Son colombianos. Uno fue considerado el narcotraficante más importante del mundo desde Pablo Escobar Gaviria. Al otro le atribuyen ser el financista de los carteles de la droga. Llegaron a la Argentina huyendo de la DEA y vivieron una vida de lujos y excentricidades. Pero ambos terminaron tras las rejas en el penal de Ezeiza, donde se vieron las caras por primera vez. La justicia norteamericana quiere juzgarlos por crímenes que ellos —sostienen— jamás cometieron. Pero en sus pasados hay misterios hasta ahora jamás contados.

Por primera vez, un periodista se atreve a revelar la historia secreta de cómo la Argentina se transformó en el nuevo paraíso de los narcos y paramilitares de Colombia. Dobles vidas. Complicidad de la justicia y la policía. La relación con la política. Y la mirada de cerca de los sicarios que, junto al narcotráfico, también llegaron para quedarse.

El autor se aproxima como nunca nadie lo hizo antes a la verdadera historia de Henry de Jesús López Londoño —alias Mi Sangre— y de Ignacio Álvarez Meyendorff —alias Gran Hermano—, protagonistas de esta trama que parece salida de Hollywood, pero es mortalmente real.

Mauro Federico

Mi Sangre

Historias de narcos, espías y sicarios

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GONZALEZ 16.03.14

Mauro Federico, 2013

Investigación periodística: María Alejandra Páez

Diseño: Virginia Passini

Foto de tapa: Gentileza Diario Tiempo Argentino/Hernán Mombelli

Editor digital: GONZALEZ

ePub base r1.0

A Ariel, Emilia y Vicente,

involuntarios herederos de

este mundo violento y desigual

que les legamos.

Prólogo

Fines de los setenta, Colombia. Cuatro de los carteles más poderosos del mundo lo impregnan todo: la vida política, económica, cultural. Y hasta crean una clase social.

Las calles de Medellín, Cali y Bogotá son un escenario de guerra. El motivo: controlar un negocio millonario que parte al país por la mitad.

Los narcos financian guerrillas y luego surgen grupos paramilitares. Las muertes, desapariciones y secuestros se cuentan de a miles. Un informe del Grupo de Memoria Histórica, que integra la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, indica que por lo menos 220 mil personas murieron y mil están desaparecidas como consecuencia del conflicto armado interno que lleva más de cinco décadas.

El gobierno de Colombia, alentado por el gobierno norteamericano, declara la guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). Una guerra donde los botines se disputan a sangre y fuego. Donde las 185 toneladas métricas de cocaína colocadas en Europa y Estados Unidos equivalen a unos 18 mil millones de dólares, destinados a solventar la maquinaria de muerte. Una guerra que acaba con una paz sospechosa decretada por el presidente Alvaro Uribe.

Y en la desmovilización de los ejércitos irregulares, nucleados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos sanguinarios soldados son traicionados por el mismo poder que los había usado para ejecutar su plan criminal.

Asesinatos. Desapariciones. Algunos se benefician del refugio en países vecinos. Sus identidades ya no son las mismas. Muchos aterrizan en la Argentina, buscando resguardar sus vidas y la de sus familias.

Hoy, mientras los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Juan Manuel Santos firman acuerdos para combatir la trata de personas y el crimen organizado, y actualizan viejos convenios de extradición, la actividad de narcotraficantes y paramilitares colombianos en Argentina está más viva que nunca.

Lo que ustedes leerán aquí desgraciadamente no es un policial negro, aunque se le parezca.

Tampoco es el guión de una película de espionaje, a pesar de que algunos personajes centrales de la trama son espías y dobles agentes.

Los protagonistas aquí viven y mueren, y sólo una foto de toda esa trama llega a los periódicos. El resto, hasta ahora, es historia desconocida.

Mi Sangre, Gran Hermano, Don Lucho, El Mojarro o Monoteto tienen, al menos, dos cosas en común: son emergentes de esta guerra fraticida entre facciones de la sociedad colombiana y terminaron sus días en la Argentina.

Los más afortunados, tras las rejas. Los otros, asesinados. Todos escapan como pueden de los coletazos de un enfrentamiento entre sectores supuestamente antagónicos en la perspectiva ideológica, pero emparentados por el financiamiento: las multimillonarias arcas del narcotráfico.

La Argentina ya dejó de ser un escenario neutro en esta guerra. Hoy, se transformó en un enclave estratégico de los carteles.

Aquí conocerán cómo el teatro de operaciones de estas sangrientas disputas se traslada a nuestras ciudades, cuyas calles son ahora tierra de sicarios, como en la Colombia de los tiempos de Escobar Gaviria.

¿Cuántas muertes tendremos que esperar para darnos cuenta que Buenos Aires, Rosario o Córdoba pueden transformarse en Bogotá, Cali o Medellín, si desde el Estado no se encara una lucha frontal contra el delito organizado?

Están advertidos.

Capítulo 1: Atrapado

Nueva vida, mismas pesadillas. Eso dicen los sabios chinos. “Podrás cambiar de lugar, pero jamás podrás cambiar de pozo”. Rolando había viajado seis mil kilómetros para transformar su vida en otra. Tardó ocho horas en volar desde Medellín a Buenos Aires. Se trajo nueve valijas, varios bolsos y toda su historia a cuestas. Pero también se llevó encima el miedo.

Los sueños de Rolando solían ser lluviosos. Y a diferencia de las películas, donde los policías se llevan a los ladrones, en sus pesadillas los policías venían a llevarse a sus dos hijos. Era una mierda de gente que lo cazaba como si fuera un animal.

Esa mañana de fines de octubre de 2012, Rolando despertó puteándolos. En los sueños siempre perdía. Pero en la vida real aún tenía las de ganar.

Su familia vivía en un lugar soleado y con arboleda en el barrio Nordelta. Él alternaba sus días entre el country de Tigre y la chacra de Pilar donde había amanecido el 30 de octubre. Cualquiera que viera de lejos las dos viviendas, jamás hubiese pensado que su dueño podía dormir tan mal.

Rolando preparó el desayuno y despertó a Matías, su chofer.

A media mañana habló con Yaneth, su joven y bella esposa, organizaron agendas y arreglaron para encontrarse al finalizar la jornada.

A ninguno de la familia le había resultado fácil adaptarse a la nueva vida, lejos de su tierra. Otro nombre, otra nacionalidad, otro barrio, nuevos amigos. Allá jugaban a la Chucha y al Pico Botella. Y comían arepas, sancochos o bandejas paisa y bebían jugo de borojo o unas Postobón. Acá no había nada de eso. Ni siquiera despejó la angustia el nacimiento de Valeria —a quien debió inscribir en el Registro Civil argentino como Suárez Rodríguez, apellido al que todavía le resultaba difícil acostumbrarse—. Cerca de las once, pidió a Matías que prepare el auto y se dirigió hacia su cuarto por última vez. Se miró al espejo. Hacia tres días que no se afeitaba. Se calzó una camisa celeste Tommy Hilfiger, se roció una dosis exagerada del Jean Paul Gaultier que tanto cautivaba a las argentinas, se calzó los Ray Ban y salió a la vereda de ripio mientras el chofer estacionaba su KIA gris.

—¿A dónde vamos Rolando? —preguntó Matías.

—Hoy nos quedamos por la zona. Tengo que visitar a Raúl, hacemos unas compras y volvemos.

Matías estaba contento. Le divertía ser chofer de don Rolando. Con mucho esfuerzo había conseguido comprar aquel vehículo de alta gama, inalcanzable para su presupuesto de no ser porque su nuevo patrón le garantizaba trabajo bien remunerado a cambio de estar a su disposición para cualquier traslado. Y no sólo a él lo había ayudado, sino también a su esposa Gladys, que realizaba tareas domésticas en la casa familiar del country de Nordelta.

Matías se quedaba en el auto mientras el jefe hacía sus diligencias. A las cuatro llegaron a Estanislao López al 1100, kilómetro 55 de la ruta 8. Allí se encuentra “Laurita”, la granja donde preparaban sus churrascos de pata-muslo favoritos. Rolando bajó, saludó a los empleados y encargó lo de siempre. Un hombre ingresó al local y pidió un pollo. La pinta y el acento del sujeto le llamaron la atención. “Este es poli de la Nacional”, pensó. “Su pedido, Don Rolando”, dijo el empleado mientras le acercaba la bolsa con los filetes. Matías lo esperaba en el auto cantando una de Agapornis. “Si estos manes hacen cumbia”, dijo el jefe, “yo soy Carlos Vives”. Ambos rieron.

—¿Tenés hambre? —le preguntó al chofer.

—Más que el Chavo.

—Entonces vamos a comer.

Rumbearon para Fettuccine Mario, donde preparaban espaguetis a la crema, su menú preferido. Conversaron poco. Rolando parecía incómodo. El restaurante estaba cerrado. A las cinco y cuarto de la tarde golpeó el vidrio y, al reconocerlos, el encargado los hizo pasar. “Las puertas siempre están abiertas para los buenos clientes”, dijo el gerente.

—¿Les sienta bien una ensalada de rúcula y atún? —ofertó.

—Por supuesto. Y que salgan con un par de gaseosas.

Comieron con hambre y conversaron durante una hora. Cuando salieron rumbo al coche, atardecía. Un hombre lo cruzó de frente, mientras dos policías lo rodeaban por los lados. Rolando se imaginó huyendo. Otra vez huyendo. Recordó a Héctor Duque Ceballos (alias Monoteto), uno de los dos colombianos baleados por un sicario en el estacionamiento del Unicenter shopping el 25 de julio de 2008, y se entregó sin resistencias.

El juez federal Sebastián Ramos había ordenado la detención, intervinieron el comisario Aníbal Fernando De Simone, jefe de la División Operaciones Metropolitanas de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) y dos agentes especiales de la Secretaría de Inteligencia (SI). Además había dos miembros de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia, que hablaban con acento caribeño.

Los dos detenidos terminaron boca abajo, en el suelo. Fueron esposados y palpados de armas. “¿Tanto despliegue para detener a un empresario venezolano?”, pensó Matías mientras respondía las preguntas del oficial que lo tenía contra el piso con la rodilla en su espalda. “¿Usted es Henry de Jesús López Londoño?”, le preguntaba un poli mientras lo aplastaba contra el asfalto.

Los dos policías colombianos observaban la escena a la distancia. Uno de ellos acababa de encargar un pollo en el local.

—Oiga, márquele a mi General —le ordenó al otro—. Y dígale que Mi Sangre acaba de caer.

La cocina de la captura

“Hemos capturado al narco criminal más importante del mundo”. El secretario de Seguridad Sergio Berni hacía el anuncio rodeado de cámaras. Era el 31 de octubre de 2012. “Le hemos dado un golpe mortal al narcotráfico mundial”.

Desde hacía doce horas, Mi Sangre aguardaba en la alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas su traslado a los tribunales de Comodoro Py. Allí dio su primera declaración indagatoria. Era la causa 4093/12, caratulada “López Londoño Henry de Jesús, su arresto preventivo con fines de extradición”, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos.

Para entonces la noticia ya circulaba por el mundo. Y el presidente de Colombia Juan Manuel Santos había felicitado públicamente a los responsables de la captura de este, dijo, “súper capo del narcotráfico” requerido judicialmente por la fiscalía del estado norteamericano de Florida.

Los medios anunciaban la caída de una de las cabezas del cartel Los Urabeños, una organización de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes con ramificaciones en todo el continente. En realidad, Mi Sangre era más que eso. Bastante más.

“López Londoño es un cuadro político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de excelentes relaciones con sus líderes —los hermanos Carlos y Vicente Castaño—, y el discípulo más consecuente de una figura especial en la historia criminal de Medellín, Don Berna”, explica Nelson Matta Colorado, del diario El Colombiano, uno de los periodistas que más investigó la historia de Mi Sangre.

El cerco sobre López Londoño había comenzado a cerrarse meses atrás cuando Gladys Macías, la mujer que trabajaba como mucama en su casa de Pilar (una coqueta localidad del norte bonaerense, a 50 kilómetros de la Capital Federal), recibió una invitación de amistad en su página de Facebook. Alguien llamado Chango Poce, que en su perfil exhibía fotos practicando deportes extremos, quería contactarla a través de la red social más popular del planeta. Los días resultaban insoportables para esta joven que había soñado con la fantasía de conocer el mundo de la mano de algún generoso príncipe azul, pero que se había enamorado de Matías, cuya máxima aspiración había sido satisfecha cuando el patrón de Gladys lo eligió como remisero y lo ayudó a comprarse el auto. Los mensajes entre Gladys y Chango fueron elevando su voltaje sentimental y erótico a lo largo de todo el verano. Con habilidad de poeta y un relato algo subido de tono a la hora de las metáforas amorosas (le describió mil y una forma de amar), Poce logró cautivar a la empleada doméstica, que en pocas semanas fue seducida por sus encantos.

La chica ignoraba que, en realidad, su idílico enamorado no era otra cosa que un agente de la policía nacional colombiana buscando datos sobre las actividades de Mi Sangre en Buenos Aires. Cuando finalmente Poce obtuvo el celular de la mujer, interrumpió los contactos y eliminó su perfil de Facebook para no dejar rastros.

Ese dato era clave para poder localizar la ubicación exacta del verdadero objetivo. Pero para lograrlo necesitaban viajar a la Argentina. La misión —inicialmente secreta— fue encomendada al coronel Diego Rosero Giraldo de la Policía Nacional, quien junto al patrullero César Gonzalo Triana Amaya, ingresaron al país en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza el 10 de abril de 2012 proveniente de Bogotá. La comitiva llegó con el pretexto de dar un seminario sobre lucha contra el narcotráfico a sus pares argentinos. En realidad, los dos agentes camuflados venían a efectuar tareas de inteligencia para encontrar a Mi Sangre antes de reportar oficialmente a las autoridades argentinas sus sospechas de que el supuesto narco estaba en el país. Y lo hicieron con la asistencia de la Secretaría de Inteligencia argentina (SI), que les prestó logística y la colaboración directa de varios agentes asignados por Antonio Stiusso —o “Jaime”, como lo conocen en los pasillos del poder— experto en informática y escuchas telefónicas que maneja desde hace décadas la temida División 85 de la dependencia con sede en la calle 25 de mayo, a metros de la Rosada. “Es un genio de la tecnología”, lo retrató un periodista que lo conoce bien. “Es capaz de jugar al metegol con una mano y hackear con la otra a Barack Obama”. Dentro del marco de un expediente reservado, la SI también investigaba presuntas maniobras de lavado de dinero en las que aparecía mencionado López Londoño.

Recién ocho días después de la llegada de los colombianos la Embajada de los Estados Unidos presentó ante la Cancillería un requerimiento de extradición para López Londoño, donde se detallaban los resultados de la investigación. La pesquisa había comenzado con el trabajo de agentes de la DEA de Miami y Bogotá sobre el cartel de Los Urabeños, supuestamente dirigido por López Londoño. Según el reporte, “desde octubre de 2006 hasta febrero de 2012, Los Urabeños transportaron miles de kilos de cocaína de Colombia a Centroamérica, México y los Estados Unidos”. A raíz de este pedido de extradición se abrió un expediente en el juzgado federal N° 5, a cargo de Norberto Oyarbide. El 22 de mayo Edgardo Moses, jefe de Investigación Federal de Fugitivos de Interpol Argentina, recibió una nota de la Policía Nacional de Colombia en la que se le informaba que Mi Sangre estaba en el país, que contaban con un número de celular para rastrearlo y ponían a disposición medios técnicos para ubicarlo y detenerlo. Se trataba del 584120743039, una línea que efectivamente había sido adquirida por Rolando José Suárez Rodríguez (la identidad falsa de López Londoño), pero que al momento de autorizarse el ingreso de los agentes colombianos, ya no portaba. Por eso cuando el 23 de mayo Oyarbide autorizó formalmente las tareas de inteligencia con un equipo marca Harris, modelo Stingray, y el software de aplicación Ray Fish GSM Interrogator, destinado específicamente a la radiolocalización de aparatos de telefonía celular, con el que se puede realizar un barrido general del espectro radioeléctrico en 500 metros a la redonda y los espías recorrieron el barrio Nordelta (donde Mi Sangre alquilaba una propiedad) entre el 28 y 29 de mayo, no pudieron encontrarlo.

Una llamada telefónica al despacho de Comodoro Py puso en alerta al asustadizo magistrado. “¿Vos sabías que ese aparatito está de zurda y que los agentes colombianos están trabajando hace más de un mes con Jaimito, no?”, le preguntó la persona del otro lado de la línea con un tono entre marcial y sarcástico que preanunciaba el escándalo. Es que el teniente coronel Rosero y el patrullero Triana habían efectivamente ingresado a territorio argentino con un equipo cuya utilización está expresamente prohibida por las leyes argentinas. Oyarbide se asustó. Inmediatamente mandó un oficio a Interpol ordenando el retiro de los dos policías colombianos y su radiolocalizador, cosa que ocurrió veinticuatro horas después.

Luego del papelón —de inexplicablemente escasas repercusiones políticas— la búsqueda quedó exclusivamente en manos de la SI, con la supervisión de la DEA y de uno de los archienemigos de Mi Sangre en territorio colombiano: el general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, director de la Policía Nacional y nexo estratégico del gobierno de su país con la oficina antinarcóticos norteamericana. Un intocable para los capos narcos.

Después de seguirlo durante un viaje a Paraguay en junio, la investigación dio resultado cuatro meses más tarde, cuando gracias a las señales emitidas por dispositivos satelitales colocados en vehículos que López Londoño utilizaba para desplazarse entre Pilar y Tigre —donde tenía sus propiedades— fue localizado y puesto de cara contra el asfalto.

Es muy difícil imaginar cómo alguien supuestamente tan peligroso y buscado como Henry de Jesús López Londoño pudo pavonearse por Argentina durante tanto tiempo, adquiriendo bienes, alquilando propiedades y moviéndose por lugares públicos, con documentación falsa y una familia tipo a cuestas, sin que ninguna autoridad lo advirtiera. De hecho, cuando fue detenido en el coqueto restaurante de Pilar, Mi Sangre ya tenía consolidado su plan para instalarse definitivamente en el país, al igual que un número nada despreciable de compatriotas suyos. En ese sentido, Henry ya había ubicado a su familia en una casa de Nordelta; su hijo Omar, de ocho años, iba a un buen colegio; su mujer estaba dedicada al cuidado de la pequeña Valeria, nacida en Argentina y él intentaba afianzar sus negocios amparado en su falsa identidad venezolana, mientras alternaba sus días entre el complejo de Tigre, el country La Pradera y su chacra de Pilar.

Cara a cara con Mi Sangre

Henry de Jesús López Londoño está sentado en una habitación pequeña, dentro del inhóspito Anexo 20 del Módulo VI del Complejo Penitenciario I de Ezeiza. En este sector, destinado originariamente para el castigo de los pacientes psiquiátricos, hay cuatro celdas donde apenas cabe un catre. Allí fue alojado luego de un breve período de permanencia en el exclusivo Módulo H, donde gozó de las condiciones privilegiadas de los presos VIP. “Conozco la capacidad criminal del generalato de mi país, aquí no estaré cómodo pero por lo menos tengo condiciones de máxima seguridad y estoy protegido”, asegura. Tiene miedo de que lo maten.

Vestido con equipo de gimnasia color verde, con el pelo y la barba más largos que lo habitual, Mi Sangre ofrece café de saquito y lo sirve en un vaso plástico sobre una mesa de ping pong que usa de escritorio. No parece ese sanguinario narcotraficante descripto por la prensa y las autoridades de su país, en un discurso replicado a la perfección por el periodismo y el gobierno argentinos. De mediana estatura y contextura menuda, con mirada huidiza y manos inquietas, se predispone al diálogo sin aparentar incomodidad. Habla bajo. Su inconfundible acento paisa apenas se distingue entre el modo susurrante de expresión.

Es la primera vez que recibe a un periodista desde que su defensa denunció las irregularidades en el procedimiento de su detención. Se muestra intranquilo, aunque predispuesto a responder todas las preguntas. La primera charla se extiende por más de tres horas.

“Durante una década fui parte de una organización paramilitar llamada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, como tal, me desmovilicé en el marco de un proceso de paz impulsado por el gobierno colombiano, lo que originó una brutal persecución en mi contra y el armado de causas por narcotráfico con el objetivo de callarme ya que —como condición para aceptar mi inclusión en este proceso— yo tenía que confesar y contar detalles muy comprometedores”, arranca.

Conciente de que está a punto de develar información que guardó celosamente durante mucho tiempo para protegerse de una muerte segura, López Londoño mira esperando la pregunta inevitable.

—¿Qué cosas tan graves sabe usted?

—Mi historia personal —dice él— está plagada de secretos.

—¿A qué se refiere?

—Situaciones, nombres, fechas, información producto de innumerables reuniones, relaciones, interactuaciones y acciones con personajes del ámbito público, político, empresarial y de organismos de seguridad del Estado, que sin lugar a ninguna duda se verán afectados penal y públicamente cuando estas declaraciones se conozcan.

Su relato parece parte de un libreto que Henry sabe de memoria. Si bien habla de sí mismo, Mi Sangre describe los acontecimientos ocurridos en Colombia durante la última década porque él forma parte de esa historia.

“A fines de 2002 el gobierno del presidente Alvaro Uribe propuso abrir mesas de negociación para avanzar en un proceso de paz dentro del cual era necesario desmovilizar las fuerzas militares. Nosotros confiamos plenamente, por eso entregamos las armas y blanqueamos nuestras identidades. A cambio, podíamos evitar que se nos juzgara por los delitos cometidos, participando de programas de resocialización. Como otros muchos integrantes de las AUC, yo estuve un año y medio privado de mi libertad en una granja. Entonces el Congreso cometió el grueso error de promulgar una ley que judicializó el proceso y nos obligó a delatar a todos los que nos habían ayudado. Por eso fue un fracaso. Uribe nos traicionó al negociar la entrega de nuestros jefes con los Estados Unidos, descabezando nuestra organización y reavivando las disputas internas. El gobierno violó todos los acuerdos a los que habíamos arribado. No respetaron siquiera el modelo de resocialización que se había acordado”.

Llegada fallida

Por sugerencia de otro desmovilizado colombiano que ya se encontraba en el país, a mediados de 2007 López Londoño viajó a la Argentina junto a su mujer y su pequeño hijo de dos años. El contacto que facilitó aquel traslado fue un ex congresista del Partido Liberal, que había participado del proceso de reinserción de los paras. “Arribé en una situación crítica, sintiéndome perseguido, desconocedor del entorno, lo que me demoró y retrasó por varios meses la tarea de recolección de pruebas y la presentación de las mismas ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CEPARE) para solicitar que se nos otorgara esa condición”. De la mano de sus contactos locales, López Londoño llegó hasta un estudio jurídico ubicado en la avenida Callao al 300, donde conoció a un compatriota de Medellín llamado Gabriel Álvarez Indaburu, quien desarrollaba un emprendimiento agropecuario con visión estratégica. Quería dedicarse al cultivo de jatrofa, un arbusto áspero y desagradable cuyo fruto ni siquiera es comestible, pero que se puso de moda en el mundo desde que se descubrió su potencial para la elaboración de combustibles de origen vegetal. Para eso, el 7 de enero de 2008 Álvarez Indaburu conformó una compañía llamada Interamericana de Biocombustible S.A. junto a un socio argentino, el arquitecto Adrián Nelson Bianconi, con quien Henry mantenía una relación amistosa y de la que participaba como asesor un joven estudiante de abogacía muy entusiasta y amable que puso sus contactos políticos al servicio de la flamante iniciativa.

Aquel asesor era Ignacio Abal, al que todos llamaban Nacho, primo del por entonces Secretario de la Gestión Pública del Gobierno Nacional, Juan Manuel Abal Medina. El negocio parecía redondo: el Estado cedía en comodato unos terrenos fiscales sub-utilizados en la provincia de Santiago del Estero para la prueba piloto, a cambio del compromiso de dinamizar la producción de un cultivo desconocido en la Argentina y abrir fuentes de trabajo para los lugareños. Una vez en marcha, el establecimiento produciría un combustible de alta cotización en el mercado internacional a bajo costo. Y se habría logrado activar un proyecto productivo transformador para la región. Todos estaban muy entusiasmados. Incluso López Londoño, interesado en el destino del emprendimiento, quien participaba activamente de las reuniones, mientras aguardaba la resolución de su solicitud de refugio. Gracias a las gestiones de Nacho, se firmaron los pre-acuerdos con el gobierno y se puso en marcha la primera parte del plan: sembrar la semilla de jatrofa en las primeras veinte hectáreas cedidas y esperar el ciclo de la naturaleza. Pero todo comenzó a hacer agua. O mejor dicho, escarcha. Con las primeras heladas, los incipientes plantines se quemaron y el ingeniero agrónomo que asesoraba a la empresa sentenció sin miramientos que el clima en Argentina no era propicio para ese tipo de cultivo.

No sería la única frustración de Mi Sangre.

“A pesar de las gestiones, desafortunadamente, el CEPARE negó mi condición de refugiado, argumentando que el tener abierto un proceso penal en Colombia me dejaba por fuera del beneficio”, explica. El 18 de noviembre de 2008 el organismo decidió excluirlo de aquella condición, aunque sí se la otorgaron a su esposa Dorys Yaneth Valencia González y a su hijo Omar Emmanuel López Valencia. El golpe fue duro. Henry se deprimió. “Te aconsejo apelar para ir ganando tiempo y mientras tanto voy a tratar de destrabarlo en Gobierno con mis contactos”, le dijo Nacho.

El proceso 59397 tramitaba desde el 2005, en los tribunales colombianos, basado en una denuncia de la Policía Judicial (DIJIN), donde se lo investigaba por narcotráfico. “Un juez de la república de Colombia ya me había absuelto y el Tribunal Superior de Bogotá no solo había dejado en firme el fallo absolutorio sino que además ratificó que no había tipificación de delito alguno, reconociendo las irregularidades en el mismo proceso”, se defiende el detenido.

—¿Qué hizo entonces?

—Ante la preocupación de ser deportado y caer en manos de mis perseguidores y sumado al drama de la evidente ruptura de la unidad familiar, nos vimos obligados a tomar la dolorosa decisión de regresar a Colombia, procurando hacerlo de la forma más anónima posible. Fue el día más triste de mi vida. Sentí que el mundo se desmoronaba. Me miraba al espejo y apenas veía una sombra.

Con el afán de protegerse, López Londoño anunció ante la Fiscalía General de su país la intención de prestar voluntariamente su versión de los hechos ocurridos durante sus años de paramilitar, tal como lo reclama la ley 975 de Justicia y Paz. “Por eso comenzaron a perseguirme desde el gobierno y a fines de 2009 Uribe hace públicas acusaciones en mi contra en las que no sólo me sindica sino además me declara culpable de los delitos de extorsión y conformación de la banda criminal Los Urabeños, presentándome con nombre propio, adjudicándome unos alias, entre ellos el de Mi Sangre y ofreciendo recompensa por mi cabeza”.

—¿Por qué deciden trasladar el proceso judicial a Estados Unidos?

—Porque según la Policía Judicial colombiana (DIJIN) yo poseo un gran poder de intimidación en Colombia y quienes quisieran denunciarme y declarar ante la justicia podrían desistir de hacerlo por miedo. Por eso abren esa causa en un juzgado del estado de Florida, para reclamar mi extradición y juzgamiento por cargos de los que ya fui debidamente absuelto en mi país.

Según los registros judiciales, no existe proceso penal abierto en Colombia que involucre a Henry de Jesús López Londoño con ningún delito. Incluso ya detenido en Ezeiza, el 28 de diciembre de 2012, luego de que su abogado argentino anunciara la inminente liberación de su cliente, se le inició una nueva causa en tierras cafeteras. A Mi Sangre le imputaron la autoría intelectual y material del homicidio de Omar Buitrago, ocurrido en el departamento de Cundinamarca a mediados de 2012, en base a supuestos dichos incriminatorios de dos ex integrantes de las AUC desmovilizados que quedaron registrados en una grabación, única prueba en la que se basó la acusación. Como no fue liberado, el proceso se desactivó. Pero no por mucho tiempo.

El 17 de julio de 2013, un día antes de la anunciada visita oficial de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a Colombia, la fiscalía emitió una orden de captura internacional para López Londoño reactivando la causa. “Fue una clara operación de prensa en las vísperas de la llegada de la mandataria argentina para continuar con la parodia de que yo soy un peligroso criminal”, afirma Henry. A pedido de los abogados del colombiano, la Justicia perito las grabaciones donde supuestamente los ex paras imputaban a su cliente de este crimen. El nombre de López Londoño jamás apareció. No conformes con esta medida, se pidió una declaración testimonial de estas dos personas, quienes ratificaron ante la Fiscalía General que Mi Sangre nunca había tenido contacto con la víctima y que no tenían conocimiento de que pudiera haber participado en el hecho criminal.

Que la justicia no haya podido probarle ningún delito como para condenarlo, no significa que no sea real su participación en varias de las actividades ilícitas que se le imputan. Pero no es cierto que la detención de Mi Sangre haya sido un “golpe mortal para el narcotráfico internacional”, como pretendió exhibir el funcionario argentino que anunció su captura. Los peces más gordos nadan en otro estanque. Para Fernando Quijano, analista de temas de violencia y director de la Corporación para el Desarrollo Social y la Paz de Medellín, efectivamente Mi Sangre “llegó a formar parte de la primera línea de mando de Los Urabeños, junto a otros integrantes de los bloques más importantes del proyecto paramilitar. Pero ellos no son los verdaderos patrones del negocio. Hay empresarios de alto nivel y mucha trayectoria, que parecen muy limpios en negocios legales pero que están tras todas las mafias que se concentran en La Oficina de Medellín, una de las organizaciones narcoparamilitares más tristemente célebres de Colombia”.

Antes de finalizar aquel primer encuentro, López Londoño hizo una última petición. “Si usted va a escribir sobre mi historia, quiero que en su libro conste algo muy importante. Yo formé parte de una organización paramilitar que asesinó a más de tres mil personas durante la guerra que se vivió en mi país. Lo he reconocido y pagué por ello un precio muy alto. ¿Cree usted que me molestaría admitir que me he dedicado al narcotráfico, si fuera cierto? Ese sería un delito menor al lado de las cosas que hemos hecho. Las AUC tuvieron varias fuentes de financiamiento, entre ellas el dinero que aportaron los capos de los carteles. Pero no hemos sido, ni somos narcos”.

La tarde se derrumbaba tras los muros del penal de Ezeiza cuando el guardia vino a buscar a su preso para retornarlo a la minúscula celda del Módulo VI.

Capítulo 2: Medallo

Mi Sangre tiene un pacto con el diablo. Esto es lo que dicen en Miramar, su barrio en Medellín. “Se hizo cerrar el cuerpo”, relata una mujer cincuentona morena de amplias caderas que asegura conocerlo desde su infancia. Se trata de una práctica ocultista, originada en los rituales del candomblé, que consiste en hacerle beber a alguien un brebaje para protegerlo de la muerte. Allí donde creció Henry de Jesús López Londoño, si uno no tenía conjuros protectores, las cosas se le volvían difíciles. Sobrevivir se le volvía difícil.

López Londoño nació el 15 de febrero de 1971 en Castilla, el quinto distrito medellinense. Su madre quedó viuda y al cuidado de ocho hijos. Papá Gildardo era almacenista en una empresa constructora. Murió en un accidente de trabajo, cuando él tenía cuatro años. Henry nunca olvidó aquel día. Los compañeros de la obra vinieron a avisarle a María que una linga se había desprendido del andamio y que su esposo había caído desde una altura de diez metros. Lo enterraron y partieron a una casa pequeña de ladrillo sin revoque, sin cloacas ni agua corriente, en el barrio Miramar. Los hermanos mayores salieron a trabajar de lo que pudieron. El barrio era bravo.

Las calles eran patrulladas por dos grupos de milicias urbanas que se disputaban el territorio: el M-19, que infiltraría a las organizaciones barriales para poder integrarlas a sus acciones; y los Comandos Armados del Pueblo (CAP), militaristas y violentos que apretaban a los más pobres para que les pagaran por protección.

Durante la década del setenta, las primeras organizaciones guerrilleras en la región de Antioquia (cuya capital es Medellín) brotaron en zonas de alto potencial económico y de recursos, como Urabá, el Nordeste y el Suroeste. La guerrilla pasó del campo a la ciudad, el centro de abastecimiento logístico, desde dónde se surtían los grupos asentados en el campo. Creó estructuras. Redes de apoyo. Y se hizo sentir entre los marginales de la ciudad.

Por entonces los López Londoño alternaban historias buenas, malas y no tan buenas, hasta que algo les cambió la vida para siempre. La mañana del sábado 25 de junio de 1983, una patrulla de los CAP que dominaba Miramar, llegó para darle un ultimátum a su madre. Hacía tres meses que no pagaban la cuota semanal de protección. “Si no pagan”, les explicó el hombre, “nos quedamos con la casa”. Omar, de 17 años, el mayor de los ocho hermanos, los echó. El lunes, mientras esperaba el bus para ir a su trabajo, un grupo lo interceptó y le dio una golpiza brutal. Varias semanas más tarde, Omar moría en el hospital a causa de las contusiones.

En aquellos días, las sentencias de muerte se ejecutaban a diario. A fines de 1981 se había presentado en sociedad el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), responsable del asesinato de unos cien miembros del M-19 y otros movimientos de izquierda. La escalada no se detuvo. Cuando el 30 de abril de 1984 asesinaron al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el presidente Belisario Betancur declaró la guerra a la mafia. El 6 de noviembre de 1985 un grupo armado del M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá para ejecutar la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre y permaneció por 24 horas dentro del edificio con centenares de rehenes. Fuerzas militares y de seguridad irrumpieron en la toma fuertemente armados y perpetraron la masacre que arrojó un saldo de 98 asesinados —entre ellos, 11 jueces— y diez desaparecidos.

Una parte del movimiento firmó un acuerdo con el gobierno. El M-19 estableció los Campamentos de Paz en varias ciudades para promover su proyecto de Diálogo Nacional, los cuales fueron utilizados como escenarios de formación política y militar. Los Campamentos se terminaron con la ruptura del diálogo a fines de 1987, pero ya se había establecido una relación entre la gente y las milicias surgidas en Medellín en 1988 como una extensión del proyecto de la guerrilla para la ciudad. El cambio de estrategia suponía un crecimiento en el orden social y militar, como una manera particular de copar territorios. Mientras la milicia crecía, el narcotráfico se disparaba en el terreno militar. Un cóctel que explica por qué Medellín se había transformado en una de las ciudades más violentas del planeta, con 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sólo a los efectos comparativos, Caracas tiene en la actualidad una tasa promedio de 73 asesinatos por cada 100 mil habitantes y Buenos Aires no alcanza a los siete.

Una carrera ascendente

Henry estudió hasta el noveno año y cuando cumplió los 17 consiguió entrar en la Coca Cola, donde trabajaba su hermano John Jairo. A los veinte, con los ahorros compró un taxi, que manejaba por las noches. Los taxis cumplieron un rol muy importante en la historia de las organizaciones criminales que tuvieron actuación en la Medellín de los noventa. “El cartel los utilizaba para cometer delitos y proteger a su líder Pablo Escobar Gaviria”, explica el analista Fernando Quijano.

Por entonces la preocupación principal de las fuerzas de seguridad era cómo infiltrar a los lugartenientes del Capo con el objetivo de cercarlo. Y contar con un taxi era la pantalla perfecta para infiltrar al círculo más cercano de Escobar. A través de su cuñado, que era policía, le ofrecen a Henry efectuar sus primeras tareas de espionaje e inteligencia para la F2 (Policía Secreta). Tenía que pasar información sobre los movimientos de estos personajes, lugares donde iban, horarios, personas con las que se encontraban. A cambio le pagaban un muy buen sueldo. Si lo descubrían, claro, era hombre muerto. “En la guerra contra Pablo Escobar y el Cartel de Medellín se presentó una alianza clandestina entre instituciones gubernamentales y criminales enemigos del Capo. Fue así como el Cartel de Cali, un grupo denominado Los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar), el Bloque de Búsqueda (integrado por miembros de la Policía y el Ejército) y la Embajada de Estados Unidos compartieron información y recursos para golpear la estructura de los de Medallo (como suelen llamar los paisas a la capital de Antioquia). Aunque informalmente, Mi Sangre fue parte de esta estructura”, confirma el periodista Nelson Matta Colorado.

Henry tuvo la suerte de conectarse muy bien. “Conoció a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, referente de los movimientos paramilitares surgidos al calor del combate contra Escobar y a otros gatilleros como Kener, Duglas, Valenciano y Sebastián, integrantes de la tercera generación de jefes gatilleros de Medellín, hoy llamada La Oficina de Envigado”, detalla Quijano.

López Londoño era hábil para las tareas de infiltración. Logró establecer una relación fluida con los jefes de las fuerzas de seguridad. Entraba a los comandos centrales de Policía para recibir instrucciones sin que nadie le pidiera documentos. En una visita, uno de los comandantes policiales más importantes de la ciudad le hizo una confesión: “Todas estas tareas de inteligencia que hicimos sobre la gente de Pablo están financiadas por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño y el Cartel de Cali”. Gran parte del “paramilitarismo” colombiano se organizó en torno a la familia Castaño.

Carlos Castaño era líder de la Autodefensa de Córdoba y Urabá, aliados del cartel caleño y con creciente dominio en la zona norte del país. Su organización asumió la dirección de las principales bandas criminales y la industria del secuestro de Medellín. La policía le encomendó a Henry reunirse con los Castaño para coordinar un operativo final de captura al Capo de Medallo. “Si queremos derrotar realmente a Escobar, hay que ganarle con sus propias armas”, le dijo el comandante policial. Tras un año y cuatro meses de inteligencia, el 2 de diciembre de 1993, el mandamás del todopoderoso cartel de Medellín fue abatido a tiros por una quincena de policías del Bloque de búsqueda, junto a su fiel guardaespaldas y compañero Álvaro de jesús, alias Limón. Los agentes que pusieron fin a la existencia del narco más buscado eran expertos en operaciones de tomando. Entre los que participaron de esta pesquisa estaba Mi Sangre. El Capo un día atrás había festejado su cumpleaños. Tenía 44. Y no tuvo más.

Dos caras

A los 22 años, Mi Sangre era hombre de confianza de varios poderosos. Empezó haciéndoles cobros, transportando armas o mujeres de compañía y terminó asumiendo varios cargos dentro de la organización y dándose a conocer en distintos espacios de la vida política de la ciudad. Dos ex policías de la F2 que ya formaban parte de las AUC bajo el mando de Don Berna, lo invitaron a sumarse. Eran ilegales, pero legitimados por los vecinos.

En 1995, Mi Sangre se ocupaba de la logística: encontraba vehículos para operaciones, y, en paralelo, desarrollaba una tarea comunitaria en el barrio, donde la delincuencia común organizada —que había borrado a los Comandos Armados— terminó haciendo lo mismo que ellos. En su comuna había guerra entre las bandas Imperial y Miramar. Henry se ofreció para mediar por la paz.

Tenía doble vida. Mientras hablaba de paz por un lado, por otro continuaba con tareas de inteligencia e infiltración para las AUC de los Castaño y Don Berna. Allí todos lo conocían como Carlos Mario. Interpretar ambos personajes casi le cuesta la vida. Sucedió en marzo en un encuentro de la plana mayor de las Autodefensas. Los jefes solían reunirse en Montecasino, la mansión ubicada sobre la avenida El Poblado, donde los hermanos Castaño tuvieron su centro de acciones criminales en Medellín por más de una década. En ese gigantesco lote de miles de metros cuadrados, rodeado de bosques y de muro, se erigen tres casas principales, escenario de las páginas más sangrientas de la historia colombiana. “Todos los asesinos de renombre que estuvieron al servicio de la mafia y el paramilitarismo pasaron por Montecasino, incluso los Castaño entrenaban allí a los sicarios”, apunta un ex integrante de la organización.

En aquellos salones, decorados con cuadros de Fernando Botero o de Joan Miró, tapetes persas y porcelanas de la dinastía Ming, se organizaban fiestas para brindar por el éxito de las misiones asesinas. Aquella tarde, mientras la conducción de las AUC evaluaba la creciente influencia de los grupos de izquierda en los barrios carenciados de Medellín, uno de los referentes de la comuna noroccidental pidió la palabra. “Hay un tal Henry López que nos está molestando demasiado. Está llevando agua para el molino de los grupos más radicalizados de izquierda, tenemos que hacer algo”, sostuvo el hombre. Don Berna pidió referencias a los presentes sobre este personaje. Ejecutivo y de pocas pulgas, miró hacia donde se encontraban dos de sus lugartenientes más temerarios y les impartió una orden directa: “Me lo matan ahorita mismo y se acabó la película”.

Nadie se percató entonces de que ese tal Henry López era Carlos Mario, tan útil a los fines de la organización paramilitar y uno de los niños mimados de Vicente Castaño. Nadie excepto Ebelio, amigo de López Londoño presente en el cónclave, lisa misma tarde, al concluir el encuentro, Ebelio se comunicó con Henry. “Hermano, te tenés que ir hoy del barrio, los jefes pidieron tu cabeza”. Rápido de reflejos, Mi Sangre se comunicó al día siguiente con Montecasino y pidió una reunión urgente con Don Berna.

—¿Qué andás necesitando con tanta urgencia Carlos Mario? —inquirió el anfitrión.

—Me he enterado que usted ha pedido la cabeza de Henry López. ¿Es cierto? —preguntó Mi Sangre.

—Así es, ese paisa nos está trayendo muchos dolores de cabeza —contestó Don Berna.

—Bueno, pues aquí me tiene. Máteme. Yo soy quien usted busca.

Ante la sorpresa del capo, Henry le explicó la situación. Y Don Berna, congraciado por la actitud del joven que había arriesgado su propia vida en pos de un objetivo, lo entendió. Envalentonado con el resultado, López Londoño redobló la apuesta y le pidió a uno de los mandamases de las Autodefensas que financiara su tarea organizativa. Así nació la primera propuesta de organización social de las AUC en Medellín, auspiciada con fondos de los paras, tendiente a controlar el accionar de las bandas armadas que ejercían la violencia extrema en las barriadas paisas.

El Padrino de Medellín

“Don Berna es una figura especial en la historia criminal de Medellín. Era un hombre paternal —le decían El abuelo—, con mucha experiencia y sin un pelo de sonso”, sostiene Matta Colorado. Había comenzado su carrera criminal como miembro del Ejército Popular de Liberación (EPL), un pequeño grupo guerrillero que fue el punto de partida para una serie de miembros de alto perfil del bajo mundo criminal de Colombia, incluyendo a Javier Calle Serna, alias Comba, de Los Rastrojos y los hermanos Úsuga, Darío y Juan de Dios, de Los Urabeños. Luego del asesinato de Pablo Escobar, Don Berna se hizo cargo de la empresa del tráfico de drogas que él había dejado atrás en Medellín. Profundizó sus vínculos con las organizaciones paramilitares y dirigió varios bloques de las Autodefensas con quienes estableció el control sobre las pandillas callejeras locales de la ciudad. Los obligaba a entregar un porcentaje de sus ganancias a cambio de permitirles extorsionar, robar, y vender drogas. “Sabía que para conseguir el poder absoluto debía agrupar a todas las bandas de la ciudad bajo su mando. Y aún a pesar de que varios de sus lugartenientes del Bloque Cacique Nutibara que lideraba, desconfiaban de Mi Sangre por haber trabajado con gente de izquierda y hasta querían matarlo, Don Berna lo adoptó como su pupilo y lo forjó a su imagen y semejanza”, explica el periodista.

El operativo tenía varias fases. Primero Mi Sangre infiltró los diferentes grupos para conocer su operatoria e identificar a sus líderes. Descubrió que los violentos que asolaban los barrios eran manejados por sus antiguos jefes, presos en la cárcel de Bella Vista. Los fueron a visitar al penal para proponerles el desarme de sus viejos grupos. Lograron que los miembros de las bandas llegaran desarmados a las reuniones y que los comerciantes se integraran en actividades con los mismos presos que los habían robado. “Descubrimos que estos tipos, a pesar de tener una historia ligada a la violencia y al delito, eran unos líderes del carajo, a los que nunca les habían dado una oportunidad”, relata López Londoño.

A Don Berna no le desagradaba el plan de institucionalizar a los violentos insertándolos en el sistema democrático, pero temía que las AUC perdieran el control militar de las barriadas, verdadero objetivo de la organización. Entonces, junto a Carlos Castaño, promovió la creación del Bloque Capital. Y para ello se valieron de dos paras que purgaban condenas en la cárcel bogotana de La Modelo: Miguel Arroyave, alias El Arcángel y Ángel Gaitán Mahecha. “La idea surgió de observar el éxito que tenían las banditas criminales en el negocio de la extorsión y el cobro de deudas pendientes entre narcos y empresarios durante los últimos años del siglo veinte”, confiesa juan, ex integrante de las Autodefensas que brindó su testimonio para esta investigación y cuya verdadera identidad será preservada.

Otro que corrobora esta historia es David Hernández López, conocido en el mundo de los paras como Diego Rivera, un teniente retirado del Ejército que trabajó con varios jefes de las AUC y llegó a ser comisario político del bloque Capital. Su testimonio ante la justicia de Norteamérica —adonde lo extraditaron en 2008— fue clave para condenar a varios legisladores, funcionarios y gobernadores colombianos por sus vinculaciones con los grupos paramilitares (ver capítulo 3). Antes de ser asesinado a fines de junio de 2013 en un confuso episodio que al cierre de la presente edición aún no había sido debidamente aclarado, Hernández López tomó contacto con los investigadores de este libro y confirmó su participación en la creación de aquella estructura paramilitar de la que formó parte López Londoño. “A fines de 1999 participé de una reunión junto a unos trescientos bandidos pertenecientes a las oficinas de Medellín, Villavicencio y Cali realizada en una finca de embalse Neusa (a pocos kilómetros de Bogotá) donde conocí a Mi Sangre, que lideró el encuentro y les exigió a los presentes el treinta por ciento de todo lo que se recaudara a partir de ese momento. Carlos Castaño quería crear el bloque Capital con la finalidad de ir visualizando un proceso de negociación con el gobierno, pero la idea era que en Bogotá se unificaran todas las oficinas de cobro del narcotráfico. Todos acataron sin chistar”, relata Hernández López.

Los testimonios se entrelazan reafirmando el concepto. “En total eran cuatro oficinas, una de las cuales era comandada por Carlos Mario, que era el encargado de cobrar las donaciones y siempre estaba presente en las reuniones con políticos y fuerzas de seguridad públicas”, ratifica Juan. Y agrega: “Mi Sangre sólo iba a Bogotá cuando tenía que entrevistarse con Arroyave o Mahecha en La Modelo; ir a buscar las contribuciones —como le llamaban sarcásticamente a las extorsiones— de los dueños de los populares centros comerciales San Andresito (muy parecidos a La Salada, de la Argentina), con varias sedes en Bogotá y otras ciudades del país; o acudir a reuniones con políticos y policías que colaboraban con La Oficina”. En esas oportunidades, “Carlos Mario siempre andaba con cuatro o cinco guardaespaldas y era uno de los duros, era un tipo elegante, que usaba las uñas arregladas, buen reloj, buen perfume. Las reuniones a las que asistía siempre eran en centros comerciales o en hoteles de renombre como el Cosmos 100, donde gustaba disfrutar de una buena sesión de masajes y sauna o cenar en el Me Kei”, un sofisticado restaurante de comida asiática. En esa misma línea de razonamiento Matta asegura que Carlos Mario “se ocupaba de los contactos políticos y financieros del Bloque, por eso los Castaño y Don Berna lo enviaron a Bogotá, porque antes de crear una tropa, debían tener una estructura para asegurar su sostenimiento financiero y enlaces con fuerza pública, para que pudiera actuar con absoluta impunidad, esa era su tarea”, concluye el periodista.

“Si bien a fines de los ochenta y principios de los noventa se dio la prevalencia de las milicias, entre 1995 y 2000 fue el auge de las bandas cooptadas por el paramilitarismo”, explica el especialista Ivan Darío Ramírez. “Los grupos armados fundamentan su existencia en el control de un territorio en donde hay normalmente uno o dos jefes de banda, que pueden ser a la vez jefes paramilitares, que tienen bajo su mando grupos de 35 a 50 personas, muchos de los cuales son jóvenes y niños. Estos jefes constituyen los enlaces con los delegados de sectores del narcotráfico o paramilitares. Un centenar de jefes y miembros de bandas se encuentran en la cárcel y desde allí se tejen redes y control de territorios. Las bandas establecen tipos de relaciones que además se fundamentan en dar ciertos servicios. El principal de ellos es la seguridad, además que hoy se involucran en proyectos sociales y políticos. Los actores armados cumplen un cierto rol regulador, lo que ya de por sí configura un cuestionamiento al papel del Estado como garante de la seguridad y del monopolio de las armas”, agrega el experto.

Luego de exhibir resultados estadísticos muy alentadores —en dos años los índices de criminalidad se redujeron en un 78% en la región— en 1997 López Londoño fue convocado por la Pastoral Social de Medellín para participar del proyecto No matarás, destinado a erradicar la violencia en los 18 barrios donde se implementó. Mi Sangre coordinó a 8.700 integrantes de estas bandas. El propio peso de la historia que le tocó protagonizar lo va arrastrando hacia la confesión de ese secreto tan bien guardado cuya revelación tanto preocupa a la clase dirigente y a las fuerzas de seguridad colombianas. “En 2002 me enviaron a Bogotá a replicar la experiencia, donde interactué con ministros y secretarios del gobierno nacional, alcaldes, gobernadores y jefes policiales con quienes tenía trato cotidiano”, confirma. “Yo era el nexo entre las AUC y el gobierno, me encargaba de distribuir el dinero destinado al pago de sobresueldos para los funcionarios”.

—¿El dinero? ¿A qué se refiere?

—De manera extraoficial yo le he entregado en mano la plata a muchos altos mandos policiales. Se le pagaba a miles de efectivos sumas mensuales que eran equivalentes a tres o cuatro veces sus salarios de nómina. Por eso afirmo que las Autodefensas suplantábamos al Estado en las tareas y lugares en los que sus propios funcionarios se habían declarado incapaces de cumplir. Llegamos a tener la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad y el control militar del 70% del territorio colombiano.

—Pero si eran ustedes los que le pagaban el sueldo, esos funcionarios ¿para quién trabajaban?

—Ellos eran empleados nuestros.

Capítulo 3: Narcoparapolítica

El hombre llegó a la comisaría mal vestido. Nervioso. Ingresó exaltado, completamente desaliñado y con una escopeta recortada en su mano derecha. Para la Policía de Floridablanca, barrio semi rural en las afueras de Bucaramanga, departamento Santander, era de no creer. “Yo maté a ese hijueputa”, decía el tipo. “A Víctor lo liquidé yo”.

Ese hombre era Mario Henry Cabrera, agricultor de San Ignacio. Había matado a Víctor a sangre fría esa misma mañana, un 27 de junio de 2013. Tardó cuarenta minutos en llegar a la comisaría. Decía que lo habían amenazado y agredido. “Yo sólo me defendí”, explicaba. Firmó un acta y quedó en libertad. Sin embargo, al subcomandante de la Metropolitana William Boyacá, algo no le cerraba. “Este no es un crimen más”, pensó. Estaba en lo cierto. La víctima fatal no se llamaba en realidad Víctor, sino David Hernández López, alias Diego Rivera, militar retirado y ex integrante de las AUC, testigo principal de la parapolítica protegido por Estados Unidos. Fue clave en las condenas de la Corte contra los ex senadores Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño. Gracias a su testimonio se encuentran presos y llamados a juicio por concierto para delinquir el ex congresista de Antioquia Óscar Suárez Mira y el ex gobernador de Santander Hugo Aguilar, cuyas campañas políticas fueron financiadas por recursos provenientes del movimiento paramilitar.

Con el seudónimo de Clara Montilla, Hernández colaboró con la oficina antinarcóticos norteamericana en 2007. Cuando descubrió que estaba en la lista de los asesinatos ordenados por los jefes paras, decidió pedir asilo en la embajada de los Estados Unidos. Hernández López pasó meses declarando bajo la protección de la DEA. No obstante, sobrevivió a cuatro atentados. Y decidió regresar de incógnito a Colombia, con el apoyo de la Fiscalía y bajo la supervisión del gobierno estadounidense.

Ante la Corte Suprema de su país, el llamado Diego Rivera reveló que en marzo de 2006 en el Hotel Chicamocha de Bucaramanga, se reunieron paramilitares y candidatos al Congreso oriundos de Santander. Él mismo participó enviado por los ex comandantes paracos Carlos Mario Jiménez, alias Macaco y Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar. En aquel encuentro, las AUC comprometieron su apoyo financiero a las campañas electorales de estos políticos a cambio de impunidad y favores.

Un ex agente de la DEA a quien llamaremos Harvey, logró contactar a Hernández López semanas antes de su asesinato. Se vieron el 8 de junio de 2013 en un centro comercial de Bucaramanga. Se conocían de fines de los ochenta en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y se reencontraron quince años después cuando Harvey trabajaba en inteligencia del Ejército y Rivera le suministró datos para capturar a El Pisco, del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ese sábado se citaron en la confitería del centro comercial Megamall de Santander. “Estaba más gordo y con menos pelo, se había dejado la barba, tenía las manos como lastimadas y una actitud poco amigable. Le pregunté por aquellos años y aunque al principio estaba reacio al recuerdo, de a poco se fue soltando”, relata el informante.

Hernández López había conocido a los paras en la cárcel Modelo de Bucaramanga, adonde estuvo preso entre 1999 y 2000 condenado por hurto calificado. Uno de ellos fue alias Ernesto, hermano de alias Camilo, comandante de un ejército de 800 paramilitares que actuaban bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Santander. Al salir de prisión, entrenó militarmente a estos grupos y llegó a contactarse con los lugartenientes de Carlos Castaño, mientras reclutaban gente para el Bloque Capital. Allí conoció a Mi Sangre. “El estaba a la cabeza de la orga, me acuerdo algo de él”, dice Diego Rivera mientras revuelve el tercer café de una larga ronda. “Nadie se animaba a contradecirlo”.

Los grupos paramilitares colombianos surgieron a mediados de los ‘60. Su meta: hacer frente al avance de las guerrillas en las zonas rurales que no recibían el amparo de las fuerzas de seguridad estatales. Estas organizaciones fueron promovidas y financiadas por terratenientes y empresarios, con la ayuda de sectores del narcotráfico y de la explotación ilícita de esmeraldas. Las esmeraldas son uno de los pilares de la economía colombiana. Según datos oficiales, en 2012 la exportación de esta piedra preciosa generó 137 millones de dólares. Sin embargo, la explotación de esta gema suele caer en manos del crimen organizado, por facilitar el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, a través de su extracción en minas clandestinas. Anualmente Colombia produce 2,70 millones de quilates de esmeraldas, de los cuales la mitad son extraídas ilegalmente.

La vida después de los carteles

En veinte años, el movimiento se alió a los carteles, y sus miembros comenzaron a trabajar en seguridad privada, mientras actuaban en la guerra sucia en complicidad con agentes estatales. En los noventa, los apoyó la clase política y se expandieron con el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Años más tarde serían parte de las AUC.

Con los líderes de los carteles de Medellín y Cali en prisión o rendidos, medio centenar de organizaciones pequeñas y, calculan los expertos, dos mil empresas familiares dedicadas al tráfico de estupefacientes irrumpieron en el escenario colombiano. Al mismo tiempo, las guerrillas, enfrentadas al aislamiento internacional como resultado del derrumbe de los regímenes comunistas, optaron por mantenerse gracias a las drogas. “Los grupos paramilitares de extrema derecha, con el apoyo del Ejército, colaboraban estrechamente con los narcotraficantes”, explica Manuel Salazar Salvo, el periodista que más investigó la historia de los carteles colombianos.

De todas las nuevas organizaciones, la más importante fue el cartel del Norte del Valle, en valle del Cauca, al suroeste. A la cabeza de un temible ejército de pistoleros, estaban los hermanos Orlando y Arcángel Henao.

Los Henao se aliaron al grupo paramilitar dirigido por Carlos Castaño y abrieron las puertas para exportar cocaína y marihuana a Estados Unidos y Europa. Por esas mismas rutas —especialmente desde Ecuador— llegaban armas a paramilitares y narcos. Durante su presidencia, el liberal Ernesto Samper toleró las actividades de Castaño y los sicarios del cartel del Norte del Valle. La razón: le servían para hacer frente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a todas las manifestaciones de oposición de izquierda.

Así nació la narcoparapolítica, cuyo hecho fundacional fue el Pacto de Santa Fe de Ralito, un encuentro secreto convocado por los jefes paras —encabezados por Salvatore Mancuso— del que participaron políticos influyentes y representantes parlamentarios y ejecutivos, con el objeto de “refundar la patria” y “construir una nueva Colombia”, según el acta suscripta por los concurrentes. De las cerca de cien personalidades que asistieron, una tercera parte, la más relevante políticamente, firmó ese documento clandestino que sería utilizado por los paramilitares para obtener beneficios dentro de los procesos de negociación que sobrevinieron con posterioridad.

“Siempre que tuvieran el visto bueno de las AUC —única autoridad reconocida en la zona—, las festividades findeañeras eran multitudinarias en Santa Fe de Ralito, una localidad del municipio de Tierralta, departamento Córdoba, perteneciente a la llamada Zona de Ubicación: casetas con bandas prestigiosas y conjuntos vallenatos amenizaban toda la noche hasta las ocho o nueve de la mañana; fandangos, carreras a caballo, peleas de gallos y reinados populares. En las casas no faltaba la integración familiar y con los vecinos, los bailes y en las mañanas eran obligatorias las visitas a las quebradas a disfrutar los tradicionales cocinados, en medio del jolgorio”, describe con sensibilidad de realista mágico Víctor Negrete Barrera, investigador del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú.

La evocación de aquellas celebraciones remite a los tiempos en los que las Autodefensas jugaban un rol preponderante en la vida pública y social de la comunidad y pone en evidencia los niveles de inserción que tenían entre la población. “Las visitas entre los pueblos eran la constante: los viejos para rememorar hechos, los adultos para enterarse de fallecimientos o enfermedades y festejar cumpleaños olvidados y los adolescentes, y jóvenes en busca de amores nuevos o reconciliaciones. Comidas con pavo, cerdo, gallina y pato con arroz recién pilado, coloreado con achiote, abundaban. Familiares, amigos y turistas llegaban en buses, carros, motos y caballos en medio de la algarabía. Todas las casas pintadas, los patios limpios, las cercas arregladas, los, tallos de los árboles blanqueados con cal. Las AUC obsequiaban ropa, balones, muñecas, carritos a niños y niñas menores de ocho años. Cada pueblo hacía su pesebre y las novenas las celebraban en las casas más amplias o en las plazas con presencia de religiosas; después de las lecturas dramatizaban las escenas y organizaban juegos y concursos”, completa su descripción Negrete Barrera. Pero hubo algo que cambió la vida de los habitantes de Santa Fe de Ralito para siempre. Un hecho que sería de significancia determinante también para la historia de Colombia.

Aquel 23 de julio de 2001, una larga caravana de camionetas con vidrios polarizados irrumpió en las calles de tierra del pueblo. Cinco anillos de seguridad habían dispuesto los organizadores alrededor de la finca de “08” para verificar que ningún personaje indeseable se colara en el encuentro. Una vez que todos estuvieron reunidos, apareció Mancuso para encabezar la reunión. En una casona de palma y al aire libre estaban políticos influyentes como senadores, representantes, caciques y gobernadores mezclados con concejales y alcaldes de pequeñas poblaciones de la costa.

La idea del paramilitar había sido convocar y obtener el apoyo de las “elites regionales” para consolidar un proyecto político que “expresara” los intereses del movimiento de las AUC. Un centenar de políticos y funcionarios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena se encontraron cara a cara con jefes paramilitares que ya ejercían control sobre esa zona, entre ellos Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40, además del mencionado Mancuso. “¿Para qué queremos lanzar candidatos propios si podemos incluirlos a ustedes dentro de nuestro proyecto político y apoyarlos para que ganen elecciones y gobiernen?”, les dijo Mancuso a sus atentos interlocutores durante una de las reuniones plenarias. Luego de sus palabras, el anfitrión les dio paso a conferencistas provenientes de universidades extranjeras, mientras él y sus escoltas “pulían” el documento en el que plasmaba la intención de formalizar una alianza con los políticos locales que tuviera como propósito “refundar la patria”, “crear un nuevo pacto social” y “construir una nueva Colombia”. Uno de los guardaespaldas del anfitrión elaboró un listado con los participantes más “reconocidos” de la reunión y posteriormente lo agregó a la versión final del documento.

Sobre el cierre de la jornada, Mancuso en persona hizo lectura del texto frente a todos los asistentes y después lo pasó de mano en mano para que fuera suscripto. Entre los firmantes estaban Salvador Arana (ex gobernador de Sucre, condenado a 40 años de cárcel), Jesús María López (ex gobernador de Córdoba con proceso pendiente), Alfonso Campo Escobar (ex representante por Magdalena condenado a 6 años de prisión), William Montes (ex senador de Bolívar con proceso archivado), Juan Manuel López Cabrales (ex senador condenado a 74 meses), Luís Carlos Ordosgoistia (ex representante a la Cámara por Córdoba, absuelto) y Miguel de la Espriella (ex representante a la Cámara por Córdoba condenado a 45 meses). Estos hechos y el documento recién se hicieron públicos en enero de 2007. Desde entonces la justicia colombiana continúa procesando a los políticos que estuvieron en Ralito y que estamparon su firma sobre el polémico acuerdo. “Los paramilitares se convirtieron en coadministradores de los recursos públicos. Y para el 2001, se proyectaron a instituciones nacionales”, sostiene el texto acusatorio de la Fiscalía nacional.

Al finalizar aquella negociación, la mayoría de la gente quedó con un sabor agridulce en la boca y un escozor en el corazón. Sabían que detrás de los acuerdos firmados y las ceremonias de desmovilización, se estaban preparando los sucesores que le darían continuidad al proceso de ilegalidad.

Paramilitares en tiempos de Uribe

Cuando Alvaro Uribe llegó a la presidencia de Colombia en el 2002, los paramilitares eran ya una epidemia. “Invadieron todos los ámbitos en los que el Estado debería haber estado presente”, reconoce José Obdulio Gaviria, ex asesor del mandatario.

En julio de 2004, tres de los jefes más importantes, Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, dieron un discurso en el Congreso. Decían que, gracias a ellos, habían “liberado de la guerrilla a media república”.

Para corroborar los vínculos entre paras y políticos, basta con observar la actuación de la Justicia. En junio de 2008, la Fiscalía reportó estar investigando a 264 funcionarios públicos, 83 de ellos congresistas, por presuntos vínculos con el paramilitarismo. En abril de 2010, la cifra subió a 400 políticos de elección popular, de los cuales 102 son congresistas. De los 102, sólo 25 han sido condenados. Un dato que no debe pasar inadvertido: la mayor parte de los investigados por parapolíticos son uribistas. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 68 congresistas denunciados en 2006, la mitad formaban parte del uribismo que, para entonces, contaba con mayoría en el Congreso, con 70 curules (bancas).

En este contexto Uribe optó por la negociación para acabar con el paramilitarismo. El 1.º de diciembre de 2002 —cuatro meses después de asumir—, la estrategia presidencial arrojó su primer fruto: las AUC anunciaron un “cese al fuego unilateral”. El 15 de julio se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito —que a diferencia del Pacto—, tuvo reconocimiento legal. Allí paramilitares y Gobierno aceptaban las recomendaciones de la comisión encargada de supervisar el cumplimiento de las cláusulas del documento.

¿Y dónde estuvo Mi Sangre en esos momentos? Bueno, en todos lados. Fue parte de los acontecimientos más trascendentales de la historia de su país en los últimos treinta años. Él, dice, aceptó entregar armas, blanquear su identidad, a cambio de parar los juicios. “Como muchos integrantes de las AUC, confié en Uribe y estuve un año y medio privado de mi libertad”, cuenta López Londoño.

El 21 de agosto de 2003, el gobierno presentó un proyecto de ley: lo llamó Alternatividad Penal. Fue polémico. Los organismos de derechos humanos lo consideraron un “indulto disfrazado”. El oficialismo negoció con la oposición y terminó aprobándose casi dos años después la ley 975, un engendro jurídico y político que proponía sacrificar un poco de justicia a condición de que los victimarios repararan a las víctimas y confesaran la verdad.

“La dirigencia paramilitar creía que el gobierno de Uribe iba a lograr debilitar a la guerrilla en muy corto tiempo; calcularon que las condiciones jurídicas y políticas que se establecerían para su desmovilización y reinserción iban a ser amnistía total, impunidad absoluta, ninguna obligación de contar la verdad de sus crímenes, no devolución de las riquezas mal habidas y ninguna exigencia para reparar a sus víctimas; estimaban que la enorme popularidad de Uribe garantizaría el éxito de las negociaciones”, explica el analista internacional Alfredo Rangel. Los paras se plegaron pero no les fue bien. López Londoño es una muestra de este fracaso. “Nos traicionaron. Solo dos meses y medio después y muy a pesar de que el propio Gobierno colombiano oficialmente me había entregado un certificado de antecedentes en el que constaba que no había ningún proceso penal en mi contra, me vi involucrado en una causa judicial donde se me presentaba como jefe de una organización criminal al servicio del narcotráfico”, reconstruye Mi Sangre.

López Londoño decidió entregarse voluntariamente para aclarar su situación judicial. Lo recluyeron en un centro penitenciario donde tuvo que cumplir con todos los módulos diseñados por el gobierno nacional. A pesar de estar privado de su libertad, se lo declaró reo ausente y no lo indagaron sino hasta un año después de su detención. Uno de los fiscales que participó de este proceso —cuya identidad se reserva por estrictas razones de seguridad personal— relató al autor de este libro que varios agentes de la Policía Judicial (DIJIN) filtraron información a la prensa para contribuir a la construcción de un perfil narco de López Londoño.

El repaso por esta causa judicial permite confirmar que las irregularidades del procedimiento son abundantes. A José Danilo Triana, por ejemplo, cuyo teléfono estaba intervenido por la DIJIN para monitorear los contactos de Mi Sangre, lo detuvieron en un retén policial y lo hicieron desaparecer sin que hasta la fecha haya noticias sobre su paradero. “Lo sorprendente de este hecho es que la DIJIN, muy a pesar de que estaba escuchando lo acontecido en tiempo real gracias a las interceptaciones hechas por ellos en el proceso 59397, no hizo nada para cambiar el aterrador desenlace y tampoco denunció, ni investigó el crimen”, explica López Londoño.

Algo similar ocurrió con Gilberto Saavedra, un hombre allegado al senador Ciro Ramírez Pinzón que colaboraba con Mi Sangre en algunos negocios inmobiliarios y que también era monitoreado 24 horas por la policía judicial, sobre quien nada se sabe luego de su desaparición. La causa dio un giro notorio cuando el responsable de la investigación que había iniciado el proceso, ratificó ante la fiscalía y la procuraduría que todo había sido un armado ordenado y guionado por el jefe de la DIJIN, general Óscar Naranjo. Así consta en la declaración del teniente Rolando Pinzón quien testimonió ante la justicia que “López Londoño no tiene relación alguna con los aparentes hechos que motivaron su captura” y que “jamás hubo decomiso de cocaína, ni operaciones internacionales simultáneas de capturas vinculadas a este proceso” tal como pretendió mostrar el gobierno colombiano en sucesivas declaraciones a los medios de prensa.

La evidencia obligó a la fiscalía a retirar los cargos por narcotráfico y lavado de activos que pesaban sobre Mi Sangre. Fue entonces cuando lo acusaron por los delitos de concierto para delinquir (en Argentina, asociación ilícita) y conformación de grupos armados al margen de la ley. Lo curioso del caso es que los hechos invocados por el fiscal para promover la nueva imputación ya habían sido juzgados con anterioridad por un juez de primera instancia, quien había absuelto a López Londoño de estos cargos, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, dejando en firme su absolución.

En ese contexto de “persecución judicial”, Mi Sangre —en su condición de desmovilizado de las AUC— formó parte del proceso de reinserción a la vida civil exigido por la ley de Justicia y Paz (LJP). Promovió la creación de dos fundaciones —Semillas de Paz y Colombia Producción Verde— con la finalidad de acompañar la reinserción de los desmovilizados, capacitarlos en el ámbito laboral y colaborar en la reparación a las víctimas.

“Las reuniones se hacían en el Concejo Municipal y participaban funcionarios locales y nacionales, además de representantes de la OEA, con quien Henry se codeaba frecuentemente”, relata un integrante de la organización.

A pesar de los niveles de institucionalidad que tenían las actividades de López Londoño, las acciones de hostigamiento hacia su entorno continuaron. Darío Jerez, otro de sus colaboradores que dirigía la fundación Colombia Producción Verde, fue interceptado cuando regresaba de una reunión de desmovilizados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por vehículos con placas oficiales que lo detuvieron y lo secuestraron. Esa misma noche un grupo de uniformados allanó la casa de López Londoño —cuya dirección pocas personas conocían, Jerez era una de ellas— sin orden judicial, ni motivo aparente. Pero no lo encontraron.

“El mensaje estaba claro. Aquellos que me perseguían no iban a parar hasta poder dar conmigo y lograr el objetivo de callarme. Por lo cual tome la decisión de abandonar mi país en compañía de mi esposa y mi hijo de tan solo dos años”, concluye Mi Sangre.

¿Borrón y cuenta nueva?

El balance de la LJP arroja datos contundentes sobre el accionar de los grupos paramilitares, pero también sobre la impunidad de sus actos que esta legislación permitió. Bajo su amparo, entre julio de 2005 y diciembre de 2012, los desmovilizados confesaron 39.546 crímenes en perjuicio de 51.906 víctimas. De ellos, hubo 25.757 homicidios y 1.046 masacres. Además, se remitieron a la justicia ordinaria 12.869 expedientes de personas involucradas en la comisión de delitos, entre los cuales se encuentran 1.024 casos de miembros de las fuerzas armadas y 1.123 de políticos. Según el documento, además de masacres y homicidios, los paramilitares desmovilizados confesaron el desplazamiento forzado de 11.132 personas, de 3.551 de desapariciones, de 1.916 secuestros, de 1.618 reclutamientos ilícitos, de 773 torturas y de 96 casos de violencia sexual. Además, 65 reconocieron haber participado en la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

El informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía dado a conocer en enero de 2013 evidencia que de un total de 2.199 postulados, sólo se dictaron catorce sentencias, once están en “incidente de reparación” y a 128 se les realizó audiencia de cargos.

En mayo de 2008 el gobierno autorizó la extradición a los Estados Unidos de catorce de los diecinueve jefes paramilitares que se habían acogido a la LJP, obstaculizando claramente el conocimiento de la verdad. Los paras entendieron esta decisión como “la mayor de las traiciones a los compromisos asumidos por el uribismo” y amenazaron con salirse del proceso y volver al campo. “La traición de Uribe al negociar la entrega de nuestros jefes con los Estados Unidos para descabezar nuestra organización, no tuvo otro efecto que reavivar las viejas disputas”, describe Mi Sangre. Muchos jefes paramilitares se habían preparado para una eventual ruptura de las negociaciones inflando las cifras declaradas de combatientes y dejando reductos armados escondidos. En 2006 estos grupos habían comenzado a conformar las llamadas bandas emergentes.

“De los cuarenta grandes jefes dentro de la cúpula federada de las AUC, diecinueve están detenidos, esto indica que más de la mitad de estos altos mandos, gozan de libre albedrío. En igual condición están unos quinientos segundos comandantes y cerca de mil mandos medios. Las mal llamadas bandas emergentes, no son más que parte de estos grupos”, explicó el líder para Ernesto Báez en una carta dirigida al ex Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo.

En 2010 los cálculos de la Defensoría del Pueblo indicaban que existían 82 bandas, integradas por más de diez mil paras, en 273 municipios. Las Águilas Negras, las Águilas Doradas y Rondas Campesinas —las más reconocidas— hicieron negocios con las mismas guerrillas que antes combatían y participaron en el tráfico de drogas, de armamento, en secuestros y otras actividades delictivas.

Los políticos colombianos, cada vez más comprometidos con estas organizaciones criminales, propiciaron que los paramilitares de derecha y los guerrilleros de izquierda empezaran a controlar la producción de drogas, las rutas y los laboratorios. Los viejos traficantes, en tanto, blanquearon dinero, invirtiendo en países vecinos, en las costas del Mediterráneo y en las más grandes transnacionales del planeta. Mientras tanto, Colombia se empobrecía.

Perseguidos en su país, sospechados por la policía internacional y con el objetivo de preservar las rutas hacia los grandes centros de comercialización, los sicarios comenzaron a trasladarse a otros países. “Los controles de los aeropuertos europeos empezaron a mirar con cuidado todo lo que provenía de Colombia, por eso los carteles buscaron la triangulación con otros países, por ejemplo Argentina”, grafica Harvey, ex agente de la DEA.

Buenos Aires se transformaría en uno de los epicentros más importantes para sus actividades. Y sus calles en tierra libre para los sicarios.

Manzana rodeada

Es de tarde en el shopping más grande de Bucaramanga. Dos hombres en el patio de comidas no paraban de hablar. Empezaron tomando café. Ahora beben cerveza. “¿Sabés una cosa Harvey? Creo que me están rodeando la manzana”, le confesó Hernández López a su viejo amigo. “Temo que aquella sentencia de Macaco pueda llegarme en cualquier momento. ¿Te acuerdas cuando dijo “es hora de empezar a matar desmovilizados porque se van a volver sapos? Siento que Macaco me mira amenazante mientras yo estoy croando en la zanja”, completó antes de que Harvey reaccionara.

El temor no era infundado. Daniel, jefe del bloque Tolima de las AUC, había sido envenenado en su celda en La Picota; y a Francisco Villalba, quien habló de nexos de funcionarios de la gobernación de Antioquia y paras, lo asesinaron después de que salió de la cárcel.

—¿Y de qué se te da por preguntar sobre aquel paisa de Mi Sangre? —interrogó alias Diego Rivera.

—Estoy ayudando a unos amigos de Buenos Aires que investigan su pasado —respondió el ex agente.

—Ese sí que era un gato, hábil y escurridizo, nadie lo atrapaba jamás. Y muy traicionero. Mi Sangre era el brazo ejecutor del para Miguel Arroyave en el Bloque Capital, ellos eran gente muy brava. Pero su rol en la organización era más bien político, se dedicaba a contactar congresistas para efectuar acercamientos de cara al proceso de negociación que se avecinaba. Recuerdo en Semana Santa de 2005, cuando se reunió clandestinamente con el senador Ciro Ramírez Pinzón —condenado en marzo de 2011 a 90 meses de prisión por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley— en Santa Fe de Ralito para coordinar los apoyos destinados a las campañas de los políticos. Para entonces Arroyave ya había muerto y Mi Sangre controlaba Bogotá. El paisa tenía excelentes relaciones con el poder.

—¿Y cuál era el vínculo de estos paras con el narcotráfico?

—Las AUC y las FARC se asociaron a principios de 2005 para exportar en conjunto varios cargamentos de cocaína. En paralelo los paras negociaron con los políticos la obtención de cupos de exportación a cambio de apoyo económico para sus campañas. En la coordinación de esos negocios estaba a cargo Mi Sangre.

Cuando los hombres se despidieron ya era de noche. Fue la última vez que se vieron. Dos sobrevivientes de una guerra tan larga como sangrienta, en la que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que ensucia es barro.

Capítulo 4: El dilema

Miércoles 12 de noviembre de 2008. Mañana calurosa. Henry se levantó a las diez y preparó café. Otra pesadilla le había impedido conciliar el sueño. Una vez más, los siniestros protagonistas de sus entrecortados letargos le arrebataban a su familia. Despertó angustiado.

En la Argentina acababan de negarle el asilo político. Por primera vez, estaba desorientado. Sabía que volver a su país sin un plan podía ser fatal.

Por la tarde lo llamó por teléfono un compatriota de visita de negocios en Buenos Aires. “¿Podemos reunimos mañana?”, le preguntó. Henry no tenía muchas ganas de moverse hasta el centro, pero aceptó. Intuía algo.

Al día siguiente se encontraron en unas oficinas de Puerto Madero. El empresario, de aceitados vínculos con organismos muy poderosos, fue al grano. “Mis clientes necesitan información sobre las actividades de tus amigos de las Autodefensas. Si colaboras, ofrecen reubicarte con nueva identidad y refugio político en Estados Unidos”, le propuso. Al momento de despedirse, el contacto lo emplazó: “En una semana hablamos”, le dijo.

Henry volvió a Pilar sumido en un mar de dudas. El plan era arriesgado. Pero el ofrecimiento lo tentaba. Sin embargo, desconfió. Sabía que enfrente tenía a un poderoso enemigo, capaz de cualquier cosa con tal de atraparlo. Para confirmar si la oferta era real, debía chequearlo con fuentes directas. Le pidió a un abogado argentino de su confianza que viajara a Miami para corroborarlo. A las 48 horas, Mi Sangre recibió un mensaje de texto en su celular: “Es una gestión de carácter oficial”, le confirmó escuetamente el emisario. Lo pensó mucho, lo meditó con la almohada, lo discutió con su mujer y finalmente tomó una decisión.

Aquí la historia requiere un largo paréntesis. Porque lo ocurrido con Henry de Jesús López Londoño en los siguientes 36 meses forma parte de un misterio que aún no ha sido develado. Formalmente se sabe que abandonó la Argentina, junto a su familia, a fines de 2008 y regresó tres años después, con identidad venezolana. Hay registros públicos de su paso por diferentes ciudades de Colombia y de Venezuela, pero nada se ha dicho sobre las actividades que desarrolló durante este período.

Esta investigación pudo reconstruir esa trama. Con tal nivel de detalle y precisión que, al momento del último encuentro con López Londoño, se produjo una situación muy tensa, cuya resolución terminaría siendo la propia clave del texto.

El relato de lo ocurrido esa mañana de agosto de 2013 en el Anexo 20 del modulo VI del Complejo Penitenciario I de Ezeiza es imprescindible para que el lector comprenda el dilema que se me planteó al momento de escribir este capítulo en el que, por única vez, me tomaré la licencia de hablarles en primera persona.

Sentado frente a Mi Sangre comencé a interrogarlo con la precisión de quien pregunta para profundizar sobre algo que ya ha descubierto. Al principio, las respuestas surgieron naturalmente. Pero cuando Henry se percató de lo que estaba describiendo, detuvo abruptamente su relato.

—¿Qué pasa?— le pregunté.

—¿Vos no irás a publicar esto que te estoy contando, no? —contestó, interpelándome.

—En principio, quiero saber tu versión sobre la información que obtuvimos, lo que publiquemos después, forma parte de una etapa posterior del proceso —le respondí.

—A ver si nos entendemos: si esto llegara a publicarse, sería una sentencia de muerte para mi familia en Colombia. Y me parece que no tengo que explicarte los por qué, están a la vista.

Al escuchar sus palabras, un escalofrío corrió por mi espalda. En ese preciso momento tomé conciencia de donde estaba metido. Y tuve miedo. Pero miedo en serio. El tono amable y calmo de Henry contrastaba con la contundente truculencia de sus palabras. “Sentencia de muerte”. Una expresión con la que Mi Sangre estaba mucho más familiarizado que yo, pero que tomaba dimensión real para mí al escucharla de su propia boca.

No supe qué contestarle. Solo atiné a bajar la mirada y seguir apuntando en mi improvisado cuaderno de hojas blancas dobladas al medio. La charla continuó durante un par de horas. Yo tomaba nota de su relato preciso, contundente, que no dejaba lugar a dudas de cuál había sido su rol durante ese período ventana sobre el que no se conocen datos fidedignos de sus actividades. Todo se parecía bastante a una confesión. Pero yo no soy cura, ni juez. Apenas un periodista interesado en contar una historia cuyas dimensiones claramente comenzaban a quedarme grandes.

¿Por qué consideraba este hombre al que sólo había visto un puñado de veces, que yo podía ser depositario silencioso de tan escalofriantes secretos? ¿Por qué me elegía a mí para tamaña confesión? Les juro que quise preguntárselo. Pero no me animé. Temí que la respuesta me impidiera terminar de escribir este libro.

Al finalizar, nos saludamos con un apretón de manos. Me quedé parado junto a la mesa que nos había servido de improvisado escritorio, mirándolo mientras se alejaba rumbo a su celda, acompañado del guardia penitenciario. Cuando llegó hasta la reja, volteó hacia mí, por última vez, me miró fijo y señalándome con el índice de su mano derecha en alto, me dijo: “Confío en vos, no me vayas a fallar”.

Durante las siguientes semanas comprobé que el insomnio puede ser contagioso. Dormir por las noches se transformó en una misión imposible. Conocer la verdad me transformaba en algo más que en un mero cronista. Tal vez, en un cómplice. Durante las madrugadas de desvelo garabatée mil veces el arranque de este capítulo, al que titulé inicialmente “Con la frente marchita”, pensando en la sensación amarga de un regreso del protagonista a su tierra en condiciones no deseadas.

Imaginé lo difícil que debió haber sido para Mi Sangre dejar Buenos Aires y volver a Medellín inmerso en las volteretas de un destino incierto. Hasta fantasée con una imagen durante aquel interminable vuelo de regreso a Colombia, en la que Henry recordaba las estrofas de uno de los tantos tangos donde Carlos Gardel describe las angustias del exiliado:

Tengo miedo del encuentro

con el pasado que vuelve

a enfrentarse con mi vida.

Tengo miedo de las noches

que pobladas de recuerdos

encadenen mi soñar.

Pero el viajero que huye

tarde o temprano

detiene su andar.

¿Cómo seguir contando esta historia sin traicionar a los lectores y, a la vez, sin poner en peligro las vidas de las personas involucradas en el relato y la de sus familias? ¿Cómo evitar que este libro se transforme también en mi propia sentencia de muerte?

Transcurrieron varios días. Mantuve dos reuniones con los editores a quienes participé del dilema. Me sugirieron ideas, métodos, recursos para no contar lo que tanto preocupaba a nuestro protagonista mantener en secreto. Intenté un acercamiento a la inspiración para encontrar esa fórmula mágica. Procuré calibrar mi conciencia con la ética y el interés periodístico, sin traicionar la confianza del principal involucrado. Especulé sobre mi seguridad y la de mis seres queridos. Transpiré. Mucho. En pleno invierno, transpiré.

Finalmente, llegué a una conclusión.

Lo que sigue es el resultado de ese proceso.

Chucky

El domingo 16 de noviembre Mi Sangre llamó a su contacto en Buenos Aires. “Acepto”, le dijo. Dos semanas después Henry de Jesús López Londoño volaba de regreso a Colombia, donde se instalaría a la espera de instrucciones.

Su primer trabajo llegaría a mediados de 2009. Le encomendaron suministrar informes sobre la campaña presidencial de quien había sido ministro de Defensa de Alvaro Uribe y aspiraba a sucederlo: Juan Manuel Santos. El interés particular de sus mandantes era conocer con la suficiente antelación cuáles iban a ser los planes del por entonces postulante a presidente respecto a temas de altísima sensibilidad para las relaciones bilaterales y la región como narcotráfico, FARC y desmovilizados. Es que durante los tres años que Santos se desempeñó como titular de la cartera de Defensa, le imprimió un énfasis particular a las políticas anti terroristas y anti narcóticos.

En ese contexto se produjeron varios hechos enmarcados dentro del Plan Colombia que provocaron la reacción crítica de los organismos de derechos humanos y organizaciones humanitarias internacionales, como el escándalo de los llamados falsos positivos, nombre con el que se conoció a las revelaciones que involucraron a miembros del Ejército con el asesinato de centenares de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que vivía el país. El 7 de enero de 2009 un documento desclasificado de la CIA publicado por el National Security Archive reveló que los nexos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994 y que los falsos positivos eran una práctica usual dentro del ejército. El propio Santos llegó a admitir públicamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas bajo su mando.

La campaña presidencial de Santos se basó en promocionar la continuidad de la política de seguridad democrática, implantada durante los ocho años del gobierno de Uribe. Santos seleccionó como compañero de fórmula a Angelino Garzón, un ex sindicalista que fue ministro y gobernador del Departamento del Valle del Cauca, y a quien López Londoño conocía muy bien desde los tiempos del proceso de desmovilización. Este contacto le fue de gran utilidad para anticipar buena parte de los planes que Santos tenía previsto ejecutar ni bien asumiera la presidencia de su país.

La ayuda de los Estados Unidos a la postulación de Santos fue evidente. “Si los yankis quieren que Chucky sea presidente es porque puede garantizar la continuidad de las políticas de Uribe y no hay nada ni nadie que pueda impedirlo”, le dijo a López Londoño un viejo amigo del partido Liberal con quien solía compartir tragos en un bar de la zona de Parque Lleras.

El 30 de mayo de 2010, la fórmula Santos-Garzón obtuvo el 46,56% de los votos válidos, por lo que accedió a la segunda vuelta electoral, en la que se impuso con un 68,9% de los votos.

Los Urabeños

Urabá está en la franja costera del Departamento Antioquia sobre el mar Caribe. Es una región plena de paisajes exóticos y con gran diversidad cultural, cercana al canal de Panamá. Desde sus puertos se exporta la casi totalidad de la producción bananera de Colombia hacia los mercados internacionales, pero también es uno de los corredores estratégicos más importantes para el tráfico de sustancias ilícitas con destino a América Central, Estados Unidos y Europa. Allí nacieron a fines de 2006 Los Urabeños, una organización paramilitar insurgente, considerada la más peligrosa y mejor estructurada del país, por la cantidad de combatientes que la integran (unos 2.300), por las zonas donde tienen presencia (más de 180 municipios) y el gran número de cargamentos de droga que trafican a nivel nacional e internacional.

Su origen está relacionado con las actividades del verdadero mandamás de los Llanos Orientales y Urabá, el narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, conocido por el alias de Don Mario, creador del Bloque Centauros, una facción militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Junto a Los Rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC), las Águilas Negras y la Oficina de Envigado, Los Urabeños forman parte de las conocidas Bandas Criminales Emergentes (Bacrim), como las bautizó Uribe Vélez.

La reaparición de Mi Sangre coincide con un hecho que marcará el destino de Los Urabeños. El 15 de abril de 2009 Don Mario fue capturado por la Policía Nacional en la zona rural Cerro Azul del municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño, territorio controlado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Al frente quedó entonces uno de sus lugartenientes, Juan de Dios Úsuga David, apodado Geovanny, secundado por su hermano Dairo, alias Otoniel.

“Mi Sangre se convirtió en un socio estratégico de Los Urabeños, llegó a ser hombre de confianza de su Estado Mayor y, aunque nunca se comprobó que realmente estuviera relacionado con alguna operación narcocriminal, la que siempre estuvo interesada en obtener pruebas para ligarlo con esta organización fue la DEA, por eso (Óscar) Naranjo siempre quiso probar ese vínculo”, explica el periodista Nelson Matta.

Una vez más, el rol de Henry se parecía bastante al de un mediador. Organizaba encuentros entre diferentes miembros de la banda para sofocar las disputas territoriales y de negocios. Así, por ejemplo, logró conciliar las diferencias entre Maximiliano Bonilla Orozco, alias Valenciano, y Erick Vargas Cardona, alias Sebastián, quienes por varios años sostuvieron una guerra a muerte en las comunas de Medellín que dejó cientos de muertos. “El trato fue simple: Valenciano, que siempre quiso ser un gran narcotraficante, podía utilizar las rutas en la costa Atlántica, pero debía liberar los espacios que venía ocupando en algunas comunas de Medellín en manos de Sebastián para disputar la hegemonía de la Oficina de Envigado”, recuerda un desmovilizado de las AUC que solía participar de los conclaves.

Los reportes de inteligencia de la Policía Nacional colombiana plantean que los Úsuga y Mi Sangre comenzaron a expandirse “absorbiendo las estructuras de otras bandas rivales y aniquilando a los que se les oponían”. En estos informes —a los que esta investigación accedió— se afirma que “desde abril de 2009 hasta febrero de 2012, la organización transportó miles de kilos de cocaína vía rutas marítimas desde el Golfo de Urabá a Panamá, México y los Estados Unidos”. En este período, los servicios de inteligencia colombianos —con la asistencia técnica y logística de la CIA y la DEA— grabaron conversaciones mantenidas en, al menos, veinticinco reuniones donde miembros de la organización acordaban con los transportistas las diversas rutas y puntos de partida para los envíos de droga. Para las autoridades colombianas, en esas escuchas aparecía mencionado Mi Sangre.

En diciembre de 2009 Uribe declaró públicamente a Henry de Jesús López Londoño culpable de los delitos de extorsión y conformación de esta banda criminal. Por orden del Ejecutivo, la policía exhibió su fotografía en un cartel ofreciendo recompensa por su captura.

La situación era compleja. López Londoño no podía aceptar que se lo expusiera como un asesino ante la sociedad colombiana, poniéndole precio a su cabeza. Pero tampoco podía admitir cuál era su verdadero rol en esta historia. Decidió acudir entonces a la Fiscalía General de la Nación para consultar cuáles eran las causas en las que se basaba la acusación de Uribe y desde el organismo le confirmaron que oficialmente no había ni siquiera una investigación que la justificara. Las presentaciones del Director de Policía eran tan inconsistentes que no habían podido convencer ni siquiera a la justicia.

La batalla política y legal con las autoridades de su país continuaba sin tregua. En julio de 2011 el ministro de Defensa Rodrigo Rivera anunció la desarticulación de una red narco liderada por Jorge Isaac Sanmartín, alias El viejo, que tenía pedido de captura internacional y requerimiento extraditorio de los Estados Unidos. Las autoridades colombianas sindicaron a Mi Sangre como el jefe de la organización, aun cuando en el pedido de extradición solicitado en perjuicio de Sanmartín, no figuraba el nombre de López Londoño.

El acusado volvió a requerirle a la justicia que se expidiera sobre estas renovadas acusaciones mediáticas formuladas por funcionarios del gobierno y una vez más la Fiscalía General de la Nación desmintió las demandas, ratificando que no había ningún proceso judicial abierto en su contra.

Lo de Naranjo se parecía bastante a una obsesión. Tenía fotos de Mi Sangre pinchadas en el corcho de su despacho, imágenes satelitales de sus viviendas, cuadros sinópticos con sus supuestas conexiones mañosas. No parecía existir otra cosa más importante en su mundo que capturarlo. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea maquiavélica.

“Si la justicia colombiana no se anima a procesar a este hijueputa, pues que lo hagan los americanos, busquemos alguien que declare en su contra en los Estados Unidos y que lo extraditen”, le sugirió el jefe policial al ministro Rivera. Naranjo lo quería muerto, aunque estaba dispuesto a aceptar el premio consuelo de verlo tras las rejas.

Su obsesión no era nueva. Ambos ostentaban una larga historia de enfrentamientos. Pero curiosamente, uno de los hechos que seguramente los dos atesoran con más orgullo en su memoria, los tuvo luchando del mismo lado. Como mayor de la Policía Nacional de Colombia, Naranjo fue el responsable de la Operación Tequendama, que consistió en montar los dispositivos de escucha en las habitaciones del hotel homónimo de Medellín, donde se alojó la familia de Pablo Escobar Gaviria a fines de noviembre de 1993. El resultado de estas escuchas permitió determinar el sitio exacto donde el Capo estaba escondido y disponer su captura, de cuyas tareas logísticas participó el joven Henry, como parte del Bloque de Captura.

Diez años después, siendo ya General, Naranjo llegó a director de la DIJIN y descubrió que los 28 principales capos de Colombia no tenían orden de captura con fines de extradición. Comenzó a trabajar para obtenerlas. Y lo logró. Así fueron cayendo uno a uno todos los referentes de los grupos armados financiados con los dineros del narcotráfico.

López Londoño siempre había logrado evadir las maniobras urdidas por el entramado político-policial-judicial para detenerlo. Un lugar destacado en la galería donde Naranjo disfrutaba exhibir las cabezas de sus capturados, aguardaba por Mi Sangre.

Venezuela

En mayo de 2011 Mi Sangre se trasladó a Venezuela. “A partir de este momento te olvidas de tu verdadero nombre, desde hoy eres el empresario venezolano Rolando Suárez Rodríguez”, le dijo su contacto cuando le entregó documentos, registros y tarjetas con este nombre. “El pasaporte te lo debo, pero no lo necesitarás aún porque durante los próximos meses tendrás que trabajar sin moverte demasiado”.

Ya instalado en Caracas y con su familia a resguardo —también con identidad falsa— en Maracaibo, López Londoño efectuó las tareas que le habían encomendado, cuyos detalles se reservan por los motivos expuestos con anterioridad en este capítulo.

A mediados de agosto, el rumor de que Mi Sangre estaba en Venezuela, llegó a oídos de Naranjo. La vida de Henry comenzaba a depreciarse cada segundo. Alertado de la situación, Mi Sangre decidió desconectarse y correrse de la línea de fuego. Se refugió entonces en el departamento de Maracaibo donde estaba alojada su familia desde su llegada a Venezuela y desde allí comenzó a diseñar un plan para obtener protección en algún país donde le otorgaran la condición de refugiado político.

Como parte de esa estrategia, se contactó a través de un abogado colombiano, con la ex senadora Piedad Córdoba, reconocida abogada y dirigente política de Medellín que en agosto de 2007 tuvo un gran protagonismo en la firma del acuerdo humanitario entre las FARC y el gobierno de Alvaro Uribe, del que fuera una ferviente opositora.

—Si usted lo ayuda, él está dispuesto a relatar todo lo que sabe sobre los contactos del ex presidente con los paracos— afirmó el letrado que ofició de contacto.

—Veré qué puedo hacer, pero usted dígale a Londoño que se proteja —le respondió Córdoba al intermediario.

Extremando los cuidados para evitar cualquier tipo de filtración, la ex congresista tendió un puente con una funcionaría del gobierno argentino a quien conocía desde aquellas aciagas jornadas de la Operación Emmanuel, donde fuerzas conjuntas de Venezuela y la Argentina —encabezadas por los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner— participaron de la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, quienes habían permanecido más de seis años como rehenes de las FARC en las selvas colombianas. Luego de poner al tanto a su contacto argentino de las implicancias de este caso, Córdoba se ofreció como garante del traslado de Mi Sangre a tierras gauchas. Una vez que obtuvo el compromiso de su amiga argentina —con llegada directa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner— de que iban a protegerlo, a principios de octubre Córdoba le envió un mensaje a López Londoño: “En una semana trasládese a Caracas que alguien de mi confianza lo estará esperando en el Aeropuerto para llevarlo sin escalas a Buenos Aires”.

Una vez más, la luz emergía al final del túnel. Henry comenzó los preparativos de lo que, esperaba, fuera su mudanza definitiva. Su esposa Yaneth, con un embarazo a cuestas de cinco meses, recibió la noticia con gran entusiasmo. Ese fin de semana prepararon una reunión familiar para despedirse de Maracaibo y de la familia con la que todavía mantenían contacto. El domingo Yaneth invitó a sus padres y mientras compartían la sobremesa del almuerzo, tres agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (PTJ) irrumpieron violentamente en el departamento. Cuando Henry se plantó en la puerta para impedirles el paso y les reclamó la orden de allanamiento, los venezolanos extrajeron sus pistolas y se lo llevaron a la fuerza, junto con su mujer embarazada.

En la dependencia policial los separaron. “Así que tu eres el famoso Carlos Mario”, lo provocaba uno de los agentes esgrimiendo su arma delante de las narices del colombiano, que permanecía esposado a una silla metálica, con el rostro impertérrito. “Tu debes tener muchos dólares guardados”, le dijo el otro policía. “Con apenas un milloncico de esos verdes, recuperas la libertad, tú y tu linda jevita”, completó el oficial, dejando en claro cuáles eran sus intenciones. “Me pudro en esta cárcel de mierda antes de darles esa plata”, respondió el colombiano. “Y aunque quisiera dárselas, no tengo esas cantidades”, completó. Así comenzó el regateo. Que medio millón, que cien mil, que cincuenta, amenazaron los milicos, cebadísimos con el apriete. Resignado, el cautivo terminó por aceptar.

El problema era conseguir ese dinero lo antes posible. “Acá no tengo esos valores, tengo que llamar a Colombia”, les avisó Mi Sangre a sus captores. Londoño hizo dos llamadas y tres horas después, uno de sus hermanos se encontró con un agente de la PTJ en Paraguachón, un corregimiento del departamento colombiano de La Guajira, justo en el límite occidental con Venezuela, y le entregó el monto acordado. Apenas los liberaron, Henry y Yaneth salieron de Maracaibo sin rumbo definido, pero con la certeza de que ya no podían confiar en nadie y debían salir del país de la forma más clandestina que les resultara posible.

Contactó a la persona que le había entregado la documentación falsa y le reclamó los pasaportes adeudados. “En siete días los tendré listos”, respondió el contacto. Fue la semana más larga de su vida, escondiéndose con la familia a cuestas, esquivando controles policiales, durmiendo con un ojo abierto como el caimán en la charca.

De regreso

Nuevamente en Buenos Aires con su familia, pero esta vez con la apócrifa identidad venezolana, López Londoño continuó aguardando que, desde los Estados Unidos, alguien se hiciera cargo de su situación y cumpliera con el compromiso asumido de otorgarle protección y asilo en territorio gringo. Él, se decía, ya había cumplido con su parte.

Pero la espera culminó tras las rejas del penal de Ezeiza. Y, para Mi Sangre, su historia aún no concluye. Henry sabe que sus enemigos lo quieren muerto.

—Quieren masacrar a todos los desmovilizados a los que, si se les ocurre declarar, podrían poner en problemas a la propia institucionalidad del país. Gente que puede revelar los contactos que existieron entre dirigentes políticos y miembros de las AUC —dice Henry.

—Pero usted forma parte de ese grupo —retruqué—. ¿No es verdad?

—Pues claro. Y por eso me quieren bajar. Valgo más muerto que vivo.

Capítulo 5: El Gran Hermano

Tras su primera declaración judicial en Comodoro Py, Mi Sangre fue trasladado al penal de Ezeiza. Con la mirada perdida dentro de una furgoneta sin ventanas y custodiado por una docena de agentes especiales, llegó pasadas las cinco de la tarde a la Unidad Penitenciaria más segura de la Argentina. Ingresó al módulo H del pabellón 1: el sitio de los presos VIP “Linda canchita”, pensó al ver el campo de juego de los reclusos por la ventana de su habitación-celda. Recordó los potreros de Miramar con la camiseta verde y blanca del Atlético Nacional, emulando las gambetas de Alexis García en el Atanasio Girardot. A los pocos minutos, alguien golpeó a su puerta.

—Señor López ¿está usted disponible? —preguntó una voz en tono poco compatible con las formas carcelarias.

—Adelante.

—Buenas tardes. Disculpe la molestia, pero Gran Hermano quiere saludarlo. ¿Me podría acompañar unos instantes? —anunció el muchacho con tan buenos modales que no parecía haber sufrido las consecuencias de encontrarse privado de la libertad en una cárcel del conurbano bonaerense.

No tenía mucho que perder. Ambos salieron al pasillo y a los pocos metros se detuvieron frente a otra habitación. El joven volvió a golpear otra puerta. “Pasen”, dijeron desde el otro lado. Sentado sobre un sillón de dos cuerpos, el hombre de cincuenta años, afeitado y vestido con camisa a cuadros, pantalón y zapatos náuticos, miraba una pantalla led de 55 pulgadas. Cuando Henry ingresó, abrió los brazos de par en par. “Venga mi paisa, pase, sea usted bienvenido”, dijo el anfitrión con un inconfundible acento valluno. No era un preso común. El familiar aroma a Kokorico, de Jean Paul Gaultier, que impregnaba la escena, no hizo otra cosa que confirmar la suposición. “Los muchachos me llaman Gran Hermano porque dicen que puedo ver todo. Pero los amigos me dicen Nacho”, se presentó mientras lo invitaba a sentarse. “A vos no te hacen falta presentaciones, estás en todos los noticieros”, le dijo mientras hacía zapping por los canales donde aparecían las imágenes de Mi Sangre saliendo a cara descubierta y mirada desafiante de la alcaldía de Drogas Peligrosas.

Convidó con algo para picar y cerveza. “Estamos mejor que Pablo en La Catedral”, bromeó Nacho al comparar su estancia en Ezeiza con la de Escobar Gaviria en aquella lujosa prisión que el Capo se hizo construir en cercanías de Envigado, antes de entregarse a las autoridades.

Los dos colombianos charlaron horas. López Londoño observó media docena de hombres, que parecían asistentes, entrar y salir. “¿Te gustan las mollejas?”, le preguntó Nacho a su invitado. “Ramón las prepara como nadie”. Quince comensales disfrutaron esa noche de una parrillada especial: kilos de diferentes carnes —todas de primera—, achuras, ensaladas y una docena de botellas de malbec 2005. Tras el helado y brindis en su honor, el invitado agradeció la bienvenida y se retiró a su celda a descansar. ¿Quién era este colombiano con tanto poder? ¿Qué hacía detenido en una cárcel argentina? Pronto lo iba a descubrir.

Hombre de negocios

Ignacio Álvarez Meyendorff nació el 2 de mayo de 1960 en Palmira, a 22 kilómetros de Cali. De familia acomodada, estudió en los mejores colegios. Prometía el chico. Sin embargo, durante los primeros años de su adolescencia invirtió buena parte de sus horas de estudiante en desarrollar un pasatiempo que se transformaría en hobby y luego en una actividad clave para su historia personal: la práctica de yo-yo. Compitió en torneos regionales, hasta que en 1977 llegó a ser —con 16 años— campeón nacional. Fue uno de los yoyistas oficiales de Coca Cola, que por entonces tenía como campaña publicitaria el insigne yo-yo Russell. Patrocinado por ellos, recorrió el planeta. Todo pago. Excelentes hoteles, vuelos de primera, restaurantes de lujo y suculentos viáticos. “Le pagaban muchísimo dinero, pasaba varios meses en China, Japón, Tailandia y otros países haciendo exhibiciones. Es que los japoneses son fanáticos del yo-yo y se enloquecían con su destreza”, recuerda su primo Guido, que jugaba con él, mientras muestra fotografías de aquellos años felices.

Nacho comenzó a mostrar entonces otra de sus habilidades: el manejo de finanzas. Con el dinero de Coca Cola invirtió en tecnología y artesanías de la dinastía Ming que vendía por sumas millonadas a los poderosos colombianos conocidos de sus padres. Varios de sus clientes eran barones del Cartel de Cali, quienes le pagaban con una moneda muy preciada por los japoneses: las esmeraldas. Este intercambio de commodities le permitió ganarse el respeto de los narcos del Valle del Cauca, que comenzaron a confiarle sus ganancias para que invirtiera y multiplicara. Sus inversiones le permitieron ganar mucho dinero a sus clientes que lo adoptaron como consejero financiero e incluso como mediador. Allí se granjeó el apodo de Gran Hermano, en clara alusión al omnipresente y enigmático personaje de la novela 1984 de George Orwell.

“Me acuerdo de que en una oportunidad un capo le trajo dos valijas repletas de dólares. ‘Aquí te dejo diez millones, guárdamelos’, le pidió. Seis meses después, el mismo Don lo llamó y le reclamó la devolución de su dinero porque tenía que hacer unos gastos. A las veinticuatro horas Nacho le llevó hasta una de las fincas del capo tres maletas con quince palos. ‘Pero yo te he dado diez’, le dijo el hombre con la boca abierta del asombro. No los he invertido bien y esta es tu ganancia’, le contestó. Ahí mismito en gesto de agradecimiento, el narco le regaló esa finca”, recuerda un allegado a la familia.

Uno de esos capos fue José Chepe Santacruz Londoño, tercer hombre en la cúpula del cartel de Cali, quien a través de sus múltiples testaferros —entre los cuales se encontraban miembros de la familia Meyendorff— adquirió trescientas propiedades en Bogotá, Armenia, Buga, Tuluá y Palmira. Y se construyó una réplica de la Casa Blanca en el exclusivo barrio Ciudad Jardín. Se cree que en esas fincas Nacho conoció a otros referentes del clan de Cali como los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y Helmer Pacho Herrera, con quienes llegó a tener un trato más que cordial.

El Chepe —apresado en 1995 y asesinado un año después en las afueras de Medellín— fue el principal financista de la recordada selección colombiana de fútbol que casi deja al seleccionado argentino sin Copa del Mundo en 1993 cuando lo goleó 5-0 en el Monumental de Núñez. “Santacruz Londoño estuvo presente incluso en una fiesta antes de que el plantel viajara a Estados Unidos para disputar el Mundial de 1994 en una lujosa mansión de Cali donde los jugadores, luego de empacharse con la mejor langosta y tomar varias botellas de champagne, recibieron de parte de los narcos un suculento ofrecimiento en dólares para avanzar en el torneo”, sostiene el periodista Mauricio Silva Guzmán, autor del libro El 5-0.

Pero a Nacho le fue bastante mejor que a aquel incentivado equipo donde brillaron René Higuita, el Tino Asprilla, Freddy Rincón y el Pibe Valderrama, que regresó a Bogotá sin traspasar siquiera la primera ronda del torneo. Su carrera de negocios lo llevó a vincularse con poderosos narcos de su país, siempre desde el anonimato. A pesar de sus habilidades financieras puestas al servicio de los carteles, nunca quiso entrometerse en las maniobras de tráfico, asunto del que se ocupaba uno de sus hermanos, Juan Fernando Álvarez Meyendorff, alias Mechas, quien llegó a asociarse con Daniel El Loco Barrera Barrera.

Un dossier del Departamento de Estado norteamericano sostiene que Mechas está sospechado de haber participado en el tráfico de 68 toneladas de cocaína colombiana a Estados Unidos, vía México y países de América Central, usando botes minisubmarinos y buques mercantes desde 2005, trabajo por el que habría cobrado unos 46 millones de dólares. Pero eso no es todo. Cuatro testigos de identidad reservada involucraron a los hermanos Álvarez Meyendorff en el tráfico de miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos y en el posterior lavado del dinero obtenido en los últimos veinte años. Según declaró uno de ellos ante la justicia de Nueva York, Juan Fernando e Ignacio comenzaron de especialistas en logística: se encargaban de transportar droga a través de las fronteras, principalmente por mar. Con el dinero ganado, comenzaron a comprar ellos mismos la droga y hacer envíos mixtos: parte de la mercadería pertenecía a la familia y parte a otros traficantes. Uno de sus principales clientes fue Luis Agustín Caicedo Velandia —Don Lucho— detenido en Argentina y extraditado a los Estados Unidos a mediados de 2010, quien en varias oportunidades llegó a financiarles el costo de la droga que compraban para exportar.

Un segundo testigo detalló a las autoridades norteamericanas que en el 2006 los Álvarez Meyendorff cerraron un trato con Caicedo Velandia para llevar un cargamento de 3.000 kilos de cocaína desde Colombia —vía México— a Estados Unidos, pero que la droga fue robada ni bien salió de la zona de Tumaco. Como las dos terceras partes de la cocaína eran de Don Lucho, los hermanos quedaron en deuda. Según el supuesto arrepentido, en un encuentro secreto en una chacra bonaerense, Nacho le prometió a Caicedo Velandia que le pagaría mil de los dos mil kilos que había perdido. Pero, según aseguró Don Lucho, ese dinero nunca apareció.

“Esto probaría que los narcos no usan a la Argentina como lugar de triangulación de la droga, sino como centro de operaciones logístico donde organizan sus reuniones, establecen acuerdos y planean próximos pasos”, sostiene un ex agente de la DEA que colaboró en la búsqueda de varios colombianos con pedido de captura internacional.

Lo primero es la familia

En el 2005 —acompañado por su madre Auria Meyendorff y sus dos hijos Sebastián y Mauricio— Nacho se trasladó a la Argentina, donde no tuvo inconveniente para obtener su residencia. Se presentó como empresario ganadero. Con documento argentino, entró y salió varias veces del país y abrió seis sociedades: una empresa constructora e inmobiliaria (San Judas S.A. con sede en Maipú al 900 de la Ciudad de Buenos Aires), una firma de importación y exportación de productos de decoración interior y exterior, tres compañías dedicadas a la actividad agrícola (entre ellas, Cattle de Argentina, con sede en Florida 142 1.º C de la Capital Federal) y una de comercialización de cosméticos. Dos de estas firmas aparecen registradas a su nombre, mientras que en las cuatro restantes sus dos hijos integran los directorios. Además, se alojó en propiedades que utilizó como vivienda y oficinas: un semipiso en Puerto Madero (Rosario Vera Peñaloza 450 3.º “6”), donde vivió durante tres años y por el que pagaba 2.200 dólares mensuales de alquiler; dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires; otro en Tigre; y una casa en el exclusivo country Abril, en el partido de Berazategui, a la que se mudó en 2008 buscando “un poco de verde”.

Las autoridades argentinas pusieron la mira en Álvarez Meyendorff tras un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido en 2006 por una entidad bancaria. Allí advertían una serie de transacciones a su nombre que —se presumía— podían ser lavado de dinero. Siete meses después, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) denunció el hecho, a partir del análisis de los movimientos de Nacho y su clan familiar.

Recién en 2009, el fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee requirió que se lo investigara por lavado de dinero, cosa que hizo el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi. “Si bien se dio por acreditado que Álvarez Meyendorff manejó grandes cantidades de dinero de origen incierto, ante la falta de antecedentes sobre su eventual participación en operaciones de narcotráfico, no fue posible encajar esas sospechas en las figuras legales vigentes”, sostuvo el magistrado antes de declararse incompetente y remitir la causa a la justicia en lo penal económico. Contradiciendo el primer dictamen, el juez Alejandro Catania concluyó que sí había indicios para encuadrar los movimientos en la figura de lavado de dinero y dispuso la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias. El peloteo entre juzgados y fueros —incentivado por la muy buena estrategia defensiva de los abogados del colombiano— fue demorando la resolución de la causa que recién llegaría luego de su detención, a pedido de la justicia norteamericana, que lo investigaba como un importante lavador de dinero del cartel del Norte del Valle.

Durante la larga y controversial investigación, se produjo un hecho que puso en evidencia los niveles de impunidad con los que los Álvarez Meyendorff se manejaron en Argentina. En agosto de 2009, uno de los hijos de Nacho, Mauricio Álvarez Sarria, adhirió a la ley 26.476 promovida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y blanqueó 4.453.000 pesos, en ese momento 1.162.000 dólares. Sarria optó por mantener el dinero en efectivo.

En junio de 2011 la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias de Nacho. Concluyeron que los fondos que por allí pasaban “inequívocamente provienen de un delito trasnacional cuyas ganancias excedentes se estarían lavando en el país”.

Meyendorff explicó que llegó a la Argentina escapando de los secuestros y la violencia en Colombia. Antes de ser extraditado a los Estados Unidos, desde su confortable celda Nacho escribió una carta de puño y letra donde dijo: “Todo esto es una farsa.”

Gran Hermano manejó durante casi dos décadas el dinero de los carteles más poderosos de Colombia. Y no le fue nada mal. Según cálculos de la fiscalía colombiana, el financista preferido de los narcotraficantes amasó una fortuna de 4.000 millones de dólares. Uno de los colaboradores más directos de los hermanos Álvarez Meyendorff, apodado Tigre, fue clave para dejar al descubierto su emporio.

Gracias a él, la Unidad de Lavado de Activos (UIAF) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) pudieron desbaratar un complejo entramado de sociedades, agroindustrias, hoteles, fincas e inmobiliarias del clan criminal. Al cruzar escrituras, registros notariales, movimientos de dinero e inversiones de Ignacio, Juan Fernando y dieciocho familiares y colaboradores directos, se comprobó cómo las multimillonarias ganancias de la mafia terminaron en una gigantesca operación de lavado de dinero concentrada en 205 bienes ubicados en Bogotá, Guaymaral, Chía y otras ciudades colombianas. En la lista de bienes y sociedades decomisados por la Fiscalía se encuentran hoteles, empresas agrícolas, inmobiliarias y hasta estaciones de servicio. Además de un puñado de caballos pura sangre.

Luego de que la UIAF ordenó pinchar las líneas de los testaferros de los hermanos Álvarez Meyendorff, la Fiscalía comenzó a desenredar el ovillo de la descomunal fortuna de esta organización ilegal. Entre esos testaferros aparece la esposa de Nacho, Clara María Sarria Jiménez, y su cuñado, Jorge Enrique Sarria Jiménez. También figuran sus hijos Sebastián y Mauricio Álvarez Sarria; y los hermanos del capo, Jesús María, Luis Felipe y Libardo Álvarez Meyendorff. Según los registros de la Cámara de Comercio, integran juntas directivas o se los menciona como representantes legales de una veintena de sociedades de la organización.

La investigación complicó además a varios dirigentes políticos colombianos. Dos lujosas fincas en Sahagún estaban a nombre del ex congresista Otto Nicolás Bula, quien había asumido en reemplazo del ex senador Mario Uribe Escobar, condenado por sus vínculos con los paras. La fiscalía halló seis propiedades en Cundinamarca a nombre de otro ex congresista, el pastor evangelista Jorge Enrique Gómez Montealegre. Algunas propiedades que estuvieron a nombre de Nacho también figuran en la declaración jurada de bienes de la ex senadora uribista Dilian Francisca Toro, considerada la “baronesa” política del Valle del Cauca, que llegó a presidenta de la Cámara Alta, y hoy está detenida a la espera del juicio por lavado. En una de esas fincas se hallaron las 250 cabezas de ganado Angus importadas de Argentina valuadas en dos millones de dólares que —para los investigadores— se constituyen en un nexo sólido de triangulación con tierras pampeanas.

La red se desbarató a partir de una llamada telefónica. Una comunicación que la DEA cursó al —por entonces— Director de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, el Comisario Luis Abel Gigena en agosto de 2009. Le advirtieron: “Unos colombianos que se dedican al narcotráfico registran actividad en un campo de San Vicente”. Tras dos meses de inteligencia, hallaron la estancia Anna José, donde se criaba ganado vacuno que luego era engordado y faenado en un establecimiento agropecuario en el que tenían acciones dos hijos de Nacho: Mauricio y Sebastián. Esta empresa registraba numerosos movimientos con destino a España, donde una directiva de la firma había sido apresada en una causa por contrabando de droga.

Tres años después de la advertencia de la DEA, la organización tenía preparada una carga de 280 kilos de cocaína camuflados en muebles de estilo. La droga fue secuestrada en un galpón de Lanús el Viernes Santo de 2012. El operativo se conoció como Luis XV. Se detuvo a 35 sospechosos, entre otros a la colombiana María Claudia Gómez Martínez, a quien apresaron cuando se disponía a salir de su departamento en el lujoso edificio Yoo, de Nordelta. Martínez es viuda de Pedro Guerrero Castillo, alias Cuchillo, temible jefe del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, y uno de los narcos más poderosos del oeste colombiano. Murió escapando de la policía de su país, borracho, en la Navidad de 2010. Tras su muerte, María Claudia —que había venido a la Argentina por primera vez en 2003— se radicó en la provincia de Buenos Aires, donde se convirtió en la mano derecha de otro compatriota, Alejandro Gracia Álvarez, nexo entre la operación Luis XV y las actividades de Gran Hermano. Su nombre aparece en ambas causas. Existen escuchas telefónicas que lo comprometen con el narcotráfico y un vínculo societario que lo relaciona con Meyendorff y su familia.

Hasta marzo de 2007, Gracia Álvarez era director de Gracia Enterprises S.A. Lo reemplazó en la dirección Mauricio Álvarez Sarria, hijo de Nacho, y la contadora Stella Maris Vieyra, que trabajaba en varias empresas del grupo, hasta que la apresaron.

Tras cumplir una probation por una condena de “confabulación para traficar estupefacientes”, Gracia Álvarez dejó Buenos Aires a fines de 2011. En su declaración indagatoria, María Claudia Gómez Martínez aseguró que el colombiano “entregó” la conexión argentina del grupo narco a los agentes de la DEA para zafar de prisión. Algo que ya había hecho otro compatriota detenido en Palermo en abril de 2010, Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Don Lucho. Luego de ser extraditado a los Estados Unidos, Velandia aportó datos concretos que ligaron a los Álvarez Meyendorff con maniobras de tráfico y lavado. La historia de Don Lucho es clave para entender el papel de Gran Hermano en Argentina.

Don Lucho, el Capo que cambió de bando

“Un regalo de reyes”, dijo su abuela cuando Luis Agustín nació el 6 de enero de 1967 en un hospital de la ciudad de Bogotá. Los Caicedo Velandia eran una familia que se expandía en aquella Colombia gobernada por el liberal Carlos Lleras Restrepo a fines de los sesenta.

Luis creció en un hogar de clase media y se capacitó de chico para ingresar al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), organismo dependiente de la Fiscalía General colombiana. Era difícil imaginar que se transformaría en uno de los capos narcos más buscados por las agencias internacionales. Su apodo de guerra: Don Luis o Lucho.

“Tuvo la habilidad de correrse de la exposición pública y dejarle las luminarias a sus lugartenientes mientras él lideraba el cártel desde el exterior”, sostuvo una alta fuente de los servicios secretos colombianos.

La organización de Lucho se especializaba en lavar dinero narco. Según la CIA, entre 2005 y 2009, “limpió” 1.500 millones de dólares de sus propios negocios. Don Lucho ocupó el lugar que dejaron las muertes de Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela. Sólo entre abril de 2007 y mayo de 2008 Caicedo Velandia obtuvo ganancias de 180 millones de dólares.

La primera vez que lavó dinero fue en 2002. Un contenedor lleno de fertilizantes partió de México con un millón de dólares disimulados en su interior. El cargamento llegó al puerto de Buenaventura y después fue trasladado a Bogotá.

Las actividades de la organización prosperaron a tal punto que se llevaban libros contables donde se detallaban los embarques mensuales de dinero a nombre de Don Lucho. Los envíos se multiplicaban al igual que los montos. En abril de 2007, salió hacia Colombia otro contenedor con diez millones de dólares. Cinco meses después la cantidad de dinero vía marítima fue de 23.100.000 dólares.

Una semana antes de fin de año, los narcos enviaron otro cargamento de 17.800.000 dólares. La debilidad del circuito quedó demostrada en dos operativos en septiembre de 2009: secuestraron 41 millones de dólares escondidos dentro de contenedores en los puertos de Manzanillo, México, y en Buenaventura, Colombia.

Compra de esmeraldas, inmuebles y jugadores de fútbol fueron los destinos de los jugosos dividendos del narcotráfico generados por Caicedo Velandia. Sus vínculos con el club Independiente Santa Fe de Bogotá son difíciles de disimular. Además de ser primer campeón en la historia del fútbol profesional colombiano, en 1948, el Expreso Rojo es una de las instituciones más populares del país. Sus arcas crecieron por los dineros del lavado. La inquietante revelación realizada por la jefa de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía General de la Nación, Ana Margarita Durán, obligó al presidente del club, César Pastrana, a convocar a una reunión extraordinaria con sus accionistas para evaluar el dinero que había ingresado en la entidad.

El 3 de diciembre de 2009 Don Lucho llegó a Buenos Aires en el vuelo 1249 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Brasil. Venía cubierto y tenía la seguridad de que, una vez más, su presencia pasaría inadvertida. Cuando la ventanilla de Migraciones le requirió identificación, Lucho presentó un pasaporte de Guatemala a nombre de Carlos José Martínez Castañeda y declaró que su lugar de alojamiento sería un hotel de la cadena Ibis.

Sin embargo, se instaló en un country lujoso del norte del conurbano, donde ocupó un chalet de dos plantas, con pileta. La capital argentina era una de sus ciudades favoritas. Tenía amigos, había buen vino, podía comer el mejor bife de chorizo del mundo y alternar con mujeres bellísimas.

El plan consistía en permanecer en Buenos Aires hasta mediados de 2010 para luego partir a Europa. Pero sus cálculos fallaron. Un llamado telefónico desde su celular satelital a una de sus novias en Bogotá lo delató. La CIA logró identificarlo y le pasó el dato a la SIDE. La tarde del 12 de abril, lo detuvieron mientras miraba vidrieras en el shopping Alto Palermo junto a su guardaespaldas. Participaron agentes de la CIA y personal del Departamento de Seguridad Territorial estadounidense (DHS).

“Están equivocados, yo no soy esa persona que ustedes buscan, miren mi pasaporte”, intentó argumentar Caicedo Velandia. En menos de veinticuatro horas, su identidad quedó confirmada con un análisis de las huellas dactilares y la información enviada desde los Estados Unidos. Su captura formó parte de la Operación Cuenca del Pacífico donde se detuvo a otros tres narcos en Colombia y en Miami: uno era ex policía de Inteligencia; el otro, abogado; y el tercero, ex empleado judicial.

Un documento de los servicios secretos colombianos detalla los movimientos de los jefes de los carteles. Allí queda demostrado que “pretenden establecer sus residencias y definir nueva estructuras criminales en diferentes países de sur y Centroamérica Argentina es la cabecera de puente imprescindible para mantener las rutas abiertas hacia el viejo continente. México, el paso obligado hacia el otro gran cliente: Estados Unidos.

“Pero los capos prefieren consolidar el negocio en Argentina porque los beneficios de cargar pasta blanca desde Buenos Aires a Europa son muchos: poco riesgo de extradición, precios más altos, menor peligro de interceptación que en los traslados hacia Norteamérica y nulos conflictos con los poderosos carteles mexicanos”, sostuvo un integrante de la inteligencia colombiana.

El día que cayó Don Lucho, Nacho se sintió acorralado. Si las agencias internacionales estaban tras la pista de los dineros de Caicedo Velandia, no tardarían mucho tiempo en conectarse con los negocios de los Álvarez Meyendorff.

Una caída VIP

Nacho abrió los ojos y miró su Patek Philippe Calatrava mientras el vuelo de Lan proveniente de Santiago de Chile tocaba suelo argentino. Eran las 16:52 del 24 de abril de 2011, un domingo. Mientras el avión se acomodaba en la manga luego de una travesía sin turbulencias, despertó a su hijo Sebastián y su sobrino Jesús Antonio. Los tres tomaron sus bolsos de mano y bajaron dispuestos a dar por finalizadas sus vacaciones en Tahití. “Vos hacé la cola que nosotros vamos hasta el free shop a comprar perfumes y chocolates”, le dijo Sebastián a su padre que medio dormido sólo atinó a ponerse en la fila del control. A las seis de la tarde, Nacho llegó frente al mostrador donde lo recibió el supervisor de la Dirección Nacional de Migraciones, quien le pidió el pasaporte. El empleado escaneó el documento número 16262021 emitido por las autoridades de la República de Colombia y aguardó. “Con pedido de captura”, titilaba la frase en la pantalla de la computadora. Diez días antes la fiscal federal del distrito Este de Nueva York, Bonnie Klapper, había pedido detenerlo, cuando detectaron conexiones entre las actividades de Álvarez Meyendorff y presuntas maniobras de lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes para el cartel del Valle.

Mientras Nacho aguardaba su pasaporte sellado, el funcionario migratorio tecleó algo en su terminal y a los pocos segundos dos efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria llegaron hasta el control. “Nos va a tener que acompañar”, le dijo uno de ellos al colombiano. Luego de tomarle declaración y notificarlo de su situación procesal, le quitaron sus pertenencias, entre las que se encontraban —además de una considerable suma de dinero en euros y dólares— tarjetas de crédito, una credencial con la inscripción CARNE GANADERO NACIONAL, el smartphone Samsung color negro y una pequeña esmeralda, regalo de El Chepe Santacruz Londoño, su amuleto. Al ver una credencial de Hemoclasificación, el agente le preguntó si tenía alguna enfermedad. “Soy diabético, insulinodependiente”, contestó. Los valores de azúcar en sangre se dispararían aquella madrugada en la alcaldía del aeropuerto, a la espera de una primera declaración judicial. Esto obligó a posponer el trámite. Lo internaron en el hospital de la Unidad Penitenciaria I de Ezeiza. Apenas estabilizado y desde su cama, Nacho pidió hablar con el director del establecimiento asistencial. “Quiero que le transmita a sus jefes que ni bien me reponga, es mi voluntad tener una estadía lo más humanitaria y tranquila que se pueda dentro de esta prisión. Y que estoy dispuesto a colaborar del modo que sea necesario para lograrlo”, le dijo con extrema amabilidad al atónito funcionario.

Al día siguiente, por orden del responsable de la Unidad, Gran Hermano fue trasladado al módulo H del Pabellón 1, una de las áreas del penal donde habitualmente se aloja a los very important presos. Allí las celdas son, en realidad, habitaciones con ventanas enrejadas y puertas con triple cerradura, pero con las comodidades que cada detenido puede “costearse” mediante el abono de peajes. “Acá si tenés plata podes conseguir lo que quieras: comida de primera, relojes de lujo, teléfonos celulares, notebooks con modem, hornos a microondas, freezers, pantallas led con conexión satelital, perfumes, cosméticos y ropa de categoría, visitas privadas con absoluta intimidad y hasta bebidas alcohólicas”, relata uno de los detenidos en el contiguo módulo I, de similares características. Y estas no son fantasías. En septiembre de 2009 una requisa de rutina en este mismo pabellón “descubrió” que dos mediáticos presos alojados allí gozaban de todos estos privilegios. Eran Rafael Rafa Di Zeo, reputado miembro de la barra brava boquense y Mario Roberto Segovia, conocido también como El Rey de la efedrina. “Tenían hasta putas de las caras, pero eran muy generosos”, recuerda otro ex compañero de detención que continúa privado de su libertad. Esa es la clave para pasarla bien: la generosidad, no sólo con el personal a cargo de la custodia, sino también con los pares, aún cuando las condiciones de reclusión de los ricos poco tenga que ver con la de la mayor parte de la población carcelaria.

Acostumbrado a la buena vida, Nacho no se privó de nada durante su estadía en Ezeiza. Aunque vivió una vida de lujos y excentricidades en comparación con la del resto de los presos, Álvarez Meyendorff supo ganarse el respeto de todos. A fuerza de reiteradas e irresistibles prebendas y de modales muy seductores a la hora del diálogo y el trato cotidiano, hasta los reclusos más porongas y los penitenciarios más bravos llegaron a respetarlo. Todas las tardes, Gran Hermano se quedaba charlando con sus vecinos. Uno de sus compañeros favoritos era José Pedraza, dirigente sindical del gremio ferroviario condenado por el crimen del militante Mariano Ferreyra, con quien departía de cuestiones ideológicas e históricas. “Era muy gentil y de gran cultura, sabía de todo un poco y le gustaba mucho hablar de política”, evoca otro ex compañero de celda.

Pero no sólo de buenos modales y conversaciones profundas se componía la estrategia de Gran Hermano para sostener su popularidad. Nacho también organizó fiestas para decenas y hasta centenares de personas, la mayoría habitantes de la Unidad, pero también muchos invitados que venían del exterior. “Siempre nos encargaba que compráramos todo, buena comida y las mejores bebidas. Incluso cuando había que hacer un asado, pedía carne de primera, todo ternera, se gastaba una fortuna”, dice un penitenciario que participó de varios festines. Solía recibir la visita de toda su familia y festejar los cumpleaños como si estuviera en su casa. Pero también los habitantes del módulo se acostumbraron a ver pasar por su celda bellísimas mujeres, varias modelos y bailarinas televisivas.

Con dólares de su bolsillo, pagó la instalación de luces del estadio donde los internos practican deportes. Mandó a sembrar pasto nuevo en el campo de juego. Compró camisetas para los equipos, redes para los arcos y cincuenta pelotas. Una tarde de abril, mientras participaba informalmente de un picadito, le pegaron un fortísimo pelotazo en la zona baja. “Uhhh, a Gran Hermano se las pusieron de moño”, gritó uno de sus compañeros de equipo mientras asistían al colombiano. El hematoma era enorme y el área se había hinchado lo suficiente como para preocupar a los médicos. Según el diagnóstico, “producto del traumatismo el paciente sufrió la ruptura de la túnica albugínea, la cual envuelve los cuerpos cavernosos del pene”. El único tratamiento posible para este tipo de lesiones es la cirugía, ya que en caso de no operarse a tiempo, el trauma puede derivar en posibles problemas de curvatura de pene, disfunción eréctil y dolores crónicos. “Antes que quedar mocho, prefiero la muerte, así que opérenme lo antes posible. Y de paso me lo retocan un poco, nunca vienen mal unos centímetros más”, reclamó Nacho en su lecho de convalecencia, sin perder el buen humor. Y así se hizo.

A mediados de abril de 2013, un equipo compuesto por un cirujano especializado en urología, una anestesista y un asistente proveniente de Colombia, lo intervino quirúrgicamente en una clínica privada del barrio de Belgrano, que debió ser desalojada para permitir el fuerte operativo de seguridad dispuesto a los efectos de “proteger” al detenido. Un centenar de hombres, vehículos terrestres y hasta un helicóptero formaron parte del despliegue para llevar a Nacho hasta el sanatorio, cuyos pacientes fueron derivados a otros establecimientos. La cirugía fue exitosa y Gran Hermano quedó muy conforme con los resultados obtenidos. “Estos médicos son magos, lograron que sostenga por más tiempo el estandarte firme, ahora me siento un pendejo”, ironizó entre sus compañeros de cautiverio luego de comprobar la efectividad de la operación en el campo de batalla.

Tan contento estaba con su miembro viril recargado, que algunas semanas después quiso hacerse un nuevo retoque rejuvenecedor. “Voy a sacarme estas patas de gallo que me arrugan la mirada”, dijo en voz alta mientras se observaba al espejo tras la habitual rasurada matutina. El requerimiento formal de los abogados del colombiano para una nueva intervención fue respondido afirmativamente por las autoridades del Servicio Penitenciario, pero con una condición: que se hiciera en los quirófanos del Penal para evitar el oneroso despliegue de un nuevo traslado. La gélida mañana del 8 de junio una comitiva integrada por un cirujano plástico —también oriundo de Colombia—, la misma anestesista que participó de la peneplastia y un asistente llegaron hasta la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para realizar un lifting en el rostro de Álvarez Meyendorff. La intervención duró dos horas y todo salió según los cálculos. Esta vez la movida fue menos ostentosa que la anterior, pero no dejó de generar sospechas entre los penitenciarios. Hubo incluso quienes llegaron a pensar que podía tratarse de una maniobra preparatoria para una fuga, alterando la fisonomía de su cara con la finalidad de ser confundido con una visita. “Si Gran Hermano quisiera fugarse, ya lo hubiera hecho sin necesidad de ninguna estratagema”, comentó un habitante del pabellón ante el planteo de esta hipótesis.

La despedida

Tres semanas antes de ser extraditado, un funcionario importante de la Unidad visitó a Nacho en su celda.

—Mire Álvarez Meyendorff, mañana van a traer a un detenido al que debemos tratar con mucha cordialidad, al menos hasta que se esclarezca su situación —le dijo el jefe penitenciario.

—¿Y de quién se trata? —preguntó el colombiano.

—Habrá visto usted las noticias, el asesinato de la jovencita.

—¿Ángeles? Sí, por supuesto. ¿Detuvieron al hijueputa del padrastro? —interrogó con cholula morbosidad Gran Hermano, en sintonía con lo que esa mañana afirmaban las tapas de varios matutinos y repetían los canales noticiosos.

—No, al portero del edificio. Y lo vamos a meter en el H porque parece que los federicos (Policías Federales) lo maltrataron un poco y el tipo los denunció ante la fiscalía.

—Quédese tranquilo. Ese muchacho acá ni siquiera pescará un resfriado —respondió Nacho.

Al día siguiente, dos guardias del Servicio ingresaron al módulo con un hombrachón robusto y cabizbajo, vestido con jean y un buzo polar color marrón y lo introdujeron en la misma celda en la que había estado Mi Sangre durante su breve paso por el pabellón de los presos importantes. Jorge Mangeri se desplomó en la cama, abrazó la almohada y comenzó a lloriquear. No habían transcurrido ni cinco minutos, cuando alguien golpeó la puerta de su habitación. La escena parecía calcada a la que protagonizara siete meses antes Henry de Jesús López Londoño.

—¿Señor Mangeri? —preguntó la voz desde el pasillo.

—Sí, adelante, pase —respondió el recién ingresado.

—Gran Hermano lo quiere saludar. Tenga la amabilidad de acompañarme, por favor.

El encargado alzó su osamenta con pesadez, se levantó como un autómata y se dejó guiar hasta la celda contigua.

—Me han dicho que eres muy bueno para lustrar los bronces —fue la frase con la que Nacho recibió a Mangeri ni bien ingresó a su confortable dependencia.

El colombiano se paró frente al portero y le tendió la mano derecha. El hombre, temeroso y poco acostumbrado a los códigos carcelarios, le devolvió el gesto. Inmediatamente levantó la cabeza y apreció que la cama de dos plazas donde dormía el anfitrión y cuya cabecera se apoyaba contra la pared de la ventana aún se encontraba deshecha. Sin mediar palabra alguna, estiró las sabanas y extendió las frazadas en un gesto propio de alguien acostumbrado a los quehaceres domésticos. Desde ese momento y hasta el 3 de julio cuando una comitiva llegó de los Estados Unidos para extraditarlo, Nacho adoptó a Mangeri como su valet personal. Durante esos dieciocho días, el único imputado por el híper mediatizado crimen de Ángeles Rawson (la joven de 16 años asesinada el 10 de junio de 2013) lustró los zapatos y planchó las camisas y chombas de su protector, fregó los pisos del módulo y hasta preparó aperitivos para los internos del pabellón, siempre bajo la atenta supervisión de Gran Hermano.

Con las primeras luces del 3 de julio Nacho abandonó la cárcel de Ezeiza donde había pasado veintiséis meses y diez días de su vida. Su destino: la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Esa madrugada, sus compañeros de pabellón le hicieron una breve pero emotiva despedida. Uno de los detenidos con quien más tiempo solía compartir el colombiano, le dijo: “Lo vamos a extrañar mucho”.

Con chaleco antibalas y custodiado, a las 7:02 se subió a la combi blindada de la Superintendecia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y se sentó en una de las butacas cercanas a la puerta lateral. El operativo, coordinado por la sección Extradiciones de INTERPOL y fuertemente custodiado por efectivos del GEOF, debía garantizar la entrega del detenido a la comitiva proveniente de los Estados Unidos. Desde que su hermano, Juan Fernando alias Mechas, se había entregado en abril de 2013 a las autoridades norteamericanas —que ofrecían una cuantiosa recompensa por su captura— la defensa de Nacho modificó la estrategia procesal y se allanó el requerimiento extraditorio. “Él mismo solicitó a la Cancillería argentina y a la Justicia viajar lo antes posible a los Estados Unidos para aclarar su situación”, explicó Carlos Broitman, uno de los abogados de Álvarez Meyendorff.

La entrega del prisionero parecía una escena de Misión Imposible. Los cinco marshalls arribaron a las 7:43 al puesto 1 del aeropuerto de Ezeiza a bordo de un avión Gulfstream, dispuesto por la Corte Federal de Nueva York. A prudencial distancia de la pista los aguardaba la comitiva argentina, encabezada por el Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, quien recibió a los funcionarios estadounidenses y procedió a dar lectura del acta donde se establecían las condiciones del acuerdo. Gran Hermano permanecía esposado rodeado por tres agentes.

“Este es un gobierno que está dando una lucha sin cuartel contra los vendedores de drogas y, como siempre decimos, no se combate contra el narcotráfico si no se ataca la estructura financiera que los soporta”, dijo Berni en conferencia de prensa, ni bien terminó de despegar la aeronave con rumbo al aeropuerto de Islip, en Long Island. Eran las 11:30 de la mañana bonaerense. Nueve horas más tarde, Álvarez Meyendorff volvería a pisar tierra firme en la ciudad que, como el narcotráfico, nunca duerme.

Capítulo 6: Colombianos

En 53 años, Raúl Enrique Silva nunca imaginó su muerte. Mucho menos consideró que podía ocurrir en el aniversario del momento más feliz de su vida: el nacimiento de sus mellizos, en Medellín. El 3 de marzo de 2008 Silva, conocido como El Viejo, y su compatriota Fernando Cardona Osorio, alias El Mono, fueron asesinados, descuartizados y, por si fuera poco, quemados. Sus restos aparecieron en una camioneta Fiorino abandonada en La Tablada. Ambos ciudadanos colombianos habían ingresado al país como turistas y alquilaban un amplio departamento en Olazábal al 2900, en Belgrano. Les dispararon con un calibre 22 y luego serrucharon sus extremidades para que entraran en bolsas de consorcio. Ni bien reconocieron los cuerpos, los servicios de inteligencia colombianos no tuvieron dudas: aquello era parte de la pelea por las rutas de la cocaína hacia Europa entre Daniel El Loco Barrera Barrera —narco reconocido por su maquiavélica forma de pactar con las FARC, con paramilitares y con carteles de toda América y Europa— y Carlos Mario Jiménez, Macaco, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El crimen de La Tablada desnudó las actividades del brazo transnacional del narcotráfico colombiano en la Argentina. Pero también descubrió a sus socios criollos. Una larga investigación de la Unidad de Fiscales número 4, a cargo de Analía Córdoba, apartó de la causa judicial a la DDI de La Matanza —con jurisdicción en La Tablada—, sospechada de ocultar datos y desviar la investigación.

A la Justicia le llevó tiempo descubrir las piezas del rompecabezas. La última apareció dos años después, en enero de 2010. Nahuel Lorenzo Gemetro, porteño de 27 años, fue detenido en Pinamar acusado de integrar una banda dedicada al tráfico de ketamina, anestésico de uso veterinario utilizado como sustancia alucinógena. Gracias al peritaje de celulares, se concluyó que Gemetro fue uno de los encargados de trasladar los restos de Silva y Cardona, desde Belgrano hasta La Tablada. En uno de los mensajes de texto rastreados le dicen a Gemetro que tiene que ir a Capital a buscar el paquete para llevárselo y dejarlo en algún lugar.

La orden había salido del teléfono de Rubén Darío Serna Lobo, otro colombiano que decía hacer negocios con madera, y juraba ser primo de Mauricio Chicho Serna, ex mediocampista del Nacional de Medellín y de Boca Juniors. Meses antes de la detención de Gemetro, la fiscal ya había caído sobre Serna Lobo. Una carta enviada a la División Drogas de la Gendarmería Nacional, firmada por la viuda de Silva, brindó datos sobre el entorno de su esposo.

Desde 2007, Serna Lobo recorría la Argentina como un turista más. Se paseó por Bariloche, Mendoza, Córdoba y las Cataratas del Iguazú. Andaba por la triple frontera cuando lo detuvieron en la aduana de Ciudad del Este. No fue el único con pedido de captura. José Alexander García González, proveniente de Medellín, también fue requerido por la justicia. La fiscal no lo podía creer: Alexander ya estaba preso por una causa de tráfico de drogas con mulas a España.

A Serna lo tenían en la mira no sólo por seguimientos telefónicos que lo ubicaban en la escena donde aparecieron los cuerpos, sino por sus propios descuidos. Cuando entregó las llaves del departamento de Olazábal, le dijo a la propietaria que Cardona Osorio se había vuelto a Medellín. Unos días después la hermana de la víctima llamó al teléfono del departamento deshabitado preguntando desesperada por su hermano, de quien no tenía noticias desde hacía semanas.

Las pruebas realizadas con luminol permitieron a los investigadores descubrir manchas de sangre en los tres cuartos y en el baño de la vivienda. A la fiscal no le quedaron dudas de que a Silva y Cardona Osorio los descuartizaron ahí mismo y que luego usaron a los argentinos para borrar las pruebas. Otro argentino se encargó de incendiar la camioneta Fiorino. “Esto no era lo que me habías dicho”, se quejó este hombre a otro a través del MSN en relación a que había tenido que prender fuego el vehículo. En la causa también aparecía el dueño de una inmobiliaria porteña que conseguía departamentos y casas a colombianos. Y efectivos de la DDI de La Matanza, que eludían cada vez que la fiscal les pedía seguir pistas de Serna en Buenos Aires. Cuando los investigadores judiciales —cansados de la ineficacia policial— se dispusieron a detener ellos mismos al sospechoso, encontraron a los efectivos de la fuerza conversando amigablemente con Serna en su domicilio. “Más que policías, parecían cómplices”, sugirió un investigador presente en el operativo.

Los asesinatos de colombianos se sucederían en la Argentina cada vez con mayor frecuencia y un nivel de logística que sólo gente con contactos locales puede proporcionar.

La muerte de Monoteto

24 de julio de 2008: estacionamiento del shopping Unicenter, de Martínez. Tres ciudadanos colombianos fueron atacados a balazos por dos tiradores motorizados que escaparon del lugar, Jorge Alexander Quintero Gartner murió en el estacionamiento; Héctor Edilson Duque Ceballos alcanzó a ser trasladado al hospital de San Isidro herido de gravedad, donde falleció horas después. El tercero, Julián Andrés Jiménez Jaramillo, resultó milagrosamente ileso. En total recibieron dieciséis balazos calibre 40.

Jiménez Jaramillo y Duque Ceballos se conocieron en la discoteca Mangos de Medellín en septiembre de 2004. Duque ya era un “pesado” y dos guardaespaldas lo seguían día y noche. Todos lo conocían por su apodo: Monoteto o El Jetudo. Era lugarteniente de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Monoteto se encargaba de administrar haciendas en Antioquia, manejando finanzas y comercialización de una banda llamada La Cordillera, integrada por ex paramilitares. De aquellos tiempos data su relación con Mi Sangre quien, durante el doble homicidio, ya se encontraba instalado en Buenos Aires esperando el refugio político que nunca llegaría.

“El día que lo mataron a Monoteto pensé por primera vez que Argentina había dejado de ser un sitio seguro para nosotros”, le confesó Henry al autor en el penal de Ezeiza. “Sentí que en cualquier momento podían venir por mí”.

Con 20 años, Jaramillo era emprendedor con muchas ambiciones. Tenía comercio de ropa, vendía grandes marcas y Ceballos amaba la ropa Armani y Versace. Durante años se encontraban todo el tiempo. Jaramillo empezó a trabajar como correo, llevando y trayendo “encargues”. Una tarde recibió un llamado de Duque.

—¿Por qué no te vienes para Buenos Aires? Ando necesitando que me vistas. Tráete varios sacos, pantalones y camisas de esas que tú sabes que me gustan —le dijo Ceballos a su joven discípulo.

Cuarenta y ocho horas después Jiménez Jaramillo embarcaba en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, acompañado de una joven colombiana llamada Alejandra Pinzón. Además de un bolso de mano, llevaba el encargo de su amigo: diez perchas cargadas con ropa de marca, a la que habían preparado especialmente para alojar unas bolsas de polietileno repletas de esa sustancia blanca que tan bien se cotizaba fronteras afuera de su país.

Al llegar a Ezeiza, la pareja sorteó sin inconvenientes los permeables controles aduaneros y tomó un taxi con rumbo a Puerto Madero. En una habitación del noveno piso del Hotel Faena, los esperaba Duque Ceballos, junto a Carlos Arturo Escobar, un primo de Macaco de paso por Buenos Aires. Esa noche cenaron los cuatro en el restaurante de la planta baja del hotel.

Para diciembre de 2007, Duque y Jaramillo se mudaron a las afueras de la ciudad, buscando verde. Primero al barrio privado El Carmel y luego al country Ayres del Pilar. Allí alquilaron un enorme chalet con vista al parque, donde cada dos por tres llegaban visitas de compatriotas, entre ellos Quintero Gartner. Tuvieron un verano explosivo. Con dólares disponibles, todo resultaba fácil. Dos veces por semana, retiraban suculentos envíos de dinero de las oficinas de Western Union en Pilar y vivían una vida de película: cenas en restaurantes caros, mujeres hermosas, autos lujosos y las mejores pilchas. Acostumbrado a que lo bueno dure poco, Jaramillo sabía que el paraíso no podía ser eterno.

Aquel 24 de julio, al menos cuatro personas a bordo de una moto de alta cilindrada y un automóvil, interceptaron a Duque Ceballos, Gartner y Jaramillo cuando salían del Unicenter hasta el Volkswagen Vento en el estacionamiento. Jaramillo ya había ingresado al auto, cuando escuchó los disparos. Duque y Gartner fueron impactados por dos pistolas diferentes. “Detrás del doble homicidio de los colombianos, hubo mano de obra local”, dijo el fiscal de San Isidro, Diego Grau antes de disponer las detenciones de Víctor Ovejero —alias Pelado— y Jorge Moreyra —también conocido como Zurdo—, señalados como autores materiales de la masacre de Unicenter.

El registro de las cámaras de seguridad del shopping, la tenencia de una calibre .40 propiedad de Moreyra y una serie de escuchas telefónicas donde ambos se referían al hecho y requerían a sus contactos que los ayudaran a ocultar el vehículo utilizado para la logística del asesinato múltiple, corroboraron la historia. El Zurdo y el Pelado formaban parte de la barra brava de Boca e integraban el entorno de Richard El Uruguayo Laluz Fernández, uno de los líderes de la organización boquense. Pero el cerebro local de la operación había sido Martín Magallanes, un empresario argentino que mantenía reuniones frecuentes con los barras en un local de la avenida Juan B. Justo al 5.400, propiedad de Moreyra. Su nombre iba a estar muy ligado a otro múltiple homicidio que se instalaría en las primeras planas de los diarios un mes después de la masacre de Unicenter: el triple crimen de General Rodríguez.

“Esto fue planeado en la Oficina de Envigado, considerada en Colombia la mayor organización de sicarios, especialmente dedicada a homicidios, venganzas y ajustes de cuentas”, sostiene un informe de inteligencia integrado a la causa. Según la investigación, el Pelado habría oficiado de apoyo, quedando en las afueras de la playa del centro comercial a bordo de una camioneta color blanco, mientras el Zurdo pudo haber sido quien realizó parte de los disparos contra los colombianos. “Entre el Zurdo y el Pelado se repartieron tres palos por bajar a los colombianos, mientras que Magallanes habría cobrado cinco millones de pesos por organizar las dos masacres”, confió una fuente judicial.

Horas después de la balacera, Jiménez Jaramillo recibió un mensaje de texto. “Ya salieron en las noticias. Están muertos”. La autora fue Liliana Falcón, meses más tarde detenida junto a su esposo, Horacio Bérgamo, ex capitán del Ejército, por su intervención en el envío de 900 kilos de cocaína disimulados en un embarque de madera, durante el operativo Diciembre Blanco. Ese cargamento pudo ser interceptado gracias al testimonio de Manuel El Gordo Kleiman, uno de los expertos argentinos en “logística” más utilizado por los carteles colombianos para transportar droga a Europa disimulada en barcos vía el puerto de Buenos Aires.

Condenado a diez años de prisión por haber sido el organizador de la operación Merluza Blanca, Kleiman declaró como “arrepentido”. Ante el juez, describió detalladamente la relación con los narcos colombianos que contratan logística argentina para sus cargamentos pagando hasta el veinte por ciento de comisión. “Que ese Jaramillo no se haga el santito”, dijo, “si fue uno de los que participó de la operación Merluza Blanca. Yo me reuní con él en Sierra de los Padres, vino acompañando a su tío, un colombiano al que todo el mundo llamaba El Don y cuatro culatas que se quedaron afuera. Querían cambiar la metodología de embarque de la falopa para que no los detectaran”.

Después del doble crimen de Unicenter, el coronel César Pinzón, jefe de la Dirección de Policía Judicial de Colombia, confirmó que Duque era “un estrecho colaborador de Macaco Jiménez”, jefe paramilitar que depuso sus armas y fue preso en diciembre de 2006 como parte de negociaciones con el gobierno para la desmovilización de bandas paramilitares. Pinzón manejaba dos hipótesis sobre la muerte de Duque: “O fue un coletazo de la lucha interna por la sucesión en el grupo de Macaco o se debió a problemas dentro del grupo de narcos por un cargamento de 470 kilos de cocaína decomisado en mayo de 2008 por las autoridades argentinas”.

San Fernando. Lunes 23 de febrero de 2009. Juan Sebastián Galvis Ramírez, su cuñado Jorge González Ramírez, su padre, Rodrigo Alberto Galvis Carmona, y un amigo, Jesús Ariel Cubillos Burbano —todos oriundos de Colombia— llegaron hasta el local Ronosto, en Avenida Libertador y Cordero, a comprar un bote para el yate de González Ramírez, valuado en 400 mil dólares. Mientras dos eran atendidos en local, Galvis Ramírez permaneció junto a Cubillos sentado en un banco al frente del negocio. En ese momento, llegaron dos hombres en moto, uno desenfundó una pistola 9 milímetros y comenzó a disparar contra Galvis. Malherido, se arrastró hasta la puerta del local mientras su agresor continuaba disparándole. Cayó con medio cuerpo dentro del negocio. Los atacantes hicieron catorce disparos, de los cuales diez impactaron en la víctima.

Para los investigadores locales, las similitudes entre la masacre de Unicenter y este crimen guardan relación con la organización narco liderada por Macaco, a quien Galvis reportaba. Sin embargo, para la inteligencia colombiana el verdadero objetivo del atentado fue su primo, González Ramírez, ex integrante de las autodefensas ilegales.

El comandante de la policía de Medellín, Dagoberto García, señaló que el mencionado Monoteto y Antonio López alias Job (asesinado en un restaurante de Medellín el 28 de julio de 2008) eran lugartenientes de Macaco y de Diego Fernando Murillo —Don Berna— respectivamente, dos de los catorce jefes paramilitares que el gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos en 2008, por considerar que seguían operando pese a haber entregado las armas, en un proceso que concluyó en 2006. “González Ramírez aparece en un expediente de lavado de dinero de drogas procesadas por las FARC y canalizadas a través de los paramilitares. Con el seudónimo de jota, se lo vinculó con más de mil millones de pesos colombianos encontrados en una vivienda de Bogotá”, declaró el funcionario policial. “Se trata del cobro de viejas cuentas entre carteles y jefes de las desmovilizadas autodefensas, con el objetivo de ganar el mercado argentino como puerta privilegiada para el tráfico de droga a Europa y Asia”, agregó García.

Con Macaco encarcelado en los Estados Unidos, era más fácil quitarse de encima a los herederos de las AUC, integrantes de los nuevos “grupos emergentes”, para quedarse con las rutas y traficar a Europa sin problemas.

Cinco colombianos asesinados por sicarios en Buenos Aires entre marzo de 2008 y febrero de 2009. Demasiada coincidencia para que pasara inadvertido ante los ojos de quien quisiera ver los coletazos de una guerra que paulatinamente comenzaba a trasladarse hacia el sur del continente americano.

El año del desembarco

El análisis de lo ocurrido durante 2008 es clave para entender el fenómeno de la migración colombiana a la Argentina, que incluye la llegada de personajes como Gran Hermano o Mi Sangre, y la relación de este proceso con la epidemia de asesinatos que atestó las calles de las principales ciudades de Colombia en la última década. Ese año se produjo el gran salto en el número de colombianos que iniciaron sus trámites para radicarse en el país, cifra un 204 por ciento mayor que el promedio anual de los ocho años anteriores, llegando a 5.584 en 2008.

La creciente tendencia migratoria está caracterizada por un prolongado período de conflicto social y armado que experimentó un recrudecimiento con la llegada de Alvaro Uribe Vélez al gobierno. “El uribismo definió como prioridad nacional la lucha antiterrorista y provocó el incremento de la crisis humanitaria y, consecuentemente, del número de personas que abandonaron el país a raíz de la violencia”, describe Claudia Hernández, magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En este contexto, más de tres millones de colombianos —el diez por ciento de la población total— optó por emigrar. Para el 2006, cerca de 300 mil habían solicitado su condición de refugiados políticos en países vecinos, entre ellos la Argentina, donde el asilo de ciudadanos de Colombia representa la segunda migración por refugio presente, después de la senegalesa, según datos del Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE).

Pero el fenómeno no se detuvo. Las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), demuestran que en el año 2010 hubo 7.759 colombianos que iniciaron trámites para su residencia en la Argentina, mientras que en el 2011 la cifra alcanzó los 10.889: más del 40,34 por ciento del año anterior y más de un cien por ciento en relación a 2008. Ahora bien, ¿cuántos de éstos han tenido o tienen conflicto con la ley penal? De acuerdo al relevamiento del consulado de Colombia en Buenos Aires, hasta mayo de 2013 había 151 colombianos detenidos en cárceles argentinas, de los cuales 106 ya habían sido procesados y 45 tenían condena de la justicia. El 40 por ciento de estas detenciones tiene relación con el narcotráfico. En 1994 había 7 detenidos (todos acusados de narcos) y en 2010 el número ascendía a 64 (85 por ciento por tráfico de estupefacientes).

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, 32.000 colombianos residen hoy en Argentina, aunque para las autoridades consulares, la cifra podría llegar a los cincuenta mil. El flujo continúa. Entre enero de 2012 y marzo de 2013, 215.219 colombianos llegaron al país, donde actualmente hay mil refugiados de esta nacionalidad. Sólo entre 2008 y 2012 se les otorgó refugio a trescientos.

No obstante, las cifras no contemplan a los que están de forma irregular en el país. “La mayor parte de los ilegales ingresa por vía terrestre, al cruzar alguna de las fronteras, se les da una tarjeta de entrada o un sello en su pasaporte de estadía máxima de noventa días en calidad de turista. Sin embargo, puede vencerse el plazo de los tres meses y con solo pagar una multa de cien pesos a la autoridad migratoria ubicada en algún aeropuerto internacional o algún puesto fronterizo, el problema queda resuelto”, explica Juan Diego Ríos Suzunaga, integrante de la Red Colombia nos une, organización no gubernamental destinada a fortalecer los vínculos con los colombianos en el exterior. “Usías facilidades para conseguir residencia, y con ella obtener los mismos privilegios de un argentino, es una de las razones que motivan la migración hacia este país”, completa. Para la especialista Claudia Hernández, “el fenómeno también está motivado en las condiciones de pobreza, las desigualdades socioeconómicas y la violencia estructural que se vive en Colombia; y en las posibilidades de inserción en la educación superior y la expectativa de experiencia cultural y democrática en la Argentina actual”.

Diplomacia

Jueves 20 de diciembre de 2012. Puntual e impecable como siempre, Rafael Bielsa ingresó en el salón del restaurante del hotel Claridge a las 12:30, saludó al maitre y se dirigió al reservado donde aguardaba el embajador de Colombia Carlos Rodado Noriega. Afuera, el calor de los últimos días del año hacía sudar a los porteños. Si bien se trataba de un encuentro extra oficial, el almuerzo tenía por finalidad limar alguna aspereza surgida entre los gobiernos argentino y colombiano a raíz de declaraciones públicas vertidas por el Secretario de Seguridad Sergio Berni, en las que había ligado el aumento del delito en la ciudad de Buenos Aires con la presencia de un número cada vez más creciente de colombianos supuestamente dedicados al robo de casas, departamentos y autos. Luego de los saludos protocolares, funcionario y diplomático comenzaron una charla amena mientras aguardaban el almuerzo. Comieron ensaladas tibias, bebieron agua mineral y comentaron acerca del incómodo episodio que había motivado la reunión.

—Las palabras de Berni no representan el sentimiento ni del pueblo, ni del gobierno argentino, fue un exabrupto, un error grosero —intentó justificar el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar).

—Entiendo, pero sus dichos son un acto de simplismo que no se compadecen con la complejidad del fenómeno. Este hombre viene repitiendo cifras en los medios sin sostenerse en ninguna estadística seria y creo que debería disculparse por lo que ha manifestado —respondió Rodado Noriega.

En ese punto, a Bielsa le pareció una buena idea intentar un acercamiento explícito. Llamó al celular de Berni y contestó su secretaria.

—El doctor está en una reunión. ¿Quiere que le deje un mensaje?

—Por favor, dígale que me llame a la brevedad, es urgente —le respondió el titular de la Sedronar.

La conversación continuó hasta que, a los postres, el teléfono de Bielsa vibró sobre la mesa. Era Berni.

—Hola Sergio. Aquí estoy almorzando con el embajador de Colombia a quien me gustaría que conocieras. Ha quedado muy consternado con tus declaraciones y sería bueno que aclaráramos la situación. Creo que se merece una disculpa.

Del otro lado de la línea, no hubo respuesta. Bielsa pensó que se había cortado.

—Sergio ¿estás ahí?

El silencio se transformó en interrogante, con tono de amenaza.

—¿Vos estás hablándome con el colombiano delante tuyo? —preguntó Berni.

—Si, por supuesto, aquí estamos con Carlos.

—Bueno, tengo un mensaje para él. Decile que se vaya a la reputa madre que lo re mil parió —contestó Berni. Y cortó.

La calentura del secretario de Seguridad tenía un motivo. Ese mismo día, el diario La Nación había publicado una carta de lectores firmada por Rodado Noriega donde el diplomático contestaba públicamente las afirmaciones de Berni. “Este señor repite una cifra de 450 colombianos detenidos, ya mencionada por él en septiembre. Le hemos solicitado reiteradamente, pero sin respuesta alguna, acceso a las estadísticas oficiales de criminalidad para analizar la situación y ofrecer nuestra cooperación, que ya ha probado su efectividad en operaciones ejecutadas con información de inteligencia exclusiva de la Policía Nacional de Colombia y que ha permitido la identificación y captura de delincuentes en este país. Y no hemos tenido respuesta”. La carta concluía afirmando que “no se trata de desconocer que en la Argentina hay una minoría de colombianos que han hecho un uso indebido de la histórica hospitalidad con que este país ha recibido a nuestros conciudadanos. Pero no por esto podemos permitir que reiteradamente se enlode de manera injustificada el buen nombre de los más de cincuenta mil ciudadanos colombianos de bien que están estudiando, trabajando y aportando a la sociedad que con generosidad los acoge”.

Ríos Suzunaga afirma que “el gran aumento de emigración colombiana hacia el Río de la Plata trajo consigo malestar tanto para la sociedad argentina como para la misma colonia colombiana radicada en este país. Por un lado, los argentinos comenzaron a sentir cierta desconfianza y xenofobia frente al migrante colombiano, al mismo tiempo que éste empieza a ser discriminado por algunas autoridades, instituciones e incluso los nacionales argentinos por el hecho de provenir del mismo país que muchos delincuentes detenidos como integrantes de bandas de departamenteros, sicarios e incluso narcotraficantes que intentan iniciar comercio de drogas en la región del Cono Sur”.

A partir del segundo semestre de 2012, los voceros de las fuerzas de seguridad argentinas comenzaron a instalar en la prensa la idea de que muchos de los robos a departamentos y casas, e incluso a vehículos estacionados en centros comerciales, estaban relacionados con grupos de colombianos, jóvenes principalmente, que habían ingresado al país declarando en Migraciones su intención de iniciar estudios universitarios o algunas carreras de postgrado. Varios matutinos llegaron a publicar cálculos extra oficiales basados en especulaciones policiales en los que se consignaba que durante 2012 fueron detenidos en la Capital Federal 130 colombianos acusados de cometer diversos delitos. Es decir, uno cada tres días. “Los colombianos que delinquen en ciudades como Buenos Aires, manejan nuevas modalidades de robo que sorprenden tanto a los porteños como a los policías locales”, asegura la periodista argentina Patricia Lee, encargada del seguimiento de los medios colombianos para la web Infobae Internacional.

“De acuerdo con las autoridades de la Policía Federal, estos migrantes alquilan departamentos y durante semanas estudian el comportamiento de sus vecinos, hasta corroborar que el inmueble está desocupado. Luego, mediante una técnica que requiere el uso de parafina, copian la llave para ingresar a la propiedad sin necesidad de forzar la puerta de entrada, y de esta manera, desvalijar la propiedad”, sostiene Ríos Suzunaga. Pero lo más grave no ha sido el descubrimiento de este tipo de bandas dedicadas a delitos comunes, sino la detección de peligrosos narcotraficantes y ex paramilitares colombianos instalados en Argentina con una impunidad preocupante. “El proceso de trasnacionalización no es nuevo, comienza en los noventa y se consolida en la década siguiente, recordemos que en 1994 llegó a la Argentina la familia y el contador de Pablo Escobar Gaviria y recién mucho tiempo después, debido a un cambio de política criminal con respecto al ex líder del cartel de Medellín y de un reposicionamiento de las alianzas entre los diferentes grupos que se disputan el poder en Colombia, fueron descubiertos y procesados por lavado de dinero”, explica la fiscal argentina Mónica Cuñarro, especialista en narco-criminalidad.

“El problema más grave es para los asilados porque entre ellos hay muchas personas que huyeron de Colombia escapando de la persecución de los paramilitares, a quienes el gobierno las cuidaba dándoles un teléfono celular como toda protección”, afirma la reconocida bloguera colombiana Emma Flood. “Estas mismas personas se encuentran ahora en la Argentina, muy cerca de aquellos paramilitares que las perseguían y como es natural sienten un gran temor porque reconocen a los mismos que los perseguían en Colombia”, completa la responsable de una de las bitácoras más visitadas por los lectores colombianos.

Es la sensación que seguramente tuvo Jairo Mojarro Saldarriaga, antes de recibir cinco tiros de un sicario el 17 de abril de 2012, en una coqueta esquina de Barrio Norte porteño. O Jorge Guzmán Ospina asesinado por la espalda de un balazo casi un año después en Colegiales.

Los pioneros

En el country Las Praderas más de un vecino supo siempre que la mujer que se hacía llamar María Isabel Santos Caballero era en verdad María Victoria Henao, esposa del mítico jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Pero a ninguno pareció preocuparle demasiado. La señora había iniciado el trámite de radicación apenas llegada al país proveniente de Colombia, el 24 de diciembre de 1994 y obtuvo su DNI poco tiempo después como “inmigrante con capital”. Para conseguir la radicación, la esposa del narcotraficante necesitaba demostrar que era una inversora. Sin revelar su verdadera identidad, consultó a un prestigioso abogado, quien le sugirió que comenzara a invertir en propiedades. Así María Isabel compró la magnífica casa de Las Praderas —tradicional barrio cerrado ubicado en Luján—, otro lote en el mismo country y una sociedad en el Uruguay. Después adquirió dos departamentos más y un gran terreno en la avenida Huergo, frente a Puerto Madero. En todo momento, la mujer se presentó como la viuda de un empresario colombiano de nombre Pablo Marroquín. La documentación de sus dos hijos también respondía a ese apellido, Juan Pablo el varón y Juana Manuela, la más chica. Hasta la novia del primogénito, la mexicana Andrea Ochoa, se rebautizó como María Ángeles Sarmiento.

En el trámite de radicación presentado ante Migraciones se habían cumplido todos los requisitos y la documentación personal estaba impecable. La señora era parte del programa conocido en su país como protección de personas y desde Colombia respondieron a las requisitorias de Migraciones con datos coherentes con el nuevo nombre. Por eso, desde las oficinas de 25 de mayo que por entonces manejaba Hugo Anzorregui, la SIDE le informó al presidente Carlos Menem que no había motivos para incomodarla con trámites judiciales. Sin embargo un informe televisivo emitido por el programa Memoria, conducido por Samuel Chiche Gelblung, delató su presencia en Argentina y a las pocas horas la Justicia ordenaba su detención en un departamento del barrio de Saavedra, acusada de falsificación de documentos y lavado de dinero por dos millones de dólares. Dieciocho años después de aquel primer desembarco, hoy la viuda vive en un barrio privado de Tigre, alejada de los conflictos judiciales y del aquel ostentoso pero violento pasado en la hacienda Nápoles, de la ochentosa Medellín. Actualmente está dedicada a la decoración de interiores y al coaching.

Juan también buscó despegarse de la historia de su padre. Luego de recibirse de arquitecto, se instaló en Palermo Soho, donde atiende junto a su esposa María Ángeles la firma “Escobar Henao”. Allí, diseñan jeans y poleras que luego se venden por internet o en locales de otros países. Las estampas de las prendas están inspiradas en la figura de su viejo, aunque las leyendas intentan llevar a la reflexión. El modelo “Permiso especial Congreso”, por ejemplo, tiene impreso el carné de libre tránsito que le dieron a su padre en los 80, cuando gozaba de inmunidad parlamentaria. Pero el lema estampado en el dorso abre el interrogante: “¿Tus privilegios son acaso fruto de tus engaños?”. Cada prenda cuesta entre 60 y 95 dólares. La identidad de la marca es un escudo que la familia utilizaba en su vajilla y ropa de la casa, cuando aún vivían en Medellín: las iniciales de los apellidos de su padre y de su madre, una E y una H entrelazadas. Juana también vivió el peso del apellido paterno cuando la echaron de varias escuelas. Hoy estudia la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo.

Así es la vida de los herederos del mítico Pablo Escobar Gaviria en un país que se ha transformado en el refugio más utilizado por sus compatriotas para escapar de los tenebrosos pasados que anhelan dejar atrás. Cualquier similitud con alguna de las historias descriptas anteriormente en este libro, no es mera coincidencia.

Epílogo

“Soy Alvaro Alfonso Pastás Obando. Vengo a visitar a un detenido”, explicó el hombre de sobretodo mientras extendía su documento. En el Penal de Ezeiza lo estaban esperando. No todos los días llega un integrante de la Corte Suprema de Justicia de Colombia para reunirse con un preso.

En una oficina de ingreso aguarda Henry de Jesús López Londoño. Su historia es una molestia para el poder político colombiano, que aún no logra desembarazarse de los cabos sueltos.

Mi Sangre sabe que su testimonio es valioso para reconstruir los espurios vínculos de la narcoparapolítica en su país. Y está dispuesto a coquetear con esa carta, antes de ser extraditado a los Estados Unidos por pedido de un tribunal del estado de Florida en el marco de una causa sin otro sustento que la intención de intimidarlo.

Pastás Obando es uno de los nueve magistrados nombrados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana en enero de 2007 para integrar una comisión especial responsable de investigar las relaciones de paramilitares con funcionarios.

De intachable carrera judicial, con más de treinta años de experiencia, el juez viajó a Buenos Aires por 48 horas sólo para entrevistarse con López Londoño. Luego de escucharlo durante los dos encuentros que mantuvo en el penal donde acababan de fugarse 13 reclusos, Pastás Obando regresó a Colombia con la certeza de que el testimonio de Mi Sangre no pasará inadvertido.

* * *

Durante las once horas de vuelo, Nacho apenas durmió. Estaba tranquilo, pero no podía dejar de pensar en Juan Fernando, su hermano menor, entregado ante la Justicia de Estados Unidos dispuesto a “colaborar” con información sobre el accionar narco a cambio de mejorar su situación procesal. La estrategia había decepcionado a las autoridades colombianas que pretendían atraparlo y condenarlo en su país.

“Estamos quedando en manos de las autoridades norteamericanas en materia de lucha contra el narcotráfico, puesto que su sistema jurídico es mucho más pragmático que el colombiano y permite que los capturados puedan negociar información por reducción de penas u otras facilidades”, explica John Marulanda, consultor internacional de seguridad y defensa. “Mientras en nuestro país la captura y la condena a un capo del narcotráfico se demora entre cinco y seis años, en Estados Unidos toma pocos meses, siempre y cuando el detenido revele quiénes son los integrantes de su banda y proporcione información que sirva para atrapar a sus socios”, agrega el experto.

La extradición resulta un negocio atractivo. Los capos se entregan primero a las autoridades norteamericanas porque así reducen la posibilidad de que atenten contra sus vidas en las cárceles colombianas, sanean su prontuario y, en algunos casos, recobran la libertad en corto tiempo.

Cuando el vuelo tocó la pista del aeropuerto de Islip, en Long Island, era noche cerrada en Nueva York. Patrick Lin, uno de los cinco marshalls que había volado a la Argentina para custodiar a Gran Hermano, acompañó al prisionero hasta el lugar pactado. Pasadas las dos de la mañana, llegaron al Jamaica Hospital Medical Center, donde Nacho había solicitado ser internado para controlar su diabetes.

Su plan era sumarse a la declaración de Juan Fernando y aclarar su acusación ante los tribunales neoyorquinos para regresar a Buenos Aires, donde también lo aguardaban procesos penales.

Pero el trámite no resultó fácil. Tras diez días internado en el lujoso sanatorio pagado con su dinero, Nacho fue trasladado a una de las unidades carcelarias del Departamento de Servicios Correccionales de Nueva York donde aguarda la resolución de la justicia que le permita cumplir con su sueño de regresar a la Argentina para radicarse definitivamente y vivir una vida “normal”.

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A Carlos Broitman no le molesta que lo identifiquen como “el abogado de los narcos”. Sabe que los clientes aumentan en los últimos años y aspira a acaparar la mayor cantidad de procesos judiciales donde haya acusados por violar las leyes antinarcóticos de cualquier país del mundo que esté dispuesto a perseguirlos. “Ellos los persiguen, yo los defiendo”, sostiene.

Por su estudio a metros del Obelisco porteño, desfilaron las causas del narcojet de los hermanos Juliá (detenidos en España cuando intentaban ingresar con casi una tonelada de cocaína camuflada en un avión privado); la del señalado por la justicia como el autor intelectual del triple crimen de la efedrina Ibar Esteban Pérez Corradi (hoy prófugo); o la de Manuel Kleiman, experto en logística para el envío de cargamentos de cocaína que trabajó para los carteles más importantes de Colombia.

Junto a su socio el ex comisario de la policía bonaerense Juan José Ribelli (acusado de formar parte de la supuesta conexión local en el atentado a la AMIA, crimen por el que fue absuelto), Broitman defiende también a López Londoño y Álvarez Meyendorff, dos de los protagonistas de este libro.

Más allá de sostener la inocencia de sus clientes hasta que la última instancia judicial demuestre lo contrario, el letrado admite que su negocio se acrecentó en los últimos años debido a la proliferación de este tipo de casos. Y reconoce que detrás de las historias de estos colombianos existe una trama intrincada que le dan ribetes cinematográficos.

“Cuando se haga la película con su libro, me gustaría que a mi personaje lo interpretara Al Pacino”, bromea fantaseando con una mega producción de Hollywood. Al margen de la humorada, Broitman sabe que Mi Sangre y Gran Hermano son dos personajes dignos de cualquier guión.

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No resulta sencillo investigar estos asuntos en Argentina. Son complejos, repletos de alianzas que se construyen y destruyen entre las organizaciones criminales y sectores estatales y privados, con anclajes de gran peso económico. Todo sucede en un marco de corrupción política, policial y judicial, además de la desconfianza de la sociedad en los organismos de seguridad, caldo de cultivo de una violencia que ya lleva más de dos decenas de muertos vinculados a luchas territoriales o ajustes de cuentas.

Para la fiscal Mónica Cuñarro, “esta guerra tiene altos costos, entre ellos la institucionalidad y la gobernabilidad, porque las metas propuestas nunca coinciden con los resultados. Fijar políticas públicas, mejorar la conciencia de protocolos de contención y educación, controlar el seguimiento y fiscalización del dinero y atacar el desvío al mercado ilegal de precursores son medidas que van en la dirección correcta”.

Otro especialista en delito complejo, el sociólogo y actual diputado bonaerense Marcelo Sain, sostiene que “personajes como Mi Sangre o Gran Hermano son claves para que los norteamericanos puedan mantener un esquema subregional de gestión de información o de articulación de redes narcos en función de conocer el negocio, su desarrollo, su transformación y regularlo hasta donde puedan. Pero para ello, necesitan que esos actores sean sacados del terreno colombiano y comiencen a operar en lugares que cuenten con la protección que asegure sus nuevas misiones. Su utilidad es difusa y varía en el tiempo según los intereses y capacidades de las agencias de inteligencia americanas. Sin embargo esto sólo es posible gracias al acuerdo y la coordinación con servicios de inteligencia y seguridad locales. Situación que se puede alterar, quebrar o desandar, y algunos de ellos terminan presos o deportados. Mientras tanto, los gobiernos miran para otro lado, desconociendo o encubriendo esta compleja trama ajena que algunas agencias locales convierten en propias”.

Como el narcotráfico, el enemigo, queda claro, siempre está adentro.

Glosario

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): organización paramilitar ilegal de extrema derecha, que desarrolló distintas actividades criminales entre los años ‘90 y mediados de los 2000 en territorio colombiano.

Las primeras células paramilitares nacieron en los años ‘80, en Medellín, con el objeto de repeler la creciente oleada de secuestros en la región. Estaban conformadas por ex oficiales del Ejército y civiles que actuaban bajo el mote de “autodefensa”, frente a la amenaza de las milicias de izquierda y la delincuencia común. Pese a que estas células decían dedicarse a proteger a los civiles de secuestros, violaciones, asaltos y masacres provocadas por las guerrillas, terminaron protegiendo los negocios de las organizaciones narcocriminales y perpetrando los mismos actos que decían combatir. Así se convirtieron en una de las redes de narcotraficantes y asesinos más temerarias en la historia de Colombia.

En 1996, los hermanos Carlos y Vicente Castaño y Salvatore Mancuso fundaron una confederación de grupos de “autodefensas”, al que llamaron Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organismo que nuclearia a todas las estructuras paramilitares del país. La agrupación que lideró el armado de las AUC fue las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), integradas por los hermanos Castaño y el legendario narco Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, ex guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL). Desde ese entonces, además de dedicarse al narcotráfico, el secuestro extorsivo y ejercer masacres y miles de asesinatos de civiles, empresarios, políticos y activistas, las AUC se enfrentaron en cientos de oportunidades en combate con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el control de distintos territorios regionales.

En 2002, durante la primera presidencia de Alvaro Uribe Vélez, anunciaron el cese de actividades bélicas e iniciaron un controvertido proceso de desmovilización, reglamentado por la Ley de Justicia y Paz (975/05), que culminaría en 2008 con la extradición de sus principales líderes a los Estados Unidos y el abandono de las armas por parte de 30.151 paramilitares, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De acuerdo a declaraciones de los desmovilizados, las AUC perpetraron crímenes que afectaron a 51.906 víctimas durante sus más de veinte años de actividad.

Bandas Criminales o Emergentes (Bacrim): grupos neoparamilitares que se conformaron en Colombia desde 2006, tras el proceso de desmovilización de las AUC, en el marco de las negociaciones entre esa estructura y el gobierno de Alvaro Uribe Vélez. En 2012 existían cinco Bacrim principales, integradas por 4.810 milicianos, dentro de las que se destacan en volumen y poderío Los Urabeños, Los Rastrojos y Los Paisas. A diferencia de las AUC, estos grupos no tienen ningún tipo de objetivo político, ni pretenden constituirse como contrainsurgencia; sólo actúan en pro de expandir los mercados del narcotráfico.

Bloque Capital: facción de las AUC establecida en Bogotá y los municipios linderos a la capital colombiana a comienzos del siglo XXI. También conocido como La Oficina, el Bloque Capital fue creado por iniciativa de la cúpula de las AUC con el fin de tomar el control territorial de la región, en aquel entonces dominada por miembros de las guerrillas, para desarrollar actividades criminales como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. A pesar de que La Oficina de Bogotá se dedicara a las mismas actividades que el resto de bloques de la organización paramilitar, su peso simbólico fue superior, ya que representaba la institucionalización de las AUC en el corazón de la administración colombiana.

Bloque de Búsqueda: grupo de elite fundado en 1992 en Colombia, con el objetivo de capturar al líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, que se había fugado de la cárcel colombiana La Catedral en noviembre del año anterior. Estuvo integrado por miembros de la Policía colombiana, el Ejército Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la fiscalía General, que recibieron el apoyo y la tecnología de las agencias norteamericanas DEA, CIA y FBI. Asimismo, pese a que no oficialmente, el grupo contó con la participación de criminales enemigos de Escobar. Tras haber interceptado varios llamados telefónicos emitidos desde su escondite, las autoridades lograron ubicar a Escobar, que fue acribillado el 2 de diciembre de 1993, en el tejado de una de sus casas en el barrio América de Medellín.

Cartel de Medellín: red de narcotraficantes y mafiosos integrada por criminales de la ciudad de Medellín, Colombia, que se dedicó al tráfico de estupefacientes y armas y perpetró varios asesinatos y actos terroristas durante más de una década a nivel internacional. Operó en varios lugares del mundo, principalmente en Colombia, Bolivia, Perú y Estados Unidos, entre 1970 y los primeros años de la década de los ‘90. Fue conformado y dirigido por los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Ledher y el emblemático Pablo Escobar, entre otros. Se estima que durante sus años dorados, la organización percibió sumas siderales que hicieron ingresar a sus miembros dentro del grupo de los hombres más ricos de Colombia. En 1987, la revista Forbes incluyó a los hermanos Ochoa y a Pablo Escobar dentro del selecto equipo de los 140 billonarios del mundo.

Los Urabeños: banda criminal neoparamilitar, surgida en Colombia tras el proceso de desmovilización de las AUC, entre 2003 y 2008. También conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Urabeños se han convertido en una de las Bacrim más grandes y despiadadas del país. Aunque surgieron en la región del Urabá antioqueño, al noroeste del país, expandieron sus zonas de influencia hacia los departamentos de La Guajira, César, Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Movimiento Muerte a Secuestradores (MAS): grupo de sicarios colombiano que se dedicó a exterminar guerrilleros, secuestradores y civiles, entre diciembre de 1981 y fines de los ‘90, cuando algunos de sus miembros se integraron a las AUC. El MAS fue fundado en un encuentro mañoso, celebrado el 1 de diciembre de 1981 en el Hotel Intercontinental de Medellín, en el que participaron más de doscientas personas, entre ellas los capos del Cartel de Medellín. Fue utilizado para contrarrestar las acciones de los grupos guerrilleros en la región. Contó con el financiamiento de los carteles y estuvo conformado por 2.230 hombres. Esta organización es reconocida como la primera manifestación de paramilitarismo a gran escala en el país.

Oficina de Envigado: organización narcoparamilitar surgida en el municipio de Envigado, lindero a la ciudad de Medellín, Colombia, en la década de los ‘80. Tras el asesinato de Pablo Escobar y el paulatino desmantelamiento de su red delictiva, Don Berna, asumió el liderazgo de la Oficina, en ese entonces integrada por sicarios de Escobar y delincuentes comunes. Más adelante, debido a las buenas relaciones entre la cúpula de las AUC y Don Berna, a la Oficina se integrarían paramilitares y ex policías. Murillo fue extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2008 por sus acciones como comandante de las AUC, lo cual no supuso el fin de la Oficina de Envigado. Durante los últimos diez años, la organización ha logrado crear una importante red de narcotráfico y extorsión desde Medellín hasta la costa norte del país y la zona fronteriza con Panamá. También controla algunos juegos de azar y negocios de lavado de dinero.

Paramilitarismo: en Colombia, define las actividades desarrolladas por organizaciones armadas ilegales de extrema derecha, integradas por civiles y ex miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Los orígenes del paramilitarismo se remontan a la década de los ’80, con la creación del Movimiento Muerte a Secuestradores (MAS). Sobre el final de la década siguiente se crearon las AUC, una confederación de grupos paramilitares.

Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES): organización criminal fundada en enero de 1993, en Colombia, por enemigos del líder del Cartel de Medellín Pablo Escobar. La iniciativa de crear Los Pepes surgió de la cúpula de las AUC y Don Berna, que pretendían canibalizar los negocios del capo en decadencia. De inmediato a la iniciativa de los paramilitares se sumaron miembros del Cartel de Cali, contendiente histórico de Escobar, y antiguos aliados del Cartel de Medellín. Aunque extraoficialmente, Los Pepes participaron y fueron una herramienta clave del Bloque de Búsqueda que persiguió y acabó con la vida de Escobar.

Textos consultados

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Moncayo, Víctor Manuel (2010), “La situación colombiana y la continuidad posturibista: balance y perspectivas”, en Forster, Ricardo (et. al.), América Latina. 200 años y nuevos horizontes, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, págs. 103-130.

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Ramírez, Iván Darío (2013), “Medellín: los niños invisibles del conflicto social y armado”, Informe para el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, publicado en http://www.oijj.org/es/docs/general/medellin-los-ninos-invisibles-del-conflicto-social-y-armado.

Ríos Suzunaga, Juan Diego (2012). Los colombianos en Argentina. Nueva perspectiva negativa de la colonia colombiana en el país del Cono Sur. Inédito.

Silva Guzmán, Mauricio (2013). El 5 a 0: la increíble crónica del partido que cambió para siempre la historia del fútbol colombiano. Ediciones B, Bogotá, 131 págs.

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Diversos artículos de los sitios:

Elcolombiano.com

Elespectador.com

Eltiempo.com

Fiscalia.gov.co

Insightcrime.org

Rebelion.org

Semana.com

Verdadabierta.com

Clarin.com

Lanacion.com

Página12.com.ar

Agradecimientos

A Henry de Jesús López Londoño, por las extensas entrevistas que me concedió desde su reclusión en el penal de Ezeiza.

Al doctor Carlos Broitman, por su colaboración inestimable y su disposición permanente para proporcionar la información requerida.

A María Alejandra Páez, una joven, tenaz y muy despierta periodista colombiana que se comprometió con la investigación y obtuvo testimonios y documentos muy valiosos para este libro.

A todas las fuentes —tanto de Argentina, como de Colombia— que nos dieron información sobre temas extremadamente sensibles y delicados, algunas de ellas arriesgando sus propias vidas al hacerlo.

A Nelson Matta Colorado, por sus inestimables aportes.

A Marcelo Sain, por su generosa y desinteresada colaboración. A Mónica Cuñarro, por ayudarme a entender que es necesario parar la pelota en los momentos en los que el partido se pone complicado.

A Mauro Fulco, Rodolfo Palacios y Pablo Corso, responsables de Libros de Cerca, sin cuya locura hubiese sido imposible editar este trabajo.

A Emilio Fernández Cicco, por haber transformado una buena investigación en un gran libro.

A Candelaria Schamun, por sus acertadas sugerencias.

A Carlos del Frade, por contagiarme su optimismo aún en las horas oscuras.

A Ignacio Ramírez, por incentivarme a usar el olfato de sabueso.

A María Sucarrat y Gustavo Cirelli.

A Noelia Pisano, por poner su ojo atento al servicio de la excelencia ortográfica.

A Mariano Hamilton, por disponer siempre de un rato para escuchar mis dilemas.

A mis compañeros de Traigan la tarde, Perros de la Calle y Duro de Domar, que me bancaron los nervios y las ausencias durante estos nueve meses de “embarazo”.

A Virginia Passini, por despertar a mi lado cada mañana.

MAURO FEDERICO. Nacido en Buenos Aires en 1967, Mauro Federico dedicó su carrera periodística a la investigación, pasando por medios gráficos como Página/12 o Crítica de la Argentina, radiales y televisivos. Dirigió documentales, fue productor de ciclos emblemáticos como Punto Doc, Día D y Periodistas, por América, y saltó al otro lado de la cámara como conductor del programa Huella digital (Canal 7) y columnista de Luis Majul en La Cornisa. Actualmente integra el panel de Duro de domar por Canal 9, co-conduce la mañana de FM Nacional Rock (El último de la fila, junto a Daniel Tognetti) y es editor de investigaciones especiales en la revista El Guardián.