, pero que podrían serlo en un futuro próximo».

Por último, el discurso expresaba el agradecimiento del gobierno español al gobierno británico por la firmeza que había mostrado constituyendo una comisión puramente británica para la investigación de los bombardeos aéreos en España, ante la inexplicable negativa de varios gobiernos a participar en ella; declaraba que, a su juicio, el funcionamiento de esa comisión y los resultados ya obtenidos justificaban la esperanza de encontrar en la vía marcada por esa iniciativa elementos importantes y positivos para poner un freno a esa sanguinaria crueldad que son los bombardeos aéreos de poblaciones civiles; y, en fin, sugería como el medio más rápido de llegar a soluciones concretas y prácticas, el desenvolvimiento, sobre una base internacional y en el marco de la Sociedad de Naciones, de la idea que había servido de fundamento a la iniciativa del gobierno británico.

La discusión ocupó las dos sesiones que la comisión celebró los días 20 y 22 de septiembre y en ella tomaron parte un gran número de delegados. Con la excepción de las intervenciones de los delegados chino y soviético, las demás pueden clasificarse en dos grupos: jurídico y político. El primero se caracterizó por tomar el asunto como tema de lucubraciones jurídicas, acompañadas de citas, referencias legales, precedentes, etc., más propias para mostrar la erudición de sus autores que para la busca de alguna solución práctica del angustioso problema planteado ante la Asamblea. Las intervenciones que formaban el segundo grupo estuvieron dominadas por la preocupación de mantener la discusión (y como consecuencia la resolución que fuera su resultado), en un plano de generalidades, sin que apareciera ninguna alusión a casos concretos; en otras palabras, a los bombardeos aéreos que las aviaciones alemana e italiana realizaban en España, ya que una alusión a estos bombardeos provocaría inevitablemente el descontento y la irritación de los dos dictadores europeos y entorpecería la política de «apaciguamiento» que Chamberlain se empeñaba todavía en imponer, no sólo a su propio país, sino a toda Europa. Y la nota tragicómica en este depresivo espectáculo la dio el delegado polaco, Komarninski, que más franco o más cínico que sus colegas, fue el único que se atrevió a declarar, en términos directos y categóricos, que se opondría a todo lo que pudiera ser interpretado como una alusión directa o indirecta a casos concretos. ¡Quién había de decir al delegado polaco y a su jefe, el tristemente célebre coronel Beck, a la sazón ministro de Negocios Extranjeros de Polonia, que solamente dos años después las ciudades de su propia patria iban a ser arrasadas por aviadores alemanes que habían hecho su aprendizaje y entrenamiento en esos mismos bombardeos de ciudades españolas, a los que tan celosamente quiso evitar hasta el leve obstáculo moral que hubiera podido representar para ellos una alusión en el texto de una resolución que condenara ese bárbaro e inhumano método de guerra!

Este empeño de mantener la discusión (y seguramente también la resolución, cuando llegara el momento de discutir su texto) en un plano de generalidades, tropezó con un serio obstáculo cuando, el 20 de septiembre, la delegación española comunicó oficialmente al secretario general de la Sociedad de Naciones, los cinco informes de la comisión británica de investigación que han sido resumidos más arriba, pidiendo que fueran distribuidos a los miembros de la tercera comisión de la Asamblea. Y para completar su esfuerzo a fin de asegurar que la discusión pudiera conducir a resultados prácticos y constructivos, el delegado español presentó a la tercera comisión, en su sesión del 22 de septiembre, el siguiente proyecto de resolución:

La Asamblea da las gracias al gobierno británico por su iniciativa en virtud de la cual ha sido constituida una comisión de encuesta para investigar los casos de bombardeos de poblaciones civiles en España.

Después de haber examinado los informes de esta comisión sobre un cierto número de casos que han sido ya investigados, la Asamblea opina que esta iniciativa debe ser desarrollada sobre una base internacional permitiendo establecer claramente las responsabilidades por la violación de los principios enunciados en el párrafo 1, lo cual contribuiría ya de manera eficaz a frenar el empleo de este método de guerra.

En consecuencia la Asamblea invita al Consejo:

Primero: a poner en estudio, sin más espera, por una comisión de expertos designada con este objeto, los medios más apropiados para desarrollar la iniciativa británica en el sentido más arriba indicado.

Segundo: a ponerse de acuerdo con el gobierno del Reino Unido a fin de asegurar que la comisión de encuesta que está ya funcionando para España, dirija sus informes a la secretaría de la Sociedad de Naciones, de manera que, gracias a ella, sean no sólo distribuidos a los Estados miembros y publicados, sino también comunicados a la comisión de expertos mencionada más arriba.

Recomienda que estos informes sean examinados periódicamente por el Consejo a fin de que, con su alta autoridad, pueda pronunciarse, llegado el caso, sobre las responsabilidades que pudieran resultar del empleo de ese método de guerra en la lucha española.

La discusión en el comité de redacción formado para preparar un proyecto de resolución fue larga y confusa. Desde el primer momento el representante de España aceptó que el proyecto de resolución español fuera precedido de un texto presentado por el delegado británico en el cual: a) se declaraban contrarios al derecho los bombardeos aéreos de poblaciones civiles; b) se exigía que los objetivos de bombardeos aéreos fueran legítimos susceptibles de identificación, y c) se exigía que los ataques a esos objetivos se realizaran de tal modo que la población civil cercana no resultara atacada por negligencia. El compromiso que hizo posible la unanimidad del comité consistió, grosso modo, en dar al texto británico la forma de «resolución», y al español (con ligeras variantes y adiciones) la forma de «recomendación».

La tercera comisión de la Asamblea examinó el informe de su comité de redacción en su sesión del 28 de septiembre y tras breve discusión fue aprobado por unanimidad con la abstención de los representantes de Polonia y Hungría sobre la «recomendación», la cual, según declaración del primero, era «inoportuna» y podía dar lugar en su aplicación práctica a interpretaciones diversas.

El informe de la tercera comisión fue adoptado, sin discusión, por la Asamblea plenaria el 30 de septiembre (documento 13); y unos minutos bastaron para que el Consejo, en sesión celebrada el mismo día 30 de septiembre, aceptara la recomendación de la Asamblea y se pusiera de acuerdo con el gobierno británico para ponerla en práctica. Por consiguiente, a partir de aquel momento los informes de la comisión de encuesta se comunicaron al secretario general de la Sociedad de Naciones, el cual los comunicaba a todos los Estados miembros, al propio tiempo que los hacía públicos, y lo que era más importante, los sometía al Consejo para ser examinados y discutidos en su próxima reunión.

En los meses que mediaron entre la aceptación por el Consejo de la recomendación de la Asamblea y su reunión del mes de enero de 1939, la comisión británica de encuesta investigó, a la demanda del gobierno español, cinco nuevos casos de bombardeos aéreos de poblaciones civiles, a saber: el de Figueras, el 14 de octubre; el de Barcelona, el 21 del mismo mes; el de Tarragona el 7 de noviembre; y los de Barcelona, el 2 de noviembre y el 31 de diciembre. He aquí las conclusiones de la comisión sobre cada uno de estos ataques:

Figueras (5 muertos y 11 heridos): «las bombas fueron lanzadas sobre la ciudad misma de Figueras, que es una ciudad abierta con excepción de un solo objetivo militar: la escuela de cadetes».

Barcelona (21 de octubre; 24 muertos y 40 heridos): «ataque dirigido contra la zona del puerto, efectuado en condiciones meteorológicas y en una dirección tales que ponían en peligro las vidas de los habitantes de una parte densamente poblada de la ciudad».

Tarragona (7 muertos y 32 heridos): «ataque por una de las dos patrullas dirigido, sea contra la ciudad, sea contra la estación del ferrocarril; y por la otra, sea contra un depósito de esencia ya destruido, o contra un puente, los dos situados fuera de la ciudad».

Barcelona (23 de noviembre; 42 muertos y 90 heridos): «ataque contra la zona del puerto, realizado a una altura y en una dirección tales que, inevitablemente, debía poner en peligro las vidas de los habitantes de un barrio muy poblado de la ciudad».

Barcelona (31 de diciembre; 44 muertos, 66 heridos graves y 25 leves): «ataque premeditado contra personas, efectuado por medio de bombas especialmente destinadas a ese objeto, en un momento en el que las calles habían de encontrarse excepcionalmente concurridas y en una parte de la ciudad en la que los civiles se creían al abrigo de bombardeos desde el mes de marzo de 1938».

Pero antes de dar cuenta del examen de estos informes por el Consejo de la Sociedad de Naciones en su reunión del mes de enero de 1939, es forzoso que mencionemos la enérgica nota que dirigió el gobierno español al gobierno británico, el 5 de diciembre de 1938, protestando contra la indiferencia con la que eran acogidos los informes de la comisión de encuesta, y de la cual se reproducen a continuación los párrafos esenciales:

El pueblo español no puede contemplar sin indignación y amargura la fría indiferencia con que los gobiernos democráticos acogen la reiterada y cínica aplicación contra él de un método de guerra que no han vacilado ellos mismos en calificar de bárbaro e inhumano. Mientras los hechos no estuvieron demostrados de manera fehaciente, podía haberse justificado una actitud, si no de desinterés, por lo menos de reserva. Hoy esto ya no es posible. Los gobiernos democráticos y el mundo entero conocen los informes de la comisión británica de encuesta que demuestran de la manera más categórica en qué forma la aviación al servicio de los rebeldes españoles aplica sistemáticamente el bombardeo de poblaciones civiles como método de guerra […]. Ahora bien, una vez que el aparato instituido por el propio gobierno del Reino Unido ha probado de manera irrebatible el empleo sistemático de los bombardeos aéreos de poblaciones civiles en España ¿cómo es posible no tratar de impedirlo? ¿No estamos todos de acuerdo en considerar ese método de guerra como bárbaro, inhumano y contrario a todas las leyes del derecho internacional? ¿Cómo es posible que cuando su empleo sistemático ha quedado demostrado, gracias a una meritoria iniciativa del propio gobierno británico, los gobiernos democráticos permanezcan pasivos e indiferentes, sin tratar de aplicar los medios eficaces de que sin duda disponen a fin de cortar y poner término a su aplicación? ¿Para qué, entonces, se instituyó la comisión de encuesta? ¿Para cubrir la ausencia de una reacción adecuada, después de haber dejado perfectamente establecida la realidad del crimen? […] El gobierno español proclama con orgullo su «impotencia» para proteger la población civil de sus pueblos y de sus campos contra los bombardeos aéreos, mediante la aplicación del único medio eficaz: las represalias. Y lo proclama con orgullo porque esa impotencia tiene su origen no en la carencia o insuficiencia de medios técnicos, sino en la firme decisión del gobierno español de no cometer la monstruosidad de tomarlas sobre gentes inocentes del crimen, como es la población española del territorio dominado por el general Franco. Pero el origen mismo de esta «impotencia», nacida del espíritu de humanidad y del sentido de responsabilidad del gobierno español, no hace más que aumentar la fuerza moral de este nuevo llamamiento que dirige al espíritu de fair play y a la tradicional honorabilidad pública del gobierno británico, para que ponga en acción los medios adecuados de persuasión o de presión a fin de hacer cesar de una vez ese espectáculo de los bombardeos aéreos de poblaciones civiles, que cada día debe llenar de horror y de vergüenza toda conciencia limpia, y cuya continuación dejaría a todos cubiertos de oprobio ante la historia.

A esta nota respondió el Foreign Office, el 28 de diciembre, recordando sus reiteradas manifestaciones de horror ante los bombardeos aéreos de poblaciones civiles, mencionando su propia iniciativa de crear la comisión de encuesta y declarando «que en las circunstancias el gobierno de Su Majestad no veía ninguna medida que, en su opinión, tuviera probabilidades de conseguir un resultado efectivo».

El 18 de enero de 1939, el Consejo de la Sociedad de Naciones abordó el examen de los informes de la comisión de encuesta. Abrió la discusión Álvarez del Vayo con un vibrante discurso, en el cual, después de reiterar la gratitud del gobierno español a la comisión de encuesta por el celo, objetividad y buen juicio con los que había cumplido su delicada misión, y de insistir sobre el valor probatorio de sus informes, examinaba la cuestión de la responsabilidad. «Como en todas las encuestas, dijo Álvarez del Vayo, se plantea un segundo problema: el de la responsabilidad, la busca del responsable. Ahora bien, sobre este problema no cabe más que la alternativa siguiente: o esos ataques criminales contra la población civil son obra de los jefes españoles de la rebelión, o son obra de sus aliados extranjeros. Pues bien, como español y mientras no tenga prueba evidente de lo contrario, me niego a creer que los ataques aéreos dirigidos contra mujeres y niños españoles puedan ser obra de españoles. No queda, por tanto, más que la otra alternativa: los bombardeos aéreos de poblaciones civiles españolas no pueden ser obra más que de las aviaciones alemana e italiana». Y a continuación Álvarez del Vayo leyó ante el Consejo una porción de textos tomados de los grandes periódicos italianos y de una publicación semioficial italiana titulada Aviazione Legionaria in Spagna, en los cuales sus autores se vanagloriaban en términos ridículamente ditirámbicos de las hazañas que realizaban los aviadores italianos en los «cielos españoles».

Después de reconocer que, contra lo que con un optimismo excesivo habíamos esperado, los informes de la comisión de encuesta no habían provocado en la opinión pública mundial una reacción proporcionada a la gravedad del crimen, Álvarez del Vayo formulaba la siguiente amarga y penetrante observación:

A veces nos hemos preguntado si la firme decisión del gobierno español de no tomar represalias, ha paralizado, en su preocupación de meticulosa imparcialidad, a quienes por toda clase de razones eran los conductores naturales de un movimiento de opinión pública en esta materia. Nos hemos preguntado si la ausencia de una reacción indignada que hubiera empujado a los gobiernos a tomar medidas eficaces y positivas, no se debe al hecho de ser absolutamente imposible dirigir esa indignación, sobre un pie de igualdad, contra una y otra parte. Esto conduciría a la conclusión, cruelmente paradójica, de que para provocar una fuerte reacción de opinión pública sería necesario que el gobierno responda al crimen con el crimen, haciendo así posible que los puritanos de la imparcialidad puedan fulminar con su indignación las dos partes en conflicto. Pues bien, señor presidente, el gobierno español está más firmemente decidido que nunca a no modificar su actitud; por encima de todo quiere estar en paz con su propia conciencia; y que los demás tengan el valor de hacer otro tanto.

A Álvarez del Vayo siguió Butler, en nombre del gobierno británico. Su discurso, dentro de su brevedad, fue un modelo de hipocresía y mezquindad. Recordó que el gobierno británico se había dirigido «a las dos partes» pidiéndoles que renunciaran a ese método de guerra. Se desolidarizó de la comisión de encuesta, declarando que sus informes «no representaban necesariamente la opinión del gobierno de Su Majestad». Y, en fin, subrayando que la comisión no había investigado «todos los bombardeos aéreos, sino sólo los ataques sobre los cuales el gobierno español la había invitado a formular conclusiones», dejó flotar, insidiosamente, la idea de que también el gobierno realizaba bombardeos aéreos de poblaciones civiles.

Las intervenciones de China, Francia y la Unión Soviética en la sesión del 18, y las de Bolivia, Nueva Zelanda y Perú en la del 20, se limitaron a consideraciones generales y en esa misma sesión del 20 de enero de 1939 el Consejo adoptó, por unanimidad, con la abstención de Bolivia y Perú, un informe de su presidente, Sandler (Suecia), seguido de la resolución siguiente:

El Consejo,

Después de haber examinado los informes de la comisión encargada de la encuesta sobre bombardeos aéreos en España;

Después de haber oído las declaraciones sobre este asunto hechas por varios de sus miembros;

Comprobando que, según los términos de estos informes, varios de los ataques aéreos que han sido objeto de encuesta deben ser considerados como dirigidos, intencionalmente o por negligencia, contra poblaciones civiles;

Tomando nota con satisfacción de la declaración hecha por el representante de España ante el Consejo, según la cual el gobierno español mantiene la decisión de no tomar represalias contra los bombardeos aéreos de que son víctimas las poblaciones civiles de su territorio;

Recordando las resoluciones anteriores de la Asamblea y del Consejo, y especialmente los principios aprobados por la Asamblea el 30 de septiembre de 1938,

Condena el recurso a métodos contrarios a la conciencia humana y a los principios del derecho de gentes.

Dada la situación internacional que prevalecía en aquel momento, dominada por el «apaciguamiento» de los dos dictadores europeos impuesto por Chamberlain como directiva fundamental de la política británica, hubiera sido completamente ilusorio pretender que el Consejo siguiera la línea que en términos de una lógica irrebatible había defendido en su discurso Álvarez del Vayo, a saber: una vez comprobada la existencia del delito, buscar al autor para exigirle las responsabilidades consiguientes y aplicarle la sanción apropiada. Por ello, el representante de España se contentó con los términos de esa resolución, los cuales a pesar de su timidez y de su insuficiencia, contenían la condenación implícita de Hitler y Mussolini, responsables con quienes dirigían a la sazón los destinos del Japón, de haber introducido entre los métodos de guerra el bombardeo deliberado y sistemático de poblaciones civiles, es decir, el exterminio de los no combatientes del adversario. Pero si estos siniestros personajes llevarán ante la historia la abrumadora responsabilidad de haber sido los autores de esa bárbara iniciativa, el resto de los hombres políticos de la época, con honrosas excepciones, deberán aceptar la no menos grave de haberles alentado indirectamente en su empresa, haciéndoles objeto, mientras cínica y descaradamente aplicaban en España ese método de guerra que ellos mismos calificaban en sus discursos de bárbaro, inhumano y contrario al derecho de gentes, de claras y ostensibles muestras de consideración y hasta de amistad. Aquellos hombres, unos por su audacia, otros por su cobardía, pusieron a la conciencia humana en el plano inclinado que había de conducirla a la situación en que hoy se encuentra, y en la que, sin escándalo ni asombro de nadie, puede Truman tratar de justificar el exterminio de una buena parte de la población civil de Hiroshima y Nagasaki, por la conveniencia de economizar las bajas que hubiera ocasionado al ejército americano en su avance sobre Tokio[8]; y en la que uno de los signos de progreso de un país, si no el más caracterizado, es su capacidad para producir los más potentes y mortíferos artefactos de destrucción, no para destruir ejércitos o flotas de guerra, sino para matar niños, mujeres y ancianos y, en general, para exterminar a los no combatientes del adversario.

Como decíamos al comienzo de este estudio, cuando se contempla esta situación, los bombardeos de poblaciones civiles en la guerra de España aparecen como juegos de niños. Y, sin embargo, en ellos se encuentra el punto de partida del despeñadero en que ha ido cayendo desde entonces la sensibilidad moral de la humanidad, en contraste con el inmenso progreso realizado, durante ese mismo período, en otros sectores de la vida, y muy especialmente en el campo de la justicia social. Aquellos «modestos» bombardeos de Guernica, de Barcelona, de Granollers, de Alicante y de tantos otros pueblos españoles, fueron el germen que cuando, unos años más tarde, llegó a madurez produjo las verdaderas matanzas de mujeres y niños ingleses por la aviación alemana, y de niños y mujeres alemanes por las aviaciones americana y británica, para culminar en Hiroshima y Nagasaki y en la amenaza de aniquilamiento de partes considerables del género humano con las bombas nucleares.

Es imposible decir si fue o no posible destruir aquel germen, pero posible o imposible, el deber de todos era intentarlo; y justo es reconocer que a este respecto la república española puede presentar una ejecutoria limpia de toda mancha. Sus esfuerzos se estrellaron ante la ceguera y la obcecación de quienes todo lo sacrificaron en el altar del «apaciguamiento»; y no deja de tener cierta ejemplaridad el hecho de que pueda aplicarse a algunos de sus más ardientes partidarios aquello de que «en el pecado han llevado la penitencia».

Capítulo 5. La protección del tesoro artístico nacional.

Capítulo 5

LA PROTECCIÓN DEL TESORO ARTÍSTICO NACIONAL

(Visita a España de sir Frederic Kennyon y Mr. Mann)

Es de desear que alguien de los que contribuyeron personalmente a esa magna empresa que fue la protección del tesoro artístico nacional durante la guerra de España escriba su historia con todo el detalle y la minuciosidad que el asunto merece. Entretanto voy a relatar un episodio que se inserta dentro del marco general de ese gran empeño, y en el que tuve una participación personal y directa en mi condición de embajador de España en Londres.

A fines del mes de julio del año 1937 apareció en el Times una carta firmada por sir Frederic Kennyon haciéndose eco de la inquietud que reinaba entre los medios artísticos e intelectuales ingleses ante las consecuencias que pudieran tener las inevitables violencias de la guerra civil para el tesoro artístico español. Sir Frederic se refería especialmente a los cuadros del Museo del Prado y sugería que el gobierno de la república diera a conocer las medidas que hubiera adoptado para garantizar la seguridad de los tesoros de que era responsable. Previa consulta al gobierno, contesté a esta carta en otra que se publicó en el mismo periódico invitando a sir Frederic, en nombre del gobierno, a visitar España a fin de que recogiera sobre el terreno cuantas informaciones pudiera desear sobre la suerte del tesoro artístico español en la zona republicana (documento 14).

Conviene decir que sir Frederic Kennyon era una de las figuras cumbres, en Inglaterra, en el mundo del arte y de la arqueología, cuya autoridad estaba consagrada de modo indiscutible por el hecho de haber desempeñado durante muchos años el elevado puesto de director del Museo Británico. Además, y como pude comprobar en adelante, era sir Frederic hombre dotado de un alto concepto del deber y de un estricto sentido de responsabilidad, y a pesar de su edad ya avanzada, y de que una visita a España en plena guerra civil presentaba perspectivas poco seductoras en cuanto a condiciones de comodidad y confort, incluso no exenta de riesgos, acogió mi sugestión favorablemente y me anunció su deseo de tener conmigo una conversación en la cual pudiéramos tratar del asunto con el detalle y detenimiento que exigía su delicada naturaleza.

No una, sino varias conversaciones, tuve con sir Frederic en aquellos días, y la excelente impresión que su personalidad me causó desde el primer momento no hizo sino confirmarse en lo sucesivo: extraordinaria solidez moral y robustez física, esta última a pesar de sus setenta y pico de años; un espíritu abierto y comprensivo, exento de prejuicios; y, sobre todo, un deseo honrado y leal de averiguar la verdad y de proclamarla con la inmensa autoridad de su firma. La visita quedó rápidamente organizada, habiendo aceptado el gobierno sin la menor dificultad la única condición que puso sir Frederic y que consistió en ir acompañado de Mr. James G. Mann, director de la Wallace Collection, el museo de pinturas más importante de Londres después de la National Gallery, gran especialista en armaduras antiguas y buen conocedor del arte español.

Pero antes de pasar adelante en nuestro relato, es oportuno mencionar un artículo que en aquellos mismos días publicó el Morning Post, periódico de extrema derecha y que, como es sabido, no falta en la mesa de desayuno de ningún aristócrata inglés que se respete (documento 15). Con una virulencia poco común en la prensa inglesa se formulaban en ese artículo contra el gobierno español una serie de acusaciones tales como la de haberse negado a depositar los cuadros del Museo del Prado en los sótanos del Banco de Madrid [sic], la de haber hecho del palacio de Liria un museo proletario, para, después, incendiarlo rociándolo de petróleo, la de haber instalado ametralladoras en las terrazas del Museo del Prado para hacer necesario su bombardeo por los aviones rebeldes, etc.; terminando por expresar su confianza en el general Franco para que salvara los tesoros artísticos de España, si antes los «rojos» no los habían vendido a los rusos o los franceses, o destruido para poder acusar a las autoridades franquistas de su destrucción. A las falsedades, insidias y acusaciones calumniosas contenidas en este artículo contesté con una carta dirigida al director del mismo periódico que lo había publicado.

Pero retornemos a nuestro relato y en él encontraremos la mejor réplica al disparatado y virulento artículo que a nadie hizo tanto daño como al propio periódico que lo publicó.

Sir Frederic Kennyon y Mr. Mann llegaron a Barcelona el día 12 de agosto. Permanecieron en Cataluña cuatro días durante los cuales, guiados por el arquitecto señor Gudiol, y acompañados con frecuencia por los señores Sunyer y Bosch Gimpera, consejeros, respectivamente, de Educación y de Justicia, visitaron, además de Barcelona, Olot, Vic, Gerona, Poblet, Tarragona, etc. En Valencia y Madrid pasaron otros cuatro o cinco días, acompañados, principalmente, por el señor Pérez Rubio, presidente de la Junta del Tesoro Artístico Nacional, y por don José Giner Pantoja y don José L. Vaamonde.

Quiso la casualidad que coincidiera en Valencia con los señores Kennyon y Mann con motivo de una visita que hice a Madrid acompañando al profesor J. B. Trend, de la Universidad de Cambridge, y el hispanista inglés más eminente a la sazón en Inglaterra. No podré nunca olvidar la escena en las Torres de Serranos, de Valencia, donde para su protección estaban depositados los más valiosos cuadros del Museo del Prado, cuando a petición de sir Frederic y de Mr. Mann los señores Pérez Rubio y Giner Pantoja hicieron abrir algunas de las estupendas cajas en que se hallaban encerrados, y entre el sólido y elaborado embalaje fueron apareciendo, en perfecto estado de conservación, entre otros, las «Meninas», los retratos del príncipe don Baltasar Carlos y doña Margarita de Austria, las «Majas», etc. Ha quedado profundamente grabado en mi memoria el silencio y el recogimiento con que todos asistimos a la operación, como si se tratara de una ceremonia religiosa; y el caso no era para menos. Cuando hubimos acabado, sir Frederic Kennyon, sin poder ocultar su emoción, expresó no sólo su agradecimiento, sino su satisfacción y complacencia por las preocupaciones adoptadas para garantizar la seguridad de aquellas inestimables pinturas.

A su regreso a Londres, sir Frederic Kennyon dio cuenta de su visita en dos extensos artículos publicados en The Times los días 3 y 4 de septiembre de 1937, en tanto que Mr. Mann hacía lo propio en el Daily Telegraph de las mismas fechas. En estos cuatro artículos sus autores presentan lo que con toda propiedad puede ser considerado como un detallado y circunstanciado informe de su visita. Pueblo por pueblo, sitio por sitio, local por local, describen minuciosamente el estado de las obras de arte. Esta presentación hace difícil su resumen y el lector que desee tener una idea completa y exacta de estos informes deberá leer los cuatro artículos (documentos 16 y 17).

Como botón de muestra indicaremos algo de lo que en estos artículos se dice en relación con dos de los casos que por razones fáciles de comprender tenían, en Inglaterra, más valor como materia de propaganda contra la república española.

El primero se refiere a los cuadros del Museo del Prado, respecto de los cuales sir Frederic Kennyon, después de describir la escena más arriba relatada, añadiendo que los embalajes habían sido tratados para hacerlos incombustibles, en prueba de lo cual se realizó en su presencia un verdadero «auto de fe», explica que los cuadros fueron retirados de los sótanos del Banco de España cuando se comprobó que a las pocas semanas de haber sido depositados en ellos los Grecos de Illescas estaban cubiertos de moho. Y sir Frederic hace observar que, a menos de instalar dispositivos caros y complicados, «la humedad es un peligro más serio que una bomba». «Los cuadros —dice sir Frederic en su primer artículo—, están en el piso bajo de las Torres de Serranos, de Valencia, las dos torres redondas gemelas que forman una de las puertas de la ciudad medieval. Sobre él hay un techo abovedado que ha sido reforzado con cemento y tierra; y por encima hay dos pisos más cubiertos con bóveda de piedra. Las Torres […] parecen lo bastante sólidas para resistir bombardeos, con tal de que no se empleen proyectiles de grueso calibre».

El segundo caso hace referencia al palacio de Liria, propiedad del duque de Alba, en Madrid. Su destrucción no cabe ponerla en duda. Lo que había que dilucidar era si esa destrucción había sido resultado de un incendio intencionado provocado por las autoridades de la república, como afirmaba a voz en grito la propaganda franquista (recuérdese el artículo del Morning Post), o si la destrucción fue causada por un bombardeo y las autoridades madrileñas y sus servicios hicieron todo lo que estaba a su alcance para salvar de la destrucción el mayor número posible de obras de arte y objetos de valor.

Pues bien, las conclusiones a que llegaron sir Frederic Kennyon y Mr. Mann confirmaron plenamente la segunda versión. En efecto, los dos describen con detalle las importantes obras de arte y objetos de valor que, en número impresionante, fueron salvados del incendio; ¿y no sería el mayor de los absurdos suponer que los propios incendiarios organizaran, o permitieran la organización del salvamento de aquello mismo para cuya destrucción se alumbró el incendio? Yo mismo tuve ocasión de visitar las ruinas del palacio de Liria en el verano de 1937 y pude ver, todavía, el cuidado con el cual, ya entonces, se realizaban los trabajos de reconstrucción; limitados, es verdad, a lo más indispensable como no podía por menos de ser, si se tiene en cuenta que su ejecución tenía lugar al alcance de las líneas enemigas en la Casa de Campo.

Pero a mayor abundamiento hagamos notar que Mr. Mann en su segundo artículo se refiere expresamente a un bombardeo como posible causa del incendio que destruyó el palacio. He aquí sus palabras: «Su destrucción es completa, quedando en pie tan sólo los muros. Las mejores pinturas se habían quitado de las paredes antes del bombardeo, salvándose y siendo enviadas a Valencia juntamente con las tapicerías…». Y quienes han querido atribuir la destrucción del palacio de Liria a una vesánica reacción de odio hacia la aristocracia por parte de la república, deben tomar nota de los párrafos del artículo del propio Mr. Mann testimoniando que el palacio del duque de Fernán Núñez (a pesar de que su propietario estuviera luchando en las filas de las fuerzas enemigas) del cual se habían hecho cargo las Juventudes Socialistas, se encontraba cuando lo visitaron «conservado en perfecto estado».

Y, en fin, consignemos, aunque ello sea posterior a los sucesos objeto de nuestro relato, que en una publicación, si no oficial, por lo menos oficiosa, aparecida en Madrid en el año 1959, se reconoce explícitamente que la destrucción del palacio de Liria fue originada por un bombardeo. Se trata del folleto titulado El Palacio de Liria, del que es autor don José Manuel Pita Andrade, que con el número XX figura en la serie «Itinerarios de Madrid», publicada por el Instituto de Estudios Madrileños, y en cuya página 5 puede leerse lo siguiente: «… la reconstrucción de un palacio destruido por un incendio (a consecuencia de un bombardeo) en noviembre de 1936».

La publicación de estos artículos puso término a la virulenta campaña de calumnias que una parte de la prensa conservadora inglesa, sin duda bajo la inspiración del duque de Alba, representante del general Franco en la capital británica, venía dirigiendo contra el gobierno de la república con motivo de la supuesta destrucción del tesoro artístico español. Recuerdo como si fuera ayer el almuerzo que ofrecimos en la embajada a sir Frederic Kennyon y a Mr. Mann a su regreso de España y en el cual el primero me decía en el tono a la vez malicioso e ingenuo que le era peculiar: «Ahora ya no puede el duque de Alba seguir contándome “historias” (stories) sobre las obras de arte en España y la destrucción de su palacio de Liria».

Capítulo 6.Negociaciones «in extremis» (enero-febrero de 1939)

Capítulo 6

NEGOCIACIONES «IN EXTREMIS».

(ENERO-FEBRERO DE 1939).

En el relato de estas negociaciones vamos a seguir un orden estrictamente cronológico, dejando, siempre que ello sea posible, la palabra a documentos de la época en que sucedían los acontecimientos. De esta manera alcanzará la narración, aun a riesgo de resultar poco amena, el valor que le corresponde como contribución a un exacto conocimiento de los hechos y a un enjuiciamiento objetivo e imparcial de la conducta de quienes, con sus decisiones o consejos, tomaron una parte directa o indirecta en la orientación de los destinos de la república en aquellas últimas y dramáticas semanas de su existencia dentro de España.

Ya en los primeros días de enero de 1939, y ante la manifiesta imposibilidad de contener la ofensiva franquista en Cataluña, Negrín, jefe del gobierno, había definido, en un discurso pronunciado ante las Cortes, las condiciones en las cuales el gobierno republicano estaría dispuesto a abandonar la lucha. Esas condiciones se resumían en los tres puntos siguientes: a) compromiso de no tomar represalias contra los partidarios de la república; b) abandono de España de todas las fuerzas extranjeras; c) organización de un plebiscito para decidir el futuro régimen político de España.

El día 14 de enero, todavía convaleciente de una gripe y unas horas antes de salir para Ginebra con objeto de asistir a la reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, visité a lord Halifax para hacerle saber que el gobierno español acogería favorablemente toda iniciativa del gobierno británico encaminada a poner término a la guerra sobre la base de los tres puntos definidos por Negrín en su discurso ante las Cortes; si ello no fuera posible, el gobierno de la república se vería obligado, muy a su pesar, a continuar la resistencia hasta el último límite; sus recursos de todo género eran todavía considerables; el ejército de Cataluña se había retirado, pero conservaba su organización y podía rehacer rápidamente su poder combativo; además, el gobierno tenía bajo su autoridad la zona centro-sur, con diez provincias, diez millones de habitantes, gran número de ciudades importantes entre las cuales figuraban la capital del Estado y los cuatro puertos de Alicante, Valencia, Almería y Cartagena, este último una importante base naval; en esta zona el gobierno disponía de un ejército de 500 000 hombres y de una escuadra formada de tres cruceros, trece destructores, siete submarinos, cinco torpederos y dos cañoneros. Nadie podía esperar que en esas condiciones el gobierno aceptara una capitulación sin condiciones. Si las que proponía, de cuya moderación nadie podía dudar, no eran aceptadas, la lucha continuaría y podría durar un tiempo indefinido. Esta actitud del gobierno de la república fue reiterada por escrito en un memorándum que remití, el 31 de enero, al propio lord Halifax y a Richard Butler, subsecretario parlamentario del Foreign Office. Era, en efecto, esencial para el propósito que perseguíamos salir al paso de la opinión según la cual la pérdida de Barcelona significaba la derrota final y definitiva de la república, mostrando los recursos de que esta última disponía en la llamada zona centro-sur. Con ese mismo objeto, y paralelamente a mis comunicaciones al gobierno, celebré durante aquellos días una serie de entrevistas y conversaciones con personalidades británicas de las cuales di cuenta a Álvarez del Vayo, ministro de Estado, en dos cartas del 26 y 29 de enero de 1939 (documento 18).

Así quedaron trazadas las directivas de nuestra actividad diplomática en Londres durante las semanas siguientes, hasta que el reconocimiento del general Franco por el gobierno británico puso término a mi misión: se trataba, en suma, de utilizar las posibilidades de que todavía disponía el gobierno de la república para prolongar la resistencia por un período más o menos largo, como medio de presión sobre el gobierno británico para que pusiera el máximo empeño e interés en imponer al general Franco la aceptación de las condiciones más favorables que fuera posible obtener, sobre todo para la seguridad de los republicanos que quedaran en España, con el objeto de abrir el camino a una terminación inmediata a la guerra.

Para apreciar el valor práctico de esta operación es preciso tener en cuenta que en aquellos momentos una inmediata terminación de la guerra civil de España presentaba para el gobierno británico, y en particular para la política de «apaciguamiento» personificada en su jefe, Neville Chamberlain, una considerable importancia. Y ello, no sólo por motivos generales de orden humanitario, sino por poderosas razones de carácter político. En efecto, mientras la república española, reconocida o no, se mantuviera en territorio nacional y continuara la lucha, no podría el general Franco prescindir de la ayuda de Alemania e Italia, y la guerra de España seguiría sirviendo de excelente plataforma para la oposición, cada vez más amplia y potente, que dentro de Inglaterra obstaculizaba la política de «apaciguamiento» que Chamberlain se esforzaba por aplicar con un empeño y tenacidad que aumentaba por días. El fin inmediato de la guerra, sobre todo si gracias a la intervención del gobierno británico el general Franco hubiera aceptado las condiciones propuestas por el gobierno de la república, hubiera privado ipso facto de su principal plataforma a la oposición de liberales, laboristas y un sector importante de conservadores, haciendo posible que Chamberlain realizara su sueño dorado de poder estrechar entre sus brazos a Hitler, a Mussolini y al propio general Franco.

Cualquiera que sea la opinión sobre esta operación, el hecho es que nunca llegó a ponerse a prueba ni su eficacia, ni su oportunidad, porque apenas iniciada se produjeron circunstancias que destruyeron en germen su ya endeble estructura. Entre ellas las dos siguientes merecen especial mención por su excepcional gravedad.

La primera fue la salida del presidente de la república del territorio nacional, que aparte de sus efectos sobre la situación interna, política y militar, colocó internacionalmente a la república en una situación equívoca, privando de todo valor y eficacia las gestiones realizadas en su nombre en el terreno diplomático. La salida del presidente de la república del territorio nacional y su dimisión fue uno de los argumentos empleados por Chamberlain para justificar el reconocimiento del general Franco en el debate que sobre este asunto tuvo lugar en la Cámara de los Comunes el 28 de febrero de 1939.

La segunda consistió en la rebelión del coronel Casado contra el gobierno de la república, al frente de una parte de la guarnición de Madrid. Cualesquiera que fueran las intenciones y propósitos de la rebelión y las circunstancias en que se produjo, es indudable que tuvo como resultado la caída de Madrid en poder del general Franco; y virtualmente, con Madrid, la zona centro-sur. El argumento clave de la operación quedó así inutilizable.

Y que estas consideraciones no son un intento de justificación expost facto de la política que el gobierno de la república trató de aplicar durante aquellas últimas semanas de la guerra, lo prueban de manera fehaciente los siguientes textos sacados de cartas y telegramas cruzados entonces entre el gobierno y las embajadas en Londres y París:

Carta del embajador en Londres al embajador en París, del día 11 de febrero de 1939.

[…] Pero no creo arriesgado afirmar que la política británica, por razones de política interior y exterior, es más ambiciosa y apunta a algo más complejo: su ideal consistiría en ser el «pacificador» (peacemaker )de España; en poner término a la guerra mediante un arreglo que fuera su obra […]. Ahora bien, para entenderse con el general Franco el gobierno británico no necesita de nosotros. En cambio, para llegar a un arreglo que pusiera término inmediato a la lucha somos imprescindibles, porque a pesar del rudo golpe de Menorca, con la zona centro-sur y Madrid en la mano estamos en condiciones cuando menos de prolongar la lucha; y prolongar la lucha puede significar, en la circunstancia presente, poner en riesgo, y hasta acaso dar al traste, con el plan británico […]. En medio de todo esto no creo que podamos hacer otra cosa más que machacar cada vez con más ahínco en la valoración política y militar de la zona centro-sur y al propio tiempo mantener vivo el recuerdo de los tres puntos fijados por el jefe del gobierno como base de un posible arreglo. No tenemos más remedio que seguir jugando paralelamente en los dos tableros: el de la resistencia y el de las bases que consideramos esenciales e indispensables para una solución inmediata, sin prejuzgar, por ahora, de manera definitiva, en cuál de los dos habremos de jugar la partida final.

Telegrama del embajador en Londres al ministro de Estado, del 12 de febrero de 1939.

Últimas cuarenta y ocho horas marcada evolución idea reconocimiento rebeldes. Ante esta eventualidad propongo gestión directa cerca gobierno británico recordando gobierno español dispuesto examinar posible arreglo inmediato sobre base tres puntos enunciados presidente consejo ministros Cortes. Objeto gestión sería contener reconocimiento inmediato estimulando interés Inglaterra asegurar gracias su intervención término inmediato lucha. Urge decisión e instrucciones. Azcárate.

Telegrama del ministro de Estado al embajador en Londres, del 13 de febrero.

Queda autorizado V. E. gestión cerca gobierno inglés sugiere su último telegrama debiendo apoyarse sobre posibilidades resistencia ofrécense aquí. Vayo.

Memorándum entregado en el Foreign Office el 14 de febrero por la tarde, confirmando la comunicación verbal hecha por la mañana a lord Halifax.

El gobierno español, instalado ya en Madrid, capital del Estado, ha examinado la situación en la zona centro-sur y ha comprobado que cuenta en ella con todos los elementos económicos, morales y técnicos necesarios para la organización y el mantenimiento de una larga resistencia a las fuerzas rebeldes y sus aliados extranjeros.

Por otra parte, el gobierno español, consciente de sus responsabilidades presentes, considera necesario recordar al gobierno del Reino Unido los tres puntos enumerados por el primer ministro español en su discurso ante las Cortes, como base de un arreglo a la cuestión española que permitiera la cesación inmediata de hostilidades. Estos tres puntos son los siguientes: (i) que evacuen el territorio nacional todas las tropas extranjeras; (ii) que no se tomen represalias; (iii) que el pueblo español pueda determinar su propio régimen político libremente y sin ninguna clase de presión extranjera.

El gobierno español, sin formular ninguna demanda concreta, confía en que el gobierno británico tomará las medidas necesarias, sea de presión o de persuasión, para llegar a un arreglo sobre la base de estos tres puntos, que haga posible el cese inmediato de las hostilidades.

De lo contrario, el gobierno español no vacilará en continuar la resistencia hasta el último extremo, ya que, por una parte, nada justificaría, ni nadie puede esperar, una rendición sin condiciones teniendo todavía a su disposición los elementos de la zona centro-sur, y que de otra, los tres puntos arriba mencionados representan una base para un posible arreglo de cuya justicia y moderación no puede dudar nadie que los examine con un espíritu objetivo e imparcial.

Si el gobierno español se viera obligado a resistir indefinidamente, debe quedar perfectamente claro que no acepta ninguna responsabilidad en cuanto a las consecuencias que pueda acarrear esa prolongación de la resistencia. El gobierno español estima que ha cumplido su deber: a) habiendo hecho saber lealmente al gobierno del Reino Unido en este momento solemne que cuenta con todos los elementos necesarios para resistir en la zona centro-sur; b) habiendo enumerado los tres puntos, moderados y razonables, como base para un arreglo; e) habiendo anunciado en términos inequívocos su firme determinación de resistir hasta el último extremo, si el gobierno británico se declarase impotente para asegurar la aceptación de estos tres puntos como base para una solución inmediata de la cuestión española.

Telegrama del ministro de Estado al presidente del Consejo, enviado desde París el 15 de febrero.

Después hablar extensamente nuestro embajador Londres considero elemento máxima importancia gestiones cerca gobierno británico mantener firme impresión posibilidad resistencia zona centro-sur. Empeño gobierno británico presionar autoridades rebeldes para arreglo permita término próximo lucha será tanto mayor cuanto mayor temor podamos infundirle prolongación indefinida lucha. Difundir directa indirectamente impresión resistencia nula o escasa es disminuir posibilidades solución permita cuando menos salvar miles vidas. Nada contribuiría reforzar esa impresión como presencia Madrid jefe Estado. Su ausencia reduce gran escala probabilidades éxito gestiones. Estimo necesario llamar atención gobierno sobre este punto que requiere ya solución inmediata. Vayo.

Mas, a pesar de todos nuestros esfuerzos para mantener una especie de fachada de confianza en los recursos de que todavía disponía la república, la rápida e ininterrumpida deterioración, política y militar, de la situación dentro de España nos obligó, apenas presentado el memorándum reproducido más arriba, a replegarnos y concentrar nuestra acción sobre el punto relativo a las represalias. «Siguiendo instrucciones V. E. ayer en París he informado Halifax gobierno español concentra interés punto represalias», telegrafiaba yo al ministro de Estado, a París, el 16 de febrero añadiendo: «Halifax desea saber cuanto antes si puede decir a general Franco que gobierno español estaría dispuesto cesar hostilidades si, bajo reserva acuerdo aplicación, aceptase una propuesta británica consistente renuncia aplicación represalias políticas, responsables crímenes comunes juzgados tribunales ordinarios y facilidades salir de España elementos directivos».

Mi entrevista con lord Halifax tuvo lugar a las diez de la mañana y en ella convinimos en reunirnos de nuevo durante el día con el objeto de entregarme una copia del proyecto de telegrama que se enviaría al representante británico cerca del general Franco, sir R. Hodgson, tan pronto como el gobierno español se declarara dispuesto a hacer cesar las hostilidades si esa propuesta fuera aceptada por el general Franco. Esta nueva entrevista con lord Halifax tuvo lugar el mismo día 16 de febrero a las siete de la tarde, y en ella, como convenido, lord Halifax me entregó la copia de un proyecto de telegrama en el cual se pedía al general Franco «que diera facilidades para que pudiera salir de España toda personalidad republicana de relieve, que no se tomaran represalias políticas contra personas que en una u otra forma aparecieran identificadas con el gobierno republicano, y que toda persona acusada de actos criminales fuera juzgada dentro de un plazo razonable y según un procedimiento establecido por una ley española». Aquella misma noche salí para París, después de haber dado cuenta por telégrafo al ministro de Estado, Álvarez del Vayo, a la sazón en la capital francesa, de esta importante comunicación del secretario de Estado británico. El ministro de Estado estimó que sobre punto tan grave la decisión incumbía al jefe del gobierno y en la misma mañana del 17 de febrero envió a éste un telegrama urgente apremiándole para que le autorizara a comunicar al gobierno británico la aceptación del gobierno español, de la que estaba pendiente la expedición del telegrama que el primero tenía preparado para el general Franco. Y entonces ocurrió que, sin duda como consecuencia de la situación creada en Madrid por la actitud del coronel Casado y las fuerzas que arrastró a la rebelión, la respuesta favorable del jefe del gobierno al telegrama urgente del ministro de Estado (telegrama que fue repetido varias veces durante los días siguientes) no llegó a nuestras manos hasta el 25 de febrero. Demasiado tarde para obtener las ventajas, por pequeñas que fueran no despreciables en aquellos angustiosos momentos, de asegurar una verdadera mediación del gobierno británico entre el gobierno español y el general Franco, en la cual el mediador iniciaba su intervención haciendo suya la reivindicación fundamental del gobierno español, a saber: renuncia a represalias políticas, facilidades para salir de España a las personalidades significadas de la república y juicio rápido y legal de los acusados de crímenes de derecho común.

Y la respuesta llegó tarde porque, como era natural, la situación entretanto no había dejado de seguir evolucionando. Por una parte, el Foreign Office me hizo saber, el 21 de febrero, que si no recibía una respuesta al día siguiente, 22, recobraba su libertad de acción; comunicación que me apresuré a transmitir de manera urgente al jefe del gobierno y al ministro de Estado. Por otra, el general Franco hizo llegar al gobierno británico, el día 23, una declaración cuyo texto me comunicó el Foreign Office al día siguiente y que el primer ministro, Neville Chamberlain, leyó ante la Cámara de los Comunes en el curso del debate que tuvo lugar el 28, para demostrar que antes de haber sido reconocido por el gobierno británico, el general Franco había dado garantías en cuanto a la renuncia por su parte a toda represalia política. Esta declaración estaba concebida en los términos siguientes:

La España nacional ha ganado la guerra y el vencido no tiene más que rendirse incondicionalmente. El patriotismo, la caballerosidad y la generosidad del Caudillo, de las cuales ha dado tantos ejemplos en las regiones liberadas, así como el espíritu de equidad y justicia que inspira todos los actos del gobierno nacional, constituyen una firme garantía para todos los españoles que no sean criminales. Los tribunales de justicia se limitarán a procesar y juzgar a los autores de crímenes, aplicando las leyes y los procedimientos existentes antes del 16 de julio de 1936 y dentro de los límites fijados por ellas. Si prolongando una resistencia criminal los jefes rojos continúan sacrificando vidas y vertiendo más sangre exclusivamente en sus propios intereses personales, y como el gobierno nacional y el Caudillo están exentos de todo espíritu de represalias, lo único que conseguirán será provocar el aplazamiento de esa demencial resistencia y agravar sus propias responsabilidades.

Parece difícil admitir que ni Chamberlain, ni lord Halifax, ni ninguno de los funcionarios del Foreign Office que se ocupaban de la cuestión española, pudieran atribuir el menor valor a esta declaración. A menos de creer que los servicios de información del gobierno británico estaban en completa bancarrota, ninguno de ellos podía ignorar que en el territorio dominado por el general Franco bastaba ser sospechoso de liberal, socialista, comunista o masón para ser víctima de represalias políticas y, con frecuencia, de medidas de represión; ni que estas medidas se apoyaban en leyes especiales dictadas con posterioridad al 18 de julio de 1936. En resolución, que en pocas ocasiones, en el campo de las relaciones internacionales, habrá tenido una confirmación más rotunda la profunda verdad que encierra el dicho vulgar español según el cual «del dicho al hecho hay gran trecho». Ni tampoco habrá quedado más al desnudo lo fácil que es engañar a quien espera y desea ser engañado, como era el caso del primer ministro británico en aquella dramática coyuntura de los postreros días del mes de febrero de 1939. Pero todo esto queda ya fuera del campo propio de mi actuación como embajador de España en Londres durante la guerra civil.

El domingo, 26 de febrero de 1939, al día siguiente de haber recibido la notificación oficial anunciándome que el reconocimiento del general Franco tendría lugar el lunes siguiente, 27, tuve una larga conversación con lord Halifax en su domicilio privado. Fue mi último y supremo esfuerzo para conseguir que el gobierno británico pusiera en juego los recursos de que, sin duda, disponía todavía para obtener del general Franco el cumplimiento de las promesas contenidas en su propia declaración. Para precisar nuestra actitud llevaba escrita una carta, a modo de testamento diplomático, mencionando los tres puntos siguientes: 1) abstención de represalias; 2) suspensión inmediata de hostilidades; 3) facilidades navales para la evacuación de las personalidades más comprometidas (documento 19). Lord Halifax me escuchó acaso con mayor afabilidad de la que era usual en él y, como saben cuantos le han tratado, la afabilidad era uno de los rasgos más característicos de su personalidad; creo que su espíritu estaba sinceramente atormentado por lo que ya estaba pasando en España (a pesar de la declaración del general Franco), y por lo que seguiría pasando en el futuro, y que sufría considerando la responsabilidad que su pasividad ante la situación iba a hacer pesar sobre el gobierno británico y sobre él mismo como secretario de Estado. Pero dada la actitud irreductible del primer ministro, salí de la entrevista convencido de que no podíamos poner la menor esperanza en la acción del gobierno británico como elemento moderador, y de que el general Franco, como Fernando VII ciento veinticinco años antes, podía seguir aplicando a los vencidos una política de represalias y de persecuciones, olvidando su propia declaración, sin el menor temor de que ello pudiera interponerse en el camino de su reconciliación con el gobierno británico.

Mi fracaso al no haber conseguido que el gobierno británico adoptara alguna medida que hubiera podido contribuir eficazmente a contener esa política aplicada por los vencedores, y que en mi opinión tanto ha empañado el brillo de su victoria, me dejó profundamente apesadumbrado, y ya fuera de la embajada y, por consiguiente, sin ningún carácter oficial, me decidí a escribir una carta a sir Alexander Cadogan, secretario permanente del Foreign Office en aquel momento y con quien me unían lazos de amistad personal creados en los años de nuestra colaboración en Ginebra, él como jefe del departamento de la Sociedad de Naciones en el Foreign Office, y yo en la secretaría de la Sociedad como director de su sección de protección de minorías. En mi carta insistía machaconamente sobre la necesidad de una acción firme y constante si se quería de veras dar una efectividad real a las promesas contenidas en la declaración del general Franco. A ella contestó sir Alexander en términos de gran cordialidad y afecto personal, pero sin añadir más que las consabidas fórmulas generales reiterando la voluntad del gobierno británico de predicar la moderación al general Franco.

Segunda parte. La no intervención.

SEGUNDA PARTE.

LA NO INTERVENCIÓN.

Introducción.

INTRODUCCIÓN

No me parece aventurado afirmar que en todas las guerras civiles se produce el fenómeno de la intervención extranjera. Bajo modalidades diferentes, en forma más o menos encubierta, según las circunstancias de cada caso, siempre hay países dispuestos a prestar su ayuda a la parte cuyo triunfo consideran más favorable a sus propios intereses. Eso ocurrió ya en las dos guerras carlistas del siglo XIX, y se repitió en una escala sin precedente en España en la guerra civil de 1936-1939.

Sobre la intervención de la Alemania hitleriana y la Italia fascista en favor del franquismo disponemos de fuentes de información abundantes y auténticas en la serie Documentos sobre la política exterior alemana (1918-1945) publicada por los gobiernos de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña a raíz de la segunda guerra mundial[1]. El estudio de esta documentación muestra que la intervención alemana e italiana consistió en: a) envíos masivos de material de guerra; b) participación directa de unidades militares alemanas e italianas en las operaciones de guerra terrestre, naval y aérea (por ejemplo, la Legión Cóndor alemana y la división Littorio italiana), y c) en la subordinación de esas unidades a mandos de sus respectivas nacionalidades, centralizados en un Estado Mayor germano-italiano, establecido en España y formado por cinco oficiales de cada nacionalidad al mando de un coronel[2] (véase documento 20).

En cuanto a la intervención soviética en favor de la república, y aunque no disponemos de fuentes de información comparables por su número y su autenticidad a las disponibles en relación con la intervención germano-italiana, cabe afirmar lo siguiente: a) sustancialmente, la intervención soviética consistió en envíos de material de guerra, muy especialmente artillería pesada, tanques y aviones[3], acompañados de un cierto número de pilotos, técnicos y asesores militares; b) las únicas fuerzas no españolas que formaron parte del ejército republicano fueron las famosas «brigadas internacionales», que no pudieron representar el más leve menoscabo a la plena y entera autoridad española, porque, como es bien sabido, se trataba de contingentes formados de voluntarios auténticos, reclutados en medio de las mayores dificultades por las organizaciones antifascistas en Europa y América, no sólo sin el menor asomo de respaldo de sus gobiernos respectivos, sino en forma clandestina para evadir las estrictas disposiciones del sistema de control establecido, como se verá más adelante, por el Comité de No Intervención, de Londres. Además, sus efectivos, según el informe de la comisión de la Sociedad de Naciones que a fines del año 1938 dirigió su retirada de España, no excedió nunca de 7000 hombres, y nunca formaron una unidad militar independiente, sino que cada una de sus formaciones estuvieron siempre integradas y formando parte de las divisiones y cuerpos de ejército de la república, y, en fin, c) por lo que respecta a la pretendida intervención de mandos soviéticos en las decisiones de carácter militar, o en el desarrollo de las operaciones, disponemos de un testimonio de la máxima autoridad en la carta que el general don Vicente Rojo, jefe de Estado Mayor del ejército republicano, dirigió al director de la revisa de Buenos Aires Argentina Libre y que esta revista publicó el 27 de marzo de 1941. En ella, el general Rojo califica de «falsas, absolutamente falsas» las afirmaciones contenidas en un artículo publicado el 13 del mismo mes, según las cuales, en el campo republicano, «la dirección militar quedó bajo la directa acción de los agentes rusos», «el ejército se movió según los asesores moscovitas se dignaron mandar», etc. (la carta del general Rojo se reproduce en el documento 21).

Hoy está ya generalmente reconocido que la guerra civil de España contenía ya el germen de la profunda crisis que en Europa y en el mundo entero había suscitado la dictadura de Hitler en Alemania, secundada por la de Mussolini en Italia. Personalidad tan autorizada como el diplomático norteamericano Robert Murphy, por su íntima participación en los dramáticos episodios de aquellos años, llega a decir que la guerra civil de España fue el «preludio» de la segunda guerra mundial de 1939-1945[4].

Un tal estado de espíritu, y la obsesión que dominaba a quienes en aquella gravísima coyuntura regían los destinos de Inglaterra y de Francia (y, aunque en condiciones y bajo modalidades diferentes, los de Estados Unidos), de evitar por todos los medios un choque con las dos dictaduras europeas (sin duda con la secreta esperanza de que la crisis se resolviera en un choque entre la Alemania hitleriana y la Unión Soviética comunista; esperanza que echó por tierra Stalin con su pacto germano-soviético de 1940), les arrastró a una política de verdaderas claudicaciones ante ellas, en la cual, y por lo que respecta a España, ocupa un lugar de honor la tristemente célebre no intervención.

La verdad es que en la guerra civil de España se enfrentaban ya los dos principios cuya irreductible oposición constituía la raíz profunda de la crisis por la que atravesaba Europa y con ella el mundo entero. De un lado, la república, que con todos sus errores y desaciertos encarnaba y tenía como base de su organización política los principios de democracia y libertad. Del otro, el franquismo, decidido a imponer en España un régimen político a imagen de los existentes en Alemania e Italia. Aterrorizados ante el peligro de que la escalada de la ayuda que Hitler y Mussolini prestaron al franquismo desde los primeros momentos de la guerra pudiera provocar una ayuda por parte de los países democráticos (y en especial Francia) a la república, y que todo ello pudiera conducir a una conflagración general, se recurrió en Londres y París, como tabla de salvación, a un compromiso de no intervenir en la guerra civil de España que fuese aceptado por tirios y troyanos; es decir, por todos los países democráticos y las dos dictaduras europeas.

En principio, y desde un punto de vista estrictamente jurídico, un tal compromiso no constituía una violación del derecho internacional, ni una medida que, aplicada con absoluta imparcialidad, hubiera de favorecer necesariamente a una u otra parte en la contienda. Pero en el terreno político, sus iniciadores en París y Londres sabían, o estaban obligados a saber, que en las circunstancias de aquel momento esa imparcialidad absoluta en su aplicación era imposible, y que lo que sobre el papel y en teoría se presentaba como una actitud imparcial y objetiva, fatalmente había de convertirse en la práctica, como ocurrió, en uno de los casos más lamentables de hipocresía y pusilanimidad, de una parte, y de cínica osadía, de la otra, que registra la historia internacional contemporánea.

La no intervención no se estableció por un acuerdo o tratado en el sentido propio del término, sino mediante la adhesión de los países europeos a una proposición francesa de neutralidad ante el conflicto español y de prohibición de enviar material de guerra a España. Según un testimonio tan autorizado como el de Mr. Anthony Eden (hoy lord Avon)[5], secretario de Estado para Asuntos Extranjeros de Inglaterra a la sazón, el gobierno francés, presidido por Léon Blum, con la aprobación del gobierno de Londres, adoptó ya esta medida el 26 de julio de 1936, es decir, una semana después de haberse iniciado la guerra civil. El 2 de agosto, sigue refiriendo Eden, el propio gobierno francés propuso que Francia, Inglaterra e Italia se comprometieran a no intervenir en España. En respuesta a esta proposición, el gobierno británico sugirió la extensión del acuerdo a Alemania y Portugal y expresó la esperanza de que el acuerdo fuera oportunamente suscrito por otros países interesados en los asuntos de España. Cuatro días después, el 6 de agosto, el gobierno británico prestó su apoyo a la iniciativa del gobierno francés de someter un proyecto de acuerdo a todos los países europeos. El 15 de agosto los gobiernos británico y francés cambiaron notas públicas en las que se comprometían a prohibir la exportación de armas a España, tan pronto como Italia, Alemania, Portugal y la Unión Soviética hubieran aceptado la misma obligación. El 21 de agosto, Italia aceptó la proposición francesa[6] y, a los tres días, el embajador de Francia en Londres propuso a Eden la formación de un comité que se ocupara de los problemas que suscitara la aplicación del acuerdo de no intervención, y que ese comité se estableciera y funcionara en Londres. El gobierno británico aceptó la proposición francesa y así nació el tristemente célebre Comité de Londres.

Todo esto muestra la historia externa del origen de la no intervención. Su verdadera génesis interna, es decir, la respuesta a la pregunta de si su idea inicial vio la luz a orillas del Sena o a orillas del Támesis, sólo podrá conocerse cuando se abran los archivos de Londres y París. En espera de que ese momento llegue, bueno será dejar consignado que, frente al testimonio de Eden atribuyendo al gobierno francés la iniciativa de la no intervención, no faltan otros según los cuales cabría atribuir al gobierno británico por lo menos una cierta participación en dicha iniciativa. Y entre ellos figura con particular relieve el de sir Basil Liddell Hart, máxima autoridad mundial en estrategia y política militar, y de un valor moral y político tan incuestionable como el de Eden; con la ventaja de no ser, como este último, parte directamente interesada en el asunto. He aquí lo que dice Liddell Hart a este propósito en sus Memorias, publicadas en 1965, es decir, tres años después de haber aparecido las de Eden:

Al recibir la noticia de la ayuda exterior fascista a Franco, el gobierno francés autorizó la venta de aviones franceses al gobierno republicano español. Pero después de un primer envío de poca importancia el gobierno francés suspendió todos los demás cuando, el 8 de agosto, el gobierno británico le dirigió un verdadero ultimátum declarando que si Francia no prohibía inmediatamente la exportación de material de guerra a España, y se producía una guerra con Alemania, Inglaterra se consideraría liberada de sus obligaciones de ayuda a Francia bajo el tratado de Locarno […]. Bajo una tal presión del gobierno británico, los franceses aceptaron la alternativa de un acuerdo entre las potencias prohibiendo la exportación de armas a una y otra parte[7].

Por el momento sólo es posible especular sobre las razones por las cuales se decidió que la iniciativa de la no intervención, cualquiera que fuera su verdadero origen, apareciera oficialmente patrocinada por el gobierno francés. Acaso la explicación se encuentra en la circunstancia de que en aquel momento había en Inglaterra un gobierno conservador, mientras que Francia estaba regida por un gobierno de coalición con predominio socialista y presidido por una personalidad de tan indiscutible autoridad entre las fuerzas de izquierda del mundo entero, y tan íntimamente unida a la república española y sus hombres, como Léon Blum. Haciendo endosar la responsabilidad de la iniciativa al Partido Socialista francés y su jefe Léon Blum, reconocidos por todos como los más firmes sostenes con que contaba la república española en Europa, el gobierno conservador británico no tenía mucho que temer de los ataques a que la no intervención, y sobre todo su defectuosa y parcial aplicación, daría seguramente lugar por parte de la oposición laborista y liberal en la Cámara de los Comunes. Y lo sorprendente fue que los efectos de esta hábil maniobra se prolongaron durante toda la guerra. ¡Cuántas veces oí lamentarse a los más ardientes defensores de la república española entre los laboristas y liberales británicos, de la situación equívoca que les creaba la total identificación del gobierno francés, dominado por el Partido Socialista y presidido por Léon Blum, con la política española del gobierno conservador británico!

La comunicación oficial del acuerdo de no intervención al gobierno español tuvo lugar a principios de agosto de 1936. No sé si se haría también por medio de la embajada francesa en España, pero lo que puedo asegurar es que el acuerdo de no intervención fue objeto de una comunicación a la embajada española en París. Y digo intencionadamente a la embajada, y no al embajador, porque cuando se recibió la comunicación el señor Cárdenas, que lo era a la sazón, había ya abandonado la embajada con todo su personal, habiéndose hecho cargo de ella, en virtud de instrucciones telefónicas del gobierno, don Fernando de los Ríos. A la comunicación oficial del acuerdo de no intervención contestó el gobierno español con una carta en la cual, si mi memoria no me es infiel (desgraciadamente no encuentro entre mis papeles ninguna copia de ella), después de formular las más expresas y categóricas reservas en cuanto al derecho del gobierno español a adquirir material de guerra, se declaraba dispuesto a aceptar el acuerdo de no intervención a condición de que fuera aplicado a unos y otros con una total y absoluta imparcialidad.

Como embajador de España en Londres durante toda la guerra civil (septiembre 1936-febrero 1939) tuve no sólo la ocasión sino la obligación de seguir tan de cerca como las circunstancias lo permitieran, las actividades del Comité de Londres como órgano coordinador de la no intervención en la guerra civil de España. No tengo la pretensión de creer que mis informaciones, mis juicios y mis apreciaciones tengan un valor absoluto y definitivo. Pero sí creo poder afirmar que reflejan con fidelidad el resultado de un examen atento y objetivo de los hechos tal como ellos se presentaban a mis ojos. Y, en este sentido, me atrevo a pensar que el relato de mi experiencia personal, tal como aparece en las páginas siguientes, puede constituir una aportación valiosa al conocimiento de ciertos aspectos de la guerra civil de España, y en particular de la tristemente célebre no intervención[8].

Capítulo 7. Primeras negociaciones en torno de la no intervención

Capítulo 7

PRIMERAS NEGOCIACIONES EN TORNO

DE LA NO INTERVENCIÓN

Constitución del Comité de Londres (septiembre de 1936).

Del Comité creado en Londres para la puesta en práctica de la no intervención formaron parte los países siguientes: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Turquía, Unión Soviética y Yugoslavia. Su primera reunión tuvo lugar en Londres el 9 de septiembre de 1936. Lord Plymouth, representante británico, fue elegido presidente y el Comité designó como su secretario permanente al diplomático inglés señor Francis Hemming. Para facilitar sus trabajos, el Comité constituyó, poco después de su creación, un subcomité formado por las cinco grandes potencias y otros cinco de sus miembros que se denominó «subcomité del presidente».

Intervención alemana y primer plan de control (noviembre de 1936).

Desde sus primeras sesiones se encontró el Comité enfrentado con la necesidad de atender a las constantes y reiteradas violaciones de que era ya objeto el acuerdo de no intervención por parte de Italia y Alemania. El 8 de octubre se hizo pública una declaración del gobierno soviético, dirigida al presidente del Comité, amenazando con recuperar su libertad de acción si no se ponía término a las violaciones de que era objeto el acuerdo de no intervención por parte de Italia y Alemania. Unos días más tarde, el representante soviético y embajador en Londres, señor Maiski, propuso que el Comité estableciera un control de los puertos portugueses, confiado a fuerzas navales francesas e inglesas, por considerar que, según las denuncias formuladas por el gobierno español, Portugal se había convertido en la base principal para los suministros de material de guerra a los franquistas. Como era de esperar, el gobierno portugués opuso una rotunda negativa a las acusaciones soviéticas, actitud en la que fue apoyado con gran energía por el presidente. La exactitud de las denuncias formuladas por el gobierno español, y sometidas al Comité por el representante soviético, se desprende claramente del siguiente párrafo de un telegrama del encargado de negocios alemán en Lisboa, fechado el 22 de agosto de 1936 y dirigido al ministerio alemán de Negocios Extranjeros:

En cuanto llegaron a Lisboa los vapores «Kamera» y «Wigbert», se puso en marcha la reexpedición del material, sin el menor contratiempo, por medio del señor Bernhardt (Hisma). El presidente del Consejo, Salazar, ha allanado todos los obstáculos en un tiempo mínimo interviniendo personalmente y decidiendo por sí mismo [subrayado en el texto] todos los detalles.

Al propio tiempo que la acusación contra el gobierno portugués, el representante soviético sometió al Comité una serie de denuncias que el gobierno español había hecho públicas en relación con los importantes suministros de aviones y material de guerra que el gobierno alemán enviaba al general Franco. Como en el caso de Portugal, los documentos oficiales alemanes publicados al término de la segunda guerra mundial por los gobiernos americano, británico y francés, y cuya edición francesa ha aparecido bajo el título Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse, han venido a confirmar incuestionablemente la exactitud de las denuncias formuladas por el gobierno español y la falsedad de las denegaciones opuestas a ellas por Ribbentrop, embajador de Alemania en Londres y representante del gobierno alemán en el Comité de Londres[1].

Ello es que las discusiones confusas, embrolladas y estériles a que estas denuncias y contra-denuncias dieron lugar tuvieron como resultado práctico un acuerdo para poner en vigor, de manera general, la idea de control que el delegado soviético había propuesto para los puertos portugueses. El 12 de noviembre, en efecto, el Comité aprobó un primer plan de control destinado a asegurar la ejecución del acuerdo de no intervención; y después de algunas revisiones su texto definitivo fue sometido oficialmente por el gobierno británico, en nombre del Comité, a la aprobación del gobierno español y del general Franco (documento 22).

Este plan de control preveía el establecimiento en todos los puntos principales de entrada en España y sus dependencias, por tierra o por mar, de grupos de agentes imparciales, cuyo nombramiento habría de hacerse por voto unánime del Comité y ser aceptado por el gobierno español y por el general Franco. En el plan se especificaban las funciones de estos agentes, así como los privilegios y derechos de que gozarían para su eficaz desempeño.

El gobierno español mostró cierta repugnancia a aceptar el plan de control elaborado por el Comité, no sólo ante el justificado temor de que no fuera aplicado con la estricta imparcialidad indispensable para su eficacia, sino por lo que pudiera implicar de limitaciones a la soberanía del Estado sobre su propio territorio. Pero ante las graves consecuencias políticas que hubiera acarreado su negativa, se avino a contestar al gobierno británico aceptando el plan en principio, y reservándose el derecho de rechazarlo si en el curso de las discusiones sobre sus detalles apareciera incompatible con los intereses de España.

La respuesta del general Franco se limitaba a formular una serie de preguntas que, tanto por su contenido como por el tono en que estaban redactadas, causó deplorable efecto entre los miembros del Comité.

Entretanto, el Comité había desarrollado su proyecto inicial en un plan detallado que comunicó a las dos partes el primero de enero de 1937, señalándoles un plazo de 10 días para hacer conocer su aceptación y, eventualmente, sus observaciones.

A esta comunicación respondió el gobierno español el 8 de enero llamando la atención del Comité sobre la necesidad de extender el control al envío de hombres y subrayando con fuerza la importancia de que fuera puesto en vigor y aplicado con la máxima urgencia. Estas observaciones del gobierno español obedecían a las noticias que había recibido en aquellos mismos días anunciando la llegada de contingentes alemanes y el desembarco, en Cádiz, de varios miles de «voluntarios» italianos. Los documentos oficiales alemanes publicados por los gobiernos americano, británico y francés han venido a confirmar la exactitud de estas denuncias contenidas en la respuesta del gobierno español al Comité. El día 7 de enero, la víspera del día en que la nota española fue comunicada al gobierno británico, el encargado de negocios alemán en Salamanca telegrafiaba a su gobierno lo siguiente: «Cuando me encontraba en Sevilla, hace unos cinco días, habían ya llegado 4000 camisas negras; y estaban en camino 2000 más y todo el armamento y material que les estaba destinado. Según el general Queipo de Llano esos 6000 hombres podrán tomar parte en las operaciones en una o dos semanas»[2].

El gobierno británico, por su propia cuenta, había ya tomado ciertas medidas en relación con el envío de hombres a España. Según informó, el 20 de enero de 1937, a la Cámara de los Comunes el señor Eden, a la sazón ministro de Negocios Extranjeros, el gobierno británico se había dirigido, el 24 de diciembre anterior, a los gobiernos alemán, francés, italiano y soviético pidiéndoles que prohibieran, como él mismo estaba dispuesto a hacerlo, la salida o el tránsito de o por sus respectivos territorios, de «voluntarios» con destino a España. Esta iniciativa y las negociaciones a que dio lugar, bien fuera en el seno del Comité o paralelamente a sus actividades, tuvieron como resultado que por virtud de una resolución adoptada el 16 de febrero de 1937, el Comité decidió extender el acuerdo de no intervención, a partir del 20 del mismo mes, al reclutamiento, tránsito y salida de personas de nacionalidad no española con el propósito de tomar parte en la lucha.

Reunión extraordinaria del Consejo de la Sociedad de Naciones (diciembre de 1936).

En cuanto el reconocimiento oficial del gobierno franquista por los gobiernos de Alemania e Italia (18 de noviembre de 1936) confirió a la guerra civil un carácter inequívocamente internacional, el gobierno español decidió llamar la atención de la Sociedad de Naciones sobre este aspecto del asunto y sobre la amenaza que entrañaba para la paz internacional. Con ese objeto pidió la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo, invocando el artículo 11 del Pacto, reunión que tuvo lugar entre el 10 y el 16 de diciembre de 1936.

En el notable discurso que pronunció ante el Consejo el 11 de diciembre, el representante de España, Álvarez del Vayo, puso de relieve los graves peligros de la nueva forma de agresión consistente en suscitar y apoyar insurrecciones internas; mencionó la amenaza para la paz que representaban los ataques de que ya empezaban a ser víctimas, en el Mediterráneo, los buques que se dirigían a España, haciendo notar que, internacionalmente, era más peligrosa la presencia de submarinos alemanes e italianos cerca de las costas españolas que la de tanques o cañones en su territorio; subrayó, en fin, que España no presentaba ninguna reivindicación propia, sino que trataba de abrir el camino al examen por la Sociedad de Naciones de los peligros que hacía correr a la paz la intervención extranjera en la guerra civil de España.

El entonces lord Cranborne (hoy marqués de Salisbury), en nombre del gobierno británico, M. Vienot, en el del gobierno francés, se limitaron a recordar que para hacer frente a ese peligro se había concertado el acuerdo de no intervención y creado el Comité de Londres, refiriéndose al plan de control que el Comité acababa de someter al gobierno español y a las autoridades franquistas.

El embajador Potemkin, en nombre del gobierno soviético, hizo una declaración que presenta interés especial porque ilustra el espíritu en el cual la Unión Soviética aceptó el acuerdo de no intervención.

La prohibición de venta de armas a un gobierno legal víctima de una agresión, y más todavía, la de entregar las que habían sido objeto de contratos anteriores, ha sido siempre juzgada por el gobierno soviético como una medida arbitraria, injusta y contraria al derecho de gentes. Sin embargo, teniendo en cuenta ciertas circunstancias excepcionales y preocupado por su deseo de salvaguardar la paz por todos los medios, el gobierno de la Unión Soviética ha creído su deber adherirse al acuerdo de no intervención.

La voz de los dos ausentes, Hitler y Mussolini, que ya habían roto con la Sociedad de Naciones y no se hacían representar en sus reuniones, la llevó el señor Komarninski, representante de la Polonia del coronel Beck, criticando la inscripción del asunto en el orden del día del Consejo y pidiendo la clausura inmediata de la discusión.

El Consejo adoptó una resolución recomendando a los miembros de la Sociedad representados en el Comité de Londres que realizaran los mayores esfuerzos para hacer tan estricto como fuera posible el cumplimiento de los compromisos de no intervención; y que adoptaran, sin más espera, las medidas apropiadas para asegurar el control eficaz de la ejecución de dichos compromisos.

Segundo plan de control (marzo de 1937).

La aceptación reservada que el gobierno español dispensó al primer plan de control elaborado por el Comité, y la acogida francamente desfavorable que encontró por parte del general Franco, hicieron comprender al Comité que para hacer efectivo el control era indispensable organizarlo de tal manera que su puesta en práctica pudiera tener lugar sin contar con la colaboración, ni siquiera con el asentimiento de las dos partes en guerra. La elaboración de un nuevo plan ocupó al Comité durante todo el mes de febrero de 1937 y fue, finalmente, aprobado en las dos sesiones que celebró el 8 de marzo bajo el título de «Plan de observación de las fronteras españolas terrestres y marítimas»[3]. En resumen, el plan consistía en lo siguiente:

Creación de un Consejo (Board), denominado «Consejo para la no intervención en España», compuesto de ocho miembros designados por los gobiernos alemán, británico, francés, griego, italiano, noruego, polaco y soviético y encargado de resolver todas las cuestiones relativas a la aplicación y administración del plan, bajo reserva de someter al Comité las que suscitaran puntos de principio.

Control terrestre. Establecimiento a lo largo de la frontera franco-española y de la frontera con Gibraltar, y en territorio francés y británico respectivamente, de un sistema de vigilancia a cargo de un cuerpo internacional de «observadores» con la obligación de señalar a la atención del «Board» todos los casos que descubrieran de envíos de material de guerra a España, o de cruce de la frontera por «voluntarios», así como de practicar todas las investigaciones que el «Board» les encargara sobre los casos que hubieran sido objeto de denuncia. La frontera franco-española fue dividida en zonas al frente de cada una de las cuales se colocó un «administrador» con el personal subalterno necesario. Estos administradores dependían de un administrador jefe responsable de toda la frontera. Como en la frontera entre España y Gibraltar no hay más que una vía de comunicación, se nombró un solo administrador con un reducido personal auxiliar. El establecimiento del control en la frontera hispano-portuguesa fue una de las mayores dificultades con que tropezó el Comité en aquel período. El gobierno portugués se negó, categóricamente, a aceptar ninguna clase de control de su frontera con España, y sólo al cabo de varias semanas de discusiones pudo llegarse a una fórmula en virtud de la cual el control de la frontera hispano-portuguesa quedó a cargo de «observadores» británicos, dependientes de la embajada británica en Lisboa, los cuales comunicarían al Comité, por intermedio del embajador, las infracciones al acuerdo de no intervención que descubrieran.

Control marítimo. Todo barco con bandera de un país miembro del Comité de Londres que se dirigiera a un puerto español, estaba obligado a hacer escala en uno de los puertos indicados en el plan, llamados «puertos de observación», para tomar a bordo uno o varios «observadores» internacionales encargados de asistir al descargue de mercancías y al desembarco de pasajeros en el puerto de destino y certificar que ni entre las primeras figuraba material de guerra, ni entre los segundos se encontraba ninguna persona de nacionalidad no española que intentase tomar parte en la lucha. El plan señalaba los puertos de observación siguientes, geográficamente distribuidos de manera que perturbase lo menos posible las rutas marítimas normales: Gibraltar, Dover, Downs, Cherburgo, Brest, Le Verdon, Palermo, Marsella, Sète, Orán, Madeira y Lisboa. En cada uno de estos puertos se establecería un «administrador» y estos «administradores», bajo la dirección de un «administrador principal», asegurarían la distribución de los «observadores» entre los puertos de observación, y su embarque y desembarque en los puertos que se fijaran.

Con el fin de garantizar la estricta aplicación de este plan de control marítimo se estableció un sistema de vigilancia por patrullas navales alrededor de las costas españolas. Para la aplicación de este sistema se dividieron estas últimas en las ocho zonas siguientes: zona A: costa norte entre la frontera francesa y el cabo Busto; zona B: costa noroeste entre el cabo Busto y la frontera portuguesa; zona C: costa sur entre la frontera portuguesa y el cabo de Gata; zona D: costa sudeste entre el cabo de Gata y el cabo de Oropesa; zona E: costa este entre el cabo de Oropesa y la frontera francesa; zona F: costa española de Marruecos; zona G: islas de Ibiza y Mallorca; zona H: isla de Menorca. La repartición de estas zonas entre las potencias navales europeas, a saber: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y la Unión Soviética dio lugar a discusiones prolongadas en el Comité, originadas, sobre todo, por el designio de Alemania e Italia de excluir a la Unión Soviética del sistema de patrullas navales. El designio fracasó, pero en cuanto el Comité reconoció el derecho del gobierno soviético a participar en él, y se le hubo asignado la zona A, su representante comunicó al Comité la decisión de su gobierno de renunciar al ejercicio de este derecho, pidiendo que la zona A fuera confiada a Francia o Inglaterra. En definitiva, la distribución de las zonas fue la siguiente: Alemania, zona D; Francia, zonas B, F y G; Inglaterra, zonas A y G; Italia, zonas E y H.

Este sistema de vigilancia por patrullas navales, ejercida por buques de guerra de los respectivos países que participaban en ella, consistía, sencillamente, en un derecho de visita en alta mar a los barcos mercantes con bandera de uno de los países miembros del Comité de Londres y con destino a un puerto español; derecho de visita limitado a verificar si el barco mercante llevaba a bordo uno o varios «observadores» en cumplimiento de las normas establecidas en el plan de control marítimo. En caso de inobservancia, el comandante del buque de guerra invitaría al capitán del barco mercante a cumplir la obligación de llevar a bordo uno o varios «observadores», y si se negara le haría presente la grave responsabilidad en que incurriría informando de lo ocurrido a su gobierno, a fin de que este último pudiera someter el caso al Comité. En ninguna circunstancia el comandante del buque de guerra podría recurrir a la fuerza para obligar al barco mercante a cumplir las prescripciones del plan de control marítimo. La aplicación del plan de control marítimo a las islas Canarias dio lugar en el seno del Comité de Londres a graves dificultades y significativas controversias, a causa de la dificultad de encontrar un puerto no español próximo, en el cual los barcos con destino a puertos en dichas islas pudieran tomar a bordo los «observadores». El asunto fue sometido a un subcomité de expertos y por sorprendente que ello parezca fue el experto británico quien propuso resolver la dificultad cortando el nudo gordiano, es decir, dejando, pura y simplemente, las islas Canarias (que estuvieron desde el primer momento en poder de las autoridades franquistas) fuera del plan de control marítimo. La proposición fue calurosamente apoyada, como era de esperar, por los expertos alemán e italiano; pero lo que fue casi tan sorprendente como la iniciativa del experto británico, fue el apoyo que el francés se apresuró a prestarle, siguiendo el ejemplo de sus colegas alemán e italiano. La oposición rotunda y categórica del experto soviético echó por tierra la propuesta británica y el subcomité acabó recomendando la aplicación del control a las islas Canarias mediante el estacionamiento a 50 millas de sus costas, de un barco a bordo del cual se encontrarían los «observadores». Cuando esta proposición fue sometida al Comité, el presidente y representante británico, lord Plymouth, la atacó furiosamente, calificándola de «fantástica», con el vigoroso apoyo de los señores Grandi y Ribbentrop y ¡quién lo diría!, del señor Corbin, embajador de Francia en Londres y representante francés en el Comité de Londres. La oposición del representante soviético, señor Maiski, hizo posible un compromiso según el cual el control se aplicaría a las islas Canarias, pero no entraría en vigor hasta un mes después de la entrada en vigor del plan de control en las costas españolas peninsulares.

Muy significativo del ambiente en el cual tenían lugar esas discusiones fue el incidente surgido en el subcomité cuando el señor Monteiro, representante de Portugal, declaró que en ningún caso su gobierno autorizaría la entrada de barcos soviéticos en puertos portugueses. El señor Maiski replicó, inmediatamente, pidiendo que se suprimiera de la lista de «puertos de observación» los dos puertos portugueses de Lisboa y Madeira. Los representantes británico y francés trataron de predicar la conciliación a su colega soviético, pero sus esfuerzos se estrellaron ante la firmeza con la que el último mantuvo su actitud, no tanto por el interés práctico de la cuestión, puesto que no era de prever que buques soviéticos, con destino a un puerto español, necesitaran tomar a bordo los «observadores» ni en Lisboa, ni en Madeira, sino por razones de principio. En resolución, al día siguiente lord Plymouth no tuvo más remedio que declarar «fuera de lugar» la comunicación del representante de Portugal; este último, mohíno y balbuciente, pidió que se considerase su comunicación como inexistente, y el representante soviético retiró su petición relativa a los dos puertos portugueses.

Este sistema de control marítimo adolecía de un gran defecto que limitaba considerablemente su eficacia práctica, y que consistía en no ser aplicable más que a los barcos con bandera de los países miembros del Comité de Londres. Bastaba realizar el transporte de material de guerra bajo bandera española (la republicana, del gobierno, o la antigua monárquica que habían adoptado las autoridades franquistas) o bajo bandera de un país que no fuera miembro del Comité, para soslayar el complicado y costoso mecanismo del control marítimo.[4]

Ciano pensaba que convendría seguir aplicando una táctica dilatoria, porque el 14 de enero se embarcarán 4000 hombres más; además entre el 22 y el 25 de enero estará preparada una nueva división formada por 9000 hombres de tropas combatientes más 4000 no combatientes […]. Dentro de diez días a dos semanas, las fuerzas italianas realizarán un ataque por sorpresa contra Málaga, que será en adelante la base de operaciones para Italia.[5]

El 8 de febrero, el mismo embajador, dando cuenta a su ministro de una conversación que había celebrado aquel mismo día con Ciano y en la cual este último le había dado lectura de las instrucciones que acababa de telegrafiar a Grandi en relación con las negociaciones sobre el control, decía, entre otras cosas, lo siguiente:

[…] Después de explicar que la situación militar era favorable y permitía presagiar un éxito final[6], Ciano invita a Grandi a perseverar en una actitud positiva en la cuestión del control y en la de los voluntarios, teniendo en cuenta que todos los transportes esenciales se habrán completado en estos días[7].

Pocas semanas más tarde, en los primeros días del mes de marzo, se produjo en Guadalajara la espectacular derrota de las fuerzas italianas, y el propio Mussolini comentando el desastre en conversación con el embajador alemán, el 25 de marzo, se expresaba en los términos siguientes, muy característicos de lo que significaba para él la firma que su representante en Londres acababa de estampar al pie del acuerdo sobre el control:

Cuando yo le hice notar —dice el embajador— que en Berlín el Führer y todo el mundo estaban convencidos de la firme resolución de Mussolini de alcanzar la victoria, exclamó con una expresión de la más absoluta determinación que sobre eso no había la menor duda, y que había hecho saber al Alto Mando italiano en España que ninguno de ellos volvería vivo a la patria a menos que hubieran alcanzado la victoria. Añadió que no pensaba enviar más tropas; las que había disponibles debían bastar, y lo único que haría sería sustituciones en los mandos y reposición de materia1[8].

A la vista de estos textos preciso es reconocer que la actitud del gobierno español merece tanta admiración por el cuidado que ponía en asegurar la exactitud de sus denuncias como por la moderación de los términos en que estaban concebidas sus protestas.

Capítulo 8. Vicisitudes de la no intervención.

Capítulo 8

VICISITUDES DE LA NO INTERVENCIÓN

Retirada de combatientes extranjeros

Una vez aprobado, en su sesión del 8 de marzo de 1937, el plan de control terrestre y marítimo, el Comité de Londres, fiel a su propósito de reducir la no intervención a cosa de acuerdos, resoluciones y firmas sobre el papel, prescindiendo de la realidad de cada día tal como se presentaba en los campos y en las ciudades españolas, consideró que todo estaba ya logrado en lo relativo al envío a España de material de guerra y de combatientes extranjeros y decidió proseguir sus trabajos sobre los dos temas siguientes: a) intervención indirecta (por ejemplo, ayuda financiera) y entrada en España de personas no españolas con un propósito cualquiera susceptible de prolongar y envenenar el conflicto; b) retirada de España de todos los combatientes no españoles que tomaban parte, directa o indirectamente, en la lucha. La primera parte de esta resolución quedó como letra muerta y los reiterados esfuerzos de los representantes alemán e italiano para conseguir que el Comité examinara el derecho del gobierno español a disponer del oro del Banco de España se estrellaron ante los irrebatibles argumentos del representante soviético demostrando que tal examen constituiría una grosera intervención en materias propias de la soberanía interior del Estado español, contraria a los objetivos mismos para los cuales el Comité había sido constituido. La segunda, en cambio, estuvo llamada a convertirse en el punto capital de la no intervención y a ser objeto de las discusiones más apasionadas a que dio lugar la guerra de España en la escena internacional, tanto en el Comité de Londres como en la Sociedad de Naciones.

La idea de la retirada de todos los extranjeros que tomaban parte en la guerra de España había sido ya explícitamente mencionada en los discursos pronunciados por los ministros de Negocios Extranjeros de Inglaterra y de Francia, respectivamente, en la Cámara de los Comunes y en el Senado francés, en los últimos días de febrero de 1937; y según referencias que tengo a la vista la misma idea se encontraba ya mencionada en una nota enviada por el gobierno italiano al gobierno británico el 25 de enero del mismo año. El día 3 de marzo tuve ocasión de discutir el asunto con el señor Eden y con el señor Corbin, embajador de Francia en Londres y representante de su gobierno en el Comité de No Intervención. El primero se manifestó sinceramente favorable a la idea y declaró que el gobierno británico haría todo lo posible para ponerla en práctica. El embajador francés se expresó con su habitual reserva y escepticismo. Al día siguiente, 4 de marzo, informado el gobierno español de la actitud favorable del señor Eden, decidió dar al asunto estado oficial publicando a la salida del Consejo de ministros celebrado en Valencia, la siguiente nota oficiosa:

El gobierno de la república, aun estimando que no cabe establecer equiparación alguna entre quienes, convencidos de la justicia de la causa republicana, vinieron a luchar espontáneamente bajo sus banderas, defendiendo a la vez la libertad y la paz de Europa, y aquellos que, perteneciendo a unidades de los ejércitos totalitarios, fueron enviados, obedeciendo órdenes concretas de sus respectivos gobiernos, a sostener con las armas la rebelión militar, acoge resueltamente la idea del reembarque de todos los extranjeros que, al lado del gobierno y al lado de los rebeldes, toman parte en la presente lucha; idea a la cual han hecho claras alusiones los ministros de Negocios Extranjeros de Francia y del Reino Unido en sus últimos discursos ante el Senado francés y la Cámara de los Comunes.

El gobierno de la república hace suya esta iniciativa y se declara dispuesto a cooperar a su realización, una vez asegurada la indispensable reciprocidad.

Cinco días después, el 9 de marzo, el gobierno español reclamaba la inclusión de los importantes contingentes marroquíes, que formaban una parte sustancial de las fuerzas franquistas, entre los combatientes que deberían ser retirados de España (documento 24). Un mes largo tardó el Foreign Office en comunicar a la embajada su respuesta, y la verdad es que hubiera podido transmitirla en una hora porque se limitaba a rechazar la reclamación del gobierno español fundándose en que los Estados miembros del Comité de Londres no tenían autoridad sobre los territorios del Marruecos español. Puede apreciarse la importancia que revestía la reclamación del gobierno español, si se considera que, en octubre de 1938, los efectivos marroquíes que figuraban entre las fuerzas franquistas ascendían a la respetable cifra de 60 000 hombres[1], lo que, por otra parte, explica la insistencia con que el general Franco apremiaba a Hitler y Mussolini, para que «en ningún caso» aceptaran que las fuerzas marroquíes se incluyeran entre los «voluntarios» extranjeros destinados a salir de España[2].

Quiso la suerte que en aquellos mismos días de comienzos del mes de marzo del año 1937, en los que el Comité de Londres adoptó su flamante plan de control, y en los que la idea de la retirada de combatientes no españoles tomaba rápidamente cuerpo, tuviera lugar el fracaso de la ofensiva italiana en Guadalajara con la derrota de varias de sus divisiones. La documentación caída en poder del gobierno y las declaraciones de los numerosos prisioneros italianos suministraron la prueba irrefutable de que Italia había enviado a luchar contra el gobierno legítimo de España unidades completas de su ejército, lo que constituía un caso manifiesto de agresión y una violación caracterizada del Pacto de la Sociedad de Naciones[3]. En otro lugar se examinará lo que el gobierno español hizo en relación con este último aspecto de la cuestión. Conviene recordar ahora que en una conversación con el señor Eden, el 12 de marzo, le hice notar que las informaciones obtenidas por el gobierno sobre la intervención italiana como resultado de la derrota de Guadalajara demostraban de manera palmaria y evidente que dicha intervención consistía no en el envío de un número mayor o menor de «voluntarios», o en el suministro de material de guerra en cantidad más o menos considerable, sino en una verdadera intervención militar del gobierno italiano realizada por unidades orgánicas de su propio ejército regular. Esto constituía un problema político de la mayor gravedad para cuya solución eran manifiestamente inadecuados los resultados y procedimientos de control tan minuciosamente elaborados por el Comité de Londres. A esta conversación siguió, al día siguiente, 13, una nota con indicaciones circunstanciadas y detalladas de las informaciones obtenidas gracias al material italiano capturado en Guadalajara y a las declaraciones de los prisioneros de la misma nacionalidad; subrayando la gravedad del problema político que planteaba la verdadera intervención militar del gobierno italiano de cuya realidad daban esas informaciones testimonio fehaciente (documento 25).

Lo que ocurrió en el Comité de Londres como resultado de esta nota presentada en nombre del gobierno español muestra la atmósfera de ficción e hipocresía en que funcionaba ese organismo. Cualquiera hubiese pensado que lo que procedía era practicar una investigación sobre las denuncias formuladas por el gobierno español y, si se confirmaban, adoptar las medidas apropiadas a la nueva situación creada por la intervención militar directa del gobierno italiano. Sin embargo, no se hizo nada de eso por la sencilla razón de que todos los miembros del Comité estaban convencidos de que las denuncias españolas eran exactas en lo esencial, y que todos ellos (con la excepción del gobierno soviético) estaban igualmente resueltos a no permitir que nadie viniera a abrirles los ojos. En la sesión del 23 de marzo, el señor Grandi, embajador de Italia y representante de su gobierno en el Comité de Londres, tuvo la audacia de declarar ante el subcomité que su gobierno se negaba a discutir la retirada de voluntarios, añadiendo como opinión personal, en respuesta a una observación del señor Maiski, representante soviético, que ningún voluntario italiano se retiraría de España hasta el final de la guerra civil. Esta declaración sembró la consternación entre los miembros del Comité. En la sesión que el Comité celebró al día siguiente, 24 de marzo, el señor Maiski hizo una declaración basada sobre la nota española del 13 y propuso el envío de una comisión para investigar los envíos de «voluntarios» posteriores al 20 de febrero (fecha de la entrada en vigor del acuerdo relativo a «voluntarios»), y el carácter militar de la intervención italiana. El Comité se limitó a someter la propuesta soviética al subcomité, pero el ministro de Negocios Extranjeros francés, señor Delbos, convocó ese mismo día, 24 de marzo, al embajador de Alemania en París y le dio cuenta de la gran alarma que causaba al gobierno francés la presencia en España, «confirmada por testigos oculares», de «unidades orgánicas de tropas del ejército activo italiano en uniforme y bajo el mando de sus oficiales». El ministro explicó que, a juicio del gobierno francés, el asunto tenía tal importancia que no podía ser tratado exclusivamente por el Comité de No Intervención cuya competencia estaba limitada a detalles técnicos, sino que debería ser discutida por vía diplomática normal[4].

En cuanto al gobierno británico, con un sentido más práctico, se aplicó a obtener que el representante italiano retirara su imprudente declaración a cambio de que el soviético renunciara a insistir sobre su propuesta. Sus esfuerzos se vieron coronados por el éxito y en la reunión que celebró el Comité el 15 de abril el señor Grandi dijo que, en respuesta al llamamiento del presidente, accedía a seguir discutiendo el problema de la retirada de voluntarios, y el señor Maiski anunció que no insistía en su petición de que el subcomité siguiera discutiendo su propuesta relativa al envío a España de una comisión de encuesta para investigar sobre la presencia de divisiones italianas.

Lo curioso de este episodio es que el señor Grandi había hecho su declaración, no sólo sin instrucciones de su gobierno, sino en contradicción con ellas. El 27 de marzo el embajador alemán en Roma dio cuenta a su ministro de una comunicación confidencial que le había hecho el secretario de Estado, señor Bastianini, según la cual la declaración de Grandi había causado gran sorpresa en Roma y no se conformaba a sus instrucciones[5]. El incidente dio lugar al envío de nuevas instrucciones, esta vez personales de Mussolini, de las cuales dio lectura Ciano al embajador alemán en una entrevista que celebraron el 29 de marzo. Por su valor como comprobante de la razón con la que el gobierno español denunciaba la mala fe del gobierno italiano en las negociaciones sobre el control y la retirada de «voluntarios», se reproduce a continuación parte del telegrama en el cual el embajador alemán en Roma da cuenta a su gobierno del contenido de esas instrucciones:

Esas instrucciones puntualizan que de hecho no podía tratarse de la retirada de voluntarios italianos hasta que no se hubiese reparado el fracaso de Guadalajara, que si bien militarmente no tenía importancia, era desagradable políticamente. Una vez conseguida la revancha, Mussolini no sería absolutamente opuesto a una retirada de voluntarios, teniendo en cuenta, sobre todo, ciertas tendencias españolas que no se podía desatender, y a condición, sin embargo, de que la retirada fuera realizada tanto por los blancos como por los rojos. Tácticamente no convenía atraer las antipatías negándose a retirar los voluntarios. Era muy preferible aceptar que la cuestión pasase al subcomité y continuar en él la táctica de sabotaje y de temporización[6].

En el comentario con el que Ciano acompañó la lectura de estas instrucciones, según la referencia del embajador alemán, figuran las siguientes palabras:

Ante todo se trata hoy de conseguir un triunfo militar que borre el recuerdo de la derrota. Con ese objeto enviamos a España oficiales, armas, material y aviones, así como probablemente cuatro submarinos; pero estos últimos sin tripulación, como se lo hemos advertido a Franco.

¡Ésas eran las palabras del ministro de Negocios Extranjeros de un país que, no sólo había puesto su firma al pie del acuerdo de no intervención, sino que participaba en el control naval destinado a garantizar su ejecución!

En cuanto el representante italiano se declaró dispuesto a participar en el examen de la retirada de «voluntarios», la cuestión fue sometida al subcomité, pero en él quedó prácticamente estancada durante las semanas que siguieron, gracias, sin duda, al empeño con que el propio señor Grandi practicó el «sabotaje» que su jefe le había prescrito en sus últimas instrucciones.

La aplicación del control: incidentes en el Mediterráneo (mayo de 1937).

Un mes largo necesitó el Comité de Londres para poner en vigor el plan de control que había sido aprobado en su sesión del 8 de marzo de 1937. El plan entró en vigor, en efecto, en la noche del 19 al 20 de abril, pero su vida fue corta y estuvo sembrada de los incidentes a que inevitablemente había de dar lugar la «monstruosidad» señalada por el gobierno español, en su nota del 24 de marzo, de confiar a Alemania e Italia la vigilancia naval de las costas españolas del Mediterráneo.

Los primeros incidentes se produjeron los días 24 y 26 de mayo, con ocasión de los bombardeos del puerto de Palma de Mallorca por la aviación del gobierno español. Este bombardeo era tanto más justificado y natural cuanto que dicho puerto (como toda la isla) se había convertido en una base aérea italiana desde la cual los aviones italianos bombardeaban, con toda comodidad y un mínimo riesgo, las ciudades de la costa mediterránea de España. Quiso la fatalidad que en el bombardeo del día 24 varias bombas cayeran en la proximidad de dos buques de guerra italianos, el Quarto y el Mirabello, de un torpedero alemán, el Albatross, y de otro inglés, el Hardy; en el del día 26 la cosa fue mucho más grave porque una bomba estalló en la cámara de oficiales del acorazado italiano Barletta, hiriendo a varios oficiales (entre ellos el comandante) y matando a seis. Los gobiernos alemán e italiano protestaron violentamente contra estos bombardeos alegando que sus barcos de guerra estaban cumpliendo una misión que les había sido confiada por el Comité de Londres. Además, el almirante Von Feschel, que mandaba las fuerzas navales alemanas en el Mediterráneo, anunció en un telegrama dirigido al ministro español de Defensa, el 29 de mayo, que había dado órdenes a los buques bajo su mando para que, en caso de que volasen sobre ellos aviones españoles, tomasen las medidas correspondientes.

A estas protestas respondió el gobierno español, el 29 de mayo, explicando: primero, que en el puerto de Palma de Mallorca había fondeados buques que se dedicaban al transporte de material de guerra para las fuerzas franquistas, a alguno de los cuales le alcanzaron las bombas de la aviación española; segundo, que el Comité de Londres había señalado para el servicio de vigilancia de las costas españolas una distancia mínima de 10 millas; y, tercero, que la vigilancia de las costas de Mallorca había sido encomendada por el propio Comité de Londres a la marina francesa y, por consiguiente, no era exacto que los buques de guerra alemanes e italianos estuvieran en Palma en cumplimiento de una misión del Comité de No Intervención.

En cuanto a Inglaterra, su primera reacción se limitó a indicar al ministro de Defensa español, señor Prieto, por carta de su ministro en Valencia, el nuevo fondeadero del torpedero Hardy y a solicitar que se le indicase «la posición exacta de un fondeadero de seguridad para los acorazados británicos, al este del meridiano de la catedral de Palma». A esta carta respondió el señor Prieto, el mismo día 27, señalando un fondeadero de seguridad para los buques de guerra británicos en Palma «al sur del paralelo de Punta San Carlos y al este del meridiano de la catedral». Esta correspondencia de tono cordial, dentro del estilo diplomático, fue seguida cuatro días después, el primero de junio, de una nota de protesta, redactada en términos de manifiesta dureza, y en la cual se afirmaba que los ataques aéreos en cuestión habían sido, según todos los informes recibidos por el gobierno británico, «deliberadamente dirigidos contra buques extranjeros». La nota causó disgusto y sorpresa al gobierno español, justificada esta última si se tiene en cuenta que en los días 27, 28 y 31 de mayo, no sólo se habían cruzado las cartas ya mencionadas entre el ministro británico, señor Leche, y el señor Prieto, sino que el mismo día 27 este último había visitado personalmente al señor Leche, visita seguida, el 29 y el 31, de dos cartas del ministro británico dando las gracias, en términos particularmente expresivos, por la rapidez con la que el gobierno español había accedido a su petición relativa a la fijación de una zona de seguridad, y de una nota del capitán de navío Mr. Sorvaes, el oficial más antiguo de las fuerzas navales británicas en aguas de Valencia, expresando, también, su agradecimiento y su deseo de ser recibido por el ministro español de Defensa[7].

El 29 de mayo por la tarde ocurrió en aguas de Ibiza otro incidente de más graves consecuencias. He aquí el parte oficial que el ministerio español de Defensa publicó el mismo día 29, a las diez de la noche, dando cuenta de lo ocurrido:

Esta tarde salieron de su base dos aviones para realizar vuelos de reconocimiento sobre las islas Baleares. Al pasar sobre Ibiza, un buque de guerra que estaba fondeado a 200 metros del muelle abrió nutrido fuego de artillería antiaérea contra nuestros aparatos sin que precediera por parte de éstos acto alguno de agresión ni contra el citado barco ni contra la ciudad. Los aviones respondieron al ataque lanzando doce bombas, cuatro de las cuales cayeron a bordo del referido buque produciendo otras tantas explosiones. Al parecer, y según radios que se han captado posteriormente, el buque atacante, que quedó con mucho fuego a bordo, es el crucero alemán Admiral Scheer. Como es sabido, los buques de guerra extranjeros encargados del control deben ejercer su vigilancia a la distancia mínima de diez millas de la costa. El Admiral Scheer se hallaba cual queda dicho en la misma bahía de Ibiza y próximo al muelle. Además, el control en torno a la isla de Ibiza, conforme a las decisiones del Comité de No-Intervención, corresponde a la escuadra francesa y consiguientemente el crucero alemán no tenía ninguna misión lícita que cumplir en el sitio donde se encontraba dentro de aguas jurisdiccionales españolas.

Veamos, ahora, la versión alemana del incidente, según el telegrama que el ministro alemán de asuntos extranjeros, barón Von Neurath, dirigió al embajador alemán en Londres (en clave) el 30 de mayo de 1937[8]:

El sábado 29 de mayo el acorazado de bolsillo Deutschland se encontraba en la rada de Ibiza. Este buque forma parte de las fuerzas encargadas de asegurar el control marítimo internacional. A pesar de ello, entre 6 y 7 de la tarde, el acorazado ha sido bombardeado súbitamente por dos aviones del gobierno rojo de Valencia en vuelo planeado. El buque estaba anclado y la tripulación se encontraba reunida en el local que le está reservado a proa, sin protección. Una de las bombas rojas ha estallado en el mess de la tripulación, lo mismo que otra había estallado a bordo de un buque italiano en el mess de la oficialidad. Este criminal atentado ha causado 20 muertos y 73 heridos. Otra bomba cayó en el puente lateral, causando pocos daños. El buque, en perfecto estado de marcha y dispuesto a aparejar, ha ido a Gibraltar a fin de desembarcar los heridos. El acorazado no ha tirado sobre los aviones[9].

No es dudoso que, como lo hizo notar el ministro español de Defensa en su comunicado, el acorazado alemán no podía estar cumpliendo una misión de vigilancia del control marítimo en la rada de Ibiza. Pero este punto me parece secundario para imputar a los aviones españoles o al acorazado alemán la responsabilidad del incidente, porque de ninguna manera podría justificar el ataque al acorazado por los aviones el hecho de que el primero no se encontrara, efectivamente, cumpliendo la misión de vigilancia del control marítimo decidida por el Comité de Londres. A mi juicio, el punto decisivo consiste en saber si el acorazado hizo fuego o no hizo fuego contra los aviones, antes de que éstos lanzaran sus bombas sobre él. Y sobre este extremo las dos versiones son totalmente contrarias, y a falta de una investigación practicada por un juez neutro e imparcial, será imposible fallar el pleito de manera satisfactoria. Existe, sin embargo, una circunstancia que milita en favor de la versión española, y es la siguiente: como hemos visto, en la misma mañana del día en cuya tarde ocurrió el incidente, el almirante alemán en el Mediterráneo había dado a los buques bajo su mando la orden de adoptar «las medidas adecuadas» en caso de que aviones del gobierno español volaran sobre ellos. Ahora bien, si esas «medidas adecuadas» consistían en disparar sobre los aviones (y no se alcanza cuáles otras pudieran ser), o bien el acorazado disparó sobre los aviones españoles tan pronto como les vio acercarse (y es lo que afirma la versión española), o no disparó (como lo pretende la versión alemana), y entonces habría que admitir que el comandante del acorazado desobedeció las órdenes dictadas aquella misma mañana por su almirante, cosa poco verosímil tratándose de fuerzas navales alemanas.

Este trágico incidente tuvo una secuela más trágica todavía porque el gobierno hitleriano, sin más averiguaciones sobre lo sucedido, ordenó a las pocas horas y a título de represalia el bombardeo de la ciudad española de Almería, ciudad abierta y desprovista de toda clase de fortificaciones o defensas. El bombardeo lo realizó una escuadra alemana compuesta de un acorazado y cuatro destructores en las primeras horas del día 31 de mayo de 1937, sin previo aviso ni notificación alguna, y sin perseguir objetivo militar concreto. Las autoridades locales calcularon en 200 el número de disparos, y los proyectiles cayeron a granel dentro del casco de la población, matando a 20 personas, hiriendo a más de 50 y destruyendo unos 40 edificios.

Cuenta el señor Zugazagoitia, a la sazón ministro de la Gobernación, que el señor Prieto, que lo era de Defensa, mantuvo en Consejo de ministros la conveniencia de responder al bárbaro bombardeo de Almería por un ataque fulminante, naval y aéreo, a la escuadra alemana autora del desafuero, asegurando que las fuerzas navales y aéreas habían ya recibido las órdenes necesarias para el caso de que el gobierno aceptara la propuesta. Pero el señor Negrín, que acababa de encargarse de la presidencia del gobierno, y con él la mayoría del Consejo, fueron de opinión contraria ante el justificado temor de provocar gravísimas complicaciones internacionales, y la criminal represalia alemana quedó sin respuesta.

Cuando ocurrió el bombardeo de Almería, Álvarez del Vayo se encontraba todavía en Ginebra y el gobierno le sugirió la idea de pedir una reunión extraordinaria y urgente del Consejo de la Sociedad de Naciones. Con buen acuerdo, antes de formular la demanda, Álvarez del Vayo consultó con algunos de los miembros del Consejo, y ante la acogida reservada que la idea encontró por parte de los que mejor dispuestos hubieran debido estar para aceptarla, el gobierno desistió de la iniciativa y la sustituyó por una carta que Del Vayo dirigió al secretario general en la cual hacía un relato circunstanciado de los hechos y se recordaba la observación contenida en la respuesta del gobierno al plan de control marítimo llamando la atención del Comité de Londres sobre los peligros que entrañaba la «monstruosidad» de confiar a las flotas alemana e italiana la vigilancia de las costas españolas del Mediterráneo (documento 26).

Ignoro por qué motivos el gobierno español decidió enviar a Inglaterra (y es de suponer que también a Francia) una nota sobre el incidente del Deutschland y el bombardeo de Almería, en vez de limitarse (como Álvarez del Vayo y yo mismo habíamos aconsejado) a comunicarles copia de la carta que el primero había dirigido al secretario general de la Sociedad de Naciones el 31 de mayo. El 2 de junio, Del Vayo me anunció su envío y al día siguiente el ministerio de Estado dictó a la embajada su texto con instrucciones de presentarla al día siguiente. En dos largas conversaciones telefónicas con Giral y Esplá, ministro y subsecretario de Estado, respectivamente, no conseguí que aceptaran mis observaciones, salvo algunos retoques en el texto y la supresión de uno de sus párrafos (decidida después de consulta con Negrín, jefe del gobierno). Lo que principalmente traté de señalar a la atención del gobierno fue el peligro que implica para toda negociación el hecho de repetir, en términos diferentes, los mismos argumentos y consideraciones. La verdad es que el texto comunicado por el ministerio de Estado no contenía nada, salvo los anexos, que no figurara ya en la carta de Álvarez del Vayo. Su único valor positivo consistió, en mi opinión, en haber servido de ocasión para hacer públicos esos anexos en los que se reproducían los telegramas cambiados entre el contralmirante Von Feschel y el señor Prieto, ministro del Aire, el 29 de mayo de 1937 (anexo A) y la correspondencia entre este último y el encargado de Negocios británico en Valencia, Mr. Leche, entre el 27 y el 31 del mismo mes (anexo B). La nota quedó presentada en el Foreign Office el 4 de junio (documento 27).

Los sucesos que acabo de relatar tuvieron lugar en las últimas horas de mi estancia en Ginebra para asistir a la reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones del mes de mayo y durante mi viaje de regreso a Londres. A mi paso por París tuve noticia del incidente del Deutschland y a mi llegada a Londres, el lunes 31 de mayo a las tres de la tarde, me enteré del bombardeo de Almería aquella misma mañana.

El mismo día 31, a las seis de la tarde, tuve una larga y tormentosa entrevista con Eden. Contra lo que era habitual en nuestras relaciones, me recibió con notoria frialdad y hasta con manifiesta agresividad. Desde sus primeras palabras me di cuenta de que aceptaba como buena la versión alemana de los hechos. En términos y en tono más que vivos me reprochó la conducta del gobierno español y expresó su profunda contrariedad ante ella cuando todo permitía pensar que Alemania quería desentenderse de sus compromisos en España. Su gran preocupación consistía en saber si se trataba de una acción deliberada del gobierno español destinada a echar por tierra el control y con él la no intervención. Cuando terminó su catilinaria empecé por rechazar en los términos más enérgicos y categóricos la idea de que existiera por parte del gobierno español una intención deliberada de echar por tierra el control naval de la no intervención; y ello cualquiera que fueran sus objeciones contra su organización y manera de funcionar. Y a continuación expuse la versión oficial del gobierno, tal como aparecía expresada en el comunicado de prensa del ministerio del Aire y según la cual los aviones españoles se vieron obligados a responder con sus bombas al fuego antiaéreo de que fueron objeto por parte del acorazado alemán[10].

Creo que si bien no logré convencer a Eden de que la versión española correspondía a la realidad de los hechos, nuestra entrevista tuvo un resultado positivo en cuanto disipó en el espíritu del ministro británico de Negocios Extranjeros toda sospecha de que pudiera tratarse de una siniestra maniobra destinada a poner en trance de muerte la no intervención; a la vez que puso de manifiesto la razón con la que el gobierno español había protestado contra la participación en el control naval de fuerzas navales alemanas e italianas.

El Consejo de la Sociedad de Naciones examina la intervención ítalo-alemana en la guerra civil (mayo de 1937).

En los mismos días en que tenían lugar en aguas de Mallorca e Ibiza los sucesos que acabamos de relatar, celebraba en Ginebra el Consejo de la Sociedad de Naciones las últimas sesiones de su reunión ordinaria del mes de mayo de 1937. A petición de la delegación de España, un punto relativo a la intervención germano-italiana en la guerra civil había sido inscrito en el orden del día de la reunión[11]. Su discusión tuvo lugar en las sesiones de los días 28 y 29 de mayo, y en ellas, después de un discurso de Álvarez del Vayo tan enérgico y bien documentado en el fondo como firme y moderado en la forma, intervino la mayor parte de los miembros del Consejo subrayando la necesidad de dar una mayor eficacia a la no intervención. Conviene recordar que la discusión se proyectaba, por decirlo así, sobre un telón de fondo formado por el Libro Blanco que acababa de distribuir el gobierno español a todos los miembros de la Sociedad de Naciones, y en el cual se reproducía un centenar de documentos oficiales que probaban de manera incontrovertible la intervención militar italiana. Cuando, terminada la discusión, se trató de redactar el texto de una resolución, aparecieron las dificultades y las divergencias. A un texto elaborado por el Consejo en una sesión secreta, sin asistencia de la delegación española, opuso esta última otro; ambos fueron sometidos a un comité de redacción formado de los representantes de Francia, Inglaterra, Unión Soviética, Suecia y España, el cual preparó un proyecto de resolución basado en el presentado por la delegación española, con algunas adiciones y supresiones, y en el que se subrayaba la importancia y la urgencia de asegurar la retirada de España de los combatientes no españoles que tomaban parte en la lucha. Este proyecto de resolución fue adoptado por el Consejo el 29 de mayo.

A título informativo se reproduce como documento 28 la nota que redacté en mi diario el mismo día en que la resolución fue adoptada por el Consejo, sobre las vicisitudes y peripecias de su preparación; muy significativas para apreciar el ambiente que rodeaba a la cuestión española en las delegaciones y la secretaría de la Sociedad de Naciones.

Capítulo 9. Alemania e Italia ante la no intervención.

Capítulo 9

ALEMANIA E ITALIA

ANTE LA NO INTERVENCIÓN

Alemania e Italia se retiran del Comité de Londres (mayo de 1937).

Los sucesos que quedan relatados en el capítulo anterior repercutieron, inmediatamente, en el sistema de la no intervención, sometiendo a dura prueba su endeble estructura. En efecto, el 30 de mayo de 1937, el gobierno alemán decidió retirarse del Comité de Londres y retirar sus barcos del servicio del control naval «hasta tener la garantía de que no se reproducirían incidentes del mismo género». Y contra la opinión expresa del gobierno alemán, el propio Mussolini decidió que el gobierno italiano adoptaría la misma actitud[1]. La comunicación de los dos gobiernos fue leída en la sesión que el subcomité celebró el lunes 31 de mayo, y en ella Corbin, representante de Francia y embajador en Londres (en contraste con la actitud adoptada por su colega François-Poncet en su entrevista con el ministro de Asuntos Extranjeros alemán, barón Von Neurath), atacó duramente el bombardeo de Almería. Hizo notar que en los casos análogos de ataque por fuerzas aéreas del general Franco a un avión de línea francés, y del bombardeo aéreo de Cerbère, el gobierno francés no había tomado represalias de ninguna clase.

A partir de ese momento puede decirse que la atención del gobierno británico quedó totalmente consagrada a la busca de los medios que hicieran posible la vuelta de Alemania e Italia al Comité y a su participación en la vigilancia naval del control.

Diversas fórmulas para su retorno: zonas de seguridad, patrullas mixtas, observadores neutrales

Sobre la situación creada por la retirada de Alemania e Italia escribí a Giral, ministro de Estado, el 2 de junio, lo siguiente:

La gran preocupación de Inglaterra (y de Francia, según me manifestó su embajador en la visita que me hizo ayer) es encontrar un medio de hacer volver al Comité y al control a Alemania e Italia. Éstas han suspendido su colaboración hasta recibir garantías de que sus buques no serán atacados. El gobierno británico se esfuerza en buscar la fórmula que permita ofrecerle ésa garantía. A menos de haberlo hecho por su embajada en Valencia, por ahora no ha realizado ninguna gestión cerca del gobierno español a fin de determinar en qué podría consistir ésa garantía. Pero es muy probable que en un plazo breve una gestión en ese sentido sea realizada. De lo que se habla, por ahora, es de extender el sistema de zonas de seguridad, y de llegar a un acuerdo según el cual, en caso de ataque por parte de fuerzas navales o aéreas españolas, las represalias fueran colectivas de las cuatro potencias que ejercen el control. En la opinión del consejero de la embajada soviética, que ha venido a verme esta tarde de parte de su embajador que está enfermo, no debería haber dificultad para llegar a un acuerdo sobre la creación de zonas de seguridad. En cuanto al carácter colectivo de las represalias eventuales, es cosa que parece difícil pueda ser aceptada por Inglaterra. Pero hay un nuevo elemento sobre el cual me permito llamar la atención de usted y es el siguiente:

El gobierno de la república ha considerado siempre como uno de los más graves peligros el haberse confiado la vigilancia de las costas españolas del Mediterráneo a las flotas alemana e italiana solas. Por otra parte, como usted sabe, cuando se elaboró el control, Francia y la Unión Soviética fueron favorables al sistema de flotas mixtas en todas las costas. Teniendo esto en cuenta, parecería indicado que cuando Inglaterra inicie las negociaciones con nosotros sobre la garantía (zonas de seguridad u otras), propusiéramos que, al mismo tiempo, se examine la posibilidad de dar un carácter realmente internacional al control. La mejor forma de hacerlo no sería, sin embargo, la presencia de unidades de diferentes países realizando conjuntamente el control en cada zona, sino la presencia, a bordo de cada barco ejerciendo el control, de uno o varios oficiales neutrales que representarían en el barco al Comité de Londres en cuyo nombre el control se realiza. Esta forma no exigiría la modificación de la actual distribución de zonas y países. Además sería la más conveniente para nosotros por ser la que con mayor eficacia impediría a los buques alemanes e italianos utilizar su misión de control para prestar una ayuda a los franquistas. Creo que la posibilidad de formular, llegado el caso, una propuesta en este sentido merece ser estudiada y puedo asegurar que en este país encontraría un fuerte apoyo de opinión pública.

El 5 de junio la prensa de Londres publicó informaciones que, aunque fragmentarias y no oficiales, daban una idea clara del sentido en el cual el gobierno británico trataba de elaborar las garantías destinadas a permitir el retorno al Comité de Alemania e Italia: se trataba, por una parte, de establecer zonas de seguridad para los buques encargados de la vigilancia naval del control, y, por otra, de organizar una acción concertada entre los mandos de los cuatro países participantes en esa vigilancia (es decir, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia), en caso de ataque a uno de sus buques. Estas noticias me indignaron profundamente porque se omitía toda garantía contra posibles ataques realizados por buques alemanes o italianos contra buques o puertos españoles. En definitiva, se aceptaba la versión alemana e italiana de los incidentes; lo que explicaba por qué el gobierno británico había dirigido al gobierno español su dura y tardía nota de primero de junio calificando los incidentes de ataques «deliberadamente dirigidos contra buques extranjeros», y porque Eden, en la visita que le hice el día anterior, 31 de mayo, para protestar contra el bombardeo de Almería, mostró un manifiesto mal humor y me hizo comprender claramente que respecto al incidente del Deutschland daba entero crédito a la versión del gobierno alemán. Había que allanar el camino para el retorno al Comité de Alemania e Italia, aunque para ello fuera necesario cerrar los ojos a los irrebatibles argumentos presentados por el gobierno español y dar por buena la injusticia y la barbarie. El mismo día 5 di cuenta al gobierno de mi impresión en el telegrama siguiente:

Prensa señala proposiciones inglesas sometidas a gobiernos francés, alemán e italiano consistentes extensión sistema zona seguridad y discusión entre los mandos de las cuatro flotas en caso de ataque a algún buque. Proposición basada hipótesis único peligro estriba ataque barco ejerciendo control por parte gobierno español o fuerzas rebeldes. En mi opinión gobierno debería rechazar dicha hipótesis exigiendo se tome en consideración igualmente peligro ataque costas españolas, marina mercante o fuerzas navales aéreas del gobierno por barcos italianos alemanes. Para ello medida apropiada consistiría presencia observadores neutros representando Comité No Intervención en buques ejerciendo control. Gobierno francés parece favorable idea. Ruego V. E. me diga si considera oportuno haga saber gobierno británico forma verbal que gobierno mantiene este punto vista sin esperar que gobierno británico o Comité someta proposición concreta. En caso afirmativo convendría gestión paralela en París. Mi opinión es favorable. Realizando gestión ahora se evitaría posible reproche no haber dado a conocer nuestro punto de vista en el momento oportuno.

El 7 de junio me hizo saber el ministro de Estado que el gobierno aprobaba mi sugestión, anunciándome que ya se habían transmitido las instrucciones necesarias al señor Ossorio y Gallardo, embajador en París, y el 8 por la mañana tuve una entrevista con sir Robert Vansittart, secretario permanente del Foreign Office, de la cual di cuenta al gobierno en el siguiente telegrama:

He visitado hoy a sir Robert Vansittart para explicarle punto de vista gobierno sobre negociaciones en curso para facilitar la vuelta de Alemania e Italia Comité y control. Señalé la sorpresa y el disgusto del gobierno viendo que las negociaciones no tomaban en consideración la necesidad de ofrecer también al gobierno garantías contra las actividades hostiles de la marina alemana e italiana en el Mediterráneo que es el verdadero origen de las dificultades presentes. Expuse sería difícil para gobierno aceptar un arreglo que no contuviera medidas destinadas a imposibilitar estas actividades en el porvenir. Sugerí medida consistente asegurar presencia de observadores neutrales a bordo de los buques que ejerzan control. Desaparecerían las dificultades técnicas que se oponen a la aceptación de esta medida si prevaleciera la sugestión hecha por la prensa de hoy tendente a sustituir para ejercicio control los buques de guerra por trawlers armados. Sir Robert no opuso objeción alguna a mis observaciones y prometió comunicarlas al señor Eden. Expresó creencia podría llegarse a un acuerdo en el curso próxima semana.

Disgusto del Comité de Londres

El hecho de que las garantías destinadas a permitir la vuelta de Alemania e Italia al Comité y a la vigilancia naval del control fueran objeto de negociaciones entre las cuatro potencias participantes en esta última, y no de discusión en el seno del Comité de Londres, causó cierto disgusto entre algunos de sus miembros y muy particularmente al gobierno soviético. Este disgusto se manifestó en una carta que Maiski, representante soviético en el Comité, dirigió a lord Plymouth, su presidente, el 8 de junio de 1937, en la que, después de oponerse a la tesis según la cual el Deutsch land fue atacado mientras cumplía su misión de control, protestaba contra el hecho de que se hubiera sustraído al Comité la discusión de las medidas propias a facilitar la reincorporación de Alemania e Italia a la vigilancia del control marítimo. Y bien que en su respuesta lord Plymouth se limitara a expresar la opinión de que esas discusiones entre las cuatro potencias navales eran más eficaces, para el objeto que se perseguía, que las discusiones en el Comité, el gobierno soviético no creyó oportuno insistir y las negociaciones entre las cuatro potencias participantes en la vigilancia del control continuaron su curso en los días siguientes.

Lo que en estas negociaciones causó mayor desasosiego en el gobierno español fue el proyecto de crear zonas de seguridad para los buques de guerra encargados de la vigilancia naval. En largo telegrama, el ministro de Estado me encargó, el 8 de junio, que insistiera cerca del gobierno británico sobre la improcedencia de tal medida. Mi criterio era más bien favorable a no hacer comunicación alguna hasta haber recibido información oficial sobre el resultado de las negociaciones; criterio que sometí al gobierno en un telegrama en el que hacía notar la dificultad de fijar la actitud del gobierno sin saber si el resultado de esas negociaciones sería, o no, sometido al Comité de Londres antes de serle comunicado; y al propio tiempo señalaba como punto capital el referente a la inclusión de medidas destinadas a proteger la navegación española contra posibles actividades hostiles de las fuerzas navales alemanas o italianas.

Acuerdo de las cuatro potencias navales del control (junio de 1937).

El sábado, 12 de junio, por la noche, la víspera de mi salida para Valencia, tuve conocimiento del resultado de las negociaciones entre las cuatro potencias navales a que se había llegado en dos reuniones celebradas aquel mismo día. Las medidas convenidas para que Alemania e Italia reanudaran su colaboración en el Comité y su participación en el control naval eran, en resumen, las siguientes: a) creación de zonas de seguridad; b) seguridades por parte del gobierno español y de las autoridades franquistas en cuanto a la abstención de todo ataque a los buques que realizaban la vigilancia naval; c) consultas entre los cuatro gobiernos en caso de ataque a uno de sus buques; d) la internacionalización de las fuerzas navales de control figuraría como primer punto en el orden del día del Comité de Londres en cuanto reanudara su actividad normal.

Comunicación al gobierno español y su respuesta (16 y 23 de junio de 1937).

El texto del acuerdo fue comunicado oficialmente al gobierno español por una nota del encargado de negocios británico en Valencia, el 16 de junio (documento 29), sin haber sido sometido previamente a la aprobación del Comité de Londres. Por otra parte, la nota no mencionaba el punto d) de la referencia que me había sido dada antes de mi salida de Londres. Sin embargo, las cuatro potencias navales habían aprobado, a la vez que el texto destinado a ser comunicado a las dos partes, un documento aparte en el cual se declaraban dispuestas a someter sin dilación al Comité propuestas prácticas destinadas a «crear la máxima confianza internacional en la eficacia e imparcialidad del control», haciendo patente su carácter «neutral e internacional».

Los días que permanecí en Valencia estuvieron casi exclusivamente consagrados a la preparación de la respuesta del gobierno a la comunicación británica. El día 18 de junio entregué al ministro de Estado un proyecto de respuesta con intención de que pudiera servir de guión durante la discusión del asunto en la reunión del Consejo de ministros que tenía lugar aquella misma tarde. No he sabido lo que pasó en ella; por la noche el ministro se limitó a decirme que después de mucha discusión el Consejo había encargado al presidente y a él la redacción de la respuesta. Al día siguiente, 19 de junio, en mi visita de despedida, el presidente me enseñó el texto de la nota que el consejo acababa de aprobar y pude darme cuenta de que seguía muy de cerca el guión que había entregado el día antes al ministro de Estado; se habían suprimido algunas frases y se había agregado una que contenía una inexactitud.

De vuelta a Londres, y después de haber tenido varias conversaciones con Eden, Corbin y Maiski, sugerí algunas modificaciones al texto de la nota, destinadas a darle un tono más positivo, las cuales habiendo sido aprobadas por el gobierno quedaron incorporadas al texto que entregué al Foreign Office el 23 de junio (documento 30).

En su nota el gobierno español manifestaba su sorpresa al recibir esta comunicación no del Comité de No Intervención sino del gobierno británico en nombre de las cuatro potencias navales; hacía notar el carácter unilateral de las proposiciones convenidas entre ellas, ya que no contenían ninguna disposición destinada a garantizar la seguridad de los buques mercantes, puertos y ciudades costeras españoles contra los ataques de buques de guerra alemanes o italianos; sin encerrarse en una negativa, el gobierno español sugería que las proposiciones en cuestión fueran sometidas al Comité de Londres para ser completadas mediante la adición de medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los buques y costas españoles.

A esta nota el gobierno británico se limitó a responder lamentando sus términos, declarando que no podía considerarla como satisfactoria y añadiendo la advertencia de que «todo acto de provocación o de agresión dirigido a la navegación extranjera en aguas españolas tendría serias consecuencias» (documento 31).

Supuesto ataque submarino al acorazado alemán Leipzig (15 y 18 de junio de 1937).

Alentado, sin duda, por este vergonzoso acuerdo, según el cual sólo los actos de provocación o de agresión dirigidos contra sus propios barcos tendrían «serias consecuencias», en tanto que los realizados contra la navegación o las costas españolas serían considerados, al parecer, como cosa baladí y sin importancia, el gobierno alemán había provocado otro incidente el cual vino a demostrar, como vamos a ver, que a pesar de todas las apariencias contrarias, la docilidad y sumisión del gobierno británico ante los desplantes y las exigencias hitlerianas no era, todavía, ilimitada. El domingo, 20 de junio, la víspera de mi llegada a Londres a mi vuelta de Valencia, Eden había convocado a Cruz Marín, ministro consejero de la embajada, para entregarle copia de una nota que el embajador de Alemania había comunicado el día antes denunciando que el crucero alemán Leipzig había sido objeto de dos ataques por submarino, al norte de Orán, los días 15 y 18 de junio. Eden explicó al ministro consejero español que en una reunión que acababa de celebrar con los tres embajadores alemán, francés e italiano se había decidido pedir explicaciones al gobierno español y reunirse de nuevo el lunes, 21, para decidir las medidas que procediera adoptar.

Las observaciones del gobierno español se comunicaron al Foreign Office el lunes 21 de junio, a las diez de la mañana, y pueden ser resumidas como sigue: a) el ministro de Defensa español opuso a la denuncia alemana la más rotunda y categórica negativa; b) al propio tiempo afirmaba que en los días y horas indicadas por el gobierno alemán todos los submarinos bajo la autoridad del gobierno español se encontraban en puerto; c) el gobierno español se declaraba dispuesto a dar todas las facilidades que se estimasen necesarias para que el gobierno británico pudiera comprobar la exactitud de sus afirmaciones.

Las cuatro potencias navales se reunieron en el Foreign Office el lunes, 21 de junio, por la tarde, y el martes, 22. En la noche de este último día publicaron un comunicado de prensa explicando que no habían podido llegar a un acuerdo sobre las medidas que procedía adoptar, en vista de las observaciones del gobierno español. Inglaterra y Francia fueron de opinión que antes de adoptar medida alguna contra el gobierno español era indispensable practicar una investigación sobre lo ocurrido; Alemania e Italia estimaban que los hechos estaban claramente demostrados y que procedía la adopción de medidas comunes en conformidad con el acuerdo del 13 de junio. Las que proponían estas dos potencias consistían, a) en una petición de excusas; b) en una demostración naval ante Valencia en la que aparecieran los pabellones de las cuatro potencias; c) en la inmovilización de todos los submarinos del gobierno español; d) en una advertencia de que si se producía un nuevo incidente un puerto español sería inmediatamente bombardeado. Inglaterra y Francia se negaron a aceptar esta inaudita proposición y así quedó consumada la ruptura de la efímera unidad de acción entre las cuatro potencias prevista en el acuerdo que habían firmado una semana antes[2].

Este incidente constituyó un serio tropiezo para la política de aproximación a la Alemania hitleriana y la Italia fascista que con tanto empeño y tenacidad conducía en aquellos momentos el primer ministro británico Neville Chamberlain, y que ha pasado a la historia con el nombre de «apaciguamiento». Pieza principal de esa política era la invitación dirigida al ministro de Negocios Extranjeros de Alemania, barón Von Neurath, a visitar oficialmente Londres. Después de no pocas dilaciones el gobierno alemán se declaró dispuesto a aceptar la invitación tan pronto como hubieran quedado resueltas satisfactoriamente las dificultades surgidas con motivo del supuesto ataque al acorazado alemán Deutschland por aviones gubernamentales españoles y, en consecuencia, el 14 de junio el barón Von Neurath informó al embajador británico en Berlín que, habiendo quedado cumplida dicha condición con el acuerdo del 12 entre las cuatro potencias navales, estaba dispuesto a recibir la invitación oficial del gobierno británico y a responder a ella favorablemente[3]. El mismo día 14 comunicó el ministerio de Negocios Extranjeros a su embajador en Londres un memorándum fijando los temas y trazando los límites de las conversaciones que se celebrarían durante la visita, y unos días después se convino en que ésta tendría lugar los días 24 y 25 de junio[4] Pero la iniciativa británica había disgustado al gobierno alemán[5]. y tomando como pretexto el supuesto ataque al Leipzig por submarinos españoles, el barón Von Neurath escribió una carta al embajador británico en Berlín, el 20 de junio, anulando, pura y simplemente, su aceptación y declarando que la visita no podría tener lugar. Sir Neville Henderson, que era a la sazón embajador británico en Berlín, no consiguió hacer modificar esta decisión ni en la conversación que mantuvo con el propio barón Von Neurath en la noche del mismo día 20, ni en la entrevista que celebró con Hitler al día siguiente, y andando el tiempo llegó a la conclusión de que «el incidente del Leipzig —cuya exactitud no se comprobó nunca— sirvió meramente como pretexto para volverse atrás de una aceptación que nunca complació a Hitler y menos todavía a su embajador en Londres Von Ribbentrop»[6].

Alemania e Italia se retiran definitivamente del control naval (22 de junio de 1937).

Poniendo término a esta digresión que nos ha llevado al peligroso campo de la política general europea, y volviendo a «nuestros carneros», es decir, a la no intervención en la guerra de España, es preciso consignar, para que no se interrumpa la ordenada exposición de los hechos, que, como consecuencia de la ruptura entre las cuatro potencias navales con motivo del supuesto ataque al crucero Leipzig, Alemania e Italia pusieron término, en forma definitiva, a su participación en el sistema de vigilancia del control marítimo por patrullas navales. Temeroso, sin duda, de que Hitler cometiera otra atrocidad como el bombardeo de Almería, Eden dio instrucciones a su embajador en Berlín para que visitara con urgencia al barón Von Neurath y le transmitiera el deseo del gobierno británico de que el alemán se abstuviera de tomar una iniciativa cualquiera contra el gobierno español. La entrevista entre el barón Von Neurath y el embajador británico se celebró el día 23 de junio a las diez y media de la mañana y en ella el ministro alemán tranquilizó al embajador británico mencionando las instrucciones que acababa de enviar a su embajador en Londres para que comunicara al gobierno británico y al Comité de No Intervención la decisión del gobierno alemán de poner término a la participación alemana en las patrullas navales de vigilancia del control marítimo. El embajador no debió de quedar, sin embargo, completamente tranquilo con las explicaciones del ministro porque en el mismo día 23, a las tres de la tarde, le envió una carta anunciándole que aquella misma tarde Eden iba a hacer una declaración ante la Cámara de los Comunes asegurando que el gobierno alemán limitaría su acción a la retirada de sus fuerzas navales del servicio de patrullas, y pidiéndole que confirmase la exactitud de la declaración. A esa carta contestó el barón Von Neurath, en la misma tarde, diciendo que «por el momento» el gobierno alemán había decidido no seguir participando en la vigilancia del control marítimo, pero que, en el ejercicio de la libertad de acción que había recuperado como consecuencia de la ruptura del acuerdo entre las cuatro potencias navales, sólo al gobierno alemán incumbía decidir las medidas a adoptar para la protección de sus fuerzas navales[7]. Sobre base tan endeble como ésta hizo Eden su declaración ante la Cámara de los Comunes, el 23 de junio; pero, por fortuna, los hechos no vinieron a desmentir su confianza. Sin duda por considerar que la experiencia del bombardeo de Almería había sido, en último término, perjudicial para Alemania, en este caso no hubo acto hostil alguno contra España y el gobierno hitleriano se contentó con retirar sus buques de la vigilancia del control, abriendo así la crisis más grave por la que hubo de atravesar, en su accidentada carrera, la malhadada no intervención.

La retirada de Alemania e Italia de la vigilancia del control marítimo, seguida de la supresión del control terrestre en la frontera portuguesa, creó una situación de tal gravedad para la máquina entera de la no intervención que, sin exagerar el optimismo o el pesimismo (según el punto de vista de cada cual), podía preverse su inmediato derrumbamiento.

Para evitarlo, el gobierno británico se apresuró a preparar una alternativa consistente en confiar a las fuerzas navales de Francia e Inglaterra la totalidad de la vigilancia del control marítimo, añadiendo un plan concreto para la retirada de «voluntarios» extranjeros. Las dos propuestas fueron rechazadas por Alemania e Italia, declarando, sin el menor disimulo en cuanto a la primera, que no tenían confianza en la imparcialidad de los gobiernos británico y francés.

Todo esto creó un estado de tensión en las relaciones entre Inglaterra y Alemania; y ello a pesar de los esfuerzos «apaciguadores» del primer ministro británico Neville Chamberlain, muy claramente manifestados en el discurso que pronunció en la Cámara de los Comunes el 25 de junio de 1937, en el cual justificó la indignación del gobierno alemán con motivo del incidente relativo al Deutschland, y respecto al más reciente del Leipzig cuidó de dejar a salvo la buena fe del gobierno y de la marina alemanes. Hay que hacer notar, en honor a la verdad, que su ministro de Negocios Extranjeros, que era todavía Eden, no parecía compartir esa actitud; por lo menos, ésa fue la impresión que me dejó la larga conversación que tuve con él el 22 de junio, por la mañana, en su despacho del Foreign Office, y en la cual no ocultó el hondo disgusto y preocupación que le causaba la actitud del gobierno alemán y sus exigencias. Tendencia igualmente manifestada por el presidente del Comité y representante británico, lord Plymouth, en el tono y los términos empleados para contestar a las intervenciones de Ribbentrop y del conde Grandi rechazando las proposiciones británicas más arriba mencionadas; términos y tono que por su viveza y energía contrastaban notablemente con los usuales en sus intervenciones anteriores y posteriores.

La «beligerancia» como fórmula de arreglo y la visita de Negrín a París (1 de julio de 1937).

Sin embargo, este período de tensión aguda duró poco. En la tarde del mismo día 29 de junio, en el que, por la mañana, los miembros del Comité de Londres habían podido escuchar a lord Plymouth expresarse en los términos vivos y enérgicos a que acabo de referirme, para advertir que sería un error creer que la paciencia de Inglaterra era ilimitada, empezó a definirse una fórmula de transacción. En virtud de la misma, Alemania e Italia podrían aceptar que la vigilancia del control marítimo quedara confiada exclusivamente a Francia e Inglaterra. Incluso se mostrarían dispuestas a aceptar que el Comité de Londres examinara el plan de retirada de «voluntarios» extranjeros, si por su parte Inglaterra y Francia se mostraban dispuestas a reconocer la beligerancia al gobierno español y a las autoridades franquistas. Ante la amenaza de ver prosperar esta fórmula, tan llena de peligros para la situación política y militar de la república, sugerí al gobierno que su presidente hiciera un viaje a París y se entrevistara con Chautemps, a la sazón jefe del gobierno francés. Negrín aceptó mi sugestión y me pidió que me reuniera con él en París, adonde llegó, acompañado de Giral, ministro de Estado, el primero de julio de 1937. Y no creo exagerado decir que las conversaciones que celebramos en París, no sólo con el jefe del gobierno francés, sino con sus ministros de Negocios Extranjeros y del Aire, Delbos y Pierre Cot, respectivamente, así como con otras personalidades políticas francesas entre las que merece especial mención Grumbach, presidente de la comisión de Negocios Extranjeros de la Cámara, contribuyeron en no escasa medida a la negativa rotunda y categórica que opuso el gobierno francés a todo intento de reconocimiento de beligerancia a las autoridades franquistas.

(En el documento 32 se reproducen párrafos de mi despacho al ministro de Estado, del 3 de julio, dándole cuenta de mis entrevistas con Eden y el embajador soviético en Londres, los días 22 y 29 de junio, y resumiendo las celebradas en París por el jefe del gobierno y el propio ministro de Estado, y en el documento 33 una nota de mi diario resumiendo las conversaciones que mantuve con Grumbach, Fouques-Duparc, del Quai d’Orsay, y Henri Laugier, amigo y consejero personal de Delbos).

Propuestas franco-británicas y «plan constructivo ítalo-alemán».

En esa situación tuvo lugar la reunión del subcomité el viernes 2 de julio. Los representantes alemán e italiano rechazaron de nuevo las propuestas franco-británicas y presentaron un «plan constructivo» basado sobre las ideas siguientes: a) reconocimiento de beligerancia a las dos partes; b) abolición del sistema de vigilancia de las costas españolas necesario para el control naval; c) mantenimiento del control, sobre todo en las fronteras terrestres. Los representantes francés y británico declararon en el acto que el «plan constructivo» germano-italiano era inaceptable. El representante soviético renovó su adhesión a la propuesta franco-británica, reservó su actitud y presentó una serie de observaciones preliminares criticando el plan germano-italiano. En una segunda reunión celebrada por la tarde se decidió que las propuestas franco-británicas, así como el «plan constructivo» germano-italiano, serían sometidas a los gobiernos de los 27 miembros del Comité a fin de hacer posible una reunión del mismo en la semana siguiente.

La reunión plenaria del Comité tuvo lugar el 9 de julio de 1937, y en ella todos los miembros del mismo, después de haber consultado a sus respectivos gobiernos, fueron exponiendo sus observaciones tanto sobre la propuesta franco-británica del 29 de junio como sobre la contrapropuesta germano-italiana del 2 de julio. La reunión duró el día entero, con una breve interrupción para almorzar, y fue, sin duda, una de las más importantes que celebró el Comité de Londres, a lo largo de su accidentada existencia.

Lord Plymouth abrió la discusión manteniendo la propuesta franco-británica, repitiendo que el gobierno británico consideraba inaceptable la contrapropuesta germano-italiana e invitando a todos los miembros del Comité a presentar sus observaciones sobre la situación.

Rompió el fuego Grandi (Italia) con un largo discurso, verdadero monumento de cinismo e hipocresía; fárrago de sofismas que no podían tener más objeto que el de embrollar la cuestión más de lo que ya estaba, cerrando el camino que hubiera podido conducir a soluciones rápidas y eficaces. La audacia verbalista del representante italiano llegó al extremo de afirmar cosa tan notoriamente falsa como, por ejemplo, que los «voluntarios» italianos «desde el día que desembarcaban en España y se incorporaban a las fuerzas nacionalistas estaban exclusivamente bajo las órdenes del general Franco», o que la política italiana respecto a España se resumía en la fórmula: «No se toque a España» (hands off Spain).

Al representante italiano siguió Corbin (Francia) con un discurso en el que no tuvo ni una palabra, no ya para refutar, sino ni siquiera para expresar dudas sobre la versión que Grandi había dado de los incidentes del Deutschland y del Leipzig, presentándolos como ataques perpetrados deliberadamente por el gobierno español con el siniestro fin de echar por tierra la no intervención. Y ante la decisión del gobierno portugués de suprimir unos días antes, el control terrestre en su frontera, se contentó con anunciar que si la situación así creada no se remediaba en plazo breve, el gobierno francés se vería obligado a suprimir, también, el control en su propia frontera.

Al representante de Portugal, que se limitó a repetir y glosar los argumentos ya expuestos por Grandi, siguió Maiski, en nombre de la Unión Soviética. En un discurso de gran sobriedad y precisión expuso el representante soviético los argumentos de orden jurídico y práctico que hacían la propuesta germano-italiana inaceptable a ojos de su gobierno; demostró en forma incontrovertible que esa propuesta estaba inspirada en el propósito de favorecer la causa franquista y que ése y no otro sería el resultado de su aceptación por el Comité. Si se concedía la beligerancia a las dos partes, explicó el representante soviético, la flota republicana tendría enfrente, no a los buques anticuados y poco temibles de que disponía el general Franco, sino a las fuerzas navales, modernas y bien equipadas, de sus aliados. Si no fuera así, ¿cómo explicar que el único submarino de que disponía el general Franco hubiera podido realizar, en un mismo día y con pocas horas de intervalo, dos ataques en parajes tan alejados uno de otro como Barcelona y el estrecho de Gibraltar? La concesión de beligerancia implicaría, de hecho, el bloqueo de las costas mediterráneas españolas en poder del gobierno, sin que este último tuviera medios de responder con el bloqueo de los puertos atlánticos en poder del general Franco. El representante soviético terminó reiterando su aceptación de la propuesta franco-británica.

En contraste con el discurso de Grandi, el de su colega alemán Von Ribbentrop, que siguió al del representante soviético, fue directo, claro y concreto. Su primera parte consistió en una vulgar diatriba contra el Comintern, cuyos siniestros y maquiavélicos designios eran la causa de cuanto estaba ocurriendo en España. La única decente era la España «nacionalista»; enfrente no había más que unos «criminales bolcheviques» que era indispensable barrer. Cuando uno acaba de leer esta parte del discurso necesita hacer un esfuerzo mental para no quedar bajo la impresión de que lo ocurrido en España no fue un levantamiento «bolchevique» contra un gobierno «nacionalista» legítimo, sino un «alzamiento», patrocinado por Hitler y Mussolini, contra un gobierno republicano burgués. A esta parte primera del discurso sigue, con gran detalle, la versión alemana de los ataques, reales o supuestos, dirigidos contra los buques de guerra italianos, ingleses y alemanes, con especial referencia al Deutschland y al Leipzig, presentándolos como deliberadamente realizados por los «bolcheviques» de Valencia con el objeto de destruir el control de la no intervención y provocar perturbaciones internacionales. El bombardeo de Almería y la destrucción de sus «fortificaciones» (?), fue una medida destinada a mostrar a los «bolcheviques» que no se podía atentar impunemente a las vidas de marinos alemanes. (Hablar de fortificaciones de Almería implica un grado de audacia poco común, porque nunca existieron y el gobierno alemán no podía ignorarlo). Von Ribbentrop prosiguió recordando el convenio de acción conjunta entre las cuatro potencias navales y su inmediata ruptura al negarse Francia e Inglaterra a aceptar la proposición alemana de demostración naval ante Valencia, sin esperar el resultado de la encuesta que ellas proponían respecto al supuesto ataque submarino al crucero alemán Leipzig. Ruptura seguida de la retirada de Alemania e Italia de la vigilancia naval. Von Ribbentrop pasó enseguida a exponer las razones por las que su gobierno se negaba a aceptar la propuesta franco-británica y que resumió en los dos puntos siguientes: a) la vigilancia naval ejercida sólo por Francia e Inglaterra carecería del equilibrio que caracterizaba a la ejercida por las cuatro potencias, equilibrio basado en el hecho de que Francia e Inglaterra reconocen como gobierno legal de España el de Valencia, en tanto que Alemania e Italia han reconocido al del general Franco en Salamanca; b) después de la actitud adoptada por Francia e Inglaterra ante el ataque al Leipzig, Alemania no confiaba en su imparcialidad. En fin, el representante de Alemania consagró la última parte de su discurso a explicar que la vigilancia naval, destinada a comprobar la presencia de observadores del Comité a bordo de los buques mercantes con rumbo a puertos españoles, podía ser ventajosamente ejercida por las dos «partes» en lugar de las cuatro potencias navales sin más que reconocerles la beligerancia; reconocimiento que, como explicó largamente, estaba de sobra justificado por la duración de la guerra y por el hecho de que una gran parte del territorio español se hallaba en poder del general Franco.

Al representante alemán siguieron los demás miembros del Comité, con la excepción de Holanda (como veremos enseguida, todo había sido cuidadosamente preparado), con sendas declaraciones favorables a la propuesta franco-británica y contrarias (aunque con diferentes matices) a la germano-italiana.

Lord Plymouth, más como representante británico que como presidente del Comité, respondió en breves pero sustanciosas palabras a algunas de las alegaciones del representante alemán. Recordó que el origen de la dificultad ante la cual se encontraba el Comité había que buscarlo en la insistencia de Alemania para que se adoptaran sanciones contra el gobierno español, a quien acusaba de haber atacado deliberadamente al Leipzig (el ataque al Deutschland había quedado saldado, según la tesis alemana, con el bombardeo de Almería), sin haberle ofrecido la posibilidad de explicarse; eso, añadió lord Plymouth, no hay un puñado de ingleses que estén dispuestos a aceptarlo. La propuesta franco-británica, prosiguió lord Plymouth, tiene por único objeto llenar el vacío dejado por la retirada de Alemania e Italia de la vigilancia naval; era la única alternativa si se quería evitar el hundimiento completo de todo el sistema de la no intervención. Los argumentos del representante alemán en favor de la concesión de beligerancia a las dos «partes», de manera que pudieran ellas mismas ejercer la vigilancia naval, no habían convencido a lord Plymouth; a su juicio esa fórmula era inaceptable porque favorecía manifiestamente a la «parte» con mayores fuerzas navales, es decir, al general Franco. Por último, lord Plymouth insistió en la gran importancia que el gobierno británico seguía atribuyendo a la retirada de «voluntarios», «porque la presencia de gran número de voluntarios extranjeros en España agravaba grandemente la situación internacional y hacía mucho más difícil, si no imposible, la solución del problema español».

Y, entonces, llegó el momento de hacer entrar en juego el dispositivo que de antemano había sido preparado, con la intervención del representante de Holanda. Éste propuso que el Comité confiara al gobierno británico, y en especial a lord Plymouth, la misión de «conciliar los dos puntos de vista». Previa una consulta formularia a su gobierno, lord Plymouth se declaró dispuesto a aceptar la misión propuesta por el representante de los Países Bajos con lo que se llevó a cabo felizmente la difícil operación de salvamento in extremis de la no intervención en aquella memorable sesión del Comité de Londres.

Nuevas proposiciones británicas y cuestionario (14 de julio de 1937).

Cinco días bastaron al gobierno británico para cumplir la misión que el Comité le había encomendado, y el 14 de julio de 1937 la propuesta británica fue comunicada por su presidente al Comité. En sustancia la propuesta consistía en lo siguiente: a) mantenimiento del control marítimo sustituyéndose la vigilancia a cargo de patrullas navales por el establecimiento en los puertos españoles, de una y otra parte, de observadores internacionales encargados de verificar la presencia de oficiales de control a bordo de los buques mercantes que entraran en dichos puertos; b) restablecimiento del control terrestre; c) reconocimiento a las dos partes de una beligerancia limitada en el mar; d) examen inmediato de un sistema de control sobre la llegada a España de material de aviación, pidiendo al gobierno y al general Franco su consentimiento para establecer observadores internacionales en los principales aeródromos; e) resolución unánime del Comité de Londres en favor de la retirada de España de los «voluntarios» extranjeros mediante el envío a una y otra zona de comisiones internacionales encargadas de vigilar su evacuación lo más rápidamente posible. En cuanto a la ejecución de este plan, el gobierno británico proponía que el Comité le encargara de entablar, inmediatamente, negociaciones con las dos partes en relación con el establecimiento de observadores en los puertos, el envío de comisiones internacionales para la retirada de «voluntarios» y el reconocimiento de beligerancia limitada; esta última no podría tener lugar hasta que el Comité hubiera comprobado que «los arreglos para la retirada de nacionales no españoles funcionaba satisfactoriamente y que la retirada había realizado progresos sustanciales».

El examen de la proposición británica por el Comité se inició en la reunión plenaria celebrada el 16 de julio. En ella lord Plymouth, como representante británico, presentó al Comité algunas explicaciones sobre el plan, que venían a completar las que Eden había dado la noche antes a la Cámara de los Comunes, procurando justificar la concesión de beligerancia limitada a las dos partes por la necesidad de tratar a unos y otros sobre un pie de igualdad, e insistiendo muy particularmente, a modo de correctivo o excusa, sobre la disposición en virtud de la cual la concesión de beligerancia no podría tener lugar hasta que el dispositivo para la retirada de «voluntarios» funcionara satisfactoriamente y hubiera hecho «progresos sustanciales». A continuación Von Ribbentrop y Grandi se declararon dispuestos a aceptar las proposiciones «como base de discusión», reservándose el derecho de proponer modificaciones en el curso de su discusión. Grandi, específicamente, se manifestó ya contrario a condicionar la concesión de beligerancia a la retirada de «voluntarios». Análoga actitud adoptó Maiski, en nombre del gobierno soviético, si bien sus reservas tenían, por decirlo así, signo contrario a las formuladas por Von Ribbentrop y Grandi. El representante portugués siguió la línea marcada por sus dos colegas alemán e italiano. Los demás miembros del Comité, en declaraciones más o menos formularias, se mostraron dispuestos a aceptar la proposición «como base de discusión» y se decidió, unánimemente, someterla a un estudio detallado por el subcomité.

El subcomité se reunió el 20 de julio y en su sesión de la mañana Grandi libró una verdadera batalla para conseguir la abolición inmediata de lo que quedaba de la vigilancia por patrullas navales y el restablecimiento, igualmente inmediato, del control terrestre, pero hubo de ceder ante la categórica oposición de los delegados británico, francés y soviético y, no sin trabajo, se llegó a un acuerdo de principio sobre establecimiento de observadores en los puertos españoles; se convino en continuar la discusión siguiendo el orden previsto en la proposición británica, a saber: a) observadores; b) retirada de «voluntarios»; c) concesión de beligerancia limitada. Pero esta última decisión dio lugar, en la sesión de la tarde, a una discusión agria y violenta porque Grandi, secundado por sus colegas alemán y portugués, pretendió que el orden convenido por la mañana para la discusión de la proposición era el que sigue esta última en su parte expositiva. En ella, en efecto, el control aparece en primer lugar, seguido por el reconocimiento de beligerancia y, en último término, la retirada de voluntarios, en tanto que Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, Bélgica y Checoslovaquia mantuvieron que el orden convenido era el que aparecía en los párrafos D y E de la proposición relativos a su puesta en práctica y en los cuales figuraba como número 2 la retirada de voluntarios y como número 3 la concesión de beligerancia. La discusión se prolongó tanto que el presidente, convencido de la imposibilidad de llegar a un acuerdo, levantó la sesión sin haber ni siquiera fijado la fecha de la siguiente. La actitud del representante de Italia se interpretó como una oposición indirecta, con el apoyo alemán y portugués, a la proposición británica y especialmente a la retirada de «voluntarios». Esa interpretación se reflejó en la prensa de Londres al día siguiente en la que pudieron verse grandes titulares acusando a Grandi de bloquear el plan británico. El propio Eden, con quien tuve una conversación en el curso de una recepción oficial en Buckingham Palace, el 22 de julio, no ocultó su pesimismo, asegurándome que el gobierno británico no aceptaría ninguna modificación sustancial de sus proposiciones, ni cambio alguno en el orden fijado para su discusión.

En el curso de esta conversación me sugirió Eden la posibilidad de someter dichas proposiciones, inmediatamente, al gobierno español para que efectuara sus observaciones. Esta sugestión me causó cierto desasosiego, y cuando al día siguiente telegrafié al gobierno el resumen de mi conversación, creí prudente ponerle en guardia ante la posibilidad de que se tratara de una maniobra destinada a provocar una respuesta negativa por parte del gobierno español que permitiera presentar el fracaso del plan como resultado de la oposición de este último, dejando en la penumbra la de los gobiernos alemán e italiano. Una maniobra de este género era tanto más de temer cuanto que cuatro días antes, el 18 de julio, el presidente de la república, señor Azaña, había condenado públicamente el plan británico en términos de la mayor dureza, tan injustos como inoportunos, y en contradicción con lo que Giral, su propio ministro de Estado, había aceptado unos días antes sobre la conveniencia de no expresar opinión alguna acerca del plan mientras durase su discusión en el Comité. El discurso del presidente de la república, conocido con toda seguridad por el gobierno británico, no podía dejar duda alguna sobre cuál hubiera sido la respuesta del español si el plan le hubiera sido comunicado oficialmente[8].

El subcomité tuvo una nueva reunión el 26 de julio. En ella el representante italiano rechazó un cuestionario que el gobierno británico había preparado como medio de sacar al Comité del callejón sin salida en que le habían metido las exigencias italianas y alemanas en la reunión del 20, intentando sustituirlo por otro en el cual la concesión de beligerancia no se hacía depender de una retirada sustancial de voluntarios. Como ninguno de los dos cuestionarios fue aceptado, se resolvió retirarlos y sustituirlos por una carta que el secretario general del Comité dirigiría a sus miembros pidiéndoles que contestaran por escrito a cada uno de los puntos contenidos en las proposiciones británicas. A esa comunicación los gobiernos alemán, italiano, francés y soviético respondieron, en resumen, lo siguiente:

Alemania e Italia, con algunas observaciones de detalle por parte de la primera, aceptaban todas las proposiciones, excepto la que hacía depender la concesión de beligerancia de una retirada sustancial de voluntarios extranjeros; según el gobierno alemán las dos operaciones deberían realizarse simultáneamente; el gobierno italiano reclamaba la concesión inmediata de la beligerancia.

Francia aceptaba, con ciertas observaciones de detalle, todas las proposiciones británicas, incluso la que hacía depender la concesión de beligerancia de la retirada sustancial de voluntarios extranjeros.

La Unión Soviética aceptaba, en sustancia, todas las proposiciones, excepto la relativa a la concesión de beligerancia, a su juicio totalmente ajena a la no intervención y que, por consiguiente, en ninguna circunstancia podría ser objeto de examen ni de discusión por el Comité.

Informe Hemming-Van Dulm (6 de agosto de 1937).

Estas respuestas fueron examinadas por el subcomité en el curso de tres o cuatro sesiones celebradas en los últimos días del mes de julio y primeros de agosto de 1937, y ante la imposibilidad de superar la irreductible oposición entre la actitud germano-italiana, de una parte, y la franco-inglesa (reforzada por la Unión Soviética), de la otra, el 6 de agosto el Comité decidió encargar a su secretario general, Mr. Hemming y al presidente del Consejo Internacional de No Intervención, vicealmirante holandés Van Dulm, la preparación de un informe sobre el funcionamiento del «sistema de observación», con sugestiones en cuanto al mejor método para el restablecimiento y mejora del control. En espera de este informe el Comité decidió tomar tres semanas de vacaciones.

El informe de los señores Hemming y Van Dulm constituye un voluminoso documento en el cual se expone con gran acopio de detalles la organización y funcionamiento del control, tanto terrestre como marítimo, se señalan sus deficiencias y se formulan una serie de sugestiones destinadas, por una parte, a aumentar su eficacia, así como a extender el control a las aguas adyacentes a las territoriales españolas en las zonas fronterizas, y por otra, al establecimiento de un sistema de observación aérea. El informe fue objeto de un primer cambio de impresiones en la reunión que el subcomité celebró el 26 de agosto, y a continuación se decidió comunicarlo a los gobiernos miembros del Comité y esperar sus observaciones. Pero, como era de prever, el obstáculo contra el cual se habían estrellado las proposiciones británicas siguió en pie y la verdad es que nadie se hacía ilusiones sobre la posibilidad de encontrar una fórmula de compromiso que hiciera posible el retorno a un funcionamiento regular y eficaz de la no intervención.

Nada más significativo, a este respecto, que mi conversación con Maiski cuando, el 2 de agosto, vino con su mujer a pasar el día con nosotros en la casa que habíamos tomado en Sevenoaks para pasar el verano. Aquella misma noche, resumiendo la parte de mi conversación con Maiski relativa a la no intervención, escribí en mi diario:

En la última conversación que Maiski había tenido con Eden, éste enumeraba tres posibilidades para cuando desapareciera la no intervención: a) mantener la no intervención sólo por Inglaterra; b) abrir el comercio de armas al gobierno ;c) libertad de comercio y beligerancia al gobierno y a las autoridades franquistas. La solución b, había añadido Eden, no la consentirán los conservadores y Maiski creía que Eden estaba en favor de la solución c. Entonces Maiski desarrolló con gran cuidado el argumento siguiente: la beligerancia tiene una importancia puramente política y moral; en cambio, la posibilidad de comprar material de guerra en Inglaterra y Francia y en el resto de los países europeos, y de poder pasar la frontera francesa sin obstáculo representa una gran ventaja desde el punto de vista militar. Mi impresión es que Maiski no vería con disgusto una solución que nos abriera los mercados de Europa, aunque fuera a cambio de la beligerancia. Quizás éste sea el secreto de su actitud precipitando la ruptura de la no intervención. A continuación hablamos de la política británica en general y de la responsabilidad en que incurren dejando crear situaciones que luego lamentarán. Entonces Maiski me habló de los planes de construcción naval de la Unión Soviética. «En cinco años —me dijo— tendremos una flota que hará reflexionar a Inglaterra y ya nuestro programa del primer año será un shock para ella. Pueden seguir haciendo aquí arreglos sin tener en cuenta a la Unión Soviética o contra ella, pero ya veremos lo que esos arreglos valen». Maiski considera que el gulf entre Alemania e Italia de un lado e Inglaterra y Francia del otro no hay manera de rellenarlo. No ve cómo puede evitarse el conflicto; y es una locura dejar las cosas resbalar hacia la guerra sin hacer nada para detenerlas.

Capítulo 10. La política de no intervención ante la Sociedad de Naciones.

Capítulo 10

LA POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN

ANTE LA SOCIEDAD DE NACIONES

Submarinos «desconocidos» en el Mediterráneo (verano de 1937).

Entretanto se aproximaba la reunión ordinaria de la Asamblea y del Consejo de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, y durante las últimas semanas del mes de agosto, todo el mes de septiembre y los primeros días de octubre de 1937, el centro de gravedad de la no intervención en la guerra de España se trasladó de Londres a Ginebra. Era de capital importancia para el gobierno español sacar el mayor partido posible de esas importantes reuniones internacionales, y recordando, sin duda, mis catorce años de servicios en la Sociedad de Naciones, el gobierno me confió una especial participación en los trabajos preparatorios indispensables.

Con ese objeto pasé en Valencia dos semanas, entre el 13 y el 27 de agosto. Como presidente en ejercicio del Consejo correspondía al primer delegado de España presidir la sesión inaugural de la Asamblea y pronunciar en ella el discurso de apertura. Sin dificultad convencí a Negrín y Giral de la inoportunidad de tratar en ese discurso de la cuestión española; aceptaron mi consejo de atenerse al precedente invariablemente sentado en Asambleas anteriores de dejar que el texto de ese discurso fuera preparado por la secretaría, sin perjuicio de que la delegación española añadiera algunos «toques» personales. Igualmente fue necesario tratar de la manera de hacer inscribir la cuestión española en el orden del día de la Asamblea. En Londres, y a mi paso por París, había obtenido el asentimiento de los dos gobiernos británico y francés a la aplicación del método que habíamos empleado siempre en relación con las cuestiones de minorías y que consistía en pedir que pasara a estudio de la sexta comisión (comisión política) el capítulo del informe del secretario general relativo a esas cuestiones. Así se hizo, y la cuestión quedó inscrita sin oposición en el orden del día de la Asamblea, soslayando las objeciones que quizás hubiera suscitado una propuesta formal y directa.

En aquellos meses del verano de 1937 se había agudizado de manera alarmante una forma de intervención que el gobierno italiano venía ya practicando y que consistía en someter a los barcos mercantes que navegaban en el Mediterráneo a ataques submarinos sin aviso ni advertencia previos. Que los submarinos autores de esos ataques eran italianos estaba en la conciencia de todos; pero para evitar enfrentarse claramente con Italia se recurrió al curioso eufemismo de pretender que se trataba de submarinos «desconocidos». Los ataques tenían lugar, como se ha dicho, por sorpresa y sin que el submarino atacante saliera a la superficie. Su objeto consistía, sin duda, en someter a los puertos españoles del Mediterráneo (todos ellos, excepto Málaga, en poder del gobierno) a un verdadero bloqueo, creando un tal estado de terror en las rutas navales de dicho mar que hiciera el tráfico prácticamente imposible. Pero para eso era necesario torpedear indistintamente barcos españoles y no españoles, y la audacia, o la torpeza, llegó al extremo de atacar a mercantes no españoles que cruzaban el Mediterráneo sin dirigirse a puertos españoles. Durante el mes de agosto de 1937 dieciocho buques mercantes no españoles habían sido objeto de ataques por submarinos «desconocidos» en el Mediterráneo, sin aviso previo y sin preocuparse de averiguar si se dirigían o no a un puerto español. Esta situación alcanzó su punto culminante en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre, cuando el destructor británico Havoc fue atacado, sin éxito, por un submarino «desconocido» mientras patrullaba al norte de Alicante[1].

De este verdadero terror que las fuerzas navales italianas, y muy especialmente los submarinos, habían llegado a crear en el Mediterráneo, las principales víctimas eran los buques mercantes españoles. Por ello a nadie extrañó que el gobierno español dirigiera al secretario general de la Sociedad de Naciones, el 22 de agosto, una nota telegráfica exponiendo en detalle las circunstancias que habían rodeado el torpedeamiento de varios buques españoles, a saber: el Campeador, torpedeado en aguas del cabo de Bon, el día 11 de agosto a las 8 de la noche, por dos destructores italianos que lo habían seguido durante todo el día; el Conde Abasolo, torpedeado en las mismas aguas el día 12 del mismo mes, en circunstancias análogas al anterior; el Ciudad de Cádiz, torpedeado en la proximidad de las islas Ténedos, el día 15 de agosto a las diez y media de la mañana por un submarino sin pabellón que le había seguido durante varias horas; el Aldecoa y el Armuru, igualmente hundidos por torpedeamiento sin que el gobierno español tuviera todavía información directa de los supervivientes sobre las circunstancias en que había tenido lugar la agresión. Todos estos torpedeamientos habían sido realizados sin previo aviso y sin que los buques atacantes prestaran el menor auxilio para el salvamento de los náufragos. Después de relatar estos trágicos episodios, el gobierno español, invocando el artículo 11 del Pacto de la Sociedad de Naciones, pedía al secretario general que se inscribiera en el orden del día del Consejo la cuestión que estas reiteradas agresiones suscitaba, dejando a su discreción y buen juicio la decisión en cuanto a la conveniencia de convocar una reunión extraordinaria y urgente del mismo.

A mi paso por París, de vuelta de Valencia, tuve conversaciones con Blum, Delbos y Pierre Cot, a la sazón presidente, ministro de Negocios Extranjeros y ministro del Aire del gobierno francés. Encontré a los tres profundamente preocupados por el cinismo de la acción naval italiana en el Mediterráneo y en el curso de las conversaciones (especialmente Blum y Delbos) mencionaron ya la idea de convocar una conferencia especial de países interesados. Por mi parte, me esforcé en hacer valer ante mis tres interlocutores el argumento siguiente que reproduzco, resumiendo su contenido, de la nota que redacté a raíz de las conversaciones:

Después de haberme explicado todo eso (recurso al Comité de No Intervención, recurso ante la Sociedad de Naciones, conferencia especial, etc.), me decidí a hacer una alusión directa a la posibilidad de declarar libre el tránsito de material de guerra sobre territorio francés. Delbos lo acogió bien y dijo que la cosa ya había sido considerada (envisagée), pero no pasó de ahí. Yo insistí mucho sobre las ventajas de esa medida: su moderación, su eficacia, sin contar lo que contribuiría a mejorar la atmósfera internacional que se estaba haciendo irrespirable. Francia recuperaría el prestigio y la autoridad moral que ha perdido, sobre todo en España. Desde el punto de vista práctico esa medida vaciaría a la acción italiana de una buena parte de su utilidad práctica y era, por consiguiente, la más apropiada para conseguir su rectificación. A Blum, especialmente, le apremié en el sentido de que si al bloqueo italiano por mar no respondía Francia abriendo la frontera, el resultado sería que la república española quedaría asfixiada por una acción combinada franco-italiana, una terrestre y otra marítima. Esto le causó mucho efecto y, más explícito que Delbos, llegó a decirme que en un plazo de días esa medida podía ser decidida. Pierre Cot me dijo que en el próximo Consejo de ministros plantearía la cuestión reclamando una solución más radical para que el libre tránsito resultara aprobado como una transacción[2].

Desgraciadamente, ni mis esfuerzos dialécticos, ni la aparente favorable acogida que encontraron por parte de mis ilustres interlocutores condujeron a ningún resultado positivo y Francia continuó su política de plegamiento a la iniciativa británica, la cual, en aquella coyuntura, se orientaba hacia la convocatoria de una conferencia de países especialmente interesados. Cuando ya de vuelta en Londres visité a Eden, el 6 de septiembre, para darle cuenta de la decisión del gobierno español, toda nuestra conversación giró alrededor de la necesidad de articular las dos iniciativas relativas, respectivamente, a la conferencia especial y al Consejo de la Sociedad de Naciones. Eden me expuso su propósito de llevar la conferencia de países especialmente interesados con gran rapidez, de manera que el Consejo pudiera quedar, ya como una especie de reserva si la conferencia fracasaba, ya como un medio de dar a sus acuerdos una consagración solemne y general.

La conferencia y el acuerdo de Nyon (del 10 al 14 de septiembre de 1937).

Conforme a este plan, la conferencia de países especialmente interesados se convocó para el 10 de septiembre, no en Ginebra, como hubiera sido natural, sino en la pequeña ciudad de Nyon, a orillas del lago Leman, ya en el cantón de Vaud y a unos treinta kilómetros de Ginebra. La razón para no convocarla en Ginebra, donde hubiera podido utilizar las incomparables facilidades materiales que los servicios de la Sociedad de Naciones hubieran podido prestarle para su organización y funcionamiento, fue que Italia y Alemania, aunque eran todavía miembros de la Sociedad de Naciones, habían ya cesado toda colaboración activa y no enviaban delegaciones ni al Consejo ni a la Asamblea; por otra parte, tanto Francia como Inglaterra deseaban vivamente que esos dos gobiernos tomaran parte en la conferencia, lo que hubiera sido prácticamente imposible si tenía lugar en Ginebra, donde, a la sazón se encontraba reunido el Consejo y la Asamblea sin que asistieran a uno ni a otra delegaciones alemana e italiana. A este esfuerzo de buena voluntad por parte de Francia e Inglaterra respondieron Hitler y Mussolini con un desaire rechazando la invitación que les fue dirigida. La conferencia se reunió, por consiguiente, en Nyon el 10 de septiembre, bajo la presidencia del señor Delbos, ministro de Negocios Extranjeros de Francia, y con la asistencia de los Estados siguientes: Albania, Gran Bretaña, Bulgaria, Egipto, Francia, Grecia, Rumanía, Turquía, Unión Soviética y Yugoslavia.

Cuatro días bastaron a los delegados de estos países para llegar a un acuerdo basado sobre las proposiciones que les fueron presentadas por los señores Eden y Delbos. Prescindiendo de detalles técnicos, este acuerdo preveía una acción naval colectiva para la destrucción de todo submarino que atacara, o hubiera atacado, a un buque mercante no español, en violación de las reglas de derecho internacional enunciadas en el tratado para la limitación y reducción de los armamentos navales firmado en Londres el 22 de abril de 1930, y confirmadas en el protocolo de 6 de noviembre de 1936.

El acuerdo de Nyon ante el Consejo de la Sociedad de Naciones (16 de septiembre-5 de octubre de 1937).

El acuerdo de Nyon fue objeto de un análisis detallado en el discurso que Negrín pronunció, en nombre del gobierno español, ante el Consejo de la Sociedad de Naciones, el 16 de septiembre de 1937. Después de haber comentado en términos apropiados la indiferencia con la que los Estados y sus gobiernos habían acogido el criminal bombardeo por una escuadra alemana de la ciudad abierta de Almería, Negrín hizo una descripción del estado de verdadero terror que habían creado en el Mediterráneo las constantes agresiones a buques mercantes por parte de unidades navales italianas. Como ejemplo recordó el torpedeamiento de un petrolero español por dos destructores italianos, sin que estos últimos prestaran ayuda alguna a los desgraciados náufragos que se debatían desesperadamente entre el doble peligro del agua y del fuego. A continuación reiteró la protesta del gobierno español contra el hecho de haber sido sometida a una conferencia en la que España no estaba representada una cuestión relativa a la seguridad en el Mediterráneo. Reconociendo, no obstante, el valor práctico, aunque relativo y limitado, del acuerdo de Nyon, Negrín señaló los tres puntos respecto de los cuales lo convenido en Nyon pecaba, a sus ojos, de injusto, insuficiente y peligroso en cuanto la acción naval colectiva, prevista en los acuerdos, no era aplicable: primero, a los ataques realizados en conformidad con las reglas establecidas en el tratado para la limitación de armamentos navales firmado en Londres el 22 de abril de 1930; segundo, a los ataques realizados por buques de superficie; y tercero, a los ataques dirigidos contra buques españoles. Esto implicaba, inevitablemente, un cierto reconocimiento de la licitud de los ataques que pudieran ser incluidos en una de estas tres categorías; lo cual era profundamente inmoral e injusto. En consecuencia, Negrín pidió que los acuerdos de Nyon se hicieran extensivos a ellas; y muy en especial a la que hacía referencia a ataques dirigidos contra buques españoles. Por último, Negrín insistió en la necesidad de abordar el problema sobre una base realista y positiva, empezando por reconocer que la situación creada en el Mediterráneo era obra de submarinos, no desconocidos, sino pertenecientes a la marina italiana; y que sus ataques tenían por objeto impedir el abastecimiento de la república española por vía marítima, y constituían, por tanto, una forma de intervención en la guerra civil española cuyas amenazas a la paz justificaban y exigían la intervención de la Sociedad de Naciones (documento 35).

El discurso de Negrín causó profunda impresión en el Consejo, y lo que fue más importante, una de las deficiencias del acuerdo de Nyon señaladas por él se subsanó al día siguiente mediante un protocolo adicional, firmado en Ginebra el 17 de septiembre, prescribiendo respecto a ataques realizados por buques de superficie o aeroplanos medidas análogas a las que el acuerdo había previsto para los ataques submarinos.

Pero, con todo esto, se llegaba a la verdadera dificultad que consistía en redactar una resolución que el Consejo pudiera adoptar unánimemente y en la que expresara su actitud ante el acuerdo firmado en Nyon por las potencias mediterráneas.

Los trabajos preparatorios se iniciaron con una visita que me hizo, por encargo de Eden, el señor Stevenson (hoy sir Ralph Stevenson), a la sazón jefe de la sección de la Sociedad de Naciones en el Foreign Office, para tener un primer cambio de impresiones sobre lo que podría contener la resolución del Consejo. En la conversación exploramos varias posibilidades y por mi parte insistí en la necesidad de que el Consejo, ya que no podía modificar el texto del acuerdo de Nyon, se declarara favorable a su extensión a todos los ataques sin distinción de nacionalidad del barco atacado, ni de las circunstancias en las que el ataque tuviera lugar.

Hasta el primero de octubre no se abordó de una manera directa y concreta la elaboración de un texto. En esa fecha celebraron los miembros del Consejo (sin el representante español) una reunión privada para examinar un primer proyecto que les fue presentado por Avenol, secretario general. Sus términos no podían ser más anodinos: después de algunas declaraciones vagas y unas cuantas generalidades, todo se reducía a confirmar que el acuerdo de Nyon entraba en la categoría de acuerdos colectivos que los miembros de la Sociedad de Naciones estaban autorizados a concertar a fin de asegurar el mantenimiento de la paz. El texto sobre el cual los miembros del Consejo se pusieron de acuerdo en esa reunión privada (a la que, repitámoslo, el representante de España no había sido convocado), aunque lejos todavía de ser satisfactorio cuando se piensa en la monstruosidad de la situación que se trataba de remediar, constituía, sin embargo, un progreso positivo comparado con el que les había presentado Avenol, en cuanto contenía una condena, expresada en términos explícitos y categóricos, de los ataques contra buques mercantes.

Antes de que este texto fuera comunicado al Consejo de manera oficial como proyecto de resolución, la delegación española presentó tres enmiendas y dos adiciones; las tres enmiendas fueron aceptadas, en sustancia, y en su virtud se sustituyó en uno de los párrafos la expresión «navíos no pertenecientes a ninguna de las dos partes en lucha en España» por la de «navíos no españoles»; se suprimieron en otro las palabras «para responder a las exigencias de la situación», y, sobre todo, se cambió completamente el orden de los párrafos del proyecto, dejando para el final el que contenía la condena de los ataques a buques mercantes, reforzando sus términos de manera que no dejara la menor duda sobre su aplicación a los dirigidos contra barcos españoles. Este párrafo, que pasó a ser el octavo y último de la resolución adoptada por el Consejo, quedó redactado en los términos siguientes:

8.º El Consejo declara que todos los ataques de este género contra todo navío de comercio son reprobados por la conciencia de las naciones civilizadas de la cual, en este momento, se hace intérprete el Consejo.

En cambio, fueron rechazadas las dos adiciones propuestas por la delegación española, cuyo texto se inserta a continuación a título documental:

Primera: El Consejo […] confirma que los ataques contra buques mercantes españoles ejecutados por submarinos, buques de superficie o aeroplanos no españoles constituyen también actos de piratería y deben ser objeto de una reprobación igualmente enérgica.(En lugar de aceptar este nuevo texto se decidió reformar el del párrafo octavo en la forma que acabamos de indicar).

Segunda: El Consejo […] expresa su deseo de que las potencias firmantes del acuerdo de Nyon encuentren posible incluir estos ataques entre aquéllos a los cuales se aplican las medidas colectivas allí convenidas a fin de prevenir los actos de piratería en el Mediterráneo.

Así enmendada, la proposición fue sometida a la aprobación del Consejo en su sesión del 5 de octubre. En el breve debate que precedió a su adopción me cupo el honor de llevar la voz de la delegación española, habiéndose ya ausentado de Ginebra Negrín y Álvarez del Vayo. Mi intervención fue muy corta y en ella justifiqué el voto favorable de la delegación de España por la absoluta generalidad de los términos en que el Consejo reprobaba los ataques contra «todo navío de comercio», términos que no permitían excluir de ella a los ataques contra navíos mercantes españoles. En cuanto a extender a estos ataques, además de la reprobación moral, la aplicación de las medidas colectivas convenidas en Nyon, hacía notar que era cosa que no estaba en poder del Consejo y me contentaba, en primer lugar, con tomar nota, en nombre del gobierno español, de la expresión «sin perjuicio de otras medidas colectivas que puedan ser acordadas ulteriormente», contenida en el párrafo quinto, y, en segundo lugar, con formular la esperanza de que en un porvenir próximo fueran convenidas «nuevas medidas colectivas» aplicables a los ataques de que fueran víctimas buques españoles.

La guerra civil española y la Asamblea de la Sociedad de Naciones (18 de septiembre-2 de octubre de 1937).

Al mismo tiempo que el Consejo de la Sociedad de Naciones examinaba el estado de inseguridad que los ataques a buques mercantes por submarinos italianos había creado en el Mediterráneo, la Asamblea procedía al de las graves repercusiones internacionales provocadas por la guerra civil de España.

Era uso constante de la Sociedad de Naciones (mantenido, con buen acierto, por las Naciones Unidas) que el informe del secretario general sobre las actividades de la Sociedad durante el año sirviera de base a lo que en términos parlamentarios podría llamarse el debate general. En el que el secretario general presentó a la Asamblea de 1937 figuraba, como era obligado, un capítulo dedicado a las repercusiones internacionales de la guerra de España y sobre este tema versó el discurso que en el curso de ese debate general pronunció Negrín, el 18 de septiembre, como primer delegado de España. En términos de gran dignidad y elevación Negrín insistió, una vez más, sobre la redoblada intensidad de la intervención germano-italiana; reconoció los móviles elevados que habían inspirado a los inventores de la no intervención, pero hizo resaltar con gran energía que el Comité de Londres no había conseguido ninguno de los dos objetivos que le habían sido asignados; la inseguridad de la navegación en el Mediterráneo (que acababa de ser objeto del acuerdo de Nyon) demostraba que el conflicto español había ya desbordado las fronteras de España; y en cuanto a garantizar que la cuestión española se resolviera por los españoles mismos, sin ninguna clase de intervención extranjera, la presencia en España de verdaderas divisiones italianas y de considerables fuerzas aéreas alemanas e italianas constituía testimonio irrecusable del fracaso que también bajo este aspecto caracterizaba las actividades del Comité de Londres. El único resultado positivo de la no intervención, afirmó Negrín, consistía en entregar el gobierno legítimo de España, atado de pies y manos, a Hitler y Mussolini; el derecho internacional, la ética y la lógica exigían perentoriamente la abolición inmediata de la no intervención, y para resumir en forma concreta y clara el punto de vista del gobierno español, Negrín terminó su discurso sometiendo a la Asamblea las cinco peticiones siguientes: 1) que se reconozca la existencia de una agresión contra España por parte de Alemania e Italia; 2) que se examine con urgencia la manera de poner término a ella; 3) que se devuelva al gobierno español el derecho de adquirir libremente el material de guerra que estime necesario; 4) que se retiren los combatientes no españoles y 5) que se extiendan a España las medidas de seguridad en el Mediterráneo.

A los dos días, el 20 de septiembre, la Asamblea decidió someter al examen de su sexta comisión (comisión política) el capítulo del informe del secretario general relativo a España, con lo que la «cuestión española» quedó formalmente inscrita en el orden del día de la Asamblea, abriéndose con ello la posibilidad de hacerla no sólo materia de discusión especial, sino objeto de una resolución.

La discusión en la sexta comisión tuvo lugar el día 27 de septiembre. La inició Álvarez del Vayo, en nombre de la delegación de España, con un discurso en el cual presentó informes muy detallados, acompañados de pruebas y testimonios auténticos, sobre el volumen creciente de la intervención germano-italiana en los últimos meses. Los representantes de Francia e Inglaterra, Delbos y Walter Elliot, defendieron la no intervención sin brío ni entusiasmo, limitándose a repetir que gracias a ella se había evitado la extensión del conflicto español. Uno y otro se mostraron resueltos a evitar todo lo que pudiera implicar una acción directa de la Sociedad de Naciones en la cuestión española, que debería continuar siendo de la exclusiva competencia del Comité de Londres. Y es curioso observar que en esa actitud recibieron, en el curso de la discusión, la adhesión calurosa y entusiasta de los cinco países que fueron en aquella memorable Asamblea los verdaderos portavoces de Alemania e Italia, que ya por entonces habían dejado de tomar parte en las reuniones de la Sociedad de Naciones y que, por consiguiente, no estaban representadas en la Asamblea: me refiero a Austria, Albania, Hungría, Polonia y Portugal. Al término de este primer día de debate la Comisión decidió crear un comité de redacción encargado de preparar un proyecto de resolución: formaron parte de este comité los representantes de Argentina, Gran Bretaña, España, Francia, México, Noruega, Polonia, Unión Soviética y Yugoslavia.

En el seno del comité de redacción la lucha fue áspera y dura. En favor del mantenimiento de la no intervención en toda su integridad, y contra todo intento que significara menoscabo de la competencia exclusiva del Comité de Londres, abriendo la puerta a una acción de la Sociedad de Naciones o a negociaciones directas: Inglaterra y Francia, apoyadas, con mayor o menor entusiasmo, por Argentina, Noruega, Polonia y Yugoslavia. Contra la no intervención y en favor de sustituir el Comité de Londres por la Sociedad de Naciones o, en último extremo, por negociaciones directas, España, apoyada con mayor o menor energía por la Unión Soviética y México. Al cabo de dos días y medio de discusiones en las que el terreno se disputaba palmo a palmo, el Comité aprobó por unanimidad un proyecto de resolución, verdadero compromiso en el sentido más noble y elevado de la expresión, que sin dar plena y entera satisfacción a nadie, daba a todos, por motivos diferentes, satisfacción parcial. He aquí su texto:

La Asamblea:

Recuerda con el Consejo el deber que incumbe a todo Estado de respetar la integridad territorial y la independencia de los demás Estados, deber que en lo que se refiere a los miembros de la Sociedad de Naciones ha sido reconocido por el Pacto.

Afirma que todo Estado está obligado a abstenerse de intervenir en los asuntos internos de otro Estado.

Recuerda que los gobiernos europeos han contraído ciertos compromisos, y que el Comité de No Intervención de Londres se ha constituido, en la intención de los países que han tomado la iniciativa, para limitar el conflicto español y salvaguardar así la paz.

Lamenta que a pesar de los esfuerzos de la mayoría de sus miembros, esfuerzos a los cuales la Asamblea rinde homenaje, no sólo el Comité de Londres no ha conseguido asegurar la retirada de los combatientes no españoles que toman parte en la lucha, sino que en el día de hoy haya que reconocer la existencia sobre el territorio español de verdaderos cuerpos de ejército extranjeros, lo que constituye una intervención en los asuntos de España.

Recuerda que el Consejo, en su resolución del 29 de mayo último, ha definido muy justamente esta retirada de combatientes no españoles como «el remedio más eficaz a una situación cuya gravedad para la paz general se cree obligado a subrayar», y el medio más seguro de aplicar de manera integral la política de no intervención.

Desea ardientemente que las iniciativas diplomáticas que ciertas potencias han tomado recientemente consigan asegurar la retirada inmediata y completa de los combatientes no españoles que toman parte en la lucha en España.

Hace un llamamiento a los gobiernos, todos ellos obligados a preocuparse por igual del mantenimiento de la paz europea, para que se emprenda un nuevo y sincero esfuerzo en ese sentido.

Y hace constar que si ese resultado no pudiera obtenerse en un plazo breve, los miembros de la Sociedad que han adherido al acuerdo de no intervención considerarán el fin de la política de no intervención.

Ruega al Consejo que en vista de las disposiciones del artículo 11 del Pacto de la Sociedad siga con atención el desarrollo de la situación en España y aproveche todas las ocasiones para buscar una solución pacífica del conflicto.

La comisión política se reunió para discutir este proyecto de resolución el 30 de septiembre a las 7 de la tarde y la discusión se prolongó hasta la madrugada del primero de octubre. En ella destacó la oposición de De Valera, delegado de Irlanda, muy especialmente dirigida a la «amenaza» que a su juicio encerraba el segundo apartado del párrafo 7, y en la cual encontró el apoyo decidido de los delegados de Austria y de Hungría, barón Von Pflugl y de Velics, respectivamente. Una hábil intervención de Walter Elliot, delegado británico, estableciendo una distinción entre la no intervención colectiva (única aludida en el apartado segundo del párrafo 7) y la no intervención individual, que cada Estado era dueño de continuar o no, abrió el camino al acuerdo, y, por fin, el proyecto de resolución fue adoptado unánimemente, «con las reservas y declaraciones hechas por los representantes de la Unión Sudafricana, Austria, Bulgaria, Hungría y Portugal».

El proyecto de resolución fue discutido por la Asamblea plenaria el 2 de octubre. Inició la ofensiva De Valera, repitiendo las mismas observaciones que había formulado dos días antes ante la sexta comisión. Siguió el general Tanczos (Hungría), el cual, apoyado por el barón Von Pflugl (Austria), presentó las cuatro enmiendas siguientes: primera, que en el párrafo 4 se añadiera «de una y de otra parte» en la frase que reconoce la existencia en territorio español de verdaderos cuerpos de ejército; segunda, que se sustituyera esta expresión «cuerpos de ejército» por la de «cuerpos armados» (en francés corps d’armée por corps armés); tercera, que en el párrafo 7 se sustituyera la palabra «los» por «algunos» en la referencia a los miembros de la Sociedad que habiendo adherido al acuerdo de no intervención tomarán en consideración el fin de la política de no intervención si el esfuerzo recomendado en el párrafo anterior no obtenía resultado en plazo breve; cuarta, que en ese mismo párrafo se sustituyera el verbo «considerarán» (envisageront) por «podrían considerar» (pourraient envisager). Elliot (Inglaterra) y Paul Boncour (Francia) defendieron el proyecto de resolución poniendo en la defensa tanta frialdad el primero como calor y entusiasmo el segundo. Una vez más me cupo el honor de llevar la voz de la delegación española y en mi intervención me esforcé en demostrar la imposibilidad de introducir enmiendas como las propuestas, que bajo una apariencia de inocuidad encerraban modificaciones muy sustanciales, en un texto que representaba un compromiso entre las varias tendencias que se habían manifestado en el curso de la discusión. Las cuatro enmiendas de la delegación húngara fueron rechazadas por gran mayoría: 32 votos en contra y tres a favor (Austria, Hungría y Albania). Los párrafos 4 y 7 del proyecto (votados por separado a petición de la delegación húngara), así como la resolución en su conjunto, recogieron 32 votos favorables, 4 contrarios (Austria, Hungría, Albania y Portugal) y 14 abstenciones. En virtud de la regla de la unanimidad el proyecto de resolución no pasó de proyecto, pero con razón la delegación española consideró como un gran triunfo moral y político la votación a que dio lugar, sobre todo si se tiene en cuenta que entre los 32 votos favorables figuraban, no sólo las cuatro grandes potencias europeas de la época, sino un gran número de miembros del Comité de Londres.

Notas de los gobiernos francés y británico al gobierno italiano sobre retirada de voluntarios; respuesta negativa italiana y nota aclaratoria del gobierno español (2-11 de octubre de 1937).

Justo es reconocer la buena voluntad con que en esta ocasión los gobiernos británico y francés procuraron poner en práctica la resolución adoptada por la sexta comisión de la Asamblea. El mismo día 2 de octubre, en que el proyecto de resolución se discutía en sesión plenaria de la Asamblea, los dos gobiernos hacían entregar al conde Cieno, por sus respectivas embajadas en Roma, dos notas idénticas invitando al gobierno italiano a tomar parte con ellos en conversaciones tripartitas destinadas a remover los obstáculos que habían «prácticamente paralizado» la acción del Comité de Londres. Las notas, redactadas en términos particularmente conciliatorios, indicaban como objeto principal de esas conversaciones la retirada de voluntarios. Los dos gobiernos invitantes declaraban atribuir la «máxima importancia» a esas conversaciones y expresaban su deseo de verlas iniciadas lo más pronto posible; y aunque en términos velados, las notas recogían la «amenaza» contenida en el segundo apartado del párrafo 7 del proyecto de resolución, que tanto había desazonado en el curso de las discusiones a varios delegados y en especial a De Valera; «además —decían las notas—, los gobiernos de Francia y del Reino Unido, por grande que sea su deseo de mantener las obligaciones que han aceptado en virtud de los acuerdos internacionales relativos al su ministro de armas y hombres a España, no pueden cerrar los ojos a la dificultad de preservar esas obligaciones a menos que se adopten medidas para hacer real y efectiva la política de no intervención».

La respuesta del gobierno italiano no se hizo esperar; fue comunicada a las dos embajadas el 9 de octubre, y tanto su contenido como los términos secos y tajantes en que estaba redactado debieron enfriar considerablemente las ilusiones que en Londres y en París se abrigaban, todavía, en cuanto a la posibilidad de una política de colaboración con la Italia fascista. Después de las obligadas declaraciones generales sobre el deseo del gobierno fascista de contribuir por todos los medios a mantener la paz, etc., etc., la respuesta italiana oponía una negativa rotunda y categórica a la invitación franco-británica, fundándose en las siguientes razones: las dificultades a que se referían los gobiernos invitantes no podían ser obviadas por combinaciones de procedimiento, y menos toda vía por la que se proponía; la cuestión interesaba a otras potencias, además de las tres que habían de participar en las conversaciones propuestas; las conversaciones tripartitas propuestas, más bien que resolver la dificultades existentes, contribuirían a aumentar las malas inteligencias y las complicaciones, retrasando, en lugar de acelerar, el acuerdo general. Por estas razones, el gobierno fascista declaraba que, a su juicio, «la cuestión de la no intervención debería continuar siendo tratada por el Comité de Londres», añadiendo que «el gobierno fascista no participaría en conversaciones, reuniones o conferencias a las cuales no hubiera sido formalmente invitado, y en las que no tomara parte el gobierno alemán».

Refiriéndose, incidentalmente, a la necesidad de obtener el asentimiento de «Burgos y Valencia» para llegar a un acuerdo práctico sobre la retirada de voluntarios, la nota italiana intentó sacar partido de ciertas palabras que el delegado español pronunció en la Asamblea, en su sesión del 2 de octubre, al explicar las razones por las cuales su gobierno aceptaba el proyecto de resolución presentado por la sexta comisión. Se trataba de las palabras siguientes: «Lo que se llama la brigada internacional está formada por extranjeros que han venido a luchar en tierra española para defender noblemente su ideal. Pero la brigada internacional, como organismo, es absolutamente española, está absolutamente bajo la autoridad del gobierno de la república». Y en ellas pretendía la nota italiana encontrar base suficiente para afirmar que «el representante de Valencia» había excluido «toda posibilidad de evacuación de los voluntarios enrolados en las fuerzas armadas de su gobierno». El gobierno español salió al paso de la torpe e insidiosa maniobra intentada por el gobierno fascista en la nota que dirigió al gobierno británico el 11 de octubre por intermedio de su embajador en Londres y en la que aparecían los párrafos siguientes:

[…] En estas palabras [se refiere a las pronunciadas por el delegado español ante la Asamblea] se subrayan las dos ideas siguientes: primero, que la brigada internacional estaba formada por extranjeros; segunda, que, sin embargo, como entidad la brigada internacional es española en el sentido de encontrarse bajo la autoridad absoluta del gobierno de la república.

Todo lector de buena fe ha de reconocer que estas palabras, lejos de excluir la posibilidad de retiro de los voluntarios extranjeros que luchan al lado del gobierno, salían al paso (y con esa intención fueron pronunciadas) de lo que el propio gobierno italiano había siempre señalado como el obstáculo principal para el retiro de esos voluntarios, a saber: la ausencia de una autoridad real y efectiva del gobierno español sobre ellos.

Y, en fin, el gobierno español reiteraba su punto de vista ante el problema de los combatientes extranjeros resumiéndolo en los siguientes puntos: a) el gobierno de la república estaría siempre dispuesto, en principio, a asegurar la retirada de los voluntarios extranjeros que luchan a su lado, dentro de un plan general de re tirada de todos los combatientes extranjeros que toman parte en la lucha en España; b) para la elaboración de ese plan, así como para el control de su ejecución, el gobierno de la república aceptaría, en principio, la intervención de organismos de carácter internacional; c) llegado el caso, el gobierno español aceptaría, para la definición de «extranjeros», la aplicación de criterios objetivos (por ejemplo, la lengua materna), y no sólo la posesión, o no, de un pasaporte español[3].

Capítulo 11.Nueva proposición del comité de Londres.

Capítulo 11

NUEVA PROPOSICIÓN DEL COMITÉ DE LONDRES

Claudicación de Londres y París ante la arrogancia de Mussolini (octubre de 1937).

Había llegado el momento de poner a prueba si para los gobiernos británico y francés la resolución de la sexta comisión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, en favor de la cual ellos mismos habían votado (en unión de otros treinta Estados miembros de la Sociedad), conservaba su valor moral y político, o si por el hecho de no haber conseguido la unanimidad de votos de la Asamblea había quedado reducida, a sus ojos, a letra muerta. Por otra parte, se trataba de saber si la negativa italiana a la invitación franco-inglesa iba a ser tomada como base suficiente para considerar imposible la retirada en breve plazo, de los extranjeros que luchaban en España y para que, en cumplimiento de lo previsto en el segundo apartado del párrafo 7 del proyecto de resolución, los miembros del Comité de Londres estimaran que había llegado el momento de poner término a la política de no intervención. Con ese objeto propuse al gobierno que tanto en París como en Londres se practicaran sondeos oficiosos cerca del Quai d’Orsay y del Foreign Office. Una vez aprobada mi propuesta por el gobierno, y en vista de la experiencia desagradable que acababa de tener con motivo de mi intento de ver al subsecretario permanente del Foreign Office, decidí dar a mi gestión la forma de una carta personal al secretario de Estado.

Contra lo que hubiera hecho esperar el tono general de los comentarios de la prensa de Londres sobre la nota italiana (el conservador Sunday Times del 10 de octubre aludía abiertamente a la apertura inmediata de la frontera franco-española), el gabinete, en su reunión del 13, claudicó ante la arrogancia fascista aceptando que la cuestión de la retirada de voluntarios continuara siendo discutida en el Comité de No Intervención. Un simple ademán despectivo, rayano en la grosería, del dictador italiano, que eso fue, en definitiva, la respuesta italiana a la invitación anglo-francesa, bastó para que el gobierno británico se aviniese a echar a un lado, como papeles mojados, su propia nota al gobierno italiano, el proyecto de resolución adoptado por la sexta comisión de la Asamblea y los 32 votos favorables de que fue objeto en la sesión plenaria.

Sobre esta actitud de los gobiernos británico y francés decía yo a Negrín lo siguiente en carta del 14 de octubre:

[…] No hay duda que la decisión de ayer del gobierno británico, y la concordante que tomará hoy sin duda el gobierno francés, marca el nivel más bajo alcanzado por la política de estos dos países en los 14 meses de la cuestión española. La iniciativa franco-inglesa para obtener que Roma aceptara la negociación tripartita tenía como única razón de ser el fracaso de los intentos realizados por el Comité de Londres para conseguir un resultado práctico en la cuestión del retiro de combatientes no españoles, y sobre todo en la convicción de los gobiernos británico y francés de la imposibilidad en que se encuentra el Comité de No Intervención para lograr ese resultado. Pues ha bastado el bofetón de la negativa italiana y una simple repetición de lo que hace tiempo era ya conocido como punto de vista del gobierno italiano, pidiendo que la cuestión fuera devuelta al Comité de Londres, para echarlo todo por tierra y que nada menos que los dos gobiernos que representaban hasta hoy la más alta fuerza moral del mundo se hayan avenido, con un espíritu cristiano digno de mejor causa, a aceptar una vez más la imposición de Italia sin temor a descubrir al mundo entero la inconcebible ligereza, o la mala fe, con que procedieron a desahuciar al Comité de Londres con su propuesta de conversaciones tripartitas […]. El gobierno inglés sigue aprovechándose de la debilidad del gobierno francés y de sus divisiones internas para cubrir su propia política de contemporización y de compromisos con la solidaridad y la colaboración francesa. El último signo de esta política lo tiene usted hoy mismo cuando la prensa inglesa presenta al gabinete de Londres como aceptando la proposición de París al claudicar una vez más ante Italia, devolviendo al Comité de Londres la cuestión del retiro de combatientes no españoles; y siempre lo que en varias ocasiones he señalado a usted como consecuencia de este desdichado juego político: la imposibilidad para la oposición laborista y liberal en Inglaterra de atacar con eficacia una política que el gobierno británico puede proteger con el escudo del acuerdo y hasta la iniciativa del gobierno francés de frente popular.

Proposición francesa sobre retirada de «voluntarios», beligerancia y control (16 de octubre de 1937).

El subcomité se reunió el 16 de octubre por la tarde. Corbin, en nombre del gobierno francés, sometió una proposición destinada a asegurar: a) la retirada de voluntarios «en el plazo más breve posible»; b) el reconocimiento a las dos partes de derechos de beligerancia limitados «tan pronto como las comisiones internacionales encargadas de organizar y vigilar la retirada hayan comprobado que su ejecución esté suficientemente avanzada»; c) la retirada inmediata de un cierto número de voluntarios proporcional a los efectivos de extranjeros que sirven en una y otra parte (retirada simbólica); y d) la puesta en vigor de un sistema de control reforzado basado sobre las sugestiones del informe Hemming-Van Dulm. El documento francés pedía al Comité que fijara inmediatamente el plazo para que los gobiernos miembros del mismo se pronunciaran definitivamente sobre las proposiciones en él contenidas, añadiendo que si a la expiración de ese plazo no se había llegado a un acuerdo sobre ellas el gobierno francés «se consideraría autorizado a recobrar su plena libertad de acción». Lord Plymouth, en nombre del gobierno británico, apoyó sin reservas las proposiciones francesas y Maiski, embajador y delegado soviético, mostró la futilidad de continuar la «farsa» de la no intervención, descaradamente violada por el gobierno italiano mientras se prolongaban las estériles discusiones del Comité.

Grandi y Von Ribbentrop consumieron mucho tiempo y palabras en generalidades, siguiendo su táctica constante de paralizar todo intento de poner al Comité en el camino de realizaciones concretas y positivas. Sin duda con ese propósito, Grandi sometió su aceptación de principio de la retirada de voluntarios a la condición de que se iniciara retirando el mismo número del lado del gobierno que del lado de las autoridades franquistas; condición que, como el propio Times declaraba al día siguiente en un editorial consagrado a comentar la reunión del Comité y las proposiciones francesas, «era difícilmente aceptable, si, como hay razones para creerlo, el número de tropas extranjeras que apoyan al general Franco es muchas veces superior al número de voluntarios que sirven bajo el gobierno de Valencia»[1]. Después de intervenciones más o menos anodinas y formularias de otros miembros del Comité, se decidió que no sólo los miembros del subcomité, sino también los del Comité en pleno, sometieran las proposiciones francesas a sus respectivos gobiernos y que el subcomité se reuniría de nuevo el 19 de octubre, a las cuatro de la tarde, con el objeto de examinar las observaciones de los gobiernos.

La sesión del 19 fue presidida por el propio secretario de Estado (Eden), lo que no impidió que en ella Grandi, apoyado por Monteiro, representante de Portugal, y con manifiesta frialdad por parte de Von Ribbentrop, hiciera cínica ostentación de su táctica obstruccionista, insistiendo en discutir, no las proposiciones francesas, sino el plan británico del mes de julio pasado; y en él, no la retirada de voluntarios, sino la concesión de derechos de beligerancia. La sesión terminó en un ambiente de fracaso, y lo único que pudo decidirse fue reunirse de nuevo al día siguiente, 20, para proseguir la discusión.

La obstrucción italiana disgusta a Alemania (16-22 de octubre de 1937).

La actitud de Grandi disgustó profundamente al gobierno alemán, partidario de una táctica más conciliatoria respecto a la retirada «simbólica» de voluntarios, y así lo hizo saber Von Weizsacker, secretario general del ministerio alemán de Negocios Extranjeros, al embajador italiano en Berlín, Attolico, en las primeras horas de la mañana del 20. El embajador puso al corriente de esta comunicación a su ministro, sin pérdida de tiempo, y así, antes de que hubiera terminado la mañana de ese mismo día 20, el conde Ciano pudo telefonear a Grandi, su embajador en Londres, nuevas instrucciones para la reunión que el subcomité debía celebrar aquella misma tarde[2].

En ella, presidida también por el secretario de Estado británico, Grandi causó verdadera sensación, iniciando el debate con un discurso en el cual se definía una actitud que sin exageración puede calificarse de diametralmente contraria a la que con su habitual impetuosidad había defendido en la sesión de la víspera; sin que sirviera a disimular cambio tan radical sus esfuerzos para presentarlo como una «aclaración» del punto de vista mantenido por su gobierno. En efecto, Italia se declaraba dispuesta a aceptar la retirada de extranjeros y el envío inmediato a España de dos comisiones internacionales encargadas de proceder a su re cuento y de formular proposiciones relativas a su retirada; el gobierno italiano aceptaba, igualmente, que la discusión sobre el reconocimiento de derechos de beligerancia limitados a las dos partes se aplazara hasta que la evacuación de voluntarios hubiera efectivamente comenzado; por último Italia aceptaba la retirada «simbólica» inmediata de un número igual de voluntarios de cada parte[3]. El Comité se limitó a convocar una nueva reunión para el día 22 en la que se proseguiría la discusión de las nuevas proposiciones italianas.

Merece citarse, incidentalmente, que en ese mismo día 20 de octubre de 1937, el general Franco hacía entrega a las embajadas alemana e italiana en Salamanca de una nota especificando las condiciones en las que estaba dispuesto a aceptar la retirada de voluntarios. Entre ellas las de mayor interés para darse cuenta de la importancia decisiva que el propio general atribuía a la intervención de fuerzas extranjeras son las siguientes: la retirada habría de ser parcial y limitada a la infantería sin equipo, quedando excluidas la artillería, los tanques, las tropas especializadas y, sobre todo, la aviación; habría de realizarse simultáneamente y sobre la base de efectivos iguales; los voluntarios se designarían no por su lengua, sino por su nacionalidad de origen y quedarían excluidos los marroquíes y los legionarios; en contrapartida, reconocimiento absoluto como potencia beligerante[4].

La sesión del 22 fue totalmente infructuosa, sin que fuera posible llegar a un acuerdo a causa, sobre todo, de la insistencia del delegado italiano en que la retirada «simbólica» se realizara sobre una base de igualdad de efectivos y la insistencia del delegado soviético en que la cuestión de la concesión de derechos de beligerancia no se discutiera hasta que la retirada de voluntarios fuera completa. El gobierno español, por su parte, había hecho saber al británico y al Comité en una entrevista que su embajador celebró con lord Plymouth el mismo día 22 de octubre por la mañana, que en ningún caso estaba dispuesto a admitir ninguna clase de retirada, ni simbólica ni real, que no se basara sobre un criterio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el número de extranjeros que las comisiones internacionales hubieran registrado en cada una de las partes contendientes.

Nueva proposición franco-británica (26 de octubre) adoptada por el Comité (4 de noviembre).

El subcomité volvió a reunirse el 26 de octubre para discutir una proposición conjunta de las delegaciones británica y francesa en la que se recogían los tres puntos principales del plan británico de 14 de julio (véase supra), a saber: a) retirada de voluntarios y envío inmediato a España de comisiones internacionales para su preparación; b) concesión de derechos limitados de beligerancia y c) restablecimiento del control terrestre y marítimo. Con gran acierto se renunciaba a la retirada «simbólica», pero subsistía la dificultad sobre la concesión de beligerancia que el delegado soviético consideraba como enteramente ajena a la no intervención y que, a su juicio, no podría ser examinada por el Comité antes de que la retirada de combatientes extranjeros fuera completa. Por vía de compromiso el delegado soviético propuso abstenerse en la votación sobre el párrafo relativo a la concesión de derechos de beligerancia, pero los delegados alemán e italiano libraron una verdadera batalla (que ocupó toda una sesión, la del 29 de octubre), tratando de demostrar que la abstención equivalía a un voto contrario. Sin gran dificultad el delegado soviético pudo probar que semejante opinión era absurda, insostenible y contraria a la práctica universalmente aceptada en las relaciones internacionales, y en la reunión que el subcomité celebró el día 2 de noviembre se adoptó el proyecto de resolución franco-británico (con la abstención del delegado soviético respecto al párrafo 2), que fue, finalmente, aprobado por el Comité plenario el día 4. He aquí el texto de este documento:

Los miembros del subcomité han acordado aceptar los nueve puntos del plan británico de 14 de julio de 1937 relativo al retiro de voluntarios, a la concesión de derechos de beligerancia y al problema del control con las medidas adicionales que puedan estimarse necesarias para hacer ese control más eficaz, teniendo en cuenta las recomendaciones que contiene, en relación con esta materia, el informe Van Dulm-Hemming.

Los miembros del subcomité han acordado también:

que se autorice al presidente para dirigirse a las autoridades de ambas partes en España con el fin de obtener su colaboración lo más pronto posible en las siguientes proposiciones:

a) que las autoridades en cada «parte» en España accedan a cooperar en el retiro, bajo control internacional, de todas las personas que luchan en el presente conflicto y que no son de nacionalidad española, o que no lo eran cuando comenzó, en julio de 1936, según la definición que figura en el informe octavo del subcomité consultivo técnico número 3 (Documento del Comité N. I. S. (36). 525);

b) que se nombren dos comisiones para ser enviadas a cada una de las dos «partes» en España a fin de:

i) calcular en colaboración con las autoridades españolas competentes, el número total de nacionales no españoles (según se han definido en el párrafo a), que deban ser retirados e informar, tan pronto como sea posible, al Comité de No Intervención sobre el resultado de su investigación.

ii). Concertar acuerdos con las autoridades españolas competentes, según los principios establecidos en el informe del subcomité consultivo técnico aludido en el párrafo a, para la retirada de España de los nacionales no españoles tal como han sido definidos en aquel informe.

iii). Llevar a cabo, en la forma determinada por el Comité de No Intervención, la retirada de las dos partes en España, de acuerdo con las proporciones numéricas de nacionales no españoles que sirvan en cada lado.

NOTA: Deben tomarse medidas para el nombramiento por el Comité de No Intervención, y a la mayor brevedad posible, de las personas que habrán de formar parte de las dos comisiones, empezándose inmediatamente la redacción del mandato e instrucciones generales de que dichas comisiones estarán provistas.

Que, al recabar el asentimiento de las autoridades de las dos partes del conflicto español a las proposiciones contenidas en el párrafo 1), el presidente deberá hacerles saber que cada uno de los gobiernos participantes concederá derechos de beligerancia a las dos partes con la extensión y en las condiciones establecidas en los párrafos 3 y 8-iii del plan propuesto por el gobierno del Reino Unido el 14 de julio de 1937.

NOTA: Deberá constituirse un subcomité consultivo técnico que aconseje sobre todas las cuestiones a que pueda dar lugar la aplicación de los párrafos 3 y 8-iii del plan del gobierno del Reino Unido de 14 de julio último sobre la concesión de derechos de beligerancia a las dos partes del conflicto español.

Que a partir de una fecha que determine el Comité de No Intervención, y que debe preceder de cerca el principio de la retirada de nacionales no españoles de España, deberá restaurarse y fortalecerse la observación de las fronteras franco-española y luso-española, a la vez que se adopten medidas para fortalecer el plan de observación marítimo de la manera indicada en el preámbulo a la presente resolución.

Que cada uno de los gobiernos participantes debe reafirmar sus compromisos existentes de no permitir la salida o el tránsito por o sobre su territorio de armas o material de guerra comprendido en el acuerdo de no intervención, o de nacionales no españoles que se dispongan a marchar a España con el objeto de tomar parte en el presente conflicto.

Discurso de Eden en los Comunes (1 de noviembre de 1937).

En aquellos mismos días (concretamente el 1 de noviembre). Eden pronunció en la Cámara de los Comunes un importante discurso sobre la situación internacional, que en su parte consagrada a España merece especial mención porque define de manera auténtica la posición oficial británica ante el conflicto español. Esta parte del discurso puede resumirse así: a) después de la conferencia de Nyon se protegía a los barcos de cualquier nacionalidad en el Mediterráneo; b) es imposible que la Sociedad de Naciones pueda resolver por sí sola el problema español; c) es fácil exagerar la importancia militar de los extranjeros que combaten en España. Su importancia política, sin embargo, es grande y hasta que no haya salido el último no puede renacer la confianza en el Mediterráneo; d) los efectos militares de la intervención extranjera en España no eran desiguales: si se había anunciado una victoria italiana en Santander, también hay que decir que la brigada internacional salvó Madrid; e) los tanques y los aeroplanos rusos han representado un papel muy importante en la guerra. No puede asegurar que hayan llegado durante el verano más municiones a Franco que al gobierno; f) la no intervención es una nueva forma de neutralidad: negaba derechos de beligerancia y privaba por lo tanto al más fuerte en el mar del uso de su superioridad; g) los socialistas hablan siempre como si las nueve décimas partes de España fueran partidarias del gobierno. Según los socialistas franceses las fuerzas estaban equilibradas en cuanto a partidarios; h) el objeto principal de la no intervención no era ayudar a una de las partes, sino localizar el conflicto; i) la victoria de Franco no tiene por qué producir una alianza activa de España en contra de Inglaterra. Había fuertes razones comerciales y geográficas que tendían a lo contrario; j) Inglaterra era y seguirá siendo la potencia naval más fuerte de Europa. Los españoles saben que Inglaterra no tiene ninguna ambición sobre el territorio español y que ningún material de guerra inglés ha matado a un solo español; k) Inglaterra desea vivir en relaciones cordiales con España, sea cual sea su forma de gobierno.

Tres días antes de haber pronunciado Eden este discurso había yo celebrado con él una larga conversación en su despacho de la Cámara de los Comunes cuyo resumen, redactado el mismo día, comuniqué al Gobierno y se reproduce como documento 36.

Actitud del gobierno español: visitas a Barcelona (30-31 de octubre y 11-12 de noviembre).

La resolución adoptada por el Comité en su sesión del 4 de noviembre de 1937 fue comunicada el 6 al gobierno español, pero como su contenido era ya conocido por el gobierno antes de su comunicación oficial, no se esperó a ésta para iniciar la preparación de la respuesta. Con objeto de colaborar en ella el ministro de Estado me convocó a Valencia y en esa ciudad y Barcelona pasé los días 30 y 31 de octubre. Tanto Azaña, presidente de la república, como el del Consejo de ministros, Negrín, y los ministros de Estado y Defensa, Giral y Prieto, estaban de acuerdo, en principio, sobre la conveniencia de dar al Comité de Londres una respuesta favorable. Los cuatro mostraron un interés manifiesto en la posibilidad de que la operación de la retirada de extranjeros exigiera una suspensión de hostilidades. El presidente de la república y Giral creían que si se suspendían las hostilidades no volverían a reanudarse. Negrín y Prieto no compartían esa opinión, pero consideraban muy conveniente una suspensión de hostilidades para el descanso y reorganización de nuestras fuerzas. Sin embargo, todos ellos se daban cuenta de los peligros que entrañaría cualquier iniciativa por nuestra parte en el sentido de proponerla o sugerirla. Todo lo que podíamos hacer era «favorecer la idea» (según expresión de Negrín) mostrándonos de acuerdo con ella en cuantas ocasiones alguien la mencionara privada u oficialmente. La preparación de la respuesta al Comité resultó más laboriosa de lo que, a primera vista, hubiera podido creerse; y mucho contribuyó a ello la explosión de ira que provocó en el gobierno (y muy particularmente en Negrín), la decisión adoptada por el gobierno británico en aquellos mismos días de hacerse representar cerca del general Franco por un «agente». Se necesitaron varios días para que los espíritus en Barcelona se calmaran y para convencerles del gran error táctico que hubiera sido involucrar las dos cuestiones: una, la respuesta a las proposiciones del Comité de Londres; otra, la justificada protesta del gobierno español contra la decisión del gobierno británico relativa al envío de un «agente» a Salamanca (documento 37).

Volví a Barcelona, llamado por el gobierno, el 11 de noviembre y conservo nota de la reunión a que asistí, el 12, en la presidencia del Consejo de ministros, con el presidente y los ministros de Estado, Giral, y de Defensa, Prieto. Este último declaró que lo decisivo era prolongar la situación actual en la frontera francesa que, de hecho, estaba abierta para el paso de material de guerra, sin que el gobierno francés lo hubiera declarado formalmente. Su temor era que si el plan de retirada de voluntarios (lo que a sus ojos tenía una importancia relativa) se ponía en práctica, el control terrestre sería restablecido y la frontera volvería a cerrarse. Por ello, a su juicio convenía retrasar lo más posible nuestro asentimiento al envío de las comisiones internacionales. A estas observaciones de Prieto opuse una consideración que me parecía decisiva y era la de que tan pronto como nuestra actitud reticente permitiera echar sobre nosotros la responsabilidad de obstaculizar la puesta en práctica de la resolución del Comité, el gobierno británico ejercería sobre el francés la presión necesaria para que cerrara la frontera, y nuestra propia actitud colocaría al gobierno francés en una posición difícil para resistirla. A mi juicio, añadí, la cuestión concreta de la frontera convendría discutirla directa mente con el gobierno francés, y en las condiciones apropiadas a la importancia preponderante y decisiva que le atribuía el propio ministro de Defensa. Para ello sería necesario que la negociación no fuera exclusivamente política o diplomática, sino que incluyera también elementos militares. Sabía, agregué, que el Estado Mayor francés se quejaba de estar insuficientemente informado sobre las operaciones militares. ¿No valdría la pena intentar un contacto más estrecho con él? Como punto de partida indiqué una conversación con el entonces ministro francés del Aire, Pierre Cot, el cual podría hacer sugestiones útiles sobre la mejor manera de abordar asunto de tan capital importancia. La idea fue aceptada y el presidente dispuso que al día siguiente saliera yo para París y discutiera el asunto con Pierre Cot.

Interludio en París (13 de noviembre).

En efecto, al día siguiente, 13 de noviembre, a las cuatro de la tarde, tuve una larga y cordial conversación con Pierre Cot en su despacho del ministerio del Aire. Acogió muy favorablemente mi mensaje, tanto más cuanto que el propio jefe del gobierno francés, Daladier, le había hablado varias veces de la conveniencia de estrechar las relaciones con la república española sobre el plano militar. Hablamos de la posibilidad de arreglar, como punto de partida, una entrevista en Toulouse (a una hora de vuelo de Barcelona) entre el general Rojo, jefe del Estado Mayor español, y algunos elementos responsables del Estado Mayor francés. De esta gestión di cuenta detallada al presidente del Consejo de ministros en una carta manuscrita que escribí aquella misma noche y que llevó a Barcelona, al día siguiente, uno de los aviones del gobierno que con frecuencia iban a París con misiones especiales. He aquí la nota que guardé, resumiendo el contenido de esta carta:

Cuento mi visita a Pierre Cot; su acuerdo de principio para arreglar una entrevista en Toulouse, etc. También lo que Carner me dijo ayer sobre sus esfuerzos personales para establecer contactos en los medios militares, ante la esterilidad de los que venía haciendo para conseguir que el embajador hiciese lo mismo por su cuenta.

Apremio para que contesten aceptando la comisión, lo que nos protegerá mejor contra el peligro del cierre de la frontera.

Sobre la frontera y el tránsito me dijo ayer Laugier lo siguiente: «Todos los ministros están de acuerdo, incluso Chautemps, para dejar pasar el contrabando que quieran. Eden había dicho a Delbos: “que no se abra la frontera, pero que pasen cuanto quieran”. En Puigcerdá no pueden recibir todo lo que llega; están dispuestos a enviar diez veces más».

Sobre la comisión de compras y su presidente, el general Matz, la opinión de Carner y Ossorio es deplorable: «¿Por qué no lo dicen? Yo tengo que hacer una gran violencia sobre mí mismo para decirlo […]. Y lo hago sin remordimiento, porque es indignante, terriblemente indignante, ver que el inmenso esfuerzo popular de los frentes, con todo lo que representa de sufrimientos y privaciones, que es en definitiva lo que nos sostiene y gracias al cual pueden hacerse las otras cosas, no encuentra aquí, en organismo de tan tremenda importancia y tan íntimamente ligado a él, una colaboración como la que todos, y sobre todo la gente en las trincheras, tiene derecho a esperar. Pero a nadie es agra dable lo que un poco forzado por usted, y otro poco movido por mi propia conciencia, me he decidido a hacer yo en estos días. La gente pierde la tensión; organizan su vida agradablemente y se dejan vivir. Quizás eso es humano y acaso inevitable. Pero si no conseguimos que los puestos clave y decisivos estén en manos de personas consumidas por el fuego interior del entusiasmo y a la vez de la responsabilidad, que tengan ante los ojos, continuamente, lo que representa para España la crisis actual y el formidable esfuerzo espontáneo del pueblo, y que se sientan dispuestos por impulso interior a sacrificarlo todo para evitar que todo sea estéril, no sé dónde acabaremos… Poca fibra. Frivolidad. Falta de concentración. Poca austeridad. Y la austeridad, aparte de su valor intrínseco, tiene en circunstancias como éstas un enorme valor y fuerza políticos como medio de acción sobre las masas».

El gobierno español acepta, en principio, la resolución del Comité del 4 de noviembre (26 y 30 de noviembre de 1937).

Entretanto, seguía en Barcelona la laboriosa preparación de la respuesta al Comité de Londres. El Consejo de ministros rechazó un proyecto preparado por el ministro de Estado y después de larga discusión acabó por encargar su redacción al ministro de Defensa. El texto preparado por este último fue aprobado por el consejo de ministros el 26 de noviembre y comunicado oficialmente al gobierno británico para su transmisión al Comité, por nota de la embajada en Londres fechada el 30 del mismo mes. En ella el gobierno español reiteraba su aceptación de principio de la re tirada de combatientes no españoles, pero enumeraba ciertos puntos sobre los cuales deseaba recibir nuevas aclaraciones (documento 38).

Y para completar la documentación sobre este importante episodio de la accidentada vida de la no intervención en la guerra de España, mencionemos que la respuesta de las autoridades franquistas a la comunicación del gobierno británico, contenida en una nota verbal fechada el 18 de noviembre de 1937, aceptaba, igualmente en principio, la retirada de combatientes no españoles, pero insistía muy particularmente en el reconocimiento inmediato de la beligerancia, condición previa, según ellas, para poder concluir ninguna clase de acuerdo con el Comité. En resumen, la aceptación de principio de las proposiciones del Comité iba acompañada de tales reparos y condiciones sobre puntos esenciales que, en realidad, la despojaban de todo valor positivo (documento 39).

Capítulo 12.El gobierno Español contra la política de no intervención.

Capítulo 12

EL GOBIERNO ESPAÑOL CONTRA LA POLÍTICA

DE NO INTERVENCIÓN

Paréntesis

Antes de hablar del curso que siguieron los trabajos del Comité en los meses siguientes, conviene abrir un paréntesis para recordar algunos episodios políticos y militares ocurridos en aquellos días y que influyeron poderosamente en la política de no intervención.

En el mes de noviembre de 1937 tuvo lugar el anuncio por las autoridades franquistas del bloqueo de las costas bajo dominación del gobierno. El ministro de Defensa, señor Prieto, calificó el anuncio de «mito» y demostró en varias notas oficiosas, a las que se dio en Inglaterra la máxima publicidad, la imposibilidad material de hacer efectivo el bloqueo con las fuerzas navales de que disponía el general Franco. El gobierno británico rechazó categóricamente la pretensión de las autoridades franquistas, pero el 28 de noviembre, el almirantazgo consideró oportuno dirigirse a los buques mercantes británicos que navegaban en el Mediterráneo advirtiéndoles que «si bien la flota británica les protegería, en la medida de lo posible, en alta mar, no podían contar con la misma protección en aguas territoriales españolas». El gobierno español consideró, con razón, que esta «advertencia» del almirantazgo británico podía contribuir a aumentar las grandes dificultades con las que ya luchaba para asegurar el abastecimiento de la población civil y protestó enérgicamente contra ella en nota de su embajada en Londres de 3 de diciembre. El gobierno británico respondió a la embajada el 15 de enero de 1938 mediante una nota firmada, no por el «secretario de Estado», como es práctica usual del Foreign Office, sino por «Mr. Neville Chamberlain», a la sazón primer ministro. En cuanto a su contenido es curioso observar que, mientras rechazaba la protesta española por referirse a una materia de la exclusiva competencia del gobierno británico, como lo eran sus relaciones con buques mercantes británicos, no dejaba de esforzarse por calmar las inquietudes que reflejaba la nota del gobierno español, explicando que la «advertencia» había tenido por objeto recordar a los buques mercantes británicos que podían contar con la protección de la flota, a pesar del pretendido bloqueo de las costas en poder del gobierno. Negaba que la expresión «en la medida de lo posible» implicase una limitación en la protección que la flota estaba obligada a prestar a los buques mercantes británicos en alta mar, aparte de la que pudieran imponer circunstancias inevitables como, por ejemplo, la imposibilidad de llegar a tiempo al lugar del ataque.

En los últimos días de diciembre de 1937 y primeros de enero de 1938 tuvo lugar la ofensiva contra Teruel y la conquista de la ciudad por las fuerzas gubernamentales. En Inglaterra el efecto de esta victoria republicana fue considerable y, según testimonios fidedignos y autorizados, contribuyó muy particularmente a que el gobierno británico considerase que era peligroso seguir apoyando su política respecto a España en la hipótesis de un triunfo completo y a corto plazo del general Franco.

A pesar de las medidas convenidas en la conferencia de Nyon para poner término a los ataques de buques mercantes por submarinos «desconocidos» en el Mediterráneo, esos ataques experimentaron una alarmante recrudescencia en los meses de diciembre de 1937 y enero de 1938, lo que obligó a los gobiernos británico y francés a adoptar nuevas medidas con objeto de asegurar a sus buques una protección eficaz. Esas medidas que fue ron comunicadas al gobierno español por notas del 5 y del 7 de febrero de 1938, respectivamente, de los gobiernos británico y francés, consistieron en dar órdenes a los buques de guerra de uno y otro país de atacar sin previo aviso a todo submarino sumergido que fuera hallado en las zonas que el acuerdo de Nyon había puesto bajo su respectiva vigilancia y protección.

En el mes de febrero de 1938 ocurrió otro hecho que, aun que en sí mismo pertenece a la política interior de Inglaterra, tuvo gran resonancia internacional y una repercusión muy directa en la guerra de España, y fue la dimisión de Eden de su puesto de secretario de Estado para Asuntos Exteriores (seguida de la del subsecretario lord Cranborne, hoy lord Salisbury), y su sustitución por lord Halifax. La dimisión de Eden se produjo en forma un tanto espectacular en la noche del domingo día 20 de febrero, como resultado de varias reuniones del gabinete celebradas (cosa insólita en las costumbres políticas inglesas) el sábado día 19 y en la tarde del mismo domingo, día 20. El motivo de estas reuniones, tan fuera de lo común, fue la insistencia del primer ministro, Neville Chamberlain, de abrir inmediatamente conversaciones con el gobierno fascista de Italia, inclinándose ante un conminatorio «ahora o nunca» que el dictador italiano había dirigido al gobierno de Londres, e impresionado por el golpe de Hitler en Austria. Eden estimaba, por el contrario, como lo explicó a la Cámara de los Comunes al día siguiente, 21, que había llegado para Inglaterra el momento de mostrarse firme; y que esa firmeza debería mostrarse negándose a esas conversaciones mientras Italia no hubiera manifestado la buena voluntad necesaria para, entre otras cosas, hacer posible un progreso sustancial en la aplicación del plan de retirada de «voluntarios» extranjeros de España. Lo malo fue que Eden y su lugarteniente lord Cranborne, en vez de emprender una campaña en defensa de la política que ellos preconizaban, se contentaron con realizar el gesto de la dimisión, y después de haber explicado sus motivos a la Cámara de los Comunes, se retiraron a sus casas en espera de tiempos mejores.

Por último, señalemos que unas semanas después, a comienzos del mes de marzo del mismo año 1938, tuvo lugar el derrumba miento del frente de Aragón, creándose una situación tan crítica que dentro y fuera de España se consideró la guerra como definitivamente perdida para la república, hasta el punto de que el embajador francés en Barcelona ofreció facilidades para sacar del territorio español al presidente de la república y a los ministros a bordo de un buque de guerra francés. Sin duda hubo exageración en aquellos sombríos pronósticos. No se contaba con la excepcional capacidad de resistencia y de recuperación moral del pueblo español, ni con la circunstancia de que esa capacidad de resistencia y de recuperación encontró en la personalidad de Negrín, a la sazón jefe del gobierno, el órgano adecuado para traducirle en realidades concretas y tangibles. Lo cierto es que la situación militar se restableció con tal rapidez y en términos tales que unos meses después el ejército de la república estuvo en condiciones de lanzar una ofensiva victoriosa en el frente del Ebro (documento 40).

El Comité examina un proyecto de resolución «ómnibus» de su secretario (enero-mayo de 1938) y adopta una proposición transaccional británica (26 de mayo de 1938).

Cerrando este paréntesis, digamos que el subcomité del Comité de Londres examinó las respuestas del gobierno y de las autoridades franquistas en su sesión del 7 de diciembre de 1937 y, aplazando toda explicación sobre las observaciones y reservas que en ellas se formulaban, decidió proseguir los trabajos preparatorios para la aplicación del plan contenido en su resolución del 4 de noviembre (véase a este respecto documento 41).

En aquellos mismos días (el 11 de enero de 1938, para ser preciso) el secretario del Comité preparó y sometió al Comité un proyecto de resolución «ómnibus», codificando, por decirlo así, todas las resoluciones que en forma más o menos parcial o fragmentaria el Comité o su subcomité habían adoptado provisional o definitivamente desde el principio de la no intervención. Se trata de un voluminoso documento (50 páginas impresas en gran formato), dispuesto en forma de un proyecto de resolución y un anexo. En el proyecto de resolución los gobiernos miembros del Comité declaraban, por una parte, su voluntad de confirmar sus obligaciones respecto al envío de material de guerra a España y a la salida de voluntarios para tomar parte en la guerra, y por otra, de asegurar la aplicación de la propuesta británica del 14 de julio de 1937 relativa a la retirada de voluntarios, a la concesión de derechos limitados de beligerancia y al restablecimiento del control, este último reforzado con las medidas que se estimaren apropiadas en vista del informe Van Dulm-Hemming. Todo ello habría de realizarse siguiendo las disposiciones detalladas contenidas en el anexo.

El anexo, en efecto, contiene una reglamentación detallada y minuciosa sobre la manera de llevar a la práctica cada uno de estos objetivos. En la imposibilidad de reproducirlo aquí, dada su extensión, contentémonos con indicar los títulos de cada una de las partes en que está dividido:

Confirmación de los acuerdos relativos al envío de material de guerra y salida de voluntarios.

Extensión del acuerdo de no intervención a la salida para España de personas cuyas actividades en dicho país fueran susceptibles de prolongar o agudizar el conflicto.

Extensión del acuerdo de no intervención al transporte de material de guerra de un puerto cualquiera a un puerto español, a bordo de buques de los países miembros del Comité.

Retirada de España de los voluntarios extranjeros que participen, directa o indirectamente, en el presente conflicto (esta parte contiene 10 capítulos y 49 artículos).

Concesión, en determinadas circunstancias, de derechos de beligerancia a las partes en España.

Observación de las fronteras españolas terrestres y marítimas.

Fechas en las cuales se irán aplicando las diferentes partes del plan.

Este estudio fue objeto de un minucioso examen por parte del subcomité en el curso de múltiples y laboriosas reuniones celebradas durante los cinco meses siguientes, plazo que por sí solo bastaría para justificar la más absoluta desconfianza respecto a la eficacia del Comité, y hasta para cubrirle de ridículo. Por respeto a la paciencia del lector se omite el relato de las discusiones, altercados, aplazamientos, proposiciones y contraproposiciones que llenaron estos cinco meses de trabajo del Comité de Londres, limitándome a consignar que todo acabó por la aceptación de una propuesta transaccional británica, presentada al Comité el 26 de mayo de 1938, y aceptada el 2 de junio con algunas salvedades del representante soviético relativas al control naval.

Nota del gobierno español a los de Francia e Inglaterra (5 de abril de 1938).

De todos estos extremos el único al cual concedía el gobierno español una real importancia era el relativo al restablecimiento del control terrestre que llevaba aparejado el cierre de la frontera franco-española. Ya se ha dicho cómo durante todo aquel período el gobierno francés (con la tácita aprobación del británico) mostraba una gran tolerancia contentándose con el más superficial disimulo. Y no hay duda que esas facilidades contribuyeron muy considerablemente a la milagrosa recuperación militar que siguió al derrumbamiento del frente de Aragón. Obsesionado con esa idea, y deseoso de no perder ninguna ocasión de hacer valer nuestros argumentos, el día 27 de mayo, sabiendo que el gobierno francés había sido el verdadero iniciador de la fórmula de compromiso que el británico presentó al subcomité el día 26, dirigí a M. Alexis Léger, a la sazón secretario general del ministerio de Negocios Extranjeros de Francia, una carta insistiendo de modo muy especial sobre el restablecimiento del control terrestre, en relación con la retirada de «voluntarios» extranjeros (documento 42).

Por lo demás, el gobierno español se desinteresaba cada vez más de los parsimoniosos trabajos del Comité de Londres. En los primeros días del mes de abril de 1938, Álvarez del Vayo había sustituido a Giral como ministro de Estado y como no podía me nos de ocurrir, el contraste entre el carácter dinámico, impetuoso y enérgico del primero y la cautela, la reserva y la timidez que caracterizaban al segundo se reflejó en la marcha de la política exterior de la república. La experiencia de los últimos meses, durante los cuales cada tropiezo en la discusión era aprovechado por Italia y Alemania para completar sus contingentes en España y para reforzar su material, acabó agotando la paciencia no sólo del gobierno, sino del pueblo español entero. Ya no se trataba de discutir, aceptar o rechazar este o aquel extremo del plan tan trabajosamente elaborado por el Comité, sino de mostrar de qué manera la no intervención misma se había convertido en un verdadero escarnio de los más elementales principios de la justicia y de la lógica. Éste fue el tema central de la extensa nota que el gobierno español dirigió el 5 de abril de 1938 a los gobiernos de Francia y de Inglaterra, y que por su excepcional significación para conocer la actitud del gobierno español respecto a la no intervención se reproduce a continuación en su texto íntegro:

De orden de mi gobierno tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia lo siguiente:

Ante una situación militar cuya gravedad sería insensato desconocer, el gobierno de la república se cree obligado a dirigir su solemne llamamiento a la conciencia de los gobiernos de Francia y del Reino Unido, como iniciadores del acuerdo de no intervención, sobre la tremenda y peligrosa iniquidad de mantener en vigor dicho acuerdo cuando su violación abierta, confesada pública y cínicamente por los gobiernos de Alemania e Italia, en favor de los rebeldes, es cosa tan notoria que ningún hombre público, consciente de sus responsabilidades, se atreve ya a poner en duda.

Y conviene recordar que estas violaciones no han consistido tan sólo en abrir sus mercados a la adquisición de material de guerra por los rebeldes españoles, sino que a la vista del mundo entero y sin el menor escrúpulo, haciendo de ello gala y público motivo de vanagloria, Italia y Alemania no han cesado un instante desde que estalló la rebelión española de proveer a los rebeldes no sólo con inmensas cantidades de material bélico de todas clases, sin otra medida que las exigencias de las mismas operaciones militares, sino de considerables masas de combatientes y gran número de expertos, formando parte de los ejércitos regulares de ambos países.

De manera concreta e inmediata, el gobierno de la república está en condiciones de afirmar que las últimas victorias rebeldes en los frentes de Aragón han sido obtenidas gracias a los considerables refuerzos de hombres y material de guerra enviados recientemente a España por Italia y Alemania. Por considerar esos envíos, en lo que se refiere a Italia, no sólo como una violación directa y específica de la promesa hecha por el gobierno italiano al gobierno británico de no modificar la situación en España con nuevos envíos de refuerzos, mientras durasen las negociaciones entre ambos países, el gobierno de la república comunicó al gobierno del Reino Unido, el 22 de marzo de 1938, una nota con informaciones concretas y circunstanciadas sobre los recientes envíos de hombres y material por parte de Alemania e Italia. El gobierno de la república ignora si el gobierno británico ha sometido esas informaciones a encuesta o averiguación, así como el resultado que éstas hayan podido dar, pero reitera su certidumbre de que las informaciones por él comunicadas son, en su conjunto, absolutamente exactas.

El gobierno de la república no puede inferir a Francia e Inglaterra la ofensa de suponer que su iniciativa para llegar al acuerdo de no intervención respondía única y exclusivamente a la finalidad egoísta de evitar que la rebelión española provocara una conflagración general en la que ellas mismas se vieran envueltas. Sin duda alguna, esa iniciativa se inspiraba igualmente en el propósito de asegurar al pueblo español la posibilidad de resolver sin intervenciones extranjeras el conflicto surgido en su propio seno como resultado de una profunda y dolorosa crisis interna. Los gobiernos de Francia y del Reino Unido estimaron, probablemente, que toda intervención extranjera en el proceso de solución de este conflicto no sólo constituiría grave injusticia, sino además inmenso peligro político, porque la solución a que se llegara, gracias a ella, carecería de las garantías esenciales de justicia y estabilidad política que rodearía a la que se obtuviera por el solo y exclusivo juego de elementos españoles, con gravísimo riesgo no sólo para España sino para Europa. Ahora bien, un elemental sentido de realismo político obliga a reconocer que la no intervención ha fracasado de manera absoluta y rotunda en la obtención de este objetivo.

La misma trascendencia histórica del momento presente impone el deber de poner en el análisis de la situación una gran objetividad. Es preciso tener el valor de reconocer que la intervención alemana e italiana en España aparece, después de estos meses, como algo tan hondamente arraigado y tan sólidamente vinculado a la trayectoria histórica que sus respectivos regímenes totalitarios imponen a esos dos pueblos, que es hasta pueril imaginar que las consideraciones, motivos y finalidades que han servido de base al acuerdo de no intervención podrán ejercer la más mínima influencia sobre ellos. Salta a la vista, y la experiencia ininterrumpida de estos últimos veinte meses lo demuestra hasta la saciedad, que nos encontramos ante un fenómeno de dimensiones históricas que desbordan los límites de un acuerdo como el de la no intervención y del mecanismo instituido para su puesta en práctica. Esto explica que, de hecho, haya quedado abandonada toda esperanza, y se haya renunciado a todo intento serio para conseguir su aplicación integral. Nada más siniestramente significativo a este propósito que las alusiones aparecidas estos últimos días en la prensa a la promesa de un retiro de «voluntarios» italianos después del triunfo de los franquistas y la aparente aceptación de esta siniestra fórmula de retiro de «voluntarios» como satisfactoria.

No incumbe al gobierno español considerar lo que ese gran fenómeno histórico, que se manifiesta en la arrolladora fuerza expansiva de los gobiernos totalitarios de Europa, pueda representar o significar para el futuro de otros pueblos europeos. Pero tiene una conciencia clara, confirmada por una cruel y dolorosa experiencia, de lo que está representando y significando para España: los horrores de una guerra, acrecentados con el bárbaro y estéril sacrificio de miles y miles de vidas inocentes como resultado de los llamados métodos «totalitarios» de guerra. El gobierno de la república tiene además una clara visión de cuáles son sus deberes y responsabilidades en esta grave coyuntura, respecto al pueblo español entero, considerado en su unidad histórica, y está decidido a cumplir esos deberes y hacer frente a esas responsabilidades hasta el fin, sin flaquezas ni vacilaciones de ninguna clase.

Consciente del alcance de esta decisión, el gobierno de la república, en uno de los momentos de la lucha que el cumplimiento de estos deberes le ha obligado a aceptar, se cree autorizado a dirigir a los gobiernos de Francia y del Reino Unido un solemne llamamiento, no sólo respecto de la injusticia profunda e intolerable que representa continuar la no intervención, sino también respecto de los inmensos peligros de orden político que encierra para el porvenir su ciego y arbitrario mantenimiento. Injusticia que debía ser tan intolerable para los intereses de los que la sufren, como para la conciencia de quienes la imponen, porque la no intervención está mantenida a sabiendas de que será única y exclusivamente aplicada contra el gobierno, sin que pueda dejar de indignar a todo espíritu recto el contraste entre la firmeza y energía puesta en el mantenimiento de la no intervención, cuando se trata del gobierno de la república, y la total indiferencia mostrada ante sus constantes y evidentes violaciones por parte de Italia y Alemania en favor de los rebeldes. Esta impotencia total para impedir la intervención y la ayuda directa a los rebeldes por parte de los gobiernos alemán e italiano ha creado, por otra parte, una situación en la cual la no intervención no sólo no puede asegurar la obtención de una de sus finalidades esenciales y más nobles, a saber: que la solución de la cuestión española fuera obra exclusiva de los españoles mismos, sino que se ha convertido en el más eficaz instrumento para asegurar la obtención de la finalidad opuesta, a saber: que la solución de la cuestión española sea obra y resultado de la intervención y ayuda prestada a los franquistas por Alemania e Italia. Así, a más de injusto e inicuo, el mantenimiento de la no intervención por parte de Francia e Inglaterra constituye un atentado flagrante a los más elementales principios de la lógica. ¿Qué mayor atentado a la lógica puede haber que empeñarse en mantener en vigor un acuerdo cuando, por las condiciones especiales de su aplicación, ese acuerdo se ha convertido en el instrumento más eficaz para asegurar la obtención de aquello mismo que se había tratado de impedir con su aceptación?

Cuando todo esto puede todavía ser reparado en términos posibles y eficaces, cuando se está todavía a tiempo de prevenir las desastrosas consecuencias de la injusticia y el error político que implica el mantenimiento de la no intervención, habiendo ya sus mismos iniciadores abandonado toda esperanza y renunciado a todo intento serio de aplicarle en su integridad, el gobierno de la república no hubiera creído cumplir su deber de lealtad hacia los gobiernos de Francia y del Reino Unido sin exponerles en términos claros e inequívocos su punto de vista respecto de una cuestión que de manera tan vital afecta a los intereses permanentes y generales del pueblo español, y sin reivindicar en forma solemne el pleno reconocimiento de su derecho a adquirir el material de guerra necesario para rechazar la invasión extranjera de que el territorio nacional está siendo objeto[1].

Capítulo 13. Viraje definitivo de la política Inglesa y Francesa: el Pacto Anglo-Italiano y el cierre de la frontera Francesa.

Capítulo 13

VIRAJE DEFINITIVO DE LA POLITICA INGLESA

Y FRANCESA: EL PACTO ANGLO-ITALIANO

Y EL CIERRE DE LA FRONTERA FRANCESA

El pacto anglo-italiano (16 de abril de 1938).

Las negociaciones con el gobierno fascista, cuya iniciación había provocado la dimisión de Eden, continuaban su curso en medio de alternativas y sobresaltos a que daba lugar el carácter violento y caprichoso del dictador italiano. La ansiedad de Chamberlain por llegar a un entendimiento con Italia crecía por momentos, sobre todo cuando el derrumbamiento del frente de Aragón le hizo creer en una victoria inmediata del general Franco. No parece dudoso que el primer ministro británico deseaba ardientemente esa victoria y contaba con un acuerdo anglo-italiano como medio de eliminar los peligros que pudiera entrañar para los intereses británicos en el Mediterráneo. Por eso, cuando tuvo lugar la ocupación de Austria por Hitler, a principios de marzo de 1938, y se produjo en Italia la natural reacción de alarma y temor ante sus consecuencias para la propia seguridad italiana, Chamberlain juzgó que había llegado el momento propicio y, atropellando por todo, aceleró las negociaciones de tal modo que un mes más tarde, el 16 de abril de 1938, quedó firmado en Roma el nefasto pacto anglo-italiano[1].

Este pacto está formado de un protocolo, ocho anexos y un cambio de cartas. De toda esta documentación, a España se refieren exclusivamente dos cartas cambiadas, el 16 de abril, entre el conde Ciano, ministro de Negocios Extranjeros de Italia, y lord Perth, embajador británico en Roma. He aquí la traducción española de la carta del conde Ciano a lord Perth:

Recordará V. E. que en el curso de nuestras recientes conversaciones di a V. E. ciertas seguridades respecto a la política del gobierno italiano con relación a España. Quiero ahora confirmar estas seguridades en forma oficial y solemne.

Primero, el gobierno italiano tiene el honor de confirmar su entera adhesión a la fórmula británica para la evacuación proporcional de España de los voluntarios extranjeros, y se compro mete a dar una aplicación real y práctica a tal evacuación sobre la base de dicha fórmula en el momento y en las condiciones que determine el Comité de No Intervención.

En segundo lugar, deseo confirmar que si esta evacuación no ha sido completada en el momento de la terminación de la guerra civil española, todos los voluntarios italianos que queden abandonarán inmediatamente el territorio español y todo el material de guerra italiano será retirado simultáneamente.

En tercer lugar, deseo repetir mi declaración anterior (assurance) que el gobierno italiano no tiene ningún designio territorial o político, ni busca ninguna posición económica privilegiada, en o con relación a la España metropolitana, las islas Baleares, alguna de las posesiones ultramarinas de España o la zona española de Marruecos, y que no tiene ninguna clase de intención de mantener fuerzas armadas cualesquiera en ninguno de dichos territorios.

La traducción de la carta de lord Perth al conde Ciano:

Excelencia:

En respuesta a la carta de V. E. fecha de hoy tengo la honra de tomar nota de la confirmación contenida en ella de las seguridades que V. E. ya me había dado en el curso de nuestras recientes conversaciones, respecto a la política del gobierno italiano en relación con España.

El gobierno de Su Majestad en el Reino Unido, al cual no dejaré de transmitir esta comunicación, quedará, estoy seguro de ello, satisfecho de su contenido. A este respecto apenas necesito recordar a V. E. que el gobierno de S. M. considera un arreglo (settlement )de la cuestión española como un requisito previo (prerequisite) a la entrada en vigor del acuerdo entre nuestros gobiernos.

Tengo además la honra de informar a V. E. que el gobierno de S. M., deseoso de ver desaparecer los obstáculos que puedan actualmente limitar la libertad de los Estados miembros en relación con el reconocimiento de la soberanía italiana sobre Etiopía, se propone tomar, en la próxima reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, iniciativas destinadas a aclarar la situación de los Estados miembros a este respecto.

Protesta del gobierno español (29 de abril de 1938).

Como no podía menos de ocurrir estas cartas causaron profundo desaliento y una gran indignación, tanto por parte del gobierno de la república y de la opinión pública española, como entre nuestros amigos en Inglaterra. La indignación del gobierno español quedó expresada en la siguiente nota que, siguiendo instrucciones del gobierno, presentó la embajada en Londres al Foreign Office el 29 de abril[2].

De orden de mi gobierno tengo el honor de comunicar a V. E. lo siguiente:

El gobierno español ha visto con profundo disgusto que por el cambio de cartas relativas a España que acompañan al acuerdo anglo-italiano de 16 del corriente, el gobierno del Reino Unido ha admitido la hipótesis de que los hombres y el material enviado a España por el gobierno italiano para ayudar a los rebeldes, no sean retirados del territorio español hasta después del fin de la lucha actual, lo que lleva consigo la aceptación de que esos hombres y ese material italianos permanezcan en España hasta el término de la contienda. Por lesionar de una manera incontrovertible los más altos intereses del Estado español en su defensa contra la agresión exterior, dicha actitud es difícilmente conciliable con los principios de imparcialidad y de objetividad en los que, a pesar de la constante protesta del gobierno español, el gobierno del Reino Unido ha pretendido inspirar su política respecto a España desde que estalló la rebelión militar, secundada y ayudada por potencias extranjeras, en el mes de julio de 1936.

Pero además, la aceptación de la permanencia en España de los hombres y material enviados por el gobierno italiano para ayudar a los rebeldes, constituye no sólo el reconocimiento explícito y solemne del hecho de la intervención italiana, sino su legitimación. Ahora bien, una vez que el gobierno del Reino Unido ha legitimado la intervención italiana, por las cartas arriba citadas, el gobierno español se ve obligado a considerar su mantenimiento, en lo que a él se refiere, no sólo como una manifiesta y evidente iniquidad, contra la cual todo espíritu justo habrá de rebelarse, sino como una política directamente inspirada en el propósito de favorecer la rebelión en contra del gobierno legítimo de España.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, el gobierno de la república se ve obligado a formular respecto del contenido de las cartas objeto de la presente nota su respetuosa pero más firme y enérgica protesta.

En las semanas siguientes el hondo disgusto causado por el pacto de Roma al gobierno español siguió manifestándose por una intencionada reducción al mínimo indispensable de los contactos entre la embajada y el Foreign Office y entre el ministerio de Estado y la embajada británica en Barcelona; y rodeando a los que eran absolutamente inevitables de una marcada frialdad.

Debate en los Comunes (2 de mayo de 1938).

El gobierno británico sometió el pacto anglo-italiano a la aprobación del Parlamento y en la Cámara de los Comunes fue el primer ministro, Neville Chamberlain, quien en la sesión del 2 de mayo de 1938 defendió la moción correspondiente. Lo hizo en los términos propios de su formación burocrática y el debate fue uno de los casos más típicos de incongruencia parlamentaria, porque después de una acometida arrolladora de la oposición y de una defensa menos que mediana por parte del gobierno, el acuerdo fue aprobado por 316 votos a favor y 108 en contra. La voz de la oposición la llevaron las personalidades más eminentes de los partidos Laborista y Liberal y entre ellas es justo recordar los nombres de Herbert Morrisson, Hugh Dalton y Clement Attlee entre los primeros, y sir Archibald Sinclair, Lloyd George y miss Rathbone entre los segundos; siendo también digno de nota que la duquesa de Atholl, como se sabe esposa de una de las primeras figuras de la nobleza escocesa, atacó duramente al gobierno, consecuente con la carta que unas semanas antes había escrito al primer ministro censurándole por sus negociaciones con el dictador italiano, mientras éste continuaba interviniendo descaradamente en España y separándose del Partido Conservador. En defensa del gobierno intervinieron, aparte del primer ministro, los señores Amery y Butler, este último subsecretario parlamentario de Negocios Extranjeros.

La cuestión española ante el Consejo de la Sociedad de Naciones (mayo de 1938).

A todo esto se acercaba el momento en que el Consejo de la Sociedad de Naciones debía celebrar su reunión ordinaria de primavera, en Ginebra, y el gobierno español estimó, con acierto, que en ella era donde podía, con mayor eficacia, proseguir su ofensiva contra la no intervención, inaugurada en la nota del 5 de abril dirigida a los gobiernos británico y francés. A este efecto, y después de comprobar mediante los oportunos sondeos oficiosos que los gobiernos británico, francés y soviético no veían objeción a que el Consejo discutiera la cuestión española en su próxima reunión, el gobierno español dirigió al secretario general de la Sociedad de Naciones un telegrama pidiendo la inscripción de la cuestión española en el orden del día de la próxima reunión del Consejo (documento 44).

En la sesión que celebró el Consejo el 11 de mayo por la tarde, Álvarez del Vayo pronunció una formidable requisitoria contra el Comité de Londres y la no intervención a la cual respondieron los ministros de Negocios Extranjeros de Inglaterra y de Francia, lord Halifax y Georges Bonnet, con una defensa poco más que formularia de las actividades del Comité. Litvinov y Jordan, por la Unión Soviética y Nueva Zelanda, apoyaron a Álvarez del Vayo. Komarninski y Comnène, por Polonia y Rumanía, se alinearon, aunque en términos ambiguos y vacilantes, con Inglaterra y Francia. En la sesión del 13 de mayo Álvarez del Vayo replicó a los alegatos de lord Halifax y Bonnet, y terminó su discurso presentando el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo,

Después de haber oído las observaciones formuladas ante él:

recordando su resolución del 29 de mayo de 1937;

recordando que la sexta comisión de la Asamblea en su décimo octavo período de sesiones ha sometido a la Asamblea un proyecto de resolución[3] que contenía esencialmente las disposiciones siguientes:

La Asamblea:

[…]

6. Desea ardientemente que las iniciativas diplomáticas que ciertas potencias han tomado recientemente consigan asegurar el retiro inmediato y completo de los combatientes no españoles que toman parte en la lucha en España.

7. Hace un llamamiento a los gobiernos, todos los cuales deben tener el mismo cuidado en mantener la paz europea, para que se realice un nuevo y sincero esfuerzo en ese sentido.

Y afirma que si ese resultado no hubiera sido obtenido en breve plazo, los miembros de la Sociedad que han adherido el acuerdo de no intervención tomarán en consideración el fin de la política de no intervención;

Recordando que este proyecto de resolución, aunque no logró obtener la unanimidad de los votos de la Asamblea, fue votado por treinta y dos Estados entre los cuales figuran todos los miembros del Consejo con excepción de Bolivia y Perú, los cuales figuran entre los países que se abstuvieron de votar;

Comprobando que la hipótesis que ese proyecto de resolución toma en consideración se encuentra realizada de la manera más completa, puesto que ni las iniciativas diplomáticas anuncia das en septiembre de 1937, ni ninguna otra iniciativa posterior, han dado lugar a la salida del territorio español de un solo combatiente no español;

Comprobando que el voto favorable de los gobiernos que han votado ese proyecto de resolución no puede ser interpretado más que como la expresión de una opinión favorable a que, si los combatientes no españoles no abandonaban el territorio español «en plazo breve», había que considerar el fin de la no intervención;

Confiando en que esos gobiernos no han estimado que la expresión «plazo breve» podía aplicarse a un período de siete meses desde que el proyecto de resolución fue sometido a la Asamblea;

Comprobando que se trata de una medida que puede ser adoptada individualmente por cada país, sin necesidad de ponerse de acuerdo entre ellos;

Comprobando que la estricta aplicación del derecho internacional en otros casos semejantes no ha provocado una conflagración general,

Invita a los Estados miembros de la Sociedad que han votado en favor del proyecto de resolución sobre la situación en España, presentado a la Asamblea por su sexta comisión, el 2 de octubre de 1937, a tomar en consideración desde ahora el fin de la no intervención.

Votaron en favor de este proyecto de resolución los representantes de España y de la Unión Soviética; en contra los de Gran Bretaña, Francia, Polonia y Rumanía; y se abstuvieron los representantes de Bélgica, Bolivia, China, Ecuador, Irán, Letonia, Nueva Zelanda, Perú y Suecia. Una vez más triunfaba moralmente la causa del gobierno español y para impedir su triunfo jurídico los dos gobiernos de Inglaterra y Francia se habían visto obligados a incurrir en contradicciones tan bochornosas como depresivas. Esas dos grandes potencias iban ya entonces dejando que su grandeza moral quedara, a la vista de todos, hecha girones. No había de tardar mucho tiempo en iniciarse también el ocaso de su grandeza material.

Nueva proposición británica sobre control naval (21 de junio-5 de julio de 1938).

Tomemos de nuevo el hilo de nuestro relato en relación con las actividades del Comité de Londres. El único punto de principio sobre el cual el subcomité no había podido llegar a un acuerdo en su reunión del 2 de junio era, como se recordará, el relativo al reforzamiento del control naval. Pues bien, el 21 de ese mismo mes, el gobierno británico sometió al subcomité una proposición destinada a satisfacer, aunque tan sólo parcialmente, la exigencia soviética de que se establecieran observadores en todos los puertos españoles susceptibles de servir al desembarco de voluntarios o a la descarga de material de guerra. Según la nueva proposición británica los observadores fijos se establecerían en «los seis o diez principales puertos» en los que existieran facilidades para la descarga de material de guerra. En la misma fecha el secretario del Comité sometió al subcomité un extenso memorándum explicando en forma detalladísima todas las medidas que sería necesario adoptar para la puesta en práctica de la nueva proposición británica, así como un presupuesto de su coste, proponiendo el establecimiento de cuatro puestos permanentes de observación en cada una de las zonas controladas respectivamente por el gobierno y las autoridades franquistas. Los puestos de la zona gubernamental se establecerían en Barcelona, Tarragona, Cartagena y Alicante; los de la zona dominada por las autoridades franquistas en Bilbao, Huelva, Málaga y Castellón. Cada puesto dispondría de un buque que le permitiría vigilar conveniente mente la parte de costa de la cual sería responsable. Salta a la vista que este arreglo favorecía claramente a los franquistas porque la costa confiada a la vigilancia de los cuatro puestos de observación establecidos en su zona era casi el doble de la confiada a la vigilancia de los cuatro puestos establecidos en la zona gubernamental; con el resultado de que la vigilancia habría de ser, en la primera, mucho menos estricta que la ejercida en la segunda. A pesar de estas deficiencias de la proposición británica, el plan, en su conjunto, fue aceptado por el Comité en sesión plenaria ce lebrada el 5 de julio bajo la presidencia del secretario de Estado, lord Halifax, habiéndose incorporado a él las nuevas disposiciones necesarias para el establecimiento de observadores fijos en los ocho puertos españoles arriba mencionados, y una enmienda sugerida a última hora por el representante soviético destinada a asegurar la simultaneidad en la puesta en práctica del control terrestre y del control marítimo. Al mismo tiempo que el plan el Comité aprobó un memorándum en el que se exponían las garantías recíprocas que habían de intercambiarse entre las partes y el Comité de Londres en relación con la retirada de extranjeros y el establecimiento de observadores fijos en los ocho puertos es pañoles[4].

Respuesta del gobierno español (26 de julio de 1938).

El plan fue comunicado oficialmente al gobierno español por nota de la embajada británica en Barcelona al ministerio de Estado, de 8 de julio de 1938, acompañado de una copia de la carta que el secretario del Comité había dirigido al subsecretario británico de Negocios Extranjeros especificando los extremos del plan sobre los cuales debería llamarse la atención del gobierno y del general Franco por exigir su aplicación la colaboración activa de ambos. A esta comunicación respondió el gobierno español, el 12 de julio, pidiendo aclaraciones y garantías sobre los plazos que el plan fijaba para el comienzo de la retirada de voluntarios y el restablecimiento del control terrestre. La respuesta del gobierno británico, fechada el 14, fue considerada satisfactoria por el gobierno español y sin pérdida de tiempo se dispuso a preparar su respuesta sobre los extremos del plan cuya aplicación exigía su colaboración activa. Durante los días que pasé en Barcelona, llamado por el gobierno, tuve ocasión de participar en la redacción de la nota cuyo texto final fue aprobado por el Consejo de ministros, no sin discusión larga y minuciosa, el 23 de julio. Al día siguiente salí para Londres y la nota fue entregada en el Foreign Office el 26 de julio de 1938.

En ella el gobierno español empezaba por aceptar las disposiciones del plan relativas a la retirada de combatientes no españoles, y se declaraba dispuesto a colaborar lealmente a su eficaz aplicación. No obstante, el gobierno formulaba a su respecto un cierto número de observaciones sobre los extremos siguientes: a) necesidad de que el recuento de esos combatientes no españoles esté rodeado de las máximas garantías de exactitud y no se convierta en un simulacro estadístico exento de consistencia y veracidad; b) la falsa hipótesis que parecía aceptar el plan de que el número de combatientes no españoles era prácticamente el mismo en las dos partes; c) el calendario previsto para la evacuación, que no correspondía a las cifras de combatientes no españoles que el gobierno tenía por exactas; d) la importancia de la evacuación por categorías; e) la aplicación del plan a las fuerzas marroquíes; f) la excepción prevista en el plan a favor de los incorporados a la Legión Extranjera antes del 18 de julio de 1936, totalmente injustificada a los ojos del gobierno español; g) la aplicación del plan de evacuación al material de guerra.

Se aceptaba, igualmente, el plan para el control marítimo, haciendo notar, sin embargo, la gran injusticia que resultaba de la mayor eficacia evidente del terrestre comparado con el marítimo, y de la circunstancia de que el gobierno recibía la mayor parte de sus aprovisionamientos por vía terrestre, mientras que el general Franco las recibía por vía marítima. Al propio tiempo señalaba otra injusticia del plan, aún más grave que la anterior, consistente en someter al control los cuatro puertos importantes en poder del gobierno, mientras quedaban fuera de él, en territorio dominado por el general Franco, puertos como Santander, Gijón, Musel, Ferrol, Coruña, Vigo, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife, entre otros.

Por último, el gobierno hacía notar la gravedad que revestía la ausencia de disposiciones eficaces para el control aéreo, dado que los dos países que apoyaban al general Franco podían hacer llegar sus fuerzas aéreas en vuelo directo a los aeródromos en territorio dominado por sus fuerzas (documentos 45 y 46).

Respuesta negativa de Franco (agosto de 1938).

La respuesta del general Franco no fue comunicada al gobierno británico hasta mediados de agosto. Contrariamente a la actitud adoptada por el gobierno, el general Franco formulaba en su nota una serie de objeciones fundamentales, «reservándose el formular otras de detalle, a las que juzga inútil descender ahora hasta ver satisfechas previamente las que quedan expuestas». Cuando se piensa que entre esas objeciones fundamentales figuraba una reivindicando la concesión inmediata e incondicional de beligerancia, y otra negándose a admitir los puestos permanentes de observación en puertos españoles, y que la eventual aceptación por el Comité de tan exorbitantes pretensiones no hubiera bastado para abrir la puerta a la aceptación del plan, sino tan sólo a la presentación de una segunda serie de observaciones de detalle, se advierte que esa respuesta pudo ser calificada, sin exageración, no sólo de negativa, sino de una verdadera maniobra de diversión (documento 47).

Misión de información del secretario general al Comité

La situación era clara y lo que exigían de consuno la honestidad, la buena fe y la lógica era reunir el Comité y, ante la negativa del general Franco a aceptar el plan, declarar caducada la no intervención y restablecer la vigencia de las reglas de derecho común internacional en cuanto a la adquisición de material de guerra por el gobierno español en los países miembros del Comité. Esto fue lo que reiteradamente solicitó Maiski, representante soviético, y lo que con mayor reiteración e insistencia pidió el gobierno español en una serie de comunicaciones, verbales y escritas, dirigidas en las semanas siguientes a los gobiernos británico y francés. Pero todo fue inútil; uno y otro estaban resueltos a aceptar todas las humillaciones antes que enfrentarse con los dictadores europeos. Lord Plymouth, representante británico y presidente del Comité, no sólo se negó a convocar una reunión de este último, sino que, contra todo lo que exigía el tan decantado fair play británico, los gobiernos británico y francés se mostraron dispuestos a entrar en negociaciones con Franco, haciéndose así cómplices de la táctica constantemente seguida por Hitler y Mussolini que tenía como único objetivo y exclusiva finalidad ganar tiempo. Nada podía facilitar mejor ese propósito que la proposición del gobierno británico para que el Comité enviara a su secretario general, en misión especial cerca del gobierno español y de las autoridades franquistas, para explicar los detalles del plan; misión cuya futilidad salta a la vista puesto que el primero no había puesto condición alguna a la aceptación del plan, y que los franquistas habían rechazado dos de sus elementos esenciales.

Francia cierra su frontera (13 de junio de 1938).

Pero lo que de manera más cínica y descarada puso de manifiesto la verdadera complicidad de los gobiernos británico y francés con los designios de Hitler y Mussolini respecto de España fue lo ocurrido con la frontera francesa. Gracias a las facilidades de hecho que el gobierno francés, con la tácita aprobación del británico, había venido dando para el paso de material de guerra destinado al gobierno a través de la frontera, fue posible reconstituir y mantener los frentes y hasta realizar con éxito operaciones ofensivas. Pero poco antes de que el Comité comunicara a las partes su plan, y bajo pretexto de facilitar su aceptación, el gobierno francés decidió cerrar la frontera a partir del 13 de junio; y lo que fue incomparablemente más grave, cuando la negativa de las autoridades franquistas echó por tierra toda posibilidad razonable de que el plan fuera nunca puesto en vigor, el gobierno francés mantuvo cerrada la frontera, no sólo desoyendo las indignadas y angustiosas reclamaciones del gobierno español, sino permaneciendo insensible a las presiones de que fue objeto por parte de elementos políticos importantes dentro y fuera de Francia.

Así resultó que los doce meses de forcejeo y discusiones dedicados a la elaboración de un plan comprensivo de no intervención que reuniera un mínimo de objetividad y justicia tuvieron como único resultado el cierre de la frontera francesa, principal, si no único canal disponible para el abastecimiento del ejército republicano en material de guerra. Ni retirada de voluntarios, ni control marítimo de ninguna clase, ni control en la frontera hispano-portuguesa, ni atisbos de control aéreo. Pero la frontera franco-española cerrada al paso de material de guerra para el gobierno legítimo de España. Mientras Franco seguía recibiendo a manos llenas y sin ninguna clase de control cuanto material de guerra y cuanta aviación necesitaba para asegurar la victoria, el ejército republicano se encontró bruscamente, y no por obra y gracia de Hitler y Mussolini, sino de quienes sin exageración pueden ser calificados de sus cómplices, los gobiernos británico y francés de la época, estrangulado y paralizado al ver interrumpido su abastecimiento normal de material de guerra como consecuencia de la criminal pertinacia de esos gobiernos manteniendo cerrada la frontera franco-española; después de la respuesta negativa del general Franco al plan del Comité.

No es mi propósito entrar en el aspecto militar de la guerra de España, pero sí me parece legítimo señalar que su última fase, caracterizada por una creciente e ininterrumpida superioridad de las fuerzas franquistas que culminó en su victoria final con el abandono del territorio nacional por los restos del ejército republicano inerme, se inaugura en ese momento en el que, de todo el plan de no intervención elaborado por el Comité de Londres, sólo quedó en pie el cierre de la frontera francesa. Con lo que cabe afirmar, en estricta justicia, que a la victoria franquista contribuyó tanto la ayuda germano-italiana, como la puñalada por la espalda que asestaron a la república los gobiernos británico y francés manteniendo cerrada la frontera francesa.

Actitud de Alemania e Italia

Todo esto que venimos diciendo toma su verdadera perspectiva cuando se coloca como telón de fondo lo que en aquellas mis mas semanas hacían y pensaban la Alemania hitleriana y la Italia fascista en relación con la situación en España. De ello nos ofrecen testimonios auténticos e irrecusables los documentos secretos alemanes publicados por los aliados a que con anterioridad hemos hecho referencia. He aquí algunos «botones de muestra» de esta edificante correspondencia que ha puesto al descubierto una cosa que todos conocíamos, a saber: el cinismo de los dos dictadores europeos de la época, y otra menos bien conocida, el grado de humillación, de hipocresía y de falsedad de quienes a la sazón dirigían la política exterior de Francia e Inglaterra.

El 6 de julio de 1938 (el mismo día que el plan del Comité es comunicado a las «partes»), el embajador alemán en Salamanca informaba al general Franco de la decisión del gobierno alemán de restituir a la Legión Cóndor su potencial de combate inicial, lo que implicaba la renovación de todo su material terrestre y aéreo[5].

El 7 de julio, en el curso de una conversación entre Ciano y el embajador alemán en Roma, señor Von Mackensen, el primero declaró que el gobierno italiano querría retrasar la retirada de voluntarios porque se preparaban operaciones militares de importancia en las cuales tomarían parte todas las formaciones disponibles de «voluntarios» italianos[6].

El 13 de julio, el general Jordana, ministro de Negocios Extranjeros en el gobierno del general Franco, convocó a los embajadores de Alemania e Italia para consultarles sobre la respuesta que convenía dar al plan del Comité. Ninguno de los dos embajadores tenía instrucciones sobre el particular, pero el alemán hizo observar, a título personal, que sería imposible aplicar a la Legión Cóndor el plan de retirada aprobado por el Comité; y los tres estuvieron de acuerdo en que lo importante era ganar tiempo[7].

Al día siguiente, 14 de julio, los embajadores alemán, italiano y portugués en Londres discutieron sobre el consejo que convendría dar al general Franco respecto a su respuesta al Comité. Los tres interlocutores estuvieron de acuerdo sobre la conveniencia de ganar tiempo; además Franco debería hacer de manera que la responsabilidad del fracaso del plan recayera sobre el gobierno español, para lo cual debería abstenerse de formular observaciones de detalle. El señor Grandi señaló los tres puntos siguientes que el general Franco podría reivindicar en su respuesta: a) fijación de su estatuto internacional; b) promesa de concesión de beligerancia; c) mantenimiento del control terrestre pasada la fecha prevista para su abolición en caso de que los «rojos» sabotearan la entrada en vigor del plan[8].

El 21 de julio el gobierno alemán telegrafiaba a su embajador en Salamanca las instrucciones relativas al consejo que había de dar al general Franco sobre su respuesta al Comité. Las instrucciones se reducen a aconsejar una respuesta con observaciones y reservas presentadas de tal modo que no hagan recaer sobre él la responsabilidad de una negativa (en definitiva, y como siempre, ganar tiempo)[9].

El 11 de agosto, el gobierno alemán hizo saber a sus embajadores en Salamanca y Londres su opinión sobre el proyecto de nota que el general Franco le había comunicado con el ruego de que le hiciera saber sus observaciones. El gobierno alemán no estaba satisfecho de la nota; hubiera preferido que estuviera redactada en términos más conciliatorios; era demasiado larga; sería necesario rehacerla en cuanto al estilo; la reivindicación de beligerancia debería figurar antes de las observaciones sobre la retirada de voluntarios[10].

Al día siguiente, 12, nuevo telegrama del gobierno alemán a su embajador en Salamanca. El último párrafo de la nota declarando que la España nacionalista no toleraría ni en el presente ni en el futuro que su territorio ni su economía quedasen gravados con la menor hipoteca, ha causado alarma en Berlín y el embajador deberá precisar que ese párrafo no perjudicará los objetivos que se proponen obtener las negociaciones económicas entre Alemania y la «España nacionalista». El gobierno alemán hubiera preferido la supresión del párrafo, pero el italiano se negó a pedirla y el párrafo quedó en el texto definitivo[11].

Y por último, y para que se vea hasta qué punto llegaba el cinismo de los dictadores y la candidez (por no llamarla de otra manera) de los gobiernos británico y francés, mencionemos el telegrama que el embajador alemán en Salamanca dirigió a su gobierno el 22 de agosto dándole cuenta de una entrevista entre el general italiano Berti (acompañado de su embajador) y el general Franco, en la cual, por encargo especial de Mussolini, el general italiano ofreció el envío de «unas cuantas divisiones más» y el material de guerra necesario, a condición de poder ejercer una fuerte influencia sobre la dirección de la guerra. El telegrama añade que «Franco, lleno como siempre de confianza, ni aceptó, ni rehusó, pero pidió más material»[12].

En fin, consignemos que la publicación Jane’s Fighting Ships List, que sin tener carácter oficial está reconocida de hecho como tal por los almirantazgos y las autoridades navales de todo el mundo, en su edición del mes de diciembre de 1938, afirmaba que Italia había vendido (?), al «gobierno nacionalista de España» cuatro destructores y dos submarinos en el año 1937. El gobierno español denunció en nota dirigida al gobierno británico el 18 de enero de 1939, esta flagrante violación del acuerdo de no intervención. La nota española fue reproducida y muy comentada por la prensa británica.

Capítulo 14. El gobierno Español retira los combatientes extranjeros.

Capítulo 14

EL GOBIERNO ESPAÑOL RETIRA

LOS COMBATIENTES EXTRANJEROS

Discurso de Negrín en la asamblea de la Sociedad de Naciones anunciando la retirada unilateral de combatientes extranjeros (21 de septiembre de 1938).

Con la frontera francesa cerrada y los gobiernos británico y francés dispuestos a prolongar todo lo posible una situación que permitía a Hitler y Mussolini continuar sus envíos de hombres y material al general Franco mientras el gobierno veía interrumpida su principal fuente de aprovisionamiento militar, llegó el momento de abrirse la Asamblea de la Sociedad de Naciones en Ginebra, en el mes de septiembre de 1938. Como era de esperar, el gobierno español no podía desaprovechar esa excepcional oportunidad, no tanto de incriminar a los gobiernos británico y francés por su conducta, como de presentar ante la opinión pública mundial todo lo que esa conducta tenía de injusta para él, y de contraria a las más elementales exigencias de la lógica y de la equidad, y con ese objeto solicitó y obtuvo que la cuestión de la intervención en la guerra civil fuera inscrita en el orden del día de la Asamblea. Sin embargo, la discusión de este manoseado tema quedó muy pronto oscurecida por la sensacional comunicación que en su sesión del día 21 de septiembre hizo a la Asamblea el jefe del gobierno español.

En efecto, en el curso de la sesión de la tarde de dicho día, el presidente interrumpió la discusión del informe anual del secretario general sobre las actividades de la Sociedad, anunciando que el señor Negrín, primer delegado de España, deseaba hacer una comunicación a la Asamblea. Entonces, y en medio de gran expectación, Negrín dio lectura, en tono reposado y solemne, a una breve declaración que contenía, según sus propias palabras, una comunicación y un ruego, y terminaba con un proyecto de resolución. En ella se hacía saber a la Asamblea que el gobierno español acababa de decidir «la retirada inmediata y completa de todos los combatientes no españoles que toman parte en la lucha en España del lado gubernamental», y se pedía a la Sociedad de Naciones «la constitución inmediata de una comisión internacional encargada de proceder a las verificaciones y encuestas que estimara necesarias para poder garantizar a la Sociedad de Naciones, a los Estados miembros y a la opinión pública mundial que la decisión del gobierno español se había ejecutado integralmente». La declaración terminaba proponiendo a la Asamblea un proyecto de resolución encargando al Consejo que procediera a la constitución de la comisión internacional pedida por el gobierno español.

La declaración del gobierno español causó verdadera sensación en los medios ginebrinos y gran entusiasmo en la secretaría de la Sociedad de Naciones, sobre todo entre sus elementos liberales que siempre habían simpatizado con la república española. Sin esperar la resolución de la Asamblea, y menos todavía la del Consejo, los servicios competentes de la secretaría iniciaron los trabajos preliminares para la formación de la comisión internacional con la natural ilusión de mostrar que la Sociedad de Naciones era capaz de realizar un objetivo concreto y tangible en el campo de la no intervención en la guerra de España, mientras el Comité de Londres continuaba debatiéndose, al cabo de dos años de innumerables tergiversaciones y maniobras, en la más completa impotencia. Hombre tan frío, cauto y reservado como el secretario general, señor Avenol, que, por otra parte, no se había caracterizado por una particular simpatía hacia la república española, no pudo contener un movimiento espontáneo al encontrarse conmigo en un pasillo después de la sesión y estrechándome la mano con un calor poco común en él me dijo estas palabras: «un coup de maître».

Fuera de la Sociedad de Naciones también fue grande la sensación que causó la iniciativa del gobierno español, y de ella da testimonio (por no citar más que un ejemplo), el largo artículo de fondo que le dedicó el Times de Londres en su número del 23 de septiembre. Reconociendo el sentido político de la iniciativa, se manifestaba ya inquieto con lo que había de constituir, en los días siguientes, la principal preocupación del gobierno británico, a saber: la posible repercusión de la iniciativa del gobierno español sobre la suerte del plan elaborado por el Comité de Londres, llegando a profetizar, aunque tímidamente, que la Asamblea optaría por transferir la decisión del gobierno español a los 26 miembros que formaban el Comité de No Intervención. Como vamos a ver enseguida, la profecía del Times no se cumplió y la Sociedad de Naciones, no sólo aceptó la misión que el gobierno español quería confiarle, sino que en su cumplimiento dio un alto ejemplo de objetividad, eficacia y rapidez.

Discusión en la Asamblea (26-30 de septiembre de 1938).

La discusión de la iniciativa española en la sexta comisión de la Asamblea se inició en la sesión del 26 de septiembre y para mostrar el espíritu en el cual la delegación española la abordaba, nada mejor que reproducir la nota que redacté en aquellos días como guión y directiva para el representante de España y que fue explícitamente aprobada por el ministro de Estado, Álvarez del Vayo. Decía así:

Defender el proyecto de resolución.

Si alguien sugiere que se transfiera la cuestión al Comité de Londres, una firme réplica, categórica y contundente, sobre los dos puntos siguientes: a) sería una verdadera monstruosidad que la iniciativa del gobierno español para retirar los extranjeros que luchan en su ejército fuera sometida a un comité en el cual no sólo el gobierno español no está representado, sino que cuenta entre sus miembros a representantes de los gobiernos alemán e italiano, cuando todo el mundo sabe que lo que constituye la verdadera dificultad internacional en la cuestión española no es la presencia de unos cuantos miles de verdaderos «voluntarios», de todas las nacionalidades, en el ejército republicano, sino la presencia entre las fuerzas enemigas de importantes contingentes de los ejércitos regulares italiano y alemán; b) el gobierno español no admite consejos de la Sociedad de Naciones; ha tomado libre y espontáneamente la decisión de retirar los voluntarios extranjeros que luchan en su ejército, y de pedir a la Sociedad de Naciones la constitución de una comisión internacional que garantice ante la opinión pública mundial la integral y completa ejecución de esa medida; la Sociedad de Naciones puede responder a nuestra petición afirmativa o negativamente, y hacer frente a sus responsabilidades en cada caso; lo que no puede hacer es eludir la cuestión aconsejando al gobierno español que llame a otra puerta; el gobierno español tiene muy buenas razones para no llamar a esa otra puerta, y si es necesario no vacilará en exponerlas. El consejo, además de impertinente, sería estéril; desde ahora queda rechazado.

Si, a pesar de nuestra declaración, alguien insistiera en la idea de transmitir la cuestión al Comité de Londres, será necesario exponer públicamente nuestra requisitoria contra el Comité.

En la sesión del 26 de septiembre, Álvarez del Vayo pronunció un breve discurso subrayando el propósito de colaboración constructiva que inspiraba la proposición de su gobierno, insistiendo sobre el deseo de que la discusión se desarrollara en un ambiente sereno, limpio de todo espíritu de polémica y explicando las razones por las que se proponía que fuera una comisión de la Sociedad de Naciones, y no del Comité de No Intervención la encargada de inspeccionar la retirada y certificar su ejecución plena y completa.

Negrín y Álvarez del Vayo abandonaron Ginebra el día 27 de septiembre dejándome encargado de seguir el curso de la discusión en la sexta comisión, en la Asamblea plenaria y en el Consejo. El miércoles, 28, por la mañana, tuve una conversación con Mr. Butler[1], solicitada por él, en la cual me enseñó el texto del discurso que pensaba pronunciar ante la sexta comisión, llamando especialmente mi atención sobre un párrafo en el que decía que el gobierno británico podría aceptar la proposición española si el gobierno español estuviera dispuesto a declarar que el envío de la comisión de la Sociedad de Naciones no prejuzgaba la actitud que tomaría el gobierno español si, más tarde, se trataba de enviar la comisión prevista en el plan del Comité de Londres. Previa consulta y aprobación del presidente del Consejo (el ministro estaba aquel día de viaje), respondí afirmativamente a Butler en la tarde del mismo día. Y a última hora de la tarde el propio presidente aprobó el texto de la declaración que quedó insertada en el discurso que pronuncié aquella misma noche en la sexta comisión a continuación del pronunciado por Butler.

En la sesión de esa misma noche se manifestaron ya declaradamente contrarios a la propuesta española los representantes de Portugal, Albania y Polonia, a los cuales se unió al día siguiente el de Hungría. Por el contrario, el delegado de Francia se declaró en favor de la proposición. Al día siguiente, jueves 29, pronunció Litvinov un fuerte discurso atacando duramente la intervención germano-italiana, la política de no intervención parcial y poniendo de relieve lo absurdo e inconcebible que era oponerse a una propuesta como la del gobierno español. Los delegados de México, Colombia y Suecia se pronunciaron en favor de la propuesta. El de Irlanda, después de elogiar la iniciativa española y manifestar su adhesión a la política de no intervención, se declaró dispuesto a votar cualquier propuesta que apoyara la mayoría de la comisión, lo que significaba un cambio sensible de la actitud de este país.

El debate había puesto de manifiesto la imposibilidad de obtener la unanimidad en favor de la resolución. Así se lo expliqué al ministro de Estado en la conversación telefónica que tuve con él, a su paso por París, el jueves, 29, por la mañana, en vista de lo cual convinimos en la conveniencia de aceptar cualquier fórmula en virtud de la cual la cuestión fuera inscrita automáticamente en el orden del día del Consejo, sin necesidad de una nueva iniciativa del gobierno español. En ese sentido, y habiéndome asegurado que ése era el caso, declaré en mi discurso ante la sexta comisión aquella misma tarde que la delegación de España no insistía en la adopción formal de su proposición y se contentaría con que la comisión adoptara una recomendación (lo que podía hacerse por mayoría de votos, sin necesidad de reunir la unanimidad) pidiendo al Consejo que inscribiera la cuestión en su orden del día y la examinara a la luz de los debates de la sexta comisión. Esta declaración desconcertó a quienes contaban con la posibilidad de bloquear con sus votos negativos la resolución, hasta el punto de renunciar a su oposición desde el momento en que se dieron cuenta de su ineficacia y de que sólo conduciría a poner más de manifiesto su derrota. Así, la recomendación quedó aprobada en la comisión y en la Asamblea plenaria por unanimidad.

Examen por el Consejo y resolución (30 de septiembre de 1938).

En cuanto la Asamblea plenaria adoptó la recomendación (lo que tuvo lugar en su sesión del viernes, 30, por la mañana), la cuestión quedó automáticamente inscrita en el orden del día de la sesión que el Consejo celebró aquel mismo día, y en la cual se convino en confiar a las delegaciones británica y francesa, de acuerdo con la española, la preparación de un proyecto de informe que pudiera ser examinado por el Consejo aquella misma tarde. Nos reunimos inmediatamente, y con la asistencia de la secretaría y sobre la base de un proyecto que ella había preparado, quedó redactado un texto de informe y resolución que sin pérdida de tiempo fue sometido al Consejo. Su adopción tuvo lugar por unanimidad con la abstención de los representantes de Bolivia y del Perú.

En sustancia, la resolución disponía la creación y envío a España de una comisión internacional encargada de enterarse de las medidas que adoptara el gobierno español para la retirada de los combatientes no españoles y de informar sobre su eficacia, sobre el destino de las personas evacuadas y sobre la medida en que estimara que la retirada había sido completa; al propio tiempo instituía un Comité de tres miembros, compuesto de los representantes de Francia, Reino Unido e Irán, encargado de constituir, enviar y, en la medida que se estimara conveniente, dirigir la comisión internacional (documento 48).

De la celeridad con que procedieron los diferentes órganos de la Sociedad de Naciones para la ejecución de esta resolución, da testimonio el siguiente calendario:

El primero de octubre el Comité de Tres formado por los señores Stevenson (Inglaterra), Charveriat (Francia) y Alan (Irán) adoptó su primer informe fijando las líneas generales para la composición de la comisión internacional, así como para su mandato y funcionamiento.

La comisión internacional (14 de octubre de 1938) y sus informes al Consejo (octubre de 1938-mayo de 1939).

Una semana después, el 8 de octubre, el secretario general de la Sociedad de Naciones telegrafiaba al ministro de Estado español haciéndole saber que el Comité de Tres había constituido la comisión con los miembros siguientes: presidente, general Jalan der, finlandés; comisarios: general Mollesworth, británico, y coronel Homo, francés; secretario general, teniente coronel Bach, francés.

La comisión celebró su sesión constitutiva en Perpiñán, el 14 de octubre, bajo la presidencia del señor Aghnides, alto funcionario de la Sociedad de Naciones, en representación del secretario general. A continuación celebró su primera reunión plenaria, y el 16 de octubre salió de Perpiñán para Barcelona.

De sus actividades entre el 14 de octubre de 1938 y el 10 de enero de 1939 dio cuenta al Consejo en un informe provisional (documento 49), el cual, una vez aprobado por el Comité de Tres, fue sometido por su presidente, el representante del Irán, al Consejo juntamente con un informe que terminaba proponiendo al Consejo la adopción de la siguiente resolución:

El Consejo:

Toma acta del informe provisional de la comisión militar internacional encargada de comprobar la retirada de España de combatientes no españoles (Doc. C. 34. M. 18. 1939. IX).

Decide la prolongación del mandato de la comisión militar internacional por un período de un mes, quedando entendido que si a la expiración de este plazo apareciera necesaria una nueva prolongación la cuestión se sometería al Comité de Tres.

Expresa su agradecimiento:

a) al gobierno español, por haber dado a la comisión todas las facilidades para que desempeñara su misión en las mejores condiciones posibles;

b) asimismo a los gobiernos que han puesto a disposición de la Sociedad de Naciones los servicios de los oficiales que forman parte de la comisión militar internacional.

Felicita a los miembros y al personal de la comisión por la perspicacia y la conciencia escrupulosa de que han dado prueba en la ejecución de un mandato difícil y complejo.

Sin perjuicio de la opinión que podrá emitir después de haber recibido el informe definitivo de la comisión militar internacional, toma acta de la apreciación que dicha comisión expresa respecto a la amplitud y eficacia de la retirada realizada hasta ahora por el gobierno español.

Adopta el informe del Comité de Tres.

En cuanto al texto de este informe, la delegación española presentó dos enmiendas encaminadas a hacer figurar en él en forma explícita dos observaciones que contenía el informe de la comisión militar, a saber: la que imputaba a dificultades diplomáticas el retraso en la evacuación de España de los combatientes no españoles ya retirados del frente, y la que expresa la «convicción moral» de la comisión de que las operaciones de retirada estaban completamente terminadas en conformidad con los compromisos adquiridos ante la Asamblea por el presidente del Consejo español. El Comité de Tres aceptó las dos enmiendas que fueron incorporadas al texto definitivo del informe en el último párrafo de su apartado 11 y en una nueva redacción del apartado 14.

El Consejo examinó el informe de su ponente, juntamente con el de la comisión militar internacional, en su sesión del 16 de enero de 1939, bajo la presidencia de Sandler, representante de Suecia, y con asistencia del señor Álvarez del Vayo, en representación del gobierno español, y del presidente de la comisión militar internacional, general Jalander. Bonnet (Francia), Spaak (Bélgica), Suritz (Unión Soviética), Jordan (Nueva Zelanda) y lord Halifax (Gran Bretaña) hicieron cortas declaraciones expresando su satisfacción ante el trabajo realizado por la comisión y dando las gracias al gobierno español por su colaboración. Álvarez del Vayo se limitó a recordar que si todos los combatientes no españoles, después de haber sido retirados del frente, no habían podido ser evacuados de España, ello se debía, no a negligencia del gobierno español ni de la comisión, sino a la circunstancia lamentable de que sobre ese particular «el gobierno español no había encontrado todas las facilidades de carácter diplomático que hubiera podido esperar». La resolución propuesta por el ponente fue adoptada por unanimidad y la sesión terminó con unas palabras del general Jalander agradeciendo al Consejo los elogios que habían sido dirigidos a la comisión militar internacional.

La situación en los frentes y las circunstancias gravísimas que crearon la caída de Barcelona y la retirada general del ejército republicano a la frontera francesa fueron, sin duda, la causa de que la comisión no presentara su segundo y último informe hasta el primero de mayo de 1939[2]. En él la comisión declara que el número total de voluntarios extranjeros cuya salida de España ha comprobado se elevaba a 12 688; de los cuales 5850 se habían dirigido a sus países de origen y 6838 habían sido concentrados en territorio francés; añadiendo, a modo de conclusión, que el número de voluntarios que habían sido registrados en el recuento y el de los que habían sido evacuados (la diferencia entre uno y otro era de 15 unidades), «podían ser adoptados como correspondiendo a los efectivos no españoles presentes en la zona de Barcelona y en la de Valencia en la fecha del 16 de octubre de 1938 y controlados en la frontera francesa antes del 16 de febrero de 1939». Al informe acompañaba un detallado cuadro analítico presentando el número de voluntarios de cada nacionalidad, del cual resulta que 32 países habían contribuido con un número inferior a 100; 14 con un número inferior a 500; 5 (Alemania, Polonia, Esta dos Unidos, Checoslovaquia y Austria) con un número superior a 500 e inferior a 1000; y, en fin, dos con un número superior a 1000, a saber: Francia con 2671 e Italia con 1400.

Cuando el Comité de Tres hubo comprobado que este informe se limitaba a confirmar y completar el que la comisión militar había presentado en el mes de enero decidió dar por terminada la misión confiada a la comisión sin que la cuestión fuera de nuevo inscrita en el orden del día del Consejo.

La misión de información del secretario del Comité de Londres (octubre de 1938).

La iniciativa del gobierno español, y la celeridad y eficacia con que el propio gobierno y los diversos órganos de la Sociedad de Naciones la pusieron en práctica, hirieron de muerte al Comité de No Intervención. No creo exagerado decir que desde octubre de 1938 sus actividades, en la medida en que continuaron, perdieron toda actualidad hasta el punto de que en los ciento cincuenta telegramas que la embajada de Londres dirigió al ministerio de Estado entre los meses de octubre de 1938 a marzo de 1939, apenas se encontrará alguna mención de pasada al Comité de Londres. Ante la situación creada por la negativa de las autoridades franquistas a aceptar el plan de control aprobado por el Comité en el mes de julio, y como consecuencia de la incalificable cobardía de los gobiernos británico y francés negándose a declarar caduco el acuerdo de no intervención y a restituir al gobierno español el derecho a adquirir libremente material de guerra, el Comité de Londres decidió, como se ha dicho y sin duda como medio de ganar tiempo, el envío de su secretario general en misión especial cerca de las autoridades franquistas y del gobierno con el fin de explicar el plan de control elaborado por el Comité. La iniciativa, como ya se ha dicho, era fútil y ridícula porque nadie esperaba de ella el menor resultado. El envío de la misión explicativa a las autoridades franquistas que habían rechazado el plan, y al gobierno que lo había aceptado, respondía a la irritante preocupación del gobierno británico de tratar sobre un pie de absoluta igualdad a «las dos partes» (ésta era la expresión consagrada) cualesquiera que fuesen las circunstancias. Como era natural, el gobierno español respondió que tendría mucho gusto en recibir a Mr. Hemming, pero que el plan de control había sido aceptado después de un estudio detallado y que no necesitaban ninguna clase de explicaciones suplementarias. Hemming decidió empezar visitando a las autoridades franquistas. El informe sobre su visita figurará, sin duda, en los archivos del Comité e ignoro si ha sido publicado, pero sí fue público y notorio que las autoridades franquistas le recibieron fríamente y se limitaron a confirmar su negativa por las razones expuestas en su comunicación escrita. Eso es, al menos, lo que resulta de la información sobre la visita del secretario del Comité que el embajador de Franco en Berlín, marqués de Magaz, comunicó al secretario de Estado alemán el 2 de noviembre[3]. Todo esto acabó arruinando lo poco que quedaba todavía al Comité de su prestigio y autoridad moral iniciales, hasta el punto de que el gobierno sueco, tan ponderado en sus decisiones y actitudes, decidió retirar su representante del subcomité (sin llegar a retirarse del Comité, lo que hubiera implicado su denuncia del acuerdo de No Intervención), como señal del disgusto que le había causado el anómalo funcionamiento del Comité desde que los franquistas habían rechazado el plan de conjunto aprobado en el mes de julio.

Injusta acusación de Chamberlain en los Comunes (19 de diciembre de 1938).

La preocupación del gobierno británico de no establecer diferencia alguna entre el gobierno español y Franco, dando a entender que en eso radicaba su estricta neutralidad ante el conflicto, dio lugar a un incidente de poca monta, pero muy significativo de la mezquindad y perfidia que durante aquel período caracteriza ron la política del gobierno británico y muy especialmente la de su jefe Neville Chamberlain. Ocurrió que en el curso de un debate en la Cámara de los Comunes sobre la situación en España, el 19 de diciembre de 1938, Chamberlain cometió la ligereza de afirmar que durante los últimos meses «las dos partes» habían recibido considerable asistencia extranjera en hombres y material. Al día siguiente visité a sir George Mounsey, subsecretario del Foreign Office encargado de los asuntos de Europa occidental y a Butler, secretario parlamentario, y formulé una enérgica protesta contra las palabras del primer ministro por la notoria inexactitud e injusticia que encerraban respecto al gobierno español. La cosa era tan obvia y evidente que mis dos interlocutores tuvieron que reconocer la plena razón que nos asistía y, como medio de arreglar las cosas, Butler me ofreció hacer figurar una referencia elogiosa de la iniciativa del gobierno sobre retirada de voluntarios extranjeros en su respuesta a una interpelación que para aquella misma noche tenía anunciada la diputada laborista miss Ellen Wilkinson sobre la reciente ayuda italiana al general Franco. Butler cumplió su ofrecimiento, con lo que el gobierno español dio por liquidado el incidente.

La retirada de 10 000 combatientes italianos y el pacto anglo-italiano (noviembre de 1938).

La verdad es que lo único que continuó atribuyendo una cierta actualidad al plan de control aprobado por el Comité de Londres durante aquellos últimos meses del año 1938, fue el vínculo que ligaba a la retirada de «voluntarios» italianos de España con la entrada en vigor del acuerdo anglo-italiano de 16 de abril del mismo año. Este vínculo consistía en el compromiso del gobierno británico de no hacer entrar en vigor el acuerdo hasta que hubiera tenido lugar una retirada «sustancial» de voluntarios italianos, y todo dependía de que el retiro de 10 000 hombres que el gobierno italiano había realizado en el mes de octubre fuera o no considerado como la retirada «sustancial» requerida para la entrada en vigor del acuerdo. El forcejeo duró varias semanas hasta que el gobierno británico, bajando un peldaño más en la escala de su humillación, acabó por considerar la retirada de esos 10 000 «voluntarios» como sustancial y aceptó que el acuerdo de 16 de abril entrara en vigor el 16 de noviembre de 1938.

La situación militar y el fin de la guerra (noviembre de 1938-febrero de 1939).

Debe también tenerse en cuenta que la situación militar de la república en los tres últimos meses del año 1938 no era desfavorable. Al menos, así la apreciaban los alemanes mismos en España, a juzgar por las comunicaciones que dirigían en aquellos mismos días a su gobierno. «Según los medios militares alemanes e italianos, y la opinión de los primeros en materias militares es para mí decisiva —decía el embajador alemán cerca del general Franco a su ministro, el 2 de octubre de 1938—, no es de esperar que Franco gane la guerra por las armas en un porvenir más o menos próximo, a menos que Alemania e Italia tomen, una vez más, la decisión de hacer en España nuevos y grandes sacrificios en material y en hombres.»[4] Y el 22 del mismo mes el subsecretario de Estado alemán resumía así, en un memorándum, la situación en lo referente a la petición del nuevo y cuantioso material de guerra que el general Franco había dirigido al gobierno alemán a principios de octubre (se trataba de 50 000 fusiles, 1500 ametralladoras ligeras, 500 ametralladoras pesadas y 100 cañones de 75 mm): «¿Queremos tratar de ayudar a Franco hasta su victoria final? Entonces, tendrá necesidad de una ayuda militar importan te, superior, incluso, a la que ahora nos pide. ¿Se trata de mantener a Franco en igualdad de fuerzas con los rojos? En ese caso también será necesaria nuestra ayuda y el material que nos pide puede ser de utilidad. Si nuestra ayuda a Franco se va a limitar a la Legión Cóndor, no podrá pretender otra cosa más que un compromiso cualquiera con los rojos»[5].

Así se presentaba la situación militar en España a ojos del gobierno alemán, en el mes de octubre de 1938. ¿Cómo fue posible que en los cuatro meses siguientes ese mismo ejército, que incluso para mantenerse en igualdad de fuerzas con el republica no necesitaba una sustancial ayuda germano-italiana, pudiera realizar una arrolladora ofensiva que le permitió ocupar toda Cataluña y obligar al ejército republicano, derrotado, exhausto y prácticamente inerme, a cruzar la frontera y buscar refugio en territorio francés? No sé cuál será la explicación del enigma en el terreno de la táctica y de la estrategia. En el de la política la explicación me parece clara y se reduce a estos dos factores. Por una parte, la actitud de humillante cobardía de Francia e Inglaterra ante la negativa de las autoridades franquistas a aceptar el plan de control y retirada de voluntarios aprobado por el Comité el 5 de julio; cobardía que se manifestó, como con tanta insistencia hemos dicho, no sólo en la oposición a dar por caduco el acuerdo de no intervención y restituir al gobierno español el derecho a adquirir libremente material de guerra, sino en la monstruosa injusticia de mantener cerrada la frontera francesa, lo que tuvo por resultado que el ejército republicano se encontrara, a las pocas semanas de combate, en la imposibilidad de ofrecer la menor resistencia al avance de las fuerzas enemigas por falta de municiones y por la imposibilidad de reemplazar el material. Y en contraste con esta angustiosa situación, el suministro al general Franco, por parte de Alemania e Italia, de todo el material de guerra necesario para conseguir la victoria.

En efecto, Alemania no sólo decidió renovar todo el material de la Legión Cóndor (especial mente la artillería y la aviación) hasta restaurar su potencial combativo inicial, sino que concedió a Franco todas sus peticiones de nuevo material para las unidades españolas de su ejército[6]. Y nótese que la ausencia de todo control naval hacía posible la llegada de cuanto material se considerase necesario a los puertos en poder del general Franco, sin la menor sombra de intervención por parte del Comité de Londres. En cuanto a Italia habrá que esperar a que se publiquen los archivos secretos del Palacio Chigi para conocer, en forma circunstanciada y auténtica, cuál fue la contribución en hombres y material a esta última y decisiva ofensiva en la guerra civil española. Pero de su volumen permiten juzgar, por anticipado, los siguientes párrafos del diario del conde Ciano, todos ellos relativos al mes de enero de 1939[7]:

«4. En España avanzamos a todo vapor. Gambara ha ejecutado una brillante maniobra liberándose de la amenaza en sus flancos y atacando los de los rojos. 5. Buenas noticias de España. El único peligro consiste en una intervención francesa de importancia a través de los Pirineos. Ya han circulado rumores sobre ella. Para prevenir ese peligro he informado Londres y Berlín que si los franceses se mueven será el fin de la no intervención».

Y, por último, el remate: «15 de enero. Afortunadamente Gambara ha asumido el mando de todas las fuerzas españolas». Cual quiera que sea la exactitud de estas declaraciones, bastan para mostrar que la participación italiana fue de un volumen muy considerable; impresión que confirma el embajador alemán cerca del general Franco cuando en un telegrama dirigido a su gobierno desde San Sebastián, el 19 de febrero de 1939, declara explícitamente que la ofensiva contra Cataluña se realizó bajo la cobertura de una «vanguardia italiana»[8].

Y así, sin pena ni gloria, terminó su vida la siniestra no intervención en la guerra civil española de 1936 a 1939, verdadero baldón de ignominia para la diplomacia contemporánea de Francia e Inglaterra, y uno de los más claros jalones en el camino que condujo a la conflagración mundial de 1940 a 1945.

Apéndice documental.

APÉNDICE DOCUMENTAL.

DOCUMENTO 1

CARTA A DON ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD CON OCASIÓN DE HABER

LLEGADO SU HIJO MANUEL A EDAD MILITAR

Querido Alberto:

No sé si está al corriente de una disposición del gobierno estableciendo la instrucción militar a partir de los 18 años. Se lo señalo a usted porque como usted ve alcanza a Manolo, e independientemente de su estricta obligatoriedad o probabilidades prácticas de aplicación inmediata, crea una situación respecto de él que me parece preferible plantear a usted directamente.

El hecho es que no me parece posible que siga Manolo en la Embajada cuando el gobierno ha llamado a los muchachos de su edad a seguir la instrucción militar. Como no se trata de una cosa inminente, no veo inconveniente en que siga aquí este mes, pero a partir de primero de noviembre habrá que considerar terminado el arreglo actual.

Y, ahora, voy a meterme en camisa de once varas, siendo también intérprete de la opinión de Antonio Cruz después de haber tratado juntos el asunto, diciendo a usted con toda sinceridad lo que pensamos respecto del asunto. Y es que impedir a Manolo ir a Valencia, sería inferir a su porvenir un tremendo y acaso irremediable daño. Nuestra opinión es que hemos alcanzado el punto extremo y decisivo en el cual hay que decidirse dentro o fuera. Pero pensamos que al que ahora se quede fuera le será prácticamente imposible entrar más tarde. Esto se aplica a todos, grandes y chicos; no nos creemos autorizados a decir a usted nada respecto de su propio caso, pero el de Manolo es diferente. Y no hemos creído que podíamos dejar pasar esta grave coyuntura sin hacer llegar a usted una palabra inspirada en todo lo que nos une a Manolo con nuestra leal manera de ver.

Le abraza

Pablo.

DOCUMENTO 2

RESUMEN DE UN ARTÍCULO DE SALVADOR DE MADARIAGA

EN EL OBSERVER, TITULADO «SPAIN’S ORDEAL».

(11-VIII-1936).

El artículo está inspirado en la idea de que las dos partes son igualmente legítimas y respetables. En su primer párrafo, aprobando la denominación de Spanish tragedy aplicada por la prensa inglesa a la Spanish civil war, dice:

Es trágica por ser el resultado de un conflicto entre dos voluntades, ambas intrínsecamente legítimas…

En el apartado I desarrolla la tesis de la igualdad entre las dos partes, bajo el título de «Respect for both sides».

El hecho es —dice en uno de sus primeros párrafos— que en ambas partes el valor, el sentido del deber, el desprecio de la vida y el desinterés por los puestos de mando brillan con el mismo esplendor y que, por lo tanto, no puede acusarse ni a la una ni a la otra de sostener esta guerra con propósitos indignos, viles o egoístas.

Traza después las semblanzas de los líderes de cada parte: de una, Azaña y Largo Caballero; de otra, Franco. Las tres favorables y destinadas a causar buena impresión. La de Franco es como sigue:

En la parte insurgente, Franco, soldado competente y severo, admirado y respetado por todo el ejército por sus cualidades de intelecto y energía; un hombre que, hasta finales de julio, se resistió a toda clase de incitaciones a embarcarse de nuevo en una aventura política; totalmente exento de ambiciones políticas, con elevado y claro sentido del deber y un patriotismo ejemplar.

A estos hombres siguen las masas (rank and file):

De un lado, la juventud de las clases trabajadoras y un considerable número de estudiantes luchando en campo abierto con la espléndida generosidad de la juventud; del otro, voluntarios de todas las clases sociales y muchos estudiantes, también, que engrosan las filas de los insurgentes al grito de «Arriba España», y, luego, los cadetes del Alcázar.

En el apartado II, la tesis es «A strictly Spanish case». He aquí su pasaje más característico:

Indudablemente, España no está en la luna y las olas del fas cismo y del comunismo se han extendido por su territorio y mezclado en él sus embravecidas aguas en una contienda abierta. Pero sea cual fuere la influencia que hayan tenido sobre los movimientos nacionales en conflicto, esos dos hijos fratricidas de la dictadura no les han servido de modelo, ni al uno ni al otro de los contendientes, salvo en una proporción relativamente pequeña. En realidad, la tragedia española hubiera ocurrido incluso si ni Lenin ni Mussolini hubiesen existido; sus formas son genuina mente nacionales y hasta podría decirse que muchos de sus aspectos más trágicos y, en cierto sentido, insolubles dimanan de ese intraducible residuo de «españolismo» que no sabe nada ni del fascismo ni del comunismo.

La conclusión del artículo es que las izquierdas tienen razón reivindicando un cambio radical y profundo en la vida española, pero son incapaces de llevarlo a cabo porque están dominadas por los elementos extremistas, mientras que los moderados (liberales) están perseguidos y en la imposibilidad de hacer nada. Por otra parte, la victoria de la derecha no será más que un episodio en la historia de España

[…] a menos que Franco, junto con los más ilustrados de sus seguidores, se alce por encima de la abigarrada masa de reaccionarios que le rodea y se convierta en el instrumento de una revolución disciplinada. Haciendo de dique, se verá arrastrado por el torrente. Convertido en canal, puede todavía salvar a España y, posiblemente, también a Europa.

DOCUMENTO 3

DECLARACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL, DEL 30 DE ABRIL

DE 1938 (LOS «TRECE PUNTOS»).

El gobierno de Unión Nacional, que cuenta con la confianza de todos los partidos y organizaciones sindicales de la España leal y ostenta la representación de cuantos ciudadanos españoles están sometidos a la legalidad constitucional, declara solemnemente para cono cimiento de sus compatriotas, y noticia del mundo, que sus fines de guerra son:

Primero: Asegurar la independencia absoluta y la integridad total de España; una España totalmente libre de toda injerencia extranjera sea cual sea su carácter u origen[1*]; con su territorio peninsular e insular, y sus posesiones intactas y a salvo de cualquier tentativa de desmembramiento, enajenación o hipoteca, conservando la zona de protectorado asignada a España por convenios internacionales mientras estos convenios no sean modificados con su intervención y asentimiento. Consciente de los deberes anejos a su tradición y a su historia, España estrechará con los demás países de su habla los vínculos que impone una común raíz, el sentido de la universalidad que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo.

Segundo: La liberación de nuestro territorio de las fuerzas militares extranjeras que han invadido, así como de aquellos elementos que han acudido a España después del mes de julio de 1936, y con el pretexto de una colaboración técnica intervienen o intentan dominar en provecho propio la vida económica y jurídica española.

Tercero: República popular, representada por un Estado vigoroso que se asiente sobre los principios de pura democracia y que ejerza su acción a través de un gobierno dotado de la plena autoridad que confiere el voto ciudadano emitido por sufragio universal, y que sea símbolo de un poder ejecutivo firme dependiente en todo tiempo de las directrices y designios que marque el pueblo español.

Cuarto: La estructuración jurídica y social de la república será obra de la voluntad nacional libremente expresada mediante un plebiscito[2*] que tendrá lugar tan pronto termine la lucha, realizado con plenitud de garantías, sin restricciones ni limitaciones y asegurando a cuantos en él tomen parte contra toda posible represalia.

Quinto: Respeto a las libertades regionales sin menoscabo de la unidad española. Protección y fomento del desarrollo de la personalidad y de las particularidades de los distintos pueblos que integran a España, como lo imponen un derecho y un hecho histórico, lo que lejos de significar una disgregación de la nación constituye la mejor soldadura entre los elementos que la integran.

Sexto: El estado español garantizará la plenitud de derechos al ciudadano en la vida civil y social, la libertad de conciencia asegurando al propio tiempo el libre ejercicio de todas las creencias y prácticas religiosas.

Séptimo: El Estado garantizará la propiedad legal legítimamente adquirida dentro de los límites que impongan el supremo interés nacional y la protección de los elementos productores. Sin mermar la iniciativa individual impedirá que la acumulación de riquezas pueda conducir a la explotación del ciudadano y al sojuzgamiento de la colectividad desvirtuando la acción controladora del Estado en la vida económica y social. A este fin se impulsará el desarrollo de la pequeña propiedad, se garantizará el patrimonio familiar y se estipularán todas las medidas que puedan conducir al mejoramiento económico, moral y social de las clases productoras. La propiedad y los intereses legítimos extranjeros que no hayan ayudado a la rebelión serán respetados y se examinarán con miras a las indemnizaciones que correspondan los perjuicios involuntariamente causados en el curso de la guerra. Para el estudio de estos daños, el gobierno ha creado ya una comisión de reclamaciones extranjeras.

Octavo: Una profunda reforma agraria que liquide la vieja y aristocrática propiedad semifeudal que, carente de sentido humano nacional y patriótico, ha sido siempre el mayor obstáculo para el desarrollo de las grandes posibilidades del país. Asentamiento de la nueva España sobre una amplia y sólida democracia campesina dueña de la tierra que trabaja.

Noveno: El Estado garantizará los derechos del trabajador a través de una legislación social avanzada de acuerdo con las necesidades específicas de la vida y de la economía española.

Décimo: Será preocupación primordial y básica del Estado el mejoramiento cultural, físico y moral de la raza.

Undécimo: El ejército español al servicio de la nación misma estará libre de toda hegemonía, tendencia o partido y el pueblo ha de ver en él al instrumento seguro para la defensa de sus libertades y de su independencia.

Duodécimo: El Estado español reafirma la doctrina constitucional de renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. España, fiel a los pactos y tratados que ha firmado, apoyará la política simbolizada en la Sociedad de Naciones que ha de seguir siendo su norma. España reivindica y mantiene los derechos propios al Estado español y reclama como potencia mediterránea un puesto en el concierto de las naciones, dispuesta siempre a colaborar para el afianzamiento de la seguridad colectiva y la defensa general de la paz. Para contribuir de una manera eficaz a esta política, España desarrollará e intensificará todas sus posibilidades de defensa.

Decimotercero: Amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar en la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. Después de una lucha cruenta como la que ensangrienta nuestra tierra, en la que han resurgido las viejas virtudes de heroísmo e idealidad de la raza, cometería un delito de traición a los destinos de nuestra patria aquel que no reprima y ahogue toda idea de venganza y represalia en aras de la acción común de sacrificios y de trabajo que por el porvenir de España estamos obligados a realizar todos sus hijos.

DOCUMENTO 4

CONVERSACIONES EN GINEBRA

(enero-febrero 1937).

El viernes, 22 de enero por la mañana, desayunándonos, hablé con Vayo de la posibilidad de buscar un arreglo general europeo que hiciera posible la retirada de España de los alemanes poniendo a contribución nuestras posiciones en el Norte de África (Marruecos, colonias). Sin eso la cosa no tiene salida porque Inglaterra y Francia no parecen decididas a aplicar la fuerza y así Alemania no abandonará su posición en España y Marruecos sin una compensación. Vayo unió a esto la idea de que ya había hablado a Blum, en París, de una «entente» lo más estrecha posible entre Francia, Inglaterra y España. España daría a Francia e Inglaterra todas las facilidades posibles de orden militar, económico, etc., sobre la base de una amistad y garantía mutua. Quedamos en que empezaríamos enseguida las conversaciones preliminares.

En la misma mañana Vayo tuvo una conversación con Delbos, y en ella le expuso las líneas generales del plan. No asistí a ella y no tengo detalles, pero según me dijo Vayo parece que le interesó la idea.

Al mismo tiempo hablé yo con Massigli, que había pedido verme. España estaba dispuesta a poner a contribución sus posiciones africanas en vista de un arreglo de conjunto que permitiera a Alemania abandonar España, y bien entendido en el marco de una estrecha «entente» con Francia e Inglaterra. No se podía perder la oportunidad actual, porque si el pueblo español ganaba la guerra sin «algo» positivo por parte de Francia e Inglaterra, el sentimiento de decepción sería en él demasiado profundo para hacer posible una política internacional basada en la amistad con Francia e Inglaterra. Massigli pareció interesado; no rechazó la idea; no formuló ninguna objeción concreta; aludió a la imposibilidad de aceptar la instalación de los alemanes en el norte de África, a lo que repliqué que eso era evidente y que España tampoco lo aceptaría; pero estaría dispuesta a facilitar el refuerzo de las posiciones francesas e inglesas, dentro de una política de «entente», pensando que eso haría acaso posible la movilización de territorios en otra parte de África. —Mi impresión fue que la idea le había parecido interesante.

Por la tarde, en el hall del Consejo, al arreglar una entrevista de Vayo con Vienot, le lancé un avance de lo que se trataba. Lo acogió con reserva. No era cosa de hacer en este momento ofrecimientos a Alemania. No había que desvanecer su situación presente de «demanderesse». Creía que Italia era más importante. A esto le hice ver que un arreglo con Alemania resolvería igualmente el problema italiano, pero que la inversa no era necesariamente verdad, a lo que asintió.

El sábado 23, por la mañana, tuve una conversación ocasional con Delbos paseando en el patio de la Secretaría. Me referí a su conversación con Vayo. Me dijo que según sus informes Alemania estaría más dispuesta a retirarse que Italia. Repetí el argumento que había hecho a Vienot y reconoció que Italia sola «no existía». En cuanto a la idea de compensaciones a Alemania, mostró cierta reserva: «no vamos a darle Alsacia y Lorena». Mencionó la posibilidad de arreglos económicos, con garantías de carácter político entre las cuales figuraría su retirada de España. No excluyó la posibilidad de arreglos territoriales en África, pero volvía a la misma idea de Vienot que no había que dar a Alemania la posibilidad de no seguir siendo «demanderesse». Me contó que al principio de la guerra, cuando el gobierno francés obligado por Inglaterra tomó la iniciativa de la no intervención, el gobierno británico deseaba y esperaba el triunfo de Franco; pero que ahora les preocupaba sobre todo la anarquía en Barcelona, la presencia de anarquistas y sindicalistas en el gobierno y el bombardeo de la embajada que creen ha sido un golpe del gobierno para crearles dificultades con Franco.

En la mañana del sábado 23 tuvimos Vayo y yo una larga y franca conversación con Vienot. Vayo resumió nuestro pensamiento en los puntos siguientes: a) transformar la guerra de España en un elemento positivo en la política europea; b) «entente» con Francia e Inglaterra, tan estrecha como se quiera; c) modificación de la situación en Marruecos, de manera a favorecer y consolidar los intereses franceses e ingleses; d) facilidades de orden militar, económico, etc.; e) todo ello podría permitir ciertas concesiones territoriales de carácter colonial en favor de Alemania y abrir así la posibilidad de su incorporación a una política de colaboración europea. Vayo insistió mucho que lo principal para España era la «entente» con Francia e Inglaterra; ella haría posible la modificación de la situación en el norte de África en su favor, y como cosa subsidiaria la posibilidad de movilizaciones territoriales en el resto de África que pudieran satisfacer a Alemania. Vienot pareció interesado. Habló de la necesidad de tratar enseguida con los ingleses; probablemente Ceuta podría interesarles; difícil dejar fuera a Italia aunque jurídicamente no tiene ningún derecho en Marruecos; insistió sobre la dificultad de ofrecer algo a Alemania ahora; sería un error permitir que saliera de su posición de «demanderesse»; los ingleses están muy firmes sobre este punto y después de hablar con ellos Blum modificaba su discurso de mañana atenuando todo lo que pueda haber en él de ofrecimiento a Alemania; contó que Eden le había dicho: «no tengo nada que ofrecer a los alemanes; cuando vengan a la coronación les ofreceré la revista aérea más grande que se ha conocido». Se convino que Vayo hablaría con Eden y después pondría al corriente de su conversación a Vienot.

Domingo, 24 de febrero de 1937.

DOCUMENTO 5

MEMORÁNDUM

(13-II-1937).

En relación con las conversaciones sostenidas en Ginebra, con ocasión de la última sesión del Consejo, y en las cuales el ministro de Estado español expuso a los señores Delbos y Eden la conveniencia de no dejar pasar más tiempo sin entrar a examinar el problema de España desde un ángulo diferente, con miras a una colaboración activa de España con Francia y el Reino Unido en lo que concierne a Europa occidental, susceptible, a la vez, de aportar nuevos elementos para la solución de problemas de orden general europeo, el gobierno de la república desea concretar su iniciativa en los siguientes términos:

I

El gobierno español enfoca el porvenir de la política internacional de España, en cuanto se refiere a Europa occidental, bajo la forma de una colaboración activa con Francia y el Reino Unido.

A ese fin España estaría dispuesta a tomar en consideración, tanto en la reconstrucción de su economía, como en sus relaciones militares, navales y aéreas, los intereses de ambas potencias, en tanto que fuesen compatibles con sus propios intereses.

En el mismo orden de ideas, España estaría dispuesta a examinar, en una negociación de conjunto, la conveniencia de la modificación o no de la situación actual en lo que se refiere a sus posiciones en el África del Norte (zona española de Marruecos), a condición que dicha modificación no se llevase en todo caso a cabo en beneficio de otras potencias que no fuesen Francia y el Reino Unido.

El gobierno español estima que la «movilización» de sus posiciones en el África del Norte debe contribuir a hacer factible, a través de arreglos territoriales más extensos, la solución de aquellos problemas políticos que figuran en el centro mismo de las dificultades actuales, y a la solución de las cuales se encuentra estrechamente ligado el propio porvenir de la política internacional de España.

II

Movido del deseo de poner rápido término a la guerra civil en España, que, gracias al concurso continuo prestado a los rebeldes por Alemania e Italia, es susceptible de prolongarse, produciendo, de una parte, nuevas hondas heridas en el organismo español, y arriesgando constantemente, de otro lado, el que en el momento menos pensado degenere en un amplio conflicto internacional, el gobierno de la república formula las proposiciones contenidas en el apartado I, capaces, a su juicio, si se las lleva a sus consecuencias lógicas, de contribuir a la consecución de la finalidad que se persigue.

Al mostrarse dispuesto el gobierno de la república a ciertos sacrificios —zona española de Marruecos— y a lograr que el país se decida por el abandono de la política de neutralidad que hasta hoy contó con la adhesión de la mayoría de los partidos, lo hace a condición de que le sea ofrecida la posibilidad de ahorrar a su pueblo la continuación de la guerra.

De ser estas proposiciones, hechas en el espíritu de una amplia colaboración internacional, apreciadas en su justo valor por los gobiernos francés y británico, corresponde a ambos el tomar cuantas medidas están a su alcance para que de aquí en adelante cese, de una manera definitiva, la intromisión germano-italiana en los asuntos españoles. Ya de por sí los intereses del mantenimiento de la paz, que se confunden con los intereses nacionales de las democracias occidentales, pres criben la prosecución eficaz de tales objetivos.

Si los sacrificios consentidos por el gobierno español se evidenciasen inadecuados para alcanzar el fin primordial del cese de suministro de armas y hombres a los rebeldes por parte de Alemania e Italia, y si en consecuencia el gobierno de la república se viera en la necesidad de proseguir su lucha hasta la victoria, contra sus generales en rebelión ayudados incesantemente por dos potencias extranjeras, las proposiciones formuladas en el apartado I carecerían de sentido y caerían por su base, en tanto que su finalidad esencial, el ahorrar al pueblo español mayores sufrimientos, quedaría frustrada.

A fin de subrayar una vez más que por su parte el gobierno español es capaz de poner rápidamente fin a la lucha sin ninguna clase de apoyo extranjero, quede renovado aquí nuestro asentimiento a los esfuerzos para eliminar de la contienda española toda clase de injerencia exterior.

Independientemente de las reservas de principio formuladas invariablemente por el gobierno de la república, cada vez que se suscitó el problema de la no intervención, en tanto que afirmación del derecho indiscutible de todo gobierno soberano a proveerse libremente de cuan tos elementos necesite para su propia defensa, ante la existencia de hecho de la no intervención y del Comité de Londres, cabría, a juicio del gobierno de la república, darle un sentido de verdadera eficacia, si a las medidas previstas para impedir el suministro de material de guerra y de voluntarios, cualquiera que sea la forma que revista, se agregase esta otra medida definitiva:

Reembarque en una fecha determinada, a ser fijada por el Comité de Londres, de cuantos elementos extranjeros, sin excepción, y cualquiera que sea su cometido, participan actualmente en la lucha interior española.

Dicha proposición, aunque enunciada con propósito equívoco, figura en la última nota de respuesta del gobierno de Italia al del Reino Unido. El gobierno de la república la hace suya. Espera vivamente que siendo tal medida la única que daría verdadero sentido y coherencia a la política de no intervención, los gobiernos de Francia y del Reino Unido se hagan los portavoces más resueltos de ella en el Comité de No Intervención de Londres.

Sería el modo más seguro de que concluyese rápidamente la guerra civil de España.

DOCUMENTO 6

NOTA DE UNA CONVERSACIÓN CON M. BLUM DURANTE EL

ALMUERZO OFRECIDO EN SU HONOR POR EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARÍS

(31-X-1938).

M. Blum empezó por decirme que, a su juicio, la repercusión de Múnich había sido favorable a España, tanto en Francia como en Inglaterra. Un intento contra la república, por ejemplo: reconocimiento de derechos de beligerancia, encontraría hoy mucha mayor resistencia que hace dos meses (a este propósito me contó, con referencia al propio Daladier, la conversación que había tenido en Múnich con Attolico, embajador italiano en Berlín, sobre España, y en la cual el embajador italiano declaró abiertamente que Italia estaba deseando verse libre de la cuestión española. No oculté a Blum la importancia que, a mi juicio, podría presentar esa conversación, pero como el embajador ha comunicado ya al gobierno una información sobre ella, no creo necesario insistir sobre este extremo). Esto le llevó a explicarme cuál era su punto de vista ante un intento eventual de reconocimiento de beligerancia, y que se resume en lo siguiente: Francia no tiene nada que decir respecto a la entrada en vigor del acuerdo anglo-italiano sobre el cual Francia no había sido consultada; esto concierne las relaciones entre Inglaterra e Italia y es una cuestión ajena a la política francesa; pero si se tratara de ir más allá, en sentido de reconocimiento de beligerancia, el gobierno francés deberá exigir que se aplique estrictamente el «plan» de Londres, y que no se tome ninguna iniciativa sin que se haya completado la retirada de extranjeros de España.

Le dije que estaba completamente de acuerdo con la línea que indicaba; es la misma que yo había tomado en Londres, y creía que será la que tome la oposición si el gobierno británico alude al reconocimiento de beligerancia en el curso de los próximos debates parlamentarios. Pero en términos más generales era imposible negar que el acuerdo anglo-italiano iba a introducir en Europa un nuevo factor: la colaboración anglo-italiana. Y aquí la acción de la política francesa podía ser de interés decisivo. Porque si seguía consistiendo en plegarse a la británica, la consecuencia podría ser deplorable, pero, en cambio, si actuaba como correctivo a la política británica, imponiendo límites y condiciones a la colaboración anglo-italiana en interés de la seguridad francesa, y muy especialmente respecto de España, los resultados podrían ser muy distintos. En suma, todo se resumía en lo que tantas veces ha sido objeto de nuestras conversaciones con los hombres políticos franceses: la posibilidad y la necesidad de desarrollar en Inglaterra una política francesa activa, presentada en un lenguaje firme y decidido, terminando con esta lamentable etapa en la que Francia ha abandonado completamente en manos del gobierno inglés toda iniciativa de política internacional. Insistí muy duramente con Blum, y con Dormoy después del almuerzo, en esto: no hay ninguna razón para que Inglaterra influya en la política francesa y no lo contrario. Y es absurdo que los franceses ignoren, u olviden, que no hay hombre político inglés que conciba la posibilidad de no poner toda la potencia británica en defensa de la seguridad francesa, cuando la seguridad francesa esté seriamente amenazada. Esto constituye una enorme palanca de la política francesa en Londres, porque, al fin y al cabo, la seguridad francesa es cosa que incumbe e interesa en primer lugar al gobierno francés, y éste es quien debe decir con toda firmeza en Londres lo que considera esencial para garantizarla (esto interesó mucho, especialmente a Dormoy que, incluso, tomó algunas notas). Por todo esto —añadí—, la situación política francesa era y será un factor de primera importancia en Inglaterra, y no les oculté que la actitud de las izquierdas y del Partido Socialista en Francia constituía continuamente un motivo de debilidad para la acción de la oposición y de apoyo y sostén a la política de Chamberlain. A esto Blum respondió que la recíproca era también cierta, y aunque la observación me parece infundada, preferí dejarla sin réplica.

Pregunté a Blum directamente qué perspectiva política ve en Francia. Contestó muy claramente que el gobierno Daladier no tiene ningún apoyo sólido y se refirió a la división dentro del Partido Radical. «Entonces —le dije— no tiene posibilidad de subsistir, a no ser que tenga el apoyo compacto del Partido Socialista». «No creo que lo tenga», me contestó, y se extendió en una detenida crítica del gran error de Daladier rompiendo con los comunistas en forma tan agria y personal, que no va a poder beneficiar, como sin duda esperaba, del sentimiento anticomunista que existe en extensas zonas del Partido Socialista y de la CGT. «Si eso es así —le dije—, quiere decir que el gobierno Daladier caerá el 15 de noviembre; ¿y después?». Blum cree firmemente que en ese momento el país impondrá la fórmula que él propuso en marzo: unión desde Marin hasta los comunistas. Marius Moutet, que estaba a su lado, y a quien le planteó la cuestión, creía lo mismo. Dormoy (después del almuerzo y a solas conmigo) era más reservado: ¿quién era el hombre para esa unión nacional? ¿Blum?: demasiado postrado y combatido. ¿Herriot?: muy dudoso que acepte; su vista está puesta en la presidencia de la república. Daladier, rechazado, sin vacilar, por socia listas y comunistas. Herriot sería, en definitiva, el único posible. La otra alternativa sería la disolución, y el pronóstico electoral de Dormoy es gran victoria socialista, ligera baja de los comunistas, gran quebranto del Partido Radical, y refuerzo de las derechas; pero en conjunto se reproduciría la mayoría actual de socialistas, comunistas y radicales de izquierda.

DOCUMENTO

NOTA ENTREGADA AL SEÑOR MINISTRO DE ESTADO

(9-XI-1938).

La diplomacia republicana ha consistido, principalmente, hasta ahora en servir de dique al empuje de la llamada política de «colaboración» con las dictaduras y que, en definitiva, no es más que de progresiva rendición ante sus exigencias. Esta política de «colaboración» ha tomado en Inglaterra un ritmo acelerado y alarmante desde la llegada de Chamberlain al poder y la dimisión de Eden. Ella ha sido desde el comienzo la clave de la política británica respecto de España. Su intensificación con Chamberlain tuvo como primera repercusión el pacto anglo-italiano (abril 1938) y en lo que se refiere especialmente a España, las cartas entre lord Perth y el conde Ciano anejas al mismo Pacto. La resistencia republicana en Levante y la operación del Ebro contuvieron por unos cuantos meses la marcha de esa política respecto de España. La decisión de poner inmediatamente en vigor el pacto anglo-italiano constituye hoy un nuevo paso en esa misma política cuyo alcance y significación no puede ser desconocida. El momento es pues propicio para un examen objetivo de la situación en su conjunto.

La acción internacional de la república se ha desarrollado alrededor de estos dos puntos fundamentales:

a) Hacer patente la realidad y extensión de la intervención italiana y alemana en favor de los rebeldes; mostrar que lo que está ocurriendo en España es resultado del designio de esas dos potencias de dominar políticamente a España; subrayar los inmensos peligros que esto representa para Inglaterra en el caso de un triunfo de los rebeldes.

b) Destruir la idea de que la república era el comunismo y el bolchevismo en acción; demostrar la inexistencia del influjo decisivo y preponderante de la URSS en la política republicana; sacar el máximo partido de los inmensos progresos realizados por la república, no sólo en el orden militar, sino en la reconstitución de toda su vida civil.

El progreso respecto de uno y otro extremo ha sido muy considerable. Puede decirse que en Inglaterra no hay hoy persona responsable y objetiva que no esté convencida (o a punto de estar convencida), primero, de que la causa rebelde está principalmente apoyada en el auxilio extranjero y que sólo gracias a él podría tener la victoria, y segundo, de que la república representa la causa nacional española y que su asombrosa resistencia y su no menos asombrosa reconstitución de la vida civil son obra de los españoles mismos.

Siendo esto así, cabe preguntarse si la diplomacia republicana debe seguir poniendo todo su juego a la carta de un cambio radical de la política europea de Inglaterra que sustituya, respecto a las dictaduras, la colaboración por la firmeza y la energía; o más bien, que busque la colaboración por el camino de la firmeza y la energía en lugar de buscarla por el de la blandura y la claudicación. Es difícil predecir cuándo se producirá un cambio de este carácter, y cuál será su alcance cuando se produzca. ¿Se tratará de un cambio radical a partir del cual Inglaterra se encare con las dictaduras, especialmente con Italia, dispuesta y decidida a cerrarles el camino de su expansión por la fuerza? ¿Se tratará de un cambio de matiz que deje en pie el principio de la colaboración posible entre democracias y dictaduras? Ante esta incertidumbre, y contando con la positiva solidez de su posición moral y política actual, derivada y apoyada en su fortaleza militar y en la reconstitución de su vida civil, ¿no podría la república ensayar una adaptación de su política internacional a la realidad presente e inmediata de Europa? No se oculta al que redacta estas líneas la delicadeza y dificultad que presenta la realización de ese propósito. Por ello se limita a esbozar en las observaciones siguientes lo que, en caso de intentarse esa adaptación podría marcar su sentido general.

La república se encuentra ya, o se encontrará muy pronto si la situación militar actual no se deteriora sustancialmente, en condiciones de hacer oír en Londres un lenguaje inspirado en las observaciones siguientes:

Primera

Bajo su aspecto interno, puramente español, el buen sentido más elemental indica que la posición política y moral de la república, tal como ha sido definida en los discursos pronunciados últimamente por el presidente Azaña y el presidente del Consejo de Ministros, Dr. Negrín, ha de encontrarse infinitamente más cerca del sentir general de la nación española en su conjunto, que la de los jefes rebeldes. Aquélla se presenta, primero, como netamente española, después de eliminar espontáneamente y por propia iniciativa cuantos elementos extranjeros luchaban en su ejército. En segundo lugar está concebida bajo el signo de la «reconciliación» de todos los españoles para la reconstrucción del país, y a este respecto conviene hacer particular hincapié sobre los dos puntos relativos a la amnistía y al plebiscito, que figuran entre los trece que el gobierno español ha formulado como esencia y resumen de su programa.

En contraste con esta política, los jefes rebeldes siguen aferrados a su posición de triunfo integral, de rendición sin condiciones, de eliminación de la vida nacional de todos aquellos que no acepten sus ideas y sus principios.

En estas condiciones es evidente que lo único que puede agrupar de nuevo la masa general del país, restableciendo una vida nacional pacífica y jurídicamente normal es la política de reconciliación nacional preconizada por la república, sobre la base de una amplia amnistía, y el establecimiento de un régimen político liberal, democrático y parlamentario, inaugurado con un gran plebiscito nacional.

Segunda

Bajo el aspecto internacional y en lo que concierne especialmente a Italia no cabe ya desconocer la imposibilidad en que Italia se encuentra de lograr con su intervención el objetivo que perseguía con ella. Las cosas han ido ya demasiado lejos para que Italia pueda llegar nunca a disponer de España como un elemento más en su juego político mediante el establecimiento de un gobierno de tipo dictatorial-fascista que quedara situado en su órbita de política internacional. Este resultado no podría haber sido obtenido más que asegurando una dominación absoluta y completa del país. Ahora bien, en las circunstancias presentes ni siquiera una victoria militar de los rebeldes podrá ya asegurar a Italia esa dominación absoluta y completa del país, indispensable para su propio designio. Entre otros motivos porque esa victoria militar no podría obtenerse más que por medio de una enorme intensificación de la propia intervención italiana, que aumentaría en la misma proporción las graves dificultades internas que ella produce entre la propia población española del territorio dominado por los rebeldes. Una supuesta victoria militar de los rebeldes se traduciría prácticamente en la cristalización de un estado crónico de malestar y agitación populares que obligarían a Italia por razones de prestigio y aun contra su deseo, a mantener e intensificar constantemente su propia intervención militar en España. En resumen, por ese camino y en el supuesto más favorable a la política italiana, España sería una partida inscrita no en el «activo», sino en el «pasivo» de la política internacional de Italia. Y sobre este punto cometerá inmenso error, de consecuencias gravísimas, quien no alcance a medir en todo su valor las posibilidades materiales presentes y futuras de la república y la determinación inquebrantable del pueblo español en la defensa de su independencia política.

Tercera

El mantenimiento y consolidación en España de la república, asegurando el funcionamiento normal de un régimen democrático y parlamentario, neta y profundamente español, libre de toda injerencia extranjera y fiel a la política tradicional española de amistad y colaboración con Inglaterra y con Francia, no puede constituir ninguna clase de amenaza o de riesgo para los intereses legítimos italianos en el Mediterráneo occidental. Tanto más si una política de aproximación y amistad entre las tres grandes potencias mediterráneas ha llegado ya a crear entre ellas una colaboración cordial y confiada. La república española no sólo no sería opuesta a esa política, sino que estaría dispuesta a incorporarse a ella, poniendo todo cuanto pueda valer España por su situación geográfica, por las propiedades de su suelo y por las cualidades de su pueblo al servicio de la misión conciliadora que sin duda incumbiría en la práctica de dicha política al Imperio británico.

No se tema que la república española quede dominada después de su victoria por un mezquino espíritu de animosidad contra Italia que excluya toda posibilidad de colaboración entre los dos países tanto en el orden político como en el orden económico. Por profundo que sea el resentimiento causado por el auxilio que el gobierno italiano ha prestado a los rebeldes, y por honda que haya sido la indignación causada por sus métodos de guerra, los hombres responsables de los destinos de la república tienen demasiado sentido del realismo político para no comprender que España no puede, so pena de volver a su fatal aislamiento, quedar fuera de un concierto anglo-franco-italiano en el Mediterráneo occidental. Ni son tan ciegos que no vean las ventajas que pueden derivarse, en el orden económico, de una colaboración con Italia en la obra de reconstrucción interior de España. El primer paso, en esa política, habrá de consistir en persuadir a Italia de que el triunfo de la república en España no excluirá el establecimiento entre ambos países de relaciones políticas y económicas inspiradas en sus intereses recíprocos, basadas en el más escrupuloso respeto de la vida interior de cada una de ellas y dentro del marco de una confiada colaboración entre las cuatro potencias con intereses reconocidos en el Mediterráneo occidental.

Cuarta

No se trataría, naturalmente, de obtener de Italia una acción positiva en favor de la república. Se trataría, pura y simplemente, de que Italia se diera cuenta de que el retiro integral y completo de su apoyo a los rebeldes españoles, decidido y sinceramente ejecutado en cumplimiento de sus compromisos políticos, sería la política más conforme a una defensa eficaz de sus intereses políticos y económicos en el Mediterráneo occidental, ya que, de una parte, las perspectivas de su empresa de dominación en España son cada día más sombrías y, de otra, el triunfo de la república no representará para ella los peligros que hubiera podido temer. Si ese retiro integral y completo, sinceramente ejecutado, no fuera obstáculo para el triunfo de los rebeldes, nada hubiera perdido. Si diera lugar al triunfo de la república, ahí estarían las seguridades ofrecidas por sus hombres responsables, cuyo cumplimiento podría garantizar, por ejemplo, el gobierno británico, mediante arreglos a negociar con el de la república.

Quinta

Una solución de este tipo no podría encontrarse más que a condición de mantenerse el gobierno de la república con su composición actual. Sólo con la máxima autoridad que confiere al gobierno la representación de todos los elementos y partidos que componen la república, tendrían las seguridades y garantías que ofreciera un valor y una solidez que permitieran su aceptación para el futuro. La presencia del doctor Negrín a la cabeza del gobierno sería condición indispensable: su autoridad indiscutida en todos los sectores de opinión constituye la máxima garantía de conseguir una rápida pacificación de España, porque unos y otros estarían dispuestos a aceptar de él directivas que no serían quizás aceptadas de otro. —Por análogas consideraciones esa política perdería gran parte de su eficacia si para aplicarla se prescindiera de los partidos populares cuya adhesión a ella la dará en el porvenir su máximo valor. No se trata de compromisos ni transacciones. Cuando se habla de república se habla de la república de hoy; con su significación y con sus hombres, que son los únicos a quienes las masas, que la han defendido con sus armas y con su trabajo, reconocerán el derecho de ser sus portavoces y de llevar su representación. República que no necesita añadiduras ni enmiendas porque en lo que significa y pretende no hay nada que no puedan aceptar todos los españoles que no estén cegados por la locura de haber querido imponer al país, ilegalmente y con el apoyo del extranjero, un régimen político del que una minoría es partidaria, pero que repugna profundamente su temperamento y su idiosincrasia y contra el cual, además, el pueblo se levantaría en masa por la sola razón de sernos impuesto por el extranjero y de simbolizar nuestro sometimiento a una potencia extranjera. Frente a eso se alza la república ostentando un distintivo sustancial y primario: la de ser íntegramente, radicalmente, intransigentemente española, sin admitir injerencias exteriores de nadie; asentada sobre lo que, en términos generales, corresponde a la voluntad general de la nación española: un régimen sinceramente democrático basado sobre los 13 puntos en los cuales el gobierno, por labios del doctor Negrín, ha resumido su programa, y en el cual queden satisfechas las ansias de justicia, de cultura y de bienestar del pueblo español. Y todo ello bajo el signo de la reconciliación de todos los españoles para la reconstitución del país; reconciliación que no es una vana palabra puesto que entre esos 13 puntos figuran dos, que han sido, además, varias veces confirmados por el propio doctor Negrín, y sobre los cuales conviene insistir: amnistía y plebiscito.

La orientación marcada en las observaciones precedentes implicaría un cambio fundamental en la política de la república respecto de Inglaterra. Dejaríamos de poner todo nuestro juego a la carta de un cambio de política por parte de Inglaterra respecto de las dictaduras, procurando más bien encuadrar la solución de nuestro problema y «adaptar» nuestra propia política a la de acercamiento a las dictaduras que aplica por ahora el gobierno británico.

En cuanto a otras potencias, es evidente por razones obvias que este movimiento de «adaptación» no podría iniciarse sin estar en pleno acuerdo con el gobierno soviético.

DOCUMENTO 8

CARTA ENVIADA AL SEÑOR MINISTRO DE ESTADO,

A PROPÓSITO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

CON LORD HALIFAX EN PARÍS

Londres, 17 de noviembre de 1938.

Excmo. señor:

Desde mi vuelta de Barcelona he tenido ocasión de celebrar algunas conversaciones y entrevistas de interés político de las cuales he puesto a V. E. al corriente por telégrafo y teléfono.

Creo, sin embargo, oportuno completar mis informes de manera más detallada.

En primer lugar, cumpliendo las instrucciones de V. E., visité el lunes por la tarde a lord Halifax para preguntarle cuál era la intención del gobierno respecto a la cuestión española en relación con la visita de los ministros ingleses a París el 23 de noviembre. Lord Halifax me explicó que la cuestión española sería, sin duda, uno de los objetos de las conversaciones que tendrán lugar en París; en ellas se haría un «tour d’horizon» de la cuestión, pero sin que existiera un plan determinado y punto concreto que pudiera ser objeto de decisión. Di las gracias a lord Halifax por su indicación añadiendo que la transmitiría inmediatamente al gobierno a fin de que éste pudiera decidir sobre la conveniencia y oportunidad de hacer saber su punto de vista a los gobiernos británico y francés antes de la reunión de París. Lord Halifax dijo que acogería con el mayor interés cuantos informes y observaciones creyera oportuno comunicarle el gobierno español. Entonces lord Halifax me preguntó qué es lo que a nuestro juicio debería hacer ahora respecto de España el gobierno británico dentro del marco de su propia política y contando con que nosotros no estábamos de acuerdo con ella. Mi respuesta fue que el gobierno británico debería, en primer lugar, hacer de la retirada de extranjeros de España una realidad efectiva y concreta; asegurando, no tanto el abandono material del territorio español por un número más o menos grande de italianos y alemanes sino lo que era condición previa para este abandono: un cambio en la política italiana y alemana respecto de España. Expliqué con detenimiento y con especial referencia a Italia, que mientras este país persistiera en su política de dominación de España era inútil hablar de retiro del apoyo italiano a los rebeldes porque el gobierno italiano mejor que nadie sabe que esa política se derrumba instantáneamente en cuanto ese apoyo desaparezca. La obligación de Inglaterra consiste en ejercer sobre Italia la persuasión o presión necesaria para que ésta renuncie a su intento de conseguir un influjo predominante y decisivo en España, mediante el establecimiento de un régimen político de tipo dictatorial y fascista. Sólo entonces podrá ser una realidad el retiro efectivo de la intervención italiana en España. Añadí que el empeño de Italia respecto de España era ya una verdadera locura porque aun aquellos que creen en la posibilidad de un triunfo militar de los rebeldes deben comprender, si examinan la situación objetivamente, que es ya demasiado tarde para que ese triunfo militar permita a Italia asegurar una dominación completa y total del país, indispensable para la finalidad política que persigue. Lord Halifax siguió con mucho interés lo que yo le iba diciendo y con frecuencia asentía a mis observaciones. Por otra parte, mencioné la posibilidad para el gobierno británico de dar facilidades en el orden de ayuda para el abastecimiento de la población civil. Se refirió a una conversación que había tenido con sir Denny Bray a su vuelta de España. Mostró gran interés en la cuestión. La dificultad que veía consistía sobre todo en la inseguridad de los barcos contra los ataques aéreos y aludió vagamente a la posibilidad de hacer un arreglo con los rebeldes en virtud del cual éstos se comprometieran a respetar los barcos que transportaban alimentos enviados por la asociación internacional que se creara para la asistencia de los refugiados. Le hice observar inmediatamente que todos estos arreglos parciales, como la fijación de zonas neutras, tenían el gran inconveniente de legitimar de manera indirecta los ataques dirigidos contra el resto de los barcos o contra el territorio que quedara fuera de la zona neutra. Tuve la impresión de que lord Halifax se dio cuenta de la fuerza del argumento. Al propio tiempo hice notar que los ataques de los barcos constituían ciertamente una de las dificultades con que tropezábamos para el abastecimiento de la población civil pero no convenía, sin embargo, exagerar su importancia y que a mi juicio no había razón para que esto constituyera un obstáculo ni siquiera motivo de retraso para llevar adelante un plan de asistencia internacional para los refugiados. Lord Halifax escuchó mis observaciones repitiendo en términos generales que el gobierno británico miraba con el mayor interés esta acción internacional de ayuda a los refugiados y, en general, a la población civil.

Al día siguiente estuvimos invitados a almorzar por lord y lady Halifax en su casa. El almuerzo tenía un carácter casi íntimo. Aparte de uno de los colaboradores de lord Halifax, asistieron, con sus esposas respectivas, lord Cromer, que ha sido hasta hace unos meses lord Chamberlain en Palacio, y lord Lytton, una de las figuras más salientes en el mundo parlamentario internacional inglés, sobre todo después de su famosa misión como presidente de la comisión de encuesta nombrado por la Sociedad de Naciones para Manchukuo. Después del almuerzo tuve una larga conversación sobre España con lord Halifax y lord Lytton. Su carácter íntimo y personal me permitió entrar con mucha más libertad y amplitud en aspectos de la cuestión española, menos fáciles de tratar en conversaciones oficiales, tanto más cuanto que la conversación estuvo constantemente estimulada por preguntas muy concretas y precisas, tanto de lord Halifax como de lord Lytton. Pude entrar en un análisis muy explícito de lo que representan realmente en la vida del país los elementos españoles que apoyan activamente a los jefes rebeldes; la verdadera significación personal y política de éstos; las disensiones profundas que separan a los falangistas de los elementos netamente reaccionarios sin otro programa que el restablecimiento y defensa de los privilegios de clase y los de determinadas instituciones. Puse muy de relieve el contraste entre su política y la del gobierno, basada ésta en la reconciliación de todos los españoles. Ante una alusión de lord Halifax a la posibilidad de una restauración monárquica hecha con la intención evidente de provocar mi reacción personal mostré en los términos más contundentes que eso era cosa con la que no había que contar y en la que ninguna persona seria y responsable debía pensar como solución posible de la cuestión española. Creo que el carácter absoluto y definitivo de mi respuesta les causó impresión. A las inevitables alusiones y preguntas respecto a la posibilidad de un arreglo o compromiso entre las dos «partes» opuse sistemáticamente el argumento de que ningún compromiso es posible antes de la liquidación total y definitiva de la intervención italiana y alemana en España, la idea de que cuando esta intervención esté completamente liquidada la idea de compromiso es superflua porque lo que la república propugna y representa es algo que en términos generales acepta la inmensa masa del pueblo español. Y recordé que, como garantía complementaria, el gobierno había insistentemente declarado su intención no sólo de conceder una amplia amnistía sino de instituir un plebiscito nacional que establecería la base de la organización política del país. Entonces lord Lytton preguntó de una manera muy directa a lord Halifax cuál era el obstáculo real para la retirada integral de extranjeros de España. Lord Halifax hizo una exposición muy detallada de lo ocurrido con el plan del Comité de No Intervención marcando en términos muy terminantes su aceptación por parte del gobierno y la negativa opuesta por los rebeldes. Esto llevó la conversación a tocar el tema de la beligerancia. Lord Halifax quería saber si la concesión de beligerancia permitiría a los rebeldes aumentar sensiblemente su intervención en el mar. Aproveché la oportunidad para precisar nuestros argumentos sobre este punto: En primer lugar la concesión de beligerancia antes de la retirada de los extranjeros sería contraria a lo que ha sido el criterio constante del gobierno británico en la materia. Aun mirando la cuestión desde el ángulo de imparcialidad en que pretende inspirarse la política británica, es evidente que mientras no se haya puesto fin a la intervención extranjera no cabe apreciar en sus verdaderos términos el valor de la potencialidad de las dos partes en lucha, y sin eso la concesión de derechos de beligerancia carece de toda base y de toda justificación. En segundo término, había una consideración política de gran importancia, y es que la concesión de derechos de beligerancia introducía un nuevo factor en la situación naval cuyo resultado sería inevitablemente la destrucción de lo único real y positivo que se había logrado mediante una acción internacional con la situación en España, a saber: la normalización del tráfico marítimo en el Mediterráneo mediante el acuerdo de Nyon. Por todo ello, añadí, el gobierno había tomado nota con mucha satisfacción de las reiteradas declaraciones hechas ante la Cámara de los Lores por el propio lord Halifax y ante la Cámara de los Comunes por Mr. Butler, según las cuales la concesión de derecho de beligerancia no será tomada en consideración más que según los términos del plan del Comité de Londres y mediante el propio Comité. Lord Halifax no hizo observación alguna sobre este último punto, y creo que mi observación relativa al peligro de perturbar la normalidad marítima en el Mediterráneo causó impresión tanto en él como en lord Lytton. Digo esto porque ella dio lugar a una serie de preguntas por su parte y respuestas por la mía de las que quedó perfectamente claro lo bien fundado de mis temores. Me parece necesario subrayar no sólo el tono íntimo de la conversación sino la cordialidad mostrada en ella tanto por lord Halifax como por lord Lytton. Al despedirme de este último, me expresó en términos muy vivos el interés con que había seguido la conversación y lo mucho que se ale graba de haber tenido la oportunidad de participar en ella. Por mi parte, creo, en efecto, que la presencia de lord Lytton y el interés y tendencia que mostraba en sus observaciones no habrá podido por menos de contribuir a fortalecer el efecto que la conversación haya podido producir en el ánimo de lord Halifax.

Con motivo de las diversas recepciones en honor del rey de Rumanía he tenido ocasión estos últimos días de hablar con algunas personalidades políticas inglesas sobre la cuestión española y la política británica. En conjunto, es indudable que la reacción política que se está produciendo desde los acuerdos de Múnich contra la política del primer ministro, intensificada por la actitud de Alemania y últimamente, sobre todo, por la barbarie de las medidas contra los judíos, ha tenido como efecto un refuerzo de la opinión pública en favor de la república. La crisis interna del Partido Conservador nos favorece en el sentido de que todos los elementos que se van agrupando alrededor de la política de Eden se caracterizan respecto de la cuestión española por una actitud favorable al gobierno. Este movimiento ha tenido una manifestación concreta de interés en la declaración enviada por Mr. Duff Cooper, primer lord del Almirantazgo hasta hace unas semanas, a la conferencia del Comité de Ayuda a España celebrada en Londres el 13 del corriente. Entre las conversaciones a que se alude más arriba merece citarse especialmente la que sostuve anoche mismo con sir Archibald Sinclair y a cuya última parte asistió también Mr. Eden.

Después de hablar en términos generales de la situación en España y de la evolución política actual en Inglaterra, sir Archibald mostró grave preocupación por la situación política en Francia ante el temor de que los ataques dirigidos contra el gobierno y particularmente contra Reynaud puedan dar lugar a una disolución de las Cámaras que trajera finalmente al poder un gobierno de extrema derecha. A su juicio éste es el más grave peligro hoy para el gobierno español porque no creía que el gobierno inglés estuviera ya en condiciones de hacer frente a las complicaciones políticas que puedan derivarse y nuevas claudicaciones ante los dictadores. A mi juicio, la medida en que esto pueda ser verdad depende no tanto de la actitud de las oposiciones sino de la rapidez con que se desarrolle la crisis interna del Partido Conservador, y respecto de esto, persona tan calificada para tener una opinión autorizada como Mr. Harold Nicholson, me decía anoche mismo que en plazo de tres a cuatro semanas podía verse ya con claridad el desarrollo de la política de unidad nacional lanzada por Mr Eden en sus últimos discursos.

Sobre este extremo tiene particular interés el artículo de Mr. Winston Churchill publicado hoy en el Daily Telegraph y cuyo texto se acompaña a este despacho.

El embajador de España

Pablo de Azcárate.

DOCUMENTO 9

NOTA DE UNA CONVERSACION CON MR. KENNEDY,

EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LONDRES

(8-XII-1938).

Expliqué que en vista de su próximo viaje a los Estados Unidos, y las conversaciones que seguramente había de tener con el presidente Roosevelt sobre los problemas europeos, me había parecido conveniente tener una conversación con él en la cual pudiera explicarle el punto de vista del gobierno español especialmente en vista de la próxima visita a Roma de Mr. Chamberlain y lord Halifax. Mr. Kennedy agradeció mucho mi iniciativa y anunció que daría cuenta circunstanciada al presidente Roosevelt de cuanto le dijera. Tuve buen cuidado de especificar que mi conversación no tenía por objeto nada que pudiera referirse a las relaciones del gobierno español y el de los Estados Unidos, sino simplemente ponerle al corriente de los puntos de vista que el gobierno español se proponía someter al gobierno británico antes de la visita a Roma.

Entonces expuse a Mr. Kennedy una serie de observaciones inspiradas en las que contiene el memorándum que entregué en Barcelona al ministro de Estado en mi visita de octubre último y cuyo contenido fue aprobado tanto como por él mismo como por el presidente del Consejo. Hice especial hincapié en los dos puntos relativos a la imposibilidad ya para Italia de apoderarse y disponer de España como de un elemento en su política internacional, y segundo, el hecho de que la república ni por su régimen político interior ni por su política internacional, sería una amenaza ni un peligro para los intereses legítimos de Italia. La república, no sólo no sería obstáculo a una política de colaboración entre las potencias con intereses en el Mediterráneo occidental, que es en el fondo la que sigue el gobierno británico, sino que estaría dispuesta a colaborar en ella de una manera activa. Nuestro propósito principal en este momento consiste en disipar en el ánimo de los hombres responsables de la política exterior británica todo temor o reservas de que el triunfo de la república podría ser un obstáculo a su política. No sólo esto, sino que la república ofrece condiciones y garantías de viabilidad para esa política de colaboración entre las potencias mediterráneas muy superiores a las que ofrecería el establecimiento en España de un régimen cuya política exterior estaría dirigida, en definitiva, desde Roma y Berlín. Tal como nosotros la entendemos, la acción del gobierno británico sobre el gobierno italiano, en estos momentos, debería encaminarse a obtener por parte de Italia el abandono de su ambicioso y ya imposible designio de apoderarse políticamente de España, mediante el establecimiento en ella de un régimen fascista a cambio de conseguir seguridades y garantías razonables de que el triunfo de la república no implicaría peligros ni amenazas para ella ni para su propio régimen político interior. Trabajando intensamente en esta línea, poniendo al servicio de esa política todos los medios y recursos de que indudablemente dispone el gobierno británico, podría éste no sólo ahorrar inmensos sufrimientos al pueblo español sino hacer posible para Italia salir airosamente del callejón en que se encuentra metida y establecer una base sólida y permanente para una política de armonía y colaboración en el Mediterráneo occidental. Mr. Kennedy escuchó con gran atención mis observaciones, y no ocultó que por ese camino es por donde podría encontrarse una solución razonable y justa a las dificultades presentes de España. Volvió a reiterar su intención de dar cuenta de nuestra conversación al presidente Roosevelt y para facilitárselo dije que quizá pudiera comunicarle antes de su marcha un memorándum que resumiera lo que le acababa de decir. Me instó mucho a que lo hiciera y después de haber obtenido el consentimiento del ministro de Estado envié una copia del memorándum citado más arriba, suprimiendo algunas frases como resultado de la conversación que tuve sobre él con el señor Maiski. Como en el curso de la conversación había hecho varias veces referencia a la cuestión del reconocimiento de derechos de beligerancia, me pareció oportuno enviarle también una nota resumiendo los argumentos contra dicho reconocimiento. Conjuntamente con estos documentos, le envié una copia de la nota sobre bombardeos aéreos de poblaciones civiles que había entregado al Foreign Office el día antes de nuestra conversación.

Antes de separarnos, tocamos de manera accidental otros dos temas. Uno relativo al gran interés que presenta en América la propaganda entre los elementos católicos. Mr. Kennedy es católico él mismo y éste ha sido un punto sobre el que, con frecuencia, ha insistido en nuestras conversaciones. Atribuye grandísima importancia, desde el punto de vista de la opinión pública en los Estados Unidos, a todo cuanto se haga en el sentido de la aplicación práctica del principio de libertad de conciencia y de cultos, y particularmente a cuantas facilidades den para el restablecimiento del culto católico. A propósito de esto, me dijo que era íntimo amigo personal de monseñor Pacelli, secretario de Estado de la Santa Sede, y se ofreció en términos de gran sinceridad para todo lo que nosotros creyéramos que él podría hacer utilizando esta amistad en el servicio de una mejora de nuestras relaciones con el Vaticano. Yo le agradecí muy vivamente su ofrecimiento y anuncié que en mi próxima visita a Barcelona no dejaría de ponerlo en conocimiento del gobierno. Quedamos en que a su regreso a Londres volveríamos a hablar de este asunto.

El otro tema fue el relativo a la acción humanitaria por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero sobre esto me limité a subrayar la importancia de todo cuanto pudiera hacer en América cerca del presidente y del gobierno para intensificar y acelerar su acción.

DOCUMENTO 10

PÁRRAFOS DE UN MEMORÁNDUM DEL

EMBAJADOR EN LONDRES

(15-XII-1938).

En el examen de la situación presente en España, especialmente bajo su aspecto internacional, será conveniente, a juicio del gobierno español, tener en cuenta las observaciones siguientes:

Bajo su aspecto interno, puramente español, el buen sentido más elemental indica que la posición política y moral de la república, tal como ha sido definida en los discursos pronunciados últimamente por el presidente Azaña y el presidente del Consejo de ministros, señor Negrín, ha de encontrarse infinitamente más cerca del sentir general de la nación española en su conjunto, que la de los jefes rebeldes. Aquélla se presenta, primero, como netamente española, después de eliminar espontáneamente y por propia iniciativa cuantos elementos extranjeros luchaban en su ejército. En segundo lugar, está concebida bajo el signo de la «reconciliación» de todos los españoles para la reconstrucción del país, y a este respecto conviene hacer particular hincapié sobre los dos puntos relativos a la amnistía y al plebiscito que figuran entre los trece que el gobierno español ha formulado como esencia y resumen de su programa.

En contraste con esta política, los jefes rebeldes siguen aferrados a su posición de triunfo integral, de rendición sin condiciones, de eliminación de la vida nacional de todos aquellos que no acepten sus ideas y sus principios.

En estas condiciones es evidente que lo único que puede agrupar de nuevo la masa general del país, restableciendo una vida nacional pacífica y jurídicamente normal, es la política de reconciliación nacional preconizada por la república, sobre la base de una amplia amnistía, y el establecimiento de un régimen político liberal, democrático y parlamentario, inaugurado por un gran plebiscito nacional.

[…]

El mantenimiento y consolidación en España de la república, asegurando el funcionamiento normal de un régimen democrático y parlamentario, neta y profundamente español, libre de toda injerencia extranjera y fiel a la política tradicional española de amistad y colaboración con Inglaterra y Francia, no puede constituir ninguna clase de amenaza o riesgo para los intereses legítimos de nadie en el Mediterráneo occidental. Tanto más si una política de aproximación y amistad entre las tres grandes potencias mediterráneas ha llegado ya a crear entre ellas una colaboración cordial y confiada. La república española no sólo no sería opuesta a esa política, sino que estaría dispuesta e incorporarse a ella, poniendo todo cuanto vale España, por su situación geográfica, por las propiedades de su suelo y por las cualidades de su pueblo, al servicio de la misión conciliadora que sin duda incumbirá en la práctica de dicha política al Imperio británico […]. No se trata, naturalmente, de obtener de Italia una acción positiva en favor de la república. Se trataría, pura y simplemente, de que Italia se diera cuenta de que el retiro integral y completo de su apoyo a los rebeldes españoles, decidido y sinceramente ejecutado en cumplimiento de sus compromisos políticos, sería la política más conforme a una defensa eficaz de sus legítimos intereses, políticos y económicos, en el Mediterráneo occidental […].

DOCUMENTO 11

NOTA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE BELIGERANCIA A

FAVOR DE LAS AUTORIDADES FRANQUISTAS

Los gobiernos británico y francés han declarado que la concesión de derechos de beligerancia no podrá tener lugar más que en conformidad con el plan establecido por el Comité de Londres para la retirada de los extranjeros que toman parte en la lucha española. Según este plan, los derechos de beligerancia, en forma limitada, no podrán ser concedidos hasta que el Comité de No Intervención haya comprobado «progresos sustanciales» en la retirada de los extranjeros; entendiéndose que, según la fórmula contenida en el propio plan, «progresos sustanciales» consisten en la retirada de diez mil extranjeros en la parte que tenga menos y el número proporcional en la otra.

Existe una razón profunda y sustancial para que el Comité de No Intervención haya hecho depender la concesión de derechos de beligerancia de la retirada virtualmente completa de los extranjeros. Esta razón es que mientras esa retirada no tenga lugar es imposible saber en qué medida la situación de hecho que los rebeldes españoles han con seguido crear se debe no al apoyo de elementos genuinamente españoles sino al que reciben de potencias extranjeras. El hecho de dominar gran parte del territorio nacional, cuando para mantener el orden necesitan los rebeldes seguir aplicando un método de verdadero terror, no justificaría en ningún caso la concesión de derechos de beligerancia. Pero dejando aparte este aspecto de la cuestión, sería de toda evidencia monstruoso ni siquiera plantear la cuestión del reconocimiento de beligerancia en tanto no se tuviera la más completa garantía de que esa dominación de gran parte del territorio nacional y el «orden» que en él mantienen los jefes rebeldes, están basados en la fuerza que confiere a estos últimos el apoyo de elementos genuinamente españoles y no el de potencias extranjeras.

De todo esto se deduce que cualquiera que sea la suerte del plan del Comité de Londres e independientemente de que se le considere o no en vigor, existe una razón fundamental y permanente que se opone a la concesión de derechos de beligerancia a los rebeldes antes de que virtualmente haya quedado completada, por uno u otro procedimiento, dentro o fuera del plan del Comité de Londres, la retirada de todos los extranjeros que toman parte en la lucha en España. No se trata, pues, de un vínculo puramente formal entre el reconocimiento de beligerancia y el plan de Londres, que podría desaparecer en cuanto este último dejara de ser considerado vigente. Lo que exige en este asunto el respeto de los principios básicos del derecho internacional, es el mantenimiento del principio que ha inspirado el propio plan del Comité de Londres, según el cual el reconocimiento de derechos de beligerancia no puede ser ni siquiera objeto de discusión, mientras no haya sido demostrado, mediante la retirada virtualmente completa de extranjeros, que la situación de hecho que los rebeldes hacen valer como justificación de su demanda es auténticamente española y no resultado de la ayuda extranjera.

Que esto es así en lo que se refiere al gobierno español ha quedado demostrado no sólo por su aceptación inmediata y sin reservas del plan de retirada de extranjeros del Comité de Londres sino por su iniciativa de retirada unilateral de los auténticos voluntarios extranjeros que luchaban en su ejército, bajo el control de una comisión internacional designada a su propia demanda por la Sociedad de Naciones; iniciativa puesta en práctica inmediatamente y en virtud de la cual todos los extranjeros han sido retirados de los frentes y la mayor parte repatriados. Y si la aceptación del plan del Comité de Londres y la iniciativa de retirada unilateral de sus propios extranjeros constituye la prueba fehaciente de que la situación del gobierno es resultado única y exclusivamente del apoyo que le prestan elementos genuinamente españoles, la negativa de los rebeldes a aceptar dicho plan y la ausencia de toda iniciativa por su parte de retirada integral y completa de todos los elementos extranjeros que les apoyan, realizada bajo un control internacional, debe ser considerada, en buena lógica, como prueba igualmente fehaciente de lo contrario.

En resumen, que mientras de una manera o de otra no se haya procedido a la retirada virtualmente completa de todos los extranjeros que luchan con los rebeldes, con garantías equivalentes a las que rodean la retirada espontáneamente decidida y ejecutada por el gobierno español de los que voluntariamente habían acudido a las filas de su ejército, el reconocimiento de derechos de beligerancia a los rebeldes sería una verdadera monstruosidad jurídica contraria, además, a lo que constituye el fundamento de toda moral internacional.

DOCUMENTO 12

PÁRRAFOS DE UNA CARTA DEL EMBAJADOR EN LONDRES

AL MINISTRO DE ESTADO

(2-VI-1938).

Al día siguiente [de mi conversación con lord Halifax] estuve en la Cámara de los Comunes donde hablé largamente con sir Archibald Sinclair, la duquesa de Atholl y algunos otros diputados amigos. Al mismo tiempo, frecuentes conversaciones telefónicas con periodistas y agencias, especialmente Vernon Bartlett, Cummings, Ewer y algunos otros. Por fin hoy he insistido sobre lo mismo con Gordon Lennox (redactor diplomático del Daily Telegraph), Liddell Hart, Casey (uno de los principales redactores del Times, ahora de poca influencia por ser fundamentalmente antinazi), Bret, director de la agencia Hayas en Londres, todos ellos presentes al almuerzo que ofrecí ese día al diputado conservador Duncan Sandys y a su mujer (hija de Churchill), a su vuelta de Barcelona, donde han pasado varios días estudiando la protección de la población civil contra los bombardeos aéreos. Todo ello ha contribuido a provocar una corriente de atención pública y parlamentaria sobre esta cuestión. En cuanto a la acción parlamentaria, se manifestará todavía con mayor fuerza mañana en el debate especial que tendrá lugar en la Cámara de los Comunes; pero claro está que es muy difícil determinar en qué medida todo esto se traducirá en una acción concreta y eficaz. Me hablan de notas muy fuertes enviadas a los rebeldes, de acción conjunta con el gobierno francés (esto confirmado por un telegrama de Pascua), y hasta de gestiones en Berlín y en Roma. En definitiva, es muy difícil juzgar la eficacia de lo que se haga más que por sus resultados, pero, como he dicho esta mañana a Gordon Lennox (que no dejará de repetirlo en el Foreign Office), se trata de un «test case»: si los gobiernos británico y francés son impotentes para conseguir poner término a esa «salvajada», no tienen ningún derecho a que pongamos la más leve confianza en su acción respecto a otras cuestiones.

DOCUMENTO 13

INFORME PREPARADO POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN DE

LA TERCERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD

DE NACIONES, APROBADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1938

Resolución

La Asamblea:

Considerando que, en varias ocasiones y por sus órganos más autorizados, la opinión pública ha manifestado el horror que le inspira el bombardeo de poblaciones civiles;

Considerando que esta práctica, que no responde a ninguna necesidad militar y que no hace, como lo prueba la experiencia, más que causar sufrimientos superfluos, está condenada por los principios reconocidos del derecho internacional positivo;

Considerando, por otra parte, que si bien este principio se impone al respeto de todos los Estados, miembros o no de la Sociedad de Naciones, sin que sea necesario hacerle objeto de nueva consagración, es, sin embargo, necesario y urgente someterle a una reglamentación especialmente adaptada a la guerra aérea y que tenga en cuenta las lecciones de la experiencia;

Considerando que la resolución de este problema, en la que están interesados todos los Estados, miembros o no de la Sociedad de Naciones, exige estudios técnicos y un examen minucioso;

Considerando que el «bureau» de la Conferencia para la reducción y la limitación de los armamentos debe reunirse inmediatamente, y que a él incumbe determinar los medios prácticos para emprender los trabajos necesarios en las mejores condiciones para llegar a un acuerdo tan general como sea posible;

Establece los principios siguientes como destinados a servir de base a toda reglamentación ulterior:

1) el bombardeo intencionado de poblaciones civiles es contrario al derecho;

2) los objetivos a que se apunte desde el aire deben ser objetivos militares legítimos y deben poder ser identificados;

3) todo ataque contra objetivos militares legítimos debe ser ejecutado de manera que las poblaciones civiles próximas no resulten bombardeadas por negligencia.

(Se refiere a los medios de guerra químicos y bacteriológicos.)

Recomendación

Refiriéndose a la resolución en fecha de hoy sobre el problema general de los bombardeos aéreos contra poblaciones civiles;

Teniendo en cuenta la situación actual, especialmente en España y en el Extremo Oriente, y deseosa de prever las medidas que puedan ser adoptadas en espera de una reglamentación de conjunto establecida por acuerdo general;

Felicita al gobierno del Reino Unido por haber tomado la iniciativa de constituir una comisión de encuesta para examinar los casos de bombardeos aéreos de poblaciones civiles en España.

Enterada del informe redactado por esa comisión sobre un cierto número de casos que ha examinado, es de opinión que el desarrollo de esa afortunada iniciativa sobre el plano internacional podría contribuir a hacer eficaz la condena de ese método de guerra por la opinión pública y a frenar su empleo;

Se da por enterada de la petición del gobierno chino para que se envíe una comisión internacional con el fin de examinar los casos de bombardeos aéreos de poblaciones civiles en China.

Recuerda que en virtud del Pacto, el Consejo es competente para «ocuparse de todas las cuestiones que entran en la esfera de actividad de la Sociedad», particularmente en lo que se refiere a la rigurosa observación de las «prescripciones del derecho internacional reconocidas como regla de conducta efectiva de los gobiernos».

Recomienda al Consejo:

que se ponga de acuerdo con el gobierno del Reino Unido a fin de asegurar que la comisión de encuesta ya en funciones para España dirija un ejemplar de sus informes al secretario general de la Sociedad de Naciones, para ser distribuida a los Estados miembros y sometidos al Consejo;

que tome en consideración cualquiera otra petición, motivada por el bombardeo aéreo de poblaciones civiles, que tienda a hacer constar por una comisión internacional los casos de recurso a las prácticas condenadas en virtud de los principios del derecho de gentes mencionados en la resolución de esta misma fecha, y de reunir toda documentación útil para un estudio objetivo.

DOCUMENTO 14

CARTA DE SIR FREDERIC KENNYON AL TIMES

(20-VII-1937).

Entre quienes aman el arte o creen en la civilización, existe una justificada inquietud en cuanto a la suerte que corren los monumentos históricos y los tesoros artísticos de España. Se sabe que ha habido mucha destrucción —en parto quizás inevitable, en parte no—. Se debe también que algunos de los tesoros transportables han sido trasladados, pero no se han dado detalles y se ignora en qué medida están realmente seguros contra el peligro. Recientemente se me aseguró en París que las grandes pinturas de Velázquez están en Francia y que existe el propósito de organizar para ellas una exposición; pero sería de desear que esta declaración fuera confirmada o denegada autorizadamente.

Hay otros objetos de inestimable valor respecto de los cuales toda información sería bien acogida: la biblioteca del Escorial, la Biblia de San Luis, en Toledo, etc. ¿Es que el gobierno español republicano no debería dar a conocer al mundo las medidas que ha tomado para garantizar la seguridad de los tesoros de que es responsable —tesoros que son parte de la herencia del mundo, tanto como de la de España? Todo cuanto haga para calmar satisfactoriamente la ansiedad de los amigos de España, redundaría en su crédito.

RESPUESTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA

La carta de sir Frederic Kennyon sobre los tesoros artísticos de España, publicada en sus columnas el 20 de julio, revela un interés y una atención por los cuales deseo expresar mi aprecio y reconocimiento más sinceros. Por fortuna, espero poder en breve facilitarle noticias y publicar un informe que mostrará la diligencia y los inmensos y positivos esfuerzos del gobierno español para proteger la riqueza artística de la nación contra los riesgos inherentes a la situación presente de mi país.

Pero, mientras tanto, tengo una gran satisfacción en dirigir a sir Frederic Kennyon, en nombre del gobierno de la república, una cordial invitación que le permitirá recoger sobre el terreno cuanta información pueda desear. No tengo que añadir que mi gobierno se vería muy honrado recibiendo en Valencia a sir Frederic Kennyon en las condiciones que él mismo juzgue apropiadas, y dándole cuantas facilidades puedan ser necesarias para el cumplimiento de su misión.

DOCUMENTO 15

ARTÍCULO DEL MORNING POST:

«LOS TESOROS DEL PRADO».

(26-VII-1937).

En un pasaje de su Historia cuenta lord Clarendon que los diferentes soberanos de Europa compraban los tesoros de su Real Amo, de manos de sus súbditos rebeldes —el mobiliario y las pinturas que tanto amaba Carlos I— y se los llevaban a sus respectivas Cortes sin el menor escrúpulo en cuanto a su legítima propiedad.

Nos han recordado este vergonzoso precedente los informes —esperamos infundados— según los cuales los cuadros del Prado van a ser trasladados a Valencia y algunos expuestos en París. ¿Quién tiene derecho a disponer de esa incomparable e inapreciable propiedad que es la colección nacional que contiene el Museo del Prado, en Madrid? Con seguridad no se ha consultado a sus guardianes, quienes la conservan como depositarios de la nación española; y el derecho que tiene el gobierno de Valencia a trasladar esas pinturas a Valencia, no es mejor que el que tenía para disponer de las reservas de oro del Banco de Madrid [sic], sin autorización de su consejo de administración. Naturalmente, se alegará que las pinturas están amenazadas por los cañones y los aeroplanos del general Franco; pero sabemos de buena fuente que mucho antes de la guerra civil, y cuando esta contingencia debería parecer de lo más remota, se había previsto ese peligro, y se había decidido las medidas propias para evitarlo. Los guardianes del Prado, siguiendo una amistosa sugerencia de la National Gallery, concertaron con el Banco de Madrid [sic] un arreglo en virtud del cual en cuanto apareciera un peligro, 500 de sus obras maestras, por lo menos, serían trasladadas a los sótanos del Banco, los cuales están cerca y a unos 35 metros bajo tierra —fuera del alcance, según los cálculos de entonces, de un ataque aéreo—. Tenemos entendido que no se ha tomado esta precaución.

Con el Louvre, con nuestra National Gallery y con las grandes colecciones de Roma, Florencia, Múnich y La Haya, el Prado debe ser considerado como uno de los principales tesoros no sólo del arte español, sino del arte europeo. La colección comprende no sólo la gran sala Velázquez, no sólo las obras maestras de Zurbarán, Ribera, Murillo, El Greco, Coya, y no sólo de España, sino de Italia, Alemania y los Países Bajos: los ejemplares más hermosos de Ticiano, Durero, Rubens y todos los grandes maestros del Renacimiento. Algunos de estos lienzos pueden ser trasladados, pero muchos fueron recalentados en un incendio hace tres siglos y la pintura ha quedado agrietada y quebradiza y, probablemente, se desprendería en el curso de un traslado. Otros están pintados sobre tablas, las cuales después del clima seco de Madrid es de temer que se alabeen en la atmósfera húmeda de la costa. Los cuadros de Goya se pintaron en lienzos de mala calidad (los únicos disponibles en aquella época agitada) y son peligrosamente frágiles. Y no son sólo estas razones por las que conservamos la esperanza de que sean falsos los informes relativos al traslado a Valencia de la colección del Prado. Quienes han incendiado o profanado algunas de las más nobles iglesias de España, no es probable que guarden consideración al valor artístico del pasado. Ahí está el ejemplo de lo que se ha hecho con la casa del duque de Alba en Madrid. Al principio hicieron de ella un «museo proletario», como parte de su propaganda contra la aristocracia y la propiedad privada. Cuando se acercó el general Franco, saquearon la casa, sacando por la puerta principal los cuadros y el mobiliario; hecho lo cual rociaron el edificio con petróleo y le prendieron fuego, publicando la noticia de que había sido destruido por aeroplanos nacionalistas. De igual modo, y lo sabemos de buena tinta, han colocado ametralladoras sobre el tejado del Prado, a fin de obligar a los aeroplanos invasores a bombardear el sitio y poder ofrecer al mundo otro ejemplo de «ultraje fascista».

El general Franco, que aprecia la cultura y las tradiciones de su país, hará, ciertamente, cuanto esté en su poder a fin de salvar este gran tesoro para España, para Europa y para la posteridad. Sin duda, puede sufrir de los azares inevitables de un asedio; los rojos pueden salvar las obras maestras del Museo del Prado a fin de venderlas (si pueden) en Francia o en Rusia, aunque no tengan ningún título legal para hacerlo. Pero también es de temer que las destruyan para aprovecharse de la versión que ellos mismos inventen sobre su destrucción. Para anticiparnos a tal eventualidad, creemos que vale la pena de hacer saber, desde ahora, que los tesoros del Prado tienen marcado su refugio en los sótanos del Banco de Madrid [sic], seguros contra las bombas, y que si no se ha tomado esa precaución la responsabilidad incumbe al gobierno de Valencia.

DOCUMENTO 16

ARTICULOS DE SIR FREDERIC KENNYON EN EL TIMES

«La protección de los cuadros del prado». (3-IX-1937).

Una correspondencia en el Times, a fines de julio, dio lugar a una invitación del gobierno español, por medio de su embajador en Londres, para que fuera a España como su huésped, y viera por mí mismo la situación actual de los tesoros artísticos del país y las medidas que se han adoptado para su protección. Esta invitación se hizo extensiva a Mr. James G. Mann, director de la Colección Wallace, de Londres, y cuyo conocimiento de las colecciones españolas fue en este caso de particular utilidad. En conjunto pasamos nueve días agotadores en Cataluña, Valencia y Madrid, durante los cuales hemos adquirido una abundante información, seguramente desconocida fuera de España. Hasta los «Tomases desconfiados»[3*], como nos llamó un periódico de Barcelona, pueden ser útiles para la confirmación y diseminación de la verdad.

Ante todo, debemos decir, en honor de la verdad, que en todos los sitios hemos sido recibidos de la manera más amical y hospitalaria. Se nos ha llevado a cuantos sitios hemos expresado el deseo de ir; se nos ha enseñado todo lo que hemos expresado el deseo de ver; se ha contestado, sin la menor dificultad, a cuantas preguntas hemos formulado (y fueron muchas); no hemos percibido apariencia alguna de un deseo de ocultarnos algo. Hemos visto obras de arte que han sido destruidas y otras que han sido preservadas. Nadie intentó ocultar el hecho de que en los primeros días de los disturbios se produjo mucha destrucción (particularmente en las iglesias); por otra parte, era de toda evidencia que, subsiguientemente, se había realizado una sorprendente cantidad de trabajo para proteger los tesoros históricos de la nación contra los peligros de la guerra, trabajo por el cual todos cuantos han contribuido a él merecen el más completo reconocimiento.

El señor Pérez Rubio, presidente de la Junta del Tesoro Artístico Nacional, y él mismo un artista, nos acompañó durante nuestra visita a Valencia y Madrid; en tanto que en Cataluña nos sirvió de guía don José Gudiol, uno de los altos empleados del departamento de Monumentos, habiendo sido también acogidos y acompañados con gran amabilidad por don Carlos Sunyer, ministro de Educación, y el doctor Bosch Gimpera, ministro de Justicia. Me gustaría mencionar los nombres de muchas otras personas que nos facilitaron información y nos dispensaron ayuda, pero el espacio no lo permite. Nuestro principal objeto consistía en informar sobre la situación de hecho, para cono cimiento de todos aquellos que viviendo fuera de España han experimentado inquietud en cuanto a la seguridad de las grandes obras de arte que existen en ese país. No hemos podido ver todo, pero hemos visto mucho y de especies muy diversas.

Empezaré por lo que es mejor conocido y ha estado en mayor peligro: las pinturas del Prado. Aproximadamente 500 de ellas, incluyendo las mejores, están en Valencia. La mayor parte están depositadas en el piso bajo de las Torres de Serranos, las dos torres redondas, gemelas, que forman una de las puertas de la ciudad medieval. Sobre él hay un techo abovedado que ha sido reforzado con cemento y tierra; y por encima hay dos pisos más, cubiertos con bóvedas de piedra. Las Torres están en la parte de la ciudad más alejada del mar, una zona que, probablemente, no será atacada; y parecen lo bastante sólidas para resistir bombardeos, con tal de que no se empleen proyectiles de grueso calibre. Los cuadros están embalados con sus marcos en sólidas cajas bien emborradas en el interior; casi todos tienen una caja separada para cada uno. Las cajas son incombustibles; se nos hizo asistir a un verdadero «auto de fe» para mostrarnos hasta qué punto será incombustible la madera y el papel empleados en su construcción y embalaje. Pedimos que nos enseñaran algunos cuadros que nosotros mismos elegimos al azar e inmediatamente fueron desembalados, lo que nos permitió comprobar que eran, en efecto, los cuadros que nosotros mismos habíamos elegido, así como darnos cuenta del procedimiento de embalaje. Entre ellos vimos las Meninas, el Esopo y los retratos de Margarita de Austria y don Baltasar Carlos, de Velázquez; la Maja vestida y la Maja desnuda, de Goya; la gran Trinidad, del Greco; la Sagrada Familia con el cordero, de Rafael, y su retrato del cardenal Alidorio; la Salomé, de Ticiano; María de Médicis, de Rubens; una virgen de Roger van der Weyden (adquirida hace algunos años), y algunos otros.

No es exacto, como se me había afirmado en París, que los cuadros de Velázquez estén en esa capital con destino a una exposición; pero se está examinando la posibilidad de organizar tal exposición (sólo de pintura española), y los cuadros seleccionados para ella tienen una marca especial en sus cajas. La mayor parte de los cuadros destinados a París, incluyendo los de Velázquez y Goya mencionados más arriba, excepto el Esopo, no están en las Torres de Serrano, sino que se les ha depositado aparte en el Colegio del Patriarca. Allí están razonablemente bien protegidos, pero no tan bien como en las Torres; y si no se realiza su transporte a París (y las condiciones del transporte son difíciles), sería más seguro trasladarlos a las Torres.

Se ha pretendido que no era necesario sacar de Madrid estas preciosas pinturas, para las cuales se había encontrado un buen refugio en los sótanos del Banco de España. Este refugio se utilizó, en efecto, pero no resultó satisfactorio. Cinco Grecos de Illescas se depositaron allí, pero cuando se les examinó, unas semanas más tarde, se encontró que estaban cubiertos de moho. El daño es reparable, y en una gran parte ya ha sido reparado; hemos visto reproducciones y fotografías de ellos antes y después de la restauración; pero es claro que los sótanos no son un lugar seguro para pinturas, a menos de instalar en ellos un complicado aparato contra la humedad. Sin él, la humedad es un peligro más serio que una bomba. Las Torres, como están sobre el terreno, no tienen humedad, y, sin embargo, pronto se instalará en ellas un aparato protector.

En la segunda torre están los mejores tapices del Palacio Real (más de 300), extendidos sin enrollar sobre una plataforma construida para ellos. Debajo hay pinturas, algunas de Valencia misma. Se dice que, en total, hay nueve kilómetros de tapicerías. En todo caso, algunos de los tapices del duque de Alba están en Valencia; vimos tres (enrollados dentro de una enorme caja de embalaje) que nos dijeron eran los de batallas del gran vestíbulo del palacio de Liria; vimos también otros siete, considerados de menor importancia. Entre otros objetos que pudimos contemplar en Valencia, figuran el gran disco de Teodosio, de la Academia de la Historia de Madrid; una cruz con una astilla de la Verdadera Cruz, de Alcalá de Henares; un cierto número de objetos del tesoro de la catedral de Cuenca; un Greco de la iglesia de San Antón y otro de un pueblo próximo a Madrid y otro (desconocido hasta entonces), del convento de la Encarnación, representando un San Andrés y un San Francisco. Se nos dijo, también, que casi todas las pinturas de Ávila, excepto las tablas, estaban en Valencia. Allí están, asimismo unos 2000 manuscritos y 500 impresos de la Biblioteca Nacional, y 1000 manuscritos del Escorial; el resto de las dos bibliotecas ha quedado en Madrid. El Colegio del Patriarca contiene igualmente la biblioteca y archivos de la catedral (incluyendo 300 incunables), y la biblioteca del arzobispo de Ribera, fundador del Colegio. La catedral de Valencia está intacta y se destina a depósito de colchones y otros materiales. La sacristía, que está contigua, fue incendiada, destruyéndose la ornamentación barroca del interior.

En Madrid, donde pasamos dos días casi enteros, el Prado conserva los cuadros que no han sido enviados a Valencia. Se han depositado en el sótano, juntamente con 30 o 40 cuadros del Escorial y unos 300 cuadros diversos del exterior. En total, la Junta ha recogido más de 5000 pinturas de iglesias, particulares y demás, las cuales se encuentran depositadas aquí, en el Museo Arqueológico o en la iglesia de San Francisco. Vimos también una gran arca de Oviedo cubierta con aplicaciones de plata. La conocida estatua griega de Hypnos está en el sótano cubierta con sacos terreros. Por ahora, no ha caído ninguna bomba explosiva sobre el edificio, aunque algunas han caído lo bastante cerca para romper las ventanas. Han caído algunas bombas incendiarias, pero han hecho poco daño; al parecer, su efecto es escaso a no ser que caigan sobre material muy inflamable.

En el Palacio Real, que se encuentra situado ante el principal frente de ataque, la mayoría de las ventanas están rotas y la obra de sillería ha sufrido considerable daño. El mobiliario se ha almacenado en habitaciones del lado menos expuesto. La mayor parte de las ventanas que dan sobre el frente están cubiertas con sacos terreros ligeros; por lo menos en dos casos, pequeños proyectiles han atravesado los sacos terreros y han causado pequeños daños en el interior. El salón del Trono no parece haber sufrido daño; así como tampoco la capilla, excepto que se han desprendido unos cuantos pies cuadrados de pintura de la bóveda, al parecer por concusión del exterior, porque la mampostería no tenía signos de haber sido atravesada. En otro salón el techo de Tiépolo ha sido atravesado por dos granadas, pero el daño se reduce a unos cuantos pies de pintura. La biblioteca está intacta, así como los archivos, a pesar de encontrarse en el lado que da sobre el frente de batalla, si bien en habitaciones bajas protegidas con sacos terreros.

La gran armería ofrecía un triste espectáculo. En la sala principal no quedan más que los maniquís de caballo y los nichos vacíos. Las magníficas armaduras están amontonadas en algunas habitaciones inferiores y en el traslado deben de haber sufrido abolladuras y rasguños. Aparte de la posición expuesta de esa parte del palacio, la armería necesariamente ha de sufrir, a menos de que se la coloque donde pueda ser atendida y cuidada. Parece que la armería corresponde a un departamento distinto del que es responsable de los tesoros artísticos en general; es de esperar que sin tardanza se adopten las medidas necesarias para mejorar su custodia.

Aparte del Prado, los principales depósitos en los cuales se han reunido obras de arte de todas clases y especies, son el Museo Arqueo lógico y la iglesia de San Francisco el Grande (en los barrios noreste y sudoeste de la ciudad, respectivamente). En ellos, cuadros, muebles, esculturas, cerámicas, etc., se han almacenado por millares, todo cuidadosamente inventariado y provisto de etiquetas. Entre otras cosas, hemos visto en el Museo las cenizas del cardenal Cisneros en una caja de plata, de Alcalá de Henares; una pintura de Quentin Metsys, entregada por una organización socialista que había ocupado la casa de su propietario; las colecciones del mismo Museo y muchos cuadros y objetos del exterior. En dos salones se han construido plataformas de madera, con tres pisos, en las cuales se han colocado las piezas de cerámica: me asustan los resultados de la concusión si una bomba o granada de grueso calibre explotara en las cercanías. Por el momento, el Museo está lejos de la zona de combate; no obstante, el frente de la Biblioteca Nacional, en el mismo bloque, ha recibido en su fachada el impacto de una granada que decapitó la estatua de Lope de Vega; y en el interior, aunque causando poco daño, han caído otras bombas, al parecer, incendiarias. Se han vaciado la mayor parte de los armarios de la Biblioteca Nacional y se han encerrado 40 000 volúmenes en cajonerías de acero de tres pisos en una habitación especial. En esa misma habitación se encuentran las mejores piezas de la biblioteca del duque de Medinaceli y de las colecciones Usoz y T’Serclaes. En otras partes del edificio hay otras colecciones privadas y los manuscritos están en el sótano bajo una sólida bóveda.

Allí vimos también la tumba del cardenal Cisneros, de Alcalá, sobre la cual habíamos oído (incluso en España) alarmantes rumores de total destrucción. El daño es considerable, pero no tanto como se ha dicho. La figura del cardenal tiene una fractura sencilla por debajo de las rodillas que puede ser completamente reparada; todo lo demás está intacto, excepto las puntas de los dedos, la nariz y el báculo. El resto del monumento está roto en grandes trozos y parece que podrá ser restaurado. En el Archivo Nacional se han almacenado, en estanterías de madera, grandes cantidades de documentos procedentes de archivos eclesiásticos y varios. Al azar noté, entre otras, las colecciones del conde Cedillo y del marqués de Perales, y los papeles Lázaro-Galdeano[4*].

En la iglesia de San Francisco se ha reunido una serie de obras de arte secundarias procedentes de iglesias y colecciones privadas, agrupadas según el carácter de cada una. Hay miles de pequeños cuadros; cientos de esculturas, mobiliario en el que figuran algunos muebles pertenecientes al Prado y otros de la colección Lázaro[5*]; cantidad de relojes del Prado; carrozas (entre las cuales dos del duque de Alba), etc. Al principio, se colocaron las mejores pinturas en el sótano, pero se encontró que era húmedo; ahora se han puesto en él las cerámicas y mobiliario (esto último de dudoso acierto). En la sala capitular están los marfiles, lo que no es muy seguro porque el edificio da sobre el frente. La verdad es que la iglesia entera no puede ser considerada como muy segura, puesto que desde sus ventanas pueden percibirse las líneas del frente; pero, hasta ahora, no ha sufrido ningún bombardeo.

Habíamos esperado poder visitar el Escorial, pero resultó imposible; en parte, porque nuestros guías (que ya se mostraron intranquilos cuando mirábamos el frente desde las ventanas del palacio) no tenían mucha gana de llevarnos a una zona tan próxima a los combates, pero sobre todo por falta de tiempo para un viaje de unos 50 kilómetros en cada sentido.

«La obra de salvamento en Cataluña». (4-IX-1937).

Como es natural, la suerte de las colecciones del duque de Alba había provocado gran ansiedad en Inglaterra, tanto por sus asociaciones, hereditaria y personal, con este país, como por sus grandes servicios a los estudios históricos y a los monumentos de España.

El palacio de Liria, perteneciente al duque de Alba, está completamente arruinado; los techos y los pisos están destruidos y por todas partes hay masas de escombros. El contenido se ha salvado, en una gran medida. Las pinturas (o al menos una gran parte de ellas) están en Valencia; asimismo las tapicerías y, según nos dijeron, las vajillas. En el Colegio del Patriarca vimos dos retratos de Goya, en las mismas cajas en que fueron sacados del Banco de España; así como un retrato de familia moderno. Otras pinturas se almacenaron (sin cajas) en una capilla. La biblioteca está en la Biblioteca Municipal, aparentemente en buen estado; también los archivos en cajas de metal, algunas de las cuales presentan abolladuras (causadas, es de presumir, por la caída de los techos), pero sin daño en su contenido. También están allí algunos muebles que se salvaron de la destrucción, tales como dos sillas de manos del siglo XVIII, un gran escritorio Imperio, y algunas mesas, una de las cuales podría ser la del Gran Duque; igualmente, un buen número de armaduras muy oxidadas y necesitadas de cuidado. En la iglesia de San Francisco puede haber más muebles, y todavía se están recuperando objetos de las ruinas; uno o dos días antes de nuestra visita se había salvado una caja con setenta miniaturas.

Bien que, aparte de algunos bombardeos de la costa, esporádicos y sin objetivo determinado, Cataluña no esté en el frente de la guerra, también allí se han planteado problemas de conservación. Al principio de la revolución, los anarquistas, después de hacerse dueños del poder, se armaron en los arsenales y lanzaron un ataque deliberado contra iglesias y monasterios, incendiando su contenido y, por regla general, dejando intactos los muros. Se nos ha dicho que apenas hay una iglesia en Cataluña que haya escapado a esos ataques, con excepción de algunas cuya defensa pudo improvisarse con bastante prontitud. Al parecer, el pueblo no tenía muchas objeciones a que se derribasen las iglesias, pero no aprobaba la destrucción de las obras de arte, que consideraba como parte del patrimonio nacional. Gradualmente las fuerzas del orden se impusieron y el gobierno pudo tomar medidas para salvar lo que no había sido destruido y protegerlo contra nuevos daños.

En Barcelona la catedral se salvó porque el ataque a un convento de monjas contiguo dio tiempo para protegerla. Ahora está completa mente vacía y ha sido declarada monumento nacional. La iglesia de San Justo también se salvó, pero (para no citar más que las que hemos visto), las de Santa María del Mar, San Jaime y Belén fueron destruidas. Ahora las puertas de todas estas iglesias están tapiadas para evitar nuevos daños. La Generalidad se ha hecho cargo del monasterio de Pedralbes, con su hermoso patio. En el Museo Arqueológico se han acondicionado una serie de locales subterráneos para instalar en ellos objetos de cristal y otros análogos, a los que no perjudica la humedad. Todo el contenido del Museo de Arte Medieval (un legado de la Exposición de Barcelona) se ha trasladado, parte a Olot (como diremos en seguida), y parte a la exposición de arte catalán que está teniendo lugar en París.

En Inglaterra se había manifestado cierta ansiedad respecto al famoso monasterio de Montserrat, colgado bajo los picos del extraordinario «Mons Serratus», a unas veinticinco millas de Barcelona. Esa ansiedad no está justificada. Es verdad que una banda de demoledores subió para atacarlo, pero ante la resistencia que encontraron se dirigieron a Vich, una presa más fácil. Por consiguiente, Montserrat continúa, si bien se dice que su virgen milagrosa ha sido escondida y sustituida por una copia. Los monjes benedictinos se han marchado, pero su espléndida biblioteca bíblica y el museo están intactos, así como su imprenta en la cual se está imprimiendo una hermosa Biblia en veinticuatro volúmenes.

En general, la política del gobierno ha consistido en traer a depósitos centrales todas las obras de arte de la provincia. Puede decirse que esto es una confiscación, aunque hay que tener en cuenta que se ha registrado el origen de cada pieza, y que nada se ha decidido en cuanto a su disposición definitiva. Por de pronto, es ciertamente una obra de preservación. Algunos propietarios rechazaron la invitación del gobierno a enviar sus propiedades para asegurar su protección, y más tarde han tenido motivos para lamentar su negativa; muchos otros las enviaron voluntariamente. El depósito principal se ha establecido en la pequeña ciudad de Olot, muy próxima a los Pirineos y, es de esperar, fuera del alcance de los estragos de la guerra. Su principal iglesia, que había sufrido daños en los primeros días, se ha destinado a albergar el contenido del Museo de Barcelona.

Entre los objetos que están ahora en Olot puede mencionarse el gran crucifijo de la catedral de Barcelona, del cual se cuenta que en la batalla de Lepanto inclinó la cabeza para evitar una bala turca. En relación con este depósito se ha instalado en las cercanías un laboratorio de restauración y una biblioteca de trabajo con una gran colección de fotografías. En una casa privada de la pequeña aldea de Viladrau, cerca de Vich, se han acomodado de manera semejante los archivos. Allí están los archivos de la Corona de Aragón y los de la ciudad de Barcelona; y en ellos algunos preciosos manuscritos.

En Vich, el interior de la catedral ha sido incendiado y destruido. Las pinturas murales modernas de Sert, en la nave, han desaparecido en su mayor parte; aunque son recuperables algunos fragmentos importantes. Se han salvado las del ábside, alrededor del altar, gracias a la protección de una sólida verja de hierro, así como el gran retablo de alabastro. El Museo diocesano contiene frontales de altar pintados y tablas traídas de varias iglesias de Cataluña; asimismo trabajos de aguja entre las cuales figura una gran capa pluvial de ejecución inglesa, y algunos inmensos documentos pontificios sobre papiro. En Ripoll se saqueó e incendió todo el contenido de la catedral; el edificio existe y ha sido declarado monumento nacional. Lo mismo puede decirse de las iglesias románicas de Besalú. En Gerona la catedral no ha sufrido daño, pero se ha sacado la mayor parte del mobiliario. El altar mayor y el dosel han sido enviados a la exposición de arte catalán de París. Las salas capitulares, contiguas a la catedral, contienen impresos, esculturas y objetos de menor importancia de la catedral. También se encuentra allí un hermoso manuscrito Beatus y otros libros, así como muestras de la orfebrería que tan famosa hizo a Gerona en la Edad Media. La catedral de Tarragona está intacta, pero carece de protección contra ataques desde el mar. La fachada (y si fuera posible las vidrieras) debería ser protegida con sacos terreros, lo que probablemente se va a hacer muy pronto. En una gran capilla que da al claustro se han almacenado muchos retablos pintados, procedentes de otras iglesias. Se ha sacado del palacio episcopal todo su contenido y se ha convertido en museo arqueológico. La plata de las iglesias de toda la provincia ha sido recogida y cuidadosamente inventariada.

En los primeros días de la revolución hubo mucha destrucción, especialmente de lo que contenían las iglesias, pero el gobierno actual, con el apoyo del pueblo en su conjunto, hace todo cuanto puede para preservar toda clase de obras de arte o monumentos históricos. General mente esto se hace concentrando todo en unos cuantos depósitos con suficiente protección contra daños ocasionales, aunque no contra un bombardeo prolongado y deliberado. Como estos depósitos son conocidos, y como nadie, excepto unos cuantos anarquistas, desea destruir el patrimonio artístico del país, puede esperarse que estén seguros. Todo ha sido meticulosamente inventariado; y si, como es de esperar, se hace la paz por un acuerdo entre los elementos más moderados de las dos partes, nada impedirá la devolución de estos tesoros a sus propietarios.

DOCUMENTO 17

ARTÍCULOS DE MR. JAMES G. MANN

EN EL DAILY TELEGRAPH[6*]

«Cómo se están salvando los tesoros artísticos españoles». (3-IX-1937).

Escultura oculta bajo tierra.

En los últimos 130 años España ha sufrido una invasión extranjera y tres guerras civiles. Todo lo que de su gran patrimonio artístico ha sobrevivido a los cataclismos anteriores se encuentra ahora expuesto, en el siglo veinte, a peligros más terriblemente devastadores y más amplia mente penetrantes que todos los que se han producido hasta el presente.

Respondiendo a la ansiedad que muchos en este país han sentido y manifestado, Su Excelencia el embajador de España invitó a sir Frederic Kennyon y al autor de estas líneas a visitar España y ver las medidas que el gobierno está tomando para salvaguardar las obras de arte en la parte del país bajo su autoridad.

Si este relato aparece más bien como un inventario, ello es porque hemos recorrido muchas millas y visto gran cantidad de cosas, y aunque el espacio sólo permite una selección, parece oportuno presentar el mayor número posible de hechos.

En los primeros meses de la guerra, los anarquistas atacaron las iglesias e hicieron mucha destrucción, antes de que elementos más moderados recuperaran el control de la situación. Desde entonces el Departamento del consejero de cultura en Cataluña, y el ministro de Intrucción Pública en Valencia, bajo el cual funciona la Junta Central de Defensa del Tesoro Artístico, han trabajado con empeño para proteger obras de arte de todas clases, religiosas y profanas, trasladando el contenido de museos y colecciones privadas a sitios seguros, y haciéndose cargo de catedrales y templos como patrimonio artístico del pueblo.

En esta parte de España no hay una iglesia abierta al culto. En la mayoría de los casos la estructura no ha sufrido daño, y como precaución las puertas han sido tapiadas o bien las iglesias han sido destinadas a usos profanos.

El daño que hicieron los anarquistas se redujo casi exclusivamente al mobiliario de las iglesias; se derribaron los altares y se quemaron en las calles. Esto ha ocasionado la pérdida en Cataluña del cinco por ciento de su arte medieval y el sesenta por ciento de su arte barroco.

Unas cuantas iglesias han sido completamente arruinadas, tales como la catedral de Vich, la iglesia de Belén, en Barcelona (de los jesuitas), y San Juan en Valencia. Algunas están intactas, por suerte o por la abnegación de sus guardianes.

La catedral de Barcelona se salvó porque los anarquistas se dedicaron a demoler el convento de Santa Clara, que está enfrente. La iglesia del Patriarca, en Valencia, fue rápidamente ocupada por las autoridades de la Universidad que se encuentra en la misma calle.

El monasterio de Pedralbes, que en el levantamiento de julio fue utilizado por los militares, se salvó de la venganza por un ardid de su guardián. La policía llegó a tiempo para proteger la iglesia, llena de riquezas, del monasterio de Montserrat; pero la virgen milagrosa ha desaparecido. Se cree que los monjes la guardaron en secreto, dejando una copia en su lugar. Las catedrales de Gerona y de Tarragona se salvaron también de la invasión.

Quienes, dejando a un lado divisiones políticas, y frecuentemente con gran riesgo personal, han salvado obras de arte religiosas, se han hecho acreedores a un gran reconocimiento. A veces hubo que aceptar compromisos, dejando que se quemaran altares modernos para salvar otros de mayor valor artístico. Los altares barrocos de la catedral de Barcelona están ahora en el Palacio Nacional.

Los palacios episcopales han sido transformados en museos para protegerles contra mayores peligros, y los depósitos de Estado de Olot, Valencia y Madrid están abarrotados de esculturas religiosas, piezas de altares y archivos de monasterios y obispados, recogidos en iglesias próximas y lejanas, y todo cuidadosamente numerado y registrado.

Nuestra primera visita fue a Barcelona. Un cierto número de las obras más importantes de arte catalán están expuestas, actualmente, en París. Para mayor seguridad se ha trasladado a Olot, una pequeña ciudad de las estribaciones de los Pirineos y alejada de todo objetivo militar, el contenido de los museos de arte medieval, en el Palacio Nacional, y de arte decorativo en el antiguo Palacio Real de Pedralbes.

Se está reorganizando el Museo Arqueológico en uno de los edificios de la exposición. En su parte posterior se han abierto galerías subterráneas, en la tierra roja de Montjuich, y las piezas más importantes de escultura clásica están protegidas con sacos terreros.

Fue interesante ver obreros ocupados en construir las nuevas galerías para las antigüedades prehistóricas e ibéricas, en una escala que un director inglés se hubiera dado por contento de alcanzar en tiempo de paz, y no digamos durante una guerra civil.

Muchos se alegrarán de saber que la colección de negativos fotográficos del Arxiu Mas, formada por el difunto señor Mas durante los últimos treinta años y que constituye un «record» irreemplazable del arte español, se encuentra segura en la caja fuerte de un banco.

Al día siguiente visitamos Viladrau, donde han sido depositados en una «villa» privada, los archivos de la Corona de Aragón y los más antiguos archivos de la ciudad de Barcelona.

Los archivos contienen más de 5000 cartas reales y con ellas algunos manuscritos medievales preciosamente iluminados. Se nos dijo que los únicos archivos que han sido destruidos hasta ahora son los del obispado de Lérida.

De Viladrau seguimos a Vich. La gran iglesia neoclásica, con sus frescos modernos de Sert, cuya obra es conocida de muchos ingleses amantes de las artes por las vidrieras de la casa de sir Philip Sasson, en Londres, ha sido totalmente destruida por el fuego y el techo ha reventado en dos sitios por bombas.

Por suerte, se ha salvado el precioso retablo de alabastro esculpido por el padre Oller, de principios del siglo XV. Debió su salvación a la sólida verja de hierro que corta el presbiterio; los anarquistas se vieron forzados a abandonar el edificio a causa del incendio de la nave antes de haber podido obtener las barras o escalas con las que superar el obstáculo.

El museo diocesano de Vich, el primer museo medieval de Cataluña, fundado por el obispo Morgades, está intacto. Antes de que prevalecieran mejores consejos, habían sido incendiadas una o dos habitaciones del piso bajo, pero el museo, arriba, con su gran colección de primitivos catalanes, no ha sufrido daño alguno.

Entre los objetos que vimos había una capa pluvial inglesa, «opus anglicanum». Se han salvado los archivos de la catedral, incluso papiros del siglo décimo; los de muchos pequeños conventos e instituciones religiosas se han llevado allí para ser depositados en el claustro gótico. De Vich fuimos a Ripoll donde vimos, intacta, la puerta de occidente, acaso el ejemplar más importante de escultura románica española después de Santiago de Compostela. El interior de la iglesia es de una desnudez deprimente. Fue saqueada durante el levantamiento contra los conventos latifundistas en 1835, y más tarde restaurada; los altares y mobiliario, que han desaparecido ahora, eran todos de fecha reciente.

Pasamos la noche en Olot. En esta pequeña ciudad provinciana, elegida por el gobierno catalán como sitio de refugio para la riqueza artística de Cataluña, la guerra parecía muy remota.

La nave y las capillas de la gran iglesia de San Esteban, están llenas de bastidores de madera que sostienen los cuadros, incluso los frescos, traídos del Museo de Arte Medieval de Barcelona y de otros muchos sitios. También está aquí el contenido de muchas colecciones privadas, todo cuidadosamente numerado y registrado. A las pinturas que mostraban ampollas (blisters) se les ha pegado papel a través de ellas para protegerlas durante el transporte.

El viaje hasta allí, en camiones, no es cosa que pueda recomendarse a la ligera para tablas pintadas, pero era preferible al peligro de bombardeos aéreos.

Entre los objetos que pudimos reconocer figuraba la talla de tamaño natural del Cristo de Lepanto de la catedral de Barcelona. Según la tradición iba en el buque almirante de don Juan de Austria y la posición de la cabeza se debe a que la estatua la inclinó para evitar una bala turca. Una vez más ha pasado a través de los peligros de la guerra sin deterioro.

En una casa particular, en las afueras de la ciudad, se ha instalado un taller de restauración. Se nos mostraron los fragmentos de un importante retablo del siglo XV, del maestro Jaime Huguet, los cuales se habían encontrado detrás de las tablas de un retablo barroco.

Esto, y uno o dos descubrimientos más, pueden apuntarse en el crédito de una revolución que tanto daño ha hecho, y como compensación, en cierta medida, al retablo incendiado del maestro de San Jorge, en la iglesia de Santa María del Mar, cuyos restos carbonizados vimos en Barcelona. Contemplamos varios crucifijos góticos de plata que un operario había recompuesto, muy hábilmente, con los deteriorados fragmentos.

Entre Olot y Gerona nos detuvimos en Besalú para visitar, brevemente, sus iglesias románicas, dos de las cuales están abiertas al culto y una destinada a almacén municipal.

El interior de la catedral de Gerona parece, ahora, más grande que nunca porque el gobierno ha removido el coro que ocupaba una gran parte de la nave. Quedan los altares barrocos en las capillas laterales, pero el gran altar de plata y el dosel están en la exposición de París.

En las salas capitulares se ha instalado un museo público con piezas de altar y esculturas de la localidad. El tesoro está intacto y se nos enseñó un manuscrito iluminado del Beatus, del año 975. Acaban de restaurarse los baños árabes, uno de los muchos ejemplos que ofrece Cataluña de continuación de trabajos a pesar de la guerra.

Al día siguiente salimos para Tarragona, visitando al paso los monasterios de Santes Creus y Poblet. Los dos sufrieron considerablemente en la guerra de 1835, pero no han padecido los desastres de 1936. En Santes Creus se ha removido el coro por las mismas razones que en Gerona.

El gran monasterio de Poblet, que se dice inspiró a Felipe II la idea de construir el Escorial, está a cargo del señor Toda, que fue cónsul general en Londres durante la Gran Guerra. El señor Toda ha consagrado durante toda su vida un interés especial a esta fundación, próxima al lugar de su nacimiento, y, ahora, ya retirado, vive en el monasterio inspeccionando el lento trabajo de restauración y recomposición de los innumerables fragmentos de las tumbas reales destruidas hace un siglo.

Su hospitalidad nos queda como uno de los recuerdos más agradables de nuestra excursión, y fue una satisfacción para nosotros que nuestra visita sirviera de ocasión para que el ministro de Cultura, señor Sunyer, que nos acompañaba, le concediera una subvención suplementaria.

La revolución ha afectado poco a la catedral de Tarragona, pero sería prudente proteger con sacos terreros las estatuas de su frente occidental. Algunas de ellas, incluso la virgen en la entreventana, han sufrido rozaduras como resultado de pedradas lanzadas por chiquillos del pueblo. Aquí se ha dejado el coro en la nave, y tan sólo se han derribado tres altares modernos, detrás de uno de los cuales aparecieron unos frescos del siglo XIV.

Los grandes retablos esculpidos al extremo este, obra maestra del padre Joan, siguen en su sitio, así como el monumento inmediato, en mármol, del archiduque Juan de Aragón. La casa capitular contiene la obra cumbre del maestro de San Jorge, cuyo gran retablo puede contemplarse en el museo Victoria y Alberto.

El museo de la catedral se formó hace muchos años y contiene una mezcla de objetos de toda especie entre los que figuran algunas buenas tapicerías. Se proyecta convertir en museo el palacio episcopal y ya han empezado las obras. En Tarragona nos despedimos del señor Gudiol, arquitecto de monumentos, cuyo entusiasmo práctico por el arte catalán hizo de él un guía de lo más instructivo.

«Pinturas depositadas en Valencia». (4-IX-1937).

Valencia, a diferencia de Cataluña, da la impresión de una nación en guerra. Mientras en Barcelona se han dispersado las obras de arte a refugios en el campo, aquí se han concentrado en edificios escogidos, bajo la protección de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional, cuyo presidente, señor Pérez Rubio, se hizo cargo de nosotros y nos sirvió de guía hasta el final de nuestra visita.

Dos edificios se han elegido para depósito de obras de arte no sólo de Valencia y su distrito, sino de las que han enviado de Madrid.

Torres de Serranos es una de las dos puertas medievales de la ciudad que se conservan. En su piso bajo, protegido por tres sólidas bóvedas de piedra superpuestas, reforzadas con cemento y arena, se han depositado, embaladas en cajas especiales, muchas de las más hermosas pinturas del Prado.

Consignemos aquí una palabra de gratitud por la paciencia y buena voluntad con las que el señor Pérez Rubio y su personal fueron abriendo las cajas para nuestro examen.

Aquí están las hermosas tapicerías de la Colección Real, así como las seis tapicerías góticas de Pastrana y otras pertenecientes al duque de Alba.

Al día siguiente fuimos a Madrid donde visitamos, en primer lugar, el Museo Arqueológico. En él está instalado el cuartel general de los trabajos de salvamento y registro de las obras de arte de la ciudad: un tremendo empeño al que contribuyen muchos voluntarios.

El piso alto del museo está vacío y los objetos se han concentrado en el entresuelo y el sótano. Aunque con poco efecto, algunas bombas han tocado al edificio, en el cual están también instalados la Biblioteca Nacional y los Archivos.

Los mejores libros de la Biblioteca Nacional están, ahora, en el sótano, y muchos libros raros de colecciones privadas se han encerrado en los armarios de acero de una habitación reforzada que había sido preparada poco antes del comienzo de la guerra.

Como el Museo Arqueológico, el Prado conserva gran parte de su contenido, aunque las piezas más importantes y de más fácil transporte se han enviado a Valencia. El director, señor Sánchez Cantón, me dijo que más de 1300 pinturas se habían traído al Prado de diferentes sitios, incluso algunas del Escorial.

En el Prado han caído ocho bombas incendiarias, afortunadamente causando poco daño.

Más tarde visitamos el Palacio Real, el cual se encuentra en una situación de lo más expuesta, frente al parque de la Casa de Campo y las líneas del general Franco. Repetidamente ha sido tocado por proyectiles, algunos de los cuales, atravesándole, han caído en el patio interior; pero hasta ahora ningún daño irreparable ha sufrido este Palacio que Napoleón describió como más bello que el suyo propio.

Una de las más tristes experiencias de nuestra visita fue el estado en que encontramos la Armería Real. La Armería de los Reyes Católicos, en parte la más hermosa del mundo, está empaquetada de cualquier manera en el sótano, o amontonada en la escalera. Es verdad que la galería tuvo que ser vaciada bajo el fuego, y que el personal que realizó la operación mostró gran valor. Pero, subsiguientemente, ha debido de ser posible trasladar la armería a otro sitio más seguro y embalarla e inventariarla convenientemente.

Estas armaduras, que no tienen precio, están ahora en pie o caídas, sin engrasar ni cuidadas, esperando pasivamente los asaltos de un tipo de guerra en el cual nunca soñaron sus propietarios. Algunas han sido deterioradas por granadas y balas, pero por lo que he podido ver ninguna de las más importantes ha sufrido de esa clase de ataque.

Otro triste espectáculo fue el que ofrecía el palacio de Liria, del duque de Alba. Su destrucción es completa, quedando en pie tan sólo los muros. Las mejores pinturas se habían quitado de las paredes antes del bombardeo, salvándose y siendo enviadas a Valencia juntamente con las tapicerías; y más tarde vimos los archivos, una parte de la biblioteca y una cierta cantidad de mobiliario que había sido sacado de las ruinas y depositado en el Hospicio.

Como contraste se nos enseñó el palacio del duque de Fernán-Núñez, del que se ha hecho cargo la Juventud Socialista, conservado en perfecto estado. Los objetos más preciosos se han llevado a la iglesia de San Francisco, pero los muebles y cortinas siguen como en vida de su propietario, el cual ha caído luchando del lado del general Franco.

El mayor depósito de obras de arte está en la iglesia de San Francisco. En ella se encierra un vasto conjunto de mobiliario, escultura, pintura y obras de arte de todas clases, cuyo registro es tenido al día en las oficinas de la Junta de Defensa, en el Museo Arqueológico.

Las facilidades obtenidas para sir Frederic Kennyon y al autor de estas líneas por parte del embajador de España y del señor Bosch Gimpera, actualmente consejero de Justicia en el gobierno catalán, no han podido ser más completas. Se nos enseñó cuanto pedimos ver y se respondió con prontitud a todas nuestras preguntas.

DOCUMENTO 18

PÁRRAFOS DE DOS CARTAS DEL EMBAJADOR EN LONDRES

AL MINISTRO DE ESTADO, ÁLVAREZ DEL VAYO

(26 y 29-I-1939).

26 de enero de 1939.

[…] Visita a lord Halifax. Le pedí hora a mediodía y me contestó que podía ir a verle a las seis menos cuarto porque si no le sería imposible recibirme hasta el lunes. La visita ha sido larga, más de media hora, y no ha podido estar más efusivo y cordial dentro de su carácter, que usted conoce. Enfoqué la cosa diciéndole que usted me había encargado le informara de la reunión tenida por el consejo de ministros ayer con asistencia del presidente de las Cortes y de los de la Generalidad de Cataluña y el País Vasco, de la que usted me había dado cuenta por teléfono a mediodía. De manera muy espontánea, y no sin cierta viveza, me interrumpió en un momento de mi explicación para decirme que nadie aquí (anybody here) había ni por un momento pensado que la caída de Barcelona podía en modo alguno poner término a la lucha española. La declaración me parece de interés sobre todo puesta en relación con algo que le diré a usted después. Mostró muy especial interés en lo que le indicaba sobre las inmensas posibilidades que tiene todavía la república, hasta el punto de hacer traer un mapa sobre el cual estuvimos viendo no sólo la zona de Cataluña, sino todo lo que contiene la zona centro-sur. Tuve la impresión de que era la primera vez que veía en un mapa con cierto detalle la extensión y valor del territorio que tiene la república en el centro y sur de España […].

29 de enero de 1939.

[…] La misma mañana del viernes, 27, fui a ver a Attlee a su despacho en la Cámara de los Comunes. Encontré que había hecho venir también a Greenwood, vicepresidente del partido, y poco después llegó Grenfell, miembro del comité ejecutivo. Le expuse cuál era la actitud del gobierno y su resolución de continuar la lucha, aportando los elementos objetivos y de hecho que justifican esa actitud. Insistí muy particularmente sobre el aspecto internacional del problema. Quedaron no sólo enterados, sino a mi juicio reconfortados y estoy seguro de que esta impresión directa y personal sobre la actitud del gobierno no dejará de influir sobre la que ellos adopten en el debate que el propio Attlee abrirá el martes en la Cámara de los Comunes sobre la situación inter nacional […]. Después del almuerzo vino a verme sir Archibald Sinclair, jefe de la minoría liberal en la Cámara de los Comunes, con el cual tuve una conversación de más de una hora. Mostró muy vivo interés al enterarse de la firmeza y resolución del gobierno ante la situación, y creo que logré desvanecer en su espíritu ciertas reservas respecto a la posibilidad de resistencia de la república. Después la conversación giró principalmente sobre la actitud de Francia. Sir Archibald se quejaba amargamente de la situación falsa en la que las izquierdas francesas les colocan cuando apoyan al gobierno francés en la misma política que ellos aquí combaten y por la que atacan al gobierno británico. Examinamos muy en detalle la cuestión de la presión británica en Francia y tuve gran satisfacción en comprobar que su criterio coincidía totalmente con el que yo he expuesto a usted repetidamente. Sir Archibald me decía sin la menor vacilación que si el gobierno francés adoptara una política firme y enérgica por considerarla necesaria para la protección de la propia seguridad francesa, el gobierno británico no podría en modo alguno negarle su apoyo. Insistí vivamente para que por todos los medios hiciera penetrar esa idea en los medios políticos franceses de izquierda; además, le hice una sugestión que acogió con mucho interés consistente en que su participación en el debate del martes estuviera concebida principalmente en vista de producir un efecto no tanto sobre la opinión pública británica, sino sobre la opinión pública francesa […]. Después vino a verme el secretario de Lloyd George, a quien expuse muy en detalle la actitud del gobierno para que se la transmitiera a Lloyd George que está en el campo.

[…] La última conversación que quiero relatar a usted (le hago a usted gracia de otras menos importantes) es la que tuve ayer por la mañana con Duncan Sandys. Fue larga y apretada porque como es militar planteaba siempre puntos y cuestiones muy concretos y determinados. Su idea estaba, por decirlo así, cifrada en la posibilidad de reorganizar la resistencia en el frente catalán porque después del colapso de este frente sería imposible que resistiéramos el empuje que Franco estaría en condiciones de poder hacer sobre nuestros frentes del centro. Sin tratar de reducir ni las posibilidades ni la importancia del frente catalán, procuré subrayar el valor decisivo que podría tener la zona central en caso de un conflicto armado entre Francia e Italia. Piensa que, en cuanto tengan dominada Cataluña, Italia y Alemania se lanzarán a la gran aventura y yo traté de hacerle ver la enorme importancia que podían tener en esa coyuntura no sólo Menorca y Cartagena con el resto de la costa en nuestro poder, sino la posibilidad, con un pequeño auxilio en material, de cortar el territorio rebelde con un avance sobre la frontera de Portugal, lo que ocasionaría un tremendo quebranto a la situación de Italia en España. En todo caso, tengo la impresión de que se fue no sólo muy impresionado por la actitud del gobierno de resistir, sino convencido de que esa resistencia, perdido o no el frente catalán, habría de ser un factor de la mayor importancia en el desarrollo de la próxima crisis. Quedó en que daría cuenta a Churchill de nuestra conversación hoy mismo y yo le rogué insistentemente que le dijera de mi parte que tendría la mayor satisfacción en hablar con él y exponer personalmente la actitud y el punto de vista del gobierno en las circunstancias presentes […]. Respecto al Foreign Office, he visto desde mi última carta a Cadogan y a sir George Mounsey. Con el primero la conversación se redujo a decirle claramente lo que pensaba sobre la aceptación que habían dado en Roma a la propuesta de Mussolini de seguir en España hasta asegurar el triunfo de Franco, completado con lo de la buena voluntad y la buena fe. Pretendió protestar alegando que el gobierno británico no había aceptado nada y le dije con toda claridad que eso no era serio y que más valdría que tuvieran el valor de decir claramente que habían cambiado de política. A Mounsey le di una carga tremenda sobre la vergüenza de que el británico aceptara sin la más leve protesta ni condena la repetición de la salvajada de los bombardeos y ametrallamientos de los fugitivos en las carreteras. Todo lo que encontró como respuesta fueron unas palabras de lamentación por la falta de eficacia que tienen sus representaciones cerca de los rebeldes […].

[La carta continúa el lunes 30 por la noche.] Esta tarde he tenido una conversación con Eden. Aparte de la explicación relativa a la actitud del gobierno manteniendo su política de resistencia, insistí mucho sobre lo de la presión británica en Francia. Lo importante sería asegurar que el gobierno británico hiciera saber en París que por su parte no pondría objeción a que Francia pusiera en práctica la política que juzgara más apropiada para la protección de su propia seguridad. Eden, aunque se mostró más bien reservado, no parecía dudar que si Francia presentara la cosa claramente al gobierno británico este último no podría negarle su apoyo […].

[…] Después hemos hecho una visita a Benes y su mujer. No le voy a hacer a usted perder su tiempo con un relato detallado de la con versación. Está en forma magnífica y muy bien de salud. Considera la guerra como absolutamente inevitable y como su resultado fatal el hundimiento de las dictaduras y una revolución en las democracias que transformará toda su estructura social y política. No tengo que decirle a usted cómo se expresa respecto de Múnich […].

[La carta sigue el jueves 2 de febrero.] Como había anunciado a usted, tuve una entrevista con Vansittart el martes por la mañana. Piensa que lo ocurrido en España es el resultado inevitable del cierre de la frontera francesa en el mes de junio. (Esto lo repitió varias veces y me daba la impresión de que ese cierre de la frontera en junio ocupó mucho su atención). Después de explicarle la actitud del gobierno y de algunas reflexiones, a las que asentía sin la menor reserva, sobre la importancia de la situación en España para Francia y para Inglaterra en el desenvolvimiento de la crisis próxima, mencioné lo que me parecía que podía tener mayor utilidad como objeto concreto de nuestra conversación: la presión británica obstaculizando toda política de energía y firmeza por parte de Francia. Me aseguró de la manera más categórica que no había presión por parte del gobierno británico, pero yo le dije que, aun siendo eso así, el gobierno británico tenía la obligación moral de hacerlo saber públicamente a fin de hacer imposible que los elementos franceses favorables a una política de claudicación justifiquen su actitud ante la opinión pública francesa por la «presión británica». Incluso desde un punto de vista puramente británico tenían interés en aclarar la situación y no seguir pasando ante la opinión pública francesa como los verdaderos y únicos responsables de la política de concesión y blanduras que no puede conducir más que a la guerra. Insistió mucho en que tanto entre los elementos políticos de todas las tendencias como entre los elementos oficiales, la eterna respuesta a nuestros argumentos tratando de obtener en Francia una política un poco más «activa» respecto de la cuestión española, es la dificultad británica. Si el equívoco que existe respecto de este punto se despejara, nuestra acción en Francia se facilitaría muchísimo. Quedó en hablar de todo ello con el secretario de Estado pidiéndome que volviera a verle dentro de unos días. Anoche le encontré en una cena en la embajada egipcia y me repitió que nos veríamos a principios de la semana próxima. En esa cena, aparte de Vansittart, no había más persona de interés que sir Samuel Hoare y su mujer. Tanto uno como otro estuvieron muy amables y hasta afectuosos; pero aunque estuve un buen rato con él después de la cena, evitó una conversación a fondo sobre la cuestión española y a mí no me pareció discreto forzarle.

DOCUMENTO 19

CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA A LORD HALIFAX,

SECRETARIO DE ESTADO

(26-II-1939).

Tengo el honor de confirmar a V. E. por escrito lo que dije ayer verbalmente a sir George Mounsey, a saber: que el gobierno de la república estaría dispuesto a considerar la cesación inmediata de hostilidades y la terminación de la guerra sin más derramamiento de sangre, si puede obtener la seguridad de que sus partidarios no serán objeto de represalias.

A este respecto sir George Mounsey tuvo la bondad de comunicarme en nuestra conversación del día 23 el texto de la declaración comunicada por el gobierno del general Franco al gobierno británico. He examinado cuidadosamente el texto de esa declaración y antes de poder someterla al gobierno de la república como base de un arreglo eventual sería muy conveniente saber si la declaración, en su conjunto, puede ser interpretada, en opinión del gobierno británico, como implicando que las personas responsables de delitos de derecho común serán juzgadas según las leyes y el procedimiento en vigor el 16 de julio de 1936, mientras que todo aquel que según esas leyes no resulte responsable de un delito de derecho común podrá vivir en España libre y tranquilo.

Aparte de esto, el gobierno de la república se permite someter a la consideración del gobierno británico dos puntos que presentan a sus ojos un inmenso interés práctico inmediato:

El primero se refiere a la posibilidad de obtener del general Franco una suspensión de hostilidades durante el tiempo necesario para precisar la interpretación de su propia declaración, a fin de determinar si podría ser aceptada como base de un arreglo que permitiera poner término a la guerra sin más derramamiento de sangre. Es evidente que sin esta suspensión provisional de hostilidades quedarían muy reducidas las probabilidades de llegar a un arreglo práctico.

El segundo se refiere a la obtención por parte del gobierno británico del apoyo y protección naval necesarios para proceder inmediatamente a la evacuación fuera del territorio nacional de las personas comprometidas. Me permito llamar la atención de usted sobre el interés general de esta evacuación si precediera al arreglo. La ausencia de esas personas facilitaría grandemente al general Franco la práctica de la política de generosidad y clemencia que anuncia. Y si entre los evacuados figurasen responsables de delitos de derecho común, fácil sería al nuevo gobierno de España recuperarlos mediante la aplicación de los tratados de extradición firmados por España. El gobierno de la república atribuye a esta evacuación la mayor importancia y ve en ella la clave que permitirá encontrar un arreglo en virtud del cual se ponga término a la guerra sin más efusión de sangre. Y confía en obtener el apoyo decidido del gobierno británico para hacerla posible, ya que, como queda indicado, el propio general Franco, a no estar cegado por un espíritu de venganza que sería incompatible con su propia declaración, no ha de ver con disgusto la salida del territorio que está todavía en poder del gobierno republicano de gentes cuya presencia en él constituiría motivo serio de dificultades políticas internas e internacionales.

Conociendo los sentimientos de V. E. creo inútil hacer un llamamiento a su alto espíritu de humanidad y a su claro juicio político. Las sugestiones que preceden se conforman en un todo a lo que tanto los sentimientos humanitarios como la razón política reclaman en estos momentos graves para todos, y decisivos para el futuro de mi país. Crea usted que escribo esta carta con el pensamiento puesto en la salvaguardia de los intereses históricos y permanentes de mi país, ante los cuales ningún buen español podrá quedar indiferente. Y abrigo la certidumbre de que en ese mismo espíritu serán acogidas por usted y por el gobierno británico las sugestiones que en ella se formulan.

DOCUMENTO 20

AYUDA MILITAR AL GENERAL FRANCO

Los párrafos siguientes de mi artículo «La intervención nazi-fascista en la guerra de España» muestran la sustancial ayuda militar, no sólo en material de guerra, sino en personal combatiente, que prestaron a las fuerzas franquistas durante toda la guerra, la Alemania hitleriana y la Italia fascista.

En cuanto a la opinión de las autoridades militares alemanas e italianas en España respecto a las perspectivas de una victoria «nacionalista», tenemos un testimonio elocuente y autorizado en la carta que el embajador alemán cerca del gobierno franquista escribió al secretario de Estado alemán desde San Sebastián, el 2 de octubre de 1938, es decir, en la última fase de la guerra. Toda ella está llena de quejas y lamentaciones acerca de la flojera de Franco en la dirección de las operaciones y, muy especialmente, de su fracaso en el intento de movilización general de todas las fuerzas del país. A este propósito conviene mencionar que en enero del mismo año de 1938, en un estudio sobre la situación militar y política de España, la Sección III del ministerio de Negocios Extranjeros alemán mostraba que la movilización realizada por Franco en su zona representaba una tercera parte de la realizada por Alemania en la primera guerra mundial, y se quejaba de que las ciudades españolas estuvieran «llenas de hombres jóvenes que no habían sido movilizados». [503]. Y a riesgo de prolongar excesivamente este inciso, vale la pena de poner estas quejas en relación con las reiteradas observaciones contenidas en esta colección de documentos sobre la impopularidad de la rebelión: el propio embajador alemán confesaba en un memorándum fechado el 25 de octubre de 1937 que en la zona de Franco «el 40% de la población era todavía políticamente insegura (unreliable)», información confirmada siete meses más tarde en un informe fechado el 19 de mayo de 1938 [455 y 586]; y más significativa, todavía, es la observación contenida en un memorándum del embajador alemán sobre las relaciones hispano-alemanas, fechado en San Sebastián el 14 de abril de 1939 (es decir, cuando la guerra estaba terminada), en el cual llamaba la atención de su gobierno sobre la necesidad de tener en cuenta la opinión del pueblo español, «cuya mayor parte, incluso ahora, está secretamente en favor de los “rojos”». [786].

Pero tomemos, de nuevo, el hilo de nuestra exposición, y para no cansar al lector con numerosas citas, limitémonos a reproducir el párrafo siguiente de la carta arriba mencionada del embajador al secretario de Estado: «En opinión de las autoridades militares alemanas e italianas aquí, es inconcebible que Franco pueda ganar la guerra militarmente en un futuro visible, a menos que Alemania e Italia, una vez más, decidan hacer nuevos sacrificios en material y personal para España». [672].

Pero lo verdaderamente notable es que, no sólo las autoridades militares alemanas, sino el propio Franco viene a reconocer que su victoria es imposible sin una considerable intensificación de la «cruzada» germano-italiana. En aquel otoño de 1938 preparaba el mando germano-italiano-franquista, alternativamente, dos ofensivas: una contra Levante y otra contra Cataluña. Eso es lo que resulta de un telegrama que el embajador dirigió a su ministro desde San Sebastián, el 27 de octubre de 1938 [687]. Para llevar a cabo esa ofensiva, Franco pidió a Alemania e Italia una gran cantidad de material de guerra; específicamente en Alemania 50 000 fusiles, 1500 ametralladoras ligeras y 500 pesadas y 100 cañones de 75 mm [685 y 686]. La petición se hizo en términos apremiantes hasta el punto de que el propio agregado militar alemán en España, teniente coronel barón Von Funck, hizo un viaje especial a Berlín para apoyarla cerca del ministerio de la Guerra [685 y 686].

Ahora bien, en octubre de 1938, formaban parte del ejército nacionalista los siguientes efectivos extranjeros:

Fuerzas marroquíes: 60 000 hombres.

Fuerzas italianas: la división Littorio (12 000 hombres); todos los aviadores, cuerpos de tanques, artillería y tropas especiales; cuadros de oficiales, suboficiales y clases para cuatro divisiones mixtas.

(Ésta era la situación después de haber retirado 12 000 hombres para hacer posible la entrada en vigor del acuerdo anglo-italiano, pendiente de una retirada sustancial de «voluntarios» de España. —Nota dirigida por el ministerio alemán de Negocios Extranjeros a sus embajadas en España, Italia, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, el 12 de octubre de 1938, dándole cuenta de una visita del consejero de la embajada de Italia al subsecretario de Estado el 11, en el curso de la cual le explicó la situación en cuanto a la retirada de «voluntarios» italianos de España. En esa misma conversación el consejero de la embajada de Italia afirmó que las fuerzas italianas en España habían perdido, en 20 meses, 2352 muertos, 8635 heridos, 196 desaparecidos y 369 prisioneros; en total, 11 552 bajas [678].)

Fuerzas alemanas: la Legión Cóndor, restituida, en personal y material, a su potencial combativo inicial, según la decisión adoptada en el mes de junio del mismo año de 1938, que se ha mencionado en otro lugar.

Pues bien, a pesar de lo que representaba esa poderosa «cruzada», las autoridades alemanas siguen desconfiando de la victoria, incluso si se accediera a enviar a Franco el nuevo material que solicitaba. El 22 de octubre, el subsecretario de Estado resume así, en un memorándum, la situación en lo que se refiere a la petición de nuevo material de guerra por Franco: «¿Queremos asegurar una victoria militar completa de Franco? Entonces, será necesario una fuerte ayuda militar; segura mente lo que ahora nos pide no será bastante. Si, por el contrario, nuestro objetivo se reduce a poner a Franco en condiciones de resistir a los “rojos”, también necesitará nuestro apoyo y para este apoyo, en lo que se refiere a Alemania, el material que nos pide ahora puede ser de importancia. Si no prestamos a Franco ninguna otra ayuda, aparte del mantenimiento en España de la Legión Cóndor, todo lo que puede preverse es un compromiso cualquiera con los “rojos”». Y, después de examinar la posibilidad de someter los nuevos envíos de material a ciertas condiciones económicas, el subsecretario de Estado agrega el sustancioso párrafo siguiente: «El teniente-coronel Funck ha traído personal mente la idea de que nuestra ayuda pueda hacerse depender de la obtención de una mayor influencia en la dirección de las operaciones militares. Ha hecho notar que la organización de Franco es extremadamente inadecuada desde el punto de vista de un oficial de Estado Mayor alemán». [686].

Hitler acabó por aceptar la petición del «generalísimo» español. Así se lo comunicó el secretario de Estado al embajador por telegrama de 7 de noviembre, encargándole que lo hiciera saber al ministro español de Negocios Extranjeros, así como, personalmente, al propio Franco acompañado del agregado militar. En el telegrama por el cual el embajador dio cuenta al ministro de haber cumplido sus instrucciones dice que Franco agradeció «de todo corazón» al agregado militar alemán sus gestiones en Berlín, y «expresó la esperanza de que con el nuevo material la guerra podría terminar muy pronto». [691 y 692]. No compartía esta esperanza el propio jefe de la Legión Cóndor, general Von Richthofen, el cual declaró a Goering y al subsecretario de Estado «que una decisión en España sólo podría obtenerse si se triplicara la Legión Cóndor, empleándola como una unidad cerrada de las formaciones alemanas»; el general consideraba, igualmente, que hacía falta más artillería. Con todo eso, concluía el general von Richthofen, «será posible ganar la guerra en España, aunque no sea en un ciento por ciento». (Memorándum del subsecretario de Estado, fechado el 13 de noviembre de 1938 [695].

Lo que causa verdadero asombro es que todo esto pudiera decirse y hacerse a la vez que se participaba en el acuerdo de no intervención y, ¡oh, sarcasmo!, en el sistema de control naval instituido para asegurar su cumplimiento. En su desprecio por la no intervención, los italianos manifestaron verdadero cinismo. El 28 de agosto de 1936, el encargado de Negocios alemán en Roma envió un telegrama con algunos comentarios sobre la brusca y reciente decisión del gobierno italiano, respondiendo favorablemente a la proposición francesa de no intervención en España. Después de explicar que la respuesta italiana había obedecido a la creencia de que un acuerdo de no intervención favorecería más a Franco que al gobierno español, el encargado de Negocios alemán añade el párrafo siguiente que, por sí solo, basta para ilustrar la siniestra farsa que fue la no intervención: «De la manera como la respuesta ha sido formulada se deduce, con la máxima evidencia, de una parte, que el gobierno italiano ha querido reservarse la más amplia libertad de acción ante las contingencias posibles, y de otra que, en ningún caso, tiene la menor intención de respetar la declaración». [60]. Y los hechos demostraron la exactitud de la observación del encargado de Negocios alemán, porque, como hemos visto, antes de que terminara el año, Mussolini había enviado a España varias divisiones, considerable material de guerra y una buena parte de la aviación italiana.

DOCUMENTO 21

ACLARACIÓN DEL GENERAL ROJO

(Sobre un artículo publicado el 13 de marzo de 1941 en la revista Argentina Libre[7*])

En el número 53 de ese semanario, aparecido con fecha 13 del mes actual, se ha publicado un artículo firmado por el señor Torhyo, bajo el título de «Una historia del drama español».

En él incurre el autor en errores lamentables que me creo obligado a deshacer, tanto por lo que afecta al prestigio que honradamente ganaron los jefes militares, los combatientes y el Estado Mayor de la república, como por lo que desfiguran la verdad.

Dice el autor: que la dirección militar quedó bajo la directa acción de los agentes rusos (párrafo 2.º de la 3.ª columna); que el ejército se movió según los «asesores» moscovitas se dignaron mandar; que no había decisión más autorizada que la suya, pues únicamente «se les obedecía a ellos, y que el general Maximov, miembro soviético del Estado Mayor republicano, fue uno de los que planearon y dirigieron la famosa batalla del Ebro» (párrafo 3.º de la 3.ª columna).

De semejantes afirmaciones absolutas sólo puede decirse que son falsas, absolutamente falsas. He sido jefe del Estado Mayor de la república desde mayo de 1937 hasta febrero de 1939 y conozco tan bien como el autor del artículo —no digo mejor porque ignoro en qué grado la conoce él— la intervención que tuvieron las personas a que se refiere en la dirección militar de nuestra guerra. Y como la conozco puedo afirmar de una manera rotunda: que el general Maximov, que jamás fue miembro del Estado Mayor republicano, no planeó ni dirigió la batalla del Ebro; ni él ni sus colaboradores ni compatriotas; ni esa operación de guerra ni ninguna otra, mientras yo ejercí la jefatura del Estado Mayor. Las directivas para planear las operaciones y las órdenes para ejecutarlas han sido siempre concebidas y redactadas por los jefes del Estado Mayor republicano que tenían la facultad y la obligación de hacerlo. Esas órdenes se cumplían mejor o peor, pero se cumplían; y lo mismo en la función técnica del Estado Mayor, que en mi gestión personal, en las actividades del Estado Mayor que de mí dependían, que en las de los mandos superiores de los ejércitos que quedaban bajo el control directo del Estado Mayor, nadie ha dirigido, coaccionado o impuesto planes o criterios de acción de ninguna clase, más que los propios jefes militares españoles, los cuales, cuando tenían asesores, conservaban la facultad de oír cuanto querían oír, y decidir después bajo su exclusiva responsabilidad lo que tuvieran por conveniente.

El hecho de que un ejército tenga asesores o instructores extranjeros no es nada depresivo, puedo decirlo a pesar de mi condición militar y aunque yo no los haya tenido; de asesores o instructores se han valido siempre los ejércitos en formación o en guerra; los han tenido en los países americanos y algunos de África, Asia e incluso Europa. No puede por ello extrañar que los tuviera el español, obligado a pasar de la nada a un ejército de un millón de hombres; pero si no es depresivo aceptar el asesoramiento, sí lo es permitir que en un problema eminentemente nacional se haya delegado la dirección militar a los extranjeros y esto no ha ocurrido en España, por lo menos de mayo de 1937 a febrero de 1939. En cuanto al hecho de que esos asesores fueran rusos, el gobierno que los llevó tendría sus razones para hacerlo; nosotros encontramos una sencilla, y es que no los encontró en ninguno de los países democráticos que pudieron prestarle aquel servicio.

Ésta es la verdad. Al proclamarla no sirvo a nadie más que a esa verdad, que debe quedar por encima de las interpretaciones políticas de nuestra guerra y de las luchas intestinas de la posguerra; y puedo y debo hacerlo porque nada me ligó ni me liga a los rusos que estuvieron en España como instructores o asesores ni a sus correligionarios. Estoy, por otra parte, obligado a hacerlo porque si de la guerra se derivan responsabilidades de dirección técnica, no debe recaer sobre quienes no la ejercieron, y en lo que a mí atañe asumo las mías, y, finalmente, porque si algo puedo yo decir de los jefes militares rusos que hubo al lado de los militares españoles para asesorarles (no a mi lado), es que fueron para mí excelentes camaradas de profesión, que me ayudaron discretamente a vencer enormes dificultades y que cuando les dieron pie para que se excedieran en sus atribuciones, tuvieron la delicadeza de no hacerlo.

Al dirigirle esta carta, señor director, está muy lejos de mi ánimo entablar polémicas de ninguna clase y mucho menos llevar a ese periódico de esencias democráticas controversias que puedan dañar más de lo que ya está el problema español. Pero es tan obligado para los que aún conservamos la responsabilidad de nuestros actos y la independencia de nuestro pensamiento velar porque no se desfigure ni empequeñezca la causa por la que se sacrificó nuestro pueblo y en la que aún está su redención, que no he dudado en escribirle estas líneas. Dejo a su criterio hacer de ellas el uso que considere más adecuado.

DOCUMENTO 22

PRIMER PLAN DE CONTROL APROBADO POR EL COMITÉ

DE LONDRES EL 12-XI-1936

Por el Comité internacional para la aplicación del acuerdo referente a la no intervención en España se establecerán dos grupos de agentes imparciales en los puntos principales de entrada por tierra y mar en España y sus dependencias, incluyéndose en primer lugar los enumerados en el anexo adjunto.

Estos grupos de agentes serán nombrados exclusivamente con el consentimiento de las partes en España.

La misión de estos grupos de agentes consistirá en averiguar si el acuerdo de no intervención se observa estrictamente e incluirá las facultades enumeradas en las secciones infrascritas VIII y IX y cualquier otra que las respectivas partes en España, o el Comité internacional, decidan posteriormente asignarles.

Se establecerá un grupo de agentes en las regiones controladas por cada una de las partes en España.

Para asegurar la imparcialidad estricta de los agentes referidos cada uno será nombrado por voto unánime en sesión plenaria del Comité internacional.

Los agentes de cada grupo actuarán bajo las órdenes de un jefe que mantendrá el contacto entre su grupo y las autoridades españolas competentes en la parte de España que se le haya asignado como de su jurisdicción.

Los agentes y sus subordinados gozarán de las inmunidades que se conceden a los agentes diplomáticos incluyendo el derecho de libre comunicación con el Comité internacional y sus miembros y con el jefe de los agentes mencionado en el párrafo VI. Se les concederá, igualmente, por las partes en España todas las facilidades para que puedan ejercer los derechos y cumplir los deberes que se les asignan y particularmente los enumerados en los párrafos VIII y IX siguientes.

Las facilidades concedidas por las partes en España a los agentes incluirán:

a) el derecho de libre entrada, en cualquier momento, en los muelles, establecimientos ferroviarios y similares;

b) el derecho de hacer las inspecciones que consideren convenientes en los establecimientos antes referidos, con el objeto de averiguar si armas de cualquier especie, u otro material de guerra, son importados en España en contravención del acuerdo de no intervención;

c) el derecho de acudir a las autoridades competentes para obtener documentos referentes a partidas determinadas en casos particulares;

d) el derecho de comunicar libremente de un sitio a otro en el cumplimiento de sus deberes dentro de la parte de España en la cual estén estacionados o localizados.

Los deberes de cada agente serán:

a) Investigar e informar, a petición del Comité internacional, sobre casos particulares en relación con los cuales una queja haya sido sometida por un gobierno al Comité;

b) Si resultase de sus propias investigaciones que una consignación de armas o de material de guerra (incluso aéreo) ha sido importada en España en contravención del acuerdo, someter los resultados de su investigación a las personas siguientes:

i) al secretario del Comité;

ii) al jefe del grupo de agentes al cual pertenece;

iii) al representante en el Comité del país de origen del material de guerra, y si lo estima oportuno al representante o representantes del país o países por cuyo territorio han transitado las armas o material de guerra.

El jefe y los agentes a sus órdenes tendrán el derecho de comunicar directamente y en todo momento con el Comité respecto a cualquier asunto relacionado con el cumplimiento de sus deberes.

El Comité considera esencial que la importación de material aéreo en España por aire sea sometida a una inspección tan rigurosa como la ejercida sobre la importación de material de guerra. A este fin el Comité (tan pronto como el sistema haya sido adoptado por las dos partes) dará instrucciones a los agentes referidos en el párrafo VI de este documento para que obtengan la información necesaria a fin de que el Comité pueda proponer las medidas conducentes a averiguar:

a) si se importa en España material aéreo de países que son partes del acuerdo y, en definitiva, la naturaleza de ese material y el país de origen;

b) si se importan en España armas o material de guerra por aire en contravención del acuerdo.

DOCUMENTO 23

NOTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL RELATIVA AL SEGUNDO PLAN DE

CONTROL APROBADO POR EL COMITÉ DE LONDRES

(24-III-1937).

Al acusar recibo, en nombre del gobierno de la república, de la comunicación referente a la organización del sistema de observación y control elaborado por el Comité internacional para la aplicación del acuerdo de no intervención en España, transmitida por el gobierno del Reino Unido, me honro en declarar:

El gobierno de España sostiene íntegro, una vez más, su derecho de Estado soberano a proveerse de armas y municiones donde y como pueda. Reitera su criterio de siempre de que la rebelión militar hace muchos meses que hubiese terminado, con ahorro de millares de vidas y del escándalo que para el orden internacional suponen las últimas modalidades de la intervención armada italiana, si las democracias de Europa no le hubiesen restado a la democracia española, a través de la errónea política de no intervención, observada sólo por las potencias democráticas y descartada sistemáticamente por los Estados totalitarios, los medios de defenderse contra la acción conjunta de un puñado de traidores a su propio país y de ciertas potencias interesadas en utilizar a España como base de sus planes político-guerreros.

Si bien a lo largo de su articulado el sistema de observación naval establece en distintas ocasiones una limitación a los barcos con derecho a enarbolar el pabellón de uno de los países participantes en el acuerdo de no intervención, el gobierno de la república pone especial empeño en hacer saber, de la manera más solemne y categórica, que está firmemente resuelto, cualesquiera que sean las consecuencias, a no tolerar ninguna injerencia en los barcos con pabellón de la república española, a los cuales ni directa ni indirectamente puede afectar el control marítimo de referencia, sea cualquiera la naturaleza de la carga que lleven a bordo.

El gobierno de la república denuncia a la conciencia universal la monstruosidad jurídica y moral que supone el conferir el título de controladores del acuerdo de no intervención a potencias que desde el comienzo y aun antes de la rebelión militar han venido prestándole su ayuda armada, y una de las cuales, por lo menos, Italia, tiene en la actualidad verdaderas unidades de su ejército combatiendo en territorio español contra el gobierno legítimo de España, en infracción flagrante del Pacto de la Sociedad de Naciones y de todas las normas del derecho internacional. De ello dan fe las pruebas aportadas en la comunicación española a la Sociedad de Naciones el 13 de marzo y en la nota al gobierno del Reino Unido de la misma fecha, aumentadas entre tanto por nuevo y abundante material acusatorio.

La gravedad de encomendar funciones que exigirían, en toda eventualidad, un criterio de neutralidad absoluta, a quienes hasta tal grado son beligerantes, adquiere singular relieve si se tiene en cuenta la actuación, especialmente durante los últimos meses, de las escuadras alemana e italiana puestas al servicio de los rebeldes, a las que se coloca, ahora, al amparo del sistema de observación naval, en su calidad de controladores del mismo, en una posición oficial para poder proseguir impunemente su labor de espionaje y agresión a lo largo de las costas españolas.

Tal como lo advertía la nota española del 8 de enero al gobierno del Reino Unido, las demoras en las deliberaciones del Comité de No Intervención, explotadas por la táctica dilatoria habitual en la diplomacia de los Estados totalitarios, hace que el sistema de la observación naval entre efectivamente en práctica, cuando los envíos repetidos y sucesivos de contingentes alemanes e italianos han colocado ya a los facciosos en posesión de un verdadero ejército invasor correspondiente en sus dimensiones y en su material de guerra a las pretensiones del Estado Mayor rebelde.

Entrando en vigor el acuerdo sobre «voluntarios» del 20 de febrero, informaciones repetidas de toda índole sobre el desembarco de fuerzas italianas el 5 de marzo vienen a justificar los temores bien fundados que abrigaba el gobierno de la república de que las nuevas decisiones del Comité resultasen en la práctica inexistentes para aquellos que han hecho del incumplimiento de sus compromisos internacionales la norma de su política exterior. Coincidiendo el gobierno de la república con el del Reino Unido en que la lucha entablada en España es exclusivamente a los españoles a quienes corresponde dirimirla, no parece el mejor camino para llegar a la eliminación en la contienda de los elementos no españoles, en vez del reembarque de voluntarios, cuyo examen se nos anuncia en la comunicación a que responde la presente nota, la llegada constante de nuevos efectivos en violación del acuerdo de 20 de febrero.

Podría el gobierno de la república señalar una serie de deficiencias en el sistema susceptibles de beneficiar exclusivamente a los rebeldes, tales como la ausencia de toda medida eficaz de control aéreo, dando así carta blanca a Alemania e Italia (a quienes se entrega la vigilancia exclusiva del Mediterráneo) para transportar a España en vuelo directo sobre el continente o sobre el mar, todo el material aéreo de guerra que consideren oportuno; como el retraso en la extensión del control a las islas Canarias; como la omisión de la clasificación de «voluntarios» de las tropas marroquíes, que por no haber ninguna ley cherifiana que les prive de la nacionalidad marroquí, ni ninguna ley española que les reconozca la nacionalidad española, son fuerzas extranjeras; y otras que invariablemente tornan en contra de los intereses del gobierno.

No estima, sin embargo, el gobierno de la república de utilidad mayor el entrar aquí en un examen minucioso del sistema de observación naval elaborado por el Comité de No Intervención. Le basta con formular su protesta terminante por lo inicuo del trato, sin precedente en los anales del derecho internacional, a que se somete un país soberano; con dolerse públicamente de que con la aquiescencia de naciones para quienes las obligaciones de Ginebra no parecían ser hasta aquí letra muerta se da estado oficial y se justifica la permanencia en nuestras costas de buques de guerra de un país, como Italia, cuyos actos, dentro de una interpretación estricta del Pacto de la Sociedad de Naciones, constituyen una verdadera agresión, que por sí misma le incapacita para seguir participando en las tareas del Comité de Londres, a cuya actuación se ha pretendido atribuir un carácter de neutralidad; y con dejar establecido, en la forma indicada en el párrafo II de la presente nota, su voluntad clara y decidida de no hacer en la defensa de su bandera dejación alguna de su soberanía, declinando por su parte cualquier responsabilidad actual o histórica que condujera a una extensión del conflicto, para evitar el cual el gobierno de la república ha realizado hasta ahora tantos esfuerzos, aun con sacrificio frecuente de sus propios intereses.

DOCUMENTO 24

NOTA ENVIADA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL AL GOBIERNO

BRITÁNICO RELATIVA A LOS CONTINGENTES MARROQUÍES

QUE COMBATEN EN ESPAÑA (9-III-1937).

Señor ministro:

Según informes fidedignos que el gobierno de la república ha recibido recientemente, nuevos refuerzos marroquíes, elevándose a 20 000 hombres, han sido transportados a España de la zona española de Marruecos en las últimas dos semanas, con destino sin duda a participar en las ofensivas que preparan los rebeldes.

Esto mueve al gobierno de la república a insistir con el máximo vigor cerca del gobierno del Reino Unido sobre la necesidad absoluta de incluir los marroquíes entre aquellos elementos extranjeros que bajo la denominación más o menos arbitraria de «voluntarios» son objeto de las medidas dictadas ya por diferentes gobiernos y por el Comité de No Intervención para impedir su participación en la lucha que ensangrienta a España, y de las que, en su día, se adoptarán en vista de asegurar la salida de España de los que ya se encuentran allí.

A menos de reconocer que la iniciativa de no intervención, y la política que ha sido su consecuencia, carecen de un valor moral, es preciso suponer que aparte del objetivo concreto y egoísta (desde el punto de vista de quienes la iniciaron y la aplican) de evitar que las dificultades internas de España pudieran originar una conflagración en la que ellas mismas se vieran envueltas, esa política de no intervención persigue, también, una finalidad de más alta estirpe moral, a saber: evitar que la lucha abierta por la rebelión militar se decidiera no por el libre y espontáneo juego de elementos propios y auténticamente españoles, sino por el peso de elementos extranjeros deliberadamente introducidos en la lucha misma por iniciativa, o como resultado y consecuencia de iniciativas tomadas por determinadas potencias que con anterioridad, sin duda, a la rebelión misma habían cuidadosamente preparado su apoyo a los rebeldes.

Y si esto es así, y así debe ser so pena de infligir el más duro golpe al valor moral de la conducta seguida en este caso por las grandes potencias, ¿cabe admitir que al propio tiempo que se elimina, o se trata de eliminar, toda participación en la lucha española de elementos extranjeros europeos, se admita, y con ello se legitime, la participación de elementos marroquíes? Si se ha considerado moralmente inadmisible que la lucha abierta por la rebelión militar pudiera decidirse gracias a la colaboración de Estados y elementos europeos, ¿no sería monstruoso, lógica y moralmente, aceptar como natural y legítimo que pudiera llegar a decidirse gracias a la colaboración de tropas marroquíes?

En estos términos claros y precisos se plantea la cuestión relativa a la inclusión de los marroquíes en la categoría de elementos extranjeros cuya exclusión total de la lucha en España constituye el objetivo último que las potencias y el Comité de No Intervención declaran per seguir, objetivo que el gobierno de la república acaba públicamente de aceptar. Y no sería serio pretender que conclusión tan monstruosa desde un punto de vista lógico y moral, como la exclusión de los marroquíes, habría de aceptarse ante las dificultades técnicas que pueda presentar su inclusión entre aquéllos a quienes las medidas prohibitivas más arriba aludidas han de aplicarse. Sin contar que la decisión de no considerar los marroquíes como elementos extranjeros a los efectos de su aleja miento de la lucha española constituye además una profunda injusticia, puesto que beneficia única y exclusivamente a los rebeldes. Con lo cual ningún espíritu objetivo y rectamente intencionado podrá nunca considerar como «fair» e imparcial un arreglo destinado a asegurar el alejamiento de elementos no españoles de la lucha que se desarrolla en España, y que no sea igualmente aplicable a los marroquíes.

Mi gobierno espera vivamente que las precedentes consideraciones harán comprender al gobierno del Reino Unido la imperiosa necesidad de aplicar íntegramente a los marroquíes cuantas medidas y disposiciones se adopten a fin de impedir la participación de elementos extranjeros en la lucha española.

DOCUMENTO 25

NOTA DEL EMBAJADOR ESPAÑOL (13-III-1937). Y RESPUESTA DEL GOBIERNO BRITÁNICO (5-IV-1937).

Carácter militar de la intervención italiana

Londres, 13 de marzo de 1937.

Señor ministro:

De orden de mi gobierno tengo la honra de comunicar a V. E. lo siguiente:

De las declaraciones prestadas por oficiales y soldados italianos hechos prisioneros en el frente de Guadalajara se desprenden los siguientes hechos:

a) El 6 de febrero y días siguientes desembarcaron en Cádiz del vapor italiano Sicilia y otros, numerosas tropas regulares italianas, equipadas, armadas y pertrechadas. Fueron concentradas en el Puerto de Santa María, y llevadas al frente de Guadalajara a efecto de la actual ofensiva.

b) Realízanla cuatro divisiones regulares del ejército italiano: 1.ª, 2.ª y 3.ª divisiones de Camisas Negras, mandada la última por el general Nuvolini, cuyo puesto de mando está en Brihuega, y primera división Littorio mandada por el general Bergonzolli, cuyo puesto de mando está en Almadrones. Manda en jefe este cuerpo de ejército el general Mangini, con puesto de mando en Algora.

c) Completan las fuerzas atacantes dos brigadas especiales, una de soldados regulares alemanes e italianos, y otra de soldados regulares alemanes y cuatro compañías de «carabinieri» motorizadas.

d) Cada división tiene dos regimientos de tres batallones de 650 hombres compuestos de cuatro compañías, tres de fusiles y fusiles ametralladoras y una de ametralladoras Fiat. Cada regimiento tiene un pelotón de morteros de 45 y una batería de 75,17. Cada división tiene además un regimiento de artillería con tres grupos: uno, de 16,7; otro, de 75,27, y otro, de 100,17; todos de tres baterías de a cuatro piezas, el primero sobre camiones y los restantes sobre tractores; una batería antiaérea de 20 mm y 260 disparos por minuto; un batallón de 50 carros de asalto mixtos, unos armados con ametralladoras Fiat antitanques de a 8, otros provistos además de cañones del 47; una compañía de gasistas y lanzallamas, con seis pelotones de los primeros y dos de los segundos; y, en fin, pontoneros, zapadores, artificieros, sanitarios, abastecedores y radiotelegrafistas. Todas las divisiones están motoriza das. Cada batallón cuenta con 70 camiones y la división tiene además un parque de reserva. Entre los batallones en acción se encuentran los números 500, 624, 824, 835 y 740.

e) La aviación se compone de 3 escuadrillas alemanas y 4 italianas de 12 aparatos cada una. Las escuadrillas italianas se componen de una sección de caza y otra de bombardeo. Los aparatos son marca Fiat, Savoia y Romeo.

f) Van a llegar otras dos divisiones italianas. Se propone el mando tomar Madrid al tiempo que las escuadras italianas y alemanas, con pretexto de vigilar las costas, atacarán Barcelona y Valencia.

g) Éstas son, en resumen, las declaraciones prestadas por Antonio Luciano, comandante mayor en activo del ejército regular italiano, jefe de ametralladoras de la 1.ª división Littorio; Achille Sacchi, teniente en activo del ejército regular italiano de la 3.ª división de Camisas Negras; Giuseppe Moretti, de la 1.ª compañía del batallón 835; Andrea Cappone, del pelotón de morteros del batallón 835; Francesco Lodo, fusilero del batallón 835; Giovanni Marotti, del batallón 835; Giuseppe Rossotto, de la 2.ª compañía del batallón 624, etc.

Estas declaraciones, que quedan resumidas en el párrafo anterior, confirman de manera incontrovertible la presencia en el sector de Guadalajara, y por tanto la participación en la lucha española de parte de los rebeldes, de verdaderos contingentes del ejército regular italiano.

Ante todo, el gobierno de la república quiere recordar que en su nota del 8 de enero, el ministro de Estado preveía ya explícitamente la eventualidad que los envíos sucesivos y repetidos de «voluntarios», aprovechando los retrasos en el establecimiento del control, pudieran obligarle a modificar su actitud de principio ante la idea misma del control.

Pero la participación en la lucha de contingentes militares formando parte del ejército regular italiano, no sólo constituye la más escandalosa violación perpetrada sobre el continente europeo desde la gran guerra de los principios mismos sobre los que ha de cimentarse toda comunidad internacional jurídicamente organizada y que constituyen la esencia y la base de la Sociedad de Naciones, sino que plantea, abiertamente, una cuestión política sobre cuya magnitud y trascendencia apenas es necesario insistir. Se trata ya de un caso caracterizado de la peligrosa modalidad anunciada por el ministro de Estado de la república en el discurso que pronunció ante la última Asamblea de la Sociedad de Naciones, de guerra efectiva, patente, sin previa declaración. Es imposible, en efecto, que nadie pueda confundir la infracción más o menos abierta del compromiso de no autorizar la salida de «voluntarios» con destino a la lucha española y la organización y envío por el propio gobierno italiano de una verdadera expedición militar destinada a combatir al lado de los rebeldes. Lo primero es algo que puede quedar sometido a la garantía de un mecanismo técnico de control más o menos perfecto. Lo segundo plantea una cuestión política de la máxima gravedad y trascendencia, cuya solución no podrá ciertamente encontrarse en la aplicación de un control por perfecto que sea, sino que requiere la colaboración directa de los países sobre quienes pesa el honor y la responsabilidad de las funciones rectoras de la vida internacional con temporánea.

A juicio del gobierno español, esta cuestión se halla ya planteada, y claras las responsabilidades que de ella se derivan; su juicio se apoya en pruebas netas y categóricas. Pide que se examinen y quede decidido de manera inapelable si su juicio corresponde a la realidad de los hechos.

Tal es el objeto de la presente nota. El gobierno de la república requiere en un espíritu de confiante colaboración al gobierno del Reino Unido para que éste tenga a bien interponer cerca del Comité de No Intervención su valioso influjo a fin de obtener que este último se encargue a la mayor brevedad posible de la tarea más arriba indicada, consistente, en suma, en examinar y pronunciarse sobre las alegaciones del gobierno español respecto de la verdadera naturaleza y carácter de la colaboración militar prestada por el gobierno italiano a los rebeldes.

El gobierno de la república se declara desde ahora dispuesto a prestar su entera colaboración a las medidas que el Comité de No Intervención juzgara necesario adoptar a ese efecto.

Aprovecho esta oportunidad…, etc.

Foreign Office, 5 de abril de 1937.

Excmo. señor:

He comunicado al gobierno de Su Majestad en el Reino Unido el texto de la nota que tuvo V. E. la bondad de dirigirme con fecha 13 de marzo, sobre la participación de tropas alemanas e italianas en la guerra civil española.

En contestación tengo la honra de manifestarle que, a juicio del gobierno de Su Majestad, el mejor remedio a la situación expuesta en la nota de V. E. consiste en la retirada, de común acuerdo, de todos los combatientes extranjeros del territorio español. Con este objeto el gobierno de Su Majestad, por su parte, se propone procurar avanzar las presentes negociaciones para un acuerdo sobre dicha cuestión.

DOCUMENTO 26

CARTA DEL DELEGADO PERMANENTE DE ESPAÑA EN LA SOCIEDAD DE NACIONES

AL SECRETARIO GENERAL DE DICHA ORGANIZACION (31-V-1937).

Bombardeo de Almería

Señor secretario general:

En el telegrama por el cual, el 27 de noviembre último, el gobierno español solicitó una reunión del Consejo en sesión extraordinaria, y en la exposición que tuve el honor de someterle en nombre del gobierno español, el 10 de diciembre, llamé la atención de sus miembros sobre las graves consecuencias que podía representar para la paz internacional la extensión al dominio naval de la cooperación de potencias extranjeras con los rebeldes, señalando al propio tiempo que, ya por entonces, se habían producido ataques sobre diferentes puntos de la costa española por buques de nacionalidad «desconocida».

En vista de que existía el Comité de No Intervención, el Consejo recomendó a los miembros de la Sociedad representados en él que no ahorraran esfuerzo para hacer lo más estrictos que fuera posible los compromisos de no intervención y que adoptaran las medidas adecuadas para asegurar, sin demora, un control eficaz de la ejecución de dichos compromisos.

El Comité de Londres ha creído deber confiar ese control a un número limitado de grandes potencias. En particular, se ha encargado a la flota alemana la observación de una parte de las costas españolas del Mediterráneo sobre la cual ejerce el gobierno español su poder legítimo.

El gobierno español no había dejado de expresar sus temores sobre el plan de control que le fue comunicado en su nota al gobierno británico, portavoz del Comité. Fundándose en su experiencia de los servicios prestados a los rebeldes por los buques de guerra alemanes, el gobierno español temía que los buques de guerra de la flota alemana encargados, unilateralmente, del control de la zona que se les había asignado, utilizaran su situación en ese sector, en el que son únicos dueños y testigos de sus actos, para continuar su agresión contra los puertos y los barcos españoles.

Los hechos que tengo la honra de poner en su conocimiento confirman plenamente los temores de que el gobierno español había dado cuenta al Comité de Londres. Esos hechos son los siguientes:

En las primeras horas del sábado 29 de mayo el jefe de la escuadra alemana en el Mediterráneo, contraalmirante Von Feschel, dirigió al comandante militar de la república en Valencia un telegrama para hacerle saber que, en caso de que aviones de la república volaran, como ya había ocurrido, sobre buques alemanes que estuvieran cumpliendo su deber en la zona de control, había dado órdenes con el fin de que se adoptaran las medidas adecuadas.

Dado que los buques de guerra alemanes encargados, según el sistema adoptado por el Comité de Londres, de observar, a una distancia no inferior a 10 millas, ciertas zonas en poder del gobierno, no creen que sea incompatible con su misión internacional que les ha sido confiada el hecho de visitar puertos ocupados por los rebeldes en zonas cuya observación incumbe, según el sistema del Comité de Londres, a buques de otras naciones, la pretensión del almirante alemán implicaba que la posible presencia de un buque alemán en uno de esos puertos impediría, por ejemplo, las operaciones de reconocimiento de la aviación del gobierno español.

El ministro de Defensa de la república respondió inmediatamente al almirante alemán que si el control se hacía a la distancia fijada por el Comité de Londres, los buques de guerra no correrían ningún peligro por parte ni de la aviación ni de la escuadra republicana. «Pero —aña día— ésta garantía no puede darse si los buques entran imprudente mente en las radas o puertos que son centros notorios de actividad facciosa». El ministro de Defensa declaraba que en ese caso no era posible que el gobierno legítimo de la república detuviera su acción.

En la tarde del mismo día, dos aviones enviados por la autoridades republicanas en servicio de reconocimiento sobre el centro rebelde de Ibiza sufrieron el fuego de un buque de guerra alemán anclado en el puerto. Las órdenes dictadas por el almirante aquella misma mañana fueron ejecutadas. Los aviones españoles respondieron bombardeando al buque agresor. El gobierno español hizo conocer inmediatamente estos hechos por un comunicado de prensa.

El gobierno alemán, por su parte, esperó veinticuatro horas antes de hacer saber que el acorazado Deutschland en rada de Ibiza, había sido bombardeado, súbitamente, el 29 de mayo, entre 6 y 7 de la tarde, por dos aviones del gobierno español. Esta versión tardía está en contradicción con la amenaza clara contenida en el telegrama del almirante Von Feschel anunciando al comandante militar de la república «que había dado órdenes para que se adopten las medidas adecuadas».

Fundándose en el incidente de Ibiza, el gobierno alemán ha hecho bombardear esta mañana el puerto de Almería. A las 5 horas 45 minutos un crucero y cuatro destructores han tirado sobre Almería 200 disparos de cañón. 35 edificios han quedado enteramente destruidos. Hasta ahora se han encontrado entre las ruinas 19 muertos, entre los cuales 5 mujeres y un niño.

De orden de mi gobierno tengo la honra de poner inmediatamente en conocimiento de V. E. esta nueva e inaudita agresión por parte de las fuerzas navales del Reich, que constituye el más grave atentado contra un Estado independiente y soberano, entre todos los actos de agresión perpetrados por la flota alemana desde que el Reich, en contra de todas las reglas del derecho internacional y de los compromisos derivados de la declaración de no intervención, ha emprendido una intervención belicosa en la lucha de España.

Dada la excepcional gravedad de este acto, decidido por el gobierno del Reich después de largas deliberaciones; dado, igualmente, el anuncio oficial del envío de nuevos buques de guerra alemanes al Mediterráneo, según el comunicado publicado en Berlín, el gobierno español tiene el urgente deber de llamar la atención de V. E. sobre esta situación con el ruego de que haga llegar la presente comunicación a conocimiento de los miembros de la Sociedad de Naciones.

Acepte, señor secretario general, las seguridades de la alta consideración con que soy de V. E. atento seguro servidor

Julio Álvarez del Vayo.

DOCUMENTO 27

NOTA DIRIGIDA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL AL GOBIERNO BRITÁNICO

Bombardeo de Almería

Londres, 4 de junio de 1937.

Señor ministro:

De orden de mi gobierno tengo el honor de comunicar a V. E. lo siguiente:

Los actos de agresión realizados recientemente por la flota alemana han merecido una atención especialísima del gobierno de la república. Al examinarlos no se ha apartado un instante de su muy reiterado propósito de no agravar la situación internacional.

Cuando se implantó el plan de control, en cuantas ocasiones le ha sido dable, el gobierno de la república ha patentizado la monstruosidad jurídica que significa la equiparación de un gobierno legítimo con un grupo faccioso levantado en armas contra el poder del Estado.

Pero el gobierno de la república jamás pensó ni pudo admitir que el ejercicio del plan de control significaría mengua alguna de los derechos soberanos que como tal gobierno tiene, entendiendo entre ellos el de perseguir a los rebeldes en cualquier parte, tierra, mar o aire, del territorio nacional, en que sus propias fuerzas pudieran encontrarse, sin que de la presencia de actores o espectadores más o menos interesados en el triunfo de los rebeldes pudiera derivarse para éstos una ventaja, y para aquéllos una estancia sin riesgo. Y a tal efecto, y desde el comienzo de la sublevación militar, por repetidas disposiciones el gobierno de la república hubo de declarar zonas de guerra las costas de la península, islas y territorios dependientes de su soberanía o del protectorado de España en Marruecos (Decretos de la Presidencia del Consejo de Ministros de 10, 11, 18 y 30 de agosto de 1936).

La realidad ha venido a justificar los recelos, sospechas y temores anticipados por el gobierno de la república al examinar el plan de control, ya que como consecuencia del mismo han surgido para Europa un grave conflicto y para España un duelo más, por la agresión criminal de unos cuantos navíos de la flota alemana contra la ciudad de Almería, y esto no ha constituido sorpresa alguna para el gobierno de España, por cuanto lo que antes era solapado se ha convertido ahora en público. El ataque contra Almería no ha dejado de ser un acto contra el que toda sociedad internacional jurídicamente organizada debiera reclamar justicia. Las fases del mismo son las siguientes:

Telegramas cruzados entre el almirante Von Feschel que se llama a sí mismo «Jefe de las fuerzas alemanas en aguas españolas», al ministro de Defensa nacional, en los que se pone al descubierto un propósito de agresión preconcebida (anexo A). Estos telegramas contrastan con la correspondencia cambiada entre el ministro de Defensa y el encargado de negocios de la Gran Bretaña con motivo del ataque de las fuerzas aéreas españolas a la base naval de Palma de Mallorca (anexo B). También contrastan con la conducta del gobierno de Francia con motivo de la agresión a un avión de la línea del servicio París-Bilbao por fuerzas rebeldes, y el ametrallamiento de Cerbère por aviones facciosos.

Ataques en aguas españolas rebeldes de Ibiza a unos aviones españoles, que tuvieron que responder en forma adecuada y con el resultado conocido, a la agresión del acorazado alemán Deutschland, incidente que el gobierno de Berlín deforma para presentarlo como una agresión premeditada del avión español, a fin de conseguir que Alemania dejara de figurar en el Comité de No Intervención, y que ha sido admitido como bueno por algunas cancillerías.

Lo sucedido tuvo lugar en la forma siguiente: El Deutschland se hallaba anclado en la bahía de Ibiza, por lo tanto en aguas jurisdiccionales españolas, cuando dos aviones españoles verificaban un vuelo de reconocimiento. Los aviones al pasar cerca del Deutschland sufrieron el fuego de las baterías antiaéreas de dicho acorazado, sin que, como pretende el Alto Mando alemán, puedan desfigurar este hecho la circunstancia de hallarse la tripulación del barco descansando, ya que sabido es que en zona de guerra los navíos nunca dejan de tener sus baterías dispuestas a abrir fuego, muy principalmente los buques alemanes, cuyo jefe había ya anunciado insolentemente que en cuanto un avión español volase próximo a ellos adoptaría «las contramedidas correspondientes». Los aviones respondieron en forma adecuada a esta agresión.

Invoca el gobierno alemán que dicho barco se encontraba ejerciendo las funciones de control que le fueron confiadas por el Comité de Londres. Al Comité de Londres le compete estimar si esto es cierto, pero en todo caso el gobierno español tiene que hacer constar a esos efectos que, según las reglas acordadas por el mismo Comité, las funciones de control se efectuarán a una distancia no inferior en ningún caso a 10 millas de las costas españolas, y además que el control de las islas Baleares en ningún momento ha sido confiado a la flota alemana, la que, por otra parte, estaba prevenida de que el abastecimiento de combustible para sus buques no se haría en puertos españoles.

Como hecho de mayor relieve y de cruenta singularidad, el inaudito ataque a la ciudad de Almería por cinco unidades de la flota alemana, causando docenas de víctimas entre pacíficos ciudadanos, mujeres y niños, aparte considerables daños materiales.

Pretende el gobierno de Berlín derivar un derecho a represalias del accidente surgido por la agresión del Deutschland a nuestros aviones en Ibiza. Semejante actitud convertida en principio haría correr gravísimos peligros a la paz europea, en contraste con la serena conducta de la república española ante las repetidas agresiones de que ha sido objeto, conducta que no se habrá de confundir con falta de decisión para hacer respetar derechos soberanos.

En resumen, el gobierno de España quiere hacer constar:

Su protesta contra la bárbara agresión que significa el bombardeo de Almería, presentado por Alemania como represalia por los daños causados al Deutschland.

Que se ha cometido un atropello más a nuestra soberanía de país independiente y un insulto al honor español.

Que el gobierno español se dirige por intermedio del gobierno británico al Comité de No Intervención, no sólo en son de protesta, sino expresando las reservas que hace de su derecho a reclamar por los daños y perjuicios de todo género, gravísimos en el orden material, e incalculables en el orden moral, ocasionados por una parte de la flota alemana, a la que el Comité de No Intervención ha conferido el control del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los países que suscribieron el pacto de No Intervención, pacto que Alemania e Italia violan sistemáticamente.

El gobierno de España reclama ante los países que han suscrito el pacto de no intervención las garantías debidas para que en el uso de su innegable derecho a ejercer actos de guerra en las aguas, puertos y tierra de la república, no surjan incidentes como los denunciados.

Por otra parte, el gobierno de la república declara que no tiene inconveniente en que los organismos internacionales competentes examinen la exactitud del hecho de que la agresión partió del Deutschland.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de la alta consideración con que soy, señor ministro, de V. E. atento seguro servidor.

ANEXO A

Copia del telegrama que con fecha 29 de mayo de 1937 dirigió al ministro de Defensa Nacional el contraalmirante Von Feschel

Al Mando Militar de Valencia: Estos últimos días los aviones a sus órdenes se han acercado repetidamente, y varias veces a manera de ataque, a buques de guerra alemanes que cumplían sus deberes en la zona de control. Esta manera de acercarse en vuelo a buques de guerra de otras naciones es contraria a las costumbres internacionales. Ruego dejen de volar sobre buques de guerra alemanes. Para caso que el hecho se repita, he dado órdenes de que se tomen las contramedidas correspondientes. Firmado: Von Feschel, contraalmirante y jefe fuerzas alemanas en aguas españolas.

Copia del telegrama que con fecha 29 de mayo de 1937 dirigió el ministro de Defensa a Cartagena para que fuera reexpedido por radio al crucero alemán Deutschland

No es cierto que aviones de la república española hayan realizado vuelos agresivos sobre los buques de guerra extranjeros que estuviesen ejerciendo el control. Si éste se realizase a la distancia fijada y en las condiciones establecidas por el Comité Internacional de No Intervención estarán dichos buques absolutamente libres de todo riesgo con respecto a nuestra aviación y a nuestra escuadra, garantía que no puede ser ofrecida por igual si fondean imprudente e injustificadamente en radas o puertos que constituyen centros de notoria actividad de los rebeldes contra los cuales no cabe detenga su acción el gobierno legítimo de la república española.

Copia del telegrama por el cual el contraalmirante Von Feschel contestó al anterior

Su comunicación de que no es cierto que los aviones a sus órdenes hayan realizado vuelos agresivos sobre buques de guerra alemanes en la zona de control internacional, la rechazo como no correspondiente a la realidad. Puesto que la actuación efectiva de sus aviones, según consta por su respuesta, por lo visto no está sometida a su influencia, me reservo en caso de repetición el tomar las medidas oportunas y renuncio a la continuación del intercambio de notas. Firmado: Von Feschel, contraalmirante.

ANEXO B

Correspondencia entre el señor Prieto, ministro de Defensa, y el señor Leche, encargado de Negocios británicos en Valencia

Valencia, 27 de mayo de 1937.

Excmo. señor don Indalecio Prieto, ministro de Defensa Nacional. Valencia.

Mi distinguido señor ministro y amigo: me permito comunicarle urgente y personalmente que durante el ataque aéreo llevado a cabo en Palma ayer por los aviones gubernamentales, cayó una bomba a unos 20 metros del buque británico Hardy, jefe de flotilla, que se hallaba en el puerto no muy lejos del acorazado italiano que fue alcanzado con resultados tan desastrosos para su oficialidad.

Debido a esto, el buque Hardy ha cambiado su posición. Se halla distante una milla del nuevo faro, orientado a 115 grados de este último.

Ruego sean transmitidos estos informes cuanto antes a las autoridades interesadas.

Al mismo tiempo agradecería a V. E. me indicase tan pronto como le sea posible la posición exacta de un fondeadero de seguridad para los acorazados británicos en Palma al este del meridiano de la catedral de Palma.

Aprovecho gustoso la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración más distinguida.

J. Leche.

Valencia, 27 de mayo de 1937.

Ilmo. señor don J. Leche, encargado de Negocios de la embajada británica. Valencia.

Distinguido amigo: en respuesta a su comunicación de hoy, en que me da cuenta de que durante un ataque aéreo, verificado ayer, cayó una bomba a 20 metros del buque británico Hardy, que se hallaba en el puerto de Palma de Mallorca, no muy lejos de un acorazado italiano, y defiriendo gustoso al ruego que me formula de señalarle la posición exacta de un fondeadero de seguridad para los buques de guerra británicos en Palma, debo decirle que éstos pueden fondear al sur del paralelo de Punta San Carlos y al este del meridiano de la catedral. La posición de este fondeadero ha sido ya comunicada por mí a la jefatura de las fuerzas aéreas de la república.

Aprovecho gustoso la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi consideración y amistad.

Indalecio Prieto.

Embajada británica, 29 de mayo de 1937.

Excmo. señor don Indalecio Prieto, ministro de Defensa Nacional. Valencia.

Estimado ministro y querido amigo: mucho le agradezco la amable visita que S. E. tuvo a bien hacerme anteayer, como también la designación de una zona neutral para evitar cualquier agresión a los buques de nuestra escuadra surtos en Palma de Mallorca. Las medidas adoptadas tan urgentemente en este sentido revelan una exquisita cortesía altamente apreciada no solamente por mí, sino también por nuestro Alto Mando naval en aguas levantinas.

Me complazco en enviar a V. E. junto con esta carta, traducción de una nota que acabo de recibir del capitán de navío, Mr. Vervaes, el cual además se vería sumamente honrado si V. E. accediera a recibirle.

Me reitero gustoso su affmo. q. e. s. m.

J. H. Leche.

Nota citada en la carta del señor Leche:

H. M. S. Resource. Valencia, 28 de mayo de 1937.

El oficial más antiguo, Valencia, saluda atentamente al encargado de Negocios de Su Majestad, y tiene el honor de rogarle transmita al ministro de Defensa Nacional sus más expresivas gracias por haber accedido al requerimiento hecho por el Almirantazgo sobre la designación de una zona neutral a los buques de Su Majestad Británica en Palma. Este fondeadero será de gran asistencia a la Armada Real en la labor humanitaria que lleva a cabo actualmente.

Valencia, 31 de mayo de 1937.

Ilmo. Sr. don J. H. Leche, encargado de Negocios de la embajada británica.

Muy señor mío y distinguido amigo: He recibido su atentísima carta de anteayer, que le agradezco mucho, así como la traducción de una nota del capitán de navío, Mr. Vervaes, de la dotación del Resource. Con viva complacencia recibiré a este señor, colmándose así la satisfacción que su nota juntamente con las amables misivas me producen.

Me permito dar a la publicidad los documentos que se cruzaron entre V. E. y yo, porque revelan una corrección exquisita y ofrecen un contraste con otra actitud que ha tenido a estas horas muy trágicas consecuencias.

Queda a sus órdenes su afmo.

Indalecio Prieto.

DOCUMENTO 28

PREPARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA

POR EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES

EL 29 DE MAYO DE 1937

(Apuntes de mi diario).

Desde el jueves 27 me enseñaron un proyecto inglés. Deplorable; blando; la retirada de combatientes no españoles perdida en un fárrago de otras cuestiones; se hablaba de «nombreuses personnes participant à la lutte» cuando ya estaban en España la Legión Cóndor y varias divisiones italianas; y al final un largo comentario sobre cuestiones humanitarias. La noche del mismo día 27 Vigier (miembro de la sección política de la secretaría) entregó ese texto a Massigli (director de la sección Sociedad de Naciones en el Quai d’Orsay). Mientras Delbos (ministro francés de Negocios Extranjeros) se vestía para una recepción de la embajada de Egipto, Grumbach (presidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara francesa y miembro de la delegación) le habló de él y Delbos llamó a Massigli, y éste tuvo que entregarle el texto inglés. Delbos lo encontró muy malo.

En la mañana del viernes, 28, preparé nuestro texto que Vayo aprobó. Durante la sesión del Consejo, Massigli me llamó para hablar de la resolución y le enseñé el texto de la resolución que había preparado, pero me negué a entregárselo. Lo leyó dos veces con mucho interés. También se lo enseñé a Hoden (jefe de gabinete del secretario general, señor Avenol). Por la tarde, al acabar la reunión del Consejo, sus miembros se reunieron en el despacho de Avenol sin nosotros. En esa reunión adoptaron un texto que era el mismo inglés un poco reforzado, pero muy insuficiente. Entre tanto, habíamos recibido la aprobación de nuestro texto por el gobierno, como un mínimo. Durante la cena en casa de Walters (subsecretario general inglés) nos dieron el texto adoptado en la reunión de los miembros del Consejo. Nosotros enseñamos el nuestro a Vigier y Walters y quedamos en entregarlo al secretario general al día siguiente.

Se hizo antes de empezar la sesión secreta del Consejo en el despacho de Avenol. Éste, furioso ante nuestra osadía al presentar una contraproposición, apremió a Eden y Delbos para que se rechazara de plano como inadmisible. Cuando la leyó se produjo un silencio. Todos comprendían que aquello no podía ser rechazado de plano. Se entabló una discusión confusa tratando de fundir los dos textos. Eden declaró, muy rojo y furioso, que la única base de discusión posible era el texto aprobado por el Consejo. Vayo manifestó con gran calma y firmeza que él no podía admitir otra base de discusión más que su texto. Litvinov propuso que se tomara como base de discusión el texto español. Enseguida se constituyó un comité de redacción compuesto de Delbos, Eden, Sandler (Suecia), Litvinov y Vayo. En el comité Avenol no desplegó los labios; estaba furibundo. Delbos estuvo bien. Eden comprendió que era inútil dar la batalla. En definitiva nuestro texto no sólo sirvió de base a la discusión, sino que fue aprobado con algunas modificaciones y agregando algo tomado del texto inglés.

DOCUMENTO 29

NOTA DEL GOBIERNO BRITÁNICO AL GOBIERNO ESPAÑOL

(16-VI-1937).

Acuerdo de las cuatro potencias navales sobre la vigilancia de control

Excmo. señor:

De orden del secretario de Estado de Su Majestad para Negocios Extranjeros tengo la honra de informar a usted que el gobierno de S. M. en el Reino Unido, a petición de los cuatro gobiernos interesados, se ha encargado de transmitir al gobierno español una comunicación convenida entre el gobierno de S. M. y los gobiernos francés, alemán e italiano relativa a la creación de condiciones más seguras para que continúe funcionando el plan de patrullas navales.

Los cuatro gobiernos arriba citados han acordado:

Que se solicite de las dos partes en España una seguridad específica de que respetarán los buques de guerra extranjeros en alta mar y dondequiera que sea, y de que tomarán medidas para que sus fuerzas navales y aéreas hagan efectiva esa seguridad.

Que con el objeto de evitar ataques accidentales, o daños, a los buques de guerra que participan en las patrullas cuando estén anclados en puertos de una u otra parte, se invitará a las dos partes contendientes en España a ponerse de acuerdo con las cuatro potencias sobre una lista de puertos españoles que podrán ser utilizados como bases para sus barcos en servicio de patrulla y sobre una definición de las zonas de seguridad que se establecerán en dichos puertos.

Que se hará saber a las dos partes que toda infracción a las seguridades precitadas, o todo ataque contra buques de guerra extranjeros responsables de la patrulla naval, será considerado por las cuatro potencias participantes en el control como asunto de interés común; y que las cuatro potencias, independientemente de las disposiciones inmediatas de propia defensa que crean necesario adoptar las fuerzas de la potencia directamente atacada, convendrán inmediatamente entre ellas las medidas que hayan de tomarse de común acuerdo, teniendo en cuenta la opinión que el gobierno interesado tendrá, naturalmente, derecho a expresar sobre las medidas ulteriores apropiadas.

En consecuencia, tengo instrucciones de expresar en nombre de los gobiernos de las cuatro potencias la esperanza de que el gobierno de la república dará, en el plazo más breve posible, la seguridad definida en a, y se mostrará dispuesto a ponerse de acuerdo con las cuatro potencias como se indica en b.

Se dirige una comunicación análoga a las autoridades de Salamanca. Aprovecho esta oportunidad para expresar a V. E. la seguridad de mi más alta consideración.

J. H. Leche.

DOCUMENTO 30

NOTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL AL GOBIERNO BRITÁNICO

(23-VI-1937).

Respecto al acuerdo de las cuatro potencias navales sobre la vigilancia del control

Señor ministro:

Tengo la honra de comunicar a V. E. las observaciones que el gobierno de la república desea someter a la consideración del gobierno del Reino Unido, en respuesta a la nota que este último, en su propio nombre y en el de los gobiernos de Francia, Alemania e Italia, transmitió al gobierno de España por intermedio del señor encargado de Negocios el día 16 del mes actual.

1.º Mi gobierno no puede menos de expresar la sorpresa que le ha causado el hecho de que esta comunicación, cuyo objeto cae plena mente dentro de la aplicación del acuerdo de no intervención, le sea presentada, no en nombre del Comité especialmente constituido en Londres para asegurar el cumplimiento de ese acuerdo, sino en nombre de cuatro de sus miembros. Si bien es verdad que la nota se refiere a cuestiones conexas con el control naval, ejercido por los cuatro países en cuyo nombre ha sido presentada, también es exacto que esos países actúan como mandatarios de todos los representantes en el Comité de Londres. Además, los propósitos anunciados en la nota implicarían al realizarse una modificación fundamental de las normas de control fijadas por el Comité de No Intervención.

Por las expresadas razones, el gobierno de la república es de opinión que el examen de las proposiciones de las cuatro potencias mandatarias en el ejercicio del control naval quedaría grandemente facilitado si le fueran sometidas en nombre del Comité de No Intervención.

2.º En principio, el gobierno de la república está dispuesto a examinar toda proposición encaminada a evitar la repetición de incidentes como el que ha dado origen a las contenidas en la nota británica de 16 de junio. Sin embargo, se ve obligado a llamar la atención del gobierno del Reino Unido sobre la imposibilidad en que se encuentra de proceder al examen de estas últimas, dado su carácter unilateral, en tanto no vengan acompañadas de otras proposiciones destinadas a garantizar la seguridad de los buques mercantes, puertos y ciudades costeras españolas, contra los ataques más o menos encubiertos de que en varias ocasiones han sido objeto por parte de los buques de guerra alemanes e italianos; e igualmente destinadas a impedir que esos buques puedan continuar prestando su colaboración a las unidades navales en poder de los rebeldes. No protestar contra este sistema de proposiciones unilaterales, contenidas en la nota del gobierno británico, implicaría por parte nuestra aceptar la tesis de que la tensión derivada del ejercicio del control, ha sido originada por una supuesta agresividad del gobierno español y de las fuerzas leales contra los buques que ejercen dicho control. El gobierno español ha denunciado reiteradamente el peligro que representaba confiar a barcos de naciones hostiles el control frente a sus costas.

3.º Consciente de la gravedad que presentan las actuales circunstancias y fiel a lo que ha sido siempre su línea de conducta, no ha de encerrarse mi gobierno en una actitud negativa. La nueva sugestión que se permite formular consistiría en que el Comité de No Intervención incorporase a la proposición que habría de ser sometida en su nombre a la consideración del gobierno español las disposiciones que juzgara adecuadas para garantizar la seguridad de las costas y de los buques españoles contra ataques por parte de navíos alemanes e italianos que ejercen ese control; e impedir que estos últimos puedan continuar prestando su colaboración activa a los buques rebeldes. Y a este respecto el gobierno de la república española declara que, llegado el caso, acogería con simpatía toda propuesta del Comité que tienda a subrayar el carácter internacional de las fuerzas navales de control; por ejemplo, la presencia de observadores neutros que representen al Comité de No Intervención a bordo de esos buques. Esta medida sería sin duda facilitada si el ejercicio del control se confiara a trawlers armados o a pequeñas unidades auxiliares y no a grandes unidades de las flotas navales; esto reduciría sin duda los riesgos de incidentes que el gobierno de la república no ha dejado de señalar como inherentes al control.

4.º Finalmente, no puede dejar de oponer su más enérgica protesta contra el empleo, en la nota del gobierno británico del día 16 del corriente, de la expresión dos partes, porque supone una equiparación entre el gobierno legítimo de la república española y unos facciosos levantados en rebeldía contra el Estado.

Esperando que las sugestiones arriba mencionadas han de encontrar una acogida favorable por parte del gobierno del Reino Unido, aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de la alta consideración con que soy, señor ministro, de V. E. atento seguro servidor.

DOCUMENTO 31

RESPUESTA DEL GOBIERNO BRITÁNICO

A LA NOTA ANTERIOR

El Foreign Office respondió a esta nota el 8 de julio, en unos términos en que la cortesía diplomática no podía ocultar el mal humor y la contrariedad que la actitud del gobierno español había causado al gobierno británico:

Excmo. señor:

Tengo la honra de acusar recibo de la nota de V. E. del 23 de junio, por la cual ha comunicado usted la respuesta del gobierno español a la nota que le dirigió el gobierno de S. M. en nombre de las cuatro potencias navales el 16 de junio.

En contestación a ella debo manifestar que el gobierno de S. M. advierte con sorpresa y lamenta que el gobierno español no esté dispuesto a dar, sin reservas, las garantías que se solicitaban de él para la seguridad de la navegación extranjera en aguas españolas. El gobierno de S. M. no puede considerar esta respuesta como satisfactoria y se ve obligado a advertir al gobierno español que todo acto de provocación o de agresión dirigido a la navegación extranjera en aguas españolas tendría serias consecuencias.

Con la más alta consideración, soy de V. E. atento seguro servidor

(por el secretario de Estado).

Walter Roberts.

DOCUMENTO 32

PÁRRAFOS DE UN DESPACHO DEL EMBAJADOR EN LONDRES AL MINISTRO DE ESTADO

(3-VII-1937).

El incidente del Leipzig imprimió, durante unos cuantos días, a la política británica uno de los matices más acusados dentro de su tendencia general. Con su acostumbrada falta de sentido de proporción la diplomacia alemana ha rebasado la medida: las ventajas políticas que esperó obtener del pretendido incidente excedían manifiestamente todo cuanto Inglaterra podía aceptar sin exponerse a riesgos interiores y exteriores que en modo alguno estaba dispuesta a correr. El error de perspectiva del gobierno alemán, la actitud de su representante en las penosas y deprimentes reuniones del Comité de los Cuatro, condujeron, no sólo a la ruptura de las conversaciones sin que Inglaterra ni Francia aceptaran las brutales e injustificadas exigencias de Alemania, apoyada aunque sin entusiasmo por Italia, sino a un verdadero estado de tensión angloalemán que mantuvo en suspenso durante un momento la orientación futura de la política británica no sólo respecto a España sino respecto al conjunto de la situación europea. Expresión visible de este estado de tensión fue la suspensión de la proyectada visita de Von Neurath a Londres.

El martes 22, por la mañana, visité al señor Eden y sostuve con él una conversación de la cual puse a V. E. al corriente por telegrama y teléfono. No ocultaba el hondo disgusto y preocupación que le causaba la actitud de Alemania y sus exigencias. Apreció la que el gobierno de la república había adoptado y que le expliqué, consistente en poner a disposición del gobierno británico todas las facilidades necesarias para que él mismo pudiera convencerse de la razón con que el gobierno contradecía la acusación alemana de haber sido submarinos españoles los que realizaran el supuesto ataque al Leipzig. Rectificó con gran energía la información que aquella misma mañana había aparecido en el Daily Telegraph según la cual el gobierno británico estaba dispuesto a participar en una demostración naval ante Valencia, sin investigación previa. En el curso de esa misma conversación le di cuenta de las impresiones que traía de mi reciente visita a Valencia insistiendo especialmente sobre estos dos puntos: 1) el gobierno es ya militarmente fuerte y lo será más cada día; se ha realizado el milagro de crear un ejército formado de verdaderos soldados y oficiales con espíritu militar y una industria de guerra; y 2) el gobierno representa lo que hoy existe en España con las máximas garantías de reconstituir un régimen político sólido y estable sobre una base democrática y parlamentaria. Todo lo demás, de un lado y de otro, no sería más que aventura e irresponsabilidad. Tuve la impresión de que mis observaciones expuestas con viveza y en un tono muy categórico le causaron efecto.

[…]

Después de referirse a la declaración del señor Eden ante la Cámara de los Comunes y a mi visita al subsecretario parlamentario del Foreign Office, lord Cranborne (hoy marqués de Salisbury), en la que traté sin éxito de obtener garantías para el caso de nuevos incidentes que el gobierno alemán pudiera provocar con objeto de justificar medidas de represalia, el despacho continúa así:

Este propósito [el de hacer que las aguas volvieran a sus antiguos cauces] quedó ya descubierto con toda claridad en el tono y contenido de los discursos pronunciados por el jefe del gobierno y su ministro de Negocios Extranjeros en el debate sobre política internacional que tuvo lugar en la Cámara de los Comunes el viernes 25. El jefe del gobierno justificó la indignación del gobierno alemán con motivo del incidente relativo al Deutschland, omitiendo cuidadosamente toda referencia directa o indirecta a la actitud de franca hostilidad tantas veces denunciada por el gobierno español de los barcos alemanes en el Mediterráneo, verdadera causa y origen de la situación naval allí creada y de la cual dicho incidente no fue más que un signo exterior. En cuanto al incidente del Leipzig, si bien recordó la frecuencia con que durante la gran guerra se habían producido errores con motivo de supuestos ataques por submarinos, cuidó de dejar explícitamente a salvo la buena fe del gobierno y de la marina alemana. No pronunció una sola palabra que pudiera servir de advertencia para el futuro a Alemania, dando a entender que Inglaterra mantendría la actitud firme adoptada en relación con el incidente del Leipzig en caso de agravarse la situación en el Mediterráneo. El ministro de Negocios Extranjeros, por su parte, no fue más explícito, ni empleó un tono más firme, en la parte de su discurso relativa a la crisis reciente. Es digno de notarse que ambos discursos fueron acogidos favorablemente en Berlín y en Roma.

El gobierno británico se dispuso en el acto a restablecer el funcionamiento normal del sistema de no intervención. Para ello se convocó una reunión del subcomité para el martes 29 por la mañana, figurando en el orden del día dos proposiciones franco-británicas, una relativa al establecimiento de un plan de control naval franco-británico destinado a llenar el vacío provocado por la retirada de Alemania e Italia, y otra a la retirada de «voluntarios». Ninguna de las dos propuestas fue aceptada por los representantes alemán e italiano, aunque lo fue por los demás miembros del Comité. El control naval franco-británico no ofrecía en su opinión suficientes garantías de imparcialidad. Por buen arreglo se convino que los dos gobiernos serían consultados y su res puesta definitiva se comunicaría al subcomité en una reunión prevista para el viernes 2 de julio. El resultado francamente negativo de la reunión del martes 29 creó una verdadera tensión. En ella el presidente del Comité empleó, en nombre del gobierno británico, el lenguaje más enérgico que nunca había empleado en la historia del Comité: se refirió explícitamente a los intereses británicos en el Mediterráneo y en dos ocasiones recordó que la paciencia británica no debía considerarse como ilimitada. También la actitud del representante francés fue más enérgica que de costumbre.

El mismo día 29, tuve por la tarde una conversación con el embajador soviético, representante de su país en el Comité de No Intervención. Después de un examen amplio y detallado de la situación coincidimos sobre la necesidad de desarrollar una intensa acción cerca de los gobiernos británico, y sobre todo francés, para asegurar que el más que probable derrumbamiento de la no intervención tuviera como consecuencia el restablecimiento de la normalidad de relaciones comerciales con el gobierno español. Nuestra impresión era que la mayor eficacia se obtendría concentrando nuestros esfuerzos sobre el gobierno francés, no sólo por lo que su propia actitud pudiera pesar sobre la del gobierno británico, sino porque de su conducta y actitud depende la eficacia de la acción que la oposición liberal y laborista puedan desarrollar en Inglaterra. En virtud de estas consideraciones el gobierno aprobó mi viaje a París el jueves, primero de julio, a fin de concertar con el embajador en Francia la acción política a desenvolver.

Pero en el mismo día, martes 29, empezó a definirse una posible fórmula, que el miércoles fue tomando más cuerpo, según la cual Alemania e Italia podrían aceptar el control franco-británico y hasta el examen por el Comité del plan de retirada de «voluntarios», si por su parte Inglaterra y Francia estaban dispuestas a reconocer la beligerancia al gobierno y a los rebeldes. El peligro de ver una fórmula de compromiso sobre esta base favorablemente acogida por el gobierno británico era evidente. Así como también el de ver al gobierno británico ejercer una poderosa presión a fin de lograr su aceptación por el gobierno francés. En tales circunstancias tuvo lugar mi conversación telefónica con el presidente del Consejo en la que me permití sugerirle la conveniencia, incluso, de un viaje a París.

El primero de julio llegaron a París el presidente del Consejo y V. E. No es necesario exponer aquí las gestiones realizadas ese día cuya excepcional importancia es inútil subrayar. Desde los primeros contactos tuvimos la impresión muy definida que el peligro del reconocimiento de beligerancia quedaba, de hecho, descartado como resultado de la actitud del gobierno francés. El jefe del gobierno y V. E. recibieron respecto a este particular seguridades muy positivas por parte de las personalidades con quienes se mantuvieron en contacto, especial mente los señores Delbos, Pierre Cot, Blum y Chautemps. Por mi parte tuve análoga impresión hasta el punto de considerar posible, en mis conversaciones con el señor Grumbach, presidente de la comisión de Negocios Extranjeros de la Cámara, el señor Pierre Cot y algunos altos funcionarios del Quai d’Orsay, no sólo tomar nota de la oposición general a toda idea de reconocimiento de beligerancia, sino tratar de convencerles de que la desaparición de la no intervención debería tener como consecuencia natural el restablecimiento de la normalidad en las relaciones comerciales con el gobierno español. Sin vacilación puede afirmarse que el resultado de las gestiones realizadas en París fue muy satisfactorio. En la misma tarde del primero de julio, el señor Delbos formuló en términos muy claros y enérgicos ante la comisión de Negocios Extranjeros de la Cámara la línea de la política francesa ante la eventualidad de la desaparición de la no intervención; y habiéndola definido en forma estrictamente conforme al sentido de las declaraciones hechas al jefe del gobierno y a V. E., tuvieron una calurosa acogida por parte de todos los elementos y tendencias de la comisión. No había duda de que en su conjunto la opinión pública (y probablemente el Estado Mayor) favorecían una política de firmeza y en todo caso rechazaban todo lo que tendiera a un reconocimiento de beligerancia en favor de los rebeldes. Tuve ocasión de comprobar que las instrucciones enviadas al embajador en Londres se atenían a ese espíritu y fueron transmitidas con gran energía.

[…]

DOCUMENTO 33

NOTA DE MI DIARIO SOBRE MI VISITA A PARÍS

EL 1 DE JULIO DE 1937

En cuanto llegué vi a Grumbach en la Cámara. Me dio la impresión de que el gobierno francés no aceptará el reconocimiento de la beligerancia. Pero existía el peligro de una fuerte presión británica. Había visto a Delbos que estaba en buena disposición. Fui con él a ver a Hoden que había visto a la gente del «Quai» y no creía, tampoco, que se admitiría la beligerancia.

En la embajada, Ossorio asegura que los franceses aceptarán todo. Repite su tesis sobre la actitud hostil a la república del elemento oficial francés.

En medio de nuestra conversación aparece en el despacho Negrín con Giral que habían salido de Valencia en un Douglas a las cuatro de la mañana. Le doy cuenta de mis primeras impresiones. Ossorio repite las suyas apoyándose en la opinión de unos intelectuales que habían almorzado el día antes en la embajada. Añade que Delbos no ha querido recibirle.

Almuerzo con Grumbach, Comert y Hoden. Comert nos da una mejor impresión sobre la actitud inglesa. Hoden nos cuenta que ha visto en el «Quai» el telegrama de Corbin dando cuenta de su última conversación con Eden cuya posición resume así: «En las circunstancias presentes nada de reconocimiento de beligerancia; si Alemania e Italia mantienen su actitud negativa el resultado será la desaparición de la no intervención; el reconocimiento de la beligerancia, aunque sería un “choque” moral para el gobierno, sería ventajoso para Valencia porque Inglaterra y Francia no podrían vender armas más que al gobierno (?)». Comert nos enseña los telegramas de Havas con el artículo de Mussolini en Il Popolo d’Italia: violentísimo contra Inglaterra declarando que no hay que pensar en la retirada de voluntarios extranjeros. Esto puede haber hecho cambiar a los ingleses que se quedarían sin contrapartida para el reconocimiento de la beligerancia. Discutimos lo que Grumbach puede hacer en la reunión de la Comisión de Negocios Extranjeros de la Cámara que se reúne a las cuatro y media bajo su presidencia. Grumbach mantendrá la idea que la desaparición de la no intervención significa la vuelta al régimen de libertad de comercio con el gobierno español.

Después de almorzar, vamos al despacho de Comert donde vemos el artículo de Mussolini y los últimos telegramas de Londres.

Vuelvo a la embajada. Están Negrín y Giral que han visto a Delbos (sin Ossorio). Vuelven de la visita muy satisfechos. Delbos ha estado muy definido contra el reconocimiento de beligerancia, y si la no intervención desaparece, Francia volverá al régimen de libertad de comercio. Les advierte que no podrán obtener de Francia grandes cantidades de material de guerra, pero el tránsito por territorio francés es importantísimo. Doy cuenta a Negrín y Giral de mis conversaciones que coinciden con la impresión de la suya con Delbos.

A las cinco tenía una cita con Pierre Cot y cuando se lo digo a Negrín me dice que él vendrá también. Muy buena conversación con P. Cot, que se muestra de lo más caluroso y expresivo. Naturalmente, contra toda idea de reconocimiento de beligerancia y si la no intervención desaparece lo lógico será volver al régimen normal de comercio. ¿Conviene eso al gobierno? No debe contar con material de guerra francés; en todo caso con aviación y acaso tanques y artillería. Negrín insiste en el gran interés del tránsito. Salimos muy satisfechos.

Voy directamente al «Quai» solo. Veo a Fouquès-Duparc y a Laugier. Los dos resueltamente opuestos a la beligerancia pero, como P. Cot, se preguntan si conviene al gobierno la libertad de comercio. ¿No la aprovecharán más los alemanes y los italianos? Explico que no es el control ni la no intervención lo que limita la ayuda alemana e italiana a Franco.

En cambio, el efecto moral y el tránsito son grandes ventajas para nosotros. Rochat me cuenta lo ocurrido en la Comisión de Negocios Extranjeros de la Cámara: buen discurso de Delbos y ambiente favorable a nosotros.

Después de contar rápidamente a Giral y Ossorio, en la embajada, algo de mis entrevistas en el «Quai», voy a ver al embajador soviético. Me dice que en su presencia Léger ha telefoneado a Corbin las instrucciones para la reunión del Comité hoy: «la mayor energía; en ningún caso reconocimiento de beligerancia, aunque Alemania e Italia ofrezcan retirar los voluntarios; no tenemos ninguna confianza; hemos sacrificado ya demasiado nuestros ideales, etc., etc. Si Alemania e Italia continúan oponiéndose a las proposiciones franco-inglesas, que declare que para Francia la no intervención ha desaparecido y recobra su entera libertad de acción». El embajador insistió mucho sobre la energía del tono; sobre todo, replicando a las observaciones que, sin duda, le hacía Corbin. La opinión del embajador es que, al menor signo de energía por parte de Inglaterra y Francia, Alemania e Italia se retirarán. No están en condiciones de hacer la guerra. Al salir para Londres en el tren de noche viene a verme Grumbach a la estación y me cuenta con más detalle lo ocurrido en la reunión de la Comisión: su discurso en el sentido convenido y que toda la Comisión acoge bien y un muy buen discurso de Delbos.

(2-VII-37, a las 8 de la mañana en el tren para Londres).

DOCUMENTO 34

CARTA DEL EMBAJADOR EN LONDRES AL PRESIDENTE

DEL CONSEJO, SEÑOR NEGRÍN (2-IX-1937).

Mi querido presidente y amigo:

Hoy puedo completar y confirmar la impresión que le transmití a usted en mi carta de anteayer sobre mis visitas y conversaciones en París.

Creo que la idea de abrir el territorio francés y la frontera al tránsito de material de guerra ha prendido y gana terreno, aun entre los elementos más reacios a una política activa. Sobre todo Blum y Cot (a quien vi ayer por la mañana) mostraron gran decisión sobre este punto. A los timoratos les tienta mucho la idea de facilitar el abandono por parte de Italia de su acción de «terror» en el Mediterráneo, cuando se haya dado cuenta de que el libre tránsito por territorio francés haría perder a esa acción gran parte de su utilidad práctica. A nuestros amigos les hizo gran efecto la consideración de que si a la acción de «terror» italiana destinada a cerrarnos el acceso marítimo no responde Francia abriéndonos el acceso terrestre, la conclusión para nosotros será que el bloqueo efectivo de la república, en lo que se refiere a material de guerra, es resultado de una acción franco-italiana en el sentido de que Italia se encarga de cerrarnos el mar y Francia la tierra. Como decía a usted, Blum aludió muy explícitamente a la posibilidad de llegar en un plazo de días a esa medida. Con muy buen acierto hacía él mismo observar que no se trataba de tomar una iniciativa, sino de dejar en suspenso la medida excepcional en virtud de la cual y como consecuencia de la no intervención, el tránsito había quedado prohibido y cerrada la frontera. Cot fue todavía más categórico en cuanto a la necesidad ineludible de tomar esa medida; y habló de plantear directamente la cuestión, si no se había hecho antes, en el primer Consejo de ministros. El punto oscuro en todo esto es la actitud del gobierno británico que justifica toda clase de preocupaciones. Por difícil que sea creerlo y entenderlo, sigue aferrado a su política de compromisos y arreglos, y no hay duda de que ejerce en París una presión muy fuerte para enfriar sus entusiasmos en favor de una acción definitiva y concreta. Creo que el gobierno francés necesitará librar una verdadera batalla en Londres para llevar a la práctica lo del tránsito. La cuestión está en saber si la decisión de París irá lo bastante lejos sea para doblegar la resistencia británica, sea para poner su idea en ejecución aun sin el apoyo de Inglaterra. Sobre esto es difícil hacer predicciones. Hacerlo sin Inglaterra sería malo, muy malo, porque abriría una brecha entre Francia e Inglaterra que sería providencial para la política italiana. Pero de lo que estoy seguro es que en París saben y cuentan sobre la resistencia inglesa; y que si por desgracia llegaran otra vez más a ceder a la presión inglesa lo harían (quizá por la primera vez en estos doce meses) con un profundo sentimiento de irritación y rabia contra la imposición británica. Hasta diría que uno de los rasgos más típicos de la evolución que ha sufrido el estado de espíritu de los hombres responsables franceses es su crítica de la política británica. Delbos en un lenguaje moderado, Blum más explícito, Cot en forma más terminante y categórica, los tres han expresado sin ambages su opinión declaradamente contraria a la política británica. Y esto es general. En la conversación que tuve con Bullit, embajador de los Estados Unidos en París, ayer por la tarde antes de salir, lo que más me sorprendió fue el tono irónico, casi de desprecio, de sus observaciones sobre el gobierno británico y su política. «No hace nada en Extremo Oriente bajo pretexto de la situación difícil en el Mediterráneo. Pero en vista de las graves dificultades en Extremo Oriente, es indispensable evitar a todo trance y por todos los medios que las del Mediterráneo obliguen a hacer algo a Inglaterra». Resultado, añadía Bullit, parálisis e impotencia en todas partes. Otra observación: «Inglaterra trata de hacer defender sus intereses en Extremo Oriente por los Estados Unidos, y en Europa por el ejército francés». El embajador se mostró decididamente convencido de la necesidad para Francia de hacer algo. Conocía ya lo del tránsito y no ocultaba su confianza en que Francia lograra vencer la resistencia que sin duda habían de oponer a su propósito en Londres. Estoy seguro de que su influencia en París (que no es escasa) se ejercerá en el buen sentido. Inútil decir que en la conversación le expuse el conjunto de la situación insistiendo con fuerza sobre los rasgos que caracterizan la significación política del gobierno de la república y lo que representaría su triunfo. Mostró gran cordialidad y afecto. La visita surgió, sin haberla yo solicitado, en un almuerzo con algunos amigos comunes el día antes; uno de ellos, Laugier, uno de nuestros mejores amigos en el «entourage» de Delbos, con quien yo había hablado largamente y que había hablado a Bullit de nuestra conversación en ese almuerzo, me indicó la conveniencia de verle y él mismo arregló la entrevista.

[…]

DOCUMENTO 35

DISCURSO DEL SEÑOR NEGRÍN, PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL,

ANTE EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES

(16-IX-1937).

Observaciones sobre los acuerdos de Nyon

Los acuerdos ofrecen a los barcos mercantes no españoles la garantía de una sanción colectiva confiada a las flotas británica y francesa, contra los ataques submarinos ejecutados «de manera contraria a las reglas de derecho internacional enunciadas en el tratado para la limitación y reducción de armamentos navales firmado en Londres el 22 de abril de 1930, y confirmado en el protocolo igualmente firmando en Londres el 6 de noviembre de 1936». Por consiguiente, si el ataque se lleva a cabo en conformidad con esas reglas, no será objeto de sanción colectiva y contra él no habrá, como ha ocurrido hasta ahora, más que la protección que cada Estado pueda asegurar a sus barcos con sus propias fuerzas navales.

Una segunda observación se refiere al carácter limitado a ataques por submarino de la protección instituida en Nyon. Los ataques realizados por buques de superficie, cualesquiera que sean sus circunstancias, quedarán fuera de la sanción colectiva, y como hasta ahora, incumbirá a cada país la protección de sus barcos contra ellos por sus propios medios.

En fin, una tercera limitación, dirigida especialmente a España, consiste en la exclusión total y sin reservas de los barcos españoles del sistema de protección colectiva. Los barcos españoles podrán ser hundidos por submarinos o buques de superficie, en cualquier circunstancia, sin que los acuerdos de Nyon sean infringidos. Y esto es tanto más grave cuanto que, como los rebeldes no poseen ningún submarino, los ataques submarinos de los cuales puedan ser víctimas los barcos españoles no podrán ser realizados más que por submarinos de esa nacionalidad que se dice «desconocida».

Es decir, que tomados en conjunto, los acuerdos de Nyon han establecido una sanción de carácter colectivo para una cierta categoría de ataques de que puedan ser objeto barcos mercantes en el Mediterráneo: ataques por submarinos contra barcos no españoles y realizados de manera contraria a las reglas establecidas en el tratado naval de Londres de 22 de abril de 1930.

Reconozco que desde un punto de vista práctico pueda decirse que esto aumenta de manera efectiva la seguridad de la navegación en el Mediterráneo. Sin embargo, quiero llamar la atención del Consejo sobre un peligro, un peligro grave, que presenta esta manera de proceder. De hecho, los ataques que no entran en esa categoría especial quedarán, como ya he indicado, en la misma situación que ha existido hasta ahora, a saber: que los barcos que sean víctimas de ellos no gozarán más que de la protección que sus Estados respectivos estén en condiciones de prestarles con sus propias fuerzas navales. Pero desde un punto de vista moral, e incluso desde un punto de vista estrictamente jurídico, esos barcos gozaban también de una protección cuya eficacia no conviene disminuir, consistentes en el hecho de que todo ataque contra un barco mercante por un buque de guerra en tiempo de paz, y cualesquiera que sean las circunstancias en que se haya realizado, estaba considerado como un verdadero crimen contrario a los principios más esenciales y a las leyes más sagradas de la paz entre naciones. Hay que reconocer que esta protección ha quedado profundamente quebrantada por los acuerdos de Nyon. Dígase lo que se quiera, y a pesar de todas las declaraciones, es inevitable que por el hecho de establecer una sanción colectiva para una cierta categoría de ataques, se les confiere el carácter de violaciones específicas de la ley internacional, mientras que se subraya, indirectamente, el carácter, por decirlo así, privado de los ataques que quedan fuera de esa categoría especial. El Estado cuyos buques realizaran uno de los ataques comprendidos en la categoría para la cual se ha establecido una sanción colectiva, sería considerado como responsable de un verdadero delito internacional, mientras que el Estado cuyas fuerzas navales realizaran ataques no comprendidos en esa categoría aparecería ante la conciencia universal pura y simplemente como causante de una querella de orden bilateral y, por decirlo así, privada con el Estado al cual pertenecieran los barcos víctimas de los ataques.

Ruego a ustedes, señores, que consideren cuál sería su estado de ánimo si comprobasen que los ataques contra sus barcos, realizados por cualquier buque de guerra, submarino o de superficie, y en condiciones y circunstancias cualesquiera, habían sido excluidos de la categoría de ataques que por haberse establecido una sanción colectiva para ellos, habían sido elevados al rango de verdaderos delitos internacionales, para ser relegados a la categoría de simples diferencias de orden particular entre Estados; y ello sin que vuestro país se encuentre en guerra con ningún otro Estado. Tal es el caso de España y tal es la situación que los acuerdos de Nyon han creado a los barcos españoles. Estoy seguro de que no puede sorprenderles la amargura con la que presento estas consideraciones.

En opinión del gobierno español, y para evitar este grave peligro que acabo de señalar y que de manera tan contraria a los principios de equidad hiere a mi país, convendría, no sólo extender el sistema de protección colectiva a los ataques realizados por buques de superficie y a los realizados por submarinos aunque se conformen a las disposiciones del tratado de Londres de 1930, sino también, y sobre todo, abolir la inicua e injustificable exclusión de los barcos españoles del sistema de protección colectiva creado por los acuerdos de Nyon. Y apenas necesito agregar que el gobierno español no tendría ninguna objeción a la entrada en aguas jurisdiccionales españolas de las fuerzas navales encargadas de proteger la navegación cuando ello fuera necesario para el cumplimiento de su misión.

Y, a modo de peroración, el señor Negrín terminó su discurso diciendo:

Permítaseme que exprese claramente el pensamiento del gobierno español sobre la situación en su conjunto. Una cuestión de tan profunda gravedad política como la que ha surgido recientemente en el Mediterráneo no podrá jamás quedar resuelta de manera satisfactoria si su solución se apoya sobre ficciones. La mera tentativa de hacerlo crea inevitablemente una atmósfera de desconfianza y de irresponsabilidad en la cual no podrá llegarse a ninguna solución digna, sólida y constructiva. La condición primera e indispensable para resolver un problema de tal gravedad consiste en tener el valor y la lealtad hacia uno mismo de plantearlo de una manera estrictamente conforme a la realidad. En consecuencia, nuestro deseo sería que el Consejo tratara de resolver la cuestión de la seguridad en el Mediterráneo examinando la realidad en todas sus facetas.

Para ello sería necesario, en primer lugar, desechar la ficción según la cual las agresiones contra los barcos mercantes en el Mediterráneo son una especie de fenómenos de la naturaleza, de origen y causa desconocidos e imposibles de descubrir. No. Esas agresiones son obras de buques de guerra, submarinos y de superficie, pertenecientes a un Estado determinado, y no pueden realizar sus ataques más que bajo la responsabilidad directa del gobierno de ese Estado. Una vez más, acabemos con el sistema tan perjudicial para todo el mundo que consiste en cerrar los ojos a la evidencia. Italia es el Estado que, mediante agresiones constantes, trata de crear una situación de terror en el Mediterráneo. La evidencia de este hecho resulta de los múltiples y concordantes testimonios que posee el gobierno español respecto a las agresiones de que han sido víctimas sus propios barcos mercantes y sobre los cuales se apoya la exposición de hechos que figura en la nota que el gobierno de la república ha enviado al secretario general el 21 de agosto de 1937; pero, si ello fuera posible, la evidencia de la responsabilidad de Italia aparece de una manera todavía más categórica e irrefutable si se considera que una tal conducta de su parte constituye una de las múltiples intervenciones italianas en favor de la rebelión militar en España; una intervención de tipo naval, destinada a impedir el abastecimiento de la república por vía marítima. Tal es la verdad, la cruel verdad, ante la cual se encuentra, no sólo la república española, sino la comunidad internacional entera.

En tanto que no se nos demuestre que nuestra interpretación es errónea, que nuestra manera de ver no corresponde a la realidad, nadie podrá legítimamente pedirnos que aceptemos como satisfactorias medidas y disposiciones que las ignoran y que por ello mismo no podrán ser más que expedientes, con ciertas ventajas prácticas y limitadas, sobre algunos puntos concretos, pero llevando en sí los gérmenes de dificultades y de complicaciones ulteriores.

El gobierno de la república tiene la certidumbre de que el Consejo, cuando elabore y adopte la resolución que estime justa en esta materia, no cerrará los ojos a la realidad y por ello confía en que esa resolución, no sólo tendrá en cuenta los derechos y los legítimos intereses de la república española como miembro de la Sociedad de Naciones, sino también la enorme importancia que tiene para todos nosotros el restablecimiento, sin limitaciones excepcionales, de la seguridad una e indivisible de la navegación en el Mediterráneo.

DOCUMENTO 36

RESUMEN DE UNA CONVERSACIÓN ENTRE EL EMBAJADOR

DE ESPAÑA Y EL SECRETARIO DE ESTADO, MR. EDEN

(28-X-1937).

Para reflejar de manera más completa el pensamiento de Eden respecto a España, se reproducen a continuación algunos párrafos de la nota que resume la conversación mantenida con él, el 28 de octubre, en su despacho de la Cámara de los Comunes.

[…] Luego le hablé de las comisiones para la retirada de extranjeros subrayando la conveniencia de que estuvieran formadas no sólo por militares, sino también por personalidades políticas de altura. (Esto respondía a la esperanza de que esas comisiones pudieran llegar a arreglar una suspensión de hostilidades). Eden mencionó la dificultad de encontrar las personas, pero insistió en su propósito de llevar las cosas con gran rapidez. Hizo notar que en las últimas reuniones del Comité de No Intervención Grandi había abandonado su política obstruccionista. Interpretaba la actitud de Mussolini en el sentido de que, o bien en dos meses Franco había ganado, y entonces no quedaba nada que hacer, o no, y entonces había que excluir la posibilidad de una victoria inmediata y Mussolini se vería obligado a retirar sus hombres de España […]. Sobre cuestiones más generales me lamenté de la debilidad de Francia e Inglaterra ante la arrogancia de Italia. Su réplica fue: «si se acepta todo eso que usted dice la consecuencia es que hay que hacer una guerra preventiva a Italia, y para eso no hay nadie en Inglaterra que apoyara al gobierno». Le dije que no estaba en absoluto de acuerdo; y que no me parecía que planteara la cuestión de manera correcta. Lo que yo echaba de menos no era la guerra preventiva, sino una línea política clara y firme por parte de Inglaterra; esa línea, mantenida con energía y determinación, bastaría para calmar todas las intemperancias y osadías de Mussolini. Eden: «No es tan fácil de decidir esa línea». Yo: «Respecto a España facilísimo; no hay más que continuar la política tradicional británica que ha considerado siempre la independencia de España como condición esencial de la seguridad del Imperio; y la existencia de una influencia exterior predominante como una amenaza directa a los intereses vitales británicos. Lo inconcebible (añadí con gran viveza y en francés) era ver al gobierno británico asistir impasible e indiferente a la proclamación de la “fascistización” de España como objetivo de la política italiana y a la realización práctica, día por día, de esa política. Eso era lo grave, y no lo de la integridad territorial de España que era como echarse uno mismo “du sable aux yeux” para no ver la realidad. Eden oyó mi rociada cabizbajo y pensativo, limitándose a algunas breves observaciones generales en el sentido de que eso era mucho más fácil para mí decirlo que para él hacerlo comprender al Gabinete, con alguna velada alusión a sus “colegas” […]. Le pregunté en términos directos qué creía él que el gobierno español debía hacer para dar la garantía de que no había en España un peligro comunista. Reflexionó unos instantes, limitándose a decir que la cosa era muy grave; y ante su vacilación dije que, en todo caso, no sería razonable ni práctico pedir que salieran del gobierno los dos ministros comunistas. Asintió con gran decisión y convencimiento: “Eso no sería razonable”. Entonces, una vez más, le recordé el inmenso daño que había hecho a la causa de la moderación la indiferencia con que se había acogido la salida de los ministros anarquista y sindicalista. La ausencia total de reacción internacional había herido profundamente a las personalidades que habían corrido el riesgo de la operación (Azaña, Prieto, Negrín…) con lo que no se había fortificado su posición».

DOCUMENTO 37

CARTAS DEL EMBAJADOR EN LONDRES AL JEFE DEL GOBIERNO ESPAÑOL,

SEÑOR NEGRÍN (6 y 17-XI-1937).

Completo hoy mis cartas y conversaciones telefónicas de estos últimos días dando a usted cuenta de la conversación que he tenido con Eden.

Le pedí una cita ayer porque me parecía conveniente que supiera cuanto antes la impresión producida en el gobierno por el envío de un «agente» británico al territorio rebelde. A pesar de no haber llegado de Bruselas hasta anoche, me citó hoy a las doce y media y he tenido con él una conversación, como siempre muy libre y franca, de unos tres cuartos de hora. Sin ambages eché por delante mi andanada sobre la deplorable impresión causada en el espíritu del gobierno por el envío de ese agente; y le hice notar que una vez más tenían ustedes motivo para pensar que los esfuerzos constantes del gobierno para consolidar una política constructiva no sólo no encontraban por parte de Inglaterra una acogida alentadora, sino que parecía que les empujaba a dar signos de aprecio a Franco. Eden contestó con cierta viveza, pero muy cordialmente, que eso era un completo misunderstanding de la verdadera naturaleza del asunto, y me hizo una presentación en la que figuraban los siguientes elementos: 1) Inglaterra tiene en el territorio rebelde importantes intereses económicos y numerosos ciudadanos británicos, cuya protección no puede quedar desatendida. Ya en julio último la presión de los intereses comerciales estuvo a punto de determinar una decisión análoga. Él mismo logró contenerla, y desde entonces ha venido resistiendo esa presión, pero ya no puede sostener la situación y, aunque lamentándolo, no tiene más remedio que ceder. 2) Se trata exclusivamente de proteger los súbditos británicos y los intereses comerciales británicos. En principio, esto podría confiarse a los cónsules. Pero sólo hay en territorio rebelde un cónsul en Sevilla, otro en Vigo-Coruña y un agente consular en Bilbao. Son insuficientes, y la otra alternativa hubiera sido nombrar más cónsules y un cónsul general (como tiene Francia en San Sebastián); pero esto era mucho peor porque exigía, primero, pedir el exequatur a Franco, lo cual implicaba incuestionable mente reconocimiento «de facto» y hasta «de jure», y, segundo, la aceptación de cónsules de Franco en Inglaterra. Precisamente para evitar ese inconveniente, y a fin de conciliar la necesidad práctica de tener una representación en territorio rebelde y la firme decisión de no hacer nada implicando directa o indirectamente reconocimiento de Franco, ha recurrido al expediente de los «agentes», que no requieren exequatur, que no gozarán de estatuto diplomático, pero que permitirán al gobierno británico disponer de un instrumento para sus gestiones con las autoridades rebeldes más rápido y eficaz que el actual. 3) Eden me dijo que las gentes de Salamanca estaban muy resentidas y quejosas por su negativa sea a cambiar representación consular, sea a conceder estatuto diplomático a los «agentes» […]. Cualquiera que sea la verdadera significación que tenga el envío de esos agentes en la intención del gobierno británico, es indudable que políticamente esa medida representa un sustancial incremento del peso echado en el platillo rebelde. Para restablecer el equilibrio no hay más remedio que echar otro tanto en el del gobierno. ¿Mejora de la representación diplomática? ¿Envío del embajador a Barcelona? Una vez más nos encontramos con que la verdadera «cantera» de trabajo para nosotros está en París, porque es evidente que sin que el embajador francés se instale en Barcelona, es tiempo perdido cuanto se intente para que vaya el inglés […]. Y la complejidad de la situación que se va creando en este país aparece cuando se piensa que con este proceso en la acción oficial del gobierno coincide otro caracterizado por un constante descenso en la confianza que inspira políticamente Franco y su movimiento, y un ascenso equivalente de la confianza que inspira el gobierno. El caso de Winston Churchill es significativo, por ser el más auténtico representante de la mentalidad conservadora inglesa. Durante meses y meses ha estado dominado por la idea de que la victoria del gobierno sería una verdadera catástrofe por representar en el fondo la victoria del influjo comunista y soviético en Europa occidental, y que, con todos sus peligros, el triunfo de Franco era preferible desde el punto de vista británico. Pues dos testimonios tan autorizados y diversos como el de lord Cecil y el coronel Wedgwood, miembro significado del Partido Laborista, me han asegurado estos últimos días que la opinión de Churchill hoy es completamente opuesta, y que considera la victoria del gobierno como la única solución compatible con los intereses vitales y permanentes del Imperio. Excuso decir a usted que estoy ya poniendo los jalones para ponerme directamente en contacto con él, cosa que hasta ahora no he conseguido hacer; no he podido pasar de un cambio de correspondencia que quizá no haya dejado de poner su grano de arena en su cambio de opinión.

* * *

[…] En cuanto a los «agentes» lo único nuevo es que ya está nombrado el agente principal británico: sir R. Hodgson. Fue durante muchos años cónsul en Vladivostock: después «agente» británico en Moscú y, por último, ministro en Albania. Su mujer es rusa, no comunista, pero tampoco «blanca». Maiski, que le conoce personalmente, tiene buena idea de él y considera que como persona la elección no es mala para nosotros; es hombre liberal y sin sombra de simpatías fascistas ni dictatoriales […].

DOCUMENTO 38

NOTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA

AL GOBIERNO BRITÁNICO

(30-XI-1937).

Sobre retirada de «voluntarios».

El 6 de noviembre de 1937, el encargado de Negocios de la embajada británica, cumpliendo encargo de su gobierno, hizo entrega de una nota relativa a determinados acuerdos adoptados por el Comité de No Intervención.

En respuesta al mencionado documento, tengo el honor, de orden de mi gobierno, de comunicar a V. E. lo siguiente:

La nota comienza diciendo: El Comité Internacional de No Intervención ha acordado aceptar los nueve puntos del plan del gobierno del Reino Unido, de fecha 14 de julio de 1937, que tratan de la retirada de los voluntarios, de la concesión de los derechos de beligerancia y del problema del control, con las medidas adicionales que se juzgue necesarias para hacer plenamente efectivo el control, teniendo en cuenta, especialmente, las disposiciones sobre este punto contenidas en el informe Van Dulm-Hemming.

El gobierno español ha recibido, por el mismo conducto y muy posteriormente a la nota, estos dos documentos complementarios, que pueden considerarse esenciales en orden a los acuerdos que se notifican.

Seguidamente —apartado 1— se nos requiere para cooperar a la retirada de todas las personas que participan en el actual conflicto que no sean de nacionalidad española o que no la tuvieran en julio de 1936, aceptando el envío a España de comisiones internacionales encargadas de realizar los trabajos preparatorios de esa retirada.

El gobierno español, que propuso, hace ya meses, la retirada de combatientes extranjeros sigue manteniendo con firmeza este criterio, por lo cual se muestra muy propicio a que tal operación se verifique bajo la vigilancia internacional, y está inclinadísimo a aceptar la intervención de la comisión a que antes se alude. Pero estima indispensable ciertos esclarecimientos para conocer de modo concreto el alcance que habría de tener el compromiso a que se le invita.

Estos esclarecimientos no sólo conviene hacerlos en cuanto a la composición de dichas comisiones, para evitar alguna repulsa fácil de adivinar, y a la actuación de ellas, a fin de no encontrarnos luego con normas que puedan obstaculizar nuestro propósito de dar a su cometido las máximas facilidades, sino, preferentemente, en torno de los problemas que el Comité de No Intervención involucra con el de la retirada de combatientes extranjeros.

El plan británico de 14 de julio, en el apartado 1, referente a la vigilancia del tráfico de entrada en España por mar, dispone —párrafo b— «la suspensión de las patrullas navales y su sustitución por el establecimiento con el consentimiento de ambas partes, de oficiales internacionales en los puertos españoles, con las debidas garantías».

Por el contrario, entre las proposiciones Van Dulm-Hemming, que, según la nota a que damos respuesta, han de ser tenidas en cuenta especialmente sobre este punto, figura una —párrafo 287— que rechaza el sistema preconizado en el plan británico, al decir acerca de él lo siguiente: «Por las razones que exponemos en nuestro informe, consideramos muy poco indicada la introducción de tal sistema y creemos sería no sólo muy costoso y muy difícil de aplicar, sino, además, completamente inútil».

Sobre tan palmaria contradicción cabe además subrayar que el Comité de No Intervención anuncia, por lo que al control respecta, su propósito de adoptar «las medidas adicionales que se juzgue necesarias», acerca de cuyo carácter y extensión nada se consigna.

Parece elemental que el gobierno español sepa anticipadamente, sobre todo teniendo en cuenta el giro que se ha querido dar al control, pretendiendo ejercerlo en nuestro propio territorio, si el sistema propuesto es el del plan británico de 14 de julio o si se considera rechazado tal sistema por el informe Van Dulm-Hemming que el Comité de No Intervención señala también como cimiento de sus acuerdos y que es de fecha posterior —20 de agosto— y, por último, en qué han de consistir las «medidas adicionales».

El Comité establece que la retirada de combatientes no españoles se irá haciendo parcialmente en proporción al número que de los mismos haya en uno y otro lado, pero nada dice, y convendría aclararlo, respecto a si esa proporcionalidad va a ser simplemente numérica o si, además, estará en relación con las diversas categorías en que tales coadyuvantes se clasifiquen, lo mismo en el campo gubernamental que en el de los rebeldes.

El gobierno español muestra su profunda extrañeza ante el caso de que, a efecto de la retirada de combatientes extranjeros, el Comité de Londres no repute como tales a los súbditos del sultán de Marruecos, residentes en la zona de Protectorado de España en aquel imperio, y quisiera conocer los fundamentos de semejante definición, que además de reñir con el afán de dar la máxima amplitud a la retirada de combatientes no nacionales, pugna abiertamente con la Constitución de la república y se halla en franco desacuerdo con los convenios internacionales que, partiendo del Acta de Algeciras, y suscritos por Estados cuyas representaciones figuran en el Comité de No Intervención, fijaron el estatuto del referido país.

El apartado 3 de la nota de 6 de noviembre dice: «Que a partir de una fecha que determinará el Comité de No Intervención y que deberá preceder muy poco tiempo al comienzo de la retirada de España de los no españoles, se restablecerá y se estrechará la vigilancia de las fronteras tanto franco-española como hispano-portuguesa, y, al mismo tiempo, se adoptarán medidas para hacer más eficaz el plan de vigilancia marítima de la manera que se indica en el preámbulo del presente acuerdo».

Ya hemos visto antes que el preámbulo cita como una de las bases de la resolución del Comité, el plan británico de 14 de julio. Pues bien, el apartado 8 de este plan, al fijar sus etapas, señala como la primera la del establecimiento de oficiales observadores en puertos españoles, y, como segunda, la del nombramiento de las comisiones que organicen y vigilen la retirada de extranjeros.

Por tanto, procede aclarar cuál es la proposición que verdaderamente subsiste: si la que consigna el Comité, en virtud de la cual el restablecimiento de la vigilancia fronteriza y marítima sería posterior al nombramiento de las comisiones, o la establecida en el plan británico que determina que la restauración del sistema de vigilancia anteceda al nombramiento de las comisiones.

Por último, el gobierno español estima necesario que se aclare la resolución del Comité internacional por la que se autoriza al presidente del mismo a dirigirse a aquél, así como a los rebeldes, con objeto de obtener la conformidad «al acuerdo en conjunto». Debe saberse, de manera que no quepa lugar a duda, si tal acuerdo se contrae de modo exclusivo a la retirada de las personas de nacionalidad no española que participan en la lucha, o también a otros problemas de reconocimiento de ciertos derechos de beligerante y restablecimiento de la vigilancia terrestre y marítima, que con la primera aparecen involucrados.

DOCUMENTO 39

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES FRANQUISTAS

A LA PROPOSICIÓN DEL COMITÉ DE LONDRES DEL 6 DE NOVIEMBRE

DE 1937 (18-XI-1937).

El Gabinete Diplomático de Su Excelencia el jefe del Estado tiene el honor de acusar recibo a esa embajada de Su Majestad Británica de su atenta nota verbal núm. 150 (64/447/37) fecha 6 del corriente mes por la que transmite en nombre del Comité de Londres los acuerdos de la sesión plenaria de dicho organismo celebrada el día 4 del mismo mes.

La propuesta que esa embajada transmite, recoge tres puntos fundamentales de la proposición presentada al referido Comité internacional por el gobierno británico el 9 [sic] de julio de 1937. Estos tres puntos son los siguientes:

A) Retirada de voluntarios.

B) Concesión al gobierno de España y al llamado gobierno de Barcelona de los derechos de beligerancia.

C) Refuerzo del control.

Antes de pasar a exponer a esa embajada el punto de vista del gobierno de España sobre los tres extremos arriba mencionados, cumple hacer constar que S. E. el generalísimo estima trámite previo para toda resolución ulterior conocer exactamente si la autoridad del Comité inter nacional ha de ser acatada como órgano supremo y si dicho Comité de No Intervención tiene autoridad y potestad suficientes para obligar a las potencias representadas al cumplimiento de los compromisos que con traiga con el gobierno español, sin mediatización alguna, ya sea de los respectivos gobiernos o de cualquier otro organismo de carácter inter nacional.

No obstante, en su propósito de no crear dificultades dilatorias, pero con todas las reservas necesarias, mientras no tenga las seguridades a que se refiere el párrafo anterior, el gobierno nacional adelanta a esa embajada para conocimiento del Comité internacional aludido, su criterio sobre los tres extremos en que puede resumirse la proposición origen de la presente nota.

A) Retirada de voluntarios. —El gobierno de Su Excelencia el generalísimo, de conformidad con lo que ya tiene manifestado reitera das veces, está conforme en principio con la retirada de voluntarios, y, también, en principio acepta la colaboración y el nombramiento de las comisiones a que se refieren los párrafos A y B del apartado primero de la carta de lord Plymouth de 4 del mes actual.

Se reserva el derecho de formular determinadas observaciones en lo que respecta a la formación y composición de las comisiones, deseando al mismo tiempo una mayor precisión sobre los términos del mandato que se les confiera y llegar a un acuerdo sobre sus métodos de trabajo.

B) Reconocimiento de los derechos de beligerantes. —El gobierna nacional de España, de conformidad con la nota que hubo de dirigir a las potencias en fecha de 8 de junio último, insiste en que la condición de beligerante no es un derecho, sino un hecho que se ha producido en la guerra civil de España y a favor de Su Excelencia el generalísimo Franco en condiciones tan claras y concluyentes, como en ninguna otra guerra civil. Buena prueba de esto es el hecho mismo de que el Comité internacional se dirija a los dos bandos que luchan en España. Por con siguiente, producido ese hecho, no es posible, dentro de las normas del derecho internacional público, negarle ni limitarle el derecho de la beligerancia.

En el caso que plantea la proposición del Comité internacional de No Intervención a que se contesta en la presente nota, el gobierno de Su Excelencia el generalísimo, salvando la cuestión de principio y conjugando los derechos que le asisten con los propósitos del Comité de No Intervención, estaría dispuesto a aceptar las indicaciones contenidas en los subpárrafos a, b y d del párrafo tercero, apartado B de la proposición del gobierno británico de 14 de julio de 1937, con algunas observaciones en lo que atañe al subpárrafo b, especialmente concernientes a determinadas garantías sobre el nombramiento de los observadores que en dicho subpárrafo se mencionan y añadir algún epígrafe a las mercancías declaradas contrabando de guerra, que figuran en el apéndice segundo del informe Hemming.

C) Refuerzo del control. —Respecto de este particular, el gobierno de Su Excelencia el generalísimo manifiesta su absoluta conformidad con el robustecimiento del control terrestre. En cuanto a la organización del control marítimo, se estudiará un fórmula que satisfaga los propósitos del Comité internacional de No Intervención.

El gobierno de Su Excelencia el generalísimo, una vez expuesto su criterio sobre los puntos arriba aludidos, debe señalar a esa embajada, con ruego de que se sirva transmitir al Comité internacional de No Intervención de Londres, la siguiente proposición que se razona de este modo:

En efecto, suponiendo quede resuelta la cuestión previa a que se refiere la primera parte de la presente nota, sobre la personalidad del Comité internacional de No Intervención para pactar con el gobierno español, quedaría siempre por resolver, por lo que atañe a cierto número de las potencias representadas en dicho Comité, la cuestión de la personalidad del gobierno del generalísimo. El hecho insólito de no haber nos reconocido los derechos de la beligerancia nos impide llegar a un pacto con la personalidad jurídica necesaria, donde se estipulen las modalidades concretas de llevar a efecto la retirada de los voluntarios extranjeros, y de organizar el robustecimiento del control terrestre y marítimo.

El gobierno de Su Excelencia el generalísimo, en su propósito de obviar todas las dificultades posibles, propone, por el conducto de esa embajada al Comité internacional de No Intervención de Londres, se proceda a la retirada, por cada parte, de tres mil voluntarios extranjeros, simultáneamente, con el reconocimiento de los derechos de la beligerancia; de esta manera, con plena personalidad internacional, podría llegarse a concluir el pacto que regulase la retirada de voluntarios y el robustecimiento del control, dando al propio tiempo satisfacción al acuerdo del Comité de No Intervención en su reunión plenaria del 4 de los corrientes, haciendo suyo el subpárrafo (iii) del párrafo octavo, apartado sexto de la proposición del gobierno británico el 14 de julio de 1937, donde se prevé el reconocimiento de la beligerancia cuando un progreso sustancial se hubiera realizado en la retirada de voluntarios extranjeros de la guerra civil de España.

Salamanca, 18 de noviembre de 1937, 2.º año triunfal.

J. A. Sangróniz.

DOCUMENTO 40

NOTAS DEL DIARIO DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA

(marzo 1938).

La situación llegó a ser tan crítica, que el propio presidente del Consejo, Negrín, hizo una visita relámpago a París, entre el 12 y el 14 de marzo, objeto de solicitar del gobierno francés la ayuda necesaria para contener la ofensiva rebelde y evitar el derrumbamiento del frente de Aragón. Requerido por él llegué a París el 13 y, a título documental, se reproducen a continuación algunos fragmentos de las diferentes notas en las que, sobre la marcha, fui resumiendo las gestiones que durante los días que permanecí en París, y por encargo expreso del jefe del gobierno, realicé cerca de varias personalidades francesas oficiales y no oficiales:

14 de marzo de 1938. —A las nueve y media voy a ver a Negrín al Príncipe de Gales. En pijama, afeitándose, etc., me cuenta que vino a París por una indicación del embajador francés para tener una reunión en casa de Auriol con los ministros especialmente interesados en la cuestión de España. Cuando llegó a París, la crisis. Había tenido conversaciones en el curso de la crisis con Blum, Daladier, Auriol, etc. Respecto de España situación malísima; desbandada en el frente y derrumbamiento moral en el gobierno y la retaguardia. Me habló mucho de la actitud de Prieto, su constante espíritu derrotista, su lenguaje siempre de catástrofe; sobre su tirantez cada vez mayor con los rusos, etc., etc. Mencionó con insistencia la posibilidad de verse obligado a su vuelta a quitarle la cartera de Defensa. Yo le advertí muy seriamente de las posibles consecuencias políticas que tendría; y noté que al día siguiente, cuando volvió a aludir a esto, él mismo recalcó que se daba bien cuenta de las consecuencias políticas que podría tener la cosa. En cuanto a lo que se podía hacer aquí lo tenía bien enfocado, pero sin subrayar bastante el encuadramiento de la cuestión española en la internacional. Le di copia de la nota que había enviado a Comert y Grumbach, pero no creo que llegó a leerla, porque toda la conversación tenía lugar mientras se vestía, y con las consiguientes interrupciones e incidentes propios de esa operación. Por fin, acabó y se marchó a tener una conversación con Blum, Daladier y otros ministros.

Por la tarde fui a la embajada. Don Ángel [Ossorio y Gallardo] me contó la conversación que acababa de tener con Boncour: no sabía nada de nada; como es un abogado, y no un diplomático, siguió diciéndome don Ángel, pude hablarle claro y con un mapa le expliqué toda la situación; quedó tan impresionado que salió corriendo a dar cuenta de la conversación a Blum y Daladier. Claro que todo eso es pura imaginación, hábil o inocente. Don Ángel me sacó otra vez su tema de que hay que decir a los franceses: «O me ayudan, o ahí queda eso, porque yo no sigo sólo sacándote las castañas del fuego». Me echó a mí la culpa de que esa política no se haya aplicado hace meses, porque yo soy un técnico y que a él nadie le hace caso […].

Martes, 15. —A las siete y media estaba en el hotel para ver a Negrín que me había avisado la noche antes. Como siempre mientras se vestía me contó sus visitas del día anterior: Blum, Daladier, Auriol, Boncour, Cot…; todos comprensivos y dándose perfecta cuenta de todo, pero, primero, no harán nada sin estar seguros de la reacción de Londres, y segundo, hay dificultades para el envío de grandes cantidades de material sin provocar reacciones de opinión pública… y la guerra. Además, le dijo Cot que los 150 aviones que pedía representaban la tercera parte de la aviación francesa de caza. A las 11 se marchó a Barcelona en un avión especial con Víctor Salazar y Ramos Oliveira.

Almuerzo con Jean Monnet en su casa; está también Pierre Denis. Monnet muy bien dispuesto respecto de España, pero insiste en que la mayoría de la gente no tiene una idea exacta de la verdadera significación de la república; convendría simbolizar su sentido moderado en algo visible… Habla muy mal del gobierno actual (de Francia); lo único que hay que desear y esperar es que desaparezca cuanto antes y eso es lo que va a ocurrir a causa de la crisis financiera. Pone a Boncour imposible y dice que Blum no es hombre que inspire confianza financiera. Luego vendrá el gobierno nacional y ése podrá imponerse a todos, empezando por Inglaterra. Y abrirá al gobierno español el comercio francés. Eso es lo que hay que preparar.

Por la tarde conversación con Massigli. Voy a fondo a la cuestión francesa. «No basta material; se necesita también personal», me dice. Respondo: «No; lo indispensable son aviones y artillería». Luego saca lo de Inglaterra: no puede prescindirse de la reacción inglesa. A eso le digo que esa reacción dependerá en gran parte de cómo Francia plantee la cuestión; si lo hace como una cuestión vital y decisiva para la seguridad francesa, Inglaterra no podrá negarse. Me habla de la conversación que ha tenido esta tarde Boncour con el embajador británico: Boncour le previno en términos muy categóricos que Francia podría verse en el caso de tomar disposiciones muy terminantes respecto de la situación en España. (Esto me lo confirmó luego Comert).

Hablé también con Rochat que está en excelente disposición.

Comert me ha arreglado una entrevista con Paul Reynaud para mañana por la mañana.

(Nota redactada el 15 de marzo).

16 de marzo de 1938. —A las diez y media fui a ver a Reynaud a su casa. La conversación duró una media hora. Muy comprensivo para los peligros de la intervención alemana e italiana en España. Todo viene de que no han querido escucharle a tiempo. Me hace algunas preguntas ingenuas, por ejemplo: «¿cree usted que Franco permitirá a los alemanes e italianos atacar a Francia desde España?». Traté de explicarle la verdadera significación de la intervención alemana. Me dijo que ayer había hablado con Blum y le había dicho una cosa muy sensata: que se trataba de una cuestión técnica, sobre la cual los militares eran los llamados a expresar una opinión. Tenía dudas sobre la posibilidad para Francia, sin riesgo, de distraer material, especialmente aviación, para ayudar a España. Le dije muy claramente que la cuestión no me parecía bien planteada: ya no se trataba de ayudar a España, sino de evitar la creación en España de una situación política incompatible con la seguridad francesa y el rango de Francia como gran potencia.

Por la tarde larga conversación con Boncour. Insistí mucho en que no se trataba de arreglos políticos, sino de hacer lo necesario para contener una ofensiva que estaba ya en marcha; lo urgente e indispensable era ganar la batalla que ya estaba entablada; era una cuestión de días y de horas; todo lo demás había que dejarlo a un lado, por ahora. Me aseguró que así era como el gobierno francés considera la situación, y mencionó los consabidos tópicos de la dificultad de envíos de material, reacción inglesa, etc. Me contó su entrevista de ayer con el embajador inglés: según su versión estuvo muy enérgico y firme, y el embajador se marchó muy impresionado. Por último, me dijo que la gran alarma de ayer por la tarde provino de un telegrama del embajador francés en Barcelona, Labonne, después de una conversación con el ministro de Estado, Giral. En el telegrama Labonne daba a entender que el gobierno español daba todo por perdido y que no había más que organizar la capitulación y salvar los hombres.

(Nota redactada el 16 de marzo, por la noche).

17 de marzo. —A las nueve de la mañana veo a Auriol en su casa de Avenue Malakoff; está su jefe de gabinete, Cusin. Me explica que la dificultad para el envío de aviación es que Francia tiene 450 aparatos de caza y Alemania 2000. Sin embargo, el gobierno ha decidido el envío de 50. Saca lo de si hay que enviar o no pilotos, y una vez más digo que eso lo pueden decidir en unas horas los militares mismos. Está de acuerdo y queda en someter la cuestión a Daladier, para lo cual me arreglará una cita. Después tratamos: a) envío de aviones rusos. Cusin explicó que el primer barco está todavía en Rusia porque sin garantías de que el gobierno francés asegurará el tránsito han suspendido los envíos. Se hablará a Daladier; b) compra de artillería pesada por intermedio de Grecia. Cusin explica confusamente algo sobre una intervención de los comunistas cerca de la legación de Grecia que enfada mucho a Auriol. Se tratará el asunto con Daladier; c) Auriol me dio cuenta de la gestión que Ossorio había hecho anteayer para que el oro que no responda de obligaciones sea devuelto a Barcelona. «¿Cómo es posible en estas circunstancias?», me decía llevándose las manos a la cabeza. Estaba verdaderamente atónito. Le dije que no estaba enterado del asunto, pero que lo probable es que lo que el gobierno quería era que ese oro se pusiera a su disposición. Auriol dio instrucciones a Cusin en ese sentido. También me dijo Auriol que el Consejo de ministros había decidido derogar el decreto de prohibición de tránsito de material de guerra para España. (Por teléfono di cuenta a Negrín de mi conversación con Auriol completándola con un telegrama).

De casa de Auriol voy a ver a Daladier en su despacho del Ministerio de Defensa. Acogida poco efusiva. Muestra gran preocupación y fatiga. No puede desprenderse de aviones sin saber lo que puede ocurrir en Checoslovaquia o en España. Está de acuerdo en designar algunos oficia les para examinar con el Estado Mayor de la república medios de ayuda y colaboración. No pone dificultades para el tránsito del material soviético o la artillería pesada. Salgo decepcionado. No hay manera de hacer comprender que hoy no se trata tanto de ayudar a España como de colaborar en una causa de interés común; y que se trata de hacer algo eficaz en un plazo de horas.

Almuerzo en casa de Geneviève Tabouis. Después del almuerzo conversación con Herriot. Mal informado. Cree que el gobierno francés nos envía material y aviones. Le expongo la situación, insistiendo en la urgencia: hay que contener la ofensiva, ganar la batalla entablada; no se puede perder una hora. Me prometió que hablaría a Blum y Daladier aquella misma tarde.

18 de marzo. —Veo a Cusin en Matignon a las once y media y me da los siguientes informes: 1) que los oficiales que irán a España serán designados hoy y saldrán en un plazo de 24 o 48 horas; 2) que siguen las gestiones para el envío de 40 o 50 aviones inmediatamente. Le insto para que no se pierda una hora. Verá a Daladier esta tarde para apremiarle; 3) hoy se informará a Suritz (embajador soviético en París) que los barcos con aviones pesados serán protegidos por torpederos franceses; ya se han dado las órdenes para que los torpederos les esperen a la altura de Cádiz; 4) los aviones ligeros pasarán en tránsito por Francia; ninguna dificultad, puesto que el tránsito es ahora legítimo; 5) las compras en Francia tienen que seguir haciéndose por país intermediario; conviene evitar en lo posible burocracia y complicaciones administrativas; personas de confianza, etc.

Después de almorzar veo a Comert. Me dice que sabe de fuente alemana que Hitler no quiere que Franco avance más y entre en Cataluña por temor a la reacción francesa. Además, no tiene bastantes hombres. Dice, además, que la retirada se ha hecho de manera ordenada. Hablamos de la posibilidad de envío de aviones como préstamo. Recomienda que insista mucho en que de lo que se trata es de envío de material, no de una intervención militar. Conoce ya la nota española que Ossorio entregará esta tarde y que Labonne ha telegrafiado anoche. ¡Lamentable!

Breve conversación con Rochat, ya instalado en su despacho de director de Europa en el Quai d’Orsay. Machaco en que lo que pedimos es material, no intervención militar.

A las seis voy al hotel Crillon a ver a Lloyd George. Como siempre de lo más entusiasta y efusivo. Ha puesto en el suelo del cuarto un enorme mapa del Mediterráneo en el que aparecen los hundimientos de buques aliados durante la gran guerra y exclama: «ya ve usted lo que pasó entonces; ¿qué pasará cuando los alemanes y los italianos controlen las costas de España?». A su juicio los franceses tienen que decidirse a correr el mismo riesgo, enviando aviones a España, ante un posible conflicto con Alemania, que el que corren los alemanes ante un posible conflicto con Rusia. Me da cuenta de sus conversaciones en París. Daladier, evasivo; dice de él que es un hombre que no le gusta que le convenzan. Verá a Blum mañana, y se quedará el domingo si puede arreglarse un almuerzo con Herriot. Me cuenta su conversación con Boncour: Boncour le dijo que no bastaba enviar material y que lo único que podría salvar la situación sería una verdadera intervención militar, lo cual era imposible. Protesté contra esa manera de presentar la cuestión: lo que pedimos es el envío de material, especialmente aviación y artillería. Elogió mucho a Pierre Cot; Blum, un intelectual; Daladier, hombre de acción. En Inglaterra considera a Hore-Delisha como el mejor cerebro del gobierno, después de la marcha de Eden. Churchill ha cambiado mucho; muy preocupado con la intervención alemana e italiana en España; Phipps, el nuevo embajador inglés en París, muy antialemán.

Sábado, 19 de marzo. —Todo el día sin poder ver a Cusin. Tengo la sensación de que hay algo subterráneo. La idea de la intervención militar nos hace daño. Por fin me telefonea y quedamos en vernos al día siguiente. Llegan Amelia y Pascua.

Por la noche vamos Pascua y yo a ver a Ossorio. Nos cuenta sus conversaciones con Blum, Auriol, Herriot, Boncour, etc. Pero lo interesante fue la nota que había entregado al gobierno francés el día antes por la tarde y cuyo texto tenía ya el Quai desde la mañana, telegrafiado por Labonne. Nos la lee; en ella se habla de ayuda y ayuda urgente y eficaz, sin especificar en qué ha de consistir; lo lógico sería suponer que se trataba de lo mismo que el jefe del gobierno había pedido en sus conversaciones cuatro días antes. Pues a una observación de Boncour sobre el significado y alcance de la nota, Ossorio respondió, según lo que con gran énfasis nos contó: «Eso es más que una intervención militar; de lo que se trata es de una verdadera alianza militar». Esto debió producir alarma en el gobierno y se acentuó su reserva. Por ejemplo, en vez del envío de oficiales franceses, con el que Daladier había estado de acuerdo, se hizo venir a París al agregado militar en Barcelona. Ossorio, además, nos leyó una carta que acababa de enviar aquella misma mañana a Boncour: aplastante como argumentación demostrativa del interés vital de Francia en evitar una victoria ítalo-alemana en España; pero de eso Boncour está convencido, y el tono terriblemente duro e impertinente de la carta le habrá hecho mala impresión. La dificultad está en la división interna en Francia, en que no se atreven a provocar a Alemania, en que Inglaterra no les apoyaría, etc., y ante esto no sirven de nada grandes tiradas sobre el interés de Francia, etc., que no tienen más resultado que provocar una irritación contra nosotros. Temo que esa haya sido la reacción en el espíritu de Blum y Boncour. Pascua quedó en hablar de todo esto con Negrín.

20 de marzo. —Conversación con Cusin, en casa de Laugier. Cusin había visto a Morel (agregado militar francés en Barcelona) que acababa de llegar a París. Su opinión es que ha habido un movimiento de desmoralización de tropas nuevas ante el ataque de aviación. Se necesita aviación. Si se establece un frente donde están ahora, la situación estratégica de los rebeldes no será buena. Cusin me dice lo siguiente: 1) aviones rusos: a los rusos no les gusta el paso por Gibraltar. Pasarán todos en tránsito. Todo está arreglado. Falta que los rusos envíen los barcos. Que se haga presión. El embajador en París dice que no está al corriente de nada. 2) Se acelera lo de la artillería gruesa por medio de Grecia. 3) Sigue en pie el envío de oficiales. 4) Se van a enviar a España 30 aviones de bombardeo rápidos «Potez» de 460 kilómetros por hora que se destinaban a Rumanía y China.

DOCUMENTO 41

PÁRRAFOS DE DOS CARTAS DEL EMBAJADOR EN LONDRES

AL JEFE DEL GOBIERNO ESPAÑOL

(8-XII-1937 y 7-I-1938).

He aquí lo ocurrido en la reunión de ayer del subcomité de no intervención. La sesión de la mañana estuvo consagrada al examen de las notas del gobierno español y de los franquistas. Lord Plymouth y Corbin se mostraron, sin vacilar, partidarios de considerar ambas como positivas y satisfactorias y de continuar el trabajo del Comité. Maiski, por un lado, Grandi y Ribbentrop por otro, no estaban muy entusiasmados ante la idea de declarar satisfactorias, respectivamente, la nota de Franco y la del gobierno. Por fin, se llegó a un acuerdo en el sentido de considerar que aunque no fueran en su opinión satisfactorias, permitían al Comité continuar el examen de las otras cuestiones cuya decisión era necesaria para la ejecución del plan de retirada de extranjeros. Se discutió, después, la cuestión de la respuesta a enviar al gobierno y a las autoridades franquistas; pero se encontraron con que la mayoría de las cuestiones planteadas (en todo caso por el gobierno), no podían ser objeto de respuesta por el Comité, sencillamente porque son cuestiones sobre las cuales el Comité no ha tomado acuerdo. Eso ocurre, sobre todo, con la relativa a la forma del control. Por consiguiente, el Comité proseguirá su trabajo sobre las diferentes cuestiones, y enviará su respuesta al gobierno y a Franco cuando haya fijado un criterio sobre ellas, lo cual no parece pueda ser posible antes del mes de enero. A la vista de esa respuesta, el gobierno y el general Franco determinarán de manera definitiva su actitud, y sólo entonces, si esa actitud es favorable, el Comité podrá adoptar las medidas necesarias para la constitución de las comisiones y fijar la fecha de su envío. La composición de esas comisiones ha hecho objeto de un cambio de impresiones preliminar. Lord Plymouth y Corbin defendieron el criterio de comisiones reducidas (3 o 4 miembros), cuyos miembros habrían de ser neutros y designados unánimemente por el Comité. Maiski, Grandi y Ribbentrop defendieron comisiones numerosas, formadas por nueve miembros, por ejemplo, seis de los cuales serían designados por los gobiernos británico, francés, soviético, alemán, italiano y portugués y tres por tres gobiernos «neutros». Maiski mantuvo, además, que las seis nacionalidades de los seis países considerados como interesados fueran excluidas; como se trataba de una discusión preliminar nada fue decidido, pero es digno de notarse que esta última proposición de Maiski no fue objeto de oposición por ningún miembro del Comité. Maiski me había explicado que la designación por los gobiernos miembros del Comité permitiría asegurar la presencia en las comisiones de un miembro, al menos, designado por el gobierno soviético, en cuya energía pueda confiarse para evitar que el trabajo de las comisiones se convirtiera en una cosa puramente formularia. Nos interesa que las comisiones trabajen en serio […]. El peligro para nosotros sería una comisión espiritualmente «neutra», sin estímulo, deseosa de antemano de llegar cuanto antes a un resultado de «término medio». Ese peligro sería cierto y positivo si la comisión se compusiera de miembros aceptados todos ellos por todos los miembros del Comité, ya que esa unanimidad no sería concebible más que tratándose de hombres incoloros y neutros […].

En general el Comité sigue elaborando parsimoniosamente las cuestiones técnicas relativas al envío de comisiones para la preparación de la retirada de extranjeros y de lo que, en su día, sería resultado de este último, el restablecimiento del control y el reconocimiento de ciertos derechos de beligerancia […]. La opinión de Maiski era que en la hipótesis más favorable podía contarse con un plazo de tres o cuatro meses antes de que se llegara al reconocimiento de ciertos derechos de beligerancia; reconocimiento que como usted sabe no puede tener lugar hasta que un 75 a 80% de los extranjeros cuya presencia en España hubiera sido comprobada por las comisiones fueran efectivamente evacuados […]. Entre las cuestiones concretas que el Comité examina, la que me parece de momento más importante es la que se refiere a la manera de constituir las comisiones que habrían de proceder en España al recuento de extranjeros. Nada hay decidido sobre ello de manera definitiva, pero la tendencia dominante parece ser la de que se constituyan por miembros que, aunque formalmente designados por el Comité, serían de hecho escogidos por los seis países siguientes: Francia, Inglaterra, Unión Soviética, Alemania, Italia y Portugal. Cuando se me ha hablado de esto he hecho siempre constar que el gobierno no podría aceptar alemanes, italianos o portugueses como miembros de la comisión que habría de ser admitida en nuestro territorio, y como todo lo que se acuerde a este respecto por el Comité no podrá ser aplicado sin la previa aceptación del gobierno, este último tendrá siempre la posibilidad de hacer valer su punto de vista cuando responda a la consulta que se le dirija sobre el particular.

DOCUMENTO 42

CARTA DIRIGIDA POR EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LONDRES A M.

ALEXIS LÉGER, SECRETARIO GENERAL DE NEGOCIOS

EXTRANJEROS DE FRANCIA

(27-V-1938).

Mi querido embajador y amigo:

Creo recordar que cuando, hace unas semanas, tuve el gusto de comer a su lado en nuestra embajada, hablamos, entre otras cosas, de la nueva fórmula relativa a la fecha para el restablecimiento del control terrestre. Yo me esforzaba en convencer a usted de que esta nueva fórmula, que el gobierno francés había aceptado, y según la cual el control se restablecería en cuanto las comisiones para el recuento de extranjeros pudieran comenzar su trabajo, era perjudicial al gobierno español porque adelantaba en varias semanas, y acaso en varios meses, el restablecimiento del control.

Hacía notar a usted, además, que esa fórmula modificaba sustancialmente otra anterior, aceptada por el Comité de No Intervención unánimemente, según la cual el restablecimiento del control debería preceder de cerca (7 días) a la fecha fijada para el comienzo efectivo de la retirada de extranjeros. Recuerdo que cuando mencioné esa fórmula y, su unánime aceptación por el Comité, mostró usted cierta sorpresa, pero como las actuaciones del Comité son secretas no me fue posible darle a usted más explicaciones.

Todo esto se me ha venido a la mente al leer el «comunicado» relativo a la sesión que el subcomité de no intervención ha celebrado el 26 de mayo y las tres «declaraciones» del representante soviético anejas a él. Una de ellas, la relativa a esta cuestión del restablecimiento del control, contiene precisiones interesantes a este respecto. La resolución del Comité aceptando la fórmula que mencioné a usted en nuestra con versación, fue adoptada el 4 de noviembre de 1937. Y, lo que es curioso, en los párrafos de un discurso pronunciado por lord Plymouth, presi dente del Comité, que reproduce en su declaración el representante soviético, encuentro refutado con énfasis y vehemencia los mismos argumentos y consideraciones que me oponía usted en nuestra conversación, a saber: que era necesario impedir ya durante la operación de recuento la entrada de nuevos envíos de «voluntarios» a fin de asegurar que los resultados a que llegaran las comisiones tuvieran un valor real y permanente. Lo que prueba (sin entrar en el examen del valor intrínseco del argumento) que el cambio no se ha debido al hecho de darse cuenta, más tarde, de ese inconveniente. La defensa que hizo lord Plymouth de la fórmula original a que acabo de referirme parece que se presentó en respuesta a un primer ensayo del representante de Portugal, en enero de 1938, para hacer coincidir la fecha del restablecimiento del control con la del envío de las comisiones. Y es de suponer que como consecuencia de los argumentos presentados por el presidente del Comité (sería interesante comprobar si le apoyaron otros miembros del Comité), se mantuvo la fórmula primitiva. ¿Por qué unos meses más tarde todo está al revés? ¿Qué razón misteriosa ha llevado a considerar como decisivos, en abril, los mismos argumentos que, en enero, se rechazaron como desprovistos de valor? Son preguntas que me parece más prudente dejar sin respuesta, aunque no sería difícil encontrarla.

Una última consideración. Fijada la fecha antes del comienzo de la retirada, Alemania e Italia no tendrán ningún interés en facilitar la rapidez de esa operación. Su único y exclusivo interés consistirá, si esa fórmula se mantiene, en crear dificultades «técnicas» a fin de poder aprovecharse de los diez días suplementarios concedidos por el gobierno francés en caso de que la retirada se retrasara por dificultades de esa clase, y, después, en buscar nuevos aplazamientos para la supresión del control. Pero nada hay en el plan, tal como está preparado, que empuje a Alemania e Italia a dar facilidades para acelerar el fin del recuento y hacer así posible el comienzo de la retirada efectiva de extranjeros. La única medida eficaz para obtener ese resultado, cuya importancia capital para asegurar una aplicación rápida y efectiva del plan nadie puede discutir, consistiría en fijar la fecha para el restablecimiento del control después del fin del recuento de los extranjeros; es decir, la fórmula que muy sabiamente había adoptado el Comité en 4 de noviembre y que lord Plymouth defendía en el mes de enero con tanto calor y entusiasmo contra el primer ataque de que fue objeto por parte de los gobiernos interesados en hacerla desaparecer.

Perdone usted, mi querido embajador y amigo, esta carta. No sé si encontrará usted su envío indiscreto o contrario a los «usos». Sin embargo, tengo demasiada confianza en la claridad y objetividad de su juicio y guardo un recuerdo demasiado vivo y agradable de nuestra conversación para poder resistir a la tentación de escribir a usted como lo hago, abiertamente y sin ocultar nada de mi pensamiento.

DOCUMENTO 43

CARTA DEL EMBAJADOR EN LONDRES A VERNON BARTLETT,

REDACTOR DIPLOMÁTICO DEL DIARIO

LIBERAL NEWS CHRONICLE

Londres, 26 de abril de 1938,

Mi querido Vernon Bartlett:

Después de nuestra conversación del otro día sobre la política británica en lo que afecta a la cuestión española, pienso que será mejor transcribir mis observaciones por escrito. Aquí están, con toda la sinceridad y franqueza que exige nuestra vieja y estrecha amistad.

Para Inglaterra, y lo mismo o aun quizá más para Francia, el punto esencial del aspecto internacional de la contienda española consiste, evidentemente, en evitar, como resultado de esa lucha, la creación de una situación política que asegure a Alemania e Italia el control efectivo y la máxima influencia sobre el territorio español. Pero los hombres responsables de los destinos del Imperio británico y de la seguridad de Francia tienen razones suficientes para pensar que ambos países se encontrarían colocados en la situación más precaria una vez que Alemania e Italia lograran consolidar su control efectivo sobre los recursos económicos y estratégicos de España mediante una influencia decisiva y preponderante sobre su gobierno.

Es evidente que los medios más seguros y efectivos de asegurar los resultados apetecidos residen en proporcionar al gobierno de la república las facilidades necesarias para que pueda triunfar tan pronto como sea posible y acabar así, de una vez por todas, con cualquier riesgo presente y futuro de dominación ítalo-germana en la península. Esto es tan obvio, tan evidente, que uno no puede menos de suponer la existencia de poderosos motivos para explicarse la política diametralmente opuesta seguida por los gobiernos francés e inglés. Ambos gobiernos no sólo han denegado cualquier tipo de facilidad al gobierno español, sino que, manteniendo mes tras mes la política de no intervención y sabiendo que en su conjunto se aplicaba exclusivamente en perjuicio de la república, han favorecido más o menos directamente la causa rebelde y, con ello, el establecimiento y la consolidación del dominio ítalo-germano en España.

Si examinamos la cuestión con la objetividad que su gravedad exige, nos resultará imposible creer que los gobiernos francés y británico hayan caído, sin ninguna causa o motivo, en una contradicción tan flagrante como la que hemos indicado.

Por lo que respecta a Gran Bretaña, uno de los motivos de esta política ha sido, sin duda, la creencia, profundamente arraigada y difundida hasta muy recientemente en la opinión pública británica, de que la victoria de la república no significaba ni más ni menos que el estable cimiento de un régimen comunista que colocaría a España bajo el control directo e inmediato de Moscú. Creo no engañarme al suponer que tal creencia ha perdido últimamente gran parte de su virulencia y que, en la opinión pública británica, está ganando terreno una visión del problema más realista y positiva, según la cual la victoria de la república es el medio de asegurar en España la creación y consolidación de un régimen político de carácter liberal, democrático y parlamentario, el único que uniría su política exterior a la de las grandes democracias de Europa occidental. En cuanto a la cuestión del comunismo y de la influencia soviética en España, encontrará usted expresado mi punto de vista en las notas que le incluyo sobre la carta de lord Phillimore aparecida en The Times del 13 de abril. Ésa es mi firme y sincera convicción y no «con fines de propaganda»; me conoce usted suficientemente bien para estar seguro de que no recurriría a tales métodos.

Otra consideración que ha recibido siempre el visto bueno oficial es la de suponer que cualquier otra política que no sea la adoptada por Francia y Gran Bretaña hubiera provocado una guerra europea. Semejante tesis es tan osada como temeraria, y es difícil no sentir desconfianza ante ella. Ante las constantes, cínicas y escandalosas violaciones de la no intervención y ante la imposibilidad de prevenirlas, ¿puede alguien creer seriamente que si Francia y Gran Bretaña hubieran puesto fin a esa política y restablecido el régimen normal de relaciones comerciales con el gobierno español hubiesen sido objeto de declaraciones de guerra por parte de Alemania e Italia? Sobre este asunto se comete con frecuencia un error que exige una aclaración. La alternativa al abandono de la no intervención no es, en modo alguno, una intervención activa de Francia y Gran Bretaña a favor del gobierno español, lo que podría considerarse, en efecto y con razón, como posible fuente de un conflicto. La alternativa al abandono de la no intervención consiste, sencilla y esencialmente, en el restablecimiento de la libertad de comercio que caracteriza las relaciones normales entre Estados; esto no es de ninguna manera incompatible con la posibilidad de que los gobiernos interesados adopten, con respecto a las partes en conflicto, una actitud imparcial y objetiva de estricta neutralidad. Esto, y no otra cosa, es lo que en definitiva tenemos presente cuando pedimos que Francia y Gran Bretaña abandonen la no intervención.

La consideración de que el abandono de la no intervención provocaría una guerra no me parece, por consiguiente, ni muy sólida ni siquiera seria. Pero existe otra consideración que me parece más justificada: que el abandono de la no intervención constituiría un obstáculo y una dificultad para una política de aproximación y entendimiento con Italia y Alemania. Estos dos países se han comprometido profundamente, sin reservas ni disimulos, con la causa rebelde; nadie puede acusarles de haber encubierto ante el mundo sus intenciones, y por sus más autorizados portavoces han declarado reiteradamente su firme y decidida intención de no tolerar ni admitir en España el triunfo de la república. Así las cosas, si el gobierno británico no deseaba reducir las posibilidades de alcanzar un acuerdo y un entendimiento con Italia, sería lógico y necesario que se abstuviera de cualquier acto que, aunque formalmente apareciera dentro de la legalidad más estricta, pudiera tener en la práctica consecuencias favorables al gobierno de la república. Nada más conveniente y seguro para este fin que una ciega adhesión a la no intervención y un cuidado meticuloso para que, en ninguna circunstancia, su conducta y actitud, so capa de estricta neutralidad, pudiera favorecer la causa del gobierno.

Así han ido pasando los meses hasta que, llegado finalmente el momento de materializar esta política en un pacto concreto con el gobierno italiano, el régimen de benevolente imparcialidad hacia los rebeldes resultaba insuficiente y se hacía necesario buscar una legalización real de la intervención italiana, aceptando, en el intercambio de correspondencia que acompañó al pacto anglo-italiano del 16 de abril, la hipótesis de que las tropas y el material de guerra italiano podrían permanecer en España hasta el final de la guerra.

De hecho, esto implica conceder a Italia carte blanche para que pueda proporcionar a los rebeldes españoles cualquier tipo de ayuda que necesiten para asegurar su victoria. Y como el gobierno británico no podía ignorar que con ello sólo incrementaba y agravaba el peligro vital para sus propios intereses en una España dominada por Italia y Alemania, creyó que había logrado una protección efectiva de los mismos contra semejante peligro consiguiendo de Italia, en primer lugar, la promesa de retirar sus tropas y material bélico de España lo más tarde al final de la guerra y, en segundo lugar, mediante una declaración en la que Italia afirma que no intentará alcanzar ninguna posición privilegiada, política ni económica, en España, al tiempo que se compromete a respetar la integridad territorial de este país y de sus colonias.

En resumen, el gobierno británico tuvo que elegir entre dos métodos para lograr su objetivo de impedir el establecimiento de una dominación ítalo-germana en España. El primero consistía en la estricta aplicación del derecho internacional, restableciendo las relaciones comerciales normales con el gobierno español, al quedar demostrado que era imposible asegurar una aplicación íntegra y equitativa de la no intervención, y en mantener una actitud de escrupulosa neutralidad en el terreno político. El resultado de esta política hubiera hecho posible la rápida victoria del gobierno de la república, eliminando radical y definitiva mente cualquier riesgo de una dominación ítalo-germana en España. Si el gobierno británico abrigó temores o reservas en cuanto a la posibilidad de que un triunfo del gobierno republicano facilitara el acceso de la influencia soviética, no tenía más que haber aprovechado las repetidas ofertas del gobierno español de examinar conjuntamente las garantías que aseguraban el establecimiento en nuestro país de un régimen político de carácter liberal, democrático y parlamentario.

El otro método viable consistía en llegar a un acuerdo con Italia, para lo cual era indispensable tanto mantener a cualquier precio la no intervención (precisamente porque su aplicación unilateral favorecía indirectamente a la causa rebelde), como abstenerse cuidadosamente de hacer cualquier cosa que, de modo directo o indirecto, pudiera favorecer la causa del gobierno, y en estar dispuesto, como último recurso, a secundar abiertamente la ayuda prestada por Italia a los rebeldes (que esto es lo que, en el fondo, significa el acuerdo anglo-italiano respecto a España), reconociendo de hecho su legitimidad, mientras la no intervención se mantenía en vigor en lo concerniente al gobierno.

Pese a los graves riesgos que comporta para los más vitales intereses de su país, el gobierno británico ha elegido este segundo camino. Contra uno de estos riesgos, el de una dominación italiana en España como resultado de una victoria rebelde, el gobierno británico considera, sin duda, que es protección suficiente el que Italia acepte comprometerse a respetar la integridad territorial española, a no ambicionar una posición política o económica privilegiada, y a retirar sus tropas y material bélico después de la guerra. Este último es el punto decisivo, pues de él depende la ejecución práctica de los otros dos. Y no puede dejar de causar sorpresa el ver cómo el gobierno británico se resigna a fiar la protección de los intereses capitales del Imperio, frente al inmenso peligro que supone una dominación italiana en España, a algo tan efímero, tan dudoso y tan precario como es la ejecución del compro miso de Italia de retirar sus tropas y su material una vez finalice el conflicto. En primer lugar, el más superficial conocimiento de la situación y de la historia españolas debería ser suficiente para comprender la enorme contradicción que supone consentir, por una parte, el envío por Italia de los hombres y el material necesarios para asegurar el triunfo de los rebeldes, y, por otra, obligar a Italia a que retire esos hombres y ese material una vez conseguida la victoria, cuando es totalmente obvio que el régimen político que los rebeldes impongan en España se derrumbaría en cuanto se le retirase la ayuda exterior gracias a la cual fue establecido. Pero existe una razón más sustancial que justifica todo tipo de dudas y de desconfianza respecto a la ejecución de un compromiso semejante: y es que contradiría el objetivo que, desde un principio, ha sido la raison d’être de la intervención italiana en España. Dicha raison d’être no ha sido otra que asegurar el establecimiento de un control efectivo de Italia sobre España, de tal manera que cualquier cosa que España signifique económica y estratégicamente deberá permanecer al servicio de la política expansionista del fascismo italiano. Es infantil suponer que la inmensa fuerza dinámica de una decisión de esta naturaleza y este alcance pueda ser neutralizada por la ejecución de un compromiso tal como el aceptado por Italia respecto a la retirada de sus tropas y su material de España. No nos engañemos; Italia mantendrá sus tropas así como su material en España mientras los considere necesarios para el mantenimiento de su dominación política. De esta manera, o bien no cumplirá la promesa de retirada (y al gobierno italiano no le faltarán pretextos o precedentes históricos para justificar su incumplimiento, dadas las inmensas dificultades tanto sociales como de orden público con las que habrán de enfrentarse los fascistas españoles), o bien le dará cumplimiento en el momento en que la retirada pueda efectuarse sin riesgo para el control político italiano sobre el Estado fascista español, es decir, cuando desde el punto de vista de los intereses británicos tal retirada esté ya privada de cualquier valor o interés.

Pero, aparte la notoria insuficiencia con que los compromisos aceptados por el gobierno italiano protegen los intereses británicos contra los peligros de una preponderancia italiana en España, la política por la que se ha inclinado el gobierno británico deja esos intereses sin protección frente a otros peligros no menos amenazadores o graves.

El primero y más importante es el del establecimiento de una preponderancia alemana en España. Todo señala que, en la hipótesis —que el gobierno británico parece dispuesto a aceptar— de una victoria rebelde en España, nos encontraríamos ante el hecho de una España dividida en dos zonas de influencia, correspondiendo la zona mediterránea a Italia y la zona atlántica a Alemania. Si esto es así, y cada indicación o informe no hacen más que confirmar tal hipótesis, puede uno preguntarse con razón si la historia puede justificar los enormes sacrificios materiales y morales que ha sido necesario hacer para conseguir una protección precaria y efímera contra el peligro de una dominación italiana en la España mediterránea, cuando no se ha pensado en protección alguna ante el peligro de una dominación alemana en la España atlántica.

Y éste no es el único peligro que ha ignorado la actual política británica. Existe otro que para mí, personalmente, es causa de profundo pesar porque afecta, de modo directo, a mis propias simpatías probritánicas, herencia de una larga tradición familiar: me refiero a la grave crisis que tal política está ocasionando en todos los sectores de la opinión liberal y democrática española —núcleo que ha mantenido activamente cualquier tipo de política basada en la amistad con Inglaterra—. Estoy recordando, constante y amargamente, los estragos que la actual política del gobierno británico está causando entre los liberales y los demócratas españoles. Naturalmente, esto no producirá profunda impresión en un gobierno que, al permitir una intervención ítalo-germana de suficiente amplitud e intensidad como para asegurar el triunfo de los rebeldes, ha aceptado, de antemano, el aplastamiento de todos esos elementos demócratas y liberales. Pero si ello llegara a ocurrir, las consecuencias para Inglaterra pudieran ser serias, porque significaría que los únicos elementos sobre los que siempre se ha basado y podría seguir basándose una política de amistad angloespañola habrían desaparecido de España. Y cuando hablo de demócratas y liberales incluyo toda la gama de opiniones, que va desde los conservadores muy moderados hasta la extrema izquierda. Debe recordarse que don Antonio Maura, jefe del ala más reaccionaria del viejo Partido Conservador de la monarquía y autor del Tratado de Cartagena —punto culminante de la amistad anglo-española—, fue también el mayor enemigo de la dictadura del general Primo de Rivera, al que se opuso rotunda y categóricamente; sin embargo, aquella dictadura, comparada con cualquier régimen que pueda surgir de una victoria rebelde-ítalo-germana, sería hoy considerada como el más alto ejemplo de moderación, tolerancia y libertad políticas.

Pero la hipótesis del gobierno británico no se realizará. Pese a todo, y más especialmente pese a la «bendición» otorgada en el último momento por el gobierno británico a la intervención ítalo-germana en ayuda de los rebeldes, el pueblo español, con mayores o menores esfuerzos, con mayores o menores sufrimientos, superará esta tremenda crisis de su historia. En cualquier caso, que nadie se llame a engaño creyendo que aceptará, humilde y obedientemente un régimen político que —cualesquiera sean su significación internacional y sus peligros— representaría para él, desde el punto de vista histórico, un retroceso de un siglo. Ignoro si los hombres que tienen en sus manos los destinos de Europa han considerado suficientemente este aspecto del problema español. El apoyo moral que el gobierno británico está prestando en el momento actual a quienes intentan por la fuerza imponer al pueblo español ese movimiento retrógrado, tan totalmente opuesto a su ley histórica, sólo sirve para prolongar la crisis y aumentar los sufrimientos consiguientes; pero, a través de sus vicisitudes, la ley histórica del pueblo español se cumplirá con el establecimiento de un régimen democrático que habrá de asegurar una completa libertad política y una estricta justicia social. Si la situación no cambia, cuando llegue ese momento, Inglaterra no encontrará en España el entusiasmo y la admiración que el buen ejemplo que nos ofrecen en la historia la ciudadanía y las instituciones políticas inglesas inspiraron siempre a los liberales y los demócratas españoles. ¿Se resignará a compartir con Alemania e Italia el entusiasmo de aquellos que vieron en el establecimiento de una dictadura, aunque de origen extranjero, la mejor protección a sus injustos privilegios? ¿Debemos, quienes llevamos en nuestra sangre el cariño y la admiración por Inglaterra, sufrir la experiencia de ver cómo este país se convierte en blanco de la hostilidad y el odio de nuestro propio pueblo, precisamente cuando éste reconquiste su libertad y su independencia?

Espero me perdonará usted esta larga carta, en la que me doy perfecta cuenta de haber desarrollado, quizá con exceso, un tema que puede considerarse con razón como ajeno a mi competencia. Pero lo cierto es que en estos momentos es imposible establecer distinciones, y la política británica en su conjunto está afectando, en las actuales circunstancias, al futuro de mi país demasiado estrecha y directamente como para que cualquier español pueda permanecer indiferente a ella. Esto espero que explicará, y tal vez incluso justificará, la extensión y el contenido de mi carta.

Sinceramente suyo,

Pablo de Azcárate.

DOCUMENTO 44

TELEGRAMA DEL MINISTRO DE ESTADO AL SECRETARIO

GENERAL DE LA SOCIEDAD DE NACIONES (4-V-1938).

El 29 de marzo de 1937, el Consejo de la Sociedad de Naciones, adoptó una resolución en la cual, después de tomar nota de la iniciativa del Comité de No Intervención para la retirada de todos los combatientes no españoles que tomaban parte en la lucha en España, expresaba su esperanza que, como resultado de esta iniciativa, se asegurase con el máximo de celeridad la retirada de la lucha de todos los combatientes no españoles que tomaban parte en ella. Según opinión del Consejo, esa medida constituía el remedio más eficaz a una situación cuya gravedad para la paz general se creía obligado a subrayar.

Un proyecto de resolución presentado a la Asamblea por su sexta comisión el 2 de octubre de 1937, después de lamentar el fracaso del Comité de No Intervención en cuanto a la retirada de combatientes no españoles, y de reconocer la existencia sobre territorio español de verdaderos «cuerpos de ejército» extranjeros, expresaba su deseo de ver coronadas de éxito ciertas iniciativas diplomáticas, entonces en curso, y asegurada así la retirada de combatientes no españoles; si ese resultado no se lograba en breve plazo los miembros de la Sociedad que habían adherido el acuerdo de no intervención «envisageront la fin de la politique de non intervention». Este proyecto de resolución no reunió la unanimidad de la Asamblea y carece por consiguiente de toda fuerza jurídica. No le queda más que la fuerza moral que pueda conferirle el haber sido votado por 38 Estados miembros de la Sociedad, entre los cuales figuran 12 de los 14 miembros actuales del Consejo.

Nadie podrá negar que desde el mes de mayo de 1937 la intervención italiana y alemana en favor de los rebeldes españoles no ha hecho sino aumentar en dimensiones considerables, tanto cuantitativa como cualitativamente; estos testimonios concluyentes que son del dominio público, han creado un estado de opinión general y definitivo que no admite dudas ni escapatorias. Pero además el gobierno de la república dispone de informaciones concretas que se propone someter al Consejo. Es de creer que en parecidas proporciones habrá aumentado la gravedad, ya subrayada por el Consejo hace un año, que esta creciente intervención extranjera en España constituye para la paz general.

4. Por ello, inspirado en idénticos móviles que los que le impulsaron a provocar el examen por el Consejo y la Asamblea, en los meses de mayo y setiembre últimos, de la situación creada por la intervención extranjera en España, tengo hoy el honor de pedir a V. E., en nombre del gobierno español, la inscripción de esa cuestión en el orden del día de la próxima reunión ordinaria del Consejo que se abrirá en Ginebra el 9 del mes de mayo próximo.

DOCUMENTO 45

RESPUESTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL AL COMITÉ

DE LONDRES (26-VII-1938).

Señor ministro:

De orden de mi gobierno tengo el honor de comunicar a V. E. lo siguiente:

El gobierno español ha examinado con la atención y cuidado que la importancia del caso requiere el proyecto de resolución destinado a ser adoptado por el Comité de No Intervención, «rea firmando y extendiendo el acuerdo de no intervención, disponiendo la retirada de voluntarios extranjeros de España, el reconocimiento, en determinadas circunstancias, de derechos de beligerancia a las dos partes en España, y la observación de las fronteras españolas por tierra y por mar». El resultado de este examen, abordado en un alto espíritu de colaboración internacional, y con el decidido propósito de aportar a la realización de las medidas proyectadas las mayores garantías posibles de efectividad, se encuentra reunido en las observaciones siguientes:

I. Plan para la retirada de extranjeros.

El gobierno español cree poder justificadamente afirmar que lo que constituye el objetivo primordial y sustantivo del plan elaborado con tanto detalle y meticulosidad por el Comité de No Intervención, es el de asegurar la retirada de los extranjeras que, directa o indirectamente, participan en la lucha que se desarrolla en España. Las disposiciones sobre este punto capital se encuentran contenidas en la parte IV del anexo al proyecto de resolución, y el gobierno español tiene la satisfacción de poder declarar desde ahora que, por su parte, acepta estas disposiciones y que llegado el caso colaborará lealmente a su eficaz aplicación. No obstante, el gobierno español, en interés mismo del buen funcionamiento del plan, se considera obligado a someter al Comité las observaciones siguientes:

La primera observación que el gobierno español desea formular, en relación con esta parte IV del anexo, afecta a la operación del recuento confiada a las dos comisiones que a dicho efecto han de funcionar respectivamente en el territorio del gobierno y en el dominado por los rebeldes. El gobierno español supone que la forma y modo como las comisiones hayan de proceder a esa operación de recuento será objeto de las «Instrucciones generales» previstas en los apartados 9 y 23. Sin embargo, prefiere llamar ya hoy la atención sobre la absoluta necesidad, si es que el recuento ha de ofrecer una garantía mínima de seriedad, de que las comisiones no se limiten a recoger y clasificar los informes y datos que obtengan de las respectivas autoridades, sino que procedan por sí mismas a cuantas investigaciones, encuestas y comprobaciones estimen necesarias para adquirir la certidumbre de que se hallan en posesión de una información estrictamente ceñida a la realidad. Lo contrario sería exponerse a tomar como punto de partida una ficción y a que el recuento se viese convertido en un simulacro estadístico exento de consistencia y veracidad. El gobierno español ha considerado prudente dejar consignada esta observación, en vista, sobre todo, de la ambigüedad con que están redactados los apartados 25 y 26 del plan; ambigüedad acentuada todavía por la errónea referencia que en la carta dirigida por el secretario del Comité de No Intervención al subsecretario de Estado del Foreign Office se hace al apartado 25, cuando da por sentado que dicho apartado contiene una disposición según la cual cada una de las «partes» españolas habrán de recoger informes preliminares respecto al número y clasificación de los voluntarios extranjeros a su servicio, de manera que esos informes puedan ser estudiados por las comisiones inmediatamente después de llegar a su respectivo territorio. El gobierno español no duda que en las «Instrucciones generales» que ha de dar el Comité, este punto quedará completamente aclarado, y por su parte, y bajo reserva de reciprocidad, se declara dispuesto a conceder a la comisión que haya de venir a su territorio, así como a sus agentes autorizados, amplias facilidades para que puedan cerciorarse por sí mismos de la escrupulosa exactitud de cuantas informaciones le sean suministradas por las autoridades de la república.

Una segunda observación relativa al plan de retirada propiamente dicho (parte IV del anexo) concierne aquella disposición (apartado 14) según la cual a los efectos de la evacuación de los extranjeros, se establecerán dos zonas de evacuación, gubernamental y rebelde, respectivamente; las del territorio del gobierno en las proximidades de Palamós y Cartagena, y las del territorio rebelde en las de los puertos de Málaga y de Cádiz. Bien que la capacidad de esas zonas no haya de ser necesariamente igual, salta a la vista que el Comité al prever el establecimiento del mismo número en cada territorio, ha creído poder tomar como base para la elaboración del plan la hipótesis de que el número de extranjeros que deberán evacuarse en uno y otro lado, vendría a ser aproximadamente el mismo. Dada la discrepancia de opiniones que existe respecto a tan importante extremo, un criterio de imparcialidad hubiera aconsejado fijar el número de «zonas de evacuación» de cada territorio proporcionalmente al número de extranjeros computado en cada uno de ellos.

Si se relaciona este extremo con lo dispuesto respecto al número de extranjeros que han de ser evacuados cada día, se llega a conclusiones que justifican una mayor preocupación. En efecto, conforme a lo previsto en el plan (apartado 14), la «parte» con menor número de extranjeros ha de evacuar mil diarios; y la «otra parte» el número proporcional que corresponda sobre la base del total de extranjeros computados en cada territorio. Por otro lado, el «calendario» establecido en el plan para el desarrollo de la operación en su conjunto (apartado 22) asigna un período de 50 días para la evacuación propiamente dicha. Así resulta que las previsiones del plan encontrarían encaje perfecto si, por ejemplo, el cómputo diese por resultado la existencia de 50 000 extranjeros en cada «parte». En ese caso la evacuación diaria alcanza ría 2000 extranjeros, mil de cada territorio, quinientos a cada una de las cuatro zonas de evacuación y la evacuación duraría exactamente los 50 días previstos en el calendario. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, el cómputo arrojara un resultado más próximo a lo que el gobierno español considera como la situación real: 10 000 extranjeros, en cifras redondas, con el gobierno, y 100 000 con los rebeldes? Si ése fuese el resultado del cómputo la evacuación habría de hacerse a razón de mil diarios por parte del gobierno (500 a cada una de sus zonas de evacuación); 10 000 diarios por parte de los rebeldes (5000 a cada una de sus dos zonas de evacuación); y la evacuación quedaría terminada en diez días.

Las consecuencias prácticas de un tal resultado del cómputo serían sencillamente catastróficas para la aplicación del plan. Según éste, la evacuación de las «zonas» para el embarque de los extranjeros se iniciará cinco días después de la llegada a ellas del primer contingente diario de evacuados; es decir, que las «zonas» han de tener capacidad para cinco contingentes diarios. Lo que implica que en la hipótesis que examinamos, las del territorio rebelde habrían de tener capacidad para contener 25 000 voluntarios cada una. Ahora bien, el apartado 7 del «aide-mémoire» que acompaña al plan y que contiene las seguridades mutuas para su ejecución que habrán de cambiarse entre las «partes» y el Comité internacional, dispone que las «zonas» tendrán capacidad para alojar 3000 evacuados. Y si es cierto que se prevé el caso de que como consecuencia de una mayor desproporción entre el número de extranjeros computados en cada «parte», puede ser necesario aumentar la capacidad de las «zonas» o su número, en el territorio que resulte tener mayor cantidad de extranjeros, parece difícil admitir que un aumento en la proporción de 3 a 25 en cada «zona» pueda llevarse a efecto cuando todo esté ya dispuesto para el comienzo efectivo de la evacuación, sin causar profundo trastorno en la aplicación del plan en su conjunto.

El gobierno español no puede ocultar su temor y su preocupación ante la grave eventualidad de que las consecuencias mismas de un cómputo que se alejase mucho de la hipótesis que parece haber servido de base al plan, ejerza un cierto influjo moral sobre las comisiones, que insensiblemente las encamine a obtener resultados que no se aparten excesivamente de los previstos. Y aunque el gobierno español abrigue la más viva esperanza de que las comisiones cumplirán su misión con el máximo rigor y escrúpulo, y deposite de antemano en ellas su confianza, no ha querido pasar en silencio las observaciones precedentes, hechas en el mismo espíritu de colaboración con que se declara dispuesto a cooperar a la ejecución del plan.

El gobierno español estima necesario subrayar la extraordinaria importancia que, a su juicio, reviste la cuestión de las «categorías». Para asegurar lo que constituye la finalidad esencial del plan, es indispensable tener en cuenta no sólo el número, sino la cualidad de los «voluntarios». Y examinada la cuestión desde este punto de vista surge una consideración inmediata y evidente: la retirada debe comenzar por aquellos extranjeros «cualificados» cuya participación, a número igual, representa una más intensa y efectiva intervención extranjera en la lucha española. Ocurre, además, que este criterio, aconsejado por el interés mismo del objetivo que se persigue, es el de aplicación más fácil, ya que habría de ofrecer evidentemente menos obstáculos prácticos la evacuación de un número limitado de especialistas que la de masas importantes de combatientes no cualificados. Es decir, que procediendo en este orden, se conseguirá obtener desde el primer momento un resultado de valor real y positivo con un mínimo de dificultad. El gobierno español sugiere, por consiguiente, que en las «Instrucciones generales» que el Comité ha de redactar para las comisiones encargadas del cómputo y retirada, se determine que esta última habrá de comenzar por los elementos técnicos cualificados, especialmente aviadores y otro personal de aviación, artilleros y otro personal técnico combatiente, Estado Mayor, etc.

El gobierno español toma nota de la disposición contenida en el apartado 52 del plan, cuya recta interpretación debe conducir, a su juicio, a una solución conforme con el criterio que siempre ha sostenido respecto al problema planteado por las fuerzas marroquíes reclutadas por los rebeldes en la zona española de Marruecos. Los textos inter nacionales relativos a Marruecos han cuidado de preservar la unidad internacional del Imperio y lo que es su consecuencia natural: la unidad de la nacionalidad marroquí. Por todo ello, el gobierno español confía que, en virtud del citado apartado del plan, todos los ciudadanos marroquíes, sin distinción de origen; quedarán sujetos a la retirada de España, en su calidad evidente de extranjeros.

Teniendo siempre a la vista lo que constituye el objetivo principal del plan, a saber, la eliminación de toda participación extranjera en la lucha española, el gobierno no se explica el porqué de la excepción establecida para la retirada en favor de extranjeros que se encuentran incorporados a la Legión Extranjera antes del 18 de julio de 1936. Esto, además, en la práctica ha de constituir una gran dificultad, suplementaria y superflua, para la operación del recuento encomendada a las comisiones. Por ello, el gobierno español se permite sugerir que se suprima dicha excepción, manteniendo en toda su pureza el principio según el cual todos los extranjeros, sin excepción, que participen en la lucha española han de quedar sometidos a la retirada.

El gobierno español no desea dar por terminado su examen de la parte IV del anexo al proyecto de resolución, que acepta con las observaciones que acaba de formular, sin señalar la inexplicable anomalía de que no se haya extendido la retirada de extranjeros al material de guerra. Puesto cada vez con mayor prodigalidad al servicio de los rebeldes por los Estados que les indujeron a la rebelión, y que han venido sosteniéndola desde el comienzo, con el envío de aviación, tanques, artillería, etc., constituye en el momento actual el aspecto más importante de la acción de Alemania y de Italia en España. Retirar los «voluntarios» mientras se deja a los Estados intervencionistas posibilidades abiertas de seguir interviniendo con su material de guerra, y de renovarlo y aumentarlo al amparo de las lagunas que a ese respecto presenta el plan, supone además de una sorprendente contradicción, dejar a medio resolver el problema de la intervención extranjera en España.

II. Control marítimo.

Dispuestos, en principio, a otorgar las facilidades necesarias para la aplicación de la nueva forma de control marítimo, tal como aparece reglamentada esencialmente en los apartados 154/167 del plan, el gobierno español estima imprescindible someter al Comité de No Intervención las consideraciones siguientes:

Nadie que examine con un espíritu de imparcialidad la organización del control internacional de las fronteras terrestres y marítimas españolas, tal como ha sido proyectado por el Comité, puede negar que el control de las fronteras terrestres presenta garantías de eficacia incomparablemente superiores a las que ofrece el control de la frontera marítima. Y si se tiene en cuenta que los suministros de material de guerra de los rebeldes se hacen de preferencia por vía marítima, nadie se sorprenderá de que el gobierno español considere el sistema de control, en su conjunto, como de una profunda parcialidad en su per juicio, y que seguro, por lo demás, de ver sus propias preocupaciones compartidas por el Comité se esfuerce en asegurar al control marítimo un grado de eficacia lo más próximo posible al alcanzado por el control terrestre.

El plan prevé un control marítimo eficaz en ocho puertos españoles. Cuatro en territorio del gobierno y cuatro en territorio rebelde. Los cuatro puertos gubernamentales en los que existiría el control efectivo serían: Cartagena, Alicante, Valencia y Barcelona. Los cuatro puertos en territorio dominado por los rebeldes: Bilbao, Huelva, Cádiz y Málaga. El gobierno español no acierta a comprender cómo una proposición de esta naturaleza ha podido siquiera ser formulada. Su injusticia reviste tales proporciones que bastaría para justificar las mayores reservas. El gobierno español no duda un momento que el Comité de No Intervención tomará en cuenta sus razonables observaciones, y someterá a revisión una propuesta cuyo resultado práctico sería el establecimiento del único sistema eficaz de control marítimo previsto en el plan, a la totalidad de los grandes puertos en poder del gobierno, mientras quedarían fuera de él un buen número de puertos de gran tráfico en el territorio dominado por los rebeldes, a saber: Pasajes, San Sebastián, Santander, Gijón, Musel, Ferrol, Coruña, Vigo, Sevilla, Algeciras, Ceuta, Melilla, Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, etc.

Aparte de los puestos permanentes de observación que se establecerían en estos ocho puertos, el plan prevé un sistema destinado a asegurar la «presencia permanente» de un observador del Comité en los «puertos dedicados al comercio internacional en los que existan facilidades para descarga de material de guerra».

a) No piensa el gobierno español que el sistema de «presencia permanente» ofrezca garantías equivalentes a las que puedan ofrecer los puestos permanentes que se crearían en los ocho puertos, y por ello desearía obtener información más detallada respecto a la manera cómo ese sistema funcionará en la práctica y los motivos por los cuales considera el Comité de No Intervención que tal sistema presenta garantías de eficacia suficientes para justificar su aceptación.

b) Pero lo que causa mayor inquietud al gobierno español es la limitación que sin duda se ha querido establecer al prever que ese sistema de «presencia permanente» se aplicará a los «puertos dedicados al tráfico internacional, y en los que existan facilidades técnicas para la descarga de material de guerra».

El gobierno español desearía vivamente conocer la interpretación y el sentido que atribuye a esta frase el Comité de No Intervención, y si su intención es hacer preceder el restablecimiento del control de una encuesta destinada a mostrar cuáles son los puertos españoles que habrían de entrar en la categoría así definida. Se trata, como todo el mundo comprenderá, de extremos cuyo valor práctico es demasiado considerable para que no queden clara y previamente determinados.

c) En fin, el gobierno español reitera su opinión según la cual el sistema de control marítimo debe aplicarse a las islas Canarias en la misma forma y simultáneamente que al resto del territorio nacional.

III. Control aéreo.

Es público y notorio que en materia de aviación existe una situación netamente desfavorable al gobierno, por la sencilla razón que los países que prestan su apoyo a los rebeldes pueden con toda tranquilidad enviar a España en vuelo directo los aeroplanos que se juzguen necesarios. Por ello, la ausencia de toda disposición tendiendo al establecimiento de un control aéreo eficaz ha sido constantemente considerada por el gobierno español como uno de los signos más claros y característicos de la enorme injusticia que ha representado para él el sistema de no intervención. El plan elaborado por el Comité contiene algunas disposiciones relativas al control aéreo (apartados 170 a 174). Éstas estipulan la designación de oficiales de aviación, agregados a los dispositivos del control marítimo y terrestre, encargados de «examinar» la posibilidad práctica de establecer un sistema efectivo de observación del tráfico aéreo que se dirige a España a través de la frontera naval o de la frontera franco-española, respectivamente, con el objeto seña lado en el apartado 6 del plan presentado por el gobierno del Reino Unido el 14 de julio de 1937.

El gobierno español no puede menos de preguntarse, con asombro, por qué el Comité de No Intervención ha dejado pasar un año entero sin proceder a ese estudio de algo que tan inmensa importancia tiene para él. Y está, además, seguro de que nadie que se encontrara en su lugar dejaría de señalar el contraste entre este inconcebible abandono en que se ha tenido durante un año entero el estudio de las posibilidades de un control aéreo eficaz y la excepcional meticulosidad y cuidado con que han sido estudiados otros elementos de la no intervención y del control.

Las disposiciones del plan sobre control aéreo ofrecerían al gobierno español una excelente coyuntura para pedir que todo el sistema de control quedase en suspenso hasta que se terminara el examen a que se alude de la posibilidad práctica de establecer un control aéreo eficaz. ¿Podría nadie encontrar injustificada tal demanda cuando el Comité no ha tenido inconveniente en producir un plan de control que contiene respecto del aéreo, es decir, de aquel que interesa primordialmente al gobierno, un simple anuncio de estudio de su posibilidad práctica; respecto del marítimo que interesa también muy especialmente al gobierno, un sistema a todas luces deficiente, y sólo respecto del terrestre, aplicable únicamente al gobierno, un sistema de completa y total eficacia? El gobierno se limita, sin embargo, a someter las anteriores observaciones relativas al control aéreo.

IV. Beligerancia.

El gobierno español no cree oportuno entrar ahora en el análisis de las disposiciones del plan relativas a este importante extremo, las cuales, por otra parte, no requieren ser aceptadas o rechazadas por él. Pero no ha de dejar pasar esta ocasión sin reiterar su criterio de principio, netamente contrario a todo reconocimiento de beligerancia más o menos limitada a favor de los rebeldes españoles. Primero, por ser cosa sobre la cual no cabe ya abrigar duda alguna que ha sido la ayuda extranjera, y exclusivamente ella, la que ha hecho posible a los rebeldes prolongar la rebelión, y segundo, porque siempre se ha exigido como condición previa a todo reconocimiento de beligerancia la abstención más estricta del empleo deliberado de métodos de guerra contrarios a los principios de humanidad.

El gobierno español confía en que la actitud definida en la presente nota será considerada una nueva prueba de cómo responde al trato de que se le ha hecho objeto desde que al iniciarse la política de no intervención resultaron vulnerados sus indiscutibles derechos de Estado soberano a defenderse contra la agresión y a ver respetada su libertad de comercio. Resuelto en su serenidad a no dejarse tampoco influir por la forma injusta y parcial en que una vez establecida la no intervención ha venido siendo practicada contra él, el gobierno español, fiel a los principios que inspiran su política exterior, presta su concurso a toda tentativa para eliminar del «conflicto español» la intervención extranjera, y la amenaza que ella representa para la paz internacional.

DOCUMENTO 46

TELEGRAMA Y PÁRRAFOS DE UNA CARTA DEL EMBAJADOR EN LONDRES

AL MINISTRO DE ESTADO (26 y 28-VII-1938).

Entregada nota respuesta plan retirada extranjeros. En conversación lord Halifax subrayé diligencia e interés mostrados gobierno y espíritu colaboración caracteriza su actitud. Observaciones contiene notas destinadas mejorar plan desde punto vista justicia eficacia. No significan condiciones aceptación. Lord Halifax expresó apreciación actitud gobierno. Insistí fuertemente sobre importancia capital atribuye gobierno composición comisiones cómputo explicando gobierno considera esencial la que será enviada territorio rebelde goce, por nacionalidad y otras cualidades sus miembros, plena confianza gobierno, estando dispuesto aceptar su territorio comisión formada por elementos confianza autoridades rebeldes o países aliados. Secretario de Estado se interesó vivamente punto que anotó. Refiriéndome referencias prensa declaré gobierno acogería con satisfacción visita Mr. Hemming secretario Comité. Pregunté si había noticia respuesta rebeldes. Dijo ninguna preguntándome si creía yo aceptarían. Dije no tenía opinión agregando, como posible elemento de juicio, reciente ofensiva Levante realizada principalmente por tres divisiones italianas dotadas mayor cantidad material vista en toda guerra y recordando desembarco hace tres semanas diez mil italianos. Entonces secretario Estado manifestó gran énfasis necesidad ejecutar plan toda lealtad sin consentir se convierta «burla y vergüenza». Respondí ese mismo era espíritu aceptación gobierno.

Tono general conversación cordial pero reservado. Convenido dar nota prensa miércoles noche para publicación jueves dando tiempo sea comunicada durante miércoles miembros del Comité.

[…]

Esta conversación con lord Halifax tuvo un desarrollo en la que tuve ayer con sir George Mounsey, subsecretario del Foreign Office encargado de los asuntos de Europa occidental. Fui a verle siguiendo las instrucciones de usted, para darle cuenta de la aceptación por parte del gobierno de la propuesta británica respecto de encuestas sobre casos de bombardeos aéreos de poblaciones civiles. Pero esto quedó liquidado en cinco minutos y el resto de la conversación, que duró una hora, versó sobre los temas actuales de la no intervención.

Había ya leído la respuesta del gobierno y no ocultó su buena impresión por el espíritu constructivo en que estaba redactada y la justicia de algunas de nuestras observaciones. Como aludiera a la dificultad de revisar un texto adoptado ya unánimemente por el Comité, le dije que esto era cosa del Comité, haciéndole, además, notar que algunas de nuestras observaciones no exigían cambio en el texto, sino que se referían más bien a su aplicación. Tal es especialmente el caso de las que se refieren al funcionamiento de las comisiones de cómputo. Entonces le expuse con gran detalle e insistencia el punto de vista del gobierno respecto de la composición de estas comisiones y para justificar la preocupación que nos causaba esto que puede ser considerado como el punto capital y decisivo para la aplicación del plan, recordé que en cosa de mucha menos monta y compromiso como las encuestas en caso de bombardeos aéreos, tres países caracterizados por su independencia política se habían negado a que sus nacionales formaran parte de la comisión sugerida por el gobierno británico ante el temor de las responsabilidades a que esa participación podía dar origen. Teniendo en cuenta este precedente, el gobierno español dudaba que fuera posible encontrar en Europa nacionalidades respecto de las cuales no estuviera justificado temer el juego de presiones políticas propias a viciar el resultado del cómputo. Por eso el gobierno consideraba más práctico que tratar de buscar nacionalidades neutras o imparciales, enviar a cada uno de los dos territorios del gobierno y rebelde elementos que por su nacionalidad y por sus cualidades personales pudieran inspirar confianza respectivamente a las autoridades rebeldes o sus aliados y al gobierno. También sir George encontró la sugestión de gran interés y de lo que me dijo comprendí que la secretaría del Comité no había pensado más que en buscar neutros y que esto podría quizá facilitar su tarea.

Otro punto de que hablamos con gran detenimiento fue el relativo al control marítimo, y especialmente la absurda e injustificable cláusula de los ocho puertos. Sir George no podía negar la injusticia de semejante disposición y como tratara vagamente de explicarla por las dificultades prácticas de encontrar un criterio más equitativo, le dije que hubiera podido establecerse un límite mínimo de capacidad de tráfico de los puertos españoles, disponiéndose que en todos aquellos cuya capacidad excediera ese límite se establecerían puestos permanentes, mientras que en aquellos de capacidad inferior se establecería el sistema de la «presencia permanente». No pudo menos de reconocer que esto hubiera sido más lógico e imparcial y ahí quedó la cuestión.

[…]

Entonces hablamos de la actitud general de Italia respecto de la cual sir George subrayaba mucho la observada por su representante en el Comité dando facilidades para la adopción del plan. Dije a sir George que en nuestra opinión eso se debía exclusivamente a la convicción del gobierno italiano de que gracias al empleo de las tres divisiones italianas últimamente reconstituidas y dotadas de material en cantidad y calidad superior a todo cuanto hemos visto en la guerra, la ofensiva de Levante iba rápidamente a provocar la caída de Valencia creando con ella un estado de cosas de lo más favorable para las maniobras políticas a que se presta la ejecución del plan. Pero una vez más todos esos planes imaginarios han sido desbaratados primero por nuestra resistencia en Levante, y ahora por nuestra ofensiva en el Ebro; sin contar con que la caída de Valencia, en el peor de los casos, no hubiera dado lugar a la situación que el gobierno italiano se imaginaba. Sir George escuchó muy atentamente esta interpretación y la conversación terminó con nuevas seguridades de que el gobierno británico estaba firmemente decidido a que el plan fuera aplicado de una manera total mente seria y honrada.

DOCUMENTO 47

DOCUMENTOS DIVERSOS RELATIVOS A LA RESPUESTA

NEGATIVA DE FRANCO AL PLAN DE NO INTERVENCIÓN

He aquí algunos documentos relativos a las gestiones realizadas cerca de los gobiernos británico y francés en esta ocasión:

I. Minuta de una entrevista entre el ministro de Estado, señor Álvarez del Vayo, y el embajador de Francia en Barcelona, señor Labonne, el 25 de agosto de 1938 (redactada por el ministro):

Le digo que le he llamado bajo la impresión de noticias bastante inquietantes sobre la posición del gobierno francés respecto a la res puesta rebelde. No sólo no hay ningún indicio de que tenga como reacción natural —descontada en una parte de la prensa inglesa— la reapertura de la frontera, sino que al parecer París secunda con decisión la táctica dilatoria de Chamberlain dirigida a evitar la reunión inmediata del Comité de No Intervención, entrando en un nuevo período de negociaciones diplomáticas prolongables hasta el infinito. Recuerdo lo ocurrido a raíz de la reunión de la sexta comisión, durante la Asamblea del pasado septiembre, en que pese a las afirmaciones categóricas de Delbos y Elliot sobre el «breve plazo», se sucedieron las semanas sin lograr un resultado positivo y sin que todo ello tuviese otra consecuencia que la de provocar un nuevo aumento de la intervención italiana. Resalto el contraste entre el tono de la prensa inglesa del lunes y el editorial del Temps de aquella misma tarde, cuyo sentido viene a confirmar esas impresiones que me vienen de Londres. Recuerdo que después de habernos sido comunicado el plan, tanto el gobierno francés como el británico insistieron apremiándonos con una carta suya y una nueva comunicación británica, a que aceptásemos el plan, comprometiéndose de esta manera, moral y políticamente, ambos gobiernos cerca del gobierno español. El Comité ha comunicado un plan. Ha habido dos respuestas, una afirmativa y otra negativa; nadie podrá explicarse que el Comité no se reúna para tomar cuenta de ellas y sacar las consecuencias necesarias. Maiski ha solicitado la reunión del Comité; resulta incomprensible que el gobierno francés trabaje en sentido opuesto, sin sugerir otra alternativa que la apertura de nuevas negociaciones imprecisas, mientras se multiplican las noticias de llegada de nuevas efectivos italianos y de nuevo material de guerra, y cuando en la entrevista del último jueves Ciano-Charles (encargado de Negocios británico en Roma) el primero aceptó como la cosa más natural del mundo el que Italia «renovara periódicamente sus efectivos y su material en España», pero sin proceder a grandes nuevos envíos de tropas […]. Vamos entrando en una fase en la que la política del gobierno francés comienza a dejar de ser neutral para tomar un rumbo casi hostil. Le dejo entrever que la próxima reunión de Ginebra, si las cosas no se modifican entretanto, nos va a obligar a hablar con una claridad aún mayor que la empleada hasta aquí. Insisto en que la experiencia que pudiese hacer esta vez el gobierno español sobre el resultado de las recomendaciones de los gobiernos francés y británico para la aceptación del plan, no sería como para alentarle a tomarlas otra vez en consideración, si en el curso de la guerra dichos gobiernos tuviesen que dirigirse de nuevo al español aconsejándole la adopción de una determinada política. La opinión republicana española conoce ya hoy el texto de la respuesta rebelde. Jamás podrá comprender que todo ello no derive sino en una nueva pérdida de tiempo. La irritación del pueblo español va tomando cada día caracteres más graves.

El embajador contesta con consideraciones de orden general. Es cierto que la frontera permanece cerrada; pero no son tan malos los resultados de la liberalidad mostrada en otras soluciones, como la de los envíos por Marsella. «Ha pasado bastante». Chamberlain hará lo imposible por evitar el naufragio del plan. Él personalmente desaconseja una actitud de ataque al gobierno francés por nuestra parte, que sólo conduciría a complicar las cosas. Personalmente él, que vive de cerca nuestro heroísmo y nuestra entereza, se da cuenta de muchas cosas más difíciles de percibir desde París, y de nuestro estado de ánimo. No dejará de comunicar enseguida a su gobierno el contenido de mis observaciones […]. No obstante su capacidad para sortear los argumentos difíciles, le he encontrado esta mañana impresionado y en situación embarazosa para responder […].

II. Minuta de una conversación entre el embajador de España en Londres, señor Azcárate, y el encargado de Negocios de Francia, señor Roger Cambon, el 26 de agosto de 1938:

Avisé esta mañana que deseaba ver al embajador o al encargado de Negocios y contestó este último que vendría a verme por la tarde.

Me contó que lord Plymouth estaba completamente desconcertado por la respuesta de Franco. Consideraba imposible abrir una negociación sobre posibles modificaciones del plan, porque en cuanto se le toque no habría manera de asegurar su aceptación. Por otra parte, una reunión del Comité no podría más que empeorar la situación. Su propósito parece ser obtener el asentimiento de los miembros del Comité para que se haga una nueva presión cerca de Franco a fin de intentar que acepte el plan tal como está. El obstáculo a esto es la insistencia de Maiski en obtener una reunión inmediata del Comité para «constatar» que el plan ha sido rechazado y dejar en libertad a todos. Lord Plymouth espera que Corbin (que vuelve el miércoles) convencerá a Maiski de que renuncie a su oposición y entretanto se va a continuar sus vacaciones.

Me preguntó con una aparente ingenuidad si yo creía que Alemania e Italia habían influido en la respuesta negativa de Franco. Le con testé con la natural viveza que la respuesta era de ellos y que Franco era quien había tenido menos parte en su preparación. Por eso, añadí, el intento de cerrar los ojos ante la realidad y empeñarse en abrir una negociación completamente artificial no será más que colaborar activamente en la acción ítalo-alemana respecto a España. Insistí mucho sobre esto de la colaboración activa; el momento era decisivo; ya no cabía ignorar la realidad; ahí estaba la negativa brutal de Italia y Alemania cuya única preocupación es ganar tiempo a fin de reforzar sus posiciones en España; la negociación que intentan los ingleses es pura y simplemente una complicidad; el único riesgo que han corrido Alemania e Italia con su respuesta hubiera sido de provocar una reacción de firmeza por parte de Inglaterra y Francia que tuviera como consecuencia inmediata aumentar las facilidades del gobierno para obtener material, poniendo así término a esa situación absurda en la cual las dos potencias agresoras pueden contar con la colaboración de las demás para tener al agredido parcialmente inerme. Pero la actitud de Francia e Inglaterra parece descartar ese peligro, y mostrar una vez más que aciertan los que cuentan como una de las cartas en su juego con la blandura franco-inglesa. Todo eso, agregué, causará un profundo efecto en España; el gobierno y la opinión pública consideran el momento actual como la prueba decisiva; todo lo que no sea sacar las consecuencias normales de la negativa, todo intento de prolongar más el juego de la no intervención, se considerará en España como una colaboración activa de Francia e Inglaterra en la agresión ítalo-alemana contra España.

Después me referí a la cuestión de la frontera, desarrollando el siguiente argumento: la frontera se cerró a fin de crear una atmósfera favorable a la aceptación y aplicación del plan; la respuesta negativa de Franco ha echado por tierra toda posibilidad de ver ese plan aceptado ni aplicado; la consecuencia lógica inmediata debe ser la reapertura de la frontera. Si no se hace, nadie en España creerá en la sinceridad de Francia; todos pensaremos que lo de crear la atmósfera favorable al plan fue una gran hipocresía, y que la frontera se cerró porque con venía a los agresores. El encargado de Negocios escuchó mi tirada y se limitó a decir que no sabía cuál era el criterio de su gobierno, que por el momento todo estaba fluido y nada se había decidido.

III. Telegrama del ministro de Estado, señor Álvarez del Vayo, al embajador en Londres, de 29 de agosto de 1938:

Sírvase expresar V. E. durante entrevista lord Halifax indignación profunda gobierno república por lo que ocurre con la no intervención. En mi nombre dígale que principal argumento empleado por mí en Consejo de ministros a fin de hacer aceptable el plan, frente a las tan justificadas objeciones del Estado Mayor y otro departamento, fue que habiendo insistido oficialmente los gobiernos de Francia y Gran Bretaña cerca del gobierno de la república apremiándole a aceptar, era inimaginable que dos gobiernos serios tolerasen que el pago a nuestra lealtad espíritu colaboración internacional fuera nueva burla siniestra. Asimismo que estamos enormemente irritados y que la medida de indignación del pueblo español la da el discurso de Prieto ayer que, a pesar de su moderación política, ataca manera más dura conducta oficial Londres y París, levantando tempestad de aplausos cuantas veces arre ciaba contra política no intervención y sus últimos desenvolvimientos. Comunique que gobierno inglés está inutilizándose con su actitud para poder en día de mañana hacer sugestión alguna en Barcelona, ya que nadie entre nosotros va a depositar en él la más mínima confianza después experiencia estos días. Además que no se haga ilusiones de que después de gran sacrificio aceptar plan el gobierno español va a allanarse ahora modificaciones o cambios que quieran introducirse a fin hacer el plan aceptable a los rebeldes y sus aliados. Si ese ministro de Negocios Extranjeros preguntara V. E. qué es lo que deseamos debe contestarle categóricamente reunión inmediata del Comité de No Intervención a fin actuar conforme dos respuestas y entretanto se reconozca única actitud correcta de obligar al gobierno francés a abrir inmediata mente la frontera.

IV. Telegrama del embajador en Londres al ministro de Estado, del 30 de agosto de 1938:

Celebrada conversación esta tarde con Vansittart en tonos completamente distintos de las anteriores llegando el interesado a estar cordial y hasta efusivo. Sin ninguna reserva y máxima crudeza le expuse la profunda indignación por actitud mostrada por Francia y Gran Bretaña ante negativa plan desarrollando argumentos y haciendo valer asimismo el discurso de Prieto. Interesado vivamente sugirió le envíe carta personal reproduciendo cuanto le había manifestado, insistiendo que carta llegara esta misma noche a fin poder mostrársela a Halifax antes de mi visita mañana. Mi impresión fue Vansittart interesado fracaso política italiana Chamberlain podría resultar valioso aliado nuestro. Su influencia aumenta a medida fracasa la política del primer ministro.

V. Carta personal del embajador en Londres a sir Robert Vansittart, subsecretario permanente del Foreign Office, del 31 de agosto de 1938 (traducción):

Mi querido sir Robert:

Permítame usted que le escriba esta carta a título de viejo amigo y dejando a un lado nuestras respectivas situaciones oficiales. Así podré expresarme con mayor libertad con ventaja, en este caso, para los intereses que usted y yo tenemos a nuestro cargo.

He aquí de lo que se trata. Desde hace mucho tiempo voy estando alarmado por los efectos que la política británica respecto a la cuestión española está produciendo en la opinión liberal de mi país. Hoy me decido a escribir a usted porque la negativa de las autoridades rebeldes a aceptar el plan para la retirada de extranjeros que luchan en España ha creado una coyuntura decisiva. En pocas palabras, la situación se presenta así a nuestros ojos: cuando el plan fue comunicado al gobierno español el gobierno británico le hizo saber de manera apremiante que atribuía una gran importancia a su rápida aceptación. Con una completa buena fe esta comunicación se interpretó en Barcelona como indicando que el gobierno británico apoyaba el plan con todo el peso de su influencia; por fin, nos dijimos, tenemos ante nosotros un ensayo serio que puede conducir al fin de la lucha; su garantía consistía en el apoyo decidido del gobierno británico a la ejecución del plan. Con estas consideraciones a la vista consiguió el gobierno español vencer todas las repugnancias y superar todos los obstáculos (algunos de ellos importantes), que encontraba entre nosotros la aceptación del plan, y el plan fue, finalmente, aceptado sin reservas ni condiciones. A las cuatro semanas, aproximadamente, Franco (y con él Alemania e Italia) han rechazado pura y simplemente el plan de un manotazo, sin cuidarse para nada del interés que había mostrado el gobierno británico. ¿Qué iba a pasar? Expectación. Pasan algunos días en consultas. Se empieza a hablar vagamente de la posibilidad de entablar una nueva negociación con Franco. Pero ¿sobre qué?, nos preguntamos en Barcelona, sorprendidos y ya un poco inquietos. Siguen pasando los días sin que nadie hable del asunto; la cuestión checoslovaca absorbía la atención de todos. Y así nos encontramos hoy, a los diez días de haberse recibido la negativa de Franco, sin que nada se haya decidido y sin que nada parezca haber sido preparado. ¿Y a quién podría sorprender que el gobierno español, y con él la opinión pública liberal, se pregunten, primero sorprendidos, después irritados, y al fin profundamente indignados, qué ha pasado con la importancia capital que el gobierno británico decía atribuir a la aceptación y la ejecución del plan? En Barcelona se descubre, con profunda indignación, que, contrariamente a cuanto se nos había hecho creer, ese plan no era, después de todo, tan importante puesto que puede ser rechazado sin exponerse a ningún riesgo ni a la menor consecuencia desagradable.

Pero hay más todavía. Se habla de entablar con Franco una nueva negociación a propósito de su respuesta. Esta negociación no puede tener por objeto hacer que Franco diga «sí» cuando acaba de decir «no»; tal hipótesis sería hasta ofensiva para el propio Franco. Tampoco puede tener por objeto llegar a un texto transaccional que pudiera ser aceptado no sólo por el Comité, sino por las «partes»; la imposibilidad de semejante intento es tan evidente que no vale la pena de tomarle en consideración. Pero, entonces, ¿cuál puede ser el objeto, o si usted prefiere, el resultado de una tal negociación? Sencillamente ésta: facilitar lo que Alemania, Italia y Franco han buscado, primero, retrasando el envío de la respuesta, después, por la respuesta negativa: ganar tiempo; prolongar la situación actual lo más posible, permitiendo la llegada sin tropiezo de nuevos envíos en gran escala de material, destinados a preparar una nueva ofensiva y a realizar un nuevo intento (que puedo asegurar a usted no tendrá mejor resultado que los anteriores) de aplastar el valor de nuestras tropas bajo una masa imponente de material terrestre y aéreo. Con toda lealtad tengo que decir a usted que si el gobierno británico entablara esas negociaciones de que se habla, su decisión sería interpretada por nuestra gente como la prueba definitiva de que el gobierno de Londres ha decidido, si no apoyar, por lo menos consentir la intervención italiana en España.

La aceptación del plan ha sido presentada como el punto culminante y decisivo de la no intervención. Esto exige que, ahora, se saquen las consecuencias lógicas de su rechazamiento. Es decir, que sin tergiversaciones, sin artificios, sin forzar las cosas, procediendo con el valor y la lealtad que con razón han sido universalmente reconocidos como los rasgos característicos de la política británica, se convoque al Comité de No Intervención para que tome acta de las dos respuestas a su plan. Eso sería seguir una línea de conducta leal y lógica. ¿Cuáles serían sus consecuencias? En mi opinión las más satisfactorias que puede imaginarse. Y puesto que trato de ello, he aquí todo mi pensamiento sobre el particular. Mientras se mantenga una situación que permita a Italia continuar su agresión en España en las condiciones excepcionalmente favorables creadas por la no intervención tal como funciona actual mente, nada la detendrá, ni discursos, ni notas diplomáticas; la ocasión es demasiado favorable para desperdiciarla. Pero tan pronto como se modifiquen estas condiciones y se restablezca la igualdad, en cuanto Italia sepa que si envía doscientos aviones a España habrá otros doscientos para hacerles frente, la intervención empezará a disminuir, sencilla mente porque la operación se habrá hecho mucho más onerosa y, por consiguiente, menos interesante; a partir de ese momento aparecerá un real interés por encontrar una manera honorable de liquidar el asunto.

Pues bien, la oportunidad para realizar ese cambio es, precisamente, el rechazamiento del plan por Franco y sus aliados. Ellos lo han querido. Durante dos años se ha tratado de hacer funcionar la no intervención. Sabíamos que el plan era su expresión final y definitiva. Se nos había advertido. Nadie tenía derecho a imaginar que fuera posible rechazarle sin riesgo de provocar el colapso de todo el sistema […]. Y, sin embargo, vemos ahora, llenos de tristeza y amargura, que los que habían jugado la carta de la flojera acaso van a ganar, y que nosotros hemos sido, quizás, un poco candorosos al tomar demasiado en serio las palabras del gobierno británico.

Y antes de terminar esta carta, permítame usted que toque otro punto, aunque no concierna de manera directa al gobierno británico. Me refiero al cierre de la frontera franco-española. Todo el mundo está de acuerdo para afirmar que fue decidido a fin de facilitar la creación de una atmósfera propicia para la aceptación y ejecución del plan. Pero, entonces, ¿no es lo más contrario al sentido común y al «fair play» mantenerla cerrada una vez que el plan ha sido rechazado? ¿Es que, tan pronto como el plan ha sido rechazado, lo que hubiera debido hacerse inmediatamente y sin esperar a discutir la acción que ese rechazamiento exigiría, no es restablecer el «statu quo ante», abriendo de nuevo la frontera? Ruego a usted que reflexione sobre esto. Hace un momento mencionaba esas negociaciones de que se habla con Franco sobre su respuesta. Pero si se entablaran sin haber restablecido en la frontera la situación anterior, constituirían una monstruosa injusticia porque se premiaría a los rebeldes por haber rechazado el plan, mientras que se castigaría al gobierno por el pecado de haberlo aceptado.

Mil perdones por esta carta. Tenía todo esto sobre la conciencia y creo preferible habérselo dicho a usted. Tanto más cuanto que no hay ninguna exageración en lo que le digo a usted sobre la indignación del gobierno y la opinión pública liberal en España. Hemos tenido una prueba reciente en el discurso pronunciado por don Indalecio Prieto, antiguo ministro de Defensa, en Barcelona hace tres días con motivo del «cincuentenario» del Partido Socialista español. Sin duda conoce usted la significación política del señor Prieto: «leader» del centro en el Partido Socialista. Pues bien, nadie ha empleado jamás un lenguaje tan duro como él en ese discurso al hablar de la política británica respecto a España; nadie se ha expresado con más amargura y decepción que él lo ha hecho hablando de Inglaterra. En cuanto reciba el texto íntegro de su discurso enviaré a usted los párrafos relativos a la política británica. Y notará usted que son los que han sido acogidos con las mayores ovaciones del público.

Sólo me queda rogar a usted que vea en esta carta, y en el tono vivo y franco en que está redactada, el signo y la prueba de la sinceridad de mis sentimientos cuando se trata de Inglaterra y de sus relaciones con mi país. Me siento personalmente ligado a Inglaterra por muchos vínculos: una larga tradición de familia, mi educación, mis convicciones, y le ruego me crea si le digo que escribirle como lo hago me cuesta profundo dolor y amargura; pero la confianza que me inspira su amistad y la certidumbre de cumplir un deber, me han determinado a hacerlo.

VI. Telegrama del embajador en Londres al ministro de Estado (31-VIII-1938):

Celebrada entrevista hoy con lord Halifax expuse argumentos con sideraciones que V. E. conoce acerca de conducta del gobierno británico después plan rechazado por rebeldes. Insistí fuertemente indignación producida en opinión liberal española invocando discurso Prieto. Pro funda decepción incapacitará Gran Bretaña para seguir ejerciendo tradicional influjo moral en España. Negociar con los rebeldes sería tanto como colaborar con Italia en agresión facilitando táctica de ganar tiempo con objeto preparar nueva ofensiva. Por valija enviaré detalles sobre la conversación y texto carta que envié esta mañana Vansittart a ruego interesado. Impresión es que Halifax comprende terrible injusticia actual actitud pero incapaz de vencer resistencia primer ministro exige que no se haga nada que pueda contrariar Italia. Sin interrupción asentía a mis argumentos. Me preguntó por qué era sólo contra Inglaterra esa indignación a lo que contesté que era igual contra Francia como gobiernos habían apadrinado plan. Defendió vagamente la no intervención pero le hice observar que lo que nosotros combatíamos no era la no intervención sino todo lo contrario. Sir George Mounsey que asistía a la conversación expuso el manoseado argumento término no intervención provocaría la invasión italiana de España. A esto repliqué vivamente que era absurdo pensar que Italia abandonaría España mientras estuviera segura de que si envía doscientos aviones sólo encontrará veinte; pero el día que sepa que delante de esos doscientos aviones hay otros doscientos empezaría a interesarse seriamente en la manera honorable de liquidar el asunto. Lord Halifax asintió en silencio, y Mounsey no insistió. Creo que el primero quedó impresionado sobre situación y con secuencias actual política […].

VII. Carta dirigida a lord Halifax por un grupo de parlamentarios británicos laboristas y liberales (13-IX-1938):

Es el tercer año que el gobierno español presenta su caso ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones. En una resolución sometida a la Asamblea el año pasado no sólo se afirmaba que «el Comité de No Intervención había fracasado, y que había que reconocer la presencia en España de cuerpos de ejército extranjeros, lo que representaba una intervención en asuntos españoles», sino se decía que «si la retirada completa de los combatientes no españoles […] no se realizaba en un plazo breve, los miembros de la Sociedad que han suscrito el acuerdo de no intervención tomarán en consideración el fin de la política de no intervención».

Treinta y dos naciones, y entre ellas la Gran Bretaña, votaron en favor de esta resolución; tan sólo dos, Portugal y Albania, votaron en contra.

Desde esa reunión ha pasado un año. Durante ese período Alemania e Italia han aumentado su intervención en España de manera flagrante. El 6 de julio se sometió a las dos partes el plan británico para la retirada de voluntarios, después de meses de discusión y aplazamientos. A las tres semanas el gobierno español aceptó sin reservas. Después de una espera de siete semanas el general Franco lo ha rechazado. De todas las elaboradas medidas discutidas por el Comité de No Intervención no queda nada excepto un rígido control de la frontera de los Pirineos que fue cerrada el 13 de junio como una concesión al señor Mussolini. Ni un solo combatiente extranjero ha sido retirado de suelo español. Sin embargo, los Estados que votaron en favor de la resolución presentada a la Asamblea el año pasado no «han tomado en consideración el fin de la política de no intervención».

Los abajo firmantes, miembros del Parlamento británico, pedimos urgentemente que la delegación británica apoye en Ginebra toda proposición para que se levante el embargo sobre la compra de armas, municiones y material por el gobierno legítimo de España. El informe de la comisión de encuesta sobre los bombardeos aéreos en España refuerza grandemente el caso en favor de la reapertura de la frontera francesa y del suministro inmediato de armas defensivas al gobierno español.

La continuada intervención de Alemania e Italia contra un Estado miembro de la Sociedad de Naciones representa un acto de agresión que debe retener la atención de la Sociedad, so pena de que la adhesión a los principios de la Sociedad pierda toda significación. Creemos, además, que la heroica resistencia del gobierno español, lejos de poner en peligro la paz de Europa, constituye una influencia moderadora previniendo otros actos de agresión contra países democráticos. Estimamos que aunque sólo fuera por razones estratégicas el triunfo de la intervención de las dictaduras en España pondría en peligro la seguridad de las democracias occidentales.

(Firmado). Richard Acland - Lord Cecil - S. O. Davies - R. Fletcher - D. Grenfell - James Griffiths - George Hicks - Morgan Jones - Lord Listowell - Geoffrey M. Mander - F. W. Pethick Lawrence - Eleanor Rathbone - Wilfrid Roberts - Lord Strabolgi - Edith Summerskill - F. C. Watkins - J. C. Wedgwood - Ellen Wilkinson.

DOCUMENTO 48

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1938

La parte dispositiva de la resolución adoptada por el Consejo el 30 de septiembre estaba concebida en los términos siguientes:

El Consejo,

[…]

adopta el presente informe,

decide el envío a España de una comisión internacional que tendrá por misión enterarse de las medidas que adopte el gobierno español para la retirada e informar sobre su eficacia, sobre el destino de las personas retiradas y sobre la medida en la cual estima que la retirada ha sido completa; todo ello utilizando los medios que serán puestos a su disposición por el gobierno español,

declara que el Consejo no asume ninguna responsabilidad ya sea en cuanto al modo de retirada, ya sea en cuanto a la evacuación de las personas retiradas,

toma acta de la declaración del gobierno español según la cual se compromete a conceder a dicha comisión todas las garantías, facilidades y colaboraciones que juzgara necesarias para el cumplimiento de su misión,

instituye un comité de tres miembros, compuesto de los representantes del Reino Unido, de Francia y del Irán, encargado de constituir, enviar y, en la medida que sea útil, dirigir esa comisión,

autoriza con ese fin al secretario general para utilizar los fondos necesarios del presupuesto de 1938 —artículo 2 c «gastos imprevistos de orden político»— hasta concurrencia de una suma máxima de 250 000 francos suizos,

autoriza al secretario general para tomar, de acuerdo con el Comité de Tres, todas las demás disposiciones que sean necesarias para dar efecto a la presente resolución.

DOCUMENTO 49

RESUMEN DEL INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA RETIRADA DE

«VOLUNTARIOS». EXTRANJEROS

Las «brigadas internacionales» eran, en realidad, formaciones mixtas en las que figuraba una proporción variable, según las unida des, de extranjeros y de españoles, y estaban administradas como unidades enteramente españolas del ejército, a saber:

—35 división: 11, 13 y 15 brigadas.

—45 división: 12, 14 y 129 brigadas.

—5 grupos de artillería.

—1 grupo de Defensa Contra la Aviación (D. C. A.).

—Servicios diversos.

A su llegada la comisión recibió del gobierno español las cifras siguientes sobre los elementos extranjeros que servían en el ejército (las cifras eran aproximadas porque la agrupación estaba todavía en curso):

Brigadas internacionales… 7102

Otros elementos… 1946

Hospitalizados… 3160

Total…… 12 208

A los efectos de la retirada y de la colaboración con la comisión internacional, el gobierno español había constituido una «comisión española de enlace» presidida por el general Gamir, inspector general de la instrucción, y formada por el coronel Cerón, jefe de la sección de organización y movilización en el ministerio de Defensa, el señor Quero Morales, del ministerio de Estado, y el teniente Feliu, del Estado Mayor Central. Las dos comisiones reunidas formaron la «Comisión Mixta», cuyas sesiones fueron objeto de actas escritas.

El 18 de octubre la comisión española presentó un plan de retirada. La comisión internacional lo aceptó «precisando las modalidades de su acción de control». El plan español y la respuesta de la comisión internacional formaron juntos el «plan de trabajo» de la comisión; el cual fue aprobado por el Comité de Tres del Consejo en noviembre con una sugestión británica tendiendo a extender el retiro a los «consejeros» e «instructores» empleados tanto en cuestiones militares como en la fabricación y comercio de armas. A este respecto la comisión hace notar en su informe que en sus visitas y sondeos en las fábricas y talleres militares «no ha comprobado la presencia de ningún extranjero».

Para hacer posible el recuento las autoridades españolas, de acuerdo con la comisión, concentraron todos los extranjeros en localidades determinadas, entregando a la comisión la lista de los que se encontraban en cada una. La comisión, mediante interrogatorios de los individuos concentrados y visitas por sorpresa a los centros de concentración, ha podido verificar la exactitud de los datos que le facilitaban las autoridades españolas. El 12 de enero el recuento efectuado arrojaba las cifras siguientes:

Zona de Barcelona 9843

Zona de Valencia 2830

Total 12 673

Estas cifras tienen un carácter provisional hasta que hayan terminado las verificaciones en curso. Sin embargo, la comisión afirma que representan con gran aproximación el número de voluntarios extranjeros presentes en España el 21 de septiembre de 1938; y hace observar que no difieren mucho de las cifras aproximadas facilitadas por el gobierno español cuando la comisión llegó a España.

La evacuación estaba controlada en estaciones fronterizas, puertos y aeródromos de tal manera que el mismo oficial de la comisión que había realizado el recuento y la identificación de cada voluntario controlaba su evacuación. El 16 de enero habían abandonado España 4640 voluntarios, bajo el control de la comisión; de ellos 2141 franceses, 407 ingleses, 347 belgas, 285 polacos, 182 suecos, 194 italianos, 80 suizos, 548 americanos, etc.

El informe explica en detalle algunos de los medios de comprobación y verificación empleados por la comisión. Entre ellos mencionaremos, a título de ejemplo, el examen, sin aviso previo, de los justificantes de la revista del mes de septiembre de 1938 de las brigadas internacionales, preparados antes del discurso del señor Negrín ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, y cuando nadie abrigaba la menor sospecha sobre la intención de retirar del ejército republicano sus elementos extranjeros (la comisión insiste sobre el verdadero estupor que causó en el ejército la declaración del señor Negrín). Para mayor seguridad la comisión comparó los justificantes del mes de septiembre con los de meses anteriores y pudo así disponer de un medio eficaz para comprobar la exactitud de las listas de voluntarios agrupados en los centros de concentración facilitadas por las autoridades españolas.

VIII. Las conclusiones del informe se refieren a los tres extremos siguientes: a) eficacia de la retirada; b) destino de los elementos evacua dos; c) hasta qué punto la comisión estima que la retirada ha sido completa.

a) «Resulta de las investigaciones practicadas por la comisión que la retirada de los combatientes no españoles ha sido efectivamente realizada según las condiciones previstas en el plan de retiro […].» «Las investigaciones y sondeos practicados por la comisión […] permiten afirmar, no sólo que ya no existen en el ejército español unidades de tipo internacional, sino, además, que todos los voluntarios extranjeros han sido retirados del frente para ser agrupados en los sitios de concentración designados por el gobierno. Esta convicción de los miembros de la comisión en cuanto a la eficacia de la retirada no resulta tan sólo de las comprobaciones de hecho cuyo detalle se expondrá en el informe definitivo, sino que tiene también por base la opinión favorable que la comisión ha formado sobre la sinceridad del gobierno español en la comisión, para cumplir los compromisos contraídos en Ginebra ante la Asamblea».

b) «Si bien la comisión puede afirmar, por haberlo comprobado, que los voluntarios han atravesado la frontera española, no le incumbe asegurar que el destino de los elementos que han salido de España ha sido, en definitiva, el previsto».

c) «Hay que distinguir entre la retirada completa del frente y la retirada completa de España.

En cuanto a la retirada del frente la comisión tiene la convicción moral de que las operaciones de retirada están completamente termina das y ha comprobado que tanto la acción del gobierno como la ejecución de las medidas previstas en el plan de retirada se han conformado a los compromisos contraídos ante la Asamblea por el presidente del Consejo español.

Evidentemente, la comisión no puede tomar la responsabilidad de afirmar que no queda un solo combatiente no español en las filas del ejército […]. Pero la comisión puede asegurar que los casos de esta especie, extremadamente raros, que ha encontrado han sido siempre resueltos, según las modalidades previstas en el plan de retirada, y la comisión, puede testificar de la entera buena fe del gobierno español en todas las circunstancias».

Láminas.

LÁMINAS

Fotos principio:

FOTO 1: Pablo de Azcárate en la llamada Sala española de la embajada.

FOTO 2: Winston Churchill. © Album / akg-images.

FOTO 3: Pablo de Azcárate saliendo de la embajada de España en Londres para presentar sus cartas credenciales a S. M. Eduardo VIII.

FOTO 4: Retrato de Pedro Bosch Gimpera. © Album / Documenta.

Fotos final:

FOTO 1: Retrato de Arthur Neville Chamberlain. © Album / akg-images.

FOTO 2: Bombardeo de Guernica, 24 de abril de 1937. © Album / akg-images.

FOTO 3: Cargamento de obras del Museo Nacional del Prado, que fueron trasladadas a Valencia el 23 de Julio de 1937. Arriostrado de cajas. Cat. N.º 155. © Museo Nacional del Prado-Madrid (España).

FOTO 4: Pablo de Azcárate en Londres.

«Aunque Chamberlain ha quedado como la personificación de la política de “apaciguamiento” sería un error creer que esta política no contaba en Inglaterra con poderosos y extensos apoyos y partidarios».

«Aquellos “modestos” bombardeos de Guernica de Barcelona, de Granollers, de Alicante y de tantos otros pueblos españoles fueron el germen que, cuando, unos años más tarde llegó a la madurez produjo las verdaderas matanzas de mujeres y niños ingleses por la aviación alemana, y de niños y mujeres alemanes por las aviaciones americana y británica, para culminar en Hiroshima y Nagasaki».

«Recuerdo como si fuera ayer el almuerzo que ofrecimos en la embajada a sir Frederic Kennyon y a Mr. Mann a su regreso de España y en el cual el primero me decía en el tono a la vez malicioso e ingenuo que le era peculiar: “Ahora ya no puede el duque de Alba seguir contándome ‘historias’(stories) sobre las obras de arte en España y la destrucción de su palacio de Liria”».

«Nadie podrá negar al gobierno de la República el mérito de haber agotado, hasta el último momento, toda posibilidad, por exigua y frágil que fuera, de poner término a la lucha sin por ello abandonar los principios de libertad y democracia como base y fundamento del régimen político de España. Si el intento fracasó, la responsabilidad no incumbe, ciertamente, al gobierno español».

PABLO DE AZCÁRATE Y FLÓREZ (Madrid, España, 1890 – Ginebra, Suiza, 1971) fue un político, jurisconsulto, diplomático e historiador español del siglo XX. Originario de una familia de gran tradición liberal, era sobrino de Gumersindo de Azcárate, y nieto de Patricio de Azcárate.

Comenzó su carrera diplomática en la recién formada Sociedad de Naciones, que abandonó para actuar como embajador del gobierno de la Segunda República en Londres durante la Guerra Civil Española, lo que le obligó a exiliarse al término de la misma.

Se dedicó después a la búsqueda de ayuda para los republicanos que habían abandonado el país, a través del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE). En 1948, fue enviado por la ONU como comisionado para la Tregua en Palestina, y después ejerció como secretario de la Comisión de Conciliación de la ONU que entre 1949 y 1952 buscó una solución al conflicto árabe-israelí.

Posteriormente se retiró en Suiza, donde se dedicó a escribir varios libros y ensayos basados en sus experiencias. Estas obras y sus archivos particulares han sido utilizados como referencia y se consideran de un gran valor documental.

Notas.

NOTAS.

[1*] «No se le podía conocer sin estimarle y admirarle. Se había impuesto al juicio de sus pares. Era lúcido, neto y recto como una espada». <<

[1] Aunque detesto el personalismo en la vida pública, me resigno a emplear los términos «franquismo» y «franquista» para designar a los elementos civiles y militares que secundaron el «alzamiento» encabezado por el general Franco. «Carlismo» y «carlistas» se llamó y se sigue llamando a quienes, en el siglo pasado, lucharon por don Carlos contra Isabel II y el régimen constitucional y a quienes hoy son partidarios de sus sucesores.<<

[1] Liddell Hart ,The Memoirs of Captain Liddell Hart, Cassel, Londres, 1963, vol. II, p. 140.<<

[2] Liddell Hart, op. cit., vol. II, p. 371.<<

[3] El 19 de marzo de 1938, un grupo de parlamentarios franceses invitaron a Lloyd George a un almuerzo en el restaurante La Pérouse, en París. Entre ellos figuraban personalidades tan relevantes en la política francesa como Paul Reynaud, Georges Mandel, Georges Bonnet, Raymond Patenôtre, Laurent-Eynac, Ibarnegaray, etc. Paul Mantoux se encargó de la interpretación. Uno de los asistentes redactó, y entregó a Pascua, embajador de España en París, quien, a su vez, me la envió a Londres, una nota detallada de la conversación que tuvo lugar durante el almuerzo; y, sobre todo, del discurso que Lloyd George pronunció al final del almuerzo explicando las razones por las cuales, en la guerra civil de España, mantenía una actitud resueltamente favorable a la república. Valiéndose de unos mapas que había hecho fijar en las paredes del salón donde tenía lugar el almuerzo, mostró la situación catastrófica que se crearía para Francia e Inglaterra si, como consecuencia de la victoria del general Franco, conseguida gracias a la ayuda de Alemania e Italia, las costas españolas del Mediterráneo y del golfo de Gascuña caían, de hecho, en poder de Hitler y Mussolini. Por otra parte, la república era el régimen legal de España y su gobierno aseguraba el orden, la libertad y la independencia del país. En realidad se trataba de salvar, con la república española, las dos grandes democracias europeas. Y a una pregunta de uno de los asistentes sobre la actitud de Inglaterra si Francia prestara abiertamente una ayuda activa y directa a la república, Lloyd George contestó categóricamente: «Inglaterra estará totalmente a vuestro lado: el pueblo y el gobierno. Inglaterra está con vosotros de corazón, más que lo ha estado nunca».<<

[4] Las Memorias que presenté a la Junta para Ampliación de Estudios con los resultados de mi estudio fueron publicadas en 1921 bajo el título general de La guerra y los servicios públicos de carácter industrial ,Madrid, 1921.<<

[5] Véase Pablo de Azcárate ,Gumersindo de Azcárate: estudio biográfico documental, Tecnos, Madrid, 1969.<<

[1] A este respecto y para mostrar, a la vez, las dificultades y peligrosas consecuencias que provocaban las intervenciones improvisadas y totalmente irregulares del presidente de la república en asuntos que eran objeto de delicadas negociaciones diplomáticas, y el descuido con el que redactaba las notas de su diario íntimo, se reproducen a continuación las dos que hacen referencia a este lamentable episodio.

En la primera, el presidente resume la conversación en la cual dio a Besteiro sus instrucciones para la entrevista que por encargo suyo debía celebrar en Londres con Eden (Azaña, Obras completas, IV, p. 588). Es de advertir que la conversación del presidente con Besteiro se celebró gracias a un encuentro casual en el aeródromo de Manises (Valencia), a la llegada del presidente de Barcelona y cuando Besteiro se disponía a tomar el avión para Londres. Duró una hora y tuvo lugar en una dependencia del aeródromo, a solas, mientras el jefe del gobierno, Largo Caballero, y todos los ministros esperaban fuera para despedirse del presidente.

«En Manises —cuenta el presidente en su diario íntimo— me esperaba casi todo el gobierno, con su presidente y las autoridades de Valencia y muchos altos funcionarios, militares y civiles […]. En aquel momento se presentó Besteiro, que iba a tomar el avión para trasladarse a Francia camino de Londres, como embajador extraordinario en la coronación del rey de Inglaterra. Besteiro había llegado a Valencia al empezar los sucesos de Barcelona, donde pensaba visitarme antes de salir para Londres. Como no pudo hacer el viaje, pues como yo mismo le dije, no conseguiría verme, me había consultado por telégrafo si, en vista de la situación en Barcelona, no sería mejor desistir de su embajada. Le aconsejé que no desistiera. De ese modo vinimos a coincidir en Manises. Como yo tenía proyectado hablar largamente con él sobre su viaje a Londres, aproveché la inesperada ocasión y nos metimos en una de las dependencias del aeródromo y hablamos cerca de una hora. Le informé de la situación que él conocía mal, le resumí todas las gestiones que en el exterior se habían hecho y cómo había yo pretendido encauzarlas. Le expliqué el origen, antigüedad y fundamento de mi idea sobre la retirada de los extranjeros y le encargué que hablase de todo ello con el ministro inglés, así como de las perspectivas que yo veía para la república después de la paz. Le inculqué mis ideas sobre la llamada mediación, suspensión de hostilidades, etc. Pareció encontrarlas acertadas. El gobierno y demás personajes estaban esperando el fin de nuestra conversación, y supongo que a Largo no le haría mucha gracia todo esto. Concluimos, por fin me despedí de todos, y el presidente me preguntó cuándo podría recibirle. Le contesté que ya le avisaría. Quería antes orientarme y saber cómo andaba el cotarro».

En la segunda (loc. cit., pp. 655-656), el presidente resume el informe que Besteiro le sometió verbalmente, a su vuelta de Londres, sobre su entrevista con Eden:

«Besteiro, pues, me había referido también su conversación con Eden. Le explicó toda la “papeleta” de que yo le impuse a Besteiro en nuestra entrevista del 7 de mayo, en Manises. Besteiro asegura que ha encontrado a Eden muy bien dispuesto, y con simpatía por nuestra causa. Hablaron largamente de la retirada de los extranjeros. Temo que Besteiro se haya confundido al relacionar este asunto con una posible suspensión de hostilidades, o simplemente se ha confundido al darme cuenta de la conversación. Yo le encargué que demostrase a Eden la imposibilidad de aceptar la suspensión, antes de acordarse la retirada. La suspensión sólo podría venir para dar lugar a la retirada de todos los que no eran españoles el 16 de julio y toman parte en la guerra, de cualquier modo que participen en ella. De su referencia he sacado la impresión de que alteró involuntariamente el orden de esas operaciones. Pero quizá sea una cavilosidad mía. Además, conforme van las cosas, poco importa. Lo del armisticio previo es tan disparatado que ya se ha venido al suelo. Eden concedía mucha importancia a la situación de Bilbao y daba a entender que su caída podía estorbar gravemente el plan».<<

[2] Véase infra, cap. 8.<<

[3] En una conversación con Vienot, el 23 de febrero, me contó que ante la actitud intransigente de Inglaterra, Blum había decidido modificar el discurso que debía pronunciar al día siguiente atenuando todo lo posible cuanto contenía sobre posibles ofrecimientos a Alemania; y añadió que Eden le había dicho hablando de esto mismo lo siguiente: «No tengo nada que ofrecer a los alemanes; cuando vengan a la coronación les ofreceré la revista aérea más grande que se ha conocido». ¡Quién le iba a decir que cuatro años más tarde esa gran aviación logró salvar a duras penas a Inglaterra, no por lo grande, sino gracias al inmenso heroísmo y espíritu de sacrificio del puñado de pilotos con que contaba!<<

[4] La importancia que el propio ministro de Estado atribuía al secreto quedó de manifiesto en la posdata que añadió, a mano, a una de sus cartas en aquellos días y que decía así: «Azcárate, de esto del memorándum no estamos enterados más que Azaña, Largo Caballero y yo. El resto del Consejo no debe enterarse por ahora».<<

[5] Del estado de espíritu creado en los medios políticos británicos por la iniciativa italiana tendiendo a apresurar la entrada en vigor del pacto anglo-italiano, da una idea el siguiente telegrama que envié, en clave, al ministro de Estado el 21 de junio de 1938:

«Prensa hoy sigue ocupándose manera preeminente movimiento diplomático provocado iniciativa italiana para entrada inmediata vigor acuerdo anglo-italiano. Ante negativa británica abandonar condición previa consistente arreglo cuestión española resulta indispensable conseguirla sea por el plan Comité No Intervención, sea por un armisticio, sea por retiro unilateral inmediato tropas italianas. Times parece favorecer primera alternativa; Telegraph, segunda; telegrama su corresponsal Roma afirma considérase allí camino más fácil compromiso entre contendientes añadiendo poder asegurar por lo menos una de las principales figuras Estado Mayor rebelde con gran prestigio ejército favorable tregua política. Redactor diplomático Times alude posibilidad tregua con ocasión recuento extranjeros por comisiones. En artículo fondo mismo periódico refiérese discurso radiado sábado jefe gobierno español recogiendo llamamiento todos españoles y poniéndolo relación carta Pérez Ayala publicada hace unos días. Artículo fondo Manchester Guardian resume situación actual respecto acuerdo subrayando urgencia entrada vigor para Italia por necesidad reforzar su posición con reconocimiento Abisinia y consolidar contraseguro inglés ante creciente inquietud produce Roma política alemana. Según este artículo, Italia tiene que escoger entre abandonar España y asegurar amistad inglesa o seguir España y perder ventajas contraseguro británico. Otra solución armisticio y paz negociada España. Mismo periódico y Herald muéstranse cautelosos ante esta posibilidad insistiendo había de dar plenas garantías para gobierno español y sobre base democrática».<<

[1] Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse, Plon, París, 1952, docs. 166, 169, 174, pp. 220-231. Esta publicación será citada en lo sucesivo con las siglas A. S. W.<<

[2] El llamamiento llevaba al pie un centenar de firmas de cuya significación puede juzgarse por la siguiente selección: arzobispos de Canterbury, York y Gales; obispos de Londres, Winchester, Durham, Birmingham, Chichester; cardenal Hinsley, arzobispo católico de Westminster; once alcaldes, entre ellos los de Londres, Leeds, Plymouth, Portsmouth, York y Glasgow; el Lord Chief Justice de Inglaterra y cuatro de los abogados de más renombre de Londres; los presidentes del National Provincial Bank, de la Federación de Industrias Británicas, de Imperial Chemical Industries, del Lloyds Bank; lord Horder, médico de cámara del rey; lord Camrose, propietario del Daily Telegraph; sir Walter Layton, propietario del News Chronicle; lord Lindsay, vicecanciller de la Universidad de Oxford; los directores de las escuelas de Rugby, Winchester, Heilebury, Dartington Hall y Summershill; los profesores G. D. H. Cole, J. Maynard Keynes, sir Arthur Salter y Harold Laski, etc. Sin duda, el precio que fue necesario pagar para obtener muchas de estas firmas consistió en dirigir el llamamiento a «las dos partes», según la expresión consagrada; pero estaba en la conciencia de todos que la iniciativa iba exclusivamente dirigida contra las autoridades franquistas y que sólo por razones de forma se dirigía el llamamiento también al gobierno.<<

[3] A. S. W., III, doc. 373, p. 510.<<

[4] A. S. W., III, doc. 374, pp. 512-513.<<

[5] He aquí los nombres de los intelectuales y hombres de ciencia ingleses que contestaron al mensaje: profesor L. C. Martin, de la Universidad de Liverpool; profesor Julian S. Huxley, de la Sociedad Zoológica de Londres; profesor J. Needham, de la Universidad de Cambridge; profesor Catlin; el escritor F. L. Lucas; profesor C. Saunders, de la London School of Economics and Political Sciences; profesor J. M. Keynes; profesor V. G. Childe, de la Universidad de Leeds; profesor J. Crafts, de la Universidad de Bristol; el señor S. Brodetsky; profesor Arnold D. McNair, vicecanciller de la Universidad de Liverpool; profesor H. G. W. Heltheinngton, rector de la Universidad de Glasgow; profesor L. Evans, vicecanciller de la Universidad de Gales; profesor Gilbert Murray, de la Universidad de Oxford; profesor J. P. Thompson, de la Universidad de Cambridge; el vicecanciller de la Universidad de Bristol; profesor J. P. Strachey, de la Universidad de Oxford; los señores W. D. Ross y F. G. Kennyon, presidente y secretario de la British Academy; profesor J. F. Silby, vicecanciller de la Universidad de Reading; el director del colegio de Winchester; el vicecanciller del colegio Balliol de la Universidad de Oxford; profesor Ernest Barker, de la Universidad de Cambridge; profesor W. S. Le Gros Clark, de la Universidad de Oxford; profesor H. N. Dean, vicecanciller de la Universidad de Cambridge.<<

[6] Véase capítulo 2.<<

[7] Al parecer, el gobierno británico anunció al gobierno español, por nota de 24 de junio de 1938, la inmediata formación de la comisión de encuesta sobre bombardeos aéreos de poblaciones civiles, compuesta de tres oficiales designados, respectivamente, por los gobiernos británico, noruego y sueco; nota a la cual respondió el gobierno español, el 27 del mismo mes, aceptando con satisfacción la comisión y ofreciendo el concurso de su más leal y decidida colaboración. La embajada en Londres no tuvo conocimiento de este cambio de notas. Véase J. Quero Morales, El bombardeo de ciudades abiertas, Barcelona, 1938, pp. 27-30.<<

[8] Le Monde, París (4 febrero 1958), p. 16, cols. 3-4.<<

[1] El vol. III de la serie D, en la edición publicada por el gobierno británico, está exclusivamente consagrado a la guerra civil de España de 1936 a 1939. El volumen, publicado en 1957 por el departamento oficial de publicaciones del gobierno británico, consta de 933 páginas y contiene 811 documentos. Véase también mi artículo «La intervención nazi-fascista en la guerra de España», Revista de América, núm. 83, marzo de 1957.<<

[2] Telegrama del general Faupel al ministerio de Negocios Extranjeros alemán, de 27 de enero de 1937, doc. 214.<<

[3] Estos envíos se hicieron con cargo al oro que el gobierno de la república envió a la Unión Soviética al comienzo de la guerra. Es decir, que si la república hubiera ganado la guerra civil se hubiera encontrado sin reservas de oro, pero sin la hipoteca que hubiera representado para la independencia nacional la aceptación, a título gratuito, del material de guerra y los técnicos soviéticos.<<

[4] Diplomat among Warriors, Collins, Londres, 1964, p. 50.<<

[5] Véase The Eden Memoirs: facing the dictators, Cassell, Londres, 1962, pp. 401-404.<<

[6] Del valor de la aceptación italiana puede juzgarse por el siguiente telegrama dirigido por Plessen, encargado de Negocios de Alemania en Roma, a su gobierno, el 28 de agosto de 1936: «Es cierto que el gobierno italiano, al formular su respuesta, ha querido reservarse, por lo que pueda ocurrir, una gran libertad de acción; e igualmente cierto que, de todas maneras, no tiene intención de respetar la declaración que ha hecho». (A. S. W., III, doc. 41, p. 48.)<<

[7] The Memoirs of Captain Liddell Hart, Cassell, Londres, 1965, vol. II, pp. 127-128.<<

[8] Entre mis papeles figura un documento en el que se han reproducido 242 intervenciones parlamentarias en la Cámara de los Comunes, sobre la no intervención, entre el 29 de octubre de 1936 y el 24 de marzo de 1938. En general, se trata de ruegos y preguntas dirigidos al gobierno por miembros del Partido Laborista (Attlee, Henderson, Noel-Baker, miss Wilkinson, Cocks, etc.), liberal (sir Archibald Sinclair, miss Rathbone, de Mander…) y conservador (duquesa de Atholl, Cazalet…). Entre ellas una mayoría se refieren a la presencia de combatientes alemanes e italianos en las fuerzas del general Franco. Las respuestas, en nombre del gobierno, estuvieron a cargo del secretario de Estado, Eden, y del subsecretario parlamentario del Foreign Office, lord Cranborne (hoy marqués de Salisbury) y hasta la dimisión de uno y otro en febrero de 1938; a partir de ese momento respondieron el propio primer ministro, Neville Chamberlain, su secretario de Estado, sir John Simon, y el subsecretario parlamentario del Foreign Office, Richard Butler. En cuanto al fondo, las respuestas se caracterizaron siempre por lo evasivas, alegando la carencia de información oficial y auténtica sobre las acusaciones formuladas por los interpelantes, y cuando esto no era posible arguyendo que «las dos partes» contaban con la ayuda extranjera en hombres y material.<<

[1] A. S. W., doc. 35, p. 41.<<

[2] A. S. W., III, doc. 121, p. 158.<<

[3] El gobierno británico comunicó el plan al Parlamento en el documento Cmd. 5399.<<

[4] El Comité, sobre la base de cálculos detallados realizados por sus «expertos» decidió reclutar, además de los «administradores», 130 observadores para la frontera franco-española, 5 para la frontera con Gibraltar y 550 para el control marítimo. Por su parte, el gobierno británico se proponía nombrar 130 de nacionalidad británica para la frontera hispano-portuguesa. Entre julio de 1937 y agosto de 1938 dos observadores, uno británico y otro sueco, fueron muertos a bordo de los buques Endymion y Brisbane; y en el mismo período cinco observadores fueron heridos (dos británicos, un belga, un danés y un holandés). El coste del plan de control, terrestre y marítimo, se calculó en 834 000 libras esterlinas.<<

[5] A. S. W., III, doc. 130, p. 171.<<

[6] Los italianos acababan de ocupar Málaga.<<

[7] A. S. W., doc. 145, p. 189.<<

[8] A. S. W., III, doc. 157, p. 201.<<

[1] A. S. W., III, doc. 344, p. 462.<<

[2] A. S. W., III, doc. 298, p. 378.<<

[3] Muchos años más tarde, en una conversación con un obrero italiano, en Ginebra, me sorprendió oírle decir que era veterano de tres guerras y al preguntarle cuál había sido la tercera (las otras dos eran, naturalmente, la de Etiopía y la segunda guerra mundial), me contestó con la mayor naturalidad que la de España; y entonces me contó que cuando su unidad volvía repatriada de Etiopía se ordenó al barco que cambiara de ruta y se dirigiera a Cádiz, donde desembarcaron todas las fuerzas que transportaba.<<

[4] A. S. W., III, doc. 156, p. 199.<<

[5] A. S. W., III, doc. 158, p. 203 (telegrama del embajador alemán en París a su ministro).<<

[6] A. S. W., III, doc. 159, p. 204.<<

[7] Esta correspondencia figura como anexos a la nota que el gobierno español dirigió al gobierno británico el 4 de junio de 1937, de la que se habla más adelante (pp. 162 y 163 y documento 27).<<

[8] A. S. W., III, doc. 179, p. 236.<<

[9] A. S. W., III, doc. 185, p. 241.<<

[10] A. S. W., III, doc. 182, p. 238.<<

[11] Aprovechando la presencia en Londres de los señores Delbos y Litvinov, con ocasión de la coronación del rey Jorge VI, el gobierno me encargó que les consultara sobre su intención de pedir la inscripción de la cuestión española en el orden del día de esta reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones. Con este objeto tuve varias conversaciones con ellos, así como con lord Cranborne, subsecretario parlamentario del Foreign Office, en la imposibilidad de ver al secretario de Estado, señor Eden. En ninguno de ellos encontré aliento ni apoyo para la iniciativa del gobierno. Litvinov fue el más hostil, alegando que la iniciativa carecía de finalidad concreta. El más favorable fue Delbos; y lord Cranborne se emperró en una absoluta reserva.<<

[1] A. S. W., III, docs. 181 y 184, pp. 238-239.<<

[2] A. S. W., III, docs. 222, 223, 226, pp. 278 y 283.<<

[3] A. S. W., III, doc. 210, p. 265.<<

[4] A. S. W., III, docs. 211 y 219, pp. 266 y 275.<<

[5] «En cuanto a la intervención del gobierno británico, a mí mismo me ha sorprendido y no la encuentro muy oportuna», telegrafiaba el barón Von Neurath a su embajador en Roma el 14 de junio. A. S. W., doc. 212, p. 268.<<

[6] Sir Neville Henderson, Failure of a mission, p. 68.<<

[7] A. S. W., III, docs. 233 y 234, pp. 290-291.<<

[8] A este propósito he aquí lo que escribí en mi diario el 30 de julio de 1937: «En el fondo “el plan británico” hubiera podido ser explotado diplomáticamente en nuestro favor aprovechando el vínculo que establece entre retiro de voluntarios y beligerancia. En lugar de eso, Azaña en su discurso del 18 de julio lo atacó como si hubiera sido el mayor daño que se nos hubiera hecho y con la peor intención. Y eso después de haber estado de acuerdo Giral unos días antes con no decir nada sobre el “plan” hasta ver lo que pasaba en el Comité. Toda la parte del discurso de Azaña sobre la no intervención es lamentable: mal enfocada y falsamente apreciada; llena de irritación personal impropia del lugar y las circunstancias. Lo ha hecho sin consulta ni advertencia previa».<<

[1] A las apremiantes solicitudes que Franco dirigió a Mussolini en los primeros días de agosto de 1937, para que la flota italiana interceptara los buques soviéticos que aseguraban el tráfico entre Odessa y los puertos españoles, el Duce contestó mostrándose dispuesto a hacerlo mediante submarinos que, en caso de salir a la superficie, arbolarían el pabellón español franquista; igualmente se convino en ceder al general Franco dos buques de guerra italianos, previas ciertas modificaciones de sus siluetas para hacer imposible su identificación. Véase A. S. W., III, docs. 273-274, pp. 345-346.<<

[2] Véase mi carta a Negrín, del 2 de septiembre de 1937, dándole cuenta de estas cuestiones (documento 34).<<

[3] Con objeto de entregar personalmente la nota, subrayando así su importancia, obtuve una cita con sir Robert Vansittart, subsecretario permanente del Foreign Office a la sazón, el lunes 11 de octubre a las doce y media; primero, la cita se retrasó a la una menos cuarto y, al fin, el subsecretario me hizo saber que no podía recibirme porque un mensaje urgente del señor Eden le obligaba a visitar inmediatamente al primer ministro. Mi impresión fue que se trataba de un pretexto y que la verdadera razón por la que se anuló la entrevista fue el deseo de no verse en el caso de tratar de la actitud del gobierno británico ante la negativa italiana.<<

[1] Este notable artículo contiene párrafos sobre la no intervención que, a los 25 años de su publicación, siguen teniendo tanta o mayor actualidad que el día que fueron escritos. «Todos los gobiernos —decía el Times en 1937—, profesan la creencia de que todo país tiene derecho a decidir por sí mismo, sin intervención extranjera, cuáles son las instituciones mejor adaptadas a su propio carácter y susceptibles de ofrecer más favorables oportunidades de desenvolvimiento. La política de no intervención se ideó para asegurar a España esta libertad de elección, la cual no puede ser restaurada hasta que se haya restringido sustancialmente la intervención extranjera en sus querellas internas, y hasta que se hayan tomado severas precauciones para impedir su restablecimiento en el futuro. El gran obstáculo a toda medida práctica en esa dirección es la reserva tácita que con tanta frecuencia acompaña a la profesión verbal de la doctrina de no intervención —reserva según la cual, aunque se debe permitir que España decida su propio destino, ello ha de ser según ciertas líneas—. La real no intervención implica que España debe ser dejada en libertad de devenir fascista, comunista o democrática, o a elaborar, lo que es más probable, una forma de organización política y social que le convenga, sin ninguna clase de presión extranjera.»<<

[2] Todo esto resulta de una nota del barón Von Neurath y de un telegrama del encargado de negocios alemán en Londres de 20 de octubre de 1937. Véase A. S. W., III, docs. 302 y 303, p. 381.<<

[3] Este resumen de las proposiciones italianas está basado en mis propias notas y telegramas al gobierno, completadas por el que el encargado de negocios alemán en Londres dirigió a su gobierno el 20 de octubre, dándole cuenta de lo ocurrido en la sesión que el Comité había celebrado aquella misma tarde. Véase A. S. W., III, doc. 303.<<

[4] Véase telegrama del embajador alemán en Salamanca, del 20 de octubre, A. S. W., III, doc. 301, p. 380.<<

[1] El siguiente extracto de mi diario contiene algunas indicaciones sobre este tema: «Londres, 10 abril 1938. Desde que fui a París estas últimas veces tenía la impresión cada vez más clara de que no debíamos dejar todo lo relativo a la ayuda de Francia en conversaciones, y que era indispensable poner al gobierno francés la cuestión por escrito de manera oficial. Iba decidido a decírselo al gobierno cuando me hicieron volverme desde Perpignan a París y en los días que estuve en París con Pascua varias veces le hablé de ello y él estuvo de acuerdo. Dando vueltas a la cosa en la cabeza se me ocurrió que sería acaso preferible tomar la cuestión por alto y hacer una nota para Francia e Inglaterra exponiendo la manera de ver del gobierno sobre la no intervención en los momentos presentes. A Pascua le pareció bien y el sábado 2 de abril redactó un telegrama que firmamos él y yo y que se envió al gobierno aquella misma noche. A la mañana siguiente me vine a Londres y por la noche me telefoneó Pascua para decirme que el gobierno estaba de acuerdo y quería un telegrama con un esquema de la nota. Se lo envié aquella misma noche y con ligeras modificaciones Pascua lo expidió a Barcelona. El lunes 4, por la tarde, me volvió a llamar Pascua diciendo que el gobierno aprobaba el esquema y quería que la nota quedara presentada al día siguiente. Me puse inmediatamente a redactarla y a las 11 de la noche dictamos el texto a Pascua, el cual lo transmitió a Barcelona inmediatamente. A la mañana siguiente me telefoneó Pascua y me dijo que el gobierno aprobaba la nota y quería que se presentara enseguida conviniendo en presentarla aquella misma tarde en el Quai d’Orsay y en el Foreign Office, lo que cumplí, por mi parte, entregándola a Cadogan. La misma noche, por orden del gobierno, se dio a la prensa y los periódicos del día siguiente publicaron largos extractos».<<

[1] Cmd. 5726. 1938.<<

[2] Tres días antes había yo dirigido a mi viejo y excelente amigo Vernon Bartlett, redactor diplomático del News Chronicle, una extensa carta sobre la política británica en relación con la intervención germano-italiana en la guerra civil de España. De la carta que se reproduce, en traducción española, en el documento 43, tuvo conocimiento, no sólo el Foreign Office, sino un número considerable de personalidades oficiales y no oficiales interesadas en la política internacional.<<

[3] Véase supra, el texto íntegro de este proyecto de resolución, pp. 198-199.<<

[4] El plan en su forma definitiva lo publicó el gobierno británico (Cmd. 5793, 1938). Forma un pequeño volumen de 80 páginas en cuarto.<<

[5] A. S. W., III, docs. 421 y 422, pp. 575-576.<<

[6] A. S. W., III, doc. 439, p. 598.<<

[7] A. S. W., III, doc. 422, p. 601.<<

[8] A. S. W., III, doc. 443, p. 602.<<

[9] A. S. W., III, doc. 445, p. 607.<<

[10] A. S. W., III, doc. 447, p. 604.<<

[11] A. S. W., III, doc. 450, p. 612.<<

[12] A. S. W., III, doc. 453, p. 614.<<

[1] Butler era subsecretario parlamentario del Foreign Office y primer delegado de Inglaterra. Más tarde estuvo a punto de ser primer ministro y fue «Home Secretary» en el gobierno Macmillan.<<

[2] No se publicó en el Boletín Oficial de la Sociedad de Naciones.<<

[3] A. S. W., III, doc. 478, p. 652.<<

[4] A. S. W., III, doc. 466, p. 628.<<

[5] A. S. W., III, doc. 476, p. 648.<<

[6] A. S. W., III, doc. 480, p. 658.<<

[7] Véase Ciano’s Diary (1939-1943), Heineman, Londres, 1947.<<

[8] A. S. W., III, doc. 514, p. 701.<<

[1*] Cursiva del autor.<<

[2*] Cursiva del autor.<<

[3*] Alusión al apóstol Tomás y a su incredulidad (San Juan, 20, 24-29). Y tal vez, también, al conocido refrán español «Santo Tomé, ver y creer».<<

[4*] En ambos casos se refiere a la famosa colección Lázaro-Galdeano, de Madrid, convertido hoy en museo.<<

[5*] Se refiere, sin duda, al famoso monasterio.<<

[6*] Comentario al Apocalipsis, de San Beato de Liébana, valioso códice mediados del siglo X.<<

[7*] Carta publicada en el mismo semanario de Buenos Aires el día 27 de marzo de 1941.<<