PRESENTACIÓN

Planteamiento general.– El pensamiento anacrónico.– Agradecimientos.

Planteamiento general

1. El acotamiento de un período histórico es inevitablemente convencional incluso aunque se refiera a un tiempo a primera vista tan bien definido como el que se estudia en el presente libro: las Cortes constituyentes de 1836-1837 (desde octubre de 1836 a noviembre de 1837), que por coherencia temática se extiende a los Ministerios coetáneos de Calatrava (del 20 de agosto de 1836 al 18 de agosto de 1837) y de Bardají (del 18 de agosto al 16 de diciembre de 1837). Se trata en cualquier caso de una fase inequívocamente progresista –la progresista por antonomasia- de la Regencia de María Cristina, como luego vendría otra del mismo signo durante toda la Regencia de Espartero.

Esta evidente sustantividad material no evita, sin embargo, el carácter convencional de cualquier partición histórica porque la evolución de un pueblo es un fenómeno biológico que no puede trocearse impunemente, aunque el historiador tenga que hacerlo por necesidades del trabajo que se ha propuesto realizar. Pero siempre a conciencia de que se trata de una operación intelectual, de una disección anatómica que interrumpe el curso natural de una vida. Lo cual quiere decir que la obra del Ministerio Calatrava-Mendizábal, eje del libro, no puede separarse de la del anterior Ministerio de Mendizábal ni ésta de las de Toreno y Martínez de la Rosa y así usque ad ovum; y lo mismo si proyectamos la vista hacia adelante en el tiempo.

Los diputados de 1836-1837 creían que estaban escribiendo la primera página de la auténtica historia del liberalismo español cuando en realidad no eran sino los continuadores, más o menos originales, de los procuradores y próceres de los estamentos del Estatuto Real y, sobre todo, de los parlamentarios del Trienio. Nada hicieron las Cortes constituyentes ni sus correspondientes Ministerios que no se hubiera ensayado ya entre 1820 y 1823. Aunque también es verdad que esos diez años de intervalo no habían pasado en balde, los protagonistas habían adoptado otras actitudes y cambiado sus posiciones. En los Congresos del Trienio rivalizaban moderados y exaltados, mientras que en las constituyentes, excluidos los moderados, se desarrollaba una lucha implacable entre las facciones progresistas templada, avanzada y radical. Los Ministerios del Trienio tenían que soportar la enemiga del Rey y de las Cortes, mientras que el Ministerio Calatrava-Mendizábal estaba protegido por la mayoría de la Cámara, aunque sus relaciones con Palacio fueran más que tensas. En el Trienio, el ejército tenía también una fuerza enorme, pero, a diferencia de lo que sucedería después, no llegó a operar como árbitro político ya que no había encontrado aún su identidad histórica, oscilando entre el atolondramiento de Riego y la severidad de Morillo. En cuanto al pueblo (entendiendo por tal a estos efectos las reducidas minorías urbanas políticamente sensibilizadas), empleaba su energía en acaloradas tertulias de café, sociedades patrióticas y tumultos callejeros, que en el Trienio fueron constantes y en 1835-1837, intermitentes. En definitiva: otra partida en el mismo tablero y con las mismas fichas, que se mantendría indefinidamente en tablas hasta que el Alto Generalato impuso unas nuevas reglas de juego.

2. Quiera o no quiera cada generación termina reescribiendo la historia que le enseñaron, aunque las alteraciones que introduce no son siempre igual de bruscas. Las historias actuales de la Regencia de María Cristina, sin romper la solución de continuidad, han dado un salto cualitativo respecto de la anterior y no sólo por disponer de una mayor información sino por su actitud ante los hechos y ante las interpretaciones recibidas de los mismos.

La verdad es que desde Marliani hasta Villaurrutia siempre se ha estado repitiendo sustancialmente lo mismo y es difícil encontrar alguna novedad en las crónicas y hagiografías que con el nombre de historias circulaban en el siglo XIX. Siempre se escribe desde un bando: con escasas excepciones desde el de los liberales, sean progresistas, moderadas o demócratas, y apenas se da cuenta del punto de vista del contrario. Tradición que todavía se prolonga hasta nuestros días. Justo al cerrarse el siglo XX Ramón del Río (14 ss.) puso de relieve cómo la contaminación ideológica de los historiadores del siglo XIX se había prolongado en los siguientes que, en su opinión, habían escrito o bien desde una perspectiva franquista o bien desde la contraria, antifranquista y marxista.

En los últimos años, no obstante, se han producido novedades importantes hasta tal punto que puede hablarse de una auténtica renovación en diversos aspectos. En el campo de la información se ha redescubierto (porque ya se conocía antes parcialmente) la obra monumental de Villiers, quizás el mejor testigo de la Regencia de María Cristina y el crítico más implacable de sus personajes políticos y militares, sin desconocer su soberbia arbitrariedad; y casi lo mismo puede decirse del resto de la documentación diplomática y consular. Así lo han comprobado y demostrado Janke y Rodríguez Alonso. Por otra parte, los autores –precedidos por otro gran maestro, Artola– se han decidido a bucear en las dilatadas profundidades de los archivos nacionales y extranjeros rescatando manuscritos esclarecedores (Urquijo, Bullón, Revuelta). Otros (Adame, Nieto), sin llegar a los archivos, se han adentrado en el bosque de la prensa periódica y del Diario de Sesiones de las Cortes, que, a falta de monografías especializadas coetáneas, siguen siendo todavía, a nuestro juicio, la mejor fuente de información de la época. El resultado lógico de esto ha sido la correlativa ampliación de las perspectivas de análisis y la iluminación de rincones hasta hace poco desconocidos y ni siquiera imaginados. Paso a paso, además, el destino de España se va integrando ya en el de Europa y de las Américas.

Lo anterior se complementa con una renovación metodológica no menos importante: el «giro localista», es decir, el estudio de los acontecimientos locales, principalmente de Cataluña y Levante (Burdiel, Anguera, Mundet, Santirso, Rúcula y tantos más) pero también de otras regiones singularmente afectadas por la guerra, como las Provincias vascongadas, Navarra, La Mancha y Andalucía. De esta manera y partiendo de lo pequeño, de lo parcial, se está componiendo un retablo gigantesco, casi completo y desde luego incomparablemente más fiable que el que nos había dejado la historia tradicional. La extraordinaria calidad de los cultivadores de estas historias locales está permitiendo, como mínimo, dos tipos de rupturas: desde los relatos pormenorizados de unos acontecimientos bélicos se ha podido saltar al trasfondo económico y social de los escenarios; y por otro lado, desde las incidencias de la política provincial, a primera vista menudas, se ha podido saltar al trasfondo de la política «nacional y parlamentaria». Estudios como los de Burdiel y Santirso (y no solamente de ellos, claro es) están contribuyendo a dar profundidad al conocimiento de la época que ya no se detiene en la superficie, es decir, en los referidos del Diario de Sesiones de las Cortes y de la Gaceta de Madrid sino que demuestran la interrelación e interacción de los acontecimientos de la Corte sobre los de las provincias y los de éstas sobre los de aquélla: de tal manera que hoy tenemos la prueba de que unos sin los otros serían inimaginables y, por supuesto, ininteligibles.

Algo que todavía no ha logrado superarse, sin embargo, es la sectorialización de las investigaciones, de las que la guerra civil sigue siendo aún, como lo ha sido siempre, la protagonista por más que las obras de Bullón o de Anguera están ya muy lejos de la épica tradicional meramente narrativa. El interés por la desamortización, antes obsesivo, empieza sensatamente a disminuir completándose ahora con el estudio del diezmo y de los censos, cuya importancia se está poniendo debidamente de relieve, así como las graves cuestiones de los exclaustrados, del arreglo del clero y de las relaciones con Roma. Hoy la cuestión de moda (si se permite la expresión) es desde luego la financiera, incluyéndose aquí la fiscal. Artola y Fontana abrieron una brecha por la que hemos ido penetrando otros mucho más modestamente, aunque forzoso es reconocer que en este campo queda demasiado por hacer y es el que ofrece mejores perspectivas a los futuros investigadores. La vertiente constitucional no ha avanzado mucho desde Sánchez Agesta y Villarroya y la historia administrativa apenas si se ha iniciado con una voluminosa y pionera obra de Nieto. Aún más abandonada está, con todo, la historia social y la económica pero la cenicienta es, si cabe, la política, que constituye el hilo más importante del presente libro, documentada fundamentalmente en los oceánicos textos del Diario de Sesiones, de la Gaceta y de la prensa.

Hay que subrayar también con singular énfasis el cambio de actitud de los historiadores actuales respecto del objeto de sus estudios. Porque ya han pasado los tiempos de los apologetas aunque queden algunos y de los que se colocan en un bando para seguir apostrofando a los contrarios, prolongando así en el siglo XX las tensiones de principios del siglo XIX. Ahora, salvo excepciones, cuando se coge la pluma no se escribe como torenista o mendizabalista. Y consecuentemente se respeta, sin ditirambos ni denuestos, a los carlistas vencidos (como Urquijo, como Bullón) o se critica sin agresiones verbales a los vencedores (como Santirso, como Amedo) o se descubre a los que se había maliciosamente ocultado (como Anna García). El historiador nunca podrá ser imparcial, cierto, pero hoy al menos se esfuerza en conservar la neutralidad, relatar con mesura y valorar con justicia; en la medida, claro está, en que el observador puede distanciarse de lo observado y más cuando éste se halla cerca. En cualquier caso, entre unas cosas y otras, ahora estamos empezando a conocer más fiablemente el período, pero aún son tantas las lagunas y tan espesas que no podemos prescindir todavía de ese cauteloso «empezar».

3. En el presente libro se manejan, como en todos los que pretenden «hacer historia», tres clases de materiales: los de información, los de valoración y los interpretativos.

Por lo que atañe a lo primero, se han procurado evitar hasta el máximo las repeticiones inútiles de lo que ya se ha dicho en cientos de obras anteriores, que aquí se da por sabido. Nos hemos limitado, pues, a recordar lo imprescindible para ofrecer un marco de referencia en el que encajar el relato. El énfasis se ha puesto en las informaciones nuevas, aunque no sean en rigor desconocidas sino simplemente no manejadas antes o no manejadas lo suficiente. El Diario de Sesiones de las Cortes y la prensa diaria siempre han estado a disposición de los curiosos, pero su masa es tan enorme que nunca han sido examinados exhaustivamente, al menos en este período, y los investigadores en el mejor de los casos se han limitado a realizar calas en determinadas materias. Dejar hablar a los protagonistas –sin intermediarios que resumen como les parece o seleccionan lo que les gusta– es la forma de conocerles. Ahora bien, conocer lo que dicen no es saber lo que de veras piensan y mucho menos adivinar lo que pretenden con sus discursos o detectar quién ha influido en su redacción; pero es requisito imprescindible para entender lo que hacen.

La valoración es otra cosa. En este campo domina la ideología y los autores escriben, deliberadamente o no, a favor o en contra de Mendizábal, haciendo crítica o propaganda del progresismo como si estuvieran en 1836 y con frecuencia no se repara en descontextualizar o en realizar los juicios anacrónicos más apasionados. Para un buen militante reescribir el pasado es un medio eficaz de, en el sentido orwelliano, dominar el presente y el futuro. Pero se trata de un pecado prácticamente inevitable aunque suela cometerse sin intención deliberada.

Los prácticos de la informática insisten machaconamente en la abundancia y accesibilidad de la información: basta con apretar unas teclas para que podamos disponer al instante de «todos» los datos. Éste no es el caso, sin embargo, de la Historia porque si bien es cierto que ya se han procesado y almacenado millones de datos que antes había que buscar trabajosamente en archivos y bibliotecas, todavía son más los que no han sido capturados. Aunque los verdaderos problemas son los de selección. Por ejemplo, primero: ¿quiénes y con qué criterios han sido recogidos los datos disponibles?; segundo: ¿quién y con qué criterios ha hecho disponibles esos datos dejando en el olvido, cuando no enterrando deliberadamente, los demás?; tercero: ¿cómo seleccionar dentro de ese montón ingente los datos útiles para la investigación, puesto que son tantos que resultan inmanejables en su conjunto?; y cuarto: ¿qué es lo que lo que para las intenciones del autor (llamémoslo ideología) se considera útil? Si el análisis de los modestos materiales que aquí se han manejado nos ha costado doce años, ¿cuántas vidas serán necesarias para iluminar lo mucho que falta? Y más aún: ¿qué entuertos no habremos producido al silenciar, con buena o mala voluntad, tantas cosas como hemos dejado a un lado?

Los cronistas relatan lo que han visto o se les ha contado a ellos: informan y por eso son imprescindibles. Los historiadores, además de informar, pretenden dar sentido a los hechos, pero el salto desde la pretendida realidad de los hechos a su interpretación es notoriamente arriesgado. El sentido del pasado no pasa nunca de ser una hipótesis interpretativa dependiente del autor y del momento en que se formula. Por ello son tan frágiles y duran tan poco. La historia la escribe Sísifo, que pacientemente recoge la piedra que le han rodado y vuelve a empezar por un nuevo camino.

Manuel Santirso (95) ha puesto de relieve hasta qué punto la historiografía producida sobre esta época no ha sido capaz de mantener la correlación de estos dos elementos constatando que «la gran cantidad de obras producidas en el siglo XIX había aportado un buen montón de datos fácticos, pero casi ningún esquema interpretativo y, en cambio, los estudios recientes enunciaban muchas interpretaciones pero pasaban de prisa sobre los hechos políticos e ignoraban por completo los bélicos. La consecuencia de este divorcio y, más en general, de una historia no concebida como una alianza entre la erudición y la interpretación fueron de un lado la confirmación de una serie de tópicos rotundamente desmentidos por los hechos y, de otra, la colaboración en la pérdida de una memoria histórica que las mismas generaciones posteriores a la guerra y la revolución se habían esforzado en borrar». Mientras que Anna García Rovira ha confesado con sinceridad (18) que «a lo largo del texto apenas he separado los espacios dedicados a la descripción y a la interpretación (…) El historiador, en mi opinión, se ve obligado a moverse constantemente en dos niveles, el de la realidad y el de la imagen que los protagonistas tienen de ellos mismos, tanto por lo que hace a su propia experiencia histórica como por la memoria de los hechos pasados».

Más todavía: cuando el autor abandona el simple relato y deja de ser cronista para ejercer de historiador, se amplían tanto sus posibilidades que corre el riesgo de dejar de ser historiador para convertirse en ensayista e incluso en novelista de ficción: una tentación propia e inevitable del oficio y que no puede ser descartada de antemano. Por acogernos a la autoridad de Jover (y casualmente en un trabajo referente a esta época: 1981, LXVII), «hasta hace poco estaban mal vistos en la obra del historiador o del político, los futuribles, es decir, las especulaciones acerca de lo que hubiera podido ocurrir si. Hoy se abre paso entre algunas de las mejores cabezas la noción de contingencia, y me acojo a esta tendencia para preguntarme cuál hubiera podido ser el legado de la España ochocentista de no haber existido las guerras carlistas» y –añadimos nosotros– las múltiples contingencias que iremos encontrando: si los bienes desamortizados se hubieran repartido entre los campesinos, si no se hubiera impuesto la gestión administrativa centralizada, si la Reina Gobernadora no se hubiera inclinado hacia el moderantismo, si los generales no se hubieran apoderado del poder civil. De la historia a la novela media un buen trecho, pero sólo hay un paso entre la historia y la historia-ficción y más cuando se trata de un período (todavía) tan oscuro como el que nos ocupa.

En este libro abundan las hipótesis interpretativas y las conjeturas: imprescindibles cuando se trabaja en una zona temporal en la que nunca se ha prestado demasiado interés a la historia política, de la misma manera que tampoco se han seguido con minuciosidad suficiente los hechos de alcance político directo o indirecto, siempre postergados por los acontecimientos militares y las revueltas populares o provinciales, la Deuda, la desamortización y el régimen legal de la propiedad y la economía. Con esta mentalidad ha venido repitiéndose perezosamente la imagen de la rivalidad entre progresistas y moderados y su alternancia en el ejercicio del Poder. Un esquema básicamente correcto, desde luego, pero demasiado simple, porque es el caso que nos encontramos con una trama con demasiados hilos cuyo trazado resulta difícil de seguir. Un mosaico con demasiadas piezas difíciles de encajar y más si se tienen en cuenta las peripecias bélicas, la insuficiencia crónica del Tesoro, las erráticas maniobras de Palacio, la creciente presión del Alto Generalato, la ambigua posición de la Iglesia y la partida internacional en cuyo tablero se estaban moviendo las fichas españolas. Un magma revuelto y convulso del que no cabía esperar un desarrollo coherente. Si el Estado liberal constitucional nació en las Cortes gaditanas y su influencia se desarrolló en el Trienio, en la Regencia de María Cristina atravesó la crisis de la adolescencia y muy particularmente en las Cortes de 1836-37. En los dos años que ahora nos ocupan no había nada estable y el futuro resultaba imprevisible como en todo tiempo de maduración. De aquí la dificultad de entender lo que estaba sucediendo.

Visto así el panorama se explica la atención que hemos dedicado a los autores coetáneos. La verdad es que informaron muy poco sobre lo que había ocurrido puesto que lo daban por conocido de sus lectores dada la proximidad cronológica de éstos, que todavía habían de tener presentes las minuciosas crónicas parlamentarias y bélicas de la prensa. Pero en cambio son singularmente valiosos a la hora de reflejar las opiniones tanto de los protagonistas políticos como del hombre de la calle, cuya conciencia ellos mismos estaban formando. Con estos libros podemos saber, al menos, lo que entonces se pensaba y esto importa mucho aunque ahora creamos, y hasta estemos convencidos, de que estaban equivocados. Para llegar al meollo de los asuntos no hay mejor camino que escuchar a los actores y a sus comentaristas inmediatos, aunque fueran errados e incluso aunque pretendieran deliberadamente engañarnos. Pero como punto de referencia son imprescindibles y más cuando disponemos de tan pocas fuentes de primera mano.

Sobre las ventajas de los testimonios vividos es interesante recordar un texto de Pacheco (Historia, prólogo, 7) valioso por sí mismo y por quien lo suscribe, testigo y protagonista de los acontecimientos políticos más importantes, jurista esclarecido, periodista de nota e historiador con autoridad: «Para dar una idea más cierta, si no tan ingeniosa y admirable de los hechos que se refieren, es mucho más ventajosa la posición del que escribe sobre los acontecimientos de que fue testigo, que la de aquel otro, separado de ellos por largos años y que sólo los pudo conocer por relaciones ya desfiguradas, por escritos confesadamente de polémica y discusión, o por los documentos de oficio, que se publican del modo que todos saben y con la notoria inexactitud, que en donde quiera les distingue. Hay siempre una gran parte de la verdad, la cual se desvanece con los mismos sucesos y que no se consigna en ningún escrito contemporáneo; y esta verdad la conoce más completamente el historiador de la época que otro historiador venido después, cuando aquélla había perdido su viveza y se conservaba sólo truncada y adulterada por las tradiciones».

Unos fueron protagonistas que sabían bien, por tanto, de lo que se trataba aunque no acertaran siempre en su valoración: Alcalá Galiano, Pacheco, Javier de Burgos, San Miguel, Miraflores, Borrego. Otros estuvieron cerca del escenario: Marliani, Castillo, Fernández de los Ríos, Fernando Garrido, Gebhard, Fernández Manrique. Otros tuvieron trato personal con los actores: Hiráldez y Trujillo, García Tejero y el aventajado Segundo Flórez. Y otros, en fin, recogieron meticulosamente información de los testigos: Bermejo, Morayta y el infatigable Pirala, sin olvidar a los gárrulos presuntuosos como Rico y Amat. De la mano de todos ellos hemos intentado «entrar dentro» de las personas y de los acontecimientos. Luego, con la ayuda de la distancia y de las posteriores hipótesis interpretativas de los autores más modernos, hemos podido construir las nuestras a conciencia de su fragilidad.

La existencia de los hechos del pasado se puede demostrar con ayuda de instrumentos convencionalmente reconocidos: por lo común documentos auténticos. La conexión y el sentido de los hechos son indemostrables por naturaleza ya que se trata solamente de propuestas interpretativas, es decir, de creaciones intelectuales en las que no cabe pronunciar juicios de realidad sino de corrección, que en ningún caso están en condiciones de superar el nivel de plausibilidad. Las conjeturas son verosímiles o inverosímiles y el juicio se desprende de los hechos en que se basan y de la fuerza lógica de sus argumentaciones. Algunas terminan aceptándose porque se necesitan para dar algún sentido a los relatos, a sabiendas de que han de convivir con algunas contrarias y en la seguridad de que un día serán sustituidas por otras que en contextos ideológicos distintos se considerarán más verosímiles.

4. El protagonista de este libro es, desde luego, Juan Álvarez de Mendizábal, mas no por especial devoción del autor hacia él sino porque fue realmente el que marcó las pautas de la vida política de la época, ya que recogió lo que le pareció oportuno de la ideología exaltada corriente, la estructuró a su gusto y acertó a imponerla mejor o peor, pero con una imaginación y una tenacidad realmente admirables; y de paso se bautizó aquella herencia con el nombre de progresismo que haría fortuna y que, adoptando mil y una manifestaciones, ha llegado en un milagro de ambigüedad hasta nuestros días. El progresismo decimonónico levantó dos mitos intocables: el civil de Mendizábal y el militar de Espartero; pero el apogeo de este último se escapa ya de los límites temporales del libro.

Los prohombres moderados no dejaron en este tiempo la menor huella oficial puesto que se apresuraron a emigrar después del golpe de La Granja. La vida política de 1836 y 1837 se desarrolló, pues, en condiciones tristemente unilaterales, aberrantes sin paliativos. ¿Qué liberalismo podía haber sin Martínez de la Rosa ni Toreno? Pero, al menos, de los bancos parlamentarios, monótonamente progresistas, terminaron emergiendo de forma sorprendente, casi inexplicable, dos grandes figuras del moderantismo inmediatamente posterior: Castro y Mon.

Otros personajes de talla encontrará el lector, que la historia ha tratado con su acostumbrada desigualdad (López, Argüelles, Gómez Becerra, Sancho, Antonio González) y que en su mayor parte han perdido con los años su aureola gloriosa. Mientras que otros (como Madoz, Olózaga o Castro) en los primeros pasos de su carrera, desde su primera intervención parlamentaria ya demostraron su altura política, anunciando de inmediato el brillante destino que les esperaba. Siendo imprescindible, finalmente, recoger los nombres de dos personajes extraordinarios –Fermín Caballero y Aniceto de Álvaro– hoy casi olvidados, pero que, dentro y fuera de las Cortes, eran los únicos adversarios de Mendizábal que estaban a su altura. En el foro político hemos podido rescatar la poderosa personalidad de Pita Pizarro; y en el foro parlamentario, a la descollante figura de Gómez Becerra que, sin estar lastrada por la pedantería ni la ambición, no era respetado únicamente por su ancianidad (como Argüelles) sino por la serenidad de su juicio y por el soberano dominio que demostraba cotidianamente en casi todas las materias de política, administración y derecho.

La lectura paciente del Diario de Sesiones de las Cortes y de las crónicas parlamentarias de la prensa nos ha permitido, además, conocer y familiarizarnos con los que suelen llamarse personajes de segunda y tercera fila, cuyos nombres no se asoman casi nunca a los libros de historia, pero que también la hicieron y en no escasa medida. Progresistas entusiastas como Pascual, moderados constantes como Pizarro, parlamentarios fervorosos como Sosa, catalanistas sin desaliento como Vila, intelectuales sorprendentes como Gorosarri, cascarrabias como García Blanco, víctimas sin redención como Tarín, clérigos venerables como Tarancón; y sin desconocer tampoco la nutrida manada de las «mulos de reata». Cuando se enfocan debidamente los bancos del Congreso, a su luz alcanza cada diputado una individualidad propia y la política adquiere una vida inesperada, mucho más compleja, además, de la que se supone. Un cuadro tanto más difícil de entender cuanto más se ahonda en sus detalles.

5. El presente libro, tal como anuncia su título, se centra en la historia política del momento, que es la que menos viene llamando la atención de los autores, perezosamente instalados de ordinario, además, en el cómodo estereotipo de la lucha entre moderados y progresistas. Esta tensión fue ciertamente la clave de la historia de la España isabelina una vez que se decidió con las armas la lucha entre absolutistas y liberales; mas no fue, en verdad, el eje de las Cortes constituyentes. Con la Primera Guerra Carlista puede entenderse (simplificando bastante las cosas) que se cerró el Antiguo Régimen y que con la modernidad iba a instalarse el liberalismo en la rutinaria alternancia de moderados y progresistas. La experiencia de las Cortes constituyentes nos obliga, no obstante, a modificar un tanto tal visión y esto es lo que hace más atractivo el estudio del período.

Por lo pronto, todavía no existían, como tales, los «partidos» sino que se trataba de meras tendencias, estados de opinión, talantes que estaban buscando una forma concreta de expresión política depurando la confusa herencia del Trienio, que se consideraba obsoleto en sus personas y en sus ideas y nada digamos de la anterior herencia gaditana.

En estas condiciones las reglas del juego político no podían ser, por tanto, las de ahora y el pensar en una lucha entre partidos es un anacronismo. Nuestro primer objetivo ha sido, en consecuencia, precisar esas reglas de juego propias de un sistema que era parlamentario sólo formalmente, pero no vertebrado en partidos políticos (ni en sus sucedáneos de sociedades patrióticas, sociedades secretas y tertulias de café), sino en agrupaciones de tendencias conducidas por prohombres singulares.

El resultado a que hemos llegado ha sido el de sustituir el esquema tradicional de progresistas versus moderados por el de una lucha entre las distintas fracciones del progresismo: los templados de Mendizábal, los avanzados de Caballero y los radicales de Álvaro. Un fraccionamiento congénito del progresismo puesto que se conservó durante la Regencia de Espartero en grupos que se hacían y deshacían constantemente pero con el rasgo común de un cainismo suicida. Los alvaristas terminaron desapareciendo de la escena política, los templados se hicieron declaradamente tibios, próximos ya sin tapujos al moderantismo y los avanzados, con los inseparables López y Caballero al frente, ensayaron un gobierno propio que se agostó en unas semanas.

El tiempo dirá hasta qué punto va a aceptar la historia dominante este modo de ver las cosas que, además, debe ser completado con otra proposición: la de que en la Regencia de María Cristina al cuajarse al fin las tendencias en partidos, la fórmula resultante por lógica y moderna que pareciera fue flor de un día, puesto que el progresismo civil (como el moderantismo) dejó pasar su breve oportunidad histórica de consolidarse en un sistema europeo moderno y cedió el puesto a un sistema de partidos tutelados por Generales o, por mejor decir, a una Monarquía sometida a protectorado militar. En cualquier caso los dos primeros y largos capítulos se dedican íntegramente al análisis político del momento y respaldan las tesis indicadas. En estos dos capítulos se analiza también la historia interna de los Ministerios de Calatrava-Mendizábal y de Bardají-Pita al tiempo que se ensaya una identificación de las fracciones parlamentarias y de sus presumibles componentes: una tarea de realización difícil y de verificación imposible pero que parecía necesario intentar al disponer ya de unos materiales casi suficientes.

Ésta no es, por otra parte, una obra de Derecho constitucional, que harto y bueno se ha escrito ya sobre el particular, pero como en este tiempo apareció la constitución de 1837 se ha considerado imprescindible hablar algo de ella, aunque no desde una perspectiva jurídica sino política, o sea, examinando lo que políticamente significó la aparición de un texto moderno y realista. Moderno porque ya estaba muy alejado de 1812; y realista porque acertó a poner los pies en la tierra descolgándose de las ilusas ambiciones de Cádiz. La constitución de 1837 demostró que los liberales españoles, aunque fuera a la sombra de Bentham y del doctrinarismo francés, habían madurado ya y que acertaron a redactar un texto con futuro y liberal de pura cepa, es decir, no exclusivamente progresista (aunque las Cortes que lo aprobaran lo fueran) sino inspirado en el tronco liberal común a las dos ramas de progresistas y moderados.

En el capítulo cuarto se examinan algunos aspectos, más o menos interesantes pero poco conocidos, del funcionamiento del Congreso y en él se inserta un fichero biográfico parlamentario de los diputados, cuya amplitud y el esfuerzo que ha costado elaborarlo no se corresponden quizás con la importancia de sus resultados. Pero así puede el lector conocer uno a uno a los protagonistas de la historia y consecuentemente entenderlos mejor. Es sorprendente, en verdad, el avance que ha dado la prosopografía histórica en los últimos años.

La organización administrativa del Estado ya ha sido estudiada en un extenso libro anterior, cabalmente titulado Historia administrativa de la Regencia de María Cristina, pero no se podía dejar ahora completamente al margen puesto que importaba poner de relieve sus ejes políticos fundamentales: la tensión entre el elemento burocrático de la Administración nacional y el elemento popular de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, es decir, las corporaciones populares; el ambiguo apéndice de las provincias ultramarinas; y, en fin, dentro de la Península el régimen foral específico de la región vasconavarra y la variante provincialista con vocación prevista para toda España pero impulsada, aunque sin éxito, desde Cataluña.

En el largo capítulo quinto se ha esquivado deliberadamente la tentación de relatar –una vez más y sin datos originales de mérito– la Primera Guerra Carlista. El título que lleva de «política parlamentaria militar» es suficientemente significativo y en él se describe cómo se veía la guerra desde el Congreso y sobre todo cómo pretendieron, sin éxito naturalmente, darla fin desde allí del modo más rápido posible

Por la política eclesiástica parlamentaria y ministerial se pasa de puntillas puesto que es desde luego la mejor conocida y ya son más que abundantes las interpretaciones que contamos sobre la desamortización y en general con lo que se refiere al clero secular. Donde se ha puesto un énfasis singular, en cambio, ha sido en la supresión de los diezmos: un tema a caballo entre la política eclesiástica y la fiscal, pero que explica perfectamente la conexión de ambas. En los diezmos es donde mejor se manifiesta la pretendida revolución liberal pues por su supresión pasaron, inextricablemente unidos en un ovillo enmarañado, los hilos de la política eclesiástica y de la fiscal incluso con sus concomitancias militares (contribución de guerra), políticas (destrucción del poder institucional de la Iglesia) y estatales (conversión del culto en un servicio público atendido por funcionarios). En definitiva, para entender la obra liberal hay que empezar inevitablemente por los diezmos.

Por lo que se refiere a la Hacienda, cuanto más se estudia mejor se llega al convencimiento de lo mucho que queda por hacer. Mendizábal ocultaba por sistema sus operaciones y el aparato burocrático a su servicio era rudimentario: los datos que se conservan no coinciden ni hay forma de que cuadren las cuentas.

6. Es posible que muchos lectores consideren que el análisis que en este libro se hace es demasiado implacable, cruel incluso, y que sus conclusiones son demasiado negras; pero el autor ha procurado documentar sus afirmaciones y ser prudente en sus juicios. Aun así el balance final ha de ser inevitablemente negativo. El liberalismo español, no obstante sus indiscutibles buenas intenciones, fracasó en todos sus proyectos durante la Regencia de María Cristina, descarrilando el tren de la modernidad o, si se quiere, desaprovechando la oportunidad de meter a España en el tren europeo, que tuvo que coger con muchos años de retraso. El hecho es que aquí se empezó mal y ya no hubo ocasión de rectificar los errores iniciales. El régimen constitucional que quiso establecerse terminó en una Monarquía sometida a la tutela militar.

Estos hechos son precisamente los que explican el atractivo histórico que inspira la época: porque no se trata solamente de lo que sucedió en ella sino del curso que impuso al destino posterior del Estado constitucional liberal, que hubiera sido otro, sin duda, si otros hubieran sido sus comienzos.

El pensamiento anacrónico

1. Si cuando se escribe sobre el pasado siempre es difícil escapar del pensamiento anacrónico, el riesgo aumenta cuando se trata de los años 1836 y 1837 en los que se manejaba una terminología tan similar a la actual que casi inevitablemente el historiador tiende a aplicar a ellos sus propios esquemas intelectuales, y aun emotivos, sin percatarse del grave anacronismo, de la desviación analítica que ello significa, puesto que aquellos tiempos y aquellas Cortes estaban mucho más lejos de lo que sugieren las palabras y las fechas. En 1837, al igual que en 2011, se hablaba también de constitución, de Poderes estatales, de Consejo de ministros, de diputaciones provinciales, de elecciones, de partidos y, en suma, de conceptos e instituciones que hoy son de uso corriente; pero con un alcance y significación tan distintos que la equiparación, más allá de la semántica, es un espejismo engañoso.

La constitución de entonces, por ejemplo, a diferencia de las actuales, no gozaba de la primacía jerárquica que hoy le caracteriza y era, por ende, vulnerable a agresiones de cualquiera de las demás normas y hasta de decisiones singulares del Ejecutivo. El Consejo de ministros no estaba constituido por un grupo de hombres vinculados por una ideología formalizada y mucho menos por una organización de partido, sino que cada uno tenía sus ideas personales y así podían convivir en ellos Toreno y Mendizábal, Pita y San Miguel, no obstante los abismos que les separaban. Era la Reina Gobernadora, y no el presidente, la que a veces designaba a los miembros del Gabinete imponiéndoles compañeros de viaje y de responsabilidad incluso sin consultarles, con la consecuencia de que los ministros pasaban de un Gobierno a otro en las combinaciones más extrañas. Mendizábal, sin ir más lejos, procedía del Ministerio Toreno cuando se le nombró presidente del Consejo y de allí pasó al de Calatrava como simple ministro (y años más tarde al de Gómez Becerra, que había sido un día ministro suyo). En estas condiciones, ¿quién preparaba y dirigía la política? Además, la subordinación del Gobierno al Congreso era absoluta y no sólo porque aquél precisase de la confianza de éste sino también porque todas sus decisiones importantes tenían que ser parlamentariamente ratificadas. Ahora bien, como entonces el Congreso, a diferencia de lo que ahora sucede, no estaba vertebrado por los partidos políticos –que no existían como grupos parlamentarios–, resulta temerario, y desde luego anacrónico, hablar de política progresista o moderada siendo así que no había un órgano que pudiera formularla sistemáticamente ni un grupo de ideólogos que la hubiera elaborado. Nadie reconocía la disciplina de un partido y a todo lo más los cronistas nos hablaban de reuniones esporádicas de diputados en alguna casa particular –de las que no se levantaban actas ni se conservan testimonios directos– con objeto de decidir ciertas maniobras de corto vuelo y algunas votaciones conjuntas.

Quede por tanto claro –y dicho sea de una vez por todas– que cuando aquí se habla de moderados y progresistas, y más todavía del partido moderado y del partido progresista, no deben entenderse estas expresiones en el sentido actual sino con el alcance que nos hemos cuidado de precisar en sus lugares correspondientes. Precaución tanto más necesaria cuanto que fue cabalmente en estos años de 1836 y 1837 cuando empezaron a consolidarse los usos modernos de estas palabras y a precisarse conceptos que hasta entonces sólo habían tenido un significado difuso de simple evocación aproximativa.

Las Cortes constituyentes estuvieron asentadas entre dos épocas, de tal manera que la mayor dificultad para entenderlas era la circunstancia de que utilizaban una terminología nueva dentro de un sistema viejo. Fue, por tanto, un momento de transición, de demolición sistemática de instituciones y el anuncio de muchas cosas, de las cuales unas cuajarían y otras no. Era notorio que la constitución de 1812 ya no valía, pero no menos evidente resultaba que para que la de 1837 pudiera funcionar resultaba imprescindible dotar a sus palabras de contenido preciso. Y eso tardaría aún varios años, aunque se estuviera ciertamente en las vísperas. Transición del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen Liberal; pero también entre el liberalismo doceañista de corte ilustrado revolucionario y un nuevo liberalismo ya decimonónico y moderno: la distancia que separaba a Olózaga de Argüelles, compañeros en el Congreso, era mayor que la que mediaba entre éste y Jovellanos. En las Cortes constituyentes apenas hubo asientos para diputados verdaderamente modernos como Castro o Madoz.

El aparato estatal estaba vertebrado por la Corona y no por los partidos políticos, como hoy sucede. Un extremo capital que separa dos períodos históricos y que tantas confusiones provoca cuando se piensa que aparentemente todo giraba en torno a dos partidos –el moderado y el progresista– que cabalmente no existían.

Sin necesidad de añadir más ejemplos –que irán apareciendo prolijamente a lo largo del libro– basta con lo dicho para percatarse de la importancia de que para comprender el discurso político de la época haya que ir deshaciendo en cada caso la ambigüedad de todas y cada una de las palabras utilizadas entonces y ahora, para determinar el significado preciso que tenían en 1836, que tan lejos estaba de ser el de hoy.

La historia española de 1835 a 1837 está empedrada, en efecto, de conceptos ya que no necesariamente falsos, sí desde luego vehementemente sospechosos de serlo desde la perspectiva actual y en todo caso gravemente contaminados. En el presente libro no se van a revisar, como es obvio, todos los términos en uso, pero al menos se va a intentar una modesta operación depuradora para reducir en lo posible la enorme confusión dominante, tal como están realizando ya desde hace algún tiempo los historiadores actuales. El relato homérico habitual de tirios y troyanos, de moderados y progresistas agrupados en bandos perfectamente identificados suena hoy demasiado rudimentario, como un revuelto de burdas simplificaciones. Cuando se examinan con cuidado las fuentes y se verifica lo realmente sucedido, los conceptos de progresismo y moderantismo –y nada digamos de liberalismo, burguesía, revolución o libertad– se nos escapan de entre los dedos como el humo.

Nosotros vamos a centrarnos en una breve etapa, desde agosto de 1836 a noviembre de 1837, que con su precedente inmediato e inseparable desde septiembre de 1835 a mayo de 1836 constituye una época histórica perfectamente definida, que aquí llamamos convencionalmente del progresismo civil, que objetivamente se caracteriza por la influencia política personal de Mendizábal. En rigor debería hablarse, por tanto, de un período mendizabalista, cuya transposición conceptual al progresismo –y más todavía al progresismo «civil»– no deja de ser arriesgada. Cronológicamente el núcleo lo constituye el Ministerio Calatrava-Mendizábal (agosto de 1836 a agosto de 1837), con la coda del Ministerio Bardají (agosto a diciembre de 1837) y el precedente del Ministerio Mendizábal (septiembre de 1835 a mayo de 1836): trinidad aceptablemente homogénea, que es la que permite dar el salto desde un hombre (Mendizábal) a un partido (el progresista). El liberalismo casi adolescente de la Regencia de María Cristina se desarrollaba con ímpetu, quemando etapas (por así decirlo) para recuperar el tiempo perdido desde 1814 e incorporarse lo más pronto posible –aunque a contrapié porque en Europa cabalmente dominaban dentro del liberalismo los vientos de la reacción moderada– a los países europeos de referencia, Francia y Bélgica en primera línea. Esto fue lo que (casi) se logró en 1837 y lo que dio unidad interna a la fase, explicando en último término la elaboración de este libro. Apurando el argumento podría decirse, pues, en frase lapidaria aunque reduccionista, que la España política moderna empezó precisamente aquí, sin desconocer, claro es, los antecedentes, aunque no confundiendo los anuncios con los resultados.

La rotunda identificación de esta época («el apogeo del progresismo civil») se afirma todavía más cuando se examina lo que vino después. Porque es el caso que la homologación con la Europa liberal a que acaba de aludirse, estaba condicionada por la guerra civil: una especie de condición suspensiva, aceptada por todos, hasta tal punto que se daba por supuesto que el Estado liberal constitucional no podría consolidarse hasta después de la paz. Y aquí vino la gran frustración. Porque después de la paz de Vergara no vino la consolidación sino mayor confusión aún, de tal manera que a partir de entonces España escogió su propio camino muy distinto del europeo: primero una Regencia militar y luego una Monarquía militarmente tutelada que ocuparía todo el reinado de Isabel II. El progresismo civil fue, en suma, flor de un día porque el progresismo posterior más o menos consolidado ya estaba muy distante del imaginado por Mendizábal aunque sólo fuera –en la hipótesis más benévola– porque buena parte de sus objetivos ya habían sido alcanzados.

2. En el centro del liberalismo parece estar el progresismo y el corazón de éste parece ser Mendizábal, que se tiene por la cifra de la revolución burguesa. Este personaje nos puede proporcionar en consecuencia la clave de la situación política del momento. Sin el antecedente del Ministerio Mendizábal, en efecto, no puede entenderse el de Calatrava-Mendizábal ni el posterior de Bardají. Tal afirmación es indiscutible, pero obliga a revisar el verdadero alcance de los conceptos de progresismo y revolución en este momento concreto de 1835-1837 eliminando en lo posible las contaminaciones procedentes de otros años: los del Trienio primero y luego los del final de la Regencia de María Cristina y de toda la de Espartero.

En este esfuerzo depurador la primera víctima de la precisión es el concepto mismo de partido político. La prensa coetánea hablaba sin reservas de los partidos progresista y moderado, pero con estos títulos no se estaba refiriendo ni mucho menos a partidos en sentido moderno –partidos electorales, parlamentarios, con organización propia– sino a partidos de opinión, meras tendencias sociales de afinidad ideológica carentes por completo de organización extraparlamentaria y sin disciplina parlamentaria alguna. En las Cortes constituyentes no existía un partido progresista sino grupos de diputados inspirados por un líder, uno de los cuales –y cabalmente el más importante– era Mendizábal. La calificación progresista de Mendizábal vino más tarde: para 1836 resulta a todas luces falsa; como también la de Espartero. No puede olvidarse por tanto que las dos cabezas del progresismo isabelino –la civil de Mendizábal y la militar de Esparterono eran ni podían ser (por las razones dichas) progresistas en 1836.

La segunda víctima de este esfuerzo de depuración es la pretendida autonomía de la política progresista, no sólo por la indicada explicación, sino además porque en el fondo resultaba imposible de separar de la política moderada, teóricamente enfrentada a ella. De hecho, durante los años que vamos a estudiar, la política llamada progresista no era tal sino sencillamente liberal, al menos en su mayor parte, en la medida en que también era compartida por los moderados.

En estas correcciones básicas de los parámetros de referencia pueden comprenderse ya las rectificaciones concretas que han de realizarse en el significado político de Mendizábal y en el progresismo civil. Aunque conviene adelantar, sin embargo, que en este libro no se pretende realizar una «revisión historiográfica» total de la época sino, mucho más modestamente, iluminar algunos puntos que hasta ahora se habían dejado en la oscuridad o al menos en la ambigüedad del claroscuro.

Es fácil separar el pensamiento absolutista del liberal. Los liberales, en manifiesta oposición a los absolutistas, defendían en abstracto la soberanía de la nación y en concreto la existencia de un órgano constitucional integrado por representantes de un reducido número de ciudadanos que compartían con el monarca la suprema potestad de dictar leyes y al tiempo la de mantener en sus cargos a los consejeros de la Corona (a través del mecanismo de la «segunda confianza») y de controlar sus decisiones y vigilar su comportamiento. Lo que ya no resultaba tan fácil era separar dentro de la familia liberal el pensamiento propio de la estirpe progresista del de la estirpe moderada. Porque si hasta aquí todos los liberales estaban de acuerdo era innegable que se habían formado dos grupos, no partidos, políticos, el progresista y el moderado, que luchaban con encarnizamiento por ocupar el Poder. Y ya no estaba tan claro qué era lo que pretendían imponer en concreto esos grupos desde el Poder. Aquí había también tantas opiniones, definiciones y autodefiniciones como se quiera. Algo tan difuso como actualmente lo de derechas e izquierdas. Además, para complicar más las cosas, la estirpe progresista absolutamente hegemónica en las Cortes constituyentes, estaba rota en tres fracciones que eran reflejo de sus capitanes: la templada o mendizabalista, la avanzada o caballerista y la radical o alvarista. De esta suerte la historia del período se desarrolló en las siguientes vertientes: una externa (la guerra civil de los partidos liberal y carlista en el acertado título de la clásica obra de Pirala), otra parlamentaria (entre las tres fracciones indicadas) y otra extraparlamentaria (entre progresistas y moderados); sin olvidar, en fin, las vertientes de la historia oculta de las ambiciones de Palacio, de las Potencias extranjeras, el Ejército y las sociedades secretas, no por mal conocidas menos importantes. Éstos son los mimbres con que se ha tejido el presente libro: una tarea nada sencilla en verdad cuando se dejan a un lado los estereotipos y lugares comunes habituales.

Nuestra intención, en suma, es abandonar la conocida historia anacrónica de dos partidos imaginarios que todavía no existían puesto que cabalmente se fueron gestando en aquellas Cortes. Cuando se prescinde de tales partidos se explican las aparentes contradicciones de aquellos años: la ausencia de una política definida, la improvisación constante, las traiciones frecuentes, los encuentros y desencuentros apasionados. En el fondo de este barullo sólo encontramos suelo firme en la presencia de determinadas personalidades que actuaban acompañadas de séquitos incondicionales, en la ambición de una clase social emergente que sabía lo que quería y estaba dispuesta a conseguirlo sin cuidarse de las etiquetas políticas, en la soberbia de un Generalato oportunista y en la tenacidad de una Reina Gobernadora obsesionada por la responsabilidad de asegurar a su hija el Trono. Todo este magma confuso es lo que suele denominarse liberalismo, del que surgieron, cuando las aguas se decantaron, los partidos políticos modernos. Y precisamente el mayor atractivo de las Cortes constituyentes de 1836-37 consistió en que fue en ellas donde cristalizó el proceso indicado al cabo de tantos años de gestación convulsa.

3. El pensamiento anacrónico lleva consigo necesariamente un anacronismo conceptual y en último extremo terminológico. De donde resulta la tendencia a entender conceptos y palabras empleados en el pasado con el sentido y alcance que tienen hoy, provocándose con ella una distorsión semejante a la que resulta del enfoque con una lente no ajustada. Cuando leemos la palabra «democracia» o «ministerio» en un texto de 1836 y pretendemos entenderla en el sentido de uso actual estamos cometiendo una verdadera falsificación histórica, pues estamos obligados a contextualizarla, es decir, a encajarla en el mundo concreto en el que estaba manejándose. Reconstrucción histórica que desemboca en una correlativa reconstrucción lingüística, o sea, la puesta a punto del «juego de lenguaje» determinado en que se mueve para, al final, traducirlo al nuestro de hoy. Las palabras, como las monedas, sólo corren dentro de su propio sistema y de la misma manera que es inútil pretender realizar pagos el año 2011 con reales de 1836, tampoco debe intentarse, por ejemplo, homologar el progresismo liberal con el presente.

Lo anterior parece obvio y es fácil de decir, pero su realización es difícil y hasta imposible de llevar a cabo rigurosamente. Aceptando que el concepto de democracia de 1836 no puede equipararse al de 2011, ¿cómo precisar lo que entonces significaba? Exactamente no lo sabemos ni podremos saberlo nunca por la sencilla razón de que tampoco lo sabían con precisión los liberales coetáneos. Volviendo a la imagen monetaria, en el mismo año tiene un euro un valor adquisitivo diferente según esté corriendo en la lujosa sociedad marbellí o en el mercado rural de la serranía aunque sea a escasos quilómetros de distancia. Y las palabras y los conceptos son aún más flexibles que las monedas.

Como han escrito Fernández Sebastián y Fuentes (en la Introducción a su Diccionario, p. 35), «forjados al calor de las refriegas interpartidarias, desgarrados por todo tipo de tensiones, cargados muchas veces de connotaciones emocionales, los términos –y sobre todo los conceptos– políticos son siempre complejos y controvertidos, inevitablemente sesgados, fluidos y elusivos y sería ingenuo pedirles una objetividad exquisita y una precisión meridiana. Decididamente los lenguajes borrosos de la política se avienen más con la metáfora de la bruma que con la claridad intensa del mediodía, y esas fotografías borrosas que son los conceptos no pueden ser presentados bajo perfiles perfectamente nítidos y coherentes sin volver la espalda a lo más sustancial de su naturaleza histórica».

La moraleja final de cuanto acaba de decirse se traduce en la insistente reclamación de una lectura histórica de los acontecimientos políticos de 1836-37 o lo que es lo mismo, abstenerse de interpretarlos desde la mentalidad actual, de no establecer nunca equiparaciones entre reales y euros (pues no existe una oficina válida de cambios) aunque sea al precio de resignarse a vivir en un mundo borroso, impreciso, tanto de ideas como de hechos, puesto que, quiérase o no, no es posible nunca observar los hechos sin una lente intermedia de ideas prejuiciosas.

El uso imprudente del pensamiento anacrónico ha dado lugar a malentendidos muy curiosos. El más conocido es quizás el vuelco que dio Mommsen a la historia de la República Tardía Romana, a la que por primera vez consiguió dar sentido valiéndose de las tensiones y luchas de los partidos de los optimates y populares. Un relato perfectamente comprensible para los lectores de su tiempo puesto que era una transposición al siglo I antes de Cristo de lo que estaban viendo y viviendo los nuevos Estados constitucionales europeos. Vistas las cosas desde esta perspectiva, encajaban, en efecto, todas las piezas que habían dejado sueltas los historiadores romanos. Lo malo era, sin embargo, que en la República Tardía Romana los partidos, la constitución, el Senado y los militares poco tenían que ver con las instituciones homónimas de la Europa del siglo XIX, por lo que la homologación de Mommsen resultaba una trampa. La consecuencia final ha sido que, al tomar conciencia de ello, últimamente ha tenido que reescribir todo volviendo a las fuentes romanas originarias aunque así se haya perdido la admirable –y anacrónica– coherencia que había dado el autor alemán.

Es un error peligroso salirse del tiempo a la hora de escribir una historia y de intentar darle sentido con instrumentos anacrónicos. Para entender las Cortes de 1836-37 hay que empezar cambiando el valor de todos los términos que hoy se están usando y que entonces también eran comunes, y lo mismo con el alcance de las instituciones. O sea, darles el significado que entonces tenían y no el actual. Hay que pensar, por tanto, en un Parlamento sin electorado universal, en un sistema confesadamente oligárquico y rabiosamente antidemocrático, en unos diputados votados por un grupo de amigos personales, en una constitución que no determinaba con precisión las facultades de los Poderes del Estado y que se derogaba o suspendía por una simple circular ministerial o un bando militar, en un gobierno cuyo destino dependía del capricho de Palacio y de la presión de un general y, sobre todo, en una vida política no vertebrada por partidos. En definitiva, que para entrar en el mundo de la Regencia de María Cristina hace falta prescindir de casi todo lo que ahora sabemos para caminar literalmente a tientas. Algo difícil, y más si se piensa que cabalmente en aquellos años se estaba incubando el universo político inmediatamente posterior que se instalaría en Europa durante los cien años siguientes.

Agradecimientos

La Editorial Ariel y el autor agradecen a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y a la Universidad Complutense de Madrid las ayudas con que han contribuido a la publicación de esta obra.

El autor agradece, además, el apoyo que ha recibido de la Fundación Martínez Escudero para elaborar un manuscrito que sólo parcialmente se ha recogido en el presente libro dado que, por su excesiva extensión, muchas páginas no han podido ser incluidas en este volumen.

CAPÍTULO 1

EL LIBERALISMO PROGRESISTA

1. LA POLÍTICA PROGRESISTA

Progresismo y liberalismo.– Progresistas y moderados.– Apogeo del progresismo civil.– Los programas de Mendizábal de septiembre de 1835.– La revolución progresista: excurso.– Pensamiento político de Mendizábal.- La revolución de Mendizábal en marcha: febrero y marzo de 1836.– Lo que se debió a Mendizábal y lo que se debió a las Cortes.

Progresismo y liberalismo

En las siguientes líneas va a adelantarse un juicio global y aproximativo de la obra de un Ministerio –o, si se quiere, de un partido– que luego se analizará minuciosamente a lo largo de este extenso libro. Pero inmediatamente comprobaremos lo difícil que es imputar a los gobiernos progresistas unas realizaciones concretas, puesto que la mayor parte deben llevar la etiqueta de «liberales» y no la de «progresistas» en sentido estricto.

La Constitución, por lo pronto, fue aprobada por unas Cortes progresistas ciertamente, mas está fuera de duda que su contenido fue el resultado de una combinación de elementos moderados y progresistas, quizás con predominio de aquéllos. Fue, por tanto, una equilibrada constitución liberal que no debiera ir acompañada de otras calificaciones restrictivas.

La desamortización eclesiástica tampoco fue, contra lo que suele afirmarse, una aportación genuina del progresismo y mucho menos de Mendizábal, ya que venía de antes, del Antiguo Régimen y se prolongó durante todos los períodos constitucionales. Los gobiernos progresistas recogieron esta tradición aunque en el último momento la exacerbaron incluyendo la supresión total de las corporaciones eclesiásticas, que fue su aportación original al proceso. El arreglo del clero tampoco fue nada original puesto que los trabajos habían comenzado ya bajo el Ministerio de Toreno, mientras que la supresión del diezmo se había iniciado durante el Trienio de 1820 a 1823. De esta manera la reforma eclesiástica y la transformación de la Iglesia Católica y su inmediata repercusión en la estructura social deben imputarse al liberalismo y no, como acaba de indicarse, a su estirpe progresista. La política nobiliaria fue todavía más conservadora incluso. Los liberales, que se habían enfrentado resueltamente a la Iglesia, no se atrevieron a hacerlo con los nobles, con los que pactaron en la capital cuestión de los señoríos. La pérdida de los privilegios políticos de los nobles y señores se había producido ya en 1812 y en la constitución de 1837 se atenuó en cierta medida a través del Senado. Algo parecido debe decirse sobre la propiedad, ciertamente transformada hasta convertirse en una propiedad «burguesa»: liberal pero en modo alguno progresista. Lo que también es aplicable a las actividades industriales, comerciales y profesionales, inequívocamente liberales.

Los progresistas nada específico hicieron de relevancia en punto a la organización territorial e institucional del Estado; el reconocimiento de la independencia de los nuevos Estados americanos fue la sanción ya indiscutible de un hecho recibido, mientras que la cuestión foral se les escapó de las manos y el régimen de las provincias ultramarinas fue un simple acto de saqueo en beneficio de las clases superiores de la burocracia, el Ejército y el comercio. El régimen de libertad de imprenta careció de singularidades propias del progresismo. Y, en fin, los generales terminaron apoderándose de la guerra, patrimonializada en su beneficio y en el de los capitalistas.

Entonces, ¿en qué consistió la «grandeza» de la política progresista? No, desde luego, en su originalidad, como acaba de verse, sino en su efectividad, ya que tuvo el acierto de saber recoger el acervo liberal y el haber logrado realizarlo, al menos en parte, en los sucesivos gobiernos de Mendizábal, Calatrava y Bardají.

Conforme aumenta la distancia cronológica, se van borrando las diferencias de las estirpes progresista y moderada, que inicialmente formaban el eje histórico de la época, al tiempo que se comprende cada vez mejor la artificiosidad de sus aparatosas contradicciones. La perspectiva de altura permite escapar del estruendo de lo cotidiano así como percibir voces antes no escuchadas. Poco a poco se afirma la conciencia de que «las grandes cuestiones» no eran las que obsesionaban a los cronistas coetáneos ni preocuparon a los historiadores inmediatamente siguientes.

Progresistas y moderados

Acabamos de ver la dificultad de identificar en la época que nos ocupa una política progresista genuina, es decir, inequívocamente distinta de la moderada. El enfatizar lo que unía a las dos estirpes liberales frente a lo que las separaba es muy fácil y parece evidente: el origen social y la formación ideológica de sus representantes, el pasado compartido en el poder, en la emigración y en la cárceles, el mismo enemigo absolutista y sobre todo la comunidad de intereses económicos. Todo esto parecía tener más peso que lo que les separaba, que en último extremo podía reducirse a rivalidades personales entre los prohombres y la repartición del botín del Poder entre sus seguidores. Impresión que se confirma al analizar las decisiones fundamentales. Podrá decirse que ésta es una visión demasiado simple y descaradamente materialista del pasado, pero en verdad resulta difícil encontrar una lucha de ideas auténticas en los feroces enfrentamientos entre Istúriz y Mendizábal, entre Espartero y Narváez: sólo se ven intereses económicos y ambiciones personales. Y éste era el panorama que, por ejemplo, fue describiendo cada día el embajador de S. M. británica en Madrid: un testigo insobornable de todo lo malo y todo lo pequeño que hacían los españoles en aquel momento. Pronto podrá comprobarse que en todos los epígrafes de este libro estará presente la cuestión de la diferencia entre progresistas y moderados, templados y radicales.

Con un conocimiento personal directo de la situación pero aprovechándose de la perspectiva que le proporcionaba una distancia de diez años, pudo escribir Balmes en El pensamiento de la Nación de 14.12.1846 que en la época de las Constituyentes los progresistas creían en y usaban de la fuerza y se apoyaban en la industria y el comercio, mientras que los moderados se apoyaban en la inteligencia y en la riqueza territorial, resumiendo en una frase ingeniosa que «los progresistas son hombres de acción revolucionaria y los moderados de goce revolucionario» como habían probado beneficiándose, sin mancharse las manos, de la desamortización eclesiástica que sus adversarios habían realizado.

La elocuencia de estos hechos no permite, sin embargo, pasar por alto una actitud cainita de la política de la época expresada en discursos apasionados y en una práctica diaria de áspera enemistad: exclusión implacable de los adversarios en los bancos del Congreso y en las filas de la Administración, dureza de las acusaciones recíprocas, retórica periodística, maniobras de sociedades secretas, posicionamiento enfrentado respecto a la intervención militar extranjera, ferocidad de las bullangas callejeras... ¿Cómo dar entonces tanta importancia a los lazos familiares cuando desde el Gobierno se condenaba a los moderados emigrados y se les secuestraban sus bienes? ¿Cómo entender, y en su caso armonizar, estas tesis tan incompatibles?

Las relaciones políticas, como todas las sociales, son siempre complejas y se desarrollan en una pluralidad de vertientes que generan tensiones aparentemente insuperables. En el panorama español de 1836-1837 se dibujaron inequívocamente dos partidos –el liberal y el carlista– con fronteras aparentemente nítidas, aunque con el tiempo se comprobaría que no lo eran tanto. Y dentro del liberalismo fueron diferenciándose varios grupos como estirpes de una misma familia: progresistas y moderados. Pues bien, para la historia tradicional la vida política de la Regencia de María Cristina fue sencillamente la lucha entre estas dos estirpes que durante la etapa de las Cortes constituyentes se caracterizó por el aplastamiento de uno de estos dos bandos, el de los moderados, que permitió el gobierno pacífico y fructífero de sus contrarios.

El examen detallado de los acontecimientos que tuvieron lugar entre agosto de 1836 y diciembre de 1837, tal como se ha realizado en este libro, nos ha obligado, sin embargo, a rectificar el relato tradicional puesto que, dejando a un lado el frente carlista, la verdadera lucha de los liberales no fue entre progresistas y moderados sino que tuvo lugar, dentro del progresismo, entre sus fracciones templada, avanzada y radical, entre sus alas derecha e izquierda si quiere emplearse esta terminología hoy más usual. El Diario de Sesiones de las Cortes y la Prensa nos ofrecen testimonios irrecusables de que el núcleo de las tensiones políticas se encontraba entre estos dos bandos de la misma estirpe y no entre las dos estirpes de la familia liberal. Los moderados no podían protagonizar una batalla parlamentaria de la que habían sido excluidos de antemano en una maniobra electoral previa.

Ahora falta esperar que el tiempo confirme o rechace –y en todo caso afine– esta interpretación de las Cortes constituyentes de 1836-37 y del destino del progresismo civil. Y sin perder nunca de vista una cautela general, a saber, que los conceptos que hoy usamos como valor fijo no tenían entonces un alcance preciso sino más bien aproximativo, brumoso, incierto, con fronteras borrosas que impedían identificar lo progresista y lo moderado. Ésta es la tesis de Burdiel (1987, 276) que le permitió decir que «la conocida identificación apriorística del gobierno Mendizábal con el liberalismo avanzado progresista, concebido éste como un todo homogéneo, tenía tan poco sentido en el momento de abrirse las Cortes (1835) como la identificación de la oposición al mismo como un bloque moderado o conservador de similares características».

Apogeo del progresismo civil

El Ministerio Calatrava-Mendizábal inició su gobierno, y lo mantuvo durante un año completo, en unas condiciones óptimas que permitieron el apogeo de la política progresista civil, que entonces era la única imaginable. Tenía, además, a sus espaldas un año –con el breve, aunque perturbador, paréntesis de Istúriz– del Gobierno de Mendizábal que le había permitido poner en marcha, e incluso desarrollar apreciablemente su programa inicial. Con este respaldo tuvo por delante otro año entero para completar sus propósitos, contando como contaba con el apoyo de unas Cortes exclusivamente progresistas y sin la zozobra de la amenaza de revueltas populares (tal como le habían garantizado Caballero y López al asociarse al Gobierno), aunque sí de conspiraciones y con la incomodidad de saberse no querido en Palacio. En estas condiciones nada tiene de particular su éxito.

La política progresista llegó a su cenit, desde luego, en el año 1837, pero no alcanzó sus objetivos puesto que fracasó en casi todos los puntos fundamentales y sus logros, por otra parte, no pueden atribuirse exclusivamente a este partido, según acabamos de ver. Con la sorprendente peculiaridad de que al alcanzarse el apogeo no se produjo después un lento declive sino un derrumbamiento súbito y tan demoledor que cuando resurgió el partido progresista unos años después, ya era otra cosa sustancialmente distinta, puesto que volvió a golpe de espada y por vivir bajo la tutela militar, merece el nombre de «progresismo militar». La verdad es que, según se ha aludido ya, el progresismo civil fue en España flor de un día abrasada pronto por su profundo fraccionamiento y por el implacable fuego militar.

Por utilizar las palabras de un historiador rigurosamente coetáneo, el continuador de la Historia de Mariana (que en esta edición no fue Chao, como suele decirse) escribió a este propósito en 1842 (120) que «el plazo que se señaló para llevar a cabo la grande obra de la pacificación espiró antes de que hubieran podido plantearse las más indispensables reformas. Esta especie de empirismo político con que quiso halagar las esperanzas de una nación ansiosa de paz y de beneficios, no fue parto de una ambición mezquina sino fruto del mejor deseo: con todo falló el pronóstico y los que antes habían apurado las frases de alabanza creyéronse autorizados ahora para retractarse solemnemente (...) y en aquel mismo Congreso de quien esperaba Mendizábal su triunfo, se enrobusteció el poder que tardó poco en derrocarle».

Cuando se examinan con cuidado los episodios de aquella época, inmediatamente se comprueba que las circunstancias no eran tan favorables al Gobierno como parecían a primera vista, mientras que las dificultades se abultaban desmesuradamente. Por lo pronto el Ministerio tenía un problema de legitimación, puesto que nació en la cuna espuria de La Granja y, aunque no faltaron fáciles justificaciones, la realidad se vengó de tal manera que lo que empezó entre sargentos de La Granja acabó entre oficiales de Pozuelo.

En segundo lugar, la exclusión total de los moderados en el Congreso resultó a la larga inútil, cuando no perjudicial, puesto que las ideas moderadas se introdujeron subrepticiamente en la Constitución de 1837. En cualquier caso, la falta de adversarios exteriores, que hubieran fomentado la unidad para hacerlos frente, fomentó la división interna de los progresistas: al calor precisamente de una constitución demasiado escorada hacia el moderantismo y de una revolución social débilmente ensayada que frustró las esperanzas de los radicales.

La constitución de 1812 fue la piedra de escándalo del nuevo régimen porque estando escrita en su bandera y habiéndola puesto en la boca de las masas y en los sables de los sargentos sublevados, de repente desapareció y el nuevo lema consistió en la redacción de otra (lo que por lo demás ya había prometido el derribado Ministerio Istúriz). Como puede suponerse, este escamoteo irritó a los diputados que seguían siendo fieles al texto gaditano, quienes acusaron inmediatamente al Ministerio de traidor. Porque si estaban dispuestos a tolerar una reforma, no desde luego una sustitución y menos por otra de tintes tan moderados. El otro motivo de disidencia fue la revolución social, de la que se distanció Mendizábal temperamentalmente, ya que nada le horrorizaba tanto como la democracia, el desorden público y la reivindicación social entendida en el sentido propugnado por el ala izquierda (al estilo de Diego Montoya o Flórez Estrada). Al menos así lo vemos ahora nosotros porque, por el contrario, para su hagiógrafo coetáneo García Tejero (I, 244), «pensaba Mendizábal que era necesario en España anticipar la revolución social a la revolución política, caminando en ésta con lentitud al paso que rápidamente en aquélla. Porque suponía, y con razón, que en 1814 y 1823 se había perdido la libertad por no haber creado intereses materiales y que la aplicación de las teorías políticas no podía ser bien apreciada de los muchos cuando eran comprendidas de muy pocos. Sólo mejorando las condiciones de bienestar de las diferentes clases de la sociedad, desde la más baja a la más alta, era como los gobiernos podían tener derecho a que los pueblos se armaran en masas». Un juicio que ya no podían compartir –y ni siquiera entender– los analistas del siglo XX y mucho menos los del XXI.

En cualquier caso las fisuras constitucionales y sociorrevolucionarias provocaron una fractura irremediable del bloque aparentemente firme de la mayoría progresista, que facilitó la aparición de fracciones ciertamente progresistas pero antimendizabalistas, que con su tenacidad fueron deteriorando golpe a golpe al Ministerio y facilitaron el tiro de gracia definitivo, que vino de fuera –de Palacio instigado por los militares– pero que sin las divisiones internas previas quizás no hubiera podido justificarse.

Sea como fuere, Artola (1986, 171), a la hora de hacer un balance de la obra del progresismo civil, no ha vacilado en afirmar con elogio que «a pesar de la falta de apoyo que el programa progresista encontraba en Palacio, fue en estos pocos años cuando se produjeron los grandes cambios políticos, militares, sociales, económicos y financieros que hicieron entrar al país en el liberalismo».

Entrar en el liberalismo pero ¿a qué precio?: ésa era la cuestión que un poco antes (1981, p. XIII) había planteado Jover con toda crudeza. Porque para este autor la implantación del régimen liberal se había realizado a través de un doloroso proceso «en el cual una sangrienta guerra civil, el escamoteo de una auténtica revolución campesina y la conformación definitivamente oligárquica y ambigua del régimen liberal español servirán de contrapunto, de sombrío reverso, a un gran logro histórico: la implantación de un régimen constitucional y parlamentario».

Para ciertos ideólogos existen fenómenos históricos que suponen «un bien absoluto», de tal manera que cuando se producen es cuando la Humanidad avanza, caiga quien caiga y lo que caiga: la superación del feudalismo, la imposición de la civilización europea y de la religión cristiana por medio de la colonización de países salvajes, la independencia de Estados nuevos, hoy la democracia formal. Pues bien, para los que así piensan, es claro que cuando se alcanza uno de estos hitos hay que pasar por alto «el reverso sombrío» del fenómeno y por supuesto no hay que tener en cuenta la opinión de los presuntos beneficiados y perjudicados efectivos, que se supone fruto de su ignorancia como, en expresión célebre, los niños que lloran cuando se les quiere lavar.

Lo que sucede es que en muchos casos las nuevas fórmulas históricas van acompañadas de determinadas «malformaciones» que, como mínimo, hacen dudar de si se trata de un paso adelante y que el propio Jover ha identificado sin vacilar (p. XLVI): En primer lugar, la conformación oligárquica del poder político; en segundo lugar la suplantación del sufragio: la administración tiende a sustituir, o sustituye de hecho, a la representación; en tercer lugar, la estructura de los partidos políticos no responde a la función que les atribuye un régimen representativo; y en cuarto lugar la confusión entre poder civil y poder militar. En suma –resume este autor– una suplantación de un orden constitucional y una realidad social conformada a través de una revolución burguesa incompleta. A fin de cuentas la elogiosa constatación de Artola no es incompatible con las prudentes cautelas de Jover: las realizaciones progresistas trajeron a España el sistema liberal, pero lo hicieron en condiciones tan deplorables que distorsionaron su futuro durante más de un siglo. Como ya hemos dicho nosotros en la Historia administrativa de la regencia de María Cristina (1994), en España el Estado liberal constitucional «nació mal» y con ello se condicionaría sin remisión su destino futuro desperdiciándose entonces la oportunidad de seguir el curso de los Estados europeos que se tenían por modelo. En el presente libro podremos ver confirmada esta tesis. El Estado liberal constitucional español no llegó a ser una simple caricatura pero sí, desde luego, una falsificación del que se quiso implantar y que todavía hoy sigue publicitándose.

El apogeo del progresismo civil ofrece, en definitiva, unas características singularísimas y un tanto contradictorias que importa conocer para poder entender no sólo lo que sucedió en España en aquellos breves años sino en las décadas siguientes. En primer lugar, su mejor acierto fue el de haber aprobado una constitución conciliadora con la ideología de sus adversarios los moderados. Su política, en cambio, no puede enjuiciarse favorablemente puesto que, además de ser en gran parte rabiosamente sectaria, fracasó por completo y su expresión normativa fue pésima sin paliativos. Pero aún resultó más grave, con todo, la implosión que padeció, de tal manera que el progresismo se hundió no por culpa de sus fracasos, ni mucho menos por la oposición de los moderados, sino por su suicidio: por el fraccionamiento de su mayoría parlamentaria desgarrando un bloque inicialmente poderoso en unos bandos intestinos sin otra preocupación que la de destrozarse. Triste destino el de esta estirpe condenada a sufrir tales implosiones siempre que llegaba al Poder, como sucedería más adelante durante la Regencia de Espartero. A los historiadores actuales compete el grave compromiso de desmitificar esta leyenda tan maliciosamente formada, separando el grano de la paja, poniendo las cosas en su lugar y, sobre todo, escuchando la voz de los que hasta ahora han permanecido forzosamente en silencio o, en otras palabras, visitando la cara oculta de la luna. Una tarea que exige tanta paciencia como coraje y que seguro llevará mucho tiempo, pero en la que ya se han dado los primeros pasos.

Los programas de Mendizábal de septiembre de 1835

1. Apartándose de las prácticas políticas de la época, el primer acierto de Mendizábal cuando llegó al Poder en el verano de 1835 fue publicar un Programa –el famoso «programa de septiembre», que convertiría a su autor en el «hombre de septiembre»– en el que anunciaba las líneas concretas de la política que pensaba desarrollar, que encandiló de inmediato a los progresistas y animó las esperanzas de todos los liberales, harto apagadas a la sazón por el escaso éxito –en la guerra, en la Hacienda y en la gestión administrativa– de los Ministerios anteriores de Martínez de la Rosa y de Toreno. Los políticos de entonces acostumbraban a moverse entre vaguedades retóricas, mientras que ahora el nuevo astro ofrecía objetivos algo más precisos. Seducidos por esta novedad, de la noche a la mañana se convirtieron buena parte de los liberales al «credo programista», que era confesarse mendizabalistas netos y progresistas sin saberlo. Porque Mendizábal había aparecido súbitamente en el horizonte con los atributos favorables de un hombre nuevo: sin el peso de la tradición fernandina de Cea ni los acartonamientos de Martínez de la Rosa o la sospechosa moral de Toreno. Con él percibía la nación que iba a empezar una época distinta, que la transición se cerraba, que se abrían otros caminos y nadie mejor para ensayarlos que este hombre adiestrado no en el parlamento sino en los negocios: un mago de la Bolsa, ya de por sí milagrosa, que venía acreditado, además, por sus pasados éxitos en Portugal. ¿Por qué no iba a poder repetir en España lo que ya había logrado, aunque no se supiese bien cómo, en el país vecino?

Los liberales exaltados le recibieron bien puesto que su pasado le avalaba en tal sentido; mientras que los moderados confiaban en la prudencia que forzosamente tenía que haber aprendido en sus años de emigración y por su experiencia de banquero. El 4 de octubre de 1835 La Abeja se pronunciaba sin reservas a su favor: «La marcha del actual Ministerio satisface a todos los que de buena fe quieren tranquilidad, orden y libertad».

Veamos, pues, qué decía este precioso documento, al tiempo ambicioso y prudente, cuyo objetivo último, cifra de la concordia nacional, era «procurar y afianzar en las prerrogativas del Trono los derechos y los deberes de los pueblos»:

constituido un Ministerio compacto, fuerte, homogéneo y sobre todo responsable, que se robustezca con la simpatía y el apoyo de la representación nacional, el Gobierno de V.M. habrá de intentar simultánea e incansablemente sus conatos y tareas a poner breve y glorioso fin sin otros recursos que los nacionales a esta guerra fratricida (...); a fijar de una vez y sin vilipendio la suerte futura de las corporaciones religiosas; a consignar en leyes sabias todos los derechos que emanan y son, por decirlo así, el único y sólido sostén del gobierno representativo; a reanimar, vigorizar, por mejor decir, a crear y fundar el crédito público.

Esto era todo: hoy nos parece reducido y vago; pero en el momento de su aparición supuso un catecismo minucioso de creencias y de objetivos, una aurora de ilusiones que vivificó los páramos resecos de la política española.

Como puede verse, nada de revolucionario había aquí. Se trataba más bien de «un justo medio», que ningún político, ni progresista ni moderado, podía rechazar. En esto consistía su principal atractivo, junto con la circunstancia de su (relativa) concreción, que permitía ahora saber a los españoles a dónde iban a ser conducidos. Por supuesto que en él faltaban muchas cosas: unas vedadas por el contexto, silenciadas otras por la prudencia y otras, en fin, no aparecían sencillamente porque, con el apresuramiento de su venida a España y su inexperiencia de gobierno, nada tenía pensado todavía el novel presidente, el moisés dispuesto a conducir a través del desierto al pueblo liberal escogido hasta la tierra prometida del progresismo feliz.

La mayor parte de los liberales deseaban una constitución, preferentemente la de 1812 con o sin reformas, que era la que conocían; pero no podían echar en cara al autor su ausencia en el Programa porque se sabía que su creación precisaba de la aquiescencia, más o menos forzada, de la Reina Gobernadora y lograrlo era cosa de las Cortes, según se había visto ya en la reciente práctica de los Estamentos. Eso vendría, por tanto, después y caería por sí sola del árbol como fruta madura.

La segunda ausencia importante era la de las contribuciones, que agobiaban a los pueblos tanto como la guerra civil con la que estaban tan íntimamente relacionadas. Era extraño, pues, que no se aludiese a esta cuestión anunciando, al menos, su estudio y reforma, porque lo más grave no era el montante de los impuestos sino las deficiencias del sistema, de tal manera que era evidente que así no se podía continuar ni en la guerra ni en la paz. Pero es el caso que Mendizábal en aquel momento no tenía idea alguna sobre el particular: ni genérica ni concreta. Era un especialista del crédito y creía que con el crédito y la Bolsa podía arreglarse todo, como le había sucedido a él por experiencia personal. Luego se vería que en los dos años de su gobierno nada se hizo sobre este punto, salvo encomendar a un puñado de expertos la realización de un estudio profundo, cuyas conclusiones llegarían demasiado tarde, cuando ya no estaba en el Poder y sus sucesores no se atrevieron a recogerlas.

Con estas breves alusiones a lo que faltaba en el Programa podemos pasar a hacer un repaso de lo que en él se decía. Por lo pronto, el principio del texto no pudo resultar más desafortunado. El Programa presuponía, en efecto, la constitución de «un ministerio compacto, fuerte y homogéneo» y esto es algo que no consiguió hacer nunca Mendizábal, cuyo Ministerio –parafraseando a Larra– fue él, sin otra compañía que la de Gómez Becerra, pues su fuerte personalidad y su confianza en sí mismo le impedían gobernar desde un gabinete colegiado y prefirió acumular en su persona, por muy incongruente que resultara, varias secretarías del Despacho. Lo que, por cierto, no se repitió bajo la presidencia de Calatrava; aunque bien es verdad que los despropósitos fueron aún mayores con Bardají, hasta tal punto que parecía que los progresistas civiles no tenían hombres capaces para formar un Ministerio «compacto, fuerte y homogéneo». Ni tampoco «responsable», cuarto adjetivo de su Ministerio ideal, porque, aunque se intentó con cierta sinceridad, el hecho es que se consumieron las tres legislaturas progresistas sin llegar a aprobarse la ley de responsabilidad ministerial. En definitiva, por tanto, el fracaso del Programa en este punto fue total, sin excusas ni paliativos.

El segundo extremo del Programa se refería a la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, puesto que aquél debía «estar robustecido con la simpatía y el apoyo de la representación nacional». Esta expresión era ambigua y hasta sospechosa desde el punto de vista constitucional, pero muy realista. Las ideas de Mendizábal no podían ser más claras en este punto: el Gabinete era el motor del aparato político, a quien las Cortes debían robustecer y apoyar, es decir, sin menguar su protagonismo; un presidencialismo inequívoco frente a la fórmula parlamentarista de la constitución gaditana. Y para lograrlo no tuvo nunca demasiados escrúpulos. Las Cortes moderadas de 1835 le eran favorables; pero a la primera vacilación que tuvieron, en febrero de 1836, no dudó en disolverlas para reunir otras de fidelidad absoluta; y nada digamos de las constituyentes cuyo comportamiento se analizará en este libro con todo detalle. Un comerciante, un bolsista, no podía pensar de otro modo. Desde que se independizó mercantilmente para fundar su propia Casa, Mendizábal había actuado solo, tomando por sí mismo las decisiones, sin consejos de administración ni asambleas de accionistas, y así había triunfado. Ahora ya no podía cambiar y le costó luego mucho acostumbrarse a las reglas de comportamiento del juego parlamentario en el que de pronto, sin experiencia anterior alguna, iba a participar.

El objetivo primero del Gobierno había de ser –según el Programa- «poner breve y glorioso fin a esta guerra fratricida». Como éste era el evidente deseo de todos los ciudadanos, nada nuevo se decía aquí salvo un añadido capital, a saber, que esta tarea se pensaba realizar «sin otros recursos que los nacionales». Con esta acotación se marcaba una nota específica del progresismo, frente al afán intervencionista de los moderados. Ahora bien, ¿a qué recursos se estaba haciendo referencia? Porque bajo su patrocinio estaban las tres legiones extranjeras, la flota británica y la enorme cantidad de armamento inglés que constantemente se recibía. Y si no llegaron créditos extranjeros suficientes fue porque no pudieron obtenerse, aunque bien se intentó. En cualquier caso, de sobra es sabido que mientras Mendizábal estuvo en el Poder, la guerra fratricida andaba más lejos que nunca de tener un fin breve y glorioso.

Otra promesa no cumplida fue –pero en este caso de forma deliberada– la de «fijar de una vez y sin vilipendio la suerte futura de las corporaciones religiosas». Esta frase, dentro de su ambigüedad, suponía una continuación de la línea seguida por los gobiernos anteriores y no comprendía desde luego su extinción, que fue lo que realmente se hizo después. Ni tampoco pueden incluirse aquí las medidas adoptadas con el clero secular en las importantes leyes del diezmo, arreglo y venta de alhajas y campanas. La posterior legislación eclesiástica, en suma, nada tuvo que ver tampoco con la anunciada en el Programa.

La expresión «derechos que emanan y son el único y sólido sostén del gobierno representativo» no puede ser más enigmática; aunque en cualquier caso es innegable que los progresistas atendieron cuidadosamente este capítulo de los «derechos» sin perjuicio de que por las circunstancias de la guerra no dudaron en limitar drásticamente su ejercicio en materias tan sensibles como la inviolabilidad personal y la libertad de imprenta.

Y, por último, el crédito público que se prometió «reanimar, vigorizar y, por mejor decir, crear», de hecho fue literalmente arruinado como consecuencia del impago de los intereses de la Deuda exterior, aunque en su haber pueda contarse la continuación de la política de Toreno sobre liquidación de obligaciones y consolidación de los títulos. Muy negativo fue, en cambio, el dato de la opacidad de sus operaciones, de las que mil veces se le exigieron cuentas y siempre se las arregló para no darlas.

La Gaceta, portavoz oficioso del Gobierno, publicó inmediatamente después un artículo en el que explayaba el programa en los siguientes términos: «El Gobierno español está seguro de terminar pronto y gloriosamente la guerra de las Provincias Vascongadas con sólo los recursos nacionales. Restablecida ya la confianza, bastará el movimiento rápido y ascendente del crédito público para proporcionar medios; y para conseguir este resultado no habrá necesidad de aumentar en un maravedí la deuda pública, bastando los recursos ordinarios y los del crédito (...) Cuando penetren (las tropas) en el país enemigo, no les ha de faltar un solo hombre del número que se juzgue necesario para concluir la guerra en pocos días. Es probable que el actual ministro de Hacienda tenga concebido un sistema administrativo de este ramo (...) pero se guardará muy bien en emprender su planta en la totalidad hasta que lleguen las circunstancias propicias para el buen éxito. (...) Un pedante se apresurará siempre a manifestar lo poco que sabe; un empírico promete y alucina aunque no sepa si podrá cumplir sus promesas; el verdadero publicista, el hombre de conciencia ni hace más promesas que las que está seguro de realizar ni emprende la ejecución de su plan hasta que llegan las circunstancias oportunas y la estación conveniente». Palabras premonitorias con las que él mismo estaba trenzando la cuerda con la que luego se había de ahorcar.

Una visión oficialista que no compartiría años más tarde Marrast (505) cuando escribió comentando este ambiente que «se produjo un serio malentendido en torno a la declaración de septiembre de 1835, que sentaba las bases de un contrato consensual y se presentaba como lo que iba a dotar a España de una verdadera monarquía tradicional según el modelo inglés: los liberales exaltados vieron en ella esperanzas de una ampliación de las libertades y cierto espíritu democrático; y los moderados vieron un proceso de prosperidad para la burguesía de los negocios y del comercio». Con el resultado final de un malentendido que no tardaría en provocar tensiones crecientes.

Resumiendo: el célebre Programa de septiembre, que tanta popularidad dio inicialmente a Mendizábal, aparte de haber fracasado casi en su totalidad no puede considerarse como una referencia fiable de la política progresista ya que fue un engaño deliberado o, en el mejor de los casos, tratándose de una apresurada improvisación, sus intenciones se alteraron sustancialmente sobre la marcha.

Mayores consecuencias prácticas tuvieron las disposiciones contenidas en el Proemio del Real decreto de 28 de septiembre del mismo año, que pueden considerarse como un complemento de las de su programa político propiamente dicho. En este Real decreto se declaró, en efecto, la necesidad generalmente reconocida de celebrar una reunión de Cortes del reino, «de acuerdo con la autoridad del Cetro». Ahora bien –se añadía– «tres arbitrios ocurren para lograr tan deseado fin: 1.º La convocatoria de nuevas Cortes en virtud de un sistema de elección, también nuevo, promulgado por V.M. 2.º La convocatoria de nuevas Cortes en virtud de la ley electoral que actualmente rige. 3.º La convocatoria de las Cortes actuales para formar una nueva ley de elecciones».

Como es sabido esta tercera fue la opción escogida para la convocatoria que en la misma fecha se realizaba y en la que se establecía que estas Cortes, que se reunirán a la mayor brevedad posible, «revisarán, de acuerdo con la autoridad de la Corona, el Estatuto Real para asegurar de una manera estable y permanente el entero cumplimiento de las antiguas leyes fundamentales de la monarquía; desenvolverán los principios de gobierno contenidos en la exposición de 14 de septiembre (...) y que he tenido a bien aprobar; y en fin, constituirán definitivamente la gran sociedad española».

Así completado el programa inicial, la política de Mendizábal marcaba una ruptura aperturista hacia el constitucionalismo liberal sin otro límite que el de la conformidad con la Corona y que anunciaba un proceso pacífico y controlado con un paso que parecía inevitable: la redacción de una nueva constitución que dejase atrás para siempre las pautas del Estatuto Real pero de creación original, es decir, sin volver la vista atrás para recuperar la constitución de 1812. Una opción política plausible que se frustró inesperadamente para dar paso a otra completamente distinta. El Ministerio de Istúriz, que sustituyó bruscamente al de Mendizábal en mayo de 1836, recogió esta idea y hasta llegó a formular un proyecto de constitución en tal sentido que, sin embargo, no hubo tiempo para desarrollar, puesto que las sublevaciones provinciales de aquel verano y el motín de La Granja rompieron las reglas previstas del juego para imponer la alternativa de la Constitución de 1812. Con ello, el proceso aperturista de septiembre de 1835 se transformó en una ruptura, el liberalismo se convertía a la fe progresista y el progresismo encontró su propio camino, sus señas de identidad. Esto es lo que históricamente anunciaba el Ministerio Calatrava-Mendizábal y a lo largo de este libro veremos hasta qué punto se consumó su prometedor destino.

2. Los programas políticos de Mendizábal de 1835 nos dan pie para examinar algunas de las cuestiones más oscuras de la historia de España de aquellos años y que tanto habían de incidir posteriormente en el resto del siglo: ¿por qué se llamó a Mendizábal y qué se esperaba de él? Sin perjuicio de que estas preguntas han de aparecer repetidas veces a lo largo del libro, conviene adelantar ya una primera aproximación.

El motivo de la llamada sigue siendo desconocido y mientras no aparezca alguna nueva fuente aclaratoria así continuaremos. Este personaje no había tenido en España ninguna actuación política relevante. Su prestigio venía de la solidez de su Casa de Banca en Londres aun sin haber llegado a ser un banquero de primer orden europeo y, sobre todo, su brillante intervención en Portugal. Pero con su presencia se rompió una tradición de gobierno habida cuenta de que Mendizábal no era un político profesional como Cea, Martínez de la Rosa o Toreno. Un dato que nos sirve para conjeturar la hipótesis de que no fue nombrado para dirigir la política nacional sino para atender el Ramo de su especialización, es decir, la Hacienda. Hasta aquí nada había de extraordinario en su nombramiento aunque desde luego común no fuera. Lo verdaderamente sorprendente fue el paso posterior, cuando saltó de simple secretario de Despacho a presidente del Consejo de Ministros sin perjuicio de que fuera formalmente interino, porque este cargo exigía ya una responsabilidad universal y más cuando se piensa que ocupó simultáneamente varias carteras.

Por otro lado, ¿qué se esperaba de él como presidente de un Ministerio liberal? Desde luego no una línea progresista porque no existía; y menos aún una radical porque sus ideales juveniles y su cargo de intendente del ejército de Riego no suponían un aval seguro en tal sentido. Si se hubiera querido un personaje de esta calidad, el hombre ideal hubiera sido Istúriz. Cuando Mendizábal llegó a España –luego hemos de verlo– se había pronunciado a su paso por París en términos inequívocamente moderados y en general encajaba perfectamente en un Gabinete encabezado por Toreno, sin que tampoco pudiera valorársele por su Programa de septiembre, aceptablemente avanzado, ya que, como simple ministro, todavía no lo había publicado.

En su primera y decisiva entrevista con Toreno adoptó, no obstante, una postura que permite caracterizarle: aun cuando no estaba de acuerdo con las juntas populares provinciales de aquel verano, tampoco estaba dispuesto a disolverlas por la fuerza sino que pretendía integrarlas pacíficamente en el sistema mediante una fórmula de compromiso. Un gesto con el que marcó su distancia con Toreno. En el dilema Toreno versus Mendizábal la Reina Gobernadora se inclinó por este último, no por predilección personal ni política sino por temor a las juntas provinciales que parecían dispuestas a continuar derramando sangre y estaban sacudiendo el Trono con tanta violencia como los carlistas.

Como consecuencia de esta presión popular cayó Toreno y se volvió la página política que resultó ser progresista pero más bien por azar, ya que nadie esperaba que Mendizábal lo fuera con la contundencia que empleó a partir del voto de confianza. Quede claro, por tanto, que la iniciativa no había partido de él sino de las juntas populares, que fueron las que dieron el empujón. Como debe quedar claro también que, una vez iniciada la senda progresista, quien la recorrió sin vacilar, aunque con prudencia, fue Mendizábal y no las Cortes, puesto que el grueso de la política más avanzada tuvo lugar cuando las Cortes no estaban reunidas. Siendo de notar finalmente que luego, durante las Cortes constituyentes, la política ministerial perdió buena parte de su energía: lo que posiblemente haya que atribuir al distanciamiento de Caballero y López que habían sido los instigadores del ímpetu avanzado inicial de Mendizábal.

La revolución progresista: excurso

Con la palabra revolución estamos invocando deliberadamente uno de los fantasmas que más obsesionaron a los políticos de aquellos años y que más quebraderos de cabeza han proporcionado a los historiadores y politólogos de todos los tiempos.

Mucho se ha escrito, en efecto, sobre el pretendido carácter revolucionario del progresismo y es de notar que la literatura siempre ha tendido a imputar personalmente a Mendizábal el impulso revolucionario casi como si el resto de los políticos de la época fueran meros comparsas o ejecutores, como si la mano de este personaje hubiere dirigido las Cortes de Cádiz y los Ministerios del Trienio. En la clásica formulación de Fernández de los Ríos (Estudios, I, 235), donde se enumeran las distintas piezas que componen la revolución, «la obra de Mendizábal (...) viene a ser la cifra de las reformas revolucionarias en la España moderna. Si se borrara de nuestra legislación la ley de señoríos, si desapareciera la desvinculación, si renaciesen los privilegios contra la agricultura, si se restableciera el diezmo, si renacieran los privilegios contra la agricultura, si se resucitaran los conventos, si se devolvieran al clero sus fincas rústicas y urbanas, si se anulara la redención de los censos, si volviese a amortizarse otra vez la propiedad del municipio, la instrucción y la beneficencia, la sangre derramada y el dinero gastado en aquella guerra civil, representaría simplemente la imbecilidad del pueblo español».

Aceptada esta autoría directa o metafórica se explican los odios y las devociones que despertó Mendizábal entre sus coetáneos y que se mantienen todavía en la actualidad. Porque de hecho fue combatido desde «la derecha» por sus excesos revolucionarios y al mismo tiempo desde «la izquierda» cabalmente por su templanza. En estas condiciones, y frente a la tesis de la cita de Fernández de los Ríos, hay que empezar preguntándose si fue de veras un revolucionario o, por el contrario, manejó deliberadamente el freno de la revolución e incluso la traicionó a sangre fría, como sostuvieron sus enemigos del ala radical del progresismo.

La filiación revolucionaria de Mendizábal fue en cualquier caso muy cautelosa. Nunca pretendió empujarla sino frenarla e incluso desactivarla de sus rasgos más ásperos: «domesticarla» sería quizás la expresión más propia. Para él era un movimiento social ajeno aunque aspirase a introducirse en ella con el fin de controlarla desde dentro. Ya lo manifestó así en París, camino de Madrid antes de tomar posesión de su primer ministerio y en la correspondencia privada a Luis Fernández de Córdova (en Memorias íntimas de su hermano Fernando, p. 227) insistió sobre ello en términos inequívocos: «Si no aprovechamos el tiempo, la revolución se nos viene encima y nos arrastra»; «marcha delante de nosotros la revolución; los patriotas liberales deben contenerla» (cartas de 3 de abril y 29 de mayo de 1835).

La explicación de estas aparentes contradicciones no se encuentra sólo en la ambigüedad del político o de su partido sino también en el concepto mismo de revolución como puede comprobarse con la lectura de Pérez Garzón, B. Clavero, Ruiz Torres, Álvarez Junco y tantos otros. En la clásica formulación de Artola (en el «Estudio preliminar» I, XLVI, al Examen histórico de Argüelles, «la revolución es una acción organizada y violenta dirigida contra el poder con objeto de cambiar el régimen y eventualmente crear una nueva sociedad». En general, para los historiadores y politólogos revolución implica el cambio brusco de una determinada situación que se sustituye por otra contra la voluntad de los privilegiados anteriores, a los que suceden los nuevos dispuestos a operar con otras reglas de juego. La violencia puede aparecer, o no, en este proceso, pero no es una nota esencial sino meramente accidental del fenómeno revolucionario. En este sentido de un cambio brusco, aunque no violento, de las instituciones, el progresismo fue una ideología que impuso una realidad revolucionaria; y consecuentemente Mendizábal fue un revolucionario.

Este concepto revolucionario español está tomado literalmente de Andrés Borrego quien así escribía en El Español de 18.5.1836: «Por revolución entendemos los cambios violentos en los cuales la fuerza material se emplea en destruir el antiguo orden de cosas para sustituirle por otro nuevo». Esto era casi un lugar común. La originalidad de Borrego consistía en su afirmación de que esta práctica era inevitable en el pasado, pero que se había hecho inútil con la aparición del constitucionalismo que permitía ya los cambios no violentos sino consensuados en una discusión pacífica. Tal era la esencia de un mensaje que estuvo predicando toda su vida, desafortunadamente sin éxito. Y también en la prensa, pero desde otro bando, en El Eco del Comercio de 14.8.1837 encontramos el siguiente texto: «El Gobierno para restablecer la paz y el equilibrio no ha podido mandar revolucionariamente porque esto no hubiera asegurado la calma ni hecho otra cosa que sustituir a la violencia de los partidos la violencia de la administración».

En el imaginario popular –de entonces y de ahora, lo mismo en 1836 que en 1936– la revolución tiene un significado muy distinto, que se asocia con el desorden, las bullangas callejeras, los incendios, los saqueos y asesinatos, aunque las instituciones políticas y sociales no se toquen y todo siga igual al cabo de unas semanas. Desde tal perspectiva, revolucionarios son los que queman conventos (no los que suprimen por ley comunidades religiosas), los que saquean palacios (aunque respeten la aristocracia de la sangre y el dinero), los que asaltan edificios públicos (aunque respeten las instituciones del Estado) y se manifiestan tumultuosamente en una plaza (aunque al día siguiente vuelvan mansamente al trabajo). Lo que queda en el recuerdo es el asesinato de un puñado de frailes, el descuartizamiento de unos militares: de Bassa en Barcelona, de Quesada en Madrid, de Saint-Just en Málaga. Pues bien, en este sentido nadie puede acusar a Mendizábal de revolucionario puesto que tales escenas le horrorizaban y siempre procuró apagar estos fuegos aunque, eso sí, después de haberse calentado en ellos. El partido progresista llegó a especializarse en la promoción de bullangas, asumiendo el precio de los saqueos y asesinatos, mediante la manipulación de unas masas que le allanaban el camino del poder; si bien luego, alcanzado éste, se apresuraba a mandarlas a casa, dando un puntapié, por así decirlo, a la escalera que había utilizado para llegar arriba. Parece que sin los sargentos de La Granja Mendizábal no hubiera accedido en septiembre de 1836 a su silla ministerial y, sin embargo, nadie como él se distanció tan expresamente de este episodio y condenó con tanta energía a sus autores. La distinción entre estas dos acepciones del término la vio muy bien Ferro Montaos en su discurso de 21.3.1837: «Porque no se haya verificado en España desde el 33 al 37 una revolución terrible y sangrienta, una revolución que haya trastornado el edificio social desde sus cimientos hasta su cúpula ¿ha dejado, sin embargo, de verificarse una revolución pacífica y por lo mismo más notable, sublime y gloriosa? ¿Tendría la revolución, tal cual se ha verificado, menos importancia porque no se haya derramado a torrentes la sangre española o hecho rodar la cabeza de su rey desde el cadalso?».

En la imagen pública de Mendizábal coincide además una nota que ha contribuido decisivamente a su deformación histórica. El imaginario popular se forma necesariamente a través de burdas simplificaciones, de generalizaciones tan cómodas como incorrectas. La memoria histórica no admite precisiones y mucho menos matices, puesto que sólo sabe manejar símbolos y nombres simbólicos cuidadosamente seleccionados. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la desamortización eclesiástica, de la que conocidamente Mendizábal no fue el único autor; pero como se necesitaba un nombre simbólico, a tientas –o por deliberada autocomplacencia de Mendizábal– se le escogió a él y no, como hubiera podido también hacerse, a Gómez Becerra o a Landero. La desamortización eclesiástica de medio siglo de duración ha terminado siendo la «desamortización de Mendizábal» (pasando por alto incluso el pecado mucho más grave de la transformación de los diezmos) y todavía más, a la desamortización se asoció la quema de conventos y las matanzas de frailes en las que el político nada tuvo que ver y así se consiguió salpicarlo con la segunda acepción –la violenta, la sangrienta– de la palabra revolución.

Volviendo a la cuestión principal, aquí tenemos sin duda alguna una revolución política (por la que se cambiaron profundamente las instituciones públicas del Antiguo Régimen), a través de la cual se realizó una revolución jurídica no menos contundente (al sustituirse el ordenamiento normativo tanto público como privado) y otra revolución eclesiástica profunda pero incompleta (mediante la estatalización del culto católico y la funcionarización de sus ministros) así como una importante, aunque no sustancial, revolución administrativa (que se manifestó en su contaminación política más que en sus aspectos organizativos y burocráticos); sin llegarse a lograr, no obstante, una sensible revolución social, puesto que ni aparecieron clases nuevas ni se disolvieron las antiguas y continuaron las mismas relaciones de dominación en el sentido apuntado por Tuñón de Lara. Esta fragmentación del fenómeno revolucionario desluce el brillo del discurso pero con ella se gana precisión en un campo que tanto lo necesita habida cuenta del abuso con que se ha manejado un concepto de tan sospechosa equivocidad. Puntualizaciones que, además, pueden llevarnos a la delicada distinción entre reforma y revolución, tema permanente de la praxis política y de las polémicas intelectuales en el que deliberadamente no queremos entrar, aunque valga la pena saludarle al menos con una breve cita de Martínez Falero en la sesión parlamentaria de 25.1.1837: «Es necesario que la reforma política vaya acompañada de la reforma económica. Nada adelantaremos en dar leyes constitucionales si no hacemos ver a los pueblos que disminuimos los empleos y los gastos».

Para Josep Fontana –autor de un libro que con el significativo título de «la revolución liberal» influyó tan poderosamente en la bibliografía posterior– los acontecimientos que en aquellos años tuvieron lugar merecen el nombre de «revolución liberal» y no progresista ni moderada porque ambos bandos estaban de acuerdo en lo esencial de su contenido, que no era otro que la transformación del régimen de la propiedad convirtiéndola en una propiedad desconocida en el Antiguo Régimen, o sea, en la variante burguesa de acuerdo con la vieja concepción romanista que había desaparecido en Europa desde la Edad Media y que ahora se recuperaba para fundamentar el sistema de producción capitalista. «Esta revolución –ha escrito (p. 259)– fue más duradera, honda y trascendente que las que culminaban en un mero cambio de constitución, puesto que cuajó en el establecimiento de un régimen de propiedad que había de durar tanto como el capitalismo y el predominio burgués».

En el presente libro se reconoce desde luego la importancia de esta revolución en materia de propiedad y su trascendencia social y económica pero no se considera como la revolución liberal por antonomasia sino una más de las varias que el liberalismo trajo consigo y que se produjeron simultáneamente. Porque no menos trascendencia tuvo la revolución constitucional que admitió la soberanía nacional y creó un órgano representativo para la dirección y gestión de la política así como permitió la formación de los partidos políticos (revolución política). Y tampoco se puede dejar a un lado la revolución social que supuso la castración política del clero al privarle de su fuente autónoma de financiación y convertir a sus miembros en empleados públicos, así como la supresión de las órdenes religiosas eliminando de un golpe su enorme fuerza económica y social; pero denunciando al tiempo la ausencia de otra revolución social –la de la emergencia del proletariado y del campesinado– que tuvo que esperar casi un siglo en aparecer. Y, en fin, la revolución fiscal, que cerró el proceso iniciando una época de inmovilización de lo adquirido frente a las nuevas presiones del capitalismo avanzado, del socialismo y de la democracia.

Vistas así las cosas parece confirmarse la obsolescencia de la vieja cuestión de la pretendida «revolución burguesa», superada ya en la historiografía europea según ha verificado minuciosamente Jesús Cruz y confirmado por sus propios estudios. Los grupos dominantes que flotaban en la masa social española a mediados del siglo XIX seguían siendo sustancialmente los mismos que los de fines del siglo XVIII y mejor que de burgueses podría hablarse de «notables» (Burdiel, Cruz). En definitiva –y puestos a precisar– se sale ganando mucho si se dejan a un lado las ambigüedades inevitables a la expresión de «revolución burguesa» y se sigue, como Artola, la más propia de «revolución liberal» aunque con ella se abra una nueva problemática: ¿revolución liberal o revolución progresista? Cuando Burdiel (1987, 27) escribe en términos lapidarios que «el proyecto radical de revolución burguesa en España, implícito como posibilidad teórica en la Constitución de 1812 y en la práctica política del Trienio liberal, pareció quebrarse definitivamente en 1834», ¿a qué se está refiriendo: a la revolución burguesa o solamente al proyecto radical de ella?

Lo que sucede, sin embargo, es que las palabras y las ideas circulan en la sociedad –en todos sus estratos, desde los más bajos a los más cultos– en su forma más amplia e imprecisa porque es la que permite una mejor comunicación aunque sea a costa de frecuentes malentendidos. Así se explica la habitualidad del uso de expresiones como «revolución burguesa» o «revolución liberal», que forma parte del acervo común de la cultura española sin perjuicio de que algunos analistas hayan denunciado luego su ambigüedad. Resulta inevitable, por tanto, aceptar su curso corriente que, además, no siempre induce a confusión, antes al contrario sirve para poner de relieve la importancia de determinadas creencias tanto más extendidas cuanto que no han pasado el filtro de la crítica histórica o ideológica. En palabras de Marrast (535), «habiendo tenido posibilidad de llevar a cabo una revolución democrática, Mendizábal se limitó a dar inicio a una revolución burguesa y acabó disgustando a todos y creando una confusión mayor en la política española».

Esto se ve muy bien en un importante artículo de Rodríguez Alonso de 1989, titulado «La revolución liberal de espaldas a la sociedad (1833-1839)», en el que recoge minuciosamente los testimonios del embajador Villiers. Aquí nos es indiferente el concepto preciso, exacto, del término, pues lo fundamental es lo que pensaba Villiers al efecto y, sobre todo, lo que él estaba observando en los españoles. Según el embajador, los partidarios de la Reina pretendían hacer la revolución (cualquiera que fuese) «desde arriba y no desde abajo». «Piensan con toda justicia que las circunstancias de la actual revolución difieren totalmente de las de todas las demás, que la mejora que se está realizando ha comenzado desde arriba, no desde abajo, que les es dada y que ellos la toman» (carta el duque de Wellington de 7.12.1834). Siguiendo con la metáfora, puede afirmarse que la llamada revolución liberal se hizo del brazo de la burguesía y la nobleza, de espaldas al pueblo y frente a la Corona y a la Iglesia.

Si queremos citar a otros autores coetáneos, ahora españoles, valgan las palabras de Donoso Cortés: «Con la jura de la constitución (de 1837) dieron fin las Cortes a su revolución política; pero aprobando el proyecto de ley sobre diezmos y discutiendo el arreglo del clero, dan principio a la revolución social». En el horizonte vital apocalíptico en que se movía la retórica donosiana el tema de la revolución había de serle muy grato: «Si votáis la ley (electoral de fórmula indirecta) tened entendido que votáis la revolución. Cierto que la revolución no es inminente merced a que las masas duermen aquí todavía el sueño de la inocencia y a que no están preparadas para responder al llamamiento de la ley, pero al fin resonarán en sus oídos y se levantarán» (Obras completas, ed. BAC, I, 200).

Evaristo San Miguel en una obra escrita en 1837 (Las próximas Cortes) ha escrito unas palabras dignas de ser recordadas habida cuenta del papel que jugó su autor en el desarrollo de la «revolución progresista»: «Estamos en revolución desde el año 1808, o si se quiere, desde el año 1810, época de la reunión de las Cortes extraordinarias. En revoluciones raramente los hechos son resultado de voluntades, de planes o designios fijos. Pocos hombres, o ninguno, pueden encadenar las circunstancias, ser dueños de los acontecimientos y asegurar los resultados de sus combinaciones. Todos saben el punto de donde parten, ninguno puede señalar el límite de su carrera. Por lo regular todos van más lejos de lo que en principio imaginaron y trabajan en beneficio de cosas y personas desconocidas y tal vez rivales».

En resumidas cuentas, resulta tarea imposible –y, por ende, inútiltratar de determinar si los progresistas, templados o radicales, fueron auténticamente revolucionarios, porque la revolución es un concepto relativo que admite tantas acepciones como se quieran. Es una «palabra-comodín» a la que el jugador puede dar libremente el valor que le convenga: de aquí el éxito de su uso y la imposibilidad de manejarla con un mínimo de precisión. Es un término de comunicación pasional en un mitin o en un tumulto callejero, pero que no sirve para la comunicación intelectual: lo que hace desaconsejable su empleo en contextos como el presente. Para los carlistas los liberales eran revolucionarios; y para los moderados también lo eran los progresistas empezando por Mendizábal. Y todos tenían razón manejando sus propios baremos.

Más allá de los progresistas había otros que agitaban una bandera revolucionaria muy distinta: los anarquistas, los comunistas, algunas sociedades secretas y, trabajando a la luz del día, los demócratas y los republicanos. En la monumental obra de Henao, significativamente titulada Los Borbones y la revolución, esta dinastía no tuvo otro destino que hacer frente a la revolución; y para el mejor y más apasionado defensor de esta tesis, Fernando Garrido (singularmente en su Historia del último Borbón), los progresistas desperdiciaron una oportunidad histórica inmejorable para introducir la revolución en España, aunque estuvieron a punto de lograrlo en 1854. Desde esta perspectiva realista dejemos a cada uno con su idea propia de revolución y con las ilusiones de haberla fomentado o impuesto e, inversamente, de haberla combatido o aplastado. En general, los autores que vivieron directamente los acontecimientos de 1836 –empezando por los coetáneos como Pacheco, Alcalá Galiano, Marliani y Fernández Manrique hasta los postrimeros como Burgos, Pirala, Fernández de los Ríos y Bermejo– consideraron que el motor de la historia de España en el siglo XIX fue la revolución, alternativamente impulsada o combatida. Hoy, sin embargo, en la línea anunciada por Henao y Garrido suele considerarse más bien que la revolución decimonónica en España no tuvo lugar en parte por la enorme fuerza de la reacción y en parte también por falta de empuje de los revolucionarios y seudorrevolucionarios.

En definitiva, de la revolución en general y de la revolución española disponemos de tantos conceptos como queramos. Porque también cabe negar su existencia y reducir lo que entonces sucedió a puras bullangas dolorosas pero superficiales. Ésta fue la opinión de Balmes (en Situación de España, 1840, p. 56): «¿Qué significa la palabra revolución aplicada a nuestra situación actual? ¿Qué es lo que se quiere revolver? (...) Cuando hay privilegios antiguos, instituciones antiguas, entonces si se hace la revolución sabemos a dónde se dirige, será a la destrucción de aquellos privilegios e instituciones. (Pero) si privilegios e instituciones y todo lo antiguo se ha echado por el suelo ¿qué objeto tendrá la revolución? ¿qué se pretende destruir? (...) No puede ser más que una época de motines pasajeros, de trastornos, de violencias y desgracias; pero sin producir ningún resultado ni político ni social; sin asegurar el triunfo de una idea, de un sistema, ni la preponderancia de nuevo interés».

En el presente libro se maneja con reiteración el sintagma de la revolución liberal (y mejor todavía en plural) y no el de revolución burguesa (por las razones dichas) y menos aún el de revolución progresista, dado que el progresismo añadió muy poco al acervo ideológico liberal y que los grandes «logros revolucionarios» fueron obra conjunta de las dos fracciones de la familia liberal tanto en 1820-1823 como en 1834-1837. Quizás la única originalidad del progresismo consistiera en el anticlericalismo y su indudable éxito fue el hecho de que las transformaciones más profundas se realizaron, o al menos se iniciaron, durante su mandato. A los progresistas, en suma, cupo la suerte –y la gloria– de sacar del horno el pan amasado por los liberales que llevaba cociendo durante varios años.

Pensamiento político de Mendizábal

1. La identificación política de Mendizábal no es tarea sencilla porque decir simplemente que era progresista es una tautología, como inmediatamente vamos a comprobar.

En sus primeros años conocidos, antes de su emigración a Inglaterra, por liberal y exaltado se le tenía a la vista de su comportamiento en el Trienio. Pero en 1835 esta calificación poco significaba y no tenía otro alcance que el de subrayar la discordancia con la política moderada del justo medio de Martínez de la Rosa. Al repasar minuciosamente su correspondencia londinense, Janke (128 ss.) ha constatado que su posición no era demasiado radical puesto que estaba dispuesto, llegado el caso, a aceptar el Estatuto Real y, camino ya de España, a su paso por París expuso al duque de Broglie sus intenciones de gobierno, que horrorizaron a su interlocutor: contemporizar con la revolución (es decir, lo que los conservadores europeos entendían por tal) porque «la única manera de detenerla era ponerse al frente de ella y darla una dirección menos mala». Un principio capaz de alarmar también a la Reina Gobernadora, pero que no nos aclara suficientemente su ideología. La realidad era que entonces carecía de un pensamiento político definido confiando sencillamente «en sus propios impulsos» como escribió a lord Holland, o «a su noble corazón que jamás le había engañado», como confesó a su socio Ramón y Carbonell. Bajo estos presupuestos es ocioso cualquier intento de indagar sus proyectos, puesto que a la sazón ninguno tenía y de sus impulsos y corazonadas sólo podía salir una política imprevisible y errática, como efectivamente sucedería.

Su posición empezó a concretarse recién llegado a Madrid cuando, en su primera entrevista en La Granja con Toreno, ambos se percataron de inmediato de que eran incompatibles en un mismo Ministerio puesto que Mendizábal no estaba dispuesto a admitir el decreto de prohibición de las Juntas provinciales que tenía preparado Toreno y éste sufrió un desengaño al comprobar que su nuevo ministro de Hacienda, no obstante su total inexperiencia de gobernante, no estaba dispuesto a dejarse manipular como había esperado el conde, pese a la edad y autoridad de éste, cuando aceptó incluirle en su Gabinete.

Un desencuentro que marcaría el futuro de ambos, pero que reclamaba de momento una solución inmediata: vista la incompatibilidad indicada ¿cuál de los dos iba a quedarse? La Reina Gobernadora se inclinaba por Toreno pues no se fiaba de Mendizábal; pero Villiers, que entonces admiraba al gaditano-londinense, convenció a Cristina, sobre la que ejercía una gran influencia, para que se inclinase por él asegurando que no era, ni mucho menos, el revolucionario que se temía, antes al contrario que se apresuraría a hacer abortar el levantamiento con la connivencia de sus amigos radicales y que «desde dentro» podrían controlar sin dificultades su evolución. La Regente se dejó convencer por el embajador aunque adoptando una fórmula inesperada: hizo salir a Toreno pero cautelarmente nombró presidente del Consejo al general Álava con la comisión de vigilar al recién venido. Algo que no llegó a intentarse siquiera puesto que el flamante presidente no se molestó en venir a España y dejó su silla «provisionalmente» a disposición indefinida de Mendizábal, presidente interino.

Una vez en el poder Mendizábal se pronunció, al fin, de manera oficial; pero su famoso programa de septiembre fue, como sabemos, simplemente liberal sin que nadie pudiese tacharle de radical. Por lo que para conjeturar su posición política tenemos que fiarnos, aunque con cautela, de los apoyos que encontró, que nos pueden servir de referencia fiable. En primer lugar estaban los liberales no moderados de provincias (es decir, los promotores de las Juntas, que habían quedado contentos de su actitud contemporizadora) así como los prohombres de Madrid del mismo signo que habían impulsado las revueltas de la capital (el conde de las Navas, Istúriz, Alcalá Galiano). Sin olvidar el apoyo decidido de la Milicia nacional, que hizo de él su primer icono (al que añadiría más tarde el de Espartero). Joaquín María Alba cuenta la actitud de ella en la primavera de 1836 cuando empezaba ya a hablarse de la posible caída de su ministerio: «Se han recogido muchas firmas de la Guardia nacional para una exposición en que se pide a S.M. que no destituya a Mendizábal. Las firmas se han recogido como Dios ha querido y es vergüenza oír detalles. Pero la exposición ha hecho su efecto». Y el mismo Alba testimonió también que «hasta los chisperos están ganados para hacer uso del pópulo soberano para apoyar a Mendizábal» (cartas a Luis Fernández de Córdova de 28.3 y 15.4.1836, en las Memorias íntimas de Fernando Fernández de Córdova, p. 221). Esta fidelidad de la Milicia nacional se correspondía al notorio y constante interés que él tuvo con ella, a la que perteneció y con la que colaboró personalmente antes y después de ser ministro. Según informa Janke (158) en abril de 1836 levantó una escuela en Aranjuez para huérfanos de milicianos y durante toda su vida colaboró generosamente en un fondo establecido para los internos.

Hasta aquí le vemos situado en un contexto radical proclive a la revolución; mas no hay que olvidar que al mismo tiempo su mejor apoyo estaba en los grandes capitalistas madrileños (liberales a machamartillo pero en su mayoría distanciados de las posiciones revolucionarias) y, en segundo lugar, por los embajadores de Inglaterra y Francia: liberales también mas no radicales.

La cuestión era si podían compatibilizarse indefinidamente estas opciones aparentemente contradictorias o si algún día había de inclinarse por una abandonando la otra. Mayor importancia que estas relaciones circunstanciales y personales tuvo la alianza formalizada que estableció con la fracción avanzada que capitaneaban Caballero y López y que, debido a la publicidad y notorios efectos de la misma, posiblemente fue el episodio que decidió definitivamente el futuro de Mendizábal. Ante la necesidad de conservar la mayoría en el Estamento de Procuradores a mediados de 1836 no tuvo Mendizábal más remedio que recurrir a esa alianza expresa con el ala avanzada de Caballero (que acabamos de mencionar), a la que se alude en una carta de Imaz al citado Fernández de Córdova de 30.5.1836 (en las mismas Memorias íntimas, p. 212): «La fuerte mayoría le apoya por resultado del convenio explícito acordado en reunión tenida en casa de Caballero». Información que ya había precisado antes Alba en otra carta de 20 de abril (ib. p. 224), según la cual «hubo una reunión de procuradores que presidida por el mismo Caballero presentó al sr. Mendizábal la siguiente proposición: que el Estamento popular le ofrecía su apoyo si el Gobierno se ponía a la cabeza de la revolución, dirigiéndola por el camino más corto del progreso y para ello por vía de garantía exigiese anticipadamente: 1. que completase el Gabinete; 2. destitución de cuantos empleados no perteneciesen al movimiento de su esencia, reemplazándoles por gente de bullanga, fuese o no fuese idónea para servir; 3. pronta disolución de las actuales Cortes para que, convocadas las siguientes inmediatamente, nos constituyamos. Caballero, director de las Cortes, lo es también de Mendizábal».

Esta alianza fue notoria y Janke ha hecho (213) una descripción y comentario de ella, tomando los datos de la correspondencia del embajador Raynaval a de Broglie: «Mendizábal acudió a Fermín Caballero (que) impuso condiciones muy amplias. El Gobierno debía constituirse de completo acuerdo con la mayoría de las Cortes. Debería aprobarse una ley financiera tan completa como pudiera hacerla el Gobierno español y deberían hacerse economías en los departamentos del Estado. Los obispos y sacerdotes conocidos como carlistas deberían ser exiliados. Determinados jueces habrían de ser reemplazados por patriotas y mayor número de patriotas deberían obtener empleos en la Administración». A este propósito Janke recordaba que estas condiciones –muy poco ambiciosas por cierto y nada revolucionarias– reproducían las que ya habían aparecido en la prensa exaltada de 1834 «con la diferencia de que los agitadores de entonces estaban ahora en el poder y se sentían tan poco predispuestos como Martínez de la Rosa a dejar paso al movimiento de izquierda». Añadiendo, en fin, que «los cuatro delegados que entregaron estos términos añadieron tres condiciones verbales: la abolición del Consejo de Gobierno, el cese de Córdova y la rápida revisión del Estatuto. A cambio de la adopción de estas medidas aseguraban que los disturbios políticos de las provincias se volverían a favor del Gobierno».

Ni que decir tiene que esta alianza (que se reproduciría luego, según hemos de ver, en las Cortes constituyentes) provocó la «contaminación radical» de Mendizábal y consecuentemente que la Reina Gobernadora se distanciara aún más de él, pues aquélla sabía de sobra de dónde procedían los alardes radicales del presidente del Consejo de ministros, según puede verse en su carta a Luis Fernández de Córdova de 15.5.1836 (en Memorias íntimas, cit. p. 248) a propósito de los nombramientos de cargos militares que ella rechazó y que terminaron con la dimisión de Mendizábal en aquellos días: «¿Sabes por quiénes y por qué se hizo la exigencia (de cambios militares)? Caballero y compañía fueron». Pero la desconfianza de María Cristina no provenía sólo de las malas compañías de su primer ministro sino también de sus tendencias políticas propias, tal como aparece en su carta de mayo 1835 a Luis Fernández de Córdova (Memorias, 215): «Sólo uno del Ministerio es con quien se puede contar para el orden (Almodóvar), pues los otros tres están tan ligados con sociedades que aunque hacen mil protestas no creo que tengan valor en faltar a lo que han ofrecido en sus tenebrosas logias». Opinión confirmada en otra carta de Joaquín María Alba (Memorias, 223) de 15.4.1836: «La Reina está hasta las cejas gimiendo bajo el yugo despótico de este buen señor, que quitándose la máscara dice que la silla es su patrimonio y que no la soltará a tres tirones».

De esta manera la presión de las juntas revolucionarias provinciales y la alianza con Caballero empujaron a Mendizábal por la vía radical que tan familiar le había sido en los tiempos del Trienio. Pero los años no habían pasado en balde y ahora su temperamento le inclinaba a la templanza: una evolución característica de toda su generación. En la correspondencia del propio Mendizábal se encuentran abundantes confesiones de templanza, singularmente importantes porque no estaban destinadas a la publicidad y eran, por tanto, presumiblemente sinceras. Las siguientes aparecen recogidas en las Memorias íntimas que venimos citando (pp. 225-228): «Progreso pero legal: fuera de la legalidad y fuera de ser un gobierno de la nación entera, nada encontrará acceso en mí» (carta de 10.3.1836). «Soy liberal pero no exagerado (...) la libertad vendrá, pero no quiero que venga precipitadamente, que venga con juicio. Pruebas y garantías tengo dadas» (carta de 3.4.1836).

Sus relaciones con la Prensa, que fueron oscilantes, ayudan también a identificarle. Pronto logró la adhesión de La Revista Española y en sus páginas Álvaro le dispensó un trato apologético, trasformado luego en odio africano cuando abandonó su destino en la secretaría de Hacienda y fundó El Castellano. El tratamiento que le dispensó El Eco del Comercio dependía de las relaciones que tuviese con Caballero: harto cambiantes como se irá viendo. En general la Prensa nacional no le fue benévola hasta tal punto que Mendizábal y sus amigos tuvieron que crear su propio periódico para que apoyase su política.

El 31.3.1836 El Español rompió con Mendizábal, pasándose a la oposición, por temor a su progresiva radicalización y a que asumiera la constitución de 1812 expresiva del «viejo liberalismo del siglo XVIII». Dos meses después Mendizábal acudió a la Revista «prometiéndole la concesión de grandes negocios si este periódico cesaba en sus ataques; tal gestión tuvo consecuencias de largo alcance porque Borrego, a la sazón alma del periódico, resistió las tentadoras ofertas que le hizo la Revista para que cambiara de actitud y prefirió abandonar el diario para conservar su libertad». Concepción de Castro, conocida especialista de esta materia, ha informado (1975) que cuando El Eco del Comercio de 20.3.1836 pidió a Mendizábal que dejara el Ministerio porque habían pasado los seis meses anunciados y no había cumplido su promesa de acabar la guerra, quinientos empresarios y comerciantes dirigieron una exposición a la Reina Gobernadora pidiendo que le retuviera en su puesto.

La clase política siempre le trató con reservas pues le consideraba un advenedizo que había llegado a la presidencia sin haber seguido un mínimo cursus honorum ni haber participado en una sola batalla parlamentaria o periodística. La manifestación más llamativa de estas reticencias se encuentra en las dificultades que encontró para formar su Ministerio pues no había políticos de talla dispuestos a asociarse a él ya que no sabían ni lo que pensaba ni lo que se proponía. Esta delicada cuestión tomó estado parlamentario en la sesión de 5.4.1836 cuando De Pedro le conminó para que «se sirva decir al Estamento qué razones le han asistido para no completar el Ministerio desde que entró en él: si es porque S.S. no ha querido o porque no ha podido. En el primer caso ha faltado a una de las condiciones principales del sistema representativo y en el segundo es bien conocido el rumbo que debe tomar un ministro que no ha podido completar su Ministerio».

Así estrechado, la respuesta de Mendizábal no convenció a nadie: «Se formó el Ministerio de los cuatro individuos mis dignos compañeros que hoy lo componen y al tratar de completarlo me encontré con un sinnúmero de dificultades; porque si bien es posible encontrar individuos que piensen de la misma manera, si es posible también encontrarlos que marchen bajo unos mismos principios, no es tan fácil encontrar hombres que se entiendan entre sí ni que se inspiren la misma confianza unos a otros para que en circunstancias tan difíciles pudieran conducir enteramente acordes la nave del Estado. (Después de disolver el Estamento el 24 de enero 1836) el Gobierno llamó a aquellos amigos cuyo parecer había oído para completar el Ministerio. Desde aquella fecha hasta el 10 de marzo alimentó esperanzas (que después se frustraron)».

La verdad es que nuestro personaje nunca valoró debidamente a sus colaboradores, a los que en el mejor de los casos consideraba inútiles. Años más tarde, en un discurso de 3 de julio de 1841 expresó un juicio estremecedor sobre ellos: «Tengo la experiencia de que me falta tino y acierto para la elección de personas (...) La experiencia me ha acreditado que pocas veces he puesto la mano sobre una cabeza que no me haya salido tiñosa».

De notar es finalmente que García Tejero, el primer biógrafo de Mendizábal, afirmó sin reservas que cuando estuvo en el Poder fue traicionado por los mismos progresistas, sus hechuras, porque no fueron capaces de seguirle en su vertiginosa carrera revolucionaria (I, 143 ss.): «Mendizábal se quedó solo en el estadio de la política avanzada, puesto que fue lanzado privada y públicamente por los apóstatas, por los envidiosos, por el meticuloso y cobarde santonismo y últimamente por la influencia militar, por una especie de poder o de dictadura (...) Mendizábal debió ser eficazmente auxiliado por los progresistas; mas el progreso fue para muchos simplemente un disfraz político» (en cursiva lo subrayado en el original).

En definitiva, la nota más característica de la ideología política de Mendizábal era inicialmente la ambigüedad, el pragmatismo que le impulsaba a aliarse con todos los que pudieran serle útiles y, en fin, la falta de escrúpulos a la hora de ganarse adeptos o favorecer a los amigos: una especie de sincretismo ideológico amalgamado por su enorme personalidad. En una carta dirigida en 1836 (apud Janke, 277) a Agustín Romero, su agente político en Málaga, hizo este significativo retrato de diputado ideal: «hombres prudentemente progresistas, influyentes en el área que representan, propietarios pero de buen juicio, que lleven una vida privada irreprochable y que sean firmes e independientes». Un prototipo, como se ve, muy poco revolucionario.

Con lo dicho basta para comprender la afirmación sentada al principio de que es inútil indagar el ideario político de Mendizábal porque sencillamente no lo tenía. Como buen banquero, no era un hombre de pensamiento sino de acción. No actuaba desarrollando unas ideas preconcebidas sino por impulsos directos, de los que en su caso podría derivarse luego un determinado ideario. Pues bien, este ideario deducido del comportamiento de Mendizábal es lo que terminó denominándose progresismo. Por otra parte, tampoco puede decirse que Mendizábal, inicialmente incoloro, se afilió al progresismo (como luego haría Espartero) por la sencilla razón de que el progresismo entonces no existía: no se apuntó al progresismo sino que lo creó.

La tesis que aquí se sostiene es la de que lo que luego se llamó progresismo fue obra de Mendizábal y que, por tanto, su nombre más propio sería mendizabalismo; de la misma manera que el partido llamado progresista hubiera debido llamarse inicialmente mendizabalista. Lo que sucedió entonces fue que, intentando ocultar el personalismo de esta denominación y por simetría con el partido moderado, se prefirió llamarle, en términos más generales, progresista. Y con el tiempo, progresista y progresismo terminaron objetivándose y separándose de la personalidad singular de Mendizábal y hasta olvidando su origen. Ésta es la tesis apuntada ya de forma clara, aunque de pasada, por Janke (282): «Los mendizabalistas optaron por la palabra progreso para describir su política (...) De este modo el nombre de Mendizábal quedó indisolublemente unido al futuro partido progresista».

2. De la pluma de Mendizábal se conserva un testimonio de sus ilusiones y ambiciones políticas personales. En una carta dirigida a Luis Fernández de Córdova (publicada en las Memorias íntimas de su hermano Fernando: I, 228) confiesa en términos románticos: «Yo no sé hacer traición a mis principios; pero yo no quiero gobernar a mi patria estrictamente por ellos. Quiero gobernarla para hacerla feliz y no por otra cosa. No quiero ser ministro más tiempo que mientras pueda ser necesario. Si tuve ambición de serlo, ya lo fui (...). Conmigo traje mucho, conmigo no llevaré más que ojos para llorar la desgracia de mi inocente familia a quien por la cuarta vez les he arrebatado lo que les pertenecía. Mis enemigos me llaman honrado y patriota y éste no es poco consuelo. Conserve yo tales motes y todo lo demás nada me importa. Sé vivir con 80 o 100 reales en Londres con mi familia y ser feliz. Siempre que mi patria me llamó, me encontró. Tengo parientes aptos para los empleos públicos y no los han obtenido; y para que no me llamen descastado les formé un capital de mi pensión (...) Soy liberal pero no exagerado: no quiero que la libertad venga precipitadamente, la quiero con juicio». ¿Son estas palabras –sentimentalismos apartepropias de un revolucionario progresista convencido?

Más todavía: en un Manifiesto dirigido al país años más tarde, el 18 de octubre de 1851, tuvo ocasión Mendizábal de condensar a posteriori en estos términos su pensamiento político: «Las ideas sustentadas por mí hace 16 años se resumen en estas palabras que son hoy todavía el lema que ostenta el partido progresista en sus gloriosos pendones: Olvido, respeto, reparación, revisión y reforma» (apud García Tejero II, 267). En este documento se insiste machaconamente, por lo demás, en su militancia progresista con frases como las siguientes: «Yo no vengo a predicar ninguna doctrina nueva ni a introducir ningún cisma en la iglesia progresista (...) Tan liberal hoy como ayer, tan liberal mañana como hoy: menos, jamás. El 14 de setiembre de 1835 presenté un programa a la Corona, en el cual desenvolvía mi pensamiento de gobierno, que era el de la gran familia progresista (...) Seré siempre uno de los más leales y más constantes soldados del ejército progresista y consideraré siempre como adversarios a los hombres que militan en las filas del bando moderado (...) Al partido progresista me glorío de pertenecer». Y, por cierto, éste le había correspondido nombrándole presidente de la famosa «Tertulia progresista» de los años cuarenta.

¿Y qué decían de él sus contemporáneos? En un extremo tenemos a El Jorobado, que le dedicó estas palabras crueles el 16.5.1836: «Cayó por fin en medio de la alegría general el Ministerio del horror y de desgracia para este malhadado país que durante muchos meses ha gobernado sin plan, sin orden, sin tino, sin piedad, sin fuerza, sin conocimiento, sin valor (...) Han caído de sus sillas y han caído de espaldas, nadie les levantará». Y en el otro extremo Marliani (165): «Caló Mendizábal cuanto había que ejecutar, pero le escasearon el tiempo, el desenfado y aun la inteligencia suma que se requería. Le acompañaron innegablemente prendas escasísimas en cuantos sujetos encumbrados le precedieron, a saber, la fe viva en el porvenir del país, un desprendimiento sin límites por la causa de la libertad, un enamoramiento de nacionalidad y un ímpetu entrañable en pos del rumbo progresivo y aun revolucionario, como igualmente suma tolerancia e hidalga generosidad con sus contrarios y, en fin, un desinterés personal que en todo tiempo y lugar le ha hecho sacrificar sus propios intereses a los de su patria (...) Su instinto le encamina siempre al acierto y si no lo realiza consiste en que causas exteriores, influjos alevosos o yerros de su imaginación lo extravían (...) Y así en providenciando una disposición, se le atraviesan alteraciones y todo queda escaso y descabalado (...); fue girando en derredor de las dificultades en vez de asaltarlas a las claras: no tuvo el arrojo de ir descargando hachazos reformadores a diestro y siniestro (...); comprendió cuánto había que ejecutar, pero le faltaron el tiempo, el atrevimiento y la inteligencia suma que se requerían».

3. La deslucida retirada de agosto de 1837 no arrancó las ilusiones políticas de Mendizábal que ya no abandonaría hasta su muerte. Durante la Regencia de Espartero ocupó fugazmente una silla ministerial en el Gabinete de Gómez Becerra y, mientras vivió, siguió participando animosamente en las contiendas electorales, adquiriendo en la oposición una madurez y una ponderación de las que desafortunadamente había carecido en sus años de gobierno. De ello –y de su inagotable originalidad– nos da una buena prueba su Manifiesto a los electores firmado en París el 8.11.1846 con el que podemos completar el diseño de su pensamiento político ya evolucionado y corregido por las pasadas experiencias y desengaños.

Allí se critica, por ejemplo, el sistema tributario que considera «injusto por esa escala de arbitrariedad descendente que se observa en el reparto de los cupos que hace el Gobierno sobre las provincias, las autoridades superiores (provinciales) sobre los pueblos y las locales sobre los individuos». Con una mentalidad inequívocamente moderna advierte que «el sistema tributario debe estar basado de modo que una vez decretada una contribución conozca acto continuo el contribuyente el máximum de su cuota, que nunca deberá exceder el 8 o 10 por ciento del producto líquido». En materia de pensiones se fomentaba su capitalización de tal manera «que todos los individuos que se crean con derechos a pensiones, jubilaciones, cesantías, retiros, etc., puedan capitalizar sus haberes respectivos, que les permita cambiar su posición de pensionistas del Tesoro por la de propietarios». Y por lo que se refiere al culto y clero se recomendaba que el clero catedral y el colegial y su culto dependiesen directamente del Tesoro mientras que el clero parroquial y su culto dependiesen directamente del pueblo.

Ahora bien, donde el pensamiento político del Mendizábal maduro alcanza su mayor altura es en la contribución de sangre: «En tiempos normales, cuando la paz reina, nada puede legitimar las quintas, que el espíritu del siglo rechaza (...) y la organización del ejército no exija que la ley venga a arrancar a su hijo de los brazos de su madre». «El servicio ordinario del Ejército debe ser en consecuencia voluntario (y) las fuerzas del Ejército permanente deberán estar reducidas en tiempos normales a 50.000 hombres a lo más».

4. En 1835, cuando residiendo en Londres fue llamado por la Reina Gobernadora para formar parte del Gabinete de Toreno, era Mendizábal políticamente una hoja en blanco con dos renglones de acción en el Trienio español y en la Corte portuguesa. Diez años después en su Manifiesto a los electores de París demostró que había recorrido un largo camino de singulares experiencias políticas y de densa maduración ideológica. La fase que aquí interesa es naturalmente la de 1836-37, en la que ya había superado las «ilusiones adolescentes» de su primer gobierno y todavía no había alcanzado la prudencia que se gana en la marginación, por muy cortés y respetada que sea, como fue su caso a partir de 1844.

En una vida de evolución tan intensa y tan rápida es imposible trazar una «foto fija» de su pensamiento y más si se tiene en cuenta que eran años en los que no existía un pensamiento político estable que sirviese de referencia. En esos tiempos los grandes hombres no pueden ser calificados con un título genérico puesto que tales títulos todavía no se habían formado. Piénsese en la similitud de las trayectorias de Mendizábal y Olózoga. Llamarles progresistas es una licencia política porque en 1836 decir progresista era no decir nada concreto. Mendizábal era sencillamente mendizabalista como Olózaga olozagalista y Argüelles argüellista. Luego, si queremos levantar un mapa político y nos vemos forzados a colocarlos en alguna parte, les haremos un sitio en el continente del progresismo. Como andando los años se haría con el canovismo y el maurismo en el continente conservador.

Conste, sin embargo, que durante las Cortes constituyentes tanto daba decir que el mendizabalismo era progresista como que el progresismo eran mendizabalista. Al igual que en el romance del Cid «por necesidad batallo/ y una vez puesto en la silla/ se va ensanchando Castilla al paso de mi caballo». Es decir, que el progresismo lo iba haciendo Mendizábal cada día y, más tarde, pudo comprobarse que Mendizábal había terminado instalándose en él. Y hasta corrió el riesgo de terminar desbordado, de quedarse fuera –cabalmente como le sucedió a Olózaga– cuando el progresismo siguió derivando ya por su propia cuenta.

En las Cortes de 1836 los únicos que podían exhibir un título político auténtico eran aquellos diputados que contaban con un punto de referencia objetivo y conocido, es decir, los radicales que asumieron deliberadamente la herencia de la exaltación y siguieron fieles a la constitución de 1812: desde Tarín y Gorosarri hasta Caballero y López. Los demás –los progresistas templados– tuvieron que hacerse su propio hueco ideológico, que posteriormente se cubrió con el rótulo de progresismo por antonomasia, cuando lograron desalojar a sus competidores más próximos.

La revolución de Mendizábal en marcha: febrero y marzo de 1836

En febrero de 1836 pudo, al fin, Mendizábal gobernar sin contrapeso parlamentario. Tenía ya a sus espaldas la experiencia de cuatro meses de presidente del Consejo de ministros en los cuales había podido contrastar con la realidad sus vagas ilusiones programáticas de septiembre. Un famoso voto parlamentario de confianza le había dejado las manos libres y con la disolución de las Cortes desaparecía la oposición, harto débil por lo demás, de los moderados. No tenía a nadie a la derecha, por así decirlo, ni tampoco a la izquierda puesto que sus relaciones con Caballero y López seguían siendo excelentes y, para mayor libertad, se cuidó de no nombrar ministros que pudieran coartarle. Su popularidad se mantenía, nadie le exigía nada en la guerra dado que el invierno tenía inevitablemente paralizadas las operaciones militares y, por último, Palacio parecía tranquilo. En definitiva, desde la disolución de las Cortes hasta la constitución de las nuevas, previstas para el 23 de marzo, tenía dos meses para cambiar el país y decidió aprovechar la oportunidad. A lo que realizó en estas semanas y no a lo que anunció en septiembre es, en suma, a lo que tenemos que atenernos. Y en verdad que no desperdició el tiempo.

a) En defensa de la propiedad liberal de tipo individual, el 9 de febrero ordenó la devolución a los compradores de bienes nacionales adquiridos (y luego restituidos forzosamente) durante las anteriores épocas constitucionales. Y dos días después (el 11.2) prohibió los tradicionales aprovechamientos comunes de pastos, yerbas y rastrojeras.

b) Reorganizó sin demora la Guardia nacional, cuyo nombramiento entregó a los ayuntamientos, aunque por Real orden de 2 de marzo siguió sometida en último extremo a la jerarquía de las autoridades militares.

c) Lo fundamental, no obstante, fueron sus grandes medidas referentes a las órdenes religiosas, al crédito público, incluida la desamortización, que comprendía los siguientes puntos: por lo que se refiere a la Hacienda, liquidación general de créditos (16.2), consolidación de la deuda (28.2) y ampliación de la anterior consolidación (12.3). Y por lo que se refiere a las comunidades eclesiásticas, el 19.2 ordenó la venta de bienes de las corporaciones suprimidas; el 5.3 se posibilitó la redención de los censos que les pertenecían; y el 8 del mismo mes, cerrando el proceso, se suprimieron las congregaciones religiosas.

A la vista de tales realizaciones puede entenderse ya la fascinación que ha inspirado Mendizábal a sus coetáneos y a algunos historiadores posteriores. Porque si ninguna de sus ideas fue original, a su impulso personal se debe el mérito de haberlas llevado a cabo, así como el demérito de haberlas consumado (salvo en el punto de la desamortización de bienes de regulares) de tan mala manera.

En el primer cuatrimestre de 1836 la estrella política de Mendizábal alcanzó, pues, su cenit, aunque siguiera siendo presidente interino. Una situación incongruente que tenía que irritar forzosamente a Mendizábal. En la edición de 1995 de las Actas del Consejo de ministros se reproduce en la página 617 el manuscrito autógrafo, fechado el 7.5.1836, del borrador de un proyecto que no llegó a ser decreto:

No obstante lo prescrito en los Reales decretos expedidos por mi augusto esposo el 19.11.1823 y 31.12.1824 por los cuales se confirió para siempre la presidencia del Consejo de ministros al primer secretario de Estado y del Despacho universal, he tenido a bien resolver a nombre de mi amada Hija Isabel II que seáis vos quien ahora ocupe en propiedad esa presidencia.

¿Sería –cabe pensar– para robustecer su posición ante su inminente caída?

Lo que se debió a Mendizábal y lo que se debió a las Cortes

Tanto el imaginario popular como la misma historiografía tienden a personalizar los acontecimientos en una versión épica del pasado como si la historia fuera obra de héroes al estilo de Carlyle: ángeles o demonios como Felipe II o Fernando VII. Cierto es que hay reyes o políticos que influyen decisivamente en el curso de las cosas: pensemos en Napoleón o en Carlos IV; pero de ordinario se trata de meros símbolos. ¿Hasta qué punto es correcto afirmar –según acaba de hacerse– que el progresismo fue obra personal de Mendizábal? ¿No sería más exacto afirmar que Mendizábal fue obra del progresismo? Las dos proposiciones valen porque el hombre y el contexto viven en una relación dialéctica inseparable como en la vieja fábula del huevo y la gallina. Quienes entienden que es el pueblo quien hace la historia y engendra a los héroes que necesita tienen la misma razón que los que entienden que los héroes son los verdaderos protagonistas y que el pueblo se limita a seguirles (o a padecerles).

No es obviamente nuestra intención seguir aquí más lejos el hilo de esta vieja cuestión de la filosofía de la historia; pero resulta imprescindible insistir, al menos, en el análisis de lo que el naciente progresismo español debió a Mendizábal y lo que debió a las Cortes constituyentes (dejando a un lado el papel, más impreciso aunque no menos fuerte, de la clase política y de los ideólogos). Ateniéndonos estrictamente a los hechos, es indudable que las realizaciones progresistas, incluso las que llevaban su firma, no fueron obra original de Mendizábal sino en buena parte herencia de los Ministerios anteriores. Ni tampoco obra exclusiva puesto que resulta imposible determinar con precisión lo que en el primer semestre de 1836 correspondía a él o a Gómez Becerra; y con mayor razón para lo que se refiere al período del Ministerio Calatrava a partir de agosto de aquel año. A estas alturas ya sabemos que el ministro dominante fue en efecto Mendizábal; pero ello no nos autoriza a desconocer la presencia de políticos de tanto peso y autoridad como el presidente, Landero y López y menos todavía a pasar por alto que las decisiones se tomaban colectivamente por el Consejo de ministros. Las atribuciones personales son, pues, una licencia interpretativa que, por su deliberado reduccionismo, facilita simplemente la comprensión de las cosas.

Pero todavía hay más. Porque no podemos hablar sólo de personas –de ministros singulares o actuando corporativamente– sino de otro órgano constitucional multitudinario, las Cortes, que nos invitan a hacer una nueva pregunta: el salto progresista de 1836-37 ¿fue obra personal de un ministro (o de un Consejo de ministros) o más bien de las Cortes? ¿Quiénes fueron de veras los padres del progresismo y los ejecutores de sus intenciones: Calatrava y Mendizábal o los doscientos diputados del Congreso? La pregunta, aun siendo convencional y de imposible respuesta, resulta inquietante porque hace tambalear el mito histórico de Mendizábal y el pregonado mesianismo de su comportamiento. No nos equivocaríamos, desde luego, si dijéramos que la autoría responsable es de todos, puesto que Mendizábal sin el respaldo de las Cortes poco hubiera podido hacer y a las Cortes sin Mendizábal les hubiera faltado el motor. De hecho, nada esencial hizo Mendizábal (y los demás ministros) que no fuera debatido, o confirmado, en el Congreso y, por tanto, casi todo lo importante que se hizo en las Cortes contó con la iniciativa y colaboración de Mendizábal y sus colegas.

Con esta constatación no se trata de poner en entredicho el significado político de Mendizábal y del mendizabalismo sino de intentar colocar las cosas en su sitio. La realidad es que no todas las leyes se aprobaron bajo el dictado del Ministerio o de sus sugerencias. La mayoría parlamentaria era inequívocamente ministerial pero también tenía su propia iniciativa, como iremos viendo más adelante caso por caso, y conviene tener presente que algunas de las leyes más decisivas fueron aprobadas cuando ya había cesado el Ministerio Calatrava-Mendizábal y a las Cortes ni se les pasó por la cabeza cambiar mínimamente el rumbo anterior. Formalmente la revolución (o reforma) progresista fue obra de las Cortes constituyentes (luego ordinarias) de 1836-37; lo que no obsta a la utilidad de seguir hablando de Mendizábal y del mendizabalismo. Valga, pues, este personaje como símbolo y metáfora de una época y de un movimiento, que ocasión habrá en los capítulos siguientes de ir desmenuzando con detalle cada uno de los acontecimientos políticos de aquellos dos años.

Una afirmación que no vale sólo para las Cortes constituyentes sino para toda la época mendizabalista. Más todavía: Isabel Burdiel (1989, 336) sostiene que en 1836 vivió Mendizábal secuestrado por el Estamento en el sentido de que, para mantener la mayoría y poder seguir en el Gobierno, se vio obligado –le gustase o no– a aceptar e imponer las decisiones del grupo de Caballero y López, que fueron por tanto los verdaderos artífices de la «revolución progresista» hasta que María Cristina, aterrada, llamó a Istúriz. Con las Cortes constituyentes las cosas empezaron igual y Calatrava-Mendizábal siguieron cautivos de Caballero y López hasta que decidieron separarse de ellos para recobrar la independencia y poder desarrollar una política más templada y un acercamiento a los moderados aun a conciencia de que así lanzaban a los avanzados a la oposición.

En cualquier caso, a partir de finales de 1837 se consolidaron y organizaron los partidos políticos españoles (dando por bueno que ya existían antes como meras tendencias de opinión) y, en lo que aquí más importa, se despersonalizaron su ideología e intenciones. Por decirlo de manera más contundente: los mendizabalistas se convirtieron en progresistas y el mendizabalismo se transformó en progresismo, olvidando pronto sus orígenes, que en la Historia se han perdido casi por completo. Una solución de continuidad que justifica, por tanto, que no nos ocupemos aquí de los programas y manifiestos progresistas posteriores ni nos molestemos en compararlos con el de septiembre de 1835.

* * *

2. PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos de la familia liberal.– Postura personal de los diputados.- Los partidos vistos desde las Cortes.– Análisis extraparlamentario.– Las Cortes constituyentes vistas por los historiadores modernos.– Un intento de reconstrucción.– Sobre doceañistas, exaltados y progresistas.– La soñada unidad liberal.– Mayoría y minoría parlamentarias: ministeriales y oposición.

Para el pensamiento anacrónico la historia política de las Cortes constituyentes de 1836-37 habría de ser el relato de dos partidos políticos –el progresista y el moderado– enfrentados implacablemente tanto en el Congreso como fuera de él. Tal es la perspectiva habitual de los autores desde el siglo XIX hasta la actualidad. En el presente libro, sin embargo, hemos tenido que apartarnos de este camino trillado por la sencilla razón de que tales partidos no existían formalmente y, en segundo lugar, porque las luchas y tensiones no se produjeron entonces entre los dos grupos indicados (las dos estirpes en que se escindió la familia liberal) sino entre las distintas fracciones que se formaron en el seno de una de ellas, la progresista. Un punto de vista no rigurosamente original desde luego, pero lo suficientemente novedoso como para exigir un gran cuidado en la selección de testimonios y en su análisis.

Una historia política moderna es la historia de sus partidos políticos, es decir, de las situaciones y relaciones de éstos en los centros del Poder público –el Parlamento, el Gobierno– sin olvidar su actuación lícita o ilícita fuera de ellos: en la prensa, en las sociedades secretas y en las salas de banderas, incluidos los golpes militares y de Palacio. En 1836-37 no fue ésta, sin embargo, la historia política de España tanto por la incidencia de una guerra civil que alteraba inevitablemente las reglas de juego como porque todavía no habían madurado los partidos políticos en sentido moderno, con la consecuencia de que el epicentro se encontraba en oscursos movimientos nunca bien identificados, en explosiones populares más o menos manipuladas, marchas militares de intenciones opacas y en personalidades singulares que todavía no militaban en partidos ni estaban sometidos a disciplina alguna.

Por inercia y por deformación profesional se hablaba ya entonces, como sigue hablándose hoy, de un Congreso y de unos Gobiernos progresistas y de una oposición moderada: pero se trataba, y se trata, más bien de metáforas que de realidades, por la sencilla razón de que no existían tales partidos políticos. Lo que había, a todo lo más, eran grupos de diputados de ideas afines, que se reunían esporádicamente en algún domicilio particular (en el de Fermín Caballero o en el de Joaquín Ferrer) o en algún edificio expresamente adquirido a tal propósito (como la antigua Casa de Filipinas) con el objeto de intercambiar opiniones o establecer alguna estrategia común. Pero no eran partidos políticos en el sentido moderno puesto que carecían de organización electoral, de aparato burocrático y de disciplina de voto. En las elecciones cada diputado se las arreglaba por su cuenta y en el Congreso votaba según su conciencia.

Los partidos políticos en sentido propio y moderno estaban a punto de nacer ciertamente, pero todavía se hallaban en las vísperas y la articulación política se realizaba en torno a personalidades singulares todavía civiles (Mendizábal, Caballero, Martínez de la Rosa, Toreno) como pronto serían militares (Espartero, Narváez, O’Donnell). Éstos eran los mimbres reales del cesto político. Lo que no obsta a que resulte imprescindible el examen cuidadoso de los partidos políticos cualquiera que fuese el estado en que se encontrasen.

Si fuéramos consecuentes con un planteamiento metodológico riguroso, tendríamos que prescindir para esta época de la palabra «partido», puesto que es una verdadera «trampa lingüística» habida cuenta de que detrás de esta palabra se esconden demasiados significados que confunden inevitablemente al lector. En términos de la filosofía moderna del lenguaje, partido es una herramienta no pulida, mal usada, que desenfoca, cuando se utiliza, la visión correcta del mundo. En definitiva, aunque aquí nos apartemos en lo posible del pensamiento anacrónico, tenemos que aceptar resignadamente el uso de un «lenguaje anacrónico».

A este propósito Fernández y Fuentes en el lugar citado han rastreado con agudeza la aparición y primer desarrollo de unos términos que luego se incorporaron al vocabulario común y han llegado hasta hoy. Como bien señalan (47 ss.) «entre 1810 y 1823 se fue perfilando una nomenclatura relativa a los primeros partidos políticos anteriores, entendidos todavía como simples corrientes de opinión identificadas con tales o cuales principios ideológicos o actitudes políticas, reconocibles a su vez en una prensa afín y en la composición interna de las Cortes (...) La ruptura en 1820 del liberalismo español en dos corrientes, la exaltada o radical y la moderada, la primera partidaria de la constitución de Cádiz y la segunda de su revisión a la baja, daría lugar a dos series léxicas que habrían de cobrar un gran protagonismo en la historia política de las siguientes décadas: moderada (que está ya fechada en 1820) y progresista, algo posterior, término que después de la muerte de Fernando VII quedó vagamente asociado a la herencia liberal y popular de la constitución de Cádiz. Todo indica que a caballo entre los años 30 y 40 se inició la transición de moderado a conservador. Jaime Balmes señaló en 1843 el desprestigio de los partidos moderado y progresista como causa de un cambio de nomenclatura (...) El uso político de la tríada derecha/ centro/ izquierda, procedente de Francia se va introduciendo lentamente en España a partir de los años 30».

Para comprender desde el siglo XXI la situación de los partidos políticos de 1836-37 hace falta un primer esfuerzo de ascesis intelectual, es decir, la depuración de la idea que tenemos hoy de ellos para colocarnos en la mentalidad y en la praxis de aquella época, con el resultado, ya sabido, de que nos vamos a encontrar con figuras muy diferentes de las actuales: no con organizaciones sino con tendencias, no con militantes y simpatizantes sino con meras afinidades. Algo así como lo que sucedió en España en 1976, cuando en la transición los afines fueron buscando, casi a tientas, un lugar electoral, con la diferencia de que en esta ocasión la cristalización orgánica de los partidos se realizó con un ritmo incomparablemente más rápido que en el siglo XIX.

Pero este primer esfuerzo, sin embargo, no basta porque hace falta un segundo todavía más enérgico para depurar esos partidos iniciales de las adherencias que vinieron después como consecuencia inevitable de su evolución posterior.

Ateniéndonos a nuestro caso, los fenómenos político-sociales de 1836, que con poco rigor estamos denominando partido progresista y partido moderado, en 1838 ya eran otra cosa y nada digamos en 1846. Ésta es una nueva trampa de la investigación histórica: después de preocuparnos tanto de guardar las distancias cronológicas y de contextualizar cada momento en su momento propio, corremos el riesgo de caer en un nuevo anacronismo cuando enlazamos ese fenómeno en un proceso. Dicho de otra manera: aceptando que hemos logrado abstraernos de la mentalidad de 2011 y que nos hemos colocado en 1836, podemos caer fácilmente en el error de enlazar el partido progresista de 1836 (contemporáneo de La Granja) con el de 1840 (posterior al motín de septiembre y al entronamiento de Espartero) que ya no son los mismos.

La consecuencia de esta somera observación es la siguiente: a la hora de enjuiciar los partidos políticos de 1836-37 tampoco nos valen los análisis inmediatamente posteriores de Pastor Díaz, Balmes, Donoso, Borrego, casi coetáneos, porque lo que ellos tienen delante y analizan ya es otra cosa. Ésta es una situación aparentemente descorazonadora, porque nos priva de referencias absolutamente fiables, pero no podemos, por otra parte, prescindir de ellas, si bien nos exige particulares precauciones.

En definitiva: a) aunque manejemos las expresiones de partido progresista y partido moderado, tenemos que ser conscientes de la impropiedad de su uso ya que su contenido es muy diferente al actual; b) aunque esos partidos se prolonguen sin solución de continuidad con los de los años inmediatamente siguientes, ya no son los mismos en 1836 y 1840; y c) la observación histórica sigue siendo posible pero sus resultados deben tenerse cada día por menos seguros y en todo caso se refieren a fenómenos más que variables, fugaces. Así es, al menos, como debe entenderse el presente libro.

Los partidos de la familia liberal

Con las cautelas señaladas en este epígrafe va a tratarse del tema de los partidos políticos, cuyo esclarecimiento previo (en la medida de lo posible) es imprescindible para la inteligencia de la vida política de una época desgarrada de hecho en bandos de contornos imprecisos y de objetivos apenas diferenciados. Una cuestión singularmente confusa agravada, además, por la ambigüedad con que se empleaba este término en el tiempo que nos ocupa. Lo único claro entonces era la existencia de los partidos liberal y carlista, como rezaba el título de la obra clásica de Pirala. Pero es el caso que también se hablaba habitualmente de otra infinidad de partidos: del moderado (o conservador o retrógrado o estatutista o aristocrático o fusionista), del progresista (o exaltado o anarquista o radical), del republicano y aun del democrático. Y aquí está el problema porque es dudoso que existieran todos e incluso, supuesta su existencia, está por determinar el momento de su aparición, su contenido ideológico, sus objetivos concretos y, sobre todo, sus miembros más significados. Con la advertencia de que precisamente el año 1837 fue crucial en esta problemática dado que las Cortes constituyentes fueron las últimas que no se estructuraron formalmente en partidos: un fenómeno que, como veremos inmediatamente, empezó a funcionar a fines de ese año con referencia a las Cortes siguientes de 1838.

En estas páginas va a ensayarse una taxonomía de todos ellos basada en la genealogía, puesto que la tesis que aquí se mantiene es la de que se trata de fracciones o ramas de un mismo tronco: el liberal. Según esto, el liberalismo político no era un partido (el llamado «partido liberal» era una simple metáfora de referencia) sino, más bien, una familia de partidos emparentados por la unidad de su origen. En este libro y a título rigurosamente convencional, va a hablarse de la familia liberal, origen de dos estirpes (la estirpe progresista y la estirpe moderada), segmentada cada una de ellas en linajes o fracciones: el templado, el avanzado y el radical dentro del progresismo; y el estatutista y el conservador dentro del moderantismo. Linajes que se agrupaban en torno a una persona: Mendizábal en el templado, Caballero en el avanzado, Álvaro en el radical, Martínez de la Rosa en el estatutista, Mon en el moderado. De esta manera aparece una escala dinámica que va desde la abstracción más difusa (liberalismo) a la personificación más individualizadora, abriendo paso a sucesivos y constantes fraccionamientos en un proceso indefinido de partenogénesis y, a la inversa, de fusiones más o menos duraderas. Circunstancias que explican, sin contar con la arbitrariedad de las denominaciones, la dificultad del análisis y la inseguridad de los resultados.

Buceando en sus orígenes nos encontramos con que del tronco liberal –antagonista inicial del absolutismo fernandino y luego del carlismo– nacieron durante el Trienio dos ramas: la moderada y la exaltada. La rama moderada adoptó años más tarde, durante el Estatuto Real, la denominación de «estatutismo» (o «aristocratismo») de evidente connotación despectiva; para reaparecer luego como moderantismo –o más bien criptomoderantismo– refundado por Istúriz en el breve paréntesis de mayo-agosto de 1836, sobreviviendo luego extraparlamentariamente (puesto que fue excluido electoralmente de las Cortes constituyentes, aunque conservara su fuerza periodística) y reapareciendo después de las elecciones del otoño de 1837, si bien otra vez refundado teóricamente como nuevo moderantismo o partido monárquico-constitucional según la inspiración de Andrés Borrego. Al no haber un momento formal de nacimiento de este partido, los analistas pueden adelantar o retrasar a su gusto la fecha de su aparición, pero a ninguno de sus contemporáneos (Miraflores, Enrique O’Donnell) se escapó la importancia del episodio de Istúriz, que nosotros aquí hemos llamado prudentemente «criptomoderantismo». Y por lo que se refiere a los años inmediatamente posteriores Cánovas Sánchez (380 ss.) ha identificado tres tendencias fundamentales dentro del partido moderado, una vez que éste quedara ya consolidado en el sentido moderno: «la conservadora autoritaria del marqués de Viluma y de Bravo Murillo, orientada a recortar los ya limitados elementos liberales del régimen; la moderada de Pidal y Narváez, el más importante grupo de todo el espectro político, que ocupaba el centro del partido y tenía un definido talante doctrinario y pragmático; y el puritano de Pacheco y Pastor Díaz, situada a la izquierda y preocupada por hacer del moderado un partido liberal, consecuente y moderno».

Los avatares de la rama exaltada fueron más complicados porque por razones tácticas o de imagen cambió su nombre tardíamente por el de progresista: pero esta transformación no fue unánime ya que muchos entendieron que no se trataba sólo de una cuestión de nombre sino que implicaba una evolución hacia el moderantismo. De esta manera se produjo una nueva escisión entre progresistas (manifestación actualizada de la antigua exaltación) y aquellos que conservando sus orígenes ideológicos retuvieron el nombre de exaltados (exaltados «auténticos» como se diría hoy) aunque maliciosamente fueran tachados de «anarquistas» o «revolucionarios». Pero la situación se complicó más todavía en las elecciones de febrero de 1836 cuando la rama joven progresista se escindió de nuevo formándose el «mendizabalismo» de fidelidad personal al presidente del Gobierno. De esta manera no es que desapareciera el progresismo sino que se convirtió en un rótulo genérico de una nueva estirpe compuesta por distintas ramas, fracciones o linajes. Así se llegó a las Cortes constituyentes, con hegemonía progresista total, pero con distintos matices, por lo que sería más propio hablar de la hegemonía de la estirpe progresista compuesta por los mendizabalistas, los caballeristas situados a su izquierda y los grupúsculos autónomos situados todavía más a la izquierda y encabezados por Álvaro, pero donde campaban con absoluta independencia personalidades singulares que no admitían ni disciplina ni jerarquía (al estilo de Fontán, Gorosarri o García Blanco).

Estas clasificaciones taxonómicas pueden parecer complicadas ciertamente; pero hay que aceptarlas con paciencia porque aún más enrevesada era la situación política real en la que todavía no se habían formalizado los grupos y mucho menos bautizado oficialmente, de tal manera que se empleaban arbitrariamente, o por aproximación, los rótulos conocidos, que, para mayor desconcierto, solían rechazarse para evitar la connotación peyorativa que con frecuencia llevaban consigo, tal como denunció El Eco del Comercio de 17.9.1836: «Es antigua costumbre de los partidos políticos el darse a conocer con ciertos nombres, no siempre los más propios, para significar sus cualidades verdaderas; y el designar a sus adversarios con otros que o son injuriosos o para desacreditar en la opinión general a aquellos a quienes se aplican». El panorama no empezaría a aclararse hasta que a partir precisamente de aquellas fechas los incipientes partidos (que lo eran solamente de opinión o más bien de pasión) comenzaron a organizarse en auténticos partidos electorales dotados de una cierta estructura personal y con programas algo más concretos que les permitían marcar sus campos e identificar a sus miembros.

Sobre este particular debemos un juicio muy autorizado a San Miguel (Las próximas Cortes), quien en su larga vida política tuvo ocasión de observar el nacimiento de todos los partidos políticos: «Entre los hombres que piensan de tan distinto modo, se conocen unos con el nombre de progresistas, de partidarios de la última revolución del mes de agosto de 1836 (la de La Granja), de cuantas reformas se han hecho desde entonces y puedan hacerse en adelante; reciben otros la denominación de retrógrados, de estatutistas, de contrarios a las reformas, de partidarios de cosas que existen hace más de un año, de deseosos de su restauración y por consiguiente de enemigos de innovaciones que pasan en su opinión por peligrosas. Y como los partidos nunca son justos tratándose de sus rivales, cada uno bautiza al otro con los epígrafes más depresivos y les achaca las más perversas intenciones. ¿Existe verdaderamente un partido retrógrado? ¿Hay quien aspire no siendo carlista a que en vez de marchar las cosas retrocedan? ¿A que desaparezcan todos los vestigios de la revolución de agosto? ¿A que se anulen o neutralicen las reformas que se han hecho desde entonces? ¿A colocar la situación actual sobre otras bases?».

Postura personal de los diputados

Lo primero que llama la atención en la lectura del Diario de Sesiones es el empeño con que los diputados, salvo excepciones, negaban enfáticamente su pertenencia a un partido político bien sea por no aceptar su existencia dentro de la Cámara o por entender que ello supondría una limitación de su libérrima voluntad política (pues sólo admitían que estaba supeditada a la de los electores que representaban) o bien sea, en fin, por considerar que se trataba de asociaciones nefastas incompatibles con los principios liberales.

Ateniéndonos a sus propias declaraciones parlamentarias, en los términos rotundos de Pedro Gil (en la sesión de 8.5.1837), «yo no pertenezco a ningún partido»; o de Charco (22.5.1837), «yo no pertenezco a más partido que al de las leyes», o de Cabrera de Nevares en la sesión del 18.5.1837; «¿Puede el sr. preopinante creer, puede imaginarse que yo pertenezca a ningún partido por cuyas inspiraciones yo esté movido en esta cuestión? Cabrera de Nevares no pertenece a ninguna corporación secreta, a ninguna sociedad pequeña ni grande, no pertenece más que a su Patria, por la cual tanto se ha sacrificado. Vota en las Cortes con absoluta independencia, a pesar de ser empleado público; vota lo que en su conciencia cree ser bueno y aborrece el espíritu de pandillaje».

Como puede observarse el diputado rechazaba con igual energía la imputación de pertenecer a un partido que a una sociedad secreta de las que actuaban de forma paralela y con los mismos fines de derribar el Gabinete. A lo mismo se refirió Juan Osca el 22.5.1837: «Yo jamás he pertenecido tampoco ni pertenezco a ninguna sociedad secreta mientras conserve el juicio, porque no soy amigo de semejantes reuniones tenebrosas. Y no lo soy porque creo que los hombres libres en los sistemas representativos pueden defender la libertad y la Constitución sin el auxilio de esos hombres oscuros que no son las más veces que ambiciosos que tratan de prosperar a costa de inocentes seducidos».

La lista de proclamaciones de este tipo puede prolongarse cuanto se quiera. Así, Pizarro en la sesión del 14.3.1837: «Yo no pertenezco a partido ninguno y no temo a ninguno, porque conozco que siendo de buena fe, de la lucha de todos ellos es de donde viene en los gobiernos representativos la buena dirección de los servicios públicos». García Carrasco el 20.5.1837: «Yo, sin estar ligado en nada con este partido ni con cualquier otro, obro según mi razón y mi conciencia». Y San Miguel el 19.8.1837: «Siempre he votado como hombre independiente: independiente de partidos, independiente de los más, independiente de los menos, porque yo me lisonjeo siempre de seguir en todas ocasiones los impulsos de mi corazón y de mi conciencia, cualquiera que sean los resultados, o felices o funestos».

Finalmente, por citar al propio Mendizábal en una carta dirigida a Luis Fernández de Córdova el 3.4.1836 (publicada en las Memorias íntimas I, 228, de su hermano Fernando): «Yo no soy hombre de partido: la prueba es que el que se decía ser mi partido me ha abandonado. ¿Y por qué? Porque he sido y soy y seré independiente. Esta es mi mayor gloria». Declaraciones tanto más sorprendentes al proceder de quien era considerado unánimemente como caudillo del progresismo y, al menos y en todo caso, de la fracción de su propio nombre. Aunque aún resultó más insólita la declaración de independencia e insolidaridad realizada en la tribuna parlamentaria el 8.4.1837 por un ministro de la Corona (López): «Aun en las cuestiones de doctrina en que me he mezclado, no me he puesto de acuerdo con ningún compañero (de Gabinete), no porque yo no esté convencido de que el éxito de los cuerpos deliberantes pende de que se entiendan y concierten las personas que tienen el mismo matiz de opinión y que se dirigen al mismo fin, sino porque quería formar un círculo independiente y aislado con mi persona y desde mi puesto apoyar o combatir al Gobierno según entendiese que lo merecía por su conducta».

De esta actitud de rechazo pudibundo se hacía eco también la prensa con absoluta naturalidad: «consideramos la lucha de los bandos políticos como la mayor calamidad de nuestra patria y nada deseamos tanto como que la mayoría nacional la haga cesar» (La Revista: 16.2.1836); mientras que La Abeja por aquellas mismas fechas (11.2.1836; ambas citas apud Adame, p. 82) describía peyorativamente a los «hombres de partido» como individuos que «en todo caso hayan dado y den su apoyo sin examen ni deliberación propia a los caudillos de una fracción».

Ahora bien, estas declaraciones de rigurosa independencia personal no implicaban necesariamente la inexistencia efectiva de bandos políticos, antes al contrario parece que la daban por supuesto y que lo único que se proclamaba era su falta de incidencia en las discusiones y votaciones parlamentarias. En estos términos inequívocos se pronunció Mon en la sesión de 12.10.1836 al advertir con más sinceridad y menos patetismo de lo que entonces era corriente que «aquí no puede menos de haber pasiones y los partidos que hay fuera porque nosotros somos el producto de esos mismos partidos».

Pero aún más interesante era la conciencia que se tenía de que el bipartidismo básico no era un fenómeno original español sino reflejo de la división política que dividía entonces Europa. Como observó sensatamente Almonací en la sesión de 31.8.1837 después de describir la situación política allende los Pirineos, «dos fracciones del partido liberal también se presentaron en España muy luego, a poco de restablecer la libertad. ¿Pero estamos tan reconciliados los liberales de ambas opiniones, que nuestros enemigos no aprovechen un momento de efervescencia, de calor, para volvernos a preparar otra como la de que acabamos de salir felizmente? Tenemos entre nosotros también otra fracción, para mí apreciable, de absolutistas que son enemigos del partido liberal en concreto. Y a éstos yo no les he de hacer la injusticia de creer que tratando yo de sostener mis principios, van ellos a ceder al momento que se lo digamos».

Los partidos vistos desde las Cortes

El hecho de que algunos diputados rechazasen con energía su militancia en un partido determinado o su sometimiento a una disciplina de grupo no significaba ni mucho menos que se negara en términos generales la existencia de ellos y así luce expresamente en los testimonios explícitos de Mon o Almonací, antes citados. La verdad es que la mayoría no ignoraba esta evidencia, aunque las dudas vinieran luego a la hora de precisar sus manifestaciones reales.

La opinión absolutamente dominante era que no había más que dos: el carlista (o absolutista) y el liberal, también llamado constitucional, cristino o isabelino. Lo que sucede, no obstante, es que el partido carlista se había fraccionado en dos bandos –el neto y el ojalatero– de la misma manera que en el partido liberal habían aparecido el progresista y el moderado. Esta idea del bipartidismo esencial y de su fraccionamiento posterior, perceptible ya en el Trienio, fue desarrollada con total precisión por Argüelles en la sesión de 27.2.1837: «La Nación está hoy divida en dos grandes partidos: el carlismo y el nacional (...) Pero se han producido divisiones y subdivisiones en el partido, que se anuncian ya hoy ya mañana, ya de una manera ya de otra». Situación que, a su juicio, había tenido con frecuencia un origen no muy limpio y que ofrecía no pocas desventajas: «estos partidos, o llámense bandos o parcialidades, ocasionalmente se hacen la guerra, uno porque no le ha salido la cuenta, otro porque se ve mortificado su amor propio y otros por otras causas de igual naturaleza. (...) Y veo que hay incomodidad, que hay disgusto porque ciertamente no hay razón para que uno de los elementos más esenciales de los gobiernos representativos haya de desacreditarse porque personas que se encuentran chasqueadas o que se ven movidas por otras causas, hagan treguas con unos principios y se abandonen al gusto de vengarse».

La cuestión de los partidos fue una preocupación constante de este diputado y aludió a ella en varias ocasiones, repitiendo incluso las mismas palabras. Véase a tal propósito las que pronunció unos días después en la sesión de 30.3.1837: «Convencido, porque sería una afectación disimularlo, que en el público hay diferentes fracciones de partido, pandillas, banderías o llámese como se quiera, que todas ellas propenden a expresar la opinión pública (...) Hartas desgracias tenemos, hartas divisiones, sin que queramos suscitar más. Yo quisiera que no hubiese más que dos partidos en España: el absolutista, el despótico, el tiránico que representa Don Carlos y el constitucional, el liberal, el verdaderamente nacional».

Cabrera de Nevares –a quien antes oímos negar su pertenencia a cualquier partido– también admitió sin vacilar su existencia en la sesión del 7.11.1836: «Yo no reconozco más que dos partidos: el uno, el de los defensores de la libertad; el otro, el de sus enemigos. Todos los que pertenecen al primer partido son para mí iguales, sean o no exaltados. La exaltación es una palabra ridícula (Rumores). La exaltación no es más que un temperamento. Sin manifestarse exaltado puede un hombre tener tanto patriotismo como un Bruto o un Scaevola, puede dejarse matar por su patria sin que nadie le haya tenido por exaltado, por no serlo tal vez su temperamento. Hacer un cargo a un hombre porque no es exaltado, es lo mismo que siendo rubio hacérselo porque no es moreno».

Las opiniones que acabamos de ver, procedentes una de un progresista templado y la otra de un exaltado, se manifestaban igualmente en la prensa. Así puede leerse en El Eco de Comercio de 20.2.1836 que «hay dos partidos tal y como los vemos: el estatutario o fusionista (que todavía no se había convertido oficialmente en moderado) y el progresista o exaltado». Y desde el lado de enfrente decía La Abeja el 23.2.1836: «No reconocemos más que dos partidos amante y defensor el uno de la libertad, el otro defensor del absolutismo. Los matices que dividen al primero en diferentes fracciones son el uno el de los que quieren conservar lo que existe y adelantar legal y progresivamente, el otro el de los que quieren destruirlo todo».

A lo largo de 1836 y 1837 corrían paralelos, como estamos viendo, dos hilos separados y un tanto contradictorios: de un lado el reconocimiento de la existencia de partidos políticos enfrentados; y de otro, el postulado de una unidad liberal frente al carlismo. Lo primero sería la constatación de una realidad; y lo segundo, la expresión de un deseo ideal sólo ocasional y fugazmente plasmado en la práctica parlamentaria.

La raíz de todo este galimatías y de sus aparentes contradicciones se encuentra en las distintas concepciones que de los partidos políticos se tenía entonces y ahora. En la práctica política actual operan los partidos electorales o parlamentarios que son organizaciones que canalizan y de hecho dirigen la opinión de los ciudadanos, la expresan en las Cortes y, llegado el caso, la imponen desde el Gobierno. En los primeros años del constitucionalismo los partidos así entendidos ciertamente que no existían (como acertadamente han puesto de relieve, entre otros, Artola, Linz y Santirso); pero eran corrientes los llamados partidos de opinión, o sea, movimientos de ideas, actitudes ideológicas y vitales, tendencias no bien definidas pero socialmente perceptibles (como ahora sucede con las «izquierdas» y las «derechas»), cuyos polos más concretos eran, como acaba de verse, los partidos liberal y carlista y, dentro de aquél, las estirpes progresista y moderada.

Aceptada unánimemente esta distinción, queda pendiente la fijación del momento en que se produce el cambio de una calidad a otra, el paso de lo difuso a lo concreto, del espontaneísmo a la organización, de la simple opinión a la organización oficial: una cuestión eminentemente subjetiva puesto que, al no tratarse de una transformación brusca sino gradual, corresponde al gusto del analista el adelantar o retrasar ese momento.

Los autores del siglo XIX (Fernández Manrique, Fernández de los Ríos) solían preferir las fechas tempranas y daban singular importancia a la escisión de Istúriz en la primavera de 1836, entendiendo que al separarse de Mendizábal fundó el partido moderado. Entre los historiadores modernos Adame, que es el que más atención ha dedicado a este punto, señala igualmente al breve Gobierno de Istúriz en la primavera de 1836 como la fecha de la cristalización del nuevo partido moderado; y las elecciones de febrero de ese mismo año como el correlativo nacimiento del partido progresista. Por decirlo con sus propias palabras (p. 219), en las elecciones de julio de 1836 «surge el primer partido moderado como partido electoral. Andrés Borrego aportará su talante organizativo. En 1836 hemos constatado en la prensa la alianza entre los exaltados antimendizabalistas, los representantes de la mayoría martinista (o sea, de Martínez de la Rosa) de 1834-1836 que, con el apoyo explícito de la “nueva escuela” de El Español llevan a fundar el primer partido moderado. Plataforma electoral que triunfará en otoño de 1837. El nacimiento del partido progresista es más complicado y en él Mendizábal tendría una importancia trascendental. En 1836-1840 se produce una profunda imbricación entre progresismo y mendizabalismo».

Comoquiera que sea, de ordinario se tiene a Mendizábal como la figura clave de este proceso de cristalización orgánica o formalización moderna de los partidos políticos de la época. En unos casos por rechazo a él, como sucedió con Istúriz al romper con Mendizábal en 1836, ya que en la interpretación de Comellas «es en estos momentos cuando apoyado por Alcalá Galiano forma un verdadero partido, con un equipo compacto y disciplinado y adquiere un caserón antiguo que fue de la Compañía de Filipinas en donde se reunirá periódicamente con su plana mayor; fue la escisión isturista la que permitiría entre abril y agosto de 1836 un fenómeno de agregación moderantista frente a la alianza táctica que mantenía Mendizábal con los exaltados doceañistas mandados por Caballero» (Adame, p. 93). Y meses más tarde se dio un nuevo paso en este proceso de diferenciación entre moderados y progresistas «cuando –en palabras del mismo Adame– va a fracasar el programa de 14 de septiembre, concebido como símbolo de unión entre unos liberales y otros. Aunque Mendizábal se presentara al principio como un moderado, cuando la mayoría martinista de 1835-1836 no le apoyara se alió con los exaltados haciendo nacer por medio de un pucherazo electoral el partido progresista o del movimiento de febrero de 1836».

Y si queremos un autorizado testimonio de la época podemos citar a San Miguel (Vida de Argüelles, citado por Tejero, I. 144): «Con las denominaciones de moderados y exaltados, de oscura significación, se conocieron estos dos partidos en la época constitucional de los tres años: los primeros conservaron la suya, los segundos adoptaron la de progresistas. Algún más sentido encerraba esta voz que la de exaltado; mas siempre era vaga, de significación arbitraria y caprichosa (...) Los progresistas no indicaron de un modo fijo de qué clase había de ser su progresión. Por lo pronto la comprendieron perfectamente bien, mas debieron con el tiempo formarse escisiones, como consecuencia natural de lo vago de su título. Los mismo debió de suceder a los moderados, pues aun de más interpretaciones era susceptible el suyo». Si un observador tan agudo como San Miguel –intelectual de prestigio y político experimentado– se veía forzado a reconocer la vaguedad de los partidos, puede imaginarse la confusión de la opinión pública común, que se ha mantenido hasta ahora.

Análisis extraparlamentario

1. Ya hemos visto antes la opinión personal expresada en el Congreso por algunos diputados. Ahora bien, fuera de las Cortes se había ido formando mientras tanto una incipiente teoría política de los partidos, que los autores intentaban perfilar cada vez con mayor precisión. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de lo que sobre este punto se escribía dentro de un repertorio heterogéneo en el que aparecen opiniones anónimas de la prensa, testimonios de observadores, ensayos académicos redactados por políticos profesionales y estudios de analistas imparciales.

En las Memorias íntimas de Fernando Fernández de Córdova (I, 227 y ss.) se transcriben varias cartas de periodistas dirigidas a su hermano Luis que aludían directamente a esta cuestión. La primera es de Manuel Imaz de 9.3.1835 en la que informaba de que «empiezan a quitarse las mascarillas y en El Eco de estos cuatro últimos días y en La Revista puede Vd. observar que cada uno por su lado se lanzan a la arena los dos partidos del progreso y señalan cada uno el término de sus deseos, haciendo profesiones de fe política. La Abeja también se esfuerza y procura contener todo lo que tira a salir de sus principios moderados. Las asociaciones secretas, divididas como están, aumentan las dificultades, pues no es posible ni aun contentarlas ni atraerlas, deseando opuestos resultados.» Y en otra del 16 de abril del mismo año puede leerse que «esto sigue lo mismo, es decir, peleando los partidos, unos por sostenerse, otros por apoderarse del poder y otros haciendo la guerra ciega a cualquiera que mande (...) Tengo entendido que la fuerte mayoría apoya a Mendizábal por resultado de convenio explícito acordado en reunión tenida en casa de Caballero». En otra carta al mismo destinatario firmada por Joaquín María Alba con fecha 28.3.1835 se decía que «el partido moderado se ha reunido con el exaltado, que hace oposición a Mendizábal, para combatir juntos»; añadiéndose en la del 18 del mes siguiente que «el partido moderado se ha unido a Istúriz».

Repasando la prensa, en El Eco del Comercio de 22.8.1837 se declaraba que «no repudiamos la voz del partido pues sabemos que los hay respecto a todas las doctrinas y que no puede menos de haberlos». Lo sorprendente de ese periódico fue que admitió sin vacilaciones la presencia de diputados moderados en las Cortes constituyentes, saliendo al paso de forma expresa de la opinión general –de entonces y de ahora– de que se trataba de un Congreso exclusivamente progresista. El 17.6.1837 –contraponiendo moderados y exaltados– afirmaba que «en las presentes Cortes hay órganos y voces para significar los deseos y los intereses del partido moderado; y hasta las ideas moderadas predominan sobre las de los que se llaman exaltados. Dígalo, si no, la constitución; digan de buena fe nuestros adversarios si esta ley política no representa más bien el sistema fundamental de los moderados que el de los exaltados (...) Se podría objetar que faltan algunos notables del partido; pero esto sólo probará que no han tenido popularidad para ser elegidos».

En este lugar no pueden faltar los comentarios de Villiers, un observador perfectamente informado aunque sus opiniones incurrían con frecuencia en apasionamientos sesgados y menosprecios característicos de un británico de talante colonial (su correspondencia se cita por la traducción de Rodríguez Alonso en La revolución liberal..., 1989). Para el embajador inglés «los liberales están divididos entre sí, pero la casa no caerá, porque en España nada ocurre regularmente, ni siquiera los axiomas de la Escritura» (carta de 26.3.1836). Y en otra de 15.10.1836 insistía en que «entre los liberales hay toda clase de divisiones de carácter político y, como la animosidad de los sectarios entre sí es siempre mayor que contra los de credo diferente, los liberales se odian más intensamente que a los carlistas y están mucho más dispuestos a avenirse con éstos que a intentar llegar a un entendimiento entre ellos».

El soberbio desprecio de Villiers a los políticos liberales españoles y a sus cacareadas revoluciones alcanzó su máxima expresión en una carta de 13.12.1835: «Esta clase (los liberales) comprende a todos aquellos que figuraron en la última etapa constitucional, a los cuales el resto de los españoles tiene tal aversión que sería casi imposible describirla. Estos hombres, incluyendo unos dos mil que volvieron de la emigración, han ocasionado todos los movimientos revolucionarios ocurridos últimamente, primero por medio de las sociedades secretas y más recientemente con la ayuda de la Milicia nacional (...) Esto no merece el nombre de revolución ni es expresión de un deseo nacional de instituciones liberales (...) Cuanto más observo y conozco de este país, más seguro estoy de que no es apto para instituciones liberales y de que, aun en el caso de que existiera el deseo de ellas, sería necesario no acceder a este deseo durante algún tiempo o mientras la nación no alcance un grado de educación determinado». Y por lo que se refiere a los moderados, en una carta a Aston de 10.12.1837 afirmaba que «son los hombres más rencorosos e intolerantes de España; doctrinarios sin doctrina, aristócratas sin nobleza ni riqueza, fanfarrones sin fuerza, siempre están malinterpretando lo que ocurre en otros países y, siendo ignorantes en sí mismos, nunca son capaces de adoptar los medios adecuados a los fines que dicen perseguir».

Curiosamente un periódico tan castizo como El Castellano en su número de 13.9.1837 se pronunciaba en unos términos no menos virulentos: «El espíritu de partido llega a erigirse en pasión frenética y sólo a esta causa puede atribuirse la conducta de ciertos hombres. No les satisface el haberse apoderado de la dirección de los negocios públicos y alucinados sin duda con sus miras personales y de pandilla (...); no les basta haber pasado la mayor parte de su vida en la holganza ni haber asegurado crecidos sueldos para los individuos de sus familias, sus ahijados y allegados (...) Necesitan más: necesitan que sus errores se veneren como dogmas, que su ya conocido egoísmo y ambición continúen pasando por desprendido amor a la patria, que una servil parodia de usos extranjeros se alabe como lo más sublime de la sabiduría».

Oigamos ahora los dicterios prodigados unos años más tarde por Henao (III, 160): «El partido moderado ha representado siempre en el poder un retroceso, la reacción misma, jamás un principio concreto de gobierno. Su constante aspiración ha sido siempre la de apoderarse del presupuesto y medrar a la sombra del orden. Especie de fariseos, con un pié en la reacción y otro en la revolución. Vueltos siempre de espaldas al proceso y a la libertad (...) El monopolio, el privilegio y la inmoralidad han sido su brújula; la sospecha, su criterio de orden y la hipocresía su carácter».

Colomer Viadel (1988, p. 19) ha exhumado un texto de la época firmado por Joaquín Francisco Campuzano (Los partidos, 1839, p. 11) en el que se lee que «los partidos son una necesidad de los gobiernos populares, a cuya clase pertenecen las monarquías representativas. Pretender que no los haya es vano deseo por bueno que parezca y de contado preferibles son a las cábalas y facciones (...) En España pueden ser hasta provechosos porque nuestros males vienen de las personas que han ejercido una autoridad arbitraria acomodada a sus intereses particulares y los partidos sosteniendo doctrinas generales se separan del interés individual. (...) De hecho se ha dividido la España liberal en dos bandos, pues además de exaltados tenemos moderados. Todavía puede esto comprenderse en razón de que en variando las circunstancias es muy natural que los clasifiquemos en conservadores y progresistas. Pero que además de estos dos, haya habido en el día quien piense que formar un tercer partido por cierto que es cosa extraña y tan fuera de propósito que la opinión pública no responde por ninguna parte a semejante ilusión».

2. Dejando aparte este raro testimonio, fueron Borrego y Balmes, dos periodistas esclarecidos, quienes examinaron por extenso esta cuestión y sus libros, que influyeron directamente sobre el curso político del momento, nos sirven hoy de referencia imprescindible de los acontecimientos que se relatan en este libro. Pero sin olvidar nunca que los dos publicaron sus obras después de 1837; lo que significa que la aplicación de sus ideas a las Cortes constituyentes exige una traspolación ad retro inevitablemente arriesgada.

a) Balmes dedicó a este tema unas observaciones muy acertadas en Consideraciones políticas sobre la situación en España (1841) y en Origen, carácter y fuerza de los partidos políticos en España (1845), donde se ve muy claramente que en aquellos años la situación de los partidos políticos ya era muy distinta puesto que cabalmente desde las elecciones de 1837 se había producido una evidente clarificación hasta emerger, ya sin ninguna clase de complejos, a la superficie pública. Balmes se atuvo en principio a la clasificación habitual de progresistas y moderados, una vez que los carlistas habían pasado a segundo plano como consecuencia de la terminación de la guerra civil, y los fue describiendo y analizando.

Los progresistas eran, a su juicio, la manifestación moderna de los antiguos exaltados: término este último completamente pasado de moda y que inspiraba inequívoca aversión. «Este partido –escribió– no puede vivir sino en la agitación y de la agitación. Necesita desbordamiento en la prensa, tormentas en el parlamento, asonadas en las calles; ha menester devorar un gobierno cada seis meses, cambiar con mucha frecuencia la situación política, destruir poderes, ensayar nuevas formas (...) Legítimos herederos de los primeros autores de la revolución, se le mantiene fiel conservando como un depósito precioso los principios, los hábitos, los instintos revolucionarios». «Progresar –seguía diciendo– significa limitar las facultades de la Corona y combatir las clases antiguas. Parecen demócratas porque invocan al pueblo, pero sólo invocan al pueblo que participe de sus ideas y que favorece sus miras; pero si el genuino desarrollo del elemento popular los contraría, entonces se oponen a este desarrollo con todas sus fuerzas y no quieren seguir hasta las últimas consecuencias el espíritu democrático de sus principios».

Ahora bien, ¿podía subsistir a la larga un partido progresista? Porque –en palabras de Balmes– el destino de este partido era transformarse inevitablemente cuando cesaba su hiperactividad, cuando «había llegado» y esto sucedía cuando alcanzaba el poder, ya que quien está en él lo que quiere es conservarlo, aunque sea transformando su esencia y traicionando su pasado. Esto lo vio muy bien nuestro autor: «El partido progresista ha tenido alguna vez pretensiones de parecer partido de orden y legalidad (y en esto) se ha olvidado de que en el momento en que entraba en dicho camino se hallaba en el terreno de otro partido llamado moderado y que se despojaba de su propia naturaleza (...) Desde que la revolución está consumada el campo de lucha está entre los que quieren conservar la obra de la revolución y los que se proponen destruirla. Se han trocado los papeles. Los antiguos revolucionarios se han convertido en conservadores porque desean conservar lo que han adquirido; y los partidarios de lo derribado se empeñan en derribar lo nuevo y en restaurar lo viejo (...) Si permanecen separados esos partidos, la cuestión no será de principios sino de personas; y esto es lo que constituye el pandillaje».

«Con la palabra moderado –explicaba a continuación Balmes– se entiende comúnmente designar un partido que, sin abandonar los principios liberales, trata de aplicarlos con mesura y templanza (...) Para muchos hombres la palabra moderado no expresa más que una pura negación y en realidad no son más que la no profesión de otras ideas. ¿Cuántos hay que apellidan moderados a todos los que no son carlistas o progresistas? (...) El partido moderado entendido de esta manera es una especie de terreno libre donde entra cada cual con las opiniones que quiere, sin que se necesiten más requisitos que la no profesión de los principios que el clasificador ha tenido a bien señalar».

No nos engañemos –cerraba en sus comentarios– porque «hay una inmensa masa de ciudadanos que se abstienen de tomar parte en los negocios públicos, limitándose a desahogar sus ideas y descargar sus sentimientos en el seno de la amistad y de la confianza». A cuyo propósito el autor, amargado por las decepciones, terminaba haciendo una curiosa alabanza de la indiferencia: «Es harto extraño que hombres que ya han alcanzado una pingüe fortuna y posición social distinguida, que son los dos resultados positivos a que puede aspirar un demagogo, continúen todavía en busca de aventuras patrióticas para deshacer agravios hechos a la diosa libertad. ¿No sería más prudente que abandonaran el azaroso oficio y disfrutaran de las dulzuras de la paz, al menos aquellos que han alcanzado a proporcionarse el otium cum dignitate?».

Hoy vivimos deslumbrados por los abrumadores testimonios escritos de la época. Pero no hay que olvidar la parcialidad de las herencias. Sólo conocemos la voz de los dominantes; siendo así que la verdadera realidad estaba en el silencio de la masa, que vivía de espaldas a las luchas políticas, indiferente a los enfáticos discursos de la delgadísima capa de quienes estaban arriba. Así lo recogieron los literatos y viajeros de entonces.

b) Andrés Borrego fue, con todo, el que mejor desarrolló la teoría y la práctica de los partidos políticos, diseñando su organización y su actuación política. Ateniéndose a este dato fue, sin duda, el padre de los partidos políticos españoles en sentido moderno («partidos electorales»). Desde la prensa (fundamentalmente desde El Correo Nacional que dirigía) y a través de sus libros fundó en España las bases de la organización de los partidos, es decir, la transformación en instituciones de los anteriores grupos sociales indiferenciados de opinión: aparatos canalizadores y motores de la vida política, trascendentes a sus miembros en cuanto que elaboraban su propia doctrina, establecían sus líneas estratégicas y tácticas y subordinaban a los militantes a la voluntad de sus jefes y a su aparato de apoyo. Por emplear un símil actual, algo así como convertir a las izquierdas en el Partido Socialista y a las derechas en el Partido Popular.

En cualquier caso la idea esencial de la que partía Borrego era (Sobre la utilidad y necesidad de los partidos políticos, 1855, p. 6): «¿Qué sería el imperio de la opinión pública, soberano juez en los países constitucionales, si para formarla, dilucidarla, expresarla y moralizarla no se reconocieran dogmas y creencias que obliguen igualmente a todos los que las admiten a practicar deberes, a hacer sacrificios y a obrar de la manera reconocida como conveniente para el logro de los beneficios que la observancia y aplicación de aquellas doctrinas promete? Pues cabalmente esta elaboración racional de la opinión pública es la obra esencial de los partidos».

En 1836 el partido progresista era el amo absoluto de todos los poderes de la Nación: «Las Cortes constituyentes (escribió en la página 68) fueron su imagen. Palacio obedecía sin resistencia sus indicaciones. En el cuartel general prevalecía un influjo favorable al partido. La Milicia nacional de todo el reino estaba organizada según convenía a los progresistas. Suyas eran las autoridades populares, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Los empleados públicos, todos hechura del Ministerio Calatrava y del de Mendizábal, pertenecían en su totalidad a lo más decidido y ardiente del partido».

La gran obra de Borrego consistió, en suma, en perfilar los partidos modernos atribuyéndoles las siguientes notas (1855, p. 18):

3.º Organización material, que consiste en el conocimiento del número de partidarios o adeptos con que el partido cuenta y en mantener entre ellos relaciones activas y constantes, que aseguren los medios de poder contar con la cooperación de todos, en la medida de la posición respectiva de cada uno, y que permitan transmitirle cuanto concierna a los intereses del partido. 4.º Propaganda constante por medio de una prensa organizada ad hoc en beneficio de las doctrinas e intereses de partido y de agentes que recorran el país con el mismo objeto y para impulsar y vigilar cuanto pueda contribuir al ascendiente del mismo partido. 5.º Apropiación de fondos levantados por medio de suscripciones voluntarias y permanentes entre todos los adictos al partido.

c) Veamos seguidamente la posición de Nicomedes Pastor Díaz, periodista y político, jefe político de Segovia y Cáceres, diputado y ministro puritano, senador en fin, quien en 1846 publicó un escrito titulado A la Corte y a los partidos, revisado en 1848, que, no obstante su brevedad, contenía un análisis político tan agudo como los de Balmes y Borrego.

Como es lógico inicia la historia de los partidos políticos en España con una remisión al «partido liberal». «Por mucho tiempo el partido liberal no fue más que uno. Fue el partido de la revolución. Su misión era una sola; uno no más su destino; la destrucción del poder absoluto, la emancipación política de la sociedad (...) Las categorías de moderados y exaltados no indicaron diversidad de objeto ni de doctrina sino diferencias individuales de carácter o temperamento» (p. 432 en la edición moderna de sus Obras completas). Conforme fue pasando el tiempo «el sistema del partido conservador (llamado también liberal conservador y monárquicoconstitucional) fue principalmente detener en justos límites la obra de la destrucción revolucionaria y levantar nuevas instituciones orgánicas sobre las ruinas del régimen abolido» (439).

En una obra anterior (La cuestión electoral, 1840) (5 ss. de sus Obras completas) había hecho la siguiente descripción de la ideología progresista: Son «los hombres de la democracia, de la tabla de derechos, del contrato social y de la soberanía del pueblo, de la unidad del cuerpo legislativo, de la iniciativa individual y de la sanción obligatoria». Precisando a renglón seguido que «no es un partido de cosas y de sistema sino un partido de personas y sólo por no aparecer tal, toma por divisa una diferencia política que no se refiere a necesidades que existan sino a las que ya pasaron. Los corifeos del partido progresista reunieron una clientela de personas ligadas entre sí y al triunfo de sus respectivos patronos por intereses puramente personales y compromisos de circunstancias extrañas enteramente a la política (...) En poco se cuentan las obligaciones y los principios (...) Los antiguos y principales representantes y secuaces de esta fracción unen también al interés del partido un interés concebible de amor propio y de superioridad. Sin la existencia de estos bandos mal podría en verdad sostenerse la celebridad y prestaciones de muchos que, dotados de una mediana capacidad intelectual o política o siendo tal vez nulidades absolutas, sólo pueden adquirir renombre o importancia por su celo como adictos, por su devoción como prosélitos o por su exageración como apóstoles o tribunos».

Esta fracción perdió, sin embargo, su razón de ser con la aparición de la constitución de 1837, como siguió diciendo: «Aquel día los partidos políticos desaparecieron y el sello augusto de la Corona, al imprimirse sobre el código reciente, sellaba el tratado de paz de ambos bandos (...) Todos los motivos de discordia, todos los pretextos de lucha desaparecía y tras del tiempo de discutir, llegaba la época tranquila de acatar y obedecer. Después de 1837 la misión de los hombres políticos cumplida, la división de sus partidos no tenía objeto. Los partidos suponen cuestión; y fuera del de la guerra no hay política desde que hay ley (constitucional)».

d) Los testimonios anteriores nos acreditan que los autores coetáneos percibían claramente la presencia en la vida política de determinados partidos de contornos y denominaciones más o menos confusas –progresistas, moderados, exaltados, radicales– cuyos orígenes y objetivos se esforzaron en describir, si bien es verdad que no con demasiada fortuna. Lo que, sin embargo, les faltó casi por completo fue ánimo para perfilar un concepto de ellos que se elevara un poco de sus observaciones empíricas. Una notable excepción de tal carencia fue un texto de El Eco del Comercio de 22.8.1837 tan elemental como acertado: «Los hombres que piensan del mismo modo y profesan los mismos principios y se encaminan al mismo fin, esto es lo que se llama un partido». Y otro igualmente conciso de Borrego (El Correo Nacional de 9.10.1838): «¿Qué son los partidos políticos sino agregaciones de personas que se adhieren a cierto sistema de gobierno porque lo creen más útil a la situación del país?».

No menos rica y sugerente es la idea de Donoso Cortés en 1838 (España desde 1834, apud Fernández Sarasola, p. 84): «Los partidos no reciben la fuerza y su poder de los individuos que se alistan en sus filas y que sostienen sus estandartes, sino de ese estandarte que sostienen y que es el símbolo de los principios que adoptan, de los dogmas que defienden, de las ideas que representan. Un partido es la reunión de hombres congregados al servicio de una idea. Si esa idea es falsa, débil y caduca, el partido que la sirve es raquítico y valetudinario, si es poderosa, si es grande, el partido que la sirve será grande y poderoso como la idea que le anima». Y más pintoresca es la definición de Rico y Amat en su Diccionario de los políticos de 1855: «Vientos encontrados de cuyo choque nacen los pronunciamientos y motines, ellos arrastran las nubes políticas por el horizonte de la nación, hasta que a fuerza de comunicarles electricidad promueven con frecuencia furiosas tempestades. La opinión pública les sirve de veleta y les hace dar tantas vueltas y revueltas que será milagro se conserve útil por mucho tiempo sirviendo a los vientos como, hasta ahora, de juguete».

3. Hasta ahora hemos visto la opinión de los políticos, de los diputados y de los periodistas; pero ¿qué decían los teóricos académicos sobre los partidos políticos? Los liberales eran buenos lectores del francés y del inglés, cuyas prácticas parlamentarias habían conocido varios de ellos en la emigración y cuya prensa recibían habitualmente en Madrid; de aquí que florecieran en aquellos tiempos los libros académicos de Derecho Público Constitucional, de ordinario en un contexto didáctico o divulgador de ateneos y sociedades literarias. Dejando a un lado las tempranas Lecciones de Derecho Público Constitucional de Ramón Sala publicadas en 1823, en 1837 aparecieron las Lecciones de Derecho Público de Donoso Cortés, en 1838 las Lecciones de Derecho Público de Alcalá Galiano, en 1840 el Curso político constitucional de Joaquín M. López y en 1845 las Lecciones de Derecho Público de Pacheco. Todo el arco político liberal estaba presente, pues, en este repertorio mas todos coincidían en silenciar a los partidos políticos (en los que ellos mismos militaban). Alcalá Galiano sí hizo en sus Lecciones una alusión a ellos pero de forma sumaria, aunque muy aguda, puesto que diagnosticó –o mejor dicho pronosticó– su evolución posterior advirtiendo que en los sostenidos por la clase media, la tendencia era la de que se formase uno ministerial, otro de oposición y, conforme fuera madurando la conciencia política, un tercero intermedio. Ahora bien, superada la fase de moderación, anunció que se produciría una dispersión fruto de la pluralidad de intereses dentro de los miembros de cada partido.

Fuera de estos autores –los «grandes» tratadistas (mediocres medianías en un país de esterilidad científica)– también existieron otros personajes, de segunda o tercera fila en la política y en las librerías, como Rodríguez Camaleño, a quien ya conocemos, y José Morales Santisteban, quien en 1839 publicó en La Revista de Madrid un artículo titulado De los partidos políticos y de los principios que deben regir su conducta que Fernández Sarasola ha leído, del que dice en la página 97 de su libro que «para Santisteban la clasificación tradicional de las formas de gobierno, como monarquía, aristocracia y democracia, no definía de forma adecuada el gobierno de un país porque le faltaba tomar en consideración las fuerzas políticas que en realidad actuaban sobre los poderes establecidos. Ello le llevaba a afirmar que en realidad el poder público lo ejercían de facto las minorías que tendían a organizarse en dos grandes formaciones políticas, única forma de evitar la dispersión y garantizar expectativas de triunfo electoral. Los partidos, que Santisteban considera necesarios en todo gobierno, respondían así a las circunstancias sociológicas de cada momento y por este motivo sólo podían entenderse y analizarse en su contexto hasta el punto que, alterado éste, los propios partidos se veían abocados a su cambio o extinción».

4. En cualquier caso, la observación empírica concreta constata la existencia de ciertos rasgos tan comunes y constantes a todos los partidos de la época que permiten formular una especie de «leyes sociales» insoslayables:

a) La «ley» de la usurpación oligárquica y burocrática, canonizada años más tarde por Robert Michels, no es detectable todavía en los partidos políticos españoles de 1836-37, que aún vivían bajo el signo de una personalización mucho más simple dado que se nucleaban en torno a uno o varios prohombres que encarnaban una determinada corriente de opinión: Mendizábal el progresismo, Martínez de la Rosa y Toreno el moderantismo. Una relación en el fondo bidireccional porque si Mendizábal encarnaba ciertamente la idea del progreso, al tiempo configuraba él personalmente el progresismo y en último extremo el partido progresista.

b) En la oposición los partidos se unen superando sus diferencias internas mientras que en el Poder se fraccionan en parte porque no se ponen de acuerdo a la hora de repartirse el botín y en parte porque no son unánimes en sus principios y objetivos ni en el modo de alcanzarlos. Los partidos, en otras palabras, se forjan en la oposición y se rompen en el gobierno.

c) Su fuerza básica no se encontraba –como verbalmente se decía– en los ciudadanos electores sino en sus apoyos parlamentarios de Palacio y del Ejército. Por influencia del primero terminaron convirtiéndose en débiles camarillas y la influencia del segundo les sujetó a una humillante tutela.

Conviene advertir finalmente que no todas las tendencias de opinión consiguieron convertirse en partidos políticos honorables y legales dado que anarquistas, demócratas, radicales y republicanos fueron condenados a vivir durante muchos años en la clandestinidad y a padecer una represión impla cable.

Las Cortes constituyentes vistas por los historiadores modernos

Tomando como referencia exclusiva a los partidos políticos aunque dejando a un lado toda clase de disquisiciones especulativas sobre ellos, los historiadores modernos así nos han descrito la composición de las Cortes constituyentes.

Bermejo en 1872 desde una perspectiva deliberadamente realista la veía de la siguiente manera (I, 358): «La oposición, que había nacido floja y oscurecida por las ostensibles parcialidades del Gabinete, comenzó a tomar bríos y a distinguirse con luz más clara. Eran los enemigos del Gobierno algunos moderados antiguos; varios demócratas a quienes servía de enojo no ver llevadas las cosas por los senderos que ellos deseaban; ciertos y determinados progresistas, desprendidos de la parcialidad vencedora, que guardaban contra los ministros ciertos linajes de resentimiento por considerar que los habían tenido en poco en ocasiones supremas, cuando se preciaban de ser hombres superiores en luces a sus acompañantes de mando. Hombres que, reconociendo ser materia imposible ligarse con los moderados por tener éstos ya muchos caudillos de aventajado renombre, tenían propuesto volver a la cuna de su nacimiento, pero llevando a ella el germen de la desunión alimentada por su ambición. A esta parcialidad capitaneaba D. Salustiano Olózaga, tan útil para la desunión como hábil para juntar lo disuelto en acción propicia para su exclusivo acrecentamiento».

Muchos años después, a Carlos Marichal (1980, 130 ss.) debemos el primer análisis moderno pormenorizado de la estructura política personal de las Cortes constituyentes de 1836-1837, aunque hoy sólo podemos admitirle con muchas reservas puesto que en él no se llegan a apurar, ni siquiera aproximadamente, los datos que aparecen en el Diario de Sesiones, sin perjuicio de que suponga por su temprana fecha una referencia imprescindible para el estudio. Lo importante es que, aun aceptando de entrada la «afiliación nominal al partido progresista» de la inmensa mayoría de los diputados, luego se atiene a la clasificación de «bloques» de izquierda, centro y derecha: «El bloque de la izquierda estaba compuesto por unos treinta diputados, en el centro había unos noventa individuos y en la derecha unos setenta representantes. Claro está que las fluctuaciones entre y dentro de estos bloques eran considerables dependiendo de las distintas cuestiones que se debatían (...) El grupo de radicales estaba capitaneado por los diputados Fermín Caballero, Pascual, Madoz y Mateo Miguel Ayllón (...) Entre los jefes del centro se contaban Argüelles, Sancho y Olózaga. Su ideología se podía equiparar al liberalismo doctrinario de los políticos franceses. Los líderes del bloque de derechas eran Álvaro Gómez Becerra y Antonio González (...) En general se puede indicar que el típico diputado del bloque de izquierdas pertenecía a la burguesía profesional o mercantil, mientras que los del centro y derecha eran más frecuentemente algunos funcionarios, militares o terratenientes. Las divisiones dentro del Congreso no sólo reflejaban diferencias sociales sino también variaciones regionales. Los diputados conservadores provenían predominantemente de las provincias del Norte, del País Vasco, de Asturias, Logroño, Soria, Palencia, León y Zamora. Los diputados más liberales, en cambio, solían ser de provincias mediterráneas: de Cataluña, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz y también de Cuenca y Albacete». La modernidad de este planteamiento le hace sumamente atractivo para el lector de hoy, al que ayuda mucho en la comprensión de los acontecimientos. Ahora bien, al utilizar los términos de «izquierda, centro y derecha» como puntos de referencia incurre no ya en un anacronismo –inevitable en todos los análisis retrospectivos– sino en una peligrosa simplificación puesto que en tales conceptos, dada su vaguedad, todo puede encajarse ciertamente pero a costa de un sacrificio de la realidad y en beneficio de unas abstracciones que no se intentan siquiera fundamentar (y que, por lo demás, sería imposible hacerlo). Decididamente el análisis de Marichal, tan interesante en su tiempo, ha quedado hoy tan obsoleto como los de Morayta o Fernando Garrido. Y además no se ha detenido en un dato esencial, a saber, la identificación por muy aproximada que fuese de los diputados que en su opinión integraban cada uno de esos grupos que creía haber encontrado; porque la enumeración de sus capitanes o jefes –gratuita, por supuesto– dista mucho de ser suficiente.

Artola, por su parte (1976, pp. 229-230), con mayor penetración considera a los progresistas como grupo hegemónico en la Cámara y fuera de ella, al que se enfrentan los moderados, escindidos del tronco liberal y divididos en dos ramas: «En tanto unos, como Borrego, se deciden por la colaboración con el nuevo régimen, otros preferían entrar en la clandestinidad para combatirlo. La Sociedad de Jovellanos se constituyó a este fin (...) Su programa, igualmente hostil al carlismo y al progresismo, anticipó las formulaciones específicas del moderantismo, en tanto los primeros representan las tendencias de lo que en cierto momento será el moderantismo histórico (...) Frente a los moderados que se consideran en oposición al régimen, se constituye un grupo de oposición dentro del régimen, que se denomina monárquico-constitucional, cuyo órgano de expresión será El Correo Nacional». Estas observaciones tienen la ventaja adicional de que no se limitan a la actividad parlamentaria puesto que procuran contextualizarla, aunque hay que lamentar, dentro de su agudeza, que son demasiado sumarias.

El que con mayor seriedad se ha preocupado en los últimos años del período que aquí se estudia ha sido Adame de Heu (1997), aunque no sea ciertamente el más conocido, y menos aún citado. Este autor, discípulo de Comellas, no se instala en la cómoda postura de las generalizaciones sino que se faja con los textos, recorriendo pacientemente la prensa de la época, aunque, por desgracia, no se haya decidido a entrar con la misma tenacidad en los Diarios de Sesiones. En cualquier caso, nadie como él, hasta ahora, ha logrado una «reconstrucción» tan fascinante y tan fiable de la vida política española del año 1836.

Siguiendo con este sumario repertorio bibliográfico tenemos que, según Araque (658), los moderados obtuvieron 28 escaños frente a los 213 de los progresistas, pero sin precisar las fuentes de su información ni intentar documentar tales resultados. Y, en fin, para Pro Ruiz (2010, 53) «el breve período de vigencia del régimen del Estatuto Real (entre el 10.4.1834 y el 12.8.1836) dio lugar a la formación de los dos partidos en los que se escindió la antigua familia liberal». El partido progresista nació –según este autor– en la oposición parlamentaria a los Gabinetes de Martínez de la Rosa y Toreno; mientras que el partido moderado surgió en la oposición a los Gabinetes de Mendizábal y Calatrava. En las Cortes constituyentes contabiliza a 28 diputados de este partido aunque no los identifica individualmente.

Un intento de reconstrucción

Tal y como ya sabemos, durante los años 1836 y 1837 tuvo lugar en España la aparición –siquiera fuera tímida y confusa– de los primeros partidos electorales o, si se quiere, la transformación de los anteriores partidos de opinión en partidos políticos en sentido moderno. Un proceso que, por descontado, no tuvo lugar en un día sino que fue madurando con el tiempo. Podría ciertamente hablarse de un acta de nacimiento –la publicación del Manual de Andrés Borrego– pero esta expresión no pasa de ser una metáfora. Y, además, la transformación aludida tuvo que pasar primero por una fase de clarificación de los partidos de opinión existentes, depurando sus objetivos y recolocando a los protagonistas que durante la época del Estatuto Real anduvieron un tanto revueltos y confundidos. A partir de este momento seguidamente vamos a desarrollar con cierto detalle una nueva taxonomía (meramente apuntada más arriba), cuya identificación se ha realizado de manera empírica sobre la base de las votaciones (y de las deliberaciones) que aparecen en el Diario de Sesiones de las Cortes y aprovechando naturalmente las aportaciones de los cronistas e historiadores. Una tarea difícil por su novedad, quizás temeraria si tenemos en cuenta la confusión de las fuentes manejadas –reflejo a su vez de la confusión ideológica de sus protagonistas–, pero que pretende diseñar, aunque sea a título provisional, con criterios objetivos verificables un nuevo mapa político de la época.

La primera operación clarificadora fue obra de Mendizábal que con ocasión de las manipuladas elecciones de febrero de 1836 trazó una inequívoca línea diferenciadora entre sus seguidores y los demás o, si se quiere, entre su partido y el moderado, al que expulsó de mala manera, pero contundentemente, del Estamento de Procuradores. ¿Quiénes formaban este equipo del que deliberadamente se distanció? Los moderados, íntimamente emparentados con los «estatutistas», eran liberales fuera de sospecha que ya habían actuado en el escenario político durante el Trienio y que consideraban el ideario liberal como un horizonte lejano al que había que ir aproximándose paso a paso. Aceptaban sin complejos su condición de «notables», perfectamente separados de las masas, a las que despreciaban, y con el tiempo fueron engrosando sus filas con prófugos desengañados del progresismo (al estilo de Istúriz y de Alcalá Galiano) y con otros elementos procedentes de extramuros del constitucionalismo conforme se iban percatando de que fuera de éste ya no había lugar en la vida política española. Como era manifiesta la proximidad ideológica de los liberales moderados y de los absolutistas moderados era previsible que estos últimos se juntaran a los primeros cuando el final de la guerra civil les convenció de que la única vía posible que quedaba en España era la constitucional y, aunque fuera a regañadientes, lo aceptaron.

Pero ¿cuál era ese «partido» de Mendizábal? Aparentemente el progresista del que fue cabeza y motor indiscutible según hemos expuesto ya páginas atrás con cierto detalle. Ahora bien, apurando la pregunta ¿qué era a principios de 1836 ese supuesto «partido progresista» que iba a encabezar un político insignificante hasta entonces, aunque banquero acreditado, recién venido de Londres? En las elecciones de febrero de 1836 se produjo una refundación del partido exaltado o radical que con el apoyo –si hemos de creer a Burgos– de sociedades secretas al estilo de Jóvenes escoceses, Templarios sublimes, Asociación de los derechos del Hombre, con el trasfondo general de la francmasonería, se transformó en progresista. Así lo vieron los propios contemporáneos, y ésta es la moneda corriente en la historiografía actual y probablemente así sucediera.

Veamos ahora la composición resultante de las Cortes constituyentes, que es lo que fundamentalmente nos interesa y que son tenidas con razón como progresistas, puesto que inicialmente lo eran desde el momento en que a ellas no habían tenido acceso los estatutistas y, con la precisión que más adelante se indicará, tampoco los moderados.

a) Estaba en primer lugar el bloque mendizabalista, progresista templado, heredero directo del partido exaltado, al que ahora ya no se podía dar este nombre porque había perdido este carácter para evitar ser confundido con los exaltados netos o radicales de nuevo cuño. Este grupo fue fiel a su jefe hasta el último suspiro y le garantizó el éxito en las sucesivas votaciones aunque con ventaja cada vez más escasa conforme se iban formando otros grupos que pasaban a la oposición.

b) El segundo bloque era el de los caballeristas, progresistas avanzados (terminología utilizada ya por el historiador coetáneo Segundo Flórez), también herederos directos de la exaltación cuyo espíritu conservaban. Capitaneados por Fermín Caballero estuvieron aliados con los mendizabalistas durante varios meses. Su colaboración imponía al Gobierno, de contrapartida, una política más avanzada, que tenía en prenda la presencia de Joaquín María López en la secretaría de Gobernación. Al cabo de pocos meses, decepcionados por la tibia política que estaba llevando a cabo el Gabinete, rompieron el pacto inicial, se separaron de la mayoría y retiraron a su representante del Ministerio. Este golpe fue numéricamente duro para la mayoría parlamentaria y los guiños avanzados que posteriormente les dirigió Mendizábal intentando la reconciliación no dieron resultado, al menos hasta el cambio ministerial de agosto de 1837. Su órgano periodístico era El Eco del Comercio, dirigido un tiempo por el propio Caballero, aunque luego dejó el cargo y oficialmente también la mesa de redacción, pero al que siguió inspirando y de hecho manejando. Este grupo alcanzó su cenit unos años más tarde cuando Espartero en mayo de 1843, después de que Cortina y Olózaga se negasen a aceptar el encargo, encomendó a López la formación de un Ministerio integrado por Caballero, Ayllón, Serrano y Frías, que su presidente calificó expresamente de avanzado (o más precisamente de abanzado siguiendo la ortografía de la época) y de fugacísima vida.

c) El tercer grupo, también abultado aunque no tanto como los anteriores, era el de los radicales, procedentes también del partido exaltado, de cuyo patrimonio ideológico se consideraban los únicos y auténticos custodios al tener a los mendizabalistas como renegados y a los caballeristas como poco decididos. A su frente se colocó Aniceto de Álvaro (con su periódico El Castellano), enemigo mortal de Mendizábal y de Caballero, parlamentario incansable y muy sólido, aunque no tan serio como periodista y con algunas sombras, sin llegar a ser manchas, en su pasado remoto e inmediato. Este grupo fue el núcleo originario de la oposición, que a partir de él fue extendiéndose como el aceite. En las votaciones actuaba de una manera aceptablemente compacta casi inquebrantable (como veremos más adelante en el capítulo correspondiente) pero su acervo ideológico y personal era heterogéneo. Su veta más extensa estaba formada por los doceañistas; aunque no los doceañistas históricos del tipo Argüelles sino constitucionalistas forjados en el Trienio o en las ideas de éste, de orientación más moderna y que, por tanto, consideraban que aquéllos habían abandonado el espíritu gaditano, al que sólo respetaban de labios afuera y cuyo radicalismo se había mellado en las duras pruebas del Trienio y en las molicies ideológicas de la emigración a cuyos cantos de sirena habían sucumbido. En este grupo anidaron también algunos radicales caracterizados por su independencia extrema, un tanto silvestre, al estilo de Fontán, Gorosarri, García Blanco, Tarín o Flórez Estrada, poco amigos de agruparse pero que aquí era donde encontraban su acomodo natural. Este grupo era el menos compacto y no reconocía jefe alguno, aunque Álvaro ejerciera en él una importante influencia y era el que de ordinario le movilizaba. Su rasgo más firme –aunque no exclusivo puesto que lo compartía con buena parte de los demás diputados– era la fidelidad a la constitución de 1812 y su enemiga constante al Gabinete. De aquí su fragilidad estructural, que aconseja afirmar su existencia sin demasiado aplomo.

En el contexto político del momento la fracción radical era sencillamente inviable: una supervivencia obsoleta de un pasado glorioso que se había consumido demasiado rápidamente aunque no apagado del todo como probaron los chispazos revolucionarios provinciales del verano de 1835 y en menor medida de 1836. Ahora bien, el éxito de estos levantamientos populares de provincia alarmó a los partidos respetables y la oligarquía de notables cerró filas frente a ellos, de tal manera que sólo gracias a sus desaciertos pudieron agitar el Congreso las heterogéneas huestes encabezadas por Álvaro. Su destino, no obstante, estaba ya sellado. En el futuro no volvieron a asomarse al proscenio de la escena política y sus prohombres terminaron desapareciendo hasta tal punto que cuando andando los años reaparecieron los radicales fue con otras caras y otras ideas.

d) El cuarto grupo, tan diminuto como significativo, era el de los moderados, excepcionales supervivientes del diluvio electoral progresista. El único que entró exhibiendo esta credencial en la mano fue Alejandro Mon, pero otros –como Castro o Mata Vigil– pronto se confesaron vergonzantemente como tales y otros, en fin, como Pita Pizarro, se convirtieron tardíamente a la fe moderada.

e) Con los cuatro grupos anteriores se cierra el arco parlamentario, pero no hay que olvidar la existencia extramuros de las Cortes de unos campos ocupados en su mayoría por las malezas de la indiferencia política y donde también crecían otros grupos que a veces ni siquiera merecen el nombre de corrientes de opinión, cuya identificación es difícil puesto que vivían en la clandestinidad y bajo la amenaza de duras leyes represoras. Entre ellos hay que contar al carlismo y a las sociedades secretas de incansable militancia conspirativa, así como a auténticos partidos in nuce (demócratas, republicanos, federalistas, socialistas) que tardarían bastante en emerger a la superficie; sin olvidar las frondosas ramas de estirpe conservadora que estaban al acecho de una oportunidad parlamentaria que parecía ya inminente.

En este lugar resulta imprescindible hacer una alusión especial a un hipotético partido popular (también vale en plural) que nadie conoce directamente pero cuya existencia puede conjeturarse, y aun probarse, por sus efectos, como los astrónomos de los siglos XVII y XVIII detectaban con sus cálculos matemáticos la presencia cierta de algunos planetas que todavía no habían alcanzado a ver con sus débiles telescopios. Con este nombre convencional y aproximativo se está haciendo referencia a algo de lo que tanto y con tanta lucidez se ha ocupado García Rovira (y naturalmente no sólo ella), concretamente a la existencia de grupos de opinión rigurosamente anónimos y sin organización conocida, capaces de agitar intermitentemente las masas populares urbanas y que los historiadores se empeñan en silenciar para no deslucir el protagonismo y el triunfo de los partidos vencedores. De acuerdo con la tesis oficial estos movimientos «populares» eran el fruto de una manipulación dirigida por una elite en provecho propio puesto que las masas carecían por completo de iniciativa y aun de pensamiento: eran siempre un objeto, y no un sujeto, de la acción política. Mientras que para la autora citada, esas masas, ese pueblo, tenían conciencia política, objetivos determinados y capacidad de acción, como demostraron reiteradas veces y llegaron a expresar con claridad sus ideas y por descontado no les faltaron víctimas, de ordinario también anónimas; pero no se les dio oportunidad de hablar a la Historia y así han quedado sus hechos como «testimonios mudos» de una realidad perceptible pero todavía indescifrable. Es claro, no obstante, que aquí no se puede ir más allá de esta mera evocación.

La determinación del comportamiento político de las clases populares durante la Regencia de María Cristina es una tarea pendiente, que de momento parece imposible de realizar habida cuenta de la escasez de fuentes, puesto que los estudios del tipo de los de Fernando Garrido, aun apuntando en la buena dirección, están contaminados en exceso por la ideología de combate propia de los tiempos en que fueron escritos. A estos efectos tampoco son aprovechables los libros de los historiadores académicos, coetáneos o actuales, obra de vencedores, fueran moderados o progresistas y hoy de derechas o de izquierdas, alejados del pueblo por igual. Aunque en los últimos años ha empezado –sólo empezado– a prestarse alguna atención al papel del campesinado en los dos bandos de la guerra, el del proletariado urbano –salvo el de Barcelona y en parte el de Zaragoza y el de Valenciasigue desatendido casi por completo.

Hoy está demostrada la constante actividad política de las clases bajas a lo largo de todos los tiempos, si bien recordada de ordinario únicamente como trastornos de mera violencia y cuyo pausado conocimiento nos está proporcionando una visión distinta del pasado, como la jacquerie o las guerras campesinas del Renacimiento. Pero el mejor ejemplo es el de la República Tardía Romana. Los recientes estudios de Will (y de toda la escuela que él representa) han demostrado que la historia de la plebs romana debe ser reescrita desde el principio al fin. Porque es falso que, como se ha venido diciendo desde Cicerón y Salustio, se tratara de una muchedumbre de ociosos envilecidos incapaces de tomar conciencia de su papel y de defender por sí mismos sus propios intereses, dispuestos a dejarse movilizar políticamente en beneficio exclusivo de otros poderosos y de cometer las mayores tropelías a cambio de panem et circenses. De hecho, los relatos corrientes de los levantamientos populares y de las bullangas y juntas provinciales de 1835 y 1836 reproducen sin saberlo los puntos de vista y las actitudes de los más rancios escritores romanos. ¿Cuándo llegará el momento de rectificar esta historia rutinaria o al menos de reexaminarla con sentido crítico?

Parece ocioso subrayar que con el precedente esquema se trata simplemente de una reconstrucción analítica, es decir, del resultado de una pretensión de entender un momento del pasado sistematizando intelectualmente los elementos empíricos que nos ofrecen los testimonios documentales de que disponemos: al igual que hicieron, con mayores conocimientos y menos perspectiva temporal, Balmes y Borrego, nuestros grandes reconstructores clásicos. Este tipo de reconstrucciones son útiles para el conocimiento del pasado puesto que introducen un orden en un caótico amontonamiento de datos y una sistemática que da sentido a un repertorio infinito y confuso de relaciones sociales. Mas no hay que olvidar nunca sus riesgos ni perder de vista que una reconstrucción es un producto intelectual no la reproducción fiel de la realidad y mucho menos la realidad misma. La realidad política, presente y pretérita, como todas las «realidades», es inaprensible directamente por la mente humana, la cual tiene que operar mediante «representaciones», en las que el fenómeno exterior se contamina y deforma con los elementos subjetivos de cada observador. Lo importante es que, aun sabiendo que la realidad es inaprensible, gracias a las representaciones que de ella nos hacemos por muy deformadoras que sean, podemos orientarnos en la vida; y esto es cabalmente lo que estamos intentando ahora.

Sobre doceañistas, exaltados y progresistas

El esquema anterior en su deliberado reduccionismo resulta suficientemente claro; mas no podemos detenernos en él e importa entrar en mayores precisiones aunque sea con el riesgo de enturbiar de nuevo las aguas históricas, que no pueden ser nunca transparentes por la incidencia de dos circunstancias: de un lado porque evolucionaron muy rápidamente entre 1810 y 1837 y de otro, porque siendo entes del pasado no es lícito seguir manejándolos en un momento en que ya habían desaparecido o cambiado por completo de sentido. Porque es el caso que cuando los cronistas y los propios interesados hablaban de doceañistas, exaltados o progresistas refiriéndose a diputados de aquellas Cortes no podemos saber nunca con precisión a qué «tipo» concreto estaban evocando un campo confuso, extremadamente resbaladizo en el que es muy fácil perderse.

a) El auge de la exaltación: serviles y liberales

En el verano de 1835 todavía resultaba sencillo identificar a los partidos de opinión e incluso trazar su genealogía precisa partiendo de 1812 y de la primera división política entre serviles y liberales («servilones y liberalitos» en su uso cotidiano despectivo como evocó Fernán Caballero en la novela de este mismo título). La formidable memoria de Argüelles (1835, p. 323) ha conservado el anecdótico origen del término liberal que nació –tal como cuenta– «en la viva y amena fantasía de un escritor coetáneo (que tuvo) la idea de usurpar aquel vocablo en una composición poética tan picante como festiva para señalar a los diputados que promovían en las Cortes las reformas, aplicando en contraposición el de servil a los que las impugnaban y resistían (...) Desde entonces liberales y serviles fueron los nombres con que se conocieron respectivamente, así en las Cortes como fuera de ellas, todos los que se manifestaron afectos o contrarios al restablecimiento del gobierno representativo».

En el Trienio constitucional los liberales se escindieron en dos ramas según el diferente ímpetu o ritmo con que querían imponer los principios de la constitución gaditana. En la acertada descripción de El Eco del Comercio de 17.9.1836, «los exaltados apetecían el pronto desarrollo de los principios asignados en la constitución por medio de leyes especiales y en una marcha franca y enérgica por parte del Poder Ejecutivo (mientras que) los que se titulaban moderados querían, por el contrario, proceder lentamente en la aplicación de los principios constitucionales, restringir en lo posible las garantías que ofrecían al pueblo y usar con la mayor sobriedad y parsimonia de los elementos que presentaba el entusiasmo provincial a favor de la situación liberal y procuraban contemporizar en lo interior con los enemigos de las instituciones».

Esta diferencia inequívoca, que inicialmente parecía un matiz, fue ensanchándose de manera creciente, hasta tal punto que –como seguía diciendo el periódico– «el amor propio, la ambición y las demás pasiones imparables de las crisis políticas no tardaron en manifestarse y en acabar en los partidos en que se subdividió el liberal, y como consecuencia necesaria de este acaloramiento las doctrinas y su aplicación se llevaron hasta el extremo. Declarose la hostilidad abierta; a los argumentos sucedieron las injurias y las acusaciones. El partido moderado calificó al exaltado de violento, de injusto, de reaccionario (sic) y de anarquista, le pintó con tendencia a destruir las leyes y la constitución del Estado y a provocar contra nosotros la cólera de las naciones europeas».

Discutiendo sobre galgos y podencos sorprendió la invasión francesa de la Santa Alianza a los bandos liberales, cuyos individuos más destacados compartieron juntos durante la ominosa década el amargo pan del exilio y donde también hubo ocasión de que se enfriaran un tanto los «acaloramientos». Unas circunstancias que permitían abrigar la esperanza de la reconciliación a la vuelta del exilio. Y, en efecto, abiertos los Estamentos, los moderados a los que María Cristina entregó el poder «fueron saludados por el otro partido que esperaba de ellos lo que podría prometerse de personas duramente aleccionadas por repetidos infortunios». La realidad, no obstante, se encargó de frustrar estas ilusiones pues desde la soberbia del poder –seguía diciendo el periódico– «los clamores de los exaltados fueron despreciados como gritos de anarquía y desorden y las peticiones que hicieron sobre el rompimiento que podía tomar el pueblo un día viéndose a los bordes del precipicio, se miraron como medio de excitarle a la sedición y al tumulto».

Fracasados los gobiernos moderados de Martínez de la Rosa y Toreno, llegó el turno a los «progresistas», que tuvieron que soportar desde el Poder los ataques implacables de sus adversarios, reforzados ahora por los tránsfugas procedentes de las filas de aquéllos.

Con estos vertiginosos zigzags fue desarrollándose la política liberal de los años 1835 y 1836: de Toreno a Mendizábal, de Mendizábal a Istúriz y de Istúriz vuelta a Mendizábal (y Calatrava) de la mano de algaradas populares, juntas provinciales y sargentos que hacían girar incesantemente la veleta de Palacio. Una historia tumultuosa pero clara, que es fácil de reconstruir. Así llegamos a las Cortes constituyentes progresistas con un Ministerio progresista y la situación se complicó de forma inesperada porque es el caso que dentro de un Congreso llamado progresista surgió una oposición. ¿Qué oposición podía ser ésta dentro del mismo rebaño? O lo que es más grave: ¿quiénes eran esos titulados progresistas? ¿es que existía un verdadero partido progresista? ¿cuándo y cómo se dio el salto desde la exaltación al progresismo? Pues bien, al intentar responder estas preguntas con lo primero que nos encontramos es con el dato de la existencia de un grupo de diputados que pueden calificarse de doceañistas constituyentes o doceañistas natos.

Recapitulando: durante el Trienio, estos moderados aludidos en El Eco del Comercio eran también ordinariamente considerados como «doceañistas» aumentando con ello la confusión puesto que, andando los años, se invirtió sustancialmente su significación política. Los liberales se escindieron en dos bandos: los doceañistas, que se mantenían fieles a la constitución gaditana en lo que tenía de templada y por ende debía conservarse, y los radicales, que se distanciaban de ella porque entendían que había que radicalizarla aún más. Nótese, pues, la equivocidad que con esta evolución se estaba produciendo, dado que a la muerte de Fernando VII el núcleo de los doceañistas originarios se pasó al progresismo templado y terminó rompiendo con la Constitución de 1812 para aprobar la nueva de 1837, mucho más templada; mientras que los antiguos radicales (a quienes antes parecía poco el texto de Cádiz) se convirtieron ahora en doceañistas declarados para seguir luchando por mantener al menos las conquistas liberales de 1812. Con lo dicho basta para comprobar lo borroso, y además cambiante, del panorama político del momento.

b) Los doceañistas constituyentes de 1836-37

«Doceañistas constituyentes» es un oxímoron, una expresión contradictoria porque ¿cómo pueden empeñarse en elaborar una constitución nueva quienes se confiesan seguidores de una constitución del pasado? La pregunta tiene, no obstante, una respuesta sencilla: los diputados autoproclamados defensores a ultranza de la constitución de 1812 estaban a favor de ésta, no querían una nueva (aunque admitiesen algunas reformas: únicamente las mínimas e imprescindibles); pero aceptando las reglas del juego parlamentario y puesto que la mayoría había acordado redactar un texto nuevo, participaron dócilmente en los debates procurando conservar al máximo el viejo texto y, sobre todo, sus principios. La verdad es que no tuvieron éxito, ya que siempre fueron arrollados por la mayoría en las votaciones; a pesar de lo cual en ellas dejaron su huella y a través de las que se realizaron nominalmente hemos podido identificarles con seguridad sin necesidad de acudir a otras conjeturas.

El primer episodio de este tipo lo encontramos en la temprana sesión de 14.11.1836 en la que se discutió un dictamen de la comisión especial sobre el procedimiento de reforma constitucional; y ni que decir tiene que los doceañistas estaban muy interesados en que se impusieran requisitos estrictos cabalmente para minimizar las eventuales reformas de la constitución gaditana. El dictamen que al efecto se elaboró decía no obstante así:

1.º Que todo proyecto de reforma que se propusiese a las Cortes hubiere de estar firmado por veinte diputados. 3.º Que para la aprobación de cualquier reforma bastase la mayoría absoluta de votos.

Con un voto particular de Vila, Alonso, Rodríguez Vera y García Patón, que proponía mayoría de dos tercios, con lo cual se delataba la condición de «doceañistas» de los firmantes. Inició el debate Vila para defender esta variante que justificó «en la consideración de la importancia y la estabilidad que debía reunir cada miembro, cada parte, cada artículo de una constitución». Antonio González asumió seguidamente el difícil papel de defender una propuesta que a todas luces había sido tomada por consideraciones de oportunidad política y no de razón, e hizo lo que pudo con su gran experiencia de abogado y de diputado, argumentando en primer lugar la urgencia del encargo, luego el hecho de que respetando el quórum sugerido «el voto de la mayoría quede sujeto al de la minoría» y, en fin, que el proyecto de constitución «quedaría manco, la nación se quedaría sin constitución o la tendría defectuosísima y resultaría un monstruo porque muchos artículos no reunirían esas dos terceras partes de votos, otros más y otros menos». Pero seguidamente Alonso pudo desmontar sin dificultad el invocado argumento de la prisa observando que «¿hacer la constitución aprisa es hacerla bien? Poco a poco y con reflexión es como la hemos de hacer, que la posteridad no preguntará el tiempo que hemos tardado en hacerla bien sino si la hemos hecho bien».

Pero todo fue inútil y el dictamen fue aprobado por 89 votos, con 20 en contra de los doceañistas que inútilmente habían pretendido blindarla contra las reformas. Estos diputados fueron los siguientes y con ellos podemos formar ya la primera lista segura de doceañistas si bien incompleta porque no están todos los que son:

Un mes después, el 13.12.1836, al discutirse el dictamen sobre las bases que habían de inspirar la nueva constitución, volvió a darse una oportunidad a los doceañistas para salir a la palestra e identificarse. A este propósito la postura de Juan Montoya no pudo ser más clara: «El voto de la nación está por la constitución de 1812, por más que se quiera decir. El pueblo siempre se ha acogido a ella a pesar de que no ha podido estar mucho tiempo en planta; pero ha conocido los buenos efectos que podía producir, el pueblo lo ha proclamado y siempre que ha podido expresar su voluntad, siempre ha clamado por esta constitución. Podrá haber alguna cosa algo mejor; pero no lo que sea mejor puede admitirse sin echar por tierra lo existente. Yo creo o, mejor dicho, temo que admitiendo todas las reformas que se proponen la constitución de 1812 quedará enteramente destruida; ni su nombre aparecerá y entonces ¿cómo hemos de decir que la hemos conservado?».

A lo que contestó al día siguiente Gómez Acebo: «Dice el sr. Montoya que el pueblo español quiere la constitución de 1812, que la ha proclamado con entusiasmo, dando a entender que no había necesidad de reformarla. Yo quisiera que se hiciese una distinción entre lo que es ese pueblo y si el que se ha presentado en la imaginación del sr. Montoya es el que no está conforme con la reforma de la constitución de Cádiz; porque si no, cada uno decide a su manera. Pero yo creo que la verdadera opinión está pronunciada por la reforma; y si no ¿para qué estamos reunidos aquí? ¿para reformarla o para hacerla nueva? Creemos que no es menester hacerla de nuevo; luego es para reformarla y por consiguiente ésta es la verdadera opinión nacional».

Pero como no hubo votación nominal nada se puede sacar de un debate tan crucial y hay que esperar a la sesión del día 17 del mismo mes de diciembre en la que tuvieron lugar dos seguidas. Una a propósito de la base segunda, a la que se opusieron once diputados:

Y otra a la que se opusieron catorce:

Con una nueva votación el día 22 (12.1836) con seis votos en contra:

En la sesión del día 23 hubo varias intervenciones dignas de ser recogidas, empezando por la del infatigable Juan Alfonso Montoya: «La voluntad de las provincias estaba por la constitución del año 12 por el mismo principio de que el hombre ama más aquello que más trabajo le cuesta conseguir (...) Puesto que el pueblo quiere la constitución del año 12, en lo cual yo creo que no hay duda, yo quisiera que ya que se hiciesen reformas, fueran las menos posibles y queden por lo menos vestigios para conservar la memoria de esa grande obra (y es el caso de que) se han establecido dos cámaras contra la constitución; se ha concedido al rey el veto absoluto, también en contra; y que si se le concede la facultad de convocar las Cortes cuando le parezca, y si no así, a lo menos la de poderlas disolver, ya no queda vestigio de la constitución».

A lo que contestó el presidente del Consejo de ministros que «la idea de la reforma no ha salido de ningún modo de la Corona sino de las provincias; en todas las cuales, bajo unos mismos términos poco más o menos se hizo levantamiento; y entre sus representaciones se hallan algunas con esta condición expresa». Sumándose a esta opinión Sancho: «Parece que el sr. Montoya obra en sentido contrario a la voluntad nacional, porque ésta quiere, desea, que la constitución del año 12 se reforme y S.S. se opone a ello; no quiere que se reforme nada; por lo cual yo no puedo menos de creer que quiere sobreponer su voluntad a la de la nación y a la mayoría de los srs. diputados (...) Es necesario que S.S. conozca se halla en el caso de sujetar alguna vez su opinión a la voluntad de la mayoría (...) Nosotros hemos venido aquí a tomar de la constitución lo que sea útil a los españoles, separar lo que no convenga que exista y poner en su lugar otras cosas que sean más a propósito, más favorables».

El día 24 (12.1836) se aprobó la tercera parte de la base tercera con el voto en contra de veinte diputados:

Cinco votaciones nominales, en suma, que nos permiten confirmar el alcance de la primera lista, antes transcrita, de 14 de noviembre de 1836, a la que ocasionalmente se fueron añadiendo unos pocos más, como Juan Osca y Verdejo. El grupo de doceañistas netos es, por tanto, el mejor identificado en los bancos de las Cortes constituyentes.

Pues bien, ¿cómo se comportaron estos doceañistas en las Cortes constituyentes de 1836-37? El mismo Diario de Sesiones nos da una respuesta casi segura: pasaron en masa a integrarse en las filas de la fracción progresista radical, o sea, la encabezada por Álvaro.

De ellos hay que distinguir cuidadosamente, no obstante (y por tal les llamamos doceañistas «constituyentes» –o doceañistas netos– en cuanto que conservaban su fe todavía en 1836), de los doceañistas que llamamos «históricos», o sea, los que, habiendo participado o no en las cortes gaditanas, durante el Trienio defendieron esa constitución, pero en 1836 con los años, las experiencias y la contaminación ideológica del exilio o de las ideas extranjeras habían perdido ya la fe en ella y pedían –y consiguieronun texto completamente distinto. Por eso los doceañistas constituyentes tenían a los históricos, y con razón, por renegados, incluso a Argüelles, su respetada cabeza. Por este lado la delimitación de fronteras no ofrecía, pues, dificultades; pero quedaba abierta, como veremos inmediatamente, la delicada cuestión de su separación con los otros grupos exaltados.

c) Progresistas

A la hora de profundizar en el análisis de este amplio y genérico grupo, conviene empezar recordando que para Adame de Heu (27), «bajo Mendizábal surgió el partido progresista en febrero de 1836, entendiendo como tal la unión de los exaltados y su reacción frente a la mayoría moderada que apoyó a Martínez de la Rosa en 1834-1835 y se opuso a Mendizábal en la Legislatura de 1835-1836».

En las Cortes constituyentes, ¿qué había en realidad de los progresistas que dieron el nombre popularizado de aquella Cámara? Sencillamente el rótulo de una estirpe dentro de la familia liberal, que englobaba a las ramas mendizabalista, caballerista y alvarista; y que se utilizaba con la comodidad y utilidad que proporcionan todos los genéricos. Hablar de progresistas era, pues, exacto, con tal de que se quisiera hacer referencia a todas las ramas de la estirpe. Parece indudable que cuando Mendizábal llegó al poder en 1835 lo hizo a título personal y no como progresista. En cambio, su vuelta al poder (con Calatrava) en 1836 pudo ser entendida ya como una consecuencia de un movimiento institucionalizado realizado, o al menos inspirado, por el partido progresista (o más precisamente: por los progresistas) habida cuenta de la uniformidad y coordinación de los levantamientos provinciales.

La verdad es que, siendo sucesores directos de los exaltados del Trienio, parecía lo más correcto que hubiesen seguido usando tal denominación pero acertadamente la abandonaron por dos razones: la primera porque se había formado en el entretanto un grupo específico que tenía por bandera la exaltación y no querían confundirse con ellos; y la segunda porque el término exaltado, que antes tenía un signo decididamente positivo, se había convertido en algo rotundamente peyorativo (salvo para el grupo anteriormente citado) por lo que tenían empeño en distanciarse de él. Así las cosas, cuando se descubrió la palabra «progresismo» la abrazaron con entusiasmo, aunque terminara cubriendo fracciones que luego se separaron.

En expresión de Fernández Sebastián (Diccionario, 555 ss.), «la nueva y exitosa designación se debió a la iniciativa personal de Olózaga, quien en una reunión celebrada por los diputados partidarios de acelerar las reformas en casa de Fermín Caballero en los primeros meses de 1836 propuso este eufónico nombre que haría fortuna y que sería ratificado como denominación oficial del partido tres años más tarde por el propio Olózaga en una intervención parlamentaria (...) Inútil insistir en la confortable posición que este éxito confirió a sus beneficiarios en la arena política: asociar estrechamente las actividades y proyectos del grupo con una idea en alza como era la idea de progreso». El propio Balmes (Situación política, 1840, 58) elogió el acierto de este rebautizo porque «eso de exaltado –precisó– es muy malsonante pues sugiere falta de tino y cordura; en cambio progreso, sobre todo progreso legal, evocaba responsabilidad y orden, que eran virtudes inexcusables en un partido de gobierno».

El período moderado que se inició con el Ministerio de Ofalia supuso una lección para los progresistas, que se apresuraron a renunciar a las fracciones de 1837 hasta tal punto que en las Cortes de 1839 ya estaban unidos bajo la dirección de un brillante colectivo formado por Calatrava, Olózaga, Sancho, Cortina, López, Roda y Caballero, quienes sostuvieron el partido y apoyaron ya sin vacilaciones ni fisuras a Olózaga en su conflicto con la Reina en 1843. Pero antes habían tenido que pasar la prueba de la Regencia de Espartero y lo cierto es que no la superaron y en ella se hundieron, verificándose una vez más el pronóstico de Balmes que ya hemos visto: los progresistas se crecían en la oposición, pero cuando lograban la mayoría en las Cortes se fraccionaban inevitablemente y derribaban de manera implacable a sus propios Gobiernos y no volvían a unirse hasta el siguiente ostracismo del Poder.

La confusión entre progresistas, exaltados y anarquistas ha sido puesta de relieve por Araque (99 ss.) espigando los testimonios de la prensa con ocasión de las elecciones de julio de 1836: «los progresistas se presentaron a las elecciones bajo la denominación de exaltados, aunque la prensa moderada y los afectos al Gobierno les calificaron de anarquistas (...) La prensa moderada calificó a los exaltados de personas que querían el progreso rápido, violento, sin reparar en obstáculos, destrucción de privilegios inexistentes y de aristocracias imaginarias, nivelación de fortunas, libertad indefinida, intolerancia, desorden, odios, venganzas y persecución a todos los que no pensaban como ellos. A esto respondían los progresistas diciendo que ellos querían el orden afianzado en la ley, en el respeto de los derechos de los pueblos y de los particulares e intentaban evitar las causas de desorden que daban la arbitrariedad y la injusticia. Por otro lado, los progresistas solicitaban el voto a favor de los candidatos de más talento e instrucción, en contra de los moderados que consideraban más importante el arraigo y la riqueza de los candidatos».

d) Exaltados

La precisión del contenido del término exaltado, que con tanta frecuencia ha aparecido en las páginas precedentes, resulta difícil por la ambivalencia de su uso: en unos casos de contenido favorable (cabeza originaria de la estirpe progresista) y en otros, negativo, equivalente a anarquista, revolucionario, democrático. Esta ambigüedad y el uso abusivo y errático que se hacía entonces del término explican la extensión que seguidamente va a dedicarse a este punto y cuya cuestión capital puede formularse en estos términos: aceptando que la exaltación fuera el origen del progresismo, mas teniendo en cuenta que éste se había dividido en tres fracciones, ¿podían todas considerarse como sucesoras de la exaltación o solamente alguna? En su caso, ¿cuál había rechazado y cuál había aceptado la herencia?

La explicación más sencilla es desde luego la teórica, al estilo de la que desarrolló didácticamente San Miguel en su Vida de Argüelles: «Todo va en progreso por una ley constante de la naturaleza: todo está en constante movimiento hacia adelante o hacia atrás. La progresión de los progresistas era, sin duda, la ascendente, mas éstas varían al infinito según la diversa índole, y lo que en términos de la ciencia se llama el exponente: 1, 2, 3, 4, 5 forman una progresión. También tendremos otra con 1, 10, 100, 1.000: los dos primeros términos son iguales en las dos. ¡Qué diferencia en los dos últimos! Los progresistas no indicaron de un modo fijo de qué clase había de ser su progresión: se les olvidó indicar el exponente. Por lo pronto se comprendieron perfectamente bien, mas debieron con el tiempo formarse entre ellos escisiones como consecuencia natural de lo vago de su título. Lo mismo debió suceder a los moderados, pues aun de más interpretaciones era susceptible el suyo; pero los partidos políticos se hallan demasiado agitados de pasiones para que sean lógicos y se demuestren fieles al título que han escrito en su bandera» (subrayados en el original).

El añejo origen de los exaltados y su accidentada historia nos van a proporcionar una nueva clave para la identificación genealógica y para la precisa taxonomía posterior de las fracciones progresistas existentes en 1837.

En el Trienio la situación era clara: frente a los serviles o absolutistas estaban, según sabemos, los liberales y en las filas de éstos se produjo una escisión entre moderados y exaltados, que no se reconciliaron del todo en la emigración y que a su regreso a España reanudaron sus rivalidades. Después de muerto Fernando VII, quienes primero recuperaron su identidad y precisaron su papel político fueron los moderados debido a la circunstancia de haber sido ellos los llamados al poder (después de la breve introducción de Cea). El partido moderado, capitaneado por Martínez de la Rosa, experimentó una refundación en el crisol del Estatuto Real. Los moderados se rebautizaron entonces en «estatutistas» conservando su base sociológica, que puede ayudar a identificarlos: la alta burguesía industrial (como se vio en Barcelona donde este grupo era el más consistente) y los terratenientes agrarios. Fueron «los notables».

En cuanto a los exaltados, éstos sufrieron también una inevitable refundación. Mendizábal en las primeras elecciones que pudo controlar, las de febrero de 1836, secuestró a los no moderados convirtiéndolos en mendizabalistas; pero de sus redes escaparon precisamente los exaltados; o lo que es lo mismo, los mendizabalistas renegaron de la exaltación. La operación dio resultado pero era evidente que no podía patrimonializarse un partido sin graves riesgos y consecuencias. El golpe de mano de Mendizábal fue considerado por algunos miembros de la familia como una aventura y por otros como una traición. Para Fermín Caballero y sus amigos el mendizabalismo se inclinaba demasiado a la derecha, descuidando el flanco izquierdo. Pudo entonces provocarse una escisión definitiva de las dos tendencias; pero no fue así por la brusca irrupción del Ministerio Istúriz que con la amenaza de un renacer moderado reconcilió provisionalmente a las dos alas del progresismo y luego, en las Cortes constituyentes, ya que no se fusionaron, se unieron al menos con unas lañas precarias que no durarían mucho, puesto que Mendizábal, insistiendo en una política de tintes moderados, obligó a Caballero y a López a separarse, guardando distancias y marcando su propio terreno.

En cualquier caso los mendizabalistas no tenían el menor interés en recordar su origen exaltado ni tampoco los caballeristas, aunque éstos, al menos, no se avergonzaban de ello y hasta presumían de conservar sus auténticas esencias y coqueteaban a veces en una deliberada ambigüedad como luce en este retórico texto de El Eco del Comercio (tomado de Adame 86): «Los exaltados en España son los que desean que acaben del todo los privilegios, los que piden reformas sin contemplaciones, los que trabajan por que tengamos una constitución que marque la autoridad de la Corona y los derechos de la nación; los que aspiran a que termine pronto la guerra facciosa, los que condenaron y condenan el sistema martinista y ansían que se lleve a cabo el del programa de Mendizábal; en una palabra, nuestros exaltados son los que apetecen el progreso social con orden y sin pastelerías, con decisión, sin escrúpulos y con franqueza y confianza en la sensatez de los españoles».

Los únicos que reclamaban sin complejos la herencia exaltada fueron, pues, los que estamos llamando progresistas radicales que en el Congreso formaron el grupo alvarista. Estos intentaron poner las cosas en su sitio desconectando expresamente a Mendizábal de la exaltación, según se ve en un artículo de El Castellano de 25.9.1837 aparentemente rotundo y en el fondo confuso: «Suponer al partido exaltado sinónimo de mendizabalista es dar el triunfo a los moderados y así es que éstos han cuidado mucho de usar y extender aquella denominación con preferencia a otra. El gran partido liberal nacional, el de los exaltados españoles, cuyo lema es energía para terminar la guerra, libertad, progreso, economía y justicia, no tiene corifeos conocidos, no es un partido por lo mismo que abraza a la generalidad de los liberales»; es decir, que se recuperaba la vieja, y ya obsoleta, contraposición entre serviles y liberales.

Aunque más preciso y contundente fue el texto que apareció en el mismo periódico dos días después, el 27.9.1837, bajo el título de «¿Mendizabalista es sinónimo de exaltado?», en el que se intentaban limitar las excesivas generalizaciones del artículo anterior: «Forman el partido exaltado en su generalidad los liberales más salientes de todos los pueblos, los que sin concertarse en ninguna especie de reunión ni correspondiéndose por escrito, desean por un sentimiento individual, independiente y unánime el mayor castigo de los carlistas; quieren que no quede carlista alguno ni sospechoso de serlo en empleos del Estado, con influencia en el Gobierno ni con sueldo; quieren que la guerra civil se acabe pronto y que para ello se ocupen los bienes de los carlistas y que se indemnice a los liberales que experimentaron pérdidas, que se use el mayor rigor con los conspiradores y auxiliadores de la facción. La generalidad de los exaltados quiere que la nación sea gobernada a la española, por españoles netos y sin influencias extranjeras (...); quieren que la España sacuda con energía y franqueza el yugo vergonzoso de la Corte de Roma; creen los exaltados que el partido estatutista o moderado con sus doctrinas de fusión, de justo medio es el que ha conducido a la guerra civil al grado de intensidad a que ha llegado. Quieren los exaltados que se adopten grandes economías en los gastos, que mientras dure la guerra no haya sueldos de 59, 60 u 80 mil reales (...), que no se consuma a la nación con operaciones ruinosas de crédito para enriquecer a unos pocos usureros y allegados de los ministros; quieren que todos los españoles sean iguales ante la ley; que todos los que contribuyen a las cargas del Estado puedan ejercer sus derechos civiles y políticos sin que la riqueza y los empleos sean el tipo regulador, porque en tal caso se formaría una aristocracia que sería más perjudicial, soberbia y ridícula que la de nacimiento; quieren los exaltados que sean preferidos para los empleos y grados del gobierno los patriotas ardientes».

En este fragmento, como se ve, al hacer una descripción del grupo exaltado auténtico, se aprovechaba la oportunidad para ofrecer su programa, aceptablemente pormenorizado, y de paso se lanzaba una ruda crítica al Gobierno: «El hecho es que el Ministerio de Mendizábal de 1835 y el de Calatrava-Mendizábal de 1836 han sido en sus obras fusionistas (moderados). Con ellos se han conservado en empleos elevados a los carlistas (...); no se ha impuesto pena alguna a los generales y jefes cuyas operaciones desgraciadas, apatía u otras causas han producido males a provincias enteras; en lugar de un sistema de economía y arreglo se ha seguido el derroche más escandaloso, el desorden más completo; se ha restringido la libertad de los ciudadanos y la de la imprenta, se ha privado de los derechos de la Constitución de 1812 a nuestros hermanos de Ultramar (...); muchos empleados exaltados han sido depuestos y reemplazados con carlistas e indiferentes y por último la guerra civil empeora cada día, el Tesoro público se ha apurado y cargándose a la Nación con miles de millones de deuda».

El Castellano, y por ende Álvaro, bien claro reivindicaron en este texto la herencia de los exaltados, por lo que en consecuencia lo más propio sería denominar exaltada a su fracción parlamentaria. Pero esto no obstante, se prestaría a equívocos cabalmente por la ambigüedad de su tradición. Por tal razón preferimos denominar a los alvaristas «progresistas radicales» en contraposición a los progresistas templados o mendizabalistas y a los progresistas avanzados o caballeristas. En otras palabras: la aceptación de la herencia ideológica exaltada no evitaba el cambio de nombre, que parecía aconsejable en las nuevas circunstancias cuando resulta imprescindible marcar las diferencias entre las distintas fracciones del progresismo.

Dejando ya a un lado la prensa, si queremos buscar en el Congreso una profesión de fe sincera de esta exaltación podemos encontrarla en una intervención de Ferrer y Garcés, cuyos antecedentes personales estaban por encima de toda sospecha, en el Diario de Sesiones de 7.8.1837: «Exaltado soy yo; pero no exaltado para ir a un café a gritar. No, soy exaltado para decir verdades, exaltado para hacer que un ministro salte de su silla cuando no remedia los males que agobian a los pueblos. Estos hombres que se llaman exaltados, estos hombres que son tratados con tanta acrimonia, éstos son los que hoy acusan al Ministerio; pero le acusan de un modo respetuoso, justo y por motivos que están a la vista de todos, para que adopte medidas capaces de concluir con los enemigos de la libertad, para que los trate sin consideraciones ni respetos y haga caer la espada de la ley lo mismo sobre el general que sobre el simple ciudadano si faltan a sus deberes.».

La cuestión, sin embargo, venía de antes: del incidente parlamentario de diciembre de 1836. En aquella ocasión se produjo un debate sobre las medidas represivas del Gobierno y, como unos diputados entendieron que en el fondo estaban pensadas para ser utilizadas contra los exaltados, fue necesario poner las cartas sobre la mesa y disipar no pocos equívocos. Porque los equívocos eran inevitables en una materia tan resbaladiza y susceptible –entonces y ahora– de las interpretaciones más dispares. López, un caballerista notorio, se proclamó exaltado y, conociendo la sinceridad de su carácter, nadie podía atreverse a ponerlo en duda: «Exaltado he sido, exaltado soy y exaltado seré hasta que muera. Pero yo hablo de la exaltación en la línea de la ley y no contra ella; de la exaltación que vivifica, no de la que destruye» (el día 4). Y el día 6, saliendo al paso victimista de Bertrán de Lis: «¿Pueden ni deben reputarse liberales los hombres que, tomando una máscara que cambian en cada momento, en tanto se ostentan acérrimos defensores de la libertad, desmienten y abjuran a cada paso de sus principios?». Estas palabras de Joaquín María López son verdaderamente desconcertantes y sólo pueden entenderse desde una psicología posicional, que explica las diferencias de actitud de una misma persona según sea la posición (o rol) social que ocupa en cada momento. Nadie más sinceramente exaltado que el tribuno alicantino; pero cada vez que ocupaba (y lo hizo varias veces) una silla ministerial se identificaba de tal manera con el cargo que terminaba hablando como ministro y traicionando su condición de opositor indomable. Éste es, por tanto, un buen ejemplo del acierto de Balmes cuando advirtió que «el título de exaltado más bien expresa una pasión que un sentimiento».

Con lo dicho tenemos ya dos confesiones de fe exaltada: una proveniente de los labios de Ferrrer y Garcés, un exaltado auténtico (que por sus actuaciones parlamentarias y extraparlamentarios nosotros hemos encajado en la fracción progresista radical) y otra proveniente de López, un exaltado verbal y probablemente también de corazón, que por sus actuaciones políticas nosotros hemos encajado en la fracción progresista avanzada o caballerista.

Lo que resultaba claro era que el Gobierno y los mendizabalistas, por el contrario, no sólo no se consideraban exaltados sino que les perseguían sin contemplaciones, con más saña aún que a los carlistas. Lo que puede parecer extraño tratándose de dos ramas de la misma estirpe: aunque no hay que olvidar que «no hay peor cuña que la de la misma madera». A este propósito Bertrán de Lis, un exaltado confeso y de pura cepa, denunció sin ambages el día 4 la actitud represiva del Gobierno contra toda clase de exaltación: «adviértase que las medidas que propone la comisión son tan terribles, que si se aprobaren, para mí sería lo mismo que poner en manos del Gobierno una espada de dos filos, de los cuales el más cortante sería siempre dirigido contra los patriotas llamados exaltados, más bien que contra los verdaderos enemigos de la libertad».

Olózaga, un progresista de conocida naturaleza camaleónica, insistió el mismo día 4 en la vulnerabilidad de los exaltados: «En ninguna clase de ciudadanos corre más peligro el Gobierno de equivocarse y de abusar de estas facultades extraordinarios que en aquellos que parece que siendo del mismo partido, van declaradamente en contra de él y le sirve de estorbo para la marcha que quiere llevar (...) Todos los Ministerios, en una graduación inversa al orden en que se han sucedido, han ido temiendo con exageración a un partido liberal exagerado (en mi caso) precisamente porque me han tenido justamente por exaltado, me creo más obligado a defenderlo. Es una triste realidad que hay hombres que con máscara de patriotismo se introducen en esos partidos exagerados; pero también hay hombres que siguen las opiniones exageradas con la mayor buena fe». Y en la misma sesión: «Los liberales exaltados: esa clase que siendo del mismo partido del Gobierno va delante de él y le sirve de estorbo para la marcha que quiere llevar (...) No son tan terribles sus fuerzas, sus recursos, ni su número que sea preciso salir de la ley. No constituyen en modo alguno un partido tan considerable».

Ahora vamos a oír la intervención más desconcertante, la de Pita Pizarro, entonces mendizabalista, luego de Bardají y que terminaría sin rebozo de ministro moderado y que en la sesión del 7 (12.1836) intentó mediante una aguda pirueta retórica minimizar la supuesta enemiga del Gobierno con los exaltados, dando una curiosa versión –en verdad poco plausible– de la situación, puesto que, para él, el verdaderamente exaltado era el Ministerio, y quienes ahora hacían la oposición con la bandera exaltada no eran tales, sino impostores puesto que en la realidad eran ¡anarquistas!: «Yo no comprendo que haya liberal alguno que pueda ser liberal exaltado y conspirar contra el Gobierno más exaltado que ha habido en España. Si su exaltación los llevase a desear un Gobierno más exaltado que el existente, en hora buena. Pero si conduce a conspirar contra él, en el hecho de cometer este delito ya pierden toda la ventaja que tenían como liberales. El mayor de los males que hasta ahora hemos tenido ha sido por el temor que todos los Gobiernos más o menos han tenido por el partido exaltado. Los Gobiernos y los Ministerios anteriores temieron demasiado este partido con razón, porque sabían que aspiraba a lo que ellos no querían; el excesivo temor que tenían de él les hizo incurrir en el error, en mi concepto, de establecer providencias opresivas, que ellas mismas provocaron la desesperación del partido liberal y lo hicieron incurrir en los extremos que hemos tocado. El Gobierno actual no puede tener temor a los exaltados porque ya no están en contra suya. Pero no puede menos de tomar medidas contra los que bajo este nombre aspiran, yo lo diré en dos palabras, aspiran a la anarquía nada más, porque todo lo que es aspirar a destruir el Gobierno y representación nacional existente, no puede más que producir anarquía, desorden; y su término no puede ser otro que el despotismo, y por consiguiente yo no les marcaré como liberales, sino como enemigos de la libertad, liberticidas; y en este concepto no los incluyo en el partido de liberales exaltados constitucionales. Pero si este partido exaltado, que yo lo califico de anarquista, es temible, o no, yo apelo a los señores diputados que hagan reflexiones relativas al bien público».

Por lo que atañe a los «anarquistas», en política –como se sabe– es práctica constante y aceptada el desacreditar al enemigo con algún calificativo peyorativo como también imputarle toda clase de desatinos sin preocuparse de fundamentar su realidad. Por lo que se refiere a lo primero, el partido (de opinión) exaltado fue descalificado con el nombre de «anarquista», al que los manifiestos políticos atribuían los siguientes objetivos, resumidos así por Adame:

1. Trabajar por la desunión merced a la exclusión o intolerancia. 2 Promover tumultos y asonadas en los pueblos, sublevación de las provincias, degüello de ministros de la religión e incendios de templos y santuarios. 3. Promover la mengua de ingresos por medio de los desórdenes y la desorganización. 4. Sacrificar el amor a la patria al espíritu del partido. 5. Corromper la moral del ejército en el que operan clubs y sociedades secretas. 6. Alejar a España del gobierno representativo.

El 28.6.1836 publicaba La ley un artículo, titulado El partido anarquista es hipócrita, en el que el fondo maniqueo que acaba de transcribirse se redondeaba con las siguientes palabras: «Tiene siempre en los labios la humanidad, las leyes de la naturaleza, la tabla de derechos (...), habla de la libertad de las personas; pero así que puede hacerlo las insulta, las maltrata, las asesina (...) Proclama que desea sobre todo la publicidad, pero forma sociedades secretas, en secreto circula las órdenes, en secreto designa sus candidatos».

Para hacernos una idea de lo que se podía pensar entonces a este propósito, valgan unas palabras de Fernández Manrique (I, 330) referidas concretamente a los sucesos de Barcelona: «No ostentaron enseña ni lema alguno porque los anarquistas, moralmente al menos, carecen de él; el deplorable manejo de las pasiones rastreras da acción y vida a sus empresas, animosidad y audacia a sus dañadores intentos».

En el diputado vallisoletano Díez (sesión del 3.4.1837) hemos encontrado, por excepción, unas palabras severas mas no encarnizadas: «Un pueblo se entrega a la anarquía; pero la anarquía de un pueblo, aunque sea un gran mal, puede tener tal vez por término la libertad del mismo pueblo, salir del yugo que le oprime; pero la anarquía de los gobiernos, no: ésta tiende o al despotismo o a la tiranía».

En resumidas cuentas, el grupo exaltado fue el origen histórico del posterior grupo progresista aunque las tres fracciones de éste adoptaron posturas distintas al respecto: los radicales aceptaron su patrimonio ideológico de la misma manera que lo rechazaron los templados, mientras que los avanzados lo asumían o repudiaban de acuerdo con sus convicciones personales. Esto significa que el partido exaltado dejaba de existir en la lucha política y la exaltación supervivía simplemente como una ideología de pasado glorioso pero que terminaba siendo imprecisa y no identificaba nada mínimamente concreto. Por lo demás, en 1836 ya quedaban pocos políticos en activo que, habiendo militado en el Trienio en las filas de la exaltación, siguiesen empeñados en conservar este término, aunque ideológicamente se mantuvieran fieles a su significado.

A la vista de lo que antecede parece evidente la conveniencia de evitar en lo posible el uso de la palabra exaltado, tanto como sustantivo como adjetivo, pues su ambigüedad introduce confusiones inevitables, según acabamos de ver en testimonios de los mismos contemporáneos y que en la actualidad se multiplicarían al realizar las correspondientes traspolaciones cronológicas. Y por otra parte, cuando oigamos esta palabra debemos procurar «neutralizarla», desdramatizarla, es decir, prescindir tanto de sus connotaciones heroicas como de las demoníacas, pues tenía una sustancia política natural que desafortunadamente se contaminó luego con tintes chillones que desvirtuaron su sentido original.

e) Moderados y estatutistas

Aunque más atrás ya se ha hablado con cierta extensión de los moderados, por razones sistemáticas conviene seguir aquí insistiendo para intentar aclarar mejor este término e indagar lo que realmente había detrás de él. El Eco del Comercio (suplemento del 7.9.1837 dirigido «a los electores») les acusaba de no aceptar sinceramente la constitución de 1837 y de que conspiraban.

El secretario de Gobernación (López) el 14.3.1837 equiparaba a los moderados con los estatutistas y a continuación les estigmatizó en los siguientes términos: «¿Qué es lo que quieren, qué es lo que predican estos hombres? Quieren una ley fundamental formada sin concurrencia de la voluntad pública; quieren que se deba todo a una concesión gratuita, renunciando al derecho más noble, más sagrado, más imprescriptible de la nación, quieren para ellos la libertad, los goces y el poder y para el pueblo la nulidad, la degradación y la miseria».

El mismo personaje no hablando desde la tribuna del Congreso sino escribiendo una célebre Exposición en 1845 (98 ss.) se extendió largamente sobre este particular señalando con precisión los rasgos que para él distinguían a los moderados de los progresistas: «El partido moderado se encuentra por lo común compacto y unido; el progresista por el contrario, confundiendo frecuentemente el espíritu de noble independencia con el instinto ciego de lastimosa insubordinación, carece de acuerdo en sus combinaciones y de unidad al ejecutarlas (...) El partido progresista ha mandado poco tiempo, en tanto que el moderado, en posesión casi permanente del poder, ha encontrado en el ejercicio de éste el medio de extender y favorecer sus doctrinas y el de hacerse de una formidable clientela con la concesión de empleos, cargos y distinciones, que son el desiderándum para los hombres de cierta escuela, los cuales sólo adoran el becerro de oro, como los israelitas del monte Sinaí». Pero lo que más llamaba la atención a López era la textura intelectual del moderantismo y su curioso sentido de superioridad: «El partido moderado reúne en sus filas personas de esclarecido talento, y en masa tiene la pretensión modesta de ser depositario del saber, llamándose por antonomasia el partido de la inteligencia. Su ciencia, sin embargo, me parece más que dudosa (...) Esa escuela, amalgama rara e inconcebible de principios opuestos, legado funesto transmitido por una nación vecina, ha sido exactamente calificada por un escritor contemporáneo cuando de ella ha dicho: Al lado del liberalísimo de Benjamin Constant se vio aparecer una escuela intermedia, transacción oficiosa en los debates políticos, que aspira a dar a sus designios un color de filosofía prestada. Escuela que caracteriza la indefensión, el olvido y algunas veces el odio de la revolución y la pobreza de la imaginación y de la palabra: razonadora, pedagoga, que no ha sabido fundar sus raíces en ninguna parte; ni en las pasiones de la nacionalidad ni en la profundidad de las verdades filosóficas (...) Si la ciencia que posee el partido moderado no es la más fecunda, es por lo menos la más maquiavélica (...) y bien pronto pudo contar con medios palaciegos».

Se tiene la impresión de que los progresistas avanzados tenían particular ojeriza a la fracción estatutaria puesto que no desperdiciaban ocasión de atacarla. Después de la diatriba de López que acabamos de ver, el 17.3.1837 insistió Caballero sobre lo mismo, acusando a este partido de defender ciertamente a Isabel II, «pero tan absoluta y despótica como su padre, según se vio en el Manifiesto de 4.10.1833». Aunque el presidente del Consejo de ministros se había mostrado a este propósito singularmente tolerante: «El Gobierno ningún interés tiene contra los partidarios del Estatuto. Yo tengo amigos y conozco a personas a quienes aprecio y respeto que son partidarios del Estatuto, del absolutismo y hasta los tengo republicanos».

En páginas anteriores ya se ha dicho que el moderantismo fue consecuencia del distanciamiento de las posturas iniciales de la exaltación que abandonaron los prohombres más significativos de ella: Martínez de la Rosa, Toreno y luego Istúriz y Alcalá Galiano: todos ellos cultos y atentos a la evolución política de Europa que conocían por experiencia personal directa vivida durante la emigración y que luego siguieron estudiando en la frondosa literatura doctrinaria. En este proceso el progresismo fue desangrándose ideológicamente hasta el punto que los escasos prohombres que le siguieron siendo fieles –al estilo de Argüelles, Sancho y Antonio González– ya eran materialmente moderados aunque conservaran la militancia originaria. La diferencia de niveles intelectuales entre ambos partidos era abismal y por ello nada tiene de particular que los jóvenes más inquietos quedaran seducidos por el brillo del doctrinarismo moderado y de sus profetas como Donoso y Pacheco.

En definitiva, mientras el progresismo se desleía y perdía su identidad, el moderantismo maduraba rápidamente y durante sus largas travesías por el desierto –primero durante las Cortes constituyentes y luego a lo largo de la Regencia de Espartero– tuvo tiempo de reflexionar y de consolidarse como un partido decididamente ya moderno y conectado con las tendencias a la sazón en boga en el resto de Europa.

En opinión de Sánchez-Prieto (CXLIX ss.), «fue en ocasión de las elecciones de julio de 1836 cuando se operó la refundación del partido moderado de mano de Istúriz y Alcalá Galiano. El primero puso talante práctico y capacidad organizativa. El segundo sobre todo las ideas. Ambos organizaron un verdadero partido, con un equipo compacto de hombres. La refundación –como ha subrayado Comellas– no se apoyó en la escuela de Martínez de la Rosa o Toreno sino en hombres nuevos y propuestas nuevas. A diferencia de los progresistas, que solían reunirse en casa de Fermín Caballero, adquirieron un local donde la plana mayor de los moderados se reunía periódicamente. Istúriz, ejerciendo el liderazgo, pudo aglutinar entre sus colaboradores a Martínez de la Rosa, Toreno o Donoso Cortés».

Adame de Heu ha encontrado tres afluentes, cronológicamente sucesivos, en el desarrollo del moderantismo: la escuela afrancesada (Burgos) preocupada fundamentalmente por reformas materiales y administrativas; los estatutarios, seguidores de Martínez de la Rosa y también llamados fusionistas; y la nueva escuela, representada por Borrego, con su doctrina monárquico-constitucional que flotaba en la ola del «giro conservador» dominante en el liberalismo europeo de los años 30. Y Olabarría Agra, en fin (Diccionario, 450), ha resumido así la doctrina de este partido: «a) Positivismo institucional; la legitimidad no se deriva del pueblo sino del Gobierno por su mera existencia, sobre el que recae la sanción divina; b) Historicismo; c) El justo medio o equidistancia entre absolutismo y anarquía; d) Economicismo; el Poder político corresponde a las elites del poder económico y social. No es posible ningún desarrollo político que no vaya precedido por el desarrollo económico».

Resumiendo, el partido moderado fue el resultado de una convergencia de grupos afines de opinión, aunque de origen formal distinto: los tránsfugas de la primitiva exaltación que no quisieron sumarse al progresismo, los estatutistas que se vieron obligados a renunciar a la ideología del Estatuto Real cuando éste naufragó, antiguos carlistas que abandonaron las filas del Pretendiente cansados de la guerra civil y desengañados del absolutismo, tránsfugas del progresismo hartos de la jefatura de Mendizábal y, en fin, jóvenes de una generación atraída por la seducción de un poder cuya ocupación se adivinaba ya inminente. Con estas incorporaciones se produjeron sucesivas refundaciones siendo las más notables las patrocinadas por Istúriz-Alcalá Galiano y por Borrego. Todos estos grupos –heterogéneos aunque próximos– fueron amalgamados intelectualmente por el brillante doctrinarismo francés, entonces tan de moda y dignamente consolidado en España por las excelentes teorizaciones de Borrego, Pacheco y Donoso Cortés.

Los moderados, al igual que los progresistas, se subdividieron a lo largo del tiempo en varias fracciones desde el fundamentalismo de Bravo Murillo (o Narváez, Pidal y Mon) hasta la innegable relajación de los puritanos, que llegaron a formar un fugaz Gobierno con Pacheco y cuya ideología ha resumido así Tomás y Valiente en el prólogo a las Lecciones de Pacheco (XXIII): «a) Una concepción liberal conservadora que, partiendo de la afirmación de que la revolución liberal ya se había consumado, pretendía consolidar el régimen con el fortalecimiento de las instituciones y con un juego electoral limpio; b) La aplicación rigurosa de las leyes y, ante todas, la constitución; c) Alternativa civil al régimen pretoriano de los jefes militares; d) Revisión del programa, la organización y estrategia del partido moderado; e) Alternancia en el poder de los dos grandes partidos liberales».

La irrefrenable tendencia de los moderados a dividirse en fracciones y subdividirse en capillas de advocación personal fue denunciada con singular énfasis por J.M.Q. (José María Quadrado) en una serie de artículos aparecidos en El Pensamiento de la Nación a partir del 15 de mayo de 1846. Según este autor, el partido, habiéndose mantenido unido de 1840 a 1843 durante el período de oposición y destierro, con el Gobierno de Narváez empezaron las disidencias: primero la del marqués de Viluma, «surgiendo luego no ya partidos sino pandillas, cuya única enseña era el nombre de un ministro» y apenas uno tendría nombre propio, un tanto irónico (los «puritanos»). Descomposición que llegó a tal punto que el Ministerio conservador tenía que enfrentarse en el Congreso con una «oposición conservadora».

Un fraccionamiento fácilmente explicable, según Quadrado, dado que lo anómalo era la existencia de «un» partido cuando la realidad era «la diversidad de procedencia, diversidad de intereses y sentimientos, diversidad de oposición, diversidad de aplicaciones cuando no de doctrinas; y para ligar tantas y tan graves diferencias, ningún otro vínculo que una palabra, la de moderado (siendo así que) de moderados nada conservan sino el nombre (que vale para cubrirlo todo) por la demasiada latitud y vaguedad del vocablo y por la heterogeneidad de las fracciones que abarca (...) Sin contar con los merodeadores que sólo vagan en busca de botín; sin contar con los mercenarios (...) reina en las regiones del justo medio un flujo y reflujo incesante de ideas y tendencias, un entrar y salir de gente».

f) Republicanos

En el escenario de aquella época jugó el republicanismo un papel marginal, pero que no sería lícito desconocer. Para El Eco del Comercio de 3.7.1837, «la república es un sueño, es un delirio en nuestra situación actual. Harto trabajada nuestra nación por mucho tiempo por base de las costumbres públicas y privadas sobre las que necesariamente han de descansar las instituciones republicanas en todo el país; menos adelantadas las masas de lo que se necesita para generalizar la representación política; rodeados de otras naciones que reconocen sistemas muy diferentes, cuya índole está en oposición con ese sistema democrático, no era posible que nosotros lo diéramos a nuestro sistema de gobierno». La idea republicana era tozuda, no obstante, y pese a todo no sólo sobrevivió sino que logró echar raíces y en 1840 ya se atrevieron a publicar hojas volantes en las que se apoyaba a los progresistas. En el mes de mayo Patricio Olavarría sacó un periódico republicano titulado Revolución, de corta vida ciertamente, pero al que seguirían otros muchos más o menos disimulados como el deliberadamente furioso El Huracán.

En 1855 veía así Borrego (59-60) la situación de este partido: «El partido democrático o republicano posee todas las condiciones de partido y sólo le falta que pueda moverse con desembarazo dentro de la órbita de las instituciones vigentes, que tenga la reserva o la prudencia de suprimir su exclusión de la monarquía (...) Si sabe contenerse, si se contenta con preparar su porvenir (...) podrá fácilmente atraerse a sí las masas populares (...) Su porvenir depende de dos cosas: de que la libertad se conserve y se aclimate en España y de la discreción y sagacidad y cordura con que obre». No todos eran, sin embargo, tan sensatos. Hasta un radical tan extremado como García Blanco llegó a decir en el Congreso el 24.12.1836 que «no sólo nuestra inocente reina que aún conserva la gracia del bautismo, sino todos los monarcas son lo mejor que Dios ha creado (...) Las tendencias al republicanismo, de que se hace tanto mérito, es un duende que sólo asusta a los incautos».

Excepciones aparte, la palabra demócrata denotaba en los ambientes políticos una calidad asocial, como late en una intervención en el Congreso de González Alonso el 13.12. 1836: «(es el momento) de serenar los ánimos de los que creían que los españoles éramos unos demagogos furiosos, unos demócratas». O en palabras de Donoso Cortés, ligeramente posteriores (Errores políticos del día, 1848), «la democracia es el mal hecho legión, el mal encarnado en la muchedumbre (...) la verdadera democracia no la hallo fuera de las turbas». La hostilidad un tanto desdeñosa de los progresistas hacia republicanos y demócratas no autoriza a desconocer la importancia de estos movimientos, mucho más activos de lo que sus contemporáneos estaba dispuestos a reconocer, tal como se ha puesto de relieve más atrás.

g) Partidos políticos o grupos personales

Con las extensas consideraciones anteriores hemos visto confirmada la tesis de la «nebulosidad» característica de los grupos políticos españoles de la época. Así se explica la imprecisión de sus contornos, la vaguedad de sus doctrinas y la dificultad de su identificación y la de sus simpatizantes (hablar de miembros o militantes sería no ya un anacronismo sino una licencia retórica). Por eso hemos insistido tanto en que lo que antecede es una mera «reconstrucción intelectual» y, por consecuencia, una simple hipótesis de interpretación histórica.

De ser correcta esta interpretación tendríamos entonces que el partido llamado comúnmente progresista sería un simple germen o proyecto del que vendría después ya que de momento no había, en rigor, un partido de tal nombre y que sería más propio hablar de «mendizabalismo» y «caballerismo».

El secreto de este proceso se encuentra, por tanto, en la «sustitución de unos principios por unas personas». Andando los años Robert Michels y Gaetano Mosca descubrieron y denunciaron que los partidos parlamentarios europeos habían perdido su sustancia al caer en manos de un aparato oligárquico que los había patrimonializado y dirigía con criterios burocráticos. Así era, en efecto, pero antes de que tal sucediera se había producido ya una fase de patrimonialización individual que había anunciado agudamente entre nosotros Andrés Borrego (El Español de 15.5.1836) advirtiendo el peligro de que los partidos que se estaban formando terminaran convertidos en «fracciones, en bandos, cada uno de los cuales escoge no un representante ni un intérprete, sino un capitán y un jefe que le conduzca a la pelea y le asegure el botín».

Así se resume en dos líneas la historia del constitucionalismo español: parece que estamos hablando de partidos políticos con idearios y objetivos propios y en realidad estamos hablando de personas. Hay que hablar, por tanto, de mendizabalistas y caballeristas con la misma naturalidad con la que luego se hablaría de canovistas, sagastinos y mauristas y hasta de albistas. El rótulo ideológico sobra porque nadie se puede fiar de él. Es un lugar común de la retórica parlamentaria que no pretende engañar a nadie. ¿Y para qué valían estas agrupaciones así personalizadas? Ya nos lo ha dicho Borrego: «para asegurar el botín». En su momento veremos que Mendizábal –y no sólo él– sabían premiar a «los suyos» con destinos, contratas y dinero.

La soñada unidad liberal

Si está fuera de dudas la existencia real de al menos dos estirpes políticas liberales (moderados y progresistas), ya no es tan segura su conveniencia y por ello siempre ha habido voces dentro del liberalismo que clamaban por la unidad: desde los parlamentarios «fusionistas» hasta, años más tarde, el poderoso partido de la Unión Liberal de O’Donnell.

Desde el punto de vista teórico no había, en efecto, razones de peso que justificasen el fraccionamiento cainita puesto que lo que les unía era lo esencial y lo que les separaba lo accidental, a veces simples matices. De hecho, en unas ocasiones los políticos pregonaban hipócritamente esta idea y luego se comportaban como enemigos irreconciliables beneficiando con ello a los terceros que vivían extramuros, desde los carlistas a los «liberales no respetables». Pero en otras circunstancias, sin reconocer su unidad, se comportaban como si fueran un solo partido y no necesariamente mediante pactos formales de colaboración temporal sino como resultado de una aproximación práctica, que se enaltecía aún más en momentos de crisis. Aproximaciones tácticas que resultaban sencillas si se piensa que, en el fondo, nada importante les separaba, como precisó Morayta (440) cuando pudo contemplarlas con debida distancia: «Por muy detenidamente que se examinen los discursos de moderados y progresistas no resulta diferencia de doctrina bastante a explicar aquella separación de partidos».

El Gobierno de Toreno –un exaltado histórico y un moderado converso en la madurez– propició esta unidad política, que culminó con el llamamiento de Mendizábal, pues no hay que olvidar que éste acudió presentándose como garantía de la unión de todos los liberales y efectivamente fue aceptado por ellos no como jefe de un partido (que no lo era) sino como «salvador de la Patria» en beneficio de la libertad y del Trono. Y por ello se cuidó mucho de no manifestar inquietudes revolucionarios que le hubieran apartado inmediatamente de los moderados; de la misma manera que a la menor oportunidad se cuidaba de recordar melancólicamente sus iniciales y frustrados esfuerzos por la unidad como, entre otras, en la sesión del 11 de agosto de 1837: «¿Nos olvidamos del cuadro que hemos presentado a la Europa cuando ha faltado aquella unión que yo tanto proclamé y recomendé en 1835 y 36?». Recuérdese que su célebre «programa de septiembre» no fue en modo alguno progresista sino genuinamente liberal, como «bandera de unión» de todos los liberales, que ninguno podía rechazar.

Conste, no obstante, que la unidad sociológica, de base, de las dos estirpes venía de antes y se asentó firmemente en la época del Estatuto Real en lo que Burdiel ha teorizado (1989, 29) como «un sistema de partidos de notables, de voluntad bipartidista, que surgió históricamente como exponente del grado de diferenciación, pero también del grado de consenso alcanzado por los entonces llamados liberalismos respetables quienes, al tiempo que abandonaban cualquier veleidad revolucionaria radical a la francesa, excluían y marginaban legal y prácticamente a los representantes políticos de la opción abandonada, es decir, a los primeros grupos de protodemócratas y republicanos: los liberalismo no respetables». Y por lo mismo –sigue diciendo la autora (ib. 349)– al fracasar la fórmula del Estatuto Real, «con él naufragaba al mismo tiempo la causa perdida de la unidad liberal. Las elecciones a Cortes de julio de 1836 convocadas por Istúriz como último esfuerzo para lograr la unión de todos los liberales y la energía contra el carlismo marcan la definitiva separación de las tendencias ideológicas y políticas apuntadas a lo largo de aquellos tres años y que comenzaron a conocerse ya, para el resto de la siguiente mitad del siglo, bajo las denominaciones clásicas de Partido Moderado y Partido Progresista».

En el Diario de Sesiones podemos encontrar cuantas incitaciones queramos a la unión de todos los liberales para hacer un solo frente, bajo la bandera de la constitución de 1837, ante el enemigo común: el absolutismo carlista.

La constitución de 1837 puede ser considerada fundadamente como prenda de esta unidad soñada. Así lo avalaba la contestación al discurso de la Corona de 24.10.1836: «Asegurados tan preciosos objetos se apaciguarán las pasiones más incitadas y las opiniones más opuestas entre sí se resumirán en una verdaderamente nacional, que sobreponiéndose a la de todos los partidos, excluya sólo a los que quisieran privar a la Nación española de toda participación en su propio gobierno». Y Fontán el 31.8.1837: «Nosotros tenemos una divisa, divisa que debe unir a los hombres que han estado divergentes en ciertas ideas, y esta divisa, que es la Constitución de 1837, hará una fusión de aquellos que exaltados por ciertas opiniones, y aquellos que más moderados por otras vengan a unirse a este foco, a esta unión». Y en el mismo sentido Burriel: «¿No están oyendo los pueblos todos los días que hay dos banderas, porque los unos quieren el Estatuto y otros la Constitución del año 12? ¿Pues por qué no hemos de decirles que la única bandera que deben seguir es la Constitución de 1837?». Como reiteraba enfáticamente el ministro de la Gobernación el 1.9.1837, «nosotros tenemos una divisa que debe unir a los hombres que han estado divergentes en ciertas ideas, y esta divisa, que es la constitución del año 37, hará la fusión de aquellos que exaltados por ciertas opiniones, y aquellos que más moderados por otras vengan a unirse a este foco».

Por decirlo con palabras de Balmes (La cuestión electoral, 1840) «aquel día (con la aprobación de la constitución) los partidos políticos desaparecieron y el sello augusto de la Corona, al imprimirse sobre el código reciente, sellaba el tratado de paz de ambos bandos (...) Todos los motivos de discordia, todos los pretextos de lucha desaparecía y tras del tiempo de discutir, llegaba la época tranquila de acatar y obedecer. Después de 1837 la misión de los hombres políticos cumplida, la división de sus partidos no tenía objeto. Los partidos suponen cuestión y fuera del de la guerra no hay política desde que hay ley (constitucional)».

En estas condiciones no tiene nada de particular que un general de prestigio, Luján, abogara a continuación por la moderación y la sensatez: «El modo de que se concluya la guerra es que todos los partidos en que los liberales estamos divididos se unan, que todas las escisiones que existen entre nosotros se acaben, que cesen también esas ambiciones mezquinas y esa sed de mando. (...) Si por desgracia Don Carlos llega a ser rey de Madrid y de España bien seguro que a todos nos igualará, así como el sepulcro iguala a los hombres. ¿Por qué, pues, no nos hemos de unir todos? Unámonos, reunamos nuestros esfuerzos, olvidemos nuestras rencillas y acordémonos del tiempo en que un mismo techo nos cubría; acordémonos del tiempo en que comimos el mismo pan del dolor, que respiramos juntos el aire inmundo de los calabozos y entonces cesarán nuestras divisiones. Nuestros enemigos cuentan con nuestras divisiones como uno de sus principales recursos: hagamos infructuosa su esperanza y cuando nos busquen nos encuentren reunidos contra ellos».

Menos ambiciosa, aunque aparentemente más factible, que la unión de todos los liberales era, al menos, la de las fracciones de la rama progresista, insensatamente fraccionada. Así lo predicaba El Castellano de 14.3.1837: «Los periódicos conocidos como de propiedad del Ministerio invocan en sus últimos números la unidad entre todos los liberales cualquiera que sea el matiz de sus opiniones políticas, verdad es que uno de ellos después de excitar a tal unión continúa injuriando y zahiriendo a personas y partidos de los mismos a quienes dice que se unan (...) Una perfecta unión, o sea, una conformidad absoluta en las opiniones acerca de los medios y personas que deben dirigir los negocios del estado es imposible (...) Esa unión repugna el que continúen hombres de partido: nombres que por sí mismos expresan partidos, pasiones, personalidades, tales son Calatrava y Mendizábal».

Esta ilusión desapareció, no obstante, muy pronto. La proclamada fusión era demasiado frágil y tropezó en el primer obstáculo grave que había presentado la ley electoral. En este punto no cabían concesiones porque los dos bandos se daban cuenta de que el que cediese hipotecaba su futuro. Con ello se disipó el fugaz sueño de Mendizábal de gobernar por encima de los partidos. En palabras de los continuadores de la Historia de Lafuente (IV, 128), así «desapareció la envidiable perspectiva de haber sido el fundador de un orden de cosas a la vez conservador y liberal, que hubiese dotado al país de instituciones populares exentas de las exageraciones a que todavía repugnaba una parte muy crecida de la nación».

A partir de aquí fue el jefe reconocido de los progresistas, mas sólo de ellos y no de todos porque si los moderados le tachaban de revolucionario, los radicales le tachaban de haber traicionado a la revolución, como es el destino de cuantos se quedan a medio camino, conforme había advertido López en el Estamento de Procuradores del 6.4.1836: «los pueblos forman sus ídolos pero también los pueblos dejan de mirarlos como tales desde el momento en que conocen que no son más que deidades impotentes, incapaces de satisfacer sus necesidades y sus deseos. Éste es el camino que corre todo el que se para en la carrera de las revoluciones, el que no llega con sus obras a donde ofreció con sus palabras».

Para neutralizar a los enemigos de estos dos flancos, Mendizábal, en su época de presidente del Consejo de ministros, se encargó de eliminar electoralmente a las derechas parlamentarias; y en cuanto a la izquierda –representada entonces por el grupo encabezado por Caballero– se llegó a un pacto mediante el cual éste le garantizó el voto de 60 o 70 procuradores y fuera del ámbito parlamentario se encargaba del control de las juntas y movimientos populares de las provincias y, por supuesto, el apoyo constante de El Eco del Comercio. A cambio de ello, los caballeristas exigían una mayor radicalización del Gobierno y, entre otras medidas concretas, la depuración en el Ejército y en la Administración de los elementos de tendencias moderadas y carlistas. De esta manera habían de prosperar necesariamente todas las iniciativas propuestas y avaladas conjuntamente por ambas fracciones.

La historia política de la Regencia de María Cristina fue una sucesión continuada de intentos de unión de la familia liberal y de sus inmediatas decepciones. Acabamos de ver la de Mendizábal y la de la propia constitución de 1837. Poco tiempo después, a la caída del Ministerio Bardají, la híbrida composición del de Ofalia y los de Pérez de Castro fue entendida también como la expresión de una unidad política, de una fórmula de convivencia entre moderados y progresistas. Signos y aspavientos de este tipo no faltaron nunca, protagonizados con frecuencia por Olózaga, auténtico maestro en muñir reconciliaciones ficticias, como el abrazo de Alaix y las retumbantes peroraciones de «Dios salve al país, Dios salve a la Reina». Durante la Regencia de Espartero hubo ciertamente una unión efectiva aunque perversa –todos contra Espartero– que, siendo contranatura no podía durar mucho. La unión de los liberales fue, en definitiva, un sueño que, al materializarse, no pasó de gestos grandilocuentes e histriónicos.

A la vista de lo que antecede parece indudable, por tanto, el fraccionamiento de la familia liberal en dos estirpes irreconciliables que frustraban la vieja ilusión fusionista o unionista. Pero también cabe una interpretación más escéptica, e incluso cínica, que, partiendo de una perspectiva sociológica de tintes marxistas, ve en estos llamados partidos simples actores que se encargaban de representar papeles distintos de una comedia de un solo autor; y por ello convenía que hubiera varios partidos porque las comedias (tragedias y farsas) necesitan varios personajes. Piénsese que en la realidad se trataba de una misma clase social o, si se quiere, de un mismo grupo dominante –los notables– con los mismos intereses, que de esta forma se buscaban una justificación constitucional, es decir, moderna, para sus comportamientos de explotación económica y social, cerrando el paso al escenario político de otras formaciones sociales emergentes pero todavía históricamente inmaduras, como los republicanos o los demócratas y nada digamos de los socialistas. En esta fiesta de disfraces los únicos invitados incómodos eran los radicales. Esta perspectiva realista –y consecuentemente escéptica y hasta cínica– luce bien en un elegante párrafo de los continuadores de Lafuente (451): «En los partidos había mucho corifeo y poco coro. Los hombres de ingenio se hacían pronto jefes o capitanes; pero apenas tenían a quien capitanear a no ser un enjambre de empleados, si mandaban, o un enjambre de cesantes famélicos si estaban en la oposición».

En este contexto de entusiasmo unionista verbal llama la atención un discurso de Olózaga de 28.6.1837 que se distanciaba de sus habituales apologías de unión de todos los liberales. Porque en aquella ocasión, como buen parlamentario, consideró conveniente y aun necesaria la existencia de fracciones dentro de un mismo partido: «Yo no pretendo que absolutamente se refundan en uno solo todos los partidos o fracciones; es imposible y hasta cierto punto no es conveniente. En los gobiernos representativos necesariamente ha de haber, cuando menos, un partido de resistencia y otro de progreso. Lo que importa es que los principios de gobierno, sus bases esenciales sean reconocidas por unos y por otros. En esa arena pueden y deben combatir, y la nación y el tiempo descubrirán quién tenía razón, qué sistema convenía más».

Borrego fue un constante paladín de la unión de los liberales tanto en su vertiente de publicista como en la de político activo. La base teórica de tal unión era naturalmente la constatación de que entre moderados y progresistas pesaban más los elementos comunes que los diferenciadores, puesto que al fin y al cabo todos pertenecían a la familia liberal. Tal como escribió en 1855 (66), «los progresistas no renunciaban a que el principio preponderante en el Estado fuese la expresión del pueblo; los moderados querían que el poder del monarca fuese el regulador supremo aunque templado y modificado por la acción de los cuerpos constituidos, por la prensa y por el sufragio popular: (diferencia teórica) que en la práctica, en la aplicación, en la esfera de gobierno puede reducirse a disidencias nominales (por lo que) es posible refundir en un gran partido las dos fracciones del partido liberal». Y, en efecto, a tal objetivo consagró buena parte de su vida.

Un intento más avanzado fue, andando los años, la coalición antiesparterista de 1843, cuya conocida fugacidad fue comentada así por el propio Borrego (84): «la coalición terminó no por la separación natural de las opiniones y de los hombres que la habían formado, sino por el encarcelamiento y proscripción de los jefes progresistas, por la persecución del partido en masa y por una reacción tan marcada, que salvo las venganzas personales, podrían compararse a la reacción de 1823». O sea, que los moderados que con tanto entusiasmo se habían aliado a los progresistas para derribar de consuno a Espartero, en cuanto llegaron al poder, se olvidaron de su amistad y persiguieron implacablemente a sus antiguos amigos.

En 1850 al irse preparando las elecciones se formaron dos «comités centrales» integrados por los notables de ambos partidos que –comentó Borrego después de transcribir los nombres de sus componentes– «aunque deliberaban separadamente, combinaban sus determinaciones y concertaban una ejecución común y uniforme (hasta tal punto que) con un paso más que hubieran dado los comités la unión liberal estaba efectuada: lo que conocidamente no llegó a realizarse».

La verdad es que nunca se llegó a un acuerdo sincero en tal sentido y todo quedaba en gestos efectistas, en abrazos simbólicos, como los de Olózaga y Alaix, Espartero y O’Donnell que no dejaban huella. Lo que sin duda se practicó con naturalidad fueron alianzas tácticas, cuando resultaban necesarias para derribar un enemigo común o para poder continuar en el Gobierno si las fuerzas de un solo partido no eran suficientes. Tal es el caso ejemplificado por Balmes en 1844 en un artículo significativamente titulado Alianza de los partidos (en «Escritos políticos», 729 ss.): «El partido progresista no puede gobernar solo, ni tampoco aliado con los moderados. Ni menos una alianza de progresistas y moderados. Ni tampoco de los moderados dominantes ni los moderados de Viluma».

Ni fusión y ni siquiera alianza. El pregonado partido de la Unión Liberal de O’Donnell no fue de hecho un partido de unión sino un nuevo partido que se añadió a los ya existentes, como antes había sucedido con el denominado «monárquico-constitucional» tal como había sido concebido por Borrego.

Mayoría y minoría parlamentarias: ministeriales y oposición

En la práctica parlamentaria de las Cortes constituyentes, al no haber disciplina y ni siquiera militancia formal, más importancia que los partidos políticos tuvo la formación de la mayoría y la minoría hasta tal punto que la lucha política se reducía al enfrentamiento de éstas y al esfuerzo de la minoría por poner dificultades a la mayoría y en su caso sustituirla con el subsiguiente cambio de Gobierno, la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. En cualquier caso la terminología más habitual manejaba estas dos expresiones y los diputados no dudaban en etiquetarse con uno de estos rótulos que aceptaban con más gusto que el de un partido. En la sesión del 8.7.1837 aparece esta estructura asumida con toda naturalidad. Primero había hablado Olózaga «de esta división accesoria en todos los cuerpos legisladores, de mayoría y minoría, ministeriales y de la oposición, división de la cual nadie puede ofenderse. Los individuos de la comisión que pertenecen a la mayoría de las Cortes creían que los medios adoptados por el Gobierno eran bastantes y que por lo tanto nada tenían que proponer; y los que estamos en la minoría nada podíamos proponer». A continuación Álvaro –que tampoco era de la mayoría– abundó en lo mismo: «Que existe esa distinción entre ministeriales y no ministeriales, es un hecho y nadie puede resentirse de que se diga porque es indispensable que la haya siempre. Esta división existe y esto es natural, pero nadie debe resentirse de ella porque yo creo que todos los diputados nos proponemos lo mismo cada uno. Pero todos seguimos el impulso de nuestras conciencias».

Un mes más tarde insistía en lo mismo Ferrer y Garcés el 7.8.1837: «No he podido menos de extrañar que el sr. Argüelles se haya afectado tan desagradablemente con la idea de mayoría y de minoría. S.S., como diputado que es encanecido en la carrera parlamentaria, sabe bien y yo no creía que fuese necesario recordárselo, que en todos los gobiernos representativos han existido, existen y existirán estas que se llaman mayorías y minorías; que estos son dos elementos indispensables, necesarios en las Asambleas legislativas, pues a no ser así, o bien sería general y uniforme todo el modo de pensar de todos los representantes de la Nación y sería fácil sostener o derribar ministros a cada momento».

En la sesión de 15.8.1837 volvió a reflexionarse sobre esta cuestión de las mayorías y las minorías, dando lugar a la siguiente intervención de Argüelles: «Hablo del derecho de las mayorías. Un sr. diputado ha dicho que muchas veces eran ficticias y que en ocasiones había necesidad de apelar a la opinión de la nación. Las mayorías, mientras existen en los cuerpos en que ellas aparecen, son respetables y desdichado el consejero de la Corona o la persona que sin tener responsabilidad las desprecia o aprovechándose de su influjo no las respeta como debe. Es verdad que la Corona, cuando cree que la mayoría del cuerpo legislativo está en oposición con la opinión electoral, o por mejor decir, cuando considera que aquélla no es el verdadero órgano de dicha opinión, tiene derecho para apelar a los verdaderos jueces y usando del derecho que le compete en aquellas circunstancias apela a la disolución del cuerpo legislativo». Lo que dio ocasión a que Olózaga reiterara su pertenencia a la minoría: «El sr. Argüelles ha tomado los nombres de mayoría y minoría de una manera que podrá haber alguno que se ofenda. Yo he tenido la desgracia de no estar generalmente en mayoría en las Cortes y me podía caber parte de esa inculpación».

El incidente parlamentario del 25 de agosto de 1837 (que se describe con detalle más adelante) puso de relieve la función más importante de la mayoría en cuanto que en sus manos estaba la supervivencia del Gobierno, ya que si éste no gozaba de la confianza de aquélla, debía caer inevitablemente o disolverse las Cortes. Así se advirtió a la Reina Gobernadora en la citada sesión, a pesar de las críticas de Álvaro cuando señaló que «si esto es lo que se piensa, dígase que no hay más soberanía que la mayoría de los diputados y que desde el Trono inclusive abajo todo debe estar sometido a su voluntad».

Ideas no compartidas por Madoz, que en la ocasión defendió el poder de la mayoría: «Las Cortes es claro que no pueden decir a S.M. tales o cuales ministros se han de nombrar (pero) ¿no pueden emitir sus ideas respecto de los principios que profesan para que pueda saberse que ciertas personas no tendrán la aprobación de las Cortes? ¿No está la Reina en su derecho nombrando a sus ministros? ¿Y nosotros no estamos en el nuestro negándoles al día siguiente la aprobación que necesitan para imponer contribuciones?». Pero tampoco debe silenciarse que este diputado aprovechó el día y la oportunidad para insistir en que esta fórmula de las mayorías y minorías debía suspenderse en determinadas ocasiones, concretamente «en momentos de peligro, en momentos de crisis, es preciso que no haya ni mayorías ni minorías sino diputados de la Nación española (En consecuencia) si en estos momentos críticos, si en estos momentos de peligro en que nos hallamos, empezamos a acusarnos de que pertenecemos a mayorías o minorías daremos al mundo un ejemplo de que somos muy pequeños».

En la sesión del 23.4.1837, presentándose «como individuo de esa que llaman minoría» puso de relieve Pascual el ideario común de los dos bloques que a su juicio garantizaba, por encima de las luchas parlamentarias, la identidad del partido liberal: «Debo hacer una consignación expresa, explícita y terminante de mis ideas políticas. La libertad, el orden, la Monarquía constitucional, la constitución arreglada a las exigencias explícitas pero sensatas del pueblo español, el amor a la tierna Isabel, la justa consideración a su augusta madre, la gratitud eterna a esta angelical mujer que abrió las puertas del templo de la libertad después de la ominosa década, ésta es mi divisa. Si es la divisa de la mayoría del Congreso, también lo es seguramente de la que llaman minoría, que ha sabido reunirse a aquélla siempre que se ha tratado de salvar a la Patria, de proporcionar recursos para atender a sus necesidades, de premiar el mérito de dar los títulos a que era merecedora aquella mujer singular».

Lo más interesante a nuestros efectos son, como se ve, las declaraciones explícitas de algunos diputados cuando explicaban que estaban en la minoría y, en su caso, por qué habían abandonado la mayoría para pasar a la oposición. Pero estos extremos los examinaremos minuciosamente en otro capítulo, precisamente al relatar el proceso de deterioro que experimentó la mayoría progresista a lo largo de la legislatura.

Mendizábal tenía una conocida obsesión por contar con una amplia mayoría parlamentaria: algo inédito hasta entonces puesto que durante los Ministerios de Martínez de la Rosa y Toreno en el Estamento de procuradores habían convivido dos grupos políticos aceptablemente proporcionados. Así se explica que en las elecciones de febrero de 1836 Mendizábal se encargase, desde la presidencia del Consejo de ministros, de borrar al partido adverso con una dureza tal que de los 71 que habían votado el 24 de febrero en contra del Ministerio (a propósito de la ley electoral y dando pie con ello a la disolución de la Cámara) sólo uno, el marqués de Someruelo, sobrevivió a la guillotina electoral manipulada desde Madrid y logró regresar al Estamento.

La manipulación electoral suele negarse o esconderse, pero también justificarse como en este texto de La Revista española de 18.3.1836: «Negar que el Gobierno ha empleado su influjo para obtener resultados favorables a sus miras tampoco es posible. En ello el Gobierno ha ejercido un derecho y un deber. Derecho por cuanto no se puede obligar a estar indiferente mientras todos los demás individuos del Estado abogan por la candidatura de sus amigos; deber por cuanto creyendo su política la más conducente al bien común del Estado, debe abogarla por cuantos medios estén a su alcance».

En cualquier caso, de esta manera aspiraba Mendizábal a gobernar sin sobresaltos reduciendo el poder de la minoría a la facultad de molestar y criticar su marcha política, nunca a obstaculizarla seriamente. Con lo que no podía contar Mendizábal era con que una oposición inicialmente tan débil se revelase tan tenaz y efectiva y lograse aumentar tanto que si no llegó nunca a imponer un voto de censura, sí logró deslegitimar parlamentariamente al Ministerio y facilitar el cambio de gobierno de agosto de 1837.

Para nosotros el mejor modo de analizar las Cortes constituyentes de 1836-37 es la perspectiva de la mayoría y la minoría, y no la de los partidos políticos: y así nos disponemos a hacerlo. Y ello por una razón fundamental: porque en aquel momento los partidos, tal como se ha visto en las páginas anteriores, todavía no se habían consolidado orgánicamente, no eran partidos en sentido moderno y sus contornos eran nebulosos y sujetos a toda clase de conjeturas; mientras que la existencia de una mayoría y una minoría puede constatarse empíricamente en cada votación: era, por tanto, un dato fiable, sin perjuicio de que se formasen por la participación de grupos parlamentarios fluctuantes que actuaban a la manera de partidos políticos rudimentarios. En su consecuencia aparecerá más adelante un largo capítulo en el que se analizará prolijamente no tanto el deterioro parlamentario del partido progresista como el desmoronamiento imparable de la mayoría mendizabalista.

De tener es en cuenta igualmente que si la adscripción a la mayoría suponía una comunión con sus principios, ello no obstaba a que ocasionalmente el diputado manifestara su desacuerdo con el Gobierno en algún punto concreto, puesto que quienes por independientes se tenían precisaban con cuidado esta diferencia de niveles. Así se pronunció explícitamente San Miguel en la sesión del 11 de agosto (1837): «Los actos o parte administrativa de un Gobierno pueden desaprobarse por personas que sin embargo están conformes con él en principios políticos. Si yo he desaprobado la conducta del Gobierno es con relación a faltas que en mi concepto ha cometido en la parte administrativa». Y en términos casi literales pocos minutos después Pita: «Una cosa es que los principios políticos sean uniformes y otra es que no lo sea el modo de ver las cuestiones políticas y de gobierno».

Tal es igualmente el alcance que con alguna benevolencia puede darse a las palabras de Mendizábal el 12.8.1837 al comentar unos ataques de Olózaga que, por otra parte, retratan muy bien a este tribuno: «Yo constantemente he creído que el sr. Olózaga estaba conforme, si no en el todo de la marcha del Ministerio, a lo menos a una parte muy principal, pues tenía presente lo que S.S. ha debido creer que cuando ha hecho la oposición no ha sido en lo principal; y yo creo todavía que no obstante que los labios de Olózaga pronuncien que no está conforme con la marcha del Gobierno, lo está. Lo cual no es extraño porque en varios casos encuentran en S.S. estas contradicciones entre su corazón y su cabeza (Y es que en último extremo) el sr. Olózaga, como dijo muy bien días pasados un célebre diputado, tiene la habilidad de decir que no quiere una cosa y promover aquella misma cosa». A lo que contestó inmediatamente el aludido repitiendo las mismas palabras que acabamos de oír a San Miguel y a Pita: «Yo participo de las mismas ideas políticas que ha manifestado el Gobierno de S.M.; pero no creo yo que esta conformidad de principios y este entusiasmo por ellos sea un obstáculo para que los diputados no puedan manifestar su desaprobación a la marcha administrativa de los señores ministros».

Importa tener presente por último que el sistema de mayorías y minorías no era sólo el resultado de un pragmatismo que obligaba a acudir a ellas para que las asambleas pudiesen funcionar, sino que el pensamiento liberal les concedió un rango filosófico angular en el sistema político, como puede verse en un texto de López (Exposición, 117): «La voluntad de una nación, la voluntad de un cuerpo deliberante, es un todo compuesto de voluntades individuales que forman aquella gran masa. Reconocido el derecho de emitir el sufragio en cada uno de los elementos que componen la suma total de opiniones, respetable y sagrada es cada voluntad individual y ninguno en justicia puede abrogarse el poder de sofocarla o comprimirla. Éste es el rigor del principio. Mas como la divergencia y pugna de contradictorias ideas no dejaría un rumbo seguro que seguir, se ha adoptado como medio necesario para la formación de las leyes el norte de las mayorías, partiendo de lo violento y repugnante que sería el que la voluntad de los más cediese a la voluntad de los menos. Desde luego se ve que éste es el medio de cortar una dificultad y no de establecer una sólida base: porque el más y el menos no alteran la índole de las cosas; porque la razón está en la conformidad de las ideas y no en el número de los que las sostengan; porque con frecuencia se encuentra el acierto en los pocos más bien que en los muchos. La regla, pues, de las mayorías no es, bien analizada, sino la fuerza de los bosques trasladada a las sociedades con formas pacíficas. Será un medio, será un expediente ideado para formar las leyes; pero no será nunca un principio».

En último extremo, y en un esfuerzo de comprensión benevolente, puede considerarse que el régimen de mayoría y minoría supuso la manifestación más moderna, más liberal, de las enemistades políticas, que al canalizarse en el curso parlamentario perdían buena parte de sus asperezas naturales. La superación –en otras palabras– del cerril sistema de «pandillas» que era el característico de la época y que por sí mismo esterilizaba cualquier ensayo de gobierno civilizado. Porque para Fernando Garrido (III, 212), «Las pandillas, esa gangrena de nuestra patria, que bastará ella sola para destruirla y aniquilarla, porque si alguna vez aquéllas son expresión de una idea, muchas más se hacen eco de su propio egoísmo y del de determinadas personalidades políticas; en una palabra, se convierte en un pandemónium de intereses bastardos y mezquinos, entorpeciendo todo y haciendo estériles los más felices pensamientos de gobierno y las leyes más sabias y prudentes (La pandilla) deshace la obra comenzada, arranca la planta que crecía frondosa sólo porque la semilla arrojada sobre la tierra no era suya».

* * *

3. EL MINISTERIO CALATRAVA

Istúriz: algo más que un paréntesis.– El motín de La Granja.– El enigma de La Granja.– Desafíos y primeros pasos del Ministerio Calatrava.- Mendizábal se incorpora al Ministerio.– Crónica legislativa.

Una vez que en el epígrafe primero se ha presentado a Mendizábal, el gran protagonista de la escena, y en el segundo se ha intentado aclarar la confusa maraña de los partidos y grupos intervinientes, ya estamos en condiciones de iniciar el relato histórico empezando por una síntesis de los dos Ministerios que ocuparon el Poder durante las Cortes constituyentes antes de ir examinando luego a lo largo del libro sus actividades materiales individualizadas.

El primero fue el de Calatrava, nacido a raíz del motín de La Granja, que suele ser llamado Calatrava-Mendizábal por el peso del ministro de Hacienda que se incorporó a él a las pocas semanas. Bajo su égida se convocaron las nuevas Cortes que, como era de prever, resultaron monocolores y que, aunque la mayoría ministerial fuera deteriorándose inexorablemente, colaboraron fielmente con el Gobierno llevando adelante la política que había iniciado el propio Mendizábal en su Gobierno anterior (desde septiembre de 1835 a mayo de 1836). Cuando los fracasos de la guerra civil y las dificultades de Hacienda ya habían desprestigiado gravemente al Ministerio, cayó éste en circunstancias oscuras, empujado por un grupo de oficiales acantonadas en Pozuelo de Aravaca.

A este Ministerio sucedió el de Bardají (también llamado Bardají-Pita por la fuerte personalidad de este último), al que la Historia nunca ha dedicado la debida atención por considerarlo anodino y de mera transición. Mas no fue solamente un puente que no conducía a ninguna parte y merece, por tanto, un lugar en el recuerdo habida cuenta de que durante su tiempo las Cortes –que mantuvieron una ambigua relación con él– remataron casi toda la enorme obra legislativa que no hubo tiempo de cerrar antes del motín de Pozuelo. En la versión tradicional suele entenderse que con este Ministerio se agotó la «primera etapa progresista» de la Regencia de María Cristina que, después de los ambiguos Ministerios de Ofalia, Frías y Pérez de Castro, no reaparecería hasta la Regencia de Espartero, aunque con una impronta distinta: la sujeción a la tutela del Poder Militar, o sea, el progresismo militar.

La dilatada (para la época) duración de estos Gobiernos progresistas (Mendizábal, Calatrava, Bardají) desde septiembre de 1835 a diciembre de 1837, fue brusca aunque fugazmente interrumpida por el de Istúriz, de significado confuso y que merece un comentario, aunque sea breve, por la repercusión que tuvo en la historia política y en las prácticas constitucionales de los años posteriores.

Istúriz: algo más que un paréntesis

La primera lección que nos proporciona este Ministerio es la de una práctica constitucional que con él se inició y que se repetiría una y otra vez a lo largo de la Regencia y de toda la época isabelina: un cambio de Gobierno al margen de la voluntad de las Cortes y una posterior disolución de éstas para evitar su oposición al nuevo Gabinete. Todo ello por decisión de Palacio como prerrogativa de la Corona. Esta práctica no era desde luego inconstitucional puesto que cabía dentro de todos los textos. Inicialmente se consideró como una licencia permitida por el Estatuto Real, aunque más adelante pudo comprobarse que podía ejercerse a la sombra de la constitución de Cádiz y de la de 1837. Pero práctica perversa indudablemente sobre todo cuando se concebía como algo normal y no excepcional, según fue el caso español.

En otro orden de consideraciones aquí vemos confirmada la tesis de la posibilidad de la existencia de un Gobierno que no era expresión de un partido sino cortado a la medida de una personalidad política. Istúriz era ciertamente progresista, y aún más radical y con antecedentes más probados que los de Mendizábal, pero no tenía detrás a un partido sino a un grupo de fidelidad exclusivamente personal. Era un jefe de grupo, un barón político prestigioso que se declaró incompatible con Mendizábal para navegar en un mismo barco, que los dos querían capitanear. Para marcar claramente esta separación disponía Istúriz de varias posibilidades: o bien escorarse aún más a la izquierda, que era su lugar natural, o bien escorarse a la derecha pasándose más o menos vergonzantemente al moderantismo. Al final escogió este segundo camino quizás porque la izquierda estaba ya ocupada por López y Caballero, hombres de una generación posterior, mientras que la derecha estaba transitoriamente descabezada por la ausencia de los desgastados Martínez de la Rosa y Toreno, sus jefes tradicionales. El corrimiento de Istúriz a la derecha vino a significar una refundación de las antiguas tendencias moderadas respaldadas ahora por la sólida teorización ideológica de Alcalá Galiano, su brillantísimo peón de brega. Todo esto, por lo demás, no se manifestó a lo largo de su Ministerio, que fue demasiado breve, pero el caso es que nació bajo esta sospecha de transfuguismo, que más adelante se confirmaría sin reservas.

Hay varios modos de escribir la historia del liberalismo civil. La más corriente es la lineal: el liberalismo empezó en Cádiz poco menos que de la nada, con el regreso de Fernando VII sufrió un primer paréntesis que se cerró con el levantamiento militar de 1820, aunque con la intervención francesa volvió a abrirse un segundo paréntesis absolutista, esta vez más largo, que terminó con la muerte del Rey. En 1833 se inició un nuevo período también lineal aunque con una dirección distinta, puesto que a partir de este momento el peligro absolutista se alejó definitivamente por medio de una guerra civil y la dialéctica no corrió ahora entre liberales y absolutistas sino entre progresistas y moderados. En cualquier caso –y de acuerdo con la filosofía de la historia propia de la época– el liberalismo encarnó «el espíritu del siglo» al que nada podía detener. Podría experimentar altibajos pero era irrefrenable hasta alcanzar su destino universal, que era el europeo, y hasta cósmico puesto que no estaba en manos de los hombres, que actuaban como meros instrumentos de una decisión trascendente. Tal era la historia política de Hegel, de Donoso Cortés y de Marx y también la de Darwin.

Visto con estos criterios el liberalismo moderno –claramente distanciado del gaditano– empezó en España con la Regencia de María Cristina y, superados los titubeos propios de Cea, se colocó en el carril de la alternancia de moderados y progresistas, cuyas reglas de juego eran muy sencillas puesto que reflejaban un constitucionalismo de mecánica rígida de tal manera que gobernaba el partido que gozaba simultáneamente de la doble confianza de los dos Poderes que compartían la soberanía: el Rey y la Nación (que se expresaba en las Cortes). Respetándose estas reglas la paz estaba asegurada sin otra condición que la de que Rey y Cortes se aviniesen a otorgar su confianza a la misma persona.

Así empezó la partida. Movió ficha la Regente a favor del moderado Martínez de la Rosa y la nación asintió eligiendo unas Cortes moderadas. Pero aquí tuvo lugar la primera perturbación del juego cuando apareció un protagonista no invitado: un pueblo que no se expresaba en las Cortes (como hacía la nación) sino en juntas revolucionarias provinciales que exigían un cambio de Gobierno al margen de las reglas establecidas. María Cristina cedió y, sin que mediasen elecciones, dio un cambio de timón y nombró a Mendizábal. Y las Cortes, por su parte, también cedieron y lo aceptaron permitiendo un gobierno pacífico, aunque vigilado por ese pueblo que conservaba en la mano el arma de las juntas revolucionarias, desde septiembre de 1835 a febrero de 1836. Nótese, pues, que los dos Poderes soberanos habían cedido a la presión exterior y aceptado –y con ello legitimado– el golpe de Estado extraparlamentario.

Los problemas vinieron cuando al empezar el año 1836 –y curiosamente poco después de que las Cortes hubiesen dado al presidente del Consejo de ministros un voto extraordinario de confianza– se distanciaron de él en un punto del debate de la ley electoral que Mendizábal consideró como una ruptura formal. Desaparecida de esta forma la doble confianza podía la Regente restablecerla a través de uno de estos medios: o cesar a Mendizábal o, poniéndose de parte de éste, disolver las Cortes. Escogió entonces la segunda opción y las nuevas Cortes, inequívocamente mendizabalistas, establecieron las condiciones constitucionales de gobierno.

Poco tiempo después, no obstante, volvieron a cambiar las cosas. Porque en mayo de 1836 la Reina Gobernadora retiró su confianza a Mendizábal y entregó la presidencia a Istúriz, un liberal avanzado de pasado impecable. Con lo cual se levantaba de nuevo el conocido dilema de la doble confianza. Porque si ahora aceptaba el Congreso la nueva situación, nada había pasado; pero como de hecho no aceptaron a Istúriz (a diferencia de lo que había pasado antes inicialmente con la llegada de Mendizábal), se rompió la doble confianza. Y como María Cristina no estaba dispuesta esta vez a ceder, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones con la esperanza de que las nuevas fueran isturistas, dado que la nación suele ser electoralmente favorable al presidente de turno.

Así sucedió en efecto, pero el «pueblo», que no había relajado su vigilancia, volvió a actuar e inmediatamente salieron las masas a la calle, los sargentos accedieron a Palacio, cedió la Reina Gobernadora, cesó Istúriz, volvió Mendizábal como hombre fuerte del Gabinete Calatrava, las nuevas Cortes salieron rabiosamente progresistas y con ello se restableció la doble confianza. En definitiva, por tanto, el Ministerio de Istúriz no había sido más que un paréntesis en la marcha del progresismo, recuperado en La Granja y convalidado en las nuevas elecciones. Ésta era, al menos, la apariencia, pero la lectura que se sostiene en este libro es que aquí hubo algo más puesto que medió un golpe de Estado gestionado por fuerzas extraparlamentarias, que demostró que ya no valían las reglas del juego constitucional y que estos golpes generaban un nuevo proceso político: los perdedores aspiraban a la revancha utilizando, si era preciso, los mismos medios. Con lo cual se funcionaba de acuerdo con dos métodos incompatibles: el regular constitucional de la doble confianza y el irregular del golpe de Estado. Dos procesos que se superponían cuando a posteriori unas elecciones consolidaban el golpe de Estado previo. El Ministerio de Istúriz, en suma, nació como consecuencia de una decisión –formalmente constitucional pero políticamente inoportuna– de la Reina Gobernadora y murió aplastado por la presión inequívocamente inconstitucional aunque políticamente explicable de unas juntas provinciales populares y de unos sargentos insubordinados. Toda una lección de historia constitucional y una referencia constante para entender la historia de todo el período isabelino.

Para terminar estas breves consideraciones sobre el fugaz Ministerio de Istúriz conviene precisar unos datos sobre la caída de Mendizábal, que fue provocada de manera inmediata por la exacerbación de un radicalismo que le impuso el ala avanzada del progresismo como precio a un apoyo parlamentario que cada vez le era más necesario vista la dura oposición que se le dirigía desde el Estamento de Próceres. Para sobrevivir necesitaba en efecto aliarse con López y Caballero; pero fue cabalmente esta alianza, al tensar demasiado la cuerda política, lo que acabó arruinándole cuando María Cristina decidió resistirse a sus presiones y optar por la alternativa de Istúriz que, pese a sus antecedentes, parecía ahora más conservador. La fracción avanzada exigía una remoción de cargos militares para entregárselos a personas de su confianza. Mas no sólo eso puesto que pedía también una ampliación del número de próceres con objeto de debilitar la oposición que desde allí se hacía a la política progresista y también que se enviase al frente del Norte a toda la guarnición de Madrid para encomendar el orden público de la capital exclusivamente a la Milicia nacional. Maniobra que comentó el ultraconservador Rico y Amat (III, 23) en los siguientes términos: «Mendizábal, a quien se prometió autorizar para contratar un empréstito, si accedía a estas condiciones, no tuvo reparo en admitirlas, bien que estipulando previamente que en el caso de tener que abandonar el Ministerio por resultas de la lucha que tenía que emprender para llevar a cabo las intenciones de sus apoyadores, éstos le auxiliarían para que volviese a él».

El motín de La Granja

La vida del Ministerio Calatrava no fue regular desde el punto de vista constitucional puesto que nació a la sombra de un motín de sargentos de la Guardia Real en La Granja y murió empujado por un motín de oficiales acantonados en Pozuelo de Aravaca. Estos datos cuarteleros son clave para entender no sólo este Gobierno sino toda la historia política de España durante aquella época puesto que el único quiebro pacífico, sin cañonazos efectivos o ruidos de sables, fue la muerte natural de Fernando VII.

Aquí no queremos extendernos mucho sobre los acontecimientos de La Granja puesto que poco tenemos que añadir a lo ya escrito desde los tiempos de Pirala y el Diario de Sesiones apenas si nos ofrece un par de testimonios marginales. La verdad es que todavía no sabemos exactamente lo que pasó allí entonces y lo más importante no es lo que se nos ha contado sino lo que se ha silenciado, porque lo que de veras nos falta es la conexión entre este motín militar y la oleada de levantamientos populares y constitución de juntas provinciales. Y es que el golpe de La Granja no fue una operación aislada y autónoma, sino la coronación de un movimiento insurreccional generalizado, del que supuso el último acto. Sin esta energía anterior es muy probable que los sargentos no se hubiesen levantado y que, de hacerlo, no hubieran tenido ni intención ni fuerza para derribar el Ministerio y provocar el nombramiento de otro.

La historia nos ha dejado dos versiones contrapuestas igualmente sospechosas. Por un lado está la versión denigrante de una algarada de soldados ebrios y sargentos corrompidos tal como la han relatado los primeros historiadores liberales. Y en el extremo opuesto tenemos la versión épica de unos revolucionarios amantes de la libertad y de la constitución de 1812. En cualquier caso nadie nos cuenta las fuentes que ha manejado y de ordinario los unos se limitan a copiar a los otros. Testimonios de primera mano sólo tenemos las memorias de uno de sus protagonistas, Alejandro Gómez (Los sucesos de La Granja en 1836. Apuntes para la Historia, 1864) y un breve artículo de su compañero Higinio García publicado en El Eco del Comercio en noviembre de 1836; y casi de primera mano, la correspondencia del embajador inglés en Madrid, el siempre bien informado pero harto chismoso y a veces truculento Villiers. Existe también una «versión cortesana» original tomada de una Memoria redactada por Juan Felipe Martínez, testigo de vista, conservada en el Archivo General de Palacio y publicada recientemente por Pro (pp. 256-265).

El librito de Gómez apoya, como no podía ser de otra manera, la versión favorable; pero ofrece algunos puntos débiles graves que nos obligan a manejarle con precaución. Por lo pronto, la fecha: ¿por qué guardó el autor sus recuerdos durante treinta años y los hizo públicos cuando casi todos los demás protagonistas habían desaparecido y, por tanto, podía contar lo que quisiera dado que ya nadie podía desmentirle? Y naturalmente se pinta a sí mismo más que como un protagonista, como un héroe. Además, es dudoso que la obra se deba a su pluma, teniendo en cuenta su formación literaria y, sobre todo, porque los parlamentos que pone en su boca y en la de los demás sargentos reproducen, a veces literalmente, lo que venían diciendo algunos historiadores y políticos anteriores. Todo eso hubiera tenido un valor muy diferente en 1836.

Pero lo fundamental es que esta publicación de 1864 es la segunda versión ofrecida por el mismo Gómez, quien ya había relatado su historia en términos muy distintos unos años antes a varios testigos entre los que se encontraban Cánovas del Castillo, Emilio Bravo y Antonio María Fabié. Y es el caso que el hijo de éste, a la vista de las notas tomadas por su padre, publicó los primeros recuerdos de Gómez en los números del 5 y 10 de agosto de 1924 en el Diario de Barcelona con el título de El motín de La Granja o una revolución por 36 onzas de oro-. Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de Fabié y de la veracidad del primer Gómez? En cuanto a los otros sargentos que dialogaron con la Reina Gobernadora, Juan Lucas, desmintiendo sus ardientes ideales constitucionales, se pasó a la facción y, habiendo tenido la desgracia de caer prisionero de los cristinos y de ser reconocido, fue fusilado al instante. Higinio García, que no pertenecía siquiera a la guarnición pero que era un excelente escribiente del conde de San Román, murió en la indigencia años después en Cuéllar. Pirala, por su parte, afirma que quien conocía de veras toda la historia y estaba en condiciones de contarla con revelaciones sorprendentes era Fernando Muñoz (a quien por cierto los cronistas silencian prudentemente), el marido de María Cristina, que estaba en Palacio acompañando a la Regente la noche de los sucesos. Pero Fernando Muñoz murió sin haber hablado y Pirala, siguiendo su peculiar estilo, ninguna precisión añade aunque no se priva de hacer algunas insinuaciones venenosas (III, 408): «Tiene su historia aquella revolución y consignada en pocas páginas, en un pliego de papel donde constan 38 nombres de personas que eran entonces ardientes progresistas y han sido después sus mayores enemigos; de personajes que al hallarse en el lugar de los sargentos hubieran sido, quizás, menos reverentes para con la augusta Señora y después se han portado servilmente con ella y ocupados algunos en su inmediato servicio». Con hilos tan débiles resulta imposible tejer una tela consistente, aunque con ayuda del sentido común se pueden levantar algunas conjeturas plausibles.

La posibilidad de un motín de sargentos es perfectamente verosímil en la historia de España y de ello tenemos sobrados ejemplos, si bien ninguno de las características del que estamos examinando, pues no podía ser lo mismo lo que sucedía en el cuartel del Hospicio que en Palacio cuando los que estaban a cargo de la custodia de la familia real tenían la posibilidad de penetrar por la fuerza en sus aposentos privados. ¿Cuáles son entonces las peculiaridades del presente caso?

Por lo pronto, la actitud de los oficiales. Los oficiales del segundo regimiento de la Guardia Real no participaron ciertamente en el motín, mas tampoco se opusieron adecuadamente a él y, si se hubiesen opuesto con energía, es probable que no hubiera prosperado. Unos se habían ido al teatro (lo que pudo no ser casualidad sino quizás una coartada para quitarse del medio y no quedar implicados, al menos por lo sucedido en las primeras horas, que fueron las decisivas) y los que se quedaron forzosamente de guardia poco hicieron. El hecho, muy significativo, de que el nuevo ministro de la Guerra no realizara investigación alguna sobre el particular habla por sí mismo. El motín fue, pues, obra de algunos sargentos, pero con la tolerancia, o al menos con la pasividad, de los oficiales. Sin olvidar que los sargentos que entraron en Palacio a dialogar con la Reina Gobernadora tampoco fueron demasiado representativos, puesto que uno era escribiente del conde de San Román y otro músico; y el soldado que les acompañó en la primera entrevista sigue siendo anónimo, aunque se haya relatado con pelos y señales su diálogo (sin saber, bien es verdad, quien lo contó –o se lo inventó– por primera vez).

Mientras tanto, ¿qué hicieron los oficiales del primer regimiento? Consta que 150 soldados de caballería bloquearon el paso de los amotinados (comportamiento que coincide con la mentalidad disciplinada de la caballería, como sabemos por Seoane según se cuenta en otro lugar de este libro) pero se retiraron sin dar más explicaciones y esto tuvieron que hacerlo a las órdenes de un oficial. En la noche del 12 al 13 estuvieron formados frente a frente en los jardines de Palacio de un lado 130 caballos de granaderos, guardias de corps y oficiales, y de otro unos 700 insurrectos del 4.º regimiento de la Guardia Real y del 1.º de granaderos provinciales de infantería, sin oficiales ni jefes. ¿Cómo explicar que aquéllos cedieran ante éstos? ¿Dónde estuvieron aquellas horas los jefes y oficiales de la guarnición? ¿Tan escasa era su autoridad? ¿Cómo se encargó la protección de la Reina a unas tropas tan poco fiables?

Más importante aún: admitiendo que los sargentos estuvieran en condiciones de amotinarse, parece evidente que no estaban en las de imponer a la Reina Gobernadora, al ministro presente y a su cortejo las exigencias políticas que de allí resultaron. Los diálogos que al parecer se celebraron tienen un nivel más bien zarzuelero (dejando a un lado la dignísima intervención de Gómez, de autenticidad dudosa). Una cosa es apoderarse de un cuartel y otra secuestrar la voluntad real. ¿Es creíble que aquellos sargentos conocieran las cualidades de Calatrava, un civil perfectamente desconocido fuera de los círculos políticos? Es fácil imponer el cese de un Ministerio, pero sugerir los nombres del sucesor exige estar familiarizado con la situación política general. Además, nadie nos ha contado nunca quién sugirió el nombre de Calatrava, que parece seguro no procedió de los sargentos. Y si no fueron ellos, ¿quién se lo propuso –o impuso– a la Reina Gobernadora? Posiblemente Barrio Ayuso, que era el único ministro que estaba aquel día acompañándola y que al parecer actuó como caballo de Troya de los conspiradores.

Por otro lado se ha minimizado el papel de la tropa, que fue esencial. Valga que las negociaciones con la Reina Gobernadora las llevaran los sargentos personalmente, pero no hubieran podido hacerlo sin el apoyo de los soldados. Recuérdese cómo sucedieron las cosas: las delegaciones compuestas por sargentos daban cuenta puntual de lo que habían conseguido y la tropa, que les esperaba en el patio, reprobaba o aprobaba a gritos sus resultados. ¿Quiénes negociaban entonces: los sargentos por sí mismos o unos comisionados de la tropa?

La tabla de «súplicas» presentada a María Cristina el 14 de agosto fue firmada por «la guarnición» y encabezada por «los batallones existentes en este sitio». Villiers, en su carta del 31 a su hermano Eduardo (apud Villaurrutia, 274-275) insiste una y otra vez en el protagonismo de la tropa y de los soldados: «El ver a la reina gardée a vu, insultada de todas las maneras, sometida en sus más importantes funciones de gobierno a un millar de soldados, movidos primero por el dinero y el vino, asustados luego de sus actos, empujados a todo por el sentimiento de lo efímero de su poder y por el instinto de la propia conservación, era el espectáculo más repugnante que he presenciado (...) Los soldados eran capaces de todo. Los sargentos que promovieron el motín perdieron su prestigio con los soldados a las 24 horas y, por consiguiente, no asumiendo ninguno su responsabilidad, el grupo de soldados más numeroso era el que decidía y la decisión solía ser contraria a la adoptada media hora antes. Nadie podía persuadirles de que no se les engañaba y estaban dispuestos a cometer cualquier arbitrariedad, hija de su miedo, de la ferocidad o de la irresolución».

Las anteriores observaciones nos llevan a una conclusión inexorable: detrás del motín había habido una conspiración preparatoria. Alguien (con dinero o sin él) se había encargado de organizar el alzamiento, de neutralizar a los oficiales y de dictar a los sargentos lo que tenían que decir y lo que tenían que exigir. Y ese alguien no podía ser lógicamente un militar, puesto que los objetivos eran rigurosamente políticos: la proclamación de una constitución (que era ciertamente una aspiración muy generalizada y fácilmente comprensible para cualquiera) y la formación de nuevo Ministerio, que ya no estaban al alcance de unos sargentos y ni siquiera de unos oficiales.

Si está fuera de dudas que hubo una «mano» detrás de aquello, ¿qué mano fue? Aquí nadie puede hacer afirmaciones terminantes. La «voz pública» acusaba a Mendizábal y, cabalmente para librarse de esta imputación difusa pero inequívoca, el expresidente y luego ministro hizo todos los esfuerzos posibles para desmarcarse del motín, negándose inicialmente a aceptar un puesto en el Consejo de ministros y luego arrollando ostentosamente a Gómez. Nos tenemos que limitar, por tanto, a una simple sospecha, puesto que si lo único seguro era el beneficiario (qui prodest), los beneficiarios fueron los progresistas y así Mendizábal pudo ser repescado para el Poder.

Villaurrutia (258 ss.) parece, en cambio, conocerlo todo a la perfección y suscribe sin pestañear la tesis de la conspiración: «Desde la caída de Mendizábal y su reemplazo por Istúriz se había comenzado a conspirar activamente en el ejército con el objeto de tomar el desquite de la disolución del Estamento y de otros actos de Gobierno que se suponían inspirados por la camarilla de la Reina Gobernadora, siendo el propio Mendizábal el alma de aquella conspiración, que se urdía en las logias masónicas (...) El periódico de D. Fermín Caballero, El Eco del Comercio, publicaba noticias que eran indicaciones para los iniciados en la conjura y la Gobernadora recibía constantemente amenazadores anónimos que la hicieron encerrarse en Palacio más de doce días a fines de junio por temor de que se realizara el audaz proyecto de separarla a viva fuerza de sus hijas».

Añadiendo a continuación detalles propios de una novela romántica o de Pío Baroja: «Un tal D. Manuel Barrios, gaditano, empleado de Hacienda, amigo, secretario y confidente de Mendizábal, hombre audaz, zalamero y entrometido como pocos, que conocía íntimamente a la mayor parte de los jaraneros de Madrid, emprendió la conquista de los sargentos del segundo regimiento de la Guardia, valiéndose de Alejandro Gómez, a quien había conocido en un baile, acordando luego reunirse en un establecimiento de la plaza de Antón Martín, a donde acudieron varias veces Barrios y D. Ángel Iznardi, redactor principal de El Eco del Comercio, el cual aseguró a los sargentos que detrás del movimiento estaba, para consolidarlo, el general Espartero y que, una vez dado este paso, España entera secundaría la revolución. A la tercera o cuarta entrevista, los sargentos Higinio García, Alejandro Gómez Domínguez, Juan Lucas García y Rafael Esteban exigieron, para formalizar el compromiso, dos condiciones: la primera, que se les asegurase de modo cierto la pasividad de los jefes y oficiales de la Guardia Real y la adhesión de fuerzas considerables del ejército del norte; y la segunda, que uno de los jefes más autorizados del partido progresista se pusiera directamente al habla con ellos, con objeto de responder de la seriedad de los comisionados. Barrios e Iznardi aceptaron sin vacilar y a los dos o tres días que los sargentos mantuvieron una conversación con D. José María Calatrava, al que acompañaba D. Joaquín María López, quedando perfectamente satisfechos». ¿Qué habrá de cierto en todo esto, que procedía de Gómez en la versión de Fabié? Sin que pueda pasarse por alto un dato singular: Espartero aparece en esta versión salpicado en el golpe revolucionario de La Granja como luego lo estaría en el contragolpe de Pozuelo.

En la versión canonizada de los hechos, quienes primero se entrevistaron con la Reina Gobernadora (a la que acompañaban Barrio Ayuso, Alagón, San Román, Cerralbo, Arteaga, Izaga, Porras, la marquesa de Santa Cruz, «otras señoras» y «los comandantes de toda la guarnición») fueron los sargentos Gómez y Lucas y un soldado. En verdad que María Cristina siempre estuvo moral y psicológicamente asistida, aunque desde luego con poca eficacia. Se tiene la sensación de que los cortesanos estaban asustados no por la presencia de los sargentos, que siempre guardaron la compostura y el respeto, sino por las vociferaciones de la soldadesca y la impotencia o desamparo de los jefes y oficiales y, quizás, por el recuerdo de la prisión de Luis XVI. Puede sospecharse incluso de cobardía física, pero hay seguridad de una ausencia total de ánimo de resistencia.

Después de un diálogo un tanto grotesco, María Cristina se remitió a la decisión de las Cortes (a las de Istúriz por supuesto, no a las constituyentes posteriores, de las que todavía no se había hablado) y los comisionados cedieron satisfechos y se retiraron. Pero cuando salieron al patio a informar, la tropa no lo aceptó y enviaron otra comisión encabezada ahora por Higinio García, que forzó a María Cristina a las cinco de la mañana, o sea, en la madrugada del 13 a firmar un papel, que manuscribió Izaga (por supuesto sin refrendo alguno aunque allí estaba el ministro Barrio Ayuso) y que quedó en manos de Ramírez, comandante del 4.º Regimiento.

Una hora antes (a las 4) Barrio Ayuso había enviado con un propio a Madrid un escueto mensaje pidiendo auxilio, que llegó a la capital a las 8 y se sometió a deliberación del Consejo de Ministros con la presencia de Quesada, el capitán general. Al final se acordó renunciar a la violencia y se envió a La Granja a Méndez Núñez, ministro de la Guerra, con el encargo de negociar con los amotinados mediante el correspondiente soborno, que por cierto no aceptaron.

Los sargentos presentaron luego a la Reina Gobernadora un documento con sus exigencias, que ésta accedió a firmar siguiendo los consejos de los embajadores de Francia y Gran Bretaña, y es entonces cuando suscribió también el primer decreto de nombramientos ministeriales. Esta «exposición» sin firma, extendida en medio pliego de papel doblado, contenía la siguiente «súplica»:

1.º Deposición de su destino de los srs. conde de San Román y marqués de Moncayo. 2.º Real decreto para que se devuelvan las armas a los nacionales de Madrid, al menos a las dos terceras partes de los desarmados. 3.º Decreto circular a las provincias y ejércitos para que las autoridades principales de unas y otros juren e instalen la constitución del año 12. 4.º Nombramiento de nuevo Ministerio a excepción de los srs. Méndez Vigo y Barrio Ayuso. 5.º S.M. dispondrá que en toda esta tarde hasta las doce de la noche se expidan los decretos y órdenes que arriba se solicitan.

De esta lista lo que más llama la atención es la ausencia de los rasgos esenciales que luego caracterizarían el golpe de Estado, a saber: la convocatoria de nuevas Cortes, la aprobación de una constitución distinta de la de 1812 y, en fin y sobre todo, el nombramiento de un nuevo Gabinete. Lo cual significa que, en último extremo, el golpe de los sargentos puso en marcha el cambio revolucionario pero en modo alguno lo dirigió: sencillamente se les escapó de las manos. Salvo en la versión de Villaurrutia, nadie hasta ahora se ha atrevido a establecer una conexión directa entre los sargentos y el nombre de Calatrava.

Con estos datos, lo único cierto es que Calatrava y los progresistas fueron los directamente beneficiados por el motín, que se convirtió en un fulminante golpe de Estado. En su consecuencia parece razonable conjeturar que los sargentos eran instrumentos y meras piezas de una operación de más altos vuelos, puesto que de ellos no salió sugerencia –ni menos imposición– alguna sobre las personas que debían ocupar el nuevo Ministerio con la reserva –que no se respetó– de que continuasen Méndez Vigo y Barrio Ayuso. Y es posible, además, que si algún día se llegan a investigar las relaciones entre La Granja y las provincias sublevadas, pueda encontrarse la clave del alzamiento.

Uno de los testimonios no oculares más interesantes de todo aquello, y que confirma cuanto viene diciéndose, se lo debemos al general Seoane: un hombre de cabeza bastante simple aunque, quizás por ello, absolutamente sincero, quien en la sesión del 18 de agosto de 1837 hizo el siguiente relato: «Yo he examinado a los sargentos uno por uno y he visto que ha sido una cosa de las que suceden en España que nadie puede comprender: el hombre más caracterizado que ha tenido conocimiento de aquel suceso ha sido un sargento graduado de alférez». Mas no por ello absolvió a los oficiales, antes al contrario, los acusó con argumentos de mucho peso: «Se cambió el Ministerio y fui llamado para decirme si podía ponerme a la cabeza de la capitanía general a fin de contener la indisciplina, la efervescencia pública y el encono de las pasiones». Así lo hizo en efecto, reprimiendo duramente los desórdenes de los soldados. Ahora bien, «sin que sus oficiales hubieran tenido la más mínima parte en el suceso de La Granja, eran los sostenedores de estos desórdenes por la simple razón de no salir de Madrid y no ir a campaña a pasar peligros y a sufrir privaciones. Ésta es el alma del negocio (...) Ni con una sola voz ni con un solo gesto ayudaron a su comandante a contener la sedición». Volviendo a lo sucedido en La Granja, continuó: «Este suceso tuvo origen de haberse quitado a la Guardia el servicio de Palacio en razón de que las necesidades de la Patria la llevaban a otras partes. Hablemos claro porque, ¿qué espada de oficial se desenvainó allí, qué uniforme se tiñó de sangre para defender a una señora?» Y, en fin, aludiendo a la pasividad de los altos mandos refirió cómo se había ofrecido personalmente para ir a La Granja con un batallón para proteger la persona de la Reina y cómo no se aceptó su propuesta.

La prensa extranjera, sobre todo la francesa, no vio con buenos ojos el motín, que entendió como un signo de la anarquía en que se estaba hundiendo España. Una actitud que lastimó profundamente a los patriotas de este lado de los Pirineos y provocó respuestas vehementes no sólo en los periódicos sino en el Congreso. El Diario de Sesiones de 14.3.1837 recogió a este propósito una pintoresca intervención de Vila, quien aludió a «esas viles calumnias que en una tribuna extranjera hace pocos días se han vertido contra la revolución, contra los sucesos de La Granja, contra estos hechos que sólo fueron el eco de lo que en el resto de España había ya pasado (...) El que inventó esa postura no conoce el carácter y sobriedad de los españoles. Jamás la embriaguez ha dado fin a movimientos políticos como en otras naciones». Y Caballero tres días más tarde (el 17): «Quiero desvanecer las atroces calumnias que tanto extranjeros como naturales han esparcido contra el glorioso pronunciamiento (de La Granja) sin embargo de que ya está vindicado nuestro honor por el célebre Odilon Barrot y en este Congreso por otros de mis dignos compañeros. Es necesario que se repita una y mil veces que cuando se dio el decreto de 13 de agosto en La Granja la constitución de 1812 estaba ya proclamada en todos los ángulos de la península (...) Es decir, que S.M. la Reina Gobernadora el 13 de agosto no hizo más que reconocer lo que hasta aquel momento no se había dejado penetrar por los consejeros pérfidos que rodeaban el Trono. 22 días bastaron para expresar la común opinión de los pueblos cuando en 1820 tardó el pronunciamiento 66 días».

El enigma de La Granja

Los sucesos de La Granja y Madrid de los días 12, 13 y 14 de agosto (1836) son, como acabamos de ver, bien conocidos hasta en sus detalles, en las dos versiones que circulan. Pero las notorias contradicciones de éstas –si los amotinados estaban sobrios o borrachos, si corrieron o no onzas de oro- apenas tienen relevancia histórica porque no afectan a lo fundamental, a saber: cómo se gestó el motín, qué pretendían los amotinados y cómo se pasó de una asonada de suboficiales a un cambio de Ministerio con unos nombramientos determinados y a la aprobación de una constitución nueva que nadie había solicitado.

En cuanto a lo primero, es difícil aceptar la explicación espontaneísta, porque realmente la conducta de los sargentos fue demasiado precisa para ser obra de una inspiración propia, aunque tampoco puede pasarse por alto la enorme efervescencia que por aquellos días atravesaba España desde la Corte a las trincheras pasando por las ciudades y pequeños pueblos apartados y que tenía que ser forzosamente conocida por un regimiento ocioso estacionado cerca de Madrid. Es probable, por tanto, que la tropa estuviese contagiada y que los soldados pensaron que lo que estaban reclamando las juntas provinciales también podían hacerlo ellos directamente sin más trabajo que forzar el portón de las verjas de Palacio.

Podemos dar por seguro que los amotinados pedían la recuperación de la constitución de 1812 y eso les alinea en un frente político homogéneo que corría a lo largo de todas las juntas provinciales tal como se explicitaba en sus manifiestos y exposiciones. Y de aquí podemos pasar sin dificultades a la exigencia del cese del Ministerio de Istúriz, que reiteradamente también habían reclamado antes las juntas provinciales.

Dos exigencias que son ambiguas y decididamente incongruentes. Porque, para empezar, el alzamiento que se produjo unánimemente al grito de la constitución de 1812, luego rectificó bruscamente y transformó su objetivo en la aprobación de otra constitución. Los fieles a la de Cádiz se convirtieron de pronto en heterodoxos, políticamente sospechosos; y eso no como consecuencia de una evolución sino desde el primer día ya que esto es lo que firmó la Reina Gobernadora en La Granja. ¿Qué pensarían los sargentos que hablaron con ella y los soldados que habían pasado la noche vitoreando por las calles el texto de 1812?

En cuanto al cese de Istúriz, ¿qué tenía que ver con la vuelta de la constitución? Istúriz no era doceañista, desde luego, pero tampoco lo era ya Calatrava y aquél tenía preparado un proyecto de constitución que poco desmerece de la que posteriormente fuera la de 1837. Si lo que se quería de veras era abolir el Estatuto Real y sustituirlo por una constitución nueva, y no por la de 1812, no hacía falta amotinarse. El objetivo de los alzamientos provinciales, populares y cuarteleros era manifiestamente derribar al Ministerio Istúriz que se estaba consolidando en las urnas. Pero frente a la voluntad electoral y la confianza de Palacio estaba el poder callejero y el de los sables. Lo que de veras importaba no eran los procesos constitucionales, y menos los del Estatuto Real, sino la voluntad nacional cuyo oráculo –tan respetable y fabuloso como lo son todos– había declarado que Istúriz era el enemigo de la libertad.

Pues bien, si corremos la vista hacia atrás para examinar los alzamientos junteros provinciales de julio (1836), nos encontramos de inmediato con la mano de Mendizábal, que conspiraba así para recuperar lo que había perdido por voluntad de la Reina Gobernadora en mayo. Al menos ésta es la versión que por aquellos días dio El Español y que han recogido algunos historiadores: entre ellos y fundamentalmente Janke, que la admite sin vacilar. Para Peña y Aguayo, desde aquel periódico, la conexión de los movimientos junteros era incuestionable y prueba por sí misma «la existencia de agentes de la anarquía y el desorden» y de que «hay un centro de acción desde donde parten las instrucciones a todos los extremos y que en este centro se ha acordado impedir a todo trance la reunión de las Cortes revisoras. A este fin hemos visto que en todos los puntos en donde el resultado de las elecciones ha sido a favor de los hombres de la legalidad y del orden y del progreso nacional y de las cuentas claras se han hecho protestas y reclamaciones, aunque ridículas en sí (...) que procedían por órdenes secretas». Lo único probado son las relaciones entre los amotinados y la Milicia nacional de Madrid, que se necesitaban mutuamente. Lo primero que reclamaron los sargentos fue que se devolvieran las armas a los milicianos de la capital a los que cautelarmente se había desarmado y, por otra parte, a primeros de agosto se instalaron en La Granja individuos tan sospechosos como Orense, Guardamino, Aguilar y Terán Ramírez. Además, el día 16 allí acudieron milicianos tan significados como Rufino Carrasco y Juan Fernández Pino.

Todo esto es cierto, aunque nada pruebe sobre la presunta autoría de Mendizábal, antes bien lo contrario. Porque, dejando a un lado el caso de Málaga en el que las concomitancias personales con el entorno de Mendizábal saltan a la vista (Escalante, Scheidnagel), por lo general las juntas de 1836 más bien parecen un rebrote –que Janke, por cierto, ha verificado convincentemente– de las de 1835 y es manifiesto que en ellas ninguna intervención tuvo quien a la sazón residía en Londres. Otra cosa es que se aprovechara de su organización; pero ya es entrar de nuevo en el terreno de las conjeturas más atrevidas.

De ser correcto cuanto se está diciendo podemos llegar a las siguientes conclusiones: el motín de La Granja se inserta en un movimiento político entonces generalizado que pretendía derribar al Ministerio Istúriz y la abolición del Estatuto Real reinstaurando la constitución de 1812, alterada en su caso para adaptarla a los nuevos tiempos; un movimiento expresado en bullangas callejeras, juntas provinciales y motines militares. En estas condiciones no es esencial determinar si hubo una mano oculta –con vino o con onzas– que manipulase a los sargentos protagonistas, a los oficiales pasivos y a la tropa aclamadora. Lo probable es que así fuera; pero tampoco era imprescindible puesto que los protagonistas podían haber participado directamente en el movimiento político, que había ya contaminado a casi todas las guarniciones. La intervención personal de López, Calatrava y Mendizábal es plausible ciertamente pero poco probable. Hasta aquí no nos hemos encontrado todavía, por tanto, con un auténtico enigma histórico sino que estamos en el terreno habitual en el que conviven hechos probados, tradiciones anónimas, imputaciones ideológicas y conjeturas seudohistóricas.

El enigma empieza ahora, en el momento de indagar el gran salto que va desde las coacciones militares hasta el nombramiento del Ministerio Calatrava: un salto inexplicado –aquí está el enigma– y de enorme trascendencia histórica. ¿Qué relación hubo entre las exigencias presentadas por los sargentos (constitución de 1812 y el cese de Istúriz) y el nombramiento de Calatrava, que nadie había pedido? Porque lo lógico hubiera sido, dando un paso atrás en el tiempo, sustituir a Istúriz por Mendizábal para dejar las cosas como estaban en mayo. Esto no hubiera necesitado de explicación alguna; pero sí –y no la tenemos– la de la aparición de Calatrava, al que no habían aludido ni las juntas ni los sargentos.

Lo sorprendente es que este enigma no haya llamado la atención de los historiadores. Convengamos en que la Reina Gobernadora cediese, no sabemos con qué resistencia, a la presión de los sargentos y cesara a Istúriz. Pero ¿por qué no llamó a Mendizábal? Primera incógnita; y segunda: ¿por qué llamó precisamente a Calatrava? Descartados los sargentos, ¿quién le aconsejó este nombre? ¿Sus cortesanos? ¿Barrio Ayuso que estaba con ella? ¿Quién había de la camarilla? ¿O no sería el propio Istúriz? En la petición de los batallones amotinados sólo se exigía el «nombramiento de nuevo Ministerio, a excepción de Méndez Núñez y Barrio Ayuso, que merecen confianza». Mientras que Pirala informa que fueron los ministros salientes quienes sugirieron a la Reina Gobernadora los nombres de sus sucesores (mas desde luego sin aludir a Mendizábal) con excepción de Ferrer, a quien incluyó María Cristina por su cuenta y es significativo que a este ministro se le dieran tan pocas posibilidades de tomar posesión, que al final no pudo hacerlo. La versión de Pirala (III, 412) es, en efecto, terminante: La Reina Gobernadora «indicó le designasen las personas de que podía valerse para formar el nuevo Gabinete y los dos ministros dimisionarios que se hallaban a su lado nombraron a D. José María Calatrava, Gil de la Cuadra, don Domingo Torres, Ferraz y Ulloa, a Seoane para capitán general de Madrid y a Rodil para inspector de Milicias. A todos aceptó menos a Torres, nombró en su lugar a Ferrer». Luego, en el decreto fechado el 14, al nombrar a Calatrava le encomendaba «me proponga a la brevedad posible los sujetos más aptos para sustituir (a los ministros de Guerra, Justicia y Marina)». Es decir, que no había hueco ni se había pensado en Mendizábal.

Miraflores es más terminante, aunque ignoramos las fuentes en que se apoya. Para él el nombre de Calatrava fue sugerido por Barrio Ayuso (I. 101 y 106 ss.) «a quien suponía el poder necesario para conjurar la tempestad que creía amenazaba al reino» o, en otras palabras, que estaba en condiciones de sofocar los levantamientos populares que tanto aterrorizaban a la Reina Gobernadora. E incluso da detalles de los tratos entre el sargento García y el nuevo presidente del Consejo de ministros: «El día 16 de agosto García significó a Calatrava el disgusto que le causaba el que Vigo y Barrio Ayuso no hubiesen quedado en el Ministerio (como la guarnición había pedido) y arrojando sobre la mesa la gaceta extraordinaria en que se notaba variado el nombramiento de ministros hecho el 13 añadió: “yo no sé cómo la tropa tomará tal disposición, porque eso de que habiendo hecho nosotros la revolución quieran enmendarnos la plana los de Madrid, eso no ha de ser”».

¿Cómo interpretar todo esto? Por así decirlo se había cerrado la puerta a Mendizábal pero no se había echado la llave con el propósito de facilitarle la entrada al segundo intento, pues no era lo mismo suceder a un interino como Egea que a una personalidad como Ferrer. Tornemos a las conjeturas. En el nuevo panorama político era capital formar el «pacto progresista», es decir, la unión de toda la estirpe o, al menos, la de sus dos alas más importantes: la mendizabalista (a la derecha) y la caballerista (a la izquierda). Caballero era un buen muñidor de fusiones –y de escisionespero es posible que el fulminante éxito del motín de La Granja le sorprendiera antes de haber cerrado la operación y que necesitase luego unos días para atar los cabos en el futuro ministerial y, sobre todo, en el parlamentario. Así encajarían las piezas: un pacto progresista formalizado colocado bajo la garantía de una autoridad reconocida, como la de José María Calatrava, y actuando López como mandatario de los caballeristas. Una combinación viable pero en la que no había sitio para Ferrer.

La conjetura, aunque sin pruebas, no es inverosímil; pero en el mejor de los casos muy poco elegante para Ferrer, si bien éste no fuera hombre de pequeñas vanidades ni amores propios. Ahora bien, ¿cómo y por qué entró la Reina Gobernadora en esta maquinación? ¿Quién estaba en La Granja para sugerírsela? ¿Quién había inspirado a los consejeros de María Cristina los nombres que luego éstos sugirieron a la Reina Gobernadora? ¿No sería más bien una improvisación nacida en la pesadilla nocturna? Sin olvidar que también es posible que la cosa viniera de antes, como una de las bazas preparadas para salir de la crisis que se venía encima.

En contraste con este círculo de dudas y oscuridades, el embajador de Gran Bretaña nos ha suministrado no sólo una información bastante completa de los hechos, que conoció de primera mano puesto que residía en aquellos días en La Granja acompañando a la Reina Gobernadora, sino también una interpretación de ellos, de sus antecedentes y consecuencias, cuya coherencia es demasiado perfecta para ser creíble, aunque tampoco puede ser descartada. Villiers era un buen observador y tenía excelentes fuentes de información. En cualquier caso, su versión nos ha sido facilitada por Janke (224 ss.) quien, a diferencia de Pirala o de Villaurrutia, va indicando paso a paso el documento en que se apoya.

Para Villiers, en resumen, el motín fue preparado de antemano de acuerdo con las normas convencionales de la teoría de la conspiración: «El movimiento (de primeros de agosto) fracasó y por consiguiente se hacía necesario un nuevo intento y esta vez se eligió la residencia de la Corte, el palacio de La Granja (...) Carrasco y otros miembros de la Milicia salieron en dirección a La Granja. A eso de las 8 de la tarde del día 12 se aproximaron a los barracones y lanzaron el grito de la constitución de 1812. El 4.º Regimiento de la Guardia se unió a ellos y todo el grupo se encaminó entonces a Palacio (...) Durante dos horas se les negó la entrada, pero los guardias que estaban de servicio se unieron al regimiento amotinado y después de dos horas María Cristina recibió una delegación». Nótese, pues, que de acuerdo con esta versión la cabeza y el motor de la asonada fueron los milicianos y que los soldados se limitaron a unirse a ellos proporcionándoles la fuerza física para imponerse; pero –atención– quienes acudieron a presencia de la Reina y hablaron con ella no fueron los milicianos sino los sargentos, que siempre hablaron en nombre propio y de la guarnición o como comisionados de los batallones sin aludir jamás a los milicianos ni a otros posibles instigadores. En verdad, que si fueron actores, desempeñaron muy bien su papel.

Sobre la corrupción de los soldados el embajador estaba convencido de que habían recibido vino y dinero: «Hacía tres meses que no recibían sus pagas y habían estado bebiendo. Se suponía que esto demostraba que habían sido sobornados, pero era perfectamente posible conseguir bebida a crédito sin tener dinero». Sin embargo, Villiers veía que alguien había proporcionado dinero y vino a las tropas, aunque éstas rehusaron recibir ningún soborno suyo (como luego rehusarían las onzas que les ofreció Méndez Vigo).

«Parece claro –sigue diciendo Janke– que los guardias se sublevaron sin jefe y evidentemente se sentían parte de un movimiento espontáneo. Replicaron a Villiers y Bois le Compte que “no hay comandante ni oficiales; los suboficiales han tomado el mando”». Y en una carta de amor de uno de los guardias –conservada en el archivo de Villiers– confesaba Hermenegildo a su inolvidable Manuela «que no emos necesitado ningún jefe pues no subieron asta que estabamos en palacio, no es visto nunca una union tan grande entre los dos regimientos solo los pocos soldados que somos en este sitio emos dado la ley a toda España (...) lo que los buenos liberales no han podido sacar en tres veces lo emos echo nosotros en menos de 18 oras es increíble que entre soldados en encuentren ingenios como los que anoche aquí se an bisto». Ahora bien, lo único que prueba esta carta es que el soldado Hermenegildo ni se sentía manipulado ni había tenido noticia de la existencia de una conspiración exterior. Mas ello no obsta naturalmente a que tal conspiración existiese realmente, pues no todos los soldados estarían en condiciones de conocerla y entenderla. La experiencia constante de las manifestaciones multitudinarias acredita que sólo una parte, a veces muy reducida, de los que salen a la calle saben exactamente contra qué protestan y qué es lo que piden.

Villiers terminó aceptando esta insólita situación: «No sé de ninguna otra revolución que no tuviera una cabeza visible y en la que la responsabilidad, aunque fuera por muy poco tiempo, no le correspondiera a alguien». La Reina Gobernadora, en cambio, «se negaba a creer que se tratase de algo más que de una conspiración; le dijo a Bois le Compte que los soldados con los que ella habló eran absolutamente incapaces de haber concebido cualquier idea de la revolución».

Por lo que se refiere a la mayor incógnita –el nombramiento del nuevo Ministerio– también tenía el embajador informaciones y opiniones precisas. En el texto de Janke (229 ss.), «inmediatamente después (del motín) se rumoreó que (a Mendizábal) le daría Hacienda o la embajada de Londres (...) La influencia de Mendizábal se hizo notar en el regateo por los puestos de gobierno: se mencionó el nombre de Ramón Escobedo (...) si Ferrer, que se encontraba en Francia, rehusase. La opinión de la embajada francesa era que Mendizábal se proponía labrarse una posición financiera poderosa fuera del Gobierno. Él dijo a Villiers que prefería no formar parte del nuevo Gobierno para probar su inocencia respecto a la acusación de La Granja, pero es más probable que Calatrava, celoso de él, prestase oídos a la desconfianza de la Reina Gobernadora hacia su ex ministro (...) El ministro británico iba a adjudicarse el mérito de la incorporación de Mendizábal al Gobierno de Calatrava, diciendo que tomaría a Calatrava por asalto (...) Calatrava se oponía fuertemente; pero Villiers convenció a Gil de la Cuadra de la necesidad de que Mendizábal se incorporase y Gil de la Cuadra amenazó con dimitir si no se le incluía (...) Desde el punto de vista financiero, la vuelta de Mendizábal fue preparada por un grupo dirigido por José Safont, propietario de El Patriota, periódico ministerial en la primera época de Mendizábal. El grupo estaba formado por Jaime Ceriolo, Vicente Juan Pérez, Manuel Matheu, Valentín Llano y Ramón Llano y Chavarri. Estas personas se ofrecieron para enviar inmediatamente diez millones de reales al norte. Además de suscribir estos préstamos, el Gobierno les concedió contratos de avituallamiento del ejército».

Los celos de Calatrava son desde luego verosímiles porque en aquel momento era notorio que la sombra de Mendizábal no dejaba crecer la hierba a su alrededor. Pero por otro lado al incorporarle a su Gabinete se aprovechaba de la popularidad, entonces todavía enorme, del expresidente, sin cuyo apoyo hubiera quedado el nuevo Ministerio en una posición más débil e igualmente se confiaba en la eficacia de su gestión pública.

En fin –según informa el propio Janke (228)–, Villiers «y los franceses creían firmemente que Mendizábal era el inspirador del golpe de La Granja. Guizot afirmaba que, de acuerdo con todos los informes, él era el responsable». Cárcel, por su parte, nos informa (p. 327) que «el nuevo nuncio de Austria escribía desde Praga diciendo que la proclamación de la constitución gaditana había sido considerada por el Gabinete imperial un hecho ilegal, reprobable e inadmisible, tanto por la naturaleza de la constitución misma, fruto del más radical democratismo, nunca sancionado por el voto unánime de la nación, puesta y suprimida por la fuerza de las facciones, cuanto por el modo violento con que la Reina había sido obligada a proclamarla. Por ello el Gabinete austriaco condenó la anarquía existente en España expulsando a la persona que sin carácter oficial representaba a María Cristina en Viena».

Para otros una de las hipótesis más plausibles es la siguiente: los alzamientos revolucionarios junteros provinciales llevaban el sello de los amigos radicales de Mendizábal, que contaban ya con organización y experiencia suficientes, y éste había de ser consecuentemente su candidato reanudando el curso político que se había interrumpido con la inesperada llegada de Istúriz. Lo que pasó luego es que la Reina Gobernadora, asustada por la exaltación de Caballero y López y considerando la vuelta inmediata de Mendizábal como una imposición intolerable, acudió como un mal menor a Calatrava, cuyas energías se habían ido apaciguando notoriamente con los años. La solución, en definitiva, del mal menor, del progresismo templado, a cuya cabeza se pondría luego Mendizábal cuando Calatrava le llamó y pudieron desprenderse de las peligrosas compañías de Caballero y López. El comportamiento de Mendizábal con el sargento García –al que se negó a ascender e incluso reprendió– no se sabe si aclara o confunde más las cosas puesto que puede entenderse como una repulsa sincera a los amotinados o como una maniobra hipócrita para que así se creyera. Por lo que a este episodio se refiere vale la pena recordar las palabras coetáneas de Alcalá Galiano (Historia 142-143): «Expidió la Reina Gobernadora un Real decreto nombrando nuevos ministros, pero no expresando según las fórmulas acostumbradas que aquellos a los cuales destituía quedaban exonerados de sus cargos ni que se les admitía una supuesta o verdadera renuncia, sino diciendo solamente que los nombrados lo eran en lugar de los antiguos (...) En la tarde misma del 15 de agosto salió a luz un Real decreto con la fórmula común que lo declaraba rubricado de la real mano, pero falta tan necesario requisito y aun hecho sin conocimiento de la augusta persona cuya aprobación suponía, pues era una variación notable del extendido y verdaderamente rubricado en San Ildefonso».

¿Cómo desenredar esta maraña de informaciones, rumores y conjeturas? Los historiadores no gustan de llegar al final de las cosas porque saben del riesgo de ser algún día desmentidos por la aparición de un documento inesperado. Lo prudente es, por tanto, no cerrar del todo los interrogantes que se van abriendo y esperar a que el tiempo proporcione algún día respuestas definitivas. Por lo que se refiere a la invitación de modificar la constitución de 1812 –e incluso de redactar una nueva–, tenemos la impresión de que la idea pudo venir directamente de María Cristina y de su entorno cortesano con la intención de padecer «del mal el menos», o sea, con la esperanza de que el odiado texto gaditano no arraigase en todo su radicalismo sino con un recorte de sus garras más peligrosas.

Desde nuestro punto de vista, las tesis contrapuestas del espontaneísmo y de la conspiración son plausibles como conjeturas aunque un tanto simplistas. Lo más probable es que aquí, como en todos los acontecimientos complejos, confluyeran diversas causas que se potenciaron mutuamente, sin olvidar el azar que terminó amalgamando a todas. Para nosotros el mejor modo de entender aquel motín –tan asombroso por su desarrollo como por sus consecuencias– es examinarlo en su contexto, que explica al menos una parte de sus peculiaridades.

El contexto nos revela, en efecto, en primer término que la exigencia de la restauración de la constitución de 1812 se había generalizado ya en media España de la mano de las juntas provinciales donde indefectiblemente participaban elementos populares y militares. De hecho, el ejército estaba «infectado» de constitucionalismo revolucionario o, por mejor decir, dividido puesto que en todos los cuerpos y hasta en el último batallón había partidarios del texto gaditano enfrentados a quienes defendían sin reservas el orden constituido. Se trataba, por tanto, de una contaminación política generalizada en la que todos se permitían tener su propia opinión sin someterse a la disciplina jerárquica, característica tradicional de las fuerzas armadas, de tal manera que ya había dejado de funcionar el principio de que la tropa pensaba –y sobre todo se comportaba– como le indicaban sus jefes. Con la importante peculiaridad añadida de que en todos estos movimientos solían participar los sargentos con un estilo inequívocamente corporativo. En definitiva, lo sucedido en La Granja no supuso en principio una novedad en su origen y desarrollo. Lo original estuvo en la desmesura de sus consecuencias, pero ello fue debido a la circunstancia de su proximidad física a la Reina Gobernadora. En Málaga, Zaragoza o Barcelona los sublevados no podían ir más allá de constituir una junta, jurar en público la constitución de 1812 y redactar y enviar a Madrid un manifiesto. En La Granja, en cambio, pudieron acceder a la Regente en persona y exigirle directamente la firma de unos decretos.

En todos estos sucesos el trasfondo conspirativo y manipulador se da por supuesto ya que forma parte de la naturaleza de las cosas, pero no parece correcto dar a este impulso la calidad de una «causa» y es más exacto entender que se trataba de un empujón en un movimiento que ya estaba en marcha o de una chispa caída en una masa ya inflamable.

Siguiendo con el contexto, todavía hay otro factor no menos influyente: la completa desmoralización del Ministerio, su absoluta falta de energía resistencial. El Gobierno se había dado por vencido de antemano y, cuando tuvo noticias de los sucesos de La Granja, no se le ocurrió otra medida que la de intentar sobornar con unas talegas de onzas de oro a los amotinados y luego emprender la fuga al extranjero dejando a María Cristina en las impredecibles manos de los sargentos. Más todavía, el propio presidente del Consejo de ministros ya había declarado públicamente su debilidad en la carta dirigida al embajador francés firmada el 5 de agosto (1836) en la que pedía auxilio militar inmediato relatando que «una provincia tras otra se sustrae a la obediencia de V.M. y su Gobierno en corto plazo se verá reducido a la circunferencia de la capital donde su existencia habrá de ser muy breve», confesando así «la imposibilidad de conservar por más tiempo inmune la regia autoridad de doña Isabel II sin un auxilio, pronto, fuerte y eficaz de las armas francesas».

Los sucesos de La Granja y la formación del Ministerio Calatrava levanta, como acabamos de ver, muchas preguntas que la historiografía todavía no está en condiciones de responder y que curiosamente no llamaron la atención de los periódicos de la época ni de los cronistas contemporáneos, persuadidos como estaban de que las decisiones importantes para el destino de las naciones formaban parte de un arcano reservado propio del principis pectoris, al que nadie tenía acceso.

Esto sigue siendo cierto y así será siempre en mayor o menor medida. Nunca sabremos bien cómo va el mundo, ni a dónde, ni mucho menos el porqué. Clío no es una musa sino una esfinge que sabe guardar sus secretos y para entender sus oráculos hace falta mucha imaginación y aceptar resignadamente la incertidumbre de las conjeturas.

Desafíos y primeros pasos del Ministerio Calatrava

La composición del Gabinete no resultó nada sencilla, dando la sensación incluso de que el éxito de La Granja había cogido por sorpresa a las fuerzas del progresismo, visto que no estaba preparado un Gobierno de recambio o, al menos, que no acertaron a sugerírselo puntualmente a María Cristina. Lo único seguro –y lo más importante, desde luego– fue la propuesta de José María Calatrava para la silla de Estado con la presidencia del Consejo. Cuando fue nombrado con este carácter el día 14 de agosto sólo le acompañaba Gil de la Cuadra en Gobernación y Joaquín Ferrer para Hacienda, que se encontraba en Francia en paradero oficialmente desconocido y a quien ni siquiera se le comunicó a tiempo su nombramiento como para general sorpresa relataría él mismo más adelante en las Cortes el día 4.5.1837, contestando con aspereza a una alusión de Calatrava: «Ha dicho S.S. (el presidente del Consejo de ministros) que aceptó el Ministerio cuando los egoístas no quisieron comprometerse (...). La Cortes saben que fui nombrado ministro de Hacienda el 14 de agosto, pero es menester saber que el ministro encargado de hacerme la comunicación, que creo fue D. Pedro Méndez Vigo, la mandó a París a la embajada por correo ordinario, según parece por lo que tardó. Además, yo no sé lo que se hizo de esta carta en la embajada, pues a mí no se me comunicó sino que recibí un correo que me remitieron las autoridades de San Sebastián con la Gaceta que contenía mi nombramiento, y hubo quien me ofreció aprestar un vapor para ponerse en Socoa. Estuve en los baños quince días sin tener noticia oficial, al cabo de este tiempo el cónsul de Bayona recibió por correo ordinario un oficio con un mero sobre y creyendo que convenía al Estado me lo remitió. Es claro, pues, que mi nombramiento no llegó a mi noticia sino mucho tiempo después de hecho (...) Creí deber hacer dimisión, que remití por todos los medios de tierra y mar el mismo día que recibí el oficio. No fue el egoísmo lo que me movió a hacer esta dimisión. Para remediar el mal efecto que esto podía producir, atribuyéndolo a la desconfianza y que consideraba perdida la causa de la libertad, escribí a las autoridades de San Sebastián que aunque siempre les había dicho que no me nombraran diputado, no dejaran ahora de nombrarme, pues estaba dispuesto a hacer todos los sacrificios imaginables de mi fortuna, como siempre los he hecho, gastando el patrimonio de mis hijos en servicio de mi patria, sin haber pensado en recibir por ellos en las dos épocas ni una cinta ni un ochavo».

En realidad, por tanto, no existía un Gabinete sino una persona a la que con muchas dificultades se le fueron buscando compañeros semanas más tarde: para el Despacho de Guerra el general Rodil, para Gracia y Justicia José Landero y para Hacienda, visto que Ferrer no aparecía, Mariano Egea, cuyo nombramiento fue comentado así por Santillán, que tenía motivos para estar enterado aunque desde luego no cita las fuentes de su información, en sus Memorias (I, 165-166): «Pretendióse tal vez con este nombramiento atenuar las sospechas que había contra Mendizábal de haber sido el promovedor de la sublevación de La Granja; pero esta creencia, que era general, no podía debilitarse con el aplazamiento de la vuelta de aquél al ministerio de Hacienda, reclamada imperiosamente por cuantos habían tomado parte en la última revolución y sobre todo porque fue una de las condiciones impuestas por los sargentos, jefes de los sublevados de San Ildefonso a la Reina Gobernadora. Así que no pudo dilatarse aquella vuelta más que hasta el 11 de setiembre, y no faltaron motivos para creer que durante esa interinidad el verdadero ministro de Hacienda era Mendizábal, no porque Egea fuera capaz de convertirse en instrumento suyo sino porque habiendo aceptado el Despacho de aquel departamento por ruegos a que su carácter condescendiente no pudo resistir y esperando por momentos su relevo, obraba bajo la presión de sus compañeros inspirados porque él debía volver pronto».

En esta remodelación septembrina pasó Gil de la Cuadra a Marina y, además de Mendizábal, entró Joaquín María López en Gobernación como prenda de la alianza entre aquél y los caballeristas, es decir, del grupo progresista avanzado que encabezaba Fermín Caballero y del que formaba parte López, quien, de paso, robustecía con su inflamada oratoria la posición del Ministerio en el Congreso, habida cuenta de que ninguno de sus compañeros destacaba en este campo. De esta manera tan laboriosa se gestó el Gobierno Calatrava-Mendizábal, llamado así popularmente por la arrolladora e imaginativa personalidad del segundo, clave indiscutible de todo el Gabinete.

La primera preocupación del nuevo Gobierno fue la de buscarse una legitimación, puesto que no podía reconocer que había llegado al poder de la mano de unos sargentos amotinados que se habían impuesto con violencia a la Reina Gobernadora. A tal efecto la consigna fue la de identificar los pronunciamientos provinciales con la voluntad nacional y al tiempo distanciarse prudentemente de los sucesos de San Ildefonso, como si el Ministerio poco o nada tuviera que ver con ellos.

Esta interpretación fue desarrollada oficialmente, y mirando al exterior, en un mensaje enviado por el presidente al embajador en París el 28.8.1836 con el encargo de que fuera debidamente difundido:

Se ha calumniado a la Nación atribuyendo el reciente movimiento de las provincias a una facción anárquica, a manejos de las sociedades secretas, a miras de desorden y lucro y de obtener la impunidad de excesos pasados. Esto es chocar, aunque en balde, con la evidencia de los hechos más notorios. No: este movimiento ha sido nacional, así de las provincias como del ejército, y necesariamente producido, no por pasiones ni intereses particulares, ni por intrigas de sociedades secretas, impotentes y despreciables en España, sino por causas grandes, públicas y las más fuertes que pueden impulsar a un pueblo generoso.

Postura que fue sancionada luego por la propia Reina Gobernadora en el discurso de apertura de las Cortes de 24.10.1836: «No bien me convencí de que era verdadera voluntad nacional restablecer la constitución de la Monarquía proclamada en Cádiz cuando me apresuré a jurarla y a mandar que fuese jurada y observada en todo el reino como ley fundamental (...) Al mismo tiempo llamé cerca de mi persona que compuso un gobierno de sujetos de mi entera confianza, que ya bastantemente conocidos casi que podía inspirarla también a la nación. Yo espero que en la conducta gubernativa que han seguido no desmerezcan esta confianza y si en algunos de sus actos se han visto precisados a salir algún tanto de la esfera de sus facultades, no dudo que atendida la irresistible necesidad de salvar por ellos el Estado hallen su justificación en la equidad y benevolencia de las Cortes».

En cuanto a los fines más inmediatos del nuevo Gobierno, la fuerza de las cosas le había colocado ante los siguientes objetivos ineludibles: en primer término y de forma más inmediata, la aprobación (en las Cortes naturalmente) de una nueva constitución, la conclusión victoriosa de la guerra civil (con las cuestiones anejas de pagos, suministros y dirección estratégica) y, en fin, ya que no la liquidación, la atención de las obligaciones de la Deuda. En segundo lugar estaba el compromiso de asumir –o no asumir o asumir parcialmente– la obra revolucionaria iniciada y no consumada en Cádiz y en el Trienio. Y en tercer lugar –aunque esto viniera impuesto de una manera implícita– la coronación de la obra iniciada y no consumada durante el anterior Ministerio de Mendizábal. Una tarea gigantesca, en suma, a la que habían de añadirse otros objetivos que irían surgiendo con el tiempo. Todo lo cual precisaba de una colaboración íntima y fructífera entre el Gobierno y las Cortes, que fueron convocadas sin dilación el día 21 de agosto (1836).

En cualquier caso, a las pocas horas del golpe de Estado el nuevo Ministerio inició una actividad frenética. En el mismo día 22 de agosto se mandó reorganizar la Milicia nacional, el 25 se constituyeron las comisiones provinciales de armamento y defensa como un medio de apaciguar pacíficamente la efervescencia de las juntas revolucionarias, el día 26 se adoptaron dos importantes medidas de carácter militar: una nueva quinta de 50.000 hombres y la movilización de la Milicia nacional; cerrándose el mes con cuatro Reales decretos fechados el día 30: dos de índole financiera, como el empréstito o adelanto de los 200 millones, y dos jurídicos: el restablecimiento de la supresión de las vinculaciones y el regulador de los procedimientos de las causas de conspiración.

En el mes de septiembre se ralentizó perceptiblemente ese ritmo desenfrenado pero se notó la incorporación al Gabinete de Mendizábal y López, el día 11, de un signo inequívocamente más radical: el 16 se decretó el secuestro de bienes de los emigrados, el 21 se abolieron las pruebas de nobleza para el ingreso en la Armada (lo que el día 28 se extendería al Ejército) y al día siguiente, el 22, le tocó el turno a la magistratura, que intentó enderezarse a través de una junta de clasificación de jueces y magistrados; el 24 dictó López una polémica Real orden sobre el comportamiento de diputaciones provinciales y ayuntamientos en caso de invasión de las facciones y el 25 un Real decreto no menos polémico de Mendizábal sobre homologación de intendencias y provincias.

En términos deliberadamente menos prolijos así resumía Burgos (Anales, IV,6) la actividad de este período ministerial: «las primeras medidas que en aquellas críticas circunstancias tomó el Gobierno tuvieron por objeto acallar las quejas y satisfacer las exigencias justas o injustas del partido exaltado. Devueltas las armas a los milicianos nacionales de Madrid, levantado el estado de sitio de la capital; destituidas las autoridades y hasta los empleados subalternos de la administración; repuestos por un decreto especial en sus respectivos destinos los funcionarios públicos que había separado el Ministerio anterior por haberse, en su calidad de procuradores a Cortes, asociado al voto de censura fulminado en el último Estamento; proscrito, en fin, por todas partes el partido liberal conservador, perseguidos sus caudillos y cambiada enteramente la forma de gobierno, poco quedaba que hacer al Ministerio Calatrava para satisfacer las primeras ambiciones que se despiertan en los momentos inmediatamente posteriores al triunfo de una revolución».

En verdad que no perdió el tiempo el Gabinete en las seis primeras semanas de su actuación y en el futuro inmediato no se veía nube alguna puesto que, por la derecha, los moderados (incluidos los estatutistas) no tenían voz en el Congreso y, por la izquierda, los exaltados estaban dispuestos a colaborar; las depuraciones en el ejército y en la administración garantizaban la fidelidad de estas instituciones y las corporaciones populares ya habían expresado su apoyo antes del golpe de Estado de agosto. En tales condiciones, ¿qué obstáculos podían oponerse a esta marcha triunfal? Los carlistas, por descontado, cierta prensa, la Iglesia y los agobios del Tesoro. Una oportunidad, en definitiva, hasta entonces inédita para imponer una política progresista. Y a fe que la aprovecharon.

En un panorama tan risueño todavía no se pensaba en los peligros que aparecerían pronto: las divisiones internas, la reaparición de los moderados, los desastres de la guerra, la miseria financiera y, sobre todo, el distanciamiento del ejército y de Palacio.

La dureza de las medidas adoptadas desde el primer momento por este Ministerio y que tantas críticas levantaron en la derecha, no obstaba, naturalmente, a que desde la izquierda fueran vistas como insuficientes y expresión, más bien, de una tibieza que rozaba la traición. Ésa fue concretamente la acusación de Álvaro el 17.8.1837, es decir, ya en los funerales del Gabinete: «Este Ministerio no ha correspondido a las esperanzas de la Nación, cuyos deseos eran que la fuerza pública y todos los empleos que pudiese dar el Gobierno se pusieran en manos de personas patriotas y decididas (...); pero el Ministerio ha procedido de un modo enteramente contrario, porque ha concedido destinos a personas que están muy distantes de tener estas ideas (...) Creo firmemente que el Ministerio actual, lejos de haber colocado la revolución en manos verdaderamente constitucionales la ha colocado en manos sospechosas y que ésta es la causa por la que no se ha atacado a los enemigos con la energía necesaria».

Mendizábal se incorpora al Ministerio

La enorme energía desplegada por el Ministerio Calatrava en las primeras semanas se vio incrementada aún más, según hemos visto antes, a partir de la incorporación de López y Mendizábal el 11 de septiembre. El primero llevaba consigo la intención progresista avanzada del grupo caballerista y el segundo la afirmación y la continuación de la política desarrollada en su anterior Ministerio (de septiembre de 1835 a mayo de 1836) del que éste sería en lo sustancial un mero, aunque singularmente eficaz, continuador. A partir de este momento la iniciativa y la dirección de los asuntos pasó indiscutiblemente a las manos de Mendizábal, sin perjuicio de la indiscutida autoridad personal y política del presidente, que conservaba sin merma a pesar de su evidente decadencia física.

Por lo que se refiere a las Cortes, el jefe de la mayoría fue desde el primer día también Mendizábal, luchador infatigable que participó en todas las batallas parlamentarias incluso aunque no afectasen directamente a su ministerio. Mendizábal, protagonista reconocido de la época, encarnación mítica del progresismo, era un animal político de vocación, orador poco brillante pero eficaz y apasionado, laborioso hasta la extenuación y creador de planes sorprendentemente imaginativos. Era el político más destacado de la Regencia aunque tuvo la desgracia de que casi todos sus proyectos o no llegaron a madurar por completo durante su Gobierno o fracasaron sonoramente.

En su tardía Exposición de 21.10.1837 nos ha dejado una excelente descripción de cómo le habían tratado sus adversarios: «No ha habido mentira grosera ni absurdo exorbitado a que no hayan recurrido para malquistarme y envilecerme en la opinión pública. Tan pronto he disipado los recursos más pingües y efectivos, cuya cuantía y existencia jamás han demostrado. Tan presto me he arrojado a hacer emisiones clandestinas y cuantiosas de efectos de la deuda pública, que nadie ha visto ni sabe decir cuál es su paradero. Unas veces he celebrado contratas de ruina para la nación y de manantiales inagotables de ganancias para mis protegidos o mis ahijados. Otras he dejado hambrientos y desnudos a nuestros valientes ejércitos, no aplicándoles los fondos del Estado, que el Estado no producía. Yo he embrollado la Administración pública, ahuyentando el buen orden y concierto en que indudablemente dejaron los sucesos de julio y agosto de 1835 y los acontecimientos de iguales meses de 1836. Yo he desperdiciado o no sabido aprovechar los raudales de oro que gratuitamente me ofrecía el extranjero. En un tiempo me dejé gobernar por influencias extrañas para ser sostenido en el poder, al que he renunciado dos veces, encontrándome en ambas favorecido y apoyado con la mayoría de las Cortes».

En este punto quizás sea útil recordar la imagen que nos ha dejado el embajador inglés en su copiosa y aguda (aunque no siempre fiable) correspondencia según los textos traducidos por Rodríguez Alonso (Gobernantes, políticos y militares españoles). Villiers fue el primer valedor de Mendizábal tanto ante su propio Gobierno como ante la Reina Regente, sobre la que ejercía una influencia quizás desmesurada pero explicable porque la napolitana María Cristina no se fiaba de los españoles. A lo largo de esta correspondencia puede comprobarse que el diplomático quedó inicialmente seducido por el encanto personal del ministro y por su pregonada habilidad financiera; pero también cómo luego, cuando le conoció mejor, fue cambiando de opinión, que terminó siendo peyorativa hasta el extremo. Veamos dos testimonios de ello. En su carta de 28.11.1835 explica que «tiene el truco de encomendar todas las cuestiones importantes a una comisión, cuya selección hace del modo más descuidado; con lo cual piensa que evita problemas y responsabilidades pero aumenta las dos cosas, de forma que yo le he dicho que este procedimiento no es gobernar sino simplemente administrar». Y en la de 16.1.1836: «La opinión pública se estaba cansando de un ministro nuevo del mismo modo que los niños se cansan de un juguete cuando deja de divertirlos, por muy bonito y llamativo que en un primer momento haya podido parecer».

Este desencanto general contagió pronto al embajador, quien el 13.2.1837 escribía ya desengañado: «Su vanidad y autosuficiencia, que son ilimitadas y que no se basan –siento decirlo– en otro fundamento que en la ignorancia y en una viva imaginación, le impiden aprender el arte de gobernar y de entender que consiste en cualquier cosa menos en una sucesión de golpes más o menos afortunados, por cuya ejecución práctica y efectos últimos no se interesa él, que es su inventor. Estos mismos sentimientos le hacen no sólo ávido de gloria sino de cualquier migaja de aureola que pueda arañar de la superficie de los asuntos y con el fin de tener la popularidad de dos o tres medidas llamativas (mejor, decretos, que suelen marchitarse y morir porque proceden de un estilo de gobierno abortivo) en cada departamento del Estado». Insistiendo en la carta de 27.2.1836 que «se ha esperado demasiado de él, o mejor, se ha puesto demasiada fe en las expectativas que él mismo suscitó. La gente olvidó que sus conocimientos y experiencias se forjaron en la Bolsa y que probablemente iba a aplicar el sistema que le había dado tan buenos resultados para gobernar el país. En la Bolsa, las mentiras y las grandes promesas fallan o tienen éxito, pero se olvidan a las cuatro horas. Cuando un primer ministro adopta ese sistema y hace contratos de tiempo con la nación, se convierte necesariamente, como le ocurrirá al pobre Mendizábal, en un pato cojo, lo cual es menos gracioso en un estadista que en un agiotista». Y en la carta de 6.8.1837 resumía así su juicio final sobre una persona a la que tanto había admirado y ayudado antes: «Nadie puede tener un desprecio más profundo por el carácter de otro que el que yo tengo por el de Mendizábal: al principio fascina y engaña, pero pronto se averigua que es un tramposo redomado». Es curioso, por cierto, que andando los años su amigo Argüelles empleara los mismos términos si bien desprovistos de una carga tan peyorativa: «El Gobierno reconoce, por ejemplo, que en el día tiene cien obligaciones que cumplir y que sólo puede satisfacer veinte. ¿Qué es, pues, lo que ha de hacer? Trampear, salir del momento».

Saltando ahora a otras fuentes, veamos la carta dirigida a Luis Fernández de Córdova el 2.2.1836, que transcribe en sus Memorias íntimas, (I. p. 212) su hermano Fernando y que por su temprana fecha demuestra que el desengaño de Villiers se había producido más pronto de lo que era de esperar: «No niego a Mendizábal grandes cualidades ni inspiraciones felices. Sé que es un hombre desinteresado y gran patriota; pero a pesar de todo adolece de tal ligereza, de tal falta de coordinación en las ideas, que le es imposible prever las consecuencias de sus propias resoluciones». Y unos días más tarde, el 9 de febrero: «Posee Mendizábal tan viva imaginación que supone ya como un hecho consumado lo que es sólo el deseo de realizarlo, y tiene en su persona una de esas confianzas que toda la instrucción y todos los conocimientos que le faltan apenas justificarían. El oficio de hombre de Estado, de hombre parlamentario, de orador, requiere un aprendizaje. No es él de mi opinión, pues cree que le basta su instinto y su estrella».

Y para finalizar este retablo, desde una perspectiva moderna, así veía Díez del Corral a nuestro personaje en 1956 (476-477): «El gobernante anterior a Mendizábal había pertenecido a alguna de las categorías sociales más o menos tradicionales en los equipos de mando (pero) el gobernante español que representa un tipo absolutamente ignorado en los siglos anteriores y más todavía en España, el que encarna los nuevos valores sociales característicos del siglo es Don Juan Álvarez de Mendizábal (que es) el primer político español que se vale de los nuevos resortes sociales (...) En medio de la desorganización y el desconcierto en que había caído el país, en el ambiente de hastío por la ineficacia de tantas discusiones políticas, la figura realista del repatriado Mendizábal concentró la atención de las diversas clases sociales expresadas, como dice Alcalá Galiano, en que con sus modos no comunes hiciera nuevas maravillas».

Si Mendizábal fue el «hombre fuerte» del Ministerio Calatrava, el que inspiró su política e impuso sus resoluciones más importantes, ello no autoriza a infravalorar el peso de sus compañeros de Gabinete. El de López fue el más relevante no sólo por su prestigio personal y fama parlamentaria sino también porque era la prenda de la alianza con el grupo caballerista del progresismo avanzado, de tal manera que su salida del Ministerio expresó una ruptura política y un desacuerdo parlamentario de graves consecuencias. Landero, en Gracia y Justicia, mantuvo con entereza la obra desamortizadora de Gómez Becerra y la difícil tarea del arreglo del clero. Del peso político de Pita Pizarro se hablará mucho a lo largo de este libro y tampoco puede desconocerse a Acuña aunque su presencia en el Ministerio fue fugaz y no hace posible mayores comentarios, si bien puede, al menos, recordarse el testimonio que dejó de su ideario político en la Circular de 15.7.1837 de la que vale la pena recoger lo que para él significaba la constitución de 1837:

Esa ley, de origen tan respetable y puro, es la bandera de unión, el signo de amistad de todo buen español; en torno a ella no hay más que hermanos, y lejos de ello se marca la línea divisoria: la de la lealtad y de la rebeldía.

Crónica legislativa

Tal como ya se ha dicho, las Cortes constituyentes de 1836-1837 impusieron sin dificultades los grandes objetivos liberales puesto que su composición era aplastantemente progresista y contaban con la colaboración entusiasta de un Gobierno de esta naturaleza y si existía ciertamente una oposición minoritaria, ésta estaba de acuerdo con los grandes objetivos liberales y sus maniobras eran de táctica política y no de fines últimos.

La obra normativa de este eje parlamentario ministerial se desarrolló materialmente en tres campos: a) La recuperación de los logros iniciales revolucionarios de Cádiz y del Trienio; b) La consolidación legislativa de las reformas iniciadas durante el Gobierno de Mendizábal en 1835 y 1836; y, en fin, c) La implantación, más o menos exitosa, de otras reformas surgidas ahora a iniciativa del Ministerio o del propio Congreso.

a) Entre la constitución de las Cortes y antes del nuevo año de 1837 se restablecieron las anteriores disposiciones constitucionales en las que se habían consagrado las libertades fundamentales del liberalismo: libertad de imprenta (Real decreto de 17 de agosto), sustanciación de causas criminales (30.8), requisitos para ordenar prisiones o detenciones (30.8), penas para los conspiradores contra la constitución (30.8), supresión de vinculaciones (30.8), abolición de pruebas de nobleza para el cuerpo de la Armada (21.9), gobierno político de las provincias (15.10), abolición de ordenanzas de montes y plantíos (21.11), extinción de la contaduría de propios y arbitrios (23.11), libertad de industria (6.12), formación de ayuntamientos y del gobierno de éstos así como de las diputaciones provinciales (8.12). Y en 1837 demolición de los signos de vasallaje (27.1), responsabilidad de autoridades en el cumplimiento de órdenes superiores (31.1) y señoríos (2.2).

b) Por lo que se refiere a la convalidación de las disposiciones impuestas por el anterior Gobierno de Mendizábal, son de destacar: enajenación de bienes nacionales (27.2) y extinción de conventos (29.7).

c) En cuanto a las medidas aprobadas a iniciativa del Ministerio o de las propias Cortes: reorganización de la Milicia nacional (27.8.1836), constitución de comisiones de armamento y defensa (25.8.1836), quinta de 50.000 hombres (26.8), movilización de la Milicia nacional (26.8), adelanto de 200 millones (30.8), secuestro de bienes de emigrados (16.9), junta de clasificación de magistrados y jueces (22.9), régimen de intendencias (26.9), declaración a la Reina viuda de Reina Gobernadora (19.11), devolución de fincas de propios y comunes enajenadas durante la guerra de la Independencia (23.11), devolución de compradoras de bienes nacionales enajenados entre 1820 y 1823 (25.1.1837), secuestro de bienes de los facciosos (14.2), requisitoria de caballos (27.2), pago de intereses de la deuda interior (21.3), legislación especial de las provincias de Ultramar (19.4), sentencias ejecutoriadas (29.4), reparto entre braceros de terrenos de comunes (18,5), sanciones a obispos (24.5), enajenaciones de bienes de propios (4.6), supresión de la agencia de preces de Roma (7.6), subasta de campanas (9.6), liquidación de créditos contra el Estado (28.6), ley electoral (30.7) y supresión del diezmo (29.7).

Con esta simple enumeración –que no es exhaustiva– basta para comprender la grandiosidad de la obra legislativa del progresismo civil durante este período. Otra cosa fueron las realizaciones materiales. Porque para hacer leyes basta disponer de una pluma fértil en un Congreso devoto y monocolor; pero gobernar no es simplemente emborronar páginas de la Colección Legislativa.

* * *

4. EL MINISTERIO BARDAJÍ

El entramado político del cambio de Ministerio.– El motín de Pozuelo.- Reacción de las Cortes ante el cambio producido.– El Ministerio fantasma Luchana-Bardají.– El segundo Ministerio Bardají.– Anejo: cronología del baile de Ministerios.

El entramado político del cambio de Ministerio

Los cronistas decimonónicos y los historiadores posteriores se han preocupado de relatar hasta los últimos detalles del motín de Pozuelo y de describir lo que hicieron durante aquellos días y horas los militares que en él participaron. Pero es sorprendente que ni entonces ni ahora se haya intentado iluminar el lado oscuro de unos acontecimientos, que tal como hoy los conocemos carecen de sentido visible. Porque aunque se da por supuesto que el cambio de Ministerio fue provocado por el motín, está por demostrar qué relación precisa hubo entre ambos hechos. Es posible que tan llamativo desinterés se deba a la circunstancia de que se carezca de testimonios al respecto y haya que acudir a conjeturas, a las que formalmente no son aficionados, y con razón, los historiadores. Pero si no acudimos aquí a las conjeturas, si no nos aventuramos a interpretar los indicios conectándolos del modo más racional posible, nos veremos obligados a alinear el motín de Pozuelo entre las docenas que entonces tenían lugar sin consecuencias relevantes y, sobre todo, nos estaría vedado relacionarlo con acontecimientos tan trascendentales como el fin de la era de Mendizábal y del progresismo civil.

Empecemos por el primer dato, que parece fuera de duda: la conexión entre el motín y el cambio de Gobierno. Así se dio entonces por bueno como un hecho notorio y desde el primer momento se reprochó al nuevo Ministerio el haber nacido en esa cuna infame. El Mundo, concretamente –según recogía El Eco del Comercio del 22 de agosto (1837)–, que había tenido siempre a Calatrava como no legitimado por la conspiración de La Granja, ahora consideraba con singular incoherencia que Pozuelo, contra lo que era opinión corriente, no suponía obstáculo alguno para la legitimidad del nuevo Ministerio. La mejor prueba, con todo, de esta conexión –e incluso de la relación de causa a efecto– se encuentra en las discusiones parlamentarias (que se examinarán luego) en las cuales se partía del hecho, que nadie se atrevió a poner en duda, de que el cambio ministerial se había producido por el motín de los oficiales, aunque bien es verdad que sin explicar cómo se había producido tan extraordinaria consecuencia. Vayan de momento por adelantado las palabras de Seoane en la sesión del 18.8.1837: «Una revolución de 60 oficiales que se constituyen en jenízaros, que dicen no marchamos contra el enemigo ínterin no se cambie el Ministerio; adiós Trono, adiós Cortes, adiós gobierno representativo, adiós poderes de la nación si 60 oficiales, cuya mayor parte escriben muy mal o les cuesta mucho trabajo poner su firma, han de dictar leyes a toda la nación».

El problema no está, sin embargo, en la existencia de la conexión (que puede aceptarse, al menos provisionalmente, si es que no se quiere dar la vuelta a toda la historiografía producida) sino en cómo llegó a establecerse y en su alcance y contenido.

Conocemos de cierto una representación que los oficiales dirigieron a la Regente en la que manifestaban «no poder seguir sirviéndola si, en uso de su prerrogativa, no removía al Ministerio causador de todos los males que afligían a la nación».

Esta información puede entenderse como una petición y hasta como una exigencia; pero ¿dónde estaba la fuerza para hacerla efectiva? Pozuelo no era La Granja ni los amotinados tenían físicamente en su poder a la persona de la Reina. ¿Quién convenció entonces a la Regente para que cesara al Ministerio? Si no parece posible que fueran los oficiales firmantes ¿quiénes fueron entonces? ¿Los mismos que habían instigado a los oficiales a que se amotinaran, aceptando así la tesis de una conspiración de la que los oficiales fueron meros instrumentos?

Porque si es perfectamente posible que sesenta oficiales de una brigada se reúnan espontáneamente y, sin que nadie de fuera se lo diga, tomen una decisión conjunta de importancia para ellos y para el curso de la guerra, desde luego parece improbable, ya que lo ordinario es que desde dentro o desde fuera alguien les inspirase si no es que llegase a manipularles. Volvemos a encontrarnos aquí, pues, en la misma situación y con el mismo problema que en La Granja, pero no podemos pasar por alto una diferencia notable: los sargentos de San Ildefonso ejercieron una presión física directa sobre la Reina Gobernadora mientras que los oficiales de Pozuelo tuvieron que limitarse a enviarle un documento.

¿Qué sucedería a este propósito en Pozuelo? Una acción espontánea exclusivamente interna es casi inimaginable porque los amotinados tenían mucho que perder (un consejo de guerra y la carrera) y muy poco que ganar (el amor propio satisfecho al ver caer a un ministro odiado). Verdad es que más desafortunadas fueron las palabras de Mendizábal pronunciadas en el calor de la improvisación («no hay cuerpo ni oficial que pueda decir que se le deben más de cuatro pagas y como así es, quien no se entregue al juego o a otros placeres, puede tener un cinto de onzas que llevar consigo») y que habían irritado profundamente a los oficiales. Pero ¿quién arriesga tanto por un beneficio mínimo? Para un militar no hay mancha peor que la de negarse a combatir al enemigo. Es verosímil, por tanto, que alguien les instigase con sus ideas y les prometiera, como mínimo, evitar las represalias.

En aquella época nadie dudaba de la intervención de fuerzas ocultas. De hecho se hablaba de la Sociedad Jovellanos, que en lo que se sabe era un grupo de moderados empeñados en recuperar el poder sin detenerse por escrúpulos constitucionales. Ellos sí que tenían mucho que ganar y poco que perder y les era muy fácil excitar la animadversión de los oficiales contra Mendizábal (por el retraso en las pagas y por el último incidente del «cinto de onzas»). Con esto ya tenemos unos beneficiarios (los moderados), unos agentes (incluidos los miembros de sociedades secretas) y unos instrumentos (los oficiales).

Nótese, sin embargo, que todavía seguimos moviéndonos en los escalones inferiores de la operación. Instigar un motín es muy sencillo; mas ya no lo es tanto provocar desde un simple motín cuartelero una caída de Gobierno (aunque se contara con el asombroso precedente de La Granja). Para eso hace falta influir sobre (o colaborar con) la Reina Gobernadora. Tal era el papel natural de la camarilla, del grupo de consejeros anónimos que rodeaban a María Cristina. ¿Y quiénes podrían ser éstos? Todos los indicios de que disponemos señalan sin vacilar «la pista moderada»: opaca ciertamente pero que no pudo evitar dejar algunas huellas reveladoras.

En la sesión secreta de las Cortes de 25.8.1837 (recogida por Morayta, 422-423) todos los datos apuntaron en la misma dirección. Madoz acusó a los oficiales de «enemigos de la constitución y de estar metidos en combinaciones retrógradas»; mientras que Infante denunció que «existía en Madrid un directorio de aristócratas y retrógrados, que la prensa estaba pagada y que era un instrumento de la contrarrevolución». Y días antes había advertido Dionisio Valdés que «todos sabemos las intrigas, los manejos que se han empleado para extraviar la opinión de los cuerpos de la Guardia Real; ya se anunciaba antes de la entrada (en Madrid) que venían a derribar el Ministerio y aun algunos añadían que a trastornar el orden político que se halla establecido». En la sesión de 6.9.1837 imputó Fuente Herrero a los moderados la descarada instigación del motín: «Cuando se trató de esta cuestión tan desagradable, ¿no se dijo que a la prensa periódica se debía acaso el que algunos oficiales extraviados hubieran ejecutado ese acto de insubordinación en Pozuelo de Aravaca? ¿No se dijo terminantemente entonces que en esa división no se conocía otro periódico que El Mundo? ¿Y no sabemos todos cómo se explica y cuáles son las doctrinas de ese periódico? ¿No vemos todos sus artículos que tienden a coartar la libertad de las Cortes y que son enormemente subversivos?».

Más aún: en la prensa había circulado insistentemente la noticia de que días antes del motín se había formado un nuevo Ministerio inequívocamente moderado, bajo el signo del duque de Gor. A él se refirió El Castellano del 15 de agosto, naturalmente para desmentirlo: «Anoche (por el 14) han corrido voces de que S.M. había nombrado nuevos ministros designando personas marcadas de estatutistas (es decir, moderados rigurosos) y una que formó parte del Ministerio Istúriz. Tales rumores nos parece que son un ardid de los que pretenden sostener el actual Gabinete, siguiendo en su empeño de hacer creer que en la nación no hay más hombres que el círculo de Calatrava-Mendizábal y el de Istúriz».

Javier de Burgos, que tenía motivos para estar bien enterado por su proximidad política y personal con los protagonistas, relata lo sucedido con lujo de detalles: el partido moderado «que necesitaba el apoyo de la fuerza, ofreció a Espartero el ministerio de la Guerra con la presidencia del Consejo y designó para el de Estado al duque de Gor, más leal caballero que hábil diplomático; para Gobernación a Riva Herrera, alma de todos los movimientos; y para Hacienda a González Allende (...) Villiers, que no perdía de vista el interés de la conservación de su influencia, se aprovechó de este momento de vacilación (de Espartero) e hizo seguir a la Reina la idea de introducir en el nuevo Gabinete un representante de otras doctrinas políticas, alegando la conveniencia de que en él estuvieran todas. La Reina obedeció a este impulso y designando a Olózaga para Gracia y Justicia hizo imposible la combinación que antes aprobase. Allende se declaró incompatible con el colega nuevo; éste, seguro de que no se verificase por entonces su nombramiento, se hizo el desdeñoso y declaró que no aceptaría. La Gobernadora, trabajada por influencias encontradas, vaciló también».

La trama del cambio de Ministerio se va complicando, pues, a ojos vistas. Detrás de los oficiales aparecen los moderados; y junto a ellos los embajadores. Acabamos de ver a Villiers en el relato de Burgos, aunque la voz pública a quien señalaba en primer término era al embajador francés. Infante había empleado palabras muy duras contra Luis Felipe en la sesión secreta antes citada. Y El Eco del Comercio del 4.9.1837 denunció sin ambages que «la resolución ministerial del 18 de agosto había sido a un mismo tiempo la excitación y la obra de la diplomacia francesa». Por su parte, el internuncio Garibaldi escribía a Lambruschini (apud Cárcel, 344): «El conde Molé me decía esta mañana que él no espera grandes cosas y que si bien algunos periódicos se han permitido decir que tal cambio ha sido obra de los franceses, me ha asegurado que este Gobierno no ha intervenido para nada». El desmentido en sí de poco vale, pero sirve al menos para confirmar la existencia de los rumores.

Por otra parte se habrá notado que en la cita de Javier de Burgos aparece Espartero que sin mover un dedo (como era su característica forma de actuar) se convertía en el personaje clave de los acontecimientos. Seoane, Mendizábal y él mismo intentaron aclarar el papel que había jugado en el motín. Esto no es, sin embargo, demasiado importante cuando se tiene en cuenta que los sucesos de Pozuelo no fueron causa de nada decisivo sino un hilo más de una telaraña en cuyo centro estaba acechando el general. Analicemos, pues, su conducta.

A Espartero se le hicieron entonces dos acusaciones concretas a cuál más grave: el haber entrado en Madrid desobedeciendo las órdenes terminantes del Gobierno y el que con su pasividad no había sofocado el motín de Pozuelo. Así aparece literalmente en el acta de la sesión secreta de las Cortes de 25 de agosto, ya citada: «El sr. Infante inculpó al general Espartero por no haber fusilado a sus oficiales y terminó diciendo que él sabía quién era el primer traidor (repetidas voces: Luchana, Luchana) e insistió mucho sobre el hecho de haber entrado en Madrid con sus tropas, siendo así que el Gobierno le mandó todo lo contrario (según el testimonio irrecusable de Seoane)».

En la temprana fecha de 1844 el historiador Fernández Manrique (I, 355-356) recogió sin reservas esta versión de los hechos: «Adoptáronse al principio medidas fuertes para reprimir tanta audacia, se dio orden de prender a los revoltosos (pero) como Espartero era el alma de aquella intriga intervino eficazmente con la Gobernadora a fin de mitigar el rigor de un procedimiento conveniente y justificado sin duda». Y por lo que se refiere a la actitud del conde de Luchana precisaba que «no se mostraba Espartero devoto de la revolución ni mucho menos apoyo del Gabinete revolucionario; teníales antipatía, mala voluntad y conspiraba con todas sus fuerzas para derribarlo». Y no menos rotundo fue Villiers (apud Rodríguez Alonso, 174): «Estamos ante una segunda edición de La Granja, sólo que Espartero es muy inferior al sargento García (...) Éste, por lo menos, actuó por el terror y se atuvo a las consecuencias de sus actos, mientras que el conde de Luchana debe ser considerado responsable, por lo menos, si no coautor, del escandaloso affaire que ha colmado la indisciplina y la desmoralización del ejército. Se negó a escuchar la recomendación del Gobierno de que sus tropas no entraran en la capital (...) Permitió ser él mismo instrumento de intriga cuando, con su modo de hablar sobre el Gobierno, autorizó la mala conducta de sus oficiales y sólo pensó en ir contra el enemigo cuando ya estaba consumado el desaguisado (...) Las circunstancias han hecho que este hombre sea el azote del país».

Pero la desobediencia de Espartero no podía sorprender a nadie si se piensa que el Consejo de ministros estaba «mandando» a un general que sabía perfectamente que sus superiores constitucionales eran ya cadáveres políticos y que dentro de unas horas iba a ser él su superior. En estas condiciones, ¿qué podía importarle el enojo del Gobierno? Lo que Espartero quería en aquellos momentos era robustecer su postura ante Palacio y ante la opinión pública: y esto era algo que había conseguido desfilando por las calles de la Corte y en una audiencia con la Reina Gobernadora; por lo que ya nada le importaba la opinión de Mendizábal y de los demás ministros. Para todo esto –como para lo de Pozuelo– siempre podría encontrar buenas excusas, tal como desarrolló públicamente en su carta a El Español en la que negó pura y simplemente, sin mayores explicaciones, las dos imputaciones que se le habían hecho, añadiendo un memorial de cargos al Ministerio por la escasez de los medios que había facilitado a sus soldados. Poco le afectaría igualmente la airada réplica de Mendizábal que se publicó en El Eco del Comercio de 4.9.1837: «Es de extrañar que S.E. no manifestase con franqueza (sus insatisfacciones) en las conferencias con el Consejo de ministros a que asistió a su paso por la capital, durando cada una más de cuatro horas y en la particular que en su propia posada tuvimos S.E. y yo que duró tres horas (...) Se dio por contento delante de Seoane e Infante. Y en cuanto a sus movimientos militares hizo mal en venir a Madrid, por así permitir la toma de Segovia». Mas ¿qué podían importar las acusaciones de un ministro cesado a un general con mando de tropas y prácticamente con un nombramiento en el bolsillo de ministro de la Guerra y presidente del Consejo? Por lo demás –dicho sea marginalmente–, no deja de ser una sabrosa anécdota que las futuras dos cabezas simbólicas del progresismo isabelino –Mendizábal y Espartero– estuvieran en un momento mortalmente enemistados.

¿Cuál era en el verano de 1837 la posición política de Espartero? Oficiosamente se le tenía como seguro apoyo del Ministerio progresista, que le había elevado a la cúspide de la jerarquía militar como contrapunto de su antecesor moderado Luis Fernández de Córdova y en verdad que pocos motivos podía haber para dudar de su fidelidad. Pero Espartero no estaba, a lo que parece, totalmente decidido todavía a aceptar el protagonismo político que se le ofrecía. De acuerdo con sus propias palabras (en la aludida carta a El Español) «(yo soy) un hombre que no quiso formar parte del anterior Gabinete. Yo hubiera hecho traición a mis sentimientos asociándome a él en perjuicio del ejército, pues se me habría quitado la acción para reclamar con energía los medios de subsistencia. Si lo admití últimamente fue para evitar mayores males; pero, organizado, hice dimisión para ocuparme exclusivamente de la guerra». Como las fechas y los cargos son en este punto muy importantes conviene echar una ojeada al anejo de este epígrafe para repasar los nombramientos que recayeron sobre el afortunado general durante los meses de agosto y septiembre de 1837.

Aprovechándose de esta actitud dubitativa, fueron luego los moderados quienes le cortejaron con el ofrecimiento de la cartera de guerra con la presidencia del Consejo de ministros en el nuevo Gobierno que se estaba fraguando (el del duque de Gor, luego frustrado, del que acaba de hablarse) y que en este punto la Reina Gobernadora confirmó aunque en un Ministerio de color progresista. El general repitió entonces la misma operación: vacilaciones y al final renuncia definitiva. Espartero tenía entonces conciencia de su poder, sabía que los dos partidos le buscaban y que la Reina Gobernadora, una vez desaparecido de escena Fernández de Córdova, tenía absoluta confianza en él. En estas condiciones su cazurrería manchega le desaconsejaba embarcarse en gobiernos averiados que podían arrastrarle en su inminente naufragio. Él quería algo más sólido y, como sabía que tenía que venir tarde o temprano, decidió esperar. Y así sucedió efectivamente alzándose tres años después nada menos que con la Regencia, abrazado ahora definitivamente a la bandera progresista, puesto que en una vuelta del camino Narváez se había hecho patrón de los moderados y de esta forma se repartieron ambos los papeles.

Consideradas las cosas desde esta perspectiva política era evidente que a Espartero no le interesaba participar en el motín. Esto era un trabajo sucio que no le correspondía. A él le importaba mucho quedar fuera de este asunto para que no le salpicase de ninguna manera. Fingiendo una neutralidad exquisita, esquivó su presencia y cuando se le presentaron los oficiales les regañó públicamente (y así quedaba cubierto con el Ministerio); pero por otra parte no les castigó y hasta les proporcionó de inmediato el indulto (y así quedó cubierto con los moderados). Pero lo que no pudo salvar fue el honor militar, puesto que un general en jefe no puede bajo ningún concepto escurrir el bulto en un conflicto tan próximo a él y de tal magnitud.

Más adelante veremos la salida que de esta maraña encontró la Reina Gobernadora; pero antes conviene aludir a una nueva pieza que se añadió a las anteriores: la baza del Pretendiente. Sabido es que María Cristina no se había recuperado ni psicológica ni políticamente de las humillaciones de La Granja. Una princesa de pura sangre real no puede soportar la presencia física próxima de unos vasallos descorteses. La guillotina de su pariente Luis XVI estaba todavía demasiado cercana y en la familia no se había olvidado el terror que acompañó toda su vida a su abuelo Carlos III después de haber presenciado las revueltas populares siendo rey de Nápoles. Estas obsesiones tardan varias generaciones en borrarse. María Cristina se sentía incómoda con el Ministerio, aunque Calatrava fuera un patriarca justo y Mendizábal hubiera salvado a las princesas portuguesas. Sea como fuere, el caso es que tenía más confianza en su cuñado que en sus ministros, puesto que Don Carlos podía asegurar el trono de su hija y sacarla a ella de sus penurias familiares y económicas. Jugó, pues, la baza familiar aunque con la consabida retranca borbónica, ya que la notoria debilidad de Don Carlos no podía asegurarla nada con precisión: ni a ella ni a Isabel. En su consecuencia decidió en último extremo pasarse a la carta moderada que prometía más cosas y abandonó la partida dinástica que los dos jugadores habían estado dilatando con tan poca habilidad como entusiasmo. En cualquier caso, y a los presentes efectos, parece indudable que en el cambio de Ministerio algo debió influir, de cerca o de lejos, este factor.

En agosto de 1837 hubo, en suma, un proyecto de Ministerio moderado, que abortó por indecisión de sus protagonistas y de la propia Reina Gobernadora; y un cambio efectivo singularmente ambiguo, quizás por lo confuso de su origen, que se analizará inmediatamente.

Resumiendo lo que antecede, tenemos que en el cambio de Ministerio del 16 de agosto de 1837 concurrieron los siguientes elementos: a) como último telón de fondo, la política familiar de María Cristina y su cuñado Don Carlos gestionada por las potencias europeas; b) la recomendación de los embajadores de Francia e Inglaterra; c) el perceptible descrédito del Gabinete Calatrava-Mendizábal que examinaremos con detalle en el capítulo siguiente; d) el empuje moderado para la recuperación del Poder; f) el nombramiento (o aceptación) de Espartero como árbitro militar de la situación; y g) el motín de oficiales de los cantones de Aravaca. En este complejo entramado bajo ningún concepto puede ser considerado, por tanto, el motín de Pozuelo como «la causa» del cambio: a todo lo más como un pretexto que al no explicitarse oficialmente pierde buena parte de su valor porque es seguro que el Ministerio hubiera caído de todas maneras aunque los oficiales no se hubieran amotinado. El motín de Pozuelo se convierte de esta manera en un mito más de la Regencia de María Cristina.

Esta versión nuestra resulta verosímil, desde luego, aunque tiene el inconveniente de contradecir la opinión, absolutamente generalizada en la época y hasta ahora no revisada por los historiadores, de que el motín había sido la causa y no el pretexto o mera circunstancia ocasional como aquí se sostiene. Desde nuestro punto de vista, la desproporción entre la presunta causa (un simple y fugaz motín de un puñado de oficiales) y el efecto manifiesto (el cese de un Ministerio) es tan enorme, que resulta difícil suscribirla sin tener alguna prueba, por débil que sea, de la conexión causal y aun a conciencia de que ésta era la opinión más generalizada en el momento. Cierto es, desde luego, que el Gobierno Calatrava nació en La Granja y murió en Pozuelo; pero ni los sargentos en un caso ni los oficiales en el otro fueron sus padres y verdugos reales sino simplemente putativos.

El motín de Pozuelo

Una vez que ya se ha contextualizado políticamente el acontecimiento podemos entrar en la relación de los hechos que nos ocupan. El examen del comportamiento de los generales implicados en los sucesos de Pozuelo (que es lo que aquí interesa) debe empezar con el primer encuentro entre Seoane y Espartero en el camino de Madrid a Guadalajara explicado apasionadamente por el primero en la sesión de Cortes del 12 de agosto (1837): «Sabiendo yo la predisposición de una porción de oficiales a venir a Madrid y a no salir de aquí, se lo dije al Gobierno de S.M., quien me comisionó para que escribiera al general Espartero sobre el particular. Salí personalmente, por orden del Gobierno de S.M., al encuentro de dicho general. Lo alcancé a legua y media de distancia de la Corte, le hice ver los peligros que pudieran ocurrir y los escándalos que se temían y podían evitar haciendo que sus tropas no entrasen en Madrid y que marchasen directamente al encuentro del enemigo. El general Espartero, confiando en su prestigio e ignorando estas circunstancias, así como lo hondo y arraigado que estaban en una parte de estos oficiales, la idea, el deseo de venir a Madrid, volver a dar la guardia a Palacio y librarse de este modo de los peligros de la campaña, desgraciadamente no accedió a estas indicaciones y dio las más completas seguridades no sólo a mí sino al Consejo de ministros».

Seguridades que desafortunadamente no se cumplieron, antes al contrario, pues fueron muy graves los acontecimientos que en aquel dramático mes de agosto tuvieron lugar y que podemos seguir a través de El Eco del Comercio y de El Castellano.

Según El Castellano del día 13 (recuérdese que era un periódico vespertino), «en este momento (a las tres de la tarde) han entrado en la Corte el general Espartero y su división. La Reina Gobernadora llega en este instante al Prado y pasará revista a las heroicas tropas sobre las cuatro. S.M. ha mandado se den ahora mismo cuatro reales a cada soldado para su rancho. Las tropas están entusiasmadas». El día 14 decía El Eco del Comercio: «Ayer (por el 13) a las cinco de la tarde llegaron a esta capital y desfilaron por delante de Palacio a la vista de SS.MM. las valientes tropas al inmediato mando del sr. conde de Luchana, compuestas de 11 batallones y algunas escuadras de los lanceros de la Guardia, húsares de la Princesa y polacos. El aspecto guerrero de las tropas y el buen orden de su marcha excitaron el contento y el entusiasmo de los numerosos espectadores (...) El pueblo saludó a los soldados con mil aclamaciones de entusiasmo y de gratitud y en seguida el bizarro jefe que los mandaba, al apearse para entrar en Palacio, se vio rodeado de una inmensa muchedumbre que le detuvo larguísimo rato (...) Parece que los batallones salían a situarse en las inmediaciones de la capital, en la que quedaba la caballería».

Tenemos, pues, que no obstante las indicaciones de Seoane, Espartero entró en la capital, desfiló ante SS.MM. y conferenció con la Reina Gobernadora (como luego haría con el Gobierno dos veces y con Mendizábal otra). Las tropas de infantería siguieron su camino a Pozuelo y Aravaca donde se acantonaron; pero en Madrid permaneció la caballería. Con las reuniones de Espartero se fue demorando su salida. El Castellano del 17 anunció que «ayer (por el 16) a las dos de la tarde tenía orden para emprender un movimiento la división del general Espartero (pero al final no salió)». Y El Eco del Comercio del mismo día: «Ayer (por el 16) estaba dada la orden de marchar para la una de la tarde a la brillante división del sr. conde de Luchana. Nosotros presenciamos la salida por la calle de la Montera del lucidísimo regimiento de húsares de la Princesa que marchaba con marcial continente al compás del inolvidable himno de Riego. Sin embargo, a última hora se nos dice que la división ha recibido orden de suspender la marcha hasta mañana».

En el momento de abandonar Espartero la capital para incorporarse a las tropas de infantería dejando atrás a las de caballería y artillería, tuvo lugar un segundo encuentro entre él y Seoane, que relató así éste en la sesión de Cortes antes citada: «El día que Espartero se marchó me llamó y me dijo que si el Ministerio era querido o no era querido y yo le dije (...) que toda cuestión de Ministerio le era ajena por la razón muy sencilla de que mediaban bayonetas. Y le dije aún más: que habiendo entrado en esa cuestión no le quedaba otro camino honroso y abierto que desechar de sí toda interpretación maligna, montar a caballo, ir a los cantones, tocar llamada, reunir la tropa y en el momento que saliera una voz, sin consejo de guerra siquiera, hacer saltar con una pistola la tapa de los sesos al que la profiriere. El conde de Luchana se convenció de que éste era el único camino que le quedaba, se convenció de la fuerza de mis razones y marchó a los cantones; pero no ha tenido bastante energía para haber diezmado a esos oficiales, para haberles arrancado la casaca por la espalda y para haberlos mandado pasear por las calles de Madrid con un grillete y una cadena al cuello». El mensaje de esta información era inequívoco: Espartero quería intervenir en la política y Seoane le había instado a que no lo hiciera pues no era lícito a los generales desviar a sus soldados de los fines estrictamente militares.

En Pozuelo y Aravaca estaban acantonadas las tropas de infantería con sus oficiales en actitud ya de franca insubordinación y cerca de allí pernoctaba Espartero, que se fue directamente a la cama al llegar a su posada, aunque antes había mandado a las autoridades superiores para que dialogasen con los amotinados intentando convencerles de que desistieran de su intento de motín: Rivero, comandante general de la Guardia Real, Van Halen, brigadier de la brigada, y el coronel Lavalet. Mas nada consiguieron.

A las dos de la madrugada se presentaron en el cuarto de Espartero los oficiales encabezados por el coronel Roncali. El general tuvo que recibirlos e insistió en que desistieran; pero no le hicieron caso y prefirieron presentar todos su dimisión. La brigada se quedó, pues, sin oficiales y Espartero reaccionó ascendiendo a los suboficiales, como contó en su citada carta a El Español: «en el acto promoví en nombre de S.M. a subtenientes a los sargentos primeros y a esta clase a los de segunda»; mientras que los amotinados salían bien librados con unas ligeras palabras de crítica: «No por eso diré que obraron bien los oficiales de la primera brigada, pero su falta no merece tan negros matices como se han prodigado en el discurso. Hay una notable diferencia entre una sublevación que envuelve los desórdenes, los crímenes y la anarquía, con una solicitud para la cual se aúna toda una clase». De esta forma pudo la tropa formar y salir con orden en dirección a Torrelodones.

En cuanto a los oficiales, inmediatamente solicitó Espartero para ellos el indulto, que fue concedido sin dilación. Así que se incorporaron a la brigada y se dio el asunto por terminado puesto que desde el punto de vista militar el motín no había tenido mayores consecuencias. Ésta fue la opinión de Espartero, que compartió la prensa, cuando se decidió a romper el silencio y empezó a hablar de Pozuelo. Así El Castellano del 28 de agosto: «Se asegura que los oficiales de la división de Van Halen que estaban en Alcalá han sido ya incorporados a su batallón. Parece que el conde de Luchana ha mediado en este asunto, que se ha pintado con colores más sombríos de los que merecía». Y El Porvenir del mismo día aún fue más benévolo: «El incidente (sic) de Pozuelo ha tenido la terminación que debía esperarse: los oficiales han vuelto a sus filas sin humillarse ni dar la menor disculpa por un crimen que no existía. El ridículo con que se ha empeñado un partido en desfigurar los hechos y atacar a las personas tiene su merecido pago en la manifiesta impotencia de sus esfuerzos. S.M. se ha interesado vivamente a favor de estos beneméritos defensores de su augusta hija y el Ministerio ha manifestado tacto y buen juicio».

Reacción de las Cortes ante el cambio producido

En una lectura oficial, el incidente de Pozuelo no había tenido mayor importancia puesto que para nada había incidido en la marcha militar (apenas tres días de retraso en la salida de la brigada a Segovia y el ascenso de un puñado de suboficiales) y tampoco había alterado la marcha política puesto que a un Ministerio progresista había sucedido aparentemente otro de igual signo aunque con distintas personas. La realidad política, no obstante, era muy distinta puesto que las Cortes no percibían como igualmente progresistas a los dos Gabinetes que así se titulaban y la primera consecuencia fue que surgieron tensiones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como ya había sucedido en mayo del año anterior, si bien ahora no fueran tan violentas.

En aquel entonces Istúriz, Alcalá Galiano y el duque de Rivas no eran menos progresistas que Mendizábal, al que habían sucedido abruptamente por voluntad regia. Sin embargo, las Cortes siguieron fieles al Ministerio saliente y con el pretexto de que el entrante era «sospechoso» de moderantismo, le hicieron una guerra sin cuartel hasta que Istúriz, apoyado por la Reina Gobernadora, disolvió el Congreso. Pues bien, la reacción de agosto de 1837 reprodujo en parte, aunque con menos dureza, aquel proceso.

En los primeros momentos de la crisis de 1837 las Cortes, aliviadas de su temor a que viniera un Ministerio moderado como había anunciado ya la prensa, prometieron colaborar con el nuevo Ministerio con tal de que fuera progresista y no olvidemos que el recién nombrado lo era avalado además con un prohombre del progresismo tan acreditado como San Miguel. Valgan por todas las palabras de Infante en la agitada sesión del 18 de agosto (1837): «Mis amigos ya no serán ministros a estas horas, pero los hombres que se sienten en ese puesto, yo los sostendré como he sostenido a mis amigos, porque estoy convencido de que S.M. no llamará a esos puestos a otros individuos que aquellos que estén resueltos a sostener la constitución que S.M. ha jurado como todos nosotros. Yo los sostendré con todas mis fuerzas, no los desacreditaré».

Pero esta promesa de buena acogida y sincera colaboración no fue cumplida y se rompió el eje Ministerio-Congreso y las cordiales relaciones entre ambos Poderes. Y por otra parte se alteró la estructura política de las Cortes.

Como se recordará, en este libro se trabaja sobre la hipótesis de que en las Cortes constituyentes existían tres bloques, todos de estirpe progresista, pero claramente separados por la personalidad de sus jefes. Recuérdese también que la mayoría estaba formada inicialmente por la conjunción de los mendizabalistas y caballeristas, pero que luego se debilitó sensiblemente, aunque sin llegar a perder tal calidad, por la defección de los caballeristas, que se pasaron a la oposición aunque ello no supusiese la amistad de los dos caudillos, Caballero y Álvaro, pues se trataba de una mera alianza de conveniencia.

Pues bien, con la caída de Calatrava y la entrada de Bardají cambiaron sustancialmente las posiciones de estas tres facciones: los mendizabalistas rompieron con el Ministerio pasando a la oposición aunque mantuvieran la mayoría parlamentaria; los caballeristas también rompieron con el Gabinete Bardají y volvieron a unirse en el Congreso con los mendizabalistas. De esta manera la fracción de Álvaro, o al menos una parte, la que apoyaba decididamente al nuevo Ministerio, quedó aislada en las Cortes y el Gobierno tuvo que contentarse con una frágil minoría.

Que los mendizabalistas atacaran a Bardají era lógico, puesto que éste había descabalgado a su jefe. Pero ¿por qué le apoyaban con tanto calor Álvaro y sus amigos? Desde luego no había razón ideológica alguna dado que el nuevo Ministerio carecía de ideas políticas: su jefe era un diplomático más cauteloso cuanto más viejo, y sus miembros, que variaban constantemente, no podían elaborar un pensamiento común y de entre ellos San Miguel era el único radical auténtico. El caso de los caballeristas es ya más difícil de conjeturar: posiblemente se tratase de un «pálpito», de la sospecha de moderantismo de los nuevos ministros, como había sucedido el año anterior con Istúriz.

Lo que tampoco estaba claro era la prisa que se dieron los mendizabalistas y caballeristas para declarar la guerra al Ministerio sin esperar al fin de la Legislatura y dejar que las urnas decidiesen. Pero no fue así e iniciaron inmediatamente las hostilidades retirándole su confianza con el pretexto de Pita Pizarro: y sin éste, que era el único que podía vertebrarle, el Gabinete se desmigajó literalmente y tenían razón quienes afirmaban que no había Gobierno ni se gobernaba. Las cosas siguieron funcionando por inercia mas no iban peor que antes. Don Carlos regresó a las Provincias con pena y sin gloria y el ejército cristino, en el colmo de su impotencia, dejó escapar sano y salvo a Zariátegui; pero luego se empezó a organizar seriamente el ejército de reserva de Andalucía, que militarmente sería un éxito y políticamente un avispero.

La característica más señalada de este período es que si el Ministerio no gobernaba, las Cortes siguieron funcionando impertérritas y a despecho de la crisis ministerial y de la proximidad de las expediciones carlistas pudieron completar la política progresista, como si nada hubiera sucedido.

Páginas atrás hemos visto el tratamiento que se hizo en las Cortes de los rumores que circulaban sobre un posible cambio de Ministerio así como las consecuencias formales y políticas que provocó aquel apasionado debate. Después de aquella tempestad vino una sorprendente calma, pues en el Congreso no se dijo ni una palabra sobre los gravísimos acontecimientos que estaban pasando fuera aunque geográficamente tan próximos. Al tercer día (el 18), no obstante, volvió a agitarse el salón de sesiones con una proposición firmada por Madoz y otros muchos diputados (Fuente Herrero, Campaner, Juan Osca, Verdejo, Fernández Baeza, Gil Orduña, Riva, Corral, Goyanes, Royo, Mota, Franquet, López Pedrajas, Almonací, Dionisio Valdés, Suances, Echeverría, Sereix, Fernández de los Ríos, Araujo, Fernández Moratín, Vicens, Ceballos, Huelves, Morente, Espinosa y Abargues) que decía así reproduciendo la intención, y en parte las palabras, de la anterior de Suances que ya hemos visto y comentado:

Considerando que las facultades de la Corona (...) no pueden sufrir la más leve lesión sin ofensa y mengua de la dignidad del Trono y del honor nacional, y teniendo noticia de que algunos oficiales de varios batallones de la Guardia real de infantería, seducidos por bajas intrigas fraguadas con el fin sin duda de impedir la persecución de la facción que ha amenazado esta capital, se han negado a marchar a batirla, contra las órdenes superiores, (...) atacando la autoridad del Gobierno, pedimos a las Cortes se sirvan acordar que los ministros se presenten inmediatamente a dar cuenta de las ocurrencias de esta capital y calmar la ansiedad pública.

Lo que justificó el propio Madoz con las siguientes palabras en las que se daba por supuesto que el cambio había sido obra de los oficiales amotinados: «Los derechos de la Corona han sido atacados de una manera vergonzosa, brutal, inaudita. Sabido es que por la constitución de 1812 y por la de 1837 y por todas las constituciones del mundo, la facultad de elegir los ministros responsables corresponde libremente a la Corona. Nadie tiene derecho a ponerle trabas en uso de esta facultad y sólo el Cuerpo legislativo por medio de sus votaciones puede manifestar su opinión acerca de los nombrados, después de haberlo sido, pero antes no hay ningún poder en la tierra que tenga derecho a poner obstáculos al nombramiento. Sabido es que tanto como el que más deseo la caída del Ministerio. Pero no quiero que sea por una insubordinación militar (...) ¿Qué se diría porque 72 oficiales han dicho que caiga el Ministerio, ese Ministerio cayese cuando no ha caído por los ataques que se han dado en las Cortes después de serias e importantes discusiones?». En contra de esta proposición pidieron la palabra varios diputados, entre ellos y no por casualidad cuatro generales (San Miguel, Infante, Luján y Seoane) que adujeron razones de mucho peso. San Miguel objetó, por ejemplo, que tal como estaban las cosas era dudoso que los nuevos secretarios del Despacho supieran mucho más que los diputados y los lectores de periódicos. Mientras que Infante apuntó con razón que «a unos secretarios del Despacho que han hecho ya su dimisión y que tal vez S.M. se la haya aceptado, ¿cómo se les llama para que den cuentas? ¿qué papel quieren las Cortes que hagan?». Dionisio Valdés, no obstante, precisó que la comparecencia había de ser utilísima para aclarar algunos hechos que se daban por ciertos y otros por posibles.

De la lectura de la proposición y de las justificaciones del primer firmante de ella se desprende una nota singularmente llamativa sobre la que vale la pena detenerse: si en ninguno de estos textos se hacía alusión a la repulsa del nuevo Ministerio, ¿qué es lo que escandalizaba a los diputados? ¿Dónde veían una agresión directa a la dignidad del Trono y al honor nacional? Todos los días había motines, algunos con derramamiento de sangre, y de ellos no se ocupaban las Cortes ni se rasgaban las vestiduras. En el de Pozuelo tenía que haber, con toda evidencia, algo especial aunque sorprendentemente se hubiera silenciado. Dionisio Valdés se encargó, no obstante, de expresarlo, dando así congruencia a la proposición y al debate, confirmando que este motín no era como los demás; y sobre ello insistió Infante: «En el pueblo de Pozuelo un número considerable de oficiales, al mandarles el general de la brigada que marchasen, se presentaron en su casa y dijeron que no querían marchar hasta que no estuviesen seguros de que había caído el Ministerio. A esto se ha reducido el suceso».

Las palabras del general Seoane fueron, con todo, las más duras y se las arregló para desarticular por completo la carga política del motín y achacarla exclusivamente a razones de egoísmo personal: «Todos los epítetos fuertes que puedan imaginarse son pocos para calificar la conducta de estos oficiales. El llamarlos jenízaros es poco, pues los jenízaros obedecen a un capitán y con él asaltan el serrallo; pero éstos ni aun eso hacen, no tienen ni jefe ni plan. Han querido escudar la poltronería y el deseo de no hacer la guerra con el pretexto de que la Reina no está libre para nombrar los ministros, que se la violenta y que ellos no marcharían ínterin no cambiase el Ministerio. ¿Y para qué han hecho eso? Para que se les trajese a Madrid».

Puede imaginarse el asombro que produjeron en las Cortes y fuera de ellas tan detonantes declaraciones. La respuesta del Congreso en aquel momento (18 de agosto) consistió en una nueva proposición (dado que Madoz había retirado la suya) firmada por 45 diputados en la que se daban por conocidas las intenciones políticas (y no sólo de egoísmo personal) de los amotinados:

No pudiendo las Cortes guardar silencio en las circunstancias críticas (...) pedimos a las Cortes se sirvan enviar un respetuoso mensaje a S.M. la Reina Gobernadora manifestando que las Cortes han oído con el mismo profundo dolor que habrá causado a S.M. y con que será recibido por la nación entera, la noticia de la violencia que se ha intentado hacer a S.M. para el uso de la prerrogativa de separar y nombrar a sus ministros: que considerando las Cortes esta prerrogativa como una de las garantías del orden público, de la libertad y del Trono de Isabel II, no creerían llenar uno de sus primeros deberes por la conservación de objetos tan sagrados, si en esta ocasión no asegurasen a S.M. que están decididas a concurrir con toda la autoridad que les dé el carácter de representantes de la nación española, para asegurar el libre ejercicio de las prerrogativas de la Corona y de todo el poder Real.

En contra de esta proposición pidieron muy pocos diputados la palabra: únicamente Fontán, San Miguel, Vila y Ferrer y Garcés.

La oposición del primero tenía sus ribetes de formalismo pues se basaba en un desconocimiento de los hechos que le impedía enjuiciar lo que había sucedido: «Yo no sé –dijo– qué es lo que han hecho esos oficiales; yo no sé si es un acto de insubordinación militar o si se ha intentado hacer violencia a S.M. coartándola el libre ejercicio de la prerrogativa que tiene para nombrar o separar sus ministros. Nosotros carecemos de datos oficiales para saber esto, pues no sé si su petición ha sido conforme a las leyes o contra el tenor de ellas.». A cuyo propósito Olózaga a renglón seguido llegó a insinuar –pero con exquisita cautela– que Espartero se había atrevido a «aconsejar» en esta ocasión a la reina, precisando que utilizaba esa palabra tan suave «porque no conociendo el medio de que se habían valido para manifestar su voluntad de que se cambiara el Ministerio, no quería llamarlo exposición ni usar de otra palabra que tuviera más acritud». Ahora bien, con suavidad o sin ella, el hecho es que el diputado imputaba indirectamente al General el haber tolerado, si no fomentado, el motín y, dando un paso más, le atribuía directamente y sin ambages el haber influido sobre la Reina Gobernadora para que cambiase el Ministerio, respondiendo así a la pregunta que nos formulábamos antes. Desafortunadamente, sin embargo, el Congreso dejó a un lado este punto, con lo que nos quedamos sin saber si la oposición de Olózaga era rigurosamente personal o estaba compartida por otros diputados.

Y, por fin, el día 21 se aprobó el siguiente proyecto de mensaje a S.M., simple ratoncillo al cabo de tan estrepitoso parto de los montes:

Señora: el deplorable acontecimiento ocurrido en Pozuelo de Aravaca ha penetrado a las Cortes del más profundo dolor. La voz pública ha dado a conocer el atentado cometido por algunos oficiales de la Guardia real de infantería, que han pretendido con criminales exigencias coartar a V.M. la alta prerrogativa constitucional de separar libremente a los ministros. Tales actos, señora, barrenan la ley fundamental del Estado y trastornando el orden público, conducen a la disolución del gobierno representativo y a la subversión de los principios sociales. La división, la estabilidad y las atribuciones de los poderes del Estado que consigna la Constitución no pueden depender del arbitrio de los que han recibido las armas de la Patria para defenderlos, haciendo profesión de obedecer. Los derechos de los españoles se perderían si la fuerza usurpara el lugar de la ley y el desorden conduciría a la Nación a un caos espantoso. Para apartar estos peligros, conservar el buen nombre del ejército que combate gloriosamente por la causa nacional, salvar las prerrogativas de la Corona y afianzar firmemente la observancia de la Constitución, las Cortes se apresuran a ofrecer a V.M. su franca y legal cooperación en nombre de la Nación magnánima que representan.

Por lo demás, este mensaje, aparentemente anodino, dio lugar a una animada discusión al día siguiente (el 22) que terminó con seis votos en contra de heterogénea procedencia (Gómez Becerra, Vadillo, Urquinaona, Fontán, Valdés Bazán y Cabrera de Nevares), aunque su objetor más enérgico fue Vila.

Días más tarde, el 25 del mismo mes de agosto celebraron las Cortes una sesión secreta, en la que también hubo más ruido que nueces, de cuyas actas ya se han copiado algunos párrafos a los que ahora conviene añadir los siguientes:

El diputado Madoz anunció que iba a descorrer el velo y pronunció un largo discurso en el que procuró desenvolver la doctrina de que los jefes y oficiales eran en su mayoría enemigos de la Constitución y de las reformas (...) Señaló como un escándalo que el general Espartero no hubiese ido a las Cortes a jurar la Constitución como diputado y concluyó diciendo que los srs. generales, jefes y oficiales se engañan porque los sargentos, cabos y soldados están con nosotros. (Seoane dijo que) el ejército se hallaba en un estado deplorable porque se había relajado en él la disciplina, la cual empezó a destruirse en el año 20 con el alzamiento de la Isla; que en la actualidad no teníamos oficiales que cumpliesen con su obligación, pues todos eran o viejos remolones del tiempo de la guerra de la Independencia o niños presuntuosos sin pericia y sin valor, que ni unos ni otros querían batirse y que en particular los de la Guardia habían hecho lo que tanto reprobaban las Cortes a fin de quedarse en Madrid.

En último extremo lo que más preocupaba a los oradores no era tanto la presión institucional que se había ejercido sobre la Regente sino el hecho de que sus autores hubieran sido militares. El Congreso estaba viendo cada vez más cerca las orejas del lobo y constatando que el Ejército ya había perdido el respeto a las facultades constitucionales de la Corona.

Haciendo para terminar un balance final de este episodio y de sus consecuencias, podemos sentar las siguientes conclusiones: a) Los oficiales amotinados consiguieron sin riesgo y sin castigo el primer objetivo de su pronunciamiento, a saber, la caída del Ministerio Calatrava-Mendizábal. b) Sin desconocer sus agravios corporativos, es más que probable que fueran instigados por los moderados y presumiblemente contaron con la tolerancia de Espartero. c) La reacción de las Cortes fue confusa, pero dejaron claro que estaban dispuestas a respetar la voluntad de la Reina Gobernadora a la hora de nombrar el Ministerio sucesor con tal que fuera progresista. d) Esta advertencia parlamentaria desbarató la segunda parte de la operación, o sea, el nombramiento de un Gabinete moderado: María Cristina, atendiendo este aviso, no se atrevió a dar este paso (todavía) y, tirando por la calle del medio, terminó inclinándose por un nuevo Ministerio progresista, pero aguado y con un presidente sin energía ni personalidad. Un golpe de Estado frustrado a medias, en definitiva, y que dejó las cosas peor que estaban allanando, además, los caminos del creciente predominio político militar.

El Ministerio fantasma Luchana-Bardají

A juzgar por la escasa atención que se le ha dedicado puede entenderse que para los historiadores, al igual que para los cronistas de la época, el Ministerio Bardají fue un episodio intrascendente, un Gabinete de transición entre dos legislaturas, un puente entre el progresismo declinante y el moderantismo emergente. Nada más lejos, sin embargo, de la realidad según se pone de relieve en este libro, aunque indiscutible es, desde luego, que fue un Ministerio con fecha fija de caducidad (el término de la legislatura y las elecciones subsiguientes), manchado por el pecado original de haber nacido a la sombra de un motín militar, compuesto por individuos incapaces y, sobre todo, ambiguo, flotando entre un pasado progresista irreprochable y un futuro moderado inevitable. Manuel Santirso, con todo, ha tenido no ha mucho la agudeza y el coraje de iniciar el quiebro de esta rutina historiográfica con una esclarecedora anotación: «No va a ser un cambio de Gobierno más. Detrás del nombramiento de Bardají se escondía un pequeño Termidor, es decir, la estabilización del proceso revolucionario mediante un pacto tácito y precario que firmaron los políticos, los jefes militares y la Regente. A grandes rasgos consistió en dirimir las luchas políticas por medios constitucionales hasta el final de la guerra y en establecer un poder semidictatorial de emergencia, que naturalmente correspondería a Espartero (...) Los políticos dejarían que los militares hicieran la guerra a su manera y ellos aceptarían la preponderancia temporal de los espadones mientras que los militares, por su parte, no intervendrían en la política a través de pronunciamientos». Esta afirmación es tan atractiva como audaz pues no hay pruebas ni indicio siquiera de tal pacto, cuya existencia, bien es verdad, aclararía muchas cosas. Lo importante es que tales hechos sucedieron, y siendo esto así, casi resulta intrascendente que hubiese un pacto tácito previo con el compromiso de hacerlo realidad.

Los antecedentes del cambio fueron en todo caso: el cese de Pita y su sustitución por Acuña el 9.7.1837, el cese de Almodóvar el 28.7.1837 y el nombramiento de Espartero el 29.7.1837. Una remodelación, en definitiva, del Ministerio Calatrava-Mendizábal que manifestaba su deterioro y presagiaba, ya en julio, su desaparición inminente, que quizás intentaba evitarse con estas rectificaciones de última hora, aunque, por cierto, afectaban precisamente a los dos ministros que más apreciaba María Cristina.

El 16 de agosto, víspera del cambio, El Castellano lo daba por descontado mas no se atrevía a indicar nada preciso (aparte de los rumores de un Gabinete moderado del que ya se ha hablado más atrás). Para este periódico, dando por inevitable la caída del Ministerio Calatrava-Mendizábal, lo que le preocupaba era su sucesión, para la que veía dos opciones: o la moderada (que rechazaba) o la radical doceañista: «¿Quién va a sustituir a Mendizábal? El sr. Mendizábal no puede ya cortar el nudo de tan complicado laberinto a donde le han conducido sus operaciones, sus promesas, sus compromisos, como consecuencia de su sistema de entretener, fundado en que un día llegaría en que pudiera realizar un gran empréstito y liquidar la cuenta. Esto no se ha verificado ni tendrá efecto en sus manos». Añadiendo el siguiente diagnóstico: «Ellos (los moderados) hacen la oposición a favor de un partido gastado (...) Nosotros (los radicales) hacemos la oposición abogando por las necesidades de un pueblo heroico y digno de ser amado (...) Nosotros nos oponemos a la permanencia en el poder de algunas personas porque con su ineptitud (cuando menos) desacreditan la constitución. Ellos pretenden echar abajo a los hombres que titulan doceañistas para elevar sobre sus ruinas a otros hombres que son asimismo de aquella época. Nosotros deseamos con ardor que los actuales ministros desocupen las poltronas, pero es para que S.M. nombre otros consejeros de ideas nuevas o que aun siendo doceañistas no hayan claudicado jamás (...) Queremos ver al frente de la Administración españoles puros (...) en vez de gastar el tiempo en peroratas y sentar teorías a la extranjera (...) en lugar de acudir al tráfico de empleos, a la corrupción y a la inmoralidad, como hicieron los estatutistas el año pasado y parece que lo repiten en este con no menos escándalos los calatrava-mendizabalistas». Mientras que El Eco del Comercio de la misma fecha daba por supuesto (equivocadamente) que ya se había realizado la opción moderada: «La España nos regaló ayer la noticia de que el Ministerio Calatrava había sido destituido y que S.M. había encargado la formación del nuevo Ministerio al duque de Gor». Ni uno ni otro acertaron, sin embargo, porque la opción moderada abortó en el último minuto y la opción radical sugerida por El Castellano nunca había tenido la menor posibilidad de realizarse puesto que carecía por completo de apoyos –ni en Palacio ni en Las Cortes ni en el Ejército– e incluso inspiraba un temor cierto en cuanto posible perturbadora del orden.

En cualquier caso la postura de Álvaro era delicada puesto que ahora se veía luchando codo con codo con sus tradicionales enemigos los moderados, lo que perjudicaba sensiblemente su imagen; pero la resolvió con limpieza, como acabamos de ver, poniendo de relieve que su tenaz oposición al Ministerio cesante era distinta de la de los moderados y que, por tanto, no era lícito mezclarlas ni confundirlas. Los progresistas radicales y los moderados tenían un objetivo común –derribar al Ministerio Calatrava-Mendizábal– pero a la larga sus fines eran distintos puesto que los moderados deseaban que el Gabinete sucesor fuese de su color político, mientras que Álvaro propugnaba un Ministerio progresista aún más radical que asumiese un programa que desbordando al actual por la izquierda nada tenía que ver con el de los moderados. Así las cosas, María Cristina se las arregló para adoptar una solución que no satisfizo ni a los mendizabalistas ni a los caballeristas ni a los radicales ni a los moderados. Un ejemplo admirable de torpeza política que, además, sumía a las Cortes en el mayor de los desconciertos.

La renuncia del Ministerio Calatrava estaba basada oficialmente no por las exigencias de los oficiales amotinados sino por el hecho de no haber sido castigados (o más propiamente, de no haberse autorizado a que se les castigara): lo que podía interpretarse como una desaprobación implícita de su insubordinación y permitía al Gobierno abandonar el puesto con dignidad y sin escarbar en los motivos verdaderos de las cosas, que la elegancia política ha aconsejado siempre no tocar. Ésta es en cualquier caso la versión de Del Nido (1916, p. 155): «A la primera noticia de la rebelión de los oficiales de la Guardia, el Gobierno determinó que serían castigados, mas pronto tuvo la prueba material de que aquellos oficiales extraviados no eran más que los instrumentos de un plan cuyos jefes no era fácil alcanzar. Repugnando a los ministros ejercer su poder con enemigos que hallaba ocultos en el centro mismo de la Autoridad, blanco de una enemistad que no se disimulaba y rodeados de intrigas que tenían un origen sobradamente poderoso para evitar siempre sus tiros, los ministros resolvieron dejar el puesto convencidos de que no podían servir útilmente a la causa pública a pesar del apoyo de las Cortes». En verdad que no es fácil encontrar una denuncia tan realista y tan amarga de la situación de un Ministerio formalmente constitucional pero que había perdido la confianza de una Corona que se había convertido en su enemigo más implacable.

Significativo es a este propósito el interés que, con la evidente intención de apoyar al Gabinete caído, pusieron las Cortes en indagar si efectivamente el anterior Ministerio había ordenado, o no, el castigo de los oficiales, a cuyo fin llegaron a encomendar al nuevo ministro de Guerra que repasara los antecedentes de su secretaría. Efectivamente, en la sesión secreta de 25.8.1837 preguntó Fuente Herrero varias veces a San Miguel por los sucesos de Pozuelo y al principio sin éxito pues el ministro se escurría pretextando que no tenía información. Pero debidamente estrechado terminó confesando que «el Ministerio anterior había dado orden de reemplazar a oficiales, sargentos y cabos; pero que él, obrando con prudencia, no había creído deber ni poder llevar a efecto tal orden y sólo había tratado de hacer que marchasen contra el ene migo». La sombra protectora de Espartero seguía, pues, siendo efectiva, aunque su reconocimiento arrojaba una sospecha más sobre la participación del general.

A partir de aquí los periódicos se volcaron sobre la noticia del cambio de Ministerio (no, claro es, del motín que parecía haberlo provocado). Según El Eco del Comercio del 18, que se pronunció en términos que no podían ser más firmes, «el Ministerio hizo ayer mañana su dimisión y desde entonces la capital se halla en un estado penoso de zozobra e inquietud y no tanto por el hecho en sí, pues importa poco que sean ministros tales o cuales personas siempre que se salven los principios, como por la causa que la produce. Los ministros debían desear un motivo honroso para dejar sus sillas; pero este motivo no se ha verificado. Un movimiento de insubordinación militar era un suceso que no debían perder de vista para el futuro; mas por el momento no debían tratar de abandonar sus puestos hasta dejar asegurada la autoridad y el decoro del Gobierno, que no lo están con el simple hecho de haber marchado la brigada y estar los autores del escándalo en Alcorcón. La salida del Ministerio, si ahora tiene efecto, se mirará en España y en la Europa como el producto de una violencia militar y presentaría al trono de Isabel II y a la Nación como supeditados a la ley de las bayonetas». Y más adelante, en un suelto: «Ayer corrió la noticia de que S.M. se había dignado admitir la dimisión del Ministerio. Podemos asegurar que a las diez todavía no se sabía la voluntad de la Reina Gobernadora».

Tan desprestigiado nacía este Ministerio que apenas se encontraban personas dispuestas a ocuparlo y los nombrados aprovechaban la primera oportunidad para abandonarlo. El 18 de agosto (1837) se publicó el primer Real decreto de nombramiento: el conde de Luchana para el cargo de secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, con la presidencia del Consejo de ministros (con el servicio interino de Pedro Chacón); José Manuel Vadillo para Gobernación de la Península (sustituido ya el día 23 por Diego González Alonso); Ramón Salvato para Gracia y Justicia; para Hacienda, Pío Pita Pizarro; Evaristo San Miguel para Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, interinamente, a quien el día 21 se nombró, también interinamente, secretario de Guerra y en propiedad el día 30 por renuncia de Espartero (quien había alegado que el ministerio era «incompatible con el mando del ejército reunido que tenía a su cargo»).

Este Real decreto de 18 de agosto venía refrendado ya por Bardají, a quien se refería otro de la misma fecha, refrendado por Mendizábal, que decía así:

He tenido por conveniente admitir la renuncia que me ha presentado D. José María Calatrava, secretario del Despacho de Estado y presidente del Consejo de ministros, declarando que me hallo sumamente satisfecha del celo, patriotismo y lealtad con que en circunstancias difíciles ha desempeñado aquellos cargos; y en su consecuencia vengo en nombrar (...) para secretario del Despacho de Estado a D. Eusebio Bardají y Azara.

Éstos fueron los comentarios de El Castellano del 17.8, que a la sazón parecía bien enterado de lo que estaba sucediendo cada día en Palacio: «Hemos oído asegurar que el Ministerio Calatrava-Mendizábal ha presentado su dimisión (Dios le oiga y el diablo sea sordo)». Y al día siguiente (el 18): «La reina no volverá a echarse en manos de un partido. S.M. sabe muy bien que sólo los españoles puros, liberales netos, amantes verdaderos del desgraciado pueblo español, rectos, fuertes, justos y sabios que no hayan figurado a la cabeza de pandillas, ni se hallen ligados a ellas son los que podrán salvar a la patria». Y el 20: «Decidida la dimisión en Consejo de ministros (salvo la oposición de Mendizábal) subió a entregarla a S.M. el sr. Calatrava el día 17 por la mañana. Y la Reina le dijo que si había meditado bien el paso que daban, que si era efecto de algún enfado, de alguna indisposición entre sí u otra causa personal. Pero Calatrava insistió y rehusó sugerirle sucesor. Por la tarde recibió a Acuña, que insistió en lo mismo. A las dos del día 18 admitió la renuncia y a las cuatro Mendizábal refrendó el decreto dirigido a Bardají. Pero no se enviaron personalmente las notificaciones y no se había consultado a los afectados, a quienes se citó para una reunión a las nueve de la noche, a la que no asistieron ni Vadillo ni Salvato. Se convenció a Salvato pero no a Vadillo, y también renunció Espartero a la presidencia».

Entre los historiadores decimonónicos Bermejo es uno de los que con más detalle se ha ocupado de este episodio recogiendo los rumores de la época. Por lo que se refiere a la abortada formación de un Ministerio moderado escribe (403) que «el partido moderado, que necesitaba el apoyo de la fuerza, ofreció al jefe que acababa de llegar a Madrid (Espartero) el ministerio de la Guerra con la presidencia del Consejo, designando para el de Estado al duque de Gor, para el de Gobernación a Rivaherrera, que era el alma de todo el movimiento, y para el de Hacienda a González Allende». Aunque ya sabemos que la Reina, aun aceptando el plan, cometió la torpeza de incluir a Olózaga, con el que González Allende se declaró incompatible y toda la maniobra se vino abajo.

El autor recoge también (494) una fanfarronada de Mendizábal (atribuida luego también a Narváez y a Montes de Oca) conforme a la cual habría dicho aquél en un Consejo de ministros que «si era necesario y a él se le facultaba para ello se atrevía a ir solo al Cuartel General del conde de Luchana y hacerle fusilar por los mismos soldados que mandaba». La imputación a Narváez aparece en una carta de León publicada en las Memorias (I, 336) de Fernández de Córdova, en la que pone en labios del brigadier la siguiente advertencia: «las dificultades que se oponen a la formación de este Ministerio constitucional (moderado) estriban sólo en la oposición de Espartero y de sus generales. Pues bien, yo me ofrezco desde luego en este instante a ir solo al cuartel general con un simple traslado suscrito por el subsecretario de la Guerra a deponer al conde de Luchana del mando que ejerce».

El día 19 comentaba El Eco del Comercio en términos envenenados: «Ya tenemos Ministerio (pero) tenemos por seguro que el sr. Salvato renunciará a su destino y no es extraño pues no se ha contado con él para el nombramiento. Aplaudimos el nombramiento que se hizo antes con el sr. conde de Luchana para el ministerio de la Guerra, porque creíamos que podría hacer mucho para restablecer la disciplina en el ejército. Grande es la herida que posteriormente se ha hecho a esta disciplina y no sabemos hasta qué punto estará el sr. conde en la aptitud de reconocerlo. El sr. Pita, aceptando el nuevo ministerio, habrá creído hacer un gran servicio al Estado, tanto mayor cuanto que arriesga más que otros su reputación en un cargo enteramente ajeno a su carrera militar y de gobierno político. También muestra valor cuando no teme arrostrar la predisposición que no ignora existe en las Cortes contra su persona por su reciente y corta administración».

Y, en fin, el día 20 seguía informando sobre el tejemaneje de nombramientos y renuncias: «Parece que hay seguridad en que han presentado su renuncia los srs. Vadillo y Salvato. También se asegura que lo ha hecho el sr. conde de Luchana. Siempre nos pareció difícil de concebir que el general en jefe de las tropas que han pasado por la capital admitiera la presidencia del Consejo de ministros en las circunstancias en que se ha hecho su nombramiento; y más todavía el que algunos de los nombrados admitieran su cargo sin haber conferenciado previamente acerca de la profesión de fe del nuevo Gabinete. A la verdad que la persona que haya aconsejado a S.M. una combinación semejante o está poco enterada o tiene poca afición a las prácticas constitucionales sobre formación de ministerios. Porque en semejantes casos es la práctica en todos los países el nombrar al jefe o presidente del Gabinete y éste escoge a las personas que han de acompañarle, las cuales aceptan o rehúsan sus respectivos cargos según el programa o prospecto que les presente el presidente. Aquí se ha hecho como se hacía hace diez años: se han nombrado ministros sin contar con ellos, ni saber éstos cuál era la política que se proponía el presidente. Con tales principios no es extraño que haya renuncias ni que se encuentren dificultades para completar el Gabinete».

En la sesión del día 19, es decir, a las pocas horas de haber sido nombrado ministro interino de Marina, dio San Miguel en las Cortes cumplidas explicaciones de su posición y una defensa del débil Gabinete al que pertenecía: «Yo he tenido muy poca intervención en la formación de este nuevo Ministerio. Me encontré ayer con una esquela del sr. Bardají que me llamó a su secretaría. Acudí en efecto, y cuando S.E. me hizo presente y me comunicó la voluntad de S.M. le dije estas palabras poco más o menos: Señor Bardají, yo no entiendo de negocios de marina, y no entiendo de negocios de colonias y mucho menos de comercio. Soy el primero en sentir el ridículo que cae sobre un hombre que se pone a desempeñar destinos que no entiende. Mas supuesto que S.M. me llama en el día y yo conozco que es esencial que en estas circunstancias se rodee de ciertas personas, me tiene S.M. a su servicio. En la inteligencia de que las primeras palabras que dirigiré a S.M. serán que me envíe inmediatamente al frente de los enemigos de mi patria, donde le seré más útil que en un ministerio (...) No tengo ambición de ser ministro y la calidad de interino y la calidad del ramo a que se me destina hacen muy bien conocer a las Cortes que mi existencia en el Gobierno será muy precaria y de muy pocos días. He aceptado este puesto porque le creo en el día de peligro (...) No necesito decir a las Cortes que hombres como los que figuran en el Gabinete hoy presentan por lo menos la garantía de que el Ministerio nuevo no es un Ministerio retrógrado. Es un Ministerio de progreso, como se entiende regularmente en este siglo de las luces. En una corporación a que pertenezca San Miguel nada irá atrás ni en una línea ni en un punto y si, al contrario, todo caminará adelante, todo marchará por el camino del progreso en cuanto lo permitan las circunstancias y el estado de las cosas». Para la opinión pública la presencia de San Miguel en el nuevo Ministerio era, en efecto, garantía de su carácter progresista, que compensaba, al menos en parte, la generalizada sospecha de sus inclinaciones moderadas. De aquí el énfasis que puso el nuevo ministro en asegurar que mientras él estuviese allí, el Gabinete no retrocedería ni un paso.

El 21 de agosto (1837) glosaba así El Eco del Comercio las combinaciones ministeriales: «Éste es el primer Consejo de ministros de España que no está presidido por el secretario de Estado y no deja de llamar la atención que se haya dado la presidencia al sr. Espartero que por muy general que sea no lleva la opinión de consumado político ni de hombre de gobierno (y además está en campaña). Pita Pizarro parece que ha contribuido poderosamente a la formación del Gabinete. Bardají lleva en contra la opinión de haber perdido con los años y con el quebranto de su salud aquella enérgica presencia de espíritu que pide la dirección de un Ministerio en crisis como el presente». Y hacía observar inmediatamente algo muy importante: «Por lo que hace al color del gabinete colectivamente o no lo tiene marcado o es una mezcla de diversos colores o matices, si bien todos son del partido liberal. Así es que ninguna de las fracciones en que está dividido está satisfecha ni canta el triunfo. Por el contrario hay una grande frialdad respecto del Ministerio y no hemos visto señales de haber disfrutado esperanzas». Y añadía el día 25 (8.1837) que consideraba a Salvato y a González Alonso como liberales intachables advirtiendo de paso malignamente que El Castellano había alabado el cambio y ahora se rumoreaba que iban a dar a Álvaro la subsecretaría de Hacienda con 60.000 reales. En cualquier caso a partir de este momento ya no dejaría pasar un día sin atacar directamente a Pita y a sus actuaciones.

La incógnita era Espartero, cuyo papel en el nuevo Gabinete resultaba difícil de entender. Desde el punto de vista efectivo era evidente que no podía presidir el Consejo de ministros siendo al tiempo jefe del ejército del Norte. Como también era claro que, puesto en la necesidad de renunciar a uno de estos dos cargos, renunciaría al político y no al militar (como sucedió unos días después) ya que el poder real estaba en el mando de las tropas y no en el Consejo de ministros. Pero siendo todo esto manifiesto, ¿a qué se debió entonces su nombramiento? Lo ignoramos pero hay al menos un dato significativo: con este nombramiento dejó claro María Cristina que no había perdido su confianza en el general y que su sospechosa tolerancia con los amotinados de Pozuelo no había empañado su destino político ni tenía necesidad de distanciarse públicamente de los oficiales insubordinados, como había tenido que hacer Mendizábal un año antes con los sargentos de La Granja.

Quizás se escogió, por tanto, a Espartero para lavarle de las salpicaduras del motín de Pozuelo y de las sospechas que habían proyectado las declaraciones de Seoane y de Mendizábal. Esta conjetura cabe dentro de lo posible, pero no es suficiente. Espartero tenía a su favor un buen feeling con María Cristina y un aura popular indiscutible (aunque en verdad muy poco justificada). En momentos de crisis la nación necesita de algún mito que le saque mágicamente de sus apuros. María Cristina ya lo había ensayado dos años antes con Mendizábal –otro mago– y el experimento había dado resultado en las condiciones esperadas, es decir, durante unos pocos meses hasta que la realidad se impuso sobre las ilusiones gratuitas y la burbuja se desinfló. Sea como fuere, por esta vez el Ministerio de Espartero se esfumó como un fantasma y dio paso al primer Ministerio Bardají.

A cuyo propósito resulta necesario volver a la pregunta de antes: ¿por qué precisamente Bardají que no capitaneaba grupo político alguno ni venía recomendado por los embajadores de Inglaterra o Francia y, además, ni siquiera era diputado en un Gabinete formado por diputados? Quizás sea ésta precisamente la clave de la decisión: un diplomático de limpia ejecutoria liberal que no había participado en las batallas parlamentarias y al que no se tenía por mendizabalista ni por antimendizabalista.

Dicho esto podemos ir ya a la nota más significativa de este (primer) Ministerio Bardají (oficialmente de Espartero): la circunstancia de que todos sus miembros, salvo el presidente, eran diputados mas no de la mayoría. Los mendizabalistas estaban necesariamente excluidos porque en otro caso el cambio de Gabinete no hubiera tenido sentido y, además, era probable que los militares amotinados no lo hubieran consentido. La opción parlamentaria tenía que ser entonces la minoría, y así fue. Pero ¿qué minoría puesto que ésta era heterogénea? María Cristina escogió a un político venerable (Vadillo) y a otro también prestigiado por su edad y su pasado (Salvato) y a un general radical pero inteligente y sensato (San Miguel). De esta manera el Ministerio tenía un talante progresista fuera de toda duda. Pero también estaba Pita Pizarro, de pasado oscuro, que iba a ser el motor del Gabinete.

Bardají no era un hombre que pudiera gobernar solo pues no tenía ya edad ni energía para hacerlo. Cualidades que sobraban a Pita Pizarro a quien ninguno de sus compañeros podía hacer sombra ni tenía el menor interés en hacerlo. Ni Salvato ni Vadillo habían sido siquiera consultados antes del nombramiento, que Salvato aceptó después de resistirse un tiempo y Vadillo renunció sin vacilar. Mientras que San Miguel, hombre del Trienio, no podía encontrarse cómodo en compañía tan indecisa y pronto se cansó de ir cubriendo al Gabinete con su imagen de progresista radical.

La Reina Gobernadora se había inclinado, como se ve, por un Gabinete de diputados, puesto que todos lo eran, con excepción de Bardají, y progresistas acrisolados (hasta entonces) pero no mendizabalistas ni exaltados. Y de estas condiciones venía la fragilidad del Ministerio puesto que era demasiado estrecha la franja parlamentaria no ocupada en agosto de 1837 por mendizabalistas, radicales seguidores de Álvaro e independientes o moderados. En su consecuencia, este Ministerio o atraía a los demás grupos o no podría vivir mucho tiempo. Y como no logró lo primero, tampoco pudo pasar del mes de septiembre: un «ministerio estrictamente septembrino» en suma.

El día 24 de agosto El Eco del Comercio después de haber estado examinando las posibilidades de otros candidatos, disparó directamente contra Álvaro ajustándole las cuentas como político y como periodista: «Se dice como positivo que Aniceto de Álvaro, editor propietario de El Castellano, va a ser promovido a subsecretario de Hacienda según unos y según otros a director general de Rentas. Algo significa para el editor el artículo de bienvenida del nuevo Ministerio inserto en El Castellano del sábado. Está visto que el más valiente escritor de la oposición es capaz de ceder a una indicación de 50 o 60.000 reales cada doce meses cobraditos el día 30 como se acostumbra a hacer en el ramo de Hacienda». A lo que contestó inmediatamente El Castellano al día siguiente: «Los directores de El Eco del Comercio son, según voz pública (aunque se desmintió más adelante), Manuel Mateo Ayllón y José Fuente Herrero, respectivamente fiscal del Tribunal Mayor de Cuentas con 40.000 reales y ministro del tribunal especial de Guerra, también con 40.000, ascendidos a estos puestos por el Ministerio Calatrava-Mendizábal».

El 23 de septiembre volvió a insistir El Castellano sobre esta cuestión aunque planteándola ahora en términos generales: «Una de las injurias más de moda es suponer que un escritor que censura al Ministerio lo hace sistemáticamente y si opina que debe variarse el personal del Gabinete se añade que intenta ocupar en él un asiento. Todavía es más absurdo suponer que aspira a otros empleos inferiores censurando al ministro el que lo poseyó y pudo conservarle con ascensos con sólo no ejercer aquella censura. Y si por un sentimiento de convicción el escritor aplaude o defiende algún acto del Gobierno, califícasele maliciosamente de ministerial».

Así, pues, ya tenemos un Ministerio parlamentario antimendizabalista montado sobre el eje de Pita, gobernando con un Congreso de mayoría mendizabalista. ¿Era esto posible? Desde luego que no si la mayoría no lo aceptaba. Así se confirmó pronto en aquellas semanas tumultuosas.

El primer paso –según se ha visto ya– fue de apoyo al Gobierno o, si se quiere, de apoyo a la decisión de la Reina Gobernadora en el ejercicio de su prerrogativa real. El Ministerio era progresista, sin duda, y las Cortes progresistas lo aprobaron de manera expresa evitándose así un encontronazo al estilo del de mayo de 1836 cuando las Cortes mendizabalistas censuraron al Ministerio intruso de Istúriz. Pero ahora, si no podían atacar al Gabinete de frente, podían hacerlo indirecta pero eficazmente rompiéndole el eje de Pita. Y efectivamente lo hicieron si bien de una manera sinuosa que costará no poco esfuerzo ir siguiendo.

De inmediato lo que más prisa corría a los diputados era verse cara a cara con los nuevos ministros con el fin de que éstos les informaran de lo que había sucedido y del estado de la nación. San Miguel, por su parte, anunció el día 22 que el Gobierno en pleno lo haría en sesión secreta el día 24, advirtiendo Bardají personalmente que antes no podía ser porque «si no podemos habernos enterado de la quinta parte de las cosas, ¿de qué hemos de hablar?». Pero llegado el día 24 no se presentó el Gobierno y Juan Osca, Pascual y Fuente Herrero presentaron una proposición pidiendo que el Congreso les requiriese para que comparecieran ese mismo día: y no sin gran trabajo se consiguió que cambiaran esa expresión por la de «a la mayor brevedad posible», y así fue aprobada.

En cualquier caso lo que pretendían los firmantes, en palabras de Juan Osca, era que «se rasgue el velo que tanto desean todos ver rasgado y sepamos todos quiénes son los agentes de estas pérfidas tramas». Así empezó el áspero debate del día 14 (agosto 1837) donde se levantaron las suspicacias de Fontán para quien «esta proposición, más que salvar a la Patria, parece que tiene por objeto ponernos en pugna con el Gobierno, como si no estuviéramos ya demasiado en pugna». Lo que naturalmente desmintieron con energía Fuente Herrero y Pascual y tuvieron que interceder Infante y Madoz como mediadores y sugirieron de paso la fórmula, antes citada, de «en el más breve plazo posible».

Si Pita hubiera conseguido el apoyo de los caballeristas, la antigua minoría en bloque, es decir, caballeristas y radicales, juntos hubieran podido enfrentarse a la mayoría mendizabalista. Pero esta alianza era ya imposible y Pita había sido hostigado implacablemente a lo largo de toda la legislatura por El Eco del Comercio que ahora no dejaba pasar un número sin criticarle con la mayor dureza. En compensación el ministro contaba con el apoyo no menos decidido de El Castellano, es decir, de Álvaro y sus huestes. Una fuerza importante mas no suficiente para detener el rodillo de mendizabalistas y caballeristas, otra vez unidos.

La consecuencia de esta situación fue la de que Bardají resultó formalmente respetado (mejor: marginado) y el acoso se dirigió personalmente contra Pita, que al final fue derribado y con él se frustró la operación Bardají-Pita como antes se había frustrado, aunque por otras razones, la de Espartero-Bardají. El 3 de octubre (1837) resumía El Eco del Comercio: «Se ha nombrado nuevo Ministerio: no sabemos si tenemos Ministerio. Bardají ha quedado de los anteriores. Pérez, subsecretario, en Hacienda ha presentado su dimisión. Ulloa en Marina está ausente; parece que Castejón tampoco va a aceptar; otro Pérez, jefe político de Madrid, para Gobernación».

Así las cosas, después de un doble fracaso, separada de sus favoritos Espartero y Pita Pizarro, ¿qué podía hacer ya la Reina Gobernadora? María Cristina decidió entonces jugar la baza extraparlamentaria y constituyó el Segundo Gabinete Bardají, poniéndole al frente de un puñado de hombres de segunda fila que en modo alguno estaban en condiciones de intentar desarrollar una política propia. De lo único que se trataba era de «ir tirando» hasta el final de la legislatura y luego se resolvería a la vista de las elecciones. Madrid quedó de hecho sin Gobierno, aunque las Cortes siguieron trabajando impertérritas hasta el último día. Acontecimiento que mereció comentarios periodísticos del siguiente estilo: Para El Eco del Comercio de 8.9.1837: «según ciertos periódicos el sr. San Miguel es el encargado por sus colegas para redactar el programa del Gabinete». «Dice El Patriota que circulan rumores de haber renunciado a su cargo el sr. Pérez, subsecretario de Hacienda, por la presentación de la Memoria que el ministro ha leído en las Cortes; la cual parece que se había dispuesto y redactado sin que el sr. Pérez tuviera la menor noticia». Y para El Castellano de 10.10.1837: «¿Por qué no vota la minoría? Existen razones especiales de tedio, de cansancio, de disgusto. El que juzgue resueltas las cuestiones antes de discutirse; al que le parece que sus votos, sus reflexiones, sus propuestas son desatendidas sin examen; el que se imagina dominado por una fracción, por espíritu de partido, por intolerancia política».

El segundo Ministerio Bardají

El apartado anterior –referido al Ministerio que popularmente se conocía por Bardají o por Bardají-Pita– se ha titulado deliberadamente Luchana-Bardají y calificado de «fantasma»: un adjetivo que se explica por la circunstancia de que ni entonces ni ahora se sabía quién era su presidente. Afirmación asombrosa pero indiscutible, como se comprueba por un incidente producido en la sesión del 7 de septiembre (1837). Ese día Calderón de la Barca, a propósito de un oficio recibido en las Cortes procedente del ministerio de la Gobernación de la Península y firmado por Diego González Alonso, preguntó con ironía: «¿Cómo hace esa petición el ministro de la Gobernación? Yo no lo entiendo, a no ser que éste sea el presidente del Consejo de ministros: pero éste, antes de presentarse ejerciendo actos de tal, hubiera cuidado de comunicar su acto a las Cortes para que constase y aquí nada sabemos». Una afirmación deliberadamente provocadora que remachó más adelante insistiendo en que «a nosotros no nos consta que haya presidente del Consejo de ministros».

Formalmente tenía razón Calderón de la Barca como se desprende de la siguiente cronología: El 18 de agosto (1837) la Reina Gobernadora había rubricado de su Real mano un decreto dirigido a D. Eusebio Bardají y Azara en el que nombraba al teniente general conde de Luchana «secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, con la presidencia del Consejo de ministros» y en la misma fecha otro refrendado por Mendizábal (se supone que un minuto antes) nombrando a Bardají secretario del Despacho de Estado. Y el día 28 del mismo mes (Gaceta del 31) Espartero dirigió una exposición a la Reina Gobernadora advirtiendo que «como general en jefe que soy de los ejércitos reunidos es de absoluta necesidad que según la complicación que la guerra toma y el estado moral de los ejércitos, me dedique enteramente a restablecer tan importantes y esenciales objetos», presentando en consecuencia su dimisión. Pues bien, el día 30 del mismo mes apareció otro Real decreto, refrendado por Bardají, en el que se admitía la renuncia del conde de Luchana al ministerio de la Guerra, pero sin decir ni una palabra sobre su segundo cargo acumulado, o sea, la presidencia del Consejo de ministros. Y de aquí venía precisamente la duda porque no se precisaba a qué cargo iba anejo el de presidente. En la práctica se entendía que al de secretario del Despacho de Estado y por tanto a Bardají; pero como literalmente nada se había dicho, tenía razón Calderón de la Barca a preguntar con travesura quién ocupaba en verdad dicho cargo.

Una vez iniciada esta carrera de despropósitos la confusión podía continuar indefinidamente, como hizo Mon, al preguntarse a su vez: «¿quién es el Consejo de ministros? El Consejo de ministros no está reconocido por nuestra constitución ni por ninguna del mundo, ni puede tomar por sí resoluciones y comunicados a las Cortes sino en nombre de S.M.».

Así las cosas intervino Sancho para hacer volver la discusión a la realidad: «habiendo oído al sr. Mon que la constitución no reconoce al Consejo de ministros, idea que se ha repetido ya aquí dos o tres veces, y siendo esencialísimo que la constitución se entienda en los términos en que las Cortes la han aprobado (a la vista de su artículo 57 en que se le cita expresamente), es manifiesto que la constitución establece el Consejo de ministros y no podía dejar de establecerlo porque no hay ningún país constitucional donde no haya este Consejo, el cual es necesario que tenga presidente, porque sin presidente no hay Consejo de ministros y sin Consejo de ministros con su presidente no hay gobierno representativo ni verdadera responsabilidad ministerial».

El día 4 de diciembre se cerraron oficialmente las Cortes; pero el Ministerio inicial no pudo llegar ni siquiera a esa fecha ya que el día 1 de octubre se publicó un nuevo Real decreto admitiendo la dimisión del ministro de Guerra e interino de Marina y Comercio, Evaristo San Miguel; del de Gobernación de la Península, Diego González Alonso; y del de Gracia y Justicia, Ramón Salvato; y nombrando para sucederles respectivamente a Franciso Javier Ulloa para Marina y Comercio, Ignacio Balanzat para Guerra, Juan Antonio Castejón para Gracia y Justicia, y a Rafael Pérez para Gobernación. Y con la misma fecha, pero en Real decreto separado, también se admitió la dimisión de Pío Pita Pizarro a quien sustituyó interinamente el subsecretario José María Pérez y, definitivamente, el día 7, Antonio María Seixas. Y, en fin, el día 4 Balanzat fue sustituido por Francisco Ramonet y Castejón por Mata Vigil. A la vista salta que no se trataba de un simple cambio de nombres sino de inspiración política, puesto que con la sola excepción de Mata Vigil (bien conocido, además, por sus tendencias moderadas) ya no eran diputados, es decir, que no estaban comprometidos con el progresismo.

Mas no terminó con esto el vertiginoso baile de ministros: El día 25 de noviembre Francisco Javier de Ulloa, ministro de Marina, accedió interinamente al ministerio de la Gobernación por renuncia de Rafael Pérez. El 8.12, por dimisión de Francisco Ramonet, se nombró ministro interino de Guerra al barón del Solar de Espinosa. Y el día 16, por renuncia de Martín Vigil, se nombró ministro de Gracia y Justicia a Francisco de Castro y Orozco. El 16 se volvió a nombrar para Guerra a Espartero, aunque manteniendo al barón durante la ausencia de aquél. Y el mismo día sucedió a Ulloa en Marina Manuel de Cañas; para Hacienda se nombró a Alejandro Mon y para Gobernación al marqués de Someruelos.

Esta segunda remodelación total era aún más importante que la anterior puesto que con ella el Ministerio se había terminado convirtiendo, ya sin tapujos, en inequívocamente moderado. La operación tuvo que cerrarse entonces con un Real decreto final del mismo día 16 por el que se nombraba al conde de Ofalia como sucesor de Bardají, quien había ya cumplido con la deslucida función de «puente». Todo ello sin perjuicio de la incongruente presencia de Espartero, del que todavía no se sabía de cierto en qué bando estaba.

El Ministerio Bardají hizo buenos, en definitiva, los negros vaticinios que había anunciado varias veces en las Cortes Argüelles: si resultaba fácil derribar al Gobierno Calatrava-Mendizábal por sus reducidos éxitos, nada se conseguiría con ello puesto que quienes les sucediesen no tendrían mejores posibilidades. El desastre no provenía de una mala gestión pública sino de disfunciones estructurales, que de momento nadie tenía energía para remediar, y casi ni para reconocer. Y esto fue efectivamente lo que sucedió puesto que ni el nuevo presidente ni sus colaboradores estaban capacitados, ni tenían ilusión, para emprender una actividad políticamente renovadora. Todos sabían perfectamente que su vuelo había de ser corto y el destino natural de los gobiernos provisionales es siempre el de dejarse llevar con más pena que gloria.

Al embajador inglés, Villiers, debemos una cruel caricatura de este Gabinete en una carta a Palmerston de 28.10.1837 (recogida por Rodríguez Alonso en Gobernantes..., p. 247): «Desde que estoy en España no he visto una burla tal de Gobierno como los hombres que recientemente han juntado con la pretensión de que basta con eso para formar uno. Yo los vi a todos juntos el otro día y me recordaban a los viejos relojeros de Londres –los años de los seis juntos no pueden bajar de quinientos–: son todos sordos, casi ciegos y completamente mudos, sobre todo en las Cortes. Se arrugan ante la necesidad de dar alguna orden o adoptar alguna medida, excepto si se trata de nombrar a gentes de su edad para puestos ejecutivos. Andan asustados por todo (menos por sus cargos), por las Cortes, por la prensa y por la opinión pública, y están muy agradecidos porque no se les mandó a un hospital o a una casa de misericordia hace tiempo por el deseo general que existe de no hacer cambios hasta que se reúnan las Cortes y se vea si se encuentran entre los nuevos diputados algunos hombres capaces de hacer un gobierno».

Anejo: Cronología del baile de Ministerios

Las remodelaciones ministeriales que tuvieron lugar durante estos meses de 1836 y 1837 fueron, como hemos visto, tan numerosas como insólitas. Para no perder el hilo parece conveniente registrar a continuación los Reales decretos de nombramientos con que la Reina Gobernadora fatigó las páginas de la Gaceta y de la Colección legislativa y que cada vez con mayor intensidad recogen dos tendencias a cual más perversa: por un lado, la de no recaer en personalidades eminentes de los partidos (ya que no podía hablarse todavía de jefes) sino en figuras de segunda o tercera fila; y por otro, la de prescindir de miembros de las Cortes. Para lo primero invocó Alcalá Galiano (Historia, 449) la excusa, que él no compartía, de que «esos hombres excitarían un odio vehemente e intenso en el bando opuesto»; mientras que por lo segundo se debilitaba lógicamente la conexión y armonía que debía existir entre los dos Poderes, hasta tal punto que en ocasiones las decisiones del Gobierno no encontraban en las Cortes quien las apoyase.

14.8.1836: Presidencia y Estado: José María Calatrava Peinado; Guerra: José Ramón Rodil Pamplio (García Camba, interino); Marina: Moreno, interino; Hacienda: Joaquín Ferrer Cafranga (Egea, interino); Gobernación: Gil de la Cuadra. Es el que podría denominarse Ministerio Calatrava, a secas.

11.9.1836: Gracia y Justicia: Landero Corchado (de la que estaba encargado); Hacienda: Mendizábal (de la que estaba encargado Ejea interinamente, pues Ferrer no había comparecido); Gobernación: Joaquín María López; Marina y Gobernación de Ultramar: Gil de la Cuadra, que pasa de Gobernación de la Península. Es el Ministerio que sería conocido como Calatrava-Mendizábal por la personalidad de su ministro de Hacienda y que gobernó durante casi toda la legislatura.

26.11.1836: Entra en Guerra Rodríguez Vera López-Guerrero

27.2.1837: Entra en Guerra Almodóvar

27.3.1837: Entra Pita en Hacienda

16.6.1837: Guerra: se repone a Almodóvar (esta secretaría estaba siendo ocupada interinamente por Infante por enfermedad de aquél).

9.7.1837: Gobernación: Cesa Pita y entra Acuña. Con el siguiente comentario de El Eco del Comercio de 12.7: «Don P.A. Acuña ha sido nombrado para reemplazar a Pita. Creemos que este ministro será transitorio porque si bien nos constan sus excelentes cualidades como patriota y su honradez y probidad, tal vez no se hallará con la fuerza y con la práctica de los negocios que se necesitan para dirigir un ramo tan vasto y complicado como es el de Gobernación». A partir de este momento el Ministerio Calatrava-Mendizábal, debilitado en el Congreso y acosado por la amenaza militar del Pretendiente, entra en agonía.

28.7.1837: Cesa Almodóvar en Guerra.

29.7.1837: Entra Espartero en Guerra (Chacón como interino). El 1.8 se lamentaba El Eco del Comercio de que la mala salud de Almodóvar no le hubiera permitido hacer nada. Añadiendo que «en cualquier caso con él las órdenes no se cumplían y ahora con Espartero se van a cumplir. Pero el ejercicio del cargo es incompatible con el mando del ejército del Norte». Desde días antes venía hablándose para este puesto de Espartero y El Castellano del 14 de julio así recogió el rumor: «Parece que el conde de Luchana más inclinado a batirse con el enemigo que a intrigas y consejos de Gabinete, más militar que palaciego, insiste en su idea de no admitir el ministerio de Guerra. Algunos han sostenido que en vista de esta negativa será nombrado el general Seoane». El conde de Luchana, que todavía no se ha pronunciado políticamente de manera definitiva, sigue siendo cortejado por todos los partidos.

18.8.1837: A raíz del motín de Pozuelo cesa el Ministerio Calatrava-Mendizábal y le sucede el fantasmal de Espartero-Bardají que, suponiendo que llegara a constituirse (pues no se reunió ni una sola vez bajo la presidencia de Espartero), sólo duró unos días. Bardají en Estado. Espartero en Guerra (sigue la interinidad de Chacón) con la presidencia del Consejo; Vadillo en Gobernación de la Península; Salvato en Gracia y Justicia; Pita en Hacienda; y San Miguel interino en Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar.

21.8.1837: San Miguel, interino en Guerra.

23.8.1837: González Alonso en Gobernación.

30.8.1837: Ocupa San Miguel Guerra en propiedad. Con la ausencia de Espartero puede ya hablarse del primer Ministerio Bardají (o mejor dicho: del Ministerio Bardají-Pita), todavía progresista pero sospechoso de moderantismo y, en todo caso, inequívocamente antimendizabalista. Duró solamente el mes de septiembre.

1.10.1837: Ulloa en Marina, Ultramar y Comercio; Balanzat Briones en Guerra; Castejón en Gracia y Justicia; Rafael Pérez en Gobernación de la Península. Empieza el segundo Ministerio Bardají que, ya sin Pita, se deslizó cada vez con menos tapujos hacia el moderantismo y, como nota característica, estuvo formado extraparlamentariamente, es decir, por quienes no eran diputados. En sus seis semanas de vida experimentó varias remodelaciones que confirmaban su total falta de prestigio y permaneció sorprendentemente inactivo. Fue un verdadero «cadáver político».

1.10.1837: Entran José María Pérez Quintana en Hacienda. En Marina F.J. Ulloa Ramírez de Laredo.

4.10.1837: Entra Ramonet Xaraba del Castillo en Guerra.

4.10.1837: Mata y Vigil en Gracia y Justicia. Comentario de El Eco del Comercio del 10.10: «La elevación al ministerio del sr. Mata Vigil, que como diputado ha combatido en varios puntos la reforma propuesta por la comisión de Asuntos eclesiásticos, ha hecho temer a algunos que como ministro no aconsejará la sanción a la Corona. Nosotros no lo creemos porque el diputado habla sin responsabilidad (y por otra parte) la sanción de la ley no es obra de sólo un ministro sino de todo el Consejo».

7.10.1837: Entra Seixas en Hacienda. Comentario de El Eco del Comercio de 9 de octubre: «Se le supone experto en rentas. Pero antes se hablaba de Mon que hubiera hallado más simpatías en las Cortes porque aunque ha solido votar con la minoría, ni su carácter ni sus principios son de los que puedan chocar con la mayoría».

18.10.1837: Se formaliza a Bardají en la presidencia.

25.11.1837: Ulloa, ministro de Marina, se ocupa interinamente de Gobernación por renuncia de Rafael Pérez.

8.12.1837: Por dimisión de Ramonet, ocupa interinamente Guerra el barón de Solar de Espinosa (Jacobo M. Espinosa de los Monteros).

El día 16 de diciembre se produce, al fin, un cambio total aunque confuso: A Bardají sucede Ofalia en Presidencia y Estado; a Mata Vigil, Castro y Orozco; a Ulloa, Cañas; y a Guerra vuelve Espartero pero manteniendo la interinidad Espinosa; en Gobernación entra el marqués de Someruelos. El período del progresismo civil ha terminado.

* * *

5. OCASO DEL PROGRESISMO CIVIL

El ciclo histórico del progresismo civil: errores capitales de la política progresista.– El Poder militar como enemigo del liberalismo constitucional.– El agotamiento del progresismo civil.– Los pretorianos.– Espartero y su trayectoria pretoriana.– Una Monarquía sometida a protectorado.

El ciclo histórico del progresismo civil: errores capitales de la política progresista

Toda organización social tiene su ciclo histórico propio. El constitucionalismo liberal español, emergido de un suelo ideológico que ya se había asentado con la Ilustración europea del siglo XVIII, cristalizó políticamente en las Cortes de Cádiz y tuvo una vida azarosa y relativamente larga. La primera época constitucional estuvo sujeta a los avatares de una guerra llamada de la Independencia y, al final de ésta, el Antiguo Régimen reapareció de la mano de Fernando VII, rey absoluto. La segunda época constitucional –el comúnmente llamado Trienio– sucumbió también por las armas, después de una existencia convulsa de enorme actividad política y propaganda ideológica febril. A la muerte del rey habían amainado ya los vientos de la Restauración y en la nueva coyuntura de la Europa occidental María Cristina, la viuda y Reina Gobernadora, tuvo que apoyarse en los liberales para defender el Trono, peligrosamente vacilante, de su hija. En unas circunstancias decididamente favorables, todo anunciaba un futuro pacífico, incluso glorioso, para el Nuevo Régimen Liberal, olvidado ya para siempre el Antiguo Régimen.

Y, sin embargo, las cosas no sucedieron así. El bando liberal se escindió en dos estirpes hegemónicas, hermanas pero enemigas, y después de una fugaz transición de Cea y del período moderado de Martínez de la Rosa, llegó Mendizábal y cuando parecía el amanecer de un prolongado día feliz para el progresismo, sobrevino un brusco e inesperado ocaso, pasando en unos meses del cenit a la noche. ¿Cómo y por qué pudo suceder tan súbito acontecimiento?

Desde nuestro punto de vista el brillante Nuevo Régimen Liberal tenía los pies de barro: literalmente carecía de base firme puesto que sólo contaba con un puñado de ideólogos que, regresados de la emigración, iban envejeciendo, las reducidas falanges de políticos y burócratas profesionales que vivían en y del Poder, una Nobleza aburguesada, reducidos grupos populares en parte ilusos en parte cínicos y en todo caso fácilmente manejables y, en fin, bandadas de propietarios comprados a cargo del patrimonio eclesiástico. Poca gente, en definitiva, con un pueblo que le era contrario cuando no indiferente y sabido es que, sin el apoyo popular, se puede ocupar el Poder, pero este Poder resulta demasiado vulnerable y a la larga no puede mantenerse si no encuentra otros apoyos más firmes. Y para mayor desgracia había una lamentable «falta de cabezas», que ha denunciado Jover (1981, LXIX) en los siguientes términos: «No abundan los hombres de Estado en la época que estamos considerando, por más que no falten los buenos técnicos en administración, los generales enérgicos ni aun los políticos honestos; y el desafío de la unidad constitucional será afrontado con esa trágica ausencia de percepción de la realidad, de conciencia de la responsabilidad, de previsión anticipada de riesgos, de coraje y de imaginación que define al simple político en funciones de hombre de Estado».

Por otra parte, este gigante no sólo tenía los pies de barro sino que, además y apurando la imagen, estaba hueco, vacío por dentro dado que ni siquiera sus seguidores más ardientes tenían fe en él. Los liberales habían creado un Estado de buena presencia, formalmente homologable con los mejores europeos y habían suscrito una tabla de derechos aceptable. Pero no creían sinceramente ni en el uno ni en la otra y a la hora de la verdad sus prácticas eran odiosas: de trampa en trampa, de pretexto en pretexto, de fraude en fraude: el mejor modo de quedarse aún más solos en un camino que desembocaba inevitablemente en el suicidio.

Junto a estas carencias estructurales operaban los errores políticos coyunturales. Los indudables éxitos de la política progresista –ordinariamente tan ensalzados ayer y hoy– no autorizan a silenciar sus puntos débiles, cuya vulnerabilidad explica que los logros de los años 1836 y 1837 no fueran mayores así como su brusco derrumbamiento inmediatamente posterior, que es lo que aquí interesa.

El más llamativo de ellos, aunque no el más grave, fue el de su soberbia, o sea, la infravaloración, cuando no menosprecio, de unos factores que a la larga habían de ser fatales, empezando por el valor de las fuerzas moderadas. Porque su eliminación de los bancos del Congreso no significó ni mucho menos su expulsión de la arena política y al no darles (salvo en el texto de la constitución) el suficiente margen de beligerancia, como si no existiesen, se excitaron las pasiones y por supuesto la peligrosidad de este adversario. Las graves consecuencias de formar Congresos monocolores a través de una práctica electoral sectaria fueron denunciadas así por Balmes (Obras completas, 461): «Sin el libre acceso de todas las opiniones las deliberaciones del Parlamento ni serán en su origen el debate de las ideas ni en su resultado la transacción de los intereses. Sin el concurso de todos los partidos, las Asambleas políticas no se forman en bandos divididos por principios, cuyas luchas, si a veces turbulentas y tempestuosas, son siempre honrosas y nobles; sino que fraccionados en banderías personales, agrupados en torno de pretensiones mezquinas, ofrecen a los pueblos las desagradables escenas de que han sido siempre teatro los parlamentos exclusivos. Sin que todas las fracciones políticas puedan abrirse en el campo electoral las puertas de la liza parlamentaria, los partidos, arrojados por la fuerza del palenque legal, buscarán por la fuerza medios de combatir en una arena facciosa». Y tampoco se valoró debidamente la animosidad del clero, no necesariamente carlista ni moderado, pero que se sentía vejado socialmente, económicamente expoliado y políticamente marginado. Aquí el peligro no estaba tanto –como aparentaba creerse– en los sermones retrógrados ni en las sugestiones de confesionario como en las alturas de la Nunciatura y en la influencia de Palacio.

El segundo punto débil fue el de no haber dispuesto de organizaciones eficaces que estuvieran en condiciones de aplicar sus decisiones políticas. El aparato burocrático administrativo era miserable y se había deteriorado sensiblemente en relación con el del Antiguo Régimen. Los empleados públicos habían sido diezmados implacablemente por causa, o pretexto, de afinidades absolutistas, carlistas e incluso moderadas, y al mérito técnico, a la disciplina y experiencia habían sustituido la fidelidad política y el nepotismo. En estas condiciones la Administración nacional no podía ser operante ni tampoco la provincial, desempeñada por diputados no profesionalizados y abrumados de trabajo aunque tuvieran las mejores intenciones. La política, entendida en el peor de sus sentidos, había contaminado toda la vida pública y el entusiasmo patriótico no podía compensar la incompetencia burocrática.

La Milicia nacional, el presunto brazo armado del progresismo, tampoco desempeñó un papel demasiado brillante, abriendo un nuevo flanco a sus adversarios. Cierto es que prestó en casi todas partes un fuerte apoyo al Gobierno, pero también provocó no pocos conflictos en algunas ciudades concretas. Aunque lo peor de todo fue su comportamiento militar sencillamente decepcionante.

La inoperancia alcanzó sus cotas más altas en el ejército porque, pese a su abrumadora superioridad numérica y armamentística, las tropas cristinas no pudieron imponerse a las carlistas y todavía sucedió algo peor, a saber, que los partidos, no ya por tolerancia sino por promoción activa, hicieron a los generales árbitros políticos hasta terminar colocándolos como protectores del mismo Estado y de sus instituciones.

Ahora bien, sin desconocer la importancia de estos errores, de estos factores negativos, el pecado mortal del progresismo fue indudablemente su cainismo. Porque cada vez que llegaba al Poder se producía una implosión interna dividiéndose en fracciones irreconciliables, que se destruían mutuamente facilitando gentilmente la vuelta de los mode rados.

Quede claro, sin embargo, que las consecuencias de estos errores capitales no se limitaron al derrumbamiento del partido progresista sino que afectaron a todo el sistema político. Porque, tal como hemos denunciado pormenorizadamente en otro lugar y recordado hace unas páginas, el sistema liberal constitucional nació mal en España y no lograría recuperarse nunca. La Regencia de María Cristina fue una experiencia tan amarga como la del Trienio de 1820 y, además, irreparable porque no volvería a darse una nueva oportunidad histórica en las mismas condiciones. Las ilusiones de 1812 quedaron agotadas definitivamente y España entró en una vía muerta separada de los destinos europeos que se habían querido ingenuamente imitar. El ocaso del progresismo civil de que se habla en este epígrafe debe entenderse, por tanto, como un ocaso del liberalismo parlamentario: flor de un día, mal atendida por sus propios cultivadores y agostada –como vamos a ver inmediatamente– por el Poder militar.

El Poder militar como enemigo del liberalismo constitucional

Nada hay aparentemente tan alejado como liberalismo y militarismo. Los primeros liberales españoles soñaban con unos hombres libres constituidos en una sociedad libre, igual y fraterna en la que no había sitio para las armas y donde el ejército podría servir sólo como una garantía de tales valores, sin llegar nunca a ser una forma de opresión como en el Antiguo Régimen; mientras que con la Nueva Era los ciudadanos, al tiempo que se gobernaban a sí mismos, se defendían con sus propios medios convirtiéndose temporalmente en soldados. En este sentido el liberalismo era por naturaleza civil. Así se pensaba en España durante el primer tercio del siglo XIX cuando la realidad era desafortunadamente otra y el autoengaño no pudo mantenerse indefinidamente.

Las Cortes de Cádiz, cuna del liberalismo político, elaboraron una constitución entre cañonazos, pero los ideólogos explicaron ingeniosamente esta anomalía negando que aquello fuera una guerra civil y la encubrieron con el nombre de Independencia. Luego vinieron seis años de humillaciones impuestas por la fuerza de un rey felón. En 1820 los españoles «recobraron la libertad» gracias al ejército, desde luego, pero se trataba de un ejército en el que ya se había infiltrado el liberalismo, como también lo había hecho en el resto de las instituciones: desde la Iglesia a la Universidad pasando por la Nobleza. Aquellos generales que salvaron a la Patria no pasaron consecuentemente factura política alguna y se contentaron con ahorrarse el viaje a América y con los premios generosos que les ofrecieron voluntariamente las Cortes. Lo que sucedió en el Trienio fue, no obstante, una siniestra premonición porque el liberalismo tuvo que aprender que no podía vivir ya sin bayonetas y que los generales del futuro ya no serían tan altruistas como los de antes.

Al cabo de la década ominosa, los políticos seguían pensando en un gobierno libre, sometido únicamente a la constitución y a la voluntad nacional. Argüelles, Martínez de la Rosa, Toreno o Calatrava no podían imaginar siquiera una intervención militar sobre el Estado y la misma mentalidad tenían los generales, para quienes la obediencia seguía siendo el supremo valor castrense. Los escritos elevados a la Reina Gobernadora por los capitanes generales Llauder y Quesada respondían a las viejas formas de fomento y vigilancia de la libertad. Pero las circunstancias forzaron luego a un cambio del curso natural de las cosas porque la guerra civil militarizó de nuevo al país y la presencia sucesiva de dos reinas que carecían en absoluto de sentido de Estado no sólo permitieron sino que favorecieron el auge de los príncipes de la Milicia. El sueño del liberalismo civil se disipó pronto y la realidad trajo una Monarquía tutelada por generales pretorianos que actuaban como Protectores de ella.

El liberalismo constitucional español de la primera mitad del siglo XIX gastó sus mejores esfuerzos –y triunfó en toda la línea– en su lucha contra el absolutismo: primero el fernandino y luego el carlista.

Pero si el liberalismo logró triunfar sobre el enemigo exterior (el absolutismo) sucumbió ante unas presiones surgidas en el interior que pronto desnaturalizaron por completo el sistema. El ejército, sobrealimentado por exigencias de una larguísima guerra, rompió materialmente el juego constitucional de los partidos (que formalmente afirmaba respetar) y se erigió en árbitro ilegítimo de sus luchas. La casta militar del Generalato se convirtió de hecho en una guardia pretoriana que, paso a paso, primero decidió sobre la suerte de los gobiernos constitucionales y luego tomó sencillamente el Poder en sus manos. La Monarquía española terminó tutelada por el ejército, mientras que los partidos políticos desempeñaban la triste figura de instrumento civil de los pretorianos. Las constituciones no pasaban de ser un papel retórico, las elecciones una farsa y los gobiernos unas marionetas: la única institución sólida era la militar.

Las monarquías tuteladas adoptan dos variantes históricas: en unos casos el tutor es el protector de la Corona y de los gobiernos arbitrando a su voluntad las luchas políticas y sus resultados; mientras que en otros el tutor es algo más que un árbitro pues actúa como un gestor directo. Así sucedió en España a partir de 1840. La historia del liberalismo puede verse de distintas maneras: como una sucesión de constituciones o como una alternancia de partidos y gobiernos. La visión más realista es, con todo, la que la percibe como una galería de espadones pretorianos: Espartero, Narváez, O’Donnell, Prim, Serrano, cada uno con bandera propia pero con colores tomados de un partido político preexistente o de nuevo cuño. Espartero usurpó la jefatura del progresismo como Narváez la del moderantismo y los generales siguientes no llegaron cronológicamente a protagonizar la época de que este libro se ocupa.

Las Cortes constituyentes de 1836-37 y el Gobierno Calatrava-Mendizábal representaron un momento histórico paradójico: por un lado ocuparon el cenit del progresismo civil y, por otro, fueron los testigos de su ocaso y del advenimiento de una Monarquía tutelada o pretoriana que se inició en el Gobierno Bardají y se consolidó en los de Ofalia, Frías y Pérez de Castro hasta coronarse en la Regencia de Espartero. Desde esta perspectiva cobra este período una nueva significación.

El progresismo civil fue un sol radiante dado que en unos meses se alcanzaron mejor o peor los objetivos más importantes que se había propuesto y que cambiaron la estructura política, económica y social de España. Pero también fue el apogeo del liberalismo dado que la mayor parte de los objetivos progresistas eran compartidos por los moderados y, además, la irrupción de los pretorianos afectó por igual a los dos partidos, que no sólo la toleraron sino que la buscaron decididamente. Progresistas y moderados aceptaron por igual esta regla de juego y el único ejemplo de resistencia –frustrado bien es verdad– fue el intentado por el moderado Bravo Murillo.

Entre unas cosas y otras, en 1836-37 la concentración de acontecimientos históricos resultó sencillamente impresionante pues, dejando a un lado los logros de la «revolución liberal», en esos meses cristalizaron sus mecanismos operativos, a saber, la constitución conciliadora de 1837 y el anuncio de la emergencia de sus dos instituciones fundamentales no escritas pero que posibilitaban la supervivencia del sistema: los partidos políticos organizados y la tutela de la Monarquía. Ni uno ni otro fenómeno aparecieron en el período cronológico que en este libro se estudia, pero en él se engendraron y a través de ellos debe valorarse su verdadero sentido político.

Un autor particularmente sensible a la importancia del Poder militar fue Nicomedes Pastor Díaz, quien a lo largo de su obra insistió varias veces y con singular contundencia en este fenómeno. En su temprano escrito sobre La cuestión electoral (21) ya indicó de pasada que «cuando se hable de Gobierno, Ministerio o Gabinete se comprende y debe comprenderse natural, legal, constitucional y hasta parlamentariamente, como parte principal e integrante de este ser colectivo al Jefe superior de los ejércitos nacionales». Y ya más directamente en su exposición A la Corte y a los partidos precisó (435) que «la revolución llamó en su ayuda a la fuerza del sable. Triunfó en esta lucha, pero la victoria le costó darse un dueño. Huyendo de los riesgos del poder civil, tuvo que encumbrar sobre sus hombros al despotismo militar». Y más adelante (491): «Con el Gobierno militar las instituciones liberales son una decepción escandalosa, el Trono es un fantasma, el Parlamento una comparsa teatral. Con el régimen militar el principio de autoridad está falseado, la libertad individual ha cedido su lugar a la Ordenanza (...) Queremos ejército, pero queremos un ejército militar. Lo que rechazamos es un ejército político. Lo que condenamos es que el país esté administrado militarmente. La supremacía del Gobierno militar es un retroceso, un anacronismo».

De entre los autores coetáneos fue, no obstante, Balmes el que con mayor clarividencia analizó lo que él llamaba «la preponderancia militar» en una serie de artículos publicados en El pensamiento de la Nación, que consideraba como un mal constante e inútilmente denunciado: «Lo que vemos es un ejército que está siempre sobre las armas. Las naciones ¿son por ventura un campamento? ¿El Palacio de los reyes es acaso una fortaleza? (...) Si el general Narváez hubiese sucumbido a la alevosía de sus asesinos, otro u otros le hubieran reemplazado (...) Estos militares serán uno o muchos, se llamarán Narváez o con otro nombre, pero el hecho será el mismo: no habrá poder civil y sí únicamente poder militar» (25.12. 1844). Y en el número de 18.3.1846 hacía una advertencia muy aguda: «Mucho se habla en los últimos tiempos de la necesidad de destruir la preponderancia militar para fortalecer el poder civil; más bien debiera pensarse en robustecer el poder civil para destruir el poder militar. No creemos que el poder civil sea flaco porque el militar sea fuerte, sino al contrario».

El agotamiento del progresismo civil

La nota más saliente de la política liberal progresista de 1835 a 1837 es la de haber conservado su autonomía civil, entendiendo por tal a estos efectos el no haber sufrido influencia grave de inspiraciones militares ni, mucho menos, haber estado sometido a la tutela del Ejército. Los Gobiernos de Mendizábal, Calatrava y Bardají encarnaron y desarrollaron un auténtico Poder civil y en esto fueron los últimos de su época porque, cuando los progresistas reaparecieron en 1840, lo hicieron ya bajo la tutela del general Espartero y, dejando a un lado por brevísimo y frustrado el fugaz Ministerio de Olózaga de 1843, ya no volvieron a recobrar su capacidad política autónoma en todo el reinado de Isabel II. Por tal razón se distingue en este libro entre un progresismo civil (que es el que se está historiando) y un progresismo militarmente tutelado que vendría luego.

Esta nota civil es tanto más notable si se piensa que el Ministerio Calatrava-Mendizábal nació y murió al empuje de dos golpes militares –el motín de sargentos de La Granja que lo encumbró y el motín de oficiales de Pozuelo que lo derribó– pero que no llegaron, y ni siquiera intentaron, influir más tarde en sus decisiones ya que tanto los sargentos como los oficiales amotinados se limitaron a «quitar y a poner rey» para retirarse inmediatamente de la escena.

Mendizábal entró en la alta política y fue nombrado presidente del Consejo de ministros como consecuencia de los movimientos revolucionarios de unas juntas provinciales con el encargo expreso de que las «domesticara», es decir, que las apartase de las decisiones políticas y, a ser posible, las disolviera sin violencia. Así fue como comenzó su vida política de la mano de unas insurrecciones populares en las que el Ejército no participó ni para alentarlas ni para aplastarlas, puesto que permaneció neutral, aunque por lo común la oficialidad no viera con buenos ojos esta intromisión popular en la vida política al margen (o en contra) de las instituciones oficiales. Las juntas se disolvieron seducidas por la personalidad y promesas del nuevo presidente, aunque permanecieron en actitud vigilante a través de las comisiones de armamento y defensa. Un período transitorio que duró poco, puesto que Mendizábal, que había tenido la habilidad de amansarlas pacíficamente, tuvo también la de lograr que desaparecieran prácticamente sin dejar rastro. Alejadas del poder las juntas y políticamente neutral el Ejército, pudo gobernar cómodamente con el apoyo de Palacio y con la benevolencia de unas Cortes que, aun no siendo progresistas, le concedieron sin dificultades un generoso voto de confianza.

Por lo que se refiere al Ejército, que es lo que aquí interesa, se mantuvo sumiso con el Gobierno, aunque empezara a elevarse la sombra política de Luis Fernández de Córdova, jefe del ejército del Norte, con el que el presidente del Consejo de ministros mantenía unas relaciones oficiales y personales excelentes. En una palabra: los problemas que planteaba el Ejército no eran de índole política sino financieros y estrictamente militares. El hecho de que el Ministerio Mendizábal fuera sustituido por el de Istúriz al hilo de unos nombramientos militares que se negó a firmar la Reina Gobernadora fue una mera anécdota dado que no fue la causa, sino el simple pretexto, de la crisis.

Lo que resultaba claro, con todo, era que las cosas no iban a seguir igual. Algo grave tenía que estar pasando cuando en un año justo se sucedieron tres crisis ministeriales anómalas: una provocada por juntas populares, otra por una camarilla palaciega y la tercera por unos sargentos desconocidos y sin cabeza visible. Con estos datos era manifiesto que el sistema político no funcionaba regularmente y que los sueños constitucionales se estaban disipando a ojos vistas. Cierto era que el Antiguo Régimen estaba carcomido y no valía ya; pero el recambio liberal tampoco parecía viable.

Para empezar, el régimen liberal no contaba con la confianza del pueblo, que sentía por él una aversión más que justificada, ya que veía que para los políticos el Poder era un botín. Los testimonios literarios de todo el siglo, y no sólo de la Regencia, no pueden ser más unánimes ni contundentes en este sentido y pesan mucho más que las fanfarrias y palabrerías oficiales. La distancia entre el Gobierno y el pueblo era sencillamente sobrecogedora. Rodríguez Alonso ha explicado que el sistema liberal vivía «de espaldas al pueblo». Probablemente haya que endurecer todavía más esta expresión si se piensa que se gobernaba «contra el pueblo». Los liberales lo sabían bien y de aquí su empeño en atraer nuevos seguidores a su causa comprándolos descaradamente con el cebo del saqueo de los bienes eclesiásticos y la ocupación de empleos públicos. En definitiva, el pueblo desconfiaba del Gobierno de la misma manera que el Gobierno desconfiaba del pueblo y nada horrorizaba más a los liberales, tanto moderados como progresistas, que la presencia del pueblo: la democracia –equiparada a anarquía– se consideraba la peor y más peligrosa de las herejías.

En segundo lugar, los políticos tampoco creían en el sistema que con tanto ardor predicaban y que habían impuesto desde arriba. Los Gobiernos eran literalmente tramposos ya que desvirtuaban todas las instituciones: falseaban las elecciones con las que pretendían legitimarse; no respetaban la constitución con el pretexto de la salvación de la Patria; no acataban las leyes invocando lo extraordinario de las circunstancias que se estaban atravesando; tenían en su mano a los empleados públicos y manipulaban a los jueces; el Poder público era un botín que se repartía alternadamente y el saqueo era habitual. ¿Qué régimen podría sostenerse en tales condiciones?

El Palacio, por su parte, era el que menos se fiaba del Gobierno, al menos del progresista, puesto que María Cristina no podía olvidar las humillaciones de La Granja y con doblez borbónica estaba dispuesta siempre a engañar a quien le sirviese o acompañase: traicionó a los liberales en sus negociaciones personales con su cuñado como a éste cuando vio que no le era necesario; se vengó implacablemente de los progresistas cuando tuvo la primera oportunidad; dio ejemplo constante de rapacidad económica y burló a todos con su matrimonio y embarazos de Regente «viuda». Y hasta engañó a las Cortes logrando que reconocieran a la Corona un protagonismo constitucional, que ella y su hija no usaron nunca honestamente.

El sistema constitucional en esta atmósfera de desconfianza no podía consolidarse; el país entero no funcionaba, como atestiguan terminantemente los documentos de la época. Cuando se deslucieron los mitos personales, el desengaño fue tan grande que durante un siglo los españoles no quisieron volver a saber nada de héroes civiles hasta Cánovas o hasta Maura o hasta Azaña. Ahora bien, como seguían necesitando un héroe, acudieron a la cantera, mucho más rica y fiable, del Alto Generalato. Los entorchados militares deslumbraban mejor al pueblo sencillo que las casacas civiles y la compañía de las bayonetas reconfortaba. España se decidió entonces por los héroes militares que aclamaba el pueblo sin saber bien por qué y que, además, los políticos necesitaban para apuntalar sus débiles gobiernos. Tal fue el secreto de los éxitos políticos de los generales españoles desde Espartero: que los llamaron de consuno el pueblo y los propios políticos.

En cualquier caso, lo que parecía evidente era que el liberalismo había malgastado en un tiempo brevísimo sus posibilidades. Tal parecía ser su destino en España: primero en Cádiz y luego en el Trienio pereció a manos del absolutismo fernandino. De esta condena pudo librarse en esta tercera oportunidad, pero se agotó también pronto como verdura de las eras, al carecer de sustancia propia y asfixiado, ya que no por un ejército extranjero, por la faja de sus propios generales. Cierto es que en apariencia el régimen liberal subsistió durante todo el reinado, mas no debemos dejarnos engañar por las apariencias porque el liberalismo originario, de naturaleza inequívocamente civil, desapareció de hecho para dar paso a un régimen distinto que aquí llamamos liberalismo (en sus dos variantes progresista y moderada) militar encarnado en una monarquía tutelada por el Poder militar apoyado en una corporación pretoriana.

Los pretorianos

Una guerra civil es el mejor caldo de cultivo para la exaltación de los militares y el establecimiento de un régimen castrense. Pero los regímenes militares son muy variados. En España la guerra de la Independencia no llegó a producir caudillos en sentido político propio y los cabecillas de las guerrillas se quedaron en simples jefes militares porque aquí hubo un poder oficial, el rey Fernando VII, que cuando recuperó sus funciones políticas a los caudillos incipientes les desterró, les fusiló o les nombró generales de su ejército regular.

La guerra carlista cambió, no obstante, el panorama puesto que el poder central estatal desapareció casi por completo. La Reina era una niña y su madre una extranjera, mientras que las instituciones tradicionales fueron demolidas sin dar tiempo a que las nuevas se consolidaran. En ocasiones el Gobierno mandaba solamente sobre las reducidas parcelas que se divisaban desde las torres de Madrid. El resto estaba en manos de Don Carlos y sus facciones o de las juntas provinciales revolucionarias o de los generales cristinos. El poder estatal no lo ejercían ni los jefes políticos ni las Audiencias ni los intendentes de Hacienda salvo que tuvieran una escolta de soldados detrás. Quienes mandaban de veras eran los jefes militares que respaldaban a las autoridades civiles cuando no preferían ejercer ellos el mando directamente. En algunas ciudades, dominadas por las oligarquías locales, la situación era algo distinta y, por supuesto también en Madrid, sede de las reinas y del Gobierno. La verdad es que las guerras, sean exteriores o civiles, generan inevitablemente tensiones entre políticos y militares pues ambos grupos se echan la culpa de los fracasos y se disputan los laureles de las victorias. Los políticos acusaban a los generales de ineptitud y arbitrariedad, de mala gestión de la intendencia y de torpeza táctica; mientras que los generales se quejaban de que no podían hacer otra cosa porque los políticos no les proporcionaban los medios necesarios para ganar la guerra. Ahora bien, como el espíritu corporativo de los militares, no obstante sus rivalidades internas, era más sólido que el de los políticos, las tensiones terminaron con una ventaja posicional aplastante a favor de aquéllos, que éstos tuvieron que soportar.

Con la guerra civil se arruinó la población, murieron soldados y no pocos oficiales, pero los supervivientes de éstos hicieron carrera y aseguraron su porvenir. La guerra es la época de la siega y de la vendimia de los jefes militares: un tiempo de fatigas y de peligros que les permite vivir el resto de la vida. Por ello, si no hay guerras, se buscan, que ocasiones nunca faltan dentro y fuera de la metrópoli.

En las guerras aumenta desmesuradamente el ejército; pero cuando llega la paz los soldados regresan a sus casas mientras que los oficiales permanecen en el escalafón. En la sesión de Cortes de 26 de mayo de 1837 Torrens llamó la atención sobre el número y situación de los generales del ejército cristino. Si en 1828 el cuadro de organización del Estado Mayor general comprendía 60 tenientes generales, 75 mariscales de campo y 95 brigadieres, a comienzos de 1837 ya había 67 tenientes generales, 159 mariscales de campo y 390 brigadieres, a los que había que añadir, en Marina, un capitán general, 4 tenientes generales, 12 jefes de escuadra o mariscales de campo y 17 brigadieres. Número que aumentaría después sensiblemente cuando se incorporaron los generales carlistas como consecuencia del convenio de Vergara. ¿Qué hacer con estas multitudes en tiempo de paz cuando los sueldos apenas daban para malvivir? La tentación política tenía que crecer también inevitablemente.

Por otra parte la guerra –en lo que aquí interesa– necesita héroes, que reconfortan e ilusionan a la Nación. Sin ellos no hay batallas gloriosas que consuelen de las calamidades presentes y hagan confiar en la victoria final. Por eso, si no hay héroes, se inventan porque son imprescindibles. El heroísmo es gloria, mas no sólo, ya que el aura popular es políticamente rentable y con harta frecuencia los presidentes del Gobierno terminan tallándose con madera de militares.

Pero todavía hay más: en la guerra civil aprendieron los militares que la baza que valía era la fuerza, de tal manera que quien la tenía podía hacer lo que quería y, sobre todo, sin tener que dar cuentas a nadie. La fuerza impune: ésta fue la lección de la guerra y el camino de la dictadura.

Por último, a los pocos años de establecerse el parlamentarismo constitucional los grupos políticos se percataron de que a falta de una base social sólida necesitaban un apoyo militar que los sostuviese. Éste no había sido todavía el caso de Martínez de la Rosa y de Toreno; pero sí el de Calatrava, pues quien es alzado por las bayonetas se cae cuando éstas se retiran (como le sucedió luego realmente); y así se llegaría hasta 1868.

Las guerras civiles terminan de ordinario con una dictadura militar. Pero nuestro siglo XIX no fue sólo tiempo de dictaduras ni de caudillos sino de la recuperación de una vieja figura del imperio romano: el pretorianismo. En un régimen pretoriano los generales se van sucediendo en el poder conforme a reglas que ellos mismos establecen mediante negociaciones o en el campo de batalla. El pretorianismo español isabelino era, no obstante, distinto del imperial romano, ya que adoptó un corte decididamente moderno al maridarse con el constitucionalismo. Los generales decimonónicos no eran legalmente dictadores (es decir, titulares de poderes personales excepcionales) sino, aparentemente, meros presidentes de gobierno con uniforme y fajín, aunque de hecho tutores y administradores del gobierno constitucional. Como se ha repetido, era un régimen constitucional (monarquía incluida) sometido a un protectorado: «protegido» por un general. Los generales –castizamente llamados «espadones» o «estafermos»– no rompían las reglas del juego constitucional: se limitaban a hacer trampas o, si se quiere, a cortar aquéllas a su medida y no necesitaban usar escandalosamente de su fuerza ya que para gobernar les bastaba con colocar la espada sobre la mesa junto a los códigos legales («la espada de Breno» era uno de los tópicos más socorridos de la época) y los súbditos sabían a qué atenerse, sobre todo si se daba de vez en cuando un buen ejemplo de represión; mientras que para legitimar el Poder adquirido en una cuartelada acudían a la cobertura formal de las urnas que siempre les eran dóciles.

Sólo los dictadores torpes o débiles necesitan imponer leyes propias ya que el Gobierno funciona más suavemente con las leyes constitucionales ya existentes, si se saben manejar bien. Y si el militar es hábil, ni siquiera es preciso que se siente en el Consejo de ministros, y mucho menos en el Congreso, con tal de que el presidente (escogido por él, desde luego) no se salga de las instrucciones que se le han dado. Esto era lo que hacían nuestros espadones en los intervalos en que no eran jefes de gobierno.

En definitiva, entre la revolución liberal y la Primera Guerra Carlista se desmantelaron concienzudamente las instituciones políticas y sociales del Antiguo Régimen y, a falta de un parlamentarismo honesto y de una burocracia centralizada que no consiguió todavía arraigar, sólo quedaron dos pilares del Estado –el Altar y el Trono– aunque seriamente deteriorados por el propio liberalismo: el Altar que, una vez empobrecido, cayó bajo el patronato del Estado; y el Trono que fue sometido a la tutela de los generales pretorianos. Las instituciones públicas liberales se secaron convirtiéndose en una cáscara formal mientras que en el interior el fruto político fue devorado por un militarismo insaciable, cuyo primer representante –luego vendrían otros– fue Espartero.

En las Cortes constituyentes el fantasma del pretorianismo fue evocado patéticamente por Pascual el 18.8.1837 con referencia expresa al motín de Pozuelo: «Reflexionemos que una guardia pretoriana en Roma dio el paso osado de tocar a la persona de uno de sus emperadores. El pueblo y el Senado callaron y aquella guardia consiguió lanzar del puesto al primer hombre de la república. Desde entonces la guardia pretoriana se erigió en dictadora y se arrogó el derecho de poner y quitar emperadores a su placer. El pueblo romano no fue desde entonces su soberano: fue su esclavo. Los príncipes no fueron sus jefes, fueron sus condescendientes servidores. En España ni puede haber guardia pretoriana ni debemos permitir jenízaros».

Un fenómeno que, por lo demás, había sido también percibido por los observadores extranjeros. El 25.5.1839 escribía Southers a Palmerston (apud Janke, 294) que los generales «por su influencia personal, tanto en Palacio como en la sociedad, han trabajado siempre secretamente, pero con eficacia, contra toda medida constitucional. Estos hombres, que forman la moderna nobleza de España, la mayor parte de la cual tiene su origen en la contienda americana, han sido casi invariablemente los donadores de patronazgo desde la muerte de Fernando VII y constituyen la cabeza de un partido que, aunque no hace ruido, es capaz de frustrar los proyectos de los hombres de negocios llamados a aconsejar a la reina, a menos que pertenezcan a su mismo círculo».

El pretorianismo decimonónico español fue una variante de la influencia de los generales en la vida política, cuyas características genuinas conviene destacar dentro del abanico de manifestaciones posibles.

El primer tipo es el del caudillo, que en España floreció en la guerra de la Independencia y más todavía en las Indias inmediatamente después de la separación de los Estados americanos. El caudillo no era necesariamente un general y hasta podía ser de origen civil, incluso un clérigo. Empezaba ordinariamente como jefe de partida, desde el cura Merino hasta Cabrera o Zurbano: un jefe que conseguía levantar unas tropas que le eran personalmente fieles y de cuya alimentación y promoción se ocupaba. De jefe de partida saltaba a veces, si tenía suerte, a general del ejército, aunque fuera con un autonombramiento; y en circunstancias singularmente favorables a caudillo nacional: una figura que en España no llegó a extenderse. El caudillo era en todo caso un transgresor deliberado de las leyes y de las reglas constitucionales.

De un caudillo afortunado podía salir un dictador que se hacía dueño del Estado e imponía la ley, que era su voluntad personal. En el siglo XIX español tampoco hubo dictadores en sentido propio, ni siquiera Narváez en sus mejores tiempos. Porque todos los generales en el Poder reconocían las leyes: simplemente no las cumplían cuando no les convenía dado que se sentían por encima de ellas.

El tipo más común y la cumbre de la carrera del general metido en política fue el Protector. El Protector arropaba un partido (que sin él no podía imponerse a los demás) y le empujaba hasta el Poder. El Protector arropaba también a un Gobierno, que sin él no podía mantenerse; y al final apoyaba a la misma monarquía constitucional, por muy contradictorio que esto resultara. Espartero fue el Protector oficial de los Ministerios progresistas y también de la Reina Gobernadora, que cuando perdió su protección tuvo que marcharse de España. Idéntica historia se repitió después con los moderados e Isabel II. Serrano fue el Protector del Cambio. Y la muerte de Prim dejó sin Protector al rey Amadeo.

Otra peculiaridad del Protector militar español (que él llama tutor) es –tal como ha puesto de relieve Cepeda Gómez (535)– que «ellos dibujarán, crearán un ente político nuevo en España: el líder de partido. Si no legalmente, sentando unas bases o programas organizativos de facto inaugurarán en nuestro país la figura, el rol del líder de los torys o de los whigs. Hasta ellos tal personaje no existió bien definido y delimitado. Martínez de la Rosa y Mendizábal no llegan a ser indiscutibles o indiscutidos jefes de moderados o progresistas como ocurrió con Don Baldomero o Don Ramón María. Desde entonces, desde que se ha producido entre 1833 y 1843 el acceso de los militares al poder político, la jefatura moral permanecerá en sus personas, aun cuando no ostenten el cargo o se encuentren separados, incluso geográficamente, de los resortes del poder». Andando los años, frente al liderazgo formal de Espartero, Mendizábal tuvo que contentarse con la honorífica presidencia de la tertulia progresista madrileña. Y además –añade también el autor– el liderazgo político se encontraba apoyado por la devoción de las masas, que sin entrar en mayores precisiones se dejaban arrastrar por el brillo de los uniformes y la aureola heroica de batallas más o menos imaginadas. La consecuencia de esta situación fue evidente: «En tanto que el liberalismo europeo se viste de chistera y de frac, al sur de los Pirineos los decretos liberales irán firmados con los sables. Y si en el resto de Europa occidental los militares serán manejados por banqueros, capitalistas y hombres de negocios, que les incitan a una actuación colonial que aumente los mercados donde vender sus productos y comprar materias primas, en España serán los civiles, hombres de negocios, capitalistas y diputados quienes actúen en la órbita de las figuras militares. Unos y otros se complementaban y beneficiaban respectiva y mutuamente» (532).

Espartero y su trayectoria pretoriana

Colocado al frente del ejército del Norte y acumulando honores (conde de Luchana, duque de la Victoria, príncipe de Vergara), premios y pensiones, tuvo el acierto de desembarazarse pronto de sus rivales (Córdova, Oráa, Narváez) y de que otros aceptaran voluntariamente su jefatura (Rodil, Alaix). Una vez reconocida su calidad de protagonista, desarrolló con habilidad una carrera política en la que pueden distinguirse tres fases: la del cortejo de los partidos para ganar su apoyo, la de la influencia sobre ministros y Ministerios y la de la asunción directa de la jefatura del progresismo. Todo ello con la salud deteriorada y unas condiciones militares más propias de un coronel que de un general en jefe. Pero le protegió siempre su buena estrella y, sobre todo, tenía como talento natural una cazurrería insuperable y una retórica seudoideológica muy propia de su tiempo bien manejada con pluma ajena. Convertido en un héroe militar desde el levantamiento del sitio de Bilbao (que en realidad no fue obra suya) y apuntado finalmente al progresismo, se convirtió en un mito progresista y en la figura más representativa de la política española del siglo XIX, cuya mediocridad reflejaba a la perfección.

Sus cualidades personales no engañaron, sin embargo, a los mejores observadores de la época. Buena parte del ejército estaba en su contra, como se vio en las borrascosas escenas parlamentarias de agosto de 1837 a propósito de su sospechosa actuación en el motín de Pozuelo y, años más tarde, en la conspiración para secuestrar a la Reina (con el implacable fusilamiento de los generales más brillantes de la guerra civil) y en el lamentable final de su Regencia y destierro a Inglaterra. A quien tampoco logró nunca convencer, desde luego, fue a Villiers, cuya correspondencia ha recogido González Alonso, 1991 (pp. 174 ss.) en un florilegio de citas que sirven para describir un personaje de Valle-Inclán: «Las circunstancias han hecho de este hombre el azote del país. Vano, presuntuoso e incapaz, adorado por sus soldados y por sus propios crímenes como general, a saber: una indiferencia temeraria hacia la disciplina, ensalzado por sus oficiales porque, por su amor a la comodidad y su deseo de popularidad, accedió a todas sus monstruosas demandas de promoción sin consideración a sus méritos ni al estado exhausto del Tesoro. En una palabra, que es tan peligroso dejar a Espartero seguir de jefe como destituirlo» (19.8.1837). «Espartero no es un traidor, es un simple soldado, eso es lo que es, y no es más general que yo, pero no es carlista. Actualmente conozco bastante bien lo que vale cada uno de estos caballeros e hice lo que pude para impedir que se le nombrara comandante en jefe, sabiendo que no tiene cabeza ni coraje moral. Cuando Rodil fue al Sur para no coger a Gómez, Espartero fue nombrado ad ínterin comandante supremo. Cuando se descubrieron los errores de Rodil, tuvo que ser confirmado en el cargo Espartero, primero, porque no había ningún otro para mandarlo; y segundo, porque es muy popular en el Ejército (24.12.1836). «Si Don Carlos llegara a triunfar no sería bastante la mitad de su reino para recompensar a Espartero, que es el único que de verdad le ha prestado un servicio. Sin embargo, no es un traidor intencional» (28.8.1837). «Rey más efectivo de España que ninguno de los que han reinado aquí durante los últimos cincuenta años. Un Roi fanéant que no se preocupa más que del dinero y de las raciones con el fin de mantener en alto su popularidad ante las tropas, un rey que únicamente demuestra celo cuando quiere aplastar a un enemigo personal» (15.12.1838). Y en 21.1.1937: «Después de los debates de las Cortes, de las recompensas concedidas y de las alabanzas de la prensa, ningún gobierno español, por muy convencido que esté de la necesidad de quitar a Espartero, se atrevería a hacerlo y el mero anuncio de esta intención bastaría para derribar a Calatrava. De su permanencia en el cargo depende la tranquilidad política del país». He aquí, en suma, un contrapeso caricaturesco de la empalagosa literatura oficial que le dedicaron los autores de la época.

Entre los historiadores actuales Carr –que tanto ha insistido en el pretorianismo de los generales españoles decimonónicos– así ha visto a nuestro personaje: «Como ocurre con tantas figuras de este período, tan sólo podemos aventurar conjeturas acerca de las intenciones de Espartero. Era políticamente simplista, vulgar de mentalidad y con voz estentórea, muy aficionado a los naipes (...) Probablemente no ambicionaba más que ser un héroe permanente, por encima de la política y del partido, siempre que los políticos no le atacara a él o a su grupo de oficiales amigos, que no elevaran a sus rivales o disolvieran el Ejército».

En la vida política de Espartero se refleja con fidelidad la trayectoria pretoriana de una figura del romancero. De sus tres fases características sólo la primera incide en la época que en este libro se estudia; pero conviene examinar también la segunda (aunque desborda ligeramente el marco cronológico que hemos escogido) y apuntar algo sobre la tercera, ya más lejana, para comprender mejor el alcance del modelo pretoriano español del siglo XIX.

a) Fase de posicionamiento mediante eliminación de sus adversarios

La carrera pretoriana es singularmente áspera pues para llegar arriba hay que superar primero una selección complicada, cruenta o incruenta. Una vez puestos a rodar en la rampa de la guerra civil era inevitable que se llegara a un régimen militar, pero fueron muchos los candidatos que, aun teniendo méritos suficientes, se quedaron en el camino. A unos les sobraban años (Álava, Almodóvar), a otros les faltó la fortuna (Llauder, Rodil, Fernández de Córdova) o no tenían ambición suficiente (San Miguel, Seoane) y otros, como Quesada, tuvieron peor fin puesto que fueron pura y simplemente asesinados o fusilados (como León). La mayoría fueron eliminados en episodios previos, en duelos y rivalidades que había que superar para abrirse paso. De acuerdo con estas reglas de juego resultaba necesario colocarse en un lugar preciso, marcando el campo propio o colocando las tiendas en el terreno de un jefe al que se prometía fidelidad a cambio de ascensos, prestigio y cesión de algún poder.

Desaparecido tempranamente Llauder, el favorito de la Reina Gobernadora, Luis Fernández de Córdova, patrón natural de los moderados, cayó con ellos en el motín de La Granja y murió poco tiempo después antes de que la rueda política volviera a encumbrar a los de su religión. La edad y la mala salud descartaron luego a Almodóvar, que también gozaba de las simpatías de María Cristina. El pasado exaltado de San Miguel avalaba ciertamente su carrera política, pero ya tenía bastante con sus amargas experiencias ministeriales del Trienio y no deseaba repetir este tipo de aventuras aunque, bien a su pesar, tuviera que volver a ocupar ministerios, y con resultados nada brillantes, por compromisos ineludibles. Rodil, inicialmente muy bien colocado, se suicidó, sin que nadie le empujase, en los asombrosos disparates de la persecución a Gómez (aunque resucitase inesperadamente años más tarde). Con todas estas bajas la candidatura más firme era la de Espartero, que se encargó de ir eliminando a sus posibles rivales, bien sea incorporándoles a su séquito (como a Alaix) o bien destruyendo su prestigio (como a Oráa y a Narváez). Veamos primero el caso de Oráa.

Durante un tiempo Oráa, aunque subordinado por el escalafón a Espartero, era tan popular, o más, que éste. Estaba, sin duda, bien colocado para la carrera y era un buen candidato, así que Espartero, celoso y marrullero por temperamento, decidió eliminarle antes de que fuera demasiado tarde y para ello se aprovechó del poco éxito que tuvo en la dirección de la campaña del Maestrazgo, despeñadero insalvable hasta entonces de todos los generales cristinos. En julio de 1837 las relaciones entre ambos eran ya insostenibles, la cuerda se rompió en el punto más débil y Oráa no se molestó en intentar recuperar sus posiciones políticas. Pero como muestra de las tensiones que entre los dos corrían valgan dos testimonios: en su carta al ministro de la Guerra de 23 de julio de 1837 decía Oráa:

Respeto las disposiciones de este ilustre general que venero y aprecio, pero no puedo consentir se ofenda el decoro del empleo ni se hiera en lo más mínimo el carácter de la autoridad militar de estos distritos de que estoy revestido.

Y en las mismas fechas (25.7.1837) oficiaba Espartero:

Es indispensable llamar la atención de S.M. sobre la conducta que observo en el general Oráa y que de continuar así puede producir males de mucha trascendencia. Por lo pronto, exige imperiosamente el bien de la patria que el Gobierno decida terminantemente una cuestión desagradable e indecorosa para el mismo Gobierno.

En esta escaramuza nadie se atrevió a enfrentarse con el poderoso General en Jefe y quedó Oráa políticamente fuera de combate.

Alaix –otro candidato posible– no era popular ni estimado por sus compañeros, pero sus tropas le querían (las malas lenguas decían que por su excesiva tolerancia) y, mejor aún, disfrutaba de la gracia de Espartero. Decidió entonces colocarse en su séquito y no le fue mal en la carrera. En 1836, en Andalucía durante la expedición de Gómez, había intentado frenar la impetuosa carrera de Narváez del que, pese a su juventud, tenía ya celos Espartero pues había intuido en él un rival peligroso, como pronto terminaría demostrando. El gesto de indisciplina de Cabra castigó políticamente a Alaix, pero fue premiado por el General en Jefe como un mérito de fidelidad personal.

La verdad es que Espartero, directamente o a través de sus corifeos, continuó hostigando implacablemente a Narváez y logró marginarlo varias veces, pero no eliminarle definitivamente, porque éste era políticamente incombustible: un gran militar para aquellos tiempos, útil a la Reina Gobernadora como luego a su hija y, para colmo, sus intemperancias personales reforzaban paradójicamente su popularidad, como andaluz que «cae en gracia». En definitiva, el espadón de Loja terminó formando, con Espartero y O’Donnell, la gran trinidad de tutores del liberalismo isabelino que devoraron las ilusiones civiles de los partidos políticos, convirtiendo a moderados y progresistas en simples coberturas formales que se limitaban de hecho a legitimar constitucionalmente las descarnadas desnudeces de las fuerzas cuarteleras.

Acabamos de ver lo que hizo Espartero para irse deshaciendo de sus rivales y más concretamente de Oráa. Narváez, no obstante su juventud, demostró ser un hueso más duro de roer. Después del incidente con Alaix y de la causa que se le siguió por desobediencia, tuvo lugar el episodio, mucho más grave, del ejército de reserva de Andalucía. Porque si en el peso de un rival cuentan los efectivos militares de que dispone, 40.000 hombres devotos a Narváez podían suponer un peligro para el General en Jefe de los ejércitos reunidos. De aquí el empeño de Espartero en que se le privase a Narváez de este mando y las duras críticas que le dirigió. En una primera Exposición de 31.10.1838 (a la que siguió otra de 6 de diciembre) llegó a declarar que

temo y creo temer con fundamento que se procura hallar un hombre que las inteligencias atraigan a sus miras y le hagan susceptible de aspirar a la dictadura. La falta de experiencia, el amor propio halagado, las pasiones fomentadas y mil resortes puestos en movimiento pueden alucinar de suerte que con las mejores intenciones se deslice la persona elegida o determinada.

Felizmente para Espartero, Narváez y Córdova resultaron ingenuamente implicados en las revueltas de Sevilla y así pudo librarse de ambos rivales, al menos de momento, de un solo tiro. Siendo de notar a este propósito lo contradictorio que resultaba el que la persecución del futuro caudillo del moderantismo fuera dirigida por un Ministerio moderado (Pérez de Castro y en Guerra Cleonard) en beneficio del caudillo del progresismo.

b) Fase de las tentaciones políticas

Después del éxito militar de Luchana Espartero fue halagado por los partidos políticos que sentían la necesidad de contar con su apoyo militar y querían aprovecharse de la indiferencia ideológica del General en Jefe. Espartero carecía, en efecto, de preferencias políticas y hasta es dudoso que llegase a entender las diferencias, ciertamente confusas, que separaban a progresistas y moderados. Pero su fino instinto le aconsejó permanecer en la ambigüedad hasta que las cosas se aclarasen y de esta forma pudo hacer alarde de neutralidad política, reservando su entrada en acción para el momento adecuado. Esto se vio bien en el motín de Pozuelo pues, caso de no haberlo inspirado él, lo toleró manifiestamente aunque ello le costase la enemiga de Mendizábal; y aun así, nadie supo adivinar entonces en qué lado se encontraba.

Mientras tanto el Congreso le daba muestras constantes de respeto reverencial, consintiéndole privilegios excepcionales como el de su retraso en la toma de posesión y jura de la constitución, que no llegó a realizar hasta el 16 de septiembre de 1837, es decir, semanas antes del final de la Legislatura, con la única advertencia de Calderón de la Barca, que precisó formalmente que se le estaba dando «el tratamiento de excelencia, que no es el de los diputados, quienes solamente tienen el de señoría, y que a nadie, ni aun a los señores ministros, se da en el Congreso». Con todas estas ceremonias se olvidaba la dureza con la que se le había tratado en la sesión secreta del mes anterior (de la que se hace referencia en un anterior epígrafe de este capítulo).

Progresistas y moderados le adulaban y tentaban pues los dos partidos estaban convencidos de que su igualdad no se despejaría nunca en las urnas sino cuando un general empujara con su espada triunfal un platillo de la balanza, y en aquellos momentos la espada de mayor peso era la del General en Jefe del Ejército reunido. De hecho se había formado un círculo paradójico: porque todo general debía su cargo al Gobierno y el partido del Gobierno necesitaba el apoyo de un general. Recuérdese que cuando su antecesor en el cargo, Fernández de Córdova, perdió el mando, perdió también de forma automática su influencia política. El secreto estaba, pues, en alcanzar una fuerza intimidatoria tal que el Gobierno no tuviera coraje para destituirle.

Según el testimonio de Fernández Manrique (II, 21), «habíase Espartero mostrado poco accesible al matiz avanzado y en algunas ocasiones su declarado antagonismo; éste, por su parte, le correspondía con igual frialdad y aun con prevención mientras no le consideró tan temible que pudiera desbaratar su poderío ni tan fuerte que pudiera devolvérsele perdido una vez. Sin embargo, esto último se había verificado en todo su rigor; el conde, colmado de prestigio y cubierto de gloria, contaba ya con sobrada importancia para que su voluntad influyese de un modo casi soberano en la suerte de su partido y apreciando esta consideración los sectarios del progreso procuraron atraerle a sus filas». He aquí una referencia singularmente valiosa por la proximidad cronológica de su emisión (1844), que nos revela lo que por aquellos años corría, todavía no desfigurado, en los mentideros políticos de la Corte.

Por lo demás, los halagos y ofertas que se le hacían no eran mayores que las que se brindaban a sus rivales, pues una vez que se había desplazado la lucha política de las urnas a los cuarteles, era evidente que a un general había que oponer otro y, según estaban las cosas, la alternativa a Espartero era Narváez. De modo que mientras los dos mantuvieron su ambigüedad, a los dos había que dirigirse simultáneamente. Cuenta Villaurrutia (p. 394), que «antes de que saliese de Madrid Narváez en persecución de Gómez, habían tratado de ganarse al joven brigadier, como afiliado de valía, los dos partidos. El ministro de la Gobernación, Joaquín María López, lo llevó a su despacho y le expuso el deseo de que fuera progresista. Le contestó Narváez que era liberal (...) pero que ajeno a los partidos, que no comprendía, sólo quería ser soldado. Esta respuesta, que no satisfizo a López, fue la misma que dio a los moderados que con él comieron en casa del duque de Veragua».

Sometido el régimen constitucional a estas reglas, el liberalismo se convirtió en un fraude político gigantesco, en una farsa, en un juego de partidos truhanes con generales gloriosos que tallaban la banca. Con la consecuencia de que España vivió en un «golpe de Estado permanente» gobernase quien gobernase. Porque los generales votaban con sus bayonetas desviando en interés personal propio y particular de un partido los medios que el Estado había puesto en sus manos para defender a la nación.

c) Árbitro de la política

En 1837, cabalmente el mismo año crucial en que se había aprobado la Constitución y empezaban a consolidarse los partidos políticos organizados, la evolución pretoriana pasó a otra fase.

Desde 1837 a 1839 actuó Espartero como el árbitro de la política nacional. Oficialmente se abstuvo de tomar parte directa en ella puesto que renunció varias veces al cargo de presidente del Consejo de ministros y de ministro de la Guerra, para el que –nunca por término superior a un mes– fue nombrado por Calatrava (del 29.7. al 18.8.1837), Bardají (del 18.8. al 30.8.1837) y Ofalia (del 16.12.1837 al 17.1.1838). Pero su influencia real fue intensa y a él se debe la extraña situación de los gobiernos moderados de 1838 y 1839. Porque es el caso que desde la caída de Bardají oficialmente subieron al poder los moderados, pero los sucesivos presidentes no lograron establecer auténticos gobiernos de este carácter y ello se debió, entre otras causas, a la influencia de Espartero.

A primera vista resultaba inexplicable que después del rutilante Ministerio Calatrava-Mendizábal se formaran unos gobiernos moderados sin la participación de sus jefes naturales (Martínez de la Rosa, Toreno), presididos por individuos prácticamente jubilados y compuestos, salvo raras excepciones, por políticos de segunda fila de filiación dudosa. El Ministerio de Ofalia no contó más que con Castro como hombre de prestigio y los de Pérez de Castro con Arrazola, que demostró ser un ministro excelente pero que hasta entonces había pasado desapercibido.

Aunque lo más sorprendente fueron los «infiltrados» ajenos al partido oficialmente gobernante que impedían la implantación de una política auténticamente moderada. En el Ministerio Ofalia estaba el propio Espartero y en el de Frías Antonio González, Chacón (que ya había formado parte del de Calatrava) y, sobre todo, Alaix, hombre de confianza de Espartero que continuaría con Pérez de Castro y hasta ocuparía interinamente la presidencia del Consejo. En otras palabras, la formación –y por consiguiente también la actuación– de los Ministerios sólo era posible con el beneplácito del General. Según cuenta Fernando Fernández de Córdova en sus Memorias íntimas (333), «pensóse inmediatamente en un Gabinete presidido por el conde de Toreno o por Martínez de la Rosa genuinamente conservador; mas esta solución fue bien pronto desechada entre otras razones y dificultades por la secreta aunque vehementísima resistencia que al pensamiento opuso desde su cuartel general el conde de Luchana. Dio a entender éste, particular y reservadamente a la Corona, que no se podría contar con sus servicios desde el momento mismo en que se realizase tal proyecto».

Para entender estas contradicciones hay que percatarse de que Espartero, no estando dispuesto todavía a gobernar, tampoco permitía que los moderados lo hiciesen a su gusto y a tal propósito imponía esta heterogeneidad estéril. ¿Qué podían hacer Frías o Pérez de Castro cuando sus ministros eran hechuras de Espartero que, si no gobernaba, vigilaba y bloqueaba desde su Cuartel General o a través de sus hombres lo que pretendían hacer los demás?

La presencia de Alaix, que era su mano ejecutora como Linaje su inspirador (y lo que hoy llamaríamos su portavoz), no podía ser más significativa ya que la Reina Gobernadora le encargó que consultase a Espartero sobre el rumbo político y los nombramientos en su opinión más procedentes. Para Villiers (en carta de 8.12.1838) Alaix «es un soldado sin cultura, desconocido en Madrid y absolutamente ignorante, según él mismo confesaba, del estado de los partidos (pero) agente devoto del conde de Luchana (...) Tan ignorante y bruto como el último de sus subordinados, es el hombre de paja de Espartero». Muchos años después, en 1868, todavía podemos leer en la Historia de Garrido (225) que «desde que Alaix pudo penetrar en las regiones oficiales, la influencia de Espartero estuvo asegurada». Aunque lo más escandaloso fue la postura que adoptaron algunos ministros más atentos a los intereses del General en Jefe que a los del presidente del Consejo del que formaban parte. Veamos unas muestras.

El 18 de noviembre de 1839 escribía a Espartero el ministro de Marina, Montes de Oca (que un año después sería, por cierto, fusilado por orden del Regente):

En la mano de Vd. está el asegurar para siempre la libertad y el orden y con éste el trono de nuestra Reina. Confiado en esa mano poderosa he aceptado el ministerio seguro, como lo estoy, de que Vd. no negará su apoyo a un amigo que sólo aspira a sacrificarse en servicio de su Reina y de su Patria (...) Los demás ministros son adictos de Vd. pues de lo contrario ni Francisco Narváez ni yo hubiéramos entrado en el Gabinete (...) Espero que Vd. me manifieste sus deseos, seguro de que procuraré complacerle.

Y el siguiente ministro de Marina, Sotelo Martín, le escribía en abril de 1840, compitiendo con el anterior en servilismo, que no pertenecía a partido alguno «pues conociendo hace mucho tiempo los malvados que hay en uno y otro partido, me he conservado independiente (por lo que) desearía que Vd. me favoreciese con sus indicaciones si lo considera conveniente».

Y, en fin, Francisco Narváez Borderí, conde de Yumiri (que nada tenía que ver con su homónimo Ramón), ministro de Guerra, escribía el 18.11.1839 a los tres días de ser nombrado:

Por la determinación de la Señora de que yo me encargase en propiedad del ministerio, juzgué podía tener alguna noticia de Vd. favorable a mi nombramiento, pues me consta no admitiría ninguno en Guerra que pueda ser a Vd. desagradable. (Y a continuación le preguntaba reservadamente) ¿Qué conducta deberé seguir con Córdova? ¿Cuál con Narváez? ¿Meer merece alguna consideración? ¿Aldama deberá seguir siendo empleado? ¿Se empleará a Cleonard? ¿Cree conveniente que continúe en el cargo este subsecretario? ¿Cuáles de los generales y brigadieres deberán relevarse y por quiénes?

Las contestaciones de Espartero fueron siempre corteses con alardes expresos de neutralidad desmentida luego por su conducta. En espera de tiempos mejores el General en Jefe «se dejaba querer» decidido a no comprometerse prematuramente y a dar la batalla en el momento que a él conviniera.

Hasta el presidente del Consejo se puso sin rubor a su servicio. Ofalia le entregó el ministerio de la Guerra (al que renunció al cabo de un mes justo, el 17.1.1838). Pero para vencer su reticencia le envió a Carratalá con el encargo de que le convenciese para no abandonar el cargo y le escribió personalmente el 3.1.1838 «que su nombramiento como ministro de la Guerra tuvo por principal objeto el dar a conocer a la Europa, donde Vd. se ha hecho conocer por sus hechos de armas y por su amor al orden y a la disciplina militar, que el orden y la moderación serán la norma del Gabinete».

A lo largo de todo el libro se irán viendo abundantes testimonios de la indómita posición de Espartero a quien estaba permitido hacer toda clase de manifestaciones públicas de desacuerdo con el Ministerio cuando éste no se plegaba a sus exigencias, y que llegó incluso a amenazarle con dirigirse directamente a las Cortes para poner en evidencia su incuria como se comprueba en este oficio con el que coaccionaba sin tapujos a Ramonet, ministro de la Guerra, y que superaba cuantos gestos de insubordinación se había permitido nunca realizar un general:

No puedo menos de hacer presente a V.E. que si no se adoptan medidas prontas y eficaces para salir de la cruel situación en que me encuentro, para poner al ejército en aptitud de operar con ventaja, y para precaver las terribles consecuencias que tengo anunciadas, me será entonces permitido acudir a las Cortes con copia de cuantas reclamaciones tengo hechas y han sido desatendidas, y también de enterar al público a fin de que se vea cuáles son las causas que impiden emprender las operaciones.

En estas condiciones, ¿quién gobernaba realmente? O más precisamente todavía: en unos Ministerios tan heterogéneos, ¿podía llevarse a cabo una política moderada coherente? Inevitablemente los ministros moderados, encabezados por el hábil y tenaz Arrazola, tenían que chocar con Espartero y en especial con sus arbitrarias maniobras de ascensos y destinos militares con las que aseguraba su ventaja en el tablero político. Porque huelga decir que para un militar que necesitaba contar con un cortejo de generales de toda confianza, era imprescindible ayudar en su carrera a los amigos y esto supo hacerlo Espartero muy bien, aunque los perjudicados pasaran inevitablemente a engrosar las filas de los enemigos. La crónica de estos años está repleta de episodios de este tipo.

Alaix había sido sustituido en noviembre de 1839 por Francisco Narváez y ello dio lugar a un incidente confuso que no ha podido ser bien aclarado. En febrero de 1840 dirigió Espartero un escrito a la Reina Gobernadora (algo que en otros hubiese sido insólito y contrario a las Ordenanzas militares) criticando los últimos ascensos militares empezando por el del propio ministro de la Guerra que «sin tener méritos militares suficientes había sido ascendido a general y luego a teniente general».

Pero posteriormente se invirtió la dirección de las críticas con el asunto del ascenso de Linaje y la «crisis de las fajas». Por lo que se refiere a lo primero es el caso que en marzo de 1840 propuso Espartero el ascenso de Linaje a teniente general. A lo que se opuso el Consejo de ministros impulsado por los ministros de Guerra y Marina que, despechados por el desdeño de Espartero, se habían vuelto contra él. Pero el presidente no se atrevió a resistir al General en Jefe y se concedió el ascenso, provocando la dimisión de los dos ministros, a los que se unió Calderón Collantes. Aunque la historia no acabó ahí puesto que Pérez de Castro, insistiendo en su vasallaje, solicitó el 8 de abril la opinión de Espartero a efectos del nombramiento del nuevo ministro de Guerra habida cuenta de que «antes de que recaiga su soberana decisión con respecto al nuevo nombramiento, desea S.M. oír la opinión de V.E.»

Esta «crisis de las fajas» estuvo a punto de provocar otra de mayor calado puesto que Montes de Oca exasperado llegó a pedir en Consejo de ministros la destitución de Espartero y estar dispuesto a entregarle personalmente la orden puesto que «acceder a las ambiciosas exigencias del duque de la Victoria valdría tanto como arrancar la Corona de las augustas sienes de la reina para ponerla en la cabeza de Espartero». Este juicio político era rigurosamente correcto; pero la amenaza física no pasaba de ser una baladronada pues lo que entonces faltaba no era coraje personal sino energía política de la que carecía por completo el apático presidente.

La verdad es que la sombra de Linaje planeaba sobre la vida política de Espartero en sus manifestaciones más siniestras. El General en Jefe tiraba siempre la piedra por la mano de su ayudante y consejero. El incidente más sonado fue un artículo de Linaje publicado en El Eco del Comercio en noviembre de 1839, en el que se hacía una crítica política durísima al Ministerio. El Consejo de ministros sabía de sobra que el autor intelectual era Espartero, pero deseando a toda costa evitar un choque se dirigió a él pidiéndole respetuosamente que «es indispensable un acto que destruya la impresión que la lectura de tan fatal escrito ha de producir en el ánimo del público, declarando que el escrito se ha publicado sin su conocimiento». Espartero no se dignó contestar pero, requerido personalmente por la Reina Gobernadora, tuvo que hacerlo oficialmente en un escrito en el que con mucha retórica se negaba a desautorizar a Linaje:

El Eco del Comercio manifestó que los ministeriales esparcían la voz de que yo manejaba los actos y me preparaba a sostenerlos con la fuerza. Ninguno contradijo el aserto y mi reputación no debía aparecer con un lunar que me desvirtuase ante la nación, cuando un partido tuvo tan formal empeño en hacerla creer que yo aspiraba a la dictadura. Tan poderosas razones me decidieron a prevenir a mi secretario de campaña que redactase el artículo de que se muestran ofendidos los secretarios del Despacho.

Y en verdad que había motivos de ofensa puesto que la intromisión política de Espartero, primero con la firma de Linaje y luego con la suya, no podía ser más manifiesta habida cuenta de que en el polémico artículo se pedía nada menos que la retirada de los proyectos de ley presentados en las últimas Cortes, se desaprobaba la disolución de éstas y se criticaba el cese de ciertos funcionarios. En definitiva, y utilizando la lapidaria expresión de Janke (315), «los dos partidos españoles emergieron de la guerra civil en tales condiciones de dependencia que el desarrollo del parlamentarismo constitucional se hacía imposible». Un extraño modo de gobernar era este en el que nada importante se decidía sin consultar previamente a un General y que cuando el Ministerio se atrevía a obrar por su cuenta, dicho General no tenía reparos en criticarle públicamente y en forzar la dimisión de los insumisos.

De acuerdo con su peculiar estilo Espartero siguió perfilando su postura política a golpe de manifiesto público –lo que ya era suficientemente significativo tratándose de un militar– firmados por él mismo o por su secretario de confianza Linaje. Éste fue también el caso de la resonante carta enviada a El Eco del Comercio por Linaje desde el cuartel general situado en Mas de las Matas, que suponía un llamamiento de Espartero para que se destituyera al Gobierno moderado. Con este paso se disiparon las últimas dudas (si es que aún alguien las tenía) sobre la postura política del General en Jefe. Mendizábal, que seguía tan activo y tan imaginativo como siempre, decidió entonces aprovechar hasta el máximo esta oportunidad proponiendo, al efecto, que se abriera un fondo, dotado inicialmente con 2.000 reales de su bolsillo, para que esta carta se reprodujera y difundiera en todo el país, tal como informó malévolamente El Castellano el 16.12.1839.

De esta manera se hacía público el paso del General en Jefe al bando progresista en el que estaba dispuesto a militar de forma muy activa. Aunque no se sabe si fue una decisión expresamente adoptada o un «levantamiento de careta» en el supuesto de que sus convicciones viniesen de más antiguo. Pero a partir de este momento su activismo, en contra del Gabinete y de la propia Regente, se exacerbó en la cuestión de la ley de Ayuntamiento con la que se iba a cerrar toda una etapa histórica dentro de un profundo caos político e institucional.

Durante el viaje de las reinas a Barcelona, Espartero siguió insistiendo en que la ley no fuera sancionada y María Cristina se lo prometió y hasta le ofreció la presidencia sin cartera de un nuevo Gabinete (más no podía hacer puesto que, según sus palabras, «amaba a Dios y adoraba a Espartero»). Oferta que éste aceptó «para cuando se acabase la guerra», lo que parecía ser ya inminente. Palabra de un Borbón: a las pocas horas sancionó la Reina Gobernadora la conflictiva ley y Espartero dimitió de su cargo de manera fulminante el 15 de julio, aunque no se le aceptó. Pero quienes dimitieron entonces fueron los ministros de Estado, Guerra y Marina declarando que «no somos ministros del Cuartel General sino de V.M.; sea V.M. reina y nosotros seremos sus ministros».

El Gobierno y el régimen todo pendían ya de un hilo puesto que el resonante pronunciamiento de la Junta de Madrid había de desencadenar previsiblemente una desbandada general. Aquello sólo podía remediarlo Espartero, el único capaz de restablecer la autoridad de María Cristina o de hundirla definitivamente si se colocaba del lado de los pronunciados, tal como éstos se lo habían pedido de forma expresa conscientes de que sin él no podrían sostenerse. Colocado en esta tesitura el árbitro desatendió el requerimiento de la Reina Gobernadora y no marchó con sus batallones para sofocar la rebelión. En su carta de respuesta de 7 de septiembre reafirmó su fe progresista opuesta a la moderada de María Cristina:

El empeño ha sido constante desde la disolución de las anteriores Cortes de desacreditar el partido liberal denominado del progreso estableciendo un sistema de protección exclusiva a favor del otro partido llamado moderado. (El pronunciamiento de Madrid) no es una pandilla anarquista que sin fe política procura subvertir el orden. Es el partido liberal que, vejado y temeroso de que se retroceda al despotismo, ha tomado las armas para no dejarlas sin ver asegurado el trono de vuestra excelsa hija y la regencia de V.M.

En el mes de septiembre abandonó María Cristina España y Espartero dejó de interferir en la marcha del Gobierno al asumir directamente la nueva Regencia. El proceso pretoriano se había consumado. O dicho con otras palabras, dejó de ser tutor de un partido y de los gobiernos para ensalzarse como protector de la Monarquía.

Una Monarquía sometida a protectorado

1. La abdicación de María Cristina fue para España un hito histórico ya que su marcha no supuso un simple cambio de Gobierno, una revuelta más en la periódica alternancia de progresistas y moderados y ni siquiera una nueva Regencia sino porque en aquel momento cristalizó una evolución que venía gestionándose desde hacía algún tiempo y que implicó una verdadera transformación del Estado, dado que a partir de entonces éste quedó sometido a la tutela de un Poder Militar del que dependían todas las instituciones públicas incluidos los partidos políticos; o dicho con otras palabras, la soberanía, sobre la que tanto se había teorizado, empezó a ser compartida por la Reina, los representantes de la nación y ahora, además, por un general que controlaba a todos. Al absolutismo del Antiguo Régimen sucedía el Nuevo Régimen tutelado por un General Protector, y al progresismo civil hegemónico en las Cortes constituyentes y en los gobiernos de Mendizábal y Calatrava sucedió el progresismo militar, al que conviene dedicar unas pocas palabras aunque escape de los límites cronológicos de este libro. ¿Qué significaba este Nuevo Estado militarmente tutelado y por qué suplantó al fugaz Nuevo Estado liberal?

La explicación de la emergencia de la nueva fórmula política es aceptablemente sencilla. Hubo que empezar tutelando al Trono por la infortunada circunstancia de que éste fuera ocupado sucesivamente por dos mujeres que carecían por completo de sentido de Estado y del de responsabilidad política, aun reconociendo el instinto, la astucia y la capacidad de disimulo de María Cristina. En un cambio de régimen son exigibles más que nunca en un monarca condiciones sobresalientes, y ni la madre ni la hija eran precisamente Isabel de Castilla ni estuvieron asistidas por Fernando de Aragón sino por el prudente «hijo de una estanquera» y por un esteta respectivamente, ambos políticamente autoinhibidos aunque por distintas razones. Quede claro, sin embargo, que no se trataba de una simple circunstancia de incapacidad personal (piénsese en el contraste con la minoría de edad de Alfonso XIII) puesto que había razones históricas más profundas.

A la hora de destruir el Antiguo Régimen los objetivos del liberalismo naciente eran muy claros ya que se trataba ni más ni menos que de derribar –o al menos transformar sustancialmente– sus pilares: la Nobleza y el Clero. Así las cosas, lo fundamental era determinar quién había de suceder en el Nuevo Régimen Liberal a la Nobleza y Clero como pilares del Régimen. La respuesta teórica era sencilla: la nación encarnada electoralmente en un grupo reducidísimo de ciudadanos representados en las Cortes por sus diputados. Y fue precisamente en este punto donde falló el sistema, pues si se había logrado derribar el Antiguo Régimen al cabo de siete años de guerra civil, la implantación efectiva del nuevo no se logró hasta mucho más tarde, hasta la Restauración finisecular o quizás hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII.

El estrepitoso fracaso del liberalismo se debió a la inexistencia de una clase capaz de desempeñar el papel constitucional que habían desempeñado antes el Clero y la Nobleza. La alternativa ideal era, como acaba de decirse, la nación, que de hecho estaba formada por la reducida clase de los propietarios (inmobiliarios fundamentalmente habida cuenta del escaso número de industriales y banqueros) y de los profesionales, o sea, prescindiendo de la inmensa mayoría de la población que sólo participaba en las tareas públicas a la hora de aportar impuestos y soldados. La masa no contaba políticamente: el pequeño campesinado y los obreros agrícolas permanecían indiferentes ante un proceso que en nada les beneficiaba e incluso les perjudicaba con la desaparición de los bienes comunales, que eran una pieza imprescindible de su sistema de producción. En cuanto a las masas proletarias urbanas sólo intervenían en el ámbito político en forma de motines y bullangas de ordinario descaradamente manipuladas; y en el caso de que existiese un cierto espíritu popular auténticamente revolucionario, los poderes oficiales de todos los signos se encargaban de deslegitimarlo con el nombre de anarquía y de aplastarlo sin contemplaciones con violencia física.

Además, la alternativa liberal parlamentaria no sólo se resentía por la falta de base ciudadana y por la tardía aparición de los partidos políticos electorales en que necesariamente debía articularse sino por el comportamiento de las elites políticas empeñadas en fraccionarse componiendo taifas minúsculas enemistadas temporalmente aunque capaces de toda clase de alianzas y rupturas que hacían imposible la estabilidad. Pues si ninguno de estos elementos valía de recambio, ¿a quién podría acudirse para sustituir a los suprimidos?

Éste es el análisis que desarrolló el continuador de la Historia de Lafuente, que llevó a su autor (presumiblemente Borrego) a preguntarse sobre la incidencia del Poder militar (sic) en tal sistema. Lo que respondió de manera igualmente convincente: la desaparición de las fuerzas operantes en el Antiguo Régimen y la insuficiencia (que acaba de explicarse) de las fuerzas alternativas provocó un vacío político-institucional que terminó llenado por el Ejército. Porque el Ejército no sólo tenía la fuerza material de las bayonetas sino una cierta organización cuya total carencia era lo que provocaba la inoperancia de los partidos. Los políticos civiles eran conscientes de esta situación y en consecuencia fueron ellos los que llamaron a los generales, de tal manera que en una situación de práctico equilibro fue siempre el apoyo de un general el que les daba el triunfo. En definitiva –terminó diciendo– si «el militarismo es malo, en vista de la inercia de la oposición terminó en un bien» desde el momento que permitía que el sistema funcionase de alguna manera introduciendo cierto orden en el caos.

Lo anterior puede servirnos de punto de partida para nuestro propio análisis ya que poca ayuda ofrecen los ambiciosos pero escasamente centrados estudios de E. Christiansen y S.S. Payne y los posteriores de Ballbé. Y es que, en definitiva, todavía siguen válidas las observaciones de Gil Novales (Las memorias de un defensor, 1975): «La historia militar de la Restauración y en general de todo el siglo XIX todavía está por hacer, siempre y cuando la entendamos no en el sentido de la organización del ejército o de las campañas y servicios realizados por éste sino en el de la historia de la mentalidad y la interacción de los militares en la vida civil».

La Historia nos ofrece abundantes casos de países que contaron con un ejército poderosísimo pero en los que no puede hablarse de un país militar en sentido constitucional: la Prusia de Federico II, la Francia de Napoleón I, los Estados Unidos de Eisenhower son buenos ejemplos de ello. El Poder militar no es consecuencia necesaria de un ejército fuerte, aunque puede lógicamente estar influido por él. En la España de 1837 el Poder militar era un hecho, todavía no teorizado, pues lo que se denunciaba habitualmente era la prepotencia y los abusos del ejército, propiciados en buena parte por la guerra civil. Ya hemos oído antes en este sentido a Balmes y a Pastor Díaz.

Por lo que a este libro se refiere, lo que importa es el protectorado militar de Espartero ejercido durante la Regencia de María Cristina y de la suya propia.

En 1841, exiliada María Cristina, proscritos los moderados y sin héroe alguno que pudiera considerar como rival, Espartero era literalmente el amo político del país apoyado por buena parte del Ejército, ídolo de la Milicia nacional que le había hecho su símbolo y cabeza de los progresistas que dominaban arrolladoramente el Congreso, aunque no tanto el Senado, lo que le había convertido en protector (la terminología es de la época) de forma expresa y ya sin ambigüedades.

2. La Monarquía española, privada de sus instituciones tradicionales y sin poder contar con las de recambio, cuya inoperancia se había comprobado ya en el Trienio constitucional y en la Regencia de María Cristina, se hallaba al final de la Primera Guerra Carlista desarbolada por completo hasta tal punto que no se vio otra solución que la de buscar un Protector: versión pública del tutor de los menores e incapacitados en sus relaciones privadas. Y aquí se presentaba la gran cuestión porque contando con esta vulnerabilidad del Trono, ¿quién estaba en condiciones de ejercer la tutela? En las monarquías medievales hispánicas la tutoría correspondía a los parientes del rey, cabezaleros de un grupo de nobles enfrentados a otro candidato y a su correspondiente grupo aristocrático. Pero éste no era naturalmente nuestro caso puesto que Don Carlos no aspiraba a ser el tutor de su sobrina la reina sino a ser rey. Mientras que en la época de los «reyes bobos» austriacos y de los «reyes locos» borbónicos las instituciones políticas de la monarquía (los Altos Consejos y en su caso los validos) eran lo suficientemente robustos como para proteger eficazmente al monarca y para tutelarle de hecho sin necesidad de acudir a mecanismos formales. Ahora bien, las instituciones públicas del nuevo Estado constitucional apenas si habían llegado a la adolescencia y no estaban en condiciones de suplir el vacío real. Los nobles carecían de prestigio y si lo hubieran intentado (al estilo, pongamos por caso, del marqués de Miraflores o del duque de Gor) no se les hubiera consentido.

Las potencias extranjeras hubieran podido cumplir perfectamente este papel y a tal propósito se contaba con la figura del Protectorado reconocida en el Derecho Internacional. Pero esto era demasiado con una monarquía heredera reciente de un imperio, con una Familia Real emparentada con los reyes de Francia, de Portugal y de Nápoles y antigua aliada de Inglaterra. De modo que el papel lo ejercían, en un nivel mucho más bajo aunque sin ninguna discreción, sus embajadores. Y esto con grandes recelos de los liberales que no habían conseguido olvidar aún lo que supuso la protección física del ejército francés a Fernando VII en 1823.

Para apuntalar un poco su debilidad necesitaban los políticos un apoyo exterior fuerte, que hubieran podido encontrar en la Iglesia, pero ellos mismos se habían cerrado esta puerta con su anticlericalismo; y tampoco les valía la Banca, como le hubiera gustado a Mendizábal, porque la Banca no se fiaba de ellos.

Descartadas estas opciones, la que quedaba –y la que después de una guerra civil más probabilidades estadísticas e históricas tenía– era la de encomendar el Protectorado (aunque Balmes prefería el término de «preponderancia», Angelón el de «soberanía» y Pastor Díaz el de «gobierno») al Poder Militar, del que con esta precisa expresión tanto se hablaba en la época.

En este naufragio universal el ejército se iba afirmando, en efecto, de forma imparable. Primero se había apoderado del Tesoro de la Nación, del que consumía insaciablemente la mayor parte de sus productos. Esto es cosa sabida; pero en lo que no se ha reparado lo suficiente es en que después se apoderó de la guerra. Al cabo de unos meses la guerra dejó de ser carlista o civil, porque no era una guerra entre dinastías ni entre ideologías ni entre clases o territorios. Era una guerra entre militares (los «señores de la guerra»), que de ella vivían y en sus falsos laureles cimentaban su futuro profesional, económico y social. Todos padecían por la guerra menos los especuladores y los militares. Y la mejor prueba de lo que se está diciendo es que la guerra duró hasta que los militares decidieron acabarla. Basta con leer el convenio de Vergara para comprenderlo: en él no se hablaba de dinastías ni de fueros ni de economía ni de relaciones sociales o de poder sino de una decisión que habían tomado unos generales y de las consecuencias personales y corporativas que iba a producir el cese de las hostilidades. En el Convenio no se dedicaba una sola frase a las cuestiones por las que, según se decía, habían muerto tantos españoles y se habían arruinado todos. El Convenio no hablaba de las víctimas, no hablaba de vencederos y vencidos, sino de los sueldos y empleos de los firmantes. Ésta es la mejor lección de la guerra civil. Pues bien, quienes se apoderan de una guerra, con menos trabajo pueden apoderarse del gobierno de un país en paz.

Junto a la debilidad de los políticos y la fuerza de los militares, la otra causa que impuso la fórmula tutelar de gobierno fue la desconfianza de Palacio. La Reina Gobernadora tenía motivos para no fiarse de los políticos, aunque sólo fuera porque la habían abandonado en La Granja y su hija pensaría luego lo mismo aunque por otras razones. María Cristina sabía que con los partidos no se podía gobernar y que el país, a falta de un rey fuerte, necesitaba algo en que apoyarse y a estos efectos sólo tenía su camarilla y un caudillo militar. Así que también optó por esa vía. Una decisión probablemente inevitable porque –como ya advirtió Balmes en El pensamiento de la nación de 25.12.1844– «el trono no puede privarse del apoyo militar porque es necesario suplir con la fuerza de las armas lo que falta de fuerza moral (...) Sin embargo, la experiencia del pasado aconseja al Trono una conducta prudente para que la fuerza militar no se personifique en un individuo, antes al contrario esté como dividida entre varios jefes». Añadiendo al final con melancolía que «en la triste alternativa de tolerar los mandos militares o dejar abandonado el país a merced de pasiones turbulentas, es mejor resignarse a los inconvenientes que trae consigo el mando militar si no hay otro remedio eficaz para la conservación del orden público».

La última baza estaba sostenida, en fin, por los propios políticos que no creían en sus propias reglas: ni en la constitución (que no respetaban) ni en el juego electoral (que falseaban constantemente) ni en las Cortes (que disolvían cuando les resultaban incómodas) ni en la Justicia (que manipulaban con descaro y sin mala conciencia) ni en la Administración (que consideraban como un patrimonio propio). En estas condiciones poco o nada quedaba del sistema constitucional liberal y para poder continuar necesitaban un espadón tutelar. Ésta es la tesis sostenida convincentemente en su día, entre otros, por Comellas, del que vale la pena recordar el siguiente párrafo: «Los políticos civiles los necesitaban imperiosamente (a los militares) y los reclamaban una y otra vez: ¿Cuántas veces se retiró el general Narváez –incluso al extranjero– para huir lo más lejos posible de la cochina política, que no le llamaran apresuradamente a las pocas semanas? ¿Qué fue lo que hicieron Ríos Rosas y sus compañeros en cuanto constituyeron la Unión Liberal sino obligar al independiente y comedido O’Donnell a ponerse al frente de un nuevo partido? ¿No se pidió a Pezuela varias veces que no se retirase de la política porque su presencia era imprescindible para la salvación de la Patria? ¿No se hizo lugar común que Bravo Murillo fracasó en su famoso intento de reforma por no haber buscado un general?»

He aquí, en suma, que el constitucionalismo tutelado no fue el resultado de una ambición militar o de una perversión nacional sino una necesidad histórica en el vértice de varias líneas inexorablemente convergentes. Y hay que reconocer que la solución «funcionó» habida cuenta de que las otras opciones eran todavía peores: la anarquía institucionalizada de las juntas provinciales o el caudillismo a la americana; y también se descartó la oportunidad de que algún territorio peninsular o ultramarino se saliese para probar fortuna por su cuenta: la unidad de la patria exigía que todos se ahogasen juntos. Con el constitucionalismo tutelado alcanzó España in extremis un asiento en el furgón de cola europeo decimonónico y se dejó arrastrar por la locomotora del progreso. O, al menos, no se quedó fuera.

3. El protectorado militar era una mera hipótesis política, pero se encarnó sin dificultades en la persona de Espartero, al que acabamos de ver páginas atrás «colocándose» adecuadamente para ello, aunque sus cualidades estaban tan alejadas de las de Cronwell y Napoleón (a los que se hacían referencias constantes en la época) como su sistema político del bonapartismo de Napoleón «el Chico». Pero el caso es que este general estaba «predestinado» para este puesto, por muy grande que le viniera el honor, y de esta forma se convirtió en protector de manera expresa, sin oposición y sin dificultades.

Los colectivos desvalidos necesitan un héroe que los salve o redima: y si no aparece, lo crean ellos. Con el desengaño ideológico («desencanto») viene la idolatría: se sustituye a Dios por un ídolo sin preguntarse por lo que hay dentro o detrás de él. El ídolo material, físico, visible y palpable, a cuyo alrededor se puede bailar en danzas electorales, atrae más que las ideas abstractas, que las promesas de futuros mejores a cambio de sacrificios actuales. Los progresistas españoles un día se entregaron a un ídolo desconocido llamado Mendizábal, del que no sabían qué pensaba pero que les prometió la redención e inicialmente le creyeron. Tanta confianza depositaron en él que le permitieron que se apoderara del templo del poder político y de la ideología liberal. Mendizábal en su apogeo patrimonializó el poder con la misma intensidad que Fernando VII. Mendizábal era el Ministerio, el ministro universal, el banquero del Reino y hasta el Congreso, como ironizó agudamente Larra. Pero fue un héroe civil.

Además, en 1841 la situación era otra pues el exilio de María Cristina había provocado un vacío institucional que era obligado llenar con urgencia. Para este caso la constitución de 1837 había previsto la formación de una regencia y aquí estaba la clave de la cuestión. Porque si bien era cierto que los progresistas parlamentarios admitían sin vacilaciones el ensalzamiento del General para este cargo, las opiniones se dividían en un punto esencial, ya que unos –los partidarios de la regencia una– le querían a él sólo, mientras que otros, inicialmente la mayoría, estaban a favor de la regencia trina, es decir, que deseaban que tuviera otros dos socios. Y esto por una razón evidente: porque se temía que Espartero se convirtiese en un protector histórico. En esta tesitura el General, sin abandonar formalmente su modestia, dejó a las claras –a través de una carta pública de Linaje, su acostumbrado mensajero– que no estaba dispuesto a aceptar socios en su nuevo cargo. Y así fue como obtuvo una mayoría, aunque bastante ajustada, en las dos cámaras reunidas.

La regencia única implicaba un poder sin contrapeso. Además, su pretendida modestia política fue otra maniobra de distracción tras la que se ocultaba una enorme ambición. Y, en fin, su notoria cortedad intelectual estaba compensada por la presencia de una camarilla militar poderosa –los ayacuchos– y por una cohorte de políticos de esos que siempre se colocan al lado del Poder. En definitiva, que en este juego de tramposos los progresistas quisieron engañar a Espartero y fue éste quien les engañó a ellos, pues demostró que no estaba dispuesto a ofrecer gratis su espada y su prestigio popular.

Con lo cual se produjo a continuación una de las situaciones más incongruentes de la historia de España. Porque Espartero y los progresistas habían llegado al Poder (unos al Congreso y el otro a la Regencia) apoyándose recíprocamente y, una vez instalados en él, se dedicaron a destruirse con saña, dándose la paradoja de que los ministros nombrados por Espartero con aquiescencia de las Cortes terminaban combatiéndole sin cuartel hasta que lograron aislarle de una manera tan completa que tenía hasta dificultades para formar sus Gobiernos, mientras que los moderados conspirando en París y en provincias, veían cómo el sistema progresista se iba desmoronando por sí solo hasta caer casi sin empujones en 1843, demostrando que este progresismo sometido a tutela era aún más débil que el progresismo civil de Mendizábal y consortes.

Debilidad que los autores coetáneos no deslumbrados por el aura de Espartero (a estilo de Marliani e incluso Pirala) imputaron certeramente al General. Así lo escribió tempranamente Gebhard (VII, 1023): «El partido carlista acababa de perder cuanto poseía, el moderado había sido víctima del pronunciamiento y el progresista llamando en su auxilio al jefe de los ejércitos, se había creado una posición que no le permitía rebelarse contra su protector (...) Espartero ya que no quería o no sabía ponerse al frente de la nación hubiera al menos acaudillado a un partido; ni a esto alcanzar pudo y los hombres notables del partido progresista fueron mirados desde un principio con creciente desconfianza y desvío». Y los continuadores de Lafuente (p. 405): «Los partidos respetaban al pacificador de España y sin humillación se hubieran sometido a una política pacificadora patrocinada por el afortunado general. Mas en vez de hacerlo éste en uso imparcial y recto del inmenso poder de que se halló investido, se dejó llevar de rivalidades mezquinas, concibió un temor pueril hacia los generales Córdova y Narváez sacrificando a resentimientos personales el interés público y su propia gloria. Declaró al partido conservador, que se le brindaba solícito, una guerra inmotivada, prefiriendo poner al frente del partido progresista que no supo guiar y cuya simpatía no tardó en enajenarse».

Las causas de esta asombrosa contradicción son difíciles de conjeturar. Comellas (13 ss.) aventura la hipótesis –verosímil al menos como concausade que ello se debió «sin lugar a dudas al excesivo personalismo del general». Su desenfrenada y un tanto simple ambición le habían llevado hasta la regencia. «Ahora bien –añade el autor–, un hombre acostumbrado a mandar y a dirigir no concebía un cargo sin mandos (...) De aquí que procurase en los primeros momentos irrogarse un papel de director, de gestor, que chocó inmediatamente con las atribuciones de su primer ministro y que, vista tal dificultad, procurase en adelante nombrar primeros ministros a políticos de segunda o tercera fila para poder manejarlos cómodamente y gobernar a través de ellos a su gusto. En estas condiciones grandes políticos del progresismo –Mendizábal, Olózaga, Cortina, López– tenían que quedar arrinconados y fue el arrinconamiento –más que la siempre cuestionable dictadura del regente– lo que les colocó en la oposición».

4. La figura del Protector es ambigua, polimórfica, que ofrece una gran variedad de manifestaciones y que, por lo tanto, no conviene identificar con su expresión extrema: la dictadura personal al estilo de Cromwell, Stalin o Trujillo. Espartero desempeñó, quizás por su pereza patológica y mediocridad intelectual, una de sus variantes más suaves, ya que nunca quiso ser dictador ni ejerció como tal. Se contentó primero con avalar a un partido político y luego con tutelar a la Monarquía entera (1841-1843) para terminar en el Bienio 1854-56 como un simple «figurón». Nunca llegó a gobernar y se limitaba a poner y quitar gobiernos y a «entrometerse» ocasionalmente en lo que estaban haciendo los Ministerios constitucionales. Con esta modesta ambición su protectorado hubiera sido útil si al menos hubiera conseguido imponer la unidad en el progresismo, la disciplina en el juego de los partidos y el respeto al sistema parlamentario. Pero su talla no daba para tanto.

Como bien precisó San Miguel en 1837 (Las próximas Cortes) en estas proféticas palabras, «en España no hay Napoleones ni Cronwells; no hay hombres grandes que la hayan servido bastante con las armas en la mano; no hay hombres grandes que la hayan dado leyes, que la hayan salvado o conducido a tal punto por el camino de la gloria, para que sobre ellos se fijen con predilección los ojos de esta madre patria. Si todos tienen el deber de servirla, a ninguno asiste el derecho y aun mucho menos el genio de mandarla. El despotismo ilustrado, el despotismo de Bonaparte y Cronwell es un imposible en nuestra España, es una quimera con que pueden deslumbrarse algunos, pero que se desvanece a la vista de los hechos políticos».

La presencia de Espartero, en suma, no alteró sustancialmente la historia de España aunque penetrara profundamente en el imaginario político popular y, además, abriera un surco que otros generales continuaron luego con más fortuna ofreciendo otras variantes del protectorado militar: Narváez que parasitó al partido moderado, O’Donnell que creó un partido a su hechura, Serrano que apadrinó el Cambio glorioso, Prim que trajo una dinastía nueva.

5. En las páginas anteriores se ha dibujado al Poder militar como una disfunción o degeneración del Poder civil característica del Estado constitucional liberal y que apareció también en manifestaciones no muy distantes en varios países de la América española. La generalización del fenómeno hace sospechar, no obstante, que no se trata simplemente de una degeneración del sistema sino de una evolución natural y que no fue consecuencia de una agresión intempestiva de un poder subordinado sino, más bien, de un defecto de origen, o sea, de la inviabilidad del poder popular soberano: una utopía milenaria que los liberales decimonónicos quisieron ilusamente hacer realidad imponiendo, al final, un inevitable mecanismo de compromisos y suplantaciones graduales.

Inicialmente, ese pueblo soberano quedó reducido a un puñado de electores incapaz de gobernarse en un ámbito nacional y que fue pronto suplantado por unos partidos políticos que fueron, a su vez, suplantados por organizaciones o aparatos internos, dominados en último extremo por una oligarquía que administraba al partido –y a través de él, al electorado y a la nación– como un patrimonio propio. Un proceso universal tan conocido que sólo vale la pena detenerse en las peculiaridades territoriales.

En España, la utopía popular –luego llamada democrática– se atuvo al principio a la fórmula europea uniforme del sufragio censitario y pronto se formaron y consolidaron los partidos políticos, aunque entre nosotros con marcada tendencia a la personalización: más importante incluso que la burocratización del aparato interno, dado que en España solían ser los partidos hechuras de un prohombre, de tal manera que el político no pertenecía a un partido, sino el partido a un político que le daba su ideología y hasta su nombre.

Otra característica fue el bonapartismo que apareció en la Península en fechas muy tempranas y que se institucionalizó de inmediato bajo la forma del Protectorado de un general en una cadena, casi ininterrumpida, cuyo último eslabón ha sido el general Franco.

Lo importante, en todo caso, es tomar conciencia de que si la utopía popular no es más que una fachada, la tarea es indagar lo que hay detrás de ella: la mano, escondida o no, que mueve los pomposos hilos del Poder político. En España, ya lo hemos visto, los Protectores militares, pero también existen otros poderes que habitan detrás de la fachada institucional y democrática. La Prensa y la Banca, para empezar. En estas condiciones, la historia corre el peligro de diluirse en politología y sociología mientras todas juntas persiguen la presa inalcanzable del Poder real, con la única seguridad de que el instrumento menos idóneo para ello es el Derecho constitucional, que resulta muy difícil de tomar en serio.

Vistas así las cosas, se comprende mejor el atractivo de la época que se examina en el presente libro: un momento histórico palpitante en el que se puso de manifiesto el vacío de una utopía y se empezaron a formar los mecanismos de suplantación, concretamente, los partidos políticos y el protectorado militar.

CAPÍTULO 2

CRÓNICA PARLAMENTARIA DE LA OPOSICIÓN

1. PLANTEAMIENTO

La primera impresión que se recibe de la lectura del Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes de 1836-37 es sencillamente la de un caos. Las intervenciones de los diputados eran incontinentes y las votaciones imprevisibles. Todos hacían gala de independencia personal y no admitían otra responsabilidad que la de dar cuenta a los electores de su distrito. Aparte de la cortesía parlamentaria y del riguroso respeto a las formalidades, no había asomo de disciplina de ningún tipo, de tal manera que cada uno obraba por su cuenta y hacía alarde de ello votando a favor o en contra del Ministerio según la naturaleza de cada asunto o su estado de ánimo. En estas condiciones hacer una crónica parlamentaria que fuera más allá de un relato externo parecería –entonces como ahora– tarea imposible.

Para superar esta contrariedad los cronistas empezaron pronto a introducir la práctica, que algunos historiadores modernos todavía siguen usando, de realizar una crónica anacrónica, o sea, la traspolación gratuita a 1836 de lo que no empezó a ser realidad hasta más tarde o, lo que es lo mismo, a considerar al Congreso (y al país) dividido en dos bandos políticos liberales perfectamente individualizados y estructurados en partidos, el progresista y el moderado, adscribiendo a cada diputado en uno de ellos y transfiriendo a estos partidos el protagonismo del debate político. De esta manera en las Cortes se escenificaba un duelo entre progresistas y moderados que se desarrollaba en el interior del bando liberal, dejando a un lado los episodios de la guerra carlista a los que, por ser exclusivamente militares, no se les daba relevancia parlamentaria y se describían paralelamente, separados por completo, de los incidentes de la historia política sin intentar nunca integrarlos en un relato común y menos aún explicar sus conexiones.

Con este artificio se lograba introducir un cierto orden en el caos y casi todo parecía ya inteligible; pero se trataba a todas luces de un recurso falso, de una trampa historiográfica, de un traslado anacrónico de clasificaciones y valoraciones a un tiempo en que no encajaban, pues hoy sabemos sin género de dudas que en aquellos años no existían partidos parlamentarios y desconocemos la filiación política precisa de los diputados. Obrando así, la historia se convertiría en una novela, las interpretaciones en fantasías y el Diario de Sesiones en una fábula que cada historiador relataba en el sentido que personalmente más le gustaba.

Frente a este modo tradicional de escribir, en el presente libro se ofrece una alternativa metodológica basada en la constatación de unos hechos nuevos que aconsejan, y aun obligan, a dar un tratamiento distinto.

En el capítulo anterior hemos comprobado, en efecto, que el régimen parlamentario de las Cortes constituyentes de 1836-37 estaba montado sobre las siguientes notas:

a) No existían partidos políticos en sentido moderno (partidos electorales) y las tendencias sociales (partidos de opinión) carecían de expresión formal en el Congreso.

b) En las Cortes los diputados actuaban en principio individualmente ateniéndose a los criterios de su conciencia o, en su caso, a las instrucciones de sus electores en el supuesto de que existiesen. Pero también actuaban con frecuencia como grupos coherentes. La dificultad analítica estribaba, sin embargo, en que a falta de su debida formalización la existencia de tales grupos y la adscripción de los diputados a cada uno de ellos ha de realizarse mediante inducciones nunca seguras partiendo de los datos de las votaciones y de los debates.

c) Nosotros hemos creído identificar en el Congreso tres grupos homogéneos pertenecientes todos a la ideología progresista y que hemos calificado convencionalmente de templado, avanzado y radical, aunque con la advertencia de que estaban trabados más que por un ideario común, por la personalidad de sus cabezas: Mendizábal, Caballero y Álvaro respectivamente.

d) Los moderados tenían una representación parlamentaria meramente testimonial y fuera del Congreso podían apreciarse dos tendencias: una casi fundamentalista, tradicional a machamartillo, continuadora del Estatuto, encabezada por Martínez de la Rosa y Toreno; y otra más moderna, más flexible inspirada por Borrego, que estaba próxima al ala derecha de los mendizabalistas, que fue la que impuso su sello a la constitución de 1837 y explica que las medidas más importantes del período deban ser consideradas como liberales más que como progresistas.

e) El fraccionamiento de la estirpe progresista aconseja cambiar el sentido del relato histórico, sustituyendo el duelo de progresistas y moderados por las tensiones entre las fracciones del bando progresista. Este quiebro expositivo, con una sensible marginación del bando moderado, puede parecer insólito desde la perspectiva historiográfica tradicional pero es el único real puesto que en las Cortes no había de hecho más que progresistas y por ende no había otra posibilidad de diálogo parlamentario. La voz de los simpatizantes de la tendencia moderada sólo podía oírse en la prensa y en los cafés aunque maniobraran con soltura y eficacia en las cavernas societarias, en los cuartos de banderas y sobre todo en las antesalas de Palacio.

f) La crónica parlamentaria que se desarrolla en este libro es la de la lucha entre dos grupos perfectamente objetivados: el de la mayoría o ministerial y el de la minoría o antiministerial. Dos grupos lábiles formados: el primero por los mendizabalistas y al principio también por los caballeristas que luego se separaron; y el segundo, por los alvaristas y sus compañeros de viaje, a los que luego se añadieron, pero sin unirse nunca, los caballeristas. Lo que nos relata la presente crónica es el deterioro constante de la mayoría ministerial que previsiblemente hubiese desembocado en un voto de censura y en un cambio de Gobierno. Proceso bruscamente truncado por los acontecimientos militares de Pozuelo que barajaron de nuevo las cartas políticas.

g) La existencia y los componentes de los dos grupos de la mayoría y la minoría parlamentaria son verificables a través de los datos que ofrece el Diario de Sesiones, mas no es lícito equipararlos con los partidos políticos, de los que les separan características esenciales, ya que carecían en absoluto de formalidades tanto en su formación como en sus adscripciones personales. Por otra parte, aunque la pertenencia a la mayoría o a la minoría no implicaba disciplina alguna, está demostrado que ocasionalmente se celebraban reuniones en casas particulares para concretar el sentido de una votación inmediata o plantear exigencias de decisiones importantes o de designación de cargos.

La historia de esta Legislatura ha de dar cuenta, por otra parte, de dos tipos de desdoblamientos. Por un lado la entrada en vigor de la nueva constitución de 1837, que dividió su desarrollo en dos períodos: el sometido a ella en una segunda parte y en contraste con el inicial sometido a la constitución de 1812. En otro orden de consideraciones también hay que distinguir la etapa del Ministerio Calatrava-Mendizábal de la correspondiente al Ministerio Bardají. En principio este cambio no supuso una censura política puesto que ambos Ministerios eran de la misma estirpe progresista, pero algo había de significar y donde mejor se percibió fue cabalmente en el foro parlamentario, pues las relaciones del Congreso con el nuevo Gabinete no fueron las mismas que habían sido con el Gobierno anterior. Lo esencial fue, no obstante, que las Cortes no se apartaron de la política inicial y lograron consumar la obra reformadora que en la primera etapa se había proyectado.

Con este breve recordatorio inicial, el presente capítulo se vuelca fundamentalmente en el estudio de la oposición minoritaria (epígrafe II) y de su comportamiento parlamentario a través de mociones de censura al Gobierno (epígrafe III), medidas de control del Ejecutivo (epígrafe IV), e intervenciones de relevante agresividad política (epígrafe V).

* * *

2. LA MINORÍA PARLAMENTARIA

Partidos, mayorías y minorías, ministeriales y oposición.– Gobierno y mayoría.– Comportamiento de los diputados: la minoría de Álvaro y la mayoría de Mendizábal.– Oposición global y desacuerdos materiales.– Criterios de identificación.– Causas del deterioro de la mayoría.

Partidos, mayorías y minorías, ministeriales y oposición

En el escenario de las Cortes constituyentes de 1836-1837 los conceptos que hoy todavía siguen usándose tenían un significado muy distinto del de la actualidad. Páginas atrás ya se ha indicado la imprecisión del término «partido político» debida a la circunstancia de que todavía no se habían constituido en el sentido moderno de partidos electorales y se mantenían en la penumbra de simples grupos, tendencias o partidos de opinión. La ausencia de partidos formalizados parece sugerir que la Cámara representativa había de estar desvertebrada, como un cuerpo amorfo integrado por unidades inconexas. Lo cual sólo era cierto en parte puesto que de hecho operaban unos ejes que articulaban a la masa de diputados no ya con la rigidez de los partidos políticos modernos (que inspiran los debates y predeterminan las votaciones) pero que permitían al menos que la Cámara funcionase con cierta coherencia y que la lectura del Diario de Sesiones resultase, aunque no sin pocas excepciones, inteligible.

Indudable era, desde luego, que en los debates se formaban dos grupos y que (tal como se ha examinado ya en el epígrafe segundo del capítulo anterior) en las votaciones se reflejaba una mayoría vencedora y una minoría vencida. Pero ¿quiénes formaban una y otra? O si se quiere, ¿qué es lo que unía a los miembros de uno y otro grupo? Ésta es la cuestión que ahora nos importa puesto que ninguna relevancia política tiene la mera constatación de la existencia de grupos espontáneos y variables sobre todo si tenemos en cuenta que, de hecho, no había una mayoría constante dado que no eran siempre los mismos los que votaban juntos en cada debate. El gran desafío del analista es, pues, el de indagar si en el trasfondo de esta pluralidad de mayorías y minorías variables existían unos grupos más o menos estables de naturaleza política, a la manera de partidos políticos aunque no estuviesen todavía formalizados. La respuesta a esta primera pregunta es afirmativa y en este libro podrá comprobarse cuál era el vínculo preciso que unía a los componentes de cada uno de estos grupos.

Ahora bien, debe rechazarse la tentativa de identificar a la mayoría con la estirpe progresista dado que, como se ha repetido, progresistas eran casi todos los diputados y, por tanto, tan progresistas eran los que formaban la mayoría como la minoría. El primer dato seguro que en esta tarea identificadora encontramos es el de que la mayoría era ministerial, es decir, que defendía los intereses, proyectos y propuestas del Gobierno; y por eso puede decirse que el Gobierno de Calatrava-Mendizábal contaba con una sólida mayoría parlamentaria.

Una proposición correcta aunque no sirve más que para desplazar el problema porque ahora tenemos que determinar quiénes –y en su caso, por qué– apoyaban al Ministerio dado que en las circunstancias dichas no puede afirmarse que había un «partido» que apoyase al Gobierno. Pues bien, tal es la tarea que nos proponemos realizar en el presente capítulo partiendo de la base firme de que, en ausencia de partidos, el eje vertebrador de la Cámara tenía que ser el del binomio mayoría-minoría. En palabras de Calatrava en la sesión de 8.7.1837, «mayoría y minoría son dos accidentes que existen en todos los cuerpos parlamentarios. Aquí no hay bandos ni partidos; pero mayoría y minoría no puede menos de haberlas aquí como las hay en todas partes».

No faltaban, sin embargo, diputados que, aun reconociendo la existencia de una mayoría y de una minoría, rechazaban con orgullo el pertenecer a una u otra. Tal fue el caso, por ejemplo, de Álvarez García en la sesión de 7.8.1837: «Yo no conozco ni mayoría ni minoría. Y cuando se ventila una cuestión vital, mucho menos. Éstos han sido mis principios. Y tanto ahora como cuando he sido procurador (o sea, en el Estamento del Estatuto Real) he manifestado siempre la misma independencia». Otro testimonio ilustrativo de esta actitud de francotiradores, acompañantes habituales de la minoría, fue la de Fontán: «El sr. Argüelles me ha honrado suponiéndome en el número de los que componen la minoría. Yo no pertenezco a la minoría ni a la mayoría. Soy un diputado libre que voto por convicción y jamás he votado por espíritu de partido. Si alguna vez voto con la minoría es porque creo que así cumplo con mi deber. Cuando tomo la palabra, obro siempre por convicción, pues me son desconocidas las combinaciones y los clubs y nada entiendo ni de mayorías ni de minorías. Obro según me dicta mi razón y creo que tengo dadas bastantes pruebas de independencia y de no pertenecer a ningún partido ni a ningún bando».

Los términos entonces más corrientes eran los de ministeriales (gubernamentales) y de oposición (antiministeriales). En 1836-1837 ninguno de estos bloques era constante, inmutable y ni siquiera previsible (como sucedería si se tratase de partidos políticos parlamentarios) sino lábiles, puesto que los diputados no estaban comprometidos formalmente ni con el Ministerio ni con sus adversarios; pero ofrecen un material válido para la observación y es desde estas dos formaciones sobre las que se puede hacer un relato más fiable y darse una imagen más plausible de la época. Mayoría y minoría –ministeriales y oposición– van a formar en consecuencia el hilo explicativo de la presente historia, dejando a un lado la contraposición habitual entre progresistas (Gobierno) y moderados (oposición): un maniqueísmo ciertamente cómodo –y al que no faltan fundamentos puesto que ya era empleado por los autores decimonónicospero inadmisible por razones de peso. Los diputados, a falta de partidos, se posicionaban en cada debate concreto a favor o en contra de los intereses ministeriales y, en consecuencia, puede afirmarse con seguridad que en cada debate concreto había un grupo de votantes ministeriales y otro de oposición. La composición de estos grupos variaba en cada asunto sin embargo. Ahora bien, como con frecuencia coincidían las votaciones puede inducirse que efectivamente había, al menos de manera tendencial, un grupo ministerial y otro de oposición. Identificar estos dos grupos, aun admitiendo su variabilidad, es uno de los objetivos fundamentales de nuestro análisis, sin perjuicio de confesar que la descripción es siempre en términos aproximativos dentro de su fugacidad; de tal manera que la tarea más delicada que nos espera es la de identificar los subgrupos o fracciones que en aquellas Cortes se fueron formando (y deshaciendo) dentro de la estirpe progresista.

Esto es en cualquier caso lo que se intenta en este libro y se prueba con datos documentados si bien no totalmente suficientes. En sustancia, la historia de las Cortes constituyentes de 1836-37 es la de una mayoría ministerial solidísima de vocación progresista, que se fue deteriorando gradualmente para ir pasando, grano a grano, a una minoría que estaba en la oposición, también de signo progresista aunque reforzada con algunos aliados externos. Semana a semana la oposición fue creciendo a costa de la mayoría ministerial y cuando una y otra empezaron a aproximarse en número y fuerza, la Reina Gobernadora cesó al Ministerio Calatrava-Mendizábal y las cartas se barajaron súbitamente para empezar un juego nuevo.

La mayoría ministerial, que pertenecía a la familia liberal de estirpe progresista, estaba formada inicialmente por dos bloques, los mendizabalistas (progresistas de orden o templados) y los caballeristas (progresistas avanzados), y encabezada por dos hombres que se disputaban el caudillaje de toda la estirpe: Juan Álvarez Mendizábal y Fermín Caballero. La oposición minoritaria también pertenecía a la estirpe progresista y estaba encabezada por un tercer prohombre (Aniceto de Álvaro) con el que se alineaban los más radicales, algunos doceañistas románticos, un puñado de notables personalidades extremistas de independencia agreste («francotiradores») y con la que se aliaban por conveniencia ocasional restos sueltos del moderantismo que por naturaleza habían de estar en la oposición y no sentían escrúpulos por la compañía. Este tercer bloque fue aumentando poco a poco hasta que los caballeristas se separaron de los mendizabalistas y emigraron a la oposición aunque cuidándose mucho de no mezclarse con las huestes de Álvaro. A partir de ese momento experimentó la minoría un aumento brusco hasta tal punto que ya tenía al alcance de la mano la posibilidad de desbancar a la mayoría y ocupar el lugar ministerial. Pero ya hemos dicho que el golpe de Pozuelo de Aravaca en agosto de 1837 rompió bruscamente esta evolución que parecía irreversible.

Éste es un diagnóstico del siglo XXI, mas no debemos olvidar que en el siglo XIX Alcalá Galiano, un testigo contemporáneo, describió así en su Historia (157) la minoría de las Cortes constituyentes: «Comprendía algún moderado antiguo o tal cual demócrata descontento por no ver las cosas llevadas por los caminos y a los extremos que estimaba conformes a la justicia y a la pública conveniencia; y un corto número de personajes de la misma parcialidad vencedora y de ella desprendidos; gente a quienes gobernaban en gran parte resentimientos con los ministros a los cuales en su presunción despreciaban, que hermanaban ciertas ideas de gobierno con doctrinas que lo hacían, cuando no imposible, difícil; preciada de su ciencia superior a la de sus colegas, imposible de avenir con los moderados, que tenían más de un caudillo de aventajado renombre; cuyo destino era volver a las filas de que había salido para comenzar en ellas nueva desunión y a la cual capitaneaba D. Salustiano Olózaga».

¿Y dónde estaban y qué hacían algunos otros diputados de peso que andando el tiempo ocuparían incluso la presidencia del Consejo? ¿Por qué no dieron ahora un paso al frente para encabezar con su entorno un grupo que inequívocamente se incorporase a la mayoría o a la minoría?

Olózaga era el primero, desde luego, pero sus veleidades políticas inspiraban poca confianza y él prefería maniobrar en la sombra hasta que llegase su momento. López era incapaz de asumir responsabilidades de gobierno sin alguien que le ayudase, hasta que terminó aceptando el aval de Espartero. Gómez Becerra era demasiado viejo: para su época era un anciano con el que sólo se podía contar en último extremo. Quedaba entonces Antonio González, pero el grupo de la derecha progresista al que pertenecía no tenía a la sazón la menor intención de separarse de Mendizábal y menos de sucederle. Todos ellos llegaron a presidir un Ministerio pero sin contar con un grupo propio, es decir, sin tener cubiertas las espaldas con una mayoría parlamentaria segura: lo que explica en buena parte la inestabilidad política del momento.

En estas condiciones los objetivos inmediatos de la oposición (derribar al Gobierno) eran en 1837 irrealizables a corto plazo y lo que de veras pretendía era desgastar con sus críticas al Gobierno para irle deslegitimando y en último extremo, al cabo de este paciente proceso de deterioro, derribarle. Cosa que no llegó a suceder con los Ministerios progresistas, pero que se consideró como una posibilidad seria en la sesión de 7 de julio de 1837 que se relatará circunstanciadamente más adelante.

La conclusión de cuanto acaba de enunciarse salta a la vista: las Cortes podían funcionar perfectamente sin partidos políticos porque el régimen de mayorías y minorías permitía la formación de las leyes así como expresar la confianza (o reprobación) del Gabinete, que eran las dos funciones esenciales del Congreso. Otra cosa era, sin embargo, que la evolución política natural tendiera a la formación de partidos formalizados y que, una vez consolidados éstos, la mayoría y la minoría se basaran en ellos y no –como a lo largo de los debates de 1836 y 1837– en diputados aislados o en grupos informales y, por ende, inestables.

Gobierno y mayoría

En el sistema parlamentario moderno existe la regla de que el Gobierno es designado por la mayoría del Congreso y que ha de conservar su confianza si quiere seguir en el Poder: perdida la mayoría, el que tenga la siguiente puede derribar al Ministerio con un acto de censura y ocupar su lugar. Esta mayoría suele estar formada por los diputados del partido gubernamental, pero no necesariamente porque también puede constituirse a través de una coalición. Un Gobierno sin mayoría parlamentaria también es posible, pero de ejercicio difícil puesto que puede ser derribado en cualquier momento y para lograr que se aprueben sus proyectos necesita pactar con otros asunto por asunto («geometría variable»). En 1836-37 las reglas eran, no obstante, otras.

Las delicadas relaciones entre Gobierno y mayoría parlamentaria no estaban reguladas por la constitución de 1812 ni por la de 1837, aunque existía una práctica constitucional bastante precisa. El primer punto conflictivo era el de si el Rey debía escoger sus consejeros entre los diputados de la mayoría. La respuesta teórica era afirmativa, pero de hecho no sucedía siempre así y con frecuencia no era posible hacerlo cuando las crisis se producían en un período interparlamentario. Tal fue el caso del Ministerio Calatrava: las Cortes no se habían constituido todavía y no era posible, en consecuencia, hacerlo. La solución era entonces que los ministros se presentaran a las elecciones, que ganaban sin dificultad, salvo que tuviese lugar un golpe de Estado como le sucedió a Istúriz en agosto de 1836.

Lo más difícil venía, no obstante, después dado que el Gobierno necesitaba conservar el apoyo de la mayoría habida cuenta de que sin ella no podía mantenerse. En mayo de 1836 el Gabinete de Istúriz no alcanzó ese apoyo y se entró en un dilema insoslayable: o dimitir o disolver la Cámara con la esperanza de contar en la siguiente legislatura con esa necesaria mayoría. Calatrava no tuvo estos problemas porque dominaba holgadamente el Congreso. Pero a lo largo de este capítulo veremos que la lucha parlamentaria consistía precisamente en ir erosionando esa mayoría con el objetivo de que, llegados a un bajo nivel determinado, el Ministerio quedara en minoría. Lo que no llegó, por cierto, a suceder pese a los avances de la oposición.

En agosto de 1837 todavía conservaban Calatrava-Mendizábal la confianza del Congreso pero, como perdieran la de la Regente y se necesitasen las dos confianzas, pudo ser cesado el Ministerio y el siguiente de Bardají sobrevivió porque la mayoría progresista de las Cortes, aun estando dolida por la caída de Calatrava, le siguió siendo fiel fiándose de su profesión de fe progresista.

Planteadas así las cosas es interesante dejar ahora constancia de que la cuestión afloró en la sesión de 1 de julio de 1837 con ocasión de un ataque a Mendizábal en el que se había afirmado que se estaba gobernando en contra de la mayoría. A lo que contestó indignado Calatrava: «El Ministerio actual ha dicho siempre que no trata de sostenerse sino con el acuerdo de las Cortes; ha insinuado que a la menor indicación que le haga la mayoría lo haría así. Nunca creyó haber merecido ser tratado con tanta injusticia como ha sido tratado (...) Los ministros actuales no desean conservar el mando contra la voluntad de sus conciudadanos (...) Yo estoy bien seguro de que los ministros que vengan no harán más que los actuales y que no pasarán ocho días sin que se hallen sujetos a la misma censura. Si algún señor diputado cree que hay otras personas más diestras o más afortunadas, porque la fortuna es indispensable para gobernar, desígnelas y yo le prometo que esta misma noche uniré mis ruegos a los que hagan la propuesta para inclinar el ánimo de S.M. a que acceda a ella».

Pocas veces han sonado en las Cortes españolas palabras tan serenas, que confirman la opinión que de Calatrava tenían sus contemporáneos, incluso sus enemigos. Aunque también es verdad que su constante repetición, como una cantinela que aparecía en todos los debates de altura, las devaluaba un tanto y hasta trivializaba.

Y este dato no se le escapó a Olózaga en su contestación: «El sr. ministro de Estado ha repetido hoy lo que en otras varias ocasiones ha dicho, a saber, que estaba deseando tener un pretexto honroso para retirarse inmediatamente. Y ha añadido que invitaba a que se designasen otros sujetos más aptos que los actuales ministros para reemplazarles en sus puestos. Muchas veces he oído yo esta expresión y siempre la he oído con sentimiento. Para gobernar es necesario que haya fe y confianza en su mérito; no conociéndose los gobernantes con él, deben retirarse inmediatamente sin buscar pretexto. El que no tiene confianza en sí mismo no puede gobernar, no digo una nación, pero ni siquiera una compañía (...) ¿Por qué no ha dado una batalla para ver si tenía, o no, mayoría?»

En este diálogo no podía faltar Argüelles: «Un presidente que era el producto de la mayoría de las Cortes ¿podría ponerse en hostilidad con el Gobierno? S.S. habrá conocido hasta qué punto es necesaria la armonía entre el Gobierno y el cuerpo representativo».

Pero Olózaga, implacable, volvió a la carga sin respeto alguno por las glorias de una generación que no era la suya, aunque ahora volviendo los tiros a su cabeza principal, a Mendizábal: «He oído hablar a S.S. cuando era presidente interino del Consejo de ministros, decir que en dejando el Ministerio jamás volvería a él, aun cuando se verificasen ciertas cosas que no se han verificado y que casi eran imposibles. En los tres meses que mediaron desde mayo hasta agosto (1836) S.S. persistía en esa idea, que a todos repetía. Y yo decía: “vean Vds. un hombre prudente que ha salido con mucha fortuna, ahora no podrá salir con tanta y por eso no quiere ser ministro. Pero al cabo faltó a su palabra”».

Veamos seguidamente la respuesta del aludido: «En cuanto a lo que dijo S.S. de que yo no quería ser ministro, dice muy bien. Yo había manifestado constantemente que no sería ministro mientras no hubiera ciertas circunstancias que eran como imposibles. Pero S.S. ha olvidado ciertas cosas que pasaron y no negaré que yo entré con cierta repugnancia en el ministerio cuando me lo indicaron mis amigos».

En definitiva, la tenaz oposición de una minoría parlamentaria siempre en aumento no consiguió derribar al Ministerio Calatrava-Mendizábal por medio de un voto de censura; pero facilitó el cambio de Gobierno decidido por la Reina Gobernadora en agosto de 1837, ya que ésta era consciente de que las Cortes no iban a hacerle resistencia (como habían hecho en mayo de 1836 con ocasión del primer cese de Mendizábal) cabalmente porque el Ministerio ya estaba tan desgastado por la constante labor de zapa de la minoría que no reunía condiciones para defenderse ni dentro ni fuera del Congreso.

Fue Álvaro, finalmente, quien el 8 de julio (1837) cerró esta discusión que resultaba muy delicada puesto que los diputados no se encontraban cómodos cuando se hablaba con tanta sinceridad: «Que existe esa distinción entre ministeriales y no ministeriales es un hecho y nadie puede resentirse de que se diga porque es indispensable que la haya siempre y puede decirse que es la cuestión principal, la cuestión esencial, la de las personas. Porque de poco vale que haya buenas leyes si las personas encargadas de llevarlas a efecto no tratan de hacerlo como deben. Esta división existe y esto es natural, pero nadie debe resentirse de ella porque yo creo que todos los diputados nos proponemos un mismo fin, y si bien no convenimos en algunos medios, es por el distinto modo de pensar de cada uno.».

Comportamiento de los diputados: la minoría de Álvaro y la mayoría de Mendizábal

1. En un sistema de partidos políticos el comportamiento de los diputados está determinado de antemano y es, por tanto, predecible: hablan y votan en el sentido que les indica el partido pues son responsables ante él. Como esto no sucedía en 1836-1837, sus decisiones dependían de sus convicciones personales y, en consecuencia, eran impredecibles hasta tal punto que, a la hora de analizar los comportamientos parlamentarios, si se quieren identificar grupos homogéneos, a lo más a que se puede llegar es a conjeturar afinidades de conciencia o comunidad de valores: católicos y laicos, provincialistas y centralistas, librecambistas y proteccionistas. Ahora bien, teniendo en cuenta que la agrupación era para asuntos determinados, no podía ser constante (como sucede cuando está impuesta por un partido disciplinado) sino variable, de tal forma que «el grupo laico» por ejemplo podía mantenerse unido en asuntos religiosos pero dispersarse cuando se trataba de asuntos comerciales o de organización administrativa.

Tal era lo que sucedía cabalmente en la legislatura constituyente y lo que hace tan difícil su análisis. Porque la devoción o el odio a Mendizábal imponían una cierta cohesión inicial que servía para una primera clasificación de ministeriales y antiministeriales, pero no era lo suficientemente fuerte como para manifestarse así en todos los asuntos; y por ello ministeriales fidelísimos se apartaban del criterio gubernamental en un asunto de Ultramar y enemigos declarados de Mendizábal podían votar con él en la ordenación de una leva militar.

No mediando un interés político concreto, la «convicción personal individual» era un producto de motivaciones y condicionamientos (culturales, sociales, religiosas, económicas) con frecuencia oscuras de tal manera que lo que en último extremo decidía el voto no eran razones políticas sino impulsos religiosos o simples parentescos territoriales.

Veamos un ejemplo: ¿cómo interpretar las votaciones del debate sobre los diezmos? La supresión de éstos fue una clara victoria del Ministerio y de la mayoría parlamentaria; pero ¿quiénes votaron en contra? No, desde luego, los que constituían el núcleo de la oposición, puesto que lo que se debatía fundamentalmente no era una cuestión política sino la suerte económica del clero; y esto era lo que tenían a la vista los diputados con la consecuencia de que algunos apoyaron el proyecto aun formando parte de la minoría antiministerial, mientras que otros lo rechazaron aun estando de acuerdo en general con los principios de Mendizábal. Pues bien, el excelente análisis que ha realizado Esteban Canales (171 ss.) sobre este particular demuestra que el criterio seguido por los votantes no fue el político general sino en buena parte la opinión dominante sobre el diezmo en sus provincias de procedencia: «Durante las Cortes de 1836-1837 la minoría antiabolicionista la componen 39 diputados. Diez de ellos representan a las provincias gallegas (sobre un total de 27 diputados elegidos por Galicia); seis lo hacen a Asturias (sobre un total de 9) y dos lo hacen a Santander, Navarra y Canarias. Los demás diputados –17– se distribuyen entre las restantes provincias que enviaron a Cortes 190 representantes. Obsérvese que hay un marcado contraste entre la actitud respecto al diezmo entre los diputados norteños y los del resto de España».

¿Y qué decir del conflicto del corcho que se planteó entre los intereses catalanes y los extremeños? Aquí los diputados volvieron a votar condicionados por la provincia de su procedencia. Aunque no siempre sucedía así. Otras veces les impulsaban motivos sociales (según fueran terratenientes o empleados), religiosos o económicos. Lo importante era el contenido material de la cuestión que se discutía. En estos casos la mayoría y la minoría eran enormemente fluctuantes ya que, en ausencia de partidos políticos que disciplinasen el voto, se hacía una oposición puntual, asunto por asunto.

En tales condiciones, ¿cómo llevar a cabo un análisis sistemático por encima del enjuiciamiento casuístico de cada votación? Al observar este período, el estudioso se ve obligado a utilizar una metodología inversa a la habitual, o sea, primero examina los comportamientos individuales y luego los va agrupando. Cuando coinciden las votaciones de varios se puede inducir lógicamente que forman parte de un mismo partido de opinión, que se influyen recíprocamente y que hasta adoptan sus decisiones de manera conjunta o bajo las instrucciones de un cabecilla. Así han procedido algunos historiadores modernos y en casos se ha llegado a consecuencias tan precisas como las de Isabel Burdiel (pero para otro período). Un trabajo tedioso puesto que exige tener en cuenta todas las votaciones nominales y, además, de resultados inseguros puesto que diputados que de ordinario coinciden, de pronto se separan sin saberse por qué y, a la inversa, a veces aparecen juntos quienes no habían coincidido nunca. Pero es lo único que puede hacerse y las consecuencias son aceptablemente fiables cuando se confirman por las declaraciones personales autodefinitorias de algún diputado, que también las hay aunque no abunden. Así lo intentó para las Cortes constituyentes Marichal, aunque con escasa fortuna, y últimamente Pro sin demasiada convicción.

a) De esta forma, remontándose por encima de las innumerables votaciones singulares, se ha identificando en este libro a una oposición parlamentaria, estructurada en un núcleo formado por un grupo de diputados que operaban habitualmente en torno a Aniceto de Álvaro (y que consideramos la fracción más radical de la estirpe progresista de la familia liberal). Núcleo al que se adherían con cierta frecuencia otros diputados de ideas afines (a los que se fue atrayendo en el curso de la legislatura) o motivados por el impulso negativo de oponerse al Ministerio (como es el caso de los de tendencias ideológicamente muy distantes de los radicales, con los que, sin embargo, no vacilaban en juntarse tácticamente frente al enemigo ministerial común). Así se formó una oposición heterogénea que fue creciendo lentamente con los elementos que se iban desgajando de la mayoría conforme el Ministerio se hundía en el desprestigio de su fracaso general y que recibió de golpe una ayuda notable cuando la fracción caballerista se separó en bloque de la mendizabalista dejando a ésta en una mayoría sensiblemente debilitada y a punto de volcarse por completo la situación.

La oposición, en definitiva, estaba servida por un grupo de diputados de procedencia e ideología diversa, que iba aumentando con el transcurso del tiempo a costa de los desaciertos del Ministerio, por desavenencias en algunas cuestiones importantes o pura y simplemente por enfrentamientos personales. La heterogeneidad de la minoría fue observada certeramente por Bermejo (p. 38) en un texto que sigue de cerca otro anterior de Alcalá Galiano más atrás copiado: «Los enemigos del Gobierno eran algún moderado antiguo; varios demócratas a quienes servía de enojo no ver llevadas las cosas por los senderos que ellos deseaban; ciertos y determinados progresistas, desprendidos de la parcialidad vencedora, que guardaban contra los ministros cierto linaje de resentimiento por considerar que los habían tenido en poco en ocasiones supremas, cuando se preciaban de ser hombres superiores en luces a sus compañeros de mando. Hombres que, reconociendo ser tarea imposible ligarse con los moderados por tener éstos ya muchos caudillos de aventajado renombre, tenían presupuesto volver a las filas, que era la cuna de su nacimiento, pero llevando a ella el germen de la discordia alimentada por sus ambiciones. A esta parcialidad capitaneaba D. Salustiano Olózaga».

b) Pasando al otro extremo del arco parlamentario, Mendizábal tuvo la fortuna de gobernar siempre arropado por una mayoría que le era personalmente adicta. Incluso fue así cuando, nombrado presidente (interino) del Consejo de ministros en septiembre de 1835, se encontró con un Estamento de Procuradores de signo moderado, procedente nada menos que de Martínez de la Rosa, que empezó apoyándole sin reservas (pues no hay que olvidar que en aquel momento era todavía Mendizábal una hoja liberal casi en blanco) y cuando se separó por primera vez de él en la votación del artículo 17 de la ley electoral (enero 1836), no dudó en disolverlo puesto que el presidente quería una cámara absolutamente adicta, como la que vino después en febrero de 1836.

De esta manera gobernó sin sobresaltos hasta que el 15 de mayo se enteró, poco menos que por la prensa, de su cese fulminante y de su sustitución por Istúriz, un liberal de pasado glorioso y presente sospechoso. Istúriz era tan progresista como Mendizábal –e incluso poseía unos antecedentes más fiables– y sus proyectos políticos eran semejantes; pero cuando pisó el Estamento se encontró con una oposición violentísima: algo explicable si se recuerda que aquél era hechura de Mendizábal y que la crisis se había producido sin contar con la cámara. Esta oposición se concretó en una moción de censura y en un bloqueo presupuestario, que le hacía muy difícil gobernar en tales condiciones. Istúriz consecuentemente repitió la operación de Mendizábal, es decir, disolvió el Estamento y convocó nuevas elecciones que, sin necesidad de ser tan escandalosas como las anteriores, le prometían suficiente mayoría y, en definitiva, un gobierno tranquilo al contar con la doble confianza de la Corona y de los Estamentos.

Despechado Mendizábal, se apresuró a descalificar a su adversario como criptomoderado y con ayuda de su aparato personal y de algunas sociedades secretas logró en la calle algo que entonces le era más fácil que ganar unas elecciones cuando no estaba en el poder, a saber: movilizar a las provincias para que constituyendo las consabidas juntas se alzaran contra el Gobierno de Madrid exigiendo entre otras cosas el cese del Ministerio.

Convocadas nuevas elecciones (las terceras en seis meses), se encargó el Gobierno de asegurarse de nuevo una mayoría parlamentaria arrolladora ya que fueron excluidos no sólo los moderados declarados sino los simpatizantes de Istúriz y de Alcalá Galiano. De nuevo se abría, pues, para Mendizábal una etapa tranquila y esperanzadora con su nombramiento real en la mano y con una fuerte mayoría parlamentaria. Aunque no faltaban ciertamente algunas espinas que al principio no eran del todo visibles: en contra tenía a una parte de la prensa (a la moderada, por supuesto, con sus diversos matices –El Español de Borrego y El Porvenir de Donoso– más los abundantes francotiradores radicales, el demagógico El Mundo y El Castellano propiedad del diputado Aniceto Álvaro, primero amigo y luego encarnizado enemigo de Mendizábal) y a algunas sociedades secretas y sabiendo, además, que María Cristina no estaba dispuesta a olvidar las humillaciones de La Granja.

Dejando a un lado las excepciones, más ajustado resultaría hablar de una mayoría «mendizabalista», puesto que el nuevo Ministerio vivió siempre a remolque de este político, cuya arrolladora personalidad se impuso siempre sobre la del presidente Calatrava: hombre de gran prestigio ciertamente pero orador mediocre y sobre todo con las energías sensiblemente mermadas por la edad y la mala salud. Una vez más, Mendizábal actuaba como «ministro universal», o poco menos: curiosamente como sucedía en el Gabinete carlista de Erro. Y, por cierto, que la fidelidad de la mayoría devota del ministro de Hacienda hizo sospechar a la oposición que no se debía sólo a una comunidad de ideas políticas sino también a la venalidad. Acusaciones que rechazó indignado Argüelles en la sesión de 18.5.1837: «Se ha llegado al punto de decirse al pueblo que la mayoría del Congreso estaba comprada por el ministro de Hacienda ¡Hasta qué punto se ha calumniado a las personas que votan en la mayoría!».

Pero lo que a nuestros efectos ahora más interesa es que la mayoría de las Cortes, sin perjuicio de su indudable solidez, ofrecía ciertas grietas que podían terminar resultando preocupantes: algunos diputados conservadores, muy pocos desde luego, se colaron de rondón; otros, también muy pocos, afirmaron una independencia agreste y, más grave todavía, había un grupo de exaltados, enemigos jurados de Mendizábal a quien consideraban un traidor, dispuestos a declararle la guerra desde el principio. Y aunque su número fuera reducido podría resultar peligroso si lograban catalizar y unir a quienes no pertenecían a la mayoría de fidelidad ministerial inquebrantable.

Aunque lo peor era, con todo, que esa mayoría progresista estaba formada, como sabemos, por dos bloques de tal manera que si uno de ellos, el de los caballeristas, se separaba y se unía con el resto de la oposición (como terminaría sucediendo efectivamente), la decantada mayoría podría desaparecer al dejar solos a los mendizabalistas juramentados.

2. La sólida mayoría parlamentaria establecida en el comienzo de la legislatura empezó pronto a ser atacada desde los ángulos más diversos. Los diputados de la minoría aprovechaban cualquier ocasión fundada o pretexto imaginado para incomodar al Gobierno, al principio de forma aislada, como simples escaramuzas que podían ser rechazadas con facilidad. Pero con el transcurso del tiempo la oposición fue cobrando aplomo, tomó conciencia de su fuerza y las agresiones se realizaron ya de manera sistemática. Por lo demás, como la situación militar distaba mucho de ser risueña, esta constante labor de zapa comenzó pronto a dar sus frutos: el Ministerio se iba desgastando a ojos vistas y el bloque de la mayoría se reducía inexorablemente amenazando dejar al Gobierno en minoría, mientras que su prestigio social disminuía también, propiciando de este modo un cambio ministerial, como el de agosto de 1837.

Aunque el objetivo final era derribar al Ministerio, conviene destacar que quien estaba en el punto de mira era el secretario del Despacho de Hacienda, pues la minoría sabía de sobra que era el elemento clave habida cuenta de que de él partía la iniciativa y de que, además, era el que más atraía a los electores progresistas. Un Ministerio progresista sin Mendizábal parecía inviable en aquellos momentos y así se demostró con el que vino a sucederle –el de Bardají– no menos progresista que el anterior pero que no logró sobrevivir dos meses; al igual que había sucedido antes con el Ministerio Istúriz formalmente tan progresista como el de Mendizábal.

El destino de Mendizábal, como el de todas las personalidades fuertes, fue el de contar con un grupo de seguidores incondicionales que llegaron a hacer de él algo más que un líder: un mito del progresismo; pero al tiempo tuvo siempre enfrente un grupo de enemigos no menos incondicionales y encarnizados, que en este caso, para mayor desgracia, procedían de dos frentes que le asfixiaron en una pinza: por un lado los moderados, que en la prensa (más que en las Cortes, puesto que aquí su representación era meramente testimonial) le combatían con saña por considerarle demasiado revolucionario; y por otro los exaltados extremos o radicales, no sujetos a la disciplina caballerista, doceañistas recalcitrantes que le combatían con no menos furor, ahora por considerarle no suficientemente revolucionario e incluso traidor manifiesto; sin contar, claro es, a sus viejos hermanos separados, los de la fracción de Istúriz, reconvertidos o no al moderantismo.

Simplificando deliberadamente las cosas con objeto de hacer inteligible la situación, aunque sea a costa de algunas generalizaciones que luego se irán precisando en lo posible, podemos describir así la composición del Congreso: una mayoría hegemónica aplastante y una minoría reducida y heterogénea; dentro de la mayoría, de estirpe progresista impecable, se distinguían dos bloques: el ministerial, fiel a Mendizábal, y el caballerista encabezado por Fermín Caballero y por López, que se permitían críticas desde la izquierda y que estaban respaldados por El Eco del Comercio, aunque por razones de imagen ya se hubiera separado Caballero formalmente de él. En la minoría estaban algunos diputados moderados que por excepción habían conseguido un escaño: Mon y Castro, un orador estrella que inicialmente estuvo en el séquito de Olózaga y también Mata Vigil; con ellos hacían ocasionalmente pinza los diputados del extremo opuesto del arco parlamentario: los radicales de pura cepa e individualistas insobornables al estilo de los Montoya y Tarín. A los que hay que añadir, en fin, quienes hacían gala de su independencia o de no pertenecer a ningún grupo. Este tercer bloque, más heterogéneo y menos disciplinado que los anteriores, estaba capitaneado por Álvaro.

Oposición global y desacuerdos materiales

El primer objetivo político de la oposición parlamentaria era, naturalmente, derribar al Ministerio a través de un voto de censura, retirándole la confianza de las Cortes, para forzar a la Reina Gobernadora a que le cesase. Y en segundo lugar, entretanto no se alcanzaba lo primero, irlo deteriorando en una acción permanente de desgaste, para lograr su desprestigio público y la erosión progresiva del bloque. Así se fue haciendo en escaramuzas individuales, que al principio inquietaban poco al Gobierno y luego en auténticas batallas campales que al final pusieran en riesgo su existencia. A lo largo del presente capítulo se describirán y analizarán los numerosos incidentes parlamentarios relevantes a estos efectos que tuvieron lugar durante esta Legislatura y que a continuación se enumeran para que el lector tenga una visión sistemática y un adelanto de los esfuerzos esclarecedores que se irán haciendo en los siguientes epígrafes.

a) Están en primer lugar, y como más significativos, los votos de censura, con la advertencia de que si en algunos casos eran expresos y explícitos, en otros eran simplemente implícitos puesto que tomaban como pretexto un incidente menor aunque su intención inequívoca final –y así lo entendía y declaraba el Gobierno– era la censura total del Ministerio: proposición de Gorosarri (29.10.1836), reorganización de intendencias (enero de 1837), petición de responsabilidad del Ministerio (20.7.1837), planteamiento de la cuestión de confianza (7.8.1837) y declaración de que el sistema no satisfacía las necesidades de la Nación (16.8.1837).

b) Independientemente de lo anterior, los ataques más habituales de la oposición se manifestaban en intentos de control de las actuaciones del Ejecutivo no tanto para frenar su poder como para denunciar sus irregularidades legales, incapacidad gestora y desaciertos políticos. Ésta es la lista de los más resonantes, en la que deben incluirse también los incesantes requerimientos de presentación de presupuestos y rendición de cuentas: propuesta de Martínez Falero sobre la quinta de los 50.000 hombres (28.10.1836), investigación sobre el anticipo de los 200 millones (30 y 31.10.1836), investigación sobre la marcha de la guerra (30.10.1836 y 12.11.1836), debate sobre las medidas propuestas por el Gobierno (enero 1837), investigación de contratas de suministros (17.3.1837).

c) En un tercer apartado colocamos las intervenciones más agresivas (interpelaciones, petición de aportación de documentos y hasta de comparencias de ministros) de una oposición que no desperdiciaba oportunidad alguna de hostigar al Ministerio: proposición de Álvaro (30.10.1836), proposición de Castro y debate sobre el ejército de Aragón (enero 1837), interpelación de López (8.4.1837), debate sobre el anuncio de la crisis ministerial (15.8.1837).

d) Las actividades anteriores se distinguen perfectamente de lo que llamamos «desacuerdos», entendiendo por tales en este contexto las opiniones y las votaciones discordantes con las de la mayoría ministerial. Con los desacuerdos no se pretendía ni derribar, ni siquiera desprestigiar, un Gobierno sino afirmar una postura determinada en un asunto concreto. Al no tratarse de un envite directamente político ni haber disciplina de voto de partido (puesto que no existían), los desacuerdos podían desembocar en resultados inesperados. Los miembros de la oposición solían estar en contra de los proyectos ministeriales, mas no necesariamente, y lo mismo sucedía, a la inversa, con los miembros de la mayoría dado que, por convicciones personales, podían apartarse de la postura oficial. Aquí no puede, por tanto, hablarse de la voluntad de un grupo sino de un conjunto coincidente de opiniones y votos individuales.

Tenemos en resumidas cuentas dos grupos de actuaciones. Por un lado están aquellas que tenían un objetivo inequívocamente político: eran ataques directos al Gobierno, al que se pretendía criticar y derribar o, al menos, deteriorar. En este terreno era donde más clara se percibía la actitud política de quienes intervenían y en donde se comprobaba la existencia de un grupo parlamentario de oposición que iba fortaleciéndose semana tras semana. Además de esto tenemos otro paquete de actuaciones en las que no se entraba a discutir el comportamiento político del Ministerio sino que lo que se debatía eran proyectos o proposiciones concretas sobre materias determinadas (la ley de imprenta, el establecimiento de intendencias, el arreglo del clero, la contribución extraordinaria de guerra, etc.) en los que cada diputado expresaba su opinión y daba su voto no por razones políticas de amistad o enemistad con el Gobierno, ni tampoco con la de hostigarle o apoyarle, sino por convicciones personales: éstos son los que aquí llamamos «desacuerdos materiales», cuyo análisis no refleja con fidelidad la presencia de la mayoría y la minoría políticas.

Ni que decir tiene, sin embargo, que esta partición de grupos es convencional dado que en ocasiones operaban –quizás incluso sin tener conciencia de ello– causas y fines políticos en deliberaciones de naturaleza exclusivamente técnica; con lo cual se perturba un tanto la limpieza teórica del planteamiento. La realidad nunca es tan sencilla ni tan racional como los esquemas intelectuales con los que se pretende describirla y comprenderla.

Criterios de identificación

1. La tarea de identificación anunciada para este capítulo ha de desarrollarse lógicamente en dos niveles: uno primario o directo referido a cada diputado individualmente considerado y otro secundario o indirecto referido a los conjuntos en que se agrupaban. El primer objetivo, dentro de su inseguridad, ofrece una cierta precisión y se logra –por lo que a la minoría se refiere– mediante la utilización de varios parámetros identificadores, que terminan complementándose y aumentando las posibilidades de certidumbre cuando coinciden; y que fundamentalmente son: los votos emitidos en los escrutinios nominales, los discursos e intervenciones desarrollados en los debates, las proclamaciones o autodefiniciones expresas, las proposiciones presentadas, las interpelaciones, las peticiones de voto de censura o de declaración de no confianza y, en fin, las actuaciones de acoso al Gobierno o a alguno de sus ministros.

Una vez logrado el retrato político personal de cada diputado, en un segundo nivel se cruzan los datos obtenidos para ver hasta qué punto coinciden sus comportamientos en un grupo de alcance político, es decir no de conciencia, religioso o territorial. Y así es como se han logrado identificar con cierta fiabilidad los dos grupos que aquí interesan, o sea, el ministerial y el de oposición, con los límites y cautelas que ya se han expuesto en las páginas anteriores.

Dejando para más adelante el estudio de las votaciones nominales, empezaremos seguidamente con las confesiones personales de los propios diputados en las que para nuestra fortuna y aunque sea excepcionalmente, reconocen su condición de minoría antiministerial y, en su caso, las razones que les habían impulsado a abandonar la mayoría para pasar a la oposición. Veamos algunos ejemplos:

En la sesión de 11.8.1837 tuvo Olózaga ocasión de explicar su cambio de postura política precisando que antes ciertamente estaba identificado con el Ministerio pero que «ahora es al contrario porque las circunstancias me obligan a hacer, con la energía con que a falta de otras cualidades suelo producirme en el Congreso, ciertos cargos al Gobierno y me veré en la dura precisión de votar en diverso sentido del que hubiera votado antes y diré francamente no a la totalidad del dictamen que se discute». Y en la réplica que siguió de Mendizábal quedó aún más clara la postura de Olózaga: «S.S. no deja de ser pródigo en dirigir sus ataques al ministro de Hacienda, aunque no suele ser feliz en ellos (...) Yo constantemente he creído que el sr. Olózaga estaba conforme, si no en el todo de la marcha del Ministerio, a lo menos en una parte muy principal, pues tenía presente lo que S.S. ha dicho en diferentes épocas. Y creo todavía que no obstante que los labios del sr. Olózaga pronuncien que no están conformes con la marcha del Gobierno, lo está; lo cual no es extraño, porque en varios casos se encuentran en S.S. estas contradicciones entre su corazón y su cabeza».

Por cierto que aquel mismo día, a lo largo del debate sobre la contribución extraordinaria de guerra, aprovechó Pita la oportunidad para sincerarse sobre el hecho de que hubiera pasado directamente de una silla ministerial a la oposición parlamentaria: «Ha dicho S.S. (Mendizábal) que todos nuestros males vienen de que ciertos amigos políticos han desertado. Efectivamente, entre los hombres, y más en las naciones que se ven agitadas de discordias civiles, se ven todos los días esas deserciones. Por mi parte, en toda mi vida pública no he tenido más que un principio político: tal es el de sacrificarme por la libertad de mi Patria y por un Gobierno justo representativo. Ese principio no lo he abandonado ni un momento. Yo debo decirle a S.S. que no sé a qué partido pertenece; pero por mi parte no he pertenecido al suyo en público ni privadamente».

A lo que contestó de inmediato el ministro de Hacienda: «Como partido no pertenezco a ninguno. Como principios políticos los mismos tengo hoy que toda mi vida (...) Mis principios políticos son bien conocidos, nunca los he desmentido y amigos tengo en las Cortes que saben muy bien que desde el año 20 los he defendido en la misma línea. En cuando a lo que ha dicho S.S. (que no pertenece a mi partido), le doy las gracias por esta explicación y solamente le diré que no sé cómo S.S. admitió un destino del Ministerio mío y cómo S.S. vino a asociarse en ese mismo Ministerio sin conocer cuáles eran mis principios políticos y mis opiniones».

Quien también defendió su posición en términos explícitos fue Madoz en la sesión de 26.5.1837: «Yo hago una diferencia de la oposición al Ministerio a la oposición al Gobierno. Para mí es una cuestión muy diferente. En cuanto al Ministerio, le combatiré desde estos bancos cuando vea que sigue una marcha opuesta a la felicidad de la nación. Aquí se combaten sus actos, aquí se le acusa, aquí se le vence o se acredita su inocencia. Pero también estoy dispuesto a combatir a esos hombres ambiciosos que resentidos por la caída que el pasado agosto sufrieron atacan al Ministerio por medio de la prensa periódica para ocupar sus puestos. Cuando las Cortes se cerrasen, los enemigos de las instituciones actuales empezarían a atacar al Ministerio y si no pudieran conseguir que éste cayera, apelarían a la insurrección, se mandarían agentes a las capitales de provincia para que las promoviesen. Yo no tendría por una calamidad la caída del actual Ministerio, si ésta provenía de haberle negado su confianza las Cortes; pero sí tendría por una calamidad pública esta caída si para lograrla hubieran apelado a una insurrección a una intriga de ciertos hombres que están espiando el primer momento para reconquistar una autoridad que nunca deberían haber tenido».

La profesión de fe de Ferrer y Garcés el día 7.8.1837 no pudo ser más apasionada: «Yo he pertenecido y me glorío de pertenecer a esta fracción de patriotas decididos que, conociendo desde el principio la marcha equivocada del Gobierno, le han hecho una oposición vigorosa y continúan haciéndola. Ya es tiempo de que despertemos de este nuestro letargo en que hemos estado. Ya es tiempo de que cesen esas ocultaciones ante la Representación nacional. Ya es tiempo de que pongamos término a tantos errores como se cometen».

Y para cerrar esta serie valgan las palabras de Fontán el 8.9.1837: «El sr. González ha manifestado que mi conducta anterior atacando al Ministerio era poco análoga a la presente. Si yo entonces atacaba al Ministerio y ahora no, es porque creo que conviene darle la fuerza y entonces creía que en fortificarle se perdía el mundo».

2. Con otro criterio identificador tomado también del Diario de Sesiones queremos exponer ahora una primera lista de la oposición basado en los indicios que proporcionan otras actuaciones parlamentarias. Porque también puede identificarse fiablemente la posición política de los diputados tomando como referencia las proposiciones de índole inequívoca y relevantemente política.

a) He aquí la lista de primeros firmantes con la fecha de su presentación:

Martínez Falero: 28.10.1836

Álvaro: 30.10.1836

Argumosa: 2.11.1836

Domenech: 12.11.1836

Vila: 12.11.1836

Mata Vigil: 11.2.1837

Suances: 11.2.1837

Dionisio Valdés: 15.2.1836

Alcorisa: 16.2.1837

Tarín: 16.2.1837

Venegas: 17.2.1837

Juan Montoya: 17.2.1837

Bertrán de Lis: 21.2.1837

Ferrer y Garcés: 11.4.1837

Viadera: 9.4.1837

Fontán: 13.5.1837

Castro: 21.5.1837

Núñez: 20.7.1837

Cabrera de Nevares: 16.8.1837

Insistimos en que esta lista sólo nos proporciona un primer indicio puesto que únicamente muestra a los primeros firmantes y de una sola proposición, aunque hayan presentado varias; pero es evidente, en todo caso, que quienes así obraron eran enemigos políticos del Gobierno. De lo que se trata ahora es de seguir aportando nuevos indicios que puedan luego cruzarse para obtener resultados más fiables puesto que aquí ni son todos los que están ni están todos los que son.

b) Lista de interpelaciones en las que deliberadamente se hostigaba al Gobierno:

Ayllón: 28.11.1836

Rodríguez Leal: 30.11.1836

Castro: 4.1.1837

Martínez Falero: 19.2.1837

López: 8.4.1837

Vila: 9.6.1837

c) Peticiones de voto de censura o declaración de no confianza, cuyas causas y fines no podían ser más claros:

Argumosa: 2.11.1836

Álvaro: 22.6.1837

Cabrera de Nevares: 8.8.1837

Fontán: 15.8.1837

Peticiones de exigencia directa de responsabilidad ministerial:

Núñez: 20.7.1837

d) Peticiones al Gobierno para que aporte documentación, cuya intención crítica era manifiesta:

Álvaro: 30.10.1836

Domenech: 12.11.1836

Peticiones de comparencia del Gobierno:

Álvaro: 30.10.1836

e) Exigencia de presentación de cuentas y presupuestos, que era una de las cuestiones que más deterioraba la imagen de Mendizábal en cuanto responsable de esta obligación:

Gómez Acebo: 6.11.1836

García Patón: 7.11.1836

Rodríguez Leal: 8.11.1836

Sancho: 9.11.1836

Álvaro: 10.11.1836

f) Lista de peticiones por materias cuyas intenciones no eran, naturalmente, tan inequívocas como las de las listas anteriores: Aquí se indica el autor de la petición y, si no aparece, lo que se tiene en cuenta es el resultado de las votaciones cuando son nominales: que las Cortes revisen decretos del Gobierno: Martínez Falero (28.19.1836); Álvaro (30 y 31.10.1836).

– Cuestiones militares: Álvaro (30.10.1836); Argumosa (2.11.1836), Domenech (12.11.1836); Ayllón (28.11.1836); Castro (4.1.1837); López (8.4.1837); Viadera (9.4.1837); reclamaciones cuentas y presupuestos (ya están relacionadas en una lista anterior); votaciones nominales de artículos constitucionales que tienen relevancia a estos efectos: trámites de revisión (14.11.1836), prerrogativas Corona (21.12.1836), prerrogativas Corona (22,12.1836), prerrogativas Corona (24.12.1836), sistema electoral (28.12.1836), artículo 11 (6.4.1837), artículo 12 (8.4.1837), artículo 13 (11.4.1837), artículo 28 (27.4.1837), artículo 62 (26.4.1837), artículo 77 (27.4.1837).

– Votaciones nominales de la ley electoral: artículo 57 (20.6.1837), artículo 28 (3.7.1837), adiciones (6.7.1837 y 7.7.1837); por infracciones constitucionales: Gorosarri (29.10.1836); medidas extraordinarias pedidas por el Gobierno (16.11.1835); prolongación Cortes (26.5.1837); homenaje a Mina (26.6.1837); diezmos (27.6.1837, 1.7.1837, 10.7.1837); juramento abogados (18.7.1837); responsabilidad ministerio (20.7.1837); arreglo del clero (6.8.1837); acontecimientos de Pozuelo de Aravaca (18.8.1837).

3. Con lo anterior ya tenemos una serie de parámetros que, debidamente cruzados, nos proporcionarían identificaciones verosímiles cuando los mismos nombres se repitiesen en nivel aceptable. Pero queremos dar un paso más, puesto que de la lectura minuciosa del Diario de Sesiones se obtienen no sólo los nombres (que ya sería bastante para una primera aproximación) sino el contenido de las intervenciones y este contenido sí que nos proporciona un dato seguro para conocer la posición política de los diputados intervinientes y para constatar si su postura es coyuntural, versátil o por el contrario constante, que es lo que sirve para lograr el objetivo que estamos persiguiendo. Huelga decir que esta tarea es sumamente engorrosa; pero consideramos que es el único medio de salir de la fase de conjeturas en que, por necesidad, se están moviendo hasta ahora los historiadores.

El manejo de estos datos no es sencillo y los resultados no serán siempre convincentes; pero en el estado actual de las investigaciones no se puede ir mucho más lejos y el avance, con todas las reservas que hayan de hacerse, es perceptible.

El dato de lo que hemos llamado «confesiones» es el más seguro, sin desconocer los constantes cambios de opinión de los declarantes. El tono de los discursos, la agresividad y viveza en los diálogos y hasta el insulto en ciertos casos también son significativos. Por otra parte, tenemos las cifras que aparecen en la ficha parlamentaria de cada uno: las proposiciones antiministeriales firmadas, los discursos ofensivos pronunciados y, en fin y sobre todo, la estadística de las votaciones aunque aquí no se trata sólo de cifras puesto que cada una tiene un valor diferentes.

En cualquier caso, con los datos conocidos ya puede afirmarse a título provisional que la composición de la Cámara en septiembre de 1836 reflejaba una mayoría inequívoca del partido progresista si se entiende por tal –en la autorizada opinión de Borrego que acabamos de ver en las páginas anteriores aunque con las salvedades que allí prolijamente se pormenorizaron– la de aquellos que se habían opuesto a los Gobiernos de Toreno e Istúriz. Los datos de que a tal propósito se dispone no pueden ser, en efecto, más concluyentes: nada menos que 47 diputados de los que repitieron después de las elecciones de septiembre de 1836 habían votado contra Istúriz en la memorable moción de censura contra aquel, frente a 3 votos a favor y ocho abstenciones. Con lo cual tenemos ya identificados a la parte más activa de los congresistas; si bien con reservas que se irán puntualizando más adelante, puesto que, por ejemplo, Álvaro votó en contra de Istúriz, pero desde el primer momento se situaría en la oposición a Mendizábal en las constituyentes. Los datos precisos de los diputados de estas Cortes que en la anterior legislatura habían participado en la moción de censura contra Istúriz, el gran enemigo político de Mendizábal, fueron los siguientes:

Votaron en contra de Istúriz, proclamando con ello su fidelidad a Mendizábal: Acuña, Alcalá Zamora, Alsina, Álvaro, Ballesteros, Becerra, Bermúdez de Castro, Burgueño, Caballero, Cachurro, Calderón de la Barca, Camps y Ros, Cantero, Cordero, Espinosa, Fernández Alejo, Fernández Baeza, Fernández Moratín, Fernández del Pino, Fuente Herrero, Fuster, García Carrasco, Gil (Pedro), Gil Orduña, Gutiérrez de Ceballos, Huelves, Joven de Salas, López de Pedrajas, López López, Milagro, Miranda, Montoya (Juan), Olózaga, Ortiz de Velasco, Osca (Miguel), Osca (Juan), Pizarro. Rivas, Rodríguez de Vera, Roviralta, Santa Cruz, Sosa, Torrens (Pablo), Valdeguerrero, Del Valle y Yagüe. Votaron a favor: Escalante, Flórez Estrada y Pérez de Meca. Se abstuvieron: Almodóvar, Argüelles, Cano Manuel, Gómez Becerra, González (Antonio), Martín de los Heros, de Pedro y Sancho.

Valgan de momento estos datos que dejamos todavía deliberadamente sin valorar en espera de que, más adelante cuando se incorporen otros, los conectemos para lograr una visión más fundada pero nunca definitiva porque no podemos perder de vista las deficiencias del método y, por descontado, nuestras carencias personales. A nadie puede escaparse que las dificultades son enormes a la hora de recoger y valorar los datos disponibles, habida cuenta de la inexistencia de partidos formales e incluso de una oposición o minoría estructurada. En estas circunstancias las votaciones ya no son del todo fiables, como tuvo ocasión de constatar Isabel Burdiel en su análisis de las últimas Cortes del Estatuto Real en las que ya no valían los refinados cálculos estadísticos utilizados en los períodos anteriores, por lo que tuvo que terminar reconociendo (336-337) «la incapacidad de las técnicas de análisis factorial y de correspondencias para proporcionar (en ciertas ocasiones) un tratamiento estadístico adecuado, susceptibles de interpretación histórico». Pues bien, esto es lo que sucedía también con las Cortes constituyentes y lo que nos ha forzado a emplear otra terminología menos técnica y más discursiva, asumiendo por descontado los riesgos de error de las conjeturas que aquí se exponen aunque en la medida de lo posible se han contrastado los resultados de las votaciones (para mayor desgracia con frecuencia no nominales) con las confesiones de los propios diputados en sus declaraciones así como las imputaciones que se les hicieron en la prensa y en los debates parlamentarios.

Causas del deterioro de la mayoría

La esperanza de vida de la estirpe política progresista no podía ser inicialmente más prometedora habida cuenta del cúmulo de circunstancias que le favorecían: Palacio se le había rendido sin condiciones (aunque desde luego no le tuviera el menor afecto); el Ejército admitía su autoridad; la Milicia nacional le admiraba; dominaba en los ayuntamientos y diputaciones más importantes y tenía en sus manos a los empleados, sin olvidar las posibilidades que se le abrían con un manejo, sesgado o no, de los fondos públicos. En estas condiciones, no resulta fácil entender sus sorprendentes fracasos posteriores: primero la caída del Gabinete MendizábalCalatrava en agosto de 1837 y luego el derrumbamiento en las elecciones para la siguiente legislatura. Invocar para el primer acontecimiento el plante militar de Pozuelo y para el segundo, la elaborada técnica electoral preparada por Borrego para los moderados son explicaciones correctas pero parciales y demasiado simples. Conviene profundizar, por tanto, en el análisis.

a) Por lo pronto, los cimientos del poder progresista no eran tan sólidos como parecían, dado que María Cristina no había olvidado la humillación de La Granja y aguardaba la oportunidad de devolver el golpe; y en cuanto al Ejército, la fidelidad de Espartero nunca fue segura y aún menos la de los jefes y oficiales minados por las sociedades del moderantismo extremo y agraviados por algunos imprudentes juicios críticos del ministro: unas circunstancias que, confluyendo en los sucesos de Pozuelo, fueron preparando el retorno de los moderados.

b) Lo fundamental, con todo, fue el curso de la guerra. Cuando un país está en guerra es inevitable que las incidencias de la misma –favorables o desfavorables– se imputen al Gobierno. Las victorias se rentabilizaban y las derrotas se pagaban, con o sin razón. La desastrosa marcha de la guerra civil, junto con la frustración de las expectativas generadas por las victorias de Bilbao y Cantavieja, hicieron insostenible la permanencia de los dos Ministerios progresistas: de Calatrava primero y luego de Bardají.

c) El peso de la guerra se agravaba por la deplorable situación de la Hacienda. Los ambiciosos planes de Mendizábal habían fracasado y lo que al final quedaba era una presión fiscal insoportable, que apesadumbraba a los pueblos mucho más que la pavorosa situación de la Deuda y de la Hacienda en general.

d) La insatisfacción aumentaba más todavía por la situación general del país que los diputados describían una y otra vez en términos apocalípticos que no se separaban mucho, por desgracia, de la realidad: hambre, abusos constantes de las autoridades militares, devastaciones producidas por los soldados de ambos bandos, levas constantes, inseguridad en los caminos, bandidaje...

e) Una política clerical sectaria con vejaciones inútiles al estado eclesiástico y el saqueo sistemático del patrimonio de la Iglesia. La desamortización tenía un fundamento político y social serio e indudable era la existencia de un cierto despego, y hasta odio, a los frailes. Los progresistas insistían en que los compradores de bienes nacionales se convertían necesariamente, y por razones egoístas obvias, en ministeriales militantes; pero el argumento se volvía en contra si se pensaba que los expoliados, que eran aún más numerosos, se convertían en antigubernamentales y la mayoría de la población veía con disgusto las vejaciones al clero. Una sociedad de religiosidad exacerbada y un tanto fanática no puede hacerse laica en cuatro años.

f) Los liberales de izquierda, los antiguos exaltados, los radicales de siempre se sentían perseguidos por el Gobierno y tratados con más dureza que los propios carlistas, realistas y desde luego que los moderados, tal como hemos de comprobar en su momento.

g) A efectos políticos directos contaba muy poco la penosa situación de las clases menesterosas, que se encontraban peor, si cabe, que en el Antiguo Régimen. Ahora bien, marginadas legalmente del proceso electoral, no podían tener influencia alguna en el deterioro parlamentario ni en la derrota del partido progresista en las urnas.

h) En último extremo hay que reconocer –por más que a la historiografía de cuño liberal y anacrónicamente progresista no le guste hacerlo– que «la revolución liberal tuvo lugar de espaldas a la sociedad», tal como titula Rodríguez Alonso un artículo de 1989 en el que recoge el pensamiento del embajador inglés según aparece en su abultada correspondencia. Una idea compartida ya entonces por los carlistas y que empieza a tener acogida en los escritores actuales. Por resumirlo en un solo párrafo (tomado de una carta de 8.11.183), «cuanto más vivo y aprendo aquí –comenta Villiers– más me convenzo de que son Argüelles y los de su clase los que ignoran el estado del país. La nación no desea instituciones liberales que son esenciales para su prosperidad y para la corrección de los abusos, pero que deben ser administradas como la medicina a los niños, en pequeñas dosis y bien disimuladas o, de lo contrario, las vomitarán. Casi todos los diputados han recibido cartas de los electores llenas de indignación y decepción».

j) Volviendo ahora a otro punto más concreto importa destacar la importancia que el desastre progresista tuvo en la baja calidad de su Gabinete. Aparte de Mendizábal, sólo el presidente Calatrava y el ministro de Gracia y Justicia ocuparon sus puestos con fortuna. El secretario de la Gobernación de la Península, López, dio lustre al equipo por su condición de tribuno parlamentario, pero entonces –como en las demás ocasiones en que formó parte de un Gobierno y hasta llegó a presidirlo– demostró que, aparte de su honradez, carecía de dotes de mando y organización, sin contar con la rigidez de sus principios que le obligaron a abandonar pronto la silla. Su sucesor Pita Pizarro era, por el contrario, un gestor excepcional pero sus vacilaciones políticas y la violencia de sus actuaciones le enajenaron pronto la enemiga parlamentaria, y más aún la periodística, y tuvo que dimitir. Más todavía: cuando volvió como ministro de Hacienda en el segundo Gobierno progresista, en el de Bardají, se repitió lo mismo y fue nuevamente reprobado por la Cámara. Pero peor fue el ministerio de la Guerra (que en tiempos de guerra civil hubiera debido ser lógicamente el mejor atendido): Rodil era tan absolutamente incompetente que terminó procesado y su sustituto interino, García Camba, tuvo una conducta tan sospechosa que terminó escapando a Filipinas para no tener que presentarse ante el Congreso; Almodóvar, por su edad y achaques, no hizo absolutamente nada y Espartero, en fin, no se molestó en ejercer el cargo. No era, en suma, un Gabinete capaz de hacer frente a una oposición tenaz que le asediaba de forma incansable.

* * *

3. CENSURA PARLAMENTARIA DEL MINISTERIO

Primeras escaramuzas de Pizarro y Gorosarri en octubre de 1836.– Reorganización de las intendencias: enero de 1837.– Dación de cuenta del voto de confianza de enero de 1836: mayo de 1837.– Continuación: plazo para la rendición de cuenta.– Moción de censura por la dirección de los negocios públicos: 22.6.1837.– Proposición de Núñez pidiendo responsabilidad al Ministerio: 20.7.1837.– Cuestión de confianza: 7.8.1837.– El sistema no satisface las necesidades de la nación: 8.8.1837.– El Ministerio no llena las esperanzas ni las necesidades de la nación: 16.8.1837.

De acuerdo con la clasificación del comportamiento de los diputados expuesta en el epígrafe anterior, vamos a iniciar nuestro análisis con el primer tipo de los ataques, que fue el más grave, expresado en la propuesta de votos de censura al Ministerio; y con los resultados de las votaciones celebradas a este propósito tendremos ya una primera lista de los diputados que militaron en la oposición parlamentaria más rotunda. Oposición netamente política –insistimos– porque estos debates y votaciones sólo tenían por objeto la crítica política del Gobierno con el propósito de derribarlo o al menos de desgastarlo, sin que estuviera en juego el interés material de un proyecto de ley o acuerdo concreto.

La práctica parlamentaria ofrecía al respecto distintos instrumentos: el más directo era el voto de censura, aunque sin olvidar que en algunas ocasiones el voto de censura se planteaba de forma indirecta, es decir, cuando la proposición tenía formalmente otro objeto (piénsese en el caso de la reorganización de intendencias) pero el Gobierno declaraba que con aquel sentido y alcance lo entendía y que por tanto en esos términos debía desarrollarse el debate ateniéndose todos a dichas consecuencias.

En el presente epígrafe, en suma, vamos a examinar los indicadores más fiables de una oposición política al Ministerio, o sea, el deseo de que éste abandonase el Poder y no simplemente de que cambiase alguna ley o alguna de sus medidas singulares. En este grupo tienen siempre singular alcance los debates y votaciones sobre la moción de censura por la dirección de los negocios públicos (23.6.1837), la cuestión de confianza (7.8.1837) y las peticiones de que se declarara que el sistema no satisfacía las necesidades de la nación (16.8.1837).

Primeras escaramuzas de Pizarro y Gorosarri en octubre de 1836

Todavía no se habían constituido las Cortes cuando en la Junta preparatoria de 19 de octubre (1836) el diputado andaluz Pizarro, dando salida a su agresividad temperamental y ganas de pelea, lanzó sin que viniera a cuento una primera andanada contra el Ministerio, declarando bruscamente que «la nación conoce muy bien que todos los males vienen del Gobierno (denunciando) el estado deplorable a que han reducido a la nación los representantes del Gobierno (que no han reconocido) que no pueden cumplir con todo, ostentando su impotencia». Una salida de tono que fue reprimida severamente por el presidente sin dar ocasión a que el incidente pasara a mayores.

Pocos días después, el 29 de octubre, y al hilo del debate sobre el proyecto de contestación al discurso del Trono, saltó a la arena el diputado gaditano, Gorosarri, con una intervención que también estaba condenada de antemano al fracaso por carecer de consistencia en sí misma, y sobre todo, por no contar con el menor apoyo en los bancos para una hipotética oposición que todavía no había cuajado. Gorosarri lo sabía de sobra, pero al igual que Pizarro tenía prisa y empeño en fijar desde el primer momento su posición política: «He pedido la palabra –dijo– para demostrar que los secretarios del Despacho han cometido infracciones de constitución que no pueden ser subsanadas, porque si la constitución del año 12 ha sido restablecida en masa, aunque estemos todos persuadidos de que deben ser reformados varios de sus artículos, también debieran las consecuencias del año 12 haberse restablecido y, siéndolo en masa todos los decretos, las excepciones vendrían después. Además, se han cometido infracciones no excusadas por las necesidades, como el decreto declarando no restablecidos los decretos constitucionales, a menos que las Cortes o el Gobierno lo resolviesen así. Éste es un atentado escandaloso, es haberse apropiado el Gobierno las facultades legislativas».

El punto escogido para el ataque era ciertamente vulnerable puesto que desde la constitución del Ministerio a la de las Cortes había realizado aquél operaciones que a éstas correspondían y que, mientras no fueran aprobadas parlamentariamente, estaban en el aire. Pero de haberse aceptado la sugerencia de Gorosarri se hubiera producido un auténtico caos. En su consecuencia, ocioso es decirlo, todo quedó en una simple escaramuza, en una acción personal de un diputado aislado que todavía no había conectado con la oposición. La polémica, por lo demás, no debía darse por cerrada (y así lo comprobaremos más adelante en otro capítulo), puesto que la cuestión de la vigencia automática o de los restablecimientos expresos de las disposiciones dictadas en las dos etapas constitucionales anteriores había de reaparecer insistentemente en los meses siguientes en un contexto parlamentario más maduro.

Reorganización de las intendencias: enero de 1837

Dejando a un lado estas anécdotas meramente testimoniales de Pizarro y Gorosarri, la grave cuestión del voto de censura apareció al fin en el mes de enero del año siguiente, pero no como objetivo directo de una proposición específica sino porque el Gobierno entendió que ésta era la verdadera intención de un debate aparentemente menor planteado a propósito de la reorganización administrativa de las intendencias.

El 18.1.1837 presentó la comisión de Hacienda un «Dictamen de mayoría» (con las firmas de Álvarez García, Calatrava, Alejos Burriel, Argüelles Mier, Fernández Baeza, Pedro Gil, Núñez y Álvarez) y un voto particular de Álvaro, relativos a la exposición hecha a las Cortes por el secretario del Despacho de este ramo acerca de la conveniencia de «ajustar la administración económica de las rentas públicas a la actual división política del territorio español». El asunto merece ser traído aquí desde el momento en que el Gobierno lo consideró como un voto de censura camuflado y en lo que ahora interesa, la importancia de este dictamen, que tantas discusiones provocaría luego, estribaba en su párrafo primero:

El secretario del Despacho de Hacienda queda autorizado para que pueda proceder desde luego a establecer provisionalmente la administración económica de las nuevas provincias, cuidando bajo su más estrecha responsabilidad que no se aumenten por ello los gastos públicos pues que los de las nuevas oficinas deberán ser precisamente cubiertos con las economías y reducciones que se hagan en las antiguas dependencias.

Cuando el siguiente día 26 (de enero) se abrió el debate sobre este dictamen, Álvaro aprovechó la oportunidad para dirigir un ataque a Mendizábal que se generalizó luego en las sesiones de 10 y 12 de febrero. «El dictamen es un voto de confianza –empezó diciendo con referencia a la «autorización» parlamentaria que se le iba a conceder– y yo deseo que las Cortes me digan si hemos de ir de voto de confianza en voto de confianza; y si en los asuntos más arduos nos hemos de contentar con autorizar al Ministerio para que haga lo que le parezca; entonces no hay necesidad de que nos reunamos ni de que nos elijan los pueblos».

Una vez hecha esta declaración genérica personal sobre el alcance del asunto, la crítica pormenorizada del dictamen se dirigió en primer término a su provisionalidad dado que «en situaciones provisionales nada se hace bien» y ahora, con esta excusa, en lugar de preparar un expediente general, como era lo habitual en estos casos, se había presentado «una simple exposición desnuda de documentos». Todo estaba mal porque, por ejemplo, «en el exordio del dictamen se dice que se ahorrarían cuatro millones y por consiguiente se ofrece una economía y en el primer artículo se dice que se aumentan los gastos (...) Todos los cálculos numéricos están mal hechos, como sucede con los del sr. secretario del Despacho de Hacienda: poco hace dijo que contaba con que la venta de las campanas produciría 60 millones de reales y luego nos ha dicho que no han producido más que 400.000. Poco hace nos dijo también S.S. que estaban cubiertos los gastos del ejército hasta el fin de diciembre en unas partes y en otras hasta enero y que se contaba el empréstito de los 200 millones para esto»; nada más lejos de la realidad. Después de tan rotundas palabras nadie podía dudar ya –si es que alguno lo ignoraba– de la firme y hasta feroz actitud antiministerial de Álvaro, quien aspiraba a convertirse, y así le fue reconocido pronto, en la cabeza de la oposición radical tanto parlamentaria como fuera del Congreso con el apoyo de El Castellano, el agresivo periódico de su propiedad.

Ahora bien, la crítica más dura y más directamente política se refería a la calidad de autorización que suponía el dictamen: «a mí me parece vergonzoso –añadió– que se nos pida autorización, al mismo tiempo que después de tres meses que las Cortes están reunidas no se hayan presentado por el Gobierno los presupuestos manifestando de buena fe todos los datos y antecedentes de lo que les concierne. Y en medio de esto se quiere que ahora las Cortes den un nuevo voto de confianza para causar un nuevo desorden y un nuevo trastorno en el arreglo de la Administración (...) Pero el que aspire a obtener el voto de confianza del Congreso, necesario es que se muestre digno de él; y si ni se presentan los presupuestos, ni las cuentas, ni se hace caso de las resoluciones de las Cortes, ¿estaremos en el caso de concederle esta autorización? (...) Si se autorizase al Gobierno para introducir estas novedades, entonces es decir que las Cortes sirven únicamente de un agente suyo para darle una fuerza que no ha tenido hasta el día». Bien claro se ve aquí, pues, que para Aniceto de Álvaro cualquier asunto le servía de pretexto para abrumar a Mendizábal con unos cargos que en cualquier ocasión sacaba a relucir, aunque de nada le sirviera aparentemente, pero que poco a poco estaban deteriorando el prestigio del ministro.

Punto por punto fue contestando Mendizábal a las imputaciones de su adversario y por lo que atañe a la más importante precisó: «Ha dicho el sr. Álvaro que esto es un voto de confianza, ¿dónde está ese voto? El Gobierno ha creído que estaba en sus facultades el haber restablecido el decreto de 26.1.1822 sobre establecimiento de la división económica; y si bien el ministro de Hacienda ha venido a dar cuenta a las Cortes del restablecimiento de esa división económica, no es porque creyera que no estaba en sus facultades el hacerlo, sino porque no habiéndose podido verificarlo en la época determinada, juzgó que debía pagar el tributo de venir a que las Cortes dieran su aprobación».

Por lo demás, la trascendencia de las intenciones de Álvaro fueron denunciadas explícitamente por el diputado Calatrava –coincidiendo en este punto, como siempre, con las opiniones de su hermano el presidente del Consejo– en la sesión del 29: «El sr. Álvaro ha combatido el dictamen de frente y con bien poca cortesía por cierto; pero sus tiros han sido por elevación puesto que iban manifiestamente asestados a otra parte». Forzoso es reconocer aquí que la denuncia de Ramón María Calatrava no estaba descaminada y en verdad que no debía ser cómodo gobernar cuando día a día había que soportar el hostigamiento implacable e incansable de diputados como Álvaro, Pizarro y Gorosarri, capaces en su tenacidad de hacer perder los nervios al político más templado.

Pero en la sesión del 28, antes por tanto de la votación, un miembro de la comisión, Fernández Baeza, había hecho ya el siguiente sensato comentario: «El ataque que dirigió el sr. Álvaro a la comisión fue el decir que se le concedía al Gobierno un voto de confianza. Yo no entiendo que el decirle al Gobierno qué clase de empleados son los que ha de ocupar y cuáles han de ser las provincias sea darle un voto de confianza. Si el poner empleados y plantear las oficinas lo calificamos de voto de confianza, entonces todo lo que hace el Gobierno puede decirse que es un voto de confianza; porque si las Cortes recetan una medida cualquiera, el Gobierno es quien la pone en ejecución».

Llegado el momento de la votación la minoría alcanzó 60 votos (que se enumeran a continuación) frente a 108 que apoyaron el dictamen de la comisión y, por ende, la propuesta del Gobierno:

Una minoría con 60 votos era, desde luego, más que respetable; pero sería temerario calificarla ya como un grupo homogéneo de oposición política. Porque aquí, junto a fieles y constantes miembros de la oposición antiministerial (que luego iremos conociendo con más detalle) estaban otros diputados inicialmente ministeriales aunque con suficiente independencia como para votar contra el Gobierno en extremos concretos. Porque es de suponer que si bien unos votaron porque estaban a ultranza en contra del Gobierno, otros lo harían por la sincera convicción de que el dictamen en modo alguno favorecía los intereses de la Hacienda Pública. Habrá que esperar, pues, a otros episodios para poder precisar mejor esta oposición parlamentaria que estamos tratando de identificar.

Dación de cuenta del voto de confianza de enero de 1836: mayo de 1837

El voto de confianza concedido a Mendizábal en enero de 1836 fue conocidamente una de las piedras angulares de su política posterior y sus facultades le acompañaron en las siguientes legislaturas; pero también sus problemas dado que sus enemigos le estuvieron exigiendo implacablemente durante mucho tiempo que rindiera cuentas del uso que había hecho de él y sabido es también que al presidente no le gustaba rendir cuentas de nada. En cualquier caso, valga de introducción a estas páginas el duro comentario de Marliani (107): «El voto de confianza es el parto principal de su primer ministerio. Es ahora mismo un arcano impenetrable, un secreto recóndito, sin que se haya descifrado más que por los enemigos del demandante pues el autor no se ha explicado. Me pareció al presentarlo en el Congreso uno de aquellos enigmas que no se toman de veras y no cabe decir quién fue más imprudente si el ministro que pidiendo aquel género de dictadura, se imposibilitaba de todo punto o los estamentos votando a ciegas unánimemente excepto un voto, aquella dictadura cuyo ámbito ignoraban».

Sobre las consecuencias y el uso realizado de este célebre voto de confianza se hicieron varias alusiones tempranas en cuanto se reunieron las constituyentes. En la sesión de 23 de noviembre se refirió a él Gregorio García y Mendizábal reaccionó con una violencia que demostraba que en este punto no se sentía nada seguro: «S.S. ignora que el voto de confianza fue dado al Gobierno el 16 de enero con una mano y el 24 del mismo mes arrebatado con otra. Dice S.S. que no se ha dado cuenta alguna de las operaciones hechas por el Gobierno en virtud del voto de confianza. ¿No ha oído S.S. la exposición hecha por el Gobierno poco después de abrirse las Cortes? El Gobierno no duda, no teme responder del uso que hizo de ese voto. S.S. y cualquier señor diputado pueden llegarse al ministerio y pedir las explicaciones que quiera o desee. El Gobierno está dispuesto a darlas».

Con estas palabras se refería Mendizábal a la Memoria que había presentado su departamento al comienzo de la legislatura, tal como ordenaba la Constitución y de la que se habla en otro capítulo. Pero en verdad que en aquella ocasión no se había realizado una auténtica «dación de cuenta» de su uso sino una relación sumaria de sus actuaciones y, en general, del estado de la Hacienda. De aquí que ahora volviera el ministro a insistir con otros comentarios: «El 16 de enero se le concedió al Gobierno el voto de confianza, por cuanto hasta aquel día no fue sancionada la ley relativa a él por S.M. El 24 se le retiró, o más bien se le arrebató: ¿por qué? Porque el objeto principal a que se dirigía el mismo voto era demostrar la unión íntima que existía entre las Cortes y el Gobierno, con el objeto de que éste obtuviese la fuerza moral que necesitaba. El 24 de enero se vio arrebatar esta confianza, esta unión, porque no obtuvo la mayoría en un asunto casi insignificante, en la discusión de la ley electoral, por más que la pidió y aun rogó al Congreso. Se vio entonces en la necesidad de o dejar su puesto o disolver las Cortes. Su opinión era preferir lo primero; pero la de personas de suma ilustración y patriotismo le hizo pasar por el dolor y la amargura de ser el primer ministro que diese el ejemplo de disolver las Cortes. Y he aquí por qué me he valido de la frase de que el 16 de enero se le concedió el voto de confianza y el 24 del mismo mes se le arrebató». Aquí vemos hasta qué punto era oscuro cuanto se relacionaba con el polémico voto. Porque si su contenido y alcance era discutible, las dudas se agravaban más al intentar determinar su duración. Mendizábal, al pedirlo, en la sesión del 29.12.1835 había anunciado que «la duración del voto se reducirá tres o cuatro meses»; pero luego no tuvo empacho de ampararse en él mientras duró todo su Ministerio y aun después, durante el presidido por Calatrava, llegando incluso, como veremos, al de Bardají en septiembre de 1837.

La verdad es que esta versión de Mendizábal del voto «concedido e inmediatamente arrebatado» era peregrina y si con ella quería esquivar la exigencia de dar cuenta de su uso, no lo consiguió, por lo que, convencido de la inutilidad de su maniobra, tuvo que dejarla pronto a un lado. La cuestión, sin embargo, no iba a quedar así: era una bomba de relojería que tarde o temprano tenía que estallar, puesto que la oposición no iba a desperdiciar una oportunidad tan preciosa para desacreditar al Ministerio y hacerle sentirse incómodo a Mendizábal. Quien reanudó la operación (después del fallido y tímido intento de Gregorio García) fue Fontán con una proposición firmada el 13.5.1837 cuando no había razón objetiva alguna para plantearla en este momento:

Pido a las Cortes se dignen decretar se lleve a debido efecto el artículo 4 del decreto de las mismas de 16.1.1836 en la presente legislatura, ya que no se verificó en la anterior, a pesar del recuerdo hecho en la contestación al discurso del Trono, leída en la sesión de 21.4. de dicho año, sobre el uso que se haya hecho del voto de confianza, señalando un término breve para que se verifique.

Proposición que a renglón seguido justificó por extenso su autor: «Hay un decreto expedido por las Cortes el 16.1.1836 por el que se concedió al Gobierno el tan decantado voto de confianza. En el art. 4 de aquel decreto se dice en estos términos o en otros equivalentes: el Gobierno dará cuenta en la próxima legislatura del uso que haya hecho de las facultades extraordinarias que se le conceden por este voto de confianza (...) Deber del Gobierno fue haber dado cuenta cuando le estaba prevenido. Pero puesto que no lo ha hecho aún, creo que es un deber de las Cortes el exigírselo».

Planteada así la cuestión era grave, desde luego, pero no hacía necesario el debate que vino después y que fue uno de los más encarnizados de toda la Legislatura, en el que salieron a relucir una serie de extremos capitales que no se deducían directamente del contenido de la proposición y que demuestran la opacidad de la gestión financiera de Mendizábal, pero que enrevesaron desmedidamente la discusión. Porque es el caso que la rendición de cuentas del uso del voto de confianza (que era por donde se había empezado) se revolvió indebidamente con la dación de las cuentas generales y todo estuvo a punto de reconducirse en un voto político de censura. Finalmente, para complicar más aún las cosas, una vez aprobada la proposición de Fontán se abrió un largo anejo a propósito del plazo de que disponía el ministro para rendir la cuenta que se le había exigido.

Todo ello precisaba una relación muy detallada; pero el hecho es que allí no se aclaró nada, dejando a los historiadores posteriores el duro hueso de analizar la gestión financiera de Mendizábal, lo que desde luego no han conseguido hacer satisfactoriamente. Pero lo que está claro, en todo caso, es que para desenredar la maraña de las actuaciones financieras de Mendizábal, resultaba imprescindible bucear en las oscuras profundidades de la ejecución del discutido voto de confianza.

La primera intervención del secretario del Despacho de Hacienda el 13 de mayo de 1837 se realizó en unos términos que estaban ya lejos de la brusca respuesta que había dado el 23 de noviembre de 1836 a Gregorio García. Y es que las circunstancias eran ya distintas. En noviembre había respondido a la pregunta ocasional de un diputado aislado, con la seguridad de que no se iba a iniciar a este propósito debate alguno. Ahora, en cambio, sabía que tenía enfrente a una oposición organizada y dispuesta a rentabilizar políticamente al máximo el incidente. De aquí que cambiase por completo de actitud en sus explicaciones:»Conforme está el Gobierno con esta proposición y mucho más conforme estaría si tuviese todavía más extensión; pero después de hacer esta declaración, me permitirán las Cortes que entre en la cuestión de si el Gobierno ha cumplido o no con la obligación que se le imponía en la ley del voto de confianza». Y al llegar aquí reiteró su tesis de que tal dación de cuenta ya se había realizado en los párrafos 46 a 55 de la Memoria presentada al Congreso al principio de la legislatura (que se leyeron). Pero, aún así, continuó con sus explicaciones: «El voto de confianza se podía dividir en tres partes: una respecto a las facultades que se daban al Gobierno para hacer ciertas alteraciones e innovaciones en el sistema de Hacienda; otra para expedir los decretos que el Gobierno creyese útiles dentro de la esfera que estaba marcada en la misma ley y que pudieran contribuir a la terminación de la guerra civil; y la otra acerca de los fondos que pudiera el Gobierno llegar a obtener para cubrir las atenciones del Estado. Respecto a la primera, como el Ministerio que obtuvo el voto dejó de existir el 15 de mayo, las innovaciones y reformas que había estado meditando, y estaba en el caso de poner en planta, no tuvieron lugar y, por consiguiente, de nada ha tenido que dar cuenta a las Cortes. La segunda es sobre los decretos que emitió. Creyó que en uso del voto de confianza podía tratar de la liquidación de la deuda del Estado, es decir, de los créditos que no fueron comprometidos en las liquidaciones hechas por el Ministerio que precedió y que podía en virtud del voto fijar un término para esa liquidación, y el Gobierno dio un decreto para ello. Creyó que apoyado en esa ley estaba en el caso de dar otro decreto para la enajenación de bienes nacionales y le dio. Creyó que debía dar otro con respecto a la consolidación de la deuda y lo hizo. Formuló y promulgó otro con respecto a la supresión de los frailes y las monjas y otro respecto al derribo de conventos y su aplicación. Estos decretos fueron sometidos a los Estamentos de procuradores y de ilustres próceres en la época en que debieron serlo, es decir, al abrirse la legislatura anterior, y por consiguiente hasta aquí el Gobierno ha cumplido por su parte».

En estas declaraciones bien claro se ve que el grueso de las medidas de la «revolución progresista» se realizaron gubernativamente por Mendizábal al amparo del voto de confianza o, si se quiere, de la autorización expresa de las Cortes (que ni por asomo se le habían arrebatado). Un hecho del que el autor estaba orgulloso y con razón y del que todos tenían, además, perfecta conciencia; por lo que no es extraño que ahora se le pidieran explicaciones para que el Congreso pudiera verificar si lo realizado contaba con la suficiente cobertura parlamentaria

Hechas estas aclaraciones pasó el ministro a justificar el tercer punto, que, sin ser el más importante, era el más delicado y confuso pues se refería a los medios utilizados para allegar fondos al Tesoro. Y aquí aclaró que en el primer trimestre de 1836 se había limitado a pedir anticipos en el mercado de Londres por tres o cuatro meses, al 5%, con la garantía hipotecaria de los valores de que disponía: una operación muy simple con la que todos los empresarios, incluido el Estado, pueden salir de apuros de liquidez siempre y cuando estén en condiciones de devolver el dinero a tiempo y con ello de levantar la hipoteca. Pero que en esta ocasión falló por completo por culpa –según Medizábal, naturalmente– del cambio de Ministerio en mayo, ya que con la aparición del de Istúriz no pudieron devolverse los adelantos y se desvalorizó el papel dado en garantía hasta tal punto que los acreedores obligaron a vender lo que se había hipotecado y el crédito del Estado desmereció peligrosamente. Una operación desastrosa, en suma, como tantas otras suceden en la Bolsa.

Todo esto estaba muy bien e incluso hubiera sido aceptable si se hubieran acompañado –lo que no se hizo– las correspondientes precisiones. Pero faltaba lo fundamental: ¿qué había de las cuentas? En este punto el discurso del ministro se refugió en evasivas incoherentes: «No pudiendo el Gobierno con toda su eficacia y energía hacer que cada ministro mandase las cuentas tal cual pudiera desearse para que fueran examinadas, ha dicho: lo más fácil es disponer en la secretaría que de todos los expedientes se saque una copia certificada, autorizada, donde conste desde la primera palabra del expediente hasta la última y que ésta se mande a las Cortes para que se examine por una comisión especial o por quienes las Cortes nombraren».

Estas últimas aclaraciones del ministro no pudieron ser, sin embargo, más desafortunadas puesto que en ellas –como se habrá notado– se deslizó un equívoco que habría de confundir no poco el debate posterior: el mezclar dos cosas tan distintas como la de «dar cuenta» del uso de un voto específico de confianza y la de «rendir cuentas» generales de los ingresos y gastos del Estado. Como consecuencia de este equívoco y hasta que consiguió aclararse, se enredó el debate durante varios días hasta el extremo de convertirse en un diálogo de sordos en el que cada uno estaba hablando de cosas diferentes. Importa, por tanto, subrayar que la cuestión de la dación de cuenta del uso del voto de confianza de enero de 1836 se examina en el presente epígrafe como una manifestación, entre otras, de la censura política al Ministerio; mientras que la cuestión del examen de las cuentas presupuestarias se examina en el último capítulo del libro y desde una perspectiva fundamentalmente técnica, aunque luego terminara convirtiéndose también en una cuestión política. Dos debates, en suma, material y cronológicamente perfectamente separados aunque ocasionalmente se mezclaran provocando no poca confusión.

Pero Fontán no cayó en el lazo y en su contestación dejó bien claro que «yo no quiero cuentas. Yo no quiero que se confunda este negocio con el tribunal mayor de cuentas». Añadiendo luego por extenso: «Dos cosas se concedieron entonces al Gobierno. Las Cortes prescindieron de la presentación de los presupuestos; prescindieron del sistema de contribuciones y dejaron a la discreción del Gobierno una y otro, exigiéndole sin embargo que en la próxima legislatura diera cuenta de las facultades. El Gobierno está, pues, en el deber de dar cuenta, ya que no pudo hacerlo antes. (...) De todas estas operaciones quiero yo que se dé cuenta. No por relación en las memorias sino ex profeso. Y dándolas así yo las aprobaré o desaprobaré y daré testimonio de los beneficios que el Gobierno nos haya proporcionado o un voto de censura porque no ha correspondido a la confianza que de él se hizo».

Huelga decir que en aquel duro debate tuvo que intervenir Álvaro y no sólo por su condición de especialista en cuestiones de Hacienda sino por lo que significaba como cabeza de la oposición más activa. Su discurso fue de gran calado, una especie de requisitoria financiera general, que terminó en un enredo mayúsculo que las Cortes no consiguieron ya ordenar: «La cuestión es puramente de principios y de principios constitucionales. El sr. ministro de Hacienda ha dicho que no se opone a la proposición del sr. Fontán. No sé que quiere decir con esto, ni cómo puede estar conforme cuando expresa que no tiene que dar cuentas, o dice que ya las ha dado, o a lo menos ha dicho que hasta el 15 de mayo en que salió del ministerio no había hecho uso del voto de confianza. Yo debo advertir a las Cortes que el voto de confianza fue suspendido por los Estamentos en 16 de mayo (1836) y que no existió legalmente más que hasta ese día. Por consiguiente, las cuentas de ese voto se limitan a aquella época».

Por razones de tiempo tuvo que interrumpir Álvaro en ese punto su discurso, que reanudó al día siguiente, el 17 de mayo (1837) poniendo buen cuidado en separar las dos cuestiones que el ministro había revuelto con tanta imprudencia: «Vengamos a hablar ahora del voto de confianza. Cuando en la proposición se habla de la presentación de cuentas, debe entenderse que son de dos clases las que se piden, a saber, la cuenta de la parte dispositiva del voto de confianza, es decir, de aquella parte que pertenecía al Poder legislativo y para la que se le autorizó por aquel decreto, concediéndole la facultad de que pudiera adoptar tales o cuales disposiciones que eran propias del Poder legislativo; y las cuentas de las cantidades que hayan producido estas disposiciones, porque es necesario que la nación sepa cuáles han sido estos productos, qué aumento ha recibido su deuda, de qué modo se han destinado a cubrir sus obligaciones y la situación en que actualmente se hallen».

El día 17, al continuar su discurso, entró Álvaro en el análisis de la Memoria ministerial de la Legislatura, que Mendizábal, como se recordará, había considerado antes como la dación de cuenta que ahora se le exigía de nuevo. Una explicación que el orador rechazó rotundamente aprovechando de paso la oportunidad para dirigir unos cargos durísimos al ministro que ni Mendizábal acertó entonces a justificar satisfactoriamente ni los historiadores posteriores han logrado hasta hoy aclarar: «De los párrafos 44 y 45 de la Memoria aparece que antes de salir de Londres el sr. Mendizábal hizo un convenio con la casa de D. Agustín Ardoin, banquero de París, para levantar fondos con operaciones de papel, y que este convenio produjo 32.775.200 reales. Ni el Ministerio del sr. conde de Toreno ni el del sr. Mendizábal estuvieron nunca autorizados por las Cortes para hacer semejante operación, y es necesario que se dé cuenta, no sólo de las cantidades que hayan producido tales operaciones, sino del modo y circunstancias como se hayan verificado estos contratos. En el párrafo 46 de la Memoria resulta que durante el primer Ministerio del sr. Mendizábal se hicieron ventas por valor capital de 83.663.500 reales y que en estas ventas formaron la cantidad más importante de 63.265.500 producto de una parte de los bonos o títulos de los empréstitos de la anterior época constitucional que existían en manos de Ardoin y 20.400.000 en títulos de las creaciones para la conversión autorizada por la ley de 16.11.1834. De ese párrafo se deducen los hechos importante siguientes: primero, que Mendizábal puso en circulación 65.265.500 reales, parte de los bonos de Cortes, para lo cual no había sido autorizado, ni aun se había dado cuenta a las Cortes de la existencia de semejantes bonos. Las Cortes recordarán que cuando en el año anterior se pidieron las cuentas hasta el fin de 1835, dije que en el año de 1823 se habían entregado grandes cantidades a Mr. Ardoin, pertenecientes a los empréstitos de aquella época, y que no había rendido cuentas, que otra gran cantidad había depositado en el banco de Londres una comisión nombrada para aquel efecto; y que establecido el gobierno absoluto, no quiso ni recoger estos documentos, ni siquiera contestar a los comisionados de Londres, por lo cual aquellos efectos en papel quedaron en tal estado; y sin que se haya dicho palabra a las Cortes, sin que se haya tomado autorización suya, ahora se nos anuncia como cosa llana la venta de más de 68 millones de ellos, que es otro tanto aumento de la deuda pública. (...) Por el contenido de este párrafo se deduce también que el ministerio ha vendido 20.400.000 reales en títulos de los que se habían creado únicamente para la conversión, sin que las Cortes le hayan autorizado para esta operación y sigue hablando de ella en la memoria como de una cosa lisa y llana».

«Vean las Cortes –resumió– cómo los párrafos de la Memoria manifiestan que se han hecho operaciones de grande entidad, de que no se ha dado conocimiento alguno a las Cortes, y se pretende que la simple relación de estas operaciones sirva para suplir las cuentas y para dar cuenta de ellas». Y continuó para rematar la faena: «El sr. ministro de Hacienda nos habló ayer de la comisión especial establecida en Londres, que ha corrido con estos negocios. Yo tengo entendido que esta comisión ha remitido al Gobierno una cuenta detallada de las operaciones puestas a su cuidado. Sé que ha enviado una Memoria impresa con abundancia de ejemplares, pero todos ignoran qué se ha hecho de ellos, porque no sé que haya un sr. diputado que los haya visto, ni a pesar de las diligencias que he practicado no he podido lograr ver uno de ellos: prueba del cuidado que se ha tenido en ocultarlos. (...) Por todas estas razones, y habiendo demostrado que el ministro no ha cumplido las ofertas hechas de un modo solemne y se ha desentendido de lo que las Cortes han reclamado, creía yo que la proposición del sr. Fontán no sería más eficaz que tantos recuerdos y resoluciones de las Cortes. Sin embargo, si se considera como un voto de censura al sr. ministro de Hacienda por no haber cumplido con la ley y con las resoluciones de las Cortes, tendrá mi voto, reservándome para cuando sea oportuno pedir que las Cortes declaren que el secretario de Hacienda no ha cumplido con lo que prescribió el art. 4 de la ley del voto de confianza, ni ha llenado las ofertas que entonces hizo, ni contestado a los recuerdos que con el mismo objeto le han hecho las Cortes».

Como puede suponerse, con lo dicho sin ambages por Álvaro –y más todavía por lo insinuado con medias palabras y aun simplemente aludidohabía material para un debate desmesurado que convertiría la proposición de Fontán, aparentemente modesta, en un ataque general al Ministerio.

El ministro de Hacienda, al contestar, reiteró la afirmación de que ya había dado las cuentas necesarias añadiendo al final de manera un tanto sorprendente sólo explicable por el calor de la inspiración que «si no hubiese dejado el Ministerio en 15 de mayo, pues se pintaba la facción tan abatida y se contaba con medios, se hubiera concluido pronto la guerra civil o al menos se hubiera mejorado su situación». Una fanfarronada más de las muchas que en momentos de improvisación se escapaban de los labios (y de la pluma) del ministro y que luego le salían tan caras cuando el tiempo y la realidad terminaban desmintiéndolas.

En este momento surgió una cuestión incidental a propósito de la denuncia que se había hecho del manejo de documentos bancarios a nombre personal de Mendizábal y no del Tesoro o del ministro de Hacienda. Este hecho inusitado envolvía dos cuestiones: la de si se trataba de una práctica regular o irregular y la de si podía constituir un delito por desviación de fondos. Mendizábal había proclamado su inocencia en ambos extremos; pero Álvaro no estaba dispuesto a soltar tan fácilmente su presa: «Las letras dadas en el extranjero de crecidas sumas a cargo de D. Juan Álvarez de Mendizábal se han mandado pagar al Tesoro por el mismo señor como ministro de Hacienda; y S.S. me contestó el otro día y las Cortes le oyeron, que si se habían librado letras contra él y pagado por el Tesoro público, habían sido destinados sus valores a las obligaciones del Estado. Yo lo que digo es que esto es una ilegalidad jamás acostumbrada en España y es una práctica contraria a todas las reglas sentadas en los artículos de la Constitución. Yo no me he mezclado en el destino o procedencia de los valores de las letras, porque lo ignoro».

Pero, por lo mismo, el acusado se reafirmó en su postura: «S.S. dijo el otro día que se habían librado letras contra el ministro de Hacienda, contra D. Juan Álvarez Mendizábal y yo le dije a S.S. que era una costumbre que los ministros lo hicieran, como hace el Tesoro de Portugal. Esta explicación hecha por mí bastaba; pero hoy se vuelve a repetir que son letras particulares giradas contra D. Juan Álvarez Mendizábal, y yo pido por el decoro del Gobierno y de las Cortes y porque no podría continuar sentado en estos bancos si no se rectificase de un modo el más positivo lo que se ha dicho». La impresión que hoy se tiene de este incidente es la de que, en efecto, se trataba de un golpe bajo de Álvaro puesto que aun siendo operaciones un tanto irregulares desde el punto de vista procedimental, eran prácticas habituales que, por sí mismas y siempre que el destino de los fondos hubiese sido correcto, no afectaban a la honorabilidad de Mendizábal, que su adversario a todo trance intentaba empañar.

Así acabó la sesión del 17, pero el debate se prolongó al día siguiente con una dura intervención de Castro, quien desde fuera del progresismo quiso sumarse al ataque antiministerial: «El voto de confianza exige una cuenta particular y de eso es de lo que se trata. Y yo pregunto: ¿cuáles son los medios que ha escogido para obtener recursos, y los que ha empleado para terminar la guerra civil? ¿Dónde están los datos que comprueban esas operaciones? Que los presente, que veamos los medios empleados, si han sido lícitos o no. Pero ¿cómo se han proporcionado recursos? Los fondos que al pedir el voto se esperaba ¿de dónde y cómo han salido? (...) Él se impuso la obligación de no distraer los bienes nacionales del objeto a que estaban aplicados y no debemos olvidar que se extinguieron 1.900 conventos de frailes, tal vez 600 de monjas, y que todos los más de ellos poseían una infinidad de papel de la deuda del Estado, que tenían riqueza mobiliaria, frutos pendientes o recogidos, muebles, pinturas, plata, dinero en efectivo, acaso abundantes censos que no se habían cobrado. En definitiva, había cuantiosas sumas en sus manos y el Gobierno se apoderó de ellas. Y ¿dónde están le preguntaré yo al Gobierno ahora? ¿Acaso saben las Cortes a qué han sido destinadas y juzga S.S. que de esto no deba darse cuenta a las Cortes? ¿No eran estos bienes nacionales como los otros?».

Con estas últimas palabras el diputado granadino abría un nuevo frente de ataque (las cuentas de los bienes muebles de los conventos ocupados, de los que entonces nadie se había preocupado pero que más tarde darían mucho que hablar). No obstante, lo avanzado de la hora le obligó a interrumpir el discurso, que continuó el día siguiente, 19 de mayo, en una maniobra de acorralamiento implacable: «S.S. mismo dijo en la discusión que medió sobre el voto de confianza que qué temor había en conceder una autorización de que daría cuentas a los tres o cuatro meses, pues que en este tiempo estaba concluido. ¿Y cuántos meses han pasado? Ha pasado un año después del último recuerdo y ha pasado tiempo también desde que ese voto quedó extinguido y ha sido preciso que el Congreso le recuerde. Designe, pues, el sr. ministro cuándo quiere que vengan las cuentas; pero que diga un plazo fijo y no pase otro año como ha transcurrido desde el primer recuerdo hasta hoy. (...) Se ha expresado aquí que esta proposición envolvía un voto de censura (pero) ni ha tratado de conmover el ánimo del Congreso contra los que mantienen la proposición, manifestando que en ella iba envuelta otra idea. Ni ha tratado de dar un voto de censura el autor de la proposición ni las Cortes lo han considerado de ese modo. Tal vez en su esencia pueda serlo; pero quien hace un voto de censura de la proposición, y un voto de censura irresistible, irrefragable es el sr. ministro de Hacienda».

A partir de este momento, y como era de esperar, la cuestión volvió a encresparse y a perderse en nuevas digresiones e incidencias, hasta tal punto que sólo a duras penas se logró que en los últimos minutos de la sesión se realizara la votación, en la que la proposición de Fontán se aprobó prácticamente por unanimidad ya que únicamente votaron en contra tres diputados (Salvador Arce, Jerónimo Ceballos y Alejos Burriel) por 118 que lo hicieron a favor.

Este aplastante resultado no supuso un voto de censura contra el Ministerio, según había pretendido retóricamente Castro; pero sí, desde luego, un fuerte voto de castigo que puede entenderse por la importancia que daban las Cortes a la falta de rendición de cuentas (y no sólo de la dación de cuentas del voto de confianza planteado por Fontán, que era algo casi marginal). Los diputados estaban exasperados, y hasta obsesionados, por la escasa transparencia de las maniobras hacendísticas de Mendizábal y por su reticencia a dar información. Lo que se traducía –como se ve en otros lugares del libro– en una reiterada exigencia de que las diese, pero siempre sin éxito. Primero Fontán y luego Álvaro y Castro, habían acertado ahora en hurgar este punto sensible y terminaron convenciendo a la mayoría e infligiendo una derrota total al Gobierno (y es difícil entender el sentido de los tres votos contrarios).

Continuación: plazo para la rendición de cuentas

Además, entre unos y otros se las arreglaron para retrasar la ejecución del acuerdo. Porque, aceptando el deber, ¿de cuánto tiempo se disponía para cumplirlo? Sin precisar este extremo, de nada valía cuanto se había acordado. En consecuencia presentó Castro el día 21 una nueva proposición pidiendo que esta rendición de cuentas se realizara en el plazo de ocho días, que no fue admitida por excesivamente rigurosa y sustituida por otra mucho más flexible presentada por Joaquín Ferrer el mismo día, que decía así:

Pido a las Cortes que con arreglo a la proposición aprobada del sr. Fontán se diga al Gobierno que dé a la mayor brevedad posible cuenta a las Cortes del uso que hubiese hecho del voto de confianza.

Huelga decir que esta fórmula alternativa no satisfizo a Castro, quien se opuso a ella con razones de mucho peso: «Si se aprueba la proposición del sr. Ferrer, las Cortes caen en una contradicción por haber aprobado ya la del sr. Fontán, que es en todo contraria. La proposición del sr. Ferrer deja al Ministerio que tome un término indefinido. El Ministerio, que por su honor y reputación debe responder, cree que lo hará en breve término (pero tres) veces pregunté al ministro de Hacienda y tres veces no fui respondido y quisiera que manifestara el plazo que juzga necesario para dar cuenta. No digo que sean los ocho días; pero tampoco que sea ese plazo indeterminado sino un plazo fijo, cierto, que las Cortes señalen, el cual puede ser el que el ministerio crea conveniente para poder venir a presentar la cuenta que se pide».

Al llegar a este punto presentó García Carrasco una sugerencia conciliatoria que, de haber sido atendida, hubiera puesto un fin decoroso a una discusión que llevaba trazas de no terminar nunca y en la que se habían impuesto los apasionamientos, no las razones. Mendizábal, no obstante, hizo oídos sordos a esta inteligente sugerencia y las cosas siguieron como antes.

Con todas estas intervenciones el debate se iba haciendo enojoso, y hasta insoportable, de puro reiterativo. Los oradores repetían los mismos argumentos. Y en la siguiente intervención del secretario de Hacienda, éste reprodujo una vez más lo que llevaba diciendo desde el primer día: «Hace algunos días que se ha hecho moda hablar de cuentas y yo celebraría mucho que algunos no tuvieran que darla a la Nación y a la opinión publica del tiempo que hacen perder inútilmente a las Cortes. Dar cuenta en castellano no es dar cuentas ni rendir cuentas. Da cuenta un relator; da cuenta un oficial subalterno a su jefe de las operaciones que le ha encargado. El sr. secretario, cuando va a la ruina, no da cuenta ni rinde cuentas ni presenta cuentas. Da cuenta el Gobierno a las Cortes de un tratado de paz y sin embargo no rinde ni presenta cuentas. Sobre este juego de palabras se ha estado malgastando el tiempo para hacer creer al público que el Gobierno no ha cumplido con su obligación, que ha engañado al público, que ha abusado de las facultades adquiridas en virtud del voto de confianza y que no quiere dar cuentas. (...) No da cuentas sino el que administra caudales. El ministro no los administra, el ministro tiene que remitir las cuentas a las Cortes. El ministro tiene que presentar las cuentas a las Cortes y ser el conducto por donde se remitan. (...) Las cuentas no las da el ministro sino el Tesorero».

Ahora bien, ¿qué es lo que de veras se discutía? ¿Qué era lo que en el fondo se pretendía: exigir el cumplimiento estricto de la constitución o tomar ésta como un pretexto para atacar al Gobierno? Oigamos sobre esto a García Carrasco: «El reclamar yo tanto ahora las cuentas, es porque creo que se ha excedido el ministro de las facultades que allí se le concedieron, gravando a la Nación en más de 800 millones de reales. Otra alusión ha hecho el sr. ministro (...) usando la frase de que se tomaba por pretexto el pedir cuentas para atacar así al Gobierno, o lo que es lo mismo, para hacerle una oposición sistemática, olvidando así nuestras obligaciones. Ninguno de los individuos del Congreso que reclamamos las cuentas faltamos jamás a nuestros deberes; y porque creemos que el ministerio falta a los suyos, comprometiendo el Trono y la libertad, le hacemos toda la oposición que reclaman los intereses del país que nos están encomendados».

El 21.5.1837 se votó, al fin, la proposición de Castro que fue desechada al obtener sólo 4 votos contra la mayoría de 104.

No admitida a discusión la proposición de Castro, se puso a debate la fórmula alternativa, que ya conocemos, de Ferrer, que el día 21 de mayo se aprobó con el voto favorable de 109 diputados frente a 7. Votaron en contra;

Vila

Roviralta

Domenech

Viadera

Alcorisa

Ferrer y Garcés

Mota

¿Por qué se opusieron los catalanes en bloque y prácticamente sólo ellos? Es difícil ofrecer una explicación convincente.

Por lo demás, lo que antes se ha llamado «obsesión» parlamentaria por la falta de rendición de cuentas tuvo su colofón en una abultada Exposición dirigida a las Cortes, resumiendo la cuenta que tiene dada del uso que hizo del voto de confianza contenido en la ley de 16.2.1836 (firmada por Mendizábal y fechada el 21 de octubre, es decir, cuando ya no era ministro ni parlamentario). Con esta Exposición satisfacía Mendizábal su amor propio y hasta su honor puesto que con ella intentaba demostrar que su conducta había sido siempre limpia; pero fue desde luego un error político ya que suponía un reconocimiento explícito de que antes –es decir, ni cuando debió ni cuando se le exigió formalmente– había realizado la polémica dación de cuentas, que ahora presentada a todas luces fuera de plazo y, sobre todo, sin dar la oportunidad de que fuera examinada en el Congreso para poder aprobarla o rechazarla.

Esta Exposición refleja bien el temperamento tenaz del firmante, empeñado siempre en decir la última palabra y en justificarse como fuere ante unas acusaciones que consideraba injustas; pero parlamentariamente carecía de sentido y su pretendido valor político era nulo porque el documento no podía debatirse en el Congreso al no ser ya diputado Mendizábal. El gran argumento que allí se manejaba era el de que las cuentas –una vez más– ya estaban rendidas en la Memoria de octubre de 1836, lo cual era rigurosamente incierto y, si tal hubiera sido, la nueva Exposición sobraría. El documento en sí era relativamente breve aunque parezca abultado con el anejo de otras exposiciones anteriores que eran sobradamente conocidas. Ahora bien, para el analista moderno su contenido es precioso porque aclara en unas líneas muchas cosas que en los archivos sólo pueden encontrarse con un trabajo ímprobo.

¿Por qué no presentó esta Exposición cuando todavía era ministro? Probablemente porque sabía que no era lo que se le estaba pidiendo (ya que no era una «rendición de cuentas económicas» sino una «dación de cuenta política»), pero hubiera ilustrado mucho el debate en razón de la aludida conexión entre las dos cuestiones, sobre todo, en lo que se refería a la deuda extranjera. Pero, por otro lado, presentada en tiempo hábil, hubiera provocado esta Exposición una crítica parlamentaria a la que Mendizábal no estaba dispuesto a someterse. En estas condiciones tenemos que contentarnos con su propia versión de los hechos: clara ciertamente pero no del todo fiable por falta de contraste. En definitiva: sin esta Exposición no podemos conocer la historia financiera de Mendizábal, pero con ella tampoco podemos darnos por satisfechos puesto que dejaba demasiados puntos oscuros.

¿Qué conclusión puede deducirse de tan enojoso debate? No supuso, desde luego, un naufragio del Ministerio ya que finalmente consiguió retrasar el momento de la dación de cuenta; pero quedó «tocado», gravemente desgastado porque se puso de manifiesto que: 1.º No la había rendido antes con incumplimiento del art. 4 de la ley de concesión; 2.º Que sus operaciones financieras y crediticias habían sido oscuras, condenándose así a tener que vivir toda su vida bajo la sospecha de un comportamiento irregular en el manejo de sumas enormes aunque nunca se le acusaría de agio personal; al cabo de casi doscientos años y de lo mucho que se ha escrito sobre el particular, el enigma continúa y esto es un cargo muy grave para el juicio histórico de un ministro de Hacienda; 3.º La oscuridad resultante dejó abierta una brecha permanente en la obra de Mendizábal en la que siguen hurgando sin piedad sus enemigos de entonces y sus críticos de hoy. En mayo de 1837 el gigante hacendístico había demostrado que tenía los pies de barro.

Moción de censura por la dirección de los negocios públicos: 22.6.1837

En el verano de 1837 semana tras semana no se dio respiro al Gobierno con los golpes de incesantes votos directos de censura que le harían tambalear hasta su caída definitiva en agosto. Y ahora ya no se trataba de escaramuzas singulares o de juicios de intenciones sino de proposiciones formalizadas en un objetivo expreso y explícito.

A mediados del mes de junio (1837) creyó Álvaro llegado el momento de lanzar un nuevo ataque general contra el Ministerio, que podría servir para conocer con precisión la fuerza de los dos bandos parlamentarios al cabo de casi un año de lucha de desgaste de la mayoría. A tal fin presentó una proposición de naturaleza exclusivamente política con objeto de que las votaciones no se contaminasen por intereses personales, territoriales o materiales. Planteadas así las cosas, cada diputado había de marcar inequívocamente su posición: a favor o en contra del Ministerio, puesto que no se le preguntaba nada más. Se trataba, en suma, de hacer un balance de lo que se había conseguido hasta entonces para calcular lo que se podría hacer más adelante, en el verano.

Las firmas que acompañaban el escrito ya eran significativas al revelar el núcleo de la oposición radical: 17 diputados de fidelidad demostrada a la causa de la exaltación, dado que la maniobra, tal como estaba planteada, era de tal naturaleza. No se llamaba a la oposición de tendencia moderada ni se pretendía envolver a Mendizábal con la pinza de los dos brazos extremos del arco político. Y para que quedaran las cosas más claras, la proposición no sólo contenía un voto de censura sino que venía complementada en el discurso justificativo de Álvaro por un programa alternativo de gobierno. Su texto, de inusitada extensión, decía así en lo sustancial:

Contando el Gobierno con un ejército numeroso que excede de 240.000 hombres y el Pretendiente con fuerzas tan inferiores que no exceden de la sexta parte, la facción crece, maniobra y lleva adelante sus planes, prospera y no se acierta a ponerla coto (...) Cuenta el Gobierno con todas las capitales y plazas fuertes de la monarquía; ninguna ocupa el pretendiente, son fieles a la Reina las provincias en general y su Gobierno posee los inmensos recursos que puede proporcionarla la península y ricas posesiones de Ultramar. El crédito del Gobierno legítimo existe fuera de España, puesto que nuestro papel se reconoce y circula en todas las bolsas extranjeras, al paso que no es permitida la negociación del expedido por D. Carlos. Cuenta, en fin, el Gobierno con la alianza de las naciones más poderosas y que más pueden influir en nuestra suerte. A pesar de tantos elementos de poder y de tantos medios de triunfar, la situación de los negocios públicos es más lamentable cada día, el estado de la guerra ha ido empeorando progresivamente desde su principio. Y si volvemos la vista a los asuntos de la Hacienda, de esta alma de las naciones modernas ¡qué cuadro tan lamentable se presenta! (...) Basta decir que se hallan desatendidas todas las obligaciones del Estado, desde la consignación de S.M. hasta el último de los acreedores de la Nación y que el Gobierno ha confesado en el seno de la representación nacional que el mezquino producto de las alhajas de las iglesias es el único recurso que se le ocurre proponer para hacer frente a las urgencias perentorias de la guerra.

Pedimos a las Cortes se sirvan declarar que no satisface a las necesidades de la nación el sistema seguido hasta ahora en la dirección de los negocios públicos y que es indispensable cambiarlo. Alvaro, Bertrán de Lis, Ferrer y Garcés, Alcorisa, Viadera, Lasaña, Jaén, García Carrasco, Martínez Falero, Cabrera de Nevares, Soler, García Flórez, Joven de Salas, Pedrosa, Falcón, Sarabia y Hompanera.

Una vez leída la anterior proposición, tomó Álvaro la palabra para justificarla y defenderla en un discurso vibrante que si entonces fue resonante, todavía, al cabo de tantos años, conserva el calor del apasionamiento inicial. Un largo discurso en el que, como ya se ha apuntado, se realizaba, por un lado, una descripción desoladora del estado de la Nación y de las causas políticas que le habían producido; y por otro, se exponía un programa alternativo inequívocamente radical. La primera acusación que hizo al Gobierno fue, pues, la de lenidad con los carlistas; pero a renglón seguido le reprochó, aún con mayor energía, la de su dureza con los radicales, como si el verdadero enemigo de la libertad y del Trono de Isabel II fueren los exaltados y no los carlistas: «Al mismo tiempo, desde muy al principio se manifestó el Gobierno contra los liberales, contra los hombres que por un sentimiento espontáneo y generoso se mostraron adictos y se comprometieron por la causa de la Reina; se les llamó anarquistas, revolucionarios, asesinos y no hubo oprobio que no se tratara de poner sobre su frente».

Las consecuencias necesarias de este error, por otra parte tan paradójico, no podían ser más alarmantes: la ruina de la libertad: «Creo que el sistema que por espacio de cuatro años se ha seguido por nuestros gobernantes, creo no aventurarme mucho si lo digo, no puede tener otro término que el mismo que tuvo un sistema semejante en 1823: la ruina de la libertad (fuertes murmullos)». Estos murmullos llegaron a interrumpir al orador y el hecho no puede extrañar porque resultaba insólito acusar de enemigo de la libertad a un Gobierno progresista, cuyo primer lema era cabalmente la libertad. Pero Álvaro continuó impertérrito, pasando ahora a la enumeración de los desastres concretos: el derrumbamiento del crédito nacional, el aumento del gasto público, el despilfarro de sueldos y empleos, la desatención de las víctimas inocentes. Oigamos sus conclusiones: «Es indispensable adoptar un sistema enteramente opuesto. Los medios que a mi parecer deben emplearse y que nos conducirían brevemente al término de la guerra civil son: respecto de la fuerza armada, en las provincias interiores tratar de limpiarlas de facciosos por medio de un levantamiento o movimiento general adecuado al objeto y estableciendo tribunales especiales para asegurar la tranquilidad de estas provincias (...) Para esta clase de guerra no se necesitan esas costosas y pesadas gorras de pelo, esas corbatinas que tanto embarazan a nuestros soldados y demás equipos costosos e innecesarios a la vez. La segunda cuestión es si el Ministerio actual adoptará francamente esta marcha y si hay en él capacidad para llevarla adelante (...) pero ejemplo tenemos en otros países de que cuando unos ministros no aciertan a salvar el Estado dejan generosamente sus puestos para que otros prueben si tienen más felicidad».

El final de este debate fue desde luego el previsto en cuanto que la proposición no llegó a ser admitida a discusión y otra cosa no podía esperarse. Pero la minoría había de estar satisfecha porque el recuento le había sido beneficioso: 48 votos frente a los 91 de la mayoría, o sea, algo más de la mitad. Un número que le permitía continuar con nuevas acciones. Lo lamentable de este incidente fue, sin embargo, que al no ser la votación nominal no podemos saber con seguridad los nombres de esta minoría consolidada.

En este ambiente de euforia presentó al día siguiente (23.6.1837) Cabrera de Nevares una nueva proposición que, aunque tampoco fue admitida a discusión, nos sirve para comprobar la madurez de la crisis ministerial que se avecinaba y sobre la cual se podía hablar en las mismas Cortes:

Pido a las Cortes se sirvan acordar que se dirija una reverente petición a S.M. para que en el caso de que el bien público haga necesaria una variación de Gabinete mientras se hallen reunidas las actuales Cortes se digne S.M. elegir por esta vez los nuevos ministros entre personas que no pertenezcan a la presente legislatura.

Esta petición era verdaderamente insólita al contradecir lo que ya se consideraba una práctica parlamentaria consolidada, a saber, que los Gabinetes saliesen de la mayoría del Congreso, precisamente para garantizar la convivencia entre los dos Poderes. ¿Qué había pretendido Cabrera de Nevares al hacerla? No lo sabemos porque se declaró no admitida a discusión sin concederle consecuentemente el uso de la palabra y los periódicos no se hicieron eco de ella. Cabe, no obstante, aventurar la siguiente hipótesis: supuesta la dimisión (o cese) del Ministerio Calatrava-Mendizábal, que sus adversarios tenían por inminente (y que tardaría siete semanas en llegar), la fórmula de recambio no podía escogerse entre los diputados de la minoría porque aunque ésta iba creciendo a ojos vistas, no podría sobrevivir a un voto de censura con que se le castigaría de modo fulminante. Cabrera de Nevares, y no sólo él, pensó entonces que la solución podría estar en un Gobierno extraparlamentario que la mayoría respetase o que tuviera prestigio suficiente para imponer la disolución de las Cortes. En el capítulo anterior ya hemos visto que ésta fue la idea inicial, aunque no prosperase, de María Cristina con el proyecto del Ministerio del duque de Gor.

Proposición de Núñez pidiendo responsabilidad al Ministerio: 20.7.1837

Con la llegada del verano arreció la ofensiva antiministerial desarrollada ahora en un nuevo frente. Una proposición presentada por Núñez el 14 de julio (1837), dejando a un lado las cuestiones de la guerra y la administración que habían sido el objeto de la anterior de Álvaro, consideraba ahora que la situación de la Deuda era por sí sola motivo suficiente para cesar al Ministerio:

El Gobierno ha conducido a la Nación a una verdadera bancarrota, quedando a consecuencia arruinado nuestro crédito en los mercados extranjeros, sin que jamás se haya dignado poner en conocimiento de las Cortes un suceso de tan extraordinaria importancia (...) Pido a las Cortes se sirvan declarar que el Ministerio ha infringido el decreto de 18 de noviembre (1836) y que ha lugar a exigirle responsabilidad.

La cuestión se debatió largamente en la sesión del 20 de julio siendo de notar que, a pesar de tratarse de una cuestión de Deuda, el peso de la defensa del Ministerio corrió a cargo del presidente del Consejo de Ministros, aunque también interviniese, naturalmente, Mendizábal. A favor de la proposición hablaron, además de Núñez, García Carrasco y Cabrera de Nevares; mientras que la postura de Pascual se inclinó, contra lo esperado, a favor del Gobierno.

No vamos a entrar aquí en el contenido del debate –que se examina con detalle en el epígrafe dedicado a la Deuda–, pero para aclarar su alcance político conviene recordar la exhortación de Cabrera de Nevares: «No teman dar las Cortes un voto de censura al Ministerio si en su conciencia ven que lo merece (porque) una declaración contra el Ministerio que las Cortes hagan en su conciencia y su justificación producirá una mejora en el crédito de la Nación. No es el Gobierno de Isabel II un obstáculo para que el crédito público se reanime y vigorice; son tal vez los ministros que ocupaban las sillas en el mes de mayo y junio últimos, en que se hizo esa solemne infracción de las leyes».

Al final se rechazó la proposición por 110 contra 22 votos y en este núcleo duro de la oposición volvieron a aparecer juntos los doceañistas más radicales con los moderados confesos: la conocida política de la tenaza que, pese a su fuerza, no llegaba nunca a estrangular al Gobierno:

Cuestión de confianza: 7.8.1837

En el mes de agosto (1837), y como estaba previsto, las tensiones parlamentarias siguieron agudizándose caldeadas, además, por el avance del Pretendiente hacia Madrid, que parecía incontenible. El día 7 se presentó una proposición, aparentemente simple y hasta rutinaria, firmada por los diputados de Castilla (Martínez de Velasco, Fuente Herrero, Polo, Díez, Pascual, Crespo Vélez, Álvarez, Álvaro, Hompanera, Araujo, González Alonso, Yagüe, Alcorisa, Vallejo, Onís, Ladrón de Guevara) que decía así:

Piden a las Cortes que con la mayor urgencia se sirvan acordar que los señores ministros se presenten a dar cuenta de las disposiciones que haya adoptado el Gobierno de S.M. para impedir tan grandes males y libertad a dichas provincias de la dominación de que se ven amenazadas con el establecimiento de una Junta rebelde que está pasando mozos en la sierra de Soria.

En un primer plano –en el que se ventilaba directamente la proposición expresa– la cuestión no podía ser más sencilla: los diputados castellanos constataban la inoperancia del ejército para contener la invasión de los carlistas y pedían simplemente que compareciesen los ministros para informar de lo que a estos efectos habían hecho y estaban haciendo. Así Fuente Herrero. Pero la cuestión empezó a enredarse cuando apareció Vila denunciando que la catástrofe no era sólo en Castilla sino también en Levante y Cataluña. Y por eso pedía que la proposición se ampliase. Lo mismo hizo Madoz y sobre ello insistió Ferrer y Garcés. A partir de este momento la complicación fue en aumento porque Álvarez aprovechó la oportunidad para picar a Seoane por su arrogancia con los caballos. Y Olózaga precisó el ataque por lo que se refería al abandono de Segovia.

Ahora bien, más allá de la letra, la proposición –en un segundo nivelsignificaba ciertamente un voto de censura. Así lo entendió el presidente del Consejo de ministros, y Madoz recogiendo el guante insistió en que lo que se necesitaba era energía puesto que el Gobierno tenía medios para imponerse. Sólo Argüelles salió en defensa del Ministerio.

La proposición fue defendida en primera instancia por Fuente Herrero, quien se explayó sobre la situación militar de Castilla la Vieja. Por su parte, fue Calatrava quien habló en nombre del Gobierno y no el secretario de Guerra –no obstante que se iba a discutir en primer término una cuestión militar–, pero estaba claro que su titular carecía de prestigio y de condiciones parlamentarias.

El presidente del Consejo de ministros en su respuesta no se limitó a informar sobre las medidas militares que había adoptado el Gobierno, como era el contenido estricto de la proposición, sino que fijó su atención en el alcance político de la misma, pretendiendo desvelar así sus verdaderas intenciones: «(...) por si ésta es la última vez que hablo en este Congreso. (...) Otras veces he incitado a las Cortes, y ahora las invito de nuevo y de nuevo las suplico, que si no tienen confianza en los individuos que actualmente componen el Gabinete, lo expresen así francamente. Vale más hacer de una vez una declaración terminante, porque mientras subsistamos así, no puede haber Gobierno como estamos en el día y sin una íntima unión entre todos los patriotas y entre el Gobierno y las Cortes, la patria no puede salvarse. Y si la existencia de los ministros actuales se opone a esta unión, es necesario que desaparezcan. La existencia en el Ministerio de tales o cuales personas importa poco; pero importa mucho que el Gobierno esté íntimamente enlazado con las Cortes. Así que en vez de ocuparse la discusión de la proposición leída, que no puede tener ningún resultado a la causa pública, desearía se ocuparan en resolver si los actuales ministros merecen o no su confianza. Si los ministros no merecen la confianza, desaparezcan hoy mismo; pero si la merecen, que no se embarace a este Gobierno, que no se le distraiga de sus ocupaciones, cuando tan precioso le es el tiempo. Acaso en este momento estamos haciendo gran falta mientras aquí se nos está entreteniendo en esta discusión, cuyo resultado vendrá a ser, si se aprueba la proposición, un voto de censura».

Por si lo anterior fuera poco, el diputado catalán Vila vino a añadir a la proposición otro salto cuantitativo añadido al cualitativo que había introducido Calatrava: «Yo desearía que se extendiese la discusión al examen de las disposiciones tomadas por el Gobierno en todas las provincias que se hallan en el mismo caso, entre ellas la que tengo el honor de representar, que ha experimentado por parte del Gobierno tanta indiferencia como todos saben y ha causado que poblaciones defendidas por sólo sus habitantes han visto perdido inútilmente el fruto de sus sacrificios y de la sangre de sus vecinos, vertida con honor pero sin resultado. Mi provincia (Barcelona) mil veces ha pedido los auxilios del Gobierno y mil veces ha tenido también fallidas sus esperanzas».

La consecuencia inmediata de esta alusión concreta a Cataluña fue la salida a escena de los consabidos «agravios comparativos» que con tanta frecuencia envenenaban los debates. Por descontado que el presidente del Consejo de ministros negó rotundamente las pretendidas diferencias: «Yo no sé en el momento el número de tropas que hay en Cataluña, pero sé que la Nación ha estado pagando sobre 30.000 raciones diarias a aquel ejército cuando las facciones no eran más que 12.000. Y puedo asegurar que en Valencia hay 40.000 hombres. ¿Es esto abandonar las provincias?».

Pero Fuente Herrero, siguiendo el ejemplo de Vila, se refugió en el victimismo, ahora con referencia a Castilla: «¿Quién puede dudar que en Aragón y Valencia tenemos hoy la principal fuerza de nuestros ejércitos con triplicadas fuerzas de las que tienen los facciosos? Y de parte del Gobierno, ¿podría exigirse más que enviar a aquellas provincias un número triple de tropas para perseguirlos? Y eso ¿podría compararse con el estado en que se han encontrado las provincias de Castilla, donde sólo había una división, que no se ha avistado con los enemigos, facilitándoseles pasearse por donde han querido sin ser molestado de nadie?».

Madoz, por su parte, abundando en esta línea añadió: «Yo me opongo a que se admita esta proposición si se extiende únicamente a las provincias de Castilla. Y la admitiré si se reserva el poder hacer una adición que comprenda igual razón de las provincias de Cataluña, Valencia, Aragón y otras. Ha dicho el sr. presidente del Consejo de ministros que la cuestión en boca del sr. Vila venía a quedar reducida a dar un ataque al Ministerio. Yo no creo que quepa una idea tan mezquina en una cabeza tan bien organizada como la del sr. Vila; pero en la mía no cabe ni puede caber. Joven y lanzado, acaso a mi pesar, a la carrera parlamentaria, ningún mérito tengo para ser ministro, subsecretario ni oficial de ministerio. No es, pues, el interés personal el que en este momento me dirige (...) Lo digo con la franqueza propia de un navarro injerto en Aragón, más tarde establecido en Cataluña. Para variar este sistema ¿qué se necesita? Más energía, más fuerza, más brío. Pero los diputados que, como yo, hace mucho tiempo tenemos la convicción íntima de que caminamos al precipicio ¿por qué hemos de apoyar ese sistema? Los srs. ministros reconocerán que no ataco a sus personas; lejos de eso, yo estaría muy contento de que fueran SS.SS. los que adoptaran el sistema que pudiese salvar a la Patria».

Como se ve, la energía era un tópico constante del discurso avanzado, que con ella se sentía cómodo pues evocaba todas las cosas imaginables y a nada comprometía. Pero ahora Madoz se atrevió a concretar su contenido y lo hizo cabalmente en parecidos términos a los que poco antes había usado Álvaro (y conste que ambos personajes poco tenían en común): «Se me dirá que la energía es una voz vaga, gastada. Para mí la energía consiste en colocar al frente de la administración civil y militar y en todos los cargos públicos hombres adictos al Trono de Isabel II y a la constitución de 1837 que no vean otra alternativa que el triunfo de la libertad o el cadalso. El Gobierno debe mostrarse fuerte, intransigente, sin tener ningún género de consideración con los enemigos de la Patria. Los principales facciosos están aquí, acaso y sin acaso cobrando sueldos y no pequeños, y los principales también en Palacio y desde allí acaso descubren los secretos del Gobierno. (...) No me separo de la cuestión de recursos porque ella juega un papel muy principal en los desgracias que sufrimos. Yo puedo decir, por el conocimiento que de Cataluña tengo, que en aquel desgraciado país, la pésima administración de la Hacienda ha contribuido en gran manera a la paralización de las operaciones. Hemos estado sin factorías, sin cajas para pagar los gastos. En una palabra, todo era caos, todo confusión, todo desorden. De aquí resulta que cuando una columna operaba por la parte de Esterri, si recibía una letra cobrable de Lérida, dejaba a la facción y se marchaba a cobrar la letra, porque la primera obligación de un jefe es mantener la disciplina del soldado y no puede haber disciplina militar cuando no hay pan, cuando no hay paga».

Al llegar aquí el victimismo catalán alcanzó su colmo pues acusó al Gobierno nada menos que de abandonar deliberadamente al Principado: «El Gobierno en 1835 queriendo castigar el patriotismo de Cataluña dijo a Gurrea: abandone Vd. a Cataluña y deje que la infesten los navarros de Guergué, que la invadan y que la destruyan. Esta orden se comunicó la víspera del día en que debía darse una acción decisiva en las márgenes del Noguera Pallarés. El general Gurrea volvió a Aragón y dejó abandonada aquella provincia».

Y finalmente vino el capítulo de las soluciones: propias en este caso de un hombre todavía políticamente inmaduro con el conocido ideario exaltado de estilo populista: «Y este remedio ¿dónde lo encontramos? En el cambio de sistema indudablemente. Si los srs. ministros tienen una convicción íntima de que pueden salvar la Patria con el sistema que han seguido, que lo digan. Si SS.SS. dicen: hemos hecho cuantos esfuerzos hemos podido y no podemos hacer más, la Patria debe darles una acción de gracias, el Congreso debe darles un testimonio de su aprecio; pero al propio tiempo buscar otros hombres que se comprometan a conjurar la tempestad, a salvar el país. Si los srs. ministros dicen: cambiaremos el sistema, adoptaremos uno de energía y de vigor, separaremos a todos los hombres que no inspiran confianza, fomentaremos el entusiasmo y por este medio salvaremos la patria. Preciso es decirlo: junto al arco de triunfo preciso es colocar el cadalso; que se castigue al funcionario que no cumpla con su deber y que no se tenga consideración alguna con nuestros enemigos; que se les castigue con la muerte, que es la pena señalada a los que conspiran, a los traidores. Si este Ministerio cumple con su deber de este modo, yo seré el primero que vote en su favor. (...) No se necesita ya que las Cortes den un voto de censura, ¿qué mayor censura que la de los hechos?».

Así las cosas intervino el presidente del consejo de Ministros para lanzar una vez más su acostumbrado órdago: «Las Cortes están ahora en el caso de hacer una declaración expresa y terminante de si los actuales ministros merecen o no su confianza. Afortunadamente la sesión se ha declarado permanente y yo ruego a las Cortes que exclusivamente se ocupen de hacer esa declaración, para que de esta manera tengamos Estado, tengamos Gobierno, tengamos orden, pues de otra manera no tendremos nada de esto, sean cuales fueren los sujetos que ocupen el Ministerio».

El debate quedó sustancialmente cerrado con una intervención magistral de Argüelles en la que con una clarividencia de la que él sólo era capaz, advirtió a la oposición de que en las circunstancias actuales nada se conseguiría con cambiar un Ministerio por otro habida cuenta de que en manos de los nuevos no estaba el poder de remover los obstáculos fundamentales –el conseguir empréstitos, el mejorar la dirección de la guerra, el sanear las prácticas administrativas– y que por ende nada se iba a ganar ni mejorar con ello. Una lastimosa profecía –fruto de su larga experiencia y del amargo pesimismo de la vejez– que pronto quedaría confirmada. Y esto era en verdad lo más grave: que el desastre no venía de la incapacidad personal de los gobernantes sino de la perversión de unas infraestructuras políticas, económicas y sociales que nadie tenía de momento intención de abordar seria y honestamente:

«Si es verdad que aquí no se ven personas sino principios, ¿habremos adelantado algo con decir por medio de un voto de confianza o por una manera indirecta: sepárense Vds. y proceda la Corona a un nombramiento nuevo? ¿Es éste el modo de alentar a un ministerio patriota para que reemplace al actual? Estas mismas Cortes ¿creen encontrar en el Ministerio que haya de venir ese tino, esa felicidad de que se dice carece el actual?»

Y no se olvide que en este contexto la lealtad era para el orador «sostener todos los actos administrativos del Gobierno sin descender jamás a los pormenores y a circunstancias particulares, en las cuales es imposible dejar de encontrar motivos de disgusto. (...) Yo no tengo contraído matrimonio con el ministro del día. Admito el divorcio y lo admito no sólo quo ad cohabitationem sino también quo ad vinculum y lo admito con el permiso de pasar a segundas nupcias. Permítaseme esta metáfora de que me he valido para que se vea que yo también sé usar algunas veces de ellas (...) ¿Se cree que una mudanza del Ministerio en 24 o 48 horas constituye a esta Nación en el caso de que el Ministerio sucesor no tenga que verse reconvenido de la misma manera antes de pocos días puesto que el ejército es el mismo, organizado del mismo modo, mandado poco más o menos por los mismos jefes? (...) Yo estoy persuadido de que esta discusión no puede continuar. Y según mi conciencia, me parece que las Cortes están en el caso de una de dos cosas: o manifestar por un voto de censura que no están satisfechas del Gobierno y dejar a la Corona el camino expedito para que pronto nos dé otro, o si no, acordar lo conveniente para que el Gobierno continúe mandando. Por mi parte, yo concluyo con decir que no hay motivo fundado para dar un voto de censura al Gobierno».

La proposición fue rechazada por 77, contra los siguientes que votaron a favor:

Comparando la votación del 20 de julio con la del 7 de agosto resulta que votaron en la primera y no en la segunda: Jaén, Bustos, Lasaña, Núñez, Gorosarri, Azpíroz y Soler. Y por otra parte, que no votaron el 20 de julio mas sí lo hicieron el 7 de junio: Fuente Herrero, Madoz, Díez, Alcón, Polo, Vadillo, Suances, Blacke, Pira, Salas, Valdés Bazán, Cuetos, Martínez de Velasco, Salamanca, Olózaga, Serrano, Díez Gil, Sereix, Matheu, Huelves, Pardo, Alejo, Zaldívar, Lasaña, Tovar, Martín, Falcón, Flórez, Mira, Pedrosa, Posa, Tejeiro, Castro, Bárcena, Fernández del Pino y López Santaella.

A la vista de los resultados de este escrutinio fácil es comprobar que nunca hasta entonces había estado el Ministerio tan cerca de perder la confianza de las Cortes, que ya empezaba a verse como una posibilidad real: 24 votos separaban únicamente a la mayoría de la minoría en una cuestión netamente política.

Repasando la lista puede comprobarse que aquí la «pinza» funcionó con eficacia puesto que a los diputados radicales de siempre se unieron sin vacilar los de tendencias moderadas, los que luego serían prohombres del moderantismo (como Mon, Vadillo, Mata y Vigil, Castro, Pita) y algunos progresistas erráticos, como Olózaga.

De destacar es también algunas ausencias llamativas: diputados significados que prefirieron la abstención y no aparecen en ninguna de las dos listas. Entre ellos López, que no se atrevió a votar contra sus antiguos compañeros de Gabinete, pero que tampoco quiso apoyarlos. Aunque todavía es más importante el caso de Caballero. Hasta aquí se ha venido trabajando con la hipótesis de la existencia de una fracción caballerista integrada por exaltados no radicales (que estamos llamando avanzados) que se sometían a la disciplina de Fermín Caballero y que, a través de él, aceptaron el pacto de coalición con los mendizabalistas. Pero ¿qué pasó cuando se rompió este pacto? La votación que estamos examinando nos demuestra que unos prefirieron trasladarse a la minoría distanciándose del Ministerio mientras que otros permanecieron fieles a la antigua alianza. Pero unos y otros sin Caballero, que no quiso dar consignas y hasta se negó a dar ejemplo. Lo cual parecía ser la gran incógnita para el resto de la legislatura.

El sistema no satisface las necesidades de la nación: 8.8.1837

El 8 de agosto de 1837 todavía estaba reciente el debate sobre el voto de censura presentado en junio por Álvaro y otros 16 firmantes que, como se recordará, había sido rechazada por 91 votos contra 48, es decir con 43 puntos de diferencia. Con este antecedente (y el de la discusión del día anterior, 7 de agosto) el citado día 8 Cabrera de Nevares (acompañado por Roviralta, Bertrán de Lis, Alcorisa, Pedrosa, Hompanera y Bárcena) presentó otra proposición similar:

Pedimos a las Cortes se sirvan declarar que el sistema seguido hasta el día por los ministros de S.M. no satisface las necesidades de la Nación.

Cabrera de Nevares justificó las intenciones de este nuevo asalto con las siguientes palabras: «Que los srs. consejeros de la Corona merezcan la confianza de todo patriota, de todo hombre de bien, considerados como individuos particulares, como caballeros y como patriotas, no creo que haya quien lo dude y yo seré el primero en ofrecer testimonio de aprecio a sus recomendables cualidades. No es, pues, a su respetable persona a quien se trata aquí de inculpar. Nuestra oposición es únicamente, como diputados de la Nación, porque los srs. ministros que tienen en sus manos la dirección de los negocios públicos, cuando a nuestro entender no los manejan con acierto. (...) Véase cuál era meses pasados nuestro estado y véase cuál es en el día. Yo no veo más que un hecho: nosotros estamos peor que estábamos. El peligro crece por momentos y los enemigos están como quien dice a las puertas de Madrid. Prescindiendo de esto, o nuestros ejércitos han tenido recursos para vencer al enemigo, o no. Si no los han tenido, el Gobierno es responsable, porque él se los ha debido proporcionar. Si los ha tenido y no han destruido al enemigo, el Gobierno es responsable también porque no ha sabido exigir la responsabilidad a quien se debe, ni ha hecho castigar a los culpables. (...) Si las Cortes desechan esta proposición porque es presentada por un individuo de la minoría, las Cortes no harán bien. La minoría habla aquí, pero la razón es una. Su fuerza no se computa por número. La lógica no está subordinada a la aritmética y si aquí está sostenido por pocos, detrás de nuestros bancos tenemos 12 millones de españoles para sostenerla».

En el curso de esta proposición tuvo lugar uno de los debates más ásperos de toda la legislatura, provocado por una agresión previa de Álvaro, que contestó de inmediato el secretario de Hacienda: «Me ha sido sumamente sensible que después que en el mes anterior casi todos los días he concurrido al Congreso (...) en un día preciso en que falté o llegué un poco tarde, el sr. diputado Álvaro, al apoyar esta proposición (la de Cabrera de Nevares y otros), dijo en su discurso que no se marchaba sino de embrollo en embrollo y de engaño en engaño. Nada puede ser más amargo, más sensible para todo el Gobierno y para los secretarios de Despacho, que el que por aquellos señores diputados que crean que tienen razones se usen para apoyarlas de un lenguaje cuya calificación la dejo yo a sus mismos autores».

Pero Álvaro se negó orgullosamente a dar más explicaciones: «en el calor de la improvisación manifesté mis opiniones del modo que se me ocurrió; para lo cual soy libre, absolutamente libre en este lugar y no tengo que dar explicaciones ningunas ni más satisfacción que ésta». Y al final Mendizábal: «No creo yo que ninguno tenga derecho para hacer injurias como ésta, cuando no van acompañadas de hechos en que poderlas apoyar».

El debate que a continuación se suscitó no fue largo (quizás por el cansancio arrastrado del día anterior) ni a nuestros efectos interesante; pero sí lo es, y mucho, el resultado de la votación, cuyo recuento fue confuso hasta tal punto que algunos diputados reclamaron que se hiciera una segunda votación; lo que no fue fácil porque varios se habían marchado ya del salón y tuvieron que volver a ser llamados. La segunda votación, para que no hubiera más dudas, fue nominal y en definitiva no se admitió la proposición por 75 votos contra 53:

Por segundo día consecutivo la oposición alcanzó 53 votos y en la última acortó todavía más las distancias puesto que la mayoría sólo había llegado a los 75. Comparando los resultados de ambos escrutinios se observa que si coinciden en los totales no así en los componentes puesto que los 53 del día 8 no son los mismos que los 53 del día 7. Hay sí, ciertamente, un bloque común de 41, pero el 8 no aparecen 12 que habían estado el 7. Y lo que sucede es que estas ausencias fueron compensadas por 8 diputados que habían pasado de la mayoría a la minoría y otros 5 que el día 7 se habían abstenido. Con estos datos ¿cómo valorar tales vaivenes? Este es un buen ejemplo de la imposibilidad de identificar con precisión a los miembros de la mayoría y de la minoría, que –salvo en su núcleo duro y permanentefluctuaban de manera constante y sin causa conocida. Lo único significativo seguro es la lista de diputados que repiten los dos días en la minoría:

Comparando ahora las dos listas se obtienen los siguientes resultados:

a) Diputados que habiendo votado en la minoría el día 7 no lo hicieron el 8:

b) Diputados que habiendo votado el 7 con la mayoría se pasaron el 8 a la minoría:

c) Diputados que habiéndose abstenido el día 7 votaron el 8 por la minoría:

El Ministerio no llena las esperanzas ni las necesidades de la nación: 16.8.1837

En la primera quincena de agosto (1837) pareció haberse dado una señal de asalto en tromba al Ministerio, puesto que las proposiciones de castigo se acumulaban cada día. Un fenómeno que no es temerario relacionar con la conspiración de Pozuelo, pues se tiene la impresión de que estaban coordinados los dos movimientos de ataque: el parlamentario y el cuartelero. Existe, no obstante, un dato que invita a la reflexión ya que algo no encaja bien en el relato habitual de los acontecimientos de aquellas semanas.

Los cronistas de la época han imputado con unanimidad a los moderados la instigación del motín y es el caso que los votos de censura se presentaron en las Cortes de manos de inequívocos progresistas radicales. ¿Cómo interpretar eso: contradicción, simple coincidencia u operación conjunta? Es posible que la última hipótesis sea la más correcta. Álvaro y sus amigos apoyaron luego con energía al Ministerio Bardají, aunque no fuese precisamente radical. Es posible, por tanto, que tal fuera la «tenaza» de los dos extremos, unidos por el afán común de derribar a Mendizábal y con la intención de levantarse luego al final con el santo y la limosna, frustrando a sus socios ocasionales. Lo que a medio plazo consiguieron luego los moderados.

El día 8 de agosto se había dado la primera lectura a una proposición firmada por Álvaro, García Flórez, Lasaña y Falcón, que decía así:

Pedimos a las Cortes se declare 1.º Que el actual Ministerio no ha correspondido a las esperanzas ni satisfecho las necesidades de la Nación. 2.º Que se nombre una comisión directiva de la guerra, compuesta por 3 o 5 generales, que se ocupe únicamente de dirigir las operaciones militares, y que haciéndose cargo del estado actual de fuerzas y operaciones y formando el plan o sistema de guerra que sea más conveniente proponga al Gobierno para que éste pida a las Cortes las fuerzas y recursos que sean necesarios para terminar la guerra civil en breve término.

El día 16 de agosto, cuando se procedió a la segunda lectura, ya no tenía sentido esta proposición, al menos en la primera parte que era la fundamental, pero como todavía no se había comunicado a las Cortes oficialmente el cambio de Ministerio y los firmantes no quisieran retirarla, tuvo ocasión Álvaro de hacer una defensa testimonial (puesto que no llegó a ser votada) de ella: «Para probar que este Ministerio no ha correspondido a las esperanzas de la Nación, bastará recordar cuál fue el objeto del levantamiento nacional en agosto del año anterior. Entonces se vio que los deseos de la nación eran que la fuerza pública y todos los empleos que pudiera dar el Gobierno se pusieran en manos de personas patriotas y decididas, y el Ministerio actual, poniéndose al frente de este movimiento, al frente del partido exaltado y que quiere las reformas y el progreso, trataba de llevarlas a cabo. Pero el Ministerio ha procedido de un modo enteramente contrario, porque ha confiado destinos a personas que están muy distantes de tener estas ideas y que acaso, acaso, han contribuido a ponernos en el estado en que nos hallamos. Yo tengo una convicción íntima de que el Ministerio actual no pertenecía a la gran mayoría nacional en sus obras, y que sus procedimientos eran más inclinados a otra fracción de la Nación. Creo firmemente que el Ministerio actual, lejos de haber colocado la revolución en manos verdaderamente constitucionales, la ha colocado en manos sospechosas y que ésta es la causa porque no se ha atacado a los enemigos con la valentía necesaria para vencerlos y porque hemos llegado al caso en que estamos».

En cualquier caso y como reflexión final no puede pasarse por alto el significado de la repetición de estos ataques en el verano de 1837, que demuestran la debilidad del Ministerio y disipan la versión del «golpe de Estado de Palacio» como única explicación de la caída del Ministerio Calatrava-Mendizábal. Cierto es que hubo un golpe de Palacio, pero las proposiciones y votaciones que acaban de ser relatadas demuestran que a esas alturas el Gobierno había perdido buena parte de su prestigio y que la decisión de la Reina Gobernadora, por muy sorprendente que fuera, encontró apoyo tanto fuera como dentro de las Cortes. En definitiva, si lo que habían pretendido con sus incesantes ataques Álvaro y sus socios había sido debilitar al Ministerio, lo consiguieron plenamente hasta tal punto que cuando llegó el cese de agosto (1837) ya le quedaba muy poco prestigio y era una sombra del que con tantas ilusiones había tomado el Poder un año antes, pues la oposición en su implacable acoso había conseguido demostrar que nada se había hecho bien. Ahora bien, si lo que pretendieron era algo más ambicioso, o sea, el ocupar las sillas de las que habían desalojado a Calatrava, forzoso es reconocer su fracaso puesto que no lo lograron en absoluto. No hay el menor indicio de que la Reina Gobernadora hubiera pensado nunca en un Gobierno radical y ni siquiera avanzado; su alternativa eran los moderados y ya vimos en el capítulo anterior que el proyecto del duque de Gor y de Riva Herrero iba en firme hasta que abortó en el último momento.

Vistas así las cosas puede afirmarse que el meritorio asedio terminó sin vencederos: todos fueron vencidos. Vencidos Calatrava y Mendizábal que perdieron de mala manera el Poder; y vencidos también los radicales y los moderados puesto que no sacaron nada en limpio después de tanto esfuerzo; e incluso los radicales abandonaron luego y para siempre la escena política dejando el campo de la izquierda para los avanzados de Caballero y López: finis terrae del liberalismo hasta que aparecieron para ocuparlo los demócratas, republicanos, socialistas y anarquistas. Apurando las cosas, los que quedaron peor parados fueron los progresistas, ya que el Ministerio Bardají fue la escenificación perfecta de un suicidio político.

Por otra parte, y tal como se ha anunciado más atrás, los intentos de provocar un voto parlamentario de censura al Ministerio no agotaban ni mucho menos el repertorio de ataques, tanto frontales como oblicuos, al mismo, pues la oposición era incansable y apenas dejaba pasar una semana sin insistir en su acoso empleando toda clase de instrumentos.

* * *

4. CONTROL DEL EJECUTIVO

Proposiciones de fines de octubre de 1836.– Interpelaciones de Ayllón y Rodríguez Leal: fines de noviembre de 1836.– Primera batalla campal: debate sobre las medidas propuestas por el Gobierno: diciembre de 1836.- Excurso sobre la teoría de la conspiración.

De acuerdo con las reglas de la monarquía parlamentaria establecida en la constitución de 1812, el gobierno de la Nación correspondía originariamente a las Cortes como representantes de la soberanía nacional; pero su indiscutible supremacía sobre el Gobierno o Consejo de ministros se ejercía de distinta manera según si estaban reunidas o no. Porque en este segundo caso quien inevitablemente tenía que gobernar era el Ejecutivo aunque, eso sí, con el deber de someter luego sus disposiciones a la aprobación del Congreso, que le controlaba, por tanto, a posteriori, haciendo suyo –o rechazando– lo que ya había dispuesto aquél. Estando reunidas las Cortes cada Poder ejercía sus facultades propias, mas ello no impedía que aquéllas, haciendo uso de su posición constitucional soberana, también controlasen la actividad institucional y personal del Poder ejecutivo mediante intervenciones singulares; y de la misma manera, en ocasiones el Gobierno, sin atreverse a actuar directamente, se limitaba a exponer sus intenciones a las Cortes solicitando que adoptasen una disposición o resolución concreta, como podremos comprobarlo en las siguientes páginas con suficientes ejemplos.

En otras palabras, las Cortes, cuando no gobernaban directamente a través de disposiciones generales y de resoluciones singulares, gobernaban indirectamente en la medida en que controlaban al Ejecutivo bien sea convalidando (o anulando) las disposiciones que éste había adoptado cuando no estaban reunidas o bien interviniendo, desde su supremacía constitucional, en la actuación cotidiana del Gabinete y en el hacer personal de los ministros y sus agentes.

De hecho, sin embargo, quien ejercía el control (porque era quien en último extremo decidía) era la mayoría de las Cortes. Lo que significaba que si el Ministerio dominaba esa mayoría, el control se convertía en una ficción. En su consecuencia, las tensiones formales entre Cortes y Ministerio eran materialmente tensiones entre la minoría por un lado y la mayoría junto con el Ministerio por otro y esta circunstancia es la que cabalmente nos permite utilizar estos datos para intentar colocar a cada uno en el lugar político que le corresponde.

La minoría parlamentaria se aprovechaba de estos mecanismos para intentar controlar al Gobierno, exigiendo constantemente la revisión de las disposiciones generales de éste y con más habitualidad todavía criticando sus decisiones singulares, el modo en que se habían ejecutado y, en fin, exigiendo responsabilidades personales. Pero estos ensayos no llegaban demasiado lejos desde el momento en que la mayoría se apresuraba indefectiblemente a convalidar las actuaciones del Gobierno aunque, al menos, los debates parlamentarios sirviesen para poner en aprietos a los ministros a la hora de dar explicaciones, si bien al final ganaran las votaciones.

De esta forma en los últimos meses de 1836 tuvieron lugar algunos debates de control sobre los aspectos más sensibles –contribución de sangre e impuestos– que no tuvieron relevancia política. Pero en el mes de noviembre se desarrolló la primera batalla campal cuando el Ministerio presentó al Congreso unas «medidas» de singular trascendencia solicitando que éste las aprobara. Será en este punto, por tanto, en el que vamos a detenernos con mayor detalle puesto que se trató de un auténtico pulso entre los dos Poderes y no simplemente de un encontronazo entre la minoría y el Ministerio. En cualquier caso la tónica general de los episodios que se relatarán en este epígrafe es la misma: aquí no pretendía la minoría arrancar del Pleno un voto de censura sino mucho más simplemente con el pretexto de la revisión parlamentaria dar una oportunidad al Congreso para criticar las actuaciones del Ministerio y demostrar quién era el que constitucionalmente gobernaba el país. La verdad es que el mecanismo estaba bien pensado: en los intervalos intersesionales el Ejecutivo tenía las manos libres pero luego el Legislativo podía corregirle la plana a su gusto.

En nuestro caso el Ministerio Calatrava inmediatamente después de La Granja había desarrollado una actividad frenética de un tinte revolucionario inequívoco. Si las Cortes siguientes hubiesen sido más conservadoras habrían tenido ocasión de rectificar el rumbo político; pero no siendo menos revolucionarias consolidaron sin dificultades cuanto se había hecho, no castigaron nunca al Gabinete y apenas si llegaron a ponerle incómodo con algunas iniciativas de los miembros de la minoría radical y moderada.

Proposiciones de fines de octubre de 1836

No había transcurrido un mes desde que las Cortes se habían abierto y aún faltaban por incorporarse a ellas muchos diputados cuando Martínez Falero dirigió al Ministerio la primera agresión por medio de una proposición del siguiente tenor:

Pido a las Cortes que se sometan con urgencia a su examen las determinaciones del Real decreto de 26 de agosto último sobre el llamamiento de 50.000 hombres al servicio militar.

La enorme leva de 50.000 quintos, unida a la inmediatamente anterior de otros 100.000, había provocado un sensible desequilibrio de las fuerzas sociales productivas y, sobre todo, un grave desasosiego entre la población; pero lo que constitucionalmente estaba en juego eran las facultades del Poder Ejecutivo mientras las Cortes estaban cerradas y, por ende, cuando la suprema potestad de éstas para controlar a aquél no podía ejercerse de inmediato y había que esperar a que se abriesen las sesiones para hacerlo. Esto era lo que quería dejar claro Martínez Falero desde el primer momento para intentar cortar de raíz los posibles excesos de un Gobierno que se suponía revolucionario y que hasta entonces había estado campando a su gusto sin limitación alguna. En otras palabras, para la proposición lo de menos era el control de las determinaciones del Real decreto de 26 de agosto (aunque literalmente así se pidiese) porque lo que de veras se pretendía era dejar claro que, cuando las Cortes no estaban reunidas, las facultades del Ministerio eran muy limitadas: sólo podía tomar decisiones en caso de urgencia y, además, sus decretos debían ser presentados inmediatamente al Congreso, en cuanto se reuniera, para su convalidación. Éste era el mecanismo ortodoxo establecido en la Constitución del 12 y, por ende, la proposición de Martínez Falero era formalmente impecable y su interés consistía en que así se hacía realidad y se llevaba a la práctica una previsión constitucional de la que luego se haría un uso constante. Aunque también es verdad que no se trataba sólo de esto puesto que las intenciones del proponente iban más lejos.

Lo temprano del comienzo de las hostilidades sorprendió a la Cámara; pero ésta no se dejó engañar sobre las verdaderas intenciones de la proposición, denunciadas de inmediato por González Alonso cuando afirmó que «esta proposición se dirige a censurar todas las operaciones de un Gobierno y desconoce las necesidades en que se halla la Nación, que son leyes más obligatorias, más precisas, más enérgicas que todas las del mundo y es imposible que se haya podido llevar adelante nuestro pronunciamiento (sic) sin prescindir en muchos casos de lo prevenido en la Constitución». En otras palabras, González Alonso, todavía solidarizado con el Ministerio, se dio cuenta perfecta de que el Real decreto del llamamiento era constitucionalmente vulnerable; pero defendió la irrelevancia de sus eventuales irregularidades invocando la necesidad, que podía sanar todo.

Tal fue, por lo demás, el argumento que también manejaron otros que se opusieron igualmente a la proposición –que terminó siendo desechadacomo Cabaleiro: «¿Estaba el Gobierno autorizado para decretar esta quinta? En mi concepto sí, mediante las críticas circunstancias en que se hallaba». Y Caballero: «El Gobierno debió hacer lo que pudo para la salvación de la Patria cuando no estaban reunidas las Cortes. Y las Cortes, lejos de meterse ahora en la disputa de si pudo o no pudo, deben facilitar su ejecución».

Desde otro punto de vista estas palabras de Caballero tenían mucha importancia porque expresaban el apoyo al Gobierno del grupo parlamentario avanzado que él encabezaba. La mayoría, pues, no ofrecía grietas todavía y gozaba de perfecta salud. La proposición, huelga decirlo, fue rechazada sin que nadie pusiera en duda la necesidad indicada ni tampoco la urgencia que era mucho más dudosa aún porque en el fondo tanta prisa no había y hubiera podido esperarse sin perjuicio alguno a la inminente reunión de las Cortes. La verdad es que la leva había sido un golpe de efecto para dar la impresión de que el Ministerio estaba decidido a obrar con rapidez y energía. Ahora bien, una cosa era la oportunidad política y otra la necesidad y la urgencia. Pero todavía no estaba la minoría suficientemente consolidada como para presentar batalla en este terreno.

El mecanismo constitucional había sido, en suma, formalmente respetado porque, al rechazarse la proposición, el Congreso había manifestado implícitamente su aprobación a la quinta llamada por el Ministerio sin dar oportunidad a la minoría para examinar la necesidad, la oportunidad o la urgencia de esta medida. Es decir, que mientras durase esta concordia en la mayoría y la minoría no adquiriese más fuerza, el Ministerio no tenía motivos para estar preocupado por las exigencias del control parlamentario incluso aunque se tratase de irregularidades manifiestas y aun de inconstitucionalidades sospechadas.

Por aquellos mismos días de fines de octubre llovieron sobre la Mesa del Congreso una serie de proposiciones de crítica y control del Gobierno, que son analizadas en otros lugares de este libro por referirse a concretas materias de Guerra y Hacienda. Aquí nos limitamos a recoger las que tienen un alcance inequívocamente parlamentario y que podían entenderse como los inicios de un ataque sistemático, encabezado y dirigido por Álvaro, líder visible de la oposición.

El día 30 se presentó una proposición firmada por Álvaro, Burgueño y Juan Alfonso Montoya que abría un nuevo frente, ahora el fiscal:

para que las Cortes reclamen del Gobierno el Real decreto de 30 de agosto último sobre el empréstito de 200 millones de reales, con todos los antecedentes, reclamación y expediente sobre el mismo asunto, con nota exacta de la recaudación por provincias para que las Cortes resuelvan lo conveniente con arreglo al artículo 131 de la Constitución.

Al día siguiente, el 31, justificó el primer firmante la proposición en los siguientes términos: «Es evidente y está expresamente prevenido que el decretar las contribuciones pertenece exclusivamente a las Cortes; pero el Gobierno, en ocasión de que las Cortes no estaban reunidas, ha creído conveniente contratar un empréstito de 200 millones (...) Yo he creído que debían examinar ese decreto las Cortes para que faciliten y allanen el camino de proporcionar al Gobierno los medios necesarios para llevar la guerra adelante (...) El Gobierno, inmediatamente que se abrieron las Cortes, debió haberlo presentado para que éstas lo examinasen».

El objetivo de esta proposición era, según se ve, el mismo de la anterior de Martínez Falero –el control ex post por el Congreso de actuaciones gubernamentales– aunque aquí se añadía la peculiaridad de tratarse de una materia crediticia expresamente aludida en el número 14 del art. 131 de la Constitución: es facultad de las Cortes «tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nación». Por lo demás, en el capítulo dedicado a la Hacienda comprobaremos que este adelanto de los 200 millones daría mucho trabajo al Congreso y no pocos quebraderos de cabeza al Ministerio.

Pero todavía no hemos acabado con la ofensiva de Álvaro de los últimos días de octubre, ya que en el mismo día 30 presentó otra proposición (y van tres con la misma fecha), acompañado esta vez de Burgueño y Pizarro, ya conocidos, pero también de Ollero y García Blanco, en la que se pedía a las Cortes

se sirvan aprobar que el Gobierno remita a la mayor brevedad posible todos los datos y antecedentes necesarios para que una comisión de su seno (del Congreso) informe acerca del origen y causas del progreso de la guerra civil, los medios empleados para terminarla y sus resultados; los motivos de la conducta seguida por cada ministro y cada general de los que han mandado desde la muerte del último monarca hasta el día; las causas de la evacuación de varios pueblos y plazas de las provincias de allende del Ebro; del tratado entre Valdés y Zumalacárregui y el convenio llamado de Elliot.

Con ello se ampliaba la brecha ya abierta en el frente de la guerra; mas nótese que ahora no se trataba de convalidar una disposición concreta adoptada previamente por el Ministerio sino de revisar en términos imprecisos toda la actividad militar de aquél ejerciendo un control genérico y, por ende, peligrosísimo.

La proposición así formulada era aparentemente letal, pero en el fondo inocua precisamente por exceso de ambición. De aquí no podía salir nada concreto y el Gobierno pudo ver sin inquietud alguna que se aprobaba por 75 votos a favor y uno solo en contra.

El tema militar pareció agotado de momento con una nueva proposición, esta vez de Argumosa, que insistía sobre lo mismo, pero solicitando con precisión que se declarara que el ministro de la Guerra (Rodil) no gozaba de la confianza de las Cortes:

Siendo ya evidente para toda España, y más aún para todos los pueblos amenazados por el rebelde Gómez, la no confianza en las operaciones militares del ministro de la Guerra, propongo a las Cortes que lo reconozcan así.

He aquí una nueva modalidad del control parlamentario del Ejecutivo, que ahora pretendía el cese de un solo ministro cuyo comportamiento le parecía deplorable.

Unos días después, cuando parecía que la tormenta ya había pasado, el 12.11.1836 presentaron Domenech y Vila una nueva proposición pidiendo al Gobierno que presentase los documentos pertinentes sobre las operaciones de Rodil.

Los testimonios anteriores nos dan la impresión de que en estos últimos días de octubre de 1836 unos cuantos diputados decidieron lanzarse en tromba contra el Ministerio invocando cuantos motivos variados se les pasaban por la cabeza: un ataque en apariencia desorganizado, probablemente improvisado que, mientras siguiera así, no llegaría a preocupar al Gobierno, que podía rechazar sin dificultades unas proposiciones tan erráticas. La oposición, para ser peligrosa, necesitaba serenarse, organizarse, actuar con método suficiente para poder ser considerada como una auténtica minoría parlamentaria y no como un cauce de desahogos temperamentales o de ajuste de cuentas personales. En las páginas siguientes iremos viendo hasta qué punto llegó a cristalizar una oposición de este tipo.

De notar es, con todo, la ambición y la peligrosidad de estas proposiciones porque, sin perjuicio de su fragmentación, no podían ser más coherentes en sus objetivos dado que en ellas se estaban apuntando al corazón de la política ministerial, es decir, a buena parte de sus pilares: primero la contribución de sangre, luego la financiera, después la dirección de la guerra y, en fin, la cabeza de un ministro. ¿Qué hubiera quedado de la obra del Ministerio Calatrava-Mendizábal si estas proposiciones hubieran prosperado? Prácticamente nada y hubiera habido que volver a empezar. Pero el Ministerio estuvo alerta y como él dominaba a la mayoría del Congreso que tenía que controlarle a él, nada grave podía pasar.

Interpelaciones de Ayllón y Rodríguez Leal: fines de noviembre de 1836

El 28 de noviembre interpuso Ayllón una interpelación puntual sobre el vestuario contratado para la quinta de los 100.000 hombres, aunque –poniéndose la venda antes de que se produjese la herida– con la advertencia de que «al hacer esta interpelación al Gobierno debo manifestar que no es el espíritu de hostilidad y oposición lo que a ello me ha movido».

Dos días después, el 30 del mismo mes, anunció Rodríguez Leal una nueva interpelación sobre el adelanto de los 200 millones (que ya había sido objeto de otra proposición de Álvaro presentada justo un mes antes), acompañada también de una salvedad que terminaría haciéndose ritual: «No principio haciendo las protestas que hizo el sr. Ayllón al interpelar al Gobierno hace pocos días, de que no era el espíritu de hostilidad y oposición lo que a esto le movía, pero sin necesidad de estas protestas debe creerse que todos los señores que interpelan al Gobierno se hallan poseídos de la misma idea. Yo por mi parte puedo decir que ni ahora ni cien veces que fuese diputado le haría la oposición mientras que camine dentro de la línea de legalidad; fuera de esta línea, jamás tendrá mi apoyo».

En cualquier caso se trataba de dos ocurrencias leves que pasaron sin pena ni gloria, sobre las que no vale la pena detenerse; aunque es importante tomar nota de ellas a efectos sistemáticos porque revelan otra variante del control parlamentario, dirigida ahora a actuaciones concretas del Ministerio que, descargada de connotaciones políticas espurias, era la más natural y, en consecuencia, debiera ser la más eficaz.

Primera batalla campal: debate sobre las medidas propuestas por el Gobierno: diciembre de 1836

1. Tan pronto como empezó a cristalizar la minoría, en el mes de diciembre tuvo lugar la primera lucha campal contra el Ministerio, en la que participaron cerrando filas los diputados de uno y otro bando. Y en esta batalla vamos a detenernos puesto que en este punto no basta hacer, como hasta ahora, una breve alusión a la existencia de escaramuzas menores o una remisión a otros lugares del libro donde la exposición y análisis de los debates tienen un lugar más adecuado.

Lo curioso de este incidente es que en realidad fue doble desarrollándose en dos líneas sucesivas que corrieron a veces superpuestas y tan intrincadamente enlazadas que cuesta no poco esfuerzo seguirlas separadamente con claridad.

El comienzo de la historia fue el habitual: según hemos de ver en el capítulo dedicado a la política militar, el 25 de octubre de 1836 presentaron unos diputados encabezados por Caballero una proposición solicitando de las Cortes el nombramiento de una comisión especial con el encargo de que preparase «los medios de terminar del modo más rápido y cierto la guerra». Esta comisión entregó su trabajo el 2 de noviembre (1836) sugiriendo una serie de medidas, de las que aquí interesa recordar la cuarta:

Que por la comisión de Legislación se forme inmediatamente una ley para juzgar a los enemigos de nuestras instituciones bajo estas bases: Primera: Serán castigados con pena capital todos los que de cualquier modo conspiren a favor de la causa del traidor D. Carlos (...) Segunda: En cada capital de provincia se establecerá un tribunal destinado a conocer exclusivamente de estas causas y sus individuos y dependientes serán nombrados por las respectivas juntas de armamento y defensa. Tercera: Se abreviarán todos los trámites de sustanciación de modo que ninguna causa dure más de quince días. Cuarta: Las sentencias se ejecutarán inmediatamente sin que en ningún caso pueda admitirse contra ellas apelación, súplica ni otro recurso.

Esta propuesta –nacida, nótese bien, en el seno del Congreso– dio pie a un apasionado debate durante la primera quincena del mes de noviembre. Hasta aquí nada de extraordinario. Pero sucedió que el 16 de noviembre (1836) presentó el Gobierno un oficio del siguiente tenor (dado a conocer ya en la sesión secreta de la víspera en la que se había acordado que se hiciera público) que abrió un nuevo debate durante los siguientes meses de diciembre y enero, que por su naturaleza era una continuación del anterior:

El Gobierno de S.M., impelido por el apremio de las circunstancias y convencido de que se necesita adoptar medidas extraordinarias para evitar males que amenazan a la libertad y a la seguridad del Estado, se ha decidido a pedir a las Cortes (...): 2. Que con arreglo al art. 308 de la Constitución, por el tiempo que tenga a bien, la suspensión de las formalidades prescritas en la ley fundamental para el arresto de los delincuentes, autorizando además al Gobierno para que pueda hacer salir de Madrid, y aun destinar a las islas adyacentes a las personas cuya permanencia en la Corte o en la península amenace la libertad o la conservación del orden público y a la seguridad del Estado.

¿Qué había aquí de sorprendente? Una comisión del Congreso, a iniciativa de unos diputados, había propuesto una serie de medidas tendentes a acabar con la guerra, que luego fueron minuciosamente debatidas durante la primera quincena del mes de noviembre (1836) a cuyas resultas unas se aprobaron y otras se desaprobaron al ser consideradas excesivamente duras. Pues bien, inmediatamente después, el Gobierno, inspirándose en las medidas ya aprobadas –aunque no reproduciéndolas literalmente– presentó a las Cortes una nueva batería de «medidas» y con esta duplicidad de objetivos y hasta de nombres facilitaban la confusión de la que aquí se está alertando: unas fueron las medidas propuestas originariamente por una comisión especial del Congreso (el 2 de noviembre) y debatidas en la primera quincena de noviembre, y otras fueron las medidas propuestas por el Gobierno (el 16 de noviembre) y debatidas en diciembre (a la vista del dictamen de la comisión presentada el 28 de noviembre) y que terminaría plasmando en el decreto de 22 de diciembre de 1836. Un proceso poco habitual pero no sorprendente. Lo anómalo fue que en el segundo debate se repitieron los argumentos que ya se habían expuesto en el primero; y más anómalo aún que las votaciones no coincidieran. En lo que a este libro afecta, las primeras propuestas y el primer debate se examinan en el epígrafe segundo del capítulo sexto dedicado a la guerra civil; mientras que las medidas gubernamentales y el segundo debate, aun siendo cronológicamente posteriores, se exponen en este lugar debido a que son una muestra del control ejercido por las Cortes sobre el Ejecutivo en cuanto que en manos de aquéllas estaba el admitir o rechazar la propuesta gubernamental.

Por lo demás, las dos series de medidas no eran exactamente iguales ni hacían superfluo el segundo debate, según hizo observar el 4.2.1837 el ministro de la Gobernación: «Se ha hecho una comparación entre las medidas extraordinarias propuestas por la comisión del Congreso y las actuales (de iniciativa del Ministerio), mas permítaseme decir que no hay entre ellas proporción alguna. Allí se trataba de la vida, aquí sólo de un arresto o la simple separación de la Corte».

La medida parecía a primera vista una provocación y llevaba consigo inevitablemente la sospecha de dictadura: jacobina para unos, absolutista para otros. Puesto que el Gobierno no podía ignorarlo, ¿qué motivos pudieron impulsarle a dar este paso tan arriesgado? Forzoso es reconocer que el Ministerio arrastraba dos cruces insoportables: la guerra civil y el desastre financiero; pero su situación política era prometedora: una cómoda mayoría parlamentaria. Enfrente no tenía, por tanto, más que a los carlistas y a la espalda, la fracción minoritaria radical. A los carlistas se les combatía en el campo de batalla y se les encarcelaba o expulsaba sin dificultades en la retaguardia. El problema que quedaba era, pues, el de los exaltados y el Gobierno decidió afrontarlo sin contemplaciones. Pero ¿por qué empleó con ellos tanta energía?

Los diputados radicales que hoy conocemos eran decididamente atractivos: banqueros de éxito (como Bertrán de Lis), abogados de prestigio (como Díez), profesionales acreditados (como Vila y Ferrer y Garcés), empleados de mérito (como Fontán), intelectuales sobresalientes (como Gorosarri y García Blanco), labradores aplicados (como los Montoya) y todos de buena fe indiscutible aunque algunos tuviesen la cabeza algo reblandecida (como Tarín). Molestos eran sin duda, mas peligrosos no parecía ninguno, salvo Aniceto de Álvaro tanto desde la tribuna como desde el periódico.

El Gobierno, sin embargo, que no conocía sólo a la espuma sino también a la base, pensaba de otra manera y los temía por experiencia de sus propios orígenes, de sus actuaciones en el Trienio y del primer ensayo de La Isabelina. Para él, con razón o sin ella, el enemigo estaba ahí y no vaciló en proponer medidas por combatirles aunque los costes de la operación fueran elevados: la exasperación de los más extremados y la reticencia de la fracción caballerista que consideraba que esta política extrema iba contra unos principios a los que los liberales –y menos siendo progresistas– no podían renunciar.

Volviendo al escrito del Gobierno de 16 de noviembre, fue trasladado a la correspondiente comisión que, a la hora de redactar su dictamen, se reunió varias veces con los secretarios del Despacho de tal manera que el texto resultante fue una declaración conjunta que garantizaba su aprobación posterior aunque mediase un voto particular contrario de Álvaro. En otras palabras, el Ministerio quería dar el golpe sobre seguro y a tal efecto quiso dejar bien clara la solidaridad del Gobierno con la mayoría parlamentaria.

La segunda medida (antes transcrita), que es la que aquí interesa, dio ocasión a la primera batalla que se celebró formalmente entre la mayoría y la minoría, protagonizada ésta no por los moderados (que parecerían los enemigos naturales del Ministerio) sino por los radicales. Una batalla que se desarrolló a fines de diciembre y bastó para aventar los aires triunfales, la efusión patriótica y la apariencia de la unidad liberal y del progresismo que había levantado el triunfo de Luchana.

La dureza de esta medida segunda era deliberada: la concesión de facultades extraordinarias al Gobierno, como último –y, al parecer únicoremedio para doblegar a sus enemigos en momentos de crisis. El recuerdo de la revolución francesa era a este propósito evidente y los revolucionarios españoles –aunque curiosamente no los más exaltados– no vacilaron en facilitar actuaciones propias del Terror. Lo peculiar era que la medida no era tanto un instrumento para doblegar al enemigo carlista sino que estaba más bien dirigida contra la fracción radical –e incluso la avanzada– del propio partido liberal y fue precisamente esta fracción la que, considerando rota su alianza con el Ministerio, se lanzó con vehemencia a atacar a la mayoría.

A la vista del escrito del Gobierno, la comisión de Legislación evacuó un largo dictamen el 28 de noviembre, que luego el ministro de Gracia y Justicia aplaudió sin reservas declarando que el Ministerio estaba absolutamente de acuerdo con él. Es decir, que en uno de los bandos militaban codo con codo la mayoría parlamentaria y el Gobierno, como por otro lado era lo natural. Si la clave de esta medida (y del dictamen) era la suposición de que existían conspiraciones contra el Gobierno, todo o casi todo había de girar en consecuencia sobre esta inesperada «teoría de la conspiración». Así se expresaba paladinamente el proemio del dictamen:

La salvación de la Patria, que es la suprema ley en todo tiempo, exige que hoy, más que nunca, se robustezca la autoridad del Gobierno y que se le autorice para que pueda impedir o destruir los planes tenebrosos de los que conspiran contra el orden público, planes demasiado ciertos por desgracia, y de cuya existencia se ha convencido más la comisión por las noticias y datos que francamente le ha confiado el Gobierno.

A continuación se desarrollaba un proyecto de decreto de contenido riguroso en cuanto que dejaba a un lado tanto las garantías constitucionales como las más consolidadas de la legislación penal tradicional: era pura y simplemente una vuelta a los tiempos más arbitrarios del absolutismo. Para comprobarlo baste recordar de momento, y como botón de muestra, el artículo primero del decreto resultante de 22 de diciembre de 1836:

Para detener a los que conspiren contra el sistema constitucional o contra la seguridad del Estado, a sus cómplices, fautores, auxiliadores y encubridores y mantenerlos en custodia, no será necesario que preceda sumaria información del hecho por el que merezca, según la ley, ser castigado con pena corporal, ni mandamiento de juez por escrito, ni auto motivado anterior ni posterior a la detención, no otra formalidad más que la de entregar a la persona que se encargue de la custodia del detenido una orden firmada por la autoridad que decrete la detención, en que se exprese que dicho procedimiento es con arreglo al presente decreto.

La inusitada amplitud de estas facultades extraordinarias se intentaba reducir, no obstante, con algunas prevenciones que al Gobierno parecían suficiente garantía, pero que la minoría no consideraba bastante:

Art. 3. Estas facultades extraordinarias se conceden única y exclusivamente al gobierno, que podrá usar de ellas valiéndose de los jefes políticos, quienes para casos especiales podrán subdelegarlas en determinadas personas, siendo ellos siempre responsables. Art.6. Se pasarán los antecedentes al Gobierno para que examinándose en junta de ministros, si convinieren cuatro de ellos que haya o pueda haber prueba legal, se le ponga a disposición del juez competente, y si por unanimidad hallaren sólo la prueba o convicción moral, puede el Gobierno destinarle gubernativamente al punto que considere conveniente no siendo por más término que el de seis meses. El Gobierno tendrá la precisa obligación de dar cuenta a las Cortes en sesión pública o secreta (según mejor convenga al bien del Estado) para su debida inteligencia.

2. La cuestión era entonces la de determinar hasta qué punto era compatible un régimen constitucional con tan palmaria falta de garantías. O en términos más elementales: ¿valía la pena haber hecho la revolución para terminar como se estaba antes? Los moderados (en la escasísima medida que estaban representados en la Cámara) combatieron el proyecto por excesivamente radical; mientras que el ala radical del progresismo se opuso a él por sospechar, no sin fundamento, que tan duras medidas estaban enderezadas contra sus simpatizantes.

En esto era cabalmente donde se encontraba el nudo político de la cuestión. Porque desde el punto de vista del Gobierno el objetivo oficialmente declarado de esta medida era hacer frente a las conspiraciones carlistas, puesto que éstos eran los enemigos por antonomasia; mientras que los progresistas radicales se temían que era contra ellos y no contra los carlistas a donde apuntaban las medidas. De aquí esa tenaz oposición. Suspicacias justificadas por su memoria histórica, dado que durante el Trienio habían sido objeto ya de una persecución semejante, que no habían olvidado. En palabras de Bertrán de Lis del día 4, «el primer paso que dio el Gobierno el año 22 fue desterrar a los individuos más adictos a la libertad (y el hecho es que) jamás se ha visto que medidas de esta naturaleza tengan otro objeto que el de satisfacer venganzas personales».

La verdad es que algunos diputados radicales todavía sangraban por esta herida y aprovecharon la ocasión para recordar las persecuciones sufridas hacía años que explicaban sus suspicacias presentes insistiendo en que no hay cuña peor que la de la misma madera. Este sentido tuvo, por ejemplo, el relato que hizo Cabrera de Nevares en la sesión del 10.12. 1836. En Cartagena en 1823 formó parte de una Junta o Consejo presidido por Torrijos y en la que participaba también Sancho. A Cabrera le encargaron que llevara a Cádiz copia del acuerdo entre Ballesteros y Molitor. Pero el Gobierno de entonces (del que precisamente formaba parte Calatrava) le expulsó de Cádiz por traidor, alegando que estaba desmoralizando con sus noticias a la población. Le cogieron prisionero los franceses y de inmediato le libertaron. Pero en Cádiz volvieron a prenderle los españoles y le condenaron a muerte (ahora los realistas) de la que se libró de nuevo por intervención de los franceses. Calatrava se disculpó alegando que fue expulsado para salvarle de las iras populares. No obstante Cabrera insistió en su relato: «Cuando me expulsaron me dirigí al ministro de la Gobernación de entonces (Manzanares) y le dije que por qué se hacía esto a un hombre que había venido a dar un aviso oficial tan útil para la causa de la libertad. Y me acuerdo que me respondió que porque era preciso sacrificar una víctima a la tranquilidad pública y esa víctima era yo, advirtiéndome luego que si me presentaba a las Cortes o hacía uso de la imprenta, el Gobierno tenía un palo donde sentarle y levantarle la tapa de los sesos». Con recuerdos de esta clase se entienden bien las suspicacias de los diputados radicales de 1836.

Iniciada la discusión del dictamen el día 4 de diciembre (1836) alzó la bandera de la libertad Martínez de Velasco, un diputado clérigo, obispo electo de Jaén cuyas convicciones liberales estaban fuera de duda, pero que en ocasiones se inclinaba por un cierto moderantismo: «Este proyecto tiene toda la tendencia a sujetar hombres libres. La seguridad individual, esta garantía tan preciosa, con la cual los hombres no pueden colocarse en la clase de esclavos, queda ilusoria con la aprobación de esta medida, que puede aplicarse a cualquier inocente».

El día 5 (diciembre) la discusión subió de tono y, como era de prever, se vio en la crítica al proyecto de decreto un ataque directo al Gobierno, un voto de desconfianza, una censura larvada pero inequívoca. Caballero intentó, no obstante, escapar de este lazo que se utilizaba como un órdago para amilanar a los que no estuvieran absolutamente decididos a mantenerse en la oposición: «Las reflexiones que yo hago en esta materia para oponerme al dictamen de la comisión y al Gobierno no llevarán de manera alguna carácter de hostilidad ni a la comisión ni al Gobierno (...) Yo no había podido persuadirme que llegara jamás ese momento. Yo estaba sumamente convencido del celo, inteligencia y firmeza del Ministerio. Pero desde el punto en que ha solicitado esta autorización no puedo menos de dudar de su firmeza». La dureza de esta intervención convertía las salvedades del orador en una mera fórmula de cortesía parlamentaria; pero más importante todavía era que con estas palabras se estaba abriendo la posibilidad de romper el eje entre mendizabalistas y caballeristas que hasta entonces había venido funcionando sin incidentes de nota.

Más ambigua fue la intervención de Ceballos, favorable al Gobierno en principio, pero con unas reservas que abrían la puerta a cualquier cambio de criterio posterior: «Si el Gabinete actual no inspira suficiente confianza no se le debe dar esta autorización. A mí me la inspira y por eso se la doy. Pero aquí es necesario distinguir la cuestión de la marcha del Gabinete y la de cada uno de sus ministros. Yo no estoy conforme con la de alguno de ellos».

El que con absoluta decisión y franqueza –como era su costumbrecogió el toro por los cuernos fue el presidente del Consejo de ministros, que siempre tendía a ver en las críticas un voto de censura, tensando con ello la cuerda hasta el máximo (el «órdago» a que se aludía hace un momento): «Yo deseo que haya oposición en las cuestiones parlamentarias, pero deseo y ruego al Congreso que esta oposición sea noble, generosa. Ruego que si se ataca al Ministerio, sea considerando que tiene las manos atadas por la ley. Que se le ataque con nobleza y no se abuse de la ventaja que se tiene sobre sus individuos (...) Si las Cortes creen que los ministros actuales son patriotas y puros defensores de la libertad; si creen que para ellos no existe asunto más interesante que el de la causa pública; si conocen que el Gobierno no podrá proceder atropelladamente, concédaseles lo que piden, pero si se creen lo contrario, desaparezcan los ministros actuales y vengan otros». Calatrava, como se ve, no se había dejado engañar por las seguridades verbales, meramente retóricas, de Caballero.

Al llegar a este punto hubo una larguísima intervención de Argüelles que duró dos días. Pero su discurso fue uno de los más decepcionantes de su dilatada vida parlamentaria: estuvo premioso, habló incoherentemente con digresiones que no venían a cuento, inspiradas en una francofobia tan vehemente que el presidente del Congreso se vio obligado a llamarle al orden, y en definitiva nada aclaró sobre lo que se estaba discutiendo.

Continuando el debate el día 6 (diciembre), pronunció Vila un discurso templado por entender que la cuestión discutida no tenía calidad suficiente como para equivaler a un voto de censura: «Mi deseo es que no hagamos al Gobierno una guerra que en mi concepto no merece, poniéndole en una posición tan difícil que quizás se vean sus individuos en la triste posición de abandonar sus puestos y hallarse en el caso de tener que buscarse otros para reemplazarles».

Pero el día 7 insistió Álvaro en la equiparación del debate a un voto de censura: «Se ha dicho aquí que si tenemos o no tenemos confianza en los ministros. Yo, como hombres, tengo en ellos toda la confianza posible; pero como ministros no tengo bastante fe, porque esto es asunto puramente de fe. Yo tengo tanta confianza en SS.SS. que les entregaría mi persona, mis intereses y hasta mi vida, pero no puedo entregar la de mis comitentes»,

Al llegar el día 11 estaba claro que se había dramatizado demasiado y que no era cosa de derribar (o de intentar derribar) un Ministerio a los pocos meses de haber sido nombrado, poniendo de nuevo en riesgo la estabilidad del régimen constitucional. Importaba, por tanto, aliviar la tensión y volver a coger el hilo de la cuestión propiamente dicha, o sea, el análisis de un proyecto de decreto, dejando a un lado su eventual conexión con un voto de censura. Tal fue el sentido de la prudente intervención de Sancho: «Si las Cortes dijesen: no concedemos esa facultad extraordinaria que se pide, el Gobierno se vería precisado a retirarse. Por lo tanto, si se mira como un voto de confianza, yo le doy en calidad de tal convencido de que de no hacerlo resultaría poner a las Cortes, y aun a S.M., en una posición sumamente difícil para reemplazar al actual Ministerio, pues ya sabemos por experiencia que no podría escogerse en la minoría sin graves inconvenientes» (aludiéndose con ello a la sustitución del Ministerio Mendizábal por el de Istúriz en el mes de mayo, y que tanto había convulsionado la vida política española).

3. Volvamos, pues, al planteamiento originario: a la crítica de la «medida segunda» o, si se quiere, al proyecto de decreto elaborado por la comisión. Ya hemos dicho antes que la primera objeción era que atentaba contra la libertad, tal como había explicado Martínez de Velasco. Pues bien, el mismo día 4 de diciembre Olózaga argumentó también que de esta forma no se respetaban en general las garantías de los ciudadanos: «Pensemos en la manera de cómo puede instruirse un expediente de esta especie y pongamos el caso de un jefe político que por indicios haya reunido sospecha que conspira contra la libertad o la seguridad del Estado un ciudadano cualquiera (...) y cuando va a perseguir a un enemigo de la libertad, según cree, no persigue sino al enemigo particular de uno que disponía una trama para hacer aparecer como delincuente tal vez al más virtuoso de los ciudadanos. La inmoralidad en todo esto es tan escandalosa que no hay persona que mande que no se vea rodeada no sólo de anónimos sino de hombres que constantemente se emplean en presentar como enemigos de la libertad a los que sólo lo son suyos privadamente».

Estando todos de acuerdo en que la «segunda medida» era una espada afilada, el proyecto había procurado infundir tranquilidad al haberla puesto únicamente en manos de los ministros y, en consecuencia, siendo estos hombres de acrisolada honradez personal y de acreditado liberalismo, ya no había razón para la alarma. Ahora bien, aquí no se trataba de una cuestión personal, pues nadie podía dudar de los ministros que gobernaban en ese momento sino institucional, porque cualquiera que fuese la calidad de un ministro concreto, lo que le convertía en un sujeto peligroso y desde luego sospechoso, en todo caso era su condición constitucional de ministro. Ya hemos visto esta idea en la intervención de Álvaro del día 7, pero Olózaga la había expuesto antes en la sesión del 4: «Los ministros no cometerán jamás a sabiendas una injusticia, pero ¿cómo personas embebidas en otros negocios pueden distinguir en causas mal formadas lo que es cierto de lo que se presenta como tal aunque sea falso? (porque) tendrán que guiarse de los informes de la policía, pero son muy de temer los agentes del poder de los ministros. Su oficiosidad, su ahínco por descubrir a los enemigos del sistema son bien conocidos, pero sábese también que siempre tienen mucho cuidado en confundir el sistema del Estado con el sistema del Ministerio. Cuando no hay pruebas y se tiene que recurrir a las verbales, ¿deberán ser órganos de la verdad aquellos que para mantenerse en sus destinos tienen un interés en imponer la existencia de ciertas conspiraciones?».

Y sobre ello volvió a insistir Álvaro el mismo día: «Los ministros juzgando en el secreto de su gabinete, sin oír al reo, sin escuchar las reclamaciones, ni admitir recusación ¿es jurado? No; es más bien un tribunal arbitrario, inquisitorial (...) Para mí es un hecho que los ministros, por necesidad, se vuelven sordos y cortos de vista por la atmósfera que les rodea y que no pueden evitar; no pueden ver ni oír lo que los demás oímos y vemos». En definitiva –terminó diciendo– «es crear un tribunal acaso peor que el de la Inquisición, pues no se permite la defensa del acusado, es romper la Constitución».

Razones que no convencieron a Pita (a la sazón todavía ministerial convencido), quien contraargumentó de inmediato que «ninguno puede ser más justo y acertado en el examen de estos delitos que el Gobierno. La razón es muy sencilla: estos delitos se han de calificar por el que conoce el bien o el mal de la sociedad (...) y esto nadie lo puede juzgar mejor que aquel que está encargado de reconocer todas las medidas convenientes al estado político y escoger de éstas las más adecuadas para la buena administración».

La comisión, no obstante, parecía haber sido consciente de la peligrosidad potencial de esta «espada afilada» y en consecuencia no se había contentado con reservar su uso exclusivamente al Consejo de ministros sino que había añadido una segunda cautela, a saber, la de que éste hubiera de dar cuenta a las Cortes del uso concreto de tal facultad, con objeto de que el Congreso pudiera controlar lo que hiciese. Pero esta garantía acumulada no satisfizo lo más mínimo a Olózaga, antes al contrario, pues para él suponía una indebida judicialización del Poder legislativo, tal como declaró en su discurso del 4: «Se dice que el Consejo de ministros debe dar cuenta a las Cortes de las disposiciones que toma en virtud de esta autorización, pero yo, lejos de hallar en esto menos inconvenientes, creo que el mal será mayor todavía (pues) tendríamos los diputados que ejercer atribuciones judiciales, trasformándose y confundiéndose sensiblemente los poderes del Estado. Las Cortes se convertirían en Tribunal».

La judicialización del procedimiento era ciertamente inequívoca, pero no sólo en sede del Congreso sino también del Gobierno, hasta tal punto que el propio Pita llegó a reconocer el día 7 que así se convertiría el Gobierno (en primera instancia) en un tribunal «que podría llamarse de los Seis (aludiendo a los seis ministros que lo componían) como si tuviera semejanza con el de los Diez de Venecia (...) y se va a poner en ese tribunal el honor y la existencia de la mayor parte de 12 millones de almas, para que puedan ir a Canarias o a otra parte».

La primera objeción al proyecto de decreto había sido, como acaba de verse, la atribución de facultades judiciales a un órgano político como era el Consejo de ministros. Pero no menos suspicacias levantaba la posibilidad, que allí se preveía, de que pudiera castigar basándose en una prueba tan frágil como la de la mera «convicción moral». Un extremo que escandalizó a un abogado tan experimentado como Olózaga, quien en su prolongado discurso del día 4 se opuso a ello con una firme argumentación de aire singularmente moderno: «Admito la convicción moral porque éste es un medio que por espacio de siglos y por muchas naciones se ha creído el menos expuesto a las equivocaciones y el más seguro para descubrir la verdad. Sin embargo, después se han establecido reglas que son las del derecho, por las cuales se debe tener por cierto aquello que según las reglas existe, para lo cual es indispensable una gran seguridad, una conformidad absoluta sobre todo el hecho y sus circunstancias. Y cuando no hay esta seguridad fundada en las reglas, tiene que declararse al acusado inocente. Pero se ha demostrado por la práctica que puede seguramente suceder que una cosa sea cierta y evidente, que la conozcan todos y sin embargo no se pueda tener jamás en prueba legal. ¿Y no es cosa terrible que el Gobierno vea y tenga conocimiento pleno, exacto y seguro de que hay hombres que maquinan contra la seguridad del Estado y no se halle con facultades para reprimirlo?» Una contradicción para la que el diputado riojano no encontraba salida.

A lo que contestó Pita el día 6 colocándose en un terreno mucho más prosaico: «El juicio por convicción moral es el más acertado y el más propio para descubrir quiénes son los verdaderos delincuentes». Y el día 7 insistió sobre ello afirmando que la medida introducida «no deja la discreción absoluta al Gobierno, ya que siempre que pueda producirse una prueba legal del delito, se encuentra sometido a los tribunales ordinarios».

La altura que, gracias a la intervención de Olózaga, había tomado el debate, obligó a intervenir seguidamente al ministro de Gracia y Justicia para fortalecer los anteriores argumentos de Pita: «Hay una diferencia muy notable entre prueba legal y prueba moral. La legal es la misma en el fondo que la moral. No hay otra diferencia sino que la prueba legal debe estar revestida de ciertas solemnidades que no son la prueba misma. Esto no se produce siempre en la prueba moral, que es aquella que produce el mismo convencimiento, aunque no va acompañada de las solemnidades que según las leyes deben acompañar a aquélla».

Cuestión distinta era la de la pena o sanción que podía imponerse y que también levantaba no pocas suspicacias. Por lo que Olózaga en su demoledor discurso del día 4 (ya varias veces citado) afirmó que «se exige que se imponga esta pena con la mayor igualdad (...) por la diferencia que hay de imponer la pena de destierro a un capitalista, a un hombre de fortuna, si no inmensa, sobrada para las comodidades (...) no hará otra cosa que hacer un viaje y llevar a otra parte su prestigio y riqueza, al par que un profesor de humanidades, un fabricante, un médico y tantos otros que su existencia pende del lugar donde habitan».

Conviene también recordar, por último, el texto del citado art.308 de la constitución de 1812 que en el oficio ministerial había sido citado:

Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la monarquía o en parte de ella, la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de delincuentes, podrán las Cortes decretarlas por un tiempo determinado.

4. A continuación –y dando por terminado el repertorio de las críticas– van a repasarse los principales argumentos manejados por los defensores de la medida y que pueden sistematizarse así: a) si estaba autorizada por el art. 308 de la constitución; b) sin esta prevención no se puede gobernar; c) ya se procedió así en otras ocasiones; d) se iba a aplicar a muy pocas personas; e) se trataba de una ponderación de intereses; f) las circunstancias presentes eran verdaderamente excepcionales; y g) es lo que ya se estaba haciendo habitualmente. La amplitud de este repertorio favorable refleja por sí sola el interés que tenían el Gobierno y la mayoría en aplicar una medida que, en principio, tantas resistencias había levantado.

a) La medida estaba autorizada por el art. 308 de la Constitución, como recordó Salvato (el día 5 de diciembre): «La comisión no ha hecho más que obrar de acuerdo con el art. 308 de la constitución». Ahora bien, si la cosa era tan clara «¿por qué –se preguntaba Caballero el mismo día 5- no se ha pedido, con arreglo al art. 308, que se suspendan las formalidades prescritas para la administración de justicia?»

b) El gran argumento del Gobierno y del dictamen era que sin esta medida no se podía gobernar. De esta forma lo planeó el presidente del Consejo el día 5: «¿Es o no necesaria la facultad que pide el Gobierno? Ésta es la cuestión. Se dice que sin salir de las leyes actuales puede esto verificarse. Yo quisiera que viniesen los que tal dicen a gobernar por ocho días: entonces verán cuánto se equivocaban». Y el día 8: «A los ministros les es indiferente el que se les concedan estos derechos, pues de negárselos, las Cortes les sacarían del conflicto en que están y se retirarían a sus casas a descansar de las fatigas del Ministerio, que en el día no es apetecible». «Yo hago presente a las Cortes que es de absoluta necesidad esta concesión, ya sea que subsistan o no los actuales secretarios del Despacho. ¡Ojalá que los que sucedieran a éstos pudieran pasar sin esta medida! Saldrán esos ministros y vendrán otros y no por eso las Cortes estarán fuera del mismo compromiso». Y el ministro de Hacienda el día 7: «En las circunstancias actuales, con la Constitución en la mano no podríamos gobernar, siendo esclavos de la ley».

Argüelles, que al igual que Calatrava estaba obsesionado por la amenaza del cese del Gobierno que uno y otro sacaban a relucir a la menor oportunidad, así lo hizo en esta ocasión: «Si negando esta confianza al Gobierno decimos que las Cortes no están dispuestas a sostener a ninguno que no se limite a gobernar por los medios constitucionales, la Corona tendrá que proceder a nuevo nombramiento (y) tendría que valerse de personas que contasen con la mayoría en las Cortes, ¿y ese Ministerio dónde está?»

Lo grave era, con todo, que la conclusión inevitable de esta lógica era la necesidad de dejar a un lado la constitución si las circunstancias lo exigían, según afirmó sin empacho y con su conocido pragmatismo Pita en la sesión del 7: «Durante la guerra civil no se puede gobernar con Constitución. La Constitución no ha estado nunca verdaderamente establecida en España, pues desde el momento en que se ha querido establecer ha estallado la guerra civil».

Pero también había otra solución, no menos trascendental, que invocó Caballero el día 5: «¿No bastan los tribunales y los jueces? (...) El Gobierno que con los inmensos recursos que le prestan los 300.000 hombres de la Milicia nacional, un ejército numerosísimo y decidido y el apoyo de la Nación, diga que no puede gobernar, más vale que no gobierne».

c) No había motivo de alarma pues ya se había procedido así en otras ocasiones y sin ir más lejos en 1822, como recordó Zumalacárregui el día 4: «En Cádiz las Cortes extraordinarias, viendo el estado lamentable en que se encontraba la Nación, concedieron al Gobierno facultades extraordinarias. (Y más todavía): esta concesión no es nueva en las Cortes españolas, ya las del año 22 la hicieron al Gobierno de un modo más terminante y en circunstancias menos críticas que las presentes».

Pero Caballero también supo el día 5 salir al paso de este argumento: «Ningunas Cortes anteriores han concedido jamás una facultad tan discrecional como la que ahora se necesita» (...) En el año 22 propuso el Gobierno a las Cortes 18 medidas, pero que en nada se parecen a las que se solicitan ahora (...) Y en el año 23 no llegaron a ponerse en práctica las disposiciones que dieron las Cortes».

d) El presidente del Consejo de ministros minimizó la trascendencia de esta medida avanzando que sólo sería aplicable «a dos o tres docenas de conspiradores y maquinadores que no están contentos, no con el Ministerio sino con las instituciones, con toda clase de gobiernos».

e) En definitiva, se trataba de una adecuada ponderación de intereses y, puestos en la balanza dos contrapuestos, no hay duda de que el de la libertad, por muy sagrada que sea, había de ceder ante otros superiores. Así razonaron López, Salvato y el presidente del Consejo de ministros los días 4, 5 y 8 respectivamente. López: «Las facultades que se piden llevan consigo la limitación de un derecho político; pero póngase en balanza esta restricción respecto a algunas personas con la seguridad del Estado, con la tranquilidad de doce millones de habitantes, con el triunfo de la libertad». Salvato: «De un lado la combatida, la amenazada libertad reclamaba fuertes y enérgicas medidas con que hacer frente a los embates de los conspiradores. De otro lado la libertad individual, azorada, invocaba toda la respetable inmunidad de sus garantías». Y, en fin, el presidente: «La libertad que no se combina con el orden público no es libertad (...) Sin embargo, algunos de los que se oponen quieren proteger la libertad sin atender al orden público; mas el Gobierno, al contrario, quiere sostener el orden público aunque hasta cierto punto se desentiende de la libertad, no la pública sino la particular».

f) La indudable gravedad de las medidas quedaba desde luego justificada cuando se pensaba que las circunstancias presentes eran verdaderamente excepcionales.

Este punto se discutió prolijamente en el debate del día 4. Para Zumalacárregui y Martínez Falero las circunstancias eran, en efecto, suficientemente extraordinarias. Pero no así para Martínez de Velasco quien afirmó, por el contrario, que «en estas circunstancias extraordinarias es cuando el derecho de propiedad y la inviolabilidad de los ciudadanos deben respetarse más».

g) Y, para terminar, una razón pragmática que en aquellos tiempos parecía la más convincente. En esta polémica medida lo único que se pretendía era regular o dar cauce legal a una práctica habitual que hasta la fecha se estaba desarrollando sin limitación alguna. Así lo sostuvo Martínez Falero el día 4: «Al conceder estas medidas al Gobierno, no hacemos más que sancionar lo que se está practicando desde hace tres o cuatro años. No hay jefe político que en su provincia no haya procedido al destierro de 7, 8 o 9 personas, cuya existencia comprometía la seguridad de su provincia. Ahora por esta ley les quitamos esta autoridad arbitraria que han estado ejerciendo y lo hacemos para autorizar al Gobierno». Y Pita el día 7: «Se propone una ley por medio de la cual las atribuciones arbitrarias que se han estado ejerciendo por los jefes de las provincias, comandantes militares y hasta por los cabos de escuadra, se han de sujetar a la inspección suprema del Gobierno». He aquí, pues, que con este agudo modo de razonar se invertían totalmente los planteamientos y lo que venía entendiéndose como una agresión a la libertad se convertía de repente en la mejor garantía de ella.

La discusión del dictamen iniciada el 4 de diciembre se prolongó hasta el 8, en el que se aprobó (sin votación nominal) el dictamen en su totalidad. Y del 8 al 11 se examinaron artículo por artículo aprobándose los cinco primeros el 7, y el 8 los días 12 y 13 por votación no nominal. Pero el 12 se aprobó el artículo 6 nominalmente, votando a favor 94 y en contra 54.

Es una lástima que únicamente este artículo sexto fuera objeto de votación nominal; pero al menos gracias a ello podemos saber en qué campo se había colocado cada diputado y hasta qué punto la minoría hizo aquí, aunque saliera derrotada, una exhibición de fuera. Por lo demás, huelga decir que se trataba de un precepto capital ya que era en él donde se admitía la prueba de la simple «convicción moral» aunque rodeando el procedimiento de garantías especiales, como su remisión al Consejo de ministros, la exigencia de unanimidad en la aprobación y la obligación de dar cuenta a las Cortes. Votaron en contra

Analizando los componentes de la lista puede comprobarse que aparecen en pleno los conocidos radicales del núcleo de la oposición política, así como los moderados, sus acostumbrados compañeros de viaje; pero también los representantes más lucidos de la fracción avanzada, si bien con la llamativa ausencia de López, que todavía seguía teniendo el Ministerio como rehén.

Los resultados de esta votación reflejaron fielmente el cambio que se había producido en los grupos parlamentarios. A partir de este momento se rompió el bloque de los mendizabalistas y caballeristas y, pasados éstos a la oposición, la mayoría experimentó un grave descenso que cada día iría luego agravándose. Y en elogio de la pureza de las ideas progresistas hay que puntualizar que el desgarrón no se produjo por razones tácticas egoístas sino por el respeto a unos principios que el progresismo avanzado no estaba dispuesto a abandonar aunque eso le costase separarse del Poder. Una minoría de 54 diputados ideológicamente bien trabada (es decir, no unida simplemente por razones coyunturales) había de suponer necesariamente una alarma para el Ministerio.

La unión del partido progresista fue la víctima de esta prueba al romperse el idilio entre mendizabalistas y caballeristas demostrando que éstos querían colaborar con aquéllos pero de manera condicionada pues no estaban dispuestos a tolerar los «excesos moderantistas» del Gobierno y el abandono absoluto de los principios originarios, auténticamente progresistas. Cierto es que Mendizábal estaba en condiciones de continuar su deriva centrista por mucho que molestase a sus aliados, puesto que conservaba la mayoría. Pero si ésta no llegaba a 100 y enfrente tenía a más de 50, la situación empezaba a ser inquietante y a Mendizábal le gustaba gobernar con una mayoría cómoda para imponer sin sobresaltos sus ambiciosos planes. Pero a la vista estaba ahora que si ya no tenía cubiertas las espaldas con los avanzados, resultaba más vulnerable frente a sus enemigos naturales: los moderados (aunque hubiese tenido la precaución de no dejarlos entrar en las Cortes) y los radicales.

La prensa, por su parte, reflejaba con fidelidad la lucha parlamentaria. La Revista nacional apoyaba sin reservas al Ministerio y El Eco del Comercio, aunque con cautelas, estaba a favor de las medidas, en atención a que «la guerra civil no hubiera tomado tanto vuelo si se hubiera tenido menos consideraciones con los que, guarecidos en el secreto y sirviéndose de los principios liberales que quieren destruir, preparaban a mansalva sus inicuos planes» (5.12.1836). Y el 11 de noviembre: «No pudiendo negarse el Gobierno a ninguno de aquellos medios que en las críticas circunstancias del día eran verdaderamente necesarios (...) se le da éste también por repugnante que a todos sea, pero que estando abierto el santuario de las leyes, los diputados como defensores natos de los derechos individuales cuya suma compone los de los pueblos, estén a la mira del uso que se hace de esta terrible medida». El Español, en cambio, estaba en contra sin reservas y también El Redactor General que se había pronunciado a este propósito el 11.12.1836 con su acostumbrada vehemencia: «Dentro de breves días el despotismo de Calomarde quedará vengado en la historia. Los destierros, las cárceles, los calabozos que no ha mucho cerró magnánimamente el genio tutelar de Cristina, volverán de nuevo a abrirse en nombre del terror y de las medidas revolucionarias y un montón de ruinas y cadáveres será el sangriento cenotafio que la hipocresía política levantó en memoria de un Ministerio sepulcral».

La relación de este episodio ha sido ciertamente larga, pero se merecía tal extensión por su propia trascendencia y por la importancia que le dieron los afectados. Tal como se ha visto, tanto Calatrava como Argüelles estaban convencidos de que si la medida no se aprobaba ello supondría un auténtico voto de desconfianza que arrastraría la dimisión del Gabinete y con este anuncio amenazaron formalmente a las Cortes.

Desde el punto de vista del Ministerio la propuesta de la medida expresaba una antinomia insuperable: porque el régimen liberal por el que se estaba luchando era una reacción frente a las arbitrariedades del absolutismo y ahora se pretendía imponer una política que nada tenía que envidiar en dureza a la de Calomarde.

La situación de Caballero, por su parte, no era menos contradictoria. Los progresistas avanzados estaban reprochando constantemente al Gobierno su lenidad, su negligente tolerancia y, ahora, cuando se encontraban con una medida enérgica, se oponían a ella y no podían hacer otra cosa puesto que se consideraban los guardianes de las libertades, que la medida orillaba brutalmente. Pero ¿es que existía algún modo de reprimir a los enemigos respetando escrupulosamente las garantías de los ciudadanos? El Gobierno y la mayoría parlamentaria entendían que esto sólo era factible acudiendo a este tipo de medidas; mientras que Caballero no lo aceptaba.

La trascendencia de este desacuerdo había de ser enorme porque aquí se escenificó la ruptura de la estirpe progresista, garantizada hasta entonces por el pacto y unión de mendizabalistas y caballeristas. Los caballeristas retiraron a López, su hombre en el Ministerio, y empezaron a votar con la minoría. El Gobierno, a pesar de ello, seguía contando con una mayoría parlamentaria, pues los mendizabalistas fieles eran bastantes para asegurar las votaciones, pero su situación se había deteriorado seriamente y se habían hecho vulnerables. En este episodio puede verse, por tanto, un quiebro significativo de la evolución de aquellas Cortes. El Ministerio y la mayoría se inclinaban a la derecha con medidas de represión y los avanzados se desmarcaban públicamente de este giro hacia la moderación; mientras que los radicales exhibían las cicatrices de las heridas recibidas durante las dos épocas constitucionales anteriores.

He aquí, en suma, que una medida que por sí misma poca importancia tenía (puesto que apenas podía afectar a un puñado de personas) arrastró unas consecuencias de mucho peso: en primer lugar actuó como una piedra de toque para revelar la sinceridad ideológica de las fracciones progresistas (los mendizabalistas templados no tuvieron escrúpulo en sacrificar una garantía de la libertad mientras que los caballeristas avanzados se negaron a aceptarlo); en segundo lugar dio ocasión a una ruptura entre las dos que a medio plazo había de ser fatal para el Ministerio; y en tercer lugar sirvió para poner en evidencia la enemiga del Gobierno contra los radicales. Pero lo más significativo fue, con todo, que así se descubrió la antinomia incompatible de una tendencia política a dar la mayor amplitud a las libertades y una realidad que exigía inexorablemente su recorte: una antinomia que es la mejor cifra de las limitaciones del progresismo liberal.

Un escritor coetáneo rabiosamente conservador, Fernández Manrique (I, 300), escribía a este propósito por aquellos años: «Todos los países del mundo han excluido del catálogo de los largos procedimientos determinadas faltas, reputadas tales o por su insignificancia o por el profundo ultraje que causan a la sociedad, cuya voz irritada demanda un castigo pronto, inmediato, terrible (...) Aquí la sociedad, conmovida al principio, respira pronto con la esperanza de un castigo ejemplar. Los mayores delitos suponen un mayor aliciente y el exceso de éste precipita la acción del hombre dotado de pervertida intención».

Excurso sobre la teoría de la conspiración

La primera mitad del siglo XIX fue en Europa, y desde luego en España, tiempo de conspiraciones, producto genuinamente romántico. Los conspiradores poblaban la literatura y la política y eran la pesadilla de la policía. Lo propio no hubiera sido hablar de «policías y ladrones» sino de «policías y conspiradores». Recuérdense las palabras de Pita Pizarro el día 6 de diciembre (1836): «He sido conspirador y conspirador de primera fila y seré conspirador eterno contra un gobierno tiránico, y en estos diez años los tres he pasado en un calabozo».

Quienes no podían luchar a la luz del día conspiraban en la oscuridad y la ignorancia de sus fuerzas reales era lo que más preocupaba a los gobiernos. Conspiraban los carlistas y conspiraban los liberales moderados; pero el Ministerio a quien más temía era a los conspiradores liberales radicales y éste fue su gran error.

Al Gobierno preocupaban mucho las conspiraciones cabalmente porque conocía su existencia y eficacia por propia experiencia en la ayuda masónica de 1820 y en las bullangas provinciales de los veranos de 1835 y 1836. Y sabía de cierto que los radicales (como los moderados) no habían abandonado este modo de actuar. En su consecuencia dirigió contra ellos la famosa «segunda medida» de la que tanto acabamos de hablar. Pero ya hemos visto también que le salió el tiro por la culata y que lo único que consiguió fue que los caballeristas le abandonaran. Y, en cambio, se preocuparon menos de las conspiraciones carlistas y moderantistas que terminarían siendo las más letales. Porque los moderados, que habían aprendido esta técnica de lucha, la usaron con habilidad y éxito, sobre todo en Palacio y en los cuarteles y terminaron devolviendo a los progresistas en Pozuelo la misma pócima que ellos habían tenido que tomar en La Granja. En España quien no vencía en las urnas seguía luchando en las células conspirativas, donde con frecuencia obtenía mejores resultados.

En los primeros días de diciembre de 1836 se habló mucho en las Cortes de las conspiraciones porque el Gobierno explicó que existía una red de ellas que ponía en peligro el sistema constitucional y que para combatirlas el mejor instrumento era precisamente la segunda medida. Pero ¿era esto cierto? Tal fue la materia del debate.

Martínez Falero empezó el día 4 haciendo un elenco de conspiraciones que fue clasificando meticulosamente en las siguientes clases: «Primera. Los partidarios del Estatuto, cuya clase es de suma importancia, porque sobre ser numerosos, se encuentran en ellas personas de Estado, militares aguerridos y fuertes capitalistas que no cesan un momento de trabajar por que caiga la constitución ya que en el Estatuto ven la conservación de sus honores, privilegios y rentas, están apoyados por los extranjeros y tienen muchísimo dinero. Segunda. Los partidarios del absolutismo ilustrado. Tienen saber y una conciencia poco delicada. Tienen mucho apoyo en el extranjero principalmente entre las naciones donde no hay constitución ni Estatuto sino absolutismo. Tercera. Los carlistas. Forman un inmenso número de conspiradores encubiertos que se encuentran en todas partes y su principal foco se encuentra en Madrid, donde existe su cuartel general, pero sus prosélitos se encuentran hasta en las más pequeñas aldeas. Y hace catorce años que llevan conspirando (...) Se habla de otras muchas, de isabelinos, carbonarios y otra infinidad que sinceramente no sé si existen (...) y que al fin son liberales españoles (...) Además tenemos entre nosotros a los extranjeros. Rusia, Prusia, Austria, Alemania y la Francia misma están introduciendo en España todos los días emisarios y entran con la capa de liberales, se fingen los más exaltados amantes de la libertad, republicanos».

Ante una lista tan amenazadora era lógico que a continuación Zumalacárregui abogara por la conveniencia de adoptar severas medidas para combatirlas: «Hace muy pocos días que nos hemos visto expuestos en la capital a ser envueltos en una conspiración y si el Gobierno no puede librarse de los que tratan de dar la cara, ¿qué sucederá respecto de los encubiertos si no se concede al Gobierno una autorización para perseguirlos?».

Pero ¿existían de veras tales conspiraciones? La oposición no lo entendía así, como afirmó rotundamente Álvaro el día 7: «Yo tengo hasta por ridículas semejantes tramas (republicanas) pues ni la nación ni las costumbres ni nada hay preparado para semejante cosa. Yo castigaría a quien se creyera o se dijese republicano como a un imbécil, entregándole a los muchachos para que lo silbaron y apedrearan». «No se prueba la utilidad de esas medidas con esos ánimos misteriosos de conspiración, de peligros, de que quieren asesinar a los diputados de provincias, que es la cantinela que estamos oyendo desde hace muchos años». Y en igual sentido Díez el día 12: «Yo no veo en España otras conspiraciones que las de los carlistas (...) no veo esos gigantes (de que tanto se habla)».

Después de tanto hablar, el día 8 cerró el debate el presidente del Consejo de ministros con un discurso que quizás en su momento pareciera trascendental, pero que de hecho no reveló nada nuevo: «Ayer dijo un señor diputado que no se había probado que hubiese conspiraciones. Muy extraño sería que si el Gobierno tuviese pruebas viniese aquí a presentarlas, además de que si las tuviera no habría necesidad de pedir esta autorización. Sin embargo, como parece que en esta discusión se da a entender que este Ministerio es misterioso, para que no se crea que éste quiere espantar a las Cortes con fantasmas, el Congreso no llevará a mal que yo dé algunas noticias que me he reservado en los días anteriores porque no se dijera que yo caminaba de ligero, pero que ya no puedo guardar por más tiempo, siendo provocado a ello al ver puestas en duda las ideas del Ministerio. El Congreso verá que el Gobierno no carece de pruebas evidentísimas de que se conspira».

Puede imaginarse la expectación que levantaría este anuncio y para satisfacerla, el ministro continuó: «Si se quiere saber cuáles son los elementos del desorden, yo lo diré. Y diré más: que aun siendo tan reducido el número de los que ponen en movimiento la revolución, conviene que las Cortes tengan alguna idea de estos elementos y de este cierto número de personas. Además de la multitud de emisarios que por parte del extranjero han venido, no sólo en esta época sino en las anteriores, tenemos una especie de congregación o secta que tiene por título una palabra que basta a caracterizarla y para conocer lo que puede arrojar de sí: estos se titulan vengadores de Alibeaud, autor del último atentado contra el rey de los franceses. La primera noticia de esta secta o reunión se la debió el Gobierno español a la lealtad de uno de los ministros franceses, y es una de las que entre sus planes se proponen la disolución de las Cortes. Además existe otra asociación francesa titulada Defensores de los derechos del hombre cuyos planes son bien conocidos de todos, puesto que se halla extendido por toda Europa. Tenemos los carbonarios, aquellos que llevan por divisa un puñal y que también son conocidos por toda Europa. Se encuentran los isabelinos cuyas ideas no las ignoramos. Tenemos la Joven Italia, la Joven España y otras, que sin necesidad de enumerarlas, las Cortes conocerán que son demasiadas, sin contar con la principal o de los carlistas. Yo no digo que todos estos conspiren y que todos se dirijan contra el Estado, pero nadie negará que todas son personas mal intencionadas y que pueden muy bien contribuir a trastornar nuestro estado social».

A continuación pasó a enumerar algunos resultados concretos, aunque todavía no graves, de estas conspiraciones (aunque cuidándose mucho, claro es, de recordar los éxitos que las dirigidas por los progresistas habían tenido contra el Ministerio de Toreno en 1835 y de Istúriz en 1836): «¿A qué se debieron los movimientos que se observaron al principio de este Ministerio entre los batallones 3 y 4 del cuarto regimiento de los guardias? ¿Se creerá que estos soldados se movieron por sí y que en su momento no tuvieron parte estos revolucionarios que el Gobierno quiere sujetar? ¿A quién se debió también el movimiento de otro batallón del mismo cuerpo a la salida de Madrid, creo que para Guadalajara? ¿A quién el paso funesto cerca de la cárcel de la Corte? ¿A quién se ha debido el último movimiento que ha puesto en alarma a la capital? ¿Ha sido de los soldados? No; ha dimanado de donde todas las conspiraciones traen su origen, los cuales maquinarán mientras existan en Madrid (...) Todos los días que ha durado la discusión he venido con este documento en el bolsillo y con él me he vuelto a salir, pero cuando he visto que se ponía en duda la veracidad del Ministerio, las Cortes me disimularán si aun a costa de alguna indiscreción me atrevo a manifestar» (S.S. leyó dicho plan, dice el Diario de Sesiones, pero no lo transcribe, aunque es de suponer que sería tan truculento como los que había relatado antes).

Aunque la transcripción esté resultando ya demasiado larga, no dejan de tener interés otros fragmentos que reflejan muy bien el ambiente del momento y los sucesos que estaban teniendo lugar por debajo de las solemnes formalidades de la vida oficial parlamentaria. «El día 17 de noviembre, poco más o menos –siguió diciendo Calatrava– estos mismos conspiradores tenían preparada otra, en la que no sólo se atentaba contra los ministros sino contra algunos diputados y otras personas beneméritas (...) Oyéndome está un diputado, cuya vida peligró en estos días y cuyo peligro excitó al Gobierno. Aquel día también debía ser asesinado uno de mis dignos compañeros. Estos conspiradores maquinan no sólo en Madrid sino fuera».

A falta de estudios especializados, en pleno siglo XXI seguimos sin saber el peso y la influencia concreta que tuvieron estas conspiraciones. En cualquier caso parece de interés traer aquí el testimonio nada imparcial pero rigurosamente contemporáneo de Fernández Manrique (II, 47): «La manía de un partido desgraciado es creer en conspiraciones, la equivocada conciencia de su falta de poder o de la desventura de su estrella les forja muchas veces donde no las hay; el deseo de vengarse de un enemigo victorioso da cuerpo y nombre de verdaderas tramas a las que frecuentemente no son sino intenciones antipáticas. En este período de la historia se mantiene la indagación de varias conjuraciones ya en diferentes poblaciones de la península ya en algunas de Ultramar, y bien se basasen aquéllas en la realidad, bien reconociera un fundamento supuesto sirvieron de autorización y motivo para labrar la desventura de diferentes sujetos calificados carlistas, proscribiendo a unos y sentenciando a otros a la última pena».

Ante esta situación poco podía en verdad hacer la policía, absolutamente ineficaz a estos efectos según hizo observar Pita Pizarro, un excelente conocedor de ella en cuanto jefe político de Madrid: «En el día puede asegurar con verdad que no existe semejante policía como institución para velar sobre la seguridad de los ciudadanos o si existe, es enteramente nula. El Gobierno no tiene para frustrar las conspiraciones más medios que los de la policía y no tiene ninguna. La policía actualmente, sobre estar mal pagada y diminuta en el número de sus individuos, éstos se hallan interesados precisamente por el sistema de la libertad porque se han ido escogiendo y prefiriendo, y serán raros los agentes de ella que no tengan un verdadero interés en el triunfo de la justa causa. Por consiguiente, su acción será contra los enemigos de la libertad, no contra los amigos del bien de la Nación. Lejos de poderse creer que la policía o sus agentes delaten, calumnien y persigan a los liberales, es harto común en ellos el dar aviso a las personas de opinión liberal que por cualquier circunstancia iban a ser presas, antes que sufran el golpe (...) Si por opinión pública ha de entenderse la de cuatro periódicos o cuatro corrillos de un café, yo a ésta no la reconoceré nunca».

* * *

5. INTERVENCIONES DE RELEVANTE AGRESIVIDAD POLÍTICA

Proposición de Álvaro: 30.10.1836.– Interpelación de Castro sobre el ejército de Aragón: enero 1837.– Proposiciones críticas de febrero de 1837.– Interpelación de López: 8 y 9 de abril de 1837.– Debate sobre el anuncio de la crisis ministerial: 15.8.1837.– Conclusiones.

En este epígrafe hemos recogido una serie de episodios parlamentarios que, aunque no tuviesen consecuencias políticas de nota, pusieron bien de manifiesto la aspereza de las relaciones entre el Ministerio y la oposición y demostraron que ésta no desperdiciaba ocasión alguna para hostigar a aquél, magnificando incidentes casi triviales, a los que se cargaba, con razón o sin ella, de una significación política relevante. La verdad era que la minoría no tenía ninguna posibilidad de herir de muerte al Gobierno, pero sí podía, al menos, hostigarle en una lucha constante de desgaste y desprestigio. No era cómoda, ciertamente, la vida de los ministros cuando tenían que contar con una oposición infatigable: tábanos insaciables y molestos que no les daban un momento de respiro. Veamos algunos ejemplos ilustrativos.

Proposición de Álvaro: 30.10.1836

El día 30 de octubre firmó Álvaro, en compañía de Alonso, Charco, Rodríguez Leal, Pizarro, Olleros, Burgueño y Juan Montoya, una proposición –muy similar a otra de la misma fecha que ya hemos visto en el epígrafe anterior– en la que se pedía que

vengan al seno de las Cortes los señores ministros de Guerra y Hacienda para informar, en cuanto sea posible, de las operaciones y de los medios que han adoptado para el exterminio de la facción o para el pronto y ejemplar castigo de los que resulten culpables de que con un ejército tan numeroso y valiente, y después de tantas promesas y seguridades de que Gómez no saldría de Andalucía, haya salido de aquel país invadiendo Extremadura.

Esta proposición parecía un tanto anodina, y rutinaria era en efecto; pero resultaba muy molesta para el Ministerio dado que lo que se buscaba con ella era poner a tiro a ciertos ministros y vapulearlos públicamente no ya con intención de derribarlos (tarea imposible por la fuerza aritmética de la mayoría) pero sí al menos para desgastarlos en enojosos debates que no acababan nunca. Estas proposiciones servían como de gimnasia a una oposición que empezaba a formarse. Recuérdese que el mismo día había presentado Álvaro, con los pretextos más diversos, tres proposiciones y con todos los cofirmantes se fue consolidando el núcleo originario de una oposición cada vez mejor entrenada y aguerrida.

El día 1 de noviembre compareció efectivamente en las Cortes el secretario interino del Despacho de Guerra, quien hizo una insulsa exposición que no convenció a nadie y que fue contestada por Juan Montoya en términos sobremanera enérgicos puesto que llegó a pedir, entre aplausos de las tribunas, que «el general Rodil no debía responder de ese hecho (el fracaso ante Gómez) a la nación nada menos que con la cabeza». En este punto es curioso anotar que no pudo hacer el Diario de Sesiones una transcripción literal de su discurso aunque resumió lo sustancial: «El orador creyó hallar el origen de los reveses que nuestras tropas han sufrido últimamente, y de los daños que no han evitado, en la existencia de alguna asociación, familia o partido que se ha apoderado de ciertos cargos y que sólo favorece a los de su bando». El hecho es que, al calor de este incidente trivial, la vida política de Rodil, golpeado por la prensa, iba a quedar tan seriamente tocada que su «resurrección» en 1843 hubiera sido imposible de no haber mediado la poderosa protección de Espartero.

Para sacar de este aprieto al Ministerio acudió López, un tribuno que dominaba perfectamente la oratoria y sabía hacerse de inmediato con el auditorio, aunque forzoso es reconocer que en este caso sus argumentos no fueron demasiado felices: «¿Qué se pide de los ministros? ¿A qué están obligados? Se pide que den las órdenes más oportunas. Pues todo esto se ha hecho superabundantemente. Si estas órdenes son bien ejecutadas, si producen mayor o menor resultado, si el suceso corona en mayor o menor grado nuestras tentativas, a eso contestarán los jefes encargados de la ejecución. Porque el Gobierno manda en los acontecimientos, no manda en la fortuna, no manda en las disposiciones de los empleados. El Gobierno debe procurar las victorias; pero no es responsable de que no las haya». La agudeza del ministro de Gobernación intentaba apoyar a su colega de Guerra planteando la cuestión en un terreno más general y abstracto: ¿hasta dónde llegaba la responsabilidad del Gobierno? ¿Hasta qué punto debían responder personalmente los ministros de los desaciertos de sus subordinados? Unas cuestiones de gran calado aunque más propias de un debate reposado que de una emboscada guerrillera.

Gorosarri, si bien no había firmado la proposición, se sumó inmediatamente al acoso afirmando sin rodeos que «los secretarios del Despacho debían o gobernar bien o retirarse. No han gobernado bien los actuales y no se han retirado». Esto era un amago de voto de censura, todavía no formalizado, que anunciaba los muchos que luego habrían de venir. Pero ahora debe subrayarse lo temprano de la acusación. Porque es el caso que el Ministerio todavía no llevaba tres meses en el poder ni las Cortes un mes reunidas. Estaba claro, por tanto, que el diputado de Cádiz había ido a Madrid con una idea fija y ya preconcebida. Al parecer, el primer consejo del manual del diputado agresivo de la época era el de disparar en cualquier ocasión y pretexto, viniera o no viniera a cuento.

En este punto apareció Cabrera de Nevares, que pronto se revelaría como un campeón de la minoría radical, pero que en esta oportunidad actuó todavía de forma moderada: «No seré yo quien desee la deposición de los ministros ni que se les haga la guerra para que se retiren. Forzados por las circunstancias han tenido que aceptar los puestos que ocupan y debemos darles el vigor necesario para que lleven adelante su empresa o carguen con la responsabilidad que les toque en suerte. Separarles mientras dura la crisis lo creo muy inoportuno».

Como se ve, la discusión se había desplazado ya de forma descubierta al terreno de la censura política, olvidándose casi de su origen estrictamente militar. Pero la tensión aumentaba obligando a intervenir al presidente del Consejo de ministros: «Me contentaré con muy pocas palabras –empezó diciendo– porque no soy orador (...) Por mi parte aseguro que tan pronto como las Cortes declaren, o mejor dicho, insinúen, que los ministros no merecen su confianza o creen conveniente que dejen sus puestos, pueden estar seguros de que lo harán». Una solemne declaración un tanto inesperada habida cuenta de que el Ministerio sólo llevaba unos meses en el poder. Pero la verdad es que al ministro entonces no le dolían prendas ya que estaba seguro de su mayoría parlamentaria.

Rodríguez Leal intentó reconducir el debate a la cuestión militar originaria, pero ampliándola a unos extremos financieros verdaderamente preocupantes: «Quiero saber del secretario del Despacho de Hacienda –dijosi están cubiertas con alguna regularidad todas las atenciones de los ejércitos; si están cubiertas las obligaciones estipuladas con las fuerzas auxiliares francesa, inglesa y portuguesa (...) y por último qué medidas se han tomado para que los desembolsos que han hecho las diputaciones provinciales para acudir al ejército del Norte sean pagados, pues me consta que se les obliga a que descuenten una libranza con un 50% de descuento».

El ministro de Hacienda, sin embargo, parecía tranquilo y aseguró al Congreso que «pueden cumplirse las obligaciones hasta el fin de enero, siempre que las Cortes, con su influjo y su prestigio, apoyen al Gobierno en la realización del préstamo de los 200 millones». Una seguridad falsa –de las que tanto gustaban a Mendizábal– puesto que el ministro sabía de sobra que, con ayuda y sin ayuda del Congreso, el préstamo había sido un fracaso. Lo que significaba que los gastos «no estaban cubiertos». Aunque él no estuviera dispuesto a reconocerlo así para no dar alas a la oposición.

El día 2 de noviembre continuó el debate con una imputación muy grave pero de enorme sentido común de Doménech, que acertó a poner el dedo en uno de los errores más manifiestos del presidente: «Fue un error haber confiado al ministro de la Guerra el mando de una división para perseguir a los facciosos. No veo cómo pueda atemperarse el despacho de un ministerio con el mando de una columna».

La discusión se cerró prácticamente con una observación de Argüelles, quien insistió en poner las cosas en su lugar: «Me permitirá un sr. diputado, cuya sutileza he admirado hoy, que le diga que a pesar de haber protestado no llevar la intención de poner trabas al Gobierno, de hecho las ha puesto. En el giro que tomó la discusión no puede seguir sin hacer impracticable todo gobierno (...) Nosotros no hemos sido elegidos para formar un consejo de Guerra sino para legisladores». Una afirmación rigurosamente cierta, pero que, de haber prosperado, hubiera esterilizado al Congreso. Porque las Cortes siempre han sido mucho más que máquinas legislativas, ya que su función política de controlar al Gobierno –de cogobernar incluso– siempre ha tenido más peso que la de producir normas legales. Esta frase delataba elocuentemente la obsolescencia del pensamiento constitucional del tribuno asturiano.

De cualquier modo que sea, conviene tener presente que Álvaro disponía de dos instrumentos de ataque, ya que su actuación parlamentaria se veía reforzada por el periódico El Castellano que dirigía y así se explica también la frecuencia con que este periódico era denostado en las Cortes por los progresistas templados. Y, en efecto, en su número del día primero de noviembre podía leerse una versión complementaria de su intervención en las Cortes: «¿Qué ha hecho el actual Ministerio para mejorar la situación de los pueblos? ¿Qué organización ha recibido el ejército? ¿Dónde están los 240.000 soldados que dicen que sostenemos? ¿Qué victorias se han obtenido sobre la facción? ¿Qué economías se han adoptado? ¿Qué orden se ha establecido en la Administración militar? ¿En qué situación se halla la Milicia nacional? ¿En qué situación se halla la Hacienda? (...) 200 decretos u órdenes generales ha expedido el Ministerio en dos meses y medio. ¿Quién los ha leído siquiera, cuando menos ejecutado? (...) La mitad de la recaudación destinada al pago de los préstamos ficticios que, en el hecho, han sido privilegios amañados en pro de señaladas personas, y la más profunda oscuridad, el caos más horrible cubre las cuentas y las operaciones de Hacienda (...) Cada ministro, cada comandante militar, cada autoridad ¿no han sido y son otros tantos soberanos absolutos? ¿ No han impuesto a su arbitrio quintas y contribuciones? ¿No han creado cuantas oficinas y empleos les han convenido? ¿No han pagado, y dejado de pagar, a quien bien les acomodaba? ¿Han tenido limitación alguna en el ejercicio de su poder?». Un alegato acusatorio perfecto, como se ve, tanto en el fondo como en la forma. Con razón odiaba –y temía– tanto Mendizábal a El Castellano.

El duelo había sido brillante y algo tocado había quedado el Ministerio, pero a decir verdad de manera superficial y desde luego nadie se había preocupado seriamente del contenido de la proposición, puesto que era evidente que la intención de ésta había sido la de servir de pretexto para una agresión política.

Interpelación de Castro sobre el ejército de Aragón: enero de 1837

La victoria de Luchana y el levantamiento del sitio de Bilbao provocaron una explosión de euforia que, por lo desmedida, rozó lo grotesco en las sesiones parlamentarias dedicadas al evento. El Gobierno estaba exultante y el país confiaba en la rápida terminación de la guerra, como aquél le había anunciado.

En estas condiciones la interpelación de Castro, que nadie se esperaba, supuso un jarro de agua fría en la alegría general. El brillante diputado –primero admirador de Olózaga y luego de confesada filiación moderadano estaba dispuesto a dejar que el Gobierno rentabilizara sin más el éxito de Espartero y puso de manifiesto que la situación general no era clara ni mucho menos, puesto que el estado de la guerra, singularmente en Aragón y Levante, distaba mucho de ser satisfactorio y hacía temer desastres posteriores, como efectivamente sucedieron. Su acusación fue implacable y encontró colaboradores que la reforzaron. Mas lo curioso fue que la defensa del Ministerio corrió a cargo de Mendizábal y no del ministro de la Guerra como hubiera sido lo natural; y es que su belicoso temperamento no le permitía permanecer silencioso y más cuando también se estaba aludiendo a una cuestión inequívocamente financiera como era la del mantenimiento del ejército.

Pidió Castro la palabra el día 3 anunciando una interpelación. La Mesa estaba dispuesta a oficiar al Gobierno para que se presentase, pero sin necesidad de ello lo hizo voluntariamente el secretario de Hacienda. Castro desarrolló su interpelación el día 4 explicando previamente que el día anterior había hablado directamente con el secretario de Guerra, pero que éste no le había dado explicación alguna; y con este recordatorio, que sentó muy mal al aludido, predispuso ya a los oyentes en contra de su víctima. Castro no era un orador en el sentido de la época (prolijo, retórico) sino un excelente parlamentario en el sentido moderno: incisivo, directo, claro. En este debate zarandeó a Mendizábal, que contestó mal, puesto que no sabía hablar lucidamente y sobre todo porque su posición no era fuerte.

El interpelante tomó como pretexto la emotiva sesión del 2 de enero en homenaje al ejército del Norte así como los premios que en ella se habían anunciado y, además de reprochar al secretario de Gobernación que atribuyese el triunfo al Ministerio, añadió que «las noticias que habían llegado a mis oídos del estado deplorable de los soldados del ejército de Aragón, de la pobreza y falta de recursos en que se hallaban, me hicieron desear no que se procurase un día de recompensas, un día de favores sino un día de justicia». Para terminar haciendo unas preguntas concretas: «¿qué arbitrios se han tomado para contener el estado deplorable del ejército de Aragón? ¿Se ha tratado de cubrir en la parte posible el déficit que había en los pagos? ¿Es cierto que se deben 27 millones de reales, que los soldados se hallan sin ropas, sin camas, descalzos, sufriendo mil privaciones?». Una vez más, las discusiones militares que empezaban siempre con recuentos de bajas, avances y retrocesos, terminaban hablando de reales. Así lo había asumido desde el primer momento Mendizábal y por esta razón era su secretaría, más que la de Guerra, la que daba con frecuencia las explicaciones que se exigían al Ministerio.

Contestó Mendizábal explicando que «la financiación de los gastos estaba prevista con los siguientes recursos, que lamentablemente habían fallado: a) Los productos de la movilización y quintas, de los que sólo se ha ingresado una parte reducida al estar invadidas las zonas más ricas de España por los facciosos. b) El producto de los solares de los conventos y de los bienes muebles e inmuebles de los mismos; pero sólo se ha recaudado medio millón de reales cuando se habían calculado 60 o 70 millones. c) El empréstito de los 200 millones decretado el 30 de agosto, del que apenas se han recaudado 30 (en Madrid 5 sobre los 18 que le correspondían), ya que las diputaciones no han colaborado eficazmente, algunas provincias están invadidas y en todas se ha encontrado resistencia. Y en parte se ha pagado en papel. Además, el dinero se ha repartido desigualmente entre los batallones».

Una declaración escalofriante que honra al autor por su franqueza ya que en aquellos momentos (ni en ninguno) no había un ministro con coraje (sus enemigos decían ingenuidad) suficiente para reconocer sin rodeos el fracaso total de su programa político. Porque Mendizábal había anunciado solemnemente el 14 de septiembre de 1835 que su objetivo era obtener recursos suficientes para acabar la guerra y ahora confesaba que no había conseguido los recursos anunciados y que, en consecuencia, no estaba en condiciones de terminar con la pesadilla bélica. En este punto al menos –y no hay que olvidar que era el fundamental– el famoso programa de septiembre se había convertido en humo y quemado la política de Mendizábal. A partir de aquí el naufragio era ya inevitable o, por lo menos, él no consiguió evitarlo y se limitó a ir ganando tiempo para salvar lo que se pudiere. Es sorprendente, en verdad, que los historiadores de la Primera Guerra Carlista y de la política financiera de Mendizábal no se hayan detenido lo suficiente en este discurso suyo de 4 de enero (1837) porque es en él –mucho mejor que en sus minuciosas Memorias monográficas– donde con mayor claridad se explican las causas de su fracaso y se comprueba la frivolidad de sus alegres promesas del 14 de septiembre (1835). Este día, en efecto, reconoció Mendizábal que su política había fracasado, que sus cálculos no habían sido correctos y que todas sus promesas se habían agostado. Lo lógico hubiera sido, por tanto, haber presentado en aquel momento su dimisión: lo que no hizo en parte por su asombrosa capacidad psicológica de recuperación, por su ilimitada confianza en sí mismo y, además, porque aún no se habían agotado del todo las esperanzas que en su día había levantado.

Volviendo a la sesión parlamentaria, el secretario de Gracia y Justicia (Landero), con mayor picardía que su colega de Hacienda, lamentó que con estas intervenciones se llegara al «resultado de publicar la triste situación en que la Nación se halla». Y por ello Almonací propuso que la sesión fuera secreta. Pero otros diputados, como Pascual, opinaron que la discusión no era «una imprudente indiscreción, antes bien, creo que la publicación de los males es precisa e indispensable». Una discusión en el fondo inútil porque si había algo que los españoles sabían de sobra, sin que nadie se lo aireara, era la «triste situación» del Tesoro y la indigencia del ejército.

Armendáriz, arrimando como siempre el ascua a su sardina, aprovechó la ocasión de «haber oído al secretario de Hacienda que le han salido fallidos los cálculos que había formado para cubrir las atenciones de los ejércitos, para llamar la atención sobre el hecho de que, en la necesidad, quien más tiene que pechar es Navarra».

Intervino seguidamente Madoz para describir lo que él personalmente había visto en Aragón, a saber, que «los nacionales se han retirado a sus casas, los francos se han dispersado y los soldados han sido sobornados y algunos se han pasado a los facciosos». ¿Qué guerra podía seguirse cuando así estaba la moral de las tropas, fueran soldados o mercenarios?

El día 5 continuó la discusión y Mendizábal –que había venido esta vez preparado con toda clase de papeles y justificantes– insistió en su argumentación: «el Gobierno se ha visto casi reducido a los medios que le podía dar Madrid, porque en las correrías de Gómez las juntas de armamento y defensa de las provincias se han parapetado con retener cuantos medios pertenecían a las mismas provincias». En el epígrafe dedicado específicamente a la financiación de la guerra veremos lo que significaba para el ejército verse privado súbitamente de los suministros que las diputaciones provinciales se habían comprometido a proporcionar directamente. Con esta simple confesión –aparentemente marginal– ya no hace falta más para entender la escandalosa pasividad de los cristinos. Los expedicionarios carlistas iban por delante y se aprovisionaban sobre el terreno, esquilmando el país hasta tal punto que cuando llegaban sus perseguidores, por muy numerosos que fueran (y este dato obraba incluso en su perjuicio), ya no encontraban ni víveres ni caballerías. En otros lugares de este libro hemos de ver el lamentable papel de Alaix en la campaña de Gómez, pero también veremos cómo sus tropas tenían que detenerse porque estaban descalzas y carecían de pan. En estas condiciones no se podía luchar y un guerrillero hábil podía escapar siempre de las acechanzas de un ejército regular.

Castro, por su parte, acorraló fácilmente al secretario de Hacienda repitiendo que no le había contestado a las preguntas concretas (que antes hemos transcrito) ni en su despacho de la secretaría la víspera ni ahora en la tribuna del Congreso. Intervino entonces San Miguel, que había sido el jefe de este ejército durante ocho meses, y al intentar defender al Gobierno empeoró aún más su posición descubriendo un nuevo mal: las arbitrariedades que se había visto obligado a cometer: «Cuando tomé el mando del ejército del centro (...) vi que estaban sus cajas sin un real, los oficiales sin paga y los soldados sin socorros (...) En su consecuencia me fue preciso acudir a medios extraordinarios, a medidas que afectan mucho a mi corazón, pues soy amigo del orden y de la justicia. Un jefe que se halla a la cabeza de un ejército y se encuentra sin pagas y sin socorros de ninguna clase debe hacer una de tres cosas: o licenciar a las tropas o abandonarlas a sí mismas o tomar por su mano el proporcionar fondos con que atender a las necesidades. Yo siempre he creído que el último término era el más prudente y el único capaz de evitar mayores males». Así las cosas –continuó– «lo que he sentido y siento en el alma es haber oído acusaciones de que las medidas que tomé han sido violentas y arbitrarias, que he tomado fondos destinados a otros usos; en fin, haberme tratado de déspota y arbitrario que no respeta las leyes establecidas. Que he tenido que apelar a medios forzosos y violentos no lo niego; pero tampoco se me negará que las circunstancias en que yo estaba eran muy críticas y me obligaban a todo». Y de confesión en confesión apareció un nuevo frente: la distribución de los fondos disponibles había sido desigual y su administración irregular, tal como tuvieron que reconocer Mendizábal y San Miguel.

Castro, implacable, cerró la discusión en términos lapidarios: «Yo, señores, he hablado de dos puntos y no he podido conseguir que me conteste el Ministerio. Abandono, pues, esta cuestión». Pero todavía faltaba una última escena, impropia de la seriedad de aquel drama.

Porque es el caso que el argumento recurrente de Mendizábal –invocado nada menos que siete veces contadas– había sido la conformidad de los diputados de las provincias de Aragón, a los que había dado explicaciones que ellos habían considerado suficientes. Después de todo esto era lógico que se levantara en el Congreso alguno de ellos y le tocó a Alejos Burriel hacerlo, aunque su papel fuera lamentable por su conocido servilismo a Mendizábal: «los diputados de Aragón –declaró– no pueden menos que manifestar que están satisfechos con lo que ha contestado el Gobierno. Sabemos que hay mil necesidades y que hay mil males; pero después de lo que han dicho los señores ministros, y lo que todos conocemos, me parece ocioso que insistamos más en ello».

Lo verdaderamente importante de la interpelación no fue esto, sin embargo, sino el reconocimiento expreso de Mendizábal de que habían fracasado todos sus planes para financiar la guerra civil y de que, en consecuencia, ésta sólo podía continuar utilizando irregularidades legales, vejaciones personales y, por supuesto, nuevas contribuciones.

El testimonio del propio ministro que acabamos de transcribir no pudo ser más elocuente y, dejando a un lado el mérito de su insólita sinceridad, vale por sí mismo para entender su talante personal y sus consecuencias en el desarrollo de las operaciones militares. Aquí vemos confirmada la reconocida imaginación de Mendizábal, su asombrosa capacidad de inventarse recursos y de combinarlos con ingenio; pero al mismo tiempo, su alejamiento de la realidad, de tal manera que sus prodigiosos inventos se quedaban en fantasías de papel y retórica hasta ir fracasando uno tras otro sin llegar por eso, no obstante, a desanimarle, porque él sólo veía lo que quería ver y su temperamento le forzaba a confundir sus deseos y sus imaginaciones con la realidad. Importa, por tanto, retener bien este texto porque confesiones de este tipo no son parlamentariamente frecuentes. Y entonces, ¿qué podía hacer un ejército alimentado con meras fantasías? ¿Cómo habían de reaccionar los jefes y los oficiales? Repásense los comentarios de San Miguel para entenderlo. En resumidas cuentas, la interpelación de Castro había sido un jarro de agua fría en las fiestas de Luchana y, a lo largo de la discusión y aun sin proponérselo, se había logrado realizar una descripción inusitadamente sincera y realista del estado de las cosas así como arrancar del Ministerio el reconocimiento expreso de que su programa había fracasado.

Proposiciones críticas de febrero de 1837

Así transcurrió el mes de enero con un Ministerio hostigado sin tregua y ya tocado por el abandono de los caballeristas, que había reducido una mayoría inicial aplastante a extremos que empezaban a ser peligrosos. Pero febrero no se anunciaba mejor, pues durante él se presentaron una serie de proposiciones críticas a la actuación del Ministerio que no llegaron a votarse nominalmente, aunque sí nos sirven para conocer, al menos, las personas que las presentaron delatando con ello su calidad de opositores.

El 13 de febrero presentó Díez –un reconocido y tenaz miembro de la minoría– la siguiente:

Pido a las Cortes que se reclame al Gobierno el Real decreto de 19.2.1813 y los posteriores que se refieren a él (a efectos de su convalidación).

La que justificó el mismo día con estas palabras: «Prevenido está en la constitución en el art. 172, y este artículo no está reformado, el modo de proceder por el Gobierno a las ventas de bienes nacionales. El ministro de Hacienda desde el 13.8.1836 continuó vendiendo las fincas y no ha podido hacerlo sin consentimiento de las Cortes y las que ha vendido lo han sido por una autoridad que no tenía aptitud legal para vender. Resulta de todo que en rigor estas ventas adolecen de un vicio radical. No quiero decir por eso que esas ventas se declaren nulas sino que es necesario que las Cortes suplan aquella falta». En resumidas cuentas, al diputado vallisoletano no le importaba tanto el fondo del asunto –que de hecho era irrelevante puesto que en el mejor de los casos no iba a tener efectos prácticoscomo poner en evidencia al Gobierno. Pero la mayoría no cayó en la trampa y la proposición no llegó a ser discutida aun a conciencia de que con la práctica denunciada y no corregida quedaba en el aire la rotunda prohibición séptima del citado art. 172 de la Constitución: «no puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin el consentimiento de las Cortes».

Desde el punto de vista legal estricto, Díez tenía razón puesto que mientras no se resolviese sobre su vigencia el Real decreto de 19.2.1813 la prohibición constitucional era concluyente. La dificultad, por otra parte, podía obviarse fácilmente ya que el trámite previsto era sencillo: la convalidación con o sin discusión previa. Y sin embargo, no quiso hacerse así. Mendizábal, en otras palabras, no aceptó el envite de convalidación parlamentaria de una decisión que sabía de sobra que era la joya de su política.

El día 15 se leyó por primera vez otra proposición de Dionisio Valdés que decía:

Pido a las Cortes tengan a bien mandar que por la comisión de Marina se informe a las mismas en virtud de qué ley, ordenanza o disposición se hallan establecidos dos barcos de vapor ingleses en la línea de Sevilla a Cádiz y otros tres o cuatro franceses en la de Málaga, Valencia y Barcelona.

Tratábase en general, como se ve, de asuntos de menor cuantía, pero que revelaban la desconfianza que las actuaciones del Ministerio inspiraban a un grupo de diputados, cuyos nombres empezaban a aparecer con reiteración en todas las manifestaciones críticas. A este propósito, y aunque sea de fecha posterior, es de resaltar un comentario de Salvador Arce del día 5.3.1837: «Dijo el sr. secretario de Gracia y Justicia que había visto con asombro que en un Congreso constitucional se hiciese impugnación a las opiniones del Gobierno, conformes en un todo con las de la comisión. Cuando el sr. ministro nos asegure la infalibilidad de las ideas del Gobierno y de la comisión, entonces podrá venir bien su asombro; pero mientras no se les conceda esta gracia, negada a la condición humana, me parece que todos podemos aspirar a la suerte del acierto en materias de suyo tan cuestionables, por más que a S.S. le parezcan claras». En cualquier caso lo que parece evidente es que este tipo de proposiciones críticas eran de corto vuelo político. Pasemos, pues, a otras cuestiones más relevantes.

Interpelación de López: 8 y 9 de abril de 1837

El 8 de abril tuvo lugar una resonante interpelación de López, que añadía al atractivo de la fama oratoria del tribuno, el hecho de que se tratara de un ministro que acababa de abandonar el Gobierno. La interpelación fue dura, ciertamente, pero no supuso, ni mucho menos, una declaración de guerra. Además, tampoco se manifestó la verdadera causa de la dimisión (y en este punto fue decepcionante tanto para los lectores de entonces como para los de ahora). Porque la causa profunda –al menos así lo entienden hoy los analistas– había sido el giro hacia la derecha del Ministerio, que había de conducir a la ruptura formal y definitiva con el ala de los caballeristas. Es en este punto donde la mayoría de Mendizábal empezaba a correr peligro, puesto que con este deslizamiento a la derecha, que le había costado la ruptura con los progresistas de izquierda, no se ganó ni mucho menos a los moderados. Lo único que consiguió, por tanto, fue un mayor aislamiento. Pero de nada de esto se habló a lo largo del incidente ya que ninguno estaba dispuesto a descubrir sus cartas. En su consecuencia, las explicaciones ofrecidas por el ministro dimisionario resultaron, más que insuficientes, incoherentes, demostrándose una vez más el doble juego de la política al uso: en la superficie las manifestaciones parlamentarias destinadas a la opinión pública; y en el fondo, las maniobras de las personas y de los bandos que cuidadosamente se evitaba que salieran a la luz. La prensa había sido un hervidero de rumores y desmentidos, de conjeturas y afirmaciones sobre las causas reales del «permiso por enfermedad» primero y luego de la dimisión definitiva de López. Pero de esta polémica lo único que estaba clara era la postura –crítica o aprobatoria– de los distintos sectores. El Redactor general, que hacía la oposición desde la derecha, aplaudió su coraje por abandonar el Ministerio; mientras que El Eco del Comercio insistía en que no era prudente emitir juicio político ni personal alguno mientras el propio López no explicitase los motivos de su decisión: lo que, por cierto, no haría nunca. El día 27.1.1837 insistía sobre lo mismo: «La licencia concedida al sr. secretario del Despacho de la Gobernación por Real decreto del 28 para que por veinte días pueda atender a su salud ha dado lugar a varias interpretaciones y pie a los ecos de la aristocracia (refiriéndose a los moderados) para renovar sus ataques al Ministerio y dar por supuesta su salida definitiva del Gabinete (...) Menos creíble todavía parecerá la especie de que la ausencia momentánea era efecto de discordia en algún punto de gobierno».

Siguiendo con este excurso de los avatares ministeriales de López, quien estuvo más explícito fue El Mundo, que en su número de 28.1.1837 atribuyó su «intercadencia ministerial» entre otras causas a «haber propuesto a la comisión de Legislación redactar una ley despojando a los nobles de todos sus bienes y obligándolos a tomar por indemnización papel de la deuda para que adquiriesen bienes nacionales; a haber proyectado la organización de unas columnas volantes con el título de informales, destinadas a incendiar y arrasar los pueblos desafectos; al haber ideado desterrar de Madrid a 5.000 personas y ahorcar otras 200». Imputación que mereció una respuesta del aludido en la sesión del 31.1.1837, interrumpida por cierto constantemente por «vivísimos y prolongados aplausos»: «No me es desconocida la aljaba de donde salen esas envenenadas saetas. Hay quien ha tomado por oficio escribir contra mi administración en un periódico porque me he resistido a que no cobre. ¿Y por qué? Porque trae estampada sobre su frente una marca de vergüenza y de ignominia; porque formando parte de la representación nacional de Cádiz abandonó baja y cobardemente los intereses de su provincia (...) Hay quien escribe también contra mi administración por espíritu de miserable venganza, porque le he lanzado de mi secretaría. ¿Y por qué? Porque partidario ciego y humilde del sistema del 15 de mayo, no ha hecho otra cosa que incensar aquel poder anticonstitucional». Terminando con el anuncio de que «renuncio al término que me restaba de la licencia debida a las bondades de S.M. y desde aquí marcharé a encargarme de nuevo del ministerio que antes puso a mi cuidado». La versión que nos dio López de estos episodios no puede ser más deplorable: la prensa, que había de ser garantía de la libertad y reflejo transparente de la voluntad nacional, vista de cerca era una charca de reptiles que actuaban movidos por un miserable puñado de reales de subvención ministerial o por los instintos personales más bajos. La constatación de la realidad tuvo que ser muy amarga para el tribuno alicantino, caballero andante de los ideales políticos más altos. No es de extrañar, pues, que sus repetidas aventuras ministeriales terminaran siempre pronto y mal.

Viniendo al texto de la interpelación, en ella había dos cuerpos: el principal se refería a la crítica de la situación militar en la que los facciosos habían tomado la iniciativa; mas todo esto se toca en el capítulo destinado a la Guerra, limitándonos en este lugar al segundo aspecto, es decir, al incidente de la dimisión. No hubo votación, pero en este acontecimiento parlamentario marcaron sus posiciones tanto el ministro saliente como el grupo de sus amigos y esto es lo que aquí importa.

La esperada confesión pública de López fue decepcionante: «Parecerá extraño a primera vista que, acabado de dejar yo el ministerio, por la renuncia espontánea que hice del que S.M. había tenido la bondad de confirmarme, dirija una interpelación a mis antiguos y estimables compañeros. Y ese hecho, maliciosa o equivocadamente interpretado, pudiera robustecer la creencia o sospecha que han manifestado algunos de que yo dejaba la silla ministerial para colocarme en una actitud hostil con el actual Gabinete. Nada más lejos de mi imaginación y de mi ánimo. Nada más destituido de verdad y fundamento. Las ideas, los principios políticos de los actuales secretarios del Despacho son exactamente los míos y a no ser así, no hubiera yo formado parte de su administración. (...) Y fue cláusula que los negocios que concernieran o afectaran a la opinión de todo el Gabinete, los de cierta importancia o influencia, se tratasen y decidiesen en Consejo de ministros, prevaleciendo el mayor número de votos.(...) Dejé el ministerio y me propuse guardar suma mesura y circunspección. Pero después de haber recibido los diputados por la provincia de Alicante el correo de ayer, yo no sería diputado, yo no sería patriota, no merecería ni aun el nombre de español, si pudiera sellar mi labio, remitirme al silencio y mirar con fría indiferencia tantas desgracias. Hace algún tiempo que las facciones de Aragón amenazaban invadir las fértiles provincias de Valencia y Alicante. Yo veía agruparse esas terribles nubes sobre aquellos pueblos y no veía que las autoridades encargadas de su defensa tomasen las disposiciones urgentes y vigorosas que reclamaban las circunstancias para salvarlas. En este estado, renuncié al ministerio porque pesaba sobre mi corazón una consideración a que no podía resistir. Yo no podía avenirme en manera alguna a que, estando formando parte del Gabinete, la provincia se viese al mismo tiempo hecha presa de los rebeldes y convertida en un cuadro lastimoso de horrores y de devastación».

Esta opinión del dimisionario sonaba, con todo, a pretexto y no podía convencer ni siquiera a sus mandantes alicantinos pues era evidente que mejor podía ayudarles desde dentro del Ministerio que desde fuera de él. Por otra parte, las relaciones con sus antiguos compañeros de Gabinete no debían ser tan cordiales como había afirmado y así se explica la áspera y un tanto provocativa pregunta que le dirigió a continuación el ministro de Gracia y Justicia: «Yo pregunto a S.S. (López): ¿su dimisión ha procedido de que se haya presentado en el Consejo de ministros o propuesto por alguno de sus compañeros alguna medida capaz de evitar los males que se experimentan y que todos lamentamos y no haya sido admitida por sus compañeros? Estoy seguro de que S.S. ni en público ni en secreto, de modo ninguno, podrá hacer ver tal cosa. ¿Habrá nacido acaso de que habiendo adoptado sus compañeros en el Ministerio alguna providencia en que S.S. no estuviese de acuerdo, se haya visto obligado a separarse? Y me parece que S.S. no podrá menos de confesar que la más perfecta unión ha reinado entre nosotros en los siete meses que hemos estado reunidos».

La pregunta no había podido ser más directa y exigía una respuesta inequívoca que hubiera contribuido, además, a aclarar las posiciones de las dos fracciones del progresismo y a disipar los rumores que, según hemos visto, andaban circulando por la prensa. Pero López contestó impertérrito: «Ha dicho el sr. ministro de Gracia y Justicia que hasta ayer no ha sabido el motivo de mi separación; y esto no creo que sea enteramente exacto pues antes de separarme del Ministerio mediaron escritos de unos y otros. Me pregunta S.S. si mi renuncia fue porque yo propusiera alguna medida que no se aprobase. Juzgo tanto menos oportuna esta excitación cuanto que ya dije aquí ayer que estaba perfectamente de acuerdo con los actuales secretarios de Despacho en doctrinas y principios políticos, según se consignaron en el papel formado al tiempo de tomar las riendas del Gobierno. Pero no es lo mismo la convicción, la creencia política, los principios que cada una procesa, que el movimiento más o menos veloz que les da al reducirlos a la práctica. Puede muy bien, sin temor de contradecirse, aprobarse lo uno y reprobarse los otros (...) Yo me he retirado sin que me negase su confianza S.M. ni las Cortes. El día que dejé el ministerio fue el más bello de mi vida».

Y dicho esto, aprovechó la ocasión para lanzar una flecha envenenada sobre el modo de renovar los Gabinetes: «Ha encarecido S.S. la dificultad en que se encuentra el Gobierno para hallar hombres a propósito siempre que tiene que hacer un nombramiento. Ciertamente es así, pues las vicisitudes políticas, los esfuerzos del gobierno absoluto por tantos años en alterar las ideas y el espíritu nacional han dejado muy reducido el círculo de los buenos hombres útiles; pero todavía se limitan más cuando sólo se admiten personas de cierta esfera y cuando el sistema en este punto se reduce a hacer que se ejecute la arquitectura de Madrid: fabricar un nuevo edificio con los materiales que sirvieron en una casa vieja o derruida».

Así las cosas salió al quite Caballero, mas no para dilucidar las causas de la dimisión sino para lanzar un ataque al Gobierno que confirmaba públicamente la escisión del grupo que él acaudillaba junto con López: «Se nos ha repetido muchas veces cuando el Gobierno se ha visto reconvenido sobre algunos incidentes desagradables en las provincias: el Gobierno no puede hacer más. Y con esto se cree que el Gobierno, con dar órdenes, hace cuanto tiene que hacer. Si esto es gobernar, digo que no lo entiendo y no sé cómo en estos tiempos calamitosos no se encuentra un hombre que dirija la nave del Estado; porque si consiste en eso el mandar, debe haberlos por centenares. De la letra de la Constitución se infiere terminante y claramente que no cumple el Gobierno con dar órdenes ni mandar formar causas, sino que es necesario que haga que estas leyes se ejecuten y que para cumplirlas se admitiere pronta y debidamente la justicia». La intervención no pudo ser más contundente pero aun así no bastaba para explicar la dimisión de López y el distanciamiento de su fracción.

Los hechos, con todo, ahí estaban y, aunque nadie se atreviera a explicarlos con autoridad y todo se dejaba a rumores, forzoso era reconocer que el panorama político había cambiado sustancialmente. El suelo progresista inicial de la unión había desaparecido al separarse las dos fracciones dominantes de mendizabalistas y caballeristas, escenificada ahora con la dimisión de López. Los caballeristas no llegaron a ser beligerantes, pero al retirar su apoyo al Ministerio dejaron abierto un flanco muy ancho a las embestidas de la fracción radical y de los moderados, sin contar los tránsfugas individuales. El Ministerio Calatrava-Mendizábal había entrado decididamente en una situación de peligro o, por lo menos, de alerta.

Debate sobre el anuncio de la crisis ministerial: 15.8.1837

Los periódicos estaban barruntando ya desde primeros de mes una crisis ministerial cuando Suances, el 15 de agosto, se dirigió con aire inocente al secretario de Hacienda, rogándole que «tuviera la bondad de decirme qué es lo que hay respecto al nombramiento de los nuevos ministros». A lo que contestó tajantemente Mendizábal que «el ministro de Hacienda está tan distante de saber nada de lo que indica el señor preopinante que en el mismo hecho de hallarse en este lugar sin ser diputado es prueba clara de que merece la confianza de S.M.». Replicando entonces Suances con una proposición que decía así:

Pido que las Cortes se declaren en sesión permanente hasta que el presidente del Consejo de ministros se presente a satisfacer las preguntas que me reservo hacerle dirigidas al bien de la Patria.

Lo que justificó a continuación en los siguientes términos: «El apoyo de esta proposición es que he preguntado al sr. ministro de Hacienda qué sabía acerca de la mudanza de Ministerio que había indicado un periódico de esta capital, y como no ha satisfecho mi pregunta, me he visto en la necesidad de hacer la proposición».

Según puede observarse, Suances no se había dirigido al presidente del Consejo ni a ningún otro ministro, sino precisamente al de Hacienda, dando por descontado que los hilos de la crisis habían de pasar por él y que era, por tanto, a él a quien más afectaban.

A estas alturas del calendario ya era pública la caída del Ministerio Calatrava-Mendizábal aunque la noticia sólo hubiera aparecido oficiosamente en la prensa. La confirmación oficial de la Gaceta podía ser, no obstante, cuestión de horas. Por ello, la propuesta de Suances carecía de sentido y nada tiene de extraño que terminara retirándola. En cambio, las siguientes intervenciones de Fontán perseguían un objetivo manifiesto: prevenir una posible resistencia parlamentaria basada en la sospecha de que la crisis había sido provocada por una camarilla, deslegitimando así al nuevo Ministerio, cualquiera que fuese. A los enemigos de Mendizábal importaba mucho ponerse la venda antes de que se produjera la herida para evitar esa eventual defensa póstuma del Ministerio saliente.

Si el nombramiento de los consejeros de la Corona era potestad exclusiva de ésta, nada podían ni debían hacer las Cortes para influir en la designación, pues ello supondría invadir la esfera constitucional del Rey. En consecuencia no quedaba al Congreso otra postura que la de esperar al nuevo Ministerio para entonces –y no antes– manifestar si le inspiraba confianza o no. Así se produjo Álvaro con claridad meridiana: «¿Tenemos nosotros la facultad de decir a la Corona: mira que no se nombren tales o cuales ministros?». Y por si quedaba alguna duda terminó resumiendo: «Aprobar la proposición sería como decir a la Reina: mira a quién nombras porque estamos decididos a sostener a todo trance a los ministros actuales».

Postura en la que se alineó, como era previsible, Fontán, levantando de paso, no se sabe con qué intenciones, la delicada cuestión de la camarilla. «Supongamos –dijo el diputado gallego– que se trate de mudar el Ministerio, ¿no es una obligación de la Corona el dar cuenta oficial a las Cortes del nombramiento que haya hecho? ¿Y no hemos oído decir al sr. ministro de Hacienda que el hecho de estar sentado como tal en estos bancos denota que no sabe que haya perdido la confianza de S.M.? (...) ¿Piensa ningún diputado que la Corona desconoce el artículo constitucional que la autoriza para nombrar libremente a los ministros? ¿Estamos en el caso de que los nombren las camarillas? No, señor. No hay tales camarillas y ningún ministro existe sin que el decreto de S.M. en que se le nombra lleve la firma de otro ministro responsable. Las camarillas son reuniones de hombres no responsables, son los complots que se forman allá o acullá, pues estas o las otras personas, sean citadas de Palacio, sean de fuera de él y aunque sean diputados, todo aquel que influye en los actos del Gobierno, que se entromete en ellos sin ser legalmente responsable es camarillero. Yo no pertenezco a asociación ninguna, sino a la santa católica, apostólica Iglesia desde que me bautizaron, y ésa es mi camarilla. En un sistema constitucional esas camarillas son imposibles porque de nada sirve la firma de S.M. sin que tenga la firma de un ministro responsable. Por consiguiente no nos alarmemos por eso, pues la Corona puede hacer uso de esta prerrogativa porque el Ministerio actual no ha de ser perpetuo y si queremos que lo sea, démosle un voto de eternidad y dígase sean ministros in aeternum Calatrava, Mendizábal y los demás. Yo deseo el bien de mi patria y acaso por ese bien deseo que los Ministerios actuales dejen de serlo; pero no me toca a mí determinarlo, sino a otro poder a quien se debe dejar el ejercicio de esa prerrogativa en tanto que no infrinja la constitución».

Que la prevención de Fontán no era gratuita se comprobó con el inmediato discurso de Juan Osca, quien sostuvo la existencia de camarillas operativas y, a tal propósito, relató un acontecimiento referido a la crisis de mayo de 1836 (la que había sustituido al Ministerio de Mendizábal por el de Istúriz) y, sin discutir la prerrogativa de la Corona en nombrar a sus consejeros, abogó por limitar su alcance, dado que en ningún caso debía extenderse a personas que no fueran absolutamente adictas a la constitución de 1837 y a los principios que la habían inspirado: «Yo temo una mudanza de Ministerio porque en el día podría conducir la Nación al precipicio, porque sería producto de las inspiraciones de la camarilla. Y puesto que el sr. Fontán dice que no la hay, voy a probarle que se equivoca. Estando yo aquí sentado el día 4 de mayo (es decir, vísperas de la inesperada sustitución del Gabinete Mendizábal por el de Istúriz), vino uno de los porteros a llamarme y salí al salón inmediato, donde hallé una persona que se dijo enviada por S.M. para preguntarme si admitiría una comisión importante que quería confiarme. Yo, que jamás he tratado con grandes y estoy lejos de ello, que vivo en la esfera de los pequeños, porque soy de los pequeños y del pueblo, y por consiguiente jamás he estado por esas alturas, ni quiero estar, me sorprendí sobremanera y me quedé sin saber qué contestar. Creí que debía pensarlo mucho, puesto que una invitación de esta clase a un procurador de la nación podría colocarle en una situación peligrosa y que influyese en el mal de la Patria. Yo estaba en este estado de duda e incertidumbre cuando viendo mi irresolución la persona que vino a hablarme (y siento que no esté aquí, porque es compañero nuestro) me invitó a que manifestase pronto mi opinión, porque urgía. Yo dije que era negocio muy delicado y que debía pensarse. Pero habiéndome dicho que había otras cinco personas que habían admitido, entre las cuales había un amigo mío, antiguo procurador a Cortes, con quien tenía toda confianza, dije que si tal persona había admitido, yo podía ya también admitir con alguna seguridad. Admití, pues, el encargo y lo admití persuadido de que me engañaban. La persona a quien había aludido vino a mí y me dijo que efectivamente estaba nombrado para un negocio que se decía de importancia. Entonces me dijo que la comisión que se había dado a nombre de S.M. era que no estando S.M. contenta con el Ministerio que había, era menester que le propusieran otro los seis diputados. El día 4 sucedió esto y el día 15, sin haber habido más explicaciones y sabiendo yo por causalidad que había otras comunicaciones con personas que no habíamos nosotros propuesto, caso de creer y decidirme a cumplimentar una tan extraña comisión, nos encontramos a los pocos días con un Ministerio que ya sabemos todos el bien que nos ha traído».

Esta discusión había sido originada con toda evidencia por la preocupación y el disgusto que experimentaban las Cortes ante el hecho de que se había producido un cambio de Ministerio sin que se les hubiese tenido en cuenta para nada y del que ni siquiera se les había informado. ¿Era esto constitucionalmente admisible y políticamente tolerable? El Congreso no ignoraba, y desde luego reconocía, la prerrogativa de la Corona de nombrar y cesar sus consejeros; pero quería saber – y su pretensión no podía ser más legítima– hasta qué punto las Cortes habían de participar en tal proceso y condicionar su desarrollo. En otras palabras, ¿era la Reina Gobernadora totalmente libre a la hora de cesar y nombrar al Ministerio o estaba sujeta a ciertas limitaciones? Porque unánimemente se reconocía que todo Poder institucional, incluso el Real, era limitado. Ahora bien, a falta de experiencia y de una teorización madura no se sabía con precisión cuáles eran tales límites, de los que al menos se intuían dos: el de que los ministros tuvieran que ser extraídos del Congreso e incluso de su mayoría; y, además, el de que contasen con «la confianza de las Cortes», que era tan necesaria como la del Rey en virtud de la doctrina de «las dos confianzas». Pues si esto era cierto, ¿cumplía el reciente –o inminente– cambio de Gobierno tales requisitos? Esto es cabalmente lo que deseaban saber las Cortes.

Después de referir esta sorprendente historia, imposible de entender y hasta de creer en su literalidad, entrando en la eventual limitación de la prerrogativa de la Corona, añadió Osca que «es verdad que no podemos decir a la reina en este particular que haga eso o lo otro. Pero las Cortes constituyentes de la monarquía ¿no tendrán un derecho para procurar que se preserve a la nación de un precipicio como el del 15 de agosto del año pasado? Aunque yo sé que aquí hay discordancia de opiniones, creo que estamos conformes en el principio de la soberanía nacional, sin el cual yo no quiero residir en España, sea el que quiera el que mande (...) Si se trata de volvernos al absolutismo, declaro con la franqueza que me es propia que yo ni quiero sacrificarme ni que se sacrifiquen los pueblos para defender a Isabel absoluta. No; estoy muy lejos de ello. Yo a Isabel la quiero como una bandera de la libertad, del partido nacional, porque le creo defendido en su persona; pero en el momento en que se me persuada que he de volver al Estatuto o al absolutismo con estamentos, no lo quiero. Ésta es mi opinión. Yo quiero a Isabel constitucional no por una constitución no otorgada, sino nacida de la voluntad del pueblo, de esta voluntad soberana representada por las Cortes (...) Si, por otra parte, los que influyen secretamente en el ánimo de S.M. no se atienen a las reglas reconocidas en los países representativos, como son la decencia y la propia de estos gobiernos, que es respetar las opiniones y deseos de la mayoría de los Cuerpos de esta clase (...)».

Aunque no lo hubiera dicho de forma expresa, es evidente que en su confuso discurso el diputado valenciano estaba abogando por la tesis de que los Ministerios, para ser legítimamente nombrados, debían contar con la mayoría de las Cortes y que no les bastaba la confianza de la Corona. Una tesis respetable ciertamente, pero que la constitución de 1837 no había recogido ni ningún partido suscrito: ni siquiera el progresista. Osca advirtió la heterodoxia de tal doctrina y salió de inmediato en defensa de la «legalidad constitucional» y en contra de los excesos de la soberanía parlamentaria. Y lo haría de nuevo para prevenir un posible golpe de mano parlamentario que podría dar la mayoría progresista negando su confianza a los sucesores de Mendizábal: lo que, conforme a la doctrina de Fontán, supondría su cese inmediato. Y por ello, brindaba el diputado gallego un blindaje eficaz al afirmar que bastaba con la confianza de la Corona. «(El sr. Osca) nos ha dicho que era menester que la mudanza del Ministerio fuese conforme con la mayoría de las Cortes. Yo diré al sr. Osca que ningún artículo he jurado en la Constitución que sujete a la Corona al nombramiento de secretarios del Despacho según los deseos de la mayoría».

Mas ¿qué pensaban sobre esto Caballero y Álvaro, las cabezas visibles (y separadas) de la exaltación? Caballero mantuvo el silencio que, un tanto sorprendentemente, estaba practicando en estos días capitales de efervescencia. Pero Álvaro sí saltó a la arena para mantener a ultranza la prerrogativa de la Corona y negar a las Cortes la posibilidad de interferir las decisiones de aquélla, repitiendo el argumento de Fontán de que las Cortes no equivalían a la voluntad nacional. Esta actitud –nada progresista desde luego– tiene, sin embargo, una explicación táctica evidente. Álvaro sabía que si llegaba a debatirse en el Congreso la legitimidad de un Ministerio de recambio, los mendizabalistas, aunque fuera por muy pocos votos de ventaja, lo reprobarían, asegurando de esta forma la continuidad del Ministerio actual. Y Álvaro, como buen pragmático, no quiso dejar que se frustrase la gran oportunidad de derribar a su odiado enemigo, aunque fuera abandonando por un momento los principios de su liberalismo exaltado: «Esta proposición pone a las Cortes en una situación muy rara. Un sr. diputado por temores gratuitos pide a las Cortes que se declaren en sesión permanente hasta que venga el presidente del Consejo de ministros a satisfacer las preguntas que trata de hacerle. Yo ruego a los señores diputados que recapaciten un poco sobre las doctrinas que se han vertido en este sitio y que digan si no consideran esta proposición como que contiene el mayor ridículo posible. Pero hay todavía más: el sr. diputado autor de la proposición no ha tenido a bien decir al Congreso qué cosas son esas que se reserva preguntar. Todo parece estar reducido a que S.S. ha leído en un periódico o ha oído en los cafés que había un cambio de Ministerio y que son los sujetos que se supone del agrado de S.S. Yo he tenido por mi parte tres variaciones de Ministerios y a los que alude el señor autor de la proposición no los combatiré con menos valentía que la que he tenido para combatir al Ministerio actual. Pero porque un periódico ponga una noticia cualquiera, porque en un café corra un rumor ¿han de llamar las Cortes al ministro? Y aunque eso fuera cierto, ¿nosotros tenemos facultad para decir a la Corona: mira que no queremos que se nombre tales o cuales ministros? ¿No se ha dicho aquí muchas veces que la mayoría de un Cuerpo representativo es ficticia y que no es la verdadera expresión de la voluntad nacional y, por lo tanto, que es necesario conceder a S.M. el derecho de disolver las Cámaras y de apelar a la nación? Y ahora de repente, porque un diputado ha oído en un café o ha leído en un periódico un cambio de Ministerio que no le agrada ¿echaremos abajo la constitución que acabamos de jurar con tanta solemnidad? ¿Queremos obligar a la Corona a que nombre aquellos ministros que quieran ocho o diez diputados más que la mitad de los que aquí se reúnen? Si esto es lo que se piensa, dígase que no hay más soberanía que la mayoría de los diputados, y que desde el Trono inclusive abajo todo debe estar sometido a su voluntad».

En unos momentos de desconcierto total, cuando nadie sabía a ciencia cierta lo que podía salir de los cuarteles de Pozuelo, cuando la sombra de Espartero se alargaba cada día sin que el general aclarase sus intenciones, Madrid era un coro de rumores y casi nadie se atrevía a pronunciarse. Ya hemos visto que Osca fue de los primeros en hacerlo y que inmediatamente después lo hizo el grupo de Álvaro, criticando al Ministerio saliente y prometiendo su apoyo al sucesor cualquiera que fuese, al considerarle legitimado de antemano por la prerrogativa de la Corona. Para Álvaro, en definitiva, cualquier solución alternativa era buena con tal de deshacerse del enemigo: «Yo no veo más que un Ministerio sin energía, sin plan y sin cualidades para ocupar las sillas, yo miraré como un bien el cambio de Ministerio, sean las que fueren las personas que los reemplacen. Los demás señores diputados pueden opinar como quieran; pero yo opino así y estoy seguro, tengo una convicción íntima de que la Reina Gobernadora, después de la lección del 16 de mayo (cambio de Mendizábal por Istúriz) y del 17 de agosto (cambio de Istúriz por Calatrava) no puede pensar en nombrar para el Ministerio sino personas tan patriotas y tan ilustradas por lo menos como las que ocupan hoy estos cargos, pero con más tino para dirigir la nave del Estado. ¿No hay más españoles que tres o cuatro que sean capaces de dirigir los negocios? Yo creo que esto sería una inculpación a la nación entera. Creo que hay muchos capaces de llevar adelante la felicidad de la nación y creo que pueden buscarse muchos españoles que sean patriotas y que estén en la marcha del progreso y que en este sitio hay muchos españoles muy dignos. Y no cabe en mi imaginación siquiera que pueda haber olvidado la reina la lección que recibió el año pasado y que pueda ponernos un Ministerio estatutista o retrógrado o que pueda llevarnos atrás». En consecuencia –terminó diciendo–, «como yo tengo la convicción de que el Ministerio actual no puede menos de conducirnos al abismo, y que es imposible que la Reina use mal de la facultad que tiene, no creo que pueda aprobarse esta proposición porque sería una especie de alarma que se daría a la Corona. Sería como decir a la Reina: mira quién nombras porque estamos decididos a sostener a todo trance a los ministros actuales. Y así yo ruego a los señores diputados que han jurado la constitución que piensen bien en el compromiso en que pondrían a la nación al barrenar nosotros mismos esa constitución que hemos dictado».

Aunque Caballero no usara su palabra, sí lo hizo Madoz, que tan cerca de él estaba, para insistir, poco menos que literalmente, en las tesis de Juan Osca, demostrando que ésta no era una opinión personal sino la de todo un grupo parlamentario: «Esta mañana se ha anunciado, no por un periódico sino por personas respetables que tienen relaciones íntimas con los que pueden saberlo en la actualidad, que se trataba de un cambio de Ministerio. Yo considero que la patria peligra cuando preveo que el Ministerio puede ser compuesto de hombres que no quieren reconocer el principio de la soberanía del pueblo. ¿No está la Reina en uso de sus derechos nombrando sus ministros? ¿Y nosotros no estamos en el nuestro negándoles al día siguiente, cuando vengan a pedir la aprobación que necesitan para imponer contribuciones ordinarias o extraordinarias? Yo tengo mucho sentimiento en estar muy discorde en ideas con el sr. Álvaro, que al fin ha dicho que cualesquiera que fuesen los ministros que se nombraran serían mejores que los actuales. Yo he negado mi confianza al Ministerio actual; pero sin embargo, si le suceden hombres que pudieran conducirnos a la repetición de los sucesos del 15 de mayo, yo siempre estaré por los actuales ministros, a quienes nunca defenderé si se trata de que les sucedan hombres que no están en el sistema del progreso».

Lo que comentó el aludido Álvaro con una sencilla puntualización: «El sr. Madoz ha incurrido en la equivocación de suponer que yo he dicho que cualesquiera ministros que se nombraran serían mejores que los actuales. Lo que yo he dicho es que la separación de los actuales ministros sería para mí el acto más benemérito que se podía hacer, cualesquiera que fuesen los que les sucediesen. Pero he añadido que si fueran elegidos los que se indican (alusión, por tanto, a los moderados del duque de Gor), les haría una oposición más fuerte y vigorosa que la que he hecho al actual Ministerio».

Tal como se estaban poniendo las cosas, ¿no sería mejor que se retirase la proposición? Así lo sugirió Vila: «Si yo tuviera influencia en el diputado que ha presentado la proposición, le rogaría encarecidamente tuviese la bondad de retirarla, porque a mi ver el objeto de S.S. no ha sido tanto comprometer a los ministros a que vengan a dar una contestación a las preguntas que S.S. se propone hacerles, como excitar a las Cortes a que hagan una declaración de los deseos que las animan en orden a las cualidades que debieran adornar a los ministros que S.M. tuviere a bien elegir al retirar su confianza de los que hasta ahora han gozado de ese honor. Como haya sido este el fin que se desea en la proposición, ya se ha obtenido». En lo que abundó igualmente Argüelles: «Ruego al sr. Suances, si cree que cualquiera que hayan sido las miras que se ha propuesto estén conseguidas, o no conseguidas, para que no pueda decirse jamás que atentamos directamente o indirectamente al ejercicio libre de la Corona, que la retire».

¿Qué hubiera pasado si las Cortes hubieren llegado a votar la proposición de Suances con el alcance que se había decantado en la polémica Fontán-Osca (o, si se quiere, Álvaro-Madoz)? Sería interesante saberlo pero no hubo lugar a ello, dado que Suances comprendió –o le hicieron comprender– que las consecuencias podrían ser demasiado graves, y no ya por su trascendencia teórico-constitucional sino por la tensión que produciría entre la Corona y el Legislativo. Así que la retiró a tiempo.

Una retirada que, por cierto, no significaba nada habida cuenta de que, sin necesidad de llegar a la votación, el debate precedente había puesto a cada uno en su sitio, es decir, se había trazado una raya nítida que separaba a los dos bandos. De un lado estaban quienes defendían a ultranza al Ministerio que estaba a punto de caer y que era el único que podía contar con la mayoría; y del otro estaban quienes tan descontentos parecían de tal Ministerio que daban por bueno cualquier otro y, en consecuencia, insistían en la potestad de la Reina Gobernadora de nombrar al que gozare de su confianza sin sentirse limitada por las Cortes.

El incidente había quedado, pues, formalmente cerrado, pero sus consecuencias fueron trascendentales ya que la Reina Gobernadora quedó inequívocamente advertida de que si nombraba un Gabinete moderado, el Congreso no lo admitiría y se repetiría una crisis similar a la de mayo del año anterior. El resultado fue que María Cristina tuvo que dar marcha atrás a sus propósitos iniciales y buscar para el Ministerio Calatrava-Mendizábal un recambio que las Cortes tolerasen: así se explicó el siguiente, y un tanto fantasmal, Gobierno de Espartero-Bardají.

Conclusiones

1. En las páginas anteriores, y al hilo de lo que un tanto enfáticamente hemos titulado cuatro «intervenciones de relevante agresividad política», hemos tenido ocasión de separar unos episodios parlamentarios heterogéneos de contenido singularmente ilustrativo.

La interpelación de López pudo haber sido una sinceración de intenciones políticas para el resto de la Legislatura. Pero el exministro no se decidió a dar este paso y quedó sin aclarar la ruptura de las dos fracciones dominantes del progresismo. Al no haberlo hecho así, al no haber fijado de una vez por todas la posición de ambas partes, podemos plantearnos cuantas preguntas queramos sin obtener respuesta. ¿Hasta qué punto fue cierto que los caballeristas se separaron de Mendizábal retirando a López, a quien habían dejado en prenda de colaboración, por sentirse incompatibles con la deriva moderada que arrastraba al Ministerio? ¿Cómo explicar que López no presentara la dimisión después del desacuerdo frontal que habían constatado las dos fracciones con ocasión de la aprobación del procedimiento preceptivo para reformar la constitución? ¿O fue Mendizábal el que provocó la ruptura al no poder soportar el tirón radical de López y los caballeristas? Dos formulaciones de una misma cuestión, pero nos quedamos sin saber en qué consistían concretamente esos supuestos excesos de la derecha o de la izquierda y tampoco podemos entender por qué no se fraguaron nuevas alianzas entre cualquiera de las fracciones separadas con otras fracciones afines. Si tan moderado se había vuelto Mendizábal, ¿por qué no pactó con los moderados de siempre y así hubiera podido parar el golpe de Pozuelo? Y si tanto era el radicalismo de los caballeristas, ¿por qué no pactaron con los exaltados de Álvaro y así hubieran podido alzarse con el botín abandonado por el Ministerio en el campamento militar de Pozuelo?

Nada de esto quiso aclararse y todos prefirieron mantener su ambigüedad y así se llegó al motín de oficiales después de un aborto de Ministerio auténticamente moderado (el del duque de Gor) y un Gabinete final absolutamente indefinible (e incomprensible desde los datos de que disponemos), cuyos entresijos tampoco quisieron sacarse a la luz en el debate provocado por Suances, puesto que casi nadie, según hemos visto, estaba dispuesto a poner las cartas boca arriba encima de la mesa. En las discusiones parlamentarias se aclaran a veces las cosas, desde luego, pero no siempre y acabamos de comprobarlo en este epígrafe. Con la circunstancia de que cuando la prensa también es confusa y los memorialistas callan por prudencia o ignorancia, el historiador ha de rendirse ante el misterio de los acontecimientos históricos.

Más elocuente fue, no obstante, el debate provocado por Castro. Porque si en él no nos enteramos de nada que no conociéramos por otras fuentes militares, la confesión de Mendizábal al reconocer el fracaso de su política y al explicar sus causas vale por un tomo completo de memorias o de ensayos.

2. A lo largo de este capítulo hemos seguido con cierto detalle –a veces quizás enojoso pero inevitable dada la novedad del tratamiento y sobre todo de las conclusiones– el proceso de formación de la minoría parlamentaria de las Cortes constituyentes o, si se quiere, de la oposición antimendizabalista desde octubre de 1836 a agosto de 1837. Así hemos visto cómo a las pocas horas de haber tomado posesión de su cargo, algunos diputados iniciaron ya sus ataques al Ministerio sin que por ello pueda hablarse de una oposición parlamentaria en sentido propio, puesto que se trataba más bien de desahogos temperamentales o de ajustes de cuentas personales.

La oposición se estrenó formalmente en el debate del 14 de noviembre (1836) a propósito del procedimiento de reforma de la constitución de 1812 (examinado ya en el epígrafe segundo del capítulo anterior) en el que se fijaron dos campos que no se darían luego cuartel: los doceañistas a ultranza, de un lado, y los reformistas (por convicción o como resultado de una alianza estratégica) por otro. El primer grupo fue el núcleo originario de la oposición al que se irían incorporando –paso a paso, debate a debate– otros diputados en un goteo incesante e incluso en un paquete, como sucedió con los caballeristas cuando se separaron de Mendizábal y pasaron a la minoría aunque sin llegar nunca a aliarse formalmente con los alvaristas.

Así fue engrosándose la oposición, cuyas fuerzas en el verano de 1837 ya se acercaban peligrosamente a las de la mayoría ministerial, aunque no llegara nunca a formar un bloque parlamentario puesto que su composición era demasiado heterogénea y Álvaro, más que un jefe, era un primus inter pares respetado por su energía inagotable y por su prestigio periodístico y atracción aglutinadora.

3. Esta situación cambió bruscamente en la segunda fase de la legislatura, porque con el cambio de Ministerio en el mes de agosto (1837) se reordenaron por completo las posiciones. Los mendizabalistas pasaron lógicamente a la oposición, pero se manifestaron dispuestos a tolerar el nuevo gobierno, aunque, como seguían siendo mayoría, la vigilaron tan estrechamente que de hecho no podía gobernar con iniciativas propias y sólo podía mantenerse lanzando lastre continuamente y cambiando de ministros cada semana. Y como los caballeristas adoptaron la misma actitud, Bardají estaba preso de la oposición mayoritaria, pues no contaba más que con los débiles apoyos de los alvaristas. Y sólo en estas condiciones tan precarias, en este equilibrio inestable, pudo aguantar hasta que se cerró la etapa del progresismo civil y reaparecieron los moderados con Ofalia.

CAPÍTULO 3

CUESTIONES CONSTITUCIONALES

1. LA CONSTITUCIÓN DE 1812 VERSUS LA CONSTITUCIÓN DE 1837

Previo: proyecto constitucional de Istúriz.– Doceañistas netos y reformistas.– De la mera reforma a una nueva constitución.– Influencias y presiones extranjeras.– Juramento.– Final: las circunstancias excepcionales y los poderes fácticos.

En un libro de Historia sólo tienen cabida cum granu salis las cuestiones de teoría constitucional, pues de otra suerte se desnaturalizaría su contenido. Los autores de Derecho constitucional y de Teoría política tienen la pluma suelta y, cita sobre cita, terminan levantando bibliotecas monumentales. De acuerdo con los objetivos generales de esta obra, en el presente capítulo vamos a hacer una referencia, pero deliberadamente sumaria, a la materia constitucional a los solos efectos de contextualizar el tratamiento histórico informativo de las cuestiones que preocupaban en aquel momento.

Los historiadores del pensamiento constitucional español saben de sobra que la mejor fuente de información es el Diario de Sesiones de las Cortes, puesto que los escritos teóricos publicados sobre esta materia son más bien escasos. Los diputados, por su parte, no tenían la pluma suelta, pero sí, y mucho, la lengua, empleando horas interminables en sus discursos. Ahora bien, si de ellos se deduce lo dedicado a la retórica y al patetismo, no queda aprovechable ni la mitad. Un material, sin embargo, del que en modo alguno puede prescindirse porque los oradores eran por lo general cultos, conocían bien la doctrina extranjera, sobre todo la francesa, y en la emigración y en los acontecimientos del Trienio habían aprendido mucho.

Previo: proyecto constitucional de Istúriz

Las Cortes nacidas en La Granja tenían, a la hora de redactar la nueva constitución que se les había encomendado, tres antecedentes inmediatos (e incluso cinco si queremos contar el borrador conspirativo de la sociedad secreta «La Isabelina» y, por supuesto, el texto de Bayona): el Estatuto Real, la Constitución de 1812 y el proyecto de Istúriz y Alcalá Galiano. Del primero renegaron expresamente puesto que las juntas provinciales y los sargentos se habían alzado contra él; y aunque tuvieron que aceptar el texto gaditano, lo hicieron en las particulares condiciones que se examinan en el presente epígrafe. El proyecto de Istúriz, por su parte, fue cuidadosamente silenciado, como si no hubiera existido, a pesar de que ya estaba publicado y se había pasado oficialmente a informe del Consejo de Gobierno. Siendo de notar, además, que un buen puñado de los constituyentes de 1836 habían sido también procuradores en unas Cortes llamadas en 1835 por el propio Mendizábal con el objetivo de redactar una nueva constitución, según se advertía de forma literal en el Real decreto de convocatoria:

Estas Cortes revisarán el Estatuto Real para asegurar de una manera estable el entero cumplimiento de las antiguas leyes fundamentales de la monarquía. (A lo que se añadía en la Exposición que le precedía) penetrándolas, por decirlo así, del espíritu del siglo y acomodándolas a las exigencias de la civilización actual,

Un propósito que luego Mendizábal se cuidó mucho de no abordar pues era consciente de los riesgos políticos que había de suponer la discusión parlamentaria de un tema tan delicado y que tanta polémica levantaba en el seno de las varias fracciones de la estirpe progresista. Riesgos que no intimidaron, por el contrario, a Istúriz, puesto que durante su breve mandato y en tanto se estaban preparando las elecciones generales, redactó, al parecer de la mano de Alcalá Galiano, un proyecto de nueva constitución.

Hoy es común afirmar que la constitución de 1837 fue el modelo y madre de todas las constituciones decimonónicas españolas y que aquélla fue una criatura original del Congreso de 1836-37 puesto que poco o nada debía a la constitución de 1812. Ahora bien, cuando se compara su texto con el del proyecto de Istúriz a los ojos salta la similitud de su contenido: es casi el mismo (salvo en la denominación de las Cámaras) aunque dicho con otras palabras, como sucede con los cuadernos de apuntes que toman dos estudiantes que asisten a una conferencia. Y sin embargo los progresistas fingieron ignorar este notorio parentesco pues trataban a sus antiguos compañeros de renegados manifiestos y de retrógrados sin paliativos que se habían pasado con armas y bagajes al bando moderado.

El distanciamiento era sin duda una decisión táctica. Los mendizabalistas y caballeristas decidieron marcar su propio campo declarándose herederos únicos de los exaltados históricos y a tal propósito marginaron a Istúriz y a sus socios denigrándoles con el estigma de la moderación. La similitud de sus empresas constitucionales es prueba contundente, no obstante, de que tal imputación era incorrecta, al menos en aquel momento. Como por otro lado es prueba también de la exactitud de la tesis de que la constitución de 1837 no fue obra original del progresismo de aquellas Cortes sino expresión de un patrimonio común del liberalismo.

A lo que se opusieron vehementemente Istúriz y Alcalá Galiano fue al restablecimiento de la constitución de 1812 que reclamaban los rebeldes de las provincias y en ello se ratificaron vísperas de su caída en la carta de Istúriz al embajador en París firmada el 5 de agosto (1836), en cuyo memorándum justificativo se decía que

los actuales secretarios de Despacho, decididos a no aconsejar el reconocimiento de la constitución del año 12 de modo alguno, dando la dimisión de sus destinos hubieran hecho lugar a otros.

Doceañistas netos y reformistas

Tal como ya se ha visto en el capítulo segundo, las sucesivas generaciones de liberales fueron cambiando con rapidez de ideología y, al modificar sustancialmente su actitud respecto a la constitución de 1812, provocaron una escisión política que caracterizaría todo el reinado de Isabel II, así como un profundo desconcierto entre los historiadores posteriores que, a la vista de una evolución tan rápida, no han acertado siempre a encajar con precisión los comportamientos constitucionales efectivos con el rótulo que usaban los bandos enfrentados.

En el Trienio, las Cortes de 1820 se convocaron con el propósito expreso de respetar la constitución gaditana con unas pequeñas modificaciones señaladas en la convocatoria, que se consideraron suficientes para adaptarla a las necesidades de los nuevos tiempos. Así surgieron los dos bandos de «doceañistas» y «veinteañistas» con unas denominaciones verbalmente engañosas. Porque quienes defendían el texto de 1812 eran paradójicamente los veinteañistas, pues entendían que la revolución estaba encarnada en aquél y, por tanto, había que mantenerlo a todo trance. Mientras que los doceañistas, siguiendo la paradoja y renegando de hecho de su nombre, se habían apartado ya de la constitución de Cádiz y aspiraban a reformarla en un sentido moderado para evitar que, acelerándose el proceso revolucionario, se despertase el país en la anarquía y en la república. Como ha expresado acertadamente Martínez de Velasco (12, 268), los doceañistas «así llamados por haber participado muchos de ellos en las Cortes de Cádiz, consideraban alcanzada ya la revolución y, por tanto, lo que procedía era conservarla (sin nuevos progresos); eran elitistas por ser pocos pero escogidos y desconfiaban de la viabilidad del texto gaditano, quizás por la madurez que siempre da el paso del tiempo y, sobre todo, del exilio».

Si el grito popular (y de los sargentos) había sido la restauración de la constitución de 1812, la Reina Gobernadora, al aceptar en La Granja sus exigencias, le dio un quiebro sutil de enorme trascendencia puesto que remitió a las futuras Cortes constituyentes la decisión de o bien restaurar la constitución gaditana de manera literal o con las modificaciones que los tiempos aconsejasen o, en fin, de redactar otra completamente nueva, que fue la opción que terminó imponiéndose.

Desde el primer momento se dibujaron en las nuevas Cortes, en efecto, las tres corrientes que apoyaban las posibilidades indicadas: a) la de los que se proclamaron fieles a ultranza al texto original, que hoy se llamarían «fundamentalistas»: doceañistas netos, deliberadamente alejados de los doceañistas tradicionales, puesto que éstos, pese a su nombre, ya no aceptaban el texto primitivo por considerarlo obsoleto, y por ende se habían convertido en b) «reformistas»; y, por último, la tendencia más numerosa, representada por quienes c) estaban dispuestos a abandonar por completo la vieja constitución para redactar otra enteramente nueva. En rigor las posturas a) y b) estaban lo suficientemente próximas como para poder ser consideradas como una sola con simples matices diferenciadores; pero por otra parte no faltaron algunos diputados, ciertamente excepcionales, que mantuvieron, según hemos de ver, un fundamentalismo originario a ultranza.

Los doceañistas netos («idólatras de la constitución de 1812» según les calificó Huelves el 3.4.1837) fueron los primeros en hacer pública su posición de forma colectiva, y lo hicieron –como ya se ha relatado en el capítulo anterior– oponiéndose a una propuesta formal de modificación general de la constitución gaditana. Una decisión que adoptaron en parte por convicción personal y en parte también por sentirse obligados por el mandato de sus electores, y expresado antes en los manifiestos de las Juntas revolucionarias provinciales de 1836. En cualquier caso y a diferencia de lo que había sucedido en el Trienio, ahora ocupaban el ala más extremada, más radical, del movimiento: tanto que ocasionalmente fueron utilizados como agentes revolucionarios por quienes pretendían desacreditar con sus provocadoras exageraciones la ideología progresista. Tal fue el caso, por ejemplo, de los apócrifos «decretos de Reus» de mayo de 1837 publicados clandestinamente en Perpiñán y recogidos por la prensa francesa (aquí se maneja la versión de la Gaceta de Madrid de 22.6.1837) donde pueden leerse declaraciones como las siguientes:

1.º Se restablece la constitución de 1812 decretada y promulgada en Cádiz. 2.º Se declara ilegítimo el Gobierno de la Reina y será juzgado como traidor a la patria. 3.º Los bienes nacionales pertenecientes a conventos, fábricas de iglesias, hermandades, propiedades comunales y otros semejantes serán distribuidos al pueblo por iguales porciones. 5.º Se revocan los poderes otorgados a diputados a Cortes.

Debiendo advertirse, por otra parte, que al sostener este grupo la restauración íntegra de la constitución de 1812 no estaban pidiendo su restauración literal, pues su realismo les obligaba a aceptar algunas modificaciones. Por decirlo con las palabras de Juan Montoya en la sesión del 23.12.1836, «puesto que el pueblo quiere la constitución del año 12, con lo cual creo que no hay duda, yo quiero que ya que se hicieren reformas, fueren las menos posibles»; y el 13.12.1836: «El voto de la nación está por la constitución de 1812, por más que se quiera decir. El pueblo siempre se ha acogido a ella a pesar de que no ha podido estar mucho tiempo en planta; pero ha conocido los buenos efectos que podría producir y el pueblo la ha proclamado siempre que ha podido expresar su voluntad. Podrá haber alguna cosa algo mejor; pero no lo que sea mejor puede admitirse sin echar por tierra lo que existe. Yo creo, o mejor diré temo, que admitiendo todas las reformas que se proponen, la constitución de 1812 quedará destruida, ni su sombra parecerá». Y en el mismo sentido y con igual energía, Fontán el 20.3.1837: «Yo no veo en este nuevo proyecto ni el espíritu ni el cuerpo de la constitución de 1812. No veo el espíritu porque veo que se toma de todas las constituciones lo que a juicio de la comisión conviene a nuestra situación. No veo el cuerpo en razón de que, constituidos los tres poderes de la máquina social llamada gobierno representativo, no hallo el desarrollo de las facultades de cada uno que sabiamente se desenvolvían y especificaban en aquélla (...) Se ha hablado de la voluntad de la nación. No se trata de la voluntad de los individuos ni tampoco de la voluntad de la mayoría, porque esta voluntad es inexpresable. En el caso presente, la voluntad de la nación es la del Congreso nacional, es la de los individuos que aquí la representan, y no la de todos sino la de los que bastan para la mayoría (parlamentaria): ésta es la voluntad de la nación».

Para una ilustración más amplia de esta postura valga la intervención de Caballero, el 17.3.1837: «¿Cuál es el voto público que nosotros hemos debido tener presente? Las alocuciones de las autoridades y Juntas de las provincias en los meses de julio y agosto, y las exposiciones que estas mismas autoridades y corporaciones populares dirigieron al Trono. En ellas hablaron en el sentido de la opinión de las respectivas provincias. De éstas, pues, hemos de sacar la verdadera opinión nacional. Casi todas las provincias del reino convinieron en una cosa que no debemos perder de vista: en que jurada la constitución de 1812, se sometiese a la revisión de las Cortes; pero ni una sola provincia hay que haya dicho que se haga una constitución nueva, ni una sola (y fue citando una por una). (...) La voluntad general y expresa de la nación española fue que la constitución que había jurado o restablecido se sometiese a la revisión de las Cortes; de ningún modo que se hiciese una nueva constitución. Así es que los consejeros de S.M. en 13 de agosto del año pasado, cuando se propusieron el célebre decreto de aquella fecha, interpretaron mal la voluntad nacional, añadiendo a la expresión convenida de reformar la Constitución o dar otra nueva; porque la nación en todos estos documentos, único medio de conocer su voluntad, no había dicho una palabra de formar otra nueva». Por citar una sola de estas exposiciones, valga por todas la de Málaga firmada el 18 de julio (1836) que fue la primera e inspiradora de todas las demás que siguieron. En ella se decía que Málaga

ha proclamado la constitución política de la monarquía española (de 1812) sin perjuicio de que la representación nacional pueda reformarla y modificarla, haciendo desaparecer de ella aquellos lunares que ha demostrado la experiencia y de que nunca están exentas las obras más perfectas del entendimiento humano.

En definitiva los doceañistas netos pretendían recuperar la constitución de 1812 conservando lo más posible el texto original aunque admitiendo las reformas imprescindibles. Es decir, que entre ellos y los reformistas no había una línea clara de delimitación puesto que en último extremo los primeros aceptaban ciertas reformas y los segundos partían también de la carta gaditana. Lo que no puede pasarse por alto es que quienes hablaban de reformas estaban pensando en cosas completamente diferentes. Los reformistas por antonomasia combatían la constitución de 1812 desde el moderantismo porque la consideraban demasiado revolucionaria, demasiado popular, y al final terminaron haciendo una completamente nueva. Pero también había quienes la criticaban desde la izquierda por considerar que no era suficientemente democrática por las prerrogativas que reconocía al Trono y a la religión católica. Ni que decir tiene, sin embargo, que esta tendencia, confundida dentro de los doceañistas netos, ni fue atendida ni siquiera escuchada.

Así las cosas, el mismo 17 de marzo (1837) se esperaba con expectación que Argüelles, el doceañista histórico más acreditado, manifestara su postura, que fue decepcionante dado que sus experiencias, desengaños y sobre todo sus compromisos actuales con la mayoría le obligaron a mantenerse en una cautelosa ambigüedad: «Podrán los individuos que formaron aquella ley fundamental haber variado algún tanto en el modo de ver las cosas, porque 26 años de experiencia, y a la vista de la práctica que hayan tenido estas mismas materias en algunos países que se reputan con razón como clásicos en estas instituciones, es claro que algún influjo han de tener las ideas, pero esto no basta. Mucho antes, aun cuando la tenacidad podía ser laudable, estaban convencidos de que la obra que hacían no era perfecta, pues ninguna concepción humana lo es, lo estaban de que antes o después había de llegar el tiempo en que se reformase. (...) Por eso en el texto se fijó que, pasado el espacio de ocho años, pudiese pensarse en la reforma».

En este equívoco término medio se encontraban, pues, los «reformistas», o sea, quienes considerando que el texto de 1812 precisaba reformas más o menos profundas, se prestaban a introducirlas, pero sin llegar a redactar una nueva constitución. Véase a título de ejemplo el testimonio de Dionisio Valdés en la misma sesión: «Mientras esta ley estuvo vigente, consideré como deber mío obedecerla y mi conducta pública es un testimonio de ello (...) Pero esta idolatría por la Constitución no me ha cegado de tal manera que no me hiciese ver que necesitaban hacerse en ella algunas alteraciones. Pero considero que tanto en la primera época en que estuvo vigente como en la segunda, cualquier alteración que se intentase en ella sería destruirnos, porque la opinión pública no estaba preparada para ello, y nuestros enemigos no dejarían de aprovechar la ocasión para desunirnos».

La cuestión era tan delicada que muy pocos diputados se atrevían a adoptar una actitud terminante y se escudaban en distingos y reservas. Véanse como ejemplo las palabras de Castro el 13.3.1837: «La constitución de 1812 adolece de defectos porque hecha en un momento de ansiedad, de peligro, tal vez no fuera posible adoptar un sistema político más adecuado a otras circunstancias de calma y tranquilidad. Pero –añadió a renglón seguido– el pueblo ha recibido de ella tantos beneficios que la ha mirado siempre como su bandera y se ha acogido a ella como punto de unión de los amantes de la Patria (y por ello) no puede ver con indiferencia que se altere este paladín de sus derechos».

Desde el primer momento se tuvo la impresión de que la constitución gaditana iba a ser anegada por la ola mayoritaria de los reformistas, que en boca de Gómez Acebo (15.12.1836) se expresaba así: «Dice el sr. Montoya que el pueblo español quiere la constitución de 1812 dando a entender que no había necesidad de reformarla (...) Pero yo creo que la verdadera opinión está pronunciada por la reforma; y si no ¿para qué estamos reunidos aquí? ¿Para reformarla o para hacerla nueva? Creemos que no es menester hacerla de nuevo, luego es para reformarla y de consiguiente ésta es la verdadera opinión nacional y esto es lo que los hombres de bien apetecen: una bandera que una a todos los hombres de bien, no a todos los hombres de partido».

La reforma parecía en todo caso inevitable para quienes estaban convencidos de la insuficiencia, tanto originaria como sobrevenida, del texto gaditano. En palabras de Antonio González (14.11.1836), «en las provincias, en todos los países, por todos los hombres honestos se han visto y conocido las imperfecciones de la constitución de 1812, hija de la época en que se formó. Yo respeto mucho a los distinguidos varones que compusieron las Cortes en que esa constitución fue formada; admiro su sabiduría y aún más su patriotismo; pero las circunstancias particulares y las lecciones de la experiencia exigen ya que se modifique».

Así las cosas, lo único que podían hacer los doceañistas netos era defender en las trincheras parlamentarias –siempre sin éxito– la conservación de algunos textos de 1812 y poner obstáculos procedimentales a la reforma para intentar evitar que ésta se realizase frívolamente. Con esta línea formal es de recordar una proposición de Gorosarri de 15.12.1836 –por descontado no admitida siquiera a discusión– en la que, confiando ingenuamente en la resistencia popular, solicitaba que las alteraciones de la constitución se sometiesen al examen y aprobación de las diputaciones provinciales.

De la mera reforma a una nueva constitución

De la restauración íntegra, ya que no literal, de la constitución de 1812 se pasó pronto e inevitablemente a una constitución reformada para terminar luego en un triple salto mortal en la redacción de una constitución enteramente nueva, más próxima a la de Istúriz y Alcalá Galiano que al original gaditano. Lo curioso del caso es que esta decisión apenas llegó a defenderse o teorizarse: simplemente se realizó sin más explicaciones por obra de la comisión constitucional, que en lugar de enumerar una lista de alteraciones, presentó unas bases de nueva planta; si bien hay que reconocer que el Congreso no había encomendado a la comisión que propusiere unas reformas sino que redactara unas bases sin criterio o instrucción previa alguna. La comisión parlamentaria encargada de presentar las bases «de la reforma (sic) que crea debe hacerse en la constitución de 1812» (que era como rezaba literalmente su denominación originaria) adoptó, en efecto, una postura aparentemente reformista cuando advirtió que

si las Cortes se propusieran en este momento formar una constitución absolutamente nueva, no traspasarían sus poderes, porque no tienen ninguna limitación; pero faltarían a las más fundadas esperanzas del pueblo español, que espera conservar su constitución con las modificaciones que la experiencia y los progresos de las ciencias legislativas aconsejan como convenientes y aun necesarias.

La actitud de la comisión coincidía exactamente, como no podía ser menos, con la del Ministerio, tal como se había expresado éste en las palabras que puso en boca de la Reina Gobernadora en el discurso de apertura de las Cortes:

Procederéis a la reforma de la constitución y con mano tan diestra como firme estableceréis las bases de la nueva organización social. Yo nada propongo ni aconsejo como reina, nada pido como madre. No es posible imaginar en la generosidad española que sufra menoscabo ninguno la prerrogativa del trono constitucional por la orfandad y niñez de la reina inocente que está llamada a ocuparle.

Una declaración, no obstante, meramente formal o de cortesía porque de hecho lo que se terminó haciendo fue una constitución nueva.

Conviene insistir en todo caso en que el rechazo a la constitución gaditana procedía de los campos más diversos aunque todos coincidiesen en denunciar su radicalismo y la imposibilidad de su observancia. Con ese texto –se objetaba– resultaba imposible gobernar el país puesto que no daba salida a los eventuales conflictos entre las Cortes y el Monarca. La solución, por tanto, había de consistir en un robustecimiento del Poder Real: una postura explicable en los moderados pero no hay que olvidar que quienes la defendieron e impusieron fueron los llamados progresistas mendizabalistas, que por eso cabalmente se les califica de templados y en este punto fueron indiscutiblemente de la mano con los moderados. De aquí la irritación de los radicales y aun de los progresistas avanzados, aunque todos terminaran aceptando bien a su pesar el nuevo texto. Desde las filas moderadas hay un curioso comentario de Pastor Díaz (25) al radicalismo retrógrado de la constitución de Cádiz: «Era un gobierno absoluto, cuyo monarca era un cuerpo despótico de ciento y tantos diputados y cuyo primer ministro era el rey. Los legisladores de 1812 no tenían idea del gobierno representativo y no hicieron más que continuar la única forma de gobierno a que estaban acostumbrados, si bien trasladando a otro sujeto su autoridad».

El nombramiento de la comisión, prescindiendo de la trasformación de su nombre, tuvo no pocos avatares. A propuesta de Luján se decidió que la nombrara el pleno y no la Mesa como en los supuestos ordinarios; y a propuesta de Álvaro se retrasó un breve espacio su establecimiento para dar lugar a que se fueran incorporando más diputados de provincias y ampliar la posibilidad de que se recogiesen diversas opiniones. El 5 de noviembre se nombró a Argüelles (que terminaría presidiéndola), Joaquín Ferrer, Antonio González, Sancho y Olózaga. Y el 14 –una fecha que todavía parecía demasiado temprana para algunos– se incorporaron Laborda, Torrens, Acuña y Acevedo, políticos ya de segunda fila.

Las bases se redactaron con singular rapidez, atribuyéndose su redacción literal a Olózaga, quien –en la versión hagiográfica de Fernández de los Ríos (Olózaga, 272)– se presentó a defenderlas el 30 de noviembre (1836) vestido con el uniforme de miliciano puesto que había estado prestando servicio aquella noche en la represión del motín de los cuarteles de San Mateo y del Hospicio (del que se habla en otro lugar de este libro). Según su relato «el día señalado para su lectura (de las bases) en el Congreso ocurrió la sublevación de otro regimiento de la Guardia Real de infantería que ocupaba el cuartel del Hospicio (...) Reunióse la Milicia nacional y Olózaga fue con su batallón a ocupar el convento de San Juan de Dios en el cual y en la celda del prior, por más señas, redactó el preámbulo de las bases. Acababa de formularlo cuando el batallón recibió orden de marchar sobre el cuartel sublevado y a las dos de la tarde derribada la puerta, rendidos ya los sublevados y paralizado el fuego, el secretario de la comisión se presentó en las Cortes y sacó del chacó el preámbulo y las bases. La ocasión, la actitud, el uniforme cubierto aún de polvo y lodo, ejerció un influjo favorable en el auditorio (y) lo recibieron todo no ya con gusto sino hasta con entusiasmo». La versión no podía ser más romántica y novelesca; pero tampoco hay que olvidar que Olózaga fue en vida un personaje de novela romántica.

Una vez aprobadas las bases (el 13.3.1837) dio el mismo Olózaga un auténtico golpe de mano en las deliberaciones al proponer, y conseguir, que se dieran aquéllas por intangibles, de tal manera que la discusión del articulado había de limitarse a verificar si en él se reflejaba fielmente lo ya aprobado en las bases.

Un principio que, por lo demás, fue repetidamente discutido como sucedió en la sesión de 15.3.1837, en la que Fuente Herrero replanteó la cuestión desde su raíz: «Hay una diferencia notabilísima entre examinar bases para una ley y dar una ley. La discusión de las bases no tiene más objeto que poder ilustrar a los que han de formar el proyecto de ley para que les sirva de pauta en su trabajo. Cuando se discute una ley se trata ya de imponer obligaciones (...) Cuando empezó la discusión de la base sobre la elección directa ya dijo el sr. Argüelles que no se entendiese ligado el Congreso porque aprobara la base». Sobre lo que insistió literalmente el 21 de abril siguiente: «Es menester –dijo– conocer todos los caracteres de una ley y no confundir a ésta con una base (pues) de la aprobación de las bases no se sigue obligación alguna, siendo sólo una pauta para que se arreglen y concierten los trabajos». A lo que contestó apasionadamente Sancho: «S.S. está equivocado en decir que una base no es una ley. ¡Sería bueno que después de haber dado a la comisión cinco o seis bases para que sobre ellas fundara su proyecto, se le dijera al presentar sus trabajos: no, esas bases no las queremos! Yo creo que las Cortes no darán un testimonio de debilidad desdiciéndose de lo que una vez aprobaron». Y sobre ello siguió insistiendo Antonio González en la misma sesión: «Si fuera posible desconocerlas (las bases ya aprobadas) sería burlar a la comisión, porque nosotros hemos querido establecer bases para que sobre ellas se fundase ese proyecto de ley. No puede ni aun concebirse la idea de que esas bases se sometan de nuevo a votación».

La enorme discordancia entre el texto de 1812 y las bases de 1836 (y consiguientemente el articulado de 1837) fue denunciada repetidas veces a lo largo de los debates, siendo a este propósito la de Caballero (20.3.1837) la intervención más contundente: «Dos clases de diferencias esenciales noto en el proyecto que se nos presenta. La una se dirige a haber ensanchado extraordinariamente la autoridad real o el Poder ejecutivo, disminuyendo en la misma proporción el Poder popular o el de las Cortes; y la otra, debilitando sobremanera las precauciones que la constitución del año de 1812 había tomado para mantener la independencia y la popularidad de los diputados representantes de la nación. Notaré 29 de estas diferencias. La constitución de 1812 tiene la sanción forzosa; aquí ya está declarado el veto absoluto. Por la constitución de 1812 las Cortes eran periódicas y se reunían en un tiempo prefijado; ahora lo hacen cuando las convoque el rey, a quien sólo se le prescribe que lo haga anualmente. La duración de la legislatura en el año 12 era de tres meses; ahora la duración depende del rey, que tiene la facultad de cerrarlas, prorrogarlas y disolverlas. Las Cortes constitucionales del día tienen en sí mismas la facultad de prorrogarse por un mes; de aquí en adelante no la tendrán. Por la constitución actual quedaba de legislatura a legislatura la diputación permanente de Cortes, que vigilaba sobre la observancia de aquélla; según el proyecto no queda más que el poder ejecutivo. La diputación permanente de Cortes tenía la facultad de convocar las cortes extraordinarias cuando la necesidad del país o el peligro de la libertad así lo reclamaba; semejante cuidado, que antes era del pueblo, se refunde también en la Corona. El derecho de petición lo reconoce la constitución vigente de una manera lata y general; por el nuevo proyecto se sujeta a las limitaciones que las leyes civiles establecen. De una sola asamblea popularmente elegida se hacen dos, la una de elección real y vitalicia e indisoluble. Un diputado por cada 70.000 almas previene la constitución que se elija; y ahora saldrá un representante de la nación por cada 31.250 almas (para los dos cuerpos). Por la actual, la elección es indirecta y para todo el que esté en ejercicio de sus derechos de ciudadano; según el plan de la comisión no será así de aquí en adelante, porque la elección directa necesariamente se ha de reducir a un número muy corto de españoles. Por la constitución vigente pueden ser elegidos diputados a Cortes los eclesiásticos; ahora se les excluye. Estaban excluidos de ser diputados por la constitución los ministros, los empleados de palacio y otros funcionarios en la provincia donde ejercen el mando; ahora quedan habilitados todos los cortesanos y poderosos. Los diputados no podían obtener empleo, comisión ni sueldo del Gobierno durante su diputación; ahora no les sirve de obstáculo y lo único que tienen que hacer es someterse a reelección. La duración del cargo de diputado por la constitución es de dos años; ahora se ponen tres. Por la constitución del año 21 se necesitan para la aprobación de ciertos proyectos y medidas de las Cortes las dos terceras partes de votos; ahora basta la mayoría absoluta y uno más. Tenemos ahora un Tribunal de Cortes que conoce exclusivamente de las causas contra los señores diputados; si se aprueba el dictamen de la comisión, bastará la licencia de cualquiera de los cuerpos para encausar a un representante por un tribunal ordinario. Por la constitución del año 12, las Cortes pueden limitar las facultades de la regencia; por la nueva, la regencia, cuando la haya, ejerce la misma autoridad que el rey. Según la constitución que nos rige, las Cortes pueden aumentar o disminuir las plazas de los tribunales; esta facultad se deja al arbitrio del Poder ejecutivo. El Rey hasta ahora se consideraba que salía de la menor edad a los 18 años; ahora saldrá a los 14. En las vacantes del trono, la diputación permanente ejercía el poder ejecutivo; pero se quiere que lo ejerza el Consejo de ministros. Por la constitución actual, no puede ser regente del Reino ningún extranjero; ahora no será obstáculo esta cualidad. Según la constitución del año 12 todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos tienen parte en las elecciones de los ayuntamientos; pero en el proyecto que se nos presenta, sólo la tienen los vecinos a quienes se lo conceda la ley civil futura. Las Cortes ahora toman y examinan las cuentas de todos los señores secretarios de Despacho y del Tesoro; en el proyecto no se nos dice una palabra de esto, sino meramente que las Cortes aprobarán los presupuestos, que es igual a cero si no ha de haber cuentas. Por la constitución actual, las provincias de Ultramar son una parte integrante de la monarquía y están en igualdad con la península, ahora se propone para aquéllas leyes excepcionales, sin representación. Los extranjeros, entre otras incapacidades que tienen por la actual constitución, y una de las marcadas expresamente, es la de ser ministro: no puede serlo un extranjero; en el proyecto no veo que esté hecha esta excepción. La constitución actual distingue entre español y ciudadano; ahora nada se dice de ciudadanía. La constitución actual, en medio de que reconoce en el monarca la libertad de nombrar y separar a los secretarios del Despacho, mantiene una especie de vigilancia e intervención de las Cortes, pues sin atacar la prerrogativa de la Corona da a éstas la facultad de declarar que ha lugar a la formación de causa, lo que produce la suspensión del Ministerio; de esto nada vemos que se habla en el presente proyecto. En la constitución del año 12 está prevenido el modo, más o menos acertado, con que deba procederse para hacer variaciones en ella; en la nueva nada se dice».

Una intervención tan demoledora (y por ello inevitablemente ha habido que trascribirla íntegra) tenía muy difícil respuesta, si bien Olózaga (en la tardía sesión del 21.3.1837) intentó salvar la cara de la comisión argumentando que, por encima de las diferencias literales, lo importante era que se había conservado lo esencial de la constitución de 1812: «Se conserva de la constitución del año 12 todo lo esencial: el mecanismo y la distribución de poderes, la esencia del gobierno representativo, la Representación nacional, las facultades de la Corona, la inviolabilidad del rey, la responsabilidad de sus ministros, la independencia del poder judicial. En una palabra, todo lo que constituye un gobierno representativo sin más modificaciones que las que las Cortes tenían aprobadas cuando se discutieron las bases del proyecto».

En este mismo sentido se había pronunciado Sancho el 13.12.1836: «Hay en este proyecto una cosa igual a la Constitución de Cádiz, una cosa idéntica, muy esencial, y es que nace de la voluntad nacional, de su soberanía». Mientras que Pizarro (el 14.3.1837) vio la conexión de ambas constituciones en la continuidad de otros datos: «Las Cortes, en la discusión importante e ilustrada que precedió a la aprobación de las bases de la misma, creyeron que lo principal que debía establecerse era la conservación del sistema político consagrado en la de 1812. Fijado este principio, se establecieron las modificaciones esenciales que en ella debían hacerse».

En definitiva, se presentaron cuatro bases en las que se consignaba el principio de la exclusión de todo lo reglamentario y lo que correspondiese a los códigos y leyes orgánicas; estableciendo dos cuerpos colegisladores; determinando las facultades del rey en relación con las Cortes; y, en fin, imponiendo un régimen electoral directo. ¿Debían considerarse estas bases como una expresión del reformismo o suponían más bien una constitución completamente nueva?

En el Discurso de presentación de tales bases (30.11.1836) se recogió una declaración deliberadamente ambigua pero que podía entenderse también como una cauta expresión del creacionismo:

Una constitución debe limitarse a establecer quién y cómo ha de hacer las leyes, quién y cómo se ha de encargar de su ejecución, y quién las ha de aplicar a los casos particulares, esto es, debe contener únicamente la división y forma de los poderes del Estado y la consignación de los derechos políticos y de los que, sirviendo de garantía a los civiles, deben ser respetados por aquéllos.

Pero Soler, dos días después, no había perdido todavía sus ilusiones doceañistas e insistió en la conveniencia de mantener en lo posible el texto de 1812: «Aquí se ha proclamado la constitución del año 12 con entusiasmo. La nación, aunque convencida de la necesidad de las reformas, ha manifestado terminantemente una gran predilección y afecto por ella. Por consiguiente, no debemos permitir que se deje de consignar en esta constitución todas las disposiciones sustanciales y los principios que están en aquélla y no se opongan a las bases aprobadas».

Una vez aprobadas éstas, la comisión redactó el Proyecto de constitución, que pasó a las Cortes en el mes de marzo de 1837, dando lugar a un soberbio torneo en el que todos los intervinientes –sobre todo en la discusión a la totalidad– quisieron lucirse en alardes de erudición comparada e histórica. El día 14 pronunció su discurso Joaquín López, que resultó, como se esperaba de él, una de las mejores piezas oratorias de la Legislatura y aun de su larga vida parlamentaria, con la advertencia de que, dejando a un lado sus inevitables apologías, desde el punto de vista doctrinal vale más este discurso que todas las prolijas conferencias de Derecho Político que pronunció posteriormente.

En el análisis del proyecto aparecían dos cuestiones previas capitales: la de si su contenido respondía a lo que por naturaleza debe ser regulado en una constitución; y la de si así se cumplía el encargo que la nación había dado a sus representantes.

Por lo que se refiere al primer punto, la respuesta fue afirmativa sin reticencias ya que todos estaban de acuerdo en cuál había de ser el contenido de una constitución liberal. Valga como ejemplo el testimonio de Castro en la sesión de 2.4.1837:

El objeto de la constitución no es otro que asegurar la libertad civil, la libertad individual y la libertad política. La libertad civil que consiste en el respeto a las personas de los ciudadanos; la libertad individual que estriba en la facultad que tienen los ciudadanos de hacer todo aquello que no les ha prohibido la ley; la política que consiste en darles parte en la formación de las leyes.

Y en el mismo sentido, dos días después, el de Landero, ministro de Gracia y Justicia:

La constitución, siendo la ley fundamental del Estado, su principal objeto debe ser contener de una manera distinta y clara los poderes que la forman, combinados de tal manera que no se rocen entre sí ni se interrumpa su equilibrio, del cual debe resultar el buen gobierno y la felicidad de los gobernados. En la constitución deben consignarse los primeros y más sagrados derechos de los ciudadanos, de una manera que los ponga a cubierto de toda clase de atentados.

Ahora bien, en trance de plasmar lingüísticamente estas intenciones políticas se dibujaron en las Cortes dos tendencias opuestas. Unos, como García Blanco, entendían que su esquema debía ser rigurosamente sistemático y su estilo claro, popular, para que fuese entendido por todos los ciudadanos. Prevaleció, no obstante, la opinión contraria defendida así por Olózaga en la sesión de 7 de abril: «García Blanco ha supuesto que la constitución pudiera ser como un catecismo político para enseñar a los ignorantes en derecho público lo que les conviene saber para el ejercicio de sus derechos. Ciertamente que las Cortes no consideran de esta manera al código fundamental. No son las constituciones obras para que aprendan los que no saben. Porque entonces seríamos académicos (...) Ni nosotros vamos a enseñar a nadie ni la constitución ha de ser un libro de enseñanza. ¿Ponemos escuela de Derecho público?».

Sobre el segundo punto, en cambio, no hubo coincidencia tal como hemos visto más atrás en una polémica que puede cerrarse ahora con las palabras de Fontán de 20.3.1837: «La constitución es enteramente nueva. No se nos diga, pues, que es la constitución del año 12 revisada, porque hayamos tomado de ella algunos artículos o bases (...) En este nuevo proyecto no veo ni el espíritu ni el cuerpo de la constitución del año 12. No veo el espíritu porque veo que se toma de todas constituciones lo que a juicio de la comisión conviene a nuestra situación. No veo el cuerpo en razón de que constituidos los tres poderes de esa máquina social llamada gobierno representativo, no hallo, antes echo de menos, el desarrollo de las facultades de cada uno».

Constatado este salto desde la constitución de 1812 al proyecto de la de 1837, ¿cómo explicar este cambio de criterio que de seguro no podía entender el pueblo que había salido a la calle dando vivas a la constitución gaditana? Explicaciones no han faltado y de todos los tipos. Desde una perspectiva ideológica los continuadores de la Historia de Lafuente (VI, 227) hicieron observar que «la sencilla comparación de los dos sistemas pone de manifiesto los adelantos hechos por la razón pública y por las ideas imperantes entre las clases educadas. La Constitución de 1837 fue la expresión de las conquistas del liberalismo templado profesado por las generaciones que siguieron a la caída de Napoleón I y que entró a sustituir al viejo liberalismo, mezcla de enciclopedismo, de jansenismo y de espíritu democrático monacal de que se hallaban impregnadas nuestras costumbres». Años más tarde el juicio de Morayta (óp. cit. p. 296), sin remontarse a inspiraciones ideológicas, ateniéndose a sus rasgos formales, fue mucho más concreto: «Todo este proyecto parecía inspirado en el propósito de no definir nada resueltamente. Cual si aquella comisión tuviera seguridad de equivocarse, de tal suerte lo fiaba todo a quien viniese detrás que sin indicar siquiera los principios en que habían de informarse las leyes complementarias, éstas determinarían los límites de la libertad de imprenta, la manera de ejercer el derecho de petición, los casos en que la seguridad individual no estaría garantida por la constitución, las circunstancias necesarias para ser senador, los requisitos para ejercer el cargo de diputado, la organización de las diputaciones y ayuntamientos, y hasta otros extremos bastantes a poder decir que aquel proyecto parecía el de una constitución de acuerdo con las leyes». En suma, y empleando una terminología moderna, se trataba de una «constitución de remisiones», es decir, de una ley hueca que se iría rellenando con el tiempo a gusto de los que vinieren después o, lo que es lo mismo, una «constitución abierta» en la que había sitio para las interpretaciones y desarrollos más contrapuestos.

Borrego, un analista perfectamente informado y que había vivido su contexto histórico, insistió desde el primer momento en que había sido el resultado de un pacto expreso, aunque secreto, entre progresistas y moderados. A pesar de que éstos no habían alcanzado inicialmente ni un solo asiento en el Congreso, el sentido político de unos y otros les había llevado al convencimiento de que el futuro del liberalismo exigía un acuerdo de las dos fracciones sobre lo esencial y el resultado fue obra de la mayoría de las Cortes que consiguió imponer un credo liberal sincrético frente a los doceañistas fanáticos. Una explicación que ha sido aceptada durante muchos años no obstante lo inverosímil de un pacto entre bandos que estaban peleando sin cuartel y del que, sobre todo, no hay otro testimonio de él que la palabra de Borrego.

La existencia del pacto expreso era difícil de admitir; pero la idea de un «consenso implícito», en cambio, estaba muy extendida como informaba otro contemporáneo, Fernández de los Ríos (Olózaga, 272): «La comisión sabía de sobra dónde había de buscar la verdadera causa del mal éxito que habían tenido por remate los dos períodos en que estuvo vigente la constitución de 1812; pero animados aquellos hombres de un pensamiento patriótico y de un espíritu conciliador, tan laudable como mal apreciado, se propusieron hacer una constitución que no fuese de partido, aceptable por progresistas y moderados, propia para que si el partido liberal había de continuar dividido, la división estuviese siempre por bajo de la ley fundamental».

En la actualidad predomina una explicación sociológica más plausible –la del cambio generacional– que recuerda Sánchez Agesta. Para este autor (225 ss.) la constitución no fue el resultado de un «pacto» entre moderados y progresistas sino de un cambio generacional de mentalidad. Porque frente a la mentalidad expresada en la constitución de 1812, el Trienio fue una ducha de realismo (de posibilidades operativas) que enfrió los ánimos y no sólo los de quienes se convirtieron en moderados, sino de la clase política en general. Hasta tal punto que en 1837 todos pensaban de otro modo. Al espíritu jacobino de 1812 había sucedido el benthamismo, puesto que en el autor inglés habían aprendido a sonreír ante los preceptos abstractos que formaban el esqueleto del constitucionalismo de Cádiz: principios abstractos que quisieron sustituir por preceptos prácticos de un contenido jurídico positivo y que se reflejó en el debilitamiento del dogma de la soberanía nacional y en una formulación concreta de la declaración de derechos. En último extremo esta constitución rompió expresamente con la tradición española (que de hecho era una mera ficción) para apoyarse en el constitucionalismo comparado que muchos diputados habían estudiado con detenimiento». Por decirlo con las propias palabras de Borrego (De la organización..., 65-66), «los progresistas habían experimentado el influjo de las ideas predominantes en Europa y estaban dispuestos a rendir a la opinión pública el homenaje de abandonar o modificar algún tanto sus principios. La división del Poder legislativo en dos cámaras, el veto absoluto a favor de la Corona, el derecho de disolución, considerados como herejías políticas por los liberales de 1820, eran ya dogmas admitidos por los progresistas (en 1836) y que éstos consintieron en consignar en la constitución que había de reemplazar a la de 1812.»

A la retórica oficial, naturalmente, no le preocupaban estas cuestiones de contenido material y por ello se limitaba a hacer invocaciones de una imprecisa voluntad nacional, que bastaría para legitimar cualquier cosa que luego se hiciese. En el primer decreto firmado por la Reina Gobernadora bajo la presión de los sargentos de La Granja se decía efectivamente así:

Ordeno y mando que se publique la constitución política de 1812, en el ínterin que, reunida la nación en Cortes, manifieste expresamente su voluntad o de otra constitución conforme a las necesidades de la misma.

Y, en fin, en el Discurso pronunciado por S.M. la Reina Gobernadora en la puerta de las Cortes generales el día 24.10.1836 se apoyaba expresamente la reforma en la «voluntad nacional»:

No bien me convencí de que era verdadera voluntad nacional restablecer la constitución de la monarquía proclamada en Cádiz cuando me apresuré a jurarla y a mandar que fuese jurada y observada en todo el resto del reino como ley fundamental. Y siendo también voluntad nacional que esta ley sea revisada y corregida para que responda mejor a los fines a que se ordenó, convoqué inmediatamente las Cortes que habían de deliberar sobre tan saludable reforma.

Lo más significativo, con todo, es un escrito de Calatrava al embajador de París de fecha 28.8.1836 en el que se da la versión oficial sobre el valor de la constitución de 1812:

Nadie en España ahora ha aclamado ni aclama la constitución de 1812 para que vuelva a regir en todas sus disposiciones cono ley permanente; nadie desconoce la necesidad que hay de reformarla y acomodarla al estado actual de la Nación y de Europa; y nadie que no dé por sentado que esta reforma deben hacerla legítima y prontamente las Cortes generales del Reino que van a reunirse el 21 del próximo mes de octubre. Lo que en realidad proclaman los españolas al proclamar la constitución de 1812 es solamente el gran principio que la Francia proclamó también de una manera explícita al reformar su Carta de 1830, a saber, la soberanía que esencialmente reside en toda nación para darse las leyes fundamentales que más le convengan. A este principio se agrega entre nosotros a favor de aquella constitución otros no menos imprescindibles y sagrados: el de la independencia nacional, el de anular lo que contra ella hizo la fuerza extranjera auxiliada de la traición doméstica, derribando en 1823 la ley fundamental que la nación había legítimamente establecido y que su rey después había aceptado (...) La constitución de 1812 no es actualmente más que un símbolo de libertad, de independencia y de gloria nacional; un punto de reunión hasta que las próximas Cortes acuerden lo que más convenga a nuestras necesidades».

¿Qué había en realidad detrás de aquellas mesuradas e inteligentes palabras? No, desde luego, «un punto de reunión» de los liberales puesto que de entrada quedaban excluidos los estatutistas y luego, cuando en un juego de manos la constitución de 1812 se convirtió en la de 1837, los fundamentalistas se sintieron y con razón engañados dando origen a una nueva escisión. En último extremo quienes siguieron defendiendo aquel «símbolo de la libertad» quedaron excluidos. El verdadero consenso no estuvo, por tanto, en la constitución de 1812 sino en la de 1837, que fue la que marcó el campo del «liberalismo decente». Esto era cierto, pero inmediatamente pudo comprobarse que no se había creado un campo de convivencia sino de batalla: un cuadrilátero pugilístico en el que los liberales no dejaron ni un solo día sin pelearse. Recuérdese que incluso antes de empezar a redactarla ya tuvo lugar un agrio debate a propósito del procedimiento que había de seguirse en su elaboración.

El texto de la constitución era loable pero su contexto era tan ominoso que de allí no podía salir nada bueno. Por lo pronto había nacido con un pecado original que nunca llegó a borrarse del todo: la mancillación de la Regente en La Granja y la marginación de los moderados en las elecciones de septiembre de 1836. La historia de la constitución de 1837 no puede ser más penosa. A las pocas semanas de haber sido proclamada cayeron de mala manera el Gobierno que la había traído y el partido que la había patrocinado; y a los tres años quien cayó fue la Reina Gobernadora. Lo que regía de veras en España no era la constitución de 1837 sino las marchas militares y en 1845 un nuevo texto puso fin a la tragicomedia de aquel «punto de reunión y símbolo de libertad».

Influencias y presiones extranjeras

Parece indudable que las Cortes se inspiraron de manera deliberada en algunas recientes constituciones extranjeras, fundamentalmente en la belga y brasileña, pero sin disimulo alguno por entender que se trataba de una inspiración perfectamente lícita, y así lo era en efecto. El riesgo, sin embargo, era una cierta difuminación del nacionalismo español como llegó a denunciar un tanto exageradamente Pascual en la sesión de 15.3.1837: «Lo más interesante de la constitución de 1812 es el espíritu de nacionalidad con que está redactada. Por lo mismo en el proyecto de constitución que se presenta a la deliberación del Congreso se carece de este espíritu de nacionalidad. El proyecto de constitución que se ha presentado a la deliberación de las Cortes no es nacional, es extranjero, no es el resultado del análisis de nuestros códigos, es la obra de la meditación sobre las constituciones que rigen en Europa y particularmente de la carta francesa de 1830».

Distinta era la cuestión de si se estaban ejerciendo, o no, presiones de algunas potencias extranjeras para enderezar los trabajos en el sentido que a ellas les convenía. Argumosa había dado ya la voz de alarma el 16.11.1836 al advertir que «a nadie se oculta que no somos nosotros solos los que estamos interesados en la reforma ya que lo están también los gobiernos extranjeros que no quedarán tranquilos hasta que sepan cómo nos constituimos. Pero ¿hasta cuándo hemos de vivir bajo su tutela? Lo hecho hasta aquí debe tranquilizarles». A este propósito los rumores estaban muy extendidos y de ellos se hacía eco habitual la prensa. Tan es así que el propio secretario de Estado en la sesión del 15 de diciembre de 1836 se creyó obligado a hacer una declaración al respecto afirmando que «ningún Gobierno extranjero ha tratado directa ni indirectamente con el Gobierno español para inferir en estas bases constitucionales. Lo declaro solemnemente a la faz del Universo; y si hubiera alguno tratado de ello, el Gobierno español no se separaría jamás de aquel principio que tuve la honra de manifestar en mi Memoria, a saber: que la Nación española es el único y más competente juez acerca de acordarse sus instituciones».

Tan tajante respuesta no bastó, sin embargo, para tranquilizar los ánimos y Domenech en la sesión del día 19 del mismo mes insistió sobre lo mismo advirtiendo, además, que los diputados españoles «tampoco debemos esperar que haciendo el sacrificio de nuestra propia convicción hallaríamos más o menos simpatía en el Gabinete de las Tullerías». A cuyo propósito recibió la siguiente respuesta ahora del ministro de Gracia y Justicia: «Repito en la manera más solemne, explícita y terminante que puede hacerlo un hombre honrado, que ningún Gobierno del mundo ha osado hacer la menor indicación o propuesta al de S.M. para que la Nación española se constituya de una manera mejor que otra, mucho menos exigir que se adopte cualquier medida que tuviese por objeto intervenir en la reforma de la constitución (...) El Gobierno insiste mucho en esto y debe al mismo tiempo protestar en honor de la verdad y en obsequio de nuestros aliados, que respetan nuestros derechos y nuestra independencia».

Desmentido que remachó Argüelles al día siguiente (el 20.12): «Fuera de este recinto se ha llevado la impostura y la mala fe hasta tal punto que se ha querido hacer creer que la comisión ha sido un instrumento de intrigas extranjeras. Se ha dicho que se le han recomendado las bases de la constitución que pueden conducir a cierto Gabinete de Europa a que obre en sentido favorable a la cooperación».

Días después, el 27 y el 28 de abril de 1837 presentaron en la secretaría de Estado, respectivamente, el embajador de Francia y el ministro de Inglaterra (apud Pro, pp. 459-461) pidiendo explicaciones sobre el alcance que iba a tener el art. 1 de la nueva constitución, pues en el proyecto que se estaba debatiendo podía entenderse literalmente que los nacidos en España, aun de padres franceses o ingleses, adquirían automáticamente la nacionalidad española: algo que los autores de las notas no estaban dispuestos a admitir puesto que el regalo de la nacionalidad española no se consideraba a la sazón un enriquecimiento generoso sino un atributo oneroso cuando no degradante. Como precisaba la nota francesa,

si los términos en que está concebido quiere decir solamente que los individuos nacidos en España podrán aprovecharse de esta declaración para reclamar, si lo juzgan oportuno, la calidad de ser españoles, nada tengo que objetar; pero si ha de entenderse en el sentido de obligar al individuo a ser considerado forzosamente como español, aunque sea contra su voluntad, por el solo hecho de haber nacido en España, no es posible conformarme y me vería en el caso de formular desde ese momento una protesta formal contra una decisión que violaría a un mismo tiempo los derechos individuales y los de la nación a la que pertenezco.

Si las eventuales influencias y presiones extranjeras merecieron un desmentido oficial en razón de la vehemente sospecha de su realidad, nada se dijo respecto de otras posibles influencias de grupos o de teóricos españoles, frente a las que la Comisión se cerró herméticamente, despreciando incluso las desinteresadas ayudas que ciudadanos singulares y corporaciones le ofrecieron, como fue el caso, por ejemplo, de D. Francisco Sirvent, vecino de Calella, quien según testimonio del Diario de Sesiones de 31.1.1837, había enviado a las Cortes un «Proyecto de ley fundamental, o sea, la constitución de 1812 reformada para constituir convenientemente la nación española».

Juramento

A mediados del siglo XIX todavía se daba mucha importancia a la ceremonia de los juramentos, que en este caso había de tener una solemnidad excepcional según establecía el art. 1 del Real decreto de Gobernación de 15 de junio de 1837:

Al recibirse la Constitución en los pueblos del reino, el jefe político, o donde no le haya el alcalde primero constitucional, de acuerdo con el ayuntamiento, señalará el día para hacer la promulgación solemne de la Constitución en el paraje o parajes públicos y acostumbrados, con toda la ostentación que permitan las circunstancias locales, asistiendo todas las autoridades y empleados, leyéndose en alta voz toda la Constitución y enseguida el Real mandamiento para su observancia. En este día habrá repique general de campanas, iluminación, salvas de artillería donde corresponda y demás festejos públicos que los ayuntamientos dispongan.

Precisándose en el artículo tercero que

En el primer día festivo inmediato se reunirán los vecinos en la parroquia, asistiendo el ayuntamiento, las autoridades y empleados públicos (...) Se celebrará una misa solemne de acción de gracias, se leerá la Constitución antes del ofertorio; se hará por el cura párroco o por el que éste designe una breve exhortación; después de concluida la misa se prestará juramento por todos los vecinos y el clero a una voz y sin preferencia alguna, de guardar la Constitución (...) De este acto solemne se remitirá testimonio al ministerio de la Gobernación de la Península.

Cuando hoy es común afirmar que el pueblo español había perdido ya su fe religiosa en aquellos años y que los gobiernos liberales, al menos los progresistas, eran decididamente laicos, aquí tenemos un testimonio irrecusable de la importancia que se daba a las prácticas religiosas a las que se reconocía una eficacia mucho mayor que a cualquier ceremonia civil.

Con igual detalle se establecieron las ceremonias propias del juramento en el extranjero, cuyo cumplimiento era aún más importante por la existencia de emigrados de fidelidad constitucional harto dudosa, y como muchos no prestaran el juramento, cabalmente por sus opiniones políticas, se presentó el día 5 del mes siguiente (agosto 1837) una proposición de este tenor, que fue aprobada:

Pedimos a las Cortes se sirvan declarar que los españoles residentes en países extranjeros, que no acrediten en debida forma haber prestado el juramente a la Constitución, quedan privados de los derechos de ciudadanía e inhabilitados para obtener cargos, empleos, gozar de sueldos, pensiones, honores y condecoraciones hasta tanto que lo verifiquen.

Ni que decir tiene, sin embargo, que en aquellos momentos el acto de mayor trascendencia política había de ser el juramento personal de la propia Reina Regente con el que se sellaría definitivamente la alianza entre el Trono y el régimen liberal constitucional.

La Real orden de 18.5.1837 (de Gobernación), al dar cuenta de la ceremonia real, es un ejemplo difícilmente mejorable de la literatura cortesana de la época:

Después de prestar su juramento S.M. la Reina Gobernadora, tierna y madre amorosa de los pueblos, la restauradora de la liberad española, llena de emoción y de gozo se dignó pronunciar un discurso (...) S.M. ha debido conocer, hoy más que nunca, el clamor y agradecimiento que sus vínculos inspiran. El entusiasmo vehemente de que se hallaban poseídos el pueblo, la Milicia Nacional y las tropas, los vivas y aclamaciones continuas que le servían de expresión. El decoro y el orden que en todas partes han reinado, son pruebas irrefragables del asenso y de las simpatías que encuentra entre los españoles la nueva ley fundamental que asegura para siempre la futura felicidad de la nación.

Desde el punto de vista formal el juramento de la Reina Gobernadora tuvo una especial significación constitucional puesta de relieve por Pro (111) en los siguientes términos: «Llama la atención el detalle simbólico de que, habiendo sido decretada y sancionada la constitución el 8 de junio, momento en que ya no le faltaba nada al texto para estar vigente, en la edición oficial conste la fecha de 18 de junio, como si el acto de juramento de la Reina Gobernadora pudiera considerarse equivalente a una sanción real y como si el texto no entrara en vigor hasta que la regente no otorgó su decreto de promulgación, lo que efectivamente tuvo lugar el 18 de junio».

Y es que la peculiaridad del texto normativo consistía en que no precisaba de la sanción real, puesto que se trataba de obra exclusiva de las Cortes y a la Reina Gobernadora sólo le correspondía tomar conocimiento de ella y aceptarla con la fórmula que tuvo lugar, como acaba de decirse, el 18 de junio (1837): «Conforme a lo dispuesto en esta constitución me adhiero a ella y la acepto en nombre de mi augusta Hija la Reina Doña Isabel II». El juramento de menor significado constitucional pero más pomposo y solemne fue del siguiente tenor:

Juro por Dios y por los Santos Evangelios que guardaré y haré guardar la constitución de la monarquía española que las actuales Cortes constituyentes acaban de decretar y sancionar y yo he aceptado en nombre de mi Hija la Reina Doña Isabel II: que guardaré y haré guardar las leyes; no mirando en cuanto hiciere sino el bien y provecho de la Nación y que seré fiel a mi augusta Hija la Reina Doña Isabel II. Si en lo que he jurado o parte de ello lo contrario hiciese, no debo ser obedecida, antes aquello en que contraviniese es nulo y de ningún valor.

Esta coletilla final sustituía la fórmula tradicional («que Dios me lo demande» por una cláusula de enorme alcance jurídico (la nulidad de sus actos) y también político (la exoneración del deber de obediencia).

Mención especial merece también el juramento de Espartero (como diputado), que tuvo lugar en la sesión del 9 de septiembre de 1837 en la que se leyó un escrito suyo firmado la víspera manifestando tal intención y a continuación intervino su colega de la provincia de Logroño, Santa Cruz, para decir que «esta mañana me ha manifestado que acababa de recibir orden del Gobierno para salir inmediatamente a los cantones en donde se halla la división, por lo que no le era posible hacer lo que había pensado; pero que si vuelve esta tarde antes de que se concluya la sesión vendrá a tomar asiento y que, si no, aprovechará el primer cuarto de hora que tenga libre para tener la satisfacción de prestar juramento». En el acto no hubo otra incidencia que una precisión que hizo Calderón de la Barca para advertir que debía ser tratado de Señoría, como correspondía a su condición de diputado, y no de Excelencia, como se había hecho.

Volviendo a las solemnidades de la sanción y del juramento, el ministro de la Gobernación no tuvo empacho en dictar una Real orden del siguiente tenor:

El entusiasmo vehemente de que se hallaba poseído el pueblo, la Milicia nacional y las tropas; los vivas y aclamaciones continuas que le servían de expresión; el decoro y el orden que en todas partes ha reinado son pruebas irrefragables del asenso y de las simpatías que encuentra entre los españoles la ley fundamental que asegura para siempre la futura felicidad de la nación. La entrada en vigor estuvo rodeada de unas formalidades excepcionales, casi teatrales.

La publicación múltiple en misa mayor ya es de por sí significativa pues no hay que olvidar que corrían tiempos de anticlericalismo oficial furibundo. A pesar de ello no se organizó una ceremonia laica, como hubiera podido esperarse, puesto que se sabía de sobra que fuera de las grandes ciudades el pueblo sólo reconocía valor, en lo público y en lo privado, a lo realizado en las iglesias y anteportas. Lo que los constituyentes querían era implicar al pueblo que no había participado en la elaboración de la constitución a través de un acto solemnísimo que servía de grosero sucedáneo de un procedimiento «democrático» de aclamación forzada.

El programa para las solemnidades de la promulgación en Madrid se publicó en la Gaceta: «A las cinco de la tarde del día en que jure S.M., así que regrese de las Cortes, saldrá la comitiva de las Casas Consistoriales, dirigiéndose a pie por la calle de la Almudena a Palacio. En el tablado erigido en la plaza de Palacio se hará la lectura de la constitución por el rey de armas más antiguo y después de los vivas de costumbre en tales actos, se dirigirá la comitiva por la calle de Santiago a la plaza de la Constitución, donde se repetirá la lectura por el secretario del ayuntamiento, continuando enseguida la marcha por la calle de Atocha, plazuela del Ángel, calle del Prado, al palacio de las Cortes, en cuya plaza se leerá también la constitución por el mismo secretario regresando la comitiva a las Casas Consistoriales por la carrera de San Jerónimo y calle Mayor. Durante la promulgación habrá repique general de campanas y en tres días consecutivos colgaduras e iluminación general».

Habiéndose cumplido fielmente tal programa, la misma Gaceta publicaba el 19.6.1837 la siguiente crónica del 11 de junio: «Los edificios públicos y casas particulares de esta capital estaban adornados desde temprano con vistosas colgaduras. Las calles de la carrera por donde debían pasar SS.MM. y SS.AA. estaban entoldadas y el paso cubierto de arena. Varios individuos de los cuerpos de la Milicia nacional que cubrían la carrera conducían canastas de flores que fueron arrojando por el camino que debían llevar SS.MM. y SS.AA.

Después del juramento, la Reina Gobernadora leyó un discurso en el que cabe destacar: «Mi primer cuidado ha sido que la reforma de la constitución lleve el sello exclusivo de la voluntad nacional. Así es que mi Gobierno se ha abstenido, cuanto le ha sido posible, de tomar parte en nuestros debates. Ocasionalmente sólo y para ilustrar algún punto es cuando se ha oído su voz, pero la decisión siempre os ha quedado libre y ha sido completamente vuestra (...) Aquí, entre vosotros, ante la faz del cielo y de la tierra, declaro de nuevo mi espontánea adhesión y aceptación libre y entera de las instituciones políticas que acabo de jurar». A lo que contestó Argüelles con las pompas y florituras acostumbradas.

En otro orden de consideraciones, el mismo día 18 de junio (1837) se aprobó un Real decreto de indulto:

Deseando perpetuar la memoria de la promulgación de la nueva Constitución de la Monarquía (...) he venido en conceder un indulto general»

Con escasas excepciones y que se cumplió y precisó para la jurisdicción militar por otro del día 20 siguiente.

Final: las circunstancias excepcionales y los poderes fácticos

1. Al cabo de tantos trabajos y formalidades quedó aprobado el texto que en su letra no duraría mucho más (hasta 1845) que el anterior gaditano, pero que en sus principios inspiraría todo el período isabelino. Políticamente quiso ser la cifra y sello de la unión de todos los españoles. Una afirmación retórica que obviamente no concordaba con la realidad puesto que los muchos carlistas y los escasos republicanos se mantuvieron extramuros de esta constitución. Y dentro de ella, aun aceptando formalmente su espíritu, la doctrina liberal admitió dos interpretaciones que justificaban la separación real de dos partidos incompatibles, que Pro Ruiz (116) ha descrito así: «Para los liberales más consecuentes, las prerrogativas concedidas a la Corona en el título VI estaban destinadas a magnificar el papel simbólico pero no atribuían poder político a su titular, en la medida en que se había declarado que el rey (o reina) no era responsable de sus actos y estaba obligado a contar siempre con el refrendo de los ministros: se entendía, pues, aunque la constitución no lo dijera expresamente, que la Corona no debía utilizar la prerrogativa según sus preferencias políticas, sino para entregar el poder a quien contara con el respaldo mayoritario del Congreso, según la sana doctrina liberal de las dos confianzas, establecida por los tratadistas de la época. Sin embargo, la opinión monárquica tendía a interpretar literalmente la prerrogativa de la Corona y estaba dispuesta a utilizarlas en su provecho. En la medida en que la Corona no se mantuvo políticamente neutral, sino que ejerció como cabeza de uno de los partidos en liza, no fue posible la alternancia pacífica propia de un régimen representativo, sino que se pretendió instaurar un exclusivismo político de los moderados. Esto rompió el consenso constitucional, lanzando a ambos partidos a la insurrección armada: los progresistas en 1840, los moderados en 1841 y sectores de los dos partidos en 1843».

De notar es, por otra parte, que el orden constitucional no sólo era atacado intermitentemente desde fuera con levantamientos populares y militares, que al fin y al cabo lo único que pretendían era ocupar el poder con medios irregulares para seguir ellos gobernando bajo la misma constitución; peor aún quizás, aunque no tan llamativo, era el constante desprecio que de ella hacía –o toleraba– el mismo Gobierno con el pretexto de la aparición de circunstancias excepcionales que lo justificaban.

Por descontado que en el texto se había previsto tal supuesto en el artículo octavo; pero ahora no nos estamos refiriendo a ello sino a comportamientos absolutamente ilegítimos: auténticas «infracciones constitucionales» que no se denunciaban a las Cortes para enjuiciar a sus autores sino para justificarles invocando rutinariamente la «salvación de la Patria» y sin exigir responsabilidad personal alguna. Con esta patética invocación se cubrían todas las anomalías, que a nadie llamaban demasiado la atención puesto que eran acontecimientos habituales, prácticamente diarios y los diputados eran singularmente comprensivos. Adoraban –como solían repetir– la constitución pero, llegado el caso, no tenían el menor escrúpulo de «correr un velo» sobre lo que no querían ver con el resultado final de que la sagrada constitución a fuerza de excepciones terminaba siendo letra muerta, citada mecánicamente aunque nadie creía de veras en ella ni estaba dispuesto a cumplirla con sinceridad. Formaba parte, sin duda, de la guardarropía liberal, pero en el fondo todos sabían que era un simple argumento de la farsa que se estaba representando en la escena parlamentaria, en la que tampoco creía nadie. Con la constitución se arengaba a las tropas que morían en el campo de batalla; sobre ella se escribía incansablemente en la prensa y se disertaba en los ateneos así como resultaba invocada en todas las sesiones parlamentarias; mas nunca fue una pauta de comportamiento político. A lo largo de este libro aparecen tantos testimonios de lo que se está diciendo que no vale la pena traer aquí citas concretas, que hartas veremos; pero sí conviene citar un texto de Venegas de 6.9.1837 singularmente significativo porque en él se recogen las dos vertientes de esta actitud: por un lado, el desprecio a la constitución y a las leyes y, por otro, la negación de los derechos y libertades a una categoría de ciudadanos –los sospechososque quedaban a merced de cualquier acción violenta, pública o privada, a la manera de los proscritos de Sila, aunque con una desventaja añadida fundamental: los proscritos romanos tenían que ser expresamente declarados e incluidos en una lista oficial, mientras que para los «sospechosos» del régimen liberal –según había anunciado antes el ministro López y ahora insistía Venegas– bastaba una apreciación personal, sin formalidad alguna, de las autoridades o del pueblo. Veámoslo: «En las revoluciones es menester caminar de extremo a extremo y que las Cortes tomen todas las medidas extralegales (...) Es necesario limpiar la era, separar de sus destinos a los clérigos desafectos aunque no sea más que por sospechas». Así las cosas, los españoles no se dividían en dos grupos de carlistas y liberales sino, de hecho, entre «patriotas» y «sospechosos», entre «afectos» y «desafectos».

Conste, por lo demás, que la marginación de la constitución no se producía únicamente en circunstancias excepcionales (que, al fin y al cabo y abusos aparte, podían entenderse). Lo verdaderamente alarmante era su incumplimiento sistemático y constante sin justificación alguna; porque si tal sucedía perdía el constitucionalismo su razón de ser, tal como había observado Pastor Díaz (11): «La constitución no es más que un papel escrito si sus principios no se aplican, si su espíritu no se desenvuelve en instituciones y leyes».

Por lo que se refiere a la constitución de 1837 Balmes (en Situación de España, 1840, 50) había puesto de relieve la facilidad con que podía distorsionarse su aplicación habida cuenta de que en todos los puntos admitía varias interpretaciones igualmente lícitas (lo que hoy se llamaría un «sistema abierto»): «Es de por sí flexible, propiedad que, aunque en cierto modo puede mirarse como una perfección, no deja por ello de hacerla servir para cuanto se quiere (...) Entregad la constitución al sr. Martínez de la Rosa y se valdrá de ella para conducir la nación al sistema del Estatuto. Entregadla al sr. Argüelles y la conducirá al sistema del año 12». Aunque también es verdad que de hecho lo que sucedió después no fue el uso legítimo de alguna posibilidad concreta sino la infracción deliberada y sistemática. A tal propósito el autor hizo suya (675) una vieja denuncia de El Castellano: «No queremos que se diga que hay una ley fundamental y que esa ley existe únicamente para conculcarla, para violarla con tanto descaro que ya se tiene por cosa lícita y corriente (...) La constitución política de 1837 no ha estado jamás en aplicación». Y precisamente apoyándose en este dato es por lo que el autor propugnaba una reforma dado que «lo mejor es reformarla para hacer una que se pueda cumplir».

Nótese que aquí no se trataba de una mera supervivencia del viejo principio de inter armas silent leges, sino de la ampliación de sus efectos a tiempos de paz singularmente difíciles, porque la invocación de unas pretendidas o reales circunstancias excepcionales permitía olvidarse del régimen legal, desde la constitución al último reglamento ministerial. De ello se recogen en este libro testimonios más que abundantes, justificados por García Blanco el 9.2.1837: «Las autoridades, tanto políticas como militares o jurisdiccionales, no pueden en circunstancias extraordinarias sujetarse estrictamente al texto de la ley, porque el hacerlo sería cometer mil injusticias y separarse verdaderamente de los principios de equidad».

2. De acuerdo con la ortodoxia liberal el Estado se estructuraba constitucionalmente en tres elementos esenciales llamados tradicionalmente Poderes –el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial– que funcionaban enlazados en un equilibrio mecánico de «frenos y contrapesos» que evitaban los abusos de cualquiera de ellos. Se trataba de un modelo intelectual imaginado por Locke para el sistema inglés, que luego Montesquieu tradujo para el Continente.

Una cosa era, no obstante, la letra de la constitución y otra distinta la realidad. Porque ni Montesquieu pudo prever ni los constituyentes quisieron ver que existían otros poderes fácticos que no por silenciados dejaban de ser operativos junto a –y en ocasiones en lugar de– los formales.

Los poderes fácticos pueden bloquear, y hasta sustituir, a los poderes formales y también desviar sustancialmente el curso constitucional ordinario del Estado y de sus instituciones evaporando su esencia. La fuerza de la realidad es tanta que está siempre en condiciones de paralizar los efectos de la constitución y de las leyes. En las situaciones de violencia de poco vale la augusta soberanía de las Cortes: Inter arma silent leges y eso lo sabían bien los diputados madrileños acostumbrados a la presencia constante, a veces próxima, del ejército carlista. A ello hizo referencia Argüelles en la sesión del 22.4.1837, que glosó en estos términos Castro: «El sr. Argüelles ha dicho: si sube a ocupar el Trono un príncipe enemigo de la libertad y con medios para oponerse a ella, de nada sirve la constitución y ciertamente que no es para esas circunstancias para cuando se hace».

La violencia, como señalaba Castro, podía ser también institucional y no necesariamente bélica, como insistió Armendáriz al día siguiente (23.4.1837): «Las constituciones se llaman con razón leyes fundamentales, pues son las que señalan el círculo dentro del cual deben girar los poderes del Estado; pero en ellas no encontramos un remedio para evitar los males que se producen desde que un poder traspasa sus límites y destruye y usurpa las atribuciones de los otros».

Centrándonos ya en los poderes fácticos, la primera variante, aunque sea paradójico, es la del «pueblo». Para la constitución lo esencial no era el pueblo sino la nación que, aparte de ser cotitular de la soberanía, no tenía una función constitucional activa y directa puesto que se expresaba y obraba a través de sus representantes, que formaban las Cortes. El pueblo no coincidía con la nación, puesto que había muchos (de hecho, la mayoría) españoles que, al no estar representados en las Cortes, carecían de función constitucional y únicamente participaban en el Estado, activamente, a través de la contribución económica y de sangre y, pasivamente, como objetos de la coacción –y en su caso de la protección– pública: policía y jurisdicción fundamentalmente.

El pueblo, sin embargo, no aceptaba siempre con mansedumbre este modesto papel ya que tenía conciencia de su fuerza real que expresaba no en las Cortes sino a través de bullangas callejeras y de otros órganos no constitucionales –juntas locales, municipales y provinciales– que se formaban espontáneamente al parecer aunque estuviesen de ordinario inspiradas y manipuladas desde fuera. Como la irrupción de tales grupos o juntas no estaba prevista en la constitución, su presencia era revolucionaria por definición y eran combatidas por el Gobierno electoralmente legítimo. Ahora bien, cuando éste era débil, aquéllas podían imponerse y llegar a producir un «golpe de Estado», es decir, un cambio de Gobierno llevado a cabo fuera de los cauces constitucionalmente previstos. Sin perjuicio, no obstante, de que el pueblo no saliese beneficiado ya que sus manipuladores se apresuraran a mandarle a casa para apropiarse ellos del éxito. Un ejemplo perfecto de estas operaciones fueron los acontecimientos del verano de 1836 (con motín de La Granja incluido) que provocó la caída del Ministerio Istúriz y la aparición del de Calatrava al margen por completo de los cauces constitucionales.

La presencia irregular y directa del pueblo supuso un grave deterioro del edificio constitucional ya que implicaba una suplantación de la nación; pero andando el tiempo la mayor amenaza vendría de otro lado –del Ejército– al que la constitución tampoco había asignado papel alguno en el gobierno del Estado. Ello no obstante, el caso fue que el Alto Generalato fue interviniendo cada vez con mayor intensidad en las actividades públicas llegando a influir en la composición de los Gabinetes y en las decisiones de éstos hasta terminar ocupando directa o indirectamente los Ministerios; de tal manera que podía hablarse con absoluta propiedad de un nuevo Poder –el Poder militar– silenciado en la constitución mas no por ello menos operativo, hasta tal punto que si formalmente seguía siendo exigible la doble confianza que acaba de explicarse, de ello la confianza imprescindible era la del Poder militar, a la que se sumaban dócilmente el rey y las Cortes.

Entre unas cosas y otras el resultado inevitable era que la constitución, secuestrada –o mejor todavía raptada en sentido técnico– en manos ajenas, terminaba siendo sistemáticamente incumplida a ciencia y paciencia de quienes debía cuidar de su respeto. De ello tenemos innumerables muestras en el presente libro por lo que aquí basta con acudir al testimonio de un contemporáneo: «La constitución no se ha observado ni en tiempo de guerra ni en tiempo de paz, ni durante la regencia de la reina madre ni en la de Espartero, ni tampoco desde la mayor edad de Isabel II» (Balmes: Obras completas, VI). Y nada digamos de la fuerza de resistencia de las provincias. En la sesión de 16.12.1836 hacía notar Vázquez Parga que en el periódico de Barcelona Sancho Gobernador se había dicho que «si las Cortes decretaban una cosa, las provincias harían lo que tuvieran por conveniente».

El incumplimiento es la mayor perversión del sistema, sobre todo si tenemos en cuenta su significado hipócrita; pero también están lo que Jover ha denominado malformaciones, que han tarado su comportamiento inicial y han condicionado su futuro al no haber sido rectificadas. «Estos condicionamientos históricos –precisa el autor (1981, XLVI)– afectan tan profundamente a la vida política del pueblo español, que esta última distará de ajustarse a las pautas previstas en las distintas constituciones. Estas malformaciones son cuatro. En primer lugar la conformación oligárquica del poder político. En segundo lugar la suplantación del sufragio a través de los órganos ejecutivos del mismo poder; la administración tiende a sustituir, o sustituye de hecho, a la representación. En tercer lugar la estructura de los partidos políticos no responde a la función que les atribuye un régimen representativo. En cuarto lugar la confusión entre el poder civil y el poder militar (...) Es fácil apreciar la interdependencia existente entre las cuatro anomalías enumeradas; las cuatro conjuntamente remiten a un tipo de sociedad que no es el adecuado para el funcionamiento de un régimen liberal y parlamentario».

Enemistades declaradas y ocultas, incumplimientos, suspensiones: no faltaban, como se ve, obstáculos a la ideología constitucional; pero por encima de la letra y de los intensos avatares de su existencia, nada pudo apagar el valor más importante de la constitución, que fue la significación simbólica o mágica de un pensamiento y de una acción política. Algo que no escapó a la habitual perspicacia de Donoso Cortés, quien en la lección décima de su tratado constitucional escribió que «hombres hay tan menguados de entendimiento, tan escasos de vista y tan pobres de inteligencia, tan duros de carácter y tan ardientes de corazón (...) que se proponen curar las llagas de las sociedades moribundas con la virtud de una fórmula a la manera de los mágicos de las pasadas edades que libraban de los espíritus maléficos a un alma poseída con la virtud de un conjuro».

* * *

2. LA CORONA

María Cristina de Borbón, Reina Gobernadora.– El Poder Real.– El Rey y las Cortes.– Exclusión del rebelde Don Carlos a la Corona de España.– La máquina del Estado y su funcionamiento efectivo.

Una vez descartado por la fuerza ideológica de la Ilustración, y también por las armas, el Absolutismo tradicional de origen divino y colocada la base de los regímenes políticos modernos en la soberanía de la nación, se encontraron los liberales españoles con dos problemas capitales que debían abordar inexcusablemente las Cortes constituyentes: el de la concreción de esa soberanía nacional (lo que resolvieron en un cuerpo electoral rigurosamente restringido) y el de la eventual participación del monarca, que se resolvió en un sentido mucho más generoso que en las Cortes de Cádiz. En términos objetivos se trataba, por tanto, de un perceptible retroceso ideológico aunque estuviera apadrinado por una tendencia que por «progresista» se tenía. Los poderes del monarca fueron, en efecto, consagrados en la nueva constitución con muy pocas restricciones mientras que, siendo la nación la única que contaba, el pueblo fue expulsado a las tinieblas extraparlamentarias y silenciado implacablemente, de tal manera que los cronistas de entonces lo equiparaban con las esporádicas bullangas callejeras sin que los historiadores posteriores, salvo rarísimas excepciones, se hayan preocupado seriamente de levantar esa losa del olvido.

Por lo que a la institución monárquica se refiere, el sistema de 1837 hubiera podido funcionar perfectamente (aunque no fuese a gusto de todos) si hubiera contado con protagonistas inteligentes o de buena fe, pero desgraciadamente tal no fue el caso puesto que ni María Cristina ni Isabel II ni Espartero comprendieron nunca cuál era su papel constitucional. En el fondo durante la Regencia la cuestión no era si al Trono se le debía reconocer más o menos potestades sino hasta qué punto la Reina Gobernadora –y luego Espartero– estaba en condiciones de desempeñarlas con honestidad y eficacia política: lo que no sucedió y en verdad que hubiera sido una sorpresa si dado su talante político y personal, ella, sus consejeros y su camarilla hubieran sido capaces de hacerlo.

María Cristina de Borbón, Reina Gobernadora

La alianza entre los liberales y María Cristina era de pura conveniencia, en modo alguno de corazón: si los absolutistas se habían puesto del lado de Don Carlos, era inevitable que María Cristina, para defender los derechos hereditarios de Isabel, tuviera que apoyarse, incluso en vida del Rey, en los liberales; y para éstos tal apoyo supuso la entrada en la legalidad así como el evitarse un alzamiento militar tal como habían estado inútilmente intentando en las dos etapas absolutistas: esta vez quienes tuvieron que alzarse fueron los otros. En suma, se necesitaban recíprocamente.

Obligada a convivir sin afecto con los liberales como antes había convivido con el rey, cuando aquéllos se escindieron dejó muy claro que sus preferencias estaban por la rama moderada, como lo probó con Martínez de la Rosa y Toreno y, cuando después de haber aceptado a regañadientes a Mendizábal se percató de sus intenciones tibiamente revolucionarias y de su inequívoca mentalidad anticlerical, aprovechó sin vacilar cuantas posibilidades tuvo de separarle del poder: primero en el incidente de Istúriz y luego, ya definitivamente, en el de Pozuelo, con el que devolvió en cierto modo las humillaciones de La Granja. Es posible que su auténtico modelo político fuese Luis Fernández de Córdova, aunque más adelante se dejase deslumbrar por las medallas y uniformes de personajes tan turbios como los condes de Almodóvar y de Luchana. Unos años más tarde en su estancia en París durante la Regencia de Espartero demostró la fibra de sus convicciones políticas y su enorme capacidad conspiradora, ya que actuó como bandera de la fracción moderada como inicialmente lo había sido de toda la familia liberal.

María Cristina de Nápoles nunca fue liberal de corazón ni podía serlo teniendo en cuenta sus antecedentes familiares, la Corte en que se crió y la mentalidad de su primer esposo, el rey Fernando VII, en cuya escuela pudo aprender a afinar sus artes, borbónicamente innatas, de disimulo y falta de escrúpulos. Otra cosa es que las circunstancias de la historia la colocaron durante unos pocos años en el bando del liberalismo más puro. Los liberales estuvieron halagándola durante años porque tenían necesidad de ella, pero permitieron las vejaciones de La Granja y, cuando dejó de serles útil, la empujaron al extranjero incluso sin cortesía. Y ella les correspondió en la misma moneda porque su único objetivo político era sentar y mantener a su hija Isabel II en el Trono de España y, cuando la vio asegurada en él con la terminación de la guerra civil, abandonó sin pesar la Península.

Si el objetivo fundamental de la madre era asegurar el Trono a Isabel II, es explicable que María Cristina después de La Granja (y posiblemente antes) no tuviera reparo alguno en negociar con su cuñado si éste le garantizaba la sucesión, compartida o no, sin remordimiento alguno y sin pensar en los desastres que la guerra civil había causado a los españoles. Era innegable que la baza que más le seducía era la de Don Carlos que al fin y al cabo era de su clase e incluso de su sangre.

Huelga decir que estas negociaciones eran secretas, pero la diplomacia europea estaba al tanto de ellas y que las conocía el Gobierno de Madrid no sólo por sus espías y los informes de los diplomáticos sino por las constantes filtraciones de la prensa extranjera. Durante el período de las Cortes constituyentes vivió España uno de los acontecimientos más hipócritas de toda su historia (y aun de los más grotescos si no fuera por su contexto sangriento): dos ejércitos luchando por un objetivo militar que no existía puesto que las cabezas de los dos bandos sabían de sobra que la Corona no se jugaba a tiros en las puertas de Madrid sino en la correspondencia de los intermediarios y en las presiones de las Cancillerías de las potencias europeas. Pero esta partida incruenta se jugó tan mal como la militar y las negociaciones fracasaron aunque no fuera por falta de interés de la Reina Gobernadora.

La Reina viuda era política y socialmente una aliada insegura debido a su matrimonio secreto y maternidades semipúblicas que tanto le desprestigiaban, a su avaricia, al peso político de su camarilla y a la influencia de Villiers, aunque la opinión de este último, que tan bien la conocía, no podía ser más peyorativa a juzgar por la correspondencia traducida en parte por Rodríguez Alonso (1989, b, pp. 52 ss.). En su carta de 21.10.1834 afirmaba que «es aguda, dócil y no tiene miedo alguno; pero es de por sí ignorante del arte de gobernar y de cómo sacar el provecho que ella misma desea desde su posición. Ha hecho siempre todo lo que se le aconsejaba, pero sus consejeros han sido siempre incompetentes o falsos». Y dos años después, en otra carta de 3.11.1836, añadía con finura psicológica un nuevo rasgo de su comportamiento y una previsión de futuro asombrosamente exacta: «Estoy convencido de que la reina únicamente tiene un pensamiento, que es cómo marcharse. Es probablemente la persona más rica de España en este momento, todo su dinero está asegurado en fondos extranjeros. Ha comprado tierras en Italia y aquí ha vendido hasta el más pequeño mueble de los palacios e incluso las antiguas ropas de Carlos IV y su esposa, con las cuales ha hecho el petate y quiere disfrutar sine dignitate lejos de las preocupaciones de la realeza y de la guerra civil. Sin embargo, para poder llevar a cabo esto y tener un pretexto que le haga posible ausentarse, es necesario que los asuntos públicos estén en una situación desesperada, para lo cual dedica todas sus habilidades (que son considerables) a embrollarlos, pensando que habrá un sauve qui peut si Don Carlos se acerca o que será considerada un estorbo tal para el gobierno que las Cortes le echarán de la regencia y del país». Un juicio de malevolencia aparentemente desorbitada, pero que el tiempo se encargó de confirmar. Su rapacidad, en efecto, llegó a ser proverbial pues estaba obsesionada por el inevitable exilio y por los gastos de una familia numerosa. No es sólo que arrasara el Palacio Real, como acaba de apuntar Villiers: el solvente historiador Segundo Flores recuerda en su Vida de Espartero (IV, 176) que en 1841 «al discutirse y votarse la asignación que por viudedad correspondía a la reina madre, hízose notar, no sin sospechas, que nada se sabía de lo que había percibido hasta la fecha la viuda de Fernando VII como procedente de las arcas del Real Patrimonio; porque ni aparecían los inventarios ni las particiones de herencia; ningún documento que pudiese aclarar este punto intrincado y oscuro».

Y no era más favorable la opinión de otro contemporáneo. En palabras de Borrego (1855, p. 79) «acreditóse a los pocos días de su viudez que contra lo terminantemente prevenido por las leyes del reino había contraído un enlace desigual y clandestino; súpose que su nueva familia empleaba en el medro particular de sus individuos el valimiento de que gozaba cerca de la Reina Madre. Atribuyóse a ésta la pasión de atesorar y de ahorrar y la cualidad de ser tan expresiva y afable, y aun seductora en su trato, como poco sincera en sus relaciones. Su conducta con los hombres políticos con quienes había estado en contacto antes corrobora que desmiente estas indicaciones».

Marichal (203) recoge un despacho del embajador norteamericano de 1.2.1841 en el que se hace eco de una opinión popular más que generalizada: «Antes de marchar para Barcelona desvalijó el Palacio (Real) de todos los objetos valiosos que pudo sacar o vender. Cada rincón fue saqueado y cuadros y otras obras de arte y antigüedades que se habían acumulado fueron puestos a la venta o sacados secretamente del país; lo poco que queda fue convertido en moneda contante y sonante (...) Incluso una parte de la vestimenta real llegó a manos de vendedores de segunda mano».

Para mantener de algún modo el decoro real cultivaba en lo posible sus relaciones con otras Cortes siguiendo un protocolo estricto, mandando, por ejemplo, que la Corte respetase un luto de tres semanas (la primera rigurosa y las otras dos de alivio) por el fallecimiento de Carlos X (oficio del ministro de Estado de 28.11.1836); mientras que por Real orden de 1.7.1837 establecíase un luto de 21 días (los 11 primeros de riguroso y los 10 restantes de alivio) por el fallecimiento de Guillermo IV, rey de la Gran Bretaña. Las relaciones personales de María Cristina con los soberanos iban mucho más allá de las cortesías protocolarias. Sabido es que Luis Felipe, obrando como hombre de Estado, se negó constantemente a enviar a la península un cuerpo de ejército expedicionario en ayuda de los liberales; pero su actitud familiar con la Reina Gobernadora luce muy bien en la carta reservada que le envió el 23.9.1836 (apud Pro, p. 226):

(el embajador) os dirá, mi querida sobrina, la indignación y el dolor que me han causado los acontecimientos de La Granja y sus deplorables consecuencias (...) La Reina y yo hacemos votos para que S.M. no se encuentre en la penosa necesidad de abandonar España; os conjuramos a no tomar esa opción en la medida en que sea posible evitarla; pero si las circunstancias os obligaren a refugiaros en suelo francés, podéis contar con que os recibiremos con los brazos abiertos.

Una vez entrada en vigor la constitución de 1812, la posición institucional de María Cristina había quedado seriamente amenazada, puesto que su regencia no tenía otro fundamento que el testamento de Fernando VII mientras que ahora el artículo 189 del texto de Cádiz imponía una Regencia colectiva de cinco personas. El Gabinete, sin embargo, para no empeorar más sus relaciones con la madre de la reina no se planteó oficial ni oficiosamente esta cuestión desplazando su decisión a las Cortes y dando lugar así a que se apaciguaran los ánimos.

En el terreno parlamentario el 26.10.1836 se presentó una proposición firmada por Olózaga y 65 diputados más, con la que se quería demostrar que su posición no quedaba debilitada por la supresión del Estatuto Real, antes al contrario se fortalecía más allá de lo que podía esperarse de la letra y el espíritu de la constitución de 1812 que acababa de recuperarse:

Las Cortes generales de la Nación confirman a S.M. la Reina Gobernadora el título y autoridad de tal durante la menor edad de su augusta hija la Reina Doña Isabel II.

Una declaración aparentemente inocua y hasta superflua, pero de tanta trascendencia real que puso a prueba el pretendido radicalismo del grupo progresista en cuanto que suponía una confesión de que renunciaba a los excesos que sus enemigos le imputaban; y que, por otra parte, ponía de relieve sus primeras fisuras. Burgos, el conocido político e historiador moderado, denunciaría en sus Anales (IV, 33) el contrasentido de tal proposición ya que, a su juicio, «contraría, en cuanto al fondo, el texto literal de la constitución, la cual en ningún caso admitía la regencia de una sola persona, y también, en cuanto a la forma de su presentación, un reglamento de las Cortes, que prescribía ciertos trámites y formalidades para presentar, discutir y aprobar las proposiciones cuyo objeto fuera alterar algún artículo de la ley fundamental».

Ésta fue también la opinión de Pizarro el día de la segunda lectura, el 27 del mismo mes de octubre; aunque no se le autorizó el uso de la palabra y, sin más, se sometió a votación si se admitía a discusión la proposición, lo que fue aceptado por 52 votos contra 11, que vale la pena retener: Fuente Herrero, Gorosarri, Cano Manuel, Martínez Falero, Pizarro, Moscoso, Caballero, García Blanco, García (Gregorio) y Charco. Habiendo pasado el asunto a una comisión especial, ésta presentó el día 2 de noviembre un informe favorable por unanimidad y el día 19 empezó el debate en el que inicialmente sólo fue destacable la enérgica oposición de Caballero.

Un discurso de Vila cambió inesperadamente el tercio, puesto que aprovechó la oportunidad para desviar la proposición hacia las teorías históricas catalanas del «pactismo»: «Hoy vamos a cerrar un pacto. Pacto sagrado que une a una augusta persona a la Nación española y en sus manos vamos a poner las riendas del Estado. Diputado de una provincia amante de la libertad, encuentro en sus leyes que el pacto sólo ha dado a sus reyes el derecho de gobernar, y con arreglo a estos principios me presento explícitamente ante el Congreso. (...) Nuestros honrados concellers presentaron siempre como base este antiguo pacto. Éste es el derecho de mi provincia y éste es el que hoy día, en su nombre, reclamo, porque si bien el rey es señor de las leyes, no lo es de los contratos que hace con sus vasallos, pues en este acto es particular persona y el vasallo adquiere igual derecho. Encargado en este lugar de los derechos de mi provincia, no hablaré otro lenguaje distinto del que hicieron nuestros mayores. Y en el acto que estipulo de nuevo igual contrato, reclamo toda la extensión del derecho que compete a mi provincia. En su nombre doy mi voto y por medio de esta nueva estipulación renuevo mi antiguo pacto, cuyo cumplimiento es por ambas partes obligatorio».

Huelga decir que el intento del diputado catalán fue inmediatamente frustrado dado que el Ministerio no podía consentir una desviación de tanto calado ni mucho menos introducir un nuevo frente de discusión parlamentaria cuando el Trono de Isabel II se estaba jugando su destino en los campos de batalla. La gravedad de la propuesta justificó, por tanto, la apasionada intervención del mismo presidente del Consejo de ministros: «S.S. puede tener presente que iguales principios han regido en lo que se llama Castilla. Los reyes de este país, al tomar posesión de la Corona, han prestado siempre sus juramentos de gobernar por las leyes, fueros y costumbres de la Nación. Por consiguiente, las disposiciones de Cataluña no son particulares: es una ley fundamental en toda España. Es justo, justísimo que el señor preopinante crea necesario recordar la necesidad de exigir de parte de la augusta persona que ha de gobernar, que confirme una especie de pacto. Pero este pacto está hecho en este mismo salón en el día 24 del mes pasado. S.M. ha prestado un juramento solemne y en este juramente ha prometido todavía más: se ha obligado a conservar la religión católica, apostólica y romana, sin permitir otra alguna en el reino, guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes de la monarquía española, no mirando en cuanto hiciese sino al bien y provecho de ella; no enajenar, ceder ni desmembrar parte alguna del reino, no exigir jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes. ¿Es tan explícito lo que se exige por las disposiciones de Cataluña? No ciertamente. No creo que haya necesidad de otro pacto».

Al final votaron a favor 124 diputados y en contra 6: García Blanco, Juan Alfonso Montoya, Caballero, Juan Bautista Osca, Gorosarri y Charco. En este punto no debe sorprender el escaso número de la minoría sino, más bien, el coraje de un puñado de diputados capaces de resistir las presiones sociales, parlamentaria y de Palacio. El episodio fue narrado así, años más tarde, en 1857, por uno de sus protagonistas, García Blanco: «Habló Olózaga en nombre de la comisión, servil completo aunque lucidísimo orador y temible polemista; de gran talento, gran cabeza y gran corazón, pero de aquellos que hablan con gran doblez de corazón. Levantóse Caballero, en acabando Olózaga, y me dejó frío. Nada, nada dijo: ni lo que era público y notorio, pública voz y fama, no lo que tantas veces habíamos hablado en su casa y tertulia y confirmado él mismo por la proximidad de su pueblo a Tarancón y ser paisano y muy amigo de D. Marcos Aniano González, el que casó a Cristina con Muñoz: sabiendo casi de memoria los hijos que tenía ya e iba conduciendo a Francia su amigo y pariente don Juan Caborreluz. Lo que yo creí que debía decirse en las Cortes en aquella ocasión y podía decirse en público sin perjuicio de su secreto, para lo que podía pedirse sesión secreta. Ya que no se puede todo lo que deseábamos, se hará lo que se pueda, me dijo. El acuerdo salió casi por unanimidad. García Blanco fue el primer No, después de ochenta y tantos que habían dicho Sí en las derechas. Caballero para votar dijo una cosa que ni el presidente le permitió ni nadie entendió, diciendo entre dientes No. Charco, poniéndose bien las gafas, dijo: Gobernadora Sí, Regente No: la campanilla y la tribuna ahogaron su voz. Osca (Juan Bautista) No. Montoya, No. Tarín, No. Quedó aprobado. Grande estrépito en la Cámara y en las tribunas» (apud Villaurrutia, 293-294).

Por cierto, que en la redacción final del Decreto se introdujo una ligera variante en el texto de la proposición inicial, que quedó así:

Las Cortes generales de la Nación confirman a la Reina viuda, Doña María Cristina de Borbón, el título y autoridad de Gobernadora del Reino durante la menor edad de su augusta hija la Reina Doña Isabel II.

Inmediatamente después llovieron sobre las Cortes docenas de exposiciones de felicitación en las que con el empalagoso estilo que puede imaginarse se congratulaban los pueblos y corporaciones del Decreto en cuestión. Pero, al margen de estas rutinas, la cuestión no estaba terminada ni mucho menos, puesto que la fragilidad constitucional de la Regencia era evidente y algunos consideraban necesario consolidarla de alguna manera. Tal fue el sentido de una proposición de Álvaro presentada el 20 de noviembre de 1836, en la que no se pretendía tanto robustecer la figura de la Reina Gobernadora como precisar los límites de su actuación política. En ella se pedía que

en observancia de la facultad cuarta del art. 131 y 195 de la constitución se sirvan las Cortes señalar los términos en que S.M. la Reina Gobernadora ha de ejercer la regencia del Reino y que no pese sobre esta señora la responsabilidad moral en actos que no tenga parte y que se forme un Consejo de Estado en virtud de las atribuciones que la constitución señala a las Cortes.

Lo que defendió a continuación el proponente en los siguientes términos: «Me parece que se está en el caso de señalar, conforme al art. 195 de la Constitución, los términos en que esta autoridad (un tanto confusa, según acabamos de ver) ha de ejercerse. La inviolabilidad de la persona Real, el esplendor del Trono, son de toda necesidad en este país (...) En el estado en que la Nación se halla se necesita de un Gobierno fuerte; pero es necesario que no sea una arbitrariedad ministerial, que usando el nombre de la Reina para todo y hasta para las cosas más triviales, no conociese límites. Por lo mismo es tanto más necesario regularizar las atribuciones de los ministros, cuanto que de hecho los actuales ministros, siguiendo el sistema establecido, aunque mandan por sí o bien con acuerdo del Consejo de ministros, para todo toman el nombre del Rey».

La proposición no fue admitida; pero el discurso de Álvaro –que fue tenido por irrespetuoso y hasta anarquista como correspondía al radicalismo de su autor– mereció una agria respuesta del presidente del Consejo de ministros, que no estaba dispuesto a que se le escapase de las manos una cuestión que consideraba, con razón, como «de Estado»: «Yo no trato de dar lecciones a nadie y sí de no dejar pasar expresiones con las cuales se subvierte el orden. Ciertas cosas que aquí se oyen, cuando se leen en los periódicos, hacen más daño a la causa política que los facciosos (...) Un diputado debe expresar sus sentimientos con dignidad y con arreglo a las augustas funciones que desempeña».

Los recelos de Calatrava eran, sin embargo, infundados porque con esta proposición (como luego con la de Alcorisa) no se pretendía hollar la autoridad de la Reina sino justamente lo contrario, es decir, colocarla por encima de los partidos y evitarle así las salpicaduras de la lucha política. Una clara expresión del principio de que «el rey reina pero no gobierna» y, si no gobierna, no puede ser responsable de los desaciertos que se produzcan en su nombre. Cuando en 1839 María Cristina se apartó de este principio apoyando manifiestamente la ley moderada de ayuntamientos, aquel mal paso le costó la Regencia. Y lo mismo sucedió más tarde con Espartero, que se empeñó en gobernar siendo regente. Esto era cabalmente lo que se quería evitar prudentemente con la proposición, que fue desaprobada por haber sido mal entendida. Aunque también cabe otra hipótesis interpretativa no menos plausible, a saber, la de que Álvaro, desde la oposición, sospechase que los ministros iban a utilizar la firma de la Reina Gobernadora para que cubriese sus eventuales desmanes, puesto que era inimaginable que alguien se atreviera a atacar una Real orden en la que constase la rúbrica de María Cristina.

El incidente anterior no evitó, sin embargo, que al día siguiente (el 20.11) presentara Alcorisa una nueva proposición, condenada igualmente al fracaso:

Pido a las Cortes tengan a bien declarar sagrada e inviolable a S.M. la Reina Gobernadora y exenta de toda responsabilidad de los actos que emanen de su gobierno o regencia, y que queden sólo responsables de ellos los consejeros de la Corona.

Con el rechazo de este último intento se cerró definitivamente el debate, pero cerrado en falso mediante el expeditivo sistema de «tabuizar» la cuestión. Los liberales eran conscientes de la incompatibilidad de la situación personal de María Cristina con su estatus constitucional; pero estaban obligados a apartar la mirada de una realidad evidente y lo único que podían hacer era evitar en lo posible que los rumores populares tuvieran trascendencia parlamentaria. Un papel muy desairado, aunque éstos no serían los disgustos más graves que les diera «la napolitana».

El tiempo trabajaba con todo inexorablemente en contra de María Cristina conforme se iban difuminando sus encantos personales y se inclinaba cada vez más notoriamente a favor de un partido. A partir de su salida de España en 1840 no es que se alejaran de ella los menos afectos, es que numerosas personalidades y grupos políticos se declararon sus enemigos manifiestos, que llegaron a la injuria pública al estilo de González Bravo. En 1841 preguntó en el Congreso Sánchez Silva si estaba casada, porque, según el art. 60 de la constitución, sólo podían ser tutoras las viudas; a lo que contestó cautamente el ministro Cortina (luego abogado suyo) que «el Gobierno no sabía nada oficialmente». En el proyecto de presupuesto para 1842 ya se dio de baja la dotación para la Reina Gobernadora –once millones de reales– puesto que había dejado de serlo. Ahora bien, se le acreditaron «como Reina viuda, conforme a los contratos matrimoniales, 3.011.764 reales, sin perjuicio de lo que las Cortes resolvieran sobre el Patrimonio Real». Menos mal que sus consejeros privados –y la astucia de ella misma– ya habían previsto estos desastres económicos y con sus rapiñas personales a través de la agencia de negocios que dirigía Fernando Muñoz habían asegurado a tiempo una retirada económica desahogada.

Lo que debe quedar claro es que en principio la devoción a María Cristina –como luego a su hija Isabel– no era de índole personal o ilimitada (como podía ser el caso de los carlistas con el Pretendiente) sino, desde el punto de vista liberal, condicionada a su aceptación a las ideas liberales, como muy bien expuso Juan Osca en la sesión de 15.8.1837: «Si se trata de volvernos al absolutismo, declaro con la franqueza que me es propia, que yo no quiero sacrificarme ni que se sacrifiquen los pueblos para defender a Isabel absoluta. Yo a Isabel la quiero como una bandera de la libertad, del partido nacional, porque le creo defendido en su persona; pero en el momento en que me persuada que he de volver al Estatuto o al absolutismo con Estamento, no la quiero. Yo quiero a Isabel constitucional por una constitución no otorgada, sino que nazca de la voluntad del pueblo, de esta voluntad soberana representada por las Cortes».

María Cristina, el sol que había venido a alegrar la vida de todos los españoles, resultó a la postre un personaje de catadura política y personal tan deplorable como la de su difunto esposo. Y sin embargo, no puede ignorarse ni silenciarse que una y otro fueron amados por la inmensa mayoría de su pueblo, que les perdonaba sin reparo sus vilezas. Fernando VII recorría por las noches sin escolta los lupanares de Madrid y sin escolta se trasladó desde la Corte a Cataluña para apagar una guerra civil con su sola presencia personal. Mientras que su viuda era aclamada por los pueblos y por los soldados cuando aparecía exhibiendo con sus repetidos embarazos el testimonio de su infidelidad constitucional. Y es que a principios del siglo XIX el rey participaba de la divinidad –o al menos del santoral– su condición de estar por encima de cualquier crítica. «Nunca existió un malhechor a escala tan gigantesca como Fernando VII –ha escrito Villers (apud Rodríguez Alonso, 1989)– y, sin embargo, ese hombre, hasta el día de su muerte, fue amado, respetado y obedecido por el pueblo porque era el rey (...) El rey es la fuente de donde mana todo el bien y el mal del mundo, el pueblo no conoce otra y parece no desear conocerla. El rey es la única autoridad realmente conocida».

Los liberales lo sabían de sobra y por eso tuvieron que tolerar a María Cristina (el fin de su regencia es otra historia) y transigir con las prerrogativas del Trono en el texto constitucional. El Poder Real estaba de hecho por encima de los progresistas y moderados pues era una «cuestión del pueblo» y en esta condición había que aceptarlo al igual que a la Iglesia católica y a sus ministros si no se quería hacer «una revolución de espaldas a la sociedad». En las Cortes constituyentes había, no obstante, un grupo de radicales que siguieron manteniendo con coraje y sin necesidad de declararse republicanos su posición antimonárquica. Acabamos de verles votando sin vacilar en contra de las prerrogativas de María Cristina. Entre ellos estaba Juan A. Montoya, a quien se deben las siguientes palabras: «De los reyes nos ha venido desde hace mucho tiempo el daño que experimentamos y por eso Carlos IV fue odiado y menospreciado por toda la nación y su hijo no podía serlo menos puesto que pretendió engañarnos a todos».

Ocioso es recordar aquí que el convencionalismo político exigía imputar los eventuales errores de la Corona no a la persona del monarca sino a los malvados consejeros de su camarilla: a las «influencias ajenas» según las repetidas alusiones de Argüelles. María Cristina no andaba sobrada de consejeros, ni buenos ni malos, antes al contrario vivía políticamente aislada. Era una extranjera que en los Sitios Reales españoles no se sentía en su casa. Desconfiaba de todo el mundo y su instinto no la engañaba a diferencia de lo que sucedería luego con Isabel. Carecía de amantes que pudieran influir sobre ella, y su marido, en lo que se sabe, se limitó a gestionar –y muy bien por cierto– una amplia red de negocios no siempre limpios. Cortadas las relaciones formales con las Cortes de Nápoles y de Roma, únicamente pedía y aceptaba los consejos de los embajadores de Francia e Inglaterra, especialmente de este último, profundo conocedor, aunque no imparcial, de la situación del país y de las calidades de sus hombres. Cuando al final se instaló y consolidó una auténtica camarilla en Palacio, su color fue francamente moderado; pero es probable que las tendencias, también inequívocamente moderadas de la Regente, no fueran obra de tal camarilla sino a la inversa, pues fue ella la que deliberadamente la escogió de esta tendencia. Sin desconocer, en fin, el irresistible atractivo que para ella tenían los uniformes militares: desde el de Fernando Muñoz hasta los de Almodóvar, Fernández de Córdova y, por último, Espartero.

María Cristina carecía de aficiones políticas y de sentido de Estado. Su único objetivo fue conservar el Trono para su hija y toda su vida luchó tenazmente para asegurárselo. Su mundo se reducía al ámbito familiar y al afán de garantizar a su numerosa prole un bienestar económico, más que aristocrático, de alta burguesía.

En esta situación de mujer sola y políticamente aislada, durante su Regencia fue acusada constantemente de vivir sometida a «influencias ajenas» que la inclinaban al conservadurismo y a la Iglesia. La cuestión llegó a formalizarse en el Congreso, con ocasión de unas alusiones envenenadas de Argüelles y es el caso que en vísperas de un cese que ya estaba anunciado, el presidente del Consejo en la sesión del 9 de agosto de 1837, en un gesto de prudencia política que le honra, hizo una elegante defensa de la neutralidad y de la independencia de la reina Gobernadora: «Es absolutamente falso que haya alguno que abusando de su real nombre ha dicho que tiene orden de S.M. para hacer esto o lo otro; que está de acuerdo con S.M. para tal o cual sistema. S.M. me ha mandado que lo desmienta altamente y que diga en público que S.M., si bien por el rango que ocupa, si bien por lo que exige su dignidad tiene que rodearse de toda clase de personas, sin atender a su color político porque los reyes no deben pertenecer a ningún partido, S.M. no está sujeta a más influencia que a la de sus consejeros responsables. S.M. nos ha declarado mil y mil veces que la felicidad del Estado, la estabilidad del trono y el orden público consisten especialmente en la fiel observancia de la Constitución».

La cuestión de la camarilla no podía despacharse, sin embargo, con una simple declaración oficial de inexistencia y en la sesión del 15 de agosto de 1837 se debatió mucho este punto. Para Fontán, «las camarillas son reuniones de hombres no responsables, son los complots que se forman acá y acullá, puesto que éstos o las otras personas son criados en Palacio, sean de fuera de él y aun sean diputados. Todo aquel que influye en los actos del Gobierno, que se entromete en ellos sin ser legalmente responsable, es camarillero. (Pero) esas camarillas son imposibles en un sistema constitucional porque de nada sirve la firma de S.M. sin que tenga la firma de un ministro responsable».

Según el embajador norteamericano en despacho de 6.1.1837 (apud Marichal, 193), la camarilla se componía «de la familia y amigos del favorito Muñoz, entre ellos su tío González, un eclesiástico y preceptor de la reina, un primo de Muñoz, un señor Calvet y Domingo Ronchi».

Con camarilla o sin ella poco a poco fue consolidándose un sector de opinión que, sin oponerse al Poder Real constitucional, atribuía a Palacio un mal ejercicio del mismo que desequilibraba todo el sistema. Así pudo leerse, años más tarde, en El Eco del Comercio de 24.7.1845 que «todas las intrigas y todos los males que han aquejado al país por espacio de muchos años han tenido su origen en el palacio de nuestros reyes: allí se han confeccionado las intrigas, allí se han franqueado las cábalas y allí ha nacido la desunión».

María Cristina, en definitiva, obró con las artes (que podrían también llamarse «malas artes») que había aprendido en la corte de Nápoles con su padre y directamente de su difunto marido Fernando. Y operó con habilidad –forzoso es reconocerlo–, pues en circunstancias muy difíciles consiguió los objetivos fundamentales de su vida: asegurar el trono de su hija y amasar una fortuna para disfrutarla tranquila y aburguesadamente con la numerosa familia de su segundo matrimonio. Una verdadera proeza tratándose de una extranjera, a la que ayudaron sus encantos femeninos, un instinto admirable y una absoluta falta de escrúpulos (salvo los religiosos).

El Poder Real

Al principio de este epígrafe ya se ha llamado la atención sobre la escasa diligencia que dedicaron las Cortes a los asuntos de la Corona y no porque no les parecieran importantes sino porque los consideraban singularmente vidriosos en los delicados momentos que atravesaban. Pero, aun así, era imprescindible hacerles un hueco en la constitución, que terminó siendo importante puesto que dio a la Carta de 1837 un sello peculiar que se mantendría durante toda la época isabelina. En cualquier caso lo que saltaba a la vista era que, no obstante el aura revolucionaria de sus autores, la constitución de 1837 fue mucho más respetuosa con el Poder Real que lo había sido su antecesora gaditana que –en palabras de Araujo en la sesión de 24.12.1836– «hicieron sólo una república en la que pusieron un rey por presidente».

El título VI, que seguía a los varios dedicados a las Cortes, se rotulaba «del Rey», eludiendo deliberadamente la expresión de «el Poder Real». En la sesión de 7.4.1837 expuso Sosa una prolija teoría sobre los Poderes constitucionales y entre ellos estaba el «Poder moderador» que correspondía al Rey. Según el diputado tales poderes eran nada menos que seis: el constituyente, el legislativo, el municipal, el judicial, el ejecutivo y el moderador. Al monarca correspondía el Poder ejecutivo, pero había de ejercerlo junto con sus ministros; mientras que el moderador era «de uso exclusivo del Rey y está en el veto absoluto» de que disponía frente a las leyes dictadas en Cortes.

Desarrollando esta idea afirmó que «el verdadero poder moderador es el Poder Real; el poder de los reyes es principalmente un poder de resistencia; pero de resistencia saludable, de resistencia que cuando ve que la máquina se precipita puede contenerla a su placer, en razón de la justicia y de la conveniencia pública (...) En este poder reside hasta el estímulo para poder, si conviene, acelerar el movimiento de las demás ruedas de la máquina. Él tiene con respecto al poder legislativo la iniciativa de las leyes; con respecto al poder ejecutivo tiene la de reglamentar su acción; con respecto al poder judicial tiene la elección de los jueces y la prerrogativa de disminuir las penas; y con respecto al resto de la Nación, o a los demás ciudadanos, tiene la que todos sabemos respecto a ser el dispensador de los empleos, de los honores, de las gracias, de esas gracias que al cabo vienen a ser el aliciente principal del común de los hombres o de un buen número de ellos».

Las cuestiones clave del Poder Real eran las de su extensión, limitada o ilimitada, y la de su responsabilidad. Ambas fueron debatidas pormenorizadamente en el Congreso. En la sesión de 12.4.1837 Olózaga –desde la autoridad de supremo inspirador constitucional que ya le habían reconocido sus compañeros– se atrevió a afirmar que «el Poder Real es el que parece que por su fijeza, por su estabilidad, por su posición elevada debía ser inaccesible a esta especie de responsabilidad a que los que nacemos del pueblo, y recibimos de él nuestro mandato, naturalmente debemos estar sujetos. Ese poder más elevado y que está, digámoslo así, en la cúspide de la pirámide social, parece que debería estar fuera del alcance de toda limitación y responsabilidad. Sin embargo, en la teoría admirable de los gobiernos representativos, el Poder Real está sujeto como todos los demás poderes a seguir la marcha que le indica la opinión general».

Al margen de estas consideraciones teóricas, las prerrogativas del Rey aparecieron enumeradas en los arts. 44 a 49 de la Constitución y su alcance fue precisado por Castro en su discurso del 8 de abril (1837) que terminó siendo un punto de referencia para el resto del debate no sólo por la solidez de sus argumentos sino por el tono políticamente moderado que le inspiraba: «No habrá diputado que dude que el gobierno más análogo, más conveniente y más útil a la Nación española es una monarquía constitucional, es decir, con ciertos límites; reconocemos, por consiguiente, la necesidad de un Poder Real (...) Las prerrogativas del Trono, las consideraciones que se le tienen no son favores que se le hacen: el Trono sirve a la libertad, sirve para conservar la felicidad del pueblo y es necesario que si los pueblos quieren conservar su felicidad misma, le conserven a él y no le debiliten (...) Las consideraciones que se dan al Trono no son deferencias hijas de un respeto cobarde, son hechos nacidos de la conveniencia, de la necesidad de que los poderes políticos se presenten dignamente, de que el Trono sea un elemento estable, respetado y digno de sostenerse».

El equilibrio de los poderes del Rey se encontraba en el refrendo ministerial aunque paradójicamente esta figura parecía garantizar su irresponsabilidad. Ahora bien, si nada podía hacer el monarca sin que firmase un ministro a su lado, es evidente que si éste era riguroso, aquél quedaba privado de su arbitrariedad sin dejarle resquicio alguno. Porque como explicó Sancho en la sesión de 7.4.1837, «los ministros son responsables del uso que haga el Rey de sus prerrogativas y lo son hasta de lo que el Rey deja de hacer, hasta de aquellas cosas que parece imposible: cuando llama a su embajador, de las palabras que diga es responsable un ministro. De todo lo que pueda ser útil o perjudicial al Estado es preciso que haya una persona que responda».

Dentro de la parvedad, ya señalada, del debate, el artículo que se discutió con más apasionamiento fue probablemente el 27:

Si el Rey dejare de reunir algún año las Cortes antes del 1 de diciembre, se juntarán precisamente en este día y en el caso de que aquel mismo año concluya el encargo de los diputados, se empezarán las elecciones el primer domingo de octubre para hacer nuevos nombramientos.

Contra esta regulación se opusieron algunos, como Gómez Acebo, para quien resultaba una prevención peligrosa en cuanto que admitía la posibilidad de que surgiere un conflicto dramático: «Si no se convoca, ¿no es esto un estado de guerra y de choque abierto entre los brazos del poder público? ¿No es esto en realidad un estado de anarquía, de revolución y de calamidad pública?». Pero en la misma sesión del 23.4.1837 la defendieron otros como Armendáriz y Pascual y al final fue aprobado.

Armendáriz, en términos realistas o pragmáticos un tanto escépticos, sostuvo con agudeza que «desde el momento en que el Poder Real, desatendiendo los intereses del pueblo y no haciendo aprecio del artículo de la constitución que manda que se convoquen las Cortes todos los años, tomase la resolución de no convocarlas, ¿no tomará también las medidas necesarias para impedir la reunión de los diputados? Así, pues, debemos suponer desde luego que la resolución de no convocar las Cortes iría acompañada de otra para que no se reuniesen. Se me preguntará: ¿a dónde está el remedio para un caso como éste? El remedio está en la opinión que los españoles tengan de su dignidad; pues si se empeñan en conservar sus fueros, se presentarán de una manera tan imponente que obligarían al monarca a respetarlos (...) Pero esto no puede consignarse en un código. Yo veo en el artículo una inutilidad completa y absoluta y debemos tener presente que en las leyes lo inútil es por lo menos perjudicial (...) Las constituciones se llaman con razón leyes fundamentales pues son las que señalan el círculo dentro del cual deben girar los poderes del Estado; pero en ellas no encontramos un remedio para evitar los males que se producen desde que un Poder traspasa sus límites y destruye y usurpa las atribuciones de los otros. ¿A qué poner un artículo que no presenta efectos ni ventajas positivas? ¿A qué poner un caso que no podrá evitarlo la misma constitución?»

Mientras que Pascual defendió el artículo «porque es una traba que se pone a los ministros para que puedan abusar de sus atribuciones contra los derechos de los ciudadanos. Es una garantía y no una garantía ideal y ficticia sino una garantía real y verdadera».

En un orden distinto de consideraciones, en la sesión del 24.4 (1837) se debatió la exigencia de una previa autorización de las Cortes para contraer matrimonio, tal como establecía el art. 48.5 de la nueva Constitución.

¿Qué pasa –ésta era la duda– si el Rey se casa sin licencia de las Cortes? Según Sancho el matrimonio era nulo por contravenir las leyes: «no tendría efectos civiles ninguno; equivaldría a lo mismo que si el rey viviera con una manceba». Pero en contra se manifestó el canonista Martínez de Velasco: «Yo no creo que se pueda absolutamente decir que el contrato celebrado contra ley sea del todo nulo. La ley prohíbe a un hijo de familia menor de edad el contraer matrimonio sin licencia de los padres y nadie ha dicho hasta ahora que este matrimonio es nulo. Puede serlo en cuanto a los efectos civiles, pero en sí mismo es válido».

El obrar contrario a las leyes –siguió diciendo Martínez de Velasco- lleva a otra cuestión que había sido central para los teólogos juristas de la escuela salmantina clásica: «El Rey abdica a la Corona siempre que falte a cualquiera de las disposiciones de la constitución. Cuando el rey falta a la ley o pacto con los súbditos, éstos están desligados del pacto constitucional. La Nación dice al Rey: tienes la Corona bajo estas condiciones y si el Rey las falta pierde sus derechos y cesan las obligaciones de la nación. Por ejemplo, si el Rey, estándole prohibido la salida o ausencia del reino, saliese una noche en posta y se marchase, nadie dudaría que había abdicado la Corona».

En el ámbito periodístico El Eco del Comercio del día 16.1.1837 precisaba –en unos términos similares a los que luego, según hemos visto, utilizaría Castro en el Congreso– que «para que el Poder real no sea un poder opresor es de absoluta necesidad que la sociedad establezca garantías que le impidan salir de los límites de la ley, que son los de la utilidad común: sin ella poco importan las buenas cualidades y deseos del monarca».

Desde el campo doctrinal es de destacar el interés que puso Balmes en defender las potestades de gobierno del rey, frente a la generalizada expresión de que «el rey reina pero no gobierna», aduciendo en apoyo de su tesis (511) que es fácil percibir que «el rey gobierna cuando en caso de desacuerdo entre las Cortes y el Ministerio disuelve las Cortes o cambia el Ministerio, cuando retira su confianza al Ministerio o disuelve las Cortes aun en caso de acuerdo entre ambos, cuando no sanciona un proyecto de ley votado en Cortes y propuesto por el Ministerio, cuando asistiendo a los consejos de ministros procura que prevalezca el dictamen más acertado». Un repertorio de actuaciones que prueba que, en efecto, la constitución había dejado un amplio margen al rey para que gobernase.

El Rey y las Cortes

Las relaciones entre el Rey y su Ministerio eran formalmente sencillas tal como aparecen en el art. 45.10 de la constitución de 1837, conforme al cual correspondía a aquél «nombrar y separar libremente los ministros». Libertad que implicaba que en ninguna de estas operaciones necesitaba justificar su decisión ni en los desaciertos de los cesados (formalmente lo que se hacía era aceptar una dimisión protocolaria acompañada –salvo excepciones llamativas– de una cláusula de estilo que expresaba su satisfacción por la gestión realizada) ni en las esperanzas despertadas en sus sucesores. Otra cosa eran los motivos reales, de ordinario oscuros y siempre silenciados, como la presión de los sargentos de La Granja en agosto de 1836 o la de los oficiales de Pozuelo en agosto de 1837; principio y fin del Ministerio Calatrava.

Sea como fuese, esta prerrogativa real tenía en principio dos contrapesos constitucionales: uno de carácter formal –que nunca llegó a producir tensiones manifiestas en cuanto que «todo lo que el rey mandase o dispusiese en el ejercicio de su autoridad deberá ser firmado por el ministro a quien corresponda» (art. 64 de la constitución)– y otra de alcance más grave desde el momento en que suponía nada menos que una limitación en el uso de tal prerrogativa. Porque –según la teoría constitucional no recogida en el texto– no bastaba con la «confianza regia» canalizada en el decreto de nombramiento sino que el ministro debía tener una segunda confianza, la de las Cortes, que se desmentía en un voto de censura o de negación expresa de dicha confianza. En 1836, durante la vigencia del Estatuto Real, tuvo lugar este supuesto no una sino dos veces –con Istúriz y con Mendizábal– según se ha relatado ya más atrás.

De esta forma se evidencia que la estructura del Poder constitucional no se fundaba en una relación bilateral (Rey-Ministerio) sino triangular (Rey-Ministerio-Cortes) aparentemente bien resuelta en la teoría de las dos confianzas. Lo que sucedió, sin embargo, fue que las cosas no funcionaron así puesto que en la práctica, según era de temer, se impusieron disfunciones capitales o, dicho más llanamente, se hicieron trampas.

La primera en hacerlas –de acuerdo con el excelente relato de Marcuello (p. 61)– fue la propia Reina Gobernadora que no se resignaba a aceptar el modesto papel de titular del Poder moderador que, al parecer, los liberales le habían asignado y si su comportamiento fue, a juicio de este autor, correcto en la crisis de febrero ya no lo fue en la de mayo, cuando sustituyó a Mendizábal por Istúriz. En su consecuencia «se fue desnaturalizando el sistema de las dos confianzas como embrionario régimen parlamentario, se cerró la posibilidad de que el mismo llegase a ser una plataforma efectiva para una hipotética evolución de futuro a una monarquía parlamentaria y la Corona se deslizó de eventual poder moderador a efectivo determinante del signo político de los responsables de la acción del Gobierno».

En este segundo conflicto María Cristina se salió de las reglas del juego constitucional porque, según el autor, en lugar de intervenir en el conflicto surgido entre el Congreso y el primer ministro actuando como un poder moderador y limitándose, sin entrar ella en la tensión, a apelar a la nación para que ésta en unas nuevas Cortes se inclinase por una de las partes, se entrometió en las funciones del Ejecutivo y fue ella la que provocó el conflicto. En el caso de mayo de 1836, al negarse a firmar unos decretos de remoción de cargos militares, demostró que retiraba su confianza a Mendizábal obligándole a dimitir. Pero a partir de aquí el conflicto se fue extendiendo, porque las Cortes manifestaron de inmediato su desconfianza a Istúriz, con lo cual éste aconsejó la disolución con la esperanza de que, según se ha dicho antes, las nuevas se la entregaran. Pero el mal ya estaba hecho y de tropiezo en tropiezo se terminó en el descarrilamiento de La Granja. Porque, en palabras del mismo Marcuello, «resulta innegable desconocer que una causa fundamental de la revolución de verano de 1836 fue el deslizamiento de la Regente, más allá de su teórico poder moderador neutral, a efectivo determinante del signo político de los gobiernos de la nación, a costa de hacer embarrancar el incipiente régimen parlamentario por medio de la adulteración de una pieza esencial de éste: la disolución de las Cortes como neutral y formal apelación última al arbitraje de la Nación en un conflicto entre los poderes constituidos y activos del Estado» (p. 79). Ésta es la certera tesis del autor, cuya rotundidad podría, no obstante, matizarse teniendo en cuenta que las fuerzas ocultas (el ejército, la camarilla) que también intervenían en este juego desbordaban la energía de María Cristina hasta tal punto que es imposible determinar si era el motor de los acontecimientos o iba a remolque de ellos.

La cuestión de las relaciones entre el Rey y las Cortes apareció crudamente, como puede imaginarse, a la hora de discutirse las bases del nuevo texto, concretamente el 24 de diciembre, a propósito de la tercera parte de la base tercera, conforme a la cual se concedía al Rey la facultad de «suspender y disolver las Cortes», a lo que se opuso enérgicamente Cabrera de Nevares, argumentando que esto suponía «conceder al rey un poder casi ilimitado (que hace) impracticable el equilibrio que debe haber entre los poderes que constituyen un gobierno representativo, pues veo aquí sobreponerse a la voluntad expresa de las Cortes la voluntad fundada o infundada del monarca. (Con ello) ¿qué les queda a las pobres Cortes, reducidas por el veto ilimitado que al monarca se le ha concedido a la simple condición de unos humildes peticionarios?».

Nótese que Cabrera de Nevares asumía a rajatabla el principio del equilibrio de poderes y que lo que hacía en su intervención era denunciar su ruptura: lo que consideraba intolerable. Unos pocos años más tarde, en 1845, Pacheco (en sus Lecciones de Derecho Público, ed. 1984, p. 30) constataba también la situación de desequilibrio, pero la consideraba no como un defecto del sistema sino como una condición natural que había que aceptar como irremediable y no necesariamente dañina. Para el pensamiento moderado el predominio del Poder Real era aconsejable, como para el progresista lo deseable era el predominio del Poder parlamentario. Oigámosle: «La teoría del equilibrio ni la he encontrado de hecho justificada en ninguna ocasión ni mi razón me la impone como un principio exacto y aceptable; creo, por el contrario, que todo lo que se ha imaginado sobre la ponderación e igualdad de los poderes es un error en la práctica y una ilusión como teoría o dogma (...) La observación nos dice que en todo país, que en toda época ha habido algún elemento cuyo poder ha excedido al de los otros». En definitiva, frente a la generalizada teoría del equilibrio sostuvo la teoría de la preponderancia de algún poder concreto.

Volviendo a la base constitucional, ésta fue defendida por Dionisio Valdés, que no veía peligro alguno en el ejercicio de esta facultad puesto que si la Nación no estaba de acuerdo con la disolución, siempre podría enviar los mismos diputados «o acaso otros más impetuosos y entonces ¿cómo podría el Gobierno resistir a una Cámara que se le presentaba con nuevo vigor?». En su opinión la fórmula venía avalada por las experiencias parlamentarias de aquel mismo año: «En España ya llevamos dos disoluciones. La una fue bien recibida en la nación y el resultado fue que en las nuevas elecciones la nación no nombró a los diputados que hicieron la oposición».

Aquí terminó el debate porque declarado suficientemente discutido se procedió a la votación y fue aprobado con los votos en contra de los veinte diputados que constituían la flor y nata de la oposición irreductible:

Con este precedente la cuestión estaba ya prácticamente decidida a la hora de discutirse el art. 27 del proyecto en que se desarrollaba aquella base, lo que tuvo lugar el 22 de abril. Y efectivamente este extremo fue aprobado sin llegar siquiera a debatirse en una votación no nominal, cuyos resultados aritméticos ni siquiera aparecen curiosamente en el Diario de Sesiones.

Lo que en cualquier caso quedó claro fue que con las prerrogativas de convocatoria y disolución se estaba afianzando el Poder Real hasta tal punto que ya no podía hablarse sinceramente de un equilibro de Poderes tal como había denunciado el primer día Cabrera de Nevares y la mayoría tuvo el día 24 de abril que oír la imputación de Gorosarri de que estaban actuando como abogados gratuitos de la Corona; sobre todo si se piensa que no se trataba sólo de la facultad de suspender y disolver sino también de convocar.

La magnificación del Poder Real pasaba por ser una de las claves del pensamiento moderado y sin embargo, como acaba de verse, se incrustó en un texto aprobado por unas Cortes progresistas y, además, así sucedió con absoluta naturalidad al calor de una mayoría aplastante.

En otro orden de consideraciones conviene resaltar la discordancia entre la fortaleza formal-constitucional del Poder Real y su debilidad efectiva como consecuencia de su vulnerabilidad fáctica. De hecho María Cristina carecía de ideas políticas propias y más aún de temple personal. Por herencia napolitana fue siempre absolutista y constituyó una broma histórica que tuviera que representar en España el papel de campeona liberal y ángel de todas las libertades. Un papel que desempeñó con muy poca sinceridad y menos fortuna. Hasta es posible que su única decisión personal sincera fuera la de entregar la Regencia y abandonar España para recuperar su verdadera condición de italiana y francesa. En agosto de 1836, presionada por unos sargentos (y por las fuerzas que había detrás de ellos) tuvo que aceptar el «trágala» de la constitución de 1812 y, a través de Calatrava, llamar al poder a Mendizábal que no era precisamente su amigo. En agosto de 1837, presionada otra vez por los pretorianos, no logró hacer un Ministerio con sus amigos: con Espartero (que entonces lo era pero que astutamente se había percatado de que los tiempos no estaban todavía maduros y no quiso asumir responsabilidades demasiado pronto) y con Pita. Pita estaba dispuesto a gobernar desde la autoridad hasta consumir la legislatura; pero las Cortes le reprobaron y tuvo que marcharse bien a su pesar y al de la Reina Regente. Éstos eran los límites efectivos de las flamantes prerrogativas reales de la constitución de 1837.

María Cristina tenía tanta doblez como Fernando, que ambos necesitaron para soportar las humillaciones personales y políticas que padecieron y que el segundo superó con violencia y la primera con astucia. Es significativo a este propósito que ninguno de los dos se fiara de sus propios gobiernos y prefirieran operar con la camarilla de Palacio; pero María Cristina, a diferencia de Fernando, no llegó nunca a enfrentarse directamente con sus ministros: se limitaba a ponerles trampas para que cayeran ellos solos, y a evitar, con combinaciones estrambóticas, que llegaran a ser fuertes. A ella, la verdad es que no la echó nadie: se marchó de España cuando quiso y dejando la sucesión «atada y bien atada».

Exclusión del rebelde Don Carlos a la Corona de España

El título VIII de la proyectada Constitución de 1837 regulaba «la sucesión de la Corona» encabezándose con un rotundo art. 50 en el que se declaraba que

La Reina legítima de las Españas (en plural) es doña Isabel II de Borbón.

Luego, en los artículos siguientes se establecía el orden de sucesión al Trono, aunque advirtiéndose en el art. 54 que

las Cortes deberán excluir de la sucesión aquellas personas que sean incapaces para gobernar o hayan hecho cosas por las que merezcan perder el derecho a la Corona.

La cautela de este precepto era un eco de lo sucedido en noviembre de 1836 cuando se excluyó de la Corona a Don Carlos y a todos sus descendientes.

El origen de este precepto se encuentra en una proposición de Fernández Baeza presentada el 20 del mismo mes que, informada favorablemente por la comisión de Legislación, pasó a debate el día 26. El propio Fernández Baeza justificó su proposición en ser éste el sentir de «todos los españoles amantes de la Patria», advirtiendo que «este alucinado príncipe acaba ahora mismo de encargar la instrucción pública a la corporación de los jesuitas. Todos los días da nuevas muestras de cuáles son sus sentimientos y sus ideas. Si fuera posible que reinase en España, retrocederíamos al siglo XIII». Y en lo mismo abundó Antonio González: «los españoles en la situación actual, en el siglo presente, no pueden permitir que un hombre que ha derramado tanta sangre para atacar las luces y la libertad del siglo presente ocupe el Trono de España». Y también López, el ministro de Gobernación, con su acostumbrada retórica: «El exinfante no puede ser para todos los buenos sino un objeto de execración universal; la palabra maldición debe ir atada a su sombra, perseguirle por todas partes, pasar a la posteridad como un funesto legado, y esculpirse sobre la afrentosa lápida de su sepulcro».

Si la cuestión de fondo parecía clara, existía, no obstante, una delicada espina legal que dividía a los diputados. Porque es el caso que en 1834 ya habían dictado los Estamentos un decreto semejante; pero, habiéndose proclamado después la constitución de 1812 y estando establecido en ella el derecho de Don Carlos, surgía la duda de si la resolución de 1834 había sido derogada por la entrada en vigor de la constitución gaditana, planteándose con ello un problema interpretativo. Porque si se entendía que seguía en vigor el decreto de 1834, la nueva declaración que ahora se proponía resultaría superflua. Motivo más que suficiente para que la discusión se prolongase durante varias horas aunque al final se probó por unanimidad.

Pero, además de lo anterior, se produjo otro incidente complementario, a saber, que a Caballero y a otros diputados les pareció poco lo resuelto y presentaron una adición proponiendo, por un lado, que la exclusión se extendiese a los exinfantes don Sebastián y don Miguel y a la princesa de Beira; y por otro, que se declarase directamente su condición de traidor (o traidores) y que ello legitimase por sí solo a cualquier autoridad que le aprehendiese para aplicarle inmediatamente la pena correspondiente (la de muerte) sin formación de causa.

La comisión de Legislación en su dictamen de 15.12.1836 informó favorablemente la primera petición, mas no así la segunda que en su opinión debería ser objeto de una ley especial. Con lo cual el debate se retrasó hasta el 11 de enero de 1837 y en él apoyaron varios diputados el criterio de la comisión por entender que una medida de este tipo supondría una violación del tratado de Elliot y acarrearía a los prisioneros del ejército cristino el riesgo de ser tratados, como represalia, de la misma manera. Lo curioso del caso es que el Gobierno, debidamente requerido al efecto, se negó a aclarar si había aceptado o no este famoso tratado, aunque reconociese que se practicaba de hecho, salvándose gracias a él muchos soldados a través del correspondiente canje con prisioneros carlistas.

Volviendo a la cuestión principal, o sea, a la exclusión de Don Carlos de los derechos sucesorios, no puede pasarse por alto que de esta forma se pretendían romper los puentes de un pacto de familia (que, por cierto, estaría a punto de realizarse unos meses más tarde) mediante el cual y a través de un matrimonio con Isabel II se posibilitara pacíficamente el acceso al Trono del hijo de Don Carlos. Así lo expresó sin rodeo alguno el propio presidente del Consejo de ministros en la sesión del 26.11.1836: «den estas Cortes una nueva advertencia a aquellos que acaso abrigan ideas de que es posible un acomodamiento entre ambos partidos; declaren las Cortes, y así se lo ruega el Gobierno, que es imposible toda transacción, todo acomodamiento. No hay medio entre nosotros y el Príncipe rebelde: o deponer las armas, salirse de España y reconocer por reina a Isabel II o guerra a muerte, guerra hasta expulsarle y exterminar la rebelión».

Dejando a un lado este último inciso de José María Calatrava, es manifiesto que las Cortes habían esquivado cuidadosamente cualquier planteamiento ideológico de tal manera que en lugar de contraponer los principios del absolutismo y del liberalismo habían preferido colocarse en un terreno personal y dinástico donde se encontraban más cómodas. Es posible que no tengamos que lamentar esta tendencia puesto que un debate de tal naturaleza hubiera puesto probablemente de relieve lo raquítico del pensamiento ideológico de unos diputados indudablemente cultos pero más propensos al insulto personal y a las afirmaciones apodícticas que al comedimiento y a las reflexiones generosas: una suposición pesimista que no ha habido, sin embargo, oportunidad de verificar.

La expresión normativa de esta política cristalizó en el Real decreto de 17.1.1837 por el que se mandaba observar el de Cortes del día 15 conforme al cual se declaraba

excluido de la sucesión de la Corona de las Españas al rebelde D. Carlos María Isidro de Borbón y a todos sus descendientes y a los ex Infantes D. Miguel María Evaristo de Braganza, D. Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza y Doña María Teresa de Braganza y Borbón y a todos sus descendientes.

La máquina del Estado y su funcionamiento efectivo

En la planta de la máquina del Estado que habían trazado sobre el papel las Cortes constituyentes, eran los ejes fundamentales la Corona, las Cortes y el Gobierno, cuyo acertado encaje debía asegurar no sólo su buen funcionamiento sino también que ninguno de estos tres Poderes impusiese unilateralmente su voluntad arbitraria puesto que se controlaban recíprocamente. Ahora bien, analizando esta imagen mecanicista surgía inevitablemente la pregunta de cuál era y dónde estaba el motor, que en el dibujo no aparecía por ninguna parte y el indagarlo parecía una «cuestión metafísica» de esas que no gustaban a tan pragmáticos diputados.

Aunque nunca llegara a formularse así de manera expresa, se daba por supuesto que la máquina contaba con dos motores: uno era la nación (de alcance impreciso, casi inasequible, que se materializaba en las Cortes) y el otro el mismo Dios (o quizás simplemente la tradición, la inercia histórica) aún más impreciso e intelectualmente más inasequible, que se materializaba en la Corona. De esta forma resultaba que las dos instituciones estatales no tenían naturaleza ni voluntad propia sino que eran instrumentos de fuerzas anteriores y superiores al mismo Estado.

Los problemas empezaban entonces cuando se pasaba de las ideas a los hechos, de los planos a la realidad. Porque el Antiguo Régimen también había estado bien imaginado y todos recordaban estremecidos sus desmanes. Aquel Estado también era entonces el resultado de un pacto social entre un Soberano apoyado directamente por Dios y el pueblo: pacto que, sin embargo, no llegó a funcionar al menos en las épocas históricas conocidas, por la presión ejercida por el despotismo continuado de una de las dos partes, el monarca, dado que el despotismo potencial de la otra parte –la anarquía popular– nunca llegó a imponerse de manera estable. El secreto constitucional había de ser, por tanto, un encaje adecuado de los ejes hasta conseguir, según se repetía incesantemente, su control recíproco. En este punto las Cortes de 1836-1837 fueron generosas con el Poder Real, que con sus prerrogativas de veto a las decisiones parlamentarias y de disolución de las Cortes, las tenían en sus manos, aparte de ser la cabeza del Poder Ejecutivo. Los excesos parlamentarios quedaban así frenados con garantía; mas no sucedía los mismo con los de la Corona. Tenía razón, pues, Pacheco en el texto que acabamos de citar: había un Poder dominante, el monárquico, y la máquina resultaba asimétrica.

Las Cortes de 1836-37 percibieron ciertamente esta posibilidad, pero descartaron como inimaginable que algún día pudiese surgir un choque efectivo, por lo que se limitaron a regular un escenario de simples tensiones, de meras discordancias de opinión entre los dos Poderes y a tal efecto crearon el Senado como palanca permanente de concordia. La consecuencia fue una máquina barroca, excesivamente recargada de piezas de aseguramiento, con tantos controles que terminaban paralizando el movimiento. Recuérdese que la Corona actuaba de moderadora entre las Cortes y el Ejecutivo (del que curiosamente era la cabeza, pero sin potestades de gobierno). Y ahora se añadía la nueva pieza del Senado, que moderaba entre el Congreso y la Corona. Sin olvidar al Poder Judicial, que controlaba los actos de las Administraciones públicas y a las fórmulas de exigencia de responsabilidad ministerial que podían ejercitar coordinadamente las dos Cámaras. Demasiados frenos para unos motores tan débiles. Pero ¿sucedían las cosas como estaba previsto en la constitución?

Los liberales tenían una fe ciega en los textos constitucionales, creyendo que la vida política estaba regida por ellos y cuando algo no funcionaba bien se apresuraban a aprobar una nueva constitución con cuya letra todo se arreglaría. En el mundo político, no obstante, la constitución era un dato más, a veces no el más importante de entre los muchos con que contaban. Y el caso era que aquellas Cortes constituyentes se dejaron en el tintero a los factores más esenciales: los partidos, la prensa, el Ejército y el Palacio (no al monarca sino a su camarilla); unas fuerzas que ante la inoperancia de la máquina tal como estaba en los planos, se colaron de rondón en la vida política para dirigirla con más o menos disimulo.

No se trata de descubrir aquí la existencia simultánea de una constitución formal y otra constitución real: un hecho indiscutible y bien conocido que aparece en la primera lección de la vida política. Los historiadores de los años 1836 y 1837 no pueden detenerse en los textos del Estatuto Real y de las constituciones de 1812 y 1837 porque se trata de superficies pintadas, decorados de un escenario teatral que tenía muy poco que ver con la España real que pretendía representar. La historia es apasionante porque se refiere a un cosmos sin fronteras en el que la vida no se agota en la política de la misma manera que la política no se agota en el imaginado cumplimiento de una constitución solemnemente jurada.

Lo peculiar del período que se estudia en el presente libro es que se trata de un momento de inflexión histórica, de un paso de página. Porque el Estado constitucional, pese a las apariencias, no empezó a funcionar de la noche a la mañana sino por sus pasos contados en una transición ciertamente acelerada pero que llevó su tiempo. El fugaz Ministerio de Cea supuso el primer escalón, una especie de protoliberalismo más importante de lo que se cree porque demostró que España podía vivir sin un rey absoluto y abría las dos posibilidades de modernización: la tecnocrática a la prusiana y la parlamentaria a la francesa. Los liberales españoles, que habían pasado la emigración en Inglaterra y en Francia, escogieron sin vacilar la segunda vía que era la única que conocían y en la que podían sentirse cómodos. Con Martínez de la Rosa, Toreno y el primer Mendizábal se vivió un período preconstitucional: con una constitución rudimentaria (el Estatuto Real), un régimen electoral apenas esbozado, unas Cortes adolescentes (los Estamentos de Procuradores y de Próceres), unos grupos políticos imprecisamente dibujados que operaban casi espontáneamente o por instinto y una prensa agresiva pero desarticulada.

En estas condiciones el grupo político más impaciente (que cabalmente por sus prisas terminaría llamándose progresista) comprendiendo que ni en Palacio ni en las Cortes podía adelantar mucho, acudió al pueblo y a las provincias, que debidamente manipuladas irrumpieron por la puerta de atrás en el alcázar oficial y allí colocaron en un primer intento a Mendizábal (verano 1835) y en un segundo intento (verano de 1836), después de la reacción isturista de mayo, a Calatrava-Mendizábal, que fueron los que primero pisaron la tierra prometida del constitucionalismo maduro valiéndose del andamio de la constitución de 1812, de la que se desembarazaron cuando terminaron el edificio de la constitución de 1837. Hemos dicho que se trataba ya de un constitucionalismo maduro; pero es claro que mientras se realizaban aquellas obras la vida parlamentaria no podía considerarse consolidada ya que seguía sin haber partidos políticos electorales, que no podían ser fruto de un texto constitucional sino resultado de un proceso social que no culminaría en esta Legislatura sino en la siguiente.

* * *

3. RÉGIMEN ELECTORAL

Constitución y ley electoral.– Dictamen de 31.5.1837 sobre el proyecto de ley.– El gran dilema: elecciones directas o indirectas.– Segundo dilema: número de electores por diputado.– De las calidades necesarias para ser elector.– Capacidades y clases.

Sabido es que la vida política constitucional se mueve dentro de la práctica electoral y con el contenido y alcance que ésta le precisa: todo lo demás es retórica. Mendizábal lo sabía muy bien por sus amargas experiencias de 1836. La aprobación de una ley electoral adecuada al pensamiento liberal había sido uno de los ejes de su programa de septiembre y cabalmente en ella naufragó su primer Ministerio. La lección era, pues, la de que en materia tan importante no cabía la elegante postura de colocarse por encima del debate y más teniendo en cuenta la complejidad técnica del asunto: tanta que en 1837 provocó la aparición de tres proyectos nada menos y en última instancia el rechazo de la propuesta progresista de circunscripciones provinciales, y no de distritos, como terminaron imponiendo los moderados. Un dato que confirmaba la sospecha de que en las cuestiones políticas fundamentales el Congreso, aun pregonadamente progresista, estaba de hecho contaminado de un moderantismo inequívoco. Las Cortes de 1836-37 podían ser radicales en el terreno económico y social (disciplina de la Iglesia, extinción de comunidades religiosas, desamortización, diezmos, vinculaciones, profesiones y mercado), pero en el terreno estrictamente político se sentían tendencialmente moderadas.

Vivían, por otro lado, estas Cortes en una situación paradójica porque habiendo sido formadas con un sistema electoral indirecto y relativamente democrático (propio del régimen de Cádiz) acabaron renegando de su origen y de su propia legitimidad, al inclinarse por un sistema directo y atrozmente censitario. En estas condiciones era ya difícil tenerlas por progresistas, salvo que se aceptara –como se aceptó– que progresismo y democracia eran incompatibles.

Constitución y ley electoral

Siempre se ha tenido conciencia de la íntima y singular relación que media entre la constitución y la ley electoral: sin un régimen electoral aceptable no puede hablarse en serio de un sistema constitucional; de la misma manera que no hay constitución digna de este nombre que no se ocupe de las cuestiones electorales.

La Constitución de 1837 después de hablar del Senado dedicó tres artículos al Congreso en los que se enunciaba la esencia del régimen electoral:

Art. 21. Cada provincia nombrará un diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas de su población. Art. 22. Los diputados se elegirán por el método directo y podrán ser reelegidos indefinidamente. Art. 23. Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinticinco años y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral.

Una regulación precisa, como se ve, pero demasiado sobria y que, por ende, dejaba un margen amplísimo a la ley de desarrollo según denunció Miranda en la sesión de 5.6.1837 cuando se iniciaron las labores de este tipo: «Para mí no tiene defecto tan capital la misma constitución como el ser demasiado concisa, defecto que la hace más dependiente de las leyes y reglamentos que la explanen».

Preceptos que necesitaban por lo mismo de un desarrollo legislativo pormenorizado, a cuya obra puso manos el Congreso, sin que se escapara desde el primer momento el rango cuasiconstitucional de la ley que se estaba elaborando: y en tal sentido se expresaron en la sesión del 5.6.1837 primero Gómez Acebo: «La ley electoral es la verdadera constitución práctica de un país (...). Porque de poco provecho habría sido para la Nación el ofrecerle el presente de un acta constitucional si los medios esenciales y prácticos de su ejecución no correspondieran a ella. Es, pues, indudable que la ley relativa a las elecciones no tiene menos gravedad que la ley constitucional»; y a continuación Olózaga: «La constitución por sí sola no puede nada si no va unida con una buena ley electoral, pues de ella pende que los individuos elegidos representen la verdadera voluntad nacional».

Pero varios meses antes, el día 28.12.1836 ya había adelantado estas ideas Armendáriz: «Todas las constituciones por sí solas no son un bien ni son una realidad. Una buena ley electoral es la que pone en ejecución la parte más esencial de las constituciones, a saber, fijar cuál es la opinión pública para dictar con oportunidad las leyes que hagan la felicidad del país. (...) Yo creo que el mejor medio de elección será el que nos dé por resultado la verdadera voluntad nacional y el que ponga esta misma voluntad a cubierto de las seducciones de partido y de los influjos del poder, y que al mismo tiempo una y enlace al pueblo con los diputados». La indicada conexión se reflejó también al discutirse el 27.3.1837 una proposición de Zumalacárregui pidiendo que se encomendase a la comisión de Constitución (y precisamente a ella) el proyecto de ley electoral. Al día siguiente (el 28.3) se opuso Caballero por entender que mientras no hubiese constitución no se podía elaborar nada, habiendo tantas cuestiones abiertas. No obstante, la proposición se aceptó aunque sin consecuencias prácticas inmediatas.

En cualquier caso, los debates electorales fueron extensos y repetitivos debido a la circunstancia de que tuvieron lugar en varias ocasiones sucesivas: primero en el curso de la elaboración de la constitución, donde se decidieron tras agrias discusiones ciertos puntos fundamentales (la elección directa y el número y distribución de diputados); en segundo lugar, meses más tarde, al hilo de la totalidad del proyecto de ley; luego conforme se fueron discutiendo los artículos singulares; y, en fin, en el debate de las sesenta adiciones que se presentaron. Esto significa que, salvo aquellos puntos que la constitución había resuelto definitivamente, todo fue repetido ad náuseam y hasta el último momento, pues nadie quería ceder en una cuestión tan importante. Sin olvidar, por otra parte, el recuerdo de lo que había sucedido al discutirse en febrero de 1836 la ley electoral de Mendizábal, cuando, vencido el Gobierno en un extremo quizás no capital de ella, Mendizábal lo entendió como una especie de voto de censura y, sin más, disolvió las Cortes.

El Diario de Sesiones dedicó más de cien páginas a este punto, en el que se habló de lo divino y de lo humano, con citas eruditas de autores extranjeros y examen prolijo de cuanto había sucedido desde las Cortes de Cádiz. De ordinario, sin embargo, el debate fue de vuelo bajo y sólo raras veces se invocaban cuestiones generales de altura pero indefectiblemente mal tratadas: entre lo apriorístico y lo retórico. Hablando de dogmas cada cual decía lo que le parecía y por muchos y elevados discursos que se pronunciaron, no había modo de llegar a un acuerdo. ¿Qué sentido práctico tenía entonces pontificar horas y horas sobre el gobierno representativo, la voluntad popular o la soberanía nacional? ¿Se estaba escribiendo un tratado de derecho constitucional o elaborando una ley electoral?

Todos invocaban patéticamente las palabras más solemnes del diccionario liberal –opinión pública, voluntad de la nación, soberanía nacionala conciencia de que su atractiva sonoridad era consecuencia de la absoluta vaciedad de su contenido. El estrépito de un órgano procede de unos tubos huecos en los que cada organista introduce vibraciones de viento con la música que le parece. Pero en esta materia las constituyentes no estaban bien concertadas y ninguno se entendía con los demás en el uso de un vocabulario tan ambiguo.

Aunque por otro lado no se sabía qué era peor: si la tormenta de viento que desordenaba el Congreso o la tormenta de violencias que atribulaba a los ciudadanos los días de elecciones, que en España nunca habían sido limpias. Bien es verdad que las celebradas durante la égida progresista no fueron especialmente fraudulentas; pero el nivel de irregularidades –que entonces podía ser tenido como normal– fue lo suficientemente alto como para descalificar la práctica del sistema. Llovían las reclamaciones personales e institucionales sin que nadie se diera por escandalizado y ninguna medida eficaz se tomaba para remediar tales prácticas. Por citar un solo ejemplo, valga el caso de Málaga a juzgar por el relato que se hizo en una Exposición popular dirigida al capitán general Palarea denunciando la conducta del jefe político Lancha y del comandante militar Bausá:

El puñal y las pistolas son las influencias que usa cierta fracción política para inclinar a su favor las elecciones.

Y el mismo día 26 de octubre (1837) confirmaba estas irregularidades otro escrito del comandante Cárdenas:

Ya días antes había empezado a ostentarse en calles y plazas el poder ominoso de los clubs desorganizadores (...) No había medio de terror que los nuevos tiranos no empleasen para coartar la libertad en el acto más sagrado de la ciudadanía. Las elecciones se están consumando al brillo de los puñales. Una turba de sicarios tiene tiranizada a la población.

Dictamen de 31.5.1837 sobre el proyecto de ley

El último día del mes de mayo presentó al fin la comisión de Constitución –no el Gobierno– un dictamen sobre el proyecto de ley de tono optimista y confiado, aunque apenas iniciada su discusión se alzaron algunas voces premonitorias reclamando prudencia. Tal fue el caso de Argüelles el día 10 de junio: «Que esta ley es imperfecta, nosotros lo reconocemos. Pero es imperfecta no para siempre. Es el primer paso que se da en esa misma carrera de perfección, y las Cortes sucesivas irán adoptando o haciendo en ella todas aquellas reformas que la experiencia acredite que son justas y convenientes».

Y poco antes, el día 6, Miranda había expuesto la misma cautela aunque desde otra perspectiva: «Nos engañamos si damos leyes para la metrópoli y media docena de capitales del reino solamente, o si por el estado de las mismas nos persuadimos que es el propio el estado de todos los pueblos de la península. Error craso y que nos precipita como nos precipitó otras dos veces.(...) Yo predije al ver el proyecto: esta Constitución, si sale de la infancia, no alcanzará la edad próxima a la pubertad: ojalá que me engañe. En vosotros está el darle siquiera vida para poder ser púbera. En vosotros está el aplicar una ley electoral que la haga duradera».

Pero dentro de estas observaciones previas de carácter general, quizás la más importante fue la de Olózaga el día 10 de junio, en la que se resumió el pensamiento de las Cortes y de su proyecto: lo ideal sería que toda la nación participase en el proceso electoral; ahora bien, no siendo esto posible se procuraba que el número de los excluidos fuese lo más reducido posible y, además, había que asegurar que quienes no gozasen de los derechos políticos dispusieran al menos de los derechos civiles: «En nuestra (España) hay, puede decirse, dos naciones en una. Desgraciadamente hay una clase muy numerosa, que debemos procurar lo sea lo menos posible, que no puede ni debe en mucho tiempo ejercer los derechos políticos, a la que debemos asegurar todos los civiles. Una nación, una parte a quien se debe todo, pero que por sí misma puede hacer muy poco. Y hay otra parte activa de la nación, que el repartimiento diferente de la propiedad hace que naturalmente sea la más rica y la que represente los intereses de aquélla, y sin espíritu ninguno de aristocracia, como que es la más inteligente, la más activa, es la única que puede tomar parte en la formación del derecho electoral y en último resultado en la Representación nacional». He aquí, en suma, una formulación admirable de una idea imaginada por su autor, que lamentablemente tenía muy poco que ver con la realidad, pero que reflejaba elocuentemente las ambiciones –y las limitaciones– del pensamiento progresista avanzado.

Muchas eran, en efecto, las cuestiones que planteaba el régimen electoral, pero a la que menos importancia se daba era a la del sufragio universal, que no entraba en el horizonte ideológico del liberalismo de la época. Por expresarlo ahora con palabras de Gómez Acebo de 15.12.1836, «no deseo yo un sufragio universal sino que tengan voto todos los que paguen una cuota determinada, que es lo que prueba el arraigo y la existencia útil de un hombre en la sociedad. El que paga una contribución es un ciudadano útil. El que no la paga o la paga muy escasa tiene poca prevención a su favor. A los primeros puede la sociedad sin riesgo conceder un derecho tan interesante, y así como se les exige un gravamen, es justo darles una participación en el gobierno. Esto es la esencia del gobierno representativo».

Desde nuestro punto de vista el debate electoral fue desgranándose en un rosario de dilemas sobre cuestiones esenciales, que se irán examinando a continuación.

El gran dilema: elecciones directas o indirectas

Éste era inevitablemente el primer punto que había de decidirse y las Cortes lo abordaron de una vez por todas en las discusiones sobre las bases de la constitución (y que terminó plasmándose en el art. 22, ya transcrito, del texto) sin esperar a la ley electoral. El dilema que aquí se abría era el siguiente: o bien elecciones indirectas con sufragio universal (o tendencialmente universal) que se articulaba luego en unos escalones intermedios donde los elegidos en la instancia anterior actuaban como delegados hasta llegar al nombramiento definitivo; o bien elecciones directas, de sufragio censitario más o menos reducido. La primera opción estaba avalada por la constitución de 1812 y, además, así es como se había elegido a los diputados de las constituyentes que tenían ahora que decidir para el futuro. Frente a esta opción doceañista o exaltada, la alternativa invocaba razones de experiencia: los viejos doceañistas confesaban que el tiempo les había enseñado mucho y que en las circunstancias del momento la única solución viable era la directa restringida. En cualquier caso la decisión fue tomada a nivel constitucional y, consecuentemente, en el preámbulo del proyecto de ley electoral presentado por la comisión ya se hacía constar que

dejando a un lado todos los métodos de sufragio indirecto, que constituyen la infancia del método representativo, las Cortes han tenido a bien establecer en la constitución de la monarquía que las elecciones populares se harán en lo sucesivo por el método directo.

En la última semana del año 1836 se debatió la cuestión dentro de la base cuarta («los diputados a Cortes se elegirán por el método directo») del proyecto de reforma constitucional defendiendo la fórmula indirecta Sosa, Martínez Falero, Juan Montoya y Fuente Herrero; y la contraria Argüelles, Ayllón, Sancho y Gorosarri. El mejor argumento de los defensores del sistema indirecto era de índole democrática habida cuenta de que gracias a él se ampliaba la participación política ciudadana, integrando en el régimen a un mayor número de personas, que sería inicuo dejar sin voto puesto que contribuían al levantamiento de las cargas del Estado con sus impuestos, aunque fueran reducidos y además con su sangre. A lo que se añadían en segundo término razones técnicas de índole geográfica, puesto que en su ejercicio no se necesitaban desplazamientos a lugares alejados de su residencia. Sin contar la tradición ni que así se habían reunido los constituyentes de 1812 y 1836 y a todos les había parecido bien. Como explicó Juan Montoya el 13.12.1836, «se dice que la elección indirecta no es más que una ficción, pero no sé yo cómo esto puede concebirse. Dice la comisión que no puede extenderse a todos la facultad de elegir y efectivamente por el método directo no puede alcanzar sino a pocos y falta saber si es un hecho que estos pocos representen, como se quiere, a todos los demás puesto que, según muy bien dijo el sr. Sancho, la obligación de obedecer nace del derecho a elegir: efectivamente, si todos tienen obligación de obedecer ¿por qué se les ha de privar del derecho de elegir?».

En palabras de Sosa del día 24, «yo no quiero que ningún ciudadano se quede sin la facultad de emitir su voto en las elecciones, que es el acto único y exclusivo en que expresa sus derechos (...) Yo no quisiera que de modo alguno siguiésemos las ideas de los doctrinarios, que son sumamente restrictivas, pues sólo quieren que disfrute de los derechos constitucionales un círculo pequeño, una sola clase de ciudadanos. Al contrario, yo quiero que no sea una sola, sino todas las clases las que los disfruten». Dicho esto, el orador se extendió luego en manifestar que el sistema directo consistía en el derecho que a una sola clase o a unas cuantas personas se concedía de emitir su voto para nombrar la representación nacional, al paso que por el indirecto se concedía este derecho a todos los ciudadanos.

El largo discurso que a continuación pronunció Martínez Falero duró dos días. Empezó el 26 de diciembre afirmando que «la forma directa de elección, que es muy buena en un país poblado, de paz y comunicaciones, que tiene buenas posadas y en donde las clases medias tienen los conocimientos suficientes para distinguir los hombres patriotas que pueden defender sus intereses, llegará a ser sumamente perjudicial, gravosa y de un resultado terrible en los países en que los pueblos están a largas distancias, los caminos malos, las posadas incómodas y en que el círculo de personas que tienen idea de los hombres de su país está reducido a muy pocos. (...) En España –siguió diciendo– casi no ha habido elección directa sino en los territorios de las órdenes militares: la elección de procuradores del común, la de los diputados del año 10, la que establece la constitución hasta la del Estatuto, son indirectas. Por esta elección se reunieron los diputados que formaron la constitución del año 12; por ella se encuentran reunidos los actuales para revisarla. (...) La elección directa tampoco satisface las necesidades del pueblo. Los pueblos no pueden hacer uso de ella. En un colegio electoral no habrá, de mil personas, 960 que conozcan a los sujetos verdaderamente interesados en el bien del país y que pueden representar sus necesidades (...). La primera necesidad de la Nación española en el día es aproximarse lo más que sea posible al sufragio universal, porque éste es el punto que marca la libertad de los pueblos».

Y continuó el día 27: «No hay un solo individuo, un solo español que no contribuya para las cargas del Estado, pues no sólo contribuyen con sus hijos para el ejército, sino también con impuestos de dinero. A los jornaleros, que es la última clase de la sociedad, se tiene en cuenta en los pueblos para el reparto de las contribuciones. (Ahora bien) si el nombramiento de estos diputados debe encargarse a los ciudadanos por la elección directa, hay que reducir el derecho de elegir a un círculo muy corto; cuando si, por el contrario, empleamos la base de la elección indirecta, entonces puede formarse una masa grande de ciudadanos que viene a dar su voto». «Si propiamente nos alimentamos de ficciones, todo es una ficción en teoría política. Pues si la elección indirecta es ficción, no deja de serlo menos la directa. ¿Y en virtud de qué elección estamos nosotros reunidos aquí? Estamos reunidos por la elección indirecta. Vamos a establecer la constitución y si se dice que la elección indirecta no es más que una ficción resultará que éste es un cuerpo fingido; y la constitución que salga de un cuerpo tal, ¿no merecerá poco concepto de los ciudadanos?». Insistiendo en lo mismo el día 28 Fuente Herrero: «Si, como se ha dicho, la elección indirecta es una ficción, no lo es menos la directa porque si en ésta sólo entra la riqueza y la inteligencia, no siempre representa la voluntad de la mayoría».

Con no menos pasión hablaron también los defensores de la fórmula directa empezando por Argüelles el día 26: «Todo vecino que en España va a la guerra, hace el servicio de las armas, contribuye directa o indirectamente con el fruto de su trabajo, con el sudor de su rostro ¿cree el sr. Sosa ni nadie que esto sea un título suficiente para que se le entregue un derecho como éste? Estoy seguro de que no». Continuando al día siguiente: «Voy ahora a definir la teoría de la elección. La comisión dice que el método directo es preferible y tiene razones para ello: dice que el indirecto es una ficción. Ficción es el sistema representativo, ficción es que estamos aquí dando leyes interpretando la presunta voluntad de la nación; pero cuanto más disminuyan estas ficciones más nos acercaremos a la realidad. (...) Dicen los partidarios de la indirecta que todos los ciudadanos que pagan cargas al Estado y están en ejercicio de los derechos de ciudadano deben concurrir a dar su voto, porque es una injusticia privarlos de él. Pero ¿todos los vecinos de una parroquia tienen todas aquellas calidades morales y necesarias para hacer buen uso de este derecho, para que lo usen bien y en beneficio suyo?». Para el orador, en suma, en trance de valorar la legitimación electoral lo decisivo no era la participación en las cargas comunes sino la inteligencia.

En este surco, no obstante su condición de doceañista radical, siguió Ayllón el día 27: «Yo no estoy tampoco por el voto universal. Conozco que es impracticable porque es imposible que una multitud inmensa de ciudadanos ocupados unos en las tareas del campo y en sus talleres, poco ocupados de la sociedad y sin conocimientos de los sujetos que en ella pueden ejercer el cargo de legisladores, no creo que pudieran elegirlos con las garantías de otros que conocen los que pueden hacerlo a satisfacción».

En la sesión del día 28 de diciembre desveló Sancho el secreto de la fórmula electoral indirecta, que era, a su juicio, el modo de asegurar el dominio de la clase media frente a «la clase bruta e ignorante» que de otro modo llegaría al poder a través de las elecciones indirectas: «la opinión general está a favor de la elección directa y para probarlo siento valerme del ejemplo de las últimas elecciones por las que nosotros nos hallamos aquí. Nadie ignora el movimiento que durante las elecciones se notaba en el pueblo en vista de que los electores no concurrían a votar. De buena fe lo digo: no hay más que tener a la vista lo ocurrido en Madrid, en donde ha habido colegio electoral, al cual no habiendo asistido nadie, el regidor tuvo que llevar algunos amigos para que pudiese verificarse la elección. No todos son iguales en la sociedad –continuó argumentando– pues no todos tienen igual valor ni fortuna. Si hemos echado fuera de nuestro gobierno a la aristocracia, y si acudimos a la clase media, se nos dice que porque es ignorante no está en el caso de usar este derecho. Pero si el sistema político no lo sostiene la clase media ¿quién lo sostiene? La clase bruta e ignorante. Esta idea es necesario que la mediten bien las Cortes pues dirán nuestros enemigos de dentro y de fuera que no tenemos clase media».

Al oír discursos como éste, se tiene la sensación de que en las Cortes españolas –por una vez– se estaba hablando con sinceridad: no se sabe si de forma deliberada o más bien por descuido, pero el hecho es que los oradores en esta ocasión decían de veras lo que pensaban y sentían y, dejando a un lado la retórica, descubrían las clases y los intereses que representaban. Puestas las cartas sobre la mesa resultaba que de un lado estaba la clase ilustrada y de otra la bruta e ignorante. La revolución liberal consistía entonces en desalojar del poder a la nobleza y ocupar su puesto con la clase media, ayudada en esta operación por el pueblo sencillo, aunque para éste aún no había llegado su momento histórico.

La realidad era que en este punto, como en tantos otros, coincidían progresistas y moderados de tal manera que no era necesario formalizar esta coincidencia en un acuerdo y mucho menos oficial, puesto que todos pensaban lo mismo en cuanto que sociológicamente pertenecían a la misma clase media, que era la espina dorsal del liberalismo común que profesaban. La lectura paralela de Sancho, ciertamente un progresista a la sazón más que templado, a quien acabamos de oír, y de Pacheco, un moderado casi fundamentalista («puritano») pero extremadamente inteligente, produce no poco desasosiego puesto que sus palabras son perfectamente intercambiables.

Pacheco, como Sancho, ensalzaba la clase media: «poseedora, aunque en pequeñas porciones, de la mayor parte de la propiedad, poseedora de la inteligencia, poseedora de la fuerza ordenada (...) sin ningún interés que la empeñe en la resistencia ni la lance en la revolución es la que justa y únicamente comprende, expresa y representa los intereses y las ideas comunes. La democracia legal, pacífica, progresiva, ordenada, en ella debe buscarse porque en ella, y sólo en ella, puede estar» (p. 175).

Por otro lado, Sancho y Pacheco, progresistas y moderados coincidían también en negar el derecho electoral a la clase baja porque –decía el último en el lugar citado– «la clase ínfima de la sociedad no puede pretender que se la tenga (electoralmente en cuenta). Fáltanle muchas de las dotes que hemos señalado: carece de la propiedad, carece de la inteligencia, carece del amor al orden. Pero si en sus ideas se hiciese consistir la idea democrática, más bien que la igualdad y el derecho común, consistiría ésta en el desorden y el trastorno». De aquí que todos de consuno rechazaran la tesis de que «el hecho sólo de existir en las sociedades era una razón poderosa, irresistible, para estar dotado con derechos políticos (...) Una doctrina caída en descrédito, con la de la soberanía popular, que era su legítimo precedente». Las Cortes de 1836-37, tenidas con razón por progresistas, acudieron a esta distinción entre derechos políticos y derechos civiles para marginar con buena conciencia a los que nada tenían: a éstos se les reconocían, como ciudadanos, todos los derechos civiles, pero se les negaban rotundamente los políticos.

La evocación de los derechos civiles y los derechos políticos fue el destapado de la caja de Pandora que levantó una de las tempestades más violentas y en último extremo más estériles de toda la Legislatura. Porque es el caso que aquellos diputados –y no precisamente los especialistas en Derecho o en Filosofía– se sintieron obligados a hacer disquisiciones exquisitas sobre el particular, empezando por Sosa, un anciano militar, que el día 29 de diciembre (1836) precisó que «yo no conozco más derecho de sociedad que los derechos naturales modificados por los derechos civiles y los cargos municipales. Los derechos políticos fueron después discernidos o inventados por los publicistas (...) El derecho de los electores ¿es civil, político o administrativo? En rigor es municipal; en cuyo riguroso sentido viene a ser un deber más bien que un derecho de la sociedad». Mientras que el 15.3.1837 Fuente Herrero, un abogado, pontificaba en los siguientes términos: «Los derechos naturales son aquellos que establecen la seguridad de las personas y de la propiedad y están reconocidos en todas las constituciones como que emanan directamente de la constitución misma del hombre, de su naturaleza (...) Los derechos políticos son los que establecen o determinan la manera con que han de concurrir los ciudadanos al ejercicio del poder político». Gregorio García unos días después, el 28 del mismo mes, hizo –sin que viniera mucho a cuento– una exposición de las clasificaciones de derechos propias del Derecho romano.

El encendido debate del día 15 de marzo tuvo, con todo, un alcance constitucional evidente puesto que frente a la tesis de Díez, que sostenía que las leyes pueden restringir el ejercicio de los derechos naturales, se alzó con vehemencia López: «Desde el momento en que se diga que la ley sola crea los derechos, se conviene implícitamente en que ella puede también destruirlos; y he aquí a lo que yo no me prestaré jamás. La ley reconoció estos derechos; prometió asegurarlos; se constituyó en fiadora y ofreció su defensa (y por ello) no puede violar los pactos ni defraudar la voluntad ni las esperanzas justas».

Así las cosas y ante el cansancio general es explicable que Sancho, otro militar jubilado, intentara cerrar una polémica que no conducía a ninguna parte: «Yo he sentido muchísimo que los señores de la comisión, el señor ministro de la Gobernación y el sr. Fuente Herrero hayan promovido una cuestión enteramente ociosa, inútil, sobre si hay derechos políticos anteriores a la sociedad o si todos son hijos de ella. Yo sé que hay filósofos que sostienen una cosa y otros que sostienen otra; pero la cuestión ahora es puramente de palabras».

La prensa, por su parte, reflejaba fielmente los criterios de quienes financiaban cada periódico. Los ministeriales apoyaban, por supuesto, la fórmula directa; mientras que El Castellano y El Eco del Comercio estaban a favor de la indirecta. Este último, en su número de 30.4.837, defendió su postura argumentando la razón añadida de que con el sistema indirecto los electores eran menos vulnerables a las influencias oficiales.

Triunfante la opción moderada («doctrinaria», como la había calificado Sosa), el alcance de este voto censitario apareció desarrollado en el artículo 7 de la ley, que será luego examinado con detenimiento. La verdad es que esta fórmula contentaba por igual a los moderados y a los mendizabalistas. Ahora unos y otros se habían percatado de que la elección indirecta, al dar entrada a capas más amplias del pueblo, ponía en riesgo la dominación de los notables (o dicho con indudable optimismo, de la clase media) que interesaba por igual a los dos grupos. En las apocalípticas palabras de Donoso Cortés, «si votáis la ley indirecta tened entendido que votáis una revolución. Cierto que esa revolución no es inminente, merced a que las masas duermen aquí todavía el sueño de la inocencia y a que no están preparadas para responder al llamamiento de la ley; pero al fin resonarán sus oídos y se levantarán».

Segundo dilema: número de electores por diputado

Tal como aparecía inicialmente redactado el artículo 7 del Proyecto había razones para concluir que el número de electores por provincia iba a ser muy reducido (unos 300 por diputado) e incluso cabía la posibilidad de que ni a esa cantidad se llegase, por lo que el artículo 9 de la ley estableció la prevención cautelar de que

si en alguna provincia no llegasen a resultar 300 electores por cada diputado propietario que le corresponde nombrar, se completará ese número con los mayores contribuyentes de impuestos directos, añadiendo además los que paguen igual cuota de contribuciones que la menor que fuese necesaria para completar el número de 300 electores por cada diputado.

Pues bien, si recordamos que a cada provincia le correspondía uno por 50.000 almas (y redondeando hasta 75.000), puede comprenderse lo reducido del número de electores, visto que cabía la posibilidad de que no llegasen a 300 entre 50.000 almas. Sobre este particular, que escandalizaba a los más exaltados, habló Pascual en la sesión del 6 de junio, haciendo una sugerencia que fue desestimada: «Propone la comisión que de cada 50.000 almas haya un diputado y esto en razón a la población. Yo quisiera que en vez de decirse que la elección se hiciese con arreglo a la población, se dijera que se hiciese con respecto a las clases de la sociedad, porque de este modo fuera representada la verdadera opinión nacional, y no viniera a ser esta representación una quimera o, por mejor decir, una ficción. Se dice que la elección se haga en razón de la población. El resultado de esto será que la clase que en cada provincia tenga más influencia, o por su número o por otro motivo, será la que en realidad disponga de las elecciones y por consiguiente obtenga la representación. (En cambio) si se dividiese en cuatro clases la sociedad de cada provincia, a saber: la agrícola, fabril, científica y mercantil, y cada una hiciera la elección en razón al número de electores que tuviesen respecto del total de los que hubiera en la provincia, se representarían las clases todas de la sociedad, podrían ser representadas sus exigencias y habría lugar a aplicarlas remedio, lo que no sucedería cuando la elección se hiciese en razón a la población». Las intenciones de Pascual, un progresista de corazón, eran evidentes: habida cuenta de que los moderados estaban más arraigados en las zonas rurales de los terratenientes, el mejor modo de debilitarles era primar a la clase industrial, menos numerosa que aquélla y que era el granero electoral de los progresistas.

Lo que no convenció, sin embargo, ni mucho menos a Olózaga quien, como buen liberal, se inclinaba por la igualdad de todos los ciudadanos (ricos o ilustrados, huelga decirlo) y consideraba que el corporativismo defendido, aunque fuese tácticamente, por Pascual era un resto del Antiguo Régimen que había que eliminar en cualquiera de sus manifestaciones: «Cuando se trata de reunir tantas provincias que se han gobernado de tan distinto modo en todos los ramos de la administración y cuando todavía hay tanto espíritu de provincialismo, ¿hemos de añadir también la división que debe producir el espíritu de cuerpo, cuando el objeto es formar un todo compacto y firme? ¿Valen tan poco los intereses políticos que quiera darse lugar a estas diferencias de clases?».

Dejando a un lado esta sugerencia clasista (o corporativista, si se quiere) de Pascual –que fue rechazada en aras de la simplicidad y de la unidad esgrimidas por Olózoga–, ¿a cuánto ascendería en definitiva el censo electoral? El cálculo de la comisión fue el siguiente:

La comisión desearía presentar su resultado numérico en las listas electorales, pero no tiene datos suficientes para hacerlo con toda exactitud. La cuota fija de 200 reales de contribución dará 77.725 electores, y es fácil deducir que para completar los 300 electores por cada diputado en todas las provincias será preciso añadir 13.710.

¿Y de dónde saldrían esos 13.700 de añadidos? Según se ha apuntado ya antes, de contribuyentes que no llegasen al mínimo ordinario de los 200 reales de contribución. A cuyo efecto –y según cálculo de Olózoga del día 8 de junio– cabía suponer que en algunas provincias, para llegar al cupo, podría haber electores que pagasen solamente 58 reales: lo que parecía escandaloso.

Con la ley electoral en la mano y con su cuadro anejo de distribución de diputados y senadores por provincias, la cuenta era muy sencilla pues multiplicando 241 diputados propietarios por 300 tendríamos exactamente el montante final mínimo de electores totales (75.000). Ahora bien, si comparamos este cuadro con el del resultado de las elecciones de 1837 publicado por Caballero ese mismo año, empiezan los quebraderos de cabeza puesto que nada coincide y nos quedamos sin saber qué es lo que había pasado realmente.

a) Las previsiones de la ley no concuerdan en absoluto dado que según los datos de Caballero se eligieron menos diputados de los legalmente previstos en las siguientes provincias: Álava, Alicante, Ávila, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón de la Plana, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca y Granada. Las diferencias son tan importantes que si en la ley se establecen en total 251 diputados propietarios y 134 suplentes, de hecho fueron elegidos únicamente 202.

b) Población por elector. Hasta ahora hemos venido hablando de electores por diputado; pero ¿qué relación había entre la base electoral mínima (300) y la poblacional (50.000)? Las proporciones variaban sensiblemente de unas provincias a otras:

Menos de 30: Huesca, Lugo, Palencia, Pontevedra y Santander.

Entre 31 y 40: Cádiz, Guadalajara, Huelva, León, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora y Madrid.

Entre 41 y 50: Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Gerona, Logroño, Málaga, Salamanca, Sevilla y Teruel.

Entre 51 y 60: Albacete, Álava, Coruña, Cuenca, Jaén, Orense, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.

Entre 61 y 70: Córdoba.

Entre 71 y 80: Burgos, Tarragona.

Entre 81 y 90: Castellón de la Plana.

Más de 91: Guipúzcoa (115).

c) Proporción entre votantes y no votantes

De los resultados electorales oficiales aparecen más votos que abstenciones en las provincias de Álava, Albacete, Alicante, Ávila, Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, León, Logroño, Lugo, Málaga, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Valladolid y Vizcaya.

Y menos votos que abstenciones: Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa, Madrid, Sevilla, Teruel, Toledo, Valencia, Zamora y Zaragoza.

d) Proporción real entre electores y diputados (incluidos los suplentes). Aquí no aparece la cifra legal mínima de 300 sino otras muy distintas conforme a un abanico extraordinariamente abierto (redondeando):

Es posible que algún día los analistas electorales consigan aclarar este rompecabezas; pero hasta ahora los meritorios esfuerzos que ya se han hecho (Martínez Cuadrado, Marichal, Artola y tantos otros) no han sido suficientes. Nosotros, desde luego, no hemos logrado dar sentido a unos datos tan contradictorios, imposibles de cuadrar.

De las calidades necesarias para ser elector

Una vez resuelta la gran cuestión de si las elecciones iban a ser directas o indirectas y decidido que iban a ser directas, ya vimos que esta opción llevaba consigo un riguroso sistema censitario que reducía sensiblemente la masa lectoral. Pues bien, para lograr este ajuste se acudió a dos criterios rigurosos: primero, la riqueza y luego la aceptación complementaria de «capacidades», es decir, de electores que, aun sin llegar al nivel mínimo de riqueza exigido, poseyeran una cultura que les permitiese participar en el gobierno de la nación. Aparte, naturalmente, de haber llegado a una determinada edad, ser residentes en España y tener la nacionalidad española como se consignaba en el artículo 7:

1.º Pagar anualmente 200 reales por lo menos de contribuciones directas, inclusas las de cuota fija. 2.º Tener una renta líquida anual que no baje de 1.500 reales. 3.º Pagar en calidad de arrendatario o aparcero una cantidad en dinero o en frutos que no baje de 3.000 reales al año. 4.º Habitar una casa o cuarto con unos valores de renta graduales según el tamaño de la población.

Veamos estos puntos con cierto detalle.

a) Edad

Se fijó en 25 años cumplidos con una pequeña escaramuza que tuvo lugar el 1 de junio, y que vale la pena reseñar en lo que refleja la mentalidad de la época y la agresividad, aunque se expresara en términos irónicos, de los diputados.

Primero habló Charco en unos términos tan modernos que parecen impropios de un cura de aldea: «No puede negarse que ahora un joven de 12 o 13 años se halla en un grado de ilustración y desarrolladas sus facultades intelectuales con más amplitud que los que antes de la guerra de la Independencia tenían los de 18 o 20. ¿No se mostrarán generosas las Cortes en favor de tantos jóvenes que llevan ya cinco o seis años contribuyendo y sujetos al pago de los impuestos públicos?».

Los argumentos empleados en contra por Araujo hablan por sí solos: «Si queremos consultar a la experiencia, lo vemos palpablemente y no podemos negar a la juventud de estos tiempos mucha aplicación y talento para la ciencias de todas clases. Pero véase la dirección que dan los jóvenes, tanto aquí como en los países extranjeros, a sus facultades intelectuales, y se hallará que no es la más propia para elegir a los legisladores. En el día, el romanticismo es lo que está más en boga, y todo lo que corresponde a las facultades de la imaginación, a pasiones generosas y a toda clase de sentimientos nobles. Pero para formar un legislador ¿bastan las facultades intelectuales? De ninguna manera: se necesita la madurez, la reflexión, la sangre fría, que no pueden adquirirse sino con el tiempo».

Pascual propuso entonces serenamente un término medio de 21 años. Pero en su exposición incurrió en ciertas exageraciones personales que le habían de costar caras: «Yo he empezado a ejercer la profesión de jurisprudencia desde la edad de 18 años. (...) En buena hora que no concedamos este derecho a los 18 años; pero no lo restrinjamos tampoco tanto que sólo queramos concederle a los 25 años. La ignorancia está acostumbrada de muchos siglos a esta parte a no mirar en los que no tienen 25 años hombres de juicio. Pero la España sensata, la España juiciosa, la España reflexiva sabe que el hombre de 21 años tiene todo el juicio que habrá de tener y que si a esta edad no lo tiene, no lo tendrá tampoco a los 80 ni a los 100».

Las declaraciones anteriores de índole personal suponían probablemente una indeliberada baladronada absolutamente intrascendente a efectos del debate, pero que Olózaga no dejó escapar sin otro objetivo que el de hacer quedar mal al preopinante: «Siempre he admirado mucho al sr. Pascual, al ver cuán precoz ha sido el desarrollo de sus facultades intelectuales, porque ha tenido que estudiar próximamente ocho años de derecho, y tres de filosofía son once, y otros tres de latinidad, que es lo que comúnmente se emplea, son catorce. Y si a los 17 ya era abogado, quiere decir que S.S. empezó la gramática latina a la edad de tres años, cosa que me basta decirlo S.S. para creerlo. Un ejemplo como éste es cosa tan rara, un fenómeno, un portento de precocidad, de perspicacia y de desarrollo de las facultades intelectuales ¿podremos nosotros suponerlo en todos los electores de España? No. Lo más común es que hasta los 25 años no lleguen todas aquellas facultades a estar desarrolladas completamente».

Por aquellas mismas fechas (el 3 de junio) y aunque fuera en otro contexto hizo Luján unas consideraciones sobre la edad que, sin incidencia normativa alguna sobre el tema que estamos tratando, merecen ser recordadas por su significado social: «Los ancianos tienen un derecho incontestable a la veneración general por los servicios que han prestado a la Nación y de esta veneración no puede prescindirse jamás, porque en ello está interesada la sociedad misma (...) Es tal el contraste de las costumbres en el día, que en las altas clases de nuestra sociedad es muy común dar los hijos tratamiento a sus padres, al paso que los nietos de éstos tutean a aquéllos, extremos igualmente fuera de razón y que marcan por sí el extravío de nuestra civilización. Y estas consideraciones son del mayor interés porque el orden social está basado en el de la familia y es imposible hacer el menor cambio en la educación primera, sin que sea preciso modificar el sistema de gobierno de las Naciones».

b) Propiedad

El debate sobre las cualidades necesarias para ser elector estuvo inspirado por dos cuestiones de fondo: de un lado, las tendencias políticamente encontradas de ampliar o reducir el círculo de los capacitados; y de otro, la ideología que revelaban los criterios adoptados para determinar a los elegidos. En este sentido, nada más significativo que el énfasis puesto en la propiedad como condición legitimadora para ser elector.

Admitida con más o menos reticencias la propiedad como elemento fundamental para calificar a un elector, surgió el problema de encontrar criterios adecuados para evaluarla. Una operación nada sencilla en unos tiempos en los que no existían catastros ni registros fiables. En estas condiciones –y aun siendo conscientes de la imperfección del método utilizadose decidieron las Cortes en primer término por los índices impositivos y concretamente el de las contribuciones directas, incluidas las de cuota fija. Una condición que fue prolijamente discutida en las sesiones de los días 7 y siguientes de junio y que puede resumirse en la intervención de Fernández Baeza en la sesión del 11: «¿A quiénes se ha de dar el derecho electoral? A los que quieren y pueden desempeñarlo bien. La contribución es el signo de la riqueza y la riqueza indica la voluntad de quererlo ejercer y prueba que se quiere ejercer bien. ¿Y por qué? Porque todo el que tiene que perder desea el orden y las mejoras, pues en ello va su interés. (...) Es cierto que la contribución no es el signo de la riqueza o de la propiedad; pero se toma por signo porque es el medio más fácil de probarla, pues la riqueza sólo puede probarse o por el capital o por la renta. Y como uno y otra están gravados con impuestos proporcionales, son éstos una prueba de la riqueza.».

c) Excurso sobre los pobres

Una interesante intervención de Miranda del día 8 de junio dio lugar a un debate sobre los «pobres», de gran interés político y sociológico: «Me atormenta un cargo que me harán mis vecinos, a que no puedo dar descargo: si mi sangre y mi existencia y la de mi familia –aclaró el diputado gallego– es tan preciosa como la tuya, si mis 4 reales son tan necesarios como tus 200 y más estimables en cuanto los necesito más y tengo que privarme por ellos de un alimento o abrigo más necesario a la vida, ¿por qué me excluyes de entrar al goce del beneficio? La privación de un derecho es pena y toda pena no se puede aplicar sin culpa. Yo no tengo ninguna. Trabajo todas las horas del día y de la noche. Harto sufro en la falta del necesario alimento y en mi desnudez. ¿Por qué, pues, me privas de un beneficio, por qué me excluyes cuando mis maravedises no los dejas de percibir, son los primeros que recaudas y soy el más obediente y sirviente personalmente?».

En lo que abundó su paisano Fontán, al día siguiente (el 9.6): «Todos estos hombres, más digo, toda Galicia queda excluida del derecho electoral por esta base y sus intereses no quedan representados cuando estos intereses son los verdaderos que merecen representación. (...) ¿Y estos desgraciados se verán privados de tomar parte en las elecciones de diputados a Cortes para que nunca se verifique que reciben los beneficios acomodados a su posición? Y estos hombres, ¿qué interés han de tomar por el sistema? Ninguno. Formaremos, pues, un monopolio y reduciremos los intereses a unos pocos propietarios y a los muchos hombres inútiles de la sociedad. Digo inútiles porque nada producen y gastan el tiempo haciendo ganas de comer en los paseos, mientras el labrador está trabajando y sudando seis horas en arar la tierra. A estos hombres se les da el derecho electoral y las demás clases quedan en un estado ilusorio. (...) ¿Haremos que sean electores sólo los que visten paño negro o de color y no los que visten el paño pardo, que son los que cultivan la tierra, los que manejan la esteva, los que guardan el ganado y los que por la laboriosidad de sus mujeres y sus hijas procuran los medios de hacer las telas y surten los mercados? ¿Reduciremos el derecho electoral sólo a los holgazanes y a los que ni aun se dedican a escribir mal su nombre? Porque en Galicia los que nos hemos dedicado al estudio somos de la clase que he indicado antes, y los que pertenecen a otra clase más alta no se dedican a nada. Y a éstos, porque tienen la fortuna de haber heredado de sus padres esos bienes que producen esa renta, ¿les daremos exclusivamente el derecho electoral? Véanse las Universidades y obsérvese en ellas si de mil estudiantes no pertenecen novecientos a esa clase de labradores».

Estos apasionados discursos de Miranda y Fontán testimoniaron sin equívoco posible el sincero interés de los diputados gallegos por los pobres de su tierra: un interés que iba mucho más allá de las acostumbradas y formales declaraciones retóricas propias de la fría ideología liberal dominante en las Constituyentes. Quienes así hablaban no eran ciertamente meros progresistas ni podían ser nunca socios de un Gobierno como el de Calatrava-Mendizábal. He aquí, entonces, que en el páramo de la indiferencia social del progresismo, donde sólo se prestaba atención a los propietarios y a los artesanos y menestrales urbanos, donde el proletariado sólo se tenía en cuenta como un foco de agitación y desorden, nos encontramos dos grupos de diputados, uno gallego (Fontán, Miranda) y otro manchego (los Montoya, Tarín, Charco) apasionadamente preocupados por los pobres rurales, por los jornaleros y pequeños propietarios que nada podían esperar de la «revolución liberal» y que ni siquiera podían participar en el botín de los bienes nacionales.

d) Renta de casas

Éste fue otro criterio complementario evaluador de la riqueza del elector. Como «índice» es, desde luego, significativo, aunque estaba la dificultad de las diferencias de rentas urbanas según la clase de población de que se tratase.

Estas peculiaridades se recogieron finalmente en el número 4.º del artículo 7 de la ley:

Habitar una casa o cuarto destinado exclusivamente para sí y su familia, que valga al menos 2.500 reales de alquiler anual en Madrid, 1.500 reales en los demás pueblos que pasen de 50.000 almas, 1.000 reales en los que excedan de 20.000 almas y 400 en los demás de la nación.

Capacidades y clases

La otra cualidad que acompañaba a la propiedad era la ilustración. De esta manera junto al bloque de los propietarios estaba el de las «capacidades», cuya defensa hizo Gorosarri el día 2 de julio, en unos términos que conviene transcribir literalmente para tener otro ejemplo de la singular oratoria del diputado gaditano, que en este caso se rompió de puro sutil: «Aunáronse contra la razón la servilidad oscura y el valor ilustre, y nació el despotismo deslumbrador. La verdad huyó y el error, subido al trono, dijo: soy verdad. Tal fue la Francia, tal fue la Europa bajo el imperio de Napoleón: siluit terra. Entonces lo grosero, lo tangible usurpó el nombre de positivo; lo delicado, lo intelectual pasó por quimera. Entonces fue cuando la ideología fue puesta en irrisión, y en el diccionario de los tiranos y de los aduladores un ideólogo significó un visionario. Den otros preferencia a Pluto; por lo que hace a mí, Minerva será mi adorada diosa. El verdadero saber es el saber de la virtud, es el saber de la inteligencia (...) No degrademos la naturaleza humana. Pues es degradarla envilecer la inteligencia; pues es envilecer la inteligencia preferir el haber grosero al precioso saber. (...) Parece que elevándonos por un esfuerzo insólito sobre nosotros mismos, queremos momentáneamente abandonar nuestra prudencia habitual y rivalizar en audacia con el profeta de la Arabia. Parece que queremos atacar a la vez el imperio romano y el imperio de los persas, quiero decir, la masa proletaria y la clase inteligente. ¿Y nosotros queremos concitar contra nosotros mismos el brazo del pueblo y las cabezas de los sabios? Hagamos justicia al saber. No creamos que la inteligencia se resignará a permanecer eternamente sentada como Mario sobre las ruinas de Cartago. Podrá llegar un día en que ella se traslade a Italia y puesta al frente de las legiones consulares de Cina, entre en Roma como el rival de Sila, recordando los pantanos de Minotauro».

Por los breves fragmentos que acaban de ser transcritos puede imaginarse el desbordamiento retórico que podía emplear Gorosarri para defender la oportunidad de conceder a las capacidades una calificación electoral legitimadora junto a los propietarios. Aunque envuelto en metáforas conceptistas, lo que decía su mensaje era claro y ya lo habían apuntado otros en términos más sencillos: si la legitimación electoral de los propietarios era indiscutible, también había que contar con otro bloque social –el de las capacidades, el de las personas instruidas– a efectos políticos tan importante o más que el de aquéllos, puesto que, aunque no tuvieran tantas cosas materiales que defender, podían aportar con su inteligencia más ideas para el interés público. Con la advertencia adicional de que sería imprudente marginar indefinidamente a los «sabios», puesto que éstos no se resignarían a permanecer políticamente aislados y, tarde o temprano, se decidirían a «marchar sobre Roma» para conquistar lo que en justicia les correspondía. Sin olvidar, en fin, la existencia de un tercer bloque social –el pueblo ni propietario ni culto– al que las Cortes estaban dejando fuera del aparato del Estado y del juego político y que también en cualquier momento podía rebelarse y alargar el brazo, quizás con violencia, para coger lo suyo.

En el esquema político-social del diputado andaluz, los campos estaban, como vemos, perfectamente delimitados: de un lado, la inteligencia y el pueblo, y del otro, la riqueza en manos de un puñado de oligarcas. Tal como había adelantado ya en la sesión de 12 de abril, «un pueblo activo se prestará gustoso a la tutela de las inteligencias, a la sofocracia, pero jamás soportará con resignación el innoble yugo de los oligarcas. Estaba reservado a nuestro tiempo no hallar garantías sociales sino en la riqueza, transformar un Creso en Pitágoras, un Sículo en Solón. (La constitución) destila oligarquía. No es adaptable a la tierra clásica de la igualdad, a la España; establece un monopolio en favor de los grandes capitalistas y de los grandes funcionarios del Estado; de hecho cierra las puertas a los Curios y a los Fabrizios, sólo las deja abiertas a los Escauros y a los Balbos».

Pasando a otros aspectos de la ley electoral, es de señalar que no se ocupaba sólo de los electores en abstracto sino que dedicaba un especial interés a las «clases» –a ciertas categorías de ellas–, que tenían una regulación singular. Atendiendo a estas clases específicas es probable que resultase más justa y precisa la ley; pero por otro lado se rompía la coherencia del sistema, que terminaba haciéndose confuso y hasta caótico. Porque no hay sistema que mantenga su coherencia cuando se integran en él elementos heterogéneos.

Éste fue el caso del régimen electoral liberal. Primero se concibió como un régimen estrictamente censitario de tal manera que sólo adquiriesen la condición de elector quienes acreditasen un determinado nivel de capital o de renta. Un criterio claro que, como algunos consideraban con razón injusto, fue complementado con el añadido de las capacidades, que nada tenían que ver con la riqueza. Con esta heterogeneidad se complicaban ya mucho las cosas, pero aún fue peor cuando se añadió el criterio de las clases específicas, que se consideró necesario porque el régimen general y abstracto de la riqueza no resultaba justo al aplicarse a grupos sociales determinados –los artesanos, los empleados, los labradores– para los que se arbitraron reglas especiales y fue de esta acumulación de criterios distintos de donde surgió inevitablemente la confusión.

* * *

4. LIBERTAD DE IMPRENTA

La libertad de imprenta y sus paradojas.– Una superfetación a la ley de libertad de imprenta.– Entresijos de las empresas periodísticas.– Acciones singulares del Congreso.– Más retrasos: nueva proposición de Vázquez Parga.

La libertad de imprenta y sus paradojas

La importancia que los progresistas daban a esta cuestión se expresó muy significativamente en la urgencia (el día 17 de agosto, a las pocas horas de haberse constituido el nuevo Ministerio) con que se restableció el Reglamento sobre libertad de imprenta de 5.7.1821; y así se recogió en el Proemio del proyecto de constitución donde se le declaraba como

el primero y más interesante de todos los derechos y el más eficaz y seguro para la conservación y defensa de los restantes.

No hay que extrañarse de este énfasis puesto en la libertad de imprenta porque en aquella época los periódicos –y no los libros, como había sucedido en la Ilustración– eran un instrumento político tan importante como las propias Cortes, un modo de manifestarse teóricamente la voluntad nacional. El escenario político, en efecto, no se limitaba a las Cortes (que eran demasiado angostas en un régimen electoral asombrosamente restringido) ni a Palacio (un arcano del que únicamente se sabía que era todopoderoso) sino que se había buscado otros espacios: el de las sociedades secretas, el de la Milicia nacional y, sobre todo, los del Ejército y la Prensa. No parece sensato, desde luego, minimizar la trascendencia del Congreso, pero sería de ciegos ignorar lo que políticamente significaba la prensa.

En esta época las normas reguladoras de la materia se titulaban no de prensa o de imprenta sino, significativamente, de «libertad de imprenta», queriendo dejar claro en esta denominación que lo que más importaba era la libertad en el ejercicio de este derecho, cuya censura y represión era, al parecer, nota inequívoca de absolutismo y, en su caso, de moderantismo. El censor –más que el policía o el verdugo– se había convertido en el símbolo de los enemigos de la libertad. Y basta leer la prensa del tiempo para comprobarlo. De esta manera lo que mejor caracterizaba a un régimen era la presencia o ausencia de un censor de imprenta y, en su caso, el rigor con que actuaba.

Pero, a partir de aquí, empezaban las contradicciones porque era el caso que, instaurada la libertad, inmediatamente se produjeron abusos al amparo de ella, de los que tenía que defenderse el régimen progresista incurriendo en los mismos excesos que se reprochaban a sus enemigos. No había de hecho demasiado lugar para la añorada libertad de imprenta puesto que a ésta seguían inevitablemente los abusos y a éstos –en un dramático círculo vicioso– las cautelas y represalias. El sueño liberal de la libertad de imprenta fue el de una noche muy corta y se convirtió pronto en una pesadilla. En aquellos agitados años, sin una cultura política consolidada, crear un periódico antigubernamental, carlista, revolucionario o ultraconservador era mucho más sencillo y barato que levantar una guerrilla o alimentar una conspiración.

De esta dura realidad se percató inmediatamente el Gobierno y en consecuencia intentó poner un remedio que pasaba por el dictado de una nueva ley: cosa tanto más lógica cuanto que el Reglamento de 1821 era manifiestamente imperfecto. Pero una ley que ya no se limitaba a garantizar la libertad de prensa sino que ofrecía una segunda cara, harto antipática por cierto: la de garantizar al tiempo la difusión de la verdad y el honor de los ciudadanos y el orden, restringiendo al efecto en lo preciso la libertad inicial de la imprenta y periódicos. Una libertad vigilada, en suma, y en opinión de muchos una libertad maniatada. Los periodistas y los editores carecían de libertad absoluta ciertamente, pero tampoco el Gobierno tenía mucha fuerza porque el periódico que un día cerraba, reaparecía con otro nombre al siguiente.

Este nuevo giro se hizo oficial cuando el Gobierno, asustado por los excesos periodísticos que inmediatamente se produjeron, envió a las Cortes un paquete de medidas extraordinarias «para evitar los males que amenazan a la libertad y seguridad del Estado», que se estudiaron en sesión secreta del 15.11.1836 y que se hicieron públicas en la del 16, entre las que se encontraba la de «que se tome en consideración por las Cortes los excesos de la imprenta, para proceder desde luego a la formación de una ley que concilie la libertad de prensa con la seguridad del Estado». Esta ley era –junto con la electoral– el segundo pilar del Estado liberal o, en palabras de Sosa el día 8.3.1837, «yo considero la libertad de imprenta, así como la Milicia nacional, como los dos elementos y sostenes del sistema representativo, como los antemurales de la libertad y como unos muros de diamante, contra los que vienen a estrellarse los proyectos todos de los déspotas. Estos dos elementos constituyen dos poderes, el poder material y el poder moral de la Nación, sin los cuales es seguro que no tendremos libertad». El respeto liberal progresista por la prensa se refleja también en un fragmento de Olózaga de su discurso del 27 de febrero de 1837: «Para mí todo periódico nuevo es una cosa que me hace gozar, porque supone la probabilidad cuando menos de un aumento de lectura en España (...) Cualquier periódico, prescindiendo del color o del partido político a que pertenezca, es para mí un suceso nuevo que merece consideración de parte de las Cortes, en vez de restricciones que pudieran acabar con los que existen».

Ahora bien, a finales de 1836 ya se habían disipado los ingenuos sueños revolucionarios de agosto y la realidad empezó a imponerse: la Constitución de 1812 dejó de ser un modelo político para convertirse en una bandera retórica; el sufragio popular dejó de ser la sustancia del Estado constitucional para convertirse en una amenaza en la medida en que se acercaba a la variante «universal»; y por lo mismo la libertad de imprenta pasó a ser considerada como un instrumento peligroso para la sociedad. Para mayor desgracia, la elaboración parlamentaria de la nueva ley fue sometida a un procedimiento literalmente descabellado, como iremos viendo en las siguientes páginas.

La comisión, a la que se había encomendado el trabajo, cambió de composición repetidas veces hasta tal punto que al final sólo quedaba un miembro de los primeramente designados. Lo cual es también significativo y daba una primera explicación al desmesurado retraso con que todo se llevó a cabo. El 17.2.1837 evacuó, al fin, el dictamen, que de hecho fue doble. El de la mayoría, con cien artículos, estaba firmado por Salvato, Sánchez del Pozo, Gómez Acebo, Casajús, Feliú, Ferro Montaos y Castro. Y el de la minoría, con 150 artículos, estaba firmado por Gregorio García y Eugenio Díez. En el preámbulo de este último se lee una luminosa advertencia, que por desgracia pocas veces ha inspirado a los legisladores por más liberales que se autoproclamaran: «Las leyes no son otra cosa que la restricción de los derechos naturales, con el fin de que su uso sea útil al individuo y provechoso a la sociedad; nunca perjudicial ni al uno ni a la otra. Así, en todas las leyes la primera expresión deberá ser la del reconocimiento del derecho, y la segunda aquella en la que se anuncia la saludable modificación que va a recibir, fuera de la cual el uso es criminal y pernicioso».

De acuerdo con este texto, el proyecto liberal (y no exclusivamente progresista) suponía una inversión total del modelo absolutista: ambos estaban pensando en la eliminación de los abusos de la prensa; pero mientras que éste se basaba en la censura previa, aquél se limitaba a un control posterior ejercido por un jurado popular y, en su caso, por los tribunales. Un mecanismo aparentemente sencillo que se complicaba, no obstante, por una cautela complementaria e imprescindible, a saber, la responsabilidad del editor (con su depósito correspondiente) para evitar la práctica de la interposición de testaferros insolventes que firmaban los artículos peligrosos por un precio que les compensaba de los eventuales arrestos que podía padecer: un lujo que no podía permitirse el editor puesto que estaba atado por el depósito previo y que, además, por su posición social no estaba en condiciones de soportar con tanta facilidad un arresto.

Una superfetación a la ley de libertad de imprenta

La opinión liberal podía darse, pues, por satisfecha si, aunque tarde, el anhelado proyecto se ponía en marcha. Pero el retraso había sido demasiado grande y aparecieron las prisas y con ellas la confusión.

Porque cuando las Cortes se disponían a discutir el dictamen de la comisión apareció el 22.2. 1837 (es decir, cuatro días después) la siguiente proposición firmada por Abad y Lasierra, Alejos Burriel, Montañés, Casajús, De Pedro, Laborda, Valdés, Tomás Vicente del Espejo, Bartolomé Venegas, Calatrava, Fontán, Pareja, Cebrián, Monterde, González Alonso, Sardá, Sánchez del Pozo (que curiosamente ya formaba parte de la comisión), Huelves y Echevarría, que suponía en definitiva un régimen provisional en tanto que apareciese la ley definitiva, a la que no tenían paciencia de esperar:

Pedimos a las Cortes que mientras se discute y aprueba el proyecto de ley de imprenta, presentado por la comisión, se aprueben las medidas siguientes: 1ª. Ningún periódico podrá circular ni darse al público sin que su editor haya depositado previamente en el Banco de San Fernando o en poder de sus comisionados de las provincias 40.000 reales en metálico en las de primer orden, 30.000 de la misma moneda en las de segunda y 20.000 en las de tercera clase. 2ª. Desde la aprobación de estas medidas quedan responsables en todos los escritos el impresor y los editores. 3ª. Todas las penas pecuniarias, calificadas al arbitrio del Jurado, se harán efectivas del mencionado depósito.

Al día siguiente (el 23.2) se hizo la segunda lectura que defendió Alejos Burriel en los siguientes términos: «Si no hubiera sido tan escandaloso el abuso que se ha hecho de la libertad de imprenta en estos últimos días, seguro es que no se hubieran presentado estas proposiciones al Congreso, pero es indudable que estamos caminando a un abismo por la excesiva tolerancia del Cuerpo legislativo. Si se hubieran de enumerar los males que está causando la imprenta, no en las clases ilustrados, que son incapaces de beber las aguas cenagosas y aun ponzoñosas que hacen correr algunos periódicos, sino en las clases de poca ilustración, a que aquéllas llegan también y en las cuales ejerce este veneno mortífero toda su influencia. Yo no me detendré mucho en recomendar estas proposiciones a la ilustración del Congreso, para que se sirva mandar pasen con urgencia a la comisión de Libertad de imprenta, a fin de que ésta presente con la misma urgencia su dictamen».

La mayoría de la comisión dictaminó ¡ese mismo día 23! que lo más útil sería ordenar la aplicación inmediata de determinados artículos de la proposición hasta tanto se aprobase el texto total. Y la discusión empezó el siguiente día 24, adelantándose a la discusión de la ley sobre la libertad de imprenta. Con lo cual se encabalgaron los dos dictámenes y los dos debates con el consiguiente desorden aumentado por la circunstancia de haberse acordado pasar por encima de los trámites reglamentarios. En estas condiciones se esfumaron las pretendidas ventajas de la urgencia invocada, puesto que se levantaron algunos escrúpulos legales y formales que exigían un estudio muy detenido antes de pasar a la cuestión de fondo. Unas irregularidades que denunció solemnemente Díez en la sesión del siguiente día 27 (2.1837): «Yo he tenido la fortuna o la desgracia de no estar en armonía con la mayoría de la comisión que en el espacio corto de dos horas y media presentó el proyecto (...) Improvisar una ley, acordarla, redactarla y presentarla a las Cortes en menos de tres horas me parece que raya más allá del alcance de lo común de los acontecimientos humanos».

La anomalía de esta urgencia y superposición desconcertaron, en efecto, a los diputados, que se enredaron en tediosas discusiones previas sobre el procedimiento a seguir puesto que se pretendía que, para acelerarlo, se prescindiese de algunos trámites reglamentarios. ¿Quién podría entonces poner en duda las sensatas objeciones de Vila del día 24 de febrero?: «Si las Cortes han de pasar por encima del reglamento; si sobre cualquier negocio antes de ponerse a discusión se ha de preguntar a las Cortes si se ceñirán o no al reglamento; si la observancia de sus artículos pende de la consulta que se haga a las Cortes, entonces será inútil que existan las fórmulas que se han considerado siempre como la garantía de la libertad y de la igualdad en el debate; y la minoría se hallaría siempre a merced de la mayoría».

A continuación habló Caballero, quien tenía conciencia del peso que habían de tener sus palabras por su doble calidad de diputado (cabeza indiscutible de una fracción del Congreso) y de inspirador de un periódico tan influyente en el progresismo como El Eco del Comercio. Pues bien, su juicio fue contundente al afirmar que se había obrado con temeraria precipitación: «Varios señores diputados que habían leído en los periódicos de estos días algunos artículos excesivamente injuriosos, y tales que no deben tolerarse en ningún país bien constituido, llevados de su buen deseo y arrebatados de él, extendieron sobre la marcha una proposición que contenía varios artículos. Leyóse esta proposición y se mandó pasar a la comisión de Libertad de imprenta en el día de ayer. La comisión, conociendo también la importancia y la urgencia del negocio, se reunió ayer mismo y en el momento extendió el dictamen que hoy se somete a la deliberación de las Cortes. Esta sencilla historia de lo que ha pasado me parece que debe bastar para que estemos un poco sobre aviso y para que pensemos con calma sobre este negocio. Esa precipitación es, a mi modo de ver, la causa de que se hayan escapado a la ilustración de los señores de la comisión algunas inexactitudes, o mejor dicho, algunas disposiciones que no me parecen las más acertadas, aunque en el fondo del proyecto estemos todos de acuerdo». Este diputado sabía bien de lo que hablaba y cuál era la situación real de los periódicos y los periodistas. Él mismo había sido objeto de una agresión, que naturalmente quedó impune. Según el testimonio de Miguel de Imaz (carta de 1.2.1836 a Luis Fernández de Córdova), en las citadas Memorias íntimas (17), «el general Bretón en el Prado, ayer, acometió a Caballero y le dio un par de bofetadas solemnes; rodaron por el suelo las gafas y el sombrero del deslenguado periodista».

Gómez Becerra, por el contrario, entendía que la iniciativa no había sido inútil ni mucho menos: «Es necesario reprimir los abusos; es necesario que quien quiera traspasar los límites lo haga de su cuenta y riesgo. Es preciso que se impidan esas alevosías con que se hace traidoramente esta guerra; que se presenten y digan: mi opinión es ésta; pero que no ataquen el honor y se burlen de las obligaciones más sagradas que tiene toda nación bien constituida; siendo esto más extraño entre nosotros, que hemos tenido siempre el pundonor y cordura como carácter inherente a los españoles».

Pizarro, en cambio, como buen magistrado, no podía aceptar lo que denominaba «urgencia y precipitación» innecesarias: «El proyecto de ley supletoria de imprenta se me figura como una especie de superfetación del que hace pocos días se leyó en las Cortes y estará siguiendo el curso que los demás, el cual con mucha amplitud versaba sobre la misma materia de imprenta. Esto me ha llenado de ansiedad y confusión porque proyecto en grande y en pequeño, disposiciones todas para engendrar una ley, y para mientras no se engendre y da a luz salir con otro engendro de ley supletoria, no acierto a comprenderlo».

El día 25 continuó la discusión en la que destacó un discurso de Antonio González que acertó a elevar su tono: «Yo no puedo considerar como industria solamente el derecho de libertad de imprenta. Es un derecho político (...) y en su ejercicio es un poder y un poder terrible en la sociedad que influye en todos los ánimos, en la educación, en la moral y en el estado en que la sociedad se encuentra influye también en sus progresos, en su prosperidad y hasta en su ruina (...) Es un poder inmenso, un poder político muy fuerte».

En la sesión del día 26 tuvo ocasión Pizarro de volver a lucir su reconocido ingenio: «Voy a la superfetación. Mi apreciable paisano y compañero, el sr. Castro, me ha reconvenido en cierto modo por la inexactitud de la expresión, y yo quiero ser condescendiente en que no fui acaso muy exacto; pero diré ahora, y dejaré mi idea con mayor fuerza, que si no ha sido una superfetación, ha sido un parto prematuro, que no ha llegado siquiera a sietemesino y que, por lo mismo, según todas las leyes civiles y naturales no puede tener vida, como todo lo que sale a luz antes de su término natural».

Parecía que en materia de libertad de imprenta todo el mundo tenía algo que opinar, los días iban pasando, nada nuevo se decía y el debate empezaba a resultar cansado. De destacar es, no obstante, una brillante intervención de Argüelles en la sesión del día 27:

«Para mí la libertad de la imprenta no puede exigir una legislación particular sino que debe estar sujeta a los principios generales que constituyen la legislación de cualquier país libre y los delitos que se cometan por su abuso deben seguir la regla general de la legislación criminal y civil en los casos respectivos». Lo fundamental es «asegurar la responsabilidad de los editores y la organización del Jurado». En cambio, opinaba que el depósito que tanto se estaba discutiendo no valía para remediar los abusos. Porque si detrás estaban los carlistas «¿qué le importa al carlismo que los editores de los periódicos que sostenga su partido entre nosotros se vean amenazados u obligados a responder con 40.000 reales? Un partido que tiene millones a su disposición, que está sosteniendo al ejército de las provincias de cuanto necesita para continuar la guerra civil ¿qué le importará dar 2.000 duros más si ve que puede convenir a sus cálculos para abusar de la imprenta? (...) Pero ¿es el Pretendiente el único que nos hace la guerra? No: es la liga europea la que la sostiene y la que sabe mejor que nosotros cuán útil es esa arma para hacernos la guerra, presentándonos como en un estado de anarquía y desorden incompatible con la seguridad y tranquilidad de Europa. Y ahora pregunto yo: 40.000 reales ¿serán un obstáculo para que esa liga se valga de nuestra imprenta? Luego no es aquí donde debemos buscar el correctivo porque 40.000 reales los tiene cualquiera y no faltará a Rusia, Austria o Prusia, sin nombrar a otras naciones».

Ante la ineficacia de las multas, la mayor garantía tendría que ser, entonces, la imposición de penas, que por su carácter personal habían de imponerse siempre al autor: «Si yo soy editor de un periódico –continuócuyo objeto puede ser el sostener los intereses de un partido, me importa poco que el Jurado me castigue con multas porque depósito tengo y persona que me las pague; pero a buen seguro que si soy editor responsable y me ponen en la cárcel, eso es otra cosa porque aquellas penalidades no las paga nadie y pocos habrá que quieran constituirse en una cárcel por ser mártires de esas cosas».

El día 28 abundó Sancho en la inutilidad de las sanciones pecuniarias: «En los años de 20 a 23 me acuerdo que se publicaba un papel llamado La tercerola y tenían para él un responsable de los artículos a quien pagaban cada uno de éstos medio duro y al fin tantos fue firmando que tuvo que echar a correr y fue a parar a Cartagena. Pero ahora, por medio duro habrá en Madrid quien firme cuantos se quieran (y precisamente así lo había afirmado horas antes Gómez Becerra) porque la pena es pecuniaria y un pequeño arresto. La pecuniaria no la ha de pagar, y el arresto ¿es pena bastante para que un hombre, por algún dinero, no se atreva a firmar un papel?»

Al cabo de un mes de tantas discusiones el día 22 de marzo de 1837 se aprobó, al fin, la ley provisional y parcial, previa a la ley general de libertad de imprenta, que únicamente se refería a «las circunstancias que han de preceder para la publicación de un periódico» con texto largo y reglamentista.

¿Qué se había ganado con esta ley provisional? Algo de tiempo ciertamente, pero al alto precio de retrasar durante varios meses la aprobación de la ley principal.

Entresijos de las empresas periodísticas

Los resultados de la ley provisional de marzo de 1837 distaban mucho de ser satisfactorios dado que, por así decirlo, había dejado las cosas a medias y retrasado inútilmente lo que podría ser la solución definitiva que había de aparecer en la anunciada ley de imprenta. Los adversarios del texto provisional le reprochaban con razón que sus prevenciones eran ineficaces para contener los abusos puesto que la cacareada responsabilidad del editor de nada servía cuando éste contaba con el apoyo financiero de un partido político –tal como había advertido ya Argüelles– con el que podía permitirse el lujo de insultar a cualquiera sin más sacrificio que el de pagar una multa, cuyo importe no le afectaba a él personalmente.

La realidad era que, a despecho de las medidas preventivas y represivas adoptadas por las Cortes, los periódicos constituían de hecho fortalezas inexpugnables que garantizaban la impunidad de los abusos que desde ellos se cometían. A cuyo efecto contaban con las siguientes murallas defensivas:

a) En primer término les era fácil encontrar a unos desgraciados dispuestos a poner su firma al pie de los artículos peligrosos cobrando cuatro o diez reales por asumir una hipotética responsabilidad de la que ellos, en su miseria, jamás responderían y a quienes afectaban muy poco los eventuales arrestos personales. En El Eco del Comercio de 4.12.1836 se cuenta con detalle la larga historia de un proceso seguido contra El Mundo a propósito de un artículo firmado, a cambio de diez reales, por un presidiario, tan lejano al asunto, que luego no se molestó siquiera en personarse en el juicio.

Por su carácter oficial merece la pena transcribir con cierta extensión un fragmento de un expediente reproducido en la Gaceta de 5.8.1837. Tratábase de una noticia publicada en El Porvenir de 31 de julio que alarmó tanto al Gobierno que llegó a ordenar la instrucción de unas diligencias para averiguar si los hechos denunciados eran reales. A tal fin se llamó a declarar al editor del periódico, quien se descargó en el autor del artículo, un tal Isidro Sánchez Caro, quien declaró a su vez lo siguiente: «aunque el artículo se halla firmado por él, no lo hizo antes de la publicación en el periódico sino en la noche de aquel día y por un módico estipendio que le entregó el empresario, que le presentó varios artículos para suscribirlos o firmarlos». Añadiendo que «en la redacción a donde le llamaron para firmar el artículo se le manifestó que contase con que tenía que presentarse a prestar una declaración con tal objeto (pero) que no tuviese preocupación ni recelo alguno, en razón de que no podía ser denunciado por no ser sedicioso, injurioso ni subversivo, que son los tres delitos marcados por la ley de imprenta y que lo único que podría decirse de él sería el calificarle de embustero y que a todo evento le sostendrían en la cárcel, sufragándole los gastos que ocasionase».

El remedio de estas corruptelas saltaba a la vista: extender la responsabilidad al editor, una persona socialmente reconocida. Remedio, no obstante, poco seguro puesto que el editor también podía actuar como un hombre de paja cuando tenía detrás a un partido político acaudalado que pagase en la sombra y que, oculto en ella, terminase siendo impune.

Las últimas consecuencias de estas prácticas pueden imaginarse: la famosa libertad de prensa terminaba siendo un mero instrumento de lucha política muy poco preocupado por la verdad y por la información objetiva. En palabras de Hompanera de 13.9.1837, «tal como está concebido el dictamen de la comisión sólo quedará la imprenta reducida a ser la opinión de los partidos porque reuniendo éstos sus recursos, no faltarían fondos con que llenar las condiciones de la ley». Y en el mismo sentido Pascual el mismo día:

«Las garantías que consisten en la riqueza, en el dinero, no son capaces de refrenar los abusos que puedan cometerse en la prensa. Los partidos se encuentran en el día extraordinariamente acalorados y es bien seguro que continuarán lo mismo por algún tiempo. La prensa ¿es el órgano de los partidos o no? En la resolución de este problema no cabe duda. Pues bien, si la prensa es el órgano de los partidos, ¿podrá dudarse que no se arredrarán los escritores por el temor de dar la cantidad señalada por la ley cuando incurran en un exceso? (...) La represión de los abusos de la prensa se consigue con leyes penales, con leyes que recaigan sobre las personas no sobre su bolsillo o caudal».

Para romper tales prácticas no parecía, en efecto, haber otra solución que la de exigir una responsabilidad penal personal del editor, como ya habían sostenido otros oradores, pero siempre sin éxito, puesto que en el sistema administrativo de jurados de prensa no había lugar para ejercer una potestad que estaba reservada en exclusiva a los jueces y tribunales. Con la paradójica consecuencia de que mecanismos inicialmente ideados para combatir los abusos terminaban siendo protectores de ellos.

b) Como los periódicos no sólo agredían a instituciones sino también al honor de las personas y como la protección que a tal objeto brindaban los jueces era absolutamente ineficaz, los agraviados acudían con frecuencia al último remedio de un «lance de honor». Periodistas y editores sabían que corrían el riesgo de tener que defenderse con el sable o la pistola: un riesgo profesional tanto más grave cuanto que los desafiantes podían ser muchos y algunos, hábiles duelistas.

En estas condiciones el periodista necesitaba manejar con soltura no sólo la pluma sino también el sable y los lances eran incontables. Pero había un remedio mejor: en la plantilla de cada periódico se colocaba a un espadachín o pistolero profesional, dispuesto a dar la cara por el autor o el editor cuando necesario fuese. Y tratándose de profesionales diestros (maestros de esgrima o matones del hampa) erá lógico que disuadieran a los ofendidos. He aquí que, como se ve, una empresa periodística era a la sazón algo más complicado que una simple agencia de noticias y de redacción literaria (más bien política) de comentarios.

c) Ahora bien, como la fuerza llama a la fuerza y la violencia a la violencia, resultaba inevitable que algunos agraviados se opusieran a los espadachines con medios superiores: mediante asaltos de grupos armados o con la superioridad militar. Con lo cual se elevaba el riesgo profesional del periodismo, puesto que los asaltos a los periódicos estaban a la orden del día.

Así lo había denunciado ya Pizarro el 8.3.1837: «Si alguna persona aforada, sea eclesiástico, militar o extranjero, con razón o sin ella, por capricho o demasiada susceptibilidad, se da por sentida de algún artículo impreso en este o el otro periódico, y dejándose arrastrar indebidamente del primer impulso, en lugar de valerse del remedio que las leyes le conceden para su satisfacción o desgracia, atropellándolas, se arroja con armas a atropellar casas y personas, sin tino, sin examen ni concierto, y si los atropellados se ponen instantáneamente en defensa, ¿qué vendrá a suceder? Que se acumularán males sobre males y escándalos sobre escándalos. Tales acontecimientos, por desgracia, no han dejado ya de repetirse con frecuencia en diferentes puntos de la monarquía; y por lo mismo es ya urgente el remedio y que vaya unido al adoptado contra los abusos de la imprenta libre».

Si queremos un relato más concreto valga el testimonio de Fernando Fernández de Córdova, quien así confesaba una hazaña en sus Memorias (I, 293 ss.): «Se publicaba en Madrid un periódico en el que se atacaban todas las reputaciones, así como todos los poderes incluso al mismo Gobierno de la revolución. Nadie escapaba de la difamación por él emprendida. Era un periódico muy buscado, como sucede con todo diario venenoso y de mala intención; pero muy temido por la fuerza popular que dirigía, mandaba con influencia poderosa en las masas». Habiendo publicado tres artículos injuriando a Luis Fernández de Córdova y a sus ayudantes, acudió Fernando y tuvo un incidente con el director: «levantando el palo le asesté un golpe en el brazo, asegurando al director que repetiría los garrotazos si volvía a hacerse acreedor de ellos». Y continuó el autor del relato: «Nadie me dijo nada (...) Lo que puede asegurarse es que este periódico no volvió a hablar de mi hermano ni de mí. Aquel mismo día envié mis padrinos a mi contrincante para que eligiera armas; pero esto le asustó más sin duda que mi agresión de la mañana».

Y por si lo anterior fuera poco, añadió otro relato del mismo cariz: «El Eco del Comercio era el periódico más revolucionario y agresivo de la época. La influencia que en el partido progresista tenía era tal, que bastaba escribiera un artículo de fuerte oposición para que la milicia tomase sus armas y sus tambores y saliese por las calles tocando generala. Este periódico hostilizaba mucho a mi hermano y un día, en compañía de mi amigo D. Bernardo Barrera, fui a su redacción situada en la calle de Atocha. Mi presencia en ella exaltó a todos y algunos nacionales empleados en la imprenta tomaron las armas cargando sus fusiles; pero sin dejarnos intimidar por semejante actitud penetramos en la redacción y exponiendo yo mis agravios dije a los redactores que me hablaban de jurado, de denuncias y de tribunales que no entendiendo nada de esto, apelaba al tribunal del honor, al cual citaba a toda la redacción, desafiándola y pidiendo satisfacción en el campo. (...) Y como en el curso de la discusión me dijeron que el periódico tenía un representante, especie de espadachín que respondía de todos los artículos, híceles conocer que para él tenía yo quien contestase. (...) Mis padrinos allí presentes declararon que yo sólo podía batirme con el director de El Eco y luego con todos sus verdaderos redactores. Más de tres días duraron las negociaciones hasta que a vuelta de conferencias en que no tomé parte, publicaron a la postre una declaración satisfactoria para mi hermano, que dio por terminada la contienda».

En definitiva, el debate sobre prensa de las Cortes de 1836-1837 deja un regusto amargo de impotencia, dando la sensación de que el Poder Legislativo (como tampoco el Ejecutivo) estaba en condiciones de encontrar ese punto de equilibrio que todos deseaban, entre el respeto a la libertad y la corrección de los abusos. El destino de la libertad de prensa, que tanto importaba al Estado constitucional, parecía no poder escapar a un dilema de hierro que se había inaugurado en 1811: o la libertad ilimitada máscara de un auténtico libertinaje, o la censura arbitraria.

La impotencia parlamentaria sorprendía aún más si se piensa que en aquellos bancos se sentaban los editores más acreditados de la época (Caballero y Álvaro) aunque fuese sensible la ausencia de un tercero de no menos peso (Andrés Borrego). Aquellas Cortes sabían de sobra, por tanto, lo que tenían entre manos y, aunque caían con frecuencia en las tentaciones de la fácil retórica liberal, eran perfectamente conscientes de que un periódico no era sólo un juego literario personal sino «una industria, una empresa» (Gómez Becerra el 13.9.1837) y que desde esta perspectiva había que abordar sus problemas.

A este propósito son muy ilustrativas las observaciones que en la misma sesión realizó Álvaro, un periodista, empresario y político experimentado: «Parece que no se conoce o que no se quiere conocer la índole de los periódicos. No en todos ellos escriben los editores y los redactores. En un periódico extenso es imposible que el editor responsable sea el que lo escriba, y ni aun que lea todo lo que se escribe; y acaso a veces no será a propósito para hacer la calificación de los escritos con verdadero conocimiento de causa». Y más adelante: «El objeto de los periódicos es, además de la parte doctrinal y de polémica, el de comunicar noticias y denunciar los abusos del poder cometidos por las autoridades subalternas, las cuales no llegarían de otro modo al conocimiento de las Cortes y del Gobierno, formando con esta publicidad el freno más fuerte de la arbitrariedad. ¿Se conseguirá este objeto con decir que el individuo que haya padecido por este abuso lo publique por medio de un folleto y que se le prohíbe que lo verifique en los periódicos? (...) Los periódicos no se contraen a tratar cuestiones doctrinalmente; su objeto es: primero, publicar las noticias que a su editor le comunican los corresponsales que tienen en diversos puntos, tanto del Reino como fuera de él. ¿Cómo el editor de aquel periódico ha de ser responsable de lo que le comunique un corresponsal suyo que ha tomado acaso la noticia de otro, sin que él la sepa más que por haberla recibido?».

Acciones singulares del Congreso

En una situación caótica dominada por la agresividad de los periódicos y por la violencia física ejercida sobre ellos y sus servidores, constatado el fracaso de la precipitada ley provisional de marzo de 1837, empantanado el proceso de elaboración de la ley definitiva, surgieron algunas iniciativas más modestas, pero pretendidamente más eficaces, para abordar el problema por medio de acciones parlamentarias singulares.

a) Represión parlamentaria de abusos concretos

En el mes de junio de 1837 se tenía la sensación de que la beligerancia de algunos periódicos, empezando por El Porvenir, había llegado al paroxismo a despecho de la ley provisional, que había resultado inoperante. Así se explica la proposición de Pascual y otros 63 (¡) diputados presentada el 20 de dicho mes:

Pedimos al Congreso se sirva determinar que el Gobierno de S.M. ponga en conocimiento de las Cortes las medidas adoptadas respecto a las atroces injurias que en el n. 15 del periódico El Porvenir se vierten contra la soberanía nacional, contra la Representación de la España, contra el Trono de Isabel II, contra la constitución del Estado y contra la tranquilidad y reposo público en el artículo titulado Discurso de S.M.

El lector moderno, cuando lee este artículo, no acierta a comprender la indignación de los firmantes de la proposición ni el contenido de los agravios, que en la explicación de Pascual se justificaban así: «Ataca la soberanía de la Nación (porque dice) que el Trono es soberano. Ha atacado a los representantes del pueblo español porque dice que han puesto sus manos sobre el cetro y sus plantas sobre el Trono. Ha atacado a la constitución del Estado, porque ataca el principio de la soberanía nacional contenido en ella».

Para entender este incidente basta con recordar el talante político del periódico (de la extrema moderada) y de la calidad de la mayoría de los firmantes de la proposición (de la extrema radical). Una escaramuza política, por tanto, llevada a las Cortes con cierta temeridad habida cuenta de que, como hizo observar juiciosamente Ayllón, «el Gobierno, ceñido a sus facultades legales, no tiene más arbitrio que excitar el celo del fiscal de libertad de imprenta para que le denuncie como subversivo». ¿Y para eso sólo valía la pena provocar un incidente tan sonado?

La objeción de Ayllón era tan sensata que enfrió instantáneamente el debate; aun así, sometida la proposición a votación, fue aprobada si bien por la escasa mayoría de 77 contra 68.

El incidente de El Porvenir no terminó, sin embargo, ahí puesto que se prolongó en una proposición de Cabrera de Nevares que se debatió sin éxito los días 29 y 30 del mismo mes de junio. Esta proposición –que reproducía sarcásticamente la anterior de Pascual– decía así:

Los atentados cometidos en estos últimos días contra los editores responsables de los periódicos titulados El Porvenir y El Patriota manifiestan que las leyes protectoras de la libertad de imprenta han sido escandalosamente holladas. Tales desórdenes cometidos en la capital de la monarquía y otros de igual naturaleza en alguna otra capital de provincia prueban la necesidad de que el Congreso nacional tome en consideración este estado de inseguridad que socava los cimientos de una de las más sólidas garantías que tienen las libertades públicas. Por tanto, pido a las Cortes se sirvan decretar que el Gobierno de S.M. manifieste a las mismas qué providencias ha tomado para que estos excesos sean reprimidos; como asimismo qué medios ha puesto en práctica para evitar su repetición y proteger la seguridad de los establecimientos de imprenta y las vidas de los escritores públicos.

Proposición que el día 30 fue acompañada de la siguiente intervención justificativa: «El editor responsable de El Porvenir hace pocos días ha sido acometido por una turba de hombres obcecados, mejor diré malvados, los cuales le han apaleado, le han sableado, le han herido. Y a no ser por su valor, le hubieran tal vez muerto. Repito que no estoy conforme con las doctrinas del referido periódico. No sólo no las adopto, sino que las repruebo. Pero mientras sus controversias se extiendan a puntos que sean disputables, a materias controvertibles sin atacar nuestras leyes fundamentales, reconozco en ellos y en todo escrito público el derecho y la libertad que les da la ley. En el ataque dado a la persona del editor responsable de El Porvenir veo un ataque dado a la dignidad de las leyes, al decoro del Gobierno, a la seguridad de los ciudadanos y a la seguridad individual de los señores diputados que me escuchan. Y cuando a la vista de unos hechos de tanta magnitud las autoridades callan y no manifiestan un sentimientos de indignación que contenga y castigue los excesos cometidos, ¿se pueden considerar tranquilos ni seguros? Así, pues, como el Congreso nacional dio no hace muchos días muestras de indignación contra cierto artículo inserto en el mismo periódico, de la misma manera creo que es propio del decoro de las Cortes manifestar esta misma indignación por la tropelía cometida en la persona de su editor».

b) Suspensión provisional de la libertad de imprenta

Pasó el verano, cambió el Ministerio y la situación seguía sustancialmente igual. El 11 de septiembre se leyó una Exposición del fiscal que decía así:

El fiscal de imprenta de esta corte presenta a la consideración del Congreso nacional el n. 158 del diario titulado El Eco de la Razón y de la Justicia que manifiesta la necesidad de que las Cortes tomen una resolución capaz de contener la procacidad de la imprenta y de salvar todos los respetos que con inaudita osadía se atropellan diariamente por los escritores públicos. Si por salvar un principio quedan todos los demás sepultados entre las ruinas de la libertad, lo más prudente fuera suspender al menos, antes que tal suceda, los efectos de aquél, que dejarla perecer. El que expone encuentra inútil o, por mejor decir, impotente al jurado para reprimir los abusos y lo que es más, entiende que lo ha de ser ínterin dure la crisis en que estamos, por mucho que se mejoren las leyes de imprenta, mientras no ejerzan los jueces censores una autoridad preventiva, y sí la correctiva. Razón por la cual, en cumplimiento de su deber, al Congreso suplica se digne poner remedio a dichos abusos.

La verdad es que este escrito no tenía que haber provocado necesariamente el alboroto a que dio lugar, pues el Congreso no estaba obligado a abrir un debate sobre el particular y bastaba con que, después de su lectura, se «hubiera dado por enterado». Pero los ánimos estaban entonces demasiado alterados. Don Carlos apenas hacía unas horas que había llegado a las tapias de Madrid, todavía estaba fresco el recuerdo del golpe de Estado de Pozuelo, el futuro del Ministerio Bardají era incierto y la amenaza moderada parecía ser inminente. En las Cortes se vivían momentos de histeria. Argüelles estaba muy dolido por la caída de su amigo Mendizábal y Caballero tenía demasiadas cuentas que ajustar con Álvaro, su enemigo político y periodístico. En estas condiciones de recalentamiento el artículo de El Eco de la Razón y de la Justicia –innecesaria e imprudentemente recogido y magnificado por el fiscal– cayó como una tea incendiaria pues muchos vieron en él un acto de provocación, aunque quizás fuese un globo sonda para explorar la opinión de las Cortes. Sea como fuere, inmediatamente veremos sus consecuencias.

Lo que había hecho El Eco de la Razón, desde una postura radicalmente conservadora, era proponer nada menos que la suspensión de la libertad de imprenta como único medio de acabar con las audacias periodísticas: una medida que había de escandalizar forzosamente a los liberales (al menos en aquel momento) porque suponía la ablación de una de las libertades que con más empeño querían defender. Tal fue el sentido de la intervención de Caballero: «He oído con tanta indignación como ha podido oírlo cualquier otro diputado, ese artículo. Haya paz, dice el escritor, aunque sea con el despotismo de Calomarde. Esto es lo último del escándalo. ¿Por qué peleamos nosotros, por qué hay guerra, sino por establecer una forma de gobierno bajo la cual la generación presente y las venideras gocen de paz (paz verdadera, no la de los sepulcros) y felicidad?».

Curiosamente, sin embargo, el ala radical del Congreso no se sumó al rechazo sino que apoyó sin reservas la supresión. Primero fue Ayllón: «Según la ley actual, desde que el escrito se publica hasta que se denuncia y reúne el jurado para calificarlo, circula libremente y no hay por ley vigente ninguna autoridad encargada de recogerlo. Yo, si me hallara en el caso del sr. ministro de la Gobernación, no tendría inconveniente en traspasar los límites de la ley (afirmación inaudita procediendo de un magistrado), cargándome con la responsabilidad. Es muy triste que haya que hacer estas infracciones de la ley; pero cuando no hay otro medio de salvación, es preciso echar mano de él, pues es menester no permitir que circulen esos papeles incendiarios. Éste es uno de los remedios que debe proponer la comisión».

Ahora bien, al hilo del debate surgido en torno a esta Exposición, Álvaro, en lugar de apoyar o rechazar la iniciativa, expuso la sorprendente y escandalosa sugerencia, y más viniendo de un periodista, de que debía suspenderse, aunque fuera provisionalmente, la libertad de imprenta: «Es absolutamente indispensable que se proponga la suspensión de la libertad de imprenta por un tiempo determinado. Sé que es mal hacer callar la ley; pero sé también que en países más acostumbrados que nosotros a gobiernos representativos se suspende hasta la ley que asegura la libertad cuando así lo requiere el bien del Estado».

La respuesta de Argüelles puede imaginarse, aunque no se limitó a defender los derechos constitucionales sino que aprovechó la ocasión para lanzar un violento ataque personal al diputado y a su periódico: «Lo que acaba de decir el sr. Álvaro me pone a mí en la clave del verdadero secreto que necesitamos conocer. No porque el sr. preopinante esté en ese secreto como práctico en esas materias, sino porque acaba de declarar que es editor de un periódico que en mi concepto es uno de los que más han contribuido a traernos al estado en que nos encontramos. Cuando se dio el primer decreto de libertad de imprenta en la isla de León el año 1811, todos cuantos se oponían a ella se conjuraron directamente a abusar, con el fin de desacreditarla. Del año 20 al 23 sucedió otro tanto; y noten las Cortes que las personas que se conjuraron, tanto en la primera como en la segunda época constitucional para abusar de la libertad de imprenta, eran conocidamente personas que pertenecían a partidos enemigos de la reforma».

Para el orador, por tanto, los abusos de la prensa eran fruto de una conjura (¿qué es lo que entonces no se consideraba obra de una conspiración?) enderezada a desacreditar el régimen constitucional fomentando desórdenes públicos cuyo último beneficiario serían los carlistas. Según esta curiosa opinión, hasta la prensa más radical de izquierdas, como El Castellano, y hasta su editor (el diputado Álvaro que acaudillaba una fracción parlamentaria progresista) estaban actuando como miembros eficaces de la «quinta columna» (valga este deliberado anacronismo) del Pretendiente. La cólera del anciano Argüelles –que se presentaba, según su costumbre, como uno de los héroes de la libertad– expresaba un odio desbordado hacia el periódico de su adversario, que ciertamente no era un modelo de prudencia, pero que respetaba las reglas de juego de la prensa «decente». «Don Carlos –continuó– está próximo a la capital. ¿Y para qué? ¿Para acometer frente a frente a la población de Madrid? No. En lo que confía es en los tumultos, en los desórdenes de la capital, para que en la confusión se desperdicien nuestros medios y se facilite al Pretendiente la entrada. ¿Y podremos permanecer tranquilos espectadores de las maniobras de una gavilla de conspiradores que bajo todas formas tratan de destruir la libertad? ¿No sé ve clara la tendencia de ese mismo papel? ¿No se nos habla del enlace de Isabel II con un príncipe extranjero?».

Tan brutal agresión mereció la siguiente respuesta del ofendido: «Si ésta es la opinión de S.S., la mía es que las doctrinas que S.S. ha emitido aquí, y los que las han apoyado, son las que más han contribuido para ponernos en el estado lamentable en que nos hallamos. La nación ha oído a uno y otro y la nación y la posterioridad juzgarán».

A renglón seguido intervino Sancho que respiraba por la misma herida que Argüelles:

«La alusión personal es directa al sr. Álvaro porque en el periódico que S.S. escribe se nos ha dicho que íbamos a hacer una Constitución hermafrodita. Yo no concibo cómo los que han abusado así de la libertad de imprenta piden ahora esas leyes represivas. Lo que yo quiero es que los delitos de libertad de imprenta no se paguen con dinero, porque esas multas las pagan nuestros enemigos, quizás las pagará el mismo D. Carlos. Lo que yo quiero es que se paguen con la cabeza».

Por lo demás, ni las Cortes ni el aludido debieron escandalizarse de estas durísimas agresiones verbales ya que Álvaro estaba acostumbrado a ellas como había sucedido ya en la sesión del 13.1.1837, en la que se vio obligado a contestar a López en los siguientes términos: «El sr. ministro de la Gobernación ha declamado con la vehemencia que acostumbra sobre todo lo que le ha parecido menos sobre la cuestión que debía tratarse. S.S. ha traído como por los cerros de Úbeda los periódicos para desahogarse y me ha insultado personalísimamente. Cualquiera que sea la oposición que haga la prensa al Ministerio, no es éste el lugar de combatirla».

El alud de agresiones y de insidias parecía no tener fin y a ellas se sumó Caballero, que tenía una cuenta personal y periodística pendiente con Álvaro y con El Castellano. Finalmente Martín de los Heros ilustró con un nuevo ejemplo los «excesos desvergonzados de la prensa», informando de que en un papel de ese mismo día había salido una información sobre las negociaciones para el matrimonio de Isabel II con un príncipe extranjero. Notable hipocresía, en verdad, porque a la sazón eran públicas tales negociaciones, aunque fuera políticamente incorrecto hablar de ellas.

Este incidente confirma que la tramitación de la ley se había escapado a las Cortes de las manos: obsesionados por la urgencia de reprimir los abusos, dieron primacía a lo urgente (una regulación provisional) sobre lo importante (el dictado de la ley principal o definitiva) y al final fracasaron en una cosa y en otra enzarzándose en vergonzosos episodios de injurias personales. Hay otro aspecto, además, sobre el que conviene detenerse un momento: el diálogo transcrito refleja bien la tremenda animosidad que mediaba entre el ala templada del progresismo (nótese que quienes intervinieron fueron los miembros más caracterizados de la vieja guardia de Mendizábal) y el ala radical que encabezaba Álvaro. Éste y El Castellano habían estado hostigando al Gabinete, y singularmente a su secretario de Hacienda, sin desperdiciar una sola oportunidad de atacarle y a veces en términos violentos. En esta ocasión no resistieron los nervios del anciano Argüelles quien, exasperado, injurió sin consideraciones a su adversario.

c) Otras acciones singulares de imprenta

En la Gaceta del 2.9.1837 apareció un Acuerdo del ayuntamiento de Madrid justificado en que «siendo cada día más notable y escandaloso el abuso que hacen los ciegos en la publicación de papeles con noticias que ellos forjan y sobre todo comentan y desfiguran para provocar la venta

se prohíbe que los ciegos u otras personas publiquen después de anochecido papeles, periódicos, otra clase de publicaciones por las calles de esta capital. Y se prohíbe igualmente que los ciegos y demás personas dedicadas a la venta de papeles públicos lo hagan más que por su título, excusando el amplificar su contenido por medio de sus voces y desacompasados gritos.

El liberalismo quería traer la libertad a España; pero por mucha que fuera su buena voluntad era evidente que no se podía arrancar de golpe la cultura administrativa tradicional como lo prueba este bando cuyas intenciones y hasta su estilo están tomados del Antiguo Régimen: en el apogeo del progresismo ni los ciegos podían en las calles pregonar a voces su mercancía.

d) Actividades de los Jurados de imprenta y de los jueces

La lectura de la Gaceta de Madrid ilustra muy bien la enorme actividad desarrollada por los jurados de hecho y los tribunales de Justicia en materia de delitos de imprenta puesto que prácticamente a diario informaba de las resoluciones de aquéllos y de las sentencias de éstos. El criterio de los jurados a la hora de pronunciarse a favor o en contra de la apertura de un procedimiento judicial nos es desconocido puesto que para valorarlo habría que conocer el texto denunciado. Se supone que, en cuanto jurados populares, reflejarían fielmente los parámetros sociales dominantes, que a buen seguro serían muy distintos de los que hoy corren. Y lo mismo sucede con las sentencias, habida cuenta de que en ellas no se razonaban y ni siquiera se precisaban los puntos concretos que habían sido enjuiciados. Pero no faltan tipificaciones concretas como las de «libelo difamatorio» o «escrito injurioso de primero o de segundo grado».

Por lo que atañe a la actividad represora de los tribunales, en términos estadísticos más de la mitad de los artículos denunciados eran absueltos en una u otra instancia; pero las condenas, que no eran escasas, resultaban durísimas puesto que imponían la reclusión del autor en un presidio o fortaleza próxima al lugar de su residencia en períodos que oscilaban entre dos meses y dos años, y además con fuertes multas que podían llegar a 1.800 reales sin contar las costas producidas. Por lo demás, ningún periódico se escapaba de las sanciones, ni siquiera los de más circulación como El Eco del Comercio, El Castellano, El Tribuno, El Corsario, La Revista Nacional, Satanás (con el autor condenado en rebeldía), Diario de Menoría, Duende Liberal, El Constitucional aragonés.

Por poner algunos ejemplos concretos, en la Gaceta de 22.1.1837 se publicó una sentencia en la que se absolvía a D. Antonio Romero, responsable de El Trueno y en consecuencia, decía el juez, «mando que sea puesto inmediatamente en libertad sin que este procedimiento le cause perjuicio ni menoscabo en su buen nombre y reputación». Y en la del día 6 de marzo (1837) se publicó otra sentencia de 28.2 condenando a Braulio Foz, catedrático de Derecho natural y novelista, a 500 reales de multa, dos meses de prisión en la Alfarería por un artículo publicado en El Constitucional aragonés, que había sido denunciado por Vicente Guillén en nombre y con poder de los catedráticos y sustitutos de la Universidad Literaria de Zaragoza.

Más retrasos: nueva proposición de Vázquez Parga

Volviendo a la ley de imprenta, es difícil entender el laberinto procedimental en que se hundió el Congreso durante su tramitación. Primero vimos que la reacción inicial del Gobierno fue fulminante abordando la cuestión a las pocas horas de haber ocupado el Poder. Pero luego hemos comprobado también que las actividades legislativas posteriores siguieron un ritmo muy distinto. El proyecto de ley elaborado por la comisión tardó bastante en salir, aunque este primer retraso puede excusarse por las dificultades del texto, las disensiones en el seno de la comisión y las tensiones generales. Ahora bien, ¿cómo justificar el frenazo que supuso la presentación, tramitación y aprobación de la proposición de Alejos Burriel firmada por un abultadísimo número de diputados? Ya hemos comprobado que con esta ley provisional recibió la tramitación de la ley principal un gravísimo retraso. Se tiene la sensación de que las Cortes, pese a su apasionada retórica, no tenían el menor interés de llevar el procedimiento adelante.

Aunque todavía faltaba por venir lo peor. Porque es el caso que, cuando ya parecía que el debate estaba definitivamente encarrilado, presentó Vázquez Parga una nueva proposición de ley que, como meses antes la de Burriel, paralizaba el procedimiento principal.

La comisión dictaminó el asunto con diligencia el día 6 de setiembre, pero sin ocultar su propio desconcierto porque no sabía qué es lo que podía hacerse con este documento ya que no se limitaba a proponer adiciones o mejoras parciales sino que desarrollaba una alternativa incompatible con el proyecto principal. ¿Qué hacer entonces con lo que ya se había hecho y adelantado? ¿Pararlo todo como con la propuesta anterior? La comisión, vacilante, trasladó el problema a las propias Cortes recordando que podían o bien hacer caso omiso de la nueva proposición, dejándola para mejor momento, o bien examinarla con preferencia al texto principal, que ya estaba tan maduro. Y para esta segunda opción reelaboraron la proposición hasta ofrecer con ella un nuevo proyecto alternativo.

En la discusión del día 13 (de septiembre) se debatió frontalmente la cuestión de qué era lo que se debía analizar: si el nuevo dictamen de la comisión o el viejo proyecto de ley. En este punto se gastaron horas y horas en repeticiones fatigosas y en polémicas estériles, pero también en discusiones brillantes y en sugerencias atractivas aunque no condujeran a ninguna parte. Sin que faltaran tampoco afirmaciones que hoy nos parecen peregrinas pero que reflejan la ideología liberal en su estado más puro, como estas dos «perlas» del discurso del ministro de la Gobernación: «Las Cortes saben mejor que yo que los hombres que tienen propiedad son los más ilustrados y morales, y que ningún criminal por lo regular tiene esta circunstancia; yo no apelo sobre el particular más que a las cárceles de todo el mundo: hágase una estadística de todas ellas y se verá a qué clase pertenecen los criminales que hay en las mismas»; o esta otra: «el Gobierno tiene atadas las manos: si quiere salvar a la Patria tiene que saltar por encima de la ley».

Es curioso, por otra parte, que fuera cabalmente la libertad de imprenta la que diera ocasión a que se oyera en el Congreso alguna palabra relativa a las clases sociales: un tema rigurosamente excluido de los debates. El caso es que Hompanera inmediatamente después exclamase que «¿quién no comprende que la clase media en España, si la hay, no puede suplir con sus virtudes a la escasez de su número? ¿Quién no ha calculado lo que son y pueden ser esas que se llaman masas del pueblo? (...) La imprenta que no tenga otro objeto que ilustrar al pueblo, será siempre una pobre imprenta, porque son pocos los que se suscriben a esta clase de periódicos; pero la imprenta que adula, que halaga las pasiones y a los partidos, es la que produce intereses».

Volviendo al debate principal, al final prevaleció la fatal idea de empezar con el reciente dictamen y entre defensas, justificaciones, alteraciones y nuevas propuesta se llegó al mes de octubre con un texto híbrido, tímido e irreconocible que, para mayor desgracia, dejaba un cabo suelto en el artículo 11:

Serán calificados como subversivos y sufrirán la pena de tales, los periódicos o impresos que ataquen directamente o desacrediten a las Cortes, o a cualquiera de los cuerpos colegisladores, embarazando el uso de sus facultades constitucionales; y además de los tribunales ordinarios de imprenta, podrán conocer y juzgar sobre los abusos de que trata este artículo los dos cuerpos colegisladores, en la forma que se determinará por una ley especial.

Lo cual significaba evidentemente un nuevo incidente puesto que había que presentar otro proyecto para esa ley complementaria, que fue dictaminado el 5 de octubre de forma totalmente inútil e inviable puesto que el tiempo de la legislatura se estaba agotando. O sea, que al cabo de trece meses de trabajo no se había completado el programa, aunque bien es verdad que el 17 de octubre (con no pocas dificultades por falta de quórum en las votaciones) se aprobaba la «ley definitiva» que de definitiva no tenía nada y que tanto difería del proyecto presentado por la comisión. Ésta fue una de las mayores frustraciones de las Cortes. Nunca hasta entonces se había discutido tanto y con tan poco fruto.

Ésta es, desde luego, la impresión que obtiene el analista moderno y que también tenían los diputados críticos de la época, como testimonia el siguiente texto de Caballero en su intervención del 13.9.1837: «Nuestras divisiones políticas han producido dos grandes secesiones en el partido liberal, y éstas son las que trabajan por medio de la prensa para sostener sus doctrinas. Yo deseo que las Cortes mediten si todos los que escriben quieren las instituciones liberales, tales como están consignadas en la constitución de 1.837. Son muchos los que en vez de quererlas dar el conveniente desarrollo, quieren restringirlas y retrogradar, y no me engaño en creer que la mayor parte de los periódicos siguen estas doctrinas. Siendo esto así resulta que debiendo formar el jurado todos aquellos que paguen 500 reales de contribución arriba, entrará un gran número de los que profesan estas opiniones (las moderadas y en consecuencia) vamos a poner la imprenta bajo la influencia de ese partido aprobando el voto secreto, porque se les libre de sufrir, no sólo las impugnaciones de los periódicos de partido contrario sino del juicio que deben formar los demás ciudadanos».

De nuevo, según se ve, un proyecto de ley dejaba de concebirse como una empresa propia del partido liberal en su conjunto para convertirse en bandera de discordia de sus dos fracciones enfrentadas; con la paradoja de que el texto final había sido obra de los moderados y no de los progresistas que eran quienes oficialmente estaban en el Gobierno. Resultado tanto más lamentable cuanto que la libertad de imprenta era cabalmente una seña de identidad del liberalismo constitucional y no el patrimonio de una de sus ramas.

En cuanto a las medidas urgentes de prevención, sobre las que tanto se había estado discutiendo a lo largo de todo el año, el art. 14 de la ley definitiva de 17 de octubre (1837) estableció el siguiente arbitrio gubernativo, rodeado de no pocas garantías a posteriori, pero referido a «escritos» no a periódicos:

Si los gobiernos, los jefes políticos o los alcaldes primeros nombrados, donde no residan aquéllos, tuvieren fundado motivo para considerar que se pone en peligro la tranquilidad pública en la circulación de algún escrito, podrán suspenderle y asegurar en depósito los ejemplares existentes; pero en tal caso el escrito deberá ser denunciado dentro de las doce horas y calificado por el jurado de acusación antes de las 48. Transcurridos estos términos, o declarado que no ha lugar a la formación de causa, queda alzada por el mismo hecho la suspensión (...) quedando también salvo el derecho de los interesados para reclamar contra el abuso de autoridad, si lo hubiera habido.

* * *

5. PROPIEDAD

Una nación de ciudadanos y un Estado de propietarios.– La propiedad burguesa y el hambre de tierra.– Desvinculaciones.– Señoríos.

Los objetivos machaconamente pregonados del liberalismo son bien conocidos: reemplazar el Antiguo Régimen por uno Nuevo, a cuyo efecto había que destruir los pilares en que se apoyaba el anterior, o sea, la monarquía absoluta (reemplazada por la soberanía nacional), la nobleza (igualada en una sociedad sin clases privilegiadas) y la Iglesia (privada de sus medios de autofinanciación y convertido el culto en un servicio público atendido por funcionarios especializados). Esta transformación se cifraba en un texto fundamental solemne, la constitución, y se desarrollaría en unas leyes sectoriales de desigual trascendencia. Lo que no se teorizó suficientemente, en cambio, fue el establecimiento de una nueva forma de propiedad –la «propiedad burguesa»– que algunos historiadores, como Fontana, han considerado, no obstante, como la quintaesencia del movimiento. Quintaesencia o no, clave de bóveda del sistema o uno de sus fundamentos junto con otros no menos importantes, lo que está fuera de duda es que los liberales dedicaron una atención singular a esta figura, liberalizando su régimen (y aquí la redundancia es deliberada) e insertándole en un sistema más amplio de liberalismo económico.

Las Cortes constituyentes prefirieron regular pragmáticamente el uso de la propiedad a teorizar en abstracto sobre ella: lo que, por lo demás, no estaban en condiciones culturales de hacer. En la sesión de 4.4.1837 pueden encontrarse, no obstante, dos testimonios a este respecto que prueban que para los diputados la propiedad era un derecho natural anterior y superior a la ley. Para López, en efecto, «yo no entiendo la propiedad como la entiende y explica Jeremías Bentham, diciendo que es la base de la esperanza de sacar provecho de una cosa. Yo la miro como actual, real, positiva, como la facultad que cada uno tiene de disponer a su arbitrio de su trabajo y de sus productos (...) Difiero sin duda de la doctrina indicada por el sr. Castro, que supone la propiedad hechura de la ley y como nacida con las sociedades. No; los hombres en el estado de la naturaleza tuvieron propiedad nacida de la ocupación. (Las leyes) no crearon el derecho, le fortificaron, le dieron la permanencia y seguridad que no tenía (...) La protección que las leyes deben al derecho de propiedad favorece lo mismo al pobre que al rico (...) Nada por tanto más infundado, más subversivo y contrario de todo orden que las doctrinas de Rousseau, que con tanta vehemencia declara contra el primero que dijo: esto es mío». Mientras que para Olózaga, «¿qué quiere Bentham cuando dice que la propiedad es la esperanza de poseer con seguridad una cosa? Trata de combatir el principio de que la propiedad pueda considerarse existente antes de la sociedad y que la sociedad pueda considerarse independientemente de las leyes».

Ahora bien, esta nueva propiedad no fue ni proclamada en la constitución ni establecida en una ley general sistemática sino implantada en leyes diversas, casi diríamos improvisadas, aunque no por ello menos eficaces. Como sobre las condiciones jurídicas de esta institución ya se ha escrito lo suficiente y no queremos aquí tampoco incurrir en repeticiones innecesarias, en el presente epígrafe vamos a centrarnos en la vertiente política de la propiedad. Aunque resulte conveniente encabezarlo con un inmejorable texto de larga cita de Burdiel (1987, 16-17): «no es de extrañar, por tanto, que la revolución burguesa haya podido coexistir con diferentes tipos de reformas agrarias en el siglo XIX. La nuestra terminó con la mayor parte de las servidumbres señoriales, municipales y comunales que limitaban el derecho privado del propietario a disponer de la tierra; eliminó, de paso, el derecho consuetudinario del cultivador a la posesión indefinida de las parcelas que cultivaba; estableció en consecuencia una propiedad privada absoluta y perfecta, permitiendo el cercamiento de la misma, la sanción legal y el registro del único propietario con el título correspondiente y la fijación contractual de los arrendamientos; abolió la vinculación, que creaba situaciones especiales de privilegio e impedía la compraventa de las tierras que de esta forma se iban acumulando en manos de quienes se limitaban a vivir de rentas; expropió y vendió en pública subasta las tierras amortizadas de la Iglesia y de los municipios. Todo ello produjo una gran conmoción social; arrebató considerables patrimonios a instituciones y clases privilegiadas en el Antiguo Régimen; arruinó y expropió a muchos campesinos; creó una nueva clase de propietarios; en fin, abrió un campo de inversión excelente a los capitales acumulados en el comercio y en la usura, transformando las relaciones de producción en el campo y abriendo paso al capitalismo en la agricultura (...) La clase emergente tomaba el poder y transformaba la sociedad sin contar con el campesinado y con una clara voluntad de impedir la participación popular».

Una nación de ciudadanos y un Estado de propietarios

Prescindiendo de su significado económico y de la regulación legal de sus efectos inter privatos, la propiedad cumplía para el liberalismo la doble función de garantía de la libertad (y de los demás derechos individuales) y de título legitimador de la participación en el Estado. El Estado liberal era, en suma, un Estado de propietarios, aunque la nación fuera un conjunto de ciudadanos. Sobre esta distinción entre ciudadano y propietario, entre nación y Estado, suelen pasar de puntillas los analistas actuales (con algunas excepciones tan notables como la de Jover) porque con ella se rompe de hecho el principio de la representación nacional que era ideológicamente intocable. Pero los teóricos y los políticos de la época no tuvieron pudor alguno de reconocerlo y de ello se dan testimonios más que sobrados en el presente libro.

Vistas así las cosas, la propiedad adquiría su verdadero rango constitucional expresado en el protagonismo que los propietarios tuvieron en el ejercicio de los derechos públicos fundamentales: el electoral, el de imprenta y el de participación en la Milicia nacional mientras que a los meros ciudadanos se reservaba la obligación contributiva tanto la económica como la de sangre. Una distribución que se justificaba en la dicotomía que se establecía entre derechos políticos (anejos a la propiedad) y derechos civiles, comunes a todos los ciudadanos pero también a los extranjeros, es decir, a los hombres con la salvedad de los esclavos y de algunos condenados; sin olvidar, además, la existencia de un grupo intermedio con derechos políticos restringidos: los propietarios de Ultramar e incluso individuos con derechos civiles limitados: los negros.

No deja de ser extraño, por lo demás, que este sistema constitucional fuera admitido tan pacíficamente aun a conciencia de que desnaturalizaba sensiblemente el contenido igualitario del liberalismo. Lo que indudablemente se consiguió fue la abolición de la dicotomía entre señores y vasallos, pero la sociedad siguió siendo rigurosamente clasista, bipolar, dividida ahora entre propietarios y no propietarios (entre ricos y pobres, en definitiva) y si el Estado en el Antiguo Régimen estaba en manos del rey y de los señores, luego pasó a las del rey y de los propietarios (o en términos más precisos, de ciertos rentistas a los que se añadieron las «capacidades ilustradas»).

El pueblo aceptó resignadamente su situación política, que era la misma que había sido hasta donde llegaba la memoria histórica con los iberos, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. El pueblo no podía echar de menos su participación en el gobierno político por la sencilla razón de que no la había disfrutado nunca (si prescindimos de los nebulosos recuerdos de algunas comunidades libres de la época de la Reconquista o de los aún más nebulosos bagaudas). En el Nuevo Régimen sólo unos pocos políticos se acordaron de ella: los depositarios de los primeros principios de la constitución de Cádiz, los herederos de Rousseau, que en las Cortes constituyentes estaban ya reducidos a una insignificante minoría que sólo tenía una voz testimonial. Para los liberales «decentes» (una voz que no se tenía entonces como despectiva y ni siquiera irónica) el pueblo era literalmente «ignorante y brutal», aunque desde luego no inútil, puesto que, además de ser la carne de cañón que permitía mantener la guerra, debidamente manipulado servía con eficacia los intereses de sus amos. Por otra parte, periódicamente los políticos «daban asueto» al pueblo y las masas durante unas horas incendiaban conventos (para facilitar la desamortización, en la que ellos naturalmente no participaban), arrastraban por las calles a generales descuartizados (para que fuesen sustituidos por otros generales) y levantaban barricadas (para apoyar unas juntas en las que luego no se les daba entrada). La otra opción que quedaba era lanzarse al monte con el bandidaje o la facción.

En estas condiciones pocos atractivos podía ofrecer el liberalismo a las masas desposeídas. El sistema representativo, ninguno desde luego puesto que no podían participar en él; y menos la libertad de imprenta puesto que no sabían leer. Sólo les quedaba la propiedad, pero ésta no iba a ser accesible para ellos desde el momento en que las inmensas fincas procedentes de la desamortización únicamente fueron a parar a quienes tenían dinero para comprarlas. Y peor todavía: la desamortización civil, veinte años más tarde, les privaría de los baldíos y comunales que en buena parte de España eran los que les ayudaban a subsistir. Para algunos historiadores modernos, como Santirso, esto es cabalmente una de las claves de la guerra civil: el hecho de que la mayoría de los jornaleros campesinos y los proletarios urbanos se pusieran de parte de sus antiguos amos y rechazasen a quienes con tan buenas palabras (y no tan generosas intenciones) decían que querían liberarles de sus cadenas tradicionales. Pero ese pueblo depauperado se daba perfecta cuenta de que con la pretendida revolución no ganaba nada, antes al contrario, perdió mucho con el mercado liberalizado y con la enajenación de los patrimonios públicos y nacionales y que en el fondo lo único que sucedía era que cambiaban los amos. Con lo cual se explicaba su actitud: la indiferencia más absoluta o el vender su sangre a quien le pagase más por alistarse en su ejército.

La propiedad burguesa y el hambre de tierra

Al analizar el proceso de transformación de la propiedad realizada por el liberalismo, indefectiblemente se vienen señalando dos factores: desde el punto de vista jurídico la conversión de un régimen de propiedad limitada en otro libre (la llamada propiedad burguesa); y desde el punto de vista social la satisfacción de un «hambre de tierra» provocado por la presión de un mercado paralizado por las amortizaciones. Dos datos ciertos indudablemente, aunque resulte necesario introducir unas precisiones lo suficientemente importantes como para alterar sustancialmente la imagen tradicional.

a) La propiedad burguesa

Si examinamos con cuidado las medidas liberadoras de la propiedad, nos encontramos fundamentalmente con las siguientes:

a) Por lo pronto, el Real decreto de 13 de septiembre de 1836 restableció el decreto de Cortes de 8.6.1813 en el que se declaraban automática y perpetuamente cerradas todas las fincas rústicas de propiedad privada que, por consiguiente, podían también vallarse con cercas de cualquier material.

b) Ratificando la libre utilización de la finca por su propietario, una Real orden de 11.2.1836 (firmada por Martín de los Heros todavía, por tanto, durante el Ministerio de Mendizábal) insistió en el derecho de éstos a disponer en exclusiva de sus pastos y rastrojeras rompiendo con ello la milenaria (sic) y universal tradición –descalificada ahora como «malas prácticas y malas costumbres»– de que el pasto espontáneo (yerbas y rastrojeras) de las fincas de cultivo (no pastizales, montes ni huertas) pudieran ser aprovechados por los ganados vecinales una vez levantada la cosecha (las llamadas «derrotas»). Más concretamente

2. No deben tenerse por títulos de adquisición a favor de otros particulares o comunes sino los que el derecho tiene reconocidos como tales títulos especiales de adquisición de propiedad, excluyéndose por lo mismo todos aquellos que se fundan en malas prácticas, más o menos antiguas, a que se ha dado contra lo establecido por las leyes el nombre de uso o costumbre. 4. Siendo viciosas en su origen las enajenaciones o empeños que los ayuntamientos hayan hecho de tales pastos de dominio particular, considerándolos como si fueran del común por efecto de las referidas prácticas, uso y mal llamadas costumbres no deben oponerse (...)

Estas medidas, formalmente liberadoras, resolvieron el viejo conflicto entre labradores y ganaderos y desde el punto de vista de la economía nacional impusieron unas nuevas formas de producción agraria. Concretamente, la primera implicaba un serio golpe a la economía ganadera trashumante, la fuente más importante de la economía agraria peninsular desde los tiempos más remotos y la única de estructura capitalista puesto que la famosa Mesta estaba de hecho en manos de un puñado de ganaderos, nobles seculares y eclesiásticos en su mayor parte, que colaboraban de manera decisiva en el sostenimiento de la balanza de pagos y en un cierto equilibrio de las relaciones comerciales internacionales. Los abusos de la Mesta –debidamente magnificados por los economistas de la Ilustración (empezando por Jovellanos, un aficionado que gozaba de gran prestigio)agudizaron las tensiones entre la agricultura minifundista y la ganadería capitalista, que ahora se liquidaban con los cerramientos.

La segunda medida, aunque menos conocida, fue sin embargo más grave puesto que desequilibró una pieza capital de las economías familiares que permitían la subsistencia de las unidades más pobres de buena parte de la Península. Tal como Nieto ha explicado con detalle en un voluminoso y antiguo libro titulado Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras, todos los vecinos tenían derecho a soltar sus ganados, agrupados en dulas o rebaños comunes, para aprovechar gratuitamente los pastos y rastrojeras de las fincas de propiedad particular, de tal manera que gracias a esta carga (harto modesta por lo demás) impuesta a los labradores podían disponer de un suplemento económico que aliviaba la escasez de jornales. Y tan importante era esto que casi todos los pueblos de España se negaron a aceptar el cambio de este régimen que milagrosamente se mantuvo, contra ley y Derecho, hasta que hace muy poco la emigración rural la hizo innecesaria.

He aquí, en suma, que las pretendidas medidas liberadoras de la propiedad feudal reflejaban un trasfondo de tensión entre los intereses de la ganadería y la agricultura y, por otro lado, entre propietarios y jornaleros. No fue, por tanto, una liberación sino una decisión arbitral en beneficio de los propietarios y en perjuicio de los ganaderos y de los jornaleros.

c) La ley de caza y pesca de 3 de mayo de 1834 disponía que los dueños particulares de las tierras (y en su caso de estanques y lagunas) lo eran también de cazar (y pescar) en ellas libremente en cualquier tiempo del año sin traba ni sujeción alguna. Una disposición que desarrollaba sus efectos en tres frentes. En primer lugar el nobiliario, anulando –redundante y específicamente– los eventuales derechos señoriales. Un segundo frente, bloqueando las potestades estatales de intervención (vedas y demás limitaciones de ejercicio) para protección de las especies. Y, en fin, respecto de los particulares, a los que cegaba esta fuente complementaria de enriquecimiento de una dieta singularmente escasa de proteínas.

d) Las facultades del «propietario burgués» pasaban por encima de los intereses generales y sociales incluso en materias de intervención tan tradicional como los montes. La Ordenanza General de Montes de 22.12.1833 y el Real decreto de 23.12.1836 llevaron al máximo esta liberación de limitaciones tradicionales puesto que permitían a los propietarios privados la tala total de maderas y abolía las prioridades estatales respecto de los aprovechamientos navales.

e) Mecanismos que culminaron –al restablecerse en 6.9.1836 el decreto de Cortes de 8.6.1813– con la libertad de arrendamiento de fincas rústicas, sin tasa de precio, de duración de contrato y con posibilidad de extinción sin otra carga que el preaviso con un año de antelación. Sobre este punto de los arrendamientos conviene insistir (por las razones que inmediatamente se dirán) en el articulado de este decreto de 1813:

2. Los arrendamientos de cualesquiera fincas serán libres a gusto de los contratantes y por el precio o cuota en que se convengan. 5. Los arrendamientos de tierras o dehesas o cualesquiera otros predios rústicos por tiempo determinado fenecerán con éste sin necesidad de mutuo desahucio y sin que el arrendatario de cualquier clase pueda alegar posesión contra la voluntad del dueño cualquiera que haya sido la duración del contrato.

Con estas disposiciones se cortaban de raíz unas prácticas tradicionales en los cultivos agrícolas de las dos mesetas y de Andalucía que configuraban un régimen muy particular de producción. Sabido es que como consecuencia del desmesurado proceso de amortización la tierra disponible en el mercado era relativamente escasa de tal manera que la forma habitual del aprovechamiento era el arrendamiento, siendo los arrendadores de ordinario grandes terratenientes nobles o eclesiásticos. Lo que ya no se dice tanto es que los arrendatarios estaban protegidos por unas prácticas tradicionales intocables que garantizaban su estabilidad casi como si fueran propietarios, a saber: la prórroga virtual de sus contratos y la congelación de las rentas, que bloqueaba las subidas que de otra suerte surgirían por la debilidad de la oferta de fincas y la fuerza de una demanda creciente.

Pues bien, la política liberal introducida en Cádiz y ratificada en la Regencia aniquiló esta estructura social y de producción al poner a los cultivadores en manos de propietarios mayoritariamente absentistas. Quedaba todavía, no obstante, la situación de los arrendamientos sin tiempo determinado –especialmente en los dominios eclesiásticos– no ya vitalicios sino perpetuos (puesto que se transmitían de generación en generación) y por lo común con rentas moderadas y mal pagadas. Frente a este «mala práctica» el art. 6 del decreto estableció una regla liberal rigurosa:

Los arrendamientos sin tiempo determinado durarán a voluntad de las partes; pero cualquiera de ellas que quiera disolverlos podrá hacerlo así avisando a la otra un año antes; y tampoco tendrá el arrendatario, aunque lo haya sido muchos años, derecho alguno de posesión una vez desahuciado por el dueño.

En definitiva, los propietarios, dueños del aparato normativo del Estado, aseguraron su dominio sobre los no propietarios ya fueran arrendatarios (la forma más usual de explotación agraria), ganaderos y convecinos endureciendo sin contemplaciones las condiciones de vida de los demás y dejando a un lado los intereses comunes, los generales y los que hoy llamamos medioambientales. Ésta fue la pomposa liberación de la propiedad; éstas fueron las consecuencias de la imposición de la propiedad burguesa: el lado oscuro del Nuevo Régimen que sus apologetas ordinariamente silencian.

b) El hambre de tierra

Una cosa era liberar la propiedad de sus viejas limitaciones de uso y otra, muy distinta, poner la tierra a disposición de quienes deseaban adquirirla: lo que no resultaba fácil porque la mayor parte de la superficie de la Península no estaba en el mercado sino amortizada, vinculada, «en manos muertas» como consecuencia de uno de estos mecanismos: en unos casos se trataba de corporaciones o instituciones eclesiásticas fundamentalmente, que podían adquirir por las fórmulas legales ordinarias (donación, compra) pero que no podían desprenderse de ella, con el resultado de que poco a poco iba aumentando inexorablemente su patrimonio inmobiliario; mientras que en otros casos la indisponibilidad venía de la circunstancia de que los bienes estaban vinculados, es decir, afectados a una persona (determinadas familias o corporaciones) o a un fin, de tal manera que tenían que pertenecer indefinidamente en su propiedad o a su servicio; sin olvidar, en fin, una tercera variante, la amortización condicionada, o sea, una indisponibilidad efectiva, mas no absoluta desde el momento en que las fincas no podían ciertamente ser enajenadas, y mucho menos donadas, salvo con una autoridad externa expresa: tal era el caso de los patrimonios municipales que precisaban de una licencia especial a tales fines.

De hecho, las amortizaciones y vinculaciones se paliaban por la práctica de usurpaciones constantes de tierras mal vigiladas (aunque legalmente la posesión de lo usurpado no prescribiese) y sobre todo por la cesión, mediante censo o arrendamiento, que no significaba transmisión de propiedad, pero sí de la posesión indefinida y de su aprovechamiento útil.

Las crecientes amortizaciones y vinculaciones producían una enorme rigidez en el mercado inmobiliario y un cierto desánimo en la mejora de las fincas y, en todo caso, preocupaban mucho a los economistas ilustrados tanto por razones materiales como políticas. Las vinculaciones nobiliarias, que eran las más importantes, constituían el fundamento del poder social y político de la Nobleza, que como clase se basaba en el patrimonio inmovilizado y garantizado de los primogénitos pero cuyas ventajas económicas eran discutibles. La amortización eclesiástica, por su parte, cumplía la misma función con la Iglesia y sus instituciones y permitía autofinanciarse a las órdenes religiosas. No menos importantes eran los patrimonios locales amortizados pues facilitaban la subsistencia de la mayor parte de las villas, pueblos y lugares sin necesidad de imponer contribuciones a los vecinos, ya que se mantenían con las rentas de sus bienes de propios y, por otra parte, los comunales aliviaban la pobreza de los jornaleros y pegujaleros.

Las ventajas de este sistema económico-social vecinal no fueron cantadas entonces por casi nadie, puesto que sólo se percibieron después de haber desaparecido y no se ha escuchado nunca a sus nostálgicos trovadores posteriores como Costa o Nieto. Las desventajas, en cambio, fueron denunciadas incansablemente por los autores de la Ilustración y en los últimos años del siglo XVIII tuvo lugar una importante ola de desamortizaciones eclesiásticas a las que acudió el Tesoro Real agobiado por las deudas de guerra pero que no generó conflicto alguno puesto que se desarrolló de acuerdo con la Santa Sede.

Por lo que se refiere a la pregonada «hambre de tierra», sólo la tenían quienes la trabajaban directamente y a quienes no bastaban las reducidas fincas de su propiedad, las parcelas comunales y las tierras que llevaban en arrendamientos contratados con la Nobleza o la Iglesia. Todos éstos necesitaban disponer de más tierra y el objetivo final de sus derechos eran los «repartimientos», es decir, la adjudicación de parcelas segregadas del patrimonio municipal. Tal fue la política asumida por los últimos Borbones que, de haberse mantenido, hubiera cambiado por completo la economía agraria española y la estructura de la sociedad campesina. Según ha estudiado minuciosamente Nieto (especialmente en Bienes comunales de los montes de Toledo II: reforma agraria vecinal y reforma capitalista, 1997) la reforma ilustrada había previsto –y en parte desarrolló– la repartición de fincas municipales entre los vecinos por un módico censo y en proporción inversa a su riqueza, de tal manera que los jornaleros y pegujaleros (y luego los demás, si había superficie suficiente) tuvieran tierras que cultivar y transmitir por herencia, aunque con la carga de que fueran trabajadas directamente por ellos, ya que de otra suerte habían de devolverlas al concejo para que éste las adjudicase a otro postor.

Este proceso fue desviado en parte como consecuencia de la guerra de la Independencia en que se introdujo parsimoniosamente la adjudicación de parcelas a soldados veteranos (como un eco lejano de lo que se había hecho con los legionarios de Roma) y sustituido luego por la reforma liberal que ya no se refería a censos a favor de cultivadores directos sino a ventas y sin carga funcional alguna, pues cabalmente se trataba ya de propiedades «libres».

Lo que el liberalismo llamaba «hambre de tierra» no era el deseo de los campesinos de tener más fincas que labrar, dado que esto se satisfacía con la fórmula tradicional del arrendamiento (aunque cada vez más caro al haberse liberado las rentas y los años de duración) sino el «apetito» de los burgueses por invertir su capital en inmuebles para obtener de ellos una renta mediante su arrendamiento o con fines especulativos. El hambre de los primeros no se satisfizo en absoluto cuando se trataba de jornaleros o pequeños campesinos (pegujaleros) puesto que no tenían dinero para pagar ni nadie que se lo prestase; y algo se alivió, aunque no mucho, respecto de quienes ya tenían algunas tierras y pudieron ampliar su patrimonio. En cuanto al «apetito» de los burgueses, se les dio hasta que se saciaron; pero de ninguna manera pueden equipararse estas situaciones.

Las consecuencias de esta variante desamortizadora fueron sustancialmente las siguientes: 1ª. Se desaprovechó la oportunidad de que los jornaleros y pequeños cultivadores directos tuvieran más tierra que labrar por su cuenta estabilizando sus economías domésticas y evitando su proletarización. 2ª. Se introdujo una estructura social de terratenientes absentistas y no de cultivadores directos hasta tal punto que se separaron con nitidez tres clases: la de los grandes propietarios que obtenían de sus propiedades rentas por medio de arrendamientos libremente contratados, la de cultivadores directos de fincas propias o aprovechadas como arrendatarios y, en fin, la de trabajadores sin otra renta que la de su jornal. Una estructura social insana generadora de conflictos insuperables que sólo desaparecerían en la segunda mitad del siglo XX por obra de la emigración masiva de la población rural.

Si no se tienen en cuenta estas precisiones, la expresión «hambre de tierra» induce necesariamente a la confusión y no permite entender lo que de veras sucedió en aquellos años. Los burgueses no sólo se apoderaron de la tierra desamortizada sino del gobierno de los ayuntamientos que cayeron en sus manos por su condición de «mayores contribuyentes» y desde estos organismos disponían a su gusto de las contribuciones mediante el control de los amillaramientos y reparto de cupos y de la contribución de sangre, así como de los cargos municipales y de la gestión y contratación de los servicios públicos, o sea, las condiciones que inmediatamente después traerían la oligarquía y el caciquismo. No todo esto fue –huelga decirloconsecuencia exclusiva de la desamortización pero es manifiesto que, sin ella, el destino de España hubiera discurrido por otras vías, sin olvidar tampoco que el capital no drenado por las enajenaciones inmobiliarias hubiera tenido otras ocupaciones económicamente más estimulantes.

No hay que dejarse alucinar por la desamortización, desde luego, pero a la hora de analizar sus efectos hay que elevar el punto de mira pues no se trató únicamente de una operación de crédito como quería Mendizábal, y las fórmulas alternativas de Flórez Estrada y demás que aparecen en este libro hubieran ofrecido unas posibilidades históricas que son difíciles de imaginar.

Desvinculaciones

El empeño liberal de incorporar al mercado los ingentes patrimonios inmobiliarios que habían ido aislándose de él a lo largo del Antiguo Régimen se llevó a cabo a través de una serie de operaciones complementarias: la desamortización de bienes eclesiásticos (primero de regulares y luego de seculares) y finalmente de municipales y la desvinculación de bienes de mayorazgos. La desamortización (que no va a ser estudiada en este lugar) supuso la venta forzosa e inmediata de los bienes afectados aunque se realizase de hecho escalonadamente para ajustarse a las posibilidades de la demanda. La desvinculación, en cambio, no supuso ni expoliación ni venta forzosa alguna sino simplemente la liberación de una carga real introduciendo la posibilidad de que los bienes afectados pudiesen ser enajenados por sus propietarios, lo que hasta entonces no había sido lícito.

La primera ley desvinculadora fue obra del Trienio, la de 11 de octubre de 1820, cuyo artículo primero declaraba que

quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier otra especie de vinculaciones de bienes raíces muebles, semovientes, censos, juros, foros o cualquier otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora (en realidad en dos generaciones, por mitades) a la clase de absolutamente libres.

Las vinculaciones de mayorazgos habían sido ciertamente el apoyo económico de los privilegios políticos de la clase nobiliaria. Pero ahora ya no necesitaban tal apoyo porque habían aceptado pacíficamente su pérdida y la Nobleza estaba dispuesta a mantener su estatus social en pie de igualdad con la alta burguesía y las reglas de juego de ésta le bastaban. La Nobleza, en otras palabras, se había aburguesado y la Burguesía había dejado de mirarla como un competidor para hacer de ella un émulo a imitar y en cuyas filas deseaba integrarse por matrimonio y obtención de títulos reales o papales. Y como la primera regla del juego era la propiedad, allí es donde se dio la batalla.

Abolida la ley de 11.10.1820 por Real Cédula fernandina de 1824 se creó una situación de incertidumbre puesto que si la reinstauración de la figura era sencilla, quedaban pendientes las transmisiones que se habían realizado entre 1820 y 1824, cuyo destino provocó innumerables pleitos que los tribunales no sabían cómo resolver. La ley de 9.6.1835 procuró remediar esta situación, pero lo hizo en términos dubitativos ya que la intervención de un aristocrático Estamento de próceres impidió que se adoptase una solución terminante a favor de las desvinculaciones pasadas y presentes.

La recuperación de la constitución de 1812 a partir del golpe de Estado de La Granja volvió a cambiar el panorama puesto que en ella no estaba prevista una cámara aristocrática. Lo sorprendente aquí fue la rapidez con que actuó el Gobierno de Calatrava, puesto que a los pocos días de su nombramiento, Landero, ministro de Gracia y Justicia, publicó un Real decreto restableciendo en toda su fuerza y vigor el decreto de 1820 «deseando proporcionar desde luego a la nación las grandes ventajas que deben resultarle de la desamortización de toda clase de vinculaciones».

Una decisión necesaria ciertamente pero que no corría ninguna prisa y de oportunidad dudosa debido a que, al no contener una regulación precisa, reabría las dudas sobre el destino legal de los bienes desmembrados de las antiguas vinculaciones, dando lugar en palabras de Pacheco (132133) a «una situación verdaderamente de duda: los interesados, los letrados a quienes se consultaba sobre su naturaleza y los tribunales mismos a cuya decisión se llevaban estas cuestiones, todos dudábamos, todos vacilábamos (...) Los juzgados de primera instancia y las Audiencias fallaban sin unidad y de distinta suerte estos pleitos; el Tribunal Supremo de la nación no se atrevía a tener una doctrina fija y segura».

Esta transitoriedad tan penosa sólo podía tener fin mediante una nueva ley y efectivamente de ello se ocuparon las Cortes constituyentes que aprobaron un texto que el Ministerio Bardají no se decidió a presentar a la sanción real y cuando Ofalia lo hizo, la Reina Gobernadora la denegó rotundamente y hubo que esperar hasta la ley de 19 de agosto de 1841 para dar por liquidada la cuestión.

Así desaparecieron definitivamente los mayorazgos en España y con ellos también la Nobleza como clase política al no haberse reservado lugar alguno para ella ni en la constitución de 1812 ni en la de 1837 y, en consecuencia, fueron eliminándose progresivamente sus tradicionales privilegios: los colegios mayores, el acceso a las fuerzas armadas, la preeminencia en la Alta Magistratura y sobre todo las ventajas en la ocupación de los órganos de gobierno municipal y parlamentario; y hasta los «símbolos de vasallaje» fueron suprimidos. Pero la ley de desvinculaciones fue, desde luego, el golpe de gracia.

En otras palabras, las Cortes constituyentes privaron concienzudamente a la Nobleza de sus privilegios políticos, pero no pudieron consumar el proceso por la negativa de la Corona a sancionar la ley de desvinculaciones. Ahora bien, una cosa era suprimir la clase política nobiliaria y otra distinta sacrificar la preeminencia económica y social de los nobles individualmente considerados. Esto fue lo que se hizo con la Iglesia y el clero, mas no con la Nobleza y los aristócratas en una revolución llamativamente asimétrica.

Señoríos

1. En 1810 más de la mitad del territorio metropolitano de España era de señorío y más de la tercera parte de los españoles eran vasallos de un señor –fuera el rey, secular o eclesiástico– extendidos en un amplio abanico de situaciones diversas por su origen, régimen legal y contenido efectivo de las prestaciones debidas. La verdad era que la mayoría de estos señoríos apenas si suponían una carga simbólica que no gravaba materialmente a los vasallos, recuerdo de una tradición que los señores prudentemente no querían abandonar; pero aún quedaban sobre todo en Levante y en las islas una inmensidad de territorios con vasallos para los que el señorío suponía una carga pesada.

Las Cortes de Cádiz, alertadas por las reclamaciones de particulares y villas, se ocuparon inmediatamente del asunto al que dieron un tratamiento distinto según su naturaleza. Los señoríos jurisdiccionales fueron abolidos directamente junto con sus prestaciones y privilegios; mientras que los señoríos territoriales y solariegos quedaron convertidos en propiedad particular de quien hasta entonces había sido su señor. De esta manera la retórica liberal brillaba en su cenit pues desmontaba la espina dorsal del Antiguo Régimen de un solo golpe que imitaba los mejores momentos de la Revolución francesa; pero al mismo tiempo, y para los señoríos territoriales y solariegos, se convertía a los señores, hasta entonces acreedores de unas prestaciones ordinariamente de contenido económico bajo e incluso meramente simbólico, en propietarios particulares con todos los suculentos derechos que esto significaba.

Se trataba, por tanto, de un regalo colosal, inesperado e inmerecido que excedía con mucho de las mercedes más generosas que los reyes habían ido concediendo a sus favoritos a lo largo de los siglos: millones de hectáreas que a partir de ese momento ingresaban en el patrimonio de los exseñores y que podían ser libremente arrendadas y enajenadas. He aquí que gracias a esta operación –y aunque nadie lo hubiera imaginado– los primeros beneficiarios del Nuevo Régimen Liberal fueron los señores laicos, prácticamente los nobles, puesto que los señores eclesiásticos fueron después expoliados con la desamortización.

En cuatro líneas de una ley se selló así la alianza de burgueses y nobles. En verdad que mejor que de una revolución burguesa debería hablarse de una revolución burguesa y señorial. Cierto es que el liberalismo derribó el Antiguo Régimen y desmanteló finalmente sus instituciones pero el trato que dio a los pilares y fuerzas que lo sustentaban fue muy diferente: al Rey no llegó a despojársele de su soberanía pero se le obligó a compartirla con la nación; la Iglesia fue triturada y la Nobleza comprada en el sentido de que a cambio de los privilegios institucionales que perdió se le enriqueció sin medida.

2. El camino parlamentario de la legislación de señoríos fue desmesuradamente largo y lo que había empezado como una cuestión sencilla, terminó complicándose al final hasta tal punto que el primer decreto abolicionista con el pretexto de ser aclarado varió su contenido en un sentido inequívocamente favorable a los antiguos señores.

El primer jalón fue el decreto de Cortes de 6 de agosto de 1811 en cuyo artículo uno se declaraba que

desde ahora quedan incorporados a la nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición que sean;

mientras que en el art. 5 se establecía un régimen permisivo para

los señoríos territoriales y solariegos (que) quedan desde ahora en la clase de los derechos de propiedad particular.

La clave estaba, pues, en la naturaleza del señorío de que se tratase en concreto, nada fácil de precisar, y en la prueba que se necesitaba para acreditarla y fue aquí cabalmente de donde nacieron las complicaciones posteriores.

Restablecido el régimen absoluto por Real cédula de 15.9.1814 se dispuso que

los llamados señoríos jurisdiccionales sean reintegrados inmediatamente en la percepción de todas las rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y derechos de su señorío territorial y solariego y en la de todas las demás que hubiesen disfrutado antes del 6.8.1811 y no traigan notoriamente su origen de la jurisdicción y privilegios exclusivos, sin obligarles para ello a la presentación de los títulos originales (...) todo en la calidad de por ahora y sin perjuicio de lo que yo resuelva acerca de la nulidad, subsistencia o revocación del (citado) decreto.

El tercer hito fue la ley de Cortes de 3.5.1823 dictada para «evitar dudas en la inteligencia» del decreto de 1811 pronunciándose en un sentido favorable a los antiguos vasallos puesto que cargaba sobre los señores «la obligación de acreditar previamente con los títulos de adquisición» la naturaleza señorial o realenga de sus señoríos, es decir, su consecuente calificación de dominio particular. Pero los efectos de esta ley volvieron a quedar lógicamente afectados por la Real cédula absolutista de 15.8.1823.

Así las cosas –y después de un tímido y frustrado intento realizado durante la vigencia del Estatuto– la cuestión volvió a plantearse en las Cortes constituyentes, es decir, cuando ya se había restablecido la constitución de 1812. Por lo pronto, y a petición de unos diputados valencianos, la comisión de Restablecimiento de decretos dictaminó el 27 de noviembre (1836) a favor de la vuelta en vigor de la ley de 1823. Con esta propuesta los vasallos se las prometían ya felices pues no se imaginaban que surgieran dificultades y, sin embargo y contra todo pronóstico, aparecieron y muy graves. En estos trece años las cosas habían cambiado y las Cortes constituyentes, por muy progresistas que se tuviesen, ya habían perdido el radicalismo de 1823 y en este punto, como en tantos otros y desde luego en el constitucional, habían adquirido un tinte que sus críticos, como sabemos, calificaban sin rebozo de moderado.

A continuación vamos a relatar cómo se inició el debate parlamentario (supliendo así los silencios de los autorizadísimos y minuciosos libros de García Ormaechea y de Moxó) para ilustrar una vez más la enorme capacidad que tenía el Congreso para torcer el curso normal de las discusiones alargándolas indefinidamente hasta agotar si no la paciencia de los diputados, desde luego la de los lectores del Diario de Sesiones.

Según se ha dicho, varios diputados valencianos habían pedido el restablecimiento de la ley de 1823 pero la comisión específica de «inspección de decretos» dictaminó que pasase a la comisión de legislación. En la sesión del 15 de noviembre se desarrolló un largo debate sobre el particular en el que varios diputados solicitaron que la comisión de restablecimiento de decretos se pronunciara directamente sobre el particular. Álvarez García y Almonací, miembros de la comisión, sostuvieron, no obstante, su dictamen originario alegando que aquélla no tenía capacidad técnica suficiente para pronunciarse tratándose, como se trataba, de una cuestión sumamente delicada hasta el punto de que, habiendo sido examinada en todas las legislaturas anteriores, no se había logrado hasta la fecha aprobar una ley clara, con la consecuencia de que todo eran dudas y oscuridades en su aplicación. Pero Alcón, Bertrán de Lis, Sancho y Fernández Baeza fueron implacables en su crítica y consiguieron que aquel mismo día se desaprobara el dictamen y se devolviera el asunto a la comisión para que redactara otro nuevo. Siendo de recordar aquí una intervención de Tarancón el día 9.1.1837 que resumió cómo estaba la situación al comienzo del año: «Después de la reforma de la constitución apenas podrá presentarse a la consideración de las Cortes una cuestión de más importancia atendiendo a la notable circunstancia de que desde el año 1810 no ha habido asunto alguno que más haya llamado la atención de los diferentes Congresos (...) En mi opinión no debe establecerse la ley sin que se refunda en gran parte, pasando a la comisión de Legislación, de cuya ilustración y celo cabe esperar que, aprovechando lo mucho que se ha escrito sobre la materia y lo que ha enseñado la experiencia, sabrá formar un proyecto de ley justa y conciliadora de todos los intereses y derechos».

Ahora bien, antes de que la indicada comisión evacuara su segundo dictamen, 83 diputados firmaron el 11 de mayo (1837) una nueva proposición proponiendo que «presente la comisión de Legislación a la deliberación del Congreso una ley aclaratoria de la de 3.5.1823 con arreglo (a determinadas bases que se acompañaban)». Lo cual suponía un nuevo e importante entorpecimiento porque en estas condiciones había que discutir dos cosas: el restablecimiento de la ley (según se había pedido en la primera proposición) y sus adiciones aclaratorias (según se pedía en la segunda) en la inteligencia –precisada inequívocamente por Olózaga en la sesión del 12– de que en la hipótesis del restablecimiento, se suspendiese la ejecución de la ley de 1823 hasta que se aprobasen sus aclaraciones.

Antes de entrar en este debate se procedió a votar el segundo dictamen de la comisión, que proponía el restablecimiento de la ley de 1823 sin restricción ni aclaración alguna: lo que fue aprobado por 92 votos contra 64.

Pero las perturbaciones no terminaron aquí ya que a renglón seguido se leyó otra proposición de Fernández Baeza, que no era sino la formalización de lo que acababa de decir Olózaga pero que contravenía frontalmente lo que se había votado minutos antes y que decía así:

Pido a las Cortes que con arreglo al espíritu de la petición que se leyó hoy, firmada por 83 diputados, se declaren en suspenso los efectos del decreto aprobado hasta que se reforme su redacción con arreglo a las bases que la indicada petición encierra.

Con lo cual ya se tenían tres debates sobre la mesa y el día 13 se inició la discusión sobre el último que había entrado, o sea, la proposición de Fernández Baeza. La sesión resultó muy animada pero inmediatamente descarriló porque nadie sabía qué era lo que había que decidir. Unos encontraban muy lógica –e incluso superflua de puro obvia– la petición de Fernández Baeza, mientras que otros –como acertadamente fue demostrando Domenech– la encontraban inoportuna, impolítica y antirreglamentaria. El propio diputado catalán planteó un dilema que no tenía solución: «¿Qué es lo que aprobarán las Cortes si se admite la proposición presentada por el sr. Fernández Baeza? Que se suspendan los efectos de la ley del año 23, cuyo restablecimiento votaron ayer las Cortes hasta tanto que se haya votado la que ha de motivar la otra proposición firmada por 83 diputados. Por consiguiente si se aprueba la que se discute, volvemos al mismo caso del que quisimos salir, se pone otra vez trabas y dificultades a la observancia de la ley de 1823 y se desconoce de hecho la autoridad de las Cortes que la acordaron. Si se acuerda la suspensión, se hace a los pueblos de peor condición de antes de lo aprobado en el día de ayer. ¿Se quieren más entorpecimientos?».

Continuado el debate el día 14 (enero 1837) Martínez Falero se opuso a la suspensión solicitada con un razonamiento que otros ya habían aludido de pasada: «Yo no perderé de vista que esta parte de la legislación está en una completa anarquía: hasta ahora nada nuevo sobre el particular, nada vigente; y los pueblos, agobiados por esas cargas y obligados a sufrirlas en las épocas del despotismo, en todas las que ha habido libertad se han emancipado de ellas por sí mismos (a pesar de la tremenda coacción a que estaban sometidos porque) yo he leído una escritura donde se obligaba a los vecinos del pueblo a pagar las prestaciones bajo pena de quedar excomulgados y ser entregados a las furias del infierno para morar allí con Coré, Datán y Avirón».

En el cruce de reproches Ferro Montaos había afirmado que los 83 diputados que habían suscrito la segunda proposición habían firmado en la confianza de que, considerando todos que la ley era defectuosa, iban a suspenderse sus efectos inmediatamente. Imputación que rechazó Álvaro con vehemencia: «Yo debo declarar que si he firmado esta proposición, ha sido en la suposición de que se restableciese desde luego la ley, mas no de que se suspendiese. Si éste fuere el objeto de la proposición, por mi parte y creo que por la de muchos de los que suscribieron se retiraría nuestra firma ya que nuestro objeto principal ha sido el que desde luego tenga efecto y ejecución la ley de mayo de 1823».

Al cabo de todas estas intervenciones se procedió a la votación y por 90 votos contra 72 fue desaprobada la proposición de Fernández Baeza; con lo cual parecía ya despejado el camino para el debate de fondo sobre la restauración de la ley y las condiciones que debían acompañarla. La comisión de Legislación (presidida por Gómez Becerra e integrada por Ligués, Fuente Herrero, Antonio González, Fernández de los Ríos, Salvato, Ayllón y Vázquez de Parga) emitió el 10 de febrero (1837) un documento que llevaba el significativo título de «Proyecto de ley aclaratoria de la de 3.5.1823», con el que se anunciaba directamente su contenido e intenciones. Se trataba de un texto meditado y bien escrito que sin lugar a dudas suponía un paso atrás en la liberación de los vasallos: una versión que hubieran suscrito con los ojos cerrados los moderados del Estatuto durante el Gobierno de Martínez de la Rosa. En otras palabras: lo que unas Cortes moderadas no pudieron imponer, ahora se presentaba a la aprobación de un Congreso progresista, demostrando una vez más lo poco fiable, y aun lo contradictorio, que eran estas etiquetas. En el dictamen se decía:

Si por una parte (las Cortes) quieren cumplir su deber de aliviar al pueblo, librándolo de gravámenes que no deben sufrir, desean por otra mantener ileso el derecho de propiedad, y que sea cierta y positiva la garantía que le da el art. 4 de la Constitución. La dificultad de este negocio consiste principalmente en fijar una línea divisoria que separe lo que debe ser destruido de lo que debe ser respetado. Lo que se llama señorío en el sentido de dominación, de mando y de imperio, no puede existir fuera del centro de la sociedad. Inenajenable e imprescriptible, no debe parar en manos particulares (...) Pero las cosas que son objeto de comercio y circulación pueden proceder del señorío o feudalismo o ser puras propiedades particulares, sin que sus nombres sean bastante expresivos para designar clara e indudablemente su procedencia. Inquietar en su posesión y en sus derechos al propietario particular no es conforme a la justicia, a los principios de legislación y a la conveniencia pública.

Sentado lo anterior reaparecía el problema de siempre: ¿cómo acreditar la naturaleza del señorío conflictivo? Y sobre todo, ¿a quién correspondía demostrarlo? Porque aquí cabían dos soluciones: establecer la presunción de que todos fuesen jurisdiccionales y en tal caso habían de ser los señores quienes demostrasen lo contrario ante el juez; o establecer la presunción de que todos eran territoriales, en cuyo caso habían de ser los pueblos quienes demostrasen lo contrario para poder liberarse de la carga. A este propósito continuaba el dictamen:

He aquí la necesidad de adoptar reglas para distinguir unas cosas de otras; y la regla principal para descubrir lo que todavía no está conocido consiste en una presunción racional y fundada, o sea, en un cálculo de probabilidad. Es posible, y es muy probable, que los predios y prestaciones unidas a un territorio sujeto al señorío jurisdiccional tengan el mismo origen que este señorío. Los títulos de adquisición son los únicos que pueden aclarar la duda y los señores están obligados a presentarlos para vencer la presunción que obra contra ellos. Por el contrario, donde no ha habido el señorío jurisdiccional, falta el motivo de la presunción y no debe suponerse otra procedencia que la de los títulos comunes y ordinarios de la propiedad particular. Entonces debe respetar la misma propiedad, respetando la posesión; y los poseedores no deben ser inquietados sino por los medios, en los casos y en la forma en que lo autoriza el derecho común. No deben ser compelidos a presentar los títulos.

Con las palabras que se han subrayado por nosotros quedaban ya fijados los términos sobre los que había de versar el subsiguiente duelo.

El debate empezó el 12 de marzo de 1837 denotando ya la calma con que las Cortes se tomaban el asunto. En la primera intervención de Abargues se puso de manifiesto cuál era el meollo de la cuestión: «el no parecerme el proyecto –dijo el diputado valenciano– tan beneficioso como yo desearía y como eran los decretos de 6.8.1811 y 23.5.1823»; al mismo tiempo que destacaba su contenido social: «No perjudiquemos a las clases populares por preferir a otra de un corto número de individuos».

La siguiente intervención de López de Santaella fue sorprendente teniendo en cuenta la compleja personalidad de su autor. Porque resultó que este inteligente clérigo saintsimoniano hizo una ardiente defensa del proyecto justificada en el derecho de la propiedad y en las ventajas de la existencia de fincas de gran extensión que poseían los nobles. Con una prevención final: «Si las Cortes se dejan llevar a atacar la propiedad en esta forma, ¿qué derecho habrá entonces para no atacarla en cualquier otro forma que se encontrase?».

Ahora bien, el mejor discurso de aquella sesión se debió a Franco, un diputado modesto y silencioso que en esta ocasión supo aunar la pasión con el raciocinio. Por lo pronto denunció que el proyecto, so capa de aclarar la ley de 1823, lo que en realidad hacía era «barrenarla y dejarla absolutamente sin efecto, dejando a los pueblos a merced de los señores bajo el pomposo y bello pretexto de respetar la propiedad abriendo un espantoso abismo donde al impulso de innumerables, prolijos y costosos pleitos y de tenacísimas resistencias al pago serán precipitadas mil y mil familias». Y en este punto de los litigios insistió subrayando que en la práctica había de ser lo decisivo porque, de acuerdo con el proyecto, «los señores presentarían títulos que serían o no legítimos y los pueblos comparecerían o más bien dejarían de comparecer en juicio para impugnarlo. Compareciesen o no compareciesen, el pleito se eternizaría como los demás en que figuran personas poderosas interesadas en prorrogarlo; y entretanto los infelices pueblos estarían detenidos y se verían expuestos a ser procesados criminalmente por la resistencia que indudablemente se opondría. A todos estos males cierran la puerta los decretos de 1811 y 1823, que eximen a los pueblos al pago de prestaciones hasta que los señores presenten los títulos».

Parsimoniosamente fue arrastrándose el debate animado por un brioso discurso de oposición de Miranda de los días 20 y 21 de abril, que mereció la contestación del presidente de la comisión, Gómez Becerra, quien insistió en que el objetivo de esta ley, como el de todas, era hacer justicia sin acepción de personas, es decir, sin tratar de favorecer a los pueblos en demérito de los señores. Y en cuanto a la previsible acumulación de litigios advirtió que «el evitar todos los pleitos no es posible y si lo fuese serían inútiles en gran parte de los tribunales. Hay males que reconocemos como tales, pero que toleramos como necesarios.

Veamos cómo quedó el texto definitivo en la ley de 26 de agosto de 1837, sancionada y publicada inmediatamente después de la caída del Ministerio Calatrava-Mendizábal que tanto había luchado para llevarla adelante.

Art. 1.º Lo dispuesto en el decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 6.8.1836 y en la ley aclaratoria del mismo de 3.5.1823, acerca de la presentación de los títulos de adquisición para que los señoríos territoriales y solariegos se consideren en la clase de propiedad particular, sólo se entiende y aplicará con respecto a los pueblos y territorios en que los poseedores o sus causantes hayan tenido el señorío jurisdiccional.

Aquí estaba, como puede imaginarse, la clave de toda la cuestión y por ello encontró la oposición de 40 votos, que conviene recordar: Roviralta, Pascual, Alcón, Alcorisa, Suances, Fernández de los Ríos, Cano Manuel y Chacón, Cebrián, Trías, Cabrera, Gil Orduña, Abargues, Alcalá Zamora, Caballero, Almonací, Mata, Pizarro, Diego Montoya, Charco, Alonso, Fernández Alejo, Valdeguerrero, Azpíroz, Álvaro, Gregorio García, Lillo, Pretel de Cózar, Santonja, Franco, Mira, Lasaña, Tovar, Alsina, Maquieria, Gorosarri, Juan Osca, Tarín, Pedrosa y Moscoso.

Todos los demás artículos fueron aprobados sin llegar a votación nominal, por lo que no podemos saber la posición de ambos bandos. Con la excepción del 5 en la que se daba a los señores un plazo de dos meses para presentar los documentos acreditativos de su derecho, cuando esta prueba era necesaria. Aquí los votos contrarios llegaron a 47, pero es de notar que esta lista no coincidía con la del artículo primero ya que se retiraran Alcón, Cebrián, Alcalá Zamora, Caballero, Pizarro, Diego Montoya, Valdeguerrero, Azpíroz, Gregorio García, Lillo, Pretel, Santonja, Tovar, Gorosarri y Maquieria. En su consecuencia llegaron a ser ley, entre otros, los siguientes artículos que tanto beneficiaban a los señores:

Art. 2.º Se consideran como de propiedad particular los censos, pensiones, rentas, terrenos, haciendas y heredades sitas en los pueblos que no fueron de señorío jurisdiccional; y sus poseedores no están obligados a presentar los títulos de adquisición. Art. 3.º Tampoco están obligados los posesores a presentar los títulos de adquisición para no ser perturbados en la posesión de los predios rústicos y urbanos y de los censos consignativos y reservativos que estando sitos en pueblos y territorios que fueron de su señorío jurisdiccional les han pertenecido hasta ahora como propiedad particular.

3. Así las cosas todavía quedaba a los pueblos una esperanza, a saber: que los juzgados y tribunales examinaran con rigor los títulos exhibidos por los señores. Pero los minuciosos trabajos de García Ormaechea han demostrado que sucedió exactamente lo contrario y que los litigios se fueron fallando sistemáticamente a favor de los señores. El juicio de Moxó, igualmente minucioso, no es sin embargo tan rotundo ya que, según él, el Tribunal Supremo se manifestó a este propósito contradictorio por no decir errático, sin perjuicio de que en general fuera fiel a su principio inspirador de beati possidenti y en cualquier caso así lo entendió, al menos inicialmente, la frustrada reforma agraria de la Segunda República.

En definitiva, si lo que quisieron las Cortes fue cimentar una alianza entre la Burguesía y la Nobleza, la operación fue un éxito completo y no sólo político sino también social puesto que fue un elemento más de compactación entre los dos grupos, que a partir de entonces dejaron de vivir distanciados. Pero por otra parte, con tal maniobra se envenenó para siempre la política de todo el reinado. Porque la alianza entre progresistas y moderados, que se repetiría en la Regencia de Espartero, era contra natura y sólo podía funcionar a la hora de repartirse algún botín –el del Poder, el del saqueo de los bienes nacionales–, aunque a medio y largo plazo era inviable y justificaba toda clase de zancadillas y rupturas. Aunque peor aún fue la marginación de las fuerzas populares o simplemente democráticas a las que se colocó indefinidamente extramuros del juego político constitucional. Ésta es la gran lección que ofrece a la historia el episodio, aparentemente poco importante, de la abolición de los señoríos.

Mas con esta solución ¿cómo quedaban los vasallos? ¿Cómo reaccionarían políticamente los pueblos? A ello se refirió con toda crudeza Bertrán de Lis en la sesión de 15.12.1836: «Si después de los males que están padeciendo observan los pueblos que las Cortes, lejos de establecer unos decretos que les favorecen, buscan dilaciones, no será extraño que se enfríe su patriotismo. Es necesario crear intereses nuevos. Los pueblos no se dedican a favor de éste o de otro sino por un convencimiento del que les presente mayores ventajas. No se alientan de esperanzas; se alientan sólo cuando tocan bienes efectivos».

La historia que acaba de contarse es la de los intereses económicos contantes y sonantes. Los intereses sentimentales –la historia de la dignidad personal– fueron atendidos, ya que no costaban nada, en el generoso decreto de 26.5.1813 restablecido el 27 de enero de 1837.

Los ayuntamientos de todos los pueblos procederán por sí, y sin causar perjuicio alguno, a quitar y demoler todos los signos de vasallaje que haya en sus entradas, casas capitulares o cualesquiera otros sitios, puesto que los pueblos de la nación española no reconocen ni reconocerán jamás otro señorío que el de la nación misma y que su noble orgullo no sufriría tener a la vista un recuerdo continuo de su humillación.

CAPÍTULO 4

EL CONGRESO Y LOS DIPUTADOS

1. CONVOCATORIA, APERTURA Y CIERRE DE LAS CORTES

Convocatoria.– Composición.– Juntas preparatorias.– Cortes ordinarias.- Convocatoria de nuevas Cortes.– Cierre de las sesiones y conclusión de la Legislatura.– Balance final.

Convocatoria

La convocatoria de las Cortes de 1836 fue insólita, muy distinta de todas las que le precedieron y siguieron. Por lo pronto había sido anunciada en el Real decreto de 13 de agosto firmado en unas circunstancias confusas:

Como Reina Gobernadora de España ordeno y mando que se publique la constitución política del año 1812 en el ínterin que reunida la nación en Cortes, manifieste expresamente su voluntad o dé otra constitución conforme a las necesidades de la misma.

¿Qué significaba esto? Literalmente que la nación se encontraba ante un dilema: o manifestar su voluntad o dictar otra constitución. Es decir, que aquí se había deslizado una elisión violenta, aparentemente incorrecta, puesto que el verdadero dilema se encontraba en la elección entre la constitución de 1812 u otra de nueva redacción. Pero más allá de estos escrúpulos gramaticales (achacables a la precipitación con que se había redactado el documento) lo importante era que los sargentos se habían limitado a exigir a la Reina la publicación de la constitución de 1812 sin alternativa alguna y que en el texto se había añadido –no se sabe por quiénesa segunda opción. Aunque más extraño es todavía que nadie reparase ni analizase la gestación de esas doce palabras que cambiaron el destino de la constitución gaditana. Además, y por otra parte, esto no era en modo alguno una convocatoria de Cortes, puesto que las Cortes a las que se aludía podían ser muy bien las que habían sido convocadas por el Ministerio Istúriz y cuyo proceso electoral estaba ya adelantado. Pero no eran tiempos para tales interpretaciones y, forzando el texto, se le obligó a decir que aquello era una nueva convocatoria con anulación incluso de la convocatoria anterior y de las elecciones ya realizadas, de las que no volvió a comentarse ni una palabra.

Sea como fuere, en el Real decreto de 21 del mismo mes, refrendado por el nuevo ministro Gil de la Cuadra, se precisó más la redacción originaria (que «manifestase expresamente su voluntad acerca de la constitución que ha de regirla») y de paso se intentó salvar una contradicción insuperable, a saber: la invocación expresa de la constitución de 1812 y la imposibilidad de cumplir los requisitos que en ella se imponían. Una maniobra que de momento no escandalizó a nadie, puesto que también se había hecho algo así en el Trienio. Con la consecuencia de que por un simple Real decreto se modificó sin más el texto gaditano

tomando en consideración que las actuales circunstancias obligan a hacer algunas variaciones en los días en que se han de verificar las juntas electorales de diputados, en el número de éstos, en sus palabras y en la época y manera de reunirse las Cortes.

Aunque no fue ésta la única modificación puesto que, además, se prevenía el nombramiento de un diputado por cada 50.000 almas y no por 100.000 como estaba ordenado. De conformidad con los cálculos de esta convocatoria habían de elegirse, por tanto, 241 diputados y 96 suplentes.

Advirtiéndose también de manera expresa en el art. 20 (que traemos aquí porque luego se debatiría mucho sobre ello) que

a fin de facilitar las elecciones en las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y de que sus diputados concurran a las próximas Cortes lo más pronto posible, se verificarán las elecciones del mismo modo que se hicieron las de procuradores a las Cortes convocadas en virtud del Estatuto Real.

Para las provincias vascongadas y Navarra se establecía un régimen especial en el art. 19:

No pudiendo verificarse en las provincias vascongadas y Navarra las elecciones de diputados conforme a lo prevenido en la Constitución a causa de la guerra civil, y habiendo manifestado la experiencia que pueden hacerse de un modo popular por el método que especialmente se previó para ellas en el decreto de convocatoria de 24 de mayo último, se verificarán por esta vez las próximas elecciones con arreglo a dicho método.

Y para las elecciones de las islas Baleares y Canarias, en fin, el art. 18 establecía que «por las circunstancias del mar, procederán a verificarla tan luego como puedan».

Independientemente de las deficiencias del censo, la población española estaba entonces repartida de un modo bastante diferente al actual, de tal manera que el mapa electoral puede parecer hoy sorprendente. Con 9 diputados estaban Barcelona, Coruña y Oviedo; y con 7 Alicante, Granada, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Sevilla. Las provincias menos representadas eran Álava (1), Guipúzcoa (2), Soria (2) y Vizcaya (2). En total –y según los datos proporcionados por Fermín Caballero, que forzoso es aceptar a falta de otros mejores– 723 electores por las Juntas provinciales hasta llegar a los 241 diputados definitivos.

Desde el punto de vista teórico, ¿cuál era su naturaleza? ¿Se trataba de Cortes ordinarias o extraordinarias? La cuestión no era baladí porque según observaría Burgos (Anales IV, 8), «el código de 1812 no reconocía más que Cortes ordinarias y extraordinarias, y las que en 1836 se convocaban, siendo como eran esencialmente extraordinarias, así por el motivo como por el objeto de la convocatoria, no podían, sin embargo, tener este carácter, por cuanto cabalmente las Cortes extraordinarias de que en la constitución se hablaba, tenían facultades más limitadas que las ordinarias por estar privadas de la iniciativa en los negocios; y he aquí sin duda por qué el ministerio adoptó el cómodo partido de no llamarlas de ningún modo. A la costumbre y al buen sentido debieron el nombre de constituyentes»; sin que ningún diputado tuviera luego interés en llamar la atención sobre esta anomalía.

El uso oficial de la expresión Cortes «constituyentes» era difícil puesto que en el texto vigente de 1812 no aparecía y únicamente se diferenciaba entre «ordinarias» y «extraordinarias». La introducción y generalización del término era, no obstante, tan lógica que se impuso pronto aunque desde luego no de forma expresa. En el decreto de 20.8.1836 ya se hablaba, sin embargo, de las «próximas Cortes constituyentes».

Así convocadas, las elecciones se desarrollaron por el sistema indirecto (es decir, a través de juntas parroquiales, de partido judicial y de provincia) con las siguientes peculiaridades:

Si por hallarse un pueblo ocupado por los facciosos, o por cualquier otra causa, no pudiese verificarse en él la Junta parroquial el domingo 18 de septiembre, se celebrará el lunes u otro día de la misma semana, de modo que los electores parroquiales puedan asistir a las Juntas de partido el domingo siguiente 25 (art. 9). Si a pesar de lo dispuesto en los artículos anteriores no concurriesen a las respectivas Juntas electorales todos los electores de partido o de provincia, no por eso se detendrá el curso de las elecciones, siempre que se hallen presentes las dos terceras partes del total de los electores (art. 11).

De hecho hubo una participación aproximada de los cinco séptimos de los electores, en unos términos de aceptable normalidad según se describe en el Preámbulo de proyecto de ley electoral presentado el 3.5.1837:

Temíase que la influencia de las discordias civiles en unas elecciones tan numerosas hiciera caer en alguna parte la representación en manos de los enemigos de la libertad y del Trono legítimo. Pero puede asegurarse que acaso no ha habido un solo nombre de la urna electoral (...) que no haya sido de los sinceros amigos de la civilización y del progreso social. En ellos recayó la candidatura entera, con absoluta exclusión de todos sus enemigos, pero distribuida entre los diversos matices de la opinión liberal, como era de desear. Porque la nación no es un partido ni el interés público está en el triunfo de ninguna opinión exclusiva, ni los diputados han de representar a una sola fracción de la sociedad sino a la nación entera (...) Tres quintas partes se nombraron en el primer escrutinio.

¿Hasta qué punto eran de fiar tan halagüeñas descripciones? Por lo pronto, es absolutamente mendaz la alusión a la «distribución entre los diferentes matices de la opinión liberal». Un hecho rigurosamente inexacto puesto que faltaron por completo los estatutistas y, salvo excepciones muy contadas, los moderados: en parte por las manipulaciones electorales del Gobierno y en parte también porque unos y otros se habían inhibido temerosos de una persecución política que a muchos había incluso empujado a la emigración. Fueron, por tanto, unas Cortes monocolores, oficialmente progresistas. Otra cosa es que, por indefinición del mismo concepto de progresismo, inmediatamente se dibujaran en ellas varias fracciones que se acometieron con igual violencia que si se tratara de enemigos moderados y aun absolutistas.

Composición

Habida cuenta de la inexistencia de partidos políticos electorales y de que las elecciones consecuentemente no se realizaron por bloques y ni siquiera por afinidades, es imposible dar una composición precisa del Congreso desde el punto de vista de la ideología de los diputados, aunque algunos autores así lo hayan intentado. Y como tampoco se cuenta con informaciones completas sobre su posición social o profesional, las estadísticas no son del todo fiables. Janke (287), utilizando los datos aparecidos en la documentación de la embajada francesa, ha escrito que «sólo un 25%, aproximadamente, de los diputados pudo ser descrito por los servicios de la embajada como propietarios. Un porcentaje ligeramente superior había estudiado la carrera de Derecho. A los diez magistrados que ya habían formado parte del Estamento de la legislatura anterior se sumaron diez magistrados más. Además entran en las Cortes 33 abogados, que se unían a otros cuatro con experiencia parlamentaria. Por último, había tres jueces de primera instancia. Los militares representaban el 13%, con 30 diputados, 12 de los cuales ya lo habían sido antes. El número de sacerdotes elegidos ascendía a 13, incluyendo a tres obispos (electos), lo cual era bastante más que en 1834 y 1836, en que solamente hubo cinco y cuatro respectivamente, pero menos que durante el Trienio constitucional. Había 8 médicos, un catedrático de química, un catedrático de derecho canónico, un farmacéutico, un profesor de química y el dueño de una funeraria».

Carlos Marichal (133), por su parte, afirma haber identificado la condición social de 150 diputados: 33 terratenientes, 16 comerciantes, 22 oficiales militares, 26 empleados públicos, 27 abogados, 10 profesores y médicos y 14 eclesiásticos, confesando que carece de información sobre los restantes. Los datos, más afinados, que ofrece Araque son los siguientes: hacendados (57), militares (41), comerciantes (20), funcionarios (16), eclesiásticos (10), médicos (6), profesores (5), ingenieros (1), arquitectos (1).

En cuanto a la edad, y sin pretensión de ser exhaustivos, a la vista salta que en aquellas Cortes tomaron asiento representantes de varias generaciones con asistencia de algunos pocos supervivientes de las Cortes de Cádiz, algunos más de las del Trienio y muchos procuradores de los Estamentos inmediatamente anteriores, como se precisará con detalle en las fichas biográficas que aparecen en el último epígrafe de este capítulo. Pero también irrumpieron en masa y con fuerza diputados jóvenes que iniciaron aquí su carrera política aunque bastantes procedían de las filas de la Administración o de las diputaciones provinciales y aun de las juntas revolucionarias de 1835 y 1836.

Clasificados por edades pueden determinarse los siguientes escalones que se corresponden con bloques generacionales que, estructurados convencionalmente en decenios, arrojan los siguientes resultados:

a) Existen algunos escasos miembros nacidos en la década de 1760 –Vicente Cano (1764), Flórez Estrada (1766), Antonio Cano (1768)– cuya participación en los debates fue mínima, pero respetados sin reservas como «patriarcas».

b) La segunda generación, del decenio de 1770, constituyó un grupo de «venerables» que tuvo una enorme influencia debido a su edad y antecedentes constitucionales en el Trienio o en las Cortes de Cádiz o en la guerra de la Independencia. Aquí se encuentra Gómez Becerra (1771), Sosa (1772), Zumalacárregui (1773), Vicente Bertrán de Lis (1775), Argüelles (1776), Vadillo y Joaquín Ferrer (1777) y González Alonso (1779).

c) La tercera generación, del decenio de 1780, estaba formada por diputados «maduros» y experimentados, en condiciones ya de ocupar ministerios y altos cargos: Palarea (1780), Alcón (1782), Martín de los Heros, Salvato, Sancho (1784), Mata Vigil, San Miguel (1785), Acuña, Armendáriz, Ramón Calatrava, Gregorio García, Salvá (1786), Abargues (1787), Fontán, Rodríguez Vera (1788), J. M. Pérez, Suances, Sequera (1789).

d) A la cuarta generación, del decenio de 1790, pertenecía el grupo más numeroso; ya experimentados pero con un pasado político todavía no consolidado y mucha vida por delante: Calderón de la Barca, Infante, Laborda (1790), Alonso Cordero, Escalante (1791), Domenech, J. B. Osca (1792), Ayllón, Espartero, Camba (1793), Antonio González, Santonja (1794), Cuetos, Luján (1795), Seoane (1796), Joaquín López (1798), Cordero (1799).

e) Y, en fin, la generación de los jóvenes, sin experiencia de ordinario y con pocos méritos todavía, pero a quienes pertenecería pronto buena parte de la dirección política del reinado isabelino: Caballero, García Blanco, Sereix (1800), Mon (1801), Ferrer y Garcés (1803), Cantero, Huelves (1804), López de Santaella, Olózaga (1805), Madoz (1806), Castro (1809), Salamanca (1811).

A título anecdótico (o quizás no tanto porque es un indicador de sus ocupaciones intelectuales), llama la atención la alta proporción de los que usaban lentes o espejuelos en una media que superaba con mucho la ordinaria de los burgueses de entonces: Caballero, Olózaga, Charco, Cantero, Ferrer y Onís, entre otros.

Todos los datos anteriores son interesantes, desde luego, porque sirven para dibujar un boceto social de aquel Congreso; pero ni que decir tiene que lo que hubiera importado más hubiera sido contar con un retrato político fiable que no tenemos ni podremos tener nunca dado que, como se ha repetido, los diputados, salvo excepciones, carecían de posición política fija, que entonces empezaba ciertamente a afirmarse pero que aún distaba mucho de estar consolidada. Esto era algo que ni siquiera Fermín Caballero, que conocía personalmente a todos, había logrado realizar en una obra clásica (Fisonomía...) para los parlamentarios anteriores y que nosotros hemos intentado esbozar aquí con ayuda de los testimonios de la época. El único dato seguro es el de las ausencias: la de los moderados fundamentalmente, entendiendo por tales a los que habían seguido a Martínez de la Rosa y a Toreno en las legislaturas anteriores, así como la de los seguidores de Istúriz, a los que se impidió el paso con la misma saña que a los propios moderados.

A ojo de buen cubero y utilizando la terminología dominante, seguro es también que los progresistas arrollaron numéricamente aunque divididos en las conocidas fracciones de mendizabalistas, caballeristas o avanzados y radicales. El encajar a cada uno en uno de estos grupos es algo que en otro capítulo hemos intentado aun a conciencia de estar operando de forma aproximada, no sólo por la equivocidad de las referencias manejadas sino también por la movilidad de los afectados.

Ni que decir tiene, sin embargo, que cuanto acaba de decirse es el resultado de un esquematismo histórico que en su deliberada abstracción no se corresponde exactamente, ni mucho menos, con la realidad. Las diferencias que hoy nos parecen claras no lo eran tanto en 1836 y para las Cortes constituyentes valen todavía los comentarios que hizo Burdiel (1987, 164) sobre el Estamento de Procuradores de dos años antes: «Algunos de los grandes tópicos de la historiografía del XIX acerca de la composición sociológica diferenciada de las opciones conservadora y progresista del liberalismo radical parecen empezar a ponerse en cuestión, al menos por lo que a su elite política y parlamentaria se refiere. No sólo es que los representantes del Estatuto pertenezcan todos ellos a una misma clase social y, más aún, a una porción muy restringida de la misma, sino que, además, resulta evidente que sus distintos sectores no presentan perfiles nítidos políticamente hablando».

Juntas preparatorias

El proceso de constitución del Congreso resultó inevitablemente lento y prolijo a lo largo de cinco juntas preparatorias y una sesión de apertura.

A la primera Junta preparatoria del lunes 17 de octubre de 1836 asistieron 50 diputados y los secretarios de Despacho, pronunciando unas sencillas palabras el ministro de la Gobernación elegido a tal fin, sin duda, por ser la joya oratoria del Gabinete: «Una nueva era de gloria y de ventura se abre desde hoy a la nación española. A este Congreso está reservado el fijar para siempre sus brillantes destinos; de este santuario de las leyes partirán bien pronto el consuelo y el remedio de nuestros males». Se leyó a continuación la lista de diputados presentes y López la puso sobre la mesa con la total de los diputados elegidos por las provincias y las actas de sus elecciones y finalizó el acto advirtiendo que como con esto quedaba ya concluida la misión del Gobierno, se retiraban consecuentemente los ministros.

Acto seguido se eligió presidente –tal como prevenía el art. 16 del Real decreto de convocatoria– al más anciano, Gómez Becerra, aunque esto no fuera rigurosamente cierto pues había nacido en 1771 mientras que Flórez Estrada, también presente, era de 1766; y secretarios a los más jóvenes: Olózaga y Caballero. El primero aprovechó la oportunidad para indicar –en un gesto inequívoco de continuidad constitucional, como si la etapa fernandina y la parlamentaria del Estatuto Real hubieran sido un paréntesis que ahora se cerraba definitivamente– que «siendo iguales las circunstancias en que hoy se encuentra el Congreso a las del año 20, antes de procederse a la lectura de la lista de los señores que se hallan presentes se leerá el acta de 26.6.1823». Seguidamente se eligió presidente interino a Gómez Becerra y secretario primero a Olózaga y segundo a Ceballos.

En la tercera Junta preparatoria de 19.10 se produjo un hecho sorprendente: el diputado Pizarro dirigió un primer ataque al Gobierno: «La nación conoce muy bien que todos los males vienen del Gobierno, de ese Gobierno que debe hacerla feliz»; pero que de momento no encontró el menor eco.

En la cuarta Junta preparatoria del 20.10 hubo una intervención de González Alonso, discutible por sí misma, pero que presagiaba unas actuaciones futuras poco escrupulosas con la legalidad estricta, que se subordinaba a la prudencia y a la equidad: «La nación, los pueblos, los colegios electorales y aun los mismos particulares tienen sus derechos y sus deberes. Pero hay circunstancias amargas en que hay que poner freno a la ley y se ha de caminar sin tipo ni regla fija. En estas circunstancias nos encontramos. Hay ocasiones en que la necesidad es un torrente que no se puede resistir y entonces la prudencia es el don más precioso que puede apetecerse: debe obrar la equidad, porque es la madre más segura del acierto. No se olviden las Cortes que estamos rodeados de estas circunstancias críticas. En estos momentos funestos no hay más ley que la necesidad, y si las Cortes no ponen un dique para que cese esta desorganización, esta dislocación social, dentro de poco se podrá decir: aquí estaba Cartago». A decir vedad, frases como la subrayada se repetirían con frecuencia a lo largo de la Legislatura y a nadie extrañaban pues en aquel Congreso nunca se padeció empacho de legalidad.

El día 21 en una breve quinta Junta preparatoria se procedió a la elección definitiva, para el mes de noviembre, de los cargos de presidente (Gómez Becerra), vicepresidente (Antonio González) y secretarios (Luján, Fernández Baeza, Huelves y Salvá). Entonces el presidente declaró solemnemente que «las Cortes generales de la nación española se hallan legítimamente constituidas».

En esta sesión prestaron los diputados presentes su juramento de acuerdo con la fórmula prevista en el art. 17 del Real decreto de convocatoria: «–¿Juráis fidelidad a la Reina legítima de las Españas, Doña Isabel II? –Sí juro. –¿Juráis haberos (sic) bien y fielmente en el encargo que la nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien de la misma nación? –Sí juro. –Si así lo hicieseis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande». Como se ve, un juramento personal a Isabel II y una referencia especial a la nación, con la invocación ritual tradicional a Dios. Posteriormente este juramento se fue verificando individualmente en el curso de la sesión que se estuviese celebrando, conforme iban presentándose los diputados retrasados.

El 24 tuvo lugar, en fin, la sesión regia de apertura descrita así en el Diario de Sesiones de la fecha:

Llenas las galerías públicas y reservadas desde el momento en que se abrieron las puertas de un numeroso y lucidísimo concurso; ocupados todos los puntos que en el mismo salón de las Cortes aparecían libres detrás de los bancos de los señores diputados y de la barra, por muchas personas de distinción de ambos sexos, a quienes sin duda no fue posible acomodar en otra parte; asistiendo en la tribuna del cuerpo diplomático los señores embajadores de las Cortes de Inglaterra, Francia, Portugal, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia y Brasil; anhelante toda la población de Madrid y la representación de la nación entera de presenciar la augusta ceremonia de este día, el sr. presidente, cuyo asiento se había colocado a la derecha del Trono, abrió la sesión a la una y cuarto.

En este ambiente majestuoso pronunció la Reina Gobernadora el discurso de apertura que el Ministerio había puesto en sus manos y que estaba redactado en unos términos tan duros y humillantes que delataban al tiempo la escasa prudencia del Gobierno y la escasa sinceridad de su forzada lectora: «No bien me convencí de que era verdadera voluntad nacional restablecer la constitución de la Monarquía proclamada en Cádiz, cuando me apresuré a jurarla y a mandar que fuese jurada y observada en todo el reino como ley fundamental. Y siendo también voluntad nacional que esta ley sea revisada y corregida para que responda mejor a los fines a que se ordenó, convoqué inmediatamente las Cortes que habían de deliberar sobre tan saludable reforma. Al mismo tiempo llamé cerca de mi Persona y compuse mi Gobierno de sujetos de mi entera confianza, que ya bastantemente conocidos, creí que podían inspirarla también a la nación. Yo espero que en la conducta gubernativa que han seguido, no desmerezcan esta confianza y si en algunos de sus actos se han visto precisados a salir algún tanto de la esfera de sus facultades, no dudo que atendida la irresistible necesidad de salvar por ello el Estado, hallen su justificación en la equidad y benevolencia de las Cortes». A lo que parece no debía tener el Gobierno mucha confianza en la regularidad constitucional de cuanto hasta entonces se había hecho.

Aunque más importante todavía fue una frase que no habrá escapado al lector atento: «siendo también voluntad nacional que esta ley (la constitución de 1812) sea revisada y corregida». Esto leyó literalmente la Reina Gobernadora. Pero ¿de dónde había sacado este convencimiento si los representantes de la voluntad nacional todavía no habían abierto la boca? Nótese, pues, el singular proceso del nacimiento de la constitución de 1837: primero, los sargentos de La Granja insisten en la constitución de 1812; luego, en los decretos de convocatoria se alude a la posibilidad de redactar un texto alternativo corrigiendo el original; ahora vemos, al cabo de dos meses, que la posibilidad se ha convertido en una realidad; y más adelante comprobaremos que había de darse otro salto, puesto que de una constitución «revisada y corregida» se pasó a una constitución completamente nueva. A la luz de estas consideraciones forzoso será entonces dejar de creer que fueron los sargentos de La Granja los únicos que participaron en la conspiración.

El día 25 de octubre ya habían jurado y tomado asiento 87 diputados y se nombró bibliotecario al erudito y estrambótico D. Bartolomé Gallardo que tanto daría que hablar más adelante.

Cortes ordinarias

Andando los meses, una vez aprobada la constitución se había terminado oficialmente la función de las Cortes puesto que con tal fin se les había convocado. Pero en aquel momento surgió un dilema: ¿convenía cerrarlas o era más oportuno que continuasen abiertas para rematar algunas cuestiones pendientes de singular importancia, como la ley electoral? El Gobierno se inclinó por la segunda opción que expresó en una comunicación del día 23 de mayo (1837):

El Gobierno de S.M. (...) observa que por algunos se procura maliciosamente sembrar ideas, induciendo que el Congreso actual de representantes de la nación no debe ocuparse de alguna otra disposición legislativa después de publicada la constitución. El Gobierno está persuadido de la suma conveniencia de que en el estado actual de las cosas permanezcan en ejercicio estas Cortes, hasta que se reúnan las nuevas que S.M. se propone convocar con toda la prontitud que permitan las circunstancias. (En su consecuencia se elevó la siguiente proposición): No terminarán las funciones legislativas ordinarias de las presentes Cortes hasta que se reúnan las próximas conforme a la nueva constitución (y) tiene también el honor de recomendar al Congreso que se sirva dar en sus ulteriores deliberaciones toda la preferencia posible a los siguientes: 1.º Bases de los reglamentos para los dos cuerpos colegisladores. 2.º La ley electoral. 3.º Los presupuestos y negocios urgentes de Hacienda, con especialidad los respectivos recursos para sostener la guerra. 4.º El arreglo del clero. 5.º La ley de instrucción pública. 6.º El proyecto sobre supresión del diezmo.

A esta proposición del Gobierno se añadieron otras dos de Caballero y de Juan Osca, y las tres se dictaminaron conjuntamente el 24.5.1837 por la comisión de Legislación:

El sr. Caballero pide a las Cortes se sirvan resolver: primero, si el actual Congreso podrá seguir haciendo leyes por sí solo, cuando en la constitución se da el derecho de discutirlas y votarlas a dos cuerpos colegisladores; segundo, si el derecho de disolución que por la nueva ley fundamental se concede a la Corona podrá ejercerse respecto a las presentes Cortes. El sr. Osca pide al Congreso que para evitar los males que pudieran sobrevenir a la nación en la crisis en que nos encontramos si se cierran las Cortes antes de dar un golpe decisivo a las facciones, determinen que no deben terminar sus sesiones hasta que se hallen reunidas las que deben sucederles.

La comisión cree que atendiendo a los objetos y fin con que fueron convocadas las actuales Cortes, al carácter y funciones que han desempeñado y a la utilidad de su permanencia temporal y definida, no puede ofrecerse duda sobre la conveniencia general de su continuación. (...) Penetrado el Gobierno de S.M. de las mismas ideas que animan a la comisión, propone el siguiente Proyecto de ley. Art. único: No terminarán las funciones legislativas ordinarias de las presentes Cortes hasta que se reúnan las próximas con arreglo a la nueva constitución.

El debate se inició el día 26 sobre el tema, que hasta entonces se había eludido, de si se trataba de Cortes ordinarias o extraordinarias... o las dos cosas a un tiempo como afirmó Díez: «Las Cortes actuales son ordinarias y extraordinarias. Son extraordinarias para hacer una nueva constitución; son ordinarias para hacer todo aquello que las Cortes ordinarias pueden hacer». Y en palabras del presidente del Consejo de ministros, «tenemos un precedente que quita toda duda, si alguna pudiera caber en esto. Este precedente es que las Cortes de Cádiz tenían el mismo carácter que éstas: de ordinarias y de extraordinarias. Aquellas Cortes empezaron, como éstas, ejerciendo funciones ordinarias, y preparados los trabajos de la constitución, empezaron a ejercer las funciones de Cortes constituyentes, como éstas; y promulgada la constitución en 19 de marzo de 1812 (...) aquellas Cortes constituyentes quedaron reducidas a Cortes ordinarias. Es claro que si las Cortes no forman una ley electoral, será imposible que se reúnan legalmente las venideras».

Lo que comentó Gorosarri con su peculiar estilo: «Muchas veces la sucesión de algunas horas convierte lo falso en verdad. Así Aristóteles de heresiarca se convierte en padre de la Iglesia. Torquemada, de hombre grande en monstruo grande. Y el nuevo carácter de legisladores comunes ¿de dónde vendrá? ¿de la nación? ¿Pues no se nos decía que nuestra misión estaba ceñida a dar una constitución? Si es así, nuestra misión finó, la constitución está dada. Todo poder es expansivo, invasor; cuanto más fuerte, más expansivo, más invasor (...) Si el Gobierno está siempre en pie, siempre despierto, ¿el Poder legislativo se tenderá a dormir? Seamos cautos, la madre del cauto nunca llora».

El proyecto de ley se refería a la prórroga de la Legislatura, pero en el debate se puso inmediatamente de relieve que esta cuestión llevaba consigo otra inseparable, a saber, la de que en el supuesto afirmativo había que determinar el alcance de las facultades normativas, que podía ser universal, como hasta ahora, o referido sólo a unas cuantas materias esenciales (como se decía en la proposición del Gobierno) o únicamente para la ley electoral como sugirió Armendáriz. Al final y después de un intercambio apasionado de opiniones, se escogió la primera opción.

Sobre las causas de la prórroga se habló mucho. El primer argumento favorable se basó en que unas Cortes abiertas –eclécticas en su opinióneran la mejor garantía de la estabilidad política, que de otra suerte se vería alterada. Así se expresó primero Armendáriz en la misma sesión del 26: «Yo opino que las Cortes deben estar reunidas porque veo al Trono en peligro; veo partidos que chocan entre sí, partidos extremos que lucharán para ver quién se abroga el poder del Estado; en una parte he oído decir: mueran los estatutistas, en otra veo pedir unas leyes de un progreso que nos precipitan; nuestro camino es muy estrecho y rodeado de precipicios. Es preciso considerar a la nación tal como la vemos y marchar adelante, pero no tan precipitadamente que caigamos en un abismo. Es necesaria mucha circunspección; y por lo mismo que estoy persuadido de que las Cortes, hallándose reunidas, sofocarán cualquier voz que pudiera darse, porque cuando el pueblo quiera usar de la soberanía en las provincias la encontrará aquí». No parecen, sin embargo, muy convincentes estos argumentos puesto que, como el tiempo demostraría pronto, las Cortes no tenían la virtud de amansar las pasiones políticas y los golpes revolucionarios podían darse con las Cortes abiertas como sucedió cabalmente en Pozuelo de Aravaca en el mes de agosto.

La verdadera razón estaba en el temor de que las nuevas Cortes, cuyo color político se desconocía, no tuvieran energía suficiente para rematar la obra de las actuales, dejando caer proyectos que ya estaban maduros, como el de los diezmos o el de arreglo del clero, a los que es dudoso que el futuro Senado nunca diera el visto bueno. En este sentido se pronunciaron de forma expresa varios diputados, entre ellos Gómez Acebo, Ayllón y Armendáriz.

Olózaga, sin embargo, se pronunció decididamente en contra de la prórroga: «¿Ha oído alguno que se pensase en hacer durar estas Cortes más que el tiempo necesario para hacer la constitución? Yo he alternado con todos los compañeros diputados y jamás he oído ni a uno (diputado) poner en duda la disolución de las Cortes después de que fuese aprobada la constitución. ¿Qué ha ocurrido después, que ha hecho cambiar a tantos el modo de pensar? Yo no sé, no conozco ni alcanzo el motivo de tal variación. (...) O las Cortes tienen facultad de prorrogar sus sesiones, o no la tienen. Si la tienen, es inútil este proyecto; si no la tienen, no la pueden dar. Pero se ha dicho por el sr. secretario del Despacho de Estado, que aun aquellos señores que han impugnado el dictamen de la comisión de Legislación creen que pueden las Cortes ocuparse en la formación de la ley electoral. Y de aquí deducen que pudiéndose hacer una ley, podrán hacerse también mil. Pero aun dado el caso de que fuere hecha después, como la ley electoral es la única necesaria, indispensable para poner en ejecución la constitución, es claro que podrán ocuparse de ella las Cortes, pero no de otras que no sean orgánicas y tan indispensables como ésta». San Miguel ratificó seguidamente la postura de Olózaga: «Yo, al menos, con cuantos he hablado, de cualquier color político, sean de los que votan generalmente con el Ministerio, sean de los que no, todos han convenido en que luego que se publicase la constitución y aprobase la ley electoral, estas Cortes se disolverían».

No obstante las voces opuestas, se aprobó la proposición por 121 votos contra 33: una cosa era, pues, lo que comentaban privadamente los diputados en el salón de columnas y otra lo que se atrevían a expresar en su voto público.

Las Cortes ordinarias empezaron el día 30 de mayo de 1837, después de recibir un Real decreto de 29 de mayo («que por Nos ha sido propuesto a las Cortes y aprobado en ellas») en el que se decía que

no terminarán las funciones legislativas ordinarias de las presentes Cortes hasta que se reúnan las próximas con arreglo a la nueva constitución.

Convocatoria de nuevas Cortes

Las Cortes constituyentes, aun prorrogadas como ordinarias, algún día habían de tener un fin que, como sabemos, se hizo coincidir con el comienzo de las siguientes. A tal efecto resultaba imprescindible la convocatoria de éstas, que se inició con una Real orden de 2.7.1837 del ministerio de la Gobernación con la propuesta correspondiente:

La ley electoral llegará en primeros de agosto a las capitales de provincia más distantes de la del reino y por consiguiente hasta el 25 del mismo se ocuparán las diputaciones en formar las listas de electores. Tendrán que oír a los ayuntamientos y valerse acaso de otros medios de investigación: no es dable abreviar este término. Seis días se conceden después para remisión de las listas y quince según la ley para su exposición al público. Para acabar de rectificarlas, remitirlas a los distritos electorales y disponer su inserción en el Boletín Oficial, no se han designado más que siete días. De forma que el 22 de setiembre se dará principio a las votaciones, que con arreglo a la misma ley podrán durar hasta cinco días. Seis días después, el 4 de octubre, se verificará en la capital de cada provincia el escrutinio general y para el caso de no resultar elecciones de diputados ni propuestas de senadores se conceden dos semanas. Y últimamente, un mes para la remisión de las propuestas, la elección que V.M. se digne hacer, el envío de nombramientos, su distribución a los interesados y el tiempo que éstos necesitan para trasladarse a Madrid.

La Real orden anterior se completó luego con un oficio del mismo ministerio en la que se decía que

mandamos que el citado día 18 de noviembre del presente año se hallen reunidos en la capital de España para celebrar Cortes ordinarias los secretarios y diputados que fueren nombrados y elegidos en la forma que expresa la ley electoral del presente mes.

Las elecciones tuvieron lugar de forma pacífica, aunque de limpieza algo dudosa. Hay dos dictámenes de la comisión electoral de 5.10.1837 que ilustran bien la situación. Los dos son de 5 de octubre y fueron aprobados sin discusión. El primero, que se refiere a Jerez de la Frontera, dice así:

Se funda la reclamación en haber omitido la diputación provincial los nombres de muchos electores que debían estar inscritos en las listas y en haber votado tumultuariamente la mesa muchos criados y otras personas que no tenían derecho a ello. Este último hecho, cuya exactitud parece demostrada por el competente testimonio y que sería en efecto una causa de nulidad, deberá tenerse presente al examinar la legalidad de las elecciones de la provincia de Cádiz; pero correspondiendo esto a las próximas Cortes según el art. 29 de la constitución, cree la comisión que este expediente debe remitirse al Gobierno para los efectos indicados.

La segunda reclamación también se refiere a la provincia de Cádiz y en ella se denuncia que la diputación provincial había formado indebidamente las listas electorales al incluir en ellas muchas personas que no tenían derecho a ello; pero por la misma razón expuesta en el anterior dictamen, tampoco se entró en el fondo de la cuestión. Son numerosos, en cambio, los testimonios oficiales y literarios que denuncian irregularidades de todo género, pero desde luego no más abundantes que las que seguirían apareciendo luego a lo largo del siglo.

Cierre de las sesiones y conclusión de la Legislatura

En los últimos días de octubre se planteó la duda de si la terminación de las sesiones debía ordenarse directamente por la Reina Gobernadora o a iniciativa de las Cortes. Esto último opinaron algunos diputados que el 28 de octubre (1837) propusieron que «se dirigiera un respetuoso mensaje a S.M. suplicándola que si consideraba ya cumplido el principal objeto de la ley de 30 de mayo, se sirviese mandar que las presentes Cortes cierren sus sesiones el día que tengan a bien determinar». La comisión de Legislación, no obstante, pensó de distinta manera y prefirió dictaminar el 1 del corriente (y así se aprobó) que

S.M. dispondrá que cesen oportunamente sus sesiones, usando de la prerrogativa de cerrarlas, que le compete y señalando para ello el día que sea más conveniente, según lo que exijan el bien del Estado y las circunstancias.

En este dictamen se hacía constar que las Cortes ordinarias habían despachado todos los negocios que se les habían encomendado «a excepción de los presupuestos y de la ley de instrucción pública, en cuyo lugar han tenido entrada otros muchos, graves y urgentes y de conocida utilidad». Puntualizándose también que ésta era también la opinión del Consejo de ministros con el que había conferenciado previamente.

Las Cortes se cerraron formalmente por Real decreto de 4 de noviembre:

Autorizada por el art. 26 de la Constitución y cumplido ya el objeto de la ley de 30 de mayo último, he tenido a bien decretar, como Reina Gobernadora a nombre de mi augusta Hija Doña Isabel II, que se cierren las sesiones de las Cortes actuales y se tenga por concluida la presente legislatura. Aprovecho esta ocasión para manifestar a los señores diputados mi sincero y profundo reconocimiento por las muchas y relevantes pruebas que han dado de lealtad y adhesión al trono de mi augusta hija la reina Isabel II, a mí como Reina Gobernadora durante su menor edad y a la nación, cuyos intereses han promovido con tanto celo y perseverancia. Tampoco puedo menos de manifestar lo muy satisfecha que me hallo de la sabiduría con que han procedido en la formación de la constitución que todos hemos jurado y yo observaré y haré que se observe inviolablemente.

A continuación pronunció el presidente de la Cámara las palabras de rigor: «Las Cortes extraordinarias constituyentes de la nación española cierran sus sesiones hoy 4 de noviembre de 1837». Y el Diario añadió: «Con lo cual se levantó la sesión a las tres y cuarto, en medio de las más vivas aclamaciones del inmenso concurso, a las Cortes constituyentes y a la constitución, y de los señores diputados a la Reina Doña Isabel II y a la Reina Gobernadora».

Balance final

Como no nos atrevemos a emitir un juicio global definitivo sobre las Cortes constituyentes de 1836-37 y los resultados de su actuación, nos limitaremos aquí a hacer unas consideraciones finales sobre sus aspectos más importantes, aunque dejando deliberadamente a un lado la perspectiva política a la que se dedican tantas páginas a lo largo de toda la obra.

1. Su laboriosidad fue tan notable como su altruismo, puesto que sesionaron sin descanso y gratuitamente desde el primero hasta el último día de la Legislatura. Lo cual no autoriza a silenciar que la mayor parte de sus miembros no demostraron excesivo interés por los trabajos pendientes: las ausencias injustificadas fueron excesivas y la impuntualidad, a la entrada y a la salida, escandalosa. Muchas cuestiones importantes, empezando por la constitución, se despacharon de manera frívola y embarullada, sin cuidarse de disimular su prisa e indiferencia.

El trabajo pesó realmente sobre un puñado de diputados aplicados e incansables que confirmaron la fama con la que habían venido o hicieron méritos para su futura carrera política. Muchos cumplieron con dignidad, interviniendo en los asuntos que conocían y en los que creían que tenían algo interesante que decir. Pero forzoso es reconocer que una buena mayoría se ganó el mote de «mulas de reata», limitándose a hacer lo que se les decía y a votar en el sentido que se les indicaba. También fue meritorio el trabajo de las comisiones, que emitieron numerosos dictámenes de excelente calidad, aunque con demasiada frecuencia actuaban con un sesgo político manifiesto.

2. Su actividad legislativa fue extraordinaria hasta tal punto que prácticamente sin excepciones se los viene considerando como los autores de la legislación revolucionaria burguesa o, lo que es lo mismo, de la transformación de la sociedad española. A lo largo de este libro creemos haber demostrado convincentemente que el procedimiento de elaboración de tales leyes fue deficiente hasta lo grotesco y que buena parte de su contenido resultó deplorable. Por tanto, si queremos admitir que ellas hicieron la revolución liberal, habrá que añadir que la llevaron a cabo de la peor manera posible.

3. Sus relaciones con el Poder ejecutivo distaron mucho de ser airosas, demostrando cuán subordinada era su condición, al menos y en todo caso la de la fiel mayoría. No obstante, la tenaz presión de la minoría, e incluso aunque a veces lo intentasen con escaso entusiasmo, nunca lograron controlar al Poder ejecutivo, tolerando sus constantes excesos y hasta sus manifiestas y reiteradas infracciones constitucionales y su desprecio a las indicaciones y órdenes parlamentarias.

Lo más grave, con todo, es que fueron incapaces de enfrentarse al Poder militar, al que no intentaron detener en su marcha hacia la conquista del Estado.

* * *

2. FACULTADES DE LAS CORTES

Competencias universales y soberanas.– Materias administrativas y civiles.– Cortes y Poder judicial.– Facultades extraordinarias concedidas al Gobierno.– Poder resonador, Poder legitimador y motor del liberalismo.– Convalidación parlamentaria de normas del Ejecutivo.– Leyes de autorización.– Restablecimiento de decretos.

Competencias universales y soberanas

Cuando se examinan las actividades realizadas por las Cortes, a la vista salta que lo que en ellas se estaba haciendo no se correspondía con las previsiones del artículo 131 de la constitución de 1812. Por lo pronto no debían equipararse las Cortes con el Poder legislativo: éste se expresaba a través de aquéllas ciertamente, pero la actividad legislativa no agotaba, ni mucho menos, el repertorio de las competencias parlamentarias. El citado artículo 131 colocaba en primer lugar entre las facultades de las Cortes la de «proponer y decretar las leyes e interpretarlas y derogarlas en caso necesario». Pero a continuación aparecían otras 25 facultades más y en la práctica se asumían con toda naturalidad otras muchas. El Diario de Sesiones no nos proporciona la imagen de un órgano legislativo sino de un aparato multifuncional en condiciones de llevar a cabo toda clase de operaciones, con una secretaría y unas comisiones congestionadas de asuntos que nada tenían que ver directamente con las leyes.

Este desbordamiento de lo normativo es lo que explica su verdadera naturaleza y auténtico peso histórico: eran un Poder político e incluso el Poder político por excelencia. Después de que en el Barroco se identificara el Estado con el Derecho sometiendo la fuerza material del Príncipe a la fuerza metafísica del Derecho, la Ilustración formalizó estas nuevas ideas imaginando al Estado como un aparato compuesto por los tres Poderes que giraban en torno a las leyes: uno las creaba, el otro las ejecutaba y el tercero las aplicaba. Una figura mecanicista, sistemáticamente coherente pero rudimentaria hasta la caricatura puesto que no recogía lo más importante de su naturaleza, que es su sustancia política. Porque el Estado es Derecho, pero también mucho más: es Política que no discurre siempre y necesariamente por los cauces del Derecho.

El Príncipe, la Corona, el Poder ejecutivo se consideraron sucesivamente los titulares implícitos de ese Poder Político y pretendieron reducir el Parlamento a su función legislativa. Lo que no lograron porque de la misma manera que el llamado Poder ejecutivo no se limitaba a ejecutar las leyes, tampoco el Poder legislativo se limitaba a dictarlas. Ambos reclamaron su puesto en el terreno político y en este palenque colaboraban o luchaban según las circunstancias y sin reglas mecánicas que regularan sus movimientos. La vida política se iba improvisando cada día sobre la marcha. Pacheco (en un artículo de 1836 citado por Tomás y Valiente, XXXIV) nos atestigua que esta cuestión ya se estaba planteando en aquella época: «Si sólo se considera a las Cortes como un cuerpo legislador, y no otra cosa, es bien seguro que se tiene de ellas una idea harto mezquina. Las Cortes son ante todo un cuerpo político y gubernativo, no porque ellas por sí mismas hayan de gobernar sino porque han de aprobar o reprobar, han de producir o derribar a los Ministerios que gobiernan. Ésta es su principal misión. Después, pero sólo después, viene su participación en todos los actos legislativos: prerrogativa de un orden muy secundario, sobre todo cuando no son leyes políticas las que tratan de examinarse».

Las Cortes constituyentes de 1836-37 se fraccionaron en diversos bandos que generaron tensiones políticas internas complicadísimas que sólo ocasionalmente se traducían en una obra legislativa. En el exterior colaboraban o luchaban con el Ministerio buscando alianzas con la Corona y el Ejército. Todo esto forma la historia política, de la que la historia legislativa es una parte y no la más importante.

En la estructura del Estado las Cortes actuaban como un magma ubicuo y todopoderoso que ocupaba todos los espacios que no estaban asignados a algún otro órgano determinado. De aquí la versatilidad de su trabajo. Los diputados eran conscientes de que representaban la voluntad de la nación y de que su posición era soberana aunque su ejercicio se compartiera en ocasiones con el Monarca. Y para los ciudadanos también eran las Cortes un órgano supremo, con un componente de naturaleza inequívocamente mística (como la del Trono), puesto que la soberanía nacional así lo era y actuaba como un fluido misterioso que dotaba de vitalidad a todo el Estado. En un mundo de calamidades ordinarias y extraordinarias, en un mundo inspirado por los principios religiosos de la protección de seres superiores con capacidad para remediar toda clase de males y hasta de hacer milagros, nadie discutía a las Cortes un lugar privilegiado en el panteón constitucional. Para los ciudadanos las Cortes, sin perjuicio de sus estrictas facultades constitucionales, eran el muro de las lamentaciones, el último refugio del que no tenía a ningún otro al que acudir.

El repaso de los asuntos que se tramitaban en las Cortes produce vértigo y cuantitativamente la elaboración de leyes ocupaba un lugar casi secundario. Cada día llegaban a ellas reclamaciones, recursos, exposiciones, quejas, oficios, sugerencias de individuos y de corporaciones que congestionaban el trabajo. Imagínese un parlamento, un tribunal supremo, un defensor del pueblo, un censor del gobierno, un timonel político, un controlador de cada servicio público, una fiscalía, una intervención: todo revuelto en un mismo órgano y sin un aparato burocrático de apoyo. Tales eran, poco más o menos, las Cortes constituyentes de 1836-37. El factor más llamativo era el carácter singular de los expedientes que se tramitaban: desde la pensión de una viuda a la rectificación de unos presupuestos municipales. El extremo opuesto, en definitiva, de la generalidad y de la abstracción que se atribuye a las leyes y a los poderes legislativos.

En estas condiciones nos encontramos con unas Cortes dispersas, azacaneadas, queriendo abarcarlo todo y que todo se les escapaba de las manos, apresuradas siempre e inevitablemente frívolas. Pues no podía ser de otro modo cuando se contempla la montaña de los asuntos que se sometían a su conocimiento. Aunque por supuesto los diputados con responsabilidad y experiencia eran conscientes de que así no se podía seguir. El 3.2.1837 bien claramente dijo Gómez Becerra que «es necesario que las Cortes no quieran mandarlo todo y que haya de venir todo a las mismas. El resultado será que se perderá mucho tiempo, que se amontonarán miles de expedientes y que las Cortes, las comisiones de su seno y los que tengan que intervenir en estos negocios, ocupen un tiempo precioso, descuidando otros de más importancia. En este principio estaba apoyada la ley de 3.2.1823, en la que se disponía que todo lo que pueda despacharse en las provincias y no sea de un interés general no venga a las Cortes». Y con la misma contundencia Álvaro en la sesión de 11.3.1837 (a propósito de una petición de pensión): «Si las Cortes se han de ocupar de ir calificando los méritos de los españoles cuyas familias están en el caso de pedir pensión, gracia o remuneración por servicios importantes que hayan hecho a la causa de la libertad, el Congreso no tendrá otra cosa que hacer, y aun será imposible que satisfaga a todo (...) De otro modo las Cortes se convertirán en una oficina destinada a examinar y clasificar expedientes».

En resumidas cuentas, las Cortes tenían potestades soberanas indiscutidas y competencias universales que desbordaban la lista consignada en la constitución, pero que de hecho se reducían en ocasiones por voluntad expresa de los diputados cuando éstos decidían autolimitar su actividad bien sea por razones prácticas (riesgo de colapso por superabundancia de asuntos) o por respeto a las demás instituciones del Estado (fundamentalmente a los Poderes ejecutivo y judicial).

Al no existir reglas concretas de delimitación de competencias, los ciudadanos acudían a las Cortes impetrando una protección que no les garantizaban ni los jueces ni los organismos administrativos ni las corporaciones populares. Mas como quiera que fuese, no se planteaban «conflictos de competencia» al estilo actual dado que no había mecanismos formales para su articulación y por la posibilidad de que las Cortes lo consideraran como un agravio a su soberanía. Cuando el Congreso se inhibía era por decisión propia: un self-restraint.

Materias administrativas y civiles

A falta de una jurisdicción contencioso-administrativa, los ciudadanos recurrían a las Cortes contra las decisiones de toda clase de órganos administrativos. En otro capítulo hemos de ver con detalle cómo resolvían recursos interpuestos contra las diputaciones provinciales, pero también se acudía a ellas para que rectificasen los actos de las autoridades y funcionarios de la Administración nacional. En la sesión de 2.6.1837 podemos ver un recurso interpuesto contra providencia de un intendente de provincia:

D. Ignacio Berganza y D. Francisco Antonio de Pando, vecinos de esta Corte, han expuesto a las Cortes como testamentarios del difunto D. Pedro Fernández Guerra, que éste compró el año de 1821 diferentes tahúllas de tierra de regadío en el término de la villa de Cieza, provincia de Murcia, que habían correspondido al extinguido tribunal de la Inquisición, las cuales remató en 44.756 reales, que satisfizo en créditos sin interés contra el Estado; y que habiendo tomado posesión de dichas tierras a consecuencia del Real decreto de 3.9.1835, apenas habían realizado su arrendamiento cuando fueron despojados por providencia del intendente de Murcia. Añaden que con este motivo acudieron a la Dirección General de arbitrios de amortización, pidiendo el reintegro en la posesión que antes habían obtenido o que se les devolviese el capital que dieron en el remate y que no habían conseguido resolución alguna, sin embargo de haber transcurrido catorce meses desde que se verificó el despacho. Y concluyen solicitando que las Cortes se sirvan mandar que se les ponga en posesión de las expresadas fincas o que se les entreguen los reales que dieron por ellas. (...) La comisión de crédito público, a quien se pasó esta exposición, es de opinión que no puede ofrecer duda alguna para una resolución favorable a la reclamación de estos interesados.

Nótese, pues, que, apurando las cosas, las Cortes actuaban como un tribunal (contencioso-administrativo) de justicia, pero con la peculiaridad de que no respetaban los trámites procesales inherentes a la jurisdicción y que estaban establecidos en garantía de la defensa. Las Cortes podían tomar las informaciones que tuviesen por conveniente pero resolvían sin oír al interesado ya que en el mejor de los casos se limitaban a pedir un informe del ministerio correspondiente.

Presentándose tantas y tan variadas exposiciones, nada tiene de particular que se suscitasen a veces problemas de legitimación o de corrección de procedimiento. Los diputados, en suma, amparados en la competencia universal del Congreso, no tenían empacho alguno en resolver toda clase de asuntos, cualquiera que fuese su naturaleza, pero eran escrupulosos con los requisitos formales, sobre todo cuando con tal pretexto podían inhibirse de conocer lo que no les interesaba.

En buen número de supuestos las Cortes actuaban como órganos de apelación contra las resoluciones administrativas, a la manera de los futuros y actuales tribunales de lo contencioso-administrativo. Pero también se acudía a ellas pidiendo que adoptasen una resolución singular de índole rigurosamente administrativa y, por así decirlo, en primera instancia. Con lo cual no se pretendía una suplantación de un órgano judicial sino simplemente la de un órgano administrativo.

El Congreso no tenía reparo constitucional alguno para actuar así, aunque con frecuencia se inhibía para evitar una sobrecarga de trabajo o porque carecía de información suficiente para resolver, dado que los expedientes se habían tramitado no siempre completos en la correspondiente oficina administrativa. La solución habitual eran entonces la de remitir la petición al Gobierno solicitando su informe. Es posible que no hubiese otro camino, pero tal solución era inviable en la práctica dado que el ministerio indefectiblemente contestaba con su silencio. En los primeros Diarios de Sesiones se precisaban las solicitudes que se remitían al Gobierno para su resolución o pidiendo un informe; pero luego, a la vista de su abundancia, se limitaron a indicar el número de las remisiones –que superaron el millar– señalando a todo lo más el ministerio destinatario.

Más complicada era aún la posibilidad de la participación de diputaciones y ayuntamientos en las discusiones parlamentarias: una insólita cuestión planteada por las corporaciones catalanas con ocasión de unos mensajes dirigidos a las Cortes y que sus representantes se empeñaron en leer, dando lugar al interesante debate del 7.12.1836.

A propósito de la discusión de la «segunda medida» propuesta por el Gobierno (de la que tanto se habla en otro lugar de este libro), en la sesión de 7.12.36 Domenech dijo que los diputados de Barcelona habían recibido dos exposiciones, una de la Diputación provincial y otra del Ayuntamiento, y solicitó permiso para leerlas. Añadiendo Vila a continuación que «yo desearía que antes de resolver en la cuestión pendiente se vieren los sentimientos de aquella siempre infeliz y casi siempre desatendida provincia». Un trámite que en el fondo suponía una «audiencia a los interesados» o incluso una insólita participación en el debate de quienes no eran diputados.

Pero Argüelles reaccionó con violencia acudiendo, como de costumbre, a los grandes principios y a la unidad nacional, que venía invocando, a veces sin que viniera a cuento, ininterrumpidamente desde los lejanos tiempos de las cortes gaditanas. Preguntándose «si los diputados que representamos aquí nuestras provincias dependemos, o no, de tal modo de la voluntad, no sólo de nuestros comitentes, es decir de los electores que nos han honrado sino también de las autoridades constitucionales establecidas en la provincia, porque de esta manera es necesario que la provincia me dé instrucciones para saber cómo he de votar porque podría suceder que yo pensase de distinto modo». Y apurando el argumento: «Si oigo a la diputación provincial de Barcelona hay que oír a todas las de España» y, en consecuencia, «quiero que esta discusión se suspenda desde hoy porque resultaría que los diputados no tienen autoridad alguna y dependen especialmente de los ayuntamientos, doctrina que ha sido repugnada en España desde el principio de la monarquía castellana, porque cuantas veces los ayuntamientos han querido dar poderes especiales por cualquier motivo, jamás se han admitido». Denunciando, en fin, que lo que se pretendía con ello «es una desmembración en cuanto que se quiere convertir España en una liga de provincias» mientras que él quería «una monarquía única, no general».

Domenech precisó, no obstante, que de ningún modo «se trata de atacar la independencia de los diputados ni mucho menos las prerrogativas del Congreso; pero sí quiero que se oigan los clamores de todos los ciudadanos». Añadiendo que «una de las mayores inculpaciones, o díganse prevenciones, del sr. Argüelles es la tendencia que supone en los catalanes a cierto espíritu de excentralización o federalismo; aunque parece nueva esa idea en el Congreso, no lo es tanto que haya dado lugar a varias contestaciones en conversaciones particulares entre varios diputados. Y puesto que se me provoca, sepa la nación entera que los catalanes no abrigan semejantes ideas; los catalanes aman como el que más la centralización (...) y están muy distantes de abrigar intereses particulares». En cuya idea abundó igualmente el diputado barcelonés Salvato: «como español abrigo en mi corazón la noble idea de que la España sea homogénea; yo no miro a la provincia sino como una parte de las que componen el todo».

En cuanto a la facultad de representación corporativa Vila, Salvá y Bertrán de Lis recordaron, no obstante, que había precedentes de que así se había hecho en el Congreso en otras ocasiones.

En fin, y después de la intervención prudente del presidente del Consejo de ministros, se llegó a una solución desdramatizadora acordando que se leyesen las representaciones y después que las Cortes «se manifiesten enteradas».

Admitida la legitimación corporativa para dirigirse directamente al Congreso, ¿qué decir del derecho de petición de los particulares con el mismo objeto? En la práctica fueron miles las exposiciones que los ciudadanos dirigieron a las Cortes con las súplicas más variadas. Unas, las menos, fueron atendidas, otras desviadas a los ministerios y otras, en fin, pura y simplemente rechazadas con el consabido argumento de que no era función del Poder legislativo resolver cuestiones singulares que, además, amenazaban con asfixiar la actividad del Congreso. Una posición que no todos los diputados compartían partiendo del supuesto de que si las Cortes eran la última garantía de la libertad no podía excluirse a nadie de acudir a ellas y más cuando se admitían las exposiciones de Asambleas y Corporaciones. Valga, por todos, el testimonio de Castro el día 2 de abril (1837) al hilo del debate sobre el art. 8 del proyecto de constitución: «El objeto de una constitución no es otro que asegurar la libertad civil, la libertad individual y la libertad política. La libertad civil que consiste en el respeto a las personas de los ciudadanos y en el respeto a sus propiedades. La libertad individual que estriba en la facultad que tienen los ciudadanos de hacer todo aquello que no se les ha prohibido por la ley. La libertad política que consiste en darles parte en la formación de las leyes. Éstos son objetos únicos constitucionales; pero desde el punto que a uno de los poderes del Estado se le conceda facultad para prescindir de estos deberes, desde aquel momento se le da un poder, no ya constitucional sino un poder tiránico, absoluto. Éstos son principios tan ciertos, tan evidentes que nadie podrá negarlos. Tanto vale que la tiranía se ejerza a nombre de un persona sola como a nombre de muchos. Tanto importa que se me prive de mis derechos individuales a nombre de un monarca como a nombre de una Asamblea. No es la persona, el exceso de poder es lo que daña».

Lo que, con todo, llama hoy más la atención son sus facultades en materias civiles, fundamentalmente familiares: en estos casos más que como tribunales actuaban como sucesoras de las potestades familiares del Monarca absoluto. Las Cortes, concretamente, eran competentes para la legitimación de hijos naturales, y así lo hacían cotidianamente, como vemos a título de ejemplo en la sesión de 16.10. 1836:

El sr. ministro de Gracia y Justicia remitió a la resolución de las Cortes una solicitud de D. José Abreu, capitán de la brigada del cuerpo de artillería de Cuba, relativa a obtener la legitimación de su hijo D. Tomás, habido de Doña Bartolina Pajón, siendo ambos solteros. La comisión de Legislación ha examinado el expediente instruido por la Audiencia de Puerto Príncipe y viendo que resulta demostrado que D. Tomás Abreu es hijo natural de los expresados D. José y Doña Bartolina y que ésta es de estado libre y blanca, conforme con el parecer del Gobierno opina que las Cortes pueden conceder la gracia que solicita, con sujeción al pago del servicio de arancel.

¿Qué hubiera pasado –cabe preguntarse ahora– si la madre hubiera sido negra o mulata o india? No es una casualidad que en el Congreso nunca se plantease una cuestión de este tipo: probablemente sería porque los interesados suponían que la respuesta había de ser negativa, aunque no hubiera norma alguna que lo impusiese. Todos eran hijos del pecado ciertamente, pero las manchas de las blancas se borraban con mayor facilidad.

De la misma manera que también eran amplias sus facultades en otras cuestiones familiares como emancipaciones y habilitaciones a menores para administrar sus bienes, según vemos en un dictamen de 9.3.1837:

El Gobierno de S.M. remitió para la resolución de las Cortes el expediente promovido por D. Pascual Caballeda, vecino de Sevilla, en solicitud de que se apruebe la escritura de emancipación que había otorgado a favor de su hija Dª. María Guadalupe; y la comisión, que ha visto consta por las diligencias practicadas que la D.ª María es mayor de 33 años, que es capaz de manejar por sí misma sus negocios, que su padre no puede atender al cuidado de los mismos por hallarse enfermo, y que la misma D.ª María consiente la emancipación; conformándose con el parecer de la Audiencia de Sevilla y del Gobierno de S.M.». (Se dictaminó favorablemente).

Y otro de la misma fecha y comisión aprobando una solicitud para que se habilitase a un mayor de 23 años para administrar sus bienes sin necesidad de curador.

Mientras que el dictamen de la comisión de Legislación de 9.10. 1837 se refiere a un testamento cerrado que hizo en 31.7.1807 José Ramón y Estalella:

La Real resolución por la cual se declararon válidos los testamentos y que se publicó en el extinguido Consejo de Castilla en 4.1.1833 tuvo y tiene fuerza de ley desde la citada publicación y ha debido y debe ser cumplida y observada, quedando sin efecto todo lo que de cualquier modo se haya hecho en contrario.

Independientemente de lo anterior, hay dos zonas conflictivas en la medida en que, por referirse a otros Poderes constitucionales, ya no se aceptaba como algo tan obvio la competencia parlamentaria y se exigía una delimitación más concreta y un respeto a tales límites que podían traducirse en una inhibición. Nos referimos naturalmente a los Poderes judicial y ejecutivo.

Cortes y Poder judicial

Con relativa frecuencia el Tribunal Supremo dirigía a las Cortes una consulta, puesto que era a éstas y no a él a quien correspondía, de acuerdo con el artículo 131 de la constitución, la interpretación de las leyes. De ello ya hemos visto algunos ejemplos y a lo largo del libro seguirán apareciendo otros. En algunas ocasiones quienes consultaban eran simples jueces o tribunales inferiores. El dictamen de 3.1.1837 tuvo ocasión de señalar el procedimiento correcto que había de seguirse al respecto:

El juez de Nava del Rey ha debido dirigirse a la Audiencia Territorial, su superior inmediato, y este tribunal, en el caso de que ocurriere duda de ley, habría instruido expediente con audiencia fiscal, pasando la consulta por conducto del Tribunal Supremo, que también habría expuesto su dictamen oyendo a los fiscales.

Lo más sorprendente eran los casos en los que se acudía a las Cortes recurriendo contra resoluciones judiciales bien sea marginando al Tribunal Supremo de Justicia o bien porque no cabía recurso ordinario contra el mismo y los interesados acudían a esta instancia extraordinaria: lo que por lo común se consideraba no admisible, sin perjuicio de que no faltasen voces que defendieran esta competencia para no dejar indefensos a los ciudadanos. Veamos a este propósito el recurso presentado por José Gutiérrez, de Santa Cruz de Tenerife, discutido en la sesión de 9.2.1837, con una intervención esclarecedora de Castro: «Veo con sentimiento que diariamente se recurre a las Cortes haciendo reclamaciones más bien propias de un tribunal de justicia que de una asamblea legislativa. Las leyes tienen señalados los límites que han de seguirse cuando se disputan derechos existentes y a las Cortes no toca sino dar la regla común, que administrarán los tribunales. Ellos consultarán sus dudas; pero aquí, bajo pretexto de aclaración, cada cual pide una ley, cada particular una discusión y cada día se ejerce una autoridad universal, muy ajena a nuestra posición y de la legítima división de los poderes. No nos olvidemos de que las Cortes no están destinadas más que para hacer leyes». Y una explicación, aparentemente extraña pero en el fondo plausible, de Fernández Baeza: «Éste es un caso particular, sí señor; pero justamente las leyes generales se dan muchas veces excitadas por casos particulares que manifiestan puede haber otros semejantes y que hay duda.».

En general las Cortes eran conscientes de que debían respetar las competencias del Poder judicial y en consecuencia se inhibían del conocimiento de estos asuntos, remitiendo el expediente al Tribunal Supremo. Así lo vemos en la resolución de 25.9.1837 en la que el Congreso declaró no haber lugar a deliberar sobre un recurso de D. Florencio Tejeiro, por sí y como apoderado especial de los demás hortelanos del partido de San Antón en Granada, quejándose de dos providencias de aquella Audiencia territorial en el pleito que mencionaba, sobre el derecho y uso de las aguas con que regaban sus huertas, y suplicando a las Cortes nombrasen una comisión de su seno que inmediatamente pidiese a la Audiencia de Granada, en el estado en que se hallasen, sin informes ni testimonios que siempre vendrían inexactos o diminutos, los mismos autos originales e, inspeccionados, determinasen pasarlos al Tribunal Supremo de Justicia, para que declarando la nulidad de ambas sentencias, y responsabilidad en sus personas y bienes a los malos juzgadores, se repusiese el proceso al estado que tenía al tiempo de interponer la suplica de la sentencia de vista,

Nótese la originalidad de su petición, puesto que no se reclamaba de las Cortes una decisión sobre el fondo del asunto sino una corrección del procedimiento judicial hasta entonces seguido y una remisión al Tribunal Supremo. Esto era algo verdaderamente insólito puesto que lo que se pretendía era que el Congreso actuase como inspector de los procesos seguidos por los tribunales y, más inaudito todavía, que se diesen órdenes a los jueces sobre su forma de actuación.

Son frecuentes, en cambio, las resoluciones en las que se declara la inhibición pura y simple de las Cortes, en atención a la naturaleza judicial del asunto. Así lo vemos en el dictamen de la comisión de Hacienda de 5.3.1837 (publicado en el Diario de Sesiones del 13 a propósito de las tercias de la ciudad de Huéscar, que disputaban el Estado y el duque de Berwick y de Alba) en el que se precisó que «no puede recaer disposición alguna legislativa porque el expediente corresponde a la jurisdicción de los tribunales».

Huelga decir que, a pesar de estos escrúpulos, no faltaban ocasiones en las que las deliberaciones de las Cortes semejaban a las de un tribunal de justicia, como se advirtió de forma expresa en la sesión del 18.1.1837: La Junta de armamento de Valencia había adoptado una resolución individual, de legalidad dudosa, que sometió a la aprobación de las Cortes y con tal ocasión se suscitaron los siguientes comentarios. Para Caballero, «se ha dicho que debemos mirar las cuestiones como legisladores y no como un tribunal de justicia, y en esto más parece el Congreso un tribunal de justicia que un cuerpo legislativo». Y para Gómez Becerra: «¿Y cree el sr. Blanco que en cada caso de esos han de tomar las Cortes una resolución? Entonces sí que serían las Cortes un tribunal de justicia y cometerían contra su voluntad grandes desaciertos. Pues qué, ¿somos nosotros personas competentes para decidir esto? ¿Se instruyen aquí los negocios como deben instruirse en un tribunal?». Con la sensata observación final de Álvaro de que «a mí me parece que estoy oyendo defender un pleito».

Todas estas cuestiones terminaron recogiéndose, como era lógico, en la prensa. Así lo podemos comprobar en El Eco del Comercio de 22.11.1836: «(No es bueno reclamar en queja a las Cortes) porque no es un verdadero tribunal para juzgar ni es autoridad ejecutiva. Primero hay que acudir a los tribunales en reparación de un agravio o para castigar una infracción de ley. Si un alcalde o un juez de primera instancia comete un atentado, la Audiencia del territorio lo reparará; sin que el Gobierno ni las Cortes puedan tomar conocimiento de ningún negocio pendiente en justicia. Lo que pueden hacer el Gobierno y las Cortes en estos casos (...) es llamar la causa o hacerla visitar después de fenecida y hacer procesar al juez que crean ha faltado a su deber, pero sin que esto obste a la ejecución del fallo judicial». «Respecto a las autoridades gubernativas y administrativas exige el orden que las quejas de infracciones de ley o de constitución vayan gradualmente de menor a mayor (...) Empero, si las autoridades inferiores no atendieren una queja justa (...) entonces es bien acudir a las Cortes pidiendo el castigo de la persona que hubiera atentado contra su seguridad individual o contra la propiedad (...) Las Cortes de Cádiz empezaron con mano abierta, pero luego cuando fueron abrumadas decretaron en 9.3.1811 que sólo se podía acudir a ellas cuando se hubiesen agotado los medios ordinarios». Esto suponía una fuerte limitación de las facultades de las Cortes, desde luego, pero aun así resultaba demasiado laxa puesto que implicaba que el Congreso podía actuar como una instancia superior –y posterior– a la cadena jerárquica judicial y a la gubernativa.

Un dictamen de la comisión parlamentaria de Crédito público de fecha 9.10.1837, relativo a reclamaciones de varios prestamismas del antiguo consulado de Cádiz, ilustra bien las confusiones competenciales y metodológicas que se padecían entonces. El Gobierno había remitido a las Cortes para su resolución (es decir, una inequívoca competencia administrativa) un voluminoso expediente por reclamación de varios prestamistas particulares de tal consulado iniciado en el siglo XVII y que hasta entonces no se había logrado liquidar por no haberse podido precisar la delicada cuestión jurídica (o sea, una inequívoca competencia judicial) de si el deudor legal era, o no, el Gobierno. Para darse una idea de la importancia de este asunto basta pensar que su cuantía ascendía a casi 50 millones de reales y que en el expediente obraban informes más o menos contradictorios de la sección de Indias del Consejo Real, del Consejo de Gobierno, de la sección de la secretaría del ministerio de Hacienda, de los procuradores Álvaro Flórez de Estrada, Pedro Pizarro, José María López de Pedrajas, José Montagut Gargollo y Esteban de Ayala, además de un dictamen de Ramón Gil de la Cuadra: todo lo cual había pasado a la comisión gubernativa de arreglo de la Deuda. Así las cosas, la comisión parlamentaria no puso en duda la competencia de las Cortes para resolver, aunque no lo hiciera inmediatamente por considerar que la situación fáctica y legal no estaba suficientemente aclarada y era imprescindible devolver el expediente al Gobierno para que lo completara.

En otro orden de consideraciones, lo que en modo alguno resultaba problemático era la competencia de las Cortes para interpretar el sentido correcto de una ley cuando así se lo consultaba el Tribunal Supremo aunque fuera claro que de ordinario, al resolver la duda en un sentido determinado, estaba prejuzgando ya el resultado final del litigio e incluso al socaire de una mera interpretación se dictaba una nueva ley. Un ejemplo de estas consultas puede verse en el apéndice del Diario de Sesiones de 19.10.1837. En la ocasión se trataba de determinar si seguía vigente el Auto acordado de 31.7.1792 regulador del régimen de arrendamientos de fincas urbanas de Madrid. Pues bien, la comisión de Legislación dictaminó un proyecto de ley conforme al cual

quedan derogadas la ley 8.X.10 de la Novísima Recopilación, que es el Auto acordado de 31.7.1792 y cualesquiera otras Reales resoluciones, práctica o costumbre que sean contrarias (...); pero no se hará novedad en cuanto a los arrendamientos ya hechos y pendientes en la actualidad.

Sea como fuere, la amplitud y falta de definición de las materias de competencia parlamentaria, la heterogeneidad de las materias que emprendía y la inexistencia de un procedimiento de asignación y distribución de ellas, daban lugar a constantes e interminables conflictos entre los distintos poderes. Los papeles y expedientes iban y venían de unos a otros, cada vez más abultados por la incorporación de nuevos informes. A veces se peleaban porque dos querían conocerlos al tiempo, y en ocasiones todos se inhibían y el asunto quedaba flotando en tierra de nadie como el alma de Garibay. Valga a este propósito el ejemplo caricaturesco de la experiencia del cura de Albaladejo que ocupó varias horas al Congreso, singularmente en la sesión de 15 de marzo de 1837.

El párroco de esta villa había denunciado ante las Cortes las prácticas abusivas en materia de aranceles matrimoniales del teniente vicario de Villanueva de los Infantes y aquéllas, considerándose incompetentes, remitieron el escrito a la Secretaría de Gracia y Justicia, que se negó a aceptarlo por la misma razón. Como pasaba el tiempo sin resolverse, elevó el cura una segunda exposición, que nuevamente fue desviada al Ministerio, que esta vez no la devolvió al Congreso sino que decidió tramitarla pidiendo informe al Tribunal de Órdenes Militares en cuya jurisdicción estaba Villanueva. Pero ¿qué hacer mientras tanto con el primer expediente? Como la Mesa no tenía criterio propio, lo consultó a las Cortes y el día 15 de marzo se desarrolló un prolijo debate digno de Rabelais. Porque Olózaga negó que el Tribunal pudiese evacuar el informe, lo que Sancho y De los Heros admitieron de forma expresa. Cada hora que pasaba, la cuestión se enredaba más todavía con cuestiones aparentemente anejas pero intrascendentes. Se sometió a votación si se trasladaba, pero resultó confusa, hubo que repetirla y se dieron dos escrutinios contrarios. Al final, el Congreso aceptó su competencia y acordó pasarlo a la comisión de responsabilidades, en cuyos armarios desapareció el expediente y no se volvió a saber más de él. Pero las horas, tan estúpidamente gastadas, no pudieron recuperarse.

Facultades extraordinarias concedidas al Gobierno

Desde el punto de vista político una de las posibilidades más interesantes era la concesión de las Cortes al Gobierno de facultades extraordinarias que ampliaban el círculo de las competencias de éste durante el tiempo y con el alcance y condiciones que aquéllas señalasen en cada caso. Mendizábal nunca tuvo dificultades en beneficiarse de este tipo de medidas empezando por la célebre ley de 16 de enero de 1836 de la que tanto se habla en este libro. Los problemas vinieron cuando abandonó el Ministerio puesto que refiriéndose la concesión a un Gobierno y no a una persona determinada, podía suponerse que la ampliación se mantenía aun cuando el nuevo presidente no gozara ya de la especial confianza del Congreso que había justificado la entrega de las facultades extraordinarias.

Así sucedió en la crisis de mayo de 1836 cuando las Cortes se apresuraron a derogar la ley de enero, de la que no consideraban digno a Istúriz. Y el episodio se repitió en octubre de 1837 con el Ministerio Bardají, de lo que ya hemos hablado en otro capítulo, pero que conviene recordar ahora a efectos sistemáticos.

Como sabemos, las Cortes no habían retirado formalmente su confianza a Bardají aunque era manifiesto que las relaciones entre los dos poderes ya no eran las mismas de antes, con la consecuencia de que la mayoría entendía que Bardají no era merecedor de las facultades extraordinarias en juego. De hacer operativo este punto de vista se encargó Juan Osca en una proposición de 3 de octubre (1837):

Pido a las Cortes que en uso del derecho que se reservaron en el art. 7 del decreto de 18 de diciembre próximo pasado, se sirvan revocar las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno en dicho decreto.

Lo que justificó en el mismo acto con las siguientes palabras: «Temo muchísimo el que se trate de destruir la libertad; y como acudí con mi voto a esas medidas contando con que el Ministerio de entonces, y aun el que le ha seguido, harían buen uso de ellas, y creyendo que se serviría de las facultades extraordinarias que se le concedían para extirpar de raíz esa miserable camarilla que es la principal causa de los males que sufre el pueblo, y que la trasladaría a Filipinas por lo menos, pues yo, si tuviera autoridad, no dudaría un momento en enviarla al cielo para que quedase en paz la tierra, quiero ahora que ya que esto no se ha hecho, se retiren esas medidas, no sea que se retuerza el argumento y venga alguno que sea más atrevido que los pasados y los presentes, si los hay, y atropellando a los patriotas, los envíe a donde no puedan incomodarles en la ejecución de sus proyectos que calculo no serán muy sanos».

La comisión de Legislación evacuó un dictamen favorable el día 10 del mismo mes apoyándose en la circunstancia de que

el Gobierno por conducto del ministro de Gracia y Justicia manifestó en la sesión del 6 del corriente que (...) había llegado ya el momento de cesar en el uso de tales facultades y que lo hubiera propuesto antes el Gobierno, anticipándose a la proposición del sr. Osca si antes se hubiese constituido el Ministerio.

Sin perjuicio de lo cual la proposición terminó siendo aprobada pues lo que pretendía la mayoría no era retirar unas facultades que a nadie importaban sino dejar muy claro su distanciamiento del nuevo Ministerio. Una maniobra de inequívoco juego turbio que denunció Sancho en la sesión del 16 (10.1837): «Los ministros podrán tener otros defectos, pero para mí no tienen el de merecer que se desconfíe de ellos porque puedan abusar de las facultades que en la época citada se concedieron al Gobierno y, por consiguiente, existiendo ahora las mismas razones que cuando se votaron estas medidas, no creería yo que las Cortes deberían revocarlas y mucho menos cuando tan sólo faltan quince días o un mes para que se disuelvan».

Poder resonador, Poder legitimador y motor del liberalismo

Las primera impresión que se obtiene al observar el funcionamiento de las Cortes constituyentes es la de una coincidencia política tan intensa con el Ministerio de Calatrava-Mendizábal que más parecía un coro de asentimiento: un «poder resonador» de las decisiones del Gobierno o, a todo lo más, un «poder constitucionalmente legitimador» de las decisiones tomadas previamente por el Ejecutivo. De hecho siempre estuvo el Congreso de acuerdo con el Gobierno, como aquél con éste. A la hora de deliberar las comisiones consultaban con los ministros afectados, de la misma manera que de ordinario algún ministro defendía en el pleno los dictámenes de las comisiones. Entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria había una sintonía total, lo que evitaba, naturalmente, las disidencias y dificultaba incluso los ataques por parte de los diputados de la minoría que, cabalmente por serlo, terminaba indefectiblemente vencida cuando cerraba filas la mayoría en defensa del atacado Gabinete. Por eso acaba de decirse –parafraseando lo que se aplicaba en su día a las Cortes franquistas– que el Congreso progresista de 1836-37 era un simple «resonador» de las decisiones del Ejecutivo y que cumplía una función constitucionalmente legitimadora de aquéllas.

El progresismo templado –o simplificando las cosas, Mendizábal– tenía dos bocas: con una hablaba en el Consejo de ministros y con la otra en el Congreso; pero las dos decían lo mismo y respondían al mismo pensamiento. Cuando las Cortes estaban reunidas y la constitución (tanto la de 1812 como la de 1837) exigía que fueran ellas las que tomasen las decisiones, entonces intervenían y, sin mayores dificultades, prestaban al Ministerio la legitimación constitucional que le faltaba convirtiendo los Reales decretos en esos decretos o leyes aprobadas en Cortes que exigía la constitución.

Sin perjuicio de la corrección de lo que acaba de apuntarse, hay que añadir que se trata de una afirmación parcial, dado que aquellas Cortes distaban mucho de ser una mera cobertura formal del Ministerio porque, aun manteniendo a ultranza su fidelidad mendizabalista, es un hecho indiscutible que en ocasiones actuaron de forma original y con iniciativa propia. Con cierta frecuencia el Consejo de ministros se abstenía de hacer propuestas concretas, bien sea porque no tenía ideas sobre el particular o por respeto a la soberanía parlamentaria. Y entonces la iniciativa partía del Congreso que asumía la exclusiva responsabilidad de su tratamiento desde el principio hasta el fin; y sin desconocer tampoco que en algunas ocasiones –escasas pero importantes– las Cortes se apartaron expresamente de las sugerencias ministeriales, como sucedió en los asuntos de los diezmos y de la contribución extraordinaria de guerra. Y donde esto se vio más claro fue precisamente en la elaboración de la constitución, en la que nadie ha podido encontrar nunca la mano directa del Ministerio.

La caída del Gabinete Calatrava-Mendizábal en agosto de 1837 brindó a las Cortes una oportunidad inmejorable para demostrar el valor de su peso político específico. Por lo pronto, no rompieron formalmente con Bardají, puesto que aceptaron que éste era también progresista como el Ministerio anterior y como ellas mismas. Y este pacto de convivencia resultó esencial para el progresismo español puesto que permitió que se llevara hasta el final el cúmulo de disposiciones progresistas que se había iniciado durante el Ministerio precedente y aun durante el anterior presidido por Mendizábal.

Este continuismo progresista no hubiera podido durar mucho tiempo puesto que las tensiones se agravaban cada día; pero como faltaba poco para que se agotase la legislatura, todos tuvieron paciencia y aprobaron pacíficamente lo pendiente, sin otras incidencias importantes que la de la ley de señoríos y la falta de sanción de la ley de arreglo del clero por parte de la Reina Gobernadora.

En definitiva tenemos que la disciplinada fracción mendizabalista garantizó el mantenimiento firme de «el poder resonador o de legitimación constitucional» del Ministerio; pero las Cortes no se limitaron a eso sino que demostraron que tenían originalidad y peso político propio para usar su iniciativa e imponer hasta el último día una legislación progresista ambiciosa. A ellas se debe, pues –tanto o más que a Mendizábal–, la gran obra del progresismo civil de la Regencia de María Cristina. Demostrándose así también que el progresismo no era sólo la ocurrencia de un hombre sino una opinión generalizada de donde salió luego un partido de opinión y al final un auténtico partido electoral.

En sus relaciones con el Gobierno las Cortes de 1836-37, ya que no le derribaron ni bloquearon frontalmente ninguna de sus iniciativas importantes, fueron útiles a la hora de vigilarle. Más allá de su función resonadora ejercieron también, espoleadas por una minoría tenaz, una función crítica y si no lograron dar trasparencia a la actuación ministerial, dejaron constancia al menos de la desdichada opacidad de Mendizábal que tanto enturbiaba el comportamiento global del Ministerio, en general honesto.

El Gabinete, por otra parte, había respetado la existencia de una franja competencial reservada a las Cortes, en cuyo núcleo estaba naturalmente la constitución y aquí el Congreso supo estar a la altura de las circunstancias pues acertó a aprobar un texto liberal digno por encima de las fracciones, de la misma manera que fue también liberal, y no progresista, la malhadada ley de señoríos. En ambos casos demostró tener sentido de Estado y no de partido. No así en su política eclesiástica, en la que se dejó llevar por un anticlericalismo sectario que la nación no compartía y que María Cristina supo reflejar mejor.

El gran defecto que en este libro –acertadamente o no– se imputa a las Cortes es el de su incompetencia técnica, porque si llegó a desmontar todas las piezas fundamentales del Antiguo y a sentar las bases del Nuevo Régimen liberal constitucional, dando a España un Estado moderno, lo hizo en unos términos tan desafortunados que todo –dicho sea sin paliativos– lo hizo mal. Decididamente España entró con mal pie en la Era Moderna y no logró ocupar su sitio en el concierto europeo, sin que valga descargar la culpa en la guerra civil. Entre Mendizábal y sus fieles Cortes nada hicieron bien y todo les salió torcido, torciendo consecuentemente el futuro de España.

A lo largo del libro hemos de ir viendo un rosario de desaciertos legislativos de índole técnica absolutamente imperdonables: el caso de los diezmos es el mejor ejemplo; pero la contribución de guerra y, fuera ya del campo tributario, la ley de imprenta, no le van a la zaga. Donde ponían sus manos aquellos diputados –cultos, laboriosos, cargados de buenas intenciones y de mejores ideas– salía un monstruo legislativo.

Una última observación y de muy distinta índole: ¿Hasta qué punto eran las Cortes el auténtico escenario de la vida política? Hoy sabemos que no lo son, puesto que donde de veras está es donde se negocian y componen los intereses del Gobierno con los de los partidos, comunidades autónomas, sindicatos, empresarios, embajadas y demás grupos de presión. Allí se toman las decisiones que luego se escenifican públicamente en el Congreso. Pero ¿qué sucedía cuando no había partidos políticos ni estaban consolidados tampoco los grupos formales de intereses?

La situación a todas luces no podía ser la misma de ahora, mas no por ello podemos creer en la autenticidad de las sesiones parlamentarias. La verdad es que la práctica era en el fondo una hipocresía. Porque en el diseño constitucional las Cortes eran la representación de la soberanía nacional y en su seno se desarrollaba a la vista de todos la vida política del país; cuando la realidad era, más bien, que el Congreso funcionaba como una arena ritual de escenificación de una vida política que tenía lugar fuera del parlamento: en Palacio, en los estados mayores militares, en las Bolsas, en las sociedades secretas y hasta en las reuniones privadas de grupos de diputados en los domicilios particulares de algunos de ellos. Era en estos lugares y no en el salón de las Cortes donde se tomaron algunas de las decisiones políticas más importantes, de las que luego, al cabo de interminables discursos y farragosos debates, se levantaba acta en el Diario de Sesiones de las Cortes.

Esto no era un secreto para nadie. Lo que sucede es que las sesiones de las Cortes están minuciosamente documentadas y a ellas han de acudir inevitablemente los historiadores en busca de información. Pero sería ingenuo creer en la sinceridad de lo que allí se hablaba o confundir la historia parlamentaria con la historia política, creyendo que ésta se agotaba en aquélla. Hay que manejar el Diario de Sesiones a conciencia de que es un palimpsesto que bajo su letra oculta un segundo texto a veces legible y a veces absolutamente cerrado.

El liberalismo sacralizó a las Cortes ciertamente puesto que sin ellas perdía su sentido el régimen que impuso y que en cierto sentido ha llegado hasta nosotros. Pero conste que autores ortodoxos, por lo general escorados a la derecha, se atrevieron a poner en duda su valor tanto en la teoría como en la práctica. Pacheco (32), sin ir más lejos, contestó formalmente la pretendida separación de poderes no sólo en España sino en toda Europa: «Todo lo que se ha imaginado sobre la ponderación e igualdad de los poderes es un error en la práctica y una ilusión como teoría o como dogma. La observación nos dice que en todo país, en toda época ha habido algún elemento cuyo poder ha excedido al de los otros». Y Balmes no tuvo empacho en proclamar la inutilidad real de las Cortes (76): «Si las Cortes no han de ser otra cosa que una arena donde luchan la ambición y demás pasiones o, cuando más, un liceo donde ostenten sus talentos y saber algunos oradores ilustres, sin que de tanto aparato descienda hasta el pueblo una sola gota de provecho (...), ¿qué se gana con ello?».

Convalidación parlamentaria de normas del Ejecutivo

El repertorio de las disposiciones normativas de la época se contrae a la constitución, leyes y decretos de Cortes (emanados de las Cortes) y Reales decretos, Reales órdenes y Circulares, emanadas del Gobierno o de algún ministerio. Por lo que a este libro y en este momento afecta, interesan tres cuestiones de singular relevancia política: la convalidación parlamentaria que precisaban ciertas normas dictadas por el Poder ejecutivo, las peculiarísimas leyes llamadas de autorización y, en fin, la fórmula y práctica del restablecimiento de decretos de las anteriores épocas constitucionales.

Si los decretos de Cortes (conteniendo, o no, una ley) se encontraban legitimados por la propia constitución, la validez de los Reales decretos (es decir, de los emanados directamente del Poder ejecutivo) ya era más problemática, salvo que se tratara de los reglamentarios y de mera ejecución de ley. En este punto hay que empezar distinguiendo dos supuestos según que estuviesen abiertas las Cortes, o no. Mientras las Cortes estaban abiertas carecía el Poder ejecutivo de la facultad de dictar normas generales de rango superior y autónomo. En cambio, cuando las Cortes estaban cerradas procedía dictar Reales decretos de contenido general pero con carácter provisional, es decir, que su validez indefinida estaba condicionada a la convalidación de las Cortes, una vez que éstas hubiesen sido abiertas.

El anterior principio era terminante, pero ofrecía en la práctica un grave problema hermenéutico si se admitía la convalidación implícita, es decir, cuando se presumía que el Real decreto quedaba convalidado automáticamente cuando las Cortes, que conocían su existencia, lo toleraban, aprobándolo por simple aquiescencia. La cuestión fue debatida dos veces en las Cortes de 1837: una en abril y otra en julio.

El 23 de abril de 1837 se discutió la validez de una Real orden circular de 24.9.1836 –o sea, cuando todavía no estaban abiertas las Cortes– por la que se imponían reglas muy severas sobre el comportamiento de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos en los casos de invasión de los facciosos (y cuyo cumplimiento fue recordado posteriormente por otras circulares). Pues bien, a este propósito negó Olózaga rotundamente la validez de dicha Real orden cabalmente por la falta –al cabo de siete meses– de convalidación parlamentaria posterior; sin olvidar, además, que la circunstancia de no haber sido nunca cumplida hablaba en contra de su eventual convalidación: «El decreto de 24.9 del año pasado contiene disposiciones legislativas y en él se imponen penas acaso de una manera no conforme con nuestras leyes. Así es que tal decreto no ha sido obedecido. Hace más de seis meses que se dio y otros tantos han pasado en la más completa inobservancia (...) Las Cortes no pueden prescindir de examinar si conviene o no que siga una disposición que si bien pudo tomarse en el mes de septiembre en que las Cortes no se hallaban reunidas, conteniendo medidas legislativas no debe continuar sin que lo aprueben éstas. (Este decreto) cualquiera que sea su bondad, cuando no se ha observado en más de seis meses, es seguro que no está conforme con las exigencias del país. Si lo estuviese, el Gobierno debería exigir la responsabilidad a las autoridades que no lo hayan cumplido y no limitarse a recordar su observancia».

Y fue entonces cuando el presidente del Consejo de Ministros sacó a relucir la doctrina de la convalidación implícita: «Esta circular desde el principio de las Cortes se halla sometida a su juicio. Habiéndola oído entonces y visto después, sin que hasta ahora se haya dicho cosa alguna contra ella, es de creer que los sres. diputados no han encontrado en esta circular los defectos de que la arguye la diputación provincial de Zaragoza (...) El decreto fue dado antes de abrirse las Cortes y en cuanto éstas se reunieron le sometió al conocimiento de las mismas en la Memoria del secretario de Despacho de la Gobernación, con lo cual cree que ha hecho todo lo que puede hacer».

La segunda discusión sobre el mismo tema tuvo lugar los días 24 y 25 de julio del mismo año y resultó más prolija que la anterior. El origen estuvo en una proposición de Díez sobre la que el 24 se evacuó el correspondiente dictamen en el que se asumía la teoría de la convalidación implícita:

La comisión ha examinado la proposición del sr. Díez, reducida a pedir que se reclamen del Gobierno el Real decreto de 19.2.1835 y los posteriores que se refieren a él, para dar el consentimiento que previene la constitución y que este consentimiento se entienda ratificación relativamente a las fincas vendidas. No tenía presente, sin duda, el señor Díez que todos los decretos, tanto concernientes a la venta de bienes nacionales y redención de censos, como los relativos a la consolidación de la deuda liquidada y liquidación de la que aún no lo estuviera, fueron remitidos a las Cortes por el Gobierno casi al principio de esta legislación. El mismo Real decreto sobre venta de bienes nacionales y la instrucción que se circuló para su ejecución han sido virtualmente aprobados ya por las mismas Cortes en cuanto éstas han discutido y deliberado sobre varios de los extremos que abrazaban, reformándolos o aclarándolos como lo han tenido por conveniente. Por manera que las disposiciones de que se trata en realidad no necesitan de confirmación, habiéndosela dispensado explícitamente ya por las Cortes y la tácita conformidad de los mismos señores diputados.

Pero en la sesión del día siguiente (el 25.7) salió Fontán al paso de tal teoría: «El Gobierno dio cuenta a las Cortes de las órdenes que había dado antes de la reunión de éstas, pero porque las Cortes no se ocuparon de este asunto, no por eso podrá decirse que fue aprobado. Yo entiendo que para que una ley sea ley, y ley hecha en Cortes, ha de estar sujeta a los trámites que el Reglamento prescribe para la formación de las leyes. De no hacerlo así, el resultado será que el Poder ejecutivo invadirá los demás poderes del Estado; y si damos una tácita aquiescencia a sus decretos, llegamos a darles el carácter de leyes, siendo así que éstas deben ser la expresión de la voluntad general pronunciada y explícita del Poder legislativo». Esta argumentación nos puede parecer extraña, pero hay que tener presente que Fontán, un geógrafo y topógrafo eminente, no había pisado nunca una Facultad de Jurisprudencia.

Mientras que Joaquín Ferrer se alineó en la postura gubernamental alegando, aunque sin darles su nombre técnico, razones de facta concludentia: «En vista de varias representaciones dirigidas a las Cortes pidiendo que no se llevasen a efecto en alguna parte de estos decretos, las Cortes se han ocupado en diferentes épocas de estas reclamaciones (...) y los dictámenes que sobre estos puntos se han presentado han sido aprobados constantemente por las Cortes». Y en el mismo sentido Gómez Becerra: «si el Gobierno ha comunicado un Real decreto o una Real orden a las Cortes y éstas no reaccionan, ¿qué más puede haber el Gobierno? Yo también pertenecía al Ministerio que expidió aquellos decretos y se ha dicho que no indirecta, sino directamente, debió haberlos presentado a las Cortes. El Gobierno lo hizo así en las Cortes que se reunieron el 22 de marzo del año pasado. Y si las Cortes no los tomaron en consideración, ¿el Gobierno por eso dejaría de haber cumplido sus deberes?»

Cierto es, desde luego, que aquí hubo comunicación, pero sin que fuera acompañada de una petición de convalidación. Ahora bien, lamentablemente nadie llamó la atención sobre este punto ni sobre las consecuencias jurídicas de esta falta de precisión; por lo que la discusión no pudo darse por definitivamente cerrada y Argüelles, como de costumbre, se reservó la última palabra poniendo el énfasis en la aquiescencia: «El caso presente es si decretos dados por el Gobierno en una época en que, si se quiere, se arrogó la facultad legislativa, ya porque no se hallaba reunido el cuerpo representativo de la nación y las circunstancias hacían urgentes ciertas disposiciones que correspondían a las Cortes, ya por cualquier otro motivo, han de ser o no revalidadas por las Cortes. Aquí es necesario apelar a la buena fe. La aquiescencia que en su caso es idéntica ¿no corrobora con la fuerza moral lo que se hace explícitamente? Pues qué, ¿no estamos viendo todos los días que se aprueban dictámenes y propuestas hasta sin contar el número de diputados que toman parte, sin que los mismos señores que aprueban o desaprueban hagan reclamación ni mérito de esta circunstancia?».

Por lo demás conviene advertir que este problema salía con frecuencia y en las más variadas circunstancias. Sin ir más lejos, el día 2 del mismo mes de julio se le ocurrió al ministro de Gracia y Justicia aludir de pasada a que un decreto ministerial sobre amnistía había sido aprobado por las Cortes por el simple hecho de no haberlo denunciado: lo que bastó para que Vila insistiese con apasionamiento en la tesis ortodoxa: «La primera equivocación es el suponer que habiendo presentado el Gobierno a las Cortes cualquier decreto, con sólo decirse que quedaban enteradas importaban estas palabras una aprobación tácita del Congreso. Yo resisto esta suposición y espero que no la admitirán las Cortes si no quieren desprenderse de sus más importantes prerrogativas (...) El Gobierno ha reconocido que al dar este decreto excedió del límite de sus facultades y debió por lo mismo venir a las Cortes a pedir la dispensa demostrando las razones que para ello tuvo».

En cuanto a la práctica, en el período entre las dos Legislaturas de 1837 y 1838 los Gobiernos de Bardají y Ofalia respetaron la ortodoxia normativa pues actuaron a través de Reales órdenes y únicamente se publicaron Reales decretos sobre aquellas materias reservadas al monarca, como el nombramiento de senadores, firmadas por la Reina Gobernadora y como ministro refrendante el presidente del Consejo. En los días siguientes al 4 de noviembre de 1837, en que se cerraron las Cortes, se publicaron numerosos Reales decretos con los correspondientes decretos y resoluciones de Cortes en los que se precisaban, no obstante, la fecha exacta de su aprobación parlamentaria.

El alcance político de esta mecánica salta a la vista. La constitución de 1812 había establecido un sistema parlamentario reservando al Poder ejecutivo unas facultades estrictamente ejecutivas, es decir, subordinadas, que sólo se excepcionaban en los períodos de intersesiones. Ahora bien, en cuando volvían a reunirse las Cortes, éstas recuperaban su supremacía y estaban en condiciones de revisar a posteriori cuanto había hecho el Ministerio. Un control riguroso que se relajaba si se admitía la tesis de la convalidación implícita. Aunque bien es verdad que si se exigía siempre la ratificación expresa se perdía mucho tiempo y se creaban inevitablemente fases de inseguridad mientras no se realizase tal pronunciamiento terminante, como pretendían algunos diputados de la oposición para tener así la oportunidad de criticar al Gobierno no sólo por lo que estaba haciendo sino por lo que ya había hecho.

Leyes de autorización

Una variedad normativa singularmente interesante era la de las llamadas leyes de autorización mediante las cuales las Cortes renunciaban expresamente al ejercicio de una potestad constitucionalmente a ellas reservada y autorizaban al Ejecutivo a que fuera él quien la regulase, aunque imponiendo modos y condiciones para la ejecución: una nueva relajación, por tanto, del sistema parlamentarista extremo. Las Cortes de 1836-37 hicieron uso frecuente de esta posibilidad bien fuera porque tenían plena confianza en el Ministerio o bien porque se encontraban abrumadas de trabajo; dando en cualquier caso testimonio de que la constitución de 1812 había sido cicatera en la atribución de competencias al Rey y a su Consejo de ministros.

La abundancia de este tipo de disposiciones en los últimos meses de 1836 –es decir, en las primeras semanas de sesiones– testimonia que el Congreso y el Ministerio estaban en el mejor momento de sus relaciones, en una especie de luna de miel y que aquél todavía no había tomado conciencia de sus fuerzas. Andando el tiempo estos factores cambiaron y la consecuencia fue que disminuyeron drásticamente. Al consolidarse la oposición las autorizaciones se redujeron prácticamente a supuestos de escasa importancia, pues las Cortes sabían ya que estaban en condiciones de abordar y regular por su cuenta los asuntos más arduos sin necesidad de delegar nada al Gobierno.

En algunos casos la autorización estaba condicionada a una cierta modalidad de ejercicio, a un tiempo determinado y también a veces a la rendición de cuentas a las Cortes. Cuando la autorización no era al Gobierno sino a otros organismos (diputaciones provinciales, por ejemplo), la rendición de cuentas se prestaba ante el Gobierno. Pero en cualquier caso debe notarse que en este repertorio no se trataba de autorización para dictar normas sino para realizar actos de administración.

Restablecimiento de decretos

1. Una vez restablecida la constitución de 1812 se planteaba al nuevo Gobierno un dilema de difícil solución respecto al destino de los innumerables decretos y órdenes que se habían dictado al amparo de aquélla durante las anteriores épocas constitucionales. Dilema que tenía dos vertientes: una técnica, consistente en que si no se procedía a su restablecimiento se provocaría un vacío normativo que haría poco menos que imposible la aplicación directa de la constitución y de hecho continuaría vigente el régimen absolutista; y otra política de mayor calado, porque el restablecimiento automático de todas estas disposiciones de ejecución y desarrollo implicaba la aceptación íntegra del texto de 1812, cosa que los progresistas estaban, como sabemos, muy lejos de aceptar.

En este punto, mejor quizás que en ningún otro, se puso de manifiesto la falta de sinceridad del Gabinete Calatrava-Mendizábal y de las Cortes constituyentes, que verbalmente proclamaban su devoción a la constitución de 1812, pero a la que en realidad traicionaron negándose incluso a aceptar en bloque su normativa complementaria y de desarrollo. Los progresistas rechazaban unánimemente el régimen estatutario que habían derribado en La Granja, pero en su mayoría tampoco aceptaban el sistema constitucional derivado de la constitución gaditana que tantas heridas había abierto en el Trienio. Ellos hubieran querido empezar de cero y esto significó al fin y al cabo la constitución de 1837, pero sólo aceptaron con cuentagotas y caso por caso la legislación derivada del texto de 1812.

La solución adoptada por el Real decreto de 20.8.1836, dentro de los inconvenientes que ofrecía, fue desde luego hábil:

Para evitar las dudas que puedan suscitarse sobre si las leyes y decretos emanados de las Cortes celebradas en las dos épocas constitucionales se hallan restablecidos en virtud de mi decreto de 13 de este mes (he venido en declarar) que por ahora y mientras las próximas Cortes constituyentes deliberan lo conveniente sobre tan importante asunto no se consideren restablecidas las disposiciones emanadas de las dos épocas constitucionales, exceptuando aquellas que yo haya mandado observar posteriormente o que mande observar en adelante porque conviene al bien de los pueblos.

Y la precisión del Real decreto de 24.8.1836 fue igualmente prudente:

El decreto del 20 no comprende a (los decretos) expedidos por las Cortes ya admitidos, sino solamente a los que no han sido revalidados aún.

Dicho sea en términos legales, los progresistas aceptaron en agosto de 1836 la herencia tradicional que les facilitaron los sargentos de La Granja, pero se apresuraron a advertir que lo harían «a beneficio de inventario», es decir, en el saldo que considerasen favorable, con capacidad para ir declarando caso por caso lo que recibían y lo que rechazaban. Entre este período y el anterior hubo, pues, una auténtica solución de continuidad que las sonoras proclamas progresistas no consiguieron ocultar del todo.

De alabar es también la rapidez con que el Ministerio adoptó estas decisiones dado que la inseguridad jurídica se había extendido por todo el país y era forzoso disiparla sin pérdida de tiempo, máxime cuando algunas autoridades provinciales, presionadas por las circunstancias, estaban tomando ya decisiones por su cuenta que podían terminar en un caos de contradicciones. Valga a estos efectos como ejemplo la Circular del Gobierno político de la provincia de Santander (tomada de El Vapor de 23.8.36):

Mientras el Gobierno de S.M. por sí o de acuerdo con las Cortes no dé las instrucciones oportunas para la observancia de los decretos que de ella emanan, se hace indispensable dictar algunas reglas meramente interiores o provisionales con objeto de que no se entorpezca el curso de los negocios. Art. 1.º Todo lo que sea meramente reglamentario y que emane de las facultades y prerrogativas de la Corona consignadas en la Constitución debe considerarse existente aunque sea derogatorio de lo resuelto en las épocas anteriores mientras no sea contrario a lo dispuesto en la ley fundamental.

Bien es verdad que esta incertidumbre no hubiera surgido si se hubiera aceptado una proposición presentada por Gorosarri el 31.10.1836 –y que ni siquiera llegó a tomarse en consideración– conforme a la cual se sugería el sistema contrario, es decir, la aceptación inicial en bloque de todas las disposiciones y luego la exclusión, una por una, de las que se considerasen improcedentes:

Pido a las Cortes se sirvan acordar el restablecimiento en masa del estado constitucional del año 1823, sin perjuicio de las eliminaciones subsecuentes que deban ser hechas.

De acuerdo con las pautas establecidas en el Real decreto de 20 de agosto, en el segundo semestre del año 1836 se fueron restableciendo singularmente un puñado de disposiciones, ciertamente no demasiado numerosas, pero que resultaban cruciales para el funcionamiento político de la nación. En la lista que sigue se recoge la fecha del restablecimiento y la fecha y el título de la disposición restablecida: 17.8.1836: Reglamento sobre libertad de imprenta de 5.7.1821; 17.8.1836: Reglamento de la Milicia nacional de 14.7.1822; 30.8.1836: Requisitos para proceder a la detención de cualquier español de 11.9.1820; 30.8.1836: Penas a los conspiradores contra la Constitución de 26.4.1821; 30.8.1836: Supresión de las vinculaciones de 27.9.1820; 6.9.1836: Fomento de la agricultura y ganadería; 15.10.1836: Gobierno político de las provincias de 2.3.1823; 23.11.1836: Extinción de las contadurías de propios y arbitrios de 4.1.1822; 8.12.1836: Reglas para la formación y gobierno de los ayuntamientos y diputaciones provinciales de 10.7.1812; 27.12.1836: Restablecimiento de ayuntamientos de 23.5.1812.

Actividad que mereció el siguiente comentario crítico de Javier de Burgos (Anales, IV, 9): El decreto de 20.8.1836 «fundado en la imperiosa ley de la necesidad era una prueba más de que, al proclamar y restablecer el código gaditano, se había cometido un desacierto. Porque o las leyes emanadas de las dos épocas constitucionales eran legítimas y obligatorias, en cuyo caso el Ministerio no podía eximirse de cumplirlas y hacerlas cumplir, o la conveniencia pública y los intereses particulares posteriormente creados exigían la abolición definitiva de algunas de ellas y en este caso era el Ministerio quien debía determinar las que podían recobrar el valor legal que habían perdido. Esto, en lo esencial, era convertir el Gobierno en legislador supremo, toda vez que se arrogaba la facultad de resolver sobre la validez, la legitimidad y la conveniencia de las leyes». En la sesión de 14.1.1837 intentó Luján matizar este punto advirtiendo que «en todos los decretos hay dos partes a que atender: una facultativa y otra política o de circunstancias. La facultativa comprende las razones de justicia y de conveniencia respecto de aquellos sujetos a quienes se extiende la ley; y la política o de circunstancias es aquella que envuelve en sí misma las razones que hay para ver si un decreto dado en la época constitucional es útil y conveniente en la presente».

2. Ahora bien, independientemente del alcance político de cada restablecimiento singular y del poder que ello significaba para el Ministerio, estaba la cuestión del procedimiento que había de seguirse, pues de otra suerte podrían producirse no pocas arbitrariedades, sin olvidar el exceso de competencia denunciado por Burgos. A este propósito en la temprana fecha de 5.12.1836 planteó Olózaga una fórmula que garantizaba la intervención ponderada de los dos Poderes dado que la última decisión de las Cortes evitaba políticas unilaterales del Gobierno: «Si no se considera oportuno el que se restablezcan en masa, es claro que deberán restablecerse según su importancia, atendidas las circunstancias en que nos encontramos, porque es claro que es necesario distinguir su oportunidad (...) Es indispensable que los decretos de cuyo restablecimiento se trate en adelante, se consideren como proyectos de ley y que, hecha la proposición oportuna, pase el decreto a la comisión, se imprima y reparta. Porque como son muy raros los sres. diputados que poseen los decretos de aquellas Cortes, si no se reparten, ¿cómo podremos dar el valor que merezcan y por consiguiente nuestro voto a decretos que no conocemos?». Lo que en todo caso quedaba así claro era que correspondía a las Cortes, y no al Ministerio, la decisión de restablecer, o no, los decretos anteriores.

Un mes después, el 11.1.1837, así describía Ayllón lo que se estaba haciendo: «Las Cortes nombraron una comisión para que examinara qué decretos habían de restablecerse, con el objeto de evitar que fueran pidiéndose aisladamente por los sres. diputados y porque teniendo a su favor la presunción de utilidad todos los decretos vigentes a la caída del régimen constitucional, creyeron que era menester dar una prueba de que no les era indiferente su inobservancia. Pero esto no quiere decir que cuando, por consecuencia de proposición de algún sr. diputado, las Cortes determinen que la comisión a que pertenece el asunto de su dictamen, no pueda ésta proponer el restablecimiento de alguno sin pasar a aquella comisión especial».

Doble filtro que explicó Luján por las siguientes sutiles razones: «En todos los decretos hay dos partes a que atender: una facultativa y otra política o de circunstancias. La facultativa comprende las razones de justicia y de conveniencia respecto de aquellos sujetos a quienes se extiende la ley, y la política o de circunstancias es aquella que envuelve en sí misma las razones que hay para ver si un decreto dado en la época constitucional es útil y conveniente en el presente».

Dos días después la cuestión volvió a plantearse y el 13 de enero (1837) la desarrollaron en términos similares primero Sancho y luego Domenech dividiendo «en dos clases los decretos dados en la época anterior, unos sobre administración y otros sobre intereses particulares (sentando) que si respecto de los primeros podía haber dificultad en su restablecimiento porque la administración había variado, no así respecto de los segundos».

El restablecimiento de una disposición presentaba, en efecto, no pocas dificultades cuando con posterioridad se habían dictado otras que rectificaban su contenido. El eventual restablecimiento de la originaria, ¿llevaría consigo el de todas las demás? A ello se refirió el ministro de Hacienda en la sesión de 22.1.1837: «Son tantos los decretos, las órdenes y los reglamentos que se han dado después del que se trata de restablecer que nos encontraríamos en un caos si se restableciera sin tener en consideración no sólo lo decretado desde entonces, sino las observaciones que el mismo Gobierno haya hecho sobre la ejecución que tuvo lugar de este decreto en la época constitucional».

En la práctica surgió un problema grave cuando la comisión de restablecimiento a la que se había encomendado que estudiase lo que había de hacerse con la ley de señoríos de 23.5.1823, no cumplió el encargo y en su dictamen se limitó a recomendar que pasara el asunto a la comisión de Legislación. Lo que justificó Almonací el 15.11.1836 por razones de incapacidad técnica: «Nosotros –dijo aquel miembro de la primera comisión– no somos una comisión general de legislación y de todos los ramos de la administración pública; somos encargados únicamente de proponer los decretos que en nuestro concepto es justo y político que se restablezcan. Los decretos tienen dos partes. La base o principio de la decisión en que se envuelve toda la doctrina y las razones de conveniencia y de justicia en que se fundan, y la parte que se amplía en sus artículos, en cuya parte puede haber contradicciones, pueden causarse males y perjudicarse intereses que destruyan ese mismo principio. Un decreto es un todo que depende de una base. Nosotros no debemos hacer más que reconocer los decretos de las Cortes para ver los que pueden reconocerse: si es justo, necesario, útil, conveniente y político su restablecimiento, o lo que es lo mismo, si conviene renacer el principio, pero el modo de aplicarse no nos corresponde a nosotros. La razón es porque sería atribuirnos todas las facultades de todas las comisiones. Nosotros no las tenemos y nos reconocemos muy inferiores a los publicistas».

El restablecimiento de decretos traía en ocasiones una dificultad adicional que la mentalidad moderna no comprende bien. Porque es el caso que a veces no se encontraba el texto que se quería recuperar: los ejemplares manuscritos habían desaparecido y los impresos no siempre se habían conservado, al menos en provincias donde faltaban colecciones legislativas completas y nada digamos en los ayuntamientos tan frecuentemente saqueados.

Dando por bueno tal restablecimiento, «estos decretos ¿dónde están? –se preguntaba Gómez Becerra en la sesión de 21.12.1836– porque se sabe que hubo un empeño de destruir todo lo que pertenecía a la época constitucional. La colección de Decretos de Cortes, sobre ser muy rara, no debe reimprimirse porque muchos de aquellos decretos quedaron sin efecto y es muy costosa para los pueblos».

Los ejemplos podrían multiplicarse. En la sesión de 12.3.1837 se leyó un dictamen de la comisión de Diputaciones provinciales de 10.3 en el que aparecía que la comisión

no ha visto la existencia del decreto cuyo restablecimiento se pretende, y sí solo el dictamen de la comisión de diputaciones provinciales inserto en el tomo 23 de los Diarios de Cortes, ni tampoco se ha encontrado el expediente que debió formularse al intento.

Y al día siguiente, abundando en lo mismo, declaraba Núñez: «Llegó el año pasado y varios individuos de la Milicia de Sevilla solicitaron que se restableciese aquel decreto. Lo buscamos y no lo pudimos encontrar porque no se halla en la colección de decretos».

Sin desconocer la importancia de estas cuestiones formales, no puede olvidarse que lo fundamental era el alcance político de este restablecimiento –o no restablecimiento– de la legislación anterior. Porque para los radicales, según hemos visto, el no restablecimiento suponía una traición a los principios revolucionarios, un retroceso en la marcha del progreso iniciada en Cádiz y acelerada en el Trienio; mientras que para el Ministerio y para la fracción parlamentaria de los mendizabalistas se trataba simplemente de una adaptación a las circunstancias posteriores que resultaba imposible pasar por alto. Cualquiera de las dos interpretaciones es plausible, pero Fontana (1977, 263 ss.) ha revisado estos planteamientos tradicionales con unas sugerencias singularmente atractivas.

Para este autor –refiriéndose concretamente a la materia de señoríos–, el restablecimiento de decretos no significaba una mera reinstauración del régimen anterior puesto que las normas de desarrollo constitucional tenían en 1837 un alcance muy diferente que en 1813 o en 1821: sencillamente ya no eran revolucionarias. «El bloque de medidas reformadoras de la revolución liberal tenía un sentido más auténticamente revolucionario en la etapa de 1808 a 1814, e incluso en la de 1820 a 1823, cuando pretendía liquidar un sistema de relaciones que estaba todavía en plena vigencia, lo que había de suscitar la resistencia de la mayor parte de los privilegiados. Pero en 1836-1837 el rápido proceso de erosión de las viejas instituciones ha llegado a tal punto que la mayoría de los señores entiende perfectamente que no se puede pensar en restaurarlas tal como eran en el pasado, antes de 1808 (...) Obligados a renunciar a sus viejas prerrogativas, los propietarios señoriales descubrirán ahora que las leyes promulgadas en la anteriores etapas constitucionales son lo suficientemente ambiguas como para permitirles, si se interpretan de manera favorable a ellos, salvar lo fundamental, que es la propiedad de la tierra y hasta acrecentarla y reforzar. El restablecimiento de la vieja legislación servirá así para el doble propósito de sentar las bases de una economía liberal, como pretendía la mayor parte de la burguesía española, y hacer posible el entendimiento entre esta burguesía y la aristocracia terrateniente». De acuerdo con esta hipótesis hubo, por tanto, una doble traición: en lo no restablecido porque se cortó abruptamente el proceso revolucionario; y en lo restablecido, porque hubo un escamoteo de las intenciones revolucionarias iniciales, sustituyendo su naturaleza de corte del pasado, de ruptura violenta, por una fórmula de transacción entre el Antiguo y el Nuevo Régimen personificada por los antiguos y los nuevos terratenientes. Y como esto, naturalmente, no podía confesarse, se ocultó la maniobra tras la imprecisa invocación a las nuevas circunstancias. O dicho en palabras más generales: el liberalismo español no empezó en Cádiz y después de dos eclipses de absolutismo se reanudó en la Regencia de María Cristina sino que más bien en Cádiz, en el Trienio y con el Estatuto Real se realizó un mero ensayo porque cuando empezó de veras fue a partir de La Granja y este liberalismo auténtico resultaba incompatible con la constitución de 1812. Una tesis extremada que no puede aceptarse literalmente (y menos cuando no se trata de señoríos, que es lo que estaba dilucidando), pero que aclara muchas cosas aunque sólo sea porque hace perder a la revolución liberal su pretendida ingenuidad.

3. Si hasta ahora hemos venido hablando de restablecimiento de decretos dictados bajo el imperio de la constitución de 1812, ¿qué decir de ésta una vez aprobada la de 1837? Porque no es seguro que la nueva sustituyese íntegramente a la anterior. Las dudas tuvieron que ser despejadas –a falta de pronunciamiento expreso de las Cortes– por una Real orden de 21.6 de Gracia y Justicia:

Promulgada la constitución de 1837, ha ocurrido a ese Tribunal Supremo la duda de si se podrán continuar observando las disposiciones de la constitución de 1812 no contenidas en la actual, concernientes a la organización de los tribunales y a la administración de justicia; y no debiendo ésta interrumpirse por un solo momento, se ha servido S.M. resolver que ese y todos los demás tribunales y juzgados del Reino continúen en el mismo estado que tenían el 18 de este mes al publicarse la constitución vigente, y que se arreglen en sus juicios y procedimientos a las mismas leyes, reglamentos y ordenanzas que hasta entonces han observado, entendiéndose todo esto en cuanto no se oponga a la citada constitución y sin perjuicio de lo que se resuelva de acuerdo con las Cortes.

De notar es la peculiaridad de este incidente: los tribunales de justicia tienen una duda legal que no se atreven ellos a decidir ni tampoco el Tribunal Supremo en una instrucción o circular. En estos casos, el procedimiento constitucionalmente correcto hubiera sido el de consultar a las Cortes, que era a quienes correspondía interpretar las leyes de manera auténtica. Aquí, sin embargo, y como acabamos de ver, quien evacuó la consulta fue directamente el Ministerio de Gracia y Justicia en un acto que excedía manifiestamente su competencia.

No menor trascendencia tuvo el decreto de Cortes de 7.9.1837, sancionado y publicado por Real decreto del 16, conforme al cual

se declaran subsistentes en todo su vigor, por ahora, como leyes y hasta que las que se dieren determinen otra cosa, todas las disposiciones contenidas en el título quinto de la constitución de 1812 que no hayan sido derogadas o modificadas por la constitución de 1837.

A la vista salta que este Real decreto no es coherente con lo que venía haciéndose hasta entonces puesto que declaraba exactamente lo contrario. Porque si la política anterior consistía en rechazar el bloque normativo en su conjunto para ir aceptando las excepciones caso por caso, ahora se procedía de manera inversa, tal como había solicitado infructuosamente Gorosarri, e inesperadamente se admitía el bloque normativo (derivado del título V de la constitución) y las excepciones se referirían a lo expresamente rechazado. Aunque con un agravante de peso: las excepciones no se declararían de forma explícita sino que se producirían automáticamente por la simple incompatibilidad en la nueva constitución. Con lo cual se instalaba una gravísima inseguridad jurídica dado que cualquier autoridad podía advertir y declarar por su cuenta tal incompatibilidad con el riesgo cierto de que otra opinase lo contrario.

Todo lo anterior era muy lógico y estaba de acuerdo con lo que disponía el art. 4 de la constitución de 1837 («unos mismos códigos regirán en toda la monarquía»); pero así se pasaba por alto una cuestión que, aunque se pretendiera ocultar, no desaparecía, a saber, el fraccionamiento legislativo tradicional de España, que el liberalismo unitario tenía gran empeño en eliminar aunque subsistía tercamente. Esta tensión se vio claramente en la cuestión foral (resucitada con las promesas esparteristas de Vergara y ley paccionada de 1841); pero latía en todos los ámbitos incluso en los más cotidianos y sencillos. Como advirtió Armendáriz en la sesión de 29.3.1937, «con relación a la organización social de Navarra indicaré el cuidado que deben tener los señores de la comisión cuando se trata de aplicar este artículo a aquel país. En él es tan distinta la legislación que no hay una sola ley, por ejemplo, sobre sucesión, sobre testamentos, que se parezca a las que rigen en general el resto de las provincias. Yo no me opongo al artículo presente en cuanto a que no rijan en aquel país los códigos cuando se hagan en la forma anunciada».

* * *

3. TRABAJO PARLAMENTARIO

Comisiones parlamentarias.– Iniciativa externa.– Interpelaciones.– Cargos parlamentarios.– Horario y calendario de sesiones.– Inasistencias. Votación: falta de quórum.– Abstenciones.– Licencias.

La tarea ordinaria de los diputados se desarrollaba en las sesiones del Congreso pero también en su participación en las comisiones y eventualmente en el desempeño de algún cargo (presidencia y secretarías que se elegían cada primero de mes).

Comisiones parlamentarias

Las comisiones parlamentarias eran una pieza clave en el funcionamiento del Congreso puesto que en ellas se preparaban los asuntos y se procedía a la redacción de los acuerdos. En los términos del artículo 84 del Reglamento, «para facilitar el curso y despacho de los negocios en que deben entender las Cortes, se nombrarán comisiones particulares que los examinen o instruyan hasta ponerlos en estado de resolución». La participación de sus miembros era igualmente decisiva ya que, además de los trabajos que realizaban en el seno de la comisión, podían intervenir luego en las deliberaciones defendiendo (hablando «en pro») los dictámenes que habían presentado.

Junto a las comisiones «ordinarias», reglamentariamente previstas, se fueron creando sobre la marcha otras muchas de carácter «especial» para tratar asuntos singulares; de la misma manera que también era frecuente que se encomendase alguna cuestión a varias de ellas, que la estudiaban conjunta o separadamente. Además, en ocasiones se ordenaba que dos –e incluso tres– se reunieran de manera conjunta cuando se trataba de cuestiones que afectaban a ambas (por ejemplo –esto era muy corriente– Guerra y Hacienda).

Las sesiones de las comisiones eran abiertas en el sentido de que cualquier diputado, invitado o no, podía participar en ellas (art. 90 del Reglamento); aunque no era práctica extendida puesto que todos tenían demasiadas cosas que hacer en las comisiones a las que ya pertenecían. En la sesión del 17.12.1836 como Domenech protestara por la inactividad de la comisión extraordinaria de guerra, que sólo se había reunido tres veces desde su constitución hacía ya casi dos meses, Sancho, que era miembro de la misma, le invitó a que se acercase a ella y propusiera las ideas que tuviere por convenientes. Fórmula que por cierto no convenció mucho a Pedro Gil, pues denunció entonces que él había presentado ya veinte sugerencias y que la comisión sólo se había pronunciado sobre una.

Las comisiones se reunían ordinariamente por la noche, después de los plenarios, en alguno de los despachos del Palacio de las Cortes, muy poco confortables por lo demás: fríos, incómodos y mal iluminados. Circunstancias que empujaban a sus miembros a buscarse otros lugares, por lo común en la casa de alguno de sus miembros, que tuviese mejores condiciones. De ello hay frecuentes testimonios y, a título de ejemplo, valga lo que se reflejó en el debate de 31.3.1837, cuando se reprochó a Álvaro el no haber asistido a algunas sesiones de la comisión de Hacienda. A cuyo propósito replicó el interesado que «ha dicho el sr. Burriel que yo no había asistido a la comisión de Hacienda. S.S. me permitirá que le diga que he asistido algunas veces (...) Avisado para la siguiente conferencia en el lugar de sus sesiones, tuvo la comisión por conveniente celebrar aquélla en la posada del ministro de Hacienda. Y yo como diputado de la nación no he creído que debía ir a la posada de S.S. a cumplir con mis deberes. Las comisiones de las Cortes tienen su local aquí (aplausos) y a él deben concurrir los ministros cuando se les llamen, pero no los diputados a la posada de éstos.» A lo que contestó con no menos energía Alejos Burriel: «Los individuos de la comisión de Hacienda no se avergüenzan de ir, si es menester, tanto al cuarto del sr. ministro como al de S.M. si merecieran esa honra, y a cualquier parte, aun a la casa del más humilde español, cuando se trata de perfeccionar cualquier trabajo que redactan en bien del país».

Las incidencias de este tipo eran, no obstante, insólitas porque los diputados procuraban cuando podían huir de las lóbregas instalaciones del «Palacio» de las Cortes. El día 20.10.1837 precisaba Joaquín Ferrer que «algunas veces por la comodidad de los señores diputados se han reunido en mi casa las comisiones de Hacienda y Crédito público y algunas otras».

Al hilo de lo que se está diciendo puede recordarse aquí que las reuniones «privadas» de diputados no tenían lugar solamente con motivo de las comisiones parlamentarias ya que –en palabras de Ferrer de 16.6.1837también «los diputados se reunían en elevado número en casas particulares para discutir la destitución de ciertos ministros» y otros temas importantes. A lo largo de este libro veremos múltiples ejemplos de este tipo de reuniones «preparatorias» (por no decir «conspiratorias») en las casas de Ferrer, Mendizábal, Caballero y Ferro Montaos. A este propósito vale la pena recordar las palabras de Argüelles el 12.10.1836: «El otro día leí en un periódico francés que traigo aquí que se decía que en casa del diputado Argüelles se habían reunido 72 diputados y habían acordado quitar la Regencia a S.M. la Reina Gobernadora y nombrar una Regencia compuesta de cinco diputados (...) Esto se ha publicado en París ¿y por qué? Porque en Madrid una impostura de esta especie hubiera excitado la risa general pues todo el mundo sabe que a 72 diputados con dificultad hubiera podido yo darles sillas en mi cuarto».

Había en todo caso un trámite previo, a saber: decidir a qué comisión se enviaba el asunto. En este punto tenían los diputados una terquedad inagotable y no dudaban en emplear más tiempo en este incidente que en el debate propiamente dicho. Huelga decir, no obstante, que en ocasiones la determinación de la comisión competente prejuzgaba el dictamen cuando los miembros de ésta tenían una intención política conocida. Como huelga también subrayar el cuidado con que la Mesa (dominada por la mayoría) nombraba a los miembros de las comisiones entre individuos de su confianza y, además, los cambiaba sin contemplaciones si no les habían salido bien los pronósticos.

El grado de politización de las comisiones quedó descarnadamente al descubierto en la sesión del 8.7.1837 cuando Olózaga denunció que «la comisión extraordinaria de guerra se formó en los primeros días de la reunión del Congreso sin el conocimiento de las personas y, sobre todo, sin conocimiento del partido político a que habían de pertenecer. Los individuos de la comisión que pertenecen a la mayoría de las Cortes creían que los medios adoptados por el Gobierno eran bastantes y por lo tanto nada tenían que proponer y los que éramos la minoría nada podíamos proponer. Por consiguiente esta comisión para nada podía servir». En lo que abundó luego Pedro Gil: «Convengo en todo lo que ha dicho el sr. Olózaga menos en una cosa y es que las comisiones se forman de todos los partidos y de la oposición. Podrá ser esto en el modo de pensar de S.S. En el mío no».

La politización de las comisiones fue denunciada también por Burgos (IV, 258), un autor que tenía experiencia suficiente e informaciones de primera mano para saber cómo funcionaba por dentro el mecanismo parlamentario: «Mientras el Ministerio rehusaba las explicaciones cuando tenía el más ligero pretexto para cohonestar su negativa, o se fingía dispuesto a darlas cuando temía no poder eludirlas, la Mesa, representante de la mayoría, ora difería dar cuenta de las mociones hostiles, ora embargaba o sofocaba las discusiones que adquirían este carácter, ora componía las comisiones de manera que la oposición no estuviera representada en ellas. Para llegar a este resultado se hacía alternar la presidencia entre los Acuñas, Heros, Becerra, Argüelles, Sancho y demás amigos del Ministerio. El mayor riesgo que éste corría en último evento era que no le fueran favorables los dictámenes de las comisiones y en tal caso o se detenía el examen tres o cuatro semanas a pretexto de otros negocios más urgentes o se desechaban».

A veces, sin embargo, no funcionaban estos mecanismos de control y la minoría se infiltraba en alguna comisión importante con el resultado de que se terminaban presentando dos dictámenes contrarios: uno de la mayoría y otro de la minoría. De hecho, los mayores quebraderos de cabeza le vinieron a Mendizábal de los dictámenes de las comisiones de Hacienda y de Cuentas, en las que el prestigio hacendístico de hombres de la oposición, como Álvaro o Núñez, imponían la presentación de dictámenes extremadamente críticos.

El mayor defecto de este sistema de trabajo era el de los retrasos. Porque si a veces las comisiones evacuaban su dictamen en uno o en pocos días (y aun horas, lo que no dejaba de ser escandaloso), otras veces se eternizaban con desesperación de los diputados que tenían interés en un final rápido. Pero no olvidemos que la causa de tales atascos no era de ordinario debida a la escasa laboriosidad de sus miembros, como recordó Sancho en la sesión de 18.12.1836: «Una persona no puede estar en dos partes. Digo esto porque da la casualidad de que el sr. Olózaga y yo pertenecemos a la comisión extraordinaria de guerra y a la de reforma de la constitución a la que hemos tenido que concurrir muchas veces y por ello no se ha podido adelantar más». En lo que abundaría justo un mes después Almonací (el 19.1.1837): «Si hay treinta y tantas comisiones, estamos repartidos varios individuos en muchas de ellas, pues hay señor diputado que tiene tres, hay quien tiene cuatro y hasta quien tiene cinco. Esto hace que, teniendo que asistir a una comisión, no pueda trabajar en las demás (...) Es público que están dedicados al trabajo de día y de noche; con la nieve y con el temporal que ha habido, hemos venido todos a trabajar por las noches. Si no hacemos más, es porque no podemos». Y en la misma sesión Ayllón apuntó a otra causa concurrente: «(los retrasos) pueden depender en gran parte del trastorno y dislocación por el paso de unos individuos a otras comisiones y renovación de muchos».

El resultado inmediato del trabajo de las comisiones era un dictamen, aprobado por unanimidad o con algún voto particular, que pasaba a debatirse en el Congreso y que en todo caso era defendido por algún miembro de la comisión, que hablaba en nombre de ésta. El dictamen, por lo común, se aprobaba o desaprobaba en bloque; pero también cabía devolverlo a la comisión para nuevo estudio y a veces a lo largo del debate se introducían algunas modificaciones, pero siempre con la anuencia de la comisión.

La forma de redacción de los dictámenes no estaba regulada en el Reglamento, pero Gómez Becerra, perfecto conocedor de las prácticas parlamentarias, se cuidó de ilustrar a sus compañeros sobre este punto en la sesión de 18.12.1836: «Un dictamen de comisión debe estar concebido en tales términos que un simple sí de las Cortes se convierta en una ley, decreto o resolución de las mismas. Por consiguiente, deben venir en términos positivos y explícitos en los cuales se vea no cuál puede ser o sería su opinión, sino cuál es». De hecho, sin embargo, no todos los dictámenes se ajustaban a este patrón ideal.

Iniciativa externa

Las Cortes deliberaban por un estímulo, bien sea interno (proposiciones de los diputados) o externo (proyectos gubernamentales, ciertamente escasos, y escritos de órganos oficiales, de corporaciones o de individuos: trátese de peticiones, denuncias, informaciones o exposiciones en general). Posibilidad esta última que provocaba una congestión de trabajo y la explicable tendencia de las Cortes a no admitir tales iniciativas.

La memoria de Gómez Becerra sirvió para recordar las consecuencias de ocuparse de todos los asuntos que se presentasen: «En el año 22, el día en que se cerraron las Cortes extraordinarias quedaron pendientes más de tres mil expedientes y lo mismo había sucedido en las anteriores. No obstante del cuidado que se le debe a todo ciudadano, no nos ocupemos en asuntos que no son de nuestra atribución, pues se puede hacer por medios más sencillos, diciendo que pasen al Gobierno, que acaso con una simple orden desagraviará el interesado» (o de sepultarlos en un archivo, añadimos nosotros con mayor sinceridad).

La iniciativa externa se expresaba de ordinario a través de exposiciones, que llegaron a ser numerosísimas. Así se titulaban oficialmente, pero ni en la forma ni en su contenido se distinguían sensiblemente de otros escritos que se titulaban solicitudes (500 aproximadamente), instancias (250) y peticiones (50). En total unos 2.000 escritos que agobiaron al Congreso. Ello no obstante, era una forma eficaz de colaboración social e institucional con las Cortes, que así demostraban ser accesibles al pueblo. Ahora bien, ¿qué se ganaba con esta apertura? Porque lo importante no era que se recibiesen las exposiciones sino que se despachasen, y esto ya era raro salvo que vinieran bien recomendadas. Además, la amplitud temática de los asuntos planteaba el problema de sus relaciones con el Ejecutivo y el Judicial.

La abundancia de exposiciones se agravaba por la presencia de muchas que se entregaban anónimas. Pero ¿qué hacer con ellas? En la sesión de 29.12.1836 presentó Llanos una proposición solicitando que no se admitiesen las que no estuvieran auténticamente firmadas. Una proposición de imposible cumplimiento, pues eso hubiera supuesto, como alertó Caballero, poner puertas al campo, dado que, según explicó Salvá, «si diariamente se reciben veinte o más exposiciones por correo, es imposible averiguar la certeza de la firma».

Ni que decir tiene, por otra parte, que la atención que dedicaban las Cortes a estos asuntos dependía de ordinario de la fuerza de sus patrocinadores parlamentarios. De esta inevitable situación se lamentaba Sancho el 11.2.1837: «Hay muchos infelices solicitantes que se presentan revestidos con los títulos más solemnes, que son acreedores a las mayores recompensas y que por carecer de una persona que hable a favor suyo nada consiguen».

Interpelaciones

Las interpelaciones directas eran el instrumento más incisivo de ataque al Ministerio y la oposición tendía a usar y abusar de ellas, aunque siempre protestando cortésmente de que su intención no era el ataque político sino la ilustración sobre algún punto de interés general.

El Eco del Comercio de 30.12.1836 hizo una pequeña historia de esta figura y de su problemática, que vale la pena recordar: «En la última legislatura fueron medios de ataque al Ministerio improvisadas muchas veces en el momento de hacerlas e imposibilitando a los ministros, y dándoles pie por esto mismo, a no contestarlas: razón por la cual se miraron ya como perjudiciales y no, como deben ser, medios para ilustrar a los diputados. En la presente legislatura se ha adelantado más: se empezaron las interpelaciones anunciándolas con varios días de anticipación, y al paso que se dio tiempo al Gobierno para reunir los datos necesarios y prepararse para satisfacerlas, se quitó la excusa que más de una vez las había dejado sin contestación. Contestaba el ministro respectivo, hacía algunas observaciones el diputado interpelante y los demás que lo oían tenían que guardar silencio porque el reglamento no autorizaba para entrar en discusión y se perdía el fruto de las interpelaciones». Pero el 31 de marzo del año siguiente (1837) el mismo periódico emitía sobre ellas un juicio desfavorable entendiendo que eran inútiles en razón de su generalidad y afirmando, además, que «no es constitucional exigir un poder a otro cuenta de todos sus pasos en cierto tiempo. Nosotros no sabemos que se haya dado ejemplar en ningún gobierno representativo. Semejante práctica, si se estableciera, rebajaría el prestigio del Gobierno».

La ausencia de trámites preestablecidos para la regulación de las interpelaciones producía no poca inseguridad en la práctica y por esta razón Gómez Becerra, con buen sentido, hizo una proposición relativa a regularizar la discusión de las interpelaciones al Gobierno, que dio origen a un dictamen de la comisión de legislación de fecha 14.1.1837, que se concretó luego en otro de 14.6.1837 en que se contenía ya el siguiente texto articulado:

1.º Cuando un diputado quiera hacer al Ministerio alguna interpelación a fin de que dé explicaciones sobre asuntos graves de interés público, presentará proposición escrita en que lo manifieste, expresando con claridad la materia y el objeto de la interpelación y pidiendo que las Cortes acuerden la concurrencia del ministro o del secretario del Despacho a cuyo departamento corresponda el negocio. 4.º Si contestare abiertamente a la interpelación se concederá el uso de la palabra a los diputados que la pidan, mientras las Cortes no declaren el punto suficientemente discutido. 5.º Pero si el ministro o el secretario respectivo manifestare que no puede contestar sin inconveniente y perjuicio para la causa pública, quedará con esto terminado el asunto por entonces.

La posibilidad de que en el curso de una interpelación intervinieren otros diputados distintos del que la había pedido y expuesto cambió radicalmente el alcance de este trámite, pues cortó en seco la práctica habitual de que el ministro interpelado se escurriese con cualquier disculpa trivial. A partir de esta modificación procedimental ya no pudo acudirse a esta burla puesto que los compañeros del interpelante se lanzaban contra el ministro acorralándole y obligándole a contestar con congruencia. Aunque también es verdad que por ese medio podía también llegarse demasiado lejos hasta desvirtuar por completo la fórmula, de tal manera que lo que empezaba como una interpelación aparentemente anodina podía convertirse en una auténtica moción de censura.

Cargos parlamentarios

A continuación se ofrece una lista de los diputados que ocuparon los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de acuerdo con las elecciones que se celebraban el día primero de cada mes.

Para el mes de octubre de 1836: Presidente (de edad) Alvaro Gómez Becerra.

Para el mes de noviembre de 1836 (elegidos el 21 de octubre): Presidente, Álvaro Gómez Becerra. Vicepresidente, Antonio González. Secretarios, Luján, Huelves, Fernández Baeza y Salvá.

Para el mes de diciembre de 1836: Presidente, Antonio González. Vicepresidente, conde de Almodóvar. Secretario, Fernández Baeza.

Para el mes de enero de 1837: Presidente, Joaquín María Ferrer. Vicepresidente, Olózaga. Secretario, Vallejo.

Para el mes de febrero de 1837: Presidente, Zumalacárregui. Vicepresidente, Salvato. Secretario, Ferro Montaos.

Para el mes de marzo de 1837: Presidente, Salvato. Vicepresidente, Acuña. Secretario, Laborda.

Para el mes de abril de 1837: Presidente, Acuña. Vicepresidente, Martín de los Heros. Secretario, Onís.

Para el mes de mayo de 1837: Presidente, Heros. Vicepresidente, Fernández de los Ríos. Secretario, Roda.

Para el mes de junio de 1837: Presidente, Argüelles. Vicepresidente, Venegas. Secretario, Feliz.

Para el mes de julio de 1837: Presidente, Sancho. Vicepresidente, Calderón de la Barca. Secretario, Pascual.

Para el mes de agosto de 1837: Presidente, Calderón de la Barca. Vicepresidente, Martínez de Velasco. Secretario, García Blanco.

Para el mes de septiembre de 1837: Presidente, Seoane. Vicepresidente, Muguiro. Secretario, Pardo Osorio.

Para el mes de octubre de 1837: Presidente, Muguiro. Vicepresidente, Cantero. Secretario, Caballero.

Para el mes de noviembre de 1837: Presidente, López. Vicepresidente, Pedrajas. Secretario, Preto y Neto.

Los cargos, como se ve, recaían siempre en diputados de prestigio y, por supuesto, de la mayoría (salvo Díez). Había incluso una especie de cursus honorum puesto que de la vicepresidencia solía pasarse a la presidencia (Antonio González, Salvato, Acuña, Heros, Calderón de la Barca y Muguiro). Y también estaba claro que las presidencias de los meses más importantes se reservaban para los políticos más esclarecidos: Gómez Becerra para el mes de la apertura, López para el de clausura y Argüelles para darle la oportunidad de entregar a la Reina Gobernadora la constitución recién aprobada.

Horario y calendario de sesiones

Duro oficio era el de los diputados en las Cortes constituyentes: con sesiones diarias, sin domingos ni fiestas de guardar, en invierno y en verano, con nieves y calores, varias horas diarias sentados en bancos duros en un salón más que frío en invierno y tórrido en verano, ocupadas de ordinario las tardes y las noches en comisiones instaladas en locales inhóspitos, oscuros y con mesas desvencijadas. El Palacio de las Cortes era un magnífico escenario para las grandes solemnidades, pero incómodo en las tareas cotidianas, con una «sala de columnas» sin asientos y un «locus de desahogo» fétido. Para hacerse oír desde el banco o la tribuna había que alzar mucho la voz y no todos estaban en condiciones físicas de hacerlo, sin contar los murmullos de los compañeros y los gritos del público en las tribunas y el ruido del constante entrar y salir. Todo ello sin cobrar un real, de tal manera que los diputados de provincias tenían que abandonar sus ocupaciones, correr los peligros del viaje y pagarse una posada en Madrid. Esto, al menos, se lo ahorraban los residentes en la capital; pero a cambio tenían que simultanear su trabajo habitual con el parlamentario, lo que resultaba penoso.

¿Y cuál era la recompensa de tan esforzados varones? Unos seguían la vocación política de arreglar el país y aun de salvar a la Patria, otros realizaban negocios grandes o pequeños al abrigo de sus influencias, algunos hacían carrera pública pues del parlamento saltaban a una subsecretaría y conservaban indefinidamente el protagonismo en el gobierno o en la oposición; casi todos satisfacían su libido de poder y todos afirmaban su posición social que se agrandaba especialmente desde la perspectiva provinciana, pues eran los intercesores y padrinos de las masas de pedigüeños, cesantes y hambrientos de pan y de justicia, con cuyo agradecimiento posterior contaban. En último extremo estaban convencidos de que eran ellos quienes escribían la historia de España. Un oficio afamado, sin duda, pero cuya dureza no podían todos soportar aunque se aliviaba con frecuentes licencias y abusivas inasistencias e impuntualidades. Cierto es que para quienes formaban parte de comisiones y asistían permanentemente a las sesiones el trabajo era extenuante; pero las ausencias y los retrasos eran escandalosos y exasperaban a los presidentes; siendo inútiles también los repetidos ajustes de horarios.

Al lector moderno lo primero que llama la atención es el rigor del calendario parlamentario, que incluía inexorablemente domingos y días festivos. El día 23.12.1836 se hizo, con todo, una excepción al declararse festivos los días 25 de diciembre y uno de enero; pero lo reducido de estas vacaciones era la mejor prueba del rigor habitual.

En la sesión del 27 de abril se aprobó sobre la marcha una proposición de varios diputados que alteraba el calendario siquiera fuese por uno solo día:

Con motivo de ser el día de hoy el cumpleaños de S.M. la Reina Gobernadora, pedimos a las Cortes se suspenda en este día la discusión de los negocios ordinarios hasta concluir la del Proyecto de la Constitución.

Pero ¿era una razón justificada o un pretexto de chiquillos para hacer novillos?

Las sesiones se abrían reglamentariamente a las 10 de la mañana; pero de hecho empezaban mucho más tarde según se anotaba fielmente cada día en el acta. Para superar esta contradicción presentó Antonio González el día 2 de diciembre (1836) la siguiente proposición:

Pido a las Cortes se sirvan modificar el art. 68 del reglamento interior, que fija la hora de las diez para abrir las sesiones, sustituyendo en su lugar la de las once.

Lo que justificó de la siguiente manera: «Se presenta con objeto de evitar en lo posible toda incomodidad a los señores diputados, por la hora intempestiva de las diez, y que hasta ahora no se ha observado. Sin embargo que la constitución previene que las sesiones se hayan de abrir a las diez, también dice que se dé principio a ellas en primeros de marzo, tiempo de primavera. Y se trata, además, de que las comisiones tengan tiempo de reunirse y adelantar sus trabajos». Pero Gómez Becerra fue más allá por entender que si de lo que se trataba era de ajustar el horario oficial a la realidad, más valía llegar a las últimas consecuencias y no quedarse a medio camino. A tal efecto propuso las doce del mediodía recordando que «en la anterior época constitucional y aun en las últimas legislaturas de la presente, sin embargo de haberse señalado las once, nunca se abrían hasta por lo menos las doce».

Y, en fin, de nuevo González: «La costumbre de alimentarse en Madrid es la hora de las dos y ésta creo que sea también la de la mayor parte de los señores diputados que han venido de provincias. Y creo que SS.SS. habrán observado que algunos de estos señores, ya sea por costumbre o por constitución y quebrantada salud, no pueden resistir sin alimentarse hasta la hora de las cuatro, teniendo por esta razón que privarse de una parte de las sesión».

Al terminar se señaló la hora de las doce para abrir las sesiones sin perjuicio de que así no salían las cuentas que acababa de hacer Antonio González. Porque si algunos diputados se retiraban poco antes de las dos para ir a comer, apenas si sesionaban hora y media y los bancos permanecían medio vacíos. En definitiva, al concluir el año 1836 la jornada habitual era de 12 a 16 sin interrupción para el almuerzo.

Finalizaba el invierno, mas el letargo parlamentario no acababa, con gran desesperación de los diputados más laboriosos y responsables. Éstas fueron las lamentaciones de González Alonso: «El Reglamento señala la hora de las diez del día para abrir las sesiones; y yo siento mucho decir a las Cortes que preparado desde las once (y pudiera estarlo desde las diez) me es doloroso no estar en mi casa despachando otros asuntos y venir aquí a perder el tiempo paseando en la sala de columnas porque la sesión no se abre hasta cerca de la una. Nosotros hemos venido aquí a sacrificarnos y a sacrificar nuestro tiempo, y es preciso que lo aprovechemos porque debemos considerarnos más ilustrados que los demás españoles. Por lo mismo, yo reclamo de la energía del sr. presidente que ponga un coto a la indulgencia que se tiene con los sres. diputados permitiendo que vengan tan tarde».

Caballero, no obstante su trabajo periodístico, se tenía por uno de los diputados más cumplidores, lo que no evitaba el tono resignado de su punto de vista: «El Congreso ha visto muy bien que no soy de los que faltan a las sesiones a la primera y a la última hora; que la mayor parte de los días soy el que digo al sr. presidente cuándo hay cincuenta diputados para abrirse la sesión; y si las Cortes acuerdan que dure ésta diez horas, sabré cumplir con la Patria y llenar mi deber como los demás. Señalóse la hora de las doce para empezar la sesión, relajando la que fijaba el reglamento, porque se ha visto prácticamente que a las diez, según el giro que han tomado las costumbres en el día, es casi imposible que haya número suficiente de diputados para empezar; dificultad que se aumenta al reflexionar que para tratar de la constitución se necesitan 130 diputados». La alusión a los 50 diputados viene del art. 70 del Reglamento de las Cortes:

Para abrir la sesión bastará que se hallen presentes en la sala 50 individuos. Este número bastará para acordar las resoluciones sobre negocios que no sean formación de ley, pues para esto se requiere el número que señala la constitución.

Como en el Congreso abundaban diputados puntuales irritados por la relajación horaria, no faltaron otros comentarios críticos en la sesión del 25 de abril (1837). Así Vila (25.4.1837): «Las Cortes están experimentando ahora los efectos de haber variado la hora de empezar las sesiones. Hay un número considerable de diputados que tienen muchos negocios a que atender: se dice que los que no puedan asistir se vayan a sus casas (...) Estas circunstancias hacen que les perjudique el empezar la sesión a las diez, lo que no sucedería si se empezase a las doce». Y Alejos Burriel: «Yo no sé que ningún diputado deba asistir a su oficina o empleo antes que al despacho de las obligaciones de diputado. La primera obligación debe ser la que supone el cargo de representante de la nación. El empezar las sesiones a las 10 es conforme al Reglamento. Si consideraciones del rigor del invierno y otras nos obligaron a variar aquella hora y señalar las doce, yo creo que ya no se está en este caso. En el Estamento último se esperaba un cuarto de hora sobre la señalada y no habiendo reunido en aquel tiempo suficiente número de diputados, no había sesión. Todos sabemos que nunca se pasaron cinco minutos después del cuarto de hora sin que la sesión se abriese. No sé que haya más motivos ahora que entonces para no ser exactos». Y por último González Alonso: «cuando estaba señalada la hora de las doce se venía a la una y ahora que se ha citado a las diez se viene a las once».

Los meses iban pasando y si los fríos invernales, con sus catarros y reumatismos, aminoraban la asistencia de los diputados, posteriormente los calores del verano producían los mismos efectos, puesto que resultaban muy penosas las reuniones del mediodía en un ambiente tórrido más propicio a la siesta que a las discusiones parlamentarias, y en los bancos por muy duro que fuese el asiento resultaba muy fácil adormilarse. García Blanco fue el primero que se decidió a abordar la situación con la siguiente propuesta que fue aprobada sin excesivas resistencias:

Pido a las Cortes se sirvan acordar que mientras dure lo riguroso de la estación presente no haya sesión los domingos.

Una idea que disgustó a Vicens: «La proposición que se acaba de leer es tanto más extraña cuanto sabemos todos la multitud de asuntos importantísimos que hay pendientes. Además, yo no sé por qué el autor de la proposición se ha fijado precisamente en los domingos o días festivos. Pues qué, ¿acaso hace en ellos más calor que en los días de trabajo?».

Pero el diputado sevillano supo contestarle con su acostumbrado gracejo: «Si los asuntos que nos esperan son graves, también el calor se va agravando cada vez más y qué se yo qué será más grave. Por esto he pedido un día de descanso. Y he pedido el domingo, no porque los domingos haga más calor que los demás días de la semana, sino porque como me propuse señalar uno para descansar y refrescar cada seis días, fijé el domingo, que de inmemorial ha sido entre nosotros el día de descanso; así como pude fijar el lunes por ser día de toros, o el martes en honra y gloria de San Antonio o cualquiera otro día de la semana, que nunca hubiera faltado razón de congruencia en que apoyarlo».

Y de notar es que a este mismo diputado se debe un curioso «elogio de la calma» pronunciado el 25.4.1837: «Ha dicho S.S. que debemos trabajar día y noche o tota die sine hora. Esta idea creo haberla oído repetir ya alguna vez en este recinto y es menester desvanecerla hasta cierto punto. Para mí la ocupación o empleo de legislar debe mirarse bajo el mismo punto de vista que el alimento. No consiste en tragar mucho el alimentarse bien para engordar sino en la calidad de los alimentos, en el régimen con que se usen y en la buena digestión. Otro tanto sucede en las funciones mentales; y así, no está todo en dar muchas leyes y de prisa, en discutir y votar mucho sin acierto, sino en discutirlo bien, en pesar y meditar bien lo más conveniente y útil al bienestar de la nación. Lo que importa es que hagamos cosa buena; que lo bueno siempre llega bien; y si es malo, mientras más tarde, mejor». No debió ser una casualidad que esta intervención de García Blanco tuviera lugar en el mes de abril, en el que los diputados, que ya no pasaban tanto frío, se habían mostrado singularmente laboriosos. Concretamente, el día 9 de aquel mes duró la sesión desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y ocupó 36 páginas del Diario: siete horas ininterrumpidas, oficialmente sin comer ni beber, sentados en bancos de madera. Es improbable que muchos aguantasen sin tomarse algún descanso aunque sólo fuera para estirar las piernas en el salón de columnas o con ocasión de alguna visita al locus de desahogo. En el Diario de Sesiones no se hace ninguna referencia a si se fumaba o no durante las sesiones.

La somnolencia pesaba como una losa sobre el Palacio del Congreso y de poco servían los constantes acicates de los presidentes. Valga de ejemplo este de 25 de julio: «Tengo que hacer un encargo a los señores diputados. Los más de los días no se puede abrir la sesión ni aun a las doce; hoy se ha tenido que abrir a las doce y veinte minutos. Advierto esto porque luego hay prisa de irse en razón de ser tarde. Mañana suplico a los señores diputados que vengan más temprano».

Los retrasos no eran, por desgracia, solamente un achaque veraniego sino un defecto permanente de la vida parlamentaria. Ya hemos visto antes que se había retrasado el comienzo de las sesiones precisamente para facilitar la puntualidad, pero nada se consiguió con ello. Se llegaba tarde porque las 10 era una hora demasiado temprana; y se siguió llegando tarde cuando se señalaron las doce. Y ni que decir tiene que no se recuperó la puntualidad cuando, por agobios de la lentitud de las tramitaciones, se volvió en abril al horario reglamentario de las diez de la mañana. Sobre la falta de puntualidad se insistió mucho a lo largo de la legislatura.

Inasistencias

A la impuntualidad se añadía una inasistencia no menos escandalosa que sólo en parte estaba justificada por achaques de salud, como los que alegó Sancho en la sesión del 25.3.1837: «En la comisión de constitución hemos llegado a estar enfermos casi todos. Tenemos en cama a los sres. González, Argüelles y Ferrer. El sr. Olózaga y yo hemos tenido que levantarnos de ella sólo para venir aquí. Todo el mundo sabe que reina una enfermedad en Madrid, por cuyos efectos hay una infinidad de diputados enfermos. Y si no vienen estando buenos, ¿quién ha de obligarles a ello? Aun cuando se tratara de excitarles, el que no quiera venir dirá que está enfermo y no saldrá de su casa. El resultado es que hace tres días que estamos discutiendo un asunto sin poder votarlo, y es menester que la nación sepa que es porque se hallan enfermos muchos diputados, para que no se crea que es por falta de cumplir con su obligación. Limitarse a discutir los artículos sin votarlos, no es adelantar».

El día 2 de agosto (1837) quiso remediar Madoz esta situación poniendo en vergüenza (por así decirlo) a los incumplidores mediante la siguiente proposición:

Pedimos a las Cortes que a la cabeza del Diario de sesiones se ponga la lista de los sres. diputados que están presentes en Madrid con expresión de los que hubiesen avisado hallarse enfermos;

que defendió seguidamente en estos términos: «Triste es el efecto que naturalmente ha debido producir en cada uno de los sres. diputados el ver que habiendo 150 en Madrid, no hayamos podido después de tres días reunirnos 121, número necesario para votar un artículo de una ley tan interesante como es la reforma del clero».

Al llegar el verano la situación se había agravado hasta extremos impensables. Desde luego habían desaparecido ya los catarros invernales aunque fueran sustituidos por los trastornos intestinales todavía más molestos, a los que se añadían otras causas justificativas: la atención a las faenas de recogida de la cosecha (para los numerosos agricultores), el miedo a la inminente aparición del ejército de Don Carlos en la Corte y, en fin, los escrúpulos de conciencia ante el debate y votaciones de leyes tan delicadas como la del arreglo del clero que se estaba discutiendo. A ello hizo alusión Ayllón el día 2 de agosto: «Sentada la obligación imprescindible en el diputado de asistir a todas las sesiones y todo el tiempo que dure cada una de ellas, así como la obligación de votar estando presente, yo creo que no hay disputa sobre que los sres. diputados que no han asistido a la votación han faltado a una obligación que les impone su cargo de diputado. Si alguno cree que grava su conciencia porque concurre a las Cortes a votar, abierta tiene la puerta para poner remedio a ese conflicto en que se halla: en su mano está renunciar al cargo de diputado». Y, en fin, Mon el 24 de septiembre: «Cuando se trata de asuntos de interés general para el país, desiertas están esas tribunas y aun lo están nuestros asientos; y si se trata de un asunto personal de un diputado o de un ministro que es llamado por cualquier motivo, las tribunas están llenas y parece que se ha presentado una grande cuestión». Y el presidente en la sesión de 25 de septiembre de 1837: «Debo recordar a los sres. diputados el deber que tienen de concurrir a las sesiones para que los asuntos que se discuten en ella no sufran retraso al tiempo de su resolución por falta de votantes. En otro modo me veré en la necesidad de proponer a las Cortes que se publiquen las listas de los señores que faltan». Y al cerrarla volvió a insistir en su ruego de que «se sirviesen concurrir a las sesiones para que no se diere el caso de no producir acuerdos los trabajos de las Cortes por falta de número suficiente de votos».

Votación: Falta de quórum

El Reglamento de las Cortes de 29.6.1821 se había ocupado con minuciosidad de las distintas variedades de votación y de sus trámites:

113. Las votaciones se podrán hacer de uno de los tres modos siguientes: 1. Por el acto de levantarse los que aprueben y quedar sentados los que reprueben; 2. Por la expresión individual de sí o no; 3. Por escrutinio. 114. La votación sobre los asuntos discutidos se hará por regla general por el primer método, a no ser que algún diputado pida que sea nominal (...) La que recaiga sobre elección o propuesta de personas se hará por escrutinio secreto. 122. Las votaciones en que no pida la constitución las dos terceras partes para su aprobación se verificará ésta por la mayoría absoluta de votos, esto es, la mitad más uno. (O en los términos del art. 139 de la constitución, «la votación se hará por pluralidad absoluta de votos; para proceder a ella será necesario que se hallen presentes a lo menos la mitad y uno más de la totalidad de los diputados que deban componer las Cortes»).

La impuntualidad retrasaba los debates y hacía perder el tiempo a los que llegaban a la hora. Las consecuencias de la inasistencia eran, sin embargo, aún peores puesto que los debates se empobrecían por falta de participantes y, sobre todo, imposibilitaban con frecuencia las votaciones por no llegar al quórum exigido. Con la advertencia, además, de que los defectos que se están comentando no afectaban sólo a los asuntos del despacho ordinario sino a las leyes más importantes y, lo que es más escandaloso, a la propia constitución, como se desprende de una anotación del Diario del día 25.4.1837:

Declarado discutido el art. 48 y no habiendo número suficiente de señores para votar, el sr. secretario, Vallejo, propuso para que las Cortes decidiesen si se suspendería la discusión de este punto hasta que hubiese mayor concurrencia.

A cuyo propósito insistió Alejos Burriel en que «las Cortes secundando los deseos de algunos señores diputados acordaron que se abriesen las sesiones a las 10 para que se emplearan tres horas en discutir la Constitución y quedase tiempo después para el despacho de los demás asuntos. Sensible es decirlo, pero toda vez que por falta de sres. diputados no se puede votar este artículo me parece que el Congreso se halla en el caso de acordar votación nominal para que se vea los señores que se hallan actualmente en la sesión». Resultaron 92.

Y en la misma sesión del 25 sucedió que a la hora de votar no había quórum por lo que terminó discutiéndose «qué sentido tiene leer o discutir sin votos y luego votar sin haber asistido a la lectura ni a la discusión».

A estas alturas de la Legislatura el Congreso vivía entre el desánimo y la resignación. El día 28 de agosto el presidente dirigió a la Cámara las siguientes palabras: «Habiendo algunos señores diputados en salones y pasillos y habiéndoles rogado que vinieran a la votación nominal, sé que no han querido concurrir. Si éste es o no medio de inutilizar los trabajos de las Cortes, yo lo dejo a la consideración de las mismas».

La lista de diputados que no asistieron a votación sin excusa suficiente, tal como se publicó el 7 de octubre (1837), no puede ser más ilustrativa puesto que faltaban casi la mitad de los diputados: Echevarría, Cano Manuel (padre), Diego Montoya, Tovar, Crespo Vélez, Somoza, Calatrava, Torrens y Miralda, Roviralta, Salvato, Soler, Valle, Moratín, Ceballos, León, Sequera, Cebrián, Serrano, Manuel Gómez, Fernández Baeza, Sosa, Bermúdez de Castro, Argumosa, Blake, Salamanca, Ligués, Argüelles Mier, Mata Vigil, Vereterra, Bárcena, Yagüe, Álvaro, Alcorisa, Monterde, Esteban Abad, Díez, Heros, Pita, González Allende, Francisco Álvarez, Alonso Cordero, Alsina, Camps y Ros, Casajús, Campos y Aviñó, Pedro Escalante, Cachurro, Ruiz Dávalos, Estorch, Esquivel, Flórez Estrada, Franco, José Gil, Juan Montoya, Mut, Maquiera, Miranda, Montañés, Martínez Falero, Otero, Olleros, Pérez de Meca, Reboul, Ruiz de Carrión, Sáenz Martínez.

La verdad es que entre las ausencias y las abstenciones el Congreso, sobre todo al fin de la Legislatura, se había convertido en una sombra de sí mismo y los diputados supervivientes sólo estaban pensando en regresar a su provincia para ocuparse de sus asuntos familiares y profesionales o, en su caso, preparar su candidatura para la reelección. Como resumía Sancho el día 17 de octubre (1837), «muchos días el presidente tiene que levantar la sesión antes de que se cumplan las cuatro horas, por no haber número suficiente de diputados para votar». Y esto lo decía quien tenía prestigio para hacerlo puesto que, como había recordado unos minutos antes, «he sido uno de los más constantes en la asistencia a las sesiones, y no he rehuido venir todos los días desde que se ha abierto esta legislatura. Dos solos días he faltado por haber estado enfermo y así se ve en que no hay ninguna votación nominal en que no se halle mi nombre».

Este comportamiento de impuntualidades, inasistencias, recortes de horarios y prisas frívolas ensombrecía el brillante escenario que se había preparado y empequeñecía la vibrante retórica de sus protagonistas que no se privaban de invocar cada día, viniera o no a cuento, las sagradas consignas de salvar a la Patria, hacer felices a los pueblos y atender a sus representados.

En contraste con las dilaciones provocadas por la desmesurada extensión de los debates con sus interminables discursos, sus digresiones y detención en cuestiones mínimas, así como con el deliberado bloqueo de las votaciones, a veces se apreciaba una auténtica prisa, no siempre justificada, por liquidar un asunto aunque no estuviese maduro. El mejor ejemplo fue el de la constitución porque a mediados de abril se produjo un cambio asombroso en la actitud de los diputados, que si antes habían gastado horas y días en precisar una palabra y el lugar de una coma, de repente abreviaron y aun prescindieron de los debates y aprobaron sin discusión y por unanimidad artículo tras artículo. Sencillamente se habían cansado y con absoluta dejación de sus responsabilidades no pensaban sino en terminar de una vez.

Así lo denunció con resignada amargura Vila el 27 de abril (1837): «Veo una ansiedad en las Cortes por dar hoy por concluida la constitución. Veo una impaciencia y un deseo de hallar el fin de esta importante obra. Mas ¿no es un deber nuestro el mirar con detención las grandes cuestiones que se han puesto a nuestro juicio? (...) ¿Quién pensara que en menos de dos horas se aprobasen nueve artículos constitucionales que envolvían cuestiones de la más alta importancia? Las diputaciones provinciales, las contribuciones, la fuerza militar: todo ha pasado como un relámpago y todo se ha aprobado esta mañana. ¿Qué explicaciones se han oído del estado de las provincias? ¿Qué discursos se han oído de sus diputados? (...) Yo veo que las Cortes se fatigan y no llevo esperanzas de que se resuelvan siquiera a guardar la decisión para otro día (...) Los pueblos sólo miran si hemos acertado, jamás preguntan el tiempo que hemos gastado en nuestro trabajo».

Abstenciones

La prohibición de abstenerse estaba regulada muy estrictamente en el art. 125 del Reglamento de Cortes:

Ningún diputado que esté presente en el acto mismo de votar podrá excusarse de hacerlo bajo ningún pretexto, así como no podrá votar aquel que tenga interés personal en el asunto de que se trate.

Si la ausencia de los diputados en las sesiones ya era lo suficientemente grave, mucho más había de serlo en las votaciones, que constantemente tenían que ser suspendidas, conforme ya se ha adelantado, por falta de quórum y con el agravante de que, cuando éste se alcanzaba, terminaban votando quienes por no haber estado presentes en las discusiones no estaban debidamente ilustrados.

A lo que hay que añadir la práctica de salirse deliberadamente del salón para no votar: abstención en sentido propio. En la sesión del 17.12.1836 hubo, por ejemplo, varias votaciones. En el acta se recogió que sólo en la primera había habido quórum mas no en las otras, ya que se habían ausentado varios diputados a la hora de votar. Lo que el acta relató con las inoportunas palabras de que «por la inesperada conducta de los señores diputados», considerando así que su salida era un comportamiento impropio. Se pidió entonces –y se obtuvo– la supresión de estas frases.

Pero el incidente dio pie a que varios de los que se habían salido explicaran por qué lo hicieron. Unos, como Olózaga, por razones de salud dado que «no me encontraba bien y había pedido permiso al presidente». Otros porque la formulación de la cuestión a decidir no estaba, a su juicio, debidamente planteada. Así Domenech: «Se ha dicho que me quedaba el arbitrio de votar afirmativa o negativamente, pero no se ha contestado al reparo que hice de que se tiranizaba a mi conciencia porque comprendiendo las dos partes del artículo extremos no conformes entre sí, y estando en el caso de votar sí o no, incurría en la contradicción de aprobar ideas que no están conformes con mi conciencia». Mientras que Álvaro alegó que «no debe extrañarse que uno se retire si no se cree bastante ilustrado para votar». Y, en fin, Caballero: «Viendo que no había la mayoría absoluta, creí que mi presencia aquí sería inútil pues no aumentaba ni disminuía el conflicto en que se hallaban las Cortes, porque no habiendo la mitad era indiferente que alguno se saliese o no». En definitiva, no resultaba tan fácil reprochar siempre a los que se ausentaban.

La discusión continuó, no obstante, al día siguiente con las intervenciones de Cabrera de Nevares y Domenech, diciendo el primero: «Yo fui uno de los que se salieron del salón y por mi decoro propio y por el carácter que represento, creo deber dar una satisfacción al Congreso de los motivos por los que me ausenté. En efecto, me ausenté para no votar, no por el trabajo, porque es bien sabido que soy uno de los últimos diputados que abandona la sala siempre (...) Manifesté al sr. presidente que me hallaba en una perplejidad que no me permitía votar (...) y en el reglamento actual no se permite abstenerse de votar».

Para superar la inflexibilidad reglamentaria –y evitar de paso la práctica que se está comentando– presentó Sosa el día 20.12 (1836) una proposición para que se concediese a los diputados la posibilidad de razonar su abstención, que dio lugar a un dictamen de fecha 4 de enero:

En cuanto a que se conceda a los diputados la facultad de abstenerse de votar o la de fundar su voto, la comisión entiende que si se permitiese a los diputados el abstenerse de votar, podía resultar que quedasen sin solución los puntos de mayor interés y trascendencia o al menos que la resolución fuese obra de un corto número de diputados; lo cual sería de malas consecuencias. Y por lo que hace a la facultad de fundar su voto los diputados, opina la comisión que equivaldría a que se abriese de nuevo la discusión, resultando cierta especie de inconsecuencia entre lo acordado ya por las Cortes sobre que el punto se hallaba ya suficientemente discutido y admitir después nuevos fundamentos, dándose también margen a largos entorpecimientos.

A este respecto la posición de Armendáriz no pudo ser más contundente: «Si se admitiese que un diputado pudiera abstenerse de votar, resultaría que se inutilizarían muchas discusiones porque estando determinado por la constitución que han de concurrir a las votaciones la mitad más uno de los diputados, se tocaría la dificultad de no haber suficiente número en algunas. Si no hubiese tal precisión, como sucedía en tiempo del Estatuto, podrían abstenerse de votar los que lo tuviesen por conveniente. En cuanto a fundar su voto, a nadie se oculta que concediéndose esta facultad, el amor propio haría que los diputados se extendiesen a pronunciar discursos que pasasen de los términos que se les designasen».

Al final de esta discusión, se aprobó el dictamen y las cosas, por tanto, siguieron como estaban o probablemente peor puesto que cada vez se generalizó más la corruptela de salirse del salón para evitar la formación de quórum suficiente.

Conforme pasaban los meses la situación se deterioraba cada vez más y buena parte de los diputados ya no prestaban la debida atención a las votaciones, ni siquiera a las discusiones, y preferían bloquear los resultados con sus ausencias y abstenciones. Otros estaban, por el contrario, indignados y sugerían medidas de corrección; pero nada conseguían porque el reglamento no daba suficiente margen de actuación al presidente. Todo esto se vio bien en la sesión de 9.7.1837 en la que empezó Vázquez Parga: «Yo desearía que se rectificase la votación o, por mejor decir, que se repitiese. Ahora vengo de la sala de desahogo, a donde fui después de haber dado mi voto, y he visto a varios señores diputados. Yo suplico al sr. presidente que se sirva llamarlos por medio de uno de los porteros y repetir luego la votación». A lo que contestó el interpelado: «El presidente no puede obligar a los diputados que están fuera a que entren. Se les ha avisado previamente que se iba a votar y sin embargo no todos han entrado. Se ha leído la lista de los señores que han votado y de ella aparece no haber número suficiente. Por tanto, yo esperaré a que haya más número para proceder de nuevo a la votación de este negocio».

Siguió luego la discusión de otro asunto y, suspendida ésta para repetirse la votación que había quedado pendiente por falta del número de diputados, al proceder a ella insistió Vázquez Parga en que «noto que se van saliendo algunos señores para no asistir a la votación y yo desearía que se pusiese un remedio o se hicieran constar los nombres de los señores que se ausentan». Petición apoyada por Gil de Orduña: «Yo también pido que conste quiénes son los que se van y faltan a sus deberes, olvidando el objeto principal a que venimos los diputados, que es el de votar las leyes que puedan ser conducentes al bien del país». La votación, no obstante, volvió a frustrarse por falta de asistentes.

En algunas ocasiones la discusión no se refería solamente al eventual derecho de no votar o de abstenerse sino que afectaba a algo mucho más grave: la honestidad parlamentaria. Porque es el caso que a veces el Diario de Sesiones relataba auténticas picardías que asombra tuvieran lugar en lo que tan pomposamente denominaban «el templo de las leyes», que por lo que sucedió el día 18.4.1837 estaba ocupado por mercaderes que se merecían su expulsión. En este día se anota, en efecto, que

declarado discutido el punto, se procedió a la votación y habiendo duda, se contó el número de sres. diputados, resultando 55 en pie (o sea, favorables) y 56 sentados. Enseguida se leyó el artículo del reglamento, en el cual se previene que siendo en estos casos la diferencia de tres votos, se ratifique la votación, pero sin pasar a esta ratificación por haberse concluido las cuatro horas de sesión, se preguntó si ésta se prorrogaba una más y habiendo también duda se contó igualmente el número de señores resultando 67 de pie y 48 sentados».

Una anomalía que comentó así resignadamente Olózaga: «Un hecho involuntario ha venido a decidir de antemano una cuestión que se iba a suscitar, que es, si se podía o no ratificar una votación si el asunto se consideraba de gravedad; pero ahora no puede hacerse ya, porque han entrado o salido algunos señores diputados y se ha variado su número. Antes fueron 56 y 55, total 111; y ahora son 67 y 48, total 115. Por consiguiente es imposible rectificar la votación».

Licencias

Otro factor que afectaba obviamente al trabajo de los diputados era el de las licencias, o sea, el relevo temporal legal de sus obligaciones parlamentarias que, a petición propia, se ceñía de ordinario a una de estas dos causas: o enfermedad personal (o de sus allegados) o la atención de asuntos privados debidamente justificados. En los términos del art. 51 del Reglamento de Cortes

Si algún diputado pidiese licencia para ausentarse deberá exponer por escrito los motivos y señalar el tiempo que necesite, lo que tomarán las Cortes en consideración para acordar lo que estimen conveniente. Art. 52: Debiendo existir siempre presentes en las sesiones para la formación de las leyes el número de diputados que exige la constitución, no se darán a lo más sino a la tercera parte del número excedente.

Nadie podía discutir la oportunidad de las licencias; pero sí, desde luego, su desmesurada proliferación.

La consecuencia de estos abusos se manifestaba en los bancos, que cada vez clareaban más, y en el desinterés de los diputados tanto por las discusiones como por las votaciones. Y aunque se propusieron algunos remedios, todos resultaron ineficaces puesto que no era una cuestión de reglamento sino de ética parlamentaria o, si se quiere, de cansancio y desánimo.

Estas ausencias justificadas eran en buena parte el precio que había que pagar por unos períodos legislativos tan dilatados. Porque cuando se trataba de tres o cuatro meses era fácil abandonar el domicilio sin demasiados sacrificios, pero desatender los negocios propios durante más de un año era ya un esfuerzo que no todos los diputados de provincia podían soportar. Así lo admitió sensatamente Pascual: «Las Cortes actuales no tienen el carácter de aquellas para las que se formó el Reglamento. Ése suponía las Cortes ordinarias, las Cortes que duraban tres meses y a lo más cuatro por la facultad que tenía de prorrogarlas la Corona».

Tal como estaban las cosas –bordeando siempre el límite del quórum–, resultaba evidente que había que restringir al máximo las licencias, puesto que era preciso contar con las inasistencias fácticas añadidas que estaban rompiendo cotidianamente dicho límite; pero por otra parte no era menos claro que tampoco podía establecerse una rígida prohibición general de concesiones, puesto que con ella se perjudicaría a peticionarios cargados de razón. Éstos fueron los argumentos de Fontán: «El reglamento fija ese número de diputados que pueden estar con licencia porque cuando se estableció tenían dietas. En el día hay muchas causas que pueden influir en que los diputados tengan que irse a sus casas: unos no podrán hacer más sacrificios pecuniarios, otros tendrán que verificarlo por su salud. Por consiguiente, este artículo no es aplicable a las actuales circunstancias (...) Hay señores diputados –precisó seguidamente– que se hallan aquí desde la primera Junta preparatoria, y que éstos pueden muy bien hallarse en el caso de tener que pedir en lo sucesivo licencia para recobrar su salud o por otros justos motivos, y no será razón que se les cierre absolutamente la puerta, como se propone. Por otro lado, conozco que si se continúan concediendo licencias, puede llegar el caso en que estas Cortes tengan que disolverse o suspender sus sesiones por falta del número que se requiere por el reglamento».

En resumidas cuentas, era innegable que el exceso de licencias suponía una abuso que podía llegar hasta a paralizar el normal funcionamiento de las Cortes; pero parecía irreal extremar el rigor y más cuando se trataba de un cargo gratuito.

* * *

4. EL DIPUTADO Y EL ESCAÑO

Elecciones.– Verificación de poderes y toma de posesión.– Renuncias y revocación de poderes.– Discursos parlamentarios.– Verborrea parlamentaria.– Susceptibilidad.– Solidaridad territorial.– Independencia: gratuidad del cargo.

Elecciones

No hubo problemas oficiales en las elecciones a las Cortes constituyentes que, al parecer, se desarrollaron limpiamente o, al menos y en todo caso, no se elevaron denuncias serias una vez que estuvieron formalmente constituidas aquéllas. Sí hubo, en cambio, discusión sobre ciertas elecciones parciales convocadas por causa de sustituciones o renuncias, como sucedió en Oviedo en mayo de 1837, sobre las que dictaminó la comisión de poderes el 23 de aquel mes.

La impresión general que se obtiene de aquellas elecciones generales es la de desinterés. Los acontecimientos revolucionarios provinciales del verano de 1836 tenían que desestimular necesariamente al electorado moderado y más aún con un Ministerio progresista militante; sin olvidar que se trataba de la tercera convocatoria dentro del mismo año. En estas condiciones no podía haber entusiasmo ni entre los electores ni entre los candidatos. Más adelante se constataría en el Congreso que, como ya sabemos, la falta de participación en las deliberaciones fue notable, generalizadas las ausencias, frecuentes las renuncias y escandaloso el absentismo en las votaciones.

En el prudente juicio de Natividad Araque (119), «estas elecciones quedaron oscurecidas por los problemas derivados de la adaptación a la nueva situación política y de la guerra civil, por lo que pasaron prácticamente desapercibidas. No se puede hablar propiamente de campaña electoral, ni candidatos ni organización de los partidos políticos. No obstante, en algunas provincias, como Barcelona, se celebraron reuniones de electores en la época previa a la elección. El periódico exaltado El Corsario (manifestó) que los electores dieron sus votos a los candidatos sin tener conocimiento de sus antecedentes y de sus opiniones».

El Ministerio Calatrava, siguiendo la costumbre, exhortó a los jefes políticos y demás autoridades para que se abstuvieran de influir en los electores. Pero todos entendieron que se trataba de un gesto retórico y actuaron con más o menos descaro a favor del Gobierno. En cualquier caso, no se distinguieron por un fraude escandaloso y la participación fue alta.

Verificación de poderes y toma de posesión

Pasaremos de puntillas sobre la verificación de poderes porque esta cuestión fue realmente poco importante y ha sido estudiada minuciosamente por Fernández-Miranda (1984, pp. 212-219). Únicamente vale la pena destacar que los días 19 y 20 de octubre de 1836 se discutieron en un ambiente nada tenso los poderes de Gorosarri, Álvaro, Sancho y Salvá, que fueron aceptados sin dificultad y los de García Camba, Feijóo Ríos, Palarea, Díez Gil y Pérez de Meca que fueron anulados, aunque algunos resultaron reelegidos posteriormente.

Lo que resultó notable, en cambio, fueron los significativos retrasos en muchas tomas de posesión debidos en parte a la abundancia de sustituciones y en parte también a la dificultad y riesgos de trasladarse a la capital, dado que muchos caminos estaban interceptados por la facción y en cualquier caso los viajes eran siempre lentos. Ilustra bien lo que se está diciendo la lista de tomas de posesión durante el año 1837, es decir, considerando como normales las presentaciones del año 1836:

Enero: De los Ríos, Feliú, Ferrer y Garcés, Franquet, Ligués, Montes, Posse, Santonja, Sarabia y Viadera.

Febrero: Abargues, Alcalá Zamora, Franco, López de Santaella, Moure, Reboul y Vereterra.

Marzo: Bezares, Espinosa de los Monteros, García Flores, López Pedrajas, Mira, Morente, Sáenz, Soler y Valdeguerrero.

Abril: Álvarez Pestaña, Bardají, Corona, Manuel Gómez y Juan Pérez.

Mayo: Benítez de Castro, Buch y Matheu.

Junio: Busto

Julio: Bárcena y Salamanca

Setiembre: Vicente Bertrán de Lis y Espartero.

El 13.11.1836 habían señalado las Cortes un plazo de diez días para presentarse personalmente o para expresar una razón legítima que lo impidiera. El 19 del mes siguiente resolvió el Congreso recordar a los diputados la necesidad de su presentación «a la mayor brevedad» o expresar terminantemente si aceptaban o no el mandato. Corriendo ya adelantado el mes de enero de 1937 y constatando el elevado número de diputados que todavía no habían acudido, el día 26 se propuso darles un nuevo e improrrogable plazo de un mes. Lo que no fue del gusto de la mayoría como puede comprobarse en el Diario de Sesiones de aquel día. El 6.3.1837, agotada ya la paciencia, se acordó llevar a cabo la exoneración anunciada, disponiendo al mismo tiempo que se llamase a los suplentes.

Aun así fueron recibidos algunos diputados por las circunstancias excepcionales que habían padecido, como sucedió con Bardají Balanzat, diputado de Baleares, al que los vientos contrarios no habían permitido alcanzar las costas peninsulares y a Matheu se le toleró un retraso justificado por enfermedad acreditada.

En cualquier caso, lo que llama la atención es la manifiesta falta de entusiasmo de buena parte de los diputados a la hora de incorporarse a sus tareas parlamentarias. ¿Por qué se presentaron entonces a las elecciones? Los obstáculos que en esta discusión salieron a relucir –riesgo de los viajes, falta de dietas, desatención forzosa de sus asuntos privados– eran conocidos de antemano y asumidos por el mero hecho de haberse presentado como candidatos. Pues si ésta era la frialdad de los representantes de la nación, resultaba todavía más explicable la de sus electores y nada digamos de la indiferencia de la inmensa mayoría de la población que no podía participar siquiera en el juego electoral. No parece, pues, temerario presumir que el interés político era patrimonio de una minoría reducida, a la que la nación –agobiada por las contribuciones y por los desastres de la guerra civil– daba la espalda, según testimoniaban sin vacilar los viajeros como Barrow y también los autores de costumbres. Ahora bien, como la minoría politizada era la que hablaba en las Cortes y escribía en la prensa, los testimonios que se conservan nos dan la falsa impresión de un ambiente entusiasta, de cuya existencia hay motivos para dudar.

El Eco del Comercio informó el 23.20.1836 que «los diputados asistieron con traje negro, pantalón y bota, no obstante lo que el reglamento dice del traje de ceremonia. El traje de maragato del sr. Cordero con su almilla y calzonazos de fina tela y pechera bordada hace muy buen contraste entre los enviados del pueblo. Lástima que el sr. Burgueño haya abandonado su traje provincial, que tanto le honró el año pasado (...) A las señoras se las mantiene en la posesión en que estaban de asistir a las tribunas de las Cortes». Y por lo que se refiere al mobiliario añadía: «los antiguos bancos ministeriales, negros o azules, se han tornado del color carmesí que tienen todos, porque en el sistema felizmente restablecido al cabo de dos alzamientos (sic) no hay banco peculiar de la Corona sino que los ministros se sientan mezclados con los elegidos del pueblo». Práctica que desapareció pronto puesto que con el posterior reglamento en las Cortes de 1841 ya había reaparecido el «banco negro» para uso exclusivo de los ministros.

El caso de Juan Antonio Escalante, diputado por Málaga, merece una relación especial habida cuenta de su singularidad dado que en septiembre de 1837 todavía no había podido tomar posesión al hallarse preso en Cartagena por orden del ministro de la Guerra. Escalante había sido comandante general de aquella provincia durante los movimientos revolucionarios del verano de 1836 y su conducta, exacerbadamente radical, había sido muy controvertida por considerarle implicado en el asesinato de Donadío. Camino de Madrid fue detenido y enviado al arsenal de Cartagena en espera de un consejo de guerra que al cabo de más de un año todavía no se había formalizado. Al fin escribió un folleto en su defensa y se dirigió a las Cortes para que aclararan de una vez su irregular situación. El Congreso aprobó el 11 de septiembre un dictamen en el que se pueden leer párrafos tan significativos como los siguientes:

la comisión cree que hubiere sido conveniente y aun necesario que en su origen se hubiera cortado esta causa, echando al olvido acontecimientos inevitables en la situación extraordinaria en que se encontraba parte de la Península y cuyo desenvolvimiento no puede conducir sino a crear disgustos, odios y sus discordias que aún pueden renacer según las circunstancias.

Teniendo en cuenta todo ello, así como la existencia de una posterior ley de amnistía

la comisión se atreve a proponer a las Cortes se sirvan acordar (...) que podrá darse por terminado el asunto.

Renuncias y revocación de poderes

1. La falta de atractivo del mandato parlamentario se confirmó por las numerosas renuncias y exoneraciones que en aquella legislatura tuvieron lugar: unas debidas ciertamente a razones de salud, pero la mayoría fueron voluntarias alegando los interesados que necesitaban su tiempo para atender sus propios negocios.

Desde el punto de vista constitucional, la cosa no estaba clara ni mucho menos, pues el silencio del texto gaditano admitía toda clase de interpretaciones y nada decía tampoco a este respecto el Reglamento interior de las Cortes de 24 de junio de 1821. Gómez Becerra, por ejemplo, lo entendía como una prohibición de ejercicio, mientras que Roda explicaba que la ausencia de retribución (que en 1812 existía) justificaba este derecho. Y si el primero exigía que al menos mediara la alegación de una causa, el segundo argumentaba que tal precaución era inútil «porque algunos habían alegado sus ocupaciones y todos las tienen» (sesión de 10.1.1837).

Para hacernos una idea de la importancia de esta cuestión, se transcribe seguidamente una lista cronológica de renuncias y exoneraciones:

Año de 1836

19.10: José Jalón y Jalón, de Palencia, luego fallecido.

13.11: José María Carrasco, de Almería; José María Casasola, de Málaga; Antonio Cebrián, de Barcelona; Miguel Corbacho Valdés, de Sevilla; José Cuevas, de Ciudad Real; Juan Antonio Escalante, de Málaga; Manuel Feijóo y Rius, de Orense; Ramón María Flórez, de Pontevedra.

23.11: Luis Sanon, de Lérida; Felipe de Soto Posada, de Oviedo; Antonio Villaplana, de Alicante; Antonio Zuria, de Cáceres; Vicente Álvarez Robledo, de Orense.

24.11: Agustín Rodríguez Bahamonde, de Pontevedra; Antonio Rubio, de Pontevedra.

28.11: Joaquín García Domenech, de Castellón; García Varela, de La Coruña; Joaquín Gómez, de Ciudad Real; José María Goyeneche Guevara, de Navarra; Francisco de Paula Larcovia, de Murcia; Conde Espoz y Mina (fallecido); Manuel Noriega y Cortia, de Oviedo; Joaquín Ortiz de Velasco, de Zaragoza; Bernardino Pereira, de Orense.

5.12: José Francisco Pedralbes, de Barcelona.

7.12: Antonio María Zurita, de Cádiz.

13.12: Antonio Rubin, de Pontevedra; Jerónimo Angulo, de Cádiz; Wenceslao Ayguals, de Castellón; Luis Amor, de Lérida.

18.12: Antonio Puigblanch, de Barcelona.

Año de 1837:

10.2: José María Casasola, de Málaga; Rafael Pedro de Villacaballos, de Córdoba.

21.2: Miguel Corbacho Valdés, de Sevilla.

22.2: Jerónimo Angulo y Dávila, de Jerez.

26.2: Manuel Corbacho, de Sevilla; Felipe Soto Posada, de Oviedo.

27.2: Jerónimo Valdés, de Oviedo.

2.3: Estanislao Ron, de Oviedo.

22.4: Bruno Bolaños, de Huelva; Manuel Noriega y Cortina, de Oviedo; Joaquín Ortiz de Velasco, de Zaragoza; Antonio Tahonero Pizarro, de Ávila

25.4: José Bordíu y Góngora, de Almería; Bartolomé Borrás, de Palma de Mallorca; Pedro José Carazo, de Málaga.

11.7: José Carazo, de Málaga.

El caso de Manuel Bertrán de Lis merece una referencia más detenida. El 9.3.1837 presentó su renuncia este diputado valenciano de ideas radicales que, dentro y fuera de las Cortes, se había distinguido siempre por su activismo revolucionario sin perjuicio de su condición de capitalista fuerte. En 1823 había tenido ya una destacada actuación con motivo del traslado de las Cortes de Madrid a Sevilla, y luego a Cádiz, al que se opuso con energía. Pero la renuncia que ahora presentaba no era sólo notable por la personalidad del interesado sino por los motivos que alegaba, que suponían una crítica total a la actuación de las Cortes constituyentes, que comparaba –o que era continuación directa– con la desarrollada por las Cortes de 1823, para él tan desgraciada:

Me he confirmado –decía– en la actual época en que son las mismas causas las que han conducido la nación al triste, deplorable estado en que se encuentra, sin que sean útiles para su remedio los sacrificios que pueda hacer un diputado leal y honrado, permaneciendo en su puesto (...) Ni pude desconocer entonces, ni desconozco ahora, que siendo unos mismos hombres los influyentes en la dirección de los negocios públicos en ambas épocas, y no dando muestras de prestarse a abandonar sus errores, que si condujeron entonces a la Patria a un sacrificio, puede suceder lo mismo ahora, me considero en la necesidad de retirarme, haciendo dimisión de mi destino con el único fin de no ser un estéril espectador de sus desgracias.

Como puede imaginarse, este durísimo escrito sentó muy mal en el Congreso; pero, habida cuenta de la personalidad del renunciante y de las relaciones que mantenía con otros diputados y sobre todo con el Gobierno, se retrasó desmesuradamente la resolución hasta tal punto que la comisión de Poderes no dictaminó hasta varios meses después, el 14 de agosto, admitiendo la renuncia naturalmente, pero con una coletilla importante:

La comisión se abstiene de entrar en la calificación de las razones con que pretende justificar el sr. Bertrán de Lis la oportunidad de su renuncia, porque cree que no es la eficacia o ineficacia de ella la que debe servir de regla a la comisión para dar su dictamen; siendo, por consiguiente, tan inoportuno detenerse a rebatirlas como lo ha sido el querer apoyar la renuncia de que se trata en la extraña manifestación que hace al Congreso dicho señor diputado.

El día 25 se aprobó el dictamen sin discusión. Pero al día siguiente, el 26, propuso Gómez Becerra una adición al mismo ligeramente agravatoria en el estilo; la cual se aprobó el día 28.

La historia, sin embargo, no acabó aquí, puesto que inmediatamente presentó Manuel Bertrán de Lis un escrito manifestando su sorpresa por la circunstancia de que la adición se hubiese aprobado sin discusión alguna y sin aludir a las razones que habían acompañado a su renuncia. Por cuya razón pedía a las Cortes que se diese cuenta de su manifestación y que se insertase en el Diario de Sesiones, pues en otro caso se vería precisado a darle publicidad por medio de la prensa periódica.

La reacción de Gómez Becerra elevó aún más, si cabe, la tensión al declarar en la sesión del 6.9.1837 que «el contenido de ese oficio del sr. Bertrán de Lis es demasiado grave. Aquí hay una inculpación a las Cortes y una amenaza, y las Cortes, tratándose de una resolución suya, deben examinar con toda detención esto. Yo, interesado especialmente en ello, así se lo pido también, y puesto que el sr. Bertrán de Lis quiere que se hable de esto, yo también lo deseo y propongo que pase su exposición a la comisión». Y a ella pasó en efecto el asunto, que en los bancos sólo había encontrado una defensa en la palabra de Cabrera de Nevares.

Martín de los Heros, por su parte, propuso que pura y simplemente se declarara no haber lugar a deliberar habida cuenta de que el reclamante «ya no es diputado y, por consiguiente, no tiene parte ni intervención de ninguna especie en las Cortes (y) no es cosa de que una persona extraña venga pidiendo explicaciones de una proposición que ya está aprobada por el Congreso». Desechada la sugerencia de Martín de los Heros, pasó el asunto a la comisión de Poderes y ya no se volvió a oír más del mismo.

Otro caso significativo, aunque no tan sonado como el anterior, fue el de la renuncia del diputado madrileño, Argumosa, presentada en los últimos días de la Legislatura en un escrito del 29 de octubre (1837) del siguiente tenor:

En la sesión del día 27 último tuve que denunciar al Congreso el procedimiento injurioso que la diputación provincial de Valencia se había permitido contra un diputado de la nación en el desempeño de sus deberes, fiando la reparación de esta ofensa a las virtudes del Congreso a que tenía el honor de pertenecer; y como veo que, contra toda esperanza, ha pasado sin obtenerla más tiempo que el que podían exigir las consideraciones debidas a una diputación provincial, y más también que el que podía permitir el honor vulnerado de un diputado de la nación, he llegado ya a considerar la conservación del honroso título como incompatible con mi pundonor. Renuncio por tanto a mi cargo de diputado.

La comisión de Legislación dictaminó con urgencia el siguiente día 31 haciendo notar que

la diputación provincial de Valencia se permite un lenguaje tan impropio de una corporación de su clase, como indecorosa y ofensiva, no sólo para el sr. Argumosa sino también para la comisión de Instrucción pública, contrario por lo mismo a la consideración debida al carácter de los diputados y a las garantías que defienden su inviolabilidad (...) Opina la comisión que se devuelva a la diputación provincial de Valencia el oficio que envió, manifestando que el Congreso ha visto con mucho desagrado que la misma diputación haya prescindido en este caso de lo que se debe a sí misma y de las consideraciones debidas a las Cortes, a sus comisiones y a los diputados representantes de la nación: y en cuanto a la renuncia del sr. Argumosa, que no debe tener efecto por ahora.

2. Los poderes de representación parlamentaria, según estamos viendo, podían ser renunciados por el interesado o anulados por las Cortes, con la consecuencia en ambos casos de la exoneración del cargo. Ahora bien, el 21.6.1837 sugirió Bertrán de Lis una tercera posibilidad –la revocación realizada por los propios mandantes– a través de la siguiente proposición:

Considerando que es de absoluta necesidad evitar la posibilidad de que los diputados de la nación puedan sucumbir ante los favores de los depositarios del poder y considerando ser indispensable, atenida la fragilidad humana, poner un dique que contenga las ambiciones innobles de los hombres y la necesidad de evitar en lo posible que puedan ser los elegidos del pueblo extraviados de su deber (propongo): 1.º Que los electores que han concurrido a la elección de diputados conserven el derecho de revocar los poderes de los diputados que hubiesen nombrado siempre que la conducta parlamentaria de éstos no satisfaga a sus comitentes.

Parece innecesario hacer constar que tal proposición fue rechazada, que era, por otra parte, una manifestación más de la radicalidad agresiva del firmante.

Discursos parlamentarios

El peso parlamentario de un diputado se medía por su trabajo en las comisiones, por su intervención en los debates y, más todavía, por los cargos para los que era elegido y, en fin, por sus discursos. El discurso era, por así decirlo, la vertiente externa del oficio, la que llegaba al público; mientras que la participación en las comisiones era la vertiente interna, la que no se traslucía fuera y más si se tiene en cuenta que no había constancia formal de quienes redactaban los dictámenes, aunque sí era significativo quién era el que se encargaba luego de defenderlos en el debate y de negociar eventualmente fórmulas de compromiso. La trascendencia política del trabajo en las comisiones era quizás incluso más intensa que la de los discursos, pero permanecía oculta por su carácter reservado. En la elección de los cargos se tenían en cuenta las relaciones con los «grupos» parlamentarios, pero siempre se escogían personalidades de relieve, que de esta forma coronaban su carrera y era importante también que tuvieran autoridad suficiente para superar los eventuales conflictos y ordenar eficazmente el curso de las intervenciones.

El peso parlamentario, por otra parte, no se correspondía exactamente con el peso político, puesto que en éste concurrían, además de aquél, otros factores, singularmente las conexiones con los prohombres políticos y también, naturalmente, las relaciones con Palacio, los militares, la Iglesia y con los demás grupos de presión. Por esta razón había diputados que pasaban casi desapercibidos en el Congreso pero que gozaban de gran relevancia política, que les aseguraba sillones ministeriales, como Vadillo o Mata Vigil, al par que otros parlamentarios distinguidos carecían de influencia política perceptible. Lo ordinario era, con todo, que las actuaciones parlamentarias fueran la mejor recomendación para una carrera política posterior. En esta legislatura tal fue el caso de Olózaga, Castro y Madoz, cuyo meteórico futuro fue marcado por su brillantez parlamentaria en estos meses.

En el perfil de los ministros –como en el de los políticos en generalcontaban mucho sus activos oratorios, que fueron el fundamento, por ejemplo, del relamido Martínez de la Rosa (aunque éste retocaba tanto sus textos en la imprenta que no sabemos exactamente cómo se había expresado en realidad). Toreno era elegante en la forma y eficaz en el fondo. Pero los presidentes que les sucedieron no estuvieron a su altura en este punto. A Mendizábal se le reprochaba que hablaba mal: lo que perjudicó su carrera política posterior; si bien con el tiempo fue ganando mucho la opinión que de él se tenía como parlamentario y, además, era incansable. Mientras que Calatrava era efectivamente de palabra torpe y premiosa en sus argumentos, que por lo demás revelaban una franqueza sincera, entonces insólita. De Bardají nada puede comentarse puesto que fue parlamentariamente mudo.

Huelga decir, sin embargo, que los discursos no eran todo, puesto que también contaban otras actividades, como las interpelaciones, proposiciones y, más todavía, las intervenciones cotidianas a lo largo de los debates. Unos participaban mucho porque tenían cosas pertinentes que decir, o creían tenerlas, al paso que otros hablaban por hablar, por salir en los periódicos o por pura incontinencia verbal. La mayor parte no abría la boca por prudencia o por incapacidad, aunque no por eso renunciaban a votar, en lo que de ordinario seguían las instrucciones de su cabecilla: «mulas de reata» en la terminología de la época, que llevaban mansamente su voto a donde se les indicaba. Su contraste eran «los peones de brega», dispuestos siempre y en cualquier asunto que fuere a ayudar a su jefe en las dificultades. Mendizábal contaba a estos efectos con una cuadrilla excelente –y bien que la necesitaba– en la que destacaban Alejos Burriel, Armendáriz, Martín de los Heros y Argüelles. Algunos diputados eran infatigables y participaban en todos los debates con rasgos de hiperactividad: como Fontán, García Blanco, Gómez Acebo, Fernández Baeza y Rodríguez Leal. Otros, aun prodigándose, se reservaban para las grandes ocasiones, empeñados en decir siempre la última palabra. El más significado de este talante fue, sin duda, Argüelles y con él la generación de veteranos curtidos en la política y en el parlamento: Antonio González, Sancho, González Alonso y el nada engreído Sosa. Pero desde luego el que tenía mayor peso real, y bien merecido, era Gómez Becerra, al que acusaban de tosco, pero que resultaba casi siempre convincente. Y quienes no podían faltar nunca, en su condición de líderes de la oposición, eran Caballero y Álvaro. La recia personalidad de Olózaga se impuso pronto tanto en la Cámara como en las tribunas pues, aun sin ser un orador de primera, tenía un dominio escénico sobresaliente que no lograba disimular su soberbia desmedida y su egolatría patológica, por no hablar de su ambición política y falta de escrúpulos. En ausencia de Alcalá Galiano, el príncipe de los oradores fue López, el más respetado Argüelles y el que quizás ejerciera mayor influencia Sancho.

A continuación se transcribe una lista de los diputados con la anotación de los discursos que pronunciaron, que puede servir como una buena referencia sobre su vocación política y laboriosidad parlamentaria:

En una legislatura que no llegó a las 400 sesiones nótese que hubo varios diputados que pronunciaron más de 100 discursos: Caballero (156), García Blanco (103), González Alonso (160), Olózaga (162), Pascual (158) y Sancho que llegó a la asombrosa cifra de 247. Por lo demás, en las «fichas parlamentarias» que aparecen más adelante en este mismo capítulo, puede comprobarse que algunos diputados no llegaron a abrir la boca.

Recuérdese, no obstante, que el número de discursos era un índice que no se correspondía con la frecuencia de las intervenciones, puesto que algunos diputados, no destacados por sus discursos, participaban muy activamente en los debates, como Rodríguez Leal, Luján o Martínez de Velasco.

A este propósito hay un apunte muy interesante de Toreno en su discurso de 21.1.1835 en el que se pone de manifiesto la diferente situación en que podían encontrarse los oradores: «El papel de la oposición es mucho más fácil y agradable que el del Ministerio. Pueden los individuos de aquélla formar de pensado y muy despacio sus discursos, pronunciarlos aquí, recibir aplausos de sus amigos y tornar a su casa a descansar sin responsabilidad alguna y sólo puestos a preparar de nuevo y detenidamente otros ataques y embestidas. Y los ministros, ¿cuál será su suerte? Responder de repente en materias, muchas veces enojosas y arduas, a diversos oradores y a argumentos varios y populares».

Verborrea parlamentaria

Las discusiones parlamentarias eran un «espectáculo» social tan atractivo como las representaciones teatrales. Cuando se anunciaba la intervención de un orador famoso se llenaban las tribunas y el discurso, independientemente de su contenido político, era comentado en la prensa y en los cafés con el mismo apasionamiento que las corridas de toros y los estrenos dramáticos y operísticos. El Eco del Comercio de 14.1.1837 informaba, por ejemplo, que «anunciada para ayer una interpelación al Gobierno por el sr. Álvaro sobre las ocurrencias del general Alaix y el brigadier Narváez, las tribunas públicas y las reservadas se llenaron de gente». Los diputados, que tenían conciencia del interés popular que despertaban, alargaban sus intervenciones consumiendo inútilmente un tiempo escaso. La oratoria se convertía en verborrea y los debates no terminaban nunca con perjuicio de la causa pública y para desesperación de los escasos diputados que veían que la legislatura se les escapaba en alardes retóricos.

Hoy es fácil criticar las prácticas oratorias del romanticismo parlamentario del siglo XIX, pero no hay que olvidar que desde entonces han cambiado mucho tanto la cultura literaria como la política y en consecuencia el enjuiciamiento actual puede resultar incorrecto por anacrónico. Ahora bien, el propio Diario de Sesiones nos proporciona testimonios críticos de coetáneos que confirman la impresión que se recibe de la lectura de aquellos debates. Porque en las Cortes constituyentes de 1836-37 también participaban no sólo oradores brillantes o simplemente fatuos (aunque fueran la mayoría) sino también otros prudentes, sobrios, de pensamiento lúcido y discurso directo. De entre ellos valga el ejemplo de Cabrera de Nevares: un hombre culto que había dado clases en establecimientos docentes y universidades europeas y norteamericanas. Pues bien, el 8 de agosto de 1837 intentó este hombre acabar con estas malas costumbres presentando la siguiente proposición:

Que para que esta discusión no se prolongue demasiado se conceda a los oradores el uso de la palabra por espacio de un solo cuarto de hora para los discursos y de cinco minutos para la aclaración y rectificación de hechos o equivocaciones.

Proposición que justificó en los siguientes términos: «El Congreso ha oído repetidas veces discursos que han durado dos y tres horas y que si se hubiera exprimido la sustancia de ellos se pudiera haber dicho en diez minutos. Esto nos acostumbrará a un laconismo que tanto necesitamos. El orador que en un cuarto de hora no puede expresar desnudamente todas sus razones en pro o en contra de un asunto determinado, bien puede renunciar a la esperanza de persuadir a nadie con un difuso discurso de dos horas. Suficiente tiempo es el de quince minutos para dar las razones que a cada uno se le ofrezcan sin más que despojar los discursos de todo adorno inútil, de repeticiones fastidiosas, de citas inoportunas, de ampliaciones redundantes y de divagaciones pesadas y a veces impertinentes». La actitud de ese diputado era bien conocida y había dado pruebas de ello en reiteradas ocasiones. Así, el 27.4.1837 después de haber pronunciado un discurso deliberadamente breve, tal como había anunciado, y sobre todo sensato, coherente y bien expuesto, insistió en que «si yo quisiera ser más difuso, seguiría tal vez la costumbre (no muy digna de aprobación de las Cortes ni de la mía) de hacer un discurso extenso para emitir una simple idea que con muy pocas palabras ha sido ya bien entendida por el Congreso».

García Blanco –un orador de talante popular y aun dicharachero que utilizaba con desparpajo caricaturas, escarnios y cuantos recursos podían provocar risas y algazaras en las tribunas– había hecho también el 24.12.1836 una invocación a la sobriedad manifestando que no estaba dispuesto a seguir «la moda de pedir la venia introducida en el Congreso equivocándole con el foro» y que también renunciaba a «fundar su discurso (...) en la autoridad de los libros».

En el extremo opuesto de la verborrea no sólo estaba la sobriedad a que acaba de aludirse sino también el conceptismo representado por Gorosarri: un filósofo de altos vuelos, de oratoria inimitable e irrepetible, que cultivaba con pasión el epigrama y la sentencia (como hemos de comprobar en muchos lugares de esta obra), cuyas intenciones aparecen formuladas así en una intervención del 25.4.1837: «conviene abandonar el lenguaje impropio, conviene adoptar el lenguaje correcto (porque) las palabras, las ideas y las cosas están estrechamente enlazadas entre sí: las palabras conducen a las cosas».

La artificiosidad dominante se potenciaba por la tozudez de los congresistas, absolutamente común, como se manifiesta –por poner un ejemplo entre mil– en las palabras de Charco en la sesión del 21.1.1817, quien –según reza el Diario de Sesiones– declaró que «no retiraba el dictamen (y con ello obligaba a seguir discutiéndolo) porque cuando había dicho una cosa, no acostumbraba a decir otra».

El tiempo se malgastaba también en ocasiones por la frecuencia de discusiones provisionales por prematuras, como sucedía indefectiblemente si se presentaba una proposición o se levantaba una discusión cuando se estaba pensando ya en una ley general o esperando los presupuestos que harían automáticamente ocioso cuanto se estaba adelantando. Recordemos, por ejemplo, que el 25 de febrero (1837) se discutió prolijamente un dictamen sobre la carrera de médico cirujano del ejército cuando ya había anunciado Alcón que «el Gobierno se ocupa en la formación de un reglamento de sanidad general que vendrá a las Cortes para su aprobación». O en la advertencia de Lasaña: «Cuando se presentó la proposición que ha dado lugar al dictamen que se discute, creí yo que no se debía admitir y fundaba mi opinión en que habiéndose presentado a la deliberación del Congreso el dictamen sobre libertad de imprenta, parecía natural esperar a que aquella ley se aprobara». Pero en verdad que no resultaba fácil frenar la verborrea y afán de protagonismo de la mayor parte de aquellos diputados.

Y nada digamos del tiempo que se perdía ocupándose de minucias, como hemos de comprobar en repetidas ocasiones.

Sobre la pérdida constante de tiempo se insistía con frecuencia. Adelantemos ahora las palabras de Gómez Becerra el 20.12.1836: «Cuando era presidente dije un día a las Cortes que teníamos que responder a la nación del tiempo que se perdía; y el tiempo se pierde muchas veces no sólo por mezclar cuestiones inconexas con lo que se trata de resolver, no sólo por divagar sino por hacer que el Congreso se ocupe en cosas en que no debe ocuparse».

Nada se lograba, no obstante, con estas incesantes lamentaciones y denuncias porque se vivía una cultura verborrágica, como puede comprobarse abriendo cualquier libro sea de literatura o científico, de la época y las Cortes no podían escapar a esa moda. Era el tiempo de los «picos de oro», de la retórica hueca en que valían más las frases retumbantes que las ideas. El mejor orador de aquella Legislatura, el ídolo de las tribunas era Joaquín María López: sus discursos se leían en voz alta en los cafés y aun en las esquinas de la calle; pero al lector de hoy le cuesta mucho encontrar el grano dentro de aquellos deslumbrantes montones de paja. Si el inmenso volumen impreso del Diario de Sesiones se hubiese reducido a la tercera parte, no se habría perdido nada y todos hubiéramos ganado en tiempo y vista.

En la prensa se recogía con frecuencia el malestar producido por las pérdidas de tiempo causadas tanto por los excesos retóricos como por la nimiedad de ciertos asuntos que se debatían en perjuicio de las sesiones dedicadas a los verdaderamente importantes. Así lo resumía El Eco del Comercio de 19.1.1837: «Desde que principiaron las sesiones de las Cortes se difundió la idea de que se perdía mucho tiempo con la multitud de proposiciones que iban presentando los sres. diputados, queriendo los que así discurrían que sólo se discutiesen las de mayor importancia». Ya el mismo periódico el 6.11.1836 había analizado el hecho de las peticiones que, en principio, no deberían ser debatidas; pero unos días después, el 12, precisaba tal afirmación en los siguientes términos: «Las peticiones impertinentes deben tener la suerte que merecen, pero es menester tener mucho cuidado para no pasar de un extremo a otro, juzgando todas del mismo modo. Una de las grandes ventajas del gobierno representativo es que mantiene siempre vivo en los descontentos la esperanza de hallar remedio legal a los males reales o imaginarios que miran como existentes. Con tapar la boca no se convence a nadie; al paso que oyendo a cada uno y hablándose de su solicitud, si no se le convence, se le quita al menos el pretexto para una queja más amarga. El día en que se cerrase la puerta a las peticiones acabaría el prestigio de las Cortes y se quitaría una de las mejores garantías del orden público, quitándosela a la libertad». Sin olvidar, además, las polémicas que podrían ahorrarse si las comisiones, antes de evacuar el dictamen, se pusieran de acuerdo con el Gobierno para evitarse luego la oposición realizada por los diputados ministeriales.

En este panorama sorprende sobremanera leer alguna intervención en la que se manejaban argumentos técnicos, como en ésta de Caballero de 17.4.1837. Se estaba discutiendo la duración del cargo de senador y cada uno opinaba según su capricho cuando alzó la voz el diputado conquense: «Cuando he visto que la mayoría de las Cortes ha desechado la calidad de vitalicio de los senadores, no puedo creer que se apruebe el número de nueve años. Porque, bien considerado, nueve años de duración excede a la calidad de vitalicio. Yo me he acercado a examinar los datos estadísticos y las tablas de probabilidad, a calcular cuál será la edad media de 150 individuos desde la edad de 40 años en adelante. Tomando por tipo el estado de la población masculina y analizando cuál es la probabilidad de vida de cada una de estas individualidades, saco por consecuencia que tienen por término medio de vida estos 150 senadores menos de nueve años; y por consiguiente veo que, dándoles nueve años de duración, es más que si fueran vitalicios».

La oratoria era incompatible con la lectura. En la sesión de 16.12.1836 se anota que el presidente llamó la atención a un diputado «porque se puso a leer». Cuando era importante que se conociera un texto literalmente, el orador lo solicitaba del secretario y era éste quien lo leía, aunque no se recogía su contenido en el Diario.

Susceptibilidad

La susceptibilidad de los diputados era extrema. Se creían «aludidos» con frecuencia: lo que les autorizaba a rectificar en intervenciones posteriores que no terminaban nunca. Pero además se sentían personalmente ofendidos por cualquier expresión, provocándose constantes incidentes, verbalmente aparatosos aunque luego terminaran disculpándose sin mayores consecuencias.

Oigamos a Alcorisa en la sesión de 3.4.1837: «Dispuesto siempre a recibir consejos, aunque sean de un niño que apenas tenga razón, no estoy dispuesto a recibir palmetazos nunca, ni a que se califiquen mis intenciones ni a que se ataque la libertad de mis opiniones como diputado. Yo tengo derecho de presentar proposiciones al Congreso y tengo derecho hasta de decir disparates. La desgracia será mía en este último caso. Pero si bien el Congreso es dueño de decidir sobre mis proposiciones y de las doctrinas que yo vierta, no soy el que está dispuesto a recibir calificaciones poco ventajosas, ni aquí... ni en ninguna parte».

Estas actitudes, auténticamente jaques, llegaron, en ocasiones, a tener consecuencias extraparlamentarias, como el duelo entre Mendizábal e Istúriz en 1836 o el homérico desafío de toda la oficialidad de un regimiento madrileño, ofendida por un discurso de Seoane, que éste aceptó y que terminó con sangre. Pero los incidentes de tal gravedad fueron rarísimos y lo habitual, como se ha dicho, es que terminaran en disculpas y satisfacciones aceptadas.

En lo que importa insistir, a nuestros efectos, es en las complicaciones parlamentarias que con frecuencia provocaba la delicada susceptibilidad de algún diputado, como en el caso de Argumosa, que llegó a presentar el 24.10.1837 una proposición para defender su honor:

La comisión de instrucción tuvo el honor de presentar un dictamen en el que se proponía, de acuerdo con el Gobierno, la supresión gradual de algunas escuelas de medicina y entre ellas la de Valencia. La diputación provincial de esta ciudad, volviendo por su escuela de medicina, en una exposición que dirige a las Cortes, se permite un lenguaje altamente ofensivo a la dignidad de los diputados de la nación, pues dice que el discurso del sr. Argumosa en apoyo de esta medida fue tan fatal como tan insidiosamente premeditado, está lleno de suposiciones y de inexactitudes. Las Cortes conocen bien toda la gravedad y toda la trascendencia de estas frases y conocen también a qué grado de nulidad quedarían reducidas las garantías del diputado y la fuerza moral de la representación nacional, si hubieran de pasar en silencio censuras y calificaciones tan injuriosas y tan destructoras de la inviolabilidad, de la libertad moral, de la independencia y del concepto de integridad de los diputados.

A lo que añadió verbalmente: «¿Qué sería de la representación nacional? ¿A qué vendría a quedar reducida si así se tolerara, si así se transigiera con estos desacatos? ¿Qué sería de su dignidad? Porque sufrir hasta un extremo tal no es ya filosofía sino... otra cosa que no debo nombrar aquí. ¿A qué quedaría reducida la inviolabilidad de los diputados? La inviolabilidad sería no para ellos sino para sus detractores. ¿Qué sería desde entonces esa libertad moral tan necesaria en el diputado, si al proponer mejoras y reformas de interés general le ha de salir al paso y en actitud hostil el interés particular?». El incidente culminó con una tajante declaración del diputado seis días después (el 30) presentando su renuncia, tal como acaba de relatarse páginas más atrás.

El artículo 108 del Reglamento interior se había cuidado de regular este punto en los siguientes términos:

Si en la discusión se profiriese alguna expresión malsonante, ofensiva a algún diputado, éste podrá reclamar, luego que concluya el que la profirió, y si éste no satisface al Congreso o al diputado que se creyere ofendido, mandará el presidente que se escriba por un secretario y si hubiere tiempo se deliberará sobre ella aquel mismo día, y si no, se dejará para otra sesión, acordando las Cortes lo que estimen conveniente al decoro del Congreso y a la unión que debe reinar entre los diputados.

Veamos ahora un sumario repertorio, más o menos anecdótico, de incidentes de este tipo que con tanta frecuencia surgían, no ya sólo con extraños, sino entre los mismos diputados: En la sesión de 15.7.1837 tuvo lugar el siguiente diálogo: Alejos Burriel: «Yo no he podido menos de oír con disgusto al sr. Santaella». López de Santaella: «El disgusto con que me ha oído el sr. Burriel es para mí honroso pues quiero que sepan que nos separa una barrera eterna». Alejos Burriel: «S.S. es ministro del altar y del Dios de la caridad; yo el más indigno de la grey encomendada a su pastoral vigilancia».

En la sesión de 13.5.1837 pidió la palabra Charco y el presidente decidió: «No hay palabra». A lo que replicó el diputado: «Pero hay parcialidad». El presidente reclamó entonces por dos veces silencio, provocando la indignada reacción de Charco: «A mí no se me impone con justicia violencia de ninguna especie, y menos en voz de silencio».

En otro incidente que aparece en el Diario de Sesiones de 30 de junio (1837) Cabrera de Nevares insistía en usar de la palabra, que el presidente (Argüelles) le denegaba, insistiendo que «vuelvo a suplicar a V.S. que se siente»; pero el diputado –entre grandes murmullos– le contestó: «Yo no puedo callar ni sentarme: Usía me ha insultado».

En la sesión de 11.8.1837 aparece este otro. El presidente: «S.S. ha faltado al orden». Olózaga: «Aquí hay dos cosas muy distintas: una llamar al orador a la cuestión y otra llamar al orden. Se llama al orden cuando el diputado falta al Congreso, a una persona determinada o al público; y a esto ni ahora ni nunca creo yo haber dado lugar. A la cuestión se llama cuando los conocimientos profundos del sr. presidente, su larga práctica parlamentaria y su fino tacto le hacen descubrir que el orador se separa del punto que se discute» (Prolongados murmullos en los bancos de los sres. diputados escandalizados por el tono sarcástico empleado por el orador). El presidente (Calderón de la Barca): «Las Cortes han oído el modo con que ha sido tratado su presidente por el sr. Olózaga. Yo dejaré aparte y no contestaré a los sarcasmo y al encono con que ha tratado de concitar contra mí el odio del público suponiéndome capaz de parcialidad (...) Por lo demás, solo diré que yo no vengo aquí a adquirir aura popular y menos a hacer burla de nadie, cual ha sido lo que me ha hecho el sr. Olózaga sobre si tengo los talentos necesarios para juzgar acerca de los negocios». Por cierto que el incidente terminó con una reconciliación sellada solemnemente en la sesión del 15 de agosto de 1837 con estas palabras de Olózaga: «hace mucho tiempo que me honro con su amistad, he sido compañero suyo en la procuración de Madrid, hemos desempeñado juntos muchas comisiones y encargos y siempre ha reinado entre nosotros la mejor armonía. De ningún modo pudo caber en mí la idea de ofenderle (...) Deseo que estas explicaciones sean suficientres para satisfacer a las Cortes».

En la sesión de 15.8.1837 (a propósito de la ley de prensa) se vio forzado a declarar el presidente del Consejo de ministros que «yo creía que los ministros de la Corona tenían un derecho a ser tratados, si no con cortesía, a lo menos con justicia y acabo de ver el ejemplo de un señor diputado (Díez) que se ha creído dispensado de esto».

García Blanco en la sesión de 20.6.1837 se quejó de que «es particular, sr. presidente, que no me haya levantado una sola vez en que no haya tenido la desgracia de ser interrumpido bajo distintos pretextos. Cada uno tiene su manera de expresarse, y no es el primer discurso que ha durado hora y media sin que nadie haya reclamado, a pesar de que se trajeron cosas muy inconexas. Por consiguiente, estoy en el uso de la palabra y no hay derecho para privarme de él». La agresividad –y en su caso la gracia– de este diputado sevillano eran proverbiales y de ello hacía uso y gala viniera o no a cuento, como en un comentario de 4 de julio de 1837: «No entraré a argüir a la comisión por lo que ha dicho en otras ocasiones, porque ha sido tanto lo que hemos oído decir y desdecir, que ya no hay que hacerle caso».

A mediados de agosto de 1837 tuvieron González Alonso y Mata Vigil un fuerte encontronazo en el que no faltaron descalificaciones y adjetivos de tono subido. El día 21 advirtió el primero que «debo decir al sr. Mata Vigil que yo tengo delicadeza y educación y que no le diré que ha dicho una desvergüenza diciéndole una desvergüenza. Éste es el modo de conducirse los caballeros y yo exijo una satisfacción de S.S. aunque bien dada está al decir que no he dicho una desvergüenza cuando manifesté que no apostataba de mis principios aunque se hunda la Patria; y lo repito». Y añadió al día siguiente: «Presente está el sr. ministro de Hacienda, que lo fue antes de Gobernación, presente está, y recordará que en la única ocasión en que yo trataba de pedir la palabra y de dirigir mi humilde e insignificante voz respecto al Ministerio, le invité primero con una carta privada como un caballero para manifestarle que en mi concepto S.S. había errado, sin duda involuntariamente, y que esperaba enmendase el error, porque de otra manera me convertiría en enemigo suyo en el particular, a lo que S.S. tuvo la generosidad de contestar a la media hora».

El acontecimiento más sonado que a propósito de las susceptibilidades personales tuvo lugar es quizás el que ocurrió el 21.9.1837, vísperas del cierre de la Legislatura. Sucedió que con ocasión del ataque que estaba sufriendo Pita Pizarro como ministro de Hacienda (y que se relata en otro lugar de este libro) presentó García Blanco una proposición y a la hora de justificarla puso en entredicho a la comisión porque había retirado inopinadamente un dictamen; con cuyo motivo el diputado sevillano, arrastrado como de costumbre por la pasión, habló de «combinación» y de «sospechas». Posteriormente, alarmado quizás por el alcance que se estaba dando a sus palabras, intentó rectificar; pero ya era demasiado tarde porque los miembros de la comisión, seriamente ofendidos, no aceptaron sus explicaciones.

Empezó Antonio González: «Si el sr. García Blanco ha querido decir que había una connivencia (entre la comisión) con el ministro de Hacienda, ha hecho un agravio, una injusticia gravísima a la comisión y le ha hecho una calumnia que me apresuro a rechazar con todas mis fuerzas (...) Lo primero que miro es mi honor. Por conservarlo puro he sufrido mucho en mi patria y también fuera de ella, y haré por no perderlo siempre jamás. Así, pido a la Mesa que tenga la bondad de retirarme de una comisión a la que tan altamente se ha agraviado». Joaquín Ferrer, a continuación, aumentó el envite: «Si el Congreso no toma parte en el honor ofendido de una comisión, que tiene tanto derecho como cualquiera a que se le respete, yo desde ahora declaro que no solamente me retraeré de la comisión, sino que haré renuncia de mi cargo de diputado».

Cuando dos personalidades como las anteriores habían hablado así, era inevitable que los demás miembros de la comisión siguieran su ejemplo. Así lo hizo Alejos Burriel: «Adopto con respecto a mí lo que ha dicho el sr. González, es decir, que deseo que se me releve también de la comisión». Y Madoz: «Yo, como individuo de la comisión de Hacienda, declaro también que me retiro de ella».

Y para cerrar una lista de testimonios que podría resultar interminable, valgan las palabras de Vila en la sesión de 31.10.1836 quien se sintió herido por unas críticas de Sancho, que comentó así: «me es doloroso que, sin duda con el calor de la improvisación, haya soltado el sr. Sancho una expresión cual la de que si esta proposición se admitía era dar una patada al Trono. ¿El sr. diputado por Valencia ha tenido valor para usar esta palabra en el recinto de las Cortes españolas? Después que un diputado ha puesto en duda mi sinceridad y mi lealtad, no es fácil guardar la calma».

En esta atmósfera de permanente tensión psicológica destacan las prudentes palabras de Argüelles pronunciadas el 10.2.1837: «No debe impacientarse ningún diputado porque se vea impugnado en su doctrina, porque en materias opinables siempre se suelen presentar objeciones desagradables a pesar de la mucha cortesía que hay en las discusiones, de que es un modelo este Congreso». Y el mismo día, otro diputado de edad madura, Sancho, también insistió en esta línea de moderación y modestia: «Aquí no todos sabemos de todas las materias ni todos tenemos obligación de entender de todo. Las resoluciones de las Cortes, siempre sabias y conformes con las más sanas doctrinas, corrigen este defecto».

Solidaridad territorial

Sería un anacronismo hablar en las Cortes constituyentes de 1836-37 de grupos parlamentarios (en sentido moderno) puesto que, según se analiza con detalle en otro lugar, los partidos políticos no se habían consolidado todavía en aquella época. Pero sí había, en cambio, una cierta solidaridad territorial que afloraba esporádicamente cuando se debatía un asunto que afectaba a unas provincias determinadas. Así se vio cuando con ocasión de las expediciones de Don Carlos y de Zariátegui firmaron una proposición conjunta todos los diputados de Castilla la Vieja. Y en el debate sobre el corcho se alinearon sin fisuras los dos bloques de diputados extremeños por un lado y de catalanes por otro.

Por cierto que la importancia del «grupo extremeño» era notable y su peso quizás un tanto desproporcionado y no sólo en las Cortes. Como hizo notar El Eco del Comercio del día 23.10.1836, «habiendo en el Gobierno un presidente de Gabinete extremeño, otro ministro extremeño (Landero) y otros funcionarios y empleados de la misma provincia, se ha aumentado ahora el catálogo con el presidente (Gómez Becerra), vicepresidente y primer secretario de las Cortes, extremeños también; de suerte que Estado, Gracia y Justicia y Cortes están presididos o regentados por naturales de Extremadura».

En este panorama destacaban singularmente los diputados catalanes, atentos siempre a cuanto podía afectar a sus provincias y que eran, además, enormemente participativos. Fueron, desde luego, uno de los motores más activos de aquellas Cortes y no dejaban pasar una oportunidad para dejar constancia en cualquier asunto de su «catalanidad», aunque no siempre actuaban unánimes, ya que estaban divididos claramente en dos bloques. El más numeroso era sin duda el radical y en tal sentido solían votar con la oposición minoritaria. Su cabeza era Vila: un orador mediocre pero uno de los diputados más notables del Congreso por la agudeza y originalidad de su visión política.

Llamaba la atención, en cambio, la falta de solidaridad de los diputados andaluces, entre los que destacaba el gaditano Gorosarri, un filósofo político de oratoria inigualable, el hiperactivo Pascual, de fluidez romántica empalagosa y el clérigo hebraísta García Blanco. Personalidades andaluzas no faltaban, en efecto, pero se echaba de menos al príncipe de los oradores, Alcalá Galiano, y en lo que aquí interesa en ningún momento llegaron a actuar de manera conjunta, ni siquiera cuando a Andalucía llegaron las correrías de Gómez. También resultó sorprendente la falta de solidaridad de los diputados gallegos, dificultada en parte por la fuerte personalidad de Fontán: un hombre absolutamente independiente.

La realidad de este tipo de solidaridades no impedía un rechazo teórico de ellas, puesto que –como manifestó Olózaga en la sesión de 27.1.1837- «nosotros somos diputados por las provincias, pero ya aquí representamos a la nación». Y en términos más directos, Castro, unos días después (el 12.2.1837): «Desde el momento en que un diputado se sienta en el Congreso debe cesar toda su afección particular hacia su provincia, pues somos representantes de la nación entera. Pero es muy difícil desarraigar ciertas afecciones que se apoderan de nosotros desde nuestra infancia».

Independencia: gratuidad del cargo

Cualquiera que fuese el sistema de elección y sin olvidar que no estaban sujetos a la disciplina de partido político alguno, había que dilucidar también hasta qué punto los diputados tenían salvaguardada su independencia personal que lógicamente era también la independencia de las Cortes. Sobre ello se discutió mucho, y desde perspectivas muy distintas se llegó a conclusiones inevitablemente diferentes. A este propósito el punto más debatido fue el de su patrimonio personal, que para la mentalidad burguesa dominante era la mejor garantía de la independencia parlamentaria. En definitiva, ¿qué ingresos necesitaba un ciudadano para considerarse independiente? ¿garantizaba siempre la riqueza la independencia del poseedor? ¿Era la riqueza la única garantía de la independencia?

San Miguel, el 1 de junio (1837) planteó estas cuestiones con gran sentido común: «Los hombres son ricos con una cantidad y son pobres con la misma. El hombre que es independiente y satisface sus necesidades con poco, ése está en las circunstancias del rico, es verdaderamente independiente. Por consiguiente, la independencia del hombre está en su carácter, en sus sentimientos más o menos elevados, en los principios en que se ha formado, en fin, en muchas causas que no son la riqueza mayor o menor, porque es imposible marcar el límite del cual a un lado esté la independencia y al otro la dependencia. Yo combato esta doctrina de la riqueza porque la contemplo falsa, injusta y hasta corruptora. Yo concedo a los ricos el privilegio de tener gran casa, gran mesa, de gozar más placeres de la vida, pero no les concedo ser más independientes ni dar más garantías políticas y sociales». Pero la mayor parte de los diputados no compartían esta opinión senequista y se aferraban al criterio objetivo de la riqueza que era el más fácilmente mensurable y que no exigía virtudes especiales de ascetismo.

En la sesión del 10 de junio (1837) y con referencia a los empleados públicos recogió Argüelles el criterio subjetivista de su paisano San Miguel afirmando que «se ha hablado de independencia y ésta es una idea tan sumamente metafísica que es imposible que haya dos personas que la entiendan de una misma manera. El que cree tener grande independencia es el que menos la tiene». Y el día 14: «Se habla de independencia. Y ¿qué es independencia? Ésta es una idea tan vaga, tan abstracta, como todas aquellas que no pueden determinarse de un modo positivo. Tal hombre es independiente con 12.000 reales, mientras otro no lo será con 200.000 (...) Hay que tomar también en cuenta otra razón muy poderosa, hija de las circunstancias. ¿Quién duda que en la exaltación que hay en los ánimos, y que es inseparable del estado actual de la nación, los partidos tienen medios sobrados para facilitar 12.000 reales si tienen interés en que el individuo A o B venga a ser diputado?».

Y en la misma sesión Antonio González conectó agudamente la independencia corporativa de las Cortes con la individual de cada uno de sus miembros: «La independencia del Poder legislativo no puede consistir en otra cosa que en la independencia de cada individuo de los que componen este cuerpo. Sentada y conocida la base de la necesidad de esta independencia con respecto al cuerpo en general, ¿podrá negarse la consecuencia precisa de que cada uno de sus miembros debe ser necesariamente independiente? (...) Una de las ventajas de los gobiernos representativos es la de enlazar o hermanar el bien general con el de los particulares. El diputado y el senador vienen a defender sus intereses particulares y defendiéndolos defienden el interés general. Ésta es la gran bondad y la gran ventaja del sistema representativo. Defendiendo los derechos que son inherentes a la propiedad, defienden los derechos de todos los propietarios que componen la sociedad».

En suma, todos estaban de acuerdo en la necesidad de que los diputados fueran independientes y en la sospecha de que un índice de renta elevado distaba mucho de garantizarla, pero a falta de un criterio mejor, tuvieron que aceptar éste. Por lo demás, en otros lugares de este libro hemos de ver que la cuestión de la independencia (económica) volvió a salir en distintas ocasiones no ya sólo a propósito de la condición originaria de elegible sino también en el curso de la Legislatura cuando el Gobierno tentaba a algún diputado ofreciéndole cargos con el compromiso implícito de lograr su apoyo en las votaciones posteriores.

La cuestión de la gratuidad del cargo estaba íntimamente relacionada con la anterior puesto que podía pensarse que el mejor modo de resolver la independencia de los diputados era asignarles unas dietas que les permitiesen vivir dignamente en la capital, indemnizarlos de los gastos de desplazamiento y, sobre todo, compensarles los ingresos dejados de percibir por el abandono de sus actividades habituales. Eso, sin entrar en la ampliación del número de candidatos que, con méritos suficientes para ocupar un escaño parlamentario, no contaban con recursos económicos necesarios para dedicarse a ello.

La cuestión se debatió ampliamente el día 20 de junio (1837) contrastándose las opiniones más dispares. El diputado catalán, Ferrer y Garcés, médico y profesor, hizo una ponderada defensa de la retribución del cargo: «Yo quisiera que no fuese gratuito el cargo de diputado, sino que, al contrario, se señalase a cada uno de ellos un regular estipendio, que podría extraerse de las arcas de las respectivas provincias o abonarse de los fondos públicos del Estado. Así lo exige el interés particular de cada diputado y así lo exige también el interés general de la nación (porque) si bien muchos de los que serán elegidos diputados podrán tener los medios suficientes para permanecer más o menos tiempo y hacer gastos extraordinarios en la capital del reino, existirán también otros muchos que no se hallarán en este caso y que no podrán sin grandísimos sacrificios hacer aquellos gastos. ¿Qué es lo que sucederá a un abogado que empieza a ejercer su facultad y tiene que dejar su estudio para trasladarse a la capital? ¿Qué a un fabricante que establece una fábrica y cuya presencia en ella es de absoluta necesidad para que prospere? ¿Qué a un periodista, a un labrador, a un artesano, que vienen a consumir en pocos meses lo que habían recogido a costa de forzosas economías?».

González Alonso también era contrario a la gratuidad, pero advirtió de los riesgos que podía suponer una retribución para la reputación de los parlamentarios: «En tiempos más felices, más dichosos, se han señalado dietas a los diputados, y sin embargo he sido testigo de que ha habido que apremiar a algunas provincias para que pagaran. Yo también he sido parte interesada por haber sido privado de las muchas dietas que me correspondieron en el año 1821. Es menester que evitemos el que pueda atacarse a nuestra reputación. La reputación de un diputado es muy delicada». De la misma opinión fue, en fin, Miranda: «El gran resorte del ánimo y de toda la máquina fue el interés. ¿Habrá diputados, aprobado el artículo? No. ¿Quién es el que se empobrece o rebaja en sus intereses de manera tan sensible? Nadie, sino un demente (...) El templo constitucional no admite oblaciones, diezmos ni primicias. Se habló por los señores que precedieron en pro de las economías y necesidades de la nación y ésta es reflexión en mi favor, por cuanto es contraria a las economías la ruina de 400 familias en cada legislatura. Aquí no tratamos de crear varones apostólicos más abnegados que San Pedro y San Pablo, cuyas doctrinas dan derecho a vivir del servicio».

Martín de los Heros, sin embargo, fue de la opinión contraria, explicando las dificultades técnicas de determinar unas dietas individuales justas: «Las dietas que señalemos a los diputados futuros ¿han de ser iguales para todos o proporcionales a lo que cada uno pierda o deje de ganar? Si las dietas son una indemnización de lo que se pierde o no se gana o si según doctrina del sr. Miranda es contrario al derecho natural y las Cortes no pueden mandar que nadie se arruine viniendo a ellas, la consecuencia es que a cada diputado se le debe dar lo que impida su ruina, mas ¿quién establece una regla fija para eso? (...) Con nuestro ejemplo y con el de las Cortes que en estos últimos años nos han precedido, se demuestra claramente que se puede legislar sin dietas».

Esta intervención del diputado vizcaíno dio lugar a un incidente con Gorosarri que no es muy conocido. El diputado gaditano había advertido, en efecto, que «cuando el sr. Heros ha querido que tomásemos por modelo los países más antiguos en libertad, ha olvidado el más libre y más antiguo en libertad, el país vascongado, donde hay retribución para los diputados». A lo que contestó Martín de los Heros recordando que el ejemplo bilbaíno hablaba más bien en contra del pago de dietas, habida cuenta de que «la práctica vascongada tenía el inconveniente de que los ayuntamientos no los nombraban alguna vez por no pagarlos, otros conferían el poder a quien ya le tuviera por otro concejo y otros le debían a particulares que sabían no habían de cobrar la dieta». Una declaración sorprendente, en verdad, tratándose de un político nada propenso a criticar las cosas y las instituciones de su tierra. Pero aquí por una vez bajó la guardia y cayó en la trampa que le había tendido el astuto gaditano.

García Blanco volvió a hablar a favor de la retribución recordando prácticas anteriores recientes: «En la época del año 20 al 23 vimos diputados con dietas y a la verdad nadie con justicia pudo acusar a aquellas diputaciones de poca independencia ni de parcialidad o venalidad. Ningún tumulto ni compromiso hubo por ser diputado. ¿Qué males trajo el ser retribuida la diputación a Cortes? (...) Si se aprueba este artículo, de la clase media es seguro que no vendrá nadie al Senado por supuesto, ni tampoco al Congreso, porque si no se les indemniza con dietas, no teniendo con qué subsistir, no le será dado a ninguno de ellos, por más patriotismo que tenga, atender a aquel primer objeto». A favor de la gratuidad abogó también, por último, Soler: «Si no fuese gratuito el cargo de diputado, algunos de los electores quizá no viesen ya sino un destino con que favorecer a un hijo, sobrino, pariente o amigo».

Razones en pro y en contra de la gratuidad no faltaban, como se ve, pero la tesis de la comisión a favor de esta última y tal como se proponía en el dictamen fue adoptada e impuesta por la mayoría. Lo que resulta difícil es saber las causas de una decisión que parecía perjudicar personalmente a los votantes. ¿Sería entonces el altruismo lo que les había impulsado? A juzgar por el debate previo así debía ser habida cuenta de que en él únicamente se habían ponderado los intereses contrapuestos de la economía de cada diputado y el afán de servir a la Patria. Y si este último era patrimonio de todos, para algunos –como Alonso Cordero, Bertrán de Lis y a tantos otros comerciantes, terratenientes y banqueros empezando por Mendizábal– las eventuales dietas parlamentarias nada significaban.

La verdad era, no obstante, que había otros intereses en juego más allá de la cuantía de la dieta. Estaba el prestigio social, por ejemplo, que tanto importaba a los personajes de pueblos y provincias ennoblecidos para siempre con el marchamo parlamentario hasta tal punto que, para adquirirlo, no hubieran vacilado en poner dinero de sus bolsillos, como a veces hacían. Estaba también el prestigio profesional, inmediatamente amonedable en el caso de los abogados. Y estaba, sobre todo, la carrera política. Porque quien había elegido esta carrera y estaba dispuesto a continuarla hasta la muerte necesitaba el acta de diputado para dejar constancia pública de que seguía vivo y podía seguir aspirando a otros cargos gubernamentales del cursus honorum. ¿Qué sería de Argüelles, de Antonio González, de Gómez Becerra si no asistieran a las Cortes durante varias legislaturas seguidas? La condición de diputado era puente también para pasar a la Administración Pública, ya que para ocupar los altos cargos de ella era ordinario poder exhibir tal mérito en el currículum. Y sin picar tan alto, sin aspirar a una carrera política, era notorio que desde los bancos del Congreso se conseguía con mucha facilidad alguna bicoca burocrática.

Estos atractivos eran si no nobles, desde luego legales y decentes. Pero no hay que olvidar tampoco los deshonestos, aún más rentables en influencias o en dinero contante y sonante, que todos conocían y no pocos practicaban.

En definitiva, que entre unas cosas y otras no habían de faltar nunca candidatos al Congreso aun sin contar con el cebo de las dietas y sin desconocer que algunos ciudadanos quedaban ciertamente desmotivados para, sin ellas, presentarse a candidatos o para tomar posesión.

El régimen representativo liberal implicaba un gobierno altruista de las clases ilustradas, es decir, propietarios y notabilidades, que eran los únicos que poseían el conocimiento de la cosa pública y, además, el interés de defenderla. Un gobierno altruista ejercido gratuitamente por caballeros, no por profesionales remunerados. Gobernar era un honor aunque implicase por la común un sacrificio: no era un saber ni precisaba de técnica alguna. Los miembros del Congreso controlaban las cuentas más intrincadas o legislaban sobre minas y hospitales con el mismo desparpajo con que los miembros de las diputaciones provinciales despachaban las complicadas derramas impositivas o decidían sobre el armamento, instrucción y táctica de partidas volantes. Carecían de asesores burocráticos y especializados, pues su ilustración bastaba para gestionar todos los intereses de la nación. Para facilitar la preparación de los asuntos formaban una comisión de entre ellos y todo se alcanzaba con un sincero amor a la patria, a la libertad y al Trono de Isabel II. La nación era una empresa más y el propietario, sin ser profesional ni haber cursado carrera alguna, era el que mejor sabía llevar sus propios negocios. La única diferencia entre el gestor político y el privado estribaba en que éste buscaba una ganancia mientras que aquél sólo aspiraba a servir los intereses generales. La gratuidad del cargo de diputado nacional era tan obvia como la del diputado provincial y así se evitaba, por añadidura, la presencia de elementos que, carentes de fortuna o de ilustración, resultarían sospechosos.

El riesgo de esta asamblea de propietarios era conocidamente el de que fuera habían de quedar individuos muy valiosos y amantes de la cosa pública que no llegaban al listón de riqueza legalmente exigida. Claro es que en algunos notables, como los de Argüelles y Sancho, sus amigos se prestaron generosamente a imputarles propiedades de que carecían; pero muchos fueron sin duda los ingenios desaprovechados. Una prueba de los inconvenientes de esta exigencia la aportó el citado Sancho el 15.3.1837 relatando su experiencia personal: «Después de haber estado desterrado diez años de mi patria, cuando volví a ella y vi que no era digno de ser diputado porque no tenía renta, jamás se ha visto mi corazón tan angustiado. Algunos amigos vinieron a ofrecerme que si éste era el obstáculo que tenía para ser diputado, me facilitarían el medio de presentar esta renta, como se facilitó a otros. Lo rehusé porque esperé siempre que en España no se había de excluir a personas que eran llamadas aquí por sus talentos, por sus virtudes y patriotismo. Creí que llegaría un tiempo en que la nación no querría privarme de la cooperación de estos españoles porque no tuviesen renta».

Con esta soberbia ideológica y social era inevitable que desconocieran –o fingieran desconocer– las enormes y manifiestas disfunciones del sistema, de las que al menos dos saltaban a la vista: la primera, que la pretendida ilustración de un aficionado no bastaba para gobernar cuando se carecía en absoluto de asesores técnicos y profesionalizados; y la segunda, aún más manifiesta si cabe, que el pretendido altruismo y aparente gratuidad se compensaba con otras ventajas económicas absolutamente generalizadas y nunca disimuladas: el acceso a cargos públicos (naturalmente retribuidos) y la consolidación de una carrera administrativa, cuando no política, sin contar con un eventual tráfico de influencias.

Por otra parte era evidente que la debilidad patrimonial de los diputados y la eventual fragilidad de su independencia perjudicaban su imagen pública, blanco favorito de la maledicencia popular, no siempre justificada. Y es que bien sea por envidia, cazurrería o instinto innato de corrupción, el español tendía a considerar los cargos públicos como una fuente personal de ingresos indebidos y esto hacía a sus titulares moralmente sospechosos. En la sesión de 21.4.1837 expresó Fernández Baeza esta propensión: «En esa sombra de Cortes que se reunieron a jurar a la princesa, actual reina Isabel II, se vio que a todos los que vinieron a componerlas se les dieron honores, distinciones y premios; y desde entonces se empezó a fijar en las provincias la opinión y a murmurar de que se mira como una cosa lucrativa ser diputado. Es demasiado público, además, que en las primeras Cortes se prodigaron los empleos y los honores, tanto que hubo provincias en que todos los diputados llegaron a alguna distinción o empleo, y esto arraigó más la opinión que quita fuerza moral a los Congresos. Pues desde luego se dijo en los pueblos: los que van a ser diputados no van a mirar por el bien de la patria, a lo que van es a coger destinos y adquirir honores». Abundando en lo mismo González Alonso en la sesión del 20 de junio (1837): «Me acuerdo que en el año 23 una pluma vendida, infame, trató de ajar la reputación de los diputados de aquella época y se atrevió a escribir que a cada uno, antes de partir de Cádiz, se habían repartido mil onzas? Y, en fin, Alejos Burriel en la sesión del 1.9.1837: «¿No sabemos lo que se está diciendo de los diputados que se nos ha motejado de que estábamos vendidos al poder, que nos daban 24.000 reales y que hacíamos lo que se nos mandaba?».

A lo que hay que añadir las prácticas de atracción política que todos los gobiernos practicaban –y con singular atención el de Mendizábal– aunque fueran de imposible prueba, pero que se consideraban como la cosa más natural del mundo hasta tal punto que Esquivel el día 15.6.1837 exclamara indignado que «yo no soy un diputado mercenario», aludiendo con ello a las ventajas que ofrecía sin recato el Gobierno para ganarse votos.

En la compra de voluntades, el nombramiento para ocupar cargos bien retribuidos era una de las monedas más corrientes. En un solo día, el 27.9.1836, daba cuenta El Vapor de las siguientes designaciones de jefe político de personajes que luego se sentaron en el Congreso: en propiedad, para Madrid, a D. Pío Pita Pizarro; en comisión para Pamplona, a D. Agustín Armendáriz; y en clase de interinos, para Castellón de la Plana, a D. José Osca; para Cádiz, a D. José M. López de Pedrajas, que lo era de Sevilla, y para reemplazar a éste, a D. Pedro Alcalá Zamora.

* * *

5. INCOMPATIBILIDADES

Cargos políticos.– Empleados públicos.– Eclesiásticos.

En contra de lo que pudiera suponerse, el punto más polémico del régimen de diputados no fue en las Cortes constituyentes el de la gratuidad del cargo ni tampoco los mecanismos de sus garantías procesales y parlamentarias sino el de la incompatibilidad, que se desarrolló en tres paños diferentes: los cargos públicos de autoridad, los empleados públicos y los eclesiásticos. Tres vertientes que se debatieron en sesiones interminables, aburridas y agotadoras como pocas en aquella Legislatura.

La compatibilidad entre el escaño de diputado y un cargo público de autoridad interesaba prácticamente a todos porque en la cultura liberal las carreras política y parlamentaria estaban tan íntimamente enlazadas que casi no era imaginable la una sin la otra. Los pasillos que unían al Parlamente y al Gobierno eran de tránsito obligado y constante. De aquí la importancia de que este extremo quedase bien claro. Y lo mismo puede decirse de los empleos públicos, puesto que para la famélica sociedad burguesa de la época, el objetivo final de muchos diputados era llegar a ser empleado público y a falta de oposiciones o concursos de acceso el mejor mérito que podía exhibirse era una credencial de diputado, aunque ello supusiese vender el alma al diablo y la conciencia al Ministerio. En cuanto a la compatibilidad de los eclesiásticos, el debate, si bien más breve, no fue menos apasionado y con resultados un tanto incongruentes con la experiencia y la práctica de las anteriores Cortes constitucionales.

Cargos políticos

La cuestión de la incompatibilidad de los diputados para ocupar otros cargos públicos siempre ha sido muy delicada puesto que afectaba nada menos que al principio de la división de Poderes o, si se quiere, al de la independencia del Poder legislativo, habida cuenta de que su eventual condición de funcionario o autoridad podía disminuir la capacidad de criterio del diputado en sus actividades parlamentarias. Además, las Cortes constituyentes estaban singularmente sensibilizadas en este punto por recuerdo de un sonado incidente durante el Ministerio Istúriz que había afectado personalmente a varios de ellos. Concretamente, una votación contraria al Gabinete irritó tan profundamente a su presidente que destituyó fulminantemente de sus cargos públicos a 17 diputados, luego repuestos, bien es verdad, y que ahora, en su mayor parte, volvían a tener asiento en el Congreso pero que no habían olvidado su experiencia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los conflictos podían surgir en dos direcciones: de una parte, la incapacidad de que los cargos públicos fueran elegidos diputados; y de otra, a la inversa, la incapacidad de los diputados para ocupar cargos públicos.

Por lo que se refiere a lo primero, la Constitución de 1812 era terminante al precisar en su artículo 95 que:

los secretarios de Despacho, los consejeros de Estado y los que sirven empleos de la Casa Real no podrán ser elegidos diputados de Cortes.

Y por lo que se refiere a lo segundo, decía el art. 129 que

durante el tiempo de su diputación (...) no podrán los diputados admitir (...) empleo alguno de provisión del Rey, ni aun ascenso como no sea de escala en su respectiva carrera.

La rotundidad de este texto era, no obstante, aparente pues abría un amplio margen a la discrecionalidad gubernativa. De aquí que no gustara a algunos diputados, empezando por Castro, quien así argumentó en la sesión del 2.4.1837: «Es una equivocación, una ilusión creer que es la ley y no los gobernantes la que dispone los ascensos. Alguna vez la arbitrariedad se enmascara con el manto de la justicia. Se dan empleos que no permite la ley y si lo que tratamos de evitar es que se favorezca a personas determinadas por el interés personalísimo que de ellos pudiera resultar a los que lo hacen, justo será que se excluyan los que se llaman ascensos vagamente y se explique cuáles son los de ley o se determine simplemente que todo grado, todo lo que mejore la posición del diputado, concedido por parte del Gobierno o no debe ser admitido o debe dejarse sujeto a la reelección. La verdad es que los ascensos los dan los reglamentos, pero el Gobierno toma a su cuidado repartirlos y juzga por sí solo de la aptitud para merecerlos».

Finalmente, es de recordar que la Constitución de 1837 al retomar este asunto en el art. 43 había declarado que

los diputados y senadores que admitan del Gobierno o de la Casa Real pensión, empleo que no sea de escala en su respectiva carrera, comisión con sueldo, honores o condecoraciones quedarán sujetos a reelección.

La regulación constitucional gaditana, sin embargo, tampoco gustaba, aunque por otras razones, al Ministerio Calatrava-Mendizábal, quien, sin esperar a la nueva constitución, solicitó su alteración por oficio de 16.11.1836:

El Gobierno de S.M., impelido por el apremio de las circunstancias y convencido de que se necesitan adoptar medidas extraordinarias para evitar males que amenazan a la libertad y seguridad del Estado, se ha decidido a pedir a las Cortes: 1. Que el Congreso tenga a bien resolver puedan ser nombrados secretarios del Despacho los diputados a Cortes y que no obsta esta cualidad última para obtener y desempeñar empleos del Gobierno.

Dos días después, el 18 del mismo mes de noviembre, la comisión de Constitución presentó su dictamen redactado, en lo que aquí interesa, en los siguientes términos:

Se ha pedido la suspensión del art. 129 de la Constitución, que prohíbe a los diputados admitir durante el tiempo de su diputación ningún empleo de provisión del Rey (pero la comisión) cree necesario marcar bien la diferencia que hay entre el cargo de secretario del Despacho de los demás empleos de la administración pública. Estando reconocida en las naciones más ilustradas la necesidad de aprovechar la capacidad y talento de todos los hombres que puedan desempeñar debidamente el primero (...) cree la comisión que se debe acceder a lo que propone el Gobierno en la primera parte de su artículo. No así a la segunda, porque siendo infinitamente mayor el número de las personas que pueden desempeñar bien los demás empleos, no puede seguirse gran daño a la causa pública de excluir a los diputados por el tiempo que dure su encargo. Esto no obstante, puede ser tan grande y generalmente reconocida la utilidad que puede resultar de que el Gobierno se valga de algunos diputados para cargos de importancia, que no debe privársele en daño público de esta facultad.

Aprobado el dictamen, su contenido fue recogido luego literalmente en el Decreto de 21.11.1836, en cuya parte dispositiva se disponía:

1.º Que sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 129 de la Constitución y hasta que se verifique la reforma, puedan los diputados a Cortes, continuando en el ejercicio de este honroso cargo, ser nombrados secretarios de Despacho. 2.º Que los diputados que sean militares pueden con la misma condición aceptar cargos activos del servicio de las armas. 3.º Que si el Gobierno creyese necesario encargar a algún diputado de alguna comisión de interés general de señalada importancia, lo proponga a las Cortes para que le concedan, si lo creyeren conveniente, la autorización necesaria.

El régimen general que acaba de ser descrito no podía significar obstáculo alguno para la situación de Espartero –diputado y al tiempo encargado del mando del ejército del Norte– para el que se había adoptado antes una resolución específica de 12.11.1836:

Las Cortes (...) han tenido a bien autorizar al Gobierno de S.M. para conservar en el mando del ejército del Norte al general Espartero, diputado electo por la provincia de Logroño, manifestándole la buena acogida que hallarán en ellas reclamaciones de igual clase de cuantos casos estime el Gobierno de S.M. deberlas dirigir.

Pero mayores dificultades hubo para otros supuestos de los que vamos a analizar con detalle dos.

a) El caso de Joaquín María López.

López era un ministro que resultó elegido diputado por la provincia de Alicante. ¿Hasta qué punto era esto posible? La comisión de Poderes emitió el 14 de enero de 1837 informe favorable, aunque con el voto disidente de tres de sus miembros que consideraban aplicable aquí el artículo 95 de la Constitución antes transcrito:

Siendo el electo secretario del Despacho de la Gobernación del Reino, la comisión no ha podido menos de tener presente el art. 95 de la Constitución, según el cual los poderes del sr. López deberían ser desaprobados. Mas como no puede desentenderse de la resolución del Congreso de 21 de noviembre, por la cual quedó suspendido el art. 129 de la misma Constitución, cree que el art. 95 quedó virtualmente derogado, habiéndolo entendido así los electores de la provincia de Alicante, pues que de lo contrario resultaría que al Gobierno se le habían concedido facultades más amplias que a la nación.

Iniciada la discusión el día siguiente (15.1), Castro volvió a oponerse y todas las intervenciones giraron en torno a la vigencia del citado artículo 95. En 1837 no existía el principio moderno de la jerarquía normativa rígida y se consideraba factible que un simple acuerdo parlamentario derogara un precepto constitucional incluso de forma implícita; pero el diputado granadino, como buen jurista, no compartía tan relajada postura y de aquí que se opusiera con energía: «En el art. 95 de la Constitución –expuso el diputado granadino– se prohíbe que puedan ser diputados de la nación los que ejercen el cargo de secretario de Despacho. Ahora bien, para que este artículo dejara de llevarse a efecto, era indispensable que hubiera una derogación posterior (...) Yo quiero que haya conexión, que haya unión, que haya un lazo entre el Poder ejecutivo y el legislativo. Se dice que una de estas ventajas es que muchas veces podrán contribuir los ministros a dilucidar las cuestiones que como diputados hagan; porque como más enterados en los negocios por razón de su destino, será fácil que puedan presentar argumentos que aclaren las resoluciones más complicadas. Pero esas ventajas las gozamos sin tales requisitos. Los señores secretarios del Despacho asisten cuando quieren a la sesión y hacen las observaciones que les parecen convenientes, sin necesidad para ello de tomar asiento en las Cortes como diputados».

La opinión dominante no veía desde luego ninguna dificultad en que un simple decreto derogase la constitución. En palabras de Mira, «¿quién no ve que el decreto del 21 de noviembre último, al alzar la imposibilidad que la ley ofrecía a reunirse en una misma persona los cargos de ministro y diputado, ha derogado, o al menos suspendido virtualmente los efectos del art. 95 por más que no se expresase señaladamente en aquel decreto?».

Pardo, en cambio, se mostró más estricto exigiendo al Congreso que fuera ahora consecuente con decisiones anteriores: «Si los electores de Alicante creyeron que por el decreto de 21 de noviembre último podían elegir al sr. López como diputado y si por el contrario veían que el art. 95 de la Constitución les prohibía hacerlo, ¿por qué no elevaron una consulta? (...) Si el Congreso ha desechado los poderes del sr. Camba, ministro penúltimo de la Guerra, a pesar de que era interino, ¿por qué ha de admitir los del sr. López, que no sólo tiene contra sí el art. 95 de la Constitución sino que de ningún modo le favorece el decreto de 21 de noviembre? (...) Cuando se trate de reformar la Constitución en esta parte, la minoría de la comisión prestará su voto para que efectivamente se sienten aquí los ministros como diputados; pero hoy, creyéndonos más bien jueces que legisladores, de ninguna manera podemos convenir con el dictamen de la mayoría».

La compatibilidad entre los cargos de ministro y diputado era generalmente aceptada y respondía a una práctica tradicional de los gobiernos representativos. Tal como escribía El Eco del Comercio de 17.11.1836, «la experiencia de todos los países donde hay gobierno representativo tiene consignado como un principio de conveniencia y aun de necesidad el que los ministros sean al mismo tiempo miembros de los cuerpos legisladores, en tales términos que no se concibe que un Gobierno pueda marchar con franqueza y energía por un camino trazado por leyes en cuya discusión no haya tenido parte». Forzoso es reconocer que la constitución de 1812 en este punto como en tantos otros había sacrificado la utilidad política, y hasta el sentido común, a favor de una interpretación rigurosa y mecánica del principio de la división de poderes.

b) Varios meses más tarde, el 29.8.1837 se planteó otro conflicto aunque ahora de sentido inverso y en circunstancias políticas distintas, dado que el Ministerio Calatrava-Mendizábal había caído y era el nuevo Ministerio quien proponía el nombramiento de otro diputado para un cargo público.

El día 29.8.1837, en efecto, las Cortes quedaron enteradas de un oficio del sr. ministro de Hacienda anunciando un Real decreto por el cual S.M. en consideración al mérito, lealtad y circunstancias del sr. diputado a Cortes D. Joaquín Rodríguez Leal, había venido en conferirle la Dirección General del Tesoro público.

Al día siguiente, el 30 de agosto, se leyó una proposición de Calderón de la Barca, Caballero, Cantero, Dionisio Valdés y Argumosa en que se invocaba de forma expresa el art. 129 de la constitución de 1812 (antes transcrito) «en virtud de la cual se hizo la convocatoria y las elecciones para las actuales Cortes», alegando en definitiva que

siendo público y notorio que por primera vez ejerce el sr. Leal un empleo concedido por el Gobierno, debe cesar en el cargo de diputado por esta provincia y para que se complete el número de los representantes que le corresponden pedimos a las Cortes se sirvan declarar que conforme a lo expuesto en el art. 129 de la constitución de 1812 ha cesado en su cargo de diputado a Cortes y en su consecuencia mandar que se dé el oportuno aviso al Gobierno para que disponga la venida del suplente que debe reemplazarle.

Desde el punto de vista jurídico la situación era ciertamente confusa porque aquí entraban en juego dos constituciones –la de 1812 vigente en el momento de toma de posesión del cargo de diputado y la de 1837 vigente en el momento de su nombramiento de director general– y se abrían las siguientes posibilidades: cese automático de la condición de diputado con llamamiento del suplente (que es lo que se pedía en la proposición de acuerdo con la constitución de 1812), cese pero con posibilidad de reelección (de acuerdo con la constitución de 1837) y, en fin, continuación si mediaba una autorización del Congreso.

Las tres tesis se alegaron en el debate de 30.8.1837, pero el criterio dominante era el de ilustrarse con los precedentes, que había varios aunque desafortunadamente discordantes. Empezó Ayllón contando su propio caso: «Yo no hubiera sido diputado cuando en abril de 1822 tuve el honor de que me nombraran para este cargo los electores de Sevilla, si no hubiera sido porque ocurrió un caso que las Cortes creyeron que salía de la regla general y mandaron que en vez de llamar al suplente, se procediera a una nueva elección. Verificose ésta y los electores (volvieron a elegirme a mí)».

A continuación explicó Armendáriz lo que con él había sucedido: fue nombrado subsecretario de Gobernación, pero no tuvo dificultades porque ya era funcionario del mismo departamento. González Alonso, por su parte, explicó que él había sido nombrado magistrado de Audiencia, pero que no llegó a tomar posesión. Y Manuel Gómez, en fin, había sido nombrado director de los Estudios Nacionales de San Isidro.

La lista de diputados que habían recibido un cargo político era larga y Castro enumeró, además, los supuestos de Fernández Baeza, contador general de Correos; Arrieta, jefe político de Almería; Pedro Gil, comandante general de Almería; Valle, intendente por Puerto Príncipe; Álvarez, intendente de Sevilla. Y además –añadió Roda– Azpíroz, comandante militar de Segovia y Sequera de Valencia.

Ante tales contradicciones, ¿qué es lo que estaba pasando entonces? Sencillamente, que un nombramiento inocuo en sí se coloreaba políticamente y se tomaba ahora como un pretexto para atacar al Gobierno. Así, al menos, lo denunció Fontán: «Ya que tan escrupulosos somos ahora (pido) que se tengan presentes todos los nombramientos de empleos lucrativos hechos en diputados para ver desde cuándo ellos y el Gobierno echaron en olvido la constitución y las leyes. Esto es lo que yo veo aquí. Entonces nadie atacó al Ministerio anterior por iguales actos y ahora sí se hace; ¿qué quiere decir esto?».

Huelga decir que esta imputación fue rechazada enérgicamente por boca de Cantero que explicó así la denuncia: «Como diputado de Madrid no podía yo ni mis compañeros consentir el que quedase la diputación de esta provincia con un diputado menos y así sólo hemos pedido nosotros que el sr. Rodríguez Leal, que ya no puede ser diputado ni por la constitución de 1812 ni por la de 1837, fuese reemplazado o por medio de nuevo nombramiento o por la venida a este lugar del suplente».

Al fin pasó el asunto a las comisiones de Legislación y Poderes reunidas, que evacuaron su dictamen el 6.9.1837 sin tener en cuenta para nada, ni aludir siquiera, a la circunstancia de que el interesado había renunciado formalmente a su remuneración:

No siendo el nombramiento de escala y no habiéndose pedido la autorización de las Cortes, el sr. Rodríguez Leal al aceptarlo no se ha atemperado ni a la constitución de 1812 ni a la resolución de las Cortes de 21.11.1836, con lo que es claro que ha querido sujetarse a la de 1837 y por consiguiente debe cesar en las funciones de diputado.

En cuanto a la forma de sustituirle, se añadía lo siguiente:

Esta cuestión se resolvería fácilmente si hubiese términos hábiles para la reelección; pero obsta la proximidad de las nuevas elecciones generales, en que tendrá el sr. Rodríguez Leal el lugar que quieran darle los electores. Entre tanto (...) se está en el caso de llamar al suplente.

El asunto, sin embargo, no quedó zanjado así puesto que los amigos de Rodríguez Leal (y defensores del nuevo Gobierno) Hompanera, Polo, Fontán, Falcón, Vereterra, Tovar, Roviralta, Bárcena y Cuetos presentaron el día 5 (9.1837) la siguiente proposición:

Para que la comisión encargada de dar su dictamen sobre la proposición del sr. Caballero, relativa al nombramiento del sr. Rodríguez Leal, pueda tener presente lo ocurrido en otros casos iguales o semejantes en la presente Legislatura, y con el fin de que se fije de una vez la idea que envuelve el art. 43 de la constitución sobre la reelección que se debe hacer a todos los empleados cuando no es de escala el cargo que se le concede, pedimos a las Cortes se sirvan acordar que por el Gobierno se pase a las mismas una nota expresiva de los empleos, grados, ascensos, honores, condecoraciones y comisiones con sueldo que haya dado hasta hoy a los señores diputados.

Y al día siguiente (6.9.1837) añadieron otra nueva aunque con una intención muy distinta:

Aprobada por las Cortes la proposición de los señores Fontán, Mata Vigil y otros para que el Gobierno remita una nota de los diputados que hayan obtenido empleos, grados, etc., no quedarían satisfechos los deseos de los proponentes si no facilitase otra igual el excelentísimo señor mayordomo mayor de S.M.

El incidente de Rodríguez Leal provocó un cataclismo, puesto que a la vista de la actitud del Congreso, se revisaron buena parte de los nombramientos generosamente realizados hasta entonces, como era costumbre, por el Gobierno. Y en cualquier caso aquí pudo comprobarse hasta qué punto era convencional la frontera trazada entre «cargo público» (autoridades) y empleo público (funcionarios), que dificultaba de hecho el establecimiento de regímenes legales distintos. Roda, que había sido nombrado oficial de tercera clase del Ministerio de la Gobernación, renunció inmediatamente al nuevo cargo, como se hizo constar en el Diario del día 10 de septiembre (1837). Conviene también recordar la de Preto y Neto publicada en la Gaceta del 12.9.1837: «Enterado de la comunicación de V.E. en la que se sirve trasladarme el decreto del 31 del próximo pasado mes, por el que S.M. se ha dignado nombrarme por jefe de la tercera sección de la secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península, me hallo en la necesidad de hacerle presente (...) que mi deber me impide aceptar dicho destino por la duda que se me ofrece de si está o no comprendido en los ascensos de rigurosa escala».

Pero el caso de Rodríguez Leal no terminaba nunca y el 11 de septiembre (1837) volvió a reaparecer entre otras razones porque la decisión de esperar a las nuevas elecciones no había gustado a Gómez Becerra, para quien lo correcto era que viniese el suplente como se había hecho en los casos precedentes, a los que debía atenerse el Congreso a falta de una norma expresa. Objeción que no convenció demasiado ya que el dictamen, habida cuenta de la inminencia de las elecciones, fue aprobado en sus términos originales.

Sin que, por otra parte, faltaran también ejemplos no ya de nombramientos o ascensos sino de simples condecoraciones, como luce en la intervención de Arana del 15 del mismo mes (septiembre 1837): «Hace cuatro días que he sabido extraordinariamente que se me había agraciado con la cruz supernumeraria de Carlos III. Esa cruz se concedió a los individuos del ayuntamiento de Bilbao por los servicios que prestaron durante aquel sitio. Yo no presté ningún servicio como individuo del ayuntamiento sino como individuo de la Milicia nacional, en cuya recompensa fui propuesto para que se me concediese el despacho de coronel; pero este despacho no se ha expedido todavía y sin duda en su lugar se me concede esta cruz (que devolveré en cuanto la reciba oficialmente)».

Al cabo de tanto tiempo gastado, de tantas contradicciones y disgustos personales, las comisiones de Legislación y Poderes evacuaron un dictamen «fijando cuáles son los destinos de escala que pueden admitir los diputados sin quedar sujetos a reelección» y que no se distinguía precisamente por su claridad ya que se limitaba a precisar que

la constitución dice que quedan sujetos a reelección los diputados que admitan del Gobierno empleo que no sea de escala de su respectiva carrera y las comisiones opinan que se entiende por empleo de escala el ascenso ordinario e inmediato.

Este dictamen empezó a discutirse el día 25 produciéndose las siguientes intervenciones que intentaron aclarar el ambiguo concepto de «ascenso de escala», madre de todas las dudas y controversias.

Empezó Castro advirtiendo que «diciéndose ahora que se entiende por empleos de escala el ascenso inmediato, nada se ha dicho más sino que el Gobierno queda en la posibilidad de agraciar a los diputados cuando le parezca conveniente agraciarlos, como lo ha hecho hasta hoy; porque ya que se trata de esta cuestión, no puedo menos de decir, como siempre, la verdad: agraciarlos, repito, bajo el pretexto de que eran destinos de escala, con destinos que no son de escala, sino de ascenso inmediato pero que a las veces son voluntarios e hijos del capricho o benevolencia del ministerio. (Es decir) que lo mismo se recibe este favor consiguiendo por primera vez un empleo, que ascendiendo los que son ya empleados al inmediato en aquellas carreras donde no hay reglamentos que determinen la escala y donde el Gobierno no tiene precisión de atender a la antigüedad».

A renglón seguido Gómez Acebo arremetió con igual dureza el discutido concepto: «Yo no conozco empleos de escala y creo que no se conocen más que en la carrera militar; sé que rigurosamente sólo en artillería e ingenieros, pero en lo que se llama carrera de destinos públicos, yo no conozco escala en el día».

En esta idea abundó también Gómez Becerra en un largo discurso en el que insistió en que «no habiendo leyes ni reglamentos que marquen estos inmediatos en todas las carreras, ¿cómo se podrá decir que se considera por ascenso inmediato los que están determinados por dichas leyes o reglamentos? Otro argumento al que ha dado mucho valor el sr. Castro consiste en la arbitrariedad con que puede obrar en este particular el Gobierno, nombrando para los ascensos a quien le parezca. La constitución no lo prohíbe, antes al contrario da facultad de nombrar para ascensos de escalas: el artículo está terminante y de él no ha podido apartarse la comisión».

La discusión continuó el día 26 y los diputados, muy sensibles a todo cuanto afectaba a los empleos públicos, repetían sus argumentos sin dar síntomas de cansancio. Aquí sólo vale la pena recoger la intervención de Caballero: «Cuando vi el artículo constitucional en el proyecto que presentó la comisión y las Cortes aprobaron, creí que se había querido poner una valla a la arbitrariedad con que un ministro pudiera premiar anticipadamente a algún diputado de manera que, o pudiera ser así efectivamente, o al menos entenderse por el público que aquel diputado quedaba obligado o comprometido a corresponder con benevolencia al Ministerio que le había agraciado, y por consiguiente, que no se aseguraba la independencia que deben tener todos los que toman asiento en este sitio. Mas con la interpretación lata que se quiere dar a este artículo, veo que no hemos hecho nada; porque si se entiende por ascenso el empleo ordinario e inmediato, voz tan vaga que admite todo lo que quiera, digo que de hecho no hemos puesto esa valla sino que hemos dejado en libertad al Gobierno para que pueda dar todos los ascensos que quiera a los diputados, sin obligarles a la reelección».

Una vez más aparece aquí la doble vara de medir, que con tanto desparpajo utilizaba la mayoría, de tal manera que supuestos idénticos eran resueltos en sentido contrario según cuál fuera el interés político que estaba en juego: al cambiar el Ministerio en agosto, lo que había sido bueno para el Gabinete de Calatrava-Mendizábal dejó de serlo durante el de Bardají-Pita. Ésta es la vieja y constante ley de la política: primero toma la decisión el que sabe que cuenta con la mayoría parlamentaria y luego se desarrolla la farsa de un debate en el Congreso en el que se habla a un auditorio al que no se puede convencer nunca porque ya tiene el voto comprometido. El constitucionalismo vive de estos ritos formales: de estos discursos y escrutinios donde se supone que se forja y expresa una voluntad nacional que también es producto de una fantasía. La historia termina así siendo una relación de apariencias, de lo que «se ve» y no de lo que «es», de lo que se esconde y vive detrás de las fachadas. Leer el Diario de Sesiones es fácil, mas muy difícil indagar los acuerdos que se adoptaron en sitios ocultos para instruir a los oradores sobre lo que tenían que decir y votar. Pero las páginas de tal Diario son un «documento» que supera la crítica de la historiografía académica mientras que las causas reales únicamente pueden ser conjeturas y las conjeturas no tienen sitio en el severo templo (¿o en el teatro?) de Clío. En consecuencia, en los episodios de López y Rodríguez Leal tendremos que contentarnos con los discursos recogidos, aun siendo conscientes de su vaciedad.

Empleados públicos

La cuestión de la incompatibilidad de los empleados públicos ya ha sido parcialmente tocada en las páginas anteriores debido a la indicada proximidad entre cargo político y empleo público. Mas no podemos detenernos en lo dicho porque sobre este punto se extendieron las Cortes en varias dilatadas sesiones a las que es imprescindible aludir.

El día 13.5.1837 se inició un amplio debate sobre la posibilidad específica de que los empleados pudieran ser diputados, como de hecho estaba sucediendo. La solución estaba condicionada lógicamente por la intensidad del deber de obediencia, que podía privar al diputado de su albedrío a la hora de votar y convertirle en un instrumento del Gobierno: ¿hasta qué nivel llegaba entonces su dependencia? Aunque no se trataba sólo de una cuestión legal sino fáctica. Porque sobre el diputado-empleado, además de sus deberes jurídicos, pesaban otros motivos no menos importantes: la esperanza de un ascenso si era fiel al ministro o el temor al cese si le disgustaba con su comportamiento parlamentario. Planteadas así las cosas, la clave de la independencia –y, por ende, de la compatibilidad– podría ser la inamovilidad: una figura que en aquellos tiempos aún no estaba madura. Y todo ello con el telón de fondo de la imagen pública del empleado y de la conocida empleomanía, que les hacía odiosos al resto de la población. Mas ¿de qué podían valer estas razones en unas Cortes en las que predominaban los empleados públicos? ¿Era imaginable que éstos cortaran en su propia carne cerrándose su futuro político? Una predisposición bien sabida que no evitó naturalmente el análisis pormenorizado de todos estos extremos y algunos otros.

1. Así empezó con su «franqueza castellana» Charco: «¿Será posible que traigamos a estos escaños a los empleados, a los que disfruten sueldo del Estado? Yo los creo virtuosos. Mas (en una clara alusión a su impotencia para resistir las tentaciones que les ofreciera el Gobierno) ¿querremos nosotros que sean héroes? ¿Exigiremos que se suiciden y sean asesinos de sus familias? No puede ser (...) El sr. Heros dijo con la oportunidad y elocuencia que acostumbra, no hace muchos días, que los empleados no deben tener opinión propia, ni otra que la del Gobierno, y si no, deben renunciar a sus empleos. Ahora bien, si traemos aquí empleados, es decir que la opinión será la del Gabinete y entonces por demás está la representación nacional, porque sería menos malo que no hubiera Congreso de diputados, que el que éste se compusiera de empleados. Los señores empleados, unos deben estar a la cabeza de sus provincias, otros en los tribunales, otros en sus oficinas, ¿y por qué les hemos de distraer para que cumplan con sus obligaciones trayéndoles al Congreso?».

Ésta fue la vertiente política –radical, aunque plausible– de su discurso; pero a continuación se expresó con la mentalidad de un campesino harto de la vagancia y de la rapacidad de los empleados públicos: «Si los diputados deben tener intereses comunes con los pueblos, pregunto yo: los empleados ¿tienen estos intereses comunes con los pueblos? A mí me parece que no; que están en oposición, porque si los unos han de contribuir los otros percibir y disfrutar. Yo no veo otra cosa en los empleados que unas sanguijuelas que están chupando la sangre de los pueblos y concluyendo por consecuencia con la poca vitalidad que le queda a esta nación desgraciada».

Frente al bronco ruralismo de Charco expresó a continuación la voz de Antonio González la opinión de una España más moderna, consciente de la necesidad de contar con una clase de empleados que no eran simples sanguijuelas sino que constituían un sector social imprescindible (lo que no significaba, por otra parte, desconocer la existencia de la empleomanía y de sus devastadores efectos): «Una parte de los diputados que actualmente existen, y han existido mientras ha habido Cortes constitucionales en España, ha pertenecido a esta clase y sin embargo en todas épocas han dado testimonio público de obrar con la mayor independencia. Y cuando no les ha parecido justo ni conveniente al bien general, no han sostenido al Gobierno ni tenido consideración alguna, no obstante que debían a éste el haber sido nombrados para ciertos cargos. La razón es bien obvia y sencilla: porque el empleado, aun cuando sea nombrado por el Gobierno, ¿sirve al Gobierno o sirve a la nación? En otro tiempo, en la época del absolutismo, en tiempo en que el Gobierno se sobreponía a las leyes se habrá podido creer que el empleado no tenía voluntad propia, que era un esclavo del que le nombraba; pero en los Gobiernos representativos no sirve al Gobierno, sirve sólo a la nación».

Ésta era entonces, como sigue siendo hoy, la tesis oficial: una justificación ideológica que no se molestaba en comprobar si tan exquisita tesis se confirmaba en la realidad. Por lo demás, el orador siguió adelante entrando ya en los aspectos constitucionales y políticos concretos: «¿Puede existir nación alguna sin Gobierno y sin que haya en ella empleados? Atáquese al empleado que no cumpla con sus obligaciones, pero atacar a los empleos esto es altamente subversivo. Además, estos individuos que reunirán a la experiencia y práctica en los negocios, los conocimientos que deben haber adquirido en el desempeño de sus respectivos destinos y carrera pueden ser muy útiles tanto en las discusiones como en las comisiones y pueden ilustrar aquellos negocios que conocen. No de otro modo se conseguirá el que materias que necesitan conocimientos especiales reciban todo aquel lleno de luces que se necesita, porque aunque yo convengo en que habrá muchos individuos que sin ser empleados tengan la capacidad e instrucción necesaria para toda clase de negocios, con todo, creo que los buenos empleados podrán ser muy útiles en el seno de la Representación nacional». Para el orador, en definitiva, los diputados-funcionarios podían desempeñar las funciones técnicas y asesoras del aparato burocrático de que carecían las Cortes y que tanto se echaba en falta en ocasiones.

Pero Charco no dio su brazo a torcer: «nadie puede ver con indiferencia que haya empleados que tengan 50.000 reales de sueldo por estar holgando, mientras que un capitán que se expone en la brecha no tiene que comer».

Demarcados ya claramente ambos campos, Jerónimo Ceballos se colocó sin vacilar en el de los antiempleados insistiendo en la fragilidad de su independencia: «¿Qué circunstancias deben tener los diputados que representan una nación? Yo creo que probidad, cierto saber e independencia. Yo creo que para ser diputado no se necesita ser unos Cicerones ni unos Sénecas. Me parece que basta el sentido común de una persona mediana para conocer las cosas y verlas bajo su verdadero punto de vista. Además de esta razón e inteligencia quiero que tengan la independencia necesaria, la cual no puedo suponer en los empleados. Los empleados deben por fuerza ser adictos al Gobierno que los sostiene y paga en retribución de aquel servicio que le prestan. Digo más: el empleado que siendo diputado a Cortes no estuviera conforme con el Gabinete manifiesta cierta ingratitud y la ingratitud todos sabemos que es una cosa reprensible. Así como se dice que los militares no tienen más que obedecer, también yo digo que los empleados no tienen más que obedecer al Gobierno y si así no lo hicieren no cumplen con su deber».

Al llegar a este punto recogió Sancho el hilo pragmático y tecnicista de su amigo Antonio González explicando cómo los empleados debían ser bienvenidos en las Cortes habida cuenta de la utilidad que aportaban con su experiencia en los negocios públicos: «No basta tener sentido común para saber ciertas cosas que no se aprenden con el sentido común sino con la práctica. Si en el Congreso no hubiese militares yo no sé qué leyes militares se harían, sería necesario buscar personas de fuera. Y lo mismo si no hubiese jurisconsultos tratándose de puntos de jurisprudencia. Además, cuando se trata de Hacienda y otros ramos especiales, bien conocen todos los señores diputados cuán útil es que vayan a las comisiones algunos diputados, que siendo empleados, tienen ciertos conocimientos que generalmente sólo se adquieren con la práctica». Un argumento de peso ciertamente, pero que no convenía sobrevalorar porque como había observado López mucho antes, en la sesión de 16.12.1836, «para ser buen representante del pueblo no son menester brillantes cualidades intelectuales ni profundísimos conocimientos; basta buena razón, corazón puro, desear ardientemente el bien de su país, y para el logro de este objeto mejor suple el celo por el talento que el talento por el celo».

Mientras que Álvaro hizo un excurso sociológico sobre la conveniencia de que accedieran a las Cortes hombres cultos y bien formados: «Por más que se diga que no es tan escaso el número de personas que pueden venir a ocupar estos escaños, si cada uno de nosotros desciende a su provincia, verá que no es tan crecido ese número, a pesar de cuanto se nos diga. Porque para mí es un grande error decir que al efecto basta el sentido común. Precisamente en el estado en que la nación se encuentra, si vamos a ver los hombres elegibles que hay en las provincias, vendremos a parar en que los hombres que tienen alguna instrucción (no diré todos, pero la mayor parte) son aquellos que han sido militares, empleados o eclesiásticos. Porque en general todos los hombres a quienes sus padres han dado alguna educación ha sido para dedicarlos luego a la carrera de las armas o de las letras o bien para colocarlos en alguna oficina. Porque generalmente las personas que saben algo son magistrados, eclesiásticos, militares y empleados y no debemos privar a los electores del derecho que tienen a elegir a aquellos que crean que representan mejor sus intereses».

Por lo demás, las ideas de Álvaro sobre ese punto eran bien conocidas tanto por su versión periodística en El Castellano como por haberse pronunciado ya, hacía justo un año, en el Estamento de procuradores el día 17.5.1836: «Hay un inmenso número de empleados cuya capacidad no se puede negar y (tampoco se puede) desconocer que quizás de donde han salido las idas de mayor libertad es de los empleados (...) Hay también una grande equivocación cuando se dice que los empleados no son independientes y que lo son los propietarios. Esto es olvidarse del país en que vivimos. Los propietarios y hasta los comerciantes –observó desde una perspectiva insólita en aquellos tiempos– son dependientes no digo del Gobierno sino de los subalternos de éste y no hay propietario ni comerciante, por rico que sea, que no tenga que guardar algunas consideraciones con el gobernador civil, con el intendente o con los empleados de provincias».

Volviendo ahora a la sesión del 13.5.1837, que ya se estaba alargando con exceso, San Miguel recondujo entonces la discusión a sus planteamientos iniciales, es decir, a la vulnerabilidad personal del empleado, sujeto a las instrucciones del superior, lo que había de repercutir inevitablemente en su independencia parlamentaria: «Suponiendo que sea indispensable que en el Congreso haya diputados empleados, es necesario y esencial que se trate de asegurarles su independencia del modo más completo que nos sea posible. En una nación donde no hay industria ni riqueza, ni medios de hacer fortuna, los empleados lo son todo. Porque con ellos se sustenta la existencia, las comodidades, los honores. Todo lo representa el empleo. El hombre con empleo es bien admitido en todas partes y el que no lo tiene, sin otros medios y recursos, se mira infeliz y desgraciado. Y ¿pondremos al diputado, al senador, en un conflicto entre el empleo que puede perder y las opiniones que debe emitir si ha de cumplir con su encargo?». En definitiva, aceptando como inevitable el riesgo de su dependencia, de lo que se trataba, con un criterio pragmático, era de idear mecanismos para reducirla en lo posible.

Lo malo de la tesis de San Miguel era que, apurando su lógica, terminaba en el principio de la inamovilidad de los funcionarios-diputados, lo que Joaquín Ferrer no estaba dispuesto a aceptar: «Insiste el sr. San Miguel en que los diputados no puedan ser privados de sus empleos por el Gobierno hasta un año después de haber cesado en su encargo. Eso sería casi equivalente a declarar que los empleados de que se trata son inamovibles. En la clasificación de los empleos, constitucionalmente se declara que algunos son inamovibles, como los magistrados. Pero fuera de ésos, no sé yo cómo pudiera defenderse con razones plausibles que un diputado empleado no estuviese sujeto, por serlo, a la común condición de todos los demás».

Tal como estamos viendo, el eje de la discusión se encontraba en la ambigua relación de las notas de dependencia y eficacia que lucían los empleados en el ejercicio de su cargo parlamentario y que convergían inevitablemente en la figura de la amovilidad. En este punto insistían los diputados en sus intervenciones que terminaban siendo reiterativas hasta el aburrimiento. A lo más que aspiraban los oradores era a explorar alguna variante argumental o a expresar alguna consecuencia menos sobada. Oigamos a Álvaro, cuya preocupación por la empleomanía era casi obsesiva: «Yo digo que si es indispensable que el diputado no tenga nada que esperar, es aún más indispensable que el diputado no tenga nada que temer. Porque el temor de perder una cosa que se ha adquirido a costa de muchos años de servicio, y con lo que se atiende a la subsistencia propia y de la familia, es cien veces más fuerte que la esperanza de obtener un empleo mayor, porque para vender su voto al Gobierno por un ascenso es menester ser muy vil. El temor de que un simple decreto del ministro pueda arrancarle todos estos goces de una vez es cien veces más fuerte que la esperanza de obtener un ascenso (...) Si se quiere que efectivamente sea independiente, como debe serlo, un diputado empleado, es necesario darle una garantía de que no perderá lo que antes hubiese adquirido con su laboriosidad e inteligencia. De otro modo no habrá diputados independientes; no habrá Congreso. El Gobierno dispondrá, el Gobierno mandará, el Gobierno lo será todo (...) Se ha dicho que los eclesiásticos no podrán ser diputados porque no son independientes, porque tienen dependencia de la corte de Roma. ¿En qué cabeza cabe decir que los eclesiásticos son dependientes y querer sostener que no lo sean los empleados del Ministerio?».

A lo que respondió Sancho con una sinceridad rayana en el cinismo: «Yo sé que si se me quita el destino no dejará esto de ser mérito (mío) para el Ministerio siguiente. ¿Y qué ha sucedido con los 17 empleados que separó el Ministerio Istúriz? ¿No han sido repuestos? ¿No les ha servido para sus ascensos? (...) Y harto trabajo tendrá el Ministerio que me quitase el empleo por mi voto. Al otro día le haría la oposición. Y qué, ¿no sublevaría yo a todos los diputados contra el Ministerio, de modo que no podrían estar diez minutos en sus asientos?».

Al margen de las cavilaciones y de las cautelas políticas estaba el hecho incontestable de que en algunas ocasiones los empleados públicos votaban en contra del Gobierno que les había nombrado. Ya sabemos que esto es lo que había sucedido en mayo de 1836 con Istúriz; pero no faltaron otros testimonios durante la Regencia de María Cristina, puesto que así sucedió años más tarde en la sesión de 16 de junio de 1840 dando lugar, por cierto, a que Mendizábal expresase su asombro por este acto, que para él resultaba incoherente. Esta actitud fue justificada, en cambio, por Santillán, a la sazón ministro de Hacienda, quien comentó de inmediato que «no es igual para el Gobierno la trascendencia que tienen los manejos de ciertos empleados en las elecciones y en cuestiones políticas y la que pueden tener dando un voto contrario al Gobierno en una cuestión económica (por técnica). Obrando en política los empleados contra el Gobierno lo atacan en su cimiento; votando en una cuestión económica de distinto modo que el Gobierno (...) es una opinión sin trascendencia y sin más resultado que la especie de novedad que causa el disentimiento del empleado respecto al jefe ministerial de su mismo ramo».

Por cierto que, semanas más tarde, el 20.7.1837, en un debate distinto García Blanco insistió en la tesis de la fidelidad parlamentaria del diputadoempleado al Gobierno al que sirve: «Aunque el empleo sea en pro de la nación y no de ninguna persona o corporación de ella, el empleado debe secundar la opinión de aquellos que le destinan. Ésta es una verdad en política que no se puede negar. El empleado que no está en armonía con las opiniones del Gobierno, para hacerle la oposición debe dejar antes el destino como S.S. (Cabrera de Nevares) lo hizo en otro tiempo y como el sr. Núñez lo hizo ayer mismo (...) El que quiera servir tiene que secundar las ideas del Gobierno, que es el órgano de las exigencias políticas. Para el empleado, nación y gobierno son sinónimos». Como se ve, al cabo de tantas horas y tantos días de debate no habían logrado las Cortes dar una respuesta unánime a la gran pregunta que se había planteado desde el principio, a saber: la de si los empleados públicos servían al Gobierno o a la nación.

La alusión a Núñez se refería a su declaración del día 4 de julio, de la que no se sabe qué admirar más, si su arrogancia o su sinceridad: «Las Cortes tendrán presente que no hace muchos días que en este sitio, para neutralizar en lo posible los efectos de la calumnia, quedé solemnemente comprometido a no aceptar en ningún tiempo el cargo de ministro, porque no se dijese que mi oposición era un efecto de deseos ambiciosos. Ahora tengo que añadir que consiguiente con la doctrina de algunos compañeros con quienes deseo vivir en buena armonía, de que los diputados, cuando son empleados, no deben hacer una oposición sistemática al Gobierno, anuncio que cuando el sr. ministro llegue a su secretaría hallará ya en ella la dimisión que he hecho de mi destino».

2. Apurando las cosas, la cuestión que se estaba debatiendo en el Congreso no era sino la transposición de otra previa y más general que venía planteándose ya desde el primer día: ¿estaban los empleados públicos obligados a aceptar y seguir las opiniones políticas de sus seguidores? Una pregunta que no tenía respuesta segura en el ámbito del servicio público y cuya ambigüedad se trasladaba, con mayor virulencia todavía según estamos viendo, al ámbito parlamentario.

La tesis de Gómez Becerra en la sesión de 3.2.1837 no podía ser al efecto más terminante: «Una de las circunstancias que se requieren es la de que estos dependientes sean adictos a la constitución, cosa que está reconocida como regla general y que está mandada por las Cortes y puesta en práctica por el Gobierno». Aunque todavía era más clara la opinión de López en su Memoria (de 24.10.1836) como ministro de la Gobernación: «Todo gobierno tiene un sistema y para realizarlo necesita valerse de funcionarios públicos que estén en perfecta armonía con aquél. (Por esta razón) se ha removido a cuantas personas escogidas para servir otras instituciones de muy diversa índole no podían en lo general suponerse identificadas con las actuales». Nótese que en estas citas se estaba hablando literalmente de constitución, pero en el contexto se puede comprobar que se identificaba la constitución jurada por los superiores con la opinión política concreta de tales superiores.

Dejando a un lado estos excursos, el día 20 de mayo y en un contexto distinto se reanudó la discusión original, que ya daba síntomas de agotamiento y los argumentos se repetían machaconamente. Empezó San Miguel: «Es una anomalía que los individuos del Poder legislativo dependan en cierta manera del Poder ejecutivo. Yo pregunto: si los individuos del Cuerpo legislativo forman parte del ejecutivo o dependen en alguna manera de él; si un hombre de cualquier carrera, que tuviese que esperar premios, honores o ascensos del gobierno ¿podrá tener la suficiente independencia para hacerle cargos y para exigirle responsabilidad? Ésta es una anomalía muy grande por más que se verifique en Francia, en los Países Bajos y otras partes (...) Todo diputado debe estar adornado de las cualidades que se requieren en personas encargadas de hacer el bien de su patria; pero exponerlas a que la recompensa que por sus servicios reciban sea la de perder su destino y verse privado de los medios de sustentar a su familiar, desengañémonos, para hacer tales sacrificios se necesita una virtud muy grande. (...) Diputados hay que la han llevado hasta el heroísmo, si así puede decirse; pero la ley no debe contar con hechos heroicos sino con actos conformes al orden debido y regular de las cosas».

Repetición por repetición oigamos lo que seguidamente dijo Álvaro: «Yo creo que el art. 26 tiene por objeto garantir a las provincias de que sus diputados no venderán su voto con la esperanza de obtener del Gobierno un destino. Y aunque esto parezca hasta cierto punto repugnante, es, sin embargo, efecto del conocimiento del corazón humano. Se ha creído que la esperanza de un empleo puede inclinar el ánimo de un diputado para votar alguna vez a favor del Gobierno o de quien se lo había de dispensar; y yo dije el otro día que es más fuerte el temor de perder lo que se ha adquirido que la esperanza de mejorar en su posición».

Extraña, con todo, lo enconado de esta discusión y aun su propio planteamiento, puesto que en el terreno parlamentario ya había sido suficientemente debatida el año anterior en el Estamento de procuradores y en el terreno político ya había sido resuelto por el Ministerio de Calatrava en el decreto de 17.8.1836 (no publicado por cierto en la Colección Legislativa aunque sí en El Castellano del siguiente día 18), donde se hace un canto a la independencia parlamentaria de los empleados públicos:

Reconociendo cuán sagrada y efectiva debe ser la inviolabilidad que compete a los representantes de la nación por las opiniones y votos que emiten en el desempeño de sus cargos, pues sin esta garantía no cabe gobierno representativo ni libertad pública (he venido en) reponer en los empleos y destinos de que fueron separados (a los diputados-empleados cesados por Istúriz).

No parece, sin embargo, muy sincero este canto retórico a la independencia de los funcionarios porque la parte dispositiva de la resolución más bien respondía al deber del buen pastor de cuidar las ovejas de su rebaño y de ganarse su devoción defendiéndolas de los ataques de sus enemigos.

3. Intentando sintetizar una discusión que parecía no tener orillas, se percibe que el meollo de las incompatibilidades que algunos pedían se encontraba en un triple riesgo que se imputaba a la figura del diputadoempleado: primero, que debilitaba al Poder legislativo desde el momento en que estos diputados carecían de independencia al estar su destino en manos del Ministerio; segundo, que en sentido inverso eran ellos los que en su destino podían influir torticeramente sobre la voluntad de los electores; y tercero, que por atender a las exigencias del Congreso tenían que abandonar su trabajo en la Administración en perjuicio del servicio y, por supuesto, con despilfarro del sueldo que en ellos se gastaba.

Del primer punto ya se han visto testimonios suficientes. Sobre el segundo se insistió en la sesión de 8.12.1836 con ocasión de discutirse si un catedrático de Farmacia había de estar sujeto a las incompatibilidades. Tesis que rechazó Sancho argumentando cabalmente que «es el objeto de la incompatibilidad legal el que no sirva el empleo como punto de apoyo para influir en los electores y desde una cátedra no puede ejercerse semejante influencia».

Por lo que se refiere al tercer punto –el subempleo administrativo de los diputados-empleados–, su corrección dio lugar a dos proposiciones que fueron secamente rechazadas por considerarse que no eran sino «chuscadas» humorísticas o más bien provocativas.

Por una parte, el 1 de febrero de 1837 presentó Almonací –aunque al día siguiente la retiró una vez conseguido su efecto– una proposición en la que se pedía nada menos que

los destinos de la Administración Pública se desempeñen en todos sus ramos sin sueldo ni subvención alguna hasta concluir con la guerra civil.

Lo que defendió luego con las siguientes palabras: «Las Cortes recordarán que desde el año 14 al 20 se sirvió al sr. D. Fernando VII de balde y digo esto porque a nadie se pagaba. Las Cortes del año 20 reconocieron el derecho que tenían aquellos empleados a que se les pagara en la manera posible y casi fue en vano. Pero hay más todavía. Desde fines del año 23 no se pagó a nadie hasta el año 28, haciendo lo que se llamaba un corte de cuentas o cualquier otra cosa equivalente a no pagar ni reconocer derecho a cobrar. He aquí a la nación servida y a los empleados públicos sirviendo de balde (...) Pues si ha sido así en dos épocas en las cuales se ha servido diez años de balde, ¿no tengo yo razón para proponer hoy a las Cortes que se sirva, no digo diez años, sino más si fuere necesario? Si nuestros antecesores lo han hecho, nosotros estamos obligados por lo menos a imitarlos. No hay economía más sencilla que reducir el presupuesto a nada».

La proposición presentada por Fernández de los Ríos el día 5 de junio pretendía excluir de hecho la posibilidad de la acumulación de cargos mediante el sencillo arbitrio de ampliar las horas de oficina de los empleados del Estado a por lo menos ocho horas diarias: una jornada que con toda evidencia impediría la asistencia al Congreso y el problema desaparecía por sí mismo. Lo que argumentó así al día siguiente: «Es indudable que el aumento de horas de trabajo en las oficinas del Estado debe producir el ahorro de sueldos por el menor número de empleados que se necesitarán (...) Ocho horas de trabajo, distribuidas según convenga en las diferentes estaciones del año, aprovechadas en las oficinas por los empleados que perciban del Estado el sueldo correspondiente, no son mucho, cuando les quedan las otras dos terceras partes del día para sus propias atenciones».

Tal como se está viendo, en cuanto se tocaba la materia de los empleados públicos se despertaban inmediatamente los viejos fantasmas de la vagancia y rutina burocrática, de la empleomanía, de la corrupción y del parasitismo y, sobre todo, de la inutilidad de una clase que tanto costaba mantener a los contribuyentes. Los testimonios que acaban de ser transcritos son a este propósito suficientemente elocuentes, pero podrían espumarse varias docenas más de ellos, que Argüelles, en la sesión de 20.4.1837, había intentado ya desacreditar de una vez por todas: «¿Es sólo la carrera de los empleos la que nos hace ricos y poderosos? El comerciante, el capitalista ¿no están todos los días en pretensiones con el Gobierno que pueden aumentar extraordinariamente sus intereses? ¿No pueden obtener del Gobierno una gracia tan importante que le produzca muchos millones de utilidad? Diputados ha habido en España, en Francia y en Inglaterra que sin tener al parecer ni el más remoto contacto con el Gobierno estaban sin embargo en relaciones las más íntimas con él por intereses de familia».

4. El debate se complicaba aún más cuando se tenían en cuenta situaciones especiales como la de los empleados de la Contaduría mayor o de la Caja de amortización o de los que, por razones de servicio, no podían trasladarse a Madrid.

En la discusión del día 24.4.1837, sobre el art. 48.6 del proyecto de constitución, sacó a relucir Calderón de la Barca la conveniencia de que algunos empleados no tuvieran el deber de obediencia a sus superiores como garantía de su independencia funcional que, de rechazo, les facilitaría también su independencia parlamentaria. El diputado madrileño pidió, en efecto, regímenes excepcionales de independencia para los empleados de la Contaduría Mayor de cuentas («porque es necesario que los empleados de dicho establecimiento sean independientes del Gobierno, porque no se podrá exigir a un empleado que sea un héroe y que cuando el Gobierno le presente unas cuentas en las que le convenga usar de oscuridad, tenga aquél la suficiente energía para dar la claridad necesaria y no pasar por las cuentas cuando no las crea justas») y los de la Caja de Amortización antes llamada de Crédito público.

En lo mismo insistió Fontán dado que «teniendo la Caja de Amortización que examinar en esos años de emisiones y empréstitos que forman en el día la máquina de los gobiernos, haciendo que tres o cuatro banqueros sean los árbitros de los Estados de Europa y los que saben negociar empréstitos que de la indigencia suben a la opulencia, como así lo hemos visto en nuestros días, resultando que aquéllos y éstos dispongan de la paz o de la guerra de las naciones, no conviene que pendan los susodichos empleados del gobierno si han de tener la independencia necesaria».

Argumentos que asumió seguidamente Madoz considerando que la Caja de Amortización «tiene que estar en lucha con el Gobierno, y si consultamos el corazón del hombre, convendremos en que un empleado de aquel tribunal, cargado de familia, tendrá muchas veces que acceder a lo que el Gobierno exija de él (...) Si las Cortes quieren una garantía de que se harán las cuentas con la exactitud que corresponde es necesario que se diga que el Rey nombrará todos los empleados, excepto los del Tribunal mayor de Cuentas, que serán nombrados por las Cortes».

Esta postura se encontró, no obstante, con la oposición, un tanto inesperada, de Ferrer, cuya experiencia en materias hacendísticas estaba fuera de duda: «Es necesario hablar con franqueza: las Cortes no pueden proveer ningún empleo que lleve consigo responsabilidad en el manejo de caudales o examen de cuentas porque podría recaer sobre ellas la responsabilidad en cierta manera (...) Estamos expuestos a padecer muchas equivocaciones, al paso que el Gobierno se halla más en disposición para conocer el mérito y capacidad de los individuos en la provisión de empleos».

A Ferrer apoyó Argüelles en un largo y vacuo discurso en el que sostuvo que no era necesaria la independencia porque en un sistema constitucional las instituciones funcionan bien. Mientras que Viadera, para evitarlo, propuso un nuevo sistema de nombramientos.

La lectura de las actas parlamentarias de aquellos días deja un grueso poso de amargura. Porque aquello resultó un paseo por las cloacas del Estado: un reconocimiento de todas las trampas del arte de gobernar, un repaso sincero de las prácticas y corruptelas que anidan en el lado oscuro de la esfera estatal cuyo lado brillante iluminaba de ordinario el salón de sesiones. Todos conocían el secreto de Arlequín y a nadie le gustaba hablar de ello: de aquí que se apresuraran a pasar página, aunque fuera para caer en la incongruencia de las incompatibilidades de los clérigos, otro capítulo que honró muy poco a las Cortes constituyentes.

Eclesiásticos

La declaración de incompatibilidad de los eclesiásticos (proclamada en el artículo 23 de la constitución de 1837) para ser diputados fue una novedad tanto más sorprendente cuanto que en aquellas Cortes tomaban asiento más de una docena de clérigos, de los cuales al menos tres –Tarancón, Valdés Busto y Martínez de Velasco– gozaban de una autoridad indiscutida, otro (García Blanco) era uno de los parlamentarios más activos y todos, sin excepción, eran liberales acreditados. La explicación que dio la comisión fue muy poco convincente puesto que se remontaba a antecedentes históricos descontextualizados y singularmente a una decisión similar adoptada en los Estamentos de la época del Estatuto Real.

Las razones alegadas por Fernández Baeza en la sesión del 18.4.1837 a favor de la exclusión, aparte de no ser de mucho peso, fueron expresadas en unos términos de respeto al clero que suenan a sinceros: «Si tiendo la vista por este recinto y la fijo en los dignos eclesiásticos que honran hoy día el Congreso, parece que debiera arrepentirme del voto que di en la pasada legislatura. Si miro más atrás y recuerdo las anteriores Juntas nacionales, se me presentan los nombres de un Espiga, de un Torrero y otros y encuentro allí muchos eclesiásticos no sólo dignos como tales, sino de sentarse en estos bancos entre los más dignos. Pero si atiendo a que he venido a representar la opinión nacional, lejos de arrepentirme votaré y renovaré mi voto que di en la anterior legislatura para excluirlos (...) Creo seguro que en las grandes poblaciones no tendrá mucho influjo el clero; pero en las villas, en los pueblos pequeños ¿no será generalmente el párroco quien disponga de los votos? Y vista la propensión general de todos los hombres en favorecer a los de la clase a que pertenecen o a lo que se llama espíritu de cuerpo, ¿qué tendencia será la de éstos sino la de que recaigan los votos sobre otros eclesiásticos? De aquí ¿qué resultará? Que al cabo de algún tiempo el Congreso vendría a ser una reunión de eclesiásticos».

La invocación del precedente de Estamentos estatutarios no podía ser, por otra parte, más peregrina pues suponía apartarse del criterio de las Cortes de Cádiz para seguir el de unas Asambleas contra las que se habían rebelado tumultuosamente. Este punto no deja de ser inquietante porque parece confirmar la sospecha de que, por encima de la palabrería habitual, los progresistas de las Cortes constituyentes estaban más cerca de la ideología de los exaltados de 1835 que de la de 1812.

En la sesión del 19.4 (1837) consumió Martín de los Heros su turno poniendo en entredicho la independencia de los clérigos y abogando en definitiva por un parlamento laico: «El sr. Pizarro nos dijo ayer que los eclesiásticos no tardarían mucho en ser pagados como los empleados públicos y que si éstos podían ser diputados, podían también serlo ellos. Estando sujetos los eclesiásticos a tales destemplanzas, ¿podrán venir a representar el Estado con la independencia que se necesita? No, no nos hagamos ilusiones. Yo les concedo desde luego todas las virtudes y la mayor santidad, pero por lo mismo que ésta debe ser tan refulgente, no creo que deba emplearse en cuestiones políticas. Mi afán es que los eclesiásticos se ocupen únicamente de ese ministerio de paz, de legalidad, de orden, de sumisión a las autoridades en todo aquello que no repugne a la santidad de los evangelios».

La autoridad moral de Tarancón, a la que se aludía hace un momento, se confirmó en el discurso, tan elegante como sólido, que pronunció a continuación: «Yo creo que si la diputación se considera como una carga, exige la justicia que la sufran cuantos son llamados a ella, en debida compensación de las ventajas que logran en la sociedad y si es un derecho, nada hay tampoco más conforme a la equidad que el que contribuye como los demás para los gastos del Estado y hace los mismos sacrificios, tenga iguales prerrogativas y no sienta el peso de una exclusión que hasta cierto punto, si no le degrada, le hace algún tanto de menos. ¿De qué sirve sentar principios si luego se han de esquivar las consecuencias? ¿De qué sirve derogar privilegios, si después se han de multiplicar las leyes de excepción? Aun sin hablar de los que viven, ¿habrá quien oiga todavía sin la mayor consideración y grata memoria los respetables nombres de los sres. Espiga, Muñoz Torrero, Olivero, Dou y otros? Su dependencia de la Corte de Roma, cualquiera que fuese en otro tiempo cuando se proveían allí los más pingues beneficios y se dispensaban las gracias más importantes, sabido es también cuán limitada está en el día después de los últimos concordatos, después de las leyes del Reino que han dado formas fijas para toda clase de solicitudes con la precisa intervención del Gobierno y sobre todo después que con mejores estudios se ha generalizado el conocimiento del objeto y límites de las dos potestades y se han fijado las verdaderas reglas de la obediencia debida a una y a otra en todo tiempo y en todas las circunstancias. Mucho más cierta y positiva es sin duda la dependencia que tienen del Gobierno los empleados de todas clases, y acaso es también más temible la influencia que para disminuir su libertad puede a veces ejercer el Ministerio».

Sancho volvió a insistir, con todo, en la dependencia del clero respecto a la Corte de Roma, robustecida, en su opinión, por la figura del celibato: «¿No se sabe que para fortalecer ese espíritu de cuerpo ha establecido la Iglesia romana el celibato de los clérigos? Nadie ignora que uno de los motivos principales para que los clérigos no puedan casarse es el gran interés que ha tenido la corte de Roma en aislarlos de los intereses particulares de su país, para hacerlos más dependientes de ella».

En ese punto y sin que viniera mucho a cuento se produjo un incidente que habría de tener gravísimas consecuencias personales y políticas para Pizarro. Este diputado, religioso ferviente y de confesado talante conservador, había venido actuando siempre de manera muy activa en casi todos los debates, haciendo alarde de una postura antiministerial notablemente agresiva. Pues bien, sin que mediara una causa directa que lo explicase, fue acusado de pronto en esta sesión de algo imperdonable, de lo peor que podía decirse de un diputado, a saber: de haber tenido en el pasado tratos con el absolutismo. Algo que ponía en entredicho su ideología liberal y le descalificaba como diputado. Un golpe bajo, sin duda, pero tremendamente efectivo, ya que no se recuperaría nunca del todo de tal ataque.

Puede imaginarse, por tanto, la indignación del afectado, quien perdió por completo su aplomo y el sentido del humor de que tantas veces había hecho gala. Completamente exasperado desafió a quienes le habían calumniado y ya sabemos que a la sazón no era infrecuente que los discursos parlamentarios terminaran en el campo del honor pistola en mano (recuérdense, sin ir más lejos, los duelos de Mendizábal, Istúriz y Seoane).

Para entender el incidente conviene reproducir las palabras de Sancho, singularmente pérfidas en cuanto que por sí mismas no decían nada, pero que en su momento fueron entendidas por todos los que las escucharon: «en el año 23 defendía yo la soberanía nacional, aventurándome a los riesgos y peligros, y después no me he contradicho. No la defendían así, por cierto, los que salían a recibir a los que habían venido a arrebatárnosla, ni tampoco los que felicitaban a la Junta de Hernani. El sr. Pizarro me entiende».

La réplica de Pizarro no se hizo esperar: «Vamos a las dos especies pesonalísimas calumniosas, atrozmente calumniosas y sobre lo cual aquí y fuera de aquí, de la manera conveniente, reto al sr. Sancho para que me acredite su certeza. Dice S.S. que los que salían a recibir a los que venían a quitar la libertad: en este momento no me nombró pero es relativo a mí. Es una falsedad, es una calumnia. Yo estaba entonces de fiscal en Oviedo. Precisamente hay aquí personas dignas de aquel país y si sirven de apoyo, yo los invito como a los demás, aquí y fuera de aquí, para demostrarles la falsedad que es eso (...) Es una falacia, una calumnia de un caballero asturiano. El otro hecho es haber felicitado a la Junta de Hernani. Ni yo sé donde está Hernani ni recuerdo de tal Junta ni mucho menos de felicitarla. Yo a nadie he felicitado, porque mi humor está siempre más dispuesto a increpar con justicia que no a felicitar por lisonja».

Volviendo al debate principal, San Miguel defendió con brío y desde una perspectiva elevada la tesis de la compatibilidad. «Yo pregunto: ¿qué es religión? Cualquier hombre, por poco versado que sea en estas materias, no podrá menos que conocer que la religión es la sanción de la moral, tanto religiosa como civil, como política. Es claro que la religión presta un apoyo eficacísimo a los legisladores y que los legisladores deben apoyarse en la religión como la cosa que les da la fuerza más poderosa y respetable. No hay virtud civil política, o puramente civil, que no tenga un apoyo y sanción evidente en la religión; y los hombres que por su profesión, por su estado predican esta religión y la infunden ¿han de ser privados de entrar en el santuario de las leyes?».

Al llegar a este punto tomó la palabra Argüelles de quien se esperaba un gran discurso sobre el laicismo: «Las Cortes habrán visto que esta cuestión se presenta con un carácter enteramente nuevo de aquel con que se anunció hace dos años en el Estamento de procuradores. Por una singularidad que mal podré explicar yo cuando no la comprendo, la votación nominal fue casi unánime, porque sólo dos voces contradijeron que el clero no tuviese entrada en el estamento o brazo popular de las Cortes. Hoy se presenta una larga lista para pedir que el clero sea admitido en el Congreso de los diputados (...) Si algún dolor, pena y sentimiento profundo puedo tener en tomar la palabra en este caso, es por haber de contradecir y no poder abrazar la doctrina profunda, filosófica, religiosa, moral y política que he oído en boca del sr. Tarancón. Los acontecimientos son en tanto número y están tan recientes, que ellos me ahorrarán a mí el disgusto que tendrían las Cortes de oír por boca mía lo que ya saben. ¡Qué de injurias, qué de ultrajes, qué de calumnias se derramaron en los púlpitos en todas partes! ¿Y contra quiénes? Contra hombres que lo respetaron todo (...) La exclusión que se hace del clero es muy justa y conveniente y esta justicia y conveniencia es sin duda porque no puede ser otra la razón (...) No digo nada de lo que sucedió en Santander en las primeras elecciones que se hicieron conforme a la Constitución. Fue un escándalo, pues hubo parroquia en donde de 27 electores que concurrieron, 23 eran clérigos».

El día 20 intervino de nuevo un clérigo, Venegas, en un discurso llano, apasionado y agresivo en el que sin perder la cortesía se atrevió a hacer unas críticas nunca oídas en aquella Legislatura: «Yo me he devanado los sesos para ver las razones en que han podido fundarse y confieso que sólo hallo una y es que en España tres y dos no son cinco. Aquí todas las tragedias políticas tienen un enlace y un desenlace, son un enredo que se desenreda sin saber cómo (...) y se ha seguido un discurso de intolerancia religiosa que no está conforme con las costumbres de nuestros predecesores y el discurso del sr. Argüelles ha sido altamente injurioso al clero, y en esto estuvo S.S. tan recio como un vendaval, siendo cosa muy extraña que también haya tempestades en el Olimpo. He dicho que el artículo contraría el voto nacional y lo demuestro. Centenares concurrieron en mi provincia a la elección y tuvieron la bondad de elegirme diputado. Centenares concurrieron en la provincia de Málaga y eligieron y reeligieron a un digno eclesiástico; en la provincia de Jaén han elegido a dos; la de Córdoba a uno, la de Sevilla a dos, la de Zamora, la de Burgos, la de Oviedo y hasta la misma Galicia tiene aquí un representante. Dijo el sr. Sancho, y creo coincidió también en esta idea con el sr. Argüelles, que en el clero reina un espíritu de partido y yo a esto respondo que no hay semejante espíritu ni cosa más separada entre sí que los clérigos en España; que éstos para nada se reúnen hoy, ni tienen asambleas conciliarias; cada uno vive retirado en su casa y bajo ningún aspecto presenta el clero ese espíritu de partido (...) El sr. Argüelles, cuyos labios destilan miel, dulzura, cortesía y cumplimientos, cuando habla del clero sus labios destilan entonces hiel y amargura. Aquí se oye hablar de desafección de clérigos, de faltas de militares y de otros empleados. Ésta es nuestra comida diaria. Pero hasta ahora ninguno ha habido tan valiente que haya hablado contra los mandarines de la Corona, de cuyos desaciertos ha procedido la mayor parte de nuestras desgracias. Pues qué, ¿tan libres están de censura los ministros que han mandado en las épocas constitucionales, si se examina la historia con imparcialidad, que no resulte que de su imprevisión e incapacidad han dimanado nuestros desastres y que a ellas se deba tal vez el que Don Carlos se halle hoy mandando en Navarra? Pues yo la mayor parte de los males que nos afligen los atribuyo a los ministros de la Corona».

La siguiente intervención de Antonio González nos interesa, más que por la imperturbable repetición de argumentos cien veces ya desarrollados, por su peculiar interrelación de la voluntad nacional, ya que aquí podemos comprobar –una vez más– que la voluntad expresa de los electores se equiparaba, o no, a la voluntad general según como conviniera a los intereses del intérprete: «Ha dicho el sr. Venegas que la opinión pública designaba a los eclesiásticos para que fuesen representantes de la nación y ha citado los ejemplos de haber sido elegidos algunos diputados en Málaga, Sevilla y Granada. Permítame S.S. le diga que por haber hecho eso algunas provincias no prueba que la opinión nacional está a favor de que los eclesiásticos vengan al Congreso. Porque en aquellos colegios electorales pudo haber un partido que influyese para que saliese algún eclesiástico dignísimo, como lo son los que se hallan en el seno de las Cortes. Pero la opinión de esos individuos no puede llamarse la de la nación, la cual no se manifiesta más que de una manera, que es consultando al cuerpo representativo y en la legislatura anterior fue consultado y opinó que no debían tener entrada los eclesiásticos en el Congreso de diputados».

Por lo demás, el resto del discurso estuvo inspirado, al igual que el de Argüelles, por el resentimiento. Uno y otro habían padecido en su carne la terrible represión absolutista, sabían de sobra la participación que en ella había tenido el clero y ni lo habían olvidado ni estaban dispuestos a perdonarlo. Para ellos nada significa la existencia de eclesiásticos liberales sinceros ni tampoco la gran masa de los políticamente indiferentes y dentro de cada sotana veían un enemigo que había que neutralizar económica y constitucionalmente a cualquier precio. Por eso continuó diciendo: «No sería político, no sería conveniente, no sería justo que nosotros diéramos esa representación a los individuos del clero. Después que Fernando VII salió de Cádiz, vimos una persecución horrorosa, promovida y dirigida por el clero. ¿No hemos visto que el clero ha tenido siempre sentimientos contrarios a la causa de la libertad? Esto son hechos que no pueden desconocerse».

El día 20 de abril se celebró finalmente la votación y el artículo fue aprobado por 97 votos contra 45, que conviene recordar porque en aquellas circunstancias hacía falta coraje cívico para atreverse a defender los derechos electorales del clero:

El asunto tuvo, sin embargo, una coda inesperada cuando el día 25 del mismo mes de abril presentó Charco (que había votado a favor de la exclusión) una proposición sorprendente que al final no se admitió a discusión:

Pido a las Corçtes que, declarado ya por la aprobación del art. 23 del proyecto de constitución que los eclesiásticos no puedan en lo sucesivo ser diputados y, por consecuencia, no tomar parte en la formación de las leyes, acuerden que los poderes de los sres. diputados eclesiásticos que actualmente lo son han caducado y por tanto pueden retirarse a sus provincias.

Esta proposición únicamente podía entenderse si se percibía su connotación exasperada, provocadora no carente de humor amargo. Porque en el fondo era hija del despecho de un liberal sincero que se sentía injustamente excluido de un derecho electoral que había estado ejerciendo con la mejor buena fe y que defendió así en la sesión del 23: «Esta proposición parecerá infundada a unos, violenta a otros, y aun habrá acaso quien la gradúe hija del resentimiento de que acaso me crea afectado, como individuo de una clase a quien por la aprobación del art. 23 se ha marcado con el sello del oprobio y de la ignominia (...) Si los eclesiásticos, de quienes se ha dicho que no pueden ser diputados porque no tienen intereses comunes con los pueblos, porque no son independientes y porque son enemigos de las instituciones sociales, continúan haciendo parte del Congreso y tomándole en la formación de las leyes, acaso podrían dificultarlas u obstruirlas (...) ¡Que no tienen intereses comunes con los pueblos! Para poder decir esto es necesario no conocer el sistema de nuestras contribuciones. Yo, por mi parte, sé decir que pago contribuciones provinciales, la de paja y utensilios, la extraordinaria de guerra, el reparto de la sal, diezmos y primicias y todos cuantos gravámenes sufren los pueblos. ¡Que los eclesiásticos son enemigos de las instituciones actuales! Si con justicia alguno de los individuos del Congreso se ha gloriado de que defendió la libertad en la plaza de Cartagena en 1823, también me cupo la gloria cuando fue atacada esta plaza por los nietos de San Luis en dicho año el defenderla al frente del barrio de San Antón (...) Mi proposición está fundada en una resolución análoga adoptada ya en el Congreso. Habiéndose decidido que las provincias de Ultramar sean regidas por leyes especiales y que no tengan representación en lo sucesivo, se acordó también que no tuvieran entrada en este Congreso los diputados de aquellas provincias. Si los eclesiásticos en lo sucesivo no han de tomar parte en la formación de las leyes, creo que los diputados eclesiásticos que tienen asiento en el Congreso se hallan en el caso que los de Ultramar. Porque lo que las Cortes deben declarar es haber caducado los poderes de los sres. eclesiásticos y a éstos en libertad de marchar a sus provincias».

* * *

6. FICHAS BIOGRÁFICAS PARLAMENTARIAS

*La provincia que va entre paréntesis es aquella en la que el diputado fue elegido.

*El año de nacimiento se indica en un guarismo también entre paréntesis.

*Se indican los discursos pronunciados y las comisiones de las que formó parte como dato inequívoco de su peso y actividad parlamentaria.

*La advertencia de «votó contra Istúriz» identifica su posición política (progresista mendizabalista) en el Estamento de procuradores en mayo de 1836.

*Las citas que vienen sencillamente anotadas con FC y un número de página proceden de la obra de Fermín Caballero Fisionomía natural y política de los procuradores de Cortes de 1834,1835 y 1836.

Abad Gamboa, Esteban (Toledo). En las Cortes anteriores votó contra Istúriz. Discursos: 1. Comisiones: agricultura y artes, medidas extraordinarias. «Parécelo de convento en la grandeza, pero en las ideas hace mucho que se secularizó y en votar arreglado tiene más caridad que todo el pueblo de Illescas» (FC, 110).

Abad y Lasierra, Dionisio (Huesca). Discursos: 10. Comisiones: libertad de imprenta, agricultura y artes, diputaciones provinciales. «Soy un propietario sujeto a vivir del producto de la tierra» (discurso de 27.4.1837).

Abargues Feliu, Joaquín (1787) (Alicante). Diputado en los años 1813 y 1814 y procurador en 1834 y 1835; confinado en 1814 en el castillo de Denia. Exiliado en París de 1823 a 1833. Abogado y propietario. Tomó asiento el 6.2.1837. Discursos: 8. Comisiones: división territorial, cuentas. En ocasiones se quejan de él debido a «la viveza de su voz». Su carrera política culminó con el nombramiento de senador. «A honradez y patriotismo puede apostárselas al más estirado de los que con él hicieron la oposición en 1834 y han sostenido a Mendizábal hasta la tumba. Es uno de los pocos que suben a la tribuna para hablar. Dice como si supiera de memoria el discurso y en ninguno de ellos, verse sobre la materia que verse, olvida la curia romana, la Santa Alianza y el despotismo de Calomarde, que son las tres claves de su despotismo particular. Presencia gigantesca, cara más ancha que larga, barriga de plenilunio y una decisión que desmiente su flema física. No puede oír los sentimientos patrióticos de su antiguo colega Argüelles sin verter lágrimas como un chiquillo» (FC, 57).

Acebedo, Nicolás Miguel (Cuba). Tomó asiento el 2.11.1836; pero luego se le declaró no admitido como a todos los diputados de las Antillas.

Acevedo, Manuel María de (Pontevedra). Abogado. Antiguo emigrado. Discursos: 10. Comisiones: constitución, presupuesto de Gobernación, biblioteca. El 28.19.1837 es nombrado senador. Elogiado por haber inspirado la redacción del trascendental artículo 11 de la nueva constitución de 1837.

Acuña Malvar, Pedro Antonio (1786) (Jaén). Hacendado. Procurador desde 1834. Votó contra Istúriz. En 1835 formó parte de la Junta de Andújar. Vicepresidente de las Cortes en marzo y presidente en abril. Ministro de la Gobernación de 9 de julio a 18 de agosto 1837. El Eco del Comercio le criticó duramente por sus implacables destituciones de empleados públicos. Discursos: 21. Comisiones: constitución, comercio, cuentas, presupuesto de Gobernación, represalias. Senador en 28.10.1837. «Éste es aquel Pedro Antonio que votó en la oposición en 1834, que luego fue juntero y nada menos que de la superior de Andújar, que vino comisionado a Madrid con otro Gutiérrez, tan buena cuña como él y que al fin se arregló con los del progreso a despecho de los de Manzanares. Habla medianillamente y ha opinado mejor, pero se le conoce en el aspecto que es señorito de pueblo, de los que llevan las borlas del palio y tienen cuarteles en campo de gules. Excelente carácter y personal compuesto y apacible» (FC, 88). Procedente del progresismo templado fue derivando hacia el moderantismo.

Alcalá Zamora, Pedro (Córdoba). Capitán de caballería retirado. Familiar y alguacil del Santo Oficio. Votó contra Istúriz. Tomó asiento el 23.2.1837. En julio de 1837 obtuvo licencia por tres meses y ya no regresó. Discursos: 10. Comisiones: presupuestos. Senador y jefe político de Sevilla. «Picado de viruelas, su fachada es grande y de hombre bueno y decir tan pausado que pone en agonía a quienes le escuchan, que no suelen ser muchos. Lo que es liberal, eso sí y de los templados, como todos los cordobeses» (FC, 79).

Alcón Calduch, Andrés (1782) (Valencia). Estudios en Madrid y París. Profesor de Química de la Universidad de Valencia. Emigrado en 1823. Tomó posesión el 21.10.1836. Discursos: 21. Comisiones: instrucción pública, moneda, agricultura y montes, minería.

Alcorisa, Joaquín (Tarragona). Magistrado, propietario y labrador. Magistrado de la Audiencia de Zaragoza. Vocal de la diputación provincial de Tarragona en 1822. En el verano de 1835 representante de la Junta de Barcelona en Zaragoza y en el verano de 1836 comisionado en Barcelona de la Junta aragonesa. Miembro de la Junta Superior de Gobierno de Aragón. Tomó posesión el 6.11.1836. Discursos: 25. Comisiones: división territorial, exposición de la diputación provincial de Granada. Asistente asiduo y participativo en los debates; tenaz en sus peticiones. Progresista radical y crítico con el Gobierno y singularmente con los abusos militares. Incansable tanto en el acoso al Ministerio como en la defensa de los intereses catalanes.

Alejos Burriel, Pedro (Teruel). Labrador. Discursos: 71. Comisiones: hacienda, división territorial, exposición de las diputaciones provinciales. Asistente, participativo, singularmente interesado en los asuntos de Aragón y del ejército del Centro. Mendizabalista a ultranza. En el mes de mayo de 1837 su nombre apareció en la prensa con ocasión de un asunto algo turbio. El Eco de la Razón y de la Justicia había informado que era el contratista de pan de la guarnición de Teruel y el interesado se apresuró a desmentirlo en El Eco del Comercio del día 18. Lo que dio ocasión a otra carta deliberadamente ambigua del diputado Juan Lasaña en la que recordaba que las actividades de los diputados fuera del ejercicio de su cargo no interesaban al Congreso. El día 28 El Eco de la Razón rectificó su primera denuncia precisando ahora que a quien se había concedido la contrata era a «cuatro amigos» de Alejos Burriel. Y el asunto siguió coleando hasta el fin del mes con la publicación de otra carta aclaratoria del interesado. «Su gran estatura, su agradable presencia, su sencillez en la expresión y el fuego patriótico que se le enciende previenen mucho a su favor. Jamás tiene pereza ni se cansa cuando se trata del bien público» (FC, 109).

Almodóvar, conde de (1777), Ildefonso Díez de Rivera (Valencia). Militar de artillería. Miembro de la logia masónica valenciana desde 1814. Después de haber sufrido persecución y cárceles durante el absolutismo por sus actividades conspiratorias, en 1820 fue nombrado capitán general de Valencia, desde donde intentó templar los excesos de los radicales. Actitud moderada que más tarde le valió la amistad de la Reina Gobernadora pero conservando el respeto de los progresistas puesto que se alineó en la oposición de Martínez de la Rosa. Diputado en el Trienio. Presidente del Estamento de Procuradores en 1836. Votó a favor de Istúriz. Tomó asiento el 21.10.1836. Discursos: 12. Ministro de Guerra (sucesor de Rodríguez Vera) y de Estado (interino) con Calatrava. El Eco del Comercio de 4.3.1837 criticó su nombramiento porque en su anterior etapa como ministro no había hecho nada y, además, su salud era débil: «todos estos recuerdos han resfriado al público respecto de la promoción del actual ministros de Guerra». Progresista convencido, no participó demasiado en las tareas parlamentarias. Era hombre, más bien, de Palacio pues gozaba de la confianza de María Cristina. Senador de 1837, llegando a ser presidente de la Cámara. Según Villaurrutia (p. 188), «capitán general de Valencia, cuya revolución acababa de acaudillar y combatir alternativamente, buen caballero, general antiguo, cortés y entero, de mejor intención que discurso, muy irascible y difícil de aplacar, propenso a pensar mal de quien de él disentía».

Almonací y Mora, Rafael de (Jaén). Abogado. En 1821 promotor fiscal del Juzgado de Mancha Real. En 1835 ministro de la Audiencia de Alicante. Discursos: 61. Comisiones: tribunal de Cortes, decretos, Milicia nacional, presupuesto de Gracia y Justicia, mensaje por los sucesos de Pozuelo, exposición de la diputación provincial de Valencia, extraordinaria de guerra, represalias. Asiduo y participativo. Radical fogoso.

Alonso Cordero, Santiago (León). Tomó asiento el 21.10.1836. Riquísimo hombre de negocios, original de la maragatería, a quien gustaba hacer ostentación de su fortuna. El Eco del Comercio le criticó el lujo de su atuendo con que se presentó el día de la apertura de las Cortes, aunque otras veces usaba el típico traje maragato. Murió en 1865 siendo presidente de la diputación provincial de Madrid. Intervenía con autoridad en los asuntos financieros.

Alsina Selisis, Vicente (1794) (La Coruña). Alcalde de La Coruña. Votó contra Istúriz. Tomó posesión el 23.11.1836. Discursos: 0. Comisiones: comercio. Pasó desapercibido

Álvarez, Francisco de Paula (Álava). Ausente largo tiempo por enfermedad. Discursos: 0. Comisiones: hacienda, Casa de la moneda.

Álvarez García, Manuel (Valladolid). Abogado e intendente. Tomó asiento el 21.10.1836. Discursos: 38. Comisiones: Hacienda, decretos, crédito público, inutilizados en campaña. Asiduo y participativo. Bien enterado de cuestiones hacendísticas como Director que fue de Rentas. Combatió a Mendizábal pero siempre de forma ponderada y objetiva. «Aunque le veis chiquitito, negrillo y de voz atiplada, tiene pujos de erudito y flato de perorador. Sobre todo tocando a materias rentísticas se reviste de autoridad y aunque al auditorio le repugne espeta un rondó sobre contribuciones directas e indirectas, sobre la acción fiscal o sobre aduanas, que dan ganas de ser pechero al oírlas, se pone de rebelarse contra todo rentista proyectante o estrujante. Para él no hay nación más feliz que la que paga mucho, ni gobierno más sabio que el que busca mucha materia imponible y mucho dinero para el Tesoro» (FC, 53).

Álvarez Robledo, Vicente (Orense). Tomó asiento el 23.11.1836, pero renunció pronto por enfermedad y fue sustituido por Andrade Yáñez.

Álvaro, Aniceto de (Segovia). Comunero en 1823. Emigrado. Se discutió su acta porque, siendo empresario, estuvo en quiebra en 1823 aunque luego se liberase por un limpio concurso de acreedores. Oficial de Secretaría de Hacienda. Director General de Aduanas y Aranceles. Presidente de la Junta de Clases pasivas. Pero su verdadero oficio fue el periodismo. Tomó asiento el 21.12.1836. Discursos: 125. Comisiones: Hacienda, revisión de cuentas atrasadas. Enemigo encarnizado de Mendizábal tanto desde el Congreso, donde actuó como caudillo de la oposición, como desde El Castellano, periódico que dirigía y del que era propietario. El ministro le correspondió con una enemiga similar contra él y su periódico. Sus altercados parlamentarios fueron sonados. Según Janke (p. 241), fue inicialmente «el mayor defensor de Mendizábal. Sus comienzos fueron los de un humilde tendero de Madrid, pero su negocio fue a la quiebra en 1825 mientras se hallaba exiliado en Gibraltar. No conoció a Mendizábal hasta 1836, pero el 2.10 de ese año pedía apoyo para él en las páginas de La Revista española, de la cual era uno de los directores (...) Mendizábal le colocó en el Ministerio de Hacienda y desde esta posición defendió sus medidas económicas». En el número de 3.10.1836 publicó El Castellano en primera página un oficio firmado por Mendizábal por el que cesaba a Álvaro del empleo de oficial de la secretaría de Hacienda con fecha 1.10.1836. «Entiende de Hacienda, de gastos, de deudas y escribe con tal eficacia que no para hasta persuadir que él debe manejar ciertos negociados rentísticos. Fuera de estas materias que ha estudiado es hombre perdido y es lástima que no lo conozca desluciendo por un lado lo que por otro apaña. Estatura de lapón» (FC, 105).

Ancos, Fernando de los (Zaragoza). Tomó asiento el 21.10.1836. Discursos: 2. No perteneció a ninguna comisión. Pasó desapercibido.

Andrade Yáñez, Juan (Orense, como sustituto de Álvarez Robledo). Abogado y magistrado. Once años corregidor de Galicia. Toma posesión el 23.11. Licencia por dos meses para tomar baños. Discursos: 12. Comisiones: milicia nacional.

Angulo y Dávila, Jerónimo (Cádiz). Suplente en reemplazo de Antonio María Zurita, mas no permaneció mucho en el Congreso pues pronto renunció al escaño por sordera casi total.

Aranda, Juan Ramón de (Vizcaya). Comandante de la Milicia nacional de Bilbao. Testigo del duelo entre Seoane y Manzano. Cruz supernumeraria de Carlos III por haber formado parte del ayuntamiento de Bilbao durante el sitio. Discursos: 2. Comisiones: ultramar, especial de guerra, crédito público, tratado con América, cuentas, moneda, premios nacionales.

Araujo, Tomás (Valladolid). Tomó asiento el 28.10.1836. Discursos: 19. El 21.12.1836 el presidente le rogó que hablase más alto. Comisiones: instrucción pública, sanidad, plan de Calvo de Rozas, abono de sueldos a empleados en comisión.

Arce, Miguel (Ciudad Real). Varias licencias por asuntos propios. Discursos: 1. Comisiones: sanidad. «Observa lo que dicen los demás y vota con el mayor número: partido de prudente aunque sea de bastos» (FC, 76).

Arce, Salvador (Toledo). En julio de 1837 licencia por enfermedad. Discursos: 27. Comisiones: gobierno interior.

Argüelles Álvarez, Agustín (1776) (Asturias). Su significación política es harto conocida por lo que puede prescindirse de ella aquí. Se abstuvo en la votación contra Istúriz. Tomó posesión el 21.10.1836. Discursos: 132 en su mayoría muy largos. Comisiones: contestación al discurso del Trono, tribunal de Cortes, Regencia de la Reina Gobernadora, proyecto constitucional, Ultramar. Asistencia asidua aunque al final estaba enfermo. Fue elegido presidente en junio para darle la honrosa oportunidad de contestar a la Reina Gobernadora en la jura de la Constitución. El 10.7.1841, a propósito de su nombramiento de tutor de la Reina, confesó que toda su vida había vivido en las Cortes, que cuando le eligieron por primera vez no tenía profesión ni la había tenido después, no conocía otra que la de diputado, si profesión podía llamarse, y que si para algo podía valer era para ser diputado. Por otra parte se redujo la asignación de tutor a la mitad, pues reconoció sinceramente que no necesitaba más dinero. Fue, sin duda, el diputado más respetado. Intervenía con frecuencia y ordinariamente con discursos interminables en los que pretendía sentar doctrina o cerrar debates. Portador de la memoria histórica parlamentaria, traía habitualmente antecedentes y ejemplos de anteriores épocas constitucionales. El 28.10.1837 fue nombrado senador.

Según Rico y Amat (pp. 45 ss.), «si hubiera de juzgarse a los oradores parlamentarios por la fecundidad de su palabra, por la facilidad de su expresión, por la variedad de sus conocimientos, ninguna nación podría presentar un orador más acabado, más perfecto que D. Agustín Argüelles. Lo elevado de su estatura, la viveza de sus ojos, lo suelto de sus ademanes, la nobleza y expresión de su figura y hasta su poco agradable rostro daban mayor realce a sus cualidades oratorias, prestando a sus discursos la expresión y la elocuencia de que esencialmente carecían. Dotado de una memoria privilegiada, de un erudición vasta y confusa, de una ilustración nada vulgar. (Pero) pecó de poco lógico en sus arengas, de falta de método en la exposición de sus ideas y de poca fuerza y exactitud en sus argumentados. Levantábase por lo común a hablar sin haber meditado bien la materia de que iba a ocuparse y, confiado en su afluencia prodigiosa, peroraba sin plan y era por consiguiente difuso y destartalado en sus peroraciones. El metal de su voz, agradable y sonora, excepto cuando se acaloraba que era chillona y desapacible, daba cierta entonación y realce a sus discursos, por lo general acompasados, fríos y monótonos, como disertaciones académicas (...) Su reputación de orador desmereció notablemente en la última época de su vida parlamentaria, no comprendiendo mucho al oírle cómo había adquirido tanta fama y renombre» (FC, 99).

El Eco del Comercio en su crónica parlamentaria de 3.11.1836 anotaba que en su discurso «se atrajo como siempre la atención de los oyentes», añadiendo que «la firmeza en el decir y el convencimiento de que habla al corazón hizo y hará siempre que sea escuchado con gusto este patriarca de la libertad española». Hasta Larra se ocupó de él (en De 1830 a 1836): «es anglómano (...) y en cuanto a sus principios, como muchos en España, liberal del siglo XVIII. Se plantó en el 89 y por él no pasan los días».

Incondicional de Mendizábal, en 1836 ya habían pasado sus mejores tiempos y en el Congreso era más respetado que seguido.

Argüelles Mier, Asensio Antonio (Oviedo). Abogado. Muy mala salud. Toma posesión el 14.11.1836. Discursos: 1. Comisiones: libertad de imprenta, hacienda.

Argumosa, Diego (Madrid). Médico. Varias veces enfermo. Discursos; 38. Comisiones: corrección de estilo, instrucción pública, sanidad, exposición de la diputación de Valencia. Intervenía indefectiblemente en todas las cuestiones sanitarias, aunque no sólo en ellas. Un ejemplo de su susceptibilidad. Palabras pronunciadas en la sesión de 30.10.1837: «En la sesión del día 24 último tuve que denunciar al Congreso el procedimiento injurioso que la diputación provincial de Valencia se había permitido contra un diputado de la nación en el desempeño de sus deberes, fiando la reparación de esta ofensa a las virtudes del Congreso, y como veo que, contra toda esperanza, ha pasado sin obtenerla más tiempo que el que podían exigir las consideraciones debidas a una diputación provincial y más también que el que podía permitir el honor vulnerado de un diputado de la nación, he llegado a considerar ya la conservación de tan honroso título como incompatible con mi pundonor. Renuncio, por tanto, a mi cargo de diputado».

Armas, Francisco de (Puerto Rico). Diputado electo que no llegó a tomar posesión por su condición de antillano.

Armendáriz y Murillo, Agustín (1786) (Navarra). Abogado, funcionario. Jefe político de Cuenca, de Sevilla y de Madrid. Habilitado para desempeñar el cargo de jefe de sección del ministerio de Gobernación de la Península, terminó siendo subsecretario y ministro interino de ese Ramo en el Ministerio de Calatrava y luego en el de Pérez de Castro. Intendente de la Casa Real en 1850 y en 1852 fue nombrado marqués de Armendáriz. Varias licencias por enfermedad. Discursos: 86. Comisiones: hacienda, ley de reemplazo, diputaciones provinciales, beneficencia, premios nacionales. Asistente asiduo y laborioso, atento siempre a los intereses de Navarra. Interviene con frecuencia y siempre con actitud progubernamental: eficaz peón de brega del Ministerio. Aclaraciones ofrecidas en su discurso de 30.8.1837 que revelan las claves de su posición política: «Yo estaba de jefe de sección del Ministerio de la Gobernación antes de ser elegido diputado. Entonces no había subsecretario, estaba sometido a un jefe de sección este negociado y recayó en mí ese honor. Yo era jefe de sección encargado de los negocios de la subsecretaría. El sr. Pita, a pretexto de un reglamento, nos expulsó a cuatro jefes de sección, a cuatro personas, pues la secretaría quedó la misma. Es decir, que cuando yo tuve el honor de sentarme en estos bancos era jefe de sección y sin saber a qué atribuirlo fui separado. Después creó el mismo sr. Pita la plaza de subsecretario y debí a S.M. el que me encargara de ella».

Ayguals de Izco, Wenceslao (Castellón). Pidió se le excusase por no poder abandonar su casa de comercio.

Ayllón, Mateo Miguel de (1793) (Sevilla). Abogado, magistrado y también actuó como militar. Secretario en las Cortes de 1822. En febrero de 1836 magistrado togado honorario y juez de primera instancia de Madrid. Fiscal mayor del Tribunal de Cuentas nombrado por Calatrava. Redactor de El Eco del Comercio. Tomó posesión el 21.10.1836. Discursos: 144. Comisiones: hacienda, Tribunal de Cuentas, legislación, exposición de la diputación provincial de Zaragoza, diezmos, mensaje por los sucesos de Pozuelo, Crédito, corrección de estilo. Asiduo, participativo con especial atención a las cuestiones de cuentas. Radical convencido pero moderado en sus expresiones.

Azpíroz y Jalón, Francisco Javier (Segovia). Militar. Tomó asiento el 18.1.1837. Discursos: 0. Comisiones: extraordinaria de guerra. En su condición de militar se le encomendaron varias misiones en Castilla la Vieja durante el verano de 1837. En general su asistencia a las sesiones fue muy escasa.

Baeza, Juan (Valencia). Contador General de Correos en 1822, fue destituido en 1823 y repuesto en 1834. Tomó posesión el 21.10.1836. En diciembre del mismo año fue secretario del Congreso. Discursos: 17. Comisiones: gobierno interior, contestación al discurso de la Corona, Milicia nacional, facultades extraordinarias, Gobernación.

Ballesteros y García, Diego José (Ciudad Real). Votó contra Istúriz. Toma asiento el 21.10.1836. Discursos: 15. Comisiones: revisión de cuentas atrasadas. Se le concedieron dos licencias por asuntos propios y en julio de 1837 se le denegó una tercera que había pedido. «Ni es hablador ni bonito pero firma con decisión cuanto concierne al bien común sin temor a malandrines follones ni a batanes ni a gigantes. Y no se crea que este progresista va descamisado» (FC, 73).

Bárcena, Pedro Alejandro de (Oviedo). Militar. Discursos: 2. Comisiones: caminos y canales, mensaje para los sucesos de Pozuelo.

Bardají y Balanzat, Antonio de (Baleares). Secretario de la Reunión de Amigos de Ibiza. Toma asiento el 26.4.1837. Discursos: 1. Comisiones: reemplazo.

Becerra, José Ramón (Lugo). Hacendado. Votó contra Istúriz. Jefe político de Orense. Discursos: 1. Comisiones: milicia nacional, beneficencia, división territorial. En mayo de 1837 obtuvo una licencia por enfermedad. Intervención el 30.5.1837: «No habiendo desde hace 17 años podido prestar ninguna atención al cuidado de mi patrimonio y viendo que el ocaso y total exterminio de los facciosos de mi provincia me permitirán hacerlo este año, había formado intención de pedir licencia para poder dedicarme a ello un par de meses; pero desgraciadamente otro motivo más imperioso me insta a pedir. He sido últimamente atacado de dolores cólicos y todos los días sufro más o menos de ellos y algunos me obligaron a retirarme de las sesiones». «Basta mirarle para convencerse de que aquella persona gallarda y venerable tiene una buena pasta y un patriotismo puro» (FC 92).

Bermúdez de Castro, José (Lugo). Votó contra Istúriz. Jefe político de La Coruña. Tomó asiento el 26.5.1837. Discursos: 0. Se le deniegan varias licencias y al final terminó ausentándose por enfermedad. «A votar con los compañeros y punto concluido» (FC 93).

Bertrán de Lis y Tomás, Manuel (1806) (Valencia). Familia valenciana de comerciantes y asentistas del Ejército. Diputado en 1820, exiliado en 1823. Discursos: 20. Renuncia al cargo. Radical activista. El 18 de julio de 1837 se ve envuelto en un asunto criminal de imprenta en el Juzgado de primera instancia de Afligidas y Maravillas de Madrid. El 9 de agosto siguiente presentó su renuncia al cargo a través de la siguiente Exposición: «habiéndome honrado mi provincia de Valencia con su elección para diputado a Cortes en las de los años de 1822 y 1823, y también para las actuales; lo mismo entonces que ahora no he tenido otro objeto fijo e inalterable de mi conducta que el bien general de la nación y mirar en cuanto fuese compatible por el particular de mi provincia (...) Con este motivo tuve entonces ocasión de conocer las causas que indujeron a su total ruina. Después de una fría reflexión constante en los diez posteriores años me confirmo en ellas. Y por desgracia me he confirmado en la actual época en que son las mismas causas las que han conducido a la nación al triste deplorable estado en que se encuentra, sin que sean útiles para su remedio los sacrificios que pueda hacer un diputado leal y honrado permaneciendo en su puesto. Yo no excusaría ninguno, ni aun el de mi propia existencia, si pudiera alimentarme de alguna esperanza fundada y justa (...) A pesar de esto ni pude desconocer entonces, ni desconozco ahora, que siendo unos mismos hombres los influyentes en la dirección de los negocios públicos en ambas épocas, y no dando muestras de presentarse a abandonar sus errores, me considero en la necesidad de retirarme, haciendo dimisión de mi destino, con el único fin de no ser un estéril espectador de sus desgracias».

Bertrán de Lis y Tomás, Vicente (Valencia). En su importante empresa familiar estuvieron empleados, entre otros, Canga Argüelles, Flórez Estrada y Mendizábal, que llegó a ser asociado de ella. Alcalde de Madrid en 1822-23. En 1823 rompió públicamente con la masonería para afiliarse a los comuneros. Luego pasó a la emigración. Socio corresponsal de la Casa Rothschild. Metternich le llamó «banquero revolucionario». Pero a partir de 1822 giró al moderantismo. Fue beneficiario de contratas oficiales y adquirió cuantiosos bienes desamortizados. Tomó asiento el 16.9.1837 como sucesor de su hermano Manuel. Discursos: 2. Comisiones: cuentas. Autor de las siguientes obras: Representación al Ministerio español (1831), Memoria de los actos y disposiciones generales adoptadas por la Junta de Salvación de la provincia de Valencia (1843), Los gobiernos y los intereses nacionales (1851), Apuntes biográficos (1852). Según Gil Novales, fue agente doble del absolutismo y del liberalismo.

Bezares, Nicolás (Pontevedra). Clérigo. Tomó asiento el 16.3.1837 en reemplazo de Antonio Rubín. Comisiones: beneficencia. Licencia para permanecer en casa. Testimonio personal que ofreció el 29.8.1837: «Llevo 32 años de cura párroco metido en mi montaña, habiendo sido uno de los que sostuvieron el patriotismo de Galicia en la guerra de la Independencia. Acabada ésta, no traté de pretender cosa ninguna sino que me volví a vivir entre mis feligreses y me dediqué a arreglarme a las prácticas cristianas. Vino el año 1820 y merecí ser nombrado individuo de la Junta diocesana; se concluyó la asistencia de ésta e hice una nueva oposición, en la que no desmerecí y a pesar de esto fui postergado porque había sido adicto a la causa de la libertad entre el 20 y el 23. Hago oposición en el año 33 y aunque tuve la fortuna de que no fuese desaprobado mi ejercicio, no por eso conseguí que se me ascendiese a otro cuarto».

Blake, José María (Málaga). Tomó posesión el 14.3.1837, pero obtuvo licencia por enfermedad y al cabo de poco tiempo renunció al cargo. Discursos: 0. Comisiones: facultades extraordinarias, marina, hacienda, minería.

Bordiu y Góngora, José (Almería). No se le admitió el acta por adeudar fondos públicos.

Burgueño García, Miguel (Segovia). Votó contra Istúriz. Criador de ganado y agricultor. Tomó asiento el 21.10.1836. Varias licencias por asuntos propios. Discursos: 3. Comisiones: agricultura y artes, supresión del diezmo. El Eco del Comercio le criticó por asistir a veces a las sesiones con el traje regional de Segovia. Y sobre ello insistió Fermín Caballero: «Ni la capa de San Martín ha sido tan nombrada y célebre como la de este procurador por Segovia. Presentose con ella a jurar a despecho de aristocráticos ascos; siguió llevándola al Estamento sin dejarla ni un solo día porque ésta es la etiqueta de su tierra, donde no se conocen demócratas con capa ni con coleto. Este ganadero liso y morondo que apenas había sonado al pasar la lista vino a ser notable por la vestimenta. Buen personal y no le falta carácter» (FC, 103).

Buch, Félix (Sevilla). Tomó asiento el 6.3.1837. Discursos: 0. Comisiones: agricultura y artes, crédito público.

Busto, Bernardino (Oviedo). Tomó asiento el 19.6.1837 y esto vale para explicar su reducida actividad parlamentaria. Discursos: 1. Comisiones: beneficencia.

Cabaleiro y Torrente, Antonio (La Coruña). Tomó asiento el 21.10.1836. Discursos: 12. Comisiones: guerra, responsabilidad por infracciones de la constitución, Tribunal de Cortes, mensaje por los sucesos de Pozuelo.

Caballero Morgáez, Fermín (1800) (Madrid). Geógrafo. Director de El Eco del Comercio. Votó contra Istúriz. Tomó asiento el 21.10.1836. Secretario en el mes de octubre de 1837. Discursos: 156. Comisiones: libertad de imprenta, corrección de estilo, especial de guerra, Tribunal de Cortes, división territorial, negocios eclesiásticos, restablecimiento de decretos, extraordinaria de guerra, represalias. Cabeza de la fracción radical, que en su casa se reunía a veces. Su aproximación y posterior distanciamiento de Mendizábal fue un episodio decisivo en la política del momento.

Carta de Manuel Imaz a Luis Fernández de Córdova el 1.2.1836 (en las Memorias íntimas de Fernando Fernández de Córdova, I. 216): «El general Bretón en el Prado, ayer, acometió a Caballero y le dio un par de bofetadas solemnes: rodaron por el suelo las gafas y el sombrero del deslenguado periodista». Dice de sí mismo (FC 82): «Es inasequible por empleos y por honores y no cede a influencias ni le arredran animosidades aristocráticas, ministeriales ni palaciegas. Escribe mejor que habla; pero como argumentador da en la herida y contundente cuando ataca como cuando enristra su pluma de hierro. Estatura regular, bigote negro y ojos grandes que le sirven de adorno pues para ver necesita gafas y las gasta de oro. Los afectados no le perdonarán jamás las Fraternas; los pasteleros le tienen atravesado por sus tremendos artículos contra el 1% y otros que levantaron ampollas; los mandarines no olvidan que en su casa ha sido la reunión perenne de los miembros de la oposición; los títulos no le perdonan que se oponga a la procesía hereditaria y a todo privilegio de clase; y los palaciegos saben con rabia que no deja de clamar contra abusos del Real Patrimonio, contra las intrigas cortesanas y camarillas».

Durante la Regencia de Espartero llegó a ser ministro en el Gabinete de su inseparable López.

Cabrera de Nevares, Ramón (Cádiz) (1785). Vida política agitada. Ocho años de emigración en Gibraltar donde fundó y dirigió un colegio. Luego profesor en una Universidad de Nueva York.

En la sesión de 8.5.1837 confesó: «Ocho órdenes de muerte dadas por el despotismo contra su cabeza le honran; ellas son la ejecutoria de su nobleza política y testimonio irrecusable de su independencia y servicio a la libertad de su Patria, jamás desmentida desde su más tierna juventud». En la sesión de 7.12.1836 relató las persecuciones que había sufrido: «En Cartagena formó parte de una Junta o Consejo presidido por Torrijos y en la que participaba también Sancho. A Cabrera le encargaron llevar a Cádiz copia del acuerdo entre Ballesteros y Molitor. Pero el Gobierno entonces (del que formaba parte Calatrava) le expulsó de Cádiz por traidor, alegando que estaba desmoralizando con sus noticias a la población. Le cogieron los franceses, le libertaron. Pero en Cádiz le volvieron a prender y condenaron a muerte (ahora los realistas) de la que se libró por intervención de los franceses. Calatrava se disculpó alegando que le expulsó para salvarle de las iras populares. Pero Cabrera insistió en su relato afirmando que cuando le expulsaron se dirigió al ministro de la Gobernación de entonces (Manzanares) y le dijo: “¿Por qué se hace esto a un hombre que ha venido a dar un aviso oficial tan útil para la causa de la libertad?” Y se le respondió: “Porque es preciso sacrificar una víctima a la tranquilidad pública y esa víctima es Vd.” Y replicó: “No me importa el destierro ni la cabeza es cosa que merezca la pena, pero de sacrificarse de este modo, ¿puede resultar un bien a la causa de la libertad de engañar al pueblo y dejarle en el error de creer que Ballesteros es un héroe y yo un espía?” Y el ministro le advirtió, en fin: “Si Vd. se presenta en las Cortes o usa de la imprenta, el Gobierno tiene un palo donde sentarle a Vd. y levantarle la tapa de los sesos”».

Nombrado jefe político de Madrid el 24.11.1837 por Rafael Pérez y cesado unas semanas después, el 30 de diciembre, por el marqués de Someruelos. Discursos: 70. Comisiones: restablecimiento de decretos, supresión de diezmos, tratado con América, marina, infracciones de la constitución, caminos y canales, cuentas. Autor de una «Memoria sobre el estado actual de las Américas y medio de pacificarlas» (1821). Formó parte desde el primer momento del núcleo duro de la minoría radical y a partir de agosto de 1837 defendió con pasión a Pita Pizarro y a Bardají.

Cachurro, Santiago Martín (Palencia.). Suplente de Jalón por fallecimiento de éste. Clérigo. Discursos: 5. Comisiones: Caminos y canales. Bien enterado e interesado en asuntos de agricultura y vida rural. Antiministerial decidido aunque no violento de formas.

En el Diario de Sesiones y en los debates aparece confundido con frecuencia ese diputado (Martín como nombre de pila) y Antonio Martín (como primer apellido familiar) Cachurro.

Calatrava, Ramón María (1786) (Badajoz). Abogado. Gran Maestro de Oriente. Jefe de la Contaduría General. Discursos: 31. Comisiones: hacienda. Asiduo, participativo sobre todo en cuestiones de Hacienda. Senador y varias veces ministro de Hacienda.

En el Diario de Sesiones de 8.5.1837 se anota que «tiene un metal de voz demasiado caído que apenas se le puede oír en ocasiones». Y, en efecto, muchas de sus intervenciones aparecen sólo transcritas de modo fragmentado porque los taquígrafos advierten que no le han podido oír del todo.

Calderón de la Barca, Miguel (1790) (Madrid). Miembro de la diputación provincial de Madrid de 1820 a 1823. Conocido propietario madrileño y diplomático. Votó contra Istúriz. Tomó asiento el 21.10.1836. Vicepresidente en julio, presidente en agosto. Discursos: 82. Comisiones: diputaciones provinciales, presupuesto de Gobernación, inutilizados en campaña, exposición de la diputación provincial de Zaragoza. Asiduo, participativo. «Es gordote, naturalote y de cara empedrada: celoso defensor de las prerrogativas de las Cortes y acordándose de que fue diputado provincial en 1822 tiene un afecto tan natural a las cosas de aquel tiempo que siempre ha hecho gestos al sistema político, unidos con los del mayor progreso. Pocos le ganarán a honrado e independiente, a franco y español. Un Congreso de Calderones valía la felicidad de España» (FC, 93).

Campaner, Félix (Baleares). Abogado. Alcalde de Palma de Mallorca. Discursos: 7. Comisiones: restablecimiento de decretos.

Camps y Aviñó, José Ramón (Gerona). Hacendado de Figueras. Comandante de la Milicia nacional. Licencia por asuntos propios inmediatamente después de haber jurado la Constitución. Discursos: 0. Comisiones: milicia nacional, presupuesto de Gracia y Justicia.

Camps y Ros, Pedro (Gerona). Hacendado. Votó contra Istúriz. Largas licencias. Discursos: 0. Comisiones: supresión del diezmo. «Ha votado a roso y velloso con la mayoría» (FC, 93).

Cano Manuel Ramírez de Arellano, Antonio (1768) (Albacete). Diputado en las Cortes de Cádiz, de las que fue presidente en 1811. Ministro de Gracia y Justicia en el Trienio. Magistrado (llegaría en 1839 a presidente del Tribunal Supremo). Discursos: 0. Comisiones: Tribunal de Cortes. Según Pirala (V. 182 y 193), no se le pudo enterrar hasta que la familia no encontró dinero para su entierro. «Magistrado respetable, liberal de abolengo y procurador incorruptible (...) Es tanto más apreciable la independencia de este padre de la patria en cuanto que colocado detrás del banco de la Corona iba a parar su oposición al colodrillo de los ministros, que no lograban hacerle el coco volviendo la cabeza, pues vota con los ojos cerrados y aun abriéndolos ve poquísimo» (FC, 55).

Cano Manuel y Chacón, Vicente (Cuenca) (1764). Tomó asiento el 21.10.1836. Discursos: 0. Comisiones: Libertad de imprenta, efectos de conventos. Obtuvo licencia por asuntos propios.

Cantero y San Vicente, Manuel (Madrid). Del comercio y propietario. Ministro de Gracia y Justicia en 1821 y presidente del Tribunal Supremo en 1834. Votó contra Istúriz. Fue alcalde de Madrid durante ocho meses. Tomó asiento el 21.10.1836. Vicepresidente en octubre de 1837. En octubre de 1837 obtuvo licencia por asuntos propios para retirarse a Valladolid. Discursos: 18. Comisiones: comercio, regencia de la Reina Gobernadora, tribunal de Cortes, crédito público, plan para terminar la guerra civil, inutilizados en campaña, efectos de los conventos suprimidos, contribución extraordinaria de guerra, hacienda. «Como buen comerciante y trabajado bolsista se conoce que no tiene carrera ni hábito de hablar en público; pero descubre una firmeza de carácter envidiable y un corazón no pervertido por los negocios. Pequeñito, blanco de cutis y con gafas en la adolescencia» (FC, 98). Intervino, siempre con autoridad, en asuntos de economía y hacienda.

Cañabate, José Agustín (Almería). Tomó asiento el 28.11.1836. Discursos: 1. Comisiones: facultades extraordinarias, diputaciones provinciales. Pasó desapercibido.

Cardero de la Vega, Cayetano (Cádiz) (1799). Votó contra Istúriz. Famoso por su sublevación en la Casa de Correos. Ausencias y licencias para comisiones de índole militar, la más importante en relación con la campaña de Rodil. Discursos: 22. Comisiones: guerra, especial de guerra, Milicia nacional, marina. Activo sobre todo en cuestiones de Milicia nacional y ejército. «A pesar de los pesares ha probado que es un militar valiente, un patriota decidido, un joven apreciable y juicioso y todo un hombre para tiempos como éstos. Colorado y pequeño pero salado y fino en sus modales» (FC, 97). «De ingenio vivo aunque no de superior entendimiento, de cortísima instrucción, componiendo la suya unas pocas ideas vagas y confusas, atrevido, valiente, inquieto» (Alcalá Galiano: Historia, 47).

Carrión Arendano, Antonio (Málaga). Discursos: 0. Comisiones: edificio y gobierno interior de las Cortes. Salvo en alguna votación no hay noticia de él en el Diario de las Cortes.

Casajús, Andrés (Huesca). Discursos: 7. Comisiones: Tribunal de Cortes, regencia de la Reina Gobernadora, libertad de imprenta, trámites para la reforma de la constitución, ley orgánica del poder judicial.

Casasola, José María (Málaga). Renunció al acta.

Castro y Orozco, Francisco de Paula (1809), marqués de Gerona. (Granada). Intervino por primera vez el 19.12.1836. Discursos: 80. Comisiones: facultades extraordinarias, libertad de imprenta, corrección de estilo, minería, ley orgánica del poder judicial, abono de sueldos. «Había militado al lado de Olózaga en la oposición al Ministerio de Calatrava y héchose muy notable como orador, acercándose más a la parcialidad moderado que su afamado colega, pero sin llegar a confundirse con ella y colocándose en una situación en que aún podía elegir su partido entre los que aparecían en el Congreso». (Alcalá Galiano: Historia,177). Terminó finalmente siendo uno de los puntales más firmes del partido moderado.

«Nombrado asesor de la Junta suprema de Granada en el alzamiento de las provincias en 1835, púsose al frente de la revolución desde los primeros momentos, y a su fuerte voluntad, a la inflexibilidad de su carácter se debió la represión de muchos excesos. La revolución de La Granja del año siguiente le encontró de gobernador político de la Alhambra y como tal se le exigió juramento de obediencia a la nueva junta revolucionaria de Granada, compuesta por los hombres más exaltados de la provincia. Castró se negó a reconocer sus órdenes, y al ser por ello destituido y desterrado, la población en masa púsose de parte del inflexible gobernador y estuvieron en peligro los miembros de la junta, que tuvo que tolerar la desobediencia de Castro y darle satisfactorias explicaciones. (En el Congreso) distinguiose desde su primer discurso por la corrección y elegancia de la frase, por la armonía y vigor de la entonación, por la flexibilidad prodigiosa de sus órganos y por una elocución fácil y clara que cautivaba a su auditorio. Fue en las cortes constituyentes el primer campeón de las doctrinas conservadoras. Combatiendo enfrente de publicistas y oradores tan notables como Argüelles, Sancho, López y Olózaga, admiraba ver en un joven de tan corta edad semejante caudal de conocimientos y una instrucción, una erudición, un talento y un aplomo (...) Grave como la situación exigía, profundo, sobrio de palabras, desnudo de imágenes, nutrido de ideas (...) Apenas hubo un artículo de la constitución de 1837 en cuya discusión no tomase Castro y Orozco una parte principal defendiendo palmo a palmo las prerrogativas de la Corona, los derechos senatoriales de la grandeza, los principios del partido moderado (...) Cuéntase del diputado granadino que al despedirse de sus amigos para tomar por primera vez asiento entre los representantes de la nación les decía sonriendo: “Voy a Madrid a ser ministro” (...) Perfecto artífice de la palabra, casi tan perfecto como Galiano, su pronunciación era mecánica y ordenada como la máquina más fina» (Rico y Amat, 189 ss.).

Ceballos, Juan Jerónimo (Ciudad Real). Tomó asiento el 21.10.1836. Secretario interino, por su juventud, en las sesiones preparatorias. Discursos: 35. Comisiones: infracciones constitucionales, tribunal de Cortes, gobierno interior, facultades extraordinarias, exposición de la diputación provincial de Zaragoza.

Cebrián, Hermenegildo (Huesca). Hacendado. En mayo de 1837 pidió licencia para recoger la cosecha en sus tierras. Discursos: 0. Comisiones: premios nacionales, supresión del diezmo. No debió pasar desapercibido del todo cuando se le nombró para una comisión tan importante como la de diezmos.

Corona, Francisco (Málaga). Militar. Comandante de armas de Ronda. Ocupado por sus destinos oficiales no tomó posesión hasta el 10.4.1837. Discursos: 0. Debido a sus ocupaciones extraparlamentarias su asistencia al Congreso fue muy escasa.

Corral, José Antonio del (León). Tomó asiento el 21.10.1836. Varios meses ausente por asuntos propios. Discursos: 2. Comisiones: ultramar, plan para terminar la guerra civil.

Crespo Vélez, José (Ávila). Hacendado. Discursos: 0. Comisiones: revisión de cuentas atrasadas, beneficencia. Aunque no pronunció discurso alguno se hizo notar en las votaciones y en intervenciones marginales.

Cuetos, Juan Olegario de los (1795) (La Coruña). Marino. Conspirador masónico en 1820. Discursos: 9. Comisiones: marina, tratados con América. Bien enterado en asuntos de marina, en los que intervino siempre.

Charco Villaseñor, Cayetano (Toledo). Clérigo rural, labrador. De carácter arisco y susceptible como un viejo hidalgo. Tomó asiento el 21.10.1836. Comisiones: negocios eclesiásticos. Bien enterado e interesado en asuntos de agricultura y situación de los labradores. Con frecuencia votó alineado en la fracción radical.

Díaz Gil, Pedro (Murcia). Tomó asiento el 1.12.1836. Discursos: 20. Comisiones: poderes, libertad de imprenta, Milicia nacional, presupuesto de Gracia y justicia, diputaciones provinciales, legislación, código civil, exposición de la diputación de Valencia, represalias.

Díez, Eugenio (Valladolid). Abogado. Discursos: 72. Comisiones: facultades extraordinarias, libertad de imprenta, validez sentencias ejecutoriadas, enajenación efectos de los conventos suprimidos, supresión de diezmos. Excelente jurista, todos alababan además su ingenio de orador. Constante en la oposición radical, su voz pesaba en los debates.

Domenech, Jacinto Félix (1892) (Barcelona). Alcalde de Barcelona y Madrid. Al final, licencia y renuncia por enfermedad. Discursos: 38. Comisiones: marina, contestación al discurso de la Corona, tratados con América, código civil, presupuestos de Gobernación, ley orgánica del poder judicial. Su evolución política fue típica desde el radicalismo progresista en Barcelona y en las constituyentes y ministro de la Gobernación con Olózaga a ministro de Gracia y Justicia y Hacienda con Sartorius. En la revolución de 1854 era tan odiado por el pueblo que su casa fue incendiada y tuvo que huir disfrazado.

El Eco del Comercio de 30.11.1836 nos dice de él que «se produjo con facilidad, precisión y delicadeza». Tan radical como catalanista.

Echevarría, Manuel Ezequiel (Álava). Discursos: 2. Comisiones: crédito público, comercio, sanidad, cuentas, abono de sueldos, exposición de la diputación foral de Álava, premios a los defensores de Vinaroz, cobro media contribución de guerra.

Escalante, Juan Antonio (Málaga) (1791). Su acta fue anulada, pero fue reelegido. De vida política agitada, su participación notable en las bullangas malagueñas de 1836 no fue premiada ni pasada por alto, como en el caso de otros diputados, sino reprimida con dureza por causas no aclaradas. Su situación fue minuciosamente descrita en el dictamen de la tardía sesión de 11.9.1837 y aún tuvo tiempo de incorporarse a las labores parlamentarias: «La comisión nada halla que pueda acriminarle y menos si se considera que estaba Escalante sujeto a la autoridad y dirección de una Junta que obraba con un carácter de independencia accidental debida a su pronunciamiento por la constitución. Otra razón muy poderosa anima a la comisión a desear que se termine en el día este delicado asunto, a saber: que el ciudadano objeto de este dictamen, que sobre el carácter militar que tiene, se ha visto honrado con la confianza de sus conciudadanos en la última elección, hace muchos meses está sufriendo una inesperada y amarga prisión en el arsenal de Cartagena sin que conste a la comisión se le hubiese recibido declaración al tiempo y en la forma que prescribe la constitución. Siendo tanto más escandalosa esta prisión cuanto que resulta hecha sin las formalidades prescritas y cuando Escalante, usando de la calidad de diputado electo, se dirigía al Congreso con el correspondiente pasaporte. En consideración a lo expuesto la comisión se atreve a proponer a las Cortes se sirvan acordar que, atendidas las críticas y difíciles circunstancias en que sucedieron las ocurrencias que motivaron la prisión de D. Juan Antonio Escalante, y tenido presente el decreto de amnistía expedido últimamente a consecuencia de la publicación de la constitución de la monarquía, podrá darse por terminado este asunto, pasándose el expediente al gobierno».

«Se distingue este murciano por el mechón de pelo que se encopeta sobre una de sus sienes. No se distingue como orador porque nada ha dicho, ni en el callar porque le acompañan muchos. Joven francote y bienintencionado» (FC, 97).

Escalante Ruiz-Dávalos, Juan (Sevilla). Votó a favor de Istúriz. Discursos: 1. Comisiones: cuentas atrasadas, reemplazo, poderes.

Espartero Fernández, Baldomero (1793) (Logroño). No es éste el lugar de relatar su historia y basta con una referencia a su intervención parlamentaria. Su nombramiento de diputado fue declarado compatible con el de secretario de Estado y de ministro de la presidencia de Guerra con la presidencia del Consejo de ministros. Tomó posesión en fecha muy tardía y con carácter testimonial como se describe en el cuerpo del libro y se desprende de su escrito de 15.9.1837: «Excmo. sr.: Los sucesos de la guerra me han traído a esta capital, de la que me harán salir luego. Y deseando dar una prueba más de mi adhesión a la representación nacional y a la constitución que han formado, ruego a VV.EE. hagan presente a las Cortes mis deseos de prestar juramento en el seno de las mismas como diputado elegido por la provincia de Logroño».

Espinosa de los Monteros, José (Córdoba). Hacendado. Votó contra Istúriz. Tomó asiento el 11.3.1837. Discursos: 0. El 28.10.1837 fue nombrado senador acreditando su peso político que no se correspondía con su escasa influencia parlamentaria.

Esquivel, Mariano (Córdoba). Clérigo. Profesor del Colegio de la Asunción de Córdoba, pidió permiso para ir a examinar allí. Discursos: 9. Comisiones: negocios eclesiásticos.

Estorch y Sigués, José (Gerona). Abogado. Hacendado en Olot. Discursos: 1. Comisiones: milicia nacional.

Falcón, Cristóbal (Pontevedra). Tomó asiento el 23.11.1836. Discursos: 2. Comisiones: presupuesto de Gracia y Justicia, negocios eclesiásticos, código civil.

Feliu y Millares, José (Barcelona). Alcalde de Barcelona en 1837. Tomó asiento el 3.1.1837. Secretario en junio. Discursos: 35. Comisiones: libertad de imprenta, código civil, mensaje con motivo de los sucesos de Pozuelo, exposición de la diputación provincial de Granada. Colaboró tibiamente con el resto del activo y potente grupo parlamentario catalán.

Fernández Alejo, Víctor (Toledo). Hacendado. Votó contra Istúriz. Pidió licencia para recoger la cosecha. Discursos: 2. Comisiones: especial de guerra, minería. «Se descubre lo manchego y lo militar retirado desde muy lejos, pero lo de mayorazgo nadie lo creería si no lo dijera su hermano mayor. Valiente en opinar y en decidir y en expresarse privadamente. Moreno oscuro como el cereal de su tierra» (FC 110).

Fernández Baeza, Pascual (León). Cuñado de Riego, poseía fincas rústicas, abogado, empleado de Hacienda. Subdelegado de Policía en Galicia con el general Morillo. Se confesó alumno y admirador de Tarancón. Votó contra Istúriz y fue depurado por ello. Tomó asiento el 21.10.1836. Secretario en diciembre. Discursos: 95. Comisiones: facultades extraordinarias, hacienda, reemplazo, legislación, enajenación de efectos conventos suprimidos, recurso diputación foral de Álava, exposición diputación foral de Valencia.

Su comportamiento parlamentario está perfectamente reflejado en el retrato de Fermín Caballero (89): «Un enanillo que no talla cuatro pies descalzo. Rubio, barbilampiño y narigudo, que nunca está en reposo sino que cabecea aprobando y desaprobando, que se mueve sin cesar en el asiento, que entra y sale, que pide la palabra muchas veces. (Tiene) una voz asperota y más corpulenta que la persona de que sale; un hablador incansable cuando lo toma de veras; un argumentador eficaz con resabios escolásticos y maneras forenses».

Fernández Maquiería, Ramón (Pontevedra).

Fernández del Pino, Juan (conde de Peñafiel) (Ciudad Real). Votó contra Istúriz. Depurado por él y luego repuesto en su cargo. Tomó asiento el 21.10.1836. Discursos: 9. Comisiones: ultramar, milicia nacional. El 8.3.1836 le acusó El Jorobado de que Calomarde le había nombrado «en la más tierna edad oficial de la Secretaría de Hacienda, por las relaciones de papá con el primer ministro». Participó activamente en los debates y no se comportó nunca como aristócrata.

Fernández de los Ríos, Ángel (Santander). Abogado del Colegio de Madrid. Posesión: 21.10.1836. Vicepresidente en mayo. Discursos: 28. Comisiones: legislativa, tribunal de Cortes, Código civil, Ley orgánica del poder judicial, expedientes sobre créditos.

Fernández de Moratín, Gumersindo (Canarias). Farmacéutico. Votó contra Istúriz. Discursos: 27. Comisiones: Marina, Instrucción pública, restablecimiento de decretos, Sanidad. «Es pequeño y de poca estampa, pero marcha adelante» (FC, 117). No desperdició ocasión de defender los intereses de Canarias ni de su provincia de Tenerife. Mantenía buenas relaciones con Palacio.

Fernández Vallejo, Tomás (León). Secretario en enero. Discursos: 3. Comisiones: Tribunal de Cortes, infracciones de la constitución, Libertad de imprenta, crédito, público, reemplazo, Poder judicial, restablecimiento de decretos, exposición de la diputación de Valencia, ley orgánica del poder judicial, guerra, petición, exposición de la diputación provincial de Lérida.

Ferrer Echevarría, Joaquín María (1777) (Guipúzcoa). Diputado en las Cortes del 22 y 23. Diez años emigrado en Francia y también en Londres. Empresario y banquero. Buen aficionado a la pintura. Ministro de Hacienda unos días en agosto de 1836. Presidente en el mes de enero. Asiduo, participativo sobre todo en cuestiones de hacienda. Sus ideas, siempre mesuradas, eran muy respetadas. Progresista templado aunque con indomable personalidad propia. Discursos: 112. Comisiones: crédito público, Hacienda, reforma constitucional, tratados con América, moneda, marina, diezmos, contribución extraordinaria de guerra, exposición de la diputación provincial de Álava, sueldo empleados, mensaje por los sucesos de Pozuelo.

El 28.10.1837 fue nombrado senador. «Laborioso en las comisiones, inteligente con especialidad en materia de crédito. Antes es español que guipuzcoano, si bien admira muchas cosas de los antiguos fueros. Habla mucho y con tino, pero tiene un tonillo gangoso que desagrada, acciona y se encorva en demasía y se quita y se pone las gafas en medio del debate; hace largas digresiones y vulgariza a veces sus buenos discursos con chufletas chocarrilleras malcopiando a nuestros satíricos. Es mal vecino de banco porque interrumpe al que habla, haciendo como de apuntador demasiado claro. Muy alto, narigudo y de brazotes tan largos que pueden llegarle al suelo si alguna vez se arrodilla» (FC, 85). Senador y presidente del Consejo de ministros en 1841.

Ferrer y Garcés, Ramón (1803) (Lérida). Oficial del 12 batallón ligero de la Milicia nacional voluntaria de Barcelona. Vida política agitada. Desterrado en La Habana por los sucesos de enero de 1836. Médico. Catedrático de medicina y autor de diferentes trabajos sobre esta materia. Tomó posesión el 3.1.1837. Licencia de dos meses por razones de salud en agosto de 1837. Discursos: 22. Comisiones: premios nacionales, sanidad.

De él dijo Vila en su discurso de 3.6.1837: «Entre otras víctimas se cuenta un distinguido catedrático del Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona, quien a una hora intempestiva de la noche fue conducido desde su casa a un calabozo y desde éste, vestido con el traje que en él se usaba, sin permitirle hablar con su familia, ni proveerse de dinero, de ropa ni de nada absolutamente, fue embarcado y hecho a la vela el buque, conducido a la isla de la Habana, no habiendo tenido camisa siquiera para mudarse en toda esa larga travesía y lleno de inmundicia y de miseria, al llegar a su destino fue encerrado en un calabozo y amarrado a una cadena que arrastró por espacio de once meses, cadena que aún no hace un año que ha dejado, sin que hasta ahora se le haya hecho saber la causa de esta tropelía, sin haberle dado el Gobierno aclaración de ninguna clase». La causa de esta persecución era, no obstante, bien conocida: su notoria reputación de radical anarquizante, a la que se mantuvo fiel desde los escaños del Congreso.

Ferro Montao y Cabeiro, Francisco José (Coruña). Posesión: 21.10.1836. Secretario en febrero. Participativo. Discursos: 44. Comisiones: contestación al discurso de la Corona, infracciones de la constitución, tribunal de las Cortes, supresión de diezmos, milicia nacional, facultades extraordinarias, libertad de imprenta, código civil, agricultura y artes, represalias. Activo e influyente tanto dentro como fuera de las Cortes.

Flórez Estrada, Álvaro (1766) (Santander). Hidalgo acomodado. Intendente del Ejército. Emigrado a Inglaterra. Fugaz ministro de Estado en 1823.

Enemigo personal acérrimo de Calatrava. Radical en sus ideas sociales, sin abandonarlas en 1836 se aproximó de hecho al grupo de los moderados en permanente contacto con los asturianos (Mon, Mata). Hacendista y publicista destacado. Votó a favor de Istúriz. Tomó posesión el 21.10.1836. En 1836 tenía ya setenta años y apenas hablaba o, mejor dicho, apenas podía hablar. Varias licencias por enfermedad. Discursos: 3. Comisiones: legislación, regencia de la Reina Gobernadora, tratados con América, beneficencia, división territorial.

De él ha escrito Rico y Amat (p. 343): «Flórez Estrada no fue ni pudo ser nunca un orador eminente, porque era hombre de ciencia más que de genio, porque pensaba más que sentía, porque tenía más perfecto el cerebro que la lengua. Ésta es la razón por la que el famoso economista pronunciaba pocos y breves discursos, sin entusiasmar a sus oyentes, sin embargo de que por lo profundos y amenos cautivaban la atención de los hombres graves y pensadores. Falto de entonación su acento, desnudas sus arengas del atractivo de un estilo florido y elegante, sin accidentes exteriores que dieran más importancia a las ideas, de ademanes monótonos y acompasados parecía en sus peroraciones frío, divagador y pesado. Muy semejante por la forma y esencia de sus discursos a los legisladores de Cádiz, hasta en la costumbre de leer algunos de aquéllos, disertaba más bien que discutía y en vez de ser un publicista era un filósofo, en lugar de un diputado, un académico». «Tan fuerte de fibra que no cede al más robusto y forzoso mancebo. (Habla) por lo bajo a falta de pulmones para otra cosa» (FC, 100).

Fontán Rodríguez, Domingo (Pontevedra) (1788). Propietario rural, profesor de una escuela militar durante la guerra de la Independencia, profesor de la Universidad de Santiago durante varios años, director del Observatorio astronómico. Cartógrafo y topógrafo levantó extensos y precisos mapas de Galicia. Tomó posesión el 21.10.1836. Asistente asiduo. Participativo. Apasionado miembro de la oposición antimendizabalista, pasó a ministerial con Bardají. Como era incansable, fue uno de los francotiradores más eficaces de toda la legislatura.

Hablaba tan deprisa que con frecuencia no podían seguirle los taquígrafos. Discursos: 134. Comisiones: marina, instrucción pública, regencia de la Reina Gobernadora, agricultura y arte, minería, división territorial.

De su discurso del 15.3.1837: «La comisión de diputaciones provinciales ha examinado la exposición de la diputación provincial de Pontevedra en la que se recoge que por las cuatro provincias se costee la carta geográfica que tiene trabajado del antiguo reino de Galicia el sr. D. Domingo Fontán. La comisión reconoce que se haría un honor a la monarquía, con provecho de la causa pública, no menos que a su autor, que se llevase a efecto a toda brevedad el grabado de dicha carta aprovechando los gastos que por cuenta del Estado están hechos hasta el día».

Franco, Manuel (Alicante). Tomó posesión el 7.2.1837. Licencia por dos meses. Discursos: 1. Comisiones: hacienda.

Franquet, Cirilo (Tarragona). Tomó posesión el 24.1.1837. En agosto de 1837 licencia por asuntos familiares. Discursos: 0. Comisiones: diezmos, gobernación. Su apagada participación parlamentaria no se correspondía con su prestigio profesional y administrativo.

Fuente Herrero, José de la (Burgos). Magistrado. Ministro del Tribunal Supremo de Guerra nombrado por Calatrava. Votó contra Istúriz. Tomó posesión el 21.10.1836. En junio obtuvo una licencia por enfermedad. Participativo. Discursos: 61. Comisiones: legislación, negocios eclesiásticos, tribunal de Cortes, recurso de la diputación provincial de Álava.

Fue notoria su enemistad con Álvaro. En carta a El Eco del Comercio publicada el 26.8.1837 tuvo que desmentir que escribiese en ese periódico como le había imputado maliciosamente El Castellano. A lo largo de esta constante tensión publicó El Castellano de 7.10.1837 la siguiente información: «El sr. Fuente Herrero solicitó y obtuvo en 19.11.1836 que le pagaran de una vez todos los sueldos que se le debían como magistrado que fue de la Audiencia de Extremadura en 1820. Por Real orden de 26.2.1837 se le mandaron pagar los sueldos debidos por la separación que le impuso Istúriz por Real orden de 23.5.1836 hasta que volvió a ser repuesto el 17.8.1836. Por otra orden particular mandaron dársele dos pagas como magistrado del Tribunal de Guerra y Marina, estando adelantado (al resto de los magistrados del Tribunal) en dos mesadas».

«Abogado del Colegio de Madrid, jurista de provecho (...) Toma la palabra pocas veces mas lo hace con tino y metiendo el estoque hasta el puño (...) Imposible es que abandone sus doctrinas políticas basadas en buena lectura y profundas meditaciones (...) Enemigo acérrimo de la elección directa. Por su entereza perdió la toga que le acababa de dar Becerra. Ojos hundidos y despiertos, voz atiplada cuando se entona y color cetrino». (FC, 64).

Fuster, Pedro (Castellón de la Plana). Votó contra Istúriz. Posesión: 4.11.1836. Una licencia por enfermedad y otra por desgracias familiares. Discursos: 1. Comisiones: diputaciones provinciales.

García, Gregorio (Guadalajara) (1780). Abogado, de familia acomodada, adquirió muchos bienes desamortizados. Licencia por asuntos propios. Discursos: 15. Comisiones: restablecimiento de decretos, libertad de imprenta.

García, José Lucas (Soria). Posesión: 21.10.1836. Una licencia por tres meses. Discursos: 1.

García de Atocha, Agustín (Cáceres). Una licencia por enfermedad y otra por asuntos propios. Discursos: 2. Comisiones: agricultura y artes.

García Blanco, Antonio (1800) Sevilla. De él se habla mucho a lo largo de este libro. Cura en Écija, magistral en Sevilla. Catedrático de hebreo en la Universidad de Sevilla. En agosto, secretario. Asiduo, apasionado, participativo y no sólo en asuntos eclesiásticos. Miembro destacado de la Cámara y de la oposición. Orador popular, deliberadamente regocijante y provocativo, que en algunos casos llegó a excederse. Discursos: 103. Comisiones: Tribunal de Cortes, presupuestos de Gracia y Justicia. De la Historia de Morayta (p. 306), que fue su discípulo y devoto: «Don Antonio García Blanco, sincero católico, sacerdote ejemplar y liberal muy avanzado fue en aquellas Cortes el portaestandarte de la opinión, entonces muy valiosa, que respetando en absoluto la religión, mostrábase tan respetuoso con el dogma y la disciplina como severo en cuanto significaba abuso, desorden y olvido de los cánones de la Iglesia».

Francotirador vocacional, antiministerial (lo mismo contra Mendizábal que contra Bardají) por temperamento. Pocos fueron los debates en que no intervino.

García Camba, Andrés (1793) (Lugo). Secretario interino de Guerra. Fue destinado bruscamente a Filipinas para esquivar responsabilidades suyas y del Gobierno. Posesión: 21.10.1836. Discursos: 9.

García Carrasco, Rufino (Cáceres). Comerciante vinculado a la camarilla de la Regente. Votó contra Istúriz. Posesión: 21.10.1836. En julio tres meses de licencia por asuntos propios. Discursos: 15. Comisiones: comercio, especial de guerra, crédito público, libertad de imprenta. «Guapo mozo que da culto a la vez a Venus, Ceres, Mercurio y a casi todos los dioses presentes. Isabelista de los primeros y liberal a muerte. Voz suave y expresiones de terremoto. Como se explica sin arte da palos de ciego y caiga quien caiga. En 1834 empezó riñendo con Hacienda, pero al fin se arregló el crédito para que los comerciantes y acreedores no necesitasen bragueros. En el verano fue juntero extremeño hasta que la venida de Mendizábal desorganizó a los desorganizadores. Estuvo con el nuevo ministro a partir un piñón y no sólo le defendió en pie sino después de caído. El sr. García Carrasco tiene buena figura, es soltero y disfruta de la sociedad» (FC, 68).

García Flórez, José Ramón (Pontevedra). Posesión: 16.3.1837. Discursos: 2. Comisiones: marina.

García Patón, Eulogio (Zamora). Posesión: 21.10.1836. Discursos: 10. Comisiones: Tribunal de Cortes, reforma de la constitución, presupuestos de Gobernación, Caminos y canales. Activo miembro de la oposición desde el primer momento.

Gil, José (Almería). Militar. En julio de 1837 licencia por un mes. Discursos: 3. Comisiones: bienes nacionales, guerra.

Gil, Pedro (Tarragona). Votó contra Istúriz. Una licencia por enfermedad. Discursos: 31. Comisiones: especial de guerra, crédito público, plan de Calvo de Rozas, moneda, ultramar, inutilizados en campaña, enajenaciones efectos de los conventos, extraordinaria de guerra, mensaje de los sucesos de Pozuelo. «Es de buena presencia, claro de color y de buena fama» (FC 109).

Gil Orduña, Jaime (Castellón de la Plana). Clérigo. Diputado en 1822. Votó contra Istúriz. Posesión: 21.10.1836. Discursos: 12. Comisiones: negocios eclesiásticos, restablecimiento de decretos, diezmo. «Clérigo mundanado de los que gozan del privilegio del fuero por pura gracia, sin el uso del alzacuello, corona ni ropas talares que digan a todo el que pasa, aquí hay un cura (...) Como capitalizó con el P. Rico, allá en la época y compró con ello bienes nacionales, que se les han devuelto, está hecho un príncipe regular. Calla y vota como mejor le parece» (FC, 75).

Gómez, Joaquín (Ciudad Real). Jefe político. Excusa asistencia por enfermedad. Discursos: 11. Comisiones: reforma de la constitución, código civil, presupuestos Gobernación, beneficencia, especial de ocurrencias de Zaragoza, cuentas, cobro media contribución extraordinaria de guerra. «Dice verdades claras sin morderse la lengua y no se pone colorado porque lo está siempre como si fuera el dios Baco. En el decir es áspero, pero franco; desaliñado pero claro; y tiene tono de misionero aunque no es aficionado a los frailes» (FC, 76).

Gómez, Manuel Ventura (Jaén). Diputado en 1822 y 1823. Clérigo, gobernador del obispado de Málaga. Posesión: 18.4.1837. Discursos: 14. Comisiones: Estado, negocios eclesiásticos. Describió su vida en una intervención el 30.8.1837: «El sr. Fontán ha tenido a bien manifestar a las Cortes el nombramiento que S.M. se ha servido hacerme como director del Estudio Nacional de San Isidro, destino que no he solicitado y que no he admitido sino después de muchas reflexiones a instancias de mis mejores amigos. Estuve 14 años en el seminario conciliar de San Felipe Neri de la ciudad de Baeza, seis de ellos de profesor de sagrada teología y otros cuatro que desempeñé hasta que fui nombrado diputado a Cortes por la provincia en la legislatura de 1822 y 1823. Desde esta época fatal, y por los motivos que son bien conocidos, estuve emigrado. Restituido a mi Patria en 1834 fui presentado por S.M. para una canonjía en la iglesia catedral de Málaga, cuyo ilustrísimo cabildo me nombró canónicamente gobernador de aquella mitra, elección que mereció la aprobación del Gobierno de S.M., sin cuyo requisito no podía ejercer el encargo de mi cabildo por el Real Patronato que tiene la Corona en aquella iglesia, que ahora se ha hecho general en toda la monarquía».

Gómez Acebo, Felipe (Santander). Abogado. Asistente asiduo y activo sobre todo en cuestiones legales. Una licencia por enfermedad y otra el 23.9.1837 por muerte de un familiar. Discursos: 141. Comisiones: corrección de estilo, Tribunal de Cortes, libertad de imprenta, código civil, moneda, crédito público, cobro mitad contribución extraordinaria de guerra.

Gómez Becerra, Álvaro (1771) (Cáceres). Publicista. Abogado, magistrado, jefe político de Extremadura. Emigrado en Malta. Siendo regente de la Audiencia de Zaragoza, se agregó a la Junta en verano de 1835. Ministro de Gracia y Justicia con Mendizábal. Se abstuvo en la votación de Istúriz. Posesión: 21.10.1836. Presidente en el primer mes. Discursos: 239. Comisiones: gobierno interior, tribunal de Cortes, Estado, reemplazos, legislación, ley orgánica del poder judicial, mensaje por los sucesos de Pozuelo, libertad de imprenta.

De su intervención el 5.3.1837: «S.S. (Pizarro) ha citado mi conducta del 14 al 20 porque, ejerciendo la abogacía, me sometía a los tribunales de aquella época y alegaba citando las Reales órdenes que entonces había. En efecto, en aquella época yo ejercí la abogacía y procuré adquirir mi subsistencia con el honor y decoro que ha sido siempre la norma y regla de mi conducta. No podía dejar de ejercer la abogacía porque siempre he sido pobre. Lo he dicho algunas veces y no me avergüenzo de decirlo: lo he sido y lo soy ahora».

En opinión de Villaurrutia: «Hombre no falto de talento, aunque éste no de buena clase, de malos estudios, de modales toscos, con fama de honradez entre los que tienen por mérito y señal de virtud la falta de cortesía, vengativo y violentísimo». «Es el ministro que ha marchado más de frente, con mejor fe y sin flaquear un ápice de los principios de antaño. Habla como viejo encanecido y desdentado en las adversidades, pero resalta su honradez en sus palabras y más que todo en sus hechos. Pobre nació, pobre se halla y de pobre hace honra» (FC, 66). Puede ser considerado como el mejor punto de referencia de aquella Legislatura. Destacado representante del progresismo templado había sido ministro en el Gabinete de Mendizábal como años más tarde sería Mendizábal ministro de su breve Gobierno durante la Regencia de Espartero.

González y González, Antonio, marqués de Valdeterrazo (1794) (Badajoz). Abogado. Fiscal togado del Tribunal de Guerra. Diputado en el Trienio. Se abstuvo en la votación de Istúriz. Posesión: 21.10.1836. Vicepresidente en octubre y presidente en diciembre de 1836. Discursos: 71. Comisiones: libertad de imprenta, tribunal de Cortes, regencia de la Reina Gobernadora, Estado, reforma de la constitución, caminos y canales, legislación, ultramar, mensaje por los sucesos de Pozuelo, Hacienda, represalias, diezmo.

«Laborioso en extremo y puntual por hábito ha sido el único presidente que fijó hora de abrirse las sesiones y que logró la asistencia exacta de los procuradores. Con sus modales corteses y dulcísimas maneras corrige sin irritar, guarda su puesto sin petulancia y se hace obedecer con un respeto amoroso. Su temple, ni blando ni sereno, ha sido el único capaz de evitar mayores desórdenes en las galerías y fuera de ellas. Tan amigo es de que las cosas vayan en orden, con sistema y regularidad, que no ha querido ser colega de Mendizábal ni de Istúriz por no ver claro y trazado el plan gubernativo. En lo que aprende que debe hacer en pro de la patria es decidido e inexorable hasta la pared de enfrente, aunque exponga cuanto trajo de América y su propia existencia. Tiene más voz que cuerpo, más alma que físico y discurre mejor que habla, pues en sus giros y maneras oratorias se resiente de que ha abogado mucho leyendo comentadores y haciendo alegados y en la dicción y modismos descubre que sabe francés e inglés con daño del habla castellana. Por su tez y facciones parece mestizo» (FC 61).

Otro destacado prohombre del progresismo templado, que terminó formando su propio Gobierno durante la Regencia de Espartero.

González Alonso, Diego (1779) (Salamanca). Diputado en el Trienio. Emigrado. Apasionado de la literatura revolucionaria francesa y de los economistas ingleses. Abogado, magistrado, catedrático de Universidad. En junio de 1837 (con notificación el 19.8 cuando ya el ministro firmante había dejado de serlo) se le nombró magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid. Posesión: 21.10.1836. Ministro de la Gobernación de la Península con Bardají el 24.8.1837, dimitiendo el 1.10. Discursos: 160. Comisiones: infracciones de la constitución, tribunal de las Cortes, decretos, negocios eclesiásticos, caminos y canales. De su discurso de 13.12.1836: «Llevo 36 años de carrera, es decir, desde que empecé a estudiar en Salamanca, y cuatro que llevo de magistrado, son 40». En su informe de 5.4.1837 alega para probar la autoridad de que gozaba que se había publicado un folleto en contra de él a propósito de un breve discurso de 12.12. en el que había aludido a clérigos explotadores.

«Defensor nato de los poderes atacados, aunque le duraron poco los suyos. Enérgico en el decir y tan llano en ostentar su constitucionalidad que no se avergonzaba de sacar a plaza los honrados callos contraídos en la emigración ni los apuros en que se habían visto sus pobres hijos» (FC 7). Polígrafo singularmente interesado en las cuestiones del pequeño campesinado, su obra más importante fue La nueva ley agraria.

González Allende, Manuel (Zamora). Discursos: 0. Su escasa actividad parlamentaria no obsta a su relevancia política, ya que fue nombrado senador el 1.9.1837.

Gorosarri, José (Cádiz). Traductor de Condillac. Posesión: 21.10.1836. En julio de 1837 obtuvo cuatro meses de licencia. Discursos: 38. Comisiones: biblioteca. Activo miembro de la oposición. En el texto se dan muestras varias de su peculiar estilo oratorio.

Goyanes, Manuel (León)). Discursos: 4. Comisiones: instrucción pública, Gracia y justicia.

Goyeneche, José Francisco (Navarra). Obtuvo licencia para permanecer en París.

Goziaga de la Cortina, Manuel (Oviedo). Obtuvo licencia para no presentarse en las Cortes.

Guío, Manuel (Madrid). Vísperas de la clausura, el 10.10.1837 sustituye a Rodríguez Leal.

Gutiérrez de Ceballos, Restituto (1797) (Granada). Votó contra Istúriz. Posesión: 21.10.1836. Discursos: 4. Comisiones: gobierno interior, Milicia nacional. «Los sucesores del poeta rosado (Martínez de la Rosa) guardaron perpetuo silencio, pero evidenciaron que a veces se hace más callando que charlando y que hace más el que quiere que el que puede» (FC 84).

Gutiérrez de Villegas, León (Cádiz). Se excusa por enfermedad.

Heros Bárcenas, Martín de los (1784) (Vizcaya). Militar, industrial. Ministro del Interior en 1835-36. Posesión: 21.19.1836. Vicepresidente en abril y presidente en mayo. Discursos: 141. Comisiones: poderes y actas, contestación al discurso del Trono, instrucción pública, biblioteca, Estado, caminos y canales, gobernación, comercio, ultramar, minería, inutilizados en campaña. Nombrado senador el 28.10.1837. Villaurrutia dice de él (p. 188): «Jefe de sección colocado por Toreno, pariente de Gil de la Cuadra, estrecho amigo y compañero de Argüelles».

«La pulcritud por esencia, el comedimiento por ápices, la flor y nata de la moderación y de la dulzura. Habla con mucha pureza, manifiesta su erudición y buen gusto y no carece de tacto para razonar. Como procurador será excelente, como ministro no pasa de ser bienintencionado. En su vida pública es de ideas liberales y populares; como particular se siente inclinado al exterior aristocrático, sin duda porque se conoce más hombre de sociedad que de Estado» (FC, 114). Orador concienzudo aunque pedante y prolijo. Convencido de su propia importancia, pretendía protagonizar cuantos debates intervenía. Ministerial ferviente como estrella del progresismo templado, próximo ya con el moderantismo.

Herrera, Vicente (Ciudad Real). Posesión: 31.10.1836. El 11.9.1837 se le encargó la dirección de las obras de defensa de Madrid. Discursos: 0. Comisiones: diezmo, guerra, caminos y canales, división territorial, Milicia nacional.

Hompanera de Cos, Antonio (Palencia). Abogado. Posesión: 21.10.1836. En julio de 1837 obtuvo licencia de dos meses por enfermedad. Discursos: 30. Comisiones: Tribunal de Cortes, cuentas atrasadas, facultades extraordinarias, infracciones de la constitución, examen de cuentas, división territorial, exposición de la diputación provincial de Zaragoza, hacienda. Bermejo (II, 504) se sorprende de que andando los años le hicieran ministro porque «no había conocido más mando que la oficina de una diputación provincial de último orden, donde un salario de 4.000 reales retribuía superabundantemente tenues e insignificantes servicios». De hecho su carrera política se debió a su amistad con Arrazola. Antimendizabalista mas no radical.

Infante Chaves, Facundo (1790) (Badajoz). Militar. Diputado en 1822. En 1823 emigró a América. Fue nombrado por Sucre consejero y ministro del Interior de Bolivia y luego ministro de la Guerra de Colombia. Procurador en los Estamentos. Posesión: 21.10.1836. En 1837 fugaz ministro de la Guerra sustituyendo a Almodóvar enfermo. Discursos: 90. Comi sio nes: mensaje por los sucesos de Pozuelo, hacienda, guerra, premios nacionales, reemplazos, inutilizados en campaña, represalias. Nombrado senador en 1840. Orador de excelente cabeza y claro discurso.

«Excesivamente dulce para militar y regular orador de Congreso. Su condición pacífica y acomodaticia le ha facilitado combinación de cosas que parecían inconexas y aun contradictorias; pues logró ser constitucional exaltado, escritor contra camarilleros, ministro de colonias rebeladas contra la madre patria y moderado ahora con la subsecretaría de la Guerra y la procura. Más afortunado como hombre particular que certero como funcionario y por consiguiente más rico que admirado de sus conciudadanos. Suelto de miembros y algo afilosofado» (FC 62).

Fue, desde luego, el general más prestigioso de todo el Congreso y tuvo el coraje de enfrentarse con Espartero incluso con una sorprendente violencia verbal.

Huelves, Julián de (1804) (Toledo). Terrateniente. Abogado. Votó contra Istúriz. Posesión: 21.10.1836. Secretario en octubre y noviembre. Discursos: 54. Comisiones: Tribunal de Cortes, milicia nacional, diezmos, reemplazos, enajenación de efectos de conventos.

«Es del movimiento rápido y tan buen mozo que había de tener muchas novias si las damas buscasen marido» (FC 110).

Jaén, Mariano (Toledo). En 22.1. y 13.7.1837 obtuvo licencia por asuntos propios. Discursos: 1. Comisiones: facultades extraordinarias, reforma constitucional, infracciones, exposición del ayuntamiento de Sevilleja, caminos y canales, arreglo del clero.

El 6.9.1837 manifestó que «cuando estaba en camino para esta Corte el día 29 del pasado mes de agoto fue sorprendido en el pueblo de Navadijos en la provincia de Ávila por una partida de facciosos aragoneses y navarros, los que en la huida que intentó le persiguieron y dispararon varios tiros, uno de los cuales le hirió en la espalda, en la parte lateral inferior del tronco, entre la segunda y la tercera costillas falsas, de cuya herida se estaba curando».

Jalón y Jalón, José (Palencia). Falleció antes de tomar posesión y le sustituyó S.M. Cachurro.

Joven de Salas, Miguel (Canarias). Defendió en particular y siempre con pasión los asuntos referentes a Gran Canaria. Discursos; 6. Comisiones: eclesiástica.

Jover, José (Almería). Votó contra Istúriz. El 28.2.1837 obtuvo licencia por asuntos propios. Comisiones: marina, minería, comercio, crédito público, moneda. «Humanidad gerominiana, como quien pasa la vida de príncipe y sabe gastar sus gentiles pesos sin achaque ni cavilaciones ni propensión a perder el juicio» (FC 60).

Laborda y Galindo de Salcedo, Pío (1790) (Zaragoza). Abogado, magistrado, fiscal, funcionario de Gracia y Justicia. Posesión: 21.10.1836. Secretario en marzo. Discursos: 73. Comisiones: poderes y actas, infracciones constitucionales, proyecto de la constitución, beneficencia, ley orgánica del poder judicial, código civil, gobierno interior, premios nacionales. «Tan pío como Antonino, tan modosito como una novia, tan moderado como el primero y al cabo no queda bien con todos. Aunque sabe mucha jurisprudencia romano-hispana y ha sido catedrático, no gusta de hablar allá sino cuando suena el canal imperial y otro asunto de empeño para un aragonés. Liberal por principio, no puede ser ministerial ni aun moderadamente. Estatura y persona regular, modales suaves, nariz larga, obtusa y puntiaguda» (FC 115).

Ladrón de Guevara, Eugenio (Burgos). Discursos: 0. Comisiones: agricultura y artes, tribunal de Cortes, poderes y actas, beneficencia. Pasó completamente desapercibido.

Lasaña, Juan (Coruña). Posesión: 21.10.1836. Alcalde de Madrid, comandante militar de Lugo. En 25.1.1837 confesó que era funcionario público. Discursos: 36. Comisiones: mensaje por los sucesos de Pozuelo, diputaciones provinciales, reemplazos, exposición de la diputación provincial de Lérida.

León, Martín de (Córdoba). Discursos: 1. Comisiones: premios nacionales, sanidad.

Ligués, Pedro Clemente (Navarra). Obtuvo una licencia por enfermedad. Discursos: 2. Comisiones: Legislación, infracciones constitucionales, sanidad.

Lillo, Ambrosio Tomás (Guadalajara). Posesión: 21.10.1836. Obtuvo una licencia por enfermedad. Discursos: 0. Comisiones: marina, Tribunal de Cortes.

López López, Joaquín María (1798) (Alicante). Abogado. Votó contra Istúriz. Subsecretario de Gobernación en 1836. Ministro de la Gobernación de 11.11.1836 a 27.3.1837. Presidente en diciembre. En mayo obtuvo una licencia por enfermedad. Siendo ministro en 1836 se segregó Villena (de donde era natural) de Albacete a Alicante. Amigo de Caballero y colaborador de El Eco del Comercio.

Dice de él Rico y Amat (pp. 15 ss.): «Principal y más bello ornamento de la tribuna parlamentaria española. No conocemos orador que haya reunida en su organización física y moral más elementos a propósito para la oratoria parlamentaria. Su voz clara y de un timbre simpático, sus ademanes propios y adecuados, sus ojos llenos de expresión y de viveza, su rostro animado, su cabello lacio y descompuesto, daban un atractivo a sus peroraciones, que ni el auditorio, ni aun sus mismos contrarios, podían resistir. Su facilidad en la vocalización era extraordinaria; sin vacilar en una sílaba, sin rozarse en una palabra, pronuncia un discurso de dos horas, siempre igual en la entonación (...) Pero en lo que no ha tenido rival en los congresos españoles ni en los extranjeros es en el arte de entusiasmar al auditorio con imágenes vivas y seductoras, con pensamientos sublimes y delicados (...) La oposición era su elemento político y sólo al papel de oposicionista se amoldaba su carácter descontentadizo, su inmoderado deseo de aura popular y la índole y condiciones de su oratoria. De aquí que todas sus peroraciones no sean otra cosa que terribles catilinarias contra los ministerios».

Caballero, su gran amigo, nos ha descrito gráficamente su estilo oratorio: «Su facilidad en el decir no tiene ejemplo, pues sin rozarse una sílaba pronuncia a la par que concibe, como si no mediara espacio ni tiempo entre el cerebro y los labios. Con especialidad en los finales de los períodos es un torrente precipitado (...) Otra cualidad distingue a este orador extraordinario: una feliz memoria, de la que hay pocos ejemplos, para repetir el discurso que ha pronunciado de improviso y que los taquígrafos no alcanzaban a seguir. Regular estatura, pelo lacio y descompuesto, rostro herpético, color moreno, barba cerrada y ojos tiernos». Más ponderado fue el juicio de Alcalá Galiano (25): «De viva imaginación y buen entendimiento, de malos estudios y gusto vicioso político y literario, de increíble facundia».

Prohombre del ala progresista avanzada, que codirigía con Caballero, jugó un papel importante en esta Legislatura, pues ocupó la secretaría de Gobernación como prenda de su alianza con Mendizábal. Roto este pacto de colaboración, en parte por las exigencias excesivamente radicales del ministro, abandonó el Ministerio y pasó a la oposición que ejerció de una manera activa pero prudente. Representaba la alternativa progresista primero a Mendizábal y luego a Antonio González y Gómez Becerra; pero ninguno de sus tres ministerios posteriores pudieron consolidarse puesto que estaba más allá de lo que el liberalismo podía políticamente asumir.

López de Pedrajas, José María (Córdoba). Poseedor a título oneroso de las alcabalas de Pozoblanco y mitad de las de Vejer. Votó contra Istúriz. Posesión: 21.3.1837. En noviembre de 1837 vicepresidente. Discursos: 3. Comisiones: infracciones constitucionales, hacienda.

«Extremeño injerto en cordobés a toda vela para cuanto sea beneficioso para la clase general, y eso que es mayorazgo. Calla por no exaltarse y se exalta de no decir lo que siente hasta con daño de su salud. A inteligencia y cualidades parlamentarias podrán ganarle, mas no en valor cívico, en avanzar hacia el progreso, ni en desinterés y patriotismo. Fibroso y acartonado, boca saliente, pelo blanco, buena talla y ojos árabes expresivos» (FC 79).

López Pinto, Ignacio (Murcia). Pariente del héroe del mismo nombre, compañero de Torrijos. Jefe político de Málaga. Posesión: 21.10.1836. Varias licencias por enfermedad. Discursos: 8. Comisiones: guerra.

López de Santaella, Manuel (1805) (Sevilla). Posesión: 26.2.1837. Discursos: 17. No formó parte de ninguna comisión.

Durante su larga emigración en Francia se hizo saintsimoniano entusiasta, pero al regresar a España se consagró sacerdote y en las Cortes ocultó cuidadosamente su pasado actuando moderadamente hasta llegar a ser calificado por algunos de retrógrado. Cuenta de él Mesonero Romano (en sus Memorias de un setentón) que «en su primera disertación sobre la influencia de la religión en la política se mostró tan extremadamente retrógrado que Olózaga, contrariado, no volvería en sí de su asombro y Donoso Cortés, que estaba a mi lado, me decía: pues si este hombre es cismático, entonces también lo soy yo. Tan ortodoxa fue la disertación del futuro comisario general de la Cruzada». Más sincero fue, sin embargo, en sus publicaciones en El Correo Nacional y en La Revista Peninsular, en las que desarrolló fielmente la doctrina de Saint-Simon y especialmente en su libro titulado Economía política. Sobre la propiedad considerada en su origen, desarrollo y tendencia social, 1837.

Luján Romero, Fernando (1795) (Badajoz). Militar artillero de reconocida competencia teórica. Posesión: 21.10.1836. El 7.9.1837 González Alonso le ascendió a oficial 1.º de la Secretaría de Guerra. Ministro de Guerra en 1837 con Bardají. Primer secretario de las Cortes. Discursos: 84. Comisiones: Tribunal de Cortes, Guerra, Gobierno interior, reemplazos, poderes y actas, caminos y canales, minería. En su época se le tenía como el «general culto» por antonomasia; pero sus frecuentes intervenciones en las Cortes no estuvieron a la altura de su fama, sobrepujado siempre por Infante.

Llanos, Laureano (Almería). Sucesivas licencias por enfermedad. Discursos: 6. Comisiones: diezmo.

Llanos, Ventura (Valladolid). Posesión: 21.10.1836. En marzo licencia por asuntos propios. Discursos: 0. Comisiones: ultramar, minería.

«El que está al lado de la cabra es el que mama y como S.S. era secretario del presidente Mendizábal salió elegido por Valladolid, como suele decirse, sin comerlo ni beberlo. Por su aspecto parece que se le ha pegado toda la flema de la Gran Bretaña y la frialdad de Escocia» (FC 112). Con lo dicho basta para acreditar su calidad ministerial.

Madoz, Pascual (1806) (Lérida). Abogado, periodista, publicista, empresario, magistrado. Miliciano nacional en Barcelona. Su acta fue discutida. Intervino por primera vez el 19.12.1836 y desde entonces participó con asiduidad y como particular defensor de los intereses catalanes. Discursos: 80. Comisiones: facultades extraordinarias, examen de cuentas, mensaje con ocasión de los acontecimientos de Pozuelo, gracia y Justicia, milicia nacional, caminos y canales, división territorial, hacienda, negocios eclesiásticos, expedientes sobre créditos, exposición de la diputación provincial de Lérida. Dirigió el monumental Diccionario geográfico, histórico y estadístico de España (1848-1850)

De él escribió Rico y Amat (p. 395): «Sin ser un orador de primer orden, sin estar dotado de esas cualidades brillantes, inherentes a los grandes oradores, reúne condiciones ciertamente para hacerse escuchar con gusto en la asamblea. Distinguiose su oratoria, más que por la elevación, por la vehemencia; más que por la sublimidad de la frase, por la viveza de las ideas».

El 28.11.1836, con ocasión de discutirse el acta de su elección por considerar que no era residente en Lérida, aportó Joaquín Ferrer el siguiente testimonio: «Hallándome este verano en Bañeras de Luchó, que dista unas tres leguas del valle de Arán, fui invitado por la autoridad del valle a asistir a la publicación de la constitución política. En este acto vi que el sr. Madoz gozaba de una gran popularidad en todo el valle. Pero en la sesión siguiente emitieron su voto en contra la mayor parte de los diputados catalanes: Roviralta, Domenech, Manuel Torrens, Tamarit, Salvato, Arias, Vila, Ramón Campos, Núñez, Llanos y Alcorisa.

Manso, Manuel Esteban (Cuenca). Discursos: 15. Comisiones: reforma de la constitución, caminos y canales, premios nacionales. Pasó desapercibido.

Manso Cordero, Santiago (León). En el verano de 1837 tomó una licencia y ya no volvió. Discursos: 9. Comisiones: comercio. Pasó desapercibido.

Martín Cachurro, Antonio (Zaragoza). Votó contra Istúriz. Miembro de la Junta Superior de Gobierno de Aragón. Posesión: 21.10.1836. En julio 1837 obtuvo una licencia de dos meses por asuntos propios. Discursos: 4. Comisiones: caminos y canales.

Martínez Falero, Jerónimo (Cuenca). Familia de labradores. Posesión: 21.10.1836. A partir de febrero de 1837 obtuvo varias licencias por asuntos propios y enfermedad. Discursos: 98. Comisiones: Tribunal de Cortes, restablecimiento de decretos, diputaciones provinciales. Desarrolló una enorme actividad parlamentaria.

Martínez de Velasco, Antonio (Burgos). Diputado en 1823; luego, 10 años de emigración. 10 años párroco de la Iglesia de Santiago de Madrid. Obispo electo de Jaén. Vicepresidente en agosto de 1837. Participó con frecuencia y autoridad y no sólo en asuntos eclesiásticos. Discursos: 43. Comisiones: negocios eclesiásticos, premios nacionales.

El Eco del Comercio del 7.11.1836 aludió elogiosamente a «sus principios de caridad y filantropía».

Mata Vigil, Pablo (1785) (Oviedo). Abogado y catedrático. Rector de la Universidad de Oviedo. Posesión: 8.12.1836. Ministro de Gracia y Justicia con Bardají. Discursos: 36. Comisiones: negocios eclesiásticos, presupuestos de Gracia y Justicia, instrucción pública. De él dice Alcalá Galiano (p. 173): «es uno de los pocos que en las Cortes pasaban por ser del partido moderado». Y así lo fue efectivamente, aconsejando a la Reina Gobernadora que no sancionara la ley de arreglo del clero. Senador vitalicio en 1849.

Matheu, Pablo (Cádiz). Empresario y capitalista; realizó negocios con Mendizábal. Obtuvo varias licencias por enfermedad. Discursos: 3. Comisiones: hacienda, milicia nacional, mensaje por los sucesos de Pozuelo, marina.

Milagro, Juan Antonio (Zaragoza). Votó contra Istúriz. Miembro de la Junta Superior de Gobierno de Aragón. Posesión: 21.10.1836. A partir de mayo de 1837 obtuvo varias licencias por asuntos propios y por enfermedad. Discursos: 2. Comisiones: milicia nacional, agricultura y artes.

«No ha hecho ninguno y aunque parece santo por lo negro y extasiado y por los ojos que pone a vista perdida» (FC 116).

Mir, Joaquín (Murcia). Discursos: 1. Comisiones: poderes y actas. Posteriormente renunció al escaño.

Mira Perceval, Antonio (Alicante). Posesión: 8.3.1837. Discursos: 0. Comisiones: diputaciones provinciales.

Miranda y Olmedilla, Fernando (Orense). Militar. Votó contra Istúriz. Licencia de tres meses por enfermedad. Discursos: 19. Comisiones: ninguna.

Mon, Alejandro (1801) (Oviedo). Del círculo de Toreno y del grupo asturiano al que también perteneció Pedro José Pidal.

Tomó posesión muy tarde, pero desde entonces estuvo muy activo y en la oposición moderada. Discursos: 35. Comisiones: hacienda, libertad de imprenta, crédito público, premios nacionales.

Dice de él Alcalá Galiano (p.177): «Había descubierto en sus discursos y conducta cualidades de hombre político, arrojado, firme y diestro, sustentando sin rebozo las doctrinas y causa, y aun el interés del partido moderado, que en aquel cuerpo apenas tenía parcialidades». Según Ferrer en su intervención del 14.10.1837: «Para contestar el largo e ingenioso discurso del sr. Mon yo quisiera que S.S. me prestase, aunque fuese sólo por este momento, la facilidad que siempre tiene de expresarse para sostener la causa que defiende, pues es tal que yo me daría por muy satisfecho si S.S. fuese siempre mi abogado».

Ministro de Hacienda a fines de 1837, autor de la reforma tributaria de 1845.

Montañés, Mariano (Zaragoza). Miembro de la Diputación provincial de Zaragoza. En septiembre de 1837 obtuvo una licencia por asuntos propios. Discursos: 8. Comisiones: ley orgánica del poder judicial, pensiones, enajenación de efectos de conventos suprimidos.

Monterde, Jaime (Teruel). Auditor de Guerra, ministro fiscal de la Audiencia de Albacete. En agosto de 1837 obtiene licencia por asuntos propios. Discursos: 1. Comisiones: infracciones constitucionales.

Montes, Mariano (Zaragoza). Posesión: 5.1.1837, pero su actividad parlamentaria posterior fue mínima.

Monteverde Betancourt, Manuel (Canarias). Militar. Destinado en la Plana Mayor del Ejército del Norte no hay constancia de sus actividades parlamentarias.

Montoya, Diego (Albacete). Posesión: 21.10.1836. Obtuvo varias licencias por una dolencia habitual en el pecho. Discursos: 15. Comisiones: diputaciones provinciales, cuentas atrasadas, crédito público.

Constante antiministerial fue el diputado de ideas sociales más sinceras y radicales.

Montoya, Juan Alfonso (Cuenca). Emigrado en Bayona y en Lisboa

Votó contra Istúriz. En febrero de 1837 obtuvo dos meses de licencia por asuntos propios. Discursos: 17. Antiministerial decidido.

Morente, José María (Córdoba). Contador del ministerio de la Gobernación, jefe de su Contaduría. Posesión: 1.3.1837. Discursos: 4. Comisiones: cuentas. Mendizabalista como correspondía a su condición funcionarial.

Moscoso, Vicente (Lugo). En verano de 1837 obtuvo licencia por razones de salud y asuntos propios. Discursos: 0. Comisiones: restablecimiento de decretos.

«A pesar de sus diputaciones, de sus ministerios y de tanto rozarse con castellanos puros, aún no se ha desprendido del mal uso de los pretéritos con que hablan sus paisanos. Procurador liso y morondo de la segunda legislatura, calló y votó con sus ministeriales, aunque asistía poco. Dícese que no quiso ser prócer porque no juzgaba posible hacerse más ilustre. En cuanto a chalecos y petrimetrismos, como antaño, salva la diferencia de edad y la necesidad de la peluca. Fue subdelegado de Burgos» (FC 25). Políticamente antiministerial activo.

Mota Hidalgo, Luis de la (Jaén). Clérigo. En septiembre de 1837 obtuvo licencia por dos meses. Discursos: 7. Comisiones: premios nacionales, beneficencia. No tuvo el relieve político de sus compañeros de estado.

Moure, José (Orense). Militar. Posesión: 23.2.1837. Gobernador militar de Álava. Discursos: 35. Comisiones: recurso de la diputación provincial de Álava.

Muguiro e Iribarren, Juan Bautista (Navarra). Hombre de negocios. Posesión: 21.10.1836. Estuvo mucho tiempo enfermo. Vicepresidente en septiembre y presidente en octubre de 1837. Comisiones: mensaje por los sucesos de Pozuelo, hacienda, tribunal de Cortes, moneda, comercio, enajenación de efectos de conventos suprimidos, crédito público. Sus actividades parlamentarias no justificaron aparentemente su elevación a la presidencia. Senador electivo en 1838.

Mut, Juan (Baleares). Alcalde de Palma. En marzo de 1837 obtuvo licencia por enfermedad.

Núñez, Manuel (Badajoz). Empleado, entendido en deuda y hacienda en general, administrador de la aduana de Barcelona en 1835 y 1836, intendente de Cataluña en 1836; terminó enemistado con la Junta de armamento de Barcelona. Posesión: 5.11.1836. En junio de 1836 obtuvo cuatro meses de licencia por asuntos propios. Discursos: 20. Comisiones: milicia nacional, hacienda, facultades extraordinarias.

En la sesión del 11 de noviembre dijo de él el ministro de Hacienda: «El sr. Núñez, empleado subalterno del Ministerio de mi cargo, he tenido motivos para haber observado las buenas cualidades de integridad, conocimiento y aplicación que concurren en este benemérito empleado que desde el 1 al 25 de octubre ha desempeñado en comisión la intendencia del principado. Cuando en el año anterior tuve el honor de ser llamado al ministerio, el sr. Núñez desempeñaba la administración de la aduana de Barcelona. Todos saben las dos excisiones políticas de que ha participado la nación en estos últimos tiempos. En estas dos escisiones, y cuando otros empleados fueron separados por las juntas de Cataluña, Núñez mereció la confianza de aquellos habitantes y le conservaron en su destino. Habiendo llegado varias reclamaciones al ministerio de mi cargo para que se eligiese un intendente que satisficiese la opinión pública, tuve no poca en oír, entre otras personas a quienes consulté sobre este nombramiento al dignísimo catalán sr. Corominas, representante de las juntas de fábricas y comercio de Barcelona, que aprobó el nombramiento de intendente en favor de Núñez».

No obstante la deferencia que para él significaba este aval del ministro, actuó de ordinario como antimendizabalista acérrimo y denunció implacablemente los asuntos turbios que en materia de Deuda se habían realizado en Londres. Se hizo famosa su pintoresca declaración de que no estaba dispuesto a aceptar una silla ministerial cuando nadie se la había ofrecido ni había sonado nunca su nombre en la prensa para tal cargo.

Olleros, Alonso (Salamanca). Varias licencias por enfermedad y por asuntos propios. Discursos: 2. Comisiones: diputaciones provinciales.

Olózaga, Salustiano (1805) (Logroño). Abogado. Agitada vida política y de conspirador. Corto de vista pero, conocida su coquetería, no usaba lentes en las Cortes. Amigo de Argüelles que le admiraba como orador. Su personalidad y vitalismo le convertían en modelo de muchos diputados jóvenes. Vicepresidente en enero de 1837. Discursos: 162. Comisiones: contestación al discurso de la Corona, biblioteca, especial de guerra, tribunal de Cortes, reforma de la constitución, premios nacionales, recurso diputación provincial de Álava, código penal, presupuesto de Gracia y Justicia, exposición diputación provincial de Granada, legislación.

Donoso Cortés, su enemigo acérrimo, le consideraba muy peligroso «porque representaba la revolución indecisa y multiforme (...) ambicioso, calculador y vanidoso, tan sólo atento a su medro personal (...) uno de los hombres políticos que han incurrido en más contradicciones, así en sus actos como en sus palabras (...) paladín de doctrinas a las que no rinde culto su corazón». Para Villiers, «hombre de considerable vanidad, con una buena dosis de prejuicios personales en las opiniones sobre las cosas y las gentes; cierta exageración y al tiempo cierto carácter escurridizo en los principios (...) gran inteligencia, una larga experiencia en revoluciones y unas tendencias filosóficas que son raras en un español». Para Pastor Díaz, «es demasiado aristocrático, su continente no es menos orgulloso que el de un monarca».

De él dice Rico y Amat (p. 111): «Como orador político, como orador de circunstancias, como orador del momento, no hay en nuestras Cortes quien le iguale. El género especial de su oratoria, su inimitable habilidad para abordar las cuestiones, su sagacidad exquisita para encontrar el flanco de su adversario, su estilo punzante y epigramático, la mordaz agudeza de sus réplicas, el orden calculado con que va arrojando las flechas de su poderosa dialéctica sobre el campo enemigo hace de él un oposicionista terrible, a quien es preciso matar a traición o abandonar el campo. Con más ingenio que instrucción, con más astucia que talento (...) Constituyen a Olózaga un orador de gran talla las cualidades poco comunes, así físicas como morales, que posee, no siendo las menos a propósito su voz llena y sonora, su pronunciación majestuosa y simpática, su tono digno y reposado, acción expresiva y actitudes nobles (...) De instintos aristocráticos, disfrazados con populares inspiraciones, halaga indudablemente más a Olózaga lucir el Toisón de oro en un besamanos en la cortes de Francia y en su calidad de embajador español, que presidir unas Cortes progresistas o alcanzar aplausos y ovaciones en una reunión de descontentos. Convencido de su superioridad, sólo puede ser jefe del partido donde milite». «De gran talento oratorio aunque pobre en gala en el decir, en imaginación y en instrucción sólida y varia, si bien dotado de agudísimo ingenio» (Alcalá Galiano, 157). Para Caballero (94), «es idólatra del aura popular y todo su deseo y síntesis se cifra en vivir cómodamente sin perderla. Es robusto de físico, no obstante que la vista le flaquea a punto de necesitar catalejo. En sus ataques usa de la gracia y de la cortesía para meter la espada hasta la guarnición». Según Bermejo (58), «hombre a la sazón de grandes condiciones oratorias aunque poco galano en el decir, de imaginación escasa y de instrucción poco sólida, pero de agudísimo ingenio y esforzado capitán para conducir huestes, mañero para subordinarlas a sus impenetrables granjerías de poder y tan útil para la desunión como hábil para juntar lo disuelto en ocasión propicia para su exclusivo engrandecimiento».

Importaba transcribir por extenso estos testimonios porque todos ellos son certeros a la hora de retratar uno de los personajes más atractivos, tanto en lo personal como en lo público, del siglo XIX. Ahora bien, detrás de su imponente fachada era en la práctica muy poco de fiar ya que en su pensamiento y en su comportamiento era un modelo de ambigüedad. Era tan ducho en labrar uniones como en deshacerlas. Vivía en el escenario de un drama de enredo que él mismo había escrito. Fue deslizándose hacia la oposición, pero más que antimendizabalista fue siempre un «olozaguista» apasionado.

Onís y Mercklein, Mauricio Carlos (Salamanca). Hijo de embajador. Posesión: 5.11.1836. Secretario en abril de 1837. Licencia por enfermedad. Discursos: 13. Comisiones: tratado con América, poderes y actas, agricultura y artes, ultramar, Estado. «Bonazo de carácter, excelentes deseos y más cuando las cosas pueden componerse sin romper lanzas. Es rechoncho y gasta espejuelos» (FC 103).

Ortega, Pedro (Badajoz). Se le nombra oficial supernumerario de la secretaría de la Guerra. Posesión: 21.10.1836. Discursos: 2. Comisiones: reemplazo, guerra.

Osca Guerau de Arellano, Miguel (Valencia). Juez, propietario. Termina de senador en 1841. Posesión: 21.10.1836. Discursos: 4. Comisiones: legislación, tribunal de Cortes, Diezmos, agricultura y artes. «(Por lo pacatito, callado y semibeato) cualquiera diría que pertenece a la escuela de Garelly (...) Honrado cuanto cabe a pesar de la continua lucha del procurador con el hombre físico y moral» (FC 68).

Osca Chornet, Juan Bautista (1792) (Valencia). Abogado, magistrado, terrateniente. Años de emigración. Votó contra Istúriz. Tomó posesión el 21.10.1836. Discursos; 31. Comisiones: negocios eclesiásticos, tribunal de Cortes, pensiones, exposición de la diputación provincial de Valencia. Obsesionado por atacar señoríos y privilegios y prerrogativas del patrimonio real. «Con especialidad si se trata de señoríos y de que los vasallos rompan las cadenas. Mil veces iría a presidio y sufriría cárceles por sostener los derechos populares contra el predominio de los títulos; y aunque le nombraren prócer, no aceptaría la ilustrísima por no abandonar la guerrilla de pechero en que le nacieron los dientes» (FC 112).

Otero, Hipólito (Pontevedra). Licencia por asuntos propios. Discursos: 5. Comisiones: sanidad.

Palarea Blanco, Juan (Murcia) (1780). Mariscal de Campo singularmente enérgico. En campaña durante toda la legislatura. Se anula su acta y es reelegido. Discursos: 0. Comisiones: ninguna.

Pardo y Osorio, Ramón (Orense). Miliciano desde 1820. Posesión: 21.10.1836. En junio de 1837 licencia por asuntos propios. Secretario en setiembre de 1837. Discursos: 32. Comisiones: mensaje por los sucesos de Pozuelo, poderes, tribunal de Cortes, código civil.

Pareja, José (Granada). Discursos: 12. Comisiones: Poderes y actas, sanidad, efectos enajenados de conventos suprimidos.

Pascual, Cristóbal (Málaga). Abogado. Secretario en julio de 1837. Participativo, radical. Discursos: 158, que demuestran no sólo su afán participativo y apasionamiento sino su facundia inagotable que abusaba de todos los tópicos liberales y de la oratoria más hueca. Comisiones: infracciones constitucionales, efectos enajenados de conventos suprimidos.

Pedro, Manuel de (Teruel). Hacendado.

Pedrosa y Moscoso, Antonio (Lugo). Posesión: 20.2.1837. Licencia por asuntos propios en septiembre de 1837. Discursos: 2. Comisiones: efectos enajenados de conventos suprimidos, moneda. Sus intervenciones fueron escasas, breves y a veces no se recogían íntegramente en el Diario de Sesiones ya que se percibían mal al ser pronunciadas en voz muy baja. Su voto fue siempre contundentemente radical y de ordinario coincidente con el de Moscoso, su inseparable compañero de banco.

Pérez, José María (1789) (Málaga). Se le anuló el acta pero fue reelegido. Ministro de Hacienda con Bardají, su participación en el Congreso fue insignificante.

Pérez Arrieta, Joaquín (Zaragoza). Jefe político de Almería. En setiembre de 1837 González Alonso le asciende de oficial auxiliar a oficial segundo. Posesión: 21.10.1836. Discursos: 11; su voz, escasa. Comisiones: diputaciones provinciales.

Pérez de Meca, Antonio (Murcia). Hacendado. Emigrado en Francia. Votó a favor de Istúriz. Anulada su acta, fue reelegido. Posesión: 21.10.1836. Discursos: 3. Comisiones: caminos y canales, gobierno interior, marina. Nombrado senador el 28.10.1837. «Aspecto anglosajón por lo rubicundo de rostro y de cabellos, calado de antiparras y de buenas intenciones» (FC 97). Su fuerza política real era mayor de lo que pudieran apuntar sus intervenciones parlamentarias.

Pita Pizarro, Pío (1792) (Huelva, después de haber renunciado a Coruña y Pontevedra). Votó contra Istúriz. Jefe político de Logroño y Madrid. Posesión: 21.10.1836. Ministro de la Gobernación con Calatrava de 27.3.1837 a 9.7.1837. Ministro de Hacienda con Bardají de 18.8.1837 a 1.10.1837. Discursos: 23. Nombrado senador el 1.11.1837.

De las Memorias de Santillán (I, p. 218): «Don Pío Pita Pizarro, infatigable en el trabajo, había hecho algún estudio de nuestra Hacienda después de haber estado encargado de ella por pocos días en 1837; pero no adquirió de este ramo más que algunos conocimientos incompletos y superficiales que no podían menos de inducirle a error, tanto más cuanto que con ellos se consideró muy superior en saber a todos los que él y otros llamaban rutineros, sin averiguar si a su práctica reunían la ciencia que dan el estudio y la observación. En 1838 era un aventurero y arrojado proyectista que hubiera causado grandes trastornos en nuestra Hacienda si no hubiera estado retenido por diferentes obstáculos que él no podía franquear. Uno de ellos vine a ser yo».

Hay unas coplas sobre él, atribuidas a Salas y Quiroga y a Álvarez Miranda: «Sublime señor don Pío / de quien yo nunca me fío / temeroso de un navío / que me lleve a Santa Cruz/ Por cuya gracia infinita / en esta tierra maldita / tan sólo al nombre de Pita / surge un tesoro de luz / Enjuga este llanto mío / Don Pío / calma el furor que me agita / Don Pío Pita / pues a tu piedad me agarro / don Pío Pita Pizarro». En la Historia de Lafuente (VI, 227) aparece como «liberal de radicalísima ortodoxia, pero hombre dotado de claro entendimiento y que conociendo que las exageraciones habían pasado de moda buscaba para sus ideas como para su persona un terreno más firme que el que había escogido el partido progresista».

Autor de varias monografías entre las que se cuentan Lecciones generales de comercio, seguidos de una noción y rápida ojeada sobre la historia universal del mismo (1833) y Memoria sobre la libertad de comercio y el Puerto franco de Cádiz (1834). Por muy controvertido que fuera, nadie podía negar que fue una de las personalidades más recias de la Legislatura. También resultó ejemplar su acelerado deslizamiento hacia el moderantismo.

Pizarro, Pedro José (Huelva). Magistrado. Votó con Istúriz. Posesión: 21.10.1836. Asiduo. Participativo, polemista. Muy religioso según se ve en su discurso de 12.3.1837. Discursos: 42. Comisiones: poderes y actas, Tribunal de Cortes.

Suances le acusó en una ocasión de que en 1823 había ido a cumplimentar a la Junta de Oyárzum: conducta absolutista que contrastaba con su radicalismo liberal actual. Despechado, Pizarro prometió no acudir más al Congreso: lo que por fortuna no cumplió.

De humor acreditado como puede comprobarse en su intervención de 14 de febrero (1837): «Yo, según observo, creo que me tienen por trinitario porque parece que en mí hay tres personas y no hay más que una. Soy unitario. Me explicaré, para evitar equivocaciones. Sólo tengo un cuerpo, un alma y unos principios e ideas. Veo en los Diarios de la redacción unas veces dijo el sr. Pizarro, otras sr. Pizarro (don Jacobo) y otras el sr. Pizarro (D. Pedro). No hay en el Congreso más Pizarro que yo y equivocadamente pudiera creerse que hay tres distintos. Hay un sr. Pita que tiene de segundo apellido también Pizarro. Y he visto en algún periódico discurso del sr. Pita Pizarro puesto en boca mía».

Alcalá Galiano lo juzgó muy severamente (115): «Hombre de corto saber y no más largo de ingenio y de extravagantes y toscos modales, muy extremado en sus opiniones». «Ecce un andaluz de chispa que ni teme ni debe y que a la justicia que ha ejercido sacrificará a sus sobrinos y a su padre. Voz de trueno y terrorificante, que al pronunciar el Sí o el No conmueve la tribuna. Siempre con los suyos aunque perdiera más empleos que hay en la Caja de Amortización. Fornido, cubierto de peluca y tan chusco en el plantarse que parece un bolero jubilado» (FC 86).

Polo, Bernardino (Palencia). Labrador, propietario. En julio obtuvo una licencia de dos meses. Discursos: 1. Comisiones: facultades extraordinarias, agricultura y artes. Su gesto más famoso fue el de haber puesto en marcha, sin habérselo propuesto, el debate de los diezmos, que fue la clave de la Legislatura y de toda la política de Mendizábal.

Pose, Luis (Coruña). Discursos: 0. Comisiones: instrucción pública. Pasó completamente desapercibido.

Pretel de Cózar, Ramón (Albacete). Posesión: 21.10.1836. En noviembre obtuvo una licencia para asuntos propios. Discursos: 9. Comisiones: diputaciones provinciales.

Preto y Neto, Francisco (Baleares). Oficial de Gobernación de la Península en el momento de ser nombrado diputado; en agosto de 1837 ascendió a oficial cuarto. En junio de 1837 licencia por enfermedad. Secretario en septiembre. En el mismo mes de septiembre González Alonso le asciende a jefe de sección. Discursos: 0. Comisiones: reforma de la constitución, gobierno interior, beneficencia, diputaciones provinciales, enajenación de efectos de conventos suprimidos.

Reboul y Sobrino, Francisco (Málaga). Posesión: 7.2.1837. Discursos: 0.

Ríos, Francisco de los (Canarias). Discursos: 1. Comisiones: caminos y canales.

Rivas, Félix (Barcelona). Militar. Votó contra Istúriz. Posesión: 21.10.1836. En agosto de 1837 obtuvo una licencia por asuntos propios. Discursos: 24. Comisiones: agricultura y artes, milicia nacional. «Se le conoce a tiro de mosquete que no fue elegido en tiempos de Llauder, como que dice sí cuando los otros decían no. Verdad es que los de antaño, según sus liberales paisanos confiesan, no eran catalanes sino cata...» (FC 64).

Roda, Miguel de (Granada). Secretario en mayo de 1837. Nombrado oficial de Gobernación por González Alonso el 7.9.1837, cargo al que renunció tres días después. Discursos: 41. Comisiones: código civil, facultades extraordinarias, poderes y actas, minería, exposición de la diputación provincial de Zaragoza, caminos y canales, código civil, guerra, represalias, Gobernación.

Rodríguez Leal, Joaquín (Madrid). Hacendado. Alcalde constitucional de Madrid. Posesión: 21.10-1836. Asiduo, participativo. En 11.9.1837 fue nombrado Director del Tesoro aunque cedió su sueldo para aplicarlo a gastos de guerra. Cesó en octubre. Discursos: 20. Comisiones: poderes y actas, cuentas atrasadas, pensiones, plan de Calvo Rozas. «Este extremeñito (y usamos el diminutivo porque es pequeño de cuerpo) no anuncia todo lo que discurre y habla; y como estamos decididos por sólido nos gusta encontrar más fondo que frontispicio» (FC 65).

Rodríguez de Vera López Guerrero, Javier (1788) (Albacete). Militar. Votó contra Istúriz. Ministro interino de Guerra. El 12.9.1837 se le hizo responsable de uno de los distritos de la defensa de Madrid. Discursos: 7. Comisiones: reforma de la constitución, milicia nacional, exposición de la diputación provincial de Lérida. «Pundonoroso como buen militar, siempre ha votado bien (...) Alguna vez habló en puntos de su profesión y nunca rehusó su firma en las peticiones. Buena estatura y suelto de carnes» (FC 56).

Roviralta, José (Barcelona). Médico instalado en Madrid. Votó contra Istúriz. Posesión: 21.10.1837. Licencia por enfermedad. Discurso: 1. Comisiones: poderes y actas, sanidad militar. «Ha guardado silencio pero ha votado en regla con conocimiento de causa porque es avisado y político. En su exterior aparece adamadito, rubio y suelto de carnes» (FC 64).

Aunque únicamente pronunció un discurso formal, su participación en los debates fue muy activa y apoyó imperturbablemente todas las proposiciones antiministeriales y radicales.

Royo, José María (Castellón de la Plana). Discursos: 7. Comisiones: código civil.

Ruiz de Carrión, Abdón (Valencia). Posesión: 21.10.1836. Licencia por asuntos propios. Discursos: 0. Comisiones: ninguna.

Ruiz de Caameño, José (Ávila). En abril de 1837 obtuvo licencia para retirarse por enfermo. Discursos: 0. Comisiones: ninguna.

Sáenz Martínez, Santiago (Orense). En julio de 1837 obtuvo licencia para tomar baños. Discursos: 0. Comisiones: ninguna.

Salamanca Mayol, José de (1811) (Málaga). Posesión: 26.7.1837. Discursos: 0. Comisiones: Ley orgánica del poder judicial.

Salas, Carlos (Huelva). En septiembre de 1837 obtuvo una licencia para asuntos propios. Discursos: 1. Comisiones: caminos y canales, división territorial.

Las actuaciones parlamentarias de estos cuatro diputados fueron absolutamente intrascendentes. La carrera política y económica de Salamanca no se debió, desde luego, a sus méritos de diputado.

Salvá Pérez, Vicente (1786) (Valencia). Editor, abrió una librería en 1809. Polígrafo. Traductor. Procesado por la Inquisición en 1818. Exiliado en Gibraltar, Londres y París. Procurador del Estamento. Secretario en octubre de 1836. Licencia para residir en París para poder atender sus negocios. Hombre de buen humor. Discursos: 40.

Salvato de Esteve, Ramón (1784) (Barcelona). Hacendado. Abogado, magistrado. Comunero. Presidente de las Cortes en 1822. Posesión: 21.10.1836. Vicepresidente en febrero, presidente en marzo de 1837. Ministro de Gracia y Justicia con Bardají (del 18.8.1837 al 1.10.1837). Partiendo de la exaltación, en las constituyentes ya formó parte del ala derecha del progresismo. Discursos: 20. En 1839 publicó un libro sobre las elecciones de ese año.

Sánchez del Pozo, Tomás (Cáceres). Discursos: 6. Comisiones: Tribunal de Cortes, proyecto de constitución, legislación, libertad de imprenta, diezmos.

Sancho, Vicente (1784) (Valencia). Militar, jefe político de Cartagena en 1820 y en Barcelona en 1823. En ese mismo año ministro de la Gobernación. Diez años exiliado en Francia: en parte en el departamento de L’Orne. Miembro del Consejo real. Varias veces ministro y presidente del Consejo una semana en septiembre de 1840. Para Gil Novales «es una demostración de cómo la libertad se trasmuta en España en el más lamentable despotismo». Se abstuvo en la votación de Istúriz. Posesión: 21.10.1836. Presidente en julio de 1837. Discursos: 247. Comisiones: especial de guerra, Regencia de la Reina Gobernadora, reforma de la constitución, premios nacionales, mensaje por los sucesos de Pozuelo, división territorial.

En la sesión de 12.4.1837 declaró: «Tengo dicho mil veces que soy pobre y me honro de haber nacido de padres pobres. Lo que tengo, todo me lo debo a mí mismo y a la Patria a quien he servido y sirvo».

Dice de él Rico y Amat (pp. 405 ss.): «Vemos en todas las cámaras deliberantes y al frente de los opuestos partidos de que se componen ciertos individuos que no tienen otra misión, otro encargo que el de dar buena dirección a la marcha política del bando en que están afiliados, buscando fórmulas y proponiendo transacciones, que sin desvirtuar en nada la creencia de aquella política la amoldan a las circunstancias, abriéndole con maña la puerta en la región de los hechos. (Fue) uno de los individuos más respetables del partido progresista y uno de los diputados de más autoridad y prestigio (...) Un ciudadano probo y honrado, un político prudente y un orador mediano y juicioso (...) Como presidente de la comisión para proponer el nuevo código tomó una parte activa en aquellos célebres debates, contribuyendo no poco con su templanza y espíritu conciliador a la formación de una constitución hecha por progresistas con elementos moderados». «Político con recámara, liberal prudente y patriota honrado tuvo que saltar la valla de los 12.000 de vellón levantada por quien no estaba en su caso. Es de regular estatura, granadito y de buena presencia. Bien visto en Palacio» (FC 75).

Aunque formalmente seguía siendo el mentor del progresismo templado y pretendía guiar con su autoridad e incansable actividad a sus compañeros, forzoso es reconocer que en 1836 su hora ya había pasado.

(Fernández) San Miguel Valledor, Evaristo (1785) (Oviedo). Militar. Presidente del Gobierno 1822-1823. Jefe del Ejército del Centro. Ministro interino de Marina y de Guerra con Bardají. Discursos: 47. Comisiones: instrucción pública, Estado, Guerra, Milicia nacional. Su pluma era, sin duda, de mejor calidad que su sable y su sentido común superior a su olfato político. Independiente temperamental, sus ideas radicales le llevaron inevitablemente a la oposición. Fue nombrado duque de San Miguel.

Santa Cruz y Pacheco, Francisco Javier (Logroño). Votó contra Istúriz. Discursos: 2. Comisiones: Tribunal de Cortes, restablecimiento de decretos, comercio, hacienda, poderes y actas, abonos de sueldos. Falleció el 28.10.1837. «Digno reemplazo del sr. Olózaga porque si no hablaba como él, le imitaba en votar y firmar declaraciones. Buena talla y pocas carnes» (FC 92).

Santonja Molina, Vicente (1794) (Alicante). Terrateniente. Votó contra Istúriz. Posesión: 12.1.1837. En junio de 1837 obtuvo una licencia por asuntos propios. Discursos: 3. Comisiones: hacienda, gobierno interior. «Aunque novicio ha sabido seguir el rumbo de los padres graves de Alicante, si no de palabra, de obra. Oscuro de color y negrísimo de pelo y barbas» (FC 59).

Saravia, Francisco Javier (Murcia). Posesión: 11.1.1837. Nombrado oficial del Ministerio de Guerra el 16.9.1837. Discursos: 5. Comisiones: Marina.

Sardá y Cayalá, José (Tarragona). Obtiene licencia en julio de 1837. Discursos: 5. Comisiones: moneda.

Seoane, Antonio (1796) (Sevilla). General de Caballería. Posesión: 21.10.1836. Se le concedieron varias licencias para atender comisiones militares y otra por enfermedad. Ministro de la Guerra dos días. Presidente en septiembre de 1837. Discursos: 29. Comisiones: contestación al discurso de la Corona, guerra, tratados con América, ultramar, mensaje por los sucesos de Pozuelo.

Senador el 28.10.1837. En febrero y a petición propia se le destina al Ejército del Norte. Según Morayta (p. 356), «la conducta de los oficiales de Aravaca se califica de sedición de jenízaros ¿Por quién? Por el general Seoane que tanta parte tuvo en la sublevación del Pura, con la sustitución del venerable virrey Pezuela; el que se sienta al lado de aquel que encastillado en la Casa de Correos (Cardero) destruyó la disciplina militar y fue causa del asesinato del bizarro Canterac; del que en hombros del motín de La Granja se elevó a la capitanía general de Castilla la Nueva». Y añadía en la página 815, «un perfecto caballero, valeroso y muy liberal, pero extravagante como él solo».

Apud Fernando Fernández de Córdova (I, 311 ss.), «Seoane había manifestado en el Congreso que por lo de Aravaca «sus oficiales merecían cada uno arrastrar un grillete (pues) se habían conducido cobardemente y como jenízaros en Pozuelo de Aravaca». «La pública y osada declaración del capitán general excitó como era justo la susceptibilidad y el furor de los oficiales. Una treintena de éstos que había en Madrid curándose de sus enfermedades y heridas se reunieron y acordaron desafiar al general nombrando de entre sus compañeros, sorteados, para batirse con él». El primero fue Manzano y nombraron padrino al propio Córdova. Al día siguiente se inicia el duelo en Puerta de Hierro. «Gozaba Seoane de gran fama de consumado tirador de pistola, razón por la cual se señaló la distancia de cinco pasos entre ambos contendientes y la circunstancia de que tan sólo una pistola se cargase (...) Resolviose en el campo por los padrinos que tiraría con mis pistolas pero cargadas con la pólvora perteneciente a los cartuchos de la caja del general (...) Seoane me llamó aparte y me dijo: “Si Manzano me mata será probablemente asesinado esta noche por los patriotas de Madrid. Yo debo evitarlo. Tome Vd. este pasaporte para que pueda llegar a su regimiento. Con esta carta mi criado le entregará uno de mis caballos y aquí tiene un bolso con 25 onzas que necesitará para salvarse” (...) A la voz tres Seoane cayó al suelo desplomado. Todos le creímos muerto. No fue así por fortuna ya que la pólvora fulminante estaba descompuesta y había perdido la mayor parte de su fuerza. La bala no tuvo la necesaria para penetrar en el cuerpo, pero sí la suficiente para fracturar una costilla y doblar otra sobre el hígado». Seoane se levantó y quiso continuar el duelo con el siguiente, pero no se lo consintieron. Estuvo muchos días recuperándose y no se desdijo de sus palabras. Pero al fin los padrinos lograron que se diera por terminado el lance a pesar de la insistencia del general empeñado en continuar uno contra todos».

Estereotipo de general aguerrido, aunque más afortunado en las salas de banderas que en el campo de batalla. Parlamentario vocacional dispuesto a discutir sobre cualquier materia. Hombre de una pieza, pero de cabeza algo desordenada y de ideas fijas y algo simples. Por su temperamento terminó enemistado con Narváez y Espartero, que no le respetaron como quizás debían. Políticamente versátil.

Sequera y Carvajal, Antonio (Granada) (1789). Militar, artillero destacado. Desterrado en Malta. Gobernador militar de Alicante y segundo cabo de Valencia. Expedientado por los desastres de la guerra. Discursos: 0. Ausente de hecho de las Cortes debido a sus ocupaciones militares.

Sereix Samper, Antonio (1800) (Alicante). Hijo de comerciantes acomodados. Exiliado en Gibraltar durante 11 años. Posesión: 21.10.1836. Discursos: 17. Comisiones: milicia nacional, diputaciones provinciales, crédito público, comercio.

Serrano, Francisco de Paula (Jaén). Militar. Posesión: 3.4.1837. En noviembre de 1836 había renunciado al gobierno militar de La Coruña y en agosto de 1837 se le dio un destino militar en Madrid. Discursos: 1. Comisiones: validez de las sentencias ejecutoriadas, mensaje por los sucesos de Pozuelo. «Como hombre particular, como general y como procurador satisface a su conciencia y merece aprecio. Es bastante corpulento y no engaña a nadie con su aspecto, que desde luego aparece de un buen hombre» (FC 88). Parlamentariamente desconocido, su política fue toda su vida la de promover su fulgurante carrera personal.

Soler y Espalter, José (Barcelona). Posesión: 2.3.1837. Discursos: 12. Comisiones: crédito público, división territorial. Radical y catalanista dominaba una oratoria contundente superadora ya de las hinchazones románticas.

Somoza, José (Ávila). Posesión: 12.11.1836. En febrero licencia de dos meses por enfermedad. Discursos: 0. Comisiones: ninguna. «Fue diputado en 1822, emigrado después y reelegido como procurador en el 34 y en el 36. Liberal por principios, pero silencioso, oscuro y esplinático, moreno que tira a pardo; poeta en doceavo y patriota de a folio» (FC 60).

Sosa, Luis (León) (1772). Militar. Muy activo durante la guerra de la Independencia. Periodista en las dos épocas constitucionales. Votó contra Istúriz. Achacoso, necesitó varias licencias para recuperar la salud, pero asiduo y activo. Discursos: 59. Comisiones: corrección de estilo, tribunal de Cortes, Bilbao. En la sesión de 10.12.1836 dijo de sí mimo: «Yo he tenido el honor de ser una de las primeras víctimas del martirologio constitucional del año 11. Yo sufrí arresto, prisión o como quiera que sea en la época constitucional y después de ella en la época del absolutismo. Me he visto también en el encierro con guardias o centinelas de vista y eso que me trataron con indulgencia porque el comandante de armas encargado de mi persona había sido subalterno mío. Véase la benignidad del sistema despótico: cuando aquí nieva, ¿qué será en la sierra? En mi primera prisión soñaba cosas alegres y tenía en mi cuarto una tertulia tan numerosa que no podía hallar asiento en todos los bancos de las prisiones».

«Anciano tan enjuto que parece el caballero de la triste figura, aunque no ha perdido con la edad lo jovial y erudito que demostró como escritor de la primera época, allá en los muros de Cádiz. Es capaz de mantener de buen humor a tres congresos juntos por sus festivas ocurrencias» (FC 90). Sus intervenciones traslucían siempre una honestidad que parecía impropia de un político curtido.

Suances, José María (1789) (Coruña). En septiembre de 1837 obtiene licencia por asuntos propios. Discursos: 14. Comisiones: presupuestos de Gobernación, reemplazos. Su olfato político era tan fino que siempre acertó a plantear las cuestiones más delicadas y que en peor situación dejaban a los ministros así a los de Calatrava como a los de Bardají.

Tarancón y Aorón, Manuel Joaquín (1782) (Soria). Familia de labradores. Obispo electo de Zamora. Carácter dulce, estilo tirando a empalagoso, autoridad indiscutible. Discursos: 33. Comisiones: diezmos, negocios eclesiásticos, tratados con América, instrucción pública, exposición de la diputación provincial de Zaragoza, mensaje con ocasión de los sucesos de Pozuelo.

Tarín, Asensio (Valencia). Labrador. Largas licencias. Discursos: 0. Comisiones: ninguna.

El 6 de abril de 1837 padeció el incidente consecuente a una proposición firmada por Domenech y dos docenas que decía así: «Pedimos a las Cortes se sirvan declarar que han oído con el mayor desagrado la proposición del sr. Tarín». En el curso del debate habló en su defensa Pizarro, intervención que provocó otra de Salvato, el presidente, que se salió del orden enzarzándose en una disputa personal con Pizarro. Caballero volvió a la cuestión: «Recuerdo una de las causas desgraciadas de la última década. Entre las infinitas víctimas que se sacrificaron entonces, lo fue por conspirador el infeliz sacristán del pueblo de Barajas de Nelo; y recuerdo que un jurisconsulto que ya no existe dijo con mucha oportunidad aludiendo a aquella víctima: «¡Desdichado el Gobierno que tema las conspiraciones del sacristán de Barajas!». Y, por fin, Díez: «Repito que la proposición del sr. Tarín la califico de anárquica, subversiva, de destructora del orden social. Pero como no puedo persuadirme de que las Cortes tengan facultades para hacer la declaración que comprende la proposición del sr. Domenech, y como además estoy íntimamente convencido de que ella, una vez dada, atacaría la inviolabilidad del sr. diputado, me opongo decididamente». Se aprobó la proposición. Según Burgos (IV, 190), los instigadores prepararon una serenata de homenaje y desagravio y el jefe político la prohibió. En cualquier caso es sorprendente la saña con que hasta los más radicales atacaron a un compañero, inculto y algo corto ciertamente, pero sincero como ninguno y absolutamente en todos sus actos y palabras con su doceañismo a machamartillo.

Teijeiro, Ramón (Lugo). Posesión: 27.11.1836. Discursos: 5. Comisiones: facultades extraordinarias, guerra, mensaje con ocasión de los sucesos de Pozuelo, efectos enajenados de los conventos suprimidos.

Torrens, Manuel (Barcelona). Discursos: 3. Comisiones: guerra, ultramar. Había escrito una historia de la independencia americana que avaló sus intervenciones en el debate en que se trató de ella.

Torrens y Miranda, Pablo (Barcelona). Fabricante. Votó contra Istúriz. Posesión: 21.10.1836. En julio de 1837 se le concedió licencia por asuntos propios. Comisiones: comercio, crédito público, reforma constitución. «Fabricante de regular aspecto, canosito y de los que no hablan poco ni mucho» (FC 63).

Tovar y Tovar, Pedro de (Almería). Discursos: 2. Comisiones: presupuesto de Gobernación.

Trías, Rafael (Baleares). En julio de 1837 obtuvo licencia de tres meses por enfermedad. Discursos: 2. Comisiones: ninguna.

Urquinaona y Pardo, Pedro de (Sevilla). Nacido en Bogotá. Funcionario de Ultramar en 1820, comisionado en Caracas. En 1812 se le encargó de la pacificación de Nueva Granada y en 1820 publicó una Relación documentada del origen y progreso del trastorno de las provincias de Venezuela hasta la exoneración del capitán general Domingo Monteverde hecha en el mes de diciembre de 1813 por la guarnición de la plaza de Puerto Cabello». Siguió toda su vida interesado en cuestiones americanas y publicando sobre ellas.

Jefe político de Cádiz el 23.8.1836. Discursos: 6. Comisiones: ultramar, Gracia y Justicia, biblioteca, división territorial. Sus intervenciones fueron escasas salvo naturalmente en todo lo relacionado con América.

Vadillo Hernández, Manuel (1777) (Cádiz). Abogado. Diputado en 1812. En 1820 ministro de Ultramar e Interior. De hecho fue buen conocedor y notable erudito en cuestiones americanas. Ministro de la Gobernación el 18.8.1837 pero renunció a la semana. Discursos: 12. Comisiones: ultramar, presupuesto de Gobernación, hacienda, ley orgánica del poder judicial.

El 28.10.1837 fue nombrado senador. El Eco del Comercio de 27.8.1837 publicó una carta suya en la que entre otras cosas se decía: «Desde que en 1822 fui ministro bien a pesar mío, quedé con la firme resolución de no volver a serlo jamás y ni un solo instante he tenido después la tentación de quebrantarla. Con mi industria y economía he adquirido lo que me basta para vivir sobriamente y ser por posición civil, así como por carácter, hombre tan independiente como el que más pueda serlo en el mundo».

Liberal de pura cepa y de tendencia moderada. De familia acomodada trasladó su fortuna a Francia, donde acertó a aumentarla notablemente. Ejerció en Cádiz la profesión de abogado; pero se hizo una cierta reputación como economista a través de varias publicaciones sobre esta materia: Sumario de la España económica en los siglos XVI y XVII (1843), Breves observaciones sobre libertad y prohibiciones de comercio (1842), Reflexiones sobre la urgencia de remedio a los graves males que hoy se padecen en España por causa de muchas monedas que circulan en ella (1846). Como comerciante, y no como economista, había publicado mucho antes una serie de trabajos coleccionados en Escritos presentados al Gobierno español en 1809 (sin año).

Valdeguerero, marqués de (Cuenca). Votó contra Istúriz. Posesión: 4.3.1837. Licencia en julio. Discursos: 0. Comisiones: ninguna.

Valdés, Dionisio (Cuenca). Propietario y empleado público. Diputado en 1822-1823. Diez años de exilio. Fue jefe político. Discursos: 59. Comisiones: diputaciones provinciales, poderes y actas.

Valdés Bazán, Félix (Oviedo). En septiembre de 1837 licencia por asuntos propios. Discursos: 1. Comisiones: medidas contra las personas sospechosas, arresto de Orense, libertad de imprenta, poderes y actas, minería.

Valdés Busto, Rodrigo (Oviedo). Clérigo, obispo electo de Tarragona. Luego confesor de Isabel II. Largo tiempo enfermo. Discursos: 12. Comisiones: negocios eclesiásticos, instrucción pública, sentencias ejecutoriadas, mensaje por los sucesos de Pozuelo.

Valle, Antonio María del (Cáceres). Votó contra Istúriz. Posesión: 21.10.1836. Nombrado intendente de Puerto Príncipe. Comisiones: marina, minería. «Gimiendo y llorando en este de lágrimas; que quien no habla tiene más tiempo para llorar y reír, según que piense cosas tristes o alegres» (FC 69).

Vázquez Parga, José (Lugo). Varias licencias por enfermedad y al final fallece. Comandante de la Milicia nacional. El 26.4.1837 reconoce que tiene poca voz; pero fue asiduo y activo mientras pudo y en sus intervenciones demostró una fuerte agresividad. Discursos: 65. Comisiones: legislación, ley orgánica del poder judicial.

Venegas y Cabrera, Bartolomé (Granada). Clérigo. Emigrado en 1823. Posesión: 21.10.1836. Vicepresidente en junio de 1837. Discursos: 17. Comisiones: negocios eclesiásticos, beneficencia.

El 10.4.1837 manifiesta en una intervención: «Yo, pues, constante en mi lenguaje claro, puro, terminante, castizo, protesto a las Cortes de que soy español, que soy del pueblo, pertenezco al pueblo y quiero que todo se haga por el pueblo y para el pueblo». «Pocos curas han entrado en el Estamento popular (menos entrarán ahora); pero generalmente han sido buenos a toda ley. Éste se ha portado como un hombre, aunque no ha querido que le oigamos su acento granadino» (FC 84).

Verdejo, Antonio (Málaga). Discursos: 11. Comisiones: ultramar, sanidad, milicia nacional, mensaje por los sucesos de Pozuelo.

Verdugo, Joaquín (Guadalajara). Posesión: 21.10.1836. Varias licencias por enfermedad. Discursos: 1. Comisiones: ultramar, poderes y actas. «Estos hacendados de lugar, puros y de buenas luces naturales, vienen muy bien al congreso: no subiría tanto el presupuesto ni habría tantos empleados, ni tantas gangas, si éstos abundasen» (FC 84).

Vereterra, Miguel de (Oviedo). Posesión: 18.2.1837. Discursos: 1. Comisiones: ninguna.

Viadera, Antonio (Lérida). Posesión: 3.1.1837. Varias licencias por enfermedad. Discursos: 0. Comisiones: ninguna. Sus intervenciones fueron escasas, pero a la hora de votar no se apartó nunca de sus amigos y paisanos.

Vicens, Benito (Tarragona). Varias licencias por enfermedad y asuntos propios. Discursos: 7. Comisiones: cuentas, diezmos, crédito público.

Vila Tomás, Domingo María (Barcelona). Hacendado, abogado, editor. Había intervenido en muchos pleitos de Jurado, del que era ardiente defensor. Alcalde de Barcelona en el Trienio. Emigrado en Buenos Aires. Rector de la Universidad de Barcelona. Desterrado en Canarias por los sucesos de enero de 1836. Posesión: 29.10.1836. En julio de 1837 licencia por enfermedad. Discursos: 168, pronunciados en voz tan baja que exasperaba a los taquígrafos. Comisiones: instrucción pública, tribunal de las Cortes, reforma de la constitución, presupuesto de Gracia y Justicia, biblioteca, diezmos.

Atendía todos los asuntos de Cataluña pero no sólo ellos, pues era muy participativo y crítico como demuestra el número de sus discursos e intervenciones. Exposiciones sobrias e inteligentes, le gustaba ir al grano y se preocupaba por las cuestiones prácticas. Políticamente radical y líder indiscutido del grupo catalanista. Fue uno de los pensadores más profundos de toda la Legislatura y defendió tenazmente un modelo de Estado para España de asombrosa modernidad.

Yagüe, Julián (Salamanca). Votó contra Istúriz. Discursos: 4. Comisiones: gobierno interior, agricultura y artes, diputaciones provinciales, abono de sueldos. Según Caballero, «era la industria de Béjar personificada. Semblante oscuro y pensativo como si padeciera de escrúpulo. Cuerpo nada elegante y con vidrieras de cristal sobre las narices imitando a los puntos de diéresis que coronan la u de su apellido».

Zaldívar y Carrillo, Julián (Ciudad Real). En marzo de 1837 licencia por asuntos propios. Comisiones: código civil.

Zumalacárregui, Miguel Antonio (1773) (Guipúzcoa). Magistrado. Diputado en 1810. Posesión: 21.10.1836. Presidente en febrero de 1837. Licencia por enfermedad. Discursos: 13. Comisiones: poderes y actas, mensaje por los sucesos de Pozuelo, legislación, Tribunal de Cortes, libertad de imprenta, división territorial, poder judicial. Ministerial sin reservas.

CAPÍTULO 5

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

1. INTRODUCCIÓN

La aparente simplicidad del Estado liberal.– El equilibrio del aparato público: la centralización.– Aparato burocrático y autoadministración.- Descentralización administrativa y descentralización económica.– La reforma administrativa.

El presente capítulo podría, y quizás debería, ser más extenso, pero el lector agradecerá que vaya descargado por una remisión a la bibliografía existente –y especialmente a mi ya citada obra sobre Historia administrativa de la Regencia de María Cristina– que suplirá con holgura buena parte de sus carencias.

La división territorial del Estado suele ser considerada como la determinación de la base física sobre la que éste realiza sus actividades. Ahora bien, cuando se piensa que se trata de una división artificial de origen político es fácil comprender que no opera como un prius o presupuesto del Estado sino como un objeto, como el resultado de una decisión política: el territorio no está dividido por naturaleza sino que es fraccionado por el Estado. El Régimen Liberal no admitió las circunscripciones recibidas del Antiguo Régimen sino que creó otras nuevas de acuerdo con su ideología: las provincias como expresión de su afán de racionalismo y homogeneidad; pero no menos significación tuvo la discriminación legal de las provincias ultramarinas y el rechazo de la fórmula federal o, al menos, la aceptación de peculiaridades y diferencias interprovinciales.

La aparente simplicidad del Estado liberal

Los liberales de todas las tendencias eran perfectamente conscientes de que estaban construyendo un Estado de nueva planta sobre las ruinas del Antiguo Régimen que simultáneamente estaban demoliendo.

Desde el punto de vista de la historia política el aspecto más llamativo del constitucionalismo fue la destrucción de las clases –o, más precisamente, la destrucción del poder de las clases– del Antiguo Régimen y la reasignación de nuevos papeles públicos a las antiguas y a las emergentes. Desde el punto de vista de la historia del Estado y de su administración mayor importancia tuvo, no obstante, la reorganización que se impuso en las estructuras territoriales, que experimentaron una profunda transformación inspirada en criterios mecánicos que sustituyeron a los organicistas tradicionales.

El Estado absoluto se había ido constituyendo a lo largo de un proceso de articulación arbitraria de unidades naturales. En la sociedad siempre se han ido formando de manera espontánea agrupaciones (llamadas en su día municipios) de individuos, que luego se encajaban con arreglo a criterios políticos artificiales y, por tanto, variados y nada simétricos: en unos casos en torno a un señor, laico o eclesiástico, y en otros en torno al rey, con el resultado final de unas estructuras irregulares, heterogéneas, imprevisibles, como sucede con los seres naturales vivos. Por eso el Estado se representaba como una figura humana, un gigantesco Leviatán.

El constitucionalismo liberal quiso acabar de un golpe con esta situación para terminar con el antiguo «desorden organicista» anterior y sustituirlo por un orden geométrico absolutamente regular de perfil piramidal: con un nivel inferior ocupado por las conocidas agrupaciones sociales tradicionales, un nivel superior ocupado por las unidades centrales de la Administración nacional, y un nivel intermedio donde se encontraban y articulaban los dos órdenes indicados. Dentro de esta figura geométrica regular convivían con estudiado paralelismo dos tipos de organizaciones, integradas por elementos distintos que se intentaban armonizar: el autoritario y el popular.

Este modelo respondía formalmente al ideal de una rígida separación entre el Estado y la Sociedad habida cuenta de que ésta se limitaba a aportar los medios –dinero y soldados– que aquél necesitaba para funcionar y luego no participaba en absoluto en su gestión. La realidad, no obstante, era muy distinta puesto que la Sociedad se infiltraba de hecho en las estructuras del Estado a través de varios canales bien conocidos: el político (que permitía que ciertos individuos, con o sin apoyo de partidos, ocuparan cargos administrativos claves), el popular (que ponía en mano de los ciudadanos corporaciones de enorme peso administrativo) y, en fin, el que hoy llamaríamos de privatización de los servicios. Porque es el caso, en lo que a esto último se refiere, que el Estado no estaba en condiciones de gestionar directamente por sí mismo algunos servicios públicos de importancia y se veía obligado a ponerlos en manos de particulares utilizando al efecto mecanismos jurídicos muy afinados como la concesión, la delegación o la contratación administrativa. Y es que cuando los servicios públicos crecen más deprisa que la organización estatal y sus técnicas de gestión, resulta inevitable solicitar la colaboración de los particulares aunque ello repugne a la ideología oficial.

La organización administrativa del Estado liberal era, en suma, el resultado de diversas tensiones, cuyo número y heterogeneidad explican tanto la fugacidad de las fórmulas aplicadas en cada momento (puesto que cualquier alteración de las relaciones sociales repercutía inevitablemente en las estructuras formales) como en la extremada politización de los debates (habida cuenta de la carga ideológica que arrastraba cada elemento del problema). En este complejo campo de tensiones se entrecruzaban, entre otros, los siguientes ejes dialécticos: la relación entre Estado y sociedad, la relación entre la energía popular que ascendía de abajo arriba y la energía autoritaria que empujaba de arriba abajo, la relación entre autoadministración y administración burocrática y, en fin, la relación entre centralización y descentralización en las distintas modalidades de cada una de ellas. La consecuencia inmediata de esta complejidad era la enorme amplitud del abanico de soluciones tanto de compromiso como de imposición unilateral y forzosa. Así las cosas, ¿cómo se las arreglaron los liberales para salir del paso? Porque si todos estaban de acuerdo en rechazar la fórmula carlista, progresistas y moderados, templados, avanzados y radicales (por no hablar de republicanos y federales), todos y cada uno tenían su propia receta en lo que a estas materias se refería.

El equilibrio del aparato público: la centralización

El Estado constitucional liberal se representaba y operaba como un aparato mecánico cuyo secreto era el equilibrio entre dos fuerzas contrarias: la centrífuga encarnada en las corporaciones populares y la centrípeta dirigida por la Administración nacional. Las diputaciones provinciales y ayuntamientos miraban cada uno para sí y atendían los intereses particulares de su comunidad: sin ellas no habría acción pública administrativa ni política, pero sólo con ellas la nación y el Estado se desintegrarían. Lo que cohesionaba a todos era la administración central que, sin disminuir la energía propia de cada elemento, les dotaba de unidad y proporcionaba lo que hoy se llama sinergia. El secreto del equilibrio se encontraba, pues, en la centralización que actuaba también de una manera didáctica educando a los ciudadanos en la vida común superadora de un tribalismo congénito. Y, en fin, el timón de este aparato era el Trono, cuya enorme fuerza de atracción debía ser compensada a su vez por la ideología liberal, que impedía su deriva desde la monarquía hacia el absolutismo.

La centralización, importada de Francia, operaba como un principio dogmático que, en cuanto tal, no se discutía. Se respetaba como una conquista del siglo y de la política moderna: no hay liberalismo sin centralización y se suponía –a la vista de la experiencia carlista– que donde no había centralización no podía haber liberalismo. Ignorando, claro es, que los diputados catalanes –y en parte los vasconavarros–, acendradamente liberales, estaban constantemente sugiriendo a la menor oportunidad fórmulas descentralizadoras y no sólo para las provincias ultramarinas sino también para las peninsulares y en particular para sus territorios.

La centralización pretendía afirmarse en todos los campos administrativos y públicos. En la Real orden de 12.5.1837 Pita proclamó, por ejemplo, su exigencia en el ámbito de la llevanza y rendición de cuentas invocando

la necesidad de centralizar todas las operaciones de contabilidad de los establecimientos y dependencias que están bajo la dirección de este ministerio (...) pues que debiendo considerarse como un solo fondo el del Estado y el de los contribuyentes, del cual, en último resultado, sale todo cuanto se gasta en el servicio, régimen y prosperidad de la nación, se deduce el principio de justicia, conveniencia pública y buen gobierno de la centralización general de toda clase de recaudación y distribución. Para lograr esta centralización sucesiva, razonable y sólida sin confusión ni malversación, debe empezarse por la formación de las cuentas exactas de todos los ramos.

Por otra parte, la garantía de la centralización era la subordinación estricta de todas las autoridades y empleados a las órdenes de los superiores, tal como se había establecido en el decreto de 14.7.1811, restablecido de forma expresa por el de 31.1.1837:

Debiéndose establecer en todas las clases de la Monarquía la absoluta subordinación al Gobierno, como el único medio de dar un movimiento y dirección uniforme a la máquina del Estado y de dirigir a un fin los esfuerzos de todos, las Cortes generales y extraordinarios decretan: 1.º Todo (...) inferior a quien incumba el dar cumplimiento a las superiores órdenes será responsable de la ejecución de ellas.

Con el restablecimiento de este decreto se pretendía también hacer frente a la generalizada corruptela de no ejecutar ni cumplir las leyes. Como decía El Eco del Comercio de 23.1.1837, «es muy antiguo en España el sistema de dar decretos y órdenes de gobierno y administración, y aun publicar leyes, sin cuidarse mucho de su observancia, hasta que pasado algún tiempo y cuando apenas si se acuerda nadie de su existencia, ocurre algún caso en que conviene aplicar alguna de sus disposiciones; se repiten y se deja pasar otro período, dejando a la casualidad o al interés particular el cuidado de recordarlas (...) El resultado venía a ser que las órdenes superiores no eran casi nunca miradas como una obligación imperiosa e imprescindible, cual exige el orden de la sociedad y es esencial en todo buen gobierno».

De aquí la importancia de la labor de los jefes políticos a quienes correspondía velar por la aplicación real y sincera de las leyes. El periódico insistió sobre este punto el 29.4.1837: «En vano se afanarán las Cortes; en vano se afanará el Gobierno mismo en fijar ventajosamente la suerte futura de la nación, si se encomienda a hombres prevenidos por métodos contrarios, animados por deseos y sentimientos opuestos. Sin hombres (adecuados) las mejores disposiciones se convierten en inútiles escritos y los proyectos más útiles a los pueblos quedan en la línea de felices pero estériles concepciones sin resultado alguno para la sociedad».

En este coro general de alabanzas a la centralización, algunos pocos testimonios reticentes hemos encontrado en el Diario de Sesiones: uno procede de Gómez Becerra, quien en la sesión de 3.2.1837, aun aceptando el principio, alertaba contra sus excesos porque «todos los días estamos censurando y con razón el sistema de centralización llevado a un punto excesivo; todos los días estamos censurando la tendencia del gobierno español y de todos los gobiernos del mundo a extender su brazo a todo lo que pueden coger». Madoz, por su parte, en la sesión de 21.7.1837, lo que hizo fue constatar la imposibilidad fáctica de hacer operativo el principio en las circunstancias por las que atravesaba el país: «Si la centralización, que tantos beneficios produce en los países extranjeros, estuviera establecida en España como base del sistema, yo sería el primero que procuraría conservar intacto este principio que reconozco útil y eficaz. Pero cuando es quimérica en España, cuando por muchos que sean los esfuerzos que se hagan no la podemos conseguir, creo que en la cuestión presente (bienes de los conventos de religiosas) las Cortes no deben tener inconveniente (en establecer excepciones a dicha centralización)». Siendo de interés recordar aquí lo que seguía pensando este político cuatro años más tarde (en la sesión del 25.4.1841): «Se quiere que todo venga a Madrid y esto no puede menos de traer funestos resultados al país. A Madrid para todo, para examinar los presupuestos que pasen de mil reales (...) Se ha querido centralizar todo en la capital y si yo viera mejor montada la administración, el mal sería menor: ¿es de permitir que el ministro de la Gobernación se ocupe de seis o siete mil expedientes de ayuntamientos? Decir que se hará, prometer que todo se examinará es hablar por hablar, eso es no tener conocimiento práctico de estos negocios».

En el ámbito extraparlamentario no faltaban tampoco testimonios reticentes como en El Español de mediados del año 1836 (reproducido en El Vapor de 20.6.1836, de donde se ha tomado) cuando afirmaba con rotundidad que «la complicación del sistema administrativo y el empeño de centralizar en la Corte el despacho de muchos negocios influye poderosamente en los males políticos y económicos de que se resiente la nación». En el ámbito periodístico afirmaba Balmes pocos años después (El pensamiento de la nación, 8.4.1846) que «la fuerza del poder público no es sinónimo de centralización omnímoda. Cuando una institución o una costumbre se hallan arraigadas en una provincia no deben ser tocadas sino con mucho miramiento. Trasladar a España la centralización francesa es un error».

Como el equilibrio de las organizaciones públicas es por naturaleza inestable, resultaba necesario introducir constantemente reajustes en el aparato para evitar deslizamientos hacia los extremos. En el ámbito político la intensidad de la centralización deseada era cabalmente la seña de identidad más característica de los dos grandes grupos del arco constitucional. En cuanto constitucionales todos respetaban por igual al Trono y a la nación, al Gobierno central y a las corporaciones populares; pero mientras que los moderados colocaban el punto de gravedad más hacia el centro, hacia el Trono, los progresistas lo corrían hacia la voluntad de la nación, hacia las corporaciones populares, aunque entendiendo por tales las corporaciones de los notables, de los pudientes, nunca las del pueblo, puesto que para unos y otros democracia era un concepto no menos proscrito que el de anarquía.

A este respecto, la postura de Álvaro resultaba un tanto contradictoria. Porque como ideólogo radical estaba por principio en favor de las corporaciones populares, mientras que como político experimentado conocía bien las ventajas operativas de la centralización y de una organización uniformizada; por lo que, en consecuencia, no desperdiciaba oportunidad de defender estas fórmulas; lo que le echó en cara Mendizábal en la sesión de 18 de febrero de 1837: «El sr. Álvaro tiene la fortuna de que yo nunca pueda comprender la unidad de su sistema ni esa uniformidad que quiere haya en todas las cosas».

Durante este tiempo hubo naturalmente exacerbaciones centrífugas que llegaron hasta el federalismo y aun más allá. El 1.8.1836 la Junta de Zaragoza dirigió un escrito a la Reina Gobernadora en el que declaraba sin rebozo que «esta provincia acaba de declararse independiente del Gobierno de S.M.». Y en junio del año siguiente la Junta suprema del principado de Cataluña acordó la «creación de un consejo central, presidido por el capitán general y compuesto de los cuatro intendentes de principado, de dos individuos de cada una de las diputaciones provinciales, del gobernador militar y del comisario de guerra»: lo que significa que las fuerzas políticas reales catalanas se separaban unilateralmente de la Administración central madrileña.

Ahora bien, el Gobierno sofocaba en cuanto podía estas expresiones radicales. El liberalismo se atenía estrictamente a la unidad de la nación y del Estado. Y los progresistas en el poder, a lo que más llegaron fue al restablecimiento del régimen de 1823, que les bastaba puesto que, dentro de la citada unidad, era decididamente descentralizado ya que, según explicaba unos meses después Francisco Agustín Silvela, «favorece abiertamente la excentralización e insubordinación», argumentando al efecto que «cualquier alcalde puede oponer un obstáculo legal al cumplimiento de una ley con sólo la fuerza de la inercia (...) Si un alcalde o un ayuntamiento se niegan obstinadamente a obedecer, la ley queda sin ejecución o el Gobierno tiene que arrojarse al sendero de las violencias». «Y las diputaciones provinciales –añadía– son también soberanas. Si alguna de ellas, o todas, se negasen a aprobar los repartimientos de las contribuciones (...) quedarían sin repartirse: no existe disposición supletoria. Ni con éste ni en ningún otro caso, pueden ser suspendidas o disueltas».

Otra versión contraria al poder desequilibrante de ayuntamientos y diputaciones puede verse en Javier de Burgos (IV, 12): «La ley de 3 de febrero de 1823 (que los progresistas habían restablecido) tenía defectos tales, se hallaba fundada en principios tan democráticos, debilitaba de tal modo la acción del gobierno, que ponerla en práctica equivalía a atarse las manos los ministros para poder gobernar. Aquella ley daba todo el poder a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, corporaciones ambas que, elegidas tumultuariamente, tenían, entre otras omnímodas facultades, la de formar a su gusto la Milicia nacional y disponer de esta fuerza pública, lo propio que el Gobierno disponía del ejército permanente. Las provincias, por consiguiente, venían a ser otros tantos pequeños estados, semiindependientes del poder central, con quien no les unía más vínculo que la autoridad del jefe político, la cual sometida siempre a la autoridad militar, vivía condenada a sufrir desaires frecuentes y a desempeñar un papel deslucido y subalterno en tan monstruosa y anómala organización». Como puede verse, el pensamiento moderado no podía ser a este respecto más contundente.

Aun sin perder de vista esta referencia conviene insistir, no obstante, en el hecho de que en 1837 la tensión Madrid-provincias sólo en una parte, y no precisamente la fundamental, giraba en torno al eje de la centralización-descentralización sino que se encontraba en el campo dialéctico de lo estatal y lo social. Porque, como ya se ha dicho, municipios y provincias eran esferas sociales –no estatales– y por tanto las pretensiones invasoras de la Administración nacional suponían una expansión de la esfera pública, con lo cual se expresaba hasta el máximo la naturaleza política del conflicto. En otras palabras: no se trataba de una lucha entre entidades públicas (como en el siglo siguiente y en la actualidad se plantearía) sino entre una entidad pública por antonomasia (el Estado) y la sociedad, es decir, la nación. Lo que sucede es que el liberalismo constitucional decimonónico defendía a ultranza el imperialismo estatal, y si absorbió a la Iglesia pocos escrúpulos podía tener en hacer lo mismo con las corporaciones populares. Otra cosa fue la indigestión que padeció luego como consecuencia de tan descomunales banquetes.

Cuando se consolidaron los partidos moderado y progresista tuvieron los dos ocasión de alinearse en este frente. Los moderados optaron por la fórmula centralizadora como único medio de articular un Estado amorfo y, desde el punto de vista del siglo XIX, casi inexistente. La reacción progresista consistió simplemente en oponerse pero no para ofrecer una fórmula alternativa viable –como por ejemplo la federalización propuesta por los catalanes o el foralismo vasconavarro– sino simplemente lo contrario a la solución moderada, sin preocuparse de precisar su contenido o, peor todavía, utilizando a los ayuntamientos y diputaciones como meros instrumentos de la lucha electoral, de la política de vuelo bajo. Las ventajas y desventajas de la centralización son discutibles, pero al menos los moderados sabían exactamente lo que querían y tenían a la vista un modelo francés concreto y ya experimentado. Los teóricos de organización administrativa insistieron machaconamente en ello pues querían evitar a toda costa que el Estado liberal español se convirtiese –en palabras de Pastor Díaz– en «una bastarda confederación de 49 tiranías oligárquicas».

Importa aquí insistir en la postura de este último autor porque los autores de Derecho Administrativo a mediados del siglo pasado popularizaron las obras de Burgos, Oliván y Silvela, recién reeditadas en su condición de técnicos de la Administración, mientras que dejaron a un lado a Pastor Díaz, al que sólo ha podido recuperarse cuando se reeditaron muy posteriormente sus escritos políticos. La enérgica defensa que hizo el autor gallego fue, en parte, fruto de su experiencia como jefe político de varias provincias precisamente durante los años 1836 y 1837, en cuyos cargos pudo constatar la escasa operatividad de los órganos provinciales de la Administración nacional y, en otra parte, consecuencia de su credo político moderado –luego puritano– al comprender que ayuntamientos y diputaciones eran bastiones del progresismo. «Es preciso –escribió en La cuestión electoral (p. 35) en plena campaña electoral de las Cortes que habían de seguir a las constituyentes– que desaparezca un sistema que so color de proteger a los pueblos contra la acción absorbente del Gobierno y las arbitrariedades de sus agentes, bajo un gobierno representativo con Cortes y prensa libre, abandona sin defensa ni apelación los intereses más preciosos a la inmediata y caprichosa arbitrariedad de los mandarines de provincia y deja a las clases pobres y menesterosas sin autoridad que les ampare contra la acción absorbente y el invasor predominio de la clase media. Es necesario destruir un sistema que privando al Gobierno de todo medio de represión y defensa, al menor peligro o al más leve ataque le obliga a abroquelarse de la fuerza militar, porque no tiene autoridad política, y a valerse a cada paso de los estados de sitio, porque quien se halla en estado perenne de sitio es el poder (central). Es preciso, en fin, y a nombre de la unidad constitucional de la Monarquía, destruir ese monstruoso pólipo administrativo, este último y triste fruto de la ridícula doctrina de eucaristía democrática, que ve toda la soberanía en todo el pueblo y la ve toda entera en cada una de las pequeñas fracciones del pueblo».

Energía que no le impedía desconocer los peligros de un abuso centrípeto como puso de manifiesto en su escrito posterior A la Corte y a los partidos (478 ss.): «En política la centralización es para los gobiernos y las naciones una condición de perfección y de progreso (pero) estamos muy distantes de aprobar que se copie exageradamente en todos los ramos de la Administración Pública la organización francesa, cuyos buenos resultados jamás se obtendrán donde no existan los hábitos y la índole de aquel país. Al recorrer la Francia se ve con los ojos que aquel país es una vasta provincia; una correría del Pirineo al Estrecho de Gibraltar es un viaje por veinte naciones». Aunque siempre con la advertencia de los posibles excesos ya que –continuaba– «la ubicuidad del poder y la uniformidad del Gobierno no consisten en que se discuta en Consejo de ministros la construcción de un camino vecinal o en que vengan a acumularse monstruosamente en una secretaría ministerial treinta mil expedientes de gastos municipales. La uniformidad de movimiento que debe imprimirse a la Administración Pública de un gobierno parlamentario no ha menester esa centralización de detalle, esa omnipresencia de pequeñeces (...) Con esa centralización que no se remonta a su verdadero principio, se crean todas las trabas de la fiscalización sin el concierto y sin la armonía del Gobierno (...) El poder central hallará en esa acumulación apoplética de facultades entorpecimientos de que no podrán sacarle sus fuerzas enervadas».

Aparato burocrático y autoadministración

Aunque en el presente capítulo –tal como se ha anunciado en las primeras líneas de este epígrafe– van a tratarse conjuntamente los dos bloques del aparato público, conviene aclarar desde el primer momento que esto supone un deliberado anacronismo de planteamiento habida cuenta de que para la mentalidad de la época poco tenían en común la Administración (nacional) del Estado, con sus empleados públicos, y las corporaciones populares, puesto que éstas, en rigor, ni siquiera pertenecían a aquélla. Ésta es una idea que nace muy posteriormente. En la primera mitad del siglo XIX diputaciones provinciales y ayuntamientos eran corporaciones singulares, servidas por ciudadanos distinguidos que ponían su tiempo y su trabajo –dado que los cargos no eran retribuidos– al servicio de los intereses propios del territorio; e incluso los cargos municipales eran de aceptación obligatoria, lo que suponía una «carga cívica» en sentido estricto, una prestación popular. Se trataba, en sustancia, de un modelo próximo al del self government británico y a la Selbsverwaltung prusiana: ruedas autónomas que en España se controlaban, ya que no llegaban a dirigirse, desde la jefatura política de la provincia, que era la mano del Gobierno en el territorio. El aparato estatal, por el contrario, estaba servido por burócratas mercenarios sin voluntad propia que se limitaban, en principio, a ejecutar las órdenes de las autoridades políticas superiores, aunque, de hecho, constituyesen con frecuencia un auténtico poder no por informal menos eficaz.

El aparato administrativo público estaba dividido, pues, en dos grandes bloques: la Administración nacional o del Estado o Real por una parte, y por otra las corporaciones populares. Todas se ocupaban de atender los intereses públicos («la felicidad de los ciudadanos», como se decía entonces) pero la Administración nacional resultaba menos operativa, habida cuenta de su escasa magnitud. De hecho y de derecho el peso de la actividad pública recaía en las corporaciones populares ya que, si cada una de ellas podía parecer raquítica, su número, más de cuatro mil unidades, resultaba imponente en su conjunto.

Las interacciones entre unas y otras eran, por lo demás, intensas. La Administración nacional estaba encabezada por una cúpula política designada formalmente por la Corona aunque mediatizada por los grupos o partidos políticos (y también por los «poderes reales»). Desde esta cabeza se dirigía de acuerdo con mecanismos de estricta centralización todo el equipo de empleados públicos y, a través de ellos, se intervenía en la actuación de las corporaciones populares, a las que se vertebraba igualmente con criterios centralizadores, aunque ciertamente con un estilo y una intensidad muy distintos de los de la antigua Administración Real.

En este sistema las diputaciones provinciales constituían una pieza extraña ya que, siendo inequívocas corporaciones populares, eran, al menos inicialmente, de elección indirecta (y por tanto no populares en sentido estricto) y, aún más importante, estaban en una posición de supremacía respecto de los ayuntamientos de su jurisdicción. Sin estas organizaciones intermedias hubiera sido técnicamente imposible vertebrar a las innumerables corporaciones municipales ni coordinarlas con la Administración estatal periférica. Los roces entre ayuntamientos y diputaciones eran constantes e inevitables, pero la provincia era un anillo imprescindible del Estado liberal constitucional en el que, como estamos viendo, convivían, no siempre de manera pacífica, dos organizaciones: la nacional y la popular y, dentro de ésta, dos segmentos: el de las diputaciones provinciales y el de los ayuntamientos.

Las tensiones entre las corporaciones populares y el Estado eran, no obstante, mucho más agrias y estaba muy claro que las corporaciones eran «populares» mientras que el Estado era una organización «política y burocrática» cuyos fines e intereses a veces no coincidían con los de aquéllas y más cuando las tendencias políticas dominantes en cada una de estas esferas no eran las mismas. La verdad es que no siempre funcionaban los mecanismos ordinarios de control (jefaturas políticas, intendencias) y que en los momentos de crisis quienes de veras se imponían eran las autoridades militares que, aunque no guste reconocerlo, eran la auténtica abrazadera que garantizaba la unidad del Estado y la armonía de todas sus piezas.

En realidad aquel sistema era en buena parte una ficción. Forzoso es reconocer que la historia de la España oficial (que es la que mejor conocemos) dista mucho de la de la España real. De aquí la singular importancia que entre nosotros están tomando los estudios regionales y los sociales ya que penetran mejor en la España real que los estudios que se realizan desde una perspectiva política y legal (constitucional) a la que estamos habituados y que no van mucho más allá de la fachada.

En otro orden de consideraciones, las tensiones interregionales estaban en manos del Gobierno y de las Cortes. Durante el período de que nos estamos ocupando fueron muy graves (dejando aparte las provincias ultramarinas) las surgidas entre los territorios forales y los comunes; y en el terreno económico el permanente dilema del librecambismo y del proteccionismo, defendido aquél por los catalanes (aunque no siempre, como se vio en el conflicto corchotaponero, que tantas horas ocupó en el Congreso a los diputados extremeños frente a los catalanes).

Las relaciones entre estas esferas –la central estatal y las locales– de naturaleza tan distintas estaban presididas por el principio equilibrador. Ahora bien, tal como puede imaginarse, la inmadurez política (por no decir corrupción) de la época alteraba de manera sustancial su funcionamiento dado que ambas partes no se respetaban recíprocamente y, por así decirlo, se hacían trampas constantes. El Gobierno no respetaba la autonomía de las corporaciones populares, en cuyo funcionamiento intervenía y no sólo a través de los jefes políticos sino también de los gobernadores militares y de los jueces; mientras que los ayuntamientos y diputaciones provinciales no vacilaban tampoco en interferir sobre la acción estatal sea por medio de la resistencia pasiva en la ejecución de sus órdenes, incluso de las más estrictamente legales, sea con levantamientos de fuerzas aparentemente espontáneas. Con la consecuencia inevitable de que al fin el aparato público quedaba bloqueado y en último extremo, lo que todavía era peor, sólo podía funcionar cuando de él se apoderaba alguna fuerza espuria, fundamentalmente el ejército. Es fácil ahora reprochar a los generales y espadones del liberalismo la inconstitucionalidad de sus comportamientos, pero tampoco es lícito considerar a las instituciones públicas como víctimas inocentes de los desmanes militares: su falta de responsabilidad necesitaba una corrección que, por cierto, no podía provenir desde abajo, de una auténtica revolución popular (que se intentaban ciertamente) y, en consecuencia, quienes terminaban decidiendo eran los generales, incitados por los propios políticos aunque luego se quejasen de los intrusos olvidando que habían sido ellos mismos quienes les habían llamado.

Descentralización administrativa y descentralización económica

La Administración nacional desarrollaba directamente sus funciones a través de las secretarías de Despacho: relaciones diplomáticas (Estado), Gracia y Justicia, militares (Guerra), Marina, Gobernación y Hacienda de una forma rigurosamente centralizada aunque con dependencias periféricas a nivel provincial (intendencias, jefaturas políticas) y especialmente en otras circunscripciones mayores (capitanías generales, audiencias) o menores (partidos judiciales). Ahora bien, el peso de lo que hoy consideramos actividades públicas corría a cargo de las corporaciones sociales: las populares (ayuntamientos, diputaciones provinciales), religiosas, económicas y profesionales. La supresión de las comunidades de regulares llevó consigo la paralización de los servicios públicos que ellas prestaban o su traslado parcial a la Administración nacional o a los ayuntamientos. La abolición del diezmo y el arreglo del clero convirtieron el culto católico en un servicio público y a sus ministros en empleados públicos. Las corporaciones populares, por su parte, empezaron a entrar en competencia con algunos servicios periféricos de la Administración nacional, que hubiera sido mucho más intensa de haberse llevado a efecto el ambicioso programa administrativo de los subdelegados de Fomento de Javier de Burgos que los vaivenes políticos y la guerra civil abortaron de hecho antes de que pudiera ponerse en marcha.

A fines de 1836 se debatió, siquiera fuera de una manera harto sumaria, una proposición inspirada –y luego defendida– por el diputado catalán Vila y firmada por él mismo y por Díez, Domenech, Alcorisa, Torrens y Serramalera, Roviralta, Martínez Falero, Jaén, Trías, Mut, García Patón, Rivas, Madoz, Pascual, Blake, Laureano Llanos, Tovar y Juan Montoya. Importa dar la lista completa de los firmantes para que quede claro que no se trataba de una mera aspiración «regionalista» catalana sino de una voluntad colectiva de tendencia inequívocamente radical, aunque resultara minoritaria en el Congreso.

Lo que en tal ocasión se pedía implicaba, ya que no una ruptura, sí desde luego una matización importante del sistema constitucional liberal, desde el momento en que pretendía insertar en las Cortes una participación directa de las provincias, haciendo llegar a ellas inmediatamente (o sea, no sólo a través de sus representantes políticos) los intereses locales introduciendo así, además, lo que podría llamarse una cierta descentralización del Legislativo. La idea era, por tanto, auténticamente revolucionaria aunque tuviera hondas raíces en el pasado. En sustancia, lo que se propugnaba era que las decisiones tributarias del Congreso (presupuestos incluidos, en definitiva) se limitaran a fijar cuotas globales provinciales, dejando luego a cada provincia la distribución concreta del cupo. Tal como rezaba la proposición leída el 16.12.1836,

no son desconocidas al Congreso las relaciones del reino de Navarra y Provincias Vascongadas con el centro del Gobierno español, y el modo como éstas contribuyen a las cargas del Estado. La comisión, que no lo ignora, habrá seguramente creído, como lo cree el que suscribe, que es más acertado que en los Cuerpos Colegisladores sólo se decrete el cupo que a cada provincia pertenece, dejando a las mismas escoger el arbitrio de satisfacerlo en el modo más análogo a las costumbres, a la índole y a las contribuciones de las mismas. En este caso, cada una de las provincias recibirá el beneficio de sus conocimientos económicos, y las que los tuvieran más adelantados, no debieran contener su paso y sujetarse a reglas que sólo sirvieran para las que no se hallasen en posición más ventajosa.

Principio que se concretaba en la siguiente propuesta:

Las contribuciones que deban llenar el cupo que corresponde a la provincia, se determinarán en ella.

En la misma sesión desarrolló Vila su idea en estos términos: «(entiendo que es) de suma utilidad el que el Cuerpo Colegislador que haya de votar las contribuciones estuviera distribuido por todas las provincias, para que de este modo hubiera en el Congreso una idea exacta de todas las contribuciones, cuya nomenclatura es desconocida para muchos; y cuando se discutieran los presupuestos, pudiéramos adoptar el mejor medio para que en todos se verifique el reparto de las contribuciones. Ésta es la idea que yo me propongo al pedir que las provincias tomen parte en los Cuerpos Colegisladores».

Oigamos ahora al mismo diputado en su discurso de defensa de la proposición (que, como puede suponerse, no llegó a prosperar) pronunciado el 22 de diciembre: «Yo ruego se tengan fijos los ojos en esa tendencia del siglo, en esa inclinación hacia la conveniencia de que se manejen en las provincias los negocios económicos, huyendo de esta centralización que crea grandes oficinas, grandes empleados, que sólo sirven para contestar las más de las veces con estar conformes a los informes que piden de las provincias». Porque es el caso que existiendo «unas provincias con leyes y costumbres distintas, y algunas con idiomas distintos también, en vano se tratará de hacerlas felices si no se traban sus intereses y si no se fomenta la emulación de sus adelantos».

En definitiva se trataba de lo que hoy llamaríamos descentralización administrativa y económica y no de una descentralización política, incompatible con la ideología liberal, como literalmente expresó el orador en otra parte de su discurso: «No se trata en la proposición de un sistema de independencia, no de un sistema de federación política, no de un sistema de separación del Gobierno y sus provincias; se trata de que bajo un sistema de unidad de centralización política se establezca una independencia y separación provincial en la parte administrativa y económica».

El rechazo de esta proposición supuso ahogar en su cuna una posibilidad legal de autonomía provincial –original y al tiempo enraizada en los viejos y acreditados regímenes tradicionales– de tal manera que cerrando el paso a fórmulas evolutivas de convivencia pacífica, sólo quedaba la opción ilegal del incumplimiento del régimen general uniformista y la opción inconstitucional de la introducción de fórmulas desigualitarias excepcionales, que fue la que, andando los años, al final se impuso en algunas provincias forales. Pero ahora únicamente se está hablando de la organización administrativa.

En resumidas cuentas, tenemos que el liberalismo constitucional quiso establecer un Estado centralizado puesto que estaba convencido de que únicamente así podía el Estado moderno garantizar los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Ésta fue la lección aprendida de la revolución francesa sin que los numerosos emigrados en Inglaterra, seducidos únicamente por el sistema elitista parlamentario de aquel país, aprendieran nada de sus instituciones administrativas.

Dentro de la familia liberal los moderados, más atentos a las modas francesas, eran centralistas rigurosos mientras que los progresistas daban mayor importancia a las corporaciones populares. Pero ni unos ni otros aceptaron la descentralización política que se consideraba como resto de la deplorable herencia del Antiguo Régimen, propia, por tanto, de carlistas. Aunque bien es verdad que algunos diputados vasconavarros no tuvieron empacho, sin embargo, en aproximarse en este punto a los carlistas a la hora de defender sus fueros territoriales entendidos como privilegio histórico.

La postura de algunos representantes catalanes fue en este punto mucho más abierta puesto que, cuando defendían la descentralización territorial, no lo hacían invocando privilegio alguno sino porque entendían que ciertas relajaciones descentralizadoras de tipo administrativo y gestor podrían beneficiar a todas las provincias españolas.

La reforma administrativa

Los gobiernos liberales pretendieron remediar los denunciados males de la organización administrativa del Antiguo Régimen a través de las conocidas fórmulas de una amplia reforma administrativa, que parecía un objetivo técnicamente accesible y económicamente poco costoso. Sobre ella insistieron constantemente los teóricos de la ciencia de la Administración, los políticos de todos los linajes y hasta los periódicos.

Desde la prensa fue El Castellano quien a raíz de los acontecimientos de La Granja alzó con mayor energía la bandera de las reformas administrativas partiendo naturalmente de las calamidades de un momento en el que el desconcierto era tal que «el sistema de cada ramo de la Administración pública no podía llenar su objeto» (6.9.1836) y «un desorden mortífero parece haber invadido todos los ramos de la administración y desmoralizado a cuantos han formado parte de ella». El periódico, con su fina atención por lo cotidiano, insistió en «la manía de decretar mucho» (10.6.1837) y en el afán de alterar constantemente las cosas impidiendo que se afianzase una cierta estabilidad. En el número de 21.2.1837 escribía que la causa del desorden administrativo «consiste en la facilidad con que los hombre que nos han gobernado hasta ahora se han arrojado a hacer variaciones en las oficinas y reglamentos (...) así que en tres años apenas habrá un establecimiento público que no haya recibido dos o más formas diferentes, pero reducidas a cambios de personas y de nombres, sin tocar lo más mínimo a la esencia de los objetos».

La exigencia de la reforma administrativa era un clamor que derivaba de otro, no menos generalizado, que se lamentaba de la catastrófica situación de las instituciones ejecutivas del Estado. En este concierto no faltaron, sin embargo, voces extraordinariamente sensatas y prudentes –que quizás por ello fueron pasadas por alto– como las del propio Mendizábal quien en 1840, además, hablaba desde el observatorio de su larga experiencia: «es muy fácil clamar contra los vicios de la Administración; así en general, pero es acaso más difícil demostrar cuáles son esos vicios. Por fuerza se notan ciertos defectos, pero los mismos que se resienten de ellos, si entraran en la administración, si tocaran allí las necesidades, se convencerían al momento de que no existen esos vicios, de que son ciertas formalidades indispensables. Podrá haber algunas veces demasía, es decir, exceso de precaución, pero si estas formalidades son para unos exceso de precaución, acaso para otros no sean bastantes».

En la sesión del Congreso de 21.11.1838 subrayó Rodríguez Camaleño, un conocido experto en estas cuestiones, la existencia de lo que comúnmente se llamaba el «caos administrativo»: «El caos ha presidido a la administración (...) el desorden que se advierte en todos los ramos de la administración está patente aun a los menos expertos, se ve que por falta de sistema todo se conduce al acaso o con sujeción a pequeñas y miserables pasiones, vemos que por esta falta completa de orden las diferentes provincias de la Monarquía se encuentran gravadas con enormes diferencias».

Lo que en cualquier caso resulta innegable era que –con centralización o sin ella– las Cortes constituyentes y el Ministerio Calatrava-Mendizábal no lograron reformar sensiblemente la Administración. En las Cortes siguientes, el 21.11.1838, al hacer el balance de la situación anterior, los juicios no pudieron ser más pesimistas. Pero donde el pesimismo alcanzaba sus cotas más altas era en las páginas de los periódicos. Incluso uno tan mesurado como El Correo Nacional se expresaba en estos términos: «Es imposible gobernar por el estado de la Administración» (20.3.1839); «nuestro gobierno es el peor posible porque tenemos lo malo del absolutismo sin sus ventajas y los perjuicios sin lo bueno del sistema representativo» (11.4.1839). Por su parte, el 16.3.1840, dentro de esta misma línea, negaba rotundamente El Castellano que existiese en España gobierno y administración y, en consecuencia, «mientras no exista gobierno, mientras no haya administración cuantas leyes y disposiciones se dicten, sea por el Gobierno sea por las Cortes, aunque intrínsecamente sean las mejores, no producirán otra cosa que aumento de confusión y desorden».

La construcción del Estado moderno centralizado fue obra ciertamente de los liberales pero el lograrlo, mejor o peor, les costó medio siglo de esfuerzos tenaces sin que bastaran, por tanto, los ensayos progresistas de 1836 y 1837 que, en definitiva, no fueron más que un comienzo bienintencionado.

Para la ideología liberal la reforma administrativa era importante no sólo porque aumentaba la eficacia del Estado sino también porque era un complemento indispensable de la reforma política que previamente se había realizado, de tal manera que pensaban que ésta se quedaría en nada si no se manifestaba a través de aquélla.

La reforma administrativa nunca estuvo en la agenda de las Cortes constituyentes y la Administración era para los diputados, salvo excepciones, un objeto de lamentaciones al estilo de los autores de costumbres de la época, donde aparecían los conocidos tópicos de la empleomanía como lacra social, la vagancia como nota característica de los funcionarios y el retraso como estigma de los procedimientos. Oigamos a Fontán en la sesión de 31.8.1837: «¿Por qué no se clama por la corrección de los abusos, por la buena administración de justicia, por la mejor y más acertada administración de todos los ramos del servicio público? ¿Se desvelan, se desviven los empleados por salvar el Estado a quien sirven en la borrascosa crisis en que nos hallamos? Cada cual duerme a pierna tendida, como si estuviésemos en calma y lejos del naufragio que nos amenaza (...) Los empleados en general no salieron de la marcha ordinaria, no han dejado de levantarse a horas cómodas, de desempeñar sus funciones con cachaza, ni más ni menos como si no fuera preciso una energía sin igual para salir del lastimoso estado de una guerra atroz; guerra de tan larga duración a merced de tanta flojedad, de tanta impericia; guerra que, al fin, producirá el cansancio si nos empeñamos en que nuestra administración siga como hasta aquí en todos los ramos».

Unos pocos días antes del cierre de la Legislatura, el 19.10.1837, presentó Castro un proyecto de reforma radical del ministerio de la Guerra, leído el 21, que consideraba imprescindible a la vista de la incompetencia de su organización: «Tiempo es ya de poner fin a un mal de tanta consecuencia –proclamó–. Bajo el imperio de la constitución que felizmente nos rige, no pueden existir sin graves inconvenientes estos restos desacreditados del pasado despotismo. Un ministerio nulo, anticuado, caro, lento, rutinario y aislado en medio de tantos elementos de civilización, lejos de ser útil al Estado, es una máquina embarazosa que sirve de obstáculo perenne a los progresos de la ciencia de la guerra y de apoyo a los vicios que por desgracia adolece nuestra administración militar en todas sus ramificaciones. Procuremos, pues, reorganizar este ministerio bajo un nuevo plan, que estando en armonía con las instituciones políticas del país y con los ministerios del mismo ramo en las naciones más adelantadas, reúna a las ventajas de la economía de tiempo, de dinero y de trabajo, la de ser un establecimiento científico militar, capaz por sus combinaciones de acabar en bien la guerra intestina que nos devora y de sacar el mayor partido posible en provecho de la nación de la existencia de un numeroso ejército». Sugerencias todas que, por descontado, dentro de la imprecisión de sus formulaciones, estaban inspiradas en los principios de «centralización y de sistema» y que ni llegó a ser dictaminada por la comisión.

La reforma administrativa era en cualquier caso una referencia constante en todos los impulsos de mejora de los servicios, aunque de ordinario se expresase en una retórica de buenas palabras y poca sinceridad. El 25 de abril de 1837 Diego López Ballesteros, marqués de Villagarcía, Manuel González Bravo y José de San Millán, en su condición de nuevos directores generales de Rentas estancadas y provinciales, de aduanas y arbitrios de amortización y de la contaduría general de valores, firmaron una circular conjunta (publicada en la Gaceta del 28) del siguiente tenor:

Estamos decididamente resueltos a cooperar a las miras del Gobierno para plantear su sistema, continuar, mejorar si fuera posible el orden administrativo, hacer efectivas las contribuciones con la perentoria urgencia que la naturaleza e importancia de los gastos públicos reclaman, disminuir los abusos y perfeccionar el mecanismo económico.

Mejores intenciones y palabras más enfáticas no se podían pedir; pero los Gobiernos progresistas no parecían dispuestos a poner mano en el asunto ya que estaban desbordados por las urgencias de la guerra civil y porque, además, carecían de competencia técnica para llevarla a cabo. Mas lo peor eran, con todo, las reticencias ideológicas. Recuérdese que en la fase del protoliberalismo Cea y Javier de Burgos habían puesto gran énfasis en la mejora administrativa, pero que los auténticos liberales habían rechazado con indignación esta vía de modernización para acogerse a la opción alternativa de la revolución política. Con este antecedente –tan próximo todavía– era inimaginable que los progresistas hubieran vuelto a la reforma administrativa porque ello hubiera supuesto un cambio profundo de su imagen y a tanto no se atrevieron y prefirieron seguir empecinados en el caos.

* * *

2. PROVINCIAS DE ULTRAMAR

Reconocimiento de la independencia de los Estados americanos.– Régimen especial y diputados de las provincias ultramarinas.– Segundo dictamen de la comisión y su debate.– El decreto de 19.4.1837.

Las Cortes constituyentes tuvieron que afrontar dos cuestiones americanas fundamentales de distinta naturaleza. La primera fue el reconocimiento de la independencia de los nuevos Estados poscoloniales. Una tarea grata puesto que, asumida la imposibilidad de una reconquista militar (bastante se tenía ya con la guerra civil metropolitana), sólo quedaba el camino de la generosidad fraterna que abría la puerta a futuras relaciones comerciales pacíficas y prometedoras.

La segunda cuestión –que se refería a las islas antillanas y asiáticas vinculadas aún a la Corona– ya era más compleja y no pudo ser resuelta con coherencia porque estaba envuelta en demasiadas contradicciones. En ese punto y dado que el ejército no se había visto obligado aún a retirarse (eso vendría justo sesenta años más tarde) ya no había necesidad de mostrarse «generosos» y se hizo frente con la máxima energía a la amenaza independentista, ante la que no podía cederse por una razón de mucho peso: el dinero. Porque inesperadamente el comercio de las islas americanas se convirtió en una renta de explotación más fácil que las antiguas minas mexicanas y peruanas y hasta con la ventaja añadida de que la corrupción permitía el enriquecimiento personal de los políticos –y sobre todo de los militares– españoles que aquí venían a reponerse sin esfuerzo de sus quebrantos económicos.

En tales condiciones era inimaginable abandonar estos territorios, y con ello empezaban las contradicciones. Porque en la tradición liberal de Cádiz, el Trienio y el Estatuto Real las provincias americanas gozaban de la misma condición que las metropolitanas incluida la correspondiente representación parlamentaria. Pero ahora se descubría que este régimen igualitario era demasiado peligroso puesto que la libertad política había de fomentar inevitablemente la independencia: algo que era preciso evitar a toda costa aunque fuera rompiendo promesas anteriores y excepcionando el espíritu de la propia constitución. Inmediatamente veremos cómo se salió de este paso tan difícil.

En las páginas siguientes va a examinarse la cuestión del régimen legal y representación parlamentaria de las islas antillanas con un detalle y extensión que puede parecer quizás desproporcionado. La explicación es que lo consideramos singularmente importante y no sólo por lo que afectaba a las islas sino porque reflejaba con una fidelidad implacable las contradicciones del liberalismo y más aún del progresista. El tratamiento que se dio a los problemas cubanos es buena prueba del relativismo ideológico liberal, compuesto de principios que, frente a lo que afirmaba su retórica, no eran universales ni incondicionados, puesto que lo que era bueno para la Península no lo era para las islas ultramarinas y lo que era bueno para los blancos no lo era para los negros ni los pardos. Las provincias de Ultramar confirmaron contundentemente lo que ya sabíamos por los acontecimientos metropolitanos, a saber: que el Estado constitucional liberal era un Estado de, y para, propietarios, en el que no había sitio para pobres y mucho menos para gentes de color. En las Cortes constituyentes se impusieron ciertamente las tesis del Gobierno, recogidas con entusiasmo por la mayoría, pero en los debates quedó al desnudo, por así decirlo, la ideología liberal y se vio muy claro que detrás de la retórica había unos intereses –las rentas fiscales del Estado, los negocios de los propietarios y el botín con que se compraba a los funcionarios y militares– que eran los que decidían aunque se encubrieran bajo las flores de la palabrería barata. La demostración de tales hipocresías parlamentarias es, desde luego, fácil, pero valía la pena dedicar unas páginas para cimentarla con cuidado.

En los últimos años, ya en el siglo XXI, han aparecido algunas excelentes monografías sobre este tema e incluso se han analizado con cuidado los parentescos evolutivos de las provincias de Ultramar y otras peninsulares. Huelga decir, sin embargo, que en las páginas siguientes, de acuerdo con el planteamiento metodológico del presente libro, nos vamos a limitar a describir y analizar el panorama parlamentario español de 1837.

Reconocimiento de la independencia de los Estados americanos

Recién iniciada la legislatura se ocuparon las Cortes de la cuestión americana con la intención de reconocer la independencia de los nuevos Estados allí surgidos y, abandonando formalmente cualquier actitud hostil y mucho menos de reconquista, firmar tratados de paz con ellos. La cuestión había sido anunciada ya solemnemente en el discurso de la Corona leído por la Reina Gobernadora el 24 de octubre de 1836:

Mi Gobierno os dará, a su debido tiempo, conocimiento del progreso que han tenido y del estado en que se hallen las negociaciones entabladas con algunos de los nuevos Estados de la América española; y siempre deseosa de terminarlas cual reclama el interés de la madre patria y de aquellos países, no tardará en pedir a las Cortes la autorización necesaria para concluir los convenios en que crea no haber dificultad insuperable.

Y de la misma manera en el discurso de contestación:

Las Cortes aguardan con el interés que el asunto exige las noticias que el Gobierno de V.M. tenga a bien darles acerca de las negociaciones entabladas con algunos de los nuevos Estados de la América española y contribuirán en cuanto esté de su parte a que terminen de modo más conforme a los principios del derecho de gentes y a los intereses recíprocos de unos países unidos aún por los intereses más íntimos y duraderos.

Ni que decir tiene que al hilo de esta cuestión brotó un torrente de fraternidad retórica: un fervor romántico aplicado a viejas heridas no del todo cerradas pero que la guerra civil hacía pasar a segundo plano. Es muy significativo que en la sesión del 3 de diciembre (1836) intervinieran dos militares (Luján y Martín de los Heros) y dos diputados (Antonio González y Cabrera de Nevares) que habían vivido en América durante su exilio y que demostraron conocer bien el paño. El debate ilustra la actitud americanista de las Cortes constituyentes: pacifismo a ultranza, reconocimiento sin reticencias de la situación de hecho y magnanimidad verbal con un punto de amargura y una cierta nostalgia, sin otra excepción que el sorprendente discurso de Diego Montoya.

Empezando por la grandilocuencia de Luján: «Elevamos a América al rango de la familia europea, de esta raza superior a los demás grupos de nuestra especie por su inteligencia, por sus adelantos en las ciencias y en las artes (...) Agotados nuestros recursos en la lucha con el hombre del siglo, nos fue imposible reconquistar las colonias (...) Tal empresa era sólo un sueño de imaginaciones enfermas y nuestras últimas expediciones fueron únicamente los movimientos convulsivos de un desesperado (...) No perdamos más tiempo: sancionemos ya una necesidad irremediable y hagámoslo con la gallardía y la generosidad castellana. La emancipación de los americanos está consumada de hecho, y por nuestra parte debemos dar a su separación el carácter legal: legitimar lo que ya poseen, y demos a sus países, a sus gobiernos, el sello de estabilidad que necesitan para poner término a las ambiciones y a los elementos de discordia que aún fermentan en sus provincias. Mas al verificarlo hagámoslo con la nobleza y grandeza de alma que solicita el Gobierno».

La siguiente intervención de Martín de los Heros introdujo un original cálculo económico teñido de un manifiesto paternalismo: «Dos veces he aconsejado a S.M. como su ministro, el pedir a las Cortes lo mismo que ahora se delibera (...) Debemos renunciar a la América porque no nos tiene cuenta; y puestos a hacerlo, debemos consumarlo con generosidad y buena fe (...) Pues si nosotros, que todavía tenemos los títulos de propiedad y pertenencia de todos aquellos países, títulos que todavía no nos han negado ni pueden negar legalmente las naciones que reconocieron ya la independencia, si nosotros declaráramos independientes a los tejanos o vendiéramos aquel territorio a los Estados Unidos, que nos lo pagarían muy bien, ¿no daríamos un golpe moral a la república mexicana? Si sabiendo cuánto ha deseado el emperador de Rusia extender su dominación en la costa Noroeste de la América vendiéramos la California o cediéramos a Rusia esta gran porción de territorio, ¿no podríamos obstruir en el mar del sur el comercio que los mexicanos trataran de hacer por Acapulco o San Blas? Y si por fin, teniendo los ingleses en el golfo de Honduras el establecimiento ya bastante considerable de Balisse, desde el cual han solido venir a cortar maderas muy adentro ya de la península de Yucatán, les vendiéramos algunas leguas de territorio o se las cediésemos una vez que reconocen nuestros derechos, ¿no podríamos acaso alcanzar que muy en breve perdiesen los mexicanos la península o Estado de Yucatán, que es una de las claves del seno mexicano?».

También Antonio González acudió a razones económicas explicando que el reconocimiento abriría la puerta a tratados comerciales con todos los beneficios que habían de producir; recordando al efecto lo sucedido en Gran Bretaña que con la independencia de los Estados Unidos de América perdió ciertamente un millón y medio de libras esterlinas por la desaparición de los impuestos, pero que resultaron sobradamente compensadas por los cinco millones que ahora obtenía por el comercio pacífico.

Cabrera de Nevares, que habló a continuación, también hizo alarde de sus tempranas ideas independentistas: «De lo que no podemos retener, sepamos desprendernos con gloria y al mismo tiempo con utilidad (...) De la conservación de aquellos dominios no resultaba más ventaja que el amor propio nacional (pero) los hombres de Estado no tienen amor propio (...) Otro día estuvieron nuestras colonias sometidas a un cetro real; en el día lo estarán al cetro del dios del comercio. Yo tuve el honor en 1821 de presentar a las Cortes una Memoria sobre la necesidad del pronto reconocimiento de aquellas colonias. Tal vez fui el primer español que se atrevió entonces a firmar un voto que no estaba en boga. No he tenido más que la triste gloria de haber sido un profeta verdadero». El plan de Cabrera –que las Cortes obviamente no aprobaron– había previsto la independencia bajo la base de una confederación hispanoamericana presidida por Fernando VII y postulaba la convocatoria de un congreso federativo que tendría que reunirse inmediatamente en Madrid, así como la retención por España de algunos puntos y fortalezas.

«Los conocimientos particulares adquiridos durante el tiempo de la emigración y la posición que tuve ejerciendo el cargo de abogado –empezó diciendo Antonio González–, me proporcionaron datos, en virtud de los cuales puedo emitir una opinión práctica y formada en la experiencia. (...) Realmente si no hubiera sido por la invasión de los ejércitos de Napoleón no hubieran dado los gritos de libertad muchas colonias, y una prueba de que estaban unidas a la Península es que allí se formaron las mismas juntas de Gobierno que en España; pero al mismo tiempo de verificarse esta imitación, las colonias conocieron también el sentimiento de su propia fuerza, y éste fue el que les proporcionó la ocasión de insurreccionarse».

En este coro de voces retóricas y de utilitarismo político-económico, las palabras de Diego Montoya debieron producir escándalo. Los tiempos no estaban maduros, en efecto, para este radicalismo que la política y la historiografía oficiales estigmatizaron entonces, y en último extremo silenciaron, durante casi dos siglos; de tal manera que hasta hace muy poco no han podido volver a oírse en foros respetables: «La adquisición de estas colonias tal vez ha sido la mayor calamidad para la nación española; los motivos que han dado margen en todas las naciones y en todos los tiempos a estas adquisiciones son o el exceso de población o la avaricia. Nosotros cuando las adquirimos no teníamos un exceso de población que no podíamos mantener y que fuese necesario llevar a otros países para que allí se adquiriesen la subsistencia que aquí no podían tener. En el tiempo en que establecimos nuestras colonias nos encontrábamos con muchas provincias despobladas por la expulsión de los moros y judíos, debidas al famoso descubrimiento de la Inquisición, que fue el verdadero destructor de este país. En su consecuencia, no fue el exceso de población el que excitó el estado colonial: fue el deseo de riquezas y una avaricia desmedida. Es cierto que nosotros no tratamos a las colonias con más dureza que otras naciones han tratado a las suyas, pues en esto todas, poco más o menos, han sido lo mismo».

En semejante ambiente de exaltación patriótica y de fraternidad internacional nada tiene de particular que el dictamen –que había propuesto solemnemente el reconocimiento de la independencia de los nuevos Estados americanos– fuese aprobado unánimemente por los 140 diputados asistentes. De esta manera los liberales españoles pagaban una vieja deuda que tenían con los americanos y justificaban a posteriori el motín militar de 1820. Porque no hay que olvidar las influencias americanas –directamente o a través de las logias europeas– en la restauración del constitucionalismo del Trienio. Después de lo que entonces había sucedido, no podían los liberales mostrar ahora agresividad alguna respecto de sus antiguos amigos y protectores. Y por la misma razón se silenciaron prudentemente los muchos daños que se habían padecido durante las guerras de la independencia americana y por el trato dado a los españoles allí residentes. Ninguno de estos intereses encontró una voz que los defendiese y hasta los generales ayacuchos se abstuvieron de dar rienda suelta a su amargura. Borrón y elegante cuenta nueva, pesare a quien pesare.

Como consecuencia de lo anterior se dio inmediatamente el paso siguiente, consistente en la firma de tratados de paz, a cuyo propósito «a propuesta de S.M.» habían adoptado las Cortes el día 4 de diciembre de 1836 la siguiente resolución:

Autorizan al Gobierno de S.M. para que, no obstante los arts. 10, 172 y 173 de la Constitución política de la monarquía de 1812, pueda concluir tratados de paz y amistad con los nuevos estados de la América española sobre la base del reconocimiento de su independencia y renuncia de todo derecho territorial soberano por parte de la antigua metrópoli, siempre que en lo demás juzgue el Gobierno que no se comprometen ni el honor ni los intereses nacionales.

Por aquellos días El Eco del Comercio de 19.1.1837 puso de relieve que una de las ventajas del reconocimiento de los Estados americanos era que fomentaban que vinieran a España casas y capitales (como el de Aguirre-Bengoa) que estaban allí establecidos (y retenidos) y que ahora podrían moverse con libertad.

Régimen especial y diputados de las provincias ultramarinas

Con los restos del anterior imperio colonial se formaron las nuevas provincias ultramarinas. La primera –y no demasiado importante– pregunta era la de señalar el ministerio competente para ocuparse de los asuntos que de allí procediesen. Una cuestión meramente organizativa resuelta por la propia Reina Gobernadora en el Mensaje de la Corona en la apertura de las Cortes de 25.10.1836: «No he desatendido los intereses de nuestras provincias de Ultramar. La situación de aquellas provincias no permite ya el restablecimiento del artículo constitucional que, en la designación de sus ministerios, dedica uno solo al gobierno político de ellas; mas considerando necesario para la fertilidad de aquellos países que sus negocios administrativos se dirijan por una sola mano y en un solo lugar, he tenido a bien encargarlos al secretario del Despacho de Marina». Y es curioso que sobre Ultramar insistiese en el discurso de apertura de la siguiente Legislatura: «La inmensa mayoría de la pacífica población de las provincias de Ultramar mira como un bien la decisión de que sean gobernadas por leyes especiales que aseguran su prosperidad y engrandecimiento. Mi Gobierno potencia aquellas importantes posesiones por medio de los cruceros indispensables en las islas de Cuba y Puerto Rico y en el seno mexicano. Nuestra marina militar despliega allí aquel esmero y constancia que tanto le han distinguido en todos los tiempos».

Solventada sin dificultades la independencia de los nuevos Estados, surgía la espinosa cuestión de determinar el régimen jurídico aplicable a las islas que habían quedado bajo la soberanía española, ahora llamadas «provincias de Ultramar». Y aquí la unanimidad ya no era factible porque a este respecto se abrían dos posibilidades: la de equipararlas a las provincias peninsulares (que era la fórmula adoptada por la Constitución de 1812, formalmente vigente) o la de concederles un régimen especial. Un dilema de singular importancia habida cuenta de las diferentes consecuencias políticas, administrativas y fiscales que se abrían en cada una de las dos opciones, sin olvidar la posibilidad de una tercera –la especial, pero autonomista– defendida por el diputado catalán Vila. Pero ¿podía debatirse esta cuestión sin que estuviesen presentes los diputados de las provincias afectadas? Algunos lo dudaban y por eso el día 15.12.1836 había presentado Argumosa una proposición –no atendida naturalmente– en la que se solicitaba que no se deliberase «hasta que haya a lo menos una tercera parte de los representantes de las provincias de Ultramar (...) porque sería muy impolítico que se procediese a tratar de un asunto de tanta trascendencia sin que asistiesen algunos diputados de aquellos países». Por lo demás, los que iban llegando a Madrid, aunque no fueran admitidos en el Congreso, no permanecían inactivos».

Ahora bien, si ésta era la cuestión inicial, de índole político-administrativa, a ella se añadió inmediatamente otra de naturaleza inequívocamente constitucional, a saber, la de si estas provincias debían estar representadas en las Cortes en los mismos términos que las metropolitanas. Este planteamiento, en sus dos vertientes, resultaba sorprendente puesto que la respuesta ya estaba en la Constitución, pero también existía una fuerte corriente contraria recogida, sin salvedades, en el dictamen de las comisiones conjuntas de Ultramar y Constitución de fecha 10.2.1837 (leído primero en sesión secreta y luego en la pública del 12 de febrero):

Habiéndose con efecto verificado y sabido que la enunciada comisión (de la Constitución) pensaba proponer en su proyecto que las provincias de Ultramar fuesen gobernadas por leyes especiales, la comisión extraordinaria no ha podido menos de deferir y adherir a este dictamen, fundado en razones de tal peso y solidez que de no seguirle, no sólo no parece posible regir y gobernar aquellas provincias con la inteligencia y vigilancia que reclama su situación, sino lo que es más, conservarlas unidas con la metrópoli. Porque ya sea que se consideren los elementos que constituyen su población, o bien que se reflexione la distancia a que se encuentran de nosotros, en el primer caso hallaremos que si fundada nuestra representación nacional en la base o principio de población, ya no puede haber uniformidad, por decirlo así, de representantes en donde los representados y sus intereses son tan varios; en el segundo veremos que es imposible que tanto la renovación periódica como la accidental de los representantes, o sea diputados de aquellas provincias, se haga en los mismos períodos y con las mismas oportunidades que el de las provincias de la península e islas adyacentes.

A continuación realizaba el dictamen un análisis minucioso de la población de Cuba, Puerto Rico y Filipinas así como de las distancias y posibilidades reales de cumplir los plazos y condiciones de unas elecciones, llegándose a resultados negativos, aunque también es verdad que en este punto no se tenía tanto en cuenta a las islas de las Antillas como a las de Filipinas y Marianas. Cerrándose así:

No siendo posible aplicar la constitución que se adopte en la Península e islas adyacentes a las provincias ultramarinas de América y Asia, serán éstas regidas y administradas por leyes especiales y análogas a su respectiva situación y circunstancias, y propias para hacer su felicidad, y que en su consecuencia no tomarán asiento en las Cortes actuales diputados por las expresadas provincias.

Las posturas de las comisiones y de la mayoría parlamentaria no podían ser, pues, más terminantes. Las posibilidades de desaprobar el dictamen eran consecuentemente escasas, pero la minoría estaba dispuesta a sostener el pulso y no le faltaban razones para ello, contando, además, con un escrito firmado el 21 de febrero por los diputados electos de Cuba (Juan Montalvo, Francisco de Armas y José Antonio Seco) en el que habían expuesto «las razones de justicia que tenían las provincias de Ultramar para ser regidas por las mismas leyes políticas que las de la Península y protestando contra toda medida en contrario»; escrito que, como era de suponer, no fue tenido en cuenta ni siquiera para rebatirlo.

El día 7 de marzo (1837) Pascual y Díez plantearon una cuestión formal previa denunciando que en el dictamen se barajaban dos cuestiones distintas que forzoso era tratar por separado: una, la admisión en las Cortes de los diputados americanos y otra –de debate posterior– la determinación de su régimen público. Oigamos a Pascual: «Por más que se apure la reflexión y el talento no se puede encontrar un motivo fundado para que las provincias de Ultramar dejen de estar representadas en estas Cortes, aunque lo haya poderosísimo para que en lo sucesivo se arreglen a una legislación peculiar y acomodada a su situación y circunstancias particulares. (...) Cualquier determinación de este Congreso a que no asistan los representantes de esas provincias que han presentado sus poderes podrá ser reclamada siempre, podrá ser denunciada como viciosa y como nula y no sé con qué armas podría intentarse su defensa». En su consecuencia

pido a las Cortes que, antes de todo y sin determinar cosa alguna sobre la materia, se sirvan acordar que sean admitidos en su seno los representantes de las provincias de América y Asia que hayan probado estar llenos en su obsequio todos los requisitos de la convocatoria.

Opinión remachada por Díez, quien recordó que «la convocatoria se dirigió no solamente a todas las provincias de la Península, sino también a las de Ultramar y alcanzó igualmente a las de América y Asia (...) y esas provincias han nombrado sus representantes y tengo entendido que en su mayor número se han presentado ya en Madrid».

En este punto González Alonso solicitó –y obtuvo– la suspensión de la discusión al no estar presente el Gobierno. Aunque Argüelles advirtió –y el dato era muy importante– que la comisión había consultado con el Gobierno y que éste estaba completamente de acuerdo con el dictamen.

El día 9 (de marzo de 1837) se reanudó la discusión con la presencia y primera declaración del ministro de Hacienda (¿y por qué él –cabe preguntarse– y no alguno de sus colegas de Estado o de Ultramar, como hubiera sido lo más propio?), quien confirmó que «el Gobierno está enteramente de acuerdo con la comisión».

Ese mismo día pronunció el diputado catalán Vila un excelente discurso que, para mayor interés, admite hoy dos lecturas, ya que si en su primer nivel se atiene a la materia debatida (la cuestión americana propiamente dicha), permite una segunda interpretación que se refiere de modo indirecto pero inequívoco a la situación española del momento: lo que justifica la extensión de la cita que a continuación va a hacerse:

«La determinación que vais a tomar decide la suerte o el infortunio de miles de nuestros ricos capitalistas de la Península, de la suerte de millones de habitantes de las provincias ultramarinas (...) En Cuba existen 730.000 personas, entre las que se contarán unos 300.000 esclavos y unos 106.000 hombres libres de color. (...) Una población que no es enteramente homogénea en su sentir. Un germen de separación, un deseo de independencia agita un corto número de espíritus jóvenes nacidos en la isla, originarios de europeos, ansiosos de representar al frente de un Gobierno. Y esos jóvenes, oponiéndose a sus propios padres, se dejan dirigir sin advertirlo por la inteligencia, que está puesta allí en gran parte en manos de una tercera clase de habitantes que, no obstante de ser libres, con dificultad llegan a los honores. Hablo de los pardos, a quienes varias veces suelen sus padres procurar buena educación en cambio de la legitimidad que les niegan; y la inteligencia es un poder al que tarde o temprano cede siempre el muelle de la fuerza. Sé muy bien que la inmensa mayoría de los habitantes de aquella provincia española tiene ante sus ojos las convulsiones de Santo Domingo y ven tras de sí 300.000 africanos acechando el momento de romper las cadenas de la esclavitud que les oprime (...) Lejos de este riesgo se halla la isla de Puerto Rico compuesta de elementos diferentes. Y trasladándonos a las islas Filipinas (...) conozco que ni nuestras costumbres, ni nuestro idioma, ni nuestras inclinaciones pueden hallarse en los tres millones de indios que habitan aquellas islas, que los 200.000 sangleyes y mestizos tampoco las tendrán, que quedarían éstos limitados al escaso número de 6.000 blancos».

Cerrando su discurso con una última manifestación que en aquella época debió producir tanta pasión como desasosiego: «En vano me esfuerzo en hacer nacer en mí repugnancia a que un hombre de color se siente a mi lado en estos escaños. El origen bárbaro africano que tienen, en nada hace desmerecer en mí las virtudes cívicas y conocimientos que algunos tienen y en nada resisto a que se admitan cuando he visto en ellos virtudes que no puedo hacer sino respetarlas (...) La inteligencia también está bajo una piel menos clara que la nuestra».

Hasta aquí el discurso no podía ser más esclarecedor, puesto que había detectado con precisión que las conocidas diferencias entre la Península y las colonias no eran sólo de índole geográfica –como solía decirse– sino también étnicas, manifestadas en la convivencia de dos razas de posición social y cultural muy distinta. El orador carecía en este punto de inhibiciones y llamó a las cosas por su nombre, ocupándose de los blancos, de los negros y de los pardos (mulatos). Y más todavía: con el buen tino de quien conoce el país y sus problemas, puso el dedo en la llaga al advertir que la población blanca tampoco era homogénea puesto que en ella había que distinguir dos grupos separados por las generaciones, advirtiendo –como ya hemos visto– que era en los jóvenes criollos donde latía el espíritu del descontento independentista.

Con tan sólido planeamiento quedaba claro, pues, que el debate no podía limitarse a sus aspectos jurídico-formales, dado que en él se implicaban inseparablemente una vertiente social (derivada de las diferencias étnicas) y otra que afectaba nada menos que a la independencia de las islas. ¿Cómo podía encontrarse entonces una solución que resolviese armoniosamente cuestiones aparentemente tan heterogéneas? El diputado catalán llevaba ya la respuesta preparada: «¿Bastarán todas estas diferencias para darles una ley constitucional distinta de la nuestra? –preguntó, respondiendo a renglón seguido– que la solución debía encontrarse en el otorgamiento de una constitución distinta de la de la metrópoli «por buenas que sean las leyes que dictéis para nuestras provincias americanas, por justas que sean, si no son las vuestras, ¿dejarán de ser interpretadas en un falso sentido?».

Con ello pasó a desarrollar una idea de gran calado porque ahora también estaba mirando a la península: «ya que las leyes fundamentales ofrecidas a la península no convienen a las posesiones ultramarinas, ya que no debe tratárselas como a colonias, ya que considerarías justo que esas provincias gocen igualmente de los beneficios de la libertad en cuanto sea compatible con su estado, no sé ver otro gobierno, no sé conocer otro modo de regirlas que encargarlo a los mismos habitantes, quienes en una gran Diputación, elegida según mejor convenga, lleve el peso y la dirección económica de las islas, dejando el mando central a las autoridades ejecutivas que el Gobierno supremo de la nación les señalase. (...) Estas grandes Diputaciones provinciales, más inmediatas y más conocedoras de las necesidades locales, están en mejor disposición de conocer prácticamente el modo de acudir a las urgencias del momento, a todo aquello que muy oportunamente ha dicho la comisión no se puede atender desde la distancia inmensa en que nos hallamos.»

La intención de estas palabras no podía ser más clara y a juzgar por las reacciones que provocaron es evidente que todos la entendieron. Pero, por si había alguna duda, el diputado catalán lo explicitó en la sesión del 10 (3.1837): «La España, la Península debe gobernarse por las mismas leyes que os he descrito a propósito de la América. (...) Ninguna nación del mundo se halla más dispuesta, más a propósito que la nuestra para adoptar este sistema que os propongo, cuando compuesta de un conjunto de reinos, con costumbres y aun leyes distintas, y que tienen intereses y conveniencias distintas de buen arreglar bajo un plan bien combinado».

La trascendencia de este discurso hizo levantarse en su contra a Argüelles, quien reprodujo casi literalmente las posiciones que ya había mantenido en las Cortes de Cádiz y que, por cierto, tanta repercusión tuvieron en la historia de España hasta hoy mismo: «Haré los esfuerzos más extraordinarios para que las Cortes no se dejen arrastrar a cometer un crimen, porque tal sería contribuir a que se separaran los restos de aquellos países, para que experimenten luego la misma suerte que la isla llamada primero Española, después Santo Domingo y hoy Haití, haciéndoles creer que allí no existe un partido que desee la independencia. Existe, porque no puede menos de existir. (En las Cortes de Cádiz) dichos diputados (americanos) deseaban la independencia de la América y lo disimulaban. Se les concedió expresamente la igualdad de derechos entre los naturales de la Península y de Ultramar. ¿Y qué dijeron entonces los diputados de América? No por eso dejaron de presentar nuevas proposiciones una sobre otra, exigiendo siempre éstas o mayores condiciones». Y aceptando el reto de las alusiones a la situación interior de la Península, apostilló para terminar: «Nosotros despreciaremos esto, ¿y bastará que se nos asegure, como dice el sr. Vila, que no hay allí personas que deseen la independencia? ¿No las hay dentro de la península? ¿No las hubo en todas épocas, incluso la de la Junta central? ¿No tuvo siempre partidarios ese sistema llamado federal, que yo considero una quimera?».

En la sesión del 11, en lugar de continuar la discusión como se había anunciado, y que tantas pasiones había levantado dentro y fuera de la cámara, se abrió un nuevo flanco con una proposición de García Blanco (y de otros muchos, mas no de Vila) en la que se pedía a las Cortes

se sirvan acordar que el Gobierno remita al Congreso la correspondencia y comunicaciones que hayan mediado entre el Ministerio y las autoridades de dichas islas, relativamente a las elecciones de los diputados para las actuales Cortes.

Las razones de esta maniobra de desviación –de colocar pragmáticamente el debate a ras del suelo para esquivar el planteamiento de las cuestiones fundamentales– fueron explicadas por el propio García Blanco: «Extrañé mucho que el Gobierno mismo que había dado la convocatoria a Cortes se conformase en un todo y estuviera de acuerdo con el dictamen de la comisión porque en mi sentir indicaba esto una de dos cosas: o que el Gobierno no había tenido la suficiente previsión de los males que han sobrevenido después en aquellas posesiones o que después de la convocatoria han ocurrido circunstancias que le hayan hecho variar de opinión (...) Y digo más: debe manifestársenos por el Gobierno en qué se funda esta variación, no ya partiendo desde agosto (1836), sino desde el 7 de enero de este año, día en que las Cortes aprobaron sin reparo el acta de elecciones de Puerto Rico». Y al día siguiente se recibieron sin objeciones los poderes de Francisco Armas, diputado electo de la provincia de Puerto Príncipe. El día 6 se había recibido en el Congreso un oficio del secretario de Despacho de Marina remitiendo el acta de elección de diputado por la provincia de Santiago de Cuba y el poder conferido a D. José Antonio Saco.

La proposición se admitió finalmente por 64 votos contra 59. Pero inmediatamente saltó de nuevo a la brecha Mendizábal –demostrando que en sus manos estaba la dirección de los asuntos de Ultramar– para resistirse a entregar al Congreso esos papeles a efectos de discutirlos, pues eso no sería lo mismo que pasarlos a manos de una comisión prudente. Además «todos sabemos que en la isla de Cuba ha habido un chispazo de insurrección en uno de los puntos más florecientes de la misma. Todos sabemos que ha sido apagado, pero todos debemos precaver también que desgraciadamente este chispazo puede repetirse, aunque el Gobierno no lo espera y ha tomado todas las medidas que están a su alcance para evitarlo».

Primero Sancho y luego Sosa se opusieron también a la proposición; pero la intervención de este último fue más importante porque hizo aflorar a la superficie del Congreso lo que todos sabían y nadie se había atrevido hasta entonces a afrontar, y que no hubiera salido a la luz pública de no haber sido por la provocación del discurso de García Blanco y las alusiones explícitas de Mendizábal. Lo que sucedía, en efecto, era que el asunto se estaba debatiendo cuando en la isla de Cuba se había producido un enfrentamiento violento entre quienes querían aplicar inmediatamente la Constitución de 1812, bandera de la libertad, y quienes se oponían a ello. Una lucha interna, criolla, pero que contaba con el padrinazgo de dos generales españoles: Lorenzo (liberal avanzado gobernador de Santiago) por el primer bando y Tacón (capitán general de la isla, excelente administrador y políticamente nostálgico del absolutismo) por el segundo, y en la que el Gobierno se había puesto de parte de Tacón prejuzgando con ello la solución. En estas condiciones una decisión de las Cortes imponiendo la constitución de 1812 –y con ella la equiparación de derechos entre isleños, blancos y negros, y peninsulares– hubiera desautorizado al Gobierno y, lo que es más grave, provocado quizás una guerra civil en las Antillas, forzando la intervención militar si se quería evitar la independencia que impulsaba a quienes ahora defendían la Constitución de 1812 como un primer paso para la separación. Lo que verdaderamente estaban en juego era, pues, la independencia y no el régimen especial de las provincias ultramarinas, que era lo que formalmente estaba en el orden del día, pues todos sabían que si se cedía en este primer paso, ya no habría modo de detener el vertiginoso proceso de separación. Hecha esta aclaración, volvamos a Sosa, quien afirmó que «la cuestión ya está prejuzgada, no por los sucesos recientes ocurridos en la isla de Cuba sino por los acontecimientos políticos del resto de la América, el estado actual de toda la Europa y la situación crítica de la isla de Cuba. Nosotros no hemos de sostenerla si ella no se sostiene. Ella es la que tiene un interés en sostenerse bajo este gobierno. Ella consultará sus intereses y yo casi lo dejaría a la suerte, a su elección propia. Si quieren quedarse libres, que lo sean: lo serán en cuatro días».

A continuación intervino Araujo y con su discurso aumentó aún más la alarma, pues advirtió que «se sabe que la isla de Cuba está sobre un volcán y que la parte más ilustrada de ella, los grandes propietarios y lo que constituye la riqueza del país, desean y claman porque se adopten medidas capaces de evitar el mal que se prevé. Yo no sólo encuentro peligro en que vengan esos documentos sino que lo encuentro también en que se discuta demasiado esta materia, porque esto irritará las pasiones y producirá malísimos resultados».

Todo esto era cierto, el riesgo aludido existía y la alarma era más que justificada, pero ¿se estaba a tiempo de detener una discusión en marcha? En opinión de Caballero esto no era ya posible porque el Gobierno había dado unos pasos irreversibles: «Los secretarios del Despacho que dieron la convocatoria hicieron motu proprio muchas y muy señaladas variaciones en la Constitución. (...) Y en verdad que entre estas alteraciones está la de dispensar a los habitantes de Ultramar de que jurasen la Constitución; el que eligieran diputados por el método del Estatuto, etc., etc. Lo que prueba que hicieron de hecho todo lo que quisieron, prescindiendo de la Constitución que acaba de proclamarse y jurarse».

Veamos ahora las incidencias recogidas producidas en el acto de la votación tal como se recogieron en el Diario de Sesiones: «Declarado discutido el punto, se procedió a la votación y ocurriendo duda sobre el resultado de ella, se contó el número de sres. diputados y se halló estar 63 sentados y 62 de pie. Acto continuo pidió el sr. Cabrera de Nevares que se rectificase la votación, por creer, según manifestó, que se había producido una equivocación, y volviéndose a contar por el orden que para estos casos establece el art. 118 del reglamento, que se leyó, resultaron 64 señores de pie y 59 sentados, del total de 123». Por consiguiente quedó aprobada la proposición. ¿Cómo explicar entonces las contradicciones entre estas dos votaciones y recuentos?

Para Carlos Marichal (153) «en el fondo la oposición a la representación política de las colonias era económica. Puerto Rico, Filipinas y sobre todo Cuba eran tesoros valiosos por su cuantiosa producción de tabaco y azúcar (...) y eran significativos los fondos con que contribuyeron voluntariamente las clases altas de las islas para el financiamiento de la guerra contra los carlistas. Los diputados conservadores argumentaban que cualquier modificación del statu quo podría perjudicar estos negocios, disminuir los ingresos e intensificar las tensiones sociales. Según ellos, era mejor dejar la isla de Cuba bajo el estricto control de capitanes generales, como Miguel Tacón, que mantenía buenas relaciones con los dueños de las grandes plantaciones esclavistas». Este juicio parece acertado y aún puede ampliarse con una advertencia adicional: lo que estaba en juego no era sólo una cuestión económica sino un negocio personal. Los altos funcionarios de Madrid, y sobre todo los generales, se percataron inmediatamente de que en ciertos destinos antillanos se podían hacer grandes fortunas en muy poco tiempo y esto fue lo que, en efecto, estuvo sucediendo posteriormente hasta la independencia. La máquina burocrática estaba montada en este sentido y la organización de la corrupción no podía ser más eficiente con la colaboración de terratenientes y comerciantes que comprendían que la intervención metropolitana era la mejor garantía de la continuación de sus privilegios. El formidable desarrollo económico de Cuba es un modelo histórico de corrupción eficiente.

Sin olvidar, en fin, otra utilidad –marginal pero nada desdeñable– que proporcionaban las islas ultramarinas, a saber: la de servir de encierro seguro y sin protección legal alguna a los enemigos del régimen (carlistas y, más todavía, anarquistas, republicanos y radicales). En El Vapor de 12.10.1836 aparece, por ejemplo, un patético relato del demócrata catalán Ramon Xaudaró sobre su inaudito cautiverio en las mazmorras de La Habana, bajo un trato riguroso ordenado directamente por Tacón, hasta que fue devuelto a la Península y puesto en libertad sin que nadie le hubiera comunicado los cargos y, por supuesto, sin formación de causa.

Segundo dictamen de la Comisión y su debate

Al cabo de tantas discusiones las comisiones reunidas de Ultramar y Constitución evacuaron su dictamen el 12.3.1837 insistiendo en que las provincias ultramarinas de América y Asia fueran regidas y administradas por leyes especiales:

Ya sea que se consideren los elementos que constituyen su población o bien que se reflexione sobre la distancia a que se encuentran de nosotros, en el primer caso hallaremos que si fundada nuestra representación nacional en la base o principio de población, ya no puede haber uniformidad de representación en donde los representados y sus intereses son tan varios: en el segundo veremos que es imposible que tanto la renovación periódica como la accidental de los representantes, o sea diputados de aquellas provincias, se haga en los mismos períodos y con la misma oportunidad que el de las provincias de la península e islas adyacentes. (En consecuencia) no siendo posible aplicar la Constitución que se adopte en la península e islas adyacentes a las provincias ultramarinas de América y Asia, serán éstas regidas y administradas por leyes especiales y análogas a su respectiva situación y circunstancias y propias para hacer su felicidad y que en consecuencia no tomarán asiento en las Cortes actuales diputados por las expresadas provincias.

A partir de este momento, al abrirse la segunda fase del debate parlamentario, se desarrolló éste con las mismas pautas que hasta entonces, es decir, con conocimiento de los hechos y de los múltiples intereses, visibles e invisibles, que los movían, con un análisis excelente de ellos y examinándolos desde las perspectivas más variadas; demostrándose así que las Cortes progresistas de 1837 no tenían una mentalidad rural y localista sino que en ellas estaban representados también los intereses del capitalismo y de los negocios nacionales e internacionales, por lo que bien puede decirse que en este sentido eran singularmente «modernas». Hasta tal punto es así que, independientemente del resultado, éste fue quizás uno de los mejores debates de todo la legislatura.

Aparentemente sólo se trataba de una cuestión concreta: la determinación del régimen público que había de aplicarse a las islas. Pero para llegar allí se sacaron a relucir todos los problemas que bullían en Cuba y en Puerto Rico (y en parte en Filipinas) y nada escapó a la crítica sincera de aquellos diputados. El repertorio de oradores fue también muy amplio puesto que se oyeron voces misioneras, filantrópicas, antiesclavistas y eruditas, pero también otros hablaron como capitalistas e industriales que menospreciaban la mano de obra negra y vivían alarmados por el peligro que representaba su desmesurado número, sin olvidar a los altos funcionarios con experiencias ultramarinas o con la posibilidad de ser alguna vez destinados allí para reponer su patrimonio personal. Ahora bien, en esta galería de protagonistas fueron inevitablemente los políticos quienes mejor se percataron de que el régimen jurídico público, cualquiera que fuese, no pasaba de ser un pretexto puesto que lo que estaba en juego de veras era la independencia de la isla, fuera inminente o a largo plazo; los que con evidente pragmatismo sabían que para reconducir este proceso había que dejar a un lado las grandes cuestiones y atenerse a la letra pequeña de lo que estaba pasando en aquel momento: a la actuación autoritaria pero eficaz del capitán general, Tacón, y a las contemporizaciones de Lorenzo. Lo único que no salió a relucir fue la postura de la Iglesia y tampoco las enormes cantidades de oro que circulaban por canales corruptos al servicio de estos fines encontrados.

La inclinación gubernamental y de Palacio a favor de Tacón se expresó en la concesión de la merced de título de Castilla, vizconde de Bayamo y marqués de la Unión de Cuba (Real decreto de 4.3.1837: Gaceta del 9).

En la Gaceta del 27 de marzo se publicaron unos acuerdos de diversos ayuntamientos de Cuba en apoyo de la política de Tacón y de las medidas adoptadas por éste para sofocar los incidentes de Santiago en el mes de setiembre de 1836, aprobados todos por unanimidad y redactados en un estilo laudatorio. Comunicados que continuaron al día siguiente rivalizando todas las corporaciones con idénticas manifestaciones de servilismo, a las que se unieron luego otros escritos en el mismo sentido de los oficiales de la guarnición. Así las cosas, únicamente en las Cortes y en una parte de la prensa encontraron un lugar la voz del general Lorenzo y de los patriotas de Santiago. La doble política progresista en las provincias metropolitanas y en las ultramarinas no podía ser más escandalosa puesto que en Cuba (y Filipinas) se adoptaron posiciones decididamente absolutistas y coloniales sin sombra de liberalismo.

La importancia que para el Ministerio de Madrid tenían los acontecimientos de Cuba se reflejó en la desmesurada extensión que se les concedió en la Gaceta publicando día tras día documentos procedentes de la isla, iguales todos en su inspiración y hasta estilo. De entre ellos tiene singular interés a nuestros efectos un comunicado de fecha 30.12.1836 firmado por 167 propietarios e industriales de Santiago en el que se ofrece su versión del levantamiento y amenaza de lucha civil. Publicado, con el inevitable retraso, en la Gaceta del 2.4.1837, decía así: «El general Don Manuel Lorenzo abrió a sus pies una sima en que se hubiera hundido la isla. En un momento de calor, en una enajenación febril (...) se improvisó la promulgación y jura de la constitución de 1812, a las dos horas de haber leído en el Diario de Cádiz el decreto de 15 de agosto; sin hacer mérito de nuestras circunstancias particulares, sin respeto a la primera autoridad de la isla y se dio el funesto ejemplo que bastaba para rasgar la unidad, para introducir la división, para aprestarse a la guerra civil, para emanciparse del Gobierno y hasta para constituirse en independencia (...) Instaladas las nuevas autoridades el 30 de setiembre, se dio luego la orden de formar la Milicia nacional (y) se pusieron sobre las armas las milicias blancas, las de pardos y morenos de toda la provincia. Los destinos se distribuyeron entre los afiliados y amigos del pronunciamiento y hasta se nombró extemporáneamente una nueva diputación provincial».

El manifiesto terminaba, como era previsible, con una proclama ideológica: «Cuba quiere solamente ser española y si amante como lo es de la libertad y de su progreso, tiene que aminorar sus goces para no exponerse a que enemigos astutos la separen de la madre patria, por lo que sacrifica gozosa una parte de sus derechos para evitar esa calamidad».

Este rosario de adhesiones a la Metrópoli y a Tacón se prolongó todavía hasta el 3 de abril. La verdad es que el Gobierno, una vez decidido a jugar hasta el final la baza colonialista, perfectamente compatible con el progresismo metropolitano, estaba muy preocupado por el movimiento criollo nucleado en Madrid en torno al Club Habanero desde el que se alimentaba ideológicamente, a pesar de la rígida censura de Tacón, a los «reformistas» de la isla.

En un terreno marginal, pero no carente de significado político, es de recordar también la información suministrada en la Gaceta de 23.7.1837 a propósito de un baile y cena (con 320 cubiertos) ofrecidos el día 3 en homenaje a Tacón con ocasión de los títulos nobiliarios que se le habían concedido y «en premio a los eminentes servicios que ha prestado a la Nación pacificando con la destreza y precisión que todos sabemos el departamento oriental de la esta isla».

Ahora bien, para entender lo que significaba para la metrópoli la pacífica sumisión de la isla, nada mejor que, dejando a un lado la retórica del patriotismo, atenerse a los números que aparecieron, por ejemplo, en la Gaceta del 8.4.1837 sobre las rentas ingresadas en la isla: Por la aduana marítima (4.108.120 pesos), por la Aduana terrestre (1.230.794), de Matanzas (845.977), por ingresos indirectos (1.174.406). En total, 7.359.406), un millón de pesos más que en el ejercicio anterior. Siendo sinceros, obligado es reconocer que detrás de las libertades estaba la independencia, detrás de la independencia la Patria y detrás de la Patria el dinero del Tesoro público, el de la clase dominante y el de los parásitos. Las cifras que acaban de trascribirse hablan por sí solas, a las que pueden añadirse los datos recordados por un buen experto, Núñez, en la sesión de 12.4.1837: «El año 1809 abrimos las puertas de la isla de Cuba al comercio extranjero. El resultado fue (...) una enorme concurrencia de buques: el año 1834 más de mil, con más de 150.000 toneladas. Cada tonelada paga 5 reales si el buque es español y 20 si es extranjero. Por derechos de ancoraje pagan los buques españoles 6 reales y 19 los extranjeros por cada 100 toneladas». Aunque Verdejo poco antes (el 25.3.1837) insistiendo sobre lo mismo había puesto las cosas en su punto: «Perdidas nuestras inmensas posesiones de América meridional, la isla de Cuba se hizo el cuartel general de una inmensa emigración compuesta de los adictos a la causa española, que eran perseguidos con furor por la terrible política de los nuevos gobiernos republicanos (...) y que produjo un ingreso asombroso de caudales que no tardaron en entrar en circulación al contemplar los dueños la seguridad y paz que les proporcionaba el nuevo asilo. Su oro fecundante resucitó la agricultura y dio lugar a beneficiosas empresas y creó ese nombre famoso que aún goza la isla de Cuba. Constituido en centro mercantil este punto, tuvo que adoptar leyes mercantiles, es decir, elásticas y libres de trabas. (Sin embargo) Cuba sólo hace consistir su felicidad en el codiciado metal y la obtiene a costa de la infelicidad de las gentes de otro color. Sería un anacronismo político que los españoles peninsulares que acabamos de recobrar nuestra libertad tratásemos de privar de ella a compatriotas nuestros».

En la sesión de 25 de marzo (1837) se inició el debate con dos intervenciones de Verdejo y López de Santaella, quienes con su mentalidad utópica y misional aportaron un buen planteamiento introductorio.

Y a partir de aquí desarrolló una dura crítica de inspiración inequívocamente democrática: «Pero examinemos filosóficamente esa felicidad tan decantada y nos convenceremos de que la gozan pocos, y aun esos a costa de la multitud que gime bajo el férreo yugo de ignominiosa servidumbre. Para mí no puede haber verdadera felicidad sino cuando está calcada sobre principios de equidad y justicia. Cuba no es enteramente feliz. ¡Y cómo lo había de ser cuando este resultado lo obtiene a costa de la infelicidad de una porción inocente de la especie humana, degradada por el empeño que en ello han puesto gentes de otro color! A este fatal empeño es debido ese aumento de población de Cuba, pues para satisfacer las necesidades de la agricultura cubana y la molicie de sus sibaritas moradores se han importado en 60 años más de 600.000 negros. Y ahora, espantados de su misma obra, no encuentran otro modo de conjurar la tormenta que les amenaza que multiplicar los medios de opresión e inducir al Gobierno supremo que niegue la libertad y representación a que tiene derecho la inmensa mayoría de aquellos ciudadanos. Sería un anacronismo político que los españoles peninsulares, que acabamos de recobrar nuestra libertad política, tratásemos de privar de ella a unos compatriotas nuestros».

López de Santaella era sacerdote pero su actitud política era pragmática y a la realidad se atenía sabiendo de sobra la importancia que tiene distinguir entre clases sociales, y más entre razas, para colocar a cada uno en su lugar: «El sistema colonial es un sueño que ni aun debe propalarse en este recinto. La sociedad de la isla de Cuba ha vacilado un momento: pues 157 negros se levantaron en un pueblo en que había 17 blancos y los asesinaron. He aquí el principio que debemos tener presente. Aquella provincia está sobre un volcán que arderá al menor desliz. Evitémosles, pues, las desgracias que ha sufrido Santo Domingo, porque la misma raza que inundó aquélla de sangre llevará su antipatía y su odio a aquella isla. (...) Todo lo que sea en estas circunstancias debilitar el Gobierno de aquellos países es favorecer la causa de los negros y exponer aquellas provincias a perderse para nosotros y tal vez para el mundo civilizado».

Todo lo dicho estaba muy bien, pero forzoso era acercarse a cuestiones más concretas. La intervención de González Alonso a este respecto no pudo ser ni más aguda ni más precisa, aunque insólita en labios de un progresista convencido, pues, poniendo el dedo en la llaga, preguntó si se quería mantener la esquizofrenia política resultante de la convivencia entre la autoridad absolutista del capitán general (Tacón) y las estructuras rabiosamente populares de los ayuntamientos: «Su gobierno no es más que el gobierno militar por un lado y el popular de los ayuntamientos que tantos daños nos han causado hace tres siglos, desde que se hicieron venales, desde que se hicieron dueños de todas las municipalidades, desde que no han dado cuentas y desde que han tenido un estómago que como dijo un sabio procurador síndico del común, han digerido hasta los cerrojos de las puertas de las ciudades. Y en este estado, ¿seguirá únicamente bajo la autoridad militar y bajo la de esos ayuntamientos perpetuos, hijos de los siglos en que todo se vendía? ¿Y en este estado se dice que los diputados nombrados no serán admitidos en el Congreso?». Tenía razón el diputado castellano, pero ¿qué régimen era factible sin burócratas, militares ni corporaciones populares?

Ahora bien, puestos a ser realistas, los datos que aportó a continuación el ministro de Hacienda nos demuestran el auténtico fondo de la discusión: ¿quería ponerse en riesgo esta mina de oro con la frívola introducción de instituciones constitucionales? Con el dinero no se juega: éste era el mensaje del ministro. «Hace unos quince o veinte años eran materialmente una carga para la madre Patria la isla de Cuba, la de Puerto Rico y las Filipinas. Doce millones se enviaban de Nueva España para la Habana, 4 para Filipinas y 6 para Puerto Rico. Y en el año anterior esas mismas posesiones han contribuido a sostener la lucha en que estamos empeñados, con 50 millones». De hecho, las pocas libranzas que se aceptaban en los mercados extranjeros eran las que se giraban sobre las rentas de aduanas de Cuba y Puerto Rico. Éste era el dato que no podía perderse nunca de vista y el que debía inspirar las decisiones parlamentarias por encima de consideraciones filantrópicas.

También fue al grano Sancho en su largo discurso de los días 4 y 5 de abril, en el que advirtió a las Cortes que más allá del problema social, de las cuentas públicas y de los destinos privilegiados y corruptos, la cuestión de fondo era la independencia y todo lo demás era andarse con rodeos: «He pronunciado la palabra sacramental de independencia. Pues toda novedad política que allí se haga es un paso hacia la independencia y todo paso que se dé hacia la independencia es un paso de exterminio y de ruina de los capitales y de las personas. Por eso los cubanos tienen tanta repugnancia a toda innovación política; consideración que debe guiar a todos los señores diputados que desean el bien de aquellos países. A todos halaga la palabra libertad; pero cuando al lado de la libertad está el puñal asesino, es menester pensarlo muy despacio. Porque Cuba no puede ser sino negra si no es española».

Para un progresista templado como Sancho, en 1837 la libertad no era un bien absoluto puesto que podía caer en manos de quienes abusasen de ella en contra del orden. Pero el orador era también militar y había sido un revolucionario activo, por lo que sabía calibrar las consecuencias de los movimientos armados y desde esta perspectiva realizó un relato y un análisis de lo que estaba sucediendo en Cuba: «Me veo en la necesidad de hablar de los últimos sucesos de la isla de Cuba. Pero me veo en grande embarazo porque no conviene revolver el combustible encima de cenizas calientes. Llegó a Santiago de Cuba el 27 de setiembre un buque que llevó la gacetilla extraordinaria en que estaba el decreto mandando que se publicara la constitución en toda la monarquía. El general gobernador de aquella parte de la isla (Lorenzo) mandó se publicara y ¿qué hicieron los que tenían que perder? Acudir al capitán general suplicándole que no hiciera novedad semejante, que no les comprometiese. Llegó la orden en que se mandó que no se publicase allí la constitución, pero que se hicieran las elecciones. ¿Qué hicieron entre tanto los que pusieron a Lorenzo en aquella posición? Suministrar armas a los negros y mulatos. El general Lorenzo en tres días tuvo que embarcarse, porque todo el mundo estaba horrorizado de pensar a lo que estaba expuesto»

Dicho esto, pasó a la cuestión constitucional que no desarrolló con razonamientos jurídicos sino a la luz de su rica experiencia personal, que en este punto, a decir verdad, no resultaba demasiado convincente: «Veamos ahora las razones que se alegan para que los diputados elegidos entren en el Congreso. Una de ellas es que el acta de las elecciones de Puerto Rico está aprobada y de aquí se deduce que las Cortes han resuelto que entren. En mi vida he visto una lógica más particular. Se dice también que el Gobierno ha mudado de opinión desde entonces hasta ahora. Yo tengo un dato que es preciso referir a las Cortes. Al otro día o dos días después de publicada la constitución y de nombrados los actuales secretarios de Despacho, encontré al sr. Gil de la Cuadra en el Prado y reuniéndome con él, como tenía de costumbre, hablamos de la necesidad que había de convocar las Cortes y yo recordé con S.S. las circunstancias en que se había visto la nación en el año 20, análogas a las del día, e indiqué que se podría tener presente la convocatoria de entonces. Al día siguiente vino S.S. a mi casa con todos los antecedentes y me dijo: “Puesto que Vd. extendió esta convocatoria, porque en efecto yo la extendí por ser individuo de la Junta provisional de entonces; puesto que Vd. debe tener presentes todas las circunstancias que no es posible ni fácil que otro recuerde mejor, yo le ruego que extienda el acta de convocatoria para las próximas Cortes”. No era regular que yo me negase a hacer el sacrificio que exigían de mí los deberes de la amistad; y por tanto me encargué de la extensión de la convocatoria. Tratándose de este trabajo, tuvimos que hablar de esta cuestión: allí se ventilaron estos puntos que el sr. Caballero ha querido comparar con la cuestión del día y que son tan diferentes».

El día 12 de abril volvió a insistir Núñez –con notable sinceridad y con aportación de nuevos datos hasta entonces desconocidos– en la ambigua conducta seguida por el Gobierno a propósito de la publicación en la isla de Cuba de la constitución y que tantos quebraderos de cabeza había producido: «Cuando en agosto último proclamaron las provincias la constitución política de la monarquía, después que fue aceptada y jurada por el Trono, los diferentes ministerios oficiaron al capitán general de la Habana y es de suponer que al de Puerto Rico y Filipinas, anunciándoles este acontecimiento y mandándoles que no se publicase la constitución, pero que se hicieran las elecciones o nombramientos de diputados. Yo por más que me he devanado los sesos por combinar estas dos ideas, no he podido conciliar los dos extremos. Al fin la orden llegó a la isla de Cuba y no sé por qué razón el general Lorenzo, que mandaba en Santiago, no tuvo noticia de este acontecimiento sino por los papeles públicos; y como este jefe no podía adivinar que el Gobierno hubiera tomado unas disposiciones que no podemos concebir (refiriéndose sin duda a las Reales órdenes de fines de agosto de 1837, que mantenían la situación política de las islas al margen de los acontecimientos constitucionales acaecidos en la Metrópoli), procedió a la publicación del Código con todas sus consecuencias, formó la Milicia nacional y dispuso que se nombrase nuevo ayuntamiento. Desde el punto de vista legal estricto, la razón estaba, por tanto, de parte del capitán general hasta tal extremo que los insurgentes de Santiago y Bayazo decidieron acatar las Reales órdenes mas no obedecerlas, dando prioridad en consecuencia a la constitución».

«Cuando se supo en la Habana –continuó relatando–, el capitán general hizo inmediatamente aprestos y preparativos hostiles contra el gobernador de Santiago, invirtiendo en ellos, a lo que se dice, un millón de duros. El resultado fue que el general Lorenzo, bien porque la opinión se pronunciase contra él, o bien acaso para evitar males y fatales consecuencias, abandonó Santiago y se vino a Europa, residiendo hoy en Cádiz donde no sé que se le haya formado causa (de hecho fue juzgado en rebeldía y condenado a inhabilitación perpetua con prohibición de volver a la isla). Sin embargo, la conducta del Gobierno mandando que no se publicase la constitución, pero que se nombrasen los diputados, nos ha metido en un laberinto del que es difícil salir. (...) ¿Dónde está el delito de los diputados electos? Se dice que vendrán aquí, que levantarán su voz y proclamarán la independencia de sus conciudadanos. Pues qué ¿no resuenan aún en las bóvedas de este salón las palabras de un diputado que ha dicho que el reino de Navarra es independientes? Pues qué ¿no ha habido otro diputado de la misma provincia que ha dicho que la Navarra jamás fue conquistada? Cuando las Cortes se ocupaban de acordar que se levantase un monumento en la plaza de Bilbao que perpetuase la memoria del sitio y heroica defensa de aquella invencible ciudad, ¿no hubo un diputado de aquellas provincias que hizo presente al Congreso que se tuviera en consideración el amor fraternal que se tienen los vizcaínos en todos los países del mundo donde se encuentran, para que no se levantara un monumento que recordara su afrenta y su derrota a los que han levantado el estandarte de la rebelión? El año 12 declararon las Cortes a los americanos iguales en derechos a nosotros, porque en el año 10 ya se oponían a nuestro yugo. Entonces se hizo lo que se debió hacer, es decir, se adoptó el mejor medio de calmarlos, que era declararlos iguales a nosotros en derechos».

El siguiente discurso de Argüelles respondió literalmente a lo que se esperaba de él –puesto que en este punto su postura era inamovible– recordando una vez más sus amargas experiencias de Cádiz y del Trienio que le habían hecho un auténtico resentido:

«Yo quiero que los habitantes de la isla de Cuba sean tan felices como nosotros. No quiero que haya un solo ápice de diferencia entre ellos y nosotros. Pero quiero que se proceda por leyes análogas a su situación y circunstancias. Las leyes especiales a que alude la comisión de ninguna manera indican un gobierno duro y despótico. Pero observemos lo que sucedía en las Cortes extraordinarias, que cuando los diputados de América no estaban conformes con nosotros, que cuando en las votaciones aparecía la mayoría, entonces era cuando decían que estaban oprimidos. Cuando querían que la población fuese la base de las elecciones, entonces, conociendo que formaban ellos necesariamente la mayoría y que trasladarían con una sola votación la silla del imperio español de aquí a México o al Perú, los diputados de aquella época, circunspectos y prudentes, dijeron: no, porque la población que ustedes tienen, que es de 17 o 18 millones, no es homogénea y la prueba es que no hay aquí uno de ustedes que no tenga origen español».

El día 14 continuó la discusión consumiendo Caballero (que ya se había distanciado de Mendizábal) un turno a favor de la igualdad: «Nos dicen que en 1812, como en 1820 y aun más en 1824, fue un error igualar en más o en menos las provincias ultramarinas con las de la península. (...) Tres legislaturas se han sucedido durante el régimen del Estatuto. En estas tres legislaturas ha habido diputados de Ultramar y en mayor número que los que ahora han venido por la convocatoria de agosto. ¿Y qué ha sucedido? Tres legislaturas con diputados de la Habana, Puerto Rico y Cuba nada han hecho que perjudique la tranquilidad de aquella isla ni a la permanencia de la misma autoridad».

Y volviendo, como no podía menos, a las tensiones producidas entre los generales Lorenzo y Tacón, ofreció su personal visión de los hechos: «Las ocurrencias de Santiago de Cuba, sea el que quiera el carácter que se les ha tratado de dar, son para mí una cosa muy sencilla, muy natural y patriótica. Allí no hubo más sino que de resultas de haber llegado el decreto de S.M. de 13 de agosto, el general Lorenzo, o más bien una porción de particulares patriotas y casi la inmensa población de Santiago de Cuba, creyó que estaba en el caso de proclamar la constitución. Yo quiero suponer por ahora que esto fuera algo un tanto aventurado, indiscreto, pero no creo que pueda de buena fe darse a esto el carácter de insurrección ni que se deba llamar insurgente al digno jefe que se hallaba al frente de aquella provincia, por un acto hasta cierto punto laudable. Porque ¿qué hizo Lorenzo y Santiago de Cuba más que seguir el ejemplo de la madre Patria y repetir lo que había hecho en el año 1820? ¿Es esto separarse de la metrópoli?».

Al cabo de todas estas explicaciones se sumó a la tesis, que ya conocemos, de que en el fondo de la discusión no estaban los aspectos legales y constitucionales, y ni siquiera los de la independencia, sino en la fuente de unos recursos que estaban fluyendo cómodamente a la metrópoli: «Es necesario decirlo con franqueza. Para mí lo que explica el enigma de que en el año 1837 se conserven sin alteraciones las facultades omnímodas y discrecionales que en tiempo del absolutismo se concedieron al capitán general de la isla de Cuba no es otra cosa sino que con las Cajas de la Habana se ha hecho que proporcionen a la metrópoli mayores cantidades de las que antes producían; y el Gobierno español, o mejor dicho, el ministro de Hacienda de España, viendo en esto un medio favorable de atender a los gastos públicos, ha sacrificado hasta cierto punto el interés de la justicia y de la política a cálculos aritméticos».

A continuación Torrens y Miralda dio una versión singularmente catastrofista de la situación cubana que respondía a una mentalidad impropia de un liberal y menos aún de quien se llamaba progresista. Basado en sus experiencias personales explicó lo que él había visto allí con sus propios ojos: una sociedad amenazada por la presencia de los negros y por unas costumbres corrompidas de las que sólo se salvaban los cubanos tradicionales de pura cepa, que urgía preservar: «No son recomendables los cubanos tan sólo por sus opiniones políticas, por su afecto a la península. Lo son igualmente por sus buenas costumbres, sensatez y otras virtudes sociales. Lo son en particular por su laboriosidad, pues sin ésta, yermos fueran todavía los campos. En contraste con ellos, ¿no forman la mayoría cubanacana, su masa principal, los tramposos con juicio abierto o próximo a serlo, los picapleitos, los testigos falsos, llamados de estuche, los petardistas, los holgazanes, los vagos, todo aquel cúmulo, en fin, de hombres que creen deshonrosas las ocupaciones sociales, otras que la de ejercer la abogacía y la medicina, la de trabajar en las escribanías, la de pasar el día en el juego, el juego de azar, porque en La Habana un tahúr es persona muy considerada? Éstos son y no otros los camaradas. (...) La Habana es un pozo lleno de fango en sus dos terceras partes. (...) ¿Quiénes eran los promovedores de los escándalos en las elecciones de La Habana? ¿Quiénes incitaban a pardos y morenos, libres y aun esclavos, a ir a votar armados de pistolas y puñales, amenazando a los blancos, que se les decía votarían en sentido contrario?». Estas descripciones, como se ve, dejaban atrás con holgura a la visión que de Madrid tenían los apostólicos más extremos del absolutismo. Con lo cual podría fundamentarse una «teoría relativista del liberalismo» en el sentido de que lo que era bueno para España dejaba de serlo a ciertas millas marinas de distancia y más cuando se refería a gentes de otro color o tocaba el dinero público y privado.

En este caos apocalíptico, la única solución posible –a su juicio– estribaba en la recuperación del orden público, tal como sólo podían garantizarle los militares españoles: «Las Cortes recordarán los epítetos de tirano, de bajá de tres colas, etc. dados en un recinto augusto al actual capitán general de la isla de Cuba. Su acrisolada conducta no necesita de defensa; mas, sin embargo, no está fuera del caso establecer que antes de tomar el general Tacón las riendas del gobierno, primero, se robaba a mitad del día en las calles más concurridas; segundo, se asesinaba impunemente dentro de las casas con puñales y armas de fuego; tercero, que veía uno tranquilamente robar al vecino, al transeúnte y se dejaba robar a sí mismo al gusto de los ladrones, sin atreverse nadie a declarar contra los perpetradores de tales excesos, en general hombres de color; cuarto, que Tacón ofreció y cumplió el que nada costase a los que declararan y detuviesen o persiguiesen a los malvados, con lo que paralizó de golpe la generalidad de los robos y asesinatos diarios. Es decir, que el tirano Tacón enterró desde luego la incuria y la inmoralidad, abriendo el libro de la ley perversamente cerrado, al mismo tiempo que destruía de raíz las casas de juego público, a cuya puerta era un insulto a la moral el ver a un capitán con su uniforme e insignias, de director de semejantes reuniones».

La prensa se hizo eco, como no podía ser menos, de la polémica figura de Tacón, que era un símbolo de la política colonialista a ultranza. Andando el tiempo El Patriota (periódico gubernamental) alabó la administración del capitán general; pero El Castellano publicó una carta contraria a él: «Rara es la familia que no llora hoy al esposo, al padre o al hijo, al deudo, al bienhechor, al amigo, prófugos o desterrados en el extranjero o en la madre patria; y todo esto sin juicio formal, sin proceso solemne, sin comunicación legal, sin fórmulas tutelares sino por la simple delación, por el influjo oculto de un enemigo, por la mera información de un prebostazgo a un consejo militar que juzga sin formas, pronuncia sin público y condena sin audiencia».

En la Gaceta de Madrid de 26.10. 1837 se recoge una extensa información tomada del diario El Tiempo de Cádiz, en la que se relata un episodio de la vida de Bernardo Tacón en relación ahora ya que no con la isla de Cuba con la plaza africana de Ceuta, que parece interesante recordar. Es el caso que el 28 de marzo había sido asesinado por los moros fronterizos José Velarde, regidor del ayuntamiento de Ceuta y, requeridas las autoridades marroquíes para que dieran cuenta de este hecho, no sólo se negaron a ella sino que sin previo aviso aparecieron el 16 de julio dos mil soldados del gobernador de Anchara y se apoderaron de la línea exterior de defensa de la plaza que llevaban ocupando los españoles desde hace cincuenta años. Así las cosas fue nombrado Tacón comandante general, quien mantuvo en tierra de nadie y con gran aparato de fuerzas militares por ambos lados, unas negociaciones con el bajá de Tánger que resultaron muy tensas, pero el español se mantuvo firme y en el último momento, cuando ya parecían inminentes las hostilidades, cedieron los marroquíes y abandonaron las alturas de la línea que habían ocupado y que dio lugar a tan escandaloso incidente.

El diputado Urquinaona era un empleado de la subsecretaría de Ultramar que había sido enviado a Caracas en 1820 para estudiar la situación, de donde resultarían unos informes oficiales extraordinariamente sinceros y un libro con la historia de aquellos acontecimientos; pero su largo discurso, que se extendió durante los días 18 y 19 de abril, embrolló un tanto el debate al insistir demasiado en las causas de la independencia de América, que ahora podían, en su opinión, extenderse a la isla de Cuba. Su juicio resultó escandaloso y hasta preocupantes por lo que tenía de actual: «Las Cortes han visto ya el resultado de la inobservancia de las leyes y costumbres, de la opresión general y de conferir los empleos a personas incapaces de desempeñarlos. He aquí las causas de la revolución de los Estados; (...) Ninguno se acordó entonces de las proposiciones y arengas que se pronunciaron en la isla gaditana y todos se armaron contra la opresión que sufrían. El señor Argüelles quiere someter las islas al sistema colonial y el sr. Sancho, tratando de sus leyes políticas, las quiere al nivel de las colonias extranjeras». En verdad que ni antes ni después se han visto la sinceridad y el coraje que lucieron en este debate sobre las provincias de Ultramar, cuyo interés desborda consecuentemente el propio de unas cuestiones que parecían casi marginales en el contexto global del liberalismo progresista.

Muy distinta fue, con todo, la opinión de Martín de los Heros, que demuestra hasta qué punto la ideología progresista era capaz de asimilar las desigualdades políticas personales y de imponer –como así sucedió finalmente– un régimen colonialista expoliador apoyado en la oligarquía local: «Allí la diputación provincial de La Habana llevó su frenesí hasta el extremo de hacer públicas sus sesiones. (...) Luego sacamos en consecuencia que lo que puso al borde del precipicio a la isla de Cuba fueron las leyes constitucionales que indiscretamente se le aplicaron, y que lo que conserva la isla, por declaración de ellos mismos, son esas leyes que se quiere caracterizar de injustas, pero cuyo epíteto es enteramente fuera de razón, pues los habitantes nos piden ese mismo régimen. (...) Al Estamento de procuradores concurrieron los diputados de Puerto Rico en el tiempo en que pesaba sobre mis débiles hombros el cargo del Ministerio de la Gobernación del Reino y de Ultramar. Se presentaron a mí y me dijeron que entre sus instrucciones tenían la de que en aquella isla se estableciese todo lo que se estableciera en la Península, y que habiéndose nombrado en ésta los ayuntamientos y diputaciones provinciales, deberían plantearse allí por el mismo sistema. Respondiles con mi carácter acostumbrado que el Gobierno estaba pronto a practicar todas las mudanzas convenientes, pero que no podía admitir el principio de que todo fuese igual. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que publicada la constitución en Puerto Rico se ha conocido en pocas horas después lo insensata que había sido tal publicación, porque no se podía plantear ningún decreto de los que de ella emanan, por el mal efecto que necesariamente había de producir». Recuérdese, una vez más: la libertad que es buena en Madrid o en Oñate no lo es en Cuba o Puerto Rico.

El decreto de 19.4.1837

El debate se cerró con el decreto de 19.4.1837 que despachó de un golpe las dos cuestiones debatidas:

No siendo posible aplicar la constitución que se adopte para la península e islas adyacentes a las provincias ultramarinas de América y Asia, serán éstas regidas y administradas por leyes especiales análogas a su respectiva situación y circunstancias y propias para hacer su felicidad: en su consecuencia no tomarán asiento en las Cortes actuales diputados por las expresadas provincias.

Al cabo de dos siglos sigue siendo difícil valorar esta disposición: ¿Fue un rasgo de prudencia que enfrió los hervores revolucionarios e independentistas e impidió, además, que se reprodujeran en Cuba los horrores de la vecina Haití? ¿o con ella, por el contrario, se desperdició la oportunidad de integrar pacífica y definitivamente a unas provincias en la evolución constitucional de la metrópoli, cortando así las raíces profundas del separatismo?

Lo que no ofrecía duda era que un sector de la población estaba a favor de este régimen especial en cuanto que aseguraba la continuación de sus privilegios. La Gaceta del 18.8.1837 recogió, por ejemplo, un despacho fechado en La Habana, tomado de El Patriota: «Grande ha sido el contento y la satisfacción que ha experimentado la parte sensata de esta población, principalmente los propietarios y comerciantes, así nacionales como extranjeros, con la sabia determinación de las Cortes, preventiva del establecimiento de un régimen especial para las provincias españolas ultramarinas. De lo contrario se arriesgaría mucho la suerte de esta isla venturosa: así lo comprendía la mayor parte de sus habitantes y eco fiel de sus votos han sido todos los ayuntamientos. Aquí, bajo el sistema que nos rige, gozamos de cuanta libertad puede el hombre apetecer en la sociedad; personas y bienes están bajo la égida de leyes respetables y cumplidas y el país florece visiblemente. Tan halagüeño estado difunde la alegría, la discordia no encona hermanos contra hermanos, se desconoce la miseria y nuestra felicidad es envidiable».

Esporádicamente fueron apareciendo en la Gaceta disposiciones referentes a las provincias ultramarinas regulando su régimen a veces de manera excepcional y con una marcada preeminencia de la Administración militar, como es el caso, por ejemplo, de la Real orden de 31 de mayo de 1837 sobre alcaldías mayores en Filipinas y organización de sus gobiernos militares y políticos.

En algunos casos quedaban bien manifiestas las deplorables consecuencias de un centralismo exacerbado que, como consecuencia de las distancias, llegaban a extremos grotescos. La ciudad de Santiago quiso establecer un servicio de alumbrado público y serenos. El expediente municipal pasó a la capitanía general de la isla de Cuba, que lo envió al ministerio de Marina, Comercio y Ultramar, éste al Gobierno y éste a las Cortes; las Cortes a la comisión correspondiente, que evacuó un dictamen que volvió a las Cortes, donde fue aprobado y devuelto al Gobierno (el 4.11.1837) para «que resuelva lo que estime por conveniente». ¿Cuándo regresaría a Cuba? ¿Cuándo se establecería el alumbrado público en Santiago?

Por lo que se refiere a Filipinas, la Gaceta de Madrid de 29.8.1837 recogió una alocución de un gobernador y capitán general interino, Pedro Antonio Salazar, fechado el 21 de febrero, que dejaba muy pocas dudas sobre sus ideas: «Aunque todavía no se ha recibido ninguna Real orden ni aviso oficial que haga saber cuáles son las intenciones del supremo gobierno respecto a las posesiones ultramarinas, no hay motivos de dudar de que serán las más acertadas y las más conformes a las circunstancias de estos moradores. Cualesquiera que sean, yo por mi parte estoy dispuesto a cumplirlas y a hacerlas cumplir: mi obligación, mis opiniones políticas y la confianza que he debido a la augusta madre de nuestra inocente Reina así lo exigen. Secundará con todo mi poder las órdenes que emanen de su gobierno supremo, disponiendo su observancia. Cuento, pues, con que todos unidos y acordes caminaremos a la conservación del sosiego público».

La singularidad más llamativa de la colonización y administración de las Filipinas fue la intensa presencia de los frailes («misioneros») que contribuyeron más que los militares y los funcionarios a la españolización de las Islas. Por eso fueron autorizados a continuar allí como excepción a la supresión general de las comunidades religiosas. Y es que según explicó Ferrer en su discurso del 29 de mayo de 1837, «en Filipinas los frailes misioneros no han tenido por objeto ni han hecho una especulación como en España, del fomento del fanatismo, sino muy al contrario ellos han servido allí para atraer e incorporar a los diversos naturales de aquellas islas a la gran familia española por medio de la persuasión y del buen ejemplo. Así es como han conseguido reducir a la obediencia las diversas razas que pueblan aquel archipiélago y se conocen con los nombres de igorrotes, mindanaos, etc.»

Las relaciones entre las provincias de Ultramar y otros Estados tenían lógicamente el carácter de internacionales y en consecuencia los tratados que con éstos se celebraban necesitaban de la autorización de las Cortes. Un ejemplo tomado del Diario de Sesiones es «la capitulación de paz, protección y comercio estipulada entre el capitán general gobernador de las islas Filipinas y el sultán de Joló» informada favorablemente el 4.10. 1837 por las comisiones de Estado y de Comercio.

En la discusión que tuvo lugar el día 12 del mismo mes puso Martín de los Heros de manifiesto que «en la isla de Joló está el jefe de la piratería de aquellos mares; allí se hace un tráfico horroroso de esclavos cristianos; allí se abrigan los malvados, los malhechores de todas las demás islas (...) De la conservación de esta isla dependen todas las demás y varias veces han salido expediciones por orden del Gobierno español que han tenido por objeto apoderarse de ella (sin resultado)».

Las consecuencias de este decreto no hubieran sido tan graves si el Gobierno y las Cortes se hubieran ocupado con diligencia de los asuntos ultramarinos: algo que, como era de temer, no sucedió nunca y aquellas islas estuvieron siempre peor atendidas que la Metrópoli, que solo veía en ellas una fuente de rentas. Un ejemplo de esta desidia lo vemos en el caso de la amnistía posconstitucional, que nunca llegó a aplicarse en Cuba a pesar de los esfuerzos de Madoz, Alcorisa, Montoya, Osca y López de Pedrajas y que el Gobierno no estimaba con el pretexto de que había pedido informes al gobernador de La Habana y que éstos no llegaban. Explicación que hizo exclamar indignado a Madoz el día 26.10.1837: «Si esperamos a que lleguen esos informes será lo mismo que decir que el decreto de amnistía nunca se hará extensivo a aquellas provincias porque sus autoridades no tienen interés alguno en que se publique la amnistía. Si las resoluciones de las Cortes han de tener por resultado que el Gobierno diga que cumplirá cuando pueda, es por demás que hagamos recordatorios de esta especie».

En cualquier caso la elección de las Cortes por un «orden armado» introdujo un régimen semicolonial que había de durar medio siglo más. En este punto las Cortes constituyentes de 1837 –a diferencia de lo que había sucedido con el reconocimiento de la independencia de los nuevos estados americanos– no actuaron de manera unánime sino que se mostraron profunda e irreconciliablemente divididas. La mayoría impuso el criterio de un orden garantizado por la tutela militar a costa de los derechos y libertades constitucionales, mientras que la fracción radical se negó a sacrificar el ideal constitucional. En otras palabras, en el dilema entre los principios puros y el pragmatismo realista, las Cortes se inclinaron por esta segunda opción. Y, sobre todo, así se garantizaba la continuación de las remesas económicas y tributarias desde la isla. En resumen: la sinceridad de la ideología liberal se puso a prueba en el debate sobre las provincias ultramarinas y es obligado confesar que no superó el examen.

La política ultramarina de las Cortes progresistas de 1837 y del Ministerio progresista de Calatrava-Mendizábal es un ejemplo más de decisiones liberales en su conjunto y no de una de sus estirpes: con el dinero, con la Patria y con el botín del Poder no se jugaba y todos estaban unidos. O casi todos, porque quedaban todavía un puñado de diputados que conservaban los ideales originales que con el tiempo no se habían evaporado.

El Congreso era consciente de que la cuestión de fondo era la independencia, que con la fórmula oficial se retrasaba pero no se solucionaba. Mientras que la fórmula de la oposición, aunque más arriesgada, permitía una integración incluso a largo plazo. Y, en fin, la ambiciosa sugerencia de Vila brindaba una posibilidad extensible a la Península –esto era lo más destacable– que terminaría enraizando en ella un siglo más tarde.

Lo que resultaba evidente en todo caso era la ruptura total con la situación y el régimen de la época gaditana, cuyas huellas se borraron a conciencia. Ahora ya nadie podría recordar la famosa proclamación del artículo primero de la constitución: «La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». O la fórmula del tempranísimo decreto de 15.10.1810:

Los dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola y misma monarquía, una misma y sola nación y una sola familia y por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son iguales en derechos a los de esta península.

* * *

3. RÉGIMEN PROVINCIAL

Organización provincial.– Provincias e intendencias: el Real decreto de 26.9.1836.– Dictámenes de 19 y 20 de diciembre de 1836.– Debate sobre la cuestión principal.– Provincias de régimen especial: la cuestión foral.- Provincialismo catalán.– Provincias insulares.

Organización provincial

El Gobierno Calatrava-Mendizábal se encontró con una división político-administrativa del territorio español de nuevo cuño, puesto que, aun ordenada ya en el primer período constitucional e incluso seriamente preparada en el Antiguo Régimen, había sido realizada a las pocas semanas de haber fallecido Fernando VII por un decreto de Javier de Burgos de 30.11.1833, cuya trascendencia parece ocioso ponderar habida cuenta de que nadie ha puesto en duda que la organización territorial del Estado español moderno nació en aquel momento o, mejor todavía, que fue entonces cuando la organización territorial del Estado español se hizo moderna. Modernización, sin embargo –ni en este contexto ni en ningún otro–, significa necesariamente perfección y ni siquiera ventaja, sino simplemente cambio.

La nueva organización provincial tuvo que imponerse por la fuerza en algunos lugares, como en Cataluña, y desde luego no respondió a las esperanzas que había despertado puesto que, por los agobios de la guerra, no pudieron los llamados subdelegados de Fomento ocuparse del fomento económico que había imaginado Burgos y los aspectos más visibles fueron el de la policía y el de la manipulación electoral así como el costo que suponían sus empleados. Según denunció El Vapor de 10.2.1836, «una institución eminentemente provechosa y de adelantamiento se hizo casi odiosa a los pueblos, no viendo en los flamantes empleados sino una nueva casta de consumidores, una nueva plaga o devoradora langosta que corría de provincia en provincia (...) Militares, togados, rentistas, cesantes, jóvenes y viejos, todos presumían tener derecho al botín, todos se adjudicaban hijuelas (...) volaban a las provincias haciendo alarde de una autoridad cuya investidura desconocían, cuya extensión no alcanzaban, cuyas ramificaciones les eran absolutamente misteriosas». Y por si esto fuera poco, se había dejado pendiente el fleco de las intendencias, cuyo recorte tantos quebraderos de cabeza había de dar a Mendizábal, según veremos luego.

Sin contar con las intendencias y las delegaciones de policía (la superintendencia de ésta fue suprimida el 4.10.1835 en razón de la impopularidad de su personal y de sus funciones), la organización provincial tenía dos caras: la jerárquica estatal de índole unipersonal (subdelegados de Fomento, jefes políticos, gobernadores civiles sucesivamente) y la que adoptaba la forma de una corporación popular que recogía, de abajo arriba, las energías procedentes de los ayuntamientos y en último extremo del pueblo. En ambas caras contaban con un régimen provisional, de 1834 y 1835, que fue bruscamente trastornado al restablecerse el régimen constitucional.

El nuevo régimen provincial, una de las palancas más eficaces y al tiempo más vistosas del Estado constitucional liberal, no fue creado ex novo y de golpe por la conocida Instrucción de Javier de Burgos sino que sufrió un proceso de maduración mucho más largo de lo que suele pensarse. La realidad es que la planta de 1833 se basaba en las autoridades militares, los intendentes de rentas, los subdelegados de Fomento y las Audiencias, que eran, como a la vista salta, los mismos elementos del Antiguo Régimen con la única novedad de los subdelegados de Fomento, cuyas atribuciones procedían en gran parte de los corregidores tradicionales. Esta planta suponía ciertamente un avance respecto de la anterior pero seguía moviéndose dentro de las coordenadas de siempre. La evolución liberal no se coronó hasta que las piezas de la Administración nacional se encajaron con la diputación provincial popular y de tal combinación nació la provincia constitucional.

Provincias e intendencias: el Real decreto de 26.9.1836

La división territorial impuesta por el Real decreto de 30.11.1833 no coincidía con la tradicional división de intendencias, de tal manera que, al haber menos intendencias que provincias, se producía un grave desajuste como se denunciaba con insistencia. Así El Vapor, de Barcelona, en su número de 20.6.1836 recogía un temprano artículo del madrileño El Español en el que se planteaba frontalmente esta cuestión: «¿Hay una absoluta necesidad de que existan a un tiempo los intendentes y los gobernadores civiles? ¿No pudieran refundirse en uno las funciones de ambos destinos? (...) Nuestra opinión favorece la reunión de los gobiernos civiles a las intendencias bajo un solo jefe que deberá llevar el nombre de intendente, aunque sería más propio el de prefecto y más español el de asistente». Una actitud tajante que, sin embargo, no ignoraba las dificultades de la empresa puesto que –advertía a renglón seguido– «si los gobernadores civiles han de correr como hasta aquí con la policía, ramo minucioso, impertinente y que hace consumir mucho tiempo en odiosidades, y los intendentes han de seguir como hasta ahora la rutina establecida y han de entender en pormenores minuciosos de ejecución, será vano el pensar en la reunión porque no hay hombre capaz de entender a todo y el resultado sería muy fatal para el público». Pero todo esto no era más que un simple preludio de lo que vendría luego cuando el Ministerio se decidió a realizar –o a iniciar la realización– de esta tarea.

La presencia simultánea en la mayor parte de las provincias de dos órganos de la Administración nacional (el intendente y el subdelegado de Fomento o gobernador civil o jefe político) planteaba como mínimo dos cuestiones: la de su compatibilidad, es decir, la de la conveniencia de que subsistieran los dos y, caso de que se decidiera que con uno bastaba, la de determinar cuál de ellos debería desaparecer y sus funciones ser absorbidas por el otro.

Al propio Burgos no se habían escapado los inconvenientes de esta duplicidad de cargos pero no se decidió a integrar las intendencias en las subdelegaciones, tal como se había hecho antes en Francia con los prefectos porque –como explicaría luego en Ideas... (pp. 86-88)– «esto es posible allí porque el sistema de Hacienda es muy sencillo (...) Cuando entre nosotros se organicen de un modo análogo las dependencias de la Hacienda, podrá encomendarse la vigilancia sobre ellas a los jefes de la administración. Pero de confiárselas sin hacer aquel arreglo preliminar resultaría una acumulación de facultades incompatibles que complicaría en lugar de simplificar». Las intendencias eran en verdad un bocado demasiado grande como para poder ser digerido por los pequeños gobiernos civiles. El pez pequeño no suele devorar al pez grande. En el proyecto de presupuesto para 1839 apareció una lista de los empleados de rentas de Sevilla, que nos da una buena idea de su desmesurado volumen: 3 en Intendencia, 22 en Contaduría, 9 en Administración, 4 en Tesorería, 3 en Archivo, 88 subalternos, 77 en Puertas, 16 en Salinas, 94 en la fábrica de Tabacos: 891 en total contando los de las oficinas de partido. ¿Cómo podría integrarse todo esto en un gobierno civil que sólo contaba con 7 empleados? Y sin olvidar que la calidad técnica de estos empleados provinciales debía ser bastante deficiente a tenor del juicio de un hombre tan ponderado y tan buen conocedor como Santillán (I, 173) para quien «el personal de estas oficinas de provincia era en general tan poco útil aun para los trabajos más materiales que el más ímprobo de la Contaduría General no alcanzaba a remediar los defectos de que las cuentas venían plagadas».

La decisión de Burgos de dejar en este punto las cosas como estaban no evitó la encendida polémica entre los partidarios de las dos posibilidades de la absorción. Rodríguez Camaleño (1835, 70 ss.) entendía que, por razón de sus respectivos volúmenes, la lógica era que fueran las intendencias las que absorbieran a los gobiernos civiles, pero no se decidió a apoyar esta fórmula porque en su opinión y entre otras razones «los intendentes considerarían siempre la recaudación como el primero de sus deberes y el desempeño de las atribuciones de los gobiernos civiles no sería a sus ojos sino una especie de accesión, de orden muy secundario».

En el año 1838 se reavivó esta polémica como consecuencia de una nueva reorganización que se anunciaba. Todos los periódicos estuvieron prácticamente de acuerdo en la conveniencia de la fusión, pero había gran disparidad en el modo de llevarla a cabo y en quién había de ser el que sobreviviese. El Castellano tomó partido a favor del intendente mientras que El Eco del Comercio se inclinó por el gobernador. Este último periódico en su número de 31.12.1838 argumentaba su postura en el hecho de que «lo menos debe reunirse a lo más, y no al contrario». El Correo Nacional, por su parte, el 27 del mismo mes consideraba «un grave error» la fusión proyectada dado que inevitablemente había de deteriorar la imagen del jefe político en quien «el pobre veía antes un protector, una autoridad que se identificaba con sus padecimientos»; mientras que ahora «al asumir las competencias del intendente va a asumir también lo que éste representa, la personificación de todo el peso de las contribuciones, la acción del Estado que grava con exacciones a los propietarios y ejerce la fuerza».

En cualquier caso lo que urgía era aumentar el número de intendencias para lograr la necesaria correlación de los dos ámbitos de la administración provincial: el de lo político-administrativo y el de lo económico y, dejando para más adelante el problema de su eventual función, esto fue lo que realizó el Real decreto de 26.9.1836 al crear 17 intendencias nuevas, sobre las 32 ya existentes, para que hubiera una en todas las 49 provincias establecidas en 1833:

Requiriendo la buena administración y recaudación de las rentas y contribuciones públicas que la división económica de las provincias se ajuste a la civil del territorio español; habiéndose mandado así por el decreto de las Cortes de 15.5.1822, 1.º Se establecerán tantas intendencias de la Hacienda pública cuantas son las provincias de la monarquía, según la división del territorio español hecha por mi Real decreto de 30.11.1833, hasta que las Cortes determinen lo conveniente. 2.º La Dirección general de Rentas se ocupará incesantemente en formar las plantillas de todas las intendencias del Reino, procediendo bajo la base de reunión de rentas por excusar oficinas y empleados que no sean absolutamente indispensables para llevar el servicio. 5.º La clasificación de provincias, si conviniese que la haya, los sueldos de los intendentes, sus clases, sus ascensos de unas a otras (...) queda reservado para otro Real decreto que me dignaré expedir.

Esta disposición, como puede verse, no se contentaba con equiparar provincias e intendencias sino que atendía también a los gastos de personal, procurando reducirlos lo más posible mediante una racionalización de la recaudación y, por supuesto, de las plantillas. Ésta era una de las opciones posibles –la más lógica ciertamente–, aunque desde luego cabían otras empezando por la operación inversa, o sea, reducir el número de provincias hasta ajustar sus límites a los de las intendencias. Y una tercera, propuesta en su día por Martínez Falero, consistente en la supresión pura y simple de las intendencias, trasladando sus funciones a las jefaturas políticas provinciales.

El primer problema que planteaba este Real decreto era de naturaleza constitucional, puesto que en rigor sólo resultaba admisible cuando las Cortes estaban cerradas. Una vez abiertas éstas, era necesaria ya su convalidación parlamentaria expresa; y esto fue lo que solicitó inmediatamente el Ministerio Calatrava-Mendizábal. Ahora bien, lo que hubiera podido ser un simple trámite –habida cuenta de la racionalidad y de la oportunidad de la medida– se complicó como sucedía casi siempre en aquellas legislaturas. Por lo pronto, lo que pudiera llamarse cuestión principal se vio obstaculizada por una proposición alternativa de Martínez Falero, ya aludida, que pretendía la absorción de las intendencias por las jefaturas políticas, con lo cual ya no había necesidad de aumentar el número de aquéllas. Despejado este incidente, el debate se centró no ya en el reajuste del número de intendencias sino en el reajuste de los empleados que habían de ocuparse de ellas o, si se quiere, en el control de sus nombramientos, ceses y traslados, en la medida que ello podía suponer un aumento de gastos: algo que obsesionaba a los diputados en aquellos tiempos de extremada penuria y que se convertiría finalmente en el eje de la discusión.

Al finalizar el debate se resolvió la cuestión a gusto del Gobierno en el sentido de que las Cortes le concedieron una amplia autorización para que terminara las medidas de reajuste que estaban en marcha y adoptara en el futuro las que considerase oportunas sin más limitaciones que una austeridad de gastos en la política de personal que evitara la explosión de la empleomanía y el nepotismo. Examinando todo esto con mayor detalle, podremos comprobar que lo que en su inicio parecía una cuestión administrativa sencilla se complicó de forma inmediata por una inevitable tensión interministerial –entre la secretaría de Gobernación, de la que dependían los jefes políticos, y la secretaría de Hacienda, donde estaban integrados los intendentes– y, lo que es más grave, por la politización del asunto desde el momento en que Álvaro decidió utilizarlo como arma para su oposición al Ministerio.

Recién abiertas las Cortes, Martínez Falero en su proposición de 11.11.1836 –en la que se recogía una determinada opinión extraparlamentaria de la que ya hemos dado noticia– quiso dar un paso más en esta política de ahorrar y suprimir las intendencias por entender que con la reorganización administrativa y territorial de 1833 se habían quedado superfluas. Lo que razonaba diciendo que «al proponer que se supriman las intendencias, he tenido presente que desnudas de sus atribuciones en punto a propios y pósitos, caminos y correos, minas, recursos sobre agravios y abastos, les quedaba muy poco o casi nada, de todas ellas, por lo que conviene suprimirlas mediante no tener casi objeto y costar mucho. La misma razón de economía existe para suprimir las depositarías, agregando sus funciones a las de la administración con que están unidas. Lo mismo sucede respecto a las depositarías de partido, que venían muy bien cuando los pueblos distaban 25 o 30 leguas de la capital; pero son en el día inútiles con la nueva división de las provincias, porque sólo distan 10 o 12 leguas y los individuos de los pueblos cabezas de partido pueden pasar cómodamente a hacer los pagos en la capital al tiempo que van a otros negocios».

Pero el expediente abierto a este propósito se entrecruzó con una exposición de la secretaría de Hacienda, basada en el Real decreto de 26.9.1836 y que solicitaba que las Cortes ratificasen lo que el Ministerio había hecho antes de la constitución de éstas. Lo que la comisión aprobó por mayoría pero con un interesante y agresivo voto particular de Álvaro dando lugar a un dilatado incidente del que nos vamos a ocupar con detalle a continuación.

Dictámenes de 19 y 20 de diciembre de 1836

El 19.12.1836 se leyó un dictamen de la mayoría de la comisión de Hacienda y voto particular de Aniceto de Álvaro, relativos a la exposición hecha a las Cortes por el secretario de Despacho de este ramo, acerca de la conveniencia de ajustar la administración económica de las rentas públicas a la actual división política del territorio español. El de la mayoría decía así:

1.º El secretario del Despacho de Hacienda queda autorizado para que pueda proceder desde luego a establecer provisionalmente la administración económica de las nuevas provincias, cuidando bajo su más estrecha responsabilidad que no se aumenten por ello los gastos públicos, pues que los de las nuevas oficinas deberán ser precisamente cubiertos con las economías y reducciones que se hagan en las antiguas intendencias. 2.º Todos los empleos que con este motivo se confirieran han de entenderse en comisión hasta el arreglo definitivo y uniforme de todas las dependencias de Hacienda de las provincias, acordados que sean los nuevos presupuestos. 3.º El Ministerio procurará dar entrada en dichos destinos a los cesantes útiles y adictos al régimen constitucional, a fin de economizar gastos del Estado.

Este dictamen de la mayoría no tenía a primera vista nada de particular puesto que se limitaba a recoger en lo sustancial las disposiciones del Real decreto que se pretendía convalidar parlamentariamente. Lo interesante venía en el voto adicional suscrito por Álvaro desde una oposición tenaz e implacable a la obra de Mendizábal, singularmente temible en materias como ésta puesto que el diputado era un reputado hacendista y antiguo funcionario de esta secretaría. La seriedad del voto de Álvaro contrastaba con la frivolidad del de la mayoría, poniendo de relieve que la cuestión no era tan sencilla como parecía, que buena parte de las promesas anunciadas eran falaces y que, de ser aprobado el dictamen y convalidado el Real decreto, se produciría un desbarajuste administrativo. Veamos lo más sustancial de este voto particular:

Publicado el Real decreto de 26 de septiembre, que prescribía el establecimiento de las nuevas Intendencias para empezar en 1.º de diciembre, un clamor general se manifestó contra él, hasta el punto de paralizar el Gobierno su determinación y formar un nuevo expediente pidiendo informes a las diputaciones provinciales y otras autoridades, como es de ver por Real orden circular de 6 de octubre inmediato. Del resultado de estas nuevas indagaciones no se ha dado conocimiento alguno a la comisión (...) La separación de las rentas estancadas y arbitrios de amortización, verificada en 1835 por el Ministerio Toreno, aumentó los sueldos de los empleados en las provincias desde 9 a 14 millones, o sea, 5 millones anuales, y cuando se prometía un aumento en los ingresos del Tesoro, las Cortes recibieron el triste desengaño de observar una baja de más de 100 millones en las rentas e impuestos comprendidos en el presupuesto aprobado por las Cortes para 1835 (...) Para atenuar el mal efecto que debía producir en la acción un aumento de gastos, se promete el Gobierno dar una nueva planta a las oficinas de rentas en las antiguas provincias y economizar en ellas lo que se ha de aumentar en las nuevas. Pero no presenta la demostración de este aserto.

Como consecuencia de lo anterior resultaba que el Congreso tenía que debatir sobre dos dictámenes de la comisión (uno mayoritario, que recogía la proposición del Gobierno, y otro particular de Álvaro); pero antes había de pronunciarse sobre la proposición de Martínez Falero. La discusión empezó, pues, sobre este punto, en el que había recaído un dictamen de 20.12.1836 de contenido decididamente reprobatorio:

La comisión entiende, de acuerdo con el Gobierno, que la variación propuesta no puede tener efecto con aquella regularidad mientras subsista el actual sistema de rentas y contribuciones (...) y que para que tuviese efecto sería preciso acomodar a ella las instrucciones y órdenes que rigen tanto a la Hacienda pública como a las jefaturas políticas. El todo de la máquina administrativa está concebido y ordenado para que existan estas dos autoridades independientes entre sí y sometida cada una a su respectivo ministerio (su momento de discusión sería, pues, con los presupuestos) y cualquier alteración parcial y precipitada que antes se adoptase sería trastornadora y perjudicial.

Abierto el debate el 25.1.1837, Martínez Falero empezó analizando la importancia y naturaleza de la reforma propuesta y utilizando al efecto un estilo que recordaba mucho el usado por Cea y por Burgos años antes: «las leyes administrativas son las que más afectan a los pueblos; si las leyes políticas merecen la consideración que se les presta, es porque con el establecimiento de un buen gobierno garantizan la buena administración de los Estados. Es necesario que la reforma política vaya acompañada de la económica. Nada adelantaremos con dar leyes constitucionales si no hacemos ver a los pueblos que disminuimos los empleos y los gastos y bien necesita nuestra administración esta reforma». Y a continuación atacó el dictamen rebatiendo con minuciosidad todas y cada una de las objeciones que hasta entonces se habían levantado: «En trance de sacrificar a una de las dos cabezas he solicitado la supresión de los intendentes con sus secretarios con preferencia a la de los jefes políticos porque tengo muy presente que ellos han aniquilado desde su establecimiento el resto de las libertades municipales que todavía disfrutaban las provincias y son los que han ejecutado todas las exacciones, todas las vejaciones que hasta ahora han experimentado los pueblos; al paso que los jefes políticos han nacido con el sistema constitucional y su magistratura está unida a recuerdos muy gratos por los principios de libertad que al propio tiempo se establecieron y han procurado propagar con su autoridad». En cuanto a la objeción que se le había hecho del exceso de trabajo que había de agobiar inevitablemente a las unidades administrativas por él propuestas, respondió que «si cinco oficiales han sido suficientes, más que suficientes, para dar salida a todos los negocios, ahora que gran parte de los trabajos que les estaban destinados han pasado a las diputaciones provinciales debe haber un antecedente (sic)».

En defensa del dictamen (y en contra, por consiguiente, de la proposición) habló naturalmente el ministro, quien recordó que ya había aplicado esta fórmula, y con éxito, en Granada y Baleares. Y también Álvarez García: «La proposición del sr. Falero trastornaría todo el sistema que rige y vendría a convertirle en un caos (...) Las teorías, las abstracciones son de muy poco valor cuando se trata de aplicaciones».

Mata Vigil, por su parte y en contra del juicio laudatorio de Martínez Falero, no dejó pasar esta oportunidad sin criticar a los jefes políticos, pues en su opinión, «utilísimos son los gobiernos políticos, pero ¿se han conseguido los beneficios que se esperaban de su establecimiento? No. ¿De dónde nace eso? Una de dos: o no hubo buena elección para jefes políticos y carecen de los conocimientos precisos para ejercer esa autoridad o tienen inaplicación al trabajo».

El Dictamen se aprobó finalmente por 65 votos contra 45, abriendo así la puerta a la discusión principal, es decir, a la convalidación parlamentaria del Real decreto de 26.9.1836.

Debate sobre la cuestión principal

En la sesión del 26.1.1837 empezó hablando García Patón –un animoso miembro de la oposición– basándose en razones de gasto y ahorro que era lo que en aquel momento más importaba: «Aprobado el dictamen de la comisión tendremos 17 intendencias más con sus secretarías, igual número de contadurías, 17 administraciones, 17 tesorerías y 17 oficinas de amortización, que hacen un total de 85 oficinas nuevas, que dotadas con su correspondiente número de jefes y oficiales subirán muchísimo, lo cual es ir aumentando gastos nuevos y por esta razón digo que no veo economías sino aumento de gastos».

La contestación del secretario de Hacienda fue contundente: la reforma no iba a provocar nuevos gastos. Una afirmación, sin embargo, que como la contraria de García Patón, carecía de valor puesto que ni una ni otra se apoyaban en cálculos previos. Más importancia tuvo su declaración de que se trataba de una simple operación provisional aunque –puntualizóno improvisada: «Los pueblos recibirían un beneficio muy grande, porque no tendrían que ir a la capital de la provincia a hacer las reclamaciones y a entablar sus pleitos y a que se les haga justicia, cuando en otro lado podrían hacerla a seis u ocho leguas que hoy forma la cabeza de partido (...) Las Cortes deben tener presente que todo esto lleva el carácter de provisional y que no se trata de aumento de gastos, ni tampoco de improvisación». Sobre este punto de la improvisación insistieron luego Fontán y Álvaro puesto que era el cargo principal que, junto con el de mayor gasto, se hacía a la reforma.

En la sesión del 27 de enero intervino Olózaga en apoyo del Ministerio para poner de relieve los inconvenientes que resultaban de la falta de coincidencia territorial de los distintos servicios administrativos haciendo notar que «desde que se verificó esa división han seguido las provincias con diferente organización en lo civil, en lo contencioso, en lo administrativo y en lo eclesiástico y son muy graves a la verdad los males que se han seguido de esto».

En la sesión del 28 de enero se cerró la discusión sobre la totalidad del dictamen con un discurso, en nombre de la comisión, de Fernández Baeza, quien contestó como pudo las objeciones que se habían ido presentando hasta entonces: «El segundo ataque que dirigió a la comisión (el sr. Díez) fue el decir que se le concedía al Gobierno un voto de confianza. Yo no entiendo que el decirle al Gobierno qué clase de empleados son los que ha de ocupar y cuáles han de ser las provincias, sea darle voto de confianza. Si el poner empleados y plantar las oficinas lo calificamos de voto de confianza, entonces todo lo que hace el Gobierno puede decirse que es un voto de confianza; porque si las Cortes decretan una medida cualquiera, el Gobierno es quien la pone en ejecución». Desde el punto de vista de la teoría constitucional (al menos de la moderna) tenía razón Fernández Baeza puesto que en modo alguno se trataba de un voto de confianza sino de una ley de autorización (de las que ya se ha hablado en el capítulo correspondiente) a las que tan aficionado era Mendizábal habida cuenta de que le facilitaban mucho su estilo de gobernar.

Seguidamente empezó la discusión sobre el articulado, hablando en contra del artículo primero Martínez Falero: «Si se ha de establecer un intendente con su oficina, un contador con la suya, un administrador con la suya, un tesorero con la suya, un administrador y contador de estancadas, otro de bulas, otro de noveno y excusado, como sucede en las antiguas intendencias, mi voto siempre será en contra del dictamen». La respuesta del secretario de Hacienda no fue del todo congruente con las críticas, pero forzoso es advertir que en ella se encontraban unas observaciones muy interesantes: «La administración de las rentas puede asemejarse a un carro de cuatro ruedas, de las cuales las tres estaban ya puestas y la cuarta era la división de que se trata y que por consiguiente, no aprobándose ésta, quedaba parado aquél. (...) Las Cortes tienen suficiente experiencia para conocer que no participo yo de la empleomanía, o sea del deseo de aumentar empleos. No se dirá todavía del actual ministro de Hacienda que en ninguna oficina de las que ha arreglado haya aumentado el número de sus empleados. En todas las que se han arreglado ha habido supresión de empleos».

En esta misma sesión reabrió Cabrera de Nevares la conocida acusación de achacar al Gobierno que en este asunto había actuado con precipitación: «Yo encuentro inconveniente en que cuando se va a hacer una cosa tan importante a la administración pública de las rentas del Estado, se haga de un modo provisional, pudiendo con una corta demora hacerse de un modo estable y premeditado».

Reproche desactivado de inmediato por Alejos Burriel, miembro de la comisión, quien aportó unos datos que demostraban que la reforma, en efecto, no era el fruto de improvisación, antes al contrario: «Entraré en la cuestión principiando por la historia de este asunto. Las Cortes saben que el sr. ministro de Hacienda se presentó a ellas pidiendo que se le autorizase para llevar a efecto un decreto que se dio por el año 22. A las Cortes les cabía la doble satisfacción de restablecer un decreto, que felizmente ya entonces había producido mejores resultados; y pasándose todo el expediente a la comisión de Hacienda, ésta tuvo por muy conveniente llamar al ministro de Hacienda a fin de oírle en todos los particulares. Estos procedimientos es necesario que las Cortes los sepan, a fin de que resalte la verdad desnuda y se vea el proceder candoroso, que es característico de los individuos que componen la comisión de Hacienda. El sr. ministro de este Ramo presentó todos los datos que podían servir para emitir la comisión, no un dictamen aéreo sino muy fundado y para que esta cuestión se ilustrase cual convenía el día que llegase a discutirse, el sr. secretario de Hacienda presentó en primer lugar una Memoria, escrita por los señores directores de rentas».

Este relato –que tanto ilustra sobre la colaboración de los ministros en los trabajos del Congreso– disipaba buena parte de las acusaciones; pero Álvaro, tercamente, no se dio por satisfecho: «Una de las desgracias de la cuestión presente, como todas las de Hacienda, es que entre nosotros, aun los hombres más eminentes en saber, hay muchos que hacen una especie de vanagloria de no entender ni querer entender en materias de Hacienda, mirándolas como de un rango inferior, porque no se les da todo el valor que realmente merecen. Y por eso la mayor parte de los señores diputados desean salir cuanto antes de esta cuestión y votan sin haber formado un juicio propio. (Yo) he dicho que este expediente no tenía toda la instrucción necesaria. Ésta es mi opinión y no tengo motivo para variarla. Si a alguno le parece bastante instrucción una exposición del ministerio y dos largas conversaciones del mismo, a mí no. He dicho que los expedientes de esta clase, que en nuestras oficinas se han llamado generales, se han instruido siempre presentando los hechos, la experiencia, los datos y los resultados que poseen las oficinas para de todo deducir la necesidad de la reforma. Se ha oído sobre ellos a los jefes, oficinas y corporaciones en quienes existen conocimientos especiales y prácticos, y muchas veces a personas inteligentes, aunque no fuesen empleados. Y así vestido el expediente y con la opinión de la secretaría, fundada en cuanto arrojaba aquél, no sería la primera vez que habiéndose presentado al Rey un negocio de esta clase, hubiese dicho: informe Fulano, designando una persona suficientemente caracterizada para ello». Siendo de notar, además, que –tal como se puso de relieve en la sesión del día anterior– el asunto de los intendentes se había consultado a las diputaciones provinciales sin que la mayoría de éstas hubiese dado una respuesta.

La contestación de Alejos Burriel no se hizo esperar adelantando unas ideas que parecen propias de las modernas «teorías de la comunicación»: «El beneficio inmenso que resulta a los pueblos del sistema representativo es que formamos aquí como una escuela, donde damos lecciones a los pueblos. Porque yo me congratulo y lleno de regocijo al saber que nuestras opiniones, las ideas que aquí vertemos, las doctrinas que sentamos, se leen con gusto en las cocinas de los lugares y con interés extraordinario. La capacidad de las gentes sencillas es por desgracia demasiado limitada: no sólo no pueden comprender, no digo los misterios, sino las más triviales demostraciones; y si no hay guías que se lo digan, no pueden entenderlas. Ahora estamos en el caso de instruir y hacer saber a los pueblos lo que queremos, a fin de que comprendan que cuando aprobamos un dictamen o damos un decreto, lo hacemos para beneficio suyo, y aun para hacerles más bien que el que ellos piensan, porque no son capaces de conocer la existencia de las miras que se llevan en los acuerdos de las Cortes».

Gómez Acebo, cambiando el tercio, volvió entonces a sacar a relucir el manido tema de los cesantes, pues temía que a la hora de realizarse esta operación no se cubriesen los destinos ampliados con los cesantes producidos en las oficinas suprimidas: «Hace una porción de años que se está oyendo decir que mientras haya cesantes a nadie se ocupe, a nadie se den destinos. ¿Y qué ha sucedido? Todo lo contrario. Yo quiero que se imponga al Gobierno la obligación precisa de que no pueda emplear más que a los cesantes y que para emplear a los que no lo sean tenga que pedir a las Cortes la correspondiente autorización. (...) Si tomamos nota de esas listas, que nunca se acaban, veremos que se encuentran muchas personas útiles que están disfrutando floridos sueldos de cesantías. Y persona que disfruta 20.000 reales sin hacer nada, es claro que no quiere trabajar».

Por lo mismo el secretario de Hacienda se vio obligado a continuar con este tema aunque ello supusiera un desvío no pequeño de la cuestión principal: «No puedo convenir con S.S. con toda la latitud que quiere, pues entonces el Gobierno no gobernaría ni sería responsable en la administración y manejo de los negocios públicos. Si el Gobierno no pudiese en ningún caso emplear a una persona, que bien por sus servicios, aun cuando no fuera empleado, bien por sus conocimientos especiales fuera útil en un ramo, sin permiso de las Cortes, creo que el Gobierno no gobernaría; y me parece que en este caso las atribuciones de los poderes se involucrarían unas con otras».

La siguiente intervención de Fontán fue tan arriesgada que sólo él, con su autoridad, podía permitírsela, dado que en ella tocaba uno de los puntos neurálgicos de la política liberal. Porque es el caso que los liberales estaban considerando el aparato público como un botín propicio para el saqueo y cada empleo como un premio a su patriotismo. Con la consecuencia de que los escalafones del Estado se renovaban en cada cambio de Ministerio con la justificación o el pretexto de que los servidores públicos tenían que ser «adictos». ¿Cuántos liberales ardientes no alimentaban su fe con la esperanza de encontrar un sueldo? Los críticos sociales –los llamados «costumbristas» (y bien conocidos son los reiterados textos de Larra sobre este particular)– habían denunciado ya esta práctica como una de las perversiones que más desacreditaban al liberalismo. Pero nadie se atrevía a hacerlo en un foro respetable, y menos en el parlamentario. De aquí la trascendencia de las observaciones del diputado gallego que se atrevía a romper un tabú. Algo que necesariamente tenía que molestar a sus compañeros: «La comisión dice que se atienda a los cesantes útiles y adictos al régimen constitucional. Cesantes, en hora buena, que sean útiles también, adictos al trabajo quisiera yo que lo fueran porque empleados adictos hay muchos, pero muy pocos los que lo son al trabajo y creo que no podremos remediar este mal. Toda vez que se deja al Gobierno la facultad de nombrar empleados, desde el jefe de una intendencia hasta el último portero, no se disminuirá ese mal que el señor Acebo quiere que se disminuya y el ejército de empleados quedará siempre en pie y el servicio en mucha baja. El Gobierno debe tener sólo por empleados los responsables del trabajo y del buen desempeño de la administración. Para esto, nombrando el jefe de una oficina, un segundo que le sustituya y si es necesario un tercero ¿para qué se quiere más? Para aumentar los gastos, para poner estorbos y embarazos al jefe, para que éste no pueda reprender a un subordinado inaplicado, cuyo diploma es igual al suyo, que quizás tiene más favor y que tal vez es capaz de hacerle perder su destino y que le trasladen a cien leguas de distancia».

Pero los progresistas avanzados, como Caballero, no podían ceder en este punto que tan buenas rentas electorales les producía: «Desde el año 34 hemos estado clamando por que se purguen las oficinas que dependen del Gobierno de personas que eran nuestros enemigos, que estaban ayudando a D. Carlos dentro de las mismas oficinas en que cobraban un sueldo que les pagaba la nación y sería tristísimo que ahora volvieran otra vez, como se dice vulgarmente, las nueces al cántaro y que los que han sido justamente expulsados los viésemos colocar en las oficinas».

El asunto quedó en fin (provisionalmente) cerrado con el Decreto de 15.2.1837 en el que se satisfacían los deseos del Gobierno mediante una amplia autorización que convalidaba las actuaciones pasadas y daba cobertura parlamentaria a las futuras, sin perjuicio de ciertas limitaciones en materia de personal, aparentemente rigurosas, pero que en la práctica podían ser incumplidas sin excesivas dificultades. Su texto reproducía literalmente el dictamen de 19.12.1836 (ya reproducido más atrás) sin otra alteración que la de precisar que la autorización no era a favor del «secretario del Despacho de Hacienda», como se decía en el dictamen, sino al «Gobierno de S.M.».

El anterior debate deja inevitablemente un regusto amargo porque en él se reflejó perfectamente la impotencia del régimen parlamentario e incluso la dificultad de gobernar responsablemente. Nada más racional, en efecto, que homogeneizar territorialmente las unidades administrativas de gestión. Algo tan evidente que lo que sorprende es que no se hubiera hecho antes. El decreto de Javier de Burgos no había sido una estación de llegada sino más bien un portón que se abría para reorganizar paso a paso la administración provincial puesto que aún faltaba integrar –o al menos coordinar– a los subdelegados de Fomento con las demás unidades administrativas provinciales. Una tarea que lamentablemente se había dejado a un lado hasta que Mendizábal puso sus manos en ella. ¿Por qué, entonces, se ponían obstáculos para que llegase a buen término?

Aquí se tiene la sensación de que fue muy acertado el comentario de Pedro Gil y de Ramón Calatrava de que Álvaro disparaba por elevación, es decir, que lo que atacaba no era este proyecto concreto sino al Ministerio y que, por ende, no estaba colaborando sino obstruyendo, tal como el hermano del presidente del Consejo de ministros había advertido en la sesión del 29 de febrero: «Uno solo (de los críticos), el sr. Álvaro, la ha combatido de frente y con bien poca cortesía por cierto; pero sus tiros, como ha dicho muy bien mi digno compañero el sr. Gil, han sido por elevación, pues que iban manifiestamente asestados a otra parte».

La Real orden de 24.2.1837 (Gaceta del 2 de marzo) supuso un paso más, ahora definitivo, en la ejecución de este polémico proyecto. Advirtiéndose en el preámbulo que estaban por concluir próximamente en la Dirección general de Rentas y en la Contaduría de Valores los trabajos sobre el arreglo provisional de las oficinas de rentas en las provincias y acercándose por lo tanto al establecimiento de las nuevas intendencias, se regulaba minuciosamente el régimen de los nuevos destinos de personal de estas oficinas.

Provincias de régimen especial: la cuestión foral

Roto formalmente el régimen provincial uniforme para Ultramar, quedaban en la península e islas adyacentes ciertas peculiaridades territoriales que para algunos exigían también una excepción expresada en lo que se denominaba «regímenes especiales», que afectaban a las provincias forales vasconavarras, al provincialismo catalán y a los archipiélagos.

Abolido el Antiguo Régimen parecía que tenían que desaparecer por completo las peculiaridades forales de las provincias vasconavarras y ésta fue, como veremos, la posición adoptada desde el centralismo madrileño, exasperado quizás por la postura contraria defendida por los carlistas. Aunque resultaba evidente que en los comienzos de la guerra civil ningún papel jugó el foralismo, no menos claro era que con el tiempo fue adquiriendo mayor importancia hasta llegar a suponer una baza para las negociaciones de paz jugada más o menos hábilmente por Muñagorri y el propio Espartero. Otra cosa era, sin embargo, cómo se veía todo esto en las Cortes constituyentes; y a la descripción de lo que sucedió en este escenario vamos a limitarnos deliberadamente aquí, ya que de otra suerte se desbordarían los objetivos de este libro y basta con remitirnos, entre otras, a las autorizadas monografías de M.C. Mina, del Río Aldaz, Cajal Valero, Martínez Pérez y tantos otros; con un repaso historiográfico notable de Urquijo Goitia. La cuestión de los fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, desde su múltiple perspectiva histórica, política, jurídica y social, sigue siendo una mina inagotable de investigación y polémica, que sería frívolo abordar marginalmente. Lo que no obsta a la utilidad, por muy modesta que sea, de aportar unos testimonios parlamentarios procedentes de un momento crítico, que es lo único que aquí nos proponemos.

Todavía el 1 de marzo de 1837 la cuestión parecía tan sencilla que para algunos diputados, como Abargues, se podía solucionar con el simple arbitrio de «introducir en las provincias rebeldes que creen defender sus fueros ejemplares del proyecto de constitución a fin de que sirva como una bandera nacional, como un centro de unión para todos los españoles» y así sacarles de su error.

En este contexto no puede olvidarse el anterior Dictamen del Consejo de Gobierno enviado al Consejo de ministros el 24.3.1834 acerca de las provincias forales:

La medida de mantener y respetar los fueros en la ocasión de la próxima convocatoria de las Cortes Generales, por hallarse en posesión ininterrumpida las Provincias Vascongadas y la Navarra de un sistema de gobierno representativo especial, sancionado por el tiempo y por la voluntad de los Soberanos que han regido a España por algunos siglos, podrá producir muy buen efecto para su pacificación y para la extinción de la guerra civil, anunciándose con dignidad y por el medio indirecto de convocar simultáneamente las Cortes de Navarra y las Juntas Generales de las Provincias Vascongadas que no se intenta hacer alteraciones en sus fueros. Esta contribución a acallar los ánimos de aquellos naturales, alterados con el temor de ver holladas las instituciones que han heredado de sus mayores, quitarían el pretexto de que se valen los autores y jefes de la rebelión para extraviar a muchos incautos que acaso pelean en el concepto de que defienden sus antiguas libertades.

Ahora bien, con la herencia de la Constitución de 1812, expresamente aceptada, ¿podía el liberalismo renunciar a la uniformidad política, que era uno de sus ejes vertebradores? Difícilmente y menos contando con la presencia de Argüelles que seguía defendiendo esta ideología con el mismo empecinamiento que hacía 25 años.

La discusión empezó a tomar forma en la sesión de 14.12.1836 aunque se planteó en las Cortes de una manera sorprendente, casi marginal, al hilo de una deuda que había sido contraída por la diputación foral de Guipúzcoa para poder construir un camino que enlazaba su capital con la provincia de Álava. El origen de la deuda era, por tanto, exclusivamente foral; pero ahora pensaban los diputados guipuzcoanos que si se eliminaba el foralismo, la deuda había de quedar automáticamente asumida por el Estado. Así fue cómo por un puñado de reales fueron ellos mismos los que solicitaron la igualación de regímenes de todas las provincias peninsulares. La proposición que a tal propósito presentaron decía así:

Los diputados que suscriben, animados de los deseos más vehementes de que las provincias de Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, a las que tienen el honor de representar, se uniformen en cuanto a su régimen político bajo la Constitución que se diere a la monarquía española, de la cual compondrán una parte integrante, haciendo desaparecer cuanto impida la más cordial unión entre todas las provincias de la misma, y contemplando de justicia, atendida la administración interior con que se han regido hasta ahora aquellos países, que se garanticen de un modo especial los capitales que tomaron a censo e intereses para construir las muchas leguas de caminos reales que los atraviesan, facilitando las comunicaciones generales de la nación entre sí con la Francia, piden a las Cortes se sirvan restablecer los decretos que las Cortes generales de la nación tuvieron a bien expedir en 29.4 y 16.3 del pasado año 1822.

Lo que andando los años se llamaría «cuestión foral» y más tarde «nacionalista» apareció, pues, de manera inesperada y se discutió en términos muy agrios en la sesión del 16 de enero. El primer hito oficial importante fue un dictamen del día 13 de la comisión de restablecimiento de decretos, que decía así:

Por orden de las Cortes de 29.4.1822 se resolvió que habiéndose contraído la deuda de 13.156.275 reales y su interés anual de 340.192 reales que contra sí tenía la provincia de Guipúzcoa para la construcción del camino que desde el confín de Álava se dirige hacia Irún y para otros objetos de utilidad pública, se aplicaren al producto de la las contribuciones territorial y de consumo 680.384 reales anuales para pago de intereses y laición de capitales; y por otro de 12 de mayo siguiente se hizo extensivo lo dispuesto con la debida proporción a la Deuda pública en las provincias de Pamplona, Vitoria y Bilbao. Los sres. diputados de dichas provincias piden el restablecimiento de las órdenes citadas y la comisión desconocería los principios de la buena fe y de la justicia que motivaron la expedición de aquéllas si no propusiese al Congreso que sean restablecidas inmediatamente.

En la discusión del dictamen se anunciaron varias intervenciones en contra y ello dio ocasión –aunque nada tuviera que ver con el conflicto financiero original– para que Martín de los Heros, diputado de Bilbao, hiciera un encendido recuerdo de las peculiaridades históricas de las provincias vascongadas: «Espero manifestar al Congreso el estado de independencia en que se han encontrado las provincias vascongadas. Sus asambleas provinciales liquidaban cuentas y formaban un estado de gastos. (En ellas) no se han conocido las contribuciones que en Castilla se exigen, porque tampoco se han conocido ni monasterios ni obispo ni cabildo ni nuestros mayores han querido admitirlos nunca». Aún más contundentemente se manifestó Armendáriz, diputado de Navarra: «Es menester que las Cortes tengan presente que Navarra es una monarquía de la cual es rey el Rey de España; pero es una monarquía tan independiente que en nada se asemeja al resto de la nación española (...) Tiene sus aduanas en el Ebro y libre su comunicación con Francia, y así es que las leyes del país llaman extranjero a todo lo que no es navarro».

Peculiaridades que, sin embargo, no obstaban a su conciencia de ser españoles y a su deseo de entrar en el régimen común y único de toda la nación, como postulaban los principios liberales. En palabras del mismo Martín de los Heros, «todos queremos formar parte de la unidad nacional, pero queremos que se haga esto progresivamente para que cuando todos los pueblos de la península hayan adelantado más en las instituciones liberales, nosotros nos uniformemos con ellos». Y en el mismo sentido Ferrer: «Yo soy de aquel país y tengo el honor de ser su representante; pero primero soy español, y como mil veces lo tengo repetido en este recinto, atiendo a la unidad. Ni quiero privilegios ni para mi país ni para ninguno». Y después de contrastar la opinión contraria de los carlistas, añadió: «Mientras que en España no consigamos que no haya sino una ley en toda ella; mientras que no haya unidad en el gobierno de las provincias, no habrá Estado sino una confusión». La unidad era únicamente, pues, cuestión de tiempo: «Pues es claro que tan luego como se consiga la pacificación de aquel país (...) si queremos aprovechar sus consecuencias, es menester que inmediatamente se pongan en plan allí todas las disposiciones comunes a todas las demás provincias. (Aunque, eso sí) sin perjuicio de que cuando llegue el caso de tratar el sistema administrativo, manifieste las ventajas que podrán resultar a la nación de que admite el régimen administrativo que se observa en las provincias vascongadas».

En cuanto a Navarra, su diputado Ligués afirmó igualmente que «yo también me alegraría que ese nombre (de los fueros) se olvidara porque deseo la unión de todos los españoles». Y en 1840 su diputación provincial terminaba reconociendo que «la constitución de 1837 es en la esencia lo mismo que los fueros primitivos de Navarra (...) y que en lugar de padecer el menor quebranto se mejoraba al influjo de la soberanía de la representación nacional». No hay que olvidar, con todo, que la uniformidad nacional tenía dos vertientes: la política (que es de la que aquí estamos hablando) y la normativa consagrada en el artículo 4 de la constitución al decir que

unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes civiles y criminales.

En este nivel la cuestión era menos delicada, mas no dejaba por ello de tener importancia, como puso de relieve Armendáriz, cabalmente al discutirse este precepto en la sesión del 29 de marzo de 1837: «Con relación a la organización social de Navarra indicaré el cuidado que deben tener los señores de la comisión cuando se trata de aplicar este artículo a aquel país. En él es tan distinta la legislación que no hay una sola ley, por ejemplo, sobre sucesión, sobre testamentos, que se parezca a las que rigen en general el resto de las provincias. Yo no me opongo al artículo presente en cuanto a que no rijan en aquel país los códigos cuando se hagan en la forma anunciada».

Los diputados bilbaínos y navarros –que al fin y al cabo invocaban los fueros como un argumento lateral en apoyo de una reclamación económica de varios millones de reales– tuvieron enfrente a otros diputados que se mantuvieron estrictamente en el terreno financiero y presupuestario; pero el gallego Fontán, de apasionamiento conocido, se centró directamente en la cuestión foral y reprochó a los primeros el que, pese a sus buenas intenciones patrióticas, «se acuerdan todavía mucho de sus fueros y dificultan la fusión con las demás provincias de la monarquía, empeñándose tanto en mantenerlos. Y es necesario borrar hasta el nombre de tales privilegios y exenciones para que pueda verificarse la unión que tanto nos interesa».

En esta réplica Fontán hizo especial hincapié en la situación de los demás reinos históricos de la Corona de España: «Se dice que Navarra es una monarquía independiente. Desde que Fernando el Católico la ha conquistado es un reino, una provincia de España. Independientes serán también Asturias, Granada, Sevilla, Galicia y todos los reinos que han compuesto la nación española. ¡Monarquía independiente se dice y se habla de transacciones! (Si Navarra tiene sus Cortes) ¿no tenía su Junta el Reino de Galicia, su Diputación provincial Asturias? ¿No tiene cada provincia sus anomalías y sus provincialidades? (...) No queramos renovar esas soberanías miserables que ha habido en otro tiempo y no servirían más que para acumular en la Península tantos reinos como provincias cuenta la monarquía, cuyos nombres ni aun debieran existir si aspiramos a unirnos y estrecharnos como lo necesitamos». Para terminar con una advertencia final: «Y que no se verifique nunca que los de mi provincia puedan decir somos independientes, como se quiere decir de las Provincias vascongadas y navarras, porque si lo dicen, lo sostendrán».

Una alusión a los fueros hizo Abargues en la sesión del 1 de marzo de 1837 considerándolos como una de las causas de la guerra civil: «Dos son los principios porque se hace la guerra actual en España: el primero, el del absolutismo puro, principio que tiene eco en algunos gobiernos del norte de Europa y que lo tuvo antes en Portugal. El segundo principio porque se hace la guerra, principalmente en el norte de la península, es por defender sus antiguos fueros».

Por cierto, que el 2.9.1837 tuvo lugar un extraño incidente. Los diputados vascos Martín de los Heros y Arana pidieron que constara en acta su voto contrario a lo acordado, manifestando que no pudieron hacerlo en su momento ya que llegaron tarde al debate creyendo que éste iba a celebrarse más tarde, puesto que de hecho se adelantó dos horas a lo que se esperaba. ¿Fue una casualidad o una maniobra para privarles de la palabra aprovechándose de su ausencia? Los reclamantes –cuya pretensión no fue estimada por ser antirreglamentaria– se cuidaron muy bien de no acusar a nadie, sabiendo que eran ellos los culpables por su falta de puntualidad, pero la duda quedó en el aire y vale la pena traer aquí el comentario de Olózaga en nombre de la comisión: «la comisión siente muchísimo haberse visto privada de las luces del sr. Heros en la breve discusión que ha habido sobre este punto; pero como sabía la extensión de conocimientos con que se la podía atacar por S.S. estaba también preparada para sostener el dictamen».

Y de allí se pasó al uniformizador decreto de 19.9.1837 en el que, a propuesta del Gobierno, se dispuso que:

1.º Cesarán desde luego las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, estableciéndose en ellas diputaciones provinciales con arreglo a la constitución y leyes vigentes. 3.º Se autoriza al Gobierno para que establezca aduanas en las costas y fronteras de las tres provincias y Navarra, dejando expedita la comunicación con las demás provincias del Reino. 4.º El Gobierno establecerá, en los puntos en que las circunstancias lo permitieren, jueces de primera instancia para la administración de Justicia conforme a la ley.

El caso fue, no obstante, que el comandante general de Vizcaya prohibió por su cuenta la instalación de la diputación provincial, tal como denunció a las Cortes el ayuntamiento de Bilbao y aquéllas se limitaron el 26.10.1837 a enterrar el asunto pasándolo a la comisión correspondiente, que era una especial nombrada para conocer de las exposiciones relativas a la diputación foral de Álava. De notar es que frente a la sugerencia de Gómez Becerra de que la exposición bilbaína pasase al Gobierno, se opuso Alcorisa con el sensato argumento de que eso era «no decir nada, porque el Gobierno ha debido saber que la ley no estuvo puesta en ejecución y sin embargo no ha tomado ninguna medida, siendo así que en el mismo momento en que supo que no se había puesto en ejecución la ley debió haber quitado el destino al comandante general de Álava, y la cabeza».

Nótese, con todo, que con este decreto no se había pretendido liquidar definitivamente la cuestión de los fueros, puesto que en él únicamente se aludía a una de sus manifestaciones –la organización provincial– dejando a un lado otras no menos importantes: la peculiar asignación y distribución de las contribuciones de dinero y de sangre que, tal como estaban las cosas, nadie consideraba oportuno tocar.

La raíz de las confusiones se encuentra en el hecho de la absoluta falta de sinceridad de los planteamientos parlamentarios que presuponía la existencia de dos tendencias de simplicidad maniquea e irreal: de un lado los liberales antifueristas en aras de la unidad constitucional y del otro los carlistas foralistas por convicción tradicional. Es posible que si las cosas hubieran sido tan sencillas el problema hubiera podido resolverse con un golpe de fuerza militar o gubernativa; pero la opinión de la sociedad vasca era mucho más matizada. Porque el foralismo se dividía claramente en dos variantes incompatibles: la de quienes por fidelidad a la tradición y al orgullo de la tierra defendían la conservación literal de sus privilegios que consideraban intangibles; y la de quienes defendían una modernización de los fueros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la economía y del mercado. Un desgarrón ideológico que se correspondía aproximadamente con los segmentos sociales agrario y urbano respectivamente.

En una publicación de 1834 –citada por Coro Rubio (Diccionario, 318)– hicieron los vascongados una retirada táctica para intentar salvar lo más posible de sus fueros: «El Gobierno y las Cortes de Isabel II lejos de aniquilar a las instituciones forales deberían examinarlas, reconocerlas detenidamente y, vista su excelencia, conservarlas como un tipo de administración provincial». Así nació una nueva ideología política, el fuerismo, que, en opinión de la autora, defendía la compatibilidad de los fueros con el nuevo régimen liberal presentándolos como «un mecanismo de administración interior que conjugaba a la perfección los principios de orden y libertad».

No se trataba, pues, de un sencillo paisaje en blanco y negro. Y aún había más porque tampoco era lícito trazar una línea nítida entre liberales y carlistas ya que, dentro de aquéllos, la estirpe progresista era más intransigente en su afán abolicionista que la moderada, dispuesta a negociar no sólo a efectos de influir en la guerra civil sino para apaciguar los ánimos del pueblo vasco. Pues bien, en este panorama tan complejo el Congreso demostró que no era foro adecuado para arreglar las cosas habida cuenta de la aludida falta de sinceridad de los planteamientos. Los debates dejaban traslucir ciertamente que «algo había detrás» de las cuestiones forales, pero nadie se decidió a poner las cartas sobre la mesa, indecisión que significaba cerrar una eventual solución parlamentaria definitiva y dejar el asunto en manos de los conspiradores y de los generales. En otras palabras: la inhibición de las Cortes no significó que se pospusiese indefinidamente la salida sino que la solución se trasladó a otras instancias.

El decreto de 19 de septiembre, que ya conocemos, es una muestra más de la indicada ambigüedad de las Cortes, que no se decidían a dar un paso definitivo aunque tampoco estuviesen dispuestas a permanecer inactivas y más cuando alguien denunciaba la pasividad de ellas y del Gobierno. La historia del decreto ilustra perfectamente lo que se está diciendo.

Es el caso que las diputaciones forales de Guipúzcoa y de Álava se negaron a jurar la constitución de 1837 entre otras cosas porque el nuevo régimen de diputaciones provinciales suponía la disolución de estas instituciones forales. Así las cosas, varios ciudadanos de Vitoria se dirigieron a las Cortes pidiendo que declarasen nula, por inconstitucional, la elección de su diputación foral y a tal efecto se nombró una comisión especial integrada por individuos de mucho peso público y con una buena representación de diputados de los territorios aforados: Gómez Becerra, Fuente Herrero, Ferrer, Moure, Olózaga, Echevarría y Fernández Baeza, que el 28 de agosto (1837) evacuó un minucioso dictamen en el que al estimar la petición ciudadana criticaba ásperamente el régimen tradicional, a su juicio muy inferior al constitucional hasta tal punto que el pueblo vascongado

verá en lo sucesivo en su diputación la expresión de sus votos, en lugar del producto de la elección de la ciega suerte entre hombres designados como en Vizcaya por bandos, nombre que por sí solo repugna y por el método vicioso de dar igual representación a mil que a uno. Nadie hay entre los españoles que se atreva a anunciar que es útil y justo que en las juntas electorales tenga la misma fuerza la de un voto, un pueblo de más de 15.000 moradores que otro inmediato de sólo 140 habitantes; nadie que sólo los nobles puedan tener el voto activo y pasivo, mirándose los demás ciudadanos como ilotas.

Esta medida implicaba ciertamente una modificación importante del régimen foral, pero el dictamen se apresuró a precisar que no se pretendía

innovar nada de lo que habiendo contribuido a hacer la riqueza de aquel país privilegiado (...) pueda servir de modelo para plantear una administración económica.

Y por si quedara alguna duda se añadió que así se vería

que la constitución que hemos jurado y las leyes que emanan de sus principios, lejos de oponerse a esos fueros (...), no hace más que robustecer y aumentar las que con razón miraron sus abuelos como preciosas garantías de los derechos que debe tener un hombre en una sociedad civilizada.

De esta manera la comisión atendía las peticiones de los vecinos de Vitoria, pero no se detuvo aquí sino que acogiendo una proposición que al parecer había añadido el Gobierno al aportar los antecedentes, dio dos nuevos hachazos al régimen foral en materia de aduanas y de administración de Justicia que también se justificaba en el dictamen a través de una severa crítica de lo vigente:

La Administración de Justicia, o sea, la organización del Poder judicial está tan atrasada en aquel país como los siglos en que se hizo. Son jueces legos los que la administran en primera instancia y es caprichosa y hasta extravagante la marcha en el grado de apelación y sucesivas instancias; y la legislación criminal, que desde ahora debe ser común, era injusta para todos aquellos a quienes no cobijase la sombra del árbol de Guernica.

Siguiendo con el relato parece inexcusable recordar la resonante proclama de Espartero de 19 de mayo de 1837 (nótese bien: antes del decreto de septiembre) donde afirmó solemnemente que «como general en jefe del ejército de la Reina y en nombre de su Gobierno os aseguro que estos fueros que habéis temido perder os serán conservados y jamás se ha pensado en despojaros de ellos». Y por si lo anterior no estuviera suficientemente claro, el 30 del mismo mes comunicaba a la diputación foral de Vizcaya una circular del siguiente tenor:

Puedo asegurar con íntima y profunda convicción que no serán nunca suprimidos ni hollados (los fueros) porque la augusta y benéfica Reina Gobernadora y el excmo. sr. general en jefe tienen empeñadas palabras demasiado sinceras y solemnes. Tranquilícense, pues, los ánimos de todos sus administrados acerca del porvenir.

Estas declaraciones no podían ser más explosivas y además dejaban al Gobierno en una situación embarazosa, puesto que le obligaba o a desmentir a Espartero, precisando que no había hablado en nombre suyo, o a reconocer que su política era en este punto contraria a la de las Cortes. El asunto era tan delicado que todos se apresuraron a pasar hoja como si nada hubiera sucedido. El Eco del Comercio, sin embargo, no guardó silencio comentando con dureza el día 30.5.1837 que «¿qué ventajas y a quién se seguirán de restablecer los fueros de aquellas provincias? Ciertos magnates indudablemente ganarían, pues no hay duda de que es una ventaja para algunos el tener vinculado el mando del país; pero la gran mayoría, la casi totalidad de los habitantes perdería mucho dejando de gozar los beneficios de una constitución y demás leyes tan libres como las suyas». En la biografía de Hiraldez y Trujillo (1868, I, 321) hicieron los autores a este propósito el siguiente comentario: «El conde de Luchana hizo aquel ofrecimiento en nombre del Gobierno y por tanto las censuras que por este motivo le dirigieron fueron a dar de rechazo a los ministros, que se defendieron como les fue posible». Aunque imposible resultaba justificar razonadamente un cambio de criterio tan radical. En este punto, como en tantos otros, la ideología liberal, y singularmente la progresista, tuvo que sacrificar sus principios a las condiciones de la guerra civil.

Entre los teóricos del moderantismo Balmes (432) adoptó una postura significativamente pacífica: «Es falso que haya verdadero provincialismo pues que ni los aragoneses ni los valencianos ni los catalanes recuerdan sus antiguos fueros ni el pueblo sabe de qué se le habla cuando éstos se los mencionan, si los mencionaran alguna vez los eruditos aficionados a las antiguallas. Hasta en las provincias del Norte no es cierto que el temor de perder los fueros causara el levantamiento y sostuviera la guerra. Los que vieron las cosas de cerca saben muy bien que el grito dominante en Navarra y en las Provincias Vascongadas era el mismo que resonaba en el Maestrazgo y en las montañas de Cataluña».

Desde una perspectiva moderna Marichal (186) así ha resumido la cuestión: «Los progresistas se oponían a la continuación de los fueros por varias razones: por una parte sostenían que la guerra se había entablado para establecer la unidad nacional bajo la constitución y los fueros representaban una expresión de un regionalismo anticuado y casi feudal que había que modernizar; por otra parte los fueros permitían el libre comercio en las provincias del Norte, lo que perjudicaba a otras regiones en particular a la industria textil catalana».

Resumiendo: las Cortes constituyentes de 1836-37 y los gobiernos progresistas de aquel momento fueron decididamente antiforalistas mas no por animadversión histórica sino porque creían de la mejor buena fe que el régimen liberal era más justo que el foral y que, por lo tanto, con la supresión de los fueros no sólo se consolidaba la deseada unidad de la nación sino que se beneficiaba a los propios ciudadanos vasconavarros. Ahora bien, la unidad política que se imponía no implicaba necesariamente una correlativa uniformidad de los regímenes civil y administrativo e incluso fiscal que quizás hubieran podido reconocerse posteriormente; pero que no hubo lugar a ello por la intervención de Espartero, que cambió el signo del proceso que se estaba siguiendo y que culminó en la «ley paccionada» con Navarra de 1841 cabalmente durante la Regencia de este general.

En cuanto a la ley de 25.10.1839 por la que «se confirman los fueros de las provincias vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía» (art. 1), los historiadores actuales la consideran como una fórmula de ambiguo compromiso entre los moderados que querían una «ley de fuero» y los progresistas que propugnaban una «ley de constitución» que encajase más sólidamente a estas provincias en el marco constitucional.

Para terminar resulta interesante traer a colación el pensamiento de Mendizábal diez años después tal como aparece en su manifiesto parisino de 8.11.1846: «¡Fueros! han gritado siempre las provincias vasconavarras. Unidad constitucional les contestan las demás (...) Y un medio bien sencillo de conseguirlo se presta: importemos el sistema patriarcal de las provincias vascongadas en las demás del reino y aquéllas admitirán sin dificultad el orden constitucional que en éstas rige; que las ventajas que el Norte de España goza hoy por privilegio se convierta en instituciones para la nación entera».

En resumidas cuentas, la política foral de la Regencia de María Cristina no pudo ser más incoherente al no haber logrado armonizar las diversas y contrarias tendencias que en su tiempo se agitaban. Por lo pronto, la ideología liberal era uniformista sin contemplaciones y, por ende, incompatible con cualquier variedad provincial. En las Cortes constituyentes, su representante más extremado era Argüelles, que conservaba inalteradas sus convicciones desde las Cortes de 1812, si bien es verdad que otros, como el gallego Fontán, no le iban a la zaga. Algunos diputados de origen vasconavarro, sin embargo, templaban su rigor uniformista con matizaciones regionales que les era difícil expresar sin ser tachados de antipatriotas. La estirpe moderada, sin apartarse del uniformismo, no descartaba la posibilidad de algún compromiso. El sentir de la población territorialmente afectada era también diverso puesto que unos, próximos al carlismo, defendían apasionadamente los fueros sin la más pequeña relajación, mientras que otros admitían su adaptación a las circunstancias modernas; y sin olvidar, en fin, a los liberales consecuentes y, sobre todo, a la gran masa de los indiferentes.

Con estas fuerzas en presencia, la solución inevitable había de ser la centralista a ultranza, tal como se expresó en el decreto de septiembre de 1837 (publicado por el Ministerio Bardají aunque fraguado en el de Calatrava). Mas he aquí que inesperadamente apareció un tercero que cambió por completo la situación. Porque es el caso que terció Espartero y, pensando en lo que ello podría suponer para la guerra civil, no vaciló en apartarse de la política oficial del Gobierno y tendió una mano al foralismo, que los militares de uno y otro bando aceptaron con gusto. Para el Ministerio, en cambio, aquello debió ser un trago muy amargo y, al tener que soportarlo, se puso en evidencia quién era el que de veras mandaba en Madrid. Ese gesto de Espartero, frontalmente opuesto a las Cortes y al Gabinete –y por supuesto incompatible con la política liberal–, fue un acto de insubordinación que no se legalizaría hasta la ley de 1839.

Provincialismo catalán

Al cerrarse (aparentemente) la cuestión foral, quedaba abierto todavía otro frente: el del «provincialismo» (así se llamaba entonces) catalán, defendido briosa y tenazmente por la mayoría de los diputados de estas provincias y que, al igual que en el caso anterior, irrumpió por primera vez en las Cortes de forma inesperada.

El día 19 de noviembre de 1836 se estaba discutiendo en las Cortes una proposición para confirmar a María Cristina en su condición de Regente y Reina Gobernadora cuando Vila, ante la sorpresa general, describió la teoría pactista propia de la Corona de Aragón, que ahora pretendía extender al régimen constitucional, tal como ya se ha relatado en el epígrafe III del capítulo tercero de este libro: «Éste es el derecho de mi provincia y éste es el que hoy día, en su nombre, reclamo (...) Encargado en este lugar de los derechos de mi provincia, no hablaré otro lenguaje distinto del que hicieron nuestros mayores (...) y reclamo toda la extensión del derecho que compete a mi provincia».

El presidente del Consejo de ministros intentó poner entonces las cosas en su punto explicando que el sometimiento de los monarcas a las leyes del Reino no era una peculiaridad catalana sino una usanza común en la historia de España y se cortó el incidente. Pero la señal ya estaba dada y la cuestión había de reaparecer a la menor oportunidad a lo largo de toda la Legislatura.

Pocos días después, en la sesión de 7.12.1836 apareció Domenech con dos exposiciones (de la diputación provincial y del ayuntamiento de Barcelona) y se empezó a discutir si se iban a leer y si las corporaciones populares tenían derecho a representar en las Cortes. Con lo cual emergió, naturalmente, la cuestión provincial; pero conviene anotar que aquí –como en la carretera guipuzcoana– tampoco se trajo a debate de manera deliberada y frontal sino al hilo de una propuesta ministerial de declaración de circunstancias excepcionales que alarmó singularmente a los catalanes. Y así, tirando poco a poco de ese hilo marginal, se llegó pronto a la magna cuestión del provincialismo o, si se quiere utilizar un término hoy más familiar, del nacionalismo; pero que lamentablemente se dejó pasar la oportunidad de abordarla de frente y de aclarar explícitamente el ideario liberal sobre este punto.

Inició el debate Vila poniendo de relieve que «desde el momento en que se tuvo noticia en Barcelona de las propuestas del Gobierno (sobre declaración de circunstancias excepcionales), se sintió una impresión desagradable en todas las familias de los amantes de la libertad, recordando las tristes prescripciones que habían llenado de luto aquella desafortunada población». E inmediatamente se amplió la discusión aludiendo ya sin tapujos a las peculiaridades catalanas, a las que Argüelles hizo frente con el mismo entusiasmo uniformista y jacobino del que venía haciendo gala desde Cádiz:

«Anticipo mi opinión –empezó diciendo– acerca del asunto que actualmente nos ocupa, porque no me negarán los individuos que firman estas exposiciones la situación en que nos vemos de faltar a los principios legales que hemos sostenido. (...) Yo respeto a Cataluña como una parte integrante de la monarquía, pero no más. Igualmente respeto a Zaragoza, Galicia, etc. Igualmente a todas las provincias de España, y si se hace un ejemplar con Cataluña, quiero que se haga con Asturias y con todas las provincias del Reino (...) Yo he dicho ya cuál es mi opinión francamente. No se crea que yo retrocedo un paso de mis opiniones. Pero las consecuencias y la trascendencia de este paso es mucho mayor de lo que pueda suponerse (...) No se trata de una desmembración: se quiere convertir la España en una liga de provincias (...) Yo quiero una monarquía única, no general». Y al llegar aquí hizo una evocación insidiosa de las intrigas francesas: «Ha habido en París y Perpiñán en tiempo de nuestra emigración personas encargadas de fomentar la desunión de España, haciendo ver que las provincias podían formar una monarquía general».

La respuesta de Domenech no fue menos apasionada dejando bien claro que los afanes catalanistas nada tenían que ver con la separación o la independencia, pero que ello no obstaba a la legitimidad de sus reivindicaciones: «Una de las mayores inculpaciones, o digamos prevenciones, del sr. Argüelles es la tendencia que supone en los catalanes a cierto espíritu de excentralización o federalismo. Aunque parece esta idea nueva en el Congreso no lo es tanto que no haya dado lugar a varias contestaciones en conversaciones particulares entre varios señores diputados. Y puesto que se me provoca, sepa la nación entera que los catalanes aman como los que más la centralización, porque quieren la independencia nacional y me atrevo a decir que la Cataluña sería la última en ceder si llegasen a oírse las sugerencias de Francia. Su objeto es igual al de las demás provincias: la libertad y el trono de Isabel II y está muy distante de abrigar ideas de interés particular. Lo digo porque es así, créaseme o no se me crea; pero en este segundo caso sería tratar con injusticia a la provincia de Barcelona».

A Domenech siguió Alcorisa, otro catalán: «El sr. Argüelles ha atacado con poca delicadeza a los diputados catalanes, pues éstos han cumplido con su deber presentando a las Cortes las dos exposiciones que se les habían dirigido desde la diputación y el ayuntamiento; y si alguna provincia de España tiene derecho a representar contra la arbitrariedad y el despotismo, Cataluña es la primera»

La intervención de Salvato, otro diputado de Barcelona, resultó un tanto desconcertante porque manifestó que, a pesar de su condición, ignoraba la existencia de las exposiciones cuya admisión se estaba discutiendo. No obstante lo cual, creía que debían ser leídas en las Cortes mas «no porque sean de los catalanes sino porque son españoles». Añadiendo de forma contundente que «como español abrigo en mi corazón la noble idea de que la España sea homogénea y yo miro a esa provincia como una parte de las que componen el todo».

Al final se acordó que se leyeran las exposiciones y, después de leídas, las Cortes declararon simplemente que quedaban enteradas. Como se ve, no se había entrado de lleno en la cuestión del provincialismo catalán, pero éste había dado un fuerte aldabonazo en la historia parlamentaria de España, que no desaparecería nunca de esta legislatura, como lo prueba la intervención de Vila, ya aludida más atrás, en la sesión de 22.12.1836, al presentar una proposición, que es una de las expresiones más breves e inteligentes de una afirmación catalanista indiscutiblemente viva, aunque de hecho soterrada: «No se trata en la proposición de un sistema de independencia, no de un sistema de federación política, no de un sistema de separación de gobierno y sus provincias. Se trata de que bajo un sistema de unidad de centralización política se establezca una independencia y separación provincial en la parte administrativa y económica (...) Castilla, Aragón, Valencia, Galicia, Cataluña tenían sus Cortes y votaban independientes sus contribuciones y la Navarra y Provincias Vascongadas no han perdido aún este derecho. En vano han querido centralizarse sin una fuerza que aúne este derecho. Y cuando 30 o 40.000 hombres no han oprimido esta nación, todas las provincias han manifestado deseos de gozar de estos antiguos derechos, en cuanto los conocimientos actuales de gobierno puedan admitirlos contra los intentos abiertamente manifestados por la capital de la Monarquía (...) Yo ruego se tengan fijos los ojos en esa tendencia del siglo, en esa inclinación hacia la conveniencia de que se manejen en las provincias los negocios económicos, huyendo de esta centralización». Cerrándose la defensa de Vila con estas palabras: «Unas provincias con leyes y costumbres distintas, y aun algunas con idiomas distintos también, en vano se tratará de hacerlas felices si no se traban sus mutuos intereses y si no se fomenta la emulación en sus adelantos».

En los apuntes anteriores no se pretende obviamente terciar en la conocida polémica de la subsistencia del nacionalismo catalán durante el primer tercio del siglo XIX (que no es propia de este lugar) sino de constatar con testimonios irrefutables que los diputados catalanes en las Cortes constituyentes no hicieron declaraciones en tal sentido ni formularon peticiones con tal objeto. Prescindiendo de su eventual postura en otros contextos, la parlamentaria, según se ha visto, no puede ser más clara. Hay, con todo, un dato esencial que no puede dejarse pasar por alto: el confesado centralismo catalán del momento –igual que el de los vascos– no era ni radical ni mecánico sino que admitía matices y no sólo en beneficio de las provincias catalanas sino en el de todas las españolas. Así lo hemos visto en la transcrita proposición de Vila aunque no sólo en ella porque en otras intervenciones parlamentarias –recuérdese en el debate de Ultramar– este diputado (que no dudamos en calificar de pensador insigne) desarrolló unas ideas de singular sensatez política que, de haber madurado, hubiesen ahorrado a los españoles muchos conflictos posteriores cruentos e incruentos.

Al liberalismo suele imputarse la hazaña de haber creado el Estado español superando los fragmentos heredados de las Coronas del Antiguo Régimen. Esto es cierto, mas resulta necesario añadir, al menos, dos precisiones. En primer lugar se trató de una expresión entre las muchas posibles, dado que pudo también haberse adoptado una fórmula más flexible con inclusión en pie de igualdad de las islas ultramarinas y con peculiaridades de algunos territorios peninsulares y de archipiélagos adyacentes. Sólo desde hace poco se han empezado a calcular las ventajas y desventajas de la forma escogida. Porque hoy sabemos que la unidad y la centralización, por muy admirables que sean, no son bondades absolutas.

En segundo lugar, hay que ser también conscientes de que, dando por buena la salida que se adoptó, es un hecho que se llevó a cabo con manifiesta torpeza, porque no se tuvo coraje suficiente para abordar directamente las peculiaridades ultramarinas, catalana y vasconavarra, dejando que se fueran pudriendo y hasta que llegaran a exteriorizarse en esperpentos históricos al estilo del cantonalismo. No es lícito, desde luego, dejarse llevar por los gratuitos ensueños de lo que pudo haber sido y no fue, pero tampoco lo es ignorar que ha habido otras oportunidades históricas desaprovechadas.

Provincias insulares

El régimen de los archipiélagos no presentaba entonces peculiaridad política alguna. Las cuestiones referentes a ellos que llegaron a debatirse en las Cortes se referían, sobre todo en Canarias, a rivalidades interinsulares, como la determinación de la capitalidad insular que apareció en la sesión de 21.9.1837 planteada por Joven de Salas: «La capital de la provincia de Canarias, desde su conquista, ha sido la ciudad de Las Palmas en la isla de Gran Canaria, hasta el año 1822 en que las Cortes extraordinarias votaron que la capital se trasladase a Santa Cruz de Tenerife. Por lo demás, cuando llegue la discusión de este asunto, yo haré ver que la capital de Canarias es la ciudad de Las Palmas, pues el decreto que ha citado el sr. Moratín (diputado tinerfeño) es de ningún valor, no habiendo sido restablecido por las actuales cortes. Además, las Cortes han aprobado ya tácitamente que la capital sea la ciudad de Las Palmas, habiendo aprobado el artículo del arreglo del clero en donde se establece así expresamente».

La constitución de una sola provincia para todo el archipiélago influyó indirectamente en la organización eclesiástica dado que implicaba la supresión de uno de los dos obispados. Pero ¿dónde iba a estar la residencia del superviviente? En la sesión del 8.10.1837 tuvo lugar un agrio debate a este propósito puesto que, como era de esperar, Joven de Salas defendía los derechos de Gran Canaria frente a las pretensiones de Fernández de Moratín a favor de Tenerife y la sede de La Laguna.

Otras veces se trataba de cuestiones de carácter eminentemente técnico-administrativo como la condición del puerto de Santa Cruz de Tenerife, debatida en la sesión de 30.12.1836 a cuento de una proposición de Fernández de Moratín pidiendo el restablecimiento del decreto de 5.1.1822 declarando al de Santa Cruz de Tenerife puerto de depósito de primera clase. En palabras de este diputado, «el errado sistema de nuestro Gobierno, que no ha tratado nunca más que de sacar dinero, y que semejante al dueño avaro de la gallina que ponía los huevos de oro quiso apoderarse de una vez de la mina que suponía haber en su seno, le hizo aumentar los módicos derechos que en el principio pagaban los buques, sin considerar que esto sería agotar el manantial de prosperidad que fecundaba aquel país».

Lo que apostilló Martínez Falero con una observación que en aquel momento y lugar parecía osada: «Es muy extraño ciertamente que cuando nosotros miramos hasta con veneración muchas leyes recibidas de los godos, de los romanos, de los Concilios y de los Gobiernos más absolutos e irregulares, neguemos o impidamos se restablezcan las de las épocas constitucionales, que seguramente son las más honrosas para nosotros. Yo hice la proposición para el restablecimiento de los decretos y para que se nombrase una comisión que entendiese en ella, y si bien es cierto que no tendremos los individuos de ella todos los conocimientos necesarios o especiales, también lo es que de esto no es nuestra la culpa, pues si hubiese alguna, sería de la Mesa que nos nombró».

El asunto planteado por el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 12.3.1837 tenía un carácter muy distinto ya que lo que allí se pedía era que las Cortes «se sirviesen exigir la responsabilidad en que había incurrido el comandante general y la diputación provincial, comunicando su resolución al Gobierno a fin de que separase de su destino a dicho general y proveyendo a aquella provincia de un digno jefe político».

La petición terminó enterrada en la comisión de infracciones constitucionales no sin que antes los intereses del ayuntamiento fueran defendidos por el diputado de aquella provincia, Joven de Salas: «Si no se exige la responsabilidad al que quebranta la ley nada adelantamos. Esta responsabilidad es la que quiero yo que se haga efectiva hoy día en el jefe superior político de la provincia de Canarias, por haber infringido la ley, hollado la Constitución y traspasado los límites que ella le marca, mezclándose en un negocio que en manera alguna le competía. Responsabilidad tanto más necesaria en un magistrado que gobierna una provincia distante 300 leguas de la metrópoli y que reúne, por una anomalía que no puedo comprender, los dos cargos de jefe superior político de la provincia y comandante general de la misma». Se trata de que «ha anulado las elecciones del ayuntamiento sin autoridad competente para ello». Es el caso que después de las elecciones los vencidos «acudieron al último remedio que les quedaba, entablando un recurso de nulidad ante el jefe superior político de la provincia, con desacato de la diputación provincial, única autoridad competente en aquel caso, fundándose para ello en que las elecciones habían empezado el día 6 y seguros de su buen éxito, atendida la debilidad de carácter que el jefe político había manifestado desde su llegada a aquellas islas, viéndosele ser continuamente el juguete de un partido ignorante y demasiado atrevido, que le dominaba a su arbitrio y que gobernaba en su nombre. (...) Sin examinar las actas del ayuntamiento, sin pedir informes, sin ver todos los antecedentes que pudiesen ilustrar la materia y, en fin, sin consideración alguna, por sí y ante sí decretó la nulidad de las elecciones, abrogándose unas facultades que la ley únicamente reconoce a las diputaciones provinciales. (...) Sólo se acordó de que era comandante general de las islas y que tenía a su disposición las armas para hacer ejecutar sus órdenes, derechas o torcidas. Pero también olvidó de que existe un augusto Congreso dispuesto siempre a favorecer a los pueblos y a impedir con mano fuerte que las autoridades se sobrepongan a las leyes traspasando los límites que ellas mismas les marcan».

Mayor interés tenía también, aunque sea a título de curiosidad, la protesta presentada el 11.6. 1837 por todos los diputados insulares, quienes consideraron lesionadas a sus provincias por una formalidad de protocolo:

piden a las Cortes que habiéndose declarado por las mismas que los diputados firmen la nueva Constitución política de la Monarquía por el orden alfabético de las provincias que representan y no habiendo sido llamados en el lugar que les corresponde, se sirvan declarar que, no obstante que han firmado después de los representantes de la Península, se deben considerar sus firmas como si hubiesen sido puestas según el orden alfabético aprobado; y que para lo sucesivo se evite esta anomalía, rectificando la lista de las provincias y colocando a las Baleares y Canarias en las iniciales a que pertenecen puesto que todas deben considerarse iguales.

De la misma forma tampoco tenía carácter político la denuncia sobre el contrabando balear discutida el 3.4.1837 y que se refería a «una exposición de José María Paco Cánovas, fechada en Vélez Rubio, en la cual manifestaba que sin embargo de que en las islas Baleares no se cosechaba el trigo suficiente para su consumo, el Gobierno les había concedido la facultad de exportar a las provincias de la Península sus sobrantes de trigo, haciéndose al abrigo de esta medida un contrabando escandaloso de trigo extranjero, con grave perjuicio de la economía del país, y pedía que se quedase sin efecto aquella concesión».

En los últimos días de la Legislatura llegó a las Cortes un asunto que recuerda el de que antes se ha hablado sobre el camino de San Sebastián a Vitoria, pues supone una consecuencia lógica de la fusión de los antiguos reinos en la unidad de la nación española constitucional. Se trataba concretamente de un impuesto privativo de Mallorca de antigüedad venerable y origen bien conocido, que describió pormenorizadamente Campaner el 21.10.1837 al solicitar, junto con los demás diputados de las islas Baleares, que dicho impuesto dejara de ser local para ser satisfecho por todos los españoles: «Después de la entrada en la isla de Mallorca del rey don Jaime el Conquistador, tuvo que hacer aquella isla préstamos cuantiosos para atender a los gastos que se la originaron. En primer lugar, la guerra con la Cerdeña le obligó a un gasto de más de 60.000 duros. Después los apuros fueron en aumento y tuvo que contribuir al Estado con la cantidad de 20.000 anuales. Últimamente la guerra que tuvo que sostener contra los argelinos la puso en el caso de tener que equipar y sostener 23 naves de gavia, 3 galeras y 300 caballos. A estos gastos hubo que añadir los que se ocasionaron cuando el Rey don Juan tuvo que refugiarse en aquella isla huyendo del azote que afligía a la península. Los enormes gastos que con este motivo ocurrieron, agotaron todos los recursos de la isla en términos que tuvo que recurrir a préstamos (...) Los diputados de Mallorca hemos creído deber hacer esta proposición fundándola en los documentos que presentaremos a la comisión, por los cuales se prueba que dicha deuda no es privativa de la isla de Mallorca sino que pertenece a la nación entera, debiendo por tanto toda ella contribuir al gravamen indicado, sufriendo los acreedores la sujeción a las leyes vigentes sobre la deuda del Estado». Esta proposición no fue estimada pero su alcance era de gran calado puesto que significaba una lógica consecuencia del dogma liberal de la unidad de la nación española. Porque de ella deducían los mallorquines (como los guipuzcoanos en otro caso similar, que la nueva nación española debía absorber las antiguas deudas territoriales de las Coronas que ahora se habían fundido en el horno constitucional.

* * *

4. JUNTAS DE ARMAMENTO Y DEFENSA

Introducción.– Evolución normativa.– Liquidación definitiva de las Juntas de armamento y defensa.– Eliminación sistemática de sus secuelas.- Los casos de la Junta de Armamento de Zaragoza y de la Diputación provincial de Cuenca.

Introducción

Las Juntas provinciales de armamento y defensa operaron como la prueba de fuego del sistema político-administrativo provincial y forzoso es reconocer que éste no la resistió, poniéndose al descubierto (por si alguno lo dudaba) que todo era una falacia, una nueva legitimación formal de una realidad dominada por la fuerza y movida por intereses particulares. El sistema liberal, como es sabido, partía del supuesto de que la nación se gobernaba por sí misma pero actuando por medio de sus representantes –y sólo por ellos– legalmente designados; siendo la diputación provincial a este nivel territorial el único órgano legítimo, excluyéndose así cualesquiera otros, espontáneos o artificiales, fueran de inspiración progresista o moderada.

A la hora de enjuiciar una institución los constitucionalistas, y los juristas en general, lo tienen fácil porque se limitan a examinar los textos y, enlazando o separando algunas palabras, justifican sus conclusiones sin preocuparse de la realidad; y en último extremo lo mismo hacen los autores que tejen sus crónicas con manifestaciones ideológicas pomposas que toman por verdades. Las constituciones son ciertamente las reglas de juego, pero lo que de veras importa en una partida no son tanto las reglas formales establecidas en un papel como el cruce real de cartas y la cuenta de ganancias y pérdidas. En otras palabras: si se hacen trampas, hay que contar con ellas pues son las que determinan el resultado de las apuestas; como tampoco pueden silenciarse las situaciones en las que, más allá de las manipulaciones, las reglas se dejan a un lado.

En todos los movimientos juntistas coincidían varios elementos: por un lado, en base u origen era una explosión de descontento popular seguido de una reacción, o bien de represión o bien de control, por parte de una clase política con la intención de frenar el desbordamiento y poner la energía al servicio de un bando político, el progresista, que como mínimo había excitado el movimiento.

España es tierra de tradición juntista acreditada, cuya manifestación más conocida es la que tuvo lugar con ocasión de las invasiones napoleónicas: cuando se comprobó que las instituciones oficiales no reaccionaban, el pueblo se insurreccionó por su cuenta y los prohombres locales se apresuraron a ponerse al frente de los movimientos provinciales, es decir, que las juntas actuaron en sustitución de unos órganos estatales inoperantes. Esta fórmula tuvo un gran éxito porque, dejando a un lado el caos que provocaba y su ineficacia total, conjuntaba el entusiasmo popular con los intereses de las oligarquías locales. En cualquier caso, el experimento se repitió en el Trienio y en cada provincia apareció una junta como reflejo de la junta provisional que había tomado el poder cuando cesó de facto el último gobierno absoluto. Y lo mismo sucedió en 1835 aunque con un matiz diferencial importante. Porque ahora no se trataba de sustituir a unos órganos estatales inactivos sino de derribarlos primando una legitimación popular directa sobre la legitimación constitucional electoral.

Pero a este problema de choque y jerarquía de legitimaciones se añadía otro segundo no menos delicado, a saber, el de justificar que los alzamientos populares de bullangas callejeras sin cabezas visibles se canalizaran pronto en «juntas» de prohombres que se autoproclamaban y desplazaban a las diputaciones provinciales aprovechándose de la pretendida legitimación provincial, con lo cual se suplantaban al tiempo los movimientos de masas y las organizaciones oficiales. Los bullangueros habían abierto el camino anónimamente y los prohombres junteros podían recoger el fruto sin esfuerzo ni peligro.

Las juntas populares provinciales del verano de 1835 –instrumentos de ataque contra el Ministerio Toreno– tuvieron un carácter violento y adoptaron una actitud agresiva frente al Gobierno nacional que no cesó hasta el nombramiento de Mendizábal como presidente (interino) del Consejo de ministros. Las provincias gallegas ofrecieron la peculiaridad de constituir una sola junta denominada «Superior de armamento y defensa de Galicia», respondiendo a una generalizada tendencia a la supraprovincialidad exacerbada en Andalucía, Cataluña y Aragón con inequívocas inclinaciones federalizantes.

La segunda oleada de bullangas del verano de 1836 canalizó el descontento popular producido por la inactividad revolucionaria ministerial, no obstante las promesas de Mendizábal e Istúriz, y rompió los últimos diques levantados por la Transición, permitiendo la inundación revolucionaria cifrada en la constitución de 1812.

En el verano de 1836 se impuso por la fuerza la constitución de 1812 que traía una regla de oro: los órganos políticos de gobierno –el Congreso en Madrid y las diputaciones en provincias– eran elegidos por la nación. Ahora bien, los mismos que trajeron esa constitución se encargaron de utilizarla con trampas, lo que en el nivel provincial, que es el que aquí importa, suponía que los órganos constitucionalmente establecidos, o sea, las diputaciones provinciales, fueran suplantados por otros órganos nacidos en la calle que no tenían otra legitimación que su fuerza y el apoyo de unas autoridades débiles cuando no cómplices con tal operación. Así nacieron las juntas de armamento y defensa que con el tiempo hubo que ir domesticando con la conocida receta mendizabalista de la tolerancia, el soborno y la participación en el poder.

Como en una misma provincia no había sitio para una diputación y una junta, la salida fue fusionarlas, es decir, integrar, aunque de una manera un tanto confusa, a varios miembros de la junta en la organización oficial de la diputación. Lo cual era intentar juntar el agua con el aceite porque, incluso aunque mediase una comunidad de fines, la diferencia de origen y legitimación las hacía incompatibles.

Las diputaciones provinciales estaban en sintonía con las Cortes puesto que las dos habían sido nombradas por los mismos electores, mientras que los miembros procedentes de las juntas eran ya harina de otro costal y en los sitios en que conservaron su espíritu popular informal originario se producían roces inevitables con los elegidos legalmente. La consecuencia fue que en algunas provincias se reprodujeron las tensiones parlamentarias entre templados y avanzados, y ni que decir tiene que cuando en el Congreso se consumó la ruptura de las dos fracciones, el destino de los juntistas quedó sellado puesto que en las Cortes los mendizabalistas no levantaron la mano hasta la expulsión definitiva de sus competidores. Cierto es que los ministeriales tenían razón, puesto que formalmente la única legitimidad posible era la electoral y los juntistas carecían de ella al ser designados sin otro procedimiento que el establecido por ellos mismos. Pero en el fondo la legitimación del Ministerio Calatrava era la misma que la de aquéllos y una vez más se trataba de una simple cuestión de fuerza. Luego, las justificaciones constitucionales y funcionales vendrían por añadidura para cubrir, o al menos para disimular, la rudeza de los motivos auténticos.

Sea como sea, la fugaz y azarosa vida de las juntas provinciales de armamento y defensa nos ofrecen una lección estupenda de la historia real del progresismo de aquellos años: primero alcanzaron el poder en hombros de alzamientos callejeros, luego se suplantó el movimiento popular por juntas, posteriormente se incrustaron sus hombres en las diputaciones provinciales y al final se suprimieron las juntas y se borraron sus huellas.

Es imprescindible tener en cuenta el recordatorio anterior, por muy obvio que parezca, porque es el caso que durante el período que nos ocupa (y también antes y después) se formaron en algunas capitales de provincia ciertos órganos que, aun sin haber sido constituidos electoralmente, se autoproclamaron expresión legítima y exclusiva de la representación popular, dejando a un lado a las diputaciones. Su existencia se justificaba por el mal funcionamiento del Gobierno (no necesariamente de la diputación provincial a la que estaban desplazando) que por sí solo bastaba, al parecer, para poner en marcha un movimiento de actuación popular directa. En otras palabras, si los órganos constitucionales traicionaban los principios liberales revolucionarios, el pueblo estaba legitimado para revocar las representaciones oficiales y para ejercer directamente su soberanía, como había hecho ya en los inicios de la guerra de la Independencia y en el verano de 1835.

Los motines callejeros –las bullangas– solían despejar el camino sin dificultades, de tal manera que las diputaciones desaparecían cediendo el poder a las juntas y éstas se encargaban de contagiar a las provincias vecinas y dirigir el movimiento contra el Poder central de Madrid. Unas juntas eran más exaltadas y violentas que otras (en 1836 el único movimiento popular verdaderamente sangriento fue el de Málaga), aunque todas eran rabiosamente progresistas. Cada una se constituía a su modo sin utilizar jamás el procedimiento electoral ordinario y con frecuencia las autoridades locales se prestaban a colaborar con ellas, e incluso a dirigirlas, con el pretexto de evitar los excesos y desmanes del populacho. La realidad era que al cabo de pocas semanas, el pueblo se retiraba de las calles y las juntas –y con ellas el Poder local– quedaban en manos de gentes de orden aunque, eso sí, progresistas de pura cepa.

Lo grave del caso fue que el Gobierno central y la propia Reina Regente, prescindiendo de su espurio origen, las reconocieron y admitieron desplazando a las diputaciones constitucionalmente establecidas. Esto sucedió en los veranos de 1835 y 1836 siguiendo en ambas ocasiones un camino preestablecido; siendo significativo que en los dos casos las juntas, instigadas por los progresistas más o menos radicales, se alzaran contra el Gobierno moderado de Madrid.

En mayo de 1836 el Ministerio progresista de Mendizábal había sido sustituido por otro, el de Istúriz, aparentemente progresista también, pero vehementemente sospechoso de moderantismo, como el tiempo confirmaría. A este propósito podrá discutirse si la decisión de María Cristina de cambiar el Gabinete fue políticamente acertada o no; pero lo que está fuera de dudas es que obró dentro de sus facultades constitucionales.

Ahora bien, los progresistas no se resignaron a este cambio, que consideraron un golpe de mano, por muy constitucional que pareciera, de Istúriz y para rectificarlo acudieron a un procedimiento de éxito acreditado, incitando a la rebelión popular a las capitales de provincias, organizando tumultos callejeros «espontáneos» que las autoridades oficiales no pudieron –y en algunos casos no quisieron– dominar, hasta tal punto que si en algunas ciudades, como Málaga, las autoridades (Donadío, Saint-Just) fueron asesinadas al intentar contener al pueblo, en otras (Zaragoza, Valencia) se pusieron a la cabeza de la revuelta para evitar –según dijeron– la lucha armada y los saqueos, que utilizaron sin disimulo para apoyar sus reivindicaciones políticas, de cuya amplitud nos testimonia, por ejemplo, la exposición zaragozana del 10 de agosto de 1836 (tomada de El Vapor del 23):

La Junta de Gobierno, deseosa de organizar de una manera positiva la independencia del Gobierno de Madrid que hemos jurado, hasta que la nación reunida en Cortes decida sobre la ley fundamental del Estado, y considerando que es menester afianzar sobre la representación popular cualquier modo de gobierno que provisionalmente se establezca entre nosotros; y convencida por otra parte de que en circunstancias como las presentes, a más de la energía en el mando, es menester que este mismo poder gubernativo se halle contrabalanceado por el poder del pueblo y sea hijo de él y responsable, ha decidido (...) que el día 18 se celebrarán las juntas parroquiales concurriendo al efecto todos los vecinos que quieran hacer uso de este derecho (...).

Por cierto que entre los firmantes y componentes de tal junta provisional (llamada Junta Superior de Gobierno de Aragón), aparecen nombres tan conocidos de la oligarquía política que luego tomarían asiento en el Congreso nacional: San Miguel, Milagro y Alcorisa.

Sea como fuese, no se sabe cómo hubiera acabado aquella confrontación abierta entre el Gobierno y los sublevados porque el éxito del golpe de Estado (el «motín») de La Granja hizo inútiles las conjeturas. La Reina Gobernadora, acobardada, cedió y, cesando al Ministerio Istúriz, entregó el gobierno a Calatrava. Los miembros del Ministerio destituido escaparon de Madrid como pudieron y el capitán general de Castilla la Nueva, que había dominado horas antes sin dificultades los disturbios en la capital, no pudo esconderse ni huir a tiempo y fue asesinado y literalmente descuartizado por las turbas.

Formado el nuevo Gobierno, ¿qué podía hacerse con las juntas provinciales que en algunas provincias se habían establecido de hecho? Combatirlas era inimaginable puesto que a ellas debía el poder, y aceptarlas totalmente, como sustitutas de las diputaciones, parecía una infracción constitucional demasiado escandalosa puesto que el régimen político aceptado era el electoral-representativo y no el de la soberanía popular directa; aparte del evidente riesgo de que aquello se les escapase de las manos. En estas condiciones se acudió a una fórmula estrenada con éxito por Mendizábal en el verano anterior: reconocerlas pero integrándolas dentro de las diputaciones provinciales para darles así una cierta apariencia de legalidad. De esta manera se las «domesticaba» con la intención de ir desmontándolas luego poco a poco, previa desmovilización de las «turbas callejeras». En definitiva, una vez arriba, los progresistas volvieron a desarmar –sin peligro y sin escándalo– el andamio que habían utilizado para alzarse hasta el poder.

Veamos seguidamente cómo sucedió esto y la evolución posterior. Un análisis indispensable porque sin conocer a las Juntas provinciales de Armamento y Defensa (que no eran instituciones constitucionalmente previstas y cabalmente por ello) no puede entenderse el funcionamiento real de la organización provincial y del funcionamiento del progresismo en todos los niveles territoriales.

Evolución normativa

El primer paso de esta domesticación –el de la integración de las juntas en el aparato constitucional de las diputaciones provinciales– fue dado por la Real orden de 25.8.1836:

(S.M.) deseosa de aprovechar el entusiasmo y fuego patrio que han demostrado los pueblos en la pasada crisis política, se ha servido resolver que la Junta gubernativa creada últimamente en esa provincia se asocie a la diputación provincial y constituya en ella una comisión de armamento y defensa encargada de proporcionar todos los medios y recursos extraordinarios (sin tocar a las contribuciones y rentas del Estado).

Pocos días después, el ministro interino de Hacienda, Ejea, por Real decreto de 1.9.1836 empezó a «apretar las tuercas» a las juntas gubernativas de las provincias ordenándoles que presentasen sus cuentas en 60 días. Una medida de desconfianza más que justificada puesto que de ordinario los primeros días de la bullanga se aprovechaban para realizar toda clase de irregularidades, cuando no de delitos. En este proceso de normalización institucional la tramitación de las operaciones de control se realizaría a través de las diputaciones provinciales primero y luego a través de las intendencias hasta llegar a la Contaduría mayor de cuentas.

Es fácil comprender que las nuevas juntas de armamento y defensa, no obstante su reciente integración formal, conservaran durante algún tiempo su tendencia a campar por sus respetos exigiendo recursos a los pudientes que la Real orden de 25.8.1836 les había prohibido («tocar las contribuciones y rentas del Estado»), por lo que hubo que llamarlas al orden y, para mayor seguridad, exigir que sus actuaciones fueran aprobadas por el ministro. Este sentido tiene la Real orden de 3.10.1836 (de Hacienda) que insistió en los objetivos del decreto anterior de 1 de septiembre:

Se ha servido resolver S.M. se hagan a V.E. (secretarías de Gobernación y de Guerra) los encargos más estrechos y eficaces para que prevenga a la comisión de armamento y defensa de Valladolid y a todas las del Reino, que el servicio de la Patria espera de su celo el buscar recursos extraordinarios para superar cualquier situación de apuro en que puedan verse; pero absteniéndose de tocar ni disponer de los medios ordinarios con que el Gobierno cuenta; haciéndoles entender al mismo tiempo que la salvación del Estado no consiste en socorrer aisladamente sus apuros sino en satisfacer con método todas las necesidades que crea la guerra.

Disposición de aplicación general en todas las provincias aunque dictada originariamente para una sola, que fue desarrollada y aclarada por otra Real orden de 21.10.1836 (Gobernación) en la que se advertía que tampoco pudiesen echar mano de los fondos de depósitos para el armamento de la Milicia.

Mientras que el decreto de 30.11.1836 siguió insistiendo en este proceso de vuelta a la normalidad y de reducción del poder de las juntas:

Se autoriza a la diputación y Junta de Armamento y Defensa de la provincia de Valladolid, vista la falta de arbitrios y recursos en que se encuentra para atender a los gastos de obras de defensa de la capital y equipo de los nacionales movilizados, a que haga un repartimiento extraordinario de 300.000 reales poco más o menos entre los vecinos (excepto los pobres y meros jornaleros) que gradúa en 30.000 individuos divididos en determinadas clases.

Nótese bien la rapidez y la contundencia con que reaccionó el nuevo Ministerio. Calatrava debía estar agradecido a quienes tanto habían contribuido a llevarle al poder y sabía, además, que para continuar en él necesitaba el apoyo de los elementos progresistas de las provincias; pero por temperamento personal y por sentido de responsabilidad política, no estaba dispuesto a gobernar bajo la tutela de unas organizaciones de origen popular sospechoso que en cualquier momento podían alzarse contra él. En consecuencia, se apresuró a levantar esa hipoteca, dejando de momento como prenda de compromiso estas Juntas de armamento y defensa que, al estar integradas en las diputaciones, ya no parecían peligrosas.

Reunidas en el entretanto las nuevas Cortes, ¿qué opinaría el Congreso de tales juntas? ¿hasta cuándo iban a seguir siendo toleradas? Y más concretamente: ¿cuánto tiempo iba a durar la asociación en las diputaciones provinciales de individuos que carecían por completo de legitimación electoral?

En la sesión de 11.11.1836 empezaron a debatirse estas cuestiones al hilo de la discusión de la medida quinta propuesta por una comisión especial, en la que –según se ha explicada ya más atrás– se sugería que las corporaciones populares provinciales pudiesen levantar fuerzas armadas así como los medios y recursos extraordinarios aludidos en la Real orden de 25.8.1836, que acaba de transcribirse. Pues bien, en el curso de este debate algunos diputados emitieron juicios –unos positivos y otros negativos– sobre dichas juntas.

De recordar es, para empezar, la postura, fuertemente crítica, de Núñez, a cuyo efecto consideró oportuno trazar primero una breve historia de su origen, que nos va a ser de gran utilidad: «En tiempos del Ministerio Toreno se crearon desgraciadamente en las provincias unas juntas, siendo las primeras las de Cádiz y Barcelona, y a ésta debe hacérsele el honor de confesar que siguió un rumbo el más juicioso, pues lejos de disminuir las contribuciones del pueblo, decretó la comisión de Intendencia, que así se llamó, que todos los géneros que entrasen y saliesen en la provincia pagasen un 1% de su valor. Pero al mismo tiempo se estableció la junta en Cádiz, y ésta siguió un rumbo muy opuesto, aprobando que todos los géneros extranjeros sufriesen a su entrada una rebaja en los derechos que hasta entonces habían satisfecho, lo cual ofrecía un contraste muy singular (...) En el año de 36 se han reproducido las mismas escenas por diferentes estilos. Y establecida la Constitución del 12 y por consiguiente creadas las diputaciones provinciales, el Gobierno encontró que en las circunstancias que antecedieron las juntas se resistían a dejar el mando (por lo que) acordó con mucha previsión y prudencia crear unas juntas de armamento y defensa, a las que se las señaló el camino que debían seguir, cual era el de proporcionar auxilios extraordinarios. Pues en este mismo país sensato, mercantil, en esta Cataluña la Junta de Armamento y Defensa, por una anomalía que no sé explicar, ha tenido más facultades que las Diputaciones provinciales y así es que en muchas cuestiones que en mi concepto dependen de la diputación provincial, ha intervenido la Junta de Armamento y Defensa».

Pero no menos contundente fue la intervención del ministro de Hacienda en la misma sesión: «Creyó el gobierno que era oportuno nombrar unas comisiones de armamento y defensa que supliesen provisionalmente la falta de las diputaciones provinciales y desempeñasen sus funciones hasta que se constituyeran. Nombradas después, y establecidas hoy con arreglo a la constitución, cabe la duda de si las juntas pueden ser mencionadas en la medida quinta. En mi concepto, sólo deberían serlo las diputaciones provinciales, como cuerpos que reciben su existencia de la constitución y que han sido elegidos por los mismos electores que han nombrado los diputados a Cortes, mereciendo así los unos como los otros toda la confianza de las provincias. Me parece que no ofrece duda esta teoría constitucional. Desconocerla sería desconocer la buena elección que los electores han hecho. Y como las juntas de armamento y defensa fueron creadas por el Gobierno con el carácter de una medida interina, al paso que las diputaciones provinciales existen por la Constitución, entiende el Gobierno que deben nombrarse éstas con preferencia o en lugar de las juntas».

La postura de Mendizábal parece sorprendente si se recuerda que fue él cabalmente quien inventó esta fórmula integradora en el verano de 1835, que luego se reprodujo –bajo su inspiración directa– en el verano de 1836. Pero para explicar la contradicción basta pensar en el interés que tenía en desmarcarse de las juntas (y del motín de La Granja) para librarse de la sospecha de que él había sido su principal instigador y, desde luego, su primer beneficiario; a lo que hay que añadir la responsabilidad de hombre de Estado que sabía perfectamente que con tales juntas el gobierno desde Madrid se hacía difícil corriendo el riesgo incluso de terminar convirtiéndose en su rehén.

Ni que decir tiene, sin embargo, que en los bancos del Congreso se sentaban diputados, particularmente los de tinte avanzado (Caballero, Pascual y Cardero), que en la sesión del 25.11.1836 defendieron a ultranza la labor de las juntas.

Sin olvidar que la cuestión reaparecería en el mes de abril, concretamente en una inequívoca proposición presentada por Pareja el 11 de este mes con la que se pretendía ponerlas definitivamente al abrigo de los ataques, no sólo verbales, que se estaban multiplicando:

Pedimos a las Cortes declaren les han sido gratos los servicios prestados por las Juntas nombradas en las provincias en los sucesos de agosto del año anterior.

Y que el propio Pareja defendió el día 23: «Estas juntas provinciales fueron las que reanimaron y sostuvieron el espíritu público, las que lo dirigieron, las que han contribuido eficazmente al restablecimiento de la constitución y a la convocación de las actuales Cortes constituyentes; pero también lo es que después de tantos y tan señalados servicios, estas Juntas han ido desapareciendo, han perecido como por inanición, sin que el Gobierno haya por su parte hecho el menor mérito de tan distinguidos servicios, ni dado la más insignificante muestra de aprecio y consideración. Bien al contrario, si hemos de estar a algunas de las disposiciones que se han tomado con respecto a ellas, parece que llevan consigo un sello de reprobación. Así hemos visto que, por ejemplo, las Juntas, hallándose encargadas del mando, nombraron algunos empleados y aun cuando éstos fueran aptos y beneméritos, se los ha sustituido, no dando a su nombramiento el menor valor».

Con esta ocasión se puso de manifiesto que no pocos diputados juzgaban con reticencia a las Juntas. Así Fontán en su intervención del día 23 (noviembre 1836): «Esa provincia (por la de Málaga) a la cual se dirigió el capitán general de Andalucía para ver si se sometía o no a las disposiciones del Gobierno, se insurreccionó contra éste, asesinó a sus autoridades, nombró otras nuevas y se llamó independiente (...) Sentado el principio de que las provincias pueden dislocarse cuanto quieran, continuamente se repetirán las excisiones y vendremos a tener en España sólo un sistema federal». Y en términos similares Díez: «¿Cuántos gobiernos hay en España: dos o uno? Si hay dos, ¿es superior el de Málaga? Yo no sé que en las provincias exista la facultad de nombrar jueces y que el Gobierno no haga otra cosa que corroborar estos nombramientos».

Volviendo al discurso de Núñez del 11 de noviembre, es de recordar que su rechazo a las juntas no se basaba únicamente en lo espurio de su origen sino además en su comportamiento posterior y, concretamente, en su intromisión en los expedientes de Hacienda, hasta tal punto que llegaron, en su entender, hasta entorpecer seriamente la labor de los intendentes, como la experiencia le había enseñado en la provincia del Barcelona (aunque luego Vila negara, por inveraz, su testimonio). En su consecuencia se pronunció sin reserva a favor de las diputaciones provinciales considerando que las juntas –y luego los miembros de ellas que se habían añadido a aquéllas– carecían de legitimación constitucional y, además, suponían una rémora en su funcionamiento.

Porque –siguiendo con su discurso– «la constitución no ha creado semejantes juntas de armamento y defensa. Ha creado sólo las diputaciones provinciales. Por consiguiente, yo quisiera que la comisión no concediese estas facultades a las juntas sino a las diputaciones provinciales. Los hombres somos naturalmente propensos al despotismo; y si nosotros por una inconsideración y con la mejor intención del mundo autorizamos a estas juntas para realizar fondos y armar fuerzas, acaso tengamos que llorar algún día males que ahora estamos en tiempo de evitar».

La respuesta de Caballero puede imaginarse: «No hay ley, por plausible que sea, que pueda prevalecer contra los hechos y las exigencias de los tiempos. ¿A qué ese empeño de presentar a las juntas de armamento y defensa bajo unos coloridos poco agradables? Ha dicho el sr. Núñez que son demasiadas las atribuciones de esas juntas y que si las aumentamos, hay riesgo de que se forme un poder, dando por razón que generalmente somos propensos a la tiranía, despotismo o predominio. Yo no convengo en esto. S.S. debería haber dicho que somos propensos a la libertad, porque todos propendemos a que no se nos mande».

Tal como se está viendo, en el salón de sesiones se hablaba mucho de exceso de facultades, de usurpación de funciones, de ilegalidad y aun de inconstitucionalidad, pero era manifiesto que lo que estaba de veras en juego era algo muy diferente, a saber: la conservación o la eliminación de los elementos avanzados que a través de las juntas habían terminado enquistándose en las organizaciones políticas provinciales y que cada día resultaban más incómodos a los progresistas templados y más después de haberse separado, según se ha explicado más atrás, del bloque avanzado. Cierto es que a éstos les debían el poder, pero los agradecimientos políticos nunca duran mucho y el Gobierno y la mayoría parlamentaria mendizabalista percibía que ya se había roto su conexión inicial y que en las provincias estaban actuando como un elemento de oposición que convenía quitarse cuanto antes de en medio; mientras que los caballeristas, por las mismas razones, defendían a ultranza este reducto que les quedaba de influencia.

Liquidación definitiva de las Juntas de armamento y defensa

La devaluación progresiva de las Juntas de armamento y defensa se fue acelerando hasta culminar en el último paso para su liquidación, consistente en la cesación total en sus funciones de los miembros asociados de las diputaciones provinciales, que de aquéllas procedían. Así se propuso por la comisión extraordinaria de Guerra (y no por la de diputaciones provinciales, como parecía lo más lógico) en su dictamen de 3.1.1837:

La comisión, en vista de la adición presentada por el sr. Gómez Becerra, en la que pide a las Cortes que, respecto al aumento que debe tener el número de los individuos de cada diputación provincial, según las Cortes han acordado, cesen en el ejercicio de sus funciones los de las comisiones de armamento y defensa (...) es de dictamen que, verificado dicho aumento de diputados, y conforme al espíritu de la resolución de las Cortes, no deben continuar agregados a las diputaciones provinciales aquellos individuos cuyo auxilio reclamaron las circunstancias en que fueron nombrados, quedando en consecuencia relevados los que actualmente pertenezcan a las referidas comisiones de armamento y defensa del encargo que desde entonces han desempeñado

Al continuarse la discusión en el día siguiente, una vez que todos estaban de acuerdo en que el aumento de trabajo hacía inevitable el correlativo aumento de diputados provinciales, se llegó a una situación grotesca, a saber, la de que no se sabía con certeza si las juntas de armamento habían desaparecido o no, ya que algunos entendían que todavía subsistían reencarnadas en las diputaciones.

García Blanco había iniciado la ceremonia de la confusión afirmando que «o no entiendo el castellano o no sé lo que las Cortes han resuelto. Yo hasta ahora no he tenido la idea de que hayan querido que cesen las juntas de armamento y defensa y creo que no he pensado ningún disparate cuando veo que todas las juntas de armamento y defensa de las provincias subsisten (...) Las diputaciones provinciales podrán atender a las varias obligaciones que les impone la constitución; pero ninguna de ellas es proponer al Gobierno medios extraordinarios para acabar con la guerra civil».

Olózaga intentó a renglón seguido poner un poco de orden en la discusión: «Yo soy de aquellos que ha dicho con mucho énfasis el sr. García Blanco que quieren que cesen las juntas de armamento y defensa. Yo soy de aquellos que desconocen las circunstancias en que el Gobierno las ha revalidado (...) En tres ocasiones el Congreso ya ha desaprobado a las juntas. La comisión extraordinaria de Guerra, al proponer las medidas que creyó convenientes para la conclusión de la guerra civil, precisó que las Juntas de armamento y defensa tendrían éstas o las otras facultades, las mismas que le confirió el Gobierno: las de proporcionar recursos, de levantar cuerpos, de organizar la Milicia nacional. Éstas eran las atribuciones extraordinarias que se proponían, y las que el mismo Gobierno manifestó que sería mejor que las tuvieran las diputaciones provinciales. Insistió la comisión en su propuesta; pero el Congreso se mantuvo en que fueran las diputaciones provinciales, sin decirse nada de las Juntas. Ocurrió la idea a algunos diputados de si esto excluía las atribuciones de las Juntas y propusieron que se dejara a las diputaciones constituidas en Juntas de armamento y defensa. La comisión opinó que no podía accederse y el Congreso desechó la adición. No bastó esto. El sr. Bertrán de Lis hizo una adición semejante; pero la comisión tampoco quiso acceder a ella y en su lugar propuso que se aumentara el número de diputados en razón del número de partidos y las Cortes aprobaron esto; y aprobándolo, entiendo que desaprobaron la permanencia de las Juntas de armamento y defensa».

El decreto de 14.1.1837 pretendió despejar oficialmente aquella duda de manera terminante: el aumento de trabajo debería compensarse ciertamente con un aumento de diputados provinciales pero, en cualquier caso, habían de cesar definitivamente los miembros de las juntas de armamento y defensa que se les habían asociado:

1.º El número de individuos de las diputaciones provinciales será por ahora igual al de los partidos judiciales de cada provincia, siempre que éstos no bajen de siete. 4.º Quedan relevados de sus funciones los individuos de las comisiones de armamento y defensa, que estaban agregados a las diputaciones provinciales.

Con este paso se cerraba, por tanto, una fase histórica: las juntas provinciales (luego llamadas juntas o comisiones de armamento y defensa, después insertadas parcialmente en las diputaciones provinciales) ya habían cumplido su función revolucionaria –si es que se quiere considerar como tal un simple cambio de gobierno– y ahora ya no se las necesitaba e incluso podían suponer un estorbo con su presumible radicalismo. Así que fueron suprimidas, al principio de manera vergonzante y dudosa y luego terminante. Pero conviene no olvidar que los protagonistas no se marcharon con las manos vacías ya que Mendizábal, en su política de amansamiento, no escatimó destinos ni ascensos. Organizar una bullanga y participar en una junta era una actividad rentable y el ser juntero se convirtió en una profesión como otra cualquiera descrita magistralmente aunque ciertamente en términos caricaturescos por Mesonero Romanos (en Contrastes...): El juntero «luego que llega a entrar en las casas consistoriales saca del bolsillo la proclama estereotípica en que habla de los derechos del hombre y del carro del despotismo, de la espada de la ley y de las cadenas de la opresión, a cuya eufónica algarabía responde el gutural clamoreo de los que hacen de pueblo con los usados vivas y el consabido entusiasmo imposible de describir. Y nuestro juntero, padre de la patria, lo primero que hace es suprimir las autoridades y declararse él y sus compañeros autoridad omnímoda, independiente, irresponsable, heroica y liberal (...) Se arma a los pobres, se encarcela a los ricos (todo con el mayor orden), se canta el Te Deum y se pasea la junta en coche simón. A los cuatro días empiezan a venir felicitaciones de las otras juntas comarcanas, subsidios voluntarios de los que van recogiendo por fuerza las partidas volantes, adhesiones espontáneas bajo pena de la vida y por último reconocimiento y apoteosis del nuevo Gobierno de la capital. El juntero, entonces hombre de orden, cambia su plaza de vocal por la de intendente o jefe político».

¿Caricatura solamente? Compárese el humorístico texto anterior con el severo de Balmes publicado en El pensamiento de la Nación de 28.2.1844: «En España desde 1834 se da un grito en un punto cualquiera, se constituye una junta, se formula un programa, se declara independiente la población pronunciada, y exhorta a la nación a que imite el ejemplo. La noticia circula, los ánimos se agitan, se pronuncia otra ciudad y luego otra y al cabo de pocos días se halla el gobierno supremo circunscrito al breve espacio donde puede alcanzar su vista. Obligado a capitular, a abandonar el puesto, suben al poder otros hombres, sale a luz un manifiesto, las juntas felicitan, el nuevo gobierno las manda que se disuelvan y ellas obedecen y la función ha concluido».

Eliminación sistemática de sus secuelas

La supresión de las juntas no suponía necesariamente la eliminación de las secuelas que había dejado su agitada actuación en el breve pero intenso período de su existencia. A lo largo de los meses siguientes, los jefes políticos –y las Cortes que es lo que aquí más interesa– fueron poco a poco borrándolas al tomar conciencia de algo que hasta entonces se había dejado pasar hipócritamente por alto, a saber, que prácticamente todo lo que habían hecho había sido ilegal o por su origen o por el procedimiento seguido; de tal manera que lo que posteriormente no había sido convalidado, debía ser ahora anulado.

Parece imposible describir un repertorio exhaustivo de anomalías, pues tantas fueron. A nuestros efectos basta recordar un par de ejemplos significativos de este proceder irregular.

El primer caso puede verse en el dictamen de 18 de mayo de 1837 de las comisiones de Hacienda y diputaciones provinciales sobre supresión del arbitrio de 2 maravedises en cuartillo de vino impuesto por la Junta de Armamento y Defensa de la Coruña.

El comportamiento de esta junta provincial es un buen ejemplo de hasta dónde podían llegar los movimientos de autodefensa popular ante el desamparo en que les dejaba el Gobierno central o como pretexto para gobernar por su cuenta y cometer toda clase de abusos. Porque sucedió que la junta no se había limitado a imponer el arbitrio complementario que se ha dicho sino que había apelado también «al medio de aumentar en un millón de reales el cupo que le correspondía en la anticipación de los 200 millones, que se repartió entre los individuos del clero».

Parece ser que esta práctica terminó generalizándose pues era difícil para las Juntas resistirse a la cómoda tentación de imponer un nuevo impuesto o de aumentar uno ya existente para atender a sus gastos. De aquí la reiteración de las prohibiciones, según se ve en la Real orden de 14.1.1837 en la que se recordaba que

Las comisiones de armamento y diputaciones provinciales al adoptar arbitrios en uso de la autorización que les ha sido concedida para los objetos de su atribución, no toquen a las contribuciones ordinarias, ni graven los artículos sobre las que éstas pesan, especialmente los conocidos con el título de especies de millones, porque con recargos que hagan insoportables los impuestos no se consigue otra cosa que empeorar la suerte de los pueblos.

El segundo ejemplo de desmanes y de su posterior anulación aparece en el oficio del ministerio de Gracia y Justicia leído y aprobado en la sesión de 5.8.1837:

dando cuenta de que durante las escisiones políticas del estío anterior, las juntas que de sus resultas se crearon separaron de sus destinos a algunos magistrados, jueces y promotores fiscales que no reconocieron su autoridad, reemplazándoles con letrados de su elección. El Gobierno creía que unos y otros tenían derecho al sueldo asignado respectivamente a dichas plazas, a saber: los de Real nombramiento hasta que S.M los retiró del servicio activo, y los elegidos por las Juntas mientras sirvieron efectivamente; pero que resultando de su pago un aumento de gastos, había suspendido autorizarlo por sí, y antes de incluirlo en el presupuesto adicional o suplementario de 1836, lo sujetaba a la resolución de las Cortes.

Comentando Burgos (Anales, II, 384) la actuación de la Junta de Andalucía indicó que «dando libertad a los presos por causas de contrabando y enviando los carabineros de costas y fronteras al ejército inundó o dejó inundar su territorio de géneros y efectos extranjeros». Tesis que no vaciló en hacer suya un historiador tan radical como Morayta (óp. cit. p. 456) al reconocer que «todos los pronunciamientos de Málaga fueron subsidiados por opulentas casas de comercio de aquella plaza de la peregrina forma siguiente: en cuanto se vislumbraban síntomas de pronunciamiento, los jefes de las casas facilitaban recursos pecuniarios a los promovedores de las asonadas bajo promesa que, establecida que fuera la junta revolucionaria, se otorgaría tácito permiso para la introducción de algodones y demás efectos de comercio prohibidos o sujetos a fuertes derechos».

La Real orden de 2.12.1836 se hizo eco de estas irregularidades denunciando, a instancias de la comisión de fábricas y estampados de algodón de Cataluña, «la grave disposición adoptada por la Junta de Málaga de admitir por espacio de 30 días y con sólo el pago de un 16% la entrada de manufacturas de algodón extranjeras, no obstante de hallarse prohibidas a comercio». La Junta de Armamento de esta provincia era singularmente agresiva en todos los ámbitos. El 11.12.1836, por ejemplo, se leyó en el Congreso una Exposición de la Junta de Comercio quejándose de que la de Armamento había procedido, sin más, al arresto de un individuo de ella con motivo de una disensión que había habido entre ambos organismos. Las extralimitaciones no cesaban con el tiempo. Todavía el 28.2.1837 el ministro de la Gobernación denunció que la Junta de Armamento y Defensa de Huesca se había abrogado la facultad de disponer de los fondos procedentes de todas las rentas y contribuciones que se cobraban en la Tesorería de la Hacienda Pública, poniendo en ella interventores y prohibiendo a sus empleados que obedeciesen otras órdenes que las comunicadas por la Junta.

Los casos de la Junta de Armamento de Zaragoza y de la Diputación provincial de Cuenca

La integración en las instituciones públicas provinciales de unas organizaciones de origen popular surgidas de bullangas callejeras había de producir inevitablemente un desorden político y administrativo a la larga insoportable porque eran demasiado distintos y en el fondo incompatibles estos dos tipos de organizaciones: las delegaciones ministeriales estaban regidas por el principio de la jerarquía, las diputaciones provinciales estaban en manos de las oligarquías políticas locales y las Juntas de Armamento eran imprevisibles por la presencia de elementos populares donde convivían ciudadanos de intenciones revolucionarias intachables con aventureros corrompidos. En estas condiciones la combinación tenía que ser necesariamente explosiva con los resultados más variables: en unos casos la presencia de las Juntas de Armamento suponía un deseable revulsivo frente al burocratismo de las autoridades y organismos oficiales, mientras que en otros introducían una arbitrariedad y un desorden que sólo podía eliminarse con su supresión que es lo que a la postre tuvo que suceder. En las páginas anteriores ya hemos visto algunos ejemplos de abusos; pero la comprensión de una situación tan compleja merece un análisis más detenido, que va a realizarse a continuación al hilo de los sucesos de Zaragoza y Cuenca (dejando a un lado los de Barcelona, que han sido cuidadosamente estudiados por testimonios coetáneos e historiadores posteriores catalanes).

1. De los sucesos de Zaragoza tenemos dos versiones diferentes que se complementan. La primera procede de Montañés, diputado de aquella provincia, que en su intervención de 28.3.1837 hizo una relación apasionada del caso: «Se realizó una contrata para el transporte de cajones de galleta del ejército del Centro en el que el precio efectivo era de 20 reales por cajón y al público aparecía a 26, quedando el exceso a favor de los que intervinieron en la aprobación del contrato (...) Por ahí empezó a descubrirse el embrollo entre lo que figura la grosera prevaricación de un ordenador. Asombrada la diputación y la comisión de Armamento y Defensa con tan espantosos desórdenes y justamente irritada contra sus criminales autores, obligó a la instrucción de un sumario, pero a tal extremo había llegado la insolencia de algunas autoridades de Zaragoza que no se encontraba un tribunal que persiguiera crímenes tan atroces, consistiendo quizás este descuido vergonzoso en que había de procederse contra personas de categoría, contra un interventor y un ordenador que tenía la consideración de mariscal de campo, y ya se sabe que entre nosotros sólo se castiga al más débil, nunca al poderoso ni al influyente». Al final, vista la pasividad del capital general de Aragón, la diputación (junto con la comisión) elevó la denuncia a las Cortes.

Veamos ahora la versión que aparece en el expediente tramitado en el ministerio de Guerra. Allí aparece una comunicación, fechada el 27.10.1836 del general Segundo Cabo de Aragón, barón de Manglana, informando que la comisión de Armamento y Defensa le había forzado a ordenar el arresto del ordenador y la prisión en la cárcel del interventor, en atención a un sumario llevado a cabo por la Junta por el asunto de las cajas de galleta. El general se había opuesto por no haberse llevado el procedimiento correcto, pero un miembro de la Junta le amenazó con realizar el arresto con una manga de granaderos de la Milicia nacional.

El resultado fue que las autoridades militares desarrollaron la sumaria, que luego el Gobierno pasó al Tribunal Especial de Guerra y Marina para su informe y de acuerdo con él se decidió que continuara la sustanciación del proceso por el juzgado militar de Aragón. Unos trámites formalmente correctos, pero que contradecían una resolución anterior de las Cortes que ordenaba al Gobierno que se enviara a ellas el expediente, dejando a un lado a los tribunales militares. Una conducta que molestó profundamente al Congreso por considerar que el Gobierno había retenido el sumario con la intención de ocultarlo a las Cortes.

Lo que aquí latía en el fondo era una serie de desconfianzas: las Cortes no se fiaban del ministro de la Guerra ni de los tribunales militares porque sospechaban no sin razón que querían proteger a los oficiales encausados; mientras que las autoridades militares desconfiaban de la Junta de Armamento y de su incumplimiento sistemático de los trámites formales de procedimiento, hasta tal punto que el barón de Manglana había advertido ya «que si no se tomaban medidas para disolver la Junta no habría más que anarquía y que ninguna autoridad podría mandar y que no sólo se había atropellado la libertad individual de los empleados que eran decididos liberales sino que a él mismo se le faltaba en todas las consideraciones que le correspondían y por obligarle a que sentenciara sin salir de la sesión».

2. Unos meses más tarde se reprodujo en Cuenca un episodio similar que testimonió no sólo la corrupción generalizada de la Administración militar y la solidaridad culpable de sus autoridades sino la vigilancia de las corporaciones populares y la dificultad de integrar sus reacciones dentro del aparato oficial así como la propensión a desviar los conflictos en violencias callejeras.

El 17.4.1837 se leyó en las Cortes un oficio del ministerio de la Gobernación dirigido al jefe político de Cuenca referido a unas anómalas actuaciones de la diputación provincial, que se había atrevido nada menos que a intervenir en los libros y asientos de las oficinas de la Hacienda nacional y a decretar suspensión y destierro de varios de sus empleados, incluso del intendente interino y a nombrar provisionalmente a otros.

Enterado de todo S.M. y habiendo oído a su Consejo de Ministros, ha tenido a bien declarar que la diputación, aunque fuera movida del celo más puro por el buen servicio, ha abusado gravemente de sus facultades, interpretando e infringiendo el art. 335 de la Constitución e invadido las atribuciones del Gobierno y del Poder judicial. Por tanto, se ha servido S.M. mandar que desde luego queden suspensos de sus funciones todos los vocales que hayan acordado las indicadas providencias, y que V.S. convoque los restantes y los suplentes para continuar las sesiones necesarias de la diputación.

Y en esta espiral de intervenciones descoordinadas en la misma fecha del 17 de abril el ministro de Hacienda envió una Real orden al de Gracia y Justicia en la que le comunicaba que

ha tenido a bien S.M. mandar entre otras cosas, después de oír a su Consejo de ministros, que tanto el intendente interino como los demás jefes de la provincia contra quienes haya procedido indebidamente la diputación provincial, sean sometidos y juzgados por el tribunal supremo de Justicia, en uso de las atribuciones que le competen por haber refundido en sí la autoridad judicial que ejercía el supremo Consejo de Hacienda, a quien le estaba asignada entre otras la facultad de formar, sustanciar y determinar las causas de los intendentes, jefes de provincia y altos funcionarios de la Hacienda pública.

En la sesión del día siguiente, 18 de abril, tomó la palabra Alonso en defensa de la corporación, explicando sus méritos en pro de la causa liberal. Peculiaridades que, en su opinión, habían sido pasadas por alto en la Real orden disciplinaria: «El lenguaje de la Real orden debía estar concebido en otros términos, tanto más cuanto que se trata de haber suspendido a una corporación que ha hecho servicios importantes».

En estas circunstancias –continuó diciendo– nada tenía de vituperable, antes bien era digno de elogio, que la corporación hubiera actuado con tanta energía para evitar los «agios que se estaban cometiendo y para no permitir que se hundiera la Patria con tales demasías». Sin olvidar, por otra parte, el agravio comparativo habida cuenta de la diferencia de trato con otras diputaciones aún más conflictivas. Y es que, en efecto –concluyó–, «el Gobierno que tan riguroso se muestra con la diputación provincial de Cuenca, ¿por qué no tomó las mismas medidas con la de Zaragoza y las demás autoridades de Barcelona?».

Para esclarecer este punto se formó una comisión especial que el 27.4.1837 emitió un dictamen salomónico: las dos partes habían actuado irregularmente y, en consecuencia, las dos debían ser sancionadas o, al menos e inicialmente, expedientadas:

La diputación provincial de Cuenca tuvo noticia de que por algunos empleados de la Hacienda nacional se cometía el fraude de figurar ingresadas en billetes del Tesoro cantidades que habían sido recaudadas en metálico. Invita al intendente a que le facilite libros y recibos. Y en ellos se comprueba el fraude, frente al que el intendente reacciona con apatía y defiende a sus empleados alegando además que la Hacienda no ha salido perjudicada. La corporación informa de todo a las Cortes y al Gobierno. Mas no contenta con ello, suspende de sus funciones al tesorero, al cajero y a otros empleados, y, ante la resistencia del intendente, les traslada con escolta a la villa de Moya en lo que se ve una manifiesta infracción de la Constitución y de las leyes, ya que se han invadido las atribuciones del Gobierno y del Poder Judicial y se han ejercido actos que atacan la seguridad personal de los ciudadanos».

En su consecuencia dictaminó que debía exigirse responsabilidad a unos (por el fraude) y a los miembros de la diputación provincial por su exceso competencial, «pasándose los antecedentes al Gobierno para que haga que tenga efectos por medio de los tribunales competentes».

La situación fue luego agravándose cada día. Los diputados suspendidos presentaron inmediatamente la dimisión de sus cargos y lo mismo hicieron los que habían sido nombrados suplentes, o sea, que los diputados entrantes se solidarizaban con los salientes sintiéndose totalmente respaldados por la oposición pública. Pero la comisión del Congreso, ateniéndose a la letra del escrito, no admitió la renuncia por considerar que la causa alegada no estaba recogida en la ley de diputaciones de 1823.

En las sesiones de 12 y 13 de junio (1837) hablaron Alonso y Caballero en defensa de la diputación, repitiendo con énfasis argumentos ya conocidos como el del agravio comparativo en las resoluciones dictadas en Barcelona y Zaragoza. Advirtiendo el primero que «si se quiere replicar que la ley de la necesidad ha obligado a transigir con aquéllas, lo mismo debe hacerse con respecto a la de Cuenca. Si no, se dirá que las leyes de España son lo mismo que telas de araña, que las moscas y los insectillos caen en ellas, al paso que los moscones las desprecian y las rompen pasando por ellas».

La intervención del día 13 de Caballero fue aún más fuerte: «Se dice que la diputación ha infringido la ley y que se la debe formar causa. Desde el día 15 de agosto acá ¡son tantas las infracciones de la constitución y de las leyes que se han cometido y no hemos podido menos de pasar por ellas! Empezando por la convocatoria y acabando con lo que ha hecho el último empleado, todo ha sido una serie de infracciones que se han cohonestado por la conveniencia pública. Y si las hemos pasado por alto ¿por qué queremos ahora ser rígidos con una diputación provincial y más cuando su celo excesivo ha descubierto los fraudes de unos empleados que debieron mirar por la nación que los está pagando?».

Se aprobó, no obstante, el dictamen y al cabo de un mes la situación en Cuenca había alcanzado un nivel explosivo y se preveían tumultos populares inminentes y alteraciones del orden público, como antes había sucedido ya en Zaragoza. Así las cosas, la comisión acordó dar su brazo a torcer y propuso el cese de la suspensión reponiendo a los diputados en sus cargos, como se argumentaba en el dictamen de 21 de junio, que pareció dar el asunto por terminado:

No pudo dejar de convenirse en que los individuos de la diputación provincial de Cuenca traspasaron los límites de sus atribuciones y facultades. Con esto quedó justificada la disposición del Gobierno suspendiéndolos; pero las Cortes han considerado que no se debe estar siempre por el rigor de los principios; que el exceso de celo merece alguna indulgencia; que siempre debe contarse con el influjo de las circunstancias cuando se trata de calificar actos particulares y que los individuos de quienes se trata han sufrido ya los efectos de una larga suspensión (que ahora se cesa).

Por si lo anterior fuera poco, el ministro de la Gobernación se hizo eco de la agitación popular y, con ánimo de aplacarla, propuso al Consejo de ministros el cese de las autoridades estatales de la provincia, o sea, que extendió a ellas el cese anterior de los diputados provinciales. Una medida probablemente desmesurada puesto que el castigo alcanzó a personas que no habían participado en los abusos y contra ella protestó el conquense Caballero, tal como referiría Martínez Falero el día 27 de junio: «Mi amigo el sr. Caballero, corroborando esta misma idea, dijo que si era cierto que la tranquilidad no se había alterado, no lo era menos que se habían seguido consecuencias fatales de este suceso, puesto que se había separado a resultas de él al digno patriota que desempeñaba el cargo de jefe político, al subinspector de la Milicia nacional, al juez de primera instancia, al administrador de correos y a todos los dependientes de la jefatura, incluso al portero, y a varios empleados de Haciendo, separando a los unos enteramente del servicio y haciendo que los otros salieran en un término dado, más o menos breve, para puntos más o menos lejanos de su provincia. Yo sabía que todas estas providencias se habían acordado en el Consejo de ministros, a indicación del sr. secretario de la Gobernación y tenía datos para creer que los otros sres. ministros, muy satisfechos del celo con que los empleados separados desempeñaban sus destinos, jamás hubieran pensado en separarlos, y que sólo lo hicieron cediendo a la invitación de dicho sr. secretario de la Gobernación, el cual, por los informes que sin duda le habrían llegado de aquella provincia, creía comprometida en ella la tranquilidad si permanecían en sus destinos aquellos funcionarios públicos».

Con estas complicaciones el ovillo terminó enredándose definitivamente sin encontrar salida, porque cada nueva actuación oficial producía mayor confusión. Esto es lo que sucedió con la proposición de Martínez Falero y Alonso del día 26 de junio:

El sr. secretario de la Gobernación de la Península para justificar las medidas de suspensión de diputados provinciales de Cuenca, destitución de unos empleados, traslación de otros a puntos lejanos, y las demás adoptadas en dicha capital dijo en sesión de 13 del corriente (que la causa de los ceses había sido una conspiración local), interesando mucho al Gobierno de S.M. el no ser engañado por sus agentes provinciales y más todavía a los pueblos el que su buen crédito y su suerte no se dejen abandonados al capricho torcido e interesado de aquéllos, los diputados que suscribimos íntimamente convencidos de que el contexto de los documentos a que aludió el sr. ministro es de todo punto falso y calumnioso y de funestas consecuencias para nuestros comitentes, pedimos a las Cortes tengan la bondad de acordar que el sr. secretario de la Gobernación se sirva remitir al Congreso los documentos y que venidos se pongan sobre la mesa. Con su vista nos reservamos entablar las peticiones que estimemos convenientes al mantenimiento del orden público, buena administración, reputación e intereses de los pueblos que representamos.

¿Hubo entonces una conspiración que justificase la suspensión? Todos lo negaron y por ninguna parte aparece el menor indicio de ello. Más todavía: el propio ministro lo negó en su intervención del día 27, desmintiendo que él hubiera alegado tal causa y que quien había aludido a la conspiración había sido Caballero. Lo que parece seguro en todo caso es que si López hubiera seguido siendo entonces ministro de la Gobernación, no hubiera estallado el conflicto habida cuenta de su amistad con Caballero.

Las lecciones que de este episodio se deducen saltan a la vista puesto que se trata de un conflicto muy frecuente: ¿qué puede hacerse cuando un agente público está actuando irregularmente y, habiéndose acudido a la autoridad superior, ésta no lo remedia? ¿Puede emplearse entonces la acción directa para lograrlo? En un Estado constitucional la respuesta es siempre negativa: en ningún caso y bajo ningún concepto puede una corporación utilizar sus propios medios para corregir las irregularidades, puesto que ello significaría salirse de sus propias competencias e invadir la de los órganos del Poder ejecutivo o del judicial. Esto lo sabía perfectamente la diputación provincial de Cuenca; pero, atendiendo a la excepcionalidad de las circunstancias, decidió remediar la situación con sus medios, puesto que podía hacerlo de hecho utilizando su personal armado. La infracción de ley era, pues, clara. Ahora bien, el dilema era el siguiente: o sin cometer una ilegalidad tolerar la ilegalidad de los demás y el peligro del interés público; o, cometiendo una ilegalidad, corregir la ilegalidad ajena y salvar a la patria.

Ya hemos visto cómo resolvió este dilema la diputación provincial de Cuenca. Pero ante tales hechos, ¿cómo reaccionaría la Superioridad? Sabemos que el ministro sancionó a los diputados provinciales suspendiéndoles del cargo. Y también sabemos que la postura inicial de las Cortes fue más matizada ya que en su opinión debían ser sancionadas ambas partes. Desde el punto de vista legal esto era sin duda correcto; pero en este momento empezaron a operar los agentes sociales invocando razones de justicia material.

Por lo pronto, se inició una resistencia pasiva desde el momento en que los diputados suplentes se negaron a tomar posesión de sus cargos. Y lo que era más grave, hubo una seria amenaza de desórdenes populares puesto que nadie (salvo los juristas más escrupulosos) podía entender que se castigase a quien había remediado un delito. Entonces las Cortes dieron marcha atrás y repusieron en su cargo a los destituidos. Mientras que el ministro de la Gobernación, preocupado por el orden público –y dejando a un lado la teoría de la conspiración–, impuso en el Consejo de ministros el cese de una serie de empleados públicos sin depurar antes si habían participado, o no, en el fraude. Caldeadas las pasiones, a unos excesos se contestaba, como se ve, con otros y la espiral de irregularidades podía no terminar nunca, salvo que los intereses públicos prevaleciesen sobre la legalidad y, en definitiva, se enterrase el asunto olvidándose, en aras de la paz, todas las ilegalidades; que fue, en último extremo, lo que ocurrió aquí.

Por lo demás, el acuerdo del Congreso terminó en nada, porque se limitó a pedir el expediente al Gobierno y no hubo, como tantas veces sucedía, más noticias de él.

¿Cómo valorar entonces la conducta de la junta de armamento y defensa enquistada en la diputación provincial? Para unos se trataba de un comportamiento reprobable que justificaba su mala fama de arbitraria y aconsejaba su supresión. Pero para otros, por el contrario, su comportamiento era modélico y aconsejaba su mantenimiento para suplir los notorios defectos de la administración militar ordinaria. El problema era, por tanto, muy claro; pero por encima de su eventual planteamiento y solución, estaba el hecho cierto de que por unos o por otros la situación no se arreglaba y tampoco hay constancia de cómo terminaron al fin las cosas.

En estas condiciones el historiador moderno se ve obligado a suspender su juicio por carecer de los parámetros valorativos propios de la época en que tuvieron lugar los hechos. Y si se acude a las opiniones de los coetáneos, puede comprobarse que éstos venían rigurosamente condicionados por la ideología. Los radicales estaban convencidos de la utilidad de las juntas pasando por alto sus excesos; mientras que los templados magnificaban tales excesos. Lo que es evidente es que a veces las juntas estaban inspiradas por los motivos más bastardos, mientras que en ocasiones actuaban con honradez y atendiendo eficazmente los intereses públicos.

3. Al comienzo de este apartado ya se dijo que las juntas de armamento y defensa podían servir como piedra de toque del Nuevo Régimen liberal y en las páginas anteriores hemos comprobado que, en efecto, no se trataba de un simple y fugaz episodio de la guerra civil sino de la expresión de un fenómeno profundo y constante del que pueden extraerse no pocas lecciones.

Por lo pronto, la debilidad de las instituciones constitucionales, porque si desde Cádiz se venía considerando a las diputaciones provinciales como una de las paredes maestras del edificio estatal que el liberalismo estaba construyendo, he aquí que, en cuanto aparecía una dificultad, se dejaban a un lado las flamantes corporaciones oficiales en que tantas esperanzas se habían puesto y reaparecían los movimientos populares y callejeros, muy eficaces pero de espontaneidad dudosa, que inmediatamente eran desplazados por juntas de notables que, despreciando la legitimidad constitucional formal, se autoconstituían y se apoderaban sin más del Poder local. En último extremo se trataba, por tanto, de una vía política alternativa a la que se acudía cuando la institucional había sido contraria a los deseos de los revolucionarios, y nos parece necesario recordar la frecuencia de su empleo puesto que no sólo se derribó así el Ministerio Istúriz en 1836 sino que con este mecanismo cayeron pocos años después nada menos que las Regencias de María Cristina y Espartero.

¿Descarada trampa constitucional o impulsos populares sinceros? Probablemente las dos cosas, porque si las intenciones torticeras de los manipuladores eran inequívocas, es evidente que la energía de las masas manipuladas era en buena parte honesta. La que quedó, en cualquier caso, destrozada fue la constitución mancillada por los mismos que la habían traído.

La periódica emergencia de las juntas populares, con su diversidad de pintorescas denominaciones, demostraba, por tanto, la escasa confianza que inspiraba la constitución como fórmula de convivencia y como cauce de expresión de la voluntad nacional. Y es que un censo electoral inferior al cinco por ciento de los ciudadanos no podía convencer a las masas excluidas y ni siquiera a los votantes, que practicaban el fraude por sistema y sin el menor escrúpulo, como una circunstancia inmanente al mismo. En verdad fue penosa y descorazonadora la adolescencia del liberalismo español.

* * *

5. CORPORACIONES POPULARES

Corporaciones populares y Administración nacional.– Régimen constitucional de diputaciones y ayuntamientos.– El sistema municipal.– El Poder municipal.– El rompecabezas de la organización territorial del Estado.– Composición y renovación de las diputaciones provinciales.- Una alternativa frustrada: representación auténticamente popular de las provincias.– Relaciones entre diputaciones y ayuntamientos.– Hacia una teoría de la tutela parlamentaria de las diputaciones provinciales.

La política municipal y provincial de los gobiernos liberales tenía que desarrollarse necesariamente sobre los siguientes paños: a) Permanencia de la red municipal básica del Antiguo Régimen por el principio –que se asumió sin dificultades– de que los ayuntamientos eran corporaciones naturales de carácter social, no estatal, de tal manera que su autonomía originaria era esencial y las inevitables intervenciones de la Administración nacional, más o menos intensas, se realizaban «desde fuera» enmarcadas en la relación dialéctica Estado-Sociedad. b) Descontado lo anterior, se produjo una ruptura brusca respecto del pasado, puesto que el constitucionalismo liberal empapaba con sus principios y penetraba hasta el fondo de las instituciones locales, que habían de gobernarse y administrarse con arreglo a aquéllos organizándose cada corporación a través de mecanismos electorales, es decir, políticos; una fórmula que no era desconocido ni mucho menos, sobre todo a partir de las reformas de Carlos III, pero la novedad consistía ahora en que los vecinos tenían la posibilidad de actuar, como un reflejo de las Cortes de la nación a escala distinta, en grupos o partidos. c) Entrando en un terreno más concreto, en el normativo, las Cortes constituyentes habían heredado en este punto de la época de Cádiz y del Trienio un bloque legislativo minucioso que se había quedado obsoleto antes de haberse puesto en práctica y que resultaba imprescindible adaptar a las nuevas circunstancias. d) Por iniciativa de Pita Pizarro se pensó elaborar previamente y con reflexión un «sistema», entendido como una plantilla de bases normativas. e) Si el sistema y el régimen eran cuestiones laboriosas y técnicas y, por lo mismo difíciles aunque escasamente problemáticas, quedaba por resolver la delicada cuestión del llamado Poder municipal, sobre el que no se tenían las ideas nada claras. f) Las enormes posibilidades de emplear en los municipios una «fórmula alternativa política a la constitucional» sufrieron durante este período un explicable eclipse puesto que los progresistas no necesitaban proyectar tales sombras sobre el poder de que estaban disfrutando. Y en fin, g) la mayor innovación del Nuevo Régimen Liberal se instaló en el nivel provincial, de nuevo cuño territorial en el que se articulaban las delegaciones de la Administración nacional con unas corporaciones populares inéditas –las diputaciones provinciales– emanadas desde los ayuntamientos. A continuación vamos a ir examinando cómo el Gobierno Calatrava-Mendizábal y las Cortes constituyentes enlazaron –o intentaron enlazar– todas estas piezas siguiendo una política inspirada en los principios, aparentemente contradictorios, de continuismo y ruptura que se pretendían aplicar simultáneamente.

Corporaciones populares y Administración nacional

1. Ésta es una de las materias en que resulta más difícil desprenderse del pensamiento anacrónico ya que para el hombre actual es casi imposible percatarse de la distancia política y práctica que separaba a las corporaciones populares de la Administración nacional. Hoy es una obviedad que la Administración pública se estructura en estratos que, sin perjuicio de sus peculiaridades, tienen una naturaleza común. Municipios, provincias, comunidades autónomas y Estado tienen sus administraciones propias ciertamente; mas todas son Administraciones públicas y órganos del Estado en sentido amplio. En el Antiguo Régimen, por el contrario, la Administración Real era un cuerpo distinto de los ayuntamientos de los que se diferenciaba nítidamente por su origen, naturaleza y funciones, de tal manera que sus relaciones –de intervención y control fundamentalmentese realizaban desde el exterior. Para los políticos y juristas del siglo XVIII era muy claro que, dejando a un lado a la Iglesia y a lo señores, por un lado estaba la Corona y su aparato administrativo y, por otro, una multitud de corporaciones sociales: gremiales, económicas, culturales y territoriales de desigual volumen y poder. Un ayuntamiento estaba, por tanto, más cerca de la Mesta o de los Cinco Gremios mayores de Madrid que del corregidor o del intendente.

Este esquema tan preciso tuvo que enturbiarse necesariamente con la aparición del liberalismo, pero los años que nos ocupan fueron de transición, es decir, que las estructuras del Antiguo Régimen ya habían dejado de ser válidas y todavía no se habían consolidado las nuevas, las propias del Estado constitucional emergente. Esta situación de tránsito aumentaba aún más la confusión y dificultaba su inteligencia para quienes no se percatasen debidamente de esta evolución y de la debilidad teórica e institucional del contexto concreto.

La primera transformación afectó a la Administración Real, que se convirtió en Administración nacional como consecuencia de ser la nación y no el rey el titular de la soberanía. Un cambio que terminaría aproximando inevitablemente a las dos esferas, la nacional y la local, dado que en una y otra era la nación el elemento común dominante aunque debiendo precisarse que la base política de cada municipio no era la «nación» propiamente dicha (que era la nación española en su conjunto) sino el «pueblo», cada pueblo o comunidad vecinal concreta.

La distinción fundamental era, con todo, de otra índole, a saber: en la esfera nacional (antes Real y posteriormente estatal) había una separación tajante entre el órgano soberano parlamentario y el órgano administrativo ejecutivo. Las Cortes (con el rey) decidían y legislaban, mas no ejecutaban: función ésta reservada a los servidores del rey bajo la suprema dirección de éste y de sus consejeros. Mientras que en la esfera municipal (y provincial) el ayuntamiento, órgano de representación popular, no sólo era deliberante sino que además ejecutaba sus propios acuerdos a través de los alcaldes (y a nivel provincial de los diputados) ayudados técnicamente por un reducido equipo administrativo profesionalizado, fundamentalmente el secretario. Una administración de legos, por tanto, a la que un tanto paradójicamente correspondía la prestación directa de la inmensa mayoría de lo que hoy consideramos servicios públicos.

La constitución de Cádiz fue consciente de la novedad que suponía el modelo municipal que había introducido aunque a lo largo de los tres períodos de su vigencia lo desarrolló con una regulación que nunca tuvo tiempo de aplicarse debidamente y las normas se sucedían vertiginosamente con desconcierto de todos, pues la ambiciosa ley de 23 de febrero de 1823 no fue aceptada ni por los Estamentos del Estatuto ni, a la larga, por las Cortes nacidas en La Granja. Los ayuntamientos y diputaciones provinciales no lograban encontrar su sitio en el sistema orgánico constitucional, pues su relevancia política distaba mucho de ser fácilmente comprensible. Un sector del pueblo no se sentía cómodo en las estrecheces administrativas que contrastaban con los «asuetos» que intermitentemente se le concedían (o que se tomaba él directamente) para ocupar la calle, fugazmente pero sin cortapisas y ya que no en las salas consistoriales, al aire libre, con o sin barricadas, gustaba de manifestar su poder a través de bullangas que tanto éxito tuvieron desde los primeros incendios impunes de conventos y matanzas de frailes.

El dato de que tales expresiones de ira popular fueran de ordinario manipuladas y que las masas de descamisados regresaran, cuando se les indicaba, mansamente a su casa sin botín personal ni material ni político alguno, era aceptado como una regla más del juego y siempre había un personaje significado –como Almodóvar en Valencia, Escalante en Málaga o San Miguel en Zaragoza– y una junta de notables decentes que, sacrificándose con un mohín victimista, se ponían al frente del movimiento para controlarlo y evitar que se pasara de la raya que se le había marcado y de allí sacaban ellos buen premio. Ésta era la fórmula alternativa de la soberanía popular a la que ni las constituciones ni las leyes habían dejado un hueco suficiente. El caso de Barcelona «pudo» abrir ciertamente una nueva vía, pero los ensayos que a tal efecto se hicieron se frustraron siempre.

También significaron las diputaciones provinciales una «fórmula alternativa» heredera de la castiza tradición juntera afirmada con tanto éxito en la guerra de la Independencia. Los liberales –sobre todo los progresistas– se dieron pronto cuenta de que el enorme potencial político de los activistas provinciales estaba amordazado por el estrecho marco electoral y que era fácil darle salida a través de juntas no elegidas pero sí autoproclamadas, siempre que se contase con el apoyo de algún militar y se tuviesen buenas conexiones tanto interprovinciales como con quienes sabían manejar ciertas clavijas conspirativas.

El caso fue que periódicamente se organizaba en España un movimiento juntero de signo avanzado que paralizaba la política moderada del Gobierno de Madrid, que si era preciso derribaba sin demasiadas dificultades ante la pasividad, no siempre cómplice pero desde luego decisiva, del ejército. El éxito de las componendas de Mendizábal en el verano de 1835 pareció ofrecer una legalización institucional a esta fórmula alternativa juntera, pero la experiencia de las comisiones de armamento y defensa demostró que era peligroso mantener establemente una organización juntista de textura popular directa puesto que lo mejor era mandar a la gente a su casa con las alforjas llenas o vacías y que allí se quedaran de guardia esperando la siguiente oportunidad de salvar a la Patria sin que la mano progresista se molestara demasiado en ocultarse.

2. El liberalismo constitucional, sin perjuicio de haber desmantelado por completo la cúpula polisinodial de la Monarquía tradicional, no introdujo alteraciones sustanciales en la estructura del Poder ejecutivo en sentido estricto, es decir, de las secretarías de Despacho, desde el momento en que la Corona seguía disponiendo de la potestad de nombrar y cesar a sus consejeros. En este ámbito el cambio más significativo fue el de la politización de todos los empleos públicos, desde el ministro hasta el último ordenanza, con la consiguiente generalización del régimen de cesantías, que tanto deterioraron la eficacia de los servicios al tiempo que encarecían pesadamente los gastos de personal.

Las corporaciones populares municipales siguieron, por su parte, en la estela del Antiguo Régimen, si bien experimentaron una alteración trascendental ya aludida y sobre la que se seguirá insistiendo: la consiguiente politización en el modo de elegir los cargos consistoriales y en el talante de su funcionamiento. En el Antiguo Régimen la gestión municipal era cosa personal de los vecinos individuales –o a todo lo más agrupados en castas sociales nobiliarias o económicas, trabadas por lo común con lazos familiares– mientras que ahora la trabazón era de naturaleza política, puesto que quienes competían electoralmente no eran individuos ni familias sino grupos políticos que mimetizaban el sistema nacional parlamentario: progresistas y moderados con sus correspondientes fracciones. Al menos tal era el modelo formal aunque materialmente con frecuencia resultara fácil percibir los grupos sociales de donde procedían de hecho los grupos políticos electorales.

Así las cosas, el dato verdaderamente novedoso del constitucionalismo liberal fue la implantación y consolidación firme de las diputaciones provinciales, de tal manera que las nuevas provincias de Javier de Burgos se estructuraron administrativamente en una planta bifronte pero lógica y coherente: de un lado la vertiente de la Administración nacional con sus tentáculos de gobiernos políticos e intendencias, y de otro la vertiente popular constituida cabalmente por las diputaciones: una y otra aceptablemente bien articuladas al estilo de las dos ruedas de un carro equilibrado, de acuerdo con la socorrida imagen de la época.

Ahora bien, la verdadera dificultad no estaba en armonizar los dos elementos que acaban de ser indicados de la Administración provincial sino en encajar la nueva pieza dentro de un sistema estatal complejo en que resultaba necesario ordenar adecuadamente a municipios, diputaciones, gobiernos políticos, delegaciones ministeriales y jueces. Una tarea nada sencilla y que, además, precisaba de reajustes constantes inspirados en la experiencia. La verdad es que el decreto de 3.2.1823 había realizado ya un enorme esfuerzo en lo que se refería a las relaciones entre diputaciones y ayuntamientos, pero se trataba más bien de un ensayo experimental y todavía quedaba por regular el manojo de las relaciones supraprovinciales prácticamente inéditas.

A la vista de tales carencias normativas y prácticas era inevitable que las diputaciones funcionaran a trompicones y que en aspectos importantes no supieran ni el Gobierno ni el Congreso qué hacer con ellas; de tal manera que uno de los grandes pecados de las Cortes constituyentes fue que no se decidieron a aprobar una ley global que terminara de una vez con una provisionalidad cada día más insostenible. Fue un período, en efecto, de improvisación y de incertidumbre: una institución castigada por «enfermedades infantiles» de las que sobrevivió gracias a una robustez natural que presagiaba, como así fue, un futuro radiante, que tardaría más de siglo y medio en empezar a cuestionarse seriamente.

Régimen constitucional de diputaciones y ayuntamientos

1. El Ministerio Calatrava-Mendizábal se encontró con unas estructuras públicas que, a caballo entre lo antiguo y lo moderno, no estaban aún consolidadas sobre todo en el escalón provincial. Pero contaba, eso sí, con unos antecedentes útiles en las dos primeras épocas constitucionales, y a ellos se acudió para salir del paso, aunque fuera provisionalmente. El decreto de 8.12.1836 se apresuró, en consecuencia, a restablecer los decretos de 10.7.1812 y de 11.8.1813

por los cuales las Cortes generales y extraordinarias establecieron en el primero reglas sobre la formación de ayuntamientos constitucionales y en el segundo las que debían regir para el gobierno de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de los pueblos.

Y para mayor precisión por la ley de 15.10.1836 se restableció igualmente y de forma inmediata el capital decreto de 3.2.1823 o «Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias» que contenía un régimen minucioso de las diputaciones provinciales, de los alcaldes y de los jefes políticos, con una manifiesta subordinación de los ayuntamientos a las corporaciones provinciales puesto que se declaraba de forma expresa que las diputaciones provinciales eran «la autoridad inmediatamente superior a los ayuntamientos» (art. 82). El control último estaba, no obstante, en manos del Jefe político puesto que era quien presidía la diputación provincial e inspeccionaba la labor de los alcaldes (art. 183). Innegable es, por tanto, que la norma de 1823 había establecido un régimen territorial aceptablemente articulado, aunque de aplicación nada sencilla, por no decir imposible, dado que no gustaba a todos, se suponía que las circunstancias habían cambiado lo suficiente para justificar su desatención y, además, se carecía de experiencia. De aquí que las Cortes constituyentes, como antes los Estamentos estatutarios, se inclinasen por renovar profundamente esta regulación, pero como carecían de ideas claras al respecto terminaron con reformas parciales y provisionales, verdaderas «chapuzas» con las que prolongaban una situación más que confusa, caótica.

De la tercera etapa constitucional estaba vigente el Real decreto de 23.7.1835 (propiciado por Martínez de la Rosa pero aprobado por Toreno) que contenía un «arreglo provisional de los ayuntamientos del Reino» y, además, un título específico sobre las facultades y atribuciones de las diputaciones provinciales y de las juntas de partido. Por su trascendencia política –que tanto había de pesar luego en las luchas entre moderados y progresistas– es de retener lo dispuesto para la elección –aceptablemente democrática– de los antiguos cargos de concejo. Los electores, de 25 años cumplidos, debían ser residentes desde cuatro años antes y pagar una contribución de cuota fija procedente de bienes radicados en el término del pueblo que produjeren a su dueño una subsistencia independiente. Los elegibles debían estar en la lista de mayores contribuyentes. Los gobernadores civiles (o jefes políticos) nombraban para alcalde a uno de los tres que hubieren obtenido mayor número de votos y para tenientes de alcalde a aquellos que creyeran más convenientes entre los demás propuestos. En poblaciones de más de 2.000 vecinos la elección y nombramiento correspondía al Gobierno. A propósito de la aplicación de este Real decreto en las elecciones municipales de octubre de 1835 el autorizado juicio de Marichal (101) no puede ser más favorable puesto que nos informa que «de un total de dos millones y medio de vecinos censados en la nación, aproximadamente el 37% tuvieron derecho a votar, es decir, cerca de 800.000. Esta cifra indica que el proceso de democratización de la vida política española avanzaba rápidamente, ya que se legalizaba la participación electoral no sólo de las clases altas y medias sino también de algunos sectores populares».

Se trataba, con todo, de un rompecabezas normativo cuyas piezas era urgente encajar sin desconocer que lo que más prisa corría era dotar a todas estas corporaciones populares de una composición personal de miembros liberales porque se daba por supuesto que, mientras los absolutistas siguieran en sus puestos, de nada servirían las nuevas normas. Ahora bien, ¿cómo y cuándo proceder a la elección de concejales y diputados sobre todo sospechando que no había candidatos liberales suficientes en todos los pueblos de España y que, además, no estaban siempre decididos a presentarse a la elección? Existía consecuentemente riesgo de que el régimen constitucional fallase en sus cimientos y esto estimulaba la prudencia, o dicho más crudamente, la indecisión, favorecida por el hecho indiscutido de que no había sólo una tensión entre absolutistas (incluidos los carlistas) y liberales sino otra superpuesta entre las alas de las distintas fracciones constitucionalistas.

Sea por las razones que fuere se pospuso la renovación de las diputaciones provinciales a las elecciones convocadas para el 1.12.1837 por decreto de 13 de septiembre del mismo año, con cuyo régimen se pretendía cerrar el desorden de su composición, tal como iremos viendo más adelante.

Durante los Gobiernos de Calatrava-Mendizábal y Bardají-Pita ayuntamientos y diputaciones conservaron un régimen propio sin lograr articular bien sus esferas. En el último momento, no obstante, se intentó una regulación coordinada, constituyéndose al efecto (por Real orden de 4.12.1837, firmada por Ulloa) una comisión especial –de la que formaban parte Miguel Puche y Bautista, Juan Felipe Martínez, Antonio Gil y Zárate, Justo Pastor Álvarez, José Pérez Sánchez y el inevitable Canga Argüelles, a la que se encargó la elaboración de

un proyecto de ley, en que se fijen las atribuciones de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, número de individuos de que deben componerse con arreglo a su población y circunstancias, sistema que debe observarse en la elección, atribuciones de los alcaldes, reglas para su nombramiento y atribuciones de los jefes políticos de las provincias.

No puede pasarse por alto finalmente la existencia de una pieza intermedia entre los escalones municipal y provincial constituida por las llamadas (entre otras muchas denominaciones folclóricas) «Universidades de tierras», que agrupaban diferentes pueblos, de ordinario docenas de ellos, a efectos de la administración de montes y pastos de aprovechamiento común a todos ellos. Estas universidades, de origen remoto, formadas en los tiempos de la Reconquista o quizás antes, formaban estructuras económicas sólidamente estructuradas que garantizaban la supervivencia de grupos serranos de ganadería extensiva y, en general, funcionaban de manera satisfactoria y pacífica. Pero la guadaña de la organización racionalista y geométrica del liberalismo no acertó a respetarlas y la Real orden de 31.5.1837, de Pita, acabó con ellas aunque por un milagro de resistencia vecinal todavía se conserven algunas muestras que pertenecen ya a la arqueología rural.

2. La perspectiva política de las corporaciones populares tiene aún mayor importancia que la administrativa puesto que ésta no pretendía ser más que un reflejo de aquélla y, en definitiva, todo giraba sobre el eje de la centralización-descentralización, o sea, en la colocación del punto de gravedad del poder público. La ley de febrero de 1823 era considerada como la apoteosis del poder popular, que en sus manifestaciones periféricas (provinciales y municipales) paralizaba la acción del Poder nacional, de la Administración central. De aquí que los teóricos moderados impulsasen la centralización como un medio de contrarrestar la demagogia corporativa popular, cuyos excesos combatían con el mismo entusiasmo con que ensalzaban el Poder central.

Para Nicomedes Pastor Díaz (La cuestión electoral, 26), «los ayuntamientos son sólo para el gobierno interior de los pueblos, empero que para las relaciones que ponen al pueblo en contacto con los demás, para los que le unen al poder, para la ejecución y observancia de las leyes generales, sólo pueden ser gobernados por agentes que del Gobierno central dependan (...) Para sus pobres habitantes no hay tiranía ni despotismo más odioso que la del vecino su igual (...) Un federalismo enclavado en una monarquía del siglo XIX, una aristocracia de mandarines de lugar». Más adelante, con la experiencia de quien estaba ejerciendo una jefatura política en el momento de escribir, añadía: «El Gobierno no gobierna ni tiene agentes para ello. Los jefes políticos debían serlo y no lo son. En vano se llaman así. Son un fantasma: todos sus medios son su nombre y las cortas líneas de su nombramiento. La autoridad reside toda en las soberanas e irresponsables diputaciones provinciales, en la municipalidad independiente. En vano se llama monarquía a la nación; por ahora no es más que la más débil de las repúblicas, la bastarda confederación de 49 tiránicas oligarquías». Y en la exposición dedicada A la Corte y a los partidos (435) precisaba más todavía: «El Gobierno responsable y fuerte debía tener agentes propios: las Cortes de 1837 le dieron por agentes a diputaciones independientes. Los funcionarios del Gobierno debían ser obedecidos en los pueblos, las leyes del 37 colocaron al frente de los pueblos autoridades que no estaban obligadas a obedecer al Gobierno. El Poder Ejecutivo tenía en sus manos el mando de la fuerza armada: aquellas Cortes armaron y centralizaron la Milicia nacional con separación del Poder público. Así fue en vano que la ley política de los girondinos de 1837 hubiera creado un Estado constitucional, la Montaña bajo forma de leyes administrativas organizó fuera de la constitución un Estado más poderoso que la dejaba nula y bloqueada. El Estado constitucional tenía ministros, jefes políticos, intendentes, generales y tribunales, el Estado popular tuvo diputaciones, ayuntamientos, Milicia. El poder constitucional se resumía en la soberanía parlamentaria, representada en las Cortes con el rey. La organización revolucionaria sólo reconocía la soberanía de las juntas con el pueblo. Estos dos Estados no podían unirse. Uno sobraba».

Los excesos del gobierno provincial fueron también denunciados por Borrego (1855, 75): «Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos formados con arreglo a la ley de 1823 ponían en manos de estas corporaciones la confección de las listas y todas las operaciones electorales y en su mayoría estas corporaciones pertenecían al partido progresista». De aquí los afinados contrapesos que estableciera en las Bases de la organización política publicadas en el Correo Nacional:

7.º Las provincias deberán tener una amplia intervención en sus negocios económicos y los municipios correr a cargo de los ayuntamientos, deslindando las atribuciones de éstos y de las diputaciones provinciales, de tal manera que la acción fiscal de los agentes de la autoridad suprema no entorpezca los esfuerzos de la inteligencia de los intereses locales, al paso que el espíritu de provincialismo quede sin fuerza y sin poder para embarazar la acción política de la autoridad central.

Una sorprendente excepción dentro del pensamiento moderado fue la de Balmes (433), quien negó rotundamente la fuerza centrífuga real de los ayuntamientos y diputaciones: «Los que afirman que existen fuerzas locales y que tienen hondas raíces en la sociedad española se apoyan principalmente en la conducta de los ayuntamientos, que pronunciándose con tanta facilidad contra el Gobierno existente (pero) este argumento supone que los ayuntamientos han sido los principales motores de las asonadas, cuando las diputaciones provinciales, los jefes políticos, los militares se han pronunciado igualmente que los ayuntamientos, ora adhiriéndose a las sublevaciones, ora poniéndose a su cabeza (...) Y nada tienen de local los jefes políticos, los militares, los empleados que han figurado en las juntas acaudillando las insurrecciones contra el Gobierno».

El sistema municipal

Siendo Pita Pizarro ministro de la Gobernación, se percató inmediatamente de la obsolescencia del régimen jurídico a que acaba de aludirse y se apresuró –con una prudencia y previsión que entonces no eran habituales– a sentar las bases de un cambio profundo con el fin de terminar de una vez con la constante provisionalidad.

Éste fue el sentido de la Real orden de 22.4.1837 en la que desarrolló una aguda teorización de lo que llamó «el sistema municipal»:

Impracticable e insuficiente la antigua organización que los progresos del tiempo y las nuevas circunstancias sociales habían minado, y que el poder absoluto acabó por desvirtuar, a la primera aurora de mudanza política fue preciso hacer en ella modificaciones que tímidas y transitorias sólo sirvieron para dar a conocer el influjo poderoso de estas instituciones (...) La restablecida ley de 3.2.1823 no pudo considerarse nunca sino como muy provisional, pues en el decreto de su restablecimiento se anuncia que se la revalida hasta la resolución de las Cortes.

Para salir de esta transitoriedad y con objeto de establecer un nuevo régimen maduro y definitivo se encomendaba a continuación a los jefes políticos la elaboración de un informe sobre la futura regulación «consultando y oyendo al efecto a las diputaciones provinciales, ayuntamientos de más importancia, sociedades económicas, y a otras corporaciones y personas ilustradas en el asunto». Se trataba, en definitiva, de retomar la vieja fórmula de los informes-memoriales ilustrados, al estilo del de la ley agraria. Pero ni que decir tiene que en 1837 no había reposo para hacerlo y todo quedó en agua de borrajas. Aunque al menos se trazó un modelo preciso en el que se esquematizaba con minuciosidad lo que constituiría ese «sistema municipal» que se anunciaba

A la vista de tal Real orden ya no es lícito reprochar a la época un desconocimiento del sistema municipal, que estaba perfectamente pensado y estructurado. Otra cosa es, naturalmente, su plasmación legal y su realización práctica, que tanto dejaban que desear. El ensayo de Pita Pizarro recuerda, como acaba de decirse, la metodología ilustrada, pero su contenido estaba en línea directa con la Instrucción a los subdelegados de Fomento de la que, de haber cuajado, hubiera sido un complemento precioso. Esta actitud retrataba perfectamente la mentalidad del personaje aunque es evidente que no se correspondía con la de un ministro progresista compañero de Mendizábal, muy alejado ya del espíritu de Javier de Burgos, pues lo que ahora gustaban eran las improvisaciones, geniales o no, dado que había muchas prisas. Este tufo moderado había de terminar inevitablemente con su exclusión de las filas progresistas porque lo que de veras preocupaba a éstos en materia de régimen local no eran la organización ni las competencias, y mucho menos la coordinación con las demás Administraciones públicas, sino el meollo político de la ocupación del poder municipal y la designación de alcaldes, como se comprobaría en 1840.

Para comprender el alcance y significado que tenían los ayuntamientos en los años que en este libro se estudian, hay que tener presente, en primer lugar, que el pueblo –entendido como unidad orgánica, es decir, cada pueblo– era la célula histórica básica y no el individuo, como hoy sucede. El reino era un conjunto de pueblos, no de ciudadanos, y se gobernaba y administraba a pueblos, no a vasallos: el vecino adquiría su personalidad administrativa individual a través del pueblo al que pertenecía. Existían probablemente explicaciones ideológicas de este fenómeno, pero en el fondo latía una razón práctica: la Administración nacional era incapaz de manejar individuos, por lo que tenía que operar con unidades superiores, cabalmente los pueblos. Al no existir estadísticas, censos y catastros adecuados era inviable, por ejemplo, la asignación singular de impuestos y había que acudir a un mecanismo de cupos territoriales, que luego se encargaban de repartir los ayuntamientos mediante el conocimiento directo, no documentado necesariamente, de la riqueza de cada familia. Y lo mismo sucedía con las levas de quintos. De esta manera se pretendía lograr una aceptable unidad de régimen de pueblos, mas no de ciudadanos, cuya verdadera identificación contributiva dependía del azar o de la tradición del pueblo de su residencia, puesto que una riqueza igual se gravaba de diferente manera según el municipio, de la misma forma que en unos por caprichos demográficos, sobraban quintos mientas que en otros faltaban.

En el Antiguo Régimen la formación de los ayuntamientos era teóricamente democrática, aunque sesgada profundamente en las villas y ciudades por tendencias oligárquicas de raíz nobiliaria, señorial y económica, mientras que en los pueblos pequeños y lugares la participación democrática era mucho más intensa. Lo que en todo caso parecía seguro era la ausencia de motivaciones políticas en los procedimientos electorales. Tal fue cabalmente la gran novedad del régimen constitucional: la sustitución del régimen oligárquico tradicional por unas oligarquías políticas teóricamente abiertas aunque de hecho y con frecuencia se insertaran en ellas los privilegiados de siempre, ahora con otra legitimación.

En un orden muy distinto de consideraciones, Morillo (45 ss.) entiende que la clave de todo el régimen municipal de la Regencia (e incluso, en general, de todo el siglo XIX) se encontraba en la contraposición entre gobierno político y gobierno interior, aun reconociendo por adelantado que sus fronteras fueron siempre imprecisas. Para este autor tal dicotomía existía ya en el Antiguo Régimen en el que «por regla general va a ser la atribución de lo que constituye el gobierno político de los pueblos a los corregidores y alcaldes, conjuntamente con el ejercicio de la Administración de Justicia, y a los regimientos de los concejos la regulación de la vida económica concejil». Esquema que en lo sustancial sería recogido en las Cortes de Cádiz, a las que iba a ser muy útil armonizar técnicamente los dos ejes de la centralización y del localismo. Los textos no podían ser más terminantes: el art. 309 de la constitución de 1812 declaraba solemnemente que a los ayuntamientos correspondía el «gobierno interior» de los pueblos, mientras que su gobierno político estaba «a cargo del alcalde» (art. 83 de la Instrucción de 1813).

Por decirlo con otras palabras: en el municipio se cruzaban y anudaban dos líneas diferentes: por un lado, la que venía de abajo arriba, encomendada a los ayuntamientos, en cuanto representantes del pueblo, y que se refería al gobierno interior o económico; y por otro lado, la que venía de arriba abajo, encomendada a órganos del Poder ejecutivo, como era el alcalde y el jefe político provincial. Al encajarse estos dos elementos adquiría el municipio una naturaleza doble: corporación popular y, al tiempo, pieza integrada en el Poder ejecutivo.

El Poder municipal

En 1837 todavía no se había teorizado en España suficientemente este Poder, pero era bien conocida la doctrina francesa, abundante y precisa, por lo que en las Cortes se manejaba con soltura el término y se reflexionaba con frecuencia sobre su alcance.

En la sesión de 27.4.1837 Sosa, al discutirse el art. 69 de la Constitución, puso de relieve el indebido silencio del texto a este respecto que, en su opinión, aún era tiempo de remediar ya que «habiéndose dicho poder judicial debía decirse ahora el poder municipal porque las diputaciones provinciales constituyen uno de los poderes necesarios de un Estado que se gobierne por el sistema representativo; poder que debe ser tan independiente como los demás poderes, aunque tenga toda la responsabilidad de éstos». De forma rudimentaria pero terminante el anciano diputado leonés abogó por el reconocimiento expreso de este Poder y del respeto a su independencia tanto en el nivel provincial como en el municipal. Las diputaciones provinciales tienen múltiples competencias administrativas en especial en materia de distribución de contribuciones y montes –dijo– «pero lo municipal debe ser exclusivamente suyo (...) Háganse leyes, pero después que se les den las leyes, déjese a las diputaciones provinciales y si no cumplen la ley, ahorcarlas. Pero si obran conforme a la ley, dejarlas obrar».

Los diputados de la mayoría, sin embargo, no pensaban del mismo modo puesto que, aun aceptando la existencia de este poder municipal, lo consideraban como un simple «poder administrativo» y, en cuanto tal, estrictamente subordinado a los agentes del Poder ejecutivo y concretamente al Jefe político. Una postura que, como vemos, chocaba frontalmente con la concepción tradicional de que las corporaciones populares no eran organismos «administrativos» –y mucho menos estatales– a los que la Administración pública podía, y debía, ciertamente controlar y en alguna medida dirigir, pero siempre desde fuera, como sucedía con las asociaciones de médicos o juntas de comerciantes. Armendáriz sostuvo, por su parte, la tesis más extrema de la jerarquización y dependencia municipal: «El poder municipal tiene un jefe, una autoridad que le domina; ésta es el Poder Ejecutivo, pues aquél forma parte de la Administración pública, que no reconoce más que un jefe (...) y sepan las corporaciones populares que tienen sujeción al Poder Ejecutivo y no más facultades que las que les den las leyes». Esta actitud reticente de unas Cortes tan rabiosamente progresistas como eran las constituyentes de 1836-37 no deja de sorprender cuando se piensa en el fervor con que muy poco después abrazó este partido la bandera autonomista municipal y que con tal pretexto derribó al partido moderado y a la propia Regencia de María Cristina a punta de la espada de Espartero. Dejando a un lado el conocido oportunismo político, forzoso es reconocer, no obstante, que los progresistas han sido siempre tendencialmente más municipalistas que los moderados, aunque sólo fuera por la circunstancia de que les era más fácil alcanzar el poder en los ayuntamientos que en el Gobierno del Estado. Más adelante se dibujarían con claridad los dos modelos municipalistas de los partidos hegemónicos de la época, aunque en esta legislatura no llegaran a discutirse.

Con una inspiración realista y tocando firmemente con los pies en la tierra, fue planteada a renglón seguido la cuestión de la retribución o gratuidad de los cargos. Antonio González se pronunció a favor de esta última; pero Sosa sostuvo la postura contraria: «S.S. dice –argumentó el representante leonés– que los individuos de las diputaciones no deben estar sujetos a responsabilidad porque no se les paga. Es una verdad; pero ¿por qué no se les da una retribución? El hombre no es de sí mismo, es de su patria; y si ésta le llama para cualquier cargo público, tiene que ir a desempeñarlo. Pero la Patria misma que necesita de él tiene que pagarle, porque si tiene mujer e hijos u otras obligaciones, no ha de desatenderlas. Que se le pague, como en otras épocas se ha hecho».

En otro orden de consideraciones, admitida la existencia del Poder municipal, surgía inevitablemente el problema de su heterogeneidad, que traía consigo dos cuestiones: la exigencia de una igualdad legal que impidiera que en la realidad las unidades pequeñas fuesen dominadas por las grandes; y por otro lado, aunque parezca contradictorio, la exigencia de regímenes distintos adaptados a las peculiaridades de cada uno.

El primer punto de vista fue defendido por el diputado vizcaíno Martín de los Heros: «Yo no me opongo a las diputaciones provinciales porque precisamente soy del país en donde se conocen más y han dado resultados más prácticos y positivos. Pero si soy partidario de la libertad personal, lo soy más de la libertad local, es decir, que no quiero que los pueblos grandes se traguen a los pequeños y éste es el principio de todas las ventajas que mi país ha disfrutado sobre todos los pueblos conocidos. Bilbao es una provincia entera; ha sabido sacar partido de su riqueza industrial y de su puerto, pero ha tenido que respetar los derechos de la más pequeña aldea». Su propuesta fue, en consecuencia, dejar a una ley posterior la regulación del régimen municipal y que éste respetase la variedad.

Abad y Lasierra, por su parte, defendió el valor de las Juntas de partido porque, en su opinión, conocían mejor la situación que las diputaciones provinciales y así podían repartir con más justicia las contribuciones. Y, de otro lado, lamentó los desequilibrios territoriales: «cuando considero la capital de esta monarquía con el resto de la misma, la comparo a una cabeza apoplética y su cuerpo raquítico; al perderla de vista no se ven más que campos yermos, pueblos arruinados y vivientes agobiados de miseria. Con la misma proporción más o menos puede hacerse igual cotejo en las capitales y ciudades de España».

Estas dos intervenciones ilustran bien hasta qué punto las posiciones políticas estaban condicionadas por las circunstancias personales de quienes las expresaban. Porque si la postura de Martín de los Heros reflejaba la mentalidad y la experiencia de un vizcaíno (como él mismo confesó en su parlamento), la voz de Abad y Lasierra era un eco de las vivencias de un poblador de los valles del Alto Aragón, cuyos pequeños caseríos se nucleaban en torno a las capitales de partido.

Por otro lado, y a diferencia de lo que hoy sucede, no se dio en esta época a la cuestión de las competencias demasiada importancia, ya que, al ser de hecho los ayuntamientos más operativos que la Administración nacional, se ocupaban con absoluta naturalidad de todo cuanto podían, fuera en interés propio o por encomienda de la Administración central. Y no podía ser de otra manera habida cuenta del raquitismo del aparato burocrático de esta Administración asentado en las provincias. El jacobinismo centralista predominante en los políticos liberales concentraba sus recursos, harto escasos, en las oficinas madrileñas, careciendo de empleados que pudiesen atender mínimamente los servicios públicos periféricos (salvo los militares, judiciales y fiscales) que recaían inevitablemente en las diputaciones y ayuntamientos o pura y sencillamente no se prestaban. En el plano político la situación era muy distinta, pues lo que se ventilaba era el poder, cuyo ejercicio era barato e incluso rentable. Aquí la Administración nacional sacaba pecho, por así decirlo, y por sus migajas se levantaban disputas interminables.

Un interesante ejemplo tenemos en un oficio de los secretarios de Cortes al ministro de la Gobernación de 12.7.1837 (la Gaceta del 25): el Ayuntamiento de Valencia se había quejado de la atención de ciertos gastos que, a su juicio, no le correspondían y las Cortes, de conformidad con el parecer del Gobierno, declararon que

los fondos municipales de la ciudad de Valencia no son obligados a satisfacer el alquiler de la casa alojamiento de su capitán general, por deber ser de cargo de éste, como el de las oficinas de la capitanía general, del presupuesto de Guerra.

¿Cabía una mayor intervención centralista cuando las Cortes y el Gobierno tenían que decidir sobre el alquiler de una vivienda?

Desde el punto de vista teórico se aceptaba, casi sin discrepancia, la construcción lógica y técnica del liberalismo doctrinario francés, que durante la Regencia ya se había importado en bloque a reserva de ciertos matices. Lo que verdaderamente apasionaba, y por lo que las ramas liberales lucharon encarnizadamente, era la elección de los alcaldes y la tutela estatal. En la elección de concejales estaban de acuerdo moderados y progresistas, puesto que todos abominaban del sufragio universal, si bien dentro de un régimen censitario que los progresistas (y aquí estaba la primera diferencia) pretendían no fuera tan rigurosamente restringido como querían los moderados.

En suma, los dos partidos compartían, como mínimo, los siguientes principios: estructura organizativa bipolar, centrada sobre el ayuntamiento y el alcalde; no aceptación de la Instrucción de 1823 (aunque tuvieran que soportar su vigencia al no lograr ponerse de acuerdo en la ley que había de sustituirla); cualificación del alcalde como agente del poder ejecutivo; subordinación del gobierno municipal a las autoridades provinciales y, en fin, régimen electoral directo y censitario que garantizase la consolidación de la oligarquía de los terratenientes y clases medias, aunque matizada ahora, a diferencia de lo que había sucedido en el Antiguo Régimen, por la coloración política de unos partidos asentados en toda la nación.

Atendiendo a este bloque común, lo que separaba a los dos bandos parecía más bien una cuestión de grado, sin desconocer, claro es, la importancia que aquí tenían los matices. Por lo pronto, los moderados seguían fielmente el doctrinarismo francés, al que prestaban la autoridad de lo «científico»; mientras que los progresistas, además de rechazar tan petulante calificación, sólo aceptaban parte de su contenido. Por otro lado, aun asumiendo ambos el principio de la «unidad de la administración» en todas las esferas del Estado, los progresistas (aunque no todos, según vimos antes en un testimonio de Armendáriz) entendían que si ello justificaba la integración de los ayuntamientos en el Poder ejecutivo, en modo alguno su subordinación total a la Administración central, como si fuera el último eslabón de una jerarquía administrativa única, que era lo que predicaban los moderados, borrando así la anterior nitidez de la separación entre Estado y Sociedad.

Poco tiempo antes de la llegada al poder de Calatrava-Mendizábal, en otoño de 1835 –o sea, durante el Ministerio de Mendizábal– se celebraron al fin, y de acuerdo con el Arreglo provisional, las elecciones municipales, pero en un ambiente imprevisto, enrarecido como consecuencia de los levantamientos veraniegos, cuyos fuegos no se habían apagado del todo. No obstante el carácter restringido del cuerpo electoral municipal, éste alcanzaba ya aproximadamente el 30% del total del censo, lo que contrastaba fuertemente con la reducidísima cuota propia de las elecciones a Cortes, que no llegaba al 1%.

De todas maneras el Ministerio de Calatrava inició el estudio de un nuevo proyecto, pues parecía tan necesario como urgente sustituir el texto de 1823; pero no tuvo tiempo de llevarlo adelante. Entre unas cosas y otras, terminaba la legislatura y seguía sin aparecer una norma que aclarara definitivamente el régimen de renovación de los ayuntamientos. El 28.8.1837, al hilo de una exposición de Vélez-Málaga, Pascual insistió en la necesidad y en la urgencia de que las Cortes dictasen una disposición en este sentido recordando que «la época en que todos los años se ha hecho la renovación de los ayuntamientos está próxima y esto no obstante no está acordado el modo de verificarla. (Además) no es justo que tales cargos pesen por mucho tiempo sobre ciertas personas con perjuicio de sus intereses».

Mientras tanto el tiempo corría, los ayuntamientos estaban inquietos porque el momento de la renovación se echaba encima y no sabían cómo realizarla, las Cortes habían urgido al Gobierno para que presentara un proyecto de ley al efecto: lo que no se hizo. Así las cosas, el 21.10.1837 Dionisio Valdés, Gómez Acebo, Pascual, Miguel Arce y Alejo presentaron una proposición por la que se autorizaba al Gobierno para reformar el sistema de elección aunque ordenando que, si como era previsible no llegaba puntualmente, se procediese sin más a las elecciones con arreglo a la ley vigente. Esta proposición se debatió el día 26 de octubre (1837) y evacuó la comisión el dictamen solicitado que apareció en el Diario del 28. En él se aprobaba la proposición aunque, para facilitar el trámite parlamentario, se autorizaba al Gobierno a que aplicase directamente la ley de 1835 así como para «introducir las variaciones necesarias a fin de ponerle en armonía con las instituciones vigentes, pero con la precisa condición de que las calidades para los elegibles fuesen las mismas que para los electores». Dictamen que venía acompañado de un voto particular de Sereix que se inclinaba por el régimen establecido en la Constitución de 1812, recordando además que

es bien cierto, aunque triste confesarlo, que los ramos encomendados al cuidado y protección de las municipalidades se hallan en estado decadente, sin que deba atribuirse exclusivamente a la guerra civil un defecto que se está por desgracia tocando aun en las poblaciones libres de este cruel azote. Tres decretos para la elección de ayuntamientos desde últimos de 1833 hasta mediados de 1835, el nombramiento en 1836 de los constitucionales, y otras varias alteraciones experimentadas en este ramo de la legislación, han producido los males que necesariamente deben seguirse a la inestabilidad legislativa, a que es preciso poner un dique si no se quiere recaiga el descrédito sobre los cuerpos municipales y en último resultado sobre el sistema representativo.

Independientemente de este tejer y destejer del ordenamiento legal de los ayuntamientos y de su sistema electoral, ¿cuál era, en líneas generales, su composición? O dicho de otra manera: ¿A la composición manifiestamente progresista del Congreso se correspondía una coloración similar de las corporaciones locales? Una pregunta singularmente importante porque si la respuesta fuese negativa se hubiera producido un desequilibrio político entre el nivel central y el municipal que se traduciría inevitablemente en una cierta paralización de la actividad estatal provocada por la resistencia pasiva de los ayuntamientos.

Isabel Burdiel (239 ss.) ha explicado, buceando aguas arriba, que el decreto de 13.7.1835 «respondía a un proyecto muy moderado de cambio en la organización municipal, destinado en principio a facilitar la consolidación de las oligarquías locales frente a posibles embates revolucionarios (...) En este contexto, la aparente renovación radical del ayuntamiento (de Valencia, de resultados extrapolables a la mayor parte del país) que tomó posesión en enero de 1836 tuvo más de continuismo que de ruptura realizándose dentro de un ambiente claramente oligárquico y de sustitución de elites, acorde con una línea conciliatoria y moderada respecto al poder municipal anterior». De acuerdo, entonces, con esta tesis los pueblos no se habrían radicalizado tanto como el Poder legislativo ni la nación estaría sujeta a los fuertes vaivenes que padecían los sucesivos Congresos y Ministerios. Lo que significa que en el escalón inferior de la organización político-administrativa los factores económicos y sociales –en este caso los que alimentaban las oligarquías locales– eran relativamente inmunes a la influencia de las modas políticas y a su alternancia constante.

Siendo esto cierto, no lo era menos que al concederse a nivel municipal el derecho electoral activo a casi la tercera parte de los vecinos adultos, se produjo inevitablemente una apertura de las oligarquías tradicionales locales, que para sobrevivir se vieron obligadas a pactar con las masas populares a cambio del voto. Una apertura mucho más amplia que la que paralelamente se estaba produciendo en el nivel parlamentario nacional produciéndose con ello una perceptible asimetría de las alineaciones políticas de los dos escalones.

Resumiendo y ordenando cuanto acaba de decirse a propósito de la composición y renovación de los ayuntamientos, tenemos que

a) El primer Gobierno de Mendizábal aceptó el régimen municipal establecido por el Ministerio de Toreno en el Real decreto de 23.7.1835 (firmado por Álvarez Guerra) titulado «Arreglo provisional de los ayuntamientos del Reino».

b) De conformidad con lo dispuesto en su art. 7 los cargos de alcalde, tenientes de alcalde y procurador del común se renovarían cada dos años e igualmente los de regidores, aunque éstos por mitades puesto que su duración era de cuatro años.

c) Las primeras elecciones deberían celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del Real decreto, y las posteriores a finales de cada bienio puesto que debían estar aprobados los resultados por el gobernador civil el 15 de diciembre.

d) Habiéndose celebrado elecciones municipales en las últimas semanas de 1835, a finales de 1837 tenían que renovarse, por tanto, los ayuntamientos y al no haberse dictado la ley definitiva que sucediese al Arreglo «provisional» de 1835 apareció el problema de determinarse qué norma había de aplicarse y las Cortes decidieron que se continuase con el mismo Real decreto.

La brusca entrada en vigor de la constitución de 1812 en el mes de agosto de 1836 creó no pocos problemas en punto a la renovación de los ayuntamientos, pues aunque nada se dijo sobre el particular, la opinión dominante era que debían cesar los que en ese momento estaban en funciones. De hecho, fueron muchos los pueblos en los que, sin esperar a las instrucciones del gobierno, se celebraron elecciones; pero el problema estaba en determinar la duración legal de estos auténticos «ayuntamientos constitucionales». De conformidad con el art. 3 del decreto de 23.5.1812,

en los pueblos en que pueda verificarse la elección cuatro meses antes de concluirse el año, se renovarán en fin de diciembre la mitad, saliendo los últimamente nombrados. Pero en aquellos pueblos en que se haga la elección cuando falten más de cuatro meses para acabar el año, seguirán los elegidos en sus cargos hasta el fin de año siguiente, en que cesará la mitad.

Este régimen era claro para los supuestos normales; mas no así en las circunstancias anómalas de 1836. La cuestión fue discutida ampliamente el 1 de diciembre de aquel año.

García Blanco se pronunció en favor de la prórroga de los recién elegidos recordando que «para la formación de los ayuntamientos escogieron los pueblos a los hombres de mayor probidad, de más conocimientos y, en fin, de lo mejor de cada población». Pero Martínez Falero advirtió a renglón seguido que, por lo común, «los que admitieron los cargos lo hicieron en la inteligencia de que a fin de año habían de ser renovados». Mientras que Pérez de Meca abogó también por la prolongación aunque por razones prácticas dado que, siendo muy gravoso el cargo de regidor, ni había candidatos suficientes ni entusiasmo entre los electores, por lo que, en consecuencia, lo mejor era ahorrarse las elecciones de diciembre de 1836. «La voluntad de los pueblos –resumió– fue la de que continuaran el año próximo. La época en que se hicieron las elecciones fue de conmoción y de poca estabilidad, por lo cual no concurrieron todas las personas que debían (...) La falta de concurrencia a las elecciones es bien notoria: parroquia hubo en Madrid donde no asistieron más de 15 o 20 vecinos a votar».

El rompecabezas de la organización territorial del Estado

El Estado constitucional heredó del absoluto una red de corporaciones sociales –los ayuntamientos– que cubrían todo el territorio nacional y que gestionaban los intereses de los vecinos. Se trataba, por tanto, de unidades de autogobierno, es decir, democráticamente orientadas, sin perjuicio de que buena parte de ellas estuvieran sometidas a una intervención exterior, no siempre legal, por parte de los señores laicos o eclesiásticos y, sobre todo en los niveles de población mediana o grande, a la usurpación permanente de cargos en beneficio de oligarquías locales, aliadas con los eventuales señores. Los vecinos, los oligarcas y los señores vivían en una tensión permanente que generaba graves desequilibrios de los que nacían indefectiblemente abusos no menos graves. El Poder Real estaba tendencialmente de parte de los vecinos y a mediados del siglo XVIII intensificó su acción protectora para que este estamento pudiera hacer frente a sus rivales. La protección consistía en un robustecimiento de las fórmulas democráticas, inexistentes en el régimen señorial y muy debilitadas en el oligárquico, que de ordinario no produjeron efectos saludables perceptibles pero sí uno inesperado y muy importante: la entrada –formalmente tutelar– de servidores reales en la vida municipal.

El Estado constitucional realizó inicialmente una limpieza a fondo de los elementos espurios, ya que desaparecieron los restos señoriales, que habían llegado ciertamente al siglo XIX muy deteriorados, y rompió formalmente con las oligarquías tradicionales sustituidas ahora por representantes temporales del pueblo democráticamente elegidos. Ahora bien, la democracia, que favorecía la erradicación de las oligarquías, no era del todo incompatible con ellas, puesto que permitía la formación de otras nuevas sin demasiadas dificultades. Al menos (recuérdese la cita anterior de Burdiel) esto es lo que sucedió en la inmensa mayoría de los pueblos pequeños y medianos de España y en una parte de los grandes. O sea, que lo que sucedió de hecho fue que a las oligarquías sociales tradicionales sucedieron las nuevas oligarquías políticas caciquiles.

Éste es el primer dato del cambio a tener en cuenta: los cargos concejiles se disputaban ahora con armas (cuasi)democráticas en condiciones formales de igualdad sin distinción de familias ni de clases que permitían y hacían prever una alternancia indefinida en el poder. Sin perjuicio, claro es, de que el juego electoral se viera enturbiado por manipulaciones sociales (la condición económica de los vecinos) y políticas (su adscripción a partidos o tendencias determinadas) que sesgaban gravemente los resultados.

La politización del gobierno local fue, en consecuencia, el primer rasgo del cambio: una politización interna (la lucha entre vecinos de distintos partidos o tendencias) y una politización externa, representada por la posibilidad de que el Ejecutivo nacional interviniese en la composición del ayuntamiento nombrando al alcalde por iniciativa propia o a propuesta vecinal en terna. Pues bien, si en la primera vertiente de esta politización estaban todos los liberales de acuerdo, no así en la segunda, puesto que los moderados eran partidarios de la indicada intervención central (para homogeneizar políticamente con ella y desde arriba a todos los ayuntamientos de España) y los progresistas estaban en contra precisamente para evitarlo. Tan importante era esta cuestión que sirvió precisamente de detonante años más tarde para la revolución de 1840, la caída de los moderados y el fin de la Regencia de María Cristina.

Sin olvidar, por otra parte, que la intervención externa no se limitaba a la designación de los alcaldes sino que se expresaba también en el control de los intendentes sobre ciertas materias fiscales, de los gobernadores sobre ciertas materias administrativas y de los jueces para exigir a posteriori responsabilidades personales, al tiempo que ejercían un cierto control en algunos procedimientos, singularmente en los electorales. En lo dicho hasta aquí vemos que se trataba, en definitiva, de una autonomía local tutelada, que así funcionaba en las circunstancias normales, pero hay que tener en cuenta que en las excepcionales –que en tiempo de guerra eran las habituales– aparecía un nuevo factor, el militar, que legal o ilegalmente rompía las reglas del juego.

La situación, con todo, era mucho más compleja pues no se trataba sólo de una tensión interna entre los vecinos y otra tensión externa entre la corporación local y el Poder central, sino que se daba un segundo rasgo característico del nuevo régimen, que no resultaba menos importante que el primero, a saber: que el mapa geográfico español se había cuadriculado en provincias, que ya no eran «organismos naturales» como los ayuntamientos sino de creación artificial o legal que, por su naturaleza y por la falta de experiencia de su funcionamiento, acarreaban problemas gravísimos.

La naturaleza de estas provincias era doble. Por un lado eran parcelas convencionales para el asentamiento de los servicios públicos estatales (administrativos con el gobernador civil o jefe político, fiscales con el intendente, judiciales con la Audiencia, militares con el comandante general) que pocas dificultades presentaban; pero por otro lado suponían una agrupación de los ayuntamientos –expresada en la diputación provincial– con la doble tarea de articular las relaciones entre ellos y los delegados del Poder central y además, y fundamentalmente, la de ejercer una segunda tutela –en este caso popular o democrática– sobre todos y cada uno de los ayuntamientos de su jurisdicción.

La emergencia de una nueva y superior corporación popular –la diputación provincial–, con las funciones a que acaba de aludirse, era la segunda característica esencial del nuevo régimen territorial constitucional. Porque con ella se añadía otro protagonista a los dos que ya conocemos (el Poder central y los ayuntamientos). De esta manera aparece el gran desafío de armonizar estos tres elementos heterogéneos tan distintos y de suavizar las tensiones que entre todos habían de producirse inevitablemente.

Las diputaciones provinciales eran organismos superiores a los ayuntamientos que servían de enlace con la Administración central del Estado puesto que las relaciones singulares bilaterales de una y otros eran, dado el extraordinario número de aquéllos, funcionalmente imposibles, como se ve muy claro con el sistema de cupos.

Pero no se trataba sólo de esto puesto que la diputación provincial no se limitaba a ser una clavija de articulación en el mecanismo del Estado sino que era también tutora de las actividades municipales. Los ayuntamientos estaban sometidos a la vigilancia y tutela de los agentes de la Administración central; pero también lo estaban a los de la diputación provincial y en un grado más intenso todavía dado que, aparte de su proximidad, en la diputación concurría un dato de legitimidad que no tenía el Estado, es decir, su naturaleza popular. Las diputaciones provinciales eran elegidas, aunque fuere indirectamente, por los vecinos a través de sus representantes en los ayuntamientos y así se justificaba mejor la intensidad de la tutela al garantizar la legalidad de las actuaciones municipales. En su consecuencia, los ayuntamientos se configuraban como organismos que gozaban de una autonomía propia de su origen social o natural, pero que, al integrarse en cierta manera en la estructura estatal, veían recortada su autonomía por mecanismos externos de vigilancia y tutela tanto por parte del Gobierno y sus delegados como de la diputación provincial.

El esquema anterior, ya de por sí nada sencillo, se complicaba aún más por la circunstancia de que con el transcurso del tiempo apareció –o se consolidó– un nuevo factor: el de los intereses provinciales. Porque la diputación provincial no era sólo coordinadora de la gestión de los intereses municipales y cogestora de los estatales en la provincia sino que tomó conciencia de la existencia de unos intereses estrictamente provinciales (caminos, beneficencia, seguridad) cuya administración asumía con pretensiones de exclusividad. Con lo cual se produjo una nueva tensión quizás inesperada.

En el esquema administrativo del Antiguo Régimen, heredado luego por Javier de Burgos, esos intereses supramunicipales habían de ser gestionados por los corregidores y luego por los subdelegados de fomento: dos figuras rigurosamente gestoras, no políticas, del aparato estatal. Ahora, al aparecer las diputaciones provinciales como corporaciones populares de cuño político que también querían asumir esas funciones, surgió el dilema. A quién iba a corresponder la gestión de los intereses provinciales: ¿a los subdelegados estatales de fomento o a las corporaciones populares? Para Javier de Burgos la respuesta fue inequívoca a favor de la primera opción; pero con la imposición de las constituciones de 1812 y 1837 terminó prevaleciendo la segunda aunque a través de fórmulas de compromiso expresadas en reparticiones de competencias que por su ambigüedad eran fuente constante de tensiones: o intervenían las dos superponiendo sus actividades en un derroche de energía o, una por otra, dejaban el asunto abandonado. Sin olvidar, en fin, el establecimiento dentro de cada provincia de Partidos Judiciales ordenado por el Real decreto de 21.4.1834.

El sistema administrativo territorial que se está describiendo necesitaba todavía una pieza de cierre: la que articulase las relaciones entre las diputaciones provinciales y el poder estatal. Porque si las diputaciones, en cuanto corporaciones populares eran autónomas, ello no evitaba la intervención estatal sobre ellas, que se expresaba en dos niveles. En el nivel orgánico el gobernador civil o jefe político presidía la diputación y controlaba desde esta posición sus actuaciones. Y en el nivel central, los acuerdos de las diputaciones eran controlados en Madrid. Pero ¿cómo y por quién? Porque es el caso que, al no estar reguladas con precisión estas cuestiones y al carecerse de experiencia, el canal que ascendía desde las provincias al centro se bifurcaba en dos ramas: una que desembocaba en el Poder ejecutivo, en alguna secretaría de Despacho (ordinariamente Gobernación o Hacienda) y otra que llegaba directamente hasta las Cortes, a las que se suponía con atribuciones universales soberanas. A lo largo de este libro hemos de ver cómo se utilizaban indiferentemente estos canales y los problemas cotidianos a que esta práctica daba lugar.

En definitiva, un sistema complejo que necesitaría lógicamente varios años de rodamiento y experiencia para poder funcionar con cierta soltura y que dio lugar a repetidos ensayos más o menos afortunados, que pueden ejemplificarse en el caso de la seguridad, tal como lo abordó, siendo ministro, González Alonso en su Exposición de 31.8.1837 (La Gaceta del 2 de septiembre):

Extinguido el ramo de seguridad pública el 18 de diciembre del año último como consecuencia de haberse declarado en vigor la ley de 3.2.1823, se destruyeron los restos de la policía regularizada en 1824 y volvieron a encargarse de tan difíciles y delicadas funciones los alcaldes y ayuntamientos bajo la superior inspección de los jefes políticos. Pero si toda la nación vio con aplauso desaparecer una institución inaugurada bajo la influencia del despotismo más atroz, los buenos ciudadanos presintieron la necesidad de restablecerlo bajo formas tutelares y protectoras, que al mismo tiempo que refrenasen al malvado, al díscolo y al conspirador, sirvieran de escudo al hombre honrado, pacífico y leal. Sólo así podría la seguridad pública ser un apoyo útil al Gobierno.

Después de describir la desastrosa situación vigente añadía que

no es mi intención proponer a S.M. el restablecimiento de una máquina complicada y costosa y mucho menos la creación de una nueva policía (...) Creo que por ahora será suficiente revisar los reglamentos que están en vigor, hacer de todos ellos una instrucción clara, precisa y análoga a las actuales instituciones y nombrar algunos agentes especiales, usando de la facultad que se reservó el Gobierno en el citado decreto de 18 de diciembre.

A tal efecto propuso el nombramiento de una comisión integrada por Pablo Monterico, Dionisio Valdés y José Cambronero presidida por Juan Álvarez Guerra. Y así se estableció por Real decreto de 31.8.1837.

Composición y renovación de las diputaciones provinciales

Las diputaciones provinciales eran plurifuncionales, dado que coordinaban (por emplear una expresión moderna) la actividad de los ayuntamientos, al tiempo gestionaban los intereses propios de las provincias que, a decir verdad, todavía eran pocos y de escasa, aunque creciente, importancia puesto que la provincia era una unidad artificial salvo en las vascongadas (llamadas cabalmente «las Provincias») y, en tercer lugar, en ocasiones gestionaban tareas propias de la Administración nacional central. Las circunstancias de la guerra revitalizaron, no obstante, a las nuevas organizaciones que adquirieron pronto un protagonismo marcado.

Durante la vigencia del Estatuto Real se procedió a una regulación bastante completa de las corporaciones populares territoriales en un proceso normativo con dos ramas que corrieron paralelas: el «Arreglo provisional de los ayuntamientos del Reino» (que ya conocemos) y el Real decreto de 21 de septiembre (1835) firmado por Martín de los Heros «sobre el modo de constituir y formar las diputaciones provinciales», que es el que en este momento interesa y de acuerdo con cuyo artículo primero

habrá en cada provincia una diputación compuesta por ahora del gobernador civil o de quien sus veces haga con Real autorización, el cual será su presidente nato; del intendente o jefe provincial de la Real Hacienda; de un vocal por cada uno de los partidos judiciales (...) y de un secretario sin voto nombrado por la misma diputación.

La participación popular era, por tanto, mayoritaria y se constituía a través de unas elecciones indirectas de dos escalones: el primero, el de los ayuntamientos y luego el de las juntas de Partido. Para ser diputado provincial se exigía, entre otras calidades,

poseer una renta anual de 6.000 reales, procedentes los 3.000 a lo menos de propiedad territorial o industrial radicada en el país, o subsistir independiente y decentemente con el oficio de abogado, de médico o médicocirujano aprobado, con enseñanza o profesión pública de alguna ciencia (art. 5,4);

siendo la duración de su cargo tres años, renovables por mitad cada año y medio (art. 10) y de aceptación inexcusable (art. 11).

Esta composición predominantemente popular se hallaba equilibrada, no obstante, por la presencia del gobernador civil y del intendente, que garantizaban el control de la Administración nacional.

Estas diputaciones empezaron a constituirse con rapidez: en noviembre de 1835 La Coruña, León, Orense, Lugo; en diciembre Oviedo; en enero de 1836 Zaragoza y Guadalajara; en febrero Murcia; en marzo Pontevedra, Gerona y Barcelona.

Ahora bien, en el entramado provincial no es lícito olvidar a las juntas de partido, escalón intermedio entre la diputación y los ayuntamientos, a las que correspondía únicamente el repartimiento de las cuotas de las contribuciones fiscales y de sangre que la diputación hubiese asignado al partido, cuando no se habían adjudicado directamente a los municipios.

A los pocos días del golpe de estado de La Granja se preocupó el Ministerio Calatrava de la situación de las diputaciones provinciales, pero no en un solo acto sino en varias disposiciones sucesivas porque era manifiesto que inicialmente no tenía las ideas demasiado claras al respecto.

El primer paso consistió en mantener las cosas como estaban, según advirtió la Real orden de 24.8.1836 (nótese: a la semana siguiente del pronunciamiento de La Granja) por la que se declaraba la subsistencia de las diputaciones provinciales

por ahora en la forma en que se hallan y hasta que se verifique la elección de los individuos que han de componerlas en lo sucesivo con arreglo a la constitución política de la monarquía (la de 1812) y que continúen desempeñando las funciones que ésta concede (...) y que inmediatamente que se verifique la elección de diputados para las próximas Cortes, se harán las de las diputaciones provinciales y ayuntamientos por el método que prescribe la referida constitución.

Continuidad que, pese a lo anunciado, no duró mucho tiempo puesto que al día siguiente, o sea, el 25, otra Real orden asoció a las diputaciones las juntas o comisiones de armamento en un ensayo que sólo duró hasta enero de 1837. Y unas pocas semanas después el decreto de 15 de octubre restableció (conforme también se ha dicho) la ley de 3.2.1823 con la declarada intención de

establecer un método claro y uniforme en el gobierno político de las provincias, y que sus diputaciones, jefes políticos y ayuntamientos no tengan dudas ni incertidumbre acerca de la esfera respectiva de facultades.

Objetivo ciertamente no logrado puesto que la ley del Trienio de 1823 siguió conviviendo con la estatutaria del «Arreglo» de 1835, hasta tal punto que, como ha señalado Ortego Gil (463), «se van a compaginar ambas normas. Mientras la ley de 3.2.1823 dejará sentir su influencia en orden a las atribuciones, facultades y obligaciones de las diputaciones provinciales, el decreto de 1835 dejará su impronta en la equiparación del número de diputados al de los partidos judiciales». Y por otro lado, el Gobierno era consciente del desorden normativo reinante que sólo podría resolverse haciendo tabla rasa del rompecabezas vigente y sustituyéndolo por una nueva ley territorial (provincial y municipal) completamente nueva. Algo que tardaría varios años en lograrse, aunque no faltaran esfuerzos para ello. Antes hemos visto los informes solicitados por la Real orden de 22 de abril (1837) a propósito del «sistema municipal», que también se extendía, aunque con menor énfasis, a las diputaciones. Con respecto a ellas, allí se decía en efecto que «informará V.S. en el mismo orden».

En este caos normativo, la ley de 15.1.1837 suprimió –en lo que aquí interesa– la asociación de las revolucionarias juntas de armamento y defensa, varió el número de los componentes de la corporación (uno por cada partido judicial, con un mínimo de siete) advirtiendo que la elección de los nuevos diputados complementarios correría a cargo «de los mismos electores que nombraron a los actuales».

En la elaboración de esta ley, el día 12 de enero se habían discutido tres adiciones propuestas por Martínez Falero que, aunque no fueron aceptadas, arrojan mucha luz sobre la situación. En el proyecto se había concedido al Gobierno la facultad de disponer todos los actos relativos a las formalidades y precauciones con que se debía proceder a la elección de los diputados provinciales. Pues bien, Martínez Falero propuso que el escrutinio de los votos emitidos por escrito lo realizasen las diputaciones provinciales y no el Gobierno. Lo que la comisión desaprobó por entender que esto suponía «una excesiva e injusta desconfianza del Gobierno, una injuria gratuita a los electores». Argumento que en modo alguno satisfizo al diputado, quien apostilló que «demasiado influjo ejerce ya el poder ejecutivo por medio de sus agentes, los jefes políticos, intendentes y demás para que yo convenga en esto porque sería lo mismo que el que se nombraran a su gusto».

En cuanto al número de sesiones (segundo extremo de la proposición) era notorio que las establecidas no eran suficientes para despachar la ingente masa de asuntos pendientes, hasta tal punto que, como explicó Gómez Becerra, «viendo las diputaciones provinciales la imposibilidad de despachar todos los negocios en la forma en que les está prevenido, tienen que acudir a una trampa legal y juntar el despacho de tres o más días en una sesión (ya que) no son suficientes las 90 sesiones que tienen permitidas».

Pero la comisión, hablando por boca de Arrieta, no dio su brazo a torcer, ya que en su opinión, «si los vocales no hubieran hecho más que reunirse los 90 días, si no hubieran tenido una secretaría, si no se hubieran distribuido entre sí los trabajos, no hubieran sido suficientes las noventa sesiones. Pero como se hacen esas distribuciones, como cada diputado trabaja por sí constantemente y en cada sesión se da cuenta de una porción de expedientes, puede bastar ese número de sesiones».

La polémica sobre el número de sesiones era, por supuesto, consecuencia de una cuestión mucho más importante –la imposibilidad material de desarrollar las funciones que se les habían encomendado– y que afectaba en último extremo a la conveniencia, y hasta a la viabilidad, de esta figura.

Así las cosas, la constitución de 1837 no pudo esquivar un punto tan importante; aunque no quiso entrar en su regulación pormenorizada y se limitó a establecer directamente que «en cada provincia habrá una diputación provincial, compuesta del número de individuos que determine la ley, nombrados por los mismos electores que los diputados a Cortes» (art. 69), es decir, sustituyendo el anterior procedimiento electoral indirecto por otro directo, remitiendo a una ley posterior la determinación de su organización y funciones (art. 71). La discusión parlamentaria correspondiente transcurrió sin pena ni gloria y, aunque en ella se aludió a algunas cuestiones ciertamente capitales, hubo un claro acuerdo implícito entre los contendientes para posponer el conflicto al momento en que se planteara el anunciado proyecto de ley.

Aunque la constitución se había remitido en este punto a la ley electoral, a la hora de redactarse ésta el Congreso no admitió el encargo y volvió a posponer el establecimiento del nuevo régimen, limitándose a una regulación provisional por las razones que aparecieron en el dictamen de la comisión de 15.8.1837:

Cuando se discutió el proyecto de ley electoral, la comisión encargada de redactarlo manifestó a las Cortes las razones que la habían movido a abstenerse de proponer el modo de elegir las diputaciones provinciales, cuyo nombramiento debía formar parte de la ley que, con arreglo al art. 71 de la Constitución, ha de determinar la organización y funciones de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. Las Cortes, sin embargo, persuadidas por un lado de que no era posible ocuparse en la presente legislatura en la formación de esa ley, y deseando por otra dar un origen común a las principales corporaciones populares, según el tenor del art. 69 de la misma Constitución, dispusieron, en virtud de una proposición del sr. Moure, que la comisión de la ley electoral propusiera el medio de renovarse las diputaciones provinciales inmediatamente según el espíritu de la ley fundamental.

La ley de 13.9.1837 no fue, en consecuencia, la anunciada por la constitución sino un sencillo parche provisional que se limitó a establecer un régimen parcial y transitorio para la formación de las nuevas corporaciones que –compuestas «por ahora» del jefe político, intendente de cada provincia y de, como mínimo, tantos diputados como partidos judiciales (art. 1.º)– habían de empezar a funcionar el primero de diciembre (art. 2.º) después de haber sido renovadas íntegramente siguiendo el procedimiento dispuesto en la ley electoral de 20 de julio del mismo año, advirtiéndose en el artículo 7 la conservación sustancial de la regulación de 1823 (que formalmente estaría vigente hasta 1843), dado que

todas las leyes y decretos relativos a las diputaciones provinciales que se hallen vigentes en el día, continuarán observándose en cuanto no se opongan a los artículos anteriores, hasta que se forme la ley orgánica que se menciona en el artículo 71 de la constitución de la monarquía.

Ortego Gil (483), apoyándose en unos textos de Olózaga, ha puesto de relieve la deliberada intención de que coincidiese (por así decirlo) el color político de los diputados provinciales con el de los parlamentarios con objeto de lograr «la unidad política del Reino bajo unas mismas concepciones partidistas».

Estaba visto, en suma, que el destino de las diputaciones provinciales había de ser durante muchos años la provisionalidad, pues las «provisionalmente» constituidas todavía siguieron hasta el final de la Regencia de María Cristina, como resignadamente se constataba en el Decreto de 13.10.1840.

Conviene anotar, por último que, con independencia del régimen general, es el caso que con lamentable frecuencia las autoridades militares intervenían abusivamente en la organización y funcionamiento de las diputaciones y singularmente en las «provincias forales» donde su situación era tan delicada. Así se ve en un escrito firmado por Manuel Anselmo Palacio, del que se dio cuenta a las Cortes el día 8.10.1837, en el que se relataba que el virrey de Navarra había impedido la reunión de los diputados y denunciaba la existencia de un «plan para hacer desaparecer la citada diputación provincial».

Una alternativa frustrada: representación auténticamente popular de las provincias

La diputación provincial liberal originaria era, como acaba de verse, una organización de segundo grado, fruto de una elección indirecta, con la que el pueblo no podía identificarse dado que entre ambos mediaba la barrera, psicológicamente insuperable, de la elección intermedia. Los electores, en suma, no conocían a quienes iban a representarles en el ámbito provincial ni podían influir en su designación; de la misma manera que los diputados no se sentían responsables ante los ciudadanos sino solamente ante quienes les habían elegido a ellos. Ésta era una solución legítima –y quizás la única viable– pero es comprensible que no satisficiera a todo el mundo y que se fraguase una fórmula alternativa basada en una representación auténticamente popular en dos variantes: la espontaneísta y la electoral.

Lo característico de esta nueva fórmula era el rechazo de la legitimación electoral, piedra básica del sistema constitucional, y de aquí su ambigüedad insuperable y la paradoja de sus efectos: fulminantes pero fugaces. Al tomar conciencia de estas contradicciones un grupo de diputados, encabezados por Vila, a finales de 1836 presentaron una proposición a las Cortes en la que abogaban por una variante, proponiendo un nuevo organismo provincial, pero no sustitutorio de las diputaciones constitucionales sino complementario. Con él se pretendía superar los defectos de la separación entre el organismo y el electorado creándose al efecto «una corporación provincial elegida como lo serán los miembros del cuerpo legislador popular». A cuyo propósito se argumentaba en la sesión del 16 de diciembre que

la máquina del gobierno constitucional que se nos propone, necesita otra rueda para que juegue con acierto y ésta son los concejos de provincia bajo otro pie distinto de lo que son las diputaciones provinciales.

La idea no prosperó, sin embargo, puesto que complicaba innecesariamente «la máquina del gobierno constitucional» y de esta manera terminaron frustrándose las dos variantes de la fórmula alternativa que se había ideado para las diputaciones provinciales.

La historia de esta cuestión no es nada sencilla pues aquí se tejen varios hilos de distinta procedencia. El más constante es el de Vila, inspirado en la descentralización administrativa, que ya hemos visto aparecer en otras ocasiones como en el debate de las provincias de Ultramar. Su expresión más solemne fue una proposición firmada por él y otros veinte diputados, en la que se pedía que se incluyese en el proyecto de constitución lo siguiente:

Habrá una corporación provincial elegida como lo serán los miembros del Cuerpo legislativo popular (el Congreso). Las contribuciones que deban llenar el cupo que corresponde a cada provincia se determinarán en ella.

Iniciativa rechazada de forma contundente por la comisión de Constitución en su dictamen de 24.2.1837 razonado así:

La comisión debe confesar ingenuamente que acaso no hubiera comprendido toda la tendencia de la proposición si sus autores no la hubieran apoyado en el ejemplo de las Provincias Vascongadas que han estado hasta ahora en posesión no sólo de imponer a su arbitrio los productos naturales del país sino hasta de admitir libremente los de la industria extranjera. Los individuos de la comisión están altamente convencidos de la profunda injusticia que se cometería privando de una vez a las industrias existentes de los mercados que la nacionalidad y las leyes les han facilitado. ¿Qué sería de la manufacturera Cataluña si se dejara a todas las demás provincias del Reino la absoluta libertad de introducir los productos de las fábricas extranjeras más baratos y de mejor calidad?

Y seguía: «¿Cómo podría una provincia cualquiera estancar ciertos artículos, prohibir otros o imponerles algún derecho si los intereses de las provincias limítrofes les conducían a establecer un sistema contrario? ¿Habría de erizar cada una sus confines de aduanas y resguardos como una Potencia extraña? ¿A cuántos embarazos en el tráfico interior, a cuántas rivalidades y discordias no conduciría tan complicada administración?».

Relaciones entre diputaciones y ayuntamientos

El análisis de la estructura, composición y funcionamiento de las corporaciones populares era sólo una vertiente de la cuestión porque tanta importancia, y desde luego mayor dificultad, ofrecía la determinación de sus relaciones externas o, si se quiere, su encaje dentro de la máquina global del Estado. Mas como es el caso que su régimen apenas si estaba regulado en las normas, para conocerlo hay que acudir a las prácticas administrativas y políticas usuales.

Conforme se ha adelantado ya antes, la ley de 3.2.1823 había encomendado a las diputaciones el conocimiento de los recursos interpuestos contra los actos de los ayuntamientos. Esas funciones revisoras estaban prefigurando, por otra parte, lo que andando los años serían los tribunales contencioso-administrativos en sentido estricto, es decir, los consejos provinciales obrando en calidad jurisdiccional. El mecanismo revisor aparecía formulado con carácter general en el art. 50:

Si algún vecino u otro interesado se sintiere agraviado de las providencias dadas por el ayuntamiento sobre las materias que pertenecen a sus atribuciones, deben dirigir su queja a la diputación provincial, que resolverá lo que sea justo y conveniente, previos los informes y demás noticias que estime oportunas.

Pormenorizado luego en los arts. 91 y 92:

Art. 91: Las quejas de los particulares sobre agravios que haya hecho a cada uno el ayuntamiento, si el mismo ayuntamiento no las hubiese satisfecho, se dirigirán a la diputación provincial para que con la debida instrucción las resuelva en igual forma y sin recurso ulterior. Art. 92: Lo mismo se observará con las reclamaciones y dudas sobre los ramos de abastos, propios, pósitos y demás negocios que pertenecen privadamente a las atribuciones de los ayuntamientos, mientras los expedientes y los procedimientos conserven su carácter de gubernativos.

También es de destacar que la competencia de la diputación no se extendía únicamente a reclamaciones de particulares contra acuerdos municipales sino también a reclamaciones interpuestas por los pueblos contra acuerdos de la propia diputación así como a la aclaración de dudas.

Desde el punto de vista teórico-constitucional parecía saludable la intervención de las diputaciones en cuanto que se trataba de corporaciones de legitimación democrática superior a la que correspondía a los alcaldes y a los gobernadores que eran agentes del Gobierno con facultades resolutorias gravemente mediatizadas.

En cualquier caso, para entender este mecanismo de control de las diputaciones hay que pensar en la temprana fecha de la redacción de la ley y en la inexperiencia de sus autores. La verdad es que en 1823 no se tenía una visión ni precisa ni aproximada de cómo podían funcionar realmente estas corporaciones. En 1836, no obstante, cuando se restableció la ley de 1823 ya se tenía una cierta experiencia por escasa que fuese, y se había constatado que el ensayo –y no solamente en este punto– no podía funcionar.

Para hacernos una idea de cómo eran realmente las relaciones entre diputaciones y ayuntamientos el Diario de Sesiones ofrece un amplio repertorio casuístico de reclamaciones y exposiciones, así como de oficios de las secretarías de Despacho, especialmente de las de Gobernación y Hacienda. De su número se desprende que los conflictos eran frecuentes; pero desgraciadamente no ofrecen información suficiente sobre su contenido, ya que la tramitación solía reducirse a su sumario rechazo, devolución o reenvío a alguna otra oficina. Pero también hay supuestos que ofrecen detalles más precisos. De ellos hemos visto algunos ejemplos en las páginas anteriores, a los que pueden añadirse ahora algunos otros que inciden directamente sobre la materia que se está tratando.

a) Empecemos por el caso de Medina de Pomar y su conflicto con la diputación provincial de Burgos, pormenorizadamente relatado en el dictamen de 9.7.1837: Elegido el ayuntamiento de Medina de Pomar en el mes de octubre de 1836 y tomado posesión en 31 del mismo mes, en 3.2.1837 D. Antonio Ruiz de Huidobro, oficial retirado, considerando que el procedimiento electoral no había sido escrupulosamente respetado, dirigió una reclamación al jefe político de Burgos y, no habiendo respondido éste, la reprodujo ante la diputación provincial. Pues bien, conforme dice el dictamen

a esto debió haber atendido la diputación provincial, pues que por la constitución y las leyes está constituida como tribunal competente a fin de hacer observar una y otras y decidir en todos los casos según ellas. De los informes tomados resultó confirmado cuanto había expuesto el recurrente y en vista de ello la diputación provincial en su sesión de 4 de marzo acordó la exoneración de los individuos que componen el Ayuntamiento de Medina de Pomar y que en virtud de la dificultad que había para conseguir de la elección libre un ayuntamiento con las calidades necesarias, se procediese a poner en posesión de los cargos municipales a personas de su nombramiento. (Pero) aquella corporación municipal se resistió a obedecer la orden de la diputación.

A continuación el mismo ayuntamiento dirigió una exposición al Gobierno, con fecha 25 de marzo, quejándose de los procedimientos de la diputación provincial y suplicando que, tomando los informes necesarios, se sirviese declarar nulos y arbitrarios los procedimientos de la misma; que no se le inquietase en el ejercicio de sus respectivos cargos municipales y se exigiese responsabilidad por el abuso que había hecho de autoridad. Reclamación que el secretario de Despacho no quiso resolver directamente sino que se limitó a pasar al Congreso, cuya comisión dictaminó

que la diputación provincial de Burgos no ha podido ni debido desposeer al ayuntamiento de Medina de Pomar sin haber instruido el expediente de nulidad con arreglo a los artículos 135 a 138 del citado decreto y mucho menos proceder al nombramiento de los individuos que habían de reemplazar a los desposeídos, pues para ello no está autorizado por ningún decreto.

Estos artículos citados son los que seguían al 134, que decía así:

Corresponde a las diputaciones provinciales el conocimiento de los recursos que ocurran sobre elecciones de los oficios de ayuntamientos y las decidirán gubernativamente por vía instructiva sin ulterior recurso.

De notar es aquí el expediente seguido: el ayuntamiento agraviado se dirige primero a la diputación y, no siendo atendido, acude al ministerio de la Gobernación, que conocidamente no era el superior jerárquico de ésta; pero el ministerio se inhibe y entonces envía la queja a las Cortes, que resuelven en contra de la diputación por entender que carecía de competencias y, además, porque no había seguido el procedimiento adecuado un comportamiento inequívocamente jurisdiccional.

b) En cualquier caso, las relaciones cuasijerárquicas entre diputaciones y ayuntamientos daban lugar a múltiples conflictos, pues era frecuente que las corporaciones provinciales ejercieran facultades de intervención sobre los ayuntamientos que no les competían o que, al menos, así lo entendían los ayuntamientos. Otro buen ejemplo puede verse en la discusión de 17.8.1837 levantada a propósito de un dictamen de la comisión de infracciones constitucionales.

El planteamiento que a este propósito hizo Gómez Becerra fue jurídicamente impecable: «La diputación provincial de Lérida, sin previa formación de causa, ha destituido a un alcalde. ¿Tiene o no la diputación provincial esas facultades? Es claro que no, porque si no, ¿de qué servirían las elecciones populares si una diputación provincial, un jefe político o un comandante militar ha de poder destituir cuando y como quiera a un alcalde? La orden de la diputación declara que por justos motivos es nulo (el nombramiento). Si se trataba de anular, ya podría pasar, previo siempre el juicio de nulidad; pero aquí no se trata de esto, porque no hay una palabra en el expediente que anuncie que se trata de nulidad de elección, sino un recurso de queja contra el alcalde, manejado bien o mal. Aquí hay una infracción manifiesta de exceso de autoridad notable. Hay un golpe fuerte de despotismo y la comisión propone que se pase al Gobierno para que haga que la diputación provincial reponga al alcalde y no vuelva a separarle sin la formación de causa que efectivamente ha debido preceder».

Si se hubiera sido consciente de la importancia dogmático-constitucional de lo que, al hilo de la causa de Lérida, se había puesto de manifiesto, el debate ya hubiera sido suficientemente atractivo; pero Castro lo enriqueció aún más al suscitar la cuestión de lo que modernamente se denomina «vinculación negativa de la ley». Para el diputado granadino la diputación provincial es libre en todo lo que no está expresamente prohibido en la ley: «Pero ¿cuál es el artículo de la Constitución que liga a las diputaciones provinciales para que sobre el supuesto de la conveniencia pública no puedan separar a los funcionarios municipales de sus empleos, con la reserva de que después se les forme causa? ¿Dónde está la ley que prohíbe a los jefes políticos tomar esta medida en algunos casos urgentes y necesarios para evitar males de mayor trascendencia? Seguro estoy de que no se me citarán».

Gómez Becerra, no obstante, demostrando una vez más su condición de fino jurista, invocó la doctrina de la «vinculación positiva de la ley», que formuló en términos de sorprendente precisión y modernidad: «Cuando se trata de individuos particulares es lícito a los individuos todo lo que no está prohibido por la ley. Pero cuando se trata de autoridades, no es lícito a las autoridades más que lo que la ley permite. Por ello S.S. ha de decir cuál es la ley que da a la diputación provincial esa facultad».

c) De cualquier manera que fuese, la coloración política de las cuestiones electorales fomentaba inevitablemente la aparición de conflictos similares al que acaba de ser relatado, como puede verse en el dictamen de 2.6.1837 referente a Talavera de la Reina, cuya solución no nos interesa, pero que nos vale como un ejemplo más de procedimientos y recursos que a la sazón debían ser tan frecuentes:

La comisión de diputaciones provinciales ha visto el expediente promovido en este Congreso por varios vecinos de Talavera de la Reina quejándose de los diputados provinciales en la elección de uno de los alcaldes de aquella villa. De él resulta que por haber exonerado la diputación provincial al alcalde primero, dio la orden para que la junta de electores procediese a hacer nuevo nombramiento. Los electores lo verificaron nombrando para alcalde primero a D. Francisco Sierra, que era segundo, y para éste resultó D. Juan Manuel Corral. Pero habiendo reclamado éste que su nombramiento debería serlo para ocupar la plaza del que había sido exonerado, que era el primero, la diputación lo acordó así, lo que produjo quejas de parte de la junta de electores secundadas por el ayuntamiento. Pero la diputación hizo cumplir su acuerdo conminando con multas, y el nombrado en virtud de la exoneración del alcalde primero fue antepuesto al que antes era alcalde segundo.

d) Ahora bien, para formarse una idea más precisa de la posible interferencia de las diputaciones provinciales sobre las elecciones municipales, nada mejor que la lectura del dictamen de 12 de mayo de 1837:

Habiendo acudido a las Cortes los electores parroquiales de la ciudad de Tuy quejándose de procedimientos arbitrarios de la Diputación Provincial de Pontevedra, coincidió con esta reclamación otra exposición que la misma Diputación dirigió al Congreso (...) La comisión tiene el disgusto de decir a las Cortes que son tantas las arbitrariedades cometidas por la expresada Diputación y por el jefe político cuantas son las providencias que dictaron.

e) Las estadísticas disponibles dejan claro que la participación en las elecciones a diputados provinciales era entre mediana y baja. Ahora bien, quienes habían intervenido en el proceso demostraban con frecuencia singular tozudez al tiempo que jurídicamente hilaban muy delgado, como ya se ha visto en el caso de Talavera de la Reina y más aún en el de Oviedo dictaminado el 14 de abril de 1837:

Reunidos en el día 26 de febrero último once electores de los 27 que componen la Junta electoral de aquella provincia para proceder a la elección de ocho diputados que deben agregarse a los actuales de la diputación provincial, viendo D. José Fernández Cabo que se hallaban presentes dos señores que no habían concurrido a la votación de los actuales diputados, hizo una proposición para que, atendiendo a lo literal de la ley de 15 de enero último, cuyo art. 3 dice haber hacerse la elección de los nuevos diputados por los mismos electores que nombraron a los actuales, decidiese previamente la junta si debían o no tener voto aquellos que no hubiesen concurrido a la anterior elección (y así se estimó). Pero decía D. Antonio Miranda que en el caso de que las palabras del artículo tuviesen la significación que se les daba, lo que vendría a inferirse era que no podía hacerse elección porque, habiendo fallecido dos de los electores que habían concurrido a la anterior votación, no podían ya ser los mismos que hiciesen la presente. Y añadía que por la misma interpretación quedaban privados de voto los que habiendo concurrido a la votación no dieron su voto a los actuales diputados.

f) Frecuentes eran también las quejas por la pasividad de las diputaciones provinciales al no contestar peticiones de ayuntamientos o vecinos. Valga de ejemplo el escrito de varios individuos del ayuntamiento de Vinaroz (leído en la sesión de 25.1.1837) que debían haber sido relevados de su cargo; pero que habiendo acudido al efecto a la diputación, ésta les había desatendido bajo el pretexto de hallarse las pasiones enconadas en dicha villa; y por ello suplicaban que las Cortes resolvieran la pronta elección del nuevo ayuntamiento.

g) La gran cruz de todos estos conflictos se encontraba en la circunstancia de que ni en la Constitución ni en las leyes se habían fijado con suficiente claridad las competencias de las Cortes y del Gobierno en esta materia. Con el resultado de que, según estamos viendo, unas veces se inhibía el Gobierno a favor de las Cortes y en otras ocasiones eran éstas las que se inhibían a favor de aquél, tal como se ejemplifica en el caso de la diputación de Logroño, según dictamen de 27 de mayo:

La comisión de diputaciones provinciales ha examinado con detenimiento la exposición elevada a las Cortes por la diputación provincial de Logroño, manifestando la superfluidad del excesivo número de empleados que se sostienen en su gobierno político y que se alivie de ellos a la provincia por poder ser cómodamente evacuadas sus ocupaciones por un secretario y un oficial, según la planta que tuvieron en la anterior época constitucional. Y en su virtud, la comisión, sin dejar de alabar el buen celo de la diputación provincial de Logroño, opina que dicha exposición debe pasar al Gobierno para los efectos oportunos.

El supuesto más habitual era, con todo, el de que un ayuntamiento, al que la diputación provincial había multado, se dirigiese a las Cortes pidiendo que –como reza la instancia del de Oleiros de 1.10.1837– «se sirvieran declarar nula la imposición de la multa, apercibiendo a la diputación provincial para que en lo sucesivo se abstuviese de iguales arbitrariedades y de separar a los que componían dicha diputación».

En resumidas cuentas, la situación fáctica era la siguiente: los recursos interpuestos por los ayuntamientos contra las resoluciones de las diputaciones provinciales se dirigían indiferentemente al Gobierno o a las Cortes y, a falta de una disposición general reguladora expresa, el órgano requerido o bien decidía o bien pasaba el asunto al otro órgano alternativo. Y en cualquier caso, a la hora de decidir a veces se actuaba como si se tratase de un tribunal –es decir, manejando criterios de legalidad estrictay a veces operando como una nueva instancia administrativa con competencias plenas, o sea, dictando una nueva resolución que sustituía a la impugnada. Una situación en definitiva que estaba pidiendo una regulación legal detallada que despejase la confusión, pero que no llegaba por indiferencia o falta de interés de las Cortes, que preferían «seguir tirando».

Quede claro, no obstante, que si en las páginas anteriores se han expuesto diversos tipos de intervenciones parlamentarias singulares con ocasión de algún recurso, no faltaban tampoco numerosos ejemplos de intervenciones directas que aún tenían mayor importancia. Así en la sesión del 28.3.1837 se leyó un oficio del ministro de la Gobernación con la plantilla de la diputación provincial de Badajoz pidiendo que las Cortes acordaran una regla fija para el establecimiento de las oficinas de todas ellas con objeto de evitar las diferencias que se observaban de unas a otras.

Hacia una teoría de la tutela parlamentaria de las diputaciones provinciales

En el epígrafe anterior hemos visto cómo las diputaciones provinciales actuaban como superiores de los ayuntamientos a los que controlaban con facultades para anular sus acuerdos por razones de legalidad e incluso para dictar acuerdos nuevos. Ahora bien, los expedientes no terminaban necesariamente aquí puesto que las corporaciones provinciales tenían, a su vez, superiores, de tal manera que la escala de recursos se prolongaba hacia arriba aunque bifurcándose en un dilema: o bien hacia el ministerio de la Gobernación o bien hacia las Cortes, y es el caso que por desgracia distaba mucho de ser claro cuál de estas dos vías era la procedente.

Las relaciones entre el Poder ejecutivo y las corporaciones populares provinciales son bien conocidas y se ejercían a través del jefe político que era quien las presidía y de hecho controlaba incluso a posteriori como estaba previsto en el art. 209 de la ley de 1823:

Los vecinos y demás interesados que se sientan agraviados por las providencias de los alcaldes en los negocios políticos gubernativos deberán hacer sus recursos al jefe político de la provincia.

Las relaciones entre las Cortes y las diputaciones provinciales no podían ser, en cambio, más confusas como consecuencia de una ausencia total de regulación tanto constitucional como legal. En principio nada tenían que ver institucionalmente puesto que el «Poder municipal», al no aparecer en la Constitución, mal podía relacionarse con el Poder legislativo. Y sin embargo, en la práctica las diputaciones provinciales se dirigían con normalidad a las Cortes pidiendo su intervención, como también lo hacían los particulares. Una tendencia justificada por el hecho de que en muchas ocasiones unas y otros no tenían a quién recurrir y ni siquiera a quién dirigir sus quejas. Por lo que en su desamparo acudían al Congreso, cuya soberanía le prestaba una apariencia de competencia universal y sin límites. De todo ello existen abundantes ejemplos; pero no suficientes para entender la naturaleza de tales relaciones. Aun así no parece temerario ensayar una hipotética explicación armada sobre la teoría de la tutela, puesto que en el fondo todo encajaba en una relación, ya que no jerárquica, sí de tutela, que correspondía a las Cortes. Pero conviene insistir que se trata de una mera hipótesis tanto más frágil cuanto que los mismos diputados nunca supieron a qué atenerse.

Para ilustrar lo dicho nada mejor que exponer una relación casuística de supuestos de tal relación.

a) Las Cortes admitían o denegaban dimisiones de los diputados provinciales

Hemos constatado la existencia de algunos casos en los que los diputados provinciales presentaban su dimisión, pero ésta no producía efectos hasta que las Cortes no resolvían admitirla y en ocasiones la denegaban. Así lo vemos en el dictamen de 3.9.1837, en cuya primera parte se describen con toda precisión los hechos:

Con fecha 8 de julio recurre a las Cortes la diputación provincial de Gerona manifestando que por efecto de su posición crítica en fines del año anterior, se vio en la necesidad de pedir al clero de aquella diócesis la cantidad de 30.000 duros para hacer frente a la manutención de las valientes tropas y demás necesidades de la provincia; cuyo pago verificado, se le dirigió por el cabildo una representación que hizo imprimir con el objeto de hacerle perder la fuerza moral; y concluyó suplicando a las Cortes se sirvan admitirle la dimisión de sus cargos, o que si deben permanecer en ellos, tengan para siempre un testimonio de la pureza de sus procedimientos.

Pero el dictamen, al final, fue contrario porque la comisión entendió que

las Cortes no deben admitir la dimisión que hacen sus individuos por un causal más bien de extremada delicadeza que fundado en justicia y que no halaga a la declaración de su pureza de procedimientos, por llevarla consignada en los actos de sus funciones ínterin no sean legalmente juzgados, sin perjudicarles las producciones que en la prensa puedan emitirse por corporaciones o por particulares en uso de sus facultades y dentro de los límites de la ley.

b) Las Cortes protegían a las diputaciones provinciales y ayuntamientos frente a abusos judiciales

La diputación provincial de Granada en escrito leído en las Cortes el 8.9.1837 denuncia un nuevo atropello cometido con el ayuntamiento de Santafé por el juez de primera instancia de la misma localidad, que llevó su exceso hasta el extremo de allanar las casas de sus individuos con fuerza armada del ejército a deshora de noche, sacarlos de sus lechos de la manera más brutal y despiadada, ultrajar y maltratar a culatazos a su primera autoridad local y conducirlos ignominiosamente a su cárcel pública, de donde los sacó para entrarlos, como lo verificó al medio día, por las calles más públicas de la capital, entre una imponente fuerza de caballería e infantería del ejército, seguidos del mismo juez a caballo, acompañado de un escribano, ostentando así su triunfo y el abatimiento y humillación de los representantes inmediatos de la ciudad de Santa Fe. Que la capital quedó llena de desolación y espanto al ver tan escandaloso atropellamiento y que fueron encerrados con incomunicación en aquella cárcel de corte los tratados como reos, sin otro delito que el haber solicitado de dicho juez la traslación del alcalde constitucional de Purchel y comandante de la milicia nacional, desde la cárcel pública de Santafé a una habitación de sus casas consistoriales que servía de prisión para las personas decentes. Se pedía a las Cortes acordasen se exigiese al juez la responsabilidad, castigándosele como era debido y condenándole al resarcimiento de todos los perjuicios que había ocasionado.

Nótese que el conflicto había surgido entre los miembros de un ayuntamiento y un juez de primera instancia, pero que quien se dirigía a las Cortes era la diputación provincial que asumió la defensa de aquél. Una vez más, la ausencia de la jurisdicción contencioso-administrativa obligaba a los interesados a acudir a vías no judiciales. Y en este caso no podían acudir al Poder ejecutivo dado que la intervención de éste supondría una agresión inimaginable al Poder judicial. De aquí que no quedase otro camino que el de las Cortes a quienes se atribuía una competencia universal por su condición soberana. Por otra parte, no se les ocurría utilizar la vía penal puesto que se daba por sentado que ésta –por razones de solidaridad corporativa– no iba a castigar en ningún caso al presunto delincuente. De consignar es también, en fin, la participación de fuerzas del ejército como auxiliares del juez. Aun sin saber de cierto el final de esta historia, es más que probable que no sucediera nada porque las Cortes no resolvieron, el Gobierno no contestó y los jueces ni siquiera fueron requeridos. Una excelente muestra, en suma, de las consecuencias de la imprecisión normativa y de la tolerancia y descoordinación de los Poderes públicos.

c) Las Cortes disciplinaban a las diputaciones provinciales

La tutela legal no sólo permitía defender a las diputaciones provinciales de agresiones externas (algo que igualmente correspondía a los jueces) sino que también –en la vertiente negativa– daba pie para disciplinar a sus miembros en casos de conductas irregulares o ilegales, como veremos con detalle en un epígrafe dedicado a la diputación provincial de Cuenca. A continuación recogemos un ejemplo en el que el ayuntamiento de Serós había denunciado al Congreso el comportamiento ilegal de la diputación provincial de Lérida y pedido su castigo. Martínez de Velasco, que el 19.9. 1837 habló en defensa de los intereses municipales, reprochó a la corporación provincial que ésta hubiese resuelto sin atenerse a procedimiento formal alguno; lo que era entonces –según estamos viendo en ejemplos repetidos– un pecado capital insubsanable: «Yo extraño mucho que la comisión en su informe diga que no es de consecuencia la falta de esas fórmulas protectoras que se olvidaron por la diputación provincial de Lérida en el procedimiento contra ese alcalde. ¿Cuál vendría a ser el estado de la sociedad establecida, si una autoridad superior se considerase facultada para proceder de este modo sin necesidad de hacerlo por los trámites legales?».

Lo anterior también vale para las reclamaciones interpuestas no por un ayuntamiento sino por un simple particular, como aparece en la sesión de 4.3.1837 donde se lee un escrito de Silvestre Murillas, vecino de Ollauri. La diputación había denegado la condición de exento a su hijo y «suplica a las Cortes se dignen declarar que la diputación de Logroño con esta negativa había infringido la constitución y que debía abrirle el juicio para acreditar la propuesta exención».

d) Las Cortes anulaban acuerdos de las diputaciones provinciales

El caso de Serós –al que se acaba de hacer una referencia parcial– es sencillo y casi habitual. Se trataba de que la diputación de Lérida había depuesto de plano, es decir, sin procedimiento alguno, al alcalde del ayuntamiento y éste acudió, no al Gobierno, sino directamente a las Cortes, produciéndose el dictamen de 4.8.1837 en el que se envía el expediente al Gobierno acompañado del siguiente razonamiento:

No desconoce esta diputación las atribuciones que competen a las corporaciones provinciales, y la inspección provechosa que pueden ejercer y legalmente ejercen éstas en todo aquello que concierne al buen régimen municipal de los pueblos; pero sabe también que cuando por efecto de circunstancias particulares tienen estos cuerpos que proceder a la separación o suspensión de algún concejal, debe proceder la oportuna formación de causa. Es cierto que esta formalidad no se ha llenado por la diputación provincial de Lérida (...) por lo que opina esta comisión que esta reclamación, con los documentos que la acompañan, se debe remitir al Gobierno a fin de que éste prevenga a la diputación provincial de Lérida acuerde la reposición del alcalde constitucional y que si tuviese motivos o causales bastantes para la separación del citado alcalde, la verifique con la oportuna formación de causa.

e) Las Cortes confirmaban resoluciones de las diputaciones e imponían su cumplimiento a ayuntamientos que se negaban a hacerlo.

Éste es caso contemplado en un dictamen de 26.8.1837 a propósito de un conflicto surgido entre la diputación provincial de Gerona y el ayuntamiento de esta ciudad con ocasión de un arbitrio sobre entrada de vinos y, ante la resistencia de la corporación local, la diputación «acudió en queja al Gobierno pidiéndose emplease su autoridad a fin de que las disposiciones tomadas por ella no fuesen ilusorias». El Gobierno –dudando, como era habitual, de su propia competencia– pasó el expediente a las Cortes, que en este caso decidieron sin vacilar razonando que

dos cosas notables hay en este expediente, a saber, que la diputación provincial de Gerona, animada de principios de equidad y de justicia, no ha podido menos de dar su informe con arreglo a ellos cuando fue consultada y después cuando por el restablecimiento de la constitución se hallaba revestida de más amplias facultades, mandó llevar a efecto la providencia del jefe político (...) La comisión está persuadida de que ambas corporaciones han procedido en la persuasión de la justicia de sus procedimientos, creyendo hallar en los términos de la ley, la una facultades suficientes para determinar sobre el caso, y la otra motivos para negarse a lo mandado; y por lo tanto, es de opinión que las Cortes, desentendiéndose de esta parte de la exposición, se sirvan resolver (en el sentido deseado por la corporación provincial).

A la vista de lo anterior parece evidente que las relaciones entre las Cortes y las diputaciones provinciales eran efectivas y frecuentes, aunque sin cobertura legal expresa, por lo que en la práctica se obraba a ciegas o en la estela de las pasiones políticas o de los intereses en juego. A este respecto, el debate del 3.2.1837 –a propósito de una exposición del ayuntamiento de Cespedosa quejándose de la diputación provincial de Salamanca– aunque no llegara a conclusión alguna, expresa, al menos, una toma de conciencia de la situación y un valioso esfuerzo de aclarar las confusiones. Lo que, en definitiva, se planteó en el debate era si la competencia parlamentaria para intervenir en las actividades de las diputaciones provinciales era general –es decir, referida a toda clase de infracciones legales e irregularidades administrativas– o específica, es decir, referida solamente a infracciones constitucionales, en cuyo caso, pero sólo en él, la competencia de las Cortes era indudable. Una cuestión capital, como se ve, que desafortunadamente no quedó resuelta en una casuística que carecía de referencias precisas.

En palabras de Gómez Becerra, «es necesario que las Cortes no quieran mandarlo todo y que no haya de venir todo a las mismas. El resultado será que se perderá mucho tiempo, que se amontonarán miles de expedientes y que las Cortes, las comisiones de su seno y los que tengan que intervenir en estos negocios, ocuparán un tiempo precioso, descuidando otros de más importancia. En este principio está apoyada la ley de 3.2.1823, en la que se dispone que todo lo que pueda despacharse en las provincias y no sea de un interés general, no venga a las Cortes. (...) Las Cortes son, en el supuesto de inobservancia de la constitución, autoridad superior de la diputación en el orden progresivo de estos recursos; pero para los demás casos ha dicho la ley que de la decisión de la diputación no ha de haber recurso ninguno ulterior. No se hallan las Cortes en el caso de abrir la puerta para estarse ocupando todos los días de pequeñeces como ésta».

f) Oficios de ayuntamiento

En contraste con la imprecisión normativa dominante, a que se está haciendo insistentemente referencia, la ley de 1823 era contundente en un extremo que aparece recogido en el dictamen de 30.6.1837:

Enterada la comisión de Legislación de la queja de varios vecinos de Grajos, provincia de Ávila, contra aquella diputación por la providencia que dictó sobre recurso de nulidad de la elección de individuos del ayuntamiento, teniendo presente que por el art. 134 de la ley de 3.2.1823 corresponde a las diputaciones provinciales el conocimiento de los recursos y dudas que ocurran sobre elecciones de los oficios de ayuntamiento para decidirlas gubernativamente por vía instructiva sin ulterior recurso, es de dictamen que no ha lugar a deliberar acerca de dicha queja.

Finalmente, de la ley de febrero de 1823 y de la práctica parlamentaria que acaba de ser analizada podemos deducir unas conclusiones sobre el sistema de recursos:

Primera. Las diputaciones provinciales eran sin duda competentes para resolver las reclamaciones que se presentasen contra las resoluciones y acuerdos de los ayuntamientos, actuando así como un precedente inmediato de los consejos provinciales de la jurisdicción contencioso-administrativa, que pronto llegarían a establecerse.

Segunda. Los acuerdos de las diputaciones provinciales podían impugnarse a través de una de estas vías: o bien ante el ministerio de la Gobernación o bien ante las Cortes. Lo malo del caso era que, al no existir una regulación precisa al efecto, no se sabía nunca con seguridad cuál de estas vías era la procedente. Y así sucedía que el ministro se inhibía a veces a favor de las Cortes para el conocimiento y resolución de recursos que a él llegaban; y lo mismo ocurría a la inversa.

Tercera. El Congreso no era, desde luego, un órgano jurisdiccional ni podía resolver con criterios judiciales; pero, aun así, aceptaba de ordinario sin dificultades su competencia para resolver recursos porque tanto los diputados como los ministros y los ciudadanos daban por supuesto que tenía constitucionalmente una competencia universal.

Cuarta. Los inconvenientes prácticos de un sistema tan impreciso saltan a la vista y prueban la insuficiencia de una regulación manifiestamente parcial y asistemática de las relaciones entre los tres Poderes constitucionales del Estado, que obligaba a los afectados a moverse a tientas y al cabo de doscientos años todavía siguen los autores actuales con interminables polémicas intentando aclarar la situación con hipótesis imaginadas y sin apoyarse en la casuística, que es siempre más aleccionadora.

La casuística examinada y las conclusiones que se han obtenido de ella nos autorizan ahora a rectificar, o al menos a matizar sustancialmente, una tesis que ya sostuvieron los autores contemporáneos (Pastor Díaz, Borrego, antes citado, y otros muchos como Silvela y Oliván), conforme a la cual ayuntamientos y diputaciones eran reductos inaccesibles al Poder central, ruedas separadas de una Administración invertebrada que hacía imposible una gestión pública nacional. Tesis que ha llegado acríticamente hasta hoy y que el propio Nieto ha sostenido en otras publicaciones. Pues bien, tal como acabamos de ver esto no es exacto del todo, puesto que –al menos a través de un sistema de recursos o de simples quejastanto el Ministerio como las Cortes estaban en condiciones de intervenir, y de hecho intervenían, en las decisiones de las Corporaciones populares sin necesidad de acudir a los mecanismos de freno y dirección de los jefes políticos. La teoría de la función tutelar de las Cortes puede prestar una justificación dogmática plausible a tal rectificación.

Esto en lo que atañe a las Cortes, porque en lo que se refiere al Gobierno sus potestades de intervención eran todavía más claras dado que –de acuerdo con el art. 42 del «Arreglo» (aunque otra cosa era la ley de 1823)– los gobernadores o jefes políticos eran presidentes natos de las diputaciones, jefes directos de los alcaldes y podían presidir los ayuntamientos y, además, escogían a los alcaldes de una terna propuesta en elección popular al tiempo que el rey los designaba en los pueblos de más de dos mil vecinos (art. 31). Por si esto fuera poco, muchos acuerdos municipales precisaban de aprobación expresa del jefe político o gobernador y éste podía también suspender los acuerdos de las diputaciones como el ayuntamiento disolver las Corporaciones.

Con esta legislación la subordinación de las Corporaciones populares no podía ser más intensa, no dejándoles otra vía que la revolucionaria si querían imponer sus propios criterios.

CAPÍTULO 6

POLÍTICA MILITAR

1. INTRODUCCIÓN

La historia de una guerra no es sólo una relación de batallas con triunfos y derrotas protagonizadas por generales bizarros y soldados valientes, con su correspondiente contabilidad de armas, bajas y deserciones. Éste ha sido ciertamente el modelo decimonónico canonizado en la obra magistral de Pirala. El contrapunto lo constituían las penurias del soldado –su hambre crónica y su desnudez habitual– que servían, de paso, para resaltar aún más su heroísmo. La financiación de esta épica se trataba de manera marginal incómodamente situada entre lo político y lo militar. Para relatar estas peripecias se contaba con los abundantes, aunque muy poco fiables, apoyos de los partes militares que podían consultarse en la prensa oficial y privada sin necesidad de entrar en un archivo.

Superada la fase historiográfica positivista, en la actualidad suele pasarse de puntillas por los enfrentamientos bélicos, por los avances y retrocesos, por las marchas y contramarchas (que se dan por sabidos) para fijar más la atención en los comportamientos de las tropas y en sus relaciones con la población civil (lo que se hace bien desde la bibliografía local, actualmente tan en boga) y sobre todo se tiende a superar la nefasta e irreal separación entre lo político y lo militar, puesto que la política estaba tan condicionada por la guerra como ésta por aquélla y ya se dedica más atención a las cuestiones de la Hacienda que era la argamasa que unía todas las piezas. Las espectaculares batallas, sitios y expediciones sólo cobran sentido cuando se les conecta con los dineros disponibles o esperados, con las maniobras políticas internas de cada bando y las relaciones internacionales. Sin olvidar que la guerra se acabó no a cañonazos sino en abrazos: los que se dieron los generales «señores de la guerra» sin contar en absoluto con el Pretendiente y apenas con la Reina Gobernadora.

Más todavía: vista con los ojos de hoy, la Primera Guerra Carlista –en cuanto que realizada por españoles y desarrollada en territorio español– fue un fenómeno social que transformó a los españoles e influyó sustancialmente en sus estructuras políticas, administrativas y económicas. Comprenderlo ha sido el gran salto que ha experimentado la bibliografía en los últimos decenios.

Tal es la inspiración deliberada del presente capítulo, cuyo contenido no es el relato de una guerra sino, como reza su título y de acuerdo con el sentido general de la obra, el análisis de una política de guerra. En consecuencia a lo largo de este capítulo no vamos a escribir una vez más una «historia militar» o la historia de una guerra (tarea ya hecha por lo demás, y muy minuciosamente por otros autores, desde Pirala a Bullón) sino que nos vamos a centrar en exponer qué es lo que llegaba al observatorio parlamentario, cómo se veía la guerra desde él y a analizar lo que las Cortes y el Ministerio intentaron hacer para enderezarla y, en su caso, terminarla.

Teniendo siempre presente, desde luego, que la contienda se desarrolló a lo largo de siete años con notables quiebros y oscilaciones pero sin marcadas soluciones de continuidad. Lo que significa que no puede hablarse en sentido propio de la guerra del Ministerio Calatrava-Mendizábal (y en términos más amplios incluyendo también la del Ministerio Bardají, para abarcar toda la legislatura), puesto que constituye un período que no puede entenderse sin tener en cuenta sus vicisitudes anteriores y posteriores. De haber un rasgo que le caracterizase sería el del protagonismo de las expediciones carlistas con su intermedio del sitio y liberación de Bilbao. Porque en estos catorce meses no hubo un nombre que sirviera para identificar el período, como antes Luis Fernández de Córdova y después Espartero (exaltado en Luchana pero luego agazapado en el Norte). La popularidad de Rodil fue de signo negativo y los celos y rivalidades de los generales no pueden considerarse tampoco como un fenómeno excepcional. Unos lances se ganaban con gloria, otros se perdían con vilipendio y en muchos no se sabía quién había salido ganando o perdiendo puesto que el resultado no dependía con frecuencia del terreno ocupado o de la sangre vertida sino del color del papel y la tinta con que se redactaban los partes.

A modo de ensayo introductorio van a examinarse seguidamente unos puntos que consideramos claves en los que se formulan los dilemas más importantes de actuación política posible y las opciones elegidas, que no siempre fueron las más afortunadas.

1. El primer dilema, que condicionaba a todos los demás, fue naturalmente el de el modo de acabar la guerra que, descontando la rendición o derrota, admitía dos posibilidades: el triunfo militar sobre el enemigo (el «exterminio» que predicaba San Miguel) o el pacto, que muchos deseaban pero del que casi nadie se atrevía a hablar por considerarse una traición. El convenio político no fue tomado en cuenta seriamente por casi nadie y para el convenio militar (que fue el que al final se impuso) no estaban en 1837 los tiempos todavía maduros. El convenio dinástico estuvo, en cambio, a punto de lograrse y precisamente se fraguó –y también fracasó– durante este Ministerio, como ya se sabía entonces en algunos círculos minoritarios y hoy conocemos con detalle por lo que basta remitirse, por ejemplo, a los trabajos de Urquijo Goitia. El tiempo terminaría decidiéndose por el convenio militar, pero todavía faltaban dos años para que tuviera lugar. En su consecuencia, el Ministerio no tenía otra solución que continuar una guerra que seguía en tablas y no tenía trazas de inclinarse a su favor por el triunfo de las armas.

2. El segundo gran dilema era el solicitar, o no, la ayuda extranjera expresada, no en armamento y en la simple colaboración de legiones de voluntarios, sino en la participación directa de un ejército nacional. Los moderados eran partidarios decididos de la intervención militar francesa: lo que ciertamente no hubiera sido fácil habida cuenta de la actitud reticente, por no decir contraria, de Luis Felipe; mientras que los progresistas se oponían a ella por orgullo patriótico, por el mal recuerdo de los cien mil hijos de San Luis en 1823 y, sobre todo, por las presiones inglesas que no podían ver con buenos ojos las consecuencias que ello supondría para el equilibrio internacional europeo. Sea como fuere, el hecho es que el Ministerio Calatrava-Mendizábal se inclinó por la no intervención militar extranjera que hubiera sido cara, ciertamente, pero no tanto como la prolongación indefinida de la guerra civil.

3. En lo que toca a la estrategia también era estrecho el margen de actuación que tenía el Gobierno. Luis Fernández de Córdova había ideado una estrategia propia –buena o mala, pues los técnicos militares de entonces y de ahora no se han puesto de acuerdo sobre su enjuiciamiento– pero, cesado el general, la iniciativa había pasado a los carlistas, de tal manera que los cristinos se limitaban a reaccionar: al sitio de Bilbao contestaban con su liberación y a la invasión de las expediciones, con su tibia persecución y escaso ánimo de resistencia. Las iniciativas propias después del fracaso del plan de Sarsfield fueron escasas y, aun logradas, no podían variar el curso de la guerra habida cuenta de su modestia como es el caso de la recuperación de Irún y Cantavieja.

La decisión de encerrarse en plazas fuertes fue un sucedáneo vergonzante de las líneas defensivas de Fernández de Córdova. Las fortificaciones hacían prácticamente inexpugnables estas plazas (la conquista de Solsona fue excepcional) ante unos eventuales sitiadores que no contaban con artillería suficiente. Pero los encerrados abandonaban el campo a los carlistas y se convertían de hecho en sitiados aunque no tuvieran un enemigo visible cerca, agobiados además por los problemas logísticos de abastecimiento. Y por otro lado, la no aceptación por los cristinos de la táctica guerrillera (y antiguerrillera) daba a los carlistas una superioridad constante cuando no se trataba de batallas campales.

En resumidas cuentas, y glorias épicas aparte, fue una guerra de desgaste, que acabó ganando el bando que tenía medios para resistir un día más.

4. A la hora de constituir el ejército cabían obviamente dos posibilidades: o bien un ejército mesurado que el Estado fuese capaz de mantener, armar y municionar o bien un ejército tan numeroso como fuese posible. Sabido es que Mendizábal se inclinó desde el primer momento por la segunda fórmula y que, después de la famosa quinta de los 100.000 hombres, se decretó ya durante el Ministerio Calatrava otra nueva de 50.000. Y por si esto pareciera poco, unos días después del motín de La Granja se movilizó (militarizó) una parte de la Milicia nacional a la que se encomendó la guarnición de las ciudades y villas del interior pudiendo así enviarse «al frente» a las unidades del ejército que antes desarrollaban aquella tarea. Con ello y con las legiones extranjeras, con las milicias provinciales y con los cuerpos francos, sin olvidar a los carabineros y marina, se formó una fuerza inmensa varias veces superior a la carlista, a la que para sorpresa de todos, no consiguió aplastar.

Hoy sabemos una de las causas principales de este fracaso. El ejército cristino era cuantitativamente desmesurado, es decir, desproporcionado con la capacidad del Tesoro para mantenerlo y municionarlo. El resultado fue que las tropas estaban con frecuencia mal alimentadas, mal calzadas, extraordinariamente desabrigadas, no siempre bien armadas y, en último extremo, indisciplinadas puesto que no puede nunca exigirse disciplina, valor y sacrificio a soldados mal entrenados, desnudos y hambrientos. El verdadero problema del ejército cristino no era batir a los carlistas sino sobrevivir, porque era un ejército indisciplinado, ocasionalmente insubordinado y a veces al borde de la disolución.

Los contemporáneos no se percataron bien de esto por la sencilla razón de que los carlistas –que no tenían detrás los impuestos de casi todo el territorio ni los subsidios antillanos ni el crédito extranjero– estaban igual o peor. Con el resultado de que no se enfrentaban dos ejércitos modernos sino, dejando a un lado las excepciones de algunos cuerpos distinguidos, columnas errabundas, andrajosas y hambrientas que se sostenían gracias al saqueo y al pillaje y cuya preocupación no era tanto enfrentarse al enemigo como autoabastecerse.

Los liberales trataban a los carlistas de latrofacciosos y no les faltaba razón en ciertos casos, pero los cristinos no eran en este punto mejores y en cuanto recuperaban un territorio, como en Cataluña o Levante, lo trataban como «ocupado»; de tal manera que la población poco notaba la diferencia ni sabía nunca bien si se trataba de amigos o de enemigos puesto que todos vivían a su costa. Como llegó a denunciar un diputado en las Cortes, la guerra no era entre dos ejércitos enfrentados sino entre un ejército y la población ocupada.

Ahora bien, planteadas así las cosas, los carlistas demostraron una enorme superioridad en las prácticas de autoabastecimiento y supervivencia, debido en gran parte a que se trataba de «partidas» menos numerosas y más móviles que las columnas cristinas y que, además, abandonaban un territorio cuando ya estaba completamente esquilmado y no podía seguir alimentándolas y siempre llevándose consigo todo lo que podían.

Huelga decir, por último, que las anteriores observaciones, válidas en su generalidad, precisarían de no pocas puntualizaciones para distinguir las peculiares situaciones de los ejércitos del Norte y del Centro y nada digamos del de reserva.

5. Otro dilema –un tanto artificial– era el de escoger entre un ejército nacional, organizado según los patrones dominantes en los siglos XIX y XX y un ejército popular. Según la historiografía tradicional, que en este punto es más épica que científica, el ejército cristino estaba formado por patriotas amantes de la libertad y del Trono de Isabel II mientras que el carlista lo estaba por campesinos de acendrada religión, aferrados a sus tradiciones y devotos personales del Rey absoluto. Los historiadores actuales están revisando, no obstante, ambas versiones y han llegado al resultado de que ni los soldados de la Reina luchaban por la libertad y el Trono ni los carlistas por la religión y el Pretendiente. En verdad que las diferencias entre unos y otros no eran muchas y por ello no tenían el menor escrúpulo en «pasarse» de un bando a otro. Y los que se enrolaban voluntarios lo hacían movidos en su mayoría por un atractivo tan prosaico como la peseta diaria de soldada y la esperanza de algún pillaje.

La cuestión dista mucho, con todo, de estar aclarada definitivamente, pues hay demasiadas cosas que no encajan ni en la versión épica ni en la realista actual. Pero a los efectos de este libro, sean cuales fueren las causas, la fuerza operativa de las facciones carlistas era, desde luego, muy superior a la de las columnas cristinas, sin contar con que la Reina nunca contó con servidores de la talla de Zumalacárregui y Cabrera.

6. Sobre la financiación de la guerra podía hablarse también de un dilema con dos posibilidades de cobertura: la presupuestaria y la Deuda. Pero el dilema se resolvió por sí mismo cuando los mercados extranjeros se negaron a conceder nuevos empréstitos. Así que hubo que acudir a la vía presupuestaria –reforzada con constantes «adelantos» y otras cien fórmulas nada ortodoxas que se examinan en el capítulo correspondientehabilitando diversas soluciones, culminadas en la llamada contribución extraordinaria de guerra, todas frustradas. Al final hubo que echar mano de los expolios sistemáticos y de los saqueos para que pudiera subsistir un ejército hambriento y desnudo. La financiación, aun reconociendo sus dificultades en un país empobrecido y adeudado que no podía mantener una guerra civil durante siete años, se llevó en unas condiciones técnicas tan deplorables que en un contexto objetivo hubieran bastado para arruinar el prestigio de cualquier ministro de Hacienda. Fue, en suma, uno de los capítulos más negros de este Ministerio.

7. La disciplina merece una mención especial porque ha condicionado no sólo la suerte (o la duración) de la guerra civil sino el destino político del Ministerio Calatrava-Mendizábal.

Por encima de las alabanzas tópicas del soldado cristino, es indudable que, bien fuera por necesidad o por vicio, su comportamiento fue con frecuencia gravemente indisciplinado, negándose en ocasiones a enfrentarse al enemigo y no dudando ocasionalmente en asesinar a sus jefes. Hechos que horrorizaban a la opinión pública y que tarde o temprano eran castigados con no menos barbarie.

¿Y qué decir de los sargentos? Aunque los progresistas lo negaran con indignación, es manifiesto que el Ministerio Calatrava fue obra directa de una «sargentada» aunque sus últimas causas fueran naturalmente más profundas. Los protagonistas del motín de La Granja no recibieron las recompensas que esperaban, pero al menos no fueron castigados ni siquiera por delito de lesa majestad.

Más interés tiene para nosotros, sin embargo, la indisciplina de los oficiales y jefes, aceptada con tolerancia desde la sublevación de Cardero en la Casa de Correos. No fue un azar ni mucho menos que el Ministerio, que había nacido en manos de unos sargentos indisciplinados, muriera justo un año después a manos de unos indisciplinados capitanes en los acuartelamientos de Pozuelo de Aravaca aunque es evidente que en uno y otro caso los responsables estaban más arriba. Todo dentro de la tradición liberal más genuina, canonizada ya por Riego en el Trienio y que se mantuvo sin eclipses durante todo el reinado de Isabel II.

8. Con ello llegamos a una capital seña de identidad de la Regencia y particularmente del Ministerio de Calatrava-Mendizábal, que luego alargaría su sombra hasta la Gloriosa y la Restauración: el ejército –y donde se dice ejército debe leerse Alto Generalato– dejó definitivamente de ser un instrumento del Rey (del Gobierno) para autonomizarse como un Poder propio que actuó en adelante como un tutor de los demás poderes estableciendo en la constitución real española una «Monarquía tutelada». Y ni que decir tiene que para asentarse en este papel nada más útil y eficaz que una guerra, aunque fuera civil.

El Ejército liberal fue robusteciéndose con la amnistía que permitió regresar a los oficiales emigrados y con los nombramientos para los destinos importantes que entregó Mendizábal a los generales de confianza, con lo dispuesto en el decreto de 28.7.1837:

Se declaran válidos los empleos militares conferidos por los generales en jefe en virtud de la autorización que les fue conferida para ello por las Cortes en su decreto de 10.7.1823.

Con esta pieza se cierra la clave de bóveda de la realidad política de aquel momento: una tensión, a veces sorda y a veces aguda, entre dos Poderes constitucionales formales –las Cortes y el Rey– y el ejército o, por mejor decir, el Alto Generalato apoyado en el ejército. Una tensión ilegítima en su fundamento y más todavía en sus resultados: la subordinación de los primeros respecto del segundo, cuyo protectorado no sólo toleraron mansamente los partidos sino que lo buscaron; y esto vale para las dos estirpes del liberalismo.

9. En otro orden de consideraciones se abría el dilema de guerra o revolución que acompaña de ordinario a tantas guerras civiles cuando el bando revolucionario se ve frenado por un adversario armado que le impide conseguir sus objetivos políticos. En estas condiciones ha de decidirse o bien por concentrar las energías en la guerra y posponer la revolución al momento del triunfo, poniendo con ello en riesgo la propia revolución, o bien por llevar adelante la revolución aunque se ponga con ello en peligro el resultado de la guerra. El Gabinete Calatrava-Mendizábal no aceptó el dilema y, sin renunciar a la guerra, llevó la revolución progresista (tal como él la entendía) a sus últimas consecuencias, aprobando leyes en el Congreso cuando los carlistas estaban a tiro de fusil de las tapias de la Corte. Se tiene, con todo, la impresión de que más importaba la revolución que la guerra en la que, después de fracasar la operación de Sarsfield, abandonaron cualquier intento de ofensiva profunda pensando, con frialdad, que si la guerra estaba en tablas, lo lógico era que al final se inclinaría por el bando con más capacidad de resistencia, y éste era, sin duda, el cristino. Conviene precisar, no obstante, que en este contexto nos estamos refiriendo a una revolución institucional, aun a sabiendas de que es un deliberado anacronismo; pero el alcance que en este libro se da al término revolución se ha explicitado en el capítulo segundo, al que nos remitimos.

Para completar este dilatado repertorio de dilemas y mejor comprender las decisiones que al efecto se adoptaron, veamos a continuación algunos de los prejuicios más generalizados en el bando liberal y que tanto influyeron en las torpezas cometidas en su política de guerra.

10. Los liberales se equivocaron garrafalmente a la hora de valorar su propio ejército y más todavía el de los carlistas. Para ellos el Pretendiente carecía de ejército en sentido propio y sus secuaces eran «latrofacciosos», simples bandoleros como se repetía incansablemente en el Congreso y en la prensa. Los testimonios son abrumadores. Para la Real orden de 1.4.1837 sólo se trataba de «partidas desordenadas de miserables, en gran parte desarmadas y en todo imbuidos de la cobardía y debilidad propias de sus crímenes». En la sesión de 9.4.1837 Almonací, después de compararles a «caravanas de gitanos», les calificaba con el término peyorativo, hoy perdido, de «jabardillos». Y ese mismo día López realizó una descripción tanto más grotesca cuanto que se trataba de unas fuerzas que habían derrotado sin dificultades a las «heroicas y disciplinadas» tropas cristinas: «niños y viejos en gran parte, sin armas o con armas de diferentes especies, sin dirección, sin recursos, apoyados por caballos impropiamente llamados tales, porque se componen de yeguas, jacos y hasta mulos».

Por no alargar más este lamentable repertorio valga la descripción que apareció en El Eco del Comercio del 16.12.1836 referida a las facciones de La Mancha con el significativo título de «¿Soldados o latrofacciosos?». ¿Y por qué precisamente cuadrillas de salteadores y no soldados? Almonací nos dio su versión el día 24.10.1836: «el hombre que no tiene que comer se hace ladrón; mas como este nombre es tan odioso para el mismo que se dedica a esta vida criminal, aprovechando la ocasión se titula no ladrón sino faccioso, cometiendo toda clase de violencias, todas las tropelías, todas las atrocidades que estamos viendo y que son consiguientes a la falta de educación, al modo de pensar de estas clases de gentes hambrientas, que porque no tienen donde ganar una peseta se van a engrosar las filas rebeldes. Estamos en octubre y no ha llovido y no ha habido cosechas ni de líquidos ni de hilazas ni de cereales». El hambriento no suele tender al heroísmo y el estómago vacío soporta mal la disciplina. Y aún hay que contar que todavía faltaba lo peor, pues si la cosecha de 1836 había sido mala, la de 1837 fue desastrosa, como si la naturaleza quisiera colaborar con los horrores del hombre.

Contra estos excesos de pensamiento y lenguaje se alzó, al menos, El Castellano de 11.9.1837: «Varias veces hemos clamado ya contra el lenguaje que se emplea en algunos partes militares, valiéndose de términos para denigrar a los jefes y a las fuerzas facciosas que si fueran exactos vendrían a convertirse en mengua y oprobio de los mismos que los usan. En efecto, uno que por primera vez oyese llamar a una partida carlista un puñado de miserables, una horda de rebeldes, una partida de bárbaros, de vándalos, de latrofacciosos se creería que era gente de poca importancia». Una actitud que, como puede suponerse, era un eco de la que había adoptado su editor Aniceto de Álvaro en la sesión de 22.6.1837: «La facción carlista, tan insignificante al principio y a la que de tal modo se despreció, ha llegado a ser muy respetable (...) No pretendamos alucinarnos, conozcamos al enemigo, no lo despreciemos (...) No nos hagamos ilusiones: tienen también relaciones diplomáticas fuera de España, pues si no hubieran tenido auxilio en el extranjero no hubieran llegado a la altura en que se encuentran». Opinión que compartió con la misma contundencia y casi en su literalidad Madoz en la sesión de 7.8.1837: «En un principio era cosa de guerrillas. Pero en el día no es ya esta clase de guerra la que existe. En el día es un guerra de ejércitos beligerantes a ejércitos beligerantes, de divisiones expedicionarias a divisiones expedicionarias. El enemigo marcha con ejércitos ordenados. El enemigo tiene infantería, artillería, caballería, el enemigo tiene ingenieros. No son hordas, son fuerzas unas veces superiores y otras inferiores según los lances y combinaciones de la guerra».

Mas por encima de las opiniones personales estaban las cifras. En la Gaceta del 4 de junio de 1837 se publicó, por ejemplo, un estado de las fuerzas carlistas situadas en las Provincias Vascongadas y Navarra, firmado por el jefe político de Pamplona en el que aparecían 46 batallones de infantería con 24.900 hombres, 10 escuadrones de caballería con 904 montados, una escolta de alabarderos y oficiales excelentes más que necesarios para un doble de fuerzas, anotándose la existencia de una fábrica de cañones en Elorrio, 6 de fusiles y 3 de pólvora. Pero había datos que no se querían oír y era más popular aludir a las gavillas de latrofacciosos que corrían por la península.

En último extremo la ignorancia de los políticos liberales iba de la mano con su soberbia casi infantil: los ejércitos de la Reina no sólo eran superiores militarmente sino también en el terreno moral. Así llegó a afirmarse en la penosa sesión de 19 de enero de 1837, en la que Juan Osca propuso nada menos que una deliberada autodegradación con el objeto de equipararse así a la degeneración carlista: «Si queremos seguir las reglas estrictas de las leyes y no separarnos de la moral rígida que debe observarse con todos los hombres, no adelantaremos nada. Ya que los facciosos nos aplican todo lo malo, no será razón que nosotros procedamos con ellos con tanta circunspección». Una idea que sin pudor alguna fue apoyada por Caballero: «La lucha que sostenemos es sumamente desigual por la manera de obrar que tienen los facciosos y la que tenemos nosotros; pues está demostrado que andamos con muchas consideraciones y delicadezas con nuestros enemigos. Pero para que esta lucha no se prolongue indefinidamente no debemos ser tan escrupulosos observadores de la ley, que cuando la salud de la Patria exija pasar por alto algunas consideraciones, hayamos de detenernos».

Menos mal que Antonio González, aun aceptando la arrogancia de la superioridad liberal, tuvo el decoro de oponerse a la indicada degradación argumentando que «nosotros no queremos obrar de la manera escandalosa de ellos ni adoptar sus principios. Ellos obran contra todos los principios sociales, no respetan las leyes, ni ninguna de las garantías consagradas en toda sociedad bien organizada y que nosotros queremos entronizar».

11. Los liberales, a la vista de su enorme superioridad militar, financiera y territorial, estaban absolutamente seguros de su victoria. De entre los muchos testimonios disponibles en este sentido quizás ninguno mejor que el de un hombre tan realista como Caballero, quien en la sesión del 28 de septiembre (1837) así apostrofaba a Pita por haberse mostrado tan pesimista sobre la situación: «¡Desconfiar del éxito de nuestra causa, cuando todas las probabilidades, aun para el más rudo, están en nuestro favor! Cuando comparamos el número de nuestros combatientes con los del Príncipe rebelde, le excedemos en mucho; cuando si atendemos a su calidad, es infinitamente mejor; cuando los cabecillas que tiene aquél al frente de sus hordas son frailes y curas que hace cuatro días estaban diciendo misa, mientras nosotros tenemos generales que han llegado a este puesto saliendo todos de la noble carrera de las armas; cuando tenemos un Erario más o menos provisto, pero con dependencias en las provincias, con intendentes, recaudadores y pueblos que suministran cuanto se les pide, mientras que el enemigo no tiene más que la devastación y el pillaje en los pueblos en que puede entrar; en una palabra, cuando el denuedo de nuestros soldados es tal que apenas se acercan a las bandas rebeldes, aunque sean éstas en mayor número, las hacen correr despavoridas y llenas de miedo, ¿se desconfía de nuestra causa?».

Parece claro, entonces, que una vez adoptada esta postura no podían entender que el triunfo final se demorase tanto, y para explicarlo tenían que acudir a motivos peregrinos como la ayuda francesa a los carlistas o maquinaciones de fuerzas ocultas.

a) Para ejemplificar la primera posición puede acudirse al testimonio de Argüelles en su discurso de 5.12.1836, por tantos motivos memorable: «¿En qué cabeza cabe que el Pretendiente pudiera haber sostenido la lucha sino con una abierta protección de la Francia? Sería insultar al simple sentido común creer que con todos los recursos de la Península y con la inmensidad de medios que ha desplegado, no hubiera podido sujetar a un rincón suyo, sin que contara con auxilios extraños (...) ¿No sabemos todos que serían insuficientísimos para mantener semejante hecho si no se les socorriera desde fuera?».

b) Para la mentalidad romántica de la época la explicación más fácil era la de imaginar la existencia de conspiraciones, de fantásticas fuerzas ocultas interesadas en la prolongación de la guerra. Una y otra vez los diputados y los periódicos anunciaban que iban a «levantar el velo» y denunciar a los culpables. Lo que naturalmente nunca hicieron. Valga de ejemplo la siguiente intervención de López en la sesión de 30.10.1837: «Nuestros males están en el Gobierno, están en tanta combinación oscura como hay en juego para asesinar la libertad. Están, en una palabra y por decirlo de una vez, en que hay mil elementos empeñados en prolongar la guerra civil con designio de atraer a los pueblos a un punto de abandono, de agonía, de miseria, en que hasta por una indignación desesperada sacrifiquen el noble sentimiento de libertad e independencia al deseo de paz y de la tranquilidad y a la conservación de la propia existencia. Tenemos la desgracia hace algún tiempo de que el Gobierno es ciego y sordo; ahora se nos agrega la fatalidad de que parece haberse vuelto mudo».

c) Una explicación más sensata y absolutamente generalizada era la de imputar el desgraciado curso de la guerra a los errores del sistema, a la incompetencia de los militares. En términos generales así lo denunciaba El Castellano de 1 de agosto de 1837 señalando: «1.º Carencia de un plan o sistema con objetos determinados y medios suficientes. 2.º Debilidad en el Gobierno para hacer cumplir sus deberes a los generales y jefes dejando impunes a los que han desobedecido sus órdenes y no han atacado o batido al enemigo pudiendo. 3.º Parcialidad en conceder empleos y premios por ciertas influencias».

En términos más concretos puede recordarse la intervención de Juan Osca en las Cortes el día 18.4.1837: «Nadie comprende ni alcanza la razón de la conducta de los jefes militares, que en vez de proteger a los pueblos con las fuerzas superiores que tienen a sus órdenes, los abandonan a la rapacidad de los facciosos con mengua de la reputación de las armas de los liberales y crédito de sus enemigos». Y sobre ello insistía constantemente El Eco del Comercio: Así, en la edición de 4.11.1836 culpaba de los desastres militares «a que subsistan en el ejército todas las hechuras de Córdova, cómplices en su desgraciado plan y todos los que habían servido a los de Istúriz y la intriga extranjera (...) Se nos contestará que el mando superior ha sido entregado a jefes que ofrecían seguridad completa por razón de sus opiniones; pero no se podrá negar que bajo estos jefes militan con grande influjo y mandos importantes otros de los que nos han perdido y perderán siempre». Y en el número del día 15 del mismo mes y año: «No son soldados lo que nos falta sino buena dirección».

d) Una de las causas denunciada con más frecuencia era la deplorable política militar del Gobierno y en especial su tendencia a dirigir la guerra desde Madrid como si el Consejo de ministros fuera un lúcido Estado mayor.

A lo largo de este capítulo tendremos varias ocasiones concretas de verificar que, en efecto, el Consejo de ministros, no ya el ministro de la Guerra (que al menos era un militar) se preocupaba, además de fijar las líneas estratégicas o de aprobar las propuestas por los generales en jefe (lo que estaría justificado), de determinarlas directamente por sí mismo, incluso reservándose las decisiones tácticas más menudas de las operaciones, hasta tal punto que privaba de iniciativa a los jefes y los condenaba con frecuencia a la inactividad en espera de órdenes, que a veces se retrasaban por la lentitud e inseguridad de las comunicaciones. De esta forma las columnas cristinas entregaban la iniciativa a los carlistas, que de ordinario resolvían sobre la marcha y podían atacar o retirarse inmediatamente antes de que el enemigo reaccionase. En la sesión de 12.11.1836 puso Domenech el dedo en la llaga al hacer en las Cortes la siguiente pregunta: «¿Quién manda, pues? ¿Es el general Rodil al frente del ejército el que dirige las operaciones o es el Gobierno quien las dirige desde Madrid?». Ni que decir tiene, sin embargo, que esta ilusión centralista disminuía perceptiblemente cuando se trataba de generales de prestigio como Fernández de Córdova o Espartero, o Mina o el barón de Meer.

Esta situación fue igualmente criticada por Álvaro el 17.8.1837: «Yo creo que es imposible que pueda dirigirse la guerra por el Consejo de ministros, que el ministro de la Guerra no tiene tiempo todos lo sabemos porque nos son conocidas sus ocupaciones; y si a esta falta de tiempo se añade que cualquier operación de la guerra haya de estar sujeta a las resoluciones del Consejo de ministros, es claro que no pudiendo haber en el Gabinete el conjunto de conocimientos militares que se requieren, no puede existir ni plan ni las combinaciones que se requieren para hacer la guerra. Por esto –añadió sensatamente– he creído que se necesitaba un centro de unión de las operaciones militares, llámese como se quiera, que sea un conjunto de personas dedicadas exclusivamente a esto, que mediten sobre la guerra». La verdad es que el Real decreto de 24.10.1836 había parecido tomar conciencia de esta situación cuando intentó remediarla creando una Junta consultiva de generales y brigadieres «auxiliar del Gobierno para la dirección de la guerra». Ahora bien, caso de haber llegado a constituirse un día, no hay noticia de que introdujese un mínimo de racionalidad militar en las decisiones del Ministerio.

Este empeño de dirigir la guerra desde Madrid resultaba además irrealizable. En un tiempo de difíciles comunicaciones tanto por lo rudimentario de las técnicas como por la amenaza de interceptación por los facciosos, la información circulaba en los dos sentidos con dificultades y retrasos enormes hasta tal punto que cuando querían llegar las instrucciones desde la Corte, las posiciones del enemigo habían cambiado tanto que las hacían inútiles. Piénsese lo que suponía que las órdenes para el ejército del Centro (en realidad de Aragón y Levante) partían de Madrid y no de Teruel o Alcañiz: varios días de caminos inseguros y siempre ante un enemigo en constante movimiento. Las consecuencias de un sistema tan aberrante eran de ordinario exactamente las contrarias a las previstas. Ante la inutilidad de las instrucciones, las columnas, si no querían permanecer inactivas, terminaban obrando por su cuenta pero con la descoordinación más absoluta dado que las medidas de cooperación o no llegaban a tiempo o eran ilusorias.

Por otra parte, la terquedad del Gobierno terminaba desprestigiándole puesto que era a él a quien se hacía responsable de los desastres. De aquí que en alguna ocasión negara los hechos, como informaba El Eco del Comercio de 23.4.1837: «El Gobierno ha dicho que él no da planes de campaña; que significa sólo la idea en grande reducida a que se acose y persiga por todos los medios a la facción y que la única parte que tiene en la realización de esta idea es el suministro o apresto de los recursos que se necesitan para llevarla a cabo». Pero las declaraciones –más bien excusas– de este tipo no se ajustaban a la verdad ni conseguían engañar a nadie.

e) La imputación más frecuente era desde luego la falta de energía y de dureza del Gobierno. Así se denunció en repetidos testimonios que aparecen a lo largo de este libro y que aquí, a título de ejemplo, valga la exposición de la diputación de Toledo de 24.7.1837:

No es imposible señalar la primordial causa, la más principal, la que sirve de base a todas y la que corregida pondría tasa a los males y aun los acabaría prontamente: es la debilidad del Gobierno. Ésta es el origen de todas las desgracias (...) Propone la diputación al Congreso perseguir al partido rebelde con sus propias armas y hacer que se sostenga la libertad con los mismos medios que pudo sostenerse el rey Don Fernando desde 1823.

La realidad es que, ni entonces ni ahora, ha sido posible determinar con cierta precisión las causas de un acontecimiento histórico tan complejo: «la causa de nuestros males» como se insistía machaconamente en la época. Nadie lo ha expresado mejor que Gómez Becerra en la sesión del 6 de septiembre de 1837: «El campo de Agramante no sería más complicado o más confuso y más revuelto que lo que será este salón cuando se llegue a tratar de cuáles son las causas de nuestros males. ¿Cómo no se conoce que en esto hay una divergencia enorme, infinita, inmensa, que cada uno tiene su opinión? (...) Que se reúnan accidentalmente tres diputados y si todos tres convienen en las causas de nuestros males, yo me doy por vencido. Juntémonos tres a tres y se verá qué variedad de opiniones hay entre nosotros: quién los achacará al Gobierno, quién a los generales, quién al Ejército, quién al clero, quién a la oposición, quién a los periódicos. Yo no sé cuántas serán las causas». Y en la misma idea abundó Olózaga pocos días después (el 12): «Díganme si habrá muchos diputados que unánimemente convengan en cuáles sean las causas que nos han traído a este estado. ¿Ven todos los sucesos de una misma manera? ¿No hemos visto aquí atribuirse nuestros males, unos a unas causas, otros a otras, y no poder hallar conformidad en cuáles hayan sido las verdaderas? Y si aquí variamos tanto en nuestras opiniones, ¿cómo podríamos prometernos fijar la opinión vacilante de la Nación?».

¿Fue la Primera Guerra Carlista una guerra moderna en el sentido europeo? Desde luego que no. Lo que sucedió entre nosotros estaba muy lejos de los acontecimientos que militarmente tuvieron lugar en Europa desde las guerras napoleónicas o de las luchas fratricidas norteamericanas. No se trataba sólo de diferencias de armamentos y táctica.

La Primera Guerra Carlista estaba emparentada, en cambio, con las guerras civiles sudamericanas rigurosamente contemporáneas: guerras de «caudillos», de «señores de la guerra». Tal fue el nervio de la nuestra y no hay que perder de vista este dato porque condicionaría luego la evolución política y el protectorado militar del que ya se ha hablado en el capítulo primero. Los generales se apoderaron simplemente de la guerra y el dueño de ella se convirtió luego también e inevitablemente en el señor de la política. Empezaron siendo virreyes territoriales y no sólo en Navarra (dejando a un lado las provincias ultramarinas) sino también en Cataluña y en sus manos tenían simultáneamente, y con iguales poderes absolutos, el mando militar y el civil subordinado sólo formalmente al Gobierno de Madrid. El paso decisivo lo dio luego Espartero cuando generalizó la fórmula en el Reino de España aunque con un poco de retraso, en 1838. Que eran señores de la guerra –y por tanto de la paz– lo demostraron en el Convenio de Vergara, donde no apareció ni una sola firma civil ni de instituciones del Gobierno: que también eran señores de la política lo demostraron luego, más que en la Regencia de Espartero, en los sucesivos e ininterrumpidos «protectorados» militares de todo el reinado de Isabel II. Vistas las cosas desde esta amplia perspectiva, podemos ahora entender mejor la guerra.

Ésta es la visión que de la guerra se da en este libro: posiblemente sesgada aunque se haya intentado honestamente no caer en distorsiones y menos en caricaturas. Y por ello cabalmente se da tanta importancia a la Hacienda con la intención de explicar su fracaso legal por insuficiencia de las contribuciones y de los empréstitos, y la necesidad de acudir a la tercera vía de las expoliaciones civiles y militares.

Con la incorporación de estos elementos no estrictamente bélicos es cierto que todavía estamos muy lejos de conocer una exposición integrada de la Primera Guerra Carlista, pero el esqueleto de los partes militares cobra al menos algo de vida y de sentido y justifica el deliberado silenciamiento de los acontecimientos heroicos, que se dan por conocidos.

* * *

2. MEDIDAS PARLAMENTARIAS PARA ASEGURAR EL PRONTO TÉRMINO DE LA GUERRA

Primeras iniciativas.– Medidas propuestas por la comisión especial.– El debate sobre la medida cuarta: el terror revolucionario.– Nuevas medidas en el mes de febrero.– Nuevas medidas en el mes de mayo.– Nuevas medidas en el mes de julio.– Medidas propuestas por la diputación provincial de Valencia: un manifiesto.

En este epígrafe se va a dar cuenta minuciosa de un fenómeno característico de la época (mas no sólo de ella), a saber, el afán de exigir en circunstancias difíciles la «adopción de medidas» para resolver un problema pendiente. Tal fue, en efecto, la reacción de las Cortes constituyentes ante el gran reto de la terminación de la guerra civil. Los diputados estaban convencidos de que éste era su deber, de que esto era lo que esperaban de ellos sus representados y de que si acertaban con unas medidas adecuadas podían alcanzar con seguridad y presteza su objetivo, porque la guerra, como todos los objetivos nacionales, se había de ganar desde el Congreso.

He aquí una cuestión que el lector ya conoce puesto que ha sido tratada en otro lugar de este libro como consecuencia de una circunstancia que es imprescindible recordar: primero adoptó el Congreso ciertas medidas que se debatieron en noviembre de 1836 y luego, a su vista, adoptó el Ministerio otras parecidas o temáticamente concurrentes que, llevadas a las Cortes, fueron debatidas en el inmediato mes de diciembre, dando lugar a una confusión no pequeña debido a lo repetitivo de los debates, que por razones sistemáticas en este libro se recogen por separado. Para no confundirse conviene, por tanto, no perder nunca de vista esta curiosa superposición de «medidas», las del Gobierno y las de las Cortes, siendo de estas últimas (cronológicamente anteriores) de las que vamos a ocuparnos ahora puesto que las ministeriales ya han sido examinadas en el epígrafe cuarto del capítulo segundo.

Ahora bien, ¿cómo explicar que el Congreso –un órgano multitudinario y de funcionamiento inevitablemente lento– actuara en este punto adelantándose a la acción del Gobierno? Gómez Acebo ya reprochó entonces al Ministerio su pasividad, pero fue debidamente contestado por el ministro de Gracia y Justicia en la sesión del 6 de noviembre (1836): «Se ha hecho un cargo por el sr. Acebo al Gobierno (...) por no haberse anticipado bien dictando las mismas medidas u otras análogas. Satisfaré a S.S. diciéndole que el Gobierno ha sido el primero, si no en pedir la adopción de esas medidas, en (solicitar) que se nombrase la comisión especial; y no ha pasado a adoptar medida alguna porque está convencido de la necesidad de no traspasar sus facultades y de que la unión íntima entre el Gobierno y el Congreso puede salvar a la Nación (...) No quisiera que se perdiera de vista que el Gobierno trabaja de acuerdo con los individuos de las comisiones y no quiere dar paso alguno sin consultar».

Las diversas medidas que en tal ocasión se tomaron en el Congreso tienen un valor y un peso distintos aunque, dentro de su aparente heterogeneidad, responden en el fondo a una misma idea: la de que las fuerzas del Estado (central) ya se habían agotado y de que había que pedir un nuevo esfuerzo a los pueblos para que aportasen más hombres, levantando tropas armadas por su cuenta y también más dinero a través de la fórmula de adelanto de los suministros. Esta última medida fue probablemente la fundamental junto con la de la movilización de la Milicia nacional, que no era otra cosa que su militarización. De esta manera, sin hacer un nuevo llamamiento de quintas, se aumentaba el ejército con efectivos armados e instruidos; y sin imponer nuevas contribuciones se garantizaban sus suministros. Dos medidas indudablemente efectivas, pero que no vinieron acompañadas de compensación política alguna. Porque es el caso que el enorme sacrificio que todo ello representaba para las provincias no se correspondió con un reforzamiento de su peso político, antes al contrario, aumentó, si cabe, la centralización. Si fuese lícito hacer valoraciones sobre acontecimientos pasados irremediables cabría decir en este lugar que el Estado liberal perdió una excelente oportunidad de descentralizar sus estructuras administrativas y políticas en el surco abierto por la descentralización militar. Pero era previsible que no estuviera dispuesto a hacerlo si había dejado pasar ya otras ocasiones no menos favorables como la irrupción de las Juntas revolucionarias provinciales de 1835 y 1836, el establecimiento de las Administraciones especiales de Ultramar, las reclamaciones forales y las propuestas de Vila con acento catalán. El liberalismo español apostó fuerte por la decisión centralizadora del liberalismo francés y no se apartó lo más mínimo de su modelo sin otra excepción, algo más tardía, que el foralismo vasconavarro como secuela de la guerra civil.

La visión progresista del Estado descubría así su verdadera doble faz. Porque si por un lado –cuando tenía que habérselas con un Estado nacional en manos moderadas– era decididamente descentralizador y patrocinaba unos ayuntamientos y diputaciones que actuaran como contrapeso del poder de Madrid, cuando era él quien ocupaba el Estado no consentía aventuras descentralizadoras, insistía en la tutela sobre las corporaciones populares y terminaba reduciendo, y hasta eliminando, las manifestaciones de tipo juntero. Y por otro lado, cuando se hablaba del Estado no se estaba pensando tanto en la Administración ni en el Gobierno sino en su órgano representativo, en las Cortes. El liberalismo había descubierto con ilusión el Parlamento y estaba convencido no sólo de su valor constitucional como vértice de todo el aparato público y de su omnipotencia, sino de su eficacia: las Cortes eran una especie de deus ex máchina capaz de atender todas las cuestiones y de resolver todos los problemas de la nación de cualquier orden que fueran.

Primeras iniciativas

Muy pocos días después de haberse abierto las Cortes, a finales del mes de octubre de 1836, los nuevos diputados –con la ingenuidad y el entusiasmo de quienes estaban convencidos de la fuerza revolucionaria de un parlamento progresista– empezaron a elevar proposiciones en materia de guerra con la seguridad de que ésta podía ganarse desde los escaños del Congreso y sin otra ciencia que la infusa propia de los estrategas de café, siempre influyentes y entonces tan de moda. Nada menos que seis se leyeron los días 30 y 31 de ese mes; pero no nos vamos a ocupar ahora de ellas, dejándolas para otro lugar más oportuno (en el epígrafe siguiente), puesto que se referían a un mayor control del ejército, ya que estaban fundadas en la idea de que si las Cortes intervenían en las operaciones militares podrían evitarse los continuos descalabros que inexplicablemente estaban experimentando las armas cristinas. La que en este momento interesa es la presentada en la temprana fecha del día 25 (10.1836) firmada por Caballero y la mayor parte de los diputados presentes: Diego y Juan Alfonso Montoya, Abad, Martín, Vila, Pardo, Ayllón, Sancho, Pizarro, Fuente Herreros, Domenech, Roviralta, Rivas, García, Pretel, Sosa, García Patón, Burgueño, Arana, Huelves, Baeza, Ballesteros, Gorosarri, Falero, Argumosa, Cardero, Ríos, Luján, Osca, Benegas, Pedro Gil «y otros diputados», como reza el Diario de Sesiones sin precisar más. Su texto era conciso y decía así:

Siendo la conclusión de la guerra el asunto más importante y urgente, pedimos al Congreso nacional se sirva acordar se nombre una comisión especial, que proponga en el más breve tiempo los medios de terminar del modo más rápido y cierto la guerra civil.

Al día siguiente (el 26) se nombraron los componentes de dicha comisión especial, que fueron Olózaga, Caballero, Sancho, García Carrasco, Cardero, Arrieta, Fernández Alejo, Arana y Pedro Gil. En sus manos estaba, pues –como si de nada valiese lo que había hecho ya (que no era poco) el Ministerio–, concretar la política militar progresista y, en definitiva, dar un vuelco a la guerra y poner en pie al ejército. Lo que en verdad era necesario y urgente porque si las cosas no iban bien antes de La Granja, las consecuencias del motín habían sido deletéreas para la disciplina de los soldados y la moral de los oficiales, en beneficio naturalmente de los carlistas que veían en este acontecimiento un signo manifiesto del proceso de disolución del «Estado rebelde» de la usurpadora Isabel.

Nadie podía discutir, desde luego, la competencia formal del Congreso para arbitrar este tipo de medidas, aunque había fundados motivos para dudar de sus resultados, pues la cuestión era demasiado seria y demasiado complicada como para admitir inspiraciones de unas cabezas que no estaban preparadas para abordar problemas de tanto calado en un par de sesiones de discusiones acaloradas y carentes, además, de todo tipo de asesoramientos. La ingenuidad rozaba aquí en la temeridad, pero eran momentos de ilusión. Aún no habían llegado los desengaños y los nuevos diputados se creían con fuerzas para en unos meses aprobar una constitución perfecta, establecer de punta a cabo un sólido Nuevo Régimen Constitucional, arreglar la Hacienda y, por supuesto, acabar la guerra. De hecho no habían aprendido nada de las amargas experiencias del Trienio y conservaban intacta su fe en la eficacia y en la infalibilidad de la máquina parlamentaria.

Medidas propuestas por la comisión especial

La diligente comisión no se hizo esperar y, como si la tarea fuese sencilla, justo en una semana, el día 2 de noviembre ya estaba listo el dictamen (por cierto, no firmado por Arrieta) en el que se proponía una serie de medidas heterogéneas y de variado alcance que prudentemente se consideraban parciales dado que «en la dificultad de presentar desde luego un plan general se ha preferido adelantar algunas propuestas (...) ínterin se analizan y presentan otras de que se ocupa la comisión». Añadiendo que «la comisión ha partido del principio de que para hacer la guerra se necesitan hombres y dinero y buen uso de aquéllos». Una vez conseguido esto –y los medios estaban al alcance del Congreso– la guerra civil se terminaría «de la forma más rápida y segura» sin perjuicio de las demás medidas que vinieran después por añadidura. En verdad que aquellas Cortes, al menos al comenzar la legislatura, no conocían sus limitaciones ni tenían sentido del ridículo.

Por lo demás, el sabio principio que había inspirado todo el dictamen era bien conocido en Europa, aunque con distintas variantes. El embajador inglés en Madrid, Villiers, aludió con frecuencia al triple elemento de «hombres, dinero y generales» precisamente para subrayar que lo que faltaba en el ejército cristino eran buenos mandos y sobre todo un buen general en jefe, que él no veía por ninguna parte e incluso se barajó seriamente la posibilidad de traer uno de Inglaterra o de Francia. La verdad es que el ejército de la Reina careció siempre de dinero y de mandos competentes; pero hombres no le faltaban.

Dejando a un lado los principios inspiradores de las medidas, las propuestas de la comisión en esta primera hornada fueron las siguientes: las tres primeras se referían a la Milicia nacional y tenían por objeto aumentar su efectividad militar por un lado; y por otro, garantizar su fidelidad política liberal:

1.ª Que se faculte al Gobierno, no obstante lo dispuesto en la ordenanza vigente de la Milicia nacional, para disponer la exclusión de las filas de las personas que no inspiren completa confianza y la inclusión de las que la merezcan y no sean llamadas por la ley referida, cuidando muy particularmente en la distribución de armas de que se observe esta precaución. 2.ª Que se lleve a efecto en el término preciso de un mes la organización en batallones de la Milicia voluntaria. 3.ª Que sin perjuicio de la autorización al Gobierno para que saque de sus provincias a los movilizados, se proponga una nueva ordenanza de la Milicia nacional.

La medida cuarta estaba orientada de forma inequívoca hacia el «terror revolucionario» de tipo jacobino francés aunque desde luego en tono menos sangriento ya que por fortuna no llegó a realizarse por completo sin perjuicio de su enfático tenor literal. Los tribunales de excepción que en ella se creaban permitían ciertamente toda clase de violencias y desconocían las notas más elementales del derecho liberal, pero no se convirtieron nunca en «tribunales de sangre». En su número de 11 de noviembre (1836) dedicó El Eco del Comercio un amplio editorial a este punto recordando cómo inicialmente «dos ministros» (López uno de ellos) habían puesto de relieve que «estamos en revolución y necesitamos medidas revolucionarias, añadiendo uno de ellos que para vencer a nuestros adversarios necesitamos el terror»; pero pronto se advirtió que al poco tiempo habían atenuado sensiblemente la dureza de sus expresiones hasta tal punto «que se estaba ya muy lejos de abrigar tales ideas pues no quieren revolución, desorden ni aterrar por un terror injusto y ciego (y por ello) han tratado en las sesiones siguientes de deshacer aquella siniestra interpretación y sus discursos ya no han tenido aquel tono decidido y de igual energía que al principio, deseosos sin duda de desvanecer la impresión que sus enemigos tuvieron buen cuidado de conservar en el público». El periódico esperaba, en fin, que esto sirviera de lección para moderar en el futuro los excesos del lenguaje. En realidad estos aparatosos tribunales no pasaron de ser una simple amenaza de papel. Veamos el tenor literal de esta medida cuarta en cuyo análisis entraremos inmediatamente:

Que por la comisión de legislación se forme inmediatamente una ley para juzgar a los enemigos de nuestras instituciones bajo estas bases: Primera. Serán castigados con pena capital todos los que de cualquier modo conspiren a favor de la causa del traidor D. Carlos; los que comuniquen noticias a los facciosos; los que les suministren algún auxilio o les favorezcan en cualquier sentido directamente. Segunda. En cada capital de provincia se establecerá un tribunal destinado a conocer exclusivamente de estas causas, y sus individuos y dependientes serán nombrados por las respectivas juntas de armamento y defensa. Tercera. Se abreviarán todos los trámites de sustanciación de modo que ninguna causa dure más de quince días. Cuarta. Las sentencias se ejecutarán inmediatamente sin que en ningún caso pueda admitirse contra ellas apelación, súplica ni otro recurso.

Las medidas quinta y sexta robustecían la importancia de las Juntas provinciales de armamento, de las que ya nos hemos ocupado con detalle en otro capítulo:

Quinta. Que se autorice del modo más amplio a las Juntas de armamento y defensa de las provincias, para que, de acuerdo con los comandantes generales, y bajo las reglas que estimen, levanten fuerzas de cualquiera clase que persigan y hagan la guerra a nuestros enemigos, pudiendo echar mano para la organización y sostén de estas tropas: primero, de los pósitos, segundo, de las memorias y obras pías, tercero, de los patronatos y capellanías vacantes, cuarto, de los bienes de los rebeldes (salva la indemnización acordada a los patriotas) y de cualesquiera arbitrios que su celo y conocimientos prácticos les sugieran y no estén aplicados al Tesoro público. Sexta. Que se pongan a cargo de las mismas Juntas el suministro de las tropas de sus respectivas provincias en los términos que convengan con el Gobierno, debiendo tener estas corporaciones populares la intervención en cuanto se facilite a los cuerpos del ejercito dentro de su territorio, así por medio de libranzas, como razón de suministros de los pueblos, por donativos, multas y otras exacciones cualquiera.

Por si todo esto fuera poco, el inmediato día 5 se presentó un segundo dictamen complementario con el siguiente tenor, referido ahora a las situaciones personales de los combatientes y que por su falta de efectividad no vale la pena que nos detengamos en él:

1.º Que se restablezca el decreto por el que se creó la Orden militar de San Fernando. 2.º Que se haga una ley relativa a los derechos, retiros, viudedades o pensiones que disfrutan los individuos de todas las clases del ejército inutilizados en acción de guerra y las familias de los que mueren en el campo de batalla o de resultas de sus heridas. 3.º Que los premios que se decreten en dicha ley sean extensivos a los individuos de la Milicia nacional y a todos los demás españoles que defienden de cualquier modo con las armas en la mano el Trono legítimo y la causa de la libertad.

El primer paquete contenía, según acaba de verse, cuatro medidas y la cuarta –de la que vamos a ocuparnos inmediatamente– estaba desglosada en seis bases.

El debate sobre la medida cuarta: el terror revolucionario

Iniciado el debate sobre los dos dictámenes de la comisión especial, el día 6 (11.1836) manifestó Gómez Acebo una oposición total a las medidas propuestas por considerarlas «anticonstitucionales, extravagantes e inútiles». Mientras que Antonio González se opuso singularmente a la medida cuarta –de la que en sesiones posteriores tanto se hablaría– alegando que «no es posible que haya seguridad pública sin leyes, ni puede haber leyes sin informes, sin procedimiento». Aunque en su defensa salió el ministro de Gracia y Justicia explicando que «nos hallamos en una época en que nuestros campos, nuestros pueblos y aun nuestras ciudades están inundadas de asesinos y ladrones, que con el nombre de carlistas, pero en la esencia verdadera de asesinos y ladrones, destruyen cuanto alcanzan. Y no basta para contenerlos el modo de administrar justicia ordinaria; es preciso recurrir a medios represivos más fuertes». La cuestión era palpitante porque si bien todos reconocían que en circunstancias de guerra era imprescindible el rigor en la prevención y represión de actividades subversivas, algunos diputados, particularmente sensibles a los derechos individuales, no estaban dispuestos a renunciar a ellos sin establecer límites precisos frente a los eventuales abusos de los poderes públicos. La dificultad estribaba, por tanto, en encontrar el equilibrio exacto entre las dos tensiones que había que armonizar.

En la sesión del 8 de noviembre Antonio González cargó de nuevo contra la medida cuarta dado que «es más funesta, más injusta y más impracticable que todas cuantas puedan proponerse para combatir a los enemigos de nuestras instituciones. Digo más: esta medida, lejos de ser saludable, produce el efecto contrario al que la comisión se ha propuesto. Si nosotros establecemos el principio de que sea condenado a muerte todo aquel que pudiese conspirar de cualquier manera, veremos pasivos ir al cadalso a los hombres más inocentes y que por la cosa más insignificante se imponga la pena de muerte. Si la comisión hubiese examinado el estado de la opinión pública y el estado de los pueblos no hubiera propuesto esta medida (...) Parece se trata de huir de los tribunales militares. Los tribunales militares en España son muy parecidos a los jurados y es la parte menos imperfecta de nuestra legislación». Aquí demostró el orador una vez más que era un liberal coherente puesto que no estaba dispuesto a abandonar el núcleo de su ideología –la libertad individual– por la invocación de circunstancias aunque fueran reconocidamente excepcionales: non possumus. Porque si llegaba a justificar esta renuncia, la lucha contra el carlismo perdía su legitimación y sentido.

Olózaga, sin embargo, salió en defensa de la medida: algo sorprendente en un abogado pero no hay que olvidar que era un miembro de la comisión que la había redactado, argumentando que no era inoportuna ni mucho menos, antes al contrario, recordando al efecto que «en el tiempo que tuve el honor de ser autoridad en esta provincia en vano se perseguía y se observaba a los cómplices: la ineficacia de las leyes, los trámites lentos de los juicios ordinarios, eran unos obstáculos insuperables. Para abreviar las causas, propone la comisión una medida que ciertamente es muy dura, pero que no creo sea imposible de ejecutar, como ha dicho el sr. González. La comisión, cuyos individuos saben la lentitud ordinaria y legal y los trámites de sustanciación, y que sabe que a la lentitud necesaria y justa se agrega otra causada por los efugios de los procesados, ha querido evitarla por todos los medios posibles; y por más que ha discurrido no ha encontrado otro sino el de fijar un término». Idea compartida por el ministro de Gracia y Justicia, quien volvió a insistir en la oportunidad de lo propuesto dado que si bien es cierto que «ninguna cosa es más digna de simpatizar con el corazón del hombre que la humanidad, y el no hacer probar un delito donde no puede haberle (aun así) esta filantrópica conducta pudiera muchas veces ser más funesta a la misma humanidad que la conducta contraria». Todo esto estaba muy bien, mas la lectura del debate produce la sensación cierta de que lo que preocupaba de veras a la comisión, lo que había inspirado la medida y lo que se estaba discutiendo no era tanto el tratamiento policial y judicial de los carlistas sino el de los liberales radicales, tenidos –como sabemos– de anarquistas y revolucionarios y que seguían siendo la obsesión del Gobierno como ya comprobamos en otro capítulo al examinar las «medidas» por él propuestas. Mas si esto no era así, ¿por qué se había incluido ésta entre las enderezadas a finalizar prontamente la guerra?

El ministro de Gracia y Justicia (el mismo día 8) siguió insistiendo en que «las leyes (vigentes) no son suficientes ni pueden satisfacernos completamente, según el estado del país. Si se hubiesen de castigar los delitos que tanto abundan en él, lo primero que deberíamos hacer es multiplicar los jueces de primera instancia (...) ¿Hay necesidad de tribunales especiales para satisfacer las necesidades del país?».

En la sesión del 9 de noviembre continuó la crítica sañuda de una medida que parecía ir en contra de los principios liberales por los que habían estado luchando hasta entonces los mismos diputados que ahora parecían dispuestos a suspenderlos; lo que otros, más congruentes con su pasado, no estaban dispuestos a tolerar. La medida propuesta era en último extremo la respuesta a una desconfianza general. Como la comisión no creía en la eficacia de los jueces ordinarios, ni en la de los tribunales militares y ni siquiera en la policía, se había visto obligado a buscarse un nuevo instrumento: estos tribunales extraordinarios que por su composición y reglas de procedimiento estaban muy lejos de todo lo conocido y desde luego no pertenecían al Derecho liberal.

A continuación abrió Díez –otro abogado, congruente defensor de los principios de garantía procesal propios de su oficio y más siendo buen liberal– un nuevo frente de ataque observando que «el que la sentencia se ejecute sin apelación es la base más terrible. El error es el triste patrimonio del hombre en lo moral: camina con nosotros, nace con nosotros en la cuna y no nos dice adiós hasta el sepulcro. El error es la causa de todos nuestros extravíos. Pero ¿qué razón hay para decir que si en una sentencia sola hay error no puede haberlo lo mismo en dos, cuatro o cinco?»

Para aquellos hombres era una píldora muy amarga, como se ve, tener que aceptar una excepción a sus principios de toda la vida. ¿Estaría volviéndose entonces, de hecho, a los tiempos del nefando absolutismo cuando este tipo de leyes eran las habituales? Veamos los escrúpulos de Luján, referidos ahora a la condición no jurisdiccional de quienes, según la propuesta, habían de conocer de estos crímenes: «No son leyes lo que nos falta. Lo que necesitamos es fuerza para hacerlas observar. Una ley como la que se propone no será más que una página más en el tomo de decretos y un legajo más en un archivo. Todo el que, como yo, ha vivido en pueblos, sabe que están divididos en dos partidos, que ambos quieren mandar y que para conseguirlo se han alistado en distinta bandera. De estas rencillas se resienten todos los individuos, hasta en las diputaciones provinciales. Y por consiguiente los jueces que aquí se proponen no pueden ser impasibles e imparciales como se requiere. Yo he sido juzgado por un tribunal de excepción en un tiempo ominosísimo y mi corazón llora sangre cuando me acuerdo y veo que se proponen otros iguales. Pero ahora más, puesto que el mismo Chaperón, que disponía a su antojo de vidas y haciendas, permitía lo que aquí no se permite, que es la apelación».

La dureza de tales críticas, al desmontar uno por uno todos los elementos de la propuesta, estaba poniendo en peligro la viabilidad de toda la medida cuarta, que para el Gobierno y para la mayoría parlamentaria era una pieza esencial del nuevo sistema que se pretendía imponer. Para fortalecerla tuvo que intervenir entonces el secretario de Gobernación: «El Gobierno no puede enajenarse el derecho que le compete para nombrar a todas las personas que hayan de administrar justicia. Y si esto es verdad en los tribunales ya conocidos, lo es mucho más en estos en que el acierto o desacierto de los individuos que se designen va a ser el que decida del resultado de la operación y lo que haga que esta facultad sea el escudo y espada que defienda la libertad y el reposo público. Que tenemos leyes, ha añadido el sr. Luján, y que sólo nos falta fuerza para hacerlas cumplir. No, ese bosque inmenso de disposiciones que se llaman legislación; esa marcha lenta y pesada de nuestros juicios; esas formas minuciosas establecidas para tiempo de calma y serenidad y a que tiene que sujetarse hasta el magistrado más celoso y activo de nada nos sirven para contener a nuestros enemigos y para librarnos de los peligros en que éstos tratan de envolvernos». Aquí tenemos, pues, a otro abogado defendiendo, contra la ética de su profesión, la supresión de garantías procesales. Esto ya lo hemos visto también hace un momento en Olózaga, pero el diputado riojano nunca se había caracterizado por la solidez de sus ideas. El caso de López, en cambio, era distinto porque el tribuno alicantino, antes y después de ser ministro, se dedicó siempre a la «abogacía filantrópica», defendiendo causas de pobres a los que la maquinaria policial y judicial no solía tratar con particulares remilgos ni garantías. Lo que pasaba es que en esta ocasión López se identificaba con su cargo de secretario de Estado y no con su profesión de abogado; y por otra parte, no hay que olvidar que era él, junto con Caballero, la cabeza oficial del progresismo avanzado y que había llegado al Gobierno con el encargo específico de promover y defender los proyectos más extremados.

En la sesión siguiente, de 10 de noviembre, intervino Caballero –otro miembro de la comisión cuya dureza represiva nos es ya conocida– en un último intento de salvar una medida que estaba naufragando a ojos vista: «La comisión en su proyecto no propone que se ponga al país en distinto estado del en que se encuentra, porque tribunales de excepción y leyes de excepción existen actualmente. Apenas había provincia hace un mes que no estuviese en estado de guerra, fuera del centro de la capital. Por una Real orden de 30 de octubre último se ha facultado por el Gobierno a todos los capitanes generales y comandantes militares para establecer consejos de guerra conforme a lo mandado en el decreto de 17 de abril. Es decir, que cuando las Cortes están ocupándose en medidas para contener a los revolucionarios (sic), los españoles están en un estado de excepción en todas las provincias. En la mayor parte hay tribunales y leyes de excepción acordadas en otra época. ¿Por qué inculpar a la comisión de que presenta su dictamen como cosa nueva? Las cosas no están en estado normal. En los periódicos hemos visto que el sr. Rodil impone pena de la vida en Extremadura a los milicianos nacionales movilizados que no se presenten dentro de las cuarenta y ocho horas. Por consiguiente, cuando en todas partes las autoridades militares están constituidas de este modo, y están imponiendo penas las más severas, del modo que lo estiman conveniente, ¿se dirá con razón que la comisión presente una cosa nueva al proponer medidas de excepción?».

La franqueza de estos argumentos simplificaba mucho la discusión al despojarla de las adherencias retóricas e ideológicas que la estaban enturbiando. Porque Caballero había ido derecho al grano. No ponía en duda el excesivo rigor de la medida y lo que hacía era justificarla por una razón de peso cierto aunque sorprendente: lo que ahora escandalizaba a las Cortes era algo que estaba sucediendo ya todos los días y en todas las provincias y lo único que se trataba era de proceder a su legalización. ¿Por qué negarse entonces a ello y rasgarse las vestiduras? Aunque el orador escondía aquí dos datos esenciales: por un lado, esos excesos cotidianos y ubicuos se estaban realizando por los militares y lo que ahora se pretendía era ampliarlos previa legalización al Poder civil; y por otro lado, la medida no se dirigía tanto contra los carlistas como contra los radicales de izquierda, tal como había admitido de forma expresa en su discurso. Y si ni el Gobierno ni las Cortes tenían poder ni fuerza para limitar las actuaciones del ejército, que habían de tolerar en silencio, sí que estaban en condiciones de poner coto a los excesos del Poder civil o, por lo menos, de intentarlo. Y eso es, en efecto, lo que resultó del debate porque al final vencieron los defensores de los principios frente a los pragmáticos que ateniéndose al estado de necesidad habían propuesto su excepción, y no fueron aprobadas ni la base primera ni la cuarta de la medida cuarta, aguándolas sensiblemente. Los abogados garantistas –por así decirlo– se habían impuesto a los políticos progresistas, la legalidad sobre la eficacia y la Justicia sobre el Terror.

El dilema ante el que se encontraban las Cortes era, de hecho, insoluble. Porque si se mantenían los tribunales existentes, era manifiesto que no se podían reprimir con éxito las conspiraciones facciosas y anarquistas habida cuenta de la lentitud de los trámites procesales y el exceso y rigor de las garantías de defensa; pero si con la nueva jurisdicción que se pretendía establecer se suprimían tales garantías para hacer más eficaces los procesos, había que renunciar a conquistas que el liberalismo consideraba esenciales. El inclinarse por una opción o por otra era, en definitiva, una cuestión de preferencias personales, de elegir entre eficacia y legalidad. A nadie se le pasaba por la cabeza que la única forma de romper este dilema de hierro era poner a los jueces ordinarios en condiciones de operar con mayor eficacia liberándoles de sus servidumbres políticas y de sus rutinas de tramitación. Pero naturalmente esto era más difícil que dictar una simple «medida» excepcional.

Las votaciones del día 10 hicieron aquélla inviable: La base primera fue desechada por 71 votos contra 36; la base segunda y la tercera fueron aprobadas; mas no la cuarta. Y al final se aprobó «que se presentase un proyecto de ley por la comisión de Legislación». Los 36 votos indicados fueron de los radicales que excepcionalmente se pusieron del lado del Gobierno y es que ahora se trataba de una medida radical, impropia de la tibieza de Mendizábal, con la que estaban de acuerdo: Frías, Díez, Domenech, Patón, Falero, Gil, Roviralta, Alcorisa, Torrens, Cano Manuel (hijo), Salas, Velasco, Venegas, Gutiérrez de Cevallos, Jover, Ferro, Olózaga, Caballero, Alejo, Arrieta, Ayllón, Almonací, Mota, Pizarro, Juan Montoya, Charco, Burgueño, Pino, Ballesteros, Moscoso, Fuster, Beltrán de Lis, Juan Osca, Gorosarri y Vila. La lección de este episodio fue que si el Ministerio desarrollaba una política audaz podía contar con el apoyo de la fracción radical y avanzada, pero que esto no era suficiente porque entonces le abandonaba la mayoría templada y terminaba perdiendo las votaciones. Ésta era, por tanto, una política en principio inviable porque la actitud más natural era la de la política templada. En su consecuencia, López y sus ideas avanzadas no tenían cabida en el Ministerio Calatrava-Mendizábal, por lo que los días de esta alianza estaban contados.

A mediados de este mes de noviembre, el día 16, presentó Valdés Bazán una proposición con objeto de recortar las facultades del Gobierno mediante un proyecto de ley

que determine el modo de proceder a la prisión e imposición de la pena de destierro o cualquier otra que se juzgue conveniente a las personas sospechosas para evitar que se pueda obrar arbitrariamente.

Petición que razonó en los siguientes términos: «No se crea que yo tengo desconfianza de los ministros; todo lo contrario. Pero sin embargo creo que, como hombres, están sujetos a equivocarse, lo mismo que otros cualquiera, y en muchas ocasiones pueden ver un delincuente tal vez en el defensor más decidido de la libertad. Por otro lado, los agentes de que el Gobierno se sirve pueden darle muchas veces noticias equivocadas. Y así, para que las providencias no sean arbitrarias, para que sean justas, creo que absolutamente es preciso que, aunque se proceda a la prisión de las personas sospechosas en caso necesario, no se puede después imponerles pena alguna sin observar los trámites legales».

La verdad es que las Cortes no pudieron librarse nunca del desasosiego que les producía la difícil compatibilización de sus ideales liberales de libertad y la inexorable precisión de limitarla en las circunstancias excepcionales que se estaban atravesando. De ello nos brinda un testimonio, entre otros muchos, la intervención de Armendáriz el 31 de marzo (1837) cuando se estaba discutiendo el artículo 5 de la constitución: «Yo conozco dos clases de garantías: unas que son aquellas formalidades que según las leyes deben preceder siempre al arresto o a la prisión de un individuo. Estas formalidades le dan una garantía para que viva tranquilo y sosegado hasta cierto punto, pero puede haber circunstancias en que la Patria o el bien de la sociedad exijan que estas mismas garantías se suspendan, se relajen y que se dé más acción a la administración de justicia. Yo tendría hasta por ridículo que en las circuntancias en que nos hallamos y en cualquiera otra en que peligre la Patria, supiese una autoridad en una casa que estaba conspirando contra el Estado y que por estas garantías, si les diésemos un carácter de perpetuidad, dijera: “yo no puede allanar esta casa por que me lo prohíbe la constitución”. Pero también reconozco otras garantías que no son pura formalidad. Son garantías tutelares de la inocencia, son las que conceden al hombre el derecho de defensa, para que en caso de que por un accidente desgraciado tenga el consuelo de que los tribunales dispensen protección y medios para defenderme. Estas garantías tutelares, consuelo de los hombres de bien, sea cualquier el estado de la sociedad, bajo ningún pretexto se pueden suprimir, ni aun por la salvación de la Patria ni por nada, porque la Patria somos los individuos que la componemos: lo demás es un término abstracto».

Nuevas medidas en el mes de febrero

Dejando por razones sistemáticas la exposición de los debates parlamentarios a que dieron lugar las medidas quinta y sexta, retomemos ahora el hilo cronológico para seguir relatando las espasmódicas actividades de una comisión especial que, nacida con tantas ilusiones, no había hecho otra cosa que sugerir medidas en gran parte inútiles puesto que las guerras no se ganan con proclamas parlamentarias y estériles debates. El mes de febrero volvió el Congreso, a pesar de todo, a dirigirse a ella solicitando que arbitrase más medidas.

El 17 de febrero (1837) Charco y Juan Osca presentaron, en efecto, una proposición en la que se solicitaba que el Congreso pidiese a tal comisión que presentase los trabajos que estaba haciendo «vista la calamitosa situación en Levante y en La Mancha». Pero González Alonso y Sancho advirtieron que la comisión ya no existía ni tenía trabajo alguno pendiente. No obstante, el Congreso entendió que todavía seguía constituida legalmente aunque de hecho estuviera paralizada.

La comisión, profundamente indignada, reaccionó con ironía recordando el 25.2.1837 que ya había presentado un dictamen el 2.11 (1836)

comprensivo de diferentes medidas, que después de examinadas y discutidas fueron en parte admitidas y en parte rechazadas. Desde entonces no ha concluido la comisión trabajos de la índole y calidad que corresponden al objeto para que fue nombrada y últimamente la comisión estaba dispuesta a ocuparse con la asiduidad y esmero debido al examen de las proposiciones que las Cortes se sirvan encargarle en lo sucesivo. Por lo que tiene el honor de proponer a las Cortes que se sirvan excitar el celo de los sres. diputados a quienes ocurran medidas extraordinarias para la pronta conclusión de la guerra civil, a que las presente al Congreso por medio de proposiciones, sobre las que si se tomasen en consideración, dará la comisión un dictamen con brevedad y sincero deseo de acierto.

En la discusión del 27.2 se puso de relieve el disparate que todo esto representaba, aunque Olózaga (por la comisión) intentó defender el dictamen: «¿ha habido nadie que pida que se ponga en ejecución lo acordado por las Cortes en aquellas pocas medidas que tuvieron a bien aprobar? ¿No han quedado de hecho nulas aun las que entonces se creyeron necesarias?». Argumento que no convenció a Lasaña puesto que le reprochó que «tenía siempre presente y no se me olvidaba lo que la comisión había dicho en su dictamen de 2 de noviembre en que nos presentó ciertas medidas como preliminares de un gran plan, o plan general que estaba trabajando para la conclusión de la guerra. Por consiguiente yo concebí esperanzas, pero veo que han salido fallidas porque la comisión no sólo dice: “no he hecho ni hago”, sino que viene a decir: “ni haré”. Esto es muy triste».

En el fondo se había herido el amor propio de los miembros de la comisión puesto que si ahora algunos diputados les acusaban de pasividad, aquéllos se defendieron –por boca de Sancho– explicando que nunca se había hecho caso suficiente de sus sugerencias ni nadie había querido colaborar con ella: «Yo dije lo mismo que ahora dice la comisión por escrito. Supliqué y excité el celo de los diputados para que el que encontrase un medio, una medida, algún pensamiento que pudiera conducir a la conclusión de la guerra civil, se valiera de uno de estos dos medios: o hacer una proposición a las Cortes o acercarse a la comisión a proponer sus ideas; advirtiendo desde entonces que la naturaleza de la comisión era tal, que no se la podía cargar con la obligación de inventar y que esta obligación era tanto la de los sres. diputados como la de la comisión». En lo que naturalmente abundó Olózaga: «¿Crean las comisiones alguna cosa? A nadie se le ha ocurrido que para crear se deban asociar los hombres. Por eso no se puede decir a nueve hombres: reúnanse Vds., enciérrense en una sala e inventen. El orden lógico y natural es otro». Y siguió diciendo: «para la última sesión que ha celebrado la comisión hizo en el salón de columnas un anuncio por medio de un cartel en el que se designaba el sitio, la hora y el día que se reunía, invitando a todos los sres. diputados a que propusiesen en ella cualquier medida que juzgasen necesaria y conveniente para la terminación de la guerra civil. Ninguno lo verificó».

Pero resultó que estas explicaciones tampoco habían sido rigurosamente exactas porque, como replicó Juan Osca, «me parece que el sr. Sancho ha dicho que no habían pasado a la comisión proposiciones de los sres. diputados. Yo presenté una cuyo objeto tenía analogía con la conclusión de la guerra civil (y) deseo que se diga si pasó a la comisión extraordinaria de guerra mi proposición».

Aunque Lasaña terminó cediendo al reconocer que «sé muy bien que el inventar o discurrir necesita libertad y sosiego. Porque poner en tortura el entendimiento para conseguir esto, produce un efecto contrario. Lo que yo he querido decir es que si la comisión conocía que no podía seguir adelante, ha podido decir: no tenga nada hecho ni veo medio alguno de poder presentar ningún proyecto a las Cortes».

Al final «se acordó que no había lugar a votar sobre el dictamen de la comisión y que volviese a la misma». Pero siguió la discusión con una intervención de Álvaro en la que pedía que se leyese «otra proposición que se ha presentado relativa al mismo asunto de que se acaban de ocupar las Cortes», cuyo texto era el siguiente:

Pedimos a las Cortes que la comisión extraordinaria de guerra, tomando del Gobierno las noticias que necesite, informe a las Cortes con la brevedad posible del estado en que se encuentra la Nación en sus dos importantes ramos de Guerra y Hacienda y que proponga los medios extraordinarios que pueden emplearse para terminar felizmente la guerra civil o bien manifieste que no son necesarios». Firmado: Cabrera de Nevares, Alvaro, Charco, Viadera, Sarabia, Díez, Ferrer y Garcés, Llanos (D. Laureano), Montoya (D. Juan) y Madoz.

Ésta era una proposición aparentemente ordinaria pero en realidad envenenada pues implicaba una alternativa parlamentaria a la política del Gobierno propia de la actitud rabiosamente opositora de algunos de sus firmantes, como lució de inmediato en las palabras justificativas de Álvaro: «Lejos de haber mejorado la situación de la nación, empeora cada día (...) Por todas partes hay desgracias. ¿Y será posible que el Congreso continúe impasible en esta situación y ni siquiera procure conocerla? ¿es posible que nos alarmemos porque un periódico ponga un párrafo (alusión a la discusión simultánea de la ley de imprenta) y que estemos impasibles viendo pueblos enteros desolados, víctimas sacrificadas, perseguidos los patriotas y clamando hasta el cielo todos los españoles? (...) Llevamos cuatro meses de sesiones y hasta ahora no nos ha dicho el Gobierno: tengo o no medios suficientes, necesito o no dinero. Sin embargo, las quejas vienen de todas partes; y por más que se ha asegurado que todos están pagados, todo el mundo sabe que el ejército está desatendido, la magistratura está sin pagar y del mismo modo la mayor parte de los empleados y se va de embrollo en embrollo y de engaño en engaño (...) En las guerras civiles no sólo se necesitan hombres y dinero sino también otras muchas cosas y que sobre todo importa más casi la buena dirección que los mismos objetos. Yo dudo que esta dirección sea cual corresponde tanto en el ramo de la Guerra como en el de la Hacienda. Pero todavía hay otra cosa que influye esencialmente en la guerra civil, y es la opinión pública. La mayor parte de los pueblos que no están ocupados por las facciones se hallan a merced de un corto número de salteadores. De todas partes se reciben avisos lamentándose de este escandaloso abandono y quejándose de que si acaso se dejan ver algunos soldados, es sólo para exigir contribuciones, raciones y bagajes (...) Yo no sé si el Gobierno, no obstante su promesa, se habrá dormido».

Nuevas medidas en el mes de mayo

Las ilusiones de comienzo de la legislatura se disiparon cuando se llegó al convencimiento de que la guerra no se acababa con la simple adopción de medidas parlamentarias más o menos ingeniosas. Algo se había adelantado, desde luego, con aquellas primeras de noviembre de 1836; pero no mucho y, por otra parte, la comisión había quedado amargada y sus miembros heridos en su amor propio por la circunstancia de que las Cortes habían rechazado buena parte de las soluciones que ellos habían imaginado y las formalmente aceptadas no se habían llevado a cabo con especial energía.

En el mes de mayo de 1837 todavía quedaban, no obstante, algunos diputados que seguían creyendo en la conveniencia de recuperar el tema para dar un nuevo empujón a una guerra interminable que cada día tenía peor aspecto. El caso es que el día 11 de este mes Pascual y otros 29 diputados presentaron la siguiente proposición:

Que la comisión especial nombrada para proponer medidas capaces de terminar la guerra civil llene su misión; y que si su delicadeza no le permite presentar de nuevo las medidas desaprobadas, o no conceptúa conveniente variar de sistema, se nombre inmediatamente otra con el objeto mismo con que aquélla fue electa.

Proposición que justificó el mismo Pascual al día siguiente con su acostumbrado patetismo: «La posición actual de la Patria obligaría a hablar a los mismos mudos. Los males que oprimen a la Patria son inmensos. El Estado, rodeado de abusos, está próximo a desplomarse. Todos los españoles lloran. Todos ellos tienen un motivo fundado para gemir. La sangre de los padres, de los hijos, de los esposos, de los hermanos, corre a torrentes. Las exacciones se aumentan sin fruto. El crédito está expuesto. La nación se hunde: ¡esa nación que tiene depositada en nosotros toda su confianza!, ¡esa nación que fía en nosotros su prosperidad y su ventura! Principiemos metodizando nuestros esfuerzos, reduciéndolos a un sistema. La Patria se salvará. Su posición es triste pero no desesperada.(...) Principiemos por la guerra civil. Sea nuestro exclusivo objeto el poner término a esta lucha desastrosa de desolación y muerte, que concluye con nuestra riqueza y con nuestra sangre. Hay un medio de concluir con ella: no olvidemos que en circunstancias extraordinarias son precisas también medidas extraordinarias. Una comisión tiene el Congreso nombrada de su seno, compuesta de los individuos más ilustrados del mismo, cuya misión es proponer cuantas medidas crea convenientes para poner fin a esta triste situación en que se halla el Estado. Que no olvide que aunque fueron desechadas algunas de las medidas que propusieron al Congreso su celo y patriotismo, estas mismas podrán ser aprobadas. Preséntense de nuevo y acompáñense de otras más enérgicas y eficaces si se creen necesarias. Las cosas que dependen de las circunstancias y del azar deben variar también según las mismas».

Pero la comisión, que seguía resentida, respondió a este apasionado requerimiento por boca de Olózaga con una fría negativa: «La comisión ni puede volver a presentar las medidas que las Cortes tienen reprobadas ni la ocurren otras que sustituir (...) Siempre que se ha reunido ha invitado a todos los diputados por medio de un aviso que se ha fijado en la sala de columnas, a fin de que se tomase la molestia de concurrir a ella todo aquel a quien ocurriese un pensamiento o idea capaz de contribuir a poner término a la guerra». Y es el caso que jamás se había presentado nadie, certificando con ello que la iniciativa se había agotado por completo.

Nuevas medidas en el mes de julio

En el mes de julio de 1837 volvió a plantearse la misma cuestión, pero no ya en términos ilusionados. La situación militar era en aquellos momentos más dramática que nunca: la expedición de Don Carlos avanzaba inexorablemente hacia Madrid y los ejércitos cristinos, más numerosos y mejor armados –oficialmente valientes y disciplinados– estaban demostrando su incapacidad para cortarles el paso con una victoria campal. Las Cortes estaban seriamente preocupadas, como no podía ser menos, pero dos diputados infatigables, como Fontán y Martínez Falero, tuvieron ánimos para abordar de frente tan difícil situación por medio de una proposición presentada el día 7:

Pedimos a las Cortes se dignen fijar su atención sobre el estado en que se halla la guerra civil, sobre los progresos que puede tener y sobre los medios que es forzoso adoptar para salvar la Patria, dando a este negocio la preferencia que conviene a su importancia y que reclama la seguridad del Estado.

En la sesión del día 15 intervino de nuevo Olózaga para explicar resignadamente el retraso que estaba teniendo la comisión en la redacción del correspondiente dictamen: «Tengo el honor de pertenecer a la comisión a que pasó la proposición de los sres. Falero y Fontán. Las Cortes hicieron este acuerdo el 8 de este mes; en aquel mismo día se reunió la comisión y después de haber conferenciado con el mayor detenimiento acerca de tan importante materia, la mayoría de la comisión, a que no tengo la honra de pertenecer, resolvió que no podía darse el dictamen que las Cortes deseaban sin oír al Gobierno. El día siguiente 9 se ofició al Gobierno. El 10 concurrieron dos sres. ministros a una sesión detenida de la comisión y los sres. que creyeron necesaria esta entrevista hicieron las preguntas que tuvieron por conveniente, a que contestaron los secretarios del Despacho en la forma que les pareció mejor; y habiéndose tocado un punto para el cual dijeron los señores ministros que no venían preparados, manifestaron que darían cuenta de ello en Consejo de ministros y que avisarían a la comisión para otra conferencia. Habiendo pasado varios días sin tener aviso del Gobierno, la comisión se volvió a reunir ayer y lo recordó, haciéndose cargo de que el Gobierno tenía otras ocupaciones que podrían haberle impedido contestar. Ésta es la hora en que el sr. secretario de la comisión, con quien no hace mucho tiempo que hablé, ha informado que no ha recibido oficio ninguno. Yo, que tengo el honor de ser presidente de la comisión, tampoco lo he recibido hasta ahora. Al momento que se reciba, o si no lo recibiéramos tan pronto como fuera de desear, nos reuniremos y acordaremos lo más propio para corresponder a la confianza de las Cortes».

El punto conflictivo que explicaba en parte los retrasos era si se debían facilitar por el Gobierno, o no, los «papeles de Alaix», es decir, la correspondencia sostenida por este general con ocasión de la campaña de Andalucía y la Mancha contra Gómez. La comisión insistía en conocerlos y se lo pidió así al Gobierno; pero éste se resistía a entregarlos temiendo –o alegando como pretexto, al menos– que su conocimiento perjudicaría la seguridad de las operaciones.

A continuación intervino el ministro de Hacienda pues Mendizábal no rehuía polémica alguna aunque no afectara directamente a su ministerio. «En la sesión que tuve con la comisión dije que los resultados de esa misma correspondencia podían desde luego presentarse para ilustración del Congreso; y que con respecto a la correspondencia de los últimos tres meses, siendo ésta una cuestión de Gobierno, era necesario que los ministros se enterasen detenidamente de esos documentos, para saber cuáles, sin faltar a la prudencia que debe haber en estos casos, podían presentarse al examen de las Cortes en el momento, dejando los otros para cuando no hubiese ese peligro».

Aunque fuera con un retraso tanto más llamativo cuanto que D. Carlos se encontraba ya a unas pocas leguas de Madrid y sin nadie que se le interpusiera en el camino, el 28 de julio pudo leerse el dictamen de la comisión extraordinaria de guerra, relativo a la proposición de Fontán y Falero. Dictamen decepcionante puesto que, después de un proemio literariamente brillante sobre la lamentable situación del país, se limitaba a invitar al Gobierno a que fuera él quien presentase las deseadas medidas:

Necesario es y urgentísimo buscar y emplear eficazmente todos los medios que puedan conducirla a un término pronto y feliz (a la guerra). Importa sobremanera que se conozcan con toda exactitud estos medios y cualidades (para salvar a la Patria) y para ello propone a las Cortes que informe en sesión pública el Gobierno cuando conceptúe oportuno para que el Congreso declare después de la competente discusión, en vista de las explicaciones del Gobierno, si queda satisfecho de los medios con que éste cuenta para salvar a la Patria.

Con esta última frase se reabría la vieja cuestión de a quién correspondía la iniciativa de proponer las medidas oportunas. Porque si estaba claro que en todo caso debía aprobarlas el Congreso, la sugerencia podía partir tanto de él como del Gobierno. Y si al comienzo de la Legislatura tenía aquél energía suficiente para hacerlo a través de una comisión especial, luego había venido el desánimo y el tiempo demostrando que esto ya no era viable y que esa tarea era más propia del Ministerio. Pero en definitiva ya daba igual porque se habían pasado las ilusiones iniciales y llegado al convencimiento de que lo que hacían falta no eran fórmulas imaginativas sino la rutinaria tarea de alimentar un ejército y acorralar, ya que no vencer, al enemigo.

Así las cosas, el día 3 de agosto reclamó Fontán la comparecencia del Gobierno; pero el presidente se negó a cursar esta petición alegando que esto ya no dependía de él. Y en último extremo se perdió la proposición pues, a decir verdad, no era el momento más adecuado para debates de esta índole.

A fines de este mismo mes, el día 28, presentaron Sereix y Juan Osca una nueva proposición en la línea más ultrarrevolucionaria y utópica pues se pedía a las Cortes que se sirviesen acordar

el restablecimiento del decreto de 11.3.1811, por el que se autorizó al Consejo de Regencia para conferir el mando de los ejércitos, divisiones y regimientos a cualquier militar que reuniese los conocimientos necesarios.

Sin preocuparse de estas discusiones que se estaban desarrollando en el Congreso, la diputación de Tarragona, por su parte, en una exposición que se ha citado más atrás solicitaba la adopción de «medidas fuertes y extraordinarias» que ella misma había imaginado aludidas en el Diario de Sesiones de 24.9.1837, tales como

el que se sacase todo el partido posible al tratado de la Cuádruple Alianza, que se diese a los procedimientos un carácter de franqueza que inspiraran confianza, que se encargara del mando de las tropas a jefes decididos y de indudable patriotismo, que cayera inexorable la cuchilla de la ley sobre el cuello de los traidores, cualquiera que fuese su rango o categoría y finamente que se sustituya el sistema de lenidad y de contemplación observado hasta el día por el de terror y de las más rigurosas represalias.

Esto de las «medidas» se había convertido, como se ve, en una auténtica obsesión que reflejaba muy bien la mentalidad del momento, la convicción infantil de que con ellas podía cambiarse el curso de la guerra y hasta liquidarla sin más trabajo que aprobar unas líneas en algún papel oficial. La guerra no estaba, al parecer, en manos de los militares pues no se trataba de ganar batallas, ocupar territorios y asaltar plazas. Parafraseando un dicho que luego se haría célebre, la guerra era un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares. En el credo liberal eran los políticos quienes habían de manejar todos los resortes del país, de tal manera que las Cortes con sus leyes podían enderezar la economía, la sociedad y, por supuesto, también la guerra. En términos modernos se hablaría de una «política de guerra». Pero en 1837 se hablaba simplemente de «medidas para terminar la guerra» y la diferencia no era semántica sino de contenido. Porque una política de guerra es mucho más que la suma de unas medidas aisladas: es un sistema trabado de principios, objetivos y medios. Algo que la mediocridad intelectual del Congreso no llegaba siquiera a imaginar y por ello se limitó a unos parches inconexos, mejor o peor pensados, pero lejos de formar una política coherente. Era un mundo patético de medidas grotescas, de remedios infantiles: medidas de la comisión, medidas del Congreso, medidas del Gobierno; y al final llegó la hora de medidas de las diputaciones, de la prensa y de los contertulios de café.

Medidas propuestas por la diputación provincial de Valencia: un manifiesto

El largo relato precedente no agota, con todo, la historia de las «medidas», porque es el caso que durante toda la guerra civil se hicieron sugerencias y propuestas de otras medidas por parte de diputados, corporaciones públicas y hasta particulares. Ahora bien, en el mes de agosto de 1837 se acumularon en las Cortes varias exposiciones de diputaciones provinciales en las que con un estilo semejante y, después de pintar con las figuras más negras la situación de la respectiva provincia, se sugería la adopción de las inevitables medidas para acelerar el fin de la guerra. Después de haber aludido hace un momento a la exposición de la diputación de Tarragona, seguidamente vamos a ocuparnos de la valenciana (dirigida también a la Reina Gobernadora), en cuyo expediente, por cierto, se acumularon las exposiciones de las demás.

En este documento, leído el 24.8.1836, después de relacionar las conocidas desgracias que se abatían sobre el territorio, se hacía observar que

la guerra no se hace al Pretendiente ni a sus hordas; la guerra se hace al pueblo entero y la destrucción y el aniquilamiento de ese pueblo es la prueba más evidente (...) El sistema que nuestro Gobierno ha seguido hasta aquí o es bueno o es malo. Nadie que tenga uso de razón o patriotismo podrá decir lo primero. Apelamos a los hechos y al estado actual de España.

Como se ve, se trataba ya de una acusación directa al Gobierno dirigida por un pueblo absolutamente desesperado y que pretendía dar un nuevo giro a la visión oficial de una lucha de «buenos y malos», de amantes y enemigos de la libertad. Actitud apoyada por el diputado valenciano Juan Osca quien en la misma sesión advirtió que «los pueblos, abrumados por el peso y la duración de la guerra, están creídos, acaso no sin fundamento, que la guerra no se concluye porque no se quiere en la Corte».

Con este planteamiento inicial no debe extrañar que inmediatamente se intentara en el Congreso trazar un cortafuego para evitar que la discusión se extendiera con el riesgo de desembocar en terrenos que nadie hasta entonces había osado ventilar públicamente. Ésta fue la intención del secretario Feliú cuando se opuso a que la exposición se debatiera alegando que «puesto que en ella no se pide nada en concreto, lo único que cabe es darse por enterados de ella». Maniobra que provocó la indignación del mismo Osca y de Fuente Herrero para quienes la eventual inhibición de las Cortes parecía intolerable e insistiendo en que éstas, ante tan graves circunstancias, «debían hacer algo». Mientras que Álvaro intentó desdramatizar el asunto advirtiendo que «si lo que se pedía era un cambio de sistema, esto ya se había producido con el cambio de Gobierno (la sustitución del de Calatrava por el de Bardají) que había tenido lugar entre la fecha de redacción de la exposición y el momento de su lectura en sede parlamentaria».

En definitiva, el escrito pasó a una comisión especial pero no sin provocar antes un incidente de difícil solución. Porque es el caso que Osca, Fuente Herrero y Pascual habían pedido «que se presenten en esta sesión los ministros de la Corona para que manifiesten el estado en que se encuentra la nación y los peligros que amenazan a la libertad y a los patriotas comprometidos en su defensa». Esta comparencia, lógica en otros momentos, ofrecía ahora dos inconvenientes: uno, que los ministros, recién nombrados, no estaban en condiciones de aclarar nada y, además, ya habían anunciado que comparecerían en cuanto pudiesen; y otro, señalado por Fontán, que la petición pudiera dar lugar a una batalla parlamentaria; de tal manera que «la proposición más que salvar a la Patria, parece que tiene por objeto ponernos en pugna con el Gobierno». Una suposición que, por cierto, fue rechazada expresamente –aunque con sinceridad dudosa– por los firmantes de ella.

El día 28 del mismo mes la comisión especial (integrada por Argumosa, Fernández Vallejo, Díez, Juan Osca, Alejos Burriel, Baeza, Almonací y Mora) presentó su dictamen:

Dos son los principales daños que la diputación de Valencia deplora: uno político y otro material, consecuencia de aquél. Quéjase de la errada marcha hasta aquí seguida por el Gobierno y para demostrar que fue desacertada aduce varias pruebas: primera, la falta de justicia en la aplicación de los premios y los castigos; segunda, la contemplación de los enemigos solapados y la lenidad extremada con los rebeldes; y tercera, las pocas ventajas obtenidas en la guerra, cuando los sacrificios del pueblo bastaban y sobraban para alcanzar el triunfo final. La comisión reconoce los asertos referidos, no sólo como exactos sino como que forman hoy el convencimiento de todo español liberal.

En la sesión del 30 de agosto inició Madoz el debate observando que «las medidas que se proponen en la exposición de la diputación de Valencia son pequeñas, mezquinas, miserables e insuficientes para las necesidades en que se halla la nación. Para grandes crisis se necesitan medidas enérgicas, para grandes peligros, decisiones atrevidas; para graves males, grandes remedios (...) Quiere la diputación provincial que se separen aquellos militares que huyen la ocasión de perseguir y batir a los rebeldes. Así ha sucedido muchas veces que si en una provincia se ha separado por inútil, por cobarde a un militar, se le ha enviado a otra, acaso con un ascenso. (...) Lo que quiero es que se pongan, que se coloquen al frente de las divisiones hombre de decisión y energía; hombres que no tengan otra alternativa que el cadalso o la emigración».

Al hilo del debate provocado por la exposición de la diputación de Valencia parecía que se había llegado, por fin, al corazón del problema: a la causa de todos los desastres y a su pronto y mágico remedio. Todo era cuestión de exceso de lenidad y todo podía arreglarse con mano dura y premio a los fieles más probados.

Al cabo de varios días de discusiones embrolladas, pues con el Pretendiente a la vista de Madrid no estaban los diputados en condiciones de hablar con el debido orden, se llegó a una conclusión que recordaba el parto de los montes puesto que se reducía a lanzar un manifiesto didáctico explicando la situación del país y que en el lenguaje de hoy se llamaría «propagandístico». Huelga decir que tamaña simpleza fue criticada duramente, empezando por Gómez Acebo, quien en la sesión de 2 de setiembre hizo observar que «en circunstancias tan críticas como las actuales, ofrecer por todo remedio a un país un manifiesto y una ley me parece que es un presente demasiado infructuoso y poco digno también de la gravedad de nuestros males y de la situación en que se halla el país»

Sobre ello, pero en términos mucho más crudos, insistió Argumosa el día 5: «La Nación está ya fastidiada de manifiestos y hasta le causan náuseas las proclamas, las alocuciones, los sermones políticos y todo lo que se llama proclamar y charlar. Nada de esto conduce a salvarnos. No entren, pues, las Cortes en la carrera de las proclamas y déjenla a los funcionarios públicos, que luego que ocupan su puesto, lo primero que hacen es dar una proclama».

Como consecuencia de este debate emitió la comisión especial el 8 de septiembre un nuevo dictamen complementario en el que aparecían, en fin, medidas de actuación militar directa –aunque, huelga decirlo, medidas aisladas, no sistemáticas, remedios de tinte populista– consistentes sustancialmente en la orden de constitución de nuevos batallones de la Milicia nacional con un mínimo de 1.100 plazas por provincia y 60 caballos más para las provincias del Mediodía de la Península con la intención de que estas nuevas unidades actuando en la protección de la retaguardia permitiesen que «las tropas del ejército se dedicasen exclusivamente a perseguir y exterminar las facciones». Y para garantizar la eficacia de lo anterior se disponía, además, que «para el sostenimiento de dichas fuerzas se destinarán los arbitrios concedidos por las Cortes a las diputaciones provinciales para la respectiva defensa de cada provincia y el producto de los 5 a 50 reales que deben pagar los que no son milicianos nacionales».

Importa dejar constancia, para terminar este relato, que el interés de este episodio desencadenado por la exposición de la diputación de Valencia no radicaba tanto en el cúmulo de desgracias a las que en ella se aludían, puesto que eran perfectamente conocidas, y menos aún en las medidas que al final se adoptaron, puesto que fueron irrelevantes, sino en el larguísimo debate a que dio lugar y que supuso, aunque nadie se lo había propuesto y ni siquiera esperado, un ejercicio de reflexión sobre el estado de la nación y de la guerra, que no tuvo igual en aquella legislatura. El hecho es que al hilo de las discusiones salieron a relucir buena parte de las cuestiones pendientes, que fueron analizadas en términos tan resignados como objetivos y que operaron como una especie de catarsis parlamentaria tanto más oportuna cuando el Pretendiente estaba a tiro de cañón del Palacio del Congreso y los diputados no se decidieron a afrontar sinceramente esta dramática realidad. Lo que no lograron las avanzadillas de Cabrera en el arroyo del Abroñigal, lo hicieron sorprendentemente los patéticos folios escritos por la diputación provincial de Valencia.

* * *

3. CONTROL PARLAMENTARIO SOBRE EL EJÉRCITO

Planteamiento.– Información complementaria a través de diputados comisionados.– Control sobre operaciones militares.– Control personal sobre los generales.– Responsabilidad personal de los generales.– Control general sobre abusos de las autoridades militares y Milicia nacional.– Final.

Planteamiento

Los diputados de las Cortes constituyentes estaban desconcertados ante el hecho –denunciado casi a diario en la prensa– de que el ejército liberal, cuatro o cinco veces más numeroso que el carlista, mejor municionado e instruido que éste y que contaba con el apoyo de varias legiones extranjeras y de las flotas británica y francesa, fuera derrotado una y otra vez y tuviera que mantenerse a la defensiva. ¿Cuáles podían ser las causas de este despropósito y, sobre todo, quiénes eran los culpables de ello? En cuanto a lo primero, los estrategas de café criticaban siempre las operaciones militares y proponían planes alternativos ordinariamente fantásticos. Y en cuanto a lo segundo, después de las derrotas se señalaba indefectiblemente con el dedo a algún general de torpeza indudable y fidelidad sospechosa. La facilidad con que las expediciones carlistas recorrían la Península producía una irritación creciente que terminó exasperada cuando se frustraron las muchas esperanzas que se habían puesto en la victoria de Luchana.

En el epígrafe anterior hemos visto el interés que se tomaron las Cortes en terminar de una vez con la guerra civil, convencidas como estaban de que tal tarea podía impulsarse mejor desde el Congreso que desde el ministerio de la Guerra y ya sabemos las consecuencias de sus esfuerzos. Ahora nos falta examinar un aspecto bastante más delicado puesto que tenía un sentido crítico, es decir, un control de lo que estaba realizando el ejército para rectificar –y en su caso castigar– sus errores.

Aquí estaba en la primera línea de tiro la revisión de las operaciones militares: desde las grandes decisiones estratégicas hasta los movimientos tácticos de una pequeña columna. Porque el Congreso estaba convencido de que desde el salón de sesiones podía mejorarse la plana a los Estados mayores. En segundo lugar estaba la exigencia de responsabilidad y castigo de los generales culpables, pues los diputados se sentían a estos fines más competentes, y desde luego más justos, que los tribunales de guerra. Pero estos dos objetivos venían condicionados por el conocimiento previo y exacto de lo que estaba sucediendo y en este punto fallaban sus ambiciosas intenciones. Porque es el caso que los diputados no sabían de las cosas de la guerra mucho más de lo que contaban los periódicos. En consecuencia tuvieron que empezar por este extremo, es decir, procurando reunir por su cuenta una información más completa y fiable que la de que disponían.

Ni que decir tiene que con tan novedosa y audaz política habían de provocarse roces institucionales y personales muy delicados y hasta poner en peligro el equilibrio constitucional ya que no parecía tan natural que el Poder legislativo se entrometiera en cuestiones propias del Poder ejecutivo. Las relaciones entre las Cortes y el Ministerio Calatrava-Mendizábal eran excelentes desde el momento en que éste disponía de una cómoda mayoría en el seno de aquéllas, por más que la terca y creciente minoría no cejase nunca en su empeño de poner en dificultades al Gobierno aprovechando cualquier ocasión buena o mala; y forzoso es reconocer que la marcha de la guerra ofrecía un flanco harto vulnerable. Pero aquí no se trataba, aunque también las hubiese, de simples escaramuzas de la oposición sino que todo el Congreso, mayoría incluida, quería jugar esta carta crítica.

Con lo cual se ponía al Ministerio en una situación difícil ya que desde el punto de vista político tenía que ir del brazo del Congreso, mas por otro lado no podía abandonar al ministro de la Guerra (cuyas decisiones, errores incluidos, se tomaban con frecuencia en Consejo de ministros) y, en fin, también se sentía obligado a solidarizarse con el ejército, ya que sin su apoyo no podía mantenerse ni una semana. En esta materia las tensiones y líneas de fuerza eran insólitas y resultaba muy fácil perder los papeles y no saber de qué lado se estaba. En cualquier caso, la posición del Congreso no era brillante dado que técnicamente, con información o sin ella, no estaba en condiciones de analizar con profundidad las cosas de la guerra y mucho menos de tomar decisiones alternativas. Pero la posición del Gobierno tampoco era firme puesto que literalmente estaba caminando por una cuerda floja tendida entre el Congreso y el Ejército. Lo curioso del caso es que en estas condiciones el ejército, que era el causante manifiesto de los desastres, fue el que salió ganando pues fortaleció aún más su posición frente a un Gobierno en este punto vacilante y ambiguo.

Sin olvidar nunca estas prevenciones podemos entrar ya en la descripción de los esfuerzos parlamentarios realizados en tal sentido empezando por recordar varias proposiciones presentadas el día 30.10.1836 que todavía tenían un carácter demasiado genérico e impreciso, un aire de improvisación o ensayo, como si los diputados estuvieran probando sus fuerzas y tanteando la capacidad de reacción del Gobierno. De la primera, firmada por Álvaro, Pizarro, Burgueño, Ollero y García Blanco, ya se ha hablado en el epígrafe titulado «Primeras claves para la inteligencia de la guerra civil». Pero hay otra de la misma fecha, presentada por Álvaro, Rodríguez Leal, Charco, Alonso Cordero, Burgueño, Ollero, Juan Montoya y Pizarro, del siguiente tenor:

Habiendo circulado por esta capital noticias alarmantes acerca de las operaciones militares del ejército del Norte y de las divisiones de la Mancha (...) pedimos a las Cortes que vengan a su seno los sres. ministros de Guerra y Hacienda para informar, en cuanto posible sea, de estas operaciones y de los medios que han adoptado en consecuencia para el exterminio de la facción o para el presto y ejemplar castigo de los que resulten culpables de que con un ejército tan numeroso y valiente y después de tantas promesas y seguridades de que Gómez no saldría de Andalucía, haya salido de aquel país invadiendo la Extremadura.

Y al día siguiente (31.10.1836) casi los mismos firmantes insistieron sobre algo parecido:

Pedimos a las Cortes que para descubrir las causas de por qué no se ha perseguido la facción de Gómez después de haber sido derrotado en Villarobledo y conocer por qué se le ha dado tiempo a devastar la Mancha, Andalucía y Almacén, se reclamen con toda urgencia del Gobierno los diarios de operaciones de los generales Alaix, Rodil y comandante general de la provincia de la Mancha desde los días 15 de septiembre hasta hoy, que llegados estos diarios pasen sin dilación a la comisión ordinaria de guerra, (para que) extienda su dictamen y proponga a las Cortes las medidas que en su vista juzgue convenientes.

Información complementaria a través de diputados comisionados

Con el antecedente borroso, pero indudable, de las intervenciones de la Convención revolucionaria francesa en las operaciones militares, se presentaron de inmediato varias proposiciones para que fueran comisionados algunos diputados para acompañar a las unidades militares y poder enviar, desde el terreno mismo, informaciones fiables y así disipar la ocultación sistemática, y aun la mentira deliberada, con que los militares primero, y luego el ministerio de la Guerra, envolvían lo que de veras estaba sucediendo. Aunque tampoco puede olvidarse que, si bien con intenciones distintas, ya se habían ordenado algunas «visitas» al frente por los Gobiernos (no por las Cortes) anteriores. En tiempo del general Córdova fueron a recorrer las provincias del Norte el conde de Almodóvar, ministro de la Guerra, y el general Álava, camino de su embajada en París. Una visita que ciertamente nada aportó de provecho.

Tal fue la intención expresa de una temprana proposición de Cabrera de Nevares de 31.10.1836, modesta en sí pero que suponía al tiempo una enérgica denuncia de la falsedad sistemática de los partes oficiales militares:

Pido a las Cortes que se nombren diputados que pasen al cuartel general de cada uno de los dos ejércitos de operaciones, con facultad de tomar cuantos datos y noticias crean convenientes, a fin de informar a las Cortes de lo que juzguen necesario poner en su conocimiento.

Lo que argumentó de esta forma en la misma sesión: «Desgraciadamente hemos visto en los partes que ha publicado oficialmente la Gaceta desde que se encendió la guerra hasta principios de octubre último, 400.000 enemigos muertos y prisioneros y esto afortunadamente para la humanidad y para la Patria es falso. Muchos males, tal vez, se hubieran evitado si los partes militares hubieran sido dados con veracidad y pureza. Creo que un celo indiscreto es capaz muchas veces de conducir a dar partes con una exageración inoportuna o bien aumentando la pérdida del enemigo o bien aumentando la importancia de la acción o disminuyendo el número de nuestras tropas para dar más realce a la acción y al jefe».

La proposición fue desechada sin otro debate por 48 votos contra 44; sin perjuicio de que Cabrera volviera a insistir sobre lo mismo en la sesión del 22.11 (1836): «Se dice que si se da una acción, si hay algún movimiento, la Gaceta lo dice. Cartas tengo en la mano que desmienten los partes publicados en la Gaceta. Estoy muy cierto que no habrá un señor diputado que no vea por su correspondencia particular que el estado de las provincias es absolutamente diverso del que pinta la mayor de los oficios militares que se ven en la Gaceta. Que todos los días vemos partes en la Gaceta en que se la representa moribunda, en que se canta la victoria. Y sin embargo, la facción lejos de extinguirse, aumenta».

La contestación del secretario de la Guerra fue rotunda pero un tanto sorprendente por su sinceridad: «Se dice que no se publican más que los partes favorables. Y en efecto, ¿qué resultaría de publicar los adversos? ¿Qué adelantan las Cortes con que venga el ministro y les diga: las tropas que estaban en tal punto han sufrido un revés? (...) Si ahora se me pregunta dónde está Gómez, yo no podré decirlo exactamente porque desde el 15 no se ha vuelto a recibir parte oficial».

Y en términos similares habló Infante, otro general, pretendiendo justificar el silencio informativo con razones de oportunidad constitucional: «El Gobierno en sus partes dice al Congreso que la guarnición de tal punto no puede moverse de allí, porque le faltan los víveres, porque no tiene para pagar a los oficiales, prest para la tropa, calzado para los soldados. Si se dan cuenta las Cortes y sucede que se tarda en socorrerlos, ¿cuál será el resultado? Tomar las Cortes sobre sí una responsabilidad enorme».

Algo más éxito tuvo otra proposición de Pretel de Cózar presentada el mismo día 31.10 con igual intención que la de Cabrera de Nevares:

Pido a las Cortes se sirvan determinar que un individuo de su seno se constituya por tiempo indeterminado en el cuartel general de cada uno de uno de los ejércitos y divisiones de operaciones, con el objeto de comunicar directamente al Congreso con toda rapidez, por conducto del sr. presidente, los sucesos militares, las necesidades de las tropas, el estado de los hospitales y la inversión que se da a los caudales de la Hacienda militar.

Así fue como se formaron varias «comisiones regias» (es decir, nombradas por el Gobierno y no por las Cortes); pero su presencia en las zonas de operaciones no garantizaba ni mucho menos que sus informes llegaran al Congreso. Buena prueba de ello es que el 13.10.1837, había presentado Juan B. Osca otra proposición con objeto de que las Cortes se enterasen de los resultados de la comisión anterior y de la que se carecía por completo de noticias:

Pido a las Cortes se sirven nombrar una comisión especial para que llamando a su seno a los individuos de la comisión regia (...) informen a las mismas del destino que se ha dado a las grandes contribuciones y sacrificios de los pueblos y de los resultados que han producido y deben esperarse.

Debatido el asunto y tomando nota de lo anómalo que resultaría que se presentaran en el Congreso individuos que no formaban parte del mismo, la proposición terminó redactada y aprobada en los siguientes términos:

Que se pidan al Gobierno los documentos que haya en las respectivas secretarías de Estado relativas a la comisión regia encargada de hacer la revista del ejército del Norte, para que una comisión especial de las Cortes los examine y dé el informe que corresponda.

Por aquellos días, cuando el Congreso se estaba recuperando del espanto producido por la llegada de Don Carlos a Madrid y quizás por el descontento producido por la incompetencia del ejército cristino para detenerle a él y a Zariátegui, llovieron las proposiciones de este tipo en un esfuerzo por encontrar un «culpable» del desastre. El 15.10.1837 se leyó una de Bertrán de Lis que decía así:

Pido a las Cortes reclamen del Gobierno la correspondencia del general conde de Luchana desde que se encargó del mando en jefe del ejército del Norte y las contestaciones del Gobierno en todo lo que tenga relación con la subsistencia de aquél y que pasen ambas comunicaciones a la misma comisión con los documentos de que se hablaba en la proposición del sr. Osca.

La proposición fue desestimada tras un breve debate en el que al menos hubo oportunidad para oír algunos comentarios sobre los trabajos de la anterior comisión regia. Así el de Seoane: «Yo me hallaba en las provincias del Norte cuando llegó a ellas la comisión; he presenciado sus trabajos y sé que sus individuos se han limitado a examinar el ejército tal cual se hallaba en aquella época sin meterse en las anteriores». Lo que confirmó el propio Bertrán de Lis: «Yo he oído a los miembros de la comisión regia decir que su trabajo se dirigía a averiguar qué había recibido el ejército en aquella época y a cuánto ascendían los hombres que habían de recibir pagas y raciones. No sé yo precisamente cuáles serían sus instrucciones, pero les he oído decir que era un trabajo magno que abrazaba todos los ramos del Ejército».

Pero huelga decir que, teniendo en cuenta los pocos días que quedaban de legislatura, no volvió a saberse más del tema. Nótese, en definitiva, el triste papel que estaban desempeñando las Cortes en este punto desde el momento en que no se les concedían los medios de información autónoma que, visto el contumaz silencio del Gobierno, solicitaban y que cuando se les concedía, los trámites eran tan lentos y tan complicados que al final no resultaba nada aprovechable. Piénsese que la proposición de Pretel de Cózar fue presentada en octubre de 1836; luego hubo que nombrar la comisión, obtener fondos para ella y, al cabo de un año, el informe de tal comisión regia debía pasar a la comisión del Congreso para que ésta comunicara al Pleno, en fin, lo sustancial de los resultados. Ya se ha dicho que se cerraron las Cortes sin dar ocasión a ello; pero, aunque hubiera habido tiempo, ¿qué interés hubieran podido tener unas informaciones tan antiguas? El procedimiento escogido era claramente inoperante y, después de tanto protestar en el salón de sesiones, los diputados tenían que contentarse con las noticias de prensa o con lo que quisieran contarle los electores en su correspondencia. La arrogancia del Gobierno en este punto estaba, en suma, a la altura de la torpeza del Congreso. Así lo entendía también la opinión pública. Recuérdese que justo en aquellos días se estaba representando en el teatro del Príncipe de Madrid la comedia de Bretón de los Herreros ¡Muérete y verás! en la que se declamaba: «En la guerra hay mil azares/ y, además, la exactitud/ no siempre fue la virtud/ de los partes militares».

Aunque en la misma línea que las anteriores, la proposición que el 16.2.1837 había realizado Tarín tenía un alcance mucho mayor y ya recordaba de forma más directa el antecedente de los convencionales revolucionarios franceses:

En consideración al abatimiento, ansiedad y abandono en que se hallan los pueblos invadidos por las facciones, teniendo tropas sobradas en todos los puntos para batirlas y deseos en los soldados, pueblos y nacionales de verificarlo, me creo en el deber de pedir a las Cortes que, usando de cuantas facultades tienen, nombren inmediatamente tres diputados de su seno, que pertenezcan a cada una de las provincias invadidas por los facciosos, con amplias facultades para inspeccionar los actos del servicio y defensa de la patria, proveyendo de remedio a cuantos obstáculos se opongan a ello.

Como se ve, ya no se trataba solamente de «informar» desde el campo de batalla sino de «inspeccionar» y aun de «poner remedio». La Mesa de las Cortes, no obstante, con intención, por así decirlo, de quitarse el asunto de en medio, fingió desconocer estas diferencias y se remitió a los precedentes, antes transcritos, para no tomar en consideración la nueva proposición.

Las anteriores modalidades de intervención tenían, dentro de su heterogeneidad, un objetivo común: obtener una información, de la que carecían y que consideraban imprescindible para ejercer sus funciones soberanas. Esta falta de información estaba causada, como ya se ha aludido, por la presencia de dos filtros sucesivos de perturbación. En primer término las autoridades militares desfiguraban sistemáticamente la realidad emitiendo unos partes oficiales que en términos escandalosos no se correspondían con los hechos. Y, posteriormente, era el propio ministerio el que retenía la información disponible para proteger el secreto, o al menos la reserva, imprescindible a su juicio en toda clase de operaciones militares.

En cualquier caso, y como consecuencia quizás de esta presión parlamentaria, conocemos algunos ejemplos de comisionados que se instalaron en la Plana mayor del ejército del Norte, con los que colaboró sin reticencias Espartero, puesto que se trataba de compañeros suyos, como Luján e Infante y también Del Valles. Ahora bien, en el Diario de Sesiones no hay constancia de que sus eventuales informaciones llegaran alguna vez a sus destinatarios.

Control sobre operaciones militares

Como puede imaginarse, las peticiones de información que se exigían no eran un fin en sí mismas ya que lo que las Cortes pretendían con tales documentos eran otros objetivos: el primero y más elemental, tener una mejor información; luego, con ella en la mano, indagar si había sido correcto el comportamiento de los generales y, por consecuencia, exigirles responsabilidad si necesario fuese; y, en fin, controlar el desarrollo de las operaciones militares que, entre unos y otros, parecían caóticas o al menos inexplicables. Porque los generales, y hasta los jefes de las columnas, privados de iniciativa propia, debían estar pendientes de las órdenes del ministro de la Guerra, que se elaboraban, a su vez, en el Consejo de ministros. Lo que suponía en último extremo que la guerra estaba dirigida desde Madrid por un puñado de abogados y un financiero. Y cuando se dice dirigir, debe entenderse en su sentido más amplio puesto que en el Consejo de ministros se tomaban no sólo las grandes decisiones estratégicas sino en ocasiones hasta los detalles técnicos y logísticos, como iremos comprobando en otros lugares.

Como las Cortes lo sabían, de aquí su empeño en conocer la correspondencia que se cruzaba porque era el único medio de depurar las responsabilidades de unos y de otros: un objetivo manifiestamente político para desgastar al Ministerio. Pero cuando lo que se pretendía era controlar el desarrollo de las operaciones, el disparate llegaba a su colmo habida cuenta de que si ya era descabellado que un Consejo de ministros diera instrucciones estratégicas y tácticas precisas a los estados mayores del ejército, más había de serlo que un cuerpo multitudinario, como eran las Cortes, pretendiera entrar en el detalle de las operaciones para actuar como un consejo de guerra y aun como un tribunal de honor.

Tal fue, no obstante, el sentido confesado de la proposición de Juan Montoya y Tarín presentada el 17.2.1837:

Pedimos a las Cortes que la comisión extraordinaria de guerra recoja todos los documentos que el Gobierno remitió sobre la conducta del general Rodil y demás jefes que debieron perseguir a Gómez en la Mancha y otras provincias antes del mes de noviembre último; que la misma pida al Gobierno los necesarios para calificar la conducta de los demás jefes militares que mandaban tropas en las provincias por donde transitaron Gómez y otras facciones, a fin de proponer a las Cortes con urgencia lo conveniente para exigir la responsabilidad a quien corresponda y proveer de remedio a los males que sufren los pueblos.

Al día siguiente el mismo Juan Montoya defendió la proposición en los siguientes términos: «Una de las principales atenciones que debe ocupar a las Cortes es el conocimiento de si esta guerra se ha conducido bien o mal. Por lo que salta a la vista, y no teniendo más datos para juzgar que el resultado, se debe presumir que la guerra no va bien dirigida puesto que en vez de adelantar vamos siempre hacia atrás. Creíamos que obtenido el triunfo de Bilbao íbamos a entrar en una época más afortunada. Así se nos dijo también por el Ministerio, cuando en este mismo recinto se anunció que la libertad de Bilbao era el principio del desenlace pronto de la guerra y de una nueva era de prosperidad y de rapidez progresiva. Yo creo que es llegado el caso de que la comisión encargada de proponer medidas para la conclusión de la guerra entre en el examen de los motivos de nuestros descalabros o pocos adelantamientos. Para esto es preciso que avoque a sí todos los antecedentes y datos que sean a propósito para poner en claro la conducta de nuestros generales y jefes militares a fin de proponer a las Cortes el remedio. Se me dirá que esta indagación corresponde al Poder ejecutivo. Convengo hasta cierto punto».

El interés de Montoya y Tarín estaba a primera vista justificado puesto que las provincias que los habían elegido fueron atravesadas y devastadas por los facciosos. Pero lo importante no era eso sino la pretensión de que las Cortes valoraran si la guerra había estado bien o mal orientada e indagaran las causas de los constantes descalabros padecidos, investigara la conducta de los generales y propusiese los remedios oportunos. Unas tareas a cuál más ambiciosa y que todas desbordaban la capacidad técnica de una asamblea. No se trataba solamente, por tanto, de un problema de competencias constitucionales sino también de la capacidad técnica de un organismo, es decir, de simple sentido común.

Si en febrero se había pedido la correspondencia de Rodil, en marzo le tocó el turno a Espartero (y recordemos que el 30.10.1836 ya se había pedido una vez por iniciativa de Bertrán de Lis). En efecto, el 11 de este mes se leyó una proposición de Alcorisa como primer firmante, en la que se solicitaba que las Cortes

pidan al Gobierno que remita lo antes posible la correspondencia oficial tenida con el general en jefe del ejército del Norte desde el 15 de mayo al 15 de agosto y que, venida al Congreso, se ponga sobre la mesa para ilustración de los diputados.

En aquellos momentos era el conde de Luchana persona políticamente intocable y así se entiende que el secretario del Despacho de Hacienda interviniese inmediatamente para pedir que se añadiese que «queda a juicio del Gobierno la remisión de los documentos». A lo que se opuso con energía Olózaga, aun no siendo firmante, por considerar que tal adición sería «irregular, antiparlamentaria en la forma y absurda» ya que «no puede modificarse una proposición sino por medio de otra, de una petición, por un recurso cualquiera. Las Cortes pueden, si lo creen conveniente, alterar sus resoluciones pero de la misma manera que las toman». Para dulcificar aún más la situación medió a renglón seguido el presidente para advertir que el art. 84 del reglamento «decide el todo de la cuestión que se está ventilando ya que de él se deduce que los documentos que las Cortes o las comisiones pueden reclamar son todos aquellos cuya publicación no puede ser perjudicial al servicio público (de tal manera que esto es) una condición explícita».

Ahora bien, tal como estaban las cosas no valían paños calientes y, entrando en el fondo del asunto, Álvaro aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque virulento no ya contra Espartero sino contra el mismo Gobierno: «la situación lamentable en que la nación se halla nace, a mi modo de entender, por no haberse entrado nunca en la averiguación de las causas que la han producido, en que no se ha profundizado hasta hallar el motivo por que no se ha hecho el uso a que parece está brindando el valor de nuestros soldados (...) Más de dos meses hace que la acción de Bilbao nos infundió las más lisonjeras esperanzas del feliz resultado que debían tener las operaciones que habían de seguir a aquel triunfo. ¿Y cuál es el resultado en que nos hallamos? Parece hasta ridículo que las Cortes estén tratando de otras materias, cuando ven que, lejos de estar completamente avanzada la seguridad de la nación, no se oye por todas partes más que desgracias, incendios de pueblos y calamidades sin fin».

La impresión causada por este debate fue sin duda grande, puesto que la proposición, pese a sus venenosas intenciones, terminó siendo aprobada, aunque naturalmente sin consecuencia práctica alguna.

El mismo sentido tuvieron las tres preguntas que contenía una interpelación de García Carrasco en la misma fecha a la que ya se ha aludido más atrás:

1.º Que el Gobierno traiga y ponga sobre la mesa de las Cortes todas las comunicaciones que por el espacio de los tres últimos meses han mediado entre el ministerio y los generales conde de Luchana, Oráa y barón de Meer, no incluyéndose en manera alguna aquellas que fueren sobre formación de los planes de campaña. 2.º Si el Gobierno cuenta con todos los medios necesarios para cubrir las atenciones del Estado y más especialmente las del ejército. 3.º Si el Gobierno se cree con la fuerza y tino suficiente para destruir al enemigo en los tres meses que faltan de verano y para sostener el orden público y hacer respetar y observar en todas partes la nueva constitución que acaba de publicarse.

Pero una vez más, el Ministerio, por boca ahora del presidente del Consejo, eludió las respuestas amparándose en el secreto militar y en los intereses superiores de la Patria. A propósito de esta interpelación conviene recordar que no se trataba de una iniciativa original de García Carrasco sino que la cosa venía de mucho antes, concretamente de un incidente provocado por Rodríguez Leal el 31.10.1836 al manifestar que «quisiera saber del sr. secretario del Despacho de Hacienda si están cubiertas con alguna regularidad todas las atenciones de los ejércitos y hasta qué tiempo considera S.S. que tiene recursos para verificarlo. Si están cubiertas las obligaciones estipuladas con las fuerzas auxiliares francesa, inglesa y portuguesa, pues tengo noticias de que el proveedor de la legión de Argel se ha negado a proveer a aquélla porque se le deben 800.000 reales. Y, por último, qué medida ha tomado el sr. ministro de Hacienda para que los desembolsos que han hecho las diputaciones provinciales de varios puntos para acudir al ejército del Norte sean pagados, pues me consta que se les obliga a que descuenten sus libranzas con un 50% de quebranto. (...) Pocas personas habrá que como yo hayan dado mayores pruebas de amistad al general Rodil. Pero cuando veo que su conducta lleva a la patria al precipicio, el amor de ésta supera a la amistad, porque yo primero soy español que amigo.»

La respuesta del ministro de Hacienda no se hizo esperar: «Encargado nuevamente del Ministerio el 12 de setiembre de este año, sólo encontré en él los decretos de 26 y 30 de agosto, expedidos con el fin de proporcionarle medios para cubrir el déficit. Contando, pues, con el apoyo de las Cortes para conseguir la ejecución de aquellos decretos, el Gobierno cuenta que hasta fin de enero podrá cubrir sus atenciones, para entonces ya estarán presentados los presupuestos, y entonces las cortes conocerán el déficit y los medios para cubrirlos y entonces creo podrá entrarse en la discusión sobre este punto. En cuanto al estado en que se encuentran las obligaciones con respecto a las legiones francesa, inglesa y portuguesa, diré acerca de la francesa, que ésta ha sufrido un gran atraso por una mala inteligencia de una orden, pero que en el día están aseguradas hasta el mes de diciembre. Por lo que hace a la inglesa, algo se les debe y no han podido en alguna manera cubrirse sus pensiones porque el Gobierno no ha tenido medios para ello».

Con estas palabras respondió Mendizábal suficientemente a las preguntas del interpelante; pero con su sinceridad metió él mismo la mano en una lazo del que ya no podría escapar. Porque anunció solemnemente que los presupuestos iban a ser presentados en enero y con ellos se solucionarían a medio plazo los problemas económicos pendientes. Comprometida así su palabra, cuando pasó enero y los presupuestos no llegaron, no sólo se agravó la penuria del ejército sino también el prestigio del ministro, cuyas promesas ya no eran creíbles.

Lo que en todos estos casos más llama la atención es la monótona reiteración de las situaciones: unos diputados piden que se comunique a las Cortes ciertos documentos y el Gobierno no lo hace amparándose en razones fundadas o peregrinas. ¿Qué había detrás de estos tenaces silencios teniendo en cuenta que el invocado secreto militar no los justificaba siempre? Se tiene la sensación de que el Gobierno tenía un evidente interés en proteger a los generales afectados en la medida en que hubieran sido ellos los culpables de los desastres. En cualquier caso, lo que estaba claro era que el Ministerio tenía mucho interés en que no se investigara nada y que el mejor modo de evitar agresiones políticas era impedir que la oposición estuviera informada de lo que estaba sucediendo para obligarla así a atacar a ciegas.

Control personal de los generales

Era lógico que las Cortes tuvieran interés en exigir responsabilidad personal a los generales pues sabido es que cuando las cosas van mal se tiende inevitablemente a buscar una cabeza de turco para cargar sobre ella todas las culpas y, al cortarla, liberar de sus angustias a todo el cuerpo social. Personalizando una falta se olvida la participación de todos los demás culpables y se desvían hacia la víctima las iras populares. La búsqueda y sacrificio de una víctima es una operación perfecta de catarsis social. ¿Y qué mejor víctima que un arrogante general para explicar el infortunio de las armas cristinas en una guerra tan desigual a su favor?

Antes de entrar con pormenor en el análisis de esta cuestión conviene recordar que en septiembre de 1837 llegó a plantearse una proposición presentada el día 8 por Sereix y Juan Osca, que ya conocemos, pidiendo que se concediesen mayores facultades para nombrar altos mandos militares.

La importancia de esta proposición saltaba a la vista puesto que suponía una fuerte desconfianza hacia los generales más antiguos y, todavía más grave, pretendía liquidar el corporativismo militar cuyas decisiones en materia de designación de mandos se veía obligado a respetar el ministro de la Guerra. Cabalmente fue este punto el que provocó los conflictos del caso Narváez, a quien en varias ocasiones se le encomendó el mando de fuerzas que no correspondían a su graduación: y esto era algo que no estaba dispuesto a aceptar el Generalato.

En la sesión del 10 (9.1837) hizo valer Osca que «aun cuando tenemos una Guía llena de generales, sin embargo no tenemos generales que mandar a nuestros ejércitos y será preciso echar mano de aquellos jóvenes que más se distingan». A lo que contestó Heros aludiendo a la trampa habitual: «El Gobierno puede elegir a un coronel, si lo tiene por conveniente, para mandar un ejército y lo único que habrá de hacer será proponerle en tres o cuatro días a mariscal de campo para que no se altere la escala gradual que constituye el verdadero orden en la disciplina militar». El dictamen, con todo, fue aprobado.

Entrando ya en la materia propia de este apartado, el 9.3.1837 recordó Antonio González, a la sazón presidente del Congreso, una antigua proposición de Vila dirigida contra el general Alaix: «El sr. Vila presentó una proposición que tenía por objeto, si mal no recuerdo, que se pidiesen al Gobierno todos los documentos relativos a los acontecimientos del general Alaix, que ya se sabía que había desobedecido a aquél y expresado en un sentido poco satisfactorio a las mismas Cortes. Esta proposición –añadió– se presentó cuando el general Alaix se hallaba en Guadalajara y cuando en Madrid no tenía el Gobierno 100 soldados de que disponer. Hice presente al sr. Vila que la prudencia, la política y la situación en que se encontraban las Cortes y el Gobierno, la proximidad de ese general a la capital, no permitía que se diese cuenta en público hasta que se alejase aquél y no pudiese haber temor alguno, sin perjuicio de que, cuando el Gobierno tuviese fuerza para hacerse obedecer y castigar el crimen si lo había habido, entonces tendría efecto y podría presentarse esta u otra cualquiera proposición».

Este incidente era, por sí mismo, mínimo; pero los textos revelaban claramente la subordinación del Gobierno al ejército y esto era fundamental. Porque aquí vemos que todo un Consejo de ministros no se atrevía a mandar una comunicación a un general porque éste se encontraba demasiado cerca de Madrid y aquél no tenía más que cien hombres a su disposición. Y esto pareció tan natural a todos que el presidente de las Cortes y un diputado catalán, Vila, lo aceptaron sin protesta. ¡Pues qué autoridad podía tener el soberano Poder legislativo en sus intentos de controlar al ejército y de castigar, si necesario fuese, a sus generales! Conviene insistir en este texto por lo bien que reflejaba la situación del Estado liberal en aquel momento y que vale la pena comparar con momentos anteriores. Recuérdese que la constitución de 1812 fue restablecida en 1820 por unos militares, pero que éstos no pretendieron entonces gobernar por sí mismos ni someter a los Gobiernos a su tutela directa hasta tal punto que Riego fue alejado de Madrid sin dificultades. Años más tarde, en la tercera época constitucional, los Gobiernos de Cea, Martínez de la Rosa y Toreno conservaron su independencia y la prueba es que con el general en jefe, Luis Fernández de Córdova, negociaron tanto las operaciones estrictamente militares como su relevancia política. En cambio, ahora con los progresistas, los generales campaban a sus anchas sin la menor consideración al Gobierno ni, por supuesto, a las Cortes, ni en último extremo a la Reina Gobernadora, que era la que hubiera podido concederles una legitimación in extremis.

En lo que en este momento interesa tenemos una proposición de 9.3.1837 de Montoya (Juan) y Tarín (aludida ya hace un momento) en la que se pedía la documentación referente a Rodil; que primero procuró distraerse con la consabida maniobra dilatoria de la determinación de la comisión competente. Y lo que quedó claro era que el Gobierno era reticente a enviar los papeles o así lo entendían algunos aunque, como declaró el infatigable Mendizábal con una información sorprendente: «los documentos que se piden han estado en las Cortes desde el 15 de noviembre hasta el 24 de diciembre, es decir, cuarenta días. En los cuarenta días que estuvieron en las Cortes, el sr. Vila sabe muy bien que el ministro de la Guerra entonces pedía que se concluyera la lectura y examen de los documentos porque estaba detenida la causa que se había mandado formar al general Rodil. (...) Resulta, pues, que por parte del Gobierno no ha habido falta, y que los documentos han estado bastante tiempo en las Cortes para ser examinados».

Pero Vila no estaba dispuesto a soltar la presa: «Habiendo manifestado el sr. secretario de Guerra que le hacían falta, se determinó que se le devolvieran y quedara copia en las Cortes. Hay que advertir que al Gobierno se le dijo que remitiera los documentos, bien fueran originales o bien copias certificadas según mejor le pareciera. Si les remitió originales y se quedó sin copia, no es culpa de las Cortes ni de los diputados que las pidieron. Y si esto ha causado retardo, cúlpese a sí mismo. Se ha dicho que el traer estos documentos a las Cortes sería coartar la libertad de los tribunales, pues siempre se inclinarían éstos a la opinión manifestada en las Cortes. Esto no es exacto pues aquí no se trata más que de averiguar los hechos, no de prejuzgarlos. Si valiera esta observación, el Gobierno tendría siempre en su mano burlar los deseos de las Cortes; además, los jueces que tal hicieran no merecerían serlo». Añadiendo, por su cuenta, las preguntas que ahora hacía: «Desearía saber si el general Rodil está encausado, si el general Rodil está a las órdenes del fiscal, y éste tiene en sus manos los documentos, y si el curso de este negocio judicial está en estado de que el Gobierno pueda darnos sobre él alguna noticia». Esfuerzo inútil porque, como de costumbre, el ministro contestó con evasivas.

Pero, volviendo a los documentos, continuó Vila implacable: «hay en ellos hechos dignos de la atención de las Cortes, actos de debilidad y actos de atrevimiento. Y las Cortes, si los examinan, quizás no dejarán este negocio sin una determinación digna de las mismas (...) Si el Congreso entra en esta cuestión para resolverla debe enterarse de las comunicaciones que ha habido entre los generales y el Gobierno, las razones que ha tenido cada cual para obrar del modo que lo ha hecho, las órdenes y providencias que se han dado. Y con presencia de todo deducirán si ha habido falta por parte de los generales, si éstos han desobedecido al Gobierno o si éste por su flojedad o falta de energía se ha hecho acreedor a que las Cortes así públicamente lo manifiesten. Y en suma determinarán definitivamente en quién debe recaer la responsabilidad de los males que siente la Patria».

Pese a todo esto, el dictamen de la comisión extraordinaria de guerra terminó siendo desechado, aunque por su importancia y por la trascendencia de lo que hubiera podido significar su aprobación, vale la pena transcribirlo:

1.º Que se diga al Gobierno remita a las Cortes con la mayor brevedad posible los documentos de que trata la proposición (...) y las noticias que pueda comunicar relativas al estado en que se hallan las causas mandadas formar a los generales y jefes a que se refiere, y que se indican en la proposición. 2.º Que verificada la remisión de estos documentos y antecedentes por el Gobierno, se pasen a las comisiones ordinarias de Guerra y Legislación reunidas, para juzgar con acierto en materia tan delicada y compleja, proponiendo a las Cortes el dictamen que les sugiera la instrucción especial que tienen sus individuos por sus profesiones respectivas.

Responsabilidad personal de los generales

Cuando las cosas de la guerra iban tan mal era inevitable que se buscasen culpables y que éstos se encontraran en primer lugar en los militares, cuya responsabilidad personal empezó a exigirse cada vez con mayor frecuencia y energía aunque siempre con muy poco éxito. En el caso de alguna victoria, más o menos importante, más o menos real, llovían los ascensos, premios y condecoraciones; pero después de las derrotas lo único que aparecían eran lamentaciones y frustradas exigencias de responsabilidad.

En la temprana fecha de 11.11.1836 intentó Cabrera de Nevares romper esta línea por medio de una proposición a la sazón insólita: la posibilidad de exigir responsabilidad personal en los siguientes términos:

Primero, que sean separados los jefes militares que pierdan una acción de guerra con fuerza cuádruple de los facciosos y sean juzgados en un consejo de guerra inmediatamente para castigarlos o reponerlos si lo merecen. Segundo, que el ministro de Guerra presente cada ocho días una noticia a las Cortes de las operaciones verificadas por las tropas, expresando hechos solamente y no cálculos ni pronósticos. Tercero, a que se forme una ley de indemnizaciones para que los leales cuyos bienes padezcan, sean auxiliados con los de los traidores a la causa de la libertad. Cuarto, que se den facultades amplias a los generales del ejército, pero que se les exija la más estrecha responsabilidad si abusan de ellas.

Al día siguiente insistió el proponente: «Si tan celosas se muestran las Cortes de que por el Ministerio se rindan cuentas de dinero, ¿por qué no hemos de manifestar el mismo celo por que se rindan las cuentas de sangre, que son mucho más interesantes? Si una acción se pierde, ¿por qué no se ha de examinar después por qué se ha vertido cada gota de sangre?»

En la sesión del 22 de noviembre la comisión dictaminó que la proposición de Cabrera de Nevares no debía ser admitida; mas no por ello se desanimó el diputado puesto que siguió insistiendo «que se exija la responsabilidad a los jefes por el abuso de las facultades amplias que asimismo pido se les den. Yo no quiero se aten las manos al Gobierno ni a los jefes militares, antes al contrario, quiero que se le diga a un general: haga Vd. cuanto quiera con tal que se consiga el objeto. Pero tampoco quiero que, después de derramarse lágrimas de sangre inútilmente, se queden los jefes, sea por separación o por otra causa, sin responder de sus acciones».

La proposición de Cabrera de Nevares tenía, como se habrá notado, dos filos que se complementaban, corrigiendo dos taras que afectaban simultáneamente al ejército: por un lado, el escaso margen de decisión que tenían los jefes no sólo paralizaba sus actuaciones sino que imposibilitaba la exigencia de responsabilidad dado que, limitándose ellos a ejecutar órdenes, la responsabilidad se trasladaba automáticamente a los superiores. Con la alteración que se proponía se rompía, no obstante, el círculo vicioso porque los jefes recobraban la capacidad de decisión y con ello aumentaría inmediatamente su eficacia y, al tiempo, se hacía posible la exigencia de responsabilidad.

Pero la fórmula fue rechazada porque se prefería la de la obediencia ciega, el estilo burocrático que protege a quienes no gustan de decidir ni de asumir responsabilidades. El ejército cristino estaba organizado en el espíritu de Federico II y de Carlos III, es decir, preparado para maniobrar en grandes masas y para luchar en batallas campales, en las que lo que cuenta es la obediencia disciplinada y no la iniciativa. Un modelo absolutamente inadecuado para la guerra civil, en la que cada jefe dependía con frecuencia sólo de sí mismo en escenarios mal conocidos y con comunicaciones deficientes con la jerarquía, que desde la distancia no podía, además, tomar decisión alguna ni prever nada con cierta seguridad. En este punto la superioridad de los carlistas era abismal, pues sus jefes y oficiales carecían en buena parte de las taras de la formación académica que de nada servían en una emboscada o en un golpe de mano. La prensa y los diputados se preguntaban perplejos cómo era posible que los ejércitos de la Reina, más numerosos, mejor armados y aparentemente bien formados, sucumbieran ante bandas desordenadas, mal instruidas y dirigidas por pastores o contrabandistas incultos pero que sabían moverse sin instrucciones sobre el terreno.

En cualquier caso la postura de Cabrera de Nevares y de los que apoyaron la proposición reflejaba fielmente el estado de ánimo de una población que no podía entender las constantes derrotas del ejército cristino y que para explicarla acudía a la cómoda imputación de la incapacidad de los jefes, culpables de todos los desaciertos. Repasando la prensa asombra la dureza de las acusaciones, poco menos que diarias, como puede ejemplificarse con estas dos citas del Eco del Comercio: «No son soldados, como se ha dicho con mucha propiedad, lo que nos falta sino buena dirección» (15.11.1836); «El ejército necesita depurarse de los grandes vicios que tiene en su seno. Necesita que esos valientes soldados, los mejores del mundo, sean conducidos al combate por jefes todos tan ardientes como ellos. Se necesita que se haga justicia a los buenos, y a la fama del ejército en general, castigando severamente a los que en el mando de las tropas no se conduzcan con todo el tino, con todo el valor que les prescribe su profesión honrosa. Necesita que se sustancien las causas comenzadas con la brevedad que reclama el objeto de su formación. Necesita que se encarguen los mandos todos a los que han dado más pruebas de aptitud, sin consideraciones a categorías ni antigüedades». (25.11.1836).

El Diario de Sesiones nos ha dejado en varias docenas de páginas cumplido testimonio del interés con que se fueron siguiendo en el Congreso los expedientes tramitados contra Rodil, Alaix y Narváez, quienes fueron objeto de las calificaciones más duras por parte de los diputados, pero que al cabo de prolijos incidentes e inagotables demoras procesales, en nada terminaron, como correspondía a su peso político: todos ellos, con independencia de sus cualidades militares, terminarían al poco tiempo ocupando sillas en el consejo de ministros y aun la poltrona de su presidencia. No era tiempo, en verdad, de condenar a caudillos militares aunque no se les ahorrase la humillación de sufrir un expediente formal. Sin olvidar los procesos que se siguieron a otros generales no tan significados políticamente y a jefes de inferior graduación como Tello, Manso, Peón, Sequera, Hidalgo, Comas y algunos otros a los que se imputaban faltas muy graves en el arte militar, incluida la ausencia de coraje ante el enemigo; pero sin que ninguno saliera tocado puesto que se trataba siempre de dar una satisfacción formal a la indignación popular sin pensar seriamente en imponer castigos y ni siquiera en averiguar si los encausados eran merecedores de ello.

Control general sobre abusos de las autoridades militares y Milicia nacional

Las deficiencias, reales o imaginadas, de los jefes militares, que tanto se empeñaba en remediar el Congreso, no se referían sólo a las operaciones de guerra sino también a su comportamiento con la población civil e incluso en materias de disciplina interna; pero éste es el lugar sistemático más adecuado para enfocar esta materia con carácter general.

El Diario de Sesiones nos ofrece un escenario excepcional para observar los abusos militares que por allí iban desfilando día tras día. Se trata de una buena fuente de información porque, para los afectados, las Cortes eran un permanente aunque nada efectivo muro de lamentaciones, un paño de lágrimas, dado que constitucionalmente a ninguna parte podían acudir. Ni que decir tiene, por lo demás, que la información parlamentaria no excluye la de otros fondos valiosos, sobre todo la periodística y la de los archivos provinciales y municipales (posiblemente más abundantes y accesibles que los de los tribunales militares) que ya están manejando también los historiadores actuales.

En este repertorio nos vamos a encontrar con las causas más variadas: abusos infligidos a miembros del ejército o particulares, quejas de corporaciones y devastaciones con ocasión de la guerra (o más precisamente: con ocasión de ocupaciones territoriales al hilo de la guerra).

A la vista del Diario de Sesiones (que sorprendentemente tan poco manejan los investigadores), puede comprobarse que a las Cortes llegaban poco menos que diariamente quejas y reclamaciones de corporaciones y particulares contra abusos cometidos por las autoridades militares y en ocasiones eran los propios diputados quienes denunciaban tales hechos pidiendo explicaciones al Ministerio. Este mecanismo, no obstante, fallaba por completo porque a las Cortes no cabía otro camino que remitir el expediente al Gobierno en un círculo vicioso ya que quienes habían abusado eran cabalmente agentes de él, y éste en primera instancia ya se había inhibido cuando no apoyado expresamente la conducta denunciada. En estas condiciones era manifiesto que el Gobierno nada iba a hacer y ni siquiera se molestaba en informar al Congreso de los resultados de su intervención. Pero, por otro lado, las Cortes tampoco podían hacer nada directamente. Con la consecuencia final de que los reclamantes nada habían adelantado con tales trámites. Pero ¿qué otro camino quedaba? Porque el sistema jurídico no ofrecía ninguna otra salida al no existir todavía una jurisdicción contencioso-administrativa y ser la vía penal totalmente inútil habida cuenta de que se trataba de hechos que, por su misma naturaleza, caían dentro de la jurisdicción de los tribunales militares que nunca estaban dispuestos a cortar en su propia carne. En definitiva, la relación de estas desdichas sirve, al menos, para comprobar, por un lado, la existencia de abusos constantes y, por otro, la impunidad con que se cometían. Esto ya es bastante para el historiador moderno en su esfuerzo por comprender la situación de aquella época. Y sin entrar de momento en un extremo aún más grave, a saber, la constatación de que en muchos casos los abusos no eran manifestaciones caprichosas de oficiales malvados sino resultado de un estado de necesidad cuando el jefe veía que sus tropas estaban desnudas, hambrientas y al borde de la indisciplina y no tenía más remedio que atropellar los derechos de los ciudadanos y olvidarse de la ley para atenderlas mínimamente. Una situación, por tanto, que no ofrecía otra salida que la violencia oficial. Veamos seguidamente un repertorio de casos debidamente sistematizado.

a) Abusos militares ejercidos sobre oficiales del ejército

El día 28.1.1837 se leyó una exposición de D. Pantaleón Guerra, teniente de infantería de línea, en que decía que

hacía dos años que por orden del general Llauder había sido arrebatado de las filas de la Patria y conducido al castillo de la Mota, sin que en todo este tiempo hubiese podido conseguir la formación de causa, ser oído en juicio, ni aun que los generales en jefe y el ministro de la Guerra que desde entonces se habían sucedido en el mando, se hubiesen dignado contestar. Suplicaba a las Cortes se dignasen disponer lo conveniente para su pronta libertad bajo fianza a fin de ser incorporado al ejército.

Lo más interesante de esta denuncia fue que, al debatirse en sede parlamentaria, Fernández Baeza y Alcorisa pusieron de relieve la inutilidad del procedimiento, tal como acaba de señalarse. En palabras del primero, «yo disculpo al Gobierno por sus muchas atenciones, pero ¿qué ha de hacer este ciudadano español si no acude al Congreso como a sus únicos protectores?» Y para Alcorisa, «decir que pase al Gobierno, aunque sea con recomendación, es exponernos a que este asunto siga paralizado como hasta aquí después de tanto tiempo que lo está».

Pero ni que decir tiene que no podía faltar un ilustrado general –en este caso Luján– que invocara los sagrados impedimentos de la disciplina militar convencido de que la mera invocación de ésta bastaba para sellar los labios de un ciudadano que llevaba en prisión dos años sin haberle formado causa, borrando así en este punto la distinción tradicional entre el régimen constitucional y el absolutista: «Los militares son hijos de la obediencia. La disciplina es el principal culto de la clase militar; es su base más esencial; si ha de haber ejército es preciso que se conserve aquélla intacta y que no abramos la puerta a que un militar, sea el que quiera su grado, que se halla procesado con motivo justo o injusto, pueda acudir al Congreso para que éste avoque su causa y decida sobre ello. Además de estar fuera de las atribuciones de las Cortes, será abrir una brecha a la disciplina militar y destruir lo que tanto nos interesa que se conserve, como es el orden y la subordinación a él». Y por si esto fuera poco, el secretario de Gracia y Justicia advirtió que «el poner en libertad bajo fianza ni es atribución de las Cortes ni tampoco del Gobierno».

Lo que no impidió una nueva intervención de Fernández Baeza para traer a colación un hecho nuevo muy curioso, a saber, que «aunque el principal motivo de la prisión de este individuo ha sido la conducta observada por este militar en la isla de la Gomera, tengo entendido que también se hace mérito en su caso de un desfalco de dos mil duros, pero tomados para el flete del buque y mantenimiento de los 80 hombres que llevó consigo a Portugal; y estos golpes al despotismo siempre se han dado tomando fondos, así como hoy los toman al levantarse partidas carlistas». De notar es que las crónicas han recogido innumerables hazañas de revolucionarios aventureros que terminaron en la prisión o en el patíbulo alzado por sus enemigos; pero aquí tenemos a uno castigado por los propios liberales que había intentado ayudar poniendo en juego su vida. ¿Qué había sucedido realmente en este novelesco episodio? Ante el silencio de los militares y la inhibición de las Cortes cualquier conjetura es posible y la más verosímil es que se tratase de una intentona radical con las que Llauder y los moderados no tuvieron contemplaciones. Avinareta y La Isabelina encontraron en Baroja un infatigable relator de sus persecuciones, pero el desafortunado don Pantaleón sólo ha encontrado la pálida alusión de unas líneas en un perdido ejemplar del Diario de las Cortes, en las que lo único claro era que los métodos represivos del Ejército cristino, a cuenta de la disciplina y la jerarquía, nada tenían que envidiar de los empleados por el absolutista conde de España.

El tenebroso asunto del capitán José Rodríguez, que aparece en el dictamen de la comisión especial de Pensiones, relativo a una exposición de Doña Margarita Mosquera del 4.6.1837 tiene el sabor de un folletín romántico:

En el expediente consta que el ayudante Rodríguez condujo por orden del general que mandaba la plaza en mayo del año 23 unos presos al castillo de San Antón, que después trasladó con un pliego cerrado a un buque por orden del mismo jefe, cuyos presos fueron fusilados en alta mar y arrojados sus cadáveres al agua. Rendida la plaza de La Coruña y pasando al dominio del poder absoluto, fue preso el desgraciado Rodríguez, envuelto en la causa que se promovió contra los que tuvieron parte en aquellos sucesos, y aunque su inocencia fue reconocida, pagó un acto de indispensable obediencia con la muerte afrentosa de un patíbulo.

También es aleccionador el caso relatado en una exposición de Llinás de fecha 29.11.1836, del que hizo luego buena memoria Domenech probablemente por aquello de su catalanidad: «Esta deportación no es la primera ni la última que en Barcelona se ha ejecutado por la autoridad militar, cuyos individuos deportados no han sido atendidos por más reclamaciones que han hecho al Gobierno. Es sensible, y muy sensible, ver que una persona cuya reputación en la carrera de la libertad es bastante conocida por la mayor parte de los individuos que componen este respetable Congreso, merece tan poca consideración por parte del Gobierno. El sr. Llinás fue deportado sin formación de causa, ni antes, ni después, y fue deportado por una arbitrariedad militar y hasta ahora no se le ha formado causa. No basta. Es necesario que el Gobierno cele sobre las personas en quien deposita parte de su poder, para que no se cometan arbitrariedades y si llegan a cometerse, saber corregirlas después de oír a los desgraciados sobre que recayeran. ¿Y las Cortes no podrán tomar una resolución sobre estas injusticias?».

Los casos que acaban de ser relatados nos muestran, en suma, un ejército cuyos generales se comportaban arbitrariamente prescindiendo por completo de las garantías procesales y legales, sin justificación alguna en necesidades o urgencias de guerra y, lo que es peor, conscientes de una impunidad absoluta que pretendían amparar hipócritamente en las exigencias de la disciplina militar. Si así obraban con los propios oficiales, es fácil imaginar cómo tratarían a los ciudadanos civiles.

b) Como ejemplos de abusos realizados sobre particulares pueden recordarse los de Jordá, Vilaregut y Xauradó:

El 17.3.1837 se leyó en las Cortes un recurso sorprendente en cuanto que se refería a un personaje de las finanzas españolas, Antonio Jordá, inexplicablemente vejado por las autoridades de la Milicia nacional. En su escrito relataba que

ayer a la una del día fue arrancado violentamente de la Bolsa y después de su casa, primero por un cabo y cuatro cazadores y después por un sargento y ocho fusileros, todos armados, pertenecientes al quinto batallón de la Milicia nacional y conducido arrestado a la guardia, de orden de su comandante; que en vano protestó de la violencia y de que se vulneraba el fuero militar criminal que disfrutaba, pues con uniforme de capitán de caballería retirado había sido llevado como pudiera serlo un hombre perdido. En su día se había alistado para dar ejemplo; que destinado a la compañía de granaderos del quinto, expuso al ayuntamiento la imposibilidad en que se hallaba de hacer el servicio por los negocios de su casa, y había propuesto al capitán de la compañía que por cada fatiga que pudiera tocarle abonaría 20 o 30 reales; que pidió licencia temporal a éste y al comandante del batallón y fue desatendido; que no habiendo concurrido a servicio alguno, unas veces por estar ocupados en sus negocios y otras por estar enfermo y no obstante haber dado parte al capitán, fue multado en 1.500 reales y castigado con dos meses de arresto. El mismo interesado manifiesta que el capitán general de esta provincia le contestaba que estaba decidido a sostenerle el fuero de guerra que disfrutaba como capitán de caballería retirado.

Es curioso que en Barcelona sufriera también persecuciones otro acaudalado empresario, Juan Vilaregut, tal como se relata en la exposición dirigida por su esposa, Bibiana González, el 31.10.1836 y que terminó enviándose al Gobierno:

preso por el capitán general de aquella provincia en la noche del 14 al 15 del corriente, en que manifestaba que, segura de la inocencia de su marido, se gloriaba de que ni por sus circunstancias ni por su comportamiento había sido jamás motivo para que se procediese contra él del modo severo que se había hecho. Pues que siendo uno de los socios de la acreditada fábrica de Bonaplata, propietario de otra que sostenía a más de 1.200 familias, e interesado en mil otros negocios que proporcionaban la subsistencia de un sinnúmero de infelices, no podía tener otro interés que el del orden, ni otra conveniencia que la de la paz y tranquilidad. Que honrado su esposo por sus conciudadanos con la presidencia de la mesa electoral del tercer distrito, donde no se notó la menor sombra de disturbio, distinguido con la comandancia de uno de los batallones de la Milicia nacional, en que no había habido el menor disgusto y nombrado varias veces para desempeñar diferentes cargos municipales, jamás había merecido la menor nota por su conducta pública, altamente vulnerada en la actualidad por el tratamiento que sufría; y tanto más estando dispuesta la exponente a responder hasta de los actos más recónditos de la vida de aquél.

El caso de Tomás Xauradó fue menos resonante, pero más grave y sobre todo en él quedaba implicado otra vez nada menos que Espoz y Mina. En su escrito de 9.11.1836 se quejaba «de las vejaciones de que en enero de este año ha sido víctima. Pues sin formación de causa ni haberle dicho los motivos, se le ha preso por orden de Espoz y Mina y expatriado por orden del general Álvarez. Pide se haga efectiva la responsabilidad a estos dos funcionarios por haber infringido la constitución». Las Cortes una vez más eludieron el bulto y pasaron el expediente al Gobierno y de él no se volvió a saber nada más.

En otros muchos lugares de este libro hemos recogido testimonios más que suficientes de arbitrariedades cometidas por agentes gubernativos y por jueces. A ellas hay que sumar ahora éstas perpetradas por las autoridades militares amparadas, como las otras, por el manto de la impunidad. No debe extrañar, por tanto, que la gran masa de ciudadanos fuera insensible a las promesas verbales del liberalismo y de la constitución.

c) Las reclamaciones más frecuentes fueron, con todo, las presentadas por ayuntamientos y diputaciones.

Así tenemos la petición presentada el 30.9.1837 por la diputación provincial de Madrid pidiendo que se entregasen a ella para armar unos batallones las multas que estaba imponiendo la autoridad militar. Fue defendida por Calderón de la Barca en los siguientes términos: «Yo he sabido que se han sacado multas, y algunas de ellas escandalosas y que a pretexto de que Fulano es carlista y que Zutano lo es, se les han sacado multas de 4 y hasta de 5.000 duros. He sabido que a los pueblos se han enviado comisiones y que se les han impuesto grandes multas, pero con una peculiaridad: los que han causado los males han sido aquellos que no tienen absolutamente nada que perder, y han saqueado y robado a los patriotas ¿Y a quiénes se han impuesto las multas? A los patriotas, habiendo traído en rehenes a los mismos sujetos que habían venido a refugiarse aquí a la llegada del pretendiente. Yo no sé en qué se han invertido estos fondos, ni a qué cantidad han ascendido; pero si a la diputación provincial se le concede este arbitrio, también se le concederá al que averigüe las multas que se han sacado y su verdadera inversión.»

El expediente procedente del ayuntamiento de Sevilleja, provincia de Cáceres, y suscrito el 11.2.1837 por Marcos Lozano, capitán de la compañía de tiradores del partido judicial de Navalmoral, es singularmente interesante porque nos describe, una vez más pero con precisión, un avatar casi cotidiano de la guerra civil, y por otro lado nos demuestra que en ocasiones los expedientes se llevaban minuciosamente sin perjuicio de que al final, llegados al Gobierno y a las Cortes, todo fuera papel y tiempo perdidos. El citado Marcos Lozano hacía en él presente que

en la sesión del día 11 de enero se había dado cuenta de una solicitud del Ayuntamiento de Sevilleja, en la cual, estimulado por el miliciano nacional de esta corte D. Saturnino González Parra, se ofendía atroz y calumniosamente la conducta del exponente y de los individuos que mandaba, observada el 10.12 (1836), calificando de robos, saqueos y crueles atropellamientos los actos más legales y precisos para la salvación de la Patria y consolidación del trono legítimo.

La cuestión a primera vista no podía ser más clara, pero algo debía haber detrás a juzgar por la intervención de García Atocha: «Cuando un patriota que por su valor y servicios merece la reputación de tal en mi provincia, ha sido injuriado calumniosamente en su opinión, por representación leída en este Congreso, del ayuntamiento del pueblo de Sevilleja, parece justo que en el santuario de las leyes se oiga también su defensa, que me propongo hacer según las noticias que tengo. Se queja el ayuntamiento de que Don Marcos Lozano ha cometido tropelías con varios vecinos de aquel pueblo; y de los datos que yo tengo resulta todo lo contrario. Don Marcos Lozano tuvo la suerte, que le proporcionó su valor, de batir en el año de 1834 a la primera facción que se presentó en aquel país, mandada por un tal Latumba. Salió con 11 individuos que le acompañaban y tuvo la suerte de coger al cabecilla herido, matar a tres por su mano, presentar cuatro prisioneros y dejar siete tendidos en el campo. Desde entonces goza de reputación de patriota valiente y ha sido nombrado capitán de nacionales, y habiéndose formado una compañía de tiradores, cuyo mando se le confirió en noviembre anterior, fue destinado por el juez de primera instancia de Navalmoral, comandante de aquel cantón, a auxiliar al pueblo de Castañar de Ibor, situado a la orilla izquierda del Tajo, el cual, habiendo sido saqueado cinco veces por los facciosos, se propuso defenderse contra ellos y lo consiguió matando uno y tomándoles cuatro caballos a la sexta vez que intentaron saquearlo. Desde aquel momento, estando el pueblo tan rearmado y teniendo que estar sus vecinos velando unos mientras trabajaban otros, pidieron auxilio al comandante del cantón, y les mandó a Lozano con 30 escopeteros, que se ocuparon constantemente en perseguir a la facción, a la que lograron sorprender dos veces. En la primera cogieron tres caballos y en la segundo un faccioso prisionero, que declaró quiénes eran las personas que en Sevilleja protegían a las facciones. Con estas noticias se dirigió Lozano a Sevilleja, registró el Ayuntamiento y encontró que la sala misma de éste servía de depósito para los granos que robaba o exigía la facción. Reconoció también otras varias casas y entre ellas la del padre de la novia del faccioso Felipe Muñoz, en la cual encontró seis pasaportes en blanco, algún dinero y varios efectos robados por la facción.

De esta tropelía se queja el ayuntamiento, cuando había en la facción seis vecinos del pueblo, sin que se les hubiese formado sumario ni dado parte a las autoridades, cuando en el mismo pueblo se hospedan y pasean los facciosos cuando les acomoda, sin que nadie les inquiete; cuando un molinero del mismo reponía los caballos de la facción, llevándolos al molino y manteniéndoles con granos robados; y cuando el herrero del pueblo suministraba todo el herraje que necesitaban los caballos de los facciosos»

Un supuesto, en verdad, difícil de enjuiciar a la vista de los datos disponibles, pero que en todo caso revela abusos impunes de alguna de las partes (o de las dos): de los criptofacciosos de Sevilleja o del expedito capitán.

d) El caso planteado por la diputación provincial de Lérida merece mención aparte no tanto por la gravedad de los hechos como por el detalle con que fueron expuestos fundamentalmente por Madoz, diputado de aquella provincia.

El incidente había empezado con una exposición de la diputación provincial, de fecha 3 de octubre (1836), en la que denunciaba que el comandante general de aquella provincia había autorizado a los jefes militares para residenciar todas las autoridades civiles al tiempo de hacer la declaración del estado de sitio: «Lo que desea la diputación provincial de Lérida es que se ponga un coto a las arbitrariedades que contra la intención recta, pura y patriótica del capitán general pudieran cometer algunas autoridades militares de él dependientes. Sabido es que si desgraciadamente el comandante militar de una provincia está en choque, como algunas veces lo están, con las diputaciones, (...) al quedar residenciadas estas autoridades, no queda más autoridad que la militar; de suerte que la provincia que tenga la desgracia de que se halle al frente de ella un comandante militar que aunque sea patriota tenga un carácter violento, sufre el despotismo más atroz que el que podía sufrir en la época calomardina. Residenciadas todas las autoridades y acallado el imperio de la ley, se da autorización para que por todos los medios se saquen recursos para que no falten al ejército. El objeto es noble, grandioso y honorífico; pero los medios no siempre pueden justificar la nobleza de las intenciones». Pasado el asunto a la comisión, allí quedó bloqueado.

Días después, en la sesión de 10.10.1836 relató Madoz las vicisitudes por las que habían ido pasando las reclamaciones de la corporación hasta que el 7 de agosto la diputación volvió a acudir al Gobierno haciéndole ver la situación crítica en que se encontraba aquella provincia por la pérdida de varios puntos fortificados, que había colocado la alta montaña en Cataluña bajo el yugo férreo de los rebeldes. La diputación provincial había dicho que no era posible que pudieran sustentarse los puntos fortificados que continuaban todavía defendiéndose y que faltaban más que todo suministros y algún tanto de dinero. Acudimos al Gobierno –explicó Madoz– y en el Congreso manifesté más de una vez cuán indispensable era enviar dinero y establecer factorías. Pero el Gobierno no oyó nuestros clamores, porque el Gobierno no oye más que las necesidades del día. Cuando la facción está a tres leguas de Madrid, todo es acción, todo es vida. Cuando está a 45 todo es debilidad, todo es apatía. La diputación provincial de Lérida, con fecha 20 de agosto, recibió del barón de Meer un oficio diciendo que cuidado que faltase al soldado el pan, prest y plus y autorizando al comandante general para que lo buscase de cualquier modo. Esto para mí no es gobierno. Acudió la diputación al Gobierno ¿y qué resultó? Silencio porque por resultado de grandes servicios se obtiene en Madrid silencio a todas las quejas. Con no contestar se sale del expediente, sin recordar que a las veces más ofende el silencio que la negativa. Además, como el Gobierno no pagaba a los asentistas, estos dijeron al Gobierno “buenas noches” y ha sido preciso acudir a los suministros por los ayuntamientos. La diputación provincial de Lérida ¿a quién acude? Al ayuntamiento de Lérida y este ayuntamiento, compuesto de eminentísimos patriotas, hace todos los sacrificios imaginables para suministrar a las tropas. Pero llega por fin un día en que dice “no puedo más” y tiene que chocar con la imposibilidad por una parte y por otra con las órdenes de un capitán general que tiene que mantener a sus tropas. En esta situación la Diputación determina dar el último paso a favor del país, acudiendo al Congreso».

Unos días más tarde, el 27 de octubre, volvía a insistir el diputado sobre el mismo tema: «Una provincia trabajada por la guerra civil después de cuatro años; pueblos devastados; patriotas asesinados por los caribes; la miseria diezmando a los miserables que por desgracia abundan en aquel país; un terreno regado más con sangre que con agua desde que empezó la lucha, éste es el cuadro de la provincia de Lérida. Y esta provincia, que ha visto desaparecer los más eminentes patriotas, acaba de presenciar un acto escandaloso, de que se pueden formar una idea los señores diputados por el párrafo de su exposición. “Yo me constituiré en una dictadura militar” son las palabras que el comandante general de la desgraciada provincia de Lérida dirige a la Junta de autoridades: “yo formaré la tropa en la plaza y sentado en un taburete exigiré de los vecinos de esta ciudad 30.000 duros, que obligaré a hacer efectivos en el término de 24 horas”. Y en medio de tantas desgracias el Gobierno nada nos dice, el Gobierno calla, el Gobierno todo lo consiente, a nadie protege. (...) Si sólo porque esté declarado el estado de sitio, su comandante general ha de sacar en 24 horas 30.000 duros en una población exhausta y sin recursos y de ellos 5.000 en dos horas, esto no tiene aguante. En cierta manera estamos dando margen para que los pueblos se pronuncien por D. Carlos».

Final

De la lectura de este epígrafe se deduce una visión lamentable, casi patética, de la situación de las Cortes. El Poder ejecutivo creía que una de sus tareas más importantes era la de controlar al ejército y exigirle responsabilidades. Así era en efecto constitucionalmente y sentía que era una función imprescindible en momentos de una guerra civil, de una indisciplina generalizada, de una insubordinación creciente y de una corrupción alarmante. Todo esto era sabido por la opinión pública y denunciado diariamente en la prensa. Nadie mejor entonces que el Congreso para, en nombre de la nación, enderezar la situación incluso aunque para ello tuviera que tensar con exceso sus competencias constitucionales y entrar en los dominios del Poder ejecutivo. Pero los diputados ignoraban la debilidad de sus propias fuerzas y los resultados fueron muy distintos de los pretendidos.

De hecho nada consiguieron salvo poner en evidencia la ingenuidad de sus esfuerzos. Por lo pronto el Poder ejecutivo nunca hizo caso al Congreso en este punto y, amparándose en el secreto militar y en la complejidad técnica de la materia, no permitió nunca que las Cortes violaran el ámbito militar y que todo quedase en una simple humareda retórica muy llamativa ciertamente pero absolutamente inoperante. Así se ha ido viendo en los diferentes apartados de este epígrafe, como en tantos otros (recuérdense las reclamaciones sobre rendición de cuentas, presentación de presupuestos y exigencias de responsabilidades políticas) que ya hemos visto. La realidad era que las Cortes no eran más que un teatro de oradores y un salón de espectáculos para entretenimiento del público; además, naturalmente, de una máquina incansable de producir leyes.

Más todavía: el ejército no sólo estaba blindado, frente a las Cortes, por el Ministerio sino que él mismo supo crearse mecanismos de autodefensa no ya frente a las Cortes sino frente al Poder ejecutivo. Porque al calor de la guerra civil y de las juntas revolucionarias fue fraguándose, como ya sabemos, un Poder militar que no estaba dispuesto a someterse a nadie y desde luego no a las Cortes, antes al contrario, fue él quien se coló de rondón y sin escrúpulo alguno en todos los ámbitos constitucionales, a cuyo servicio oficialmente se encontraba. La lección de estas páginas es, por tanto, la confirmación ejemplar de lo que estaba sucediendo en la evolución constitucional de España: la inoperancia del Poder legislativo frente al Poder ejecutivo, por un lado, y por otro la emergencia de un Poder militar primero protegido por el Ministerio y luego con fuerza propia para imponerse a todos los Poderes del Estado. El peligro del ejército no venía de su debilidad frente a los carlistas sino de su fuerza respecto a las demás instituciones del Estado, que terminaría dominando cuando los políticos sólo se preocupaban de las pequeñeces de su actuación cotidiana y de sus incesantes rivalidades.

* * *

4. CONTRIBUCIÓN DE SANGRE Y SU REDENCIÓN

Convalidación parlamentaria.– Distribución de cupos provinciales y municipales.– Redención del servicio.– Requisitoria de caballos.

Una de las primeras disposiciones que adoptó el Gobierno salido del motín de La Granja fue el levantamiento, por Real decreto de 26.8.1836 (es decir, antes de la apertura de las Cortes), de una nueva quinta de 50.000 hombres desde la edad de 18 a 40 años, cuya cifra se distribuiría por cuotas entre todas las provincias, con excepción de las islas Canarias, tal como se establecía en otro Real decreto de la misma fecha, en el que no podía faltar la acostumbrada cláusula de posible redención, que aquí aparecía en el artículo quinto:

Los individuos que quieran librarse de entrar en suerte por dinero entregarán antes del 15 de noviembre próximo tres mil reales (...); pero si lo verificaren antes del 1 de octubre quedarán libres por sólo 2.200 reales; bien entendido que el que entrare en suerte y le cupiere la de soldado no podrá librarse, cualquiera que sea la cantidad pecuniaria que ofrezca.

La publicación de estos dos Reales decretos provocó de inmediato las siguientes cuestiones: la necesidad de su convalidación parlamentaria, la identificación de sus verdaderos objetivos, la corrección de la asignación de cuotas tanto provinciales como municipales y, en fin, la justicia de la redención en metálico.

Convalidación parlamentaria

Una vez reunidas las Cortes resultaba necesario que éstas revisasen los textos ministeriales con objeto de convalidarlos constitucionalmente y, en su caso, mejorarlos o desaprobarlos. La iniciativa de esta operación tenía que haber partido del Gobierno para regularizar formalmente todas las decisiones adoptadas desde su nombramiento hasta la reunión del Congreso que, siendo competencia de éste, tuvieren una naturaleza provisional hasta su convalidación; pero como pasaban los días y no lo hiciese, Martínez Falero no esperó más y el día 28 de noviembre se adelantó con una proposición de este tenor:

Pido a las Cortes, primero, que se sometan con urgencia a su examen las determinaciones del Real decreto de 26 de agosto último sobre el llamamiento de 50.000 hombres al servicio militar, y las disposiciones posteriores para llevarlo a efecto.

Iniciado ese mismo día el debate, se produjeron algunas intervenciones partidarias sin restricción de su aprobación inmediata con el fin de colaborar con la política del Gobierno. Así Cabaleiro, quien llegó a afirmar que en este caso no era precisa la convalidación parlamentaria: «¿Estaba o no el Gobierno autorizado para decretar esta quinta? En mi concepto he dicho que sí, mediante a las críticas circunstancias en que se hallaba. Desearía que no se pongan obstáculos para que el Gobierno lleve a efecto las medidas que ha creído convenientes para acabar de una vez con la plaga asoladora que nos consume». Caballero, por su parte, defendió la convalidación pero, dentro de la ortodoxia constitucional, insistió en la necesidad del trámite puesto que se trataba de una materia parlamentariamente reservada.

Con esta presentación todo parecía muy sencillo, pero González Alonso vio una espina al sospechar que detrás de aquello, que parecía una simple formalidad de trámite, hubiese escondida una trampa de la oposición, o sea, una brecha para, aprovechando una oportunidad aparentemente inocente, atacar todas las actuaciones del Gobierno anteriores a la apertura de las Cortes que, habida cuenta de la dificultad de las circunstancias, de seguro habría cometido irregularidades sobre las que convenía pasar hoja prudentemente. En sus palabras literales: «esta proposición se dirige a censurar todas las operaciones de un Gobierno que es imposible haya podido llevar adelante nuestro pronunciamiento sin prescindir en muchos casos de lo prevenido en la Constitución.» Y más adelante, insistiendo en esta perspectiva, matizó Gómez Acebo que «en negocios de esta naturaleza es necesaria mucha circunspección. Se trata de censurar un decreto dado por el Gobierno en circunstancias críticas. Supongo que necesita alguna reforma especial; pero si para eso debemos entrar nosotros a su examen, lejos de dar vigor al Gobierno, indudablemente le debilitamos. El Gobierno es un simple simulacro y es preciso que le demos más realidad. Por estas razones creo que las Cortes, aportando las luces y el buen celo del sr. Falero deben suspender la aprobación de su proposición»

Y a partir de aquí, el Diario de Sesiones, dejando por excepción la transcripción literal de las intervenciones hizo solamente un resumen del final del debate: «El sr. Falero manifiesta que no se trata de entorpecer la ejecución de la quinta, ni tampoco ha tratado de sorprender a las Cortes pues el sr. Sancho y otros señores más saben muy bien que trató de hacer esta proposición al principio de las sesiones y que la suspendió para ver si el sr. secretario del Despacho presentaba con la Memoria el decreto de que se trata, protestando que no tiene el más ligero motivo para censurar los actos del Gobierno y estará siempre a su lado para robustecerlo, mientras no tenga un motivo poderoso para separarse de él».

Pasó, pues, la proposición a la comisión extraordinaria de guerra, que evacuó su dictamen al día siguiente, en el que se razonaba que

aunque encuentra aceptada y muy laudable por sus fines la proposición del sr. Falero, no le ha parecido tomarle por ahora en consideración en toda su latitud ni hasta que el Gobierno proponga a las Cortes (...) un proyecto de ley más adecuado para arreglar este importante objeto del servicio público.

En definitiva, se tapaban unas presumibles irregularidades constitucionales con otra nueva y de bulto pues las Cortes renunciaban al ejercicio de su deber –pues deber era y no una simple potestad– de revisar los actos del Ejecutivo dictados por razones de urgencia cuando las Cortes no estaban reunidas; pero en aquellos momentos el Ministerio, apoyado por el bloque conjunto de mendizabalistas y caballeristas y con una oposición todavía balbuceante, tenía a las Cortes totalmente en su mano. En verdad que no se entiende bien esta reticencia de la mayoría salvo que el Gobierno tuviera algo grave que ocultar en este punto: lo que no parece probable y en cualquier caso nadie, ni dentro ni fuera del Congreso, llegó a denunciar. En estas condiciones, y puesto que no mediaba urgencia alguna, ¿por qué esta prisa y no esperar las pocas semanas que faltaban para que se reuniesen las Cortes? Probablemente se tratase de un golpe de efecto, de un gesto demostrativo del interés que se tenía en acabar la guerra que, de paso y además, resultaba rentable por el mecanismo de la redención.

A fin de cuentas, ¿qué es lo que se proponía exactamente el Ministerio con el llamamiento de esta nueva y extraordinaria quinta? A primera vista el aumento de sus efectivos personales. Pero probablemente no fuera ésta su verdadera intención, dado que la superioridad numérica del ejército cristino, contando la Milicia nacional movilizada, era aplastante, de hecho sobraban soldados y los nuevos reclutas traían innecesariamente problemas de difícil solución, como su instrucción, armamento, vestuario, municionamiento y manutención; sin olvidar que, como ya se denunció en la época, los que se pasaban a la facción con sus armas eran tantos, que más parecía que se había hecho una «leva carlista». En otras palabras: las presuntas ventajas militares no justificaban la operación. Y por otro lado, dado el tipo de guerra que planteaban los carlistas de poco valía el número de soldados, porque como explicó el ministro de la Guerra en la sesión del 30.10.1836, «los facciosos vuelan, como lo estamos viendo, por todas partes, sin que se les pueda dar alcance. Pero ¿esto es nuevo entre nosotros? Los niños de Écija, José María y otros facinerosos, ¿no han sido perseguidos por mucho tiempo sin que se les pudiera dar alcance? Estas inculpaciones serían justas si se viese que cuando las tropas han alcanzado a una facción no la hubieran batido, pero en alcanzarla está toda la dificultad».

Pues bien, si no se necesitaban más hombres y hasta su aumento parecía perjudicial al no haber medios para sostenerlos e incluso inútil puesto que no había forma de que los carlistas aceptaran batallas campales, era lógico sospechar que los auténticos objetivos de la leva no eran militares sino que se trataba de un pretexto para recaudar fondos –que sí eran necesarios y urgentes– a través del mecanismo de la redención. Así lo reconocería en su día el propio Mendizábal y denunció sin ambages Cabrera de Nevares en la sesión del 30 de octubre de 1836: «El Gobierno dice: todos pueden exceptuarse por dinero. Luego no hay necesidad de ponerlos a combatir. ¿Serán necesarios hombres o dinero? Ésta es la cuestión». En último extremo, por tanto, se trataba de una contribución encubierta que se imponía a los pudientes con la coacción aneja de que si no pagaban la redención en metálico, sus hijos irían a la guerra. Pero sobre ello volveremos a hablar inmediatamente.

Frente a la política ministerial de «más hombres a todo trance, aunque no se les pueda mantener» empezaba a sugerirse, como estamos viendo, la política alternativa de «menos hombres y mejor atendidos y armados» que sostuvo también Salvador Arce en la sesión de 3.2.1837: «considero innecesario y casi perjudicial que se trate de levantar nuevas fuerzas cuando no tenemos medios ciertos y seguros para sostener las ya existentes, fuera de que con éstas ya tenemos las suficientes para concluir la guerra».

Una descripción crítica y autorizada de esta política de recluta atropellada de quintos apareció en la Memoria justificativa (1837) del general en jefe del ejército del Norte, Luis Fernández de Córdova:

Los quintos que nos fueron enviados llegaron muy tarde a mil puntos distintos y bastante lejanos entre sí: no tenían instrucción ninguna ni los acompañaba nadie que pudiese dársela: venían sin armas y sin vestuario y no fueron por consiguiente un refuerzo sino la más pesada carga que haya tenido el ejército. El armamento que envió el Gobierno llegó a plazos, malo o bueno y de distinto calibre, lo que produjo grandes estorbos y suma confusión. En cuanto a la instrucción, me obligó a organizar cuadros de oficiales, sargentos y cabos y soldados de los cuerpos del ejército, cuya saca dejó a aquellas clases muy reducidas en los batallones beligerantes. La condición física de los quintos no podía ser peor. La deserción al enemigo fue grande (...) Con sus primeras marchas llenaron y obstruyeron los hospitales y entorpecieron la agilidad de las tropas.

Muy poco tiempo después canonizaba Marliani (107) esta postura en la bibliografía histórica: «La providencia era por sí sola digna de un estadista: mas la descabaló el temple aventurero de Mendizábal, pues había que plantear de antemano los medios y arbitrios para la organización, armamento, equipo y paga de aquella fuerza. El cómputo de Mendizábal fue todo de memoria, prescindiendo de la recaudación de sumas ejecutivas para el logro de su intento, contando allá con acasos propicios, a la manera de un jugador que se entrega a la probabilidad de sus cálculos. Fracasaron las de Mendizábal sin más motivo que el de trocar meras eventualidades a ciegas con realidades positivas».

Pero el testimonio más inequívoco fue el de Fernández Manríquez (I, 216) que prueba hasta qué punto se tenía conciencia ya entonces de lo disparatado de una política de mera acumulación de malos soldados: «Formóse bien pronto un ejército de 100.000 hombres, formidable sin duda por su número, pero nulo en disciplina, falto de táctica y pericia necesaria y compuesto además por sujetos que, aunque honrados y leales, no eran los más aptos para soportar los riesgos y las trabajosas marchas militares. Semejante conscripción universal había por otra parte de producir males inmensos al país; porque ella arrebataba a la agricultura e industria los brazos indispensables».

Distribución de cupos provinciales y municipales

Establecida la quinta, quedaba lo más difícil, que era su realización efectiva y rápida que había de desarrollarse a través de un procedimiento escalonado: primero el Gobierno fraccionaba el global de 50.000 en cupos provinciales; luego cada diputación provincial distribuía su cupo entre los distintos municipios; y al final cada ayuntamiento designaba e individualizaba a los quintos mediante sorteo.

Ahora bien, este sistema de cupos que iba a utilizarse en la realización de la anunciada quinta nunca había satisfecho a las provincias puesto que siempre había algunas que se consideraban perjudicadas por la distribución señalada por el Gobierno. En esta ocasión no podía ser de otra manera y así se explicaba la proposición presentada por Fontán el 10.1.1837 para la igualación de todas ellas:

Siendo una obligación común a todos los españoles defender a la Patria con las armas en la mano cuando sean llamados por la ley; observándose que ésta es muy varia y muy desigual en todas las provincias de la monarquía, especialmente en el servicio que sufren las de la antigua Corona de Castilla, comparativamente a las de Aragón, Navarra y provincias vascongadas, contribuyendo aquéllas con el contingente ordinario al reemplazo del ejército, común a todas, y prestando por separado el servicio especial de 42 batallones de milicias provinciales; no siendo menos evidente que, aun en el territorio sujeto a las milicias, esta fuerza pesa con enorme desproporción sobre algunas provincias, mientras otras están sumamente aliviadas, como se deja ver tomando en cuenta los nueve batallones de Galicia comparativamente con uno solo de Asturias, que arrojan desde luego por la base de su respectiva población un agravio, que está en la razón de 3 a 1, pedimos a las Cortes: 2. Que provean oportunamente a la igualdad de todas las provincias en el servicio militar y a la indemnización de las recargadas.

En cuanto a los cupos intraprovinciales, es decir, a la distribución entre los pueblos de una misma provincia, también surgían dificultades concretas y aún más graves que las anteriores. Porque de la misma manera que se habían denunciado desigualdades interprovinciales, mayores eran las que se producían entre los distintos pueblos de una misma provincia, puesto que aquí influían los intereses de los diputados que procuraban descargar lo más posible los cupos de los municipios de su procedencia o amistad. A lo que se añadía el azar, ya que no se sabía de antemano los mozos que había en cada lugar en edad de entrar en el sorteo, pues su número no era necesariamente proporcional al del censo. En tales condiciones, mientras no hubiera censos fiables había que calcular con los ojos cerrados. Como explicó Caballero en la sesión de 30.1.1837, «la quinta de los 100.000 hombres fue una cosa extraordinaria en que por las escaseces del Erario se mezcló una contribución pecuniaria con otra contribución de sangre. La suerte del soldado o la obligación de servir a la Patria es una contribución que se llama de sangre o personal (...) Si el Gobierno tuviera todos los datos necesarios, es claro que no se haría por la base de población que ahora se hace. Se haría por el número de mozos útiles que hubiera para el servicio y entonces es claro que los pueblos que no tuvieran mozos útiles no tendrían necesidad de entrar en suerte, como no entra a contribuir el pobre de solemnidad». Pero todo esto no eran más que buenos deseos sin posible realización en un plazo previsible. De modo que, a falta de parámetros objetivos de distribución, había que resignarse a seguir distribuyendo los cupos inter e intraprovinciales a ojo de buen cubero o, peor todavía, al compás que marcaban las rutinas burocráticas y las influencias políticas y personales.

Redención del servicio

Con esto llegamos a la cuestión capital de la posibilidad de ser redimido el mozo del servicio mediante una aportación en metálico: una medida que beneficiaba a los pudientes y provocaba una honda irritación en las familias que veían que sus hijos iban a la guerra mientras que otros de los vecinos se quedaban en casa. Como puede imaginarse la polémica que se levantó a este propósito fue dura y en ella se manifestaron claramente las ideologías de los participantes.

Por encima de las ideologías estaba, no obstante, el descarnado pragmatismo de Mendizábal que ni siquiera llegó a plantearse el trasfondo ético (o, si se quiere, constitucional) de la cuestión. Para él se trataba de una operación financiera –como ya había denunciado días antes Cabrera de Nevares, según acabamos de ver– que nunca tuvo escrúpulos de practicar y menos aún de proclamar. Como dijo en su discurso de 17.11.1836, «la quinta anterior había producido 46 millones de reales, porque 11.500 mozos que se exceptuaron de los 80.000 que componían la suerte, componían un 15% del total de la quinta, (pues) ahora que la excepción debe ser antes que se meta mano en cántaro, constando la nación española de 3 millones de varones, y calculando que de cada seis vecinos o familias un individuo debía entrar en sorteo, resultan 500.000 y aplicando aquí el resultado que dio la quinta anterior, deben producir las excepciones de 110 a 120 millones de reales. Pues considerando solo 8% resultarán sobre 40.000 los exceptuados, que a 2.200 reales y la parte que quiera exceptuarse de la Guardia nacional movilizada, llenarían aquella cantidad. El Gobierno no se equivocó. Porque si hasta ahora no ha producido la quinta y movilización más que 25 millones, el Congreso debe considerar que en Andalucía, Valencia y en Extremadura, en fin, en 12 provincias donde precisamente debía haber mayor número de excepciones, porque son más ricas en numerario, ocurrió desgraciadamente la invasión de los facciosos y falseó por su base el cálculo del Gobierno».

Ante una confesión tan sincera (o tan cínica) del ministro, vemos confirmada la sospecha, antes enunciada, de que el último objetivo de las incesantes quintas que se levantaban no era tanto la obtención de soldados como la de fondos y que al aumentar los efectivos militares lo único que se conseguía era ahondar el pozo del déficit y agravar el pavoroso problema de la deuda. Porque los cálculos de Mendizábal no sólo eran erróneos a juzgar por sus resultados sino, lo que es peor, mal planteados: pan para hoy y hambre para mañana en el acostumbrado estilo del famoso hacendista. La redención producía ciertamente unos ingresos líquidos inmediatos al Tesoro, pero Mendizábal pasaba por alto, o al menos silenciaba, que el mantenimiento de los nuevos soldados no podía cubrirse con las cantidades que aportaban los redimidos.

En la sesión de 14.12.1836 Diego Montoya –un radical auténtico, un demócrata avant la lettre– denunció que con la redención propuesta «no se hacía más que continuar el tráfico mercantil que empezó a hacerse con la sangre de los españoles desde la quinta de los 100.000 hombres, que produjo 44 millones de reales y obligó a entrar en las filas del ejército a 70.000 pobres, mientras los mozos hijos de casas acomodadas quedaban en ella en un completo descanso».

Una denuncia que no podía compartir el general Infante para quien, desde su mentalidad militar, se trataba de una situación absolutamente normal dado que «esto siempre ha sido general en España: los ricos han podido poner sustitutos y cambiar la suerte del soldado. Por consiguiente, estos sustitutos era menester comprarlos. El rico que pagaba uno de ellos se quedaba en su casa y el pobre iba en su lugar. Esto no sólo sucedía en tiempos del absolutismo, sino que la Ordenanza del año 22 establecía lo mismo. En las milicias provinciales también estaba admitida la exención por dinero». Y pareja fue la opinión del culto general Luján en la sesión del 19.12.1836: «El eximirse por dinero lo hacían hasta las naciones más adelantadas en el arte militar. Hasta en Prusia se admiten sustitutos a fin de que no pierdan la carrera o los establecimientos muchos individuos que son infinitamente más útiles allí que en el ejército».

Si la explicación de unos generales era natural, el comentario de Gómez Acebo, que puede llegar hoy a escalofriar a los lectores modernos, revela la quintaesencia de la filosofía social del liberalismo decimonónico. El acomodado abogado madrileño manifestó, en efecto, estar en desacuerdo con las ideas de Montoya, recordando que «con estas palabras se promueve una cuestión por el que nada tiene por sus vicios o su holgazanería contra el que por su aplicación llega a tener algo». De acuerdo con la filosofía liberal, el pobre lo era porque se lo merecía e incluso porque se lo había buscado: así se tranquilizaban las conciencias y se justificaba la explotación.

Desde una perspectiva económica con este sistema de levas el rico se hacía más rico y más pobre el pobre. Las familias pudientes amortizaban pronto el precio de la redención con el producto del trabajo del hijo que se quedaba en casa, mientras que las familias proletarias, después de lo que les había costado alimentar a los niños y adolescentes, a la hora de verse compensados por el jornal de los mozos, los perdían por el reclutamiento.

Las Cortes, en general, en aquella ocasión no quisieron pronunciarse de forma explícita porque –como dijo Sancho– «las observaciones sobre si es justo o injusto, moral o no moral, no son de la cuestión del momento». Ni de ese momento ni de ninguno –añadimos nosotros– porque las cuestiones políticas, y más cuando interviene «la razón de Estado», están por encima de la moral y de la justicia; de aquí el interés del debate que nos ocupa. Porque es una de las escasas ocasiones en que el discurso político oficial pierde su máscara ideológica y deja al descubierto el sórdido rostro de los intereses descarnados que hay detrás: de la retórica de la Patria y la Libertad se pasa bruscamente, en un descuido, a la realidad de los intereses personales o clasistas y a la brutal dialéctica de los ricos y los pobres.

En la sesión del 16.12.1836 se leyó un dictamen que dejó muy clara cuál era la posición de la comisión extraordinaria de Guerra:

Esta desigualdad procede de la naturaleza y esencia misma de las sociedades civiles, sea el que fuere su régimen de gobierno y el progreso en civilización (...) Por otra parte, no son menos necesarios al Gobierno los medios pecuniarios que los brazos para salvar al país en la presente crisis que se halla.

En definitiva, se determinaron 3.000 reales de redención y 6.000 si ya eran soldados (es decir, si acudían al pago después de haberse celebrado el sorteo). Esta última cláusula tiene gran importancia pues pone de manifiesto la práctica generalizada de apurar hasta el final el elemento de azar propio del «sorteo de mozos». Porque los pudientes tenían dos posibilidades: o bien pagar de antemano los 3.000 reales y no entraban en el sorteo; o bien aguantaban el envite, de tal manera que si su nombre no salía del cántaro que servía de urna, libraban gratis; y si salía, podían librar también aunque pagando el doble, que era el precio del riesgo, y pasaba al servicio el titular de la papeleta siguiente. La vida o la muerte se convertían en un juego de lotería, en el que siempre tenían los ricos el premio de la vida.

A este propósito se reabrió la discusión el día 9 (5.1837) en un apasionado discurso de Lasaña: «La Real orden para la quinta de 50.000 hombres ha permitido que se pudiese redimir la suerte de soldado por 2.500 reales. Pero ahora la comisión propone la posibilidad de redención de aquellos egoístas (que no se les puede dar otro nombre) que se han querido estar con su dinero en el bolsillo esperando a ver si no les tocaba la suerte, y podían eximirse de contribuir con su persona y con su dinero al servicio de la Patria, que es lo que ha sucedido en último análisis. ¿Y sería esto justo? (...) Si nosotros permitiéramos ahora esta excepción, estableceríamos un privilegio a favor de las clases acaudaladas y en perjuicio de los menesterosos. En la Constitución hay dos artículos, el uno de los cuales dice que todos los españoles, sin distinción, deben contribuir a las cargas del Estado; y el otro que todos están obligados a defender la Patria con las armas cuando la ley les llame. Este segundo artículo es todavía más directo y terminante en este caso y resultaría, de adoptar lo que se propone, que toda la carga deberían sufrirla las clases pobres. Yo no creo que estemos en el caso de hacer estas diferencias; y es menester que los españoles se convenzan de que hay una justa dependencia entre la clase rica y la proletaria: una dependencia de conveniencia mutua».

La respuesta del general San Miguel –progresista sincero, pero militar al fin– puede imaginarse: «Dice el sr. Lasaña que sería esto crear un privilegio a favor del rico; pero estos privilegios los estamos viendo continuamente. En la quinta de 100.000 hombres se estableció que el que diese 4.000 reales estuviese exento de servicio. En la requisición de caballos se ha dicho que el que quiera redimir su caballo por 4.000 reales queda libre de darlo. Quiero decir que por más que la equidad procure establecer un equilibrio entre el pobre y el rico, es preciso que se modifique a favor del último, mucho más cuando esto mismo cede en beneficio del mismo pobre».

El debate que acaba de ser relatado se refería a la quinta extraordinaria que le dio lugar, mas debe dejarse también constancia de la existencia de otro mecanismo de exención –la presentación de sustitutos– que operaba en las quintas ordinarias y que aparecía descrito así en la Ordenanza para el reemplazo del ejército aprobada el 31 de octubre de 1837, en cuyo art. 63 se declaraban excluidos del servicio militar, además de «los que hayan redimido por el pecuniario», «los que hayan puesto sustituto». La sustitución, «cuyas condiciones se pactarán libremente entre los interesados, será individual, es decir, que no podrán ofrecer los pueblos una sustitución general de todos los quintos que les hayan correspondido en el cupo» (art. 89).

La mecánica de las redenciones de la contribución de sangre descubre una de las verdades más evidentes de la guerra civil que la historiografía tradicional ha ocultado siempre con empeño (o ha pasado de puntillas sobre ella) y de la que sólo últimamente se ha empezado a hablar con sinceridad. Porque partiendo del axioma de que el ejército cristino estaba formado por liberales y por carlistas el del Pretendiente, los autores han gastado mucho papel y horas de trabajo indagando –de hecho, conjeturando– las razones (ideológicas, religiosas, económicas) que impulsaban a unos españoles a servir en uno de los dos ejércitos, cuando la respuesta, según acabamos de ver, no puede ser más sencilla: el azar. El azar de tener la residencia en un pueblo donde se celebraban levas cristinas (o carlistas). Pero en este juego sólo participaban los pobres porque los ricos –nótese que esta terminología era la de la época– se libraban pagando un impuesto más.

En definitiva, urge rectificar la idea tradicional de que esta guerra civil era una lucha entre carlistas y liberales ya que (al menos y en todo caso a nivel de la tropa) era una lucha entre pobres levados por los cristinos y pobres levados por los carlistas sin preguntarles previamente qué es lo que pensaban o deseaban. Porque lo único que de seguro deseaban era no ir a una guerra que no era la suya sino de los ricos desde el momento en que se ventilaban cosas que a ellos no les afectaban: la soberanía nacional (que no entendían lo que era), la representación popular (y carecían de voto), la libertad de imprenta (y no sabían leer ni escribir), la desamortización de bienes eclesiásticos (y no tenían dinero para comprarlos), una reina o un príncipe (a los que no habían visto ni verían jamás), una desvinculación de mayorazgos (para quienes no tenían patrimonio alguno) y, en fin, unas constituciones de fechas confusas que no podían comprender lo que significaban. Decididamente había que tener muy poca cordura, o estar muy bien manipulados, para solidarizarse con estos principios y arriesgar la vida por ellos.

Los pobres se calaban el quepis o la gorra y se colgaban la mochila o el morral según quiénes fueran los conductores de las columnas de quintos que los llevaban a hacer la instrucción. Y conste que los voluntarios también eran pobres: individuos que habían escapado del sorteo mas no de la miseria y que desesperados por no poder alquilar sus brazos a cambio de un jornal, alquilaban su vida por la triste soldada de una peseta y una ración diaria y la vaga esperanza del botín en un saqueo. Pero en estas condiciones no se molestaban en preguntar por la bandera que habían de jurar, ya que, «¿dónde irá el buey que no are?» y ¿dónde irá el soldado que no pase hambre y desnudez? Bullón, no obstante, se atreve a conjeturar (p. 126) que «es de suponer que la mayor parte de los reclutas, de haber podido elegir (en el sorteo de quintas), hubieran optado por el Pretendiente».

En El Español de 2.3.1836 hay un artículo de Borrego que refleja bien esta lastimosa situación: «Ayer vimos atravesar por la Puerta del Sol una fuerte partida de quintos (y) notamos con pena el aspecto andrajoso y miserable de la mayor parte de ellos. Estos jóvenes salidos del seno de nuestra población agrícola y pertenecientes necesariamente no sólo a familias de pobres trabajadores sino también a las de labradores, ganaderos y artesanos ¿serán la muestra de la condición de bienestar de la mayoría de nuestro pueblo? La masa de hombres que desfiló a nuestros ojos presenta un triste conjunto de pobreza y de sufrimiento. La mayor parte venían sin sombrero, casi ninguno traía medias, el calzado dejaba ver los pies a muchos. En medio de la cruda estación en que estamos, sólo un corto número traía arrebujadas unas mantas de la especie de las que los arrieros usan para abrigar las caballerías. El aspecto sucio y descuidado de casi todos nos traía a la memoria el estado en que viven muchas tribus indias de América». Sin olvidar, por otra parte, que los quintos recibían de socorro dos reales diarios mientras durase la conducción y con tal estipendio tenían que alimentarse.

El indeferentismo político ha llamado la atención de los últimos historiadores de la guerra civil, como Anguera (377 ss.) a quien no han faltado testimonios de la época, que hasta ahora habían pasado casi desapercibidos. Así Marliani, para quien «la casualidad tan sólo determinaba su elección pues se entrega al partido que más presto saciaba su hambre». O el más preciso de San Miguel: «la generalidad de los que cultivan el campo no tienen más bienes ni más arraigo que la azada (...) Es muy fácil hacer alistamientos de esta clase y girar hombres que desconociendo las comodidades de la vida doméstica se emplean muy gustosos en una profesión análoga a sus inclinaciones (...) Un fusil, una canana, una ración y una pesetas les ofrecerán sin duda más aliciente y más goces (...) Con el derecho del pillaje y del merodeo es sin duda más dichoso que en las ocupaciones de su taller o de su campo (...) Hoy a favor del Pretendiente, mañana en el de la Reina, unas veces pagado, otras corriendo aventuras por su cuenta». Y el mismo Anguera ha desarrollado a este propósito muy cuidadosamente las técnicas de manipulación ideológica que entonces se utilizaban habitualmente para ganarse a los indiferentes o escépticos.

Requisitoria de caballos

A las levas de mozos humanos cuando no eran suficientes los que se presentaban voluntarios, se correspondían las requisitorias de caballos cuando no se obtenían libremente en las ferias y mercados o no había dinero para pagarlos al contado.

Al iniciarse el año 1837 estaba anunciada una nueva expedición carlista, mucho más temible que la de Gómez, para cuando el tiempo lo permitiese. Y se daba por supuesto que el arma más eficaz contra tales expediciones era la caballería, puesto que podía desplazarse con rapidez en las llanuras centrales para salir al encuentro de los invasores. Así, al menos, lo predicaban los estrategas militares; pero la expedición de Gómez había desmontado tal teoría puesto que la caballería cristina nunca consiguió alcanzar con éxito a los infantes carlistas dado que, en el mejor de los casos, tenía que esperar la llegada de la infantería para ofrecer batalla juntos. Por otro lado, entre las enfermedades, las bajas de bala y, sobre todo, la mala alimentación y peores cuidados habían disminuido sensiblemente los efectivos equinos hasta tal punto que más de mil jinetes se encontraban desmontados.

Lo grave del caso era que resultaba muy difícil reponer las bajas dado que en el campo quedaban muy pocos caballos de silla válidos para el ejército y sus propietarios no querían venderlos puesto que era una cuestión de prestigio –y de comodidad– formar parte gracias a ellos de la caballería miliciana. En su consecuencia resultaba forzoso echar mano de caballos de segunda clase, los dedicados a labores agrícolas, y era además urgente hacerlo porque los existentes servían de reserva para los facciosos que iban formando sus unidades de caballería sobre la marcha con aquellos animales de que se apoderaban. Por ello, aunque sólo fuera por esta razón, la requisa parecía recomendable.

Desde el punto de vista legal, no surgía problema ninguno puesto que se prometía una indemnización: por eso se trataba de una «requisitoria». Aunque a decir verdad, esta garantía tranquilizaba muy poco a los afectados, dado que todavía no se habían pagado los caballos obtenidos en las requisitorias de años atrás. Y la compra directa quedaba descartada de antemano puesto que no había dinero para pagar al contado.

En estas condiciones, a finales de enero de 1837 presentó el Ministerio un minucioso proyecto de ley, cuyo artículo primero (se cita por la versión definitiva del Real decreto de 27.2.1837) disponía que

se hará una requisición de caballos, a la que quedarán sujetos todos los existentes en el Reino (con las excepciones que se relacionaban en el artículo cuarto) que hayan cumplido cuatro años, cuya alzada sea de siete cuartas menos un dedo, y reúnan además las cualidades necesarias para el servicio: de los que resulten tomará el Gobierno hasta el número de cinco mil.

El valor tasado de los animales sería indemnizado con vales oficiales que podrían luego utilizarse para el pago de contribuciones. O sea, la conocida fórmula de no pagar con dinero efectivo sino con un papel que representaba en último extremo un adelanto forzoso de las contribuciones futuras. Según el artículo 5, cabía la redención mediante el pago en metálico de 4.000 reales. En el supuesto de que el número de requisados fuese mayor que el pedido por el Gobierno,

se devolverán –decía el art. 9– a sus dueños todos los excedentes por el orden que sigue: 1.º Los destinados a la labor. 2.º Los de los que viven con el trabajo de los mismos caballos. 3.º Los de los militares en servicio activo». Y, en fin, se preveía que la requisitoria debía quedar realizada el 31 de marzo y darse por concluida en 31 de mayo.

El proyecto fue dictaminado favorablemente el 6 de febrero autorizando la requisitoria «hasta el número de 5.000 que se gradúan para remontar no sólo los cuerpos de caballería de línea y ligeros sino también a los de la Guardia Real y baterías de artillería de campaña».

El dictamen sufrió un animado debate iniciado el 12 del mismo mes de febrero. Mendizábal hizo una brillante defensa del proyecto explicando la necesidad de la requisitoria y los beneficios militares que había de producir: «Mil trescientos o cuatrocientos soldados desmontados se encuentran hoy en la provincia de Madrid. Y el inspector dijo que es imposible, no se encuentran caballos por ningún dinero, nadie quiere venderlos y los que quieren vender no son útiles para el servicio. (...) Los poseedores de caballos los verán caer en poder de los facciosos, si faltan medios de oposición a ellos, como ha sucedido ya, contribuyendo a que hayan podido evadirse las perspectivas de nuestras tropas y prolongando la guerra con daño de los pueblos. (...) No se trata de arrebatar los caballos y no pagarlos. Se les va a satisfacer su valor, consagrando al efecto un fondo real y efectivo. Díganlo, si no, los dueños de los caballos que fueron comprados en la última requisición, cuyo valor se está pagando en el día, importan más de trescientos y tantos mil reales los recibos que de esta procedencia existen en la Pagaduría general del ejército.»

Luego vino una intervención de Infante: «Está próxima a abrirse una campaña que a juicio de la comisión va a ser la decisiva en la suerte de la nación. En su aprieto o alternativa, ¿qué hará un enemigo que ni admite ni quiere dar batallas, ni toma puntos fortificados, ni sabe defender ni atacar una línea en forma y con decisión? Su habilidad ¿en qué consiste? En la gran movilidad que le da la particular constitución de sus soldados, los cuales no llevan más que el fusil y la canana, ni viven de otra cosa que del merodeo, ni tienen equipajes, bagajes ni cosas que embaracen su marcha, pudiendo por lo mismo girar en todas direcciones sin miramiento de ninguna especie, pues ni aun les importa tirar sus fusiles para correr mejor cuando se ven en apuro. Pues bien, si toda su fuerza y táctica consisten en la ligereza de sus piernas, es menester que nosotros opongamos otras piernas que avancen más que las suyas, como son las de los caballos. ¡Ojalá que en tiempos menos remotos se hubiese echado mano de este recurso!».

El día 14 tuvo lugar la esperada intervención de Seoane en la que efectivamente aportó informaciones muy precisas: «A principios de la guerra se compraron caballos extranjeros a muy alto precio y en general de mala calidad. Tuvieron que mantenerlos con un pasto a que no estaban acostumbrados en su país y resultó que antes de un año se habían perdido la mitad de los caballos comprados. (En mi experiencia personal) habiendo tenido que incorporarme al ejército como aventurero, compré en Francia cinco caballos de las provincias meridionales, es decir, de las que más analogía pudieran tener con nuestro país y en menos de un año me quedé con sólo dos. ¿Qué posibilidades existen entonces –continuó diciendo– para comprarlos en España? He enviado comisionados de toda mi confianza y no han encontrado más que potros. La razón es muy sencilla. Hay en España muchos caballos, pero están en manos de personas que no quieren venderlos, porque unos los tienen para su recreo y otros para el servicio de la Milicia nacional. El regimiento de cazadores de la Guardia Real estaba en toda su fuerza al principio de la guerra. Pues hoy no tiene la tercera parte de los caballos que llevó. Al regimiento de lanceros de la Guardia le sucede lo mismo. Ha hecho la guerra en Navarra y casi todos sus caballos se han inutilizado. No hablo de la caballería que ha tenido que hacer la guerra en persecución de Gómez, de Sanz y de Guergué, y ha tenido que hacer marchas violentas y no quitar la silla a los caballos en muchos días. El caballo es débil y la prueba es que en una marcha larga la infantería alcanza y hace prisionera a la caballería, porque el hombre es más fuerte que el caballo y aunque en el primer día puede hacer una jornada más larga que el hombre, al segundo ya puede menos, menos al tercero y al cuarto le alcanza la infantería. El regimiento de húsares de la Princesa, que desde el principio de la guerra ha hecho prodigios de valor, marchó a Navarra con 400 caballos y en el día no tiene más que 25 útiles. El interés para el buen éxito de esta lucha es el tener cerrado al enemigo tan herméticamente en las provincias agotadas, que carezca de recursos, y si quiere salir ¿quien ha de contenerlo? La caballería. Dos mil caballos en Castilla la Vieja y otros dos mil en Castilla la Nueva aseguran el triunfo de nuestra causa. Los enemigos, sobre todo en Navarra, tienen buena infantería de montaña, es necesario hacerles esta justicia. Pero esta infantería no tiene costumbre de batirse en línea ni desplegar en masas. De modo que saliendo de las montañas no resisten a la caballería y tiran los fusiles. La gran ventaja que hemos tenido en esta guerra viene de la caballería. (...) Y si me dan dos mil caballos con ocho piezas y un par de batallones, yo respondo de las Castillas». La última frase transcrita terminaría siendo muy amarga para él, puesto que el tiempo demostró que era una fanfarronada ya que de nada valieron ni los caballos ni la artillería para detener a la expedición de D. Carlos y Cabrera.

Una y otra vez se insistía, por lo demás, en que resultaba imprescindible que desaparecieran los caballos existentes en el campo, aunque ello supusiera la ruina de la agricultura, porque si los liberales los respetaban, no lo iban a hacer los carlistas al ocupar los pueblos en sus expediciones y de hecho era con estos animales, aunque fueran de mala calidad, con los que formaban sus escuadrones. Se trataba, en definitiva, de una variedad implacable de la política de «tierra quemada» en la que siempre terminan sacrificados los campesinos.

Esta cuestión aparecía recurrentemente. En la tardía sesión de 24 de octubre (1837) volvió a sacarla a relucir Alejos Burriel: «Los caballos con que hacen la remonta los facciosos son aquellos que se han dado por inútiles en la requisitoria que las Cortes decretaron. Los facciosos se sirven también de yeguas y de caballos inútiles por cuya causa su caballería nunca ha podido resistir a la nuestra. Por muy diestros que hayan sido sus jinetes, nunca han podido resistir el empuje de nuestra caballería, pues los caballos que llevan ni siquiera merecen el hombre de tales. Los facciosos montan caballos miserables que en todas partes se encuentran. La caballería facciosa es inútil en todos los conceptos y subsiste».

A Pascual siguió Pizarro: «Me acuerdo que cuando la famosa línea de Arlabán se nos decía: no haya cuidado, porque hay un cuerpo respetable de caballería guardando la línea. Y sin embargo, quiso salir Gómez, salió y se marchó y a la caballería que estaba guardando la línea no sé si se la tragó la tierra. ¿Qué se ha hecho de la caballería, fueran 4 o 3.000 caballos? ¿Qué batallas ha habido de caballería? (...) No es requisición de caballos, es requisición de familias. Una familia se mantiene con el tráfico que hace con un caballo. Estamos a mediados de febrero y ya todos los papeles nos han hablado de una incursión que intenta hacer la facción en Castilla más fuerte que las anteriores de Gómez y Sanz. Hasta fin de mayo no podrá estar concluida la requisición y cuando el peligro parece que es del momento, se aplica un remedio cuyas consecuencias no podrán empezar a surtir efecto hasta fines de mayo. Esto me lleva a hacer un cargo al Gobierno: cuatro meses hace que las Cortes se hallan reunidas y hasta ahora no ha pensado el Gobierno en proponer esta medida».

Una afirmación que al cabo del tiempo, el 19.10.1837, fue precisada por Seoane con mayor detalle en los siguientes términos: «La Guardia nacional es la remonta que tiene Don Carlos en muchas partes. Si los nacionales que viven en los pueblos pequeños son sorprendidos y pierden el caballo, como generalmente son gente bien acomodada y no pueden llevar consigo cuanto tienen, dejan sus familias y al presentarse los facciosos dicen: esa finca, esa casa la vamos a destruir si no se presenta el caballo. Así se ha remontado por Zariátegui en Castilla la caballería de Don Carlos. Y los milicianos dicen: por un caballo que vale dos mil reales, me expongo a perder una finca de mucho más valor».

Por lo demás, los resultados de esta polémica requisitoria fueron decepcionantes ya que los caballos llegaron tarde, en número insuficiente y de pésima calidad. Como denunció Seoane el 19 de octubre (1837), «se han admitido en las requisiciones caballos inadmisibles en conciencia y peores que algunos de los que salen a las plazas de toros; caballos que absolutamente no valían para el servicio. El resultado ha sido que la caballería ha recibido 3.200 caballos y útiles para el servicio sólo 2.000 y la Nación ha pagado el total importe de ellos como si fueran buenos. En este estado faltan 1.800 para completar el número decretado por las Cortes»: y cabalmente por ello presentó una proposición para que se completase el cupo previsto. Sin olvidar –añadió– que «nuestra caballería desde el mes de mayo, en la larga peregrinación que ha hecho el ejército en presencia del Pretendiente desde su salida de las Provincias, por efecto de las marchas forzadas de 13 y 14 leguas que ha verificado, ha perdido 2.400 caballos. De la Guardia hay aquí 900 soldados aguerridos, vestidos, armados y equipados con parte de sus monturas, desmontados y sin prestar ninguna utilidad a la Patria. Es una lástima ver del mismo desmontado en gran parte el brillante y bizarro cuerpo de húsares de la Princesa». Desarrollando una proposición del propio Seoane en este sentido, la comisión de Guerra firmó el 22.10.1837 un proyecto de ley autorizando al gobierno para completar la requisitoria de los 5.000 caballos decretados en la ley de 27.2.1837. Y días después, el 3 de noviembre, en el Diario de Sesiones apareció un oficio del ministerio de Gracia y Justicia en el que se daba cuenta a las Cortes de que la Reina Gobernadora había firmado el día 2 el decreto autorizando al Gobierno a llevar a cabo con toda urgencia la requisitoria de caballos decretada el 27 de febrero.

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5. SUMINISTROS AL EJÉRCITO

Medida parlamentaria sexta para asegurar el pronto término de la guerra.– Presupuestos.– Contratos con las diputaciones provinciales y Juntas de armamento.– Contratos con asentistas particulares.– Suministro de vestuarios.– Derramas entre vecinos individuales y desafectos.– Requisas y saqueos.– Entre la necesidad y el abuso: el despotismo militar.

Medida parlamentaria sexta para asegurar el pronto término de la guerra

Como se recordará de lo expuesto en el epígrafe segundo de este mismo capítulo, el Congreso había aprobado a fines de 1836 una serie de medidas pomposamente enderezadas a «asegurar el pronto término de la guerra». Entre ellas estaba la sexta (allí transcrita) por la que se encomendaba a las diputaciones provinciales la entrega de suministros a las tropas que se encontraban en su territorio y que fue debatida el día 12 de noviembre (1836) en un ambiente de general aceptación puesto que todos sabían que, como dijo Martínez Falero, «las tropas han sido desatendidas: ha faltado al soldado el preciso alimento diario y el que se le ha suministrado ha sido de mala calidad y escaso, costando a la Nación un precio subido. El sr. ministro de Hacienda, conociendo esta verdad, invitó a algunas diputaciones a que tomasen a su cargo los suministros».

Para entender lo que la medida propuesta significaba conviene recordar sumariamente el sistema de mantenimiento del ejército cristino. Oficiales y soldados se alimentaban por su cuenta cuando estaban en poblaciones con comerciantes o particulares dispuestos a darles de comer y a los que pagaban con sus sueldos y soldadas. Pero el abastecimiento masivo de trigo, carne y vino se hacía por medio de «asentistas» con los que se contrataba (por asignación directa o por subasta) la entrega de ciertas cantidades en lugares y tiempos determinados. Huelga decir que en un ambiente de corrupción generalizada, con este sistema se hicieron o consolidaron grandes fortunas a costa de las defraudaciones de cantidad y calidad de las entregas.

Los problemas más graves surgían, con todo, cuando los asentistas no entregaban las mercancías bien por falta de pago o por no haberse celebrado el contrato adecuado. En este caso los jefes militares tenían que hacer las compras directamente, pero ¿cómo arreglárselas si no disponían de medios? O tolerar el saqueo de los soldados o saquear ellos directamente y con cierto orden obligando a los pueblos a que les entregasen las raciones a cambio de un simple recibo prácticamente incobrable después. Pues bien, en esta calamitosa situación, harto frecuente por lo demás, acudían a veces las diputaciones provinciales a remediar los apuros del ejército. Y esto es lo que ahora quiso legalizarse: las corporaciones provinciales se harían cargo de los suministros de las tropas de su territorio y el Gobierno se obligaba a resarcirles... algún día.

El problema residía entonces en la duda sobre si este encargo había de ser general o automático (es decir, sin necesidad de previa invitación concreta) o resultado de un convenio específico para cada provincia; pues se daba por supuesto que unas diputaciones lo deseaban y otras no; y que, por otra parte, no en todas tenía confianza el Gobierno.

Una vez más, la intervención del secretario de Hacienda fue aquí clarificadora: «¿Ha necesitado el Gobierno que la comisión o los individuos de ella le vengan a indicar los beneficios que deben resultar de esta medida? Cierto que no. El Gobierno reconoció la necesidad, atendidas las difíciles circunstancias en que nos hallábamos, de poner en manos de estas corporaciones populares los suministros del ejército, para que no fueran tan odiosos a los pueblos estos suministros que en el tránsito de las tropas se pudieran necesitar y con objeto de que fuesen de buena calidad y a precio conveniente, contando también que las diputaciones podrían atender a estas obligaciones con mucha diferencia (de precios) que lo hubiesen hecho los asentistas».

La importancia de esta práctica, que ahora se trataba de generalizar y, por así decirlo, de legalizar, se puso de relieve con la información facilitada por Armendáriz respecto de su provincia, Navarra, que desde que comenzó la guerra había realizado suministros por valor de 120 millones de reales, lo que significaba que sus pueblos estaban exhaustos.

En resumidas cuentas, la colaboración que en la medida sexta se encargaba a las diputaciones provinciales llenaba varios objetivos: en primer lugar, legalizaba una práctica que en algunos sitios se estaba practicando de hecho; en segundo lugar, aliviaba al Gobierno en las ocasiones, harto frecuentes, en las que no estaba en condiciones de financiar puntualmente por sí tales suministros. En tercer lugar, se afrontaba la cuestión de las irregularidades de los asentistas que, unas veces de mala fe y otras como consecuencia de la falta de pago por parte del Gobierno contratante, suspendían el aprovisionamiento. Con la nueva fórmula podía desaparecer la figura del asentista, tan imprescindible hasta entonces como odiosa, puesto que la Corporación se podía encargar de las entregas sin necesidad de intermediarios. La importancia de este punto era enorme aunque oficialmente no se quería dar constancia de ello, puesto que el gremio era demasiado poderoso y los oficiales administrativos eran incapaces de cortar los abusos (y más cuando con harta frecuencia se beneficiaban de ellos) y únicamente lo denunciaba la prensa. Pero en este momento Díez, bien conocido por su franqueza castellana, no se recató en llamar a las cosas por su nombre: «Estoy seguro que gran parte de la guerra, y los motivos de ella, desaparecerían cuando desapareciese la esperanza de algunos de hacerse ricos con pretexto de la guerra y a costa de ella, y esta esperanza desaparecería cuando las diputaciones provinciales estuviesen a la mira de la inversión de los caudales, que es el único medio para que no pueda malversarse». Al fin y al cabo la guerra era para muchos un buen negocio: aquí vemos cómo se negociaba con los suministros de boca; pero es claro que las ganancias habían de ser mucho mayores para los contratistas de vestuario y calzado.

En definitiva, y tal como se encargó de recordar Joaquín Ferrer (el 12.11.1836), «es necesario tener presente una cosa ocurrida en tiempo de Martínez de la Rosa, que yo sé oficialmente. Hablo de varias propuestas hechas por las mismas diputaciones, acordadas por las continuas exacciones que hacían los generales superiores sin orden y sin provecho; pues habiendo suministrado al ejército por espacio de dos años, se vieron precisadas a que se les concediese este encargo (...) y estas provincias hallaron con esto una gran diferencia en los suministros y han mantenido mucho mejor al ejército (...) Pero el Congreso debe saber que a los que anteriormente habían adelantado, tampoco se les ha pagado y que, por consiguiente, se les deben muchos millones».

Discusión que terminó plasmada en el art. 2 del citado decreto de 29.12.1836 en el que se reproducía sustancialmente la propuesta inicial de la comisión aunque con una modificación de trascendencia política en cuanto que se sustituía a las juntas de armamento y defensa por las diputaciones provinciales.

La penosidad común a todas las guerras se endurecía en nuestro caso por la desgraciada circunstancia de que las cosechas de los años 1836 y 1837 fueron excepcionalmente malas debido a condiciones climatológicas adversas (sequías y heladas generalizadas, inundaciones parciales, tormentas devastadoras) y a la escasez de brazos y animales disponibles para el cultivo. Pues si la población civil pasaba hambre, puede imaginarse la de las tropas, cuyo avituallamiento puntual se hacía cada vez más difícil y el Gobierno se negaba a establecer graneros y depósitos de algún volumen por el temor de que fuesen tomados por los facciosos y porque obligaban a una mayor dispersión de tropas para su defensa. Fomentados por el agio y la corrupción, los precios subían hasta alcanzar niveles hasta entonces desconocidos.

En el presente epígrafe van a examinarse las modalidades más usuales de financiación de los suministros entregados al ejército aunque con la advertencia previa de que de ordinario todas estas modalidades se aplicaban simultáneamente y en términos bastante confusos, de tal manera que no era casi nunca posible determinar con exactitud si una determinada ración de pan había sido suministrada o pagada por medio de una contrata, un empréstito forzoso o una requisa. El jefe militar tenía cada noche el problema de cómo alimentar a la tropa al día siguiente y casi nunca sabía cómo podría resolverlo, teniendo que acudir sobre la marcha al medio o medios disponibles, que no siempre coincidían con las previsiones legales.

En las primeras páginas del tomo IV de la Historia de la guerra civil de Pirala tenemos un buen ejemplo de esta confusión de medios. Allí nos relata el autor cómo el ejército estacionado en Bilbao se abastecía gracias a una contrata suscrita por la diputación provincial de Vizcaya, aunque con la intervención personal –es decir, no como general en jefe– de Don Baldomero Espartero como garante de los pagos que había de realizar el ministerio de Hacienda y cómo por consecuencia de las desavenencias entre las partes (que dieron lugar a durísimas recriminaciones recíprocas) había en ocasiones que abastecerse directamente en el mercado a los precios del día. Lo importante era que no faltase el rancho y en la elección de los medios para lograrlo no había lugar para los escrúpulos.

Del examen de los casos más conocidos aparecen las siguientes fórmulas de financiación: presupuestos, contratas con corporaciones públicas, contratas con asentistas particulares, donaciones patrióticas, préstamos forzosos, derramas, exigencias militares directas a los pueblos, requisas y saqueos.

Conceptualmente esta clasificación de procedimientos es clara y racional y en los archivos existe documentación suficiente para comprobar la generalización, e incluso, la eficacia, del uso de cada uno de ellos. Pero ¿qué pasaba en la realidad? Porque cuando se lee una obra como la de Del Río Aldoz (Revolución liberal, expolios y desastres de la primera guerra carlista en Navarra y en el frente del Norte, 2.000) en la que se han ido examinando minuciosamente (en la medida de lo posible) las entregas y las liquidaciones de las corporaciones populares, se llega de forma inevitable a la conclusión de que detrás de las Reales órdenes, de las órdenes de los comandantes militares, de las negociaciones, de los compromisos y de las contratas aparecían tarde o temprano «expolios y desastres», puesto que las autoridades militares no estaban dispuestas a tolerar que por un papel de más o de menos o por una desavenencia entre la diputación que repartía los cupos y los pueblos que aportaban materias o dinero, se quedasen las tropas sin ración y al final obtenían los suministros a punta de bayoneta, dando por supuesto que algún día la Hacienda militar procedería a la clarificación de lo entregado y a su liquidación y pago. Una suposición algo optimista en verdad y ahí están las desoladoras cuentas de Del Río para comprobarlo.

Porque en este asunto no había nada seguro: ni la legalidad de las órdenes de aportación (y más tratándose de una provincia de régimen foral), ni la determinación de los productos concretos, ni mucho menos sus cantidades, ni el precio, ni la gratuidad de las raciones de carne y vino ni, sobre todo, los obligados a realizar las entregas (los pueblos, los vecinos individuales) y la forma y plazos de los pagos. En estas condiciones, de lo único que estaban convencidos los jefes militares –y quizás lo único que les importaba en el fondo– era de que diariamente habían de alimentar a sus tropas; mientras que a otros correspondería luego poner las cuentas en limpio y liquidarlas.

Bien es verdad que ocasionalmente se publicaban algunos datos tanto más valiosos cuanto que eran raros. Pero en todo caso se trataba de informaciones dispersas, incompletas y no sistematizadas desde las que no cabe iniciar siquiera un trabajo de reconstrucción que habrá de realizarse necesariamente desde los archivos.

En el Suplemento de la Gaceta de Madrid de 11.2.1837 viene un cuadro minucioso de los suministros que había pasado el ministerio de Hacienda al de Guerra con destino al ejército del Norte durante el mes de enero especificando el Cuerpo de Ejército de operaciones de la izquierda, Vitoria y Logroño y precisando las cantidades de pan y harina, galleta, arroz, habichuelas, bacalao, aceite, tocino, carne, vino y aguardiente, cebada, reses mayores, pares de zapatos, capotes, tirantes, chaquetas, pantalones, camisas, pares de botines, corbatinas, morrales, cantimploras y en dinero con un total de 20.345.000 reales. A lo que había que añadir los suministros realizados por las diputaciones provinciales de Álava, Navarra y Guipúzcoa, que eran más elevados. En unas notas finales se indicaba que en virtud del contrato celebrado el 4 de enero con el Banco de San Fernando se había autorizado al vicecónsul de Bayona a librar sobre el mismo e invertirlo en víveres para las tropas de San Sebastián. ¿Por qué se publicaron estos datos sólo un mes?

No contento con esto, en otro Real decreto de 22.2.1837 (en la Gaceta del 28) firmado por Mendizábal se precisó la formación de una comisión regia que se establecía en Santander para que se ocupase con preferencia de los puntos siguientes:

1. Averiguar los caudales, víveres, vestuario y calzado que se han remesado (al Ejército del Norte) directamente por el Gobierno, por los intendentes de las provincias, diputaciones de las mismas, por los pueblos o por cualquier otro conducto. 6. La comisión regia tendrá facultades para arreglar con las diputaciones provinciales la prolongación de los actuales contratos y aun para estipular otros nuevos. 7. Fijará los puertos en que deban establecerse depósitos de víveres. 8. Excitará vivamente el celo de las mismas diputaciones para que correspondiendo a la invitación que se les hizo por Real orden del corriente mes, se hagan cargo de los hospitales militares. 8. S.M. autoriza a la comisión regia para que con mano fuerte extirpe cuantos abusos note en los diferentes ramos de la administración de ese benemérito ejército, suspendiendo de sus empleos a todos aquellos funcionarios que por su ineptitud, desidia o falta de moralidad no correspondan a la confianza que en ellos se deposita.

La Gaceta del 2 de mayo (1837) publicó un «estado de víveres y efectos» firmado por Mendizábal el 28 de febrero acompañado de una serie de «notas» que reflejaban bien los desesperados esfuerzos que se estaban haciendo para abastecer al ejército del Norte, aunque sin precisar nada respecto de los demás cuerpos de operaciones:

2. Se está facilitando la contratación de un millón y medio de raciones de pan, carne, arroz y tocino con destino al ejército de la izquierda por tres millones de reales. 3. En 19 avisa el cónsul de Bayona haber prevenido a la Casa de Vázquez y compañía de Burdeos que compre harina y galleta por valor de un millón de reales. 4. La diputación de Vizcaya ha propuesto hacerse cargo de suministrar 20.000 raciones de etapa y 800 de forraje diario por espacio de 30 días. 5. Con posterioridad a la publicación de los estados se han hecho los pedidos siguientes: al intendente de Valencia 20.000 arrobas de arroz, que hacen dos millones de raciones; al de Cádiz 10.000 arrobas también de arroz y 5.000 arrobas de aguardiente; al de Sevilla 20.000 arrobas de cebada equivalentes a 160.000 raciones y 10.000 fanegas de garbanzos, o sea, cuatro millones de raciones, y 3.000 arrobas de aceite, que hacen 600.000 raciones.

Este tipo de informaciones que aparecían en la Gaceta no podían ser más desconcertantes, ya que los datos ofrecidos eran esporádicos y parciales, de tal manera que con ellos no podía formarse una idea ni siquiera aproximada de la situación, aparte de que una cosa era pedir a los intendentes y otra la recolección y envío de lo encargado. El volumen de estas cantidades exigía unos transportes que ignoramos hasta qué punto pudieron realizarse dado que para ello se necesitaba una infraestructura de la que carecía el ejército y con el sistema de bagajes, que era el habitual, difícilmente podían atenderse esas mercancías y a esas distancias; sin contar con la amenaza de las partidas que, según se explica en otros lugares de este libro, tenían cortadas las comunicaciones. Si apenas se conseguía que los correos cruzaran la meseta sur y Sierra Morena, cuesta imaginar los convoyes y escoltas que se necesitaban para los transportes interiores, es decir, en el caso de que no pudieran hacerse por mar.

Pero dejando esto a un lado, pues carecemos de datos para aclararlo, en el número del 25 de mayo (1837) se publicó un «estado de entradas y salidas de fondos en el mes de abril de la Pagaduría militar de Castilla la Nueva». Por él comprobamos que las entradas en libranzas eran superiores a las de en dinero. Mas eso aparte, ninguna relación puede establecerse dentro del sistema de contabilidad militar y hasta es dudoso que hoy puedan ser investigados con la documentación de los archivos en los que, además, no habrá constancia de los productos de los saqueos militares. Los costes de los suministros a las tropas –y de la guerra civil en general, tal como ha hecho Bullón de Mendoza– tienen que moverse por tanto en un nivel de imprecisa aproximación.

En esta materia los cálculos se complican, además, por la circunstancia de que nunca se llevaron bien las cuentas, en parte por corrupción o torpeza y en parte por legítima cautela de los jefes. El caso era que no coincidían las cantidades que se anotaban como salidas y entradas y ni unas ni otras con las necesidades de las tropas. En cualquier caso los pueblos se lamentaban de estos hechos y Gómez Acebo se hizo eco de ello en la sesión de 13.11.1836: «La mayor parte de las quejas de los pueblos nacen de que va una división a un pueblo, y por disposición del comisario de guerra se piden 6, 7 o 10.000 raciones; y si la tropa consume 10.000 se desperdician o ponen en cuenta 12.000. Pues el ejército, permítaseme la expresión, va a tragarse todo el país si no se pone coto a esta clase de abusos, que no sé quién los comete, pero que en realidad se cometen». A lo que se sumó de inmediato Pedro Gil: «Bien conocida es la dilapidación que hay en el ejército, pues habiendo yo tenido el honor de pertenecer en el año pasado a la Junta de Armamento y Defensa de Cataluña se presentaron a ella unas cuentas o estados, por los cuales se veía claramente que se distribuían 53 y 54.000 raciones, mientras que no se contaban más que 26.000 o 27.000 soldados».

Contestaron a estas acusaciones dos ministros del Gobierno: ambos con sinceridad y prometiendo remedio en la medida de lo posible. El primero fue Mendizábal: «He dicho y repetido mil veces en este augusto recinto que con respecto a la recaudación, el Gobierno conoce los abusos, pero también reconoce cuáles han sido las circunstancias que hemos pasado y cuáles en las que nos encontramos. Remediarlos todos a la vez no es obra de días ni de semanas ni de meses. Se aumentan estos abusos por los que enterados de uno o dos hechos, deducen por éstos los demás actos de la administración».

En aquella ocasión el Ministerio encontró un apoyo inesperado en Sosa, quien basándose en su experiencia y en aras de la justicia explicó que las malas cuentas no indicaban siempre un abuso: «Yo he sido militar y en la guerra de la Independencia he mandado cuerpos de ejército. He sido jefe en aquellos tiempos y he mandado dar doble ración al soldado. Pero cuando hemos estado ocho días sin comer, nada se nos ha abonado y a un hombre que va a una friolera, a jugar con las balas, no es justo se le niegue la comida, mucho más cuando el soldado es la víctima que padece todas las miserias que trae consigo la guerra».

En fin, por lo que se refiere a los hospitales militares la Gaceta del 1 de marzo publicó una circular del ministerio de la Guerra del 22 de febrero (1837) en la que se lamentaba de la carencia de hilas, vendajes y sábanas y se encomendaba a las diputaciones provinciales y a los particulares que hiciesen todo lo posible para remediar tal situación.

Presupuestos

En un Estado moderno como pretendía serlo el liberal, la guerra debería haber sido financiada exclusivamente a través de los presupuestos ordinario y extraordinario nutridos, además de por empréstitos constitutivos de Deuda, por las contribuciones ordinarias o especiales o por algunos otros impuestos o ingresos finalistas. Con este dinero habrían de pagarse los suministros que a tal efecto se adquiriesen directamente o con asentistas intermedios. A cuyo propósito había de contarse con un servicio eficaz de intendencia dentro de una administración centralizada sin perjuicio de que las circunstancias de la guerra impusiesen una perceptible descentralización que se irá viendo más adelante.

La primera dificultad que aquí aparecía era, no obstante, la insuficiencia crónica de dinero, que se traducía en la demora de pagos y hasta impagos declarados. A lo que hay que añadir los enredos de una administración desordenada, corrupta y confusa que impedía la visión clara de las situaciones y hacía ilusoria cualquier previsión. Por sorprendente que parezca nunca pudo saberse ni lo que el Ministerio necesitaba ni lo que estaba en condiciones de enviar en el futuro inmediato a los distintos cuerpos. El ministro de la Guerra se veía forzado a pedir constantemente a su colega de Hacienda declaraciones en tal sentido y mucho más los generales en jefe y nada digamos los diputados de la oposición. Pero nunca coincidían las relaciones de lo solicitado y lo concedido, de lo enviado y lo recibido, de lo necesitado y lo disponible.

A veces no se llevaban cuentas en absoluto y se hacían entregas de suministros sin documentación ni apuntes y las que se llevaban eran tan deficientes que hacían imposible su revisión ajustada. Al hablar Janke de los suministros a la legión auxiliar inglesa (183 ss.), explica cómo se encargó de su revisión el banquero español más escrupuloso Pedro Juan Zulueta, quien, a pesar de ser fiel amigo de Mendizábal, tuvo que reconocer que su tarea era imposible por la confusión resultante de una mala llevanza, aunque no aparecieran signos de malversación. Y de esto –añade– «era responsable Mendizábal, cuya culpabilidad residía en haber convertido el Tesoro español y la Casa de Ramón y Carbonell (su antiguo socio) en un fondo común, no para sus propios fines sino para ganar la guerra».

Con objeto de introducir algún orden en esta situación se dictó el 18.1.1837 una Real orden comunicada al Intendente general del Ejército en la que se regulaba de forma minuciosa la dirección y aplicación de víveres para el Ejército, encomendando a los intendentes provinciales el acopio de víveres «cuidando de su rápido apronto bien sea por compra alzada o por medio de contratos en pública subasta». Esta disposición, que era detalladísima, se cerraba mandando a «los ordenadores de los Ejércitos de operaciones de remitir directamente en 1 de cada mes a este ministerio y a la intendencia general un estado demostrativo del movimiento de víveres en los almacenes, especificando la existencia anterior, las entradas y salidas que hayan ocurrido en la misma época y la existencia que resulte».

Contratos con diputaciones provinciales y juntas de armamento

En un epígrafe anterior de este mismo capítulo ya se ha hablado de esta modalidad de suministros militares legalizada y generalizada en la «medida sexta» de las que aprobó el Congreso a primeros de noviembre de 1836 y que ahora es el lugar sistemático de analizar con mayor detalle intentando llegar a los rincones más oscuros de la Administración económica militar. Porque la situación venía de antiguo y siempre ha sido confusa hasta tal punto que Pastor confesaba en 1863 que «pocos ramos han dado lugar a tanta confusión y despilfarros como el de suministros a las tropas», que tropezaban entre otras dificultades con «la falta de documentación, pues muchas veces carecían los pueblos de órdenes escritas y hasta de recibos, habiendo sido obligados a prestar el servicio a la fuerza y sin formalidad alguna. Si se admitía, como hubo de hacerse, la justificación testimonial, se abría la puerta a abusos de gran consideración y si se prescindía de ella, se cometía otra injusticia con las infelices víctimas inocentes de lo violento de las circunstancias».

Sin necesidad de revolver los archivos militares o provinciales, en las páginas 642-643 del tomo IV de la citada obra de Pirala tenemos un ejemplo de este tipo de contratos que nos puede ilustrar sobre el tema y sirve para comprobar la importancia de este medio alternativo de financiación de suministros. Está firmado en Bilbao el 26.3.1837 por Juan Ramón Arana y Francisco Javier de Santa Cruz, diputados a Cortes y autorizados competentemente por el Gobierno y dos comisionados de la diputación provincial. En él aparecen las siguientes cláusulas:

1. La diputación de Vizcaya suministrará al ejército en esta villa de Bilbao 30.000 raciones diarias de pan, vino y carne o menestra cuando la carne faltare y 800 de pienso, todo de buena calidad, por el espacio de 30 días contados a correr desde el 1 de abril. 2. El Banco Español de San Fernando garantizará el pago de dos millones de reales a cuenta del valor total de las raciones, aceptando letras a favor de la diputación a los plazos de 45, 60 y 80 días fecha. Además se entregarán por el Gobierno al comisionado que la diputación tiene o tenga en Madrid dos millones de reales en documentos totales contra la tesorería de Sevilla, Málaga, Segovia, Ávila, Coruña y Santiago.

La gestación de este contrato había sido muy laboriosa puesto que, como ya se ha dicho, las relaciones entre la corporación y el general en jefe eran nuy tensas, como puede verse en la carta de Espartero de 22.2.1837 (apud Pirala óp. cit. p. 641) en la que, entre duros sarcasmos, inculpa a la otra parte de presentar exigencias abusivas, puesto que tal como informa, según la diputación

era preciso que la contrata no diere principio hasta pasados quince días para poder traer los víveres de Francia, perjudicando a la nación por su beneficio particular, era necesario que se le facilitasen vapores para el transporte y era indispensable que los cargamentos perdidos fueran en perjuicio de la Hacienda nacional. Con estos rasgos de maravilloso patriotismo, si bien es verdad que en los quince días quedaban expuestos a perecer de hambre los defensores y libertadores de Bilbao, también lo es que la diputación, o más bien los especuladores que se esconden con su nombre, lograrán un 25 o 30% más de beneficio.

Según ha expuesto Del Río, Mendizábal contrató los suministros al ejército del Norte con la diputación de Navarra y con satisfacción para ambas partes, que explica su siguiente prórroga, aunque los constantes incumplimientos del Tesoro público obligaron a la corporación a añadir en el contrato prorrogado más cláusulas de garantías rigurosas pero harto justificadas (p. 184): «La primera, que la diputación de Navarra quedará libre de toda responsabilidad en el caso de no verificarse el pago de los suministros en los términos y plazos estipulados. Y la segunda, que el Gobierno ha de entregar en dinero contante, antes de dar principio a esta contrata, cuatro millones de reales a cuenta de los suministros hechos en la anterior contrata, que ascenderán a doce millones aproximadamente».

Este tipo de prácticas, ensayadas en algunas provincias (y principalmente en las más afectadas por la guerra del Norte), servían ciertamente para resolver las urgencias y, tensiones aparte, todos estaban contentos: el soldado comía, el jefe no tenía que preocuparse por el rancho del día siguiente, el ministerio lograba retrasar los pagos y, en fin, aseguraban sus ganancias los empresarios que financiaban la operación detrás de las diputaciones. La cuestión era entonces la de si se generalizaba el sistema habilitando a todas las corporaciones provinciales para que lo hicieran. El asunto llegó al Congreso en diciembre de 1836 favorablemente acogido por la mayor parte de los diputados. Ahora bien, con esta política resultaba evidente que, cualquiera que fuese la redacción definitiva de los contratos, se iba a ensanchar de forma perceptible el ámbito de las competencias de las diputaciones provinciales. Lo que parecía inevitable, pero también arriesgado, como puso de manifiesto el ministro de Hacienda al advertir que «si se da tal latitud a esas corporaciones populares, será lo mismo que establecer tantos gobiernos como provincias hay en el Reino y otras tantas tesorerías; todo contrario a la Constitución que hoy nos rige, mediante que por ella se establece el sistema de centralización y que sólo haya una Tesorería general, único modo de llevar la cuenta y razón que deseamos».

Al cabo de todos estos debates la medida inicial cristalizó finalmente en el art. 2 del decreto de 29.12.1836:

Se encarga al Gobierno que confíe a las diputaciones provinciales el suministro de las tropas de sus respectivas provincias en los términos que convengan con las mismas; debiendo tener estas corporaciones populares (...) la intervención en cuanto se facilite a los cuerpos del ejército dentro de su territorio, así por medio de libranzas a su favor, como por razón de suministros a los pueblos, por donativos, multas y otras exacciones cualesquiera.

En esta línea puede colocarse igualmente una proposición de Gregorio García presentada el 16.12.1836, es decir, antes incluso del citado Decreto de 29 del mismo mes pidiendo que las diputaciones provinciales hagan una liquidación de suministros y estado general habida cuenta de que

en España los suministros se hallan en el mayor desorden y es necesario conocer que no son las contribuciones lo que más abruman a los pueblos sino la desigualdad, las demasías (...) Las justicias se ven en la gran necesidad de pedir a los pueblos inmediatos la cooperación para el suministro y sucede que los que se hallan dentro de un pequeño radio son los que más contribuyen y los que se hallan más distantes no contribuyen con nada.

Con todos sus inconvenientes el sistema de contratas con las diputaciones siempre ha merecido un juicio favorable, independientemente de que quizás no hubiera otro viable respetando la legalidad, al menos y en todo caso en los territorios ocupados por el ejército de forma permanente. Porque es el caso que la Administración nacional no estaba en condiciones de hacerlo y no ya sólo por carencia de dinero para atender puntualmente los pagos sino por la incapacidad de su aparato administrativo, ineficaz y corrupto al mismo tiempo. Y es además significativo que fueron los carlistas quienes empezaron, también en las provincias del norte, a utilizar tal sistema. En definitiva, aunque fuera más mal que bien en esta zona las tropas de la Reina estaban abastecidas en sus cuarteles y hasta pudieron realizar algunas salidas más allá de sus líneas sin tener que acudir necesariamente al saqueo.

Contratos con asentistas particulares

La intervención de asentistas particulares era habitual en los suministros al ejército pues sólo unos profesionales conocedores del mercado y con un capital suficiente estaban en condiciones de hacer oportunamente los acopios necesarios y de distribuirlos con puntualidad. Estos asentistas podían contratar directamente con la Hacienda militar o con las diputaciones provinciales actuando como subcontratistas. A pesar de las demoras en los cobros y de las comisiones que habían de pagar a militares corruptos, la ganancia estaba asegurada por lo elevado de los precios (que se determinaban de ordinario sin la presencia de competidores) y por la mala calidad y peso de las entregas. Aunque también es verdad que si el particular tensaba demasiado la cuerda de sus exigencias o de sus abusos, corría el riesgo de que la contrata terminara en manos de la propia diputación provincial, cuyas ventajas resume Del Río (p. 149) en los siguientes términos: «En primer lugar el Real Erario ahorraría considerables sumas en la diferencia del precio a que esa corporación hacía el servicio con lo que hoy se paga a los asentistas y con lo que hagan los agentes de la administración militar (...) En segundo lugar se mejoraría el abastecimiento del ejército ya que, reunidas las subsistencias en almacenes en poder de particulares sobre una línea inmediata a donde operan, los ejércitos se trasladarían fácilmente a las que avanzasen. Y en tercer lugar, la regularidad y el orden con que la diputación haría las compras». Ahora bien, en un mercado capitalista y liberalizado era inevitable que el sector privado terminara apoderándose de él. La diputación de Vizcaya realizó subcontratas con Ribed y Velorio y los empresarios particulares –sobre todo Carriquiri- fueron haciéndose con las contratas, particularmente las de Navarra, en los años siguientes.

De hecho buena parte de las grandes fortunas españolas del siglo XIX nacieron al abrigo de las contratas de suministros militares de las guerras civiles. Las Casas de banca de la época no trabajaban como «bancos de inversión» y crecían de ordinario a la sombra del Estado, que era con quien realizaban sus mejores negocios ayudándose con frecuencia de medios corruptos. Pero no siempre, ya que lo más común era que se tratase de operaciones simbióticas en las que salían ganando las dos partes (a costa, por supuesto, del contribuyente o del consumidor). La verdad es que, sobre todo en tiempo de Mendizábal, nunca se podía separar con precisión lo público de la privado y ésta era una de las causas por las que no se rendían cuentas claras.

La oposición acusaba constantemente a Mendizábal de tales prácticas, pero siempre sin éxito y el ministro en lugar de dar explicaciones apelaba a su proverbial fama de honrado y al hecho –cierto– de que en la política no sólo no se había enriquecido personalmente sino que incluso había salido perdiendo. Los políticos necesitaban, en consecuencia, de los banqueros para medrar, como éstos de aquéllos para enriquecerse. Valga el siguiente ejemplo de tales simbiosis y confusiones: «La vuelta (al ministerio) de Mendizábal fue preparada por un grupo presidido por José Safont, propietario de El Patriota, con Manuel Matheu. Mendizábal y Matheu tenían intereses comunes financiando conjuntamente El Liberal, el cual estaba dirigido por un secretario particular de Mendizábal, Valentín Llanos. Estas personas se ofrecieron para enviar inmediatamente diez millones de reales al Norte. Además de suscribir este préstamo, el Gobierno les concedió contratos de avituallamiento del ejército» (Janke, 230). También procede de este autor (217) el siguiente texto que corrobora lo que acaba de decirse sobre la confusión entre lo público y lo privado: Cuando cesó Mendizábal en mayo de 1835 y bajaron sus valores en Londres, «en un vano intento de salvarlos denegó los pasaportes a todos los correos, excepto al suyo propio, con el fin de que la noticia de su caída no llegara al mercado de Londres hasta que él pudiera vender. A pesar de esta precaución se dice que perdió una fortuna considerable».

Suministros de vestuarios

En los últimos meses de 1836 tuvieron lugar en las Cortes dos largos y apasionados debates sobre contratas de vestuarios militares que nos van a ilustrar sobre los procedimientos de contratación y sobre las prácticas reales a torno de ellos, así como sobre el trasfondo político de tales debates.

El 28.11.1836 presentó Ayllón –que conocía bien el paño desde su puesto de letrado mayor del Tribunal Superior de Cuentas– una interpelación al Gobierno: «Debemos convenir –observó– en que entre los inmensos gastos que ocasiona la guerra y el servicio del ejército, uno de los principales y uno de aquellos en que es más difícil poner orden es el suministro de las tropas en España. Esto ha hecho que haya variado el sistema en dicho ramo. Anteriormente se dispuso que en las respectivas provincias se hicieran las contratas para los suministros. Después se ha dispuesto que estas contratas se hagan en la capital del Reino, suponiendo que en ella podrían presentarse licitadores de toda la nación que estuvieran impuestos en los precios, gastos de conducción y demás conocimientos en la materia, procurando de este modo que no faltara ninguna de aquellas personas que pudiera proporcionar algún ahorro al Gobierno. (Pero estas buenas intenciones fracasaron cuando desde hace tiempo) apenas se ha hecho una contrata que no haya sido verificada con precipitación, sin dar tiempo suficiente para que los licitadores pudieran presentarse a hacer el remate. (...) Recordaré también que después se anunciaron subastas de vestuarios para el ejército y tengo entendido que hay fabricantes en Cataluña quejándose de que no se ha dado tiempo suficiente para que se presentasen a hacer estas contratas, cuyos vestuarios se iban a hacer con paños de aquí para llevarlos a Cataluña. Yo no sé por qué no se pudieran haber contratado estos mismos vestuarios por los empresarios de Cataluña, cuando aquéllos pudieran ofrecer mayores ventajas».

La contestación de esta interpelación no correspondió al ministro de la Guerra sino lógicamente al de Hacienda, quien se enredó en prolijas explicaciones sobre la causa de que no se celebraran siempre subastas, como estaba establecido, así como sobre los retrasos e irregularidades que inevitablemente se producían en la preparación y remate de ellas: «Uno de los cargos que el sr. Ayllón ha dirigido al Gobierno es sobre el vestuario de los 100.000 hombres de la quinta anterior. El 24 de octubre se dio el decreto para la quinta de los 100.000 hombres. Ésta debía efectuarse el 1 de diciembre y por consiguiente se debía empezar a vestir a los quintos el mismo mes. Pero los paños no estaban fabricados y la mayor parte debían serlo y en términos que los que concurrieron a hacer la subasta indicaron que si en el mes de Noviembre había lluvias no podían proveer de ellos. Pero en una guerra civil, en el estado en que nos encontramos, ¿puede el Gobierno para un servicio tan perentorio exponerse a las consecuencias de una subasta? No, pues en el mismo día señalado pudiera llegar tal vez a noticia del público un suceso desgraciado, que alejase la concurrencia a ella, y entonces, ¿cuál podría ser la situación del Gobierno? (...) La contrata actual de provisiones de Cataluña concluye en fin de diciembre de 1836. En su consecuencia preguntó el ordenador de dicho distrito a esta Intendencia general en 5 de setiembre si debería anunciarse nueva subasta para cuando concluyese aquélla. Se le contestó en 26 de setiembre que lo anunciara desde luego para empezar el servicio en 1 de enero de 1837, concluyendo en fin de setiembre del mismo año, época en que concluyen todas las contratas de esta clase. Lo cumplió el ordenador fijando para el remate en Barcelona el día 21 de octubre. Pero no habiéndose hecho posturas regulares, dio parte de ello a esta Intendencia general en 25 de dicho mes de octubre. Se recibió el oficio en 2 de noviembre y pasó en el mismo día al dictamen de la Intervención general, la cual manifestó en 10, que creía oportuno se celebrara en esta Corte una nueva subasta para sacar todo el partido posible a favor de la administración militar».

Aprobar un decreto ordenando una leva de 100.000 hombres cuesta un par de horas en un Consejo de ministros y entre un escribiente y un ordenanza pueden copiarlo y enviarlo a la imprenta de la Gaceta. Acuartelar 100.000 soldados uniformados, armados, municionados e instruidos, con el rancho prevenido para una campaña cuesta varios meses y el trabajo de varios miles de especialistas capaces de realizar una operación tan gigantesca. Cuando no se repara en esto, las cuentas no salen; y cuando no se realizan los preparativos imprescindibles, no se dispone de soldados sino de desertores potenciales, de indisciplinados permanentes y de clientes de hospital o de cementerio. Pero los diputados solían pasar por alto estos «detalles de letra pequeña» que consideraban propios de sargentos y en sus discursos manejaban cifras sonoras de soldados imaginarios.

Dentro de los abrumadores engorros burocráticos y procesales (en los que tan bien se manejaba el ministro gracias a su enorme experiencia) todo estaba legalmente justificado, por tanto; pero sabido es que si se respetan las garantías y los plazos establecidos en la contratación administrativa, los soldados terminan en el frente desnudos y descalzos. Y si no se respetan, ¿de qué valen entonces las leyes y reglamentos? Sin contar la generalización de las acusaciones –y en todo caso de las sospechasde abusos y corrupciones. Por lo demás, y en lo que a esto último se refiere, sabido es que el sistema político y legal está montado de una forma tal que, a través de las holguras reglamentarias, se pueden hacer grandes negocios sin infringir las leyes. También sabemos con certeza que Mendizábal fue personalmente honrado, que no se aprovechó de sus años en el gobierno para enriquecerse, antes al contrario, que durante ellos perdió buena parte de su fortuna (y para comprobarlo basta repasar el modesto inventario de bienes que dejó al morir). Ahora bien, si de entre las muchas acusaciones falsas que se le dirigieron en vida hay una verdadera, ésta sería precisamente la de haber tolerado que sus amigos se enriquecieran a costa de la guerra y del hambre y la desnudez de los soldados.

Las acusaciones de corrupción no se hacían sólo en el Congreso sino también, y más todavía, en la prensa. El Eco del Comercio de 15.2.1837 denunció que había contratos administrativos escandalosos en que se estaba ganando un 100% y que al hacerse se miraba poco el interés de la nación y más el deseo de favorecer a los especuladores, cuya fortuna se estaba labrando a costa de la miseria y de la ruina general.

La trascendencia de la impuntualidad en los pagos era la correlativa impuntualidad de las entregas de suministros y, en último extremo, la escasez del rancho y el hambre del soldado. Pero todavía había más: en ocasiones el retraso de los suministros demoraba, cuando no impedía, el comienzo de las operaciones, la presentación de una batalla o la persecución de las facciones. A esta situación hacía referencia El Patriota de 7.3.1837 defendiendo la diligencia gubernamental: «Es falso que el ejército del Norte no se haya movido por falta de vestuario y víveres, siendo tal la abundancia de ellos que de no haber impedido hasta ahora los vientos contrarios la llegada de muchas expediciones, sobrarían para mantener al ejército durante cinco meses».

En El Eco del Comercio de 24.3.1837 podemos encontrar una curiosa referencia al incumplimiento de un contrato de suministro de utensilios. Allí se recogía un «Informe de la inspección extraordinaria de utensilios del distrito que ocupa el ejército del Norte» con el siguiente texto: «Estando obligado el asentista D. Manuel Matheu a suministrar las camas y demás utensilios en las plazas y puntos fortificados a tenor del art. 31 de la contrata y no habiéndolo verificado en ninguna de las de esta provincia, excepto de esta ciudad de Vitoria, han resultado incalculables perjuicios a los pueblos, que se han visto forzados a hacer el suministro sin regla alguna a que atenerse, dando margen a que abusen jefes militares, y no jefes, con enormes exacciones; y sin que hayan sabido a dónde dirigirse para la liquidación y cobro de sus créditos; y les será tal vez imposible distinguir muchos de los falsos o no abonables de los que no lo son».

Pero ¿qué podían hacer las Cortes en estas situaciones? Prácticamente nada puesto que carecían de competencias para actuar positivamente, tal como explicó Alejos Burriel en nombre de la comisión: «La comisión ha creído que su cometido sólo era recomendar al Gobierno la necesidad de que a la mayor brevedad sean liquidados los suministros hechos por los pueblos a las tropas y el escarmiento de los funcionarios que hayan faltado a sus deberes o se hayan excedido de sus atribuciones».

Derramas entre vecinos individuales y desafectos

Las contratas con corporaciones públicas y asentistas particulares constituían una fórmula legal de abastecimiento del ejército, pero la situación se fue deteriorando más cuando la insolvencia crónica del Gobierno hizo inútiles los contratos puesto que ya nadie tenía esperanza de cobrar y las tropas quedaban abandonadas a sí mismas. En el verano de 1837, cuando más delicada era la situación bélica por la amenaza de las columnas de Zariátegui y Don Carlos, estalló en el Norte –en Miranda de Ebro, en Pamplona, en Vitoria– una serie de actos insurreccionales llevados a cabo por las tropas hambrientas, que desembocó en el asesinato de generales de tanto prestigio como Sarsfield y Ceballos Escalera. Estos episodios sangrientos despertaron entonces el horror de la prensa y de la población que les consideraba como simples actos de insubordinación militar que habían de ser irremisiblemente reprimidos con la mano dura del general en jefe, el conde de Luchana.

Los historiadores de hoy ya miran estos acontecimientos con ojos distintos y, sin llegar a «justificar» los asesinatos y los desórdenes, los «explican» con naturalidad por la desesperada situación en que se encontraban las tropas y todos están de acuerdo en que el remedio no estaba en la represión violenta sino en la puntualidad de los pagos para la atención de la tropa. Aquí la mayor injusticia estaba en el hecho de que pagasen con su vida generales que habían hecho cuando estaba en su mano –y por descontado más allá de la legalidad– para conseguir provisiones. Pero es ley de las turbulencias que alguno tiene que caer y no por culpa de sus propios pecados.

En estas circunstancias y comprendiendo lo que se les venía encima, los generales tuvieron que acudir sin escrúpulos a la violencia directa o a la amenaza de su uso. A tal efecto exigieron a las corporaciones populares no ya mayores entregas de abastos ni de metálico, puesto que sabían de sobra que ya no lo tenían, sino la realización de derramas entre vecinos individuales pudientes para que éstos adelantasen los fondos asignados al pueblo. E incluso derramas a vecinos «desafectos». Ni que decir tiene que las esperanzas de reembolso de estos «adelantos» eran remotas; pero los jefes militares no tenían otra opción y los afectados tampoco puesto que si no hacían las entregas voluntariamente les serían arrancadas por la fuerza. De esta manera el ejército tenía que simultanear sus acciones bélicas con sus actuaciones recaudatorias y dejó de ser un ejército de liberación (o de protección) para convertirse en un ejército de recaudación y ocupación.

En esta última calidad se trataba a la población como enemiga, o al menos como sospechosa y desafecta, sin distinguir a los liberales de corazón de los facciosos militantes, como si todos fueran unos y al final, efectivamente, en unos se convirtieron pues no era posible adherirse a una causa cuyos soldados maltrataban por igual al vecindario. Oigamos a Pedro Gil en la sesión del 27.10.1837: «Yo prescindiré por un momento de entrar en la cuestión de si esta contribución la han de pagar solamente los desafectos, porque en este caso yo no la echaría sola a los desafectos sino también a aquellos egoístas que, teniendo el patriotismo en la boca, jamás con hechos han acreditado que saben sostener las libertades patrias. En el caso de que en Tarragona se haya de repartir esa cantidad a los desafectos, ¿no deben pagarla también los desafectos que hay en los diferentes pueblos de la provincia? Porque contando Tarragona con una población de 8 o 9.000 almas no es de suponer que sólo los desafectos de la ciudad sean los que sostengan la facción».

El citado libro de Del Río Aldoz relata paso a paso esta trágica evolución, incluido el drama personal de unos generales que habían empezado luchando por el imperio de la constitución y de las leyes y que terminaron convirtiéndose en implacables recaudadores de exacciones ilegales que en este punto muy poco se distinguían de los caudillos facciosos. Y conste que esto no sólo sucedía en el ejército del Norte sino en el del Centro, en Cataluña y en todos los rincones de la Península en que aparecían hombres armados sin distinción de su bandera y de la causa por la que combatían o decían combatir.

Y si queremos ejemplos concretos de lo que estaba sucediendo en el resto de la Península, podemos valernos también del discurso de De Pedro en la sesión de 29.4.1837 a propósito de una exposición del ayuntamiento de Alcañiz: «Cargados aquellos pueblos de tropas, han tenido que suministrar un sin número de raciones. No ha habido jefe militar que no se haya visto precisado a pedir a aquellos pueblos adelantos insoportables al estado de miseria en que se encuentran. Sólo a Alcañiz un general le pide 5.000 duros, otro 50.000 y otro 120.000 reales y al mismo tiempo se le manda que tenga almacenes de trigo y cebada. El ordenador le manda que, habiendo cesado el asentista de hospitales, el ayuntamiento atienda a todo lo necesario. Los alojamientos, bagajes, portes de pliegos de responsabilidad (...) Alcañiz paga de contribuciones en razón de un 38% de sus utilidades y la cantidad que tiene que cubrir por territoriales, pajas y utensilios, ordinaria y extraordinaria es de 153.000 reales, pero este pueblo tiene hecho de adelanto cuatro millones de reales (...) Cuando el brigadier Nogueras pide 30.000 raciones, mandó luego que en vez de dos trimestres aprontasen en aquella tarde cuatro, que es la contribución de un año. Pero ¿qué es la contribución que se les pidió aquel día? La del año 1842 y por no poder cumplir los vecinos la contribución que debieron pagar de aquí a cinco años, son conducidos presos al castillo».

¿Para qué seguir? En la historia de las expediciones carlistas suelen tenerse en cuenta fundamentalmente los éxitos y derrotas militares, las escaramuzas y batallas, las persecuciones y huidas. Pero lo verdaderamente importante no estaba en los acontecimientos militares sino en los episodios cotidianos de índole personal (levas forzosas, rehenes) y económica: imposición de contribuciones, que desequilibrarían a los pueblos durante largos años. Aunque todavía nos falta aludir al último e inevitable escalón de la violencia.

Requisas y saqueos

En lo anterior terminaron de hecho los solemnes procedimientos contractuales de suministros y las cuentas minuciosas de entregas, pagos y adeudos. Pero quedaba un escalón más bajo al que descender: las requisas (con o sin recibos) y los saqueos, los robos y, en fin, la exigencia de rescates para la liberación de prisioneros militares y secuestrados civiles, varones y hembras. Dos manadas de lobos de piel de colores distintos pero carniceros todos viviendo del mismo rebaño.

Los cronistas de entonces y los historiadores de hoy vieron y ven en la guerra de 1836 y 1837 una sucesión de atrocidades cometidas por los facciosos y de abusos –de ordinario también atroces– cometidos por los cristinos. Mera cuestión de nombres. Pero ¿abusos? Por lo común se trataba de simples robos famélicos, de actos de supervivencia que el moderno Derecho Penal considera «causas justificativas» que excluyen la responsabilidad.

Hemos llegado a un momento en que resulta difícil separar los comportamientos cristinos de los carlistas. Basta repasar libros como Deu, Rei i fam para comprobarlo.

Llegó una columna a un pueblo, que El Eco del Comercio de 4.10.1836 describió así (refiriéndose a la de Gómez): «la mayor parte van descalzos; más de 800 en zaragüelles; muchos en mangas de camisa bien negra y sangrienta; otros con pellicos de pastores; un sinnúmero sin camisa y con la barriga al aire; algunos con uniformes de milicianos o del ejército pero unos con un pañuelo a la cabeza y otros en piernas y con calzado de esparto; y más bien parecen mendigos de los que concurren a los conventos que soldados como los titulan por mal nombre sus jefes». Pocos llevan mochila y en el zurrón algún mendrugo de pan y en el mejor de los casos cortezas de tocino rancio; sin haber comido caliente desde hace varios días.

Pues bien, ¿qué podían hacer estos hombres desnudos y hambrientos? Recorrían los establos y corrales llevándose todos los animales que encontraban, que no eran muchos porque los vecinos se habían apresurado antes a esconderlos en el monte; y luego las viviendas apropiándose de cuantas ropas y utensilios podían ser utilizables (con dinero no soñaban) y, en fin, reunida la población en la plaza exigían, bajo pena de muerte que no dudarían en ejecutar, la entrega de cuanto hubieran enterrado, ayudándose de las denuncias de los vecinos carlistas. Así recorrieron España de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, sin disparar las armas no más allá de media docena de veces mal contadas. En esto consistió una parte de la heroica y romántica guerra civil: hambre y desolación. Mientras que las ocupaciones de las tropas cristinas no diferían mucho, aunque las descripciones de ellas sean más escasas porque a los vencedores les conviene callarse y los papeles de los vencidos se los lleva el viento.

Volviendo a El Eco del Comercio, en su número de 7.2.1837 decía: «No sabemos en qué ley, en qué decreto de las Cortes ni en qué principios de justicia puede apoyarse el que los pueblos en que están las tropas, sobre el ya infalible gravamen de los alojamientos y bagajes, hayan de ser obligados también a contribuir con sus frutos o dinero para el suministro de raciones a que no se obliga a los demás y que no se les haya de abonar en cuenta de las contribuciones ordinarias (...) Los suministros no pueden tener otro carácter que el de una anticipación, un préstamo forzoso, reintegrable al momento en que se pueda disminuir la carga».

Ahora bien, cuando las entregas se recogían sin recibo se borraban por completo las tenues diferencias que de otra suerte separaban las requisas y préstamos forzosos del saqueo y del robo puro y simple. Y el caso es que con demasiada frecuencia los jefes militares se negaban a acreditar los objetos de que se apoderaban, privando con ello a sus víctimas de la más leve esperanza de resarcimiento por lejano que fuese.

Juan Osca, en la sesión de 5 de enero de 1837 se encargó de hacer en una proposición una dramática descripción de lo que estaba sucediendo en Castellón y Valencia:

Pido a las Cortes que a fin de averiguar el estado en que se halla el ejército que obra en las provincias de Valencia y Castellón de la Plana respecto de subsistencias y de pagos, se sirvan declarar se forme en dichas provincias una junta en cada una de ellas compuesta de individuos de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de las respectivas capitales, a fin de que se ocupen de formar el estado exacto de lo que los pueblos han entregado a los jefes militares y empleados en la Hacienda militar, expresando lo que se ha dado en metálico, en efectos o en artículos de subsistencias de todas clases, expresando lo que se ha entregado con recibo o sin él.

Justificándola así el mismo día: «(en ocasiones) los recibos que se entregaron a los comisionados del ayuntamiento fueron de la mitad de lo entregado. No solamente hay este abuso sino que piden las raciones en dinero, de modo que además de entregar aquéllas, porque allí los pueblos están inmediatísimos, estamos pagando dinero que importa más que las raciones. Hay más: de estas raciones y de este dinero no se da recibo a veces, a pretexto de que el alcalde es carlista o enemigo de las instituciones (...) Los jefes que mandan las tropas, después de publicarse la constitución, me parece que han sacado sumas inmensas. La división de Warlerra, poco después de esa época, pidió en Valencia algunos miles de duros. La tesorería se hallaba sin dinero, pero las etiquetas que se movieron por una ocurrencia desagradable, exigieron que para acarrearla se le diera 8.000 duros, que no sabemos si entraron en tesorería o no». Y Madoz resume la situación en términos escalofriantes: «Si a las tropas no se les dan sus raciones, necesariamente tiene que haber indisciplina; y si se les dan bajo el sistema actual, necesariamente tiene que vejarse a los pueblos».

Es un hecho sabido que cuanto más graves son el desorden político y la miseria de una sociedad, con más fuerza crece la corrupción. Al menos por entonces llovían las denuncias de este tipo que afectaban tanto a los jefes militares como a los empleados administrativos y responsables de las contratas.

La corrupción oficial es siempre, con todo, difícil de castigar, y menos de erradicar, aunque sólo sea por la circunstancia de las dificultades de su prueba cuando se respetan las garantías procesales del acusado. El Ministerio inició a este fin varios expedientes, de los que ninguno (que se sepa) llegó a dar resultados positivos.

La línea que separaba el saqueo (apoderamiento de suministros por la tropa de manera totalmente irregular sin sombra de procedimiento) y la requisa (en la que mediaba una orden oficial de algún jefe por razones de necesidad y urgencia) no era muy firme puesto que en ocasiones la orden oficial se pronunciaba y ejecutaba sin formalidades e incluso sin dejar constancia formal, y ni siquiera recibo, de lo extraído bajo la presión de las bayonetas. Siguiendo el testimonio de Juan Osca (el 17 de julio), «las cantidades que se han sacado sin recibo son de consideración. Y cuando los interesados los van a pedir, se les suele llamar carlinos, malos patriotas y se les detiene todo el tiempo que se quiere hasta que se les fuerza a abandonar sus justas pretensiones. Aun cuando el Gobierno haya tomado las providencias, según dice la comisión, creo será muy conveniente dar este encargo a individuos que tienen un interés en averiguar la verdad y no en ocultarla».

Hasta tanto llegaron estos abusos que el 2.11.1837 un grupo de diputados encabezados por Ramón María Calatrava presentó una proposición dirigida a cortarlos. Esto podía entenderse como un escarnio teniendo en cuenta que sólo faltaban unas horas para el cierre de las Cortes y los firmantes lo sabían perfectamente; pero no por ello su texto deja de ser significativo:

No estarán obligados los pueblos a hacer ni prestar ningún género de suministros ni recursos con destino a las tropas nacionales, sin que los jefes de éstas presenten a los ayuntamientos de los mismos los pasaportes u órdenes superiores que los autoricen para exigirlos, librando además en el acto los recibos correspondientes, en la forma que por repetidas disposiciones se halla prevenida. Todo jefe o funcionario militar que haciendo uso de la fuerza se resista y contravenga a estas formalidades en cualquier caso o circunstancia, perderá por este mero hecho su empleo, sin perjuicio de las demás penas a que deba quedar sujeto por las leyes y ordenanzas vigentes.

El 6 de diciembre de 1837 una Circular del ministerio de la Guerra intentó remediar estos abusos, cuya existencia expresamente reconocía, en los siguientes términos:

Para que cese de una vez todo motivo de fraude en perjuicio tanto de las tropas como del Erario nacional (...) en los recibos de suministros de raciones de etapas se ha de expresar la especie y calidad de los artículos de que se componga cada ración a fin de que, con arreglo a tal dato, se hagan los legítimos abonos a los asentistas o a los pueblos y produzca los correspondientes cargos a los cuerpos o individuos que perciban las insinuadas raciones.

Entre la necesidad y el abuso: el despotismo militar

Las necesidades mal satisfechas del ejército corrían parejas con los abusos de los jefes militares conforme a un proceso incesantemente repetido: para cubrir la penuria de las tropas se contrataban los suministros con una diputación provincial, que ésta no podía proporcionar en el tiempo convenido al retrasarse las aportaciones de los pueblos. En estas condiciones los jefes militares, apremiados por la desesperada situación de la tropa, exigían directamente a los pueblos las entregas que habían demorado o denegado a la diputación acudiendo entonces sin escrúpulos a vejaciones personales y ejerciendo la fuerza o amenazando con su uso. Aquí se emplea el término «abuso» a conciencia de que probablemente no sea el más propio ya que de hecho era difícil distinguir una requisa ilegal justificada por el hambre de un saqueo motivado por la codicia y protegido por la impunidad. En el presente contexto abuso lleva consigo un reproche tanto legal como ético. Habida cuenta de estas inevitables matizaciones, lo que en las siguientes líneas se pretende no es trazar una nueva lista de desgracias sino insistir en las conexiones que de ordinario mediaban entre la necesidad y el abuso para llegar a imputar el ejercicio de éste a la presencia de aquélla y, en último extremo, a cargar la culpa no tanto y no sólo a los autores directos del abuso sino a las autoridades que no habían prevenido la necesidad.

El resultado en cualquier caso era un desorden difícil de soportar y más aún de remediar. Las corporaciones populares elevaban quejas interminables siempre justificadas que con frecuencia sus diputados avalaban en las Cortes; pero el Gobierno callaba sabiendo que nada podía hacerse para evitarlo y que las manifiestas desmesuras de los militares no eran siempre caprichosas o arbitrarias. La culpa no era de unos ni de otros sino que venía de arriba: del Ministerio que no enviaba las remesas imprescindibles y no las enviaba sencillamente porque sus arcas estaban vacías. Este círculo dramático terminaba rompiéndose indefectiblemente por el mismo sitio: los soldados que carecían de pan y de calzado, disponían de bayonetas que podían utilizar o bien por su cuenta (en un acto de indisciplina que de ordinario no les aparejaba consecuencia alguna) o bien a las órdenes de sus mandos, a los que tampoco se hacía responsables y por las mismas razones. Ésta era la guerra que padecía el pueblo aunque no participase en las batallas con las armas en la mano.

La existencia de los desmanes era indudable y el mismo ministro de la Guerra lo reconoció sin ambages: «Se habla de abusos en la Hacienda militar y ciertamente que no se puede negar eso. Los abusos existen, pero no son tan fáciles de remediar algunos de ellos ahora (...) Es cosa verdaderamente terrible estar oyendo a cada paso que los militares cometen abusos; y si bien es cierto que los hay, como en todas las guerras, yo quisiera que se determinasen éstos y no se hablase con tanta generalidad de una clase que en defensa de la libertad y del Trono está prodigando su sangre. Y no porque haya individuos de esta clase que cometan esa falta ha de tacharse a todos en general». Añadiendo: «Se dice que el ejército se tragará la nación. Esto es indudable y 50 naciones también, porque una reunión de hombres numerosa consume cuanto encuentra».

Las irregularidades a que acaba de aludirse continuaron posteriormente pese a los intentos oficiales –más o menos sinceros– de eliminarlos. Tal es el sentido, por ejemplo, de la Real orden de 15.5.1837, cuyo texto recordaría más tarde una proposición encabezada por Ramón Calatrava, antes transcrita:

Uno de los abusos que de un modo indirecto ha llegado a noticia de S.M. y que más particularmente ha llamado su atención es de que con mengua del honor militar, se exige con frecuencia a los pueblos por los destacamentos y partidas transeúntes mayor número de raciones del correspondiente a su fuerza, cobrando el exceso en dinero; y deseando S.M. poner término a tan vergonzosas dilapidaciones, ha tenido bien resolver lo siguiente: 1.º A todo cuerpo, destacamento o partido que transite de un punto a otro, se expedirá el correspondiente pasaporte, en el que se expresará por la autoridad militar la fuerza de que conste, y por el comisario de guerra los auxilios que deban acreditarse. 2. En todo recibo de suministro se especificará el regimiento, batallón y compañía a que pertenezcan los individuos que hayan de ser socorridos. 3. Los jefes y oficiales del ejército, los ordenadores, comisarios y demás empleados de Hacienda militar que exijan mayor número de raciones que las que correspondan sufrirán desde luego la pena de pérdida de empleo y además serán tratados como defraudadores de los intereses nacionales.

El ayuntamiento de Vitoria denunció en una exposición de 29.10.1837 otro grave abuso –el de apropiarse manu militari del importe de los propios y arbitrios de los pueblos– informando que

el comandante general de aquella provincia, excitado por el ministro de Hacienda militar, reclama los productos de todos los arbitrios municipales para aplicarlos a las atenciones del ejército de aquella plaza, manifestando de paso los graves inconvenientes y perjudiciales consecuencias de esta medida, y pidiendo a las Cortes se sirvan dispensarle su protección para evitar se lleve a cabo, bien sea recomendando al Gobierno atienda a cubrir aquellas obligaciones, bien adoptando otros medios que su prudencia y sabiduría le dicten. Habiendo pasado este expediente por orden de las Cortes al Gobierno con fecha 23 de agosto, con la de 6.9 le evacuó el ministro de la Guerra, que a consecuencia de una comunicación de 29.7 del ministerio de Hacienda, relativa a este mismo asunto, había prevenido al comandante general de Vitoria en Real orden de 30 del mismo mes que no se privase a aquella corporación de sus arbitrios ni se exigiesen para gastos extraños a su aplicación.

Si los diputados conectaban indefectiblemente los abusos militares con la cuestión de los suministros, igual se hacía por la prensa en la discusión periodística paralela que por aquellos días se estaba realizando en todo el país. En El Eco del Comercio de 20.11.1836 puede leerse que «una de las causas de la duración de la guerra es el mal arreglo de la hacienda militar, el abuso que se hace en los pueblos en materia de suministros y la ocasión que esto da para que se engruesen todos los empleados de la administración del ejército y todos los que mandan fuerzas desde los generales hasta el último cabo a quien se encarga de un pelotón. Todo el que manda alguna fuerza se cree autorizado a exigir bagajes y suministros a su arbitrio sin tasa ni limitación: y sucede frecuentemente salir socorrida la tropa de sus guarniciones y en el primer pueblo de tránsito sacar la ración de campaña por completo, dando o negando el recibo según complace. Y no hay que decir que al pobre alcalde le basta reclamar u oponerse porque tiene que someterse a la fuerza material y abstenerse de dar quejas a los jefes superiores por miedo de que vuelva la misma fuerza y se vengue con plena impunidad. Unas veces se abonan las raciones al precio que les place a los oficiales de la hacienda militar; otras no abonan más que la del pan siendo así que la tropa saca siempre que puede carne y vino. En cuanto a los utensilios se pide a los pueblos, por ejemplo, jergones para la guarnición; si lo presentaren se les abonan 12 o 14 reales por cada uno; y si no los presentan, se les exigen 50».

Las lamentaciones de El Eco del Comercio sobre este punto eran constantes y venían de atrás. Valgan otros testimonios: «Puede haber momentos de apuro en que un general tenga que salir del orden establecido. Si se ve un día sin tener que dar a la tropa, su deber es no dejarla perecer y evitar los excesos que pudiera hacer necesarios el cuidar de la propia conservación. Entonces el general puede y debe exigir lo necesario para satisfacer esta necesidad. Pero semejantes extremos no son frecuentes; y no convendremos en que sea jamás admisible la doctrina de licenciar a las tropas o permitirles el saqueo de los pueblos que deben defender» (6.1.1837).

En este repertorio no podían faltar los vejaciones padecidas por autoridades civiles de las corporaciones populares, como denunció el 3.2.1837 el Ayuntamiento de Liria en un escrito defendido en la misma fecha por Juan Osca: «El alcalde ha sufrido el ultraje de que se le diera de bofetadas en medio de la plaza pública. No hay nunca motivo para una acción semejante; pero menos en este caso pues no había más causa que no darle al oficial el alojamiento que había pedido. (...) Y esto cuando los pueblos no tienen que comer, cuando les están vendiendo hasta la camisa y en el mismo pueblo en que se han dejado asesinar veinte y tantas víctimas por el furioso Cabrera. ¿Y quedará esto impune? Si tal sucediere, llegará un punto en que, levantando los pueblos la cabeza, apelarán a la ley del más fuerte. Yo jamás reconoceré en la fuerza material derecho para oprimir aun al más mínimo de los ciudadanos, si es que hay mínimo entre éstos, pues para mí a todos los considero iguales».

Otro ejemplo es el del ayuntamiento de Segorbe que en su exposición de 2.3.1837 se quejaba de que los pueblos de la provincia de Castellón hacía tres años que estaban suministrando cuanto nuestra tropa había tenido necesidad de consumir; y como las operaciones militares, por desgracia, no lo habían impedido, habían suministrado también a los facciosos, les habían pagado las mismas contribuciones que al Estado y habían sufrido además frecuentísimos robos, saqueos e incendios, con el ruinoso servicio de bagajes, que había destruido su agricultura y había hecho perder las caballerías en los diferentes encuentros de guerra y no pocas veces las vidas de los bagajeros porque esto era necesario para aumentar el número de muertos de los pomposos partes». Y sobre esto los abusos y vejaciones: «D. Luis Martínez, factor de provisiones, acompañado de sus dos criados, maltrató al panadero encargado de cocer las raciones porque no estaban en el corto plazo fijado; dio de bofetadas a un sr. regidor y desafió al segundo alcalde constitucional, que imploraba auxilio a nombre de Isabel II (sin olvidar) los azotes que han sufrido en la plaza pública cuantos vecinos han podido ser habidos de uno o dos pueblos de la provincia».

La administración económica militar era, por supuesto, la más favorable a los abusos y tentaciones habida cuenta de la enormidad de los caudales que manejaba. Según denunciaba El Eco del Comercio del día 29.3.1837, «desde que principió la guerra civil no han cesado las quejas más o menos fundadas contra la administración militar, quejas muy atendibles por cuanto entran en su poder las tres cuartas partes de las rentas, contribuciones y demás recursos de la nación y no se tiene noticia exacta de su inversión».

El asunto, ya olvidado, reapareció inesperadamente el 2.6.1837 con una nueva intervención de Royo: «Yo tuve el honor de presentar esta exposición y hacer algunas explicaciones que en mi concepto patentizaban de un modo práctico el origen de estos males manifestando al mismo tiempo que si no se trataba de cortarlos de raíz, podrían dar lugar a que sobrevinieran otros mayores. Esto mismo hacía presente el Ayuntamiento de Segorbe en su exposición, y por desgracia sus temores se han realizado. Pues según las noticias que tengo, uno de los dignos concejales de aquel ayuntamiento ha sido maltratado por el sable del jefe de estado mayor, después de haber recibido las raciones que había pedido y haciéndole entrega el citado concejal de 140 bagajes. Las Cortes no pueden mirar con indiferencia estos hechos, que cada día se repetirán y que con el tiempo pueden ser mayores, por el estado de pobreza a que las circunstancias han dejado reducida aquella provincia».

En la Real orden de 8.11.1937 tenemos el ejemplo de un castigo, que naturalmente recayó sobre un «pez chico», el subteniente de carabineros D. Franciso Edreira, a quien se le demostró «un alcance de 17.269 reales, correspondientes a los haberes del batallón de la comandancia de Galicia», quien quedó «separado del servicio, sin goce ni consideración alguna, procediéndose además a la correspondiente formación de causa» y con la advertencia de responsabilidad subsidiaria para el brigadier D. Pedro Aznar, primer jefe de aquella comandancia, que confió a Edreira la comisión de recibir las cantidades que previene la ordenanza».

Existen, por otra parte, testimonios suficientes de causas y expedientes abiertos a denunciados e incluso a no militares pero implicados en asuntos de contratación de suministros. Tal fue el caso, por ejemplo, del incidente descrito en la Real orden de Hacienda de 6.6.1837:

Desde que en el mes de marzo último hubo temores de que el intendente de Santander D. Ignacio Moreno no cumplía con la exactitud y celeridad necesarias las órdenes que se le comunicaban para el acopio y envío de víveres al benemérito ejército del Norte, S.M. la Reina Gobernadora tuvo a bien suspender inmediatamente de sus funciones a Moreno mandando al propio tiempo que la comisión regia establecida en aquella plaza le formara los cargos que contra él resultaren, le oyera gubernativamente y diera cuenta del resultado con su informe a este ministerio.

Así se hizo, en efecto, y la comisión le encontró libre de culpas. Pero para mayor seguridad se pasó el expediente a D. José Canga Argüelles, D. Justo José Banqueri y D. Domingo de Torres, ministros que habían sido del Consejo Real, quienes repasaron las actuaciones y confirmaron el primer informe. En su consecuencia, el intendente fue repuesto con todos los pronunciamientos favorables: los suministros no se habían facilitado con puntualidad ciertamente, mas no había sido por negligencia suya sino por un furioso temporal que había retrasado la llegada del abastecimiento.

* * *

6. INDISCIPLINA E INSUBORDINACIÓN

Indisciplina e insubordinación de los soldados y su represión.– Un caso no aclarado de insubordinación política: el motín del cuartel del Hospicio.– Deserciones.– Insubordinación de sargentos, oficiales y generales.

Durante la guerra civil pocas veces sonaba el nombre del ejército sin ir acompañado de adjetivos ditirámbicos: era heroico y glorioso, los jefes bizarros, los oficiales valientes y los soldados sufridos y beneméritos. La realidad, sin embargo, no era siempre así; antes al contrario si miramos las cosas con objetividad, sin afán de propaganda y sin los prejuicios de aquella época. Soldados, suboficiales, oficiales, jefes y generales se negaban con frecuencia a combatir, otras veces huían o se retiraban sin tener en cuenta su superioridad numérica, las muestras de indisciplina eran constantes y las insubordinaciones frecuentes. Es significativo, sin ir más lejos, que el Ministerio Calatrava-Mendizábal naciera y muriera al calor de dos motines militares. Las cosas llegaron a un extremo tal que el 5.6.1837 Oráa ordenó que al entrar un cuerpo en combate se situasen soldados en retaguardia para que dispararan a sus compañeros que se retirasen sin estar heridos. Una predisposición que fue reconocida incluso, aunque fuera de pasada, por el ministro de la Gobernación en su discurso de 1 de septiembre de 1837: «El tema o la divisa que se ha seguido por nuestras valientes tropas es la impetuosidad, impetuosidad digna y propia de los bizarros españoles; pero a esta impetuosidad ¿ha acompañado la disciplina?».

Esta situación, por cierto, había de ser singularmente dolorosa para los propios militares, en cuyo código de honor figuraba en primer lugar la obediencia. En palabras de Luján (en la sesión de 31.1.1837), «un militar debe ser un instrumento ciego del que manda: no tiene más que el uso de la mano y del pie para obedecer; debe ser un resorte que se mueve por lo que le digan, no por lo que piense. Hasta la facultad más sagrada de los hombres, que es la de pensar, debe sacrificar por el bien público. De otro modo, ¿cómo podría llevarse a un hombre a morir delante de una brecha por una imprudencia o por un cálculo errado del que manda? Yo no conozco otros principios militares».

Indisciplina e insubordinación de los soldados y su represión

Indisciplina e insubordinación son conceptos semánticamente distintos (ir contra las reglas de la disciplina, desobedecer deliberadamente las órdenes de los superiores) aunque desde luego próximos. A efectos de este libro con la indisciplina se carga el acento en la relajación de las reglas militares mientras que la insubordinación se refiere más bien a conductas intencionadas, a comportamientos con un objetivo preciso. Esta matización es importante porque nos sirve para caracterizar un fenómeno generalizado en la época, a saber, la irregularidad del comportamiento de la tropa con un fin político concreto, por ejemplo, el restablecimiento de la constitución de 1812 o, algo todavía más frecuente y hasta cotidiano, con el fin de exigir las pagas adeudadas o un rancho suficiente.

Los apologetas liberales presumían de la disciplina de su ejército, pero en la realidad era indisciplinado –por falta de instrucción, por perversión de los hábitos castrenses, por la dureza de las campañas– y, lo que es peor, se encontraba permanentemente al borde de la insubordinación. Ésta es la verdadera crónica de la Primera Guerra Carlista que luce tanto en los documentos oficiales como en los testimonios particulares de españoles y, sobre todo, de observadores militares extranjeros. Indisciplina e insubordinación que estaban extendidas en todos los grados de la jerarquía: desde los reclutas a los generales, pasando por sargentos, oficiales y jefes.

Imposible resultaría, por lo demás, el intento de hacer una relación completa de estos actos de indisciplina a lo largo de 1836 y 1837, teniendo que limitarnos a evocar un paquete de ejemplos. El 10 de febrero de 1837 una columna se negó a salir de Reus si no se fusilaba a un faccioso prisionero, y así hubo que hacerlo. En el mismo mes de febrero las tropas de Borso de Caminati se negaron a salir de su acuartelamiento por no haber recibido las pagas y cuando las recibieron, exigieron camisas y terminaron asesinando a los oficiales que pretendieron imponer la disciplina. Continuando en febrero, el 20 hubo una sublevación en Pamplona con 20 víctimas y el 23, en Córdoba, las tropas amotinadas fusilaron a un comisario de policía y a varios milicianos. El 21 de abril una sublevación de los movilizados de Castellón que pedían la libertad de uno de sus compañeros se saldó con cinco muertos. El 3 de mayo se sublevó en Tarragona el primer batallón del 6.° regimiento de ligeros, que hubo que desarmar. El 5 hubo un motín en Teruel: por falta de pagas la columna del coronel Decref saqueó Puebla de Valverde; y el 15 otro en Córdoba de los voluntarios de Andalucía. En San Sebastián primero se insubordinó la legión inglesa y cuando se les pagó a ellos se insubordinaron los españoles que no habían cobrado; intervinieron para apaciguarlos Leopoldo O’Donnell y cayeron varios oficiales de los que le acompañaban. El 10 de diciembre en un motín del 1.er batallón del regimiento de Mallorca se produjeron varias muertes. Durante el mes de junio se sublevó el 1 en León una de las compañías de seguridad de Asturias, el 25 en Pamplona los flanqueadores y el 24 en Cádiz otra vez los voluntarios de Andalucía. El 4 de julio se declaró motín en Bilbao del regimiento de Trujillo. ¿A qué seguir? Lo que conmovió la conciencia de los contemporáneos fueron los asesinatos del general Ceballos Escalera en Vitoria y del capitán general Sarsfield en Pamplona, sobre los que volveremos luego; pero por lo dicho es fácil comprender que no se había tratado de acontecimientos aislados sino de dos motines más que se hicieron célebres por la calidad de sus víctimas principales.

La relación de estos acontecimientos fue ya hecha por los cronistas de la época, empezando por Pirala, que se recreaban en la descripción de los horrores y la execración de sus autores. Pero esto, por sobradamente conocido, no nos interesa en este lugar ni queremos fatigar al lector con la repetición de lo de siempre. Lo que aquí más importa es la repercusión oficial en la Colección Legislativa y, sobre todo, preguntarnos qué eco tuvieron estos acontecimientos en las Cortes. Allí seguía hablándose de heroísmo y fidelidad, y cuando era público que todo el ejército era un hervidero de indisciplina, tuvo lugar un episodio pintoresco. El 27.2.1837 un oficial del ejército del Norte, Ramón López, elevó al Congreso «copia íntegra de una Memoria que con esta fecha he presentado al Gobierno, sobre el pie y fuerza de la facción del Norte, en fin de diciembre de 1836». El hecho en sí no tenía mayor relevancia y cuando se esperaba que la respuesta fuese un «darse por enteradas con agradecimiento por el envío», Martín de los Heros expresó su cólera manifestando que «si el que remite esa memoria es militar y se halla en el ejército, pido que las Cortes acuerden que se diga que lo han oído con el mayor desagrado y que pase al Gobierno para que haga sentir a ese oficial la falta de disciplina que ha cometido». Y sólo salvó al oficial la intervención de Moure al alegar que «no se ha valido de los datos que ha podido adquirir en el ejercicio de su destino». Para estas minucias sí que era importante la disciplina militar.

El Eco del Comercio del 10.12.1836 hacía a este propósito una cruda descripción de la realidad y de sus causas más inmediatas haciendo notar que «esta relajación de la disciplina militar en los que mandan es de un fatal ejemplo para los que obedecen: los soldados que ven al capitán maltratar al alcalde y a todo el vecindario, se creen individualmente autorizados para hacer lo mismo (...) Los jefes superiores que cometen faltas graves necesitan del apoyo de sus subordinados inmediatos y éstos buscan el de los soldados para cubrir sus desórdenes». Pero de nada valían las quejas y protestas. Unos días después, el 1 de enero (1837) volvía a insistir el periódico sobre el mismo tema: «Hemos visto antes cartas de Andalucía y últimamente de Castilla y de Teruel, en que se quejan amargamente de indisciplina del ejército y de excesos que si no se atajan, muy pronto podrán producir tristes consecuencias (...) El mal está demasiado extenso, es grave y el Gobierno no puede desentenderse de remediarlo».

Y siguiendo con lo mismo pero picando ya más alto, en la edición del 20.2.1837 anotaba que «se ha observado de un tiempo a esta parte que en el departamento de guerra es donde parece que los vínculos de obediencia se hallan más relajados, es decir, precisamente en aquel donde por su naturaleza debería estar más firme (lo que trae por causa) el carácter de interinidad y la corta graduación de los que han estado al frente de este departamento, que acaso no se hayan atrevido a chocar con jefes a cuyas órdenes pudieran pasar más adelante». La línea de este periódico no podía ser, por tanto, más inequívoca: la indisciplina de la tropa era consecuencia directa de la tolerancia, y aun del mal ejemplo, del mando y no solamente del hambre, que era la causa invocada con mayor frecuencia.

La irregularidad y frecuencia de los actos de indisciplina nos muestran una serie de tipos de comportamientos perfectamente individualizados. Tratándose de soldados y clases de tropa en unos casos operaban razones estrictamente militares (como el negarse a entrar en combate por desmoralización completa) mientras que en otros la causa era el hambre y el retraso de las pagas que les empujaban al pillaje, vejaciones a la población y, en su caso, desobediencia y agresiones a los jefes; sin olvidar, en fin, las seducciones políticas. De todo ello veremos más adelante numerosos ejemplos.

De las informaciones de este mismo periódico se deduce claramente que la causa ordinaria de los motines era la falta de pagas y que, por lo mismo, era con la entrega de haberes, más que con medidas de represión, como se debían apagar los actos de insubordinación y violencia. Veamos algunos ejemplos: «La tropa de Teruel está bastante indisciplinada. En la Puebla de Valverde ha cometido excesos en las casas de los vecinos y aun en la iglesia. Al día siguiente se dio una mesada a los soldados y oficiales» (16.5.1837). En Larraga también se habían producido desórdenes en el Regimiento de infantería 6.º Ligero provocadas por desigualdades: «Los oficiales del 1.er batallón con dos pagas más que los del 2.º, es decir, que a los del primero se les debían cinco meses y siete a los del segundo; los soldados del 1.er batallón socorridos a 8 cuartos y los del segundo a 5 y han estado dos o tres días sin ración de pan y menestra viéndoseles mendigar por las calles». «En el regimiento del coronel Oliver se pasaron varios rebeldes a los carlistas y a él le mataron en La Panadella. El regimiento estaba formado por presidiarios a quienes se había conmutado la pena por el servicio de las armas» (16.3.1837). Y el mismo periódico el 5 de julio (1837): «El 27 de junio estalló en la villa de Peñafiel una conspiración en la guarnición: dos sargentos, dos cabos, un tambor y 26 soldados (había un oficial pero no se cuidaba de ellos). Su objetivo era robar y asesinar a los pocos liberales señalados, soltar a los presos de la cárcel, unirse a 50 civiles y pasarse a la facción. Fue aplastada por el capitán general».

Opinión que compartía toda la prensa, como puede verse en El Porvenir de 15 de julio (1837): «La indisciplina es la única plaga que puede debilitar y aun dar fin a nuestro ejército; pero la indisciplina es inevitable faltándole al soldado el equipo, alimento y demás auxilios de ordenanza».

En las Cortes no se ignoraban, naturalmente, estas circunstancias, como se encargó de recordar, por ejemplo, Martínez Falero en la sesión de 14.12.1836 precisando que «la insubordinación del ejército de que a veces se ha hablado no ha nacido de espíritu de rebeldía, sino de que hallándose alguna parte de la tropa desprovista de lo necesario, se lo ha procurado por medio de la exacción; los oficiales lo han visto y no han podido evitarlo porque es preciso que la tropa esté alimentada si ha de combatir».

En la Colección legislativa, por otra parte, pueden rastrearse algunos motines en cuanto que dieron lugar a premios y condecoraciones para los oficiales que tuvieron el coraje de hacerles frente. Así, en la Real orden de 21.4.1837 se otorgó al alférez D. José García de Orozco la cruz de primera clase de la orden militar de San Fernando como premio

al difícil lance en que se vio y en el que después de haber desarmado y prendido por sí solo a varios desobedientes, prendió también a varios individuos de la Guardia Real provincial con sólo el auxilio del alcalde primero constitucional, alguacil ordinario y algunos paisanos de la villa de Dueñas.

La circular de 1.9.1837 ya tiene otro tono pues expresa la preocupación por los alarmantes actos de indisciplina de las últimas semanas e insiste en la necesidad de imponer a todo trance la subordinación y disciplina del ejército:

S.M. ha visto con dolor infringida la subordinación y disciplina, sediciones abiertas y a veces teñidas en la sangre de los propios jefes las espadas que sólo debieran emplearse en castigar al enemigo. La mayor parte de estos desórdenes son sin duda debidos a influencias extrañas: no pueden tener origen en los sentimientos de tan valiente ejército (y termina encomendando a los jefes) que repriman y castiguen con rigor las faltas de subordinación y disciplina y sobre todo que se marque con el sello de la infamia a todo el que alegue privaciones, faltas de socorros, sueldos o demás, como legítimo motivo de propasarse a excesos tan escandalosos.

El texto de esta circular no tiene desperdicio empezando por el nombre del ministro firmante, Evaristo San Miguel, quien en el verano de 1836, siendo capitán general de Aragón, no dudó en ponerse al frente de los sediciosos de Zaragoza y apoyó con sus tropas el triunfo de la bullanga y la caída del Ministerio. San Miguel, además, siempre había sido el primero en rechazar la presencia de influencias extrañas en cuantos movimientos había él participado en su larga vida revolucionaria y, en fin –y esto es lo más importante–, negaba ahora con absoluto cinismo la justificación de la falta de pagas y socorros, siendo así que él sabía de cierto, como era notorio para todo el mundo, que de ordinario ésta era la reclamación habitual de los sediciosos.

¿Cómo podía exigirse a los soldados que arriesgasen su vida o que se mantuviesen quietos en sus cuarteles, cuando no se les pagaba el sueldo convenido y pasaban hambre literalmente? En estas condiciones empezaban, y esto era lo cotidiano, saqueando al vecindario y al final, inevitablemente, levantándose contra sus jefes. Éste era el consabido ciclo de todos los motines y si la opinión pública condenaba los excesos y los asesinatos, no era insensible a los motivos de los amotinados.

Sin olvidar, además, que la falta de pagas y el hambre no desembocaban solamente en actos violentos sino que la indisciplina más corriente se traducía en la resistencia pasiva. Una y otra vez se denunciaba en los partes oficiales que no se había podido emprender una determinada acción porque los soldados se habían negado a combatir al enemigo mientras no se les pagara y racionase debidamente.

En cualquier caso, los asesinatos de Vitoria y Pamplona provocaron sensación en las Cortes y no podía ser de otra manera puesto que ahora las víctimas eran generales y no humildes vecinos. El 9.9.1837 tronaba Olózaga: «Hablo de los asesinatos cometidos en la persona del general Escalera, de los cometidos contra personas muy dignas en Vitoria y los que son más de lamentar, los de la plaza de Pamplona. Cualquiera que sea la idea de los diversos matices del partido liberal; sea el que quiera el modo con que se piense dirigir la guerra, digan de buena fe si creen que puede ser medio de activarle el asesinar a los generales y a las autoridades populares. Digan si estos acontecimientos no son la señal más clara de la disolución de la sociedad y no alarmará esto más a todos que la marcha de las facciones al centro de la monarquía, que sólo puede causar algunas víctimas, pero de ningún modo conseguir un triunfo contra la libertad porque se estrellarán contra el arrojo y la bravura de nuestras tropas. ¿Qué medidas –terminaba– se han tomado para que sean castigados los autores del asesinato del general Escalera?»

Hoy nos son perfectamente conocidas tales medidas. Espartero intervino al fin e hizo fusilar a los autores en presencia de sus compañeros (aunque no, por cierto, en el caso de los motines de las tropas de Zurbano, a lo que no se atrevió pues sabía de sobra que si el caudillo popular no había aprobado los asesinatos, los explicaba por el hambre y la desnudez que estaban padeciendo los asesinos). Sea como fuere, a partir de entonces, los soldados sabían que habían de escoger entre la miseria resignada o la represión fulminante de un tribunal militar. La indisciplina no desapareció, desde luego, pero descendió perceptiblemente. Aunque lo más importante fue que los jefes –y sobre todo Espartero– tomaron conciencia de que el desamparo económico del ejército no sólo perjudicaba el desarrollo de la guerra sino que ponía en peligro la vida de los oficiales. Mientras que San Miguel, por su parte, enviaba nuevas circulares –el 15 y el 26 de septiembre– excitando la disciplina, que preocupaba al ministerio mucho más que la expedición de D. Carlos, ya en retirada.

Los motines y desórdenes militares dejaron por entonces de ser habituales, aunque no desaparecieron, como testimonia la Real orden de 13.10.1837 en la que, premiando al que los había conseguido dominar, relataba los incidentes provocados a finales del mes anterior por algunos soldados y suboficiales del regimiento provincial de Chinchilla, que fueron implacablemente fusilados «delante de la guarnición y por soldados del propio cuerpo (aunque, eso sí) después de recibidos los auxilios espirituales».

El 16 de octubre, el siguiente ministro de Guerra, Ramonet, publicó una nueva circular con el mismo espíritu y similar letra que las de San Miguel, haciendo especial hincapié en las influencias extrañas que impurificaban el impoluto espíritu militar:

No bastan para conseguir el triunfo el valor y la decisión, si no van acompañados de la subordinación y de la disciplina, sin las cuales toda fuerza armada es una verdadera calamidad para el país que la sostiene y son estériles cuantas victorias se alcancen. El sufrimiento en las fatigas, la resignación en las privaciones han distinguido siempre al soldado español, granjeándole el aprecio y la admiración de todas las naciones (...) Otro, pues, debe ser y es seguramente el origen de las faltas graves contra la disciplina y subordinación que han mancillando de algún tiempo a esta parte el buen nombre del ejército. Estos hechos deplorables son en efecto fruto exclusivo de las maquinaciones de los enemigos de la libertad y del trono legítimo, que en su desesperación de vencer por la fuerza de las armas, siembran en nuestras filas la desconfianza para producir la discordia y desunión, en cuyos resultados cifran sus únicas esperanzas. Diestros en el arte de la seducción y del engaño, emplean todos los medios y adoptan todas las máscaras para extraviar los ánimos incautos, convirtiendo hasta el valor y el entusiasmo en elementos de trastornos y de desorden. Mil datos positivos e irrecusables lo comprueban.

Con estas acusaciones se estaba aludiendo a la guerra psicológica que practicaban los dos bandos con igual tesón y eficacia. Porque es el caso que tanto los carlistas como los cristinos procuraban desmoralizar al ejército enemigo magnificando sus penurias y fomentado el descontento e insubordinación de las tropas.

Quizás sea, con todo, lo más sabroso de este epígrafe el discurso del general Seoane en la sesión del 19 de octubre (1837) en el que se revela por primera vez el papel desempeñado por la caballería en la represión de la indisciplina: «Los sucesos de la guerra, los reveses y otras causas han debilitado algún tanto la disciplina de algunos cuerpos de infantería del ejército, y por no retroceder a hechos anteriores, hay tres casos muy recientes, algunos de los cuales tal vez no habrán llegado a noticia de los señores diputados. Casos en los cuales la caballería ha sido la sostenedora del orden y la disciplina y la que no ha permitido pasasen adelante los motines. En Cervera de Cataluña hubo últimamente una conjuración de oficiales que se propasaron hasta el extremo de dirigirse al jefe de brigada y decirle: “hemos acordado que Vd. no continúe en el mando; y por evitarle un desaire público, le rogamos que presente su dimisión”. El jefe de brigada reunió a los jefes de los cuerpos y les preguntó la disposición en que éstos se hallaban. Los jefes hablaron con más o menos seguridad, según las mejores o peores disposiciones que observaban por parte de sus subordinados, y a la verdad no inspiraron gran confianza al jefe de brigada. Pero el digno coronel Toledo, del 4 de línea, que se hallaba presente se levantó y en voz alta dijo: “esos oficiales son dignos del mayor castigo; desde aquí voy a montar a caballo y esté V.S. seguro de que acuchillaré a cuantos se atrevan a chistar”. Yo no sé si esto era lo que debía hacer; pero yo les hubiera fusilado, pues me voy haciendo sanguinario desde que me convencí que la disciplina militar no se restablece ya sin sangre. En Zubiri dos compañías se sublevaron y ataron a sus oficiales; pues también fue otro jefe de caballería quien desarmó y castigó a los amotinados. En Viana se presentó una conjuración con un carácter alarmante, pues se trataba por medio de ella de entregar la plaza a los enemigos».

Ahora bien, una cosa son las normas de disciplina y otra su aplicación. Tal como denunció El Eco del Comercio el 13.4.1837, «apenas subió al ministerio el sr. conde de Almodóvar emitió una enérgica circular recomendando el orden y la disciplina en la tropa». Luego Infante, secretario interino de la Guerra, ha dictado otra orden el día cuatro de este mes en que se reitera lo mismo; pero «cuando se ve el ministerio en la precisión de repetir tanto la necesidad de cumplir leyes tan terminantes como las que comprende la ordenanza, esto mismo ofrece una prueba de que no se cuida oficialmente de su cumplimiento (...) Los primeros que han debido ser castigados son los jefes, ya por haber dado causa con sus procedimientos a estos graves extremos por parte de la tropa, ya por no haber hecho todos los esfuerzos y sacrificios por contener tales excesos a costa si es preciso de su propia existencia».

A todas estas circunstancias hay que añadir, en fin, la baja instrucción de la tropa y de los mandos inferiores: innecesaria probablemente para una guerrilla en la que basta el instinto y el conocimiento del terreno, pero imprescindible en un ejército regular. Así lo denunció Luján en la sesión de 14.11.1836: «Los quintos pierden el tiempo en los depósitos porque no hay quien les instruya (...) En los regimientos de infantería se hallan sargentos que no saben más que leer y escribir. Los defectos capitales que vician la buena organización del ejército son la falta de instrucción y sobre todo la falta de medios para llenar los vacíos de la clase baja del ejército, que son los sargentos y los cabos».

A la luz de cuanto acaba de decirse resulta forzoso ver y enjuiciar al ejército cristino durante la Primera Guerra Carlista desde una perspectiva algo distinta a la de la épica tradicional, pudiendo afirmarse las siguientes proposiciones:

Primera. De poco vale tener un ejército numeroso, fogueado y bien armado si la tropa padece hambre, desnudez y no recibe sus pagas. Porque en estas condiciones la indisciplina y la insubordinación son inevitables con dos tipos de consecuencias: unas de orden social desde el momento en que los soldados se buscan los suministros por su cuenta saqueando a la población civil; y otras de tipo militar al combatir con escasa moral o negándose a hacerlo.

Segunda. La situación se agravaba por la concurrencia de otras circunstancias de índole muy distinta, a saber: el mal ejemplo que daban los oficiales y generales no menos díscolos e insubordinados que los inferiores, con la correspondiente pérdida de autoridad, y la frialdad patriótica e ideológica de los soldados que en nada les ayudaba a soportar las penurias que padecían.

Tercera. La pasividad de los jefes militares ante el enemigo, de que tanto se les acusaba, se explicaba con frecuencia, a su vez, por la falta de confianza que tenían en las fuerzas que mandaban, pues sabían de sobra que no se puede llevar al combate a tropas hambrientas, desnudas, desmotivadas, desmoralizadas y proclives a la indisciplina.

Cuarta. El orden no se establece solamente con rigor sino con la supresión de las causas que provocan la indisciplina.

Quinta. Salvo en el frente vasconavarro, el objetivo de la guerra no era tanto batir al enemigo como sencillamente alcanzarle, y la mayor dificultad no estaba en la batalla sino en la supervivencia amenazada siempre por la desintegración de las unidades.

Un caso no aclarado de insubordinación política: el motín del cuartel del Hospicio

Tal como acabamos de ver, las frecuentes insubordinaciones de las tropas cristinas estaban motivadas ordinariamente por la penuria de las subsistencias y falta de pagas y lo que con ellas se pretendía directamente era la satisfacción de estos intereses económicos perentorios. Existen con todo, algunos acontecimientos de índole inequívocamente política: uno de ellos, el motín de La Granja, cuyos protagonistas fueron ciertamente los sargentos (y que ya ha sido examinado en otro capítulo). Otro es el levantamiento en noviembre de 1836 de algunos batallones de la Guardia Real acuartelados en el edificio del antiguo Hospicio de Madrid. La naturaleza de este motín es confusa y ni entonces ni después se ha conseguido saber, ni siquiera aproximadamente, qué es lo que pretendían los amotinados y por qué causa murieron los que posteriormente fueron fusilados; pero lo más probable es que se tratase de una intentona contrarrevolucionaria, una marcha atrás de La Granja, pésimamente dirigida y que no tuvo fortuna. El 16.8.1837 insistía El Castellano en que los sucesos de noviembre (de 1836) «son todavía un secreto» y seguían coleando puesto que «unos sargentos que están aún presos han elevado una exposición a la Reina pidiendo que se les mande a la guerra».

En los últimos días del mes de noviembre de 1836 –cuando todavía estaban recientes los sucesos de La Granja– tuvieron lugar en Madrid unos desórdenes que desasosegaron en extremo a la población tanto por su importancia como por el secretismo de que se rodearon: nadie conocía su alcance ni los propósitos del levantamiento y el Gobierno confesó en las Cortes su ignorancia de lo que estaba pasando, aunque de ello dio una puntual relación El Eco del Comercio del día 30. Allí se cuenta que dos compañías del 4.° Regimiento de la Guardia Real se habían alzado contra sus jefes negándose a proceder al relevo de ordenanza en la custodia del Palacio, llegando a desfilar cien soldados sin oficiales por la plaza de la Armería con bandera y música. El día 1 de diciembre informó el mismo periódico que, rodeados los amotinados, se rindieron apenas sin lucha y que, condenados a muerte en juicio sumario, se realizó el sorteo de las víctimas y ya se había fusilado a tres cuando llegó el indulto de la Reina.

Más explícito es el relato de Burgos (Anales, IV, 62): «El día 29.11.1836 se sublevó en su cuartel el segundo batallón del 4.° Regimiento de la Guardia Real de infantería, cuyos individuos, dando desaforados vivas a la libertad y mueras al Gobierno y a las autoridades, trataron de asesinar a su coronel e hirieron al segundo comandante del cuerpo. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 del día mediaron negociaciones, humillantes en definitiva y hasta vergonzosas para el Gobierno que así se rebajaba transigiendo con una soldadesca soez. Agotados finalmente los medios pacíficos, mandó el general Seoane a la Guardia Nacional y a algunos pocos soldados, únicas fuerzas de que disponía, hacer fuego contra el cuartel. Con esto, y no sin algún trabajo, pudo conseguirse al fin que los sublevados depusieran las armas y pocos momentos después fueron fusilados tres de ellos».

Quien nos proporciona una información más detallada es el Diario de Sesiones de las Cortes en la boca de dos ministros del Gobierno. La primera en la sesión del 29.11.1836 cuando a propósito de una proposición de Olózaga dijo el secretario de Gobernación que «el Gobierno de S.M. supo ayer al anochecer que se había alterado la tranquilidad pública y en su consecuencia comunicó las órdenes oportunas al jefe político y al capitán general para que a toda costa procurasen se restableciese la tranquilidad inmediatamente y de allí a poco ya la tranquilidad estaba restablecida. Esta mañana se han renovado iguales escenas y el Gobierno ha dado la misma orden a las mismas autoridades y, según los últimos avisos que acaba de recibir, por ahora no hay ningún motivo de temor. El sosiego público está perfectamente restablecido (...) Y, siendo esto lo último que puede decir el Gobierno, quien conoce sus facultades y abroquelado en uno de los artículos de la constitución ha dado las oportunas órdenes para que se restablezca la tranquilidad pública».

Ahora bien, estas informaciones tranquilizadoras eran a todas luces falsas y el día dos del siguiente mes de diciembre la alarma había llegado a su extremo, cuando el presidente del Consejo de ministros estuvo en condiciones de aquietarlos definitivamente con estas palabras: «El Gobierno supo en la noche del lunes que algunos individuos del batallón de la Guardia hicieron armas contra su coronel. El suceso pasó precisamente cuando acababan los secretarios del Despacho de separarse después de un largo Consejo. Acudimos a Palacio, nos reunimos, se tomaron las disposiciones, llegó al mismo tiempo el capitán general de Castilla, que con el celo que le caracteriza se había anticipado y dijo que a consecuencia de las disposiciones que había tomado la tranquilidad se había restablecido. El Gobierno comunicó las órdenes más estrechas y severas para que se procediese con la mayor rapidez al ejemplar castigo de la falta que se había cometido, aplicando todo el rigor de la ordenanza, pero sin separarse de las leyes. Debo decir que el capitán general no ejecutó lo que se le había ordenado con aquella energía que forma su carácter: su fe en las protestas de sumisión que hicieron los sublevados y habiendo mediado en su favor los buenos oficios de algunos jefes y oficiales de la benemérita Milicia nacional, los cuales trataron de hacer entrar en su deber a los soldados extraviados y creyeron haberlo conseguido y en esta creencia solicitaron del capitán general que por aquella noche no llevase adelante las providencias del Gobierno. El capitán general se fió de las protestas de aquellos soldados. Sin embargo, esta tropa faltó a todas sus promesas, regañó a los jefes que con tan buena intención habían mediado y en la mañana siguiente volvió a hacer lo que todos saben. (...) Y el Gobierno suspendió la ejecución algunas horas».

Fernando Fernández de Córdova nos ha dejado en sus Memorias íntimas (I, 293 ss.) una versión de testigo de vista: «El grito dado por los soldados era de ¡viva la libertad y mueran los tiranos! y fue lo más singular que aquella sublevación se fraguó por los soldados y cabos sin que en ella tomaran la menor parte los oficiales ni los sargentos del regimiento». El coronel Córdova (que había sido oficial del regimiento y a quien conocían y apreciaban los soldados) fue nombrado mediador por Seoane, dado que éste, como capitán general, carecía de tropas para reducirlos; sólo milicianos. En el patio los soldados estaban completamente borrachos. Los insurrectos empezaron a disparar desde las ventanas pero en seguida se les acabaron los cartuchos y se rindieron. Fueron diezmados, pero el indulto llegó a tiempo de salvar a casi todos, aunque tres ya habían sido fusilados. Por cierto, que con ocasión de este motín se produjo una anécdota muy propia del talante teatral de Olózaga –contada por Fernández de los Ríos en su biografía– y es que el patriota se había pasado la noche de patrulla, por lo que al día siguiente se presentó en el Congreso, para defender las bases constitucionales como miembro de la comisión, con el uniforme de miliciano, cuidadosamente despeinado y cubierto de polvo.

Cuando se discutieron en las Cortes las medidas propuestas por el Gobierno, insistió el presidente del Consejo de ministros en que este motín había sido fruto de una conspiración: «¿a qué se debieron los movimientos que se observaron al principio de este Ministerio entre los batallones 3.° y 4.° del regimiento de la Guardia? ¿Se creerá que estos soldados se movieron por sí y que en este movimiento no tuvieron parte los revolucionarios? ¿No fue todo obra de los maquinadores?». Para Calatrava, por tanto, el motín había sido inspirado por la izquierda radical, a la que parecían cortos (o no explotados debidamente) los logros de La Granja; frente a la opinión más corriente que apuntaba a una inspiración conservadora descontenta por el cariz revolucionario que parecía tomar el Gobierno nacido en La Granja.

Los continuadores de la Historia de Mariana insinuaron esta interpretación (148): «Lo admirable fue que unos soldados que habían expuesto sus vidas y derramado su sangre en los campos de batalla, unos soldados que habían llevado la disciplina y subordinación hasta un extremo quizá increíble obraran al presente como los más inobedientes y relajados. Pero en esta misma inconsecuencia se descubría la mano oculta de los enemigos, que excitando las pasiones de los ignorantes, procuraban desacreditar las instituciones y hacer odiosos a los que llevaban el timón del gobierno, dando a entender que tenían por contrarios a los que empuñaban las armas en defensa de la patria. Afortunadamente eran conocidas sus malas artes».

Dada la parvedad de lo sucedido y de sus consecuencias, aquello no pasó de ser una anécdota, pero ilustra bien la situación: si unos batallones –bien alimentados, vestidos y con un destino envidiable– podían alzarse en el centro de la Corte, sin otro saldo que el fusilamiento de tres desgraciados escogidos al azar, puede suponer lo que estaría sucediendo en el resto de la Península.

Deserciones

El reciente artículo de Urquijo Goitia sobre «¿Voluntarios o quintos?» ha contribuido a desmontar el mito de la historiografía romántica de que los carlistas eran voluntarios (ya negado por los historiadores actuales: Anguera, Santirso, Rúcula).

La consecuencia lógica de esta situación había de ser la deserción y así sucedió en efecto. Los jefes cristinos se quejaban constantemente de que los regimientos carlistas se nutrían en buena parte con los pasados de las tropas liberales hasta tal punto que las levas de Madrid terminaban resultando levas carlistas. Los datos que recoge a tal propósito Bullón (127 ss.) son sencillamente sobrecogedoras. Y a título anecdótico en El Eco del Comercio de 28.5.1837 puede leerse que «D. Juan Valdés, teniente del 4.º Regimiento de caballería de línea nos escribe desde Vicálvaro diciendo que se halla preso por haber dado una queja a S.M. contra el jefe de escuadrón, haciendo ver el mal trato que sufrían los soldados y el riesgo que había de que desertasen». A este propósito existe una cita imprescindible de la Memoria de Luis Fernández de Córdova: «una gran parte del ejército carlista, ante todo el indígena, se compone ya de batallones de otras provincias y de soldados prisioneros desertores de nuestro ejército, a quienes determinaron la necesidad, el hábito y la ventaja de pasar en aquella situación menos trabajos que en nuestras filas, la esperanza del botín, la dificultad de escapar o el miedo de los rigurosos castigos y de la muerte que ven infligir inexorablemente a todos los desertores cogidos».

Lo que no conocemos tan bien son las deserciones en sentido contrario que, aun siendo probablemente menores, no dejarían tampoco de ser abultadas. En el Diario de Sesiones de 29.8.1837 se recoge un testimonio de Díez en el que se comenta que la defensa de la ciudad de Valladolid estaba encomendada «a unos hombres de los que se llaman pasados, de esos que vienen a servir bajo las banderas de Isabel II cuando fatigados por el cansancio y el hambre no pueden seguir las marchas de las hordas de Carlos V en que se alistaron».

En la sesión del 17.12.1836 se debatió un extremo interesante en cuanto que pone de manifiesto la existencia de las frecuentes deserciones y pases a la facción más o menos disimuladas. Es el caso que por Reales decretos de 26.8 y 12.9.1836 se había establecido un plazo inexorable para la redención por 3.000 y 6.000 reales si ya habían sido sorteados como soldados. Pero en la práctica aparecían constantemente mozos que habían dejado pasar el plazo alegando haber estado ocupados luchando contra la facción o por haber sido retenidos con violencia por los facciosos. ¿Qué regla se les establecería? Gregorio García puso, por lo pronto, en duda eso de que los facciosos se les hubieren llevado con violencia «pues en muchas partes se han ido con ellos por su voluntad casi un 90% y el que ha ido violado verdaderamente pronto se ha escapado, y tal vez en muchos pueblos han entrado en combinación las familias de los mozos para cubrir el expediente y no ser molestados a pretexto de haber sido llevados con violencia».

A este propósito conviene recordar un Bando de Oráa, cuando era jefe del Ejército del Centro, de 1.10.1837 (Gaceta del 17):

Se considerará consumado el delito de deserción por todo individuo que sin comisión expresa de sus respectivos jefes o competentemente autorizado para ello, se encontrare a una hora de distancia del cantón, campamento o punto que ocupe aquel día el cuerpo de que dependa.

Quienes planteaban cotidianamente un delicado problema eran los oficiales e individuos de tropa que regresaban a las filas cristinas procedentes de las carlistas alegando que se habían fugado de su prisión pero que también podían ser desertores nacionales pasados a la facción y que luego, habiendo cambiado de opinión, pretendían reincorporarse a su lugar de origen: dos situaciones que con toda evidencia no podían tener el mismo tratamiento. La Real orden de 30.11.1837, de Ramonet, dispuso que mientras se aclaraba su condición fueran internados provisionalmente en depósitos especiales cobrando los jefes y oficiales cuatro reales diarios y la ración de pan, y los soldados el pan y doce cuartos.

Insubordinación de sargentos, oficiales y generales

El presente epígrafe se limita deliberadamente a la situación de los soldados y clases de tropa ya que, por razones sistemáticas y por su trascendencia política y no simplemente militar, la insubordinación de los sargentos, oficiales y generales se estudia en otros lugares de este libro para poder atender mejor su trascendencia política inmediata, que les separa de la indisciplina de los soldados que no iba más allá del ámbito estrictamente militar.

El episodio más saliente de la insubordinación de los sargentos fue el motín de La Granja, que se examina en el epígrafe dedicado al Ministerio Calatrava, que conocidamente trae causa de aquél. En este momento basta con apuntar que aunque los protagonistas manifiestos fueron sargentos, ya que fue con ellos con quienes «negoció» la Reina Gobernadora, en el movimiento insurgente tuvieron tanta o mayor importancia los soldados, puesto que sin su apoyo expreso nada hubieran podido hacer aquéllos.

El motín de La Granja es el que ha hecho pasar a la Historia la iniciativa insurreccional de los sargentos, pero forzoso es recordar que no se trató de un acontecimiento aislado, antes al contrario, habitual. Los suboficiales tenían conciencia de su poder y lo ejercían con naturalidad. Otro buen ejemplo fueron los disturbios de Pamplona del mes de agosto de 1837, ocupada por los cuerpos francos de Navarra dirigidos por una «Comisión de Sargentos» tolerada y aun apoyada por León Iriarte, su coronel. Esta comisión descargó luego sus atribuciones en una «junta revolucionaria» cuya presidencia se encomendó al coronel Piña, que gozaba de su confianza y que inmediatamente impuso una contribución para alimentar con su importe a la tropa.

El episodio más saliente de la insubordinación de los jefes y oficiales fue, por su parte, el motín de Pozuelo de Aravaca, no menos confuso que el de La Granja y que provocó la caída del Gabinete Calatrava-Mendizábal, dando paso al de Bardají y por esta razón se estudia precisamente en el epígrafe dedicado a este Ministerio. Por lo demás, los historiadores de la guerra no dejan pasar un día sin relatar un episodio de este tipo. Recogiendo un testimonio del Diario de Sesiones, valga de ejemplo la denuncia de Ferrer el 30.12.1836: «Hemos visto dos jefes que, hallándose cerca del enemigo, el uno pidió auxilio al otro para cortarle la retirada y éste por rivalidad no concurrió a ello (...) Muchos oficiales en tiempo de guerra están fuera de sus Cuerpos con pretextos frívolos mientras sus compañeros están en campaña».

En cuanto a la insubordinación de los generales, huelga recordar que su trascendencia fue fundamentalmente política; de aquí que también se examine en lugar separado. Los aspectos militares acostumbraban a ser pasados por alto, sin perjuicio de la iniciación de un proceso formal que resultaba una farsa como se comprobó en las causas seguidas a Rodil, Narváez y otros generales. Andando los años, no obstante, se tomaron más en serio estas insubordinaciones, como en 1838 con los sucesos de Sevilla que salpicaron a Luis Fernández de Córdova y a Narváez, que tuvieron que escapar al extranjero para evitar unas consecuencias previsiblemente muy duras. Y nada digamos de los alzamientos de la siguiente Regencia, cuando Espartero no vaciló en pasar por las armas a héroes de la guerra civil como Diego de León, Borso de Caminati y Montes de Oca.

Dejando aparte estos supuestos excepcionales provocados todos por razones políticas, la regla ordinaria era la impunidad, como no se cansaba de denunciar El Eco del Comercio: «Sin embargo de las muchas acusaciones que la opinión pública y el Gobierno han dirigido contra los militares, no hemos visto todavía que se haya aplicado la ley sobre ninguno. Actos han ocurrido de insubordinación entre soldados y sólo contra estos miserables desvalidos se ha ejercitado el rigor de las penas de ordenanza, justificando bien el triste proverbio de que para los pobres se hizo la horca» (20.2.1837). Y en la edición de 10 de mayo del mismo año: «Nuestros militares se han llegado a persuadir de que su espada y su uniforme les ponen a cubierto de cualquier censura».

El remedio que a tal efecto indefectiblemente se proponía era el realizar sin distinción de clases consejos de guerra eficaces y rápidos, que era exactamente lo contrario de lo que estaba sucediendo. Carondelet fue absuelto en efecto en mayo de 1837 de la causa abierta por la vergonzosa derrota de Viana en 1834; con el escándalo adicional de que mientras tanto había estado presidiendo consejos de guerra, algunas de cuyas deliberaciones se celebraban precisamente en su casa; y el 20 del mismo mes se hizo pública la sentencia absolutoria del general Manso. Esta tolerancia, conocidamente habitual, mereció el siguiente comentario del número de 5.5.1837: «En las pocas causas que hasta el día se han sentenciado contra jefes militares todos han sido absueltos. Lo que indica o una excesiva indulgencia de parte de los jueces o precipitaciones e injusticias de parte del Gobierno al mandar procesar a los generales sin fundado motivo para poner en duda su conducta». El Eco del Comercio así lo precisaba sin vacilar el 1.9.1837: «Desde el principio de la guerra se ha visto con escándalo que muchos jefes militares han faltado a su deber y no hay noticia de uno sólo de ellos siquiera que haya sido castigado. Son varios los casos de abandono o de tibieza en la persecución de los enemigos; los hay de tropelías y exacciones injustas y violentas a los pueblos; y los hay también hasta repetidas de morosidad y hasta de manifiesta oposición al cumplimento de las órdenes del Gobierno (y, claro, la tropa, vista la impunidad, hace lo mismo). Hemos oído de varias personas que los soldados de la división del sr. conde de Luchana han vendido en los días anteriores muchos pantalones, zapatos y otras prendas de vestuario a muy bajo precio».

Debiendo tenerse siempre presente, además, que la insubordinación de los generales no era una mera cuestión de indisciplina circunscrita al ámbito militar sino que trascendía inevitablemente de éste para entrar en la esfera política. De ordinario se trataba de un pulso de fuerza entre militares y políticos que pronto –y para el resto del reinado– se resolvería definitivamente a favor de aquéllos; y por otro lado, planteaba la cuestión de la responsabilidad puesto que, en caso de desacuerdo entre unos y otros, no se sabía de seguro a quién imputársela. Por lo que a esto último se refiere, la intervención de Álvaro el 17.8.1837 demuestra hasta qué punto se era consciente de la gravedad del problema: «Algunos ministros han insinuado que no podían responder de las operaciones de los generales y que la culpa estaba en otros. Yo no reconozco de las Cortes al Gabinete otras personas responsables que los ministros, que el Gobierno mismo. Si los generales no le obedecen, ¿pueden gobernar ese Ministerio? Si sus órdenes no se cumplen y si se han expedido hasta cuatro órdenes a un general y no las ha cumplido, ¿qué quiere decir esto? Una de dos: o que no tiene la fuerza necesaria para hacerse obedecer o que lo que el general ha hecho ha sido más conveniente y sabía mejor que el Gobierno lo que debía hacerse. Cualquiera que sea la causa, el resultado es que el Ministerio se ha imposibilitado de seguir dirigiendo los negocios del Estado».

* * *

7. SIGNIFICADO MILITAR DE LA MILICIA NACIONAL Y OTRAS FUERZAS ARMADAS

Ciudadanos armados o soldados.– Un ejército de reserva: la Milicia movilizada.– Milicianos mercenarios.– Heroísmo auténtico.– Otras fuerzas armadas.– Las milicias provinciales.– Cuerpos francos.– Cuerpos armados territoriales tradicionales.– Levantamiento de fuerzas armadas por las diputaciones provinciales.– Las legiones extranjeras.– Final.

Ciudadanos armados o soldados

Conocemos bastante bien los aspectos normativos, sociales y organizativos de la Milicia nacional como también sus actividades revolucionarias e incluso contrarrevolucionarias. Resulta indudable que no era un cuerpo militar sino más bien un contrapeso de este poder. López Ramón (56 ss.), apoyándose en testimonios de los primeros constitucionalistas, ha puesto de relieve cómo esta Milicia tuvo originariamente el sentido de contrapeso del ejército regular y cómo se depositó en ella la delicada misión de sostener la constitución. Lo que no obsta a que de hecho actuara con frecuencia como un complemento y hasta apoyo del ejército cuando éste carecía de fuerza: lo que no era raro durante los apuros de la guerra civil. En palabras de Infante en el Estamento de procuradores el 4.5.1836, «hay muchas capitanías generales en que no existe ninguna fuerza del ejército (...) Resultando de aquí que donde no hay tropas, la autoridad militar no tendrá fuerzas de que echar mano para las atenciones que se le ofrezca. Y digo más: en las capitanías generales en que hay fuerzas del ejército, continuamente tienen que estarse valiendo los capitanes generales de la Guardia Nacional». Su contribución a la guerra civil ha sido, sin embargo, menos estudiada y por esta razón vamos a ocuparnos ahora de ella, a conciencia, claro está, de que su actividad militar fue un objetivo esporádico y marginal a la institución.

La historiografía tradicional se ha hecho siempre eco de la épica liberal: la Milicia no sólo era benemérita sino gloriosa y sus hazañas bélicas han sido relatadas y cantadas machaconamente como si la defensa de Sampedor y Gandesa fueran hitos en la evolución de la guerra. La historiografía moderna, en cambio, no ha vacilado en derribar estos mitos intentando poner las cosas en su lugar y, sin desconocer el peso militar de sus efectivos, ha relativizado mucho su importancia. Para comprobarlo basta comparar los textos de Santirso y Anguera por un lado con los de Pirala y Morayta por otro. Pero sobre todo hay un hecho elocuente que habla por sí solo: las expediciones carlistas, salvo en puntos aislados, nunca encontraron resistencia en la Milicia nacional, que en lugar de combatir, se retiraba dejando con frecuencia abandonadas sus armas y caballos en poder de los facciosos. Hasta tal punto es esto cierto que la mayor preocupación de los estados mayores no era tanto la defensa de las poblaciones como el que éstas no reforzaran los parques carlistas con su armamento abandonado. La lista de los milicianos heroicos fue digna de nota, ciertamente, pero llamativamente reducida cuando se piensa en la enorme masa de sus efectivos.

Para resumir estas tesis valgan las autorizadas palabras de Bullón (160-162): «En el transcurso de las diversas expediciones carlistas al interior de la Península no es infrecuente la ocupación de ciudades populosas donde cabría esperar que la Milicia ofreciese una ardua resistencia. Por lo general, no sólo no se produce sino que los milicianos (a excepción de los más comprometidos) permanecen en sus casas y se acogen al indulto ofrecido por los jefes legitimistas entregando a cambio las armas y efectos que habían recibido para combatirlos (...) En las contadas ocasiones en que esta fuerza hizo frente a las tropas regulares del ejército carlista su ineficacia no pudo menos que quedar de manifiesto (Pero tratándose de la vigilancia frente a partidas pequeñas la situación era distinta porque) por más que fuera claramente incapaz de hacer frente a las tropas regulares carlistas, por más que la fidelidad de muchos de sus miembros fuera cuestionable, la Milicia fue un eficacísimo aliado en la lucha contra el carlismo pues su actuación contra las pequeñas guerrillas carlistas, o el servicio de guarnición que efectuaba en numerosas plazas, permitía dedicar a otras labores las tropas del ejército regular, que, si no, hubieran tenido que diseminarse por toda la Península aún más de lo que ya se encontraban».

En definitiva, ni servía para ir de campaña, puesto que no estaba en condiciones de hacerlo, ni quería, que era lo más grave. En palabras de Santirso (140), «los milicianos de Barcelona y Reus no salían de sus refugios urbanos para luchar contra los facciosos a los que solamente disparaban balas dialécticas desde las mesas de los cafés».

La opinión de los historiadores modernos que acaba de ser expuesta puede confirmarse de manera convincente en innumerables textos de la época. Por ejemplo en la proposición de Lasaña del 17.9.1837:

La experiencia ha acreditado que, a pesar de las repetidas órdenes, aún hay en la Milicia nacional algunos individuos que o bien por apatía o por otras causas no acuden a la capital del partido o de la provincia cuando son convocados por las autoridades civiles o militares, en el caso de ser invadida la provincia por los enemigos de la libertad. En la lucha en que nos hallamos empeñados, nadie debe ser indiferente; pero mucho menos los que tienen las armas en la mano pues las han recibido para defender el trono de Isabel II y la libertad. Por lo tanto, pido a las Cortes se sirvan determinar que todo miliciano nacional que siendo convocado por las autoridades civil, o militar en su caso, no acudiese al llamamiento, además de las penas a que se haga acreedor por esta conducta, si fuere de infantería deberá pagar 300 reales por el fusil y 300 por el correaje, en el caso de quitárselo los enemigos; y en las mismas circunstancias, si fuese de caballería, además de pagar la misma cantidad por el armamento y correaje, deberá presentar un caballo útil para el servicio de la caballería o satisfacer 2.000 reales.

Pero todavía es más significativa la Real orden de 23.9.1837 en cuya amarga y dolorida exposición se queja el ministro de la Gobernación de

el abandono que de sus armas y caballos han hecho algunos milicianos nacionales sin emplearlas para el uso noble, útil y patriótico para que la nación las confió a su lealtad y valor.

Por lo demás, la opinión de los militares profesionales no era por lo común favorable, como expresó con su sinceridad habitual Seoane en la sesión de 16.2.1837: «Dos mil guardias nacionales ¿valen en el campo de batalla lo que 500 soldados disciplinados? Yo a lo menos iría con más gusto y confianza con 500 soldados bien organizados, con sus oficiales correspondientes al frente. La razón es muy sencilla: porque en esos cuerpos no puede haber esa subordinación ciega que hay en el ejército permanente. ¿Qué oficial de la Guardia Nacional, en acción de guerra o fuera de ella, viendo a uno de sus subalternos que falta a su deber, se resolvería, sacando el sable, a rajarle de un tajo la cabeza? Además, debe tenerse presente, con respecto a las privaciones que son inherentes a una campaña, que esa Guardia Nacional, en especial la caballería, se compone de los más escogidos de las poblaciones y que, por lo mismo, como hechos a más comodidades, deben serles mucho más sensibles aquellas privaciones. Pongámosles en campaña y veremos los hospitales llenos de individuos de estos cuerpos».

En cuanto al armamento, que condicionaba obviamente su eficacia, El Eco del Comercio de 27.2. 1837 decía: «Apenas se encuentra armada la mitad y si se van a examinar las armas de que se encuentra armada esa mitad, hallaremos que muchas de ellas son inútiles y de diferente construcción y calibre. Así se hallan inermes partidas enteras mientras otras se hallan perfectamente armadas y equipadas». Por poner un ejemplo, «en Madrid sólo está correctamente armado uno de cada cinco milicianos».

Ni que decir tiene, sin embargo, que de manera muy distinta escribían los autores decimonónicos más empeñados en ensalzar a la Milicia en términos apologéticos y que, queriendo ser épicos, terminaban en el ridículo. Valga de ejemplo Fernando Garrido (I, 96-97) quien relata con pormenor las hazañas de los milicianos de Cenicero, Mercadillo y Villafranca para recrearse con los pormenores de Albocacer: «Con doce hombres de su mando se encerró el alcalde en la iglesia al tener noticia de la entrada de Cabrera. Los carlistas pegaron fuego a la iglesia: el alcalde perdió diez hombres y con los que le quedaban se refugió en el campanario. Viéndose perdidos sus dos compañeros, resolvieron sacrificarle para salvar sus vidas y uno de ellos le tiró un pistoletazo que no lo tocó. Mató el alcalde de una puñalada al asesino, precipitó a su compañero desde lo alto del campanario y quedose solo a defenderse. Los carlistas derribaron el campanario, pero por fortuna cayó el alcalde sano y salvo entre las ruinas y, oculto bajo una campana, no pudo ser descubierto por sus enemigos, que cansados de buscarle se retiraron. El bravo alcalde, que había conservado su trabuco, lanzose entonces fuera de los escombros y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Viva la libertad! Disparó al punto su arma contra sus enemigos, logrando escaparse gracias al estupor que su inesperada aparición produjo».

Un ejército de reserva: la Milicia movilizada

Tal como estaba organizada y abastecida, la Milicia nacional suponía un aparato bélico de importancia, pero es evidente que no había sido establecida pensando en una guerra y mucho menos civil. Cuando empezó la carlista su papel inicial fue el de defender los pueblos, e incluso algunos puntos fortificados, frente a las agresiones facciosas. Pero no por ello quedó liberado el ejército de guarnecerlos: una tarea que mermaba gravemente su presencia en el frente de batalla y en las operaciones de las columnas. El 26 de agosto de 1836 cambió por completo la situación a través de un Real decreto firmado por Gil de la Cuadra, cuyo proemio no podía ser más contundente:

Deseando poner un pronto término a la lucha sangrienta y devastadora que sostiene el partido rebelde en algunas provincias de la Monarquía y que para ello se reúnan al ejército de operaciones todas las tropas de él, que se hallan en las guarniciones y acantonamientos, relevándolas con cuerpos movilizados de la Milicia nacional, que formarán un ejército de reserva.

En esta trascendental disposición se ordenó que todas las tropas militares que se encontraban en las guarniciones y acantonamientos del interior se incorporaran al Ejército de operaciones para ser relevadas por la Milicia nacional o, más exactamente todavía, por una parte de ella: la Milicia movilizada de naturaleza cuasimilitar. Con esta medida vio el Ejército doblados sus efectivos, una vez que quedó liberado de las pacíficas y rutinarias tareas de guarnición para cotncentrarse en las operaciones bélicas propiamente dichas.

Para que el relevo fuese efectivo resultaba preciso, sin embargo, convertir la milicia dominguera y bullanguera en una fuerza militar o algo que se le pareciese; y esto fue lo que reguló el citado Real decreto de 26 de agosto, cuyo artículo primero establecía que

los milicianos nacionales de todas las armas, solteros y viudos sin hijos, que tengan la edad de 18 a 40 años, se reunirán en la cabeza del partido judicial a que corresponda el pueblo de su residencia o vecindario el día 1 del próximo mes de setiembre.

Aunque bien es verdad que la voracidad recaudatoria permitía abrir un hueco en estas filas mediante una redención en metálico desproporcionadamente cara en relación con la de los quintos:

Pudiendo haber personas a quienes se les inferirían graves perjuicios en sus negocios e intereses si se les obligara a prestar personalmente este servicio, quedarán libres de él todos los que de contado entreguen la cantidad de 1.500 reales siendo de infantería y de 2.000 si fueren de caballería.

La coloración militar se alcanzaba con las siguientes medidas: la organización se encomendaba a los capitanes generales y comandantes generales de provincia y, sobre todo, se creó luego una Inspección general de categoría similar a las demás Inspecciones generales de las armas del Ejército; su armamento sería completado con material procedente de los almacenes nacionales; en el nombramiento de sus jefes y oficiales intervendrían los capitanes y comandantes generales junto con la diputación provincial y todos gozarían de las dos terceras partes de los sueldos y haberes correspondientes a los de igual clase del Ejército. Esta creciente profesionalización se reforzaba con un haber de dos reales diarios, con pan y carne, para los sargentos, cabos y milicianos, aunque su ámbito temporal era inicialmente reducido puesto que se limitaba a seis meses desde el día que salieran de su provincia y sin perjuicio de su prórroga voluntaria.

El sistema instaurado por este Real decreto debe ser calificado, sin reticencias, de excelente y hacía prever un cambio sustancial del desarrollo de la guerra ya que, blindada la retaguardia por la Milicia movilizada (es decir, militarizada), el Ejército de operaciones de esta manera reforzado (y sin olvidar la nueva quinta de 50.000 hombres) podía abandonar su larga actitud defensiva para pasar a la ofensiva. Y sin embargo, nada de esto sucedió: ni la retaguardia quedó asegurada ni las columnas recuperaron su fuerza operativa. Javier de Burgos lo advirtió inmediatamente comentando en sus Anales (IV, 16) que «la movilización, tal como se ordenaba, era punto menos que irrealizable. De hecho la Milicia estaba ya movilizaba en todas las plazas y poblaciones importantes, pues daba el servicio de guarniciones y aun salía, cuando las circunstancias se lo permitían, a combatir a los carlistas». La movilización parcial antes existente apenas se amplió ahora con el decreto, por muy buenas que fueran las intenciones de éste, con el resultado de que «había muchos pueblos donde los jóvenes que se habían eximido del servicio aportando las sumas propias de la redención, tuvieron que arrepentirse de su credulidad al ver que aquellos de sus compañeros que nada habían dado permanecieron también en casa a pesar de lo dispuesto». El Castellano de 2.9.1836, tan alejado ideológicamente de Burgos, consideraba también irreal el decreto de movilización. Y volviendo al discurso de Seoane de 16 de febrero, que acaba de ser citado, en él se añadía que «en la provincia de Toledo, siendo yo capitán general de Madrid, llegó el caso de que los guardias nacionales se fueron a sus casas de 15 en 15 y no podía suceder otra cosa, pues se exigía de ellos demasiado. Así es que ni el interés de la guerra ni el de la riqueza ni el de las familias exigen que los guardias nacionales salgan del pueblo donde están sino en un caso de absoluta necesidad. ¿Y los costos que ocasiona movilizar la Guardia nacional? ¿Dónde se alojan en un pueblo dos mil hombres que todos o casi todos están en el parangón de oficiales? ¿Cómo sufren los campamentos al sol y al agua? ¿Cómo sufren las marchas nocturnas?».

Por otra parte, la efectividad de este «ejército de reserva» venía condicionada por la posibilidad de que pudiera ser utilizado fuera de la provincia: algo que precisa de una autorización de las Cortes. Pues bien, una de las primeras resoluciones que adoptaron las Constituyentes fue, a petición de la propia Reina Gobernadora, conceder tal autorización el 4 de noviembre (1836).

Por otro lado –y puestos a hacer comparaciones entre dos formaciones armadas que se estaban equiparando a ojos vistas– cabía plantearse no sólo su respectiva eficacia militar sino también su costo. Porque, de haber diferencias, lo lógico sería igualar a todos en el nivel de la de sostenimiento más barato.

Pues bien, en la sesión del 12.9.1837 se expusieron a este propósito las opiniones más contradictorias. Para Roda, y poniéndolos en relación con otros soldados voluntarios, «los cuerpos movilizados de la Milicia son tan subordinados y se ciñen a la observancia de la ordenanza militar con tanta exactitud o con más que los cuerpos francos, y son menos costosos al Estado que éstos, porque el movilizado con una peseta diaria está entretenido, cuando los soldados francos necesitan su haber, raciones, armamentos, vestuarios y otras cosas que no bajan de 10 reales diarios». Pero Alejos Burriel veía las cosas de otro modo: «Es necesario hacerse cargo de que estamos en una guerra en que forzosamente tienen los soldados que estar en un continuo movimiento, que tienen que dormir vestidos y casi siempre fuera de poblado. ¿Qué ha de suceder con esto? Que precisamente ha de acabarse el vestuario antes que se acabaría si pudieran estar acuartelados y en quietud». Llegándose así a la postura sintética de Vázquez Parga: «Yo puedo decir que los batallones que se formaron de movilizados en mi país costaron a la nación más que pudiera haber costado si hubieran sido del ejército. Y no puede ser otra cosa porque no se cuida en ellos el armamento como es debido para su conservación, no se pasan revistas con la exactitud que se deben, los efectos se deterioran y el vestuario no tiene duración. ¿Qué ha sido de los vestuarios que se dieron a los movilizados y que sólo han usado medio año. No se conservan. Cuando se mandó volver a los movilizados a sus casas dejaron los uniformes, los cuales se han almacenado y han concluido por perderse o inutilizarse, lo que no hubiera sucedido con el ejército».

Milicianos mercenarios

La tendencia mercenaria no se manifestó solamente en la Milicia movilizada sino también en la local, donde arraigaron con frecuencia prácticas muy poco recomendables que encontraron un fuerte eco social reflejado en una exposición leída el 10 de enero de 1837, que señalaba el peligro que suponía la práctica de las instituciones mercenarias que –en ella se decía– «sería desnaturalizar la institución y que, además, sería inútil la discreción y prudencia de los jefes para impedir que entrase una turba de hombres mercenarios y que se podría esperar poco de hombres que abandonaban el virtuoso y honrado taller para dedicarse a hacer un tráfico público de sí mismos y del honroso uniforme de la Milicia nacional; que no habría muchos que quisieran alternar con hombres cuya vida de holganza había de ocasionar los vicios; los jefes no se atreverían a tomar sobre sí la responsabilidad de un puesto delicado, de una cárcel pública por ejemplo; y que, en fin, las armas vendrían a depositarse en quienes pudieran convertirlas fácilmente en daño de la Patria».

Los aspectos más interesantes del debate aparecieron el día 23.1.1837 en el que se enfrentaron el cínico realismo de García Blanco con la ilusionada retórica de Caballero. En palabras del primero, «no quiero perpetuar los privilegios ni las excepciones entre las diferentes clases de españoles ni quiero tampoco que el servicio de la Milicia nacional se haga por mercenarios». Observación que fue tachada en una alusión personal venenosa de Ferro Montaos, quien alabó irónicamente la intervención del presbítero comentando que «esta manifestación ciertamente honra muchísimo a S.S. porque pertenece a un estado que casi ha vivido siempre de las exenciones y los privilegios». Y entrando en el fondo del asunto objetó que la proposición de Caballero (que permitía a los milicianos hacerse sustituir en las guardias y demás servicios por otros) «destruye virtualmente este fin de la ley, porque ofrece a los ricos un medio de sustraerse del servicio de la Milicia ciudadana y la abandona casi del todo a las clases menos acomodadas o de menesterosos. Además, es fácil conocer que viene a establecerse una especie de beneficio o favor para los ricos, en perjuicio o gravamen de los pobres. Porque no pudiendo éstos pagar un salario o retribución al sustituto, quedarían sólo ellos en las filas para llenar el servicio personal, mientras los primeros se quedarían en sus casas, gozando de todas las comodidades de la vida, siendo, por decirlo así, milicianos ad honores».

Pero García Blanco y luego Gómez Acebo se atrincheraban en la realidad ya que, como recordó el primero, «hay menestrales y personas muy honradas que se alquilan por 6 u 8 reales y de este modo ganan un jornal con la sustitución». Y para el segundo, «hay ejemplos de algunos que no tienen más oficio que el de hacer guardias. Si se permitiese la sustitución, habría una, dos o tres docenas o cientos de alquilones, que por cierto les cuadra muy bien el nombre. ¿Qué es esto de un guardia nacional de alquiler?». Mientras que Caballero invocó «el testimonio de los diputados que sean milicianos, para que digan lo que pasa. En el día ¿no están admitidas esas sustituciones? ¿Se ha privado a nadie de que envíe un amigo o un compañero a hacer guardia por él? En las provincias ¿no lo estamos viendo todos los días? Como se destruiría la milicia sería empeñándonos en ese rigorismo, que ha nacido de los que quieren montar militarmente esta institución de la Milicia, como si estuviera en el ejército y aun en éste hay ciertos casos en que se admiten las sustituciones». Cerrando la discusión otro ilusionado de pura cepa, como Cardero: «Yo no quisiera que la Milicia nacional, bajo ningún aspecto, llegase a imitar a los exvoluntarios realistas que en tiempo del despotismo tenían unos cuantos centenares de mercenarios, que vivían del salario que les pagaban por hacer guardias por otros».

Era lógico, por lo demás, y hasta necesario el empleo de mercenarios cuando se trataba de milicianos de elevada categoría social, que no podían dedicar su tiempo, por mucho que fuera su entusiasmo político, a ocupaciones rutinarias como las guardias y rondas. Piénsese, por ejemplo, en el selecto grupo de banqueros inscritos en la Milicia madrileña, de los que Janke nos ha facilitado una lista: Mendizábal, Manuel Cantero, Juan Muguiro, Manuel Gil de Santibáñez, Antonio Jordá, José Safont, Jaime Ceriola, Juan de Guardamino, Fernando de las Bárcenas, Juan José Víctor, José Esquivel y Gil, Manuel Villota, Joaquín Fagoaga y Francisco de los Ríos. Lo más probable es que estos hombres no llegaran siquiera a alquilar mercenarios sino que enviasen a un individuo de su numerosa servidumbre.

Heroísmo auténtico

El juicio peyorativo global que se ha hecho en las páginas anteriores no significa desconocimiento de algunos supuestos de heroísmo auténtico de milicianos nacionales. El caso de Sampedor es el más alabado: un puñado (sic) de milicianos y vecinos de un pueblo minúsculo se resistieron a las poderosas columnas de la expedición de D. Carlos y, para asombro de todos, hicieron abandonar el sitio a los facciosos. Aquel acontecimiento –como el de la defensa de Gandesa a mayor escala– levantaron una explosión de alabanzas bien merecidas por cierto, pero que no es lícito generalizar, antes al contrario, la singularidad de los hechos demuestra sensu contrario que lo normal era la entrega, cuando no la huida, vergonzosa. Como prueba también el singular carácter de esta guerra en la que las batallas campales fueron escasas y a lo largo de las constantes expediciones no se trataba de luchar sino de amedrentar al enemigo con el número de los soldados disponibles. Ante un enemigo fuerte, los pueblos y ciudades se rendían sin lucha y los carlistas, a su vez, cedían el campo cuando se encontraban enfrente con algún cuerpo de ejército superior. No se trataba, pues, de una guerra regular pero tampoco de una guerra de guerrillas, que supone también una lucha, sino más bien de unas batallas «rituales» perfectamente conocidas y descritas en la historia militar universal. El heroísmo de Sampedor y Gandesa consistió en último extremo en haber renunciado al ritualismo y haber presentado una auténtica batalla, que el enemigo no estaba dispuesto a aceptar.

En la sesión de 4.6.1837 aparece una nueva variante: ahora no ya el heroísmo de una lucha abierta sino el espíritu de resistencia demostrado en la tenacidad dentro de unas condiciones durísimas que se prolongaron durante años. Es el caso de Torrevelilla, partido de Alcañiz, tal como se describe en el dictamen de la comisión de Milicia nacional:

Siempre son de mérito inapreciable en un gobierno representativo los sacrificios heroicos y desinteresados que hacen los pueblos en defensa de la libertad. En este caso se encuentra el vecindario de Torrevelilla, el cual hace tres años que combate denonadamente contra las facciones de Aragón, habiéndose conseguido hasta ahora con su inexplicable valor el que no sea profanado su suelo por los partidarios de la rebelión (...) Los vecinos de Torrevelilla, rodeados por doquiera de cantones enemigos, no pueden alejarse de su población y llevan en una mano la azada y en la otra el fusil.

Situación que se confirmó en el debate que se inició aquel mismo día. En el discurso de Rivas se nos dice, en efecto, que «sus vecinos son todos milicianos nacionales. Es muy corto el número de aquéllos: creo que no pasan de 30 o 40 (...) Sin embargo todas las facciones del Bajo Aragón no han conseguido nunca entrar en el pueblo. Al contrario, con vergüenza suya se han visto repelidas por un número insignificante de hombres decididos por la causa de la libertad; pero raras veces pueden salir a recoger sus cosechas y se ven en consecuencia en la mayor miseria. Y aún hay más: para salir a buscar leña o para labrar el campo tienen que hacerlo con una escolta de trabajadores, dispuestos siempre a combatir».

Pero a nuestros efectos lo más interesante del debate consistió en el hecho de que varios diputados de las provincias mediterráneas recordaron que el comportamiento de Torrevelilla distaba mucho de ser único puesto que lo mismo sucedía en otros lugares.

Éste fue el testimonio de Juan Bautista Osca: «Hay pueblos que se hallan en las mismas circunstancias, como sucede en Vibel y otros varios y desearía que esta resolución se hiciera extensiva a estos infelices que están combatiendo desde el principio de la guerra y que han sufrido perjuicios inmensos». Y también el de Rivas: «La provincia de Cataluña se ve afligida por el terrible azote de la guerra civil desde el año 34. Todos sus pueblos se ven observados por una infame patulea (aduaneros) que asaltan a cuantos salen de ellos. De modo que los vecinos de los pueblos fortificados, que son muchos, puede decirse que están reducidos a su recinto. Pero esta estrechez ha tenido sus épocas, y casi siempre, con más o menos precaución, se ha podido cuidar el campo inmediato a ellos. Sus sufrimientos y miseria me son bien conocidos, así como su heroicidad». Y por fin Alcorisa: «Yo quiero que se haga extensiva la gracia que se propone a todos aquellos pueblos que se hallan en el caso del de Torrevelilla, atendiéndoseles no sólo por las diputaciones provinciales sino por el mismo Gobierno o de cuenta de toda la nación».

Y con similar patetismo Sardá: «Circunscribiéndome a la provincia de Tarragona, puedo asegurar al Congreso que son varios los pueblos que hallándose aislados y a larga distancia de otros decididos a favor del sistema, se han mantenido constantemente firmes, sin que jamás las facciones, por numerosas que hayan sido, hayan podido penetrar en ellos, si bien a costa de grandes sacrificios y de las vidas de algunos de sus heroicos defensores, v. gr. Bimbodí, cuyo heroísmo ha llegado a tal grado que no salen al campo a trabajar sin llevar el fusil al lado de la azada, y es tal el odio que les tienen los facciosos que aun con tales precauciones les han muerto unos 37 hombres estando trabajando en sus tierras (...) Lo mismo podría decir de Cornudella, Gratallop, Porrera, Riudecañes, Vilarodona, Falset, Gandesa...».

A mi modo de ver, sin embargo, estas constataciones desbordan ya el comportamiento de la Milicia nacional puesto que se trata de la actitud de los «vecindarios» y reflejan muy bien el apasionamiento de una lucha en la que, más allá de las ideologías y por supuesto de las retóricas verbales, permitía aflorar la rabia más profunda de unos hombres que luchaban por su conservación y, sin esperar la ayuda de nadie, no estaban dispuestos a ceder ante el enemigo. La psicología social, y más todavía, la psicología de masas tienen un lugar en la guerra, que sería grave desconocer seducidos por el brillo de las ideologías y los intereses.

Entre la indiferencia y el heroísmo es evidente que se extiende una gama muy amplia de variedades cuando se trata de una institución establecida en varios miles de poblaciones. Dejando a un lado el autorizado testimonio de Seoane, es evidente que la Milicia movilizada no podía, en líneas generales, estar a la altura del ejército permanente aunque sólo sea por razones de falta de instrucción y de fogueo. Y en cuanto a la Milicia sedentaria no es menos evidente que habría de desempeñar papeles de muy distinto peso según las circunstancias de las personas y de los lugares. Sobre este casuismo es interesante recordar las palabras de Charco en la sesión de 16.2.1837: «La Guardia nacional en los pueblos pequeños acaso es más útil que en las grandes poblaciones. En la provincia de Toledo, por ejemplo, hay pueblos en donde los nacionales no prestan servicio alguno y no hacen otra cosa que pasearse, cuando los del pueblo de Mora, Ajofrín, Sonseca, Yébenes y otros, sus beneméritos nacionales se están batiendo los más días con las facciones que infestan el país. Y porque pertenezca a pueblos de menor vecindario, ¿han de ser desarmados aquellos nacionales que se encuentran heridos, que adornan su pecho con la cruz de San Fernando por sus hazañas, al paso que los de otros pueblos, cuando se les ha llamado por la autoridad, el uno dice que está malo y el otro se excusa de otro modo? El pueblo de Quintanar de la Orden, teniendo a dos leguas la facción el día 7 de septiembre, decidido a defenderse, ofició al capitán general pidiendo se le socorriese con 200 hombres, que si no se les mandaban estaba resuelto a sepultarse antes que pisase sus calles la facción del Pretendiente. ¿Y cuál fue el resultado? Que no se le contestó ni por el Gobierno ni por el capitán general. Estos infelices, abandonados a su suerte, viendo sobre sí los 16.000 hombres en que se calculaba la facción del Pretendiente, tuvieron que tomar la resolución de abandonar sus casas. Y ya que no pudieron resistir a las fuerzas superiores no quisieron dejar sus caballos a disposición del enemigo».

Otras fuerzas armadas

En 1836 España era un cuartel y los españoles se habían convertido en soldados mejor o peor uniformados, mejor o peor armados. Las quintas ordinarias y extraordinarias se sucedían una tras otra y los Gobiernos progresistas habían levantado casi seguidas las de 100.00 y de 50.000 hombres. Pero además estaban los fuertes contingentes de la Milicia nacional estacionaria y movilizada. El ejército de línea y la Milicia nacional movilizada eran ciertamente los dos pilares de las fuerzas armadas liberales, pero a ellos había que añadir otros contingentes que son los que se va a examinar en el presente apartado: las viejas milicias provinciales, los cuerpos locales tradicionales, los cuerpos francos de nueva creación, las fuerzas armadas levantadas por las diputaciones provinciales, las legiones extranjeras y, en fin, el ejército de reserva de Andalucía. Sin olvidar, aunque su número fuera más reducido, a las fuerzas de marina y a los carabineros.

En estas condiciones cabe preguntarse quiénes eran los que trabajaban en el campo: las mujeres, los niños y los viejos porque con los curas y los frailes tampoco había que contar para ello; y sobre todo los pudientes que se habían redimido por dinero del servicio militar y los desertores que alternaban el trabajo con el cuartel, además de los no censados que posiblemente fueran el grupo más numeroso.

Y sin embargo parecía que tantos soldados no eran suficientes puesto que los generales se quejaban de que les faltaban hombres porque en la realidad había que descontar a grupos muy abultados: a los fugados, a los insubordinados, a los heridos, a los enfermos, a los debilitados por el hambre, a los descalzos que no podían caminar, a los desmontados de caballería (es decir, a los que carecían de caballo) y a los desarmados (por falta de armas o de municiones), junto con la importante partida de los asistentes de los oficiales y jefes. Unas bajas que podrían llegar en invierno a los cien mil hombres y que justificaban quizás las peticiones de levas y de más soldados.

Existe a este respecto un texto de Fontán del 31.8.1837 que ilustra mucho sobre las prácticas del Ejército cristino (y del carlista también ciertamente): «Hay muchos soldados que no son sino unos sirvientes domésticos de establecimientos o de oficiales, y en vez de armas, sólo presentan la sartén o la cacerola con que sirven a sus amos. No es ésta la misión del soldado español. La Patria no prodiga sus hijos ni sus tesoros para formar azafraneros, sino valientes que la defiendan contra sus enemigos. El patriota español no ha sido llamado por la ley para ocuparse en ejercicios domésticos. La medida que quite este abuso es de la mayor importancia y debe llamar la atención del Gobierno y de las Cortes, y así no deben darse más bajas que las precisamente necesarias para los efectos de la guerra o el cansancio del soldado, sus heridas y enfermedades». Opinión a la que se sumó Pascual horas después (el 2 de septiembre): «Es un mal la enorme baja que se nota en el ejército por hallarse separados de sus filas muchos soldados. Es positivo que hay 40.000 bajas en nuestro ejército. ¡40.000 hombres! Es decir, un cuerpo militar que por sí solo bastaría a la destrucción de las hordas del Pretendiente. ¡Los asistentes! ¿Acaso los padres de familia envían sus hijos al ejército, se desprenden de ellos para que sirvan a otros hombres?»

La demanda de tantos soldados se debía en gran parte a las peculiaridades de aquella Primera Guerra Carlista tan distinta de la tercera o de la de 1936. Porque entonces no existía un «frente» que debía estar bien provisto y una «retaguardia» que ya no precisaba ser defendida sino que prácticamente todo el país estaba sobre las armas y amenazado por las partidas o guerrillas facciosas, obligando a una fuerte dispersión de las tropas de la Reina.

El grueso del ejército se encontraba en el Norte, bajo el mando de Espartero, y se mantenía ordinariamente estacionado salvo las temporadas de campaña iniciadas por ambos bandos cuando llegaba el buen tiempo (sitio y liberación de Bilbao, operación combinada de Sarsfield, bloqueo de la frontera francesa), a lo que había que añadir las plazas fortificadas y las líneas de contención (recuerdo de la estrategia de Luis Fernández de Córdova) que, aun siendo poco efectivas, exigían muchos hombres de guarnición. El ejército del Centro (en realidad de Aragón y Levante) tenía una estructura y una organización diferentes. Operaba por medio de «columnas» que se desplazaban linealmente en busca del enemigo en campañas de tiempo limitado; lo mismo que se hacía en Cataluña con Espoz y Mina y el barón de Meer. Las marchas de tales columnas no culminaban de ordinario en batallas y ni siquiera en escaramuzas puesto que los carlistas se escurrían –y aun desvanecían– con frecuencia y los acontecimientos más temidos eran las emboscadas y las sorpresas. Las columnas más famosas fueron las lanzadas en persecución de los expedicionarios carlistas y en la llamada del Pretendiente hubo lugar a batallas campales con resultados variados en las escasas ocasiones en que los cristinos les dieron alcance. Independientemente de lo anterior todas las ciudades y pueblos de alguna importancia contaban con una guarnición de la Milicia movilizada que, salvo excepciones, cuando llegaban los facciosos, se retiraba sin hacer resistencia para evitar, al menos, que los contrarios se apoderaran de sus armas y caballos. Con este sistema de dispersión es claro que nunca podía haber soldados suficientes.

Las milicias provinciales

Las viejas milicias provinciales habían constituido el núcleo militar del Antiguo Régimen en el siglo XVIII y eran baratas y eficaces en tiempo de paz; pero el sistema resultaba inservible en el siglo XIX. En la Memoria del ministro de la Guerra de 27.10.1836 se aludía a ellas en los siguientes términos:

Los 43 batallones que componen las milicias provinciales conservan su antigua organización y el nombre de regimientos. Todos estos cuerpos se hallan sobre las armas y destinados una gran parte en el ejército de operaciones del norte, y los demás en otras provincias al frente del enemigo, manteniendo por el buen comportamiento que en general han observado la excelente reputación que de antemano gozaban.

La integración de las milicias provinciales en el Ejército regular siguió un proceso inexorable aunque lento y que tardaría bastante tiempo en consumarse. El 28.8.1837 evacuó la comisión de Guerra un dictamen en el que se reconocía la competencia del Gobierno para proceder directamente al nombramiento de los primeros jefes de estos cuerpos «suprimiendo a los actuales tenientes coroneles» de ellos. El 8.9.1837 presentó, al fin, Gómez Becerra la esperada proposición de que «se declaren cuerpos del Ejército las actuales filiaciones provinciales y que se extingan éstas también para lo sucesivo».

Razones no le faltaban al firmante como se encargó él mismo de desarrollar: «Creo que esto no es más que legalizar o autorizar con la resolución del Poder legislativo lo que de hecho está sucediendo porque, ¿en qué se diferencian ahora los cuerpos de milicias provinciales de los demás del ejército? Si se atiende a los servicios que están prestando tres años ha, ¿no son iguales? ¿No sufren los mismos padecimientos, las mismas privaciones? ¿No nos ofrecen las mismas acciones de valor y de heroísmo que nos ofrecen los otros cuerpos? Si se atiende a su organización, ¿de quién se componen? Los oficiales podrán haber sido nombrados por el orden con que se nombran para la milicia provincial, pero los individuos que componen la fuerza de estos batallones se han tomado de las quintas generales de 50 y 100.000 hombres del año pasado y del anterior».

Al hilo de este debate es importante dejar constancia de una sugerencia expuesta por Gómez Becerra, auténticamente revolucionaria puesto que suponía nada menos que una alternativa al régimen militar existente, pero que no mereció ni una sílaba de comentario: «Se establece, por ejemplo, que en España ha de haber un ejército de 200.000 hombres. Este ejército existe, pero España dice: yo quiero tener 200.000 por si se ocurriese una guerra, pero no quiero mantener más de 100.000. Pues los más antiguos, los que llevan más de servicio, los 100.000 que llevan tres o cuatro años de servicio, a su casa. ¿Y qué sucederá con esto? Que el que caiga por soldado sabe que va a servir tres o cuatro años en el ejército y que al cabo de ese tiempo se vuelve a casa, sujeto todavía a servir en el ejército si es llamado, bien porque hay una guerra o por cualquier otra causa. Pero todos estos hombres están en disposición de poder dedicarse al estudio, a las artes, a la industria y a otras profesiones, pudiendo pensar en su establecimiento para poder ser un ciudadano provechoso a su Patria. Y estos veteranos, porque así debemos llamarlos, que están en su casa, si llegare el caso de una guerra son incomparablemente mucho más útiles que los milicianos provinciales. Estos veteranos no necesitan ejercitarse en las armas cuando están en su casa: han hecho el servicio activo tres o cuatro años. No necesitan tener asambleas, no necesitan causar ningún gasto el Estado».

Cuerpos francos

Teóricamente la alternativa al servicio militar obligatorio y gratuito era la del servicio voluntario y mercenario, que con tanto éxito se había empezado a practicar con los habitantes de las provincias vascas: los famosos chapelgorris, cuya legendaria ferocidad se explicaba por el odio que concitaban en aquellos territorios, donde jamás encontraban cuartel. No se crea, sin embargo, que esta modalidad mercenaria les ofrecía la oportunidad de sostener, por modestamente que fuese, a su familia, puesto que el estipendio no alcanzaba más que a su propia alimentación. Es decir, que en el fondo lo que sucedía era que ellos tenían que alimentarse por su cuenta con los cuatro reales diarios (por eso se les llamaba «peseteros») de asignación. Esta circunstancia les hacía singularmente vulnerables cuando las soldadas se retrasaban, pues se veían obligados a acudir al saqueo para poder sobrevivir y los casos de insubordinación eran frecuentes.

En definitiva no había, por tanto, mucha diferencia entre los cuerpos francos y el ejército de línea y en más de una ocasión se hicieron cálculos en las Cortes para determinar si su sostenimiento salía más caro o más barato que el de los soldados regulares.

En la citada Memoria del ministro de la Guerra de comienzos de la Legislatura aparece una acertada descripción de su significado y situación:

Existían ya algunos cuerpos francos en varias provincias cuando se expidió la Real orden de 22.3.1834, en que, fundándose en la necesidad de evitar la diseminación de las fuerzas del ejército encargadas de perseguir las pequeñas facciones en lo interior de la Península y de prestar a las autoridades un apoyo inmediato, se autorizó a los capitanes generales para que formasen en sus distritos respectivos compañías de seguridad, compuestas de gente voluntaria y mandadas por los oficiales excedentes o retirados, asegurando a cada clase un haber alzado, que debería satisfacerse por medio de los arbitrios particulares que se juzgasen suficientes y oportunos. Aumentadas las atenciones del servicio público, creció en proporción esta fuerza hasta el caso de haberse formado batallones y escuadras en Cataluña, Navarra y Castilla la Vieja. El 20.10.1834 el ministerio de Hacienda tomó a su cargo el pago de haberes de los cuerpos francos. Este armamento provisional había llegado ya a la considerable fuerza de 120.000 cuando se decretaron los 100.000 que debían reemplazar y aumentar las filas de nuestros ejércitos. En tales circunstancias la necesidad de regularizar el servicio y sobre todo la precisión de disminuir algún tanto los inmensos gastos que pesaban sobre el Tesoro exigieron la reducción de estos cuerpos. La Real orden de 16.12.1835 reformó la de 20.10.1834 dejando otra vez a cargo de la administración militar el pago de los haberes de los cuerpos provisionales (que así se llamaba también a los francos), cuyo presupuesto asciende en el día a la cantidad de 64.712.460 reales para una fuerza de 28.798 hombres y 1.649 caballos.

Con la famosa quinta de los 100.000 hombres se había, en parte, «desnudado un santo para vestir otro», puesto que, a fin de cuentas, el aumento producido por esa leva se compensaba con la reducción de las fuerzas de mercenarios.

Posteriormente la Real orden de 16.5.1837 fijó definitivamente sus haberes, que para los soldados ascendían a 120 reales mensuales y una ración diaria de pan. El Eco del Comercio informaba por su parte el 19.5.1837 de unos costes de 130 reales para los soldados de infantería de línea y 150 para los de caballería, más una ración de pan. Y como cada uno calculaba los gastos a su manera y cuentas globales no existían o eran deficientísimas y se complicaban, además, por la confusa intervención de dos Administraciones (la de Hacienda y la de Guerra), nada de particular tenía que los diputados no se pusieran de acuerdo sobre la modalidad que resultaba más costosa al Tesoro. Véase como ejemplo un texto del general Infante en la sesión del 1.2.1837: «A un soldado de infantería le están señalados mensualmente 56 reales y se le da siempre la ración de pan, y en campaña el plus o ración de carne y vino. Algo más tienen los cuerpos de la Guardia Real, pero es muy poco. Al soldado de cuerpos francos se le da el pan y 4 reales diarios, con la obligación de que de éstos haya de vestirse y entretener sus prendas, y está calculado que el exceso de paga equivale, poco más o menos, al entretenimiento de las prendas y equipo. En Cataluña parece que se le dan 5 reales; pero será por las circunstancias particulares de aquel país (...) Es bien cierto que en las divisiones que han estado persiguiendo a Gómez ha costado a la nación más de un duro diario cada soldado. ¿En qué consiste? En que desde el cartucho que al soldado se le moja, hasta el fusil que extravía, entra en esta cuenta y por lo mismo no es exagerado decir que cuesta cada soldado un duro diario en tiempo de guerra y los nuestros, que padecen escaseces, no costarán menos de 18 reales» (huelga recordar aquí que el duro equivalía a 20 reales).

Cuerpos armados territoriales tradicionales

A lo largo y a lo ancho de la geografía española siempre han existido cuerpos armados de carácter territorial e incluso local pensados inicialmente para la represión del bandidaje o para la conservación del orden público y, por ende, de dudoso valor militar; pero de los que era lógico echar mano en los momentos excepcionales de una guerra civil.

Tal era el caso, por ejemplo, de las escuadras de Cataluña, de las que se ocupó el diputado catalán Viadera en una proposición del 27.1.1837:

En Cataluña existe un cuerpo de fuerza armada llamado escuadras de Cataluña, cuya ordenanza especial se resiente de la época del despotismo, en que fue creado. Las cuatro provincias sufren una contribución cuantiosa e incierta para mantener el predicho cuerpo, resultando de ahí gravísimos perjuicios y para cortarlos de una vez pedimos a las Cortes se sirvan acordar que se reclame del Gobierno la ordenanza que rige al cuerpo de las escuadras de Cataluña y que pasada a la comisión de guerra proceda a su examen para hacer en ella la reforma que sea conveniente.

Proposición justificada a renglón seguido con una precisa descripción de esta figura: «El cuerpo de las escuadras de Cataluña, creado por una Real orden de 21.4.1719, con uniforme particular, goza de fuero militar y dependiente del capitán general, se halla en el día continuando en el estado militar de la nación a consecuencia de la Real orden de 23.10.1825. Su instituto primitivo fue la persecución de bandidos y malhechores; pero con el tiempo se le ha destinado también a operaciones militares y se le ha confundido a veces con los cuerpos del ejército. Como otro de ellos operó en la anterior época constitucional, ha operado esforzadamente en la actual guerra fratricida y está operando en el día. Considero necesaria la conservación de este cuerpo, porque ningún otro presta en el día mayor servicio contra la facción, ni puede desempeñar mejor la persecución contra bandidos y malhechores, ya por el conocimiento práctico que tiene del país y por la singular confianza que le merece por sus relaciones, ya también porque se compone de jóvenes escogidos entre los más ágiles y esforzados. No molestaré la preciosa atención del Congreso enumerando los vicios de que adolece la ordenanza que actualmente rige a este cuerpo. Bastará decir que su comandancia es hereditaria en la familia de Veciana, de la villa de Valls, motivo por el que se denomina vulgarmente aquel cuerpo escuadras de Valls. El mantenimiento de estos cuerpos corre por cuenta de las cuatro provincias del principado, que al efecto pagan una contribución especial llamada de las escuadras; que es cuantiosa y siempre incierta por sufrir altas y bajas al igual que el mismo cuerpo a cuyo sostén y equipo está destinada. Lo que no deja de importar crecidas cantidades en razón de suministrarse a cada individuo o mozo el pan y prest de 6 reales diarios, el haber de oficiales del ejército a los cabos, pues como tales están considerados y de repartírseles a los primeros vestuario completo cada dos o tres años, además del calzado que se les reparte con mucha frecuencia».

Otro ejemplo de estos cuerpos territoriales provinciales nos ofrecen los migueletes segovianos aludidos en una exposición de su diputación provincial leída en el Congreso el 24.9.1837 donde se decía que

desde 1826 se hallaba creada en aquella provincia una partida de migueletes dedicada exclusivamente a perseguir ladrones, a velar sobre la seguridad de los caminos y costeada de los fondos provinciales; pero que habiendo la autoridad militar tenido que valerse de aquéllos para atender a un servicio extraño de la misma, y habiéndose abandonado el fin principal de su creación, suplicaba a las Cortes se sirviesen acordar que el Gobierno de S.M. dispusiese la total segregación de dicha fuerza de la autoridad militar y la sometiese únicamente a la diputación, sin cuya medida la provincia no seguiría sosteniéndola más que hasta el fin del presente mes, siendo un deber del Gobierno prevenir el modo de proveerla y pagarla desde el mes de octubre próximo, si se resolvía que continuase a las órdenes de la autoridad militar.

Levantamiento de fuerzas armadas por las diputaciones provinciales

Las Cortes progresistas iniciaron a finales de 1836 una fórmula aparentemente renovadora con la que se prometían acelerar la pronta terminación de la guerra civil. Como se recordará, el 13 de noviembre (1836) se aprobaron una serie de medidas en tal sentido (transcritas ya en un epígrafe anterior de este mismo capítulo) y entre ellas la de potenciar el papel de las diputaciones provinciales.

El debate parlamentario que a tal efecto se desarrolló fue prolijo. Al cabo de muchos discursos, réplicas, aclaraciones y rectificaciones, el ministro de Hacienda tuvo el acierto de resumir y centrar lo que se estaba discutiendo y que en su opinión consistía en tres puntos: «Primero. Sobre si las facultades han de recaer a favor de las juntas de armamento y defensa, o como parece más propio del sistema constitucional que nos rige, en el de las diputaciones provinciales. Segundo. Si la autorización para levantar fuerzas ha de ser sólo de acuerdo con los comandantes generales o si deben concederse estas autorizaciones con el conocimiento y aprobación del Gobierno. Y tercera. Si los medios o arbitrios para mantener esta fuerza han de consultarse por las diputaciones provinciales para obtener la aprobación del Gobierno, o quedar al cargo de aquéllas». Por lo que se refiere al primer punto, «como las juntas de armamento y defensa fueron creadas por el Gobierno con el carácter de una medida interina, al paso que las diputaciones provinciales existen por la Constitución, entiende el Gobierno que deben nombrarse éstas con preferencia o en lugar de las juntas (...) Respecto al segundo punto, ¿puede existir esta facultad existiendo la constitución tal cual se halla, cuando en ella se previene que no puede haber ninguna fuerza armada que no sea mandada por el Rey? ¿Pueden querer las Cortes que las Juntas de armamento y defensa, o sea, las diputaciones provinciales, se hallen autorizadas para obrar sin más dependencia que el acuerdo con los capitanes generales? (...) Y respecto a los medios de levantar esas fuerzas, creo que la comisión no tendrá inconveniente en modificar esta medida, diciendo que se entienda ha de ser con anuencia del Gobierno, para que éste reclame de las Cortes la aprobación oportuna».

El jacobinismo centralizador de Mendizábal era ideológicamente impecable y su experiencia le ponía en guardia frente a los desmanes junteros. Pero por otro lado el aparato administrativo del Estado nacional era notoriamente incapaz y dejaba indefensas a las provincias frente a los facciosos. De aquí que éstas, sintiéndose abandonadas, procuraran autodefenderse, creándose de esta manera un círculo vicioso en el que las dos partes tenían –y al tiempo no tenían– razón. La ruptura de este círculo en el terreno legal correspondía lógicamente al Poder central y así lo fue haciendo mediante el desmantelamiento implacable y progresivo de las Juntas, olvidando con ello el Ministerio que a ellas debía su propia existencia, pero a su agradecimiento político antepuso en este caso su sentido de Estado.

El proceso parlamentario cristalizó al fin en el art. 1 del decreto de 29.12.1836 que, entre otras cosas, prevenía la creación y sostenimiento por las diputaciones provinciales de nuevos cuerpos complementarios:

Se autoriza del modo más amplio a las diputaciones provinciales para que de acuerdo con los comandantes generales, y bajo las reglas que estimen, levanten fuerzas que persigan y hagan la guerra a nuestros enemigos, dando cuenta al Gobierno para su aprobación y pudiendo echar mano para la organización y sostén de estas tropas, primero, de los pósitos; segundo, de los productos de memorias, obras pías, patronatos y capellanías vacantes, excepto si son de sangre o familiares; tercero, de las rentas de los rebeldes, salva la indemnización acordada a los patriotas; cuarto, de los fondos existentes que pertenezcan a los exvoluntarios realistas, y de cualesquiera otros arbitrios que su celo y conocimiento práctico les sugieran y no estén aplicados al Tesoro público.

La verdad es que, al margen de su impacto psicológico, esta medida no tenía nada de original puesto que se insertaba en la vieja tradición del establecimiento de fuerzas territoriales a cargo de las corporaciones populares. Pero ahora se hacía de una manera sistemática y general. La idea, aparentemente sencilla y eficaz, fue bien acogida y puesta en práctica de inmediato en varias provincias; pero pronto se vio que su realización ofrecía no pocos problemas y dificultades que hacían dudosa su viabilidad, empezando por su financiación y continuando por su fuerza operativa.

Las legiones extranjeras

El Tratado de la Cuádruple Alianza firmado el 22 de abril de 1834 por España, Inglaterra, Francia y Portugal, y más las cláusulas adicionales añadidas el 18 de agosto siguiente, facilitaron la ayuda diplomática y más directamente la militar a la causa de Isabel II.

En cuanto a la ayuda militar, que es lo que aquí importa, se concretó en el envío de legiones extranjeras que, sin llegar a resultar decisivas en la guerra, inclinaron la balanza a favor del lado cristino: casi 30.000 soldados bien armados reclutados entre la hez de la población, propensos a la indisciplina y a la deserción y poco dispuestos a soportar la miseria de los soldados españoles, pero que, salvo los portugueses, pagaron un enorme tributo de sangre muy superior desde luego al correspondiente a las tropas nacionales. Durante la expedición Real la legión francesa fue prácticamente aniquilada en el Alto Aragón, mientras que la inglesa sufrió graves pérdidas en el frente del Norte, con la advertencia de que nunca se daba cuartel a los extranjeros, fusilándose sobre el campo a los heridos y prisioneros. Estos datos prueban su bravura y utilidad bélica, aunque entonces y ahora no faltaban quienes pensaban que, siendo tan caro su mantenimiento (algo más de 200 millones de reales) y sobrando hombres en las filas cristinas, hubiera resultado más rentable el haber dedicado estos fondos al sostenimiento de los soldados españoles. De esta opinión terminó siendo también Mendizábal, su organizador inicial, según escribió a Palmestron el 16.1.1836. Como ha resumido Janke (185), «la intervención (de la legión inglesa) en sí misma no condujo a ninguna victoria, pero hizo posible mantener posiciones en la costa que hubieran sido de enorme valor para los carlistas, y más tarde su presencia permitió la cooperación naval británica. Produjo un efecto muy positivo en la moral del país».

Los defectos de la legión inglesa a la hora de su formación fueron descritos así por Miraflores (I, 97): «Si en lugar de una especie de leva, hecha con dinero en mano, que recogió en vez de soldados, reclutas, se hubiera compuesto de soldados hechos, entresacados de los hermosos regimientos ingleses, mandados por oficiales también del brillante ejército británico, que hubieran formado un cuerpo homogéneo, organizado en Inglaterra, y que en el acto de desembarcar hubieran podido ir al enemigo. Mas no fue así, sino que fueron soldados reclutas, colecticios, de que abundan las grandes capitales, empleando el medio de enganches. Tales fueron la mayor parte de los reclutas ingleses que se mandaron a España, no para empezar a batirse sino para aprender el ejercicio y para tratar de organizarse».

Quizás haya sido, con todo, más importante aún lo que significó el bloqueo de las costas por parte de la flota inglesa, y algo menos de la francesa. Entre una y otra evitaron casi por completo el contrabando de armas a favor de los carlistas, a los que sólo quedaba el paso por Francia, cuya frontera estaba oficialmente cerrada, pero que de hecho era permeable hasta tal punto que algunos historiadores han atribuido la implantación carlista de las zonas pirenaicas no tanto al fervor legitimista de sus habitantes como al respaldo francés. Eso sin contar con el apoyo directo de la artillería naval de los barcos ingleses en las batallas costeras e incluso en algunos desembarcos ocasionales de sus tropas de marina: singularmente eficaces en el levantamiento del tercer sitio de Bilbao y en la defensa de San Sebastián; aparte naturalmente de los frecuentes transportes de tropas que realizaron.

Sin olvidar, en fin, las varias ocasiones en las que efectivamente desembarcaron tropas inglesas de marina e infantería para luchar codo con codo con las españolas como en la batalla de Luchana y en la de Irún y Fuenterrabía.

Pero aparte de las legiones, lo decisivo fue desde luego el suministro de armas y municiones, sin el cual la guerra hubiera tenido un aspecto muy diferente y hubiera durado bastante más. Según datos facilitados por Bullón (1992, 426) Inglaterra había cedido a España 40 cañones de hierro, 12 morteros, 325.600 fusiles, 10.000 carabinas, 3.600 pistolas, 10.000 sables, 4.000 rifles, seis millones de cartuchos para armas pequeñas, 29.204 balas de cañón, 936 libras de pólvora, mil tiendas de campaña y dos puentes de barcas. Cierto es que los fusiles fueran en parte de mala calidad y lo que es peor de diferentes calibres que dificultaban con frecuencia su municionamiento. Pero, aun así, la superioridad que gracias a este armamento tuvieron los cristinos era aplastante y sorprende el ingenio que tuvieron que utilizar sus adversarios para poder armarse con los despojos que obtenían de los cristinos. Con frecuencia se veían obligados a retirarse después de haber gastado el último de sus escasos cartuchos y se cuenta que en la expedición de Gómez batallones enteros no contaban más que con armas blancas y a distancia utilizaban ¡hondas pastoriles!

Final

Las diferencias organizativas y estructurales de los ejércitos de los dos bandos no pueden ser más llamativas. El ejército carlista constituía una especie de federación de cuerpos militares en la que el estado mayor de Don Carlos sólo controlaba la estrategia y la financiación de las tropas del Norte y de las expediciones hasta que entraban en territorio liberal. En el resto de la Península los jefes gozaban de una autonomía tribal prácticamente completa, aunque unificada en Levante bajo las órdenes de Cabrera. El Pretendiente intentó hacer lo mismo en Cataluña con Guergué y con el conde de España pero fueron experiencias fracasadas y las partidas catalanas conservaron su autonomía. Y nada digamos de las partidas dispersas en el resto de España, cuyos cabecillas apenas si tenían una comunicación esporádica con la Corte de Don Carlos y la clandestina Junta carlista de Madrid.

Nótese, por tanto, el contraste con el ejército liberal, que contaba con una organización rigurosamente centralizada, cuyo vértice no se encontraba en un Estado mayor general o en el ministerio de la Guerra sino, según se ha visto ya, en el Consejo de ministros, en donde se tomaban las decisiones estratégicas y a veces incluso las tácticas, con un control absoluto sobre los nombramientos y ascensos de oficiales. En estas condiciones sorprende el fraccionamiento de cuerpos que se ha descrito en el presente epígrafe, aun admitiendo que la existencia de cuerpos francos estaba justificada por razones militares y la de las legiones extranjeras por razones diplomáticas. Pero los problemas que planteaba la Milicia movilizada y las fuerzas levantadas por las diputaciones provinciales eran insuperables.

La consecuencia necesaria de esta estructura fue, por un lado, la descoordinación y, por el otro, la desigualdad de regímenes que desembocaba siempre en recelos, indisciplinas y agravios comparativos. De hecho el responsable de una operación nunca sabía de cierto de qué tropas disponía ni hasta qué punto tenía autoridad para mandarlas. Unas circunstancias que disminuían el valor de la superioridad numérica. Aunque probablemente el problema más grave fuera el de los oficiales, pues con el fraccionamiento de las fuerzas los títulos no estaban bien homologados, quebrantando con ello el principio más sagrado de la disciplina militar: el de la jerarquía, pues nunca un general, por más torpe y desprestigiado que fuera, estaba dispuesto a actuar a las órdenes de un brigadier de otro regimiento: de lo que hemos visto ya algunos ejemplos.

* * *

8. LOS DESASTRES DE LA GUERRA

Quejas de las diputaciones provinciales.– Política de tierra quemada.- Estados de sitio y de guerra.– Devastaciones de los facciosos.– Bandidaje, inseguridad.– Prisioneros y represalias.– Inválidos.– Desvalidos.

La historiografía liberal nos tenía acostumbrados a una visión de la guerra civil en blanco y negro, de buenos y malos, con un ejército cristino disciplinado, aguerrido, formado por soldados amantes de la libertad, y unas bandadas –hordas salvajes– de salteadores, no soldados, incapaces de presentar batalla, preocupados únicamente por el saqueo y el botín, sin oficiales, sin uniforme siquiera: las partidas de bandoleros de siempre, que ahora se encubrían con el nombre de carlistas. En estos términos deformados se hablaba en las Cortes y se escribía en los periódicos de la época, aunque así tuviera que desembocarse necesariamente en la constante pregunta de cómo era posible que puñados de desarrapados sin armas ni técnica militar pudieran resistir, incluso con ventaja, a un ejército moderno y numeroso. La capacidad de autoengaño no tiene límites y nadie ve lo que no quiere ver.

Algunos historiadores modernos, más sinceros, han empezado ya a intentar poner las cosas en su sitio sin más trabajo que el de leer las fuentes de ambos bandos. Y lo que han encontrado no son dos ejércitos modernos sino dos organizaciones paralelas de estructura similar, con un núcleo académico, uniformado, burocratizado y aceptablemente disciplinado, flanqueado por bandas irregulares, cuyos jefes querían convertirse en oficiales y a la primera oportunidad se rodeaban de un estado mayor, de tinterillos y secretarios. Sin desconocer, desde luego, que la proporción de estos dos bloques no era la misma en los dos ejércitos, puesto que el cristino, que había ocupado a tiempo las estructuras estatales, contaba con mayores apoyos del extranjero y era mucho más numeroso que el del enemigo.

A la hora de la verdad, no obstante, y salvo las escasas batallas a campo abierto, «de academia», que tuvieron lugar, se trataba de una guerra muy poco europea. Una vez estabilizado el frente del Norte, por la península erraban las facciones carlistas, mal uniformadas y peor municionadas que vivían sobre el terreno y que no tenían ninguna gana de combatir, pero que ocupaban sin dificultades cuantos pueblos y ciudades encontraban a su paso y que sustituían cada baja con cuatro nuevos soldados, voluntarios o forzosos. Las columnas cristinas que les perseguían estaban mejor armadas y municionadas y disponían de oficiales llamados profesionales, aunque actuaban de manera torpe y descoordinada. Vestían uniformes vistosos y se tocaban con quepis absurdos, pero todo eran harapos y apenas podían marchar porque estaban descalzos y carecían de raciones. Y por descontado, eran tan dañinos para la población civil como sus adversarios.

En estas condiciones era explicable que ni unos ni otros quisieran combatir, pues poco botín iban a obtener –aunque acostumbraban a desnudar los cadáveres de sus enemigos para aprovecharse de sus andrajosde unos batallones tan miserables como los propios y, además, los jefes cristinos no tenían confianza en sus tropas, inclinadas siempre a desertar o a pasarse a los facciosos cuando no a disparar por la espalda a sus oficiales. La realidad era mucho más triste que lo que lucía en los partes oficiales.

Con esto llegamos a los desastres de la guerra: al otro lado de la épica, al envés de la gloria, al cuarto oscuro de la historiografía. Si un ejército disciplinado y bien alimentado va dejando a su paso un rastro de calamidades, de represiones inevitables, de violaciones, puede suponerse lo que harían no uno sino dos ejércitos como los que acaban de describirse. Dos ejércitos que no luchaban entre ellos sino ambos contra la nación en palabras literales del mariscal carlista Gómez y también de la Exposición de la diputación provincial liberal de Valencia firmada el 15 de agosto de 1837:

Esta diputación, Señora, ve un misterio tenebroso en la suerte de España: no hay necesidad de correr el velo que lo cubre, como han pedido algunos diputados; los efectos nos conducen al conocimiento de las causas: la guerra no se hace al Pretendiente ni a sus hordas; la guerra se hace al pueblo entero, y la destrucción y el aniquilamiento de este pueblo es la prueba más evidente de que contra él se opera.

Desde esta perspectiva se está empezando a reescribir la Primera Guerra Carlista o, por lo menos, se están iluminando con una nueva luz las glorias de las batallas y las medallas de las casacas. No los soldados sino los paisanos, no los héroes sino sus víctimas están recuperando el protagonismo y como emblema de este movimiento sirve muy bien el acertado título de la importante obra de Pere Anguera: Deu, Rei i fam. La guerra civil entendida no como una sucesión de batallas y maniobras bélicas sino tal como la había visto años antes Goya en Los desastres de la guerra.

Ésta fue nuestra guerra civil aunque no suele reflejarse así en las estampas patrióticas de la época, y cuando los historiadores ocultan este aspecto para recrearse en la estética de los discursos parlamentarios y en la hermenéutica de los textos constitucionales se están escapando de la realidad.

Quejas de las diputaciones provinciales

En el verano de 1837 –como era acostumbrado ya en todos los veranos– se produjo un movimiento provincial, que este año fue singularmente pacífico ya que, en lugar de las tradicionales algaradas y bullangas callejeras de índole política, se canalizó en repetidos escritos dirigidos a las Cortes en los que, después de exponer la lamentable situación del país, solicitaban se adoptasen medidas eficaces para terminar la guerra civil y, en su caso, se sugerían algunas de ellas. En otro epígrafe de este mismo capítulo se ha analizado con cierto detenimiento la exposición de la diputación de Valencia; pero aquí conviene dar, al menos, noticia de las demás, citándolas por la fecha en que se leyó el correspondiente dictamen en las Cortes: diputación provincial de Logroño (1.8), de Málaga (3.8), de Valencia (24.8), de Toledo (25.8), de Madrid (25.8.), de Soria (26.8), de Teruel y de Tarragona (24.9). Todas ellas tienen en común la pintura desgarrada, desesperanzada, y la variedad se expresa en el diferente énfasis con que tratan algunos aspectos concretos: la incapacidad de los jefes militares (Valencia), la penuria económica (Málaga), los abusos judiciales (Granada), los bagajes (Logroño), el aislamiento de las plazas fuertes (Tarragona), hasta llegar al repaso global de las lamentaciones de las demás provincias, suscitado por Madoz y generalizado en un debate a propósito de la exposición de Lérida.

Esta proliferación de escritos sincronizados induce a creer que todavía se mantenían los lazos interprovinciales, más o menos dirigidos desde Madrid, existentes en los períodos revolucionarios. Ahora bien, las expresiones de malestar no habían cesado nunca y a título de ejemplo valgan las lamentaciones personales de Juan B. Osca en la sesión del 18.4.1837, que es una de entre las muchas que poco menos que diariamente se pronunciaban: «Es sumamente sorprendente que una provincia tan eminentemente liberal como Valencia tan comprometida por el sistema actual, se vea invadida por los facciosos sin que haya nadie que la defienda, estando casi enteramente abandonada». La explicación puede encontrarse –continuó diciendo y esto es lo que más nos interesa– en el comportamiento de nuestras propias tropas dado que «había jefes de nuestras columnas que hacían más daño en los pueblos que las mismas facciones y de este modo consiguieron cambiar en parte el espíritu público. Se enviaron el verano pasado fuerzas considerables que formaron el ejército del Centro y parece que desde entonces hay todavía más facciosos».

Es probable que el Gobierno y las mismas Cortes quedasen desconcertadas ante este aluvión de quejas y lamentaciones que se les dirigían desde todos los puntos de la península. Ahora bien, poca información nueva y menos ayuda ofrecían estas lacrimógenas exposiciones oficiales por más que vinieran siempre respaldadas por los diputados de las provincias de procedencia. Elevando las quejas a las Cortes quedaban bien las diputaciones ante los vecinos y defendiéndoles desde los bancos del Congreso quedan bien los diputados ante los electores, mas todos sabían que estaban representando un papel deslucido en una farsa repetida hasta el aburrimiento. De aquel pozo reseco no podía salir agua y con el inútil trajín se malgastaba el escaso tiempo que quedaba disponible.

Política de tierra quemada

Lo más urgente y lo que más fácil resultaba de momento regular –sólo regular sobre el papel porque se sabía de sobra que los mandatos no iban a ser cumplidos ni había autoridad capaz de exigirlo– era el comportamiento de la población civil en los lugares ocupados por la facción. Porque es el caso que una buena parte del territorio nacional se veía ocupado por los facciosos bien sea esporádicamente (con ocasión de las expediciones carlistas) o con cierta periodicidad (a lo largo de una franja de Levante que podría considerarse como el frente de la guerra y que de hecho era tierra de los dos bandos o, si se quiere, tierra de nadie). La frecuencia de tales acontecimientos movió al ministerio de la Gobernación, siendo titular López, a dictar una temprana Real orden-circular de 24.9.1836 en la que se establecía un régimen «de tierra semiquemada» con objeto de, al menos, evitar que los lugares y territorios invadidos proporcionasen suministros, hombres y caballos a los carlistas (que en ocasiones era el verdadero objetivo de la expedición), a cuyo efecto se establecía lo siguiente:

3. Al amago de peligro de invasión las juntas de armamento dispondrán se saquen inmediatamente de los pueblos que corran aquel riesgo las alhajas y efectos de valor (así como) las armas, municiones, monturas y demás pertrechos de guerra. 4. Del mismo modo dispondrán se trasladen a la capital todos los mozos solteros de edad de 17 años hasta los cuarenta. 5. Y los ganados y los caballos de que se puedan alimentar los carlistas. 9. Las autoridades deliberarán si la defensa del pueblo donde habiten es posible. Y si lo es, tomarán todas las medidas para verificarla con vigor y resolución, llamando en su auxilio a la Milicia nacional de los pueblos comarcanos. 10. Si la defensa no fuera posible, tomarán las autoridades con prudencia y previsión las oportunas providencias para evacuar el pueblo. 11. Todos los vecinos pudientes y medianamente pudientes lo evacuarán llevándose consigo los caudales públicos o enterrándolos sigilosamente. 20. Por todo mozo que se vaya a la facción pagarán sus padres la cantidad prefijada en el decreto de la próxima quinta para exceptuarse de ella.

Circular que mereció una crítica parcial pero dura de Armendáriz en la sesión del día siguiente (25.9.1836) referente a su artículo 11 donde se establecía que todos los pudientes abandonasen el pueblo a la proximidad de los facciosos, preguntándose a tal propósito: «¿Puede realizar eso? ¿Se verificará que sean sumariamente juzgados como facciosos y castigados como tales los que se mantengan en sus casas? Yo pregunto si se practica esto en parte alguna. ¿Y será conveniente que se practique? No. Si un pudiente se mantiene en su casa protegiendo sus intereses y su familia, ¿qué beneficio le resultará a la patria de que este vecino abandone sus hogares para que prendan fuego a su casa y la saqueen? (...) Podrá en algún caso un capitán general obrar militarmente y dar algún ejemplo de castigo a un pueblo entero. Pues nosotros como legisladores no podemos seguir esta máxima y es bien conocido el principio de que más bien deben perdonarse 100 criminales que castigar a un inocente. Si todos los pudientes tienen que abandonar sus hogares, sería ésta una nación ambulante. Ésta es una medida injusta y perjudicial».

Por cierto que Javier de Burgos (Anales IV, 13-14) también llamó la atención sobre esta Circular: «A los vecinos pudientes y medianamente pudientes que no abandonaren los pueblos de su residencia al aproximarse las fuerzas enemigas, se les mandaba procesar como desleales. A costa de los desleales se mandaba resarcir a los leales los daños y pérdidas que por incendios, robos y otras causas se les ocasionasen. Si los leales perecían a manos de los invasores, los sospechosos quedaban obligados a mantener sus familias, a los padres se les hacía responsables de la conducta de sus hijos (...) Esta legislación de sospechosos, nueva en los fastos de la revolución española, rebajaba considerablemente al Gobierno de la Reina; poníalo casi al nivel de las huestes de Cabrera o de las hordas de la Mancha. Afortunadamente, aquellas órdenes terroríficas, violentas, preñadas de males y capaces de encender en cada pueblo una nueva guerra civil, eran de difícil si no imposible aplicación».

La puesta en práctica de estas medidas parecía, en efecto, irrealizable y nada tiene de extraño que apenas se aplicasen, como lo atestigua una posterior Real orden de 1 de abril de 1837 en la que se aludía a que «la apatía observada en la ejecución de aquellas providencias saludables tan necesarias para intimidar, contener y corregir a los malvados y desleales, como interesante para proteger, alentar y fortalecer a los patriotas y fieles defensores del Trono de Isabel II (...) y que debieran impedir absolutamente que partidas desordenadas de miserables, en gran parte desarmadas, y en el todo imbuidos de la cobardía y la debilidad propias de sus crímenes, invadan pueblos de numeroso vecindario, arranquen de sus hogares a los más estimables vecinos, los roben, los ultrajen y asesinen ignominiosamente, logrando por tan inicuos medios infundir la desconfianza, sembrar la desunión e inspirar el terror entre los buenos, al paso que alimentan la osadía y el número de los malos y debilitan la acción y los recursos y dividen las fuerzas del Gobierno legítimo». El Ministerio sabía de sobra que salvo excepciones la voluntad de resistencia de los vecinos era mínima puesto que ellos consideraban iguales, y con razón, a los dos bandos. En aquella guerra, que no era de ellos, cada facción maltrataba a los amigos de los contrarios, premiaba a los denunciantes (que luego serían represaliados por los otros), exigían rescates a los pudientes y al final se llevaban todo lo que no habían podido ocultar a tiempo.

La guerra civil –insistimos– no era una lucha de dos ejércitos que se enfrentaban intermitentemente en batallas sangrientas sino que se desarrollaba fundamentalmente en la retaguardia entre hombres armados y ciudadanos indefensos a los que se fusilaba y se expoliaba de manera sistemática. La verdad es que la guerra carlista no fue la de Mendigorría, Luchana y Oriamendi sino la de los asesinatos de la madre de Cabrera y los rehenes de Adamuz, donde no hay épica sino cainismo bestial que llegaba, como acabamos de ver, a las Cortes donde civiles de levita y sombrero de copa pedían más dureza y más sangre. Las exageraciones y disparates de los partes militares nos impiden conocer las víctimas de las batallas; pero sabemos que donde el país se desangraba no era en ellas sino en los hospitales desatendidos y en los paredones de fusilamientos, sin olvidar las víctimas del hambre. Las durezas y las represalias siempre parecían escasas y los destellos humanitarios del «tratado de Elliot» se tenían por debilidades incompatibles con el furor que practicaban los dos bandos con igual vesania.

Esta visión, sin embargo, no encaja mucho con el elevado número de bajas que un historiador militar de finales del siglo XIX, Francisco Baradó y Font, había contabilizado en el ejército cristino durante los siete años de guerra: 66.159 distribuidas entre la infantería de línea (21.784), Guardia Real (11.894), cuerpos facultativos (2.126), milicias provinciales (15.981), cuerpos francos (9.782) y caballería (4.592) (apud Bullón, 647). De ser correctas estas cifras, ¿qué proporción guardarían con las bajas de la población civil que nadie se ha atrevido a intentar contabilizar?

Los testimonios que han aparecido en las páginas anteriores nos permiten constatar la existencia en el bando liberal de un estado de opinión que predicaba la dureza en la prevención y represión de los carlistas, de quienes les apoyaban y aun de los sospechosos de serlo y hacerlo. Ahora bien, este modo de pensar es prueba también de una línea contraria de pensamiento partidaria de la mesura y que era propia de los mendizabalistas, a los que las alas avanzada y radical del progresismo acusaban de excesiva templanza.

Lo que parece incuestionable es que en el seno de la familia liberal se enfrentaban dos tendencias contrarias –la que admitía una cierta tolerancia o lenidad y la que exigía la dureza a ultranza, el exterminio sin contemplaciones– que no coincidían con sus posiciones políticas básicas (moderados, progresistas y sus distintas fracciones) sino que eran reflejo más bien de un talante personal humanitario o sangriento. Desde el punto de vista de su funcionalidad política todavía hoy, al cabo de casi doscientos años, resulta difícil enjuiciarlas con seguridad. Es posible, desde luego, que la lenidad contribuyese a la prolongación indefinida de la guerra; pero también es posible, y aun probable, que la aplicación de la política dura hubiera ahondado todavía más el foso que separaba a aquellas dos Españas hasta imposibilitar su posterior reconciliación y ni siquiera un olvido piadoso.

Estados de sitio y de guerra

Dado que la constitución y las leyes hacen una regulación bastante precisa de estas circunstancias, podrían hacerse prolijos análisis jurídicos y efectivamente no faltan autores que así lo han hecho. Ahora bien, como en este libro lo que nos interesa no son los textos sino la realidad, nos inclinamos a ofrecer una visión muy distinta. Porque es el caso que lo que nos preocupa no era el régimen formal de tales estados y ni siquiera la arbitrariedad con que se declaraban sino los abusos cotidianos que a su amparo se cometían. Dicho con otras palabras: cuando los militares, forzados por las circunstancias, creían conveniente comportarse de una manera contraria a la constitución y a las leyes, lo hacían sin vacilar sabiendo que de hecho eran impunes puesto que ninguna autoridad civil –ni siquiera las Cortes, como vamos a ver inmediatamente– tenía coraje para reprocharles y mucho menos para hacerles frente o para exigirles responsabilidad personal; mientras que el Gobierno lo toleraba y hacía lo posible para no enterarse de nada por mucho que la prensa lo airease. Ahora bien, en el supuesto de que tuvieran escrúpulos o sus abusos superasen los niveles habituales de ilegalidad, acostumbraban a buscarse una cobertura constitucional mediante la declaración de un estado de sitio o de guerra, que excepcionaba la aplicación de las garantías fundamentales, ampliando desmesuradamente sus posibilidades de actuación. Lo que daba paso con frecuencia a dos nuevas irregularidades: la primera, a la hora de proceder a la declaración de excepción, que no solía realizarse de forma correcta; y la segunda, a la hora de cometer abusos que no estaban autorizados ni siquiera durante la vigencia de tales estados excepcionales.

De todo ello dio la voz de alerta Alcorisa con su tozudez característica. Primero en una intervención de 3.10.1836 en la que suplicó «a las comisiones que presentasen con la urgencia que el negocio reclama un proyecto de ley por el que se marquen los límites hasta donde puede avanzar la autoridad militar en esto de declarar (mediante un simple bando) en estado de sitio a toda una provincia, cosa nunca vista hasta aquí». Y como el ruego no fuera atendido presentó otra proposición el 8.10.1836 que fue glosada a continuación por su autor en los siguientes términos: «Por ese bando se ha puesto a todos los habitantes de aquellas provincias fuera de sus jueces naturales y a merced de los comandantes generales o de columnas, los cuales pueden hacer a su antojo cuanto les parezca; y por más que se diga que el Gobierno ha autorizado a aquel capitán general a hacer esto, es un error porque ni aquél tiene facultad para dar semejante autorización, ni aun cuando lo hubiese hecho, debería haber usado de ella el barón de Meer. Sólo las Cortes son las únicas que pueden declarar suspensos los artículos arriba citados de la Constitución. Pero hay más. En el mismo bando se autoriza a los comandantes generales de provincia, a los de partido y a todo bicho viviente, como sea militar, para que exija, robe y haga lo que se le antoje respecto de los patriotas y liberales decididos y carlistas sin distinción de colores, quitando el conocimiento a los intendentes y demás empleados públicos, lo mismo que a las diputaciones provinciales y demás autoridades populares. (...) En estado de sitio sólo puede declararse una plaza que esté sitiada realmente, pero hacer esta declaración a una provincia entera, ¿adónde iríamos a parar?».

Días después, el 22.11.1836, acudía Cabrera de Nevares a la misma brecha: «otra de las ventajas que resultarían de adoptar mi proposición será ver por qué se hace trizas a cada paso por ciertas autoridades militares la autoridad legal. Sin previa autorización se ven todos los días distritos militares, provincias enteras, con un anatema lanzado por la punta de la espada militar, declaradas en estado de sitio. ¿Así se miran con desprecio los derechos de los hombres? ¿Para eso nos batimos bajo el estandarte de la libertad? ¿Cómo los que debían sostenerla son los primeros en hollarla? Media España está en estado de sitio, ¿y podremos nosotros mirar con indiferencia este estado de cosas?».

Escandaloso era, en efecto, lo que estaba sucediendo; pero más todavía que las Cortes no se atreviesen a abordarlo para no enfrentarse con los militares. ¿De qué valían entonces las protestas de Alcorisa? El diputado tuvo, no obstante, el coraje de insistir sobre ello en la sesión del 30.3.1837: «He excitado por tres veces a la comisión de Guerra y de Legislación para que presentase el dictamen sobre mi proposición y por desgracia hasta ahora nada he conseguido con las excitaciones que he hecho y estoy en el caso de repetirla en presencia de los señores de la comisión con motivo de la proclama del barón de Meer en Barcelona (...) Si esto es así, preciso es decir que estamos peor que en Turquía, porque publicado el sistema constitucional, deben desaparecer de España semejantes arbitrariedades y ni el Gobierno debe permitirlo ni las Cortes tolerarlo».

El 15 de junio siguiente volvió el infatigable Alcorisa a la carga: «Viendo el tiempo que está pasando sin que las comisiones encargadas den su dictamen, a pesar de haber reclamado ya por cinco veces el despacho, bueno o malo, favorable o adverso, de mi propósito, no puedo menos de hacerlo presente a las Cortes, a fin de excitar el celo de los individuos de las comisiones reunidas».

La moraleja de cuanto acaba de decirse es clara: la indefinición normativa de los requisitos para la declaración de los estados de sitio y de guerra era grave porque daba pie a la realización de excesos al amparo de interpretaciones sectarias de los preceptos confusos; pero más grave eran las prácticas abusivas que con esta pretendida cobertura tenían lugar con llamativa frecuencia; aunque lo peor de todo era, sin duda, que las Cortes no se atreviesen a afrontar abiertamente este asunto. Y ello por tener cabal conciencia de dos circunstancias igualmente preocupantes: una, la de que carecían de autoridad para llamar al orden a los jefes militares; y otro, la de saber que en una guerra eran inaplicables la constitución y las leyes.

Las consecuencias de todo esto no podían ser más contradictorias y desesperanzadoras: se estaba luchando contra el despotismo monárquico pero se abrían las puertas al despotismo militar y se estaba luchando para imponer una constitución y unas leyes liberales que sus propios defensores eran los primeros en no aplicar. Vistas así las cosas, era evidente que los partidarios de Isabel II estaban perdiendo a ojos vista su legitimación. ¿Qué devoción podían sentir los catalanes por el liberalismo cuando Espoz y Mina y el barón de Meer les estaban tratando con el mismo despotismo que el conde de España en los peores tiempos del absolutismo? En estas condiciones era difícil alegar que la constitución ofrecía una garantía frente a las arbitrariedades del Poder e imposible entusiasmarse sinceramente por la libertad, el Trono y los derechos de la «niña angelical» que residía en Madrid. Los permanentes estados de sitio y de guerra en que vivía más de la mitad de la Península demostraban la hipocresía de una constitución que se prestaba a servir de cobertura a toda clase de abusos e ilegalidades. Pero ¿simple hipocresía o falta de coraje del Poder civil para oponerse al Poder militar? Sea como fuese, la gestión de estos estados excepcionales era un buen entrenamiento o ensayo del futuro régimen de generales protectores de la Monarquía.

Devastaciones de los facciosos

Conocemos bastante bien el detalle militar de las expediciones carlistas así como el alternante corrimiento de los frentes en Cataluña, Aragón y Levante; pero todavía no se ha dado suficiente importancia a sus consecuencias políticas y económicas. En el terreno político el incontenible avance de los facciosos y el inexplicable fracaso de sus perseguidores eran aprovechados implacablemente, y no siempre de buena fe, por la oposición para desacreditar al Gobierno y hasta con tal pretexto lograron un día derribarle. En el terreno económico se producía de manera indefectible la ruina de los que apoyaban la causa liberal y a veces también la de los propios carlistas cuando se trataba de requisas e imposición indiscriminada de impuestos, sin contar con las represalias y levas, más o menos voluntarias, de mozos. Además y por supuesto, los desplazamiento de poblaciones y en último extremo, las muertes, violaciones y asesinatos.

El testimonio más estremecedor es el Diario de Sancanell (publicado por Bullón, 1986, pp. 88 y ss. en lo que aquí se cita), por lo que tiene de sincero ya que no pretendía ser publicado. Veamos algunos apuntes de este jefe militar que acompañó a Don Carlos durante su expedición: «8 de junio. Desde este día se pasó mucha miseria. El ejército no tuvo raciones, los oficiales y los empleados no comieron ni pan (...) El voluntariado, como no le daban de comer, empezó a desmandarse. Día 9. Tampoco se encontró para racionar a la tropa, por lo que los excesos continuaban, las tropelías se repetían. Día 14. Como no había raciones, el voluntariado se puso en la dura alternativa de robar o de morirse de hambre, y como hubieren ocasión de lo primero, lo prefirieron a lo segundo aprovechándose del abandono en que le tenían las discordias de los jefes. Ésta es la única causa de los excesos cometidos por una expedición que debía haber sido el modelo de la disciplina si todas las notabilidades hubieran cumplido con su deber. Día 24. En este pueblo (Suria) en que sus pocas casas estaban quemadas, no pudieron nuestros voluntarios comer porque no había, ni menos robar porque tampoco había dónde. Día 25. Este pueblo (Claravalls) también se acordará de la expedición por ser uno de los que más padecieron por los dispersos y que apenas el rey salió fue saqueado por los hambrientos que buscaban que comer».

En estas condiciones tenía que ser extraño que los partidarios de la causa carlista conservaran la fe después de haber padecido tales devastaciones; y si esto era así con ellos, qué no sería con los afectos a la causa liberal. Pero en cualquier caso conviene tener siempre presentes las siguientes distinciones: en unos casos los saqueos eran consecuencia de un estado de necesidad; tal como acabamos de oír a Sancanell, el soldado hambriento se busca el alimento como puede. Cuando se trataba de exacciones, en cambio, era ya un saqueo organizado en beneficio de la caja militar para atender a las necesidades generales, aunque preferentemente se atendía a las del ejército. Y, en fin, estaba el saqueo puro y simple de bandas indisciplinadas que se enriquecían por su cuenta, aunque a veces tales saqueos eran tolerados para compensar los retrasos en las pagas.

En resumidas cuentas, ocupado un lugar por los facciosos y una vez fusilados quienes habían ofrecido resistencia y quemadas sus casas y las de los cargos municipales ausentes, lo primero que hacían era apoderarse del metálico que encontraban en las cajas públicas y en los domicilios particulares y a continuación detenían como rehenes a los pudientes exigiendo para su liberación el correspondiente rescate. Cuando salían del pueblo se llevaban consigo a los no rescatados, todas las armas, víveres y utensilios transportables, arreando naturalmente a todo el ganado de tiro, de silla y de boca que no hubieran consumido durante la ocupación. Atrás sólo quedaba la humareda de los incendios y la desolación más absoluta, dejando sólo indemnes a sus partidarios; aunque el destino de éstos tampoco era lisonjero porque cuando volvían los cristinos, el hecho mismo de haber sido respetado equivalía a un reconocimiento de ser faccioso, por lo que a quienes estaban en edad de hacerlo no quedaba otra salida que unirse a la partida.

Compárese ahora esta realidad con las bienintencionadas declaraciones de El Eco del Comercio de 3.5.1837: «los facciosos tienen sobre nosotros ventajas considerables, cuales son las que provienen de las diferencias entre los que respetan las leyes, y con ellas la propiedad y los principios, y los que tienen permitido todo lo que les es útil (...) Ellos miran a los pueblos como pertenencia suya por derecho de conquista y creen merecer todavía a su reconocimiento por todo lo que dejan de destruir. Nosotros, por el contrario, nos presentamos como defensores suyos y no podemos encontrar recursos con la violencia». Este párrafo –y otros innumerables del mismo tenor que aparecían cada día en la prensa– no eran fruto ni de la ignorancia ni del cinismo sino muestras de propaganda bélica que los escritores practicaban con absoluta naturalidad y buena conciencia. Pero, propaganda aparte, parece evidente que en aquella guerra sin frentes ni alimentos operaban a su aire columnas famélicas de ocupación, fueran cristinas o carlistas, y si la impresión general es la de que la violencia y el terror eran más habituales en las filas del Pretendiente, es posible que ello no se deba tanto a la realidad como al color político de la tinta de los informadores, pues la guerra civil ha sido relatada más por los liberales vencedores que por los carlistas vencidos.

Una última observación: es llamativo que en las fuentes no se mencione el trato dado a las mujeres. ¿Es posible que se las respetase por su condición de españolas? ¿O que se silenciasen estos hechos para no perjudicar la honra de los lugares o por pacatería de los informadores? Sea como fuese, los testimonios en tal sentido son escasísimos. Anguera (p. 442) recoge uno que tuvo lugar en febrero de 1835 cuando los carlistas al fracasar ante Calafeu «incendiaron todos los pajares y varias casas de los alrededores, sin hacer diferencia de lo que era propiedad de los buenos patriotas o lo que lo era de los indiferentes, autorizaron a los satélites para el robo y el asesinato que efectuasen asaltando todas las casas y reduciendo a varias familias al estado de mendicidad (...) Violentaron a todas las mujeres que por desgracia se encontraban fuera de la villa (...) No queriendo una de ellas condescender a las horrorosas pretensiones de un fraile capuchino, fue víctima de las sagradas manos de éste, que la tiró un pistoletazo». Otro testimonio aparece en la Exposición que dirigió a las Cortes a finales del año 1837 la diputación de Cuenca al hacer una trágica relación del estado de la provincia:

Tres años de malas cosechas, cuatro de exacciones y robos, el saqueo y el incendio de las haciendas de los ciudadanos más notables, la violación de sus mujeres e hijas, la muerte de muchos, el abandono de todos y la ninguna esperanza de que se les proteja en adelante.

Por nuestra parte, la única alusión que hemos encontrado en los miles de páginas del Diario de Sesiones ha sido una marginal de un discurso de Hompanera del 13.9.1837 en donde se habla de «esposas e hijas violadas por consecuencia de la guerra». En el presente libro únicamente estamos en condiciones de constatar este hecho y dejar abierto el interrogante porque si está probado que los defensores oficiales de la Religión, colocados bajo el patrocinio solemne de la Virgen de los Dolores, no vacilaban en quemar iglesias ni en llevarse las cruces y cálices de valor, ¿es creíble que respetasen a las mujeres?

La guerra lleva consigo inevitablemente sangre y violencia, pero también se producen compromisos de situaciones pacíficas en beneficio tanto de los ocupados como de los ocupantes y así se explica que muchos pueblos permitieran la convivencia de liberalistas y carlistas y la intermitente «conquista» y «reconquista» de caseríos donde los combatientes podían descansar y esquilmar a los vecinos siguiendo un cierto turno.

La mayor parte de los testimonios disponibles nos hablan de escenas de incendios, de sangre, de saqueos, prisiones y secuestros, que por desgracia eran veraces. Pero con toda probabilidad las cosas no habían de ser siempre así aunque sólo fuera porque no resultaba prudente «matar a la gallina de los huevos de oro». Prescindiendo de la eliminación, por hierro o fuga, de los enemigos declarados se tendía inevitablemente a establecer un equilibrio que podría calificarse de normalidad dentro de la anormalidad, de la ordenación del desorden. Quiere esto decir que a la media o a la larga mejor que acudir a la violencia indiscriminada y al saqueo resultaba más rentable apropiarse sencillamente de los caudales públicos existentes en las intendencias y ayuntamientos y recaudar pacíficamente las contribuciones impuestas por los cristinos. Esta práctica se encuentra perfectamente documentada.

Bandidaje, inseguridad

Independientemente de lo que sucedía en los lugares donde se luchaba o por donde caminaban las columnas, es el caso que todo el territorio sometido al Gobierno de Madrid se encontraba infestado de guerrillas (o de bandidos, según fuera el que las juzgaba) que hacían inseguros los caminos y despoblados. La primera víctima de esta situación eran naturalmente los correos, constantemente interceptados, como explicaba El Eco del Comercio de 17.2.1837: «Desde Ocaña hasta Despeñaperros no hay seguridad para los correos ni para ninguno de los que viajan; el comercio sufre perjuicios muy considerables; los cambios y todos los negocios se paralizan o entorpecen y estamos casi incomunicados con ocho provincias de las más ricas de España».

Una situación a la que pretendió hacer frente con no poca ingenuidad la Real orden de Gobernación de 3.5.1837:

Por resultas de los oficios de V.E. dando parte de la detención de los correos en Tembleque por falta de escoltas y del robo efectuado del coche de la diligencia entre Andújar y Villa del Río, se comunica por este ministerio al de la Guerra la orden oportuna a fin de que con preferencia a otra cualquiera atención, se afiance la seguridad de la correspondencia y mantengan expeditas las comunicaciones con Andalucía, haciéndole presente al propio tiempo la conveniencia que resultará al servicio de que en lugar de las escoltas de infantería que acompañan a los correos en su tránsito, se faciliten de caballería y que éstas observen la mayor exactitud y regularidad en lo sucesivo, sin hacer aguardar aquéllos, como hasta aquí, su auxilio. También se hacen las prevenciones convenientes a los jefes políticos de Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Sevilla, Murcia, Valencia y demás de las carreras principales para que de acuerdo y con el más decidido auxilio de las diputaciones provinciales, dispongan sin excusa alguna qué partidas fuertes de la Milicia nacional, o de otra fuerza que puedan armar, recorran incesantemente los caminos por donde transitan los correos con el objeto de asegurar el curso de éstos contra las tentativas de pequeñas partidas de rebeldes.

El 21 de julio nueva Real orden que, reconociendo el poco efecto producido por la anterior, aumentaba las precauciones implicando al ejército y ofreciendo premios sustanciosos:

1. Que por el ministerio de la Guerra se den las órdenes convenientes a las autoridades militares de las provincias, imponiéndoles la más estrecha responsabilidad por la interceptación de los correos que ocurra en sus respectivos distritos, declarándose que es servicio preferente la custodia de dichos correos. 8. Se concede a los milicianos nacionales una onza de oro por cada faccioso-ladrón que aprehendan en el acto de robar la correspondencia, o después de haberla robado, o detenido cualquier correo.

La gravedad de la situación se refleja perfectamente en un oficio del capitán general de Castilla la Nueva dirigido al del reino de Granada y Jaén de fecha 23 de julio 1837 (la Gaceta del 9 de agosto) en el que se establece un régimen de convoyes:

La repetición que observo tan frecuente en los robos de la correspondencia pública, diligencias, galeras y particulares en la carretera de Andalucía, me ha decidido a establecer una expedición cada diez días, que partiendo de Aranjuez llegue en la mañana del quinto día a la venta de Cárdenas, donde recibiendo las procedencias de esos reinos y las de Andalucía, regrese al punto de partida (...) Y sirviéndose hacerlo público pueda el comercio aprovecharse de la seguridad que les ofrezco en el tránsito de La Mancha.

Ésta es la información –absolutamente veraz ciertamente– que nos proporcionan las fuentes cristinas; pero no hay que olvidar que las fuentes carlistas, que sólo han empezado a ser examinadas más tarde, nos dan una visión exactamente igual pero referida ahora a sus adversarios. Sin necesidad de ir más lejos de Pirala (III, 1.003 ss) pueden recogerse varios textos del «sanguinario Cabrera» en los que acusa a una partida de francos cristinos de «asaltar con cautela a los indefensos o paisanos que designaban para robarlos o matarlos sin que jamás se haya batido con las tropas de la legitimidad» y en una carta a Van Halen acusa a las tropas liberales de exigir rescates por secuestros, «de ocupar los mulos que los labradores han comprado para la agricultura, de saquear pueblos abiertos sin haber encontrado la menor resistencia, arrebatando sus vecinos sin reparar fuesen hombres, mujeres o niños».

En verdad que si se contabilizasen los desastres provocados por uno y otro bando los dos saldrían igualados en las puntuaciones más bárbaras. Pero en este punto resulta imposible hablar con precisión puesto que no hay estadísticas fiables (ni podrá haberlas nunca) y lo único que se cuenta es con hechos aislados que solamente sirven para ilustrar una situación que se da por verosímil.

Por otra parte, ¿de dónde salían tantos bandidos y cuáles eran las causas de la generalización de estas actividades? La opinión liberal dominante era que el hambre era la que echaba a los hombres al campo y que tomaban convencionalmente el nombre de facciosos aunque no se preocuparan lo más mínimo de Don Carlos ni de la guerra. Así se decía en las Cortes y en la prensa, pero la verdad era que casi nadie se lo tomaba en serio. De aquí la importancia de una excepción, la de Lasaña en su intervención del 19 de septiembre de 1837: «Está mandado a los ayuntamientos que en los meses de invierno hagan todas las obras de utilidad pública para proporcionar jornales a aquellos trabajadores que en esos meses no tienen en qué ocuparse ni qué comer. En el estado en que se hallan los pueblos por las vicisitudes de la guerra, sucederá este invierno que muchos liberales por comer han de tener que irse a la facción. Evitemos esto, aprovechemos el buen espíritu de estos hombres y su buena intención y démosles de comer. En este caso tendremos otros tantos defensores de nuestra causa y evitaremos ese mal, porque es menester advertir que el hombre de mejores ideas, si se ve acosado de hambre, hará cualquier cosa por comer: y en estando dos o tres meses en la facción, acostumbrándose a aquella vida, se hará tan feroz como sus compañeros. De aquí resulta que hay no sólo una razón moral sino de conveniencia para que se adopte esta medida».

Prisioneros y represalias

Los ejércitos en guerra siempre han aceptado ciertas leyes –escritas o no– que garantizaban una cierta humanidad e igualdad de trato en la suerte de tropas singularmente afectadas (heridos, prisioneros). Leyes que, sin embargo, no se aplicaban a quienes no gozaban de un estatus estrictamente militar y éste era lamentablemente el caso de la Primera Guerra Carlista que inicialmente no se tenía por guerra en sentido propio sino por rebelión (las tropas cristinas contra Don Carlos, el rey legítimo, y recíprocamente las tropas carlistas contra Doña Isabel II, la reina constitucional). En estas condiciones no había regla ni consideración alguna entre ambos contendientes especialmente desde la ruptura de la cordialidad inicial entre Valdés y Zumalacárregui (y nada digamos en el frente del Centro desde el fusilamiento de la madre de Cabrera). Fernando Fernández de Córdova ha evocado en sus Memorias íntimas algunas relaciones, más que románticas, caballerescas, entre oficiales de los dos ejércitos del Norte, que terminaron siendo oficialmente prohibidas.

En este contexto la guerra tenía que ser sin cuartel, «bárbara», en la que tenían cabida toda clase de represalias y crueldades y que estaba horrorizando a Europa. Hasta que por iniciativa inglesa y venciendo no pocas resistencias por ambas partes se pudo firmar el 27.4.1835 el llamado convenio Elliot (en atención a su promotor) firmado por Jerónimo Valdés y Tomás Zumalacárregui. En él se pactaba conservar la vida a todos los prisioneros, verificándose el canje dos o tres veces al mes con igualdad de clases, empleos y categorías, declarando neutrales los puntos que sirviesen de depósito a los prisioneros.

1. Los jefes y oficiales cristinos que caían prisioneros de los carlistas no percibían lógicamente sueldo alguno pero sus familias eran atendidas con una media paga y cuando el interesado obtenía la libertad por canje, rescate o fuga y se reincorporaba a su regimiento se le liquidaba la totalidad de sus haberes. Un sistema racional, regulado por las Reales órdenes de 23.6.1835, 11.9 y 25.11.1837, aunque afectado inevitablemente por el retraso crónico del abono de sueldos. En cualquier caso, los problemas no venían de aquí sino de la distinta suerte que padecían en general los prisioneros de uno y otro bando.

En la Gaceta de 5.5.1837 puede leerse una relación tan desgarradora como airada: «Presenciamos ayer el canje de 259 soldados y oficiales nuestros por otros tantos facciosos. Éstos fueron con el vestuario que trajeron y la mayor parte lo llevaron mejorado por la caridad de algunos y el afecto de otros; fueron sanos y robustos porque les hemos dado bien de comer. ¿Y cómo nos entregaron nuestros soldados? Exánimes, desnudos, completamente desnudos, de una manera tal que la decencia se resiste a bosquejarlos. Les han obligado a sufrir extraordinarios tormentos, les han tratado peor que a las bestias más despreciables y han hecho morir de hambre a nuestros valientes dándoles sólo 7 u 8 raciones al mes».

Por su parte El Eco de la Razón y de la Justicia de 13 de abril (1837) publicó una carta en la que se informaba que «ha habido un canje y nuestros infelices oficiales y soldados han llegado hechos unos esqueletos; mientras que los prisioneros que hemos dado han ido muy robustos y vestidos; y los nuestros en cueros». Y El Eco del Comercio del 24.6.1837 describía así un canje en el norte: «Se reciben soldados del depósito de Lazcano. No pueden caminar de debilidad. Recibían sólo agua, seis onzas de pan y siete de alubias para todo el mes, es decir, 30 granos diarios».

El destino de los prisioneros ha llamado siempre la atención de los cronistas coetáneos y de los historiadores posteriores puesto que en él se reflejaba la crueldad de la guerra con mayor crudeza aún que en el campo de batalla. Las perspectivas de un prisionero (y más en los tiempos y zonas donde no se aplicaba el llamado «tratado Elliot») se reducían a enrolarse en las filas del bando contrario (que era lo más frecuente pues entre los soldados no había empacho alguno en aceptar cualquier bandera, que para ellos de ordinario nada significaban) o sufrir las penalidades más inauditas que con frecuencia acababan con la muerte. Sus condiciones de vida eran infrahumanas y no podía ser de otro modo teniendo en cuenta que nada de bueno tenían las de sus guardianes, azotados todos por el hambre, la desnudez y la miseria. En cualquier caso, podemos tomar como botón de muestra uno singularmente ilustrativo por su dureza: el de los prisioneros de Cantavieja, que empezó a discutirse en sede parlamentaria en la sesión del 17.9.1837 con una proposición de Alejos Burriel:

Los bravos del ejército español nacional, que cedieron al número de las fuerzas reunidas por el pretendiente en los campos de Herrera, en la provincia de Zaragoza, merecen al Congreso una mirada de piedad. Reducidos desde el campo de batalla a la desnudez absoluta, y recluidos en un edificio situado en la cima de los elevados montes de Cantavieja, sufren ya los rigores del frío, que les será insoportable avanzando la estación. En este concepto, pido a las Cortes se dignen acordar que mientras se discute la ley de represalias propuesta por la comisión especial sobre la exposición de la diputación de Valencia, prevenga el Gobierno de S.M. del modo y con la energía que debe, a los jefes rebeldes del Bajo Aragón y demás puntos infestados por ellos, que si a las 24 horas de recibida esta intimación no mudan de conducta, serán tratados con mayor rigor, si cabe, que los de sus compañeros que se hallen en igual caso.

La cuestión que en el fondo aquí latía era naturalmente la de las represalias que se había explicitado ya el 28 de agosto en una proposición encabezada por Argumosa en la que se pedía que

a la mayor brevedad posible se dicte una ley de represalias reales y personales, capaz de enfrentar las tropelías, los robos y la devastación que causan los rebeldes y sus allegados, para compensar en la manera posible las pérdidas de los patriotas y de sus familias, a cuyo fin, y consultando lo perentorio de esta necesidad, se nombre una comisión especial que proponga el oportuno proyecto.

Y más todavía, dos días después añadió Madoz:

Las causas que producen los males son bien conocidas y todos hemos creído reconocerlas en ese exceso de lenidad que ha hecho la posición de los carlistas mejor bajo cierto aspecto que la de los liberales y si se quiere mucho más ventajosa. Los carlistas han vivido en los pueblos protegidos hasta por los mismos jefes de las columnas, al paso que los liberales, los patriotas, han estado continuamente siendo víctimas de las tropelías de las facciones si vivían en los pueblos abiertos o sacrificados para el mantenimiento de las guarniciones cuando se habían retirado a puntos fortificados. (...) Yo puedo asegurar al Congreso que en Cataluña son indecibles los males que se han padecido por no haberse adoptado este sistema de represalias.

En contra de las represalias se pronunció, no obstante, Fontán en la sesión del 19.9.1837: «Las leyes de represalias son siempre leyes de venganza: son leyes en que generalmente pagan justos por pecadores. ¿Qué culpa tiene el infeliz prisionero que se hallaba garantizado en su vida por el hecho de estarlo, de que a otros españoles o a otros jefes les dé la gana de cometer un atropellamiento a otros, para que por vía de desquite o de represalias se les sacrifique?».

Pueden imaginarse las salidas que tenía una situación tan angustiosa, aparte de la ya indicada del cambio de banderas: o la muerte por hambre, frío y enfermedades; o el canje previsto en el tratado de Elliot o, en fin, la represalia implacable como puso de relieve el mismo Alejos Burriel en la sesión del día siguiente: «Creo que las Cortes no deben contentarse con que a estos desgraciados se les libere de la intemperie sino que deben dictar una medida severa, o excitar al Gobierno de S.M. para que la dicte, a fin de que los enemigos mismos respeten el sagrado derecho de la humanidad como deben, bajo el concepto de que si no, sufrirán sus compañeros la misma suerte. (...) En vista de atentados tan horrorosos, es menester que yo llame la atención del Congreso para que imponga a esos caribes, mandando que se use de represalias; y no represalias solamente, sino que por cada patriota que maten, se mate un millón de enemigos. Los que seguimos el partido nacional no solamente proclamamos la humanidad, sino que la practicamos. Es menester que nuestros enemigos la respeten también o que sufran el horroroso castigo a que se hacen acreedores».

Aunque también cabía una posibilidad más remota pero que en este caso llegó a ser operativa: el socorro de los prisiones tolerado por sus guardias. Así se ve en un oficio del ministerio de Gobernación leído en las Cortes en la sesión del 4.10.1837 en que decía que

el estado de desnudez e indigencia a que estaban reducidos en Cantavieja y Villarluengo los prisioneros que la facción hizo a las tropas nacionales en la acción de Herrera el 24 de agosto último había obligado al jefe político de Teruel a poner en acción los medios únicos de salvar aquellas apreciables vidas, arbitrando recursos para invertirlos en algunos centenares de pantalones, camisas y calzado; que no bastando, sin embargo, a completar el cupo de los vestuarios necesarios, siendo urgentísimo cubrir las carnes de muchos que por su total desnudez, intenso frío y extremada hambre tenían en peligro su existencia, había dispuesto el referido jefe político de algunas alhajas extraídas furtivamente de un convento de aquella ciudad, descubiertas por su celo, cuyo valor no excede de 10 o 12.000 reales; y siendo aprobados estos procedimientos del jefe político por S.M. lo ponía en noticia de las Cortes para que se sirviesen aprobarlos.

Por lo que se refiere a los presentados o pasados, en la sesión del 19.4.1837 informó Almonací que «al nacional inerme o armado, al patriota que cogen esos jabardillos lo asesinan bárbaramente y luego nosotros nos contentamos con coger prisioneros con el nombre de presentados, pues presentado se tiene por desgracia al hombre a quien no le queda otro recurso en la huida que decir que se presenta. Cuando se cogen estos prisioneros, se dice indulto. Yo pregunto al Gobierno si sabe si todos los que quedaron rezagados de Cabrera y Gómez y que con el nombre de indultados quedaron en sus casas continúan en ellas o si están con los facciosos otra vez».

Con razón podía sospecharse de la sinceridad de los presentados y seguro era que muchos regresarían a la facción en la primera oportunidad; pero tampoco era razonable hacerles prisioneros a todos, puesto que no pocos estaban en las filas del Pretendiente contra su voluntad y, sobre todo, porque no cabían en los depósitos habilitados ni había dinero para mantenerlos. De modo que cuantos menos, mejor.

En la Gaceta del 21.10.1837 se recoge una noticia de El Tiempo de Cádiz en que se alude a esta situación de amontonamiento:

Tenemos entendido que el Gobierno ha dispuesto que del depósito de facciosos que existe en San Fernando sean conducidos 800 a Mallorca y 700 a Canarias. Esta medida no puede menos de ser apreciada por los habitantes de la isla gaditana, que tienen un justo y continuo motivo de sobresalto al ver en su recinto un tan crecido número de rebeldes sin que haya también la correspondiente dotación de fuerza armada para custodiarlo. Los 500 hombres que restan deberán ser calificados muy en breve, pues que la mayor parte de ellos pertenecen a la gente que el cabecilla Gómez arrastró tras sí con sus medios violentos».

El modo habitual de descargar la sobreocupación de los depósitos era, como puede suponerse, el indulto, que se concedía con generosidad y sin demasiadas exigencias. En la Gaceta del 9.11.1837 puede verse un ejemplo en la resolución del comandante general de la provincia de Toledo:

1.º Los que hayan sido indultados y fueren aprehendidos, sufrirán la pena de muerte. 2.º Los que hayan sido indultados y se presentaren, pasarán a servir a Filipinas. 3.º Los que no han sido indultados y sean aprehendidos, pasarán a servir a Cuba. 4.º Los que no han sido indultados y se presenten, se les expedirá indulto, advirtiéndoles que si vuelven a ausentarse de su partido sin permiso de la autoridad y son aprehendidos, serán pasados por las armas.

De notar es aquí que la facultad de conceder indultos, hoy tenida por excepcional, no estaba reservada en aquel entonces ni a la Reina Gobernadora ni a las Cortes y ni siquiera al Consejo de ministros, sino que la practicaban cotidianamente jefes militares tan modestos como un comandante provincial. Había demasiados condenados y prisioneros para andar perdiendo tiempo en expedientes enojosos y, en consecuencia, bastaba un simple plumazo para sin más dilaciones mandar a casa a los afectados. En materia penal ordinaria (es decir, no militar) quien concedía los indultos era el Rey como se ejemplificaba en la truculenta noticia publicada en la Gaceta el día 7.3.1837:

procedente de Cáceres referente a la ejecución a garrote vil de dos facciosos de la gavilla de Rincón: «Todo estaba preparado para que a las once saliesen al patíbulo (...); pero a las nueve y media de la noche, después de recibir la última cena los reos y puestas las acostumbradas mortajas o túnicas, se presenta un posta que ganando horas llega de Madrid con la noticia del perdón o indulto completo que la bondad de la compasiva y sin par Cristina ha concedido por un efecto de su maternal cariño hacia sus amados españoles».

2. El mal trato que –en opinión de los liberales– daban los carlistas a los prisioneros agitaba aún más la espinosa cuestión de las represalias, ya aludidas más atrás, en cuya aplicación estaban empeñados los elementos más furibundos y todos aquellos que creían que el llamado Tratado Elliot había sido una trampa para el ejército cristino. En agosto de 1837 esta vieja polémica fue atizada por una exposición de la diputación de Valencia (estudiada en el epígrafe primero de este capítulo) que desembocó en una propuesta de la comisión para que «a la mayor brevedad posible se dicte una ley de represalias reales y personales».

La cuestión venía de antiguo y sobre ella ya se había polemizado en la sesión del 19.1.1837 en la que se expresaron con rotundidad las dos opiniones contrapuestas. Unos, como Antonio González, querían mantener a todo trance la dignidad de los principios liberales: «Nosotros no queremos obrar de la manera escandalosa de ellos ni adoptar sus principios. Ellos obran contra todos los principios sociales, no respetan las leyes ni ninguna de las garantías consagradas en toda sociedad bien organizada y que nosotros queremos entronizar». Mientras que otros, como Juan Osca y Caballero, estaban dispuestos a renunciar temporalmente a ellos para no conceder ventaja alguna al enemigo: Juan Osca: «Si queremos seguir las reglas estrictas de las leyes y no separarnos de la moral rígida que debe observarse con todos los hombres, no adelantaremos nada. Ya que los facciosos nos aplican todo lo malo, no será razón que nosotros procedamos con ellos con tanta circunspección». Caballero: «La lucha que sostenemos es sumamente desigual por la manera de obrar que tienen los facciones y la que tenemos nosotros, pues está demostrado que andamos con muchas consideraciones y delicadezas con nuestros enemigos. Pero para que esta lucha no se prolongue indefinidamente no debemos ser tan escrupulosos observadores de la ley, que cuando la salud de la patria exija pasar por algunas consideraciones, hayamos de detenernos».

La citada Exposición de la diputación provincial de Valencia de 15.8.1837 era a este propósito tan rotunda en el fondo como en la forma:

El rigor no se templa sino con el rigor; a la ferocidad sólo opone coto la ferocidad. Enhorabuena que para hacer ver al mundo entero la enorme distancia que separa a los defensores de la libertad y del Trono de nuestra adorada Reina, de los inmundos y asquerosos satélites del despotismo, se haya ensayado con ellos la lenidad, la moderación, la templanza, la condescendencia. Pero estas virtudes ejercidas sin fruto por espacio de cuatro años, ya no son virtudes; son, sí, debilidad, cobardía y no queremos decir mala intención. Miles de víctimas inocentes o indefensas son sacrificadas en los pueblos al favor de los bandidos del sanguinario Don Carlos. ¿Por qué, pues, no recurre el Gobierno de V.M. a una ley de represalias, que ya se ha hecho tan justa como necesaria y absolutamente indispensable?

Al hilo del debate levantado en torno a esta exposición son de recordar las palabras de Alejos Burriel en la sesión del 1.9.1837: «Respecto a la ley de represalias reales y personales, no haré más que repetir lo que anunció ayer entre otras cosas el sr. Almonací, a saber: que una de las causas por que la guerra ha tomado tanto incremento es la lenidad con que se ha tratado siempre por nuestra parte a los enemigos; la si se quiere extremada injusticia con que se ha procedido hasta aquí con respecto a los patriotas. ¿Qué es lo que se ha hecho para aterrar y escarmentar a los que amenazando a cada momento la vida de los patriotas se ocupan sin cesar en arruinar sus fortunas e intereses? La comisión quiere que se tome alguna medida y por eso propone que haya represalias personales y reales (...) Ha dicho el sr. Fontán que toda disposición legal debe tener por base la justicia y que no siendo la justicia el fundamento de la ley de represalias, no debemos pensar en ella. Yo convengo en que esta medida no estará enteramente arreglada a los principios de justicia: pero ¿quién dudará que está exigida por la conveniencia de los pueblos y por el imperio de la necesidad?».

Pero el mismo día 2 de septiembre (1837) también se oyeron las prudentes palabras de Gómez Acebo: «¿Qué significa una ley de represalias? (...) Los generales, los jefes de provincia podrán dictar en su caso las medidas que juzguen convenientes. La circular de 24 de septiembre de 1836, que era una verdadera ley de represalias ¿ha podido ejecutarse? No ha podido a pesar de que era tan dura como la que la comisión propone. ¿Y por qué? Porque destruía los principios de justicia y de investigación legal». Aunque a continuación habló Alcorisa: «(la represalia) es en mi juicio la principal medida que en las actuales circunstancias puede adoptarse (...) El Congreso, pasando por encima de todos los trámites legales, debería restablecer en toda su fuerza y vigor el decreto dado por Fernando VII cuando salió de Cádiz en 4.10.1823, contra los liberales, es decir, persecución y guerra a muerte».

Juan Osca el 10.10.1837 todavía seguía insistiendo: «Han muerto últimamente en Valencia más de 30 patriotas en diferentes pueblos en que han estado esas hordas miserables de asesinos. Nosotros tenemos en el día muchos prisioneros de esas mismas facciones que están cometiendo esos asesinatos y es doloroso que los estemos sosteniendo mejor que los sostiene la misma facción, con todas las comodidades que puede tener un prisionero y sus compañeros, en lugar de apreciar la justicia y la moderación de los liberales, en recompensa están asesinando en todas partes a los infelices que caen en sus manos».

La historiografía moderna ha silenciado pudorosamente que Madoz fue un predicador constante y encarnizado de una política de duras represalias, como luce, por ejemplo, en su discurso de 30.8.1837: «las represalias que se han omitido han sido lo que más nos ha perjudicado, porque al paso que han debilitado el entusiasmo y patriotismo de muchos, han excitado a otros a abrazar el partido de nuestros enemigos. Yo puedo asegurar al Congreso que en Cataluña son indecibles los males que se han padecido por no haberse adoptado este régimen de represalias». Lo que no ha podido silenciarse en cambio fue el fusilamiento de la madre de Cabrera, que no fue una reacción temperamental de un oficial exasperado sino decisión tomada desde las alturas del mando militar iniciada por Nogueras en circular de 8.2.1836:

Ruego a V.S. que por el bien que ha de resultar al servicio de la Reina nuestra señora mande fusilar a la madre del rebelde Cabrera (...) Lo que comunico a V.S. para que lo haga saber por vereda a todos los pueblos del corregimiento, debiendo mandar V.S. fusilar a las mujeres, padres o madres de los cabecillas de Aragón que cometan iguales atentados que el feroz Cabrera.

Lo que fue refrendado por Espoz y Mina, a la sazón capitán general de Cataluña, en orden del siguiente día 13, que añadió, poco antes de morir, el borrón más grave de un historial ya de por sí sanguinario:

Deseando que un justo sistema de represalias refrene sus excesos (de Cabrera), prevengo al gobernador de Tortosa lo conveniente para que cumpla y llene sus justos deseos, al paso que me parece oportuno indicar a V.S. que son de más ejemplo y trascendencia los castigos efectuados en el mismo punto en que se realizaron los excesos, y si es dable humeen las víctimas inmoladas para que la sangre de las sucesivas aplaque los manes de las que perecieron con honor siendo mártires de la patria.

Sabido es, sin embargo, que en esta ocasión menos que en ninguna la sangre no aplacó los manes de las víctimas, sino que llamó más víctimas y más sangre en una carrera sin retorno. Los dos bandos se reprochaban mutuamente las crueldades más inauditas y forzoso es reconocer que ambos tenían razón. Por lo que se refiere al comportamiento de los cristinos, vale la pena recordar una carta de Cabrera a Van Halen de 18.12.1838 en la que puede leerse lo siguiente: «Me consta los muchos de nuestros soldados que Vds. habían asesinado, aun cuando se encontrasen sin armas y enfermos en sus camas, y también sé que 27 individuos que se presentaron el año 34, fiados en las promesas hechas bajo palabra de honor a la maligna sombra de los indultos por un tal Azpíroz, a los pocos días de su presentación, con asombro y sorpresa y horror de aquel país, fueron fusilados: 17 en la ciudad y los restantes 10 en sus propios pueblos. El hospital de Chelva, teatro de ferocidad democrática, donde se despedazaron y quemaron vivos un considerable número de infelices que yacían en la cama del dolor; el de Cantavieja, campo de destrozo y barbaridades, donde se divertía la filantropía liberal clavando sus aceros en los cuerpos de los moribundos y entre las risas de los verdugos lanzaban dolorosos ayes, eran arrojados por aquellas elevadas y escarpadas rocas; las demasías del puerto de Tortosa, las de Aragón y Valencia recuerdan con espanto las atrocidades más horrendas, que la posteridad se le hará difícil de creer que hubiese figuras racionales capaces de cometerlas, a no ser que se les diga que eran liberales sus autores. Y aún llenaría mil pliegos de hechos inhumanos, pérfidos y atroces de los de su partido si me lo permitiera el tiempo».

Inválidos

Cuando se habla de los desastres de la guerra suele pensarse de ordinario en las bajas mortales; pero la aparición de inválidos y tullidos es más grave tanto desde la perspectiva social como de la individual.

De ello se percataron pronto las Cortes como se vio en el temprano dictamen de la comisión extraordinaria de Guerra de 5.11.1836:

El español que acude al servicio de las armas cuando es llamado por la ley no hace más que cumplir el primer deber que le impone la sociedad. Pero (...) el que derrama su sangre, el que queda mutilado por el hierro del enemigo, el que perece en el campo de batalla dejando en la orfandad y el abandono a su familia, todos éstos son hijos predilectos de la Patria y tienen derecho a esperar de un Gobierno justo e ilustrado la más generosa recompensa (...) Falta que el militar que de resultas de sus heridas quede imposibilitado de ganar su subsistencia no se vea condenado a una mendicidad oprobiosa; falta que al marchar al combate no se vea oprimido por la intolerable zozobra de dejar abandonada su virtuosa familia en medio de una sociedad ingrata y corrompida.

La conclusión de tan buenas intenciones y empalagosas palabras fue más bien modesta puesto que se limitó a indicar

que se pida al secretario del Despacho de Guerra una colección de los decretos y órdenes vigentes relativos a los derechos, retiros, viudedades y pensiones que disfrutan los individuos de todas las clases del ejército inutilizadas en acción de guerra y las familias de los que mueren en el campo de batalla o de resultas de sus heridas para hacer a su vista una ley tan digna de la generosa nación española como de su benemérito ejército.

Ni que decir tiene, sin embargo, que la proposición cayó en saco roto y que nada se hizo dando lugar a un recordatorio posterior de Diego Montoya en la sesión del 11.4.1837: «Frecuentemente estamos viendo, hasta en las calles de la capital, una infinidad de infelices soldados que han derramado su sangre por la patria y los cuales, sin tener que comer e implorando la piedad de los demás españoles, forman desde luego un espectáculo sumamente sensible y desagradable. Este triste cuadro, presentado a los quintos y a los reclutas, les manifiesta cuál es la suerte que les espera y por consiguiente les quita el valor y quizá la fidelidad».

Esta desgraciada situación había de repercutir inevitablemente en la sensibilidad ciudadana y, si se quiere, en el entusiasmo patriótico; y más todavía por el contraste que ofrecía el tratamiento que de esta cuestión hacían los carlistas, como siguió poniendo de relieve el mismo Diego Montoya: «En un tiempo se dijo (...) que a una porción de hombres que no pueden de ninguna manera dirigirse por opinión y convencimiento, se les comprometiese por el amor a sus intereses y a las ventajas que les resulten. De esta manera, y no de otra, pueden atraerse las masas populares y establecerse las instituciones sólida y permanentemente. Pero, por desgracia, nuestra marcha política no ha sido ésta, bien distinta por cierto de la que lleva la facción, que desde luego presenta a su ejército y secuaces ventajas de consideración y premio y remuneración a todas horas a expensas de los que defienden nuestra causa, por medio de la ocupación de los bienes de los patriotas y de todo cuanto pertenece a los amantes de la libertad y de Isabel II.»

Teniendo en cuenta esta situación hizo el diputado una proposición pragmática y directa como todas las suyas:

Pido a las Cortes que ínterin no se arregla la benemérita institución de inválidos, se dé por los ayuntamientos a los soldados, cabos y sargentos inutilizados en acción de guerra la ración y prest que disfrutaban en el servicio; siendo de la obligación de cada ayuntamiento dar este socorro a los inutilizados de su término jurisdiccional, y el que deberá ser abonado en las intendencias a cuenta de contribuciones, con la fe de vida y recibo de los interesados.

Estando todos los diputados de acuerdo, como no podía ser menos, en que algo había que hacer por estos desgraciados, se ofrecía un dilema con opciones difícilmente compatibles: por un lado, la construcción de un «Cuartel de inválidos» siguiendo el ejemplo europeo, y sobre todo francés, que había admirado a los viajeros españoles. Una posibilidad aceptable, sobre la que ya se había pronunciado favorablemente un Ministerio anterior, pero escasamente viable por los costos que ello representaba. Y por otro lado, como alternativa, la propuesta infinitamente más sencilla de Montoya que, con un mínimo de buena voluntad, podía ser realizable sin mayores dificultades. Lo malo del caso era que las Cortes no tenían ninguna prisa en abordar esta cuestión pues el apoyo a unos miserables poca rentabilidad política prometía; con la consecuencia de que el asunto quedó embarrancado en las comisiones, de donde quiso sacarle Lasaña en una proposición presentada el 25.5.1837: «El sr. diputado D. Diego Montoya hizo una proposición en 11 del pasado mes, reducida a que los soldados inutilizados en campaña fueran socorridos por los ayuntamientos de los pueblos respectivos con el pan y prest. Entonces me esforcé cuanto pude para apoyar esta proposición y manifesté lo conveniente que sería que se aprobara desde luego, y que no pasara a una comisión para no perder tiempo. La experiencia ha justificado que no carecía de fundamento este temor. Ha trascurrido mucho tiempo y las comisiones de Hacienda y Guerra, a quienes pasó esta proposición, no han dado todavía su dictamen. La comisión de Guerra presentó en 8 de marzo su dictamen sobre establecer un cuartel de inválidos. Hace cuatro semanas, o quizás más, que el sr. presidente está anunciando su discusión, la que todavía no ha podido tener lugar.»

No obstante el interés de algunos diputados sensibles, resultaba casi imposible despertar esta cuestión de su aletargamiento, del que no saldría nunca. El 22.9.1837 volvió a discutirse aunque centrándose en la pomposa iniciativa del cuartel de inválidos. En la primera intervención de Sancho argumentó cuerdamente que «en el proyecto que se discute se propone que se establezca un cuartel de inválidos, es decir, una gran reunión de personas que se hallan en este caso y que allí reciban ese auxilio. Mi opinión es que no debe haber tal reunión y que es más económico, más moral y más útil a la nación y a los particulares el que ese socorro se les dé en sus casas. De manera que yo no me opongo a que se atienda a la subsistencia de los inválidos; a lo que me opongo es a que fundemos un convento bajo los malos principios que puede fundarse un convento. Toda comunidad que no tiene un objeto es esencialmente perjudicial. Las comunidades de los frailes tenían un objeto que no se podía llenar sin estar en ellas; pero este cuartel de inválidos ¿qué objeto tiene? ¿Qué cosa se propone en él para formar una comunidad? ¿El que tengan que comer? Pues en sus casas puede dárseles. Estoy persuadido de que con una mitad menos de lo que costará sostener ese cuartel de inválidos serán éstos más felices en sus casas. Un hombre con 5 o 6 reales diarios es más feliz en su lugar; metido en un cuartel no pasará más que una vida amarga y lastimosa. Un individuo en un cuartel de inválidos ha de gastar para su subsistencia regular más de lo que le debería dar el Estado para que viviese en un pueblo con más satisfacción y comodidad. Además de que separarles de sus familias tampoco parece muy razonable. Un soldado sin una pierna o un brazo guarda una viña o una casa o puede tener alguna otra ocupación y con esto se sujetaría al trabajo. ¿Y quién está en el caso de hacer esto en Madrid? ¿Y por qué hemos de impedir que el que pueda tenga ese auxilio además de su pensión?».

Los notorios inconvenientes de un cuartel de inválidos tenían que luchar, no obstante, con un antecedente casi insuperable que puso de relieve Infante: «La comisión de Guerra se ha ocupado de un hecho consumado, pues ese establecimiento existe ya en derecho. La Reina por un decreto especial estableció un cuartel de inválidos y a las Cortes se propuso para que asignaran el local y los fondos con que ha de sostenerse. De manera que si no existe de hecho, existe de derecho».

A partir de aquí parecía que lo único que podía discutirse eran las circunstancias concretas de la ejecución de esa decisión previa; y sobre ello insistió Martín de los Heros: «En el tiempo en que el derecho del establecimiento del cuartel de inválidos se discutió en el Gobierno, el que ahora tiene la honra de hablar la tuvo de ser consejero de la Corona y se opuso al establecimiento de este cuartel, alegando a favor de su opinión razones de economía y el interés mismo de los inválidos. Sin embargo tuve que ceder a la opinión de mis compañeros, sin que desde entonces haya yo tenido motivos ni se me hayan expuesto razones bastantes para convencerme de que mi opinión fue equivocada. Entonces creí que ya que hubiese de establecerse este cuartel de inválidos, de ninguna manera debía hacerse en Madrid. Sería mucho más adecuado el monasterio del Escorial. Este edificio podía destinarse para el establecimiento del cuartel de inválidos, hallándose también en un clima igual y muy a propósito para la edad y para los achaques de los veteranos. (...) o en el vasto monasterio de Prado, fuera de Valladolid, o el de Villagarcía que está en tierra de Campos».

Mientras los inválidos seguían en la miseria y en la intemperie, pasaban inútilmente las semanas y los meses y el 13 de octubre se reanudó el debate poniéndose de relieve aspectos muy negativos, no ya del cuartel de inválidos, sino de la condición y comportamiento social de éstos como puede verse en las intervenciones de Sancho y, sobre todo, de Luján.

En palabras de Sancho, «dice el sr. Infante que si se deja a los inválidos que puedan vivir libremente fuera del cuartel sería causa de que anduvieran muchos, como ahora, pidiendo limosna por las calles. Esto es una equivocación porque ahora hay motivos para que anden pidiendo limosna, pues como no se les paga a todos los que están inutilizados, si se coge a uno de estos que andan pidiendo limosna, no se le puede meter en la cárcel porque dirá: “A mí no se me paga y por consiguiente tengo que pedir para comer”. Pero no sucederá cuando se haga lo que yo propongo, de que a ninguno se deje de pagar. Porque entonces en cuanto se vea un inválido pidiendo limosna el Gobierno podrá cogerle y desde luego ponerlo, no ya en el cuartel, sino en una cárcel por vago, pues en todas partes y por todos los gobiernos se persigue la vagancia. Además, nosotros no tenemos que temer esto: el genio de los españoles no es muy aficionado a extender la mano para pedir limosna mientras tienen con qué subsistir. Y por otra parte, nuestros soldados son por lo general hijos de artesanos o de labradores aplicados y no es de esperar que se dediquen después de inutilizados a pedir limosna cuando tengan una pensión con que poder mantenerse: podrá haber uno o algunos, pero la regla general no será ésa».

La siguiente intervención de Luján produce escalofríos porque refleja la opinión de un general que había llevado a sus soldados a la batalla deslumbrándolos –o intentando deslumbrarlos– con las sonoras palabras de gloria y patria. Pero en verdad que esto no era la guerra. Oigámosle: «A todos ruego que me digan si es verdad que los soldados que se retiran del servicio no son lo más temible del pueblo en todos conceptos; que me digan si no es cierto que lejos de ser un modelo de costumbres y de amor al trabajo para los demás jóvenes de los pueblos, no les causan muchas veces los mayores perjuicios con su ejemplo y conducta».

El destino de los inválidos estaba sellado. La guerra ofrecía a los oficiales la gloria (y con ella la buena carrera) o la muerte (dejando a la familia en condiciones menesterosas dada la parvedad de las pensiones). Para los soldados las posibilidades eran más dramáticas, no siendo la muerte la menos mala. Porque el superviviente inválido (y en aquella época el porcentaje de inválidos entre los heridos era muy alto aunque la verdad es que nadie se ha atrevido a hacer un cálculo, ni siquiera aproximado, de ellos), que no pudiese ser acogido por su familia, se convertía literalmente en un mendigo, en un marginado social. Según informaba El Eco del Comercio del 1.8.1837, «a los que salen del hospital más o menos inútiles les envían a un edificio ruinoso y desprovisto de todo para esperar ocasión de embarque y allá no se ven más que espectros, muletas y andrajos ni se oyen más que quejas amargas». A despecho de la retórica oficial del patriotismo, esto era lo que significaba la guerra para la inmensa mayoría de los combatientes. Con estas perspectivas de futuro habían de participar en los combates y, careciendo además por lo común de una suficiente energía ideológica, ¿cómo podía esperarse de ellos la fidelidad y el heroísmo? Por eso resultaba tan poco atractivo el debate de los inválidos: porque obligaba a dejar a un lado la retórica obligando a todos a enfrentarse con una realidad triste y trágica, que ni a los historiadores ni a los políticos gusta reconocer.

Las Cortes eran perfectamente conscientes de esta situación, pero nada serio hicieron para remediarla. Recuérdese que el día 5 de noviembre se recomendó que se hiciese una ley relativa a los derechos, retiros, viudedades o pensiones que disfrutan los individuos de todas las clases del ejército inutilizados en acción de guerra, aunque no llegó a aprobarse nunca.

La cuestión de los «militares inutilizados en campaña» fue resuelta, por fin, en las últimas horas de la Legislatura en el decreto de 3.11.1837, sancionado el 21, en cuyo artículo primero se declaraba pomposamente que

la nación española recibe bajo su inmediata protección a todos los militares inutilizados en su defensa, sean naturales de las provincias de la monarquía española o extranjeros admitidos a su servicio. Asimismo recibe a los milicianos nacionales o a cualquier otro español que se halle en igual caso.

Para su atención se había de establecer en Madrid un «cuartel para recibir a los mutilados y totalmente inutilizados en campaña», aunque con la advertencia señalada en el artículo 4 de que los inválidos

podrán gozar las pensiones en el cuartel de inválidos o en el domicilio que cada uno elija, pagándose en el último caso por el alcalde del pueblo con toda puntualidad y de los primeros fondos que se recauden por contribuciones.

Lo que resulta curioso es que las Cortes no prestaran mayor atención a una salida tan elemental y poco costosa como la de dar empleo a los inválidos útiles, tal como recogía un suelto de El Vapor de 12.10.1836: «El Guardia Nacional es del parecer, y nosotros también, que se coloque en muchos empleos pasivos a los nacionales y soldados de los que quedan inválidos en la guerra».

Desvalidos

En las páginas anteriores hemos visto los casos de los prisioneros e inválidos; pero aún quedan las viudas, huérfanos y, por descontado, los retirados del servicio. Con gloria o sin ella morían soldados y oficiales y dejaban a la familia en la miseria. Muchos se consideraban injustamente tratados o, sencillamente, no podían subsistir con la exigua pensión que tenían asignada y que cobraban con desmesurados retrasos. A falta de un derecho reconocido (o para aumentar su cuantía) y de un tribunal competente, no tenían otro camino que el de la gracia. Suplicando gracia se dirigían al Gobierno que no estaba en condiciones de atenderles. Otros seguían insistiendo y elevaban sus súplicas a la Reina Gobernadora o a las Cortes. En estos catorce meses se dirigieron efectivamente a las Cortes varios centenares (sic) de súplicas, con las que podría formarse un estremecedor retablo de las desgracias auténticas de la guerra: un cuadro social verídico e inmisericorde en el que destacaban como raras excepciones los subsidios, más o menos generosos, concedidos a las viudas y huérfanos de generales muy destacados fallecidos en campaña, como Iribarren.

Dejando a un lado estas excepciones, aquí vamos a limitarnos a una pequeña muestra de ejemplos lastimosos, empezando por un par de casos que testimonian lo que esperaba a los retirados que habían cumplido brillantemente con su deber.

El 24.2.1837 dirigió a las Cortes don Alejandro Calisto de Zubía Aguirre, voluntario del cuerpo de chapelgorris que luego pasó al regimiento de lanceros de María Cristina, una solicitud que aquéllas trasladaron al Gobierno. En su escrito relataba que había participado en 40 acciones de guerra, que había recibido cuatro heridas de consideración, resultado premiado con varias condecoraciones y que había perdido cuatro casas que tenía en Vergara, ocupadas por los carlistas. Pero en octubre de 1836 había tenido que retirarse por inútil con un real diario y que con esta pensión no podía vivir, por lo que pedía «se le prestase consuelo en su desgracia».

En otras ocasiones era la viuda la que alegaba no sólo su desamparo sino además alguna circunstancia realmente extraordinaria. Tal es el caso, por ejemplo, que relató Ribas el 3.3.1837: «D.ª Clara Rocamora, siendo menor de edad y de padre rico, quedó sin él y su madre contrajo segundas nupcias con Juan Estroi, quien gastó su fortuna y la de D.ª Clara y más de 30.000 reales de la dote de su mujer en la reparación de las defensas de Tortosa y en levantar un cuerpo de voluntarios. Hecho prisionero por Suchet y estando en capilla se presentaron en ella su mujer e hija rogándole que para librar su vida reconociese al gobierno intruso. Las echó de sí con el mayor despego, diciéndoles que quería mejor morir que ser infiel a la nación. Fusilado, su familia quedó casi reducida a la miseria. Clara se casó con un oficial, Mateo Rodríguez, liberal, que padeció del 20 al 23. En 1832 fue colocado como teniente de infantería y en un ataque de los facciosos terminó hospitalizado. En el sitio de Olot por los facciosos salió del hospital y de resultas del esfuerzo se puso peor y falleció dejando viuda y dos hijos sin pensión por haberse casado de subalterno».

El caso de Dª. Magdalena Santos bien merece también una mención especial porque en él aparece un fragmento que, aun verídico, pudiera haber sido tomado de una novela romántica. Doña Magdalena, viuda del alférez D. Nemesio Gómez del Castillo, contaba en su escrito de 15.7.1837 que «hallándose en marcha con su esposo para incorporarse al regimiento de caballería de Navarra, a que había sido éste destinado, tuvo la desgracia de que la brigada del coronel Oliver a que iban unidos, fuese sorprendida en los campos de La Panadella, quedando su marido muerto en aquel desgraciado día y la exponente robada, atropellada y prisionera, sin esperanza de rescate por carecer de 100 onzas que la exigían para concedérselo, en cuya desesperada situación concibió el temerario proyecto de sustraerse a la vigilancia de los que la custodiaban, como efectivamente puso en práctica, en unión con otras compañeras de desgracia, apoderándose y ocultando las armas de sus vigías, a quienes dejaron encerrados en la casa que les servía de prisión y marchando en medio de la oscuridad de la noche sin guía y con una escasa idea de su posición al pueblo de Torá, a donde se dirigieron y pudieron llegar después de infinitos trabajos y peligros».

* * *

9. ALGUNAS PECULIARIDADES DE LA GUERRA

Expediciones carlistas.– Las facciones de La Mancha.– Excurso sobre la lucha de guerrillas y antiguerrillas.– La intervención extranjera.

Para cerrar este largo capítulo vamos a dedicar su último epígrafe a describir la visión que tenían las Cortes de la marcha de la guerra tal como se veía desde las Cortes. Una de ellas, y muy singular, era el régimen (y sobre todo la práctica) de los suministros, que ya hemos visto en páginas anteriores. A continuación vamos a detenernos en otros tres puntos: las expediciones carlistas, la llamada guerra de guerrillas y la intervención extranjera. Sobre los aspectos militares de las dos primeras cuestiones se ha escrito mucho y no menos sobre los aspectos diplomáticos de la tercera. Sobra recordar, por tanto, que, de acuerdo con el propósito de este libro, aquí no vamos a ocuparnos de ello para evitar repeticiones innecesarias. Pero tiene indudable interés, en cambio, analizar su perspectiva parlamentaria, que es menos conocida.

Expediciones carlistas

Con mayor detenimiento vamos a ocuparnos seguidamente del drama (¿o comedia bufa?) que se desarrolló en las Cortes con ocasión de la expedición del Pretendiente): un escenario perfecto en el que un puñado de diputados representó durante unas semanas las angustias de la capital y de buena parte del país. ¿Se estaría de veras en el último acto, en el desenlace de una interminable comedia de enredos dinásticos y políticos?

La expedición del Pretendiente fue una pesadilla en el bando liberal, que duró buena parte del año 1837. La opinión pública no pudo entonces entender cómo era posible que una operación, conocida a tiempo de antemano, mal municionada y peor avituallada, entorpecida por un desmesurado cortejo civil, pudiese salir sin dificultades de las Provincias y pasearse lentamente por la Península sin que nadie lograra cortarle el paso teniendo que vadear dos ríos caudalosos donde la interceptación no podía ser más sencilla, reponiéndose inmediatamente de las derrotas y obteniendo incluso victorias resonantes. Los analistas de hoy no salen de su asombro al constatar los increíbles errores, negligencias y cobardías (y quizás connivencias) que tuvieron que acumularse para permitir que la expedición llegase hasta Madrid y, más difícil todavía, que consiguiese regresar ilesa en su retirada a las Provincias.

a) Don Carlos a las puertas de Madrid

Los historiadores de la Primera Guerra Carlista han descrito con minuciosidad la expedición de Don Carlos y no es el caso ahora de repetir lo ya sabido; pero ¿cómo se la veía desde el bando liberal? O mejor dicho, ¿cómo se la veía oficialmente desde el Ministerio y desde las Cortes? El Congreso, en efecto, no podía permanecer insensible cuando las columnas carlistas se aproximaban a la capital. Y realmente puede parecer heroico que los diputados debatiesen tranquilamente cuando los enemigos estaban a tiro de fusil. ¿Heroísmo o insensatez? ¿Tanta confianza tenían en que la expedición no iba a entrar en la capital? ¿O es que no eran conscientes de las consecuencias que ello habría de tener para el régimen político y también para sus personas?

El 9 de septiembre (1837) Madoz se llevaba las manos a la cabeza comentando que «tenemos el enemigo a 12 o 13 leguas y hoy mismo hemos estado tratando de coadjutores y curas párrocos». No le faltaba razón; mas ¿qué podían hacer las Cortes en esta situación? Hoy sabemos que el destino de la capital, como el del Trono, no dependía de la batalla de Madrid sino de las negociaciones diplomáticas y que, tal como se resolvieron éstas, la ciudad no corría ningún peligro. Lo que no sabemos es lo que sabían y pensaban los contemporáneos ni nos explicamos por qué los diputados no salieron de allí a uña de caballo como habían hecho en 1823. Fernando Fernández de Córdova temió seriamente por la caída de Madrid, dado que no había el menor espíritu de resistencia. Los diputados tenían, por su parte, buenos motivos para temer lo que podría suceder en sus personas y bienes si entraba Don Carlos y, sin embargo, no se movieron.

Desde el punto de vista militar, ¿cuál era realmente la situación de Madrid? Por un lado tenemos la versión directa de un oficial que allí estaba aquellos días, Fernando Fernández de Córdova, quien en sus Memorias nos ha descrito un panorama desolador y desesperanzado donde él se atribuye, naturalmente, un destacado protagonismo: superando el derrotismo del capitán general que le había reconocido que no había posibilidades de defender la ciudad, reunió por su cuenta un puñado de soldados de caballería con los que libró una escaramuza con las avanzadillas de Cabrera.

La noche del 12 de septiembre se encerraron los diputados en el local que les servía de sede dispuestos a pasar una velada dramática ya que no sabían si a la mañana siguiente iban a seguir vivos y libres. Pero en aquella tensión nerviosa la gracia andaluza de García Blanco logró convertir la tragedia en una bufonada, probablemente única en la historia parlamentaria porque si en aquellos momentos hubieran entrado en el salón el caballo de Pavía o los tricornios de Tejero se hubieran quedado pasmados al encontrarse a las Cortes desternillándose de risa con las payasadas de un cura vestido de paisano que ha recogido Morayta (p. 359) tomándola de Fernández de los Ríos: «Cenaron todos en el salón de sesiones y permanecieron en él toda la noche. Había allí no sólo entusiasmo sino la mayor confianza en la decisión del pueblo de Madrid, que se mostraba bien resuelto a defender la causa liberal (...) Tenía el sr. García Blanco una facilidad portentosa para remedar la actitud, las maneras, la entonación, el estilo y hasta la voz de los oradores. Empezó a las altas horas de la noche por imitar los discursos de algunos de sus compañeros y rogado por todos, mudando de bancos y de puestos, acabó por figurar una sesión en que hizo tomar parte a todos los diputados más conocidos».

El Castellano, por su parte, añadió el día 13 una versión complementaria de la anterior pero de tintes más aguerridos: «Los señores diputados a Cortes, después de haber celebrado su sesión ordinaria con la misma calma que si no hubiese enemigos, se reunieron particularmente en el Palacio de las Cortes y acordaron permanecer reunidos por si el Gobierno manifestase ser necesaria alguna disposición de los mismos; y habiendo pedido y obtenido fusiles y fornituras se organizaron en dos pelotones de infantería, establecieron su cuerpo de guardia y una patrulla de voluntarios jóvenes al mando del sargento primero sr. Olózaga recorrió los puntos más importantes de la capital». Aunque el 16 de septiembre (1837) informaba críticamente –y refiriéndose no ya a los diputados sino a todo el vecindario– que muchos burgueses consideraron que el servicio era demasiado enojoso y se quedaron en sus casas y al día siguiente se dedicaron a callejear todo el día elegantemente vestidos. Mientras que Janke comenta (158) que «Mendizábal montó guardia durante toda la noche y un informe casual nos permite vislumbrarle a primera hora de la mañana persiguiendo a un carlista entre los sacos terreros y los cascotes, tropezando y produciéndose con un pedrusco una herida en el rostro, de la cual tuvo que ser atendido por un médico».

La relación de Fernández de los Ríos (Olózaga, 281) se centró lógicamente en el comportamiento de su biografiado: «Tuvo Olózaga, que había sido nombrado jefe de 36 diputados, los más jóvenes del Congreso, la singular tarea de mandar aquella fuerza de representantes de la nación. Partieron del palacio del Congreso a media noche, salieron por la puerta de Toledo, siguieron por la Ronda hasta las afueras de la de Atocha y llegaron al romper el alba a las avanzadas que había al lado de la huerta del conde de Miranda, frente a las cuales en el portazgo del camino de Vallecas se hallaban las de los carlistas. Al ¿quién vive? de los puestos de la Milicia daba Olózaga esta respuesta, de un efecto mágico por lo extraordinario y solemne: ¡diputados de la nación! A las ocho de la mañana volvía aquel grupo de diputados al palacio de las Cortes (...) Aquella actitud de los representantes del país ejerció un gran influjo en los defensores de la capital inflamando el patriotismo del pueblo de Madrid. A aquel patriotismo de la Milicia nacional debe el trono la Reina».

¿Fue aquello un gesto heroico, una expresión admirable de solidaridad cívica o un simple afán de «jugar a los soldados»? Porque el mismo periódico advertía a renglón seguido que, «sin contar con las tropas del general Espartero que deben entrar hoy en estas Cortes, tenemos al menos 20.000 hombres de milicias y ejército de todas armas y unas 50 piezas de artillería». ¿En qué quedamos? ¿Qué pretendía hacer un puñado de diputados al lado de 20.000 soldados? ¿No debemos dar más crédito a Fernández de Córdova, testigo presencial? O estaban jugando a los soldados o estaban demostrando que no creían en absoluto las informaciones de la propaganda.

En la situación de Madrid deben distinguirse en cualquier caso varios elementos. En el mes de julio la defensa estuvo confiada al Ejército y no inspiró demasiada alarma puesto que la presencia de Espartero parecía más que suficiente y la amenaza de Zariátegui a La Granja se disipó inmediatamente (sin perjuicio de los acontecimientos de Pozuelo). En los primeros días de agosto (1837) la alarma fue ya más seria. En la Gaceta del día 9 aparecieron simultáneamente tres disposiciones significativas: una alocución del alcalde primero constitucional, Juan Bautista Llanos, exhortando a los vecinos a colaborar en la defensa; y por su parte, el presidente de la diputación provincial, el conde del Asalto, también se dirigió a los madrileños afirmando que

consideraría como una injuria a vuestra ardiente decisión y patriotismo el excitarlo enumerando las fuerzas que en la capital y provincia hay disponibles (...) pero debo anunciar que existen como 5.000 hombres de infantería de línea, como 20.000 milicianos nacionales, unos 2.000 caballos y como 40 piezas de artillería, cuyas fuerzas son más que suficientes para que encuentren los facciosos el merecido castigo si osasen entrar en esta provincia. ¡Ilusos! ¡Y podríais creer que una miserable turba de 5.000 hombres sería capaz de profanar la capital de la Monarquía! Madrileños: confiad en las providencias adoptadas por el Gobierno de S.M., observad sus órdenes y bandos, manteneos en unión, no deis crédito a las falsas noticias y rumores y no permitáis que se altere la tranquilidad y el orden.

Y, en fin, se procedió a dividir la plaza en nueve distritos a efectos de defensa. La misma Gaceta informaba en la primera página del día 10 que «el general conde de Luchana se dirige con toda rapidez a este distrito con el objeto de anticiparse a cualquier movimiento que los enemigos pudieran intentar en la misma dirección».

Pero retomemos el hilo de la vida política. El día 11.9.1837 habían presentado Caballero y otros la siguiente proposición:

En la sesión de ayer nos dio el Gobierno explicaciones sobre el movimiento del Pretendiente y de su vanguardia, que por desgracia no han correspondido a lo que después se verificó. Los facciosos han llegado al Tajo, según las noticias de hoy; y nuestro ejército, que se decía cubrir la capital, parece que está en Cuenca, 12 leguas a la retaguardia del enemigo. Para que las Cortes sepan lo cierto, y puedan enterarse de lo que el Gobierno ha ejecutado y hace en tan extraordinarias circunstancias, pedimos a las Cortes se sirvan acordar que el Ministerio se presente desde luego a informar al Congreso de cuanto ocurra.

Seguidamente la primera intervención de Juan Osca no pudo ser más contundente: el verdadero peligro no provenía de las columnas expedicionarias sino (si se permite el anacronismo) de la quinta columna que agazapada en Madrid estaba esperando la llegada de los soldados para dar el golpe definitivo al Trono de Isabel II, en cuyo palacio tenía su mejor asilo: «A mí no me dan mucho cuidado los 17 o 20 batallones que pueda tener Don Carlos. La vanguardia que está aquí es la que yo temo. ¿Y quién sabe dónde están los conspiradores? Ya el pueblo los olfatea porque aquí están los primeros conspiradores, el estado mayor de D. Carlos está dentro de Madrid y acaso está en el edificio que todos conocemos (el Palacio). Es menester que abramos los ojos, que se cree un poder superior a todos estos conspiradores y los saque de debajo del Trono si allí se escondieran».

El general Infante quiso ofrecer una información tranquilizadora, cuya falacia era manifiesta porque entonces ya sabía que desde el punto de vista militar la ciudad no tenía defensa ni, civilmente, ánimos para defenderse: «No quiero dejar pasar una expresión que ha dicho el sr. secretario de la Gobernación, quizás en el calor de la improvisación, cuando ha manifestado que son pocos los medios. No sé si S.S. habrá hablado en general de la nación o si se habrá referido a la capital. Si lo ha dicho respecto de Madrid, debo manifestar que nos sobran medios para resistir toda la facción y destruir a los que promuevan alborotos. Porque si llega el caso, verán bien a su pesar que las autoridades vigilan. Si intentaren perturbar el orden en cualquier punto, resolución hay en las autoridades que mandan en Madrid para quemar aunque sea un barrio de la capital. Se les acecha, se les sigue los pasos». Ésta era, por cierto, la versión oficial como se comprueba con la lectura de la Gaceta del día 14, en la que se insistía en que el peligro no estaba tanto en los batallones expedicionarios sino en los carlistas emboscados en Madrid o, mejor dicho, en la cooperación de unos y otros:

El estado de la capital era imponente. Cerradas casi todas las tiendas y talleres por hallarse sus dueños y operarios en las filas de la Milicia nacional o de los patriotas alistados para la defensa de la población, parecía un día festivo sin más diferencia que hallarse a cada paso paisanos que venían de recibir armas. Sea que el enemigo pensara seriamente en dar un ataque a Madrid contando con el apoyo de sus amigos interiores (...) no es dudoso que siempre esperarían alguna demostración de sus partidarios en el recinto de Madrid a favor de la confusión que supondría que su aproximación había de causar. Pero se han llevado gran chasco. Bien persuadida la parte sana del vecindario de su poder, muy superior al del enemigo y de que éste sólo podría esperar alguna ventaja si se descuidaba el ponerse a cubierto de los enemigos de adentro (...) todos se mantuvieron tranquilos y ni una voz siquiera de las que en casos semejantes han solido darse por algunos ilusos vino a turbar el admirable sosiego que reinó día y noche en la capital. A la confianza de nuestras fuerzas, pues sólo de tropa, Milicia y personas útiles armadas se cuentan más de 20.000 dentro de Madrid, se agregaba el saber que el conde de Luchana marchaba sobre la capital y sólo podría tardar cuando más 48 horas para caer sobre el enemigo si éste no se retiraba antes. Por la mañana recorrió la línea a caballo el srmo. Sr. Infante don Francisco de Paula y por la tarde pasó también la línea S.M. la Reina Gobernadora con su augusta e inocente hija, yendo al estribo el sr. ministro de la Guerra.

En el Congreso las intervenciones siguientes de Caballero, Madoz y Olózaga fueron tan lamentables que su lectura produce rubor, pues con mentiras, insultos y fanfarronadas se escondía la realidad y se fingía un entusiasmo inexistente. ¿A quién se pretendía engañar con tan falsas posturas?

Oigamos primero a Caballero: «Yo estoy bien seguro de que la capital no sólo no la ocuparán los rebeldes, sino que ni aun la atacarán tampoco. Pero no consiste en que no ataquen los muros de Madrid. Basta que estén a la distancia que se hallan, que se aproximen más o que anden rodeando por el círculo de la capital, para que en las provincias, fuera de España y en todas partes se vea con escándalo que corren las facciones por donde quieren y que no acertamos a darles un golpe, si no decisivo, por lo menos de mucha importancia».

A continuación habló Madoz: «En Madrid sucede lo que en todos los pueblos de España. Se ha dicho: “los facciosos llegan”; todo ha sido sobresalto y después nos hemos acostumbrado a recibirlos. De tal modo que cuando suena la campana en señal de que se aproximan, cada uno ocupa el punto que le corresponde, con tal serenidad, con tal alegría y algazara que todo el mundo se halla contento, porque desea que se acerquen los rebeldes para escarmentarlos. Aquí sucede lo contrario. (...) Tan lejos estoy de temer su aproximación, que yo desearía que en vez de proposiciones que indican este temor, se hiciese una por la que, si fuese posible, se excitase al Pretendiente a realizar su ataque contra Madrid. El día en que se presentase a sus puertas, tal vez sería el de la reconciliación de los patriotas».

Y, en fin, Olózaga: «Yo no presumo que de ningún modo pueda Don Carlos acercarse con todas sus huestes a Madrid; pues Don Carlos es cobarde y ninguno de sus partidarios ha mostrado que haya hecho esos actos y fanfarronadas que se suponen a los príncipes cuando están en los ejércitos. Don Carlos es cobarde y con tantos frailes, con tantos curas y con esa corte trashumante no se acerca a Madrid. Pero es menester que se sepa que Madrid no necesita de ningún ejército para estar seguro de las huestes del Pretendiente. Todos los patriotas pedirán un fusil en el caso que S.S. supone y todos los patriotas le pedirán sin duda si Don Carlos se acercase. En Madrid puede haber en la hez del pueblo algunos que otros cobardes que ya sabemos cómo se les sujeta. No temo un tumulto en Madrid contando con los medios que ha indicado el sr. Infante, que como autoridad militar debe estar bien enterado de ellos. (...) Madrid no necesita más tropas que la Milicia nacional y el pueblo para su defensa».

Aquel rosario patético de soflamas descabelladas fue cortado, al fin, por la serena intervención de Argüelles que acertó a llevar las cosas a un terreno más firme: la necesidad de apoyar en esta situación crítica al nuevo Gobierno, olvidándose incluso de su turbio origen: «¿Inspiran o no confianza los ministros actuales? Si la inspiran, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿No podemos estar satisfechos con las seguridades que se nos han dado en la sesión de hoy por uno de los órganos del Gobierno? ¿Adelantaríamos cosa alguna con que viniendo a esos bancos los ministros nos repitiesen lo que se nos ha dicho por el secretario del despacho de la Gobernación? No haríamos más que perder el tiempo».

El Gobierno, por su parte, hizo una de las pocas cosas que estaban en su mano: la declaración del estado de guerra con fecha del mismo día 11 de septiembre:

Se restablece en toda su fuerza y vigor mi Real decreto de 6 de agosto último, por el cual se declaró en estado de guerra el distrito de la capitanía general de Castilla la Nueva, debiendo en consecuencia entrar la autoridad militar en el ejercicio de las facultades que por dicho decreto se le conferían, en los términos y con las limitaciones prefijadas en el mismo.

Cierto es que tal como estaba la situación de poco valía un decreto más; pero fue, al menos, una reacción sensata y hasta necesaria a falta de otras mejores.

Como sensata fue también la proposición presentada al día siguiente por Gutiérrez de Ceballos:

Siendo público y notorio que las obras de fortificaciones proyectadas en esta capital se han suspendido después de principiadas y convencido de que las autoridades populares no pueden dictar medidas eficaces para continuarlas por falta de recursos, pido a las Cortes que por conducto del Gobierno se les autorice para que sin levantar mano adopten cuantos medios crean necesarios para que los vecinos de todas clases y categorías contribuyan a dichas obras del modo y forma que las mismas determinen.

Aunque también es verdad que, como explicó a continuación Castro, se trataba de una medida completamente inútil ya que el ayuntamiento se había adelantado a adoptarla: «Corresponde al ayuntamiento y a la diputación provincial adoptar las medidas que su celo ha propuesto. Y si ayer pudo haber algún motivo de entorpecimiento para que continuasen esas obras de fortificación, ya no lo hay en este día. Las autoridades municipales de Madrid, cediendo a la ley imperiosa de la necesidad, han adoptado las mismas medidas que solicita el sr. Gutiérrez de Ceballos a fin de que los vecinos, por el orden que ha creído más a propósito, contribuyan de un modo correspondiente a trabajar y prestar medios para concluir esas obras».

Pero El Eco del Comercio publicaba todavía la siguiente nota del ayuntamiento:

En cumplimiento de lo prevenido por el Excmo. Sr. capitán general con el objeto de asegurar la mejor dirección de las obras de defensa que se hacen en esta plaza, cuya pronta conclusión exigen las actuales circunstancias, se previene a todos los vecinos de esta capital se presenten, en el término improrrogable de tres días, a los alcaldes de sus respectivos barrios para entregarles a dicho objeto la cantidad de ocho reales.

Mientras tanto, a muy pocas leguas de Madrid, se hacía a Don Carlos en Arganda un recibimiento triunfal, así descrito por Sacanell (Apud Bullón, 1986, 147-148) en sus anotaciones del 12 de septiembre:

No es posible que se crea lo que allí pasó, hablando de entusiasmo y de adhesión. Tan cerca de la capital recibir sus habitantes a Carlos V del modo que lo hicieron parece fabuloso y sin embargo no es sino muy cierto. Fue a las 10 de la mañana, la población estaba colgada. El gentío era inmenso, tanto del pueblo como de forasteros, pues que de todo el país acudieron, hasta del mismo Madrid. (...) En la plaza se habían levantado gradas y andamios para corridas de toros. La iluminación fue espontánea, sin mediar ninguna orden, y muy extendida. Los vivas, las aclamaciones, las músicas y las campanas, todo formaba en este día un cuadro el más grandioso y digno de poética pluma para bien delinearlo (...) Vino la noche y S.A. se retiró al cuartel general de Arganda, en donde se gozaba con las fiestas. La abundancia de su iluminación, las calles encombradas de gentes, sus danzas y músicas con aquella general alegría, daban aspecto de una fiesta verdaderamente real.

¿Serían estos también los sentimientos del pueblo de la capital? En cualquier caso no parecía que se estuviese preparando un nuevo 2 de mayo. La versión que dio El Castellano el 18 de septiembre de la entrada de Don Carlos en Arganda no era optimista ni mucho menos:

En la mañana del lunes 11 se presentó la facción del sanguinario Cabrera al mando del ex Infante don Sebastián, compuesta de 9 batallones de infantería y 400 caballos en un estado de desnudez y desorganización completos (...) Se desparramaron por la población en la que muchos vecinos, lejos de afligirse con semejante visita, dieron pruebas ostensibles de las simpatías que les unían con aquellos vándalos y así libraron casi todas sus casas del saqueo, al paso que lo fueron completamente seis u ocho nacionales, que fieles a su juramento abandonaron sus hogares. Se fijó un bando mandando presentar todas las armas, el cual fue cumplido en el acto, entregando los nacionales bastantes fusiles que habían conservado tal vez con este objeto. La canalla se dedicó a degollar carneros en Vaciamadrid y a coger conejos en los cotos. El martes 12 de madrugada entró el llamado Rey en un caballo blanco a la cabeza de 16 batallones facciosos y siete escuadrones con seis pedreros, cuya fuerza, si bien estaba mejor ordenada que la de Cabrera, no por eso dejaba de mostrar su miseria y desorganización (...) mientras que la hez del pueblo se agolpaba a vitorearle pidiéndole baile y novillos.

La frecuencia de estos recibimientos tan gloriosos no podía ser desconocida por las autoridades de Madrid y dio lugar a una florida circular de González Alonso (la Gaceta del 24 de septiembre) en la que se encomendaba a los jefes políticos una visita a los pueblos que habían sido ocupados por las fuerzas del Pretendiente para depurar los eventuales actos de adhesión así como el castigo por «el abandono que de sus armas y caballos han hecho algunos milicianos nacionales sin emplearlos en el uso noble, útil y patriótico para que la nación los confió a su lealtad y su valor».

Volvamos ahora a Madrid, al recinto de las Cortes donde el día 13 explicaba el ministro de Guerra las medidas de defensa: «El Gobierno estaba bien persuadido de que apoderándose de la capital el Pretendiente, acaso iba a decidir del destino de la Patria. El Gobierno tenía dos pensamientos, a saber: evitar que ni las Cortes ni el Gobierno se viesen en la necesidad de abandonar esta población y aparecer a la vista de los españoles como fugitivos de los facciosos. El segundo fue la inmensa trascendencia que había de tener, no sólo de apoderarse de la capital, sino de que pisasen momentáneamente su suelo. En tan apuradas circunstancias se vio en la precisión de echar mano de todos los recursos que estaban a su alcance y uno de ellos fue hacer venir, con la presteza que reclamaba la urgencia, todas las tropas que estaban en la proximidad. Se mandó que viniesen tropas del Norte; que las guarniciones de la costa cantábrica disminuyesen, que se abandonasen los fuertes de corta consideración, para que con la tropa que en ellos había se reuniese una fuerza considerable que bastase a proteger aquella provincia».

En el Diario de Madrid del 17.9.1837 apareció el siguiente bando de Quiroga, capital general de Castilla la Nueva:

Debo hacer honorífica mención de los jefes y oficiales retirados que bajo las órdenes del mariscal de campo Antonio Solé se reunieron para acudir a la defensa de esta capital en el cuartel de San Felipe el Real. Más de 600 oficiales, la mayor parte ancianos, restos ilustres de nuestra gloriosa guerra de la Independencia, se presentaron para ser empleados. Agobiados de privaciones por las penurias del Erario (...) viéndose a brigadieres encanecidos por el servicio empuñar el fusil.

Y en la Gaceta del 19 otro en que se pretendía hacer frente al riesgo que suponía el anterior reparto indiscriminado de armas, que urgía recoger:

1. Cualquier que conserve armas de fuego las entregará a los alcaldes de sus respectivos barrios en el término preciso de 24 horas. 4. Pasados tres días desde la publicación de este bando, será considerado como cooperador con los enemigos todo el que conserve armas de las expresadas sin tener para ello mi autorización por escrito.

La Real orden de 23.9.1837 es una muestra perfecta de la propaganda liberal a la hora de menospreciar contra toda evidencia el valor de las fuerzas del Pretendiente y de enaltecer al pueblo de Madrid con objeto de estimular su ánimo de resistencia:

No era la capital residencia de hombres incautos, inocentes, indefensos; era y será la mansión del patriotismo, el modelo del denuedo y el muro siempre invencible en que se estrellarán la osadía del fanatismo y los despecho de la brutal tiranía.

En el mes de octubre, cuando ya había pasado el peligro, plantearon algunos diputados la cuestión de la responsabilidad de los generales que habían permitido la penetración de los expedicionarios con unos errores y una pasividad similares a las que habían tenido lugar en la expedición de Gómez. Así lo reclamo Alcorisa en la sesión del 24 (10.1837).

¿Qué pensar de todo esto? La primera impresión es que se trataba de una farsa. Una guerra civil sangrienta y cruel como pocas en la que se celebra la ocupación de una plaza inmediata a Madrid con corridas de toros, verbenas callejeras y bailes populares. Un oficial de reserva que se incorpora al servicio y encabeza un pelotón de jinetes para defender testimonialmente una ciudad después de que el capital general le ha confesado que no hay defensa posible, al tiempo que otro general explica en el Congreso que sobran soldados y milicianos para rechazar sin esfuerzo a las tropas del Pretendiente y hasta para aplastar cualquier intento insurreccional de sus barrios populares. Diputados que por el día lanzan fanfarronadas desde los bancos de las Cortes y por la noche cenan en ellos y realizan rondas de vigilancia zarzuelera por las calles y días más tarde piden responsabilidades a generales negligentes que no han sabido frenar a tiempo a los expedicionarios. Un sitiador que se retira sin disparar un tiro...

Esto ya parece bastante; pero aún falta lo principal, a saber, que aquella expedición no había sido una verdadera operación militar sino un desfile a efectos diplomáticos para dar cobertura a la maniobra en la que se decidía de veras el destino de Madrid y aun de toda la guerra, o sea, las negociaciones entre la Reina Gobernadora y su cuñado Don Carlos. Por eso no se disparó un tiro: porque al Pretendiente no le importaba que se defendiera, o no, la puerta de Alcalá en las tapias de Madrid sino que se abriesen pacíficamente las puertas del Palacio a él y a toda la Corte que le había acompañado a lo largo de la expedición (en la que tanto había estorbado, pero que era importante para la ocupación simbólica del Gobierno). Lo que quería, en definitiva, era adelantar con un «abrazo del Palacio de Oriente» el posterior abrazo de Vergara. De aquí la amargura de los soldados de Don Carlos cuando se les ordenó que se retiraran y no estaban al tanto de la farsa que, sin saberlo, habían estado representando. Y de aquí también la hueca vanidad de los heroicos defensores de la capital del Reino que creían haber obtenido un triunfo sin llegar a medirse con el enemigo.

b) Expediciones a Castilla la Vieja

Al final terminó sin sangre la pesadilla de Madrid y los expedicionarios se retiraron desordenada y vergonzosamente a través de Castilla la Vieja, sin que nadie entendiese entonces qué es lo que había pasado en la capital. Pero las columnas no dejaban de ser peligrosas en su marcha, por muy precipitada que fuese, y más contando con el apoyo de la victoriosa de Zariátegui que había ocupado Segovia y llegado hasta las Rozas, en la puerta norte de Madrid, sin que ninguna tropa cristina hubiese podido (o querido) darle alcance. En esta ocasión se agruparon todos los diputados de la región para actuar juntos en las Cortes por medio de una proposición encabezada por el vallisoletano Díez que la leyó y defendió el 29 del mismo mes de septiembre, dando lugar a un epílogo político de la expedición militar:

Pedimos a las Cortes se sirvan acordar que el Gobierno pase a las mismas, para la instrucción de los señores diputados, la correspondencia que haya tenido con el barón de Carondelet, relativa al envío de tropas de la división de este general a Castilla la Vieja.

El discurso justificativo de Díez empezó con la consabida lamentación del estado de su provincia, pero luego hizo una excelente relación de la defensa –es decir, del abandono– de la ciudad: «Valladolid, toda la provincia de Castilla la Vieja ha sido abandonada, no sé si por el Gobierno, no sé si por los generales. Pero el resultado es que la facción recorre impunemente todos sus pueblos. Valladolid tenía que sufrir con precisión la suerte desgraciada de otros pueblos, pues no se podían hacer la ilusión de ser socorridos porque en 32 leguas alrededor no veían un solo soldado. Y a las autoridades no podía ocultarse que no tenían para su defensa más que la milicia y 600 hombres de los que se llaman pasados, de esos que dicen que vienen a servir bajo la bandera de Isabel II cuando fatigados por el cansancio y el hambre no pueden seguir las marchas de las hordas de Carlos V en que se alistaron. En el fuerte de San Benito (un antiguo convento), que está en medio de la ciudad y que por lo tanto no sirve para defenderla, se habían de encerrar las oficinas y los soldados, dejando perder lo demás de la población. Los nacionales tuvieron orden a las once y media de la noche para reunirse y todos creyeron que sería para marchar a los puestos que les estaban destinados. Pero en vez de esta orden recibieron la de que salieran de la población. Yo no sé quien tendrá la culpa del abandono en que se halla Castilla la Vieja y su capital. Pero tengo entendido que al barón de Carondelet se le habían dirigido cinco comunicaciones para que con sus tropas socorriese a Valladolid y tengo entendido también que estas órdenes no han sido obedecidas». Y precisamente para aclarar este punto fue por lo que había solicitado en su proposición que se trajera al Congreso la correspondencia indicada.

La siguiente intervención de Moure puso sobre el tapete la delicada cuestión del valor defensivo de la Milicia nacional porque –observó– «si la Milicia nacional no ha de defenderse, es lo mismo que si no la hubiere». A cuyo propósito el diputado palentino Hompanera de Cos tomó la palabra explicando que «los pueblos de Castilla no se han defendido porque no tienen elementos para defenderse y faltándoles, no tienen el deber de hacerlo. Al Gobierno, que dispone con prodigalidad de sus leales hijos y de sus fortunas, incumbe protegerlos y salvarlos».

A continuación Díez, ahondando en la llaga, aludió a los nefastos efectos que la intervención política solía producir en la operatividad de la Milicia y sin que, como tenaz opositor, dejara pasar la oportunidad de zaherir las prácticas electorales del Gabinete, aunque no viniere muy a cuento: «El pedir a los pueblos que se defiendan por sí solos es lo mismo que decir a un picador: sal a la plaza a picar ese toro, pero no lleves vara. Quien tiene obligación de defender a los pueblos no es la Milicia sino el Gobierno, pues para eso le dan cuanto les pide. La Milicia nacional de Valladolid quería batirse, lo deseaba; pero es necesario que se sepa que aquella milicia se hallaba en una desorganización completa, efecto de una orden indiscreta y temeraria del Gobierno que fue el separar al subinspector D. Mariano Miguel Reinoso, al hombre más querido de toda la provincia, al más a propósito para dirigir las fuerzas nacionales. Este hombre, que era un estorbo para que se hiciesen las elecciones de Valladolid según la voluntad de algunos personajes de alta categoría, ese hombre ha sido separado por una intriga por orden del Gobierno en los momentos más críticos, cuando la provincia estaba invadida». Con este trasfondo de cambio de mandos, ¿qué moral podía tener la Milicia vallisoletana para defender su ciudad?

Sobre las sospechas que inspiraba una Milicia nacional habitualmente politizada se añadían las referidas a la inactividad de los generales que no se sabía si imputar a su incapacidad o a las desafortunadas órdenes del Gobierno. Ya hemos visto lo que se ha dicho de Carondelet; luego le tocó el turno a Lorenzo por boca de Fuente Herrero: «En 4 de agosto, antes de entrar la facción en Segovia, manifesté que debía fijarse la atención en las facciones que habían pasado a Castilla, pues no había tropas que oponerlas. Y ya que este mal no se ha evitado, es menester saber si se han adoptado medidas para cortar el mal».

La discusión se prolongó durante varios días y a lo largo de ella aportaron los intervinientes informaciones tácticas muy precisas sobre los movimientos de las tropas, tanto cristinas como carlistas, al tiempo que acumulaban quejas y acusaciones contra los generales responsables. Porque en verdad que no se comprende cómo pudieron escapar ilesas dos columnas expedicionarias sin ser alcanzadas por sus perseguidores, cuando los facciosos iban ya agotados, desmoralizados y cargados con un botín de más de trescientos carros de mulas y carretas de bueyes que les obligaban a retirarse muy lentamente. En estas condiciones no bastaba invocar la impericia militar y, sin necesidad de hablar de traición, es indudable que fue un caos deliberado, cuyas causas no fueron exclusivamente militares.

Olózaga, por su parte, centrándose en el caso de Segovia, acusó al Ministerio de una negligencia tan grave que había de llevar aparejada su responsabilidad personal y aun el riesgo de tener que abandonar sus sillas: «Es necesario que el Ministerio nos diga qué día y a qué hora recibió la noticia de que peligraba la ciudad de Segovia, si tomó las disposiciones convenientes; cuáles fueron éstas y cuándo empezaron a ponerse en ejecución. El Ministerio tendrá además que demostrar que no ha sido falta de los pequeñísimos recursos materiales que se necesitaban para una expedición, para la que tan pocos son menester. Pero si no ha habido la falta de dinero que se ha indicado, ¿cómo es que habiéndose relevado a deshora de la noche las guardias cuya fuerza debía marchar a Segovia, no partieron al día siguiente ni al inmediato y han pasado ya tres días sin que hayan salido? O la falta de recursos es tal como se dice, y prueba entonces una importancia escandalosa, o hay aquí un misterio. (...) Yo no sé por qué ha pasado tanto tiempo y en qué ha consistido la tardanza de la salida de estas tropas; pero esto tiene que decirlo el Gobierno y tienen derecho a exigirlo las Cortes. (...) ¿Por qué quería el ministerio la continuación de las Cortes, si cuando éstas ven los males, si cuando la situación es crítica, y le piden explicaciones, responde: yo no puedo darlas. El ministerio está fuera de la ley».

c) Consecuencias de las expediciones

Las correrías expedicionarias carlistas fueron una experiencia estratégica singularmente interesante que se saldó con un resultado agridulce para ambos bandos. Para entender su origen hay que pensar que en la zona vasconavarra el ejército carlista disponía de unos efectivos humanos que no eran suficientes para vencer en batallas campales a los cristinos (puesto que éstos eran cuatro o cinco veces superiores en número), pero demasiados para poder ser mantenidos con los recursos de la tierra. Una solución provisional era la de realizar breves incursiones en el territorio de la Reina, a modo de razzias para buscar alimentos y botín militar. Así se vino haciendo casi desde el primer momento, pero no se trataba entonces de «expediciones» en sentido estricto, cuyos fines eran otros.

Las auténticas expediciones tenían uno de estos objetivos: o bien conquistar Madrid y acabar la guerra (como pensaba Zumalacárregui e intentó más tarde Don Carlos en persona) o bien abrir un nuevo frente más allá de los habituales provocando el levantamiento general de otras provincias en las que sólo estaban operando partidas locales. Como nada de esto se consiguió, puede afirmarse que los resultados de la estrategia fueron un fracaso. Fracaso que no autoriza, sin embargo, a desconocer los aspectos positivos de estas operaciones, que fueron de mucho peso.

Por lo pronto se demostró –si es que alguien podía dudarlo– que el carlismno estaba arraigado en toda la Península y no sólo en las zonas de Norte y Levante. Los pueblos y ciudades, salvo excepciones, no ofrecían la menor resistencia a las columnas carlistas, a las que recibían a veces como libertadoras con fiestas y agasajos: desde Santiago de Compostela a Córdoba pasando por los pueblos aledaños a la Corte, como acabamos de ver en Arganda. La población era en parte cristina y en parte carlista, pero en su mayoría indiferente y temía por igual a las tropas de los dos bandos, puesto que los «ocupantes» y los pretendidos «liberadores» les producían los mismos daños.

Sabido es el desengaño de la Corte del Pretendiente respecto de la expedición de Gómez: su objetivo expreso había sido extender la guerra en el Norte, abriendo un nuevo frente permanente en todas las provincias del Cantábrico y en este punto fracasó por completo y a su regreso triunfal lo que esperaba a Gómez fue un proceso. La expedición real fracasó igualmente porque tampoco consiguió su objetivo concreto de entrar en Madrid y ocupar pacíficamente el Palacio dando fin a la guerra dinástica. Ahora bien, prescindiendo de esos objetivos determinados las lecciones de las expediciones son las siguientes: con ellas se demostró que la Península no estaba dispuesta a levantarse en armas a favor de Don Carlos en cuanto viera asomarse la primera bayoneta de sus partidas; pero también demostró –y esto no es menos importante– que los pueblos no estaban dispuestos tampoco a levantar un dedo a favor de Isabel. Una lección político-social de primera magnitud, por tanto: la inmensa mayoría de la población no estaba ni a favor de un bando ni de otro, a los que soportaba porque no tenía más remedio, viendo desesperados que quitaban a las familias sus bienes y sus hijos para participar en una guerra que no era suya y que ni siquiera entendían. En la guerra de la Independencia el enemigo había sido el «francés», un objeto mítico aunque identificado en personas. Pero ahora, ¿quién era el enemigo si todos eran igualmente españoles?

La lección militar no es menos importante: las columnas carlistas podían recorrer indemnes la península salvando la persecución de fuerzas incomparablemente superiores en número y armamento. ¿Cómo explicar este misterio que no podían entender los coetáneos? Por el escaso espíritu combativo de los cristinos, tanto soldados como oficiales y, sobre todo, por la absoluta falta de coordinación de sus mandos, incapaces de concentrar sus fuerzas ante el enemigo. Militarmente la lucha seguía en tablas y era evidente que la suerte de la guerra no la decidirían nunca las bayonetas sino la capacidad de sufrimiento de los pueblos, las maniobras diplomáticas o las conspiraciones de los generales.

Por otro lado, las finanzas de la Reina sufrieron en las expediciones un quebranto durísimo tanto por la destrucción de la base económica y devastaciones sistemáticas como por los impuestos que se exigían y cobraban a los pueblos ocupados, hasta tal punto que a la hora de recaudar las contribuciones había que contar con los fallidos seguros de casi la mitad de las provincias.

Balanceando pérdidas y ganancias ninguno de los dos bandos salía perdiendo; mas quien se hundía era la nación, desangrada, económicamente exhausta y moralmente cansada y desesperanzada: dispuesta ya a aceptar cualquier cosa con tal de que se acabasen aquellos horrores. No era lo mismo, en suma, leer en el café los partes militares que traían los periódicos que ver pasar a las columnas por delante de casa.

Las facciones de La Mancha

Las llanuras de La Mancha –que a estos efectos se extendían por el Oeste y por el Sur a toda la Meseta inferior, incluidos los montes de Toledo y Sierra Morena– estaban sujetas oficialmente al Gobierno de Madrid, pero sufrían el azote singular de numerosas partidas, conducidas por caudillos locales ajenos por completo (salvo quizás los hermanos Palillos) a la disciplina militar, sin uniformes y sin contacto conocido con Don Carlos y apenas con Cabrera. En el año 36 se unieron con entusiasmo a la expedición de Gómez, pero no se decidieron a acompañarle en su retirada, pues sabían de sobra que su única posibilidad de supervivencia estaba en su territorio propio y, además, la forma de vida a la que estaban acostumbradas no encajaba en el estilo militar del general carlista. En La Mancha se mantuvieron invencibles –o mejor dicho inencontrables– hasta la llegada de Narváez que demostró en unas semanas cuán débiles eran si se sabía combatirles.

Pero durante varios años impusieron sin obstáculo su violencia y nada pudieron las tropas de línea contra ellas, aunque desde la capital del Reino se les tratara con absoluto desprecio verbal. «Las facciones de La Mancha –escribía El Eco del Comercio de 15.12.1836–, compuestas de bandoleros sin género alguno de disciplina ni organización, sin valor para presentarse delante de nuestros soldados, mandadas por forajidos cuya táctica e instrucción se cifran en robar y matar, hace tres años que recorren aquel país llano escandalizando con sus horribles tropelías y burlando la persecución de las tropas. Estos miserables bandidos que no debían de haber pasado de la clase de salteadores de caminos en pequeñas cuadrillas ni haber salido de las breñas más escarpadas, se presentan a veces en número de 200 o 300 caballos, tienen la osadía de acometer a poblaciones crecidas y con escándalo se les ha visto entrar en Ciudad Real, en la capital misma». Y aún fue mayor el escándalo cuando semanas más tarde Palillos ocupó y saqueó Trujillo.

El 16.2.1837, con ocasión de la lectura de una dramática exposición del ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela pronunció Ceballos las siguientes palabras: «Ese Palillos, que tan famoso se ha hecho por sus atrocidades, principió su carrera cometiendo dos asesinatos, después que escapó de los pontones de Lisboa donde estaba preso. Penetró la facción de Gómez en Castilla, pasó por La Mancha a las Andalucías y se llevó consigo a todos los cabecillas manchegos. Cabrera, que se constituyó en director de todos ellos, los condujo consigo en su retirada y los volvió a enviar a La Mancha tan bien adoctrinados que son el terror de todos, no hallándose seguridad ni en cuanto a las personas ni en cuanto a sus intereses (...) Los llanos de La Mancha no se pueden sostener ni proteger con infantería. Últimamente tal es el abandono de las provincias que la venta del Espíritu Santo ha sido un mercado a donde se han llevado los ganados y los pares de labor y los mismos dueños han ido allí a rescatarlos por dinero, no teniendo otro recurso ni menos protección».

La prensa madrileña dedicaba mucha atención a las actividades militares de la Mancha, quizás por su proximidad a la capital. El Eco del Comercio del 6.4.1837 informaba y comentaba que «es escandaloso que 50 o 40 hombres invadan puntos de numeroso vecindario y saqueen, maltraten, hieran y se lleven rehenes a la vista, ciencia y paciencia de multitud de hombres fuertes y vigorosos que a pedradas casi pudieran ahuyentar al enemigo, y terminan convirtiéndose en gruesas facciones que llegan a formar batallones y escuadrones. Mientras esto suceda y se tolere y no se haga un escarmiento que deje memoria, o se ha de guarecer cada pueblo, aldea y caserío con una columna o habremos de experimentar escasez de recursos y de hombres que nos quitan los facciosos».

Esta lamentable situación cambiaría por completo con la eficaz (y sangrienta) intervención de Narváez al frente del ejército de reserva de Andalucía que él mismo había organizado personalmente y con el que limpió de facciosos la región.

Excurso sobre la lucha de guerrillas y antiguerrillas

La guerra en La Mancha nos invita a traer aquí el tema de las guerrillas, que tanta importancia tuvieron en el bando carlista y singularmente en Galicia, Valencia y desde luego en La Mancha. La guerrilla surge cuando el ardor bélico, por falta de medios o de organización, no puede canalizarse en un ejército regular. Pero, independientemente de este contexto de necesidad, es el caso que el estilo guerrillero venía bien al carácter indisciplinado e individualista de los españoles y más desde su tradición en la guerra de la Independencia. A lo que contribuye la fragosidad de buena parte de la Península que tanto dificulta las maniobras ordinarias de las tropas de línea: lo que, por cierto, en las llanuras de La Mancha no se daba para desconcierto de los estudiosos del arte militar. Y sin que, por lo demás, sea fácil trazar una contundente línea de separación entre una partida y una columna regular: ¿cuándo dejó Cabrera de ser un guerrillero para convertirse en un general? ¿Dejó alguna vez Zurbano de ser un guerrillero pese a los entorchados de su uniforme de gala?

En lo que ahora interesa, es fácil explicar la diferencia de actitudes entre los dos bandos, aunque todos fueran españoles y lucharan sobre el mismo terreno. Los carlistas habían empezado la guerra –por así decirloen cero: sin oficiales, sin armas y sin organización; mientras que los liberales disponían desde el primer momento de un ejército con su estructura y armamento completos. No hicieron otra cosa, por tanto, que mantener y ampliar lo que ya tenían y, en consecuencia, ignoraron totalmente el sistema de guerrillas: lo que en muchos lugares les colocaba en inferioridad respecto de los carlistas.

Algunas mentes lúcidas, y no sólo militares sino también políticos, se percataron, no obstante, del error y de la conveniencia de en ciertos lugares y circunstancias combatir a los carlistas con sus mismos medios. Así es como llegó a discutirse en las Cortes una «teoría de la lucha guerrillera» muy interesante pero que no llegó a cuajar pues iba en contra de los intereses personales de los oficiales profesionales a cuya carrera venían muy bien los trámites burocráticos oficiales. El ejemplo del excelente guerrillero liberal Zurbano no arrastró a casi nadie y su trágico destino final es muy significativo. Y, sin embargo, la idea fue desarrollada por un general ilustre, de prestigio indiscutido tanto en las oficinas como en campaña, Infante: «trátase de oponer cuerpos irregulares a los cuerpos irregulares de los facciosos; pero estos cuerpos no se manda nunca crearlos; se crean ellos por sí solos. Cuando se han mandado crear, no ha surtido ningún efecto. Su formación es un efecto del genio o índole de los individuos, nunca de una orden» (sesión del 20.9.1837).

Los oficiales de academia no fueron sensibles ciertamente a la peculiaridad de la guerra en que estaban luchando y, no obstante su baja formación teórica (o quizás precisamente por ello), prefirieron limitarse al estricto cumplimiento de sus deberes jerárquicos y burocráticos, que les colocaban en inferioridad frente a la imaginación e improvisación de los «guerrilleros» facciosos, mejor adaptados a las circunstancias de una guerra tan peculiar. Pero no faltan ejemplos de lo contrario, aparte de la interesante personalidad de Zurbano. Concretamente Pita Pizarro había captado perfectamente las diferencias y en la Real orden de 3.7.1837 llegó a escribir que

Nuestro heroico ejército combate sin cesar en todas partes coronándose de triunfos; pero no puede tener la movilidad de los contrarios, por la diferente naturaleza de su constitución, de su disciplina y de su objeto.

Una manifestación mitigada de estas fuerzas que, sin llegar a ser irregulares, tuvieron al menos cierta movilidad y capacidad de iniciativa fueron los llamados «cuerpos volantes» que algunas diputaciones intentaron establecer con escasa fortuna y que formalizó Lasaña en una proposición de 18.9.1837:

1. Se autoriza ampliamente a las diputaciones provinciales para que, echando mano de cuantos recursos les sugiera su celo por el bien de la Patria y sin tocar las rentas pertenecientes al Estado, organicen partidas o columnas volantes que protejan a los pueblos contra las pequeñas facciones o gavillas de ladrones, manteniendo a raya a los enemigos de la libertad; aseguren los caminos, evitando las interceptaciones de correos, sorprendan convoyes y finalmente, que cuando las facciones sean numerosas, maniobren continuamente sobre sus flancos y retaguardia obligándolas a mantenerse reunidas y evitando de este modo que se desparramen o diseminen en pequeñas fracciones para ejercer en los pueblos sus acostumbradas rapiñas y exigir raciones.

La originalidad de estos cuerpos volantes no consistía sólo en su modo de combatir sino en su financiación, que corría a cargo de las propias diputaciones provinciales mediante imposición directa a los pueblos, graduada por cierto de manera absolutamente discrecional, según aparecía en los números siguientes de la proposición:

2. Que en los recursos que adopten las diputaciones provinciales, tengan presentes los pueblos que se hayan manifestado contrarios a nuestras instituciones para recargarlos en esta contribución extraordinaria, eximiendo no obstante de ella, en este caso, a los milicianos nacionales voluntarios o que, aunque pertenezcan a la milicia forzada, hayan dado pruebas positivas de adhesión a nuestra causa.

Apoyándola al día siguiente en una aguda teorización de la lucha guerrillera: «Los facciosos marchan rápidamente porque no necesitan de almacenes, de provisiones ni de vestuario. La casa de cada español por donde pasan es su almacén, porque le despojan de la ropa y se visten con ella, y lo mismo sucede respecto de las subsistencias. Pero nuestras tropas necesitan ser provistas y tener almacenes porque, siguiendo la pista de los enemigos, llegan a los pueblos cuando ya éstos están exhaustos y si no llevasen sus provisiones perecerían de hambre, y de aquí resulta la gran dificultad de subsistir y la de poder alcanzarlos por más que se fatiguen los soldados y que los jefes se esfuercen, mientras no se procuren un medio de contener la marcha de los facciones, porque éstos se han propuesto no combatir, y lo lograrán. Las columnas volantes tienen la ventaja de que, compuestas de personas del país que conocen perfectamente el terreno y todos los caminos, están en disposición de hacer un servicio más activo».

Las partidas carlistas se unían cuando podían a algún cuerpo próximo del ejército regular, pero normalmente volvían a separarse cuando las columnas se retiraban. Por otra parte –y tal como escribe Bullón (216)–, «el guerrillero es a veces un combatiente ocasional, cuya colaboración sólo se requiere para un golpe concreto y después de éste vuelve a la vida cotidiana; en otras ocasiones su actividad es ocasional y abandona la partida durante el período invernal y en la época de la recolección». Excluidos del convenio Elliot, eran tratados con singular dureza por sus enemigos, que de ordinario los fusilaban inmediatamente cuando caían prisioneros, e incluso son famosas las represalias que se tomaban con sus familias. Tristemente famoso fue el fusilamiento de la madre de Cabrera, pero lo mismo se hizo con la de Palillos y de la que casi nadie se ha ocupado.

La intervención extranjera

La Primera Guerra Carlista estuvo apoyada en varias tragicomedias –risibles si no hubieran sido tan sanguinarias– a cual más lamentable. La primera de ellas una cuestión dinástica que poco importaba no sólo al pueblo sino a los propios generales que la conducían, hasta tal punto que cuando se firmó el acuerdo de Vergara, que de hecho le puso fin, ni siquiera se aludió al Pretendiente y a sus derechos. Entonces, ¿por qué se había estado luchando? La segunda tragicomedia tuvo lugar con ocasión de la expedición real: varias batallas campales, un reguero de incendios por toda la península y a la hora de la verdad la suerte de Madrid no estaba en juego por el ímpetu de las bayonetas sino por las negociaciones semisecretas de unos diplomáticos: ¿una auténtica guerra o una partida de cartas con órdagos, achiques y pasos?

La tercera tragicomedia es esta de la intervención extranjera. Unos querían que fuera el ejército francés quien con su sola presencia terminara de una vez con las matanzas y las ruinas. Mientras que otros se oponían argumentando que de esta forma se marchitaría la gloria de los ejércitos españoles y se empañaría la palabra vertida por un político en un momento de fanfarronería.

Mendizábal en La Gaceta de 21.3.1836 llegó a declarar que «admitir la intervención sería faltar pública y osadamente a lo que el Gobierno debe a la gloria y a la independencia de la patria, al decoro de nuestras armas, al aprecio merecido del valor, constancia y fidelidad de nuestro ejército y, en fin, a su propio honor comprometido en libertar a España de la guerra civil con recursos puramente nacionales. No, no, antes morir que mancharse con un solo acto de tanta ignominia». Idea reiterada, pero más matizadamente, en carta a Luis Fernández de Córdova de 3.4.1836 (en las citadas Memorias de su hermano Fernando, 228): «Vd. dice que es partidario de la intervención. Me parece que no querrá que venga una como la de 1823, pero que estará de acuerdo en que los franceses nos auxilien en los términos en que se han propuesto hacerlo los ingleses. De este modo no se hiere el amor propio nacional; de este modo la nación no tendrá que cargar con una deuda de 300 millones de reales, como sucedió en 1823; de este modo el Gobierno será Gobierno. Yo no me opongo ni me opondré jamás a recibir estos auxilios; por el contrario, lo celebraré. Me opondré a que vengan intervenciones extranjeras porque ellas no apagan el fuego y sólo echan cenizas que, desaparecidas una vez, resucitan».

En este mismo volumen de Memorias (223 ss.) se encuentran varios testimonios nada menos que de María Cristina transmitidos al general por Alba en cartas de 15 y 16 de abril de 1837. En la del 16: «Dice la Reina que no puede obtenerse la cooperación francesa mientras Mendizábal viva en el Gobierno porque está confabulado con los ingleses y no está en lo posible que los franceses quieran dar soldados y correr los riesgos de la cooperación, sabiendo que nada adelantan y que los provechos son para Inglaterra». Y en la del 15, atribuyendo la información a Muñoz: «Mendizábal quiso arrancar de la Reina el consentimiento para que los ingleses se posesionaran de Santoña y San Sebastián, dependiendo de los gobernadores de aquellas plazas. Dijo la Señora que no; que si algo había de hacerse en ello, había de ser precisamente bajo la dependencia de V. (de Luis Fernández de Córdova)».

Y en la misma línea El Eco del Comercio de 3.7.1837: «No es sólo un alto sentimiento de independencia el que se opone a que admitamos la intervención extranjera: es un principio político inconcuso, es la conveniencia pública, es el interés mismo de nuestra causa. Si nosotros inconsideradamente nos arrojáramos en brazos de una nación vecina para que decidiese con sus medios y con sus armas nuestra contienda, ¿qué idea daríamos al mundo acerca del número de sus partidarios y de las simpatías que cuenta? ¿No vendríamos a confesar que los disidentes o tibios eran más poderosos que los empeñados en la lucha por la libertad?».

Pero ¿qué gloria y qué honor estaban en juego? ¿De qué independencia se estaba hablando? Porque Francia e Inglaterra juntas no se hubieran repartido nunca con tanto desparpajo la soberanía nacional española como se la repartieron luego los generales que habían perdido la guerra en los campos de batalla, pero que habían ganado la paz en el Convenio de Vergara y en el régimen pretoriano que allí se anunció.

Los soldados se dejaban matar en batallas y escaramuzas o morían en los hospitales sin asistencia alguna o mendigaban inválidos por las calles, los ciudadanos eran explotados por contribuciones ruinosas injustamente repartidas, padecían incendios y saqueos, el país se arruinaba a ojos vistas; pero nada de esto importaba a los políticos que cacareaban en el gallinero de las Cortes y justificaban la desidia guerrera con los argumentos más peregrinos.

Lo grotesco no es, sin embargo, lo que acaba de decirse y lo mucho que se discutió y escribió a tal propósito sino la circunstancia de que estaban discutiendo por la piel de un oso que jamás caería en sus manos. Si Luis Felipe y el conde de Molé habían rechazado contundentemente la intervención militar francesa en las cosas de España, ¿a qué venían esas discusiones encarnizadas entre moderados y progresistas sobre si se solicitaba o no? ¿Qué interés tenía entonces –y ahora– esa ponderación de ventajas y desventajas de lo que de ninguna forma iba a tener lugar? La situación se había formalizado en mayo de 1835 cuando Martínez de la Rosa, contando con el decidido apoyo del embajador francés, solicitó la intervención francesa, que fue rechazada contundentemente por Luis Felipe. Durante el Ministerio Mendizábal fue Inglaterra la que al cabo de una áspera polémica interna se manifestó dispuesta a intervenir en una operación francobritánica, que no gustó a Francia y todavía menos a María Cristina.

En cualquier caso, fue en los últimos días del Ministerio Istúriz cuando la situación terminó ofreciendo su lado más patético en el Memorándum que acompañaba a la carta al embajador en París de 5.8.1836:

Con mucha anterioridad había declarado al embajador conde de Rayneval que convencido de que la guerra de Navarra era la cuestión vital de España y que no podía resolverse sino con la ayuda material y eficaz de la Francia, no me resolvería a aceptar una confianza augusta sino en el bien entendido de recibir esta ayuda, no en una aplicación mezquina del imperfecto tratado de la cuádruple alianza sino en la escala que las circunstancias exigen para terminar la lucha.

Y no menos rotundo era el tono de la carta:

Es urgentísimo poner sin rebozo a la vista del Gobierno de S.M. el rey de los franceses la imposibilidad de conservar por más tiempo inmune la regia autoridad de Doña Isabel II sin un auxilio pronto, fuerte y eficaz de las armas francesas (...) que permita a S.M. sacar sin riesgo parte de las fuerzas nacionales que militan en el Norte contra el Pretendiente para castigar y reprimir las rebeliones de otra clase (con referencia a las juntas provinciales revolucionarias) que han estallado en el Mediodía.

Así llegó la cuestión a las Cortes en el debate de 7 de abril y siguientes de 1837. «Independientemente de la voluntad del Gobierno y de los jefes –decía López en la sesión del 10 de abril– hay una mano oculta que procura llevar las cosas hasta el punto en que se haga inevitable y forzosa la intervención extrajera, para que un Gabinete rival cuando menos de nuestra libertad y de nuestra gloria venga como Brenno a arrojar la espada de su poder en la balanza en que hayan de apreciarse nuestros derechos o en que le convenga que se dé un golpe decisivo a la facción para decir a los pueblos ya postrados: ahí tenéis ya la paz, que era lo que os interesaba; no os cuidéis de la libertad, que nada importa».

La intervención tenía una manifestación más suave, aunque igualmente controvertida: el nombramiento de algún general extranjero como jefe del Ejército cristino, vista la incompetencia de los militares españoles. El Gobierno resistió, sin embargo, estas tentaciones, que algún fundamento debieron tener cuando provocaron los desmentidos oficiales: primero el del inglés Napier y luego el del mariscal francés Chauzel, según apareció en la Gaceta del 27.7.1837.

CAPÍTULO 7

POLÍTICA ECLESIÁSTICA PARA EL CLERO SECULAR

1. INTRODUCCIÓN

Vías para el cambio.– El «grupo parlamentario» eclesiástico.– Del Estado confesional al Estado laico.– La política eclesiástica liberal.– La desamortización de bienes de regulares, un mal negocio.– Recapitulación.

El tratamiento que a esta materia va a darse en las siguientes páginas es llamativamente breve no obstante la importancia histórica de su contenido. Esta desproporción ha sido, no obstante, deliberada y se debe, como puede suponerse, a la circunstancia de que sobre casi todos sus extremos existe una bibliografía oceánica, de tal manera que resultaba difícil decir algo nuevo sobre el particular y desde el primer momento se ha anunciado que en este libro se evitarían en lo posible los resúmenes y repeticiones de textos suficientemente conocidos por los aficionados a la historia del siglo XIX.

Por razones sistemáticas resultaba inevitable, con todo, ocuparnos de los puntos capitales puesto que sin ellos sería imposible entender la revolución liberal y la política progresista concreta de aquellos años; pero aquí vale una remisión genérica a lo mucho y bueno que se ha escrito y que nosotros no estamos en condiciones de mejorar: ¿para qué hacer perder el tiempo al lector publicando una vez más lo que ya se ha dicho mil veces?

Lo anterior no significa ni mucho menos que la política eclesial liberal sea un capítulo definitivamente cerrado, antes al contrario. Los datos archivísticos no se han repasado con minuciosidad exhaustiva, aún quedan montañas documentales por explorar y hasta en la desamortización, que es la mies más trillada, faltan muchas cosas por aclarar. De cualquier manera que sea, el Diario de Sesiones de las Cortes nos ha permitido aportar algunos datos interesantes, ciertamente no desconocidos por los investigadores, pero todavía inéditos.

Lo que más llama la atención en la historiografía especializada es que sobre una base informativa común se han levantado opiniones, no ya distintas, sino frontalmente contrapuestas y de ordinario apasionadas. Todas las cuestiones están abiertas, todas necesitan una interpretación convincente que nunca llega y, como la historia no está sólo para descubrir nuevos datos sino para hacerlos comprensibles, esto es cabalmente lo que en este punto más falta hace. Nosotros nos hemos atrevido a exponer aquí algunas opiniones personales más o menos plausibles y mejor o peor razonadas, en espera de que alguien las ratifique o refute.

Vías para el cambio

A la muerte de Fernando VII la Iglesia española necesitaba un cambio profundo. Sus males venían de muy atrás y habían sido ya denunciados implacablemente por los ilustrados. El Alto Clero estaba moralmente corrompido y el Bajo se debatía en la ignorancia y la miseria, mientras que los frailes ahogaban económicamente a la población. Una situación que se había agravado aún más por la guerra de la Independencia durante la que el clero había dado rienda suelta a todas las pasiones no precisamente evangélicas y luego despeñado definitivamente en los períodos de reacción absolutista. Pero no se trataba solamente de una degradación personal porque las tensiones políticas habían llegado también al límite. La Iglesia era conocidamente uno de los pilares del Antiguo Régimen y, al cuestionarse éste, quedaba aquélla inevitablemente implicada. En ese panorama la Inquisición, un fenómeno marginal por sí mismo, adquirió la categoría de emblema de una lucha tanto más agresiva cuanto que la mayoría del pueblo, domesticado durante siglos, estaba de parte del clero y de las prácticas religiosas más rutinarias propias de la escuela de Fray Gerundio.

Así las cosas, podía esperarse una reforma interior, pero ni siquiera llegó a abordarse por la Jerarquía romana ni por la nacional, y aunque entre el clero secular y el regular había individuos ejemplares con cabeza y corazón sensibles, no tuvieron la menor posibilidad de llevarla a cabo y los mejores acabaron secularizados o apostatando en las filas más hirientes del radicalismo.

Descartada esta opción, cabía el camino de una reforma política que se intentó seriamente desde el moderantismo del Gobierno de Martínez de la Rosa, gestionada sabiamente por el piadoso Garelli. Aquí se trataba de un cambio enérgico, tanto en las personas como en la institución y en su función política y social, pero realizado de una forma pacífica y sobre todo colaborando con la propia Iglesia. A tal efecto se constituyó una Real Junta Eclesiástica para que fuera pensando unas reformas necesarias mas no beligerantes. Ni que decir tiene que las decisiones de este Ministerio y del de Toreno no satisficieron a todos, pues unos las consideraban excesivas y otros pacatas; pero parecía, al menos, que el camino era acertado en cuanto que eficaz y pacífico. Los diez obispos que formaron parte de la Junta –ocioso es recordarlo– eran decididamente liberales pero nunca se olvidaron de su condición eclesiástica y obraron en consecuencia; de tal manera que contra todo pronóstico terminó siendo al final, por su moderación, un bastión defensivo de la Iglesia frente a los radicalismos posteriores. Con la llegada de Mendizábal se disolvió y fue sustituida por una «Comisión de Regulares» (donde estaba, por cierto, López de Santaella) ya sin sombra de independencia.

La vía reformista inicial quedó al final cortada en septiembre de 1835 cuando Mendizábal pasó sin contemplaciones al cambio revolucionario, que terminó imponiéndose con el resultado de una ruptura con las órdenes religiosas y en último extremo con Roma así como con la reticencia del clero secular, que en su mayor parte prefirió mantenerse al margen de la lucha.

Es esencial, con todo, dejar ya constancia de que en este punto la política fue eclesiástica, no religiosa, puesto que respetó los dogmas y las prácticas del catolicismo apostólico romano sin imponer otra religión.

La política eclesiástica liberal se desarrolló inicialmente en dos frentes: en el de la represión de los comportamientos carlistas del clero (lo que nada tenía de revolucionario ya que era continuación de la política moderada anterior) y en el de las órdenes religiosas, que experimentó un quiebro radical dado que aquí se sustituyó la política de supresión de conventos por la de supresión de las comunidades en bloque. Nótese, pues, la diferencia. Los Gobiernos de inspiración moderada se habían limitado a cerrar los conventos sospechosos de ayudar a los carlistas o inviables funcionalmente por el reducido número de sus frailes, pero las órdenes religiosas se conservaron escrupulosamente aun después de las reformas. Se trataba de una simple poda de las ramas enfermas o raquíticas, mas el árbol seguía vivo y más sano. Mendizábal, por el contrario, no tocó las ramas ni secas ni enfermas, sino que cortó el árbol por su pie y por descontado al caer muerto al suelo se apresuró a vender la leña resultante.

La supresión general de las comunidades de regulares fue una de las operaciones más paradójicas de la «revolución liberal» dado que, saltando por encima de las actuaciones realizadas durante la vigencia del Estatuto Real, del Trienio y de las Cortes de Cádiz, enlazó directamente con la obra de Napoleón, puesto que fue éste, en efecto, quien extinguió sin contemplaciones el clero regular español, convirtiendo a sus miembros en clérigos seculares y aplicando al Estado todos sus bienes y rentas. Algo que naturalmente sólo pudo llevar a cabo –y de manera parcial por falta de tiempoen los territorios ocupados por las tropas francesas.

Con la retirada de los invasores no se produjo el restablecimiento automático de los conventos suprimidos sino que las Cortes decidieron estudiar el asunto con calma integrando este punto dentro de su política eclesiástica global, que en lo que aquí interesa apuntaba en dos direcciones: por un lado socorrer provisionalmente a los exclaustrados, en espera de su reintegración, con doce reales diarios sacados de las rentas de los conventos; y por otro, proceder a un restablecimiento parcial puesto que se pensaba mantener la supresión de los que tuvieran menos de doce miembros. Una actitud deliberadamente conciliadora de las dos tendencias extremas que entonces se barajaban: el restablecimiento total que exigían los serviles y la ratificación de la supresión total impuesta por el invasor que pretendían los liberales más exaltados.

En este contexto es muy significativa la opinión expresada por Argüelles en una publicación de 1835 (Examen histórico... pp. 214 ss.) donde todavía se defendían la prudencia y la moderación: «Si las Cortes reunidas en tiempos comunes y tranquilos hubieran querido hacer una reforma del clero regular no hubiera sido prudente extinguir de una vez todos los monasterios y conventos. No sólo podía convenir que se respetaran las ideas de piedad y devoción en que reposaban estos institutos sino que hubiera sido necesario considerar maduramente el efecto canónico y administrativo que podía acarrear la supresión total y simultánea de establecimientos (...) Cualquier reforma en el clero regular debería haber sido parcial, progresiva y enlazada con providencias que proporcionaran a los que entraban antes en el claustro medios de establecerse con independencia y utilidad suya y del Estado». La brusca y radical decisión de Mendizábal rompió, sin embargo, con esta línea liberal originaria.

Si la Iglesia católica era uno de los pilares fundamentales –junto con el monarca y la nobleza– del Antiguo Régimen, resultaba inevitable que la revolución liberal, empeñada en desmantelarlo, se enfrentase directamente con ella. Y así se hizo en efecto con una energía mucho mayor que la empleada con la nobleza (pues con ésta se llegó pronto a un pacto) e incluso con la Corona. Lo que se pretendía manifiestamente era que la nación quedase libre de sus trabas tradicionales, sin perjuicio de que la tutela eclesiástica fuese pronto sustituida por la tutela militar, mucho más contundente y que, a diferencia de aquélla, no contaba con el masivo apoyo popular. El gran teórico de esta postura fue precisamente un clérigo, Venegas, erudito hasta la pedantería, pero orador excelente que sabía ganarse al auditorio hasta obtener de él constantes aplausos y risas. Pues bien, en la sesión del 17.1.1837 proclamó sin ambages que «la Iglesia de España está esclavizada y la nación libre será esclavizada también, porque si la Iglesia es esclava de un poder extraño, la nación será esclava y contra esta esclavitud se ha levantado en masa». Y meses más tarde, en la sesión del 24 de julio: «la España era un edificio social viejo que se ha empezado a desmoronar y es preciso acabarlo de derribar para formar un edificio más hermoso, más simétrico, más nivelado. Luego que esté concluido con perfección, entonces renunciaré a este principio disolvente, que tanto me gusta ahora, para legar a las Cortes venideras el principio conservador, necesario entonces porque habrá que conservar, al paso que ahora no hay más que destruir y arruinar. Por eso soy amigo del principio disolvente de los abusos, de los goces indebidos que han tenido esas clases privilegiadas a costa del sudor de las familias, del hambre y desesperación del pueblo español». Añadiendo –y esto es lo que en el presente lugar más importa– que los tres instrumentos de la reforma habían de ser la del arreglo del clero, la del diezmo y la supresión de regulares.

El «grupo parlamentario» eclesiástico

En la reforma eclesiástica jugaron los diputados clérigos un papel relevante, que no se ha reconocido debidamente ni por los autores contemporáneos ni por los historiadores de hoy. Y la verdad es que su posición era muy difícil puesto que eran personalmente los más afectados por las reformas y estaban sometidos a dos códigos de comportamiento contrarios: el de la disciplina religiosa y el de la disciplina política; contradicción que intentaban superar imputando a la Iglesia una desviación de las doctrinas evangélicas, de tal manera que los heterodoxos no eran ellos sino la Iglesia oficial. Y por otro lado, todos eran representantes de la cepa liberal más depurada.

Ni que decir tiene que este puñado de diputados no reflejaba ni mucho menos el cuerpo ideológico del clero de su época sino sólo un fragmento: el liberal progresista. Porque había un sector absolutista (que se oponía a cualquier reforma realizada desde el Poder civil), un sector liberal moderado (dispuesto a colaborar con el Gobierno apoyando las iniciativas de la Junta Eclesiástica) y un sector liberal avanzado al que parecía corto lo que se estaba haciendo y exigía un cambio radical realizado exclusivamente por las Cortes. A Revuelta debemos (400 ss.) la meritoria identificación de los obispos que militaban en estos niveles y es manifiesto que los clérigos-diputados únicamente representaban al tercer grupo y por supuesto con distinto grado de radicalismo, pues de Tarancón a Venegas mediaba gran distancia.

El «grupo parlamentario» eclesiástico (si se nos permite esta terminología moderna) actuó con coraje individual y con coherencia grupal, sin perjuicio de la peculiar singularidad de cada uno de sus miembros. Su mentor reconocido era Tarancón, respetado por todos, admirado por los progresistas y que andando los años ocuparía la cúspide de la jerarquía de la Iglesia, pues a todos sabía ganarse con la «suavidad» de su palabra, que recordaba un poco la untuosidad de Martínez de la Rosa. Martínez de Velasco –otro obispo electo como Tarancón– no llegó nunca a gozar de la popularidad de éste, aunque su actividad parlamentaria fuera más intensa. La personalidad más singular de todo el grupo fue sin duda la de García Blanco, protagonista destacado en los asuntos del clero, pero no sólo en ellos puesto que pocos fueron los debates en que no intervino y casi siempre con apasionamiento. Sin perjuicio de que quizás el más radical fuera el ya citado Venegas, puesto que no lo fue López de Santaella, un sansimonista convencido que tomó la sotana tardíamente y adoptó en las Cortes una actitud decididamente conservadora.

A diferencia de los anteriores, Charco, que no carecía ni mucho menos de cultura, nunca quiso adoptar una actitud intelectual y se comportaba más bien como un párroco rural –aunque no, desde luego, como un «cura de misa y olla»–, buen conocedor de la agricultura (él mismo era también labrador) y sinceramente preocupado por las cosas del campo y de sus gentes. Esquivel era un culto, aunque modesto, profesor de humanidades muy poco aficionado a la oratoria parlamentaria y menos aún lo era Valdés Busto, un acomodaticio hedonista.

Nadie puso nunca en duda las virtudes pastorales de todos estos diputados, pero ello no impidió su entusiasmo político liberal y la audacia de su crítica frente a la Institución de que formaban parte empezando por la Corte papal de Roma, que para ellos constituía una verdadera obsesión. Valgan de ejemplo las palabras de Martínez de Velasco en la sesión del 15.1.1887: «A la Corte de Roma es menester combatirla de frente, a la Corte de Roma es menester tratarla como a un león, como a una bestia feroz; o adularla o cortarle la cabeza». O las de Venegas en la sesión del 17.1.1837: «No se me puede olvidar que el Santo Padre nos maltrata, y hablo como hijo el más reverente de la Iglesia: nos maltrata de un modo extraordinario. Desde el principio dijo Su Santidad al sr. Labrador que jamás reconocería la ley de sucesión restablecida por Fernando VII. Ésta es una intriga romana que se dirige contra la libertad de los españoles».

Al regular los derechos electorales pasivos se cerró a los clérigos el acceso al Congreso. A la vista de lo que después sucedió hoy sabemos de cierto que aquella decisión resultó políticamente torpe porque sus consecuencias fueron desafortunadas como hubiera debido preverse. Acabamos de decir que la representación clerical en las Cortes constituyentes fue excelente, al estar formada por unos diputados honestos, inteligentes y de unas convicciones liberales intachables. Lo cual significa que se dio una salida constitucional adecuada a los intereses del sector, que pudieron así defender de manera pública sus pretensiones. Pues bien, al cerrárseles esta posibilidad constitucional, se les obligó a actuar en la oscuridad, cuando no en la clandestinidad, refugiándose en los púlpitos y en los confesonarios y, todavía peor, en Palacio.

Lo que hizo Tarancón en las Cortes constituyentes lo hicieron luego en Palacio el padre Claret y sor Patrocinio en su locutorio. Se trataba, una vez más, del consabido círculo vicioso: los curas, expulsados del foro público constitucional, se escondían en los subterráneos del Poder y, en castigo de sus maniobras tenebrosas, no se les quería recibir en un escenario normal.

Del Estado confesional al Estado laico

Estado confesional o Estado laico (en el sentido inhibicionista del modelo francés, que era obviamente el mejor conocido): tal era el gran dilema que se presentaba a las Cortes de 1836, que se habían convocado bajo la bandera de la Constitución de 1812, autoproclamada confesional en su artículo 12: «la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra». Una formulación perfecta del credo confesional, puesto que colocaba las leyes estatales al servicio de la religión, para protegerla, y proclamaba la intolerancia respecto de las prácticas, sin precisar si públicas o privadas, de cualquier otra confesionalidad; mas no se trataba de un credo fundamentalista puesto que quedaban nítidamente separados el Estado de la Iglesia católica y el Derecho del Dogma católico, habida cuenta de que la protección estatal se ejercía inequívocamente «desde fuera» y la Iglesia no podía, por tanto, autodefenderse con sus propios medios una vez superada la Inquisición.

Esta ideología no fue recibida, sin embargo, por las Constituyentes, que la rechazaron de forma expresa, renegando sin equívocos de la herencia de 1812 e imponiendo la tolerancia.

Separarse de la confesionalidad no significaba, sin embargo, abrazar la laicidad. Un salto imposible a la sazón porque existían todavía demasiadas cuentas pendientes que había que ir liquidando poco a poco. El Estado no podía ser laico –es decir, neutral, colocado al margen de las querellas religiosas– porque no podía desentenderse de unas circunstancias económicas y sociales que llevaban hipotecando durante varios siglos al Estado español, por lo que resultaba imprescindible, y además urgente, levantar primero tales hipotecas. Y para lograrlo había que saltar a la arena y luchar a brazo partido contra los privilegios. Por lo tanto, el Estado progresista no podía ser laico ni neutral sino decididamente beligerante. Más adelante, después de haber limpiado el Estado de sus adherencias, podría quizás implantarse el ideal laico; pero de momento resultaba imposible. La cuestión religiosa fue cabalmente el punto donde más claramente se distanciaron moderados y progresistas –que por lo demás tantas cosas tenían en común por gracia de la familia liberal de la que ambos procedían– e incluso diputados progresistas avanzados vacilaban mucho a la hora de votar resoluciones anticlericales bien sea movidos por sus convicciones religiosas personales o por las presiones sociales del entorno, singularmente de ordinario las conyugales.

Los resultados de la lucha fueron inciertos como no podía ser de otra manera en el extenso ámbito que delimitaban los imprecisos –entonces como ahora– conceptos de confesionalidad, aconfesionalidad, laicismo y anticlericalismo. Se eliminó la intolerancia, se suprimieron las comunidades religiosas, se abolió el diezmo; pero en contrapartida el Estado asumió el culto como un servicio público, funcionarizó al clero y, sobre todo, se comprometió a financiar la Iglesia católica. En definitiva, una confesionalidad vergonzante, un quedarse a medio camino en una fórmula de compromiso. En cualquier caso, lo que más prisa corría era dejar claro que en este punto no se aceptaba la herencia de la Constitución de 1812.

Al empezar a discutirse en marzo de 1837 los artículos del proyecto de la nueva Constitución referentes a la religión católica, se presentó con singular crudeza un problema común a todas las materias, a saber, determinar hasta qué punto iba a seguirse el texto literal de la Constitución de Cádiz o, por el contrario, establecerse un texto nuevo. Algunos diputados defendían la primera opción por considerar que las disposiciones de Cádiz reflejaban muy bien la religiosidad de la nación española; pero pronto se vio que la mayoría estaba en contra por entender que no era necesario llegar tan lejos.

En la sesión del 13.3.1837 Pizarro, un hombre acendradamente religioso, se alineó en la primera de las posiciones indicadas incluso ya en el mismo Proemio, lanzando a tal propósito un auténtico órdago parlamentario que, por cierto, nadie atendió: «Dice la Constitución del año 12 en su principio: “En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”. Éste es el principio de la constitución que hoy nos rige, ésta es la invocación divina con que principia esa ley fundamental de la monarquía. (Pero es el caso que) ello no está anunciado ni presente en el proyecto y esto me induce a creer que está proscrito de la Constitución tal como haya de quedar y si lo está, yo repruebo desde ahora esta omisión (...) Si se procura sostener esta omisión, votaré siempre negativamente acerca de la totalidad del proyecto y probablemente votaré lo mismo en la singularidad de sus artículos. (...) La nación en cuyo nombre hablo es verdaderamente piadosa y religiosa, sin gazmoñerías, sin embustes. La nación española no es irreligiosa ni tampoco fanática. Por consiguiente, al desahogar los sentimientos de mi corazón, más bien creo ser intérprete de los sentimientos generales de la nación en masa».

Lo que consiguió con esta emotiva explosión fue brindar una oportunidad inmejorable para que su encarnizado enemigo, Salvato, que ocupaba a la sazón la presidencia de la Cámara, le escarneciera con crueldad: «Yo quisiera que S.S. dejase aparte el acompañamiento de los ángeles (a los que había aludido en un fragmento no transcrito), que me parece que no corresponden a este lugar ni al asunto de que se trata». Y más adelante volvió a recordarle que «ruego a S.S. se contraiga a la cuestión, pues más bien parece que habla sobre la totalidad del mundo que sobre la totalidad del proyecto».

Ironías aparte, la verdadera respuesta vino de los labios de Olózaga: «¿Cómo ha podido creer el sr. Pizarro que los españoles, que diputados de la nación española proscribirían nunca principios religiosos y el nombre del Autor de nuestra religión? ¿Ha podido S.S. pensar que cupiera eso en el ánimo de la comisión, ni en el de ningún español que conozca la piedad de la nación española y las circunstancias en que se halla? (...) Ese principio que nadie hubiera echado de menos es una ceremonia, un hábito anticuado y si hubiéramos de acomodarnos a costumbres de esta especie, al empezar hoy su discurso el sr. Pizarro, si creía que iba a hacer alguna obra buena, debería haberse santiguado como nuestros padres lo hacían. S.S. no ha querido ponerse en ridículo porque conoce que es cosa inusitada, pues tan ridículo habría sido para las Cortes que hubieran renovado una invocación que está fuera de uso».

Rechazada en este punto la herencia de 1812, había otro extremo de mayor gravedad aún: el artículo 12, antes recogido ya. El proyecto había eliminado esta declaración y Tarancón reclamó su continuidad por razones políticas de mucho peso: «Yo estoy íntimamente convencido de que en España y en aquellas extraordinarias y difíciles circunstancias fue muy justo y sumamente oportuno el expresado artículo para manifestar a los pueblos que por el nuevo sistema político no sólo no se trataba de innovar en manera alguna respecto a su creencia y culto religioso, sino que se le ofrecía y dispensaba de hecho una protección exclusiva».

No le faltaba razón al diputado –que en su día terminaría siendo arzobispo de Sevilla– pero Argüelles contraargumentó con éxito el día 5.4.1837 que, pese a tales cautelas, «vino el año terrible de 1814 y ¿qué calificaciones no hubo entonces? ¿Ignora nadie que el clero en los púlpitos y los obispos en las pastorales presentaron la constitución como un cúmulo de impiedades, de sacrilegios y como un objeto de abominación? ¿Le sirvió de nada aquel antídoto que los eclesiásticos de la comisión creyeron que la protegía? Nada de eso». Y más todavía: echando mano de su abrumadora memoria explicó que el origen del artículo en cuestión había sido una exigencia de los obispos como condición para aceptar la constitución y que los diputados, aun no estando conformes con la declaración, terminaron integrándola para ganarse la benevolencia de la Iglesia, aunque luego ésta no durase mucho tiempo.

Comoquiera que fuese, el abandono de la confesionalidad explícita tuvo una contrapartida de cuya gravedad no fueron conscientes los propios constituyentes, a quienes, en verdad, no gustaban mucho las cuentas: el compromiso de financiar a la Iglesia católica.

El nuevo artículo 11, dejando a un lado las declaraciones enfáticas de la constitución anterior, se limitó a advertir que la nación española asumía la obligación del sostenimiento del culto y clero. Una declaración aparentemente inocua puesto que la Iglesia se autofinanciaba con el diezmo (aparte de otros ingresos marginales); pero que adquirió una enorme trascendencia cuando se abolió el diezmo y el Tesoro público tuvo que hacer frente a la obligación constitucional. Pero sobre ello se hablará con todo detalle en un epígrafe aparte.

Lo que de momento interesa dejar constancia es que el gran vuelco político consistió en convertir el culto católico en un servicio público que había de ser costeado por el Estado y consecuentemente en considerar y tratar a los ministros de la Iglesia como empleados públicos.

Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo las declaraciones constitucionales de sustancia ideológica pueden luego en la práctica tener menos peso que un modesto precepto, aparentemente técnico, como este de la financiación. Desde una perspectiva ideológica, o de una política de altos vuelos, la constitución de 1837 había rebajado el nivel religioso de la constitución de 1812; pero a la hora de la verdad –descendiendo de las nubes y poniendo los pies en la tierra– el compromiso financiero de la nueva constitución impuso al Estado una servidumbre que estaría gravando su Hacienda durante siglo y medio.

La política eclesiástica liberal

1. La fórmula religiosa de la constitución de 1837 y en último extremo del Estado liberal español rompió los esquemas teóricos habituales en cuanto que hizo compatibles soluciones que aparentemente no podían amalgamarse: la confesionalidad y el anticlericalismo militante.

Nótese que aquí se habla de política eclesiástica «liberal» y no de la específica política «progresista». Porque es el caso que, aun aceptando los diferentes matices de uno y otro, los dos bandos suscribieron sin vacilar el rasgo esencial de la supresión de las órdenes religiosas, con la consiguiente desamortización de sus bienes, así como el compromiso del arreglo del clero.

A los progresistas les corresponde, con todo, un indudable protagonismo puesto que fueron ministros progresistas (Mendizábal, Gómez Becerra, Calatrava, Landero) los que impulsaron este movimiento y unas Cortes aplastantemente progresistas las que convalidaron lo que hasta entonces se había hecho, concretaron y realizaron los programas anteriores y, en fin, añadieron nuevos elementos de mucho peso, como la supresión de los diezmos, la expoliación de objetos preciosos y campanas y, sobre todo, la desamortización de bienes de los seculares.

En definitiva, en esta materia como en tantas otras nos encontramos con una política estructural que nos es bien conocida: por una parte, un fondo común a las dos fracciones liberales, procedente del acervo ideológico liberal; y por otra, unas peculiaridades significativas propias de una de las ramas. El Gobierno Calatrava-Mendizábal y las Cortes constituyentes impusieron esos principios comunes junto con las peculiaridades progresistas. Luego, cuando llegaron al poder los moderados respetaron lo común y se dedicaron a desmontar meticulosamente las realizaciones progresistas: el arreglo del clero quedó paralizado (in extremis) al no ser sancionada la ley correspondiente que ya había sido aprobada en sede parlamentaria; se dio marcha atrás a las desamortizaciones seculares y si el diezmo no pudo ser reintroducido, se replantearon por completo las consecuencias impuestas por los gobiernos anteriores. Pero lo más importante fue el cambio de actitud, ya que los moderados lograron que la política eclesial no fuera dictada unilateralmente por el Estado español sino resultado de un acuerdo pactado con la Santa Sede romana que al fin terminó plasmándose en el concordato de 1851. La política progresista fue, por tanto, en este punto flor de un día.

Hagamos ahora un balance de la situación en el momento de cerrarse la Legislatura:

a) La supresión de las Casas de religiosos se había consumado (legalizada a este objeto la normativa de los Gobiernos precedentes) y la desamortización de sus bienes se estaba realizando en un proceso ya irreversible. Las pensiones correlativas estaban fijadas aunque se percibían con enormes irregularidades y retrasos, sumiendo a los exclaustrados en una penosa miseria.

b) Se declaró y consumó la expoliación y venta de campanas así como la de alhajas y objetos preciosos en lo que se había salvado de los saqueos realizados por los frailes y los comisionados gubernamentales.

c) Se suprimieron los diezmos pero en unos términos técnicos tan desastrosos que la financiación del culto y del clero secular se hundió en el caos.

d) Se declaró la expoliación y desamortización de los bienes de los seculares pero igualmente en unos términos técnicos tan desastrosos que no alivió las carencias de la financiación del culto y del clero y el proceso tuvo que ser suspendido (y reanudado) intermitentemente.

e) La ley de arreglo del clero fue aprobada por las Cortes pero al no ser sancionada por la Reina Gobernadora se produjo un bloqueo de toda la política eclesiástica progresista al ser este arreglo completamente indispensable para la realización de las otras medidas financieras (de la misma manera que basta que se pinche una sola rueda para que un vehículo quede inmovilizado).

En definitiva, la política progresista eclesiástica fracasó y de ella sólo se salvaron las desamortizaciones de bienes de regulares y ventas de campanas y objetos preciosos; mientras que la política eclesiástica liberal se impuso unos años más tarde pero en su versión moderada concordataria.

A lo largo de este libro se ha reiterado con deliberada machaconería el fondo ideológico común y los intereses que compartían las dos estirpes de la familia liberal: como aquí hemos visto la voracidad que todos tenían respecto de los bienes eclesiásticos. Pero esto no significa desconocer sus diferencias que cabalmente es en este ámbito donde se manifestaron con mayor claridad y que se expresaron en el seguimiento de dos vías cronológicamente sucesivas a las que ya se ha aludido en las primeras páginas de este epígrafe. Porque, en efecto, los resultados del cierre de la Legislatura, propios de una tendencia ministerial y parlamentaria progresista, estuvieron precedidos por las realizaciones de una fase moderada, abrigada por la Real Junta Eclesiástica que empezó con el temprano decreto de 26.3.1834 (por el que se suprimieron los conventos en que se habían efectuado fugas o conspiraciones), continuó con el de 22.4.1834 por el que se prohibió la admisión de nuevos novicios y culminó con el de 25.7.1835, de grave trascendencia puesto que suprimió los que no albergaran 12 religiosos, a la sazón numerosísimos. Y en un orden muy distinto el decreto de las Cortes estatutarias de 3.9.1835, al ordenar la devolución de los bienes primero vendidos durante el Trienio y luego recuperados durante el absolutismo, que perjudicó manifiestamente a muchos conventos.

La siguiente fase, ya progresista-revolucionaria, supuso un salto cualitativo puesto que el Ministerio Mendizábal extinguió las órdenes monacales por decreto de 15.10.1835 y la supresión general por el de 8.3.1836, que luego fueron convalidados sin dificultad por las Cortes constituyentes. Ahora bien, no se trataba sólo de las acciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo puesto que también hay que tener en cuenta el «empujón popular» ya que en aquellos lugares, y fueron muchos, en los que las Juntas provinciales dominaban la situación se apresuraron a cerrar conventos produciendo consecuencias irreversibles. Un proceso que no se detuvo antes bien se aceleró con la actuación de algunos jefes políticos –el más activo y conocido en este punto fue Olózaga en Madrid– que con el pretexto de proteger la vida de los frailes, cerraron por su cuenta cuantos conventos les parecieron oportunos.

2. Las tensiones entre los gobiernos progresistas y la Iglesia católica se desarrollaron fundamentalmente a lo largo de dos frentes: el del clero regular y el del secular.

El primero se saldó con un triunfo total a favor del Gobierno puesto que las comunidades religiosas se suprimieron sin demasiadas dificultades, sus miembros fueron exclaustrados, sus bienes se convirtieron en nacionales y se ordenó su desamortización y venta inmediata, aunque en contrapartida hubo que asignar a los exclaustrados unas indemnizaciones compensatorias vitalicias.

La batalla con el clero secular terminó indecisa con éxitos parciales y graves pérdidas por ambas partes. El Gobierno consiguió desmantelar el poder social de la Iglesia católica al privarla de su fuente autónoma de financiación, el diezmo, convirtiendo a sus ministros en empleados públicos y a los servicios religiosos en un servicio público financiado a cargo del presupuesto y reorganizado y sometido a una rigurosa intervención. La operación, sin embargo, fue realizada tan torpemente que la percepción del diezmo tuvo que ser prorrogada durante algún tiempo y se desarrolló en condiciones literalmente caóticas, mientras que la ley llamada de «arreglo del clero» en que se manifestaba concretamente la intervención estatal no fue sancionada por la Reina Gobernadora. El conflicto tardó en solucionarse varios años pues hubo que esperar a la regencia de Espartero para que los gobiernos progresistas de entonces coronaran las iniciativas legislativas intentadas durante las Cortes constituyentes, y al final fueron los moderados quienes en el Concordato de 1851 estabilizaron la situación con un signo distinto al progresista.

Esto fue lo importante aunque no se puedan olvidar naturalmente otras tensiones conexas: la internacional derivada de la ambigua posición de la Santa Sede en el pleito sucesorio y las represiones estatales de comportamientos de clérigos y de sus jerarquías decididamente favorables al carlismo.

La desamortización de bienes de regulares: un mal negocio

Dejando a un lado las eventuales oportunidades perdidas de reforma de la propiedad y ateniéndonos al planteamiento financiero propio de Mendizábal, puede decirse sin lugar a dudas, y en contra de lo que suele creerse, que la desamortización fue un mal negocio para el Estado puesto que el valor del producto de las enajenaciones de los bienes declarados nacionales fue inferior al de las obligaciones contraídas para mantener a sus antiguos titulares, que se habían quedado sin medios de subsistencia. En otras palabras: con la supresión de los regulares se eliminaron ciertamente algunos problemas graves (la plétora frailuna, la amortización de fincas rústicas, la congestión conventual de los núcleos urbanos) pero no se solucionó el que más preocupaba (la debilidad del crédito público) y se crearon otros apremiantes (el aumento del pasivo presupuestario corriente y el mantenimiento de los exclaustrados).

Este desequilibrio era consecuencia de la obligación («de rigurosa justicia y la suma predilección de mi Real y piadoso ánimo») asumida por el Estado, tal como declaraba el Preámbulo del Real decreto de 8.3.1836 de

asegurar a todos (los regulares de uno y otro sexo) una existencia honesta y decorosa, propia de los sentimientos religiosos de esta nación católica;

O, en términos del art. 33 de la ley de 1837

La nación reconoce como carga y obligación del Tesoro público el pago de las pensiones asignadas a los regulares de ambos sexos.

Esta obligación no era, desde luego, perpetua puesto que tenía que ir disminuyendo por razones demográficas conforme fuera descendiendo por fallecimiento el número de exclaustrados beneficiarios de la pensión; pero en todo caso alcanzaba unas cifras enormes. De acuerdo con los datos publicados por Cárcel, en 1837 se habían exclaustrado 24.000 varones (de ellos 16.000 sacerdotes y el resto fundamentalmente coristas y legos) con haberes presupuestarios de 38 millones de reales; y según los presupuestos de 1853 su número todavía seguía siendo de 9.000. Para Revuelta, más recientemente (p. 421), «si el Gobierno pagaba a los exclaustrados necesitaba cuarenta millones para pagar a los religiosos, de los que una tercera parte eran diez mil franciscanos que no tenían fincas y unas 15.000 monjas. Cantidades que superaban el producto líquido que el Gobierno podía sacar de los bienes de aquellas Corporaciones».

Un mal negocio, pues, que ya había sido previsto en las discusiones parlamentarias de la ley, donde fue anunciado por Tarancón y provocó una proposición de Madoz con objeto de que se reservara a los religiosos bienes suficientes para que éstos pudieran automantenerse y no suponer una carga del Estado. Ya Marliani (109) había observado que el destino dado a sus bienes no pudo ser más desgraciado, por lo que propuso una alternativa sorprendente, la de la repartición entre sus miembros: «¿Por qué no se habían de repartir aquellas haciendas entre todos los interesados y por qué no se había de mejorar su destino, en vez de reducirlos a la desesperación y a la mendiguez? Se les despoja, se les condena a morir de hambre y luego se extraña el que se muestren enemigos de la causa constitucional. Con el reparto de los bienes de los conventos entre los últimos frailes, de usufructuarios pasarían a hacendados (...) Subdividiéndose las tierras lograría el Gobierno un acrecentamiento de contribuyentes; frailes ociosos y relajados se trocarían en ciudadanos útiles, en colonos trabajadores y productivos siendo mozos y en sujetos sosegados siendo ancianos».

Con mayor precisión, puesto que escribió años más tarde, pudo documentar Fernando Garrido (I, 188-189) «las cifras que demuestran lo oneroso que ha sido para la nación el conceder pensiones a los exclaustrados en lugar de haber repartido entre ellos parte de las propiedades de que se incautó el Estado. En 1837 pagó el Estado a 23.935 exclaustrados 37.911.455 reales. Desde 1838 a 1853 el término medio de exclaustrados que anualmente cobraron la pensión fue de 16.138, y de 26.534.875 reales la suma anual que percibieron. En 1854 eran los exclaustrados 8.341 y sus haberes subieron a 15.158.296 reales. Desde 1855 a 1857 el término medio de exclaustrados fue de 6.812 y el de sus haberes de 13.812.978 reales. Desde 1858 a 1865 el término medio ha sido de 6.000 exclaustrados y sus haberes han alternado entre once y doce millones y medio; y ¡cosa extraña!, en vez de disminuir los viejos exclaustrados de 1835 han aumentado. (En resumen) desde 1837 a 1864 los exclaustrados han recibido del erario 598.513.988 reales y si a esta cifra se agrega lo que han costado las monjas exclaustradas y enclaustradas, cuyo número ha pasado de 13.000 a 21.000, resultarán más de 1.200 millones de reales pagados a gente ociosa e improductiva».

Aquí podrían hacerse muchos cálculos y de hecho se hicieron y todavía se hacen con resultados dispares, puesto que los datos de la desamortización permiten manipulaciones asombrosas de su contabilidad y más teniendo que manejar títulos de deuda de valores reales imprecisos. Pero la realidad del mal negocio no ha podido nunca ser maquillada del todo, sean cuales sean sus resultados exactos. Aunque quizás no resulten tan importantes estas cuentas si se piensa que el Estado, como mal pagador y no sólo con los exclaustrados sino con todos sus acreedores, liquidaba tarde y mal, hasta tal punto que los frailes no se quejaban tanto del montante de sus pensiones como del hecho de que no las percibían. Bermejo (p. 449) nos ha dejado un testimonio dramático de esta situación: «Como si fueren malhechores, como si pertenecieren a otra sociedad incivil, no les alcanza derecho ni reclamación para que se les tienda una mano protectora. Se han cumplido veinte meses y para algunos dos años sin socorrerlos con un solo maravedí... muchos ya no existen, han sido víctimas del hambre».

En último extremo lo que aquí se había hecho era estatalizar las pérdidas al incluir las pensiones en los presupuestos públicos y privatizar las ganancias porque con la desamortización salieron muchos beneficiarios particulares, fueran especuladores o labradores rurales directos. Y mientras tanto siguen los historiadores tratando de determinar lo que la operación significó exactamente para el Estado: en lo que resulta muy difícil ponerse de acuerdo habida cuenta de la heterogeneidad de datos que deben encajarse.

Según Rueda y Fontana la desamortización había sido un buen negocio para el Estado de arreglo con las siguientes cuentas: Los bienes estaban tasados en 2.500 millones y la Deuda ascendía a 10.000. Con Mendizábal se vendieron por importe de 1.750 millones: 500 en metálico y 5.000 en Deuda. Y con estos 5.000 se ahorraron anualmente intereses por valor de 250 millones al año. Las cuentas de Mon (en 1845) fueron, sin embargo, muy otras: la desamortización había producido 517 millones y a las monjas y frailes había que pagar 50 al año (20 a monjas y 30 a frailes). Luego en diez años se había agotado el capital y la deuda seguía viva.

En mi opinión, en todas estas cuentas falta un dato que no se contabiliza: la rentabilidad de los bienes desamortizados. Si se aceptan los datos de Rueda y Fontana, rentarían 87 millones al año. Con eso se podría pagar a los exclaustrados y era lógico porque con esa renta habían estado viviendo sin tocar el capital.

Unos años más tarde y en un contexto político distinto, los moderados en el Poder reconocieron las desastrosas consecuencias de la política desamortizadora y ya que no dieron marcha atrás, al menos suspendieron las ventas por las razones pormenorizadamente explicadas en el decreto dictado a tal efecto en 1844, del que se toman los siguientes párrafos:

Es inevitable la suspensión de su venta hasta que con más meditación y detenimiento puedan avenirse y conciliarse todos los intereses. Dos dificultades pudieran oponerse a este pensamiento: el temor de infundir el más mínimo recelo a los poseedores de los bienes que la nación ha enajenado y el de perjudicar a los acreedores del Estado, disminuyendo el fondo destinado a la amortización de sus créditos. Mas el Gobierno de V.M. está decidido y con voluntad firme y resuelta a respetar y hacer que todos respeten, como de todo punto inviolables, las propiedades adquiridas procedentes de los bienes del clero regular y secular que han sido enajenadas en estos últimos años con arreglo a las leyes que ellos mismos se dieron.

Con esta medida se preparaba el paso de página definitivo que iba a significar el concordato de 1851; pero los moderados no repitieron esta vez el error de Fernando VII de anular las ventas ya realizadas de bienes nacionales: en parte porque muchos de ellos habían sido adquiridos por militantes del propio partido que no estaban dispuestos a renunciar a sus beneficios, y en parte también para facilitar la operación de salvar lo que quedaba, pues de no aceptar este gesto, hubiera resultado políticamente irrealizable.

En definitiva, los moderados, aunque no estuvieran ideológicamente a favor de la desamortización eclesiástica, no tuvieron escrúpulos de calentarse en la hoguera de sus ventas, casi tanto como los progresistas que eran formalmente quienes la habían encendido. Porque no hay mejor alivio de conciencias que una buena bolsa. Al cabo del tiempo quienes con más enojo criticaron la operación y al propio Mendizábal fueron los radicales que sólo en muy escasa medida participaron en el botín. Veamos una vez más lo que dijo Garrido sobre el particular con especial referencia a los beneficiados: «El restablecimiento del régimen constitucional y la guerra civil promovida por los carlistas aprovechó más que a nadie a los compradores de bienes nacionales, quienes después de adquirir casi de balde la propiedad, pagadera en veinte años, han visto aumentar cada día su valor, hasta el punto de producir hoy de renta anual diez o doce veces más que el desembolso que hicieron al adquirirla» (I, 161). «De esta manera comenzaron fortunas escandalosas de hombres que nada habían hecho para merecerlas, que alborotaron mucho mientras las adquirieron, pero, una vez que las vieron aseguradas, volvieron la espalda a la inexperta revolución que les había hecho tan inmerecido regalo, convirtiéndose en beatos, en mojigatócratas, hicieron alardes de religiosidad y clamaron contra la revolución a la que debían su fortuna» (I, 240). Los ataques a Mendizábal desde la izquierda fueron implacables a lo largo de todo el siglo: «El error de Mendizábal y de sus amigos consistió, no en desamortizar los bienes de manos muertas, sino en hacerlo de manera que sólo a las clases medias y acomodadas alcanzasen los beneficios directos de la desamortización. Si esta gran reforma económica y social se hubiera llevado a cabo de manera que las clases proletarias del campo recibieran en propiedad parte considerable de las tierras que se desamortizaban, no sólo la nación en general hubiera ganado mucho más con la desamortización, sino que hubiera convertido en sostén eficaz y ardiente de las nuevas instituciones a las clases proletarias del campo, que fueron y siguen siendo en gran parte el apoyo de las reacciones políticas» (I, 241). Una crítica desde la izquierda que no ha recogido la historiografía actual socialista y aun comunista, convertida hoy en defensora póstuma de Mendizábal y de su desamortización. Pero oigamos los últimos apóstrofes de Garrido: «Aquella revolución, lo mismo que las que la precedieron y las que la siguieron, estuvieron animadas por un espíritu conservador representante de los intereses y privilegios de las clases acomodadas y medias (...) En el delito llevaron los progresistas la penitencia porque las masas populares de las ciudades y de los campos no los sostuvieron» (I, 242).

Recapitulación

Las notorias peculiaridades de la política eclesiástica progresista que aquí van a ser examinadas de una manera deliberadamente parcial (por las razones que acaban de indicarse al principio de este epígrafe), bien merecen una recapitulación general que ponga de relieve la enorme importancia que sus realizaciones tuvieron en aquel momento y para el destino posterior de la sociedad española. Lo que puede resumirse, aun a riesgo de alguna repetición, en las siguientes proposiciones.

Primera. Con esta política se desmanteló concienzudamente uno de los elementos esenciales del Antiguo Régimen, a diferencia de los otros dos –el Trono y la Nobleza– que fueron respetados en lo sustancial. En este sentido tuvo un éxito total, al menos desde la perspectiva histórico-política, sin perjuicio de que la realización concreta de cada una de sus operaciones dejara mucho que desear.

Segunda. Esta política se desarrolló fundamentalmente en tres ámbitos: en el de las relaciones internacionales con la Santa Sede (que en este libro no se estudian), que no fueron nada sencillas por la cerrazón de las dos partes; en el del régimen del clero en su doble vertiente secular y regular, y en el de la situación económica y fiscal.

Tercera. Las repercusiones del cambio fueron profundas e inmediatas. Por lo pronto, el sistema político resultó alterado por la exclusión formal del Alto Clero, que a partir de entonces, y puesto que no se resignó a perder su influencia, se vio obligado a ejercerla a través de presiones personales fuera de las vías constitucionales e incluso clandestinamente.

Cuarta. Al privarse a la Iglesia católica de algunos medios económicos con que tradicionalmente se venía automanteniendo (el patrimonio inmobiliario y los diezmos), tuvo que depender a partir de entonces de la caridad de los fieles y de las asignaciones estatales.

Quinta. Sin desconocer la existencia de un sentimiento popular anticlerical (más bien antifrailista), ordinariamente larvado pero con violentas explosiones intermitentes, puede afirmarse que la sociedad española conservó íntegramente su fe religiosa y su afección al clero. La mejor prueba de ello es que los frailes pudieron regresar pacíficamente a España al cabo de unos años y siguieron medrando como si nada hubiera pasado.

Sexta. La desamortización de los bienes de regulares tuvo un éxito social completo puesto que las convicciones religiosas no frenaron la avidez compradora. Si casi nadie ha puesto en duda, ni entonces ni ahora, la utilidad de su realización, sigue siendo discutido el modo en que fue llevada a cabo. En la actualidad suele entenderse que en aquella ocasión se desperdició una oportunidad única de equilibrar la estructura agraria, cuyas diferencias se agravaron hasta hacer imposible la paz social durante los cien años siguientes. Y además fue un negocio ruinoso para el Estado al tener que hacer frente a las indemnizaciones reconocidas a los frailes y monjas expoliados. En la decisión desamortizadora influyeron conjuntamente razones ideológicas (el objetivo liberal de una sociedad «libre» en un mercado «libre») y la ambición de quienes querían enriquecerse adquiriendo los despojos conventuales. La conexión, impuesta por Mendizábal, entre la desamortización y el robustecimiento de la Deuda no logró los resultados esperados. Ni tampoco la adhesión política de los compradores, que no pudo compensar la correlativa desafección de los frailes y de los campesinos proletarizados.

Séptima. Suprimidas las comunidades religiosas y nacionalizados sus bienes, dejaron los frailes de ser un problema para el gobierno (salvo, naturalmente, el pago de sus pensiones) que pudo concentrar su atención en el clero secular. Las Cortes aprobaron a tal efecto una ley llamada de «arreglo del clero» cuyo primer objetivo aparente era la corrección de los vicios más notorios de su comportamiento, aunque su verdadera intención iba mucho más allá de las cuestiones personales pues afectaba a la reordenación territorial de las diócesis y, sobre todo, a una implacable reducción de las rentas del Alto Clero para aminorar las escandalosas diferencias que lo separaban del clero parroquial. Ahora bien, la Reina Gobernadora –en una inesperada alianza del Altar y el Trono– se negó a sancionar esta ley, rompiendo con ello, por así decirlo, la espina dorsal de toda la política eclesiástica, puesto que sin esta pieza fundamental ya no podía funcionar en absoluto el nuevo sistema.

Octava. La gran reforma eclesiástica no fue la desamortización de los bienes de regulares ni la previa supresión de las comunidades de frailes, sino la abolición de los diezmos y primicias que, al privar a la Iglesia de su principal fuente de financiación, la puso en manos del Estado. En definitiva, con esta ley se convirtió el culto católico en un servicio público estatal y a sus ministros, en funcionarios. Desde el punto de vista político, esto fue un avance revolucionario que nadie sensible al cambio de los tiempos podía rechazar; pero desde el punto de vista económico, la asunción de la financiación de este servicio, reconocida de forma expresa en la constitución de 1837, suponía una carga que el Tesoro no estaba en condiciones de soportar. Además, al intentar hacer operativa esta decisión, el Gobierno y las Cortes la instrumentalizaron de una manera tan increíblemente torpe que es difícil encontrar un ejemplo parecido en toda la historia parlamentaria de España.

Novena. Entre la falta de sanción de la ley de arreglo del clero y el caos provocado por las sucesivas leyes de abolición de los diezmos, la política eclesiástica de las Cortes constituyentes naufragó definitivamente, aunque se lograron los objetivos –y en esto ya no cabía marcha atrás– de la desamortización de bienes, el desmantelamiento del Poder institucional de la Iglesia y la conversión del culto católico en un servicio público.

Décima. La política eclesiástica fue, en suma, una realización liberal y no obra de la estirpe progresista. La reforma se inició con los gobiernos moderados de Martínez de la Rosa y de Toreno, adelantó sensiblemente, ya con tintes revolucionarios, en los gobiernos de Mendizábal, Calatrava y Bardají y durante la Regencia de Espartero, y se consumó años después en la siguiente etapa moderada con los hitos definitivos de la reforma fiscal de 1845 y el concordato de 1851.

* * *

2. ARREGLO DEL CLERO

Arreglo de una situación viciada.– Derecho estatal y Derecho canónico.- Trabajos preparatorios.– Prioridad de las urgencias del Tesoro.– Nueva proposición de García Blanco.– Dictamen de la comisión de 21.5.1837 y proyecto de ley.– Festividades.– División eclesiástica.– Dotaciones de personal y asignaciones al culto.– El fracaso final.

Arreglo de una situación viciada

En el primer tercio del siglo XIX la Iglesia española estaba repleta de vicios como sucede inevitablemente con todas las instituciones y más después de haber disfrutado durante cientos de años de privilegios descontrolados. Sin que, por otra parte, hubiera indicios serios de que se pretendiera realizar una autorreforma desde dentro, dado que las energías oficiales se dedicaban a la defensa cerrada de su posición dominante amenazada por las ideologías emergentes de la Ilustración y luego de la Revolución francesa, así como por unos acontecimientos históricos que fueron desplazando el frente de batalla desde el terreno ideológico al político y al económico. Por lo demás, la Iglesia española no tuvo necesidad de pronunciarse de manera oficial por uno de los dos bandos de la guerra civil y, como sucede siempre en estos casos, entre sus miembros había opiniones para todos los gustos. La mejor prueba de la existencia de clero liberal la constituyen los diputados a Cortes de los que ya se ha hablado más atrás.

La historiografía moderna ha desmontado ya el mito de la «Iglesia carlista» puesto que hubo jerarquías y clero parroquial en los dos lados y, sobre todo, porque predominaban los neutrales o indiferentes dispuestos a soportar con paciencia el régimen político que se les impusiese. El caso de los frailes era distinto puesto que entre ellos la actitud antiliberal estaba más generalizada y no les faltaban razones dado que, al margen de su ideología inicial tendencialmente proclive al carlismo, fueron perseguidos con saña desde el primer momento y era comprensible su reacción ante medidas tan extremas como la supresión de las comunidades religiosas y la expoliación de sus bienes, sin contar las matanzas y quemas de conventos que cerraban un círculo vicioso de hierro: eran perseguidos por antiliberales y eran antiliberales por estar perseguidos.

Volviendo a los vicios eclesiásticos huelga decir que en el debate del arreglo del clero, que ahora nos ocupa, salieron a relucir no pocos de los que afectaban a la jerarquía y a la masa clerical, sobre los que se insistió con franqueza y hasta con dureza. Para un planteamiento general introductorio puede servir el discurso de García Blanco en la sesión de 13.1.1837, que constituyó un programa sistemático de reformas bastante completo: «Creo que la nación y las Cortes están convencidas de que se necesita disminuir el número de eclesiásticos holgazanes y aumentar el de los eclesiásticos útiles (a fin de que) no haya en España más eclesiásticos que los que sean absolutamente indispensables para el culto y que la dotación de éstos penda del Erario público (...) Carga es del Estado. Nosotros somos empleados del Estado. El Estado nos mantendrá y entraremos en la carrera de todos los demás empleados de la nación. En cuanto a las cosas, ni las Cortes ni la nación pueden intervenir nunca en el dogma, en la moral, en la disciplina interna de la Iglesia; pero pueden poner su mano en los abusos, en los excesos, en la superstición que se nota en la parte exterior y temporal. De esos abusos hablo yo cuando propongo que se quite de nuestros templos todo lo que ofende el buen gusto y perjudica la pureza y santidad de nuestra religión. (...) En cuanto a los juicios eclesiásticos, la potestad temporal tuvo que transigir con la eclesiástica y ceder mucha parte de su jurisdicción que fue lo que formó la inmunidad y los privilegios eclesiásticos. Creo que estamos ahora en el caso de dejar a la Iglesia lo que es de la Iglesia y al Estado lo que es del Estado. Debe quedar abolida en todo la inmunidad eclesiástica y reducirse el fuero de los eclesiásticos, o la jurisdicción de los obispos, a los delitos meramente canónicos».

De este mismo diputado vale la pena recoger también la denuncia del pluriempleo, de la percepción simultánea de varias rentas y del absentismo generalizado expuesto en la sesión de 29.7.1837: «Yo veo por Madrid casi los mismos (clérigos) que había. Yo sé que de la catedral de Sevilla se han ausentado algunos hace mucho tiempo, y aunque no han vuelto, siguen tomando sus rentas. Yo conozco canónigo que sobre su canonjía disfruta una prestamera y un beneficio simple y a fe que todas tres rentas las recoge y vive y triunfa, acaso haciendo servicios importantes a D. Carlos».

Denuncia que naturalmente era corriente entre los diputados no eclesiásticos. Valgan a este propósito los testimonios de Hompanera y Pascual. Hablando Hompanera de Cos en la sesión de 1.2.1837 de la acumulación de beneficios eclesiásticos, recordó que ya estaba prohibida en los decretos de 2.9 y 8.11.1820, añadiendo por su cuenta que «las leyes eclesiásticas y las civiles siempre han prohibido la acumulación de beneficios eclesiásticos en una sola persona. Las disposiciones de 1820 ¿se han cumplido tan escrupulosamente como era de esperar por los prelados y sus súbditos? A la potestad civil le movió sin duda a secundar estos esfuerzos de la eclesiástica el interés que resulta al Estado percibiendo los frutos de los beneficios eclesiásticos vacantes y ciertas anualidades de cada provincia. Con estos antecedentes, ¿haremos nosotros una ley copiando exactamente las palabras de las anteriores, para que como ellas sean objeto de una burla tan funesta como vergonzosa?».

En la intervención de Pascual en la sesión del 26 de julio (1837) se añadió a la conocida lista de vicios de la clerecía española los agravios de la Curia romana que tanto irritaban a los diputados como católicos (o anticatólicos) y como liberales: «El Pontífice Romano se ha convertido en un déspota, en un hombre que todo lo quiere disponer en el pueblo español. Sin él no se pueden dar dispensas; sin él no se puede comer carne; sin él no pueden casarse dos parientes; sin él no pueden consagrarse los obispos y sin él no puede hacerse nada absolutamente en materias eclesiásticas. Hay muchos parientes que viven en mancebía porque Su Santidad no quiere expedir un Breve para que se casen; y en fin las iglesias se encuentran huérfanas y sin pastores porque Su Santidad no ha tenido por conveniente dar su exequátur a los nombramientos hechos por el príncipe. (...) Se nota una desigualdad monstruosa entre los cargos respectivos de los eclesiásticos y los emolumentos que por ellos disfrutan. Un obispo que trabaja poco, tiene unos emolumentos grandes; un canónigo que no trabaja casi nada, vive en la abundancia, mientras que un párroco que se desvive por sus feligreses acaso padece en la miseria y no tiene con que alimentarse».

En la lista de agravios que se hacía a la Santa Sede ocupaba quizás el primer lugar su negativa a dar el plácet para la provisión de obispos vacantes a favor de los que presentaba el Gobierno puesto que los consideraba, y con razón, sospechosos de liberalismo. La situación fue expuesta el 15.1.1837 por Martínez Velasco, que tenía motivos para conocerla bien puesto que él mismo había sido propuesto para el obispado de Jaén y no había obtenido el plácet romano: una negativa que no sorprende si se repara en la violencia antipapal de su discurso: «Actualmente la tercera parte de los obispados de España están vacantes, y el Gobierno, que es demasiado ilustrado para no conocer que la orfandad de las iglesias es siempre un mal y no pequeño, ha procurado elegir para estas iglesias vacantes a los sujetos que ha creído merecen la confianza pública por las pruebas que han dado de conocimientos regulares en materias eclesiásticas y de su política en materia de principios constitucionales. La conducta de una Corte (la romana) que desgraciadamente después de muchos siglos ha sustituido al interés de la Iglesia el de su propia Silla ha puesto obstáculos y dificultades que hasta aquí no han podido vencerse, para prestarse a dar aquella autorización que desgraciadamente nunca hubiera debido tener lugar en la Iglesia y que no tuvo principio sino en los siglos de ignorancia, de hierro y de despotismo».

Uno de los eclesiásticos verbalmente más violentos era, sin duda, Venegas, cuya intemperancia verbal ya conocemos. Oigámosle en su intervención de 17.1.1837: «La reforma del clero es indispensable, así como que se le dé educación liberal que no tiene e independencia. Mientras esto no se haga, la libertad no echará raíces en España, porque siempre estará sujeta a una influencia extraña, precisamente en aquellos que ejercen el poder espiritual y son los maestros y doctores de esta nación. Un obispo que no pueda serlo sin esas bulas, un abad mitrado, a quien sucede lo mismo ¿qué independencia tendrán estos obispos? (...) Cuando en el año 1823 me vi precisado a emigrar, salieron a esperarme los voluntarios realistas, decididos a asesinarme, y lo hubieran logrado si no hubiese dado la casualidad de haber torcido el camino antes de llegar a donde me estaban esperando».

Intentando hacer frente a estas acusaciones (y a otras muchas más que iban apareciendo cada día) en la sesión del 26 de julio (1837) Alejandro Mon –el joven caudillo de las escuálidas huestes moderadas de las Cortes– realizó un intento de defensa general, que no resultó muy logrado por su estilo patético y gratuito romanticismo: «Los señores de la comisión han hablado constantemente de abusos, de males, de cosas que deben remediarse y que así imperiosamente lo exige la necesidad. Nosotros ¿dejamos de reconocer estos abusos? No. ¿Por qué nos oponemos entonces? Porque tenemos miedo, y miedo muy grande, de que el objeto que se propone el legislador no se consiga y que esta ley que debe servir para hacer la felicidad de la nación, no se convierta en contra suya y sea un instrumento fatal en manos de nuestros enemigos. ¿Veis aquel miserable que habita en una humilde choza y que no tiene más esperanza que la futura vida del cielo? Pues ésta es la causa que vengo a defender aquí. ¿Veis el mendigo que viviendo en la mayor miseria ve la opulencia y fausto del potentado y que sufre con paciencia todos los males que lleva consigo su desgraciada situación? Pues ésta es la causa que vengo a defender, no la del potentado. ¿Veis esa clase media, que después de haber estado todo el día trabajando para ganar la subsistencia de su familia, va por la noche a los templos a dar gracias al Criador y cumplir con la religión que le enseñaron sus padres? Ésta es la causa que vengo a defender, no la de los ricos y magnates».

Las observaciones anteriores no nos deben engañar porque las medidas que se adoptaron, o se quisieron adoptar, por el Gabinete Calatrava-Mendizábal no se limitaban a corregir los vicios del clero sino que iban mucho más allá. En realidad la ley sobre reforma y arreglo del clero de que se ocupa el presente epígrafe fue una pieza más de la política eclesiástica que habían asumido los progresistas y que Mendizábal llevaba pilotando desde que fue nombrado secretario del Despacho en el Gabinete de Toreno y que no abandonó hasta su cese final en agosto de 1837. En las acertadas palabras de Madoz en la sesión del 2.8.1837, «al clero le comparo yo con un edificio social: con la adopción del proyecto en su totalidad este edificio queda destruido, es decir, que hemos dejado al clero al raso, sin techo donde cobijarse».

La política eclesiástica progresista fue quizás la obra más notable de este partido, aunque no haya pasado a la Historia sino por una de sus operaciones marginales: la desamortización. Fue una política coherente que hubiera contribuido eficazmente a desmontar con orden el Antiguo Régimen. Una «voladura controlada», como se diría hoy. Mendizábal la llevó con pulso desde el primero hasta el último día y si finalmente fracasó no fue, como en otras ocasiones, por sus propios desaciertos sino por las maniobras de sus adversarios y por la escasa fiabilidad de María Cristina. La sociedad española tradicional se negó a cambiar en este punto. Desde las primeras páginas de este libro se ha venido insistiendo en que buena parte de las medidas adoptadas por las Cortes constituyentes y por los gobiernos coetáneos llamados progresistas no respondían a una política progresista en sentido estricto puesto que eran genéricamente liberales aunque fueran progresistas, en efecto, las manos que las impusieron. No fue éste, sin embargo, el caso del arreglo del clero donde las dos ramas de la estirpe liberal se separaron y los moderados no sólo no apoyaron a los progresistas sino que se opusieron decididamente a su política y consiguieron bloquearla, o al menos retrasarla, hasta la etapa de la Regencia de Espartero.

En líneas generales la intervención administrativa en el estatus eclesiástico fue intensísima y estuvo inspirada en motivos diversos: en unos casos, como acaba de decirse, para corregir prácticas viciadas; en otros, según veremos inmediatamente, por motivos de ahorro; y con mayor frecuencia aún por causas políticas para privar de sus privilegios a los desafectos o sospechosos de serlo e incluso para privarles de voz en el ejercicio de su ministerio.

Derecho estatal y Derecho canónico

Dejando a un lado las declamaciones literarias de Mon, existía desde luego un obstáculo previo a la realización de este tipo de reformas y que consistía en la competencia de las propias Cortes para llevarlas a cabo, puesto que cabía el riesgo de entrar a regular materias propias del Derecho canónico ajenas por completo al ámbito parlamentario, como advirtió Sancho en la sesión del 17 de enero: «Yo bien conozco que el Gobierno en las cuestiones de disciplina exterior tiene facultades grandes; pero aquí no somos eclesiásticos. (...) Ha dicho el sr. Venegas que las Cortes deben votar el arreglo de los eclesiásticos del mismo modo que pueden votar el arreglo militar. Las Cortes pueden acordar y votar en materia militar cuando ésta no pertenezca a la parte facultativa. Si por ejemplo se tratase de fundición de cañones, ¿no tendrían las Cortes que atenerse al parecer de los peritos para saber qué clase de bronce ha de emplearse en su construcción?». O que –dicho sea con mayor precisión– correspondían en exclusiva al Poder ejecutivo, según afirmó Argüelles el día 19 de enero: «No puedo menos de ver una lección práctica de que en materias de esta naturaleza conviene muchísimo que el Congreso se abstenga de tomar resolución de ninguna especie, sino que debe dejar al gobierno que use de la autoridad en conformidad de las leyes que están en práctica, aun después de restablecida la constitución».

Estas dudas, aparentemente muy serias, se recogieron en el dictamen de la comisión de asuntos eclesiásticos de 21.5.1837:

El punto cardinal de que la comisión ha partido al trazar su plan es que el Congreso no debería ocuparse de materias puramente eclesiásticas, ni descender a pormenores que tocan más bien al Poder Ejecutivo.

La cuestión siguió viva, no obstante, a lo largo de toda la Legislatura, levantando periódicamente la cabeza. Así puede comprobarse en la tardía intervención de Sancho en el día 5.8.1837, que suponía una llamada a la moderación y a la prudencia a la hora de ponderar la oportunidad política de cada resolución: «He oído decir a algunos que yo me he vuelto ultramontano. No. Yo no soy ni ultramontano ni lo contrario. Así es que yo debo hacer mi profesión de fe, insistiendo en señalar a las Cortes los artículos que yo creo que no debemos tratar ahora porque son demasiado eclesiásticos, y los que son enteramente seculares pero de tal naturaleza que, aunque sean de las atribuciones de las Cortes, las ventajas que produzcan no compensarán sus inconvenientes y que además deben granjearnos más enemigos. (...) En mi opinión, el gobierno que tenemos es un gobierno débil: y no hablo ahora de los ministros sino del gobierno en sí, considerándolo por su naturaleza, por su posición, por sus circunstancias. Es un gobierno de minoría, entregado en manos de una señora cuyo nombre será siempre venerado por todos los españoles, estamos en una guerra civil, en una guerra de principios, planteando un sistema nuevo en todas sus partes. Todos vemos las dificultades que rodean a este Gobierno, ¿y será de hombres cuerdos y prudentes aumentar a tantas dificultades otras nuevas solamente porque logre un triunfo una opinión teológica ajena a este lugar?». Esta constatación de la debilidad del gobierno, manifestada por un miembro de la mayoría, era muy significativa si se piensa que se estaba en vísperas del motín de Pozuelo de Aravaca, es decir, semanas antes de su caída. Pero independientemente de ello, aquí hablaba Sancho, no ya ciertamente como un ultramontano, pero sí como «progresista moderado», es decir, como un político partidario de seguir un ritmo lento en las reformas: lo que siendo originariamente una inequívoca seña de identidad del moderantismo terminaría oficializándose durante la Regencia de Espartero como un ala del partido progresista encabezada precisamente por Sancho y Antonio González, aunque nunca llegaron a formalizarse en una fusión, o al menos en un pacto, estas afinidades políticas e ideológicas.

Trabajos preparatorios

La envergadura técnica del proyecto progresista y más todavía su trascendencia política aconsejaron la realización –o mejor dicho, la continuación– de ciertos trabajos preparatorios, que resumió así el secretario de Gracia y Justicia en la sesión del 17 de enero (1837): «en la Memoria que tuve el honor de leer al Congreso en 26 de octubre (1836), hice presente que muy luego de haberme encargado de la Secretaría de Gracia y Justicia y haberme impuesto de la existencia de una comisión eclesiástica (no parlamentaria) encargada del arreglo del clero, adopté las medidas más convenientes para que se determinara el encargo que estaba cometido a los dignos individuos que la componen. Este trabajo se concluyó y fue remitido por el presidente de la Junta al gobierno, y éste, como había ofrecido, se apresuró a fines de diciembre a someterlo a las Cortes, y creo que se halla sujeto al reconocimiento y examen de la comisión eclesiástica, que debe presentar su dictamen, (...) El gobierno se promete, con el apoyo y concurso de las Cortes, atender a las necesidades de la Iglesia, a las necesidades de los fieles y hacer conocer a Roma que el principio político es absolutamente independiente del principio religioso».

Para aclarar estas palabras conviene recordar que los primeros gobiernos liberales, de signo moderado, tomaron conciencia desde el primer momento de la gravedad de la situación del clero y para estudiarla constituyeron en 1834 una comisión compuesta por eclesiásticos que no llegó a realizar del todo sus objetivos aunque elaboró un dictamen que la Reina Gobernadora y la Corte de Roma rechazaron por considerarlo excesivamente liberal. Lo que se explica por la condición de sus componentes que, en gran parte y tal como anota Cárcel (243 ss.), aun siendo obispos no eran bien vistos en Roma y algunos incluso habían sido declarados indignos por su fe liberal. De hecho, la actividad de esta Junta fue reducida puesto que varios miembros no acudieron a las reuniones y se autodisolvió en febrero de 1836 entregando ese dictamen que fue rechazado inicialmente por la Reina Gobernadora por demasiado radical. Al gobierno progresista de Calatrava-Mendizábal, por el contrario, le pareció tal dictamen excesivamente tímido y decidió profundizar aún más en la línea de corrección y reforma, que ahora encomendó elaborar a la comisión parlamentaria de negocios eclesiásticos integrada por diputados, algunos de ellos clérigos pero de ideas avanzadas, a la que se recomendó vivamente que tuviera en cuenta los estudios de la anterior comisión administrativa, para no desperdiciar los esfuerzos y el tiempo ya gastados.

Las Cortes constituyentes dieron desde el primer momento mucha importancia a los trabajos de la anterior comisión eclesiástica y, en consecuencia, en el dictamen de la comisión parlamentaria de asuntos eclesiásticos de 15 de enero se pidió que se excitase el celo del gobierno para que se sirviese remitir a las Cortes los trabajos de dicha comisión o Junta eclesiástica.

En cierto sentido también tuvo carácter preparatorio la temprana proposición de 6.12.1836, encabezada por García Blanco, en la que se pedía que

se excite el celo del gobierno para que remita a las Cortes los trabajos de la Comisión eclesiástica para la reforma del clero (y además) que los reverendos obispos consagrados pasen a residir a sus diócesis; que se imprima y circule una nota del Nuncio para que no se provean beneficios eclesiásticos hasta que esté hecha tal reforma, procurando entre tanto colocar a los eclesiásticos secularizados en los curatos; y que se mande a los canónigos que residan en esta Corte con motivo de alguna comisión que pasen luego a sus iglesias.

Para justificar esta proposición así habló García Blanco en la sesión del 6 de diciembre: «La primera medida que proponemos es que el gobierno, en el supuesto que ha tenido nombrada una comisión para que trabaje sobre este objeto, cuya comisión nos ha costado dinero, pase los trabajos de esta comisión a la Eclesiástica de las Cortes, la cual, uniendo estos trabajos con los de las Cortes de 1823, de cuya comisión eclesiástica parece que hay aquí algunos diputados, formen por último este proyecto tan deseado y que tanta falta nos hace. (Y quisiera) que viniese a auxiliar estos trabajos un digno eclesiástico que podría servirnos de mucho. Hablo de D. Joaquín Lorenzo de Villanueva, el cual creo que desea venir a España; pero por tener más de 80 años de edad y encontrarse en países remotos, teme el viaje y teme venir aquí en donde nada cuenta».

Prioridad de las urgencias del Tesoro

Por muy adelantados que tuviera sus trabajos la comisión gubernativa eclesiástica y por mucho interés que también tuviera en ello la comisión parlamentaria de negocios eclesiásticos, era evidente que el proyecto de ley de arreglo del clero iba para largo. De aquí que, sin esperar más tiempo, se desgajara una de sus piezas, cabalmente la que podía proporcionar ingresos inmediatos al Tesoro. Esto es lo que dispuso a título provisional la Real orden de 10.1.1837:

A fin de facilitar el cumplimiento de lo que se disponga en el arreglo general del clero de cuyo plan se ocuparán próximamente las Cortes, y procurar al mismo tiempo al Estado recursos para atender a sus muchas y perentorias urgencias (se ordena) 1.º Que se suspenda por ahora y hasta nueva orden en la Península e islas adyacentes la provisión de todas las plazas eclesiásticas (...) y que sus rentas se apliquen al Estado.

El gobierno y las Cortes estaban de acuerdo ciertamente en desarrollar una política sistemática de arreglo del clero, pero esta decisión no excluía que fueran adelantándose resoluciones singulares sin esperar a la ambiciosa ley que se iba madurando. En esta línea puede añadirse a la proposición transcrita el Real decreto de 9.9.1836 que se ocupaba del destino de las rentas de los obispos y clérigos separados de sus iglesias: el importe de las temporalidades pasaba al Tesoro público, pero se aseguraba a los afectados una cantidad para su subsistencia:

1. A los MM.RR. arzobispos y RR. obispos y demás prelados diocesanos que se hallen separados de sus iglesias y del ejercicio del ministerio episcopal por desafectos o enemigos del Trono legítimo y de las libertades proclamadas por la nación, y a los que fueren separados en adelante por el gobierno por iguales motivos, se les ocuparán todas las temporalidades y sus productos serán recaudados por los respectivos intendentes. 2. Se adoptará igual medida con todos los otros eclesiásticos, de cualquier clase que sean, que se hallen en el caso del artículo anterior.

Al mismo tiempo, no obstante, se les asignaba una pensión alimenticia con los productos de las temporalidades ocupadas hasta un máximo de 20.000 reales anuales para los obispos con la condición de residir en el punto señalado por el gobierno, y a los párrocos por la tercera parte de sus rentas originales.

De esta congrua no disfrutaban, en cambio, los eclesiásticos afectados por el posterior decreto de 24.9.1836, es decir, los que se hallaren fuera del Reino y se ausentasen de él en lo sucesivo sin licencia Real, cuyas temporalidades se aplicarían íntegras «a las urgencias del Estado». Disposición precedida de un largo preámbulo en el que entre otras cosas se decía que

ha llamado muy particularmente mi atención la conducta de varios eclesiásticos que, desentendiéndose de las sagradas obligaciones que les impone la residencia personal de sus prebendas y beneficios, se han ausentado del Reino permaneciendo todavía en el extranjero, con perjuicio no sólo del servicio eclesiástico a que su estado les ligaba sino también de la causa pública, a cuyo sostenimiento y defensa se han entregado con esmero todos los leales españoles.

El Real decreto de 21.2.1837 dispuso por su parte que

los RR. obispos consagrados que residen en esta capital sin excusa justa pasen inmediatamente a residir en sus propias diócesis (añadiendo que) ningún obispo electo pueda disfrutar de pensión sobre la mitra vacante ínterin no se presente a gobernar su iglesia, a no ser que su ausencia se legitime por la utilidad o necesidad del Estado o de la Iglesia.

El aprovechamiento de las rentas de las Sillas vacantes en beneficio del Tesoro Real era, como se ve, una prioridad absoluta del gobierno, que no estaba dispuesto a desperdiciar la ocasión de apoderarse de ellas esperando la aprobación, que podía venir para largo, de la ley definitiva de arreglo del clero. Pero había, además, una segunda cuestión que parecería no menos urgente, a saber, el impedir que se consagrasen nuevos sacerdotes, pues el gobierno tenía claro que si la plétora existente estaba trayendo muchos problemas, era capital que al menos no fuera aumentando su número. A tal propósito se dictó otro Real decreto de 8.10.1836 mediante el cual

cualquier prelado diocesano que confiera órdenes a un español o extranjero domiciliado en España o que expida dimisorias para que pueda recibirlas de otro prelado nacional o extranjero será extrañado de estos reinos y se ocuparán sus temporalidades.

De esta manera se cortó en seco el aumento del censo de clérigos durante un año; pero a partir de agosto de 1837 el Ministerio Bardají –delatando su larvada inclinación por las ideas moderadas– decidió relajar el rigor de esta política y autorizó a título excepcional la consagración de nuevos sacerdotes. Una medida que provocó la violenta reacción del diputado canario Joven de Salas en la sesión del 16.10.1837, quien hizo el siguiente comentario que demostraba que los radicales no bajaban la guardia en este punto: «Veo que se deja al arbitrio del gobierno el admitir a las órdenes sagradas a aquellos que tenga por conveniente. Yo creo que las Cortes deben adoptar una medida general, para evitar que un ministro (del gobierno) por cualquier motivo pueda aumentar los ministros del culto más de lo necesario y más cuando las Cortes se han ocupado en evitar esto mismo al tratar de la ley de arreglo del clero, que está pendiente de la sanción real. Por consiguiente creo que las Cortes están en el caso de ver si ha de quedar o no al arbitrio del gobierno esta facultad».

En un orden distinto de consideraciones, al Gobierno y a las Cortes preocupaban por igual no sólo los caudales que por los conceptos más variados percibía el clero de los fieles sino también la sangría económica que representaba su envío a Roma. La primera cuestión dio lugar a la abolición del diezmo, pero también, en un tono incomparablemente menor, a controlar las tasas reguladoras de la limosna de la bula, tal como se había hecho por decreto de las Cortes ordinarias de 21.3.1821, que restablecieron las constituyentes en otro decreto de 15.2.1836.

Para la segunda cuestión es de recordar el apasionado alegato del diputado valenciano, Bertrán de Lis, en la sesión del 30.4.1837: «El permitir continúe la salida de nuestro dinero para Roma, sería lo mismo que confesarnos feudatarios del Papa. Yo creería más justo exigir de Su Santidad la devolución de tantos millones como su Curia ha sacado de la España so color de religión. La sangre de los españoles no debe servir para mantener el lujo y el fausto de esa turba de cardenales que se titulan príncipes de la Iglesia, cuya conducta está en oposición con la pobreza y humildad que enseñó Jesucristo a sus discípulos. Tiempo es ya que nos emancipemos de Roma (...) Ese Pontífice que, apoyado con la ignorancia de los pueblos, es el protector declarado de los déspotas, con quienes tiene formada una alianza ofensiva y defensiva para usurpar a los obispos sus derechos, sirviendo de apoyo a los tiranos, para que éstos a su vez usurpen los de los pueblos. Tiempo es ya que hagamos conocer al mundo civilizado que los africanos españoles, cuyo epíteto injustamente se nos prodiga, no somos tan fanáticos como se nos cree, y que habiendo conocido los abusos introducidos en la re-ligión con tantas supersticiones como la desdoran, tratamos de depurarla y lavar las manchas que han echado sobre ella el interés y la avaricia, que siempre ha sido la divisa de la curia romana, de esa curia que no tiene otra religión ni otro Dios que el oro». Así es como se llegó al decreto de 7.6.1837 por el que se suprimió la Agencia General de preces de Roma.

Tratándose del Papa y de la Curia romana no tenían los diputados pelos en la lengua y ya hemos visto antes otros testimonios no menos duros que el que acaba de transcribirse. Los gobiernos liberales tenían motivos para estar irritados con la Santa Sede a la vista de su ambigua actitud en la cuestión sucesoria, tal como se refleja en las tensas relaciones diplomáticas que tan minuciosamente ha historiado Vicente Cárcel. Las palabras de Bertrán de Lis no deben, por tanto, sorprendernos y menos escandalizarnos.

De recordar es, por último, una proposición defendida por Gómez Acebo el 6 de febrero (1837) por la que pretendía rectificar los excesos de una Real orden que se apropiaba de las rentas de las capellanías y patronatos de sangre; lo que para el abogado madrileño era legalmente inadmisible y estaba en contradicción con otras disposiciones anteriores del Congreso.

Nueva proposición de García Blanco

El 12 de enero de 1837 insistió de nuevo García Blanco presentando una proposición en la que se articulaban unas «bases» que podrían inspirar el anunciado arreglo:

1. Que la nación española no quiere más eclesiásticos que los que sean absolutamente necesarios para el culto. 2. Que la dotación de éstos, sea cual fuere la suerte de los diezmos, se pague por el Erario público; pero de tal suerte que pese igualmente sobre todas las clases del Estado, como cualquiera contribución. 3. Que cesen el tribunal real y el apostólico del Escusado, la Colecturía general y cuantos tribunales subalternos y dependencias de este ramo existan en la península. 4. Que la administración de sacramentos y demás funciones u oficios eclesiásticos se hagan gratuitamente por aquellos que están destinados y pagados al efecto, siempre que no excedan de las fórmulas sencillas del ritual romano. 7. Que se reduzca el número de arzobispados de España. 15. Que en ninguna iglesia de España se permita más música que el canto llano o figurado, ni más instrumentos que el órgano. 16. Que tampoco se consienta a las puertas de los templos pobres pidiendo, ni demandas o mesas en que se rifan o venden estampas, cintas, escapularios, comestibles o flores bajo distintos pretextos. 17. Que se prohíba absolutamente y para siempre el enterramiento en las iglesias y se hagan cementerios públicos como está mandado. 18. Que no se permitan procesiones, estaciones o rosarios por las calles sino cuando se lleva a los enfermos, la del santo patrono en cada pueblo en su día y las letanías mayores y menores de la Iglesia. 19. Que se trasladen a las iglesias las cruces o imágenes sitas en las plazas, calles o portales. 22. Que se establezca el competente número de seminarios conciliares para la educación de los jóvenes que hayan de seguir la carrera eclesiástica, sin que sea lícito ordenar a los obispos más que a los que hayan cursado en estas casas el número de años que se juzgue necesarios para su instrucción y prueba de su vocación verdadera al estado eclesiástico. 24. Que se entienda abolida del todo la inmunidad eclesiástica y que sólo en los delitos y causas meramente canónicas sean jueces competentes los obispos para aplicar penas espirituales, recobrando así la potestad temporal la parte de jurisdicción que cedió, para formar lo que hasta ahora se ha llamado inmunidades o privilegios eclesiásticos.

El texto de esta proposición habla por sí mismo ya que se trata, sin duda alguna, de un pensamiento sólido y bien meditado. Pero en su contra tenía los errores de bulto de los datos que su autor había manejado, muy lejos de la realidad, que hizo públicos en la sesión del 13 con ocasión de la segunda lectura de la proposición: «La reforma del clero es una de las grandes reformas que espera la nación de nosotros. Se trata de fijar la suerte definitiva de 260.000 personas por un cálculo aproximado. Se trata de más de 1.600 millones de renta. En una palabra, va en este asunto nada menos que más de un doble de todas las rentas del Estado, pues cuando para sostener todos los gastos de la Administración pública se necesitan ordinariamente 600 o 700 millones, en el estado eclesiástico se consumen 1.600, o cerca de ellos». Ahora bien, como todos estos datos eran fabulosos no daban pie al intento de elaborar una política eclesiástica seria partiendo de ellos.

Dictamen de la Comisión de 21.5.1837 y proyecto de ley

Pese al interés de que constantemente hacían gala y de los empellones del infatigable García Blanco, nada importante hicieron las Cortes sobre este punto hasta que la comisión de Negocios eclesiásticos (integrada por nueve diputados de los cuales seis eran clérigos) presentó el 21 de mayo un dictamen que contenía un ambicioso proyecto de ley sobre «reforma y arreglo del clero», cuyo contenido se explicaba en los siguientes términos:

(La comisión) ha limitado su trabajo a los cuatro sencillos títulos en que se divide el proyecto de ley. El primero se dirige a restablecer la disciplina pura de la Iglesia española y el patronato íntegro de nuestros príncipes; a impedir que siga creciendo el número de los ministros fuera de lo que piden las necesidades de la nación; a suprimir los cuerpos exentos y los tribunales privilegiados y a remediar el mal económico de la multiplicidad de fiestas, sin perjuicio de la religión católica que los españoles profesan. Trata el segundo título del arreglo en la división eclesiástica de la península y sus islas adyacentes, que en lo posible se ha acomodado a la demarcación civil (...) El personal eclesiástico activo y sobrante, y la dotación del clero y del culto, son el asunto de los otros dos títulos. Por manera que este arreglo se contrae meramente a las reformas capitales que interesan en grande a la nación, a los puntos de jurisdicción, de personas y de Hacienda, tan propios de las Cortes y a lo que la opinión y la necesidad del Estado hacen indispensable para bien de los pueblos y del clero mismo. Todo lo demás se deja a los reglamentos y leyes secundarias que prepara el Gobierno, oyendo a las Juntas diocesanas, y que someterá a la aprobación de las Cortes sucesivas. Bien hubiera deseado la comisión eclesiástica que todos los individuos del clero pudieran emplearse activamente; pero excediendo en la actualidad su número de las necesidades presentes, le ha sido forzoso dejar en clase de jubilados o excedentes a los que no tengan cabida en las plazas que el plan designa. Sin embargo, no pasa este sobrante de 4.900 individuos (...) Al clero parroquial se le señalan dotaciones decentes, atendida la general penuria y muy superiores por lo común a las que hasta aquí ha disfrutado, máxime si se atiende a que se conservan cual se hallan los derechos de estola y pie de altar, que suben ordinariamente en la proporción del trabajo. (...) Mejor que ofrecer mucho sin probabilidad de cumplir, ha querido la comisión asegurarse de que será realizable lo que se promete.

Para comprender bien lo que todo esto significaba, bueno será recordar el contexto presupuestario que la propia comisión había propuesto y que era el siguiente: Clero catedralicio: 16.031.000; clero parroquial: 115.450.000; seminarios conciliares: 400.000; clero excedente: 10.293.000. Total: 151.774.800 reales.

No menos importante era el recorte del personal tal como aparecía en el estado letra B del «presupuestos del clero, fábricas y culto conforme al nuevo arreglo», publicado en el Diario de Sesiones del 21.5.1837, conforme al cual quedaban como clero activo 47 arzobispos y obispos, 47 deanes, 47 arcedianos, 392 canónigos, 486 capellanes, 15.000 curas y 7.000 coadjutores; y como «clero excedente» la respetable cantidad de 9 obispos, 1.490 canónigos, 1.083 racioneros y 1.784 cesantes de colegiatas y asimilados.

El dictamen de la mayoría de la comisión estaba firmado por Gil Orduña, Caballero, Valdés Busto, González Alonso, Joven de Salas, Martínez de Velasco y Venegas. Pero también se había redactado un segundo proyecto alternativo (que no llegó a someterse a debate) por la minoría integrada por otros dos eclesiásticos: Esquivel y López de Santaella, cuya disidencia se justificaba así:

Mucho sienten los individuos de la comisión de Negocios eclesiásticos que suscriben, haberse visto obligados a firmar el voto particular que tienen el honor de presentar a las Cortes, pero no les ha sido posible conciliar la opinión de la mayoría con las bases que desde luego se propusieron, a saber: que el tiempo sea quien haga la reforma en el personal; no destruir sin edificar; dejar a la prudencia del Gobierno fijar la época en que deba tener efecto cada una de las reformas que se proponen.

El 24 de julio se presentó, al fin, el anunciado proyecto de ley sobre arreglo del clero e inmediatamente –intentando recuperar el tiempo perdido– se inició el debate sobre la totalidad.

La primera intervención de Venegas el mismo día 24 fue tan contundente como de su radicalismo político se esperaba: «¡En qué siglo vivimos! Vivimos ciertamente en un pícaro mundo cuyos sectarios no tienen ni fe, ni religión, ni moral pública ni privada. (...) Aprobada y unida esta reforma a la del diezmo y supresión de regulares, daremos una verdadera garantía a la independencia nacional, tendremos un clero nacional y daremos una verdadera garantía a la tolerancia religiosa. Con esto lograremos que vengan los extranjeros sabios, ricos y artistas, porque se harán tantos prosélitos a la causa nacional, cuantos sean los compradores de bienes nacionales, daremos a las artes 400.000 brazos útiles, que son los que quitamos al clero, aliviaremos al pueblo español de un diezmo entero, además del medio diezmo que recogían los frailes, porque yo no vendrán los hermanucos de casa en casa pidiendo limosna, ya no irán los legos rollizos montados en soberbios mulos por los molinos de aceite y por los cortijos pidiendo vino, trigo, cebada, etc.».

Una vez sentadas estas generalidades veamos a continuación los extremos más importantes del proyecto y los debates a que dieron lugar.

Festividades

La ley de arreglo del clero era una especie de enciclopedia de contenido desmesurado y sin límites, que reflejaba la ambición de un Estado dispuesto a ocupar imperialmente el antiguo territorio eclesiástico al estilo del galicanismo más avanzado. Seguidamente vamos a tratar del régimen de las festividades religiosas, cabalmente por lo que, a despecho de su aparente intrascendencia, tiene de intervencionismo estatal y que de acuerdo con el artículo 10 del Proyecto de ley había quedado redactado así:

Las fiestas en que los fieles no pueden trabajar y en las que tienen obligación de oír misa se reducen a los domingos de todo el año, al primer día de Pascua de Navidad y a los días de la Circuncisión, Epifanía, Ascensión, Corpus y Asunción. Los prelados trasladarán las fiestas y medias fiestas suprimidas a los domingos inmediatos.

La tradición española (y no española) de celebrar múltiples festividades religiosas tenía unas consecuencias económicas bien sabidas: para el clero constituía una fuente de ingresos puesto que las solemnidades se cobraban aparte y facilitaba un fuerte trasiego de predicadores de fama; mientras que para la agricultura constituía un cierto lastre por las horas de trabajo perdidas; pero estaban muy arraigadas en el pueblo ya que sobre ellas giraban sus ocios y relaciones sociales. Se trataba, pues, de una cuestión que iba mucho más allá de la religión y de aquí la resistencia que encontraban los intentos de reducción de su número basados en motivos exclusivamente económicos.

En la sesión de 3.8.1837 Fontán inició el fuego en defensa del mantenimiento de la situación argumentando que «la comisión en vez de hacer (con su proyecto de ley) un bien a la Iglesia católica va a producir una funesta impresión en los ánimos de ciertas personas piadosas. Pertenezco a un país en que la fiesta de los patronos de las parroquias es un día de los más notables (...) Por consiguiente, siendo este artículo tan poco acomodado a las circunstancias, a los hábitos religiosos y a la creencia del pueblo español, no hallo oportuno que así se adopte (la reducción). No hablamos con filósofos; es menester que conozcamos nuestra situación, que nos sujetemos en algo a estas costumbres, respetables para mí aunque sean unas ranciedades para otros (...) ¿Qué se pierde ni qué se gana con quitar estos días de fiesta?».

Pero al día siguiente (el 4.8) aprovechó la oportunidad García Blanco para defender el proyecto con sus argumentos más populares: «Son demasiado evidentes y sabidos de todos los viciosos resultados de estos días de fiesta. La borrachera, el juego, los desórdenes y por lo menos un tiempo precioso perdido en la ociosidad vienen a ser la ocupación de los españoles en tales días, que fueron destinados al descanso y al ejercicio de la virtud. Y no se limita el mal a este solo día sino que trae por resultado la pérdida de los siguientes, porque una borrachera tomada en el domingo o en otro día festivo deja a aquel miserable incapaz para trabajar en los días inmediatos y de aquí los perjuicios a las artes y a los oficios. Dejo aparte el ultraje que se hace en estos días de fiesta a lo más santo de nuestra religión en la asistencia a los templos de ciertas personas, el modo con que asisten y las irreverencias que en él se cometen. ¡Cuántos y cuántas sólo van a la misa para pasar el rato, oyendo la música y viendo a la persona que aman, o por otras miras todavía más inmorales e injustas!».

Las denuncias anteriores, sin desconocer su perfil caricaturesco, eran verdades como puños y recordaban los viejos denuestos de Jovellanos; pero más pesaba el sentido común que obligaba a reconocer que las leyes, por muy rigurosas que sean, no pueden suprimir, sin más, viejas tradiciones.

División eclesiástica

La reforma sustancial de la división eclesiástica reduciendo las diócesis existentes había de repercutir en varios niveles puesto que modificaba las expectativas de ascenso y retribución del clero e indirectamente también influía sobre la vida económica y social de las ciudades afectadas. La comisión era consciente de lo que el proyecto iba a suponer y procuró fundamentarlo en su dictamen de la mejor manera posible:

El número de 47 diócesis para la Península e islas adyacentes ha parecido el más proporcionado, así porque se asimila a la división civil y económica como porque puede satisfacer cumplidamente las necesidades de los fieles. De los 13 obispados que se suprimen, los más no están en armonía con la población y riqueza del país; muchos se ven enclavados irregularmente entre otras Sillas limítrofes, y no pocos son tan reducidos e insignificantes, que sólo el empeño de conservarlo todo, sin tomar en cuenta el interés general, pudiera sostener su permanencia (...) Respecto a la extinción total de las colegiatas y cabildos subalternos, juzga la comisión que no hallará grandes reparos por parte de los representantes del pueblo.

En definitiva sobrevivieron las siguientes catedrales metropolitanas (además de la primada de Toledo): Madrid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Burgos y Coruña.

De destacar es que la principal oposición a este extremo partió de un ministerial tan poco sospechoso como Martín de los Heros, quien en su intervención del 24 de julio (1837) observó que «para hacer ver la imperfección de esta división servirá de ejemplo lo que sucede respecto de la administración civil (que criticó duramente). Pues por ese mismo orden es la imperfección de nuestra administración política. Así es que yo no sé cómo se nos viene a proponer la administración eclesiástica fundada precisamente sobre una división tan imperfecta». Pero de no ser así, ¿qué otro criterio podía utilizarse para la minoración de diócesis que se consideraba imprescindible para el ahorro del gasto público? Nótese, por lo demás, el progreso de la homologación de divisiones territoriales sobre el patrón de las provincias político-administrativas establecidas por Javier de Burgos: primero se adaptaron a ellas las intendencias (como hemos visto en el capítulo de la organización administrativa) y ahora les llegaba el turno a las diócesis eclesiásticas. De las demarcaciones militares, en cambio, nadie osaba hablar ni eran los tiempos de guerra los más adecuados para ello.

Dotaciones de personal y asignaciones al culto

1. El punto más sensible del Proyecto y en el que primero habían de fijar su atención todos los eclesiásticos era, sin duda alguna, el de las retribuciones o pensiones que se asignaban al clero. La comisión proponía una reducción drástica de las asignaciones de los cabildos, suprimiendo sin contemplaciones su anterior opulencia y, al tiempo, una mejora perceptible de las que venía percibiendo el clero parroquial. De esta manera se garantizaba la adhesión del Bajo Clero aunque fuera al precio de ganarse la animadversión de la cúpula eclesiástica. Una previsión numéricamente correcta, pero fatal desde el punto de visto político porque, como se vería al final del proceso, fueron los obispos los que, con su mayor peso en Palacio y sin escrúpulo alguno, terminaron llevándose el gato al agua y frustrando las buenas intenciones de las Cortes.

¿Eran correctas las cantidades previstas? Porque no resultaba nada fácil encontrar el punto justo entre la suficiencia y el derroche, el punto digno entre la miseria y el lujo. En palabras de Martínez de Velasco en la sesión del 5.4.1837, «los ministros del culto no deben ser ricos, pero tampoco es preciso que sean mendigos. Los ministros del culto deben tener además la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones, pues la mendicidad y la independencia no son compañeras. La mendicidad tiende a hacer esclavos, que con sólo serlo pierden la mitad de sus virtudes».

Una cuestión de justicia, de proporcionalidad, a la que se añadía, por desgracia, otra de posibilidad, aún más grave, habida cuenta del estado en que se encontraban las arcas públicas y de ellas habían de salir en el futuro las retribuciones de los eclesiásticos. En un momento en el que todos los que vivían a cuenta del Estado cobraban poco y mal, era inevitable que ahora tuvieran que compartir ese destino las falanges clericales que se iban a incorporar a ellos. Hasta entonces, los ministros de la Iglesia no habían tenido este problema porque para obtener sus rentas se las arreglaban mejor que los empleados de Hacienda. Pero ahora las cosas iban a cambiar por completo y con la reforma proyectada se terminaba la franquicia recaudatoria que hasta ese momento había disfrutado la Iglesia católica. Lo lamentable era, sin embargo, que con esta reducción drástica no habían de salir beneficiados ni los contribuyentes ni el Estado, puesto que todos terminaron perdiendo: son las maravillas que puede lograr una mala administración, una gestión torpe de los intereses públicos.

El texto del proyecto decía así:

Art. 33. El Arzobispo primado disfrutará de 150.000 reales de renta anual; 120.000 cada uno de los siete metropolitanos; y 80.000 cada uno de los 39 obispos sufragáneos, siendo de su cuenta los gastos de secretaría y provisorato.

Art. 36. Los curas párrocos de entrada tendrán 3.300 reales, los de segunda clase 5.000, los de tercera 7.000 y los de cuarta o de término 10.000.

Art. 37. Los coadjutores de las parroquias y anejos disfrutarán 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000 reales según que pertenezcan a las feligresías de primera, segunda, tercera y cuarta clase.

El discurso de Madoz del día 28.8.1837 no pudo ser más claro y demostró el tacto político del orador: «La grande ciencia del Congreso será la de atraerse a los párrocos, pues éstos le atraerán a los pueblos. Ésta es una razón política, pero no debe ser sola la que nos mueva a desechar el artículo sino una razón de justicia. Si se quiere que los párrocos a quienes sus rentas producen 8.000 reales perciban sólo 6.000, es muy justo, pues lo mismo sucede a las demás clases del Estado. Pero no es posible que pueda recibir bien el que tenga 8.000 quedar reducido a 1.500 y perder una consideración que por largo tiempo le ha honrado, la de cura párroco. Las economías deben hacerse en las cosas que no son necesarias. Economía es haber reducido los 11 millones del arzobispo de Toledo a 150.000 reales, haber rebajado, como lo hemos hecho, las rentas exorbitantes de los canónigos, de los obispos y demás. No nos hagamos ilusiones, pues por más que se diga que las ideas del siglo no retroceden, es un grande embarazo tener una clase entera con quien luchar y sería mucho más prudente el tratar de interesarla. ¿Y cómo se interesará? Se interesará si la tratamos con el decoro y miramiento debido; pero no se interesará si la perjudicamos. Porque el hombre se ha de mirar como es, y no como debe ser, y decirle a uno que se interese por un Gobierno en que ve consignada su ruina y su miseria, es exigir de él que sea un héroe».

No menos agudo fue el discurso de Tarancón el día 10 de septiembre, en el que de forma expresa se desliza ya la palabra «funcionario», con la que se había de sellar por más de un siglo el destino de los eclesiásticos: «Tratándose de los ministros del culto, parece que lo que puede desear y está obligado a procurar un sabio legislador es que el número no sea excesivo; que los individuos sean los más idóneos que puedan hallarse y que su dotación sea decente y proporcionada a la posición que ocupa en la sociedad esta clase de funcionarios (...) Por otro lado, una de las principales razones que se han alegado para emprender al momento esta reforma ha sido la necesidad de destruir la gran desigualdad que había en las rentas de las diferentes clases del clero, en el que unas abundaban en riquezas, mientras que otras carecían de lo necesario. Parte de este mal ya está remediado, reduciendo las dotaciones del clero rico. Pero es indispensable aumentar ahora hasta lo justo la del clero pobre, pues de otro modo podría quejarse de que se le ha engañado y de que lo que se presentaba como razón era sólo un pretexto».

Al llegar a esta altura del debate se empezó a poner en duda la necesidad de que los curas tuvieran que ser pensionados por el Estado habida cuenta de que el culto les proporcionaba otros ingresos (derechos de estola, de pie de altar) suficiente para vivir. Así lo defendió Sancho, pero Martínez de Velasco lo desmintió rotundamente el mismo día 10.

El diputado valenciano tuvo entonces la feliz ocurrencia de sugerir una nueva forma de retribución del clero que se ofrecía como una alternativa a las dotaciones presupuestarias del Estado y que era la que había sostenido Mendizábal en su política decimal originaria: la asunción directa por los pueblos del sostenimiento de sus parroquias. Oigámosle: «Continuaré con lo que estaba diciendo, a pesar de que yo no creo que debiera haberse promovido esta cuestión, pues en la actualidad nos parecemos a los griegos que se estaban ocupando de cosas indiferentes mientras sus enemigos los estaban asediando (aludiendo, claro es, a que el ejército de Don Carlos estaba en las proximidades de Madrid). Mi opinión es que cada pueblo pagase por sí sus curas, señalando una cantidad y deduciendo de ella lo necesario para la manutención del obispo y de la catedral de la diócesis». Una idea a la que, por cierto, siguió aferrado Mendizábal durante toda su vida, como se comprueba en su Manifiesto de París de 8 de noviembre de 1846 en el que anunciaba un proyecto de ley conforme al cual «el clero catedral, el colegial y su culto dependerán directamente del Tesoro y el clero parroquial y el suyo dependerán directamente de los pueblos».

Rechazada la fórmula de la obligación directa de los pueblos, se siguió dando vueltas a las asignaciones presupuestarias, en las que resultaba imposible llegar a un acuerdo puesto que la misma cantidad parecía escasa a algunos y espléndida a otros. El resultado inevitable fue un regateo, al que aludió Caballero en un discurso que bien podría servir para un artículo de costumbres: «Se dijo ayer que los coadjutores no podrían vivir con 1.500 reales que se les señalaban. La comisión los ha aumentado hasta 2.200, pero contra esta cantidad pueden hacerse los mismos argumentos que contra aquélla, si tuviesen alguna fuerza. Seguramente una persona de cierta categoría y con hijos viviría malísimamente con 1.500 o 2.200 reales y lo mismo sucedería a los coadjutores si contásemos con darles para ama y cabalgadura, como dijo el sr. Sancho, que no sé por qué no puso también criada y mozo para cuidar la cabalgadura. Ama respecto a un eclesiástico significa ama de gobierno, de llaves, lo cual supone que ha de tener una criada. Y la cabalgadura supone un mozo que la cuide, pues un sacerdote no parecerá bien que le eche el pienso. Menos de 200 ducados tienen quizás todos los maestros de primera educación en España fuera de las capitales y pueblos de alguna consideración, y éstos suelen estar casados y tener familia, a la cual crían y educan y no tienen más que una corta dotación y algún cuarto que da el sábado el muchacho que va a la escuela. Digo más: un labrador de un par de mulas, que en un pueblo pequeño se tiene por regularmente acomodado, no tiene al año 200 ducados de utilidad neta después de pagados los gastos de cultivo y demás y vive con comodidad, esto es, con aquella comodidad con que se vive en los pueblos. (...) ¿No sabemos que un clérigo tiene otras cosas de más o menos importancia que añadir a su dotación? ¿No sabemos el género de vida que gasta en un pueblo, cómo se cría el cerdo y las gallinas, cómo se hace la tela por esa misma ama, que algo más ha de hacer que poner el puchero? ¿No sabemos lo que valen los sermones y lo que vale la intención?».

En este lugar puede traerse también una proposición de Martín de los Heros del 25.9.1837:

Habiéndose conservado por el art. 39 de este proyecto los derechos de estola y pie de altar y no diciéndose nada en todo él acerca de si las dispensas matrimoniales y otras han de ser en lo sucesivo gratuitas, pido a las Cortes que, o bien encargando al gobierno o bien a la comisión de Negocios eclesiásticos, que forme para en lo sucesivo una tarifa de lo que se haya de pagar por las dispensas, se añada a este artículo que su producto en cada diócesis se aplicará a la manutención y establecimiento de los seminarios o bien a la enseñanza del clero.

En una circular del jefe político de Huelva de 14.2.1837 (Gaceta del 6.3) al prohibir terminantemente las llamadas póstulas cuaresmales se describían con precisión unas costumbres que ya formaban parte del folclore rural y que afectaban a los predicadores, permanentes o itinerantes, del tiempo de Cuaresma, cuyo sermones constituían un verdadero acontecimiento social tanto en el campo como en las ciudades. «Las limosnas –se lee en la circular– deben ser un acto espontáneo y no exigido por compromisos y del modo que se ejecuta en las llamadas póstulas entrándose en las casas (...) Las rifas que se hacen de dulces, tartas y otros objetos en las novenas y septenarios deben desaparecer igualmente (...) no siendo necesario que para contribuir los fieles con la limosna para el culto se usen tan mezquinos alicientes (...) El pasto espiritual ha de franquearse a los fieles gratuitamente».

Fernando Garrido (I, 102 ss.) fue un historiador demócrata republicano que intentó plantearse estas cuestiones de manera muy seria dentro de su furibundo anticlericalismo, que refleja la mentalidad de su época y que la explica recordando la riqueza del clero de acuerdo con datos tomados por acreditados economistas liberales que escribieron sobre la situación en el apogeo del reinado de Fernando VII, elaborando al efecto el siguiente cuadro de rentas eclesiástica y otras obvenciones de ambos cleros:

Añadiendo por su cuenta que «repartidos los 1.042 millones entre todos los individuos pertenecientes a la Iglesia, correspondían por término medio a cada uno 5.100 reales al año, o sea, cerca de seis veces más de lo que hubiera correspondido a cada español, si toda la riqueza producida se repartiera en partes iguales a cada uno. Mas no se crea que gracias a la protección real y al exclusivo predominio de la Iglesia católica en España se reducían a éstas las rentas de la gente de iglesia. Hay que agregar otras importantísimas, como las de no pagar casa, estar exentos de quintas y matrículas de mar, de gastos de justicia, y de otras gabelas que sólo pesaban sobre los seglares, entre las que figuraban los derechos de puertas y consumos de que los conventos y otras corporaciones religiosas estaban exentos. De los documentos oficiales publicados hace ya tiempo, resulta que en 1826 el consumo medio de carne era en España de 22 libras al año por persona, mientras que el de cada eclesiástico ascendía a 184».

2. Las dotaciones asignadas al clero no bastaban, sin embargo, puesto que también había que atender a los gastos propios del culto («asignaciones para fábricas») que el artículo 38 del proyecto había fijado en las siguientes cantidades:

La fábrica de la iglesia primada tendrá 120.000 reales de asignación; cada una de las otras siete metropolitanas 100.000, y cada sufragánea 80.000 reales; las fábricas de las parroquias de primera clase tendrán 2.000 reales, las de segunda 2.500, las de tercera 3.500 y las de cuarta clase 5.500, entendiéndose que de estas asignaciones debe sacarse para el servicio ordinario del culto y para los empleados subalternos de todas clases.

Ahora bien, en la sesión del 21 Manuel Gómez, un párroco con experiencia, denunció con pormenor la insuficiencia de tales cantidades: «¿Son suficientes 2.000 reales que se señalan para los gastos de fábrica en una iglesia parroquial? Es preciso fijar la atención en algunas menudencias. Para el servicio ordinario del culto se necesita una lámpara que arda día y noche, y para esto están calculadas seis arrobas de aceite. En segundo lugar, es necesario el gasto de hostias, de vino, de cera, sin olvidar la del monumento y la del día y octava del Corpus y además los vestuarios que son indispensables, como cuatro o cinco casullas con los colores que las rúbricas previenen. Además, es menester ropa blanca, albas, amitos, manteles para los altares, etc. y se han de lavar y cuidar porque el pueblo no debe ver vestido al sacerdote de guiñapos y andrajos sucios y mugrientos cuando ejerza los santos oficios. Siendo tan perjudicial faltar al decoro de este modo, como sería escandaloso presentarse con una casulla o una capa que valiese 4 o 5.000 reales. Para los ministros o empleados subalternos, creo yo que no basta la asignación de los 2.000 reales porque es indispensable que haya un sacristán. ¿y qué menos se le ha de dar que cien ducados? Habrá de haber igualmente un sochantre dotado con otros cien, a no ser que se quiera que sea el mismo sacristán el que haga este papel. ¿Y cuánto se necesita para los reparos de las iglesias?».

En líneas generales las cantidades que definitivamente se asignaron para el clero parroquial no fueron generosas pero sí decentes y a ello contribuyó la tenacidad de un puñado de diputados-clérigos que estaban bien al tanto de las necesidades de los interesados. Los grandes perdedores fueron los miembros del Alto Clero, las catedrales y colegiatas, que pasaron de la magnificencia a la escasez sin tener en cuenta, además, el enorme gasto que exigía el mantenimiento de los edificios.

En lo que, por otra parte, tenían razón los más cicateros era en la previsión de que los párrocos no iban a depender en el futuro solamente de las asignaciones presupuestarias, puesto que de una u otra forma conseguirían arrancar de la piedad (y de la vanidad) de los fieles cantidades más o menos relacionadas con el culto, como venía sucediendo ya tradicionalmente, algunas de las cuales han llegado hasta nosotros. Aunque también es verdad que al celebrarse los enterramientos en los cementerios municipales y no en los templos o en los camposantos contiguos, se cegaron las fuentes de ingresos que de ellos procedían.

El fracaso final

Estando ya avanzado el mes de septiembre, el proyecto de ley, minuciosamente debatido, quedó cerrado superando las últimas objeciones que en su contra se habían alzado y a las que aludió García Blanco en la sesión del día 6 con su acostumbrada viveza: «La oposición se resiente muchísimo de todos los argumentos que se han hecho desde que empezamos a discutir el arreglo del clero, a saber: de oportunidad, de circunstancias, de disgusto de las masas. No son las masas; no es el clamor de ellas lo que oyen los señores que impugnan el artículo sino de unos cuantos pícaros interesados en los abusos que quisieran ocultar su parcialidad y su deseo de henchir su panza con el especioso temor del disgusto de las masas. Éstas son las masas que claman contra las reformas. Éstas son y no el sano pueblo, que lo que quiere es que se disminuya el número de los que le chupan la sangre y la vida. El pueblo no llora por la conservación de los canónigos ni mucho menos por el aumento de sus rentas».

El día 29 se ultimó el debate y el proyecto definitivo fue aprobado por las Cortes y quedó listo para su entrega en Palacio a efectos de la sanción. De esta manera se coronaba normativamente la compleja «cuestión religiosa», uno de los objetivos fundamentales de la política progresista que comprendía, como sabemos, varias piezas finamente trabadas: la extinción de las comunidades religiosas, la abolición de los diezmos, la desamortización de los bienes eclesiásticos regulares y seculares, la contribución del culto y clero y, en fin, esta reforma del clero que era la clave de bóveda de todo el sistema. Lo que sucedió, sin embargo, es que la Reina Gobernadora se negó a sancionar la ley y con ello resultó ya imposible dar una nueva planta eclesiástica, puesto que, faltando una pieza capital, ya no podía sostenerse el nuevo sistema, dado que, sin el arreglo del clero, la supresión del diezmo y la desamortización de los bienes de regulares resultaban inviables.

El día 16 de diciembre de 1837, cabalmente en la misma fecha en que se admitía la dimisión del Gabinete, firmó la Reina un Real decreto (Mata Vigil) con el siguiente razonamiento:

Movida de razones a que mi convicción no ha podido resistir, he creído conveniente al bien público no dar mi sanción a la ley votada en las últimas Cortes para el arreglo del clero.

Y añadía un débil sucedáneo:

Pero apreciando como es debido los motivos que las Cortes tuvieron para procurar este arreglo, muy conforme con el voto casi general de que se asegure la dotación del culto y de sus ministros sin dejarlos expuestos al abandono por accidentes que puedan prevenirse, moderándolo sin embargo de modo que no ofrezca ni el espectáculo de una opulencia tan repugnante al espíritu de la Iglesia como al triste estado de la riqueza pública, ni la señal humillante de la indigencia que desautoriza y degrada, deseosa además de que el número de ministros se ponga en la conveniente relación con las necesidades de los fieles (...): 1.º Se creará una junta encargada de presentarnos con toda la brevedad que el extraordinario estado del clero reclama, un proyecto de ley para el arreglo del culto y de sus ministros (...) compuesta por los arzobispos electos de Toledo y Valencia, obispo electo de Zamora y D. Nicolás María Garelly y los diputados D. Manuel Barrio Ayuso y D. Pablo Gobantes.

Por lo demás, la reacción de la Reina Gobernadora coincidía con la actitud del presidente del Consejo de ministros, tal como relata Cárcel (348 ss.) basándose, según su costumbre, en la correspondencia del cardenal Lambruschini y del internuncio Garibaldi. Según esto, para Bardají, en el hipotético caso de que la Reina Gobernadora sancionara la ley, «tomaremos todas las medidas necesarias para evitar sus malas consecuencias».

La política eclesiástica progresista terminó fracasando, por tanto, y de ella sólo quedó la extinción de las comunidades religiosas (que sería revocada más tarde) y la desamortización de sus bienes, que ya era irreversible. El alcance de tal desamortización fue enorme en todos los sentidos, pero no fue, desde luego, una política religiosa sino una pieza suelta de un sistema inacabado. La política religiosa del liberalismo, la alternativa al Antiguo Régimen, no fue, en último extremo, la de corte progresista, ya que fueron los moderados quienes la impusieron y coronaron con un signo muy distinto en el Concordato de 1851. En el entretanto y como complemento de lo realizado por las Cortes constituyentes, es de destacar que durante la Regencia de Espartero, la ley de 2.9.1841 –recogiendo y coronando la obra progresistadeclaró bienes nacionales todas las propiedades (con algunas escasas excepciones) del clero secular y de las fábricas de las iglesias y de las cofradías; sin olvidar que en abril de aquel año había presentado el tenaz Mendizábal un proyecto de ley de arreglo del culto y clero reconociendo las imperfecciones del aprobado por las Cortes (y no sancionado por la Reina Gobernadora).

* * *

3. DIEZMOS

Las dos vertientes de la cuestión.– El problema y sus posibles soluciones.- Antecedentes.– El desbarajuste y sus causas.– Memoria ministerial de 21.2.1837.– El proyecto ministerial y sus críticas.– Proyectos de las comisiones.– Dos nuevos proyectos de ley de 28.6.1837.– Decreto de 16 de julio de 1837.– Decreto de 29 de julio de 1837.– Reconocimiento del desastre: proposición de J.B. Osca.– Avatares posteriores.– Una desastrosa operación política y una fracasada operación social.– Otra vez las cuentas galanas de Mendizábal.– Consecuencias económicas y políticas.- Balance.

La política eclesiástica de los liberales fue singularmente ambiciosa porque tuvo que afrontar una serie de cuestiones tan amplia como compleja. El problema más urgente era el de la represión de las veleidades carlistas de una parte importante del clero regular y en menor escala del secular, peligro que se abordó de inmediato con fulminantes medidas policiales y penales. Otro problema escandaloso de mayor gravedad y más difícil solución era el de la desarreglada conducta del clero tanto en sus aspectos personales como institucionales, lo que hubiera podido quizás remediarse también con medidas administrativas puntuales; pero por razones sistemáticas se prefirió incluirlas en una ley general de «arreglo del clero» y, al frustrarse ésta, quedaron casi todos los desarreglos sin tocar. El tercer paño era el de las comunidades religiosas regulares. Ésta era una cuestión de índole económica y social no más aguda que la de los nobles y señores o la de las oligarquías locales, a la que sin embargo se dio un tratamiento diferente, puesto que de manera inesperada fueron suprimidas, declarados nacionales sus bienes y puestos a la venta de inmediato. La desamortización de estos bienes tuvo efectos económicos y sociales positivos a corto plazo, aunque por otra parte desequilibró las estructuras agrarias y frustró una posibilidad histórica de recomposición del tejido social del campesinado. A nuestros efectos, sin embargo, lo más trascendente fue que cargó sobre el Tesoro público la obligación de alimentar a la masa de exclaustrados a los que había que indemnizar por el espolio sufrido: una carga ruinosa para el Estado. A lo anterior se añadió, en fin, una cuarta dimensión, la fiscal, de la que vamos a ocuparnos en el presente epígrafe y que se consagró en una fórmula impositiva alternativa a la autofinanciación del clero secular posibilitada hasta entonces por los tradicionales diezmos y primicias. Sin olvidar, desde luego, que todos los hilos de este entramado pasaban por Roma, con cuya Corte mantenía la de Madrid unas relaciones más que tensas.

Las dos vertientes de la cuestión

1. La supresión de los diezmos tenía dos vertientes –una religiosa y otra fiscal– claramente diferenciadas pero inseparablemente unidas, por lo que no pueden tratarse separadamente. El origen de la cuestión era, desde luego, político-ideológico ya que el nuevo Estado liberal no podía tolerar la concurrencia de un contrapoder institucionalizado, como era la Iglesia, sostenido materialmente por una contribución de tan enorme volumen. El objetivo inmediato fue, pues, privar a la Iglesia de su base financiera. También se hablaba mucho entonces de que el impuesto estaba en franca decadencia en la medida en que los labradores iban perdiendo su fanatismo y tomaban conciencia de que su exigencia carecía de fundamento legal: con la consecuencia de que el diezmo terminaría por desaparecer por sí solo, de tal manera que su supresión no iba más allá de una mera confirmación oficial de lo que estaba pasando ya socialmente. Un pretexto eficaz pero que resultaba muy poco convincente puesto que la resistencia al pago de los labradores distaba mucho de tener la importancia de, por ejemplo, los importadores contrabandistas que se resistían a satisfacer el impuesto aduanero y a nadie se le ocurría proponer la supresión de éste.

En la vertiente eclesiástica la supresión del diezmo tenía que venir acompañada necesariamente de otra medida complementaria –el arreglo del culto y clero– que suponía, en lo que aquí interesa, la conversión del culto en un servicio público estatal y la correspondiente «funcionarización» del clero secular: con lo cual se reforzaba el desmantelamiento definitivo del contrapoder eclesiástico. En otras palabras, el Estado liberal se alejó conscientemente del laicismo inhibicionista para acogerse a una fórmula galicana de tipo ilustrado e incluso napoleónico, materializando el sueño de los regalistas de Carlos III: un salto hacia atrás, en definitiva. Pero es el caso que, al no ser sancionada por la Reina Regente la ley de arreglo del clero, la operación fracasó en uno de sus aspectos más fundamentales. En este punto triunfaron los moderados, aunque no fuese precisamente desde los bancos parlamentarios. La funcionarización, en cambio, fue completa, con los efectos favorables y perversos que veremos inmediatamente.

La vertiente económica de la supresión del diezmo fue tremendamente compleja y al cabo de casi dos siglos todavía resulta difícil de enjuiciar. Al abolir este impuesto nunca pensó el gobierno dejar abandonado al clero y culto sino cambiar su fuente de financiación, sustituyendo la contribución decimal eclesiástica por otra civil del Estado, habida cuenta de que la obligación constitucionalmente asumida de mantener estas atenciones no podía ser cubierta con los medios presupuestarios ordinarios. Se trataba, por tanto, de una simple operación fiscal, gracias a la cual se ampliaba, de paso, la base de los contribuyentes puesto que si el diezmo corría exclusivamente a cargo de los labradores, la contribución alternativa de culto y clero se imponía a todas las clases nacionales. Por lo demás, al no existir datos suficientes, la operación terminaba siendo un juego de azar porque si las cantidades que ahora se asignaban al culto y clero eran inferiores al diezmo anterior, la presión fiscal se aliviaba; pero de no ser así, se agravaba inevitablemente y en todo caso el Estado empeoraba su situación financiera con una nueva obligación de difícil cumplimiento. Y la verdad es que el Ministerio echó muy mal las cuentas puesto que tenía previsto que con la mitad del importe del antiguo diezmo bastaría para atender las necesidades de la Iglesia, y no fue así dado que para asombro de todos resultó que nada era suficiente a pesar de las enormes rebajas que se habían hecho en las asignaciones de culto y clero. Sin que, por otra parte, la brecha pudiera llenarse con la enajenación de los bienes del clero secular, aunque fueron implacablemente nacionalizados, puesto que su importe se dedicó exclusivamente a la amortización de la Deuda.

La verdad es que esta nacionalización no tenía que acompañar necesariamente a la supresión del diezmo y que, si no se hubiera realizado, hubiera resultado mucho más barata la financiación de su mantenimiento, permitiendo que el nuevo impuesto de culto y clero fuera más reducido; pero para la lógica revolucionaria burguesa se trataba de un objetivo irrenunciable habida cuenta de que el proceso desamortizador tenía que consumarse hasta el final: primero la desamortización de los bienes del clero regular, ahora la de los del clero secular y al final, la de los municipales. Sin embargo, las justificaciones oficiales en estos supuestos no podían ser iguales. Para los bienes de las comunidades regulares se trataba simplemente de una legalización de hechos consumados; ahora, en cambio, era un medio de colaborar en la cobertura de los gastos de manutención del culto y del clero. En ambos casos, pues, pretextos y no auténticas justificaciones puesto que la experiencia demostraría luego que los bienes rentaban más en manos de la Iglesia que después de ser nacionalizados y enajenados.

Sea como fuere, el resultado final terminó siendo una ruina para el Estado que, sin otra compensación económica que el hipotético producto de las enajenaciones de los bienes nacionalizados, cargó sobre sus hombros la ingente obligación de mantener el culto y el clero en las cantidades que se precisarán más adelante; más lo correspondiente a los partícipes legos y sin contar con la pérdida de sus participaciones en el impuesto. Con este nuevo agujero, el Tesoro público, ya de por sí harto débil, terminó desmoronándose por completo hasta llegar al desquiciamiento absoluto del sistema hacendístico.

Toda la operación fue obra de una mayúscula imprevisión ministerial, tanto más imperdonable cuanto que los errores técnicos se fueron acumulando día tras día hasta llegar a cotas esperpénticas. Concretamente, suprimidos bruscamente los diezmos sin haber preparado siquiera el impuesto alternativo del culto y clero, se provocaba necesariamente un vacío que hubo que cerrar in extremis mediante la prórroga forzosa de la percepción del diezmo (que en el intervalo de dos semanas se vio abolido y prorrogado con absoluta incoherencia) desconcertando a los contribuyentes que, cuando ya se creían liberados del pago, vieron que su ilusión se venía abajo. Y conste que los errores e imprevisiones técnicas no se agotaron aquí, como comprobaremos más adelante para no complicar más las cosas en este momento introductorio.

Por lo que se refiere a la funcionarización del clero era lógico que el servicio público del culto fuera atendido por empleados públicos pagados por el Estado; pero la coherencia se rompió traumáticamente en varios puntos: primero, cuando la negativa regia a la sanción de la ley de arreglo del clero dejó a unos funcionarios sin servicio público; y luego, mas llamativamente todavía, cuando el Estado, incumpliendo su solemne promesa, retrasó –o abandonó por completo– el pago de las pensiones asignadas y arrojó al clero literalmente a la miseria. Una circunstancia que tenía, sin embargo, un aspecto positivo: la nueva regulación de pensiones (y más todavía, su impago) suprimió, primero de derecho y luego de hecho, las escandalosas diferencias económicas que hasta entonces venían afeando la distribución interna de los productos decimales.

Vistas así las cosas, el analista actual se encuentra desconcertado. Porque a estas alturas nadie puede negar la improcedencia de un tributo eclesiástico dentro de un Estado moderno. Pero nadie puede tampoco desconocer que este proceso se realizó en términos tan imperfectos que se provocó un caos social y un enredo hacendístico inextricable que tardó un decenio en remediarse y no ya por sus autores, los progresistas, sino por sus enemigos los moderados. ¿Puede, en definitiva, justificar la bondad de los fines el desastroso procedimiento seguido para conseguirlos?

Si es lícito emplear ahora un lenguaje moderno y por tanto anacrónico respecto de la época que estamos examinando, puede decirse que el servicio eclesiástico en 1837 estaba «privatizado», en cuanto que su gestión estaba en manos privadas, es decir, extraestatales, en el sentido de que no eran funcionarios quienes lo prestaban sino los ministros de la Iglesia católica que, apurando los símiles, era una concesionaria a la que se había concedido la exclusiva del servicio y a la que, además, se había autorizado a cobrar una tasa para cubrir las necesidades de la gestión, es decir, a autofinanciarse a cargo de los usuarios del servicio. Esta fórmula, como todas las concesionales, era muy cómoda para el Estado puesto que no le costaba absolutamente nada e incluso le permitía obtener beneficios nada desdeñables desde el momento en que se apropiaba parasitariamente de una parte del impuesto decimal. Los manifiestos y graves inconvenientes del sistema decimal, eran, sin embargo, ya que no de índole económica, sí de naturaleza política puesto que con esta autofinanciación se había consolidado un Poder público incompatible con la ideología del Estado liberal moderno. Algo que los progresistas no estaban dispuestos a tolerar aunque la operación resultara muy costosa para el Estado, desarticulara la Hacienda pública, deteriorara el servicio y perjudicara económicamente a la masa de ciudadanos clérigos. Pero estaban dispuestos a pagar cualquier precio con tal de derribar el Poder eclesiástico y más en momentos de guerra civil. Un ejemplo manifiesto de prioridad político-ideológica sobre objetivos reales concretos.

2. Fue en verdad sorprendente que habiendo casi unanimidad en los objetivos esenciales –supresión del impuesto eclesiástico del diezmo y su conversión en una contribución civil del Estado, así como la desamortización de los bienes del clero secular– no hubiese acuerdo en los medios de realizarlo. La principal causa de ello fue la ausencia de plan por parte del Gobierno, que se movía por impulsos sin saber nunca lo que quería y que cambiaba de opinión cada poco; sin que, por otra parte (y esto fue una concausa importante) el Congreso le ayudara ni poco ni mucho puesto que él mismo se encontraba dividido. Las relaciones ordinarias de la mayoría y la minoría estables (o políticas) no funcionaron aquí sino que con frecuencia el voto dependía de la conciencia religiosa –y no política– de los diputados así como de la mentalidad de las provincias que representaban. Y así resultó que miembros de la mayoría se separaban de ella por escrúpulos íntimos mientras que individuos del núcleo duro de la oposición votaban en ocasiones con la mayoría también por razones de conciencia que primaban sobre su enemistad política originaria.

La ley –las leyes– del diezmo llegaron a puerto ciertamente, pero en unas condiciones que las hicieron inservibles, por lo que puede decirse que constituyeron un fracaso, y no pequeño, del gobierno o, mejor dicho, un fracaso de la política progresista, cuya solución tuvo que esperar unos años hasta realizarse pero ya en su variante moderada. La operación, en definitiva, fue un desastre político y social, un desacierto técnico y, desde el punto de vista económico, un negocio ruinoso, cuando no una estafa.

A Mendizábal le perdieron su rigor dogmático (cabalmente cuando presumía, y con razón, de pragmático), su avidez financiera (empujada por las apremiantes penurias del Tesoro) y, sobre todo, su proverbial frivolidad imaginativa y su acostumbrada imprecisión operativa. Aquí su principal error fue el de –sin esperar a tiempos más favorables– no tolerar con paciencia oportunista el mantenimiento aunque fuera provisional de una situación indeseable (la naturaleza del impuesto y la injusticia de su distribución) y pretender remediarla en unos momentos en que no podía ser resuelta. La situación financiera de la Iglesia era manifiestamente inconveniente, pero de momento no ofrecía problemas y podía «seguirse tirando» sin escándalo. La política de Mendizábal fue la que creó el problema, haciéndole emerger –o mejor dicho, recuperando los planteamientos de la anterior época constitucional– en una coyuntura inadecuada y al final nada remedió, antes bien puso las cosas peor que estaban puesto que agravó las penurias del Tesoro público, desequilibró la armonía del clero, por injusta que fuera, y arrojó a la miseria a muchos miles de eclesiásticos sin beneficio de nadie. No se entiende bien entonces qué es lo que en este punto movió a Mendizábal a abandonar su característica política de «ir trampeando» para meterse sin necesidad en un laberinto en el que su Ministerio no podía encontrar salida.

Los objetivos de la operación fueron desde el primer momento: suprimir el diezmo eclesiástico, nacionalizar los bienes del clero secular y asumir por la nación la obligación de atender directamente las necesidades del clero y culto, estableciéndose como sustitución una contribución civil estatal alternativa mientras que con el producto de la enajenación de los bienes nacionalizados se aliviaba el déficit presupuestario. Sin olvidar, por otro lado, que con la supresión del diezmo y con la nacionalización de los bienes eclesiásticos se quitaba poder a la Iglesia, se aliviaba la suerte de la clase labradora; y en fin con la desamortización se beneficiaban los compradores y la agricultura en general.

Ahora bien, lo que parecía un plan bien meditado era en realidad un juego de resultados impredecibles porque si la contribución del culto no cubría la nueva obligación, el Estado tendría que pagar la diferencia. Para ajustar las cuentas era imprescindible, por tanto, calcular con precisión gastos e ingresos: lo que no se hizo ni se intentó siquiera. Por eso cabalmente se trataba de un juego: algo que no es propio de un gobierno racional, aunque bien es cierto que como colchón amortiguador operaban las ventas de los bienes nacionalizados. Pero ello significaba que conforme se iban vendiendo había que ir aumentando la contribución de culto a costa del presupuesto general.

En previsión de que no funcionara este mecanismo ideal se montó, por así decirlo, un plan alternativo cuando el gobierno se percató, al fin, de que la contribución compensatoria (que no se había molestado en regular) no podía sustituir inmediatamente al diezmo suprimido; y como tampoco se había establecido un régimen transitorio, hubo que acudir inexcusablemente a esta vía alternativa en términos verdaderamente sorprendentes. Porque de acuerdo con ella se prorrogaba el diezmo (legalmente suprimido), cuyo producto se dividía en dos mitades: la mitad satisfecha por los labradores se les imputaba a la contribución extraordinaria de guerra (reconociéndose así la conexión, nunca confesada hasta entonces, de ambos sistemas) y con la mitad correspondiente al Estado se esperaba cubrir la citada obligación constitucional de mantenimiento del culto y clero. Una solución imaginativa, desde luego, pero barroca y, en último extremo, inviable que desembocó en una situación catastrófica porque el Estado se vio forzado a incumplir su obligación dejando al clero en la miseria. Lo único positivo fue el logro ideológico de completar la revolución liberal y el logro político de eliminar sustancialmente el poder de la Iglesia católica mediante su estrangulamiento económico. La cuestión es entonces la de determinar si para ello valía la pena el alto precio que hubo que pagar. Una pregunta que tiene una inequívoca respuesta negativa desde el punto de vista económico y financiero; pero que puede responderse afirmativamente desde una perspectiva ideológica.

3. La concepción que sobre los diezmos y primicias se tenía en 1836 (y que todavía se conserva parcialmente en la actualidad) se basaba en una serie de falsedades (o sea, hechos que no se corresponden con la realidad y que así puede demostrarse) y de falacias (o sea, ideas cuya incorrección no puede demostrarse, pero sí, al menos, argumentarse de manera convincente).

a) La falacia más antigua invocaba el origen divino de la institución; pero había sido ya suficientemente rebatida por los autores de la Ilustración.

b) De acuerdo con otra falsedad igualmente arraigada, se afirmaba que se trata de una contribución eclesiástica con el carácter finalista de atender a las necesidades de la Iglesia. Una afirmación que también fue fácilmente rebatida al constatarse que sus productos se destinaban no sólo a la Iglesia sino al Tesoro público e incluso a particulares (los «partícipes legos»).

c) Otra falsedad era la de suponer que los diezmos producían unas rentas cuantiosas, siendo así que, cuando se afinaron las cuentas, resultó que no eran tan elevadas y aun estaban padeciendo un fuerte declive.

d) Y, en fin, otra falacia, aunque parcial, era la de que la supresión del diezmo había de beneficiar exclusivamente a la clase labradora.

El problema y sus posibles soluciones

Una vez perdida la coartada que le ofrecía su pretendido origen divino (lo que tuvo lugar en las batallas del regalismo ilustrado del siglo anterior), se pudieron poner de manifiesto los inconvenientes y vicios de la contribución decimal, discutidos ya en el Trienio y desarrollados sistemáticamente en la Memoria específica de Mendizábal de la que se hablará más adelante. En cualquier caso parecía claro que era un impuesto injusto (por gravar a una sola clase: la de los labradores) y sumamente gravoso (al tener como objeto el producto bruto y no el neto, como en las demás contribuciones); y en cuanto a su método de cobranza llegó a ser calificado de inhumano. Aunque todavía más injusta resultaba su distribución en el colectivo de clérigos beneficiados.

Las ventajas no eran, con todo, menos evidentes puesto que el cálculo del gravamen era rigurosamente equitativo (todos pagaban en igual proporción) y se ajustaba mecánicamente a la producción real (no se pagaba si no había cosecha y, en cualquier caso, en proporción a ella) y además el pago en especie facilitaba su entrega. Pero, sobre todo, sin desconocer sus inconvenientes, el diezmo resolvía la cuestión de la subsistencia del clero secular, que de no contar con este recurso mal podría sobrevivir y era, en fin, admitido más o menos resignadamente por el pueblo

Para superar tal situación se abría entonces un abanico de soluciones posibles que se pueden articular en torno a varios juegos de dilemas:

a) El Estado asumía la obligación de atender las necesidades del culto y del clero, o se desentendía de ellas. La primera opción fue la escogida por la constitución; lo que no fue obstáculo, sin embargo, para que se presentasen algunas sugerencias de un Estado laico conforme a la idea de Sancho de que «pague la misa el que vaya a oírla».

Tal intención recogió la proposición de Bernardino Polo de 2.11.1836 de abolir pura y simplemente la contribución del diezmo; y también la de Bertrán de Lis de 14.1.1837; pero nada de esto prosperó habida cuenta de que la opinión política y social dominante (y constitucionalmente ortodoxa) era la de que el Estado debía asumir los gastos dimanantes de la atención del culto y clero.

b) Aceptando la hipótesis de la responsabilidad del Estado se abría un nuevo dilema: o bien se dejaban las cosas como estaban, al menos provisionalmente; o bien se suprimían los diezmos, pero se sustituían por una nueva contribución civil compensatoria; con algunas variantes y subvariantes en cada opción.

c) Sin olvidar que aún cabía un tercer dilema derivado de la forma que se adoptase para la obtención de los recursos necesarios al objeto de la atención de las necesidades de la Iglesia.

La Memoria de Mendizábal de febrero de 1837 y el primer proyecto ministerial sugirieron una opción novedosa y auténticamente revolucionaria, conforme a la cual se atenderían las necesidades del culto y clero a nivel local, mediante una serie de pactos celebrados entre los ayuntamientos y los curas párrocos. Esta fórmula descentralizadora no llegó, sin embargo, a cuajar (aunque fuese recogida en alguna proposición parlamentaria, como la de Juan Bautista Osca) puesto que resultaba incompatible con la ideología centralista del liberalismo progresista. La que salió adelante, por tanto, fue la idea alternativa de la sustitución del diezmo por otra contribución sustitutoria.

d) En cualquier caso, y dejando a un lado las hipotéticas soluciones a que acaba de aludirse, vamos a repasar seguidamente y desde otra perspectiva un cuarto dilema en el que se contraponían dos nuevas opciones: por un lado, la fórmula ideal que había ido madurando a partir de los primeros ensayos de 1837; y por otro, la fórmula provisional que se aplicó interinamente durante el largo intervalo que medió entre el momento de la supresión legal del diezmo (junio de 1837) y la implantación de un sistema completo de repuesto en 1845. Porque el análisis de los acontecimientos nos permite reconstruir un proyecto oficial que, al fracasar inicialmente, dio paso a un proyecto alternativo de carácter provisional.

El objetivo de lo que aquí llamamos proyecto oficial o ministerial consistiría en suprimir el diezmo eclesiástico, nacionalizar los bienes del clero secular y que la nación asumiese la obligación de atender las necesidades del clero y del culto. Para poder financiar el cumplimiento de esta obligación se establecía una contribución alternativa o sustitutoria civil de culto y clero complementada con el producto de las rentas y enajenaciones de los bienes nacionalizados, que contribuirían a aliviar la nueva carga. Con la supresión del diezmo y la nacionalización de sus bienes se socavaba el poder de la Iglesia y se mejoraba la suerte de la clase labradora; mientras que con la desamortización se beneficiaban los compradores y la agricultura en general al tiempo que se aminoraba el déficit.

Ahora bien, como este proyecto ministerial no llegó a imponerse (entre otras razones porque tardó varios años en madurar habida cuenta de que la supresión se decretó cuando todavía no existía un plan racional completo), cuando el gobierno se percató de que la nueva contribución alternativa (que ni siquiera se había regulado) no podía sustituir inmediatamente el diezmo suprimido, se escogió una vía alternativa provisional que –tal como se ha explicado más atrás– comprendía la prórroga de la percepción del diezmo (algo paradójico puesto que ya había sido suprimido legalmente) y la división de su producto en dos mitades: una asignada al Estado para poder cumplir los gastos de la nueva obligación asumida y la otra asignada a los labradores, que de hecho podía imputar al pago del gravamen de la contribución extraordinaria de guerra. Un panorama caótico, en definitiva, provocado por la improvisión y frivolidad con que se había iniciado el proceso de abolición del diezmo y que no tuvo otra excusa que su carácter provisional.

Independientemente de esta falta de seriedad en la preparación e implantación de la reforma, hay otra explicación de peso para entender los fracasos y es que la reforma o supresión de la contribución decimal no tenía solución posible si se planteaba como un problema aislado, habida cuenta de que el único modo de darle salida era percatarse de su conexión con otras cuestiones.

Concretamente: la contribución del diezmo era un elemento del sistema fiscal, de tal manera que su reforma implicaba necesariamente la reforma global del sistema: y esto fue lo que efectivamente sucedió mucho más tarde con la reforma general del régimen tributario de 1845. Y, por otro lado, el diezmo (o mejor dicho, su mecanismo sustitutorio) formaba parte del sistema institucional de la Iglesia y del clero; y por lo mismo, no era viable la supresión directa del diezmo mientras no viniese acompañada del arreglo general del clero, que no tuvo lugar hasta el Concordato de 1851.

Todas estas consideraciones, sin embargo, no arredraron a los revolucionarios liberales y mucho menos a Mendizábal, cuya prodigiosa capacidad fabuladora le permitía abordar sin preparación alguna las cuestiones más arduas, cuyo inevitable fracaso no acertaba luego a comprender. La reforma decimal, tal como se llevaría finalmente a cabo, fue en efecto uno de los fracasos más sonoros de la Hacienda decimonónica, pródiga en desaciertos, y un ejemplo escalofriante de improvisación y frivolidad. La operación no alivió sensiblemente las penurias de la guerra y sumió en la miseria a varios miles de clérigos y partícipes (que no llegaron a percibir los beneficios legal y solemnemente prometidos) y, en fin, perjudicó gravemente al Tesoro público, ya que para el Estado constituyó un negocio ruinoso de gigantescas proporciones.

Aunque sea desbordando el marco cronológico propio de nuestro estudio, resulta interesante recordar aquí ciertos fragmentos de una proposición de ley presentada por Mendizábal en las Cortes de 1847 (el 3 de mayo) que ilustra muy bien la tenacidad y capacidad imaginativa de su autor:

Art. 1. Las dotaciones del culto y clero catedral y colegial, las destinadas a la conservación y reparación ordinaria de los templos, palacios episcopales y edificios de seminarios conciliares y las correspondientes al clero parroquial consistirán en rentas representadas por inscripciones no negociables de la deuda consolidada al 3% que se admitirán a nombre de cada catedral, colegiata o abadía y parroquia de todo el Reino. El culto en las parroquias, la conservación y reparación de sus iglesias y de los edificios ya existentes con destino a habitaciones de párrocos son gastos que serán cubiertos directamente por los pueblos.

Art. 3. Todos los bienes del clero secular que se mandaron devolver a éste por la ley de 3 de abril de 1845 por no haberse vendido en virtud de la de 2 de setiembre de 1841, se entregarán a la Caja de Amortización en cambio de las inscripciones que habrán de emitir a favor del clero.

En el presente capítulo se va a relatar pormenorizadamente esta operación, cuya historia –curiosamente, dada su importancia– no ha llamado suficientemente la atención de los especialistas, algunos de los cuales posiblemente no acepten la versión que aquí se da de los acontecimientos. Todavía estamos muy lejos de conocer bien la rica problemática histórica de los diezmos, que los historiadores han marginado deslumbrados quizás –en observación de Fontana (1977, p. 104)– por el fenómeno más atractivo de la desamortización. Pero investigaciones posteriores, como las de Esteban Corrales, han demostrado que con paciencia y analizando datos locales puede tenerse ya, aunque sea con muchas reservas, una visión panorámica aceptable.

Como hilo expositivo va a seguirse la evolución de la fórmula escogida por el gobierno que nació improvisadamente y luego fue progresando como a tientas, experimentando en poco tiempo quiebros tan profundos como inesperados hasta alcanzar la catástrofe final. Sea como fuere, la complejidad de la cuestión exige que para su inteligencia tengamos que remontarnos, por excepción, a un relato, aunque sea breve, de sus antecedentes.

Antecedentes

A Esteban Canales se deben unos estudios recientes del diezmo en las postrimerías del Antiguo Régimen que han aclarado la cuestión de manera sobresaliente. Para este autor –como ya antes había observado Fontana a la vista de testimonios coetáneos– la nota más llamativa de este período era el imparable descenso de las recaudaciones aunque, eso sí, con notables diferencias regionales que oscilaban desde el rincón noroeste, que era donde mejor se mantenía el diezmo, al extremo opuesto de la Península, Levante, que era donde más estaba decayendo. Las causas de este proceso se encontraban fundamentalmente en la resistencia de los diezmeros, fruto a su vez del aumento de la fiscalidad estatal, de la propaganda antidecimal y del ejemplo de la Revolución francesa (y posteriormente de la política reductora del Trienio, la guerra civil y las maniobras de Mendizábal). Siendo de notar a este propósito que la observación de Canales sobre la localización territorial de la aceptación social (o por el contrario, rechazo) del diezmo, distinguiendo entre Norte y Levante, ya fue hecho con absoluta precisión por Pacheco en un artículo publicado en La Revista de Madrid titulado «Las Cortes de 1837».

A lo que hay que añadir algo posiblemente más importante, a saber, la transformación de la economía agraria con rentas descendentes que impulsaban la defraudación fiscal, tal como señaló el mismo Fontana. Ya Javier de Burgos había asumido con perspicacia la consecuencia de tales factores al advertir en sus Anales (II, 271-272) que «debilitado o destruido de nuevo el prestigio de su origen, los labradores hicieron poco caso de la disposición del gobierno de 1823, que restableció la antigua ley del pago íntegro; y menos cuando, envileciéndose de día en día el valor de los productos del suelo, casi no era posible cultivarlo acatándose la disposición».

Dando un paso adelante en el tiempo, el mejor modo de recordar lo que sucedió en el Trienio es servirse de las reflexiones que aparecen en la Memoria del Ministro de Hacienda de 21.2.1837:

Pasó a ser una opinión vulgar que la prestación del diezmo era de derecho divino, bien que jamás la Iglesia hizo una declaración semejante. La Revolución francesa desterró esta contribución de Francia y preparó los ánimos para su abolición en toda Europa. Las discusiones de las Cortes de 1822, produciendo la rebaja de esa contribución en una mitad, la hirieron de muerte, porque los que la pagaban, convencidos de que no era un derecho divino, desvanecido el antiguo prestigio y considerándola sólo como un tributo destinado a satisfacer las necesidades corrientes del Estado, sólo vieron en ella los males sin cuento que causaba a la agricultura, la miraron con ceño y se excusaron de su pago en cuanto les era posible, a pesar de los decretos del gobierno absoluto en el año 1823 y siguientes y a despecho de la preponderancia que el clero ejerció en aquella época.

Por lo demás, los resultados del Trienio fueron valorados de forma muy variada por los congresistas de 1837, pues para unos la supresión, aunque parcial, constituyó un éxito, mientras que para otros resultó un fracaso que el pueblo rechazó desde el primer momento.

En la sesión de 16.3.1837 así recordaba García Blanco lo que había sucedido en el Trienio: «El pueblo estuvo muy contento o por lo menos toda aquella parte de él que pagaba el diezmo, porque con el producto o importe de la mitad de ésta que se le perdonó tuvo cualquier labrador para pagar todas las demás contribuciones del Estado. Conque cuando llegue el día en que vea que no hay diezmo, ni mitad, ni nada y que no tiene que contribuir sino con lo que sea necesario para el culto y nada más, sin que nadie se aproxime a las eras, sin que nadie acuda a los graneros ni nadie fiscalice los panes antes de segarlos, cuando vea el labrador que es árbitro de disponer de todo lo que Dios le dé, pagará lo que sea necesario y agur».

Fallecido Fernando VII, los gobiernos del Estatuto Real se preocuparon más de las comunidades religiosas y de sus bienes que del clero secular y sus diezmos. La verdadera historia de la abolición del diezmo empezó en la citada Memoria en la que Mendizábal dio cuenta a las Cortes del estado de la Hacienda pública si bien de una manera muy modesta, puesto que se limitó a anunciar que se había encomendado a una comisión eclesiástica (de la que se hablará más adelante) el estudio de lo que convendría hacerse. Oigámoslo: «Para hacer llano el camino de las reformas ha tomado ya el Ministro algunas disposiciones, en que también se mezcla la mira de libertad al pueblo de contribuciones duras por su naturaleza, vejatorias por su forma y sujetas a mil desperdicios por el modo de recaudarse. La de los diezmos se distingue por estos fatales caracteres. Una junta ha sido nombrada de personas doctas que preparen un trabajo sobre esta materia, que después de examinado por el gobierno se someta a las Cortes. A ellas toca dictar con su tino y sabiduría la medida enérgica y vigorosa que asegurando el decoro del culto y la subsistencia decente a los respetables ministros de la religión divina que profesamos, no comprometa los derechos de los partícipes legos ni haga sufrir a la benemérita clase agricultora gravamen de que se aproveche enteramente el Estado».

¿A qué junta de hombres doctos se refería el ministro? Tenemos noticia de dos que, aunque tuvieran muy poco éxito, dado que sus sugerencias no fueron escuchadas, se ocuparon de esta tarea.

De la primera nos ha dado cuenta Santillán en sus Memorias (I, 177 ss.): «Por R.O. de 4.2.1837 el gobierno, advirtiendo que había resuelto presentar a las Cortes un proyecto de ley para suprimir totalmente los diezmos, encargó a la Dirección en junta con el Contador General de Valores la propuesta de los que hubieran de cubrir el déficit que por aquella medida había de resultar».

La segunda Junta era la «comisión eclesiástica», que ya conocemos, cuyos objetivos eran más ambiciosos puesto que se ocupaba del arreglo del clero en general, con el escaso éxito del que se habla en otro lugar de este libro.

Las contribuciones no son nunca populares y la decimal no era, desde luego, una excepción. A las Cortes llegaban continuas exposiciones lastimeras pidiendo de ordinario su supresión. En el Diario de Sesiones se da cuenta nada menos que de 111 –y de ellas se hace eco la Memoria de 21.2.1837– elevadas por ayuntamientos, diputaciones provinciales, particulares y corporaciones. Todas en contra del diezmo naturalmente, aunque también hubo otras tres a favor: dos de ellas suscritas por los Cabildos eclesiásticos de Toledo y Salamanca. Territorialmente la mayor parte de las protestas procedían de Levante y de Andalucía.

Ahora bien, ¿qué valor puede darse a este tipo de representaciones? No muy alto, desde luego, porque como acertadamente argumentó Álvaro en la sesión de 21.5.1837, «¿Qué razones son las que se alegan para la supresión de este impuesto? Que hay muchas representaciones contra él. Las Cortes deben conocer lo que valen las representaciones. En todas las contribuciones se resiste el pago: no hay una siquiera que se pague de buena voluntad y las Cortes verán si se cobrarán mejor las contribuciones nuevas, desconocidas, que se hayan de imponer en subrogación del diezmo. Todos los que pagan contribuciones reclaman para no pagar. Por consiguiente, si el reclamar es razón para suprimir esta contribución, entonces desde ahora digamos que no se pague ninguna (...) Y el contrabando, ¿qué es más que una resistencia a pagar las contribuciones?».

Esta argumentación de Álvaro era retóricamente hábil, desde luego, mas no permitía ignorar la enorme resistencia que los labradores ofrecían al pago del diezmo, sobre todo en el este peninsular, y que abarcaba las formas más variadas: fraude, introducción o generalización de cultivos que no diezmaban o diezmaban menos, resistencia pasiva y aun revueltas campesinas. Ni que decir tiene, sin embargo, que la correlativa actitud de los perceptores no era menos tenaz; con el resultado de pleitos interminables y en algunos casos de la intervención de la fuerza pública. Lo que era innegable es que, aunque el proceso padeciera fuertes oscilaciones, el rendimiento decimal iba disminuyendo inexorablemente desde principios de siglo.

Independientemente de las proposiciones parlamentarias a que más adelante se hará referencia precisa, ya se ha dicho que de entre las muchas opciones posibles para solucionar esta cuestión, la seguida fue la oficial, es decir, la patrocinada por el Ministerio. Lo malo del caso es que Mendizábal no tuvo nunca una idea concreta y firme sobre el particular ya que su pensamiento fue alterándose a lo largo del tiempo como bien se nota en los avatares que sufrió el proyecto. Entre la Memoria de octubre de 1836 y los resultados finales de un año después hay muy poco parecido. No es posible hablar, en consecuencia, de «una» política ministerial definida sino de una evolución vertiginosa de ella que delata la frivolidad de su planteamiento y la asunción de elementos y objetivos ajenos que enturbiaban las intenciones iniciales, fundamentalmente el de la financiación de la guerra que, como es obvio, poco tenía que ver con el mantenimiento del culto y del clero. La única idea constante desde el principio al final fue la nacionalización o, si se quiere, la estatalización del impuesto.

Llegaron los meses del verano y con ellos la aprobación de las leyes de supresión del diezmo, pero sin haberse cerrado la elemental prevención que se había consignado prudentemente en la Memoria Mendizábal de febrero de 1837: si una vez resuelta la supresión del diezmo se impusiera al Erario la manutención del culto y de sus ministros sin imponer antes otras medidas, se comprometería al gobierno en una obligación que le sería difícil de cumplir (...) Porque 28.000 eclesiásticos adictos hasta aquí al servicio de la religión necesitarían por lo menos 380 millones de reales anuales.

Y como el caso es que lamentablemente no se habían tomado antes (y ni siquiera simultáneamente) tales medidas, la supresión del diezmo provocó un enorme agujero presupuestario que no había modo de cubrir.

El precio de tan increíble falta de previsión –o, si se prefiere, de la precipitación de la suspensión– fue la necesidad de «ir trampeando» (en la expresión de Argüelles) para ganar tiempo y específicamente el ir prorrogando la efectividad de un impuesto que ya estaba legalmente suprimido, en espera de tiempos mejores que aún tardarían varios años en llegar.

El desbarajuste y sus causas

Estando abiertas las Cortes era imperativo que la decisión de suprimir la contribución del diezmo se adoptara por ellas. Y así se hizo efectivamente al cabo de un largo y complejo procedimiento que en su totalidad duraría varios años. De esta manera, lo que primero salta a la vista del estudioso del procedimiento parlamentario no es ya sólo la longitud de su duración sino lo insólito de los trámites seguidos, lo enrevesado de los pasos que se siguieron y la inseguridad de varias de sus resoluciones, que en su conjunto no admiten parangón en la historia parlamentaria española. Aquí todo fue extraño desde la primera iniciativa del gobierno en febrero de 1837 hasta la supresión definitiva y la inclusión de su gasto, como indiferenciado, en los presupuestos de 1845.

El expediente se inició con la Memoria ministerial de 21.2.1837 que ofrecía la singular novedad de no contener precepto alguno sino que se limitaba a excitar la atención del Congreso sobre este punto y a explicar el pensamiento del gobierno. El 22 de mayo las comisiones parlamentarias que estaban trabajando conjuntamente presentaron no uno sino tres proyectos puesto que no habían conseguido unificar sus opiniones. Por si esto fuera poco, cuatro días más tarde, el gobierno, sin previo aviso, presentó otro proyecto de ley. Con la consecuencia de que las Cortes tenían que discutir nada menos que cuatro textos.

Mientras tanto el enredo seguía creciendo puesto que antes de que las Cortes hubieran logrado concordar los proyectos presentados, el gobierno volvió a cambiar de idea y el 28.5.1837 presentó otros dos (y con ellos ya van seis de discusión simultánea) con sugerencias originales: en el primero se preveía la prórroga de esta contribución (que todos los demás proyectos suprimían) aunque repartiendo su producto en dos mitades (una para las atenciones del culto y clero y otra para el Tesoro). Mientras que el segundo proyecto –que terminaría retirándose– autorizaba la venta de bienes del clero secular por importe de cien millones de reales.

El 16 de julio aprobaron las Cortes un decreto de intenciones salomónicas en el que se mantenía la contribución por un año dividiendo su importe en dos mitades: una para el Tesoro y la otra imputable a cuenta de la nueva contribución del culto (sucesora del diezmo, pero que no llegó a aprobarse nunca) y de la extraordinaria de guerra (que sí se aprobó y que así se conectaba a la decimal, aunque nada tuvieran que ver entre ellas).

Esta solución, ciertamente incongruente, era al menos clara, mas no duró ni dos semanas, dado que las mismas Cortes el 29 del mismo mes dictaron un nuevo decreto por el que se suprimía la contribución (que por el decreto del 16 se había prorrogado), se nacionalizaban todos los bienes del clero secular, que se ordenaba vender en seis mensualidades (sin el tope de los cien millones establecido en el texto anterior).

A estas alturas parece que el caos normativo ya había tocado fondo. Y sin embargo, la Real orden de 29.8.1837 superó todas las imaginaciones posibles puesto que ordenaba que las recaudaciones se ingresasen íntegras en el Tesoro reduciendo la mitad correspondiente al culto y clero a un apunte contable que se liquidaría cuando se pudiese.

¿Cómo explicar el increíble proceso que acaba de ser descrito? A él contribuyeron, entre otras, las siguientes causas:

a) Ausencia de una política ministerial. No existía ni asomos de una política concreta sino, a todo lo más, un vago deseo que se iba cristalizando sobre la marcha y dando tropezones. Como primero se obraba y luego se reflexionaba, la política decimal fue madurando lentamente y a golpes. A lo que contribuía, además, el hecho de que el ministerio no confiaba en la opinión técnica de sus directores, que ya se habían pronunciado en contra.

b) Ausencia de un criterio parlamentario. De hecho en las Cortes circulaban varias opiniones, pero ni encajaban ni se adaptaban a los proyectos ministeriales con la intención de fundir entre todas una ley inequívoca.

c) Falta de cálculo del importe del diezmo.

d) Falta de cálculo de los gastos de culto y clero que el Estado había asumido. La verdad es que la ley de arreglo del clero había precisado con cierta exactitud tales gastos; pero como no fue sancionada, de nada valieron.

e) Falta de una nueva contribución compensatoria. De tal manera que no se sabía ni lo que se ingresaba (e iba a dejar de ingresarse) ni lo que había que gastar. O sea, que se caminaba con los ojos cerrados sin saber de dónde se había salido y adónde se quería ir.

Lo que constaba era que la supresión del diezmo había producido un enorme agujero en el Tesoro público al dejar de percibir el Estado el tercio aproximado de su importe más lo correspondiente a las sedes vacantes y al subsidio del clero. Para compensar este déficit, quiso crearse la nueva contribución de culto y clero (que difería de la del diezmo en que se repartía entre todas las clases de la nación y no recaía sólo sobre la labradora. Además, se nacionalizaron los bienes del clero secular, del que primero se aprovecharon sus rentas y luego el producto de sus ventas. La última fase de este proceso fue incluir este gasto indiferenciado en los presupuestos ordinarios, es decir, sin un ingreso impositivo afectado, como hubiera sido el caso de la fracasada contribución de culto y clero. En definitiva, todo estaba en el aire y el caos no tenía otras reglas que las de la urgencia y transitoriedad.

Memoria ministerial de 21.2.1837

Tal como acaba de decirse, la formalización parlamentaria de la reforma decimal no se inició con el trámite ordinario de un proyecto de ley sino de una manera tan inesperada como insólita, a saber, con la presentación de una llamada Memoria relativa a las reformas que conviene introducir en el actual sistema de diezmos, firmada por el secretario del Despacho de Hacienda el 21.2.1837, en la que se advertía de forma expresa que

sólo se trataba de llamar la atención del Congreso a un asunto de tan grande trascendencia. Al emitir estas reflexiones sólo se ejercía cierta especie de iniciativa intelectual muy diferente a la política para que, examinada con la debida atención, pudiese resolverse lo más conveniente acerca de la oportunidad y necesidad de la reforma y sobre los medios más a propósito para realizarla.

Por lo que se refiere a la necesidad de la supresión, afirmaba que «se conoce con evidencia si se atiende a los vicios de esta contribución, enorme en su cantidad, desigual y arbitraria en su cuota, arbitraria también y con frecuencia inhumana en el modo de percibirla e incompatible con un buen sistema de Hacienda que satisfaga las necesidades del Estado. (...) La enormidad de la suma es fácil de inferir, considerando que el diezmo se exige no de la renta o producto neto que el labrador recoge de su campo sino del producto íntegro, sin deducir los gastos de las anticipaciones ni de las mejoras (de tal manera) que esta contribución grava los productos de la agricultura en más de un 40%».

Por lo que se refiere a la oportunidad, la basaba en «las quejas del clero y de los demás partícipes y los desfalcos del Erario. Todos claman que el diezmo no se paga o se paga muy mal (...) Acontecimiento notable que debe llamar la atención de los poderes del Estado para ejecutar con orden lo que se está ejecutando con desorden (...) Porque nunca son más oportunas las resoluciones legislativas que cuando recaen sobre un hecho que se va consumando. Las cosas han llegado ya a tal estado que la total desaparición del diezmo se verificará por la declarada resistencia de los contribuyentes sin que el gobierno sea poderoso para contenerla».

Ahora bien –seguía diciendo la Memoria–, «la supresión del diezmo no nos exime de la obligación de sostener el culto y sus ministros, de facilitar a la Hacienda pública una suma, si cabe superior a la que hoy disfruta, y de recompensar a los dueños particulares la pérdida de lo que legítimamente les pertenece». Afirmación que nos lleva al examen de las indemnizaciones debidas a los perjudicados por la reforma.

Por lo que atañe a tales indemnizaciones del clero y de los «partícipes» invocaba la Memoria la necesidad de compensar a los beneficiarios actuales del importe de las cantidades que estaban disfrutando y de las que tan bruscamente se les privaba. A tal fin se sugería una fórmula sustitutoria municipalista sorprendente en cuanto que impropia de un régimen eminentemente centralista: «Una junta en cada cabeza de partido judicial, compuesta de representantes de los pueblos que la compongan, deberá buscar los arbitrios menos onerosos y más sencillos de recaudar en cada pueblo, capaces de facilitar los fondos necesarios para pagar los gastos del culto de los ministros de cada parroquia». Al diezmo suprimido había de sustituir, en definitiva, un nuevo impuesto con el que el Estado pudiera satisfacer las necesidades del culto y clero y hasta salir ganando económicamente porque, según las cuentas galanas con las que se cerraba la Memoria, «la Hacienda sacará la ventaja de extinguir por la venta de los bienes que se le incorporen dos tantos de su valor en papel de crédito contra el Estado, cuya amortización y la del que hoy posean las iglesias disminuirá enteramente el total de la deuda que nos oprime».

Sabido es que aunque el diezmo fuera originariamente una contribución exclusivamente eclesiástica con el transcurso del tiempo fueron enquistándose en ella, y por los títulos más diversos, unos beneficiarios ajenos (los «partícipes legos») de carácter parasitario; y que, por otra parte, el Estado había ido recortando su importe al atribuirse una parte nada pequeña de sus productos. ¿Qué hacer ahora con todos estos invitados al festín? Porque a ninguno podía perjudicarse con la supresión del diezmo. La Memoria se ocupó consecuentemente de esta cuestión aunque con la frivolidad que ya conocemos. Y así, después de reconocer que «no se sabe fijamente a cuánto ascenderá el capital de la recompensa ni el número de los que deben ser indemnizados», anotaba que «con los títulos de tercias, novenos, excusados, subsidios, exilios y vacantes, el Tesoro público saca actualmente de los diezmos la suma siguiente: por rentas decimales 25 millones, por subsidio del clero 15 millones y por vacantes y demás 15 millones. Cantidades que desaparecerán suprimido el diezmo. Para evitarlo es indispensable adoptar recursos que cubran el vacío que haya de resultar. Una contribución general, o un recargo adicional a los ordinarios del Estado, comprendida en los presupuestos y establecida sobre una base muy lata y que grave a la agricultura con proporcionada igualdad a los demás agentes de la riqueza, reemplazará a las antiguas rentas decimales y cubrirá sus valores».

En verdad que en pocos documentos oficiales se ha insertado nunca un párrafo de tan descabellado optimismo, tal como resulta de su mera lectura y demostraría luego implacablemente la realidad. Con cuentas tan disparatadas es como terminó labrándose Mendizábal su fama de frívolo y de imaginario. Según él, se trataba de un juego de manos fiscal –la sustitución de una contribución por otra– y para la mente de un (hasta entonces) afortunado especulador bolsístico con juegos de manos podían multiplicarse efectivamente los capitales y las ganancias. Pero con los recursos de la Hacienda no hay acrobacias que valgan.

En otro orden de consideraciones, la estructura –y no sólo la naturaleza– del impuesto también se alteraba sustancialmente pues al tradicional eclesiástico, rigurosamente centralizado, venía a sustituir otro totalmente fraccionado en manos de los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Lo que justificó muchos años más tarde la cautelosa observación de Artola (1986, 181): «Para atender a las necesidades del culto y clero puso a cargo de los pueblos el mantenimiento de las iglesias y sacerdotes y de las diputaciones provinciales el de las catedrales y cabildos (...) Basta pensar en los efectos que hubiera tenido, para la supervivencia de una Iglesia tan centralizada como la católica, el depender de una subvención local». Aunque a juzgar por la experiencia –debe añadirse– los efectos hubieran sido aún más graves para el propio impuesto.

El primer proyecto ministerial y sus críticas

Según se recordará, la Memoria de 21.2.1837 se había presentado como una modesta «iniciativa intelectual» con el confesado objetivo de atraer la atención y de excitar las reflexiones del Congreso. Pero naturalmente la inquietud y la imaginación de Mendizábal no podían detenerse aquí y el 30 de mayo siguiente, sin esperar la reacción parlamentaria, presentó un Proyecto oficial (del que habremos de ocuparnos mucho en las páginas siguientes) que levantó de inmediato una oposición de doble signo: una política, durísima en el fondo y en la forma, capitaneada por Álvaro desde la minoría; y otra de índole inequívocamente religiosa –o si se quiere, ideológica– mucho más moderada puesto que buena parte de los que la desarrollaron militaban en la mayoría y si de ella tenían que apartarse por razones de conciencia, no estaban dispuestos a romper bruscamente sus vinculaciones con el gobierno. En cualquier caso y sin perjuicio de lo que luego se dirá, conviene adelantar ya algunas críticas de carácter previo y formal.

a) Carencias del expediente

A un funcionario tan experimentado como era Álvaro no podía escapar que tanto la Memoria como el Proyecto no venían acompañados del madurado expediente que tradicionalmente precedía a todas las decisiones graves: una carencia que delataba por sí sola la improvisación de la que incesantemente se acusaba al ministerio. En palabras de este diputado en la sesión del 21 de junio «este expediente está desnudo de datos y de todo lo que constituye un expediente para hacer reforma de tal cuantía. Y yo de mí confieso que no puede menos de sorprenderme esto, porque en asuntos más indiferentes se ha acostumbrado siempre en España a dar una grande instrucción a los negocios y este que se ha discutido tanto por los españoles ilustrados ¿es posible que se nos presente sin más instrucción que la proposición de un señor diputado y una Memoria del ministerio de Hacienda, que por cierto no presenta ningún dato? (...) Por confesión del mismo ministro de Hacienda las oficinas, los directores generales y los oficiales todos han sido de opuesto parecer a la supresión del diezmo, ¿y no merecerán ponerse en el expediente estos pareceres?».

A esta denuncia se adhirió Núñez en la sesión del 26 de junio: «El sr. ministro ha ocultado lo que han dicho las oficinas de Hacienda que, consultadas por S.S. contestaron que sería un absurdo, no teniendo para cubrir las cargas del Estado, el desprenderse de los grandes recursos que ofrece la contribución del diezmo. En la Dirección General de Rentas hay un testimonio irrecusable que prueba que el arrendamiento de los diezmos en el año pasado subió más que en los años anteriores (...) En un país como el nuestro es fácil pagar con frutos: casi imposible en dinero».

La opinión contraria de los técnicos del ministerio nos ha llegado a través de las Memorias (I, 177 ss.) de Santillán, que no pueden ser más elocuentes: «En el ministerio era conocida nuestra opinión en la materia, contraria a la supresión (...) ¿Cómo podíamos haber propuesto los medios de subrogación de 50 millones a que hacíamos ascender los ingresos del Tesoro procedentes directa o indirectamente del diezmo, sin saber los que el Gobierno adoptaba para cubrir las obligaciones del clero que él mismo evaluó después en 145 y los 20 millones más que supuso importaría el haber de los partícipes legos? (...) A 221 millones de reales hacía subir el ministerio en la Memoria que después presentó a las Cortes los gastos que se cubrían con el diezmo. Los hombres de la revolución podían atropellar por toda clase de consideraciones con tal que se consiguiese uno de sus objetivos más importantes; pero nosotros, jefes superiores de la Administración (...), no podíamos en conciencia entrar en un camino de aventuras (...) Considerando el diezmo como la base principal de todo el sistema no pude menos de manifestar que éste quedaba falseado con la supresión de aquél».

b) Cálculo del producto del diezmo y participación del Estado

Como se trataba de suprimir un impuesto y sustituirlo por otro equivalente aunque de distinta naturaleza, parecía imprescindible conocer su importe, dado que no se podía establecer una contribución sustitutoria sin saber con exactitud, o al menos con cierta precisión, lo que se quería sustituir.

Pues bien, con asombro e indignación de sus críticos, del expediente ministerial resultaba que no se habían hecho cálculos mínimamente fiables de los productos del diezmo; y en la discusión parlamentaria se puso de relieve que los que se habían realizado por distintos autores oscilaban de forma escandalosa. En estas condiciones parecía imposible iniciar un debate puesto que no se sabía lo que se estaba tratando; y con esta base tan frágil nada seguro podía edificarse. La improvisación –en otras palabras– empezaba a exigir su precio.

A continuación van a relacionarse los comentarios que en las Cortes se hicieron sobre este punto y que contundentemente demostraban la ignorancia de entonces, que por cierto los historiadores posteriores no han logrado disipar del todo aunque ciertamente se cuente ya de datos más fiables.

Para Martínez de Velasco (en la sesión del 25.6.1837) el diezmo había producido 150 millones el año 1835 y menos de 100 el año 1836. En los cálculos de Álvaro (en la sesión del día 21), «el ministerio dice que el noveno, el excusado y las tercias, esto es, la parte que percibe el Estado, han producido en año común 29 millones y medio de reales aproximadamente. El noveno es una nona parte del diezmo, las tercias son dos novenas partes y el excusado es lo que paga la casa mayor diezmera en cada especie y cada pueblo; y creo que no iré muy equivocado en decir que es otra novena parte. De modo que las cuatro novenas partes del diezmo que percibe el Estado han producido 29 millones y medio al año en un decenio. Por donde se saca que el diezmo total es de 63 millones».

Esquivel, por su parte, en la sesión del día 22 afirmaba que «no es mi ánimo formar cálculos aéreos como los del ministro de Hacienda sino formarlos sobre datos positivos. Pues bien, en el quinquenio del año 3 al 7, solamente el noveno y el excusado produjeron 46 millones de reales. En el quinquenio del 14 al 18 produjeron 44 millones. Comparen las Cortes esta cifra con la de 29 millones y medio que arroja el decenio presentado por el sr. ministro de Hacienda. Más diré: en el año de 1820 ascendía la decimación general a 333 millones; por lo que por noveno, excusado y tercias ha debido percibir 148 millones de reales. Según los economistas que han escrito sobre el particular, el diezmo sólo bastaría para cubrir nuestras atenciones y extinguir la deuda pública en poquísimos años».

Tarancón, en la sesión del 25 de junio, hizo el siguiente resumen de los datos disponibles: «En escritos que son bien conocidos se ha elevado el importe total del diezmo a cerca de 2.000 millones. En otros más moderados, partiendo del dato de que el producto total del cultivo asciende a 15.000 millones, se reduce el diezmo a 1.500. Y últimamente algunos que no han querido desentenderse del hecho notorio de que ni se diezma de todo ni se cobra siempre de diez uno, lo han rebajado a 1.200 millones, aunque no ha faltado quien asegura que el medio diezmo de los años 21 y 22 llegaba a la suma de 200 millones. Canga Argüelles fija el valor total del diezmo en España e islas adyacentes en 168 millones. El sr. López Juana Pinilla en 1822 asegura que apenas exceden los productos de 330 millones. Francisco Gallardo en el plan general de Hacienda que presentó a las Cortes en el mismo año de 1822 asegura que el producto total de los diezmos no pasó nunca de 326 millones, ni aun en los tiempos en que se diezmaba con religiosidad y estaba bien organizada la administración».

Ante esta avalancha de datos discordantes, Álvarez García observó en la sesión del 8 de julio que «las Cortes conocen cuán distantes están en sus cálculos todos los que hablan de diezmos empezando unos por suponer su valor de 2.000 millones de reales y bajando otros hasta 300. Sin embargo, hay datos para probar que los diezmos bien recaudados no bajan de 500 millones».

Con lo anterior basta y podemos prescindir de los cálculos –todos distintos– ofrecidos por Alcalá Zamora, Díez y Ayllón, así como de las lamentaciones de Castro, quien justificó en la sesión del 25 de junio su ausencia en la comisión porque consideraba inútil trabajar sin datos fiables, al tiempo que se lamentaba de que el ministerio no facilitase la documentación disponible.

Esteban Canales, que ha repasado los datos aludidos por Tarancón (y no sólo ésos), ha llegado a la conclusión de que estas enormes diferencias no se deben tanto a errores de cálculo como a una manipulación interesada de los datos disponibles a efectos de justificar la conservación o la supresión del diezmo. Concretamente la cifra de 2.000 millones, a todas luces disparatada, fue presentada en una Exposición dirigida a las Cortes por la Sociedad económica matritense con la evidente intención de desacreditar la contribución y de poner de manifiesto que para sostener los gastos de la Iglesia era desproporcionado el diezmo (1982, 129 ss.). De la misma manera que quienes calculaban por bajo pretendían minimizar la importancia del impuesto para evitar su abolición explicando que por tan pequeñas cantidades no valía la pena excitar la animadversión del clero despojado y que incluso –y en esto sí que tenían razón– iba el Estado a salir perdiendo desde el momento en que se comprometía a sostener a la Iglesia que hasta ahora no le había costado absolutamente nada.

La verdad es que por encima de estas espurias intenciones estaba una realidad de mucho peso, a saber: que por razones históricas el diezmo se percibía en cantidades y condiciones muy distintas, de tal manera que no era posible generalizar los datos de una parroquia o de un obispado concreto, por lo que, no contando con censos ni estadísticas fiables, cuantos datos se ofrecían eran necesariamente equivocados y para mayores dificultades las cantidades pagadas por los labradores y las percibidas por los beneficiarios no coincidían. Entre unos y otros operaban los intermediarios y, cuando la recaudación se arrendaba –lo que era común– el importe final quedaba gravemente distorsionado.

A lo que hay que añadir el hecho de que todos los cálculos se realizasen en moneda siendo así que se pagaba en productos naturales. Lo cual explica en parte las diferencias. Porque ¿qué es lo que se tenía en cuenta a la vista de los distintos parámetros disponibles? Estaba el volumen de los productos entregados (fanegas ordinariamente para los áridos y que no eran iguales en todas las regiones; unidades tratándose de ganados); luego venía el valor dinerario en el momento de la entrega (que era siempre el más bajo en el mercado anual) y, en fin, el valor dinerario en el momento de la recepción de los beneficiarios, que variaba mucho según el tiempo y el lugar y que, en último extremo, era el señalado por los intermediarios, según veremos más adelante. En estas condiciones resultaba imposible, entonces como ahora, fijar cantidades globales en dinero.

La situación, como se ve, no podía ser más grotesca, como gratuito había de resultar cuanto a continuación se hiciera. Pero ¿de dónde sacar los datos que se necesitaban? La Administración de Hacienda era incapaz de proporcionarlos y aunque la Administración eclesiástica era más ordenada, tampoco se podía contar con ella por las razones malévolamente esgrimidas por García Blanco en la sesión del 24.6.1837: «¿Quién ha de dar los datos? Los cabildos catedrales, los administradores de los diezmos ¿los darán cual se requieren? Es necesario tener un corazón muy candoroso para creer que lo harán. ¿Cómo han de suministrar éstos los verdaderos datos si en esos mismos datos iría envuelta su propia acusación, pues ellos debían arrojar precisamente la mala distribución, el mal remedio que se ha tenido, se tiene y se quiere que continúe en cuanto a estas rentas? Y en caso de que se les obligase a la presentación de esos datos en un término fijo, presentarían sólo papeles escritos con los que el gobierno tal vez quedaría muy satisfecho pero sólo serían papeles mojados».

Ahora bien, la recogida de datos precisos era una simple cuestión de tiempo y voluntad –y ninguna de estas dos calidades tenía a estos efectos la Administración de Mendizábal– porque los diezmos estaban escrupulosamente registrados en los llamados «libros de tazmías» o «padrón de diezmos», que llevaba el obispado, en los que se relacionaban las fincas afectas al pago y las cantidades o productos, fruto por fruto, percibidos de cada uno. Esto es lo que hicieron Carmen y Alejandro Nieto para determinar los diezmos de Tariego de Riopisuerga (Tariego de Riopisuerga: 1751-1799, 2005, pp. 291 ss.). Y allí, dejando a un lado las cantidades recaudadas, que no vienen ahora al caso, puede verse la distribución de los resultados: «Se hacían nueve parte, de las cuales dos correspondían al cabildo de la catedral de Palencia, otras dos eran para la Real Universidad de Valladolid, una parte para la iglesia y fábrica de la villa de Tariego (que correspondía a su párroco), otra parte para el colegio seminario y los capellanes de número de la catedral de Palencia y las otras tres partes que quedaban eran para los beneficiados de Preste de la villa. A los diezmos se añadían las primicias, que sólo afectaban a las tierras de pan llevar y a los labradores que cosechaban más de cinco fanegas y media y teniendo que pagar todos la misma cantidad: media fanega. Este grano lo percibía enteramente el cura teniente». Lo que sucede es que esta metodología y estos datos, indiscutibles para la villa de Tariego de Riopisuerga y probablemente también para el obispado de Palencia, no pueden generalizarse al resto de España, y ni siquiera a Castilla, tal como luce en las investigaciones de Esteban Canales y las monografías locales en que se apoya.

Mayores eran, con todo, las dificultades de cálculo de las primicias puesto que las diferencias territoriales eran enormes tanto en su base como en su cuantía e incluso en sus destinos. Los autores acostumbran a señalar que sus beneficiarios ordinarios eran los párrocos, quienes así redondeaban los ingresos obtenidos por su baja participación en el diezmo. En Tariego de Riopisuerga, sin embargo, se entregaban al coadjutor y era lógico que así fuese aunque nadie se ha preguntado de qué vivían los sacerdotes no párrocos ya que de los derechos de estola con toda evidencia, y salvo excepciones, no podían subsistir. Los analistas han criticado siempre la distancia económica que separaba al clero capitular del parroquial; pero no se ha comentado la lamentable situación de quienes se encontraban en el último escalón de la jerarquía ya que en su miseria (sic) tenían que considerar a los párrocos como afortunados. La formación de un clérigo era larga y costosa, pero en los comienzos de su carrera vivían literalmente en la indigencia.

Lo que resultaba en todo caso inadmisible era que las Cortes se embarcasen en la aventura de suprimir una contribución de la envergadura de la decimal sin saber, siquiera aproximadamente, el producto de la misma así como tampoco el montante de las nuevas obligaciones que el Estado iba a asumir con tal ocasión.

El producto del diezmo no correspondía íntegramente a la Iglesia dado que, según sabemos, en él participaba el Tesoro y los llamados partícipes legos en proporciones bien conocidas. A la Hacienda correspondían las tercias reales y el excusado. Las tercias en realidad eran sólo inicialmente las dos novenas partes del total; y el excusado era el diezmo propio de la casa más rica de cada pueblo. A lo que había que añadir desde 1800 el llamado noveno decimal extraordinario. Sin que sea posible precisar las cantidades concretas realmente percibidas por cada grupo, incluido el de los partícipes legos, ya que eso dependía no sólo de los importes totales sino de las peculiaridades locales y del deterioro progresivo de la recaudación que en cada lugar también era distinto.

Fontana, sin embargo, ha echado otras cuentas porque computa (p. 305) las tercias en un tercio (o sea, tres novenos), por lo que al añadir el noveno extraordinario suma el 44% y si a ello se añade el excusado, nos encontramos con que la Hacienda percibía más de la mitad. Aunque especifica que en determinados años se liquidaba de hecho más por el noveno que por las tercias: «Extrañas matemáticas –resume– en que un tercio resulta menor que un noveno».

En estas discrepancias forzoso es reconocer que la versión de Fontana no parece correcta a la vista de lo dispuesto en la Pragmática de 30.3. 1565 (ley I, tít. VII, lib.I de la Novísima Recopilación):

Las tercias son los dos novenos de todos los frutos, rentas y otras cosas que en estos nuestros reynos se diezman y son nuestras y de nuestra Corona y Patrimonio Real y pertenecen a Nos por concesiones y gracias apostólicas.

En cuanto al noveno extraordinario fue concedido por Breve pontificio de 3.10.1800 por el que se dio comisión al Nuncio

para que en el supuesto de ser tan grandes las necesidades de España que no puedan remediarse de otra manera y poder el clero soportar esta carga, concediese al Rey la facultad de exigir otro noveno extraordinario, sin excepción por los diez años siguientes, tiempo bastante para liberarse de la deuda de los Vales Reales; previniendo que pasados sin extinguir no deberá recurrirse otra vez con igual motivo a la Sede Apostólica ni impetrarse nueva licencia de ella.

c) Oportunidad de la supresión

La Memoria de 21 de febrero había insistido mucho en la oportunidad de suprimir la contribución decimal. Y lo había hecho con argumentos atractivos ya que para poner de relieve los vicios más reconocidos del impuesto no hacían falta ni estudios ni cálculos sino un conocimiento sumario de la realidad. En sede parlamentaria, sin embargo, la empresa no resultaba tan sencilla dado que algunos diputados, sin negar la existencia de los vicios denunciados, lo que cuestionaban era la oportunidad del momento escogido y el modo de establecer los mecanismos sustitutorios que habían de provocar, en su opinión, más inconvenientes que los que se querían evitar.

El Dictamen de la minoría de la comisión, publicado en el Diario de Sesiones del 10.6.1837 aludía a este respecto al

imponente peligro de adoptar repentinamente medios imposibles de realizar, el de destruir sin ninguna preparación la base de un sinnúmero de combinaciones interesantes, el de privarse en un día el Tesoro nacional de muy cuantiosos recursos.

El día 26 de junio se preguntaba Esquivel: «¿Es oportuno privarnos de este recurso y apelar a otro dudoso? El diezmo es odioso, cierto. Pero si recorremos la historia de nuestros días diré: ¿qué habría sido de la guerra de Rosellón sin los recursos del clero? ¿Qué habría sido de la división de Alaix en Córdoba si el diezmo no le hubiese socorrido, si no le hubiera dado de comer y no le hubiera satisfecho sus haberes?».

En opinión de Álvaro (en la sesión del 21.6.1837), «en cuanto a la oportunidad, yo creo que si el diezmo se suprime, contemos como seguro que va a quedar reducido a la mendicidad el clero, que se van a cerrar algunas iglesias; que muchas casas de educación y beneficencia quedarán abandonadas y que un número inmenso de familias disgustadas se van a distribuir por toda la superficie de la Península. Meditemos también que muchos pueblos están ocupados por las armas rebeldes; que aunque acordemos la supresión del diezmo, en muchas partes se pagará; y aun en los pueblos ocupados por las tropas de la Reina, si no se pagan y luego los invaden los facciosos, les costará caro no haberlo satisfecho. Y si se sustituye por la contribución que se propone, ¿quedarán más aliviados los pueblos? Lo quedarán algunos ricos propietarios, pero la generalidad de la nación quedará más gravada. ¿Creen las Cortes de buena fe que suprimido el diezmo y subrogado por esas contribuciones quedará asegurada la subsistencia del clero, la manutención del culto y la de establecimientos de beneficencia y el socorro o alivio de los pobres?».

Para Tarancón, el día 25, «en el célebre voto de confianza otorgado por los Estamentos al Ministerio en enero de 1836, el entonces señor presidente del Consejo de ministros, hoy secretario del Despacho de Hacienda, se vio en la precisión de declarar formalmente que no entraba en su plan la supresión del diezmo y a prometer que no lo adoptaría. Y siendo esto así, y haciendo sólo 17 meses que la simple idea de que se pensase en abolir el diezmo conmovía a los dos Estamentos, ¿qué ha podido ocurrir desde entonces que haga ahora más fácil y ventajosa en todos los conceptos semejante disposición?».

Con tantas dudas sobre la oportunidad de adoptar tal medida precisamente en ese momento es explicable la proposición de Vázquez Parga presentada el 23.6.1837:

Siendo cuestionable si es más ventajoso y económico a los pueblos el pago del diezmo que una contribución directa para sostener el culto y sus ministros. Siendo conveniente el que se vea si el exceso que puede haber entre los valores de la contribución decimal y las necesidades de atender al culto y a sus ministros, si merece la pena exponerse a la prueba siempre peligrosa en tiempo de revueltas políticas de reemplazar con una contribución nueva aunque se funde sobre bases justas, otra antigua cuyas bases no sean equitativas, pido a las Cortes se sirvan acordar que el gobierno de S.M. presente un estado del producto de la contribución decimal y otra de la cantidad a que ascienden actualmente las cargos que hoy se satisfacen con la contribución expresada.

La sugerencia no podía ser más sensata; pero la mayoría logró que no fuera admitida a discusión, cabalmente porque afectaba al punto más vulnerable de todo el proyecto. Sea como fuere, la cuestión de la oportunidad siguió abierta durante todo el debate y todavía aletea, como hemos de ver, en la historiografía actual.

d) El mecanismo sustitutorio

Durante algún tiempo la ambigüedad ideológica –y más todavía la ausencia de datos fiables– permitió la aparición de especulaciones sobre el futuro de esta contribución, que el tiempo y el mejor conocimiento de las cosas se encargaron más tarde de disipar.

La cuenta más disparatada la realizaron aquellos que estaban convencidos de que la Iglesia, gracias a los diezmos, podía llevar una vida opulenta y acumular riquezas en sus catedrales y palacios arzobispales. Partiendo de este supuesto, la conversión del diezmo eclesiástico en una contribución civil y dedicando su importe a la atención de las necesidades estrictas del culto y clero, podría reducirse notablemente su exacción en beneficio de la clase labradora. Una opción mal calculada y que, además, pasaba por alto que con ella no se suprimiría el diezmo y que, en consecuencia, aunque aminorado, seguiría corriendo a cargo de una sola clase, la labradora; lo que se consideraba injusto, y con razón, puesto que todos recibían los servicios eclesiásticos.

La opción alternativa era, con todo, mucho más dura puesto que, suprimido el diezmo y asumida por la nación la obligación de atender las necesidades del culto y del clero, ¿cómo podía realizarse esto? ¿De dónde sacar el dinero que sustituyese a los productos decimales? No, desde luego, con cargo a los presupuestos ordinarios, que estaban ya en abultado déficit, sino en principio mediante una nueva contribución civil afectada a los gastos de culto y clero.

La operación fiscal consistía obviamente en el establecimiento de un nuevo impuesto –la «contribución del culto y clero»– que no podía coincidir con la del diezmo por un dato esencial, tal como acaba de recordarse: ése era satisfecho exclusivamente por la clase labradora mientras que aquélla había de correr a cargo de todas las clases habida cuenta de que todos los españoles, y no sólo los labradores, estaban atendidos por los servicios religiosos.

Lo anterior bastaba para reconstruir un sistema de recambio viable; pero el ingenio (y la codicia) se percataron pronto de que aún era mejorable si se integraban en el mismo los bienes del clero secular, cuyas rentas venía hasta entonces utilizando la Iglesia para complementar los ingresos decimales; pero que a partir de ahora ya no eran necesarios desde el momento en que el Estado se hacía cargo de todas sus necesidades. En su consecuencia, lo más lógico era nacionalizarlos y aplicar sus rentas –y eventualmente el producto de sus ventas– a la aminoración de la contribución civil sustitutoria que con este refuerzo, y repartida entre todas las clases de la nación, terminaría siendo insignificante.

e) Los propietarios como beneficiarios de la supresión

En el dictamen minoritario de Gil, Vadillo y Franquet se tenía esta circunstancia por «indisputable»:

Como estimamos indisputable que con la desaparición del diezmo quedan muy especialmente beneficiados los propietarios de tierras a quienes se descarga del pesado gravamen con que las adquirieron y se aumentan con esto sus capitales y productos, creemos igualmente justo que en cambio de este beneficio los propietarios de tierras contribuyan al Tesoro y Crédito público por espacio de diez años (con una módica cantidad).

En la discusión del 26 de junio defendió Álvaro la misma tesis. «Esta contribución –según dijo– «es un censo que existe a favor de la nación y que si se quita es un regalo que se quiere hacer a los propietarios, contra los derechos del resto de los españoles, porque las propiedades están arrendadas en el concepto de pagar el diezmo y seguro es que si se suprime aumentará la renta de ellas a favor de los propietarios y no de los colonos ni de los pobres». Y en igual sentido habían alzado también sus voces Gorosarri el día 22 y Tarancón el 25.

Proyectos de las comisiones

Otra de las peculiaridades de la elaboración de la reforma decimal consistió en la extraña superposición de dos proyectos de ley –el ministerial y el de la comisión parlamentaria– que a veces se contrapusieron y parcialmente se superpusieron hasta terminar integrándose en el texto definitivo de la ley.

En el epígrafe anterior vimos no sin cierta sorpresa que el ministerio había presentado inesperadamente un proyecto de ley. Mayor fue, con todo, la sorpresa de las Cortes pues, fiándose de la letra de la Memoria de 21.2.1837, habían creído con toda razón que era a ellas a quienes correspondía la elaboración de tal proyecto; y efectivamente así lo hicieron a fines del mes de mayo o, mejor dicho, lo que presentaron fueron tres proyectos de la misma comisión: el de la mayoría y dos de las minorías.

Empezando por el de la mayoría –firmado por Venegas, Miguel Osca, Martínez de Velasco, Campos, Calatrava, Hompanera, González Alonso, Alejos Burriel, Santonja, Gil Orduña, Alonso, Caballero, Huelves y Díez el 26 de mayo–, es el más breve y de él conviene transcribir lo siguiente puesto que aquí se encontraban las claves del nuevo régimen:

Art. 1. Se suprime la contribución de diezmos y primicias. Art. 2. Se declaran propiedad de la nación todos los bienes del clero secular y los de las fábricas. Art. 3. Los individuos del clero serán dotados por la nación y el culto sostenido y conservado por la misma. Art. 4. Los bienes de que se habla en el artículo 2 serán administrados por las Juntas diocesanas que se crearán. Art. 5. El producto total de estos bienes servirá en parte de pago del presupuesto de la dotación del clero. Art. 6. El déficit hasta el completo de la dotación del clero y de los gastos del culto se suplirá por un repartimiento que se hará en la nación con el nombre de contribución del culto, al cual estarán sujetos todos los españoles en proporción a sus haberes. Art. 10. Los bienes del clero y de las fábricas declarados propiedad de la nación se enajenarán por sextas partes en los seis primeros años, que se contarán desde el de 1840, aumentando la contribución del culto en proporción a lo que los productos disminuyan.

Tarancón, Esquivel, Mata Vigil, López Santaella, Castro, Argüelles Mier, Jóven de Salas y Valdés Busto se apartaron del criterio de la mayoría y optaron por la continuación del impuesto «para evitar el gravísimo inconveniente de proceder en asunto de tal importancia por noticias y relaciones sumamente inexactas y exageradas, el imponente peligro de adoptar repentinamente medios imposibles de realizar»; dejando así la reforma para tiempos mejores y para mayores reflexiones. Éste era, en suma, el dictamen de la prudencia, en el que se posponía la gran reforma para «cuando la experiencia, la reunión de datos que hoy faltan, el arreglo de la Hacienda pública, el del clero y la situación tranquila y menos agitada del país, ofrezcan más seguridad de acierto en ésta y otras medidas administrativas en que ensayos desgraciados pueden causar daños enteramente imparables». En consecuencia el voto, en espera de tiempos más favorables, posponía la continuación provisional de la percepción con algunas modificaciones de escaso relieve como la suspensión de «los diezmos de jornales, de soldadas y demás puramente personales que se han pagado hasta ahora en algunos puntos del Reino» o la prohibición de «todo acto de enajenación de los bienes correspondientes a las iglesias, beneficios o corporaciones eclesiásticas».

El proyecto de la segunda minoría, firmado por Pedro Gil, Vadillo y Franquet dos días después, o sea, el 28 de mayo, tenía, a diferencia de los anteriores, una argumentación prolija y venía acompañado de cuadros con cálculos minuciosos. En él se abogaba por la supresión inmediata de los diezmos, aunque con la precisión de que el déficit hasta el completo del presupuesto del clero y réditos de los partícipes legos sería cubierto con una contribución de 98.400.000 reales, denominada de culto, y otra de 68.100.000 denominada de subrogación (art. 6) y el sobrante, después de cubierto el presupuesto del clero y Tesoro, será entregado al Crédito público, para cubrir el déficit respectivo que tuviere por la abolición del diezmo y lo restante será anualmente aplicado a la amortización de la deuda nacional (art. 12). Los firmantes advertían, no obstante, que si aceptaban la supresión inmediata del diezmo, lo hacían por asentir con el empeño del gobierno, dado que personalmente entendían que «en las actuales circunstancias, en que careciéndose de datos auténticos y exactos de los valores del diezmo, de las propiedades del clero secular y de sus rendimientos (...) puede ser arriesgado tocar a una contribución tan conocida y el sustituirla por otra u otras que no lo sean tanto».

Así estaban las cosas cuando sin previo aviso presentó el ministro de Hacienda su propio proyecto, colocando a las comisiones en una situación muy delicada puesto que tenían que pronunciarse ahora sobre un texto ajeno cuando ya contaban con tres propios.

La situación no podía ser, pues, más extraña y así lo comentó Tarancón en la sesión del 25 de mayo: «27 éramos los individuos de estas tres comisiones de Hacienda, Diezmo y Negocios eclesiásticos. Las reuniones han sido muchas. Las discusiones muy luminosas y animadas y casi todas ellas con asistencia del sr. ministro de Hacienda. Los planes propuestos para suplir el déficit que iba a dejar la supresión del diezmo han sido infinitos. Y a pesar de tanta ilustración y de que el gobierno después de limitarse primero a lo que llamaba iniciativa intelectual, la ha convertido después en efectiva y política no ha reunido la que se presenta como mayoría más que catorce votos, sosteniendo once individuos otros dos dictámenes particulares y quedando dos sin firmar ninguno. De suerte que la mayoría consiste en un solo voto». Sin olvidar, no obstante, que, como hizo observar Mendizábal en la misma sesión, «en el último mes, cuando estaba casi conforme una mayoría grande, esas mismas tres comisiones recibieron mucha alteración en los individuos que las componían, pues fueron reemplazados varios de ellos que no tuvieron tiempo de asistir a las sesiones».

¿Qué podían hacer las Cortes, entonces, con estos cuatro proyectos? Díez lo contó en la sesión de 19 de junio: Llamadas al estudio del caso las tres comisiones de Diezmos, Hacienda y Negocios eclesiásticos, puesto que las tres estaban afectadas por la materia, decidieron que «para que el trabajo fuese más fácil y las dificultades que pudieran ocurrir se allanasen mejor, se dijo que se nombrase una comisión de tres individuos de cada una de ellas que presentase las bases y que luego se procediera a la discusión y examen del proyecto de ley. En efecto, se nombró esa comisión, de la que tuve el honor de ser individuo y secretario, la cual trabajó en extender las bases y en varios días de los que se ocupó de esto asistió el sr. ministro de Hacienda. Redactadas las bases se reunieron las comisiones y según su acuerdo se procedió a extender el proyecto de ley que se forjó por la mayoría de las comisiones reunidas y se presentó a la Mesa y a las Cortes. Con posterioridad viene el gobierno con la última memoria en la cual incluía el proyecto de ley que el sr. ministro de Hacienda quiere que se discuta con preferencia o con exclusión y las Cortes dijeron: pase esta memoria a las tres comisiones reunidas para que den su dictamen y vean si tienen que modificar o no su proyecto. (Las comisiones, no obstante, insistieron en los suyos, según se ha explicado antes)».

En definitiva las Cortes sostuvieron que lo que se iba a discutir era su proyecto (el de la mayoría) y así se hizo. Pero es de notar que a lo largo del debate el ministro de Hacienda logró que algunos artículos de la comisión fueran sustituidos por el texto que aparecía en el proyecto del gobierno.

Hasta aquí hemos visto, pues, cuatro proyectos más o menos formalizados: tres elaborados por las comisiones reunidas y otro por el gobierno. Conste, sin embargo, que las opciones no se agotaban con ellos puesto que a lo largo del debate se presentaron otras soluciones.

La quinta de la lista se debió a Álvaro, quien en la sesión del 30.5.1837 presentó la siguiente proposición (que no fue admitida a discusión):

Para ocurrir a las necesidades de la guerra pido a las Cortes se sirvan decretar: 1. Que los diezmos en el presente año de 1837 se apliquen al Tesoro público, destinando la cuarta parte de su producto para el sostenimiento del clero y demás atenciones que en el día se satisfacen de aquella contribución. 2. Que la recaudación y administración se verifique por una junta compuesta en cada provincia del intendente, el párroco más antiguo y un individuo de la diputación provincial.

La sexta opción fue formulada, mas no formalizada, por Sosa en la sesión del 1.7.1837 en los siguientes términos: «Yo quería que no se suprimiese el diezmo sino que esta contribución religiosa se convirtiese en contribución civil del Estado y que para aliviar a los labradores de este enorme peso con que han vivido abrumados se les relevase de todas las demás contribuciones directas sin exigírseles ni un solo maravedí ni aun por la bula de la Santa Cruzada que debiera repartírseles gratis».

Y, por último, de recordar es la propuesta por Manuel Gómez en la sesión del 13 de julio: «Porque hablo con el conocimiento que me ha dado la experiencia de muchos años, ruego a las Cortes que si no quieren hacer complicado un asunto sencillísimo se limiten a las medidas adoptadas en el año 21, es decir, que inmediatamente se forme un inventario de los bienes del clero secular, dejándole la administración con absoluta prohibición de enajenar y con la precisa obligación de dar cuenta anual de sus productos para abonarle lo que le falta a sus respectivas asignaciones».

A lo anterior hay que añadir la iniciativa del gobierno, que ahora parecía dispuesto a participar más activamente en la elaboración del proyecto, como aparece en el oficio de Mendizábal de 29.5.1837 (Gaceta del 17 de junio) dirigido a las Cortes:

El gobierno de S.M. ha creído muy propio de su deber manifestar a las Cortes cuál es su opinión sobre el sistema que convenga elegir (...) Después de continuas y profundas meditaciones se ha decidido por el que expondrá en la Memoria de los presupuestos (pero como tardará en terminarla, enviará esta parte separadamente, que ya está hecha).

El 7 de junio, en fin, las comisiones reunidas presentaron el siguiente informe:

Los principios sobre que está basado (el proyecto del gobierno) son los mismos que el sr. ministro de Hacienda desenvolvió en las comisiones, y éstas acordaron las bases de su proyecto casi siempre en absoluta conformidad con S.S. De aquí es que el proyecto de ley de las comisiones es con el del gobierno una misma cosa en lo principal, y sólo se diferencia en algunos particulares. Las comisiones creen que no deben hacer alteración alguna en su proyecto y que las Cortes (deben examinarlo) teniendo presente el proyecto de ley del gobierno.

De interés resulta en todo caso recoger aquí las «bases del plan» que se presentó por el gobierno en el mismo mes de junio y que nos ofrecen una visión general de sus intenciones, que luego podremos comparar son sus realizaciones:

1.º Adjudicación a la nación de todos los bienes del clero secular, sin distinción de origen, aunque con ciertas restricciones a favor del mismo clero, mientras su suerte futura no quede al abrigo de cualesquiera vicisitudes, y extendiéndose esta precaución a los partícipes legos hasta tanto que sus derechos se conviertan en una propiedad material. 2.º Creación de un impuesto nuevo más bien de una capitación personal derramada por las diputaciones provinciales, repartida por los ayuntamientos, recaudada y distribuida por éstos con concurrencia de los interesados o individuos del clero y percibida por mitad en dos épocas del año. 3.º Aumento de una contribución, ya establecida sobre la propiedad territorial y pecuaria, en resarcimiento de la pérdida de rentas decimales y en muy inferior equivalencia de los ahorros del contribuyente por la supresión del diezmo. 4.º Suspensión por un determinado número de años de la facultad de alzar el precio del valor actual del arrendamiento de las fincas sujetas al pago del diezmo antes de su abolición.

Dos nuevos proyectos de ley de 28.6.1837

La primera fase de la elaboración parlamentaria descrita en los epígrafes anteriores había tenido una evolución lineal que se suponía había de finalizar en una ley en la que se recogiese el proyecto con más o menos alteraciones introducidas en el debate. Y sin embargo no sucedió así puesto que el procedimiento se quebró bruscamente abriendo una segunda fase de la manera más inesperada.

El 28 de junio de 1837 cambió por completo la situación debido a la inesperada presentación en las Cortes de dos nuevos proyectos de ley: el uno ordenando la continuación por un año de la exacción del diezmo ya abolido (en la medida en que se había aprobado el artículo primero del proyecto inicial, que así lo declaraba); el otro pidiendo autorización para vender de inmediato una parte de las fincas pertenecientes al clero. Estos proyectos suponían una transformación sustancial de la política hasta entonces seguida y, aunque entraban en evidente contradicción con todo lo anterior, contenían una dosis de realismo hasta entonces desconocido. El ministro parecía haberse dado cuenta, al fin, de que su política anterior era literalmente fantasiosa y de realización imposible debido al desajuste temporal entre la supresión del diezmo y la recaudación de la eventual contribución sustitutoria. Estas dificultades son frecuentes en el ámbito fiscal y suelen resolverse mediante una sencilla fórmula transitoria de tal manera que el tributo suprimido continúa percibiéndose hasta que empieza a ser efectivo el de reemplazo.

Algo de esto hizo entonces Mendizábal puesto que prorrogó la recaudación del diezmo un año más; pero no abordó la cuestión de frente ya que no se preocupó de ordenar la contribución alternativa, permitiendo así que la brecha siguiera abierta. Y para poder ir tirando arbitró un sistema original y escasamente viable, muy propio de él, que consistía en repartir el producto del diezmo abolido (y prorrogado) en dos mitades: una para atender a las necesidades del culto y el clero y la otra adjudicada al Tesoro público, aunque esto significase una evidente apropiación indebida de medio diezmo cuyo producto se desviaba de los fines originarios que justificaban su existencia. Y, además, para complicar más las cosas, mediante el segundo proyecto solicitaba la enajenación de bienes del clero por valor de 100 millones de reales, algo tan incongruente con lo que venía aprobándose que el propio ministerio terminó retirándolo a las pocas semanas de haberlo presentado.

El proyecto principal venía precedido de un largo preámbulo en el que se hacía un esquemático adelanto de los presupuestos donde se calculaba un déficit de 660 millones de reales sobre unos ingresos de 940 y unos gastos de 1.600. No se sabe exactamente por qué se presentaron aquí estas cuentas que en principio nada tenían que ver con el diezmo. Probablemente se haría para justificar las ventas de cien millones, que algo aliviarían el déficit así como la desviación al Tesoro público de la mitad del producto.

A estos efectos lo que más interés tiene es que, además de los cien millones por la venta de fincas del clero secular, se calculaba en 140 millones el valor de la mitad del diezmo con la advertencia de que

aunque en materias de diezmos suelen ser exagerados los cálculos, considerando que la mitad que en este año se ha de aplicar al Tesoro es del producto íntegro de la contribución, sin el descuento del noveno, excusado y tercias, puede esperarse que el rendimiento llegue y aun pase de los figurados 140 millones.

Del texto del proyecto son de retener aquí los siguientes preceptos:

Art. 5. Se declara que en la mitad aplicada a la nación se entienden y quedan comprendidas todas las prestaciones que se hacía a la misma con el nombre de rentas decimales y subsidio del clero. Art. 6. Se declara igualmente que con la mitad íntegra del diezmo, destinado a los gastos del culto, subsistencia del clero y satisfacción a los partícipes legos, queda cumplida la obligación de cubrir estas atenciones hasta fin de febrero del año próximo venidero. Art. 7. También se declara que la otra mitad que se adjudica a la nación se considera como la parte correspondiente a la clase agricultora en la contribución extraordinaria de guerra que se decrete para toda la nación.

La división en dos mitades del importe del diezmo y la aplicación de una de ellas a las necesidades del culto y clero no fue una decisión arbitraria sino que respondía a un antecedentes muy preciso ya que esto era lo que se había hecho, poco más o menos, en el Trienio y en el fondo no suponía más que un reajuste de cuentas. Porque, como se recordará, sólo la mitad del diezmo (el 56%) correspondía a las atenciones eclesiásticas, siendo la otra mitad del Estado (el 44%), sin contar las participaciones de los legos. Lo cual significaba que la Iglesia podía sobrevivir con la mitad, y esto era en definitiva lo que ahora se la adjudicaba: casi, por tanto, una mera operación contable de adjudicaciones.

En cuanto al segundo proyecto (que terminó retirándose) constaba de un solo artículo que decía así:

Se autoriza al gobierno de S.M. para que pueda vender de las fincas rústicas y urbanas que hoy pertenecen al clero, las que basten a producir un líquido de cien millones de reales, haciéndose las ventas por subastas públicas y con la condición de que los compradores no han de entrar a percibir las rentas hasta el 1.3.1838, aplicándose las que se devenguen hasta esa fecha a las iglesias y cabildos que poseían las mismas fincas.

La comisión parlamentaria especial evacuó su dictamen el 4.7.1837 y, tomando nota del anuncio ministerial de que el segundo proyecto iba a ser retirado, aprobó en lo sustancial el primero declarando con enorme optimismo y total ignorancia de la realidad

que de este modo, cubierta por el año actual la respetable atención del culto, clero y partícipes legos con una distribución más equitativa que la observada hasta aquí, quedará tiempo suficiente para proceder detenidamente al arreglo del nuevo sistema, asegurando más el acierto en el repartimiento de la contribución personal o cualquiera otra que aprueben las Cortes en subrogación de la decimal.

Con este preámbulo la comisión, a la vista de las iniciativas del ministerio y de sus propias consideraciones, propuso un nuevo texto, que cuidadosamente debatido en las Cortes (como se relatará inmediatamente) terminó recogiéndose en el decreto de 16 de julio (1837).

Decreto de 16 de julio de 1837

Al cabo de tantas proposiciones, proyectos, dictámenes y deliberaciones la comisión especial (integrada por Martínez Velasco, Tarancón, Ayllón, Joaquín Gómez, Huelves, Vicens y Madoz) firmó el 4.7.1837 un dictamen favorable a los dos proyectos de ley presentados por el gobierno el 30 de junio. Debiendo notarse que al acuerdo se había llegado gracias a «la disposición del gobierno a retirar y sustituir por otro medio el proyecto sobre la venta de bienes del clero».

Como consecuencia de este dictamen las Cortes aprobaron seguidamente sin dificultad un curioso doble sistema superpuesto no obstante sus contradicciones: por un lado, el regulado en el decreto de 16 de julio y por otro el del decreto de 29 del mismo mes. El primero de carácter provisional y el segundo definitivo o, al menos, éste era su alcance formal porque de hecho los dos fueron igualmente efímeros y lo que de veras sustancialmente les distinguía era que uno estaba inspirado en principios y sus objetivos eran ideológicos, mientras que el otro era eminentemente pragmático y trataba de hacer efectivo un régimen que en la práctica resultaba irrealizable. Ni que decir tiene, sin embargo, que esta compatibilización entre los principios y la práctica resultaría muy forzada y, al final, nada pudo mantenerse hasta que los progresistas cedieron el poder a los moderados y éstos abordaron la cuestión desde su raíz.

El decreto de 16.7.1837 era de naturaleza deliberadamente provisional, transitoria o «de una sola vez» y se articulaba sobre los siguientes ejes estructurales: En primer término prorrogaba en un año la percepción del impuesto, pero variando sustancialmente su naturaleza ya que ahora se convertía en una contribución civil (y especial) del Estado. En palabras del artículo uno,

se cobrarán por el presente año decimal, que concluye en febrero de 1838, todos los derechos que componían la contribución conocida hasta ahora con el nombre de diezmos y primicias y se declara que todos los productos de esta contribución pertenecen exclusivamente al Estado como la parte correspondiente a la agricultura, de la contribución del culto y de la extraordinaria de guerra, que las circunstancias hacen necesaria.

En segundo término su recaudación se dividía en dos mitades, como ordenaba el artículo 2:

Su importe total se dividirá íntegramente, aplicándose una mitad a las obligaciones del culto, clero y partícipes legos en proporción a sus respectivos derechos, y a la otra mitad a las atenciones del Tesoro público.

La mitad correspondiente al culto y clero sería distribuida «entre los individuos del clero, fábricas de las iglesias, partícipes legos y demás corporaciones y personas eclesiásticas que hayan tenido parte hasta ahora en los diezmos, tomando por base las asignaciones que la comisión de Negocios eclesiásticos propone en el proyecto de arreglo presentado a las Cortes, hasta que éstas resuelvan lo que definitivamente deba satisfacerse» (art. 3). He aquí, pues, una segunda conexión fiscal. Si en el artículo primero vimos la que se establecía con la contribución del culto y la extraordinaria de guerra, ahora vemos que todo se hacía depender de la contribución de culto. Ahora bien, como en esa fecha nada se había hecho todavía sobre la contribución de culto y como la de arreglo del clero no sería nunca sancionada por la Corona, he aquí que la única conexión posible era la relacionada con la extraordinaria de guerra.

Una conexión, por cierto, singularmente complicada y que se canalizaría de la siguiente manera: lo pagado a título de diezmo se descontaría de lo que había de pagarse como contribución extraordinaria de guerra, es decir, que sólo habría que pagar la diferencia si la cuota de la extraordinaria fuere superior a la decimal (como sería el caso ordinario); y si lo pagado por diezmo fuera superior a la cuota de la contribución extraordinaria, «la parte que excediese se admitirá a cuenta de las contribuciones sucesivas» (art. 8). Cuando el sujeto pasivo de ambos impuestos fuera el cultivador directo, el cálculo era sencillo; pero cuando quien pagaba el diezmo, como sucedía de ordinario, era el arrendatario, que no estaba obligado a coadyuvar en la contribución extraordinaria de guerra (que correspondía al propietario) entonces había que realizar otro cálculo: lo pagado por el diezmo se descontaba de la renta a favor del arrendatario y luego se descontaba de la cuota de la extraordinaria de guerra a favor del propietario. Y todo eso para cientos de miles de contribuyentes y, por descontado, sin apoyo informático alguno.

Así las cosas existía el riesgo de que, entre unos y otros, se retrasase la percepción de los frutos. Para evitarlo dictó Mendizábal la Real orden de 17.7.1837 encareciendo a los empleados provinciales de Hacienda para que, con la cooperación de los administradores de rentas decimales, se «proceda desde luego a recolectar y recoger todo lo perteneciente a la actual cosecha, desplegando un celo y una actividad extraordinaria para que la Hacienda pública no sufra perjuicio ni haya dilapidaciones, ocultaciones ni abusos».

Este régimen en principio era para una sola vez, para el año decimal de 1838, pues se daba por supuesto que en ese tiempo habría ocasión más que suficiente para organizar las nuevas contribuciones de culto y guerra. Pero como éste no fue el caso, hubo que disponer otras prórrogas posteriores. Lo que permite afirmar que tal régimen no fue tan provisional o de una sola vez, como se había anunciado.

Decreto de 29 de julio de 1837

Dos semanas después de haberse aprobado el Decreto anterior, se aprobó este último con carácter definitivo e indefinido, dándose formalmente por liquidada la cuestión de los diezmos y primicias. Al menos así parecía darlo a entender su contundente artículo primero que sin restricción alguna declaraba que «se suprime la contribución de diezmos y primicias y de las prestaciones emanadas de los mismos». Lo que no obstaba, como sabemos, a que una contribución tan solemnemente suprimida siguiera percibiéndose en virtud de prórrogas sucesivas bien sea en su totalidad o en su mitad.

En el artículo segundo –y aunque ello no tuviera una conexión directa y necesaria con el impuesto abolido– se nacionalizaban «todas las propiedades del clero secular», a las que había de darse el siguiente destino: mientras formaran parte del patrimonio nacional «el producto total de estos bienes servirá en parte de pago del presupuesto de la dotación del clero» (art. 6); dejando para más adelante su enajenación: «los bienes del clero y de las fábricas, declarados propiedades de la nación, se enajenarán por sextas partes en los seis primeros años que se contarán desde el de 1840, aumentando la contribución del culto en proporción a lo que los productos disminuyan».

Si el Decreto del día 16 (el transitorio) se conectaba fundamentalmente con la contribución extraordinaria de guerra, he aquí que el del 29 con la que se conectaba era con la contribución de culto, que era el impuesto sustitutorio o alternativo del decimal, el cual se nutriría de las siguientes partidas: primero, por el importe de las rentas de los bienes del clero secular nacionalizados y luego, la diferencia, se llenaría con la nueva contribución, cuyo importe iría aumentando progresivamente a medida que a partir de 1840 se fuera vendiendo el patrimonio y, en consecuencia, disminuyendo sus rentas, según declaraba el artículo 7: «El déficit hasta el completo de la dotación del clero y los gastos del culto se suplirá por un repartimiento que se hará en la nación con el nombre de contribución del culto, al cual estarán sujetos en proporción a sus haberes todos los contribuyentes a las demás cargas del Estado».

El decreto no se olvidaba de los partícipes legos, para los que se establecía también un doble régimen de aplicación sucesiva. En una primera fase se les pagaría la cuota correspondiente una vez cumplidos los requisitos del art. 12:

Para que los partícipes legos puedan seguir percibiendo las partes alícuotas que les correspondan en la contribución del culto, justificarán en el término de 90 días por los medios legales la calidad de tales partícipes.

Pero a continuación estaba prevista una segunda fase de redención:

Para cuando se haya fijado el derecho legítimo de los partícipes legos, las Cortes determinarán por una ley especial el modo de graduar e indemnizar los capitales, dejando desde entonces de percibir la parte alícuota de contribución del culto que haya gozado como tales partícipes.

Una vez más se trataba, no obstante, de una prevención irreal puesto que dicha ley jamás aparecería. En definitiva y después de tanto hablar, se había terminado estableciendo una regulación tan provisional como la anterior, que no se resolvería hasta las reformas moderadas de 1845.

En resumidas cuentas, el contenido de esta ley era contundente y, en sí mismo considerado, también coherente, dando la impresión de que la «cuestión decimal» estaba ya definitivamente resuelta con los siguientes logros: 1. La contribución, antes eclesiástica, se había nacionalizado. 2. Los bienes, antes de la Iglesia, también se habían nacionalizado, completándose con ello la desamortización eclesiástica iniciada poco antes con la desamortización de los bienes de las extinguidas comunidades religiosas. 3. Las atenciones del culto y del clero quedaban aseguradas por la nueva contribución del culto. Ésta es la lectura abstracta, ideológica, separada de las circunstancias históricas del momento.

Ahora bien, esta primera impresión tan elogiosa se enturbia gravemente por una serie de circunstancias que la convirtieron en inviable: 1ª. La ausencia de una ley de arreglo del clero (aprobada por las Cortes mas no sancionada por la Reina Gobernadora) sin la cual no podía saberse lo que iban a costar las atenciones del culto y del clero. 2ª. La ausencia de una regulación de la anunciada contribución del culto, que junto con lo anterior impedía el establecimiento de un gravamen preciso, con la consecuencia, en último extremo, de que todo quedaba en el aire, puesto que un sistema no puede funcionar si falta alguna de sus piezas esenciales. 3ª. La enemiga de los moderados, que pronto se cuidaron de anular las disposiciones fundamentales de estas leyes, de tal manera que al terminar la Regencia de María Cristina la situación en este punto era sencillamente caótica y su ordenación no llegó a cerrarse hasta el advenimiento del largo período moderado durante el reinado de Isabel II.

En definitiva, pues, el gobierno Calatrava-Mendizábal –y en general los gobiernos liberales progresistas– no lograron ordenar el diezmo ni las dotaciones del culto y del clero; pero consiguieron, al menos, dos objetivos inequívocamente revolucionarios en cuanto que supusieron un desmantelamiento de las estructuras del Antiguo Régimen: la nacionalización de la contribución decimal y la desamortización de los bienes del clero secular. Por estos éxitos indudables pagaron sin vacilar el elevado precio del caos provocado, que los historiadores posteriores suelen pasar por alto por fijarse sólo en la letra de las leyes.

Con los dos desconcertantes decretos de julio cerraron las Cortes constituyentes la breve y azarosa singladura pilotada por Mendizábal que se había iniciado en la Memoria de febrero y cuyo rumbo concreto nadie hubiera podido predecir. Porque ni el ministerio ni las Cortes sabían lo que querían y el asunto se les escapó inmediatamente de las manos. En verdad que resulta difícil encontrar en toda la historia parlamentaria de España un ejemplo similar de incompetencia técnica y de cerrazón política. Entre el ministro y las distintas fracciones de las Cortes habían construido un laberinto en el que quedaron encerrados con un problema que ellos mismos habían creado. Creyeron encontrar la salida con estos decretos de julio; pero a todas luces se trataba de una solución no sólo incongruente con los planteamientos iniciales sino además inviables, aunque oficialmente no quisiera reconocerse así.

El motín de Pozuelo de Aravaca y el subsiguiente cambio de gobierno oxigenaron la situación permitiendo un nuevo giro. Pita, el nuevo ministro de Hacienda, era a la sazón un declarado enemigo de Mendizábal y no le dolieron prendas a la hora de criticar su política y de dar un nuevo e inesperado golpe de timón. No era partidario, desde luego, de resucitar el diezmo eclesiástico (suponiendo que ello hubiera sido posible); pero tampoco estaba dispuesto a continuar con remiendos ni ficciones insostenibles. Así que decidió llamar a las cosas por su nombre y actuar de la manera que casi todos deseaban y ninguno se atrevía a manifestar, es decir, a extraer las consecuencias lógicas de la declaración de que el antiguo diezmo se había convertido en un impuesto estatal y dejó a un lado las ambigüedades de cobro por mitades, asignando, sin más, todo el producto al Tesoro público y a los gastos de la guerra.

Una decisión traumática que rompía con todo lo que venía haciéndose hasta entonces. Pero Pita Pizarro no era hombre de sutilezas ni le tembló el pulso al llevar a cabo este giro capital a través de una simple Real orden, es decir, de espaldas a las Cortes. A través de la Circular de 29.8.1837 se ordenaba que el valor de los arrendamientos del diezmo ingresase íntegro en las Tesorerías sin deducción de la mitad asignada al clero y a los partícipes legos.

Con esta disposición se reducía a la nada un trabajo parlamentario de seis meses y se dejaba a un lado la política seguida por el anterior ministerio para iniciar una fase más realista pero menos legal; aunque a la postre tampoco sirvió de mucho porque Pita fue cesado inmediatamente y hubo que seguir con nuevos remiendos.

Reconocimiento del desastre: proposición de J.B.Osca

Ante una situación que se deterioraba inexorablemente cada día, cuando los obras de fábrica de las iglesias tenían que pararse por falta de medios y la miseria asomaba en los curatos rurales, hubo un diputado, Juan Osca que, en vísperas de agotarse la legislatura, tuvo el valor de no seguir desconociendo lo que estaba pasando y la audacia de proponer una solución que contradecía frontalmente el sistema recién aprobado pero que, según él, podía proporcionar algunos recursos al clero y que en último extremo (no hay que olvidar que este diputado era un acérrimo mendizabalista) recordaba el sistema sugerido y fracasado de la Memoria de 2.2.1837:

Pido a las Cortes se sirvan declarar que no pudiendo de modo alguno continuar la percepción de la injusta contribución del diezmo y primicias, abolida ya por una ley de las mismas sancionada por S.M. y no sancionándose la del arreglo del clero que es complementaria de aquélla, los pueblos en el año próximo de 1838 deberán hacer sus contratos particulares con los curas párrocos y asistentes que les suministren el pasto espiritual para cubrir los gastos del culto de cada parroquia.

El pragmatismo de esta proposición era evidente: si el sistema oficial había fracasado y ni siquiera había podido ponerse en marcha, puesto que ni los labradores pagaban a los recaudadores ni el Gobierno pagaba a los curas, lo más sensato era renunciar a tal sistema y que los pueblos resolviesen por sí mismos la situación prescindiendo de mecanismos oficiales burocráticos, entendiéndose directamente con sus párrocos, dejando a un lado a canónigos y dignidades a quienes –como decía J. Osca– ni conocen ni necesitaban. Se reconocía, por tanto, el fracaso del sistema fiscal pero también el del propio Estado y, una vez más, era la sociedad civil la que tenía que intervenir para cerrar la brecha institucional y económica. Nos aproximamos así a la fórmula moderna –pero apuntada ya entonces por Sancho– de que «pague la misa el que va a ella», con la consecuencia de que el que no tenía feligreses, como era el caso de los canónigos, que no cobrase.

La solución «popular» de la cuestión decimal fue un tema recurrente. Visto el fracaso de los ensayos que sucesivamente se fueron intentando hasta la gran reforma fiscal de 1845. Un buen ejemplo puede verse en la pintoresca propuesta de ley presentada por Torrente el 11.5.1841:

La nación española no debe ni puede presenciar el cuadro triste que presentan los ministros del altar sin aplicar prontamente el remedio; dejar confiada su suerte a los productos de los bienes nacionales sería defraudar a los acreedores del Estado de estas fincas que les están adjudicadas; trasladar su pago a las cajas públicas sería dejar siempre vacilante e incierta la suerte de dicho clero; fundar su manutención en la venta de bienes de los mismos sería una decepción poco decorosa porque al poco tiempo de vendidos éstos quedarían probablemente sin dotación y sin bienes. Es preciso, pues, fijar de una vez medios seguros, infalibles y perpetuos.

A cuyo efecto se proponía lo siguiente:

2. En cada uno de los 22.000 pueblos de que se compone la península se cultivará por cuenta procomunal una parte del terreno con el nombre de campo patriótico, destinando a este objeto un millón de fanegas de sembradura. 4. Para el acotamiento, descuaje y cultivo de dicho campo concurrirán todos los vecinos en igualdad, siendo de cuenta de los no agricultores sustituir a sus expensas las yuntas o jornales que les correspondan a proporción de sus haberes. 6. Los ayuntamientos anticiparán la simiente así como cualquier otro gasto que concurra hasta la recolección.

Avatares posteriores

Aunque sea desbordando la etapa cronológica que nos ocupa parece útil satisfacer la curiosidad del lector informándole sobre el tramo final de esta historia de los diezmos, tan apasionante como caótica.

Terminada la legislatura constituyente, hubo que seguir prorrogando la percepción del medio diezmo un año más, aunque repartiéndose ahora su producto en un tercio para el clero y los otros dos para el Estado (ley de 10.6.1838) e insistir en el establecimiento de comisiones técnicas para su estudio. El 21.7.1838 se aprobó a título provisional la ley para la dotación del culto y clero. Y para enredar más las cosas el 11.1.1839 proyectó Pita una nueva contribución al tiempo que el 1 de junio del mismo año se autorizaba la cobranza de la mitad de su importe (provisionalmente una anticipación a cuenta de lo que las Cortes votasen para el sostenimiento del culto y clero, consistente en la mitad de lo que hasta ahora se había pagado por diezmos y primicias). El 1.6.1839 se prorrogó de nuevo la autorización provisional de percepción del medio diezmo.

La ley moderada de 16.7.1840 sobre dotación de culto, clero y establecimientos piadosos y de beneficencia pareció dar una solución definitiva a este problema, estableciendo –como un sucedáneo vergonzante del diezmo provisional– un impuesto del 4% sobre los frutos de la tierra y ganados al tiempo que se devolvían al clero sus bienes; disponiendo por otra parte que el clero secular continuase en la disposición y goce de sus bienes y fincas sin poder enajenarlas, así como en la percepción de los derechos de estola u obvencionales establecidos e igualmente las primicias. Pero la revolución progresista de otoño de aquel mismo año el 2.9.1841 derogó la ley de julio: el impuesto fue definitivamente abolido y los bienes volvieron a ser nacionalizados; para tornar a suspenderse las ventas en 1844.

En esta interminable obra de la elaboración de una tela de Penélope importa retener dos hilos que se mantuvieron a lo largo de tan contradictorio proceso: la devolución de las fincas vendidas del clero secular y las consignaciones presupuestarias.

Por lo que se refiere a lo primero y continuando el relato de la evolución con posterioridad a la ley de 16 de julio de 1840, la de 2.9.1841, quebrando de nuevo el rumbo, volvió al régimen de 1837, es decir, a la orden de enajenación de los bienes del clero secular. El 8 de agosto de 1843 se expidió un Real decreto mandando suspender estas ventas, incluidas las de los bienes de las comunidades de monjas hasta que se determinase otra cosa. Así hasta que por decreto de 26.7.1844, convertido en ley el 3 de abril de 1845, se mandó devolver al clero secular los bienes, cuya enajenación se había suspendido por el Real decreto de 8.8.1843.

Viniendo ahora a los presupuestos, los presentados en 1841 tenían previstas las siguientes consignaciones (en números redondos): 29 millones para culto y clero de catedrales, 7 para abadías y colegiatas, 145 para clero y culto parroquial, 2 para seminarios conciliares y bibliotecas y 1 para establecimientos de beneficencia; con un total de 184.576.332 reales.

En la ley de 14.8.1841 se fijó en 75 millones la contribución exigible para culto y clero, aunque con la advertencia de que los ayuntamientos habían de contribuir con otros 33 millones para el mantenimiento del culto parroquial. De hecho, en el fugaz ministerio de Mendizábal de 1843 se adjudicaron 14 mesadas de 5 millones cada una para estos gastos. Mientras que en los presupuestos presentados en 1845 se cifraron estas obligaciones en 125 millones.

Al fin se demostró que la fórmula alternativa de la contribución especial de culto no podía nunca dar resultados satisfactorios y la cuestión no se cerró hasta la reforma tributaria de 1845, desapareciendo para siempre la cuestión decimal y la consideración de que los gastos de culto y clero debían financiarse con una contribución especial. A partir de entonces, tales atenciones pasaron a formar parte de los presupuestos generales ordinarios del Estado como un gasto más.

Por otra parte, en 1846 se promulgó la ley de indemnización de los partícipes legos en unas condiciones mucho más ventajosas para ellos que las que se habían establecido en la ley anterior de 1841.

Una desastrosa operación política y una fracasada operación social

El largo proceso de abolición legal del diezmo supuso, en último extremo, una provocación al clero y a la población influida por él, que era numerosísima y que había tolerado a duras penas la supresión del clero regular. Este segundo ataque al clero, ahora al secular, desbordó el vaso de la indignación y contribuyó al deterioro del prestigio inicial de Mendizábal, pero gracias a los beneficios que tantos obtuvieron de la desamortización le fueron perdonadas –aunque no olvidadas– muchas cosas. A Mendizábal le gustaba, con todo, vivir con riesgo, aventurarse en misiones imaginativas y la supresión del diezmo, que nada tenía de urgente, fue una baza con la que perdió definitivamente el juego. En agosto de 1837, cuando los oficiales de Pozuelo de Aravaca se amotinaron contra él, la opinión pública ya le había dado la espalda, aunque es significativo que en el imaginario histórico popular su nombre haya quedado asociado con la desamortización y no con la supresión del diezmo. Desde el punto de vista estrictamente político aceleró el distanciamiento de la fracción moderada, a la que se entregó una nueva bandera por la que luchar y con la que identificarse.

Lo curioso del caso es que los aspectos positivos o modernizadores de la operación los rentabilizó el sistema liberal; mientras que los negativos se cargaron exclusivamente en la cuenta de los progresistas.

Si el desastre político perjudicó al gobierno Calatrava-Mendizábal, influyendo en su inmediata prueba electoral, el desastre social perjudicó a los afectados con independencia de su ideología. Los primeros dañados fueron naturalmente los eclesiásticos a los que las leyes ya habían impuesto una merma sustancial de sus ingresos, reducidos teóricamente a la mitad. Pero de hecho las pérdidas fueron mucho mayores desde el momento en que el gobierno no cumplió sus compromisos. Y el caso es que, de haberlos cumplido, muchos párrocos rurales hubieren salido ganando puesto que los estipendios legales reconocidos, aun siendo modestos, eran en muchos supuestos superiores a la cuota que se les adjudicaba del acervo decimal. A falta del pago de las pensiones estatales (o con su desmesurado retraso) los cabildos subsistieron gracias a que pudieron echar mano de las reservas ocultas, más o menos legales, de que disponían; lo que no era el caso de la mayoría de los eclesiásticos a los que no quedaba otro amparo que la piadosa generosidad de los fieles canalizada a través de contraprestaciones irregulares por servicios religiosos o, pura y simplemente, por la caridad. Fueron años duros hasta que los gobiernos moderados ordenaron la situación; pero la época de esplendor de la Iglesia católica, de sus templos y de sus ministros desapareció para siempre.

Los labradores tampoco salieron ganando mucho puesto que siguieron pagando y de poco consuelo les servía el cambio de nombre de la contribución o la alteración de su naturaleza jurídica. Lo que ellos veían, además, era que «sus» párrocos vivían en las mismas o peores apreturas que antes y en cuanto a éstos no a todos les consolaba el comprobar que se habían reducido las enormes diferencias que antes les separaban de los canónigos y del alto clero.

Los que salieron ganando fueron, primero, los propietarios, tal como se había denunciado con antelación ya que, en casos, pudieron subir los arrendamientos con el señuelo de que el impuesto decimal tradicional había sido suprimido y, desde luego, los arrendadores de su gestión. Como confirmaría pocos años después un diputado de las Constituyentes y reconocido experto agrario, González Alonso (en la famosa La nueva ley agraria, 1840, p. 286), «que nos digan cómo los dueños de las tierras protegidas por la ley han abusado con la abolición del diezmo del derecho que estaban investidos por ella; no fue la ley en sus resultados un alivio del trabajo del labrador, fuelo el del dueño, que autorizado con su absoluto derecho, amenazó con el despojo a quien no le acudiera con el diezmo». Pero los mayores y seguros beneficiarios fueron, como siempre, los adquirientes de los bienes nacionalizados.

Sería exagerado hablar aquí de «desastre», puesto que la situación social no empeoró en este aspecto de manera sensible. Pero sí puede hablarse –y esto es muy grave– de un fracaso de las expectativas sociales que en torno a esta operación se habían creado. Una vez más, la revolución fracasó al no haberse preocupado de los intereses de la mayoría de la población primando los de una minoría, como sucedió con la desamortización en general. Aunque también es verdad que siendo una revolución burguesa, no se podían pedir peras al olmo. Oigamos a este respecto el contundente juicio del tantas veces citado Esteban Canales: «Todo esto no debe extrañar pues encaja con lo que sabemos fueran las características de la revolución burguesa de España: revolución pactada que permitía el desmontaje del viejo régimen sin excesivos traumas para que una parte de sus anteriores beneficiarios (la nobleza feudal), que pudieron integrarse en la naciente sociedad capitalista, conservara una posición privilegiada, ahora sancionada por la legislación liberal. Lo sucedido con el diezmo de legos es una nueva prueba de ello. Ni progresistas ni moderados dudarán de que estos perceptores de diezmos eran sus legítimos propietarios y, por tanto, era preciso resarcirlos del despojo que se les hacía al abolirlos mediante la oportuna indemnización (...) Los liberales –doceañistas o exaltados, moderados o progresistas– supieron ofrecer a la nobleza una solución integradora, aun a costa de aumentar el número de desafectos a la causa de la libertad y de la monarquía isabelina entre aquellos para los que no había lugar en la nueva sociedad que se estaba fraguando».

Otra vez las cuentas galanas de Mendizábal

Lo que más sorprende de todo esto es el alcance económico de la operación –una auténtica ruina cuando no una estafa (o ambas cosas)– que contrastaba con la fama de gestor financiero que rodeaba a Mendizábal. En esta ocasión, desde luego, le salieron mal las cuentas, que siempre fueron «cuentas galanas» mal calculadas por no estar basadas nunca en la realidad.

Desde el punto de vista económico la operación parecía, en efecto, tan brillante como segura. La Iglesia percibía un impuesto que le permitía vivir espléndidamente: casi cien mil personas vivían pasablemente a costa de él (y de otros ingresos relacionados con los servicios religiosos) y varios miles se movían en la opulencia. Un plato demasiado suculento para el hambre crónica del Tesoro público; y Mendizábal fue a por él sin vacilaciones. Pero había que pagar por ese plato y aquí fue donde fallaron las cuentas. Porque el ministro contaba con que el Estado que se quedaba con el impuesto, podía atender las necesidades del culto y del clero con la mitad –y posiblemente con menos– de su producto, siendo la otra mitad ganancia neta para alimentar a un ejército insaciable.

Así lo manifestó expresamente en la sesión de 23.6.1837: si el clero cobra 350 o 300 millones de esta contribución y si ahora hemos calculado «que su manutención no deberá costar más de 151 millones, siempre nos resultará ventaja». Aunque lo más estupendo es lo que añadió a continuación: «Nosotros somos poseedores de 600 o 700 millones de reales de baldíos que se hallan hipotecados a la extinción de la deuda pública y están puestos en venta; pero baldíos cuya compra no solicita ninguno de los tenedores de papel en razón a que están gravadas las tierras con el diezmo. Pues bien, en el momento en que nosotros quitemos el gravamen del diezmo, esas tierras de baldío tendrán salida y aunque sean enajenadas a papel en mil millones, la nación encontrará una economía de 50 millones de reales, importe de los réditos de papel que quedará amortizado una vez enajenada la tierra». Y por si esto fuera poco continuó: «los bienes nacionales, una vez suprimidos los diezmos, aumentarán su valor un 20 o un 25% y de aquí una mayor hipoteca que se encontrará con la supresión del diezmo».

Lo que sucedió en realidad ya lo sabemos. Ni el ministro ni las Cortes consiguieron formalizar –y ni siquiera llegaron a intentarlo– la contribución sustitutoria de culto. De modo que hubo que continuar con el sistema decimal provisionalmente y la mitad que correspondía al Tesoro no apareció por ninguna parte, ya que no llegaba a compensar las antiguas cuotas estatales y de los partícipes legos, a lo que había que añadir las ganancias de los gestores. Mientras que, por otro lado, emergía la obligación estatal de las atenciones del culto y del clero, de tal manera que el Tesoro se hacía responsable de las cantidades que no lograba cubrir el medio diezmo del clero. En definitiva: que no sólo no se había ganado sino que se había perdido. ¿No supondría esto un negocio ruinoso, incluso contando con la incautación de los bienes eclesiásticos? Así lo fue, desde luego, y si de hecho no resultó peor fue porque el Ministerio hizo trampas, es decir, no pagó a los beneficiarios ni eclesiásticos ni laicos. Cuando no se paga y nadie está en condiciones de exigir el cumplimiento, es claro que se evita la bancarrota, pero a costa de estafar a los acreedores. El gran error de Mendizábal fue, pues, de índole contable: un mal cálculo de las previsiones de ingresos. Y conste que no era la primera vez que le pasaba porque ya se había equivocado antes, y muy burdamente, en el cálculo de los rendimientos del adelanto de los 200 millones. Todos estos errores acumulados le condujeron a la gran fanfarronada de prometer que podía acabar la guerra civil con unos recursos exclusivamente nacionales internos que consideraba suficientes.

Pocos decretos de Cortes han venido precedidos de tantos desaciertos técnicos como esta regulación del impuesto decimal. Y en verdad que no podía ser de otra manera si se tiene en cuenta que todo fue impulsado desde un ministerio que carecía de plan y de objetivos. Mendizábal sabía exactamente que lo que quería era suprimir el diezmo eclesiástico y sustituirlo por una contribución civil del Estado que garantizase por otra vía las atenciones del culto y clero, al tiempo que se nacionalizaban los bienes del clero secular para completar la desamortización eclesiástica; y en tales extremos coincidía la inmensa mayoría de los diputados, puesto que eran piezas imprescindibles de la política liberal. Pero el ministro no era consciente de las dificultades de la empresa, ignoraba los medios que podían conducir a tal fin y no se preocupó de reflexionar sobre ellos ni quiso escuchar a quienes tenían algunas ideas al respecto. El resultado fue que los impulsos oficiales cristalizaban en meras improvisaciones que luego había que ir rectificando sobre la marcha y se tomaban en cuenta intereses imprevistos hasta que al final se llegó a formulaciones inicialmente inimaginables. Mas lo peor fue, con todo, que como consecuencia de tantos desaciertos el texto final –o el paquete de textos finales– terminó siendo inviable y hubo que esperar a otros tiempos, y a otros políticos de signo diferente, para que se enmendase mejor o peor el entuerto.

Consecuencias económicas y políticas

Desde el punto de vista económico las consecuencias de la supresión del diezmo fueron devastadoras. Para comprobarlo basta comparar la situación de la Hacienda pública antes y después de haberse realizado esta operación.

Antes de la abolición, el Estado no tenía que preocuparse de la manutención del culto y del clero, que estaba en manos de la Iglesia e incluso sacaba una sustanciosa ventaja del impuesto puesto que en el Tesoro público ingresaba casi la mitad del mismo sin contar con que, además, el clero contribuía con un «subsidio» de unos 25 millones anuales. Y, en fin, todavía quedaba un importante renglón de ingresos procedente de las sedes vacantes, bien dotadas de rentas y diezmos, que ingresaban en sus arcas.

Después de la abolición, en cambio, la Hacienda quedaba gravada con unos 200 millones de reales (que son los que aparecen en los presupuestos para 1841, por ejemplo) por la contribución alternativa de culto y, por si esto fuera poco, se había perdido la participación aproximada del medio diezmo y por descontado el subsidio del clero; y sin olvidar, en fin, que las sedes vacantes dejaron de producir aportaciones de importancia (un dato que, por cierto, no suele aparecer en las cuentas que los economistas de entonces y de ahora han hecho a este propósito). Desventajas que no se compensaban ni mucho menos con la nacionalización de los bienes del clero secular y, sobre ello, la carga de la indemnización a los partícipes legos.

El balance, por tanto, no podía ser más ruinoso para el Tesoro público y hubiera sido aun peor si el Estado hubiera cumplido su compromiso constitucional de asumir las atenciones del culto y clero. Pero es el caso que en su bancarrota, más o menos encubierta, incumplió su obligación pagando con retraso –o no pagando pura y simplemente– las pensiones eclesiásticas, como suelen hacer los deudores arruinados.

Con singular agudeza ha señalado también Fontana (334 ss.) un efecto no esperado de la abolición de diezmo que los analistas solían pasar por alto, a saber, que la contribución sustitutoria alternativa era de naturaleza muy distinta en el sentido de que al pagarse en moneda y no en especie, obligaba a los campesinos a vender sus productos para proporcionarse dinero en metálico, lo que significa «entrar en el mercado»: algo que muchos no habían necesitado hacer hasta entonces por vivir en una economía autosuficiente de subsistencia. Entrar en el mercado agrario significaba pasar a depender de las oscilaciones de éste y no sólo de las condiciones meteorológicas; y es el caso que muchos no pudieron resistir esta prueba y desaparecieron sin llegar a instalarse en el nuevo sistema capitalista. El paso de un sistema a otro inevitablemente va dejando víctimas en el camino. El pequeño campesinado se proletarizó a ojos vistas y la producción agraria fue pasando progresivamente a manos de terratenientes tendencialmente absentistas. Una evolución que los liberales no habían buscado deliberadamente pero que recibieron con satisfacción.

Visto tal panorama surge la cuestión de determinar si tan indudables desventajas se veían compensadas o justificadas, en otro orden de consideraciones, por ventajas de orden político según se afirmaba oficialmente. Porque el gobierno en su ingenuidad estaba convencido de que la supresión del diezmo resultaba tan beneficiosa para la clase labradora que ésta había de agradecérselo con su adhesión a la causa liberal. Esta postura no tiene, sin embargo, demasiada fuerza por varias razones, que la práctica se encargaría pronto de confirmar. En primer lugar, porque los auténticos beneficiarios de la abolición no fueron los cultivadores (tal como se ha visto ya más atrás) sino los propietarios. En segundo lugar, porque lo que veía «la clase labradora» era que con un nombre o con otro el impuesto continuaba e incluso con una cuantía superior: los cambios de nombre y de naturaleza no afectaban al contribuyente, a quien lo que de veras importaba era la carga efectiva que se le imponía. Y, en fin, la hipotética adhesión política de algunos labradores a la causa liberal tenía que corresponderse indefectiblemente con la desafección de las otras clases que antes no tenían que pagar nada por este concepto y que ahora tenían que llenar los huecos abiertos por los menores pagos realizados por la agricultura. En cualquier caso carecemos por completo de indicadores que confirmen –o denieguenla hipótesis oficial. Puestos a conjeturar es probable que el clero rural, al que se habían aumentado nominalmente las pensiones, terminase agradeciendo al gobierno el cambio fiscal. Pero esto únicamente en el supuesto de que efectivamente hubiese percibido las pensiones prometidas; y como esto no sucedió, mal podía agradecer unos pagos que no había recibido y antes bien, aumentaría su resentimiento ahora que tenía conciencia de que tenía derecho a algo que no se le entregaba. Es decir, que si antes su participación en el diezmo era reducida, al menos la cobrara indefectiblemente y sin retrasos. En cambio, ahora, de nada le valían las promesas. Y por otro lado, lo que resultaba seguro era que el Alto Clero, al que se habían adjudicado unas pensiones mucho más bajas que sus participaciones en el antiguo diezmo, no podía estar agradecido al gobierno.

Balance

De ser correctas las anteriores afirmaciones (conjeturas), ¿qué se había conseguido con la reforma? La primera gran ventaja fue de índole más bien académica puesto que el sistema fiscal quedó en este punto sensiblemente clarificado. La segunda gran ventaja fue más bien ideológica en la medida en que gracias a la supresión del diezmo se dio un paso no pequeño hacia la consumación de la revolución liberal que no podía consentir la supervivencia de un impuesto del Antiguo Régimen. Y en tercer lugar, ahora en el terreno político, la gran ventaja política fue la de deteriorar gravísimamente el poder de la Iglesia: un contrapoder que el Estado liberal moderno no podía tolerar. ¿Compensaban estas ventajas las desventajas de otra índole que antes se han enumerado? Tratándose de elementos de naturaleza distinta, resulta imposible ponderarlos de manera objetiva y la respuesta se convierte en un juicio de valor. Para los liberales de entonces y para la mayor parte de los historiadores de ahora las ventajas ideológicas primaron sobre las desventajas económicas y políticas. Otros, en cambio, condenan esta operación por razones de oportunidad. Es decir, que consideran que el diezmo tenía que ser inexorablemente suprimido, puesto que ya carecía de justificación en el siglo XIX; pero 1837 no era el año más adecuado para hacerlo. Con un Estado arruinado y en plena guerra civil no cabían aventuras de este tipo. La operación, en consecuencia, hubiera debido posponerse hasta el final de la guerra civil y, mejor todavía, hasta el momento de una reordenación del sistema fiscal y de la normalización de las relaciones con Roma, o sea, lo que hicieron los moderados diez años después; pero entonces ya era demasiado tarde y el daño ya estaba hecho.

Al cabo de casi diez años de vacilaciones constantes, de idas y venidas, de progresos y retrocesos quedó cerrada, al fin, la cuestión decimal en términos racionales y satisfactorios. Desde el punto de vista fiscal fue suprimida una contribución ambigua por su naturaleza y objetivos, además de recaer sólo en la clase labradora, y las obligaciones que el Estado había asumido para la manutención del culto y del clero fueron integradas en los presupuestos ordinarios como un gasto más. Desde el punto de vista político se desmanteló el poder de la Iglesia que, al perder su capacidad de autofinanciación, perdió consecuentemente su independencia. Desde el punto de vista económico la nacionalización y venta de los bienes pertenecientes al clero secular merecen los mismos juicios, favorables y adversos, que la desamortización eclesiástica en general. Desde el punto de vista hacendístico, la supresión resultó muy perjudicial para el Tesoro, puesto que perdió la importante participación que venía disfrutando de sus resultados; aunque el déficit acumulado se compensase luego con un aumento del gravamen de los impuestos ordinarios.

El balance es, pues, inequívocamente favorable puesto que la operación supuso una racionalización del sistema fiscal y una modernización del sistema político: en el Estado liberal la conservación de los diezmos y primicias resultaba un anacronismo.

Lo que se reprocha, pues, no es el resultado sino el modo en que se hizo: ejemplo de improvisación y frivolidad. Mendizábal inició la operación sin saber lo que quería, ignorando los datos más elementales para su racionalización y sin tener en cuenta sus consecuencias directas ni indirectas.

Además, la supresión del diezmo era una simple pieza dentro de un sistema más amplio que contenía otros elementos inseparables: el arreglo del clero y la implantación de una nueva contribución compensatoria. Pues bien, como estos elementos complementarios no llegaran a buen fin por la oposición de la Reina Gobernadora y la impericia del Ministerio, era inevitable que la cuestión decimal tampoco pudiera arreglarse por sí sola.

Los repetidos desaciertos en este punto de los gobiernos progresistas fueron al fin remediados al cabo de varios años por los gobiernos moderados cuando éstos lograron colocar la cuestión del diezmo en su verdadera dimensión, o sea, dentro del sistema fiscal y dentro también del régimen general de la Iglesia plasmado en el Concordato con la Santa Sede. Porque cuando un problema se plantea mal –como habían hecho los progresistas deslumbrados por el atractivo populista de la supresión pura y simple de un impuesto– es imposible resolverlo sensatamente.

CAPÍTULO 8

HACIENDA

1. POLÍTICA FINANCIERA GENERAL

Juicio de los coetáneos.– Medidas concretas más significativas.– Realizaciones.– Resumen de la gestión financiera.– Herencia dejada: la incógnita del déficit.– El sistema de las Haciendas locales.

No deja de ser curioso que las cuestiones de Hacienda suelan ser examinadas al final de las obras generales. Aquí se respeta esta costumbre aun a conciencia de que su conocimiento explica ciertos comportamientos políticos, aparentemente incomprensibles, ya examinados en los capítulos anteriores. Inicialmente, Mendizábal fue llamado a Londres para que, como reputado especialista, resolviera las penurias económicas del Estado que no habían preocupado mucho a Martínez de la Rosa pero que habían desbordado en seguida a Toreno. Lo más peculiar entonces era la íntima conexión que mediaba entre la Hacienda y la guerra, pues los generales habían manifestado que si no disponían de más recursos no podrían derrotar a los carlistas. De aquí el compromiso que asumió solemnemente el nuevo ministro de reunir fondos suficientes para acabar la guerra. Y de aquí también que su fracaso financiero llevara consigo inevitablemente el fracaso militar.

Las cuestiones que afectan a la Hacienda son numerosas y algunas ya han sido tratadas en capítulos anteriores (como los suministros al ejército o la desamortizaciones de los bienes de regulares); pero aun así, las que quedan por examinar son tantas que ha parecido conveniente adelantar en un epígrafe introductorio el repertorio general de materias para luego ir desarrollando en los epígrafes sucesivos cada uno de los puntos singulares.

Juicio de los coetáneos

Primero la guerra civil y luego la desamortización han sido los dos grandes temas que ocuparon inicialmente a los cronistas de la época y a los historiadores posteriores. La política financiera, y dentro de ella la Deuda, llamaron la atención más tarde y no hemos empezado a ver algo claras las cosas hasta los estudios de Artola y Fontana verdaderamente sensacionales en el momento de su aparición. Desde entonces algo se ha avanzado pero forzoso es reconocer que es todavía uno de los puntos más oscuros de la historiografía y de temer es que siga siéndolo así durante años porque la situación no se despejará hasta que los investigadores no se decidan (como inició ya Artola) a examinar con atención los archivos: un trabajo que, para mayor desgracia, nunca podrá ser exhaustivo por la dispersión de cuentas y sobre todo por la deliberada opacidad con que actuaba Mendizábal y que tanto sacaba de quicio a sus opositores, sin contar las deficiencias técnicas contables, que hacen imposible cuadrar las cifras de entradas y salidas del Tesoro, ni siquiera aproximadamente, como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del capítulo. Algo se ha prosperado, con todo, utilizando al menos fuentes indirectas, como aquí se ha hecho, y fundamentalmente los numerosos documentos publicados en la Gaceta de Madrid y en el Diario de Sesiones de las Cortes, así como los debates parlamentarios en los que auténticos especialistas bien informados, como Aniceto de Álvaro, Núñez, Álvarez García y algunos otros, dieron referencias precisas sobre lo que se estaba haciendo y lo que se estaba ocultando; sin olvidar, claro es, las extensas Memorias justificativas de los sucesivos ministros de Hacienda, Mendizábal y Pita Pizarro, también publicadas.

En este plano de análisis de lo que hemos llamado fuentes indirectas, es decir, no archivísticas, llama mucho la atención el poco interés que han demostrado los historiadores modernos por la descripción que hicieron los continuadores de la Historia de Lafuente, probablemente Borrego, de la política hacendística de Mendizábal en una síntesis (pp. 258 ss.) que todavía no ha sido superada y que, a nuestro juicio, puede servir como punto de partida a este largo capítulo, distinguiéndose entre dos épocas.

Durante la primera –que se extiende de septiembre de 1835 a febrero de 1836– no se hizo prácticamente nada en este campo limitándose Mendizábal a inspirar a Lista unos artículos de la Gaceta llenos de promesas vagas que a duras penas ilusionaban a los abonados. Lo importante fue, con todo, que en esos meses surgió «una comezón de negocios que valió al ministro la clientela de la generalidad de los especuladores al alza. Pero semejante expectativa que mantenía en los ánimos una fiebre de especulación por demás convulsiva no hacía entrar en el Tesoro ni un solo maravedí». Por cuya razón tuvo que desarrollar una actividad frenética que puede desglosarse en los siguientes términos:

a) Negoció 50 millones de reales en letras sobre Ultramar, 50 sobre los azogues y libró otros 50 al descubierto sobre plazas del extranjero y de la Península. En total 150, que sumados a los 350 anteriores hacían 500 millones. Ahora bien, el producto efectivo no llegó ni a la mitad, o sea, que se consumió por adelantado el producto de las rentas más sanas y de hecho obligó a emitir más Deuda pues alguna vez habría que pagar los 350 millones.

b) En un decreto del Gobierno del 16 de febrero se mandó proceder a la liquidación de los créditos no comprendidos en el arreglo de Toreno de 1835, abrumando así a los tenedores de papel consolidado con la competencia que a ellos habían de hacerles los nuevos títulos que con tal liquidación se creaban. Con lo cual se produjo de inmediato una bajada del valor de los efectos públicos en la Bolsa.

c) Expropió los bienes del clero regular afectando su venta a la amortización de la Deuda sin esperar a que las Cortes decidieran sobre ello.

d) Y, en fin, realizó una serie de compras y ventas de papel de diversa rentabilidad y valor.

Este primer repertorio no podía ser, pues, más negativo; y por lo que se refiere a la segunda etapa, es decir, desde marzo de 1836 hasta agosto de 1837, recoge la citada Historia las siguientes actuaciones todavía más deplorables:

a) La ley de arreglo de la Deuda de 1834 había creado títulos activos al 5% para realizar la «conversión» de las antiguas obligaciones, cuyos nuevos títulos debían ser entregados por la comisión de Hacienda creada en Londres en canje de los antiguos documentos de crédito; pero como los acreedores extranjeros recibieron tan mal la especie de bancarrota de que les había hecho víctimas la ley Toreno, no acudieron sino en minoría a efectuar el canje. Y entonces Mendizábal dio orden de vender estos títulos: algo absolutamente irregular porque no debían ser puestos en circulación libre en el mercado sino únicamente para ser canjeados por los antiguos.

b) Como resultado de las negociaciones de los empréstitos de las Cortes de 1821-1823 existía en poder de la Casa Ardoin una no despreciable masa de títulos del 5%, de cuyos valores dispuso Mendizábal, como garantía primero y como medio de pago después, adjudicando a bajo precio el millón y medio de libras que de esta clase de papel se hallaban en poder de las Casas de Ardoin y de Ricardo, de Londres.

c) Intentó un sistema para levantar dinero, cuyos resultados venían a reducirse a que «un duro en poder del Gobierno no valiese más que 10 reales» (o sea, la mitad). El procedimiento era muy sencillo. Se contrataba una operación del Tesoro un tanto aventurada, tomando diferentes formas, siendo la más normal la de ofrecer al Tesoro una suma, pagadera la mitad, a veces la tercera parte, en metálico y muchas veces en pagarés o letras, debiendo entregarse el resto en cupones de la deuda, vencidos y no pagados, en libranzas sobre provincias protestadas a su vencimiento y en billetes del Tesoro admisibles por la mitad de su valor en pago de contribuciones. Estas tres clases de valores sufrían un descuento medio del 50%. Y los prestamistas exigían que se les entregasen garantías consistentes en valores negociables como vales o títulos aun con el riesgo de que si eran libranzas no iban a ser pagadas. Pero esta masa de títulos y de valores servían a los prestamistas para robustecer con ellos su propio crédito y acudir a los llamados capitalistas «berrugos» de Madrid acostumbrados a esquilmar a los grandes y a los cortesanos disipados: hombres codiciosos que no se atrevían a negociar con el Gobierno, pero que aceptaban los valores de éste, manejados con la firma de los especuladores que venían a ser los intermediarios entre el Tesoro y la Banca. En definitiva, el Gobierno entregaba al prestamista, a título de garantía, valores negociables que obtenían un precio en el mercado en cantidad suficiente para levantar sobre ellos la suma que habían de prestarle a un interés usurario.

Dejemos las cosas aquí de momento, que todo habrá de irse aclarando más adelante de forma prolija y más inteligible. Lo que queríamos demostrar con esta cita (y con los muchos testimonios parlamentarios que iremos viendo) es que los contemporáneos de Mendizábal se habían percatado perfectamente de que la política financiera de éste no sólo era irregular, ilegal y quizás delictiva sino que además no había aliviado lo más mínimo, antes al contrario, las penurias del Tesoro ni adelantado el término de la guerra civil. De aquí la estupefacción que producen los elogios rituales y entusiastas, salvo las excepciones, que prodigan hoy todavía quienes ni han consultado los archivos ni se han molestado en leer las fuentes publicadas. Por nuestra parte, debidamente alertados ya por esta ominosa advertencia inicial, podemos entrar en el análisis de una cuestión sobradamente compleja.

Medidas concretas más significativas

1. Las medidas financieras adoptadas o propiciadas por Mendizábal en sus sucesivos Ministerios son individualmente bien conocidas; pero hasta ahora nadie –ni siquiera Artola o Fontana– ha conseguido trabarlas en un sistema coherente (con la salvedad, quizás, de la indicada Historia de Lafuente-Borrego). Algo que hace sospechar que tal sistema nunca existió. Según denunció Joaquín Ferrer el 6.2.1837, «como ha dicho muy bien el Sr. González Alonso, esta proposición podría envolvernos en un caos, porque no habiendo presentado el Gobierno el sistema de Hacienda de que nos ha hablado, no debemos ocuparnos de esta materia hasta que llegue el caso». Mendizábal, que se había forjado en los negocios privados y en la Bolsa, era, ya que no desde luego un genio, un hombre con el don de la improvisación y de reacciones prontas e imaginativas; pero carecía por completo de capacidad previsora y la planificación le era completamente ajena. Su especialidad era superar las situaciones difíciles, «salir del paso» cuando todo parecía ya imposible o, en la acertada expresión de su incondicional amigo Agustín Argüelles, «ir trampeando». Unas cualidades singularmente útiles, por lo demás, en unos momentos de extremada penuria y colosal endeudamiento del Estado. Cuando la Reina Regente le llamó por primera vez para formar parte de un Ministerio, el de Toreno, tanto ella como la opinión pública estaban seducidas por sus condiciones de «curandero» cuando no de «milagrero»; y efectivamente galvanizó pronto a un Poder sin pulso y logró que gobiernos de color progresista –es decir, ni reaccionarios ni revolucionarios– sobrevivieran durante más de dos años en situaciones dificilísimas. Pero esto lo logró simplemente por su prestigio, tenacidad y no pocas marrullerías. Ahora bien, cuando había que estudiar detenidamente una cuestión, no se concentraba personalmente en ella y en su lugar gustaba de crear una junta de hombres entendidos que se ocupaban del problema hasta que se olvidaba o enterraba, aunque así podía el ministro salir al paso de las acusaciones de desidia. Por otra parte no hay que olvidar que cuando fue llamado por primera vez al poder no era un político profesional, es decir, que no tenía pensado –ni tenía obligación de haberlo hecho– un programa político, que tuvo que improvisar en un par de semanas y en el que la fiscalidad no ocupaba un lugar preferente.

Su gestión financiera fue hercúlea sin paliativos, pero si encontró al Tesoro público arruinado y en caos, cuando lo abandonó seguía caótico y en ruinas en grado aún más avanzado, como le echaría en cara su sucesor, Pita Pizarro en unos textos polémicos. Pese a sus esfuerzos no se pagaba a los contratistas, los empleados públicos y los pensionistas y cesantes cobraban con retrasos inauditos, el Ejército, salvo las legiones extranjeras, andaba descalzo, desnudo y sin municiones y la Deuda aumentaba cada día al calor de los títulos de Deuda flotante, billetes del Tesoro y arbitrios semejantes, que circulaban bajo cotizaciones mínimas. La bancarrota era una amenaza constante que se manifestó crudamente cuando no pudieron pagarse los intereses de la Deuda extranjera. Y no podía ser de otra manera, porque los recursos eran limitados, la capacidad contributiva al borde del agotamiento, la gestión tributaria cada vez más deficiente y los gastos en progresión vertiginosa. No ya la debilísima Hacienda española, la mejor Administración extranjera tampoco hubiera podido salir del paso ante los tres agujeros insondables de los servicios ordinarios incontrolados, la enorme Deuda interior y exterior y la guerra devoradora de todos los recursos disponibles y no disponibles; a lo que luego, la torpeza del ministro añadiría innecesariamente la sangría del mantenimiento del culto y del clero. La Memoria del 23 de octubre de 1836 acude sin rubor, no obstante, al consabido pretexto de la herencia recibida, silenciando cínicamente que él había sido su administrador durante nueve meses:

Rota la unidad nacional y a excepción de muy contadas provincias, cada una aparecía como un Estado independiente. Gastado o sin fuerza el resorte de la potestad ejecutiva, en nada había cundido más el desorden ni hecho estragos más sensibles que en la Hacienda pública; y no porque sus caudales se malgastaran o dilapidasen, sino porque se invertían sin concierto, sin armonía, sin proporción a las necesidades generales.

Imputaciones ciertas sin duda alguna, pero que también eran aplicables a la propia gestión de Mendizábal que muy poco o nada eficaz había hecho, ni hizo después, para remediarlas, tal como machaconamente le fue repitiendo la oposición.

2. Mendizábal, por otra parte, era un buen polemista parlamentario y tenía una pluma excelente a la hora de redactar Memorias autojustificativas, cuya lectura es útil desde luego, pero que no valen a nuestros efectos puesto que en ellas jamás aparece un plan o un programa, confirmando así la sospecha de que nunca lo hubo. Y el caso es que para ello tuvo ocasiones inmejorables empezando por la Memoria citada de octubre de 1836 presentada a las Cortes en cumplimiento del art. 82 del Reglamento interior de las mismas, que ordenaba a los secretarios del Despacho que concurriesen al segundo día de su instalación a dar cuenta del estado de la nación, cada uno en el ramo que le perteneciese. Así lo hizo en efecto Mendizábal en un escrito muy largo y bien documentado, publicado también en folleto aparte y que todavía hoy constituye una fuente imprescindible de información; pero que en el fondo supuso un fraude parlamentario porque más que describir el estado de la nación, lo que hizo fue un panegírico de sus realizaciones personales como presidente del Consejo de ministros y ministro de Hacienda. Y aunque también dedicó unos párrafos a su gestión como miembro del Gabinete de Calatrava (dos breves meses a la sazón), escamoteó deliberadamente el tema de sus proyectos para el futuro, de su plan o programa en suma. Aparte de un anuncio concreto, aunque harto impreciso, sobre la supresión del diezmo (que se ha estudiado ya con detenimiento en su lugar sistemático), sus declaraciones son declamaciones retóricas carentes en absoluto de valor:

Procuraré que se levante con una actividad reflexiva el edificio de la recaudación, objeto grande y vital que constituye el cargo más grave, el primer deber de mi Ministerio.

Pragmatismo elogiable en principio pero decepcionante a la vista de sus resultados anteriores, harto escasos y sobrados de ingenuidad según aparece en la florida exposición de la misma Memoria parlamentaria de otoño de 1836:

Se procuró aplicar remedios que atajasen abusos inveterados y que corrigiesen males antiguos. Con el fin de conocerlos en su origen y por las ideas y los hechos que comunicaran las autoridades mismas que tenían más interés en desterrarlos y reprimirlos, encargose a los intendentes que hicieran una visita por sus provincias (...) para estimular a los pueblos por los medios más prudentes y adecuados. Este método acarreó muchos beneficios por el impulso que recibiera la recaudación y porque los pueblos palparon que el Gobierno, si bien no podía prescindir de la exacción, empleaba siquiera medios de suavidad para obtenerla, y se hallaba dispuesto a apartar los estorbos que sirvieran para impedirlo.

Este afán autojustificativo se reiteró ante las mismas Cortes justo un año después en la Exposición de 21.10.1837, cuando ya había dejado de ser ministro y nadie le había exigido nuevas explicaciones.

Tal grafomanía contrasta manifiestamente con la tenaz negativa de Mendizábal a dar cuentas puntuales de su gestión. Como hemos de ver en su momento, la oposición se ensañó con él exigiéndole constantemente que rindiese cuentas no sólo de lo que había hecho con el voto de confianza de principios de 1836, sino de sus gestiones cotidianas. Presión a la que se resistió el ministro con los pretextos más peregrinos. En estas condiciones de secretismo resultaba imposible polemizar con él y mucho menos criticarle y más teniendo en cuenta la vulnerabilidad propia de su laxitud de legalidad. El ministro no era, en efecto, ni abogado ni constitucionalista y, como hombre de negocios, nunca tuvo escrúpulos de legalidad ni empacho en confesar públicamente sus convicciones a este propósito como puede leerse en la citada Memoria de 1836 con franqueza tan atractiva como peligrosa y con visos de arrogancia:

Si cuando tan grandes fueran los frutos que se sacaron de las primeras medidas del ministro de Hacienda, es justo todavía que se le dirijan cargos, porque en ellas saltase alguna vez la barrera levantada por las leyes a las facultades del Gobierno, él confesará francamente que jamás dudó de la aprobación de las Cortes. Seguro de obtenerla, no se intimidó por la responsabilidad que pudiera echar sobre sí y confió a los triunfos de las armas españolas la justificación de sus designios.

En este párrafo se encuentran dos de las claves más significativas de la política progresista. En primer término la conciencia de la impunidad de sus actuaciones puesto que se contaba con la seguridad de que las Cortes borrarían con su convalidación posterior cuantas irregularidades inconstitucionales e ilegales se cometieran. Un punto que preocupaba al Gobierno –puesto que sabía de sobra las manchas de sus realizaciones e incluso de su origen– pero que no llegaba a desasosegarle cubierto como estaba por una aplastante mayoría. De este estado de ánimo había dado ya temprano testimonio el Discurso de la Corona de 24.10.1836 al hacer notar que

Yo espero que en la conducta gubernativa que ha seguido, no desmerezca esta confianza; y si algunos de sus actos se han visto precisados a salir algún tanto de la esfera de sus facultades, no duda que, atendida la irresistible necesidad de salvar por ellos al Estado, hallen su justificación en la equidad y benevolencia de las Cortes.

Y en segundo lugar –y esto era aún más relevante que lo anterior– la convicción de que el éxito o el fracaso del Ministerio no dependía de sus logros políticos o financieros sino de la marcha de la guerra civil. Porque si ésta iba bien, todos los errores le serían perdonados y el crédito fluiría en abundancia; y lo contrario si no había triunfos militares que celebrar.

3. Antes de realizar un análisis crítico de la obra financiera de Mendizábal, conviene enumerar las medidas concretas más importantes que adoptó desde la secretaría del Despacho de Hacienda empezando a contar desde su incorporación al Gabinete de Toreno y prolongando el cómputo hasta el Ministerio Bardají para las que en él se aprobaron pero que habían sido preparadas por Mendizábal. Y en verdad que esta relación de medidas parece más que respetable: 1.ª Emitir Deuda por 60 millones de capital al 5%. 2.ª Obtención de 46 millones por redenciones en la quinta de 100.000 hombres. 3.ª Recibir donativos voluntarios por un importe de 18 millones. 4.ª Cargar a las Diputaciones provinciales el pago directo de los suministros del Ejército. 5.ª Reorganizar los servicios de represión del contrabando y de la renta de la sal. 6.ª Establecimiento de una comisión para estudiar reformas de Hacienda. 7.ª Voto de confianza con amplias autorizaciones aunque con obligación de dar cuenta de lo que se realizase. 8.ª Decreto de 16.2.1836 sobre liquidación general de obligaciones del Estado. 9.ª Venta de bienes de las comunidades religiosas. 10.ª Decreto de 28.2.1836 sobre consolidación de las diferentes Deudas. 11.ª Redención de censos. 12.ª Adquisición de fondos para financiar a las legiones extranjeras. 13.ª Regulación de la Deuda flotante. 14.ª Emisión de billetes del Tesoro. 16.ª Anticipo de 200 millones. 17.ª Venta de campanas y objetos preciosos de las iglesias. 18.ª Suspensión de pagos de los intereses de la Deuda extranjera. 19.ª Rebaja de sueldos de los empleados. 22.ª Presentación de presupuestos. 23.ª Nuevos aranceles. 24.ª Presupuesto general y plan de contribuciones. 25.ª Organización de la Contaduría general de Valores. 26.ª Equiparación de provincias e intendencias. 27.ª Preparación de la contribución general de guerra.

La relación es larga ciertamente y confirma el temperamento imaginativo y la actividad (hiperactividad, más bien) del ministro; pero a la vista salta que no respondía a un plan o sistema puesto que todas eran medidas coyunturales que no afectaban a las estructuras y cuyo único objetivo era la supervivencia. Mendizábal, como ministro de Hacienda, era en el fondo un «conductista», o sea, que operaba de acuerdo con el mecanismo psicológico de estímulo-respuesta, sin perjuicio de que sus respuestas fueran a veces originales y hasta sorprendentes. Lo que le perdió siempre fue su falta de reflexión previa –como buen jugador de Bolsa era intuitivo y rápido– y, sobre todo, su incapacidad para montar un aparato administrativo adecuado para desarrollar hasta el final sus ideas.

4. Entrando en el análisis de su eventual política hacendística general, ya se ha dicho antes que ésta es tarea imposible porque suponiendo que tal política hubiera sido expuesta de forma expresa, es evidente a todas luces que el período del Ministerio Calatrava-Mendizábal era inseparable de los dos Gabinetes anteriores, con el mismo titular en Hacienda y, apurando las cosas, no sería en último extremo más que una pieza de la política hacendística liberal, incluyendo aquí los distintos Gobiernos de las dos Regencias y hasta los primeros años del reinado de Isabel II. Al menos Artola y Fontana han hecho siempre un bloque con todos estos elementos para intentar dibujar un sistema mínimamente congruente.

A nuestros efectos aquí podemos afirmar que en este punto el Ministerio Calatrava-Mendizábal fue continuista y de originalidad muy escasa no obstante representar el punto álgido de la política progresista. La verdad es que a la vista de los escasos recursos nacionales disponibles y de la pérdida del crédito extranjero, muy poco margen de maniobra quedaba para el ministro de Hacienda, que no hizo más que «lo que pudo hacer», agotando hasta el extremo las posibilidades pero sin ensayar fórmulas de mayor calado. En la misma Memoria que estamos citando ya se advertía con toda sinceridad que incluso «en las facultades (concedidas al ministro por el voto de confianza) no entraba el hacer una revolución en el sistema establecido de Hacienda, si es que estas revoluciones se hacen alguna vez impunemente». Una vez más, frente a la imagen popular revolucionaria de Mendizábal, aquí asomaba su auténtica veta moderada, posibilista o simplemente reformadora.

A) Donde más claramente aparecieron las indicadas notas de continuismo y escasa originalidad fue en materia de organización administrativa, cuyas manifestaciones no pudieron ser más modestas: la primera de ellas consistió en el establecimiento de «una comisión de hombres acreditados por sus conocimientos en la Hacienda pública (con objeto de proponer) las reformas necesarias». Pero con instrucciones muy templadas porque como se advierte en la Memoria

habíase dicho por un economista con aplauso y premio de uno de los primeros cuerpos sabios de la Europa que todo impuesto viejo es bueno y todo impuesto nuevo es malo (subrayado en el original). Sin admitir a ciegas esta doctrina, me pareció siempre muy respetable, porque produce la consecuencia de que antes conviene organizar sencillamente la recaudación que tocar, ni aun para alcanzar ventajas presumidas, a la base de los tributos.

Una actitud característica de un político moderado e incluso retrógrado, de la que no sabemos si a su pesar tuvo que apartarse Mendizábal en más de una ocasión. En cualquier caso, en este modesto sentido se encontraban sus iniciativas reformadoras en materia de contrabando, nueva regulación del impuesto de la sal, reorganización de la Contaduría general de valores y avisos para activar los trámites burocráticos previos necesarios para lograr esa rendición de cuentas que en las Cortes se le reclamaban y no estaba en condiciones de dar. Mayor trascendencia tuvo su empeño en ajustar las intendencias al nuevo mapa provincial introducido por Javier de Burgos y que tanta oposición encontró en las Cortes, como ejemplo, entre otros varios, de las dificultades de imponer una reforma absolutamente lógica en un contexto político que la hacía inviable.

En cualquier caso, la reforma tributaria se veía como la estación final de un largo proceso que había que ir recorriendo por sus pasos contados... y que naturalmente no llegó nunca. Mendizábal se limitó, por tanto, a dejar anotada la cuestión:

Más ardua era la tarea de examinar detenidamente la índole de todas las rentas o impuestos públicos, de analizar y fijar la trascendencia de sus efectos, de conocer sus ventajas e inconvenientes y de discernir las novedades que, para utilidad común, fuera prudente y necesario introducir en ellas.

Esto no era decir nada sino posponer la cuestión para más adelante: algo que sabía hacer muy bien el ministro. A tal propósito y siguiendo su costumbre «confió a una comisión de hombres acreditados por sus conocimientos en la Hacienda pública la propuesta de las reformas necesarias». Según su propio testimonio, la comisión ya había realizado su trabajo en mayo de 1836, pero la irrupción del Ministerio Istúriz impidió su estudio. Una explicación muy poco fiable porque cuando se reintegró al Gabinete en septiembre no se acordó ni poco ni mucho de las actividades de esta comisión.

B) Si Mendizábal nunca fue –ni pretendió serlo– un experto en materia fiscal, en el ámbito de la Deuda pública y de las negociaciones bolsísticas se encontraba muy cómodo y por ello tenemos que fijarnos en las operaciones de esta índole. Las más famosas fueron sin duda las realizadas en los mercados extranjeros, singularmente en Londres, para obtener dinero metálico sin vender título alguno, y ni siquiera empeñarlo y sin acudir tampoco a un empréstito (que, por lo demás, nadie le hubiera facilitado). Una operación aparentemente asombrosa, más propia de un mago que de un político y que tanto desconcertó entonces a los españoles que prefirieron crear un mito a leer el Diario de Sesiones donde todo quedó explicado en varios lugares y en especial en la Memoria de octubre de 1836. Lo que había pasado no podía ser más sencillo puesto que se trataba de vender Deuda consolidada de cotización relativamente alta (la deuda con interés) y con su importe comprar deuda más barata (la que no generaba intereses) de tal manera que sin cambiar el montante global de la deuda, el Tesoro obtenía en metálico la diferencia del precio entre ambas series de títulos. Con estas manipulaciones los agentes aportaban buenas libras al Tesoro español manteniendo el mismo nivel de la Deuda. El precio, y bien caro, de este milagro fue, no obstante, que había que pagar mayores intereses; mas de ello no se hablaba.

¿Una fabulación original de Mendizábal? No por cierto, puesto que era una práctica bien conocida en las Bolsas para maquillar desfases presupuestarios y sobre todo porque el primero que acudió a este truco fue el conde de Toreno antes de la llegada de Mendizábal a Madrid, y posteriormente también lo hizo Istúriz. Es curioso, por lo demás, que algunos historiadores contemporáneos se muestren tan orgullos de «haber descubierto el secreto» de Mendizábal, cuando ya en su época era perfectamente conocido y el propio ministro lo había relatado con sinceridad en la Memoria de octubre de 1836 al confesar que había logrado elaborar «un convenio con Agustín Ardoin asegurándose el percibo de 300.000 libras esterlinas. El reembolso debía verificarse con la diferencia que resultase de la venta de la Deuda activa española y de la inversión de su producto en la compra de Deuda diferida (...) El fin principal se encaminaba a aprovecharse de la diferencia de precios, fijado en 25%».

C) Cuando se sigue con un poco de atención la actividad política general y la del ministerio de Hacienda de aquellos años, lo primero que llama la atención es el agobio del Tesoro por la falta de dinero metálico: su pesadilla constante era la crónica falta de liquidez. Los empréstitos, las contribuciones se realizaban en períodos de tiempo relativamente largos y se trataba más bien de actividades rutinarias; pero en el día a día lo importante era disponer de algunas cantidades líquidas para atender las raciones de una columna, las pensiones de las viudas, los sueldos de los empleados: necesidades que no podían atenderse con papel, con billetes del Tesoro o con láminas de Deuda sino con maravedíes contantes y sonantes. Y ésta era la angustia cotidiana del ministerio, para la que no bastaban el importe de las contribuciones, que además de ser escaso se pagaba en buena parte en papel o ya estaba adelantado, puesto que en 1837 a muchos se les habían exigido las contribuciones de 1838 y siguientes, a algunos hasta las de 1840. En estas condiciones el ministro había de aguzar el ingenio para recoger de los ciudadanos la última moneda disponible a través de todos los medios inimaginables.

a) Tal fue el caso de las redenciones de los quintos: tanto de la de los 100.000 como de la de los 50.000. Esta fórmula de obtener ingresos era la más cruel e inhumana de todo el sistema, dado que para los pudientes suponía una coacción descarada («o pagas o a la guerra») y a quienes no pagaban, que eran los más pobres, se los mandaba a la muerte o a la invalidez.

b) Esta política del corto plazo fue también la que se siguió con los contratos de anticipos que tuvo que gestionar constantemente Mendizábal con banqueros españoles a lo largo de 1836 y 1837 cuando comprobó que los mercados europeos le estaban cerrados a cal y canto. Empréstitos costosísimos, más que usurarios, pero que le permitían disponer de dinero líquido literalmente en unas horas, aunque con cada uno de ellos diera un paso más hacia la ruina.

c) Los mecanismos de la Deuda flotante y de los billetes del Tesoro cumplían la misma función, aunque casi nunca terminaran bien y fueran desastrosos desde el punto de vista económico. Pero hay que ser conscientes de que el hambriento ha de acostumbrarse a vivir entre usureros.

d) Otra medida de este tipo, también inevitable en tiempos difíciles, fueron las consabidas rebajas de sueldos.

D) Queda por último el repaso de las medidas auténticamente originales, entre las que se cuentan:

a) El anticipo de los 200 millones, que constituyó uno de sus fracasos más sonoros y sobre el que hemos de ocuparnos largamente más adelante.

b) La suspensión del pago de los intereses de la Deuda extranjera vencidos el 1 de noviembre de 1836, donde se enterró definitivamente el crédito español. Un Estado tan endeudado como el español –y tan mal pagador– nunca tuvo fácil encontrar dinero en el extranjero; pero a partir de ese momento se le cerró definitivamente este mercado.

c) La supresión del diezmo: otro fracaso no menos llamativo y cuyo análisis detenido constituye uno de los ejes del presente libro.

d) Y, en fin, la imposición de la contribución extraordinaria de guerra.

E) En el terreno fiscal propiamente dicho suele atribuirse a Mendizábal el mérito de haber sido el único ministro de Hacienda de su época que se preocupó seriamente de modificar en profundidad un sistema anticuado e ineficaz heredado del absolutismo. Lo cual es cierto, desde luego, pero no hay que confundir esta «preocupación» ni con su competencia técnica ni con sus resultados. Piénsese que mientras estuvo en el Poder poco o nada hizo a este propósito y que sólo a fines de 1837 presentó su anunciado y retrasado Presupuesto general de gastos, plan de medios para cubrirlos y recursos para llenar el déficit de 1837 precedido de una voluminosa Memoria elaborada por una comisión de expertos de su secretaría: dos documentos verdaderamente importantes pero que en aquel momento ya no interesaban a nadie.

Realizaciones

Después de haber bosquejado sumariamente sus políticas anunciadas, adelantemos ahora en un apretado resumen el balance de lo que se ha de ir desarrollando luego con detalle.

A) Política fiscal

Los progresistas no tuvieron una política fiscal propia de tal manera que, desperdiciando una oportunidad histórica que no se repetiría, dejaran que fueran los moderados quienes sentaran, unos años más tarde, la nueva planta del sistema fiscal del liberalismo. Además, tampoco reformaron la gestión recaudatoria, que conservó sus taras tradicionales agravadas lógicamente por la guerra civil.

La política que en este punto se siguió fue exclusivamente coyuntural, es decir, que respetando las bases estructurales existentes, se iban introduciendo modificaciones provisionales que no pretendían ser estables o indefinidas para remediar las necesidades que iban apareciendo, como es el caso de la contribución extraordinaria de guerra o la de sostenimiento del culto y clero.

Lo que sí llegó a generalizarse fue el sistema recaudatorio de los adelantos conforme al cual el importe de las contribuciones se percibía con anticipación y a la hora de satisfacer el tributo no se entregaba dinero sino un papel: el recibo de lo que ya se había entregado antes. En unos casos estos anticipos eran forzosos como en el famoso caso de los 200 millones o en el de la aportación de suministros a las tropas: mientras que en otros supuestos eran voluntarios, adquiriéndose el papel en el mercado a estos efectos. Así era como se operaba también en la compra de bienes nacionales. En cualquier caso, el resultado de esta política era una enorme confusión cronológica y material que dificultaba las previsiones recaudatorias puesto que a la hora de la verdad se recibía papel y no dinero. Por su parte, la imputación de los pagos era complicada y a veces inextricable. Piénsese que para un labrador lo pagado por el diezmo se imputaba luego al adelanto de la contribución extraordinaria de guerra; de tal manera que la imputación definitiva tardaba mucho en realizarse y la recaudación se traducía no en entregas monetarias sino en operaciones contables. Al final los números cuadraban mejor o peor pero para atender a los sueldos de los empleados y a los contratistas del Ejército y de los demás servicios públicos hacía falta dinero en efectivo. Además, para gestionar estas modalidades se precisaba una burocracia numerosa y competente que, al no existir, contribuía al desorden y a la aceleración del caos.

La política fiscal –heredada y que se mantuvo sin rectificaciones de peso– era perversa e ineficaz en todos sus tramos: los impuestos tradicionales, al igual que los nuevos que se iban estableciendo, eran irracionales y, sobre todo, carecían de una referencia objetiva o estadística de estimación; los mecanismos de distribución, o sea de asignación de cuotas individuales concretas, eran lentos y susceptibles de toda clase de arbitrariedades; el aparato burocrático de recaudación era rudimentario; los mecanismos de contabilidad eran tan imperfectos que hacían al sistema opaco y confuso; y, en fin, los contribuyentes carecían de recursos legales claros y fiables de impugnación. A la política fiscal, en suma, no había llegado la modernidad y sin exageraciones puede afirmarse que la Hacienda no había superado el Antiguo Régimen.

Mendizábal conocía de sobra que la Hacienda era el fundamento del Estado y consecuentemente aplicó a ella sus mayores esfuerzos, sabiendo además que había sido llamado al Gobierno por sus conocidos éxitos financieros en Portugal. Y sin embargo fracasó rotundamente puesto que no logró lo que se había propuesto y lo que de él se esperaba, a saber: conseguir fondos como fuera (incluido un voto de confianza) para acabar la guerra civil. No lo logró ni como presidente del Consejo de ministros en 1835-1836 ni como ministro de Hacienda en 1836-1837 y no tanto porque su política fuera inadecuada (cuestión que sigue debatiéndose) como por la incapacidad administrativa de gestionarla aun en la hipótesis de que fuera la mejor de las posibles. Así lo denunció implacablemente cada día la oposición parlamentaria y con la misma machaconería la prensa.

Los testimonios tomados de El Eco del Comercio no pueden ser a este propósito más elocuentes: «Todo el mundo conoce que nuestro mayor mal, fuera de la guerra civil, está en la mala administración tanto militar como civil, de los fondos de la nación» (8.11.1836). Y más adelante: «Una de las principales causas de la duración de la guerra civil es el desorden que se observa en la recaudación, manejo e inversión de los fondos destinados a cubrir las atenciones privilegiadas del ejército (...) Mientras no se establezca un sistema igual de contribuciones ordinarias y de guerra, los pueblos, excesivamente cargados, no podrán ser adictos al Gobierno, porque allí no se estudian las teorías del arte de gobernar, no se mira más que a los hechos y los hechos son que nuestro pueblo está ahora mucho peor que cuando le regía el gobierno absoluto».

Para terminar conviene recoger una interesante medida de reorganización administrativa consistente en la participación ciudadana en determinados órganos administrativos de gestión: así en las juntas de enajenación de bienes nacionales y en la Junta de Dirección de la Caja de Amortización compuesta –según Real decreto de 14.9.1836– además del Director, «por dos sujetos del comercio, eligiéndolos entre los que por sus conocimientos y circunstancias merezcan esta distinguida confianza».

B) Política financiera

Insuficientes las contribuciones ordinarias y extraordinarias para atender a las necesidades corrientes y bélicas, se acudió al recurso de la Deuda que en el exterior se agotó pronto y se cerró del todo con la bancarrota de la supresión del pago de intereses; y en el interior produjo en las cotizaciones unos descuentos ruinosos.

C) Política monetaria

La falta de numerario y de metales de acuñación posible, se suplió, en parte, con la plata y las campanas expoliadas de las iglesias y, sobre todo, con el establecimiento de una circulación complementaria no monetaria sino de papel (títulos de Deuda, billetes del Tesoro, libranzas, pagarés) con posibilidades liberatorias parciales aunque muy efectivas y que resultaban costosísimas para el Tesoro. En casos extremos el dinero se obtenía a través de mecanismos específicos notoriamente caros, como los giros interprovinciales y los contratos de anticipación. De esta cuestión se hablará con detalle más adelante en este mismo capítulo.

D) Un nuevo sistema de Hacienda

Si Mendizábal desatendió la política fiscal, vio esfumarse las posibilidades financieras con Deuda y en política monetaria no pudo ir más allá de simples y costosas medidas de urgencia, intentó al menos una ambiciosa reforma de la Hacienda pública centrada en la supresión del diezmo o, si se quiere, en su estatalización conforme ya se ha explicado en el capítulo anterior. Una reforma estructural que alteraba profundamente las bases sociales de la nación y desmontaba el poder de la Iglesia.

E) La desamortización de bienes de las órdenes religiosas.

La desamortización religiosa fue una medida hacendística de primera magnitud y de efectos inmediatos. La supresión de comunidades religiosas, el cierre de conventos y la nacionalización y venta de sus bienes no fue, desde luego, una operación original del progresismo ya que, prescindiendo de sus antecedentes medievales (condena de los templarios) y renacentistas (reformas protestantes), el ejemplo inspirador de España fue el de la Revolución francesa, en un movimiento que llegó pronto a Argentina (con Rivadavia) y daría sus últimos coletazos con la Revolución mexicana.

Los precedentes próximos del Absolutismo, con Carlos IV, fueron deliberadamente silenciados para subrayar su carácter netamente liberal, puesto que la desamortización española fue inequívocamente liberal o, al menos, los liberales la hicieron suya dentro de un programa más amplio de reforma agraria y de reforma eclesiástica heredado directamente de la Ilustración y que compartían progresistas y moderados. Lo original del fenómeno español no fue, por tanto, ni la supresión de conventos ni la nacionalización de sus bienes sino su orientación hacendística, es decir, su puesta al servicio no de la clase campesina sino del crédito público a efectos de garantizar la Deuda. Desde este punto de vista lo que querían directamente los liberales era fomentar la adquisición de la Deuda que se emitía y luego su posterior amortización, es decir, desamortización de diezmos y amortización de Deuda; sacrificando así deliberadamente la opción alternativa del reparto de tierras que, de haberse realizado, hubiera supuesto una reforma estructural radical de la sociedad.

La cuestión que en este momento interesa es la de –dejando a un lado preferencias personales que mirando hacia atrás son meros juegos intelectuales– determinar si la operación fue, o no, un éxito, medida desde sus propias intenciones (sin olvidar que desde el punto de vista económico fue un mal negocio, tal como se ha argumentado ya).

Según los datos ofrecidos por Artola (1986, 174 ss.) en 1834 la Deuda interior, en sus tres conceptos de liquidada, reconocida y no liquidable, ascendía a ocho mil millones de reales (7.737.047.938) mientras que el valor de los bienes enajenables tasados dos años después se acercaba a la mitad de esta cifra. Es decir, que en el mejor de los supuestos la desamortización del patrimonio eclesiástico regular nunca hubiera podido absorber la Deuda. Por lo demás (y siguiendo con los datos de Artola), durante los años 1836 y 1837 el papel entregado por los compradores de bienes nacionales no llegó a los cien millones. Una cifra modesta que no podía ser mayor teniendo en cuenta la lentitud de los procedimientos de venta y las posibilidades del mercado. Según estos mismos cálculos, a fines de 1842 el papel entregado para amortizar la Deuda llegaba a mil trescientos millones (1.266.147.062).

Cierto es, por tanto, que con la desamortización se alivió la carga de la Deuda; pero en unos términos no demasiado efectivos. Fontana, Rueda, Artola y otros historiadores actuales juzgan la operación de forma inequívocamente positiva sin dar mucho peso a los factores negativos, que por supuesto conocen, como los enormes gastos de la operación y la pérdida de las rentas que provocaban las enajenaciones. Estos últimos datos son de tanto peso, no obstante, que cabe imaginar que si los bienes se hubieran conservado y si las rentas obtenidas se hubieran destinado a la recuperación de títulos de Deuda, el alivio de ésta hubiera sido también notable y se hubiera conservado el capital. Pero huelga decir que tales imaginaciones serían completamente ilusorias puesto que esto hubiera exigido una buena gestión (algo imposible a la vista del caos administrativo dominante) y, sobre todo, porque la verdadera finalidad de la desamortización era el traspaso de estos bienes a manos particulares: tal era la auténtica revolución liberal y no la pregonada disminución de la Deuda.

A la vista de estas consideraciones tenemos que:

a) El objetivo indiscutiblemente alcanzado fue el del traspaso de la tierra a manos particulares (especuladores, terratenientes y cultivadores directos) que las adquirieron por compra y no por reparto social. Si este traspaso fue ventajoso para la economía nacional es discutible. Los economistas lo han entendido así por punto general y también los apologetas del liberalismo (Tomás y Valiente) desde el punto de vista ideológico.

b) La cuestión es aquí si valió la pena a costa del sacrificio que hubo que realizar para ello. Porque a fin de cuentas el Estado perdió el patrimonio y no recuperó la Deuda de una manera proporcionada. Lo que sucede es que estos enjuiciamientos carecen de sentido fuera de contexto. Cada período histórico tiene sus exigencias y sus limitaciones y no se le puede pedir que obre de otra manera. A mediados del siglo XIX era irreal contar con otra cosa. Años más tarde, los mismos progresistas liquidaron los patrimonios municipales todavía a peor precio. Hoy sabemos que aquélla fue una operación económica y socialmente desastrosa, pero fue una «obra de los tiempos». Y juzgarla con los criterios de hoy sería un anacronismo garrafal. Lo que desde la perspectiva actual hoy constatamos (aunque entonces no pudiera predecirse) es que al cabo de una generación se había esfumado el patrimonio eclesiástico, la Deuda seguía creciendo y los frailes habían regresado; lo que cambió sensiblemente –y de forma irreversiblefue la estructura de la propiedad y el estado de la sociedad campesina.

c) Un efecto positivo que no puede ser desdeñado es el de que, gracias a estas enajenaciones, se estimuló el mercado de títulos de Deuda puesto que como para pagar había que entregar deuda consolidada se estimularon los canjes con otros títulos de Deuda para poder conseguir esta otra más valiosa.

Resumen de la gestión financiera

Dejando a un lado los abrumadores datos que acabamos de transcribir, que reflejan ciertamente una actividad que hemos llamado hercúlea e imaginativa, la gestión financiera de Mendizábal por la que ciertamente se ha ganado un merecido lugar en la historia del liberalismo español, se puede resumir en las siguientes proposiciones:

Primera. Su labor financiera estuvo condicionada por unas circunstancias externas que forzaron sus decisiones: una herencia deficitaria provocada por la escasez de recursos peninsulares y por una deuda abrumadora, un sistema fiscal desordenado, un sistema administrativo deficiente y una guerra civil.

Segunda. A estas dificultades recibidas se añadió otra no menos poderosa: el costoso esfuerzo por modernizar las estructuras del Antiguo Régimen mediante la conversión del culto religioso en un servicio público estatal y la correspondiente conversión de los clérigos seculares en empleados públicos y de los frailes regulares en una especie de cesantes.

Tercera. Apenas se tocó la organización administrativa con unos retoques marginales, de tal manera que conservó todas sus deficiencias y disfunciones agravadas incluso por las corrupciones que acompañaban inevitablemente a la miseria y a la guerra.

Cuarta. Tampoco se tocó, salvo en algunos detalles marginales, el régimen fiscal recibido, cuya reforma se abordó seriamente pero a nivel exclusivamente teórico mediante una comisión de expertos, cuyos estudios se dieron a la luz cuando ya había caído el ministro y ni fueron atendidos por quienes le sucedieron ni han sido examinados con detalle por nadie desde entonces hasta la fecha.

Quinta. Descuidados por completo los esfuerzos fiscales, Mendizábal concentró su atención en el crédito pues desde su experiencia de banquero estaba convencido de que la Hacienda del Estado podía robustecerse y resolver sus problemas a través de una emisión razonable de Deuda. Pero encontró el mercado exterior de ésta casi agotado y terminó cerrándolo por completo por causa del impago de intereses.

Sexta. La Deuda interior se desarrollaba lánguidamente hasta que fue bruscamente estimulada por un empréstito forzoso de 200 millones con el que Mendizábal aspiraba a resolver definitivamente los problemas de la Hacienda e incluso acabar la guerra civil. Pero este adelanto fue planteado legalmente de una manera tan torpe que retrasó gravemente su ejecución y frustró sus objetivos.

Séptima. Las esperanzas crediticias se plasmaron entonces en la desamortización eclesiástica: una vieja idea que se estaba practicando ya en el Antiguo Régimen, pero llevada ahora a sus últimas consecuencias mediante la supresión de las órdenes religiosas y la enajenación de todos sus bienes, con lo que, además de aumentar el número de propietarios, se afirmaría la confianza en la solvencia estatal y se iría amortizando la Deuda. Esta medida –sobre cuya oportunidad sigue aún discutiéndose– no pudo hacer sentir sus efectos en 1837 puesto que necesitaba tiempo para su aplicación.

Octava. La desamortización eclesiástica fue un mal negocio para el Estado puesto que tuvo que asumir la carga de la manutención de los exclaustrados, que costaba más que los intereses de los capitales obtenidos por las enajenaciones. Mendizábal, no obstante, empeoró aún más la situación al suprimir el diezmo con que tradicionalmente venía financiándose el clero secular y que en adelante había de correr a cargo del Tesoro público como una obligación más. En cambio, y un tanto sorprendentemente, no se quiso echar mano de los bienes de propiedad directa del Estado en un proceso de «privatización» que diríamos hoy, tal como sugirió Caballero, en términos modestos aunque realistas, en una proposición presentada el 13.2.1837 en la que pedía que «se reclamase al gobierno noticia de los establecimientos, edificios y propiedades que la nación tiene en Roma, Bolonia y otros puntos de Italia por si deben venderse para las necesidades del Reino».

Novena. Con los gastos del Ejército, del clero secular y de los exclaustrados se disparó el déficit y para hacerlo frente, y hasta con la pretensión de que desapareciera, Mendizábal conectó todas estas cuestiones en una falsamente llamada contribución extraordinaria de guerra planteada legalmente de una forma tan descabellada que dificultó gravemente su gestión efectiva.

Décima. El mercado monetario español se vio inundado por papel público (títulos de Deuda, billetes del Tesoro, pagarés, libranzas) que en parte se utilizaban para pagar contribuciones y en parte servían como moneda corriente si bien con fuertes devaluaciones. Las cotizaciones de la Bolsa determinaban diariamente el valor de este papel, que era objeto de constantes maniobras de especulación.

Undécima. De semana en semana la situación del Tesoro iba empeorando pues faltaba dinero en metálico para pagar los sueldos, suministros, servicios e intereses de la Deuda, que no podían cubrirse con papel. Para procurárselo había que acudir a toda clase de artificios financieros y mercantiles que únicamente podían ponerse en circulación con descuentos desmesurados y, sobre todo, con anticipos individualmente concertados con banqueros a precios exorbitantes y condiciones leoninas.

Duodécima. La gestión y administración de la Hacienda era deficiente e incapaz de desarrollar las operaciones que incesantemente planteaba el ministerio y ni siquiera tampoco de cumplir los requisitos de llevanza de cuentas y las exigencias constitucionales de presentación periódica y puntual de ellas a las Cortes. La gestión de Mendizábal resultó extremadamente opaca en parte por decisión deliberada con el fin de ocultar sus irregularidades y en parte por la indicada incapacidad técnica del aparato administrativo.

Decimotercera. Mendizábal incumplió también con diferentes pretextos la obligación constitucional de presentar puntualmente a las Cortes sus presupuestos anuales.

Las anteriores proposiciones se encierran en la constatación de que el ministro era un político imaginativo, tirando a arbitrista incluso, capaz de producir grandes ideas y que no se arredraba ante dificultad alguna, pero que se despreocupaba por completo de su ejecución y cumplimiento puesto que no prestaba la menor atención a la operativa ni disponía de hombres competentes para hacerlo. La consecuencia fue un fracaso general en todas las líneas de su actuación, que no ha conseguido, sin embargo, desanimar a sus hagiógrafos de entonces ni a sus apologetas de hoy. La explicación de esta sorprendente contradicción se debe presumiblemente a razones ideológicas porque se ha hecho de este personaje un banderín del progresismo que los historiadores actuales más avanzados, a diferencia de los decimonónicos, respetan a ultranza. En Mendizábal se ve, en suma, un eficaz destructor del Antiguo Régimen y un artífice del Estado y de la sociedad liberales que le hacen perdonar sus desaciertos hacendísticos.

Ahora bien, si prescindimos de los juicios indiscriminados, y más si son de intenciones y entramos en el análisis casuístico de sus actuaciones concretas, el balance de su gestión hacendística no puede ser más pobre puesto que fracasaron prácticamente todos sus esfuerzos y no logró ni uno sólo de sus objetivos.

Herencia dejada: la incógnita del déficit

1. Una Legislatura que había comenzado con tan buenos augurios (la promesa reiterada de terminar la guerra civil usando exclusivamente los recursos militares y fiscales españoles sin otra fórmula que la de solicitar un simple «adelanto» del pago de contribuciones por importe de 200 millones de reales) finalizó, sin cumplir sus objetivos, en una situación de bancarrota fáctica, puesto que se había suspendido el pago de intereses de la Deuda exterior y con un aumento desmesurado de impuestos: 500 millones sólo por la contribución extraordinaria de guerra.

Lo peor no eran, sin embargo, las cifras impositivas sino el desorden recaudatorio y la confusión legislativa. Por lo que se refiere a lo primero, basta recordar que a los seis meses de haber entrado en vigor el anticipo de los 200 millones, y cuando ya era el tiempo de empezar a devolverlo, apenas si se habían percibido 60 y la gestión de las contribuciones ordinarias se encontraba paralizada en las provincias ocupadas por las facciones o simplemente perturbadas por sus influencias. Aunque lo más grave, con todo, fue el caos introducido por una legislación imprudente, que no podía de ninguna manera aplicarse.

Los diezmos que habían sido solemnemente suprimidos tuvieron que seguir exigiéndose al menos por mitad; mientras que la llamada contribución extraordinaria de guerra, conectada con aquéllos, planteaba problemas insolubles para su ejecución; sin que se hubiese hecho el menor intento serio de modificación del sistema fiscal. La memoria presentada por Mendizábal a este respecto fue un mero «brindis al sol» puesto que, tardía e incompleta, ni él ni nadie la tuvo en cuenta y hubo que esperar a los gobiernos moderados para que, diez años después, se impusiera una reforma, más o menos acertada, pero profunda y de inspiración moderna, o sea, liberal.

2. Vayamos ahora a las cifras, que hablan por sí solas.

En el libro académico de Pita Pizarro titulado De la Hacienda y Deuda del Estado aparece el siguiente cuadro histórico del déficit del Estado, que puede aceptarse como un cálculo aproximado:

Gastos Ingresos Déficit

Lo cual significa que Mendizábal empezó en 1835 con un déficit de 350 millones y a los dos años lo dejó multiplicado por tres. Otra cosa es la fiabilidad de estos datos, pues entonces no era posible recogerlos afinados y además fueron constantemente manipulados con intenciones políticas a través de técnicas que hoy se llaman de ingeniería contable, que es el arte de esconder la realidad con apuntes contables torticeramente empleados. Una afirmación que quedará perfectamente ilustrada con la exposición y análisis del dramático episodio de Pita en el otoño de 1837.

Este ministro presentó a las Cortes una memoria en la que aparecía un déficit desmesurado que la comisión de Hacienda rechazó indignada proponiendo el cese del ministro: lo que consiguió al cabo de un acalorado debate.

El episodio había empezado con una exposición (o Memoria) presentada por Pita a las Cortes el día 5 de setiembre, justo a las dos semanas de haber tomado posesión de su cargo. Y resultaba que el nuevo ministro se había encontrado con una situación caótica (que confirmaba la incompetencia administrativa de su antecesor, Mendizábal) por lo que el sucesor –quizás para cubrirse políticamente– se apresuró a encargar la redacción de un escrito titulado «estado actual de la Hacienda pública y propuesta de medios para cubrir los gastos del Estado y terminar la guerra» haciendo constar una advertencia previa:

No pueden ocultarse a la sabia penetración de las Cortes los obstáculos que habré tenido que remover y las dificultades con que me ha sido preciso luchar para reunir en tan breve tiempo el considerable número de datos esparcidos en todas las dependencias e indispensable para la formación del estado que someto a su examen y sabiduría. He conseguido, sin embargo, bosquejar el triste cuadro de nuestra Hacienda, fundado en las noticias más exactas de las oficinas generales, en los cálculos prudenciales formados por las mismas y en las escrupulosas investigaciones que he podido hacer sin una contabilidad única y general, y aun sin las noticias necesarias sobre operaciones importantes contratadas por el Gobierno con varias Casas y personas de dentro y fuera del Reino.

Pues bien, de los minuciosos datos «calculados por las respectivas oficinas generales de recaudación y distribución» resultaba el escalofriante déficit público de 1.715.038.047 reales «sin perjuicio de las bajas que puedan ocasionar a la recaudación presupuestaria los azares de la guerra y el resultado definitivo de varias y muy considerables operaciones pendientes con nacionales y extranjeros».

Puede imaginarse la impresión que produjo este escrito cuando fue leído en las Cortes. En el Congreso se sabía, por descontado, que la situación de la Hacienda era grave como notorio era también que el Estado siempre pagaba tarde y con descuentos e incluso se había vivido la amarga bancarrota al no poder satisfacerse los intereses semestrales de la Deuda exterior. Pero se trataba de informaciones imprecisas porque la Administración era conocidamente turbia cuando no opaca por completo. Mendizábal operaba con autorizaciones parlamentarias excepcionales, por costumbre no rendía cuentas y cuando se veía obligado a darlas, las enviaba en gruesos volúmenes con un exceso de detalle que dificultaba su inteligencia. Porque los diputados no sabían manejar números, consideraban las cuentas como algo ajeno a la política, impropio de caballeros y algunos, como Olózaga, alardeaban expresamente de ello. Lo suyo eran las leyes, no las matemáticas. Técnicos especialistas reconocidos eran Ayllón, Ramón María Calatrava, Núñez, Vila, Álvaro y algunos pocos más, incluidos naturalmente los banqueros y los empresarios. Los demás no sabían leer ni unos presupuestos ni unas cuentas generales. Pero «el estado actual» de Pita, contando con el respetable apéndice documental que le acompañaba, era tan claro que todos podían entenderlo sin dificultad.

Pues bien, su primera reacción fue negarse a reconocer lo que en él se ponía negro sobre blanco. Y no sólo no lo admitieron sino que cargaron sobre el autor acusándole de ignorante y de querer engañarles. Estos diputados recordaban todavía la Memoria presentada por Mendizábal un año antes y el contraste resultaba demasiado duro. La de Mendizábal estaba llena de promesas aventuradas que aseguraban una recuperación inmediata del Tesoro; mientras que la de Pita abordaba la situación en términos realistas sin atreverse a alimentar falsas ilusiones. Las Cortes preferían ser engañadas y procuraban evitar los sobresaltos y, sobre todo, la responsabilidad de haber permitido que las cosas cayeran hasta tan bajo.

Tal fue el sentido del dictamen de la comisión del 24 de septiembre, que venía avalado por firmas autorizadas y que se había redactado, a confesión propia, «después de haber conferenciado sobre el asunto con los jefes de las dependencias generales, que han intervenido». En cualquier caso los resultados eran aparentemente tranquilizadores porque según estos nuevos números el déficit calculado por el ministro quedaba reducido a la tercera parte (652.294.456 reales). Lo que significaba que se podía hacer frente a los gastos pendientes sin otro esfuerzo que el de la contribución extraordinaria de guerra, cuya ley ya estaba aprobada.

Pero el dictamen no se detenía en las cuentas sino que de las anomalías que había detectado en la Memoria del ministro llegaba a la conclusión de que

es de recelar que no tengan aquéllos (los recursos del Gobierno) en manos del actual sr. ministro de Hacienda la atinada y oportuna dirección que corresponde para que no queden malogrados tantos y tamaños sacrificios.

Y consecuentemente se proponía a las Cortes se sirviesen declarar que

no pueden tener en el ministro de Hacienda, Don Pío Pita Pizarro, después de la inconsiderada presentación de su Memoria del 5 del corriente, la confianza necesaria para persuadirse de que hará una acertada aplicación de los costosos subsidios otorgados por las Cortes.

La primera consecuencia efectiva de este dictamen apareció en el debate del día 27 (9.1837) con un nuevo ataque frontal de Vázquez Parga, quien dirigió ahora sus tiros sobre la declaración ministerial de un déficit público que consideraba excesivamente abultado y erróneo: «Las Cortes saben cuánta impresión hizo en el ánimo de los sres. diputados, y cuánta debe haber producido dentro y fuera de la nación, el haber oído en la Memoria del actual ministro de Hacienda que tenemos un déficit de 1.700 millones de reales para atender a los gastos del presente año. Las Cortes no han podido menos de sorprenderse al oír este enorme déficit, cuando el anterior ministerio nos ha estado diciendo que no excedían todos los gastos de 1.500 millones, esto es, de 200 millones menos que el déficit que ahora resulta».

Pero el escándalo de Vázquez Parga era artificial ya que se basaba en una mala inteligencia de la palabra déficit que se empleaba en la Memoria ministerial y que Joaquín Ferrer, clara e imparcialmente, intentó poner de manifiesto recordando lo que significaba «deuda flotante» y «deuda consolidada»: «Hoy se ha reunido la comisión, a la cual han asistido el sr. ministro de Hacienda, los señores contadores generales de valores y distribución, intendente e interventor del ejército y director del Tesoro. Dije ayer que en la Memoria que había leído el sr. ministro de Hacienda se notaba que el déficit resultante, según su tenor, era mayor que el presupuesto y que esto no podía ser cierto de ningún modo. Pero tengo la satisfacción de decir a las Cortes que tanto el sr. ministro de Hacienda como los demás jefes de los ramos que han asistido a la junta, han convenido en que hay una equivocación en la palabra déficit. Es necesario que aunque las Cortes lo sepan, yo recuerde cuál es la significación exacta y técnica de la palabra déficit. Entendemos por déficit el vacío que resulta entre los valores calculados de los ingresos y los gastos que han tenido lugar con arreglo a los presupuestos. El déficit puede ser real y consumado de un año, o ya transcurrido, o meramente estimativo para el año venidero. Cuando es del año transcurrido, en las naciones que se hallan desahogadas se suele adoptar un medio supletorio, cual es el que quede este déficit por algún tiempo como deuda flotante y si no se cancela a su tiempo, pasa a deuda consolidada, con consentimiento de los cuerpos legislativos. Entendido lo que es déficit es claro que la cantidad presentada como tal por el sr. ministro de Hacienda en su Memoria participa de una parte del verdadero déficit, pero su mayor parte pertenece en realidad a la deuda flotante, proveniente de los atrasos de los presupuestos desde el año 1828 hasta el fin del pasado, porque en las oficinas se lleva cuenta corriente de los atrasos de un año para otro. Si en este sentido hubiera de tomarse la palabra déficit, lo sería cuanto se ha dejado de cubrir desde el principio de la monarquía».

Todo esto significaba que el enorme error imputado al ministro se desvanecía sin más trabajo que entender el déficit denunciado no como el propio de 1837 sino el «déficit acumulado» de los años anteriores, como bien claro aparecía en la memoria y se especificaba en un Apéndice que la acompañaba titulado «déficit clasificado por ramos y años». Esto era evidente aunque conocidas intenciones políticas impulsaron a la comisión a leer las cosas de otra manera para justificar el «escándalo» que estaban buscando.

El ministro de Hacienda, por su parte, sobreponiéndose a la consternación que le había producido el dictamen de la comisión, el inmediato día 27, antes de asistir a las Cortes el 30, ya había redactado el siguiente oficio dirigido a todos los Directores generales de Rentas:

La asombrosa diferencia entre estas cantidades (la de la Memoria y la calculada en el dictamen de la comisión) ha llamado muy particularmente la atención de S.M., la cual se ha servido mandar que VV.SS., los contadores generales de valores, de distribución y de la Caja nacional de amortización y el jefe de la sección de contabilidad de este ministerio, se reúnan mañana a las diez en la sala de juntas de esta Dirección, para examinar atentamente el referido dictamen y las partidas en que se funda tan extraña diferencia, a fin de rebatirlas si fueren inexactas o de dar los descargos correspondientes si se hubiesen cometido errores y omisiones de tanta monta en los documentos rendidos al Gobierno de S.M. En la inteligencia de que (...) deberá dárseme cuenta del resultado de esta conferencia a las once de la noche del mismo día de mañana, lo más tarde.

Al día siguiente (el 28) a primera hora de la mañana ya tenía, en efecto, sobre su mesa el informe solicitado, que se resumía así:

Reasumiendo cuanto queda expresado, resulta que la Junta no tiene datos ni motivos para rectificar los que tiene dados, en los cuales se confirma.

Informe que venía firmado por todas las jerarquías del ministerio: el jefe de contabilidad, el director de amortización, el contador general de valores, el director de rentas unidas, el director de aduanas, el contador de la Caja de amortización y el contador general de distribución (todos según consta en el apéndice del número 325 del Diario de sesiones de las Cortes). De esta manera cubrían al ministro con sus conocimientos técnicos y responsabilidad política.

Y, en fin, el día 29 envió ambos documentos a las Cortes, haciendo constar que el dictamen de la comisión parlamentaria

para coronar su obra de inconcebible parcialidad se propasaba a formular un espontáneo voto de censura, ajeno de su incumbencia. Conducta semejante (...) me pone en el caso de rechazar con toda la energía del diputado ultrajado las duras acusaciones de la comisión y de proteger con toda la entereza del ministro de la Corona ilegalmente atacado la injusta censura con que concluye la misma su dictamen.

Con la advertencia de que

de esta confusión de ideas, de esta desnaturalización de hechos, resulta que el dictamen de la comisión no puede refutarse lógicamente porque no puede concebirse. Las partidas sin orden, método ni relación (...) Esta enorme rebaja de dos terceras partes de los débitos (sic, no del déficit) declarados pendientes por las oficinas generales de Hacienda y Guerra que ni por fraude ni por ignorancia es posible que cometan jamás el absurdo de añadir un millar de millones a los débitos y obligaciones corrientes que se hallan en descubierto, probaría por sí sola la extraordinaria ligereza con que la comisión ha procedido, si el método que ha adoptado en la redacción de su dictamen no pusiere de manifiesto que el vehemente deseo de dejar desairado al ministro de Hacienda le ha inducido a prescindir del orden regular, a fin de suplir la falta de datos y razón con el desorden y la ininteligencia.

Una vez iniciada una guerra de cifras era de prever que sólo terminaría por agotamiento de los contendientes, porque los estadísticos y contables –al igual que los abogados y los teólogos– siempre tienen un contraargumento para cualquier argumento que se les presente. Los números son dóciles y siempre están dispuestos a decir lo que conviene al que los maneja. La contabilidad, tan rigurosa en escalas reducidas, es imaginativa cuando se instala en dimensiones elevadas. Para la hoy llamada ingeniería contable no hay barreras y todo puede ser justificado con ristras de cifras, cuadros y gráficos.

Por lo que a nuestro caso se refiere, es evidente que un lego como Pita Pizarro no pudo inventarse los datos que presentó a las Cortes, que fueron los que le proporcionaron los técnicos del ministerio. Y si bien es verdad que éstos, debidamente presionados por su jefe, le hubieran podido facilitar sin dificultades los datos que le convinieran, no es sencillo encontrar motivos para inflar el déficit. Lo mismo puede decirse, claro es, de las contracuentas que aparecieron en el dictamen aunque con una matización: la comisión sí que tenía motivos para deformar los números, ya que al amparo de tales deformaciones pudo luego desacreditar y derribar políticamente al ministro de Hacienda.

¿Qué cálculos eran los correctos? ¿Cómo es posible encontrar diferencias de 300%? ¿Puede admitirse que todos los directores generales de la secretaría de Hacienda cometieran errores de tanto bulto? Pues lo mismo puede decirse de las cuentas de la comisión y en su abono hay que añadir, además, que en la sesión del 2 de octubre se aportaron documentos de la secretaría de Guerra que a primera vista avalaban sus tesis, pero que ya no hubo luego ocasión de analizar críticamente. En cualquier caso, en este libro no se puede llegar más lejos en espera del día en que un historiador, bien pertrechado de las técnicas contables del siglo XIX, se atreva a analizar las cuentas que se enviaron al Congreso con los apoyos documentales que quizás obren todavía en los archivos administrativos. A nuestros efectos, lo que importa es inventariar en la herencia dejada en 1837 por los Gobiernos progresistas este aplastante renglón del pasivo. Y a tal propósito igual valen las cifras ofrecidas por Pita que las de sus adversarios habida cuenta de que todas, por muchas que sean las diferencias, son descomunales y revelan la existencia de una bancarrota real aunque oficialmente no quisiera reconocerse.

En 1986 publicó Artola (199-201), confesado admirador de Mendizábal, las cifras del proyecto de presupuesto para 1837, tomando para los gastos el texto presentado –mas no discutido ni aprobado– de la comisión especial; y para los ingresos la Biblioteca de Hacienda de España I, tablas 20 y 21 con los siguientes resultados que denuncian un déficit de más de mil millones de reales, que coinciden sensiblemente, por tanto, con los datos últimamente publicados por Pita.

Pero lo más picante de este episodio es que en el Apéndice del Diario de Sesiones de 4 de julio de 1837 (o sea, dos meses antes del escándalo) aparecieron unas cuentas redactadas por la comisión de Hacienda del Congreso para el presupuesto, donde figuran unos gastos de (redondeados) 1.940.000.000 de reales y unos ingresos de 840.000.000: lo que suponía un déficit de 1.100.000.000. Y allí también aparecían ciertas manipulaciones contables realizadas por Mendizábal que reducían el déficit a 740.431.000; pero se añadía honradamente y en la misma línea que luego reproduciría literalmente Pita que

Además de este déficit hay el que resulta del descubierto que presenta el Tesoro público en 31.12.1836 por obligaciones no satisfechas en los años de 1835 y 1836, ya procedan por no haberse comprendido en los presupuestos de la ley de 26.5.1835, ya de la insuficiencia de las asignaciones decretadas, ya de necesidades y atenciones nuevas de la guerra que hayan traspasado los límites señalados a los ramos u objetivos respectivos.

Ya hemos visto que esta circunstancia fue esgrimida en defensa de Pita, pero cuando están desatadas las pasiones políticas de nada valen los argumentos de razón.

La relación de este episodio ha sido ciertamente larga, mas resultaba aconsejable hacerlo así para dejar en claro la catastrófica herencia dejada por Mendizábal y ejemplificar de paso las dificultades de entender una situación compleja por naturaleza y que, por razones políticas, ha habido siempre interés en oscurecer más todavía.

El sistema de las Haciendas locales

Sistemáticamente este tema podría haberse incluido tanto en este lugar como en el capítulo referente a los ayuntamientos y diputaciones. Nos hemos decidido por exponerlo aquí con objeto de redondear lo más posible la materia financiera general, sin perjuicio de que los arbitrios destinados a fines militares aparezcan por excepción en el capítulo destinado a la guerra civil y al ejército.

En el Antiguo Régimen las Haciendas municipales se nutrían fundamentalmente de las rentas de propios, que en los pueblos más pequeños bastaban para satisfacer sus modestas necesidades. En los municipios medianos (y desde luego en los grandes) estas rentas, por el contrario, no eran suficientes y había que acudir al reparto o imposición de arbitrios, para lo que se necesitaba una autorización de la Administración Real. Avanzado el siglo XIX la situación fue empeorando progresivamente debido al sensible aumento de los gastos locales causados por la guerra así como por el descenso de recaudación de los propios (cuya superficie disminuía perceptiblemente tanto por las usurpaciones como por las ventas legales) y, más aún, por estar gravadas las rentas con un 20% en beneficio del Estado. De esta manera se fueron desequilibrando las haciendas locales, obligando a una mayor presión de los arbitrios que, añadidos a los diezmos y contribuciones estatales (y en su caso gravámenes señoriales), fueron creando una situación insostenible que explica las peticiones de su supresión en los casos más insoportables. Un ejemplo de este deterioro de los ingresos por rentas de propios puede encontrarse en una exposición de la diputación de Sevilla de 29.3.1837, en que pedía a las Cortes

autorización a los ayuntamientos de los pueblos para que pudieran cubrir con un repartimiento sobre la riqueza de todas las clases que existieran en sus respectivos términos el déficit presupuestario municipal de cada uno en atención a la insuficiencia de los productos de propios, en parte enajenados durante la guerra de la independencia, otros repartidos a los vecinos en las dos épocas constitucionales y mal administrados por lo general en los restantes.

El origen casuístico de los arbitrios explicaba la enorme diversidad de su cuantía, base y hasta denominación. Pero esto era considerado natural y sólo poco a poco empezaron a ser tenidas en cuenta las ventajas, ya que no de la unificación, de la homogeneización, fruto de la ideología centralizadora del liberalismo. Pero aun así, estas tendencias no aspiraban nunca a integrar los arbitrios locales en un sistema nacional único de rentas.

En la sesión del 28.8.1837 Gómez Becerra –a propósito de la autorización pedida por la diputación provincial de Madrid para imponer ciertos recargos de derechos sobre varios géneros de consumo– esbozó un esquema elemental del sistema fiscal español: «Los fondos públicos o son nacionales o son provinciales o son locales, municipales. Los nacionales se manejan inmediatamente por el Gobierno supremo, los provinciales por las autoridades de las provincias y los municipales por las autoridades locales. La clasificación que acabo de indicar depende necesariamente del origen y del destino de los fondos. Si son de toda la nación y destinados a objetos importantes y de toda la nación son nacionales; si sólo traen su origen de una provincia y están destinados a objetos de la misma provincia son fondos provinciales; y por último si traen su origen de sólo un pueblo y deben ser destinados a objetos del mismo pueblo, son fondos municipales. Yo digo que los fondos municipales, así como los objetos que son puramente municipales, se manejan por los ayuntamientos y si los fondos y los objetos son los de los que interesan a toda una provincia, se manejan por las diputaciones provinciales».

Y a renglón seguido trazó las líneas generales del régimen de arbitrios locales vigente tal como aparecía en la ley de 3.2.1823, que había sido ya restablecida: «Si la cuestión se mira económicamente, es menester considerar que nuestra Hacienda está desordenada y que no puede servir de base para nada bueno (...) La ley de 3.2.1823 en sus artículos 113 y 117 marca las formas con que las diputaciones provinciales han de pedir a las Cortes la concesión de arbitrios: las establece muy detenidamente y para arbitrios de todas especies. Establece que haya formación de un expediente, que haya formación de cálculos o presupuestos, así de lo que se necesita como de lo que haya de producir el arbitrio; establece que la propuesta de la diputación se haya de remitir al Gobierno por el conducto y con el informe del jefe político, como autoridad del Gobierno inmediata al punto donde se hace la propuesta y, conocedor asimismo de la necesidad, establece que el Gobierno le remita a las Cortes con su informe». Un procedimiento ciertamente garantista y aparentemente racional, mas de imposible aplicación práctica puesto que incluía a cuatro instancias (diputación, jefatura política, Gobierno y Congreso) referidas a docenas de arbitrios y a miles de entes locales: lo que exigiría un tiempo y un número de técnicos dedicados a su estudio que a todas luces no existían entonces.

En la sesión del 29 de octubre de 1837 se aprobó un arbitrio local a fin de mejorar el estado, ciertamente lamentable, en que se encontraba la cárcel de Moncada (Valencia) pero en el debate hubo ocasión para que González Alonso se pronunciase de nuevo sobre la situación fiscal general: «mientras tengamos una legislación tan inmoral (permítanme las Cortes llamarla así) sobre propios y arbitrios, y mientras no se arregle el ramo de penas de cámara, yo no votaré ningún arbitrio de esta clase: es necesaria una legislación unísona, general, sobre esta materia, que satisfaga a las extremadísimas necesidades de los pueblos. La inmoralidad es tal, que jamás se restituye lo que se ha prometido: tales arbitrios se designan para ciertas obras, para redención de censos, etc. y el resultado es que los arbitrios se cobran, se grava a los pueblos, pero las restituciones jamás se verifican».

Tal como acaba de verse, los arbitrios eran una fuente posible de financiación de las corporaciones populares, pero estaban inspirados por los principios de tutela y especialidad. De acuerdo con el primero su creación precisaba, por lo que se refiere a las diputaciones, de una autorización superior centralizada –nada menos que de las Cortes previo informe del Gobierno– mediante la cual se verificaba la concurrencia de determinados procedimientos y requisitos muy estrictos, entre ellos el de la especialidad o afectación, puesto que los nuevos arbitrios sólo podían justificarse por el establecimiento de un servicio nuevo o la aparición de una nueva necesidad que no pudieran cubrirse con los ingresos ordinarios ya existentes. Por decirlo con las palabras de la propia ley de 1823,

cuando los fondos referidos no sean suficientes propondrán las diputaciones los arbitrios que estimen más convenientes y equitativos, para que las Cortes concedan la facultad de usar de ellos. Estas propuestas se harán acompañando el expediente que se haya instruido y en que deberá constar individualmente el importe de los gastos que hay que hacer, el de los fondos con que se puede contar para ellos y el cálculo del producto que pueden tener los arbitrios para llenar lo que falte (art. 115). Las propuestas se pasarán al jefe político para que con su informe las remita al Gobierno sin que haya en ello entorpecimientos o dilaciones. El Gobierno las pasará a las Cortes, también con su informe y sin dilación (art. 116).

La tutela central no podía ser, pues, más rigurosa y con ella se pretendía frenar la voracidad impositiva de las corporaciones provinciales. Una precaución digna de alabanza pero absolutamente irreal puesto que significaba, para las diputaciones, unos retrasos desmesurados y, para las Cortes, una acumulación de trabajo que había de distraerlas inevitablemente de la atención de otras tareas más importantes. Si las Cortes querían controlar el último detalle de lo que sucedía en España era manifiesto que había de serlo a costa de su naturaleza de Poder legislativo, que constitucionalmente era lo esencial.

Los ayuntamientos, por su parte, estaban sometidos a la tutela, no menos rigurosa pero mucho más próxima, de las diputaciones provinciales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 55 del citado decreto de 1823. Aquí el régimen fiscal se apoyaba fundamentalmente, como ya se ha dicho, en las rentas de propios como ingreso originario y en los arbitrios como ingreso complementario. A vuelo de pájaro se percibía una evolución inexorable que iba trasladando el punto de gravedad desde los propios, que cada día eran más insuficientes, a los arbitrios. Más todavía: en las ciudades y pueblos grandes, donde los gastos eran elevados, las rentas de propios eran proporcionalmente reducidas y la hacienda local descansaba casi exclusivamente sobre los arbitrios: lo que explica que la regulación normativa se centrara en estos últimos y que los políticos desdeñaran a los propios.

La fórmula recaudatoria local más extendida era la del «encabezamiento»: un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y el ayuntamiento, mediante el cual se determinaba la cantidad global que debía satisfacer el pueblo por algún concepto, cuyo importe se repartía luego por la corporación entre los vecinos. El mecanismo era cómodo y eficaz aunque presentaba dos graves inconvenientes: el Estado tendía a establecer unas cuotas excesivamente elevadas (que además no tenían en cuenta las alteraciones provocadas por las malas cosechas) y los ayuntamientos caían con demasiada frecuencia en la tentación de realizar arbitrariamente los repartos. De aquí la abundancia de reclamaciones que a este propósito llegaban a las Cortes y que en la sesión de 21.1.1837 explicó Suances en los siguientes términos: «Los pueblos, desatendidos generalmente por el gobierno cuando se trata de dinero, no tienen más recurso que acudir a las Cortes. Por un reglamento de Hacienda, todos los contratos de encabezamiento se concluyen cuando el pueblo acude en queja, porque los encabezamientos no duran más que por el tiempo que quiera una de las partes. Yo entiendo que a los pueblos en su desesperación no les queda otro recurso que acudir a las Cortes en queja».

* * *

2. PRESENTACIÓN DE CUENTAS

Alcance político y técnico de la cuestión.– Noviembre de 1836: proposiciones sobre cuentas y presupuestos.– Exigencia de cuentas.– El dictamen de la comisión especial de cuentas de 24.11.1836.– El dictamen de la comisión de Examen de Cuentas de 6.4.1837.– ¿Depuración de actividades administrativas o censura política al Ministerio?.– Reanudación del debate.– Las cuentas siguen coleando.– Final.

En el epígrafe segundo del capítulo segundo ya tuvimos ocasión de aludir a la enrevesada cuestión de la presentación de las cuentas de gastos del Gobierno, que allí aparecía no de forma directa (puesto que lo que se debatía propiamente era la dación de cuenta del uso dado a un voto de confianza otorgado por las Cortes a Mendizábal en enero de 1836) sino incidentalmente como consecuencia de la confusión entre esa específica dación de cuentas y otra, más genérica y que en rigor nada tenía que ver con un voto de confianza, de la que vamos a ocuparnos ahora. La presentación de cuentas era una forma de vigilancia y control parlamentaria sobre el gasto de las partidas presupuestarias anuales: una cuestión técnica, por tanto; mientras que la dación de cuenta del uso dado a un voto de confianza específico era una cuestión fundamentalmente política, una forma de control del Gobierno no necesariamente presupuestaria ni fiscal. De aquí que se estudien en capítulos distintos –una en el ámbito de las relaciones entre el Congreso y el Gobierno y la otra en el ámbito de la política financiera– sin perjuicio de sus evidentes conexiones, agravadas en este caso por la confusión que se padeció al mezclarlas indebidamente en un momento del debate, que por fortuna no tardó en aclararse.

Alcance político y técnico de la cuestión

En las Cortes residía el Poder legislativo, mas no se agotaban aquí sus potestades puesto que a ellas estaba subordinado en muchos aspectos el Poder ejecutivo que, en lo que aquí interesa, debía dar las cuentas de sus actividades económicas y financieras. Con ellas se garantizaba el control de los representantes de la nación sobre los secretarios del Despacho para evitar eventuales abusos y desviaciones en la ejecución de los presupuestos. En la ortodoxia constitucional gaditana, partiendo de que era la nación quien pagaba las contribuciones, la consecuencia fue que eran sus representantes quienes determinaban su cuantía aprobando los presupuestos que presentaba el Gobierno y eran también ellos a quienes competía verificar el correcto desarrollo de su empleo realizado por el Ejecutivo.

Pues bien, en estos dos puntos se mostró singularmente moroso el Ministerio Calatrava-Mendizábal, ya que no sólo se retrasó en la presentación parlamentaria puntual y suficiente de los presupuestos sino que igualmente se resistió a dar cuenta del gasto, provocando una tensión encarnizada que se alargó desde el principio hasta el final del Gobierno. A estos efectos Mendizábal contaba con una fiel mayoría que cubría su incumplimiento; pero proporcionaba a la oposición un punto vulnerable singularmente débil que facilitaba su acoso permanente.

Con el control parlamentario de cuentas se pretendía obviamente castigar los abusos personales, abriendo paso incluso a una intervención judicial en supuestos delictivos; pero aún más importante que la vigilancia de la legalidad era asegurar el orden de los procedimientos económicos y sobre todo la transparencia de las operaciones de ingresos y gastos, que eran extraordinariamente complejas. El ordenamiento jurídico y la organización del ministerio de Hacienda eran a tal efecto correlativamente complejos. Había una Tesorería y una Contaduría que gozaban de una cierta autonomía dentro del ministerio y que se cuidaban de la corrección previa de los ingresos y de los pagos y un Tribunal Mayor de Cuentas, de naturaleza cuasijurisdiccional, que controlaba a posteriori todas las operaciones realizadas.

Este mecanismo de control gubernativo parecía más que suficiente, pero tenía el grave inconveniente de que era tanta la minuciosidad de sus actuaciones que precisaba demasiados empleados y demasiado tiempo para poder realizarse bien, con la consecuencia de que inevitablemente se enturbiaba la transparencia y se demoraban las tramitaciones. Lo importante era, con todo, que las Cortes no se daban por satisfechas con este control administrativo interno y pretendían ejercer su propio control. Y aquí era donde surgían las peores dificultades, porque a causa de la aludida complejidad y de la superabundancia de papeleo no estaba el ministro en condiciones de rendir cuentas ordenadas y puntuales, según exigía la constitución. Esta circunstancia nos descubre que la resistencia de Mendizábal a rendir cuentas a las Cortes no era debida únicamente, como suponían los más desconfiados, al intento de ocultar los abusos y fraudes sino también a la dificultad y hasta a la imposibilidad técnica de presentarlas a tiempo: un pecado de desorganización, de incapacidad si se quiere, aunque indudablemente no delictivo.

Mendizábal, antes de saltar a un Gobierno político-administrativo, había sido un empresario privado, propietario de una Casa de banca sin accionistas, que no había tenido obligación de dar cuentas más que a sí mismo (y eventualmente a otros socios individuales que participaban en las operaciones); de tal manera que le bastaban las cuentas que le presentaban sus propios empleados y los procedimientos que las reglas generales de contabilidad recomendaban. Mientras no hubiera amenaza de quiebra no estaba sometido a control externo alguno y él decidía qué manipulaciones podían tolerarse y hasta dónde llegaba la responsabilidad de sus dependientes. Bien fuera por su mentalidad o por lo brusco del cambio de lo privado a lo público, el caso es que no quiso, o no pudo, acomodarse a las exigencias formales de la práctica hacendística nacional.

Las cuentas que se exhibían oficialmente eran notoriamente insatisfactorias. La Gaceta hacía público periódicamente (con un trimestre de retraso) el estado de los caudales ingresados en la Tesorería y Contaduría de la provincia de Madrid y las distribuciones que de ellos se habían realizado. El estado se precisaba en dos Cajas: la de recaudación de productos totales, separando entradas y salidas; y la de productos líquidos separando entre lo ingresado y lo distribuido. Esto estaba muy bien y daba una idea bastante precisa, aunque parcial, pero nada tenía que ver con las cuentas propiamente dichas.

Ilustrativa es igualmente la Real orden de Pita de 7.9.1837 (en la Gaceta del 8) que decía así y que en el fondo era una manera de rendir cuentas no sólo a las Cortes sino a la opinión pública:

1. Que por la Dirección del Tesoro se publique en los primeros días de cada mes el estado general de ingresos y salidas de caudales de fondos de toda especie, así como la distribución de los que se consideren disponibles en el mismo mes. 2. Que en las provincias se haga igual publicación por los jefes de la Hacienda nacional. 3. Que la Tesorería de Corte haga semanalmente lo mismo, desarrollando la cantidad correspondiente a cada día y la que se haya entregado en metálico a la Pagaduría General militar. 4. Que por las oficinas generales y por las de provincia se remita al ministerio de Hacienda un estado semanal exacto de los ingresos y salidas de caudales y fondos por todos conceptos a fin de llevar en él sus cuentas corrientes respectivas.

En la lectura diaria de la Gaceta puede comprobarse que en ella iban apareciendo periódicamente las siguientes cuentas incluso antes de la Real orden de Pita que acaba de transcribirse:

– De la Dirección General del Tesoro público en las que constaba «la distribución ejecutada en Junta de Jefes de la Hacienda pública, del intendente general del ejército y de los pagadores de los demás ministerios».

– De la Tesorería de Corte, en las que aparecía un estado que manifestaba el ingreso, salida y existencias de caudales de la misma. Allí se documentaba todo con certificados de Ramón María Calatrava, del Consejo de S.M., su secretario en ejercicio de derechos y contador general de distribución de la Hacienda Pública.

– De la Dirección General del Tesoro Público consignando la distribución de fondos sobre las tesorerías de provincias.

– Y, en fin, de la Pagaduría del Ejército de Castilla la Nueva, con un estado mensual de las entradas y salidas de fondos.

En su conjunto a través de tales estados se proporcionaba una información preciosa, desde luego, pero a todas luces incompleta y que no había modo de encajar en un sistema que arrancaba del art. 351 de la constitución de 1812:

La cuenta de la Tesorería general, que comprenderá el rendimiento anual de todas las contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, se imprimirá, publicará y circulará a las diputaciones de provincia y a los ayuntamientos;

así como en el art. 131.16 se atribuía a las Cortes la facultad de «examinar y aprobar las cuentas de la inversión de caudales públicos».

Mecanismo confirmado por el art. 72 de la constitución de 1837:

Todos los años presentará el Gobierno a las Cortes el presupuesto general de los gastos del Estado para el año siguiente, y el plan de contribuciones y medios para llenarlos; como asimismo las cuentas de la recaudación e inversión de los caudales públicos para su examen y aprobación.

Mientras tanto, ¿qué es lo que sucedió en las Cortes de 1836-37? Constatada la demora habitual que era un hecho manifiesto que no podía esconderse, la oposición lo denunciaba como una maniobra política de ocultación, puesto que era sobradamente conocida la costumbre del ministro de no respetar los procedimientos y formalidades legales difíciles de entender para un hombre con su pasado profesional de banquero. De aquí su desenvoltura al incumplir el mandato constitucional: lo que no era incompatible con las dificultades técnicas a que acaba de aludirse y que robustecían su tendencia al retraso. ¿Bastaba esto para justificar tan escandalosas demoras? ¿era una causa de ellas o un simple pretexto para disimular el fraude político? Y sobre todo, ¿exigía la constitución una auténtica dación de cuentas o bastaba una mera información sobre «el estado» global de ellas? Tal iba a ser, como veremos inmediatamente, el punto central de la discusión parlamentaria.

Noviembre de 1836: proposiciones sobre cuentas y presupuestos

A la primera y desordenada ofensiva parlamentaria sobre revisión de decisiones del Ejecutivo, control de operaciones militares, censura personal de generales y otros objetivos vagos y dispersos que se han examinado en los capítulos segundo y séptimo, siguió inmediatamente después otra ya más precisa con objetivos concretos referentes a la presentación de cuentas y presupuestos.

El día 6 de noviembre Gómez Acebo denunció la falta de presentación por parte del Ministerio de las cuentas y presupuestos, avanzando así lo que vendría a continuación. Porque efectivamente al día siguiente, el 7, presentó García Patón una proposición formal sobre este punto; y el día después Rodríguez Leal otra sobre cuentas; complementada, en fin, por otra de Sancho del día 9 pidiendo el nombramiento de una comisión para que informara sobre la dación de cuentas en general. El día 10 nueva proposición de Álvaro –que era, como funcionario del ministerio de Hacienda, un conocido especialista– sobre presentación de cuentas hasta 1835. Una proposición que tuvo largas consecuencias, como se verá con detalle en su lugar, puesto que, admitida, pasó a la comisión, quien la dictaminó el 24 y, con el intermedio de una proposición confusa de Luján que no se tuvo en cuenta, se discutió los días 3 y 4 de diciembre, aprobándose finalmente el dictamen ese mismo día. El 14 de enero de 1837 se comunicó una Real orden al presidente del Tribunal Mayor de Cuentas ordenándole la presentación de ellas; pero nunca se logró que así se hiciese, como comprobaremos en su momento.

En la falta de rendición de cuentas y presentación de presupuestos había encontrado, al fin, la oposición un flanco vulnerable del Ministerio donde no dejaría ya de hostigarle con una tenacidad asombrosa, que terminaría exasperando a Mendizábal, haciéndole perder la compostura con reiteración y que llegó a convertirse en una obsesión, hasta tal punto que, después de haber sido cesado, siguió empeñado en rendir esas cuentas que durante tantos meses se le habían estado exigiendo sin fortuna pero con deterioro de su prestigio.

Por lo demás, las críticas no eran nuevas puesto que la prensa llevaba ya tiempo denunciando los dos defectos capitales del sistema: la dependencia de los empleados a las instrucciones de la Secretaría del Despacho y, al tiempo y un tanto paradójicamente, su desobediencia y negativa sistemática (debido a su incompetencia técnica) a facilitar puntualmente las cuentas parciales imprescindibles para la elaboración de la general. Véase lo que decía a tal efecto El Vapor de 16.2.1836, adelantando dos extremos que luego reaparecerían incansablemente en los debates parlamentarios: «El tribunal y contaduría mayor son dos monstruosidades en cuanto a su planta y procedencia de sus individuos, quienes, si bien tendrán pureza y deseo de acierto en el examen y glosa, están sometidos al influjo del poder que los nombró (por lo que) necesitan reorganizarse bajo bases sólidas y en algún modo independientes del gobierno, eligiendo los principales jefes a propuesta en terna por el estamento representativo». Y más adelante, en lo referido a otro punto: «Bien notoria fue la resistencia u obstinada oposición de varias dependencias para rendir sus cuentas al tribunal mayor, fundándose en privilegios, efugios vergonzosos y providencias subrepticias (...) aprovechándose no poco del desorden y destartalamiento general».

Exigencia de cuentas

La oposición parlamentaria se percató pronto de que la política de Mendizábal ofrecía este punto singularmente débil y desde el primer momento hasta el final de su Gobierno golpeó machaconamente en él para ir desgastando políticamente al ministro. El resultado fue un acoso implacable, sin tregua y fácil de desarrollar puesto que Mendizábal no podía defenderse con soltura por causa no tanto de su escasa habilidad oratoria como de la circunstancia de que sus maniobras financieras, oscuras en el fondo y poco limpias legalmente, no resistían la prueba de transparencia, máxime cuando estaban apoyadas en un «voto de confianza» (el de enero de 1836), que llevaba aneja la carga expresa de «dar cuenta» de lo que a su amparo se fuera haciendo. O sea, que eran dos tipos de cuentas las que habían de rendirse: las genéricas de toda acción de gobierno (concretadas en este caso en una rendición de cuentas de sus inversiones de fondos públicos) y las específicas derivadas del voto de confianza (que se le había otorgado con la expresa carga de una posterior dación de cuenta).

Gómez Acebo anunció la larga batalla que iba a librarse cuando en la sesión del 6.11.1836, que ya se ha citado antes, presentó una primera petición de cuentas (y presupuestos): «Hace cerca de tres años que tenemos este gobierno representativo, más o menos imperfecto y todavía no se ha dado a la nación, o más bien a sus representantes, una cuenta de inversión de caudales públicos. Se han exigido contribuciones, se ha hecho un empréstito de 400 millones y ¿cómo no se nos dice en qué se han invertido? ¿Por qué no se han presentado esas cuentas? Allí veríamos lo que han gastado los generales, veríamos mil cosas que necesitamos saber».

Y en la sesión del día siguiente, formalizando lo anterior, presentó García Patón una proposición pidiendo a las Cortes

que estando en el ejercicio y atribuciones que les concede la constitución y atendiendo a lo avanzado del año reclamen del Gobierno (...) que presente las cuentas del año próximo pasado.

Pero en ese mismo momento inició Martín de los Heros –constante y fiel peón del Ministerio– las primeras maniobras de defensa, en este caso, de distracción, puesto que reclamó una previa clarificación del concepto de «cuentas», dado que en su opinión «yo creo que en lugar de cuentas convendría decir un estado de los caudales públicos, de las entradas y salidas que hayan tenido, porque si no, es preciso explicar qué se entiende por la palabra cuentas». Con lo cual se desviaba la cuestión, se retrasaba el debate y, en último extremo, se quitaba hierro a la polémica que se avecinaba.

Pizarro, no obstante, quiso evitar la trampa insistiendo en las inequívocas intenciones originarias de la proposición: «Apenas he entrado en el salón, he oído la palabra cuentas, que resuena en mi corazón mañana y noche continuamente. He podido comprender que se trataba de que el Gobierno presentase estas cuentas».

A lo que contestó el ministro de Hacienda intentando ahora una nueva maniobra de distracción al situar el debate en un terreno personal, dirigiéndose directamente contra Álvaro: «En la legislatura anterior un sr. procurador presentó una proposición, cuyo objeto era poco menos el mismo que el de la presente. Apenas se concluyó la sesión y nos reunimos en la pieza de las columnas, me dirigí a S.S. con aquella franqueza propia de mi carácter, invitándole a que admitiese la presidencia de una comisión especial, cuyo nombramiento iba a proponer a S.M. para que examinase y liquidase todas las cuentas a que se refería la proposición. Con el fin de estimular el celo de que seguramente habría estado S.S. animado al hacer la proposición y deseando al mismo tiempo satisfacer la ansiedad que hubiese podido suscitar la misma, le ofrecí que el nombramiento de los vocales de la expresada comisión especial sería a propuesta suya, que las facultades que se la concederían no tendrían otro límite que los que señalase el Gobierno y que podría contar con mi apoyo decidido para remover cuantos obstáculos y dificultades se pudiesen oponer al logro del objeto de su proposición. S.S. se tomó 24 horas de tiempo para darme una contestación y tuve el sentimiento de que fuese negativa. Nadie más interesado que el Gobierno, yo particularmente, en que se presenten las cuentas a que se refiere la proposición (y) que éstas sean examinadas por las Cortes, por la nación entera».

¿Hasta qué punto podemos creer en la sinceridad de las intenciones del ministro? ¿Fue un golpe bajo de su implacable enemigo Álvaro? Porque dando por buena tal declaración, el hecho es que, con comisión o sin ella y por encima de las reticencias de Álvaro, pasaron los meses y los años y las cuentas no se presentaron. Es muy posible que Mendizábal quisiera de veras cumplir con este deber, pero que no pudiera hacerlo debido a la impotencia técnica de su secretaría, incapaz de poner orden en el desbarajuste.

En cualquier caso Álvaro se apresuró a explicar su a primera vista sorprendente rechazo a la invitación de Mendizábal, aunque en verdad no resultó demasiado convincente cuando dijo que «ha dicho S.E. que me invitó a que fuese a su secretaría si quería enterarme de sus cuentas. Yo extraño que el sr. ministro de Hacienda hiciere semejante invitación, debiendo conocer que teniendo tantas oficinas y contadurías para el buen desempeño de sus negocios, no debería yo ocuparme en esta averiguación».

El debate, una vez más y según era ya costumbre en aquellas Cortes, empezó a desviarse en digresiones continuas hasta tal punto que al final ya no se sabía qué era lo que se estaba discutiendo. A ello contribuyó, desde luego, la intervención siguiente de Álvarez García en la que retomó las dudas planteadas por Martín de los Heros: «Desde el año 21 no se han presentado por el Gobierno las cuentas liquidadas de una manera amplia y explícita, sino sólo en forma de estado, que de ningún modo puede llamarse cuentas. Las Cortes no quieren entrar en la cuestión de que se trata tan de lleno como merece y es necesario tener presente lo que dicen los arts. 350 y 351 de la Constitución refiriéndose a este punto. En primer lugar, debo decir que el examen de estas cuentas es atribución especial del tribunal de justicia (de cuentas), debiendo éste examinar separadamente cada una de las partidas y poner cuantos reparos crea convenientes hasta averiguar la verdad. ¿Haremos nosotros todos los días observaciones sobre el déficit de 10 o 20 reales y otras semejantes y precisaremos a los secretarios de Despacho a que vengan a responder de cada una de estas partidas? Quiero que las Cortes tengan presente el acontecimiento que voy a expresar. En el año 21 ya insistieron las mismas en que se presentasen las cuentas y el ministro de Hacienda que entonces era, dio las órdenes para que esto se verificase: empezaron a venir carros de papel y el primer día se presentaron hasta 13. En vista de lo cual las Cortes dijeron: “Que se vuelvan esos carros y preséntese la cuenta en un estado”. Y desde entonces se hace de este modo. Pero el examen de estos estados, que debe ser sumamente minucioso, corresponde a los tribunales de justicia». En definitiva lo que esto significaba era muy grave, a saber, que las Cortes no tenían ni competencia (puesto que esto correspondía al Tribunal de cuentas) ni capacidad técnica (puesto que esto exigiría demasiado tiempo y personal) para examinar las cuentas del Gobierno y que por lo tanto tenían que rebajar la exigencia constitucional a pedir un simple «estado» o visión general inverificable. ¿Podrían convencer estos argumentos a la oposición y desactivar el ataque?

Mendizábal, por su parte, se enrocó en su conocida línea de defensa: «Un ministro de Hacienda no maneja caudales. Ellos están confiados a un tesorero general y a las oficinas de valores y distribución, que respectivamente intervienen en los ingresos y en los pagos. El ministro será responsable de las medidas directivas y gubernativas; pero el ministro, aunque quiera, no puede mandar pagar nada que no esté dentro de los presupuestos. Es bien seguro que si el ministro mandase pagar una cantidad fuera de ello, el contador general de distribuciones se opondría a intervenirla; y si lo hiciese, sería tan responsable como el ministro. Se dice vulgarmente que un ministro de Hacienda roba. Podrá, si se quiere, hacerlo en las negociaciones confiadas a su cuidado, pero no en mandar entregar sumas para embolsárselas». Esta defensa de Mendizábal era hábil pues pretendía demostrar que las Cortes no podían realizar este tipo de control ni sería útil hacerlo, puesto que se trataba de una cuestión meramente técnica y el Congreso era una institución política. Esta argumentación partía, además, del error del ministro de creer que con la rendición de cuentas lo único que se pretendía era descubrir los eventuales desfalcos y robos cometidos por las autoridades y funcionarios, siendo así que su principal objetivo era el de verificar la regularidad de los procedimientos seguidos y de las resoluciones adoptadas.

En la siguiente sesión del 8 de noviembre el incendio que amenazaba no sólo no se aplacó sino que las llamas se extendieron al impulso de una nueva proposición de Rodríguez Leal:

Pido a las Cortes que, en uso de las facultades que les concede la Constitución, reclamen del Gobierno las cuentas de todos los fondos que hayan recibido y de su inversión hasta fin de 1834, para su examen y aprobación,

Esta propuesta de Rodríguez Leal era explicable pues parecía lógico que las Cortes quisieran conocer no sólo las cuentas presentes sino las del pasado; pero la ampliación de objetivos desviaba la intención original de exigir responsabilidades políticas personales a Mendizábal (ya que no se le podían exigir por negligencias en actuaciones anteriores a su ministerio, en las que no había intervenido) y, además, complicaba las dificultades técnicas de la operación hasta el punto de hacerla materialmente imposible. En definitiva y una vez más, el exceso de meticulosidad y de ambición resultaba contraproducente al frustrar los fines iniciales de la oposición.

La primera dificultad era entonces la de que el Congreso pudiera manejar las ingentes cantidades de papel que el ministro pensaba enviarle –y que remitió efectivamente el 11 de noviembre– con la manifiesta intención de ahogar su investigación. A Pizarro, sin embargo, no le arredraban esas carretadas de papel: «El sr. Argüelles ha querido probar que nos íbamos a envolver en un cúmulo de papeles. A mí no me asustan los papeles, aunque se llene con ellos este salón. Si es grande el trabajo de examinarlos, para eso tenemos un ejército de empleados; y si es necesario, se buscan auxiliares o temporeros. Yo veo que de estos ministros hay muchos que están gozando los 40, los 50 y los 60.000 reales. Si se retarda más tiempo este acto de justicia, todo se volverá decir: ‘Yo no hice eso, lo hizo Fulano y ya ha muerto’. De modo que esto no será cargo de cuenta, sino defunción de cuentas.»

Dejando a un lado los obstáculos que suponía el exceso de papel, estaba el problema de que no se sabía exactamente en qué consistía esa rendición de cuentas que con tanto énfasis se exigía. Ya hemos visto que así lo había advertido Martín de los Heros y las diferencias de opinión no pudieron superarse y se mantuvieron hasta el final de la Legislatura.

Para Rodríguez Leal, por ejemplo, «yo entiendo por cuentas los caudales que por todos los conceptos ha depositado la nación en el Tesoro público y la dirección que el Gobierno ha dado a estos fondos». Mientras que para Ramón de Calatrava, «por cuentas se entienden los documentos que comprobaban la distribución de los fondos» (...) las cuentas a que aludo son las generales que debe tener el Gobierno. Para formar esa cuenta general ¿será necesario traer al Congreso todas las cuentas parciales? No. Yo no quiero más que la cuenta general de cada año, formada de las cuentas parciales que hayan rendido los respectivos administradores». Advirtiendo a continuación que «si el sr. Rodríguez Leal conserva en su proposición la palabra cuentas, el resultado será que cuando reciba la orden competente el Tribunal Mayor de Cuentas suspenderá su acción y enviará aquí todos esos papeles».

Cuando el debate amenazaba estancarse en un pantano de aclaraciones y reiteraciones, Joaquín Ferrer, con su maestría característica, acertó a volver a encauzarlo, explicando las cuestiones pendientes: «Primera: Utilidad de presentar las cuentas. Segunda: imposibilidad de darlas en el sistema de cuenta y razón que hay en el día. Tercera: método único que hay para que la nación pueda tener cuentas. Y cuarta: intervención que deben tener en ellas las Cortes. Sobre la utilidad poco me detendré porque sería tratar de convencer a quien está completamente convencido y paso a la imposibilidad. Es tan imposible tener cuentas con el método actual, que conozco yo en la época de mi vida cuatro tesoreros generales, que habiendo manejado más de 4.000 millones de reales, se han ido al otro mundo sin dar cuentas ni poderlas dar, no por mala fe sino por absoluta imposibilidad, mediante el atraso escandaloso en que estamos. Todo lo que yo conozco de Tesorería general y en todo tiempo que lo conozco, no he visto más que un D. Vicente Seret y un honradísimo Navarrete que hayan dado cuentas. Los demás señores se han ido al sepulcro sin dar cuentas ni poderlas dar. No es culpa de los individuos que deben formarlas sino del método y la nación necesita absolutamente que se varíe éste. Y digo más: sin cuentas no hay nación, ni Gobierno, ni Cortes. Establecida la división necesaria entre la Tesorería general y el ministerio, el tesorero queda reducido a un simple cajero y cualquiera comprenderá que es muy sencilla la cuenta de un cajero, pues consta de sólo dos partidas, sin complicación alguna. Una es la de todo lo recibido por cualquier razón, y otra la de lo distribuido del mismo modo. Y no se crea que el Tesorero general por esto quedase sin responsabilidad alguna, pues existe una ley por la cual debe medir sus operaciones. Ésta es la de los presupuestos. El Tesorero queda descargado de toda responsabilidad, cumpliendo estrictamente lo que le manda la ley de presupuestos; pero incurre en la responsabilidad si se separa de ella. En España es preciso que se haga una línea de demarcación perfecta entre la Tesorería general y el ministerio. Más claro: que el Tesorero general fuese un simple cajero, que cada hora, a cada minuto estuviese en el caso de dar cuenta del cargo y data de su Tesoro a la autoridad competente. Y esta operación no es muy complicada».

El Eco del Comercio del 4.12.1836 intentó aclarar las causas del desconcierto que de hecho imposibilitaban una presentación racional de cuentas y, por tanto, su control: «Está bastante generalizada la idea de que es preciso que haya una autoridad independiente, llámese tribunal mayor de cuentas o como se quiera, con facultades omnímodas tanto jurisdiccionales como gubernativas, para exigir las cuentas a todos cuantos manejen fondos del Estado (...) Por grande que sea el deseo y aun la energía del Gobierno, todos los esfuerzos son vanos si carece de la autoridad judicial necesaria para conocer de los expedientes contenciosos por su naturaleza o que las partes hagan tales por su cavilosidad o como un medio de prolongar el uso de los caudales públicos que tengan en su poder». En este sentido fue la reforma de 1820, que se anuló en 1823. Pero «en 1828 se restableció el tribunal y se le revistió de la autoridad necesaria; pero muy luego entraron los celos: el Consejo de Hacienda se le declaró su rival y con ello se rompió la unidad y la autoridad». Concluyendo, en definitiva, que «mientras no haya una autoridad fuerte ni el Gobierno ni las Cortes adelantarán nada».

Reanudada la discusión el 9 de noviembre, presentó Sancho una proposición, aparentemente tan comedida, que arrancó un aplauso en las tribunas. «Pido –dijo– que inmediatamente se nombre una comisión para que examine las cuentas atrasadas.»

Los aplausos provocaron, no obstante, un ácido comentario de Pizarro que sabía bien que el mejor medio de no resolver una cuestión era empantanarla en una comisión especial: «es muy fácil arrancar aplausos con cuatro proposiciones de cascabel gordo y cuatro generalidades». Y es que la proposición del diputado valenciano podía encerrar una trampa, ya que así se daba ocasión a la mayoría gubernamental para enviar a tal comisión especial diputados de confianza, que desactivaran en su dictamen el peligro que suponía la exigencia de cuentas.

De aquí que Álvaro defendiera que todo era sencillo y que no hacían falta comisiones especiales puesto que «las cuentas que se reclaman existen: La contaduría general es la que las lleva, rindiéndolas al Tribunal o Contaduría mayor para examinarlas, enviando al mismo tiempo copia al ministerio, que las pasa a la sección de contabilidad que ha intervenido en estas operaciones. Estas cuentas se hallan encuadernadas en pasta y no tienen más que cuatro o cinco libros y son tan claras que no pueden serlo más, porque están por partida doble. Y para examinarlas no son necesarias esas carretadas de papel que se ha querido suponer y sí sólo interés y conocimiento en el sistema de contabilidad actual que se está siguiendo».

Lo cual era una verdad a medias, puesto que como explicó a renglón seguido Joaquín Ferrer, desde su experiencia de ex ministro y buen conocedor de las prácticas extranjeras, «no es lo mismo que estén dadas por la Contaduría que finiquitadas, glosadas, examinadas, expurgadas y rubricadas por el Tribunal Mayor de Cuentas. Resulta, pues, que las que existen no están liquidadas según la ley, el uso y la práctica de España y de todas las naciones». El procedimiento a seguir era, resumiendo mucho las cosas, el siguiente: las oficinas de Hacienda pasaban nota a la Contaduría de las entradas y salidas de fondos que habían realizado con la participación de los empleados de intervención y tesorería que velaban por su corrección; luego, la Contaduría ordenaba y registraba esas operaciones en unas cuentas generales que pasaba al Tribunal Mayor de cuentas, que era a quien correspondía revisarlas para aprobarlas o tacharlas con las irregularidades que hubiese observado. Un procedimiento lógicamente impecable pero que tenía el grave inconveniente de su inviabilidad porque –dicho sea crudamente– no se ejecutaba en España por incompetencia de los empleados, desorganización administrativa y desidia de las autoridades superiores. Papeles había suficientes, desde luego, pero nadie se ocupaba de tramitar debidamente las «carretadas» de ellos que se iban acumulando en pasillos y sótanos para alimento de las ratas.

En estas condiciones, si se había roto la cadena del procedimiento las Cortes ya no podían revisar el producto final del Tribunal Mayor, puesto que no existía, y tampoco querían examinar las cuentas en las fases anteriores de Contaduría porque dado su volumen no estaban en condiciones de hacerlo. Lo único que quedaba entonces era que el secretario de Hacienda requiriese a las oficinas morosas para que se pusieran al día y llevasen los expedientes ordenados a Contaduría y luego al Tribunal Mayor para que desde allí se pasasen al Congreso. Esto es lo que prometió hacer Mendizábal, mas como no lo logró, no hubo modo de acceder a las cuentas que se deseaba controlar.

En cualquier caso, el debate se cerró por el momento con unas palabras tranquilizadoras del ministro de Hacienda: «El Gobierno está en la seguridad de que pocas semanas bastarán para que las Cortes se ocupen en este interesante negocio». Una vez más acudía Mendizábal al fácil recurso de posponer los problemas ofreciendo remedios que luego no podía cumplir: pero con esta promesa abandonaba su defensa anterior basada en pretextos más o menos fundados. Ahora el ministro aceptaba sin reticencias su deber de rendir cuentas aunque con ello demostrara no sólo su sinceridad política sino también su ingenuidad al creer –pasando por alto las dificultades formales y administrativas– que pronto («unas pocas semanas») iba a estar en condiciones de hacerlo.

Al fin pasó la proposición a una comisión especial que no sólo no podía considerarse progubernamental sino, antes al contrario, más bien neutral e incluso favorable a la minoría, puesto que de ella formaban parte Álvaro, caudillo de la oposición, Juan Alfonso Montoya, Hompanera de Cos (secretario) y Rodríguez Leal (presidente), siendo los otros Ballesteros, Crespo y Vélez, Escalante y Dávalos. De los dictámenes que elaborase dicha comisión no podía Mendizábal esperar nada bueno; y efectivamente así sucedió, como iremos viendo.

El dictamen de la comisión especial de cuentas de 24.11.1836

Este dictamen se resume en once peticiones que dirigía al Gobierno con objeto de recabar la información previa necesaria para redactar un dictamen que entrase en el fondo de la cuestión. Porque es el caso que el primer envío de documentos que el ministerio, acompañando a su oficio de 11.11.1836, entregó a la comisión había sido ciertamente voluminosísimo –nada menos que una relación de 18.678 cuentas correspondientes a los años 1823 a 1834– pero que, como pudo comprobarse a primera vista, no estaban ordenadas y distaban mucho de ser exhaustivas: lo que hacía imposible su revisión y enjuiciamiento. Lo que se pedía ahora, por tanto, era una serie de relaciones sistematizadas por materias y, sobre todo, completas. ¿Por qué se habían presentado, entonces, unas relaciones tan fragmentarias, revueltas e inútiles? A confesión del Gobierno, porque las distintas oficinas no habían aportado a la Contaduría ni ésta al Tribunal Mayor de Cuentas la documentación correspondiente. Y este dato se convertiría, andando el tiempo, en el punto esencial de la controversia.

La verdad es que papeles y números no faltaban al Congreso ni a la comisión especial puesto que el ministro el 11 de noviembre (1836) le había enviado, con manifiesto sarcasmo, nada menos que las citadas 18.678 cuentas, ya archivadas. Pero de nada valían estas montañas de documentos porque era manifiesto que en las Cortes no había personas en condiciones de revisar tales expedientes ni el hacerlo podía tener utilidad alguna. Se trataba, en suma, de una burla deliberada y harto conocida porque enviar demasiados papeles es lo mismo que no entregar ninguno. En estas condiciones era necesario empezar de nuevo reclamando al Gobierno el envío de los papeles que faltaban y que se consideraban imprescindibles. Mas como el Gobierno no disponía de ellos, pidió la comisión que

oyendo al Tribunal Mayor de Cuentas, manifieste a las Cortes las causas por que no hayan rendido las suyas en tiempo oportuno las corporaciones o personas que se hallen en aquel caso, y proponga los medios de remover cualesquiera obstáculos, si los hubiese y los que sean conducentes para que desde el año actual se presenten a dicho tribunal todas las cuentas de la nación en un breve término, que se fijará, de modo que dentro del año inmediato se presenten a las Cortes las cuentas generales de cada ministerio, con las observaciones del Tribunal Mayor, arregladas a los presupuestos votados.

Las intenciones y el tenor de esta petición no podían ser más ponderados, aunque suponían, por así decirlo, una bomba de relojería puesto que la comisión sabía de sobra que ni el Tribunal Mayor ni las distintas oficinas de Hacienda, incluidas las de Contaduría, estaban en condiciones de cumplir con su obligación y esto saldría a relucir tarde o temprano con el consiguiente desprestigio del Ministerio y, sobre todo, del ministro de Hacienda.

El 3 de diciembre se debatió y aprobó sin mayores dificultades el proyecto de la comisión puesto que el propio ministro había declarado solemnemente que «el Gobierno no tiene inconveniente de ninguna clase en la aprobación de estos artículos, y lejos de oponerse a ellos contribuirá por su parte con mano fuerte para que las oficinas a quienes incumbe la obligación de satisfacer los deseos de la comisión y las Cortes lo verifiquen completamente».

La Real orden de 11.1.1837 parece confirmar la sinceridad del empeño de Mendizábal en que el Tribunal Mayor de Cuentas aportase la documentación necesaria para realizar las operaciones que con tanta insistencia las Cortes reclamaban, pues en tal sentido le conminaba para que la presentase en el primer trimestre del año 1837, aunque distinguiendo las correspondientes a los ejercicios de 1836, 1835 y de 1828 a 1834.

Este expediente fue pasado por orden directa de Mendizábal a una comisión formada por José Canga Argüelles, José Pinilla y Domingo de Torres (quienes juntos con Banqueri, gozando de la confianza absoluta de Mendizábal, constituían una especie de consejo supremo arbitral en todas las cuestiones internas del Ministerio), que evacuó su dictamen el 30 del mismo mes, analizando críticamente las medidas y proponiendo otras alternativas y complementarias. A la vista de todo ello se dictó la Real orden de 22 de abril (1837), que nada sustancial alteraba y que incluso rechazaba la ampliación de plantillas; de tal manera que se tenía la clara sensación de que se trataba de una simple maniobra para ir ganando tiempo y distraer a la oposición.

El dictamen de la comisión de Examen de Cuentas de 6.4.1837

Otro paso importante fue la redacción del dictamen de la comisión de Examen de Cuentas (a no confundir con la anterior comisión especial), de fecha 6.4.1837, que, debido a su complejidad, se articuló en diez puntos, de los que conviene retener los siguientes, firmados todos por Rodríguez Leal, Álvaro, Crespo Vélez y Madoz, secretario. Y el décimo firmado también por Fernández Pino.

Primero. La comisión ha visto con el mayor sentimiento que después de haber transcurrido cuatro meses, el ministro de Hacienda no ha remitido el documento que se le ha pedido; siendo tanto más extraño cuanto que no se trata de remitir estados o cuentas que pudieran estar pendientes de resolución, sólo sí de consignar una opinión, de presentar un dictamen. La comisión opina que el Congreso debe recordar al ministro de Hacienda la pronta remisión del documento de que va hecho mérito.

Formalmente la propuesta no podía ser más suave puesto que se trataba de un simple «recordatorio»; pero en el fondo era muy grave puesto que se denunciaba inequívocamente que el Gobierno no había atendido el encargo anterior de las Cortes ni había enviado los papeles solicitados ni había explicado las causas de no haberlo hecho: una auténtica ruptura entre los dos poderes que colocaba en una posición difícil al Ministerio, al que sólo podía salvar políticamente la fidelidad de una mayoría inquebrantable, dispuesta a pasar por alto todo tipo de acusaciones por fundadas que fuesen.

El ajuste, sin embargo, no se detenía aquí y dedicaba párrafos especiales, todos igualmente duros, a los incumplimientos en el ramo de la Caja de Amortización, rentas de Cruzada, Expolios, minas y loterías, préstamo de los 400 millones y, por supuesto, todo lo referente a la Administración militar, llegando a decir que en algunas materias «no se ha recibido el menor documento». Y después de lamentar la pérdida y destrucción de archivos correspondientes al Trienio, se cerraba así el dictamen:

Noveno. La comisión, para poder presentar a la nación un estado de los gastos hechos en el extranjero con motivo de la guerra civil que nos aflige y conocer el movimiento de las operaciones de crédito efectuadas fuera de España desde setiembre de 1835 hasta el día, propuso al Congreso y éste tuvo a bien aprobar en sesión del 4 de diciembre que el ministerio diera cuenta a las Cortes, con la conveniente separación y claridad, de todas las operaciones que se hubiesen hecho en el extranjero desde 1.9.1835 hasta el fin del mismo mes de 1836, sea para levantar fondos, sea para adquirir efectos, víveres, tropas y otros objetos, remitiendo copias autorizadas de los contratos que al intento hayan celebrado. Esto sin embargo, el Gobierno no ha remitido el menor documento sobre este asunto, que la comisión considera de suma importancia. Por lo que se atreve a proponer se señale el término de quince días para que el ministro de Hacienda presente a las Cortes los documentos necesarios a fin de fijar la opinión del Congreso.

Décimo. La comisión ha visto el estado que ha remitido a las Cortes el exsecretario del Despacho de la Gobernación del reino Don Joaquín María López, en el que figuran los fondos que han ingresado en la pagaduría de dicho Ministerio desde 11.9.1836, que fue nombrado por S.M. hasta el 28 de marzo último que la desempeñó, y lo pagado en la misma época. La comisión opina que no puede recibirse este estado como una cuenta. Pero al mismo tiempo cree la comisión que teniendo origen la presentación de este estado de la excesiva delicadeza del sr. D. Joaquín María López en punto al manejo de intereses públicos, podían declarar las Cortes que lo han recibido con agrado.

Lo transcrito basta para comprobar que esta comisión de Examen de Cuentas no se expresaba con menor dureza que la primera comisión especial. Y es que en este extremo las Cortes estaban profundamente irritadas ante la arrogancia de un Poder ejecutivo que les impedía ejercer una competencia, la de control financiero, que consideraban esencial. En este caso quien resultaba acosado era Mendizábal como ministro actual de Hacienda, pero el reproche afectaba a todos los anteriores. ¿Podría resistir el Ministerio este chaparrón de acusaciones?

En la sesión del 3 de mayo se inició un debate sobre el anterior dictamen iniciado con un larguísimo discurso del ministro de Hacienda, articulado en dos partes bien diferenciadas, haciéndose en la primera de ellas un agrio reproche a la propia comisión por no haberse molestado en recabar directamente del ministro las informaciones más precisas, de tal manera que –según él– en unas sencillas conversaciones se hubieran podido aclarar muchos puntos oscuros: «El dictamen que hoy se discute es una especie de inculpación o censura al ministro de Hacienda porque no ha presentado el dictamen que se le pidió con fecha 6 de diciembre (...) Yo pregunto a la comisión, para que las Cortes puedan juzgar con exactitud, si ha llamado ni un solo día, ni una sola vez, al ministro de Hacienda para que asistiese a sus conferencias con el objeto de que pudiera desvanecer algunas dudas que se ofrecieran y remover algunos obstáculos que pudieran oponerse al logro del objeto que las Cortes se han propuesto. Pregunto asimismo a la comisión si con el objeto de que la ilustrase en cuanto estuviese a su alcance ha llamado al presidente del Tribunal Mayor de cuentas o a alguno de sus ministros para que asistiesen a sus sesiones, como pudo haberlo hecho y como ha sido costumbre hacerlo en todas las épocas anteriores. También pregunto a los señores de la comisión si han tratado de informarse para ilustrar debidamente al Congreso, de un digno diputado de cuya independencia no puede dudarse y que es fiscal del Tribunal Mayor de Cuentas, el sr. Ayllón. (Porque para) calificar esto, la comisión ha debido oír a peritos en la materia, como hacen las demás comisiones».

Puntualizado este extremo, dedicó Mendizábal la segunda parte de su discurso a demostrar, en un relato minuciosamente documentado, que había realizado todos los esfuerzos posibles para lograr que los tribunales y autoridades enviasen la documentación necesaria para preparar una rendición general de cuentas, de tal manera que en modo alguno podía imputársele negligencia; concluyendo que «en cuatro meses no se ha podido hacer más que lo que se ha hecho; (por ello) la comisión, cuando sabía por los documentos que se le han dirigido, lo que se había hecho, no ha sido justa».

Por si lo anterior fuera poco, a continuación leyó el ministro un largo informe del Tribunal, de 29 de diciembre, con las medidas que se proponían para remediar la situación. El 5 de enero el Gobierno lo aprobó en lo sustancial e inmediatamente después, el 11 del mismo mes, se nombró una comisión compuesta por D. José Canga Argüelles, D. José M. Pinilla y D. Domingo de Torres que el día 30 evacuó su informe. El 22 de abril se volvió a oficiar al Tribunal Mayor de Cuentas y, en suma, repitió Mendizábal, «las Cortes se habrán penetrado de que ha sido imposible que haya más actividad en materias de tanta trascendencia y tan arduas o yo al menos, en mis cortos conocimientos, no sé alcanzar a discurrir con más prontitud».

El apasionamiento del orador –junto con su manifiesta prolijidad– le había llevado a sobrepasar la cortesía parlamentaria y, en todo caso, a faltar el respeto a una comisión del Congreso, que explica la inmediata y violenta reacción de Rodríguez Leal: «Como presidente de la comisión de Cuentas no quiero hacer en este momento mucho aprecio de ciertas expresiones que el sr. ministro ha usado respecto de la comisión, diciendo que ha cometido errores y que ha sido ignorante, pero ha dicho S.S. que la comisión ha sido injusta».

Cogido a contrapié por este reproche, Mendizábal recogió velas y hasta intentó refugiarse en unas patéticas alusiones autobiográficas: «Yo no he dicho que la comisión es injusta. He dicho que el dictamen podía calificarse de injusto, que había cometido un error (porque) cuando una cosa es justa y se omite, ¿no puede decirse que es injusta la omisión? Yo apelo a los sres. diputados; en mi conciencia estoy tranquilo de que no les he ofendido. He tratado de decir que no era justo que se omitiera esto (...) y hoy es el día de mi mayor gloria (sic), porque en este tribunal contestaré a todas las acusaciones que se me están haciendo. Y al hombre que ha sacrificado cuatro veces su fortuna, al hombre que no deja a su familia más que lágrimas que llorar ¿no le es permitido siquiera decir que es injusto el que se omita una cosa que era justo manifestar? El hombre que en un país extranjero había sabido por su honradez y probidad hacerse una fortuna y que podía haberla asegurado en un Reino vecino, no puede permitir que se ataque su probidad y honradez (...) Apelo a los individuos que hoy están en la comisión y han sido dignos subalternos míos; apelo sólo a su conciencia».

Habida cuenta de la extremada susceptibilidad personal (que prevalecía incluso sobre sus compromisos políticos) de los diputados de la época, los aludidos no consideraron suficientes tales explicaciones y Madoz se encargó de manifestar que la comisión seguía enojada: «La palabra injusto supone mala fe. Y yo como diputado de la nación española no podré consentir, ni como individuo de la comisión dejaré de reclamar, el desagravio. La comisión ha visto que al tiempo que el sr. ministro ha tratado de vindicarse, lejos de dar una satisfacción, la ha atacado todavía más».

Intervinieron entonces mediadores más sensatos y, al cabo de un tira y afloja, el incidente quedó formalmente zanjado con una solemne declaración del presidente de la comisión: «Una vez que el señor secretario del Despacho de Hacienda ha manifestado que no ha querido decir que la comisión era injusta, sus individuos se dan por satisfechos».

En cualquier caso la cuestión de fondo seguía viva y en ella se centró el debate el día 4 de mayo (nótese cómo iban pasando los meses sin que las cuentas, por unas causas o por otras, se presentaran), en el que Mendizábal siguió firme: «Si yo no conociera tan bien como conozco las opiniones de todos los individuos de la comisión, creería que estábamos en los tiempos de la Inquisición, porque efectivamente el ministro de Hacienda ha estado ignorante, no ha sido consultado».

El tono de estas palabras anunciaba ya la aspereza de lo que estaba por venir, como se comprobó en la siguiente intervención de Rodríguez Leal: «No viniendo al pelo la mayor parte de las explicaciones que el ministro de Hacienda nos ha presentado, la comisión se creería deudora del tiempo que necesariamente había de perder en impugnar lo que no juzga que viene al caso. (...) El Gobierno no ha remitido nada».

¿Depuración de actuaciones administrativas o censura política al Ministerio?

El debate se encrespó más todavía cuando el orador recogió el guante que le había lanzado el ministro al imputar a la comisión intenciones políticas propias de la oposición y no de un órgano parlamentario del que debía esperarse una severa neutralidad: «También dijo S.S. –argumentó al respecto Rodríguez Leal– que la oposición que se le hace es una oposición sistemática que parece que no se quiere más que tirar al Poder para destruirle. Éstas son palabras vulgares y S.S. sabe bien que yo no aspiro a nada más que al bien de mi Patria y a conservar lo que la fortuna y la laboriosidad me han procurado».

Mientras el ambiente iba así caldeándose, apareció Domenech para echar más leña al fuego reprochando a la comisión que, después de tanto tiempo, se hubiera limitado a «recordar» al ministro su deber de presentar de inmediato las cuentas reclamadas o, en otras palabras, que «se hubiera quedado corta»: «La comisión ha debido decir que si el ministro de Hacienda no ha cumplido con su deber, si se ha desentendido del mandato de las Cortes, si éste era obligatorio para S.S., es responsable por la falta en que haya incurrido y no debió darse por satisfecha con proponer solamente que se recuerde el cumplimiento de lo anteriormente acordado. (...) Será una fatalidad para el sr. secretario del Despacho de Hacienda, pero no por eso dejará de ser menos cierto que cuando se trata aquí de pedir cuentas, se excita vivamente la atención y el interés público y aun nosotros mismos oímos con una prevención desfavorable cuanto viene a exponer S.S. en defensa de sus procedimientos. Están bien marcados por desgracia: promesas repetidas en el mismo seno del Congreso nacional y no cumplidas».

A tal extremo habían llegado las cosas que el presidente del Consejo de ministros tuvo que acudir con su autoridad en socorro de Mendizábal: «Por tener la desgracia de ser ministro, no creo haber perdido el derecho a ser creído; y así, no puedo menos de manifestar lo mismo que el sr. secretario del Despacho de Hacienda ha dicho, a saber: que el Gobierno ni judicial ni extrajudicialmente ha tenido conocimiento alguno de los dictámenes de la comisión de cuentas hasta que se vieron impresos. El sr. Domenech y otros señores podrán creerlo, o no. Yo sobre mi honor aseguro esto y espero que las Cortes me darán crédito».

Una vez hecha esta aclaración previa, pasó Calatrava al punto que más le dolía, o sea, el convencimiento de que la petición de cuentas no era más que una maniobra de oposición política al Ministerio: «Ante todas las cosas deseo saber del sr. presidente (de las Cortes) si lo que se discute es el dictamen de la comisión de Cuentas o si se ha abierto un juicio universal contra el Gobierno y especialmente contra el ministro de Hacienda en que es lícito traer actos anteriores a la administración actual, como por ejemplo, el voto de confianza (...) He oído esta mañana mil veces usar de las expresiones de hacer efectiva la responsabilidad del Gobierno, estrechar al Gobierno a que cumpla las resoluciones de las Cortes que el Gobierno no ha cumplido. Yo protesto altamente contra esto. Yo reconozco en las Cortes la facultad de hacer efectiva la responsabilidad de los ministros cuando contravengan a la Constitución y a las leyes; pero no reconozco en las Cortes la facultad de hacer efectiva la responsabilidad del Gobierno ni de dar órdenes al Gobierno ni de estrechar al Gobierno a que las cumpla. El Gobierno, tal como yo le considero, es la reina con sus ministros y la reina ni da órdenes a las Cortes ni las reciba de ellas. ¿Cómo es posible que resista Gobierno alguno si todos los días se le está atacando en este lugar? ¿Cómo es posible que subsista ningún Gobierno cuando todos los días se le está tratando como acaso no se trataría a un ayuntamiento?. (...) En los diferentes cargos y destinos que he obtenido en distintas épocas en los 56 años que cuento, no he sacado otra cosa que hallarme hoy reducido a la pobreza. Si las Cortes participan, en cualquier manera que sea, de esa desconfianza, hagan una declaración manifestándolo así y mañana no estaremos ya en el Ministerio. Pero si no participan de esta desconfianza, que los ministros tienen el íntimo convencimiento de no merecer, entonces ruego también a las Cortes que hagan una declaración explícita si la mayoría de las Cortes no es de la opinión del sr. Domenech porque el Gobierno en las circunstancias en que nos encontramos necesita estar revestido de mucha fuerza para poder dirigir los negocios públicos».

Madoz no podía dejar pasar en silencio la provocación de Calatrava y abordó sin vacilar las connotaciones políticas de la discusión: «Sin temer ofender a mis dignos compañeros, diré desde luego que por mi parte no ha habido oposición alguna, añadiendo que si el pedir cuentas es hacer oposición, declaro que toda la nación es del partido de la oposición. Seamos claros: si el pedir cuentas es un crimen, toda la nación es criminal porque carlistas, estatutistas, constitucionales del año 12, constitucionales del año 37 y hasta republicanos, si los hubiera, todos quieren cuentas y por consiguiente todos son oposición (...) Concluiré con decir que quisiera que las Cortes fijasen la cuestión bajo su verdadero punto de vista y que no se alarmasen unos ni otros, porque habiendo hablado el sr. ministro de Estado y presentando la cuestión como de Gabinete, se han asustado algunos señores creyendo que con esa discusión caía el Ministerio y que con su caída pudiera haber una gran desgracia. Esta idea puede embarazar la votación y por ello debo decir que la cuestión aquí no es de Ministerio, es sólo con el ministro de Hacienda: se le pide un documento y no ha venido».

La sesión del 5 de mayo se dedicó casi exclusivamente a este tema, aunque tomando la discusión unos derroteros extraños. Los diputados de la minoría (Álvaro, Núñez, Vila, Castro) insistían en que lo que se estaba dilucidando era una cuestión muy concreta: el deber constitucional de rendir cuentas, a cuyo objeto el secretario de Hacienda estaba obligado a entregar la documentación correspondiente. Y hasta entonces Mendizábal excusaba el incumplimiento alegando, entre otros pretextos, una cuestión de mucho peso, a saber: que los servicios de su ministerio no le habían enviado a él los papeles necesarios. En su consecuencia se veía imposibilitado a rendir, al menos de momento, las cuentas, pero no se sentía culpable porque había hecho, y estaba haciendo, todo lo posible para recabar los documentos.

Éste era el centro de la discusión y, puesto que el no envío era un dato que estaba fuera de duda, lo que hubieran tenido que decidir las Cortes era si esta diligencia, aunque fuera tardía, le exoneraba de su obligación. El debate, sin embargo, había descarrilado debido a la desafortunada intervención del presidente del Consejo de ministros que, intentando sacar del apuro a su colaborador, terminó declarando que se trataba de una maniobra política. Veamos todo esto con el detalle que se merece.

Empezó la sesión Álvaro intentando colocar la cuestión en su sitio: «He pedido la palabra precisamente para fijar la cuestión, porque cada vez que trata de ella el sr. secretario del Despacho de Hacienda, la extravía más. La cuestión es que habiéndose aprobado por las Cortes diferentes proposiciones para que se presentaran las cuentas de la nación, se nombró una comisión especial para que entendiese en este particular (y está comisión evacuó su dictamen). Éste es el objeto principal de este dictamen. Si las Cortes creen que sin cuentas puede existir un Estado, entonces pueden desentenderse de esto; pero si creen que sin cuentas no hay sistema representativo ni hay nada más que engaño, entonces preciso es establecer aquél».

Seguidamente se incorporó Vila a la lucha demostrando que la debilidad física de su voz no le impedía dirigir un ataque tan duro como inteligente: «Si el Gobierno, abrumado ya con el peso de sus mismos errores y perdido dentro del complicadísimo laberinto donde le ha metido el actual secretario del Despacho de Hacienda, esperaba una ocasión semejante para acabar de dar un testimonio de su nulidad, ha sabido bien aprovecharla (el presidente) al abrir el debate; y reconociendo que miraba la aprobación del dictamen como un voto de censura, ha puesto a las Cortes en estado de dar una pública declaración de la desconfianza en que estamos de que la nave del Estado no pueda llegar al puerto de salvación dirigida por tan desgraciado piloto».

Calatrava insistió entonces en lo que había hecho notar el día anterior, o sea, que el dictamen tenía una intención política manifiesta: «Todo el mundo sabe que los ministros no tienen que dar cuentas ya que éstas no las dan los ministros sino los tesoreros y encargados de recaudación. (...) No salgamos de aquí, no se declame; no se quiera concitar la opinión del vulgo contra el Ministerio, suponiendo o haciendo creer que el Ministerio se opone a que se tomen cuentas. (...) Se hacen acusaciones contra el Gobierno. Pero atáquese con franqueza, bien sea contrayéndose a este punto sólo, bien sea trayendo al Ministerio a un juicio universal. (...) Estos medios de ataque en una cuestión tan sencilla no me parecen ni generosos ni parlamentarios».

Núñez y Álvaro, dos expertos hacendistas irreconciliables enemigos de Mendizábal a cuyas órdenes había servido en la secretaría de Hacienda, intentaron de nuevo reconducir la cuestión a su terreno propio, es decir, a la fallida rendición de cuentas.

«Es verdaderamente una fatalidad –empezó diciendo Núñez– que siempre que se trata de cuentas, las discusiones, que por la naturaleza misma del asunto debían ser tranquilas y conducirse con la mayor calma, generalmente son borrascosas. El sr. secretario de Hacienda, que fue el primero que antes de ayer tomó la palabra en este asunto, empezó diciendo que sería más largo de lo que acostumbra, y efectivamente S.S. cumplió su palabra, porque no dejó de usarla hasta que le faltaron las fuerzas y suplicó a las Cortes que se suspendiera la discusión. Pero yo pregunto a las Cortes, y apelo al Diario de Sesiones, si en el largo discurso de S.S. se tocó sino por incidencia la cuestión que nos ocupa en el día. S.S. la trajo al terreno desagradable en que hoy se encuentra. Empezó por inculpar a la comisión. Luego dirigió sus ataques a la oposición; ataques que se han repetido después por el sr. ministro de Estado. (Se trata de saber) qué inversión se ha dado a los caudales que se han sacado de los bolsillos de los pueblos. (...) La cuestión se reduce a saber si desde el 30 de enero hasta el 22 de abril se ha pensado en cumplir un mandato del Congreso».

A continuación usó de la palabra Castro volviendo a la cuestión: «El recordar al Gobierno la remisión de un documento necesario para una resolución que él mismo ansía, según dice, no es manifestarle desagrado; es decirle que urge la remisión de lo pedido. Por consiguiente no ha habido motivo para que se considere la cuestión como voto de censura. (...) Yo no veo aquí ni voto de censura ni manifestación de desagrado al ministro de Hacienda, es decirle que urge la remisión de lo pedido. (...) Poner en duda (como lo ha hecho el sr. ministro de Estado) si las Cortes pueden pedir a los ministros los documentos que necesitan para la formación de las leyes; poner en duda esta facultad es falsear por su cimiento, destruir por su base el sistema representativo».

Al final se votó y el dictamen quedó desaprobado por 101 contra 62. A su vista la comisión retiró los demás dictámenes por entender que ya estaban prejuzgados. Mas ¿cómo explicar el triunfo del Gobierno? El tono de la comisión había sido áspero ciertamente, pero el contenido del dictamen era absolutamente correcto. La desaprobación demostraba, entonces, que el presidente del Consejo de ministros había tenido razón al interpretar lo pedido como un ataque político y, en consecuencia, la mayoría había cerrado filas en torno a Mendizábal, dejando a un lado el importante negocio de la rendición de cuentas.

Por otra parte, la retirada del dictamen no fue total puesto que se conservó su número 10, de tono menor, referente a la rendición de cuentas que había realizado López de su gestión en la secretaría de Gobernación de la Península. Y este hecho dio pie para que en la sesión del 6 de mayo se rindiera un homenaje a la pulcritud de la conducta del dimisionario, que éste aceptó con su modestia característica: «Se presentaba un estado, y no otra cosa, de los fondos que había en la secretaría del Despacho de la Gobernación a mi entrada en ella, de los intereses que habían ingresado después, de las atenciones y gastos cubiertos y de las existencias que dejaba a mi salida, y se añadía que los documentos comprobantes de todos y cada una de las partidas existían en el ministerio (...) Pero la comisión ha creído que el estado presentado por mí no debía ni podía reducirse a cuenta, porque para ser tal debía darse por años y por el ministerio entero. (...) Y el estado ofrecido lleva la doble garantía de haberse detallado con presencia de todos los documentos por las dos personas inmediatamente responsables de cualquier defecto y de ser una de ellas la del contador, el sr. Morente, a quien tenemos el gusto de contar entre nuestros compañeros».

El aludido decidió entonces unirse al coro de alabanzas: «Como el estado a que se refiere el dictamen está formado por la contaduría del ministerio, la que está a mi cargo, debo hacer una explicación. El estado es efectivamente tal estado, y no es cuenta, porque no pueden serlo sino las que se redactan anualmente por la pagaduría general del ministerio para su presentación al Tribunal de contaduría mayor. Pero la delicadeza del sr. López quiso demostrar cuál ha sido su conducta durante el tiempo que ha desempeñado el ministerio, presentando este estado en los términos que se han hecho».

A diferencia de los anteriores puntos, éste se aprobó consecuentemente sin dificultad. Además conviene dejar constancia de que en general el ministerio de la Gobernación siempre se distinguió por la limpieza de sus cuentas y por los esfuerzos que desde él se hacían para cooperar con el de Hacienda en la elaboración puntual de los presupuestos. Y esto no sólo en los tiempos de López, como acabamos de ver, sino también en los de Pita. De ello es buena prueba la Circular de 12.5.1837 (en la Gaceta del 15) en la cual se habla

de la utilidad que debe producir a la nación el conocimiento exacto de los productos y gastos de todos los ramos de la administración civil y económica de los pueblos y de la necesidad de centralizar todas las operaciones de contabilidad de los establecimientos y dependencias que estén bajo la dirección de este ministerio, sin lo cual no puede lograrse el objeto que S.M. se propuso de presentar a las Cortes el verdadero presupuesto del mismo; y constituyendo la parte más importante los particulares de los ayuntamientos y diputaciones se ordena que todas las corporaciones lo realicen con exactitud y puntualidad, incluyendo aquí los establecimientos de beneficencia, así como los de instrucción primaria, segunda y tercera, universidades y colegios, academias y bibliotecas. (Aludiéndose al final) a esta centralización sucesiva, razonable y sólida sin confusión ni malversación.

Reanudación del debate

Apareció seguidamente una inesperada proposición firmada en primer lugar por Ferro Montaos, que implicaba una reanudación del debate que formalmente acababa de ser cerrado:

Proponemos al Congreso se sirva acordar que el dictamen de la comisión de Cuentas desechado ayer vuelva a la comisión, para que con la brevedad posible pueda ésta presentar sus trabajos sobre cuentas, que es el objeto interesantísimo de la materia.

Esta petición de volver a empezar desde el principio se explicaba por el hecho de que la desaprobación del dictamen no debía interpretarse como desinterés por las cuentas, ni mucho menos como una maniobra política (en contra de la tesis que se ha referenciado más arriba) sino que respondía a un escrúpulo procedimental. La comisión no había seguido, al parecer, los trámites reglamentarios y lo que ahora se proponía era que se remediasen tales defectos formales y se reanudara el expediente parlamentario de exigencia de rendición de cuentas. Así lo expresó el propio Ferro Montaos: «La razón que tuve para desaprobar el dictamen, así como creo lo fuese la que inclinó a los demás señores diputados que votaron como yo, ha sido, entre otras, por no haberse presentado en la forma que creíamos debía hacerse (...) Es preciso que los señores de la comisión, prescindiendo de las susceptibilidades, del amor propio, en obsequio de la Patria, tengan la bondad de volver sobre sus pasos y de tomar otra vez en consideración los dictámenes retirados, presentándolos nuevamente conforme a las inspiraciones de su celo y a sus conocimientos en la materia. (...) Yo deseo como el primero, yo clamaré enérgicamente porque al ministro de Hacienda, así como al Ministerio en masa si preciso fuera, se le exigiese la más severa, la más terrible, la más efectiva responsabilidad si ha faltado a su deber (...) pero esto debe hacerse a tiempo, oportunamente, sin pasión, con debida franqueza y por los medios legales».

No poca ingenuidad era pretender que unos diputados de 1837 dejaran a un lado su susceptibilidad. Madoz el 6 de mayo de 1837 anunció inmediatamente que no estaba dispuesto a aceptar el encargo tanto por razones de «honor y delicadeza» como por otras objetivas y bien fundadas: «No se extrañe que defienda esta cuestión con tanto calor, pues en ella considero interesado mi honor y no puedo por lo mismo hablar con la calma y serenidad que acostumbro. (...) Se propone ahora que los dictámenes vuelvan a la comisión. El decoro de la comisión se halla interesado en que no vuelva a ella este dictamen, mientras que el Gobierno no prometa que en un determinado plazo remitirá ese informe, que la comisión considera como base de todos sus trabajos».

A lo largo del debate intervino Madoz dos veces más: la primera para argumentar en Derecho estricto: «La comisión se ha reducido a pedir un informe o noticias al Gobierno. Estas noticias no venían a pesar del mucho tiempo transcurrido, y en este estado ¿qué correspondía hacer a la comisión? Recordar su pedido, dicen algunos señores, porque así lo previene el artículo 84. Pero esto no es exacto porque este artículo sólo habla de que se pidan las noticias que se crean necesarias y ni en él ni en ningún otro se previene que en el caso de que no se envíen las noticias pedidas por el Congreso, se deban reclamar éstas de nuevo por sólo la comisión. Los señores que esto pretenden, que me presenten el artículo que esto dispone». Y la segunda para insistir en la vertiente emotiva: «Me tomo la libertad de repetir que la proposición es en cierto modo ofensiva pues la comisión no necesita que se le excite, pues ya ha dicho que presentará las medidas que crea convenientes cuando tenga los documentos pedidos al Ministerio. Si las Cortes aprueban la proposición presentada, dan un voto de censura que la comisión no ha creído merecer».

De esta forma se cerró el debate y, a la hora de votar la proposición, fue aprobada por 86 votos contra 26. Ahora bien, ¿qué podía suceder si los miembros de la comisión, siguiendo el ejemplo de Madoz, se negaban a seguir trabajando?

Las cuentas siguen coleando

De sorpresa en sorpresa el mismo día 6 de mayo presentó el diputado Calatrava una nueva proposición:

Hallándose rendidas por la Contaduría general de distribución las cuentas generales del Tesoro público desde el año 1828, época de los presupuestos, hasta el de 1835 inclusive, pido a las Cortes se sirvan acordar que sin perjuicio de los efectos que deba producir en el Tribunal Mayor de Cuentas, se imprima y publique a la mayor brevedad posible para conocimiento de la nación, la relativa al citado año de 1835, como asimismo los estados generales de valores y distribución respectivos al año 1836 presentados por las contadurías generales y que constituyen aproximadamente lo que será la cuenta del mismo año.

A primera vista no era fácilmente comprensible el sentido de este escrito; pero el mismo proponente se apresuró a aclararlo. Su intención era, nada menos, que la de probar que, en contra de lo que se estaba afirmando habitualmente, la Administración contable española –y en especial la Contaduría general que estaba a su cargo– funcionaba impecablemente y que, por tanto, las cuentas estaban al corriente. Afirmación que debió ser recibida con incredulidad puesto que el propio secretario de Hacienda había reconocido desde el primer momento la enormidad de los retrasos aunque fuera culpando de ellos a los servicios del Ramo.

Oigamos a este diputado, hermano del presidente del Consejo de ministros: «Celoso de la reputación de la dependencia a cuyo frente tengo el honor de encontrarme, no me es posible desentenderme por más tiempo de las infundadas acusaciones que se hacen al Gobierno, suponiéndose sin razón ni conocimiento de lo que se dice, que en este país no hay orden ni sistema en la contabilidad de las rentas públicas. Yo afirmo y sostengo que lo hay, y tan bueno como el que pueda haber en los países que se consideran más adelantados que el nuestro, sometiéndome desde luego a la vergüenza de ser desmentido por cualquiera que pruebe lo contrario. Las cuentas del Tesoro público, que son las más importantes para la nación, se han presentado corrientemente desde la época de los presupuestos en 1829 hasta el año de 1835 inclusive. (...) Es, pues, inexactísimo que se diga que se huye de dar cuenta, o que no se sabe cómo darla, y yo invito a los señores diputados que se muestran tan disgustados sobre este punto, a que se acerquen a pasar la vista por estos papeles para convencerse que son muy equivocadas las ideas que tienen en la materia. Es una cosa cruel e injustísima comprometer tan sin razón como se hace la reputación del Gobierno y de las oficinas de contabilidad».

A la proposición acompañaba una serie de documentos procedentes de la Contaduría que las Cortes se negaron a recibir por entender que eran confidenciales y Vila llegó a considerar irregular el hecho mismo de su presentación: «Yo no sé cómo un empleado público puede separar de su oficina y remitir por sí a las Cortes, sin que sea por conducto de su jefe, ninguno de los documentos confiados a su cuidado, no pasando por el Ministerio, que es el único punto de contacto que tiene las Cortes con el Poder ejecutivo y sus dependencias».

En cualquier caso la proposición resultaba tan desconcertante que un compañero del ministerio, Morente, se atrevió a rogarle que la retirara. Pero no habiéndolo logrado, el día 7 de mayo pasó a la comisión especial de Hacienda y a partir de entonces no se supo más de ella.

El caótico debate sobre la rendición de cuentas –en el que nunca se ha sabido con precisión qué es lo que se estaba discutiendo– parecía no tener fin. El 15 de agosto de 1837, vísperas de la caída del Ministerio Calatrava-Mendizábal, reprochó duramente el ministro de Hacienda a Álvaro su comportamiento a lo largo de este incidente en el que tanto contrastaba su aparente interés por enterarse de las cuentas de la nación con su absoluta despreocupación personal cuando había tenido la oportunidad de examinarlas. Así había sucedido cuando rechazó la presidencia de una comisión especial que se pensaba nombrar a tal efecto (según se ha relatado ya más atrás) y se repetía ahora con otro episodio: «El sr. Álvaro ha dicho que cuentas y cuentas y más cuentas. Pero lo positivo es que S.S. no ha querido examinar de cuantas el Gobierno ha presentado más que las correspondientes al tiempo del despotismo, es decir, las del año 28 al 34 y lo que es más extraordinario es que las ha aprobado sin haberlas leído. No se crea que esto sea una exageración. No hay más para convencerse que ver que aquéllas se componen de 21 volúmenes que tienen los folios dorados sin estar aún despegados los cantos. Prueba de que ni tan siquiera se han abierto. En la sala de la comisión están. Si algún señor diputado dudase de ello puede ir a cerciorarse. ¡No se han abierto siquiera y sin embargo se ha presentado un dictamen por la comisión en que se dice que están estas cuentas conformes! ¡Y al mismo tiempo se ataca al Gobierno bajo el pretexto de cuentas y cuentas!».

Ante este reproche contestó Álvaro contraatacando con una nueva proposición que comprendía ocho extremos concretos, para cuya denegación hubiera sido difícil encontrar excusas plausibles. Pero los acontecimientos de Pozuelo de Aravaca frustraron irremediablemente sus intenciones:

Pido a las Cortes se sirvan acordar que por el Ministerio de Hacienda se dé cuenta a las mismas de las siguientes operaciones: 1. Del producto que hayan dado las campanas y bienes muebles de los conventos suprimidos. 2. De las cantidades cobradas del préstamo de 200 millones hasta 31 de julio último y de los gastos de la guerra a que las haya destinado. 3. Del producto de las excepciones de la movilización, última quinta y requisición de caballos y su inversión. 4. De los giros y operaciones que el Gobierno haya verificado sobre las Cajas de la Habana, Puerto Rico y Filipinas desde el 14.9.1835 hasta el día. 5. De los billetes del Tesoro que haya puesto en circulación, remitiendo los contratos originales que ha celebrado con varios particulares, expresando los ya recogidos y los que todavía quedan sin recoger. 6. De las libranzas expedidas y no pagadas: primero contra la Dirección del Tesoro; segundo, contra la pagaduría militar; tercero, contra las tesorerías de las provincias u otras dependencias del Gobierno. 8. De las deudas que existan contra el Tesoro público a favor de contratistas, proveedores u otros particulares y corporaciones, por las cuales no se hayan expedido libranzas o billetes.

Final

A lo largo de este extenso epígrafe han ido corriendo varios hilos distintos que terminaron enredándose hasta formar un ovillo inextricable y que ahora conviene repasar para facilitar la comprensión del episodio.

1. Estaba en primer lugar la simple exigencia de que el secretario de Hacienda cumpliese con su deber constitucional de dar cuentas del destino o inversión que se había dado a los fondos públicos. 2. Una cuestión que se enturbió al confundirla con otra muy diferente, a saber, la de la obligación de dar cuenta del uso que se hubiese dado del voto de confianza otorgado en enero de 1836: algo que en aquel momento nadie le había pedido. 3. La confusión se agravó todavía más cuando, por una imprudencia o exceso de celo, se añadió la petición a períodos anteriores a la llegada de Mendizábal, concretamente desde 1824. Estas cuentas no se habían rendido ciertamente, pero la responsabilidad de Mendizábal no podía ir más allá de su incumplimiento a una orden parlamentaria y no a una infracción constitucional y, muchos menos, a eventuales deficiencias en su gestión. 4. Para realizar esta rendición de cuentas pasadas necesitaba el ministro una documentación de que no disponía; y la verdad es que hizo cuanto estuvo en su mano para que las oficinas de su secretaría se la enviasen con rapidez: la imputación de negligencia era, por tanto a todas luces injusta en este punto. 5. El fracaso de estas reclamaciones puso de manifiesto la dolorosa realidad de que los sistemas de contabilidad del ministerio y su compleja organización burocrática (Pagaduría, Contaduría, Tribunal Mayor de Cuentas) ni funcionaban ni estaban en condiciones de hacerlo ni había forma de enderezarlas pues se trataba de deficiencias estructurales que nadie se había preocupado de remediar. 6. En definitiva, lo que había empezado como una reclamación personal a un ministro aparentemente impuntual y negligente desembocaba en el descubrimiento de unas deficiencias estructurales de la organización del ministerio. 7. Volviendo a la confusión del debate, éste se complicó más todavía cuando el presidente del Consejo de ministros imputó a los diputados que le habían promovido la torticera intención de servirse de él para atacar políticamente al Gobierno. 8. Y llegando al colmo, la desaprobación del dictamen de la comisión provocó que los miembros de ella se sintieran personalmente ofendidos y se negasen a continuar trabajando. 9. Las proposiciones anteriores quedan, no obstante, en entredicho por la tajante afirmación de Ramón María Calatrava, jefe de la Oficina de Contaduría, de que las cuentas estaban en orden y que el servicio funcionaba impecablemente: un extremo fáctico que no intentó verificarse, lo que entonces hubiera sido sencillo, pero que parecía inverosímil. 10. Todo lo dicho se encierra en dos: al cabo de tantas discusiones las cuentas siguieron sin presentarse, dejando las actuaciones de Mendizábal en una opacidad más que sospechosa; y al no remediarse las deficiencias de organización y funcionamiento de la secretaría, era previsible que la situación no se regularizaría nunca: como así sucedió en efecto.

La impresión final que se obtiene de este interminable debate es la de que por parte de Mendizábal no hubo mala voluntad ni afán de ocultación. Si no había presentado las cuentas –ni las presentó nunca debidamente– fue sencillamente porque, al igual que sus antecesores, no las había preparado y resultaba imposible ordenar, ni en semanas ni en meses, aquellas ingentes montañas de papeles que la rutina burocrática había ido acumulando inútilmente durante tantos años en los sótanos del ministerio. Su falta era, pues, por omisión y, además, por su incapacidad organizativa, ya que así se demostró que no estaba en condiciones de lograr que los servicios de su dependencia actuaran con la eficacia debida. Mendizábal no era hombre del detalle y del orden sino un pésimo gestor que dejaba siempre sin realizar sus ideas, incluso las mejores. La oposición percibía que en este punto era vulnerable y se lanzó implacablemente sobre él sabiendo que no podía defenderse; y esto fue lo que sucedió. Porque Mendizábal demostró cumplidamente que, aunque fuera tarde, hizo cuanto estuvo en su mano para excitar el celo de su pesado aparato administrativo. Pero el caso fue que las cuentas terminaron sin ser presentadas.

Otra cosa es el lamentable desarrollo que esta cuestión tuvo en las Cortes: aquello fue una reproducción del juego infantil del ratón y el gato. La oposición perseguía a Mendizábal exigiéndole una y otra vez que rindiese cuentas y éste se escapaba con los pretextos más variados amparado por su fiel mayoría. Quienes pretendían acorralarle no obraban del todo con buena fe puesto que más que las cuentas les interesaba poner en evidencia política al Ministerio y sabían de sobra que estaban pidiendo cosas imposibles. Pero el ministro, por su parte, tampoco fue sincero nunca y sabía de sobra que sus explicaciones no respondían a las preguntas que se le hacían. Las cuentas al final no se rindieron debidamente, pero Mendizábal tampoco salió indemne porque, aunque no llegó a ser censurado formalmente, su imagen de ministro de Hacienda quedó seriamente deteriorada y consiguió irritar gravemente a quienes durante mucho tiempo habían sido sus amigos políticos.

Es posible finalmente que una escrupulosa rendición y revisión de cuentas hubiese disipado –o confirmado– la generalizada sospecha de las irregularidades del comportamiento del ministro, a que daba pie su acostumbrada y espesa opacidad. Quien no obra con transparencia está expuesto inevitablemente a rumores y sospechas que, al no aclararse, proyectan dudas sobre su limpieza. Esto es lo que sucedió con Mendizábal quien, al no defenderse con cifras y documentos en la mano, dejó en el aire las gratuitas acusaciones que acabamos de ver y que se mantienen sin aclarar hasta hoy. Janke (268 ss.) se ha ocupado con detenimiento de las «irregulares» (así las califica) operaciones financieras de Mendizábal comentando que «es evidente que había emprendido gran cantidad de ellas con individuos y compañías españolas y extranjeras durante sus dos períodos en el ministerio de Hacienda, de los cuales no había dejado constancia en el ministerio. Exactamente lo mismo sucedió con las operaciones en la Bolsa. Álvaro, que indudablemente tuvo acceso a los archivos después de la caída de Mendizábal o al menos conocimiento confidencial de ello, dijo que estaba claro que el Estado había jugado a la Bolsa en bonos al 5% y, al parecer, había tenido pérdidas del 50%. En el departamento existían suficientes pruebas de dichas operaciones, pero faltaba información para comprobarla».

* * *

3. ACOSO POR LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Primer asalto: proposición de García Patón.– Segundo asalto: proposición de Gregorio García.– Tercer asalto: proposición de Mata Vigil.– Cuarto asalto: proposición de Suances y sus secuelas.– El Ministerio Bardají- Pita: la Memoria póstuma de Mendizábal.– Demasiado tarde.

La constitución de 1812, como luego la de 1837, se había preocupado de ordenar los Poderes del Estado de tal manera que la nación, a través de sus representantes en las Cortes, pudiese asegurarse de que el Gobierno nombrado por la Corona no abusara de sus potestades empezando por la gestión de sus ingresos y gastos. A tal efecto estaban los presupuestos cuya determinación previa correspondía de manera exclusiva al Congreso y posteriormente, para mayor garantía, la rendición y revisión de cuentas de cómo se habían ejecutado.

La letra y el espíritu de la constitución no podían estar más claros; pero la realidad era muy otra. En el epígrafe anterior ya hemos visto lo que sucedió con la presentación de cuentas y seguidamente vamos a examinar el caso de los presupuestos, en los que las trampas parecían poco menos que imposibles desde el momento en que las Cortes tenían en su mano la poderosa palanca de imponer que no se cobrasen contribuciones que no estuvieran previamente aprobadas por ellas: lo que suponía que el Gobierno quedaba automáticamente estrangulado. Y que esto era factible lo demuestra que así lo hicieran con el Ministerio Istúriz en 1836 y a punto de hacerlo estuvieron con el Ministerio Bardají-Pita en 1837, pero con el Ministerio Calatrava-Mendizábal las cosas transcurrieron de otra manera.

Mendizábal no presentó puntualmente los proyectos de los presupuestos y la oposición denunció la infracción, mas no pasó absolutamente nada porque la mayoría se negó a aceptar la relevancia de esta carencia. Con lo que resultaba que la potestad de control parlamentario no estaba realmente en las Cortes sino simplemente en la mayoría y, siendo ésta ministerial, el control se esfumaba de hecho: una lección de práctica constitucional que iba mucho más allá de la brillante superficie de la teoría en uso.

Resulta sorprendente, por cierto, que un financiero como Mendizábal, acostumbrado a los números y a las cuentas públicas y privadas, y que tan aficionado era a ellas, tropezara en la piedra de los presupuestos del Estado y que no lograra rehacerse de este traspié en el largo tiempo que estuvo al frente de la secretaría de Hacienda. La constitución de 1812 imponía a estos efectos una obligación inexcusable al secretario del Despacho de Hacienda (nótese bien que a él y no genéricamente al Gobierno) que el ministro no quiso o no estuvo en condiciones de cumplir:

Art. 341. El secretario del Despacho de Hacienda las presentará (a las Cortes), luego que estén reunidas, el presupuesto general de los (gastos) que se estimen precisos, recogiendo de cada uno de los demás secretarios del Despacho el respectivo a su ramo. Art. 342. El mismo secretario del Despacho de Hacienda presentará con el presupuesto de gastos el plan de las contribuciones que deban imponerse para llenarlos.

Pues bien, al igual que estaba haciendo con ocasión de la falta de cuentas, la oposición no cesó de acosar a Mendizábal por la tardanza en la presentación de los presupuestos tal como imponían los textos citados. El hecho del retraso era evidente y no se podía negar. Pero lo que aquí hizo el ministro fue buscarse justificaciones más o menos verosímiles, que la oposición naturalmente no admitió. A lo largo de la Legislatura tuvieron lugar varios torneos parlamentarios en los que ciertos diputados denunciaban este incumplimiento constitucional mientras que el ministro y sus amigos se defendían como podían, alegando excusas que más bien parecían pretextos que causas porque, aun siendo algunas de ellas muy plausibles, en el terreno político no tenían demasiado valor. En este punto, sin embargo, Mendizábal no quiso ceder, empeñado como estaba en presentar los presupuestos con un acompañamiento documental suficiente, cuya preparación le exigía demasiado tiempo. Lo cual hubiera sido muy útil, desde luego, pero como la constitución no lo tenía previsto así, quienes formalmente tenían razón eran sus adversarios. Lo mejor puede ser enemigo de lo bueno y las ambiciones bienintencionadas no cubren infracciones evidentes.

La historia empezó en los primeros días de la legislatura con ocasión de la lectura el 27.10.1836 de la Memoria sobre el estado de la Hacienda pública, en la que, después de citar el art. 342 de la constitución, se advertía que no podía desempeñarse con puntualidad tal deber porque

no está en mi posibilidad cumplirlo en este momento, aunque todas las medidas tomadas para la formación del presupuesto general y todos los trabajos de su material ejecución se encuentran ya tan adelantados que en breve se presentarán a las Cortes.

A partir de aquí la lucha sobre este extremo entre el ministro y la oposición se mantuvo sin cuartel y sin interrupción hasta el final del Gabinete. Lucha que va a relatarse al hilo de los acontecimientos más significativos y en la que, como se verá, el conflicto capital no estaba en los presupuestos en sentido estricto (relación cifrada de los gastos a realizar y de los ingresos previstos para cubrirlos) sino en la documentación justificativa que había de acompañarlos. Porque Mendizábal tenía el propósito de redactar en esta ocasión una memoria profunda, detallada y no un simple papel de trámite. Pero para ello necesitaba de más tiempo del que disponía y, al final, no le llegaron las fuerzas y, después de haber soportado durante un año los reproches de sus adversarios, dejó la obra sin terminar y a falta de un nuevo presupuesto actualizado, el de 1835, por muy rudimentario que fuese, rigió con leves alteraciones hasta 1841 inclusive. El presentado por Mendizábal en las Cortes constituyentes para 1837 no se discutió por falta de tiempo; el de Pita para 1838 presentado el 31 de diciembre de aquel año quedó pendiente de dictamen; y lo mismo el presentado en 1839 para 1840.

Primer asalto: proposición de García Patón

El día 7.11.1836 formalizó García Patón una proposición pidiendo al Gobierno que presentara

con la mayor brevedad los presupuestos de sus respectivos ministerios para el año 1837 a fin de que las Cortes puedan detenerse a hacer las economías que necesitan, principalmente en Hacienda.

La iniciativa fue apoyada por Pizarro el mismo día: «La presentación del presupuesto la manda la constitución; pero la constitución no es más que un papel si no se observa y se hace observar. En cuanto a los presupuestos para el año próximo debo recordar a algunos señores que se hallan presentes y que también pertenecieron a las Cortes anteriores, que ya se hizo en otra ocasión una propuesta sobre lo mismo y que se aprobó. En mi opinión no puede el Congreso dejar de entrar en esta deliberación si el Gobierno representativo ha de ser una verdad y no una apariencia».

El ministro contestó con una afirmación que terminó siendo el caballo de batalla de todo el debate y en la que se reiteraría machaconamente hasta su cese: «Si apenas hace días que el Gobierno ha ofrecido en su Memoria de Hacienda presentar los presupuestos que se están examinando por una comisión especial nombrada al efecto, que los acompañará con las observaciones que ilustran la materia, ¿cuál puede ser el objeto de las Cortes aprobando la primera parte de esta resolución? Las Cortes con su sabiduría no podrán menos de reconocer su inutilidad». Lo que comentaría Díez con la seca afirmación de que «no basta decir que se presentarán los presupuestos, que está una comisión trabajando».

Segundo asalto: proposición de Gregorio García

La ofensiva se reanudó bien pronto con una proposición encabezada por las firmas de los diputados radicales Gregorio García y Lillo el 23.11.1836 en la que se pedía a las Cortes se sirviesen recordar al Gobierno la presentación de los presupuestos y el plan de contribuciones para llenar el servicio público en el próximo año de 1837.

A lo que el ministro de Hacienda contestó con energía justificando su comportamiento y, jugando fuerte por así decirlo, al avanzar promesas que no estaba dispuesto a cumplir o no estaba en condiciones de hacerlo: «La proposición que acaba de leerse puede llevar dos objetos, uno de los cuales es manifestar a las Cortes que el Gobierno está dormido en el cumplimiento de su deber. Si las Cortes desean que los presupuestos vengan sin hacer las observaciones que el Gobierno considere convenientes, sin acompañarlos de sus ideas y opciones sobre el plan de contribuciones, mañana vendrán los presupuestos a las Cortes. El Gobierno no ha desconocido su deber. El Gobierno tiene nombrada hace tiempo una junta que entiende en la formación razonada de los presupuestos, la cual casi todos los días da cuenta de sus trabajos, las noches se alcanzan con los días trabajando intensamente en ellos. ¿Qué más puede hacer el Gobierno? ¿Se puede, se debe desconfiar de él, cuando tiene ese asunto sometido a una comisión y ésta no descansa para evacuarla?».

Pero una vez desenvainadas las espadas la réplica de Gregorio García no fue menos contundente: «(La nación) ansía ver esos presupuestos porque precisamente éste es el principal objeto de la misión de sus representantes. La nación tiene que hacer, y con muchísimos motivos, cargos al Gobierno. Espera los presupuestos y los presupuestos no vienen. ¿Qué se nos dijo hace un año? Que luego que se abriesen las Cortes se les presentarían los presupuestos, que a la sazón no estaban documentados. Esto podría tener lugar entonces ¡pero hoy! Cuando se compara el lenguaje que el Gobierno empleó entonces y se halla ser el mismo que tiene ahora, ¿qué debemos pensar? (...) Las Cortes se persuadirán de la necesidad de recordar al Gobierno la pronta presentación de los presupuestos aunque les falten algunos datos de los que, según el secretario de Hacienda, le son precisos. Porque si las Cortes no instan sobre esta materia, sucederá lo que sucedió en las otras legislaturas».

Mendizábal no estaba dispuesto, sin embargo, a ceder ni un paso aunque tuviera que repetir lo dicho una y otra vez: «Si se quiere que vengan aquí sin el plan de contribuciones y sin las observaciones del Gobierno, vendrán en breve. Mañana pueden presentarse, y aun esta misma noche».

Al final, atendiendo a las razones del ministro (a cuyo servicio estaba la mayoría), las Cortes acordaron que no había lugar a votar sobre esta proposición.

Tercer asalto: proposición de Mata Vigil

Como pasaban los meses y, pese a los anuncios y promesas gubernamentales, no se cumplían (o se cumplían muy parcialmente) las previsiones constitucionales, el día 11.2.1837 presentó Mata Vigil la siguiente proposición:

Siendo de la mayor urgencia el examen de los presupuestos de gastos necesarios para el servicio público y el de los medios para cubrirlos, pido que las Cortes acuerden que el sr. secretario del Despacho de Hacienda, cumpliendo con el art. 342 de la Constitución, presente el plan de contribuciones.

La que justificó en estos términos: «Estando prevenido que el secretario del Despacho de Hacienda presente, tan luego como se hallen reunidas las Cortes, el presupuesto, acompañando el plan de contribuciones, no ha llenado esta obligación. Pues que si es cierto que ha presentado el presupuesto relativo a los gastos, se advierte que no acompañó los antecedentes y comprobantes que son indispensable para su perfecto conocimiento. Y sobre todo, falta el plan de contribuciones que deban imponerse siendo el resultado que por tal falta u omisión se están entreteniendo las Cortes en sus sesiones y ocupando lo más del tiempo en cosas de poca importancia o que no sean de interés general. El sr. secretario de Hacienda manifestó en el día 26 de enero que por decreto de 2 de septiembre había tenido a bien S.M. nombrar una comisión compuesta de sujetos ilustrados, a la que se dio el encargo de redactar los presupuestos y extender una Memoria dividida en las partes siguientes: economía de gastos, plan de Hacienda y medios de cubrir el déficit; y añadió que su primera parte la presentaría dentro de pocos días. Van ya transcurridos 17 sin haberlo cumplido».

La reacción de Mendizábal fue un oficio del 12 del siguiente tenor:

A consecuencia de la comunicación de las Cortes del 8.11 se habían pasado a éstas oportunamente los presupuestos (de gastos) de los respectivos ministerios para el año 1837 anunciando que a fines del anterior enero tendría ya remitido el extracto de la administración de rentas. Que transcurrido dicho mes de enero sin que se hubiesen cumplido las intenciones del Gobierno, encargó nuevamente a la Dirección del Tesoro y a las Contadurías de valores y distribución la conclusión de dichos trabajos; y que en respuesta habían manifestado las dos dependencias lo que aparecía en las contestaciones que acompañaban, reducidas a demostrar que la detención consistía en la falta de datos de algunas provincias correspondientes al mes de diciembre anterior, pero que sin embargo la una prometía entregar el trabajo en breves días y la otra presentarlo para el 20 del actual.

A la altura de febrero la situación empezaba, pues, a aclararse: el ministro iba presentando, más o menos completos, los presupuestos de gastos de las distintas secretarías (aunque sin la documentación complementaria) mas no así el plan de contribuciones cuyo retraso justificaba por el cuidado con que la comisión nombrada al efecto estaba preparando su redacción. Pero ahora aparecía una nueva circunstancia que había de ser decisiva: Mendizábal reconoció el retraso y lo explicó porque le faltaban datos que se estaban reclamando con urgencia a las dependencias correspondientes y éstas le estaban prometiendo su remisión inmediata. Se trataba, por tanto, de una cuestión de semanas, quizás de días. Pero el hecho es que el tiempo seguía corriendo y los presupuestos completos no llegaban.

Cuarto asalto: proposición de Suances y sus secuelas

El día mismo 11 del mes de febrero presentó Suances una proposición más ambiciosa, en cuyo apartado segundo se decía también que

siendo otra de sus peculiares atribuciones (de las Cortes) el examen de presupuestos para fijar y votar las contribuciones que deben atenderlos, y habiendo pasado cinco meses desde la convocatoria sin que por parte del Gobierno se presentasen todos los documentos que los justifiquen, no siendo admisible el pretexto de demora que pudiera ofrecerse, cuando por relato del sr. ministro de Hacienda no es su ánimo presentar el plan de contribuciones, opinando subsisten las del año anterior, pido a las Cortes determinen que dentro de un breve término se remitan por el Gobierno a la comisión cuantos datos correspondan y tengan solicitados.

Esta vez la respuesta del Gobierno no se hizo esperar, aunque en los términos acostumbrados, es decir, entregando sólo parte de lo solicitado. Concretamente, y según aparece en el Diario de Sesiones del 21.2.1837, el día anterior se habían remitido los siguientes documentos: el resumen de los presupuestos generales de gastos y productos de las rentas y contribuciones públicas, con el balance entre las atenciones conocidas y los medios calculados; además, las relaciones generales de los presupuestos de gastos de la Casa Real y de los seis ministerios, acompañado cada uno de relaciones individuales de todos los objetos que causaban los respectivos gastos; y, en fin, la primera parte de la Memoria del ministerio de Hacienda en la que se analizaba cada presupuesto, comparando sus dotaciones con el general de 1835, con las cantidades pedidas como necesarias para el año corriente y proponiendo las reformas o deducciones que al secretario le parecieron justas y aun necesarias.

Una respuesta a medias que naturalmente no podía satisfacer a la oposición, como se expresó en una intervención de Álvaro del día 30 de marzo: «Las Cortes saben lo que el Gobierno ha presentado en materia de presupuestos, que está reducido a una porción de estados en que se dice que los gastos de la nación serán tanto y las rentas cuanto y que ha de haber tal déficit. El Gobierno se reservó presentar una memoria exponiendo en su primera parte los fundamentos porque creía que eran necesarios los gastos que proponía, debiendo abrazar otra parte de la misma las contribuciones necesarias para atender a ellos y haber otra parte en la que apareciendo el déficit se propusiese el modo de cubrirlo. Las Cortes saben que sólo se ha presentado lo que se llama la tercera parte de la memoria. Falta, pues, la segunda parte, en la que se diga cuáles son las contribuciones que cree el Gobierno que deben quedar existentes y si con ellas se cubrirán o no los gastos y, en caso de aparecer déficit, el modo de cubrirlo. De modo que lo que se ha presentado hasta ahora, en mi concepto no es nada. Es indudable que estamos en el sexto mes de nuestras sesiones, y que pasando de día en día y de promesa en promesa, la nación se halla burlada en sus esperanzas y desengañémonos, si el Congreso no se ocupa de los ramos de Hacienda y Guerra, las Cortes son inútiles».

Y sobre ello insistió tozudamente al día siguiente (el 31.3): «Se nos pintan muy grandes dificultades para la formación de los presupuestos. Debo observar que este sistema, perfecto o imperfecto, está rigiendo en España desde 1828 y que un presupuesto del ministerio de Hacienda de aquel año está reducido a medio pliego de papel. Y esto no más debe ser y es el verdadero presupuesto, porque los datos en que se funda cada partida estarán en los expedientes que le deben acompañar y las explicaciones pueden darse de palabra o de otro modo breve. Para nada necesitamos de esas Memorias escritas con frases más o menos retumbantes, porque en esta materia son bien excusadas. El Gobierno, en 2 de setiembre del año anterior, nombró una comisión, compuesta de personas eminentes en la ciencia de administración, con encargo de que en término de cuarenta días presentase concluidos sus trabajos. Habiendo el Gobierno estimado suficientes 40 días, van transcurridos ya seis meses y no se ha verificado aún la presentación que la constitución manda que se haga inmediatamente que se abran las Cortes. Y pudiendo a mi entender verificarse esto brevemente y debiendo el Gobierno presentar a las Cortes el proyecto de ley que comprende todos los gastos de la nación y el plan de contribuciones o medio de cubrirlos, opino que el Gobierno y las Cortes debieran preferir este medio radical y sólido de atender a las necesidades públicas».

Todas estas críticas no parecían hacer mella en la postura del ministro, que se limitaba a repetir impertérrito sus conocidas justificaciones, como puede comprobarse en su discurso del 3.6.1837: «En mi deseo de presentar la memoria completa sobre los presupuestos, no me basta agilizar su conclusión todo lo posible, sino que habiendo dispuesto que la impresión se verifique simultáneamente con la redacción, puedo hoy dirigir a VV.SS. el original del capítulo primero de la parte segunda, que comprende los ramos a cargo de la Dirección General de Aduanas, en el cual se trata de los aranceles de entrada y salida y de las instrucciones para las aduanas, anunciando que mañana les pasaré el competente número de ejemplares impresos del mencionado capítulo primero». Tal como estamos viendo, Mendizábal no era cicatero a la hora de anunciar el cumplimiento de sus compromisos pues acostumbraba a hablar de «en breve», «mañana», «hoy» e incluso «esta noche misma».

El 27 de junio dio cuenta, al fin, el Diario de Sesiones de que el ministro de Hacienda había remitido la parte de la Memoria del presupuesto que comprendía las seis primeras secciones del capítulo segundo relativo a los ramos que se administraban por la Dirección General de Rentas Unidas.

Mas no por esto amainaban las críticas, como se ve en la dura, aunque muy razonada, intervención de Núñez el día 4.7.1837: «Después de haber leído con toda la atención que exige nuestro deber y haber examinado las memorias y los presupuestos que ha presentado el sr. ministro de Hacienda, y la parte en que se trata del arreglo de la Deuda, hemos venido a sacar en consecuencia que entre la memoria y el presupuesto no hay armonía, que lo que se dice en una se desdice en otro. En la una se dice que se han emitido cuatrocientos y tantos millones y según el otro se han emitido ochocientos y tantos.»

El día 2 de agosto se discutió una proposición de Vázquez Parga sobre lo mismo, que el autor defendió con las preguntas de siempre: «¿Cuántas veces no se oyó en este recinto clamar por los presupuestos? ¿Cuántas veces no se interpeló al ministerio porque no se presentaban? (...) ¿Nos hemos de volver a nuestras provincias y decir a nuestros comitentes: vuestras contribuciones están como estaban, los sueldos indebidos o excesivos siguen como han seguido, las contribuciones ruinosas seguirán como han estado, y si vosotros no sabéis cómo se invierte lo que dais, nosotros tampoco?».

Lo cual no era del todo cierto pues a esas alturas, tal como observó juiciosamente Ayllón, «seis presupuestos (aunque sólo de gastos, hay que precisar) han presentado los seis secretarios de Despacho; de los seis todavía parece que no se han podido examinar, porque se han presentado muy tarde, más que dos».

Unos días antes de su cese como secretario del Despacho, todavía tuvo arrestos Mendizábal para insistir en su posición, reiterando el 12.8.1837 que «los presupuestos de gastos están presentados hace más de cuatro o cinco meses y los presupuestos de gastos en las circunstancias en que nos encontramos son los más necesarios para ilustrar a las Cortes sobre el déficit que puede resultar. Porque no estamos en el caso de hacer innovaciones en los presupuestos de ingresos»: una frase en la que venía a reconocer su escasa intención reformadora del sistema fiscal. Ahora bien, si el ministro se limitaba a repetir una y otra vez las mismas palabras, exactamente igual hacía la oposición convirtiendo el debate en un diálogo de sordos. Abad y Lasierra, cinco días después, es decir, el 17 de agosto, insistía en que «nosotros estamos ahora en el caso de que haciendo diez meses que estamos reunidos, todavía no se nos han presentado los presupuestos, de modo que no sabemos lo que necesitamos, ni sabemos cuál es el estado de la administración».

El día 18 firmó Mendizábal y envió a las Cortes el siguiente oficio:

Admitida hoy por S.M. la Reina Gobernadora la dimisión que hice ayer de este ministerio, antes de cesar en su desempeño debo cumplir con la obligación de remitir a VV.EE. el resto de la parte segunda de la memoria explicativa de los presupuestos generales de la nación, no compitiéndome ya la redacción de la parte tercera (...) La impresión de esta parte de la memoria se halla muy adelantada, esperando pueda estar concluida dentro de quince días. Entonces cuidaré de dirigir a VV.EE. dos ejemplares autorizados con mi firma para que se tengan por originales, ya que el manuscrito no ha podido remitirse sino a trozos cuando la formalidad exige que se conserve en un solo cuerpo.

Así se terminaba el largo pulso que había estado manteniendo Mendizábal con el Congreso durante tanto tiempo. Un final impuesto por su cese con una tarea inacabada. El ministro había querido hacer las cosas «demasiado bien» y las fuerzas y el tiempo se le acabaron demasiado pronto. Si se hubiera limitado a acompañar los presupuestos con una documentación rutinaria y formal, se habría ahorrado esta pelea pues las Cortes hubieran dado el trámite por cumplido. En este punto le perdió su pundonoroso empeño de razonar minuciosamente cada una de las partidas sin cuidarse de los plazos inexorables impuestos por la constitución.

El Ministerio Bardají-Pita: la Memoria póstuma de Mendizábal

A Calatrava sucedió Bardají y a Mendizábal, Pita Pizarro; pero los presupuestos seguían sin presentarse con la documentación completa y ahora con el agravante de que apenas quedaban unas pocas semanas de legislatura, lo que hacía prácticamente imposible su discusión. Algunos diputados eran perfectamente conscientes de ello y de aquí la proposición de Ramón M. Calatrava del 26 de septiembre:

En atención a que si bien no pueden ocuparse las Cortes del grave y complicado asunto de los presupuestos, hay aún tiempo para que deliberen a lo menos sobre algunas de las más importantes mejoras en las rentas, pido al Congreso se sirva autorizar a la comisión de Hacienda para que a la mayor brevedad posible presente su dictamen sobre las que considere más oportunas y de más fácil aplicación, extendiéndose al propio tiempo a proponer reformas y economías que desde luego puedan adoptarse sin inconveniente.

Gómez Becerra se adhirió inmediatamente a esta proposición entendiendo que «es justa, es conveniente, es necesaria. No nos hagamos ilusiones: nos faltan para el 19 de noviembre, día para el que están convocadas las otras Cortes, cerca de dos meses, es decir, que nos queda de hecho mes y medio de legislatura; y pregunto yo: ¿hay algún sr. diputado que de buena fe crea que en este tiempo, aunque nos dediquemos exclusivamente a la discusión de los presupuestos, los podemos concluir?».

Calderón de la Barca, en cambio, se opuso diciendo que «yo no puedo menos de oponerme a la proposición, por la razón sencilla de que una de las que tuvieron presente las Cortes para prolongar sus sesiones, fue precisamente la de que en esta legislatura hubiera de tratarse de los presupuestos; y si mal no me acuerdo, hay ya tres presupuestos en la mesa y en disposición de discutirse, y son los de Estado, Marina y Guerra, que son una de las partes más especiales. Es verdad que faltan los más importantes, que son Hacienda y Gobernación, pues aunque tampoco está presentado el de Gracia y Justicia, esto no es del mayor interés, y me parece que no debe dar mucho quehacer, teniendo presente el de las Cortes de 1835».

Ahora bien, lo más interesante de esta sesión fue el encendido elogio que hizo Madoz de la obra de Mendizábal: «La comisión de Hacienda, yo por lo menos como uno de sus individuos, no ha podido menos de admirar el trabajo de la Memoria sobre presupuestos presentado por el sr. Mendizábal, a quien hoy más que nunca debe hacérsele justicia por el mérito que ha contraído al preparar y coordinar tantos trabajos. El sr. Mendizábal ha presentado una memoria que seguramente le honra en demasía y que por muchos años será consultada por las venideras Cortes como un documento de suma autoridad».

He aquí, por tanto, que la demora en la presentación a las Cortes había tenido de bueno el lograr un trabajo serio aunque incompleto.

Los presupuestos llegaron demasiado tarde pero la Memoria fue comentada también en términos muy elogiosos por algunos autores de la época como Canga Argüelles y Toledano (para quien –p. 584 del tomo primero de su Curso– «merece consultarse no sólo por los muchos datos históricos que trae sobre la Hacienda pública sino porque en ella se encuentran reunidas casi todas las opiniones financieras que por entonces dominaban); y actualmente todavía por Artola. No así, en cambio, por Santillán, quien el mismo año de su aparición llegó a afirmar que no era una combinación general bien entendida, sino un simple conjunto de reformas parciales que nada mejoraban la situación. En 1977 Fontana (óp. cit. 200 ss.) abunda en la misma opinión llegando a afirmar que la célebre memoria es «un cúmulo de lugares comunes, con algunas informaciones interesantes y la típica retórica mistificadora de la burocracia de la administración». En definitiva, nada reformó y «todo lo dejó como estaba».

La lectura actual de esta Memoria es decepcionante y desde luego nada dice sobre el pensamiento fiscal de Mendizábal ya que el cúmulo de datos y consideraciones teóricas que resume son obra de los eruditos de la comisión preparatoria, útiles hoy, a todo lo más, para la elaboración de una tesis doctoral de carácter histórico. La curiosidad del lector se despierta al llegar a la tercera parte dedicada al déficit y a los modos de cubrirlo; pero la decepción es también inevitable cuando al empezar se confiesa que ha tenido que dejarse incompleta por no haber tenido tiempo de reunir los datos imprescindibles en el momento en que la Reina Gobernadora le aceptó la dimisión de su cargo. A los ojos salta entonces que estos resultados en modo alguno justificaban el desmesurado retraso en la presentación de los presupuestos. Lo prudente hubiera sido entregarlos con puntualidad y haber dejado que la comisión (establecida, conviene no olvidarlo, por Ejea) hubiera seguido sus concienzudos trabajos que podrían haber sido utilizados en el ejercicio siguiente de 1838, ahorrándose de paso el desgaste político que supuso esta irregularidad constitucional de la que tanto partido sacó la oposición parlamentaria.

Demasiado tarde

1. El proyecto de presupuesto presentado por Mendizábal a las Cortes para 1837 comprendía para los gastos 1.570.449.830 reales (en los que se incluían 100.635.242 y 182.518.390 para los intereses de la Deuda interior y exterior respectivamente); y para los ingresos 870.688.019. Lo cual suponía un déficit anual de un 44%, o sea, 699.539.480 reales. Añadiéndose al final la siguiente nota:

Con todo lo cual resulta que ascendiendo la lista civil a 43.500.000, los gastos de guerra a 773.876.404 y las compras de tabaco, pólvora, etc. a 83.697.091, o sea, en junto 871.973.091, apenas si basta el total de los ingresos a cubrir estos tres solos gastos, quedando por consiguiente desatendidas en las actuales circunstancias y desde 1837 todas las demás obligaciones, como son: las secretarías de Estado, de la Gobernación y de Gracia y Justicia, los intereses de la Deuda pública interior y exterior, el personal de la administración general, las pensiones y cesantías, las dotaciones del clero secular, la indemnización ofrecida a los exclaustrados, los sueldos de los empleados de aduanas, en loterías, en las minas de Almadén, etc. etc.

Aun aceptando que los presupuestos formaban parte de un mundo imaginario tan alejado de la realidad que no podían aplicarse y que ni siquiera se intentaba hacerlo, parece útil precisar algunas cifras y conceptos que al menos sirven para dar una idea de las magnitudes que se manejaban y permiten comparar los gastos por sectores (en cifras redondeadas):

Lista civil de SS.MM. 43.500.000

Ministerio de Estado 7.880.000

Ministerio de la Gobernación 101.022.000

Ministerio de Hacienda 405.348.000

Ministerio de Gracia y Justicia 18.980.000

Ministerio de la Guerra 773. 876.000

Ministerio de Marina 54. 260.000

Total 1.570.227.490

Del presupuesto del Ministerio de Hacienda pueden retenerse los renglones más significativos:

Intereses de la Deuda interior 100.635.242

Intereses de la Deuda exterior 182.538.390

Cesantes 23.936.840

Pensiones de regulares y exclaustrados 54.684.440

Administración provincial 39.062.917

Pensiones de viudas y huérfanos de la guerra 4.499.866

Unas semanas antes de cerrarse la legislatura siguió insistiendo Pascual en que el asunto no podía dejarse abierto, y en consecuencia el 20.10.1837 presentó una nueva proposición en la que pedía que

las Cortes se sirvan ordenar que la comisión de Hacienda presente con la urgencia que exigen las circunstancias un proyecto de ley autorizando al Gobierno para que sin perjuicio de lo que se determine por las sucesivas Cortes, lleve a debido efecto el presupuesto de gastos que él mismo tiene presentado, castigado por las comisiones, circunscribiéndose a él para las exacciones desde el 1 de enero siguiente.

Petición que justificó con estas palabras: «El Gobierno tiene presentado un presupuesto de gastos. Éste ha sido revisado por las comisiones respectivas de los ramos que aquél comprende. Se han hecho en él varias rebajas en que los consejeros de la Corona han convenido, de modo que ya podemos decir que se sabe a cuánto pueden ascender los gastos de la nación en el próximo año».

A lo que se opuso Díez por evidentes razones de calendario ya que, según él, «lleva en sí la resolución de un imposible. Porque imposible es lo que el sr. Pascual pide. Quiere S.S. que la proposición pase a la comisión de Hacienda para que ésta presente un proyecto de ley sobre el punto a que se refiere. ¿Y cuánto tiempo tardará la comisión en formar el proyecto, cuánto en discutirlo sus individuos, cuánto en examinarlo las Cortes y aprobarlo? ¿Puede hacerse eso en veinte días?».

Una postura que llevó Fontán hasta sus extremos: «Los presupuestos presentados por el Gobierno y examinados por las comisiones no son para el 38 sino para el 37: son para los dos meses y once días que restan del año actual. Los de 1838 ni han sido presentados».

Unas razones de peso que de poco valieron en un Congreso para el que lo importante eran los formalismos y la realidad contaba poco. La realidad era que no había tiempo para elaborar y aprobar la ley que se pedía en la proposición y que, si se aprobase, tenía que referirse a muy pocas semanas del año y posteriormente todo dependería de lo que hicieran las Cortes siguientes. Una contradicción que, por sugerencia de Luján, se superó tachando del texto el inciso de «sin perjuicio» y así fue como quedó aprobada.

La mayoría quedó entonces tranquila sin querer escuchar las advertencias finales de Fontán: «¿A qué formar un proyecto de ley por dos meses y once días? No teniendo dinero ahorramos todo porque hasta las atenciones más preferentes del ramo de guerra están sin pagar, y las demás clases con 12 o 15 meses de retraso y algunas con 33. Cuando el Director del Tesoro reciba mucho dinero, estará bien eso, porque es cuando podrá ahorrarse; pero mientras no haya ingresos, todo está de más».

El día 27 de octubre se celebró la última discusión sobre este desgraciado asunto. La situación, a la sazón, no podía ser más confusa. La comisión parlamentaria había elaborado un dictamen sobre unos presupuestos que había presentado un ministro que ya había cesado y que su sucesor había combatido cuando estaba en la oposición y ahora faltaba muy poco tiempo para el cierre de la legislatura, de tal manera que no había tiempo para una discusión seria. En estas condiciones, ¿qué podía decir la comisión? Y sobre todo, ¿qué debate podía abrirse cuando ya no estaba el ministro autor de los presupuestos? Y aún más grave: el nuevo Gabinete no asistía a los debates, que se reducía a lamentos monologados.

Dionisio Valdés, en nombre de ella, explicó que «la comisión supone necesario 400 millones. Pero esta suposición recae sobre la de que se hayan aprobado los otros 60 y del producto que deben tener los conventos. Pero si esto no se aprueba no puede ser la misma resolución respecto de aquéllos. Por consiguiente, es indispensable que venga el Gobierno para ilustrar a las Cortes sobre el estado de estas fincas, cantidad a que ascienden y demás necesario, no solamente para formar su opinión sino también la del público».

Ferrer intentó salir del paso aunque con poco éxito: «El Gobierno conviene en los principios generales de la comisión. Trátase únicamente de llenar un déficit que todos conocemos y no es de importancia la cuestión sobre si este déficit es de 30 millones, de más o de menos. Está al alcance de todo el mundo que las rentas ordinarias no son bastantes para sufragar a los gastos de una guerra de esta naturaleza».

Así las cosas, la intervención de Antonio González, miembro también de la comisión, expresó muy bien la dureza de las tensiones existentes: «¿Podrá ser culpable la comisión de que el Gobierno abandone el banco ministerial y sabiendo que va a discutirse este dictamen no se haya presentado? La Mesa le ha pasado el correspondiente aviso de los asuntos que iban a discutirse».

En resumidas cuentas, Mendizábal había presentado al fin los presupuestos sin dar lugar a su discusión. Y el Ministerio que le sucedió tampoco tuvo tiempo, en las escasas semanas que le quedaban de gobierno, de resolver esta cuestión; y para empeorar más las cosas, consciente de que nada podía hacer, escurriría el bulto no presentándose a las discusiones parlamentarias. Desde el punto de vista formal todo esto era desde luego gravísimo y de aquí que muchos diputados se rasgaran las vestiduras y no admitieran las excusas del ministro. Pero, por otro lado, el debate tenía bastante de irreal porque en las circunstancias de la guerra ni los ingresos ni los gastos se ajustaban al presupuesto y se iban tirando como se podía, tal como había denunciado ya Fontán y puede comprobarse en muchos lugares de este libro.

En estas circunstancias –según había señalado Ferrer– lo importante no era el «castigo» (es decir, las rebajas impuestas en el Congreso) de las cantidades asignadas a las diferentes partidas del presupuesto de gastos sino la determinación del déficit; pero esto no podía hacerse, mientras no se conociera el montante de ciertas partidas gruesas que todavía estaban en el aire. Y nada de esto podía remediarse puesto que el ministerio que había presentado los presupuestos ya había desaparecido y el sucesor no tenía interés en dar una batalla que no era la suya defendiendo unos documentos en cuya elaboración no había participado y, además, carecía de energía política para formar otros (o para, al menos, rectificar seriamente los ya presentados) al ser consciente de que era un Gabinete con los días contados. Con el agravante de que se estaba acabando la legislatura. De hecho no había, por tanto, ni Gobierno ni Cortes en condiciones de abordar una empresa de cierto calado.

La situación, en suma, no tenía salida. Mendizábal –en el mejor de los supuestos por exceso de perfeccionismo– había dejado pasar una oportunidad que no volvería a darse hasta el decenio siguiente, pero entonces bajo el signo moderado: ni se planteó políticamente una reforma seria del sistema fiscal ni dio tiempo a una discusión serena de los presupuestos de gastos, permitiendo a las Cortes que castigasen una por una las partidas propuestas por el Gobierno.

¿Cómo valorar en este punto el comportamiento de Mendizábal? Algunos historiadores modernos alaban su Memoria póstuma al encontrar en ella unos planteamientos de altura inéditos hasta entonces. Pero, como acaba de decirse, su peso político fue literalmente nulo puesto que ya no la presentó un ministro ni tampoco encontró un político que la defendiera: fue un simple ensayo teórico que los ministerios posteriores ignoraron, pero que ciertamente no estaban obligados a tener en cuenta. Con esta indeferencia irresponsable respondían estos ministerios a la soberbia y a la terquedad de un Mendizábal empecinado aquí en no aceptar las reglas constitucionales de presentar a tiempo (o con un retraso tolerable) los presupuestos. Él sabía que podía hacerlo, contando como contaba con una mayoría segura, que le permitía no escuchar las justificadas quejas de la oposición. Pero se confió demasiado y tiró tanto de la cuerda (por así decirlo) que se le pasó el tiempo y cuando presentó los documentos que durante tanto tiempo se le habían estado exigiendo en vano, ya era demasiado tarde y se había cerrado la meta.

La tozudez de Mendizábal fue políticamente perturbadora puesto que impidió que el Gobierno funcionara de acuerdo con unos presupuestos previamente aprobados, como era regla inquebrantable en un Estado moderno y sobre ello era también constitucionalmente intolerable ya que, en un gesto de soberbia, incumplía el texto literal de la constitución de 1812 alegando que era insuficiente y que él estaba dispuesto a «hacerlo mejor». Ahora bien, nada le impedía presentar esos «presupuestos justificados» con que soñaba y al no presentarlos defraudó a un tiempo a la constitución y a sus propias promesas. Aquí «lo mejor fue enemigo de lo bueno» y la perfección una excusa para no cumplir la obligación. ¿Cómo justificar a un ministro y a un Gobierno que actuaron sin presupuesto por buenas que fueran sus intenciones?

La vida ministerial de Mendizábal dependió conocidamente de una penuria económica irremediable, que le obligó a tomar decisiones muy discutidas en su tiempo y que todavía siguen siendo difíciles de enjuiciar. Fueron problemas que, por así decirlo, se encontró y que tuvo el coraje de afrontar con más o menos éxito. Por el contrario, las dos cuestiones que hemos examinado en este epígrafe y en el anterior fueron problemas que él mismo provocó de manera absolutamente innecesaria porque si no presentó a tiempo los presupuestos fue por pura testarudez, ya que ningún trabajo le hubiera costado elaborarlos formalmente con arreglo a los mínimos exigidos por la constitución –tal como hicieron rutinariamente sus predecesores y sucesores– y luego preparar con calma esa famosa memoria que su afán perfeccionista le impulsaba a redactar. Si hubiera obrado así, como aconsejaba el sentido común, se hubiera evitado muchos quebraderos de cabeza y, sobre todo, no hubiera abierto un flanco vulnerable a los hostigamientos de la oposición.

La transcendencia histórica de todo este galimatías no es desdeñable, puesto que el Estado constitucional liberal había proclamado enfáticamente el ajuste de la actividad gubernamental a lo dispuesto en unos presupuestos previa y solemnemente aprobados por las Cortes. El conde de Toreno dio a este propósito el primer paso, siquiera fuera en términos rudimentarios. A Mendizábal correspondía entonces consolidar y perfeccionar esta práctica y, sin embargo, no lo hizo: sencillamente rompió la baraja y la normalidad constitucional tardó varios años en restablecerse; sin que, por otra parte, a las Cortes constituyentes progresistas se les pasase por la cabeza aplicar al gobierno la fulminante disposición del artículo 73 de la constitución, conforme al cual «no podrá imponerse ni cobrarse ninguna contribución ni arbitrio que no esté autorizado por la ley de presupuestos u otra especial».

¿No quiso someterse a las reglas presupuestarias del Nuevo Régimen o es que no pudo? Fontán tuvo la sinceridad y el coraje de reconocer que donde no había dinero las formalidades parlamentarias no podían tomarse en serio; y lo mismo significaba la «nota», antes transcrita, que se había deslizado en el proyecto del presupuesto al advertir que sólo podían cubrirse los gastos de tres ministerios. Ahora bien, como esta solución era de hecho inviable, si había que distribuir el desmesurado déficit entre todas las secretarías, se producía un desfase tal entre el gasto real y las previsiones parlamentarias que éstas se hacían inútiles. Nadie podía tomarse en serio, por tanto, el sistema presupuestario: ni en la letra de los gastos (porque no había dinero) ni en la de los ingresos, porque la guerra civil y el desorden administrativo hacían imposible su recaudación ajustada.

En general «se iba tirando» con el mecanismo del retraso en los pagos; pero cuando esto no era posible, como en el caso de los suministros al ejército, todas las salidas terminaban siendo irregulares cuando no llegaban pura y simplemente al saqueo. Y así se explica también la imposibilidad de rendir cuentas reales.

Resumiendo: el sistema constitucional liberal estaba orgulloso de la actividad parlamentaria en materia presupuestaria dado que, en lo que se refiere a los ingresos, consagraba la soberanía de las Cortes en la medida en que sin su aprobación previa ningún tributo podía exigirse a la nación; y en lo que se refiere a los gastos frenaba los abusos y dispendios inútiles del Ejecutivo mediante la técnica del «castigo» a través de la cual se iban revisando, y en su caso reduciendo, una por una todas las partidas. Sin olvidar por otra parte el control complementario ejercido a través de la revisión de cuentas.

El fracaso de las Cortes fue en este punto total ya que, como acabamos de ver, no lograron que Mendizábal presentase puntualmente sus presupuestos y, cuando al fin los presentó, ya era demasiado tarde para llevar a cabo su examen pormenorizado y su castigo.

* * *

4. ANTICIPO DE 200 MILLONES

Situación financiera al comienzo del Ministerio.– Reales decretos de 30.8 y 5.9.1836.– Decreto de Cortes de 19.11.1836: distribución entre las diputaciones provinciales.– Distribución por las diputaciones provinciales.– Remedios propuestos.– Final.

Situación financiera al comienzo del Ministerio

Cuando a raíz del motín de La Granja nombró la Reina Regente a Calatrava como presidente del Consejo de ministros, se encontró éste con una situación financiera desastrosa, como recordaría insistentemente su ministro de Hacienda, Mendizábal; pero las lamentaciones de éste suenan un tanto a hipócritas puesto que lo mismo había sucedido antes –y seguiría sucediendo después– a todos los Gobiernos de la Regencia. En cualquier caso resultaba imprescindible adoptar algunas medidas no ya sólo para poder continuar la guerra sino sencillamente para sobrevivir. Y como no se podía seguir el ejemplo de Toreno de acudir al crédito exterior, que ya estaba agotado, hubo que imaginar otros remedios, entre ellos el de solicitar de la nación un anticipo –no una contribución extraordinaria ni un recargo de las ordinarias– de 200 millones de reales que se consideraban suficientes para salvar la situación y atender las necesidades de la guerra según las «cuentas galanas» que con su proverbial optimismo expuso el propio Mendizábal en la sesión del 17.11.1836: «Cuando en 15 de agosto se encargaron los actuales secretarios del Despacho de las riendas del Estado, todos saben el aspecto que presentaba la nación. No sólo se encontraban las arcas del Tesoro vacías, sino que los almacenes que debían servir de base para las operaciones militares y que habían sido provistos en otra época, estaban consumidos. En ese estado creyó, al examinar cuáles eran los medios que necesitaba proporcionarse para cubrir sus atenciones, que hecho un cálculo juicioso, hasta fines de enero necesitaba 400 millones. Partiendo de este principio, contó con reunir esta cantidad, así por medio del préstamo de 200 millones como también por medio de las providencias y decretos de movilización y quinta, venta de edificios, campanas, alhajas y muebles de los conventos suprimidos. Con estos 400 millones de reales pensaba el Gobierno atender, entre otras cosas, al pago de los intereses de la Deuda interior y extrajera. El cálculo del Gobierno, muy fundado, fue el siguiente: los decretos de movilización y de quinta debían proporcionarle de 110 a 120 millones de reales. (...) Contó, además, que le produjese 80 millones de reales la venta de los conventos, sus solares una vez demolidos, los muebles y alhajas de los mismos, que con 200 millones del préstamo forman los 400 con que el Gobierno debía haber pagado los intereses de la Deuda y atendido a las necesidades más perentorias».

En el capítulo segundo ya hemos visto cómo, al hilo del examen de la desastrosa situación del ejército del Centro, ya confesó el propio Mendizábal que estos castillos en el aire se habían desvanecido por completo y que ninguno de tan frívolos cálculos se habían hecho realidad; pero en este lugar nos vamos a limitar ahora a explicar el fracaso de este célebre adelanto.

Reales decretos de 30.8. y 5.9.1836

El 30 de agosto de 1836 se aprobó un Real decreto (firmado por Egea), cuyos artículos más importantes conviene dejar ya anotados:

Art. 1. Se hará por la nación un adelanto de 200 millones de reales de vellón reintegrables en el modo y época que se expresarán. Art. 2. El Gobierno distribuirá esta suma entre todas las provincias de la monarquía, señalándose a cada una el cupo que deba aportar. Art. 3. Las diputaciones provinciales, de acuerdo con las comisiones de armamento y defensa, verificarán el reparto del cupo de cada provincia entre los pueblos y particulares, adoptando el modo que tengan por conveniente. Art. 8. El adelanto disfrutará del interés anual del 5%. Art. 9. El reintegro del adelanto se ejecutará por cuartas partes en los años 1837, 1838, 1839 y 1840. Art. 10. Este reintegro se obtendrá por medio de unos pagarés del Tesoro de la nación que serán admitidos como dinero en el pago de todas las contribuciones públicas..

Luego, por Real orden de 19.9.1836 (firmada ya por Mendizábal) se amplió la eficacia de estos pagarés declarando que no sólo eran admisibles para el pago de contribuciones futuras sino también «en pago de todas las contribuciones e impuestos que se estuvieran debiendo a la Hacienda pública hasta el 31.12.1835».

Teniendo en cuenta esta función, ¿qué representaba realmente este «anticipo» para el Tesoro público? Materialmente era un préstamo al Estado con las siguientes peculiaridades: por su origen se imponía forzosamente y era el propio Estado el que determinaba, a través de las diputaciones provinciales, la persona del prestamista y la cantidad a entregar. Pero la característica más singular consistía en que la devolución no se realizaba en dinero sino en un pagaré del Tesoro que únicamente servía para pagar en su día las contribuciones. De aquí que se denominara oficialmente anticipo, o sea, adelanto de lo que en su día habría que entregar más tarde por los impuestos.

En una parte de su importe el adelanto se reducía temporalmente puesto que el contribuyente entregaba el dinero con una mano, recibía el pagaré e inmediatamente lo entregaba a Hacienda en pago de algún impuesto, de tal manera que lo que el Tesoro había recibido primero en metálico como empréstito lo recibía después de menos a la hora del cobro de las contribuciones puesto que éstas no se le entregaban en metálico sino en papel. La ventaja para el Estado se producía, no obstante, con manipulaciones cronológicas, porque el dinero recibido con el adelanto se reintegraba en plazos anuales durante cuatro años; con la consecuencia de que durante este tiempo se retrasaba el efecto de la operación (coger con una mano y devolver con la otra) que acaba de ser descrita.

Ahora bien, ¿qué sucedía con el prestamista forzoso? Su suerte era variable porque si podía subsistir a pesar de este desembolso forzoso, no perdía nada ya que se trataba de una simple inversión, con un 5% de interés, de la que podían reembolsarse entregando este papel –y por su importe íntegro– a la hora de pagar sus contribuciones. Mientras que los que necesitaban dinero metálico para las necesidades de su vida familiar o de su empresa y no estaban en condiciones de guardar el papel hasta el próximo período contributivo, tenían que convertirlo en dinero y podían hacerlo al amparo de lo dispuesto en el art. 11 del decreto conforme al cual «será de libre circulación por el mero traspaso de una mano a otra como si fuera moneda metálica»; aunque bien es verdad que si querían vender el papel que el Estado les había dado, se encontraban con la desagradable sorpresa de que en el mercado sólo se lo tomaban por un valor muy inferior al nominal. Tal como informa Burgos (Anales, IV, p. 104), «los acreedores a quienes se entregaba esta ilusoria hipoteca no se engañaban en verdad sobre su poca solidez ni sobre su limitada extensión; pero tenían que contentarse con un papel que desde luego se negociaba en 40 o 50% de pérdida y se creían dichosos de no ser despojados más que de la mitad de sus créditos». Sin olvidar, naturalmente, el inevitable perjuicio que suponía el fraccionamiento del reintegro en cuatro períodos anuales.

Decreto de Cortes de 19.11.1836: distribución entre las diputaciones provinciales

Hasta aquí las cosas parecían claras. Las dificultades empezaron a la hora de determinar lo que debía adelantar cada contribuyente: una operación compleja que se desarrollaba en dos fases: primero el Gobierno, por Real decreto de 5.9.1836, asignó a cada provincia –de hecho, a cada intendencia– un cupo global y luego las diputaciones provinciales distribuían entre los pueblos y particulares.

El proceso era aceptable y, de haber mediado buena fe entre los que participaron en él, hubiera prosperado pacíficamente. Pero es el caso que inmediatamente empezaron a aparecer en las Cortes reclamaciones y escritos de resistencia tanto por parte de las diputaciones provinciales como de los particulares; y más adelante hemos de ver, como ejemplo, los casos concretos de las diputaciones provinciales de Cádiz y Cuenca.

Una vez abiertas las Cortes acudió el Gobierno a ellas para que legalizaran el Real decreto gubernativo anterior y así lo hicieron en el decreto de 19.11.1836, que introdujo algunas alteraciones en el texto gubernativo, quedando ahora redactado así:

1.º Se autoriza al Gobierno para llevar a ejecución el decreto de 30 de agosto último que dispone exigir de la nación un adelanto de 200 millones de reales; pero con la expresa condición de que el producto de este préstamo haya de invertirse exclusiva y necesariamente en la manutención sucesiva del ejército bajo la más estrecha responsabilidad del Gobierno, sin que pueda sustraerse cantidad alguna a otras atenciones. 2.º El Gobierno dará cuenta a las Cortes del resultado del cobro e inversión de este préstamo para el día 15 de febrero del año próximo de 1837.

Con esta cantidad calculaba el ministro hacer frente a las necesidades de la guerra; pero como era evidente que tardaría varios meses en recaudarse y de momento se carecía en absoluto de dinero líquido, hubo que arbitrar otra medida complementaria que sirviera de puente hasta que empezaran a entrar en las Cajas públicas las cantidades previstas en el adelanto. De aquí que en el artículo 3.º se añadiera, también a petición del Gobierno, lo siguiente:

Las Cortes autorizan al Gobierno para aplicar a los gastos de la guerra el producto líquido que se obtenga por las ventas de los edificios, campanas, alhajas, muebles y enseres que pertenecieron a las comunidades suprimidas, según lo dispuesto en el Real decreto de 30 de agosto último; todo con el fin de que el Gobierno no carezca de los medios necesarios para la terminación de la lucha fratricida que desola las provincias de la monarquía.

El debate parlamentario de convalidación fue singularmente agitado debido a que el reparto realizado por el Gobierno en el Real Decreto de 5.9.1836 no había satisfecho a nadie y los diputados representantes de las provincias que se consideraban perjudicadas protestaron enérgicamente apoyando las numerosas reclamaciones que las mismas habían presentado antes.

En la sesión del 17 de noviembre ya precisó Fernández Baeza que «una cosa es la anticipación y otra el reparto. En éste veo que se ha faltado a lo que aconsejaba la prudencia, porque si bien no había datos estadísticos, era muy fácil al Gobierno proceder de un modo más justo, cual era haber llamado a los diputados de diversas provincias y haberse aprovechado de sus conocimientos».

Pero cuando el asunto reapareció con más violencia fue en la sesión, mucho más tardía, de 31.3.1837 en un apasionado diálogo entre dos miembros de la comisión, Álvaro y Alejos Burriel; denunciando el primero «que el defecto capital de que adolece es el repartimiento que de esta cantidad se ha hecho a las provincias. El Gobierno le hizo por sí. ¿No podía el Gobierno haber adoptado por base para este reparto el de las contribuciones de cada provincia? ¿Cómo es posible que la provincia de Segovia pague cuota tan crecida que asciende al doble de sus contribuciones ordinarias de un año? No se me diga que se ha tenido en consideración la situación en que se hallan algunas provincias por la continua invasión de las tropas en ellas. O las provincias se ocupan por las tropas con orden o desordenadamente. Las que se hallan en el primer caso, todos saben que llenan de riqueza al país, porque las contribuciones que se exigen en las otras circulan en ellas». A lo que contestó el segundo, desde su condición de ministerial acérrimo y miembro de la comisión, que «la comisión de Hacienda debería darse por tan injuriada con el discurso del sr. Álvaro que desde este instante debía renunciar al honroso cargo que se le ha dispensado porque el que un individuo de su seno venga a acriminar a la misma comisión es ponerla bajo el aspecto o de que ocho individuos de la comisión no merecen la confianza del sr. Álvaro o que el señor Álvaro no quiere reunirse a los individuos de la comisión. Por consiguiente debiera renunciar al honroso encargo que se le ha cometido y yo desde luego por mi parte lo hago. Si nosotros creyésemos que los diputados de la nación reunidos habíamos errado, era preciso que lo disimuláramos y que no nos valiéramos de esas expresiones, que sólo tienen por objeto venganzas particulares y personales (Aplausos)».

El asunto seguía coleando todavía el 8.4.1837 tal como aparece en las intervenciones de Álvarez García y de Fontán quienes desde la oposición no se cansaban de hurgar en una herida evidente. El vicio original era el de que el Gobierno había hecho el reparto absolutamente a ciegas, es decir, sin atender a datos estadísticos de riqueza (que no existían) y sin acudir al asesoramiento de diputados que podían conocer la situación por experiencia directa.

Forzoso es reconocer, con todo, que resultaba ociosa la prolijidad de estas discusiones desde el momento en que el error había sido reconocido aunque intentado excusar por el ministro de Hacienda en la sesión de 21.1.1837 al declarar que «¿a quién encomendárselo mejor que a la diputación? Si luego éstas lo han hecho mal, el Gobierno no tiene la culpa. El reparto interprovincial no fue objetado en las Cortes al aprobarse el decreto. El Gobierno repartió con los criterios de un decreto de 29.6.1822 (al establecer las bases para una contribución directa) suavizando las cantidades de las provincias que habían padecido invasiones de las facciones». La excusa, sin embargo, no pareció suficiente puesto que se le hizo observar que «todas las provincias han sido invadidas y que al cabo de diez años las circunstancias han cambiado». Reprochándole, además y sobre todo, que no se dieren bases para el reparto intraprovincial. Aunque, como precisó Madoz, «¿de dónde sacar las bases si no hay estadística? Pues muy sencillo: sobre las declaraciones de los propios contribuyentes a efectos electorales». Y aquí aparece la trampa: porque muchos habían hinchado sus ingresos para poder votar, y luego decían que no eran tantos a la hora de contribuir a los 200 millones. Para Suances lo más sencillo hubiera sido, por tanto, que lo repartieran los propios mayores contribuyentes que eran quienes conocían mejor la riqueza de sus convecinos y a los que se suponía que actuarían con equidad.

Distribución por las Diputaciones provinciales

Hasta ahora hemos visto el primer error garrafal de la operación –la asignación gubernamental directa de cupos provinciales– pero todavía existía un segundo y aún más grave: el haber encomendado a las diputaciones la distribución de su cupo entre los distintos ayuntamientos y particulares de la provincia sin haber señalado unas bases o criterios operativos con objeto de recortar su previsible arbitrariedad. Una distribución que había empezado a realizarse con criterios políticos y nepóticos que anticipaban el permanente caciquismo español, de tal manera que si habían llovido hasta entonces reclamaciones por la mala asignación interprovincial de cupos, luego granizaron con más fuerza las reclamaciones de ayuntamientos y particulares contra la mala distribución intraprovincial. Veamos algunos ejemplos llevados a las Cortes.

Ya en la sesión de 17.11.1836 el diputado madrileño Gómez Acebo denunció que «en cuanto a las desigualdades de la distribución, aquí se ha distribuido a un comerciante, por ejemplo, 200.000 reales, después se pasan siete, ocho o diez Casas de los de la misma clase sin que se les haya repartido ni un maravedí. Del mismo modo se reparten 50.000 duros a un propietario y a una infinidad de su misma clase nada. La anticipación de los 200 millones no se realizará, es imposible porque el repartimiento recaerá en personas que dirán: “Vd. me vende y me exprime, no puede ser el que yo lo dé”. Lo que no sucedería si existiesen bases más o menos aproximadas».

A lo que contestó de inmediato el ministro de Hacienda con razones de mucho peso demostrando que, al menos en las Cortes, seguía el asunto muy de cerca: «En cuanto a la distribución en Madrid a la que Gómez Acebo ha aludido, este diputado pertenece a una comisión, producto de una reunión de capitalistas, comerciantes y propietarios de Madrid, que ha impedido, ha embarazado, ha opuesto un obstáculo a los medios que el Gobierno tenía para que se realizase. La comisión de comerciantes y propietarios de Madrid hizo el nombramiento de esa comisión con el objeto de presentarse al Gobierno para alterar la base que ya se había tomado. La comisión se presentó en la secretaría del Despacho en el momento en que el Gobierno había autorizado al ayuntamiento para que reuniéndose una comisión de su seno a otra de los interesados y que todos juntos auxiliasen a la diputación y junta de armamento en la operación de examinar los agravios del reparto. Y yo dije a la comisión: “aquí está el expediente; ésta es la orden que en este mismo momento acaba de dar el Gobierno para conseguir mejor el deseado efecto”». Y el día 21 siguió insistiendo sobre el mismo punto: «Lo que hay en el particular es el temor de que servirá de base para otras anticipaciones que puedan pedirse al pueblo español. Para no pagar este adelanto ha habido hasta una conspiración, un empeño grandísimo en que no se verifique, para que así no pueda concluirse la guerra civil». Añadiendo por otro lado que era fácil explicar por qué se había gravado comparativamente más a Madrid, a saber, porque no había recibido daños de la facción y porque «ha mejorado su suerte en razón de los muchos capitales que han venido a su recinto; cualquiera que viniera hoy a Madrid sin haber pasado por otras provincias, diría que la nación española está en un grado de prosperidad en que nunca ha estado y se apoyaría en el valor de las casas y en los muchos capitales que se emplean para levantar edificios».

El 31 de marzo (1837) otro diputado madrileño, Cantero, volvió a insistir sobre la arbitrariedad del reparto en la capital: «Aparece el repartimiento de los 200 millones y conociendo el disgusto general que había, muchos comerciantes de los que estaban quejosos trataron de tener una junta. Yo lo supe y les aconsejé a todos que no la tuvieran, que más valía callar hasta tanto que el ministerio resolviera; que yo vería al ministro de Hacienda y pensaríamos el modo mejor de arreglar el nuevo reparto. Busqué dos individuos que me acompañaran y dije al ministro: “Va a haber una junta, se va a protestar contra el reparto que se ha hecho; evitemos que haya este escándalo; pues si se hace la representación, este ejemplo cundirá en toda España”. Estas consideraciones hice presentes a S.S., el cual me contestó que no se podía modificar el reparto. Una de las cosas que expuse a S.S. fue que se suspendiera el reparto, que se pasara al ayuntamiento de Madrid, y que éste con igual número de mayores contribuyentes hiciera otro reparto más equitativo. Me enfadé con S.S. quien hasta cierto punto me injurió, cuando me dijo que iba por causa de mi cuota, siendo así que la había pagado y había dado además 15.000 reales de donativo». Mendizábal, no obstante, que no abandonaba la brecha un momento, se apresuró a responder: «Me ha sido sensible que el sr. Cantero haya supuesto que yo le había contestado con bilis. Siento que S.S. lo haya creído así. Creo que cada uno contesta según el modo que le es natural. Unos lo hacen con firmeza, otros con aspereza, y el que tiene la voz como la mía, que parece que estoy regañando siempre, no podrá ni estará en su mano remediarlo».

Los desaciertos distributivos fueron reconocidos con sinceridad por un miembro de la comisión, Fernández Baeza, en la sesión del 21 de enero (1837): «Estamos convencidos de que si hoy hubiéramos nosotros mandado hacer el reparto, no serían sin duda las diputaciones provinciales a las que se encargaría sin bases; porque la triste experiencia nos ha demostrado (y siento mucho decirlo, porque son corporaciones populares) que ni el Gobierno más absoluto hubiera dado lugar a tantas quejas».

En la arbitrariedad habían concurrido diversas causas, todas perversas: el Gobierno no había redactado unas bases que orientaran la operación ni las diputaciones habían aceptado racionalizarla con criterios generales previos. A lo que hay que añadir que, con frecuencia, abrumadas por la tarea, no habían realizado la distribución por ellas mismas sino que la habían delegado en comisiones y subcomisiones que potenciaban las posibilidades de abusos y nepotismos. Esto fue concretamente lo que denunció Suances en la sesión de 28.12.1836: «Según el decreto de septiembre las juntas o diputaciones provinciales debían ser las únicas que hiciesen esta distribución. En mi provincia la diputación señaló para esto al ayuntamiento y el ayuntamiento nombró a una comisión. De suerte que unos por otros renunciaron a ese cargo, que era propio y exclusivo de la diputación, y así resultó que un cura desafecto vino a ser individuo de la junta y a todas las personas que no eran de sus ideas les cargó con especialidad».

Más grave fue, con todo, la información que proporcionó Pareja en la sesión de 7.4.1837: «Parece ser que se indicaron a las Diputaciones provinciales ciertas personas sobre las que debería recaer más particularmente este sacrificio, a fin de cortarles el vuelo y de que contribuyeran al Estado que sordamente estaban minando. En efecto, en muchas partes, a esta clase de personas, altamente sospechosas, se les ha hecho contribuir y éstas por el temor de ser castigadas por su afección al carlismo, han prestado su dinero forzosamente».

Sin olvidar, en fin, la presión, de ordinario funesta, que habían ejercido en este punto las Juntas provinciales de armamento y defensa, como reconoció la comisión en su dictamen de 22.10.1837 con motivo de una exposición elevada por la diputación provincial de Cádiz acerca de las dificultades que ofrecía una distribución correcta e imparcial. El patriotismo de esta corporación era tan radical que le parecían escasos los 200 millones del empréstito; pero su autonomismo no le iba a la zaga puesto que reclamaba una absoluta discrecionalidad en el reparto:

La comisión observa que la diputación de Cádiz ha demorado la cobranza de esta anticipación por considerar que no es de bastante peso en la situación crítica en que se halla la nación para atender a la imperiosa necesidad de sostener el ejército y a poner término a la guerra civil que nos aniquila.

Pero en las circunstancias actuales

no debió desentenderse de dar cumplimiento a una ley aprobada en Cortes y sancionada por el Trono. Todas las reflexiones de esta corporación se dirigen a probar que es más conveniente adoptar el principio de arbitrariedad para el repartimiento que el de una base fija por la que se exigen actualmente las contribuciones ordinarias. Y por esta indicación conocerán las Cortes que no debe admitirse la propuesta que hace para que se le autorice a hacer el reparto arbitrariamente como lo había verificado con anterioridad al decreto de las Cortes.

Y si se quiere otro ejemplo, valga lo que resulta del debate de 9.11.1836 a propósito de la reclamación de un contribuyente de Cuenca, denunciando, como confirmó Armendáriz, que «la diputación provincial de Cuenca ha impuesto contribuciones que llamaban de opinión (es decir, de oportunidad o arbitrarias y no de acuerdo con unas bases previamente regladas) y ya es tiempo que el Gobierno restablezca la ley».

Planteada así la cuestión los diputados de aquella provincia intervinieron activamente para denunciar y en su caso remediar los entuertos, según precisó Juan Montoya: «Cuando se trataba de establecer las bases para este reparto por la Junta, primeramente se recargó más a los que en los diez años ominosos se habían enriquecido a costa de los liberales, después se recargó a los que conocidamente eran desafectos». Criterios políticos, como se ve, que nada tenían que ver con la capacidad económica de los vecinos y que, en último extremo, sometía a los sospechosos a un régimen de terror fiscal dejándoles en manos de un puñado de diputados provinciales.

Pero Caballero, sin entrar en el examen de las acusaciones concretas, se opuso a la discusión por razones de política general ya que, en su opinión, «si se admite por las Cortes una reclamación de esta naturaleza, ¿cree el Congreso que se podrían llevar a efecto las muchas exacciones pendientes, sin las cuales no podríamos salvarnos? Admitida esta reclamación, se admitirían todas las que viniesen de todo el Reino y habría que admitirlas». En su consecuencia había que tolerar la injusticia y la arbitrariedad si se quería de veras recaudarse el empréstito.

Un criterio pragmático que rechazó con energía Álvaro pues, en su opinión, «nada encuentro más justo que el que las Cortes tomen en consideración las medidas adoptadas por las Juntas de armamento y diputaciones provinciales, aprobándolas o reprobándolas, porque el resultado es que se están exigiendo contribuciones que las Cortes no han acordado».

En este punto de la discusión, Cabrera abogó también por una solución pragmática relatando su experiencia personal: «el Gobierno mandó formar estas comisiones de armamento y defensa con el fin de ocurrir a las necesidades de equipo, armamento y demás gastos de guerra, autorizándolas para buscar los arbitrios necesarios con tal que no tocasen a las contribuciones del Estado con que el Gobierno cuenta para cubrir sus atenciones. Pues bien, para esto o se había de dejar perecer a nuestras tropas o era preciso que las Juntas de armamento y defensa echasen un velo sobre la ley, la saludasen y pasasen adelante. En este caso yo he tenido el honor de ser presidente de la de Lérida. En ella se discutió y se dijo: ¿sobre quién deberá cargarse nuestra pesada mano? ¿Sobre los enemigos de la libertad? Nosotros nos veíamos agobiados, oprimidos con la reclamación de los batallones que clamaban por recursos, de comandantes de puesto que decían: no hay que comer, nos falta todo; la guarnición está con la constancia heroica de los soldados de la libertad; pero el hambre puede producir efectos funestos a la misma». El más tozudo, no obstante, fue Ayllón, quien el 28.12.1836 afirmó sin ambages que «era de absoluta necesidad cerrar los ojos y dejar al Gobierno y a las diputaciones provinciales que del modo que les pareciese más justo y sobre todo más expedito, llevaran a efecto esta medida».

¿Cómo contestar a este chaparrón de denuncias y acusaciones? Acabamos de ver los argumentos, no demasiado convincentes, de Ayllón, Caballero y Cabrera. En la sesión del 7.7.1837 adoptó Mendizábal una actitud más sincera y al tiempo más agresiva puesto que rechazó toda responsabilidad personal trasladándole al ministro de Hacienda anterior y a las propias Cortes, que eran quienes, contra su opinión, habían realizado el desaguisado: «El empréstito de los 200 millones tuvo su origen en la propuesta que hizo la comisión de Medios y Arbitrios creada en agosto del año pasado. Entonces, por la comisión a que yo pertenecía se propuso al Gobierno establecer la base de los mayores contribuyentes que habían tenido derecho a votar por la ley electoral. El Gobierno no tuvo a bien adoptar aquella base, que nos hubiera conducido a recaudar los 200 millones porque teniendo presente que acabábamos de salir de una escisión política, creyó que a nadie podía confiarse mejor el encargo de hacer el repartimiento que a las diputaciones y juntas de armamento y defensa, las cuales procederían con arreglo a las circunstancias en que se hallaran las provincias. Yo, acaso, no hubiera obrado así, pero el Gobierno es disculpable en la situación en que se encontró. Fue, pues, encargado este negocio a las diputaciones provinciales y éstas obraron como las Cortes saben. Llegó el 15 de febrero y yo, entonces ministro de Hacienda, pedí a las Cortes que con respecto a las reclamaciones que se hubiesen hecho contra los agravios, se estableciese la base de los mayores contribuyentes para dar ensanche al préstamo. Las Cortes no tuvieron a bien admitirlo; pero hoy (julio de 1837), no habiéndose cobrado todavía 80 millones de aquella anticipación, suponiendo que se hubiese destinado la mitad al ejército y la otra mitad a cubrir las necesidades ordinarias, es bien seguro que la situación de la Patria sería muy diferente de lo que es en el día. Pero sobre esto último ninguna responsabilidad le puede caber al Gobierno».

La cuestión del reparto intraprovincial era ciertamente grave por sí misma; pero el debate de la distribución intraprovincial iba mucho más allá de una recaudación fiscal porque lo que estaba en juego era nada menos que la capacidad técnica y la fiabilidad política de las diputaciones para afrontar los problemas provinciales. El dogma liberal progresista no podía admitir en este punto crítica alguna puesto que las diputaciones provinciales constituían uno de los pilares de su sistema; pero la realidad se encargaba de ponerlas cuando menos bajo sospecha y al final tanto el Gobierno como las Cortes, en aras de la eficacia, tuvieron que recortar, al menos en la cuestión debatida, las competencias de las diputaciones provinciales.

Pero todavía cabe, incluso, hacerse un planteamiento más general preguntándose por el modo más adecuado de actuar en estas circunstancias: si con arreglo a criterios personales «de opinión», de «arbitrio» o de «oportunidad» o bien con arreglo a criterios generales objetivos predeterminados en una norma jurídica. Acabamos de ver que muchas diputaciones provinciales y Juntas de armamento siguieron la primera opción con aplauso de diputados como Cabrera y Ayllón, mientras que otros se inclinaban por la solución contraria. He aquí un dilema que tocaba las raíces más profundas del Estado y del Derecho Público.

En el Antiguo Régimen sabido es que el Monarca tenía confianza en sus servidores y les dejaba una gran libertad de decisión y de acción: tanta que desembocó en abusos intolerables. De aquí la reacción de los ilustrados y de los liberales que propusieron la sustitución de un «gobierno de los hombres» por un «gobierno de las leyes», es decir, por un sistema en que todo estuviera preestablecido y las autoridades no pudiesen decidir por sí mismas sino limitarse a ejecutar lo dispuesto en la ley. El Gobierno Calatrava-Mendizábal falló, no obstante, en esta ocasión y al no enviar a las diputaciones «base» alguna, se confió de hecho a su criterio y de allí vinieron los abusos y de ellos las reclamaciones a las Cortes. ¿Qué hicieron entonces éstas, si es que podían hacer algo por no ser demasiado tarde?

Mendizábal, mientras tanto, hacía frente como podía al aluvión de quejas que caían sobre el Ministerio esquivando en lo posible su responsabilidad personal y explicando las causas que habían provocado la supresión de la tercera fase del proceso, es decir, que el reparto individual no se hiciera, como de costumbre, por los ayuntamientos sino directamente por las corporaciones provinciales: «Cuando el gobierno el 30 de agosto –dijo en su intervención de 7 de abril (1836)– aprobó el decreto adoptando una parte de las bases que tuve el honor de indicar como individuo y presidente que era entonces de la Junta de Arbitrios, creyó que no era conveniente adoptar las otras. Allí se estableció el principio de que las diputaciones provinciales debían hacer (directamente) el reparto respecto de los individuos y que estos repartimientos no debían pasar por la rueda de los ayuntamientos (...) Llevado yo a la honra de secretario de Despacho de Hacienda, no creí conveniente a los doce días deshacer lo que estaba hecho (...) Estoy tan persuadido de que no se ha de realizar tan pronto como es necesario que si no estuviese hasta cierto punto obligado por un principio de honor a no abandonar mi puesto mientras no se hayan presentado la segunda y tercera parte de la memoria de los presupuestos haría la cuestión del día cuestión ministerial respecto de mi persona».

Remedios propuestos

Los datos contables eran tan elocuentes que no podían ser ignorados e impedían continuar «con los ojos cerrados» cuando todavía quedaba por recaudar el cuarenta por cierto del anticipo. En su consecuencia resultaba inevitable arbitrar algún remedio, y una vez más quien abrió el camino fue Suances con una proposición presentada el 28.12.1836 en la que se pedía «que el Gobierno repare en un corto término las desigualdades que resultan en el reparto de la anticipación de los 200 millones proponiendo que a tal fin sirviese la lista de mayores contribuyentes hecha para la contribución directa de agosto último».

Ni que decir tiene que el Gobierno, exasperado por la lentitud recaudatoria, vio con tan buenos ojos esta iniciativa que el 27.1.1837 acudió al procedimiento insólito (no recomendado por el dictamen de que se hablará inmediatamente) de circular la proposición a las diputaciones provinciales añadiendo por su cuenta que parece

necesario hacer conocer a las diputaciones provinciales lo sensible que es el que no se hayan hecho desaparecer las dificultades que se han presentado para que oportunamente se hubiese realizado la cobranza (...) ni se puede gozar de paz y ventura interior, ni tampoco se podrán evitar otras exacciones más sensibles para los pueblos porque para cercenar gastos es forzoso aniquilar las facciones y esto no puede lograrse sin proporcionar al Gobierno los medios que reclaman las graves atenciones de su cargo, que sin duda se hallarían hoy cubiertas en mucha parte si la realización del préstamo no se viera entorpecida, como dolorosamente se está experimentando.

En sede parlamentaria la comisión de Hacienda en su dictamen del 21 del mismo mes se había limitado a indicar que «la proposición del sr. Suances pase al Gobierno para que recomiende a las diputaciones provinciales que activen la recaudación del empréstito, procurando que haya en el reparto la más equitativa distribución como medio el más eficaz de realizarlo».

Esta decisión, sin embargo, no frenó las iniciativas individuales y así, a renglón seguido, Fernández Baeza propuso, aunque naturalmente sin éxito, que las diputaciones provinciales exigiesen sin contemplaciones el pago del primer plazo pero que luego «imputasen al segundo y al tercero el resultado de las quejas que se hubiesen ido levantando». Al hilo del debate Gómez Acebo contó una trampa muy propia de Mendizábal: «S.S. nos ofreció a los diputados que habíamos firmado una proposición para que se recomendase al Gobierno y a las diputaciones provinciales que adoptaran ciertas bases (diciéndonos) que el Gobierno pondría remedio en esto, y bajo esta palabra se retiró la proposición; pero yo no he visto ninguna circular relativa a esto».

En esta misma sesión del 21 volvieron a aparecer los puntos conflictivos que ya se habían discutido hasta la saciedad pero que se resistían a desaparecer: el error de haber encomendado a las diputaciones provinciales la distribución de cupos entre los pueblos y el error acumulado de no haber señalado criterios para la determinación de las cantidades tanto globales de los pueblos como individuales de los vecinos.

El primer paso que a continuación se dio fue un dictamen de la comisión de Hacienda, de fecha 28.3.1837, en el que se proponían varias medidas para realizar con efectividad el empréstito:

La comisión de Hacienda tiene a la vista la manifestación que ha hecho a las Cortes el ministerio de Hacienda, con fecha 15 de febrero último, al dar cuenta del resultado de la cobranza e inversión del préstamo de los 200 millones. De los estados demostrativos que acompaña a dicha comunicación aparece que apenas se han recaudado 60 millones, los cuales han sido aplicados a la subsistencia del ejército del Norte y objetos de guerra; y de las indicaciones que se hacen por el ministerio al pasar estos documentos, se deduce la necesidad de remover los entorpecimientos con que hasta ahora ha sido obstruida la marcha de este importante servicio.

El debate empezó el siguiente día 31 y se inició con una dura intervención de Cantero: «Desgraciadamente este asunto, como se vaticinó desde el principio, dio ocasión a reclamaciones extraordinarias de la mayor parte de los contribuyentes del empréstito, por no haber habido ninguna base para su repartimiento y haber dejado a la buena voluntad de las diputaciones provinciales el que éstas adoptaran las que creyeran oportunas. El resultado ha sido que en casi toda España se ha partido de bases diversas y que las quejas se han multiplicado prodigiosamente, siendo muy difícil subsanar a los que se consideraban agraviados. Escasamente se han recaudado 60 millones y hoy día se nos presenta este proyecto para realizar el empréstito referido de la manera más expedita y de modo que su ejecución se verifique bajo un sistema que quite la arbitrariedad a todas las corporaciones, porque de otra manera vendremos a tocar en los mismos escollos que hemos visto: no se realizarán dentro de cuatro o seis meses y las Cortes tendrán que volverse a ocupar de esto mismo».

A esta intervención siguió un comentario del secretario de Estado de Hacienda en el que se volvía a repetir lo mismo que venía diciendo desde el principio: «Entro con tanta más imparcialidad en esta discusión cuanto que he tenido la honra de repetir en otras ocasiones que la base adoptada no era la de la opinión del ministro de entonces. Mi opinión fue, y considero como una desgracia que no se llevase a efecto, que tratándose de una anticipación y no de una contribución, las diputaciones provinciales se atuvieran a las bases de los mayores contribuyentes que tuvieron derecho a elegir los procuradores del Estamento anterior, y además a las de todos aquellos que sin ser mayores contribuyentes, a juicio de las mismas pudiesen considerarse como tales (...) Yo he hablado con algunos de esos individuos, he tratado de persuadirles que pagaran las cuotas que se les habían señalado (y) a las reflexiones que yo les hice me dijeron: “cuando me saquen para la cárcel, al llegar a la puerta de la calle lo pagaré”».

Pero la oposición no le concedió el menor respiro y Álvaro continuó el ataque llegando hasta recomendar la resistencia fiscal: «La primera razón por la que me opuse fue porque me parecía poca cantidad y segunda, porque preví que no se cobraría tan pronto como era necesario por los medios que se proponía por el Gobierno. Abiertas las Cortes, manifesté mi opinión de que este empréstito no se realizaría por las reglas adoptadas y expuse que acaso sería más conveniente sustituir a este empréstito una contribución general u otra operación más extensa y suficiente. Sin embargo, el ministro manifestó entonces la urgencia de que el Gobierno tenía de medios y todos los diputados se prestaron a lo que se quería».

Otra iniciativa partió el día 8.4.1837 de Alonso Cordero:

Pedimos a las Cortes que por las mismas bases que acaban de aprobar para el reparto del préstamo de 200 millones entre los pueblos de cada provincia, se rectifiquen por el Gobierno en un término breve las cuotas asignadas a las mismas, arreglando cada uno en justa proporción al importe que satisfacen por las contribuciones de paja y utensilios, frutos civiles, subsidio industrial y de comercio, rentas provinciales, catastro y equivalente. Esta medida, tan justa, tan conforme a los principios de equidad que las Cortes acaban de reconocer, tan conveniente para calmar totalmente las quejas contra el préstamo, no puede detener el curso de la recaudación ni un momento, porque los datos para el nuevo reparto existen reunidos en la Contaduría general de valores y Direcciones generales de rentas y pueden verificarse inmediatamente.

Proposición que defendió inmediatamente exponiendo que «las bases que ahora se proponen por la comisión y ha aprobado el Congreso, van a producir en mi concepto, los mejores resultados, pues proporcionarán un mayor número de contribuyentes, pudiendo asegurar, tomando por ejemplo a Madrid, que si fueron setecientos y tantos individuos los que se incluyeron en el reparto anterior, ahora serán lo menos de 3 a 4.000; por manera que se podrá ya reintegrar a los particulares agraviados y este reintegro es uno de los objetos de mi proposición, dando principio por la rectificación previa de las provincias, para que cesen las repetidísimas reclamaciones que continuamente están dando éstas y aquéllos. (...) Yo siento que se haya realizado mi profecía. Cuando en 19 de noviembre hablé por primera vez sobre este asunto, dije que si no se ponían otras bases, no se realizaría el adelanto de los 200 millones; que si no se repartía por los mayores contribuyentes en la elección directa, por el subsidio de comercio, frutos civiles y demás, no se verificaría el adelanto. Veo con sentimiento que así ha sucedido y veo que la comisión ha adoptado las mismas bases que yo indiqué y que se hallan consignados en el Diario de las Cortes del 24 de enero. Ahora quedarán contentos todos los españoles, al ver que hay igualdad en el reparto».

Huelga decir ahora que ni Mendizábal rehuyó, con su característica tenacidad, este nuevo envite ni tampoco faltó Álvaro incansable siempre en el ataque.

En palabras del secretario de Hacienda, «se ha desnaturalizado tanto la anticipación de los 200 millones, que si se aumenta esta desnaturalización hasta volver a principiar para hacer un nuevo repartimiento entre las provincias, las Cortes, sin querer, van a imposibilitar al Gobierno de que pueda atender a ninguna de las cargas que gravitan sobre el Estado. Es tan exacto eso, que hace dos semanas, que es el tiempo que llevan las Cortes ocupándose de este asunto, que no se ha recaudado un solo maravedí. Repito que no se trata de una contribución sino de una anticipación cuyo reintegro se está ya realizando en la parte correspondiente, no habiendo un solo caso que poder citar de que se haya rehusado admitirla en pago de contribuciones ordinarias, de la manera que se ha dicho en el decreto por el que se establece esta anticipación». Añadiendo para ter minar una anécdota personal: «Las Cortes tendrán presente que en el primer o segundo día de la discusión del primer dictamen sobre la anticipación de los 200 millones, haciendo yo alusión a la contrariedad que se encontraba entre las doctrinas del sr. Álvaro antes que las Cortes se reunieran, con las doctrinas que (ahora) profesaba, dije que me gastaría 200 o 300 reales en reimprimir un papel y S.S. pidió la palabra para decir que excusaba de hacerlo y que podía economizar este dinero porque iba a repartirlo él entre los señores diputados (promesa que no ha cumplido)».

Final

Al cabo de tan largas y enconadas discusiones logró obtenerse un resultado positivo puesto que por decreto de Cortes de 15.4.1837 se establecieron medios para facilitar la recaudación de la anticipación de los 200 millones, que se desarrolló luego por Real orden del 17 siguiente.

En el decreto del día 15 se precisaban los escalones de distribución: de las diputaciones a los ayuntamientos y de éstos a los vecinos individuales (es decir, recuperando el procedimiento habitual en esta clase de asuntos). Por lo que se refiere a este último punto determinaba el artículo 5 que

los ayuntamientos de los pueblos verificarán en seguida el reparto individual de su respectivo cupo dentro del preciso término del tercer día, tomando por base las cuotas con que cada individuo contribuya por todos y cada uno de los impuestos establecidos y procediendo después a publicar las listas del repartimiento para conocimiento de todos los interesados.

Estaba escrito, no obstante, al parecer, que el desafortunado adelanto de los 200 millones nunca pudiera redimirse de su pecado original porque es el caso que tampoco logró funcionar en su nueva versión del 15 de abril, ya que las diputaciones y los contribuyentes (oficialmente llamados prestamistas) alegaron que su inteligencia era tan confusa que hacía imposible la recaudación. Por lo que las Cortes tuvieron que reparchearlo de nuevo según dictamen de 3 de junio, que se cerraba con esta candorosa advertencia que fingía ignorar lo que había estado sucediendo hasta entonces:

Las diputaciones provinciales, acomodándose estrictamente a lo que se previene en esta aclaración, darán por concluidas todas las operaciones que son de su cargo en el término preciso de quince días, y estrecharán a los ayuntamientos a que en igual plazo den fenecidos los repartos individuales, bajo la más estrecha responsabilidad de unas y otros.

El balance general negativo no excluye naturalmente que una parte sustanciosa de él se percibiese realmente y que algunas provincias completaran puntualmente su cupo. Según recuerda Janke (265), «el 1 de febrero Ávila ya había entregado su contribución completa y Murcia no tuvo problemas para entregar la suya; pero fue Granada, donde Agustín Romero trabajaba para Mendizábal, la que se distinguió por haber concluido de pagar en el menor tiempo, mereciendo las alabanzas de La Gaceta». Pero hay que insistir en el hecho de que este anticipo dejó un amargo recuerdo que no se olvidaría en mucho tiempo. Todavía el 4.8.1837 seguiría agitándose el mismo fantasma en palabras de Hompanera: «La generación presente, víctima de errores, de pasiones, de reiteradas vicisitudes en instituciones políticas, sistemas administrativos y en acontecimientos militares no puede menos de ser desconfiada y suspicaz e indecisa (...) ¿Cuándo se han cumplido en España las promesas de pagar las anticipaciones que se han exigido en dinero o en especie? Si se ha hecho alguna vez y en alguna parte, ¿qué de disgustos, sinsabores y quebrantos no ha costado?».

Y, por otro lado, resultaría imposible dar cuenta exhaustiva de las reclamaciones que incesantemente se elevaban a las Cortes con tal motivo en las que se reflejaban tanto el malestar de los contribuyentes como el de las mismas diputaciones, a las que con tanta saña se estaba imputando el fracaso. Así luce clarísimamente en el dictamen aprobado el 11.7.1837:

La Diputación provincial de Orense procedió a hacer el repartimiento de los 200 millones bajo las bases que la parecieron las más justificadas y habiendo graduado el ayuntamiento de la capital de excesiva la cuota asignada a su vecindario, recurrió a S.M. en queja y por el ministerio de la Gobernación de la península se expidió una Real orden en 17.3. último, en la cual, después de declarar que S.M. había visto con disgusto la conducta de la diputación provincial por haberse apartado de la equidad y justicia, mandaba que la diputación, oyendo al ayuntamiento, reformase el repartimiento, haciéndola responsable de las alteraciones que pudiese haber en la tranquilidad pública.

En vista de esta Real orden acudió la diputación al Gobierno sincerando su conducta, haciendo dimisión de sus cargos y suplicando que se pasase a las Cortes la referida exposición para este objeto. Como desde el 29 de abril, que fechaba dicha exposición, no viesen resultado, se dirigió la diputación en derechura a las Cortes en 1 de junio suplicando defirieran a lo que en ella solicitaron en desagravio de la ofensa que recibieron en dicha Real orden.

Los ejemplos podrían multiplicarse pero no añadirían nada nuevo al análisis –ya suficientemente premioso– de la cuestión. Lo que ahora importa subrayar es la trascendencia política de este fracaso ya que, como se recordará, en el adelanto de los 200 millones había basado Mendizábal su política al estimar que con él se aliviarían las penurias del Tesoro, se haría innecesaria la toma de nueva Deuda exterior y, en fin, debidamente atendido el Ejército, se acabaría en unos meses la guerra civil. Pues bien, al no producir el adelanto lo que de él se había esperado ni en los plazos previstos, el cántaro de la lechera se vino al suelo y con él la política entera del Ministerio: el Tesoro siguió arruinado y hubo que recurrir a nuevas y enormes contribuciones, el Ejército siguió desatendido y menesteroso y, por descontado, no se terminó la guerra. La realidad se vengó de los sueños imaginativos y el mito de Mendizábal quedó «desencantado», es decir, perdió su aureola milagrera y se redujo a un político fracasado por muy elevada que fuera –así hay que reconocerlo– su talla. El declive de este político se inició con el traspié del malhadado adelanto de los 200 millones.

Este famoso anticipo fue en resumidas cuentas una operación digna de los arbitristas del siglo XVII. Puesto en marcha por Ejea no parece aventurado atribuir la paternidad de la idea a Mendizábal pues responde perfectamente a las características de su talante: una medida ingeniosa pues permitía mantener al Ejécito y acabar la guerra civil sin imponer una nueva contribución y sin acudir tampoco a los mercados de la Deuda exterior e interior. El inconveniente más notorio era, bien es verdad, que lastraba durante cuatro años los ingresos fiscales puesto que en lugar de recaudarse dinero se recibiría papel que para nada servía ya al Tesoro pues su valor se había gastado. Pero no valía la pena pensar en el futuro porque en un año se habría terminado la guerra y las necesidades del Estado disminuirían drásticamente. Parece evidente que el despertar de un sueño tan dulce había de ser forzosamente muy amargo.

El adelanto se consumó demasiado tarde y como no se podía esperar hasta entonces, hubo que recurrir a las fuentes de financiación convencionales: más productivas pero también más dolorosas cuando «el efecto taumatúrgico» ya había desaparecido y la hipoteca sobre las recaudaciones siguientes se repitieran.

La operación fracasó por las mismas razones que todas las demás «ideas geniales» de Mendizábal: porque no bastaba con tener una idea por buena que fuera sino que era preciso saber ejecutarla, y este adelanto estuvo mal planteado desde el principio y Mendizábal no tuvo esta vez empacho en reconocer los errores aunque con la excusa de imputárselos a su antecesor en la secretaría y a las propias Cortes. Por lo demás, tampoco se sabe adónde fue a parar lo recaudado. En último extremo, el único resultado práctico de aquel experimento fue que, con el desengaño, ya no se volvería a ensayar.

* * *

5. CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA DE GUERRA

Dilemas para su establecimiento.– Varios proyectos de ley concurrentes y contrarios.– La ley de 15 de septiembre de 1837.

El Real decreto de 19 de septiembre de 1836 impuso una rebaja de los sueldos de los empleados públicos conforme a una escala gradual que iba del 3 al 25% y que en el fondo era una contribución extraordinaria de guerra pues tal era su causa y a los gastos de guerra iban a destinarse sus productos; pero no merece este nombre en sentido propio puesto que sólo se trataba de un ahorro en el gasto y no de un ingreso. De la verdadera contribución extraordinaria de guerra vamos a ocuparnos en el presente epígrafe.

Dilemas para su establecimiento

Ocioso es ponderar que los gastos que la guerra ocasionaba no podían ser cubiertos por los presupuestos ordinarios. Los Gobiernos constitucionales, primero el de Martínez de la Rosa y luego el de Toreno, acudieron entonces para cubrirlos a la Deuda interior y exterior; pero este remedio se agotó pronto y, lo que es peor, consumió también el escaso crédito que la nación gozaba en los mercados extranjeros y que la todavía tímida desamortización de los bienes nacionales no había restablecido en los términos esperados. Mendizábal, acorralado, echó mano al adelanto de los 200 millones, que resultó, como sabemos, un fracaso completo y en su huida hacia delante suprimió luego el diezmo, con lo que no sólo no arregló las cosas sino que las empeoró. La situación era angustiosa, el Tesoro no disponía de metálico con que atender las necesidades más urgentes y el papel que se habilitaba estaba cada día más depreciado. Los gastos de guerra eran sufragados en buena parte por las diputaciones provinciales y por el producto de los expolios que se veían obligados a realizar los comandantes militares: al menos para la manutención, vestuarios y hospitales, aunque no alcanzaban, naturalmente, al armamento y sueldos.

En estas condiciones parecía inevitable acudir a una contribución extraordinaria de guerra, cuya inequívoca denominación, sin embargo, no aclara suficientemente su contenido porque no se sabía exactamente cuál era su objeto: si la financiación de los gastos producidos por la guerra, es decir, los gastos personales y materiales del ejército, o el cierre del déficit producido por la guerra. Una distinción importante puesto que no coinciden necesariamente las cantidades que recogen estas dos figuras.

A este dilema se añadía un segundo de carácter técnico fiscal, que ofrecía dos opciones: o bien fijar un gravamen sobre la riqueza (cuyos resultados podían ser estimados o calculados aproximadamente de antemano pero que nunca consistían en una cantidad fija) o bien establecer una cantidad fija, cuya imposición se repartiría luego en cascada mediante la fijación de cupos provinciales, que luego se fraccionarían en cupos municipales para su distribución final individual entre los contribuyentes. En concreto, la característica más llamativa de esta contribución de guerra que vamos a analizar fue la de que no existió un criterio claro a la hora de elegir entre las opciones de estos dilemas. Mendizábal se inclinó decididamente por la primera posibilidad (gravamen sobre la riqueza con resultados meramente estimados) mientras que las Cortes prefirieron el sistema de establecimiento previo de una cantidad determinada y su posterior reparto en cupos.

Puede imaginarse la confusión creada por estas indecisiones (y más cuando el Congreso estaba dividido, a su vez, en este punto), a lo que se añadió, con efectos todavía más perturbadores, la indebida conexión entre esta contribución con el impuesto del diezmo (que, aun suprimido legalmente, todavía seguía cobrándose por mitades). Los resultados fueron literalmente caóticos y al final, como era de esperar, la recaudación terminó siendo un fracaso.

Es difícil de entender esta disparidad de criterios entre el ministro y la mayoría parlamentaria que de ordinario le seguía. Porque aquí lo previsible era que Mendizábal hubiera presentado su proyecto y que la mayoría, haciéndolo suyo, hubiera tratado de imponerlo frente a la oposición, de acuerdo con las prácticas parlamentarias habituales de una lucha entre la mayoría ministerial y la minoría antiministerial, que terminaba de ordinario con el triunfo de aquélla. Sin embargo, en esta ocasión no sucedió así, puesto que la mayoría no hizo suyo el proyecto ministerial y el Congreso se fraccionó en distintos grupos, cada uno con sus propias ideas, lo que degeneró en una lucha de todos contra todos. Con el tiempo, no obstante, se borraron estas peculiaridades porque el texto que se sometió al debate definitivo fue el de la mayoría de la comisión, que era el más próximo en la letra y el espíritu al del Gobierno y pronto éste se solidarizó con aquél formándose en consecuencia los dos bloques acostumbrados de la mayoría ministerial y la minoría de oposición.

La verdad es que desde que se inició la expedición de Don Carlos el Gobierno Calatrava-Mendizábal había perdido el control de la situación. Ni logró frenar militarmente a los carlistas ni supo encauzar las cuestiones financieras. Mendizábal estaba entrando en una fase terminal y, después del fiasco del adelanto de los 200 millones, sus decisiones fiscales –la seudosupresión del diezmo y la nueva contribución extraordinaria de guerradaban la sensación de espasmódicas. El decreto de Cortes de 16.7.1837, al prorrogar por un año la percepción del diezmo, no sólo había aludido a la inminencia de una nueva contribución extraordinaria de guerra sino que había establecido una íntima conexión entre uno y otra puesto que el producto del diezmo se dividía en dos mitades destinándose una a las atenciones del culto y clero y la otra a la contribución extraordinaria de guerra (arts. 1 y 2). El desorden fiscal heredado era ya un caos manifiesto que se había escapado por completo de las manos de Mendizábal.

Los días del Gabinete estaban contados: la Reina Regente le había abandonado, los carlistas se acercaban a Madrid, el Ejército conspiraba sin rebozo y la oposición parlamentaria cobraba fuerza. Lo único que funcionaba imperturbable era la máquina de hacer leyes y decretos. Las Cortes no perdían una sesión y la tramitación de la ley sobre la contribución extraordinaria de guerra siguió su marcha normal.

Varios proyectos de ley concurrentes y contrarios

La característica más notable de la ley reguladora de la contribución extraordinaria de guerra fue la de que en su tramitación parlamentaria concurrieron, según sabemos, varios proyectos de ley absolutamente contrarios, es decir, incompatibles entre sí dado que cada uno había adoptado una opción distinta de los dilemas que acaban de enunciarse. Mas como el texto final pretendió armonizar lo que era imposible, el resultado fue un monstruo normativo de aplicación enrevesada que no alcanzó, ni de lejos, sus objetivos y que consagró un régimen fiscal literalmente caótico que no podía mantenerse durante mucho tiempo.

La historia empezó, como es lo normal, con un proyecto presentado por el Gobierno que seguía el criterio de establecer unas bases y unos tipos impositivos determinados que producirían unas cantidades indeterminadas aunque previsiblemente bastarían para satisfacer las necesidades de la guerra. Pero sucedió que la mayoría de la comisión del Congreso elaboró un proyecto alternativo sujeto a criterios contrarios e incluso inversos a los ministeriales, puesto que partía de una cantidad fija –el déficit presupuestario– que luego se repartiría escalonadamente en los cupos provinciales y municipales. Y por si esto fuera poco, la minoría de la comisión presentó un tercer proyecto incompatible con los otros dos. ¿Cuál de estos tres proyectos se impondría sobre los demás? Una cuestión técnica y políticamente ardua que se resolvió en una fórmula de compromiso juntando el agua con el aceite en una emulsión imposible.

El 15 de julio (1837) firmó Mendizábal un proyecto de ley sobre una contribución extraordinaria de guerra, que se leyó en las Cortes al día siguiente (el 16). El ministro de Hacienda se había inclinado aquí por la opción de señalar un gravamen a los bienes y productos y, concretamente, al 10% de las rentas de las fincas rústicas arrendadas (4% de las cultivadas directamente por el propietario), una doceava parte de los alquileres de fincas urbanas y dos cuotas y media de las correspondientes al subsidio industrial. De acuerdo con estas proporciones el proyecto calculaba que las fincas rústicas producirían 416 millones de reales, 34 las urbanas y 50 el aumento del subsidio industrial; en total, 314 millones. El Proemio del proyecto justificó de modo expreso las razones que habían movido a rechazar el sistema de reparto de cupos, que provenían de la mala experiencia de lo que había sucedido con el anticipo de los 200 millones:

Sujetar la contribución que se propone a los métodos de reparto con la respectiva intervención de las diputaciones provinciales y ayuntamientos, sería lo mismo que crearse un recurso fantástico y olvidar la reciente lección que nos ha dado la anticipación a préstamo de 200 millones.

Al pasar este proyecto a la comisión de Hacienda, ésta en su dictamen de 24.7.1837 advirtió que «si bien todos sus miembros han estado de acuerdo en los principios, han tenido el disgusto de que no haya sucedido lo mismo respecto al método proyectado por el Gobierno para la recaudación». El desacuerdo se tradujo efectivamente en tres dictámenes –de hecho en dos: el de la mayoría y el de la minoría– que coincidían, no obstante, en rechazar el texto gubernamental al defender el mecanismo del cupo global y en su repartición posterior en la conocida cascada provincial y municipal. Ahora bien, el dictamen de la minoría, firmado por Pedro Gil, Vadillo, Hompanera y Mon, miembros todos de la fracción moderada, se limitó a proponer que «el Gobierno presentase inmediatamente un proyecto de ley para exigir una contribución extraordinaria de guerra de una cantidad determinada» señalando que

el Gobierno debe saber aproximadamente la cantidad que no puede cubrirse con los recursos ordinarios; pídala, pues, en concepto de extraordinaria de guerra, repártase entre todas las provincias, pueblos e individuos sobre bases justas y conocidas; liquídense todos los adelantos hechos y cúmplanse, en fin, las promesas del modo posible; así habrá confianza y resignación en los administrados, fuerza en el Gobierno y recursos en los puntos en que haga falta. (Añadiendo que) los sistemas de interinidad y de entretenimiento rarísima vez llenan su objeto; siempre arrastran tras sí consecuencias ruinosas que los españoles no están en el caso de soportar.

Por lo demás, no faltaban razones a los firmantes del voto particular para rechazar el proyecto gubernamental:

El primer reparo es el de no ver consonancia entre él y la ley de 16 de este mes, relativa a la continuación del diezmo en el presente año, y aun creerle en varios puntos en contradicción con la misma y con las promesas reiteradas y solemnes que se hicieron en su discusión.

Y por si esto fuera poco, se invocaba «el firme convencimiento de que está sujeto a grandes fraudes y a operaciones sumamente dilatorias, como también a la complicación que necesariamente ha de producir en la cuenta y razón».

Quizás no sea del todo inútil recordar que uno de los firmantes de este dictamen de la minoría (Hompanera) relató en la sesión del 5 de agosto (1837) lo que se había debatido en el seno de la comisión y la génesis de esta pluralidad de opiniones: En las primeras sesiones «únicamente se convino absolutamente en una cosa (a excepción de Ramón Calatrava), que fue en rechazar el proyecto del Gobierno (porque) no era admisible. Entrando más en el fondo, algunos señores creyeron que podría admitirse con algunas modificaciones; otros se opusieron a admitirle ni aun modificado, y aquí empezó la discordia de pareceres en la comisión (...) Yo dije que sacrificaría mi opinión siempre que hubiese unanimidad en todos los miembros, pero que si no se lograba ésta y un solo dictamen, me retiraba y persistía en que se desechase el proyecto del Gobierno».

El dictamen de la mayoría de la comisión (Álvarez García, Calatrava, Santa Cruz y Alejos Burriel: cuatro votos, por tanto, igual que el anterior, pero que se convirtió en mayoría al adherirse a lo sustancial el voto de Matheu, llegando así a los cinco), sin embargo, apartándose igualmente del proyecto ministerial, se atrevió a hacer por sí mismo una propuesta concreta cifrada en «quinientos millones de reales sobre todas las clases de riqueza de la nación» con un objetivo muy preciso: «cubrir el déficit que se presume entre los gastos y recursos del Estado en el año corriente» (artículo primero de su proyecto). Una decisión tanto más grave cuanto bien claro se decía que no se trataba de atender gastos de guerra (como hubiera podido sugerir su título) sino de cubrir un desequilibrio presupuestario (que, aunque así se supusiera, no estaba causado únicamente por los gastos de la guerra).

En conclusión tenemos, pues, tres proyectos inspirados en criterios completamente distintos y en consecuencia incompatibles entre sí: a) el del Gobierno que, partiendo de unos recargos contributivos determinados, desembocaría en una cantidad final global indeterminada, pero calculada en algo más de 300 millones; b) el de la minoría de la comisión que, encomendando al Gobierno la fijación de una cantidad global determinada, se recaudaría distribuyendo su importe en cupos provinciales; y, en fin, c) el de la mayoría de la comisión que, señalando directamente una cantidad global determinada (500 millones de reales) se recaudaría distribuyendo su importe en cupos provinciales.

La comisión era, desde luego, perfectamente consciente de las dificultades técnicas que ofrecía esta contribución por culpa de la perturbadora conexión que se establecía entre ella y el adelanto parcial de los diezmos; pero terminaba aceptando tal interrelación y justificándola en los siguientes términos:

Si la clase labradora anticipa la décima de sus cosechas, en virtud de una ley que las Cortes acaban de acordar, es claro que las demás en que se encuentra la riqueza reconocerán que tienen igual deber y si las cantidades anticipadas por los labradores han de admitirse en pago de los cupos que les correspondan en el reparto general, igualmente las anticipaciones que hagan las demás clases serán a cuenta de lo que a cada una quepa en el mismo. Así es que tanto la décima agrícola como la predial e industrial son anticipación hecha para subvenir perentoriamente a las necesidades urgentísimas del momento y hasta que se realice el reparto.

De destacar es en cualquier caso un hecho insólito en la historia legislativa, a saber, que en el dictamen de la mayoría se expresaba sin disimulo una grave desconfianza en la eficacia del texto que se presentaba, al reconocer que «los que suscriben han creído ser útil a los intereses nacionales admitir la mencionada figura, aun dado caso de no producir el resultado propuesto. En este concepto, y de acuerdo con el Gobierno, los cuatro individuos de la comisión que suscriben presentan a la deliberación del Congreso, aun desconfiando de su acierto, el adjunto proyecto de ley».

Con tan sorprendente introducción ya no podía extrañar que toda la contribución girase sobre una simple presunción que no se fundaba en cálculo alguno –y no podía serlo porque faltaban los datos de referenciasino en el ojo de un buen cubero:

Se decreta una contribución extraordinaria de guerra de 500 millones de reales sobre todas las clases de riqueza de la nación para cubrir el déficit que se presume entre los gastos y recursos del Estado en el año corriente.

De esta manera y a partir de la cantidad global ya se podía seguir el procedimiento ordinario en cascada, aunque, eso sí, muy controlado ahora por las bases superiores como establecía el artículo segundo:

Señalada por las Cortes, a propuesta del Gobierno, la cantidad con que deba contribuir cada provincia, las diputaciones provinciales derramarán el cupo entre los pueblos de su distrito y los ayuntamientos los repartirán entre los individuos, sujetándose a las bases establecidas por las Cortes para la cobranza de la anticipación de los 200 millones.

Pero, a partir de aquí, la Comisión hizo suyos los tipos y bases que aparecían en el proyecto del Gobierno: 10% de rentas rústicas, una mesada de rentas urbanas y tanto y medio (un punto menos que el proyecto) de las cuotas individuales de subsidio industrial. Ahora bien, ¿cómo compatibilizar una cantidad global fija con unos tipos de resultados indeterminados? A primera vista se trataba de una contradicción insuperable, si bien para la comisión no lo era puesto que el dictamen ofrecía una salida harto sutil: primero se recaudaba de acuerdo con los tipos y bases establecidos; pero tales cantidades se consideraban anticipos o a buena cuenta de lo que resultase de los repartos provinciales y municipales; y en una segunda fase se ajustarían, en más o en menos, el adelanto y el cupo definitivo asignado, como regulaba el art. 13:

Distribuido que sea el cupo individual, acudirán todos los contribuyentes a liquidar su cuenta respectiva, exhibiendo la carta de pago de lo que ya se hubiere satisfecho. Estará obligado el contribuyente a aprontar en efectivo la diferencia que resulte entre su cupo de contribución y la cuota satisfecha y tendrá derecho el que hubiera pagado de más a que se le expida un documento que acredite la diferencia, a fin de que su importe le sea de abono en las contribuciones que deba satisfacer en lo sucesivo.

En verdad un mecanismo demasiado complejo, técnicamente sujeto a errores y, además, a toda clase de arbitrariedades, multiplicando con ello la interposición de quejas y recursos. Y lo que más sorprende es que así lo decidieran unas Cortes que estaban machaconamente protestando contra el burocratismo, la proliferación de empleados públicos y su notoria ineficacia. ¿Pues cómo realizar estas operaciones sin una nube de empleados? De aquí la oportunidad con que el dictamen de la minoría había denunciado, sin que nadie le hiciera caso, que «la idea de anticipar a buena cuenta, después de tantas vicisitudes como han afectado a nuestra administración, ha perdido todo su crédito y esto fuera lo menos malo; pero asociada con otra que no parece oportuno expresar (¿), produce desagrado, irrita al hombre de bien, que es el que franquea el bolsillo, y presenta un flanco a nuestros enemigos para desacreditar instituciones que llamamos y deben ser de verdad y de seguridad». A estas alturas la mayoría parlamentaria había perdido por completo el sentido de la realidad: cada nuevo texto que presentaba era técnicamente más torpe que el anterior y todos resultaban inviables en la práctica. El sistema fiscal, en particular, era un laberinto por el que erraban sin norte los mismos diputados que lo habían construido.

Y para complicar más las cosas el 8 de agosto presentó el ministro de Hacienda una comunicación del siguiente tenor:

Los apuros del Tesoro público, el estado de la guerra y la urgente necesidad de darla el más activo impulso en lo que resta de la presente estación, obligan al Gobierno de S.M. a pedir ahora a las Cortes con el mayor empeño que se le faciliten los medios necesarios para que las operaciones militares puedan continuar y llevarse con rapidez hasta el grado conveniente para hacer triunfar la causa que defendemos sin que la falta de medios y auxilios de todas clases que requiere la buena asistencia de un ejército sea obstáculo que impida sus progresos o que entorpezca la ejecución de sus planes. (En consecuencia se propone una ley de artículo único:) Se autoriza al Gobierno de S.M. para exigir inmediatamente la mitad de la contribución extraordinaria de guerra, conforme a las bases adoptadas por la comisión (...) cuya exacción se hará a cuenta de lo que deba exigirse con arreglo a lo que las Cortes decreten definitivamente.

Las Cortes atendieron inmediatamente esta petición que cristalizó en el decreto del 12 siguiente (8.1837) mediante el cual se autorizaba al Gobierno para «exigir inmediatamente

cinco por ciento sin deducción alguna sobre las rentas de los predios o fincas rústicas, arrendadas o no cultivadas por sus dueños, una vigesimocuarta parte íntegra de los alquileres de fincas urbanas (...), una cuota íntegra de las que por subsidio industrial o mercantil esté pagando cada individuo. Esta exacción será a cuenta de lo que deba exigirse con arreglo a lo que las Cortes decreten definitivamente.

Decreto desarrollado por Instrucción de la misma fecha en la que se establecía un procedimiento de recaudación que, no obstante su enorme complejidad, advertía que el impuesto debía estar liquidado en treinta días. En definitiva, aquí se establecía un primer adelanto a cuenta del adelanto que la ley exigía a cuenta de lo que al fin resultase (sic). Con tan enrevesado procedimiento puede imaginarse el enorme costo burocrático que suponía el cálculo de estos dos adelantos y la fijación y liquidación de sus ajustes posteriores. Quizás todo fuera consecuencia del nerviosismo producido por la proximidad de las tropas del Pretendiente que ya amenazaban Madrid, pero el hecho es que se iba de disparate en disparate.

Dejando a un lado esta media exacción a cuenta, veamos ahora resumidamente lo que todo esto significaba. Por lo pronto había que seguir dos procedimientos paralelos: el de determinación de los cupos y cuotas y el de determinación de cantidades a cuenta.

El primero suponía un acuerdo de las Cortes para la distribución por provincias del importe global, que, a su vez, exigía previamente la estimación del déficit y para ello el cálculo de los ingresos y de los gastos para determinar la diferencia. La determinación del déficit requería, por su parte, un examen previo de los presupuestos que el Gobierno, como sabemos, tardaba en presentar. Y la distribución por provincias era el mejor caldo de cultivo para las arbitrariedades como había podido comprobarse con el anticipo de los 200 millones. Refiriéndose concretamente a la contribución extraordinaria de guerra, ya hizo observar Fontán, en la sesión del 16 de agosto que «el Gobierno en materia de derramas por provincias no ha presentado hasta hoy un ejemplo de proceder con justicia ni miramiento, sino que siempre ha procedido guiado por parcialidades a favor de ciertas provincias». Dejando a un lado este reparo, una vez que cada provincia supiese el cupo que la correspondía tenía que hacer una redistribución interna por municipios. Y puede imaginarse lo que esto significaba por las facilidades que daba para los abusos.

El segundo procedimiento tampoco era fácil de cumplir por los contribuyentes y ofrecía un campo inmenso a la defraudación. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 de la Real orden de 18.9.1837 (que recogía en buena parte lo ya adelantado en la Instrucción de 12 de agosto), primero tenían que comparecer en el ayuntamiento los propietarios de fincas rústicas para enumerar individualmente cada una y la renta que por ellas iban a percibir. A continuación tenían que comparecer los arrendatarios para declarar las rentas que efectivamente pagaban. Luego los ayuntamientos confrontaban las dos listas de asientos y, verificada su exactitud, cargaban a cada propietario el diez por ciento que le correspondía, que se dividía en tres partes puesto que se pagaba en tres plazos. Operaciones que había que repetir dos veces como consecuencia del adelanto de la mitad obtenido por el Gobierno en atención a las urgencias de la recaudación. Todo esto implicaba para los ayuntamientos un trabajo ímprobo y para arrendatarios y propietarios una dificultad insuperable teniendo en cuenta que el nivel de analfabetismo convertía en una rareza a los que estaban en condiciones de facilitar esas listas, por lo que habían de ser dictadas o encomendadas a algún escribano o fiel de fechos que lógicamente cobraría por ello. Pero en compensación las posibilidades defraudatorias eran inmensas puesto que no había otro control posible que el del cruzado de datos, que resultaba inútil cuando propietario y arrendatario se ponían de acuerdo en falsear tanto los correspondientes a las superficies como los de las rentas. E incluso contando con la mejor voluntad los retrasos en las declaraciones habían de ser enormes, sobre todo si coincidía su tiempo con el de labores agrícolas inaplazables.

Así lo denunció con toda crudeza Fontán en la citada sesión del 16 de agosto: «El Gobierno y sus principales agentes tienen en su cabeza proyectos descabellados (...) en los que se obliga al hombre virtuoso a sufrir más carga que al que no lo es. ¿Quién hay que aun cuando se le impongan doscientas multas así o asá, diga la verdad de lo que tiene? El Gobierno tiene una prueba de eso en las relaciones de frutos civiles: hace muchos años que las está pidiendo ¿y qué ha adelantado? Reunir una multitud de relaciones mendaces. Hay en Galicia 300.00 contribuyentes. Estos tienen que dar 300.000 relaciones. Los infelices contribuyentes de aquel país, que no saben leer ni escribir, tienen que presentar su respectiva relación. No pudiendo hacerla por sí, tendrán que valerse de otros para que se las formen, y estos otros no se la harán sin que se les de alguna retribución, que no les llevará menos de medio duro, y ya tienen aquí las Cortes tres millones de contribución, además de la que les corresponde por la que se les va a imponer. Pluguiera el Cielo que antes de sentarse en las sillas ministeriales fueran antes a administrar a los pueblos y ver por sí mismos lo que allí pasa».

Con este método de cobranza, en definitiva, se provocaban retrasos que no podían remediarse con «adelantos a cuenta» que tampoco resultaban fáciles de recaudar; y por otra parte se abrían las puertas a una defraudación incontrolable. De ello tenía el Gobierno suficientes antecedentes, pero no quería aprender la lección. Y conste que no se podían echar las culpas al Gobierno solamente ya que las Cortes, dejando aparte las enérgicas denuncias de la oposición, aceptaron la propuesta sin vacilar.

En cuanto a los abusos no parece temerario imaginar que se producirían en estos procedimientos con la misma o mayor frecuencia que en los demás tal como era habitual en aquella época y en aquella Administración. Pero en el Diario de Sesiones se filtró pocas horas antes de cerrarse la legislatura, el día 3.11.1837, un caso ejemplar de desviación de poder en el que para favorecer a un banquero, contratista habitual del Gobierno en muchos negocios, no hubo inconveniente desde Madrid en excepcionar sus propias disposiciones. El testimonio se encuentra en una exposición del ayuntamiento de Sevilla

en el que se hace presente a las Cortes que cuando se lisonjeaba de hacer muy fácilmente la cobranza de la contribución extraordinaria de guerra entre todas las clases de riqueza de la nación, se ha visto impelida por una comunicación del intendente de la provincia insertando lo resuelto por la Dirección General de Rentas unidas para que se admitan en pago de la contribución billetes del Tesoro procedentes de la anticipación hecha al Gobierno por D. José Canals y Remisa. Disposición que deroga el art. 23 de la Instrucción aprobada por S.M. y que frustra todo el objeto de la ley distrayendo el producto de una contribución que es puramente de guerra con el fin de amortizar un papel procedente de un empréstito particular.

Al margen de lo dicho, las críticas levantadas contra el sistema de imposición –ya que no contra la imposición en sí misma que se consideraba justificada por las necesidades de la guerra– fueron fundamentalmente las siguientes: insuficiente justificación de la cifra de 500 millones, que podía ser excesiva pero también escasa (obligando en esta hipótesis a la imposición de otras complementarias), desventajas de los anticipos y desconfianza en el Gobierno.

Véase lo que a este propósito argumentó Hompanera en la sesión del 4.8.1837: «Conforme yo con que la contribución extraordinaria sea de una cantidad determinada, no puedo decir lo mismo al señalamiento que se hace de 500 millones de reales, porque no sé ninguna razón suficiente de esta resolución (...) Y no sé si apenas otorgada esta cantidad nos afligirá el sr. ministro de Hacienda con la petición de otra para cubrir necesidades que existan ya o si una cantidad menor bastaría para satisfacerlas cumplidamente. ¿Nos ha probado el sr. ministro de Hacienda que haya cobrado las grandes cantidades que se adeudan del préstamo de 200 millones? Y si el sr. ministro de Hacienda no ha tenido bastante energía o no ha querido tenerla, para hacer que se cobren en todas las provincias las contribuciones ordinarias, más el préstamo de los 200 millones, con los eficacísimos auxilios que le han dado las Cortes para ello, ¿podremos creer que conseguirá mejor resultado ahora en la realización de esta contribución extraordinaria?».

Al día siguiente, el 5, Díez, cambiando de frente, atacó el proyecto en un punto muy sensible –la previsible ineficacia recaudatoria anunciada también por Álvaro, según se ha dicho– que el tiempo desgraciadamente confirmaría más tarde en buena parte: «Si cuando las circunstancias de la Patria no eran tan apuradas, cuando la mayor parte de las provincias podían concurrir a esta anticipación, cuando se hallaban libres de facciosos, cuando estaban intactas y no como ahora entregadas al saqueo y en la mayor miseria, no ha podido hacerse efectivo el cobro de los 200 millones, hoy que es contribución, no anticipación, de 500 millones, que la mayor parte de las provincias están invadidas como no estaban entonces, ¿será posible la recaudación de los 500 millones? Pero para remediar este mal se da un voto de confianza al ministro de Hacienda, D. Juan Álvarez de Mendizábal, porque esto es lo que envuelven los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del proyecto. Ahora vamos a decretar una contribución territorial, a dar un voto de confianza. (...) En España no hay dinero y si lo hay, no está al alcance de la mano del Gobierno. Esto no quiere decir que yo me proponga negar recursos al Gobierno. Lo que yo quiero es que no se le concedan ilusiones. Lo que no quiero es que aquellos no sean una quimera. No me satisfacen esperanzas, no promesas destituidas de realidad. Y al Gobierno no le hacemos en esto más que una promesa de 500 millones de recaudación, pues la recaudación de éstos es absolutamente imposible (...) Lo que está pasando ahora es una consecuencia inevitable de improvisar cosas grandes. Se improvisó el proyecto de ley que se está discutiendo. Se improvisó el presentado por el Gobierno y como se ha improvisado todo».

Ante tales acusaciones el mismo día tuvo que salir Mendizábal en su defensa para intentar poner las cosas en su punto: «He oído más de una vez que sería conceder un voto de confianza al Gobierno si efectivamente se le concediera la recaudación de la contribución de que se trata y a la verdad no he podido convencerme de que sea un voto de confianza. ¿Qué quiere decir voto de confianza? El voto será la recaudación de la renta de tabaco, de los frutos civiles, de cualquier otra contribución del Estado más o menos directa. Pero al Gobierno se le dice: “saque Vd. tantos millones pero ha de ser de ese modo”. ¿Dónde está aquí el voto de confianza? (...) No hay improvisación porque, habiéndose redactado el proyecto con arreglo a las bases que yo he dado, puedo decir que hace muchísimo tiempo, que hace ya meses que tenía pensado venir a las Cortes cuando lo considerase oportuno para presentarlo. Si S.S. cree que este plan ha sido pensado por el Gobierno únicamente después de suprimidos los diezmos, S.S. se equivoca». Ahora bien, ¿hasta qué punto eran creíbles estas tajantes afirmaciones de un ministro acorralado y que tenía contados sus días en el poder?

Pese a las objeciones que se habían ido desgranando en la discusión, nada consiguió la oposición pues el ministro de Hacienda ratificó su criterio en el proyecto de la ley de 6.8.1837 cristalizado en el decreto del siguiente día 12 que en lo sustancial ya se ha transcrito antes.

Iniciado el debate sobre este proyecto, Mendizábal en la sesión del 11 de agosto salió al paso de «la pregunta que me ha hecho S.S. (Hompanera) acerca de si yo considero que una vez cobrados y realizados esos 500 millones de esta contribución serán bastantes para sostener bien la guerra por espacio de seis meses», precisando que «si efectivamente se cobrasen esos 500 millones de reales desde luego yo con mi cabeza respondería que no por seis meses sólo, sino por ocho, se podrá sostener. Pues aunque se ha calculado antes de ahora que la fuerza militar que hoy sostiene España importará 2,5 millones diarios de reales, yo creo que pudiéndose disponer de esos 500 millones con oportunidad, con dos millones diarios habrá suficiente para hacer frente a todas las atenciones del ejército de una manera satisfactoria y que nada podrá dejar que desear». Una vez más, según se ve, el optimismo congénito de Mendizábal se traducía en afirmaciones temerarias y en promesas incumplidas, aunque en este caso las consecuencias no repercutirían sobre él dado que al cabo de seis meses ya habría abandonado el ministerio; pero de momento pudo salir del paso con tales fanfarronadas.

En los mismos argumentos de Hompanera había insistido Álvarez García en la sesión del 10 de agosto y repitió Pita al día siguiente aunque insistiendo ahora en sus connotaciones políticas: «Esta contribución no sólo es injusta sino también impolítica. La considero impolítica porque cuando vemos que una gran parte de nuestros pueblos están enteramente asolados por la guerra civil y que muchos de sus habitantes se ven reducidos a la indigencia y a la miseria; cuando vemos que otras provincias cercanas a ellas, aunque no tan desgraciadas como ellas, para mantener nuestras tropas han hecho anticipaciones de uno, de dos o quizás de más años de la contribución ordinaria, y cuando vemos que el resto de las provincias no tienen apenas comercio, tienen su industria paralizada y su agricultura decaída, me parece que en circunstancias tales imponer una nueva contribución de guerra es lo mismo que dar el grito de alarma y poner en conmoción a la nación entera y hacerla caer en un estado que debemos a toda costa evitar».

La calificación de esta contribución de «injusta, impolítica e insuficiente» había de traer cola pues dio lugar a no pocas intervenciones a lo largo del debate; pero el ex ministro no se contentó con eso sino que manifestó su sospecha de que el Gobierno no pensaba utilizar sus productos para los fines declarados (el sostenimiento del ejército) sino para otros inconfesables; lo que le impulsaba a votar en contra, colocándose ya en las filas más ardientes de la oposición: «Si yo tuviera una seguridad, o el Gobierno la diera a las Cortes, de que todo lo que produzca ha de ser íntegro para al pago de las tropas, desde luego votaría esa contribución; pero si ha de servir para cubrir trampas antiguas (...) yo, como diputado de la nación, no voto ni un maravedí para el Gobierno». Una acusación tremenda puesto que no sólo cuestionaba el impuesto debatido sino la veracidad y la honestidad del Gobierno

Vila, en la sesión del 11 de agosto, ya no se preocupó siquiera de criticar el proyecto sino que arremetió directamente al bulto político pues a su juicio no debía aprobarse la nueva contribución mientras el Gobierno no rindiera cuentas de lo que había hecho hasta entonces: «El actual ministro de Hacienda nos debe esta contestación: ¿cómo hemos de ir a poner ahora en sus manos esta enorme cantidad que se pide con el nombre de contribución extraordinaria de guerra? Presente el Gobierno ante todo la diferencia que debe haber entre las contribuciones y entradas con el producto líquido que haya dado, las pérdidas que ha sentido por estas operaciones y la inversión del líquido resultado, para que se examine por las Cortes; entonces podrá ser oído con provecho».

Y a partir de aquí elevó más todavía la mira de sus disparos: el irresponsable comportamiento del Gobierno le había hecho perder la confianza de las Cortes hasta tal punto que no resultaba aconsejable poner más dinero en sus manos: «Ésta es la verdadera cuestión; ésta es la consideración que quisiera que tuvieran presente las Cortes antes de resolver sobre la concesión de los nuevos subsidios que el Gobierno nos pide. ¿Ha cumplido él con esta obligación que tanto ha perjudicado al crédito del Tesoro público? ¿Ha hecho el pago religiosamente, como había prometido? ¿No se ha visto en la precisión de renovarlas y a guisa de comerciante acosado las ha cambiado por nuevas letras y con nuevos descuentos cuando no se ha negado enteramente a su pago? ¿Y qué ventajas nos ha proporcionado este ruinoso sistema? Perjuicios enormes que apenas tengo valor para presentar a las Cortes: ha perdido el crédito el Ministerio mientras subsisten sus personas en él; han aumentado los intereses de la deuda; ha abierto la desconfianza; ha perjudicado el papel del Tesoro; ha hecho a los contratistas más exigentes; ha alejado a los capitalistas de su lado, y ha dejado las contratas y giros de caudales del Gobierno en un número limitado de manos que le han puesto la ley, obligándole a condiciones precisas, como suele hacer el avaro codicioso al pródigo hijo de familia necesitado». Lo malo que tuvo esta intervención de Vila fue que, al salirse de la cuestión, inició una serie de digresiones e incidencias que alargaron el debate, prolongándolo inútilmente y sin aclarar nada, por más que otros diputados intentaran reiteradamente reconducirlo a sus términos propios.

Efectivamente, a partir de este momento la cuestión se fue politizando progresivamente en el sentido de que el debate ya no se centró más en el análisis del proyecto sino –excursos e incidencias aparte– en la crítica de la actuación general del Gobierno, cuyas deficiencias bastaban para rechazar sin más cualquiera de sus propuestas. Así lo demostró Olózaga en la tempestuosa sesión del 11 de agosto: «Al pedirse, después de diez meses de estar reunidas las Cortes, una contribución extraordinaria de guerra, cuando no se habían discutido los presupuestos, cuando no se habían dado las cuentas del voto de confianza (...) el deber de un diputado que se hallase en mi posición, entiendo que era el de residenciar al Gobierno y examinar todos sus actos desde que fue elevado al poder hasta el día. (En consecuencia) sea cual sea el éxito de este debate, anuncio desde ahora que doy mi voto negativo a este proyecto y que creo que las Cortes deben resolver que se suspenda este dictamen hasta que se conozcan los presupuestos y las cuentas y se esté seguro de que de los productos se dará a la guerra todo cuanto necesita».

Al cabo de tanta discusión en esa sesión del 12 de agosto se aprobó el proyecto de la comisión –que de hecho ya se había fusionado con el del Gobierno– por 101 votos contra 28; e inmediatamente se inició el debate sobre el articulado, en el que participó la oposición con más energía aún, un tanto a la desesperada pues se había percatado ya de que con esta previa votación sobre la totalidad tenía perdida ya la batalla.

El día 12 (8.1837) la discusión se inició con una intervención, retóricamente brillante, de Alejos Burriel en defensa del proyecto de la comisión (y en beneficio naturalmente del Gobierno). Por lo pronto se preocupó de rebatir las imputaciones, ya anotadas, de Pita, argumentando ahora que el texto era justo, político y suficiente. «Respecto a la justicia o injusticia de las contribuciones –dijo en un alarde de positivismo normativo– paréceme que no deba consistir en otra cosa que en la necesidad o no necesidad de exigirlas: hay necesidad de exigirla, es justa; no hay necesidad, es injusta». Y para él, huelga decirlo, la necesidad era aquí manifiesta.

En cuanto a la oportunidad política, su lógica fue aún más atrevida, razonando que en rigor los 500 millones no eran una cantidad excesiva puesto que en ellos se incluía el cómputo de lo que ya se había adelantado por los pueblos en pagos por suministros al Ejército y similares. En su consecuencia –resumió– «atendiendo a que las anticipaciones hechas ya por la mayor parte de la nación y atendiendo a que cuantas cantidades se han dado al ejército y al Gobierno para cubrir las atenciones del Estado podrán equilibrarse con esta contribución, resultará que los 500 millones quedarán reducidos a una pequeña parte». Y tal había sido cabalmente la razón por la que la comisión había saltado de los 314 que inicialmente había calculado el Gobierno que necesitaba a los 500 que al final se exigían. Esta importante confesión revelaba que la nueva contribución no estaba pensada sólo para cubrir las necesidades futuras de la guerra sino para ajustar contablemente las aportaciones pasadas, ya realizadas, que el Gobierno no precisaría devolver sino que las liquidaría con un mero apunte contable imputado a la contribución de guerra, que se utilizaba así como un agua milagrosa del Jordán que borraba las deudas del Gobierno. Una fórmula barata e ingeniosa muy propia de aquellos tiempos en que tantas deudas se liquidaban con un papel; pero que por otro lado demostraba palmariamente que no servían para cubrir los gastos futuros de la guerra.

En esta ofensiva masiva de la oposición no podían faltar en el día 12 de agosto las intervenciones de Álvarez García y de Álvaro. Por lo que se refiere al primero, oigámosle: «Es necesario fijar la cantidad a que debe ascender la contribución y que el laberinto no estaría precisamente en su justicia sino en que se compliquen los medios de recaudarla». Y en cuanto a Álvaro: «Lo primero que debe hacerse es averiguar este déficit y el estado del Tesoro, pues sin esta circunstancia no puede hacerse nada con acierto y exactitud. Y en el estado en que la nación se encuentra, ¿es prudente ni conveniente que las Cortes se ocupen de esta cuestión? Hay provincia que consta de 154 pueblos y sólo seis obedecen a la Reina estando los demás ocupados por los facciosos».

Conforme avanzaba el debate, las cosas se ponían tan mal para el ministerio que hasta un diputado ardientemente mendizabalista como Alejos Burriel terminó alineándose con la oposición al poner de relieve que «la instrucción recaudatoria del Gobierno ha demostrado su dureza que por cierto formará parte en la historia administrativa. En la instrucción se dice que las cuotas se pagarán sin reclamación alguna hasta tanto que se pague la cantidad individual. Y en el mismo momento que decía el sr. ministro de Hacienda que no habría repartimientos, se estaba extendiendo la circular en que se decía que habría repartimientos y cuotas individuales».

Hasta Madoz entró en la refriega en la tardía sesión del 16 de agosto: «Se nos dijo que una contribución de guerra debía decretarse; que la cuota que a la clase labradora correspondiese se descontaría de lo que por diezmo pagaran. Desgraciadamente no ha sucedido así. Los pueblos pagan el diezmo y desgraciadamente no podemos enviar a nuestros comitentes palabras de consuelo. Lejos de eso, debemos decirles que además de pagar el diezmo, sin fijar la proporción, deben pagar el 10% del producto de las tierras arrendadas. Contribución ordinaria, diezmos, 10% y mil gabelas, no son por cierto medios oportunos para fomentar el interés de los labradores». Y, por último, en la sesión del 17 Álvaro otra vez remachó lo que se había venido diciendo: «Mi oposición principal es que en el estado en que la nación se encuentra es imposible que esta contribución llegue a hacerse efectiva por el sistema que se ha adoptado. Las Cortes podrán decretar lo que quieran; pero es indispensable que las exacciones se acomoden al estado en que se encuentra la nación (...) Pueblo habrá que según las bases le corresponderán 100.000 reales y es bien seguro que no podrá pagar 100 cuartos, pues tal podrá ser el estado de ruina y desolación en que le hayan dejado los facciosos. Éste es un hecho positivo y el resultado se verá cuando se trate de hacer la recaudación».

Sin olvidar naturalmente a Mon que también intervino en contra del proyecto siquiera fuera en las últimas horas del debate, o sea, en la sesión del 17 de agosto: «Para que no nos hagamos ilusiones y sepan las Cortes lo que votan, voy a presentarles una verdad. Cuando se propuso en el art. 1 una contribución de 500 millones, parecía que el edificio social se trastornaba, que se iba a acabar con toda riqueza y que la nación no podía pagar esa cantidad. ¿Y qué se va a votar ahora? Más de los 500 millones».

De este coro de críticas acerbas se distanció sorprendentemente Gómez Acebo en la sesión del 17 de agosto haciendo un llamamiento a la moderación: «La doctrina de S.S. (Álvaro) no sólo es demasiado exagerada sino que en mi concepto es inexacta. Yo no creo que nuestras calamidades públicas sean tales que se pueda asegurar que nuestras riquezas se hallan en el mayor desorden y abandono y que no tengamos sino un cadáver a quien mandar. Si alentamos o alucinamos a los pueblos con la doctrina de asegurar aquí mismo que no sólo no contribuirán, sino que no deberán contribuir, ¿qué sucederá?».

En otro orden de consideraciones la intervención del ministro de Hacienda el día 14 fue singularmente interesante porque sirvió para explicar el proceso de aproximación entre el Gobierno y la mayoría de la comisión hasta que llegaron a fusionarse los dos proyectos: «La comisión de Hacienda sabe muy bien, lo mismo que las Cortes, que mi opinión fue contraria a la de fijar desde luego la cantidad que debía repartirse en la nación para cubrir el déficit que resultase después de discutidos los presupuestos. Los señores individuos de la comisión creyeron que no podría haber orden de ninguna manera si desde luego esta cantidad no se fijaba, y yo, con objeto de ver si podía atraer a todos los individuos de la misma comisión a formar un dictamen unánime, sin presentar tres como ha sucedido, manifesté que no tendría inconveniente en estar de acuerdo en esta parte con lo que la mayoría proponía, siempre que los individuos que la componen presentasen un dictamen conforme en el todo del proyecto del Gobierno. Las razones que éste tuvo para no estar de acuerdo en fijar la cantidad fueron que mientras que no se discutieran los presupuestos no se podía saber el déficit, y como entre tanto podía haber una variación en nuestro estado político, esta variación podría colocar al Gobierno en disposición de poder obtener medios extraordinarios e independientes de los que pudiéramos obtener por la contribución extraordinaria de guerra. (En consecuencia) el Gobierno no ha hecho en este punto oposición a la comisión, ni la hará a los señores diputados que estén en conformidad con ella. El Gobierno está de acuerdo en la principal del proyecto, reservándose hacer algunas observaciones sobre algunos artículos».

En las páginas anteriores ha podido comprobarse que en los debates parlamentarios y más allá de las cuestiones técnicas y fiscales existía una intención política pues los diputados de la oposición no querían dejar pasar la oportunidad de atacar al Gobierno. Pero al lector no se habrá escapado tampoco el significado de las fechas en que el debate alcanzó su clímax, es decir, mediados del mes de agosto de 1837, cabalmente cuando eran públicas las conspiraciones de los oficiales de Pozuelo de Aravaca. En este contexto forzoso era preguntarse sobre la oportunidad de los ataques de naturaleza estrictamente política y sobre el sentido que podía tener lanzarse sobre un Ministerio que ya estaba muerto. Argüelles fue el único que tuvo coraje para llamar la atención sobre este punto y más teniendo en cuenta que el Pretendiente se estaba aproximando a las puertas de Madrid. En su breve –por excepción y quizás por ello más contundente que ninguna otra– intervención del día 15 de agosto dijo: «Como yo considero que estamos en las vísperas de un nuevo Ministerio, he venido resuelto a no usar del derecho que tengo como diputado de negar los recursos al Gobierno. Si las Cortes no autorizan hoy a la persona moral del Gobierno para que pueda atender a las necesidades del Estado y mantener nuestro ejército, estén convencidas las Cortes de que la nación tendrá que darlo arrancándoselo a la fuerza por los mismos medios que lo arranca Don Carlos».

La ley de 15 de septiembre de 1837

El 15 de septiembre de 1837 se aprobó al fin la ley que establecía una contribución extraordinaria de guerra, refrendada por Pita Pizarro que había sustituido a Mendizábal en la secretaría de Hacienda.

El cambio de Ministerio y el del ministro de Hacienda en particular (que, como se recordará, se había opuesto de forma expresa al proyecto de Mendizábal) no frenó ciertamente la aprobación de la contribución –lo que, por lo demás, hubiera sido imposible puesto que ya estaba en marcha la recaudación de su mitad– pero introdujo algunos cambios en el texto de la ley.

Por lo pronto, al aceptar que su importe, no obstante lo expresiva de su denominación, no había de referirse a los gastos extraordinarios ocasionados por la guerra sino a cubrir el déficit presupuestario del Estado «en el año corriente», obligó a posponer el momento de la recaudación y su alcance concreto puesto que para ello hacía falta determinar previamente la cuantía de dicho déficit y la cuota que correspondería a cada provincia: dos tareas que habrían de realizar las Cortes más adelante y a propuesta del Gobierno. Y sólo a partir de ese momento se pondría en marcha el procedimiento de recaudación en los términos previstos en la ley (que coincidían sustancialmente con los del proyecto y con el decreto de 12 de agosto) y con los procedimientos establecidos en la Instrucción de la misma fecha, ahora desarrollada en una Real orden de 18 de septiembre (1837). Ni que decir tiene que las cuotas se reducirían de hecho a la mitad puesto que una primera mitad ya se había cobrado por el adelanto previsto en el decreto de 12 de agosto. Y, como novedad, se admitía ahora otra deducción en el art. 5:

Se admitirá a los pueblos y contribuyentes en pago de sus cuotas respectivas los documentos justificativos que presentaren de anticipaciones y suministros a las tropas nacionales durante la presente guerra.

El caso más singular era, con todo, el de la clase labradora puesto que ésta –y sólo ella– contribuía ya con el diezmo (y la mitad de su producto se incorporaba a la contribución extraordinaria de guerra). En su consecuencia esta aportación decimal se consideraba realizada a buena cuenta de la contribución de guerra, como una anticipación de la misma. De tal manera que a la hora de adjudicar la parte individual de ésta había que proceder a un reajuste para pagar sólo la diferencia de lo que se hubiera pagado de menos: un nuevo cálculo y una complicación burocrática nada pequeña.

Las demás clases, en cambio, debían satisfacer la cuota íntegra (al menos, la mitad que no habían pagado ya por el decreto del 12 de agosto) que se realizaría en tres plazos de 15 días cada uno.

¿Cuántos empleados serían necesarios para realizar tantas operaciones y cuánto tiempo necesitarían? ¿Cuántos errores se cometerían y a cuántas reclamaciones darían lugar? Visto a distancia aquello era una ley «de locos» o en la expresión de Fontán «un proyecto descabellado», que no podría nunca llegar a buen término. Para comprobarlo basta recordar la letra del artículo 15 (que coincidía sustancialmente con el art. 13 del proyecto del Gobierno, antes transcrito) y representarse lo que había detrás de cada uno de sus trámites:

Y para mayor escarnio, todo ello se refería a un solo año. En el proyecto de Mendizábal se había dicho literalmente «por una sola vez» y aunque en el texto de la ley no se precisaba ahora nada sobre el particular, el sentido era inequívoco puesto que todo estaba condicionado a la determinación del déficit y es evidente que éste (como los consecuentes cupos provinciales y cuotas finales individuales) eran diferentes cada año. Lo que significaba que si quería repetirse el impuesto habría que empezar de nuevo desde el principio. ¿O es que se creían que la guerra iba a terminarse en un año?

Tres días después (el 18.9) dictó el nuevo ministro de Hacienda una Real orden en la que se detallaba el procedimiento a seguir:

Entre tanto que las Cortes determinan a propuesta del Gobierno de S.M. el importe total de la contribución extraordinaria de guerra, señalando la cantidad con que deba contribuir cada provincia, y las bases en que deba fundarse los repartimientos, es de instantánea urgencia realizar la buena cuenta, para que las clases propietaria e industrial se nivelen con la agrícola en esta perentoria anticipación.

El 3.11.1837 aprobaron, al fin, las Cortes un decreto para poner en marcha la recaudación, que se conectaba inevitablemente con el diezmo y con el déficit. En su art. 1 se determinaba que

se aplican para cubrir el déficit de 574.498.442 reales que se presupone entre los gastos y recursos del año corriente 1.º Por subsidio extraordinario de guerra en las islas de Cuba y Puerto Rico 60 millones. 2.º Por producto de bienes de comunidades religiosas en las islas de Cuba y Puerto Rico, para cuya venta se autoriza al Gobierno hasta en cantidad de 40 millones. 3.º Por ídem de las campanas de conventos suprimidos en la Península 12 millones. 4.º Por ídem de las ventas de acciones del Banco de San Fernando pertenecientes a los pósitos y propios de varios pueblos, con calidad de reintegro a su debido tiempo, 6.300.000. 5.º Por contribución extraordinaria de guerra 456.598.042 reales.

Precisándose en el art. 3 que

al Gobierno presentará la distribución por provincias de la referida contribución extraordinaria de guerra y las bases sobre las que haya de hacerse el repartimiento en los pueblos; aumentando a la que antes queda indicada de 147.388.24 reales para el reintegro del importe de la anticipación del medio diezmo.

Esto no era, por tanto, más que el primer paso de un proceso que prometía ser largo y amenazado de toda clase de complicaciones, saltando a la vista irregularidades de mucho bulto, puesto que se suprimía el carácter finalista (para amortización de deuda, para gastos de guerra) de algunas cantidades, que ahora se englobaban en la partida genérica de cobertura de un déficit «presupuesto».

* * *

6. DEUDA

Deuda exterior.– Deuda interior: liquidación y reconocimiento.– Consolidación: Real decreto de 28.2.1836.– Deuda y desamortización de bienes eclesiásticos.

La Deuda –junto con la guerra civil– era un pozo sin fondo que las rentas públicas ordinarias no estuvieron nunca en condiciones de llenar y ni siquiera de contener su aumento progresivo. Artola ha recordado que las guerras civiles –y pone el ejemplo de la de Secesión norteamericana– suelen financiarse con Deuda y no con impuestos. Éste no fue, sin embargo, el caso de la Primera Guerra Carlista, que no se financió con Deuda por la sencilla razón de que no había banqueros ni particulares que quisieran adelantar dinero a un Estado tan desprestigiado como el español. El mismo Artola calcula (1986, pp. 166-167) que en España la financiación de la guerra se realizó por mitades entre los ingresos por Deuda y los fiscales. Una proporción que no concuerda ni mucho menos con los datos de que disponemos, habida cuenta de que a partir del préstamo de los 400 millones se acabaron prácticamente los empréstitos extranjeros y más de la mitad de aquéllos se destinaron al pago de los intereses vencidos de la Deuda ya existente. La guerra civil fue financiada, pues, con los ingresos fiscales ordinarios, con los extraordinarios (la contribución general de guerra), los anticipos (si es que no quieren considerarse como Deuda) y las aportaciones de las diputaciones provinciales, sin olvidar las confiscaciones no indemnizadas. El porcentaje de la Deuda fue incuestionablemente muy inferior a la mitad.

Para hacerse una idea de la inmensidad de la Deuda interior y exterior de España en los años que nos ocupan, sirve muy bien la historia que de ella hizo Pastor en 1863, en la que aparecen, examinadas en un esquema sistemático estricto, las que habían ido acumulándose desde fines del siglo XVIII y que con el añadido de las comprometidas durante la guerra civil formaban una montaña que aplastaba literalmente al raquítico Tesoro público. De acuerdo con la clasificación de este autor tenemos como mínimo las siguientes variedades: a) Deuda antigua, fundamentalmente los vales reales; b) préstamos y empréstitos: del consulado de Cádiz, suministros a los pueblos; c) presas inglesas; d) créditos por contratos; e) deudas por tratados con Gobiernos extranjeros y f) empréstitos de Gobiernos extranjeros, especificándose dentro de cada grupo las diferentes subvariedades hasta perderse en un laberinto.

Deuda exterior

El enorme paquete de la Deuda exterior, que venía ya de la guerra de la Independencia y aun de antes, aumentó prodigiosamente durante el Trienio y si no sucedió lo mismo durante la década absolutista posterior fue porque Fernando VII, al negarse a reconocer las obligaciones contraídas en el Trienio, se cerró a sí mismo las puertas de los mercados europeos. A su muerte, los Estamentos del Estatuto Real se apresuraron a asumir todas las obligaciones anteriores, menos la de Gebhardt, y así fue como Toreno pudo negociar un nuevo crédito de 400 millones de reales, que se dilapidó de inmediato hasta tal punto que Mendizábal no pudo beneficiarse del mismo más que para el pago de un semestre de intereses. Pero cuando el 1 de noviembre de 1836 suspendió el pago de los del semestre que vencía, se terminaron las posibilidades de negociar nuevos créditos ni siquiera en las condiciones más onerosas, y aunque se hicieron algunos intentos, ninguno llegó a buen término.

Relatar las vicisitudes de la Deuda exterior durante el Ministerio Calatrava-Mendizábal es tarea aparentemente muy sencilla: un mercado poco inclinado a conceder nuevos empréstitos, que se cerró totalmente, según acaba de decirse, cuando se suspendió el pago de los intereses vencidos el 1 de noviembre de 1836. Éste fue un traspié gravísimo que repercutió inmediatamente en las Cortes. La oposición, con dudosa buena fe, aprovechó la oportunidad para dirigir un rudo ataque al Gobierno alegando que únicamente el Congreso estaba constitucionalmente facultado para autorizar tal suspensión. Tormenta política que se deshizo por sí sola ante la evidencia de que estando la caja vacía no era momento de tener demasiados escrúpulos formales. Se trataba, en definitiva, de la historia de un deudor arruinado que no estaba en condiciones de cumplir con las obligaciones ya contraídas, que no podía pagar los intereses que iban venciendo y que para disminuir su importe no vacilaba en enajenar el patrimonio nacional adquirido de un golpe con la desamortización con un alcance que nos era casi desconocido hasta los esclarecedores estudios de Artola, a los que forzosamente hay que remitirse.

Como introducción a esta materia puede recordarse una curiosa intervención de Luján en la sesión del 20.7.1837 en la que se desarrollaba lo que podría considerarse una «teoría de la Deuda»: «Las Naciones todas han entrado en el giro nuevo que se ha dado a la sociedad, que es el del comercio, y todas sus operaciones hoy día están en ser, en una palabra, circunscritas a unas Casas que se llaman Bolsas. ¿Y cuál es la nación que en este nuevo orden de cosas no tiene actualmente su crédito y sus intereses comprometidos? De aquí se sigue que todas las Naciones modernas se han visto en la necesidad de crear créditos, todas viven en un mundo imaginario. Su riqueza real no existe más que en el nombre. Sentada, pues, la necesidad de que nuestro país haya entrado en esta carrera económica, analicemos la calidad de esa deuda extranjera. Ésta puede mirarse como dividida en dos grandes secciones: primera, la procedente de los empréstitos contraídos por los Gobiernos constitucionales; y segundo, por los Gobiernos despóticos. Cada una vendrá a componer la mitad del total de la deuda cuyos intereses se reclaman. Estos intereses son correspondientes a empréstitos de los que se puede decir que la nación percibió un 30%. Ahora bien, supuesto el reconocimiento de todos estos empréstitos y la necesidad en que estamos de pagar sus intereses, la nación española ¿tiene hoy rentas para satisfacer esta obligación? La nación española no puede pagar estos intereses».

1. En un epígrafe anterior hemos visto cómo algunos diputados de la oposición, singularmente Álvaro y Núñez, estuvieron acosando incansablemente a Mendizábal a lo largo de toda la legislatura con la petición de que rindiera cuentas de sus operaciones en las bolsas extranjeras. Estos requerimientos nunca fueron atendidos por el ministro, quien insistía en que eran innecesarios puesto que la información solicitada había sido ya suficientemente suministrada en su Memoria de octubre de 1836. Ahora bien, el 21.10.1837, cuando ya había sido cesado, presentó inesperadamente a las Cortes una Exposición «reasumiendo la cuenta que tiene dada del uso que hizo del voto de confianza contenido en la ley de 16.1.1836» y en ella dio cuenta, en efecto, de las siguientes operaciones en el exterior por las que tanto se le había preguntado y que no se referían a nuevos empréstitos sino a compras y ventas de títulos ya existentes:

a) El 4.8.1835 se acordó en Londres vender deuda activa, recibiendo en pago una cantidad igual en diferida, cobrando en metálico la diferencia de precio entre una y otra. Hasta el 15.5.1836 se vendieron por este concepto 836.655 libras esterlinas, obteniéndose con ellas una cantidad igual en deuda diferida y 186.626 en efectivo por diferencia de precio. Además, durante el Ministerio Istúriz se vendieron títulos al 5% por 319.515 libras, produciéndose 131.136 libras «porque no se admitió ni compró ninguna cantidad de deuda diferida».

b) En una segunda fase se obtuvieron, también antes del 15.5.1836, 350.000 libras en efectivo con ocasión de la venta de 511.700 títulos de deuda activa, 480.930 de deuda pasiva y 8.975 de diferida.

c) El 15.4.1836 se formalizó una tercera operación con la finalidad de pagar el semestre de la deuda exterior que vencía el 1 de mayo. Para ello se aplicaron 432.870 libras que se obtuvieron por la venta de deuda activa por valor nominal de 1.227.570.

d) El 12.5.1836 se formalizó otro acuerdo, que se realizó durante el Ministerio Istúriz, mediante la venta de 1.234.280 libras de deuda activa y diferida, por la que se obtuvieron 340.000 en efectivo.

En resumen, con estas cuatro operaciones se obtuvieron 1.433.748 libras esterlinas en efectivo y 1.142.655 en títulos de deuda diferida «que por doceavas partes debe desde enero de 1838 hasta 1849 ser elevada a deuda activa». Y por todo ello se entregaron títulos de deuda activa (3.896.565), pasiva (512.380) y diferida (234.255) por un total de 4.643.120.

¿De dónde procedían los efectos que en tan enormes cantidades así se fueron vendiendo». Según la Memoria que estamos siguiendo, «los vendidos hasta febrero de 1836 procedían o de los sobrantes del empréstito de Ardoin (...) y después de esa fecha se tomaron de los que mandó habilitar (como depósito de garantía) la Real orden de 22.2.1836». Extremo éste de singular importancia pues, como puede imaginarse, era gravísimo vender efectos que únicamente se tenían en depósito como garantía de otras operaciones. De aquí que Mendizábal se sintiera obligado a justificar en su Memoria por qué lo había hecho: «Cuando me decidí por las operaciones en que he intervenido, nada estaba más distante de mi idea que la dura necesidad de vender efectos entregados en garantía (...) Mi experiencia y mi razón me decían que antes de expirar los plazos de mis negociaciones o nuestro aspecto político cambiando del todo nos consentiría coger por entero los frutos de un crédito ya montado o sobradas facilidades para prorrogar esos plazos sin que tuviera efecto una venta deplorable y ocasionada por tantas desdichas y contrariedades sobrevenidas a esta nación desde el 15 de mayo de 1836».

En la sesión del 19.5.1837 había ya hurgado implacablemente Castro en este punto tan vulnerable preguntándose «cuáles eran las circunstancias por que explicaba S.S. en una de estas sesiones que un papel que quedó deshipotecado porque se pagó la cantidad de que era garantía, había servido después para hallar fondos (...) Pero ¿qué títulos eran éstos? ¿cuánto valían? ¿dónde se encontraban? Esos títulos que dice que existían y que después se han emitido ¿de dónde proceden? ¿Son los bonos de las Cortes? ¿Los que estaban destinados al empréstito del año 23? ¿Y ese empréstito se hizo? ¿Y lo tenía cuando el ministro consiguió el voto de confianza? Creo que falta una respuesta terminante a esto. Preciso es que el sr. ministro diga cuántos son los valores o títulos que se emitieron, que sepamos cuáles se vendieron al 25 y cuáles al 40, cuáles al 50. Y, en fin, que sepamos la historia de esos bonos que son los que han servido para adquirir fondos y de que no tenemos más que ideas vagas, porque yo he buscado en los presupuestos y en la Memoria todos los antecedentes para ver si daban cuentas claras y no he encontrado en ellos nada claro, ni que deje inferir la causa por la que esos bonos se han emitido o vendido y han aumentado la deuda de la nación. S.S. únicamente ha dicho, contestando al sr. Álvaro, que habiéndose hecho al Ministerio Toreno una anticipación de 100 millones por la casa de Ardoin, al pago de cuya suma se hipotecaron esos títulos, ni entonces ni ahora se nos ha dicho cuántos fuesen ni dónde estaban y habiéndose llegado a hacerse el empréstito de 400 millones, quedaron estas garantías deshipotecadas, que fue la palabra de que se valió el sr. ministro. (...) El sr. ministro lo ha hipotecado nuevamente o ha dado en seguridad de las cantidades que se le han anticipado. Pero ¿quién le daba ese derecho de ponerlo en circulación? ¿Quién le autorizaba a crear una nueva deuda y a imponer nuevas obligaciones al Estado?»

En la sesión del 21 (5.1837) tomó el relevo en el ataque Núñez –también empleado de Hacienda, como Álvaro, y singularmente versado en la deuda exterior–, quien aprovechó la oportunidad para escarbar en las misteriosas operaciones realizadas por Mendizábal en Londres (y antes por Toreno y Miraflores). Su exposición fue clara e ilustrativa, pero las certeras preguntas que formuló se quedaron, una vez más, sin respuesta: «Cuando el sr. Martínez de la Rosa subió al Ministerio, encontró el Tesoro nacional exhausto, por lo cual dio sus órdenes a nuestros embajadores en las Cortes de Londres y París para que acercándose a las casas de comercio de aquellas capitales, les propusieran hacer un anticipo, dando por garantía las rentas de la nación, la palabra del honor del Ministerio y la esperanza de que se verificaría un empréstito con que se cubriría la cantidad que anticipasen. El sr. marqués de Miraflores, nuestro embajador en Londres, se acercó a la Casa Rotschild, que le ofreció adelantar 60 millones, entre otras, con estas condiciones: primera, que cuando se verificase el empréstito se había de tratar con su Casa antes que con ninguna otra y que no conviniéndose se sacaría el empréstito al público; y segunda, que si sacado al público contratado con otra Casa, le conviniesen las condiciones a Rotschild, sería éste preferido. El sr. marqués de Miraflores, a quien no pueden negarse conocimientos, y el sr. Martínez de la Rosa, que sin duda es persona muy instruida, probablemente eran peregrinos en materia de empréstitos y admitieron la propuesta. Vino enseguida al Ministerio el sr. conde de Toreno, vio las proposiciones y dijo: estas proposiciones no sólo son inadmisibles sino irritantes, porque van a atar las manos al Gobierno con perjuicio de los intereses de la nación. (...) Reúnense los Estamentos, empiézase la discusión del empréstito; el sr. conde de Toreno tuvo conferencias con la comisión de Hacienda y aunque ésta se inclinaba al de la casa Rotschild, se convenció de que el ministro tenía razón y se le autorizó para que se entendiese con la casa que creyese más conveniente. Con efecto, en uso de esta autorización, se acercó a Ardoin pidiéndole 100 millones; pero Ardoin pidió una garantía y el ministro logró que se le permitiese dar en prenda los bonos de las Cortes. Detengámonos un poco aquí. ¿Qué son los bonos de las Cortes? Son el papel sobrante del empréstito que hizo el Gobierno constitucional en 1822 y que no pudo emitirse por los tristes sucesos del años 23. Los bonos quedaron, por decirlo así, como papel mojado. Parte de ellos en poder de Ardoin y otra parte se depositó en el Banco de Londres. Primera cuestión: ¿cuál era el total importe de estos bonos? Tengo entendido que la casa de Ardoin tenía unos 150 millones; el resto no sé a cuanto ascendía ni lo he podido hallar entre los documentos que hasta ahora tienen las Cortes. Ardoin con esta garantía anticipó al Ministerio los 100 millones, pero el Estamento le prohibió poner en circulación los bonos de Cortes. Se verificó el empréstito de 400 millones decretado por los Estamentos. Este empréstito, según la memoria actual, dio el capital nominal, de setecientos y pico millones de reales. Se reembolsó Ardoin lo que había anticipado y también reintegró su anticipo a la casa de Rotschild y devolvió al Gobierno los bonos que había recibido en prenda. Por manera, que lo primero que tenemos que averiguar es cuál era la cantidad a que ascendían los bonos de Cortes que no se emitieron en 1823. Tenemos que procurar saber si después de devueltos por Ardoin fueron todos emitidos por el conde de Toreno en 1835; si quedan algunos y en poder de quién se hallan. En la Memoria que yo he recorrido, tanto la primera que presentó el ministro de Hacienda como la otra que acompaña al presupuesto, no he encontrado noticia exacta de estos bonos. (...) Continuemos. En el mes de noviembre de 1834 se autorizó al Gobierno para hacer este empréstito de 400 millones, con la condición que había de hacer la conversión de todos los títulos de los empréstitos antiguos. Quiero decir que el papel que estaba en poder de los acreedores de España debía recogerse, entregando en su lugar otro nuevo. Segunda pregunta: ¿Dónde existen los títulos antiguos que se canjearon? ¿Se inutilizaron? ¿Están en poder de la comisión de Londres? ¿Están en la Caja de amortización? En mayo de 1835 dio cuenta el Gobierno de que había procedido a la conversión y que el valor del papel que teníamos en circulación en el extranjero para ser convertido en deuda activa ascendía a 2.103 millones y que sólo se habían presentado a la conversión títulos antiguos por valor de 1.991 millones. Si había expirado el término de un año cuando se presentó el último de estos títulos, aquí debió concluir la operación de las conversiones y la deuda convertida en activa sólo debe ascender a dichos 1.991 millones. Así resulta de la Memoria; pero en la página 93 del presupuesto de Hacienda leemos: Para la conversión de los antiguos empréstitos, 2.127 millones; y en la página 94 se añade: Para pago de las rentas acordadas emitir para la conversión de los préstamos Campbell y Lubbock, 153 millones. Y más abajo: Para la conversión de mandatos de Cádiz de 1823, 293 millones, que comparados con los 1.991 dan un exceso de 582 millones. Luego hallamos en el presupuesto otros 271 millones para pagar el semestre de mayo de 1836, que unidos a los 583 suman 853, cantidad en que se ha aumentado nuestra deuda activa en el extranjero».

Esta lista de preguntas corta el aliento porque demuestra la opacidad con que había operado Toreno (y a la que se atribuye una parte de la enorme fortuna personal que amasó) así como el silencio culpable de Mendizábal que por su proximidad cronológica todavía estaba en condiciones de aclarar. Algo que ya es muy difícil para los investigadores actuales por mucho que revuelvan los archivos de Hacienda. En lo que aquí interesa, hay que retener que Mendizábal no quiso dar a las Cortes explicaciones sobre este punto y no nos es fácil adivinar la razón de esta negativa puesto que a él no se le pedían responsabilidades por los negocios de Toreno sino solamente que diera cuenta de ellos. ¿Cabe un desorden mayor? ¿Cómo es posible que los Estamentos no tuvieran al menos curiosidad para indagar lo que estaba sucediendo y que iba a gravar tan pesadamente en la Hacienda nacional y retrasar sensiblemente el final de la guerra? Difícil será encontrar un caso semejante de ignorancia, indiferencia e irresponsabilidad. Ángeles y santos tuvieron que ser los que intervinieron en estas operaciones, sabiéndose impunes como Toreno, para no dar oídos a las tentaciones de los banqueros que no acostumbraban a regatear en sus sobornos. Despreocupación tanto más sorprendente cuanto que en los Estamentos se había perseguido y condenado sin audiencia a Javier de Burgos por sus negociaciones, ciertamente sospechosas pero nada más que sospechosas, en el empréstito de Gebhard y las Cortes habían acusado formalmente al conde de Toreno por las irregularidades cometidas en el contrato de azogues por cantidades incomparablemente más reducidas.

2. De la Deuda exterior merece examinarse con cierto detenimiento el episodio del impago de los intereses correspondientes al 1 de noviembre de 1836 no sólo por su trascendencia posterior en cuanto que, como ya se ha dicho, produjo el cierre definitivo de los mercados europeos al crédito español, sino por el dilatado tratamiento que se le dio en el Congreso como blanco de los ataques de la oposición y, sobre todo, por lo que revela del funcionamiento de la secretaría del Despacho de Hacienda. Los datos de este incidente están tomados del Dictamen de las comisiones de Hacienda y Comercio de 13.11.1836, que a su vez recoge los relatados en la exposición previa del ministro de Hacienda, de la que muy claramente se desprende cómo el crédito español en los mercados extranjeros dependía literalmente de los progresos de la guerra y cómo, en consecuencia, las expediciones de Gómez y de Don Carlos, independientemente de su alcance militar, colaboraron eficazmente a la bancarrota del Estado liberal:

Esperanzado el Gobierno de S.M. –nos dice el dictamen– concibió en 24 de setiembre último el proyecto de negociar con Londres o París, con destino al pago de los intereses del semestre, el capital de 60 millones de reales contra billetes del Tesoro español, reembolsables en la isla de Cuba en los tres años sucesivos de 1837, 1838 y 1839, por medio de la admisión de los mismos billetes en el adeudo de una mitad de los derechos de importación y exportación que allí se causasen.

A tal efecto se comisionó a D. Mateo Duron, cónsul en Bayona para que iniciara las negociaciones. Pero antes de que éstas llegaran a madurar, el Gobierno se convenció de que iban a ser inútiles visto el mal cariz que tomaba la guerra con la expedición de Gómez, por lo que, cambiando de criterio, dio nuevas instrucciones a Duron indicándole que «siendo ya inevitable diferir el pago del semestre, ofreciese a los tenedores de bonos, en lugar de metálico, billetes del Tesoro español a seis y doce meses por mitad con abono de un interés del 5% al año». Instrucciones que se precisaron el 7 de octubre. Pero el comisionado, apartándose de tales instrucciones, o posiblemente porque las recibió demasiado tarde, hizo público en los periódicos de Londres y París «un aviso en el que se ofreció a los tenedores de la Deuda española extranjera que el pago de los intereses del semestre de 1 de noviembre se verificaría por medio de billetes del Tesoro español de 120, 240, 488, 960 y 1920 pesos fuertes con intereses del 5% pagaderos en seis meses contados desde 1 de mayo 1837 y cuyos plazos vencidos se admitirían dichos billetes en las aduanas de la isla de Cuba por la mitad de los derechos de importación y exportación e incluso prometiendo que se recibirían estos billetes con sus intereses vencidos en pago de cualquier empréstito que se hiciera en adelante en país extranjero para servicio del Gobierno español». Anuncios que se desautorizaron desde Madrid por entender que el comisionado se había excedido de las instrucciones que se le habían dado.

No parece, desde luego, muy creíble la justificación del Gobierno pues es difícil de imaginar que un comisionado se excediera hasta tal punto de las instrucciones que se le habían dado. Pero tal fue la versión del ministro de Hacienda y las Cortes no consideraron oportuno investigar lo que de veras había sucedido, limitándose a adoptar el siguiente acuerdo, expresado en el decreto de 17.11.1836 (tomado del dictamen del 13):

1.º Que las Cortes quedan enteradas de la comunicación hecha por el secretario del Despacho de Hacienda, acerca de todo lo ocurrido sobre la deplorable suspensión del pago del semestre de la Deuda extranjera vencido el 1 del presente mes, habiendo visto con sumo sentimiento que no ha podido tener efecto a pesar de los esfuerzos del Gobierno, así por las circunstancias últimamente sobrevenidas como por los cuantiosos gastos extraordinarios que en razón de la guerra civil que nos aflige se han originado. 2.º Que para subsanar en la parte posible el perjuicio causado a los acreedores del Estado y al crédito nacional, las Cortes aprueban la propuesta del Gobierno de canjear los cupones del referido semestre que debieron recogerse en metálico, por billetes contra el Tesoro público, a seis y doce meses por mitad, con abono del interés del 5%, indicándose al Gobierno que al vencimiento de dichos billetes sean puntual y religiosamente recogidos, bajo su más estrecha responsabilidad.

Este primer incumplimiento ya era de por sí muy grave y sólo con mucha benevolencia podía entenderse que los acreedores quedaban compensados por la entrega, en canje, de billetes del Tesoro y que estaban dispuestos a dar por buena esta operación si efectivamente los billetes se hubieran recogido «puntual y religiosamente». Pero es el caso que no fue así y, en contra de todas las promesas y de las advertencias de las Cortes, el encargado de negocios de España en París, conde Campuzano de Rechen, publicó en los periódicos franceses el siguiente aviso:

Se previene a los tenedores de rentas españolas que habiendo tenido efecto sólo por una corta cantidad la conversión de los cupones vencidos el 1 de noviembre, el Gobierno español, para dar a los que han retardado presentar sus cupones a la conversión el tiempo para verificarlo, prorroga hasta el 1 de junio el plazo que fijó el 1 de mayo y en dicho día 1 de junio serán pagados los referidos cupones.

Pero ¿quién podía confiar en esta advertencia? Llegó el 1 de junio (de 1837) y en lugar del pago lo que recibieron los tenedores fue un anuncio publicado en la prensa francesa por el embajador de España en París que decía así:

El Gobierno español, no habiendo podido, a pesar de todos sus esfuerzos y por una reunión de circunstancias bien notorias, recibir aún todos los fondos necesarios para el pago del dividendo del mes de noviembre último, que debía verificarse el 1 de junio, espera no obstante poder dentro de un breve término anunciar el pago, fijando el día por medio de un nuevo aviso.

Este anuncio fue leído en el Congreso por Cabrera de Nevares el día 30.6.1837 y dio lugar a un curioso incidente porque el orador se dirigió directamente al Gobierno con las siguientes palabras: «Séame permitido preguntar al Gobierno por cualquiera de los señores ministros si este aviso dado por el embajador español en París es auténtico o no, y si se ha hecho con autorización del Gobierno de S.M. No necesito más que un monosílabo por toda respuesta». A lo que contestó escuetamente Mendizábal: «Es auténtico». Y entonces apostilló Cabrera de Nevares dos proposiciones contundentes que se basaban, por cierto, en una ficción que podría calificarse de ingenua si no fuese por la carga política que llevaba:

Primera, que la suspensión de pagos ordenada en el extranjero por el Gobierno de S.M. sin el consentimiento de las Cortes solamente puede afectar y destruir el crédito del mismo Gobierno, pero no el crédito de la nación. Segunda, que el Gobierno no ha tenido facultades ni las tiene para hacer tales operaciones en el crédito público, cuyo arreglo, según el art. 355 de la Constitución entonces vigente, pertenece exclusivamente a las Cortes, que deben poner el mayor cuidado en que se vaya verificando la progresiva extinción de la deuda y siempre el pago de los créditos en la parte que los devengue.

Independientemente de que Duron hubiese abusado de las facultades que el Gobierno le había concedido, resulta innegable que las actividades de los comisionados eran tan oscuras como las relaciones que les unían con el Gobierno. De aquí que el ministro se negara tercamente a proporcionar información alguna al respecto: lo que resulta sospechoso, ya que poco valor tenían a estos efectos las pomposas invocaciones al «interés de la Patria». Los mentideros políticos de Madrid estaban llenos de rumores a este propósito y, aunque no lograran aclararse las cosas, al menos se hicieron algunos intentos de romper la opacidad informativa.

Hasta aquí los hechos. Veamos ahora sus consecuencias parlamentarias.

a) A los pocos días del (segundo) incumplimiento del 1 de junio (1837), el 13 del mismo mes presentó García Carrasco –quien por su profesión tenía motivos para conocer bien el asunto, si es que no era titular él mismo de bonos de la Deuda– una interpelación a las Cortes, explicando que en su opinión «aquí hay dos cuestiones: primera, si la medida que ha tomado el Gobierno es la más conveniente al crédito y a los intereses del país; y la segunda, si el Gobierno ha podido tomar dicha medida sin haber acudido a las Cortes, estando como están reunidas éstas (...) Esto es una falta marcada de consideración y de respeto a las Cortes, es un deber que ha debido llenar el Ministerio. Tampoco ha debido tomar el Gobierno la medida de prorrogar el pago de los intereses que han vencido ahora en 1 de mayo, ofreciendo por nueve y quince meses bonos del Tesoro en pago. Cuando no estaban reunidas las Cortes, enhorabuena que el Gobierno adoptase por sí esta medida, pero estándolo, como lo están hoy, ha debido presentar a éstas los medios de cubrir esta obligación y si no le ocurriere ninguno, las Cortes hubieran excogitado o resuelto lo más conveniente. Por lo demás, la conducta de los tenedores de nuestros fondos públicos en París y en otras plazas prueba que desde el principio tuvieron la idea de que no se cumpliría de ninguna manera esta oferta que se les hacía». En su consecuencia terminó formulando tres preguntas concretas:

Primera, ¿por qué no se ha cumplido el acuerdo de las Cortes que exigían que se pagasen los intereses de la deuda vencidos el 1 de noviembre y el 1 de mayo? Segunda, si se cuenta con los medios necesarios para pagar y que no haya otra falta como la primera en el cumplimiento de la oferta del pago en 1 de junio. Tercera, ¿piensa el Gobierno dar cuenta inmediatamente a las Cortes de todas las medidas que se han tomado sobre el pago de los mencionados intereses para que las mismas resuelvan lo conveniente?

Tres preguntas cuya respuesta todo el mundo sabía, pero como su intención era políticamente envenenada, el secretario del Despacho de Hacienda se las quitó de encima con la cínica y socorrida explicación de que «el Ministerio cree que faltaría a sus deberes y a los intereses de la Patria perjudicándolos si en este momento tratase de satisfacer a las Cortes sobre la interpelación del sr. García Carrasco. Pronto llegará el día en que sin comprometer estos intereses pueda hacerlo». Día que naturalmente no llegó nunca.

Parece evidente en todo caso que la actuación de los comisionados en este tipo de negociaciones nunca fue clara y menos aún sus relaciones con el Ministerio, que desde uno y otro lado se esforzaron en silenciar.

Dejando ya este punto de la deficiente información y volviendo a nuestro relato, es claro que el episodio, como era inevitable, no podía terminar así puesto que, aparte de los intereses objetivos que estaban en juego, suponían para la oposición un arma de ataque que no podía desperdiciar.

b) La verdadera batalla parlamentaria tuvo lugar en la segunda mitad del mes de julio (1837) a raíz de una durísima proposición presentada por Núñez el día 14:

el Gobierno ha conducido a la nación a una verdadera bancarrota, quedando a consecuencia arruinado nuestro crédito en los mercados extranjeros, sin que jamás se haya dignado poner en conocimiento de las Cortes un suceso de tan extraordinaria importancia, en lo cual ha dejado de mostrar el celo que debió tener por los intereses nacionales y el respeto y consideración debidos a las resoluciones de las Cortes, pido que éstas se sirvan declarar que el Ministerio ha infringido el decreto de 18 de noviembre último y que ha lugar a exigirle la responsabilidad.

La cuestión quedaba así centrada en la circunstancia de que el Gobierno estaba obligado a pedir a las Cortes una autorización para obrar como obró y que no lo hizo. Sobre ello insistieron otros diputados en la misma sesión.

Así empezó recordándoselo García Carrasco: «El Gobierno mismo reconoció la necesidad y el deber que tenía de acudir a las Cortes para que se le autorizase para cambiar los cupones por billetes del Tesoro. Si entonces reconoció ese deber, el Gobierno ahora es más criminal (sic) en haberlo desconocido. El Gobierno mismo dio el ejemplo de que en la teoría constitucional debía venir y contar con las Cortes para dejar de pagar o seguir pagando los intereses de la deuda. Si el Gobierno hubiera venido a pedir una absolución a las Cortes, yo sería el primero que se la hubiera concedido; pero el no haber acudido a las Cortes prueba, no un descuido como ha querido suponerse, sino que a ciencia cierta sabiendo que obraba mal, no ha querido venir al Congreso a presentar los actos que había cometido, mirando a las Cortes con cierto despego».

Y Cabrera de Nevares en igual sentido: «Se trata de una suspensión de pago de réditos de la deuda extranjera. Las Cortes ven que el art. 355 de la Constitución dice que el pago de los intereses pertenece exclusivamente a las Cortes. ¿Está el Gobierno autorizado para ordenar y decidir por sí la suspensión de este pago? Ésta es la cuestión. El Gobierno no lo está. Es evidente, pues, que hay infracción de la ley. ¿Acaso van las Cortes a exigir responsabilidad al Gobierno porque haya pagado o no haya pagado? No. La responsabilidad se le exige por no haber pedido permiso a las Cortes para no pagar. Si semejante doctrina se permite, si estas máximas se dejan prevalecer, si a los ministros se les deja traspasar las leyes bajo el especioso pretexto de que lo hacen con buena intención; si las Cortes, si los legisladores lo consintiesen, en este caso bien puede asegurarse desde ahora que la libertad ha perecido en nuestra patria. Desde este instante quedará proclamado, aquí mismo, a la faz de los representantes del pueblo español, el despotismo ministerial». (Aplausos estrepitosos).

La verdad es que en este punto actuaba la oposición con manifiesta hipocresía agarrándose a una mera formalidad, cuando era notorio que no se pagaban los intereses porque no había dinero y que ninguna mala intención había tenido el Gobierno para no comunicárselo antes a las Cortes ya que nada hubieran podido hacer éstas. Convertir una simple descortesía parlamentaria, por muy imprudente que fuese, en un motivo para presentar un voto de censura, era con toda evidencia desmesurado.

Y por lo mismo el Gobierno y los diputados de la mayoría insistieron en que ello no suponía infracción alguna de la Constitución. Así el mismo presidente del Consejo de ministros que, vista la gravedad de la situación, acudió a ayudar al ministro de Hacienda: «¿Por qué el Gobierno no se ha presentado a pedir a las Cortes una autorización? Porque no la creyó ni la cree necesaria para diferir los pagos y en el primer caso era innecesaria una autorización del Cuerpo legislativo, porque se trataba de un canje o conversión de la deuda. ¿Por qué el Gobierno no ha venido a consultar para estas cosas a las Cortes? No ha sido por inadvertencia. Lo ha hecho deliberadamente. Ha sido una cosa muy premeditada. El Gobierno se ha abstenido de venir a consultar esto a las Cortes para no comprometerlas. Porque ¿qué ventaja hubiera ofrecido venir a decir aquí que lejos de disminuirse las necesidades se han aumentado, y lejos de aumentarse los recursos se han disminuido, que nuestra situación ha empeorado en esta parte? Las Cortes hubieran dicho lo mismo que dijeron otra vez: vemos con mucho sentimiento que el Gobierno, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido pagar estos intereses de la deuda extranjera. El Gobierno ha creído que era mejor echar sobre sí solo toda la responsabilidad moral por no haber pagado, que no hacer sancionar a las Cortes esta suspensión».

La siguiente intervención de Gómez Acebo ratificó sin reservas la versión del presidente: «Reunida la comisión de crédito público, el Gobierno una noche o el ministro del Ramo preguntó cuál sería más prudente para la causa del crédito nacional: que el Gobierno obrase por sí en esta materia o que se acudiera a las Cortes. La opinión fue uniforme, reducida a indicarle que ganaría mucho la causa del crédito en que el Gobierno por sí y bajo su responsabilidad adoptase la medida y que era peligroso el que las Cortes se viesen en el compromiso de decir que continuase la suspensión del pago de los intereses de la deuda». Y en el mismo sentido Joaquín Ferrer: «Si hay valor cívico en atacar al Ministerio y exigirle responsabilidad, no le hay menos en defenderle con la verdad cuando la popularidad no es segura. Así diré que reunida la comisión de crédito público en mi casa, tuve el honor de redactar el decreto de que se trata. Se discutió muy de propósito sobre quién tomase la responsabilidad, si el Gobierno o las Cortes para el caso del no pago (...) y el sr. ministro de Hacienda se prestó a nombre del Gobierno a cargar con esta responsabilidad (moral), que yo mismo le manifesté ser grande».

Aclarados estos escrúpulos constitucionales a satisfacción del Gobierno, no hubo lugar a tomar en consideración la referida proposición por 110 votos contra 22.

Hay, con todo, una peculiaridad formal que conviene explicar. Como se habrá observado, Núñez pide responsabilidad a todo el Ministerio, no sólo al ministro de Hacienda. Una cuestión de singular trascendencia que fue admitida sin reservas incluso por el propio presidente del Consejo de ministros: «En este asunto –declaró– si hay responsabilidad, es de todos los individuos que componían el Ministerio en la fecha de los documentos a que la proposición se refiere. Pues aunque parezca que las órdenes relativas a esos actos han sido autorizadas por el sr. ministro de Hacienda, debo confesar a las Cortes que la responsabilidad es de todo el Ministerio, porque el secretario del Despacho de Hacienda nada ha hecho en este punto que no haya sido acordado en lo principal por el Consejo de Ministros». De esta forma Calatrava no sólo cubría políticamente a su ministro de Hacienda sino que también disminuía el papel de protagonista que tanto gustaba a Mendizábal y que inevitablemente alimentaba los celos del presidente.

Sobre el mismo punto intervinieron luego otros diputados a favor y en contra. Empezó Pascual: «Rechazo con toda mi alma la exigencia de responsabilidad al Ministerio, porque soy de opinión que debe declararse no haber lugar a deliberar, dándose en ello un fácil Bill de indemnidad al Gobierno, ya que no un voto de gratitud por haber tomado sobre sus hombros una responsabilidad que no le tocaba con el solo fin de salvar a la patria y no comprometer su decoro ni el de sus representantes». A continuación Pita: «El sr. ministro de Estado ha dicho que todas las órdenes que se habían comunicado por el ministerio de Hacienda se habían acordado en Consejo de Ministros. Yo no sé si se habrá dado alguna en el corto tiempo que yo desempeñé la secretaría del Despacho de la Gobernación; pero si es así, yo podré decir que sea por casualidad de no haber asistido al consejo o por cualquier otra, yo no he tenido intervención en ninguna de esas órdenes.»

c) En este punto conviene hacer referencia a otro incidente marginal pero que no puede pasarse por alto ya que delata la desorganización administrativa (en el mejor de los casos) o el afán del Gobierno en ocultar la mayor información posible. Se trata, nada menos, de que el ministro se había escudado en la circunstancia de que el expediente, que con tanto interés se reclamaba, se había «perdido». Una excusa que, como puede suponerse, desató la indignación de la oposición. En una primera intervención puntualizó Núñez que «se dice que el expediente se ha extraviado en la secretaría. En él faltan sin duda los antecedentes. Sin esta clave es imposible saber si la operación se hizo como se acordó o si el ministro de Hacienda actual se excedió de las facultades e instrucciones que le dio el Gobierno de aquella época».

El ministro de Hacienda, sintiéndose atacado, se apresuró a dar explicaciones: «El sr. Núñez ha suscitado la idea de un expediente perdido, que aunque no es de la cuestión actual, no deja de ser siempre un apoyo cuando se trata de acusar a un ministro. Cabalmente ese expediente no desapareció en tiempo del anterior ministerio a que correspondía, sino que habiéndolo yo dejado muy recomendado al oficial de la secretaría, desapareció 48 horas después y en aquellos tres meses (los del interregno del Ministerio Istúriz) no obstante que lo hice presente al oficial encargado del asunto, no se trató de volverle a organizar, lo cual hubiera sido fácil. Este expediente se mandó volver a formar por el sr. Egea en 17 de agosto y en él no falta ninguna pieza esencial». Una explicación que no satisfizo a Núñez, quien demostró en su réplica que estaba perfectamente impuesto en la cuestión: «En cuanto al expediente que dice el sr. ministro de Hacienda que se perdió a las 48 horas y en otra ocasión ha dicho que a las 24, empieza con un tratado para la venta de una porción de deuda activa y compra de deuda diferida. Deuda activa no puede tener el Gobierno para enajenarla sino cuando hace un empréstito, y por eso es menester averiguar de donde procedía esa deuda activa. Este expediente debió empezar, o por una comunicación del Gobierno de aquella época al sr. Mendizábal, que entonces se hallaba en Londres, o por una propuesta del sr. Mendizábal al Gobierno para entrar en esa compra y venta, lo cual arrojaría gran luz sobre el punto, por las observaciones de los sres. Mendizábal y conde Toreno. ¿Dónde está este encabezamiento del expediente?»

d) Y todavía hubo otro incidente, aún más grave, puesto que, siendo correcta o incorrecta la acusación, hacía referencia y ejemplificaba la sospecha permanente que pesaba sobre Mendizábal de que estaba realizando manipulaciones oficiales en la Bolsa para favorecer con alzas y bajas artificiales los intereses de sus amigos. El caso es que Núñez, en el ardor del debate, hizo una afirmación escalofriante: «Si se quiere que se vea el interés con que mira el Gobierno los de los infelices españoles, reciente tenemos un ejemplo. El parte del general Oráa anunciando la victoria conseguida sobre la facción en Chiva estaba en Madrid al amanecer del día 18, y hasta las dos de la tarde no se publicó en la Gaceta extraordinaria. En este tiempo se dio lugar a que circulasen otras noticias, exagerándose la pérdida del enemigo, haciéndola subir a más de lo que realmente fue. Todos lo oímos ¿y qué resulto de esto? Que en la Bolsa, engañados los españoles tenedores de fondos hicieron subir el 21 el 5% al 24,5 y al día siguiente volvió a bajar al 22 y medio».

Ante una acusación tan brutal era lógico que respondiese el propio presidente del Consejo de ministros que, como se ve, en este debate había estado constantemente al lado de su secretario de Hacienda: «Ha hablado el sr. Núñez de que la salida de la Gaceta extraordinaria de anteayer se había retardado, dando a entender que este retardo había sido un arbitrio del Gobierno para dar lugar a un juego ruinoso de Bolsa y que entre tanto se hicieron circular por Madrid papeletas manuscritas que contenían noticias exageradas. Permítase a un hombre de bien rechazar con la indignación que debe una aserción que si se atribuye al Gobierno es una calumnia completa. En el momento en que el Gobierno recibió la comunicación del general Oráa, hizo de ella tres copias, una a S.M., otra al sr. presidente de las Cortes y otra a la Gaceta, con la circunstancia que voy a referir y el sr. Núñez conoce a la persona. Al llegar el portero mayor de mi secretaría a darme la noticia, se hallaba a la sazón en mi casa el administrador de la Imprenta Nacional, D. Pablo Montesinos, y deseoso yo de que la Gaceta extraordinaria saliese con la brevedad posible, puesto que no era yo el que había recibido el parte, sino el sr. Conde de Almodóvar, al paso que encargué a mi portero mayor que fuese a casa del sr. ministro de la Guerra a recomendarle de mi parte la brevedad, aunque esta recomendación no era necesaria, encargué al administrador de la Gaceta, amigo mío íntimo y patriota distinguido, que acelerara la publicación todo lo posible, y él por sí tomó la comisión de enviar un escribiente a casa del sr. conde de Almodóvar para que cuanto antes se sacase una copia si por casualidad, con motivo de estar algo indispuesto, no tenía en su casa ningún escribiente. El ministro de la Guerra, sin detenerse a comunicar el parte al de la Gobernación, que era el que debía darlo a la Imprenta Nacional, lo mandó por sí mismo y tan pronto como pudo y el Gobierno no puede responder si en las operaciones de la imprenta hubo o no hubo algún pequeño retraso».

Conforme pasaban las horas el debate iba agriándose cada vez más hasta tal punto que lo que había empezado como una petición de información, pasó luego a ser una cuestión de responsabilidad ministerial y terminó siendo nada menos que un voto de censura, que volvió, no obstante, a fracasar. Tal como advirtió Cabrera de Nevares, «se ha recurrido también al subterfugio mismo que en otras ocasiones, de decir que la ambición es quien mueve e impulsa a los individuos que hacen la oposición al Ministerio a proceder así. Tal quimera ridícula y gastada es una aserción que no merece rebatirse. No es al Gobierno a quien yo hago oposición. El Gobierno de la nación es para mí tan sagrado como un oráculo. Es a sus ministros a quienes franca, noble y lealmente he hecho la oposición. Entre los ministros y el Gobierno estable de una nación hay una muralla de bronce, hay una inmensa distancia. (...) No teman, pues, las Cortes dar un voto de censura contra el Ministerio, si en su conciencia ven que lo merece. No teman las Cortes que se disminuya en nada el crédito nacional; al contrario, una declaración contra el Ministerio, que las Cortes den en su conciencia y su justificación, producirá una mejora en el crédito de la nación».

El día 20 (de julio) sostuvo Núñez su proposición del día 14 advirtiendo que cuando las Cortes «autorizaron al Gobierno para que hiciera el cambio de los cupones por billetes contra el Tesoro, pagaderos a seis y doce meses, dieron una prueba de que querían conservar la armonía debida con el Poder ejecutivo y ayudaron a vencer los obstáculos que pudieran oponerse a su marcha. Pero las Cortes en este caso contrajeron también un compromiso con los acreedores del Estado, los cuales desde aquel momento debieron creerse seguros del pago de sus intereses, o por lo mismo, que sólo un motivo muy fuerte y poderoso podría hacer que se suspendiera. Resulta de lo dicho que el Gobierno, por gratitud, por deber y por el compromiso en que dejaba a las Cortes, no debió haber dado ningún paso en esta cuestión sin haberlas dado parte. Lejos de haberlo hecho así, el Gobierno, sin tomar la venia de las Cortes, sin participárselo siquiera, anunció el 30 de abril en los periódicos extranjeros, vísperas del cumplimiento del primer plazo, que no podía pagarse el dividendo de la deuda porque había sido muy corto el número de tenedores de papel que se había presentado a hacer el cambio de los cupones por billetes contra el Tesoro. (...) Si se presentó un corto número de esos tenedores de papel a hacer el cambio, ¿por qué no se les pagó? (...) Puede decirse también por algún señor diputado ¿y qué responsabilidad puede exigirse por no haberse hecho un imposible? A esto contestaré que yo no pido responsabilidad principalmente por no haber pagado. La pido por haber dejado a las Cortes en un compromiso extraordinario con los acreedores del Estado, porque con la determinación que el Gobierno por sí ha tomado, ha presentado a la nación en bancarrota, dejando desairada la palabra de las Cortes. (...) Si el ministro de Hacienda o cualquiera de sus colegas se hubiera presentado en el Congreso y con franqueza hubiera dicho: “estoy en el mismo compromiso que en noviembre”, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos enviado al Ministerio a la comisión de crédito público, donde hay sujetos muy inteligentes en esta materia; allí se hubiera manifestado el verdadero estado de la Hacienda nacional, y una vez averiguados los recursos que tiene la nación, y la imposibilidad de pagar los dividendos de la deuda, se hubiera dicho: pospóngase el plazo hasta diciembre en vez de junio y yo hubiera dicho que era imposible pagarlo mientras dure la guerra civil».

La respuesta del presidente del Consejo de ministros fue la siguiente: «S.S. hace dos cargos al Gobierno: primero, que infringió el decreto de 17 de noviembre en no pagar los intereses de la deuda, y que conduce a la nación a lo que S.S. ha querido llamar bancarrota; segundo, que faltó el Gobierno al respeto y consideración a las Cortes, no habiendo venido a poner en conocimiento de ellas un suceso de tanta importancia. Habría infracción de parte del Gobierno en uno de estos dos casos: primero, en el de que habiendo las Cortes, al hacerle aquel encargo, asignado al pago de los billetes en que se habían de convertir los cupones un fondo destinado a este solo objeto, el Gobierno hubiera usado de esos fondos aplicándolos a otro objeto; entonces sería fundado el cargo y podrían las Cortes reconvenir al Gobierno. Pero no habiéndole las Cortes asignado fondos especiales para dicho pago, no estamos en ese caso. (...) El segundo sería si el Gobierno hubiera dejado de pagar por culpa suya. Y ya he dicho que desafío al autor de la proposición a que pruebe que el Gobierno por su parte no ha hecho los mayores esfuerzos por verificar el pago de esos intereses. Es verdad que no se han pagado. Pero esto ¿es culpa del Gobierno? La bancarrota envuelve en sí la idea del fraude, y aquí no hay más que una suspensión de pagos, debida a las circunstancias que nos rodean y que son conocidas en toda Europa».

En este estado intervino en la discusión el radical Abargues, que hizo frente a Calatrava con su característico tono desabrido: «Ha dicho el sr. ministro de Estado que el interés de la causa general podría sufrir perjuicios tratándose de este asunto en público. ¿Qué descargo es decir que no se deben discutir en público los intereses públicos ni tratarse delante del pueblo acerca del dinero que el pueblo paga con el sudor de su frente? ¿Es esto algún plan de guerra, de cuya publicación dependa la ruina o la salvación de la patria? ¿Es esto algún tratado diplomático con una potencia extranjera, que exija secreto? Ha dicho también el sr. ministro de Estado que no ha pedido este permiso a las Cortes por no comprometer la responsabilidad de este cuerpo respetable. No creo que las Cortes le deban quedar muy agradecidas a este favor. ¿Un ministro evitar a las Cortes la responsabilidad y tener la jactancia de decir que por librarlas de ella ha querido cargar sobre sí este peso? No sé como llamar a esto: si un exceso de amor propio descompuesto y desmedido o una ceguedad incurable. Si el Gobierno se ve autorizado para infringir impunemente una ley estando reunidas las Cortes, mañana podrá hacer un tratado ruinoso bajo el pretexto que lo hace con sana intención y podría comprometer los intereses de la nación».

4. Para orientar al lector sobre la magnitud de las cifras que estaban en juego, valgan los datos que aparecen en los presupuestos presentados por Mendizábal para 1837, aunque deben tomarse únicamente como un valor aproximativo:

Deuda sin interés: 2.883.203.000 (dividida en deuda pasiva: 1.194.960.000; nuevos diferidos: 1.243.828.000 y antiguos diferidos: 444.414)

Deuda con interés: 3.494.025.324

Total: 6.377.227.324.

Cantidades que arrastraban para la Deuda consolidada 168.858 reales anuales de intereses con pago fraccionado en dos semestres.

Artola, por su parte, ha hecho una relación cronológica distinguiendo entre

Trienio: 2.397.796.000 y

Década absolutista: 1.094.178.000

Con un total de 3.491.924.000, que después de la conversión de Toreno alcanzó en 1834 a 4.303.100.000 reales.

Deuda interior: liquidación y reconocimiento

En términos hacendísticos, la Deuda (o suma de títulos recogidos en láminas de papel especial en que se acreditaba la cantidad recibida en préstamo u operación equivalente) no coincidía con la deuda en sentido civil (o suma de las cantidades que el Estado estaba obligado a pagar como consecuencia de los numerosos negocios jurídicos que celebraba: sueldos de empleados públicos, pensiones de frailes, justiprecio de expropiación, precios de compras y suministros, etc.). Estos últimos conceptos tenían un régimen general derivado de la ley o del contrato, mientras que la Deuda en sentido estricto estaba sometida a un régimen especial provocado por la diversidad y heterogeneidad de sus orígenes, su enorme volumen y la elevada proporción de las no devoluciones y el impago de los intereses vencidos.

Estos impagos se incluían ordinariamente en la Deuda flotante de cada año que, al no solventarse, se arrastraba al año siguiente produciendo una pavorosa Deuda flotante acumulada, que con el tiempo iba creciendo imparablemente.

En materia de Deuda interior –y a falta del pago de intereses y devolución del capital–, la política estatal se desarrollaba en dos direcciones: por un lado, la liquidación y reconocimiento de los variadísimos títulos existentes y, por otro, su consolidación, es decir, su conversión o canje por otros títulos más «sanos y valiosos» en el sentido de que producían intereses (o, al menos, la esperanza de producirlos) y de que, además, podían servir para satisfacer obligaciones debidas al Estado, fundamentalmente pago de contribuciones y adquisición de bienes nacionales. Ésta fue la política que sistemáticamente siguió Mendizábal, continuando la iniciada ya por Toreno, de tal manera que, aun no reintegrando los capitales, consiguió reducir la montaña de títulos pendientes, que una vez ingresados en el Tesoro público a cuenta fundamentalmente de contribuciones y bienes desamortizados de los conventos, eran quemados solemnemente en un acto público oficial.

1. El 16.2.1836 La Revista Española, afín al Ministerio, hacía públicos los planes de Mendizábal sobre esta materia: con la liquidación se procedería a la esperada consolidación de toda la Deuda sin interés, compensándose el Estado de estos mayores gastos con el producto de los bienes nacionales aplicados a la amortización de la Deuda.

El título podía usarse en cualquier negocio realizado entre particulares (una compraventa por ejemplo) si el acreedor lo admitía como forma de pago, como si fuera moneda, aunque con la peculiaridad de que no operaba de ordinario por el valor nominal que constaba en la lámina (como sucede con los billetes de banco) sino por el valor que se fijaba diariamente en la Bolsa. Porque ese papel, al ser abstracto, se convertía en una mercancía de valor variable señalado en la Bolsa por el equilibrio de la oferta y la demanda y que dependía fundamentalmente de las expectativas de ser recogido por el Estado o de la posibilidad de ser utilizado en otras operaciones (por ejemplo, para pagar contribuciones o para adquirir bienes nacionales). En definitiva, las transacciones económicas se realizaban o bien con moneda de valor estable o bien con papel (títulos de Deuda) de valor variable. Y, según puede suponerse, las oscilaciones del valor de esta mercancía de papel estaban sujetas a las manipulaciones de los especuladores o bolsistas que con refinadas maniobras podían excitar la demanda para que el valor subiese o provocar una mayor oferta que hacía descender su valor.

Bien mirado, el establecimiento de un mercado de títulos (la Bolsa) era una solución artificial que distorsionaba la economía. Porque, en principio, el que realizaba un préstamo lo que quería era que se le devolviese y con sus intereses en el momento pactado, de la misma manera que el que prestaba un servicio lo que quería era que se le pagase su importe de inmediato.

Lo malo del caso era que en la realidad el Tesoro ni amortizaba (es decir, no rescataba pagando el valor señalado) los títulos de la Deuda en los plazos anunciados ni pagaba puntualmente los intereses prometidos o, en el mejor de los casos, los pagaba con nuevos títulos de papel y no en dinero efectivo. En esta situación el tenedor que necesitaba dinero contante no tenía otra solución que la de negociar su título, es decir, transmitirlo o cederlo en el mercado aunque naturalmente con unos descuentos enormes, pues el nuevo tenedor conocía de sobra el riesgo de la operación, a saber, recuperar el capital y los intereses tarde y mal o nunca.

Entonces, ¿por qué se adquirían títulos de Deuda en el mercado? Unos lo hacían porque con ellos se podían pagar muchas contribuciones (lo que era un buen negocio ya que se contabilizaban por su valor nominal y se habían adquirido con descuento). Otros lo hacían porque con determinados títulos podían comprarse bienes nacionales y el negocio era el mismo; aunque para el Estado supusiese en ambos casos que no recibía dinero sino papel a la hora de recaudar las contribuciones y de enajenar bienes nacionales. Y otros, en fin, compraban con fines especulativos puesto que la Bolsa –influida por la guerra y oportunamente manipulada- era el negocio del momento.

En definitiva coexistían en España dos flujos comerciales: uno monetario, que era el normal, en el que se pagaban los bienes y servicios en moneda corriente; y otro paralelo, en principio excepcional auque cada vez más generalizado, en el que las obligaciones se liquidaban entregando no moneda sino un título oficial de Deuda, que en unos casos el acreedor estaba obligado a aceptar (como el Estado con las contribuciones o ventas de bienes nacionales o por un convenio singularmente pactado) y en otros lo hacía voluntariamente. En los dos mercados el deudor se liberaba de su obligación entregando el dinero o el papel; pero había una diferencia fundamental porque el valor de la moneda era el consignado en ella, mientras que el valor del papel (títulos de Deuda, letras, pagarés no consolidados) no era el que constaba en él sino el que señalaba la Bolsa. Y en la inseguridad resultante de la diferencia entre el valor nominal y el valor real de un título estaba precisamente la ganancia o la pérdida. Porque el propietario que tenía que pagar, por ejemplo, mil reales de contribución al Estado, si lo hacía en metálico tenía que entregar mil monedas de real (o duros de veinte reales); pero si lo hacía entregando un título de Deuda con valor nominal de mil reales que había adquirido con un descuento del 40%, de hecho sólo pagaba 600 reales. Por lo que se refiere al Estado, cierto es que amortizaba mil reales de su deuda cuando destruía oficialmente el título recibido, pero realmente no había recibido esos mil reales que se le debían sino sólo los 600 (suponiendo que hubiese «colocado» el título con ese descuento). Para los especuladores el negocio era otro y había mil variantes de ellos: comprar títulos con un descuento del cuarenta y venderlos con un descuento del 38 embolsándose la diferencia, por poner el ejemplo más sencillo. En cualquier caso la fortuna de muchos españoles dependía de las cotizaciones de la Bolsa, de las que estaban pendientes y que la mayoría aceptaban resignadamente mientras que unos pocos estaban en condiciones de manipularlas y tenían la suerte asegurada. Lo que exasperaba a muchos autores (Espronceda es el caso más conocido) era que Mendizábal hubiera convertido al Estado en una oficina de Bolsa y así lo denunciaban incansablemente.

2. Volviendo al trámite de la liquidación, al Tesoro público afectaba en gran manera el plazo válido para la presentación de créditos, cuya determinación se debatió en la sesión del 28 de abril de 1837 a la vista del siguiente dictamen:

La comisión de Crédito público ha examinado con todo detenimiento la proposición de los sres. Montañés y otros, relativa a que las Cortes se sirvan prorrogar por dos meses el término concedido en el Real decreto de 16 de febrero de 1836 para la presentación de los créditos que deban ser a cargo de la nación; y encuentra muy graves inconvenientes para su aprobación, porque abierto el plazo para esta liquidación hace tantos años, y habiéndose concedido diferentes prórrogas, siempre con la calidad de que no volverían a concederse otras, todavía últimamente por el decreto de 16.2.1836 se mandó proceder a una liquidación general de todos los créditos que por título legítimo debieran ser a cargo de la nación y que hasta entonces no hubiesen sido presentados a examen y reconocimiento, creando, para esto y para activar las liquidaciones de los ya presentados una Junta de liquidación.

Por el art. 6 de este Real decreto se dijo que el término perentorio y fatal para la presentación de los documentos de crédito, reclamaciones o instancias respecto a los que radicaren en las oficinas, sería hasta el 31 de diciembre de aquel año; y en el art. 7 se dispuso que transcurrido este término se considerarían que quedarían caducadas y extinguidas para siempre todas las deudas contra el Estado, cuyos títulos o documentos no hubiesen sido presentados en las oficinas de liquidación. Si ahora, sin embargo, se concediese una nueva prórroga, sería interminable la liquidación, se acrecentarían los perjuicios que de esto pueden originarse a la causa pública y jamás tendría un término seguro y estable la complicada y costosa operación de liquidar todos los créditos a cargo de la nación.

Iniciada la discusión se opuso Gómez Acebo a la concesión de nuevas prórrogas por considerar sensatamente que daban lugar a abusos incontables y que los derechos de los acreedores ya habían sido suficientemente garantizados en las operaciones anteriores: «Este término para la liquidación de créditos a cargo de la nación se abrió de una vez hace ya muchos años y después han ido concediéndose prórrogas sobre prórrogas, que ya se pierde la cuenta de las que han sido. Últimamente, en la época del Ministerio del conde de Toreno, en 1834, se dio el último plazo en calidad de improrrogable. A pesar de eso, todavía se dio después el decreto de 16.2.1836, declarando que se abría nuevamente un plazo hasta el fin de diciembre de aquel mismo año. Y en este año ¿no han podido tampoco vencerse las dificultades que no se vencieron en los términos anteriores? Se dice que las vicisitudes políticas, la interceptación de correos y otras causas han impedido que ciertos créditos se presenten a liquidación; pero ¿no han podido superarse todavía las dificultades en un año entero? (...) Para diez reclamaciones justas que puedan favorecerse, habrá cien mil que no lo sean».

Pero Alejos Burriel mantuvo la opinión contraria basándose en el hecho indiscutible de que muchos acreedores, por ignorancia o por las circunstancias de la guerra, no habían podido hasta entonces presentar sus títulos y sería injusto desconocerlos ahora: «Los créditos que no se presentaron, no porque sus dueños no han querido presentarlos sino porque no han tenido noticias de las disposiciones del Gobierno en este punto, ¿no habrán de admitirse? Yo sé que las órdenes del Gobierno obligan a todos; pero ¿será bastante razón ésta para que la nación no admita ahora a liquidarse créditos de una procedencia tan justa? Además, las órdenes obligan después de su publicación, pero bien notorio es que en Cataluña, Aragón y otras provincias hay muchos pueblos a donde no llegan los Boletines Oficiales por haber prohibido los facciosos su circulación con la pena de vida, que desgraciadamente se ha ejecutado en algunos infelices».

En la postura de Gómez Acebo se alineó también Caballero: «Yo creo que estas prórrogas, si se conceden, darán lugar a muchos fraudes, porque para mí el que hasta ahora no ha presentado sus créditos tiene contra sí la presunción de que no los tiene en regla y que quiere aprovecharse de las circunstancias y hacer aparecer como bueno lo que no es. La deuda de la nación es inmensa, y tal vez tan grande porque se ha dado lugar a tantos fraudes». Esta suposición de la existencia de fraudes no era desde luego exagerada y hasta el Diario de Sesiones llegaron algunos casos. El día 31.3.1837 se leyó una representación de D. Vicente Luis, marqués de Bagner, abogado de los tribunales nacionales, en que se decía que se hallaba

preso en la cárcel de la Corte por causa que en grado de apelación pendía ante la Audiencia territorial, por suponerle autor o cómplice en la falsificación de escrituras de la deuda del Estado, que había otros muchos individuos perseguidos por igual motivo; que los procesos se seguían por el juzgado especial de amortización, que no debía existir con arreglo a lo prevenido en la Constitución y que no había la falsificación que se suponía porque las láminas, según confesión de los jefes de amortización, eran las mismas que usaba el establecimiento.

Mientras que Díez insistió en la postura de Alejos Burriel añadiendo nuevos argumentos: «Por las razones que ha emitido el sr. Gómez Acebo sería necesario conceder que las oficinas de liquidación son un mal para la nación y sería necesario convenir en que, visto que hay monederos falsos y que esto es una calamidad pública, no debe haber moneda. Del mismo modo deberíamos decir que siendo un mal que un albañil caiga de un andamio, no debían hacerse edificios. Así es que todas las cosas cuando se llevan al extremo nos hacen caer en absurdos. Los fraudes no deben sujetar y dar reglas a los Gobiernos, sino los Gobiernos precaver los fraudes que pueden cometerse».

Finalizado el debate, el dictamen fue desaprobado por 67 contra 62. E inmediatamente se presentó y discutió la proposición que solicitaba la prórroga de dos meses, a la que Álvaro se opuso por entender que era demasiado rigurosa: «Ésta es una verdadera ley de expropiación y nunca convendré en que se den dos o tres meses o un tiempo más lato para la presentación de los documentos de la deuda en unas circunstancias como las en que nos encontramos. Aun en tiempos tranquilos habrá que detenerse mucho en tomar una determinación. (...) Los documentos que se tienen contra el Estado son legítimos o no. Si lo son, ¿qué derecho tiene el deudor para decir: si no me los presentas en término de dos meses, son nulos. Esto es atacar el crédito directamente y estas rescisiones de los contratos no han tenido poca influencia en el descrédito de la nación». Mientras que Castro sugirió una fórmula conciliatoria: «Yo sería de la opinión que tratando de conciliar el principio de justicia con el de equidad, se diera un término más amplio a los que han tenido imposibilidad de presentar los documentos de deuda del Estado».

Visto que no había modo de llegarse a un acuerdo se decidió que la proposición volviera a la comisión con el encargo de que presentase una nueva versión de ella.

Consolidación: Real decreto de 28.2.1836

1. La Deuda exterior ha sido siempre la mejor estudiada y, por descontado, la que mayores quebraderos de cabeza daba a los Gobiernos a la hora de no poder pagar sus intereses; hasta tal punto que en la sesión del 20.7.1837 (es decir, después de los impagos de los vencimientos de noviembre de 1836 y junio de 1837) Calatrava, en un tono populista que no era propio de él, reprochase a Núñez «ese interés que S.S. manifiesta por la falta de pago de los intereses de la deuda extranjera, ¿por qué no lo manifiesta igualmente por tantos acreedores nacionales, incomparablemente más beneméritos? Pues qué, cuando nuestros empleados se hallan tan atrasados en sus sueldos, cuando nuestras viudas, cuando tantos otros infelices españoles tienen apenas un pedazo de pan que llevarse a la boca ¿hemos de atender en primer lugar a los acreedores extranjeros? Mientras yo subsista en este puesto, los acreedores extranjeros no serán preferidos a los nacionales y ni los acreedores nacionales ni los extranjeros serán pagados mientras que la salvación de la Patria exija que se consuman en la guerra civil los únicos recursos con que se cuenta. Primero es concluir con esa guerra y cuando tengamos paz podremos atender a los unos y a los otros (aplausos)».

Este tipo de reproches eran, por lo demás, generalizados y se alimentaban del descontento de los tenedores, que veían frustrados, o al menos retrasados, sus intentos de cobrar los intereses periódicos. Como La Revista alentase tales rumores, El Eco del Comercio del 14.11.1836 (es decir, mucho antes de la escaramuza parlamentaria) salió a su encuentro explicando que «el pago que se hace de los intereses de la deuda interior, además de que son en cantidad mucho menor, no podría hacerse con los de la extranjera, porque destinándose una cantidad muy pequeña comparativamente en cada semana para pagar a los que se van llamando, pasarán algunos meses sin que estén acabados de satisfacer, cuando para la deuda extranjera era menester tener (de un golpe) los 80 millones a que ascienden sus réditos el día del vencimiento». Y el 13.5.1837 comentaba García Carrasco en el Congreso: «Los intereses de la Deuda interior se van pagando de una manera que jamás se ha acostumbrado en años anteriores. Ha vencido el semestre de mayo y no se ha concluido el pago del anterior. De manera que esto es un engaño continuo».

Por lo que se refiere al volumen de esta deuda interior, en la Memoria presentada a las Cortes en 30.12.1834 se hizo ascender la deuda nacional a 6.584.896.200 reales, precisándose que la ya reconocida (en sus tres clases de consolidada, corriente y sin interés) subía a 4.756.580,313 y calculándose que la parte sin liquidar llegaba a 1.828.315.886, de los cuales correspondía a la especie con interés 138.307.393 y 1.690.008.493 a la que rentaba.

Todas estas cifras son correctas pero incompletas porque, como Mendizábal hizo observar en su Exposición de 16.2.1836 sobre liquidación de la deuda del Estado, aquí no estaba incluida la elevada deuda de 1820 a 1823 ni una serie de variados conceptos, entre otros, los juros consignados en lanzas, los derivados de cargas de justicia, los sin cabimiento, los cómputos de medias anatas, los procedentes de los censuales de Aragón, los créditos del reinado de Felipe V, las obras pías y sus censos, las vinculaciones y los suyos, los censos de libre disposición, las imposiciones voluntarias con efectos de la Tesorería mayor, los pagarés de la diputación de comercio, los bienes secularizados, los créditos de los antiguos préstamos del consulado de Cádiz, los buques negreros y algunos otros de menor importancia. Sin que pudiera de momento calcularse su importe ni siquiera aproximadamente.

Era de justicia, por tanto –y además urgía habida cuenta del malestar que esta situación producía–, realizar una liquidación de estas obligaciones, completando la que ya había realizado Toreno y a tal efecto se dictó el decreto de 16.2.1836.

En la documentación que acompañaba a los presupuestos para 1837 constaban los siguientes datos:

Consolidada con interés: 2.018.170.444

Sin interés liquidada y en circulación:: 1.252.128.100

Vales no consolidados sin interés: 537.211.316

Mientras que los datos que ofrece Artola (174-175) para junio de 1834 son los siguientes:

Consolidada: 913.160.365

No consolidada: 3.848.419.987

Total 4.756.580.313

No liquidada: 2.980.467.625

Total general: 7.737.047.938, que arrastraba 94.605.150 reales anuales de intereses.

Aunque se trate de conceptos distintos (no obstante su paridad semántica) resulta ilustrativo dar cuenta de la deuda flotante correspondiente a 1837 tal como aparecía en los presupuestos de 1841 (Diario de Sesiones de 1.4.1841):

En el mismo lugar se indica que la Deuda flotante acumulada de 1835 a 1840 ascendía a 550.000.000 reales.

Como fácilmente se comprende, el mayor interés de los datos que aquí se ofrecen no es la fiabilidad de las cifras sino la constatación de las abultadas diferencias que median entre unas y otras según las fuentes. Lo que demuestra que, a falta de investigaciones más precisas, únicamente tienen un alcance aproximativo y sólo sirven para ilustrar las magnitudes en que se movía la Deuda.

Mendizábal –que era muy dado a explicar las cosas a posteriori para autojustificarse cuando ya nadie le pedía explicaciones ni podía rebatirle las que él ofrecía– nos ha proporcionado en un discursos parlamentario de 3.7.1841 su versión personal de la Deuda flotante de su primer Ministerio y del de Istúriz: «A fines de 1835 y principio del 36 se observó por el Gobierno de entonces (el suyo) que los pocos capitales que había en el litoral de España marchaban al extranjero por la poca confianza que tenían los capitalistas y por la poca aplicación que aquellos caudales encontraban (...) Y adoptó sus medidas y de resultas de ellas se libraron hasta por valor de 35 o 40 millones de reales y tuvieron tal valor esas letras que, aceptadas a 2 y 3 meses, tuvieron un premio de 7 y 8% al año pues los tenedores de esos capitales se los entregaron al Gobierno y fueron los primeros poseedores de esa Deuda flotante. Hubo un período de tres meses (los del Ministerio de Istúriz) que anuló todos los beneficios de aquella operación y después fue necesario que el Gobierno, que no podía volver otra vez a pagar con religiosidad aquellas letras, que habían sufrido un perjuicio en los tres meses citados, dijera a sus tenedores: préstame 10 y yo te daré 20 tomando 10 de esa Deuda flotante. De esta manera atendió el Gobierno a sus necesidades más urgentes y al mismo tiempo procuró no lastimar los intereses de los que le habían entregado sus capitales».

2. A comienzos de 1836 pesaban sobre el Tesoro, en lo que aquí interesa, las siguientes obligaciones no consolidadas (es decir, las que no legitimaban a sus titulares para percibir intereses): a) Los créditos que se iban liquidando y reconociendo desde el 1 de marzo por la Junta de Liquidación de la Deuda del Estado. b) Los valores consolidados, Deuda corriente con intereses a papel y Deuda sin interés. La situación de estos acreedores era lastimosa al no obtener renta de sus capitales (sin perjuicio de que las láminas pudieran ser utilizadas en el tráfico mercantil, como prenda o garantía, por ejemplo), desestimulaban las operaciones de bolsa y constituían un foco de descontento económico y político. Mendizábal, entonces en el cenit de su poder, sin Cortes y con una ley de autorización en la mano, decidió abordar de una vez por todas esta situación procediendo en el Real decreto de 28 de febrero a una consolidación general, al menos en lo que se refería a los conceptos enumerados en la letra b) porque los otros (art. 2) se pospusieron a lo que en su día decretasen las Cortes.

De acuerdo con la información de De Castro, en 1836 la deuda consolidada al 4 y 5% apenas se negociaba en la Bolsa de Madrid. Las operaciones se centraban casi exclusivamente en los títulos sin interés que, siendo mucho más baratos, servían de garantía a préstamos de elevados réditos y que eran objeto de lucrativas especulaciones. Por otra parte, lo que la gente quería era que se realizase la consolidación en un mismo momento, pues la incertidumbre respecto a las cantidades que iban a consolidarse cada año, así como los sorteos, prolongaban la inseguridad de los acreedores.

La consolidación consistía en el canje del título viejo (que se destruía) por otros nuevos de Deuda al 5%, y de este modo se coronaba en su caso el proceso previo de liquidación y reconocimiento. Pero como obviamente el título viejo no se podía tomar en cuenta por su valor nominal sino por su valor real, surgía el problema de su valoración concreta, que el Real decreto resolvió de una vez por todas, asignándoles un valor convencional de equivalencia (art. 16): por la Deuda sin interés, el 25%; por la Deuda corriente con interés a papel, 34%; y por los valores no consolidados, el 33%.

La consolidación de la deuda sin interés se realizó a un valor superior al real. Según El Español de 4.3.1836 el decreto consolidador «promete a los portadores de títulos consolidados tantos de la renta del 5% (valorados al curso corriente) como sean necesarios para realizar el 25% de su capital nominal (...) y tenemos grande número de especuladores y rentistas haciendo votos los unos y esfuerzos los otros para que los fondos españoles queden a bajo precio, porque cuanto menos valgan estos efectos en la Bolsa, tanto más provechosa será la conversión para los que quieran correr esa suerte». Y de aquí vinieron naturalmente las manipulaciones de la Bolsa.

Para regular esta materia Mendizábal –en el apogeo de su fuerza una vez desembarazado de las Cortes que le habían abandonado en las discusiones de la ley electoral pero que le habían otorgado un voto de confianza del que seguía disfrutando– dirigió a la Reina Gobernadora el 27.2.1836 una Exposición sobre la consolidación de la deuda pública, que cristalizó luego en el Real decreto de 28.2.1836, donde se anunciaba la siguiente política: La consolidación iba dirigida en primer término a las tres especies de deuda liquidada y reconocida con anterioridad al 1.3.1836, es decir, a los vales no consolidados, a la deuda corriente con interés a papel y a la deuda sin interés; aunque no se olvidaba del todo a la «gran masa de deuda sin liquidar ni reconocer» que por razones técnicas era difícilmente consolidable. De acuerdo con esta nueva regulación la consolidación se realizaría en seis años sucesivos (que posteriormente se reducirían a dos), mediante una oferta anual de conversión a la que podrían presentarse voluntariamente los propietarios de los títulos de las tres clases de deuda indicada. Y si las demandas de consolidación fueran superiores a la oferta anual (por cada una de las tres clases) se resolvería mediante un concurso público.

Señalado el momento de la consolidación, quedaba por determinar los títulos que se entregarían a cambio de las obligaciones originarias, que serían de deuda al 5%: un interés generoso para la época, pero cuya rentabilidad dependía, como es lógico, de la base reguladora, que se calculaba así:

La que produjese o pudiera producir un valor metálico igual o superior al mejor que disfrutaran las tres referidas especies de deuda desde el 1 de enero de 1820 hasta el día (de tal manera que) la consolidación ha de consistir en la entrega que fuera necesaria, pero que al curso corriente de las épocas respectivas pueda realizarse en dinero metálico 25% en la deuda sin interés, 34% en la deuda corriente con interés a papel y 33% en los vales no consolidados.

La consolidación del primer período se consumó con aceptable normalidad y a primeros de abril del año siguiente (1837) propuso consecuentemente el Gobierno

la continuación y que la operación (gran novedad) se haga de una vez, en lugar de hacerla en cinco, preparándose las inscripciones o nuevos títulos de modo que los intereses de una nueva quinta parte de los valores nominales, a que queden reducidos los títulos presentados a la conversión, no empiecen a correr hasta el 1 de octubre de este año, y así sucesivamente hasta el de 1841. (Ofreciéndose de este modo la ventaja de que) sin mayor gravamen ni aumento alguno de intereses, se simplifica más la operación y se evita que, repitiéndose anualmente, se acrecienten los gastos y la ocupación de las oficinas, contra lo que exige la economía pública.

La comisión de Crédito público –compuesta en aquel momento por Ferrer, Echevarría, Torrens y Miralda, García Carrasco, Álvarez García, Pedro Gil y Gómez Acebo– elaboró, con fecha 5.4.1837, un dictamen favorable presumiendo que afectaría, y de una sola vez aunque los cupones de intereses se escalonarían en el tiempo, a 1.587.372.698 reales en deuda sin interés, 564.783.091 en deuda corriente con interés al 5%, y 411.264.082 en vales no consolidados «lo que forma el capital total de 2.562.419.872, resto de todo el liquidado hasta 1 de marzo de 1836, y que es el que debe entrar a gozar de la nueva consolidación». Inmediatamente veremos las ventajas que para los tenedores tenía la consolidación inmediata y no sólo por el cobro de intereses sino por la facilidad que representaba en las compras de bienes nacionales.

Todo estaba sucediendo, pues, con normalidad; pero el enigma estribaba en que los historiadores modernos no saben si esta segunda y definitiva fase de la consolidación tuvo lugar, o no. Artola –dentro del magistral estudio que ha dedicado a la consolidación de Mendizábal– afirma, en efecto (óp. cit. p. 180), que «no tenemos constancia de la materialización de esta oferta y, por el contrario, abundantes noticias que llevan a concluir que no se llevó a efecto». Esto fue realmente lo que sucedió pero ahora podemos hacer una afirmación tajante puesto que consta minuciosamente en el Diario de Sesiones, sin necesidades de acudir a simples indicios. A continuación vamos, pues, a relatar esta historia con algún detalle.

El 25 de junio –con cierto retraso desde luego, pero no escandaloso- se inició la discusión, que no llegó a tener lugar, primero por no encontrarse en el salón el secretario de Hacienda y haberse considerado que, vista la importancia de la cuestión, sería conveniente que asistiese a ella; y en segundo lugar porque se levantó Vicens, en su calidad de nuevo miembro de la comisión, para recordar que «las Cortes acordaron que pasase a la comisión un proyecto de ley presentado por mí sobre este asunto; por lo que me atrevo a suplicar que se suspenda esta discusión para que la comisión dé su informe acerca de su contenido». Y así se acordó con las graves consecuencias que seguidamente iremos viendo.

Con este trámite pasaron tres semanas y el 18 de julio presentó la mayoría de la comisión su dictamen, en el que se declaraba tajantemente que «de ninguna manera debe impedir su discusión la proposición del sr. Vicens, que abraza un sistema para amortizar toda la deuda liquidada y no liquidada, y de cuyo examen sólo podría tratar con más oportunidad la comisión en su caso cuando lo verifique del arreglo definitivo de la deuda interna». Pero también había un voto particular firmado por Vicens y por Pedro Gil (Vicens había entrado en la comisión, junto con Muguiro, para sustituir a Álvarez García y a García Carrasco, que habían sido cesados), en el que se leía que

debiendo el Gobierno presentar un proyecto sobre el arreglo de la deuda pública, se le excite para que lo haga a la mayor brevedad, a fin de que, pasando a la misma comisión, presente un proyecto de ley para el arreglo de la deuda nacional, y se fije de una vez y definitivamente la precaria suerte de los acreedores de la nación.

Una vez más, nos encontramos, por tanto, con una situación desgraciadamente frecuente: todos los diputados estaban de acuerdo en calificar una cuestión de importante y urgente; pero al tiempo se empeñaban en alargarla indefinidamente, e incluyo frustrarla, invocando sutilezas procedimentales que tanto les gustaban. Esto es lo que sucedió en este caso, con el agravante de que se estaba consumiendo el tiempo de la Legislatura con el riesgo de que llegara a cerrarse antes de haberse resuelto el negocio; y esto es lo que había de suceder inevitablemente con la suspensión propuesta por Vicens.

De ello se percató Alejos Burriel, quien el 18.10.1837 presentó la siguiente proposición:

Desde el mes de abril se halla en la mesa un dictamen de la comisión de Crédito público sobre la consolidación de la deuda del Estado; y como de la decisión de este interesante negocio pende la suerte de innumerables familias, pido a las Cortes se dignen acordar que la discusión del indicado dictamen se ponga en la orden del día con antelación a otro alguno.

Argumentando a este propósito «cuán doloroso es que, al paso que se han tenido en consideración todas las deudas extranjeras, se haya postergado la nacional, por no haber habido tiempo de discutir este dictamen». En lo que insistió a continuación Joaquín Ferrer: «Es una cosa cruel que cuando las Cortes españolas han sido tan solícitas en reconocer deudas extranjeras, algunas de ellas de origen tan poco atendible, como que sólo sirvieron para esclavizar la nación, la deuda nacional, la sangre de tantas familias, los créditos más sagrados por servicios hechos a la nación por presas, por exacciones, por embargos, etc. estén aún sin haber sido su reconocimiento objeto de una ley».

Con estos y otros recordatorios se abrió, al fin, la discusión del dictamen el 2 de noviembre. Lo que significa que no sobraba tiempo desde luego, pero que era posible cerrar el tema si se obraba con diligencia: lo que no era previsible.

Porque Pedro Gil empezó poniendo en duda la oportunidad de tratar como iguales todos los títulos de la deuda, sugiriendo al afecto que «se tomara alguna medida para evitar que se consideren igualmente todos los acreedores del Estado, pues no creo que puedan estar en el mismo caso los acreedores por sacrificios hechos en tiempo de la guerra de la Independencia que los que son acreedores de créditos de otra naturaleza».

Pero ahora no se trataba ya sólo de retrasar las discusiones sino pura y sencillamente de posponerlas para la Legislatura siguiente. Ésta fue la tesis de Sancho, quien invocó «la repugnancia que me causa que se entre en la discusión de un asunto tan grave sin que haya ya tiempo para proceder con toda la madurez que es necesaria. Ésta es una cuestión de suma importancia (...) Hay cuestiones que corresponden al principio de la legislatura, cuestiones que corresponden al medio y cuestiones que corresponden al fin; y ésta creo que es de las que corresponden al principio»; aunque lo más sorprendente, después de encarecer todos la importancia del asunto, es que no había apenas diputados en el salón «pues estoy seguro –añadió– que en este momento no hay suficientes para votar. (Además) los señores de la comisión, como han estudiado la materia, están penetrados e ilustrados completamente; mientras que los demás no, y yo por mi parte digo que necesito enterarme a fondo de ella para dar mi voto». Y en esta misma línea habló luego Armendáriz: «en las circunstancias en que nos hallamos es imposible que pueda votar en un asunto que los mismos señores de la comisión confiesan que es de tanta importancia; yo me retiraré del asiento sin dar mi voto y declaro desde ahora que aunque se me diga que asista para votar, no lo haré».

A continuación –aunque sin éxito– intentó Ferrer poner las cosas en su punto y explicar en qué consistía esa importancia de la que tanto se hablaba y a la que nadie hacía caso: «Importa mucho que no se cierren las Cortes sin que se trate de este negocio. Todos los sres. diputados saben el efecto funesto que causó el que en los Estamentos de 1835 se tratara muy ampliamente de la deuda extranjera y que en ella se pasaran, si se me permite usar una expresión vulgar, sapos y culebras, que se pusiera la buena fe y la probidad española, por decirlo así, en tortura, para hacer aprobar cantidades que sólo habían servido para la ruina de la nación, y que cuando se trató de fijar la suerte de los desgraciados acreedores españoles, se corriese la cortina del Trono para que nadie pudiese hablar, y quedasen condenados a la ansiedad y a la miseria».

Bastante miseria era no cobrar interés ni saber exactamente qué es lo que iba a pasar con los créditos ni qué valor tenían realmente. Pero con el negocio de la desamortización se complicaron todavía más las cosas. Porque, como es sabido, se pagaba la mayor parte en papel y en largos plazos. Pero no en un papel cualquiera sino precisamente en uno consolidado. Con la consecuencia de que si no se consolidaba y a los compradores se les habían acabado sus reservas se encontraban con que ya no podían pagar los demás plazos y la compra podía anularse. En palabras de Ferrer, «acuden los tenedores a comprar bienes; licitan y obtienen fincas; pagan al contado la quinta parte primera y quedan obligados a pagar el resto en ocho años. Llega el plazo del presente y les dice el Gobierno: “paga o, si no, te arrebato la finca”. Vean las Cortes el trastorno que de esto resulta. (En estas condiciones viene el sr. Vicens diciendo) no estoy por consolidaciones ni por ventas de bienes como se han hecho hasta aquí; yo quiero lisa y llanamente una quiebra nacional y un concurso de acreedores consiguiente y que se diga: ésta es la deuda, éstos los bienes, cada uno acuda a tomar lo que le pueda tocar en finca aquí o acullá, de grado o de fuerza, so pena de quedar con un crédito caducado de hecho». Lo que calificó literalmente de «monstruosidad».

Posición asumida también por Ayllón: «Los acreedores que fiados en las promesas que el Gobierno les había hecho han procedido a hacer transacciones y a usar de sus créditos, esperan este arreglo como lo único que les ha de salvar de la ruina que les amenaza. Cuatro legislaturas ha habido con ésta desde que se principió a tratar de la suerte de los acreedores del Estado, y sin embargo que los créditos exteriores se han reconocido y consolidado a favor de los extranjeros, los de los españoles están descuidados y siempre hay dificultades para que lleguen a arreglarse».

Al día siguiente, la comisión de Crédito público (integrada ahora por Cantero, Torrens y Miralda, Pedro Gil, Álvarez García, Gómez Acebo, Juan Jover y Félix Bach) presentó un dictamen que fue aprobado sin discusión y sancionada por la Reina Goberndora con llamativo retraso el 1 de diciembre de 1837:

En vista de que ya no es posible que se discuta el proyecto que de acuerdo con el Gobierno tiene presentado acerca de la consolidación de la deuda, y deseando que los compradores de bienes nacionales puedan pagar la primera octava parte de sus fincas y aliviar algún tanto a los acreedores del Estado de los perjuicios que sufren, propone: artículo único: Hasta que las Cortes resuelvan sobre la propuesta del Gobierno para la consolidación de la deuda liquidada y reconocida hasta el 1.3.1836, se admitirán para el pago de la primera octava parte del precio de las fincas nacionales vendidas, el papel de deuda sin interés, los vales no consolidados y la deuda negociable del 5% a papel, por el valor de los tipos fijados en la citada propuesta, a saber: la primera a 50%, la segunda a 66% y la tercera al 68%.

De esta manera tan sencilla se solventó el problema de la utilización de papel no consolidado para la adquisición de bienes nacionales (aunque si se hubiera interpretado literalmente sólo hubiera servido «para el primer plazo»); pero posponiendo para las Cortes siguientes la cuestión de fondo; y ni que decir tiene que tampoco éstas atendieron esta necesidad. Dicho con otras palabras, la «segunda» consolidación anunciada no tuvo ciertamente lugar (como había sospechado Artola), pero las perniciosas consecuencias de esta carencia fueron evitadas, o al menos paliadas, mediante el arbitrio de permitir que los títulos cuya consolidación se había demorado produjeran los mismos efectos liberatorios que si se hubieran consolidado realmente.

3. El 31 de marzo de 1837 se publicó una Real orden «relativa al pago de intereses de la deuda interior vencidos en 1 de noviembre último y del semestre que cumple en esta fecha». El preámbulo de esta disposición insinúa que la culpa del impago correspondía nada menos que a las propias Cortes:

El Gobierno ha tomado cuantas disposiciones han estado a su alcance, y aun ha hecho esfuerzos extraordinarios para completar el pago de los expresados intereses; pero las circunstancias, superiores a todo, le han impedido llevar a efectos sus deseos. Considerando el Gobierno como una necesidad vital sostener el crédito por medio del pago exacto de los intereses, se propuso aplicar a tan importante objeto una parte del préstamo de 200 millones, y así lo hizo hasta que las Cortes, convencidas de que la conclusión de la guerra es la esencial garantía de los acreedores del Estado, resolvieron cuando aprobaron dicho servicio en 19 de noviembre, que sus productos se invirtiesen íntegramente en el sostenimiento del ejército.

En cualquier caso lo que quedaba en limpio era que no se pagaban los intereses vencidos y se anunciaba como probable el impago de los que iban a vencer en el siguiente semestre, pues como seguía diciendo la Real orden,

en cuanto a los del nuevo semestre, el Gobierno se promete que las Cortes, al discutir los presupuestos generales, facilitarán con su aprobación los medios que él se esforzará a procurar para que desde 1 de julio, o antes si se pudiere, se dé principio al pago de estas obligaciones que circunstancias tan fuertes y poderosas, como las que nos rodean en el día, obligan a diferir con el deseo mismo de completar el pago del semestre de octubre no cubierto todavía.

La morosidad general se reconoció también en otra Real orden de 18.5.1837 en la que se aludía a «un expediente instruido por este ministerio de Hacienda con el fin de que las letras a cargo del Tesoro público, sus libranzas y las de las direcciones generales de Rentas que quedaron pendientes de pago en el año último puedan ser reintegradas en la forma que permiten las circunstancias del Erario». Ahora bien, para remediar esta situación no hacía sino la vaga promesa de solicitar a las Cortes que autorizasen la concesión de un interés compensatorio de la demora. Pero, en cambio, sí se adoptaba una medida concreta aunque de alcance muy reducido y que sólo afectaba a un escaso –pero importante– número de especuladores y negociantes:

S.M. se ha servido mandar que en las subastas que se celebren, ya por la demolición de conventos o para la venta de los solares y efectos de dichos conventos, se admitan en pago de las cantidades en que se verifiquen los remates las referidas libranzas y letras por todo su valor nominal como dinero metálico.

A cuyo efecto se ordenaba que

se promueva cuanto sea dable la demolición de los conventos, la división de sus terrenos en solares y la enajenación de éstos para la construcción de nuevos edificios y se logre así también dar ocupación a brazos necesitados, repartir y mejorar la propiedad particular y promover la riqueza pública.

El objetivo manifiesto de estas excepciones era claro: con estos privilegios se pretendía acelerar la demolición de los conventos no sólo por razones urbanísticas sino también para asegurarse de que «los frailes no pudieran regresar nunca a sus nidos» en la conocida expresión del progresismo antifrailuno. Pero no era temerario sospechar que lo que de veras se estaba realizando era una política de apoyo y ventaja para un grupo de capitalistas, amigos del Gobierno, que eran los que habían asumido la empresa de adquirir conventos, demolerlos y en sus solares edificar edificios de rentabilidad garantizada. Un negocio que con esta medida de estímulo redondeaba sus ganancias con una financiación comodísima que no estaba al alcance de los demás.

En la práctica la diversidad de deudas consolidadas, con intereses o sin ellos, daba lugar a manipulaciones muy poco escrupulosas, dado que el Estado, al liquidar sus obligaciones, ni pagaba en metálico (del que carecía) ni en deuda con interés que le salía más cara que la pasiva, defraudando con ello a los acreedores. De ello nos da buena cuenta el diputado López de Pedrajas quien en la sesión del 23.9.1837 relató su experiencia personal de que «habiendo reclamado la liquidación de una deuda, las oficinas encargadas de la operación le habían manifestado que la liquidación se verificaría entregando Deuda sin interés. Y como esta medida fuera notoriamente injusta, pedía que las Cortes se sirvieran mandar que los créditos fueran reconocidos en Deuda con interés».

En cuanto a la amortización de los títulos circulantes, también Artola ha publicado los primeros datos fiables sobre este punto tan complejo (1986, 181) explicando que a lo largo de 1836 los compradores de bienes nacionales habían entregado papel por importe de 16.478.312 y en el año 1837, 80.036.545 reales, utilizando los cuatro títulos habilitados al efecto, que eran los sin interés, corriente, consolidado al 4% y consolidado al 5%. Cantidades modestas, como se ve, puesto que no había habido aún tiempo para realizar ventas masivas.

Pasando a otro orden de consideraciones, los títulos de la deuda amortizada debían ser inutilizados y, con objeto de que en la imaginación popular quedase memoria de este importante acto, que reflejaría la disminución del montante general de la deuda, preparó un decreto regulador que fue objeto del siguiente dictamen de la comisión de crédito público:

El Gobierno ha remitido a las Cortes un expediente que instruyó para expedir el Real decreto de 13 de marzo, cuyo importante objeto se dirige a inutilizar para siempre los documentos de la deuda pública que se amortizan, consolidando por este medio el crédito de la nación y dejando todo recelo que respecto a tan grave materia pudiera concebirse. En este Real decreto se dispone que antes de proceder a la quema de los documentos condonables, se conceda un plazo para que dentro de él puedan los que se llamen dueños hacer las reclamaciones de propiedad que crean corresponder a su derecho. Conceptuando el Gobierno que el plazo de que se trata podrá extenderse a cuatro meses que deberán contarse desde la fecha en que se haga la publicación de los mismos documentos en la Gaceta de esta Corte.

4. Independientemente de lo anterior, está la cuestión de los vales no consolidados autorizados por las Cortes de 1823: un episodio que complicaba aún más la ya de por sí compleja historia de las convalidaciones de títulos de deuda. Porque detrás de cada lámina había un tenedor y nunca faltaban tenedores política o financieramente importantes –o que contaban con un valedor de peso– capaces de llevar su asunto al Congreso y provocar una resolución de carácter general que favoreciera sus intereses.

El caso es que en la sesión de 29.1.1837 acordaron las Cortes que por las Oficinas de la Caja de amortización se expidieran certificaciones o láminas de deuda sin interés a los tenedores actuales de recibos de vales no consolidados expedidos por las Cortes en enero y mayo de 1823 mas no los correspondientes al mes de septiembre porque sus recibos, por razones políticas conocidas, no llegaron a expedirse materialmente y, por ende, no pudieron circular regularmente aunque sí lo fueran de manera prohibida. No obstante la rotundidad de este acuerdo, la Junta de liquidación insistió en la validez de los valores y ello dio lugar a un dictamen de la comisión de Crédito público de 26.9.1837 en el que con mayor contundencia, si cabe, insistía en su anterior resolución. Dictamen defendido por Gómez Acebo en la sesión del 4 de octubre (1837) en un discurso en el que reprochaba con duras palabras la tozudez del Gobierno al sostener su propuesta después de haber sido rechazada una vez en las Cortes: «Parece imposible –observó– que los jefes y demás individuos de las Oficinas, que son los que deben conocer estas materias con más exactitud, hayan propuesto semejante medida»; y que Ferrer calificó a renglón seguido como de «un disparate desconocido en los fastos de la historia».

Lo grave de la situación no era la existencia de un caso aislado como el que acaba de relatarse sino la proliferación de asuntos singulares que, con ayuda de un patrón, pretendían salvarse a costa del Tesoro y que tanto abundaban en un país en el que el liberalismo no se había limitado a erradicar los privilegios del Antiguo Régimen sino a sustituirlos por otros nuevos. Así podemos comprobarlo con el siguiente asunto que afectaba a un héroe de 1820, según se describe en el dictamen de la comisión de Crédito público de 27.9.1837.

El general Antonio Quiroga había recibido durante el Trienio una pensión extraordinaria de 80.000 reales anuales, que capitalizó, como era usual entonces, para adquirir con su importe bienes nacionales. Pero no quiso, o no tuvo tiempo, de consumar esta operación y ahora pretendía realizarla. El Gobierno, a la hora de estudiar esta reclamación, pidió informe a una comisión integrada por Canga Argüelles, Banqueri y De Torres, quienes informaron a favor de la estimación y de una generalización del régimen, pero únicamente si los titulares del crédito capitalizado eran los favorecidos originarios o sus herederos, es decir, si no se había procedido a una transmisión del crédito, como era frecuente. Con estos antecedentes la comisión parlamentaria informó en contra por entender que sería perjudicial al interés público admitir singularidades que excepcionasen las reglas generales del sistema vigente de capitalización (que ya conocemos).

Iniciado el debate el 5 de octubre (1837) hablaron en defensa de la reclamación el general Infante (como buen compañero del afectado) así como Fontán y Díez; y defendió el dictamen Cantero, quien recordó que «hay en España tal multitud de clases de créditos que se necesita un Diccionario para poder conocerlos por su nomenclatura». Gómez Acebo, por su parte, insistió en la necesidad de acelerar los trabajos preparatorios de la anunciada ley «de arreglo de la Deuda» que estaba realizando la comisión de este nombre y de sujetar a sus preceptos los innumerables y heterogéneos créditos que se fueran presentado con objeto –precisó– «de que no suceda lo que en épocas anteriores, que unas veces se han consolidado unos vales y otras no, otras la deuda negociable, otras la deuda sin interés, que es el sistema más fatal».

Así se explica que el dictamen en cuestión termina recomendando al Gobierno que

sin la menor dilación o a la mayor brevedad posible se remitan a las Cortes los trabajos redactados y el expediente general del proyecto de arreglo definitivo de la Deuda del Estado, puesto que es una necesidad pública y evidente y cada vez más perentoria la de la pronta terminación de esta grave materia.

Deuda y desamortización de bienes eclesiásticos

En la política liberal –y muy singularmente en la de Mendizábal– la desamortización de bienes eclesiásticos fue una inequívoca operación de deuda, dado que con el producto de las ventas, además de robustecerse el crédito nacional, podía aminorarse el volumen de la deuda hasta hacerla, ya que no desaparecer, manejable desde los presupuestos ordinarios: una consideración que ha roto la cabeza de los historiadores a la hora de calcular si tal objetivo fue alcanzado o nació como una quimera. Esta cuestión, sin embargo, no tiene cabida en el presente libro que sólo comprende el período del Ministerio Calatrava-Mendizábal en el que no hubo tiempo todavía a enajenaciones importantes de bienes nacionales. Durante este período no hubo, pues, lugar a una amortización sensible de deuda por este concepto.

Según los conocidos cálculos de Fontana (Historia agraria... 219 ss), la política de Mendizábal fue en este punto un éxito (aunque empañado por errores de sus sucesores) dado que a largo plazo la enajenación de bienes eclesiásticos contribuyó a la aminoración de la deuda, que era lo que se había propuesto. Pero de hecho y a corto plazo –importa añadir aquí– fue un fracaso monumental al no haber sintonía cronológica entre los beneficios y las cargas. Dicho con otras palabras: la desamortización comenzó a ser rentable algunos años después, cuando ya se había acabado la guerra civil, por lo que sus efectos positivos no pudieron notarse en este Ministerio. Y, en cambio, las pensiones de los exclaustrados que había que hacer efectivas de inmediato terminaron aplastando a un Tesoro que ya estaba malherido por los gastos de la guerra. Un dato esencial que no aparece en los panegíricos de Fontana.

De extrañar es, además, que los historiadores actuales no se hayan ocupado debidamente de analizar una opción manejada entonces (y recogida por Miraflores en sus Memorias) y que el Gobierno no quiso poner en práctica no obstante su presumible eficacia. De acuerdo con esto, cabía la posibilidad de que para el pago de bienes nacionales no se utilizaran títulos de deuda sino los cupones de sus intereses. De esta manera no se aliviaría ciertamente el asfixiante montante de la deuda; pero se podía aliviar el problema del impago de intereses que a corto plazo era mucho más grave.

Independientemente de lo anterior, vengamos ahora a un punto de gran importancia que ya ha sido aludido reiteradamente en las páginas anteriores (y con especial cuidado en el epígrafe primero del capítulo 7) y que ha llegado el momento de precisar. La adquisición de bienes nacionales podía realizarse pagando un plazo en dinero metálico (lo que resultaba costoso puesto que el metálico era escaso) y el resto en títulos de Deuda que era donde estaba el negocio habida cuenta de que, como ya sabemos, circulaban muy depreciados. Ahora bien, no todos los títulos de Deuda se aceptaban a estos efectos sino solamente algunos (los que el Gobierno deseaba amortizar cuanto antes) que, dada su utilidad, eran lógicamente los más cotizados.

Sobre este punto se insistía en la Exposición de Mendizábal de 19.2.1836 sobre venta de bienes nacionales. Allí se concedía a los compradores la opción de pagar en dinero el primer plazo y el resto en papel:

Si se elige pagar en documentos de deuda pública, éstos se admiten por todo su valor nominal, con la distinción precisa de que una tercera parte sea con títulos de la deuda consolidada al 5%, otra tercera parte en títulos de esta misma deuda al 4% y la restante en títulos de la deuda de nueva convalidación al 5%.

Con las precedentes explicaciones ya se puede comprender mejor el alcance de las consolidaciones y hasta qué punto se manipulaban los títulos en estas operaciones según ha precisado Artola (1986, 177-178): «Los títulos de la deuda anteriormente consolidada al 4 y 5%, más los que se consolidasen ahora, sería el único papel que podría usarse en la adquisición de bienes nacionales (...) Quienes acudieran a la conversión habían de sacrificar gran parte de su capital a cambio de mejorar la calidad de sus títulos. El canje por consolidados al 5% se producía como resultado de dos operaciones sucesivas. En primer término, se calculaba el valor real que se reconocía al papel no consolidado, entre el 25 y el 34% según los títulos, para hacerlo luego efectivo en títulos de consolidado al 5% en la cantidad necesaria para que a los precios del merado representase aquel valor. A comienzo de junio Mendizábal lanzó la primera oferta pública de conversión, dando origen a nuevas estimaciones que en el caso de la corriente a papel significaban la desaparición de poco menos de la mitad de los casi 1.600 millones estimados por Toreno. Con objeto de simplificar los trámites, aunque sus efectos fueran devastadores, se sustituyó el canje según el precio de mercado por una cotización única del 50%, cuando en Bolsa el consolidado antiguo había caído ya cinco puntos por debajo de este valor. Al intensificar la caída de estos títulos en los meses siguientes, en noviembre se cotizaba a 21, los beneficiarios de la conversión sufrieron una fuerte pérdida en términos reales, que sólo podían eludir acudiendo a comprar bienes nacionales». Y sigue el autor: «En un primer momento Mendizábal ordenó se procediese a una liquidación general, incluyendo aquellos valores que habían sido excluidos de la que poco antes dispusiera Toreno, aunque nunca pensó en reconocer a éstos poder adquisitivo en la compra de bienes nacionales. Este empleo de los títulos quedó reservado para la deuda consolidada de López Ballesteros y aquella otra que había completado los trámites del reconocimiento y la liquidación sin llegar a la inscripción en el Gran Libro (...) Los títulos de la Deuda anteriormente consolidada al 4 y 5%, más los que se consolidasen ahora, sería el único papel que podría usarse en la adquisición de bienes nacionales».

Aunque esta información se refiera a un período que excede de los limitados estudiados en el presente libro, parece conveniente recoger a título orientativo los datos publicados por el propio Artola (1986, 186) sobre el papel entregado por los compradores de bienes nacionales:

1836: 16.478.312

1837: 80.036.545

1838: 108.079.352

1839: 194.413.608

1840: 243.357.981

1841: 298.914.630

1842: 324.786.630

Total: 1.266.147.062

* * *

7. EL PRECIO DEL DINERO ESCASO

Escasez de numerario.– Billetes del Tesoro.– Giros interprovinciales.- Contratos de anticipación.– Inventario.– Bienes muebles eclesiásticos.

Escasez de numerario

El problema financiero, crónico y cada vez más agudo, se agravaba por la circunstancia de que el Tesoro carecía de numerario para hacer frente a las necesidades inmediatas que tenían que satisfacerse con moneda efectiva. La circulación de ésta había caído a partir de la guerra de la Independencia puesto que empezaron a dejar de fluir los metales preciosos americanos, que –huelga recordarlo– en 1836 habían desaparecido por completo, como habían terminado también lo que hoy se llamarían «remesas de emigrantes», que inmediatamente después de la independencia de los nuevos estados americanos habían tenido cierta importancia por el regreso de indianos asustados por la agresividad criolla. Esta escasez se iba haciendo progresiva por exigencias de la guerra en suministros de origen extranjero, la fuga de capitales provocada por la inseguridad del mercado financiero interior y el desequilibrio de la balanza de pagos. Las exportaciones de productos agrícolas, salvo los vinos andaluces, eran escasas y únicamente las minas de Almadén suponían un renglón de importancia para el Tesoro. La economía interior se estaba transformando inexorablemente en una economía de trueque con escasa movilidad territorial. El impuesto decimal y las rentas agrarias se satisfacían efectivamente en especie y el único gran comprador –y, por ende, gran pagador– era el ministerio de la Guerra.

Para compensar estas carencias el Gobierno acudió inicialmente a la Deuda extranjera que se cotizaba en libras o francos convertibles. Pero cuando se agotó esta fuente –y con ello nos encontramos ya en los años del Ministerio Calatrava-Mendizábal– no le quedaron otros recursos que las contribuciones y la deuda interior, que pronto se complementaron. Al no haber moneda para satisfacer las contribuciones, empezó a utilizarse a estos efectos el papel que emitía el Estado con sus pagarés, libranzas y deuda. Este papel sólo se atesoraba en una parte, puesto que nadie podía esperar vivir con las rentas que le proporcionase el corte de los cupones y fue entonces el propio Estado el que dio una salida a través del pago de las contribuciones y de la adquisición de bienes nacionales. Los que adquirían este papel podían desprenderse de él inmediatamente en el momento de pagar las contribuciones y de adquirir bienes nacionales. Era, por tanto, una moneda específica útil para sustituir la metálica en ciertas operaciones. De esta manera se formaron tres procesos circulatorios económicos que operaban simultáneamente: a) la moneda metálica o en efectivo; b) la circulación de trueque de bienes y servicios, tradicionalmente existente y ahora exacerbada por la tendencia regresiva de la economía nacional; c) la circulación de bienes y servicios pagados en papel: títulos de Deuda, pagarés, letras y libranzas de todo tipo con las que se pagaba la entrega de bienes y servicios pero singularmente operativa en el nuevo mercado de bienes nacionales, ciertos contratos con el Estado y liquidación de contribuciones.

Esta tercera circulación nada tenía de anómalo puesto que agilizaba el mercado al facilitar las operaciones. Pero llegó a degenerar cuando su volumen resultó excesivo perdiendo su correspondencia con las existencias de moneda metálica (lo que hacía ilusorias las posibilidades de conversión) y, además, cuando sólo tenía efectos liberatorios legales para determinadas operaciones. Esto es lo que sucedió –o se agravó– como consecuencia de la política de Mendizábal que, dicho sea en términos simplificados, funcionaba de la siguiente manera:

El Estado emitía dos tipos de papel: la deuda tradicional, que los particulares adquirían voluntariamente y que rentaba o se convertía en metálico (mediante la devolución del empréstito) en las condiciones establecidas en la emisión. En el mercado privado este papel carecía de efectos liberatorios legales, pero de hecho los producía cuando alguien estaba dispuesto a recibirlo como pago (o garantía) o sencillamente lo adquiría satisfaciendo su importe en metálico. Ahora bien, en estas operaciones voluntarias el valor real de los títulos no coincidía con el nominal sino que ordinariamente era más bajo de acuerdo con las fluctuaciones de la Bolsa.

Por lo demás, tratándose de transacciones voluntarias el juego se aceptaba con naturalidad –e incluso podía convertirse en obsesión– aun reconociendo que dejaba la puerta abierta a los especuladores, a quienes estaban en condiciones de prever los movimientos de la Bolsa o, mejor aún, de inducirlos personalmente y que, por tanto, podían enriquecerse (y arruinar a otros, correlativamente) en un día. Y por otro lado, con el fin de aumentar el atractivo de esta Deuda (que tan desprestigiada estaba en la Bolsa con una tendencia bajista inexorable esporádicamente cortada por alteraciones alcistas de tipo especulativo), se le otorgó oficialmente un efecto liberatorio legal en determinadas operaciones como el pago de contribuciones y la adquisición de bienes nacionales. Un atractivo espléndido si se piensa que los títulos liberaban por su valor nominal: lo que suponía que si habían sido adquiridos, por ejemplo, con el 50% de descuento, doblaban su valor cuando se utilizaban en estas operaciones privilegiadas en que se recibían por su valor nominal.

Pasemos ahora al segundo tipo de papel: el que se incorporaba al torrente circulatorio del mercado de forma forzosa y no por un acto voluntario de los adquirentes. Mendizábal usó y abusó de esta fórmula con una intensidad tal que distorsionó gravemente el mercado. Esto fue lo que se hizo con los adelantos forzosos, que eran empréstitos encubiertos. El Ministerio impuso un adelanto o anticipo de 200 millones de reales. Con la peculiaridad, no obstante, de que este adelanto, realizado en metálico, se devolvería en cuatro plazos anuales pero no en metálico sino en libranzas del Tesoro, con las cuales el contribuyente podía hacer una de estas dos cosas: o bien poner el papel en el mercado con el descuento que fuese, aunque así perdiese lo descontado; o bien utilizarlo para pagar contribuciones por su valor nominal sin perder nada, pues esas libranzas tenían legalmente poder liberatorio en esta operación. Y lo mismo sucedía con los pagos que realizaba Hacienda a las diputaciones provinciales con los contratos de suministros o por los caballos requisados y en tantas otras operaciones.

En el caso de las ventas de bienes nacionales, el comprador pagaba una quinta parte de su importe en metálico y al contado; y el resto aplazado se realizaba entregando títulos de determinados tipos de Deuda. Con lo cual se estimulaba la adquisición de tales títulos. La ganancia de los compradores estaba en la diferencia entre el valor nominal y el real ya que se compraba el papel por su valor real, es decir, con descuentos y se devolvía en su valor nominal. El Tesoro sabía de sobra la enormidad de tales diferencias, o sea, lo que perdía en estas operaciones; pero era el único medio de recibir algo en metálico, de amortizar parte de la deuda y, en fin, de colocar los bienes desamortizados.

Como se ve, había una elevada circulación de papel en parte recibido forzosamente y en parte negociado de forma voluntaria en el mercado o en la Bolsa: papel que estaba sustituyendo parcialmente a la moneda.

Ahora bien, otro efecto pernicioso de esta segunda circulación fue el descenso de los ingresos de las contribuciones. Porque el Gobierno, a la hora de percibirlas, no recibía dinero sino papel y en último extremo fallaban los cálculos presupuestarios ya que se recaudaba en valores reales mucho menores de los previstos.

El problema de fondo estaba en que si en algunas ocasiones el Estado podía salir del paso pagando con papel, en otras le era imprescindible disponer de moneda metálica y con urgencia, puesto que el mercado no le admitía el papel y no podía imponer su aceptación con medios de autoridad. Entonces tenía que adquirir el dinero, aunque éste le resultase muy caro sobre todo mediando urgencia. Si en la economía privada el poco dinero que se prestaba exigía intereses que superaban el 30% y no eran raros los que llegan al 100%, era natural que los precios fueran semejantes en la economía pública.

Mendizábal echó mano a todas las posibilidades de conseguir metálico, acudiendo a tal efecto a las iglesias que era donde se habían estado acumulando ingentes reservas de los metales preciosos americanos. La plata de las iglesias fue primero depositada y luego vendida sin contemplaciones, en un inaudito expolio de los depositantes forzosos, de cuyas alhajas se les había separado con el pretexto de colocarlas en lugar seguro y evitar que cayesen en manos de los facciosos. De los facciosos se libraron ciertamente, mas no de Mendizábal, aunque con muchas pérdidas por la deshonestidad de los comisionados, las ocultaciones de los frailes y la saturación del mercado; y lo que no se pudo vender, se amonedó. Y en las iglesias estaban también las campanas que se vendieron por dinero y terminaron en cañones y en pequeña moneda fraccionaria.

Prescindiendo de estas expoliaciones directas de objetos metálicos, el Estado se proporcionaba dinero en efectivo principalmente a través de los siguientes medios: a) Las contribuciones cuando se satisfacían en moneda: b) La redención de quintos levados y caballos requisados: c) Las multas de contrabando y de sus efectos apresados; d) El primer plazo de la enajenación de bienes nacionales; e) Los productos del azogue y de los demás minerales regalianos. De todo ello ya se ha hablado en otros lugares de este libro por lo que a continuación se examinarán específicamente otros medios extraordinarios, concretamente: f) Los billetes del Tesoro y documentos de efectos similares (libranzas, letras); g) Los giros interprovinciales y, en fin y sobre todo, h) Los contratos de anticipación.

Billetes del Tesoro

Uno de los medios más rápidos y sencillos de obtener con rapidez numerario en efectivo fue el de la emisión de billetes del Tesoro, aparte naturalmente de los préstamos del Banco de San Fernando que nunca fueron importantes. A este propósito ha anotado Artola (1986, 171) que «una vez en Madrid, Mendizábal acudió al Banco para conseguir anticipos y logró vencer su resistencia, aunque no por ello obtuvo cantidades mayores que las logradas por sus predecesores»: 7 millones en septiembre, 8 en octubre conseguidos a cambio de las correspondientes libranzas a 90 días contra las juntas eclesiásticas recaudadoras del subsidio del clero, con la garantía hipotecaria de una inscripción de 10 millones al 5% que no valía en Bolsa más que la cuarta parte del nominal.

Los billetes del Tesoro –cuyo antecedente más próximo habían sido las cédulas de las Cajas de reducción y consolidación de 1799, según afirma el mismo Artola quien se ha ocupado detenidamente de ellos (1986, 285 ss.) y a quien seguimos a continuación– fueron inventados en julio de 1836 por iniciativa de Manuel Gaviria que tomó 120 millones de reales con una prima del 20% a cambio de anticipar igual cantidad en metálico. «El medio de conseguir recursos a corto plazo estaba descubierto y, una vez superada la desconfianza inicial, la colocación del nuevo papel no encontró mayores dificultades e incluso contribuyó a mejorar la liquidez del sistema financiero». Por otro lado –sigue diciendo Artola– «la circulación de billetes más allá de sus efectos mercantiles tuvo una decisiva importancia al liberar al Tesoro de la dependencia en que había vivido hasta entonces de las entradas fiscales. Las nuevas contribuciones y anticipos cuya percepción exigía varios años podían ahora realizarse de inmediato merced a la colocación en el Banco de San Fernando o a través de los asentistas de la cantidad correspondiente en papel». Un utilísimo instrumento, por tanto, a disposición del Tesoro, aunque no puede pasarse por alto su espina más dura, a saber, que la colocación resultaba en ocasión difícil y exigía descuentos sobremanera alzados.

Otro obstáculo era, además, la dudosa legalidad de la figura, pues algunos diputados, como Vila, habían denunciado que se hicieran emisiones sin contar con la preceptiva autorización de las Cortes. En la sesión del 11.8.1837 tuvo lugar el siguiente duelo cuerpo a cuerpo entre el diputado catalán y el ministro de Hacienda. Empezó Vila advirtiendo que «yo no sé, o al menos no tengo noticia, de que las Cortes hayan autorizado al ministro de Hacienda para expedir estos billetes y cobrar esa anticipación de derechos antes de que sean debidos. Esto es, a mi ver, un verdadero empréstito y lleva tales consecuencias que podría el ministro actual cobrar los derechos que se devengaren en los cuatro, seis u ocho años venideros, obligando a admitirlos y privar a la nación de las rentas que sucesivamente se recauden. Expidiéndose en el día un número considerable de billetes, no entrarían caudales hasta que fuesen retirados y el ministro de Hacienda no sólo no ha pedido permiso para hacerlo sino que no ha limitado el número de emisión. Acuñando moneda con tanta facilidad, no es extraño que no haya pedido subsidios a las Cortes». A lo que contestó de inmediato el aludido: «Sobre los billetes del Tesoro dice S.S. que el Gobierno no tiene facultad para proceder a su emisión. En esto no puedo convenir con S.S. de ninguna manera, porque es querer decir que el Gobierno no tiene facultad para hacer un vale o librar contra una contribución existente a 20, 30 o 60 días sobre las tesorerías de las provincias. Si el Gobierno no tuviese esta facultad para librar contra los fondos ingresados o próximos a ingresar en las provincias, se vería obligado a estar viniendo a todas horas a las Cortes a pedir autorización para dar estas libranzas, o se vería precisado a hacer que se trasladasen los caudales de unas provincias a otras, con la exposición bien conocida de su pérdida y la seguridad del aumento de gastos que había de causar su conducción».

Por encima de estos incidentes personales estaba el hecho gravísimo de que las Cortes desconocían por completo la situación real de los billetes, libranzas y giros que había estado emitiendo y realizando el ministerio de Hacienda en las dos épocas de Mendizábal y hasta se tenía la sospecha –por no decir seguridad– de que, deliberadamente o no, había dejado las cosas en un desorden tal que los sucesivos secretarios del Despacho (y por supuesto, tampoco las Cortes) llegarían nunca a enterarse de la situación real. Así las cosas, el día 18.10.1837 Almonací y García Blanco presentaron una proposición aparentemente ilusa puesto que su cumplimiento era imposible, pero que tenía una carga política intensa ya que cabalmente estaba poniendo de manifiesto tal ignorancia. En ella se pedía que se solicitase al Gobierno la remisión de las noticias siguientes:

1.ª Libranzas a cargo del Tesoro público en 14.9.1835. 2.ª Libranzas expedidas por la Dirección general de rentas y del tesoro público desde el 14.9.1835 hasta el 15.5.1836. 3.ª Giros hechos desde las provincias sobre la capital, así sobre el Tesoro público como sobre la pagaduría general del ejército. 4.ª Libranzas de esta procedencia que se hallaban sin recoger el 15.5.1836. 5.ª Pagos hechos por Madrid por cuenta de estos giros de las provincias desde el 16 de mayo al 12 de agosto de 1836.

Si dudoso era que en circunstancias normales y con tiempo suficiente este encargo hubiera podido cumplimentarse, puede suponerse que días antes de cerrarse la Legislatura nada volviese a saberse de él. Pero esta cita nos vale no sólo para testimoniar la desconfianza de la oposición ante el desmedido uso que el Gobierno hacía de estos instrumentos financieros sino también para constatar la variedad de ellos aunque su naturaleza y finalidades fueran tan próximas hasta tal punto que en ocasiones la única diferenciación era la del nombre y la del órgano emisor.

¿De qué le servían al tenedor estos documentos? La ganancia, desde luego, había de venir de la diferencia entre el valor real por el que los habían adquirido y el nivel que tenía al devolverlo si es que no lo ponía en el mercado aprovechando una subida de su cotización. Si retenía el título podía aspirar a su reintegro en metálico por todo el valor nominal, que en los casos más favorables estaba asegurado cuando se expedían a cargo de una renta segura (la mejor ciertamente, las ultramarinas), aunque frecuente era que el Estado, incumpliendo sus compromisos, no recogiera puntualmente el billete ni pagara sus intereses. Aun así, el documento podía utilizarse para otros fines conocidamente rentables: depositándolo como aval en las operaciones que exigían una garantía y, en fin, para el pago de ciertas contribuciones y hasta como contraprestación prevista en algunos contratos celebrados con el Estado.

Giros interprovinciales

Los giros interprovinciales a los que acaba de hacerse una alusión eran una variedad curiosa utilizada cuando el Tesoro público (como cualquier particular) disponía de dinero en una plaza pero lo necesitaba en otra distante. Aquí había una solución aparentemente muy fácil –trasportar el dinero a donde hiciere falta– pero que entonces no lo era tanto puesto que los caminos eran inseguros y el viaje largo y costoso. En consecuencia se acudió a la fórmula del giro interprovincial mediante el cual una casa de comercio entregaba o adelantaba el dinero al Tesoro en la plaza en que lo necesitaba y se le devolvía en la plaza donde lo tenía. Un servicio bancario elemental que costaba lógicamente una comisión por el ahorro de la conducción, a la que había que añadir, en su caso, otra compensatoria de la diferencia de cotizaciones entre las dos plazas, si es que no coincidían. Así lo explicó perfectamente Mendizábal con la claridad de un banquero que sabe de lo que está hablando: «El que tiene que girar sobre Cádiz obtiene un beneficio del 2,5%, cuando el que tiene que librar sobre Granada o Jaén sufre un quebranto del 1,5%, que es decir que entre estas plazas hay un 4% de diferencia originada por el estado de las comunicaciones. Y siendo tal el estado de los giros y tan difícil de trasladar caudales de unos puntos a otros y no produciendo todas las provincias lo necesario para cubrir sus obligaciones respectivas, ¿puede haber la igualdad y regularidad que se quiere aun suponiendo todo el poder del mundo empeñado en llevarle a efecto?».

A esta variante se había referido en términos generales Gómez Acebo en la sesión de 25.9.1837: «El Gobierno de todos los países del mundo es un especulador en grande que tiene valores en todos los puntos del país, al mismo tiempo que obligaciones y necesita practicar operaciones de banca o giro como cualquier otro comerciante, abonando por consiguiente aquel interés más o menos considerable que está en razón no sólo de su crédito sino del curso de los cambios en los puntos sobre los cuales se negocia el papel». Y en la misma sesión Ayllón en términos más concretos y con los criterios que vimos antes manejados por Mendizábal: «El Gobierno debe estar autorizado necesariamente para dar una pequeña indemnización al que de pronto le franquea sus capitales o al que los pone a disposición en un punto determinado, donde costaría más enviarlos; pero es necesario poner un límite que fije en qué casos o hasta qué punto el Gobierno está autorizado para estas operaciones y hasta qué punto pueden considerarse como operaciones ordinarias».

Contratos de anticipación

En las últimas semanas de la Legislatura empezaron a aflorar en las Cortes las quejas que desde hacía tiempo se rumoreaban en la prensa y en las tertulias a propósito de fabulosos y oscuros negocios que se habían realizado a la sombra de Mendizábal por un estrecho círculo de banqueros españoles y que se concretaban en los llamados contratos de anticipos. Más todavía: en otros lugares de este libro hemos oído a varios diputados acusar a algunas personas –por supuesto sin nombrarlas– de estar interesadas en la prolongación de la guerra, ya que gracias a ella estaban redondeando sus fortunas, o al menos las de sus amigos, y cuya única preocupación era que no salieran a la luz las operaciones que se habían realizado y que quizás se estaban continuando. La insistencia de tales rumores impulsó a Guardamino, uno de los aludidos con más frecuencia, a aclarar su situación, a cuyo efecto el día 24 de septiembre de 1837 hizo distribuir entre los diputados a la misma entrada del Congreso un folleto en el que explicaba el contrato de anticipos celebrado con Mendizábal en el mes de abril y que tantas sospechas estaba levantando. Mas poco consiguió con ello, antes al contrario, porque si la legalidad de la operación estaba fuera de duda, su punto débil era el desmesurado beneficio que presuntamente concedía al contratista, según iremos viendo.

De hecho, el caso de Guardamino fue el detonador que dio la oportunidad al Congreso para ocuparse de unos contratos de enorme volumen aunque de cuantía exacta desconocida, pues lo único que los diputados sabían era que fueron muchos y onerosos para el Estado: prácticamente usurarios y que estaban sirviendo para enriquecer al grupo de banqueros amigos del ministro. Nada práctico consiguieron las Cortes, sin embargo, con sus investigaciones, pues les faltó tiempo e ignoraban los datos fundamentales de unas operaciones que Mendizábal llevaba con su acostumbrada opacidad. La transparencia del de Guardamino fue excepcional y aunque algunos otros fueron apareciendo en el curso del debate, el bloque más importante no llegó a ver la luz a despecho de los requerimientos que se hicieron al Gobierno para que facilitara la documentación pertinente.

El Gobierno de Madrid estaba endeudado hasta el máximo. Esto era conocido; pero conforme iban disminuyendo hasta desaparecer por completo las posibilidades de obtener dinero fresco procedente de la Deuda, y sobre todo de la exterior, cada día eran mayores las urgencias de disponer de metálico para cubrir sus necesidades inmediatas. Porque si emitir papel le era fácil, había pagos que tenían que realizarse inexcusablemente en dinero contante y sonante y en ocasiones no disponía de un solo real. Pues bien, para ello estaban precisamente los contratos de anticipos.

A este propósito a Ayllón debemos unas consideraciones generales sobre estos contratos expuestas en la sesión de 25 de septiembre (1837): «Ya he indicado anteriormente que esta clase de operaciones están en uso en todas las naciones, aun en aquellas más adelantadas en economía política y que tienen más recursos; porque si bien en Inglaterra y Francia tiene el Gobierno recursos fijos con que cuenta en determinadas épocas, no siempre puede disponer de ellos en el momento y tiene que recibir anticipaciones que le cuestan más o menos, según la seguridad que tienen los capitalistas de que las cantidades que adelantan les serán satisfechas en el tiempo prefijado. Así es que el interés que estipula con el Gobierno a veces es una cantidad sumamente módica. También suele acontecer que aunque los Gobiernos tengan seguridad en los plazos convenidos, se hallan en la necesidad de enviar caudales a distancia del punto donde está el Gobierno y esto en algunas ocasiones produce un beneficio al mismo Gobierno, como sucede, por ejemplo, cuando el dinero se envía a un punto que gana. Todo esto hace, generalmente hablando, que el Gobierno tenga que pagar un interés de 2 y hasta 3% y las primeras operaciones que se han hecho en España de dos años a esta parte han sido bajo este pie generalmente, al menos las primeras se estipularon a un 5% de interés. Pero sea de esto lo que quiera, sea que se paga el interés de 10, 20 o 30%, yo creo que es necesario fijar un límite».

Los caracteres de estos contratos pueden resumirse así: a) el contratista entregaba en metálico la suma convenida; que b) el Gobierno se comprometía a devolver; y c) al efecto depositaba en poder del contratista una garantía de que realmente así iba a hacerlo. Ahora bien, como de ordinario el contratista no cobraba intereses por su préstamo ¿dónde estaba el negocio?

En la Real orden de 19.9.1836 se transcribió el contrato celebrado entre el ministro de Hacienda, Mendizábal, y el banquero D. José Safont, buen amigo suyo y contratista habitual del ministerio de Guerra. En esta Real orden vemos que el Gobierno emitía 25.500.500 reales en billetes del Tesoro con los que reembolsaría el adelanto de Safont, quien los distribuiría entre sus clientes que podrían utilizarlos para el pago de ciertas contribuciones. La ganancia estaba entonces para los compradores que adquirían tales billetes en el mercado con los descuentos correspondientes (que podían llegar al 50%) mientras que el Tesoro, a la hora de recibirlos como pago de contribuciones, los contabilizaba por su valor nominal. El beneficio estaba, por tanto, en la diferencia entre el valor nominal y el real: con tal diferencia se retribuía el anticipo. Y lo mismo sucedía con Safont, que actuaba como mayorista, es decir, que si compraba los billetes con un 30% de descuento, sólo tenía que entregar al Tesoro 16 millones y medio en metálico: una cantidad que equivalía a unos intereses del mismo 30%. El Castellano de 23.9 (1837) dedicó un largo comentario a este contrato (a cuyo propósito ya venía polemizando con Safont en números anteriores) criticando además que lo que el Gobierno necesitaba era dinero y –en contra de la fórmula habitual– lo que se le había dado eran letras, unas sobre Madrid que no podían cobrarse al no encontrarse quien las descontase, y otras sobre Burdeos (Casa Iñigo) y en cuanto a éstas «en lo que llegan, se aceptan y gira el dinero todo lleva demasiado tiempo; mientras que a los prestamistas se les dan letras del Tesoro admisibles en el pago de las contribuciones». En definitiva –según el periódico– «la intención del contratista era hacer frente al pago de las letras al vencimiento sin desembolso alguno con fondos ya cobrados del Tesoro y también recuperar por el mismo medio el importe de las libranzas que tenían vencidas contra la Pagaduría general o que se proponían comprar en su beneficio». Y entre unas y otras cosas «con este papel las intendencias no perciben el dinero de los contribuyentes y no tienen ni para sus gastos». En cualquier caso se trataba de un contrato de anticipo en el que el contratista no adelantaba dinero metálico (que era el objeto típico y directo de este tipo de contratos) sino documentos fiables mas no seguros del todo como había denunciado El Castellano, con los que podía al final obtenerse el dinero.

Este empréstito llamó la atención pública de manera inusual: lo que debe entenderse no por sus condiciones financieras sino por las circunstancias políticas del momento y de los firmantes. Así lo comentaba El Vapor de 27.9.1836: «Tratándose de facilitar al gobierno 10 millones de reales para que el ministro de la Guerra pueda hacer marchar al ejército, se ha verificado la siguiente negociación, que se asegura no quiso suscribir Ejea y causó la entrada del sr. Mendizábal en el Ministerio. Don José Safont y Jaime Ceriola han entregado o entregarán al gobierno los 10 millones (...) Ahora viene lo mejor: para pagar estos 25 millones el gobierno les da billetes de Tesorería con el descuento del 5%, 2% de comisión y 6% de premio al año, todo al rebatir; y los tales billetes deberán recibirlos las tesorerías y depositarías de las provincias, incluso Madrid, desde luego en pago de contribuciones de todas clases; de manera que cuando los 9 millones de letra a 70 días estén a vencer, ya los 25 millones en billetes estarán reducidos a dinero en las arcas de estos patricios prestamistas; mas donde está el principal busilis de esta negociación es en las libranzas y letras de pagaduría no recogidas, pues como este papel lo poseen las diputaciones de las Provincias Vascongadas, los ayuntamientos, cuerpos militares y algunos asentistas poco felices, resulta que compran estos créditos con bastante pérdida de sus desgraciados tenedores. Se dice que el gobierno admitirá con las mismas condiciones otros contratos que le propongan los portadores de libranzas y letras protestadas y no pagadas por la pagaduría general y Real Tesoro».

La verdad es que no se conoce mucho de los contratos de anticipo puesto que, como se ha repetido, las cuentas de Mendizábal siempre fueron opacas. La Real orden de septiembre de 1836 nada detalla del contrato de Safont e ignoramos qué otros contratos hizo ni menos sus condiciones. Pero estamos perfectamente informados del contrato de Guardamino que Vila consiguió que llegara al Diario de Sesiones con detalles que nos bastan aunque por descontado sean insuficientes para llegar al fondo de la cuestión. El día 24.9.1837 presentó el diputado catalán la siguiente proposición:

Habiéndose circulado y repartido hoy a la puerta de las Cortes el impreso que acompaña esta proposición, relativa al contrato celebrado con D. Juan Guardamino, pido a las Cortes que (soliciten) se remita por el Gobierno copia de los documentos transcritos en el mismo impreso (y que no obran completos en el Diario de Sesiones), para proponer al Congreso lo que sea conveniente a los intereses de la Patria.

El Eco del Comercio de 26.9 (1837) recogió por fortuna un breve resumen del folleto de Guardamino, conforme al cual el banquero (junto con otros seis socios) había entregado en metálico 7.500.000 reales, en cupones de Londres 500.000 y 2.500.000 en libranzas en Madrid: lo que significa que él había cumplido con los compromisos pactados. Mientras que por su parte el Gobierno le había dado 2.060.000 por billetes cobrados en Madrid y 9.500.000 por billetes cobrados en provincias. Lo que significaba que el Gobierno le debía todavía 11, para lo cual aportaba una desmesurada garantía de 19 millones: 4.400.000 en billetes del Tesoro y el resto en títulos de la deuda al portador. A cuyo propósito comentaba el periódico en términos neutrales que «las anticipaciones son siempre preferibles a los empréstitos porque no dejan como éstos una carga permanente y se hacen por lo regular con una de dos condiciones: o mediante un tanto por ciento del capital anticipado o recibiendo el Gobierno como metálico una parte en obligaciones corrientes pero postergadas, por ser las que sobre él pesan superiores a sus medios».

Volviendo al debate parlamentario, la proposición de Vila fue aprobada al día siguiente (el 25.9) después de una prolija discusión en la que el propio Vila adelantó los cálculos que había hecho «examinando los contratos con el lapicero en la mano»: «encuentro que por siete millones y pico que ha entregado Guardamino se le ha dado para reembolsarse 15 millones en dinero, y además 19 millones en papel en garantía (...) Hallo además en él que los cupones de los 19 millones que tenía en garantía quedaban a beneficio del sr. Guardamino y no del Gobierno». En otro orden de consideraciones –añadió– «se conviene en pagar libranzas expedidas por el Tesoro, o sea, deuda flotante, con ingresos del presupuesto del año corriente, resultando de esto que siendo la cantidad dada la que debía servir para pagar los gastos del presupuesto corriente, trasladando la deuda flotante entre los gastos de la deuda corriente, cuantos millones pasen de aquélla a ésta causan un déficit en las atenciones corrientes, por haber aumentado con ello el presupuesto de gastos a libre voluntad del Gobierno, en grave perjuicio de las obligaciones diarias». En definitiva y resumiendo, «se perjudica al Estado en cuanto se ponen libranzas, no de la deuda corriente, sino de la flotante entre los gastos de la deuda corriente, destinándose ingresos pertenecientes al presupuesto corriente para pagar obligaciones del presupuesto pasado; y el resultado de esto es que teniendo un aumento de gastos el presupuesto del año presente respecto de sus ingresos, se causa un perjuicio enorme a los que deben percibir sus sueldos y cobrar de ellos, destinándose sin autorización de las Cortes al pago de atenciones que no le pertenecen (...) Otro perjuicio que se sigue al Estado es la baja que sufren las libranzas y demás créditos que no son beneficiados y no tienen la merced del ministro de Hacienda para que las incluya como privilegiadas entre las que traslada de la clase de deuda atrasada a deuda corriente». A lo que había que añadir, en fin, otra objeción formal de gran peso, a saber: que se estuvieran emitiendo a estos fines billetes del Tesoro sin autorización e incluso sin conocimiento de las Cortes.

Ayllón entró inmediatamente en el debate para puntualizar que «lo que yo deseo que se agite y ventile en el Congreso es si un contratista que tratando con el Gobierno de darle 20 millones, le da 10 en metálico y 10 en obligaciones corrientes que el Gobierno tiene precisión de satisfacer, con la ganancia que indudablemente hace este contratista, porque las obligaciones tienen un demérito en la plaza que a veces es de 5, 10, 20, 30 y aun 50, perjudica y hasta cuánto al Erario». Ampliando su petición al precisar que «lo que yo deseo es que vengan todos los antecedentes de las operaciones que se han hecho de esta clase desde setiembre de 1835, porque cuando entró en el ministerio en setiembre de 1835 es cuando se dio principio a estas operaciones».

Con lo anterior no se había hecho sino empezar; y de aquí que el mismo diputado presentara el 3 de octubre otra proposición:

En atención de hallarse sobre la mesa el expediente relativo al contrato hecho por Don Juan Guardamino en 20 de abril último, remitido por el Gobierno conforme a lo dispuesto por las Cortes, pido a las mismas se sirvan determinar que pase a una comisión especial, para que tomando en consideración la autorización que tuviere el Gobierno para emitir billetes del Tesoro, la que tuviere para admitir cupones de la deuda extranjera en pago de cantidades que se le adeudasen mientras se suspendía el pago de los intereses de la misma deuda, y examinando las cantidades que hubiese satisfecho Don Juan Guardamino, las que debiera, y las garantías que hubiese recibido, proponga a las Cortes la resolución que juzgue más conveniente al interés nacional.

Las condiciones de la operación (expuestas aquí, para mayor simplicidad, en números redondos) son las siguientes:

a) Las cantidades que debe entregar el contratista al ministerio ascienden a 10.650.000 reales fraccionados en las siguientes partidas: 7.500.000 en metálico; 2.000.000 en deuda extranjera que, al 39% de cotización, se contabilizan por cinco millones; y 1.200.000 en libranzas que, al 52% de cotización, se contabilizan por dos millones y medio (10.650.000 reales exactamente).

b) En compensación recibe el contratista 33.630.000 reales de valor nominal en billetes del Tesoro, que equivalen a 14.500.000 de valor efectivo según la cotización en Bolsa. Lo que significa que por la diferencia entre los conceptos a) y b) las ganancias de Guardamino ascienden a casi cuatro millones de reales (3.794.773 exactamente).

c) Además, el papel entregado en garantía producía intereses a favor del depositario, es decir, de Guardamino, que era quien cortaba los cupones y por tal concepto percibió dos millones de reales; a lo que hay que añadir, además, otros 1.200.000 reales equivalentes al valor real de 2.500.000 valor nominal de libranzas no entregadas realmente. La cuestión de las garantías era desde luego una de las más turbias. Porque lo normal hubiera sido que se depositasen en manos de un tercero (el banco de San Fernando, preferentemente) que no pudiera disponer de los cupones ni mucho menos de los títulos, como en ocasiones se hacía, como acabamos de ver y denunció Santillán en sus Memorias (I, 251), aunque sin referirse expresamente a Guardamino: «La cláusula que había dado ocasión a mayores abusos era la que dejaba en poder de los mismos contratistas las garantías que se les daban y que no tardaban mucho en negociar para proporcionar los fondos mismos que anticipaban al Tesoro».

d) En definitiva, según las cuentas de Vila, Guardamino había ganado en este contrato la exorbitante cantidad de siete millones de reales (6.944.773 exactamente) por una entrega en metálico de siete millones y medio (y contando el papel, diez millones y medio).

No es de extrañar, por tanto, que, trascendiendo más o menos confusamente estos datos al público, se encendiera la cólera popular contra los especuladores y sus amigos en el Gobierno. Porque en unos momentos de miseria extremada hacían alarde de su dinero quienes se estaban enriqueciendo con varias fuentes inagotables de dinero: la adquisición de bienes nacionales, los suministros al ejército, los contratos de financiación y, por supuesto, la corrupción.

Aunque también es verdad que, en lo que se refiere al contrato de anticipos que estamos examinando, antes de proceder a un juicio definitivo habría que conocer las cuentas de Guardamino, puesto que, aun pareciendo solventes las de Vila, resulta imprescindible oír a las dos partes.

La tramitación parlamentaria parecía, en suma, encarrilada y, sin embargo, naufragó el día 3 de octubre después de un debate confuso. Vila había solicitado, como sabemos, que las Cortes solicitasen unos documentos del Gobierno y que luego pasaran a estudio de una comisión especial nombrada al efecto. Pero Gómez Acebo y otros diputados no se contentaron con ello y presentaron otra proposición para que el Gobierno no sólo remitiese el contrato de Guardamino sino todos los contratos que hubiese celebrado para anticipaciones desde mayo de 1835 hasta la fecha:

Pedimos a las Cortes se sirvan acordar que el Gobierno, sin la menor dilación o a la mayor brevedad posible, remita todos los contratos que se hayan celebrado para adquirir anticipaciones de efectos y dinero desde mayo de 1835 hasta el día, con el objeto de que las Cortes los examinen y deliberen en su vista lo que convenga a la cosa pública.

Puntualizando a este propósito Gómez Acebo que «creo yo que el Gobierno, en circunstancias ordinarias como en las extraordinarias, no está autorizado para verificar esa clase de contratos (...) Y las Cortes serán las que decidan, para que en lo sucesivo se evite todo género de murmuraciones y para que la franqueza y la publicidad justifiquen estos asuntos a los ojos del público».

Es probable que Gómez Acebo actuase de buena fe: pero las consecuencias de su intervención fueron desastrosas para la investigación que se pretendía porque con esta acumulación de expedientes el Congreso, falto de tiempo, había de quedar inevitablemente atascado. De este riesgo se percató inmediatamente Vila e intentó esquivarlo aunque sin éxito: «No me opongo a esta proposición, pero desearía que sus autores la rectificaran y que se entendiese de modo que pudiéramos entrar en el examen de cada contrato por separado y examinar detenidamente lo que ha habido en cada uno de ellos». Y a continuación analizó el contrato en términos durísimos puesto que insistió en que Guardamino había obtenido unos beneficios desmesurados y de forma absolutamente irregular: «Por parte del Gobierno español se dispuso suspender el pago de los cupones de la deuda extranjera. Por consiguiente, habiéndose autorizado a Guardamino para entregar en cupones de esa deuda cinco millones, se le dio un privilegio en perjuicio de todos los demás acreedores del Estado que estaban en el mismo caso que él, y se barrenó a su favor aquel decreto. Para que se vea en guarismos cuánto es el perjuicio que además se siguió por esto, diré que estando aquellos cupones al 39% y habiéndose autorizado a Guardamino a pagar 5 millones de esta clase de papel, se le beneficiaba en la cantidad de 3.050.000 reales por este solo lado, que forma la diferencia. (Y por si esto fuera poco), autorizado de otra parte para que realizase en libranzas sobre Madrid dos millones y medio de reales, y estando estas libranzas al 52% de pérdida, se ve que había a su favor 1.300.000 reales; y añadiendo a esto el beneficio sobre los billetes del Tesoro resulta a su favor 5.015,650 reales».

Sea como fuere el caso es que efectivamente el Gobierno empezó a enviar la documentación solicitada y los expedientes que se iban recibiendo pasaron a una comisión especial formada para conocer de otros asuntos planteados por Ramón María Calatrava. Con la consecuencia inevitable de que, siendo estos expedientes heterogéneos, el trabajo de la comisión no podía ser ya idóneo. Como con toda razón argumentó Vila que «las Cortes deben nombrar una comisión especial para examinar esos contratos, pues si a una misma comisión se le recarga con eso, teniendo ya sobre sí las tres clases de negocios que ha pedido el sr. Calatrava, el negocio se hace eterno, eternísimo, porque todos esos contratos que irán a mano de la comisión, cada una de ellos necesita tiempo para examinarse detenidamente, pues que todos están fundados sobre bases distintas». Y el día 8 de octubre (1837) formuló cuatro objetivos envenenados: «Primero: el de examinar si se hallaba autorizado el Gobierno para emitir billetes del Tesoro, creando una especie de papel moneda que se admite en pago de derechos y absorbe las contribuciones futuras. Segundo: que las Cortes se enteren también de las facultades en que el Gobierno, al mismo tiempo que aplazaba el pago de los intereses de la Deuda extranjera, admitía cupones de esa misma Deuda en pago de 5 millones. Tercero: examinar la naturaleza del contrato (y precisar las ganancias del contratista). Cuarto: ver si un contrato en que el Gobierno da a su prestamista una garantía y valores que reducidos a efectivo exceden en mucho los riesgos que corre, es tan gravoso a la nación que merezca una terminante resolución de las Cortes para examinar la pérdida que el Erario siente».

Por último, Pascual, como secretario, informó que la proposición que se estaba debatiendo era inviable por la sencilla razón de que el Gobierno todavía no había enviado el expediente de Guardamino y Vila había iniciado su escrito afirmando que «en atención a hallarse sobre la mesa el expediente». Por lo tanto, faltando esta premisa, la proposición no podía seguir adelante. Razones que no convencieron al proponente quien, con sentido común, pidió que «se suspenda la votación de esta proposición para cuando esté aquí el expediente».

Una proposición razonable; pero en el Diario de Sesiones se lee después de un punto y aparte que «el sr. secretario Pardo Osorio publicó que quedaba retirada la proposición». ¿Qué pasó realmente? Porque el único que podía retirarla era el firmante y acabamos de ver que Vila se había limitado a pedir la suspensión del debate. Es posible que los taquígrafos se olvidaran de transcribir esta retirada; lo que no parece probable puesto que Vila lo hubiera notado y en la sesión siguiente hubiera pedido la rectificación del acta; y no lo hizo.

¿Qué otra interpretación cabe? La verdad es que el asunto era de gran calado puesto que tirando de este hilo podría llegarse al corazón de la política hacendística de Mendizábal; pero no es cosa de imaginar ahora conspiraciones protervas. Habrá, entonces, que dejar esta mancha oscura emborronando una página apasionante de la historia de las finanzas públicas españolas.

Lo que debe quedar claro es que tales contratos eran absolutamente legales y válidos por sí mismos en cuanto contratos celebrados por el Gobierno y amparados en algunos casos por una Real orden. No era, por tanto, una cuestión jurídica la que se trataba de examinar sino una cuestión política: si se trataba, o no, de negocios económicamente aceptables y no de agios directamente corruptos, de los que tanto se hablaba y se imputaban a Mendizábal. Pero al evitarse el debate, se silenció a los críticos y sólo quedaron las durísimas palabras del diputado catalán que no tuvieron ocasión de ser rebatidas en el Congreso, aunque sí en la prensa. El 7 de octubre (1837) publicó El Eco del Comercio una carta del banquero en la que pretendía contrarrestar las cuentas de Vila, contraargumentando que 1.º Los beneficios que según éste estaban reconocidos en el contrato «no eran tales beneficios sino el 10% que el Gobierno perdió por los billetes que me entregó pero de los que yo, al venderlos, perderé el 20 o el 30% más; 2.º ¿de dónde saca Vila que los cupones de los 5 millones de deuda extranjera iban a proporcionar tanto beneficio al prestamista?; y 3.º, las libranzas de que habla están solamente al 52% por lo que el beneficio no puede calcularse sobre el valor nominal».

La verdad es que a estas alturas (y a reserva de lo que resulte de algún trabajo que quizás un día se decida a escribir un historiador especializado) no estamos en condiciones de valorar con precisión el alcance de estos contratos, pues, más allá de la letra, sus beneficios reales dependen de las circunstancias concretas de la Bolsa y del mercado en el momento de los vencimientos. En otra carta de Guardamino a El Eco del Comercio de 26.9.1837 llegó a ofrecer el banquero a Vila nada menos que 2 millones de reales «si logra probar que yo gano 3». Porque «es asombroso –precisaba– que S.S. calcule los resultados de un negocio que ni ha entendido ni lo entenderá si no lo estudia. El negocio no ha corrido la mitad de su curso, no hay viviente que pueda calcular con certeza el resultado, pues es problemático no sólo el beneficio sino el reembolso de los capitales».

Pero el caso es que el banquero ni con su folleto ni con sus cartas consiguió convencer a sus críticos parlamentarios ni tampoco a la prensa. El mismo El Eco del Comercio del día 16 de octubre (1837) se había sumado a la campaña escribiendo que «a esta clase de contratos más que el nombre de empréstito o de anticipación les cuadra el de arbitraje y embrollo de pandilla. Las letras de 30, 60 y 90 días y las libranzas sobre Burdeos que han de dar los prestamistas no ofrecen más garantías que las del Gobierno sobre decimales (...) Los billetes del Tesoro son privilegiados; los demás tienen que negociarlos al 30% y al contratista se les admiten por su valor».

En esta campaña de aireación de los contratos de anticipos El Castellano no le iba a la zaga a El Eco del Comercio. El 18.9.1837 informó aquél sobre una operación de este tipo celebrada por Safont y Ceriola: los banqueros entregaban 33 millones en letras, papel sobre Burdeos, créditos procedentes de vestuario y letras y libranzas contra las intendencias vencidas y no pagadas, mientas que el Gobierno se comprometía a devolver en libranzas contra rentas decimales, azogues, contratistas de jabón, en billetes del Tesoro que serían admitidos por mitad por todo su valor en pago de toda clase de deudas.

En El Castellano de 26.9.1837 encontramos una noticia de otro contrato de anticipación celebrado con la Casa de Enrique O’Shea por Real orden de 30 de abril con las siguientes condiciones: El contratista entregaba 12 millones de reales en letras sobre Bayona y Burdeos al 15% (2 millones), letras sobre Londres a 90 días al cambio corriente (1), víveres para la legión británica (2), letras o libranzas protestadas (3) más 3.400.000 a entregar a los contratistas de la legión inglesa y otros 180.000 reales por el 2% de comisión. El Tesoro, por su parte, entregaba al contratista 9 millones en consignaciones sobre las provincias a cuenta de la anticipación de los 200 millones y otros 3 en libranzas del subsidio eclesiástico a 4 o 5 meses, que en caso de no ser cobradas a su vencimiento se admitirían en pago de contribuciones.

El periódico informaba además que en la fecha el contratista no había entregado más que 3 millones y que no se había fijado plazo para las entregas de las demás cantidades contratadas. El banquero, por su parte, explicó en una carta publicada el 28 que él había entregado 5.081.000 reales y que sólo había cobrado 1.290.000. ¿Quién estaba entonces incumpliendo y engañando a la otra parte?

Como se ve, la opinión pública estaba tendencialmente en contra de los banqueros a los que imputaba la realización de grandes negocios a costa del Estado. La cuestión no está aclarada ni con números ni con documentos; pero es probable que así fuera y las fortunas que en aquellos meses se amasaban son un indicio convincente. Los deudores morosos pero solventes terminan enriqueciendo indefectiblemente a los prestamistas. Pero es de destacar que quienes así predicaban contra los banqueros no ofrecían fórmulas alternativas para proporcionar al Gobierno el dinero líquido que tan urgentemente necesitaba. En estos casos, tanto en el mercado libre como en las negociaciones públicas no parecía haber otra solución que la usura.

El 27.10.1837, cuatro días antes del cierre de la Legislatura, es decir, cuando ya nada podía resolverse, volvió a aparecer esta cuestión, pero ahora desde una perspectiva distinta.

Sucedió que el Gobierno Bardají se había propuesto –forzado por las urgencias de siempre– celebrar nuevos contratos de este tipo y para evitar problemas parlamentarios, invitó a las Cortes a que participaran en las negociaciones que con los banqueros habían de llevarse a estos efectos. Sugerencia que pareció muy bien a Gómez Acebo: «El Gobierno propuso que las Cortes nombrasen una comisión de su seno para que entendiese en las transacciones y convenios que se han celebrado y están celebrándose con objeto de adquirir fondos y anticipaciones, para los cuales se entendiese también los mismos que son acreedores del Estado. Respecto de esta clase de negocios se han estado practicando y se practican hoy operaciones de mucha cuantía que son unos verdaderos préstamos y que pueden ocasionar costosos sacrificios al país. ¿Y esto ha de dejarse a merced y a la aislada y simple intervención del Gobierno, confiando a sus oficinas y a una sola persona, por más aprecio y confianza que merezca la que hoy está o haya estado al frente del ramo de Hacienda y la que pudiera estarlo en lo sucesivo?».

Antonio González, en cambio, en nombre de la comisión se pronunció decididamente en contra alegando argumentos de ortodoxia constitucional: «Desde ahora anuncio que todos los individuos de la comisión unánimemente resistirán autorizar al Gobierno para que entre en transacciones o verifique préstamos con intervención de una comisión de las Cortes. Los diputados vienen aquí con una misión diferente a la de intervenir las operaciones del Gobierno de esa manera. Un diputado no puede ser partícipe de la responsabilidad que corresponde al Poder ejecutivo. A él sólo corresponde, y de otra manera no se gobierna. ¿Habremos nosotros de intervenir en una negociación más o menos acertada para tomar una responsabilidad y echar un borrón sobre individuos que pertenecen a las Cortes? El Gobierno, que tiene la atribución de gobernar, tiene también la responsabilidad de todos sus actos y a nadie puede pertenecer más que a él el ejecutar estas cosas».

Con debate o sin él, estaba fuera de duda de que se trataba de negocios que proporcionaban unas ganancias desmesuradas. Pero ¿había otro camino para obtener dinero rápido? En aquellas circunstancias España no tenía muchas salidas (como hemos visto al principio de este epígrafe). Las contribuciones ordinarias tardaban demasiado tiempo en recaudarse y las premuras del Ejército, en disciplina efervescente con motines diarios por falta de pagas, hacían explicable que no se regatease y si los amigos del presidente se enriquecían, tanto mejor. Pero Mendizábal está personalmente fuera de toda sospecha: no ganó un real con la política, antes al contrario. Así lo reconocen sus propios enemigos; aunque también es verdad que hizo todo lo posible para que sus amigos hicieran buenos negocios.

En Marliani (p. 260) puede encontrarse una cuenta de contratos de anticipación, aunque no dice de dónde ha obtenido los datos ni añade mayores precisiones:

El Castellano en su reconocida animadversión a Mendizábal demostró tener unas excelentes fuentes de información en manejos que el ministerio había pretendido cuidadosamente ocultar y que Janke (pp. 268 ss.) ha resumido así: «En septiembre de 1836 Safont y Jaime Ceriola acordaron poner a disposición de Mendizábal 35 millones de reales, parte en letras contra Bayona y Burdeos, parte en letras a 90 días en Madrid y parte en letras que aún no habían sido pagadas por el propio Tesoro. El 18 de marzo de 1837 Remisa aceptó adelantar 15 millones en metálico, suministros y letras protestadas y otros cuatro millones el 21 de julio. Por último, Guardamino concedió un anticipo de 16 millones en mayo. El Gobierno recibía todas estas sumas a cambio de bonos del Tesoro, que eran aceptables a efectos de pago de impuestos (...) En el trato con Safont, las letras que aún no habían sido presentadas al cobro al Tesoro, originalmente habían sido libradas por el Gobierno a autoridades municipales y provincias del Norte; estos organismos se las habían vendido a Safont por poco valor antes de que expiraran. Entonces Safont se las vendió de nuevo al Gobierno a cambio de nuevas letras del tesoro a corto plazo. Safont llevaba, además, una comisión del 2%, una prima del 6% al final del año y el Gobierno le concedía el descuento del 5% sobre las letras del Tesoro. En el caso de Remisa, El Castellano estimaba que sus beneficios ascendían a 8 millones de reales. Tampoco es posible comprobarlo ya que Mendizábal actuaba sin informar a las Oficinas del Tesoro. En lugar de aceptar el dinero, Mendizábal ordenó a Remisa que lo invirtiera en Deuda española en el mercado de Londres. La legación no sabía nada de esto y Remisa guardó los certificados». Es probable que estos informes tuvieran más de un ápice de verdad, porque Mendizábal se indignó tanto por su revelación que intentó demandar a Álvaro por difamación. No pudiendo conseguirlo, le retiró de su puesto y le retó a un duelo, reto que Álvaro se negó públicamente a aceptar».

Por nuestra parte, en la Gaceta del 3.9.1837 en un estado de ingresos de la Tesorería de Corte hemos encontrado aludidos los siguientes «convenios»: con D. Francisco Pérez de 5.633.762 reales, aprobado por Real orden de 20.6.1837; con D. Mariano Bertodano de 1.500.000 aprobado por Real orden de 26.2.1837 y con D. Vicente Miravete de 160.000 aprobado por Real orden de 6.8.1837.

En cualquier caso el juicio de los contemporáneos, abundando en lo que hasta ahora ya se ha ido diciendo, no fue favorable ni mucho menos. La opinión de los expertos no podía ser, en efecto, más contundente. En 1863, Luis María Pastor, al relatar la historia de la Deuda española dedicó a este punto unas páginas severísimas (p. 83): «Rota ya la valla de la insolvencia, se entró en los tortuosísimos senderos de los mezquinos contratos (...) Tal es el origen de la Deuda llamada de contratos. Se negociaban libranzas sobre las rentas públicas que de antemano se sabía que no iban a ser satisfechas porque estaban consumidos los fondos destinados a su pago, sacado el protesto y cuenta de resaca, se hacía un nuevo contrato en el cual algunos capitalistas, y más tarde personas no sólo sin capital pero sin el menor crédito, hacían proposiciones en mil combinaciones a cual más perjudicial para el Tesoro. Quien se ofrecía entregar 10 millones de reales, terceras partes o la mitad en efectivo, otra tercera parte o mitad en pagarés vencidos y no satisfechos o en libranzas protestadas. El pago se había de realizar, a veces, parte en metálico a plazos y parte en letras y el contratista había de recibir los 10 millones, más el interés convenido, en libranzas nuevas sobre las tesorerías de provincias y además una doble suma en títulos de Deuda pública en garantía de su contrato. De manera que una multitud de especuladores sin crédito ni medio levantaban dineros a intereses enormes, dando en garantía parte de los valores que del Gobierno recibían y con él hacían esos contratos repetidos, puesto que presentadas las libranzas y protestadas por falta de pago, lo cual era de antemano sabido, se hacía sobre ellas nueva proposición de la misma índole».

La opinión personal de Janke a este propósito fue también, como puede imaginarse, muy negativa (p. 173): «Inaugurados en tiempo de Istúriz y muy mal recibidos por la opinión, sirvieron por lo menos para atender a las necesidades más inmediatas durante los años de guerra. Los contratistas ofrecían al Tesoro una suma determinada pagadera en metálico o en letras hasta la mitad de su valor; el pago del resto se admitía en cupones de la Deuda vencidos y no pagados, en libranzas protestadas y en billetes que sufrían un descuento del 50% y los contratistas, ante las posibles ganancias, arrostraban las posibles pérdidas. Por merced a una cláusula que dejaba en poder de los contratistas las garantías que se les daba, muchos de éstos las negociaban para conseguir los mismos fondos que anticipaban al Estado». Y citando la autoridad de Santillán (I, 200) añadía que los contratistas «no estaban obligados a devolver las garantías sino cuando hubiesen acabado de cobrar las libranzas dadas en pago, por lo que resultaba no pocas veces que, por no haber realizado una pequeña cantidad de estos efectos, se encontraba en su poder el importe de la mayor parte de las garantías, con lo cual hacía una nueva anticipación enlazada con la anterior para ocultar más fácilmente el estado de éstas».

Una figura similar a la que venimos examinando fue la de los contratos de anticipación de contribuciones, de la que Artola (1986, 187-188) considera como «una segunda vía para la realización de recursos (...) a través de la venta de billetes destinados a servir en día como medio de pago». Según este autor, Mendizábal «consiguió 57,5 millones en media docena de préstamos a corto plazo, de acuerdo con la regla que había impuesto al Banco de exigir un 6% de interés y amortización mediante ingreso directo en sus cajas de la recaudación de una u otra recaudación o anticipo. El Banco suscribió contratos como el antiguo de 68 millones de los que 20 serían en metálico y el resto se destinaría a tomar las libranzas de la administración militar procedentes a su vez de los contratos de suministros. Como contrapartida el Banco consiguió se hiciese una nueva liquidación de su cuenta con el objeto de recibir el saldo en billetes del Tesoro. De este mismo papel se emitieron 64 millones destinados al pago de la extraordinaria de guerra, convirtiéndose el Banco como mediador tanto en la colocación como en la retirada del papel».

Como puede verse, la escasez de numerario complicaba todas las operaciones, tanto tributarias como convencionales (especialmente en los contratos de suministros) de la época, pues indefectiblemente tenían que utilizarse mecanismos intermedios de financiación con objeto de que llegaran al tesoro con rapidez algunas cantidades en metálico. Así se explica la importancia que tenían los banqueros y grandes empresarios; pero es el caso que Mendizábal se encontraba cómodo en esta situación, puesto que se manejaba muy bien con quienes en el fondo eran o habían sido sus colegas. Los banqueros sacaban de apuros al Gobierno y de paso se enriquecían con los costos desmesurados de su intervención. Así podía irse trampeando en aquel caos.

En otro orden de consideraciones, debe quedar claro que estos contratos de anticipos de contribuciones nada tenían que ver con los anticipos forzosos que las autoridades militares, de manera totalmente ilegal pero eficaz, exigían, para poder subsistir, a los vecinos de los lugares «ocupados». Sobre las Cortes llovían las denuncias sobre este particular y algunos diputados, como Alcorisa y Madoz, se hicieron eco de ellas explicando cómo ciertos contribuyentes se habían visto forzados a adelantar sus obligaciones fiscales de los años siguientes.

Inventario

Los historiadores actuales de las finanzas de Mendizábal caminan en este tramo medio a oscuras porque no saben exactamente las operaciones de crédito que realizó ni el contenido preciso de las pocas que se conocen. Una tarea penosa que algún día podrá llevarse a cabo con resultados más o menos completos en los archivos de Hacienda.

A lo largo de este epígrafe hemos visto varios contratos de este tipo, especialmente el de Guardamino, de los que se ocuparon las Cortes y algunos autores han citado otros sin aportar detalles precisos. En estas condiciones ni las Cortes pudieron entonces –y menos apresuradas por el tiempo– llegar al fondo del asunto que, a decir verdad, no ha preocupado demasiado a los analistas posteriores escudados quizás por la escasez de datos. Y sin embargo, desde nuestro punto de vista tienen una importancia excepcional pues, aparte de ser la mejor prueba de la situación de un deudor arruinado que tiene que acudir a préstamos usuarios, revela la presencia de una «camarilla de banqueros» dispuestos a ayudar a su amigo Mendizábal aunque no gratuitamente, al tiempo que confirma la proverbial opacidad de su gestión financiera. Mas ¿cómo enjuiciar hoy todo esto si ni las mismas Cortes lograron saber lo que se estaba haciendo?

Pero también es verdad que tenemos una lista, sorprendentemente no utilizada por los historiadores de la Hacienda de Mendizábal, aparecida como apéndice segundo al número 300, del 5.9.1837, del Diario de Sesiones acompañando una Memoria firmada por Pita Pizarro titulada Estado actual de la Hacienda pública y propuesta de medios para cubrir los gastos del Estado y terminar la guerra civil donde se hace una «relación de varias operaciones de crédito verificadas en virtud de Reales órdenes especiales, desde el 3 de julio de 1836 hasta el 9 de agosto de 1837», que importa transcribir resumidamente para percatarse del volumen conjunto de tales operaciones:

– 3.7.1836 (anulada en 7.4.1837) con D. Manuel Gaviria por 120.000 reales que debían suministrarse al Tesoro a 20% de beneficio.

– 9.12.1836 (fenecido en 26.7.1837) con D. José Safont por 35.995.936 reales que le fueron entregados en billetes del Tesoro y libranzas contra Rotschild y que el contratista reembolsó en letras y dinero, cuentas de resaca, libranzas protestadas y premio.

– 24.1.1837 (fenecido en 2 de marzo) con D. José Safont por 1.119.000 reales, que le fueron entregados en billetes del Tesoro y pagó en efectivo y 10% de premio.

– 4.4.1837 con D. José Safont por 9.222.200 reales, que le fueron entregados 3 millones en letras sobre Filipinas y el resto en billetes del Tesoro y que devolvió en letras sobre París.

– 2.5.1837 (fenecido en 6 de junio) con D. José Safont por 1.612.000 que le fueron entregados en billetes del Tesoro y que reintegró en libranzas a cuenta de la pagaduría militar y en efectivo.

– 26.4.1837 con D. Juan Guardamino por 15.656.650 reales, que le fueron entregados en consignaciones sobre el préstamo de 200 millones y en billetes del Tesoro, que pagó en libras y metálico. Para garantía de esta operación se dieron al contratista 19.266.430 reales en billetes del Tesoro y en títulos de la deuda al portador, que conserva todavía el contratista.

– 14.10.1836 con D. José Casals y Remisa por 6.405.990 reales que le fueron entregados en letras y libramientos y que pagó en letras y libranzas contra el Gobierno, satisfechas por el mismo, en libranzas de la Junta del puerto de Barcelona, vencidas y no pagadas.

– 29.1.1837 con D. José Casals y Remisa por 4.364.360 reales que recibió en libranzas sobre decimales contra puntos determinados y sobre préstamo de 200 millones y que reintegró en letras sobre Francia a peseta por franco, en libranzas a cuenta de la pagaduría general del ejército, vencidas y no pagas, en pagarés del Tesoro y en libranza devueltas por falta de pago.

– 16.3.1837 con D. José Casals y Remisa por 16.111.100 reales que recibió en libranza sobre Cruzada y en billetes de Tesoro y que reintegró en metálico y en letras a peseta por franco.

– 21.7.1837 con D. José Casals y Remisa por 4.400.000 reales que recibió en pagarés del Tesoro y reintegró en letras sobre Londres, en siete pagarés.

– 26.6.1837 con D. Francisco Pérez por 6.729.000 reales que le fueron entregados en libranzas sobre Cruzada y en billetes del Tesoro y que devolvió en metálico y papel sobre la plaza, en cupones de deuda interior, en libranzas sobre la pagaduría del ejército vencidas y no pagadas y en letras sobre Cruzada. Se le dieron en garantía 630 acciones del Banco.

– 9.6.1837 con D. Antonio Jordá por 1.500.000 reales que le fueron entregadas en libranzas sobre Cruzada y devolvió en metálico.

– 15.7.1837 con D. Antonio Jordá por 1.000.000 reales que le fue entregado en 500 acciones del Banco, obligaciones a pagar a Pérez y Safont por vestuario de caballería.

– 30.4.1837 con D. Enrique O’Shea y Bertodano por 12.000.000 de reales que le fueron entregados en libranzas contra el subsidio del clero y consignaciones sobre los 200 millones: todas admisibles a falta de pago en cuenta de contribuciones; y que reintegró en letras sobre Francia y Londres.

– 20.4.1837 con N.M. Rotschild por 1.316.147 reales que le fueron remitidos en una letra sobre donativos de Filipinas.

– 9.8.1837 con D. Vicente Miravete por 444.830 reales que se le entregaron en libranzas de amortización con una garantía de 237.750 reales en cupones de deuda interior, y dando en pago el contratista 160.000 al contado y varios efectos de equipo.

– 15 y 31.7.1837 con D. Vicente Bertrán de Lis, por 120.000 que le fueron entregados en libramientos sobre amortización y que devolvió en libranzas vencidas.

– 29.6.1837 con D. Nazario Carriquirri por 2.793.000 que fueron depositados en poder de Galarza y Goicoechea en varias clases de papel de crédito y acciones de Banco, con la contraprestación de suministros de las tropas de Navarra.

– 8.8.1837 con D. José María Álvarez por 260.000 con la garantía de 130 acciones del Banco, a devolver por suministros al hospital militar.

– 25.4.1837 con D. Francisco Fontanellas por 4.100.000 que se le entregaron en una carta de pago sobre la cuarta parte de los 200 millones y que reintegró en metálico y en letras sobre la pagaduría militar, vencidas y no pagadas.

Esta prolija relación confirma la importancia de la figura, sin cuyo estudio es imposible conocer el estado de las finanzas españolas durante las Cortes constituyentes de 1836-37. Más todavía: nosotros estamos convencidos de que sólo gracias a estos contratos pudo funcionar, aunque fuera a trancas y barrancas, la Administración nacional de aquellos años, que de otra suerte hubiera quedado paralizada por falta de numerario. Y como esto lo sabían también los banqueros, pudieron negociar con el Tesoro en condiciones onerosísimas para éste: destino inevitable de deudores sin crédito.

Bienes muebles eclesiásticos

Mucho se ha escrito sobre la desamortización eclesiástica de bienes inmuebles y censos pero mucho menos sobre la de bienes muebles. La razón es muy sencilla: las subastas de fincas se realizaron con arreglo a formalidades severas y la documentación se ha conservado en buena parte al tiempo que los terrenos han podido seguir identificándose durante largos años. Lo que ha sucedido con los bienes muebles ha sido, en cambio, muy distinto. Muchos papeles en que constaban sus créditos, censitarios y de todo orden, fueron directamente quemados en las revueltas y los deudores quedaron liberados de inmediato sin dejar rastro de lo que había ocurrido y en consecuencia apenas se habló ya más de ello, no obstante la enormidad de las cantidades que estaban en juego, hasta tal punto que en muchos conventos el valor de sus créditos era superior al de sus fincas, en cuanto que, a falta de bancos, operaban como entidades de préstamo. Los historiadores actuales han podido reconstruir en parte esta situación acudiendo a los archivos del Antiguo Régimen, pero no se ha logrado todavía estudiarlos satisfactoriamente en el contexto desamortizador, si no de expoliación, empleando ambos términos en sentido propio.

El presente epígrafe va a referirse al cuerpo físico de los bienes muebles que pertenecieron a las comunidades religiosas suprimidas y singularmente a las alhajas, aunque no sólo a ellas, que la «piedad» de los fieles había ido acumulando en cantidades inmensas desde que empezaron los metales preciosos a venir de las Indias. A estos efectos nos va a servir de pauta el Real decreto de 30.8.1836 firmado por Ejea, que ordenaba el ingreso inmediato en el Tesoro de la Nación de los siguientes productos:

1. Ventas de edificios y solares de los edificios que componían los monasterios y conventos suprimidos. 2. Los productos que rindan en venta las campanas de todas las iglesias de los monasterios y conventos suprimidos, sin más excepciones que las de algunas pequeñas que los prelados diocesanos declaren para el servicio de parroquias. 3. Los productos de las ventas de todas las alhajas, muebles y enseres de dichas comunidades.

La lectura de los números 2 y 3 que acaban de ser transcritos explica la razón de haber incluido esta materia en el capítulo dedicado a la Hacienda y no a la desamortización de los bienes del clero. Y es que para Mendizábal tenían estos bienes muebles un significado muy distinto al de las fincas nacionalizadas, dado que podían venderse con rapidez y cobrarse en dinero y no en papel. De aquí la avidez con que se lanzó su Ministerio sobre ellos. Fue, a fin de cuentas, el mejor modo –y el más cómodo– de obtener la moneda contante y sonante que tanto apremiaba. Pensando en estas urgencias se pasó por alto el valor simbólico de la operación y el impacto que produjo en los sentimientos religiosos –y en ocasiones también folclóricos– del pueblo.

a) Objetos preciosos

El destino y régimen legal de los objetos preciosos religiosos (desde los cálices a las sillerías de coro y verjas pasando por los retablos y alhajas de las estatuas) precisan de un doble tratamiento según se trate de bienes pertenecientes a las comunidades o al clero secular.

1. Los bienes conventuales no ofrecían en principio problema jurídico alguno puesto que, habiendo sido declarados nacionales, lo que procedía era su enajenación aunque con ciertas excepciones y peculiaridades en relación con su mérito artístico. De hecho, sin embargo, surgieron no pocas dificultades en las distintas fases del procedimiento a que fueron sometidos: primero a la hora de la ocupación y luego en el trámite de inventariado y custodia.

Por lo pronto, inmediatamente empezaron a correr rumores de que comisionados deshonestos estaban cometiendo auténticos saqueos. De ello se hizo eco la prensa y un resonante artículo de El Castellano provocó el 11.3.1837 un incidente parlamentario a propósito de la desaparición de algunas joyas muy conocidas y populares de la Virgen de Atocha.

En la sesión de 11.3.1837 aprovechó Diego Montoya estos rumores para atacar directamente al Gobierno: «Continuamente se ven en la prensa periódica recriminaciones contra el Gobierno sobre todos los ramos de la Administración Pública, pero especialmente sobre el de Hacienda. El silencio que guarda el Gobierno no satisface a la ansiedad pública y es necesario que dé explicaciones cuando llegan momentos tan críticos».

El secretario del Despacho de Hacienda contestó de inmediato advirtiendo que no pretendía «censurar las acusaciones, tanto de este artículo como de los demás que suele traer ese papel (El Castellano), donde la maledicencia sin respeto de ninguna clase suele honrarme». «El Gobierno en este asunto –añadió–, como en todos los demás, no tiene otra cosa que hacer que nombrar las personas que entiendan en él y únicamente será responsable de si las órdenes están bien o mal dadas y si en la elección de personas no se ha hecho mérito de sus antecedentes como han debido hacerlo. Después que di la orden, no he vuelto a saber del negocio, como no puede ningún ministro tener presentes todas estas cosas. Sé que se verificó la intervención, que se inventariaron los efectos y que se colocaron en cajones que se sellaron y depositaron en la aduana. Aprovecho esta cuestión para contestar a otra alusión que se hace en el mismo periódico, pues se dice que el ministro de Hacienda ha negociado letras sobre La Habana, recibiendo en pago cupones no satisfechos; y digo en el salón de las Cortes que es falso también esto».

Álvaro, aunque ya estaba acostumbrado a las constantes agresiones verbales de Mendizábal (y de la mayoría), puesto que era tenido, y con razón, como su bestia negra, contestó enérgicamente a los dos puntos que se estaban discutiendo: «El hecho que sienta un periódico de mi propiedad es evidente. Han desaparecido esas ropas de la Virgen y se instruyen diligencias en su busca. (Y por otra parte) una vez que S.S. está presente y que no ha dicho que sea falso lo de la negociación hecha con la Casa de Rotschild (...) El decir que es falso lo de los cupones no es destruir el hecho principal, que es la negociación. Es necesario decir que es falso que se ha hecho tal negociación o si se ha hecho, manifestar los términos en que se ha verificado. Éste es el medio noble y categórico de responder. Yo le ruego que diga si es cierto que se ha hecho una negociación de letras sobre La Habana con esa Casa citada y en qué términos. Porque esto no es un secreto de gabinete (...) Y por lo tanto yo rogaría al secretario del Despacho de Hacienda me dijese si es cierto que para obtener un millón de reales al contado se han depositado 5 o 6 millones en títulos del 5% de los que debían conservarse recogidos en la Caja de Amortización, inutilizados y sin darles más curso».

A lo que respondió Mendizábal con un escueto: «Digo que es falso».

Olózaga, que se sintió aludido por el incidente de la Virgen de Atocha, ya que se trataba de unas joyas que se habían puesto a buen recaudo cuando él era gobernador civil de Madrid, intervino para dar algunas explicaciones, no sin antes hacer una pintoresca declaración personal: «Yo no he tenido, ni tengo, ni tendré en mi vida único voto político que tengo hecho, destino ninguno que tenga que dar cuentas, porque jamás querría que se dijese respecto de mí que las daba bien ni que las daba mal, que las daba pronto o que las retardaba. Ni he entendido, ni entiendo, ni entenderé jamás en cosas de cuentas». Hecha esta advertencia –que tan bien retrata a un político–, fue ya directamente al grano: «Como era gobernador civil de Madrid en la época de los acontecimientos (...) recuerdo que entonces indiqué a los sres. Cantero, Jordá y Guardamino, los cuales en efecto fueron comisionados para el caso, y creo que habrán cumplido de un modo que no habrá que hacerles ningún cargo. La cuestión del momento no es, a lo que entiendo, sobre el modo en que se hizo la primera operación, sino al contrario, partiendo de aquel punto, sobre lo que ha ocurrido posteriormente».

La siguiente intervención de Álvaro planteó las cosas con precisión: «Se trata de que habiendo ido a buscar ropa o alhajas, a petición según unos de una cofradía y según otros de la misma Reina Gobernadora que había hecho donación de ellas anteriormente, se ha ido a registrar el cajón o sitio donde debían estar y parece que no se han hallado allí, o lo que es lo mismo, que han desaparecido. Si este hecho es cierto, el responder no toca ya al secretario de Despacho ni a las personas que entendieron en la primera operación, sino a los que estuviesen encargados de la conservación de esos efectos. Y si éstos no responden, o si no se sabe a quién debe hacerse cargo, he aquí el desorden, la dislocación y falta de método a que se alude».

De esta forma la responsabilidad resbalaba hacia Pita Pizarro por su condición de jefe político de Madrid en aquel momento, quien tomó la palabra para precisar que «el artículo publicado en El Castellano ha tenido cierto fundamento (...) Pero tengo una satisfacción en asegurar al Congreso que en 48 horas se ha encontrado todo inventariado con la mayor formalidad (...) Las alhajas han sido halladas en virtud de las diligencias hechas por la policía, como robo efectuado a la Virgen. Yo no creo que fuera un robo malicioso, pero el resultado es que las alhajas han aparecido».

Como se daba la circunstancia de que uno de los protagonistas de las operaciones de custodia, Cantero, era también diputado, consideró oportuno añadir algunas explicaciones que ahora nos son útiles para conocer la escrupulosidad con que, al menos en Madrid, se había actuado así como las correlativas ocultaciones de los frailes: «Se me citó por el gobernador civil para que exclaustrase, en compañía de lo sres. Guardamino y Jordá, a los frailes de Madrid. A mí se me señalaron seis conventos, que fueron San Felipe el Real, los dos Cármenes, calzado y descalzo, capuchinos de la Paciencia, capuchinos del Prado y Recoletos, en total sobre 500 frailes. Al sr. Guardamino le tocó el convento de Atocha. Antes de la exclaustración nos reunimos los tres individuos con el objeto de conferenciar sobre los medios de hacer esta operación de una manera que nunca pudiera decirse se había ocultado nada. Convinimos en que los inventarios y la exclaustración se había de hacer con el alcalde del barrio respectivo en el que estaba situado el convento y de cinco hombres buenos o vecinos honrados. En el Carmen descalzo se ocultaron por los frailes cantidades de consideración. Sin embargo, tuve la satisfacción de que a efecto de los pasos que di en este negocio, llevé a un fraile a la cárcel y al mes ya sabíamos donde estaban 15.000 duros en onzas de oro, metidos en tres botes de hoja de lata, de esos en que se pone el rapé. Después han aparecido 20.000 y más. Yo mismo encontré los libros donde constaba que se habían ocultado 75.000 duros y la autoridad entiende en esto y es regular que lo concluya con buen éxito. En el Carmen calzado se ocultaron en el mismo día de la exclaustración más de 20.000 duros. Me presentaron un inventario falso y tuve la suerte de que pareciese el verdadero, con el cual se rescatarán las alhajas».

Generalizando el planteamiento huelga decir que en este asunto de las alhajas y bienes preciosos de los conventos hubo, como es lógico, administradores honrados y escrupulosos; pero también otros muchos que terminaron dejando la imagen de que aquello se había convertido en un puerto de arrebatacapas y que todos menos el Gobierno habían salido ganando. El Eco del Comercio se vio obligado a reconocer el 21.5.1837 que «nosotros sabemos que se han cometido fraudes por parte de los dependientes del Gobierno, pero sabemos también que en los conventos ha habido ocultaciones de consideración».

Si la atención pública se centraba por razones bien explicables en las alhajas, no puede pasarse por alto que donde la defraudación (de los comisionados, no la de los frailes, que se daba por supuesta) resultó más grave y generalizada fue con otros bienes muebles inicialmente no inventariados y que eran presa fácil de comisionados sin escrúpulos; y ahora ya no estamos hablando de simples medidas cautelares respecto a los bienes del clero secular sino a los desamortizados en sentido estricto. A ello se refiere el autor coetáneo de la Historia de Lafuente (p. 221) y que da por hecho sabido: «No aparecen en las cuentas por ninguna parte los muebles, granos, caldos, aperos y libros que valdrían 80 millones de reales. Mas era general que los comisionados, para llevar a cabo la desamortización, fuesen en su mayoría clientes y allegados del partido dominante, que a muy pocos se les exigió escrupulosa cuenta (...) y no pudo comprobarse ni intervenirse correctamente lo que se recogió de los frailes y lo que llegó a figurar como entrada en las arcas del Estado». Afirmación que inspiró otra posterior de Morayta (Historia, p. 308): «La forma en que se hizo la incautación de los bienes del clero, con ser la única posible dado el imperio de la pésima administración española, determinó filtraciones considerables: los bienes muebles propiedad de los frailes y monjas existentes en los 1.900 conventos que se evacuaron y los efectos de muchos templos que se cerraron al culto desaparecieron en su mayor parte entre las manos de los agentes de las autoridades que manejaron aquel particular. Consecuencia obligada de tan lamentable desbarajuste fue que el Estado no sacara de aquella incautación el mucho provecho que habría podido lograr y a la vez que Madrid y las provincias vieran surgir por arte de encantamiento no pocas fortunas improvisadas». Aún más significativos son los anteriores comentarios de Marliani (258) habida cuenta de la conocida ideología progresista del autor: «Las revueltas excitadas por pasiones políticas y explotadas por la más sórdida y criminal avidez pudieron ocasionar el saqueo de los templos y el asesinato de hombres indefensos. Tan abominables medios de destrucción dieron por resultado enormísimos robos, cometidos descaradamente a la faz del público y por tan considerable número de personas que llegó ya a hacerse imposible el castigar más tarde a los culpables, sin que el Tesoro sacase de ello cantidad alguna de dinero, pues o lo habían depositado los frailes en manos seguras o se apoderaron de él los incendiarios. Vimos pillar y destrozar cantidad inmensa de muebles preciosos por su mérito artístico, perder, rasgar o quemar muchísimos cuadros de inestimable valor, romper o mutilar hermosísimas estatuas, fundir los más preciosos monumentos de la iglesia de plata y oro para sustraerlos a las pesquisas del Gobierno, enviar los diamantes al extranjero (...) Como era de presumir los deudores de los conventos se guardaron muy bien de denunciarse a sí mismos y los que habían ocupado algunas tierras a comunidades religiosas se apropiaban de la parte más lucrativa del terreno».

El escándalo de las defraudaciones dio lugar a una proposición de Fernández Baeza presentada en las Cortes en la sesión de 20.5.1837, que se discutió ese mismo día y el siguiente.

Siendo uno de los objetos que más llaman la atención pública la averiguación e inversión del valor de los bienes muebles, rentas, frutos, títulos de deuda, alhajas, pinturas, librerías y demás efectos que pertenecían a las comunidades religiosas suprimidas; elevándose el clamor público, con mayor o menor fundamento, contra los que han intervenido en la administración de valores cuya cuantía debe ser considerable y de cuya inversión no se ha dado a la nación conocimiento alguno con los datos que tiene derecho a reclamar, pedimos a las Cortes. 1.º Que se sirvan nombrar una comisión especial para que entienda en el conocimiento de todo lo relativo a los bienes muebles de las comunidades religiosas suprimidas. 2.º Determinar que el Gobierno remita a la comisión, con la mayor brevedad posible, las noticias y documentos necesarios para que se puedan fijar con toda claridad los siguientes extremos: (...) qué personas se hicieron cargo de los muebles y frutos y de las rentas de los raíces, notando la diferencia que puede haber entre lo que hayan entregado y los inventarios; cuarto, qué destino o inversión se ha dado a estos bienes; quinto, en qué dependencias del Tesoro público entraron los valores de lo enajenado, qué inversión se les dio o a cargo de quién están todavía.

El autor de la proposición la defendió seguidamente con los siguientes argumentos: «¿Qué es, pues, de esos frutos? ¿Qué es del valor de los muebles y de los demás medios que tiene la dirección de amortización para dar las ofrecidas pensiones, que vemos no se les satisfacen? (...) En unas partes sabemos que no ha llegado a ingresar en el Erario ni la centésima parte de los bienes muebles y frutos, o bien porque se aprovecharon de ellos los priores, abades o superiores de las comunidades poco antes de haber salido de los conventos o bien porque han entendido en la operación de hacerse cargo de ellos personas no tan delicadas ni de tanta probidad, conocimientos y patriotismo como los comisionados al efecto en Madrid. No han sido tan dignos los encargados por el Crédito público de esta comisión».

El día 21 de mayo volvió Fernández Baeza a la carga: «Faltan las cuentas de los valores que debió proporcionar esta extinción. Valores que el sr. Castro supuso que ascendería a 40.000 reales por cada uno de los conventos suprimidos. Y si no entró esa suma, es claro que debió provenir o que los monjes ocultaron muchos de los objetos que poseían antes que llegasen los empleados de amortización, o de descuido, o bien de fraude de éstos. Yo no creo que toda la culpa sea de los últimos porque no dejo de conocer que los monjes se apresurarían a ocultar las alhajas y los muebles; de manera que cuando llegasen los empleados de la nación nada tendrían de qué hacerse cargo en muchas partes y por consiguiente fueron de ningún valor las supresiones de las comunidades en que se hizo esto. Pero ¿produjeron o no produjeron algún resultado?».

El malestar estaba generalizado, pues se tenía la sensación de que el saqueo había sido mayor que el de la guerra de la Independencia. Una vez más, el Gobierno se había metido en una aventura que se le escapó de las manos por falta de control. Las iglesias perdieron sus tesoros sin beneficio suficiente para el Tesoro público. Las alhajas se esfumaron en unos meses y en ocasiones la ganancia debió ser doble porque su importe se reinvertiría en la compra a buen precio de las fincas desamortizadas. García Blanco se apresuró a acumular más denuncias: «Que hay necesidad de entrar en este examen y satisfacer la ansiedad pública, es evidente. Señores, de casi todas las provincias de España tengo cartas quejándose de los empleados del Crédito público, de que no se ha medido bien el aceite del convento, de que ocultaron el granero, de que los candelabros de plata que estaban en el altar mayor ya no se sabe dónde han ido, de que la custodia no parece, y yo qué sé más. Aquel molino de aceite que se perdió en cierto tiempo en mi provincia ha aparecido arrendado al señor asesor del comisionado de Crédito público de Osuna en 2.300 reales, cuando el caserío, sólo en arrendamiento, vale mucho más.»

La reacción del Gobierno ante los hechos que acaban de ser descritos fue tan singular como explicable. Por lo que se refiere a los comisionados deshonestos, nada hizo, pues daba por supuesto que, tratándose de hurtos, eran los jueces quienes tenían que encargarse de su persecución (sin perjuicio de que apenas hay noticias de que algo se hiciera a tal propósito); pero en cambio se tomaron medidas para favorecer la recuperación de los objetos ocultados por los propios frailes y que ciertamente no debieron ser escasos, puesto que se daba por hecho que, con buena o mala fe, habían procurado con su propia rapiña adelantarse a la rapiña de los comisionados. Éste es el sentido de la Real orden de 27.7.1837 en la que se ofrecía un premio a los denunciadores del «10% del valor líquido de lo que denuncien y sea aprehendido, no siendo objetos destinados al culto» aunque de este abono se excluían los dependientes del Gobierno con sueldo del Erario, puesto que «obran en tales casos dirigidos por los principios de su deber». El 4 de septiembre se presentó esta Real orden a las Cortes para su ratificación: lo que éstas concedieron sin dificultad invocando «la urgencia de una medida reputada tan necesaria para contener o remediar los grandes escándalos que se han cometido sobre este punto».

2. La historia de las alhajas catedralicias y parroquiales es completamente distinta de la anterior, puesto que no habían sido declaradas bienes nacionales y por tanto no eran enajenables, sin perjuicio de que al fin se llegase a este trámite si bien por caminos extremadamente irregulares.

El paso primero nada tenía que ver con la desamortización, pues se trataba de una simple medida cautelar, de una precaución para evitar que cayesen en manos de los facciosos. De lo que se trataba, en efecto, era de realizar primero un inventario de lo existente y luego de depositar los bienes custodiados en un lugar seguro. Tal fue el objeto de la Real orden de 29.11.1836:

Art. 1. Todos los caudales, oro y plata labrados, alhajas y objetos preciosos de cualquier especie que sean, sin ninguna excepción, que existen en las catedrales, colegiatas, parroquias, santuarios, ermitas y demás establecimientos eclesiásticos en cada provincia se remitirán a sus respectivas capitales o fortalezas cercanas. Art. 3. Se encomienda la ejecución de esta medida a las Juntas de armamento y defensa, que nombrarán a su vez personas de su seno y otras de su confianza.

Aunque a la vista de los saqueos realizados por las tropas napoleónicas pudiera creerse que los edificios religiosos habían quedado totalmente desvalijados, es un hecho que en unos casos la disciplina militar y en otros la diligencia con que los frailes, párrocos y feligreses habían ocultado a tiempo las alhajas logró que se salvaran muchas riquezas, que caían ahora en un peligro mayor, puesto que las bandas de los carlistas, por mucha que fuera la influencia clerical en su ejército (dado que ante la necesidad de comer nadie reparaba en sacrilegios), y de los cristinos eran igualmente insaciables. Por lo demás, los bienes enumerados en la citada Real orden de noviembre de 1837 no formaban parte, en rigor, de la política desamortizadora sino que se trataba, al menos de momento, de una medida cautelar mediante la cual se pretendía que las autoridades civiles librasen los tesoros religiosos de la rapacidad del ejército.

Una vez puestas a seguro las alhajas, el paso siguiente fue su enajenación, que ya no se limitaba a los objetos nacionalizados de las comunidades regulares sino que se extendía a los de propiedad del clero secular que, como se recordará, únicamente habían sido ocupados como medida cautelar para evitar el saqueo de los carlistas. En definitiva, o por galgos o por podencos el destino de las alhajas y objetos preciosos de conventos e iglesias era inevitablemente la expoliación.

A este propósito el 28.5.1837 se leyó un Proyecto de ley, presentado por el Gobierno, para la enajenación de las alhajas de plata y oro y demás objetos preciosos de las iglesias y dictamen de la comisión de Hacienda sobre el mismo asunto:

El Gobierno de S.M. ha reflexionado con mucha madurez sobre ello y no sólo ha reconocido unánimemente la urgencia de un medio pronto y extraordinario para hacer la guerra con vigor sino que ha convenido en la necesidad de encontrarlo dentro de la Nación, sin arredrarse por las mayores o menores consideraciones que merezcan los objetos que le proporcionen, con tal de que no se agrave la suerte del pueblo ni se aumenten las cargas que está soportando.

Ha creído, por lo tanto, el Gobierno que hallaría este recurso en las alhajas de toda especie pertenecientes a iglesias y establecimientos eclesiásticos, que por Real decreto de 6 de octubre del año pasado se mandaron depositar en fortalezas o edificios fortificados para preservarlas de la rapacidad de los facciosos, que solían invadir por entonces algunos puntos de diferentes provincias. Aunque se establecieron las oportunas formalidades para evitar el extravío o el mal uso de esta riqueza, el Gobierno no tiene datos exactos ni completos sobre su cuantía o importe, porque habiéndola considerado hasta ahora como un depósito, no descendió a recoger noticias menudas ni prolijas. Las alhajas de los templos y santuarios han servido más de una vez para aliviar a la nación en sus apuros, señaladamente en la guerra de la Independencia.

Este proyecto de ley fue informado favorablemente por la comisión de Hacienda con el siguiente dictamen:

La comisión de Hacienda se ha reunido para conferenciar sobre la propuesta que el Gobierno de S.M. hizo a las Cortes en la sesión secreta de ayer, y éstas le han pasado para que se ocupe de ella con urgencia. La primera dificultad que se ha ofrecido ha sido la de conciliar el decreto de 6 de octubre último con la propuesta que ahora hace el Gobierno. (Además) observándose en el curso de la discusión la falta de datos sobre que se había de proceder, pasaron dos individuos a saber del sr. secretario del Despacho de Hacienda si podía calcular aproximadamente la cantidad que debe ingresar en el Tesoro, una vez realizado el proyecto del Gobierno, a que contestó el mismo sr. Secretario que, según sus cálculos y datos, pasaría de 30 millones de reales.

La cuestión adquirió un giro inesperado cuando el 7 de septiembre (1837) se leyó el siguiente oficio del Ministerio de la Gobernación:

Creyendo el Gobierno que es de la mayor urgencia se prosiga por las Cortes en la discusión suspendida sobre el uso de la plata depositada en las iglesias para cubrir algunas atenciones de la guerra, ha acordado el Consejo de ministros se oficie a VV.EE. a fin de que se sirvan ponerlo en conocimiento del Congreso y éste resuelva lo conveniente.

Pero la situación no parecía sencilla porque si bien ahí estaba el dictamen de mayo, Gómez Becerra indicó que las circunstancias habían cambiado mucho desde entonces puesto que se habían concedido socorros tan importantes al Gobierno que quizás fuera ya innecesario acudir a estos fondos. Tal como estaban las cosas y con ánimo de lograr un acuerdo con una redacción más templada, el 11.9.1837 propuso la comisión la supresión del polémico artículo 5 (del dictamen de 24 de mayo) y la introducción del siguiente texto:

El Gobierno acuñará todo el oro y plata que pueda conducir sin grave inconveniente a las Casas de Moneda del Reino. Se conservarán a las iglesias aquellas alhajas que a juicio de las diputaciones provinciales y aprobación del Gobierno tengan un mérito artístico conocido o sean objeto de una devoción predilecta de los pueblos.

En la sesión de 12.9.1837 se debatió la cuestión en los siguientes términos: Inició los reproches Juan Osca: «Yo no lo voto porque el sr. ministro del Ramo que debe encargarse de la ejecución de la ley no tiene la confianza de los patriotas y por consiguiente ni la mía (recuérdese que por aquellas fechas ya había cesado el Ministerio Calatrava-Mendizábal). El sr. González ha padecido una equivocación cuando ha dicho que había necesidad absoluta de este recurso. No debe haber tal necesidad cuando el Gobierno anterior que le propuso, al tiempo de discutirse, dijo que si se le concedía la contribución extraordinaria de guerra retiraría este proyecto. La contribución extraordinaria se concedió, conque debe ser innecesario este recurso». Y en el mismo sentido Sereix, aunque en términos todavía más contundentes y un tanto misteriosos: «Mediante que saben bien, como yo sé y todos los españoles, que hay un plan adoptado que consiste en sacrificar a los pueblos sin utilidad, para cansarlos, igualmente que al valiente soldado; mientras yo no vea que este plan desaparece, no puedo contribuir a que se consume. Ni nosotros, ni el Gobierno pasado, ni el presente, ni aun acaso el que le suceda, por términos regulares, han de ser los que han de salvar la nación, y no quiero privar de los recursos escasos que nos quedan al que ha de salvarnos, al pueblo. ¿Cómo es posible creo yo que sean tan urgentes dos millones de reales que puede producir este recurso, cuando acaba de decretarse, aunque yo no he votado, una gran parte de la contribución de 500 millones? (...) Aniquilar al pueblo es el plan que se ha estado siguiendo y yo no quiero contribuir a la traición».

Ferrer, en cambio, defendió al Ministerio: «Dos géneros de oposición se hicieron en otro tiempo a este proyecto. Unos querían que se conservasen algunas alhajas para el culto y otros que además se reservasen aquéllas que además de las necesarias para el culto tuviesen un mérito particular por su valor artístico. La comisión ha accedido al deseo de unos y otros. El valor se computa en 30 millones y, aunque se reduzca a 20, ya es cosa considerable».

Fuente Herrero, por su parte, reiteró los argumentos de Osca, que ya conocemos: «Cuando se trataba del diezmo dijo el Gobierno terminantemente que si se le concedía éste retiraría su pedido. Después, cuando se propuso la contribución extraordinaria de guerra, volvió a reproducir lo mismo. Se le concedió el medio diezmo y se le concedió también la contribución extraordinaria. De modo que no quedaba duda de que estaba retirado el proyecto y lo confirmó el no volverse a tratar de él en lo sucesivo. Qué novedades han ocurrido para que vuelva ahora a insistir en que se le conceda este plazo, yo no las alcanzo (...) Tampoco debe ocultarse a las Cortes que falta de cobrar una grande cantidad del empréstito de los 200 millones y cantidad mucho mayor que lo que importa la plata de las iglesias. Para pedir con razón este recurso era necesario que hubiese hecho la exacción del resto de los 200 millones, del medio diezmo y del anticipo extraordinario. Si no ha tenido energía ni valor para exigirlo, ¿se le irá a conceder este recurso? Lo que al Gobierno le hace falta es valor y firmeza para hacer cumplir sus providencias. Por eso considero que aun cuando en el fondo, y para evitar ciertos incidentes, nos viésemos políticamente obligados a acceder a esta petición, no hay necesidad de concederla absolutamente, sino decir que puede recogerla para evitar que se apoderen de ella los facciones; pero que no pueda usar de sus productos hasta que haya cobrado lo que resta de los 200 millones y el anticipo que se le ha hecho de la contribución extraordinaria de guerra».

Pero ¿a cuánto podía ascender el producto de las ventas anunciadas? ¿Qué era, en realidad, lo que se estaba discutiendo? ¿Valía la pena por tan poco precio arrostrar la impopularidad de la medida? Así se expresó Sancho: «Este recurso tiene que ser mezquino e insignificante por la sencilla razón de que en la guerra de la Independencia se tomó a las iglesias la plata que tenían y desde entonces acá no sé que haya habido muchas que hayan podido reemplazarla». Pero Ferrer se mantuvo en su postura: «Para muestra de que no será tan insignificante, podré decir que sólo en Logroño se hallan reunidas 200 arrobas de plata y es de presumir que los depósitos formados en otras capitales de provincia sean mucho mayores».

De hecho, la cantidad mayor o menor de la plata acumulada en las iglesias, y que había escapado a las ocultaciones de los frailes y de los hurtos de los comisionados, era lo de menos, puesto que lo verdaderamente interesante era que el importe de su venta se iba a realizar al contado y lo que más urgentemente necesitaba el ejército eran monedas y billetes, no papel, que era lo que habitualmente corría y fuertemente depreciado. En cualquier caso, el 9.10.1837, siendo ministro de Hacienda Seixas, apareció un decreto del siguiente tenor:

Art. 1. Se pone a disposición del Gobierno con el único y exclusivo objeto de atender a los gastos de la guerra las alhajas de oro y plata labrada, joyas y pedrería, que como pertenecientes a las catedrales, colegiatas, parroquias, santuarios, ermitas, hermandades, cofradías, obras pías y demás establecimientos eclesiásticos, se inventariaron y debieron depositarse al tenor de lo prevenido en el Real decreto de 6.10.1836. Art. 6. Se conservarán en las iglesias aquellas alhajas que a juicio de las diputaciones provinciales y aprobación del Gobierno tengan un mérito artístico conocido o sean objeto de una devoción predilecta de los pueblos.

Lo que nadie se ha atrevido a calcular es la plusvalía artística que entonces se perdió. Porque se estaba hablando de masas de plata, pesadas incluso por arrobas, pero de hecho no se trataba de simples lingotes, aunque también los había, sino de plata labrada, de piezas de orfebrería, algunas admirables como todavía se pueden admirar en los museos, y que entonces se fundieron implacablemente en los hornos y en parte se amonedaron por el propio Gobierno en los términos del artículo 5 del citado decreto:

El Gobierno acuñará todo el oro y plata que pueda conducir sin grave inconveniente a las casas de moneda del reino.

De notar es aquí que si al cabo de las discusiones parecía que el Congreso había llegado a un acuerdo, luego no había manera de aprobarlo formalmente puesto que no se lograba un quórum suficiente para la votación. Era notorio el desinterés de los diputados en las últimas semanas de la legislatura y a ello se añadían sus escrúpulos de conciencia cuando se trataba de asuntos que tanto afectaban a la devoción de los pueblos (y posiblemente también de sus cónyuges). Sea como fuere, el resultado fue que el día 12 se frustraron dos intentos de votación. El siguiente día 16 volvió a procederse a la votación, que por tercera quedó frustrada al no haber más que 110 diputados en el salón. Y al fin, el día 17 se logró una votación válida aprobándose el dictamen por 83 votos contra 45.

Es asombrosa la cantidad de plata americana que se conservó durante varios siglos en manos públicas y privadas y cuyo destino final –como una maldición indiana– ha sido la expoliación: primero en la guerra de la Independencia, luego en la guerra carlista y por último en la guerra civil de 1936, como ha demostrado Sánchez Asiaín en unos recientes y sorprendentes estudios que han volcado los conocimientos que se tenían sobre la financiación del ejército republicano de 1936.

Muy pocos años después de estos acontecimientos, en 1855 Vicente de la Fuente en su Historia eclesiástica de España (III, p. 499) hacía el siguiente patético relato: «El Gobierno, uniendo la barbarie al ridículo, sacaba a pública subasta los dorados de los altares que aún hubiere en las iglesias suprimidas: aquellos escarbadores de cenizas, en su mayor parte extranjeros, hicieron un destrozo horroroso. Por otra parte, la rapacidad que se ejercía sobre los bienes de la Iglesia por los encargados de administrarlos era tal que sobrepasaba a toda idea. En muchas provincias no alcanzaban los ingresos a cubrir los gastos».

b) Campanas

Lo de las campanas es una historia aparte por el valor simbólico que tenían en la vida comunitaria, que el hombre actual, al menos los jóvenes, no pueden entender. Las campanas han sido siempre «la voz de la ciudad», como un incomparable medio de comunicación que hasta los más incultos comprendían. Las campanas daban noticias de las alegrías (matrimonios) y tristezas (fallecimientos) familiares y sociales (romerías, bautizos), avisaban de peligros (incendios, avistado de enemigos), orientaban a los viajeros en la oscuridad y convocaban las reuniones de los concejos. De aquí que su impacto excediera con mucho el ámbito de lo religioso.

Pues bien, las campanas de los conventos siguieron la suerte de éstos, es decir, su conversión en bienes nacionales y su declaración en estado de venta; mas es el caso que en el apasionado diálogo entre Istúriz y Mendizábal de 5.4.1836 (el que terminó en un duelo a pistola) tuvo éste necesidad de explicar a aquél cómo iba el asunto: «Las campanas pertenecen a los conventos y como propiedad de los extinguidos se han aplicado al pago de la Deuda lo mismo que las demás propiedades de los conventos (...) Había una negociación pendiente sobre las campanas, que no se ha podido llevar a efecto, con la Casa de Bonaplata, y me hubiera alegrado muchísimo llevarla a cabo, porque no estaría con la zozobra de realizar una negociación más para el pago de los intereses de los 75 millones de reales».

A la postre nada escapó de las necesidades del ejército: ni las fincas, ni las alhajas ni las piedras y metales preciosos ni, en último extremo, las campanas, que también se podía vender cobrando en metálico. En casos de necesidad siempre han echado mano las autoridades del bronce de las campanas que, debidamente tratado, podía servir para fundir piezas de artillería o, más sencillamente, se vendía y los compradores estaban siempre dispuestos a pagar en dinero contante y sonante. La Diputación provincial de Madrid se acordó de las campanas de las iglesias para sufragar los gastos de organizar una fuerza de 200 caballos. La propuesta, sin embargo, encontró no poca resistencia en el Congreso puesto que la comisión de Hacienda hizo observar en su dictamen de 9.3.1837 que ello supondría

Un ataque contra la propiedad porque si las campanas de los conventos suprimidos son una propiedad nacional, las campanas de las parroquias no lo son sino que pertenecen a las mismas parroquias.

Opinión avalada por Sancho a quien en modo alguno se le podía considerar proclive al clericalismo: «Yo me opongo, desde luego, a lo de quitar las campanas de las parroquias porque creo que sólo un espíritu de vandalismo hubiera podido proponer un arbitrio semejante. Pues qué, ¿olvidamos el país en que vivimos y las opiniones del pueblo?».

El presbítero García Blanco no estaba, en cambio, de acuerdo y se pronunció en la ocasión con su característico apasionamiento: «Si acaso fuesen las campanas de propiedad particular, siempre resultaría ser el verdadero dueño de ellas el pueblo, y si no se puede notar a las Cortes de haber privado de la propiedad a los frailes porque concediesen al Gobierno el producto de las campanas de los conventos, tampoco puede decirse que le darán este ataque a las parroquias porque haga lo mismo con respecto a las suyas. Si éstas están compradas con los fondos de fábrica, las de conventos lo estaban con las donaciones de los fieles; mas de todas puede disponer libremente la nación, como lo ha hecho, aliviando con esto las cabezas de los pobres enfermos y quitando estos instrumentos de algazara y de martirio para si viniera Don Carlos o llegasen por desgracia a dominarnos los frailes (...) sin que se tenga por vandalismo. Además, el lujo de las campanas debe tener su término. No hay pueblo en que no se sepa que el son de las campanas no es un sufragio que alivie las almas de los difuntos y que si alguna vez fueron necesarias muchas campanas para reunir a los fieles dispersos, hoy con una sola y otro cualquier instrumento equivalente basta. Todo lo demás son abusos, lujo que no viene bien con el estado en que nos hallamos. Para que se vea que no hablo al aire, diré lo que pasa en el particular de mi provincia y lo mismo creo que pasa en las demás. Las campanas en todas partes se han hecho un arbitrio. La campana Bárbara de un pueblo de mi provincia, para que suene en la muerte de uno, se ha de dar antes una onza y mientras no se dé la onza no suena el clamor de ella».

Al final, sin embargo, se aprobó entre otras cosas que

la venta de las campanas de las parroquias y santuarios de las provincias, sin reserva ninguna de estos que se hallaren extramuros de la población y dejando una a los de poblado y otra de las medianas y un timbalillo en las torres de las parroquias, catedrales o colegiatas, con facultad de las mismas, y aun de los pueblos, para redimir su enajenación por medio de un contrato con la diputación.

Pasando el tiempo lo que había nacido como un caso singular para la provincia de Madrid terminó generalizándose para toda España en la Real orden de 9.6.1837 en la que se ordenaba que

se verifique una subasta parcial en cada provincia, al mismo tiempo que se haga la general en esta Corte; que a este fin se rematen en cada provincia las campanas existentes, en el mismo día, hora y bajo las propias condiciones que se determinen para su remate en esta Corte, dividiendo éste en tantos lotes como provincias, verificándose por separado el de cada uno de ellos, y quedando de hecho adjudicadas las campanas al mejor postor.

Lo importante, con todo, de este sistema era que sólo se exigía en metálico el 10% del precio para poder pagar al contado los gastos de descuelgue y transporte, satisfaciéndose el resto en libranzas.

En la Gaceta del 7.9.1837 se publicó un oficio de la Junta superior de enajenación de edificios y efectos de los conventos suprimidos (de la que por cierto formaba parte García Blanco) en el que se anunciaba la subasta del metal de todas las campanas bajo las reglas y pliegos de condiciones que se acompañaban, precisándose en la regla tercera que «el precio del remate debería exceder de 250 reales el quintal de metal, pagaderos en dinero metálico sonante, respecto a hallarse ya ofrecida dicha cantidad».

Esto era ciertamente lo que se pretendía, mas ¿qué resultó de todo ello en realidad? García Blanco, que estaba bien impuesto sobre el tema, se pronunció el 30.10.1837 con gran escepticismo: «Por los pocos conocimientos que tengo en la materia y que he adquirido desde que tengo el honor de pertenecer a la Junta superior de enajenación de conventos suprimidos, puedo asegurar a las Cortes que el valor de las campanas que acaban de subastarse no llega con mucho en mi concepto a los 12 millones que presupone la comisión. Puede que la comisión (parlamentaria) haya tenido a la vista algunos datos de que carece la Junta; pero por los pocos que ésta ha podido recoger de las provincias, y no creo que el Gobierno tenga más, yo calculo que las campanas de los conventos suprimidos apenas ascenderán a 5 millones de reales. Las campanas se han rematado a 248 reales el quintal de metal, puestas en varios puntos que se han fijado. Luego para que resulte la cantidad de 12 millones que ha fijado la comisión, se necesitan 28.000 quintales aproximadamente y esto sin dejar nada para gastos de apeamiento y portes a los puntos designados. Ahora vean las Cortes si es posible que en las campanas de los conventos suprimidos pueda haber esa cantidad de quintales de metal, cuando sabemos que en la mayor parte de los conventos de monjas lo que había eran dos o tres cimbalillos que apenas pasarían de dos o tres quintales cuando más, como que debían ser proporcionados a las pocas fuerzas de las que los habían de repicar. En algún convento de frailes las campanas eran mucho mayores y las había hasta de 20 quintales, mas al fin son menester más de 4.000 campanas para llegar a los 28.000 quintales».

Así acorralado, Joaquín Ferrer tuvo que confesar que la comisión parlamentaria ignoraba lo que había detrás de la operación, puesto que no tenía datos ni sobre el metal vendido ni sobre el precio obtenido en las subastas: «No teniendo los individuos de la comisión más noticia acerca de las campanas que el ruido molesto que causa de ordinario su sonido, mal han podido asegurar lo que podrían producir las de los conventos suprimidos. Pero por un cálculo sujeto a grandes errores han tenido que tomar un promedio para señalar una cantidad, como era indispensable hacerlo. Ha habido quien ha creído que el metal de las campanas ascendería a 60.000 quintales; pero si se me pregunta acerca de la exactitud de este cálculo, yo contestaré que no lo es. Lo cierto es que en este negocio caminamos a oscuras. Además, el Gobierno señalaba también el valor de las campanas en 12 millones y aun otro ministro de Hacienda lo subió hasta 20 millones».

CONCLUSIONES GENERALES

Las abultadas páginas de esta dilatada Historia política de las Cortes de 1836-37 pueden ser resumidas en unas sumarias conclusiones aunque sea corriendo el riesgo de un reduccionismo deliberado. Con su lectura podrá comprobarse sin esfuerzo lo que hay de nuevo y de viejo en una obra que se ocupa de un tiempo al que los historiadores no han dedicado nunca demasiada atención: lo que explica la facilidad con que han podido realizarse ahora ciertos «descubrimientos» entendidos en su sentido más modesto, es decir, como la constatación de algunos hechos ordinariamente pasados por alto o la posibilidad de formular –o simplemente de recuperar– hipótesis interpretativas olvidadas de puro sabidas. Se trata sencillamente, por tanto, de rectificar sin ambición alguna algunos estereotipos tanto fácticos como hipotéticos que vienen repitiéndose por simple comodidad.

Primera: Las fracciones de la estirpe progresista

La historia política de las Cortes constituyentes de 1836-37 es la historia del apogeo del progresismo civil, que no equivale a la del Partido progresista, porque éste no se había formalizado aún: era una mera tendencia social nacida en el seno de la exaltación liberal que había protagonizado las luchas políticas del Trienio constitucional. Ahora bien, en el largo proceso de conversión de un movimiento ideológico y social en una organización política, los sucesos de 1836 y 1837 supusieron uno de los últimos y más decisivos pasos de su cristalización, hasta tal punto que –al menos en un sentido figurado o retórico– puede afirmarse que fue entonces cuando nació tal partido, aunque añadiendo, no obstante, la precisión de que se trataba de un progresismo civil, pronto sustituido –o, si se quiere, suplantado– por su variante militar.

De esta manera la estructura política de España durante la Regencia de María Cristina quedaba a grandes rasgos configurada así: en primera instancia dos grandes partidos irreconciliables, el carlista y el cristino o isabelino. El carlista recogía el espíritu absolutista del Antiguo Régimen aunque es probable que también alimentara innovaciones modernizantes, que su derrota en la guerra civil no le dio la oportunidad de desarrollar y ni siquiera de enunciar.

El partido isabelino recogía el espíritu liberal pero abrigando tantas modalidades que resultaba incorrecto hablar de «un partido» y parece más propio utilizar la expresión de una «familia liberal» compuesta de dos estirpes fundamentales, que cristalizarían luego en los partidos progresista y moderado. Los primeros Gobiernos del Estatuto Real (los de Martínez de la Rosa y de Toreno) representaron inequívocamente la tendencia moderada mientras que los de las Cortes constituyentes (los de Calatrava y Bardají) lo fueron de la progresista. A partir del Ministerio de Ofalia y hasta el exilio de María Cristina el partido predominante fue el moderado, si bien con contaminaciones progresistas notables. Luego, durante la Regencia de Espartero todos los Gobiernos fueron rigurosamente progresistas.

La estirpe progresista –como posteriormente la moderada– tendía por naturaleza al fraccionamiento interno; por lo que en el Congreso se dibujaron inmediatamente tres líneas: la templada, la avanzada y la radical, capitaneadas respectivamente por Mendizábal, Caballero (con López) y Álvaro. Una tríada que con el tiempo quedaría reducida a dos: la templada y la avanzada, que recogería los restos del ala radical.

Los historiadores de la época se han empeñado siempre en describirla como una tensión entre progresistas y moderados. Lo cual es cierto quizás como telón de fondo, pero lo que existía en primera línea fue una lucha encarnizada entre las tres fracciones indicadas y que, al cabo de tantos desgastes, terminarían abriendo la puerta a los moderados que acechaban desde fuera. Repitiendo, ya más afinada, la enfática expresión que viene usándose, la historia de las Cortes constituyentes de 1836-37 es la historia de las luchas y tensiones entre las distintas fracciones de la estirpe progresista.

Segunda: La constitución de 1812 como línea de separación entre las fracciones progresistas

Los alzamientos populares de 1835 y 1836, de signo progresista y alentados desde Madrid, reclamaban la vuelta de la constitución de 1812 como alternativa necesaria al Estatuto Real; pero cuando los sucesos de La Granja trajeron, al fin, esa constitución empezaron las contradicciones, que todavía no han sido suficientemente explicadas. Porque es el caso que el texto gaditano oficialmente recuperado fue admitido sólo parcialmente, con muchas reservas y a título provisional, es decir, a expensas de las modificaciones que introdujeran luego las Cortes e incluso de un texto nuevo, si es que así lo decidían.

Esto fue lo que al fin sucedió; pero de ello no habían hablado ni las juntas provinciales ni los sargentos de La Granja. En agosto de 1836 unos amotinados sustituyeron públicamente el Estatuto Real por la constitución de 1812; mas al mismo tiempo unos autores desconocidos, en un juego de manos rapidísimo y oculto, suplantaron la constitución de 1812 por el anuncio de otra futura, que resultó completamente distinta. No se sabe a quién se debió tan audaz manipulación y resulta imposible fundamentar las conjeturas explicativas porque si el argumento que se repetía era siempre el mismo –la necesidad de adaptar la vieja letra a las nuevas circunstancias– nunca se explicó cuáles eran esas circunstancias concretas que exigían tales modificaciones.

No parece aventurado sospechar la presencia de una mano moderada, puesto que moderados eran todos los del entorno de María Cristina en aquellas jornadas de agosto de 1836. Pero tampoco puede olvidarse que quienes organizaron el motín y triunfaron fueron progresistas. Conviene, por tanto, seguir este hilo porque a través de él puede sacarse un ovillo sorprendente, a saber: la clave de la escisión de los progresistas y la mejor inteligencia de los debates más importantes de aquellas Cortes.

La fidelidad a la constitución de 1812 fue precisamente la línea que separó a los progresistas templados de los progresistas avanzados y radicales; una línea o muro de separación que no existía entre los moderados y los progresistas templados: lo que explica que en este campo común pudieran entenderse luego fácilmente unos y otros a la hora de redactar la constitución de 1837. Por su parte, entre los avanzados y los radicales no mediaba esta separación sino otra: los avanzados eran pragmáticos, estaban dispuestos a pactar con los mendizabalistas si éstos se comprometían a incluir en el programa de gobierno algunos de sus objetivos, mientras que para los radicales no había alianza posible.

Tercera: Las grandes realizaciones fueron obra del liberalismo, no del progresismo

Las dos estirpes del liberalismo luchaban entre sí por ocupar el Poder para desde él imponer sus ideas políticas y al tiempo para beneficiarse de sus rentas. Este segundo objetivo era oficialmente silenciado por su calidad perversa: ocupación de cargos públicos remunerados (desde la presidencia del Consejo de ministro hasta la más modesta portería) que se repartían entre los amigos; manipulación de las adjudicaciones de cuotas de impuestos y reclutas; y toda una gama de contratos legales e ilegales en una situación de miseria económica y corrupción social generalizada.

La imposición del ideario político resultaba ya más difícil por la sencilla razón de que aún no se había elaborado con claridad. Las banderas del progreso y de la moderación eran lo suficientemente imprecisas como para poder cubrir cualquier mercancía. Nadie se decidía a proclamar un programa concreto y todo se arreglaba con palabras altisonantes y huecas –libertad, patria– que nada significaban por sí mismas. La política se iba perfilando sobre la marcha, de ordinario sobre extremos concretos en los que los bandos adoptaban posiciones contrarias no siempre justificadas y a veces ilógicas.

Hecha esta salvedad, nos encontramos con una realidad a primera vista sorprendente, a saber, que en las grandes cuestiones –constitución, desamortización eclesiástica, señoríos, diezmos– todos estaban de acuerdo. Lo que significaba que las realizaciones esenciales del Nuevo Régimen no fueron obra imputable a progresistas o moderados sino al liberalismo o tronco común de ambos. Un hecho aparentemente asombroso si se tiene en cuenta que el Gobierno era progresista y en las Cortes no había sitio para los moderados, pero que ha intentado explicarse desde diversos ángulos.

Durante mucho tiempo ha corrido la versión conspiratoria, puesta en circulación por Borrego, conforme a la cual se había celebrado un pacto expreso de colaboración (un «pacto de Estado» en la terminología actual). Esto ya no se admite y menos aún la hipótesis de una decisión adoptada por el sentido de responsabilidad de todos los diputados. La explicación más verosímil es la de la carencia de una política partidista singularizada, de tal manera que en las cuestiones fundamentales todavía compartían todos un patrimonio ideológico común en el que se basaban las grandes decisiones.

El ejemplo más conocido fue el de la constitución de 1837, aprobada ciertamente por unas Cortes progresistas, que fue un texto inequívoco de concordia ya que los diputados tenían una ideología que no se había separado aún completamente de la de sus adversarios. Una ideología y unos intereses comunes porque todos estaban igualmente a favor también de la desamortización de bienes eclesiásticos, que tanto les iba a enriquecer; y lo mismo en las demás grandes cuestiones como la libertad de imprenta o la contribución extraordinaria de guerra. En 1836 el objetivo común era desmontar el Antiguo Régimen absolutista y sustituirlo por otro nuevo liberal constitucional. Las diferencias partidistas de detalle vendrían luego.

Cuarta: La difícil identificación de las tres fracciones parlamentarias progresistas

Prescindiendo de la indicada comunidad de objetivos e intereses sobre las grandes cuestiones, la vida política parlamentaria cotidiana era una sucesión ininterrumpida de discusiones encarnizadas en torno a cuantas materias conocían las Cortes; pero siempre se tenía la sensación de que se trataba de una lucha de «todos contra todos» puesto que no había partidos políticos formalizados ni grupos parlamentarios confesados y todos los diputados se tenían por independientes y afirmaban que decidían sin influencia externa alguna y ateniéndose a su propia conciencia. Lo cual no era, sin embargo, rigurosamente cierto, pues leyendo con paciencia y cuidado el Diario de Sesiones de las Cortes se puede percibir la existencia de un cierto orden que daba sentido a los debates. Orden inspirado por la presencia, ya que no de partidos oficiales ni de grupos formales, de grupos reales en los que se encuadraban casi todos los diputados –salvo algunos francotiradores rabiosamente independientes– bajo el liderazgo de unos prohombres que les proporcionaban sus señas de identidad.

Esto era tan manifiesto que la constatación de la existencia de las tres fracciones resulta sencilla. Otra cosa es, sin embargo, la identificación de los miembros concretos de cada grupo. Una tarea tan difícil como incierta que constituye, por cierto, uno de los hilos más elaborados del presente libro aun a conciencia de la inseguridad de las conclusiones a las que se ha llegado analizando concienzudamente las intervenciones y votaciones, que no son de ordinario decisivas puesto que la mayor parte no eran nominales y, además, al no haber disciplina de voto, eran frecuentes los cambios de opinión y en último extremo de posición política. Aun así y con todas las cautelas que se quiera, hoy es posible identificar a las tres fracciones progresistas indicadas, a sus cabezas y a sus militantes más significativos.

En cualquier caso, a lo largo del Ministerio Calatrava-Mendizábal se observa una clara cesura en los bancos del Congreso: de un lado estaba la mayoría ministerial y del otro la minoría antiministerial. Pero no se trataba de dos bloques estables puesto que, como acaba de decirse, algunos diputados abandonaban su posición ordinaria y, siendo ministeriales, votaban en su contra en alguna materia concreta. Los progresistas, aun careciendo de un ideario explícito común, se caracterizaban inicialmente por el dato negativo de su rechazo apasionado al moderantismo y a sus prohombres. Los radicales eran devotos de la constitución de 1812 y querían imponer sus principios de manera inmediata y hasta sus últimas consecuencias; además eran los únicos que tenían sensibilidad social; fueron siempre el núcleo duro y constante de la oposición. Los avanzados también defendían el espíritu de la constitución gaditana; pero su pragmatismo político les permitió aliarse con los mendizabalistas para asegurar la mayoría: alianza que se rompió cuando se convencieron de que el Ministerio no estaba dispuesto a llegar demasiado lejos. El bloque más importante de la mayoría estaba constituido por los diputados que profesaban una implantación prudente y pausada de las reformas liberales (aunque sin llegar a lo que consideraban como inmovilismo de los moderados sospechosos incluso de retrógrados), así como una fidelidad a toda prueba a la persona de Mendizábal.

A la luz de los varios miles de páginas del Diario de Sesiones puede conocerse a todos los diputados y algunos nos enseñan su personalidad íntegra como políticos, padres de familia y hombres. Hay, por tanto, una posibilidad de conocerlos, de redimensionar su significado público y de reasignarles un nuevo lugar en el tablero histórico. Varios han dado un paso al frente y se han colocado en la primera fila del escenario, siquiera haya sido fugazmente, como Fontán, Gorosarri, García Blanco o Vila; mientras que otros, a los que se tenía por primeros actores, han pasado a una fila más discreta, como Sancho o Martín de los Heros. Algunos han confirmado su peso político, como Argüelles, Gómez Becerra o Pita Pizarro; mientras que lo que han confirmado otros ha sido la infiabilidad de la que ya se sospechaba, empezando por Olózaga. Las figuras del retablo han cambiado, pues, de lugar y de bulto, como Madoz, aunque no todos lograran luego mantener su importancia, como Caballero y Aniceto de Álvaro. No todos, ciertamente, pero muchos han salido del montón y se nos han hecho personal y políticamente familiares.

Al no haber partidos oficiales ni, por tanto, ficheros de militancia, al descender al análisis singular de cada diputado, al leer sus discursos y constatar sus votaciones, pierden consistencia las adscripciones que se les han atribuido respecto de un grupo determinado, de la misma manera que se emborrona la aparente nitidez de esos grupos. La fracción avanzada o la radical y hasta la misma estirpe progresista son entelequias, construcciones intelectuales, meros tipos ideales que ayudan a comprender la realidad, pero que no son la realidad y ni siquiera la reflejan fiablemente.

Nos sobran categorías y no hay modo de encajarlas todas correctamente en el tablero: están los anarquistas, los exaltados históricos y actuales, los estatutistas, los demócratas, las sociedades secretas, los republicanos y tantos otros, por no hablar del pueblo menudo y anónimo, pasivo y activo. De momento, y con la única intención de que no interrumpan la aparente coherencia del relato, no ha habido más remedio que expulsarles a las tinieblas extraparlamentarias, en espera de que un día logre un historiador sacarles de este limbo y les reconozca el papel efectivo que han ido desempeñando en cada momento.

En líneas generales la evolución de aquellos meses fue inequívoca: por unas razones o por otras, la mayoría fue deteriorándose hasta llegar a correr el peligro de dejar de serlo. El nombramiento del Ministerio Bardají en agosto de 1837 cambió, no obstante, la situación: se barajaron de nuevo las cartas y empezó otra partida.

Quinta: Los Poderes fácticos o extraparlamentarios

Como la lucha política no se desarrollaba sólo en las Cortes, conviene extender el análisis a otros escenarios y a otros agentes singularmente al Palacio, la Prensa y al Ejército.

Puede dudarse de la sinceridad del liberalismo de María Cristina; pero nunca ocultó las escasas simpatías que le inspiraban los progresistas y más desde las humillaciones de La Granja. La Reina Gobernadora nunca fue políticamente neutral: por convicción y conveniencia siempre estuvo del lado moderado y Mendizábal fue su primera víctima ya que aprovechó dos oportunidades para apartarle del Poder: en mayo de 1836 y en agosto de 1837.

La importancia de la prensa tampoco era desdeñable desde el momento en que se entendía que a través de ella se expresaba la opinión pública –como un segundo canal que corría paralelo al electoral– y, al tiempo y un tanto paradójicamente, la formaba. De aquí la extremada atención que desde el primer momento dedicaron los liberales a la libertad de imprenta. Aunque hay que advertir que en este campo las fuerzas estaban sensiblemente igualadas, ya que si los radicales contaban con El Castellano, los avanzados disponían de El Eco del Comercio y los ministeriales de la Gaceta.

Los años demostraron pronto, sin embargo, que el Poder fáctico más importante sería el Ejército o, si se quiere, los pretorianos del Alto Generalato, pues fueron ellos, y no los partidos ni las Cortes, quienes escribieron la verdadera historia de España, dirigida sucesiva e ininterrumpidamente por un Protector: sin salirnos del siglo XIX desde Espartero a Serrano pasando por Narváez, O’Donnell y Prim.

Sexta: el Ejército en la guerra y en la política

Una desacertada inteligencia de las necesidades de la guerra civil había impulsado la formación de un ejército tan numeroso que la nación no estaba en condiciones de mantener. Las tropas cristinas carecían de formación, no estaban motivadas para combatir y pasaban hambre, frío y enfermedades. En estas condiciones tenían que ser inevitablemente indisciplinadas y proclives a la insubordinación. Con escasas excepciones, no eran un ejército de estilo europeo sino hordas hambrientas y desnudas que recorrían el país disputando a las hordas carlistas el botín que saqueaban a los pueblos por donde pasaban. En 1837 ya no era una guerra entre dos ejércitos enfrentados sino la ocupación de un país por dos ejércitos que esquivaban cuidadosamente los enfrentamientos bélicos.

Los oficiales cristinos se resistían a entablar combate porque no tenían confianza en sus tropas más inclinadas a la deserción que a la lucha, a la retirada que a un cuerpo a cuerpo y que no vacilaban en huir o en disparar contra sus propios jefes cuando intentaban frenarles. Esto fingían ignorarlo los diputados y los periodistas a quienes era más cómodo recriminar a los generales su pasividad porque resultaba duro reconocer que era imposible salir en campaña con los soldados descalzos y sin raciones.

Así no se terminaba nunca la guerra, pero más peligrosa que las tropas indisciplinadas era la plétora de generales a los que se entregaban las fajas en premio de triunfos imaginarios. En consecuencia la política era la mejor alternativa a la guerra. Ante un electorado indeciso y versátil, los partidos sabían que no podían estabilizarse en las urnas y que necesitaban una espada que desequilibrase la balanza (la famosa «espada de Breno» que aparecía en todos los discursos). Y los generales, naturalmente, se prestaron con gusto a este juego. En la paz el ejército resultaba más eficaz que en la guerra. Cada partido era tutelado por un General y el Trono y el sistema en general terminaron dependiendo de un Protector militar: en esto quedó el Nuevo Estado constitucional liberal, sistemáticamente burlado por los prohombres políticos y militares que se pusieron de acuerdo en la realización de una farsa, en la que nadie creía pero que a todos convenía y que muy pocos se atrevían entonces –ni se atreven hoy– a denunciar.

Séptima: Mendizábal como referente político

Agotado el preludio moderado de Martínez de la Rosa y Toreno, brusca e inesperadamente apareció Mendizábal, quien se convirtió en el protagonista de la escena política española durante casi dos años desde el ministerio de Hacienda e incluso desde la presidencia del Consejo de ministros. Llegó desde Londres sin antecedentes políticos destacados, puesto que no era político de profesión sino un banquero sin otro aval de peso que el de su afortunada intervención en los conflictos político-dinásticos de Portugal. En rigor no fue llamado para gobernar al país sino primero para salvar al tesoro y más tarde para «salvar a la Patria». Luego, ni salvó a la Patria ni remedió el Tesoro ni expulsó al Pretendiente, ni unió a los liberales, pero durante su gobierno se consolidó el Nuevo Régimen constitucional liberal y comenzó en España una nueva edad, casi como si perteneciera a Europa.

A la vista de lo dicho caben dos visiones de este personaje: o bien como una figura gloriosa que se convirtió a justo título en un mito del progresismo civil (como Espartero fue el contrapunto del progresismo militar) o bien como una catástrofe nacional, como una desgracia que torcería el destino de varias generaciones. Dos versiones que no son contradictorias sino correctas ambas en cuanto resultado de dos puntos de vista dirigidos al mismo objeto. De hecho Mendizábal hizo posible la consolidación del liberalismo en España, estableció un Nuevo Régimen moderno de estilo europeo; pero lo hizo mal. El liberalismo se instaló entre nosotros con un sesgo torcido, casi perverso y de esta forma se prefiguró nuestro destino habida cuenta de que nunca lograron superarse después estas desviaciones iniciales.

En otras palabras: en el terreno de los principios la obra de Mendizábal fue gigantesca y admirable; mientras que en el terreno de las realidades fue un fracaso sin paliativos ni excepciones. Por ello Mendizábal sólo puede ser alabado por quienes no padecieron personalmente las nefastas consecuencias de sus ensayos y únicamente pretenden juzgar la historia a vista de pájaro, muy lejos del suelo.

Para realizar sus empresas contó Mendizábal con la genialidad de su temperamento y con la suerte de vivir en una coyuntura singularmente favorable: un Gobierno y unas Cortes del mismo color político, el apoyo más o menos forzado de la Corona, el entusiasmo del embajador inglés y un Ejército todavía neutral. Cuando cambiaron tan favorables circunstancias, cayó el personaje y, aunque no se retiró de la política activa hasta su muerte, al cabo de seis meses fue entronizado en el panteón de los mitos nacionales para vegetar allí con mucha gloria, escasa influencia y ningún poder.

Conviene ser muy prudente, por tanto, al estudiar a Mendizábal porque tradicionalmente se le viene enjuiciando desde la perspectiva de la heroicidad, al estilo de Carlyle, es decir, creyendo que el destino de las naciones se amasa por las manos de un hombre heroico, sea para bien o para mal. No se pretende, por tanto, minusvalorar su importancia pero tampoco puede caerse en el error de creer que todo fue obra suya: la desamortización, la abolición de los diezmos, las levas militares, la libertad de imprenta, la constitución y un largo etcétera de realizaciones. En todo intervino ciertamente y de manera decisiva, pero en todo contó con inspiradores y colaboradores eficaces, empezando por el Congreso, y además todo tuvo antecedentes: en Cádiz y en el Trienio. Pongamos, pues, las cosas en su sitio con una frase de sentido común: las realizaciones progresistas hubieran sido distintas sin Mendizábal; pero la obra de éste hubiera sido mucho más parva de no haber contado con la constante colaboración de progresistas de la altura de Argüelles, Gómez Becerra, Sancho, Antonio González, Joaquín Ferrer y tantos otros.

A la vista del Diario de Sesiones de las Cortes, de la Colección Legislativa y de la Prensa, hoy estamos en condiciones de enjuiciar de forma directa (es decir, sin la influencia de analistas intermediarios) el significado histórico de Mendizábal procediendo a un balance de sus realizaciones con ponderación de sus elementos negativos, ambiguos y positivos, por este orden.

Octava: Errores, torpezas, fracasos

Empezando por la lista de sus fracasos, que es la menos conocida, Mendizábal no cumplió la solemne promesa anunciada en el célebre programa de septiembre de 1835: la terminación victoriosa de la guerra civil. Una promesa a todas luces precipitada dado que no conocía las circunstancias de la guerra, pero en cierto modo justificable puesto que en gran parte no dependía de él. O dicho de otro modo: el error no fue el no ganar la guerra sino el haberse comprometido a hacerlo. Aunque lo más lamentable aquí fueron los malos pasos que se acumularon a este propósito.

Mendizábal creía, como casi todos los estrategas de café, que para ganar una guerra lo único que hacía falta era dinero y a tal fin buscó proporcionárselo, pero sus cálculos resultaron totalmente equivocados y así tuvo que reconocerlo públicamente en un día de sinceridad: el adelanto de los 200 millones no se consumó o llegó demasiado tarde al haberse planteado de manera extraordinariamente torpe y, en consecuencia, no pudo financiar debidamente al ejército de la victoria. Si el segundo elemento, además del dinero, eran los hombres, también fallaron sus planes en este punto porque pasó por alto que había de tratarse en todo caso de hombres formados, armados y alimentados y es el caso que los nuevos reclutas, en razón a lo excesivo de su número, no cumplían estas condiciones y su presencia resultó negativa desde el punto de vista militar.

La libertad de prensa –el segundo gran objetivo de su programa– tardó muchos meses en llegar a ser ley, mas el proceso parlamentario de su elaboración fue literalmente descabellado. Y del tercer objetivo del programa –una ley de responsabilidad ministerial– no puede hablarse porque no llegó a intentarse nunca seriamente. Lo que significaba que no se cumplió ni uno solo de los objetivos anunciados en el programa con el que oficialmente entró en la política española.

Lo más curioso de su política fue, no obstante, que donde más estrepitosamente fracasó fue en una materia en la que se suponía que sus conocimientos eran mayores, o sea, en la hacendística. Y resultó lo contrario. Por lo pronto no se atrevió a abordar una reforma fiscal más que a través de un estudio teórico presentado después de su cese. Los empréstitos que obtuvo fueron singularmente gravosos, aunque quizás no tuviera otras posibilidades, pero siempre fueron planteados de manera más que imperfecta: entre la torpeza, la trampa y la ilegalidad, cuando no el delito. Para encubrir tantos errores tuvo que acudir a ocultar sus operaciones negándose a rendir cuentas de nada. Un comportamiento opaco que, al menos, no repercutió en el prestigio de su honestidad personal, que casi milagrosamente no fue puesta nunca en duda, aunque ciertamente enriqueciera a sus socios y amigos. El impago de los intereses de la Deuda exterior cerró la puerta a negociaciones futuras, por muy caras que hubieran salido; mientras que las manipulaciones realizadas en la Bolsa de Londres con títulos de deuda consolidada y sin interés fue una maniobra cuando menos turbia, aunque no fuera él el primero en llevarla a cabo. Incalificable fue igualmente su negativa a presentar los presupuestos con la puntualidad exigida en la constitución.

Ahora bien, donde su torpeza llegó al colmo fue en el planteamiento y gestión de la abolición de los diezmos (no ya de la abolición en sí, como se verá más adelantes) al conectarla de manera inextricable e ininteligible con la contribución alternativa sustitutoria de culto y clero y, por si fuera poco, con la contribución extraordinaria de guerra, hasta tal punto que pudo agravar lo que parecía imposible, a saber, los errores cometidos en el anticipo de los 200 millones.

Todos estos juicios son extremadamente duros, ciertamente, y desconcertarán a más de un historiador acreditado, pero pueden pronunciarse sin riesgo de temeridad (aunque sí de equivocación) cuando vienen avalados por testimonios y documentos suficientes.

Novena: Desastrosa gestión de los procesos de desamortización y abolición de diezmos

Los errores y fracasos que acaban de enunciarse son tan enormes que no fue nunca posible ni ocultarlos ni justificarlos, aunque sí, desde luego, silenciarlos, que es normalmente lo que viene haciéndose. Pero cuando a pesar de ellos la figura de Mendizábal se ha glorificado y convertido en un mito, es evidente que ha de haber muchas cosas positivas en su balance. A continuación van a examinarse sus realizaciones más discutidas, es decir, las que han merecido desde el primer momento juicios encontrados.

En la memoria histórica popular Mendizábal es el hombre de la desamortización eclesiástica que no sin cierta impropiedad se le imputa. Sobre las ventajas y desventajas de la desamortización, sobre su alcance económico y político y sobre su necesidad y oportunidad han corrido ríos de tinta, que no es procedente recordar en un capítulo dedicado a conclusiones. En este momento sólo interesa examinar el modo en que se realizó, que es el aspecto más discutido.

Porque esas fincas pudieron incorporarse al mercado sin necesidad de ofender a la Iglesia, como se había hecho en la desamortización ilustrada. Y también había otras muchas opciones alternativas. Pero dejando todo esto a un lado, la cuestión que aquí importa es la de si con la variante elegida se consiguieron los fines perseguidos por sus promotores. A lo que cabe dar una respuesta afirmativa si se entiende, con sinceridad, que el auténtico objetivo de la desamortización fue el de satisfacer el apetito voraz de tierra que tenían los burgueses y el de encarrilar la economía agraria en un sistema capitalista. En cambio, si nos atenemos a los objetivos oficialmente proclamados, la respuesta ya no puede ser tan contundente porque las soluciones opcionales ofrecían mayores ventajas sociales y hubieran facilitado la formación de unas estructuras rurales más equilibradas.

Ahora bien, a corto y a medio plazo, la desventaja más grave de la operación fue la de comprometer al Estado en una operación ruinosa puesto que tuvo que cargar con la manutención vitalicia de los exclaustrados con sus miles y miles de «manos ociosas» ya que no de manos muertas y de estómagos hambrientos que había que alimentar a costa del Tesoro. En definitiva: se había privatizado el patrimonio eclesiástico regular (y luego el secular) en beneficio de un puñado de capitalistas; mientras que el coste de la pauperización de los frailes se echaba sobre los hombros de la nación a cargo de los presupuestos. Y todo para que al cabo de muy pocos años se olvidaran los pretendidos odios antifrailunos y los claustrados regresaran a sus «nidos» para volver a empezar un nuevo ciclo.

A despecho de su popularidad y de su trascendencia económica, la desamortización de los bienes de las Ordenes regulares de ambos sexos fue una operación más bien marginal porque en este ámbito lo verdaderamente importante fue la abolición del diezmo ya que con ella se produjeron dos efectos a cual más graves: por un lado se convirtió el culto religioso en un servicio público y a sus ministros en empleados públicos; y por otro, al suprimirse un impuesto de tal calidad se alteró el sistema fiscal, que hubo que reordenar por completo, aunque no se hiciera efectivamente hasta que llegaron los moderados.

Aquí, como en la desamortización, todos estaban de acuerdo con la abolición, que, por ende, fue una realización liberal, no progresista. Lo que la oposición criticó, y con razón, fue el modo de llevarla a cabo: un modelo de desbarajuste para cuya descalificación es difícil encontrar palabras suficientemente duras. En este punto, como en el de la desamortización, los juicios contrarios no afectaban in re sino in modo.

Décima: Significado histórico de Mendizábal

En las páginas anteriores hemos visto primero una lista de errores y fracasos sin paliativos y luego otra de operaciones que fueron admisibles por sí mismas aunque rechazadas por la forma en que se hicieron. En cualquier caso, el balance hasta ahora es decididamente negativo por lo que tenemos que volver al punto de partida, o sea, a la explicación del buen recuerdo que en la historia ha dejado un hombre al que le salió mal todo aquello en que puso sus manos. La respuesta ya la hemos avanzado antes.

Si se miran las cosas sub speciae aeternitatis la valoración tiene que ser necesariamente positiva porque Mendizábal fue el instrumento escogido por la Providencia (por así decirlo) para cumplir la misión de facilitar la transición de un país de un estado político a otro, como lo fueron los Reyes Católicos o Bolívar. Insistiendo en las metáforas, el espíritu de la Historia exigía que las naciones europeas abandonasen el Antiguo Régimen para adoptar un Nuevo Régimen constitucional liberal y fue a Mendizábal –dado que ni los hombres de Cádiz ni los del Trienio tuvieron tiempo de hacerlo– a quien correspondió llevar a cabo esta hazaña (o por lo menos en él pudo simbolizarse razonablemente).

Ahora bien, si miramos las cosas desde una perspectiva temporal concreta, la valoración tiene que ser necesariamente negativa puesto que esta transición se llevó a cabo de la peor manera posible, con la consecuencia de que esta desviación inicial, al no ser corregida a tiempo, iría aumentando geométricamente con los años hasta apartar a España de los carriles europeos.

Undécima: El pretendido progresismo de Mendizábal

En la vida política de Mendizábal, tan sorprendente por otras razones, hay un extremo especialmente curioso que merece ser recogido en este capítulo de conclusiones. Trátase de sus relaciones con el partido progresista.

Mendizábal en 1835 no era progresista ni podía serlo por la sencilla razón de que el concepto todavía no había sido acuñado oficialmente ni corría en los medios. Era, eso sí, un liberal a toda prueba e incluso exaltado a juzgar por sus antecedentes del Trienio, aunque no pueda decirse lo mismo de sus aventuras portuguesas. En todo caso fue nombrado ministro por su estricta condición de liberal y no puede olvidarse que quien le llamó a Londres era un moderado sin tacha como el conde de Toreno. Es más, la Reina Gobernadora tenía la esperanza de que un hombre como él, alejado de la Patria y por encima de las banderías, fuera capaz de reunificar a las distintas ramas de la familia liberal que empezaban a distanciarse peligrosamente.

Pues bien, al cabo de no mucho tiempo Mendizábal se convirtió en la cabeza del progresismo siguiendo un proceso singular, que consistió en trabar amistad con los prohombres exaltados, reclutando de entre ellos a los más templados y seleccionando un patrimonio ideológico tibio, creando con todos estos elementos un grupo propio que hubiera debido llamarse mendizabalista (puesto que estaba vinculado personalmente con el jefe) pero que aceptó el nombre más genérico de progresista en el que cabían también los avanzados seguidores de Caballero y López y hasta los radicales del grupo alvarista. La ventaja de esta amplia fórmula estribaba obviamente en que así se facilitaba la convivencia ideológica de grupos distintos, que en principio enriquecían el movimiento progresista pero que en seguida se convirtieron en enemigos encarnizados si bien con la desgracia de que perteneciendo todos a la misma estirpe, las confusiones y ambigüedades se hicieron inevitables y en ocasiones era difícil separar a unos de otros.

De esta manera el nuevo grupo aglutinado en torno a Mendizábal –que tenía el atractivo de su personalidad, su dinero y el poder– con el nombre de progresista, pronto se le escapó de las manos, se objetivizó y, cuando salió del ministerio, ya no era «su» partido, puesto que no le pertenecía el partido a él, sino que era él quien pertenecía al partido, aunque fuera con todos los honores (y solamente con ellos) debidos a su pasado.

Duodécima: La constitución mancillada: una vía sin retorno

En los dos años que transcurrieron entre el verano de 1835 y el verano de 1837, es decir, en el período que Mendizábal protagonizó la vida política y en los que se inició el experimento de un Estado constitucional, tuvieron lugar unos acontecimientos importantes por sí mismos y además trascendentales para el futuro, desde el momento en que lo prefiguraron en unos términos desoladores. Los liberales soñaban con un Estado constitucional completamente distinto al del Estado absoluto: un Estado que necesitaba unos nuevos cimientos, que se apresuraron a establecer en la constitución de 1812, unos pilares y unas edificaciones que permitieran vivir a la nación confortablemente y ser feliz al pueblo. La tragedia fue, sin embargo, que estos cimientos y pilares quedaron mal establecidos y el edificio resultó inhabitable para las generaciones de todo un siglo. De estos tristes comienzos fue Mendizábal en parte testigo y en parte protagonista. Con él –aunque no necesariamente por causa de él– la experiencia constitucional española empezó mal y ya no se enderezó nunca.

Las reglas del juego (provisionales) del Estatuto Real habían previsto la existencia de un Ministerio nombrado libremente por la Regente y de una especie de Cortes elegidas por la nación, entendiendo por nación al 0,2% de la población: precisamente los más ricos e ilustrados. Esto era prefigurar un Gobierno y unos Estamentos moderados; y tal fue lo que efectivamente sucedió. Uno y otros vivieron en buena armonía admitiendo implícitamente, además, que se trataba de un ensayo que se iría desarrollando «poco a poco» hacia fórmulas e instituciones más amplias.

Pero como también había otros liberales no tan pacientes, no tan moderados, es decir, los exaltados del Trienio y sus presuntos sucesores, que no estaban dispuestos a esperar tanto, organizaron unos levantamientos populares que hicieron imposible la vida al Gobierno. Como en aquel momento dramático apareció Mendizábal que, después de haber sofocado con habilidad, y no con fuerza, los levantamientos provinciales, decidió mantener las mismas reglas de juego, pero tolerando que se hiciera la primera trama constitucional de forzar a la Reina Gobernadora a nombrar un nuevo Gabinete.

Dado el primer paso de la desviación, era ya previsible el segundo. Mendizábal –que todavía no era progresista pero que desde luego no era moderado– ya no podía convivir pacíficamente con una Cámara de signo político distinto, que había heredado de Toreno y ante esta incompatibilidad obtuvo de la Reina Gobernadora el decreto de disolución del Estamento para a continuación organizar unas elecciones que trajeron otro hecho a su medida. Lo cual suponía una inversión completa en la aplicación de la regla constitucional. La regla era que la Cámara y el Ministerio habían de convivir armoniosamente y para lograrlo era aquélla la que nombraba a éste. Pues bien, cuando Mendizábal disolvió la Cámara y convocó nuevas elecciones, a través de ellas, debidamente manejadas, fue el Ministerio el que constituyó unas Cortes a su imagen y semejanza, como emanación suya.

En el mes de mayo de 1836 la Reina Gobernadora cesó el Ministerio Mendizábal y lo sustituyó por el de Istúriz: una operación constitucionalmente impecable puesto que al Monarca correspondía designar a sus consejeros; pero la consecuencia inevitable fue la de que se rompió de nuevo la armonía entre los dos poderes y, para recomponerla, se repitió la fórmula de disolver las Cortes para que Istúriz pudiera formar otras con las que sentirse cómodo.

De esta manera se hubieran restablecido las reglas del juego; pero los actores políticos habían aprendido la fácil solución de las trampas y no vacilaron en acudir de nuevo a ellas. En el verano de 1836 se repitió entonces lo sucedido el verano anterior: levantamientos populares en las provincias con la participación última –lo que ahora era inédito– de unos sargentos. Y entre todos convencieron a la Reina Gobernadora para que cambiara de nuevo el Gobierno y regresaron los progresistas con Calatrava y Mendizábal.

Habiendo llegado tan lejos en este camino de irregularidades, era de temer que se había entrado en una vía sin retorno. Y así fue. Porque el siguiente cambio, que significó un nuevo cese de Mendizábal, fue consecuencia de un motín de oficiales que se lo exigieron a la Regente. La constitución había perdido su sentido desde el momento en que todos habían decidido salirse de ella.

Fuera de la constitución se produjo entonces un vacío y éste fue llenado por los militares. Las cosas habían llegado a un punto en el que cualquier solución tenía que estar fuera de la constitución. La solución consistió en someter a los partidos y a la monarquía a un protectorado militar. Era conservar la fachada de la constitución pero sin vivir dentro de ella. Un grave pecado del que no puede culparse sólo a los generales pues tan responsables como ellos fueron los políticos que eran los que les habían llamado.

Decimotercera: Los enigmas de La Granja y Pozuelo

Los motines de La Granja y Pozuelo nos son aceptablemente bien conocidos en su superficie: sabemos lo que sucedió, pero ignoramos sus causas y objetivos. Decididamente en algunos acontecimientos más vale relatar los hechos colocándolos simplemente uno detrás de oro que intentar integrarlos en una cadena causal, puesto que resulta imposible enlazar las causas y las consecuencias.

Sabemos, en efecto, lo que hicieron los sargentos en La Granja pero no hemos logrado determinar «cómo» y «por qué» de aquellas entrevistas nocturnas con la Reina Gobernadora salió el Ministerio de Calatrava ni la razón de que no se oyera nunca el nombre de Mendizábal, que unas semanas más tarde reaparecería de improviso para convertirse en el alma del Gobierno.

Sabemos igualmente lo que hicieron y exigieron los oficiales de Pozuelo, pero no hemos encontrado el anillo que enlace aquel motín con el Ministerio Bardají. Hoy por hoy, cuando intentamos indagar en las razones, seguimos completamente a oscuras.

Decimocuarta: El Ministerio Bardají

Cesado el Ministerio Calatrava-Mendizábal por exigencia de los oficiales amotinados en Pozuelo, el Gobierno de recambio había de ser moderado siguiendo la lógica de la alternancia política y a punto estuvo, en efecto, la Reina Gobernadora de nombrar uno presidido por el duque de Gor: lo que hubiera significado una nueva disolución del Congreso, dado que aquél y éste hubieran resultado incompatibles. Pero a última hora se inclinó María Cristina por Bardají, un anciano liberal que se puso al frente de un Gabinete integrado por progresistas parlamentarios no mendizabalistas, a los que se colocó en una situación difícil, pues en cuanto progresistas las Cortes no podían rechazarlos, pero en cuanto no mendizabalistas, la mayoría, que seguía siéndolo, tampoco podía aceptarlos de buen grado.

Con este Ministerio se inició una serie de Gobiernos no formados, como parecía natural, por las cabezas del partido que representaban, sino por individuos de segunda fila, de procedencia heterogénea e ideología ambigua. Gobiernos condenados de antemano a la ineficacia porque carecían de autoridad y de respaldo parlamentario, ya que a todo lo más a lo que podían aspirar era a ser tolerados –mas no apoyados– por las Cortes, quienes se encargaron, al cabo de un acoso implacable, de que pronto fuera separado Pita, que era el único ministro que con sus energía y personalidad política hubiera podido enderezar el curso del Gabinete.

Confusionismo y esterilidad agravados en el caso de Bardají por la circunstancia de que el presidente nominal fuera Espartero, que no se dignó acercarse a Madrid para ocupar el cargo; y al poco tiempo se puso en marcha una noria que cada semana traía nuevos ceses y nombramientos trayendo a individuos que ya ni siquiera eran diputados.

Es difícil adivinar qué es lo que se pretendía con esta sorprendente práctica de Ministerios ineficaces y estériles, que se sucedieron hasta el final de la Regencia de María Cristina. El resultado fue, en cualquier caso, que todos carecieron inevitablemente de autoridad al no sentirse representantes de un partido (y más cuando éstos ya habían, al fin, cristalizado) ni de una mayoría parlamentaria. Ni entonces ni ahora ha acertado nadie a dar una explicación plausible de este hecho y sólo cabe pensar, a título provisional, que los jefes de los partidos y los Generales, ya que no podían ocupar el Poder, se las arreglaban para que éste siguiera vacío, de tal manera que, al menos, de él no se beneficiaran los adversarios. Así hasta que Espartero y Narváez no se decidieron a protagonizar directamente, sin tapujos ni intermediarios, la escena política.

Decimoquinta: La herencia de un período glorioso

Las Cortes constituyentes de 1836-37 fueron el apogeo del progresismo civil: un período glorioso preparado por el anterior Gobierno de Mendizábal en el que se estableció un Nuevo Régimen constitucional decididamente moderno que significó la entrada irreversible de España en la edad liberal europea. El hecho de que esta transformación fuera una obra liberal y no sólo de una estirpe no disminuye los méritos del progresismo, antes bien los acrecienta, puesto que demuestra su generosidad al asumir unos objetivos más amplios que permitieron su realización en un tiempo brevísimo y en un ambiente de concordia. El Ministerio Calatrava-Mendizábal supo aprovechar el tiempo en el que dispuso de una cómoda mayoría parlamentaria para llevar a cabo sus proyectos y luego tuvo la fortuna de que cuando fue cesado las Cortes, prácticamente solas, coronasen su obra durante el Ministerio Bardají, que sin añadir nada por su cuenta, al menos no deshizo, y ni siquiera intentó frustrar, el enérgico impulso con que en la primera parte de la Legislatura se había actuado.

Esto es lo que vemos ahora, desde la distancia, porque al acabar el año 1837 ya había pasado el momento del apogeo, el panorama no podía ser más oscuro ni más apesadumbrada la herencia que recibían los moderados de los progresistas.

La guerra civil estaba peor que nunca: la partida seguía en tablas y ya era claro que no iba a decidirse con las armas sino que ganaría el bando que lograse sobrevivir más tiempo. No menos desastrosa era la situación del Tesoro: sin dinero y sin crédito y sin posibilidad de levantar una deuda aplastante con los medios ordinarios de un sistema fiscal inoperante y obsoleto, su único afán era el de llegar al día siguiente no obstante la bancarrota real. La Administración, cada día más burocratizada y centralizada, estaba completamente desorganizada y tratada como botín de un saqueo político y nepótico permanente. Por necesidad o por vicio las prácticas administrativas y sociales se habían corrompido y no se percibían valores que pudieran éticamente reanimarlas. La agricultura arruinada por la inseguridad de los campos, las levas repetidas y una desgraciada serie de malas cosechas. La industria desquiciada por la guerra y el contrabando. El comercio paralizado. El país entero era un páramo desolado por el que se paseaban hordas con el impropio título de batallones militares. El nuevo régimen eclesiástico no había conseguido «arreglar» un clero viciado, pero sí humillarle, envilecerle y empujarle hacia el carlismo. En las relaciones internacionales no se había adelantado un solo paso.

Mas lo peor de todo era que el progresismo se había roto en un frenesí cainita y que los Generales, al constatar que la Monarquía naufragaba sin remedio, se aprestaron a salvarla sujetándola a un protectorado permanente fomentado por los propios partidos políticos que, después de haber logrado formalizarse en organizaciones electorales y parlamentarias transparentes, en nada contribuyeron a una mejora de las prácticas políticas.

El Nuevo Régimen constitucional, en suma, había nacido mal y puesto que en él no había sitio para el pueblo, al que se negaba tercamente el acceso y no tenía energías para remediarse a sí mismo, hubo que acudir al Ejército como cirujano de hierro que en realidad, aun admitiendo que fuera de hierro, no resultó buen cirujano sino cómplice de todas las desgracias públicas.

Ante semejante herencia, era evidente que nada podían hacer ni Ofalia ni los Gobiernos moderados que le siguieron y menos aún los Ministerios progresistas de la Regencia de Espartero. En el fondo igual daba que gobernasen unos u otros porque no era un problema de partidos sino que estaba el Régimen mal planteado y nadie estaba dispuesto a verlo y remediarlo.

Decimosexta: Cuestiones pendientes

Para terminar veamos a continuación algunas de las cuestiones más importantes que quedaron abiertas al finalizar la etapa del progresismo civil.

En el terreno constitucional el texto de 1837 no consiguió enraizar su fórmula de concordia. A él siguió la versión de 1845 más moderada aún y un rosario interminable de nuevos ensayos y constantes proyectos que de seguro no han terminado en 1978.

La solución monárquica más que por convicción se aprobó por tradición y en parte por comodidad o indiferencia, pero la solución alternativa republicana siguió viva como probaron las dos repúblicas posteriores y un empuje popular que no ha cesado nunca a pesar de los desengaños.

La forma de Estado unitario y centralizado venía siendo contabilizada hasta hace poco en el Haber del Liberalismo, incluso como su logro más relevante o certificado de modernidad. Mas no por ello se extinguieron los impulsos federalistas, cantonalistas, autonomistas e independentistas, siempre latentes y en la actualidad dominantes. De España se separaron un día las provincias de Ultramar y hoy no todas las metropolitanas se encuentran cómodas.

Tampoco desapareció el carlismo ni como ideología ni como cuestión dinástica, pues a la Primera Guerra Carlista siguieron la Segunda y la Tercera y las boinas rojas reaparecieron en 1936.

La cuestión democrática no se resolvió y ni siquiera llegó a abordarse porque los liberales de las dos estirpes estuvieron de acuerdo en desconocerla o en fingir que la desconocían. Y lo mismo, incluso con mayor contundencia, puede decirse de la cuestión social o de una cierta aproximación de clases.

La Iglesia católica, aparentemente triturada, no fue vencida ni la población convencida, viviendo desde entonces entre la quema de iglesias, matanzas de clérigos y, en el otro extremo, confesiones forzadas y misas públicas de desagravio o publicidad.

El Ejército, después de haberse apoderado de la Guerra, se apoderó de los partidos políticos y al final del Estado.

El desarreglo hacendístico continuó e incluso se agravó aunque pareciera imposible que pudiera hundirse más.

El campo quedó socialmente destructurado y empujado irresistiblemente hacia el anarquismo y la violencia.

La Administración Pública inició un perceptible camino de recuperación que terminaría frustrándose por dos caras que se potenciaban sinérgicamente: la politización, que llegaba hasta la patrimonialización, y la corrupción.

El Gobierno, las Cortes, el Poder Judicial y en definitiva todas las instituciones y prácticas públicas desembocaron en el caciquismo, que ha sido el único régimen constitucional que ha funcionado con eficacia en España.

Los partidos políticos, formalizados al fin después de las Cortes constituyentes como espina dorsal del sistema constitucional, no llegaron a madurar nunca, devorados por las plagas del protectorado militar, la oligarquía burocrática y el personalismo más descarado.

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El Eco del Comercio, de Madrid.

El Castellano, de Madrid.

La Gaceta, de Madrid.

El Vapor, de Barcelona.

Si no se indica otra cosa las disposiciones normativas se han tomado de la «Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes y de los Reales decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del Despacho», en la Imprenta Nacional.

IMÁGENES

Mendizábal. Apogeo y crisis del progresismo civil

Alejandro Nieto

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