En este original libro de Memorias, su autor, una de las figuras más destacadas en el panorama político español de los últimos tiempos, nos refiere temas tan apasionantes como la legalización del Partido Comunista, la dimisión de Adolfo Suárez, la propuesta de sucesor, la investidura y el Gobierno de 1981, lo que pasó después del 23F, el orto y el ocaso de UCD, la mal llamada mayoría natural, la cuestión autonómica, la polémica atlántica, las negociaciones con el Mercado Común, los empresarios y la política económica. A todo ello se añaden tres comentarios en tono desenfadado sobre el complejo de la Moncloa, los Consejos de Ministros y los tránsfugas. Al final figura un breve ejercicio de autocrítica que hace el autor «sin propósito de enmienda».

Al evocar unos años decisivos en la historia inmediata, el autor extiende hasta hoy sus comentarios críticos. A sus opiniones se unen las de muchos políticos de nuestro tiempo, a los que se atribuyen frases auténticas, tomadas literalmente de los cuadernos que le servían al autor como herramientas de trabajo en los Ministerios y en la Moncloa, o de las cartas que conserva.

Entre la crónica, el drama, la polémica y la ironía, el lector se siente desde las primeras páginas en el centro mismo de los hechos que han marcado la historia reciente de España.

Leopoldo Calvo Sotelo

Memoria viva de la transición

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Titivillus 14.02.2021

Leopoldo Calvo Sotelo, 1990

Editor digital: Titivillus

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A mi mujer.

A cuantos estuvieron conmigo en los trances que aquí se relatan y, muy especialmente, a Luis Sánchez Merlo, a Ignacio Aguirre, a Matías Rodríguez Inciarte y a Eugenio Galdón.

Mi agradecimiento a Ana Larumbe, que mecanografió dos veces el texto sin aburrirse.

LUEGO NO PROTESTES, LECTOR

Esto, aunque otra cosa sugiera la portada, no es un libro de memorias. Ante todo porque ni siquiera es un libro: le faltan, para serlo, sistema y unidad. Y, además, porque tampoco las páginas que siguen quieren dar cuenta de una vida, o de una parte de ella, ni se acomodan a un orden cronológico, ni quien las escribe se siente lejos del relato, sino demasiado cerca de él y todavía preso en las pasiones que lo animan. El autor es de natural pendenciero y, al evocar unos años decisivos de la historia reciente, arma pendencia con las doctrinas y con las personas, cede (aunque había hecho propósito de no ceder) a la tentación apologética y no se recrea apenas en la autocrítica, tan pasada hoy de moda por la decadencia de los marxismos ortodoxos y el creciente desuso de la confesión. Lo que resulta es una serie de crónicas trufadas por algunas reflexiones, siempre en primera persona del singular; el autor cae en el feo vicio, que tantas veces ha reprochado a los periodistas, de mezclar información y opinión. Aunque en las páginas que siguen no sólo habla el autor, sino también los políticos de su tiempo a los que se atribuyen frases y opiniones auténticas, tomadas literalmente de los cuadernos que le servían al autor como herramientas de trabajo en los Ministerios y en la Moncloa, o de cartas que conserva.

Datos y glosas se ordenan en capítulos casi monográficos que tratan estos variopintos asuntos: la prehistoria de la transición, la dimisión de Suárez, la propuesta de sucesor, la investidura y el Gobierno de 1981, lo que pasó después del 23F, el orto y el ocaso de UCD, la mal llamada mayoría natural, la cuestión autonómica, la polémica atlántica, las negociaciones con el Mercado Común, los empresarios y la política económica. Al final se divierte el autor, y espera que también el lector se divierta, con cuatro estrambotes: el primero es un comentario sobre el complejo de la Moncloa, en los dos sentidos que suelen darse a la expresión. En el segundo el autor levanta un poco, sin faltar a la discreción jurada, el telón que oculta al público las arcanas reuniones de la Moncloa, a la vez que intenta la semblanza afectuosa y festiva de unos cuantos hombres singulares, animales raros de la fauna política, que fueron Ministros allá por los años de la extinta UCD; son fuente documental para esas confidencias y esas semblanzas las Órdenes del Día de los Consejos de Ministros, que guarda el autor profusamente anotados; como los de la transición duraban mucho, el tedio iba apoderándose del Gabinete, que no hay tensión que aguante diez horas seguidas, y era posible —y hasta saludable— tomar notas frívolas al margen de las graves cuestiones que se llaman de Estado.

El tercer estrambote se titula «Nominilla de tránsfugas», así, en diminutivo porque, entre las docenas posibles, sólo incluye dos nombres, ciertamente notables, cuyos procesos se relatan con buen humor y se documentan con mejor seriedad.

Cierra esta colección de tan varias lecciones un estrambote cuarto, breve examen de conciencia, sin dolor de corazón y con un título amparado en Zola: «Yo me acuso». Es un añadido para compensar este preámbulo.

¿Por qué se ha metido el autor en esta aventura tan arriesgada? Le movió, inicialmente, un afán paleontológico: salvar algunos hechos, y algunas personas, casi olvidados ya, de una época muy cercana que se llamó la transición política. (Porque de tal manera se va hinchando la era González que parece como si entre ella y la de Francisco Franco no hubiera sitio para nada más: UCD vendría a ser así el eslabón perdido en la historia reciente de España —y quien esto escribe, el eslabón perdido en la historia de UCD. Sin embargo, al desenterrar los fósiles de aquella época se le escaparon vivos de las manos al autor, la paleontología se le mudó en crónica de actualidad y la crónica le hizo descubrir las delicias de la libertad activa de expresión, la misma libertad que tanto le mortificaba cuando, pasiva, la sufrió en el Gobierno. Temeroso de hablar, por fin, libremente ha encomendado más de una vez a una nota la travesura que no se atrevía a poner en el texto, confiando en que las notas no se las lee nadie; y así le han salido más de un centenar, la mitad académicas y la mitad festivas.

Finalmente quiere dejar claro el autor que, aunque no es su propósito deducir conclusiones políticas de lo que hasta ahora ha escrito (si no es la de seguir escribiendo), algunas se caen solas del texto. Ciertamente no son originales: por ejemplo, que a UCD le pasó como a la niña de la copla: que entre todos la matamos y ella sola se murió; o que el PSOE gobierna interminablemente porque sus muchos errores son menos que los errores de los demás; o que después de cuarenta años de franquismo la derecha lleva camino de necesitar otros cuarenta para recobrarse; o que los años 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 han sido un extrañísimo paréntesis de libertad y de limpieza en la historia de España.

Esto es lo que tienes en tus manos, lector. Quizás al hojear el volumen se enciendan en tu ánimo las pasiones con que vivió el relato quien ahora lo escribe, o se ilumine en tus labios esa sonrisa que tanto echaban de menos en los del autor sus críticos. O tal vez no. En cualquier caso, todavía puedes renunciar a la lectura y devolver esto al mostrador o al anaquel de donde lo hayas tomado. Pero si insistes, advertido quedas con lealtad: luego no protestes, lector.

I
PREHISTORIA: LA LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA

El 5 de abril de 1977, Martes Santo, a la 1 de la tarde, tengo despacho en la Moncloa con el Presidente de Gobierno, Adolfo Suárez. Quiere saber mi opinión sobre la legalización del Partido Comunista. Unos días antes, el Gobierno ha intentado traspasar esa decisión política al Tribunal Supremo; pero el Tribunal se ha sacudido el muerto, argumentando impecablemente que no es suyo. Dice la Sentencia que «… en el Considerando 3.º… la inscripción de una Asociación Política en el Registro… quedó definida como típicamente administrativa. La Administración no puede ser despojada por una Ley Ordinaria… del ejercicio de sus atribuciones… La Justicia, a su vez, no puede competir, participar, suplir ni aun complementar a la Administración en el ejercicio de sus peculiares actividades administrativas». De ahí, «la falta de jurisdicción de esta Sala para conocer las presentes actuaciones»[1]. Ya no hay más remedio que coger el toro por los cuernos y olvidar la habilísima faena que había ligado el Ministro de Justicia. La prensa se hizo eco de una dimisión de Landelino Lavilla que Adolfo Suárez no aceptó.

Suárez quiere saber si yo tengo algún inconveniente en que el Gobierno haga, sin más, la inscripción del Partido Comunista en el Registro. Le digo que no tengo ninguno, y que me parece más valiente y clara esa aceptación directa de nuestra responsabilidad. (Pronto se vería que un mayor coraje, y un menor rigor, por parte del Supremo hubieran quitado a Adolfo Suárez el mérito de una de sus decisiones más acertadas). No está el Gobierno unánime en esa línea, y el Presidente me habla de las resistencias que encuentra en algunos Ministros importantes[2]; luego casi todos se sumarían alborozadamente a la decisión triunfadora. Pese a esas actitudes contrarias, o dubitativas, Suárez se propone legalizar inmediatamente el Partido Comunista y dar la noticia a la prensa el Sábado Santo, para diluir su previsible detonación pública en el rumor de las vacaciones que terminan. Al despedirnos me dice:

«Si te empeñas, nos vemos aquí el viernes, pero yo pensaba marcharme a Avila y volver el domingo a mi despacho».

(Durante un descanso del Consejo de Ministros del viernes anterior había pedido yo al Presidente que acotase un par de horas para mi despacho con él; me era indispensable su apoyo en el complicadísimo proceso de municipalización del metro madrileño[3]; pero, sobre todo, quería hablar con él de las elecciones, ya muy próximas, y de su organización.

«Necesito despachar con el Presidente aunque sea el Viernes Santo», le repetí en la mesa del Consejo al terminar mi informe. Adolfo había respondido con un reflejo rápido quitándome las cortas vacaciones de Semana Santa:

«Mis Ayudantes citarán al Ministro de Obras Públicas el Viernes Santo, día 8, a las 10 de la mariana»).

Pinchada su broma, le respondí que yo también me iría jueves, viernes y sábado a Ribadeo con mi familia, como así hice. Y le deseé buena suerte en la operación.

El sábado 9 la noticia estalló en la radio, difundiéndose rápidamente por todo el país. Aquella noche volvía yo a Madrid en tren. En la estación de Lugo me encontré a Fraga, que había pasado en su tierra de Villalba las vacaciones. Me saludó en sol mayor:

«Habéis contraído una gravísima responsabilidad legalizando el Partido Comunista: la historia os pedirá cuentas».

Le invité a que cenase conmigo en el tren; rehusó de entrada y hube de recordarle que el expreso de Galicia no lleva coche restaurante, por lo que me habían traído una cena de la cantina de Monforte; no sé si la fama gastronómica del establecimiento monfortino venció sus resistencias, pero el caso es que aceptó la invitación.

Hay que decir que el coche del Ministro no tenía comunicación con el resto del tren, por razones de seguridad, y que sólo en la primera parada, precisamente en Monforte, podría Fraga volver a su departamento. Nos encerramos, pues, con él, mi mujer, mi madre, mis ocho hijos y yo por un plazo mínimo de hora y cuarto. Imprudencia temeraria. Durante ese tiempo Fraga descargó sobre mi persona la vehemencia jupiterina que iba a hacerle famoso en la tribuna del Congreso. Su excitación fue en aumento a medida que trazaba, con trazos muy gruesos, los contornos del tremendo error que era la legalización del Partido Comunista. Tengo tomada alguna nota de aquel monólogo suyo, que yo apenas interrumpía con una discrepancia total, pero mesurada: la presencia de mi madre, de mi mujer y de mis hijos, me enfriaba la sangre en la camisa.

«Con una desgraciada decisión administrativa —tronaba él— habéis hecho retroceder 40 años la historia, habéis arruinado la pacificación de España, habéis provocado al Ejército, habéis abierto a la incertidumbre el futuro de nuestros hijos».

Y señalaba a los míos, que asistían asombrados a su primera lección de política española. Se me hizo larguísima la subida al Oural: el escape en el túnel rompía los agudos de Fraga, pero no le quitó vehemencia ni poder. Siempre he llegado a Monforte con alegría: jamás con tanta como aquel Sábado Santo.

El Almirante Pita da Veiga dimitió el lunes 11. El Alcázar tuvo la primicia de la información, y la adelantó en solitario el martes 12 atribuyéndola a «informaciones oficiosas» y añadiendo la dimisión del Teniente General Franco Iribarnegaray, Ministro del Aire, que luego no se confirmaría. Fue noticia de primera plana en el resto de la prensa el miércoles 13. La víspera se había reunido el Consejo Superior del Ejército, presidido por el Teniente General Vega.

Yo había tenido problemas con el Almirante Pita en el Gobierno anterior. Como Ministro de Comercio era responsable de la Subsecretaría de la Marina Mercante, pero de hecho la influencia residual del Ministerio de Marina en las dos Direcciones Generales de Pesca Marítima y de Navegación seguía siendo muy grande. Todo el alto personal de la Subsecretaría se reclutaba en la Marina de Guerra. En diciembre de 1975 me atreví a comenzar la reorganización de la Subsecretaría con el nombramiento de Víctor Moro como primer Director General, no militar, de Pesca. Esa decisión, aceptada lúcidamente por Arias Navarro, me trajo una escena desagradable con el Director General de Pesca cesante; detrás del incidente estaban la voluntad de Pita y su disconformidad con mi decisión[4].

Meses más tarde tuvo lugar una de las pocas discusiones ideológicas que yo recuerdo en un Consejo de Ministros: se trataba de un Proyecto de Ley de Reforma Política presentado por Fraga, en el que una enmienda tipográfica de última hora mantenía el carácter inmutable de los Principios del Movimiento[5]. Yo me opuse a que ese núcleo duro de las Leyes Fundamentales se trasladase a la nueva Constitución. La discusión era inútil, porque sin duda aquello venía arreglado en pactos exteriores al Consejo de Ministros; pero me hicieron frente el General de Santiago y el Almirante Pita. Con ellos utilicé un argumento de humor que tuvo, sin embargo, eficacia dialéctica.

—¿Cómo pueden ustedes pedir que la futura Constitución española consagre, sin revisión posible, el texto de un francés hereje, y probablemente masón?

Y expliqué brevemente que aquello de «la unidad de destino en lo universal» no era sino la mala traducción de un texto famoso de Renan. Al salir de la Sala de Consejos, para el almuerzo que nos ofrecía el Presidente Arias, coincidí con el General y el Almirante.

«Mi General, espero que no me hayas puesto en tu lista negra».

El General, que a esas horas tendía a la cordialidad amistosa, me contestó:

«Ten la certeza de que no».

El Almirante Pita da Veiga subrayó lacónicamente:

«Por ahora».

Volviendo al mes de abril de 1977, el viernes día 15 tomó posesión de la Cartera de Marina el Almirante Pery, que estaba en la reserva. Su designación se hizo entre rumores y descalificaciones: no había sido posible encontrar un candidato en activo. La democracia debe mucho a la valentía civil del Almirante. A la ceremonia de la jura en el Palacio de la Zarzuela asistió el Gobierno en pleno.

«Llevaba tanto tiempo sin ponerme el uniforme que no cabía en él», nos dijo el Almirante.

Mientras esperábamos estaba con nosotros Alfonso Armada, todavía Secretario de la Casa del Rey: Osorio me lo había presentado tiempo atrás y yo lo veía con alguna frecuencia en mis visitas a la Zarzuela. Aquel día me tomó del brazo, me condujo al hueco de una de las ventanas del saloncito que hay en el piso primero del Palacio, frente al desembarco de la escalera, un poco aparte del resto de los que esperaban, y me empezó a hablar sobre la situación creada por la legalización del partido comunista. Conservo notas de aquella conversación, que ya entonces me pareció notabilísima. Armada me fue refiriendo el disgusto de sus compañeros de armas, en un tono animado al principio y vehemente después. El descontento militar había llegado a un punto peligroso en el que todo era posible. Cuando yo le dije que la información del Gobierno coincidía con la suya en cuanto al malestar en los Cuartos de Banderas, pero no en cuanto a que estuvieran en juego la lealtad y la disciplina de las Fuerzas Armadas, el tono de Armada pasó desde la vehemencia a la irritación.

«¡No hay nada tan grave como subestimar la gravedad misma de los hechos! Me estremece la poca información que tenéis. Se puede hacer cualquier cosa con las bayonetas menos sentarse encima. Del Gobierno será la responsabilidad de lo que suceda».

Y a renglón seguido quiso personalizar en Suárez aquella responsabilidad histórica.

Había escuchado en silencio su larga acusación. Pero cuando alcanzaba en ella al Presidente del Gobierno, le interrumpí formalizando bruscamente un diálogo hasta entonces informal[6]:

«General: no puedo consentir ni el contenido ni el tono de lo que me dices. Te recuerdo que estás ante un superior: pienso que no has olvidado cuál es la conducta de un buen militar en esa situación».

El efecto fue inmediato. Armada se cuadró con un taconazo y me respondió:

«A tus órdenes, Ministro; perdóname; estoy muy nervioso estos días; retiro lo que hubiera de agravio en mis palabras anteriores».

En ese momento un ayudante de Su Majestad anunció desde la puerta del salón que el Rey nos esperaba, y allí terminó mi diálogo con Armada.

No volví a verlo hasta cuatro años más tarde, el 24 de febrero de 1981, cuando salíamos del Congreso entre dos filas de guardias civiles; él estaba en el patio exterior, en segundo término, por la derecha; me saludó imperceptiblemente con la mirada.

II
«ENTRE CALVO-SOTELO Y LAVILLA ME QUEDO CON SUÁREZ»

El Consejo de Ministros del viernes 23 de enero de 1981 transcurre tediosamente. Informo sobre mi viaje al País Vasco y sobre el desarrollo de las negociaciones para el Acuerdo Marco Interconfederal. Se debate la norma que debe sustituir a la que exige, desde los tiempos de Franco, la publicación anual de la lista de los contribuyentes por Renta. (Tres días antes yo había anunciado en Bilbao, con el acuerdo del Presidente Suárez y el disgusto de Fernández Ordóñez, que las listas dejarían de publicarse). Doy cuenta de los estudios, casi terminados ya, para la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Hay un largo informe del Ministro de Cultura sobre el Guernica y otro del Ministro del Interior sobre la campaña anti-OTAN. La reunión del II Congreso de UCD, convocado para el fin de semana siguiente en Palma de Mallorca, centra las conversaciones durante el descanso habitual del Consejo. Al Presidente Suárez le preocupa la actitud de los «críticos»[7] e insiste en las razones que ha expuesto largamente a la Agencia EFE el martes anterior. En mis notas de la reunión, y en los desvanes del recuerdo, no hay ningún indicio de la inminente dimisión de Suárez.

Al terminar el Consejo repito al Presidente mi deseo de hablarle con calma sobre la situación económica, a la vista de las primeras estimaciones fiables que tenemos ya del ejercicio 1980. Le recuerdo que apenas he despachado con él desde mi nombramiento, cuatro meses antes, como Vicepresidente para Asuntos Económicos, a pesar de que me había dicho que pensaba tomar en la mano la economía de la que estuvo, a su juicio, demasiado lejos durante la Vicepresidencia de Fernando Abril. Adolfo Suárez me cita para el lunes 26, y sus Ayudantes me confirmarán luego que el despacho será a las 12.30 de la mañana. El mismo día por la tarde, a las 5, se reunirá el «sanedrín»[8] para hablar del Congreso de Palma.

Cuando acudo a la Moncloa el lunes, el Presidente está con Landelino Lavilla. Me dice Alberto Aza[9] que la conversación dura ya casi tres horas. Adolfo Suárez no ha sido nunca escrupuloso en materia de puntualidad, pero ese día bate sus propias marcas. A la una menos cinco llega Juan Rovira[10] que, inexplicablemente para mí, está citado a la una: mi despacho largo con el Presidente sobre la situación económica resulta así acotado y reducido, antes de empezar, a un espacio insuficiente.

A la una y media aparecen Suárez y Landelino en el salón de columnas. Me llama poderosamente la atención el semblante del jefe de los «críticos», rojo más de tensión que de cólera, con una mirada que se le pierde a través de los amplios ventanales en el horizonte de la Casa de Campo. Suárez está, como era habitual en él, sonriente y distendido y me pide en tono de buen humor que espere cinco minutos más y le permita tratar con Juan Rovira la muy breve cuestión que le trae a su despacho. Me quedo ese tiempo con Landelino y le pregunto por el largo diálogo: me dice muy poco y no oculta su preocupación por el Congreso de Palma, que ha sido la materia principal de la entrevista. No hay solución, a su juicio, para los problemas planteados en UCD y el Congreso consagrará la división del Partido. Tampoco advierto en Landelino señal alguna de lo que está a punto de ocurrir.

Cuando, por fin, paso al despacho del Presidente lo encuentro detrás de la mesa, al parecer absorto en la lectura de un informe; durante algún tiempo los Ministros habíamos entrado por la puerta lateral que se abre cerca de la mesa de trabajo; pero a partir de una fecha, que no podría precisar, los Ayudantes nos ruegan que entremos por la puerta más lejana, la que normalmente utilizan las visitas; y hay un largo camino, dentro del despacho, que aquel día recorro sin que el Presidente levante los ojos de la mesa. Ya junto a ella me indica que me siente y hago un intento puramente protocolario de comenzar mi orden del día económico. Se echa de ver que no está el horno para esos bollos y cuando así se lo digo se levanta y me invita a pasear por el despacho para hablar de política. Adolfo Suárez es un hombre peripatético, que prefiere hablar mientras pasea, en un tono más relajado que el que impone un despacho ritual sobre la mesa llena de papeles, como hablan de sus cosas dos amigos y mirando él de soslayo a su interlocutor para sorprender la impresión que le hacen sus palabras. No me cuenta mucho de su reunión con Landelino, pero sí me dice su preocupación grave por lo que pasa en UCD. Y le oigo por primera vez que no quiere ser obstáculo para una conciliación dentro del Partido, que no quiere dar la impresión de que «se agarra a la silla». En una breve nota que tomé al llegar a casa he dejado escrito:

«¿Querrá irse?»

Pero mentiría si dijera que tuve entonces el presentimiento real de la dimisión que Suárez iba a anunciar tres horas después. Como eran las dos y cuarto y estaba citado el «sanedrín» para las cinco, Adolfo Suárez me invitó a almorzar con él. Me excusé por un compromiso anterior, que ya era tarde para cambiar; tanta imagen de normalidad daba el Presidente. Le recordé que a las seis me recibía el Rey y que, por lo tanto, tendría que ausentarme de la reunión del «sanedrín».

—«Tendrás tiempo de ir y venir a la Zarzuela» —me dijo.

Cuando volví a las cinco a la Moncloa ya estaban en el salón de columnas Pío Cabanillas, Francisco Fernández Ordóñez, Rodolfo Martín Villa, José Pedro Pérez-Llorca, Rafael Arias Salgado y Rafael Calvo Ortega. Nos hizo pasar a su despacho nuevo, el que acababa de estrenar, al que dan un cierto aire de tumba egipcia el techo bajo y los fúnebres colores amarillo y negro de una decoración desafortunada. La primera media hora fue una introducción del Presidente sobre el Congreso y sus perspectivas; dejé la reunión poco después de las cinco y media y acudí a la Zarzuela. En el orden del día de mi despacho con Su Majestad estaba la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos, sobre cuyo proyecto se había interesado el Rey en otras ocasiones. La reforma de la Campsa, creada medio siglo antes por José Calvo Sotelo, se imponía por la extraordinaria evolución de la industria del petróleo, por la crisis de los precios iniciada en 1973 y por el ingreso en las Comunidades Europeas que se venía negociando desde 1979. La creación del INH era el primer paso de esa reforma, paso que yo quería dar con la firmeza de mis propias convicciones pero también con la prudencia y el respeto que merece la historia ilustre de la Campsa[11].

Nada a lo largo del despacho con el Rey apuntó a los acontecimientos que, sin embargo, se habían desencadenado ya en la Moncloa. Porque a esa misma hora, poco antes de las siete de la tarde, Adolfo Suárez emprendía el muy largo y brillante discurso de su dimisión ante el «sanedrín».

A mi regreso, el Presidente me hizo la cortesía de resumir lo que había expuesto durante mi ausencia; y el resumen empezaba en el análisis de la difícil situación del Partido para concluir con una pregunta que acababa de dejar sobre la mesa: ¿no sería la dimisión de Suárez el primer paso para resolver los graves problemas de UCD? De la pregunta retórica pasó muy pronto a la afirmación apodíctica: esa, y no otra, era la solución.

Siempre recordaré la pasión y la lucidez extraordinarias de Adolfo Suárez aquella tarde. Hablaba con sosiego y con seguridad y nos presentaba su dimisión como una consecuencia que en aquel momento deducía lógicamente de su análisis, pero también como algo nacido en meditaciones solitarias mucho tiempo antes y que hubiera tenido una larga maduración. Adolfo Suárez es un excelente actor, pero yo no tuve entonces la impresión de asistir a una representación preparada, como la había tenido en otras ocasiones menos solemnes. Su sentido teatral apuntó una vez cuando nos dijo:

—«¿Os dais cuenta? Mi dimisión será noticia de primera página en todos los periódicos del mundo».

La reacción de los que allí estábamos fue de sorpresa y de no aceptación. La negativa a aceptar aquello era firme y reiterada en las palabras de Arias Salgado, en las de Calvo Ortega, y en las mías; en las de los demás pudo parecer levemente protocolaria.

A medida que avanzaba la reunión el acento de Suárez se hacía más seguro y no tardó en pronunciar el adjetivo que suele acompañar a las dimisiones: irrevocable. Y con esa palabra nos despidió rogándonos reserva absoluta, porque no había hablado todavía con el Rey y porque no deseaba hacer pública su decisión hasta el fin de semana, es decir, hasta el Congreso de Palma.

Al salir de la Moncloa era ya tarde y decidimos ir a cenar a un restaurante de la carretera de La Coruña. A lo largo de la cena yo insistí en las consecuencias graves que tendría la dimisión de Suárez para el Partido, y en que de ninguna forma cabía esperar que fuese a resolver los problemas pendientes.

Pasada la medianoche llamé desde el restaurante a la Moncloa, pidiendo al Presidente que revisara su decisión y que nos recibiera de nuevo: volvimos a su despacho y lo encontramos tranquilo, sonriente y firme; nos dio el encargo de pensar en un sucesor.

La discreción de todos fue perfecta: hasta Fernández Ordóñez supo ser fuerte en su ya entonces bien acreditada debilidad.

Al día siguiente, martes 27, me reúno a las 10.30 con Pérez-Llorca, García Díez y Robles Piquer (Secretario de Estado en Exteriores) para hablar de los problemas de la pesca en aguas marroquíes —la eterna cuestión. Y a las 11 presido la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. El Ministro de Transportes da cuenta de que ha comenzado una huelga de controladores aéreos que va a paralizar el tráfico en los aeropuertos españoles; sería muy difícil que pudieran trasladarse a Palma los mil y pico compromisarios del Congreso de UCD.

Al terminar la Comisión llamo al Presidente para decirle que he reflexionado toda la noche y que sigo pensando que él es el mejor candidato. Y le recuerdo mi respuesta en los pasillos del Congreso, varios meses antes, a un periodista que me pedía opinión sobre el titular de un boletín confidencial que hablaba de Lavilla y Calvo-Sotelo como probables sucesores de Adolfo Suárez.

«Entre Calvo-Sotelo y Lavilla —había respondido yo— me quedo con Suárez».

El Presidente me da las gracias y me dice que no tenga prisa en arreglar la huelga de controladores, porque le conviene aplazar el Congreso de Palma.

El martes 27 Adolfo Suárez almuerza con el Rey. Antes de subir al despacho de S. M. pasa por el de Sabino Fernández Campo[12] y le anuncia su decisión de dimitir. Quiere Suárez que Sabino tenga la certeza de que la decisión es suya; quiere que sepa que no le ha sido sugerida por el Rey. Si yo conociera fidedignamente los términos exactos en que hablaron el Rey y Suárez podría referirlos; al no ser así, puedo decir cuáles supongo que fueron. Llevado por su afecto a Suárez, el Rey tendría un primer movimiento de resistencia preguntando al Presidente si había meditado bien su dimisión; pero también supongo que la profesionalidad notoria del Rey y su respeto exquisito a la Constitución le llevarían seguidamente a interesarse por el trámite sucesorio. ¿Le pareció a Suárez que hubo poco tiempo entre una y otra actitud, la personal y la institucional? ¿Esperaba una mayor resistencia regia? De verdad que no lo sé.

A las siete de la tarde el Comité Ejecutivo de UCD[13], reunido en Semillas[14], aplaza el Congreso que debía comenzar el viernes. No se fija nueva fecha. Nadie sabe nada sobre la dimisión, pero el aire es de Fronda y hay alguna violencia verbal. Cuando salimos pregunto a Suárez por su larga entrevista con el Rey, y me responde maligna y galaicamente:

—«Le ha gustado mucho tu propuesta sobre el Instituto Nacional de Hidrocarburos».

El miércoles 28 vuelve Adolfo Suárez a la Zarzuela por la tarde y el 29 Sabino Fernández Campo visita al Presidente en la Moncloa por la mañana. El mismo jueves a las 5 hay un Consejo de Ministros que conoce formalmente la dimisión del Presidente, adelantada a las tres y media por un teletipo de Europa Press. Televisión Española difunde a las seis y media el mensaje de despedida de Adolfo Suárez. El viernes 30 vuelve el Presidente a la Zarzuela con su carta de dimisión; es preciso rehacer la carta porque lleva fecha 30, y el Rey debe conocer formalmente la dimisión antes de que se anuncie al país. La carta definitiva lleva fecha 29.

La dimisión fue noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo.

¿Por qué dimitió Adolfo Suárez? Ésta es la pregunta más importante entre las que todavía no han hallado respuesta clara en la historia de la transición. Y acaso no exista nunca una respuesta suficiente, ni siquiera el día en que Adolfo Suárez se decida a escribir sus memorias (si es que se decide, porque él ha preferido siempre hacer historia a escribirla).

¿Por qué causa dimitió Adolfo Suárez? Cualquier pregunta, como sabía Sócrates, prejuzga la mitad de la respuesta: en este caso el prejuicio es que una causa, sola y oculta, determinó la dimisión. Yo no creo que hubiera una sola causa, ni que se haya ocultado. No creo en presiones militares directas: los militares pueden sublevarse pero no está en su vocabulario el verbo presionar, ni está en su panoplia la presión, que queda para nosotros, los civiles desarmados y locuaces. Tampoco creo en una presión indirecta del Rey: el Rey ha dado pruebas sobradas de su escrupuloso respeto a la Constitución y sólo antes de ella pidió a un Presidente preconstitucional que dejara su puesto. Sin embargo, esa interpretación estaba en el ánimo de muchos antes de la dimisión: tanto que el propio Adolfo Suárez, en su alocución de despedida, se creyó en la obligación de decir:

«Me voy sin que nadie me lo haya pedido».

Como tampoco se le pedía esa explicación no fue difícil deducir de ella, según el proverbio latino, una acusación subconsciente o manifiesta. Pero yo pienso que Suárez quiso, simplemente, salir al paso de algo que sabía que se iba a decir y que le molestaba que se dijera. Esa misma preocupación le llevó a comunicar su decisión al «sanedrín» antes que al Rey; como le llevó también, tres días más tarde, a pasar por el despacho de Sabino Fernández Campo antes de subir al de Su Majestad.

No hay, a mi juicio, razones ocultas en la dimisión. No es útil buscar una razón sola, como si las decisiones graves se tomaran con el determinismo puro de la causalidad física. El hombre que ha hecho la transición política no dimite por una sola razón: dimite desde un estado de ánimo. Y un estado de ánimo es siempre una mezcla complicadísima de ingredientes difícilmente aislables; una decisión así brota desde el hemisferio cerebral derecho, y no suele ser fiable la versión racionalizada que produce, simultáneamente, el hemisferio izquierdo. No más fiable será la posible explicación del propio Suárez cuando, pasado el tiempo, racionalice su conducta para insertarla estéticamente en una parábola vital completa. Napoleón hace en Santa Elena el más brillante ejercicio de racionalización que recuerda la Historia.

En el estado de ánimo de Adolfo Suárez había muchas cosas cuando tomó su decisión. Había cansancio, porque su tarea fue abrumadora durante cuatro años y medio, y porque la soledad propia del que manda tuvo en él más acendrada angustia, al faltarle instituciones y hábitos democráticos de la sociedad sobre los que apoyarse. Yo sé que el cansancio se apodera recurrentemente del inquilino de la Moncloa, como lo sabe Felipe González, y pienso que pudo alcanzar en enero de 1981 una cota muy alta dentro del ánimo de Adolfo Suárez. Había en él también desencanto y amargura: Adolfo se había sabido rodear en 1977 de hombres objetivamente más brillantes que él, sin miedo a que la luz de los demás oscureciera la suya propia; y la conducta de esos hombres en los que había confiado pudo parecerle en 1979 y en 1980 poco leal, sobre todo en las reuniones de la Casa de la Pradera. Pudo parecerle. Suárez, que conoce como hombre inteligente sus limitaciones, se sintió quizás a lo largo de 1979 y 1980 crecientemente desasistido o distanciado por sus colaboradores más próximos, por el «sanedrín» del que yo entonces no formaba parte. Volveré más adelante sobre este punto.

Sin duda también se sentía Suárez injustamente tratado por la opinión y por la prensa. Como dijo en su alocución de despedida:

«El ataque irracional sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución para los problemas del país… no son un arma legítima».

Hubo, en efecto, una concentración de agresiones sobre su persona; y no supo defenderse de ellas desde la tribuna del Congreso de los Diputados, cuando esa hubiera sido la defensa políticamente más eficaz y psicológicamente más liberadora.

También había en su ánimo el deseo de que no se le atribuyera un excesivo apego al poder, como dijo en su despedida:

«Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo».

Cansancio, desilusión, amargura, incomprensión de los leales, complejo parlamentario: éstas pueden ser algunas de las razones de su dimisión.

¿Hubo, además, un cálculo político? Probablemente sí. El ejemplo de Felipe González en su Congreso de 1979, con una dimisión a la que siguió el retorno triunfal tres meses más tarde, pudo también pesar en su ánimo. El hecho de que entregara el Partido a un hombre como Rodríguez Sahagún abonaría esta hipótesis. Y acaso también la abonaría el hecho de que hubiera pensado en mí como sucesor suyo en el Gobierno. Dijo en su alocución:

«En UCD hay hombres capaces de continuar la labor de Gobierno con eficacia, profesionalidad y sentido del Estado». Estos rasgos tienen que halagarme, si se refería a mí, pero indudablemente dibujan un perfil político más bajo que el del propio Suárez, sin el decisivo peso carismático de su personalidad. ¿Quién sabe si Suárez pensó que yo no duraría tres meses? No hubiera sido original ese pensamiento, que está en la prensa de los días siguientes a mi designación por el Partido. Y si hay que creer a Rodolfo Martín Villa, Pío Cabanillas, por entonces Ministro de la Presidencia, insinuaba que «el fuelle de su amigo Calvo Sotelo no daría para mucho más allá del verano»[15]. Pudo esperar Adolfo Suárez que yo iba a naufragar pronto y que entonces él volvería a encabezar las listas de una nueva UCD en unas elecciones anticipadas; esta hipótesis es probable, aunque los sondeos que conocía Suárez no dejaban margen alguno para el optimismo electoral desde 1980.

Hay una situación en el aire también desde 1980, especialmente perceptible en los días que precedieron a la dimisión, que no ha sido explicada, ni siquiera suficientemente descrita hasta hoy —pese a su gravedad. Las alusiones que conozco hablan de una «operación» poco trabada que habría interesado a políticos de la democracia situados a la derecha y a la izquierda de UCD; su objetivo sería salvar a la monarquía parlamentaria de una crisis causada por la debilidad crónica de UCD, por un supuesto vacío de poder a que había dado lugar el desfallecimiento de Suárez[16]. La sospecha, o la certidumbre, de que el partido socialista era sensible a un planteamiento así pudieron haber influido en el estado de ánimo del Presidente más que el desmoronamiento de su propio partido. Adolfo Suárez había convivido durante años con una UCD incómoda y fatigante, y no creo que el movimiento crítico hubiera elevado mucho su nivel de fatiga o de incomodidad. Pero el respeto último del PSOE creyó que no le faltaba, pese a la moción de censura de mayo del 1980: advertir o sospechar que sí le faltaba pudo haberle arrancado el tu quoque del desistimiento y de la túnica sobre la cabeza.

Hubo, en fin, un noble sentido de la Historia en su dimisión, que late dentro de este párrafo de su despedida televisada:

«Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad… hacia mi propia obra».

Adolfo Suárez sabía que dejaba una obra importante, una obra que le asegura un lugar eminente en la historia del siglo XX español, y sabía, tal vez, que difícilmente lo que hiciera luego iba a añadir un codo a su estatura política de 1976, de 1977 y de 1978[17]. Dimitiendo, quiso aislar su segunda navegación de la primera.

* * *

Más adelante, cuando haga la crónica de UCD, relataré las circunstancias y los términos en que se produce mi designación como sucesor de Suárez en la Presidencia del Gobierno. Anoto ahora algunos datos sobre el estado de ánimo con que la recibí.

Suárez dejaba un pasado brillante y una herencia difícil. Yo me casé con una legislatura viuda, peor aún, desdeñada. Hay que arrancar de ese dato para entender bien mis años en la Moncloa. No llegué a la Presidencia del Gobierno con el estado de gracia y la fuerza que se atribuyen al ungido por el voto popular: llegué con la debilidad congénita propia del voto de unos barones[18] enfrentados en la guerra civil de UCD.

Aunque la situación política era, ya antes del golpe, objetivamente mala, Leopoldo Calvo-Sotelo, sucesor designado por Suárez, Ministro en todos sus Gobiernos, Vicepresidente en el último, ni podía levantarse sobre una crítica de la etapa anterior, ni se le hubiera tolerado que se quejara de la herencia recibida.

La marcha de Suárez fue explicada por él mismo, en su alocución televisada, como la del chivo expiatorio que se lleva al desierto los pecados de la ciudad: pero Adolfo Suárez sabía muy bien que su persona, además de ser una causa posible del desplome de UCD, había sido, y era, la piedra angular del inestable edificio, hecho por él a su imagen y semejanza y fundado en su carisma personal. Como le dije muchas veces, y la última en la misma noche de su dimisión, Suárez era el clavillo del abanico que mantuvo frágilmente juntas las varillas —familias— de UCD; y no parecía razonable que se intentara arreglar el abanico roto prescindiendo, justamente, del clavillo que le daba su única consistencia.

El golpe del 23F vino a complicar extraordinariamente las cosas. Es cierto que le conviene a un político llegar al poder en lo más hondo de una crisis, para presentar como éxitos suyos todos los ascensos desde la cota mínima. Pero esa vieja artimaña sólo es posible cuando el político llega como salvador desde fuera de la crisis misma, cuando puede lanzar sobre sus antecesores la culpa de la situación crítica, cuando puede convocar unas elecciones en las que grite:

«No voten ustedes a los que han traído esta catástrofe, vótenme a mí que soy adversario y distinto de ellos».

Porque el golpe militar se lo habían dado a un Gobierno de UCD, presidido por Suárez, en el que yo era Vicepresidente —bien es verdad que con responsabilidades en un área muy lejana de la militar. Y ese hecho me ataba las manos y la lengua. ¿Podía yo decir que era la política militar del Gobierno anterior la que nos había traído la sorpresa del 23F? ¿Podía yo decir que el hecho mismo de la sorpresa estaba ya señalando alguna insuficiencia en aquella política? ¿Podía yo denunciar el nombramiento del General Armada, diez días antes del golpe, para un lugar clave del Estado Mayor del Ejército?

Probablemente pude hacer todas esas cosas, y alguna tentación tuve a lo largo del secuestro del 23 y el 24, y durante mis reflexiones del 25, reflexiones solitarias porque no encontré a Suárez para hacerlas con él. Pero ese camino exigía la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones. ¿Qué partido iba a presentar en ellas las listas que me apoyasen? UCD, deshecha ya antes del golpe, definitivamente pulverizada por esa hipotética disolución de las Cortes, no hubiera sido sujeto capaz de presentar listas coherentes en las 52 circunscripciones. Y las que presentara no serían mías, porque yo no mandaba en el partido. La disolución y la convocatoria, además, hubieran añadido un par de meses al famoso vacío de poder, caldo de cultivo del golpismo desde la moción de censura.

No iba a tener más remedio que gobernar en la continuidad con los escasos mimbres existentes, aprovechando la frágil posición en el Congreso y en el Senado para terminar algunas cosas que habían dejado pendientes la ambigüedad, o acaso la prudencia, de Adolfo Suárez.

III
ANTES DEL 23F

El 10 de febrero de 1981, después de oír a los líderes políticos, Su Majestad el Rey hace saber al Presidente del Congreso que el candidato al que se refiere el artículo 99 de la Constitución es Leopoldo Calvo-Sotelo. El jueves 12 la Mesa del Congreso decide que el debate de investidura comience el miércoles 18. El mismo día 12 Alfonso Guerra, con precipitación poco democrática, «no descarta la posibilidad de una moción de censura» al nuevo Presidente. ¿Se tratará de reeditar la no-nacida operación Armada? En el número de Interviú que lleva fecha de 15 de febrero, el democristiano Álvarez de Miranda anticipa por su cuenta que UCD debe gobernar en coalición con el PSOE.

Aislándome un poco del ruido civil —el silencio militar es absoluto— he conseguido ultimar a la vuelta de Mallorca un esquema de discurso que conocerán sucesivamente, en la tarde del lunes 16, el Comité Ejecutivo y el Grupo Parlamentario de UCD. Los discursos de investidura se escuchan rara vez, no se leen jamás y casi nunca se cumplen; de la sesión se comentan durante unos días los enfrentamientos verbales o las malicias de pasillo: después sólo queda el silencio. Puede que no haya que tomar en serio un discurso de investidura: yo, ingenuamente, me tomé en serio el mío, lo preparé con cuidado y, sobre todo, me propuse cumplirlo. Y lo cumplí.

No le había echado la vista encima desde aquel 18 de febrero de 1981 en el Congreso[19]. Cuando escribo estas líneas lo tengo sobre la mesa; y éstos son los comentarios que se me ocurren:

En primer lugar quedó clara, desde el arranque, mi preocupación por el significado político de la sucesión en la Presidencia.

—«Quiero dejar en el umbral mismo de este discurso mi homenaje a la extraordinaria obra de Adolfo Suárez y mi afecto y admiración por su persona. Con su retirada termina la transición. Con su retirada termina una etapa singularísima de la Historia española. Precisamente porque yo no he sido el protagonista de esa transición que ahora termina, creo que puedo inaugurar una etapa nueva, en la que actúen desde el primer momento los mecanismos constitucionales limpios de toda emoción fundacional».

«Un cambio en la Presidencia del Gobierno es un hecho normal en los regímenes parlamentarios. Este cambio llega exactamente cuando atravesamos el ecuador temporal de la Legislatura. No hay, tras el hecho de la sustitución, una nueva aritmética parlamentaria, sino la misma que responde, hoy, como ayer, al veredicto de las urnas en mil novecientos setenta y nueve; la sustitución se produce, por lo tanto, en la continuidad política, y en la continuidad política he de gobernar yo si obtengo la investidura. Pero he de decir inmediatamente, señoras y señores Diputados, que sé cómo esta Cámara —y en ella, en primer lugar, los representantes del Partido del Gobierno— pide un rumbo nuevo para la nave del Estado. Yo soy sensible a este hecho político y anuncio desde ahora que, si obtengo la confianza del Congreso de los Diputados, dirigiré mi Gobierno en la continuidad pero, desde luego, sin la inercia de la continuación»[20].

La certeza de que yo no puedo sustituir el carisma de Suárez me decide a declarar terminada la «emoción fundacional»; los límites que me impone la composición del Grupo Parlamentario preexistente, y el margen estrecho en que me tendría que mover, inspiran todo el exordio.

Hay también en mis primeras palabras la satisfacción legítima por la obra hecha, la obra de Adolfo Suárez («es mucho lo que hemos hecho durante la transición y lo hemos hecho ejemplarmente»). Y, naturalmente, la propuesta de un Gobierno monocolor.

En esa introducción del discurso está una frase que los listos del día siguiente utilizaron contra mí. He tenido la desgracia de acuñar frases redondas, que alcanzaron sustantividad propia y que me devolvían mis adversarios, aislándolas de su contexto, como metralla. Así sucedió en este caso: yo dije que con la retirada de Adolfo Suárez terminaba la transición; y añadí que, por no haber sido yo el protagonista de esa transición que terminaba, creía posible inaugurar una etapa nueva, en la que actuaran los mecanismos constitucionales «limpios de toda emoción fundacional». Me parece claro lo que hay en ese texto: mi objetividad como candidato que se sabe sin carisma, y también la convicción de que los hombres carismáticos pueden modificar con su peso la exacta geometría de las instituciones democráticas —como las grandes masas deforman la geometría del espacio en las ecuaciones de Einstein. Recuerdo haber incrustado en el discurso con ese propósito, el adjetivo fundacional, de resonancias indudables. Pues bien: cuando cuatro días más tarde entra Tejero en el Congreso, los listos de siempre sacan la frase de su contexto y me largan un palmetazo:

«Conque había terminado la transición, ¿eh?»

Eso hubiera tenido más mérito dicho el 20, el 21 o el 22 de febrero; y hubo ancha ocasión parlamentaria y periodística para decirlo; pero nadie lo dijo entonces.

Después de la introducción, que contiene las coordenadas políticas esenciales, el discurso trata (entre otras materias) de economía, de política exterior y de política autonómica.

Hay en la primera parte el anuncio de un programa de reconversión industrial —que daría lugar al Real Decreto-Ley 9/1981— y la propuesta de un pacto económico y social para combatir el paro:

«Estimo necesario abrir un diálogo con las fuerzas sociales y económicas para la configuración conjunta de un programa concreto, ambicioso y realizable de acciones contra el paro».

De ahí saldría el Acuerdo Nacional sobre el Empleo, firmado por CEOE, UGT, CCOO y el Gobierno el 9 de junio de 1981.

En el capítulo de política exterior es claro el compromiso de nuestra integración en la Alianza Atlántica:

«Sin desconocer que la incorporación de España a la OTAN está vinculada a otros condicionantes de nuestra política exterior, el Gobierno que aspiro a presidir reafirma su vocación atlántica, expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático, y se propone iniciar las consultas con los Grupos Parlamentarios, a fin de articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la Alianza».

España se adhirió al Tratado de Washington el 30 de mayo de 1982. Quienes desde entonces hasta hoy han hablado de precipitación y de sorpresa en la adhesión están, ciertamente, entre los que no escucharon ni leyeron mi discurso de investidura, o entre los que no creyeron en mi propósito de cumplirlo.

La idea central sobre la política autonómica está recogida en este párrafo:

«La construcción autonómica ha de hacerse en su integridad y no parcialmente, y además, con rigor político y administrativo especialmente atentos. Esa integridad incluye al Estado mismo, como es elemental. El Estado no es un simple almacén de competencias que se van trasladando o transfiriendo a las unidades territoriales y en el que al final queda un conjunto residual más o menos fortuito. Por el contrario, el Estado es una pieza esencial del propio sistema autonómico, el que tiene que asegurar la articulación del conjunto, hacer posible su funcionamiento y la observancia final de los valores de unidad, de solidaridad y de igualdad que la constitución ha impuesto como cuadro general del sistema».

Este propósito anima los Pactos Autonómicos de julio del 1981.

Sobre estas tres cuestiones capitales volveré más detenidamente. Las he traído aquí porque ilustran el hecho, ya expuesto, de que las circunstancias anteriores al golpe me obligaban a fijarme estos objetivos claros y concretos. Y he subrayado anteriores al golpe para recordar que este programa se anuncia en el Congreso de los Diputados el miércoles 18 de febrero, cinco días antes del 23F. Todavía hoy, al cabo de los años, cuando la emoción y las pasiones de 1981 deberían haberse apagado, se sigue diciendo que los Pactos Autonómicos, la entrada en la OTAN y el Acuerdo Nacional sobre el Empleo fueron decisiones adoptadas a la sombra de los sables y para enfriar la cólera castrense.

«En el teatro —contaba Jacinto Benavente— hay que decir las cosas tres veces: la primera no se entera nadie; la segunda se enteran los inteligentes; la tercera, algunos críticos».

Diré por tercera vez, para que se enteren algunos políticos, que esas propuestas constituyen el eje de un discurso preparado casi un mes antes, y pronunciado cinco días antes del 23F.

La sesión de investidura empezó el miércoles 18 con mi discurso: el jueves y el viernes tuvo lugar el debate. La Constitución ha hecho del debate de investidura un ejercicio arriesgado para un hombre solo. Para un hombre contra muchos. El número de mis adversarios estaba artificialmente hinchado por la presencia de tres Grupos Parlamentarios socialistas: el PSOE, el PSOE-PSC (catalán) y el PSOE-PSE (vasco). Una brecha reglamentaria hábilmente explotada (contra toda lógica política) por el Partido Socialista, y débilmente denunciada por UCD, permitió ese desafuero durante la I Legislatura. En la II Legislatura quedó corregido el disparate. Pero yo tuve que enfrentarme, sucesiva, repetida y pacientemente, a tres voces que recitaban, con más o menos afinación, la misma partitura socialista. Esta anomalía polifónica alargó innecesariamente la sesión y dio a mi principal adversario ocasiones no reglamentarias de réplica y de dúplica.

El antecedente inmediato, y único, era la investidura sin debate de Adolfo Suárez en abril de 1979. Entonces el Presidente, cediendo a consejos protectores y equivocados, no quiso debate: leyó su discurso e, inmediatamente, tuvo lugar la votación. El hecho trajo un inmenso desgaste para Adolfo Suárez, que había entrado en la sesión con el prestigio intacto de la transición política en su haber; y para Landelino Lavilla, que hasta el último momento se había negado a asesinar reglamentariamente el debate. El Presidente del Congreso hubo de soportar el mayor escándalo de la Legislatura, y lo aguantó con un coraje digno de mejor causa[21].

«He levantado la hipoteca», le oí decir con una pasión que reventaba los moldes jurídicos de la metáfora. En adelante no se consideró ligado por voto de obediencia al partido que le había dado el escaño, aunque procurase servir los ruegos que se le hacían: yo hube de padecer en varios trances apurados las consecuencias de esa actitud.

Mi debate de investidura fue, por lo tanto, el primero de la Monarquía Parlamentaria. Volviendo a él, me pareció de clavo pasado contestar a todos mis objetores. Y lo hice con una sola excepción: no contesté a la durísima intervención de Fraga. Tres diputados de su breve Grupo Parlamentario habían pedido libertad de voto para apoyarme: Osorio, Areilza y Senillosa; pero Fraga insistió en la abstención. Pocas veces por cierto, se habrá defendido una abstención —postura que suele sugerir indiferencia o frialdad— con más artillería y más calor apocalíptico. Volvió a su escaño transido por el esfuerzo oratorio y tardó unos minutos en darse cuenta de que yo había rechazado el gesto del Presidente de la Cámara invitándome a hablar; estaba ya en la tribuna Roca cuando desde los escaños de AP llegó repetida la exclamación de Fraga:

«¡C…, no me contesta!»

Más tarde me diría que yo había interpretado mal su catilinaria[22]. Pero la entendí muy bien.

Contesté a todos los demás. A algunos brevísimamente, como a Bandrés, el Bandrés de 1981, que me había insultado y a quien devolví su injuria «envuelta en el más pequeño de mis desprecios»[23]. O como a Piñar, que había empezado su parlamento reprobatorio quemando un incienso de respeto en honor de mi apellido y afirmando su devoción por José Calvo-Sotelo: hube de recordarle que su partido acababa de reeditar —con prólogo del propio Piñar— un libro viejo y agotado, gravemente ofensivo para José Calvo-Sotelo, cuyo título, «Biografía apasionada de José Antonio», lleva la huella de las inclinaciones del autor[24].

Miguel Roca estuvo correcto y afectuoso, pero no quiso votarme porque yo no había querido negociar con él su voto. Inevitablemente la negociación me hubiera costado compromisos autonómicos que no era fácil para mí valorar entonces[25].

Votaron en contra, además del Partido Socialista, la Minoría Vasca y, naturalmente, el Partido Comunista. Carrillo me dedicó un discurso pedagógico y discretamente despectivo: ya mucho antes de la sesión de investidura había adelantado esa actitud a la prensa, pero la cosa no pasó de ahí. Yo le hablé de su amigo Ceaucescu, con cuya amistad tanto se honraba entonces.

Algunos oradores echaron de menos en mi discurso precisiones sobre determinadas materias; y me las pidieron. Nadie, ni en el hemiciclo ni en la prensa o la radio, me pidió informes o definiciones sobre política militar. Estremece el repaso de los periódicos que llevan la fecha dramática del 23F, porque la cuestión militar está ausente de ellos. Nadie oyó en la mañana de aquel día el ruido de sables, y vaya si lo hubo. Luego, durante muchos meses —cuando apenas sonaban ya— todo eran oídos para el alboroto militar.

Di mucha reflexión a la conveniencia de hacer un Gobierno de coalición con el PSOE, aunque ninguno de los análisis que hice me llevó a dudar seriamente sobre mi propósito inicial de proponer a S. M. un Gobierno «monocolor» de UCD y no muy distinto del que todavía estaba en funciones. ¿Por qué no un Gobierno de coalición? Esa pregunta estaba ya planteada antes del 23 de febrero, y adquirió, como es lógico, mayor y distinta significación después del golpe. Antes y después me parecía muy arriesgado proponer, desde una UCD profundamente dividida, un Gobierno de coalición con un Partido socialista visiblemente sólido y sin problemas internos. Hacerlo hubiera supuesto el trasladado al Consejo de Ministros de las graves divisiones que aquejaban al Grupo Parlamentario de UCD. Hubiera sido muy difícil tomar decisiones aceptables en un Consejo formado por una minoría homogénea de Ministros socialistas y una mayoría heterogénea de Ministros de UCD. La coalición se hubiese roto por las discrepancias internas de UCD en muy pocas semanas; y aun supuesto el milagro de que no se rompiera por parte de UCD, se hubiera roto por iniciativa del PSOE (al que sobrarían pretextos) sin otra alternativa entonces para UCD que la dimisión y la disolución.

La experiencia de los problemas internos de UCD me animaba a acariciar la ilusión de un ámbito de Gobierno protegido de las divisiones del Partido, confiando en que la ejecución de un programa bien definido conferiría «desde fuera» unidad al Gobierno durante el plazo acotado e improrrogable de la legislatura. (Una unidad por la causa final a falta de la imposible unidad por la causa eficiente, como hubiera dicho un alumno de escolástica). Creo que conseguí esa unidad, con las dos excepciones bien conocidas del madrugador Fernández Ordóñez y del tardío José Luis Álvarez; pero no pude evitar una fragilidad parlamentaria creciente que me exigió mucho tiempo, me supuso un enorme desgaste y me impuso rígidas limitaciones. Mi análisis en febrero de 1981 era optimista y pecaba de vocación ejecutiva.

Después del golpe pareció a algunos que había más razones que antes para un Gobierno de coalición UCD-PSOE: así lo sostuvo, por ejemplo, un artículo que llevaba la firma de Guillermo Luca de Tena en el ABC del 25 de febrero. Pensaba yo entonces (y el razonamiento me sigue pareciendo válido hoy) que formar un Gobierno de coalición porque había habido un golpe era como dejarse empujar por el propósito de los golpistas. Creí también que la libertad y la democracia podían asegurarse sin medidas excepcionales de ningún tipo; un Gobierno forzado de coalición, aunque perfectamente democrático, hubiera sido una medida excepcional; UCD, bajo cuyo Gobierno en definitiva se había fraguado el golpe, tenía la obligación de resolver por sí misma el problema, y lo resolvió. Confieso, en fin, haber tenido la esperanza de que la sacudida del 23 de febrero estimulara una reacción unitaria en UCD, con propósito de enmienda de pasados errores. Salvo en este último punto, creo que mi análisis y mi posición eran correctos y que fue mejor no haber hecho un Gobierno de coalición.

Nunca me pareció necesario ni posible un Gobierno distinto del último que presidía Suárez. No me pareció necesario porque estaba de acuerdo en que el Gobierno de septiembre de 1980 era «el mejor de los que podían extraerse de UCD en aquellas circunstancias». Es cierto que UCD había conseguido reclutar muy buenos equipos en casi todas las áreas de gestión ministerial y que de ellos hubieran podido salir otros ministros: pero a mitad de legislatura y con la crisis abierta del Partido no se podía pensar en renovaciones profundas, que exigen la euforia de un triunfo y un plazo largo de gobierno por delante. Si alguna nota se repitió con monotonía a finales de 1980 y, sobre todo, en enero y febrero de 1981 fue aquella que señalaba un «vacío de poder». Las querellas de UCD y el desfallecimiento de Suárez, hábilmente explotados por la oposición parlamentaria de izquierda y de derecha y por la oposición extraparlamentaria de extrema derecha, habían contribuido a forjar ese concepto. Creí yo entonces que la crítica envuelta en él no afectaba a los ministros principales, sino al Presidente y al Partido; el propio Suárez lo pensaba así cuando explicó su dimisión. Un cambio de Presidente y una actitud inicial resuelta del sucesor podrían ser bastantes para terminar con aquella impresión de vacío. Por otro lado, no había tiempo para el trámite largo que se llamaba en el antiguo régimen «la toma de tierra de los nuevos ministros»; no iba a haber para un Gobierno hecho en tan singulares circunstancias ningún «estado de gracia», ninguna gracia de estado como la que se atribuyó al gobierno socialista en 1983. Era preciso que los Ministerios rodasen a su velocidad de régimen (nunca muy alta) desde el primer día.

Por otra parte, el Gobierno estaba predeterminado por el Grupo Parlamentario, y yo mismo preso en la aritmética de las tendencias y de las familias. No era posible un Gobierno muy distinto sin una rotura inmediata del Grupo.

Quiero añadir, en fin, que no me pareció serio ni prudente dar la impresión de un quiebro radical en la línea de los Gobiernos anteriores. Como no formaba parte del «sanedrín» que residenció al Presidente en la Casa de la Pradera, estaba yo menos afectado que otros ministros por el cansancio que el suarismo había llegado a producir en todos. Para mí Suárez seguía siendo el eje en torno al que giraba la frágil unidad interna de UCD; sin él, sólo la continuidad en su línea política podía evitar la dispersión. Yo me tenía que mover en el breve margen semántico que dejan entre sí los términos continuación y continuidad: continuidad sí, continuación pura y simple, no. Y ese margen me impedía una renovación sustancial del equipo gobernante.

Mi estimación política por Adolfo Suárez estaba entonces todavía intacta, y no me costó ningún trabajo mantener esa postura: hubiera tenido que vencer convicciones profundas para presentarme ostentosamente en discrepancia con el Presidente dimitido. No es exacto cuanto se ha dicho sobre mi deseo de tomar distancia política de Suárez. Cosa distinta es mi error al suponer que Suárez iba a recibir con gusto el hecho de que yo conservara casi intacto su Gobierno. Volveré sobre este grave error mío.

Después del 23 de febrero las razones que he apuntado para mantener el equipo se hicieron todavía más sólidas. La necesidad de un Gobierno que cerrase inmediatamente el paréntesis de vacío era todavía mayor y, sobre todo, se había hecho imprescindible no quebrar la línea anterior porque ello se entendiera como una cesión ante los golpistas; porque el golpe, en suma, se había dado contra un Gobierno de Adolfo Suárez. Pero había empezado ya un mes antes la cantinela de la «derechización» de UCD y ni siguiera repitiendo el Gobierno anterior pude cortarla.

Con esas convicciones acudí a la ceremonia del juramento ante S. M. el Rey en la Zarzuela el jueves 26 a las 10 de la mañana. Asistieron Adolfo Suárez y Fernández Ordóñez como Notario Mayor del Reino. Siguió al brevísimo acto una conversación informal con el Rey, en la que Suárez estuvo especialmente distendido. La espontaneidad y la simpatía del Rey allanaron las dificultades posibles, y los comentarios se prolongaron hasta después de las 11; al salir me recordó el Rey que debía estar a las cuatro y media en la Zarzuela para asistir a la reunión de la Junta de Defensa Nacional.

Adolfo Suárez y yo volvimos juntos en el coche del Presidente, en el que él había venido: y hubo que librar un breve torneo de cortesías, porque yo quise que Suárez se sentara a mi derecha, y él se negó sonriente pero autoritariamente. Así le acompañé al Palacio de la Moncloa, donde los suyos ultimaban los preparativos de la mudanza. (Adolfo me había pedido que tardara 3 o 4 días en ocuparlo, y yo le aseguré que no pensaba cambiar mi residencia y que no había, por lo tanto, problema alguno de plazo. Durante un par de semanas, en efecto, seguí viviendo en mi casa de siempre y sólo la insistencia razonada de los servicios de seguridad me obligó a trasladarme a la Moncloa con mi familia, ya entrado el mes de marzo).

En la puerta de la Moncloa Suárez me invitó a pasar, porque aún le quedaba algún tiempo (veinte o veinticinco minutos, me dijo mirando el reloj) antes de salir hacia el aeropuerto. La invitación me encendió la sangre: no había podido hablar con él después del golpe y ahora me brindaba unos minutos, puesto ya el pie en el estribo hacia unas largas vacaciones, para despachar aquello. No le alcé la voz, pero le respondí que quien tenía poco tiempo era yo. Nunca pude entender que Suárez no aplazara sus vacaciones como consecuencia del golpe militar; Felipe González calificaría aquel desplante de espantó. (Ver nota 98).

Me fui a mi despacho del Ministerio de Economía y hablé a última hora de la mañana con Fernández Ordóñez y con Alzaga; el primero aceptó sin reservas seguir en el Gobierno; el segundo prefirió no entrar pretextando razones profesionales.

Por la tarde volví a la Zarzuela, donde se reunía la Junta de Defensa Nacional, presidida por el Rey, de la que formaban parte el Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa y los Jefes de Estado Mayor. Aquella reunión, a los tres días del golpe, cumplía todos los requisitos para haber sido una «reunión histórica». Siento defraudar a quienes piensen que la historia sucede según las pautas de los dramas o de las comedias bien construidos, o según las versiones, a veces también teatrales, de algunos periodistas y algunos historiadores: la reunión no tuvo ningún interés. O la prudencia ataba las lenguas castrenses, o la cólera militar no había sido tan grande, o la procesión iba por fuera de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Espero que haya lugar más adelante para volver sobre la materia.

Pedí permiso al Rey para ocupar un despacho en la Zarzuela y hacer desde él, por teléfono, las últimas consultas que necesitaba antes de presentarle una lista de Gobierno. El Rey me ofreció su propio despacho, que tenía la ventaja del teléfono rojo por el que se accede directamente a los despachos de los Ministros. Me resistí a ocupar el sillón del Rey: con afecto y autoridad fui empujado físicamente a él. Dos horas más tarde presentaba a S. M. la lista. Los cambios eran mínimos. No había Vicepresidentes, se fusionaban Educación y Universidades, y Trabajo, Sanidad y Seguridad Social; las relaciones con las Comumidades Europeas se encomendaban a un Secretario de Estado dependiente de Asuntos Exteriores. Un solo nombre nuevo en la lista: el de Luis Ortiz en Obras Públicas, Cartera por la que había pasado fugazmente en 1977 como sucesor mío. Éstos eran los Ministros: Juan Antonio García Díez, Rodolfo Martín Villa, José Pedro Pérez Llorca, Francisco Fernández Ordóñez, Alberto Oliart, Jaime García Añoveros, Juan José Rosón, Ignacio Bayón, Luis Ortiz, José Luis Álvarez, Jaime Lamo de Espinosa, Íñigo Cavero, Jesús Sancho Rof, Juan Antonio Ortega, Pío Cabanillas[26].

Cuando se iba a dar la lista a la prensa descubrí en la copia mecanográfica un error: faltaba el nombre de Fernández Ordóñez como Ministro de Justicia; fue preciso repetir la lista para incluirlo en su lugar protocolario. Ello dio lugar a un retraso y a más de una impaciencia porque era la hora del Telediario de la tarde. Entonces no quise creer en lo que tenía aquella omisión de premonitorio. La omisión dejó de serlo seis meses más tarde.

IV
DESPUÉS DEL 23F

Ningún suceso de la transición política ha merecido tantas páginas como el 23F; se ha hecho minuciosamente la crónica de aquellas horas, dramáticas y grotescas a la vez; se han inquirido los antecedentes inmediatos y remotos de la conjura; se ha descrito el estupor de los españoles, el miedo a una vuelta atrás, la pérdida súbita de la recién nacida confianza en las instituciones de la libertad; se ha alabado, justamente, la intervención decisiva de S. M. el Rey, que se ganó el Trono en una noche como sus antepasados medievales. Sobre el golpe militar queda muy poco que decir, aunque para algunos que creen en los secretos de Estado haya todavía sombras no esclarecidas y enigmas no resueltos. Queda, en cambio, casi todo por decir sobre la etapa que empieza el 24 F, sobre el proceso que saca del estupor a los españoles y les devuelve su confianza en las instituciones democráticas. Nadie daba un céntimo por la continuidad pacífica de la transición en la noche del 23F; pero la memoria individual y colectiva es flaca, y el interés periodístico por la normalización fue tan escaso como había sido extraordinario el interés por la ruptura de la normalidad. Sobre ese proceso de normalización política después del golpe quiero hacer algún comentario en lo que sigue.

Mi discurso de investidura, pronunciado el 18 F, había trazado un programa y unos objetivos de gobierno. Pero en la noche del golpe militar vi con toda claridad que mi obligación consistía, antes que en cualquier otra cosa, en devolver a una España conmovida y estupefacta el sosiego y la normalidad constitucionales. Secuestrados el Parlamento y el Gobierno, las intervenciones extraordinarias del Rey en la noche del 23F habían yugulado la confabulación, que increíblemente fiaba a la Corona su éxito. Pero una vez terminado el secuestro, ya no podía Su Majestad seguir en la arena política, porque se lo estorbaba el orden constitucional restaurado: era al nuevo Presidente y al nuevo Gobierno a quienes tocaba esa responsabilidad, y a ella hicimos frente desde el primer momento.

Nos faltaba, como a todos los españoles, información suficiente. Que el Gobierno anterior (presidido por Suárez, y en el que yo era Vicepresidente para Asuntos Económicos) estaba mal informado, es algo que se deduce directamente de la sorpresa con la que recibió el golpe. Yo creí en los primeros minutos que quienes entraban a tiros en el Congreso eran terroristas disfrazados de Guardias Civiles[27]. Dos años antes el Consejo de Ministros había sido, ciertamente, informado de la frustrada Operación Galaxia; pero la cuestión militar no volvió a estar de manera formal sobre la mesa hasta el 24 F. No se nos dijo ni siquiera que el General Armada iba a ser nombrado Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército diez días antes del golpe; y la falta de una explicación suficiente a tan desdichado nombramiento dio lugar a toda clase de rumores. Agravó la orfandad informativa de mi Gobierno la ausencia de Suárez.

Hube de tomar mi primera decisión importante sobre la cuestión militar el mismo día 26, antes de formar Gobierno, cuando resistí vehementes presiones (no militares) para situar a un general en el Ministerio de Defensa. Desconociendo todavía la hondura y el alcance de lo que había pasado, decidí presentar a Su Majestad un Gobierno sin militares[28], el primero en España desde 1939, para dejar claro lo que se llamaba, impropiamente, supremacía del poder civil.

Alberto Oliart fue un excelente Ministro de Defensa. Cayó sobre él la pesada herencia del golpe militar; la aceptó responsablemente y supo administrarla con firmeza y, a la vez, con respeto para las Fuerzas Armadas que habían sido, en su inmensa mayoría, ajenas a la irresponsabilidad golpista. Los generales respetaron también en el Ministro Oliart la independencia, la rectitud, la autoridad —y el liberalismo propio de su antigua vocación intelectual.

Desde el primer día Oliart redujo a términos de normalidad el problema castrense. El Teniente Coronel Emilio Alonso Manglano (antiguo compañero mío de oposición juanista al régimen de Franco) nos dio muy pronto, desde la Dirección del CESID, una información sobre las Fuerzas Armadas, a la vez tranquilizadora, puntual y suficiente.

Mi problema no iban a ser los cuarteles tanto como el juicio a los militares golpistas. «El ruido que me preocupa no es de sables —dije en marzo del 81 a una prensa incrédula— sino de tenedores en los restaurantes donde conspira UCD y fantasean periodistas».

Normalidad. Aquí ha podido pasar mucho, pero no ha pasado nada. La Ley castigará a los responsables directos del golpe, y no habrá caza de lejanos cómplices o de brujas próximas. La democracia se basta a sí misma, en el ejercicio ordinario de su fuerza, sin medidas excepcionales de ningún tipo, para curar sus heridas; y UCD, minoritaria, también se basta para devolver a la política española, su normalidad perdida, sin coaliciones contra natura que podrían aportar una cierta justificación ex post facto de los golpistas. Éste fue el tono que quise dar a mi Presidencia desde el 25 F, día de mi tercera y definitiva investidura: las breves palabras que pronuncié entonces huyeron deliberadamente de toda retórica —en contraste con otras inspiradísimas que allí se dijeron. (He de confesar que mi tentación de volver a la tribuna, manchada por Tejero, con un lacónico «decíamos antes de ayer» encontraba también apoyo en el rubor que me hubiera producido cantar desde ella un himno heroico a la libertad, ante los mismos escaños que nos habían dado refugio escasamente heroico unas horas antes).

También es verdad que a mi propio talante le va mejor el laconismo que la retórica; y esa preferencia, mantenida en la ocasión excepcional del 25 F y en las siguientes, me valdría adjetivos favorables —como serio o impávido— y otros peyorativos —como hierático o distante— que me acompañarían mientras estuve en La Moncloa.

Mi Presidencia tuvo la preocupación, casi obsesiva, de la vuelta a la normalidad. No era fácil volver a ella con un largo juicio a los golpistas por delante: nunca he sentido tan de verdad el agravio del «delay of law» que Hamlet cita en su «to be or not to be» como una de las razones para no ser. Durante más de un año, la instrucción del sumario y el juicio oral renovaron ante la opinión pública, todos los días, el drama grotesco del 23F, que una elemental higiene social y política hubiera aconsejado archivar, sin olvidarlo, en los desvanes del recuerdo. El juicio acaparó la actualidad, amplificó la voz de los golpistas y les dio una presencia diaria en la sociedad que no habían tenido nunca, ni se correspondía con su fuerza real. Toda aquella historia de la democracia vigilada, que traté sin éxito de convertir en crónica de la democracia vigilante, recibía su impulso de los reportajes interminables sobre la sesión plenaria del Consejo Supremo de Justicia Militar. Y no hubo en esos meses presión militar ninguna sobre el Gobierno o sobre su Presidente: las reuniones que tuve a los pocos días del golpe con los Consejos Superiores del Ejército, del Aire y de la Armada empezaban con una declaración de acatamiento al poder civil y terminaban con el memorial de siempre, como siempre justificado, acerca de la situación económica de los militares y sus posibles remedios. Ya he dicho que los militares no presionan, porque no es lo suyo; que presionar es algo propio de los civiles sin armas; que quien las tiene, o bien las blande, como Tejero y Milans, o bien, si no las usa, obedece, como la inmensa mayoría obedeció el 23F. Pero la ampliación de la voz de los golpistas en el juicio oral, o en su preparación, recogida diariamente por los medios, deformaba, agitándola, la verdadera cuestión militar, que nunca pasó en aquellos tiempos de una dimensión modesta.

Quise explicar esto a los directores de los grandes medios de comunicación social, a quienes llamé a mi despacho en vísperas de que se abriera la fase plenaria del juicio. No tuve éxito en mi explicación. Entendían que yo intentaba una forma cortés de censura gubernativa, quizás impuesta por los militares mismos; cuando lo que yo solicitaba, o sugería, era un tratamiento libre del juicio, pero en tono menor, casi con sordina: y justamente lo que interesaba a los procesados, y también lo que vendía más, era la crónica ostentosa y escandalosa que iba a prestar a los golpistas una audiencia extraordinaria, una importancia desmedida y, ante sus incondicionales, un prestigio creciente. Pocas veces el mensaje se redujo tan exactamente al medio, o lo pintado se incautó más de lo vivo, o la anécdota devoró más a la categoría que en los meses del juicio contra los golpistas. Se produjo así una curiosa revancha de los derrotados del 23F, favorecida paradójicamente por quienes eran sus adversarios más radicales. Nadie había hablado de problema militar en las semanas que precedieron al golpe, nadie oyó ruido de sables en vísperas del 23F —y a partir del 24 F todo era estruendo castrense, democracia vigilada, conjura de coroneles o de capitanes. Dije una vez, almorzando con periodistas amigos, que no me sería posible gobernar eficazmente hasta que me sacara la muela del juicio, del juicio a los golpistas; la sentencia se dictó el 4 de junio de 1982 e inmediatamente la Fiscalía del Reino interpuso un recurso que dejaba la última palabra a un tribunal civil: pero en esas fechas la sangría de UCD había puesto ya un límite infranqueable a mi Gobierno, y no me quedaba tiempo útil para gobernar sin la losa del juicio.

Dicho esto sobre la amplificación que prestaron al golpe las interminables sesiones del juicio en los medios de comunicación social, debo añadir algo aparentemente contradictorio: es cierto que el 23F y su epílogo judicial pusieron entre paréntesis la confianza de los españoles en la democracia, pero también es cierto que no modificaron sensiblemente sus preferencias de voto. Muchos electores dudaron a partir del 23F que la democracia hubiera resuelto los problemas antiguos: pero el golpe militar no les llevó a transferir su voto más a la derecha o más a la izquierda. Los sondeos del CIS muestran que los efectos electorales del 23F, si los hubo, no fueron duraderos ni profundos.

Ya dije entonces que el 23F había tenido tres minutos dramáticos y diecisiete horas grotescas. La opinión pública percibió esa ambigüedad, mejor dicho, ese triunfo de lo grotesco sobre lo dramático. El ojo de la televisión, que se había quedado milagrosamente abierto sobre el hemiciclo, hizo ver a los españoles el escenario de la tejerada, les hizo asistir al asalto del Congreso y le quitó a la escena el misterio esencial de cualquier drama. He escrito escenario y escena, y no es metáfora: aquello fue una representación teatral, a la que el tricornio, el bigote y la pistola aportaron el eficacísimo apoyo de la guardarropía de repertorio. Era otra vez la España de los esperpentos, la España de Merimée que Antonio Machado había creído definitivamente muerta. En el extranjero se vio aquello, efectivamente, como una vuelta a la tradición perdida, como una prueba más de que España seguía siendo diferente.

La imagen televisada engrandece lo banal y trivializa lo trascendente: habrán de aceptar las generaciones futuras que los grandes hechos históricos se degraden en la pantalla hasta el rango de reportajes periodísticos. El 18 de Brumario resistió los pinceles de Bouchot, pero no hubiera resistido un solo Informe Semanal. Aunque suene a paradoja, la fotografía diseca y mata más que la pintura y mucho más que la crónica literaria. Los españoles pudieron ver con sus propios ojos que el 23F había sido una farsa, que allí, a fin de cuentas, no había sucedido nada dramático ni esencial, aunque pudo haber sucedido mucho y muy grave; que el susto se había quedado en eso: y un susto televisado no modifica el curso de la historia.

Sí pudo modificar, en cambio, la apreciación global de los ciudadanos por la política y los políticos: es probable que la decadencia del Parlamento, a la que tantas veces se han referido los comentaristas, tenga su punto de arranque en aquel escenario de escaños vacíos ante la tribuna ocupada por un tricornio; y es seguro que tiene su estación de término en el rodillo socialista.

Después del 23F se reprodujo una especie de consenso, pero que ya no era el consenso inaugural de la transición política, porque todos habíamos perdido el estado de gracia y de ilusión creadora de los primeros tiempos. El nuevo consenso fue más bien una tregua armada, llena de suspicacias y de precauciones, que duró muy poco tiempo: el necesario para que se instalara en todos la certeza de que la cólera militar no crecería en diluvio. Cuando en mayo de 1981 estalló el síndrome tóxico, la tregua había llegado a su fin.

En aquellos meses de marzo y abril algunos habilidosos de la política me reprochaban que no exagerase el problema militar para que volvieran a UCD los votos del miedo. ¿Estaba en mi mano hacerlo así? ¿Podían recuperarse para UCD los votos del miedo a un golpe que le habían dado precisamente a la confiada UCD? La exageración del miedo ¿no hubiera llevado más bien esos votos a quienes dieran más seguridades que UCD? El consejo de los habilidosos era disolver inmediatamente y convocar nuevas elecciones; ya he dicho en otro lugar por qué razones esa conducta me parecía irresponsable y, además, inútil para UCD. Repito que la existencia misma de un problema militar a los 4 años de estar UCD en el gobierno, con un golpe dado por sorpresa a un gobierno de UCD, no eran datos fácilmente convertibles en votos para UCD. Pero también es cierto que la vuelta a la normalidad significaba, en el mejor de los casos, la vuelta a la situación del 22 F, en la que UCD era ya minoritaria y el PSOE empezaba a ser el partido más votado.

Un taumaturgo podía haber convertido el golpe militar en una revitalización, interna y externa, de la descuajaringada UCD; yo no era ese taumaturgo. Tuve tiempo de sobra para pensar en todo esto durante la noche larga del 23F, y algo le dije a Suárez a la mañana siguiente, cuando salíamos del Congreso: le pregunté si él, que todavía conservaba en las manos los hilos y los mimbres, había pensado en reconsiderar su dimisión. A lo mejor Suárez, maestro en ese género de ilusionismo, era capaz de sacar conejos de la chistera del golpe. No me dijo nada; luego supe que había dado vueltas a la idea el 24, buscando apoyos que no encontró. El 26 se fue a Contadora.

En resumen: el 23F puso entre paréntesis la confianza de los ciudadanos en la democracia recién establecida, pero no modificó la situación minoritaria de UCD ni la intención de voto de los electores. Era necesario devolverles aquella confianza normalizando la vida política, pero no era posible poner ese proceso al servicio de UCD. Ése fue mi análisis entonces, y nueve años más tarde me sigue pareciendo acertado.

Entre las Instituciones que sufrieron inmediatamente después del golpe estaba la Corona misma. Hubo una campaña contra el Rey en las hojas clandestinas de algunos cuarteles, en un sector mínimo, pero eficaz, de la prensa, y luego en el recinto y en los pasillos del juicio. No era preciso que se me pidiera la movilización del Gobierno al servicio de la Corona: mi sentido de la responsabilidad y mi condición de monárquico antiguo me habían movilizado antes de cualquier requerimiento. Y aunque el Gobierno volvió a estar muy pronto acosado por la oposición en su propio ámbito, los Ministros y yo movimos todos los recursos a nuestro alcance para que luciera la verdad histórica que hoy ya nadie discute. Hasta tal punto se dio la vuelta a aquella campaña, que la Corona salió del trance mucho más arraigada en el corazón de los españoles, y el Rey pudo añadir a su legitimidad de origen la de ejercicio por su intervención decisiva en la noche del 23F. Los Ministros y yo, como los hombres de Nehemías, «con una mano levantábamos los muros y con la otra sosteníamos la espada».

Y ya metido en teologías me atrevo a parafrasear el Felix culpa de san Agustín, que se lee en la Vigilia de Pascua, aplicándolo al 23F. «Feliz culpa de Adán —dijo el santo— que nos valió un Redentor». Feliz culpa la de Tejero que nos valió el arraigo de la Monarquía.

Recibí de Suárez una España traumatizada por el golpe militar, que dudaba de sus Instituciones democráticas y hasta de la Corona; entregué a los vencedores de 1982 una España que volvía a confiar en la libertad y que estaba más unida que nunca a su Rey. No es cierto que se consolidara la Monarquía Parlamentaria por el triunfo socialista, como dijeron los vencedores de 1982; más bien es cierto lo contrario, es decir, que el triunfo socialista fue posible porque estaba ya consolidada la democracia cuando se convocaron las elecciones. Permítaseme compartir con mis Ministros de 1981 el orgullo de haber logrado esa consolidación.

En el Diario 16 del 23 de febrero de 1981, que ya estaba en la calle cuando Tejero entró en el hemiciclo, escribía Pedro J. Ramírez lo siguiente: «Una de las mejores cosas que podría decirse de la etapa que ahora inicia Calvo-Sotelo es que sirvió para que los socialistas llegaran al poder en un clima de consolidación y asentamiento». Si la consolidación y el asentamiento eran ya una tarea necesaria antes del golpe, qué duda cabe que después del golpe iban a ser el objetivo principal, y casi único, del Gobierno. Acotar los estragos del golpe, en el espacio y en el tiempo; juzgar ejemplarmente a los golpistas; demostrar que la democracia sola se bastaba, sin acudir a situaciones de excepción, para volver a la normalidad; fortalecer la posición internacional de España con la incorporación a la Alianza Atlántica y la negociación de ingreso en la Comunidad; serenar las tensiones sociales con el Acuerdo Nacional sobre el Empleo; completar y racionalizar el proceso autonómico y mantener las cotas de libertad más altas que ha tenido España desde el 36, fueron los frentes en los que mi Gobierno ganó la batalla de la normalización. Todo lo demás se perdió. Al día siguiente de las elecciones, me empeñé en que la «transmisión del mando» se hiciera ejemplarmente; tratar como un hecho normal la grave derrota de UCD fue un último servicio de mi Gobierno a la noble causa de la normalización política.

V
EL LIBRO DEL MAL AMOR

¿Por qué no nos querremos más?
(Adolfo Suárez, al salir de una reunión de UCD en 1980)

En 1981 y en 1982 me faltó el apoyo de un partido. UCD no era, no había llegado a ser, un verdadero partido: UCD era un gobierno pirandelliano en busca de partido. Pero hubo algo más, o algo menos, que esa existencia deficiente de UCD: lo poco que existía de ella, fuera del Grupo Parlamentario, no me apoyó realmente. ¿Por qué no pude contar con el apoyo resuelto del partido durante mi etapa en la Moncloa?

Para entender esa cuestión hay que volver a los orígenes de UCD. Creo haber visto con claridad en 1977 la necesidad en que estábamos de contar con un partido si queríamos seguir gobernando después de las primeras elecciones. No sé si esa convicción era tan clara en todos mis compañeros de Gobierno: ciertamente ninguno se sintió empujado por ella hasta el extremo de dimitir, como yo, para bajar a la arena electoral. El propio Adolfo Suárez confiaba más en sí mismo, en su carisma, en su dominio de la televisión, en su simpatía desbordante, que en la base sustentadora de una organización política. Estábamos aún muy cerca del caudillismo y la decidida opción democrática de Adolfo Suárez no era incompatible con su inclinación al ejercicio de una especie de democracia directa, con los modos antiguos de persuasión política que vinculan a los ciudadanos con un líder sin utilizar necesariamente el cauce de un partido. Sólo esa actitud explica la insistencia de Adolfo Suárez en la incompatibilidad electoral de los Ministros; es verdad que le preocupaba la posible reticencia de la izquierda ante la convocatoria y que quiso hacer gala de limpieza en la preparación de las primeras elecciones, hasta el punto de incluirse él mismo en la incompatibilidad; pero el simple hecho de que llegara a verse como Presidente del Gobierno sin ser él mismo Diputado, recibiendo el apoyo directo de una sociedad rendida a su seducción, sólo es inteligible desde aquella actitud preparlamentaria.

Como el sexo es a veces vacilante en la niñez, la convicción democrática de la primera UCD dudaba entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Adolfo Suárez sentía en aquellos meses de 1976 y de 1977 el apoyo directo de los ciudadanos, que le llegaba sin el intermedio de un partido, y quién sabe si no tenía refugiado en el subconsciente un resto del talante antipartidista que le rodeó en sus años juveniles. (El mismo CDS ha sido más bien un soporte personal del Presidente carismático que una correa de transmisión de la opinión pública, y así presenta al observador desapasionado una estructura que recuerda la que tienen no los partidos, sino las partidas, las partidas heroicas de hombres amantes de aventura, en las que hay un jefe carismático e indiscutido, un núcleo próximo de leales y una orla de insatisfechos. Adolfo Suárez se mueve con más soltura entre las personas que entre las ideas o los partidos: su técnica invariable del «yo solo, yo solo» procede más de un talante presidencialista que de un talante parlamentario).

Desde sus orígenes históricos, la soberanía popular se ha encarnado a veces en una Asamblea, a veces en un hombre: Adolfo Suárez se inclina instintivamente por la encarnación personal y ha vivido de ella; no se ha sentido nunca a gusto en el Congreso de los Diputados, ni en la tribuna, ni en el escaño, ni en el tráfago de los pasillos; el día en que actuó con más soltura en el hemiciclo fue el 23F. Adolfo Suárez domina la mesa redonda y la televisión, sobre todo la televisión que es el instrumento decisivo de la democracia directa y que puede ser el verdugo del parlamentarismo; pero el hemiciclo no es su ámbito ni es su distancia.

El caso es que yo me quedaba solo en aquellos Consejos de Ministros de la primavera de 1977 defendiendo la tesis de que los Ministros, y por supuesto el Presidente del Consejo, tenían que ser candidatos en las primeras elecciones democráticas. Triunfó la tesis contraria y sólo una interpretación sutil que hizo Lavilla del Decreto Ley electoral permitió, a última hora, la candidatura de Adolfo Suárez.

Fue en esa última hora cuando pedí al Presidente que me permitiera dejar el Gobierno para ser yo también candidato. Mi propósito era dar a Adolfo Suárez el respaldo de unos grupos, sin duda minúsculos y sin verdadero soporte electoral, pero suficientes para legitimar parlamentariamente su carisma. Creo que ese propósito se alcanzó plenamente. A Suárez le preocupaba que yo me apoyase en la gestión de la campaña electoral para alzarme con una posición política rival de la suya; yo no entendí nunca su preocupación, porque ni ambicionaba la presidencia del gobierno ni me sentía capaz de alcanzarla. Pero el hecho es que Suárez quiso reducir a una dimensión administrativa mi oficio en la preparación de las elecciones, y que su entorno me confinaba en el título de «Gerente de la Campaña». La tarea ímproba de confeccionar, desde una posición política devaluada, las primeras listas electorales que se hacían en España después de 40 años me desgastó mucho con los líderes incipientes de UCD. A fin de poner orden en la improvisación forzosa de aquella coalición electoral tuve que imponer a los líderes un acuerdo en el que me apoderaban a mí sólo para presentar las listas en todas las circunscripciones: así fue posible cerrarlas a tiempo en muchas de ellas. Esta disciplina a que hube de someter a personas de la talla de Joaquín Garrigues, Francisco Fernández Ordóñez o Pío Cabanillas, les produjo una incomodidad grande, e hizo de ellos aliados naturales de un Adolfo Suárez receloso por mi protagonismo electoral, ciertamente discretísimo. Ésa fue la razón de que yo me quedara fuera del Gobierno formado inmediatamente después de las elecciones de 1977.

Cuando en el mes de agosto siguiente Adolfo Suárez decidió convertir la coalición en partido, ya fueron otras las manos encargadas de aquella tarea. Emergía en el nuevo Gobierno la personalidad de Fernando Abril, a quien apoyaban la amistad del Presidente, incondicional entonces, y su propia ambición. La tesis de Fernando Abril fue que el partido UCD no era el heredero de la coalición UCD: como gerente de la coalición me quedé al margen del partido, y tuve que afrontar, casi en solitario, la penosísima tarea de liquidar la coalición, mientras otros festejaban el triunfo del partido. Fue entonces cuando decidí abandonar la política y volver a la empresa privada.

Al contarme la lista del Gobierno que siguió a las elecciones de 1977, Adolfo Suárez me había dicho algo muy curioso, que anoté en mi agenda:

«No te hago Ministro ahora porque tengo que limpiar tu imagen».

Nunca me explicó las manchas que habían de someterse a esa operación de tintorería política. Además de la explicación que se deduce de cuanto dejo expuesto, sin duda pesó en el ánimo de Adolfo Suárez un reproche al gerente de la campaña por no haber obtenido la mayoría absoluta. Suárez estaba convencido de ella en las semanas que precedieron a las elecciones: y se mantuvo casi al margen de la campaña, como personalidad carismática que no debe bajar a la arena de la batalla política y que no cree necesitar un partido, ni una maquinaria electoral, para recibir el apoyo pleno de los ciudadanos. Aquella fue una campaña curiosa, con unos Ministros no candidatos que se mantenían asépticamente por encima del barullo electoral (salvo el de la Gobernación, Martín Villa, sin el que no hubiera sido posible cerrar las listas); con un Presidente-candidato sobrevolando también el campo de batalla, con unos líderes ideológicos sin votos y sin medios, avergonzados de haberse vendido a Suárez, y con un gerente destinado al ostracismo. Frente a ella, la campaña del PSOE fue ya una campaña profesional de un partido hecho.

En febrero de 1978 Adolfo Suárez me repescó para el Gobierno, tentándome con el oficio que los periodistas llamaban entonces de Mister Europa. Me resistí a esa nueva tentación reafirmando mi propósito de volver al sector privado.

«Sí; tú quieres volver, pero tus amigos de la empresa privada no te quieren recibir como sería justo».

Estaba bien informado Adolfo Suárez. Aclararé más adelante este punto[29].

Volví al Gobierno en febrero de 1978, como Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, y apenas tuve que ver con el partido. Mi función exterior me apartaba de la lucha política interior; y, aunque formaba parte del Comité Ejecutivo de UCD, no tuve en él ninguna posición relevante.

Yo había sido el artífice de la coalición UCD, pero el partido UCD se hizo sin mí y, al menos al principio, discretamente contra mí. Tenía ciertamente el status de barón de UCD, pero un barón atípico, acampado en las afueras de la organización. Cuando los barones le perdieron el respeto a Suárez, yo no estaba con ellos en «la Casa de la Pradera». Ésa fue sin duda una razón más para que Adolfo Suárez pensara en mí como sucesor suyo al presentar su dimisión en enero de 1981. Ya he contado la escena de aquella dimisión, y cómo fui yo quien más sinceramente razonó primero, y rogó después a Adolfo Suárez que reconsiderase su dimisión. Contaré ahora, en tres actos y un epílogo, el drama de mi relación personal con el partido Unión de Centro Democrático.

Acto 1.º Enero, febrero de 1981

En la noche del miércoles 28 de enero de 1981 Adolfo Suárez, ya dimitido, convoca en la Moncloa a nueve de sus colaboradores más directos para tratar de su sucesión. Es la una de la madrugada del 29 cuando nos reunimos otra vez en su despacho nuevo, con el mismo escenario de la tarde de su dimisión; hemos sido llamados Landelino Lavilla, Rafael Arias Salgado, Rafael Calvo Ortega, Rodolfo Martín Villa, Pío Cabanillas, José Pedro Pérez Llorca, Paco Fernández Ordóñez, Fernando Abril Martorell y yo. Adolfo Suárez comienza diciendo que su decisión de dimitir ha sido aceptada, aunque no compartida por el Rey. Como S. M. se va a Washington, la decisión debe hacerse pública antes. Suárez nos invita a ponernos de acuerdo en la persona de su sucesor, o en un equipo que incluya también la Presidencia y la Secretaría General del Partido: y afirma que él no será candidato en las elecciones próximas. Sigue un cambio de impresiones sobre la naturaleza del Gobierno que deberá formar el nuevo Presidente y se plantea formalmente la pregunta de si debe ser o no un Gobierno monocolor; la respuesta de Adolfo Suárez es categórica: Sí. Nadie se decide a dar unos nombres sobre los que se pueda deliberar y, eventualmente, votar; por fin, Fernández Ordoñez propone esta lista: Calvo-Sotelo, Lavilla, Martín Villa, Pérez-Llorca, Rodríguez Sahagún; e insiste en que los ha citado por el orden que le parece mejor. Pérez Llorca se excluye sin dar muchas razones; yo también me excuso y propongo que se añada a Fernando Abril Martorell; Pío Cabanillas dice enfáticamente:

«Entre esos nombres está el sucesor para el Gobierno. Hay que elegir más por lo definitorio que por lo precautorio».

Pío subraya su cacofonía final con una mirada de inteligencia que recorre los rostros de los presentes; cuando Pío subraya así determinados aforismos nadie se atreve a no entenderlos[30]. Rodolfo Martín Villa se excluye también y Pérez Llorca cierra las intervenciones diciendo que le parece bien el orden propuesto por Fernández Ordóñez. Landelino mantiene silencio.

A continuación Suárez propone que se vote, escribiendo cada cual un nombre en un trozo pequeño de papel y echando las papeletas dobladas en un cenicero grande que está milagrosamente vacío. Salen 6 votos para mí, 2 para Rodríguez Sahagún, y 1 para Lavilla. Adolfo Suárez no ha votado; yo he votado a Lavilla; probablemente Abril y Arias, o Lavilla, han votado a Rodríguez Sahagún.

Confieso que esperaba mi nombre en algunas papeletas, pero no en tantas. Confieso también que, entre sorprendido y confuso, tardo en decir algo cuando Suárez proclama el resultado, y lo que digo al fin lo oigo como dicho por otra persona, y me parece trivial, indigno de la ocasión:

«Si no hay más remedio…»

Y a continuación añado un par de condiciones: la primera, que necesito al Comité Ejecutivo unánime en la propuesta; la segunda, sobre la que apenas había reflexionado, tendría más largas consecuencias: declaro que mi aceptación se refiere a la Presidencia del Gobierno, y que no quiero la Presidencia del Partido, en la que debe seguir Adolfo Suárez. Aunque parezca extraño, no había hablado antes de tan decisiva cuestión con el Presidente. No sé qué hubiera pasado si en vez de rechazar la Presidencia de UCD la hubiera exigido, pero me importa dejar constancia de que fui yo quien decidió esa noche rechazar el Partido.

Me sentía abrumado por la responsabilidad del Gobierno, pero mucho más dispuesto en todo caso a aceptarla que a reclamar o aceptar, además, la responsabilidad del Partido. Sé cuánto hay de adverso para mí en esta confesión; sé que de esa actitud se siguieron consecuencias incómodas para todos y graves para nuestros electores: pero esos son los hechos.

Confiaba entonces todavía en que Adolfo Suárez conservara la Presidencia del Partido; él negó allí mismo esa posibilidad, pero yo tenía la convicción (errónea) de que un Congreso que lo aclamara podía convencerle de lo contrario. Y en aquel momento me sentía plenamente dispuesto a colaborar, desde el Gobierno, con Adolfo Suárez en el Partido. Nunca había sufrido la jefatura política de nadie antes de 1975, y es muy probable que no vuelva a aceptar ninguna otra; pero en junio de 1976 acepté de buen grado la de Adolfo Suárez y trabajé lealmente a sus órdenes hasta febrero de 1981. No me he arrepentido de esa colaboración: me sentía y me siento muy orgulloso de ella.

El miércoles 28, antes del voto confidencial, había yo hablado sucesivamente con Pío Cabanillas, con José Pedro Pérez Llorca y con Rodolfo Martín Villa en mi despacho. Conservo breves notas de aquellas conversaciones. Pío me dice que probablemente se me va a ofrecer la Presidencia y que debo aceptarla; yo le hago ver mi disposición escasa. Pérez Llorca me anima menos: llama «voz interior» a esa disposición escasa, y dice que hay que oír siempre las voces interiores; todos los demás argumentos están, a su juicio, a favor del sí. La conversación con Pérez Llorca sigue en su casa donde almorzamos los dos matrimonios; José Pedro intenta convencerme haciendo hipótesis y listas. Por la tarde Rodolfo Martín Villa me dice:

«—Hay que aceptar estas cosas si se las ofrecen a uno; tendrás la ayuda de todos y habrá unidad en el Partido».

Rodolfo no rechazaría la Secretaría General. (Luego supe que mis interlocutores se habían reunido a última hora de la tarde y acordaron proponer mi nombre a Adolfo Suárez, con quien Pío despachó a las nueve de la noche en la Moncloa).

El jueves 29 hay Consejo de Ministros a las cinco para conocer de manera formal la dimisión del Presidente. Y a las seis se reúne el Comité Ejecutivo de UCD con dos puntos en el orden del día: la propuesta de sucesor y la fijación de una fecha nueva para el Congreso de Palma de Mallorca. Mientras está reunido el comité se da la alocución de despedida de Adolfo Suárez, que se había grabado para la televisión a primera hora de la tarde.

Después de saludar a los miembros del Comité y cuando el Presidente declara abierta la sesión, salgo discretamente de la sala y me instalo, para esperar, en un pequeño despacho inmediato; está conmigo Luis Sánchez Merlo[31]. No tengo, por lo tanto, información de primera mano sobre la sesión: se han publicado de ella distintas versiones, de las que cabe deducir el curso del debate. A las 7.30, y a petición de los «críticos», se suspende la reunión hasta las 11 de la noche.

Tengo una posición clara y se la hago saber a cuantos me preguntan por ella: no he sido yo, sino el Presidente Suárez, quien ha presentado mi candidatura; habiendo, además, condicionado yo mi aceptación a que la propuesta correspondiente fuera hecha de manera unánime por el Comité Ejecutivo, no me creo obligado ni estoy dispuesto a hacer campaña; tampoco puedo aceptar la invitación de los «críticos» (de los «críticos», no del Presidente) para que exponga ante el Comité Ejecutivo una especie de programa de investidura. Y esto último no por una ingenua tentación totalitaria, sino por la inminencia de un Congreso del partido que tendrá que definir, entre otras cosas, la línea política de UCD; me comprometo a seguir la que defina el Congreso, a escribir sobre ella el discurso parlamentario de investidura y a someterlo entonces al Comité Ejecutivo: pero no me parece que tenga sentido anticipar el debate del Congreso de Palma e instalarlo esa noche en la sesión del Comité.

Lo que los «críticos» proponen al Presidente Suárez es, precisamente, anticipar el debate político; y a esa propuesta se oponen, a mi juicio razonablemente, Suárez y la mayoría del Comité: abriendo el debate, no era probable que se llegara a un acuerdo y, como consecuencia, tampoco se llegaría a proponer unánimemente un sucesor; y la situación de vacío de poder creada por la dimisión de Suárez se agravaría así con la incertidumbre de la sucesión. La única salida era esperar al Congreso y pactar en él los rasgos esenciales de una política que orientara luego la acción del nuevo Gobierno.

Conviene recordar que la tensión interna de UCD se había agravado a lo largo del mes de enero. El día 12 publicaba Diario 16 unas declaraciones de Landelino Lavilla que se interpretan casi como una ruptura de hostilidades. El Director de Diario 16, que recibió personalmente las declaraciones, titulaba:

«Landelino Lavilla quema sus naves».

Recojo algunas frases que, incluso aisladas del contexto, me parecen reveladoras (aunque tal vez no sean representativas):

«UCD no es… el Partido que concebimos».

«Me siento personalmente identificado con el documento (de los “críticos”)».

«(Si algo hubiera de imputar al Presidente Suárez) sería el escaso ejercicio de sus poderes».

«Son indiscutibles los inconvenientes de un poder concentrado y no ejercido por su titular».

«Siempre me he negado a participar en una puja por un extraño progresismo».

El 20 de enero en el Club Siglo XXI Miguel Herrero, otro de los «críticos», se ha referido a un «caudillaje personal» en UCD para concluir así:

«Nuestros electores y España entera se sentirán inseguros si no pudiéramos trascender… las intuiciones o las razones, el genio o el capricho de un solo hombre, sea éste quien sea».

En este clima, abrir un debate sobre la sucesión era, sin duda, una necesidad táctica para los «críticos»; pero también era, objetivamente, una propuesta inviable. Los «críticos» podían temer que el candidato de Suárez fuese un muñeco que se dejara manejar por él, aunque la relación antigua y estrecha que yo tenía con algunos de ellos debió haberle sugerido que no sería exactamente así. En todo caso, comprendo y respeto ahora (como entonces) la razón procesal y política que les asistía en su propuesta, aunque sigo creyendo, como entonces, que fue mejor no aceptarla.

Reanudada la sesión a las 11 de la noche, yo vuelvo a quedarme fuera de la sala en que se debate sobre mi persona, y repito mis argumentos a quienes me repiten los de los «críticos»; en algún caso correspondo con cierta vehemencia a la vehemencia de mi interlocutor. Y como me parece que no tiene mucho sentido ni la espera extramuros, ni el diálogo intermitente y desigual con quienes salen por unos minutos de la reunión, cargados de la pasión que hay en ella, decido irme a casa y aguardar allí noticias. Noticias que me llegan a las 4 de la mañana cuando Suárez me dice por teléfono que he sido propuesto con 28 votos a favor, la abstención de Landelino Lavilla y la ausencia de Alzaga, Herrero de Miñón, Álvarez de Miranda, Luis de Grandes, Alonso Castrillo, Camuñas y Fontán. Acudo nuevamente al Comité mientras éste delibera sobre la celebración del Congreso y acuerda convocarlo para los días 6, 7 y 8 de febrero. Por el camino dudo si debo aceptar la propuesta o insistir en la unanimidad como condición necesaria. La seguridad que recibo de quienes se ausentaron de la votación en cuanto a su apoyo, y la insistencia de Suárez, me deciden a no mantener abierta la crisis de la sucesión. Álvarez de Miranda, Miguel Herrero y Camuñas me dicen, y lo repitieron más tarde ante la prensa, que no tienen reservas en cuanto a mi persona, pero sí una discrepacia radical con el procedimiento de la designación.

Las grietas antiguas de UCD (que son aristas de unos sillares nunca unidos ni sujetos por una voluntad auténtica de integración) se hacen cada vez mayores y está para mí claro, en esa madrugada del 29 de enero, que no será fácil componer la unidad de UCD. (Digo componer, y no recomponer, porque este último verbo supondría erróneamente que hubo en algún momento anterior una unidad verdadera y profunda en UCD). Mi convicción de aquella noche, no rectificada por el Congreso de Palma, es la que sigo teniendo ahora: UCD no llegó a ser nunca un verdadero partido. Y este hecho no disminuye, sino que acaso acrecienta, la hazaña de un grupo de hombres que, amparados por aquellas siglas, no mucho más que unas siglas, hicieron la transición política española sin el apoyo de un verdadero partido.

En esas circunstancias cabía trazar unos objetivos claros de gobierno e intentar cumplirlos en el breve plazo restante de la legislatura: pero no iba a ser posible gobernar, en el sentido pleno del término.

¿Hubiera aceptado Suárez que yo exigiese las dos presidencias, la del Gobierno y la del partido? No lo sé, porque no le di tiempo a pronunciarse. Ahora pienso que mi decisión y mi precipitación fueron un error grave.

En los preparativos del Congreso de Palma el espectáculo de UCD, visto desde fuera, me convencía de que aquel proyecto de partido, nunca acabado, había entrado en una descomposición vertiginosa. La dimisión de Suárez era una prueba clara de que él había llegado a la misma convicción.

La Presidencia del Gobierno que se me ofreció entonces estaba limitada a la duración biológica de la legislatura, muy poco más de dos años, y me faltó ambición —o me sobró lucidez— para extender más allá mis ilusiones. Confieso que caí en la tentación de usar el breve tiempo restante para hacer desde el Gobierno algunas cosas necesarias, que había echado de menos en los Gobiernos de Suárez; me pareció que sería posible hacerlas desde un Gobierno aislado asépticamente del partido, no contaminado por las disensiones incurables del partido. Al fin y al cabo eso había sido UCD desde 1977: un Gobierno antes que un partido, un Gobierno sano que no terminaba de parir un partido enfermo, un Gobierno estorbado en su libertad de movimientos por el cordón umbilical, nunca roto, de un partido nunca acabado de nacer.

Dejar el partido en manos de Adolfo Suárez, asegurar el Grupo Parlamentario, defender un ámbito ejecutivo para el Gobierno, mantener al Gobierno unido pese a la debilidad congénita y a la destrucción anunciada de UCD: esas fueron mi ilusión, mi esperanza y mi ruina.

Toda acción de Gobierno arranca de un reducto interior y se bate en un frente parlamentario y en un frente electoral. El reducto interior, escenificado semanalmente en las reuniones del Consejo de Ministros, se mantuvo intacto durante 1981 y 1982, salvo la huida precoz de Fernández-Ordóñez y la espantada tardía de José Luis Álvarez. En el sistema español, el frente parlamentario permanece abierto nueve meses al año: durante mi Presidencia tuve que ocuparme mucho de él y dedicar a las Cortes mucho más tiempo que mi antecesor o mi sucesor.

El Grupo Parlamentario, enfermo de trasfuguismo, se iba desangrando lentamente: primero Fernández Ordóñez y sus socialdemócratas[32]; luego Miguel Herrero y dos más[33]; después Alzaga y sus críticos, por fin el mismo Suárez[34]. Pero un núcleo sólido y fiel, «el resto de Jacob», permaneció en su puesto hasta las últimas escenas del drama.

El frente electoral fue durísimo: entró en actividad tres veces, con resultados que aumentaron desde la derrota mínima a la catástrofe final. En octubre de 1981 perdimos Galicia, en mayo de 1982 perdimos Andalucía y en octubre de 1982 perdimos España.

Después de la derrota gallega decidí a la fuerza tomar el partido; después de la derrota andaluza decidí, también forzado, dejar el partido; la catástrofe de las legislativas hizo sonar la última hora de la notabilísima aventura que se llamó UCD. Lo que sigue es la crónica de esa muerte anunciada.

Acto 2.º Octubre, noviembre de 1981

El Congreso de Palma eligió para la presidencia del partido a Agustín Rodríguez Sahagún, que encabezaba la lista ganadora frente a los críticos de Landelino Lavilla. Los críticos tuvieron muchos votos: entre ellos el de Punset, que repetía a los periodistas por los pasillos, en un estudiado mohín y escanciando las sílabas con su lentitud habitual:

«Yo voto a Landelino, porque Calvo-Sotelo me odia».

(El verbo odiar sufre en los labios de Punset, como cualquier otro término, una devaluación escéptica y literaria que lo hace casi enternecedor).

Mis relaciones con Sahagún fueron más amistosas que eficaces. Yo estaba ocupado en gobernar: las secuelas del golpe, la crisis económica, el brote terrorista, las polémicas Leyes del Divorcio y de Autonomía Universitaria no me dejaban mucho tiempo para el partido; el poco que tenía se lo daba al Grupo Parlamentario, sostén frágil, pero con un núcleo fiel, del Gobierno en las Cortes. Agustín pensaba que si le veía poco era por falta de aprecio personal, y me hacía en esos términos sentimentales un reproche sistemático; pero lo cierto es que UCD carecía de una verdadera estructura de partido y que (pese a la buena voluntad de Sahagún) no podía darme ni el apoyo ni los criterios de unos electores crecientemente desenganchados. Tampoco la organización desconcertada y dividida de UCD era capaz de enviar al Gobierno iniciativas o advertencias claras.

El Comité Ejecutivo me presionó en dos cuestiones claves: la televisión privada y la Alianza Atlántica; una especie de sebastianismo suarista planeaba sobre el Comité y extendía la convicción de que Suárez estaba en contra de las dos. Más precisa fue la intervención escrita de Sahagún pidiéndome el cese de Castedo como Director General de TVE: conservo una carta suya de 8 de octubre de 1981 en la que me urge la sustitución y me reprocha enérgicamente falta de autoridad al consentir los desplantes de Castedo que refiere. (El CDS haría luego a Castedo y a Sahagún extraños compañeros de cama).

Entre febrero y noviembre de 1981 el Gobierno y el partido no tenían fricciones, porque apenas tenían contactos.

Mi Gobierno era casi exactamente el mismo que había presidido Suárez hasta su dimisión: lo mantuve creyendo, como Suárez, que era el mejor de los posibles, y temiendo que cualquier cambio sustantivo en él rompiera el frágil Grupo Parlamentario; pero, sobre todo, lo mantuve como clara muestra de mi propósito de continuidad con la política de Adolfo Suárez. Y así lo entendió la oposición, que me reprochaba esa continuidad. ¿Lo entendió también así Suárez?

Confieso mi falta de perspicacia: cuando hice el Gobierno en la tarde del 25 de febrero no medí bien la distancia afectiva que se había abierto entre Adolfo Suárez y sus barones, desde aquel juicio de residencia a que le sometieron en 1980 junto al embalse de Santillana. Y no pensé que, al mantener a sus Ministros, corría el riesgo de que Suárez extendiese hasta mi persona aquella distancia que le separaba de ellos.

También supe más tarde que los Ministros apenas vieron a Suárez, todavía Presidente aunque ya dimitido, entre su dimisión y mi nombramiento. Ese despego caló muy hondo en el ánimo de Suárez. La primera impresión desagradable que recibe el que cesa es que dejan de sonar los teléfonos. «Ya no nos llaman», me decía Pío Cabanillas en diciembre de 1982, poco antes de que él mismo dejara también de llamarme. Por lo visto en aquel mes de febrero de 1981 los barones dejaron de llamar al Duque. Yo no. Aunque andaba muy apretado por el recuento de votos, por la búsqueda de los que me faltaban, por la nueva estructura del Gobierno, por el discurso de investidura y por la atención al Grupo Parlamentario, la verdad es que llamaba a Adolfo con frecuencia.

Después del golpe tuvimos un Consejo de Ministros, el último presidido por Suárez, en la tarde del 24 F. La votación definitiva de mi investidura fue el 25 F, y la Jura ante S. M. el 26 F: en aquellas horas críticas no pude encontrar a Adolfo Suárez para hacer con él un examen de la situación creada por el golpe. El 26 volvimos juntos desde la Zarzuela hasta la Moncloa y en el umbral del Palacio, donde se recibe a los Presidentes extranjeros, nos despedimos. Ya he contado que me ofreció, mirando su reloj, unos minutos de diálogo: no muchos, porque tomaba el avión de Nueva York a la una. Confieso que yo había esperado que aplazara sus vacaciones como consecuencia del golpe militar; y me pareció que «aquello» no se podía despachar en 20 minutos; así que rechacé cortésmente la oferta y me fui al Ministerio de Economía, en donde estaba mi mesa de Vicepresidente. Suárez tardó un mes en volver; eché de menos su consejo, aunque le agradecí su discreción. A su regreso no me llamó, ni vino a verme.

Tuve noticia por la prensa de que llegaba el domingo 29 de marzo procedente de Panamá. También por la prensa supe algunas opiniones suyas, confiadas a un periodista durante el vuelo: a juicio de Suárez el Gobierno y la oposición, durante su ausencia, «se habían dejado llevar por la psicosis del golpe»; mi asistencia al entierro de dos guardias civiles asesinados en Bilbao le parecía un «fácil recurso gestual»; al saber la anunciada visita del Secretario de Estado norteamericano a Madrid, había preguntado: «¿Quién ha cursado la invitación?» Todo ello me pareció sólo ligereza propia de un soldado con permiso que vuelve al campo de batalla, tostado y deportivo, después de una larga vacación. Pero adiviné malos tiempos.

Suárez coincidió conmigo a la puerta del Congreso de los Diputados el martes 1.º de abril. Admiré una vez más su irresistible simpatía; allí mismo le invité a cenar. Cenamos los dos matrimonios al día siguiente en Lucio, y no hablamos de política; pero dos sonrientes alusiones suyas me hicieron ver cómo le habían calentado la cabeza sus amigos. Voy a contarlas, de manera sumaria, porque ilustran bien el estado de ánimo con el que volvía el ex Presidente.

Una alusión fue sobre la llamada «historia de la Madre Abadesa». Me había yo reunido por primera vez con el Grupo Parlamentario de UCD en la mañana del 10 del marzo; el diálogo, vivo e incómodo para mí, se centró por parte de los Diputados que intervinieron en la necesidad de un cambio respecto de mi antecesor en la Presidencia, necesidad que les parecía defraudada por el hecho de que yo hubiera mantenido sustancialmente el mismo Gobierno anterior. (Cualquier Grupo Parlamentario está lleno de Ministros nonatos). Ante la presión de ese reproche conté el viejo cuento de una monja, recién elegida Madre Abadesa de su convento de clausura, que iniciaba todas sus instrucciones con esta cláusula de estilo: «Como hubiera sin duda hecho nuestra llorada predecesora, he decidido…» Al año, no conocía el convento ni el Santo fundador. Era una salida por la puerta del humor y, a lo sumo, el esbozo de un estilo galaico de hacer las cosas; pero inevitablemente, los incondicionales de Adolfo, los leales sebastianistas, anotaron el cuento como prueba de deslealtad.

La otra alusión fue sobre la respuesta dada por mí a una de las preguntas que los periodistas me hicieron, recién nombrado, sobre mi nueva vida en la Moncloa.

«Aquí no se vive bien —les dije—. Hay muchos teléfonos y pocos libros».

La respuesta hirió, por lo visto, a Suárez —aunque bien sabe Dios que yo no pensaba en él: me salió del alma, porque no había podido llevarme a la Moncloa mis muchos libros, y los echaba de menos aunque no tuviese tiempo para leer. En Adolfo era visible, a veces, un candoroso complejo de estudiante mediano, frente al buen estudiante que fui yo; y aquella frase le había renovado su escozor. ¡Si él supiera cómo he envidiado yo la inteligente administración de su tiempo, cuando estudiante, que él empleaba en el trato con las gentes y yo perdía en el trato con los matemáticos y los filósofos! No ha sido la menor de mis desventajas en la política el hecho de haberlo aprendido casi todo en los libros. Pero la tentación de la cultura es grande en los políticos pragmáticos: recuérdense las citas, no siempre exactas, con las que se adorna Guerra, o aquel acudir a Max Weber de Felipe González para justificar su giro copernicano en torno a la OTAN. El mismo Sahagún me diría meses más tarde:

«Leopoldo, tú no me estimas; tienes que venir a casa para ver cuántos libros tengo».

Claro que Agustín había sido, en sus tiempos de Deusto, un buen estudiante como yo.

Después de aquella cena vi a Suárez alguna vez en el Congreso, aunque él no era muy asiduo, pero no volvimos a hablar largamente hasta el 25 de junio en mi despacho. Le había llamado para tratar sobre el partido: no quiso ni entrar en el tema, que para él era materia reservada a Rodríguez Sahagún.

«Además —me decía—, el problema no es el partido, sino el Grupo Parlamentario».

Le recordé que yo había querido, cuando su dimisión, que él conservara la presidencia de UCD:

«Cambiar ahora de Presidente —me dijo— sería una complicación enorme, porque habría que convocar un Congreso extraordinario». Yo no lo creía así: ¿le preocupaba a él no encontrar dentro del Consejo Político, propuesto por él en Palma de Mallorca, la mayoría suficiente? Me habló también de la derechización de UCD, reproche extraño que estaba todos los días en la prensa, alentado por los suyos, sin una sola justificación real. Me repitió una y otra vez que él no quería protagonismo político, sino dedicarse a su despacho de abogado. Y me acabó pidiendo una Embajada para un antiguo colaborador suyo, Bregolat, diplomático serio y competente que merecía ser Embajador y lo fue.

Nos vimos de nuevo en mi despacho el 25 de septiembre. Le había llamado varias veces por teléfono para pedirle su presencia en la campaña electoral gallega, y siempre me contestaba con una ambigüedad afectuosamente negativa. Insistí aquel día sin obtener respuesta clara; Suárez se fue una vez más por los cerros de Úbeda con la historia de la derechización, de las facturas que me pasaría la derecha económica, de mi excesiva proximidad a Ferrer Salat. ¡Cómo es posible que estuviera tan mal informado en ese punto! Cuando le pedí más apoyo de UCD al Gobierno, me contestó pidiendo el apoyo del Gobierno para UCD —siempre Pirandello— y quejándose con amargura de unas palabras mías en el Congreso de los Diputados sobre la independencia que tiene el Presidente del Gobierno para elegir a sus Ministros. Me parece que vale la pena recordar aquellas palabras, dichas por mí una semana antes desde la tribuna y en respuesta a Felipe González, hacia el final ya del durísmo debate parlamentario sobre la colza (Diario de Sesiones, Sesión plenaria 181 de 16 de septiembre de 1981, página 10855). El Secretario General del PSOE había acusado al Gobierno de tener miedo. Mi respuesta fue así:

«No se ha tenido miedo, señor González. Ni el Presidente ni los Ministros tienen miedo, ni en éste ni en ningún otro tema. La situación de España es una situación lo bastante difícil para que no quepan en el Gobierno hombres que tengan miedo. Y ya que hablo del Gobierno, comentaré también otra de las manifestaciones del señor González: “Que se queden los Ministros —ha dicho— hasta que se esclarezca todo”. Yo pido al señor González que respete la Constitución y deje al Presidente del Gobierno hacer o deshacer sus Gobiernos mientras tenga la confianza de la Cámara. Porque si el Presidente no está en principio muy dispuesto a consentir que su propio partido le haga el Gobierno, mucho menos está dispuesto a consentir que se lo haga el líder de la oposición. Los Ministros se han quedado hasta este debate y están en sus puestos. Permítame el secretario general del Partido Socialista decirle que, en principio y mientras yo tenga, mientras el Presidente tenga, la confianza de la Cámara, se quedarán, y no hasta que él lo diga, sino hasta que el propio Presidente lo decida así».

La queja de Adolfo Suárez me pareció excesiva. ¿Por qué no me habló del injusto ataque al Gobierno con motivo de la colza, del acoso a que se nos sometía, de la difícil situación en que estábamos? Ni siquiera me explicó por qué Rafael Arias Salgado, hombre tan próximo a él, me había dicho por escrito que no cuando le pedí que defendiera al Gobierno en aquel debate, en nombre del Grupo Parlamentario y del partido[35]. Nada de eso mereció su atención. Sólo la tenía para la querella de patio de vecindad que desangraba a UCD.

Salí de aquella conversación con dos conclusiones. Una: la diarquía Gobierno-partido no es funcional. Dos: la situación se hace insostenible si, detrás del partido, actúan las viejas cicatrices que marcan a un ex Presidente del partido y del Gobierno, aunque haya dejado las dos presidencias por su propia voluntad, y contra la mía.

No se sorprenderá el lector si concluyo que, en el otoño de 1981, la distancia entre el Gobierno y el partido había llegado a ser insalvable. Las Secretarías Provinciales arrojaban sobre el Gobierno la culpa de la imparable decadencia de UCD. Y viceversa. Suárez atendía con pereza y parsimonia a mis llamadas telefónicas. Por su parte, Rodríguez Sahagún me aseguraba que el partido era él, y no Adolfo Suárez. Los Ministros —Diputados en su mayoría— se me quejaban de la hostilidad con que el partido trataba al Gobierno en sus circunscripciones. Aparecía ya por el horizonte nublado el fantasma de la próxima convocatoria electoral. Por todo ello el sanedrín informal que se reunía en mi despacho los fines de semana me presionaba para que ocupase la presidencia del partido. Mi entusiasmo era muy pequeño, pero mi resistencia cada vez menos firme. Las razones de esa resistencia son de confesión difícil: me faltaba vocación para el partido, percibía en él desafecto, cuando no enemistad, hacia mi persona y no me quedaba tiempo para intentar una regeneración de UCD. Los sondeos del CIS, ya malos en enero de 1981, acentuaban mi pesimismo. Además, mi contrato con Adolfo Suárez y con el partido había sido un contrato de Presidente del Gobierno y no de Presidente de UCD. Pero tenían razón los Ministros al decir que la situación era insostenible.

A la campaña gallega se sumó, por fin, Suárez, accediendo tardíamente a mi ruego repetido. Coincidimos en un mitin de cierre el 17 de octubre en Lugo: fue nuestra última comparecencia electoral conjunta. Suárez estuvo cortés conmigo, reservado con UCD y sólo encontró un acento caliente para afirmar su progresismo personal. Sahagún animó la tarde lluviosa y triste del polideportivo lucense con un alegre «meigas fora», que no fue, sin embargo, capaz de conjurarlas. Yo me opuse a la tesis de la mayoría natural lanzando a Fraga, que ya era ganador en los sondeos, un imprudente aunque galaico «estate por ahí, que xa te chamerei». Perdimos por dos escaños: un enredo último de Meilán y de Franqueira había hecho fracasar dos meses antes la candidatura de José María Suárez, Rector de Santiago, en un episodio más de la rivalidad clásica entre Santiago y La Coruña. José María Suárez hubiera gobernado en Galicia, con Fernández Albor como Conselleiro de Sanidad.

Al día siguiente de las elecciones reuní de mañana en mi despacho al sanedrín, para apurar la derrota de la víspera. Tengo anotada por extenso y, excepcionalmente, con buena letra aquella reunión; y voy a reproducir algunas intervenciones, sin ánimo de dibujar la posición de cada Ministro, aunque sí de darle color.

Alberto Oliart cedió un tanto a la deformación profesional propia del Ministro de Defensa y a nuestra preocupación por la normalidad.

«Hemos perdido, pero las Instituciones han funcionado bien después del 23F».

Para Juan José Rosón hay «un riesgo de que UCD se disgregue». «Nunca ha estado consolidada». «El cisma gallego ha sido responsable del descalabro: la UCD nacional debió poner orden a tiempo en el batiburrillo regional».

Pérez Llorca:

«A la personalidad de Fraga no hemos sido capaces de oponer simplemente una persona».

Martín Villa fue claro y crítico:

«No me siento responsable de esto; el partido está desvencijado; la diarquía es mala; tenemos un Presidente del partido sin autoridad bastante».

Pío Cabanillas exhibió excepcionalmente una precisión casi castellana:

«Hay que desembarcar en el partido ya. Si no conquistamos el partido antes de un mes, no tenemos nada que hacer». Y luego hizo una frase de las suyas:

«Manolo ha pasado de ser hombre espectáculo a ser hombre posible».

El más pesimista fue García Díez:

«No somos capaces de ganar elecciones; no tenemos cartas que jugar; el tiempo está contra nosotros».

Al salir, me aconsejó reservada y vehementemente:

«No desembarques en el partido; disuelve ya y convoca elecciones».

Por la tarde recibí a Sahagún. Sólo conservo cuatro notas que recogen literalmente palabras suyas: «Fraga ha triunfado con el apoyo de la CEOE». «Es un líder regional». (Lúcida premonición). «Su propuesta ha sido un cambio sin cambiar». La cuarta nota se refiere a Castedo: «Es vox populi que con él hemos entregado RTVE al PSOE». «Supongo que habrás recibido mi carta proponiéndote que lo ceses»[36].

Veinticuatro horas más tarde —22 de octubre de 1981— cité a Castedo en mi despacho: cuando entró y vio conmigo a Suárez, a Sahagún, a Cabanillas y a Ignacio Aguirre tuvo un instante de estupor y, en seguida, una reacción inteligente y elegante:

«Estoy dispuesto a firmar una carta de dimisión. ¿Cuándo la quieres, Presidente?»

«Ahora mismo».

Y allí la dictó a mi secretaria particular[37].

La decisión de desembarcar en UCD me costó un esfuerzo extraordinario. Mi vocación de partido era tan escasa como a principios de año, pero ya no quedaba otra alternativa al desembarco que no fuese la disolución inmediata. Aquel fin de semana decidí aplazar la decisión hasta después del debate atlántico, que se iniciaba el martes 27 en el Congreso. Pocas veces he necesitado más esa capacidad de Frégoli que la política impone a sus servidores: tuve que saltar en unos minutos desde la campaña electoral a la política exterior, desde el fracaso gallego a la preparación animosa del debate parlamentario (que había de ser uno de los más largos y duros de la transición); del guirigay del partido al guirigay del Congreso.

El debate de la OTAN acaba el jueves 29 de octubre por la noche con una votación que gana el Gobierno por 186 contra 146. Dedico el viernes al Consejo de Ministros. El sábado hablo con Landelino Lavilla: también él cree que hay que desembarcar en el partido. Me parece que tengo ya la decisión tomada. Entre disolver o desembarcar, decido desembarcar. Caliente aún el debate OTAN me da pena perder, con la disolución, la mayoría de apoyo a la Alianza Atlántica: porque disolver es —el CIS lo viene diciendo desde hace más de un año— dar ya el Gobierno de España al PSOE, y perder la autorización de las Cortes para que España se adhiera al Tratado de Washington.

El domingo 1 de noviembre hablo largo y tendido con Fraga. Aunque me dice que sólo quiere tratar sobre Galicia, no tarda en hacer el canto a la mayoría natural. Está generoso y amable: es su primer éxito desde 1969. Comprende incluso mi desplante en el mitin de Lugo. Ofrece a UCD cinco Consellerías de las once que ha de tener la Xunta, y reserva para su partido la Presidencia. Extiende al resto de España los resultados gallegos e insiste en que UCD y AP juntas tienen la mayoría absoluta. Cuando le digo que no puedo responderle sin consultar con el partido, y que el partido está en plena crisis (como es notorio), me responde impaciente:

«No quiero plantear un ultimátum, pero hay plazos objetivos que no se pueden perder».

Tiene razón. Urgido por su impaciencia le adelanto mi criterio: apoyar a AP, sin pacto parlamentario expreso, y no entrar en el gobierno gallego ni en acuerdos globales sobre la hipótesis, a mi juicio dudosa, de la mayoría natural. Pero esa hipótesis, y mi escepticismo sobre ella, merecen capítulo aparte.

El lunes 2 ruego a Pío Cabanillas que prepare la «operación desembarco»; hablamos sobre ella el martes, antes de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y por la tarde recibo a Carlos Ferrer que me pide, una vez más, el cese de García Díez y entona su propio canto a la mayoría natural.

El miércoles 4 recibo a Miguel Roca:

«No te importe el hemiciclo, sino la calle. Tienes que mandar en UCD pactando con Suárez».

¿Y Suárez? He hablado con él después de Galicia un par de veces por teléfono. Me ha asegurado su apoyo personal. Me ha desaconsejado vivamente la mayoría natural: prefiere un pacto con los catalanes. Sobre todo ello se ha pronunciado breve y desganadamente. Porque no quiere nada. Alude a su ilusión de un despacho multinacional.

«En política, sólo quiero hablar con la libertad de un hombre de 80 años».

El miércoles 4 tengo una larga entrevista con Sahagún. Le propongo tratar separadamente el partido y el Grupo Parlamentario.

«El Grupo Parlamentario es asunto tuyo», me dice.

¿Y el partido?

«Estoy dispuesto a ceder la Presidencia, pero no en esta situación de acoso».

¿Y Adolfo?

«No te confundas, Leopoldo: ésta es una cuestión entre tú y yo».

Volvemos a vernos el domingo 8, antes del Comité Ejecutivo convocado para el lunes 9. Sahagún viene dispuesto a dejar la Presidencia de UCD. Trae un extenso guión escrito que parece seguir fielmente. Tengo que oír un reproche minucioso al Gobierno por su derechización y por haberse mostrado abierto a la tesis de la mayoría natural. Y luego una defensa ritual del reformismo, del progresismo y del interclasismo. Exige garantías concretas sobre esos vagos ismos. Garantías que se resumen, a falta de ideas claras, en los nombres de las personas que serían, para él, aceptables y no aceptables en los órganos del partido. Me trae una propuesta para un cruce de cartas entre él y yo. No le discuto nada.

Sin embargo, no presenta su dimisión en el Comité Ejecutivo del lunes 9, y hay que convocar otro para el viernes 13. Por fin, el 30 de noviembre el Consejo Político me elige Presidente de UCD. Ha pasado poco más de un mes desde el fracaso gallego. Faltan seis meses para el fracaso andaluz. Y doce para el fracaso final.

Encomiendo la Secretaría General de UCD a Íñigo Cavero, hombre que ha aceptado siempre responsabilidades graves en los momentos difíciles, y que ha hecho frente a ellas con valentía y generosidad. Sitúo a Rodolfo Martín Villa en una Vicepresidencia del Gobierno sin cartera específica, de agente como luego Alfonso Guerra, para que se ocupe de la relación entre el Gobierno y el partido, que ha sido tan deficiente. En su nuevo oficio, Martín Villa no fue ni feliz ni eficaz: ha dicho años después en sus memorias que se había equivocado al aceptar la Vicepresidencia; yo quiero asumir expresamente mi parte de culpa: también yo me equivoqué al nombrarle. Porque le derribó el ánimo la falta de una ocupación concreta —a él, que había desempeñado tantas y con tanto éxito en puestos anteriores.

Probablemente ya no había nada que hacer a finales de 1981: pero no hicimos bien lo poco que podía hacerse. A partir de entonces las sucesivas encuestas del CIS nos embestían periódicamente, como golpes de mar, y eran medida y causa a la vez de nuestra decadencia.

Acto 3.º Mayo, junio, julio 1982 - Suárez

El PSOE había forzado la fecha de las elecciones andaluzas (23 de mayo de 1982) durante la negociación de los Pactos Autonómicos. (Yo intenté sin éxito dejarlas para el otoño, porque veía con claridad que las elecciones andaluzas marcarían el principio del fin).

Adolfo Suárez se negó esta vez a hacer campaña, aunque mantuvo sus dudas hasta el final. Hubo dificultades para encontrar un candidato a la Presidencia de la Junta: Merino aceptó el papel de víctima propiciatoria. El entusiasmo de los militantes y la simpatía de los andaluces fueron muy gratificadores durante la campaña, y nos hicieron creer que se equivocaba el CIS en sus pronósticos agoreros. Pero no se equivocaba. Al terminar el escrutinio del 23 de mayo, UCD era en Andalucía un partido casi testimonial.

La derrota de UCD, el crecimiento de AP y, sobre todo, el triunfo espectacular del PSOE, sacudieron la frágil estructura del partido. El mismo día 24 Sahagún solicita verme; le recibo en el acto con estas palabras:

«Vienes a pedirme que deje la Presidencia de UCD; ten la certeza de que seré mucho más diligente que tú a la hora de marcharme».

Naturalmente que me pidió que me marchara, sacándose la espina de la conversación simétrica que habíamos tenido siete meses antes.

El mismo día por la tarde me reúno con el sanedrín. Asisten a la reunión Martín Villa, García Díez, Pérez-Llorca, Oliart, Rosón, Cabanillas, Lamo de Espinosa, Rafael Arias Salgado e Migo Cavero. Hay casi unanimidad: han fracasado el partido y el Gobierno. (Rodolfo ya no puede repetir, como después de las gallegas: «Yo no me siento responsable de esto»). El Gobierno, a partir de ahora, vive de prestado: la oposición ni siquiera va a provocar nuestra caída. No se puede llegar a marzo del 83: hay que disolver. Pero antes hay que intentar que UCD recobre su imagen perdida. ¿Cómo? Nadie tiene una respuesta clara. Se habla de un Congreso extraordinario del partido, de un acuerdo con el PSOE. A todos nos parece que hay que capear el temporal hasta las vacaciones parlamentarias de julio, y luego actuar. Pero, otra vez, ¿cómo? Queda en el aire la pregunta que nadie ha hecho: ¿se podrá abrir el Parlamento en septiembre?

Durante la reunión recibo una llamada telefónica de Fraga proponiéndome una entrevista. Ubicumque fuerit corpus…

El martes 25 despacho con S. M. a las 9.30; recibo a las 11 en Barajas a Seku-Turé, Presidente de Guinea Conakry. Me reúno a la 1 con el Grupo Parlamentario y veo por la tarde en la Moncloa a Felipe González. El Secretario General del PSOE está alarmado por el alza de AP:

«El PSOE va a ganar las próximas elecciones y no me gustaría tener enfrente a Fraga como Jefe de la Oposición, a pesar de que la tesis de la mayoría natural puede dar la mayoría absoluta al PSOE».

El miércoles 26 se reúne el Comité Ejecutivo de UCD en Cedaceros. El comunicado de prensa reconoce, sin reserva alguna, el fracaso electoral; anuncia un proceso de autocrítica y de redefinición; insiste en la «validez y permanencia de la oferta política de centro, que no se ha agotado con la transición». Hay un párrafo en el que se nos cuela casi una despedida:

«UCD sabe que no siempre ha conseguido transmitir a los españoles el espíritu de responsabilidad y generosidad que ha presidido su actuación, de modo que con frecuencia la opinión y el electorado han percibido como ambigüedad o tibieza lo que ha sido una constante voluntad de propiciar una vida política lo menos tensa y conflictiva posible, y un propósito decidido de aportar un elemento esencial de moderación y concordia a la escena política española».

Yo le llamaba a eso la nocividad de la moderación.

Con el presentimiento del fin próximo, ofrezco esa noche una cena de gala en la Moncloa a Sekú-Turé y a su séquito. ¡Qué oficio el de Presidente!

El jueves 27 me reúno a las 9.30 con el Grupo Parlamentario del Senado. La crítica y el pesimismo son mayores que en el Congreso de los Diputados. A la 1 viene a la Moncloa Manuel Fraga. Insiste en su oferta de la mayoría natural:

«La gente está esperando un acuerdo. ¿Quién se opone? ¿El Duque? El Duque te ha dejado una herencia muy mala: ya te lo había anunciado en julio del 76; lo repetí en la sesión de tu investidura, y me interpretaste mal. Si reúnes a los barones, estás perdido».

Por la tarde hablo largamente con Santiago Carrillo. Siempre hubo entre él y yo una dificultad que, para algún comentarista, era la sombra del pasado. Pero siempre he apreciado la claridad y el buen sentido del líder comunista. Éstas fueron algunas de sus palabras, tal y como las conservo en mis notas:

«Las elecciones andaluzas han descentrado el equilibrio político español. Vuelve a haber un peligro de polarización izquierda-derecha. Si gobierna el PSOE, habrá contradicción entre sus bases y sus cuadros. La derecha dirigida por Fraga tendrá, pese a sus esfuerzos, tirones posibles de la ultraderecha. UCD ha sido necesaria para la transición; y la transición no ha terminado. Fue un error de UCD dar por concluida en 1979 la política de consenso. La extrapolación a toda España de los resultados andaluces sería mala para el Partido Comunista, pero peor para UCD. No deben adelantarse las elecciones».

Al final hay una nota mía: «Entre dos derrotados, el diálogo es más fácil».

A última hora de la tarde asisto en la Zarzuela a la recepción que SS. MM. ofrecen a los hombres de ciencia españoles.

El viernes 28 hay Consejo de Ministros; inevitablemente se repite el análisis que ya había hecho el sanedrín. Se comentan luego las buenas noticias sobre el proceso de nuestra incorporación a la Alianza Atlántica. El Parlamento griego, a pesar del compromiso de Papandreu con el PSOE, ha ratificado la adhesión de España al Tratado de Washington: el último obstáculo está vencido. La ratificación griega sorprende al Partido Socialista, que ha preparado una proposición no de Ley para reabrir en el Congreso el debate atlántico. Tomamos la decisión de presentar inmediatamente el Protocolo de adhesión en Washington: y así se hace el domingo 30[38].

Por la tarde vuelvo a reunir al sanedrín. El ambiente es aún más pesimista:

«Hay que saber irse a casa con dignidad».

Se habla por primera vez de reunir una Junta de Fundadores de UCD. Anoto una observación lúcida de Martín Villa: «¿Podemos los Fundadores renovar UCD?»

El domingo 30 se celebra en Zaragoza el homenaje a la Bandera. La situación del Gobierno en la prensa es tan baja que se interpreta maliciosa y exageradamente la organización material del acto: en vez de poltronas, el Gobierno tiene sillas para ver el desfile. Sillas de tijera, como no se cansará de repetir despectivamente Rodríguez Sahagún, el Ministro de Defensa al que dieron el golpe un 23F sentado en su poltrona, el Ministro de Defensa que nombró Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército al General Armada diez días antes del golpe. Lo que no trasciende a la prensa es bastante más grave: la banda de música que iba a acompañar en el desfile a las fuerzas de la Guardia Civil incluía a algunos músicos que habían entrado en el Congreso de los Diputados, con metralletas, a las órdenes de Tejero. La Guardia Civil, naturalmente, desfiló sin banda; confieso que esa grotesca situación pesó en mi ánimo —y no las sillas de tijera— a la hora de reaccionar ante la sentencia del tristemente famoso juicio, cuatro días después.

El lunes 31 recibo a José Luis Álvarez: mis notas subrayan cómo insistió en el carácter personal de su apoyo. Me propuso, además, el acuerdo con AP y Convergencia. Luego Pío Cabanillas me hablará de la reunión con los Presidentes y los Secretarios Provinciales de UCD, convocada para el día 2:

«Sobre todo, deja claro que UCD no va a escorar a la derecha».

De pasada, Pío define a Suárez con una pareja de sustantivos: superficialidad e instinto.

Rodolfo Martín Villa me llama por el teléfono rojo para decirme que tiene que haber elecciones en el otoño, sin coalición electoral previa, y que hay que intentar que Suárez venga con nosotros; pero lo que más le importa en ese momento es la amenaza de reprobación parlamentaria que pesa sobre Manuel Núñez, Ministro de Sanidad y compañero suyo de familia en UCD.

Recibo también a Areilza, que me repite su solidaridad y su disposición para ir con UCD en las listas electorales próximas. Y a Carlos Ferrer que, como siempre, me pide el cese de García Díez.

«Ya no falta mucho», le respondo, y creo que no me entendió.

Por la tarde vuelo a Málaga para consolar, dar las gracias y arengar —si puedo— a los cuadros andaluces de UCD. Su esfuerzo, como el de todo el partido y el Gobierno en la campaña, ha sido muy grande: no está ahí, ni aún mínimamente, la razón del fracaso. Merino y los suyos se han dejado la piel en el empeño.

El martes 1 de junio voy por la mañana a despachar con S. M. Luego presido la Comisión Delegada para Asuntos Económicos: tengo tendencia a creer, en clara huida de la realidad, que la situación de la peseta en los mercados exteriores es el primun vive re, y que UCD es sólo un inútil y penoso philosophare.

La reunión con los Presidentes y Secretarios Provinciales, el miércoles 2, es una triste obligación a la que me someto sin esperanza. Ahí está el partido que se fue haciendo sin mí, los cuadros a los que no he conseguido atraer, los hombres de otras obediencias dentro del partido. Ahí están las familias de UCD: yo no pertenezco a ninguna y esa independencia, que me fue tan útil en 1976, me convierte cuando llegan los tiempos de la ira en blanco para que hagan ejercicios de tiro los que no me sienten de los suyos. Aquélla fue una antología del mal amor: dejo su crónica para otro Arcipreste.

A última hora de la tarde vuelvo a ver a Felipe González: quiero hablarle de la inminente sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar. Comentamos su posible rigor y su probable insuficiencia; le cuento la reforma que tenemos estudiada del Código de Justicia Militar. Obtengo, de pasada, su compromiso de no organizar en el Congreso otro debate de reprobación contra el Ministro de Sanidad: y llamo, para tranquilizarle, a Martín Villa.

Los días 3 y 4 de junio están llenos, para la prensa, para la opinión y para mí mismo, de los comentarios sobre la sentencia contra los golpistas. El Consejo de Ministros del 4 se muestra partidario del recurso. A mí me parece saludable que la última palabra la pronuncie un tribunal civil, y así lo anticipo en una muy polémica declaración a la radio[39].

El sábado 5 presido la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dedicada a los complicados asuntos de financiación de las Comunidades Autónomas y a las valoraciones de los servicios transferidos.

He pedido a Adolfo Suárez que nos veamos, y viene a la Moncloa al final de la mañana. Se presenta en mi despacho con atuendo informal y deportivo, abiertos tres botones de la camisa, como si quisiera subrayar así el carácter amistoso, no político, de nuestra conversación, como si estuviera de vacaciones. Le cuento abiertamente a mi antiguo Jefe político la crisis extrema de UCD, y mi delicadísima situación. Y le pido ayuda. Éstas son algunas de sus afirmaciones, hechas en el inimitable tono coloquial que tanto le envidio; aun hoy me parecen notabilísimas:

«Yo —Suárez— no tengo sitio en el partido, no me encuentro cómodo en UCD. No mando ni en el Comité Ejecutivo ni en el Consejo Político, que no han sido hechos a mi medida[40]. No quiero ser un barón más del partido. Te equivocarías si considerases que son hombres míos, o emisarios míos, personas como Agustín Rodríguez Sahagún, Fernando Abril o Rafael Arias: Agustín me ha llamado esta misma mañana preguntándome lo que quiero; como verás, ni los suaristas saben lo que quiere Suárez. Te apoyaré en tanto que Presidente del Gobierno, pero no en tanto que Presidente del partido. Quiero estar seguro de que se hace en el partido lo que yo decido. Por eso lo que de verdad me apetece es crear un partido propio, mío, que no se me escape de las manos. Pero, por otra parte, me siento obligado a colaborar en una solución para la crisis de UCD, aunque la veo muy difícil».

El domingo 6 llamo a Landelino Lavilla y le propongo una reunión informal de él y Adolfo Suárez conmigo, para buscar esa solución; la reunión tiene lugar al día siguiente. Suárez acude a mi despacho en la misma actitud que el sábado y con la misma indumentaria veraniega de amigo afectuoso para la tertulia, no de político dispuesto al pacto. Expongo mi propósito, que es encontrar rápidamente una solución para la crisis de UCD, elaborarla en el mes de junio y ponerla en práctica a primeros de julio, cuando empiecen las vacaciones parlamentarias. Landelino propone un examen de la situación general: la coincidencia en el análisis es fácil. Tampoco hay discrepancia en cuando a la conveniencia de mantener la posición independiente de UCD, en el centro del espectro político; ni en el rechazo de la mayoría natural. Adolfo Suárez es más terminante en este punto y considera deseable un Gobierno UCD/PSOE después de las elecciones; quiere excluir cualquier acuerdo con AP, y hacer las listas electorales en función de ese objetivo.

—«Ni un solo nombre en las listas de alguien que quiera luego colaborar con AP».

Según Adolfo Suárez el PSOE no soportaría quedarse fuera del Gobierno, si sus resultados no fuesen de mayoría absoluta, y sería arriesgado para España no contar con él. Siempre su mayestática preocupación por la gobernabilidad.

Los problemas empiezan cuando volvemos los ojos sobre UCD y sobre sus órganos de gobierno. La idea del triunvirato Suárez, Lavilla, Calvo-Sotelo se acepta de entrada: pero Suárez quiere que no haya órganos de decisión en el partido, que se declare en él una especie de estado de excepción, que se disuelvan tanto el Comité Ejecutivo como el Consejo Político, concentrando en el triunvirato todos los poderes; y que, además, sea yo quien proponga ese recurso extremo. Sobre este punto yo no puedo estar de acuerdo: me parece que una decisión así tendría consecuencias inmediatas, y graves, en el Grupo Parlamentario y, a continuación, en el Gobierno; algo menos grave sería que esa propuesta de «estado de excepción» la hiciera él. Tampoco se avanza a la hora de repartir las responsabilidades o las funciones dentro del triunvirato: Adolfo no parece dispuesto a nada que no asegure su absoluto dominio personal de UCD, aunque dice que no tiene ambiciones respecto del Gobierno. (De un Gobierno terminal).

Lavilla no quiere ser un obstáculo, pero tampoco entrar en un juego llevado exclusivamente por Suárez. La herida antigua, no cicatrizada, del Congreso de Palma sigue abierta. Mi impresión a partir del lunes 7 de junio es que la aceptación de las condiciones de Suárez trae consigo el final inmediato del partido y del Gobierno, porque Adolfo no tiene interés alguno en continuar la línea anterior en cuanto a las personas se refiere, y quiere hacer un partido nuevo que sólo utilizará del anterior las siglas. Eso es quitar el andamio antes que los albañiles. Por otra parte, si Lavilla no se integra en la solución, el Grupo Parlamentario se desmorona también, porque se marchan por lo menos los democristianos y los críticos. De los grupos iniciales que firmaron la coalición UCD los menos centrífugos son el viejo Partido Popular, y los llamados azules: los socialdemócratas de Ordóñez ya se han ido; los democristianos están a punto de irse; y los liberales andan disgregados sin su pastor Garrigues a la busca de pastos nuevos en los Clubs. No hay ninguna solución viable, no hay voluntad asociativa en los cuadros dirigentes, las familias de UCD se han convertido en tribus que no se soportan y se «canibalizan» o se dispersan. Sólo cabe elegir la manera más digna de llegar al final.

El día 11 veo otra vez a Felipe González. Según él, vuelve a estar en la calle la conveniencia de un Gobierno de gestión que gobierne por encima de la crisis interminable de UCD. Le digo que eso viene siendo ya el Gobierno que presido: un Gobierno de gestión, sin apoyo de un partido real.

El sábado 12 por la tarde vienen otra vez Suárez y Lavilla a mi despacho: la reunión es, también, un pietiner sur place, con el mismo escenario e idéntica guardarropía que las anteriores. Decidimos dejar aparcados los motivos de discrepancia, y hablar del Secretariado que pueda gobernar UCD a las órdenes del triunvirato. Suárez propone elegir a un Presidente nuevo (él mismo) y nombrar Secretario General a Laína; todos los barones deben pasar a segundo término. Lavilla no está de acuerdo; se echa indolentemente, cortésmente, fuera; dice poner su confianza en lo que hagamos Suárez y yo. A mí no me parece posible marginar a los barones/Ministros sin disolver. Yo pienso demasiado en el Gobierno; Suárez demasiado en él mismo; quien sabe si Lavilla piensa en el partido. No tiene mucho sentido seguir hablando a tres. Decidimos la convocatoria del Comité Ejecutivo y del Consejo Político para los primeros días de la vacación parlamentaria, sin que esté de ninguna manera claro lo que vamos a proponer a esos Órganos.

Vuelvo a ver a Landelino, sin Suárez, el sábado 19. Si Adolfo tiene ganas de volver y Landelino tiene ganas de llegar, yo cada vez tengo menos ganas de seguir.

El Comité Ejecutivo se reúne el viernes 2 de julio. Llevo a él un programa de 4 puntos, que son los siguientes:

«1. Someter a un próximo Comité Ejecutivo la constitución, de acuerdo con los Estatutos, de una Comisión Permanente, reducida en número y con amplios poderes, de la que formen parte, en todo caso, D. Adolfo Suárez y D. Landelino Lavilla».

«2. Resolver urgente y definitivamente los contenciosos provinciales pendientes y preparar en cada provincia la persona que vaya a encabezar en su día la lista electoral».

«3. Renovar el Secretariado Nacional».

«4. Poner a punto desde ahora un programa electoral que convoque y movilice nuevamente a nuestros electores de 1979».

«La situación en UCD —sigue diciendo mi nota— exige por parte de todos decisión, disciplina, prudencia y desprendimiento personal. En esta línea, el Presidente está determinado a mantener firmemente las soluciones apuntadas. Y también estaría dispuesto a dejar, si fuera necesario y en el marco de otra solución de conjunto, su Presidencia a la disposición de los Órganos del Partido».

El Comité se reúne a las diez de la mañana en el edificio que aún se llamaba entonces «Semillas Selectas». No asiste Suárez; sus fieles —Rodríguez Sahagún, Calvo Ortega y Viana— acuden a la sesión de la mañana, pero no a la de la tarde. Yo presento al Comité la propuesta escueta que se ha transcrito. Rosón hace todo un programa de Gobierno, sin hablar apenas de UCD. Arias Salgado y Abril presentan un largo texto doctrinal, que concluye diciendo:

—«Lo que de verdad está en juego es la concepción, la ideología y el espacio político de UCD».

La reunión transcurre mañana y tarde en un ambiente extraño de aburrimiento y violencia a la vez. Me veo obligado a suspenderla a la siete para recibir al Presidente del Gobierno italiano, Spadolini, que llega a España en visita oficial. Ceno con él en la Moncloa y al día siguiente por la mañana continuamos hablando en mi despacho; hay almuerzo después en la Embajada. El Gobierno italiano se compromete a acelerar el ritmo de las negociaciones de España con la Comunidad Europea, y mantiene como fecha para la adhesión el 1.º de enero de 1984. (Las cosas no serían tan fáciles; el Gobierno socialista no conseguirá la adhesión hasta el 1.º de enero de 1986).

Se reanuda a las cinco y media de la tarde del sábado la reunión del Comité Ejecutivo de UCD. Pesan sobre los reunidos los titulares de la prensa del día. «Los suaristas rechazan una propuesta de Calvo-Sotelo para superar la crisis de UCD». (El País). «Portazo suarista a la ejecutiva de UCD» (Diario 16). «Las tesis presentadas por Calvo-Sotelo fueron rechazadas por los centristas» (Pueblo). El editorial de Diario 16 se titula: «Suárez o dentro o fuera», y tiene párrafos de gran dureza, como éste:

«Cuando Calvo-Sotelo ofrece a Suárez un compromiso público y responsable, resulta inadmisible que el duque conteste con desplantes, silencios y desafíos».

El Comité Ejecutivo no rechaza de manera formal mi propuesta y, al fin, después de muchos monólogos yuxtapuestos, parece tomar dos decisiones: una, constituir un comité de redacción en el que están Rosón, Enciso, Cavero, García Díez y Arias Salgado para que prepare un nuevo documento que recoja los puntos esenciales tratados; la otra, encomendar al triunvirato Calvo-Sotelo, Lavilla, Suárez que elabore sobre aquel documento un plan de acción.

El documento está en la prensa del domingo y relaciona los puntos sobre los que parece haber acuerdo; entre ellos el compromiso de que UCD concurra a las elecciones con su propia identidad, descartando cualquier tipo de coalición; el rechazo a las tendencias organizadas dentro de UCD; y la afirmación de una militancia inequívoca que excluya la pertenencia simultánea a otras organizaciones, políticas o parapolíticas.

Algún titular del domingo es demasiado optimista; así el de Diario 16: «Calvo-Sotelo logró la vuelta de Suárez a las negociaciones». El Alcázar, por una vez lúcido, sentencia: «Se confirma la desintegración de UCD».

Convoco el lunes 5 por la mañana en mi despacho a Lavilla y a Suárez, para dar cumplimiento a los acuerdos del Comité Ejecutivo que han de ser presentados a la reunión del martes 6. Lavilla acude, pero Suárez no. Yo sigo en mi empeño de buscar una solución razonable con Suárez y le propongo por teléfono que nos reunamos fuera de la Moncloa, en un terreno neutral: cenando en Zalacaín esa noche. Adolfo acepta desganadamente; los dos vamos a ir al último partido que juega España en el Mundial: contra Inglaterra en el Bernabeu. Coincidimos en el palco: Adolfo no quiere venir a la primera fila, y se queda atrás. España se despide con dignidad: empate a cero. Salimos separadamente, por la historia del protocolo y el barullo reinante. Cuando llego a Zalacaín, ya está esperando Landelino. Adolfo se presenta poco después con la actitud que viene siendo habitual en él desde su regreso de Contadora. No quiere nada, no ambiciona nada, no le interesa regresar a la política: pero si se le pide que vuelva ha de ser en condiciones que él fija y que no son negociables, porque su falta de deseo de volver no le dispone a la negociación. Las condiciones en esa última reunión del triunvirato están ya claras. Suárez quiere la presidencia del partido, con todos los poderes, sin triunvirato, sin Comité Ejecutivo, sin Consejo Político. Lavilla se echa fuera de la conversación con su cortesía habitual. Yo acepto en principio las condiciones de Suárez, pero añado que todo ha de hacerse guardando la estabilidad del Gobierno, y la mucho más precaria del Grupo Parlamentario; porque si no, si se producen dimisiones de Ministros, o nuevas fugas colectivas del Grupo Parlamentario, será preciso disolver inmediatamente. Suárez no quiere entrar en esas complicaciones y ratifica sus exigencias, a las que añade una más: debo ser yo (Calvo-Sotelo) quien, antes de dejar la presidencia, disuelva el Comité Ejecutivo y el Consejo Político, jubile a los barones y proclame en UCD el estado de excepción.

En ese momento le digo a Suárez que yo no puedo hacer eso. Las personas que, según Suárez, yo debo despedir y licenciar son Ministros de su último gobierno o vocales elegidos en su lista por el Congreso de Palma. Yo no tengo hombres míos, ni en el partido, ni en el Gobierno; y no he sido excluyente ni en mi Secretaría de la Moncloa (en la que está José Ramón Caso, hombre de Adolfo, próximo tránsfuga al CDS, a quien he recibido en mi corto equipo de colaboradores directos por mi deseo de transparencia respecto a Suárez, sabiendo que el suyo es un destino claramente submarinista). Y, además, llevo quince meses en un ejercicio de funámbulo apoyándome en sus hombres, en los hombres que fueron suyos y que yo no quise cambiar cuando le sucedí en enero, y he afrontado con ellos la grave crisis económica y política que me legó Suárez y las consecuencias del golpe militar que le dieron a él. Yo puedo dejar la Presidencia de UCD y ofrecérsela a Suárez: al fin y al cabo, que presidiera él UCD es lo que le pedí cuando su dimisión. Pero no me siento obligado a realizar, además, la sale besogne que Suárez me exige; no me da la gana de ser el ejecutor de sus rencores; no estoy dispuesto a despedir a quienes han estado lealmente conmigo, aun no siendo míos, en este año y medio de dura batalla política. Y ello no sólo por razones de dignidad o de respeto a los demás, y a la democracia misma del partido, sino porque el simple enunciado de esa propuesta desencadenaría inmediatamente la ruptura definitiva del Gobierno y del Grupo Parlamentario.

Landelino asiente. Suárez sonríe y vuelve a decir que él no quiere nada, que comprende que su precio es muy alto, pero que él no ha pedido esta negociación, que no quiere volver a la política activa, y que si los demás queremos que vuelva tendremos que aceptar su precio.

El diálogo ha terminado —¿o tal vez no ha empezado nunca? Suárez, sin perder su sonrisa, ni su cordialidad, ni su encanto personal, echa un poco hacia atrás la silla que ocupa y apoya las manos sobre el borde de la mesa, en la actitud característica de quien se quiere marchar, educadamente si le es posible. Y se marcha. Yo me quedo unos minutos más con Landelino; sé que la crisis no tiene ya solución, pero pienso que tal vez lo menos malo sea que yo deje la presidencia de UCD y proponga a Landelino como sucesor; mi dimisión puede enfriar el ánimo de los incondicionales de Suárez y retener al duque; y la presidencia de Lavilla puede retener a los críticos y a los democristianos. Retener, evitar la hemorragia, disolver y no ser disueltos. Los socialdemócratas ya se han ido y habrá que cuidar a los liberales, que pueden estar a punto de irse.

Landelino me pide tiempo para reflexionar, y yo me llevo la certeza de que la aventura de UCD está acabada.

Llegado a la Moncloa, localizo rápidamente a Pío Cabanillas —tarea no siempre fácil, ni aún para los sagacísimos sabuesos del Gabinete Telegráfico— y le resumo la conversación. Aunque todavía espero la sorpresa —Adolfo Suárez es maestro en ir y venir, en amagar y no dar, como ya sucedió el día 3—, pido a Cabanillas que esté dispuesto a dar el nombre de Landelino en la reunión del Comité Ejecutivo que tendrá lugar a última hora de la tarde siguiente.

La sorpresa, el milagro, no se producen. Adolfo Suárez no asiste a la reunión. Lo más notable de ella es una larga, violenta intervención de Fernando Abril contra mí, dura en el tono aunque de escasa ilación en la estructura, y no siempre inteligible en sus términos. (Con Fernando Abril me ocurre algo no frecuente: la falta de reciprocidad en la estimación personal. Yo admiraba su temple, su paciencia y su decisión cuando asumía él solo el peso del Gobierno, durante los desfallecimientos guadiánicos de Suárez; y la penetración de su juicio, que brilla de pronto, fugaz e intensamente, en medio de un discurso mal servido por sus extrañas artes oratorias. Pero yo sé que él no suele encontrar mucho que apreciar en mí: a lo mejor le hiere mi obsesión por la claridad; aquel día no encontró nada bueno)[41].

Presento mi dimisión. Nadie la discute: por fin una propuesta mía obtiene la unanimidad sin reservas del Comité Ejecutivo. Pío Cabanillas insinúa el nombre de Landelino Lavilla, que yo propongo formalmente: nadie se opone, si no es el propio Landelino que pide otra vez tiempo para reflexionar. El Comité le concede hasta el sábado 10, pero le obliga votando su candidatura unánimemente, incluidos los suaristas: eso me hace confiar en que puede todavía haber un entendimiento entre Suárez y Lavilla. Se dice que en toda reunión de políticos hay siempre alguien que quiere sustituir a quien preside; no fue así entonces: nadie quería ser Presidente de UCD en julio de 1982, como nadie había querido ser Presidente del Gobierno en febrero de 1981. Landelino acepta con reservas, y anuncia la que será su famosa «condición devolutiva», una precaución legalista sin alcance político real. Yo se la acepto[42].

El miércoles 7 mi dimisión y mi propuesta de sucesor hacen los titulares de la prensa, con algún sermón fúnebre sobre mi persona que estaba preparado de antemano: no se había acuñado todavía el título, pero aquélla era una muerte anunciada. Yo confirmé lacónicamente por escrito mi dimisión a Íñigo Cavero, Secretario General de UCD. Lavilla hubiera preferido que todo quedara pendiente y confidencial hasta el sábado. No fue posible, y él tomó la publicidad inevitable de mi dimisión como un deseo mío de presionar su decisión última; hasta me hizo ver telefónicamente que podría no aceptar. Pero aceptó. Por su sentido de la responsabilidad, sin duda, pero también porque era para él la última ocasión de dar el gran salto que todo político ambiciona: el salto a la cabecera del cartel. La herencia yacente era mala: un partido deshecho. Tampoco había sido buena la mía en febrero de 1981: un partido deshecho más un golpe militar. O la de Suárez en 1976: cuarenta años de dictadura. (Sólo Felipe González ha recibido una buena herencia en estos tiempos: y él lo sabe, pero los electores todavía no).

El sábado 10, después del Comité Ejecutivo, almuerzo en la Moncloa con Plácido Domingo, que canta esa noche Sansón y Dalila, y con Joaquín y Juliana Calvo Sotelo. Tiene Plácido la caridad y la elegancia de no hablarme de política, y de olvidar por un momento sus devociones en ese campo. Yo no puedo centrar la atención en las anécdotas que relata sobre su peregrinaje lírico por el mundo, siempre acompañado por el éxito. A los postres, el próximo derrotado hace un brindis al triunfador. Luego Joaquín pide a Plácido que cante la famosa frase con que empieza el Ofertorio del Réquiem de Verdi: Plácido accede generosamente y Joaquín tararea, con afinación, el mínimo contrapunto de la cuerda. Es un Réquiem de gala por UCD.

Terminado el almuerzo, solo ya en la Moncloa, tomo unas notas que ahora transcribo sin retocarlas apenas. Quieren ser un resumen del proceso que estaba terminando:

Suárez dimitió el mes de enero de 1981 porque ya no era capaz de seguir inventando el futuro, como había hecho admirablemente en 1976, 1977 y 1978. Pero dimitió, sobre todo, porque se sabía calado por sus barones: no es que ya no confiara en ellos, sino que sabía que ellos no confiaban ya en él. La situación había llegado a ser como la que describe Eugenio d’Ors en su Oceanografía del tedio, y puede resumirse de esta forma: los barones le han tomado la medida a Suárez; Suárez sabe que los barones le han tomado la medida; los barones saben que Suárez sabe que ellos le han tomado la medida; Suárez sabe que los barones saben que él sabe que le han calado. Así no se podía seguir. No se puede mandar si no se tiene el respeto intacto de los mandados. Suárez lo había tenido, se lo había ganado legítimamente en julio de 1976 y en julio de 1977, cuando reunió en torno a él a unos hombres que, entonces, parecían por lo menos tan considerables como él mismo, sino más. Y se impuso a ellos, se nos impuso, por la fuerza de su convicción, por la audacia de su proyecto, por la limpieza de su actitud y por la seducción de su persona. En el mes de enero de 1981 quedaba poco de todo aquello para sus íntimos, para su comisión permanente, para sus jueces en la Casa de la Pradera. Había hecho con ellos un último esfuerzo en septiembre de 1980, cuando presentó al Rey «el mejor de los Gobiernos posibles de UCD». Pero muy pronto supo Suárez —y supimos sus Ministros— que el esfuerzo era vano. Que ya no le quedaban conejos en la chistera, como dijo algún comentarista. Porque, efectivamente, no le quedaban. Pero los barones exigían, exigíamos, que Suárez siguiera sacando conejos de la chistera vacía. Aquel era un ejercicio sin sentido. Por eso dimitió Suárez.

Pienso que debió de sentirse aliviado inmediatamente después de su dimisión. ¿Esperaba, sin embargo, que el Rey lo retuviera? ¿Preveía un regreso triunfal como el de Felipe González a los tres meses del XXVIII Congreso del PSOE? Quizá, pero ni él mismo lo sabía entonces. El Rey no le retuvo más allá de los límites de la cortesía y de la Constitución. Vino el golpe. Suárez dio su espantá a Contadora. A su regreso no percibió en la opinión, ni en el partido, la añoranza del líder deseado; eran los cortos meses de mi estado de gracia. Y entonces entró en una etapa indecisa y confusa: Se ilusionó fugazmente con un despacho de gestión; creyó que no quería volver a la política; puso distancia entre él y sus leales; rumió el despego de sus barones —pero no era capaz de seguir viviendo sin las candilejas de la política activa. En un desahogo aislado, entre su dimisión y mi investidura, me había dicho con afecto y estimación para mí:

«Leopoldo, no sé qué voy a hacer; porque a ti te interesan la ciencia y la filosofía, te gusta viajar, te apasiona la vela, te llena tu familia: y a mí nada me basta, si no es la política». Nada necesito y nada me basta, podía haber sentenciado como la Reina Cristina de Suecia.

La etapa indecisa concluyó pronto con su decisión de volver. Volver, pero no a UCD. No estaba dispuesto al esfuerzo, quizá baldío, que hubiera sido necesario para reconquistar a sus barones, a sus gentes. No quería repetir la aventura que tantas cicatrices le había dejado. Quería un partido nuevo, con incondicionales que no estorbaran su agilidad. Quería más una partida que un partido. De la enferma UCD le interesaba, si acaso, la sigla, el nombre registrado, «la ficha» (como si fuera un Banco), pero no el fichero. UCD, sin embargo, era criatura suya y Suárez se sentía obligado a salvarla de la crisis; porque sospechaba que no le sería fácil al fundador justificar el abandono del partido que él mismo había fundado. De ahí su conducta ondulante, casi femeninamente coqueta, que he intentado relatar sine ira et studio. De ahí que le conviniera dar la impresión de que le echábamos de UCD, porque habíamos derechizado el partido o pactado con Fraga, para sentirse con las manos libres. Y se marchará efectivamente, pero sin las manos libres, porque UCD no se ha derechizado, ni ha pactado con Fraga; se marchará sin que le sea posible evitar el reproche —que le ha de seguir como una sombra— de haber dejado el espacio político de centro imposible para él y para los demás. Éstas son su alfa y su omega: Adolfo Suárez, artífice de la transición e insigne fundador de UCD; Adolfo Suárez, máximo, último, cismático tránsfuga de UCD.

Epílogo

Se marchó el 31 de julio. El 28 había comunicado por carta a Lavilla su deseo de que le diera de baja en el Partido «por causas que no hace falta que te reitere». Vaya si hubiera hecho falta. Las causas se buscan, y no se encuentran, en el manifiesto de 20 folios que entregó el 31 a los periodistas. Éste es el párrafo que intenta explicar su abandono:

«En una democracia consolidada quizá deberíamos haber defendido nuestras tesis en los órganos del partido del Gobierno para intentar recuperar su dirección y orientar su acción política. Pero en una democracia consolidada no sentiríamos la urgencia de salir en su defensa, porque no existirían los riesgos que nos acosan. En la joven democracia española, los sectores involucionistas aprovecharían el espectáculo de lucha por el control del partido para tener un nuevo argumento con el que justificar sus intentos de acabar con la soberanía popular. Dada la falta de acuerdo que mantenemos con muchos de los actuales dirigentes del Gobierno y de su partido, en cuanto a los objetivos políticos fundamentales, su prioridad y los métodos y personas para llevarlos a cabo, estaríamos dispuestos a abandonar totalmente la vida política si no considerásemos que el momento es especialmente delicado. Por ello, con violencia personal nos vemos obligados a escoger entre continuar formalmente adscritos a nuestro anterior cauce político o abrir las velas, en defensa de las propias convicciones, a un nuevo empeño. Esta última opción constituye el partido que ahora sale a la luz pública».

Quien escribió lo que antecede se diría anclado en una fecha: el 23 de febrero de 1981. Desde entonces no ha olvidado nada ni ha aprendido nada. El lenguaje de la nota ya pareció anacrónico a los comentaristas de entonces. Hay en el tono, y en lo que me decido a llamar concepto, mucho del más genuino Suárez: defensa de la democracia amenazada, peligro de involucionistas acechantes, deseo de abandonar de verdad la política si no fuera por la llamada de un deber patrio. Suárez se va porque si intenta, dentro de UCD, imponer sus ideas, debilita a la democracia y despierta a los golpistas. ¡Como si esa lucha interna no hubiera sido la historia misma de UCD en los últimos dos años, desde «La Casa de la Pradera», o quizá desde 1977! Pero la política es más imagen que coherencia[43].

La marcha de Suárez precipita las cosas. Para mí no tiene sentido seguir fingiendo que no pasa nada grave. La marcha del hombre que había hecho UCD a su imagen y semejanza acaba con el invento, muy deteriorado ya. La frágil base parlamentaria de UCD no existe. Ya no existía cuando dimitió a principios de 1981, como él mismo dijo entonces: yo tuve que navegar los mares que él juzgaba imposibles. Pero ahora hay que disolver. Así me lo ha dicho Lavilla cuando recibió la carta de Suárez. Mi decisión está tomada. Se me ofrecen soluciones para «tirar» unas semanas más en septiembre y octubre. Todos queremos terminar cosas pendientes: sobre todo Martín Villa, que quisiera dejar aprobado el Estatuto de Castilla y León. Todos no: García Díez se ha roto y no puede con la tremenda carga de los problemas económicos; los mercados internacionales descuentan ya el triunfo socialista y la imprudencia de algunas declaraciones desata una presión creciente sobre la peseta.

Yo tengo la decisión tomada. Una sola dificultad para fijar el día: el viaje del Papa, que no debe interferir con la campaña electoral. Pido al Embajador en el Vaticano, única persona a la que informo de mi decisión de disolver, que haga una gestión confidencial con Su Santidad pidiéndole que adelante o retrase su visita, ya que todavía no ha sido oficialmente anunciada. Pero el Embajador no consigue hablar con el Papa, que está ya en Castelgandolfo, ni con el Sustituto Martínez Somalo, que anda por sus tierras riojanas. Afortunadamente el Cardenal Tarancón, desde su retiro valenciano, arregla el problema en un par de horas: el Papa retrasará su viaje a los primeros días de noviembre.

Sometí al Rey el Decreto de disolución el 21 de agosto, después de oír al Consejo de Ministros que fue, bien a pesar de todos, unánime. De la nota que leí ante la televisión transcribo los párrafos centrales:

«Desde la investidura he manifestado en varias ocasiones mi propósito de no adelantar sustancialmente las elecciones generales, aunque siempre he añadido que no debía entenderse ese propósito como un deseo de agotar a todo trance y hasta el último día la legislatura, independientemente de las circunstancias parlamentarias y políticas. Esas circunstancias han cambiado en las últimas semanas con la creación de nuevos partidos, de manera que son hoy distintas de aquellas en las que fueron elegidos, hace tres años y medio, los actuales diputados y senadores. Esta situación no permite, a mi juicio, la apertura de un nuevo período de sesiones parlamentarias en condiciones aceptables de estabilidad y de eficacia. Por eso he decidido la disolución inmediata, antes de que se reanuden las tareas legislativas en este mes de septiembre».

«Es verdad que todos los Gobiernos desde 1977 han sido minoritarios, y han sabido hallar en cada caso los apoyos políticos necesarios para desarrollar su programa. Pero a partir de ahora el Gobierno que presido se vería obligado a entrar en pactos difíciles y artificiales, confusos para la opinión pública y necesariamente deformadores de sus propios criterios. No creo que ni el prestigio de las Instituciones ni la eficacia de la acción de gobierno salieran ganando si yo me empeñara en mantener, con estos datos, la apariencia de una normalidad parlamentaria».

«No me he dejado llevar por ninguna consideración de partido al tomar la decisión de disolver, y he querido estar atento sólo a los intereses de España. El respeto a las Cortes, y el deseo de hacer lo necesario para que la nación tenga cuanto antes un Gobierno que se apoye mayoritariamente en ellas, han prevalecido en mi ánimo sobre cualquier otro razonamiento».

Las elecciones dieron, efectivamente, un Gobierno mayoritario. Los sondeos me lo habían anticipado ya. Lo que yo no sabía es que la mayoría iba a ser tan estable y tan fatigosamente duradera.

* * *

Aquí termina el libro del mal amor, crónica incompleta de aquel proyecto de partido que hizo la transición mientras se deshacía como tal proyecto. Pero sería injusto haber relatado las querellas y las rencillas en que consistió UCD sin dejar constancia de la anchísima adhesión popular que despertaron sus siglas. Adolfo Suárez acertó al abrir en 1977 un espacio político de centro con unos rasgos tan imprecisos como atrayentes: la moderación, la tolerancia, la reforma, el arranque sin ruptura desde las instituciones anteriores; y también la libertad, la modernidad, el cambio social hacia el progreso. Muchas gentes se apuntaron en toda España a aquel líder nuevo, joven, sonriente, que prometía un tránsito suave, pero resuelto, a la democracia. La transferencia de esa adhesión política desde una persona, Suárez, a unas siglas, UCD, fue, para quienes la intentamos, una misión imposible: precisar lo impreciso, definir lo indefinido, racionalizar la intuición. Y en esa tarea no tuvimos éxito. Al racionalizar la intuición afloraron diferencias crecientes entre los grupos fundadores de UCD, como surgieron las herejías en los primeros siglos cristianos cuando se metió en solfa teológica el Nuevo Testamento. Parece seguro que la inmensa mayoría de los seguidores iniciales de Suárez y de UCD no necesitaban aquella racionalización, ni entendían las tensiones que produjo. Esa mayoría apoyó primero al partido; cuando no pudo reprimir la crítica a los reinos de taifas en que aquél vino a dar, siguió apoyando al Gobierno por encima del partido. Y, cuando cayeron el partido y el Gobierno, siguió siendo fiel a la nostalgia de UCD. Nostalgia de un paréntesis de ilusión, de libertad y de limpieza, cuya luz brilla más cuando se mira desde la fea realidad política de 1990.

Éste fue el esquema originalísimo de una empresa que hizo historia y que no ha sido historiada aún. Quizá las páginas anteriores aporten materia prima, no elaborada, para esa historia que está por hacer. Me gustaría que llevaran también a los hombres y a las mujeres de UCD, cuya lealtad nostálgica se percibe aún hoy en toda España, la gratitud de quien quiso servir a los mismos ideales y acabó siendo, bien a pesar suyo, corresponsable de la muerte de UCD.

VI
LA MAL LLAMADA MAYORÍA NATURAL

He dicho antes que la historia de la mayoría natural necesitaba capítulo aparte. Éste es.

Lo primero que hay que decir en él es que la mayoría natural no ha sido nunca natural ni mayoría.

No he podido averiguar cuándo se acuñó la expresión: sin duda circulaba ya en tiempos de Suárez, pero no fue un tópico obsesivo de AP hasta 1982. La tesis de la mayoría natural era ésta: existe una mayoría de electores que desea ansiosamente respaldar en las urnas a la coalición natural de AP y UCD; pero el empecinamiento de UCD y sus recelos hacia la derecha han impedido a esos electores el ejercicio de su voto natural. Cuando el triunfo socialista empezaba a cantar en los sondeos, a partir de 1980, la mayoría natural así definida pasó a ser, en el ánimo de sus voceros, la única alternativa posible al PSOE.

Siempre he pensado que late en esta arraigada convicción de Manuel Fraga su vieja idea de un centrismo sucesor de Franco, según la había concebido en Londres y elaborado en FEDISA cuando volvió a Madrid en 1975[44].

La inclusión de Adolfo Suárez en la terna del Consejo del Reino y su designación por el Rey como Presidente del Gobierno (julio de 1976) vinieron a romper brutal e inteligentemente las legítimas y fundadas aspiraciones que Manuel Fraga había puesto en su proyecto centrista: siempre, desde entonces, ha visto aquellas decisiones como un grave error de Torcuato Fernández Miranda y del Rey. Desde el sábado 3 de julio de 1976 Manuel Fraga empezó a ver en Adolfo Suárez el usurpador de una responsabilidad para la que él, Manuel Fraga, se creía mucho más capacitado. Sin caer en la tentación de la psicohistoria, me atrevo a señalar este hecho como capital para entender la dramática relación entre el centro y la derecha desde 1976 en adelante; no parece aventurado suponer que a partir de aquella fecha Manuel Fraga ha sentido que Adolfo Suárez y UCD le robaban su Presidencia del Gobierno, su idea del centro y hasta sus electores; y que, además, administraban torpemente lo robado.

Esta hipótesis puede documentarse en textos del propio Fraga: el hombre es tan vehemente y apasionado en todas sus cosas que siembra sus propios libros de pruebas contra él mismo. El «complejo de robado» ilumina algunas páginas de este curiosísimo testimonio, antiproustiano de la cruz a la fecha por el estilo brusco y la falta de matices, que se titula proustianamente «En busca del tiempo servido»[45]. Hacia la mitad de la página 239, columna de la izquierda, puede leerse el Diario de Fraga correspondiente al sábado 7 de marzo de 1981, que dice así:

«Meditando sobre el Maura, no, me encuentro con que una vez más otros quieren administrar mis ideas e iniciativas, sin darme parte: los últimos Gobiernos de Franco, la apertura; Adolfo Suárez, el centro; ahora, Calvo-Sotelo, la fórmula liberal-conservadora».

Un poco antes, en la hoja de otro sábado (el 21 de febrero anterior) protesta por las críticas de ABC y de Diario 16 a su actitud, agriamente contraria a mi persona en la primera sesión de investidura. Y escribe:

«Ahora, después de que en su día se nos birló el centro, nos quieren birlar la derecha» (página 234).

Es una pena añadir comentarios a palabras tan diáfanas; pero no resisto la tentación.

Asombra la presencia de ánimo con la que Fraga se apropia de los partidos, o de las ideas políticas: suyo es el último franquismo, suya la derecha, suyo el centro, suya la fórmula liberal-conservadora (como suya fue la calle). El cíclope Manuel Fraga no es un simple Diputado: es, en una sola persona, todo un Parlamento. Y, curiosamente, parece que luego se deja robar una por una todas las posiciones que se ha ido atribuyendo. Por lo visto yo le robo dos: la derechista y la liberal-conservadora. ¡Qué capacidad de simplificación la suya! La voluntad se impone a la inteligencia por el camino de la simplificación.

El lunes 7 de diciembre anotará:

«El Gobierno Calvo-Sotelo… sigue eludiendo lo único que cabe hacer, que es buscar una mayoría natural; sigue queriendo engañarme».

Estos párrafos de Fraga no están sacados con malicia de su contexto, porque no tienen contexto; son exabruptos, o desahogos, piedras duras sin pulir —como el propio Fraga— montadas en el soporte de una agenda de bolsillo.

Parece lícito deducir de ellos que la mayoría natural no es otra cosa que el invento de Fraga para recuperar lo que, según él, le fue robado; y un invento generoso puesto que quien se considera legítimo propietario ofrece al ladrón participar en el asunto.

La persistencia de la injusticia que sobre él se ejerce produce en el expropiado un síndrome que empieza en la acritud y llega fácilmente a la violencia. Recuerdo varias escenas de 1977, en el Congreso de los Diputados, cuando ofrecí a Fraga la presidencia de una Comisión Parlamentaria en las primeras Cortes democráticas y, para hurtar a los periodistas el espectáculo, me lo tenía que llevar a uno de los despachos entonces libres del segundo piso; estábamos allí los dos de pie —las conversaciones en el Congreso son siempre de pie— y Manolo medía con poderoso tranco la estancia, reclamando más Presidencias con argumentos en tromba. De vez en cuando se volvía a mí para decirme, señalando una silla con dedo imperativo:

—«¡Siéntate ahí!»

Fraga aludirá, anacrónicamente, a esta historia en la página 252 de su citado libro para calificarla de absurda. Y ciertamente lo era; pero real[46].

Retomemos el hilo.

La derrota de 1977 impone a Manuel Fraga una primera catarsis y una primera refundación de su partido. La derrota más grave de 1979 le hace pensar seriamente en la retirada. Compañeros suyos, si no amigos, del franquismo le sugieren por escrito que abandone temporalmente la política activa en favor de UCD, a la que podía dar así una posición mayoritaria en el Congreso recién elegido. Pero tal vez esa mayoría, fundada en su renuncia y presidida por Suárez, no le parecía natural[47].

El extraordinario temple de Manuel Fraga y el apoyo de los más jóvenes entre sus militantes[48] le deciden a continuar una patética travesía del desierto (polvo, sudor y hierro, con 8 de los suyos) hasta que la debilidad de Adolfo Suárez en 1980 le hace entrever la tierra de promisión.

Llegado a este punto, creo necesario intercalar un lejano recuerdo personal. Conocí a Manuel Fraga en el verano de 1943, recién terminado mi bachillerato; me quiso entonces convencer, amable y halagadoramente, de que no estudiara Caminos, sino Derecho, para mejor servir a la vocación política que él había adivinado en mí. Ya entonces no acepté su consejo. Desde hace más de 40 años tengo una verdadera estimación personal por Manuel Fraga, llena de matices, distingos y salvedades, pero nunca rectificada; me atrevo a creer que también Manuel Fraga conserva hacia mí la estimación personal de 1943, con tantas salvedades por lo menos y algunas cicatrices más. A veces este antiguo afecto que supongo en él se le escapa entre las palabras desdeñosas con las que políticamente me solía condecorar. Y es que Manuel Fraga valora con exceso la historia académica y profesional de las personas, entre ellas la mía, y acaso esa debilidad (que le había impedido medir en 1976 la gran dimensión política del mediano estudiante Adolfo Suárez) le hizo temer en 1981 que yo fuera capaz de estorbar su avance hacia la tierra de promisión, resucitando la ya entonces maltrecha UCD; sin duda infravaloraba la crisis de UCD, o sobrevaloraba hasta la taumaturgia mis capacidades refundadoras[49]. Por eso aquella durísima intervención suya en el debate de Investidura que precedió al 23F, a la que yo no contesté para no aumentar sus heridas; aunque ésa es otra historia de la que más adelante retomaré el hilo.

Sobre este dibujo hay que situar la invocación a la mayoría natural que Manuel Fraga reiterará a lo largo de 1981 y 1982 y hasta en su carta de despedida de 1986. He dicho antes que la mayoría natural nunca fue tal mayoría. Desde 1979 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hacía un sondeo mensual con el título genérico de «Barómetro de la Opinión Pública»: a partir de abril de 1980 nunca ese sondeo atribuye más porcentaje a la suma de UCD y AP que al PSOE[50]. Ya desde 1980 la mayoría natural era, pues, socialista, hecho que los historiadores entenderán como una consecuencia lógica de los 40 años de franquismo[51].

No altera esta contabilidad el dato de que la Ley Electoral española potencia las grandes formaciones y da, con los mismos electores, más escaños a la formación mayor: porque lo que el sistema d’Hondt no puede hacer, salvo en casos teóricos poco probables, es dar más escaños a quien tiene menos votos. El efecto d’Hondt hubiera podido dar la mayoría a UCD en 1979, previa la renuncia de Fraga y siempre que todos sus electores hubieran aceptado votar a UCD; pero eso ya no era posible en 1980, ni siquiera dándose las dos improbables hipótesis anteriores. Y menos aún en 1981 o en 1982.

El hecho relevante en este análisis es, precisamente, que la hipótesis según la cual todos los votantes de AP y todos los votantes de UCD hubieran votado a una coalición de los dos partidos, no es una hipótesis real. En cualquier momento desde 1977 una coalición así hubiera lanzado por la borda, a la derecha y a la izquierda, votantes que no estaban dispuestos a aceptarla: es lo que pasa en 1986, cuando, ya desaparecida UCD, se dividen sus electores entre el PSOE, el CDS, la abstención y AP, sin que AP llegue a recoger el 50% de los votos centristas originales.

El análisis según el cual se ha producido a lo largo de la transición política una falta de sintonía entre los líderes del centro y de la derecha y los electores, porque los líderes no han sido capaces de hacer la coalición que los electores reclamaban, no es correcto y parte de una petición de principio: la existencia de la mayoría natural. No han sido los políticos quienes han forzado a los electores a votar separadamente lo que hubieran querido votar conjuntamente; han sido los electores, de uno y otro signo, los que han animado a los líderes a mantener levantadas ofertas electorales distintas[52]).

Por estas razones creo que no es exacto decir, como se ha repetido, que sólo la ambición personal de los líderes ha determinado el mantenimiento de la diversidad en el espacio del centro y de la derecha: sin negar, naturalmente, la presencia de ese factor, quiero insistir ahora en la otra parte de la realidad, aquella que se refiere a la diversidad profunda del cuerpo electoral.

Diversidad mucho más honda a la derecha que a la izquierda del espectro político español. Y a lo mejor no sólo en España. Por lo menos dos fronteras cruzan entre nosotros esa parte derecha del campo electoral: una es la que deja a un lado a los nacionalistas; y la otra es la que deja a un lado a los conservadores. Hay muchos electores a la derecha del socialismo que no aceptan ni la etiqueta conservadora ni la etiqueta nacional: no sucede lo mismo en la izquierda, porque no hay partidos nacionalistas en la izquierda que disputen eficazmente el voto al socialismo, y porque el comunismo está en una crisis universal e irreversible. La derecha catalana, como es sabido, vota CiU, y la izquierda catalana vota mayoritariamente PSOE. En el ámbito nacional sucede que los conservadores votan a AP, mientras que los liberales, o los de obediencia demócrata-cristiana, o los que se sienten sencillamente progresistas y también están a la derecha del PSOE, han necesitado votar a otras formaciones. Podría afirmarse, parodiando a Aristóteles cuando habla de la analogía del ser, que «el ser de derechas se dice de muchas maneras», en tanto que «el ser de izquierdas» es casi unívoco: y más a partir del colapso comunista.

Los defensores de la mayoría natural no aceptan esa diversidad del «ser de derechas», o le atribuyen menos hondura de la que realmente tiene. Tampoco la creación de UCD como partido, en agosto de 1977, fue respetuosa con la diversidad del centro y de la derecha: y UCD vino al mundo como una mampostería mal concertada y sin argamasa. Fue entonces el grupo demócrata-cristiano el que más protestó contra aquel nuevo Decreto de Unificación: hay que recordar esto para justificar, en parte, a los muchos tránsfugas que la democracia cristiana ha dado a la política española.

Si ya era imposible mantener la unidad interna de UCD en 1981 y 1982, ¿cómo se podía pensar en extender su ámbito hasta la mayoría natural? Si ya era ingobernable la diversidad en UCD, hasta el punto de que dio en el suelo con el partido en poco más de tres años, ¿qué estabilidad, o qué consistencia cabría atribuir a un conglomerado que añadiese al mosaico de UCD el azulejo, también variopinto, de AP? Adolfo Suárez —hábil, maniobrero, cauto, cautivador y con profundo instinto político— fue capaz de asegurar durante unos años la incierta unidad de UCD; la personalidad monolítica, cíclope, torpe y vigorosa de Fraga no parecía la más indicada para cumplir el ejercicio de cohabitación que la mayoría natural exige, y mucho menos aún para dirigir el nuevo cotarro. Pero eso no es lo más importante: como antes dije, las divergencias entre los líderes del centro y de la derecha no han sido sólo un capricho de políticos ambiciosos, sino también un reflejo de la diversidad real del electorado. La mejor manera de probar este aserto es recordar que Adolfo Suárez se marchó a principios de 1981, y no por eso fue posible la mayoría natural; que UCD está muerta desde 1983, y no por eso ha sido posible la mayoría natural. No será tan natural un proyecto que fracasa sistemáticamente a lo largo de 10 años, aunque cambien las personas y se sucedan los partidos.

En suma: si de alguna manera consistente fuera posible entender eso de la mayoría natural, sería como una nueva UCD, pero más a la derecha del espectro político; y ese proyecto tendría la misma falta de respeto para la diversidad real de los electores que tuvo desde el principio UCD, porque los electores no se sienten naturalmente llamados a ese tipo de unificaciones: e incurriría en un error de contabilidad al suponer el apoyo mayoritario de los electores al nuevo invento. Creo que hoy ya está suficientemente claro para todos lo que yo repetía, con poca audiencia, en 1981 y en 1982: que no hay mayoría, natural o artificial, ni un milímetro más a la derecha de UCD.

Quizá Fraga decidió retirarse en 1986 más por haber comprendido (tardíamente) esta situación que porque Bancos —que la habían comprendido antes— le negaran su apoyo. Y la misma razón ha tenido para resistirse en 1989 a la tentación de volver, quedándose en Galicia. Haría falta ahora que el PP abandonase definitivamente la tesis errónea de la mayoría natural, y que dedujese todas las consecuencias de ese cambio. El Congreso de Abril de 1990 parece haber dado ya los primeros pasos resueltos por el buen camino: esa luz de esperanza se enciende cuando estas páginas van a la imprenta, a pesar del escándalo que no cesa.

VII
LA CUESTIÓN AUTONÓMICA

Al empezar este capítulo pido a Dios, como Don Quijote, que me ayude y me dé buen suceso, porque ninguna de las aventuras que en este libro se relatan fue tan nueva y tan peligrosa como la de las autonomías, ésa que ha pasado a la historia con el extraño nombre de LOAPA, ni hubo jamás terreno tan minado —entonces y aun ahora— como el suyo.

Viene siendo moneda corriente desde 1978 sostener que el Título VIII de la Constitución salió ambiguo y contradictorio por voluntad o dejación de los Padres Constituyentes, entre los que me cuento. Sin embargo, a pesar de tan unánime convicción, nadie hasta la fecha en que escribo (1990) se ha atrevido, salvo mi Gobierno, con la arriesgadísima empresa de poner orden, o de intentar poner orden, en el proceso desencadenado por aquel texto ambiguo. Yo sí me atreví, seguramente por sentirme antes hombre de gobierno que de partido, y porque miraba más a los problemas del Estado que a las elecciones inevitables o a la crisis de UCD. Una parte menor del intento mereció un final abrupto a manos del Tribunal Constitucional, quien parcialmente descalificó no tanto una parte de lo que la LOAPA decía como el hecho de que lo dijera la LOAPA, por entender el Tribunal que era materia a él reservada y prohibida al Parlamento; pero la mayor parte de la misma LOAPA, y el resto de los que se llamaron Pactos Autonómicos, quedaron en pie y han contribuido a que el curso del proceso autonómico se serenase y pasara (como dicen los estudiantes de Hidráulica) de un régimen turbulento a un régimen laminar[53]. A su sombra terminó el proceso de formación de las Autonomías, quedó trazado el Mapa Autonómico y se aprobaron pacíficamente en el Parlamento los doce Estatutos que faltaban.

Una vez más vuelvo al discurso de investidura, donde quedó dicho mi propósito sobre esta grave cuestión, y vuelvo también a recordar que aquel discurso fue pronunciado el 18 de febrero de 1981 y es, en consecuencia, anterior al 23F. No está de más este recuerdo, porque se sigue diciendo[54] con ligereza que la política autonómica de mi Gobierno fue una cesión a los golpistas o, al menos, un corolario del golpe militar. Y eso no es exacto[55]. Acertada o no, la política que condujo a los Pactos Autonómicos de julio de 1981, y a la LOAPA entre ellos, fue una decisión mía que se anunció en el discurso de investidura cinco días antes del 23F.

Además, la decisión estaba en mi ánimo, realmente, desde mucho antes. Yo había sido Ministro en todos los Gobiernos de la transición desde 1976 y conservaba el recuerdo vivo del temporal autonómico rompiendo periódicamente sobre la mesa del Consejo. De manera singular recordaba la negociación durísima con el PNV y Convergencia a partir de los textos de Guernica y de Sau; aquel pulso entre unas fuerzas nacionalistas que no necesitaban, ni querían, medir el alcance nacional de sus pretensiones, y un Gobierno incapaz de fijar claramente las suyas, fue justamente calificado de dramático y dejó en mi ánimo un deseo vehemente de clarificación. La que intentó UCD en Andalucía tuvo la suerte miserable que todos conocen; yo quise proceder con más rigor.

José Pedro Pérez-Llorca, con quien siempre me entendí muy bien pese a la fama que los dos tenemos de difíciles, me había contado su angustia como responsable de aquella negociación y de la fórmula andaluza; y, en abril de 1981, siendo él Ministro de Asuntos Exteriores, me envió a la Moncloa un par de notas largas «para ayudarte con todas mis fuerzas a que nos hagas salir con bien de nuestros problemas». La expresión que he subrayado señala agudamente la preocupación que tenían entonces muchas personas responsables ante el estado de la cuestión autonómica.

Después del escándalo andaluz nadie, ni en el Gobierno, ni en UCD, ni en la oposición tenía las ideas claras —salvo una vez más los partidos nacionalistas, que se colaban por la brecha del Título VIII legítimamente, inteligentemente, pero también irresponsablemente, porque ni podía atribuírseles, ni ambicionaban, una verdadera responsabilidad nacional. Ésta era la situación cuando llegué a la Moncloa: una cabeza clara del partido socialista, Carlos Solchaga, la describió así año y medio más tarde, en el debate sobre la LOAPA:

«Desde diciembre de 1978, en que es refrendada la Constitución española, hasta julio de 1981, en esos dos años y medio transcurridos, el proceso de construcción del Estado de las Autonomías resultó ser un camino tortuoso y, conforme transcurrió el tiempo, cada vez más erizado de peligros. Es verdad que se habían promulgado por estas Cortes los Estatutos de Euzkadi y de Cataluña; pero qué duda cabe que la negociación de los mismos y su final aprobación se llevó a cabo en medio de fuertes tensiones y dejando en el ambiente dudas razonables sobre si el tema se había llevado de la mejor de las maneras posibles o si, por el contrario, las concesiones habían predominado sobre los acuerdos libremente alcanzados, fruto de una interpretación unánime del Título VIII de nuestra Constitución».

«Por lo demás, toda la maquinaria de funcionamiento de las competencias de autogobierno estaba todavía por acabar de hacerse: la LOFCA y los Conciertos Autonómicos, con las Leyes complementarias sobre cesión de tributos, valoración de servicios y determinación del cupo estaban todavía sin acabar de tramitarse y añadían tensiones adicionales al ya difícil y poco ordenado proceso de asunción de competencias y transferencias de servicios».

«Todas sus señorías saben como yo mismo el difícil recorrido del Estatuto de Galicia que hubo de ser devuelto a la Comisión Constitucional; y todavía están frescas en las mentes de todos nosotros las consecuencias políticas de los vericuetos por los que hubo de atravesar la región andaluza hasta que alcanzó el nivel de autonomía que la mayoría de su población deseaba. Los Estatutos de Aragón y Baleares estaban empantanados desde hacía meses cuando se firmaron los pactos autonómicos; persistía el problema segoviano en la Comunidad de Castilla y León y el madrileño en la de Castilla-La Mancha; los problemas específicos de la Comunidad canaria parecían entonces insalvables, y los problemas lingüísticos y de otra naturaleza amenazaban encrespar el proceso autonómico del País Valenciano. Y lo que es peor de todo esto, no existía un mapa autonómico en julio de 1981, ni una distribución clara de cauces y techos de competencias que nos permitieran a unos y a otros vislumbrar el final del proceso en el que nos habíamos embarcado. Es verdad que, a tenor de su Título VIII, así lo quería la Constitución; pero es verdad igualmente que la prudencia política aconsejaba poner coto razonable a una situación que había hecho de la fuerza de negociación, respaldada muchas veces por coyunturas ajenas a la forma de demostración de la voluntad colectiva en una democracia, la última “ratio” de la marcha que adoptaba el proceso autonómico en cada región o nacionalidad y, por consiguiente, en el conjunto del Estado»[56]. Hasta aquí la muy larga cita.

Yo ni quería, ni podía estar en la Moncloa sin hacer alguna claridad en aquella situación tan confusa; no me sentía capaz de permanecer en el puente sin una carta que marcase, con más o menos precisión, el rumbo de la nave del Estado hacia la llamada España de las Autonomías.

Por eso, apenas llegado a la Moncloa decidí encargar a una Comisión de expertos un Informe sobre la ordenación del proceso autonómico que sirviera de base razonable y seria a la discusión parlamentaria posterior. Inicialmente pensé en algo parecido a las Royal Commissions británicas: precisamente una de ellas había producido en 1973 el famoso Informe Kilbrandon sobre cuestiones autonómicas, que tuve ocasión de conocer cuando el debate constitucional. En las Royal Commissions colaboran, como es sabido, expertos y parlamentarios, según métodos que tienen larga tradición en el Reino Unido: la falta de una tradición semejante entre nosotros, y las pasiones que suscitaba (y aún suscita) la cuestión autonómica, me llevaron a preferir una Comisión formada sólo por expertos, que trabajara independientemente y entregase luego su trabajo al Parlamento. Apenas filtrada esta idea se me vinieron encima las críticas de los partidos:

«¿Para qué los expertos? ¿Es que los parlamentarios y el Gobierno no saben lo que quieren?»

La respuesta, que no me pareció prudente dar entonces, era sencilla:

«Pues claro que ni el Gobierno, ni los Partidos, ni el Parlamento saben hoy por dónde salir de la confusión reinante».

Con la salvedad siempre de los partidos nacionalistas, que sí sabían perfectamente lo que querían: apurar al máximo el margen no definido del Título VIII sin medir ni prever el alcance nacional de tan legítima ambición.

Así que preferí formar una Comisión de expertos y acotar para ella un ámbito de reflexión entre las impaciencias, las improvisaciones y la pasión de los políticos. La última palabra la diría, naturalmente, el Parlamento (mejor dicho, la penúltima, porque la última corresponde siempre al Tribunal Constitucional, y yo me preocuparía —como luego se dirá— de hacer lo necesario para facilitar, y urgir, esa palabra definitiva).

En los primeros días de marzo de 1981 hablé separadamente con Rodríguez Sahagún, Felipe González y Jordi Pujol (el miércoles 4), con Garaicoechea (el 5), con Fraga (el 10) y con Carrillo (el 11). Lógicamente, el golpe militar se llevó la mayor parte de aquellas conversaciones, pero quise sondear en todas ellas la cuestión autonómica, aun a sabiendas de que no era posible obtener unanimidades. Desde el primer momento encontré, sorprendentemente, en Felipe González la misma preocupación que yo tenía y el apoyo que yo necesitaba: saludable rectificación, porque en el pasado próximo el PSOE, más atento a los votos que a los problemas de Estado, se había inhibido en el problema vasco y catalán[57], había permitido los excesos verbales de Benegas y había puesto a su servicio el error andaluz de UCD, dejando solos al Gobierno y a su partido por el minado campo del Título VIII de la Constitución. Esa coincidencia inicial con González animó los que más tarde se llamarían Pactos Autonómicos. Creí ver claro en aquellas primeras conversaciones que sólo el PSOE —venido en este punto a la ética de la responsabilidad— era capaz de mantener, con UCD, una actitud de gobierno, acaso porque sospechaba que iba a gobernar pronto; y pude comprobar más tarde la que me atrevo a llamar dimisión de los restantes partidos en cuanto a la construcción de la España de las Autonomías: era ciertamente más fácil, y quitaba menos votos, no ceder a nadie en el entusiasmo autonomista que pretender racionalizarlo.

El lunes 9 de marzo había reunido en mi despacho a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos, de la que era Vicepresidente Rodolfo Martín Villa en su condición de Ministro de Administración Territorial; a la salida analicé con él y con Pío Cabanillas, Ministro de la Presidencia, los términos en que podría hacerse la convocatoria de la Comisión de Expertos, y las personas que habrían de integrarla. Pensé muy pronto en Eduardo García de Enterría, de quien recordaba tres excelentes artículos publicados en El País sobre la cuestión autonómica[58], escritos con sistema y precisión; sin duda me animó también el prestigio que siempre ha tenido para mí el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. Me pareció preferible acudir a un administrativista, porque necesitaba un informe pragmático y directamente aplicable sobre cuestiones muy concretas como la Función Pública, la Administración periférica o la financiación de las Autonomías; y no estaba seguro de que un trabajo así conviniera a los muy ilustres constitucionalistas que tiene la Universidad española: esa preferencia me costaría cara.

El miércoles 18 de marzo llamé a Enterría y pude vencer una resistencia inicial suya que atribuí a pudores profesorales y a un celoso amor a su independencia académica: quiero repetir aquí mi agradecimiento y mi admiración por Enterría, que no han podido empañar peripecias posteriores; sus ideas resonarán más de una vez en lo que sigue. Le ayudó a aceptar mi ofrecimiento el hecho de que yo contara, en principio, con el apoyo del PSOE; es decir, la certeza de que la Comisión de Expertos iba a tener un carácter bipartisano, como dicen los norteamericanos. Le pedí que propusiera nombres no vinculados a los partidos, buscando un equilibrio de simpatías políticas dentro de la Comisión, y le hice la reserva de una consulta con González, que fue resuelta favorablemente aquella misma tarde. El jueves 2 de abril quedaron claros los términos de un acuerdo entre Felipe González y yo, y se dio a la Prensa la nota siguiente:

«En la tarde de hoy el Presidente del Gobierno D. Leopoldo Calvo-Sotelo ha recibido en la Moncloa al Secretario General del Partido Socialista D. Felipe González».

«En la entrevista trataron de un modo preferente el tema autonómico y en especial sobre la necesidad de proceder con determinación a establecer el modelo global del Estado de las autonomías, dentro del marco de la Constitución y del respeto a los procesos autonómicos en curso, articulando con claridad la estructura administrativa que ha de resultar del sistema autonómico y dictando las disposiciones normativas que sobre competencias del Estado prevé el artículo 149 de la Constitución».

«También coincidieron en estimar que, para el eficaz y riguroso tratamiento de estos problemas, será conveniente contar con la colaboración de una Comisión de Expertos cualificados e independientes, designada de mutuo acuerdo y a la que se encomendará el estudio y la propuesta de las soluciones pertinentes. Se convino en que dicha Comisión actúe dentro del Centro de Estudios Constitucionales y en designar Presidente de la misma al profesor D. Eduardo García de Enterría».

«La semana próxima tendrá lugar una reunión política para llevar a la práctica lo acordado y concretar el procedimiento de trabajo a seguir.

Madrid, 2 de abril de 1981».

En los días siguientes se decidieron los nombres de los expertos[59] y se fijaron los términos del trabajo que se esperaba de la Comisión. Ésta quedó constituida el martes 7 de abril, y el mismo día envié una nota a Pujol, Garaicoechea, Carro y Carrillo para su «información y con el ruego de reserva».

De las escuetas instrucciones que se dieron a la Comisión cabe inducir cuáles eran las preocupaciones subyacentes. Ya entonces se imponía a todos como inevitable lo que empezaba a llamarse «generalización del hecho autonómico». No consta que los Padres Constituyentes hubieran creído que sólo iban a deducirse del Título VIII tres o cuatro Comunidades Autónomas, o que las Comunidades Autónomas que se constituyeran no agotarían nunca el territorio nacional: pero aunque así hubiera sido, nadie ponía ya en duda a principios de 1981 la extensión del sistema a toda España; y esta convicción exigía una ordenación global del proceso, que no se entendió necesaria, o no fue posible, en 1978. Una ordenación del proceso pendiente, que partiera de los Estatutos ya aprobados y no revisables —por lo menos entonces— y dirigiera la negociación de los nuevos Estatutos hacia un modelo final coherente de Estado, un modelo querido y no confusamente resultante de una serie de iniciativas autonómicas autónomas, si se me permite la aparente redundancia, negociadas sucesiva e independientemente como se deduce del principio dispositivo que establece la Constitución.

Pensaba yo entonces que una ordenación así tendría que ser grata a las Autonomías históricas vasca y catalana, a cuyos Estatutos no podría legalmente afectar: el hecho de que los demás se negociaran dentro de un marco común no haría sino destacar la singularidad de los primeros, fruto de una negociación exenta, y conduciría a una España Autonómica de dos velocidades, como catalanes y vascos deseaban. Pero me equivoqué: ni supimos explicar a Convergencia y al PNV nuestro propósito, ni era posible, probablemente, darles garantías formales suficientes de que aquel esfuerzo ordenador no enervaría el desarrollo (la profundización, como se decía ya entonces) de los Estatutos catalán y vasco. Por ello la LOAPA, según dijo Carrillo con frase feliz, fue concebida en pecado, en pecado de soledad[60]. Una vez más jugaba el hecho originario: el Título VIII y los dos primeros Estatutos eran, a la vez, ambiguos y contradictorios; Convergencia y el PNV esperaban —y esperan aún— ir resolviendo a su favor las ambigüedades y las contradicciones, a lo largo de una serie de pulsos entablados con el Gobierno central y ganados por la tenacidad nacionalista. Años más tarde, dirigiéndose al Parlament de Catalunya en un Debat General sobre l’Estatut (febrero de 1987), Jordi Pujol hablará del techo de sus ambiciones, con la paciencia de quien repite algo de clavo pasado:

«Jo li dic sempre. De 1979 encá… volem el sostre que aquest Estatut, amb les lectures d’aleshores, creiem que assenyalava. I aquest sostre, quin es? És el que resultaría del fet que la Generalitat guanyés tots els recursos al Tribunal Constitucional que nosaltres hem presentat, o que ha presentat el govern central. Aquest és el sostre al qual aspirem». (La cursiva es mía).

A esta aspiración radical no le podía sentar bien el propósito ordenador y racionalizador de la Comisión de Expertos.

«¿Qué tiene que ver el señor Enterría con el Estatut?», me dijo mi buen amigo Miguel Roca el 8 de abril, sumando al recelo que le inspiraban los expertos la santa indignación del creyente ante el exégeta infiel que pone sus manos sacrílegas sobre las Sagradas Escrituras.

No supimos desarmar los recelos de vascos y catalanes, que fueron los más eficaces opositores de los Pactos Autonómicos —unos pactos, sin embargo, pensados para los demás y que podrían haberse administrado como consagración de la preeminencia catalana y vasca en la naciente España de las autonomías. Yo, sin embargo, no regateé esfuerzos, fundados en la excelente relación personal que de tiempo atrás tenía con Jordi Pujol y Miguel Roca, y en la admiración no exenta de envidia que siempre he sentido por la capacidad política del President de la Generalitat.

Pujol fue el primer político ajeno a UCD a quien recibí en la Moncloa, antes incluso que a Felipe González; vino a mi despacho oficial a las doce de la mañana del martes 4 de marzo, cinco días después de haber yo jurado como Presidente del Gobierno en la Zarzuela[61]. Y volví a recibirlo el 8 de abril, para decirle quiénes iban a formar parte de la Comisión de Expertos: en esta segunda ocasión se manifestó vehementemente contrario a la idea misma de la Comisión, con una claridad cortés y agria:

«La Comisión no hace falta —me dijo— y, además, se dedicará a proponer leyes de armonización contra nosotros. Te recuerdo que el Título VIII no es de Convergencia, sino de UCD y del PSOE: Convergencia quería un proceso autonómico de dos velocidades. Cuando salga de aquí, tendré que decir a la Televisión que las cosas no van bien».

Esta última sería, en adelante, su queja sistemática al salir de mi despacho cada vez que vino a verme, incluso un día en que pude contestar con un sí a las tres reclamaciones que me hizo. Pujol ha utilizado, con inteligencia y eficacia extraordinarias, el conocido argumento de la paloma de Kant que veía la resistencia del aire como un obstáculo, y no como la causa posibilitante de su vuelo. Pujol, y los nacionalistas en general, pero Pujol de manera eminente, se quejan por principio, y menos ingenuamente que la paloma, del obstáculo que es para ellos el Gobierno de Madrid, aunque saben muy bien que ganan las elecciones precisamente por la habilidad con la que administran ese obstáculo. Cuando ya no era yo Presidente del Gobierno coincidí con Pujol en el Palacio Real y le saludé diciendo:

—«Buenos días, Presidente, ¿cómo te va?»

—«Siempre lidiando problemas con el Gobierno de Madrid».

—«Y el día en que no los tengas ¿seguirás gobernando tan cómodamente en Barcelona?»

El Rey, que practica una cordialidad peripatética en los actos sociales, se había acercado a nosotros sin que lo advirtiéramos y tuvo tiempo de oír el breve diálogo; me pareció atisbar un esbozo de sonrisa regia (casi inconstitucional), que Su Majestad cortó inmediatamente para imponer otra conversación. Mis relaciones con Pujol y con Roca fueron frecuentes durante el largo proceso de los Pactos Autonómicos: Pujol vino muchas veces a la Moncloa; Miguel Roca hablaba conmigo en los pasillos del Congreso; yo hice varias visitas a Barcelona y nos cruzamos algunas cartas. Copio un párrafo revelador de la muy larga que fechó el Presidente de la Generalitat en Barcelona el 15 de abril de 1981:

«No pretendo negar que seguimos viendo con prevención la Comisión de Expertos. Pero, por supuesto, aceptamos tu invitación a participar en la discusión política que va a tener lugar a su entorno… (aunque) tenemos claros indicios de que existe el deseo de desprestigiar a Cataluña, de renovar el proceso de erosión a que ha estado sometida y a marginarla. Sé que éste no es tu propósito ni el de tu Gobierno, pero el clima que se está intentando crear podría incidir negativamente, y creo que injustamente, en las decisiones que afectan a Cataluña… Reitero nuestra voluntad de aplicar la política que nos marcó Cambó: queremos para Cataluña libertad, y para España la grandeza».

Los párrafos revelan una desconfianza que sin duda Pujol vería también en mi actitud: la vieja desconfianza histórica entre Madrid y Cataluña. Subrayo la prevención catalana hacia la Comisión de Expertos, que apenas había comenzado sus trabajos; y el temor a campañas contra Cataluña, que existen o se están creando (sin que se sepa quién es el responsable de esa existencia, o del verbo crear, escrito en el modo siempre elíptico de la pasiva refleja). Y evoca también la carta uno de los centros permanentes de discusión en esta materia: el papel de Cataluña y el de España. La bella fórmula de Cambó (político para mí ejemplar y admirable, desde que leí y anoté los volúmenes de Jesús Pabón) casi me parece en la cita de Pujol una versión ennoblecida del famoso «pacto nefando». La conjugación de Bismarck y Bolívar (Bismarck de España y Bolívar de Cataluña) que Alcalá Zamora veía imposible en Cambó, sigue siendo posible en el ánimo de las mejores cabezas catalanas de hoy, y seguimos sin entenderla bien desde Madrid. Miguel Roca se refiera a ella extensamente en la carta que me escribió a la Moncloa el 26 de junio de 1981, a punto de ausentarse él «durante un mes fuera de España». La carta me pareció dura, viva y, a veces, áspera: «Es una carta catártica —dirá hacia el final— en la que me libero de muchas inquietudes». Entre ellas, la del papel de los catalanes en la política española:

«… En conclusión, se quiere aparentar (otra vez la pasiva refleja) la imagen de que España no es nuestro problema; no debería importarnos ni el modelo de Estado, ni el modelo de sociedad, ni sus relaciones exteriores… Se nos quiere limitar exclusivamente a Cataluña, para denunciar después nuestra falta de solidaridad…»

Le contesté casi a vuelta de correo:

«Sé que no leerás esta carta hasta dentro de un mes, pero quiero contestarte inmediatamente para que tengas mi primera reacción. Comprendo tus razones, aunque no creo que tengas razón. He procurado siempre informaros a Jordi y a ti de los grandes problemas que me preocupan. Y en el problema específico de las Autonomías, os he enviado al mismo tiempo que a los demás partidos políticos el Informe Enterría, pidiendo vuestras observaciones; otros partidos las han enviado[62] pero vosotros no: más bien habéis manifestado vuestra disconformidad con la creación de la Comisión de Expertos, y vuestro desinterés por los problemas generales del Informe, y habéis centrado vuestra preocupación en lo que pudiese afectar a Cataluña. No os hemos tratado en este tema de distinta manera: tal vez os habéis comportado vosotros de manera distinta…»

Podría haberle recordado nuestra reunión en mi despacho de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno el martes 3 de febrero del mismo año 1981, recién designado yo por mi partido (el viernes 30 de enero) como sucesor de Suárez, cuando le pedí el voto de la Minoría Catalana para mi investidura:

—«Miguel, espero que me votéis y que pueda ser elegido en la primera votación».

—«Leopoldo, eso depende».

¿De qué dependía? De un compromiso mío en materia autonómica. De un compromiso mío sobre la profundización del Estatuto. Yo le dije que no podía pagarle en términos de Título VIII de la Constitución, que prefería —si ése era el precio— ser suspendido en la primera votación como candidato y aprobar en la segunda (Fraga me había dicho la noche anterior que no me daría su voto). Yo había acotado para Roca buena parte de la mañana, excusando mi presencia en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que se reunía a las diez y media. Pero nuestro diálogo fue tan breve que pude presidir la Comisión desde el principio.

Vino a mi memoria, mientras la presidía sin atender, la reunión constituyente del que iba a ser el Gobierno Aznar, último de la Monarquía, en el despacho de Berenguer el 17 de febrero de 1931. Bertran i Musitu asistía a ella en representación de Cambó —ya enfermo— y con una nota suya escrita «des del llit» en la que exigía, para que la Lliga participase en el Gobierno, que éste se comprometiera, «a concedir 1’Autonomía de Catalunya»[63]. La Monarquía de Alfonso XIII agonizaba en la calle, en los despachos oficiales y en Palacio, y el propio Cambó desfallecía en la habitación de un hotel, pero las instrucciones que daba a Bertran eran terminantes: no habría participación de los catalanes en aquel intento desesperado de salvación sin un compromiso previo sobre el Estatuto Catalán. La mayoría de los reunidos en Buenavista se resistía «a convenir bajo tal presión en cosas (que podían ser) opuestas al interés nacional»[64]. Sólo el pragmatismo de Romanones, verdadero director de aquel cotarro, le permitiría llevarse el gato al agua «venciendo las repugnancias que algunos sentíamos y la natural resistencia a aceptar las condiciones que los catalanes nos imponían»[65].

La historia será maestra de la vida; pero si yo no hubiera leído demasiada historia, quizás habría vuelto de mi decisión para llamar otra vez a Roca y convenir con él. Ni 1981 era 1931, ni Pujol era Cambó. Un acuerdo con la minoría catalana hubiera cambiado el signo de mi Gobierno. ¿O quizá no?

Mi amistad y mi estimación por Roca no sufrieron después de aquella escena. Meses más tarde le preguntaba si quería ser Ministro en mi segundo Gobierno: pero no insistí bastante, ni formalicé la propuesta. Fue una lástima.

El papel de Cataluña en España subyace, como problema, en la «operación Roca» de 1986; que debió llamarse, realmente, «operación Pujol». Iba dirigida a la «España grande» desde la «Catalunya libre»; la «España grande» no la entendió. Se puede analizar largamente el problema: siempre quedará un residuo insoluble, no analizable ulteriormente. Ése es el verdadero hecho diferencial.

Me he detenido largamente en mis relaciones con la minoría catalana durante la gestación y el cumplimiento de los Pactos Autonómicos. Con Arzallus y Garaicoechea no hablé tanto, seguramente porque no preexistía una relación de amistad personal como con Pujol y Roca; por la misma razón el diálogo fue menos abierto y me atrevo a decir que menos franco. El PNV se opuso también —y más radicalmente, si cabe— a los Pactos Autonómicos, pero dio la impresión de abandonar en manos de CDC la vanguardia pública de esa posición institucional[66]: a mí me hablaba Arzallus más de un pretendido «parón autonómico» que de la Comisión Enterría, y me enviaría diligentemente sus comentarios —negativos— al Informe poco después de que se lo hiciera llegar. Mis conversaciones con Garaicoechea acababan siendo monográficas sobre terrorismo y orden público y no faltó alguna vez en ellas una violencia verbal que nunca se dio con los catalanes[67]. Conviene recordar que la posición del PNV en tal delicada cuestión no había llegado entonces a la mayor claridad que alcanzaría más tarde: yo tuve que arrastrar literalmente a Garaicoechea conmigo al primer entierro en Bilbao de dos policías nacionales asesinados por ETA durante mi mandato. Le presté incluso una corbata negra que se puso obediente, para quitársela poco después con la excusa de que desentonaba.

Al PC y a AP les molestó desde el principio la colaboración Gobierno/PSOE: Carrillo se retiraría de los Pactos a última hora, amparando inteligentemente su retirada en la posible inconstitucionalidad de la LOAPA. Fraga no asistió nunca a las reuniones preparatorias convocadas por mí: primero enviaba a Carro y más tarde a Lapuerta, devaluando ostensiblemente la representación; Lapuerta abandonaría horas antes de firmar, sin explicaciones. A Fraga lo han descolocado siempre las acciones prudentes del Gobierno: tenía que estar conmigo en los Pactos Autonómicos, y con González en la OTAN o en el 14 D: y no estuvo. Suele predominar en él la oposición sobre la posición y, a veces, el temperamento sobre la inteligencia.

Ciertamente, después del fracaso inicial con los nacionalistas no parecía necesario, ni aun conveniente, envolver el acuerdo Gobierno/PSOE en un ámbito aparentemente mayor: de ahí que la fase final de las negociaciones que darían lugar a los Pactos se celebrara en mi despacho entre González, Guerra, Martín Villa, Arias Salgado y yo. Nuestra negociación en ese círculo restringido estropeó técnicamente el texto que nos había propuesto la Comisión Enterría, y sobre todo el articulado de la LOAPA: este último sufriría aún más a manos de la Comisión Parlamentaria que lo dictaminó. En los últimos días de Julio (los Pactos se firmaron el viernes 31) intenté llevar a la mesa de negociación con el PSOE algunas propuestas transaccionales que me había enviado Roca: la posición de Guerra fue de cerrada negativa. Me sorprendió su rigidez: pensé que se temía un acercamiento electoral UCD/CiU —tan plausible como inalcanzable entonces.

Tuve especial interés en urgir la entrada en liza del Tribunal Constitucional. En este punto discrepaba de una opinión muy en boga desde 1979, según la cual no debían trasladarse al Tribunal los problemas políticos derivados de la ambigüedad del Título VIII. Como me parecía insensato proponer una reforma de la Constitución, e imposible replantear un consenso que ya había sido insuficiente en el debate constitucional y en el de los Estatutos catalán y vasco[68], no me quedaba otro camino que ir por la senda parlamentaria, de acuerdo con el PSOE, hasta donde fuera constitucionalmente posible, y urgir, pasándome un poco, la última palabra del Tribunal Constitucional. Y así lo pacté con Felipe González quien en el primer día del debate en Pleno de la LOAPA propuso al Gobierno, de acuerdo conmigo, «que tenga la paciencia de empezar a aplicar esta Ley a partir de la resolución del Tribunal Constitucional» porque, al terminar el debate, va a haber «una clara voluntad» de acudir a él. Rafael Arias Salgado, en nombre del Gobierno, aceptó inmediatamente su propuesta. La Disposición final l.a de la LOAPA diría: «La presente Ley entrará en vigor a los cinco meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado»[69].

Y el Tribunal entró en liza. La sentencia se hizo esperar un año. Acababa yo de perder las elecciones de octubre cuando coincidí con García Pelayo, Presidente del Tribunal, en un acto público:

«¿Habéis visto muchos pecados en la LOAPA?», le pregunté. «Algunah cosiyah», me dijo, con su acento del sur pasado por ultramar, mirándome de soslayo y displicentemente.

Esas cosiyah dieron, y darán, mucho que discutir a los políticos y a los juristas. Cuando llamé a Enterría para constituir la Comisión de Expertos (18 de marzo de 1981), el Tribunal Constitucional era nuevo en la plaza: había dictado sólo dos sentencias, de ellas una sobre cuestiones autonómicas[70]. Cuando se hizo pública la sentencia de la LOAPA (5 de agosto de 1983) eran veintisiete las ya dictadas por el altísimo Tribunal, la mitad sobre problemas de las Autonomías[71]. Sin duda los Pactos y la LOAPA sirvieron para estimular su trabajo en tan incómoda cuestión: al menos esa eficacia mayéutica sobre el Alto Tribunal no podrá negársele a mi iniciativa.

La famosísima Sentencia declaró insconstitucionales buena parte del Título I de la Ley y su carácter orgánico y armonizador. No añadiré yo a mi insolencia de entonces (como Presidente del Gobierno que invadió un terreno acotado para el Tribunal) una insolencia mayor invadiendo ahora (como Ingeniero de Caminos que discrepa de una Sentencia inapelable) el coto sagrado del Derecho constitucional. Son ya numerosos los estudios que han publicado los juristas. Me atreveré sólo a esbozar algún comentario político.

En el momento en el que se dicta la Sentencia (dos años después de los Pactos Autonómicos), el Título I es ya casi inútil; en primer lugar porque ha terminado la elaboración de los Estatutos, y en segundo lugar porque sus criterios han sido tratados por el Tribunal en sentencias dictadas durante ese plazo, sin rectificar por cierto uno solo de los contenidos materiales de la ley, sino confirmándolos y desarrollándolos con la mayor precisión que la jurisprudencia puede tener, al referirse a casos concretos, en relación con la Ley misma. La supresión parcial del Título I, cuando ya no hacía falta, ha tenido ventajas políticas porque la norma, incorporada a las disposiciones autonómicas de los doce Estatutos elaborados durante mi Presidencia, hubiera resultado para los nacionalistas inútilmente molesta. Como dijo con precisión el Diputado Marcos Vizcaya, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, en el Debate de Totalidad de la LOAPA:

«… (La LOAPA) es una Ley innecesaria precisamente por llegar tarde. Antes de que esta Cámara… tenga conocimiento (de ella)… la LOAPA ya es una realidad en la práctica estatutaria… Con la LOAPA ha pasado al revés que con el Cid, que ganaba batallas después de muerto. La LOAPA ha ganado batallas antes de nacer». (La cursiva es mía)[72].

Éste es el mejor elogio posible a la LOAPA.

El Informe Enterría, y luego los Pactos Autonómicos, tuvieron la virtud de cerrar la situación abierta por la dramática negociación de los Estatutos Vasco y Catalán, y que corría el riesgo de prolongarse en cada una de las discusiones de los Estatutos restantes por la inevitable puja que la rivalidad electoral entre los partidos había comenzado a establecer en los debates estatutarios; rompieron además el tabú que venía pesando sobre la cuestión autonómica, la presunción de intocabilidad que la protegía y que enarbolaban con el fervor del creyente los nacionalistas; permitieron la elaboración pacífica y unánime de doce Estatutos y el cierre del mapa autonómico de España: mapa destinado a durar, asi lo espero, tanto como el de Javier de Burgos que dibujó la estructura provincial; y sosegaron, en fin, el proceso autonómico, todavía hoy in fieri pero que discurre ya por cauces normales. Además, y sin contradicción real con lo anterior, la Sentencia dio seguridades a los nacionalistas sobre el rango de los Estatutos y contribuyó al arraigo de esa Institución clave que es el Tribunal Constitucional.

Al mantener el carácter orgánico de la Ley, sabiendo que era jurídicamente vulnerable, mi Gobierno pretendía echar un cerrojo de seguridad a los Pactos Autonómicos, vinculando a UCD y al PSOE en una mayoría cualificada, y facilitar al mismo tiempo la interposición del recurso previo de inconstitucionalidad. Tan claro era mi deseo de que entrase en liza el Tribunal que pensé seriamente en que el Gobierno mismo interpusiera el recurso: una nota de mi directo y dilecto colaborador en la Presidencia Manuel Villar Arregui, lúcida y brillante como todas las suyas, me convenció de lo extrañamente autocrítica y penitencial que hubiera parecido tan rebuscada iniciativa.

Por cierto que el propio Marcos Vizcaya acertó una vez más al expresar así la preocupación de los nacionalistas por esa entrada en liza del Tribunal Constitucional, animada desde los Pactos:

«… Yo creo que sería también muy importante… llegar a un acuerdo sobre lo que se somete al Tribunal Constitucional, (sobre) cuál es el contenido que se plantea ante el Tribunal Constitucional, porque —y yo quiero dejarlo aquí bien claro— una cosa es que el Tribunal incida en los conflictos que se vayan planteando a medida que se vayan aplicando determinados artículos de la LOAPA, y otra cosa es que echemos sobre las espaldas del Tribunal Constitucional la responsabilidad política y las consecuencias políticas de esa Ley…»[73].

Aquí resuena la tesis, muy razonable y muy en boga entonces como ya he dicho, según la cual debíamos ser los políticos, y no el Tribunal, quienes completáramos el impreciso dibujo del Título VIII.

La LOAPA, en suma, jurídicamente vulnerable y vulnerada, fue políticamente saludable, y contribuyó a la definición y a la salud de la España de las Autonomías, enferma de ambigüedad, de indefinición y de sacralización antes de la Ley, algo más sana desde entonces y definitivamente trazada.

Y quiero añadir, me atrevo a añadir, un comentario personal, menos fundado que malicioso, sobre la que fue para mí vehemente sospecha en 1981, 1982 y 1983. Antes he escrito que preferí en la Comisión de Expertos un color administrativista a un color constitucionalista; y que esa preferencia me costó cara. Con el máximo respeto a las personas diré que la Sentencia de la LOAPA se puede mirar también como un inteligente desquite de politólogos enojados.

Un dato posterior vino a animar esa sospecha. El Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales fue concedido el 22 de junio de 1984 a Eduardo García de Enterría, en reñida votación final en la que obtuvo siete votos frente a los cinco de Ramón Carande. Presidía el Jurado Manuel García Pelayo, Presidente también del Tribunal Constitucional y eminente politólogo. Cuando el Jurado, resuelta ya la votación, procedió a redactar las breves líneas en las que se acostumbra a motivar el premio, parece ser que hubo una primera redacción que calificaba a Enterría como «profesor y jurista de reconocido prestigio en España y en el extranjero… con marcada influencia en la renovación científica del Derecho Público…». Lenguas anónimas cuentan que, llegando a este punto el Secretario en su lectura del proyecto de Acta, el doble Presidente García Pelayo interrumpió vehementemente para rechazar que se atribuyese a Enterría la renovación del Derecho Público, precisando que le parecía más ajustado a la realidad localizar su labor científica en el Derecho Administrativo; se aceptó la corrección, bien que añadiendo «… y en el enfoque de otros sectores del Derecho Público». No pude evitar entonces, ni ahora al rememorar el presunto incidente, una sonrisa que nace de la Sentencia de la LOAPA.

* * *

Enfriado el debate autonómico después de la sentencia famosa, vuelve a encenderse seis años más tarde, y alcanza una nueva cima con las mociones de autodeterminación aprobadas por los Parlamentos Vasco y Catalán en diciembre de 1989 y febrero de 1990. No es ajena a ese reverdecimiento la catarsis histórica desencadenada en los países del Este europeo, y los espasmos nacionalistas que la acompañan. También la ebullición de nacionalidades que siguió a la caída del imperio austro-húngaro en 1918 relanzó, en Cataluña y en Madrid, la polémica sobre el Estatut; hay un debate famoso en el Congreso de los Diputados, a finales de octubre de aquel año, que enfrenta a Cambó con Alba y precipita la crisis del Gobierno Nacional. Hoy, en circunstancia internacional análoga, vuelve a plantearse, como entonces, la cuestión permanente de Cataluña en España. Sobre ella dije unas palabras presentando a Miguel Roca en la tribuna del Club Siglo XXI el 20 de octubre del 89, pocas semanas después de los incidentes que se produjeron con motivo de la inauguración por Sus Majestades los Reyes del Estadio Olímpico de Montjuich. Copio algunos párrafos de aquella intervención para cerrar con un comentario actual este capítulo retrospectivo sobre la inacabada historia de la España de las Autonomías.

«Si al llegar el régimen que ha de sustituir a la Dictadura no se va lealmente a la solución del problema catalán, la inmensa tarea de iniciar en España la instauración de un régimen democrático será perturbada por el problema de Cataluña. Los catalanes, en vez de aportar su concurso a la estructuración de España, se verán condenados a la triste misión de perturbarla… y el necesario concurso catalán se convertirá en una dificultad más que añadir a las existentes».

«Esto dejó escrito Francisco Cambó hace 60 años, cuando agonizaba la dictadura Primo de Rivera, en la página final de su opúsculo “Por la Concordia”. Pero el párrafo pudo también haberse escrito en los últimos años del régimen del General Franco, cuando empezaba la transición a la democracia. El hecho de que un texto político soporte sin envejecer medio siglo prueba la hondura y la permanencia del problema catalán».

«La hipótesis amenazadora y pesimista de Cambó se hizo realidad en 1931, cuando la primera transición política española: estuvo presente en la carta escrita por Cambó “des del Ilit” y llevada por Bertran i Musitu a la reunión preparatoria del último Gobierno de la Monarquía; y se habría de cumplir, con grandísimo disgusto de Cambó, en la proclamación por Maciá de la República Catalana pocos meses más tarde».

«Las cosas transcurrieron de manera radicalmente distinta en la segunda transición, la que nos ha conducido desde el régimen franquista hasta la Monarquía parlamentaria. La hipótesis de Cambó no se ha cumplido. El problema catalán se abordó desde el principio lealmente —aunque quizá también confusamente— con el nombramiento de Tarradellas, con el Estatuto y en la Constitución. El concurso catalán a la instauración de la democracia encontró un cauce eficaz en Miguel Roca, ponente constitucional. Pero sigue siendo lícito y útil preguntarse por la evolución del problema en los mismos términos de Cambó. ¿Ha recibido la transición política todo el concurso que cabe esperar de Cataluña? ¿En qué medida el problema catalán todavía perturba la estructuración de España, como temía Cambó?») Hasta aquí la cita.

Mi respuesta a esas preguntas no podía ser satisfactoria en 1982, ni lo es 8 años más tarde. Había entonces, y sigue habiendo ahora, un problema catalán que perturba la construcción de la España democrática, al menos en la misma medida en que desde Cataluña se ha colaborado a ella. Los últimos episodios (prefiero llamarlos con ese sustantivo ligero) de Montjuich y de la autodeterminación muestran que la antigua polémica sobrevive.

Cataluña tiene hoy una autonomía que no pudieron soñar la Asamblea de Parlamentarios en 1917, ni las Constituyentes en 1931, ni Jordi Pujol en 1975; y esa autonomía real ha sido querida y votada por las más importantes fuerzas políticas y sociales de España. Sin embargo, para los nacionalistas «no ha llegado aún el verdadero cambio político», el que «se producirá el día en que el catalanismo participe en el gobierno de España»[74]. Yo quise, cuando podía hacerlo, que un catalanista de pro fuera Ministro en mi Gobierno: es verdad que no puse por mi parte el empeño necesario; pero también es verdad que Miguel Roca pensaba entonces que tenía que reclamar, como contrapartida, un trozo del Título VIII, porque seguía viendo el Título VIII como una cuestión previa. Y ahí me parece que le faltaron generosidad política y grandeza de hombre de Estado.

España necesita y merece la colaboración catalana, sin el Título VIII como eterna cuestión pendiente: porque esa cuestión ya no está pendiente, está resuelta con lealtad en lo esencial, y no debería perturbar, ni siquiera venialmente, la construcción de la Monarquía parlamentaria, en cuyo edificio falta sólo por ajustar el sillar nacionalista.

VIII
LA POLÉMICA ATLÁNTICA

La polémica atlántica atraviesa de cabo a rabo mis años en la Moncloa, continúa ocupando la escena política hasta 1986 y se acaba convirtiendo en una de las encrucijadas principales del posfranquismo. Con ella termina la etapa ideológica del PSOE, desfallece Fraga, renace la verdadera izquierda y España se desprende de su romanticismo en política exterior para aceptar el papel secundario, escasamente original, propio de una potencia media en este alborotado fin de siglo. Obligado por la cuestión Atlántica Felipe González culmina su paso «de la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad», y hace buena la tesis de que no es la opinión pública la que inspira a los medios de comunicación y a los partidos, sino que son los partidos y los medios quienes fabrican la opinión. A partir de esa tardía conversión del PSOE, España deja, por fin, de ser distinta y entra en el juego aburrido de la incipiente comunidad occidental, salvo esporádicas fintas exteriores de pandereta y de navaja en la liga con las que Alfonso Guerra entretiene a la franja izquierdista de su electorado, a costa de algún que otro jirón de prestigio nacional.

Habíamos alcanzado ya en 1982, con la entrada en la Alianza, nuestro final de la historia —una historia de sobresaltos internos y miserable aislamiento exterior que duraba ya dos siglos. La España que salió a principios del XIX de la escena internacional, siendo todavía un primer actor, había vuelto a ella aceptando el papel, ya no protagonista, que le corresponde hoy; pero aún tendría que debatirse hasta 1986 en una prolongación inútil, nostálgica y anacrónica de la última gran polémica sobre nuestro ser nacional.

Se excita la polémica atlántica el 18 de febrero de 1981, cuando anuncio en el discurso de investidura que me propongo plantear al Congreso de los Diputados la entrada de España en la OTAN; y llega a su cenit con la entrada efectiva el 30 de mayo de 1982 y mi asistencia a la reunión del Consejo Atlántico, en Bonn, el 9 de junio. Este acto solemne, en el que España fue recibida como decimosexto país de la Alianza Atlántica, pudo cerrar la transición política exterior, a la espera de que se completaran las negociaciones para la adhesión a la Comunidad Europea, que yo había tenido el privilegio de iniciar en 1978; pero la contumacia del PSOE prolongaría cuatro años más, sin ventaja para nadie y con perjuicio para todos, el aparcamiento de España extramuros de la comunidad occidental, donde acampábamos por lo menos desde el principio de nuestra guerra civil, por no decir desde principios del siglo XIX.

Ese retraso en la clarificación definitiva de nuestra política exterior no fue debido a razones objetivas y externas, sino a la muy lenta maduración del PSOE y de su Secretario General, Felipe González, que necesitaron ese tiempo para librarse de anacronismos y ataduras dogmáticos, como luego explicaré.

Quienes a mediados de 1976, en el primer Gobierno Suárez, echamos sobre nuestros hombros, la empresa que se llamaría más tarde transición política, sabíamos que había en ella dos capítulos diferentes; uno interior: la devolución a España de las libertades formales; y otro exterior: la instalación de España en el lugar que le corresponde hoy dentro del concierto internacional. Uno y otro capítulo eran asignaturas pendientes del régimen anterior. Sabíamos también que el primer empeño era el más arduo, y esperábamos ingenuamente un éxito fácil en el segundo. Muy pronto vimos que iba a ser al revés: la instauración de la Monarquía parlamentaria quedaba consagrada en diciembre de 1978 por la Constitución, pero nuestra vuelta al concierto internacional, nuestra política exterior, seguirían vacilando ocho años más entre la alineación y el neutralismo, entre occidente y el tercer mundo, entre la utopía y la realidad. ¿Por qué? Una respuesta clara a esa pregunta iluminaría algunas sombras de nuestra historia reciente; voy a intentar esa respuesta sin pretensión de objetividad —que sería vana en quien estuvo demasiado cerca de los hechos como espectador parcial siempre y, en ocasiones, como actor absolutamente comprometido.

Me apresuro a decir que en ese largo trámite de nuestra transición política exterior algo tuvo que ver la falta de una tradición española en el análisis de las cuestiones internacionales; y, como consecuencia, la ingenuidad con la que los primeros Gobiernos de la Monarquía, en los que yo estaba, abordaron el problema. No había entre nosotros experiencia pública exterior, porque la del franquismo había estado muchos años confinada en la retórica hispanoamericana e hispanoárabe. Los empresarios sí la tenían, en su propio ámbito, porque la economía española se había abierto al exterior desde los años sesenta; pero los políticos no, y así pudimos creer que nuestros vecinos de Occidente iban a recibir con alborozo y generosidad la vuelta al redil democrático de la descarriada oveja española, y que las cancillerías iban a degollar el cordero cebado en obsequio del que llegaba, arrepentido y jubiloso, desde las tinieblas exteriores de la dictadura. Naturalmente que no fue así; la comunidad internacional, que es todo menos evangélica, después de quemar un incienso retórico en honor de la nueva democracia española, mostraría pronto el rostro feo de los intereses y de los egoísmos nacionales, y se aprestaría a la defensa de las posiciones cuajadas en los foros y en los mercados internacionales durante nuestra ausencia, y a costa nuestra. Así el Mercado Común, a cuyas puertas llamamos en julio de 1977, nos hizo perder años en maniobras retardatorias, casi siempre de inspiración francesa; así también la OTAN, cuyo entusiasmo por nuestra adhesión fue en todo momento perfectamente descriptible. En ambas Organizaciones los juegos estaban hechos desde mucho tiempo antes de nuestro trámite de ingreso, y los egoísmos nacionales se habían ajustado unos a otros, en una trama tupida que negaba espacio a cualquier aspirante llegado del frío. El interés por la adhesión de España era, tenía que ser, tanto en el Mercado Común como en la OTAN, mucho más nuestro que suyo. En la OTAN y en la CE pesaba más la incomodidad del ajuste necesario para hacernos un hueco que la ventaja de ampliar, con nuestra presencia, el recinto común. Carecía de sentido, por lo tanto, preguntarse qué nos van a dar por nuestra adhesión, o proponer un toma y daca: yo entro en la Alianza y vosotros me admitís en la Comunidad, y me ayudáis a defender Ceuta y Melilla, y me devolvéis Gibraltar a cambio. Sin embargo, éstos eran los términos de la pobre polémica pública sobre la cuestión.

Pese a este panorama pesimista, para mí estaba claro desde 1977 que había que incorporar a España a la Comunidad Europea y a la Alianza Atlántica, porque quedarse fuera era quedarse en las tinieblas exteriores del aislamiento y de la reserva espiritual de Occidente.

¿Lo veía tan claro Adolfo Suárez en los años de su presidencia? Probablemente no. Suárez era un hombre poco viajado y había venido a la vida pública en la situación franquista de horizontes cerrados y de recelo ante las democracias occidentales. Por eso sintió como una bofetada la dureza negociadora de la Comunidad y apenas se interesó por aquel frente incómodo y lleno de complicaciones, del que sólo llegaban demoras y fracasos. Cuando yo informaba al Consejo de Ministros, como responsable de las Relaciones con las Comunidades Europeas, solía Adolfo dejar la presidencia a Gutiérrez Mellado para irse a pasear por el patio de columnas de la Moncloa con algún Ministro político que le hablara de política interior. Sólo en una ocasión a lo largo de tres años de negociaciones conseguí que Suárez fuese a Bruselas: le había invitado el Presidente de la Comisión, Jenkins, a un fin de semana en el castillo de la Hulpe con los principales Comisarios. Adolfo se sintió allí fuera de lugar, aislado por los tecnicismos de la negociación, que la barrera del idioma hacía más arduos para él, aburrido por la presencia de un intérprete (cuerpo extraño en aquella escena au coin du feu e incapaz de traducir fielmente al inglés la cálida seducción del verbo suarista). ¡Cuánta mayor satisfacción la que obtenía Suárez de sus viajes a Hispanoamérica, sin intérpretes, sin intereses contrarios que discutir y vencer, donde le bastaba para el éxito con dejarse llevar por el prestigio que había ganado en España y por la retórica de las cordialidades! O en el mundo árabe, cuya lengua no es vejatorio ignorar, y al que la crisis del petróleo había encumbrado entonces a un efímero protagonismo universal. Suárez volvía, insensiblemente, a las coordenadas franquistas, árabes y americanas, de la política internacional, y descuidaba la transición exterior. Sus íntimos llamaron «síndrome del Estrecho de Ormuz» a esa actitud de Adolfo en sus últimos años: el Presidente había puesto junto a la mesa en su despacho oficial un mapamundi de plástico, iluminado por dentro, y trazaba sobre él trayectorias geopolíticas y geoeconómicas muy alejadas de Bruselas, con un dedo índice que empezaba a cansarse de dirimir peleas fratricidas dentro de UCD.

En cuanto a la Alianza, ya apuntaba en Suárez un cierto antiamericanismo cuando Helmut Schmidt le abrió las puertas de la Casa Blanca para que explicase al Presidente Carter sus ideas sobre Centroamérica; el hecho de que Carter no valorase la opinión de Adolfo (como parece haber valorado Bush la de Felipe González) acentuaría aquel sentimiento suyo hostil a Occidente.

Esta situación personal de Suárez, tan ligeramente esbozada aquí, fue una primera causa del retraso en la transición exterior, que sólo podía orientarse hacia un destino occidental y europeo claramente querido. Corregir y precisar ese rumbo, equivocado e impreciso, fue uno de mis primeros propósitos como Presidente del Gobierno, manifestado ya en el debate de investidura.

Curiosamente, Felipe González tampoco tenía en 1981 las ideas claras sobre política exterior, aunque las razones de su confusión fueran muy distintas que las que confundían a Suárez. El Secretario General del PSOE era europeísta, como toda la izquierda del exilio, y había visto por aquellas fechas confirmada su fe comunitaria con el ascenso de la estrella Mitterrand; pero a la vez que europeísta era antiatlántico. La cosa no venía de muy lejos en el partido de los cien años de honradez, porque el PSOE del exilio, siguiendo a Indalecio Prieto, estuvo siempre a favor de la OTAN, que era una Alianza de países democráticos a la que la España franquista no podía acceder[75]. Brandt, Kreisky y Palme escorarían luego a la Internacional Socialista hacia la neutralidad, que en el sueco era congénita, en el austríaco forzosa y en el alemán hija natural de su Ostpolitik. Aunque España no sufría ninguna de esas tres limitaciones, el PSOE, dócil a la Internacional, fue haciéndose también neutralista por los años setenta. El vigésimo quinto Congreso del PSOE, el que elige en 1974 Secretario General a Felipe González «se declara hostil… a la existencia de bloques militares»; esta posición es todavía utópica, quiere transformar el mundo antes que entenderlo y apenas tiene que ver con la realidad: los bloques estaban ahí tercamente, desagradablemente, y declararse hostil a ellos en 1974 era declararse hostil a la realidad misma. Dos años más tarde, en diciembre de 1976, el vigésimo sexto Congreso del PSOE ya felipista «denuncia la renovación de los acuerdos de bases militares… con los Estados Unidos… en aras de nuestra política de neutralidad»; bien es verdad que el mismo Congreso, todavía en la ética de la convicción, aprueba un comunicado conjunto del PSOE con el Frente Polisario. En mayo de 1979 el vigésimo octavo Congreso declara que «el Partido Socialista Obrero Español se opone al ingreso de España en la OTAN, o en cualquier otro pacto u organización militar basada en la hegemonía». Y en octubre de 1981, a punto de iniciarse en Madrid el debate parlamentario sobre la Alianza Atlántica, el vigésimo noveno Congreso vuelve a oponerse «a la integración de España en la OTAN, por una serie de razones», entre ellas la certeza de que «la ampliación a España de la OTAN provocará la reacción del otro bloque».

Algo sabe de eso Felipe González porque en diciembre de 1977 ha ido a Moscú, acompañado por Alfonso Guerra, y ha suscrito allí una declaración conjunta con el PCUS por la que se compromete a no modificar el equilibrio entre los bloques; es decir, a no entrar en la Alianza. El recuerdo de aquella ligereza irritaría mucho a Felipe González durante años, y esa irritación es una prueba más de su ligereza. Vale la pena de acercar un poco el zoom a esta historia, que fue así: Felipe González y Alfonso Guerra estuvieron en Moscú, invitados por el Partido Comunista de la Unión Soviética, del 11 al 15 de diciembre de 1977; las conversaciones muy largas que mantuvieron con Suslov, miembro del Buró Político y Secretario del Comité Central del PCUS, y con Ponomariov merecieron la primera página de La Pradva del 16 de diciembre, honor sin precedentes en las relaciones de los comunistas soviéticos con los Partidos Socialistas occidentales; hubo un comunicado conjunto, extenso, complacido y sin reservas, con un párrafo muy significativo que decía así en la versión de El Socialista:

«… Las (dos) Delegaciones han reafirmado los criterios de sus partidos acerca de la necesidad de superar la división del mundo contemporáneo en bloques político-militares contrapuestos y se han pronunciado contra la ampliación de dichos bloques».

La prensa y la opinión interpretaron la frase subrayada por mí como un compromiso exterior del PSOE contra la entrada de España en la Alianza Atlántica. Así, por ejemplo, El País de 17 de diciembre titulaba:

«El PSOE aceptó en Moscú no apoyar el ingreso en la OTAN».

A cambio de esta importante concesión, el PSOE obtuvo a partir de entonces una ventaja decisiva en el Kremlin sobre su adversario interior de la época, el Partido Comunista de España.

Marcelino Oreja, Ministro de Asuntos Exteriores, se refería a ese compromiso cuando, en un debate sobre política exterior que tuvo lugar en el Senado, aseguró meses más tarde que el comunicado conjunto «establece de una forma clara y terminante el criterio de ambos Partidos contrario a la ampliación de las Alianzas».

Ni en uno ni en otro caso rectificó el PSOE esa interpretación.

En agosto de 1981 volvió a salir aquella visita a Moscú en un documento interno de UCD, que copiaba un texto publicado en 1977 por Carta del Este; el cronista de UCD llamaba, equivocadamente, pacto secreto al que había sido en realidad un compromiso público. La reacción del Partido Socialista ante esa reedición de un hecho antiguo fue de una violencia asombrosa. Yo recibí en la Moncloa una carta fechada el 14 de agosto de 1981 de cuatro páginas a un solo espacio, en la que Felipe González, tratándome de Señor Presidente y de usted, destapaba una docena de cajas de los truenos para defenderse de la acusación. La carta empieza así:

«Señor Presidente del Gobierno:

Antes de contestar públicamente a la infamante mentira difundida por individuos cualificados del partido gubernamental contra mí, contra el partido Socialista y contra UGT, he preferido escribirle a usted esta carta, cuya copia envío a la Casa Real, al mismo tiempo que le pido tenga a bien transmitirla a los miembros de su Gabinete por estimar colegiada la responsabilidad del Ejecutivo».

A continuación se relatan los hechos arrancando de un Seminario sobre «España y la OTAN» que había tenido lugar el 11 de julio anterior. Siguen dos páginas en las que explica largamente que su moderación no debe entenderse como frivolidad:

«Mi tolerancia se vuelve inflexibilidad cuando alguien me acusa de vulnerar algunos de los principios que considero básicos, pues su conculcación descalifica humana y políticamente a quien la produce. Uno de ellos es la defensa de los intereses soberanos de España, desde una actitud independiente que no se deje influenciar siquiera por los deseos o pretensiones de cualquier potencia extranjera».

«Si alguien va contra ese principio… incurre, a mi juicio, en un delito gravísimo de traición a España que lo descalifica. Yo nunca volvería a tratar con quien esto hiciera y mucho menos a negociar y firmar acuerdos con una persona de esta especie».

«De la misma forma no toleraré bajo ningún concepto que nadie diga de mí que cometí este delito contra mi país… Si esto llegara a ocurrir no volvería a mantener relaciones con quien esto afirmara…»

«En este momento, no soy capaz de prever todas las consecuencias de este hecho repugnante… En todo caso, la reparación no será suficiente ni siquiera con una rectificación pública que espero de Usted y de su Gobierno».

«Sinceramente, quiero decirle que he confiado y esperado que fuese cual fuere el nivel de debate y de discusión política que se produjera entre las fuerzas democráticas que sostienen al Estado, jamás descenderíamos a la guerra sucia, a la infamia, a esa técnica tan conocida y tan alevosamente usada por los nazis y los stalinistas de calumnia que algo queda. Todavía me queda la confianza de que la historia juzgue inexorablemente a los individuos de esta especie como ya lo hizo con los que practicaron estas técnicas destruyendo la libertad y la dignidad de sus países»[76].

Felipe González había perdido el tono y los nervios. La memoria de su ligereza moscovita ¿le estorbaba en un momento en el que ya veía cerca el poder? Estremece la dureza de los últimos párrafos; seguramente Felipe González habrá vuelto las descalificaciones que contienen contra Alfonso Guerra, tan experto en injuriar y calumniar a sus adversarios políticos desde la Vicepresidencia del Gobierno.

Precisamente por aquellas fechas (7 de septiembre de 1981) recibí una comunicación de Leónidas Breznev sobre «Los planes de la entrada de España en el bloque Atlántico». A lo largo del farragoso texto hay amenazas cuya rudeza no pueden disimular ni el lenguaje diplomático ni la mala traducción española que acompañaba al original ruso:

«Si España ingresa en la OTAN surgiría el problema de los aspectos propiamente militares de la situación… Y en estas condiciones la Unión Soviética y sus aliados preocupándose por sus intereses fundamentales incluso los intereses de seguridad serían obligados a sacar conclusiones adecuadas y considerar posibilidades de unos pasos correspondientes».

Llamé al Embajador Dubinin para decirle que daba por no recibido el texto impertinente.

Las primeras señales del que ha de ser un giro copernicano de González, convertido a la ética de la responsabilidad y al atlantismo, se oyen en diciembre de 1984 cuando el trigésimo Congreso dice que «el PSOE reitera su disconformidad con la manera como el Gobierno de UCD decidió la incorporación de España a la Alianza Atlántica, de forma irreflexiva, precipitada y gratuita, rompiendo el consenso». Ahora ya no está el PSOE gobernante contra la adhesión de España al Tratado de Washington, sino contra la manera irreflexiva, precipitada y gratuita de la adhesión. Permítaseme una breve glosa.

¿Irreflexiva la entrada de España en la OTAN? Hombre, no. El mismo González ha dicho en 1986 que se equivocó en 1981, y que una reflexión madura le había llevado a creer que era bueno para España estar en la Alianza: parece claro que irreflexiva, incluso irresponsable, fue la oposición del PSOE a la Alianza desde 1974 a 1986, puesto que una reflexión seria le llevó luego a cambiar radicalmente de opinión sin razones externas a su propia maduración interior[77].

¿Precipitada? Tampoco. Ese adjetivo se coló subrepticiamente en los medios de comunicación a finales de 1982 y no ha habido manera de echarlo de ellos: espero que no se cuele también en la Historia. Porque no se puede calificar de precipitada una decisión que está en los textos constituyentes y electorales de UCD desde 1977, que se comprometió en mi discurso de investidura el 18 de febrero de 1981, que se debatió tres días en Comisión y otros tres en el Pleno por el Congreso de los Diputados a finales de octubre del mismo año, y seis días más en el Senado al mes siguiente, y que fue, por fin, ejecutada por el Gobierno que yo presidía el 30 de mayo de 1982. Cinco años de precipitación parecen muchos años, sobre todo si se piensa que España llevaba treinta de retraso.

En cuanto a lo de gratuita, sólo los aficionados a la política internacional creen, según antes he dicho, que es una feria de toma y daca. Teníamos que entrar en la Alianza —como en la CE— sin pedir nada a cambio, forzando la admisión con la denuncia del escándalo que hubiera sido dejarnos fuera.

Afirmar, finalmente, que mi decisión atlántica rompió el consenso es casi una petición de principio. El consenso estaba roto, por lo menos desde la moción de censura al Presidente Suárez en mayo de 1980; además, no hubo consenso sobre la OTAN en 1981 porque el PSOE dijo que no a la Alianza, y si luego ha cambiado de opinión y reconoce que se equivocó entonces, no parece razonable el reproche de infidelidad a un consenso que se hubiera fundado en su propio error.

Sin embargo, esa versión oficial de nuestra adhesión al Tratado de Washington, fabricada en 1982, se sigue repitiendo oficialmente años más tarde y con la misma adjetivación; así ocurre en la Revista Española de Defensa que edita el Ministerio, y que dedicó su número 6 al cuadragésimo aniversario de la Alianza. Por cierto que envié a la revista un moderado artículo de puntualización y fue rechazado por el Director, recomendándome —con las mejores técnicas de la censura— que enviase otro hablando del futuro, y no del pasado; le respondí que daría el artículo a un medio más liberal: el ABC. Como es sabido, la historia la escriben los vencedores[78].

Felipe González ha cantado la palinodia tan palmariamente que pasó en sólo unos meses de denostar a la Alianza a presumir ante el aliado norteamericano de sus buenos servicios a la Alianza. En mayo de 1987 publica el Washington Post una larga entrevista con el Presidente del Gobierno español[79]; dice el entrevistador que el Sr. González «puso mucho énfasis en la colaboración que su Gobierno ha dado a la solidaridad occidental, consiguiendo que un electorado reluctante apoyara en referéndum la permanencia de España en la Alianza». No es fácil faltar más cumplidamente a la verdad. En primer término, porque la convocatoria de un referéndum en materia de defensa atentó al cimiento mismo de la solidaridad atlántica, jamás cuestionada antes por una consulta así. En segundo lugar, porque no era necesario un referéndum para avalar lo que ya había decidido el pueblo español, a través de sus legítimos representantes parlamentarios, en el otoño de 1981. Y por fin, last but not least —para decirlo en la misma lengua del Washington Post—, porque si hubo que corregir en 1986 una opinión pública contraria a la Alianza fue precisamente por la eficacia con la que el partido socialista de Felipe González se había dedicado a fabricar esa opinión en los años anteriores. Explicaré algo más de este último punto.

Los datos disponibles de los sondeos del CIS dan al principio de la transición política un saldo favorable a los partidarios de la Alianza[80]. Esta situación empieza a moverse lentamente a partir de 1977, cuando empiezan también a arreciar las declaraciones del PSOE, en sus Congresos y en la prensa, contra la Alianza y a favor de la neutralidad; la campaña anti-OTAN del PSOE llega a su apogeo en 1981 —invadiendo incluso la Televisión de Castedo[81]— después de haber yo anunciado en el discurso de investidura que tenía la intención de proponer al Congreso de los Diputados la adhesión de España al Tratado de Washington. A partir de entonces se invierte en los sondeos el saldo anterior, favorable, y empieza a ser contrario a la integración de España en la OTAN. Han sido, pues, los socialistas —bien acompañados en este punto por los comunistas y la izquierda extraparlamentaria— quienes han movido a la opinión pública española contra la OTAN y contra la solidaridad occidental. Parece un poco desahogado que el Secretario General del PSOE, que promovió aquella campaña contra Occidente, presuma cuatro años más tarde en la prensa norteamericana de sus servicios a Occidente por haber cambiado una opinión que él mismo había metido antes en la cabeza de muchos españoles[82].

La oposición del Partido Socialista a la entrada de España en la OTAN fue sañuda y sistemática durante el largo proceso parlamentario y político de los años 1981 y 1982. Antes de llegar al debate propiamente dicho hubo que ir ganando, en el Parlamento, una por una, innumerables trincheras defendidas por el filibusterismo del PSOE. El simple examen de las cuestiones previas consumiría varias sesiones. Primero se discutió, bizantinamente, la Comisión Parlamentaria a la que correspondía el dictamen. Una vez resuelta tan caprichosa dificultad (a favor de la Comisión de Exteriores, naturalmente) fue preciso rechazar sucesivas argucias reglamentarias que presentaba, incansable, el hábil portavoz Peces Barba: una impugnaba la convocatoria misma de la Comisión; otra pedía una consulta previa al Tribunal Constitucional sobre nuestra entrada en la OTAN; la tercera dudaba si el acuerdo parlamentario habría de tomarse en los términos del artículo 94 de la Constitución, es decir, por mayoría simple (como proponía el Gobierno) o en los términos del artículo 93, previsto para el Tratado de Roma, que exige mayoría cualificada; la cuarta volvió a exigir una consulta previa y dilatoria al Tribunal Constitucional sobre aquella duda. El Grupo Socialista completaría su obstrucción pidiendo la prórroga de los plazos reglamentarios en todos y cada uno de los distintos momentos procesales que tuvo el larguísimo trámite. Abierto, por fin, el debate en la Comisión, la mayoría que apoyaba al Gobierno tuvo aún que derrotar, sucesivamente, la petición de un referéndum que ratificara la decisión del Parlamento y las numerosas mociones que pretendían sujetar la autorización para entrar en la Alianza a condiciones rígidas. Con un falso patriotismo, que algunos tomaron en serio, pedía el PSOE que se modificara el artículo 5.º del Tratado de Washington para incluir a Ceuta y Melilla en el ámbito territorial de la defensa común; o que, antes de entrar, se obtuviera del Reino Unido la devolución de la soberanía de Gibraltar, y de la Comunidad Europea la aceptación de España como país miembro.

Esta variada carrera de obstáculos enmascaró ante la opinión pública la esencia de la cuestión que se sometía a debate, y que no era otra sino la incorporación definitiva de España al concierto europeo y occidental del que forma parte. La victoria del Gobierno fue muy clara y se alcanzó el 28 de octubre en el Congreso de los Diputados por 186 votos a favor y 140 en contra; y en el Senado el 26 de noviembre por 106 a 60.

Pero la batalla no había terminado: faltaba el acuerdo preceptivo de los 15 países signatarios del Tratado de Washington. Ésta era la penúltima baza del PSOE y en ella confiaba plenamente, sobre todo a partir del triunfo del socialista Papandreu en las elecciones griegas de mayo de 1981. Por entonces veía yo muy a menudo a Alfonso Guerra con ocasión de los Pactos Autonómicos, y en los descansos de la farragosa discusión me solía obsequiar con su mejor sonrisa (cada gesto de su cara es un delito, había dicho Cambó de Romanones con menos fundamento)[83] mientras aseguraba:

—«No lo dudes, Presidente: nunca entraremos en la Alianza Atlántica».

Yo sabía que él pensaba, como yo, en las kalendas graecas, pero a él —tan leído— no se le ocurrió la metáfora. Después de varios meses de incertidumbre, vi a Papandreu en Atenas el 13 de abril de 1982, y me traje la seguridad (tratándose de Papandreu el término seguridad es sin duda excesivo) de que su mayoría parlamentaria daría la aprobación a nuestra entrada en la OTAN, pero sólo en último lugar, cuando la hubieran dado los Parlamentos de los 14 países restantes. Alfonso Guerra no supo esta traición anunciada del querido cofrade griego, y me seguía repitiendo, sonriente, su malicioso pronóstico:

—«Presidente, que no, que no entraremos en la OTAN».

La Historia tiene un final medido al segundo, como los buenos finales del baloncesto. La sonrisa del Vicesecretario General del PSOE se hiela el 27 de mayo: ese día se produce el voto favorable del Parlamento griego. Formalizado el último trámite, recibimos el sábado 29 la invitación oficial de la Alianza para adherirnos al Tratado. La víspera, el sorprendido PSOE había presentado al Congreso una Proposición no de Ley en cuya Conclusión segunda se solicitaba del Gobierno «que no proceda al depósito del instrumento de adhesión de España a la OTAN y, al mismo tiempo (que) el Presidente del Gobierno se abstenga de participar en la reunión del Consejo Atlántico prevista para el próximo 9 de junio», todo ello «ante la ausencia de garantías en las negociaciones bilaterales con Inglaterra para la recuperación de Gibraltar». La Conclusión tercera remacharía aún «que por el Gobierno español se comunique a todos los Gobiernos de los países miembros de la OTAN su firme decisión de no adherirse a la Alianza Atlántica hasta que no se obtengan garantías completas por parte de Inglaterra en torno a la recuperación definitiva de Gibraltar para la soberanía española».

El viernes 28 el Consejo de Ministros, a propuesta mía, acordó presentar en Washington el Protocolo de adhesión al Tratado. Aunque no era probable que un debate nuevo invirtiese el resultado de la votación de octubre, se corría el riesgo de graves complicaciones porque el PAD de Fernández Ordóñez, recién constituido, anunciaba aquel mismo día en la prensa su posición favorable a la propuesta socialista, y Suárez —que estaba clueco incubando con sus fieles el huevo del CDS—, manifestaba también sus reticencias sobre la Alianza. Ni que decir tiene que UCD sobrevivía en plena descomposición al fracaso de las elecciones andaluzas y que nadie sabía ya cuáles eran los efectivos fieles del Grupo Parlamentario. Así las cosas di instrucciones al Ministro de Asuntos Exteriores para que ejecutara inmediatamente el acuerdo del Consejo de Ministros presentando el Protocolo de adhesión el domingo 30 de mayo de 1982 (porque el lunes 31 era el Memorial Day, festivo en Washington).

La Mesa del Congreso de los Diputados se reunió el 1 de junio, como todos los martes, y acordó admitir a trámite la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se publicaría en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 17 de junio. El debate ya no tuvo lugar, y no volvería a hablarse de política exterior en el Parlamento hasta el 5 de febrero de 1986, con motivo de una Comunicación del Gobierno sobre política de paz y seguridad.

Ésta de la OTAN fue una de las pocas batallas que le gané a Felipe González. Como en 1986 el Presidente del Gobierno cantaría la palinodia pasándose a mis posiciones, la victoria del 1982 se ha quedado en una victoria sin enemigo. Pero en su día fue política y parlamentariamente cruenta.

No jugó sólo el PSOE al travestido en la cuestión atlántica, haciendo un giro copernicano sobre sus posiciones históricas: la confusión alcanzó también a la derecha, a Alianza Popular, que propuso la abstención a sus electores en el referéndum del 1986. Es cierto que la pregunta del referéndum era una trampa diabólica y que no dejaba a la derecha ninguna salida airosa: el sí hubiera sido ad maiorem gloriam del Presidente González, pero la abstención, o el no, traicionaban las más antiguas convicciones conservadoras sobre política exterior; había que elegir, como tantas veces en política, entre dos cosas malas, y Fraga eligió la peor. Los españoles fuimos a un referéndum inútil y arriesgado con el primer partido de la izquierda pidiendo el sí a la OTAN y con el primer partido de la derecha pidiendo la abstención. Se olvidó pronto aquel irresponsable rigodón de travestidos: pero pudo costarnos muy caro. Y probablemente a Fraga le costó su liderazgo nacional.

Ya en el trámite parlamentario de 1981 la actitud de AP había complicado las cosas: Fraga quería, patrióticamente, que la autorización al Gobierno para suscribir el Protocolo de adhesión al Tratado de Washington se diese por el Congreso condicionada a la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar; ello hubiera supuesto el retraso sine die de la entrada en la OTAN. Hubo que aprovechar una ausencia de Fraga en Galicia (el debate coincidía con la campaña de las elecciones gallegas) para convertir, salvando sinuosas dificultades reglamentarias, la condición suspensiva en una recomendación; con todo, el representante de AP en Comisión de Exteriores, Antonio Carro, llegaría tarde a la reunión del jueves 8 de octubre, que trató la cuestión, y no participó en el debate sino para explicar, ambiguamente, su voto.

Esta curiosa actitud de AP no fue obstáculo para que Fraga se apuntase al éxito del Gobierno mostrándolo como un fruto de la mayoría natural[84] y llegara luego a convencerse de que la entrada en la OTAN había sido’ más bien obra suya y no del Gobierno que presidía yo[85]:

Al mirar desde 1990 esta ceremonia de la confusión parece como si se tratara de un hecho muy lejano: tan rápido ha sido el cambio de los últimos meses en la escena internacional. La conversión a la democracia de los países del Este ¿dejará colgadas en el aire las alianzas a un lado y a otro del derruido muro de Berlín? Sin duda será preciso revisar el papel del Pacto de Varsovia y de la OTAN, pero ¿habrá perdido en tan breve tiempo todo su sentido la polémica atlántica? ¿Han dado la razón los hechos recientes a quienes dijeron en el 1981 que no merecía la pena incorporarse a una Alianza obsoleta y próxima a su fin?

No lo creo. La reunión del Consejo Atlántico del 15 de diciembre de 1989 vino a sostener —con el apoyo explícito del Presidente González— que «en estos tiempos de cambio, llenos de incertidumbre, la Alianza sigue siendo la garantía más firme de la paz», como «sigue siendo esencial la solidaridad entre las democracias de América del Norte y de Europa occidental en el marco de la Alianza». Al mismo tiempo, «la Alianza tendrá que ejercer cada vez más sus funciones políticas», ya previstas en el Tratado del Atlántico Norte, «… utilizando con imaginación sus recursos al servicio del cambio político en la estabilidad…» «Nuestra Alianza aportará (así) una contribución esencial al advenimiento de una Europa no dividida».

Me atrevo a recordar que ya en la presentación parlamentaria del Tratado del Atlántico Norte (octubre de 1981) me había yo adelantado a responder al argumento de la obsolescencia, sin adivinar —naturalmente— la perestroika. No resisto a la tentación de citarme por extenso:

«Podría sugerirse la tesis de que ya no es tiempo de integrarse en la Alianza Atlántica porque la Alianza, que tiene treinta y dos años, acaso haya cumplido su función y necesite ahora una puesta al día; y ciertamente se dice que podríamos ahorrarnos la entrada ahora en la Alianza y llegar directamente, como atajando, a una fórmula nueva que comenzaría a dibujarse en el horizonte del futuro… Esa tesis me recuerda aquel antiguo ejemplo del reloj parado que vuelve a marcar la hora exacta doce horas después. Yo no comparto esa tesis. Yo no creo que haya atajos en la Historia. Yo no creo que la Historia vuelva a pasar por un reloj parado. Quedamos un día al margen de la Alianza, en la que normalmente hubiéramos estado, y debemos ahora restituir a España la posición que se le negó entonces, seguros de que nuestro destino está unido al destino de los países occidentales de nuestro entorno, seguros también de que cualquier fórmula nueva en que estos países configuren su colaboración para la seguridad y para la paz surgirá dentro de la Alianza misma y será elaborada desde ella por los mismos firmantes del Tratado de Washington»[86].

Y esto es lo que está sucediendo. Hay una situación nueva, radicalmente nueva, a partir de 1989: y uno de los foros en los que se analiza esa situación y se preparan las respuestas es el Consejo Atlántico. Invito al lector a un ejercicio de historia-ficción muy sencillo: suponga que no estuviéramos en la Alianza cuando se ha producido el rapidísimo deshielo de la Europa del Este. ¿No nos sentiríamos de verdad marginados o, peor aún, marginales en la Europa que nace? Si ya nos acecha la preocupación de que se mueva hacia Oriente el centro de gravedad de Europa y nos deje en una lejana periferia, aun siendo miembros de la Comunidad y de la Alianza, ¿cuál no sería nuestra pérdida de pie si nos hubiéramos quedado voluntariamente fuera de la OTAN y hubiéramos seguido la política exterior autónoma de los no alineados, que preconizaban el primer González y el Morán de siempre?

No. No ha perdido interés ni vigencia la polémica atlántica como ejemplo de la resistencia final de España a reintegrarse en las filas de Occidente y Felipe González lo sabe, y con publicidad discreta reconoce el error de su contumacia antiatlántica, y agradece la herencia de UCD. Sobre todo a partir de 1989 y de la revolución de la libertad en el Este de Europa, que ha dejado al descubierto, escandalosamente, sus posiciones ambiguas de 1981, y todavía de 1984, cuando jugaba a la equidistancia entre el Este y el Oeste, cuando pretendía quedarse fuera de la tensión entre dos modelos de sociedad, como si los dos fuesen igualmente vitandos, si no es que se inclinaba a favor de uno, del que se ha venido abajo con estrépito y al que sonreía costosamente ese Ministerio de Asuntos Exteriores bis que regenta Luis Yáñez. Parece muy lejano, pero hace sólo cinco años que el Vicepresidente del Gobierno español huía de España ante la venida del Presidente Reagan para refugiarse en los brazos de los líderes —hoy devorados por la Historia— de los países del Este. Es la política exterior del PSOE la que ha envejecido definitivamente y, con ella, la serie de regates, distingos y melindres con los que Felipe González pretendió cubrir, y disimular, su espectacular palinodia de 1986, la que llamaría él mismo su conversión weberiana.

Lo que hoy está decrépito no es la incorporación de España a la OTAN que decidió mi Gobierno, sino el pintoresco Decálogo que propuso González al Parlamento en febrero de 1986 y que complicó gratuitamente la diplomacia española durante un lustro. Acerquémonos a él como nos acercaríamos a un daguerrotipo amarillento y abarquillado.

En la sesión del 5 de febrero de 1986 pude aplicar al Decálogo aquel viejo juego de palabras que habla de lo nuevo y lo bueno. «Porque es verdad —dije[87]— que entre los diez puntos del Decálogo hay puntos nuevos y puntos buenos, pero también es verdad que los buenos no son nuevos y los nuevos no son buenos». Entre las cosas aceptables que propuso el Decálogo están, en efecto, la adhesión al Tratado de Washington, la no nuclearización del territorio español y la reivindicación —pro memoria— de Gibraltar, puntos que ya habían sido aprobados a propuesta de mi Gobierno por el Congreso de los Diputados en 1982 y no eran, por lo tanto, nuevos. Y entre las novedades del Decálogo están la no participación en la estructura militar integrada de la Alianza, el acceso a la Unión Europea Occidental y la reducción de las fuerzas americanas en España, novedades que tienen muy poco que ver con el interés real de España y de los españoles.

La primera y la última son una mala imitación de la famosa decisión tomada en 1966 por el General De Gaulle. De Gaulle abandonó en aquella fecha la estructura militar de la Alianza y echó de Francia al Cuartel General de la OTAN y a todos los soldados norteamericanos que de él dependían, para sentarse luego, solo y arrogante, sobre su propia fuerza nuclear, columna vertebral de la defensa francesa. Aquella decisión fue equivocada y había de traer, como tantas otras del General De Gaulle, consecuencias malas para la integración europea; lo que no se le puede negar es dignidad y grandeur. Frente a aquel «váyanse ustedes todos», fue casi patética la exhortación de Felipe González: «Yanquis, váyanse ustedes, al menos unos cuantos». Exhortación que, además, no supuso necesariamente una reducción real de la presencia norteamericana en nuestro país, sino una simple reducción contable, porque nunca se había alcanzado antes de 1982 la cifra máxima de tropas norteamericanas en España que autorizaba el Acuerdo bilateral. La reducción, aunque nominal, de tropas americanas en suelo europeo fue un mal servicio a la solidaridad occidental, que en el año 1986 creía imprescindible la presencia de un contingente norteamericano a este lado del Atlántico y lo defendía frente a las continuas peticiones de reducción del Congreso y del Senado de los Estados Unidos. No se entendió en la Alianza Atlántica, ni en las capitales de los países miembros, aquella propuesta del Decálogo sino en los términos electorales en los que sin duda fue concebida y presentada al Parlamento español. Cuando el Presidente del Gobierno dijo, en las declaraciones al diario El País antes citadas, «para que se entienda, aquí no va a haber nadie que tenga que hacer el servicio militar fuera de nuestras fronteras», tampoco se entendía, ni en España ni fuera de España, sino como un mensaje electoral para madres y novias de reclutas españoles. La posición del Gobierno español era tan rebuscada y sinuosa que obligó a una larguísima negociación en Bruselas antes de obtener el necesario visto bueno del Consejo Atlántico. Pertenecer a una Alianza militar negándose a participar en la estructura militar de esa Alianza, que es su núcleo central, es como aquel pastel de liebre sin liebre del que hablaba teológicamente uno de los personajes de Buñuel. El nacionalismo de ambición que practicó De Gaulle se degradaba, en la imitación española, hasta un nacionalismo de dimisión y de confusión. Afortunadamente el viento de la historia se ha llevado muy de prisa toda aquella hojarasca de distingos, dengues y sutilezas que sólo tuvo por objeto cubrir electoralmente la rectificación del Partido Socialista, incluido nuestro cacareado ingreso en la UEO, instrumento entonces de una Pax francesa con la que ha terminado la realidad inevitable de la reunificación alemana.

Toda la política internacional del Decálogo se ha quedado en una finta sin contenido real ninguno. Ni siquiera permanece una de las razones que se dio para tomar esa distancia de nuestros aliados occidentales: el propósito de acotar para España un ámbito propio de política exterior, de originalidad hispánica, que nos distinguiera de nuestros aliados de la OTAN y de nuestros socios de la Comunidad. El progreso de la cooperación política comunitaria es incompatible con aquella pretendida originalidad, cuya única manifestación externa ha sido alguna votación insolidaria y testimonial en la Asamblea de las Naciones Unidas. Sigue, en cambio, en pie, intacta y vigente, la adhesión al Tratado del Atlántico Norte que propuso al Parlamento el Gobierno presidido por mí.

Me parece que la única interpretación no electoral de aquel Decálogo es la que lo muestra como un último esfuerzo, romántico y anacrónico, para salvar la identidad imperial de España en nuestro proceso creciente de integración a los foros internacionales. Hay en él una nostalgia patética del protagonismo que tuvo España hace siglos y que ahora no puede tener, una falta de aceptación del papel solidario que nos corresponde como miembros de la comunidad occidental, un resto del viejo eslogan que se acuñó para consolación de una España entonces marginada: «España es diferente». Fuimos diferentes durante los tiempos de nuestra decadencia, cuando nos sentíamos despojados, y nostálgicos a la vez, de una hegemonía definitivamente acabada. Nuestra decadencia termina con la integración de España en el grupo de las naciones de Occidente, entre las que están nuestros adversarios históricos de ayer, reducidos hoy, como nosotros, a un papel solidario dentro de la Comunidad Europea o de la Alianza Atlántica. Sobre la decadencia de las sucesivas hegemonías española, francesa e inglesa y el recelo ante una inevitable hegemonía alemana, se levanta la realidad ascendente de una Europa nueva en cuya construcción nos corresponde un lugar destacado, pero escasamente original. La incorporación de España a la Comunidad Europea y a la Alianza Atlántica ha sido el final de nuestra larguísima decadencia histórica y el principio de una manera nueva de ser español. UCD lo supo ver así en 1981; el PSOE necesitó cinco años más, pero parece haberlo entendido ya. Este es el sentido último de la polémica atlántica.

IX
LA TRINIDAD

No es verdad que el político cesante se quede enfermo de melancolía y quiera volver al paraíso perdido. La púrpura del poder es pesada y deja más alivio que nostalgia cuando se pierde. Desconfíen ustedes del Ministro alegre en su poltrona y triste en la cesantía: es que no se enteró bien de su Ministerio, o que no mandaba mucho, o que no merecía ser Ministro. En un sistema parlamentario, el llamado ejercicio del poder se parece mucho al ejercicio funámbulo de la cuerda floja, es una angustia que no cesa, la esperanza de un futuro mejor que no existe, un presente ahogado entre el escozor de ayer y la incertidumbre de mañana. El Ministro, y más el Presidente del Gobierno, son presentes sucesiones de difunto, como Quevedo, y no es fácil que apetezcan, una vez vueltos a la vida real, la resurrección del difunto que fueron.

Mi larga lucha en la arena política (tres Ministerios, una Vicepresidencia y la Moncloa) responde a ese cuadro pesimista del oficio público, salvo en un paréntesis soleado y casi placentero: los tres años de negociación con el Mercado Común, los tres años en los que fui Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas. Probablemente esa excepción se deba al carácter singular que tuvo aquella función negociadora dentro de la Administración Pública. Yo era entonces un Ministro sin Cartera, y eso ya alivia la púrpura. Fui, además, un Ministro esencialmente transitorio, un Ministro de contrato temporal, llamado a desaparecer en cuanto concluyera la negociación. La estructura administrativa que tuve a mis órdenes no era un Ministerio; el Decreto que la constituyó le daba un extraño y feo nombre: «Órganos de apoyo del Ministro». Sobre ella pude levantar un equipo singularísimo, exótica isla de diligencia y de eficacia en una Administración que no suele ver como propios esos rasgos. Fuimos una especie de enclave con virtudes privadas en el Océano del sector público. Y también políticamente disfrutamos de una vida casi insular: todos los Partidos habían manifestado su acuerdo en el principio de la negociación y no había, por lo tanto, polémica viva en el Parlamento sobre nuestra labor; sólo alguna escaramuza en el Senado, que referiré luego. El interés de la opinión pública y de los medios era requerido, un tanto provincianamente, por otras cuestiones de política interior y sólo de tarde en tarde, casi protocolariamente, se fijaba en lo que hacíamos nosotros. En los Consejos de Ministros, a los que asistía yo como uno más, los vericuetos interminables de la negociación sonaban a música extraña, aunque no precisamente celestial, y no había manera de meter en ellos a los Ministros importantes, ni siquiera a los económicos, y menos aún al Presidente Suárez, que siempre anduvo más atento a la política interior que a la exterior y, en la exterior, más a Hispanoamérica y a los Países Árabes que a Europa y a la Comunidad[88]. Todos estos rasgos atípicos hicieron de aquella Ínsula Barataria un lugar placentero y soleado para mí, pese a la dureza de la negociación.

Ya he contado cómo quedé fuera del Gobierno que siguió a las elecciones de 1977, y mi deseo entonces de volver a la actividad privada; ya he dicho también que Adolfo Suárez me repescó para les affaires (así llamaba Talleyrand a la actividad pública, et pour cause) en febrero del 1978. Exactamente el miércoles 8 de febrero.

La víspera, un desconocido meritorio socialista, Diputado, creo, por Ciudad Real, había lanzado en los pasillos del Congreso una burda patraña sobre el Acuerdo de Pesca con Marruecos empezado a negociar por mí dos años antes, cuando era Ministro de Comercio en el Gobierno Arias. Fue aquel un primer capítulo de la guerra sucia de los dossiers que el PSOE emprendió varias veces contra los Gobiernos de UCD, con un fracaso rotundo todas ellas. En ese caso inaugural se trataba de manchar a Víctor Moro, primer civil en la Dirección General de Pesca, limpio ejecutor de una política difícil (obtener caladeros bastantes para la flota española cuando España no era todavía miembro de la Europa Azul), buen político y parlamentario, gallego listo donde los haya, y de los que ejercen, a quien yo había izado a la vida pública —aunque no le gusta recordarlo— desde su cómoda y brillante instalación privada en la ciudad de Vigo. El que se llamaría Pleno de la Pesca tuvo lugar el 15 de febrero, y en él sólo exhibió el calumniador socialista mala intención y peores argumentos: Moro, en una admirable faena, y yo en la puntilla final, acabamos con él para una temporada. (La barata imagen taurina ha venido sin duda a mi subconsciente por la descomunal cabeza de toro que aquel socialista, meritorio entonces, colgó en su despacho, años después, al llegar, nada menos que a Comisario en Bruselas).

Vuelvo a tomar el hilo. Preparaba yo el 8 de febrero con Víctor Moro y con José Liado, sucesor mío en Comercio, el Pleno de la Pesca, cuando me llamó al Congreso el Presidente Suárez para ofrecerme volver al Gobierno en el papel que los periodistas llamaban entonces de Mister Europa. Fui a la Moncloa esa misma noche y Suárez me dijo cuál era su proyecto. El Gobierno había presentado la solicitud de adhesión a la Comunidad siete meses antes y urgían ya desde Bruselas el nombre de un negociador. Vi que Suárez había decidido encomendar a un Ministro esa tarea, y que necesitaba argumentos para convencer a Marcelino Oreja, entonces Ministro de Exteriores, que sentía ese nombramiento como una amputación. Yo había seguido, aunque de lejos, las cuestiones comunitarias, especialmente desde que en 1976, ocupándome yo de Comercio, José María de Areilza me había pedido que llevara también las relaciones con la Comunidad; y pude decir a Adolfo Suárez que de los cinco candidatos anteriores a España, tres (Inglaterra, Dinamarca y Grecia) habían encomendado la negociación a un Ministro especialmente designado, y sólo Irlanda y Noruega la condujeron desde Asuntos Exteriores; Noruega, además, con tan escaso interés por la Comunidad que acabó quedándose fuera. Suárez conocía esos antecedentes y me pidió que hablase con Oreja para tranquilizar sus inquietudes.

Así lo hice el jueves 9 de febrero en el Palacio de Santa Cruz y le ofrecí dos garantías reales de colaboración: la primera era mi compromiso de enviarle personalmente a él una copia de todos los papeles que pasaran por mis manos; la segunda, llevarme como Secretario General, con rango de Subsecretario, a José Joaquín Puig de la Bellacasa, excelente diplomático, amigo mío y más amigo de Marcelino, que desempeñaba entonces muy a disgusto la Dirección General del Servicio Exterior.

Mi nombramiento se hizo el viernes 10 y juré ante S. M. el Rey el lunes 13. Estuvo presente en el acto de la jura todo el Gobierno, como era entonces costumbre, y en el diálogo que siguió a la breve ceremonia me preguntó el Rey dónde iba a tener mi despacho. Le dije, como era cierto, que hasta ese momento lo ignoraba, a pesar de que dos horas más tarde tenía que recibir a Lorenzo Natali, Vicepresidente de la Comisión Europea, que llegaba a Madrid para inaugurar los trámites de la negociación; Rodolfo Martín Villa, que siempre ha dominado los bastidores de la Administración Pública, sugirió un domicilio provisional inmediatamente disponible: el llamado Palacio de la Trinidad, antigua dependencia del Ministerio para las Relaciones Sindicales en los tiempos de Franco, lugar que yo conocía por haber asistido en él a reuniones de empresarios. Acepté la propuesta delante del Rey y pedí a Rodolfo que llamara desde allí mismo a La Trinidad para que encendieran la calefacción y preparasen la llegada de Lorenzo Natali.

Cuando entré en la Trinidad dos horas más tarde, un termómetro de mercurio que había en el despacho principal marcaba 13 grados. Con el abrigo puesto recibí a Natali en la puerta, diciéndole:

—Perdóneme este frío recibimiento.

Natali, doblemente receloso por democristiano y por nacido en los Abruzzos, se quedó un momento con la mano en el aire, sin atreverse a estrechar la mía; y le tranquilicé:

—No es una metáfora; ahí dentro hace un frío polar.

Dos hombres enfundados en sus abrigos de invierno, con los cuellos subidos y las manos enguantadas, abrieron, muertos de frío, las negociaciones para la adhesión de España al Mercado Común en una sala coquetona con muebles de principios de siglo tapizados en rojo, que ocupaba la planta baja del palacete deshabitado de la Trinidad.

No había allí aquel 13 de febrero ninguna persona más que Natali y yo. Semanas después los negociadores eran ya veintitantos, procedentes de media docena de Ministerios: Exteriores, Comercio, Hacienda, Agricultura, Industria y Trabajo. Han pasado 12 años y aquel excelente equipo sigue siendo el núcleo de los especialistas españoles en la complejísima especialidad comunitaria[89].

Empezar un trabajo cualquiera desde el principio, sin la hipoteca de una organización anterior, sin el peso inerte de una herencia, es algo que rara vez se presenta en la vida pública, donde el Ministro siempre se instala sobre infraestructuras previas. Porque cualquier Ministerio, incluso los de nueva creación, se levanta sobre Direcciones Generales o Servicios que preexisten y que se agrupan con un rango nuevo. No fue así en el caso de La Trinidad: preexistían personas, qué duda cabe, pero no Instituciones que constituyeran el núcleo inicial de la actividad nueva. El equipo era breve y prestigioso: conseguí del Presidente del Gobierno que se me atribuyeran veinticinco funcionarios de nivel 30, el más alto de la Administración española, y con ellos elaboré las normas que habían de regir nuestro trabajo y que se inspiraron más en las que han hecho eficaces a las empresas privadas que en las propias de la Administración.

El nuevo estilo llegó también a la Misión de España ante las Comunidades, que había inaugurado años antes, con buen pulso, el Embajador Ullastres, y a cuyo frente estaba en 1978 Raimundo Bassols, alma, con Gabriel Ferrán, de todo el proceso negociador: a los tres se debe un reconocimiento público, porque no hay manera de entender sin ellos la incorporación de España a las Comunidades Europeas. La Misión en Bruselas se organizó con criterios distintos de los que entonces se aplicaban a las demás representaciones de España en el extranjero; un Acuerdo de Consejo de Ministros recogió en febrero de 1979 lo esencial de aquellas normas: entre otras la autoridad y responsabilidad acrecidas del Embajador; el libre nombramiento y separación de sus colaboradores por el Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, a propuesta del Embajador, y la excepción, mientras durasen las negociaciones, de los plazos que miden los destinos en la Carrera Diplomática. La Misión de Bruselas se definió como un cuerpo expedicionario en territorio hostil, y a esa naturaleza casi militar de su oficio se sometieron todas las instrucciones de disciplina y funcionamiento.

Tardé unas semanas en proponer al Consejo de Ministros el nombramiento de Secretario General, a pesar de que lo había previsto antes que cualquier otro. Puig de la Bellacasa no se decidía a cambiar el Palacio de Santa Cruz por el de la Trinidad.

—«Asciendes administrativamente —le decía yo— porque pasas de Director General a Subsecretario. Asciendes políticamente, porque en la Comunidad Europea está la política española del futuro. Y asciendes en el protocolo teológico, porque la Trinidad pasa por delante de la Santa Cruz».

Pero Puig no me contestaba ni que sí ni que no. Era sensible a la novedad y al interés del oficio que yo le había propuesto, y además no quería defraudar nuestra antigua amistad; pero era también sensible a las presiones de su Ministro y de sus compañeros diplomáticos.

Mi paciencia había adelgazado mucho una mañana en que vino a verme el Secretario General Técnico del Ministerio de Economía con una cuestión esotérica sobre protecciones para-arancelarias. El asunto era complicado y la clarísima exposición del Secretario General duraba ya 15 minutos cuando le interrumpí diciéndole:

—«Habrá usted notado que no sigo sus brillantes razones y que estoy pensando en otra cosa. ¿Quiere usted venir a la Trinidad como Subsecretario?»

Apenas recordaba su nombre, aunque sí que era Técnico Comercial del Estado. Mi joven interlocutor pudo creer que se trataba de un caso, punible, de acoso administrativo. Pero no perdió la calma, y sin preguntar más, me dijo que me daría una respuesta en 24 horas. Lo que averigüé de él en ese plazo confirmó mi decisión precipitada. Su magnífica ejecutoria posterior en la Trinidad, en la Vicepresidencia económica, en la Moncloa y en el Ministerio de la Presidencia, fue prueba concluyente de que no me había equivocado llamando a la Trinidad a Matías Rodríguez Inciarte.

Mientras tanto, Marcelino Oreja estaba decidido a acabar con mi argumento teológico sobre la Trinidad y la Santa Cruz y presionaba a Suárez y al Consejo de Ministros para que me instalase definitivamente en la castiza calle de la Lechuga, inmediata al Palacio de Santa Cruz, en una casa vieja que estaba restaurando Exteriores.

«Irme ahora a la Lechuga sería descubrir antes de tiempo cartas negociadoras sobre la agricultura mediterránea que nos interesa guardar», replicaba yo, que empezaba a padecer la sañuda resistencia comunitaria a nuestras frutas y nuestras hortalizas.

Finalmente, por esa tendencia spinoziana a la perduración que tiene en España todo lo provisional, pude quedarme en la Trinidad —donde aún se aloja hoy la Secretaria de Estado—, conservando así mis ventajas de nombre y de teología. Y también mi independencia: la Trinidad está muy cerca del aeropuerto de Barajas y algunos días de atasco tardaba menos en llegar desde la Trinidad al Palacio Berlaymont en Bruselas que al madrileño Palacio de Santa Cruz.

A los eurócratas de la Comunidad que venían a Madrid les impresionaba mucho aquel palacete fin de siglo, especie de islote verde (otra vez una isla) ahogado por el desmedido crecimiento de los rascacielos en la calle de Francisco Silvela. Negociábamos en torno a la gran mesa de caoba del comedor principal, vigilados por cornucopias románticas, asistidos por aparadores panzudos con platas viejas y cerámicas finas; aquel ambiente nos daba alguna ventaja sobre los funcionarios de la Comunidad, que vivían resignados a sus celdas funcionales de vidrio y de plástico y a sus máquinas automáticas para el café y la coca-cola en vasos de cartón.

El malestar profundo con el que el Ministerio de Asuntos Exteriores había recibido la creación de aquella ínsula trinitaria, extramuros de su competencia, fue aliviándose con el tiempo, aunque nunca desapareció del todo. La negociación no sufriría por ello: el Consejo de Ministros me atribuyó el despacho directo con los Embajadores de España ante los 9 países comunitarios y hasta me concedió la cifra, Santo Grial de la Carrera, que nunca había salido a la calle, como las monjas de clausura.

A finales de 1978 me vi forzado a dar marcha atrás en mi generosidad primera con el Ministro de Asuntos Exteriores. Ya decía Oscar Wilde que hay que desconfiar de los primeros impulsos, porque pueden ser buenos. Durante nueve meses había yo mandado a Marcelino Oreja una copia de cada documento que pasaba por mis manos en sobres tatuados con sellos de película de espionaje: personal, confidencial, reservado, para abrir personalmente por S. E. Pero el trabajo del Ministro de Exteriores era muy grande y su Gabinete hacía seguir aquellos sobres aguas abajo hasta la mesa de un diplomático joven que cultivaba su asombroso parecido físico con Carlos Marx y hacía ostentación impune de su obediencia al PSOE. Tuve pruebas de aquella conexión en el curso del primer debate sobre las negociaciones que se celebró el 10 de noviembre de 1978 en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Era portavoz del PSOE en ella Fernando Morán, hasta entonces tan especializado técnica y afectivamente en el tercer mundo que no había tenido tiempo de aprenderse la Comunidad: las paradojas de la política le darían años más tarde el envidiable privilegio de firmar el Tratado de Adhesión de España al Mercado Común. Pero en 1978 le faltaba información y sus preguntas iniciales eran inofensivas. Sin embargo, después de un primer turno dialéctico se ausentaba de la Comisión y volvía en su réplica mucho mejor armado con argumentos y, sobre todo, con datos documentales. Cuando se ausentó por tercera vez pedí a un discretísimo colaborador mío que averiguase en qué manantiales bebía Morán ausente: y así supe que hablaba, desde los teléfonos públicos e indiscretos del pasillo, con el doble de Carlos Marx en el Palacio de Santa Cruz, quien le facilitaba datos confidenciales e incómodos con mi propia firma. Estas cosas pasaban en los tiempos de UCD, y por eso la política tenía entonces un atractivo de intriga y aventura que la mayoría y la arrogancia del PSOE han hecho desaparecer.

Tuve que decir a Marcelino Oreja que no podía seguir enviándole toda la documentación personal, confidencial y reservada de las negociaciones, pero que le haría llegar inmediatamente cualquier documento que me pidiese, siempre que me garantizara la reserva[90]. No me pidió ninguno. Desde entonces, cuando informaba yo al Senado, instruía Oreja al portavoz de UCD, el también diplomático Ramiro Maura, para que me vigilara, me quitase poder y dulcificase los posibles excesos de mis réplicas a Morán, con la excusa de que un triunfo dialéctico mío podía estorbar la estrategia de Exteriores en el consenso de otras altas cuestiones de Estado. ¡Curiosa precaución democristiana!

La prensa adivinaba estas anécdotas, escudriñando entre los bastidores y las bambalinas del escenario político, y, alguna vez, llegó a darles una importancia que no tenían. Para consuelo de todos, puedo asegurar que esas habas se habían cocido en todas partes: Rippon, Canciller del Ducado de Lancaster y negociador inglés, con quien hablé largamente en mi despacho el 23 de febrero de 1978; Papaliguras, Ministro griego de la Coordinación Económica, a quien vi con frecuencia en Bruselas; y Víctor Constancio, negociador portugués, compañero mío de fatigas negociadoras en el Palacio Charlemagne, que tampoco era Ministro de Asuntos Exteriores aunque llegaría luego a presidir el Partido Socialista de Portugal, me contaban historias de celos administrativos muy parecidas a las nuestras y ciertamente más graves. Las administraciones públicas son iracundos Otelos en la defensa de su ámbito competencial y allí donde se creó un Órgano nuevo, una isla, para negociar mejor con la Comunidad, menudearon los crímenes pasionales.

Pero las habas más duras de mi puchero no eran españolas, claro está, sino francesas. Francia condujo siempre la negociación con España al ritmo que marcaba su calendario electoral; en cualquier obstáculo aparecía una french connection. No digo que los restantes países de la Comunidad no pusieran también dificultades a nuestra integración: pero el cabeza de fila de la oposición comunitaria a la adhesión española era siempre un francés. Al final de la década de los setenta Francia dominaba abrumadoramente la burocracia de la Comunidad: el Reino Unido era un recién llegado; Alemania se envolvía en su modestia deliberada; Italia atendía más a defender, lira a lira, sus intereses económicos inmediatos que a los planteamientos de tipo general. La negociación de España con el Mercado Común fue casi un asunto franco-español, como en 1808. Con el amistoso contrapunto del inestimable favor alemán, encarnado en Hans Dietrich Genscher y en Guido Brunner, y de la colaboración italiana que nos daban Andreotti y Colombo.

Los negociadores franceses usaron eficazmente la técnica del préalable, la palanca de la cuestión previa: primero fue un examen a la Administración española (al que respondimos, por cierto, con una diligencia y una exactitud que sorprendió a propios y extraños)[91]; luego la Comisión hizo el Dictamen preceptivo, el fresco, como se llamaba en el argot comunitario, y en su redacción las enmiendas francesas fueron una rémora; más tarde el Embajador Representante Permanente de Francia ante la Comunidad, Vizconde Luc de la Barre de Nanteuil[92], propuso que se hiciera un nuevo informe de conjunto sobre la adhesión de España, una vue d’ensemble que ni Duns Scoto hubiera distinguido del Dictamen anterior. En estos y otros ejercicios escolásticos se consumió todo el año 1978, y sólo en febrero del 1979 fue posible abrir realmente las negociaciones.

El color francés de los problemas me obligó a especializarme en política interior francesa y a hacer de París mi lobby preferente. Conocí a los principales personajes de la comedia: Chirac, Barre, Mehaignerie, Chaban-Delmas, Lecanuet, Chinaud, Olivier Stirn, Guiringaud, Deniau, Frangois-Poncet, Pisani y, naturalmente, Valery Giscard d’Estaing. La actitud hacia España era de enfrentamiento manchado por paternalismo e impertinencia, con alguna excepción amistosa. Si a los españoles nos costó trabajo aceptar el papel que nos corresponde en la comunidad internacional a finales del siglo XX, también a nuestros vecinos les costó trabajo ver en el pariente pobre del sur un interlocutor igual y una amenaza seria para su propio mercado interior.

Fue muy curioso aquel desfile de personalidades francesas. Recuerdo una larga entrevista con Chaban-Delmas, Presidente entonces de la Asamblea Nacional y herido por el regate de Chirac que dio en 1974 a Giscard la presidencia de la República. Fui a verle[93] por su extraordinaria influencia en el Sudoeste francés, región poco desarrollada donde el temor a la competencia española era muy grande. El Duque de Aquitania (como le llamaban malévolamente sus adversarios para reírse de su cacicazgo, de sus maneras aristocráticas, de su porte de gran señor y de su talento de buen actor teatral) estuvo especialmente comprensivo con mis planteamientos, para distanciarse así de sus amigos en el Gobierno que le habían dejado en su perchoir fuera del poder. Después de hablar con él muy largamente sobre nuestras pretensiones, pregunté a Chaban acerca de la política francesa del momento. Entonces el Duque de Aquitania se levantó, fue a inspeccionar las tres puertas de su magnífico despacho del Palais Bourbon, comprobó que nadie escuchaba detrás de ellas y, volviendo a su sillón, dijo al estupefacto Marqués de Nerva, Embajador de España, que me acompañaba:

«Señor Embajador: si usted me promete solemnemente no contar en un telegrama a su Ministro lo que voy a decir ahora, si usted refrena esa pasión de todos los Embajadores por los telegramas, yo podré contestar cumplidamente a la pregunta del Ministro. Pero necesito su palabra».

Nerva hizo ademán de marcharse discretamente, pero yo lo retuve y le pedí también su palabra. Cuando la hubo dado, Chaban-Delmas emprendió una crítica minuciosa y feroz del gobierno Chirac y de la influencia que sobre su Presidente ejercían Pierre Julliard y Marie France Garaud: Garaud, Julliard y Chirac formaban lo que todo París llamaba le trio, verdadero triunvirato del poder gubernamental. También estas habas de las bodeguillas se cuecen en otras ollas.

La actitud oficial de Francia respecto a la adhesión de España colgaba directamente de las posiciones personales de Giscard. Giscard había venido muy pronto a la España posfranquista, y fue el más relevante Jefe de Estado extranjero que asistió a la proclamación del Rey Don Juan Carlos en la Iglesia de los Jerónimos el 27 de noviembre de 1975, después de un desayuno en la Zarzuela. A partir de aquella fecha dio señales de padecer el que se llamó entonces «síndrome Luis XIV», que le llevaba a mirar a la nueva España democrática casi como si fuese un protectorado francés. Cuando comprobó que el Rey de España no era Felipe V, su empressement inicial fue cediendo el paso a un creciente detachement. Empezaría a darnos achares con el candidato griego, hasta hacerlo su preferido entre los tres mediterráneos[94]; y terminaría con un veto disfrazado a la adhesión de España y Portugal en el famoso discurso con que abrió su campaña electoral el día del Corpus Christi de 1980.

Una etapa en su distanciamiento fue la segunda visita a España en junio de 1978. Por lo mucho que me importaba la posición francesa, el Presidente Suárez dispuso que yo interviniera en la organización del viaje. Tengo anotadas un par de anécdotas que voy a contar.

A la hora de preparar las condecoraciones que se cruzan los Gobiernos con ocasión de la visita de un Jefe de Estado, se nos dijo por vía diplomática que Giscard quería el Toisón. Tuve que explicar largamente al Embajador Emmanuel de Margerie que el Toisón no es una condecoración como las demás, que el Gobierno no puede otorgarla, que la otorga libremente el Rey como Jefe de la Casa de Borbón a quien le place, que no solía darla a políticos extranjeros o españoles, que además hay un número limitado de Toisones físicos, de manera que ni siquiera el Rey puede conceder uno supernumerario. La polémica duró varias semanas y, por fin, Giscard se resignó, humildemente, al Gran Collar de Carlos III.

Se ofreció también por vía diplomática a Giscard la tribuna del Congreso de los Diputados para que se dirigiera a las dos Cámaras juntas. El ofrecimiento ya era entonces excepcional. Quiso el Presidente francés entrar en el Congreso por la Puerta de los Leones y hubo que explicar al Embajador, in situ, que la Puerta estaba cerrada siempre y sólo se abría al principio de la Legislatura para que entrase por ella el Rey: ésa era la tradición española desde mediados del siglo XIX. Al Elíseo no le pareció que la puerta lateral, por la que entra todo el mundo, fuese a la medida de la majestad de Giscard, y la discusión amenazó en algunos momentos con hacer imposible el viaje del Presidente francés. Por fin se me ocurrió una idea feliz: ofrecer a Giscard la tribuna del Senado, Palacio de mejor factura arquitectónica y que, además, tiene una sola puerta. La propuesta fue aceptada, aunque Giscard tuvo que pagar el precio de una audiencia mucho menor, puesto que en la bellísima sala del Senado no cabe más que la tercera parte de los Parlamentarios nacionales.

Entre éstas y otras historias, Giscard cambió pronto su benévolo padrinazgo por la indiferencia, primero, y la hostilidad, más tarde, hacia España. En dos problemas esenciales para la nueva Monarquía de aquellos años (la lucha contra el terrorismo y la adhesión a las Comunidades Europeas) la Francia presidida por Giscard pasó del ofrecimiento de apoyo a la obstrucción activa en las negociaciones de Bruselas[95], y mantuvo fríamente el amparo a los terroristas con una excusa no aplicable ya a los exiliados de la España democrática: que Francia es un país de asilo. Martín Villa y yo sufrimos directamente, por nuestras competencias ministeriales, aquella hostilidad. Yo me referí a ella en el comentario sobre el libro de Giscard, Le Pouvoir et la Vie, que me publicó la revista Saber leer de la Fundación March en su número 18 de octubre de 1988. Y Martín Villa, en tono de humor pero con seriedad profunda, diciendo en el «Comedor de invitados» de Radio Nacional, el 31 de marzo de 1989, que habría que tomar precauciones en 1993, cuando se establezca la libertad de circulación de las personas dentro de la Comunidad, para vigilar la entrada en España de Valery Giscard d’Estaing.

* * *

Con la llegada de Mitterrand al Elíseo, en mayo de 1981, las cosas empezaron a ir mejor, y durante mi Presidencia pudieron aprobarse capítulos importantes del Tratado de Adhesión. La Trinidad pasó a ser una Secretaría de Estado, eficazmente dirigida por Raimundo Bassols; Gabriel Ferrán fue destinado al frente de batalla como Jefe de la Misión de España ante las Comunidades Europeas.

El azar de la historia dio al Gobierno socialista el privilegio de cerrar la negociación. Fernando Morán resolvió los últimos problemas con su colega francés Dumas, en un viaje de madrugada a Burdeos. La vocación y la dedicación de Morán le llevaban a latitudes no europeas de la política exterior: él sabe cuánto le envidio que le fuese dado poner su firma al pie del Tratado de 1985.

Iba yo al día siguiente del acuerdo camino de la República de El Salvador, en el grupo de observadores invitados a las elecciones que verían el triunfo de Napoleón Duarte, y durante una escala en el Aeropuerto de París me llegó la llamada del Presidente del Gobierno, Felipe González, que me quería dar la noticia del cierre de las negociaciones y me convocaba para una cena en la Moncloa esa noche.

«Presidente —le dije—, cuántas vueltas da la política. Hace tres años ibas tú con frecuencia a América Central y me reprochabas mi exagerado europeísmo; ahora me invitas a cenar contigo para celebrar la entrada de España en el Mercado Común, y yo voy camino de unas elecciones en El Salvador. Así son las cosas de la oposición y del poder».

X
NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA
(La suerte objetivada y mis relaciones con la CEOE)

UCD tuvo el privilegio de gobernar en España durante la crisis económica más profunda y más larga del siglo. Mis dos años en la Moncloa —1981 y 1982— soportaron la peor parte del proceso: la que se ha llamado «segunda crisis del petróleo». Si los electores juzgan a los gobiernos sólo por los resultados, y hacen bien, quienes, pasado algún tiempo, intenten comprender mejor las cosas deben proyectar esos resultados sobre las circunstancias en que se obtuvieron, especialmente cuando se trata de resultados económicos. ¿Y cómo se pueden objetivar esas circunstancias? Los hechos de la economía tienen la ventaja de ser cifrables y los números —incluso los tan denostados números de la estadística— son siempre una base más firme que las opiniones para comparar y valorar políticas.

Si se miran los gráficos económicos de la década 75-85 correspondientes a la OCDE o a la Comunidad Europea, se ve en ellos que el perfil de la crisis es un surco cuando el gráfico representa magnitudes favorables, y una montaña cuando representa magnitudes desfavorables. Lo más hondo del surco y lo más alto de la montaña corresponden a mis años en la Moncloa. Como la situación así dibujada es independiente del acierto o del error que tuviera mi Gobierno, el examen de esos gráficos prueba, y mide, lo que siempre se ha sabido, aunque se olvide con frecuencia: que me tocó gobernar en el peor momento de la crisis.

¿Mala suerte? No lo creo así. Si la situación objetiva no hubiera sido tan mala, Suárez no hubiera dimitido y yo no hubiera sido Presidente del Gobierno.

Yo creo que la suerte es un dato objetivo de la persona. Cuando a Napoleón le presentaban una propuesta de ascenso a Mariscal, recorría rápidamente la enumeración de los méritos y de las hazañas bélicas del candidato para preguntar luego: ¿es hombre de suerte?

Algunos se han compadecido de mí pensando en mi mala suerte. La compasión era malévolamente humorística en Jaime Campmany, que me lanzaba desde sus crónicas, cuando la agonía de UCD, este bello endecasílabo: «Un alto pararrayos de desgracias». Y era displicentemente amistosa en Alfonso Osorio, que daba de mí esta otra definición en prosa: «Un hombre serio con mala suerte»[96]. También amistosamente podría yo aplicar a Alfonso su fórmula vuelta del revés: «Alfonso es un hombre ufano con buena suerte». Pero las dos definiciones son inexactas. La de Osorio porque sólo desde la responsabilidad se puede hacer lo que él hizo como Vicepresidente del primer Gobierno Suárez, y porque ha tenido la mala suerte de no volver a ser Ministro, que es lo que le apetece como a todos los que lo han sido poco tiempo. La mía porque estas páginas demuestran que ni soy tan serio ni me ha ido tan mal en la vida pública y privada, ni a mí ni a mis colaboradores. Añado algún elemento de juicio más sobre mi caso, y me excuso por hablar tan directamente de mí. («Hablar de uno mismo es hacer poesía», dijo Renan. Pido perdón por el lirismo que sigue).

En 1954, cuando empezaba a trabajar, recibí la responsabilidad plena de una sociedad en crisis que sus accionistas, el Banco Urquijo y el Banco Hispano Americano, habían estado a punto de vender al 30% de su valor nominal. La sociedad era Perlofil, S. A., primera productora española de nailon; el comprador a precio de saldo, SNIACE, pertenecía a un grupo rival. Perlofil estaba en pérdida; pero tuve suerte y poco tiempo después la sociedad había mejorado de tal manera que uno de los primeros grupos químicos de Europa, llamado entonces AKU y hoy AKZO, compró a los Bancos el 45% del capital al 335%.

En 1963 fui llamado a la Dirección General de Unión Española de Explosivos: la empresa estaba también en crisis, vendía 2500 millones de pesetas al año y no obtenía beneficio real. Una vez más tuve suerte porque los años siguientes fueron los mejores de la economía española después de la guerra. Cuando en 1975 me marché al Ministerio de Comercio, la empresa vendía 50 000 millones de pesetas, generaba 4000 millones y ganaba 2300: 1974 fue el mejor ejercicio de su historia.

Tampoco me quejo de mi suerte política (salvo de la etapa en que presidí, a la fuerza, una UCD terminal). Fui Ministro del primer Gobierno de la Monarquía y de todos los de Suárez desde el primero, el que se llamó —despectivamente— de «pe-nenes»: tuve suerte, porque esos Gobiernos hicieron la transición política.

En enero de 1981 dimitió Suárez, y tuve la suerte de sucederle. Mi Gobierno recibió una España estremecida por el golpe militar del 23F; tuve suerte y pude entregar dos años más tarde a Felipe González una España que había recobrado la fe en la libertad, y una democracia parlamentaria perfectamente consolidada.

Es cierto que he aceptado siempre responsabilidades grandes en momentos difíciles. Cuando llegué a Explosivos le dije a mi antecesor Carlos Botín Polanco, Ingeniero de Caminos y empresario prestigioso:

«Esto es un hueso».

Y me respondió:

«Sí; pero los huesos son los que dan estabilidad al vertebrado».

Después de esta excursión vuelvo a la grave crisis económica que me tocó vivir, y combatir, durante mi estancia en la Moncloa —gracias (en parte) a la cual fui Presidente del Gobierno.

Los gráficos que recogen la correspondiente información española de esos años son muy parecidos a los de la CEE y la OCDE que describía al principio de este capítulo. La economía española está, por una parte, muy integrada en la occidental y, por otra, es relativamente pequeña, influye poco en el conjunto al que pertenece: así que ha seguido, acentuándolos, los surcos y las montañas de la crisis general. Ni nosotros lo hacíamos tan mal ni los socialistas lo hacen tan bien. Las curvas que representan la evolución de nuestras magnitudes económicas relevantes a lo largo de la última década dependen mucho más de lo que pasó fuera de nuestro ámbito que de lo que hicimos dentro. Por ejemplo, esas curvas no se enteran de que a finales de 1982 hubo en España un cambio político importante. No se enteran, salvo en un caso: en la evolución del déficit público. La curva que lo representa tiene una irregularidad, un diente de sierra, un grano entre 1982 y 1983, coincidiendo con el cambio de Gobierno. ¿Por qué esa excepción? Pues, sencillamente, porque los datos oficiales que recoge el gráfico no corresponden a la realidad en ese grano; porque el Gobierno socialista hizo trampa en el cierre del ejercicio 1982 —último de UCD— y pasó por lo menos 220 000 millones de 1982 a 1983, es decir, cargó sobre mis espaldas 220 000 millones que correspondían a los hombros de Felipe González, y alivió los suyos en una cantidad igual. Hizo, pues, una trampa de casi medio billón —repito, por lo menos— en el juego estadístico. Si se corrige la trampa, desaparece el grano de la curva. También en las empresas privadas puede haber una trampa así al producirse un relevo en la gerencia: siempre es malo, tanto en el sector privado como en el sector público, que el sucesor —es decir, el adversario— le cierre a uno el último ejercicio. Y a mí, cesado un 2 de diciembre, los socialistas me cerraron —pro domo sua— el ejercicio 1982.

No estoy haciendo una afirmación dialéctica y gratuita. De ninguna manera. El Banco de España advirtió la trampa contable del primer Gobierno socialista y, con valentía que honra a sus hombres y avala su independencia, la señaló en el Boletín Económico correspondiente a enero de 1983, bien es verdad que utilizando la letra pequeña de una nota al pie de la página 20, y el velo púdico de un lenguaje muy técnico. La nota dice así:

«A las deficiencias y retrasos habituales en la información estadística —entre las que hay que señalar la pérdida de información relacionada con el proceso de autonomías territoriales— se suman ahora las perturbaciones producidas por las elecciones, el cambio de Gobierno y variaciones de criterios, respecto de la experiencia pasada, en el cierre de ejercicio, dentro de la normativa vigente, que se expresan en: una modificación del sistema de regularización contable aplicado a impuestos retenidos por la Seguridad Social y que no fueron ingresados en el Estado en 1980 y 1981, que ahora afloran en dichos años con el consiguiente aumento del déficit contable en 1982; en el ingreso de los impuestos especiales de petróleo a realizar por CAMPSA en los primeros días de enero cuando era habitual su ingreso en el mes de diciembre; y, en fin, en un aumento de pagos por inversiones militares y por Seguridad Social en los últimos días del año por encima de lo previsto. Todo ello afecta al déficit contable del ejercicio en unos 220 mil millones de pesetas».

Como ve el lector, son habilidades típicas de una contabilidad privada que aplica a su favor el equipo socialista recién llegado al poder.

Una trampa muy parecida, aunque menos tosca, nos hizo también el PSOE con el IPC de 1982: en el mes de diciembre el Gobierno socialista subió exageradamente, entre otros, los precios de los derivados del petróleo, por encima de lo que hubiera justificado una estimación correcta de los costes, y cargó al IPC del 1982, del que ante la opinión pública responde mi Gobierno, unas décimas de punto que, realmente, pertenecen a 1983, año del que responde el PSOE. Si se corrige esta otra trampa, la curva del IPC descendente pierde el extraño descansillo de las curvas oficiales que reduce el ritmo del descenso de la inflación precisamente en 1982.

Es una buena lección de humildad para los políticos, y de escepticismo para los electores, eso de que las magnitudes económicas sean, al menos en España, tan independientes del Boletín Oficial del Estado[97].

Conviene añadir que esa independencia, muy clara desde 1975, no se debe sólo a la tracción del contexto internacional que nos arrastra, sino al hecho muy conocido, aunque no muy reconocido, de que las líneas generales de la política económica socialista en sus primeros años son las mismas que orientaron la política económica de UCD, aplicadas —eso sí— con la mayor eficacia que da la mayoría absoluta. Es curioso que fuesen los socialistas, entonces en la oposición, los que impidieran muchas veces a UCD llevar adelante una política económica ortodoxa, que sin embargo luego harían ellos:

«Están haciendo ustedes muchas cosas buenas que no nos dejaron hacer a nosotros» le dije yo desde la tribuna del Congreso al Presidente González en 1985[98]). Y aún podía haberle recordado cómo estorbaba él nuestra reconversión industrial bajando a la mina en huelga de Cala o apoyando a UGT en el País Vasco. ¡Felipe González apoyando a UGT contra la ortodoxia económica y los intereses del Estado! Hay que ver qué radical ha sido su conversión (la de Felipe González) —en el sentido religioso del término— desde el marxismo moderado al liberalismo entusiasta o, según él mismo dijo, adornándose con Weber, «desde la ética de la convicción (UGT) a la ética de la responsabilidad (CEOE)»[99]. (Los paréntesis son míos, claro está).

He dicho que las líneas generales de la política económica del PSOE coinciden con las de UCD: hay una misma escuela de economistas detrás de las dos. Pero sólo las líneas generales: no algunas decisiones concretas; y pondré un ejemplo famoso: RUMASA. La delicada situación de Rumasa era ya un hecho preocupante en los tiempos de Franco; yo estaba entonces en el sector privado y conocí las inquietudes y las preocupaciones de la Banca al respecto. Desde la Vicepresidencia del Gobierno, y en la Moncloa, impulsé y seguí de cerca los requerimientos que el Ministerio de Economía y el Banco de España repetían sobre el Sr. Ruiz Mateos, llamándole al buen orden en su actividad bancaria y pidiéndole que la auditase. Su resistencia pasiva primero y activa después, nos llevó a preparar la intervención de RUMASA, no su expropiación: Ésa fue una de las materias que traté con el Secretario General del PSOE durante la ejemplar «transmisión de mando» que hicimos en noviembre de 1982[100]. El resultado de la intervención hubiera sido el mismo en cuanto a la defensa de los intereses generales afectados por las irregularidades de RUMASA, y no hubiera sido muy diferente para la fortuna del Sr. Ruiz Mateos, porque su holding estaba en muy mala situación económica: pero se habrían ahorrado violencias legales primero, y el dinero público mal administrado después con las prisas políticas de la reprivatización.

La expropiación de RUMASA fue una guinda de izquierdas con la que el Gobierno González quiso compensar su política económica de derechas —como la espantá de Alfonso Guerra cuando vino Reagan, o como esas otras guindas caras, sobre la política exterior que tan cuidadosamente colocaba en Nicaragua o en Angola Luis Yáñez Barnuevo.

UCD hacía otros gestos, más baratos pero, a lo mejor, compensatorios también. En más de una ocasión, después de 1982, me ha divertido sorprender a mis amigos empresarios con este juego:

«Realmente —empiezo diciendo—, UCD ha sido a veces demagógica: por ejemplo, cuando Fernández Ordóñez decidió publicar las listas de los contribuyentes de la Renta; es triste que haya tenido que venir un Gobierno socialista para corregir el disparate».

Casi siempre el auditorio conservador cae en la trampa y a esa confesión sigue una serie de intervenciones condenatoria% de Fernández Ordóñez y de UCD, y elogiosas para mi autocrítica. Al cabo de algún tiempo digo la verdad:

«Perdonadme la broma. Quien empezó a publicar las listas de Hacienda fue el Ministro Monreal, en tiempos de Franco; y quien suspendió la publicación fue este rojo que os habla, siendo Presidente del Gobierno de UCD en marzo de 1981»[101]).

Fernández Ordóñez y su reforma fiscal atrajeron muy pronto sobre UCD las iras de la derecha económica:

—«Estáis haciendo política de izquierdas con los votos de la derecha».

Este reproche nos siguió como la sombra al cuerpo desde 1978. Y no era justo: ni los votos de UCD eran (todos) votos de la derecha, ni la política económica de los Gobiernos Suárez o de los míos era (ni aún en parte) una política de izquierdas. Pero en el ámbito político «lo que parece, es» —como le oí decir una vez en Lisboa a Oliveira Salazar, desmintiendo a Parménides. Y a partir de la ley del divorcio (que se cuidó mucho de apuntarse personalmente Fernández Ordóñez) UCD le pareció a la derecha tradicional definitivamente escorada a la izquierda. Claro que AP se empleó con eficacia en propagar la especie. (Como Suárez y los suyos se dedicarían en 1981 a repetir aquello de la «derechización de UCD», igualmente fuera de lugar. Gajes del centrismo).

Mi relación personal con los empresarios no había sido buena desde 1976. Parte de la culpa fue sin duda mía, porque olvidé que nadie es profeta en su tierra, y mi tierra había sido la empresa privada a lo largo de un cuarto de siglo, entre 1950 y 1975; y cuando el diálogo con los que habían sido mis colegas empezó a ser un difícil diálogo de sordos perdí la paciencia más de una vez. La CEOE naciente creyó que debía velar sus armas contra el Gobierno de UCD.

Ya antes, en 1976, siendo Ministro de Comercio, había yo percibido claramente esa ambigüedad típica del empresario que pide libertad cuando es fuerte, o cuando generaliza, y pide intervención cuando es débil o cuando habla de su caso. Yo mismo había practicado ese doble juego mientras fui, en los años buenos, Consejero Delegado de Explosivos, ganando para la empresa un montón de dinero, pero no llegué a ser plenamente consciente de la doblez hasta que pasé del sector privado al público en diciembre de 1975. Esa doblez, muy conocida, tiene algo de la asimetría de Friedman: el empresario que por la tarde pide al Gobierno, en una mesa redonda pública, más libertad económica —libertad de precios, de importación, de creación ampliación de empresas, de circulación de capitales— a la mañana siguiente, a solas con el Ministro en su despacho, le pide con la misma vehemencia intervención sobre los mercados de sus primeras materias, para que no suban los precios de compra, o limitación de importaciones de productos competidores, para que no bajen los precios de venta, o restricciones a los capitales extranjeros que pretenden invertir en España compitiendo con él. Y el empresario que ha pedido, en un acto de la CEOE, rasgándose las vestiduras, una reducción del gasto público es el mismo que acaba de pedir al Ministro una participación mayor del Estado en los gastos de la Seguridad Social, una flexibilidad en el mercado de trabajo que inevitablemente exigen más fondos públicos para el desempleo.

Si al empresario individual puede excusársele no ser sensible a esa ambigüedad, la CEOE no tiene ya tanta excusa. Y pocas veces —al menos en mis tiempos de Gobierno—, pocas veces acompañaba la CEOE su habitual diatriba descalificadora del gasto público con un examen de conciencia paralelo sobre la responsabilidad de los empresarios en el crecimiento desbocado de ese mismo gasto público.

Haber sido cocinero antes que fraile puede resultar instructivo, pero es también muy peligroso porque ni los frailes ni los cocineros le perdonan a uno esa historia de agente doble.

Preocupado por la ignorancia de muchos Ministros en materia microeconómica propuse un día al Presidente Suárez un divertimento útil: que repartiera a todos en un Consejo el balance sintético de una empresa industrial, y que recabara de cada Ministro, tras un breve tiempo de examen, su opinión sobre la situación real de la empresa. Suárez rechazó riéndose mi sugerencia, que a él mismo le hubiera puesto en dificultad; creo que no más de un par de Ministros hubiera aprobado el examen.

«Mira qué cosas dicen tus amigos los empresarios», me lanzaba Suárez si alguien comentaba en el Consejo de Ministros una nota beligerante de la CEOE. Porque la CEOE, además, fue desde su fundación beligerante en la arena política y, en 1981 y en 1982, no supo resistir una invencible vocación de poder que la llevó a complicarse en la lucha entre los partidos y, alguna vez, a tomar partido imprudentemente. Así en las elecciones andaluzas de 1981.

Carlos Ferrer, buen empresario, gran mecenas, hombre de talante moderado que se hubiera encontrado a gusto en UCD, tuvo el mérito (y la suerte) de crear casi desde la nada la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Soplaba a su favor en ese empeño el viento que nos ayudó a cuantos hacíamos algo nuevo al principio de la transición. Su éxito grande animó en él una ambición política, y me atrevo a pensar que desde ella empezó a ver a los Gobiernos de UCD como unos competidores a los que convenía batir y, por lo tanto, como unos adversarios. Y ya en esa línea, parece que acarició la idea de aspirar a la Moncloa cuando el agotamiento de Suárez. (¡El presidente de los empresarios convertido en Presidente del Gobierno! Si el precandidato hubiera sido Nicolás Redondo ¿qué hubieran dicho los empresarios que presidía Ferrer?)

Durante mis veinticinco años de empresa privada, en tiempos de Franco, recuerdo haber criticado habitualmente a la Administración Pública, por su lentitud o su ineficacia: pero no recuerdo haber tenido una opinión sobre la clase política tan pobre como la que se podía percibir en la CEOE desde su fundación misma. Ciertamente eso que se llama clase política, es decir, unas docenas, o algún centenar, de hombres que se agitan, hacen declaraciones, se pelean, ocupan buena parte de la actualidad y alguna vez actúan, eso no lo había durante el franquismo. La democracia, cuando llega, es, para el espectador, antes que libertad, ruido y algarabía; al empresario, discreto y silencioso durante la dictadura, los protagonistas de ese ruido, los políticos, no le podían parecer bien[102]. La CEOE nació, además, sesgada hacia la derecha y sensibilizada políticamente contra UCD, contra unos hombres que, procedentes en buena parte del franquismo, decían y hacían cosas distintas del franquismo. Es verdad también que Suárez conservaba entonces —y aún ahora— unas gotas anticapitalistas en sus genes del Movimiento que tenían que irritar al empresariado. Por lo que fuera, la actitud de Carlos Ferrer, a quien yo recibía con frecuencia en mi despacho de Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, era recelosa y discrepante: solía dejar las technicalities a su colaborador José Luis Cerón, antecesor mío en Comercio, hombre inteligente y buen conocedor de la Comunidad; pero se reservaba el juicio político expresado invariablemente así:

—«Sobre todo, Ministro, lo que los empresarios rechazan en vuestra visible decisión de entrar en el Mercado Común a cualquier precio».

La realidad era bien distinta en aquellos años (1978-1981): la realidad era que Francia no quería la entrada de España a ningún precio. De esa posición francesa y de su efecto retardatario sobre la negociación dejé una imagen clara, aunque cortés, en el prólogo a la traducción española de un libro de Jean Francois Deniau, Ministro de Comercio Exterior en el Gobierno Barre, sobre el Mercado Común[103]. No tenía sentido por lo tanto que España ofreciera condiciones generosas a la Comunidad cuando no había generosidad que moviera la decisión contraria de Giscard d’Estaing en aquellos años. Ferrer nos creía torpes como para ignorar este hecho, e irresponsables como para vender trozos de arancel, o de industria española, a cambio de un éxito político. Mientras yo negocié no se cedió ni un palmo de terreno, porque nada se nos ofrecía a cambio; Eduardo Pun-set, mi sucesor, quiso hacer relaciones públicas —en las que es maestro— cediendo trincheras antes de tiempo: el buen sentido de Raimundo Bassols, Jefe de la Misión negociadora en Bruselas, y algún serretazo mío desde la Vicepresidencia Económica impidieron que la alegría de Punset fuera más allá de un flirteo platónico con Simone Veil, la otrora guapa y entonces otoñal Presidenta del Parlamento Europeo. Carlos Ferrer, sin embargo, no creyó del todo en mi responsabilidad, y me repetía al final de cada sesión la consabida jaculatoria:

—«Sobre todo, Ministro, no entremos en la Comunidad a cualquier precio».

Durante los cinco meses de mi paso por la Vicepresidencia Económica (septiembre 1980 - enero 1981) creí ingenuamente que me había hecho entender mejor por la CEOE. No fue así, quizá por mi culpa. Cuando el 18 de febrero de 1981 salía yo hacia el Congreso de los Diputados para pronunciar el discurso de Investidura, supe de una nota de bienvenida, facilitada a la Prensa por la CEOE, en la que se hacían por anticipado advertencias y críticas a mi discurso no pronunciado y a mi Gobierno non nato, sin esperar siquiera a conocerlos, y desde una posición increíblemente ciega para los graves problemas de la transición política y de la crisis económica mundial. La lectura de ese texto, que lleva fecha 18 de febrero de 1981, es un ejercicio necesario para comprender la actitud de la CEOE durante mi Presidencia.

El desdén con el que la voz oficial de los empresarios despacha la transición a la democracia, tan unánimemente elogiada en otros ámbitos, la arrogancia pedagógica y superior con la que ofrece presuntas soluciones, la ausencia de autocrítica, y el tono harto y suficiente, como si los problemas nacionales fuesen ajenos a la actividad propia del empresario, son algunos rasgos de aquella actitud. Transcribiré unos párrafos que son significativos porque, salvo en el inciso inicial y protocolario «sin ánimo de interferir la decisión de las Instituciones democráticas», los seis folios y medio de la nota son del mismo jaez (las cursivas son mías):

«… la actitud del Gobierno y de las fuerzas políticas no ha permitido crear las mínimas condiciones necesarias para desarrollar, con confianza y seguridad, el proceso político, económico y social adecuado (a la actividad económica)»

«… resulta de la mayor urgencia que las fuerzas políticas (consideren) concluida la etapa de transición y con ella el confusionismo provocado por dilatados períodos electorales y por el consenso preconstitucional…»

«… es necesario… que cada partido juegue el papel que le corresponde (sin seguir) utilizando la excusa de la transición para postergar las soluciones…»

«Para la creación de esta nueva situación, no serviría una actuación del nuevo Gobierno caracterizada por el continuismo del estilo y de las políticas desarrolladas hasta ahora».

Hasta aquí el exordio político. Ni un reconocimiento cortés a lo hecho desde 1975, ni una mención protocolaria a la crisis mundial, que por lo visto es otra excusa de UCD. La parte dispositiva del documento se inicia con esta definición totalitaria:

«La CEOE considera que debe exigirse al nuevo Gobierno el compromiso permanente de orientar todas sus actuaciones y decisiones para conseguir el ahorro y la inversión privada».

Y sigue la cantinela ya conocida (los comentarios entre paréntesis son míos):

—Reducir el déficit del sector público (dedicado en buena parte a cubrir obligaciones abandonadas por el sector privado).

—Reducir los impuestos (¿para aumentar a corto plazo el déficit?).

—Facilitar el crédito a las empresas en adecuadas condiciones de coste y plazo (¿y las del mercado?).

—Flexibilizar la contratación y el despido de los trabajadores (y que el desempleo lo pague el Estado).

—Reducir los excesivos costes sociales que soportan las empresas (y transferirlos a los Presupuestos).

En suma: reducir el déficit reduciendo los ingresos y aumentando los gastos.

Y, al final, una amenaza:

«Estas son las exigencias… que deben condicionar la actitud de la CEOE ante la formación del nuevo Gobierno. La colaboración de la CEOE con la política del Gobierno y con la actuación de las fuerzas políticas y sociales, que tan generosa y responsablemente se ha ofrecido hasta ahora, sólo tendrá sentido en el futuro si existe suficiente garantía de que pueden atenderse con eficacia y energía las preocupaciones y los problemas expuestos».

Todo esto, hecho público dos horas antes de que el candidato a la Presidencia lea su discurso de investidura, podría resumirse así en román paladino:

—Señor Calvo-Sotelo, se acabó la broma; ya estamos hartos de la incompetencia con la que ustedes los políticos, y especialmente los de UCD, han venido gobernando y tratando nuestros intereses; las soluciones son muy fáciles y sólo la ineptitud de la clase política ha impedido que hasta ahora se pongan en práctica; usted, como ha sido uno de los nuestros, nos inspira menos confianza que su antecesor; y ya sabe lo que tiene que hacer si quiere contar con nuestro apoyo, que no se le dará generosamente como al señor Suárez: el que avisa no es traidor. Déjese usted de excusas y póngase a trabajar para que los empresarios podamos invertir y ganar dinero, que todo lo demás son historias».

A los cinco días entraba Tejero en el Congreso de los Diputados. Una historia más. Tal vez Tejero no había tenido tiempo de leer el manifiesto de la CEOE.

A este apoyo que la clase empresarial me ofreció ab initio, antes de que hubiera iniciado mi Presidencia, llamará certeramente Fraga un «apoyo de la derecha económica como no lo había tenido nadie desde Dato»[104].

La actitud de la CEOE, aunque poco favorable al Gobierno, no había sido nunca tan hostil. Un año antes del manifiesto que he comentado, en marzo de 1980, la CEOE hizo público un ambicioso «Informe sobre la situación económica española y perspectivas». El tono era moderado, técnico y conciliador, como muestra este párrafo final, que resume las treinta páginas anteriores:

«La situación actual de la economía española es grave. Y el año 1980 será difícil. En el contexto actual, tanto español como internacional, no caben remedios mágicos ni cambios drásticos. Pero la aplicación de las orientaciones y medidas expuestas en el presente informe, por la Administración, por los empresarios y por los trabajadores, puede permitir que a lo largo del presente año se vaya produciendo paulatinamente un cambio de tendencia que siente las bases para en años sucesivos ir ya resolviendo los problemas de falta de actividad, de desempleo, de inflación y de productividad de nuestro aparato productivo».

Hay aquí un reconocimiento de la dificultad objetiva que tiene la situación; una referencia al marco internacional; una llamada a la corresponsabilidad de los propios empresarios y de los trabajadores: en suma, la ponderación que cabe esperar de una declaración institucional. ¿Qué pasó en la CEOE para que olvidase este buen tono y saludara al nuevo Presidente del Gobierno con el desplante, la acritud y las amenazas que he copiado? ¿Qué sentido tenía que recibieran así los empresarios a uno de los suyos? Y ¿por qué esa impaciencia, esa descortesía, de dar el exabrupto a la prensa unas horas antes de que el candidato expusiera su programa? ¿No era casi una declaración de guerra, un ultimátum con el plazo vencido? Y ¿por qué? Fraga y Ferrer, dos hombres con ambición frustrada de Moncloa, unidos un 19 de febrero en mi daño, con actitudes, y palabras, casi idénticas. ¿Por qué?

Gracias a Dios, el 23F modificó muy pocas cosas en España, en muy pequeña medida y por muy corto tiempo, contra lo que ha solido afirmar un análisis ligero. Como antes he dicho de las magnitudes macroeconómicas, los sondeos del CIS apenas si se enteran del golpe militar[105]. La CEOE tampoco dulcificó su actitud respecto de mi Gobierno. Recibí en la Moncloa muy frecuentemente a Carlos Ferrer (siempre que me lo pidió): las entrevistas, en mi memoria y en las notas que guardo, se parecen unas a otras como gotas de agua. Después de un saludo cortés y afectuoso, el Presidente de la CEOE se sentaba a mi derecha, en el sofá de las visitas, pero no para una escena de sofá; yo le invitaba a hablar y él extraía del bolsillo interior de su americana un haz de breves papelitos, los miraba unos momentos, levantaba los ojos y me lanzaba con suavidad ignaciana esta jaculatoria interrogativa:

«¿Cuándo cesas a García Díez?»

La jaculatoria se repetía invariablemente en todas las ocasiones. Ferrer estaba de acuerdo con aquellos para quienes García Díez, procedente de los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, era una incrustación traidora dentro de UCD, traidora a los votos que habían dado el Gobierno a UCD. Y sin duda me veía a mí ingenuamente prisionero de un hombre peligroso, del que debía tomar distancia cuanto antes. García Díez no ignoraba esta animadversión con que le distinguía la derecha, y más de una vez me ofreció su dimisión; pero nunca tomé en serio el ofrecimiento. García Díez era Secretario General Técnico de Comercio en el último Gobierno de Franco, con José Luis Cerón al frente del Ministerio; al llegar en diciembre de 1975 lo mantuve en su puesto e iniciamos allí una colaboración estrecha de la que tengo un excelente recuerdo. Conocía yo de antiguo a García Díez y a sus compañeros del Ministerio de Comercio, también amigos míos[106] y pude comprobar que el antiguo progre al que llamaban «el Carpojo» sus más próximos había dejado paso a un hombre responsable, con una seria preparación económica, en la línea liberal que ha inspirado la política económica española de la transición. Nuestra colaboración en 1981 y 1982 fue muy buena, y sólo se volvió difícil hacia el final, cuando el desamparo parlamentario del Gobierno, el injusto uso que hizo la oposición del dramático síndrome tóxico contra varios Ministros económicos y, entre ellos, contra García Díez, y la presión misma de la crisis, llegaron a doblegar su buen temple. A última hora fue la flexión de García Díez la causa inmediata que me determinó a disolver en agosto de 1982, porque estaba claro que el equipo dirigido por él no tenía ya el ánimo numantino que hubiera sido necesario para preparar los Presupuestos de 1983. García Díez se había batido heroicamente hasta entonces, en medio de una situación económica y política miserable, y no tenía ninguna razón Ferrer al hacerlo responsable de todos los males.

Se daría más tarde, con el Gobierno del PSOE, la paradoja siguiente, muy conocida por otra parte, que explicaré en un lenguaje escolar porque es muy claro:

Valorando las conductas de O a 10, como en el colegio, la CEOE esperaba de un Gobierno de centro (de centro-derecha, según ellos) un comportamiento de 9 puntos, y lo tuvo sólo de 7; en cambio, se temía de un gobierno del PSOE un comportamiento de 3, y lo ha tenido de 5. Ciertamente 5 es peor que 7, pero la mejoría respecto de lo temido les ha dejado un sentimiento de gratitud hacia el PSOE, como les dejó un sentimiento de hostilidad hacia UCD la rebaja respecto de lo esperado, aunque fuera en valor absoluto mejor. El final de la crisis y la euforia subsiguiente han hecho lo demás. Esto se lo explicaba yo a Ferrer, incluso con este mismo ejemplo de las notas de clase, pero no conseguí nunca su comprensión.

Sin duda una parte de la derecha económica extendía a mi persona la descalificación a priori que les mereció García Díez, y atribuyó a las malas compañías alguno de mis comportamientos. Así el Presidente —ya fallecido— de uno de los grandes Bancos, por quien tuve siempre una gran admiración personal, no se sorprendió cuando le dije una vez en mi despacho de la Moncloa:

—«Mire, Presidente, desde 1975 han cambiado muchas cosas en España: el régimen político, las libertades, las Cortes, el gobierno, los Sindicatos, las relaciones laborales: sólo siguen igual los Consejos de Administración de algunos Bancos grandes. ¿No le parece a usted, además de anacrónico, levemente provocador y gravemente peligroso?»

No se sorprendió, pero sin duda me puso una mala nota más. Y no cambió ni un consejero.

Otro Presidente, el del Grupo bancario —también entre los siete grandes— para el que yo había trabajado 25 años (desde octubre de 1950 hasta diciembre de 1975), me dejaría en la calle de la jubilación anticipadísima cuando entré de arribada en su despacho después de la derrota de UCD, a finales de 1982; fueron precisos dos cambios en la Presidencia de aquel Banco para remediar el entuerto; la espera me hizo pasar algún apuro, ciertamente relativo, pero me dejó a cambio muy buena conciencia. Nadie es profeta en su tierra.

Estrambote 1.º
EL COMPLEJO DE LA MONCLOA

La prensa suele decir del Presidente del Gobierno que sufre el «síndrome de la Moncloa», o el «complejo de la Moncloa». Lo dijo de Suárez y de mí, lo dice de González y lo dirá de cualquiera que sea el sucesor de González. Se trata, naturalmente, de un reproche al inquilino presidencial por la extraña vida que lleva.

—«Llevarás aquí una vida inhumana», me dijo Adolfo Suárez cuando nos despedimos a la puerta del Palacio, el 26 de febrero de 1981. Tenía razón. Pensé durante algún tiempo que Adolfo Suárez y yo lo pasábamos mal en la Moncloa por la situación minoritaria de UCD, verdadera angustia para el Presidente. Pero cuando vi a Felipe González algún tiempo después de haber llegado él a la Moncloa (me parece que fue en la entrega del Premio Cerecedo a Nativel Preciado) pude comprobar que la enfermedad monclovita es independiente de la aritmética parlamentaria: Felipe González, con más de doscientos diputados, estaba ojeroso, abatido y quejica.

—«Presidente, no esperes de mí que te consuele —le dije—: mandas en el Congreso y en el Senado con una mayoría muy cómoda; tienes un Partido sin familias, tendencias ni fisuras[107]; has recibido una democracia perfectamente consolidada, tras el susto militar; la economía de Occidente está en alza y empuja a la española sin que tu Gobierno tenga que esforzarse mucho; y, además, llueve después de la sequía de 1981 y 1982. ¿Qué más quieres?»

El inquilino de la Moncloa sufría ya el famoso síndrome. Al Presidente del Gobierno la mayoría parlamentaria no le daba la felicidad. ¿Por qué?

Pasar de la empresa privada a un Ministerio supone ya para el nombrado un deterioro grave de la calidad de su vida; pero pasar de un Ministerio a la Moncloa es un daño mucho mayor. Los Ministros se quedan hasta muy tarde en su despacho oficial (casi todos, no todos) pero vuelven luego a casa y recuperan para el descanso el rincón antiguo de la lectura o de la televisión; vuelven a la intimidad. El Presidente es, en cambio, un exiliado constante; vive en una residencia secundaria que no es suya, separado de sus libros, lejos del paisaje familiar hecho a su medida y, entre la jura y el cese, no halla lugar donde poner los ojos que no sea recuerdo de su suerte. De ahí —aunque no solo de ahí— le viene el síndrome, el complejo de la Moncloa; de ahí le viene la alienación, la más aguda alienación que haya podido nunca concebir una mente marxista.

Tengo la sospecha de que la presión ambiental sobre el Presidente ha ido creciendo a medida que ha ido creciendo también el entorno burocrático que lo rodea. En los tiempos de Suárez y en los míos rodeaban al Presidente media docena de personas: hoy cercan a Felipe González más de un centenar; las dependencias que los alojan han exigido, al parecer, inversiones de miles de millones de pesetas, y otras que todavía están en curso. En los tiempos de Suárez y en los míos se hablaba, impropiamente, del Palacio de la Moncloa; impropiamente porque aquello era, a lo sumo, un palacete en el centro de un parque magnífico; ahora se habla ya del complejo de la Moncloa: tanta es la burocracia presidencial. Ese complejo físico y arquitectónico agrava el otro complejo psíquico y espiritual que aqueja al Presidente en la Moncloa, aunque tenga la mayoría parlamentaria y los vientos soplen a su favor. Un poeta de los primeros años del siglo llamó al Papa «aquel preclaro sucesor de Pedro / que en la metrópoli romana vive / de su propia grandeza prisionero». No sé si la grandeza del Presidente del Gobierno es ahora mayor que hace diez años, ni la comparo, Dios me libre, con la pontificia, pero, ciertamente, parece como si González estuviera más preso en ella que sus antecesores. También es verdad que en el complejo de González acampa el Vicepresidente Guerra; yo no tuve esa cruz.

En el crecimiento espectacular del complejo de la Moncloa no sólo hay que ver una tendencia muy socialista a aumentar la burocracia, sino algo más: un concepto diferente de la organización presidencial misma.

Existen dos modelos de organización en la cumbre de una estructura importante, sea pública o privada: en uno de ellos el Presidente se apoya sobre la llamada línea ejecutiva, es decir, en el caso del Gobierno sobre los Ministros, y les confía plenamente el programa, su ejecución y su seguimiento. En el otro modelo el Presidente forma a su lado un Gabinete de expertos que reproduce, a escala reducida, el esquema de los Ministerios, y con él organiza y vigila el trabajo de los Ministros; es el esquema de la desconfianza.

Yo he preferido siempre el primer modelo, más próximo al modelo tradicional inglés, que hace al Presidente un primus inter pares. Felipe González ha preferido el segundo modelo, más próximo al francés. Eugene Noel, antiguo Secretario General de la Comisión Europea, emprendió hace algún tiempo en su Instituto de Florencia un estudio sobre las formas de organización administrativa del Gobierno en los países de la Comunidad; no sé si lo ha terminado, pero cuando me habló de él pensaba que los dos modelos están igualmente extendidos.

Mi trabajo en la Moncloa descansaba sobre cuatro personas: Matías Rodríguez Inciarte, Luis Sánchez Merlo, Eugenio Galdón e Ignacio Aguirre.

La preparación de los Consejos y la relación con los Ministerios ocupaban a Rodríguez Inciarte; cuando fue Ministro de la Presidencia continuó, desde un nivel más alto, con la misma tarea. Su gran capacidad, su cabeza clara, su energía envuelta en un trato afable, su sosiego, su retranca de asturiano ejerciente hicieron de él un colaborador eficacísimo. Se empeñó en la Televisión privada: algún día me ayudará a contar por qué se quedó el proyecto sobre la mesa.

Luis Sánchez Merlo llevaba eso tan vasto y tan indefinible que suele atender por el nombre de «asuntos políticos». Venía a mi despacho a primera hora de la mañana, y llamábamos a Ignacio Aguirre para un primer vistazo a la prensa: seiscientas veces nos desayunamos los tres con los sapos del tópico. Luego Sánchez Merlo y yo hacíamos el repaso de la situación parlamentaria y política, y de la agenda inmediata: curiosamente me acostumbré a tomar su consejo, el consejo de un hombre no sólo mucho más joven que yo, sino jovencísimo: tenía poco más de 30 años. El dicho clásico «del viejo el consejo» no está vigente hoy, y menos lo estaba entonces, en el trance rapidísimo de cambio que fue la transición. Las críticas y las sugerencias de Sánchez Merlo le brotaban de un talante alegre y a la vez ponderado que ni la dureza final de mi etapa de Gobierno pudo ensombrecer o empañar. Los Ministros apreciaban su criterio, y él supo casi siempre hacerse perdonar que yo lo valorase tanto.

Sobre Eugenio Galdón pesaba la servidumbre administrativa, el despacho de la inundatoria correspondencia que amenaza con ahogar al Presidente y, sobre todo, el manejo de la información económica, también aluvial, que precede a los Consejos, a las Comisiones Delegadas y a los debates parlamentarios. Solía verlo a última hora de la tarde aunque él, como sus compañeros del Gabinete, entraba libremente en mi despacho a cualquier hora del día o de la noche. Su capacidad para resumir, su método y su paciencia me servían de descanso en los finales de jornada; porque en la Moncloa, al revés que en San Pablo, la cólera empieza a la puesta del sol.

Ignacio Aguirre, Portavoz del Gobierno, el único de los cuatro que asistía a los Consejos de Ministros, reservaba para los periodistas su flexibilidad y para mí su sinceridad. La relación con la Prensa es el caballo de batalla de todo Gabinete Presidencial: Ignacio Aguirre puso al servicio del mío la sabiduría de su carrera diplomática, la habilidad para hurtar el bulto (pese a su corpulencia física y moral) aprendida sin duda en los tentaderos de vaquillas, y aquel aire bondadosamente pesimista que se compadecía tan bien con la dureza de los tiempos, y en el que se hundían sin éxito las afiladas preguntas de las ruedas de prensa.

Completaban el mínimo Gabinete Antonio Fournier, diplomático también, que me mantenía puntualmente informado de la situación internacional por unos resúmenes claros de obligada lectura para mí; y Alfredo Sánchez Bella, abogado del Estado, a quien pedía dictámenes urgentes, y que sufrió mucho con la LOAPA.

Lucila Martín, mi secretaria particular desde los tiempos de la industria privada, aceptó resignadamente la alienación de aquel medio público tan distinto al de la empresa, y mantuvo con eficacia la exclusiva de tomar al dictado cuantas notas, cartas o discursos necesitaba yo escribir personalmente.

Fuera del Gabinete propiamente dicho me acompañaban unos ayudantes militares, que ya lo eran de Adolfo Suárez; sucesivamente pasaron por la Moncloa el Teniente Coronel Valcárcel, el Teniente Coronel Ariza, el Capitán de Fragata López Cortijo, el comandante Cabanillas y el Capitán de Fragata Chereguini. Cuando el Ayudante de turno me saludaba de mañana con un sonoro: «Sin novedad, Presidente», pensaba yo: ¿Sin novedad, y ayer hemos perdido una votación en el Congreso, y se esfuman dos nuevos tránsfugas por la derecha, y el IPC del mes último se anuncia alto, y…? Pero agradecía la tranquilidad del saludo, que me ayudaba a valorar en su justa medida los disgustos de la jornada.

Dentro del palacete había también, en mi época, otros servicios: entre ellos un eficaz Gabinete Telegráfico experto en buscar, y encontrar, a cualquier persona en cualquier lugar y a cualquier hora del día o de la noche. La voz que responde al Presidente cuando levanta alguno de los innumerables teléfonos de su despacho o de su vivienda llega a ser un símbolo sonoro de la Moncloa, porque le acompaña como rayo que no cesa. Siguen estando allí algunos de los excelentes funcionarios de mi tiempo; y así, cuando ahora llamo desde la calle a la Moncloa, su voz renueva en mí la memoria de mi Presidencia, con un leve temblor más hecho de inquietud que de nostalgia.

Y ésta es la Moncloa en que yo viví, rompeolas de los mil cuatrocientos problemas españoles. Pese a la buena compañía que he recordado, la vida monclovita es inhumana, como me dijo Suárez. Habría que tener menos amor a la vida que Felipe González para no sentir, como él dice que siente, la tentación de irse. Y hay que tener la juventud que tiene Aznar para querer ardientemente, como él dice que quiere, vivir en el complejo de la Moncloa.

Estrambote 2.º
LOS CONSEJOS DE MINISTROS

1. Escenario

En las democracias viejas hay dos clases de hombres: los ungidos por el voto popular —«los elegidos», según la casi teológica terminología francesa—, y los otros. Durante la transición política española tuvo mayor importancia otra clasificación de los hombres públicos también en dos grupos: los Ministros y los demás; todo el problema personal consistía en pasar del segundo grupo al primero. El privilegio de ese paso lo tuvieron desde 1976 a 1982 los hombres de UCD.

Yo he sido Ministro en todos los Gobiernos de la Monarquía desde diciembre de 1975 hasta diciembre de 1982, salvo unos meses en los que fui presidente del primer Grupo Parlamentario de UCD; y he asistido a unos centenares de reuniones del Consejo de Ministros. La costumbre no me ha hecho olvidar la aureola mítica que para mí, y para mis amigos de 1975, tenía la expresión Consejo de Ministros: unas cuantas personas se reúnen todas las semanas en un cónclave protegido por juramento de secreto, llegan a la reunión con abultadísimas carteras y rostros responsables y salen de ella muchas horas después, sonrientes y enigmáticos, para zambullirse en el interior de opulentos coches celados por cortinillas y vidrios oscuros. Al día siguiente esos hombres poderosos firman colaboraciones, que se llaman Decretos, en un periódico lleno de prestigio, en el que no se admiten otras firmas: el Boletín Oficial del Estado.

La institución del Consejo de Ministros es, si no mítica, bastante respetable en cuanto máquina de tomar decisiones. Antes de ser Ministro me senté durante más de 20 años en algunos Consejos de Administración, en sus Comisiones Ejecutivas y en varios Comités de Dirección, que son los Órganos en los que supuestamente se concentra el poder económico del sector privado. Ya sé que se trata de estructuras distintas, pero me atrevo a compararlas y a decir —sin pretensiones dogmáticas— que es tan aceptable máquina de tomar decisiones el Consejo de Ministros con sus Comisiones Delegadas como el Consejo de Administración y las suyas. Supongo la extrañeza, benévola o irritada, con la que leerán algunos esta conclusión, porque es un axioma indiscutible e indiscutido que lo público, todo lo público, funciona peor que lo privado, todo lo privado. Tal convencimiento anima en los últimos años la privatización del mundo occidental. Y sin duda es cierto que la economía y la eficacia son mucho mayores en el ámbito privado que en el ámbito público. Lo que yo digo no contradice frontalmente aquella convicción: lo que yo digo es que, en cuanto máquina de tomar decisiones, el Consejo de Ministros puede ser más real y menos formal, más colegiado y menos presidencialista, más vivo y menos protocolario que algunos Consejos de Administración y sus órganos delegados. En el Consejo de Ministros se discute con más libertad y mayor profundidad, la dictadura del Presidente es menos visible, el asentimiento de los presididos es menos dócil, la información previa mucho más amplia: y todo ello a pesar de que las materias sobre las que decide el Consejo de Ministros pueden ser más delicadas y complicadas, y el acoso de la opinión pública mucho más angustioso.

Se da esta paradoja: muchas Sociedades privadas no tienen todavía en España un órgano de dirección colegiado, y perviven en ellas, entre el que manda y sus inmediatos colaboradores, esquemas de relación que recuerdan los de Felipe II con sus secretarios de despacho. Y, sin embargo, la cosa pública se viene rigiendo en España desde hace dos siglos, desde Floridablanca, por un órgano colegiado y por un esquema de relaciones más racional y más cercano al que recomiendan las grandes empresas consultoras modernas.

El Consejo de Ministros se reúne semanalmente; el orden del día para cada reunión se forma con antelación y detalle, de manera que los Ministros reciben los textos que van a debatirse, y sus notas explicativas, con tiempo bastante para estudiarlos. Las discusiones son, por lo general, ordenadas y mejoran casi siempre la propuesta inicial. Largas horas de reunión semanal crean entre los reunidos unos vínculos de afecto, o al menos de costumbre, sobre los que se establece de hecho la responsabilidad común de derecho. El Consejo de Ministros es, probablemente, una incrustación de relativa eficacia en un sector público poco eficaz.

Los que presidía Carlos Arias duraban todo el día, como en los tiempos de Franco; el Presidente hablaba poco y dejaba que cada Ministro se extendiera, a veces abusivamente, sobre los asuntos de su competencia. La sala del Consejo, en el palacete que lleva el n.º 3 del Paseo de la Castellana, no era grande ni cómoda; un solo teléfono en la antecámara servía para las consultas o las indiscreciones de los Ministros. Carlos Arias cuidaba más que sus sucesores la gastronomía del tentempié.

Adolfo Suárez reunió sus primeros Consejos en la Castellana; a partir del 13 de enero de 1977 se trasladó el Consejo, con él, a la Moncloa. La nueva sala era todavía más pequeña y más incómoda, aunque más pretenciosamente decorada; había servido antes de comedor, cuando los huéspedes ilustres del Estado se alojaban en el Palacete. Lo mejor de la pieza es una lámpara del siglo XVIII que tiene una cajita de música con trinos de pájaros: nadie sabía lo de los trinos hasta que los pájaros se pusieron a cantar un día interrumpiendo las palabras del Presidente al final de un almuerzo solemne. Luego Adolfo Suárez redujo al silencio la pajarería e impuso en las reuniones del Consejo una gran disciplina, que es ésta: se interviene previa petición de la palabra y dirigiéndose siempre al Presidente; las referencias a otros Ministros se hacen en tercera persona, citando la Cartera y nunca el nombre propio. Cualquier Ministro puede salir cuando le parece. Si alguna intervención tediosa ahuyenta a muchos Ministros, el Presidente hace llamar a los que se han ido por un ujier respetuoso. Una batería de teléfonos en el llamado Salón de Columnas, contiguo a la sala del Consejo, da muchas más facilidades para la consulta a los Gabinetes, y para la indiscreción.

A medida que avanza su mandato, Suárez encuentra más aburrido el Consejo, se levanta con mayor frecuencia y sale al Salón de Columnas, dando al pasar un golpecito en la espalda a algún Ministro para que le acompañe en sus reflexiones peripatéticas. Preside en su ausencia, sin decidir, Gutiérrez Mellado. Sólo quien preside tiene que estar continuamente atento: buena parte del Consejo se dedica a informes largos de Ministros diligentes, casi siempre primerizos, a los que sólo el Presidente escucha; o a polémicas entre dos Ministros, siempre a través del Presidente, sobre prolijas cuestiones de competencia interministerial. Yo sé hasta qué punto es duro ejercer la presidencia durante muchas horas, sin abandonar el sillón, atento a los tenores o a los jabalíes, y comprendo que mi antecesor, cuya Presidencia duró más de cuatro años, llegara a cansarse del oficio; y que se haya cansado mi sucesor, después de siete. Yo no tuve tiempo.

Casi siempre al final de un Consejo de Ministros hay que redactar notas o comunicados para la prensa, la radio o la televisión. La cosa es ardua por tres razones: porque los Consejos acaban tarde y los Ministros están cansados; porque el Ministro responsable de la noticia no quiere comprometerse por escrito y se resiste a hablar claro; y porque (y esto me parece más grave) son pocos los Ministros con buena pluma. Creo que vale la pena añadir un breve comentario a estas tres razones.

Primera, el cansancio y la prisa. El Ministro vive crónicamente cansado y sin tiempo. Recibe a diario demasiada información: periódicos, audiencias, teléfono, cartas, notas; si el Jefe de Gabinete filtra mucho, acaba mandando mucho; si no filtra bastante, le falta al Ministro tiempo para mandar. Frecuentemente la improvisación inevitable, seguida por el sostenella y no enmendalla, mete al Ministro en jardines sin salida, como el Jardín de los Senderos que se Bifurcan que pensó Borges. Cuando ya tarde, a veces a altas horas de la noche, se levanta la sesión del Consejo, los Ministros cansados aflojan la tensión súbitamente, se quieren marchar y ya no son capaces de dictar ni una línea.

En segundo lugar, los Ministros no se quieren comprometer en un texto escrito y no suelen estar conformes con ninguna versión clara que se proponga. Cualquier borrador pasa de mano en mano y el texto se mecha de adverbios en mente, de incisos, de mala retórica vacía. Los periodistas saben que las cosas pasan así y se enfrentan a los comunicados oficiales con el afán indagador de un detective; ahí está uno de los orígenes de la mala relación sistemática entre Ministros y periodistas.

La tercera razón merecería un comentario más serio. Pocos Ministros se preocupan no ya de escribir con alguna voluntad de estilo, sino simplemente de redactar poniendo en buen orden sujeto, verbo y predicado. Casi ninguno tiene de verdad amor al lenguaje. El lenguaje para el político es una Celestina, y a nadie se le ocurre que a Celestina haya que amarla; a quien hay que amar es a Melibea.

No fue así en otros tiempos, cuando había detrás de cada político un escritor frustrado. Hemos perdido el gusto por la expresión justa, y no digamos el gusto por la expresión bella. Hacen bien los Académicos de la Española en fustigar la lengua que hablan los Ministros, o la que usan los Diputados y los Senadores. La Gaceta de Madrid fue alguna vez un periódico bien escrito; ya no lo era el Boletín Oficial en el que yo escribí durante siete años. Nuestro tiempo registra una pérdida penosa del verbo político. A los Ministros no les importa ya escribir bien, no les parece que sea útil para un político cuidar su expresión escrita.

En mis años de Gobierno tuve un vago afán, que no perdí nunca, de hablar y de escribir correctamente. Ahora aquel cuidado me parece enfático e ingenuo: pero entonces no podía soportar que la voz del Gobierno fuera imprecisa o incorrecta, y no pasaba por la mala sintaxis de las notas que hacían algunos Ministros; la corrección última me traía trabajo y disgustos.

También me empeñé en corregir los textos que me preparaban mis colaboradores para las intervenciones públicas que se ve obligado a hacer todos los días el Ministro, o el Presidente del Gobierno. Empezaba corrigiendo entre líneas y acababa dictando el texto entero. Cuando algunas veces no lo hacía, por falta de tiempo, me costaba mucho leer bien las palabras ajenas y, si el texto era largo, me iba ganando con la lectura la penosísima impresión de ser un mal actor de un drama malo. Más de una vez dejé las cuartillas y me tiré al agua de la improvisación. Tuve una mayor sintonía con dos colaboradores eminentes en la Moncloa: Gabriel Cisneros y Manuel Villar Arregui, que en las grandes ocasiones me ayudaron mucho, sin que su prosa desencadenara en mí el rechazo fisiológico de los cuerpos extraños. Pero confieso que aun a sus notas les metía la pluma; como a las académicas y consanguíneas de Joaquín Calvo Sotelo, con las que más de una vez adorné mis intervenciones.

Desde que comenzó a asistir a los Consejos de Ministros un Portavoz del Gobierno se le solía dejar la ingratísima tarea de contar a los periodistas lo que los Ministros habían decidido que se les contara. En ese oficio recibí de Suárez a Rosa Posada: no había pensado aún qué hacer con ella cuando me presentó su dimisión sumarísima, a la puerta misma de la Moncloa, apenas llegado yo de la Jura en la Zarzuela. Urgencias de viuda india que quiere arder en la hoguera del marido muerto. Ignacio Aguirre sucedió a Rosa con ventaja, y cumplió heroicamente, prudentemente y hábilmente aquella delicada obligación durante casi dos años; su talante pesimista no le iba mal a los tiempos difíciles que nos tocó vivir juntos. Pero con Portavoz y todo seguían haciendo falta comunicados escritos y faltaban siempre Ministros que los supieran escribir bien.

Hubo excepciones ilustres a esa regla. A Jaime García Añoveros le daba pereza poner sus talentos literarios al servicio de las habilidades políticas, pero acababa aceptando el oficio de redactor, o el de corrector de estilo, con la gracia y la contundencia de su doble raíz andaluza y vasca. También Fernández Ordóñez se prestaba a redactar las notas del Consejo, aunque no fueran sobre asuntos de su competencia. Y lo hacía con elegancia y con exactitud; si alguna vez metí la pluma en sus textos fue sólo para quitar un ribete progre o una cita supernumeraria de Camus.

Comprendo ahora que mi insistencia en el cuidado formal de las notas oficiales fue excesiva, y comprendo también que desatara contra mí el humor de los Ministros. A Pío Cabanillas le parecía una imprudencia y un disparate expresar con claridad la opinión del Gobierno. Muchas horas sobre textos matemáticos me habían acostumbrado a la claridad y a la concisión, virtudes que están muy contraindicadas en el ejercicio de responsabilidades públicas. Ahora pienso que Pío tenía razón.

Porque hay que decir que si los políticos no cuidan el lenguaje, tampoco los electores les piden ese cuidado. Ni los electores ni, apenas, los comentaristas. Hoy nadie espera de un Ministro o de un Diputado una pieza literaria, ni un argumento bien trabado, ni una lógica persuasiva. ¿Qué es lo que se espera entonces del hombre público? Se espera que comunique bien. «Felipe González es un buen comunicador», hemos leído muchas veces en los últimos años. Y ¿qué comunica Felipe González? ¡Ah! Eso no importa. Lo importante no es lo que se comunique, sino que el político comunique bien. El verbo comunicar se ha hecho intransitivo y no necesita un complemento directo. Hasta ahora el diccionario de la Academia sólo recoge una acepción intransitiva del verbo comunicar, la que lleva el número 7: «Dar un teléfono… la señal indicadora de que la línea está ocupada…» Me atrevo a proponer una papeleta con otra acepción intransitiva:

Comunicar: 10. Polit. intr.: hablar un hombre público sin decir nada e inspirando confianza a quien le oye.

La falta de verbo ha sido una característica del Parlamento, sobre todo en la última Legislatura. Cuando aprobamos el primer Reglamento del Congreso se perdió, por muy pocos votos, un artículo que prohibía a los Diputados leer sus intervenciones en la tribuna. Fue una pena. Desde entonces todos hemos abusado de las intervenciones leídas. La entrada de la televisión en el hemiciclo ayudó un poco a la expresión directa: pero el tono se hizo más coloquial, y el debate parlamentario, ya antes muy pobre, dejó paso a la yuxtaposición de soflamas dichas sólo para la pequeña pantalla. Por eso el hemiciclo ha llegado a ser un lugar tan aburrido.

Como inquilino frecuente de la tribuna recuerdo sólo dos ocasiones gratificantes en las que brotó, como la llama del rescoldo, una relación directa entre mi palabra y los Diputados. Una fue mi debate de investidura en 1981 (el primero de la Monarquía, porque la desgana parlamentaria de Suárez y la precaución excesiva de sus amigos truncaron el debate en 1979). La segunda fue en 1985, cuando intervine sobre el Estado de la Nación representando a las menguadas huestes centristas; nuestro Grupo Parlamentario era mínimo y terminal y, sin embargo, la palabra de un Diputado casi suelto fue escuchada en silencio y atentamente por una Cámara llena. En esas dos ocasiones sentí al adversario cerca, como supongo que el torero siente al toro en una faena arriesgada.

* * *

Los Ministros juran mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo. El juramento es, además, un rito de iniciación y una liturgia pomposa que sirve para confirmar al Ministro novato en el alto concepto que suele tener de sí mismo. Luego esperará vanamente el gran Secreto de Estado que guardar. Rof Carballo empieza su prólogo a los Tesouros novos e vellos de Álvaro Cunqueiro con estas palabras: «A verdade mais importante encol dos tesouros encovados é… que realmente esisten». Pues bien: lo primero que hay que decir de los Secretos de Estado es, precisamente, que no existen. No hay secretos de Estado. Los periodistas creen que sí los hay y sueñan con sacarlos heroicamente a la luz para mejor servir el derecho del público a estar informado. Secuelas del Watergate. Pero aunque no haya secretos de Estado siempre queda a los Ministros un ámbito para ejercer su indiscreción: las deliberaciones del Consejo. En los muchos a que yo he asistido —unos trescientos— se mantuvo razonablemente bien la reserva. Porque Fernández Ordóñez, a cuya actividad comunicadora dedicaré luego la atención que merece, no faltaba propiamente al secreto de las deliberaciones: se limitaba a referir por teléfono, desde el mismo Patio de Columnas muchas veces, los matices con los que él las había enriquecido, temeroso siempre de que lo confundieran con los demás. No recuerdo haber visto trasladada a la Prensa en sus justos términos ninguna de las cuestiones reservadas o de las tormentas ideológicas que —muy de tarde en tarde— venían a morir o a descargar sobre la mesa del Consejo de Ministros.

Hago memoria de las ocasiones en que tuve, como Ministro, la certeza de saber algo verdaderamente importante y verdaderamente confidencial, cuya publicación hubiera tenido consecuencias de verdad graves. Fueron muy pocas. La primera el viernes 6 de febrero de 1976; estaba cayendo una gran nevada y yo tenía el propósito de ir a esquiar el sábado al Puerto de Los Cotos. Presidía Carlos Arias en el Paseo de la Castellana y cuando levantó la sesión, ya muy entrada la noche, Villar Mir, Vicepresidente a cargo de la economía, me detuvo para decirme con estudiada indiferencia:

¿Te importaría venir por mi despacho mañana sábado entre las 10 y las 11 para una conversación informal? Creyéndome lo de la informalidad, me atreví a responder:

Si pudiera ser por la tarde, o el domingo a cualquier hora, lo preferiría. Mañana pensaba ir a esquiar.

El Vicepresidente Económico insistió en su convocatoria, sin modificar el color gris de su voz, pero con un deje autoritario en ella. Súbitamente comprendí que me encontraba ante un secreto de Estado:

¿No irás a devaluar la peseta?

Villar Mir acababa de desmentirlo en la Prensa con un énfasis que ahora me parecía sospechoso. Negó una vez más como San Pedro, mientras la cara se le encendía con un rubor de primerizo.

Naturalmente, me quedé sin esquiar y devaluamos:

Años más tarde, llegó a la mesa del Consejo el anuncio de un golpe de Estado que se iba a dar al día siguiente en un país del tercer mundo; era portador del anuncio un extraño visitante, que hablaba una extraña lengua y al que habían retenido en la puerta de la Moncloa los Servicios de Seguridad. El visitante traía documentos que lo acreditaban como portavoz del golpista, contaba detalles exactos de la operación y pedía el apoyo militar de España. El golpe se dio a los dos días y tuvo éxito sin la intervención española.

Cayó sobre mí el tercer secreto de Estado el lunes 26 de enero de 1981, cuando Suárez nos dijo, inopinadamente, a unos cuantos Ministros que había tomado la decisión de dimitir; ya he contado cómo aquel secreto se mantuvo rigurosamente durante tres días.

No recuerdo haber hecho entre 1976 y 1982 otros esfuerzos de continencia verbal dignos de ser contados.

Pude comprobar definitivamente que no hay en nuestra época secretos de Estado el día 27 de febrero de 1981, cuando me senté por primera vez a la mesa que había sido de Adolfo Suárez (y un siglo antes del General Narváez). Me recibieron los tres Ayudantes Militares que heredaba de Adolfo, con la tradicional cortesía militar. (Por cierto que en estos tiempos de malos modales las Fuerzas Armadas son una reserva preciosa de urbanidad). Se pusieron los Ayudantes a mi disposición y me explicaron el funcionamiento del Palacio, como se le llamaba enfáticamente entonces a la Moncloa con un notorio abuso de lenguaje. Al final de las explicaciones el Capitán de Fragata López Cortijo extrajo un sobre pequeño del bolsillo del pantalón y me lo extendió con ceremonia:

—Es la llave de la caja fuerte, Presidente.

Yo no sabía que hubiera en la Moncloa una caja fuerte.

—¿Hay aquí una caja fuerte? ¿Dónde está?

—Detrás del sillón del Presidente.

Ahí estaba en efecto, apenas disimulada dentro de un armario.

—Vamos a abrirla.

Mis Ayudantes iniciaron una retirada respetuosa: les movía el temor religioso al secreto de Estado. Porque ¿dónde van a estar los secretos de Estado si no es en la caja fuerte del Presidente del Gobierno?

Les retuve.

—Me tenéis que dar la combinación de la caja.

Ah, la combinación. Nunca la habían tenido los Ayudantes, ni se habían atrevido a pedirla nunca.

—¿No te la ha entregado tu antecesor, Presidente?

Mi antecesor no había tenido tiempo de entregarme casi nada —salvo el Poder y un golpe militar, que no es poco.

Confieso que empezaba a picarme la curiosidad: nada la estimula tanto como una puerta cerrada.

Recordé que los policías, después de los ladrones, son los que más saben de forzar cajas fuertes. Y llamé a Rosón, Ministro del Interior.

—Tengo que forzar una caja fuerte.

—Eso está hecho, Presidente —me dijo con su paz galaica y sin asombrarse nada, como buen vecino de Becerreá.

A la media hora me anunciaban la visita de un funcionario; le hice entrar y en unos minutos de manipulación experta logró que la caja hiciera un «clic» liberador.

—Señor Presidente, la caja está abierta.

Le di las gracias y el funcionario se retiró discretamente. Los Ayudantes querían irse otra vez. Volví a retenerlos.

Con cierta emoción introduje en la cerradura la llave, pequeña y pesada. Le di dos vueltas, que se cumplieron con toda suavidad; la puerta giró también suavemente sobre sus goznes. Los Ayudantes miraban púdicamente por la ventana. Yo miré al interior. La caja era pequeña y un estante la dividía en dos cuerpos. El de abajo estaba vacío. Sobre el estante, un papel doblado, tamaño cuartilla. Extraje el papel. Ahí estaba el secreto de Estado. Al parecer, era uno sólo: tal vez la causa de la dimisión de Suárez, o del último destino de Armada.

Traje el papel a mi mesa y lo desdoblé cuidadosamente. El papel tenía una breve fórmula algebraica con números y letras. No me fue difícil encontrar el sentido.

El papel tenía la combinación de la caja fuerte[108].

A mi sucesor se la entregué vacía, porque toda la información se la di abierta y sobre la mesa del despacho.

Quién sabe si Felipe González ha guardado en la caja, celosamente, la explicación de su aprecio por Alfonso Guerra. Búsquenla allí los historiadores futuros.

2. Bestiario

Joaquín Garrigues

¿Por qué dijo Joaquín Garrigues Walker aquello de que si los españoles pudieran ver lo que pasa en un Consejo de Ministros saldrían corriendo a los aeropuertos y a las fronteras para ponerse a salvo? Sin duda exageraba. Sin duda también su buen humor liberal le hacía sentirse incómodo en un Consejo hecho para acordar intervenciones del Estado en la Sociedad.

Tuve a mi lado a Joaquín Garrigues en el Consejo de Ministros a partir de abril de 1979 cuando, ya enfermo, dejó la Cartera de Obras Públicas y aceptó ser Ministro Adjunto al Presidente, con muy poco trabajo y menos responsabilidad. La mía como negociador con el Mercado Común tampoco interesaba mucho al Consejo. El protocolo nos sentaba en un extremo de la mesa, lejos del Presidente; cuando la sesión se remansaba en un debate aburrido, Joaquín me pasaba coplas festivas, a las que daba mayor fuerza cómica el membrete del Consejo de Ministros; o se las pasaba yo a él y él me respondía; o hacíamos el ejercicio de completar una décima escribiendo sucesivamente un verso cada uno. De la amistad política nació una amistad personal, y de ella quiero dejar aquí una breve memoria.

Joaquín Garrigues tuvo una conciencia muy aguda de su propia singularidad, como les sucede a los ungidos por el sentido del humor. Y sabía muy bien que sentido del humor quiere decir reírse de uno mismo; el suyo era un humor buscado, una construcción voluntaria, aunque ciertamente levantada sobre una predisposición casi biológica. «El humor es tanto una disposición de la sangre como una disposición de la mente», dijo Mme. de Staél. Una disposición de la sangre.

El humor fue en él también, antes que cualquier otra cosa, un no conformismo, una suspensión de lo evidente, de lo comúnmente admitido; una ingenuidad voluntaria, una fingida ignorancia de la sabiduría ya hecha que usan los adultos en política.

A veces se le sentía como perdido en un mundo hostil: ése era el precio de su libertad, de su libertad verdadera, de su libertad para decir la verdad. Y el decir la verdad le llevó a un humor comprometido, comprometedor, sobre todo en sus últimos meses, cuando la conciencia de su destino inevitable y la pasión por la verdad le movían a decir lo inconveniente, lo responsable. Pero siempre mantuvo su hombría de bien, y su caridad, y su repulsa de los argumentos ad hominem, y su deseo de conciliación.

El pudor cuidadoso de su propia intimidad me parece uno de los rasgos más notables de aquel carácter: ponía siempre distancia entre él mismo y su entorno; aunque era hombre de muchos amigos, porque el pudor de su intimidad no le impidió nunca la entrega liberal de su amistad.

Británicamente, por su sangre anglosajona sin duda, tuvo Joaquín Garrigues en el juego político la estimación de los suyos y de los otros, y aportó a los Consejos de Ministros su sentido de la conciliación, como hombre «pontifical» que hubiera dicho Pedro Laín Entralgo.

Con Joaquín Garrigues hablé mucho en aquellos Consejos de los años 1979 y 1980. Él venía entrenado por sus apartes con Fernández Ordóñez, cuando se sentaban juntos en el Gobierno anterior. Recuerdo una sesión durante la cual el Ministro de Justicia, Landelino Lavilla, y el del Interior, Rodolfo Martín Villa, se enzarzaron en una de las discusiones típicas entre los dos Departamentos Ministeriales: la polémica tenía alguna tensión, de la que participaba también Suárez, pero no el resto del Consejo. Mientras tanto Joaquín hablaba continuamente en voz no muy baja al oído de Paco. El bisbiseo llegó a irritar a Adolfo, quien interrumpió el debate sobre las competencias interministeriales dirigiendo a Joaquín, con impertinencia de dómine, esta pregunta:

«¿Podría el señor Ministro de Obras Públicas decir a todo el Consejo lo que está diciendo sólo a su vecino el Ministro de Hacienda? Porque sin duda aportará nueva luz al debate en curso».

Joaquín respondió con humildad y seriedad como sigue:

«Perdóneme, señor Presidente. Estaba preguntando al señor Ministro de Hacienda si tenía a mano las señas del peluquero del señor Rodríguez Sahagún».

Pío Cabanillas

Antes de Joaquín, mi compañero de clase en los Consejos había sido Cabanillas, Ministro de Cultura. Cuando volví al Consejo en febrero de 1978 para ocuparme de la negociación con el Mercado Común, el orden protocolario me situó en el extremo de la mesa, casi copresidiendo, geométricamente, con Adolfo Suárez, entre Sánchez Terán y Pío. Salvador era un buen alumno, que atendía siempre. Mi trabajo en los primeros meses no necesitaba acuerdos del Consejo que, además, tampoco se distinguía entonces por su celo europeísta: yo era allí una especie de oyente, pero de verdad. Me sorprendió que Pío lo fuera también. Al tercer Consejo silencioso le pregunté:

—¿Por qué no intervienes?

—Porque me aburro.

¿Empezaban a ser aburridos los Consejos de la transición, o era más bien que Pío, hombre de tertulia, se sentía incómodo en aquel foro tan formal? Nunca habíamos coincidido en el Gobierno, pero ya entonces podía jactarme de ser un especialista en Pío; completé esa formación —hasta donde es posible, en una materia tan indefinida— hablando con él durante los Consejos, como los malos alumnos en clase.

Pío es un hombre singular. Forzando a Ortega se puede decir que Pío, más que cualquier otro mortal, es él y su circunstancia; hasta el punto de que vive de ella, de su circunstancia, construida y cuidada por él a lo largo de muchos años de vida pública. Una palabra de Pío, tantas veces dicha al azar, se interpreta por la audiencia fidelísima que nunca le falta (sobre todo en los medios de comunicación) a partir de aquella circunstancia, con una exégesis digna de las Sagradas Escrituras, poniendo mucho el sujeto que escucha sobre lo muy poco dado por Pío. ¿Y cuál es esa circunstancia? Ante todo, el ingenio. Pío es ingenioso en extremo: nadie lo ha puesto nunca en duda. Y además es penetrante. Cuanto dice se oye como una parte de la gran verdad oculta, revelada a medias por él, que el exégeta se dispone inmediatamente a descubrir; Pío es una promesa constante, rara vez cumplida, de horizontes nuevos y nunca vistos: rara vez, pero suficiente número de veces para mantener viva la circunstancia de Pío. Como, además, todo lo dice galaicamente, aforísticamente, irónicamente, dejándolo caer, pidiendo perdón, rogando que se le adivine y que se le ahorre el esfuerzo de la claridad, como todo lo subraya con miradas de soslayo, con sonrisas intencionadas, con guiños de complicidad que invitan al interlocutor a ser tan inteligente como él —resulta que nadie se atreve jamás a no entender a Pío, de suyo tan poco inteligible; porque no entender a Pío, o creer que no ha dicho nada, o sugerir (alguna vez se duerme Homero) que ha dicho una tontería, es tanto como declarar la propia insuficiencia, la propia incapacidad o la propia estulticia. Un grupo de periodistas se acerca a Pío y le pregunta:

—¿Qué piensa usted de la próxima convocatoria electoral?

Pío sonríe, baja los ojos, hiere levemente el suelo con la punta del zapato y, por fin, habla:

—Como dicen en mi tierra, hay que verlas venir.

Un viento de admiración discipular se levanta de cuantos le rodean. Alguno apostilla:

—Genial, Don Pío.

Otro remacha:

—Don Pío, como siempre, dando en el clavo.

La circunstancia en acción.

Al día siguiente, cuatro columnistas emplean su columna en el desarrollo del pensamiento cabanillesco encapsulado en aquella frase. Para uno, Pío ha querido decir que el mapa político español no está acabado, que seguimos en una especie de prórroga constituyente; para otro, está claro que el partido de Pío (aquí subyace la arriesgada hipótesis de que se sabe exactamente cuál es en cada ocasión el partido de Pío) va a subir su cuota de votantes y que tiene una expectativa clara de poder; para un tercero, en cambio, Pío ha dicho que no terminará con las elecciones la travesía del desierto y que lo prudente sería (¡qué pena que Pío no se atreva con el inglés!) wait and see. El cuarto comentarista, como también es gallego, se reserva; y así puede escribir al día siguiente de las elecciones:

—Cabanillas tenía razón. Ya dijo, hace un par de meses, a su manera críptica, que…

Y, a renglón seguido, cuenta lo que efectivamente pasó en las elecciones, colgándolo del aforismo anticipador del Pío.

Cuando llegué de nuevo al Consejo en febrero de 1978, después de unos meses en el Grupo Parlamentario, tenía la curiosidad amistosa de saber lo que daban de sí Pío y su circunstancia en aquellas tenidas. Ya he dicho que, públicamente, poco. Pero mucho en el diálogo confidencial, durante los debates aburridos, o en las pausas. Conservo notas suyas, que me pasaba cuando la conversación en voz baja podía incurrir en descortesía, o en la cólera del Presidente. El 2 de junio de 1978 llegué con retraso al Consejo, porque había pedido verme urgentemente el Embajador de Francia, Emmanuel de Margerie, deseoso de disculpar uno de tantos enredos como armaban los franceses para entorpecer la negociación comunitaria que yo conducía. Cuando me senté informaba —simpática y prolijamente, según su costumbre— José Lladó. Conservo la hoja del bloc, con membrete del Consejo, en la que le pregunté a Pío:

—Dime: ¿cómo está el patio?

Su lacónica respuesta escrita fue:

—No hay patio.

(Cuando de verdad no quedaba patio era en 1980).

Pío entretenía su aburrimiento en los Consejos dibujando con sumo cuidado infinitas volutas que se enlazaban incansablemente sin cortarse nunca, extrañas curvas algebraicas trazadas con una obsesiva preocupación de continuidad en todos sus puntos y hasta la derivada enésima. (A Pío le va mucho el concepto matemático de continuidad). Otras veces su arte distraído prefería los entablamentos clásicos, o las custodias barrocas; a esta última clase pertenece una de las ilustraciones de este volumen: estaba en mi archivo, dentro del Orden del Día correspondiente al Consejo de 30 de marzo de 1978, entre mis notas sobre el debate que desencadenó el Ministro de Hacienda al proponer una subida de los precios del tabaco.

En 1986 Pío huyó a Estrasburgo; allí otro especialista puede completar este esbozo de semblanza estudiando a Pío químicamente puro. Porque en los pasillos del Parlamento Europeo la distancia y la barrera del idioma han dejado a Pío a la intemperie, sin el aura protectora de su circunstancia ibérica.

Ahora Pío vuelve a estar en la pomada, cerca de José María Aznar. Oiga Aznar su consejo siempre, sígalo cuando lo entienda y no haga caso de los envidiosos que le hablaren mal de Pío Cabanillas.

Ricardo de la Cierva

Como el cometa Halley a la Tierra, aquel gran hombre se acercó durante unos meses al Consejo de Ministros. Como los astrónomos, yo supe de antemano que iba a llegar. Poco antes del celeste acontecimiento, el viernes 14 de diciembre de 1979, volaba yo a Bruselas en aquel pobre Mystére de los tiempos de UCD, acompañando a Suárez; por fin había conseguido que el Presidente del Gobierno pusiera en la Comunidad Europea no sólo sus ojos, retenidos por Centroamérica o por el Estrecho de Ormuz, sino también sus pies, anclados tercamente en la Moncloa: íbamos a pasar un fin de semana en el Chateau belga de la Hulpe, con Roy Jenkins, Presidente de la Comisión, y los Comisarios Ortolí, Davignon y Natali. Sentados frente a frente en los dos únicos asientos cómodos del Mystére, compartíamos Adolfo y yo la escueta mesita desplegada entre los dos; sobre ella los papeles de Suárez se mezclaban con los míos. Llegando a Bruselas me alargó cuatro holandesas escritas a mano, con letra grande y cuidadosa de alumno empollón.

—Léete esa carta. Te divertirá. Me manda un par de ellas a la semana. Todas iguales. Me cuenta en ellas lo que pasa por Madrid. Quiere ser Ministro; y lo va ser.

Era una carta dirigida a «Mi querido y respetado Presidente», en la que se contaba, con medido suspense, buen humor y mejor estilo literario, una historia de batallas de amor y campos de pluma. Al final, tras una estudiada pausa tipográfica, se daba el nombre de uno de los guerreros que era, naturalmente, el de un político notorio.

Firmaba la carta Ricardo de la Cierva.

Lo de menos es que no dijera la verdad. Lo de más, que pretendiera, a ese precio, un lugar en el Consejo de Ministros. Claro que también el Conde-Duque de Olivares, joven, hacía méritos besando el orinal del Rey[109]; pero luego fue el mayor hombre de Estado del XVII español.

—¿Y lo vas a hacer Ministro?

—Mucho me temo que sí.

Estaba muy justificado el temor de Suárez. Ricardo de la Cierva fue Ministro un mes más tarde. Su perihelio no le acercó mucho al Sol-Presidente: Ricardo se quedó en el otro extremo de la mesa ovalada, cerca de mí, donde solían aparcarse los Ministros raros: Cultura, Relaciones con las Comunidades Europeas, Adjuntos al Presidente; Ministros que hoy son y mañana van al horno, como los lirios del Evangelio, muy lejanos de las grandes Carteras estables: Hacienda, Interior, Exteriores.

El nuevo Ministro estaba casi siempre en trance; parecía no encontrar la dirección justa de sus ojos: o muy bajos, recogidos piadosamente sobre el Orden del Día, o muy altos, hacia la lámpara de los pajaritos, quién sabe si más arriba aún. Guardo en un Orden del Día del mes de marzo de 1980 un trozo de un soneto festivo —que no llegué nunca a acabar—, inspirado en la actitud de mi vecino por la izquierda: El primero de los tercetos dice así:

Insanos ojos de color de liebre

siempre mirando bajo, y aún es gracia,

que si mirasen alto dieran fiebre.

El segundo terceto está lleno de tachaduras: sólo se leen con claridad las consonantes desgracia, pesebre y democracia.

En cada Consejo nombraba Ricardo de la Cierva docenas de Asesores, y había que pedirle moderación, porque los nombramientos no dejaban hueco en el Boletín Oficial para los Decretos de los demás Ministros.

No recuerdo otros hechos o intervenciones suyas.

Fue, también, un Minister interruptus. El cese le sorprendió en septiembre de 1980. Nunca pudo Cierva entender por qué cesaba: los que no estaban en el secreto de las cartas del Mystére no entendían tampoco por qué lo había nombrado Adolfo. Ya cesante siguió escribiendo, no en el Boletín Oficial sino en el Ya, y no con prosa administrativa, sino panfletaria. Fue uno de los prototránsfugas de UCD, con Miguel Herrero, y se incorporó a la Ejecutiva de AP, volviendo en ella a la misma Cartera de Cultura; luego, fiel a Halley, desapareció en los espacios exteriores, para reaparecer en otra galaxia: la de los premios literarios, que va mejor a sus talentos.

Durante muchos meses, en 1981 y en 1982, siendo yo Presidente, me insultaba a conciencia todas las mañanas desde las páginas del Ya. Quise saber por qué. Entendía y aceptaba sus juicios críticos, pero nunca llegué a comprender su saña. A lo mejor ahora esta semblanza festiva le decide a explicármela.

Me dolía de ella en una copla asonetada, que no llegué a enviar al periódico; la transcribo ahora:

Ayer, en su cacatio matutina,

(que tan píos sermones nos reserva)

me dicen que Ricardo de la Cierva

vuelve a insultarme tamquam medicina.

¿Qué tengo yo, que mi persona inclina

pluma tan docta a la pasión proterva?

¿Qué tengo, que tan lúcida minerva

conmigo disparata y desatina?

Mira, Cierva, que en coplas y sin ganas

correspondo a tus cóleras insanas

y ni te tomo en serio, ni me enojo.

Piensa que de color y de adversario

conmigo te equivocas, por sectario:

fui Ministro contigo, y no soy rojo.

Pero no se alarme el lector. Los astrónomos dicen que el cometa Halley no volverá a pasar cerca de nosotros hasta el año 2062.

Fernando Abril

Fernando Abril Martorell llenó durante un par de años los Consejos de Ministros. Se sentaba a la derecha de Gutiérrez Mellado e intervenía el último en todas las cuestiones importantes. Intervenía con precisión, con coraje y con claridad: Fernando Abril sólo era Fernando El Caótico en la tribuna del Congreso. Arbitraba las disputas entre los Ministros con autoridad y con acierto; y, cuando no arbitraba, le pedía que lo hiciera la mirada interrogante de Suárez. Una afinidad explicable de vicario le hizo guerrista, y fue una pena. Tuve por él una estimación no compartida, de colega ingenieril, que aún me lleva hoy a disculpar su sañuda beligerancia contra mí en 1981 y 1982. Sentí que se rompiera su relación, casi conyugal, con Suárez, en agosto de 1980. Y se lo dije así a Adolfo, que me escuchó en silencio y me dijo lentamente luego:

—¿Has terminado?

—Sí.

—Pues quiero que tú lo sustituyas.

Yo no quería. Me forzó Suárez con paciencia y persuasión, y con la ayuda inteligente de Mariano Rubio. Cuando cedí —el espíritu está pronto, pero la carne es débil— me dijo el Presidente:

—Voy a ocuparme personalmente de las cuestiones económicas. Son demasiado importantes para delegarlas; Fernando no me ha dejado entrar en ellas, y se ha reservado mucho poder. Espero que tú no hagas lo mismo.

Contra mi voluntad, tuve que acabar haciendo lo mismo. Empecé reuniendo a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos en la Moncloa para que la presidiera Suárez; pero sólo presidió la primera reunión. Acordamos luego que él presidiría una semana sí y otra no; la que no, podría yo reunir a la Comisión en mi despacho del Ministerio de Economía. Finalmente, celebrábamos todas las reuniones en mi despacho.

Al revés que la mayoría de los políticos, Fernando Abril es un hombre que discurre mejor que habla. Su dificultad de expresión hace que las ideas mal formuladas se acumulen a presión en su cabeza y acaben saliendo en explosiones, en exabruptos verbales, o en aforismos. Pero en los Consejos de Ministros hablaba más fluidamente. Fue el divo indiscutible de aquella mesa en 1978 y 1979; y uno de los sayones de UCD en 1982.

Rodolfo Martín Villa

«Es un tanque», decía Fernández Ordóñez después de alguna intervención de Rodolfo Martín Villa. Otras veces dulcificaba la expresión y decía resignadamente: «Es un japonés».

La sólida estructura física de Rodolfo, su cabeza poderosa, el ángulo defensivo del cuello con el torso, los ojos amparados en las dioptrías, pero siempre alerta, son algunas señales externas y físicas de su configuración interior. La falta, casi deliberada, de brillantez formal da mayor eficacia a sus parlamentos en el Consejo de Ministros; la Cartera de Gobernación se acompasa muy bien con ese estilo[110].

Fueron todo un espectáculo las frecuentes discusiones entre Rodolfo, Ministro de la Gobernación, y Landelino, Ministro de Justicia; las competencias de los dos Ministerios están próximas y eso da lugar a muchos incidentes fronterizos. Para el espectador (como yo, en mi silla tranquila de Obras Públicas) los debates parecen casi un conflicto ontológico entre la materia y la forma, entre la realidad y el derecho. Rodolfo pone al servicio de su posición la solidez física y moral que he descrito; Landelino contesta con la lógica de los argumentos jurídicos; detrás de Rodolfo se adivinan ejércitos de guardias civiles; detrás de Landelino, roce de togas. A la robustez de Rodolfo opone Landelino la dura fragilidad de los dictámenes y de los considerandos: frente a la contundencia de púgil con que interpela el uno, blande el otro la mano derecha doctoralmente levantada, con el índice y el pulgar tocándose por las puntas; al tono a veces amenazador hace contrapunto una homilía siempre elegante; es un duelo de Bruckner contra Rossini.

Rodolfo es Ingeniero como yo y aprendió en la Escuela que los hechos son más fuertes que las razones y que, pese a Hegel, no todo lo real es racional. Yo me sentía próximo a él, dispuesto a la comprensión, porque siempre me ha parecido que la Cartera de Interior es la más dura del Gobierno. Las víctimas del terrorismo se le mueren al Ministro del Interior y al Presidente del Gobierno: para los demás Ministros no son asuntos de su competencia.

A nuestra afinidad profesional se añadía una diferencia antigua, nunca resuelta: la del hombre del SEU que él había sido y el monárquico juanista que había sido yo. Mis peleas en la Castellana con activistas del SEU eran anteriores al mandato de Rodolfo, y no había por lo tanto entre él y yo motivos para un disgusto personal. Nos separaba una cuestión de creencias, que hubiera dicho Ortega y Gasset, con raíces más profundas. Por ejemplo, a Martín Villa, como al propio Suárez, se le veía a veces una preferencia invencible por lo social frente a lo económico, y yo era blanco de esa beligerancia suya, porque mis responsabilidades en el Gobierno fueron, hasta la Moncloa, en el área de la economía, área que, además, venía estando desde los tiempos del franquismo en manos de economistas progres y socialdemócratas. El thatcherismo del PSOE ha dejado muy camp aquella posición de Rodolfo.

El momento de mi máxima admiración técnica por él fue la confección de las listas electorales de 1977. Cerramos las listas en su despacho del Ministerio de la Gobernación, a lo largo de 48 horas de trabajo ininterrumpido. Sobre la mesa, media docena de teléfonos ponían a Rodolfo en comunicación directa con los Gobiernos Civiles; yo aportaba los datos de mis conversaciones anteriores con los líderes de la que se había llamado Coalición Democrática: Joaquín Garrigues, Fernández Ordóñez, Pío Cabanillas, y Fernando Álvarez de Miranda. Rodolfo tenía su propia lista de correligionarios; pero entre todas las listas no había nombres suficientes para llenar las candidaturas. La conversación con los Gobernadores permitía cubrir esas lagunas, y nos traía, además, una información local impagable. A eso se le llamó, exagerando, la invasión de los azules. Rodolfo, como buen político, se encontraba muy a gusto en ese trance de hacer las listas, que para mí era, en cambio, un trance ingrato e incómodo.

Mi estimación por el Rodolfo profesional y hombre de Partido, labrada en aquellas horas finales de las candidaturas de 1977, me llevó en noviembre de 1981 a pedirle que aceptara una Vicepresidencia del Gobierno, sin cartera específica, para que desde ella enlazara con UCD y preparase las elecciones. Vamos, para que hiciera —y que me perdone la comparanza— de Alfonso Guerra. Me equivoqué: ya he contado en otro lugar cómo esa experiencia no fue exitosa para UCD, ni agradable para Rodolfo. Ni contuvo la hemorragia del partido por la derecha. A finales de 1981 ya UCD lo había perdido todo.

Coincidí con Rodolfo en la última aventura de listas: la de 1982. Él y yo formábamos con Landelino, Presidente de UCD, una breve Comisión Electoral. En aquella tristísima mesa volvieron a lucir la tenacidad de Rodolfo, verdaderamente «inasequible al desaliento», y una de sus grandes virtudes cordiales: la defensa a ultranza de los amigos políticos. En el conflictivo caso de Extremadura sostuvo tercamente a Sánchez de León: yo apoyaba la candidatura de Oliart, Ministro en mi Gobierno. Cuando la diestra de Landelino dejó el gesto de distinguir por el de mandar y me dio la razón, Rodolfo tuvo un pronto vengativo y me quiso sacar de la lista de Madrid, para poner en mi pobre número dos a Rosón. Landelino decidió otra vez contra Rodolfo y me sostuvo como segundo, con Rosón como tercero; la pelea era inútil: ni Rosón ni yo saldríamos. Rodolfo, sí[111]. La provincia de León le guardaba una fidelidad que sólo más tarde le disputaría con ventaja José María Aznar; desde entonces se refugia en la lista de Madrid.

Rodolfo sigue siendo un «vieux routier» de la política, como Pío, como Adolfo, como Fraga, que emerge de la prehistoria franquista y penetrará en el postsocialismo del siglo XXI. Ésas son vocaciones, y no la mía. ¿O la de Felipe González?

Francisco Fernández Ordóñez

Paco está siempre a punto de irse. No se entienda esto como una manera dulce de llamarle tránsfuga, sino como un dato profundo de su personalidad, como un elemento central de su Weltanschauung. Paco Fernández Ordóñez no se siente nunca instalado, no es nunca establishment, no le gusta su entorno, quiere irse de él, está siempre mirando a la fruta del cercado ajeno. Paco es un hombre fonterizo, con un pie en cada lado de la raya, y no se deja fácilmente filiar; haga política o empresa privada, socialismo o centrismo, literatura o precisión siempre parece decir: mi reino no es de este mundo. En otros tránsfugas, en todos los demás, el transfuguismo es accidente, es vicio o es anécdota: en Paco el transfuguismo es esencia, es naturaleza. Por eso da la impresión de que está constantemente a punto de irse, como su escritor preferido, Saint Exupery.

Hablé largamente con Paco en 1974, cuando él estaba en el INI y yo en Explosivos Río Tinto. Paco se decía harto de la empresa pública, del sector público, de su ineficacia congénita, y miraba con envidia al cercado ajeno del sector privado, en el que estaba yo. Y yo, que a lo mejor soy también fronterizo —aunque no haya tenido más carnet que uno, el de UCD— le contestaba que tampoco en el sector privado hay verdadera libertad creadora; que tal vez eso de iniciativa privada española podía entenderse casi como una contradicción en los términos; que, por ejemplo, la industria química pesada española era una especie de imposible metafísico (yo estaba entonces empeñado en la ardua tarea de hacerla posible); que la única química básica viable en España o era pública (y subvencionada) o multinacional y extranjera. Paco en 1974 estaba a punto de irse del sector público, y yo del sector privado.

Paco es un insatisfecho esencial. Pero —y ahí la contradicción en que consiste su personalidad— no se guarda para él su insatisfacción, no se cierra en sí mismo como suelen hacer los insatisfechos: necesita, por el contrario, dar publicidad a su estado de ánimo, hacer confidencias resonantes sobre su falta de acomodación al lugar donde ha hecho nido transitorio, publicar que su reino no es de ese mundo. Que no lo vayan a confundir con un franquista —cuando estaba en el INI en 1974— o con un suarista —cuando servía a Suárez en 1977— o con un calvosotelista[112] en 1981, cuando era ministro en mi Gobierno, o con un felipista en 1986, cuando lo de la OTAN. De esa preocupación por no ser confundido con ningún establishment —típica del intelectual frustrado que hay en Paco— nace su incontinencia con los medios de comunicación, y no de una frivolidad que no tiene. Paco necesita que los periodistas, y luego la opinión pública, sepan en todo momento que su pertenencia a un Gobierno, o a un partido, son situaciones transitorias que no afectan a su personalidad, inclasificable siempre. (Claro que su extraversión se reduce cuando el partido al que sirve es fuerte).

El nombre de Paco evoca en mí de manera automática su imagen hablando por teléfono, en el Patio de Columnas de la Moncloa, con una mano en el auricular y la otra en el bolsillo del pantalón, siempre de pie y recorriendo la circunferencia que tiene por radio el cable extendido, como un perro atado describe la órbita que le permite la cadena. Paco estaba más tiempo al teléfono en el Patio de Columnas que sentado en su sillón del Consejo de Ministros: se decía que siempre, al otro lado del hilo, había un periodista y que el periodista, casi siempre, era de El País.

Ya unos años antes, en mayo de 1977, había sucedido en mi casa algo pintoresco que anunciaba esa estrategia telefónica en la que luego Paco alcanzaría tanta perfección:

Estaban él, Joaquín Garrigues, Pío Cabanillas y Fernando Álvarez de Miranda conmigo, preparando las listas para las elecciones del 15 de junio. Yo había traído de la Moncloa un primer borrador de la lista de Madrid, siempre la más conflictiva, y en ella iba Rafael Arias Salgado con el número dieciséis; oyendo que a su entonces lugarteniente primero se le atribuía un número que no iba a salir (obtuvimos once diputados por Madrid), Paco se rasgó las vestiduras y amenazó con abandonar mi casa y la Coalición. (¡Qué pena que no le hayas dejado irse! me diría Suárez cuando le conté la historia). Para que no se fuera le propuse meter a Rafael Arias de número uno por Toledo; Paco aceptó, porque la propuesta era buena, y yo le rogué que no dijera nada hasta el día siguiente, porque el número uno de Toledo se le había atribuido ya a Gonzalo Payo y parecía descortés sacarle de la cama —eran las doce y pico de la noche, muy tarde incluso para un astrónomo— y encima contarle el cambio. Seguimos con otros nombres y de allí a poco me pidió Paco hablar por teléfono: le indiqué la habitación próxima, donde tenía —y tengo— mi mesa de despacho. Hube de entrar en ella más tarde a buscar un papel, y vi a Paco por primera vez en la escena de perro telefónico que he descrito, contando por lo menudo la historia de Rafael Arias. «Es Juan Luis», me dijo como única y suficiente explicación. Hubo que despertar a Gonzalo Payo.

Salvo en la incontinencia telefónica, Paco fue un excelente Ministro con Suárez, conmigo y —por lo visto— con González. Conmigo fue trabajador, imaginativo y flexible hasta el último día: literalmente hasta el último día, porque el domingo 30 de agosto de 1981 tuve con él y con otros cuatro Ministros una larga reunión en la Moncloa preparando el difícil período de sesiones que se nos venía encima; y el lunes 31 encontré sobre mi mesa a las nueve de la mañana las notas que le había pedido la víspera, y una carta de dimisión que ya había dado a la prensa, naturalmente. Cuento el trance por lo menudo en el Estrambote 3.º, Nominilla de Tránsfugas.

¿Qué hubiera sido de Paco Fernández Ordóñez a mediados del siglo XIX, antes de que se inventara el teléfono?

José Pedro Pérez Llorca

«Es un pura sangre —decía Adolfo—. Hay que darle palma-ditas en los flancos antes de la carrera, y un terrón de azúcar al final, si ha corrido bien, como suele».

Tiene José Pedro mucho de quebradizo y de transparente, como los materiales nobles y es, como ellos, de manejo difícil y aún peligroso; pero vale la pena trabajar con él.

Tuve la primera noticia suya en la primavera de 1977, por mi hijo Leopoldo, estudiante entonces de Derecho en la Complutense.

«Ha habido un mitin en la Facultad, con varios oradores —y aquí me dio una serie de nombres ya conocidos—. El mejor, el más inteligente y elocuente, un tal Pérez Llorca, de pelo blanco pero muy joven».

Recordé aquel juicio a primeros de mayo cuando en la Moncloa (en el piso de arriba, residencia del Presidente) hubo reunión de rabadanes para hacer la lista de Madrid —se entiende la lista de candidatos de UCD al Congreso de los Diputados por Madrid—. El rabadán Osorio, que estaba a punto de dejar de serlo, se sentaba enfadadísimo en una silla con los brazos cruzados, de espaldas y a cinco metros de los demás que bullían en torno a la mesa del comedor. En ella empezaba a partir el bacalao Fernando Abril; Adolfo tomaba notas. Llegué tarde por la barahúnda que se había instalado en las oficinas electorales, y estaba ya sobre la mesa un primer borrador de la lista, lleno de tachaduras y que no dejaba satisfecho a nadie. Pude introducir alguna enmienda más, una de ellas decisiva: Pérez Llorca, que tenía el número 12, pasó al 11, cambiando su puesto con Óscar Alzaga. Como sólo sacamos once diputados, aquel cambio metió a José Pedro en la luz del escenario político y dejó a Óscar, evangélicamente, en las tinieblas exteriores. Comprendo que Óscar no me lo haya perdonado nunca, pero yo no sabía que la frontera ontológica entre el ser y el no ser iba a pasar exactamente entre el 11 y el 12.

Ya he contado como a mí también me dejaron aquellos comicios en otras tinieblas exteriores, quiero decir, fuera del Gobierno. Se me atribuyó como consolación la Presidencia del Grupo Parlamentario. Yo quería volver a la empresa privada —siempre la fruta del cercado ajeno— y me llevé conmigo al Grupo, como portavoz y heredero asociado, a José Pedro, que me sucedería unos meses más tarde en la Presidencia. Antes de irme de ella tuve que proponer a la Mesa del Congreso los tres nombres de UCD en la Ponencia Constitucional. Era Ministro para las Relaciones con las Cortes al efímero Ignacio Camuñas, que estaba por aquellas fechas puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte política. Ignacio me dio, «de parte del Presidente» un papelito con tres nombres: no estaba entre ellos el de Pérez Llorca, aunque yo lo había propuesto. Se lo hice ver así a Camuñas, quien se desentendió airadamente del tema. Llamé entonces a la Moncloa, y Adolfo me dijo:

«Haz lo que quieras, pero no se puede tocar a Miguel Herrero, que es de Landelino, ni a Gabriel Cisneros, que es de Rodolfo».

Las familias. El tercero —que sí me lo ha perdonado generosamente— no era de ninguna, como tampoco José Pedro, que lo sustituyó. El nuevo trueque empujaría a José Pedro, dentro ya del escenario, a las candilejas y a los focos.

No me arrepiento de aquellos dos manejos. José Pedro es uno de los ejemplares más raros y valiosos de este bestiario político. La Prensa le llamó «zorro plateado» y Adolfo acabó haciéndolo Ministro de Exteriores, al mismo tiempo que me nombraba a mi Vicepresidente del Gobierno. Yo lo mantuve cuando llegué a la Moncloa, y él dirigió con talento y habilidad la operación de ingreso en la Alianza Atlántica, que consolidaba la transición exterior y sería luego una bola de hierro encadenada a los tobillos de Felipe González para frenar sus escapadas juveniles. Fue Ministro de Exteriores, pero no vagó por los espacios exteriores de la política, como es habitual en el huésped del Palacio de Santa Cruz; José Pedro venía del Grupo Parlamentario, y de la más interior de las políticas: la autonómica. Después de informar en los Consejos sobre Centroamérica y de proponer placets, como manda la costumbre, se quitaba el uniforme diplomático y descendía a la arena de los gladiadores. Es una pena que se haya quedado voluntariamente en las gradas desde 1982.

Estrambote 3.º
NOMINILLA DE TRÁNSFUGAS

El transfuguismo se ha puesto de moda hacia finales de los años ochenta; primero fue en Galicia el giro espectacular de Barreiro que dio al PSOE el poder en la Xunta, y luego en Madrid, el de Piñeiro, —otro nombre galaico, vaya por Dios—, cuyo cambio de fidelidad a última hora aseguró el gobierno del PSOE en la Comunidad Autónoma. Pero si la moda es reciente, el tránsfuga es una especie antigua en la fauna política, como es antigua la palabra chaquetero con la que tradicionalmente se le designaba y que me parece mucho más certera, por menos noble, que la pretenciosa y esdrújula de tránsfuga.

En la Monarquía parlamentaria, inaugurada por las elecciones de 1977, es fácil documentar el transfuguismo ya desde los tiempos de UCD. A la pobre UCD —a la extinta UCD— se la despoja de todo precisamente por haberse extinguido hace años; se le niega hasta el honor de haber sido la cuna del transfuguismo contemporáneo. Ya está bien que la etapa socialista se apropie de la entrada de España en la Alianza Atlántica o de la reducción del golpe militar; pero resulta sobremanera arrogante que se atribuya también la germinación del transfuguismo, que era planta muy crecida ya en los tiempos de UCD, tanto que UCD murió de tránsfugas.

Sería injusto negar el título de prototránsfuga a Francisco Fernández Ordóñez, quien rompió su carnet de UCD el 1.º de septiembre de 1981, siendo nada menos que Ministro de Justicia en mi primer Gobierno; con él iniciaron el viaje hacia el PSOE otros 9 tránsfugas del Congreso y del Senado. Ahora bien: inmediatamente después de darle el título hay que añadir que Fernández Ordóñez cambió de chaqueta con elegancia, como si cambiase el chaqué por el frac en el Palacio de Santa Cruz. Fernández Ordóñez es un esteta y cuida la estética de su imagen hasta cuando se pasa al adversario. Como yo soy muy sensible a las formas, a fuer de monárquico, no guardo ningún rencor a Fernández Ordóñez por haber inaugurado estéticamente, aun a costa de mi Partido y de mi Gobierno, la era del transfuguismo.

Ya en el mes de mayo de 1977, cuando me tocó el duro oficio de hacer las primeras listas electorales para UCD, Fernández Ordóñez anduvo entrando y saliendo en la nueva disciplina como hombre inevitablemente fronterizo que es. Le espantaba la presencia de tantos azules en las listas, a él que había tenido puestos políticos en tiempos azules, y dudó hasta el último momento si aceptaba o no entrar con sus menguadas huestes en la coalición centrista. La misma duda tenía respecto de él Adolfo Suárez, a quien yo informaba sobre la complejísima negociación de las candidaturas, y que me dijo más de una vez:

—«Deja a Paco y a los suyos fuera».

Yo no hice caso de aquella orden, hija de la ira y de la confianza que tenía entonces Adolfo en su carisma y en su persona; más de una vez me recordaría Adolfo mi debilidad por Fernández Ordóñez. Y esa misma debilidad me llevó a conservar a Ordóñez en el Ministerio de Justicia, desde el que había promovido la Ley del Divorcio, y para que la terminara, en mi primer Gobierno; muchos en UCD me reprocharían ese nombramiento y, ciertamente, quienes me lo reprochaban se llenaron de razón unos meses más tarde, cuando el ave migratoria que es Paco levantó el vuelo hacia territorios más soleados. La espantada fue así:

Había tomado el Gobierno unas vacaciones muy cortas a finales de agosto de 1981 y el domingo 30 reuní en la Moncloa a un grupo de Ministros, entre los que estaba Fernández Ordóñez, para preparar la estrategia del nuevo curso que se nos venía encima. A lo largo de muchas horas pasamos revista a las nubes que oscurecían el horizonte después de unos meses en los que habíamos llegado a creer que lo peor había pasado ya. Fernández Ordóñez participó activamente en aquel debate, como era su costumbre; propuso ideas hábiles y moderadas y no dio en ningún momento señales de la decisión tránsfuga que sin duda había tomado ya. Cuando nos despedimos, muy entrada la noche, le pedí un par de notas sobre propuestas que él había hecho en la reunión. Unas horas más tarde, al llegar a mi despacho de la Moncloa a las 9 de la mañana del lunes 31 de agosto, encontré sobre mi mesa las notas que había pedido a Paco y una carta de dimisión. Inmediatamente hice que me comunicaran por teléfono con él: aceptó mi sorpresa y también aceptó, aparentemente, mi ruego de que su carta y su dimisión quedaran durante una semana entre él y yo, para que pudiéramos hablar sosegadamente de sus razones y, si las mías no le convencían, me ayudase en la búsqueda de un sucesor.

Fui ingenuo olvidando la incontinencia verbal y proverbial de Fernández Ordóñez: hacia las doce de aquel día el rumor de su dimisión estaba en los teletipos, y antes del almuerzo se daban ya entre comillas párrafos de su carta confidencial. Volví a pedir que me lo pusieran al teléfono y, pese a la eficacia acreditada del Gabinete Telegráfico, no pude dar con él en toda la tarde. Así que decidí cesarlo en rebeldía y llamé urgentemente a Antonio Garrigues Walker para ofrecerle la Cartera de Justicia. Antonio me pidió tiempo, y le di exactamente dos horas, porque yo quería despachar con S. M. el nombramiento esa misma noche y enviarlo luego al Boletín Oficial. Como no era cosa de que Garrigues se moviera de la Moncloa para decidirse, aunque el tráfico de Madrid estaba mucho mejor que hoy, puse a su disposición el despacho nuevo de Suárez, que nadie ocupaba habitualmente. Desde aquel lugar hizo algunas consultas por teléfono y poco antes de las 9 de la noche me dijo que no podía aceptar porque estaba obligado a sus colaboradores del bufete. Lamenté su decisión, y sé que él mismo la ha lamentado desde entonces; fue una pena que olvidase la sabia recomendación de comprar los rábanos cuando pasan. Sobre todo esta clase de rábanos ministeriales. Ya había previsto yo su negativa y puse en marcha la solución de repuesto que publicó al día siguiente el Boletín Oficial: Pío Cabanillas, Ministro de la Presidencia, pasaba a Justicia y Matías Rodríguez Inciarte, que venía llevando la relación con el Ministerio de la Presidencia desde mi corto equipo de apoyo, pasaba a ocupar el puesto de Pío.

Fernández Ordóñez se enteró del cese por la prensa. Supongo que el cauce le pareció normal. Su carta de dimisión estuvo en seguida en los medios de comunicación. Es una carta muy propia de Paco. (Creo que era Stendhal quien decía que en una persona enfática el énfasis es natural; a mí me parece que la duda sistemática, la preocupación por la imagen propia, la orientación de las velas al viento que se espera dominante, son rasgos que el espectador interpreta como doblez, pero que el actor Ordóñez sabe nacidos de lo más hondo de su persona).

La carta empieza con una frase que pone en guardia al lector, porque de ella puede colgarse cualquier cosa:

—«A esta altura de mi vida…»

Lo que cuelga de ella en los párrafos siguientes es, sin embargo, trivial:

—«… decisión largamente madurada…»

—«… voluntad de recuperación de mi propia identidad…»

—«pienso que no podría llevar a cabo mi proyecto político…»

—«Necesito ahora reflexionar con cierta distancia moral… sobre mi circunstancia política y mi vocación personal».

—«No hay nada detrás de esta decisión sino la voluntad de reencontrarme a mí mismo y de reconquistar mi propia libertad».

Paco llevó su elegancia hasta intercalar, entre la dimisión de UCD y el encuentro consigo mismo en el PSOE, unos meses de aparente travesía del desierto a bordo del PAD (Partido de Acción Democrática). Fue un tránsfuga en dos fases como los cohetes que impulsan las naves espaciales. No he podido guardarle rencor.

* * *

El cambio de chaqueta hacia Alianza Popular solía hacerse, por el contrario, sin escala intermedia: fueron eminentes tránsfugas non stop Miguel Herrero y José Luis Álvarez, entre otros compañeros menores.

El caso de Miguel Herrero merece contarse por largo; primero, porque el personaje brilla con luz propia, desde el principio, en el firmamento de la transición; y en segundo lugar porque hay una prueba escrita de su lenta evolución tránsfuga: la prueba está desparramada en el libro de título proustiano y texto notarial dedicado por Manuel Fraga Iribarne «al tiempo servido». Ofrezco la transcripción que sigue —pese a su extensión desproporcionada— como material útil para un estudio canónico del transfuguismo. No es un collage arbitrario ni una manipulación: he recogido todas las notas de Fraga sobre Herrero en esa etapa. Las citas se hacen según la edición de Planeta, 1987, Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido. Y son éstas:

Agosto de 1977 (pág. 91). Encuentro de Fraga y Herrero en la Ponencia Constitucional. Herrero es uno de los tres ponentes de UCD, que representan a 165 Diputados. Fraga, ponente de AP, representa a 16 Diputados. El martes 30 de agosto anota Fraga lo siguiente:

«Miguel Herrero era un ponente culto y agudo, con cabeza de buen jurista; con ideas que yo no compartía en el tema de las autonomías…»

No hay flechazo, pero sí buena disposición.

24 de febrero de 1978 (pág. 112). Escenario, el mismo. En la Ponencia «tiene un especial protagonismo Miguel Herrero, que mantiene contactos con los nacionalistas vascos».

15 de marzo de 1978 (pág. 113). Almuerzo de la Ponencia en Lhardy. Fraga registra que:

«Los tres ponentes del Grupo UCD están en plena desmoralización, con constantes tira y afloja de sus mandantes; Herrero vota en contra de sus dos compañeros».

Es la primera infidelidad de Herrero, su primer desplante, el pañuelo que deja caer ante Fraga descuidadamente.

8 de mayo de 1978 (pág. 118). Siempre en la Ponencia, hay un leve desencanto de Fraga, que le lleva a escribir esto: «Herrero habla (un poco redicho) por la UCD».

La discusión que mantiene Herrero con Peces Barba le parece «una trinca barata». Pero la semilla de la colaboración ha caído en buena tierra y dará su fruto.

Octubre de 1980. Ha pasado más de un año. Yo soy Vicepresidente para Asuntos Económicos del «mejor de los Gobiernos de UCD», según Suárez; la situación económica y política lleva camino, sin embargo, de ser la peor desde diciembre de 1975. Se habla ya de un «vacío de poder». En las Cortes, UCD se queda sola ante el toro presupuestario. Miguel Herrero me aborda en los pasillos del Congreso y me habla de su elección como Portavoz del Grupo Parlamentario de UCD; sin transición apenas, la emprende con la crisis del Gobierno: unas semanas antes, el 19 de septiembre, ha publicado El País un durísimo alegato contra Suárez, que se titula «Sí, pero» a la manera de Giscard contra De Gaulle. Ahora su voz se hace chillona, desafinada, como de niño terrible, travieso y hasta malvado:

—«Leopoldo: ¿por qué no quieres ser Presidente del Gobierno?»

Miguel es pedante como yo, leído como yo, pendenciero como yo: ahí acaban nuestras coincidencias. Durante sus estudios en Inglaterra, Miguel frecuentaba a un pastor anglicano que leía en voz alta a Shakespeare. Respondo a su puntada con una cita famosa:

«All hail, Macbeth! that shall be king hereafter»[a].

Pero añado con seriedad:

«Yo no soy Macbeth, Miguel».

La escena se repite varias veces. Mi respuesta es siempre la misma. Herrero, defraudado, busca desde entonces la salud en Fraga.

Como ha terminado el trabajo de la Ponencia y ha desaparecido la ocasión periódica para los encuentros inocentes, se produce un salto cualitativo en la relación: Miguel Herrero invita a Manuel Fraga en el Nuevo Club el 20 de octubre de 1980. La anotación (pág. 220) subraya la diferencia de edad entre los interlocutores:

«Es nuestra primera conversación a fondo. Tuve la honra de ser un gran amigo de su padre, el ilustre erudito y bibliófilo. Quedan abiertas otras conversaciones para el futuro». (Soy yo quien pone el énfasis).

La conspiración está servida.

Miércoles 5 de noviembre del 1980 (pág. 221). Miguel Herrero se preocupa de su incipiente ambigüedad y me invita a comer con Manuel Fraga; cedo a la presión de Miguel —siempre mi debilidad ante la inteligencia— pero soy yo quien los invita a comer en mi despacho de Economía. La comida no tiene éxito. Miguel intenta un celestineo imposible y acabamos discutiendo él y yo. Fraga anota en su agenda:

«Asisto a un importante diálogo interno de UCD, más que a propuestas nuevas».

Cuando se marcha Fraga —de improviso, como acostumbra— despido a Miguel citando intencionadamente a las brujas de Macbeth y animándole a la lealtad.

Miércoles 2 de diciembre de 1980 (pág. 224). Nueva reunión de Herrero y Fraga.

«Miguel Herrero no puede resistir como quisiera en el tema del divorcio».

9 de febrero de 1981 (pág. 232). Fraga anota:

«El Presidente del Congreso, Lavilla, cree que habrá candidato (a la Presidencia del Gobierno) al día siguiente; Miguel Herrero espera que no».

Miguel Herrero espera que no. ¿Confía en que fracase mi candidatura? Sin embargo, Lavilla estaba bien informado: al día siguiente, 10 de febrero, S. M. el Rey me propone para la Presidencia del Gobierno en los términos del Art. 99 de la Constitución.

18 de febrero de 1981 (pág. 233), víspera de mi investidura. Miguel Herrero llama a Fraga para decirle «que se le confirma como Portavoz del Grupo Parlamentario de UCD». Continúa el juego. Yo no he tenido más remedio que confirmar a Herrero para evitar, o retrasar al menos, la ruptura del Grupo. A veces la política obliga a cuernos consentidos. En aquel momento ya sé, aunque no con el detalle que amablemente dará luego Fraga en su libro, las coqueterías de Herrero; pero estoy convencido de que su separación le confirmaría como jefe de los críticos inquietos y me parece menos malo que siga de Portavoz infiel. El Grupo Parlamentario empieza a ser una base de submarinos: el buque insignia se llama Miguel Herrero.

25 de febrero de 1981 (pág. 236). Ni el golpe militar los desanima. Manuel Fraga cena con Herrero, Alzaga y Camuñas en el Casino de Madrid; las voces del bingo sirven de fondo a una conversación que es «distendida, cara al futuro». Sólo los tránsfugas, o sus huéspedes, pueden tener una conversación distendida y esperanzada al día siguiente del golpe militar.

Miércoles 4 de marzo (pág 238). El tránsfuga vuelve abonarse por aquellas fechas a los miércoles. Éste es el segundo. Miguel Herrero, cuenta Fraga, «reconoce que no hay camino, y se muestra dispuesto a una nueva alineación, con mi liderazgo».

La infidelidad se consuma. Miguel Herrero seguirá como Portavoz del Grupo Parlamentario de UCD durante nueve meses, pero acepta ya el liderazgo de Fraga. La derecha cuida menos que la izquierda las formas; al fin y al cabo, Fernández Ordóñez dimitió antes de entregarse al adversario, se divorció antes para evitar el amancebamiento.

25 de marzo (pág. 241). Otro miércoles de conspiración. En la agenda de Manuel Fraga hay un «almuerzo con los críticos de UCD, Miguel Herrero y Óscar Alzaga».

El 7 de abril se aprueba definitivamente la Ley del Divorcio, que tanto contribuyó a romper el Grupo Parlamentario de UCD.

El miércoles 6 de mayo (pág. 250) da otro salto cualitativo el tránsfuga in fieri. La cita de Fraga tiene que ser larga:

«Almuerzo con Miguel Herrero, que me entrega un documento con ideas para una operación política, que simpáticamente denomina Tormentas Azules. Objetivo: crear una fuerza política capaz, a corto plazo, de cortar todo intento de un nuevo golpe involucionista; a medio plazo, de ofrecer apoyo parlamentario suficiente a un Gobierno con una política clara de centro-derecha; a largo plazo, de constituir una oferta electoral de amplia base. Tal fuerza debería cubrir todo el espacio de la derecha democrática al centro; apoyaría, con condiciones, al vacilante Calvo-Sotelo, entonces incapaz ya de gobernar por haber perdido rápidamente la confianza de la derecha y carecer de toda autoridad frente a la izquierda. Para la oferta electoral se consideraba inevitable el sistema de coalición a la portuguesa».

«Para llegar a ello, Herrero se proponía intentar la creación de un subgrupo parlamentario en UCD, que pensaba podría llegar a los 50 Diputados independientes y democristianos; pero estos últimos no dieron el paso; y que éste pudiera lanzar una especie de libro blanco basado en estos puntos: ingreso inmediato en la OTAN; enérgica actitud ante el terrorismo y la delincuencia organizada, ordenación del proceso autonómico; lanzamiento de un programa eficaz de inversiones, restaurando el protagonismo de las Diputaciones; especial atención a Canarias; apoyo a las empresas privadas y lucha contra el paro; financiación de toda la enseñanza obligatoria (documento que se preveía para mayo). La idea era buena; tuvo mucho que ver con lo que se hizo en 1982; pero muchos de los miembros de UCD retrasaron mucho su decisión, y sólo se decidieron tras las elecciones gallegas y andaluzas, lo que nos hizo perder un año decisivo. Y ese año lo ganó el PSOE».

Lo que se deduce de este párrafo de Fraga, mal escrito y mal puntuado, tendría que calificarse con dureza si no fuese tan grotesco. Ya no se trata de Miguel Herrero sólo, sino de un grupo que puede llegar a 50: el inciso según el cual los democristianos no se decidieron parece ser una interpolación tardía. El nombre de la operación, que el subconsciente de Fraga juzga simpático, es nada menos que Tormentas Azules. Miguel Herrero ha tomado ya, internamente, una distancia definitiva respecto del Gobierno al que sirve y de su Presidente. El libro blanco es una macedonia de frutas variadas que, reducida a coherencia, reproduciría mi programa de gobierno; cuando lo propuse en la Sesión de Investidura, le pareció a Manuel Fraga «frío, altanero, fuera de la realidad» (pág. 233); ahora, cuando se lo refríe Miguel Herrero para su liderazgo, le parece bueno. «Tuvo mucho que ver con lo que se hizo en 1982», comenta graciosamente Fraga; (claro, Manolo, como que era mi programa).

Otro miércoles, el 3 de junio (pág. 254), Fraga vuelve a ver a Miguel Herrero y a Óscar Alzaga. El viernes 12 (pág. 255) entra por fin el novio en casa de la novia: Herrero invita a comer en la suya a Manuel Fraga.

El 6 de julio (pág. 257) Alzaga y Herrero se quejan de que no encuentran medios económicos para sus tormentas de color azul.

El 23 de julio (pág. 260) nueva conversación de Fraga con Herrero:

«Me cuenta lo de los treinta y nueve. Tormentas Azules marcha. Es esencial que (AP) tenga un buen resultado en Galicia».

Si la última frase es auténtica y le pertenece, no cabe duda que Miguel Herrero simultanea el oficio de Portavoz de UCD con el de afrodisíaco electoral de AP.

En ese mismo día Oscar Alzaga se presenta con bandera blanca en la Moncloa y me da una copia de la carta de los 39 al Presidente de UCD, Rodríguez Sahagún, en la que formalizan su posición; la carta viene con unas líneas manuscritas de Alzaga que acaban en un voto:

«Espero que la tempestad pase pronto».

¿La tempestad azul?

Parece que se inicia la separación de Alzaga y Herrero, aunque Óscar dirá todavía a Fraga el 28 de julio:

«Calvo-Sotelo te excluye totalmente».

Sin embargo no puedo aún hacer justicia con el apóstata, porque haciéndola podría desencadenar la solidaridad de Alzaga y los suyos con él. Mi única salida es mantener a Herrero, quitarle excusas y aislarlo. Pero no me será posible seguir mucho tiempo en esa incomodísima ambigüedad. Después del verano habrá que sustituirlo en la Presidencia del Grupo Parlamentario.

El viernes 4 de septiembre (pág. 262), nueva entrevista de Fraga con Alzaga y Herrero; Fraga anota:

«Quieren liquidar a éste».

Se adivina en el verbo liquidar la irritación de Fraga: le parece seguramente mal que los fieles quieran separar al infiel. A Manuel Fraga le conviene que su confidente siga presidiendo el Grupo Parlamentario de UCD hasta el último minuto.

El 7 de septiembre (pág. 263) hay otra anotación curiosa:

«Miguel Herrero está perplejo, porque a él le sigue tirando».

Se entiende por el contexto que quien le sigue tirando soy yo. La expresión es equívoca, pero probablemente quiere decir que le sigo tirando a dar, aunque también puede tratarse de un tirón afectivo. Lo que sea tiene perplejo y preocupado a Miguel Herrero. Me viene a la memoria, y no resisto la tentación de que llegue hasta el papel, una vieja copla que dice más o menos así:

El verdugo tiene al reo

en el poste bien atao.

Le ha dado ya cuatro vueltas

y el reo está preocupao.

El jueves 24 recibo a Alzaga, que me trae este curioso mensaje:

—«Si no es esencial, no me llames para ser Ministro».

Más tarde aceptará ser Asesor del Presidente del Gobierno.

El lunes 28 (pág. 264) Fraga desayuna con Miguel Herrero. Y Miguel Herrero le dice que «va a seguir, de momento». ¡Qué presencia de ánimo la de Miguel en su juego! ¡Y la de Fraga, aceptándolo! Ese mismo día, por la tarde, vuelve Fraga a entrevistarse con Herrero y Alzaga «que están desolados»; Fraga los consolaría en una escena cuya evocación enternece todavía a diez años de distancia.

El 20 de octubre son las elecciones gallegas, en las que AP obtiene 2 escaños más que UCD, aunque se queda a 10 escaños de la mayoría. Fraga vuelve el 21 de Madrid en avión «con un pañuelo humedecido sobre los ojos fatigados» (pág. 265). Al día siguiente, nueva conversación con los conjurados que temen «que la victoria de Galicia en vez de convencer a sus compañeros los radicalice». Esa misma tarde se pasa desde UCD a AP el oscuro Díaz-Pinés, que no puede soportar la Ley del Divorcio.

El 6 de noviembre (pág. 267) anota Manuel Fraga un comentario de actualidad internacional:

«El submarino soviético abandona las aguas suecas».

Y añade, a región seguido, con una subconsciente asociación de ideas, noticias de otro submarino:

«Buen almuerzo con Ricardo de la Cierva».

Como ha dicho agudamente José Luis Gutiérrez, tránsfuga y submarino son las dos caras, centrífuga y centrípeta, del mismo fenómeno. El martes 23 de noviembre, después de haber tomado a regañadientes la Presidencia de UCD, hablo a Miguel Herrero de su sustitución. Última finta: le pregunto si estaría dispuesto a entrar en el Gobierno, y le hablo del Ministerio de Educación: me contesta que prefiere Obras Públicas o Administración Territorial. Su respuesta me ha sonado más firme que mi pregunta.

La Commedia é finita.

El 27 de noviembre (pág. 269) hay esta anotación en la agenda de Fraga:

«Me dice Miguel Herrero que él y 20 más se van de UCD, y que es inútil hablar con Calvo-Sotelo, porque entiende que la derecha es él y, por lo tanto, sólo puede abrirse a la izquierda. Por los mismos días Osorio me dirá de su decepción y que lo malo es que Leopoldo es Calvo-Sotelo los lunes, miércoles y viernes, y Bustelo los martes, jueves y sábados». (La cursiva es mía).

Ya no son 50, ni 39. Son 20.

El 2 de diciembre Jaime Lamo de Espinosa sustituye, por fin, a Miguel Herrero como Portavoz del Grupo Parlamentario[113]. Todo se ha consumado. Aprovechando la ocasión parlamentaria de enero, Miguel Herrero se pasa directamente a AP; le acompañan Ricardo de la Cierva y Francisco Soler; Francisco procedía de los socialdemócratas de Fernández Ordóñez; y Ricardo, de la Luna, como el Almirante Aznar. En ese trío han venido a parar «los 50», «los 39», «los 20» y las Tormentas Azules. Mi paciencia ha dado fruto.

El 28 de enero fecha Miguel Herrero su carta de dimisión. Es muy diferente de la que me había hecho llegar Fernández Ordóñez. Está escrita a máquina, sin cuidar el estilo; chirría toda ella como la voz del propio Miguel; toda ella suena a falsete pedagógico. Miguel Herrero se marcha de UCD; se marcha sin escala intermedia, non stop, a AP: eso sí, como independiente. Dice que se va tanto por «la política económica del Gobierno como por su política autonómica y su atonía en materia educativa». En esas palabras resume todo el proceso que he transcrito.

Miguel Herrero es un hombre muy brillante, un magnífico parlamentario, un buen jurista, una mente original, un divertidísimo conversador: pero se aburre cuando permanece mucho tiempo en las filas de la lealtad.

Un año más tarde, el 16 de noviembre de 1982, Miguel Herrero será portavoz de AP y empezará en su nuevo partido una nueva operación, también fallida: ahora querrá alzarse con la sucesión de Fraga. Ya se sabe lo que pasó. Villalba no es Roma, pero tampoco paga tránsfugas.

Estrambote 4.º
YO ME ACUSO

Cuando ya está en la imprenta el manuscrito de estas crónicas me dicen los editores que no se puede publicar un relato político en primera persona sin un capítulo de autocrítica. El editor mejora siempre al autor, sobre todo cuando el autor es novicio; por eso me pongo disciplinadamente a escribir esta confesión general.

Me acuso de candor, de haber preferido siempre la inteligencia a la lealtad, de haberme dejado seducir por el brillo de los inteligentes, de no cuidar la fidelísima fidelidad de los fieles.

Me acuso de aburrimiento en las reuniones de partido, en los comités locales, en los comités provinciales y en los comités nacionales. Y de haberme orientado, como Juan Ramón, a la minoría siempre, que es mala brújula en una Monarquía parlamentaria.

Me acuso de haber pasado por lugares de máximo poder, en la empresa privada y en la política, sin contagiarme de poder ni de riqueza, sin comprar amigos como el administrador sagaz del Evangelio, sin vender mi libertad a los accionistas o a los electores como los mercaderes del Templo.

Me acuso de preferir, más de la cuenta, la mano visible del Estado a la mano invisible de Adam Smith; porque eso era lo que me pedía el cuerpo cuando empresario, y eso lo que me pedían los empresarios cuando Ministro.

Me acuso de haber querido cumplir mis compromisos de investidura como si me obligasen jurídicamente, aunque el CIS me dijera que en el cumplimiento perdía votos.

Me acuso de no sentir fruición alguna al poner mi firma en el Boletín Oficial del Estado; disfruto más firmando en cualquier otro periódico, en cualquiera.

Me acuso de haber hecho mía, en tiempos, esta copla de un amigo, altísimo poeta:

Qué penosa situación

la situación en que están

los que huyendo de Cebrián

fueron a dar en Ansón.

Me acuso de haber seguido siendo suarista mucho después de 1980, porque el corazón tiene razones que la razón no alcanza.

Me acuso de haber leído demasiado a Ortega y Gasset, y de aspirar siempre, como Goethe, desde lo oscuro a lo claro.

Me acuso de no haber sabido reponer con demagogia los votos que perdía haciendo lo que tenía que hacer.

Me acuso de haber creído que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a decir sencillamente, claramente, Sí o No a todos menos a algunos demócratas cristianos.[114]

Me acuso de haber admirado a José Antonio Primo de Rivera y de no haber sufrido nunca falangistas, ni aun tránsfugas.

Me acuso de no haber ido a un colegio de pago, como han ido los teóricos socialistas de la enseñanza pública, y van aún sus hijos.

Me acuso de ser Calvo-Sotelo los lunes, miércoles y viernes y Bustelo los martes, jueves y sábados, como dijo Alfonso Osorio; y de no haber trabajado bastante los domingos.

Me acuso de odiar la redundancia y de intentar que mis notas y mis discursos tengan sobriedad y economía, como los desarrollos algebraicos, en los que no sobra ni falta una letra. ¡Qué le vamos a hacer!

Me acuso de haber buscado indistintamente, y sin éxito, la precisión y la literatura, y de haberme quedado casi siempre entre Pinto y Valdemoro.

Me acuso de creer que algunos periodistas abusan de la libertad de expresión, como algunos huelguistas abusan del derecho a la huelga, como algunos nacionalistas abusan del Título VIII de la Constitución; y que no les viene mal, a unos y otros y de vez en cuando, una LOAPA.

Me acuso de vanidad, porque pensé durante algunos años que había entendido a Pío Cabanillas.

Me acuso, en fin, de ser, en el buen sentido de la palabra, bueno; y no un hombre al uso que sabe su doctrina, porque no sé ninguna; y también de haber sentido el asco de la greña jacobina.

Ribadeo, agosto de 1988, Madrid, abril de 1990

CRONOLOGÍA SUMARIA

1975

13 diciembre
Primer Gobierno de la Monarquía, presidido por Carlos Arias. LCS Ministro de Comercio.

1976

7 julio
Primer Gobierno Suárez. LCS Ministro de Obras Públicas.

1977

9 abril
Legalización del Partido Comunista.

11 abril
Dimisión del Almirante Pita da Veiga.

15 abril
Toma de posesión del Almirante Pery. Gobierno para crear la coalición electoral que se llamaría UCD.

23 abril
LCS deja el Gobierno para crear la coalición electoral que se llamaría UCD.

3 mayo
Constitución de UCD.

15 junio
Primeras elecciones democráticas.

13 septiembre
LCS Presidente del Grupo Parlamentario de UCD.

12 al 15 diciembre
Felipe González y Alfonso Guerra en Moscú.

1978

13 febrero
LCS Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas.

15 febrero
Pleno de la Pesca.

1980

5 junio
Veto de Giscard d’Estaing a España y Portugal.

8 septiembre
LCS Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos; último Gobierno Suárez.

1981

23 enero
Suárez anuncia su dimisión a un grupo de sus Ministros.

27 enero
Suárez presenta la dimisión a S. M. El Rey.

29 enero
LCS es elegido por el Comité Ejecutivo de UCD como candidato a la Presidencia del Gobierno.

6, 7 y 8 febrero
Congreso de UCD en Palma de Mallorca. Rodríguez Sahagún es elegido Presidente de UCD.

10 febrero
S. M. El Rey propone a LSC como candidato a la Presidencia del Gobierno.

13 febrero
El General Armada es nombrado Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

18 febrero
LCS pronuncia su discurso de investidura.

20 febrero
Primera votación de la investidura.

23Febrero
Segunda votación de la investidura, interrumpida por el golpe militar.

25 febrero
Tercera votación de investidura.

26 febrero
LCS jura ante S. M. El Rey como Presidente del Gobierno. Suárez se marcha a Contadora. Primer Gobierno LCS.

4 marzo
Primera visita de Jordi Pujol a la Moncloa.

18 marzo
LCS pide a Eduardo García de Enterría una nota sobre la que luego se llamará «Comisión de Expertos en materia autonómica».

4 abril
Constitución de la Comisión de Expertos.

9 junio
Firma del Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE).

25 junio
Primera entrevista de LCS con Suárez en la Moncloa.

31 julio
Firma de los Pactos Autonómicos entre el Gobierno de UCD y el PSOE.

20 octubre
Elecciones gallegas.

22 octubre
Dimisión de Castedo como Director General de TVE. Le sustituye Robles Piquer.

28 octubre
El Congreso de los Diputados autoriza al Gobierno para presentar en Washington el Protocolo de Adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte.

26 noviembre
El Senado confirma la autorización del Congreso.

30 noviembre
LCS Presidente de UCD.

2 diciembre
Segundo Gobierno LCS.

1982

22 febrero
Se inicia la vista oral del juicio contra los golpistas.

23 mayo
Elecciones andaluzas.

3 junio
Sentencia del Consejo Supremo de Justicia militar en el juicio que se sigue a los golpistas.

30 mayo
España, decimosexto país de la Alianza Atlántica.

9 junio
LCS asiste en Bonn al Consejo Atlántico.

5 julio
Última reunión de LCS con Suárez y Lavilla.

6 julio
LCS dimite como Presidente de UCD. Le sustituirá Landelino Lavilla.

27 agosto
S. M. El Rey firma el Decreto de Disolución de las Cortes Generales.

28 octubre
Elecciones legislativas.

2 diciembre
LCS deja la Moncloa.

ANEXOS

Intervención parlamentaria de Leopoldo Calvo Sotelo en el debate del Estado de la Nación

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Centrista, el señor Calvo Sotelo.

El señor CALVO SOTELO BUSTELO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Presidente del Gobierno, quiero ante todo felicitarle por haber traído a esta Cámara un uso parlamentario nuevo: el de este debate que la prensa llama «debate sobre el Estado de la Nación».

Me parece estimable su disposición a hablar una vez al año con los Grupos Parlamentarios de todo lo divino y lo humano. A hablar de todo porque bajo el rótulo de «política general» caben muchas cosas, tantas, que supongo que el señor Presidente de la Cámara no tendrá que acudir al artículo 102 para llamarme a la cuestión. Éste es un debate en el que no cabe, por su propia naturaleza, la llamada a la cuestión. (Rumores).

Me parece muy estimable su disposición. Y creo que no la empaña, señor Presidente, el hecho de que la manifieste desde un gobierno legítima, cómodamente instalado en una mayoría parlamentaria amplia. Sí la empañan algunos otros rasgos a los que aludió el señor Presidente ayer en su discurso; uno, que ha dicho que corregirá: la fecha. Efectivamente no es la mejor.

También creo que empaña este debate el hecho de que se excluyan de él, cortésmente, no tajantemente, algunas cuestiones esenciales como se ha hecho en este caso. Creo, en fin, que hubiera sido mejor, al amparar el debate sobre el Estado de la Nación en el artículo 196 del Reglamento, que el Gobierno hubiese preparado su comunicación con menos desgana; porque la comunicación que tenemos desde la semana pasada apenas contenía materiales y, desde luego, no daba ningún estímulo a un debate como debe ser éste.

El discurso del señor Presidente del Gobierno ayer sí dio materiales y sí dio estímulo, y a ellos me voy a referir principalmente. Pero antes quisiera que se me permitiese una breve declaración previa.

Es notorio que yo no estoy ahora en la arena electoral, y que hablo desde esta tribuna, o pienso hablar desde esta tribuna, acaso como debiera hablarse siempre desde ella: con un tono de moderación que, por otra parte, es el que impuso en su día el Partido que me trajo tres veces a este hemiciclo.

No tendrá, pues, mérito que hable con moderación; sí lo tendrá —y no sé si seré capaz de hacerlo así— el que huya de la tentación apologética, de la tentación defensora de una etapa que está todavía muy cerca, aunque parece ya muy remota. Cederé a esa tentación por un instante.

A mi Gobierno le pasó algo parlamentario insólito, y fue que, deshecho el Partido en el que se apoyó, se quedó con muy poca voz en este hemiciclo; voz gallardamente levantada por el pequeño grupo desde el que hablo, pero muy poca; y eso permitió a la mayoría y a la minoría coincidir siempre cómodamente (alguna vez no correctamente) en el análisis crítico de lo que se llama «la herencia recibida».

Por cierto, que la insistencia en manejar este concepto acuñado de «herencia recibida» por parte del Gobierno y a veces también por parte de la oposición, necesita una explicación, y yo quisiera ofrecer una muy breve al señor Presidente del Gobierno. Pienso, señor Presidente, que a usted le hubiera gustado encontrar, cuando llegó a la Moncloa, un papel blanco sobre su mesa en el que empezar a escribir la historia socialista de España; y se encontró con un papel a medio escribir ya, con renglones torcidos o derechos, siempre limpios, claros, en el que estaba la historia reciente de España, la historia de dos años en los que España había recobrado, había reverdecido su fe en las libertades que acababa de darse.

Permítame, señor Presidente, que le recuerde que sobre esa misma mesa de la Moncloa Adolfo Suárez se había encontrado un papel con la historia de cuarenta años de régimen autoritario, y en la misma mesa yo había encontrado una historia de veinte horas de golpe militar; herencia por herencia, la suya fue mucho mejor, señor Presidente. (Rumores).

Pero vengo a este debate de hoy, vuelvo a su discurso. En su discurso, señor Presidente, hizo usted una habilísima operación oratoria, que fue entreverar —repito, con habilidad suma— dos hechos, dos actos completamente distintos: la conmemoración de diez años de democracia y el rendimiento de cuentas, que usted voluntariamente viene a hacer en esta Cámara, de sus tres años de Gobierno. Y dio la impresión, a veces, de que quería convertir ese rendimiento de cuentas —voluntario, pero rendimiento— en aquella conmemoración. Pienso que tenemos que distinguir, y yo desde luego distinguiré en mis palabras, entre los diez primeros años del reinado del Rey don Juan Carlos y los tres años de presidencia del Presidente González, y ayer no se distinguieron completamente ambos hechos.

Respecto de la conmemoración que ayer se hizo de los diez años de democracia, quiero coincidir con el señor Presidente. Quiero compartir con él su análisis: España ha entrado por el seguro camino de la democracia; los problemas de España son problemas normales. Comparto plenamente este análisis. Quiero compartir su satisfacción, que es también la mía. Quiero compartir incluso algunos aplausos que tuvo el señor Presidente, aquellos que subrayaron sus cifras sobre el número de pensionistas. En un porcentaje muy alto esos aplausos tendrían que haber sido para Adolfo Suárez o para mí, y estoy seguro de que, si lo hubiera sabido así, hubiera aplaudido también un Diputado que no aplaudió, el Diputado señor Redondo.

Y quiero compartir también su protagonismo, señor Presidente; un protagonismo el suyo un poco precipitado. Creo que no se puede ni siquiera aludir a esta década en un acto ceremonial sin decir en seguida el nombre de Adolfo Suárez y los de quienes, como yo y otros muchos con él, emprendimos aquella empresa ambiciosa y dramática, que no supo sobrevivir a su propio éxito, que se llamó UCD. Pero ésta es otra cuestión y —repito— creo que hoy venimos aquí, hemos venido como ayer, a oír el rendimiento de cuentas del señor Presidente del Gobierno y a discutir sus opiniones con las nuestras, y no a un acto conmemorativo.

Pero, ya que el señor Presidente ayer entreveró las dos cuestiones, me atrevería yo a iniciar mis palabras de la siguiente manera, preguntando y respondiendo: ¿Cuál ha sido la aportación del Gobierno que preside Felipe González a esa primera década de la monarquía parlamentaria? O, dicho en un lenguaje un poco anacrónico ya: ¿Cuál ha sido la manera que ha tenido el Presidente González y su Gobierno de administrar la herencia recibida? Pienso que, al final de estas palabras, a lo mejor está claro para SS. SS. —como está claro para mí— que la aportación de Felipe González a la primera década de la monarquía parlamentaria, importante aportación, lo fue más mientras era sólo Secretario General del Partido que cuando ha sido también Presidente del Gobierno. (Rumores, risas). Hace casi tres años el Partido Socialista —que fue profeta afortunado del cambio y del funcionamiento normal de las instituciones— consiguió levantar unas esperanzas colectivas muy grandes que tuvieron su reflejo exacto en el resultado electoral. Desde entonces han cambiado seguramente muchas cosas, pero tal vez una de las cosas que han cambiado más ha sido aquella esperanza, han sido el talante y la ilusión de los ciudadanos en octubre, noviembre y diciembre de 1982.

¿Por qué se han vuelto resignación aquellos entusiasmos y se han vuelto a veces nostalgia aquellas esperanzas? Yo creo que los ciudadanos que conocieron en la madrugada del 29 de octubre el resultado electoral y la brillante victoria del Partido Socialista, debieron de pensar, fuera cual fuera su filiación política, fueran cuales fueran su alegría, su resignación o su disgusto en ese momento, debieron de pensar lo siguiente: por lo menos, hoy llega al Poder un Partido homogéneo, con una doctrina clara, con una mayoría absoluta. Por fin podemos esperar un Gobierno que gobierne de una manera rectilínea, resuelta, sin vacilaciones.

Pues bien, si ésas fueron las esperanzas —y creo que lo fueron— de muchos ciudadanos, de muchos electores del Partido Socialista o de otros partidos, pienso que en buena parte se han frustrado también.

Si yo me propusiera —que no me lo propongo— tirar a dar desde esta tribuna al Gobierno, como se tiraba desde ella al Gobierno que yo presidía (rumores) —y no me lo propongo—, me sería difícil acertar algunas veces en el blanco. Tan movediza, tan rectificante, tan vacilante en algunos puntos esenciales ha sido la política del Gobierno; no porque la oposición haya torcido la voluntad política del Gobierno, ganándole votaciones —como en mi caso sucedió varias veces—, no, puesto que lo que la prensa ha llamado «rodillo» socialista ha funcionado a la perfección, incluso con monotonía y no sé si a veces con arrogancia; sino porque, sin dejar de ser «rodillo», ha sido un «rodillo» vacilante y que dudaba, y éste sí que es un hecho realmente nuevo en la historia de la política o de la Mecánica Racional (risas). Porque hemos visto que la política del «sí», que es la propia de las mayorías fuertes, se ha sustituido a veces por la política del «sí, pero», que es el refugio de las minorías débiles, y de una manera eminente eso ha sido así en el hecho que hoy se excluye de este debate cortésmente, no tajantemente y que no debería haberse excluido, y que, en definitiva, es la historia, la larga historia de una vacilación.

Creo que uno de los deberes de la oposición es hacer memoria para gobiernos que propenden —yo propendía también cuando era Gobierno— a ser desmemoriados, o de partidos que cuando gobiernan tampoco andan muy sobrados de memoria. Por eso un personaje de Orwell, el personaje principal de su tan traída y llevada novela, tenía como oficio fundamental corregir periódicos pretéritos, oficio, por cierto, que con mucha menos nobleza suele hacer la televisión de que disfrutamos. (Risas).

Yo me atrevo a decir, señor Presidente, que sus principales adversarios políticos no están hoy en esta Cámara, donde, por cierto, ayer se levantó un aroma —para mí conocido—, el aroma agridulce del consenso; no están aquí. Sus principales adversarios políticos, sus enemigos, señor Presidente, son sus compromisos electorales, son sus programas electorales, son las conclusiones de los congresos de su Partido; son, en definitiva, las hemerotecas y los «Diarios de Sesiones» y no la oposición de Su Majestad. Eso también es cómodo, pero, asimismo, tiene riesgos que voy a subrayar, y Dios me libre, señor Presidente, de pedirle a usted que cumpla su programa: que se lo pidan sus Diputados aquí, o que se lo pidan sus electores en la calle. Yo prefiero, para el bien de España, que no lo cumpla en aquellos puntos en los que su programa fue notoriamente equivocado. Creo, señor Presidente —y lo digo con todo el respeto que usted sabe tengo por la Presidencia, como lo tuvo usted cuando yo la ocupé— que cuando usted gobierna en socialista se equivoca y que acierta cuando gobierna en el centro, y yo prefiero que acierte, aunque su acierto tenga consecuencias electoralmente malas para los que no somos socialistas.

Hace poco más de medio siglo, le pidieron a un hombre de ciencia eminente —cuyo nombre recordará el ilustre físico señor Solana—, le pidieron, cuando la física moderna había roto sus moldes —como el Partido Socialista ha roto sus congresos o sus programas—, una definición de la Física, y dijo: «En esta situación, lo más que puedo decir es que Física es lo que hacemos los físicos». Pues bien, me parece que en esta situación la única definición posible de política socialista sería decir: política socialista es la política que hacen los socialistas. Y repito, señor Presidente, que no seré yo quien le reproche esta manera de hacer política.

La España que usted heredó, la España que heredamos todos hace diez años, señor Presidente, no necesitaba una pasada por la izquierda, no necesitaba una pasada por el socialismo; la España que todos hemos heredado hace diez años necesitaba y necesita no una pasada sino una estancia larga, una inmersión en la libertad, como la que protagonizamos quienes tuvimos responsabilidades de Gobierno entre 1976 y 1982. La España que todos hemos heredado necesitaba que se la gobernase desde la libertad como preocupación primera, antes que la preocupación de la doctrina, o antes que la preocupación del poder. Y entiéndame bien, señor Presidente, lo que quiero decirle ahora, y espero que me entiendan también los Diputados de los bancos del Gobierno. Yo no tengo la menor duda, ni un ápice de duda, del amor a la libertad de ustedes: algunos han demostrado ese amor con sacrificio; pero sí digo que en esta España de las libertades recobradas, la preocupación primera de un socialista dogmático no es la libertad, es la igualdad, y que en esta España de las libertades recobradas, la preocupación primera de un socialista pragmático no es la libertad, es el poder. Y en su Gobierno, señor Presidente, hay ministros dogmáticos, que quieren ante todo la igualdad, y hay ministros pragmáticos que quieren ante todo el poder. Usted, entre unos y otros, apretado por los hechos, que aprietan mucho, no puede evitar en muchas ocasiones la política de la ambigüedad del «sí, pero».

«No sé dónde están los caminos que llevan a la igualdad y a la libertad», dijo usted, señor Presidente, o dijo la prensa que había dicho usted hace unas semanas. Noble, sincera, reveladora confesión, que le honra mucho, aunque sus asesores de imagen le digan que no abrillanta la imagen del Presidente. Permítame que, después de citarle, añada que comprendo mejor que otros, por haber sido Presidente del Gobierno, sus dudas, sus rectificaciones y hasta esa crispación que ha tenido a veces en esta misma Cámara alguna manifestación lastimosa. El peso de la púrpura, señor Presidente, es tan grave como ligero el oficio de la oposición. Usted, cuando era jefe de la oposición, tiraba con cartuchos de fogueo, ahora tira con fuego real, y eso es mucho más difícil y, sobre todo mucho más comprometido. Yo, que he vivido menos tiempo que usted lo que Adolfo Suárez llamó vida inhumana de la Moncloa, creía hace tres años que una mayoría absoluta, una mayoría cómoda como la suya aliviaría mucho el peso de la púrpura. Al cabo de tres años, señor Presidente, he visto que la mayoría tampoco da la felicidad ni el acierto a quien gobierna. (Risas).

En su muy escueta y muy desganada comunicación nos invita con cortesía el Gobierno a que soslayemos, a que dejemos de lado cuanto se refiere a la paz y a la seguridad. Todos hemos entendido que nos invitaba a dejar de lado la cuestión del referéndum, esa cuestión que ha venido fatigando las páginas de los periódicos y sin duda también las vigilias del Presidente durante toda la legislatura. No seré yo quien estorbe hablando del referéndum, cuando el Presidente y el Gobierno prefieren que no se hable, esa larga meditación, esa larga táctica del Gobierno en esta materia. No hablaré, pues, del referéndum, cuestión que, además, es de política interior, y no de política exterior. Pero sí hablaré de la Alianza Atlántica, aunque brevemente, porque la Alianza, con ser paz y seguridad, no es sólo paz y seguridad, es, a mi juicio, algo anterior y más hondo, es una definición sobre la cual habría que proyectar otras opciones de política exterior y de política interior, que sin ella no alcanzan su significado completo. En este punto capital, por decisión o, permítaseme decirlo con más claridad, por indecisión del Gobierno socialista, España, la España de la transición sigue hoy con una asignatura pendiente.

Quienes estuvimos en la transición política desde 1976 tuvimos entonces dos preocupaciones fundamentales: la primera, devolver a España sus libertades; la segunda, restablecer a España en el lugar que le corresponde —ayer lo dijo el Presidente del Gobierno— en el concierto de las naciones. El primer objetivo está cubierto, y no tengo inconveniente ninguno en decir que la alternativa socialista, limpiamente ganada en octubre de 1982, ha contribuido a que ese primer objetivo esté definitivamente alcanzado. El segundo ha resultado mucho más arduo, porque a estas alturas parece que todavía dudamos sobre cuál es el papel que nos corresponde en el concierto de las naciones. Comprendo la duda, porque España dejó la escena internacional hace casi dos siglos, cuando era una primera potencia. La escena internacional ha cambiado dramáticamente, nuestro propio peso en el mundo también, y, por tanto, cabe que todavía, como hemos hecho durante mucho tiempo, nos estemos planteando un problema de identidad. Porque se trata no de un problema de seguridad, se trata de un problema de identidad. Yo estoy seguro de esa identidad, como estoy seguro de que España hubiera sido fundadora de la Alianza Atlántica y de la Comunidad Europea, si no se lo hubieran impedido hace treinta años su aislamiento secular y, sobre todo, el régimen autoritario que tenía entonces. Pero esa identidad, y no el referéndum, es el corazón del problema que habrá, por lo visto, que debatir otra vez en diciembre. Y digo otra vez, porque ya se debatió y largamente —lo repito, aunque debiera ser ocioso, para salir al paso del reproche de precipitación— en tres sesiones de Comisión y tres de Pleno en el Congreso, y otras tantas en el Senado, en el otoño de 1981.

En estas materias de seguridad y de política exterior, como en las materias fundamentales de identidad, no caben ambigüedades. No cabe la política del «sí, pero». A mi juicio, un «sí, pero» a la Alianza, una indecisión, calculada o no, respecto de la Alianza nos distancia de los países no alineados o de los países del Este por el «sí»; pero nos distancia de los países de nuestro entorno por el «pero». Y este dilema no es reversible, como los de la lógica del bachillerato, porque no hay lealtades a medias, porque las lealtades a medias no son lealtades.

Así me atrevo, señor Presidente, a sugerirle que antes del debate de diciembre revise usted su ambiguo decálogo que, si me permite decirlo con una frase rápida, no es realmente un decálogo, porque ni son diez sus propuestas, ni las propuestas que tiene son lógicas.

Pero, en fin, creo que no se puede seguir hablando de política exterior; no se debe seguir hablando de política exterior con el debate de diciembre a la vista.

Quiero felicitarle una vez más, y esta vez públicamente, por la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. El señor Presidente del Gobierno tuvo la cortesía de anunciarme el acuerdo final cuando yo estaba en el aeropuerto de París, camino de unas elecciones centroamericanas —no las de Nicaragua—. (Risas). Entonces le agradecí su cortesía, le felicité, como lo hago ahora, públicamente, y le dije: «Ya ve, señor Presidente, ahora está usted en Europa y yo camino de Centroamérica. Hace tres años era al revés». (Risas). Son cosas del poder, de la oposición y de la política.

Ahora le repito aquella felicitación y se la repito con un acento muy verdadero, el acento de la envidia. Le ruego que tome esta palabra como un homenaje personal: Sabe el señor Presidente cuánto hubiera dado yo por conducir hasta su término las negociaciones de adhesión de España a las Comunidades Europeas. Pero ahora ya, felizmente, el Mercado Común no es un asunto de política exterior. Ahora es un asunto de política interior, es un asunto que debemos debatir, como ayer inició el señor Presidente —inició nada más en su discurso—, en términos de lo que hay que hacer aquí dentro para que, el final del período transitorio, la libre competencia —otra vez la libertad, esta vez la libertad económica— no le siente mal a la economía española.

Siento volver a mis preocupaciones de hace unos minutos, porque, señor Presidente, usted que ha tenido muy buena suerte, como luego diré, por la bonanza de la economía internacional en que ha gobernado, ha tenido en cambio mala suerte, porque ha llegado al poder cuando los economistas expertos, e incluso los políticos menos expertos, levantaban acta final de cuarenta años de intervencionismo estatal, de cuarenta años en los que las ideas claras de un economista muerto guiaban las manos de los políticos, como el mismo Keynes había dicho, y daban un apoyo intelectual de primer orden a esas políticas de intervención tan típicas del socialismo o de las socialdemocracias tradicionales. Los vientos que soplan ahora —son así las modas de la historia económica— son vientos de libertad y no de intervención, son vientos de menos Estado y más sociedad, y a ello responden hechos tan reveladores como la alianza entre liberales y socialdemócratas en Inglaterra, como la reciente derrota del socialismo en Portugal, como la anunciada derrota del socialismo en Francia, y no voy a seguir haciendo enumeraciones ni anuncios. (Risas. Rumores). Señor Presidente, para estar a los vientos que soplan tendrá que añadir a partir de ahora un nuevo «pero» al «sí», cada vez más condicionado, que presta usted a sus originales convicciones socialistas: el «pero» del liberalismo.

Al comenzar un breve comentario —breve porque tengo poco tiempo ya y porque, además, el debate económico tendrá lugar dentro de unas semanas en el marco de los presupuestos— sobre la política económica, quiero empezar diciendo con toda claridad que reconozco y estimo la tenacidad y la firmeza con que el equipo Boyer-Solchaga ha hecho la política de ajuste, política que es una prolongación eficaz, con el eficaz apoyo de una mayoría parlamentaria, de la línea política anterior. Veo, de verdad, con alegría, señor Presidente, que hacen ustedes cosas buenas que no nos dejaron hacer cuando estaban ustedes en la oposición. (Risas). Y apelo una vez más al Diario de Sesiones, y me felicito una vez más, porque creo que como español hay que felicitarse cuando se hacen cosas buenas desde el Gobierno.

Después de reconocer esa firmeza en el proceso de ajuste, quiero decir que los resultados hubieran aconsejado un acento un poco menos triunfalista en la comunicación y en el propio discurso del señor Presidente, porque ya es grave que al compromiso político y claro —siento incidir en el tópico— de los 800 000 puestos de trabajo, compromiso que tenía como denominador la felicidad de otras tantas familias, haya sucedido una autosatisfacción tecnocrática por unos indicadores que tienen como denominador el producto interior bruto, que la mayor parte de los españoles no sabe lo que es.

Pero es que, además, hay que proyectar esos indicadores sobre las circunstancias de los últimos años; ahí es donde yo decía al señor Presidente que había tenido mucha suerte. Ha tenido a su favor la recuperación de la economía mundial y hasta la generosidad meteorológica, que se nos negó a Gobiernos anteriores. (Risas). Al exigirles cuentas de su gestión, señor Presidente, desde la oposición, sería justo exigírselas con mayor rigor por la bonanza de la economía internacional que han disfrutado y por la bonanza política, lícitamente ganada en unas elecciones, de que disfrutan. Desde ese rigor, los resultados obtenidos, cuando son buenos, como la balanza exterior o la inflación, habrían de ser tenidos por medianos; cuando son medianos, como la reconversión y la flexibilidad laboral, habrían de ser tenidos por malos, y cuando son malos, como el paro, habrían de ser tenidos por pésimos.

En estos tres últimos años hemos perdido, efectivamente, terreno respecto de los países europeos de la OCDE, de los países de nuestro entorno, y creo que esta medida relativa es la que permite, en un examen de la situación, medir mejor el mérito, el éxito o la actuación del Gobierno. Hemos perdido terreno en cuanto al crecimiento del producto interior bruto, y vuelvo a sus propios indicadores. España creció en el trienio 80-82 muy poco, pero siempre por encima de los países europeos de la OCDE; España creció en el trienio 83-85 más, pero siempre por debajo de los países europeos de la OCDE. Hemos perdido terreno en cuanto a la inflación. La diferencia, o el diferencial, como prefieren decir los economistas, era de 3,5 puntos en noviembre de 1982 (y digo noviembre, porque diciembre de 1982 fue el primer mes socialista, con 2,2 puntos de aumento del índice del coste de la vida). (Rumores). Pues bien, esa diferencia era todavía de 3,7 puntos en diciembre de 1984. Hemos perdido, y mucho, en cuanto al desempleo, pero me parece que no es necesario dar cifras, porque se volvería a caer en el tópico. Y todo ello pese a que el comercio mundial que descendió 2,5 puntos en el 82 y que apenas había crecido en el 81, ha llegado a crecer excepcionalmente un 10 por ciento en el 84. No doy más cifras, porque me temo que estoy rebasando la paciencia del señor Presidente de la Cámara, pero ésta sí quería darla: la factura del petróleo, que fue de 9100 millones de dólares en 1982, ha descendido, por razones que no son todas, ni las más importantes, atribuibles a este Gobierno, a 7400 millones de dólares en 1984. Y todo ello a pesar de que el año 1982 empieza a ser ya reconocido, y así lo ha hecho el informe del Banco Mundial, como uno de los peores, si no el peor, desde la Segunda Guerra Mundial.

No tengo más remedio que hacer también una referencia breve a las tentaciones manipuladoras de estadísticas e índices, a las que a veces se ha resistido el Gobierno y a las que a veces no se ha resistido. Han cambiado ustedes los criterios contables para el cierre del ejercicio de 1982. Me atrevería, desde mi experiencia de Presidente, a darle una opinión (nunca me atrevería, por supuesto, a darle un consejo): No deje usted el último mes de un ejercicio en manos de un posible Gobierno diferente, no deje usted que le cierre el ejercicio otro Gobierno (risas), porque —y eso lo saben también muy bien los consejos de administración— quien cierra el ejercicio puede, técnicamente bien y lícitamente casi siempre, cerrarlo a su manera. Pues bien, los criterios, de cierre del año 1982 fueron técnicamente buenos, pero cambiaron criterios contables anteriores y, por tanto, hicieron difícilmente comparable la serie anterior con la serie posterior.

Se ha cambiado la misma contabilización del déficit, porque no están en el déficit los 400, 500 o 600 000 millones de RUMASA.

Han cambiado ustedes también los criterios relativos a la presión fiscal, porque al menos en los documentos que se han presentado con el Presupuesto me parece ver que se omiten las cuotas de desempleo. Si tenemos en cuenta el aumento de la presión fiscal, el déficit, que creció extraordinariamente en los años 80, 81 y 82 —por supuesto, éste es un hecho innegable, consecuencia de la crisis y también probablemente de la falta de mayoría parlamentaria del Gobierno (Rumores)—, ese déficit, si se corrige ahora con el aumento de la presión fiscal, lo que sin duda contribuye a reducirlo, si se hace esa corrección, tendrá un curso distinto al que se dijo ayer.

Se han cambiado también los criterios de registro del paro, aunque luego se ha vuelto atrás en esos criterios, pero siempre ha quedado la duda de si las series anteriores y las series posteriores se pueden concordar. Por cierto, que en el año 83 hubo un problema parecido en Francia con el Gobierno socialista y las estadísticas de paro, que dio lugar a alguna dimisión sonada.

Así, se han roto las series estadísticas contables, la contabilidad nacional de este país; se han roto las series de tal manera que no sólo será difícil a la oposición tomarles las cuentas ahora, sino que será también difícil a los estudiosos y a los economistas dentro de un cuarto de siglo saber exactamente lo que ha pasado con algunos indicadores esenciales en estos tres años. Y no se considere que todo esto es una disquisición teórica; de ninguna manera. Cuando el Gobierno mide su éxito en puntos porcentuales, como dicen los economistas, y hasta en décimas de punto, cualquier modificación de los criterios hace que también se modifiquen mucho los objetivos o los logros. A mí me da pena, lo digo sinceramente, señor Presidente, que ese propósito manipulador haya podido empañar los resultados, muchas veces aceptables, de este trienio en que ha gobernado el Partido Socialista.

Para ser fiel al índice del Gobierno, y próximo a terminar, quisiera decir dos palabras finales sobre la libertad. Ya he hablado antes sobre la libertad y quiero decir ahora que la libertad formal fue restablecida en España por los Gobiernos de UCD y que no había nada esencial que añadir a ella, y por eso nada se ha añadido. Pero las libertades reales y las libertades materiales discurren por sus propios cauces y pueden seguir caminos que llevan a distintos contenidos de libertad material, dentro de un mismo marco de libertad formal. Y ahora parece claro —y paso a hablar de magnitudes que no se pueden medir y, por tanto, seré menos vulnerable a la respuesta del señor Presidente y por eso lo digo con menor precaución— que esas libertades reales fueron mayores en los primeros tiempos de la transición; parece claro que la temperatura real de la libertad ha descendido en España unos grados desde el año 1982. (Rumores). Porque hubo antes un mayor uso, y probablemente un menor abuso de aquellas libertades. Hoy —y lo digo también sin mucha precaución— ha reaparecido un cierto miedo como límite de la libertad personal: el miedo que algunos —a lo mejor muchos— ciudadanos y bastantes funcionarios sienten a la discrecionalidad del Estado. Un miedo que había desaparecido de España en 1977 y que ahora podría volver. (Rumores). Sin duda sin que usted lo quiera, señor Presidente, pero sin duda también porque usted lo pueda consentir. Desde las Cajas de Ahorro o los colegios profesionales a la Administración de Justicia o las universidades, los ayuntamientos, las cámaras agrarias, los colegios privados… (Fuertes rumores. Protestas).

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!

El señor CALVO SOTELO BUSTELO: … la Administración cultural o la Administración pública, no hay ámbito autónomo de la vida española que no suscite en ustedes la tentación de regular, mediatizar u orientar. Ayer mismo lo decía usted con una frase mucho más directa: «No hemos dejado nada por tocar». Pues bien, esto, dentro siempre de un marco intacto de libertades formales, reduce, sin duda, la libertad real por el uso menor que se permite de esa libertad. Pero también existe la reducción por el abuso. Ayer hubo unos temas curiosamente ausentes del debate y uno de ellos es ese escándalo cotidiano de la televisión. No quiero caer en el tópico, se ha hablado mucho de ella, pero sí quisiera decir, señor Presidente, con todo respeto y claridad, que alguna vez y en alguna ocasión que a mí se refería, y estando yo fuera de España —es culpa mía— los excesos de la televisión se han excitado o suscitado desde el Banco Azul, en una práctica que usted mismo, señor presidente, cuando era jefe de la oposición, descalificaba como guerra sucia, práctica que nunca se había excitado o sugerido en años anteriores desde lugares tan altos. La Televisión pública se ha convertido en un lugar de opinión mucho más que de información, y de opinión sesgada, ni siquiera de opinión partidista. Yo tengo la convicción de que al servicio de no sé qué presuntos ideales la televisión va más allá de los límites de sus propias ideas, señor Presidente, más allá de los límites de su propia moral. Otra vez, señor Presidente, como decían los escolásticos, usted no quiere el mal, pero lo consiente. (Rumores).

Termino, señor Presidente. La lengua de madera, como se ha dicho tantas veces, del marxismo, puso de moda aquello de las contradicciones del sistema capitalista. Pues bien, la impresión que da el gobierno socialista, el Partido Socialista, a los tres años de ejercer el poder, es que vive una profunda contradicción entre unos principios no suficientemente lavados en el baño de Godesberg y unas acciones templadas en el pragmatismo de la conservación del poder, una contradicción entre los principios para los militantes y el pragmatismo para los electores. Esa contradicción viva y sin resolver produce acaso una mala conciencia del Presidente del Gobierno —y discúlpeme si me atrevo a entrar en ese tema, digo acaso— que a la vez es Secretario General del Partido; mala conciencia que le lleva a obstinarse en el cumplimiento de un determinado compromiso electoral como si fuera el único o el más importante de los compromisos olvidados o de las infidelidades consentidas. Pero esa cuestión del compromiso electoral por antonomasia no es de este debate, es del debate de diciembre; tampoco corresponde averiguar ahora si las vacilaciones o rectificaciones del Gobierno socialista en estos tres años son puramente tácticas y si se mantienen o no bajo ellas los objetivos que se deducen de los principios no plenamente renegados. Esta gravísima cuestión se aclarará, así lo espero, en las elecciones próximas.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos de UCD. Risas).

Intervención parlamentaria de Leopoldo Calvo-Sotelo en el debate sobre paz y seguridad

El señor CALVO-SOTELO BUSTELO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, empiezo esta sesión de madrugada, a la que nos ha convocado el rigor del señor Presidente (rumores), recordando que desde octubre de 1981, hace ahora más de cuatro años, no ha habido en esta Cámara un debate, o por lo menos no ha habido un debate sustantivo, de política exterior ni tampoco sobre seguridad y defensa. Los Diputados hemos tenido que seguir, a través de la prensa y de la radio, el curso zigzagueante, impreciso y, a veces, patético, de la muy larga reflexión personal del señor Presidente del Gobierno sobre esta materia.

Lo que por fin nos ha dicho ayer no aporta, a mi juicio, ni un solo argumento esencial que no estuviera ya presente en el debate de 1981, porque toda la novedad desde entonces no se ha producido en la esfera internacional, se ha producido en el interior del Partido Socialista mismo, que parece haber concentrado sólo en este punto aquel propósito universal de cambio que anunció en octubre de 1982.

Se nos ha convocado hoy aquí, se nos convocó ayer y se nos convocará mañana para el referéndum, si Dios no lo remedia, no porque haya una situación nueva que justifique la revisión de lo ya aprobado por esta Cámara en 1981, sino sencillamente porque el Partido Socialista ha cambiado de opinión. Y así esta Cámara ayer y hoy, y la nación entera mañana, van a ser utilizadas para sustanciar y resolver los problemas internos de un solo Partido político. Y aunque ese Partido sea hoy mayoritario, y aunque lo que haya pasado a ese Partido sea lo más grave que le pueda acontecer a un partido o a una persona, es decir, su propia conversión en el sentido religioso del término, su camino de Damasco, su palinodia o su canto nuevo, como decían los antiguos, aunque así sea, a mí no me parece justificada toda esa larguísima liturgia que culmina en la consulta popular.

Yo creo, señor Presidente, que las conversiones son hechos respetables e íntimos que inspiran mayor respeto cuanto menos se ostentan o se explican. Para esta conversión política no hubiera sido preciso este debate ni tampoco los fastos del referéndum. Bastarían unas pocas palabras dichas con humildad y sencillez, palabras que, efectivamente, el señor Presidente ha dicho, pero adornándolas y disimulándolas con citas de Max Weber y con pequeñas arrogancias hegemónicas. Hubiera bastado con que el Presidente dijera: «Señores electores…» porque es a los electores, a los suyos, a quienes tendría que dirigirse —«… me he equivocado y, lo que es peor, les he llevado a ustedes a equivocarse; perdonen mi error».

En esto de las conversiones del partido Socialista hemos ido a peor. Cuando la primera, aquella que lo convirtió del marxismo dogmático al capitalismo pragmático, el Partido Socialista se condujo con mayor honradez y cordura…

El señor PRESIDENTE: Señor Calvo-Sotelo, le ruego que se atenga a la cuestión. (Protestas).

El señor CALVO-SOTELO BUSTELO: Me estoy ateniendo a la cuestión, creo, señor Presidente, pero atenderé como siempre sus observaciones, aunque me preocupa que empiecen tan pronto. (Risas).

Estaba diciendo que cuando la otra conversión del Partido Socialista, la que lo llevó del marxismo dogmático al capitalismo pragmático, el Partido Socialista se condujo con mayor cordura, no complicó a nadie en su catarsis, sobre todo no complicó a los no socialistas, no hizo debate público, no hizo referéndum; y ahora ya ven ustedes dónde estamos.

Ayer, el señor Presidente del gobierno, con mucha cortesía, lanzó sobre mi Gobierno, otra vez, la culpa de lo que nos está pasando ahora, y dio para ello dos razones. Dijo que en 1981 se había roto el consenso y que se había alterado la prioridad establecida antes. Quisiera hacer un breve comentario sobre estas dos razones, que a mí nunca me han parecido suficientes.

En el debate de octubre de 1981 faltaron al consenso en esta Cámara el Partido Socialista y el Partido Comunista. El Partido Comunista mantiene hoy su posición de ayer; el Partido Socialista ha reconocido su error y ha dado media vuelta. Me parece un poco desahogado, señor Presidente, que se me reproche hoy que no respetara un consenso fundado en su propio error. Me parecería más normal que el señor Presidente me agradeciera haber contribuido a que saliera él, a que saliera su Partido, de aquel error. Me puede reprochar que no haya tenido la paciencia de esperar unos años a que se hiciera la luz en las perezosas entendederas socialistas, y ese reproche se lo acepto.

En cuanto a la prioridad, quisiera recordar cuál es el verdadero sentido de esta palabra. Se suele hablar de prioridades cuando es preciso elegir entre dos o más cosas que no se pueden hacer simultáneamente, que no se pueden hacer al mismo tiempo. No era el caso de la OTAN que no impidió, sino que impulsó alguna de las otras tareas que ayer citaba el señor Presidente como tareas prioritarias, por ejemplo, el ingreso en la Comunidad.

Recuerdo que los adversarios del Presidente Ford decían que se le presentaba a veces un problema de prioridad, en el sentido en que ha utilizado la palabra el señor Presidente del Gobierno. Decían que cuando paseaba se detenía para mascar chicle, porque no sabía hacer las dos cosas a la vez, no sabía mascar chicle paseando.

Yo no he oído nunca de los adversarios del señor Presidente del Gobierno que ése sea su caso y, desde luego, no era el mío. Por tanto, creo que lanzar ahora sobre mi Gobierno la responsabilidad de la situación extraña y difícil en que nos vemos, el Gobierno socialista y todos los españoles, es bastante gratuito. Decir que de la equivocación socialista tienen la culpa los demás; actuar como si la rectificación socialista fuera un problema de los demás; confundir los intereses del Partido Socialista con los de la nación, todo eso, señor Presidente —y voy a medir con cuidado mis palabras—, es síntoma alarmante de pasión totalitaria. (Rumores).

Decían que éste es el primer debate sobre política exterior en cuatro años y ya me arrepiento de haberlo dicho, porque todo el mundo sabe que ni ayer, ni hoy tampoco, estamos aquí para discutir formalmente sobre política exterior; estamos aquí porque el señor Presidente del Gobierno se equivocó, como he dicho, hace cuatro años; estamos aquí para ayudar al señor Presidente y al Partido Socialista, y lo haré con gusto, a llevar el peso de su rectificación, a salvar políticamente la cara, y para eso mismo se anuncia la convocatoria del referéndum.

Ese oficio de cirineos del señor Presidente puede ser muy benemérito, pero no tiene que ver con un debate auténtico sobre política exterior. Lo que pasa es que a los españoles nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho esfuerzo salir de nuestro patio de vecindad, adornado con los penachos de tantas contiendas interiores. Está visto que nos cuesta trabajo levantar los ojos hacia los problemas exteriores y asomarnos, otra vez, como hace siglos, al universo mundo.

A pesar de que las cosas están así y no de otra manera, voy a intentar, ingenuamente, separar de los planteamientos del Presidente del Gobierno la sustancia —si la hubiera— de una verdadera política de seguridad y defensa, para juzgarla una vez aislada de la ganga electoral y oportunista que, a mi juicio, la inunda.

Ese posible esquema gubernamental sobre política de seguridad y defensa se ha bautizado con el nombre, un poco pretencioso, de «decálogo». Ya el nombre es revelador; creo que sugiriendo ese nombre al señor Presidente se han pasado bastante sus asesores, porque la palabra «decálogo» se entiende en España como un haz de normas fijas y fundamentales que se han mantenido invariables e intactas durante tres mil años, y curiosamente se ha venido a dar ese mismo nombre a la construcción, a mi juicio, más improvisada y movediza de cuantas se han alzado en los últimos tiempos sobre la arena política española.

A la medida de ese pretendido «decálogo» parece hecho aquel viejo juego de palabras sobre lo nuevo y lo bueno, que ya se ha traído más de una vez a esta Cámara —la última vez creo que fue por el señor Ministro de Asuntos Exteriores—, porque es verdad que entre los diez puntos del «decálogo» hay puntos nuevos y puntos buenos, pero también es verdad que los buenos no son nuevos y los nuevos no son buenos, como voy a probar seguidamente.

Son, a mi juicio, buenos los puntos que ya se aprobaron en esta Cámara, hace cuatro años, con una holgada mayoría —186 votos a favor y 146 en contra— y esos puntos son: la adhesión al Tratado de Washington y la integración en la Alianza Atlántica, la no nuclearización del territorio español (con las observaciones que hizo ayer el señor Presidente) y la reivindicación de Gibraltar.

Y son puntos nuevos de verdad en el «decálogo» la no participación en la estructura militar integrada, el acceso a la Unión Europea Occidenal y la reducción de fuerzas americanas en España. Esos puntos, a mi juicio, o no merecen el rango de un decálogo, o son pura y simplemente malos. A ellos me voy a referir en lo que sigue, porque sobre lo ya aprobado hace cuatro años hay casi unanimidad en esta Cámara.

Y vamos con el primero. La no participación en la estructura militar de la Alianza Atlántica es, ante todo, una afirmación confusa que nadie, y me temo que ni siquiera los asesores del señor Presidente del Gobierno, sabe con exactitud lo que quiere decir. Todos los países de la Alianza, menos Francia, participan en la estructura militar, y cada uno lo hace a su manera, de una manera distinta, ajustada a su propia situación. Decir, sin más, que no se participa en la estructura militar no parece que tenga otro sentido sino el de encubrir con palabras lo que antes he llamado la conversión del Partido Socialista. Se trata, además —y es especialmente penoso— de una imitación pobre de lo que hizo en 1966 el General De Gaulle. No hay otro precedente —por eso acudo a él— que pueda encontrarse de esta curiosa pieza del «decálogo». Porque es efectivamente curioso que el señor Presidente del Gobierno se haya sentido tentado por aquel gesto grandilocuente del General De Gaulle, gesto que no puede entenderse más que desde el «gaullismo» y que ha traído a lo largo de veinte años consecuencias desfavorables para la Alianza Atlántica, para Europa y para la misma Francia.

Naturalmente, la izquierda francesa, y el Partido Socialista francés entre ella, no estaba de acuerdo con esta versión teatral de «la grandeur gaullista» y al día siguiente de presentada a la Asamblea la decisión, presentó a la izquierda, el Partido Socialista (el señor Mitterrand —todavía no socialista— estaba entre los firmantes), una moción de censura contra el Gobierno Pompidou.

Los socialistas franceses tenían razón en el año 1966 al ir contra De Gaulle, a quien hoy imitan mal —y luego diré por qué—, los socialistas españoles. Estamos —ya empieza a verse— ante una historia de despropósitos. Lo que aquí se nos propone —antes lo he dicho— es un pobre remedo de aquello, con todos sus inconvenientes y ninguna de sus ventajas y, a mi juicio, tan mal estudiado que ha dado ya lugar, por lo menos, a una confusión en la propia Francia, en el propio Partido Socialista francés.

En la página 7 de un extenso documento, que lleva fecha de 26 de junio de 1985, sobre «La seguridad de Europa», se pregunta el Partido Socialista francés, con cariño para sus hermanos españoles, si el Gobierno socialista de Felipe González no estará pensando en crear una fuerza nuclear española, si no estará preparando su propia bomba atómica, porque sin ella un socialista francés no entiende eso de la no integración en la estructura militar. Y añado yo que un socialista español tampoco, porque yo tengo de los socialistas españoles mejor concepto que quienes le preparan a usted estos decálogos.

No estar en la estructura militar de la Alianza no significa quedarse fuera de una improbable guerra próxima, sino quedarse fuera de los mapas y planes militares europeos, como nos quedamos, por otras razones, en su día, fuera de los mapas económicos de Europa —y hay que ver el esfuerzo que nos ha costado y que nos va a costar todavía corregir esos mapas económicos que se hicieron sin nosotros y ajustarlos a nuestra presencia y a nuestra conveniencia—. También los mapas militares se han hecho sin nuestra participación, pero sería ilusorio creer que se han hecho respetando nuestras fronteras. Una improbable, aunque posible, guerra en Europa —y precisamente para prevenirla se ha hecho la Alianza— no respetaría nuestras fronteras, estemos o no en la estructura militar integrada, y esto lo sabe muy bien el señor Presidente.

Quedarse fuera de los mandos integrados de la Alianza es, en segundo lugar, renunciar tontamente —y perdóneme el señor Presidente por decir las cosas con esta llaneza— a un instrumento útil para la reivindicación de Gibraltar. No insisto en este punto (que conoce muy bien el señor Presidente del Gobierno, pues se lo acaban de recordar hace unas semanas en Madrid) porque no quiero utilizar la espina de Gibraltar como arma en este debate, pero tengo que decir, desde mi propia responsabilidad, que el señor Presidente y su Gobierno incurren en una responsabilidad grave, privándose y privando a España de una posición que puede ser decisiva para encauzar la solución del más humillante y doloroso de los problemas que tenemos pendientes.

En tercer lugar, el sistema actual de mandos militares parte en dos la España estratégica, parte en dos el tan llevado y traído eje Baleares-Estrecho-Canarias. El mar próximo a las islas Canarias está en el ámbito del Mando Atlántico de la Alianza; el Estrecho y el mar Balear están en el ámbito del Mando de Europa, y sería una pena que un pacifismo soterrado, o una preocupación electoral del señor Presidente, nos llevaran a permitir el desguace de ese valor estratégico que es nuestra situación geográfica.

Esto es lo que significa no estar en la estructura militar integrada. Yo pregunto, con todo respeto, si el señor Presidente y sus colaboradores han analizado a fondo la cuestión, y me respondo que no parecen haberlo hecho así; por lo menos, el 17 de noviembre pasado, el señor Presidente del Gobierno, en unas extensas declaraciones al diario El País, daba la impresión de no conocer con exactitud la materia. «Me tomé dos años» —dijo entonces el señor Presidente—, «1983 y 1984, y después de dos años de conocer la Alianza, de estudiar los problemas por dentro, propuse una política de defensa: el llamado decálogo. En el decálogo propongo la permanencia en la Alianza en el “status” actual». Y seguía el señor Presidente: «Para que se entienda: aquí no va a haber nadie que tenga que hacer el servicio militar fuera de nuestras fronteras».

Éstas son palabras del señor Presidente del Gobierno recogidas por el director de El País y, según testimonio escrito del director de dicho diario, revisadas también por el Presidente mismo. Por eso cabe atribuirles la importancia que les atribuyo. «Para que se entienda», decía usted, señor Presidente. Pues bien, no se entiende; no se entiende, porque nada tiene que ver la participación en la estructura militar con el servicio militar fuera de nuestras fronteras. Ayer ya se ha dicho aquí. Francia, que no participa en la estructura militar, tiene 50 000 hombres al otro lado del Rhin; Noruega, Dinamarca o Portugal, que sí participan en la estructura militar, no tienen un solo soldado permanentemente fuera de sus fronteras, ni siquiera alguno de ellos ocasionalmente. Estar o no en los mandos integrados de la alianza quiere decir lo que antes he explicado, y no lo que dice esa declaración electorera que hizo el señor Presidente a El País para madres y novias de reclutas. Parece que sus servicios no habían informado bien al señor Presidente, en noviembre pasado, ni al señor Vicepresidente, que ayer repitió por la televisión la misma cantinela.

Por cierto —y si el señor Presidente de la Cámara no me llama a la cuestión porque me permita una pequeña «excursión» histórica—, y al hilo de aquella misma declaración a El País, tampoco he entendido esa manera provinciana que tiene el Presidente del Gobierno de configurar a España. Parece como si el señor Presidente pusiera un gran énfasis patriótico en impedir que los soldados españoles cumplan su servicio militar fuera de nuestras fronteras, cuando ésa ha sido una tradición de nuestros mejores tiempos: defender los intereses e ideales de España allí donde haga falta. (Risas. Rumores). Decía Quevedo, en un elogio al Duque de Osuna, que mandó tropas españolas por la geografía europea: «La Mosa, el Rhin, el Tajo y el Danubio». Me temo que el pragmatismo electoral del señor Presidente ha reducido este precioso endecasílabo fluvial —La Mosa, el Rhin, el Tajo y el Danubio— a sólo el Tajo, y no lo entiendo. Creo que puedo entender el nacionalismo de ambición del Presidente De Gaulle, pero no entiendo este nacionalismo de dimisión del Presidente González.

En fin, señor Presidente, en esta parte de su decálogo, que podría resumirse diciendo: Alianza Atlántica, sí, pero estructura militar, no, resplandece, una vez más, su política del «sí, pero», a la que me referí extensamente desde esta tribuna en octubre pasado. No voy a insistir ahora en las debilidades y peligros de una tal política. Hay en este punto, como en los demás, a mi juicio, una gran confusión y me temo que también —y no hago proceso de intenciones— un deseo de confundir. El Partido Socialista ha llegado a la conclusión de que España debe permanecer en la Alianza, pero no ha querido, no ha sabido o no ha podido extraer de esa conclusión las consecuencias lógicas y necesarias. De ahí la confusión y el «sí, pero». Malo sería que hubiera que esperar otros cuatro años para llegar sobre este punto esencial a otra ceremonia de rectificación, como la de este debate.

Hay católicos que dicen: «Mire usted, yo soy creyente, pero no soy practicante». Ésa parece ser, en materia atlántica, señor Presidente, su actitud. Yo no la comparto. Si usted cree en la Alianza Atlántica, practique y participe usted también en la estructura militar como mejor convenga a los intereses de España, y, si no cree, dígalo con claridad y denuncie el Tratado de Washington, con todas sus consecuencias.

Diré ahora unas palabras sobre la integración de España en la Unión Europea Occidental. Creo, con el señor Presidente, que España debe participar en todos los foros occidentales, y con mayor entusiasmo si, además, son foros europeos. Esta convicción mía no es nueva, porque ya en el discurso con el que abrí en esta Cámara el debate de octubre de 1981 exponía, más o menos, esta misma doctrina. Me voy a permitir una breve cita, la única en que voy a incurrir, de mi discurso de octubre de 1981. Decía: «Creemos que España debe adherirse a la Alianza Atlántica como culminación de su política europea, que debe alinearse con el bloque europeo —hoy se le llama pilar europeo— de la Alianza. Y es en este sentido, y no como una culminación de nuestras relaciones con los Estados Unidos, como debe entenderse nuestra propuesta». La línea estaba clara, señor Presidente, y es la misma que usted hoy nos propone, aunque entonces no quisiera entenderlo.

Ahora bien, es preciso andarse con cuidado en esto de la Unión Europea Occidental. Primero, porque la Unión Europea Occidental arrastra una historia complicada, de la que no ha conseguido librarse del todo. Fue inicialmente una especie de arreglo de cuentas entre los beligerantes de la II Guerra Mundial, puesto que se constituye para impedir el rearme alemán, y ha conservado esas funciones hasta hace —creo— un par de años. Por eso ha sido siempre especialmente grata a Francia.

En segundo lugar, el Tratado de Bruselas modificado —que es la carta fundacional de la Unión— tiene como anejo una numerosa serie de protocolos y acuerdos que ocupan —si no recuerdo mal— centenares y tal vez millares de páginas. Me parece que sería necesario inventariar y analizar, y tal vez explicar al Parlamento, cuáles son las obligaciones que resultan para España de toda esa larguísima serie de compromisos.

En tercer lugar, como es bien sabido, el Tratado de Bruselas, en su artículo 5.º, contiene una obligación automática de intervenir. El país signatario tiene que ayudar y asistir por todos los medios de que disponga, militares o de otra especie, a otro país signatario que sufra un ataque armado en Europa. No hay en la Alianza Atlántica, en el Tratado de Washington, ni un sólo artículo que contenga una obligación automática y rígida de entrar en guerra como esta obligación del artículo 5.º de la Unión. Cada país de la Alianza es libre de decidir su conducta si un aliado es objeto de un ataque.

El señor Presidente del Gobierno, que tan sensible fue, sin razón, a la posible pérdida de la autonomía de una España miembro de la Alianza Atlántica, habrá valorado, a la luz de su sensibilidad —ahora con razón—, ese artículo 5.º de la Unión Europea Occidental.

Pero también hay que añadir algo más. La Unión Europea Occidental estaba clínicamente muerta el año 1983 cuando Francia decidió revitalizarla. ¿Por qué esa decisión? El ámbito normal del pilar europeo de la Alianza es el Eurogrupo, constituido en 1968 precisamente para dar unidad a los miembros europeos de la OTAN; pero Francia había tomado, dos años antes, su insolidaria decisión y no concurrió al Eurogrupo. Una vez más nos encontramos con Francia. A la vista de esta situación se intentó alojar el diálogo europeo sobre seguridad en el ámbito de la Cooperación Política de las Comunidades, pero la propuesta Genscher-Colombo, que, después de mucho tiempo, llegó a formar un criterio en este punto, fue muy aguada en la Declaración de Stuttgart de junio de 1983; y de ahí vino la revitalización de la Unión Europea Occidental: de un tropiezo comunitario que, a mi juicio, hay que superar y no consagrar.

Por todo ello, la Unión Europea Occidental no puede presentarse como una alternativa suficiente a la participación en la estructura militar integrada de la Alianza, a la presencia activa en el Eurogrupo o la Cooperación Política comunitaria.

Ayer el señor Presidente del Gobierno recordaba que en Luxemburgo acaba de darse un nuevo empujón —esperemos que definitivo— a la Cooperación Política, como ámbito para tratar cuestiones de seguridad y de defensa; todavía no cuestiones militares, sino solamente políticas y económicas. No necesito recordar que las instituciones fundamentales para la Europa Occidental son las Comunidades Europeas y la Alianza. En ellas creo que deben emplearse nuestros esfuerzos sin dispersarlos ni confundirlos. Lleve a España a la Unión Europea Occidental, señor Presidente, después de estudiar esos centenares de páginas, si ello le ayuda en su conversión, pero como paso menor y provisional, mientras la Cooperación Política, recientemente reforzada en Luxemburgo, o el Eurogrupo, no puedan tomar plenamente para sí la discusión de los problemas de seguridad y de defensa en Europa; y lleve, en cambio, a su decálogo —si insiste en él— su decisión de actuar siempre dentro del ámbito comunitario y atlántico.

En fin, creo que también forma parte de la ceremonia de la confusión la importancia desmedida que el Gobierno ha dado a la visita del Secretario General de la Unión Europea Occidental, señor Cahen, inteligente y probo funcionario que no salía de su asombro cuando se encontró con una recepción que, por supuesto, no ha tenido en ningún país miembro de la Unión Europea Occidental. (Risas). Nunca el señor Cahen ha visto, en el plazo de unas horas, a un Presidente de Gobierno, a un Ministro de Defensa y a un Ministro de Asuntos Exteriores. Su nivel —muy respetable— suele estar uno o dos grados por debajo.

Me parece que no habría que exagerar ante la opinión la importancia, ciertamente modesta hoy —y yo espero que modesta siempre porque creo que la Cooperación Política tomará otros vuelos— no hay que exagerar, repito, por razones de la conversión, la importancia modesta de la Unión Europea Occidental, a la que, por cierto, los países miembros hoy niegan las mínimas cantidades que necesita para sostener su escaso aparato administrativo, como se puede ver en el acta de la sesión de diciembre de la Unión, donde el señor Cahen y el señor Presidente pidieron unos fondos que les fueron negados. Un principio del Consejo de Ministros es que la Unión viva con presupuesto de crecimiento cero y la Unión cree que no puede vivir así.

Y me quedan dos observaciones necesarias, aunque forzosamente breves. La primera es sobre la antigua aspiración francesa a convertir su derrota de 1940 en una victoria y asegurar la hegemonía de Francia sobre la Europa de la posguerra. Francia nunca ha podido perdonar del todo a los Estados Unidos que no hayan apoyado esa pretensión y que no hayan roto en su favor los viejos lazos privilegiados que tienen los Estados Unidos con el Reino Unido. Y ese sentimiento, o ese resentimiento —si así se puede llamar—, está en la raíz de la decisión francesa de dejar la estructura militar de la Alianza en 1966, en la propuesta Jobert de 1973 y en la revitalización de la Unión Europea Occidental de 1984.

Comprendo —lo sabe el señor Presidente—, y en muchos puntos comparto, las reservas del Presidente del Gobierno ante una «pax» americana. Pero ¿ha pensado el Presidente del Gobierno si de verdad le conviene a España, hoy y dentro de 20 años, promover o apoyar un ámbito europeo de «pax» francesa?

La segunda observación es sobre América y el antiamericanismo. Ya he recordado que en 1981 propuse a esta Cámara que España entrara en la Alianza como culminación de nuestra política europea. Y sigo en esa convicción. Pero ni hace cuatro años ni ahora me he dejado seducir por la fácil y demagógica tentación antinorteamericana, como no me he dejado seducir por ninguna otra tentación sectaria y negativa. La memoria histórica nos debía bastar a los españoles para saber que a la púrpura de una responsabilidad universal acompaña siempre el peso de una leyenda negra. Colaborar a esa leyenda es demagogia, especialmente reprobable si quien la hace es el Gobierno.

Permítame, señor Presidente, reprobar aquí actitudes o palabras gubernamentales que han estado en esa línea y, entre ellas, la espantada húngara del señor Vicepresidente del Gobierno con ocasión de la visita a Madrid del Presidente Reagan. En vez de hacer esas cosas para la galería, el Gobierno español podría contribuir a un mejor entendimiento entre las dos orillas del Atlántico, porque tiene autoridad para ello, si no la sigue malbaratando.

Un decálogo hecho, como se va viendo, un tanto a la ligera, no debería sacrificar a conveniencias electorales e inmediatas de un partido la estrategia histórica de la nación, sin un cuidadoso examen y sin un debate responsable sobre política exterior, pero de verdad. No sea, señor Presidente, que para dorar la píldora de la Alianza a los militantes socialistas airados, vayan ustedes a darnos a todos los españoles otras píldoras poco ensayadas, dudosas o nocivas, además de la píldora del referéndum.

Y en cuanto a la reducción de las tropas americanas en España —otro de los puntos nuevos del decálogo—, hay que decir ante todo que tampoco se libra de la confusión general. En los últimos papeles que yo tuve sobre mi mesa respecto de este asunto, los Estados Unidos no habían alcanzado el número de soldados que autorizaban los Acuerdos de 1976 y 1982. No sé si durante el Gobierno socialista habrán venido más soldados americanos a España. Si no es así, pudiera ser —y lo digo sin datos, porque en mi situación actual no tengo esos datos— que ahora se nos quisiera dar como reducción real una simple reducción contable de tropas.

Hecha con todas las reservas esta observación, de la que me retiraré en cuanto que el señor Presidente me diga que no es así, quiero decir que también este punto del decálogo parece una orquestación más para cubrir y acompañar a la palinodia socialista sobre la Alianza. Y es una orquestación mimética y pobre.

He dicho antes que el General De Gaulle hizo en 1966 algo parecido, algo políticamente tan equivocado, pero técnicamente mucho mejor. El General De Gaulle puso a los americanos en la frontera —a todos, no a unos cuantos—; desahució a la OTAN de sus cuarteles cerca de París; retiró a las tropas francesas a la orilla izquierda del Rhin y, una vez hechas estas cosas, se sentó arrogantemente sobre su propia fuerza nuclear. Frente a aquél, «váyanse ustedes todos» —equivocado sin duda—, es casi patética, señor Presidente, esa exhortación suya de «váyanse ustedes, al menos unos cuantos». (Risas). ¿Por qué unos cuantos? ¿Con qué ventaja y para quién? La posición es tan arrogantemente débil que ha servido de soporte a una frase incorporada ya al catálogo de las baladronadas famosas: aquella que amenazó con enviar al Presidente Reagan un ejemplar de la Constitución «para que aprenda lo que es un pueblo soberano». (Risas). Esta Cámara también puede ser cauce para aliviar el rubor de los ciudadanos. Permítame, señor Presidente —y no me regañe—, que diga con ánimo de definir y no de injuriar, que nunca, ni cuando se hablaba de España como la reserva espiritual de Occidente, nunca se había dicho, en nombre del Gobierno español, una majadería tan grande.

El señor PRESIDENTE: Señor Calvo-Sotelo, le ruega que vuelva a la cortesía parlamentaria.

El señor CALVO-SOTELO BUSTELO: Señor Presidente, acepto su recomendación.

El señor PRESIDENTE: No es una palabra cortés la que acaba de decir su señoría.

El señor CALVO-SOTELO BUSTELO: La digo en el sentido que tiene «dicho inoportuno o molesto».

El señor PRESIDENTE: Señor Calvo-Sotelo, el sentir popular no es ése exactamente; no es el del diccionario.

El señor CALVO-SOTELO BUSTELO: Señor Presidente, estamos en una Cámara en la que, además del sentir popular, hay un conocimiento del diccionario.

El señor PRESIDENTE: He dicho, señor Calvo-Sotelo, que le llamo a la cortesía. (Rumores).

Señorías, por favor, no solamente estén de acuerdo con el Presidente cuando lo esté con lo que ustedes piensan. (Varios señores DIPUTADOS: Muy bien, muy bien).

Adelante, señor Calvo-Sotelo.

El señor CALVO-SOTELO BUSTELO: Acepto su llamada, señor Presidente, y sigo. Creo que, una vez más, se han utilizado desde el Gobierno modales de Partido.

Vista desde fuera de España, esa exhortación a unos cuantos soldados americanos para que se vayan tampoco se entiende. Cualquiera que haya seguido, aunque sea de lejos, las relaciones dentro de la Alianza entre Estados Unidos y Europa en los últimos tiempos y, sobre todo, desde la enmienda del Senador Nunn a los presupuestos militares de 1985, sabe las presiones internas a que está sometido el Presidente de los Estados Unidos para que reduzca la presencia de tropas americanas en Europa por razones presupuestarias y políticas. Y nuestros vecinos europeos, los del pilar europeo de la Alianza, presionan en sentido contrario, porque sospechan que la mejor garantía del compromiso americano de defender a la Europa libre es, precisamente, la presencia de un gran contingente americano en suelo europeo. Y mire usted por dónde España, miembro leal de la Alianza, el Gobierno español, miembro leal del pilar europeo, sostiene criterios diametralmente opuestos y se convierte en colaborador inesperado del Congreso y del Senado de los Estados Unidos en la presión sobre el Presidente Reagan para que reduzca tropas y gastos en España. No sé si le habrán dado ya las gracias. Y yo me pregunto: ¿Qué solidaridad es la del Gobierno español con los gobiernos aliados cuando propone una reducción, aunque simbólica, de tropas americanas en el suelo europeo de España, y ello probablemente para consumo electoral interior? Eso no se entiende en Madrid, pero sospecho que menos aún se entiende en Bonn, en Roma, en Londres o en La Haya.

Ve usted, señor Presidente, que estos tres puntos efectivamente nuevos de su decálogo no son buenos. Y que no se entienden ni dentro ni fuera de España, salvo como artículos de consumo electoral.

Mi respeto por la Presidencia del Gobierno, señor Presidente, no puede ser un estorbo de la claridad ni de la dureza, si fuera inevitable. Por eso debo decirle que ni tenía usted un proyecto serio de política exterior cuando se opuso a la OTAN hace cuatro años, ni cuando hoy se manifiesta partidario de la OTAN lo hace usted desde un proyecto serio de política exterior. Hace cuatro años la suya fue una posición —y perdóneme que así le devuelva sus propias palabras— que hoy se sabe precipitada, irreflexiva y electorera; hoy la suya es una posición largamente meditada, pero electorera también, y preocupada sólo o principalmente por explicar y justificar el error de 1981 y su rectificación incompleta de 1986. El peso de la equivocación sigue lastrando sus decisiones. Pero todavía puede usted liberarse de ese peso. Si de verdad ha llegado a la conclusión de que España debe quedarse en la Alianza, cante usted la palinodia, deje las cosas como están y negocie luego sosegadamente la participación en la estructura militar integrada y el ajuste que convenga, después de fijada esa participación, del Acuerdo con los Estados Unidos y de la presencia de tropas americanas en España. Y hágalo sencillamente, sin adornar con decálogos su rectificación, sin un debate para eso, sin un referéndum para eso; porque para eso, para seguir como estamos, como mi Gobierno dejó la cuestión, no hace falta ni un referéndum, ni una Ley, ni un Decreto, ni una Orden ministerial ni casi un debate; no hace falta nada. Si usted ha llegado a la conclusión, señor Presidente, de que a España le conviene quedarse en la Alianza como estamos, basta con que su Gobierno ahora no haga nada, que es, tal vez, la mejor manera que tiene un Gobierno —y, desde luego, el suyo— de no equivocarse. (Risas).

Y desconfíe de algunos asesores, señor Presidente.

Es achaque de Gobiernos primerizos dejar la economía en manos expertas, porque el profano le parece difícil, y tomar en manos propias, no expertas, la política exterior, porque al profano le parece fácil. Es un grave error. Así se fabrican los decálogos. Así hemos visto cómo un asesor del Ministro de Asuntos Exteriores en esta materia tan profesional de seguridad y defensa ha sido —y creo que sigue siendo, no lo sé— un aficionado, un profesor de Economía aficionado a la política exterior. Por cierto, que en los pasillos de esta Cámara, ahora tan aburridos, daban a ese profesor como futuro embajador de España en un país, naturalmente, alejadísimo de la OTAN de sus pecados. Si ese rumor llega a ser Decreto —me excuso por repetir un rumor desde la tribuna—, habrá culminado el partido Socialista una serie no muy gloriosa ya de embajadores que se reclutan…

El señor PRESIDENTE: Está fuera de la cuestión, señor Calvo-Sotelo.

El señor CALVO-SOTELO BUSTELO: Perdón, señor Presidente, ¿el nombramiento de embajadores está fuera de un debate de política exterior? ¿No puedo hablar de un nombramiento de política exterior?

El señor PRESIDENTE: Continúe.

El señor CALVO-SOTELO BUSTELO: Continúo. Digo embajadores que se reclutan no entre los excelentes profesionales que pasean por los pasillos del Palacio de Santa Cruz, sino entre negociadores de salón o estrategas de cafetería. (Risas y rumores).

Pero vuelvo a mi cuestión, señor Presidente, aunque creo que nunca había salido de ella.

Decía un agudo español amigo mío que él es capaz de entenderlo todo, especialmente si no se empeñan en explicárselo demasiado. Y yo entiendo su trayectoria personal, señor Presidente, entiendo su conversión (¡cómo no la voy a entender!), pero ya acepto peor sus citas de Max Weber. Y entiendo su conversión porque su éxito, extraordinario y meritorio éxito personal, le llevó al Gobierno de la nación con una experiencia corta en algunas materias y sesgada en otras; sesgada en política exterior. ¿Por qué? Porque su escuela, señor Presidente, fue la Internacional Socialista desde 1974, y la Internacional Socialista estaba entonces en manos de tres hombres: los señores Palme, Kreisky y Brandt. Palme y Kreisky, un sueco y un austríaco, legítimamente marcados por la neutralidad obligada y congénita de sus países fronterizos; Brandt, un ilustre Canciller caído y marcado por la exageración nostálgica de su obra principal: la «Ostpolitik».

Las tentaciones neutralistas en que usted cayó, señor Presidente, hace diez o doce años, llevan la marca de Kreisky y Palme; su miedo a romper el equilibrio entre los bloques, el que aparece en la famosa declaración conjunta de Moscú en diciembre de 1977, lleva la marca de Brandt. El propio Brandt dijo, en declaraciones a la revista Interviú de mediados de junio de 1981: «Comprendo muy bien la posición del Partido Socialista Obrero Español» (la posición de entonces, contraria a la OTAN). Y sigue Brandt: «El argumento que he oído y discutido desde hace años con Felipe González y sus amigos es que éste no es el momento adecuado para romper el statu quo añadiendo más miembros a la Alianza». Subrayo estas palabras de Brandt: «El argumento que he oído y discutido desde hace años con Felipe González y sus amigos». Los largos y fecundos años, añado yo, de docencia de Brandt y discencia aplicada de González.

Sólo cuando se ha librado usted de esa escuela juvenil ha empezado a comprender dónde estaba de verdad su responsabilidad como rector de la política exterior española. UCD, que no tuvo la suerte de esa escuela exterior y, si me permite una broma, no tuvo la suerte de esa escuela ni de esa despensa —para recordar la frase de Joaquín Costa—, hizo la política de seguridad y defensa que convenía a España. (El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Miguel Ángel: Otra escuelas y otras despensas).

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, por favor. Continúe, señor Calvo-Sotelo.

El señor CALVO-SOTELO BUSTELO: Y ahora, señor Presidente, viene usted, al cabo de cuatro años de meditaciones, a proponer una política parecida, aunque peor, porque ha aguado usted la valentía del sí con la retórica del pero, y porque, para colmo, lo ha emborronado todo malamente con la manía de convocar un referéndum.

Usted, señor Presidente, que ha reconocido la necesidad en que se ha visto de reflexionar durante dos años enteros con el numeroso equipo de la Moncloa y después de otros ocho años de clases particulares con Brandt; usted, señor Presidente, que, como antes he probado, necesita reflexionar todavía un poco más para formar del todo su nuevo criterio y para aceptar las consecuencias lógicas de su rectificación principal, ¿cómo puede pedir usted a los españoles, a la ciudadanía, como dice usted, que opine responsablemente sobre tan complicada materia, que le ha exigido a usted tantos esfuerzos de comprensión, después de dos semanas de campaña, sin equipos y sin clases particulares? Cuando, además, la política interior, la política electorera, ha venido a sembrar la confusión más absoluta en este grave asunto, cambiando los papeles de los principales partidos, en una comedia de carnaval y de enredo que sólo ha dejado en su sitio a las menguadas huestes del partido Comunista ¿qué valor puede tener esa consulta, sea cual sea su resultado?

Y si los ciudadanos se equivocaran en la respuesta, como se equivocó hace cuatro años en esta Cámara el señor Presidente del Gobierno (y tienen tanto derecho como el señor Presidente a equivocarse, y más razones que el señor Presidente para no acertar), si se equivocaran los ciudadanos, ¿cuándo tendrían esa ocasión de rectificar que hoy ha tenido el señor Presidente del Gobierno? ¿Y qué pensarán nuestros aliados y amigos, en la Comunidad y en la Alianza, ante esta movida española, ante esta especie de renovada fiesta nacional, de innecesaria ruleta rusa, con la que los españoles nos estamos divirtiendo desde hace ya muchos meses, echándonos unos a otros a la cara retales de la defensa de Occidente, flecos de nuestra propia seguridad y jirones de nuestro prestigio como nación?

Ya sé, señor Presidente, que no toda la culpa de esta verdadera ceremonia de la confusión es suya, aunque suya sea la mayor parte y suya haya sido la iniciativa. Pero lo que importa es que la solución sí que es sólo suya, y la solución es no convocar el referéndum. Si este debate es, como debe ser, una última oportunidad para la reflexión del señor Presidente del Gobierno; si es así, todavía estamos a tiempo para impedir la convocatoria.

Contra toda esperanza quiero hacerle, señor Presidente, una sola consideración más. Y es ésta: Aplique usted, señor Presidente, al referéndum su propio razonamiento weberiano. Usted creía hace cuatro años, desde la ética de la convicción, que no había que entrar en la Alianza, y sabe ahora, desde la ética de la responsabilidad, que hay que quedarse en la Alianza porque las consecuencias de no quedarse serían graves para España y para Occidente. Bien. Usted creía hace tres años, desde la ética de la convicción, que tenía que cumplir sus promesas electorales, incluso las erróneas o las dañinas para España. Usted sabe ahora, desde la ética de la responsabilidad, que no debe hacer el referéndum, aunque lo haya prometido, porque sus consecuencias serían malas para España y para Occidente. No se quede a medias, señor Presidente, y aplique también a la convocatoria del referéndum la ética de la responsabilidad que le ha llevado a quedarse en la Alianza. Y no convoque el referéndum. No necesita para ello de cien años de honradez de su Partido; le basta un minuto de honradez consigo mismo. No convoque el referéndum. Si lo convoca vamos a pensar que le sigue moviendo la ética oportunista del resultado; vamos a pensar que a los votos de que se apropió indebidamente en 1982, cuando propuso salir de la Alianza, quiere usted añadir ahora los votos que obtenga quedándose hábilmente en la Alianza. Y para esta habilidad, si la hubiera, señor Presidente del Gobierno, para esa habilidad, el otro Decálogo, el Decálogo de verdad, el que sigue fundando toda ética, reserva un no terminante en sus puntos, o mandamientos, séptimo y octavo.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos).

Un ejemplo del arte delicado con el que entretenía Pío el tedio en algunos Consejos de Ministros.

EL PAÍS, lunes 12 de septiembre de 1988

Las razones del referéndum de la OTAN, según Peridis.

Juro como Ministro de Obras Públicas el 7 de julio de 1976. Detrás de Landelino Lavilla, Alfonso Armada, Secretario General entonces de la Casa del Rey.

Primera escala de Tarradellas en Madrid, con Carlos Sentís, en mi despacho electoral (mayo del 77).

«Nunca pude pasar de la primera página de El Capital», me dijo Harold Wilson en la Trinidad en febrero de 1978.

Con Lorenzo Natali en Brujas el día en que secuestraron a Aldo Moro, 16 de marzo de 1978.

En la Vicepresidencia Económica, Matías Rodríguez Incarte y Luis Sánchez merlo.

Con Rodríguez Sahagún, recién elegido Presidente de UCD en Palma de Mallorca. Enero de 1981.

En el congreso de Palma de Mallorca, enero de 1981.

Con Adolfo Suárez en el Congreso de Palma de mallorca, enero de 1981.

Cuestiones reglamentarias con Landelino Lavilla entes de la votación de investidura el 25 de febrero de 1981.

A ver quién es le guapo que se hace ahora cargo del poder. Jura del nuevo Presidente del Gobierno en la Zarzuela a los tres días del 23F.

Relevo en la Moncloa, el 26 de febrero de 1981.

Debate de investidura. 25 e febrero de 1981.

Relevo en la Presidencia del Gobierno. 26 de febrero de 1981.

Primer Consejo de Ministros. 27 de febrero de 1981.

A las dos semanas del 23F: entrega de fajines en la Escuela de Estado Mayor.

El Consejo Superior del Ejército reunido en la Moncloa el 24 de marzo de 1981.

Primera visita de Jordi Pujol en la Moncloa. 4 de marzo de 1981.

Relevo en la Iglesia. El Cardenal Tarancón y el Arzobispo Díaz-Merchán en la Moncloa el 9 de abril de 1981.

El amigo alemán. Con Helmut Schmidt en Hamburgo, en abril de 1981.

Esperando al Rey Jaled, el 17 de junio de 1981.

Mi mujer con el Rey Jaled en la Moncloa el 17 de junio de 1981.

Hablando todavía del golpe con Suárez, Gutiérrez Mellado y Oliart en la Moncloa el 23 de junio de 1981.

Con Adolfo Suárez en la Moncloa el 23 de julio de 1981.

Con Santiago Carrillo en le Moncloa, el 29 de junio de 1981.

Con Thorn y Areilza en el Congreso de los Municipios de Europa, el 26 de septiembre de 1981.

Con el Presidente de la República Federal de Alemania, Carstens, el 30 de septiembre de 1981.

Primera edición de los Premios Príncipe de Asturias. Oviedo, 3 de octubre de 1981.

Bajo la lluvia en Avilés el 3 de octubre de 1981.

Chencho Arias y Luis Sánchez merlo en El Cairo, cuando mi visita a Mubarak.

Con el Rey Balduino en el entierro de Sadat. El Cairo, 9 de octubre de 1981.

«Meigas fora». Con Antonio Rosón en las elecciones gallegas. Octubre 1981.

«Que no, Gregorio, que no». Con el Portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, durante el debate atlántico.

Con Joaquín Satrústegui en la Moncloa el 1.º de noviembre de 1981.

Mi mujer y la OTAN. Bruselas, enero de 1982.

Relevo en las Fuerzas Armadas el 16 de enero de 1982. General E. Alfaro, Almirante Arévalo, General Gabeiras, General I. Alfaro, Alberto Oliart, General Lacalle, General Asensio, Almirante Suanzes, General García Conde.

Con Soledad Becerril en la cena de ABC, el 25 de enero de 1982. Eran otros tiempos.

Luis del Olmo en antena desde la Moncloa, el 21 de enero de 1982.

«¿Que cuándo ceso a García Díez?». Con Ferrer Salat el 26 de enero de 1982.

Con Juan Lladó en la inauguración de unas Salas del Museo del Prado, el primero de febrero de 1982.

La bulla sevillana, en la Semana Santa de 1982. Entre la multitud Luis Ortiz, Víctor Ibáñez martín y José María Sanz Pastor.

Con Luis Fernández Cid en Paris en 1978.

A la busca de votos andaluces. Mayo de 1982.

Un autógrafo.

Con Helmut Schmidt en Bonn el 19 de mayo de 1983.

Despachando con Luis Sánchez Merlo.

Con Miterrand y Luns en el Consejo Atlántico, el 9 de junio de 1982.

Con portavoz del Gobierno, Ignacio Aguirre, en la rueda de prensa que siguió al Consejo Atlántico el 10 de junio de 1982.

Consejo Atlántico de bonn, 10 de junio de 1982. Pérez Llorca, ministro de Asuntos Exteriores, el Embajador Aguirre de Cárcer y Luis Sánchez Merlo.

«Lo dicho, señora, la Roca para nosotros».

Con el Presidente Reagan en el Consejo Atlántico el 10 de junio de 1982.

«El esfuerzo arancelario que me pide usted es así de grande». Con el Presidente Miterrand, el 26 de junio de 1982. Al fondo Cheysson, Ministro francés de Asuntos Exteriores.

Con Pío Cabanillas en una reunión de UCD.

Con Maertens, Presidente del Gobierno belga, el 1 de julio de 1982 en Bruselas.

En la Plaza del Obradoiro, con García Sabell.

Con Luis Sánchez Merlo.

Un ejercicio de humildad: pegando un cartel de Landelino Lavilla el 4 de octubre de 1982. A la izquierda, el cartel ganador. Conmigo Emiliano Rodríguez.

Pegando los inútiles carteles de 1982 con Juan José Rosón y Miguel Doménech.

Con Roy Jenkins, a la puerta del mercado Común.

Despachando con Eugenio Gabaldón.

Con Juan Antonio García Díez y Matías Rodríguez Inciarte.

Entre S. M. el Rey y S. A. R. el conde de Barcelona.

La Gran Cruz del mérito Civil para Raimundo Bassols.

Condecoración al Portero mayor de la Moncloa, Julián Portela.

En la Biblioteca Vaticana, con Juan Pablo II, el 21 de marzo de 1982.

Con Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua.

Relevo en el Gobierno. Noviembre de 1982. Los papeles encima de la mesa. Felipe González sin los estigmas del poder y con atuendo juvenil.

Oyendo la grabación del mensaje de despedida el 1 de diciembre de 1982; con Ignacio Aguirre, Miguel Ángel Gozalo, Eugenio Nasarre y Luis Sánchez Merlo.

Con el Club Blanco White de periodistas. De izquierda a derecha, arriba, Luis Sánchez Merlo (secretario general de la Presidencia), Lorenzo Contreras, José Antonio Nováis, Ignacio Aguirre (portavoz del Gobierno), Pedro Calvo Hernando y Miguel Ángel Aguilar. Abajo, Pedro Altares, Félix Santos, José Oneto, Juan Luis Cebrián y Ramón Pi.

Leopoldo Ramón Pedro Calvo-Sotelo y Bustelo. (Madrid, 14 de abril de 1926 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 3 de mayo de 2008) fue un político español, presidente del Gobierno de España entre febrero de 1981 y diciembre de 1982. En agradecimiento a sus servicios, en 2002 el rey Juan Carlos I le confirió el título de marqués de la Ría de Ribadeo, con grandeza de España.

Hijo de Leopoldo Calvo Sotelo y de Mercedes Bustelo Márquez, nació en Madrid el 14 de abril de 1926. Leopoldo padre era hermano de José Calvo Sotelo, el que fuera ministro de Hacienda durante la Dictadura (Directorio Civil) de Miguel Primo de Rivera, “protomártir de la Guerra Civil” y fundador del Bloque Nacional durante la Segunda República Española, y de Joaquín Calvo Sotelo, escritor y miembro de la Real Academia Española. Tres de sus abuelos eran gallegos (de Ribadeo, La Coruña y Lugo) y uno castellano (de Meneses de Campos).

Leopoldo recibió educación en el Instituto Escuela, [cita requerida] centro de enseñanza liberal, heredero de la Institución Libre de Enseñanza, en el Instituto Santo Tomás de Aquino de Ribadeo, en el Instituto Peñaflorida de San Sebastian y en el Instituto Cervantes de Madrid. Terminó sus estudios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 1951 con el número uno de su promoción, por el que recibió el premio Escalona, doctorándose por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid en 1968. Políglota, llegó a dominar el inglés, el francés, el italiano, el alemán y el portugués; también tocaba el piano. Trabajó veinticinco años en la empresa privada, buena parte de ellos al frente del mayor grupo industrial español, Unión Explosivos Riotinto. Fue presidente de Renfe en 1967. En 1974 fue elegido procurador en Cortes como representante de los empresarios de industrias químicas. En 1975 fue designado ministro de Comercio en el primer Gobierno de la Monarquía, que presidía Arias Navarro y del que formaban parte como ministros Adolfo Suárez o Manuel Fraga entre otros.

Al ser nombrado Suárez presidente, fue nombrado ministro de Obras Públicas, en julio de 1976.

Dimitió del cargo de ministro para presentarse a las primeras elecciones democráticas (1977) y concentrarse en la organización del nuevo partido que habría de ganarlas: la Unión de Centro Democrático (UCD), del presidente Suárez. Su carrera política continuó en ascenso: portavoz de UCD en el Congreso (1977-78), ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas (1978-79), vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos (1980-81).

Durante la votación sobre su investidura como Presidente del Gobierno (23 de febrero de 1981), irrumpieron en el Parlamento varios guardias civiles armados que, bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero, pretendían dar un golpe de Estado militar, intento que hoy conocemos como 23F. El gobierno de Calvo-Sotelo nacía pues en unas fechas en que las manifestaciones populares en contra de una involución política, el paro y la debilidad de la coalición política permanente protagonizaban la actividad pública española.

En 1982 ocupa el segundo puesto en la lista electoral de dicho partido por Madrid, que encabezaba Landelino Lavilla, se produce la debacle electoral de UCD, pasando de ser el partido del gobierno a tener una docena de diputados. Calvo-Sotelo solo consigue ser diputado por la dimisión de Lavilla.

Tras esto, es elegido miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1983 y eurodiputado en el Parlamento Europeo en 1986, integrado en el Partido Popular Europeo.

En el año 2002, el Rey le ofreció un título nobiliario con la ocasión del vigésimo aniversario de su marcha del poder y siguiendo la tradición de concederlos a los ex presidentes del Gobierno y, antes, del Consejo de Ministros. Como primer concesionario de la merced, Calvo-Sotelo tenía la opción de elegir la denominación de la misma, que no podía ser su propio apellido por existir el ducado de Calvo Sotelo, concedido póstumamente por el general Franco a su tío José Calvo Sotelo. Parece que entonces se inclinó porque la dignidad se refiriese a la ciudad de Ribadeo, a la que estaba muy ligado, pero de nuevo apareció un escollo: la duquesa de Alba cuenta entre sus muchos títulos con el de condesa de Ribadeo. Así, el 25 de junio de 2002, se le concedió finalmente el título de marqués de la Ría de Ribadeo, con grandeza de España.

El 3 de mayo de 2008 falleció a los 82 años de edad en su domicilio de la localidad de Pozuelo de Alarcón (Comunidad de Madrid) por una parada cardiorrespiratoria. El expresidente no sufría ninguna enfermedad. Pocos meses antes sufrió una caída de la que no llegó a recuperarse en su totalidad y que le provocó un progresivo empeoramiento de su estado de salud.

En su capilla ardiente, instalada en el Salón de los Pasos perdidos del Palacio de las Cortes y presidida por los Reyes de España, por el presidente del Gobierno y por su familia, le fue impuesto a título póstumo el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Ribadeo desde el 5 de mayo de 2008.

Era tío de Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, ministra de Educación en la VIII Legislatura de España. Dos hijos suyos han sido secretarios de Estado con los gobiernos de José María Aznar.

Presidió la Fundación Ortega y Gasset (1992 a 1997) y los patronatos de las Fundaciones Antonio Nebrija y Eduardo Torroja. Fue miembro del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, del Círculo de Economía, del Club de Madrid, de la Fundación Carlos de Amberes, de la Fundación Transición Española y del Real Instituto Elcano.

Su vinculación con Ribadeo, donde nació su madre, le llevó a ser nombrado patrón mayor honorario de la Cofradía de Pescadores de Ribadeo, director honorífico de la Coral Polifónica de Ribadeo y alcalde honorario de dicha villa. También fue nombrado hijo adoptivo de Fonsagrada y de Monforte de Lemos.

Su mandato, además de iniciarse con un golpe de estado, finalizó con el desmantelamiento de la Conspiración golpista para el 27 de octubre de 1982, que estuvo mejor preparada que la del 23F, pero que con la colaboración de los principales medios de comunicación y para no crear alarma social, fue minimizada.

Durante su gobierno se firmó un gran acuerdo por el empleo con las centrales sindicales y los empresarios, se aprobó la ley del divorcio, España ingresó en la OTAN y se cerró el mapa autonómico. Su gobierno recurrió la sentencia de la Justicia Militar, para que fuera la Justicia Civil quien tuviera la última palabra en el tema del 23F. Su gobierno modificó la bandera oficial de España, eliminando el águila de San Juan, y dejando sólo el escudo nacional, que igualmente fue reformado, tomando como modelo el estandarte real.

Los encuentros de Calvo-Sotelo con el entonces líder de la oposición, Felipe González, fueron constantes, en una relación gobierno-oposición que nunca después ha existido, pese a la dureza del PSOE contra su gobierno.

Durante este bienio se produjeron escándalos como el del aceite de colza, y no fue un periodo precisamente fácil para el país.

Durante el mandato de Leopoldo Calvo-Sotelo, la decisión más relevante fue la adhesión de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), firmada el 10 de diciembre de 1981, que fue muy disputada por la oposición dirigida por el Partido Socialista Obrero Español (aunque más tarde y una vez en el poder, el Gobierno socialista convocó —y ganó— un referéndum a favor de la permanencia en la OTAN en 1986). Además como ministro para las Relaciones con la Comunidad Económica Europea, logró restablecer definitivamente un vínculo estable para la negociación de entrada y como presidente se cimentó el preámbulo definitivo de adhesión al Mercado Común, que culminaría con la entrada en algo más grande, una Unión Política; la UE durante el mandato de Felipe González.

Notas

[1] Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, presidida por D. Enrique Medina Balmaseda, dada el 1 de abril de 1977. El 29 de marzo anterior, el Pleno del Tribunal Supremo, reunido «al objeto de guardar y cumplir, si procediere, el Real Decreto de 25 de marzo actual por el que se nombra Presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo al Excmo. Sr. D. Juan Becerril y Antón-Miralles», acordó «que no procede el cumplimiento del Real Decreto por las razones que se expondrán en el correspondiente Informe que oportunamente se elevará al Gobierno». El Gobierno dejó sin pagar la deuda de gratitud que contrajo entonces con el Magistrado Becerril. <<

[2] Alfonso Osorio y sus más allegados en el Gobierno empezaban a sentir que Suárez se les escapaba hacia delante y hacia la izquierda. <<

[3] Sólo una Ley, o un Decreto Ley, permitiría que el Gobierno se hiciese cargo de la vieja Compañía Metropolitana, cuya situación era angustiosa y demandaba una intervención rápida. Torcuato Fernández Miranda, Presidente de las Cortes, no estaba por la labor. <<

[4] El jueves, 8 de enero de 1976, llamé a mi despacho al Director General cesante, para decirle que pensaba llevar al Consejo de Ministros el nombramiento de Víctor Moro; que le agradecía sus servicios y le rogaba que los culminase asistiendo el sábado 10 a la toma de posesión de su sucesor, y acompañándole luego a la Dirección General. El Director no se esperaba, por lo visto, el cese: pero me escuchó serenamente, aceptó mi ruego y me pidió permiso para retirarse. A los tres minutos me anunciaron que quería volver a mi despacho: luego supe que había llamado desde la secretaría al Ministro de Marina, Almirante Pita da Veiga. Le hice entrar y de pie, junto a la puerta aun no cerrada, me dijo destempladamente que no podía aceptar el nombramiento de su sucesor y que no contara con él ni en la toma de posesión de Víctor Moro ni en la entrega de la Dirección General.

Me quemó la sangre tanta insubordinación; y le dije lentamente:

«Señor Director General: le recuerdo que está usted ante un superior. Supongo que no se le ha olvidado cuál es la actitud reglamentaria de un marino en esa situación».

El señor Piniés se cuadró con un sonoro taconazo y me dijo: «A las órdenes de V. E., señor Ministro».

«Así está mejor —continué—; ahora, Señor Director General, usted acepta el nombramiento de su sucesor, usted acude a mi despacho el sábado a las 10 de la mañana para la toma de posesión, usted acompaña luego al Sr. Moro hasta su despacho oficial, le presenta al personal de la Dirección, le informa de los asuntos urgentes y le entrega personalmente los documentos importantes».

Así lo hizo. <<

[5] Al comenzar el Consejo repartió a los Ministros el Vicepresidente Segundo, Fraga, una hoja que debía sustituir a la primera del borrador repartido la víspera. Este último decía:

«Son Leyes Fundamentales del Reino: la Ley de Principios del Movimiento Nacional, la Ley de Cortes, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado… Todas estas leyes podrán ser modificadas en los términos que prevé el artículo…»

El nuevo texto, que sustituía al anterior, presentaba una simple corrección tipográfica. Decía así:

«Son Leyes Fundamentales del Reino:

1 —La Ley de Principios del Movimiento Nacional.

2 —La Ley de Cortes, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado… Todas estas leyes podrán ser modificadas en los términos que prevé el artículo…»

Este cambio tipográfico separa el antiguo régimen del nuevo. <<

[6] Claro está que recordé en aquel momento al Capitán Jaime Manuel Piniés. <<

[7] Se dio el nombre de «críticos» a un grupo numeroso de Diputados de UCD que discrepaban de la línea de Adolfo Suárez. Tenían, casi todos, origen democristiano y su jefe natural era Landelino Lavilla. <<

[8] El llamado Sanedrín estaba formado en tiempos de Suárez por un grupo de Ministros: Abril Martorell, Pérez-Llorca, Rosón, Rafael Arias-Salgado, Fernández-Ordóñez, Calvo Ortega, Cabanillas y más tarde yo mismo. <<

[9] Alberto Aza, Diplomático, era el jefe del equipo de «fontaneros» que asistían a Adolfo Suárez en La Moncloa. <<

[10] Juan Rovira había sido Ministro de Trabajo y Seguridad Social en el penúltimo Gobierno de Suárez. <<

[11] El INH se creó por la Ley 45/1981 de 28 de diciembre, siendo yo Presidente del Gobierno. Con él se prepara el fin de la muy larga vigencia del Monopolio de Petróleos, obra eminente de José Calvo-Sotelo. Me gustaría que el INH, y su buque insignia REPSOL, alcanzaran también la longevidad. <<

[12] Sabino Fernández Campo, entonces Secretario General de la Casa de S. M. el Rey, luego Jefe de ella, es un personaje clave de la transición política, sin el que no hay manera de entenderla bien. La asombrosa discreción a la que ajusta su vida, como si de un voto monástico se tratara, impide que se conozca su participación en graves encrucijadas de la historia reciente. Alguna ha trascendido, como la brevísima frase que señala el fracaso del 23F: el General Juste, Jefe de la División Acorazada, ha llamado a la Zarzuela poco después del golpe preguntando por el General Armada, y Fernández Campo le responde lacónicamente: «Ni está, ni se le espera».

No sería razonable que esa discreción de Sabino Fernández Campo impida también, en su día, el homenaje nacional que merece como pocos españoles de nuestro tiempo. <<

[13] El Comité Ejecutivo de UCD, elegido en el Congreso de Palma de Mallorca, tuvo durante mi Presidencia la composición siguiente: Presidente: Agustín Rodríguez Sahagún, Secretario General: Rafael Calvo Ortega, Vocales: Jerónimo Alberti Picornell, Fernando Abril Martorell, Rafael Arias Salgado, Emilio Attard Alonso, Soledad Becerril Bustamente, Pío Cabanillas Gallas, Blas Camacho Zancada, Antón Cañellas Balcells, Migo Cavero Lataillade, Gabriel Cisneros Laborda, Justo de las Cuevas González, Francisco Fernández Ordóñez, Luis Gámir Casares, Jaime García Añoveros, Juan Antonio García Díez, Carmela García Moreno, Luis González Seara, Antonio Jiménez Blanco, Jaime Lamo de Espinosa, Landelino Lavilla Alsina, Rodolfo Martín Villa, Juan Martínez Meseguer, Jaime Mayor Oreja, Manuel Núñez Pérez, Lorenzo Olarte Cullen, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo, Javier Rupérez Rubio, Jesús Sancho Rof, Manuel de Segarra Gómez, Joaquín Satrústegui, Adolfo Suárez González, Cecilio Valverde Mazuelas, Jesús M. Viana Santacruz, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Francisco Villodres García, Arcadio Domínguez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, Vicente Álvarez Pedreira y Juan Díez-Nicolás. <<

[14] Laboratorio que había sido de Semillas Selectas, dependiente de la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, incorporado al complejo de la Moncloa. <<

[15] Rodolfo Martín Villa, Al Servicio del Estado, Planeta 1984, pág. 96. <<

[16] Amando de Miguel y José Luis Gutiérrez, La Ambición del César, Madrid, 1989, pág. 307. <<

[17] Hasta 1990 Adolfo Suárez no ha conseguido acrecer el capital político que reunió durante sus años en la Moncloa; más bien ha vivido de él. <<

[18] El uso del término «barón» para designar a un notable del Partido se puso de moda entre los colaboradores del General Gaulle en la V República francesa. <<

[19] Sobre él ha publicado un generoso artículo Luis Miguel Enciso en el núm. 1 de Nueva Revista, febrero 1990, pág. 75. <<

[20] Los subrayados son de 1990. <<

[21] El Diario de Sesiones n.º 3 de 30 de marzo de 1979 recoge con detalle la bronca monumental que cae sobre el Presidente del Congreso, Landelino Lavilla, al iniciarse la sesión de investidura de Adolfo Suárez. Lavilla, cediendo a presiones de Suárez y de Abril, ha construido un hábil argumento reglamentario para justificar lo injustificable: que no haya Debate de Investidura; y hace leer a Carrascal Felgueroso, Secretario provisional de la Cámara, una resolución cuya parte sustantiva es ésta:

«En consecuencia, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 23 del Reglamento Provisional del Congreso, esta Presidencia ha dispuesto:»

«Artículo 1.º Primero. La sesión de investidura se iniciará con la lectura de la propuesta de S. M. el Rey, concluida la cual el candidato propuesto expondrá el programa del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara».

«Artículo 2.° Finalizada esta exposición y sin interrupción alguna, el Presidente anunciará cuántos son los escaños que se encuentran cubiertos, cuál es, en consecuencia el número de votos necesarios para la mayoría absoluta…»

«Artículo 3.º Hecho el anuncio a que se refiere el apartado anterior, se pasará a la votación, que se efectuará mediante llamamiento nominal…»

Interviene a continuación de Carrascal Felipe González para pedir, con toda la razón del mundo, que haya un debate antes de la votación. El Presidente del Congreso responde que se ha visto obligado a ejercitar sus facultades reglamentarias como lo ha hecho. El hemiciclo se viene abajo de protestas y pateos. La discusión crece con la intervención de Carrillo, quien recuerda hábilmente el artículo 54 del Reglamento y propone modificar el orden del día para incluir en él un debate. Lavilla le contesta con una escolástica distinción entre el orden del día y el orden de la sesión; vuelve a encenderse la cólera de los Diputados. Todos los Grupos Parlamentarios, menos UCD, se suman a la protesta con su voto y con sus pies. El rostro de Landelino pasa de la ira blanca a la ira roja y sus manos pidiendo calma consiguen, después de un larguísimo calvario, dominar la situación. Suárez aguanta estoicamente en su escaño aquella violencia, mayor para él que la del 23F. Estoy convencido de que en este instante comienza el declive de Adolfo Suárez. <<

[22] La entendí muy bien porque tuvo la claridad, la torrencialidad y la contundencia que lucía Fraga en el Congreso. Copio alguna de sus vehemencias del Diario de Sesiones n.º 144, correspondiente al 19 de febrero de 1981, págs. 9186 a 9193:

«Habría que desestacionalizar los Gobiernos. Hemos tenido uno de primavera, otro de otoño, ahora tenemos este de invierno. ¿Llegará este Gobierno al verano o tendremos un Gobierno de alpaca?»

«En este momento no hay, ni puede haber, ningún riesgo mayor que el de continuar el actual camino de decadencia, debilidad y confusión».

«No faltaron palabras ni programas en los discursos ante esta Cámara del anterior Presidente del Gobierno. El grado de cumplimiento de los mismos fue diferente. Nosotros, sin embargo, le dimos incondicionalmente los votos. Y no queremos ahora cargar sobre nosotros la responsabilidad de contribuir a sostener una situación que creemos inestable y ficticia».

Es decir: se acabó la broma, como para la CEOE. Fraga y Ferrer anuncian, casi al mismo tiempo, que tratarán a Calvo-Sotelo peor que a Suárez. Curiosa y equivocada coincidencia. Y sigue la agresión:

«Estamos convencidos de que no se puede hacer un nuevo parcheo… (Decimos no) a un bamboleo permanente;… a la improvisación y a la frivolidad;… a la sensación de estar todo en juego cada semana, sin capacidad efectiva de reacción».

A mi persona dedica Fraga algunas observaciones. Después de un inventario de las materias olvidadas por mí, entre ellas «el impresionante y ominoso silencio sobre el desarrollo científico y tecnológico», me dice, como Hamlet, «hay, querido amigo, muchas cosas en el cielo y en la tierra que ignora tu filosofía». Y a continuación: «Su discurso (el mío) en estas y otras materias pareciera hecho para otro país, o recordaría más bien aquellas conocidas conversaciones de salón, donde la regla de oro era la de no hablar de nada que pudiera molestar a nadie, con lo que se terminaba diciéndolo todo sobre nada en concreto. La exposición del programa que nos ha hecho el Sr. Calvo-Sotelo no ha añadido más que intenciones… A veces me recuerda aquella famosa frase del examen de Moliere en El Médico a Palos, cuando le preguntan al candidato a doctor por qué hace dormir el opio, y contesta: porque tiene la virtud de hacer dormir».

En cuanto mi anunciado propósito de meter a España en la Alianza Atlántica, que tan duras reacciones produjo en otros oradores, Fraga lamenta «que una vez más predomine la vaguedad, con notable retroceso sobre declaraciones anteriores, como la que en su día formulara, hace menos de un año, el Ministro Sr. Oreja».

Termina anunciando que no votará mi investidura:

«Lo lamento muy de veras, Sr. Calvo-Sotelo, pero su discurso y sus propuestas no son suficientes para levantar la hipoteca de la desconfianza…»

Creo que hice bien dejando sin respuesta a Fraga. <<

[23] Diario de Sesiones n.º 144 de 19 de febrero de 1981, pág. 9206. Luego me entendería mucho mejor con el inteligente diputado vasco. <<

[24] Diario de Sesiones n.º 144 de 19 de febrero de 1981, pág. 9208. <<

[25] Sobre el voto de la Minoría Catalana hay más comentarios en el Capítulo VII «La Cuestión Autonómica». Sobre la sorpresa que fue para todos el 23F tengo un dato curioso: desde mi casa, la víspera de la investidura, llamó Pío Cabanillas a Jordi Pujol y tuvo con él este diálogo:

—Jordi ¿por qué no votáis en primera votación a Calvo Sotelo? —Ahora no podemos; ya se verá más tarde.

—No es prudente ir a la segunda votación.

—¿Qué temes que puede suceder entre una y otra?

—No, nada. A lo mejor un revuelo de entorchados.

—¡Qué tontería!

Era el 17F. Ni Pujol —ni, por supuesto, Cabanillas— creían en un golpe militar; sobre todo Pujol, porque de Pío nunca se sabe, Si el 20F me hubiese votado CiU o (AP), yo hubiera sido Presidente ese día, y el 23F, lunes, el Congreso de los Diputados hubiera estado vacío. <<

[26] A esta lista hay que añadir el nombre de Matías Rodríguez Inciarte, que fue Ministro el 31 de agosto de 1981; los de Soledad Becerril, Federico Mayor, Santiago Rodríguez Miranda, Manuel Núñez, Luis Gámir, Rafael Arias Salgado, nombrados el 1.º de diciembre de 1981, el de Luis Cosculluela, nombrado el 30 de julio de 1982 y el de José Luis García Ferrero, nombrado el 13 de septiembre de 1982. Entre estos 24 —verdadero resto de Jacob por el aguante y la fidelidad— sólo hubo dos tránsfugas: uno precoz, Fernández Ordóñez, y otro muy tardío, José Luis Álvarez. <<

[27] Como en el asalto, un par de años antes, a un polvorín del Norte. <<

[28] Desde mi designación como candidato a la Presidencia el General Gutiérrez Mellado me había dicho que no deseaba continuar en el Gobierno. Gutiérrez Mellado tiene muy arraigada su vocación militar: la fortaleza con la que soportó durante años su responsabilidad política, tan incómoda para un soldado, no es el menor de los servicios que le debe la transición. Yo respeté su deseo que me permitía, además, destacar el carácter civil del Gobierno que siguió al golpe. <<

[29] Ver el Capítulo X, «Nadie es profeta en su tierra». <<

[30] Ver Estrambote 1.º, «Los Consejos de Ministros: escenario y bestiario». <<

[31] Luis Sánchez Merlo fue mi principal colaborador político desde 1977, primero en las elecciones de junio de aquel año, luego como Secretario General Adjunto en la Trinidad; en septiembre de 1980 como Secretario General Adjunto de la Vicepresidencia; y en 1981 y 1982 como Secretario General de la Presidencia. <<

[32] Ver el Estrambote 3.º, «Nominilla de tránsfugas». <<

[33] Ver el Estrambote 3.º, «Nominilla de tránsfugas». <<

[34] A pesar de sus protestas, Adolfo Suárez fue también un tránsfuga de UCD. <<

[35] Cuando se abrió el período de sesiones, a principios de septiembre, y el Presidente del Congreso señaló la fecha del 16 para el debate sobre la colza, pedí a Rafael Arias-Salgado que interviniera en nombre del Grupo Parlamentario y del partido. Era tan injusto el acoso al Gobierno por el dramático envenenamiento que me parecía conveniente una respuesta unitaria del partido, cerrando filas en torno a él; a dar esa imagen contribuía la intervención de Arias-Salgado, hombre próximo a Suárez y, además, brillante, sólido y eficaz en la tribuna. Rafael Arias se manifestó en principio dispuesto a intervenir. Faltaban sólo dos días para el debate y, al entrar en la reunión del Grupo Parlamentario, me dijo que prefería no hablar en el Pleno. Le pedí que reconsiderase esa negativa, porque ya era muy tarde para encargar a otro orador la intervención. Al día siguiente me mandó una carta, cuyos párrafos esenciales voy a transcribir como muestra de lo que sufría el Gobierno por la querella interior de UCD y por la ambigüedad de Miguel Herrero. Me decía Rafael Arias lo siguiente: «Te escribo estas líneas después de unas breves horas de sueño. Lamento tener que comunicarte que he tomado la decisión definitiva de no intervenir en el debate del aceite de colza. En conciencia, no me siento vinculado por ningún compromiso; en conciencia también pienso que la expresión de una inicial voluntad de intervenir, aunque en cierta manera condicionada, no es un compromiso. Es simplemente la manifestación de un deseo de colaborar». Este curioso razonamiento se explica, más adelante, en el siguiente párrafo de la misma carta: «Por otra parte, el comportamiento del Portavoz de nuestro Grupo Parlamentario (Miguel Herrero) raya en la indignidad al tratar de eludir una responsabilidad que le corresponde por definición y al expandir entre un buen número de Diputados… que mi actitud reacia a intervenir era algo así como un acto de cobardía…» <<

[36] La carta lleva fecha de 8 de octubre de 1981 y dice así: «Querido Leopoldo: Los últimos acontecimientos en RTV demuestran que no se puede sostener más la situación actual y que, a la postre, el Director General (Castedo) no hace otra cosa que ganar tiempo.

En tu ausencia hemos podido parar algunos goles importantes, pero son continuas las acciones del PSOE que pretende utilizar estos medios públicos como instrumento al servicio de su partido y una manera de atacar al Gobierno y a nuestro modelo de sociedad.

Su atrevimiento ha desbordado todo lo imaginable, llevando adelante unos planteamientos de marginación y de recusación de muchos profesionales de los medios por el simple hecho de no avenirse a su juego.

Por mi parte he dado instrucciones a los representantes del Consejo de Administración para que, ya que ellos no pueden cambiar la situación, la denuncien puntual y públicamente en todos los casos que se presenten y estoy dispuesto a que este tema se trate a fondo en la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional que celebraremos después de las elecciones gallegas y si fuera preciso en el seno del Consejo Político.

Como estoy seguro de que compartes mis inquietudes te pongo esta carta con el ruego de que hagas cuanto esté en tu mano para poner fin a la situación. Un fuerte abrazo,

Agustín».

Tenía toda la razón del mundo Rodríguez Sahagún, que aún no había dado en la flor de pasar al PSOE por la izquierda. Dos semanas más tarde Castedo presentaba su dimisión. <<

[37] Esa es la triste suerte de todos los Directores de Televisión que en España han sido. <<

[38] Ver en este punto el Capítulo VIII «La Polémica Atlántica». <<

[39] Mi declaración a Radio Nacional de España está en la prensa del 4 de junio de 1982 y dice así:

«En el momento en que ustedes me llaman sólo conozco las penas impuestas y he pedido a los Ministros de Justicia y de Defensa que estudien con detalle el texto de la Sentencia. Lo que conozco me ha preocupado profundamente. Todo parece indicar que se han concentrado las responsabilidades en dos responsables máximos y que no se han apreciado en un grupo de acusados de menor graduación. Como Diputado tengo que decir que me resulta difícil contemplar la absolución de oficiales que mandaban las fuerzas que nos tuvieron secuestrados durante 17 horas en el Congreso. Como Presidente del Gobierno confío en que el examen a fondo de la Sentencia, que yo mismo emprendo ahora y que están haciendo ya los Ministros de Justicia y de Defensa, me permita mañana proponer al Consejo de Ministros la interposición del Recurso que prevé la legislación vigente». <<

[40] Y, sin embargo, el Consejo Político y el Comité Ejecutivo son los que Suárez impuso en el Congreso de Palma de Mallorca; como el Gobierno es el mismo que Suárez había formado en septiembre de 1980. Los mimbres con los que yo trabajaba eran, todos, de Adolfo Suárez; esa lealtad me valió reproches dentro y fuera de UCD; y esa misma lealtad parece ser la razón del disgusto de Adolfo Suárez que culminará en su deserción de UCD unas semanas más tarde. <<

[41] Véase, más adelante, el Estrambote 1.º. <<

[42] Landelino se reservaba el derecho a devolverme la presidencia de UCD si el Gobierno no apoyaba suficientemente al Partido. <<

[43] En declaraciones a Soledad Alameda, publicadas en El País dominical del 24 de septiembre de 1989, página 29, Agustín Rodríguez Sahagún, ya Alcalde de Madrid —y buen Alcalde— dice lo siguiente:

«Porque cuando Suárez hace el cambio político, al querer hacer el cambio social, rechinan los ejes… Y Adolfo y yo nos quedamos con la insatisfacción de no haber podido realizar ese cambio social. Por eso, en 1982, cuando ganan los socialistas yo me alegro, porque pienso que se va a llevar a cabo ese cambio que nosotros no pudimos hacer».

«¿No se alegra, también, del fracaso de UCD?»

«Eso me daba igual. Es que votamos la primera investidura de González, aunque no fuera necesario, pero sí era un símbolo. Y nuestra decepción, y no es que quiera hacer política, es que no lleve adelante ese proceso de cambio».

Al cabo de siete años ¡cuánta inconsecuencia en labios de un hombre inteligente! Raúl Morodo dará una explicación más razonable, aunque a mi juicio tampoco exacta, en el diario El País del 29 de marzo de 1990, pág. 22. <<

[44] El 11 de julio de 1975 se constituye un embrión de partido: la Federación de Estudios Independientes, Sociedad Anónima, FEDISA. La presidencia es rotativa. El primer Presidente es José Luis Álvarez y en el Consejo están Fraga, Areilza, Pío Cabanillas, Marcelino Oreja, Francisco Fernández-Ordóñez, Juan José Rosón, Ruiz Navarro y Leopoldo Calvo-Sotelo. <<

[45] Manuel Fraga Iribarne. En busca del tiempo servido, Planeta, 1987. <<

[46] La violencia verbal, casi física, de Fraga, es un rasgo de su carácter que está muy documentado. Aporto una prueba más: El martes, 20 de enero de 1976, tenía yo despacho a las 12 como Ministro de Comercio con el Presidente Arias Navarro, en Castellana 3. Me recibió a las doce y media y, al recibirme, quiso disculparse. Yo no necesitaba sus disculpas, naturalmente, pero él insistió:

«Quiero contarte la razón de mi retraso. Antes que tú ha despachado conmigo el Vicepresidente Segundo del Gobierno, Manuel Fraga. ¿Y sabes cómo despacha Fraga?»

Estábamos de pie junto a su mesa, y me obligó a sentarme en el sillón del Presidente mientras él, que era muy buen actor, hacía el papel de Fraga despachando. Se puso la mano izquierda en la espalda sujetando unos papeles, levantó la derecha con ademán tribunicio y empezó a recorrer la habitación a grandes zancadas mientras, en voz muy alta, devorando las palabras, con un tono imperativo, lanzaba un interminable discurso en el que había juicios a medio hacer, propuestas sincopadas, y alguna amenaza de dimisión si el Consejo de Ministros próximo no aprobaba unos cuantos Decretos.

«Así ha estado una hora y veinte minutos —siguió Arias— sin que yo pudiera decir una palabra. De pronto, al llegar en una de sus carreras hasta la puerta del despacho, ha mirado el reloj, me ha dicho si quería algo más, y se ha marchado». <<

[47] En ese sentido le insistió, verbalmente y por escrito, su antiguo compañero de Gobierno Vicente Mortes. <<

[48] Parece que fue decisivo el entusiasmo de su entonces incondicional Jorge Verstringe. <<

[49] Quiero dejar constancia de mi gratitud por lo que tendría de halagador para mí ese análisis que atribuyo a Manuel Fraga. <<

[50] C. I. S. Separata de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas n.º 28, oct.-dic. 1984, pág. 309. <<

[51] Sólo el notabilísimo invento que se llamó UCD fue capaz de retrasar 7 años, desde 1975 hasta 1982, el primer triunfo socialista. <<

[52] Claro que había unos electores partidarios de la coalición UCDAP: los que dieron sólo 105 diputados a AP en 1986 y al PP en 1989. <<

[53] El término hidráulico laminar se usa, en contraposición a turbulento, para designar el curso ordenado de un fluido. Pujol ha usado, peyorativamente, laminación en otro sentido, para aludir a la interpretación restrictiva que se hace, a su juicio, del Estatuto catalán. <<

[54] Ver Jordi Pujol, L’Estatut d’Autonomia, Pacte d’Estat, Barcelona, 1987, pág. 16. <<

[55] «Se ha dicho que la causa inmediata de la puesta en marcha de una dinámica de Pactos Autonómicos y de su derivación normativa, como es el caso de la LOAPA, está en el 23F. No se puede decir eso al Grupo Parlamentario y al Partido que representa, y no creo que sea legítimo decírselo a nadie». Palabras de Felipe González en el Congreso de los Diputados el 22 de junio de 1982. Diario de Sesiones, n.º 251, pág. 14543. <<

[56] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 251, de 30 de junio de 1982, págs. 14836 y 14837. <<

[57] Ver Eduardo García de Enterría. Estudios sobre autonomías territoriales, Madrid, 1985, pág. 458. <<

[58] Diario El País, días 7, 8 y 15 de junio de 1979. <<

[59] La Comisión de Expertos estaba integrada por las siguientes personas: Eduardo García de Enterría, Presidente; Santiago Muñoz Machado, Secretario; Miguel Sánchez Morón, Vicesecretario; Luis Cosculluela Montaner, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Tomás de la Quadra-Salcedo y Francisco Sosa Wagner. <<

[60] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 255 de 30 de junio de 1982, pág. 14841. <<

[61] Por cierto que Pujol vino sin el banderín autonómico en su coche oficial, según comentario, que anoté, de mis Ayudantes. En el citado debate parlamentario sobre el Estatut, celebrado el 11 de febrero de 1987, Pujol negó haberse plegado a una sugerencia sobre el banderín que ignoro quién pudo hacerle. En su visita a la Moncloa el 8 de abril de 1981, que fue la segunda y no la primera, vino ya con banderín. <<

[62] El PNV, por ejemplo. <<

[63] Francesc Cambó, Memóries, Tomo I, Barcelona, 1981, pág. 440. <<

[64] Juan de la Cierva, Notas de mi vida, Madrid, 1955, pág. 341. <<

[65] Juan de la Cierva, Notas de mi vida, Madrid, 1955, pág. 442. <<

[66] Pujol se ve a sí mismo en la vanguardia señera de la lucha por la autonomía, sin la asistencia de los demás nacionalistas. En su discurso citado en L’Estatut d’Autonomia, Pacte d’Estat, 1987, pág. 19, se lamenta así: «Catalunya defensa la seva autonomía, peró també la deis altres…: perqué les altres comunitats autónomes no defensen ni la seva autonomia ni l’Estat de les Autonomies?» Y unas páginas antes juzga los planteamientos vascos «més anacrónics que els nostres». <<

[67] A la cita con el Presidente del Gobierno del 26 de junio de 1981 Garaicoechea llega con 45 minutos de retraso, «debido a un malentendido con el coche que debía pilotarles hasta la Moncloa». Garaicoechea llega indignado porque ha leído en la prensa del día un reproche, atribuido al Gobierno, de que el PNV vende frustración. El Presidente del Gobierno se levanta, busca sobre una mesa un ejemplar del diario ABC, y lo abre por la página que indica en grandes titulares cómo el Sr. Garaicoechea viene dispuesto a expresarse con dureza en la Moncloa. Añade el Presidente del Gobierno que no cabe emplear a la prensa como argumento de autoridad y que se dispone a escuchar los argumentos reales del Sr. Garaicoechea. A continuación el lendakari hace un extenso y áspero memorial de agravios, que concluye con una frase lapidaria: «Todo esto significa una desnaturalización del Estatuto».

El Presidente del Gobierno contesta al memorial con estas palabras:

«No tengo más remedio que expresar la decepción que me produce esta relación de quejas sobre la marcha del proceso autonómico. Me interesa dejar bien claro que estamos dispuestos a profundizar en el Estatuto vasco y a llegar a sus últimas consecuencias, pero que no sólo queremos construir las Autonomías del Estado, sino también el Estado de las Autonomías… Es indispensable que construyamos, entre todos, un Estado en el que las autonomías alcancen plenamente sus objetivos, sin detrimento de la eficacia y de la solidaridad. Y ese objetivo es, precisamente, el que me ha movido a crear la Comisión de Expertos… Me gustaría que trabajáramos en esa línea y evitáramos las palabras gruesas como desnaturalización, desolación y laminación». <<

[68] «No hubo consenso en la negociación de los Estatutos de Autonomía», dice y prueba Sebastián Martín Retortillo en el Estudio Preliminar del pasado, presente y futuro de las Comunidades Autónomas. Instituto de Estudios Económicos. Madrid, 1989, pág. 38. <<

[69] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 251 de 22 de junio de 1982, págs. 14545 y 14546. <<

[70] La Sentencia de 12 de febrero de 1981, resolviendo el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Centros Docentes. <<

[71] E. García de Enterría, Estudios sobre Autonomías Territoriales. Madrid, 1987, págs. 465 y 485. <<

[72] Marcos Vizcaya, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 250 de 21 de junio de 1982, pág. 14512. <<

[73] Marcos Vizcaya, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 251 de 22 de junio de 1982, págs. 14547 y 14548. <<

[74] Miguel Roca. Conferencia en el Club de los 90. Octubre, 1989. <<

[75] Así todavía en la carta de políticos de la oposición, entre ellos Enrique Múgica y Ramón Rubial, a Williams Rogers, Secretario de Estado del Presidente Nixon, en mayo de 1970. <<

[76] Una carta altisonante y malsonante que me pareció escrita para la Historia, grande o pequeña. <<

[77] A finales de 1985 el PSOE distribuye un documento que lleva por título «Propuesta del PSOE. Una política de paz y seguridad». En él puede leerse lo que sigue:

«Este proceso de reflexión y la experiencia de tres años de permanencia de nuestro país en la Alianza Atlántica han permitido constatar que algunas de las consideraciones que nuestro partido hizo durante el debate parlamentario sobre la adhesión de España al Tratado Atlántico Norte no se ajustaban a la realidad» (La cursiva es mía).

En declaraciones a TVE por las mismas fechas, y refiriéndose a la misma cuestión, Felipe González dijo:

«Yo no he sido sabio toda mi vida, ni presumo de ello, ni siquiera he sido primer número de oposiciones nunca. Por tanto, me he equivocado y he aprendido con la historia». (Diario 16, 27 de diciembre de 1985). El ejercicio de falsa modestia es curioso, pero a España le convendría que sus Presidentes del Gobierno llegaran a la Moncloa ya aprendidos, o que tardaran en aprender las cuestiones más importantes menos de tres años. <<

[78] Laureano García Hernández, Director de la Revista Española de Defensa, editada por el Ministerio de Defensa, contestó el 14 de julio a mi carta del 24 de junio de 1988 —con la que le enviaba un artículo «que toma como referencia, para puntualizar y completar, el Informe publicado en el número de la Revista de junio, pág. 46»— rechazando el artículo y dándome a elegir entre reducir «el escrito a 20 líneas mecanografiadas» o «brindar a nuestros lectores… una opinión proyectiva del futuro que nos aguarda en Europa o en la Alianza Atlántica». Puse el desafuero en conocimiento del Ministro Serra, enviándole copia de las cartas y del artículo, y me respondió verbalmente con evasivas untuosas, sin ofrecer una reparación adecuada por la insolencia de su bien adoctrinado Director. Este episodio me confirmó en el convencimiento de que los años de UCD han sido un paréntesis extrañísimo de libertad en la historia de España. <<

[79] Washington Post de 9 de mayo de 1987. <<

[80] «La opinión pública española ante la OTAN». Revista española de Investigaciones Sociológicas, núm. 22, abril-junio 1983. <<

[81] La Televisión de Castedo emitió un largo reportaje informativo sobre la Alianza Atlántica. La información era pasablemente objetiva en cuanto al Tratado de Washington y al organigrama de la OTAN; pero la opinión hostil iba en las imágenes, todas de destrucción y de guerra, y en la música de fondo, el «Dies irae, dies illa» del oficio de difuntos. <<

[82] Un par de años antes Felipe González había reconocido la contribución decisiva del PSOE a que la opinión pública española hubiera llegado a rechazar mayoritariamente el ingreso de España en la OTAN. «Nos lo hemos ganado a pulso», dijo a El País el 3 de febrero de 1985. Pero cuando habló a Jim Hoagland y a Karen De Young, del Washington Post, había ya olvidado aquello. <<

[83] J. Pabón. Cambó, Madrid, 1952. Vol. I, pág. 56. <<

[84] Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, pág. 266:

«Primer Pleno del Congreso sobre la OTAN; como siempre que vamos de acuerdo con UCD, no hay problemas».

La votación fue favorablemente al Gobierno por 40 votos de diferencia; entre ellos los 9 de AP, que no eran decisivos. <<

[85] Ver la revista Política Exterior, núm. 1, invierno 1987, Manuel Fraga «El papel de España en el equilibrio defensivo europeo», pág. 37. La integración de España en la OTAN tiene muchos padres, como todas las decisiones exitosas: el diario ABC, en artículo editorial de tercera página publicado el 9 de marzo de 1990, la cuenta entre los méritos del PSOE, a pesar de que Felipe González había dicho enfáticamente en el Congreso de los Diputados que «el partido socialista, ni en el presente ni para las consecuencias futuras para España, se responsabiliza de esta decisión» (Diario de Sesiones núm. 193 de 29 de octubre de 1981, pág. 11450). <<

[86] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 192, de 28 de octubre de 1981, pág. 11341. <<

[87] Diario de Sesiones, n.º 267, de 5 de febrero 1986, pág. 11992. <<

[88] Roy Jenkins estuvo una hora y cuarto con Suárez en la Moncloa el jueves 2 de octubre de 1980, cuando intentábamos relanzar la negociación después del giscardazo del 5 de junio anterior. Jenkins anota en su diario lo siguiente:

«Extrañamente, la mayor parte de la entrevista estuvo dedicada a lo que nosotros llamaríamos devolution y los españoles llaman autonomías, es decir, a los problemas vasco y catalán y a sus consecuencias sobre la estructura del Gobierno».

Al Presidente de la Comisión Europea le sorprende que el Presidente del Gobierno de un país candidato desperdicie una hora de diálogo con él hablándole de política interior. La cita está tomada de Roy Jenkins, European Diary 1977-1981, London, 1989, pág. 633. <<

[89] En el equipo inicial de la Trinidad estaban Matías Rodríguez Inciarte, Gabriel Ferrán, Luis Sánchez Merlo, Enrique González, Pedro Solbes, Carlos Díez Eimil, Carlos Muñoz Betemps, Emilio Bonet, Juan María Nin, Carlos Fernández Lerga, Carlos Díaz Huder, Juan Zurdo, Pablo Benavides, Rafael González Gallarza, Alfredo Sánchez Bella, Julio Blanco, Daniel Busturia y Luis Fernández-Cid. <<

[90] Carta de Leopoldo Calvo-Sotelo a Marcelino Oreja de 10 de noviembre de 1978. <<

[91] Los famosos «Cuestionarios» de la Comisión Europea se respondieron cumplidamente dos meses antes del plazo previsto. La calidad de la respuesta española sorprendió al Vicepresidente de la Comisión Lorenzo Natali, que negociaba al mismo tiempo con España, Grecia y Portugal. <<

[92] Cenando en la Embajada de España con el Embajador De la Barre de Nanteuil, su paternal arrogancia llegó hasta el extremo de hacerme públicamente esta pregunta:

«Ministro, el Rey de España ¿trabaja mucho o más bien se da buena vida?»

Me pareció necesario fijar un límite a las confianzas del Embajador y, formalizando el tono, le respondí:

«Señor Embajador, estamos en España, y en España esa pregunta es inconstitucional».

El Embajador se excusó confusamente, cambió de tono, y pudimos, por fin, iniciar un diálogo paritario. <<

[93] La visita al Palais Bourbon fue en la mañana del día 7 de junio de 1978. <<

[94] Giscard anunciaría en Atenas la entrada de Grecia en el Mercado Común, de la mano de Francia, con un memorable discurso en griego clásico. <<

[95] En un discurso electoral el Presidente Giscard dijo que, una vez admitida Grecia, la Comunidad necesitaba un largo plazo para arreglar sus asuntos internos antes de recibir a los candidatos Portugal y España (5 de junio de 1980). <<

[96] Juan Van-Halen, Objetivo: ganar el futuro (Conversaciones con Alfonso Osorio), Plaza y Janés 1986, pág. 199. Confieso que al hojear estas Conversaciones no pude reprimir un movimiento de impaciencia; y no por lo de la seriedad y la suerte, sino por el tono superior que destilan algunas páginas. Por ejemplo: a José Calvo Sotelo, que fue Abogado del Estado como es Osorio, lo despacha Osorio con este juicio de arriba abajo (pág. 35): «(Fue) un gran funcionario público; pero creo, sinceramente, que no tenía madera de estadista». <<

[97] Ver Francisco Comín «Hacienda y Economía en la España Contemporánea», Instituto de Estudios Fiscales, págs. 1021 y sigtes. y 1171 y sigtes. <<

[98] Debate sobre el Estado de la Nación, 1985. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 238 de 16 de octubre de 1985, págs. 10694 a 10699. El texto del discurso se recoge íntegro como Apéndice al final de este libro. <<

[99] Diario El País, 17 de noviembre de 1985. <<

[100] La entrega del poder a Felipe González sería calificada como «viscontianamente lenta» por Abascal. Se hizo ejemplarmente, Ministerio por Ministerio, con todos los papeles sobre la mesa. Ojalá sirva de modelo para las próximas transmisiones. <<

[101] Las listas de los contribuyentes por el Impuesto General sobre la Renta empiezan a publicarse en 1971 (Orden Ministerial de 23 de febrero de 1971, Boletín Oficial del Estado de 25 de febrero). El Real Decreto-Ley de 13 de marzo de 1981 deja cn suspenso la publicación. <<

[102] Los empresarios, sobre todo los banqueros, se han decidido más tarde a hacer también ruido —¡y qué ruido!—. Pero en 1981 seguían siendo individualmente cautos y silenciosos, aunque locuaces y agresivos en la CEOE. Y los políticos se han empeñado ahora en dar una imagen de inmoralidad que contrasta con el candor y la limpieza de los tiempos de UCD. <<

[103] Jean Francois Deniau. Europa, un continente por descubrir. Ediciones RIALP de bolsillo, Madrid, 1982. Prólogo de L. Calvo-Sotelo, fechado el 27 de febrero de 1980. <<

[104] Ver Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, pág. 238. <<

[105] Centro de Investigaciones Sociológicas, loc. cit. <<

[106] Eran algunos de ellos Agustín Hidalgo de Quintana, Félix Pareja, Leopoldo Zumalacárregui, José Ramón Bustelo, Javier Juliá y Enrique Laghiloat. <<

[107] Esto, que era todavía verdad en 1985, ya no lo es en 1990. <<

[108] En una carta del 14 de mayo de 1981 Felipe González me habla de la espantá (sic) de Adolfo Suárez y supone que me había transmitido el poder sin demasiada información confidencial. Entonces me pareció una impertinencia. <<

[109] J. H. Elliot. Richelieu and Olivares, Cambridge University Press 1984. Pág. 36. <<

[110] Felipe González me diría en su despacho de la Moncloa, a primeros de 1983: «¿No te parece que a los Ministros del Interior se les acaba poniendo cara de policías?» <<

[111] Desde la reunión electoral Martín Villa se fue al Notario para declarar ante él que, si resultaba elegido en León, sólo aceptaría el Acta de Diputado con la venia de Sánchez de León. Después de las elecciones solicitó y obtuvo esa venia; conservo los documentos notariales, símbolo de la lealtad que Rodolfo Martín Villa ha sabido guardar a sus hombres. <<

[112] Al escribir el término calvosotelista me doy cuenta de que no ha existido nunca esa especie en el bestiario de la política actual. <<

[113] Jaime Lamo de Espinosa es uno de los hombres más capaces del equipo original de UCD. Le viene por la sangre la sensibilidad política, y por su condición de ingeniero la solidez técnica. Fue un gran Ministro de Agricultura, aguantó los golpes de mar periódicos de la cuestión pesquera, mantuvo como Portavoz la coherencia del Grupo Parlamentario en los difíciles tiempos finales. Ha visto antes que muchos otros la importancia de nuestra integración en la Comunidad. Que siga en el banquillo es un ejemplo eminente de que no se administran bien entre nosotros los recursos humanos. <<

[114] Mt. 5, 37. <<

[a] ¡Salve, Macbeth! Porque tú serás rey. <<