Ramón Jáuregui

Es ingeniero técnico y abogado. Ha sido vicelehendakari y consejero del Gobierno vasco, delegado del Gobierno y ministro de la Presidencia, además de parlamentario vasco, diputado en el Congreso y eurodiputado. Es autor de varios libros: El país que yo quiero (1994), El tiempo que vivimos (1998) y El país que seremos: un nuevo pacto para la España posible (2014). Publica regularmente artículos de opinión en diversos medios de comunicación escritos y en su blog (http://elblogderamonjauregui.blogspot.com.es).

Ramón Jáuregui

Memoria de Euskadi

El relato de la paz

diseño de cubierta: marta rodríguez panizo

© Ramón Jáuregui, 2018

© Los libros de la Catarata, 2018

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

Memoria de Euskadi.

El relato de la paz

ISBN: 978-84-9097-482-7

e-isbn: 978-84-9097-497-1

DEPÓSITO LEGAL: M-14.864-2018

IBIC: DNJ/BM/JPWL

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

A los socialistas vascos.

A su lucha.

A su valor.

En su memoria.

Introducción

Han sido tantos años haciendo política en el país, representando a mis conciudadanos en Euskadi, que los recuerdos se agolpan en una sucesión de anécdotas, de momentos, sentimientos y pensamientos tan diversos como contradictorios. Han sido tantos los artículos, conferencias, contribuciones a libros, ponencias que he escrito en estos años sobre el País Vasco que, al final de mi actividad pública, he querido ordenarlos.

Este no es un libro de memorias porque las memorias son siempre subjetivas y parciales. Y porque tampoco me creo en posesión de secretos o informaciones que no se conozcan. Solo aportaría mi recuerdo sobre hechos ya conocidos. No es tampoco un libro de ensayo sobre la política vasca. Es un poco de esto y de lo otro. Hay memorias porque me presento tal y como soy, describiendo mis recuerdos, mis orígenes y mis relaciones humanas en Euskadi, y hay ensayo porque recopilo mi pensamiento, mis artículos y ponencias sobre los temas más clásicos de la política y de la sociedad vasca.

Muchas de las reflexiones se explican en las fechas de su contexto. Pero, en general, son aportaciones que informan de los momentos a los que se refieren: la tragedia del terrorismo, las vicisitudes del Estatuto, la paz, el estallido catalán, etc. Otras ilustran el debate inacabado de hoy: las autonomías, el nacionalismo, la reconciliación vasca, etc.

Cuando la Fundación Ramón Rubial me invitó a recopilar mis aportaciones al debate vasco, acepté encantado. Rebusqué entre mis publicaciones, encontré algunas y descubrí perdidas otras, seleccioné las que me parecieron atemporales y me puse a ordenarlas para presentarlas.

A modo de presentación

Ramón Rubial fue como un padre para todos nosotros, los socialistas vascos de aquellos años contra Franco. Era como un santo laico en nuestra religión socialista. Cuando descubrí, a principios de la década de los setenta, el clandestino mundo de UGT y del PSOE en la margen izquierda de Bilbao, en el altar de aquella iglesia se veneraba al hombre íntegro que, recién salido de la cárcel, después de cumplir veinte años de prisión en la represión franquista, seguía predicando socialismo y reclamando libertad. Lo hacía con la bonhomía que se reflejaba en sus ojos y con la ejemplaridad de sus actos y de su vida.

Fue un hombre bueno y un socialista de los que enseñábamos para hacer más. Para afiliar al activismo socialista, clandestino entonces y en libertad después, a más y más militantes de la causa que emocionaba nuestras vidas de entonces en una épica llena de riesgos, pero llena de vida también. “Contra Franco vivíamos mejor”, hemos llegado a decir después, muchas veces, recordando aquellas convenciones, aquellas reuniones en bares e iglesias, en montes y domicilios, aquella imprenta oculta con la que editábamos panfletos que creíamos destinados a destruir la dictadura. Aquellos primeros de mayo en montes cercanos a Eibar (Kalamúa, creo que se llamaba) en los que conmemorábamos el día universal de los trabajadores.

Fue un hombre generoso, con el perdón en su limpia mirada. Nunca reclamó venganza y fue el primero en defender la reconciliación de la Transición democrática. Mucho antes que Mandela, Rubial fue piedra angular del pacto reconciliatorio español. “El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve”, decía Machado, y con frecuencia Gregorio Peces Barba —nuestro constituyente— citaba ese bello verso para explicar el pluralismo, esa materia esencial de la democracia. La existencia del otro, del que piensa diferente, de tu adversario, incluso de tu enemigo que te encarceló veinte años. Reconocerlo y respetarlo formó parte de la filosofía de Ramón Rubial desde siempre. Por eso, cuando gestionábamos los difíciles momentos de la Transición, él siempre recomendó el pacto, la amnistía —también para el franquismo— y siempre hizo gala de una tolerancia respetuosa, serena, cabal.

Era un hombre humilde en sus costumbres, pero grande en sus sueños. Era un metalúrgico, un tornero, en un pequeño taller de su Erandio natal. Cuando dejó el mono de trabajo y le hicimos senador, su vida siguió siendo igual. Añadió a sus sencillos placeres parar en Sepúlveda en sus viajes a Madrid para tomar un lechazo segoviano acompañado de Lalo, Eduardo López Albizu, el padre de Patxi, su amigo de toda la vida. Vivió para el partido y para su familia. Ambos lo fueron todo para él. Pero sus sueños fueron siempre grandes y su sentido de la responsabilidad venía preñado de su experiencia histórica, de sus vivencias dolorosas. Me contaba Txiki Benegas que, en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en noviembre de 1982, recién obtenida aquella victoria electoral histórica que colocaba al PSOE ante los retos de gobierno en un país inestable y en ruinas, Ramón tomó la palabra e hizo algunas recomendaciones. Todas fueron en el sentido de la sensatez y de la responsabilidad. Las primeras, para recordar que el socialismo no se construye a la fuerza ni en cuatro días. Que la libertad es condición inexcusable del progreso, y que lo primero es crecer para distribuir después. Más o menos, esas fueron sus palabras, muy coincidentes, desde luego, con las de Felipe González. Pero donde su autoridad moral quedó más en evidencia fue cuando recordó la experiencia de la República, y pidió al nuevo Gobierno socialista que mantuviera el orden y la seguridad interior del país. En la memoria de Ramón se agolpaban los recuerdos de aquella España convulsa y violenta, tanto en 1934 como en 1936, previo al golpe militar de Franco y a la Guerra Civil posterior. Su recomendación aquí fue apasionada y exigente, y tocaba dos cuerpos e instituciones sensibles en aquel contexto: el Ejército y la Policía. El primero venía humillado del golpe del 23F. La segunda, presionada y asediada por las acciones terroristas de ETA.

No le faltaba razón al presidente de nuestro partido. Los primeros años de aquel primer Gobierno estuvieron sometidos a todo tipo de amenazas y retos, pero, evidentemente, los relacionados con el terrorismo y la estabilidad democrática fueron determinantes.

Recordarle y editar este libro es un gesto de reconocimiento a su figura y un honor que me enorgullece.

Aquellos años primeros

Hay dos ambientes que influyen decisivamente en mi orientación profesional y política. El primero lo creó el mundo laboral en el que me moví desde mi adolescencia. Con solo catorce años empecé a trabajar en una fábrica en Pasajes, bajo el método que ahora llaman “Formación Profesional Dual”. Era la típica escuela de aprendices, que decíamos entonces, en la que se combinaban cuatro horas de enseñanzas teóricas y otras cuatro de prácticas en el taller de la empresa. Mi destino era ser oficial ajustador industrial al final de los cuatro años de aprendizaje.

La fábrica era una fundición de hierro que producía piezas para los motores de coches. Era, pues, un ambiente duro, sucio, ruidoso, insano. El calor de los hornos, el grafito de la arena de los moldes, el ruido incesante de las cadenas de producción, el ritmo trepidante de las diferentes operaciones mecánicas que se encadenaban en la cinta de transporte, atravesando las naves de la factoría, todo hacía extraordinariamente duro el trabajo manual. Simplemente permanecer de pie junto al oficial, observando y aprendiendo cómo se hacían los trabajos manuales, resultaba insufrible. A eso había que añadirle los horarios laborales. Durante algunos meses la jornada empezaba a las seis de la mañana. El esfuerzo físico, la obediencia a una jerarquía muchas veces utilizada de manera autoritaria con chavales (entre 14 y 17 años) e incluso el clima de tensión y de conflicto que se genera en todo grupo humano conviviendo muchas horas al día en el mismo sitio hicieron de esta experiencia una palanca de superación obligada.

Pronto decidí que aquel no era mi mundo, aunque nunca dejaron de ser mi gente. Mis esfuerzos por estudiar Ingeniería Técnica en cursos nocturnos estaban motivados principalmente por salir de allí, por trabajar en un ambiente más sano y más cómodo, más intelectual que manual. Durante cinco años trabajé y estudié hasta acabar titulado como ingeniero técnico en construcción de maquinaria, lo que me permitió “ascender” a la oficina de proyectos de la empresa.

Muy pronto descubrí que mis capacitaciones técnicas eran tan mediocres como mis habilidades manuales para el taller del que procedía. Así que decidí estudiar Derecho, mientras trabajaba, ahora sí, en un ambiente mucho más cómodo y relajado. La carrera me gustaba, y la posibilidad de hacerme abogado me estimulaba. Quería ser abogado laboralista para defender a los trabajadores. Por entonces, ya estábamos trabajando clandestinamente contra el franquismo. Ya en el año setenta habíamos sacado a la huelga a la mayoría de los obreros para protestar contra la condena a muerte a los etarras del Proceso de Burgos. Recuerdo muy bien aquella experiencia emocionante. Un grupo de trabajadores y empleados recorriendo los talleres de la fábrica, pidiendo, mediante aplausos, la solidaridad y el abandono de las máquinas. Lo llamábamos hacer “la culebra”, porque arrastrábamos a más y más compañeros al pasar por las diferentes secciones de la fábrica.

La vida me sorprendió años después con una íntima amistad con dos de los condenados, Mario Onaindia y Teo Uriarte, compañeros de Partido en los noventa y en aquella lejana fecha, en las antípodas de ideas, aunque en la misma trinchera de la solidaridad. El mundo es pequeño y Euskadi, mucho más, pero no era fácil imaginar que aquellos miembros de ETA, condenados a muerte en plena histeria franquista, acabaran siendo dos pilares de la lucha contra la violencia terrorista a finales del siglo pasado, y dos de los principales defensores de la Constitución española frente al nacionalismo independentista a comienzos del siglo actual.

Mi decisión de convertirme en abogado de las causas laborales de los trabajadores fue un estímulo poderoso ante tanto sacrificio. Muchas veces he pensado que renuncié a gran parte de mi juventud estudiando en cursos nocturnos dos carreras mientras trabajaba, pero doy por compensadas esas pérdidas con las oportunidades de las que he disfrutado por mis conocimientos. Simplemente recordaré lo orgulloso y satisfecho que me sentía cuando acudía a mi despacho de abogado “clandestino” de UGT en Eibar o en Rentería en los años 1975 a 1977 y me encontraba con decenas de trabajadores esperando en largas colas, que querían consultar con el abogado del sindicato, todavía ilegal, aunque cada vez más tolerado. La calle Victor Sarasketa de Eibar aún guarda para mí esa imagen cuando llegaba con mi SEAT-850 y veía la cola de gente esperándome.

Ese fue el primer “ambiente” que me marcó. De hecho, he mantenido un contacto estrecho y permanente con el mundo del trabajo, las empresas y las relaciones laborales hasta hoy mismo. Sigo con atención ese espacio vital de nuestra sociedad en el que se desarrolla gran parte de nuestro tiempo, en el que se plasman gran parte de nuestras aspiraciones y del que depende, en gran medida, la condición de vida de la mayoría de nosotros. Sigo con preocupación el declinar de un mundo construido sobre derechos y principios “pro-operario” que hoy malviven con esos nuevos caballos de Troya (la flexibilidad de los mercados y la globalización productiva), destrozando los delicados equilibrios que habíamos logrado a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado.

El otro gran ambiente que me influyó decisivamente fue el entorno político nacionalista de mi barrio, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo… Si no fuera porque mi padre fue un socialista republicano, represaliado por las tropas del general Mola en Navarra, mi educación política habría estado impregnada por el nacionalismo vasco de mi entorno juvenil. Si no fuera porque en la intimidad de mi familia nuestro padre, un hombre sencillo, un obrero manual, nos contaba su atribulada vida huyendo de la represión franquista, al mismo tiempo que soñaba con las conquistas proletarias de la revolución soviética, mi opción política habría sido la de mis amigos nacionalistas. Fue ese espacio de libertad del que gozábamos en las sobremesas de una familia numerosa, reunida en torno a esas ensoñaciones izquierdistas, el que prendió a mi corazón de los principios de la justicia social, la libertad y la igualdad de oportunidades que me hicieron socialista.

Pero conviví desde muy pronto con esa otra realidad social. En los sótanos de la iglesia de mi barrio, en los años sesenta, ya se reunían clandestinamente grupos relacionados con el euskera y con la cultura vasca en los que se predicaba y se practicaba nacionalismo vasco. Recuerdo que fue en una de aquellas reuniones en las que me “descubrieron” que las guerras carlistas no fueron guerras de sucesión sino de secesión. En dos palabras estaba concentrada toda la causa histórica del nacionalismo. En una contraposición de total caricatura, se exponían las mentiras del franquismo. En el fondo, yo ya sospechaba entonces que las dos versiones antagónicas de las famosas guerras del siglo XIX eran igualmente falsas. Ni solo de sucesión, ni tampoco de secesión.

Pero ese fue mi entorno. Mis amigos más íntimos procedían todos de familias guipuzcoanas, hablaban euskera en sus hogares y recibían las herencias culturales de sus padres impregnadas por vivencias y sentimientos nacionalistas. Algunos venían de pueblos y localidades situadas en el corazón de los valles guipuzcoanos. Gurrutxaga, de Cestona; Múgica, de Cegama; Satrústegui, de Lecumberri… Añádase a todo ello que vivíamos en pisos del mismo bloque o en casas muy próximas, en un barrio, Herrera, alrededor del puerto de Pasajes, demasiado alejado, entonces, de la ciudad de San Sebastián. Toda nuestra vida giraba en torno a un espacio reducido de pequeños bares alrededor de nuestras casas, la alameda de Pasajes y Rentería donde buscábamos baile los domingos por la tarde y la fábrica en la que trabajábamos. Era un mundo pequeño, cerrado, pueblerino, frustrante en muchos aspectos.

Siempre quise abrirme a la ciudad, envidiaba la universidad, soñaba con viajar, conocer otras chicas, vivir otras experiencias que no fueran las salidas al monte de los domingos para colocar alguna ikurriña en alguna campa y cantar canciones en el bus. Nuestros caminos divergieron pronto. Cuando ETA mató al comisario de policía Melitón Manzanas, una tarde de agosto de 1968, yo tenía 20 años. Hasta entonces las acciones de ETA habían sido testimoniales, más efectistas y propagandistas que criminales. Gozaban de cierta aureola y heroísmo entre nosotros. Eran acciones sorpresivas y sorprendentes, que mostraban audacia e ingenio. Una ikurriña en la torre de la catedral del Buen Pastor, una enorme pintada en las pistas del velódromo de Anoeta…

Hasta que mataron al guardia civil Pardines en Villabona en junio de ese año, 1968. Dos meses después, la decisión de matar, eligiendo la víctima, esperándola en el portal de su casa, buscando el apoyo social por la conocida condición de torturador del elegido, se hizo patente. Al guardia civil de tráfico Pardines, lo mataron en un incidente no buscado. A Manzanas lo asesinaron porque querían matarlo. Aquella tarde mis amigos estaban emocionados. Yo, conmocionado. Algo me decía que empezaba una guerra. Una cierta protesta moral alimentaba mis sentimientos. Confieso que había una comprensión histórica, contextual, a aquella justicia popular y vengativa, pero no era menor la razón moral contra el crimen. Era muy evidente que no se trataba de un acto aislado sino de un comienzo, de un camino desconocido pero lleno de sucesos parecidos. Recuerdo muy bien aquella tarde de agosto, y recuerdo muy bien mis sentimientos y la alegría desbordante de mi entorno.

La violencia empezó allí: celebrando la eliminación física del enemigo unos y temerosos todos de la reacción policial, causante luego de más atentados, justificados en ella, en una espiral infernal, inteligentemente buscada por los gestores de la estrategia de lucha armada.

Yo me hice socialista. Mis amigos, varios de ellos, ya estaban en la clandestinidad de ETA o se sumaron pronto. De mi barrio y de mi cuadrilla fueron aquellos primeros activistas que pasaron por Francia (“el otro lado”, se decía aludiendo a la parte vascofrancesa más allá del río Bidasoa) y que acabaron en la cárcel o refugiados en la isla de Yeu. Estuvimos juntos en las protestas contra las condenas del juicio de Burgos, pero pronto abandoné aquel barco. Empecé a estudiar Derecho, cambié de ambiente y me uní a los socialistas clandestinos de entonces, en los primeros años setenta, en sus despachos de abogados laboralistas: Txiki Benegas, Enrique Múgica, Enrique Iparraguirre, José Antonio Maturana, Arantxa Aristondo… fueron mi nuevo entorno de amistad, militancia y emoción antifranquista.

Nuestros caminos divergían cada vez más. Fue una ruptura paulatina, pero inexorable, hasta hacerse tan evidente que dejamos de vernos. Quien no conozca la fuerza de las cuadrillas vascas no podrá comprender la intensidad de sentimientos que se acumulan tras tantos años de convivencia en esos años tan definitorios de nuestras vidas.

Mis sucesivos compromisos públicos con el PSOE me colocaron literalmente al otro lado de la trinchera. Fui alcalde (presidente de una gestora democrática) de San Sebastián entre agosto del 78 y marzo del 79. Secretario general de UGT hasta diciembre de 1982 y luego delegado del gobierno hasta 1987. Eran los años de plomo. Los peores de mi vida política.

Me voy

Hubo un momento en mi vida en que decidí desconectar con el país. Me refiero al País Vasco, mi país, la tierra de la que me siento, la de mi infancia, mi “patio sevillano”, parafraseando a Machado. Mi vida fue durante muchos años recuerdos de esa Euskadi, impregnada de grisura y tragedia. Un drama permanente, una angustia en cada esquina, cada día, cada llamada telefónica esperando siempre la misma y brutal noticia: “han matado a…”, “atentado en…”.

Hubo un momento en que necesitaba respirar otros aires, debatir otros temas, escribir sobre otras cosas, trabajar con otra gente. El monotema entonces era Euskadi, la violencia, ETA, el nacionalismo vasco, y así fue desde los inicios democráticos. A finales de los años noventa, veinte años después, era un mundo repetido y cansino. Con frecuencia se aludía a “la noria” como una metáfora explicativa de una sociedad que giraba y giraba sobre el mismo surco, cada vez más hundidos en él, atascados en las mismas discusiones que algunos creían esenciales y transcendentales. En realidad, lo único transcendente del monotema era la muerte. Lo único que sostenía su pesada ingravidez era que mataban y sometían a todo un pueblo y a todo el país, a las consecuencias trágicas de la muerte, es decir, al dolor de los deudos, a la humillación pública de las víctimas, a la insensibilidad con sus familias, a las imágenes de los funerales, a las amenazas y al miedo multiplicado, a los aciertos y a los errores de los policías, a las especulaciones sobre las interioridades de la banda, a las propuestas, soluciones, conversaciones… Más allá de la épica de la paz, el debate generado por la violencia fue frustrante, limitado, absorbente, reiterativo.

Decidí desconectar porque me ahogaba. Necesitaba aportar mis conocimientos y mis capacidades a otros temas y a otra gente. A mi otro país, España, y a mis compañeros socialistas en el PSOE. Quería aprender fiscalidad o política internacional, conocer las profundidades del debate energético o de la política industrial, discutir sobre el estado del bienestar y sus crisis, o aportar sobre el mundo de las relaciones laborales y de la empresa. Estaba inquieto al ver pasar mi vida como experto de una sola cosa: ETA y el nacionalismo vasco. Todo me empujaba a marchar.

Mis derrotas electorales también. Fui protagonista de los tres gobiernos de coalición con el PNV en 1987-1990 y 1994, y, en las dos elecciones posteriores a las dos primeras, fui candidato socialista. En ambas los resultados no fueron buenos. En 1990 bajamos de 19 a 16 diputados y, en 1994, de 16 a 12. Cuando conocí los resultados de estas últimas elecciones, estuve dos horas dudando sobre mi reacción esa noche triste. Contrario a tomar decisiones drásticas en momentos críticos, aguanté con un firme propósito interior: dejar mi puesto como secretario general del PSE-EE antes del siguiente congreso. Dimitir esa noche no era posible por múltiples razones orgánicas que no vienen al caso, pero, hacerlo después, en un momento menos tumultuoso, era una decisión que no compartí con nadie, aunque mi determinación era irreversible.

Cuando Felipe González dimitió en el 34º Congreso en 1997 y Joaquín Almunia fue elegido secretario general, acepté su oferta de ser el secretario de política autonómica del PSOE. En los meses siguientes, lo dejé todo: el Gobierno vasco en el que estaba en coalición desde 1994 como consejero de Justicia y Trabajo y la Secretaría general del PSE-EE.

Fuera, pero dentro

Desde entonces he pasado veinte años dedicado a tareas políticas en España y en Europa. Pero confieso que nunca dejé de tener la cabeza en Euskadi. La cabeza y el cuerpo, porque hasta 2015 no he dejado de vivir en Vitoria, aunque estuviera en las Cortes (representando a Álava), en el Ministerio de la Presidencia o en el Parlamento Europeo. Dicho de otra manera, aunque salí de la política vasca como una especie de necesidad vital, nunca dejé de tenerla dentro, muy dentro, para bien o para mal. Nunca dejé de aportar mis opiniones. Cuando me las pedían mis compañeros vascos (raras veces, todo hay que decirlo), nunca dejé de atender sus demandas o de responder a peticiones de la prensa, ni de escribir columnas y artículos que la actualidad vasca me sugería.

Tampoco era posible, aunque lo hubiera querido. La violencia seguía siendo el péndulo del reloj vasco. La tregua de Lizarra y la ruptura del Pacto de Ajuria Enea, la ofensiva terrorista de 2000 a 2003, el Pacto Antiterrorista, la ilegalización de Batasuna y las escaramuzas de la paz en los Gobiernos de Zapatero nos tuvieron a todos pendientes y prisioneros. Hasta aquella inolvidable tarde de octubre de 2011, la violencia marcó nuestras vidas. Y no era posible desprenderse de su influencia porque todo seguía girando sobre ese eje fatídico, sobre esa decisión histórica que la llamada “izquierda abertzale” adoptó cuarenta y cinco años atrás, empuñando las armas contra la democracia, la autonomía vasca y España.

Esa tarde del día 20 de octubre de 2011 estaba citado para un debate electoral en el hotel Gastéiz de Vitoria con Alfonso Alonso y con Emilio Olabarría. A las siete de la tarde llegué de Madrid y, cuando estábamos conversando sobre los detalles del debate, llegó la noticia del comunicado de ETA sobre el final de la violencia. Cuatro párrafos de autobombo y de solemne autojustificación daban paso a lo único que verdaderamente sería importante de aquel comunicado: “ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada”. No hubo debate. Acabamos sacándonos fotos brindando, todos juntos, por la noticia y por el tiempo nuevo que venía.

Mirando atrás —sin ira, como decía la canción de la Transición—, resultan evidentes y crueles las consecuencias de la decisión que los dirigentes nacionalistas tomaran aquellos años decisivos en los que estábamos construyendo nuestra democracia y nuestro autogobierno. ¡Qué error, qué inmenso error! La realidad puso de manifiesto muy pronto que su alegato contra la democracia española era la mejor prueba de que su lucha nunca fue antifranquista, sino antiespañola. Que los basamentos de su ideología eran nacionalistas, no democráticos, y que sus análisis despectivos sobre la Constitución y las libertades que estábamos construyendo eran equivocados de raíz. Que sus críticas al autogobierno vasco, como una autonomía de cartón piedra, fueron un error mayúsculo. ¡Cuántas veces me acuerdo de Mario Onaindia, que, recién venido de la cárcel y del destierro en Bruselas, con la enorme legitimidad que le daba su liderazgo en el proceso de Burgos, fue capaz de dirigir y pilotar la transición de ETA-PM hacia la democracia y al autogobierno en esos decisivos años! La pena es que no le hicieron caso los más locos de la paranoia militarista que dirigían a aquella gente.

¡Qué error y qué horror! Decidieron quedarse en el monte y disparar alocada y brutalmente contra ese tren de ilusión colectiva en el que viajábamos la mayoría de los vascos, recorriendo un camino que enlazó con el gobierno vasco en el exilio y que continuó con la preautonomía bajo el liderazgo de un lehendakari inolvidable, Rubial, quien construyó el mejor y el más amplio autogobierno que nunca disfrutó el País Vasco. El balance de aquella lucha, como ellos la llaman, son casi mil muertos, miles de víctimas, cuarenta años de tragedia colectiva y cientos de presos en las cárceles, todavía hoy. ¿Para qué?

De nuevo el nacionalismo. Esta vez, el catalán

No. Aunque me fui del país, política y profesionalmente, siempre estuve en él. En la Comisión Ejecutiva del PSOE siempre trabajé los temas autonómicos, la relación con los nacionalismos, la organización territorial del Estado. Almunia me llevó a Madrid para dirigir esa política. En el Congreso de los Diputados, fui miembro de la Comisión Constitucional y negocié las reformas estatutarias de siete comunidades autónomas entre 2005 y 2009, y con Alfredo Pérez Rubalcaba redacté, de la A a la Z, el llamado “documento de Granada”, la propuesta del PSOE para reorientar la problemática surgida con Cataluña y para reformar el Título VIII de la Constitución y el Estatuto.

Siempre creí que la dialéctica con los nacionalismos vasco y catalán eran cuestión principal de esta España inacabada. Que los grandes logros de nuestra Constitución y de nuestra nueva democracia después de la dictadura, el encaje de estas dos comunidades con España, seguía siendo la gran cuestión irresuelta. En todo lo demás, en los viejos y seculares problemas de España, estábamos acertando y pasando página. La cuestión militar, la religiosa, la agraria, la cohesión interior, la modernidad, la democracia, la internacional y europea… estaban siendo superadas con mayor o menor acierto, con problemas colaterales, con nuevos retos, con la exigencia de un siglo XXI lleno de cambios sociales, tecnológicos, económicos. Pero ahí está Cataluña, desde hace siete años golpeando —y de qué manera— las puertas de nuestra convivencia, con la insistencia de una pulsión identitaria renovada que ha fracturado su propio país, en un desenlace judicial y político de muy difícil solución.

La política para con los nacionalismos se enfrenta a este nuevo escenario. Pero no solo eso. Esa política debe extraer también algunas consecuencias de lo producido en lo que se refiere a las fórmulas del pacto futuro. Porque, a pesar de todo, seguimos hablando del pacto como única solución a la España plural que convive e integra realidades identitarias como las nuestras. La primera consecuencia es que algunas de las competencias autonómicas se han ejercido en clara sintonía con la estrategia de ruptura independentista, y a su servicio. Esto acabará pesando sobre los límites a determinados poderes autonómicos, si corren el riesgo de su utilización contra el Estado. Como es obvio, me estoy refiriendo a la Policía, a Hacienda y al Poder Judicial, especialmente. La otra consecuencia tiene que ver con los crecientes sentimientos antinacionalistas que han surgido en el resto de España, unidos a la intolerancia que están produciendo la singularidad y algunas diferencias económicas, como factor de agravio comparativo entre los españoles. Estas tendencias son todavía incipientes, pero parecen potencialmente poderosas.

Esas y otras circunstancias hacen hoy más difícil el pacto que hace unos meses, cuando no habían tenido lugar los acontecimientos de ruptura y, objetivamente, complican el escenario de entendimiento con un nacionalismo pactista, si lo hubiere.

Dos Cataluñas viven juntas y nadie sabe cómo hacer para que convivan. Pero, dos naciones Cataluña y Euskadi, viven en España y no sabemos bien, todavía cómo construir las reglas de nuestro futuro común.

Me asaltan nuevas dudas que complican, todavía más, las salidas. Son dos dudas que generan las enseñanzas de lo ocurrido estos últimos años, especialmente en Cataluña, pero también de la insistencia nacionalista vasca en esa autodeterminación anacrónica y vieja, aunque la envuelvan del celofán de un confuso y ambiguo derecho a decidir. La naturaleza del conflicto político es endiablada, y, la tensión que generan los movimientos unilaterales independentistas, de una dimensión institucional desconocida en cuarenta años de democracia. Para corroborarlo basta recordar que el artículo 155 de la Constitución nunca se había aplicado, y muchos pensábamos que nunca se haría, pero ahí está. Y ahí están los presos y los fugados. Políticos presos, sí, pero líderes políticos al fin y al cabo, encarcelados y un expresidente de la Generalitat acompañado de cuatro exconsejeros empeñados en simbolizar un exilio político, como si huyeran de un país sin ley.

En estas condiciones, ante los órdagos, mis convicciones pactistas, mi espíritu conciliador, mis creencias en las ventajas de los sucesivos acuerdos de convivencia con los nacionalistas se resquebrajan. Siento una comprensible decepción ante la evidencia de que las concesiones y la generosidad engendran un in crescendo reivindicativo que acaba en el fin natural del nacionalismo: la independencia. Compruebo así que mi apuesta por un marco de estabilidad pactada, incluso de protagonismo político nacionalista en la política nacional, no ha ido acompañado de una paulatina disolución de las tentaciones extremas del alma nacionalista. Pensaba que una España abierta, moderna, democrática, autonómica, serenaría esas tentaciones.

Creía que la globalización creciente de la economía y de la producción volvería anacrónica y regresiva la pretensión independentista. Confiaba en que Europa, como soñaba Ortega, fuera solución para nuestros nacionalismos. Me equivoqué. Por diferentes razones, entre las que no son menores el declive ideológico de las grandes familias políticas tradicionales y el malestar de una globalización desregulada y desigual, el populismo y el nacionalismo agitan de nuevo los corazones perplejos del descontento. Vuelve la identidad, lo local, la patria, el corazón caliente de lo propio. Así Cataluña surfeó la crisis económica de 2008 en adelante, engañada con agravio español y emocionada con el Procés.

Con eso no quiero decir que deberíamos haber hecho otra cosa. Como pasa con frecuencia en política, la ucronía no soluciona nada porque no es verificable. ¿Habría sido mejor otra estrategia? Nunca lo sabremos, pero no cuesta mucho imaginarlo. Supongamos, por ejemplo, que el PSE no hubiera pactado con el PNV a principios de 1987 el gobierno de coalición que dio lugar, entro otras muchísimas cosas, al Pacto de Ajuria Enea (clave en opinión de todos en el curso histórico de la lucha contra ETA), a las grandes inversiones en la reconversión industrial vasca y en la transformación urbana del Gran Bilbao y en la consolidación del autogobierno y del Concierto Económico. ¿Sería el País Vasco del siglo XXI lo que es hoy? ¿Sería tan mayoritaria como lo es hoy la conformidad estatutaria? No lo sabemos. La pregunta no es qué habría sucedido si nuestra política para con los nacionalismos hubiera sido otra. La pregunta es qué hacemos hoy si la ruptura independentista o la pretensión autodeterminista se mantienen como objetivo político de nuestros nacionalismos.

Me temo, por ello, que el cambio estratégico se ha producido ya, sin que lo hayamos elegido nosotros. Porque las consecuencias del conflicto catalán han obligado al Estado a mostrar su cara más amarga, pero también su firmeza ante un desafío existencial. Me temo además que será para largo y que la batalla se ha situado en el terreno —siempre peligroso— de vencedores y vencidos. En la estrategia anterior el pacto repartía beneficios a ambas partes. Era lo que los ingleses llaman un acuerdo win-win, en el que todos ganan. Pero en el pulso contra el Estado, los nacionalistas perderán… y sufrirán… y quizá perdamos todos.

Hay quienes mantienen que la represión retroalimentará el victimismo nacionalista y que en un país democrático —y España es una democracia— la pulsión mayoritaria de un pueblo encontrará salidas, por mucha oposición legal que haya. Pero tampoco está escrito que en esta batalla política, legal, judicial, económica, etc. el sentimiento nacionalista independentista alcance las mayorías democráticas que ahora no tiene y que necesitaría alcanzar para encontrar los “cauces democráticos” con los que sueñan los inventores del Procés. Algunas encuestas empiezan ya a mostrar que esa batalla no tiene un final tan claro. Mucho menos si el independentismo muestra tal confusión y tanta división interna como la que se está produciendo a raíz de las elecciones de diciembre de 2017.

Pero mientras se dilucidan los sucesivos acontecimientos políticos en Cataluña, mientras el anecdotario infinito e interminable reabre los meandros desde la cárcel a Waterloo, pasando por el Parlamento y la Generalitat, dos maquinarias enormes han entrado en juego. Por una parte, el Estado ha aplicado el artículo 155 y ha dejado clara su voluntad de volver a hacerlo cada vez que una comunidad vulnere la ley. La segunda vez, será más fácil. Por otra, el Poder Judicial ha entrado en escena y, aunque sus decisiones sean discutibles, inoportunas o inconvenientes, se trata de un poder independiente (en España lo es) y las consecuencias de los procesos penales sobre las personas son temibles. Muy probablemente, decenas de líderes políticos serán inhabilitados y quizás condenados a largas penas de cárcel. Esto, me temo, no lo para nadie.

Lo incomprensible es la persistencia en la vía unilateral e ilegal del proyecto, después de estos últimos seis meses, a pesar de las evidentes reacciones y consecuencias. Por una parte, es comprensible que la represión judicial y política a los autores de los últimos acontecimientos genere una reacción de solidaridad y de activismo en los círculos más íntimos de los afectados. Es comprensible también el liderazgo y la autoridad que ejerce Puigdemont desde su refugio belga sobre su partido, al que salvó in extremis del sorpaso de Esquerra y quizás hasta de su naufragio electoral. Ambos argumentos pesan en la persistencia del independentismo.

Pero resulta incomprensible que, después de lo vivido, no se oigan voces ni iniciativas para reconducir táctica y estratégicamente el Procés. Se intuyen en Esquerra y en algunos dirigentes del PDeCat voluntades de un cambio hacia un mayor pragmatismo por la vía de la aceptación de la legalidad, y con la intención de lograr la mayoría democrática que ahora no tienen y que en todo caso resulta necesaria para su proyecto. Pero están siendo apagadas por la estrategia de la tensión, el pulso al Estado y la confrontación política contra España que se dirige desde Waterloo. Lo que resulta más incomprensible todavía es la ausencia de una reflexión serena sobre el balance de la apuesta unilateral e impositiva desplegada en los últimos meses de 2017, como colofón de siete años de agitación y movilización social a raíz de la famosa sentencia del Estatuto reformado. Hay cuatro planos de ese análisis que resultan obligados para los estrategas del Procés:

Primero: el entorno económico. La contundencia de la reacción empresarial a la declaración de independencia sorprendió incluso a los no nacionalistas. Bancos, seguros, consultoras, empresas productivas de todo tipo y condición anunciaron el traslado de sus sedes fuera de Cataluña. “Las fábricas no tienen ruedas” y no se van, pero cada día es más fácil trasladarlas incluso físicamente, y, en todo caso, el traslado de las sedes sociales es de importancia capital a efectos fiscales, de subcontratación en la zona y de conexión con el entorno y la comunidad en la que se instalan. Los efectos económicos han sido, además, evidentes en las cifras macroeconómicas de Cataluña: hoteles, ventas y actividad socioeconómica en general han reducido su facturación en torno a un 20 por ciento por el clima político creado. Hasta el Barça tiene menos expectativas.

Segundo: Europa. La reacción de la Unión Europea también ha sido contundente por su claridad. La Unión ha dicho por activa y por pasiva que el problema de Cataluña es español, no europeo; que respeten las decisiones del orden democrático interno de España; que el cumplimiento de la ley es la condición de cualquier reivindicación política y que la Constitución española y el Estado de derecho de España no son cuestionables. Pero, más importante todavía, la Unión Europea no apoya el nacionalismo independentista en el interior de Europa, ni lo apoyará. Nadie quiere que en Europa se abran caminos, aspiraciones para formar nuevos estados dentro de los actuales estados miembro. Es una tentación demasiado peligrosa en un territorio lleno de regiones con fuertes perfiles identitarios y culturales y con frustradas historias nacionales que todavía sangran agravios, y conflictivas relaciones vecinales. Es como reactivar los volcanes en una Europa que sufrió tanto con ellos. Basta mirar las minorías nacionales desperdigadas después de la caída del imperio austrohúngaro, la delicada situación de las regiones italianas del norte, la fuerte presión nacionalista en Córcega, las regiones ultraperiféricas europeas… Europa es muy compleja a 27 y nadie quiere, ni ve posible, una Europa a 50.

Tercero: la ley. Como decía más arriba, el sistema judicial ha entrado en el corazón del conflicto, enjuiciando las conductas supuestamente delictivas que se han producido a lo largo de los meses previos a las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017. A lo largo de los próximos años estaremos pendientes de decisiones, totalmente ajenas al sistema político, que incidirán muy directamente en la evolución del tema catalán. Prisiones provisionales, libertades provisionales, fianzas, permisos para asistencia a plenos, procesamientos, imputaciones, sentencias… etc. constituirán un marco inevitable en el desarrollo de los acontecimientos. Junto a ello, una decisión política, pero derivada también de la ley (en este caso de la Constitución) impactó de manera masiva en la pretensión independentista. El artículo 155 suspende al gobierno de la Generalitat, le quita los poderes y coloca en el limbo la autonomía catalana.

Y cuarto: la fractura política. Cataluña se divide en muchos planos: territorios, ciudades, comunidades, clubs, familias, amigos, electores… la pulsión independentista es tan fuerte que coloca a todo el mundo ante un debate existencial. La tensión social crece, los adversarios políticos se convierten en enemigos, las manifestaciones antagónicas se suceden, símbolos y banderas se afrentan, hasta las lenguas se acabarán convirtiendo en disputa.

Se oyen pocas voces pidiendo una rectificación. Son demasiado tenues. Se arriesga demasiado. Convertirse en traidor es muy fácil en este escenario apasionado. Todos están encorsetados en su papel político, y los acontecimientos judiciales no ayudarán. ¿Dónde están los dirigentes nacionalistas que recomiendan el pacto con el Estado? ¿Por qué no se escuchan voces pidiendo el acuerdo interior en Cataluña y entre las dos Cataluñas enfrentadas? Mientras estas preguntas no obtengan respuestas, Cataluña no tiene solución, porque lo primero que tienen que resolver los catalanes es su convivencia interior. Lo primero que deben asumir los independentistas no es solo que no tienen una mayoría social, territorial y democrática suficiente para llevar adelante su República. Lo más importante de su reflexión es que reconozcan que, frente a su proyecto, ha surgido otra Cataluña de tan catalanes como ellos que reivindica otra forma de entender su identidad y otro marco de relación con España y con Europa. La urgencia del futuro catalán no será esperar la última maniobra politiquera del Procés y de su inagotable inventiva, sino la asunción de su pluralidad interna y la necesidad del pacto de convivencia de su pluralidad.

En Euskadi vivimos un proceso semejante, aunque no tan virulento, entre 2001 y 2009 con el llamado Plan Ibarretxe. Todos aprendimos de aquella frustrada y negativa experiencia. Los ánimos de entendimiento mutuo y de pacto volvieron después de la experiencia del gobierno vasco del PSE-EE (2009-2012) y de la conquista de la paz de 2011. Desde entonces, todo es distinto en Euskadi, y la convivencia interior ha recuperado niveles de bienestar que nunca tuvimos durante la violencia. Paz y pacto son los emblemas del nuevo tiempo vasco.

Capítulo 1

Memoria de una tragedia

En la biblioteca que tengo detrás de mi mesa de trabajo tengo decenas, quizás cientos de libros que hablan de Euskadi, de ETA, de los nacionalismos, de autodeterminación… Me resisto a desprenderme de ellos porque me atan al recuerdo, a la memoria, al debate o porque simplemente creo que algún día los buscaré o me serán útiles. De entre todos ellos hay uno grande y azul que tengo colocado con la portada al frente y al que recurro a menudo. Su título, Vidas rotas, de Florencio Domínguez Iribarren, Marcos García Rey y Rogelio Alonso. Con una precisión extraordinaria, sus autores nos describen todos los atentados de ETA desde 1960 hasta 2010. Desde el primero hasta el último.

Nuestra memoria de la tragedia que hemos sufrido tantos años es, claro está, subjetiva. Cada cual tiene la suya; pero la mía es quizá más intensa, y los recuerdos están más cerca, porque viví los atentados, y sobre todo sus consecuencias, en directo, cientos de veces. Leo en ese libro la descripción de los atentados, los nombres de las víctimas, los de sus autores cuando fueron condenados y muchos de ellos los recuerdo; veo incluso algunas imágenes de funerales, o encuentros con los familiares. Tengo muy presentes algunos momentos en determinados pueblos, algunos episodios concretos con algunos familiares, conflictos con autoridades locales o con curas en las iglesias.

Mi memoria de la tragedia es que fuimos unos miserables con las víctimas. Cuando llegó Barrionuevo al primer funeral del primer Gobierno socialista, quiso dar máxima solemnidad a la ceremonia y buscar la máxima solidaridad social con las familias. Al acabar la ceremonia, en la misma puerta de la iglesia, se interpretaban los himnos y se daban los gritos de rigor. Pero estábamos solos. A veces, hasta los curas nos ponían problemas para envolver el féretro en la bandera española: “Tenemos órdenes del Obispo de que no entren banderas en la iglesia”, era el mensaje de muchos párrocos guipuzcoanos.

Estábamos solos. El pueblo se escondía en sus casas o en los bares cuando desfilábamos en Zarauz con los féretros de dos chavales guardias civiles asesinados en el puerto de Guetaria el día anterior. El pueblo nos miraba corriendo los visillos de sus ventanas, ajeno y ausente de la plaza de Oñati en la que se desarrollaba la ceremonia de despedida a otros dos chavales, guardias también, asesinados la noche anterior en Mondragón.

Estábamos solos. Ni los alcaldes ni los concejales nos acompañaban. A veces, la fila de bancos de la iglesia reservada a autoridades civiles y sociedad estaba completamente vacía. En el primer banco, un pequeño grupo de familiares de la víctima y detrás… nadie. No es extraño que quisieran irse de allí lo más rápidamente posible. A veces ni siquiera querían venir. Eran gente muy humilde, venidos de pobres pueblos de España. De la España pobre de los años ochenta. Campesinos muchas veces, vestidos de negro, abrazados los unos a los otros, llorando desconsolados, insensibles a nuestras reiteradas e inútiles palabras de consuelo.

Un día viajé desde el aeropuerto de Fuenterrabía a Guadix, Granada, con el féretro y la familia de un policía asesinado en Pasajes. La experiencia me permitió ver la otra cara de la moneda en cuanto al calor humano con la familia. Todo el pueblo en la calle, la iglesia a rebosar, los abrazos, el sermón del cura, los cantos; todo era caridad y solidaridad.

Uno de los tópicos de esta tragedia atribuye a la sociedad vasca gran parte de los méritos en la victoria democrática sobre ETA. Yo no lo creo. La reacción social no llegó hasta bien entrados los años noventa. Hasta entonces, nuestra actitud es censurable en muchos aspectos. Aceptamos la violencia con increíble facilidad. Asumimos los asesinatos como una consecuencia natural del conflicto. Nos colocamos en una cobarde e injusta equidistancia. Nos faltó caridad, compasión, solidaridad. Incluso aceptamos colectivamente la difamación de las víctimas con el famoso “algo habrá hecho”. Mi memoria es un reproche severo a mis conciudadanos vascos. Me avergoncé muchas veces de aquella frialdad, de aquella actitud cobarde tantas veces, de aquel juego político siniestro que llevó a muchos a alentar o a rentabilizar los atentados. Aquella ignominiosa y sin embargo sincera frase: “Unos mueven el árbol y otros cogemos las nueces”.

Esa memoria, inevitablemente crítica, empieza a cambiar con el Pacto de Ajuria Enea, cuando el nacionalismo vaco asume el liderazgo social contra ETA. Se acaba aquella fatídica línea divisoria entre nacionalistas y no nacionalistas para realinear las fuerzas políticas en el frente democrático: de un lado, los terroristas, de otro, los demócratas, todos los demócratas y juntos por primera vez, diez años después del comienzo democrático. Ese fue, sin duda, uno de los puntos de inflexión más importantes en esta larga lucha. Ahí comenzó a gestarse la victoria de la democracia. Hubo más razones, pero esa fue la condición que abrió otras puertas que, a su vez, abrieron el camino a la paz.

La condición política que hizo posible el Pacto de Ajuria Enea fue el Gobierno de coalición que hicimos con el PNV de Ardanza, concediéndole la Lehendakaritza aun teniendo dos diputados menos que el PSE. Más que generosos, que también, fuimos inteligentes y responsables. Txiqui venía reclamando un Frente Democrático contra ETA desde 1978, y esta fue la ocasión de conseguirlo.

La otra decisión importante aquellos años fue la negociación de Argel. José Luis Corcuera consiguió el acuerdo de Fraga para negociar la paz con ETA en Argel. Aquel intento acabó sin acuerdo porque aquella ETA pretendía unas cesiones políticas imposibles. Pero de su intransigencia vino el fin de sus apoyos internacionales. Argelia los expulsó, y Francia entró en la lucha contra ETA. Permitió la presencia de la policía en su territorio. Quince años después, ETA estaba desarticulada.

Algunas de las cosas que he escrito a lo largo de estos años sobre aquella memoria de la tragedia están a continuación.

Aquel pueblo iracundo1

La familia. El dolor

Confieso que les mentí. Eran las ocho de la tarde. Solo habían pasado unos minutos, un par de horas quizás, desde que sabíamos que a Miguel Ángel Blanco le había secuestrado ETA y que sus secuestradores habían dado un plazo inapelable, tajante, perentorio de cuarenta y ocho horas contra su vida.

Me enteré de la noticia porque me llamó, desde su coche, Carlos Iturgaiz, que venía despavorido desde Pamplona, a donde había ido a pasar un día de sanfermines: “Ramón, nos han secuestrado a un concejal de Ermua y nos han dado un plazo de cuarenta y ocho horas para que acerquemos a los presos a Euskadi”. Desde el principio, desde el primer momento en que tuve noticia del secuestro, intuí la gravedad de los hechos y temí por lo peor. Y, sin embargo, confieso que les mentí.

Me fui a Ermua de inmediato. Treinta o cuarenta minutos de camino, calibrando qué hacer, qué medidas tomar, qué reacciones debíamos producir, qué debíamos decir. Todo era muy confuso, todavía muy precipitado, muy rápido. Daba la impresión de que los hechos tenían otro ritmo, otro tempo que la política, que la retórica de las declaraciones, que la rutina de las iniciativas previsibles en situaciones semejantes. No, no era un secuestro normal, y ante la evidencia de que los acontecimientos iban a ser rápidos y contundentes, resultaba tremendo comprobar la ineficacia, la inutilidad quizás de la respuesta que la política, los políticos, los gobernantes, los partidos, el sistema en general teníamos para hacer frente a este macabro desafío. Yo sabía todo esto y, sin embargo, confieso que les mentí.

Poco antes de llegar a Ermua, me llamó al coche José Luis Zubizarreta, asesor del lehendakari en la mesa de Ajuria Enea, interlocutor habitual desde el Pacto en los temas de violencia. “¿Qué piensas?, ¿qué te parece?”, me dijo. Le contesté con un lacónico “mal, lo veo mal”. Ambos coincidimos en que el secuestro parecía la respuesta de ETA a la liberación de Ortega y que, probablemente, se trataba de un pulso al Gobierno con propósito de venganza y con mensajes añadidos a sus presos para hacerse presente, para demostrarles que, aun habiendo perdido el señuelo, la bandera que habían mantenido izada durante año y medio de secuestro, ellos seguían ahí, en la brecha de su mortífera trinchera, capaces de seguir matando o secuestrando para doblegar al enemigo y acercarlos a Euskadi hoy y sacarlos de la cárcel mañana. Este era su mensaje, esa, su pretensión, y por eso el secuestro resultaba más temible. Por eso el desenlace parecía más rápido y más peligroso que ningún otro secuestro.

Yo sabía todo esto. Era perfectamente consciente de que el mensaje telefónico transmitido por los secuestradores estaba cargado de malos presagios, que la sencillez y la contundencia de sus palabras imponía una sensación de gravedad y de inmediatez. Que la amenaza sonaba a cierta, que, efectivamente, la vida de Miguel Ángel estaba en juego. En un juego imposible, porque nadie veía realizable en tan corto plazo unas pretensiones, por otra parte, políticamente imposibles. Era como un engaño, como un juego con trampa, como una ruleta rusa con muchas balas en el tambor; de manera que las expectativas de que no toque, las simples probabilidades matemáticas que se suponen en el juego, están truncadas, y toca siempre. Siempre hay bala, seguro que hay muerte. Yo sabía esto y, a pesar de saberlo, les mentí.

Cuando entré en su casa, en la casa de Miguel Ángel, y me encontré a su novia, que lloraba deambulando por las habitaciones y el pasillo, de hombro en hombro, de abrazo en abrazo, entre sus amigos y familiares, preguntándose a voz en grito: “¿Por qué él?” o “¿Qué ha hecho Miguel Ángel?” y vi después en la cocina a la madre y al padre de Miguel Ángel, ella entera, pero implorante por su hijo, él serio, como anonadado, todavía sin enterarse bien de lo que pasaba (realmente supe después que se acababa de enterar en el portal de su casa cuando volvía del trabajo). Cuando en la cocina de aquella casa humilde me encontré con ellos, les mentí, les dije, con los mejores argumentos que encontré, que había habido muchos secuestros, casi cien, y que en la inmensa mayoría de esos casos los secuestrados ya estaban en casa. Bien porque se negociaba el rescate, bien porque los liberaba la Policía o bien por otras circunstancias, el secuestro acabaría bien. Y yo sabía que no era así.

El secuestro de Miguel Ángel no era un secuestro normal. ETA había puesto un corto plazo a unas pretensiones imposibles y se vislumbraba un final trágico. Como se dijo aquellos días, recordando la novela de Gabriel García Márquez, quizás estábamos escribiendo la crónica de una muerte anunciada. Pero les mentí, porque creí que nunca como en aquella ocasión estaba justificada la mentira piadosa. Era mi obligación darles esperanza, clavos a los que agarrarse para luchar por su hijo en el trance más dramático de sus vidas, el chaval secuestrado en su escondrijo y sus padres en su angustiosa espera.

Fueron aquellos unos minutos tremendos que no olvidaré. Me he enfrentado con situaciones semejantes muchas veces. He estado centenares de veces, sí, centenares, porque habrán sido más de doscientas o trescientas capillas ardientes las que he visitado, funerales de víctimas de ETA, y siempre he vivido la misma escena.

Una viuda, unos padres o hermanos llorando desconsoladamente con mayor o menor austeridad de sentimientos por la pérdida trágica, injusta, sorpresiva, incomprensible de su ser querido. Siempre pensé que, detrás de este conflicto del que tanto hablamos y discutimos en partidos y periódicos, en televisión y en tertulias, desde hace treinta años, del que obtenemos incluso réditos electorales o miserables protagonismos personales; detrás de tanta liturgia funeraria, retórica declarativa, reiteradas iniciativas, propuestas o soluciones, detrás de toda esa gigantesca pantalla mediática y política que, inevitablemente, lo admito, se ha creado en torno al terrorismo, lo que verdaderamente queda, lo que de verdad se puede tocar y ver y sentir solo es la muerte. Solo la tragedia vivida por esas casi mil familias que han perdido a su padre o a su hermano, o a su hijo, o a su marido.

Detrás de tanta reivindicación de supuestos derechos colectivos, supuestamente vulnerados o usurpados; detrás de tanta épica violenta, de tantos sacrificios personales, de tanta lucha ideológica, de tanta pasión, dialéctica, razones, aspiraciones; detrás de todo eso y de todo lo que se quiera, solo quedan derechos humanos sagrados, fundamentales, primigenios, como son la vida y la libertad, realmente violados, flagrantemente usurpados por unos locos del país empeñados en matar y morir por una causa que no perece.

Ya no volvería a estar con la familia de Miguel Ángel a lo largo de aquellos trágicos días. Los vi, claro, en el funeral, en las manifestaciones, en la televisión, pero no hablé con ellos, y en parte me reconfortó que su dolor pareciera parcialmente compensado por esa marea humana de solidaridad y de afecto que recibieron de toda España, y, sobre todo, de sus vecinos de Ermua.

Aquellos besos lanzados por la madre a la multitud desde el balcón del Ayuntamiento, aquel abrazo envolvente que gesticuló el padre para despedirse, aquellas manos extendidas de su hermana y de su novia, unidos al brazo alzado del alcalde de Ermua, todos desde el balcón del Ayuntamiento el lunes después del entierro eran la expresión de un dolor compartido y compensado; eran el gesto afectuoso de unidad y de amistad, en un solo corazón todavía sobrecogido por la emoción tan intensamente vivida esos cuatro días de julio que nunca olvidaremos.

El pueblo

Es verdad que los partidos y los dirigentes políticos en general estuvimos unidos y diligentes en la gestión y en la dirección de la crisis. Cuando tuve las primeras conversaciones telefónicas con otros dirigentes o con Ajuria Enea para organizar la respuesta al secuestro, enseguida coincidimos todos en la necesidad de actuar con rapidez y con grandes movilizaciones.

Es verdad también que el seguimiento mediático del secuestro fue inmenso. Prácticamente el país entero vio y vivió el secuestro al minuto. Desde que se tuvo conocimiento del comunicado de ETA, las emisoras de radio, y sobre todo las cadenas de televisión, retransmitieron en directo todo lo que iba ocurriendo, desde las imágenes del padre llegando a casa del trabajo sorprendido por las interpelaciones de unos periodistas apostados en el portal, pasando por las sucesivas manifestaciones celebradas, casi sin descanso, jueves, viernes, sábado, hasta la retransmisión angustiosa, casi melodramática, de la aparición del cuerpo de Miguel Ángel y su posterior muerte. Todo llegó a millones de personas que siguieron con el corazón en un puño los acontecimientos. Todavía me encuentro con personas por la calle que me siguen transmitiendo su emoción, que me dicen que lloraron por Miguel Ángel delante de la televisión.

Es verdad que, además, el país estaba bastante emocionado por las escenas vividas una semana antes, al liberar la Guardia Civil a Ortega Lara y comprobar todos el horror de una tortura inhumana, el desprecio racista y cruel que sus secuestradores habían mostrado hacia este hombre, así como su calculadora disposición a dejarlo morir abandonado como un mueble viejo, si así lo hubieran dispuesto los superiores del comando o si los policías no hubieran descubierto el escondrijo. Quizás en el País Vasco había un grado de emoción y de sensibilidad mayor, debido a la fuga reciente del asesino de dos ertzainas en Itsasondo, que había exaltado todavía más los ánimos y provocado un clima de indignación ciudadana que a duras penas se mantenía y se controlaba en determinados ámbitos.

Todo eso es verdad, y sin duda contribuye a explicar la formidable reacción ciudadana producida durante y después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel, en Euskadi y en toda España. Pero cometeríamos un error grave si, al analizar estos acontecimientos, nos limitáramos a considerar solo estas razones como justificación de la intensidad y de las particulares características que nos ofreció el pueblo esos días. Y me consta que hay mucha gente interesada en atribuir las movilizaciones a aquellas especiales circunstancias y a quitarles cualquier otra significación política que no les convenga. Y no me refiero solo a HB, cuya presencia en ese cálculo resulta obvia, sino a otros dirigentes, especialmente del nacionalismo vasco, a quienes no les gustaron nada aquellas masas, ni sus actitudes, valores y posiciones político-sociales, y han querido menospreciarlas apelando a la “invasión españolista” de medios y de protagonismo vividos esos días.

De protagonismos políticos partidarios y de un cierto show mediático se puede hablar, y es legítimo, aunque no venga al caso. Pero se equivocan de medio a medio quienes, desde esas posiciones nacionalistas que comento, no interpretan la enorme corriente de fondo que había en aquel pueblo iracundo que tomó el mando de la calle y nos sobrepasó a todos: partidos, líderes, grupos pacifistas, servicios de orden, etc. y protagonizó una pequeña revolución pacifista como nunca se había vivido en treinta años de violencia. Fue como una ola muy grande que empezó en Ermua y que a mí ya me impacto el primer día del secuestro. Llegué al Ayuntamiento hacia las siete de la tarde y ya estaba el pueblo en la calle, ya estaba marchando encabezado por el alcalde y los concejales de todos los partidos. Luego fuimos hasta el domicilio de Miguel Ángel y al llegar subimos a visitar a los familiares. El pueblo no se movía de la calle, y Carlos Totorica, el alcalde, que ya empezaba su gesta como líder del pueblo, ejemplar, les pedía que se fueran, que se disolvieran hacia sus casas y que al día siguiente habría otra manifestación.

Pero aquello no paró. El viernes, efectivamente, hubo otra, y a la mañana del sábado, se celebró otra en Bilbao. Pero, en la tarde tremenda de ese mismo día, cuando habíamos creído que la movilización inmensa de la mañana en Bilbao habría hecho pensar a ETA, recibimos una puñalada fría, un golpe seco que nos dejó helados: la noticia de que habían encontrado un cuerpo con dos tiros en la cabeza. El pueblo de Ermua salió de nuevo a ocupar la calle y así siguió hasta el lunes por la noche, horas después de que lo enterráramos en el cementerio del pueblo.

Totorica, el alcalde, lo ha contado. Cuando Miguel Ángel agonizaba en la tarde del sábado, el pueblo gritaba al unísono: “asesinos”; “hijos de puta”. Era insostenible. Nadie sabía lo que podía pasar, y cómo podría acabar aquello, por eso decidieron salir en manifestación y, cuando había acabado el recorrido del pueblo, incapaces de mandar parar o disolver aquella marea, encabezaron la marcha hasta Eibar, el pueblo vecino, durante cuatro kilómetros. Cuando volvieron a Ermua, Carlos Totorica nos decía sonriente: “Todos estaban rendidos”, orgulloso en el fondo de su treta.

Fue como una insurrección. Un movimiento espontáneo cargado de emoción, de solidaridad de pueblo como si todos fuéramos víctimas y quisiéramos expresar nuestro afecto a los de al lado, que sabíamos muy bien que pensaban y sentían como nosotros.

En Bilbao, por ejemplo, a las ocho de la tarde del sábado, cuando seguíamos pendientes de la agonía de Miguel Ángel, la gente se juntaba espontáneamente en la Plaza Elíptica, todos serios, rostros cabizbajos, como incrédulos ante la paradoja que representaba haber estado por la mañana allí mismo junto a otras cien mil personas y, ahora, a las pocas horas, consternados por la noticia, nos dolíamos del nulo efecto que había tenido semejante movilización. Era una concentración silenciosa, quieta, pero muy impactante porque nadie la finalizaba, y toda la gente que pasaba por las calles adyacentes se sumaba con prontitud al grupo y compartía el silencio, el afecto, el dolor del pueblo. Luego aquello empezó a desbordarse y una gente nueva, desconocida, apartidista, tomó el mando y se vivieron dos o tres días de furia popular. Aquello era nuevo. Nunca lo habíamos visto, y yo, honradamente lo digo, me emocioné al ver a aquellos jóvenes atrevidos, dominadores, valientes, cabreados, que tomaron la calle. Inventaban eslóganes, gesticulaban, gritaban, insultaban y dirigían las marchas hasta la herriko taberna de HB. Por primera vez era posible y parecía cierto aquello que muchos años atrás reclamábamos de nuestros conciudadanos con tan poca fortuna y que expresó, mejor que nadie, el antiguo ministro del Interior, José Luis Corcuera: “Alguna vez el pueblo los correrá a gorrazos”.

Por primera vez la Ertzaintza tuvo que defenderlos y protegerlos de la ira popular, del pueblo puro y duro, porque era el pueblo el que invadió las plazas y las calles el domingo por la tarde en todas las localidades y en las tres capitales vascas. Yo estuve con mi familia en Vitoria. No pude llegar al balcón de la Virgen Blanca y me quedé en la plaza rodeado de gente que no conocía y que me miraban como a uno más mientras se ponían las manos en la nuca y gritaban: “Aquí está mi nuca”, y luego elevaban sus manos y gritaban también: “ETA no, vascos sí”, y tantos y tantos eslóganes que algunos chavales inventaban y que al momento prendían en todas las bocas de la plaza, deseosas de gritar, de hacerse notar, de sentirse mayoría; seguros de su verdad y de su razón, impelidos a mostrar sus valores democráticos y pacifistas para decir alto y claro que nosotros éramos las víctimas de su violencia; que el pueblo sufre su locura, que el pueblo éramos nosotros y ellos los asesinos, los liberticidas, los opresores. Y gritaban chavales y chicas, hombres y mujeres, niños y profesores, obreros, empleados y empresarios, cristianos y ateos, del PSOE y del PP o del PNV o de nada —como la mayoría—, todos para hacerse oír y sacudirse todo el miedo que habían pasado y que les había impedido decir eso que decían ahora, con la cabeza bien alta, elevando la voz.

Fue una marea humana conmocionada por los acontecimientos de los últimos días, pero sociológicamente muy interesante por las novedades que expresaba. Estaba liderada por jóvenes de entre 15 y 25 años, sin perfil partidista, socialmente muy heterogéneos, aunque predominaban estudiantes universitarios. No había signos nacionalistas. No había ikurriñas. No se gritaba en euskera salvo el clásico “ETA kanpora” (“ETA fuera”) y trataban con respeto a todos los partidos, los dirigentes y las organizaciones pacifistas.

Que esto se viera en Madrid el lunes, con un millón y medio de madrileños, y en Barcelona y en Sevilla, etc. tiene otra significación. Es la protesta de toda España, y también la solidaridad con nuestro pueblo de nuestros conciudadanos. Pero lo que vimos en Euskadi esos días era algo que no habíamos visto, era una expresión de pluralismo político que pocas veces se ve en nuestro país, era el más claro mensaje de unidad democrática frente a los violentos que habíamos visto desde las manifestaciones del Pacto de Ajuria Enea de los años 1989, 1990 y 1991; era una muestra de valor, de hartazgo frente a los violentos; era un aviso de que ya no soportaban más la chulería de los violentos ni que fueran ellos, los violentos, quienes ejercieran en exclusiva la violencia sobre todo los demás. Era la recuperación de la libertad y el fin del estado de excepción que los violentos habían impuesto a todo un pueblo. ¡Eran tantas cosas!

¿Qué hemos hecho después? A modo de balance

Pocos días después de aquellos acontecimientos, los dirigentes del Pacto de Ajuria Enea, líderes de todo el arco parlamentario vasco, presididos por el lehendakari, nos volvimos a reunir. Lo habíamos hecho en dos ocasiones (viernes y domingo), en la crisis del secuestro, y habíamos aparecido firmes y unidos, como en las grandes ocasiones: aparición de todos en las afueras del palacio, máxima solemnidad en la declaración conjunta, similares valoraciones de los hechos, llamamientos comunes a las movilizaciones y mensajes contundentes en los términos y en las conclusiones de ambas reuniones. Todos recordamos especialmente las durísimas afirmaciones que se hacían sobre HB, a quien literalmente se llamó “cómplice de los asesinos” y a quien se condenó al aislamiento político en las instituciones. Este tercer encuentro fue un fracaso. Superados los momentos dramáticos de la crisis, diez o quince días después, las viejas querellas interpartidarias afloraron con toda intensidad a pesar de que el momento, finales de julio, y las circunstancias externas, una agradable sobremesa, recomendaban (o por lo menos hacían presumir) un contenido más moderado y unitario.

No me detendré en exceso en explicar esta situación de grave disenso que padecemos desde hace tiempo en la estrategia antiterrorista. Entre otras cosas porque se expresa todos los días en los periódicos y porque este verano de 1997 ha sido pródigo precisamente en la exteriorización de esa polémica que han polarizado el PNV y el PP, a través de los señores Arzalluz y Egibar, por un lado, y Mayor e Iturgáiz, por el otro. En definitiva, existe una gravísima discrepancia entre el PP y el PNV y entre el ministro del Interior y la mayoría del Pacto de Ajuria Enea sobre cuatro o cinco materias clave en la definición de una verdadera política antiterrorista integral o de pacificación.

En política penitenciaria estamos en las antípodas, con riesgo de acabar en una denuncia contra el Gobierno español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por parte del Parlamento vasco; algo que resulta, para muchos (para nosotros los socialistas, por ejemplo), jurídicamente improcedente y políticamente inadecuado e inconveniente, por decirlo suavemente. Pero, en fin, siendo como es la política penitenciaria una cuestión importante en la estrategia contra ETA (porque, no lo olvidemos, a ETA sus presos le pesan cada vez más) sería altamente positivo que esa política, que debe desarrollar y ejecutar el Ministerio del Interior, se realizara sobre la base de un amplio consenso que evitase un enfrentamiento tan grave como perjudicial.

Sigamos con la interpretación del artículo 10 del Pacto de Ajuria Enea. Es un valor común aceptar que el final de la violencia será producto de un diálogo que los partidos democráticos aceptamos siempre que previamente cese la violencia. La búsqueda de ese cese previo es una materia delicada que todo Gobierno debe buscar e intentar sin desdoro y con discreción. Es evidente que el Gobierno del PP está haciendo ostentación de lo contrario. Sus gestos, sus declaraciones y sus hechos buscan transmitir la impresión contraria a cualquier vía o posibilidad de contacto que, nunca se sabe, puede conducir algún día a esos escenarios. La filtración a la prensa del papel que en tal sentido pudo intentar Pérez Esquivel, el cierre de cualquier contacto con miembros de ETA en las cárceles españolas o francesas y la entrega a España de los habituales contactos de ETA en Santo Domingo, ponen en evidencia esa actitud. Me apresuro a señalar que no estoy en condiciones de afirmar que eso sea malo, porque quizás provoquen a la larga una situación mejor para el diálogo mismo pero, en todo caso, esa actitud está provocando dos efectos: por una parte, que gran parte de los partidos vascos no ven bien ese “cierre de puertas” y les alejamos más de la política del Gobierno; y, por otra, que el propio Gobierno se va haciendo prisionero de esa política de dureza o de rigidez, lo que le impedirá, quizás, algún día, tener la cintura y las posibilidades de que sus electores, y quienes hoy le jalean, puedan aceptar mañana cambios que, en su caso, deberán producirse.

Así podríamos seguir con el párrafo 9 del Pacto y el papel que la reinserción puede y debe jugar en la pacificación. Es evidente que las viejas actitudes mantenidas por el PP cuando eran oposición y las críticas al PSOE en este campo rentaban votos, pero hipotecan hoy a un Gobierno que en esta materia debiera ser más inteligente, más atrevido y más respetuoso con el Pacto que ellos también firmaron. Así podríamos seguir con las medidas legales para combatir la violencia callejera y la otra, o con la plasmación política, institucional y social del aislamiento a HB y con el discurso general que se está haciendo desde ámbitos gubernamentales después del asesinato de Miguel Ángel, que tanto molesta a EA o al PNV; incluso a IU.

Este es el panorama que salió de aquella agradable comida de Ajuria Enea de finales de julio, en la que todo quedó para septiembre. Hoy sigue igual o peor. Por eso cabe decir que estamos arrumbando el llamado “espíritu de Ermua” y que son justas, además de legítimas, las críticas que estamos recibiendo de muchos líderes de opinión y ciudadanos por no haber sabido mantener vivo y dinámico ese espíritu. Ni era ni es fácil alimentar en la tranquilidad y en la normalidad un estado de ánimo colectivo, vigilante y militante por la paz y por la democracia. Pero algo más, y sobre todo algo mejor: debíamos haber hecho las cosas todos, aunque modestamente pienso que algunos tienen infinita más responsabilidad que otros. Porque el pulso por la libertad se sigue librando en Euskadi todos los días. Ellos han vuelto, tímidamente, todo hay que decirlo, a intentar imponernos el miedo, la ley del “yo mando aquí” a través del ejercicio de su único argumento: su fuerza, su violencia. Así lo han hecho en Gernika, en Azkorna, en San Sebastián, en Ibarra, aunque muchas de sus acciones han sido una patética mezcla de ese fascismo que les anima, con sus capuchas negras y sus cócteles, al tiempo que mostraban una debilidad orgánica que se ha observado muy claramente en el verano de 2017.

Pero nos volveremos a confundir si creemos que las masas volverán a salir como en julio cuando ETA cometa el próximo atentado. Mucho me temo que todos volvamos a la “normalidad” de aceptar como natural esa lógica infernal y cruel de la acción terrorista esporádica, y de nuevo la sensación de que esto no se arregla nunca, y luego la pasividad como respuesta, o de nuevo el miedo como actitud. ¿Quién está seguro de que esto no vuelva a suceder al comprobar el grado de desunión y la falta de liderazgo político y social que mostramos los partidos y las instituciones en Euskadi hoy?

Por eso dije un día, en una entrevista al diario El País, que prefería a la sociedad vasca colérica que atemorizada. Soy consciente del significado y de las consecuencias de esta afirmación, pero cada día me reafirmo más en ello, incluso aceptando el riesgo del enfrentamiento civil, porque una parte del problema exige que todos aceptemos esos riesgos. Sin duda, la principal responsabilidad seguirá siendo del sistema y de las instituciones, de la Ertzaintza y de la Policía, de los partidos y de los líderes, pero además, hará falta un pueblo vivo y valiente como lo hubo en Gernika, y alcaldes que se enfrenten como en Ibarra, Azkoitia o Ansoain, y gente en grupo que reaccione cuando le queman el batzoki, “llevando” ante los hechos a los concejales de HB en Idiazábal para que nunca más vuelva a ocurrir, y manifestaciones ante las sedes de HB cuando sus amigos maten a un guardia, y testigos que declaran contra los violentos, y jurados que condenan sin miedo, y conversaciones en voz alta contra estos bestias en cuadrilla y en el tajo y en la oficina y en casa, y la cara bien alta en las concentraciones de Gesto por la Paz frente a los amigos de los asesinos, y el lazo azul en la solapa de todos si vuelve a hacer falta llevarlo, y que todos esos jóvenes que gritaban iracundos y belicosos en julio no desaparezcan, y que cuando haga falta “corran a gorrazos” a los intolerantes, a los fanáticos de la violencia, a los nuevos fascistas vascos, que cuando se encuentren con un pueblo así recularán y serán menos cada día.

Para todo eso, es verdad, hace falta unidad democrática y liderazgo social; una política consensuada que no sea discutida públicamente y que ningún partido haga de sus legítimas posiciones materia de rédito político. Si todas estas condiciones se dieran, además, lógicamente, de la eficacia policial y de la colaboración internacional, estaríamos en condiciones de avanzar considerablemente en la pacificación.

Porque es evidente que en HB y en ETA, después de los hechos de julio, algo importante está pasando. Primero, varios presos desde el interior de las cárceles reprobaban el asesinato de Miguel Ángel. Luego, también otros antiguos militantes de ETA, exdirigentes o simpatizantes de HB. La sustitución del alcalde de Mondragón se ha producido con menos oposición que la esperada, al igual que la de otros concejales de HB en otros municipios. La reacción de HB ha quedado como tocada después de estos hechos y ante el juicio que les espera en el Tribunal Supremo a primeros de octubre. Incapaces de reaccionar siquiera ante el envío a España del aparato interlocutor de la banda desde Santo Domingo. Hay indicios de desconcierto y de crisis en el entorno de la violencia. Sin embargo, es bastante penoso que el bloque democrático no aproveche esta buena coyuntura y agudice contradicciones y realice una política inteligente, sino que, por el contrario, estemos polemizando públicamente sobre nuestras diferencias, sin avanzar en este complejo camino de la pacificación.

Pero es que en el fondo, además de las profundas diferencias a las que me he referido, que atenazan la estrategia antiterrorista, todo el proceso de pacificación más globalmente considerado se encuentra bloqueado por un problema capital, a saber: la violencia terrorista de ETA es consecuencia fundamentalmente de una reivindicación política que cabe encuadrar en lo que podría llamarse “la causa nacionalista”. En tanto en cuanto esta causa sigue viva y se concreta en un ideal no conseguido, que sigue siendo una aspiración colectiva del nacionalismo vasco, expresada en los términos que hoy se expresa desde la autodeterminación a la independencia, pasando por un buen número de signos preconstitucionales y antiautonomistas, seguirá habiendo ETA.

Así se explica que treinta años después de que un grupo de jóvenes nacionalistas se separaran del partido padre, el PNV, para crear ETA contra Franco y por Euskadi a finales de los sesenta, hoy, otros jóvenes educados con los mismos ideales dicen a sus padres que los ertzainas son zipayos y hay que quemarlos, y que para defender de verdad, es decir, “con dos cojones” (en su argot), esos ideales, hay que ponerse una capucha y quemar un autobús o un cajero. Y lo dicen chavales de entre 15 y 20 años que se han educado en la subcultura de una violencia que admiran, organizados por Jarrai, sobre la base de un esquema argumental tremendamente simple y maniqueo, burdamente manipulado. Y con un anecdotario del victimismo hábilmente utilizado, porque siempre hay un hermano preso o el hijo de un etarra muerto o un amigo maltratado en una acción policial.

Pero estos chavales que han tomado la bandera de la violencia estos últimos dos años han encontrado argumentos para su lucha y para estar hoy en la cárcel, en 1997, después de veinte años de democracia plena y avanzada, con más libertades que en países de máxima tradición democrática, con posibilidad de defender cualquier proyecto político, incluida la independencia, a través de partidos y periódicos que muy cerca de nosotros estarían prohibidos, y todo ello en el marco de un autogobierno que recupera las libertades forales vascas y que asienta la nación vasca como no lo estuvo en toda la historia.

Las preguntas que surgen son obvias: ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este país para que siga habiendo tanta gente empeñada en un ideal fanáticamente defendido mediante la violencia? ¿Por qué el curso de la democracia y del autogobierno en claro progreso cuantitativo y cualitativo no va diluyendo y reduciendo este episodio violento? ¿Estamos avanzando de verdad? ¿O quizás el tema se está enquistando, con seiscientos presos cada vez más difíciles, con dos mil exiliados en veinte países del mundo y con un núcleo resistente, armado y regenerado por toda esta chavalería de grupos que hoy están con un cóctel y mañana con una pistola? ¿Cuándo acabaremos? ¿Cómo acabaremos?

Esta es la cuestión: ¿cómo acabar? Y aquí nos encontramos con este panorama de división del bloque democrático, de falta de una estrategia clara en la lucha contraterrorista y, sobre todo, diría yo, con ese muro de diferencias con el mundo nacionalista; de manera que la desesperanza y el escepticismo se han adueñado de muchos de nosotros. Porque los nacionalistas quieren que esto acabe. Esto es indudable. Pero quieren que acabe de tal manera que no acabará nunca. Dicho de otro modo, su modelo de final está tan condicionado por sus intereses que no será posible. O de manera menos dura, el final que algunos reclamamos o creemos único exige tal sacrificio o tales cambios al mundo del nacionalismo democrático que quizás, ojalá me equivoque, nunca lo asumirán.

Me explicaré mejor. Los nacionalistas han llegado a la conclusión de que el único final de ETA es una negociación con el Gobierno español en la que haya concesiones políticas importantes (Estatuto de Gernika más otras concesiones, lo llaman ellos, lo que supongo que significa tratar de incorporar al autogobierno vasco una serie de materias de competencia exclusiva del Estado, arreglar algunos conflictos interpretativos como el de la seguridad social, etc.) o la autodeterminación o un marco político para Navarra junto al País Vasco y, por supuesto, una solución negociada para los presos. En todo ese proceso, el PNV quiere, naturalmente, tener su papel, ya sea como puente de interlocución o como valedor de la solución final o como introductor al nuevo marco democrático vasco de todo ese mundo que procede de esta etapa trágica.

Mientras todo esto se produce, y ya sabemos que no se produce nada, el nacionalismo democrático sigue alimentando su propio proyecto nacionalista, sigue dando calor a la llama sagrada, la causa nacionalista, sea reclamando hoy la autodeterminación, la independencia mañana, sea quejándose del engaño del autogobierno, sea negándose a aceptar la realidad estatal, sea cuestionando reglas de lealtad constitucional elementales (no aceptar el Tribunal Constitucional, por ejemplo) y así podríamos seguir hasta el infinito del anecdotario nacionalista sin olvidar algunos discursos en algunas campas y algunas declaraciones de escándalo en materias y momentos que todos recordamos.

Todo ese discurso, todo ese alimento ideológico, en parte victimista o irredento, en parte milenarista, toda esa confusión, cuando se equiparan las violencias del Estado y de ETA, toda esa teoría de la equidistancia entre la represión del Estado y la violencia abertzale, toda esa reiteración sobre derechos colectivos confundidos con aspiraciones políticas, todas las perversiones semánticas y de ideas que sufre nuestro país, toda esa obsesión por clasificar a todos los vascos en solo dos categorías: nacionalistas vascos y nacionalistas españoles, toda la épica que se ha construido en torno al sacrificio personal para la conquista de una meta colectiva, todo el corpus político desarrollado en torno a las emociones colectivas y a los valores y riquezas consuetudinarias y culturales de nuestro pueblo, toda esa mitología sobre nuestros ancestros y nuestra arcadia feliz siguen definiendo el marco de educación social y política de nuestros jóvenes y muchos de ellos, algunos pero en todo caso muchos, demasiados, debidamente manipulados, cogen la capucha y el cóctel y creen que esa es su contribución obligada a la causa de la libertad de su país.

Y, sin embargo, mientras no cambiemos ese discurso, mientras no frenemos en el origen, en las ideas, en la teoría, mientras no variemos el marco justificativo de los violentos, mientras no cerremos de una vez el paraguas ideológico y sentimental abierto a los violentos desde siempre por el nacionalismo, la Iglesia y tantos otros, mientras no recuperemos el viejo y buen discurso del Pacto de Ajuria Enea de 1988 combatiendo no solo los medios con que actúan los violentos sino también sus fines, mientras no tengamos todo eso, mientras no lo haga el nacionalismo democrático, yo creo que el problema no tiene solución. Y si el conflicto se prolonga, como preveo, lo pagarán.

Este es el dilema que tiene el nacionalismo democrático vasco en 1997. Esta es la encrucijada que reflejan, por un lado Egibar, Ollora o Arzalluz, y por otra Atutxa y Ardanza. Esta es la cuestión que llama a la reflexión desde sectores diversos del nacionalismo vasco buscando el aggiornamiento y la definición desde la democracia y el pluralismo del proyecto nacionalista para el siglo XXI que reclaman Oliveri o Rekondo desde EA, Arregi o Azkuna desde el PNV y otros muchos desde las filas de ambos. Es en este dilema, en esta encrucijada en la que los socialistas vascos y, por qué no, también los populares, deben ayudar, de muy divas formas a que el nacionalismo juegue ese nuevo papel que exige la realidad y entre todos ganemos ahí, definitivamente, la batalla por la paz y la convivencia democrática en nuestro país.

Una pregunta y dos ruegos2

Joseba Pagazaurtundua ya no puede preguntar. Ni pedir responsabilidades, ni exigir que no manipulen su nombre, ni su vida, ni su muerte. No puede hacerlo porque lo asesinaron el sábado. Por expreso deseo de su hermana Maite, y porque me sale del alma, quiero hacer en su memoria y homenaje una pregunta y dos ruegos.

Joseba era un tipo duro. En la UGT y en el partido socialista era de esos compañeros discretos que nunca peleaban por los cargos, pero siempre estaban en primera fila. Nunca ocultó su militancia y siempre se enfrentó a los de siempre, es decir, a los terroristas y a su entorno. Le conocían y le odiaban. Le perseguían y le buscaban. Lo sabía todo el mundo, porque esas cosas se saben. La Policía, la primera, porque sucesivos comandos detenidos lo confesaron.

Maite, colaboradora extraordinaria de aquellos gobiernos de coalición (con Fernando Buesa entonces) y compañera de la dirección socialista conmigo, nos trasladó su preocupación por Joseba. Trasladé a Juan Mari Atutxa la situación. Creo que también lo hizo Fernando Buesa. Fernando tampoco puede contarlo, porque también le asesinaron. La Ertzaintza encontró una solución y Joseba fue integrado en su plantilla de Laguardia, en el otro extremo del país. Allí vivió Joseba hasta 1999. Fue feliz en su trabajo y en esa localidad riojana, en la que quiso vivir para siempre. Pero, en 1999, durante la tregua de Lizarra, la Consejería de Interior dijo que aquella situación era irregular y que Joseba debía volver a Andoain. Protestamos. Maite y yo mismo insistimos en el peligro de esa decisión. No hubo manera. Ayer lo mataron. Ahora preguntamos: ¿quién es el responsable de esta Consejería que tomó esa decisión? Queremos saberlo y que rinda cuentas.

Escuché ayer una peregrina interpretación de su asesinato. En Radio Euskadi decían que era un atentado contra el Plan Ibarretxe. Una dirigente nacionalista dijo que era un atentado contra el pueblo vasco. Pero no dijeron que Joseba estaba en contra del Plan Ibarretxe y que también le mataron por eso. No dijeron que matan solo a una parte del pueblo vasco, precisamente, a la que se opone a las mismas aspiraciones de esa dirigente nacionalista.

¡Por favor, no manipuléis su muerte! No tenéis derecho quienes sois incapaces de comprender que quienes nos matan lo hacen por vuestros mismos ideales. No queremos vuestras condolencias, que sabemos sinceras, si a vuestro rechazo de los medios unís vuestra coincidencia en los fines. Ya no valen vuestras condenas si van acompañadas de “apoyo moral” a Batasuna y de apoyo real a su alcalde en Andoain.

Dice Ibarretxe que su plan para la convivencia es también un plan para la paz. En nombre de Joseba, os pedimos que no nos sigáis salvando. No lo hagáis con esa paz que ni es paz, ni es justicia. Porque nos siguen matando mientras os empeñáis en tenderles la mano y pagar el precio que acompaña a su violencia. En nombre de tantas víctimas y en el de Joseba, la última, os pedimos que no les deis la razón. Y tu plan, lehendakari, se la da. Acepta su explicación histórica del conflicto y plantea la misma solución, desde la unidad nacionalista, proponiendo a los no nacionalistas que aceptemos ese destino para que no nos maten. Luego, sí, ya lo sabemos, ETA dice no y sigue matando, porque no quiere permitir que gestionéis su historia. Pero nos matan a nosotros, a los que rechazan vuestro plan. A los que reclaman libertad, a los que recuerdan a las víctimas, a los que reivindican la pluralidad vasca. A los autonomistas, a los constitucionalistas. A todos los que representan la infinita superioridad moral de una causa justa cruelmente reprimida por el fascismo vasco, por un nacionalismo etnicista brutal.

En nombre de Joseba Pagazaurtundua, de Fernando Buesa y de tantos otros, ¡por favor, no nos apliquéis esa convivencia! ¡No nos salvéis con ese plan!

Miradas sobre Euskadi

¿Cómo salimos de esto?

El diálogo político entre los partidos en Euskadi ha desaparecido. Ya no hablamos entre nosotros. Solo por los periódicos, y para agredirnos. Por eso, es de agradecer que la iniciativa de esta publicación haya salido desde Barcelona. Cataluña siempre ha tenido —y tiene— una mirada afectuosa hacia Euskadi. Es una mirada comprensiva y preocupada que parte de una actitud de semejanza y simpatía con respecto a los problemas que atraviesa nuestra compleja identidad colectiva. Ahora bien, esa proximidad periférica en la España diversa y autonómica se ensombrece por culpa de una violencia que los catalanes no comprenden. No solo porque la sufren en carne propia, sino porque su sentido democrático, preñado del relativismo y el pragmatismo de su propia madurez, resulta incompatible con esos métodos impositivos. Los catalanes, en definitiva, no toleran el fascismo, y saben bien que la violencia de ETA no es únicamente terrorismo, sino que también es intolerancia fanática y fascismo.

Con todo, se preguntan —preocupados y solidarios con los vascos— cuándo y cómo se acaba con “esto”. La concreción de este pronombre demostrativo no requiere muchas expiaciones. El libro de los periodistas y estudiosos vascos Patxo Unzueta y José Luis Barbería, que describe la “crisis vasca”, se titula precisamente así: Cómo hemos llegado a esto. En el prólogo lo describen de una manera rotunda: “Baina ori nola leike”3 (“Pero ¿cómo es posible eso?) era lo que gritaban espantadas las mujeres de Itziar a la vista del cadáver de un vecino de la localidad, chofer del autobús de línea en el que viajaban, asesinado por un comando de ETA el 5 de julio de 1975. Esa escena es el punto de partida de una tragedia local en la que, en el plazo de cinco años, seis personas perderían la vida violentamente: un guardia civil casado con una mujer del pueblo; un empresario vasco, secuestrado y asesinado por un comando compuesto por cuatro jóvenes de la localidad; uno de los miembros de ese comando, abatido algún tiempo después por la Guardia Civil en Orio y tres vecinos de Itziar con fama, sembrada por otros vecinos, de ser confidentes de la Policía, entre los que figuraba el chofer del autobús, de familia carlista, amigo íntimo, en su infancia y juventud, de algunos de los que luego le señalarían. El relato de los hechos constituye la base del libro Violencia vasca. Metáfora y sacramento, publicado en 1990 por el antropólogo Joseba Zulaika, vecino también de Itziar y profesor desde hace años en la universidad de Nevada (Estados Unidos), quien conocía personalmente a todos los personajes de la tragedia. Los muertos también se conocían entre sí, y ahora reposan en el pequeño cementerio de Itziar: el etarra y el guardia civil, en tumbas casi contiguas y, tras ellas, a pocos metros, el chofer cuyo asesinato provocó la pregunta que Zulaika escuchó de su propia madre aquel sábado del verano del año en que iba a morir Franco: “¿Pero, cómo es posible eso?”: matar a sangre fría a un vecino del pueblo conocido de todos.

Un cuarto de siglo después, el 20 de febrero de 2002, militantes de las organizaciones juveniles de los principales partidos políticos vascos —concentrados en Bilbao para condenar el intento de asesinato, un día antes, de Eduardo Madina, secretario de Política Institucional de las Juventudes Socialistas de Euskadi al que una bomba lapa colocada por ETA había arrancado una pierna— se dirigían a los políticos adultos pidiéndoles explicaciones por no haber sido capaces de evitar la mutilación de su compañero, y les preguntaban: “¿Cómo hemos podido llegar a esto?”. Es decir, cómo puede explicarse que haya jóvenes vascos que consideran legítimo asesinar a un muchacho de su edad por el mero hecho de ser socialista.

Madina pertenecía al sector del PSE partidario de tender puentes hacia el nacionalismo y, en diciembre de 2002, sería elegido nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Sin embargo, en el mes de octubre, ocho meses después del incidente, se declaraba contrario a la participación de su partido en la ronda de conversaciones propuesta por el lehendakari Juan José Ibarretxe para discutir su proyecto, manifestando lo siguiente:

En un momento en que ETA está matando gente inocente, en que el Partido Socialista de Euskadi, por ejemplo, celebra su último congreso y ETA decide que entre sus delegados hay gente que sobra; intenta matarme a mí, después intenta matar a Esther Cabezudo [concejal socialista de Portugalete] y después matan a Juan [Juan Priede, concejal de Crio], ¡qué cojones de Estado de libre asociación, qué referéndum, de qué está hablando el lehendakari!

Es por este motivo que he elegido el título que pretende responder a una doble cuestión: ¿cómo hemos llegado a esto? y, sobre todo, ¿cómo salimos de esto? Los dos autores anteriormente citados responden a la primera pregunta al final de su prólogo mediante una afirmación contundente: “Pues así: mirando para el otro lado”4; una respuesta que viene a ser un duro y merecido reproche a toda la sociedad vasca —y a su clase dirigente, particularmente— por no haber sido capaces de comprender y combatir la naturaleza profundamente totalitaria de la violencia desde sus orígenes.

Profundizando un poco más en la complejidad de las preguntas que nos hacemos, y contextualizando en la actualidad las respuestas, me atrevo a afirmar que hemos llegado a “esto” porque, en 1998 —a partir del pacto de Lizarra entre ETA y el mundo nacionalista—, la política vasca ha dado un gravísimo giro hacia atrás. Porque esto, en el 2003, no es ya únicamente el problema de la violencia, sino la incomunicación política institucional y partidaria, la ruptura de los consensos básicos respecto al marco jurídico-político y respecto a las reglas de la convivencia política, y el gravísimo proceso de fractura social que se está instalando en el conjunto de la comunidad vasca. Esto ha empezado a ocurrir hace cinco años, y cada día añadimos nuevos sacos terreros a las trincheras que el “frentismo” político está elevando en nuestra comunidad.

Desde 1998, la política vasca ha entrado en otra fase y otros parámetros. Es otro el pulso que se está librando, y son otros los objetivos que unos y otros persiguen. También son otros los riesgos que nos acechan. Desde ese año, la política vasca ha entrado en una peligrosa espiral de incomunicación fractura y, por eso, antes de responder al cómo salir de este laberinto, bueno será describir mi diagnóstico del por qué y del cómo se ha llegado hasta aquí.

¿Cómo hemos llegado a esto?5

Sin perjuicio de matices y de concreciones —que quedan para los historiadores y para estudios más minuciosos—, cabe decir que la política vasca ha estado sustentada y enmarcada durante veinte años, desde 1978 hasta 1998, en los siguientes parámetros o marcos:

1) El nacionalismo vasco acepta el marco político configurado en el bloque constitucional-estatutario y ajusta su acción política a ese ordenamiento jurídico-político. El nacionalismo democrático no votó la Constitución, pero la aceptó y la convalidó formalmente al apoyar y aprobar en referéndum el Estatuto de Gernika.

Con frecuencia, se utiliza la abstención nacionalista en el referéndum constitucional corno una referencia de no legitimación popular de la carta magna en Euskadi, olvidando, en primer lugar, que la abstención no impidió que la Constitución obtuviera un aplastante “sí” entre los votantes; además, que el Estatuto es la consecuencia directa e inmediata de la Constitución, y, por último, que el nacionalismo democrático asumió el protagonismo exclusivo en el desarrollo institucional de ese marco político y ha ocupado, sin interrupción y desde hace más de veinte años, el poder institucional que de él se deriva.

Es más, aunque las proclamas doctrinales del nacionalismo hayan mantenido viva la llama de la utopía nacionalista, su práctica política se ha sometido y ha respetado siempre el marco constitucional. Buena prueba de ello es que todos los gobiernos de coalición suscritos entre PNV y el PSE (PSOE) para los sucesivos gobiernos de coalición entre 1987 y 1998 han incluido en su preámbulo constitutivo sendos compromisos de desarrollo del programa de gobierno en el marco fijado por nuestro ordenamiento jurídico constitucional y estatutario. En los veinte años de política vasca que siguen a la aprobación del Estatuto (1979), el PNV no ha cuestionado ni el uno ni el otro. Una esporádica declaración a favor de la autodeterminación en 1990, cargada de matices de no aplicación, fue explicada en su día como una “declaración doctrinal” sin repercusiones en política institucional.

2) A excepción del primer periodo (1980-1984), todas las legislaturas y gobiernos de estos veinte años han sido de coalición o de pactos plurales entre nacionalistas y no nacionalistas, principalmente girando entre PNV y PSE (PSOE).

La política de pluralidad se impuso, desde luego, por exigencias de pluripartidismo que la hizo imprescindible para alcanzar mayorías sólidas de gobierno. Ahora bien, respondía también a las necesidades de una sociedad heterogénea, y antagónica en sus extremos, respecto a su actitud identitaria. Hasta qué punto el nacionalismo vasco asumió con sinceridad la pluralidad identitaria o simplemente la aceptó como un mal menor o un precio que debían pagar por su escisión (PNV/EA) es algo que admite interpretaciones diversas. En los comienzos de la coalición, Xabier Arzalluz y otros dirigentes nacionalistas hicieron toda una teoría del reconocimiento a la diversidad —“vascos somos todos”, el discurso de Arriaga, etc.—. Cuando Antonio Ardanza acabó creyéndose un lehendakari de todos, elaboró discursos sobre la pluralidad vasca que harían las delicias de cualquier demócrata cosmopolita. Pero, cuando, años después, volvieron a la unidad nacionalista y a las fronteras de los vascos nacionalistas y de los “nacionalistas españoles”, pareció como si aquellos tiempos nunca hubieran existido.

Ahora bien, durante veinte años —hasta 1998— los pactos de legislatura y los gobiernos de coalición en el Gobierno vasco, en las diputaciones forales y en los ayuntamientos fueron constantes y casi generales. La pluralidad respondía a un espíritu de compartir y construir entre todos, reconociéndonos y aceptándonos; obligados a pactar y a consensuar todo: los diferentes perfiles sinológicos (euskera y bilingüismo, himno, bandera, etc.) o institucionales (ley de territorios históricos, aportaciones forales, etc.) o las políticas sectoriales (educación, sanidad, vivienda, etc.) o las simples relaciones con el Gobierno del Estado. La política vasca respondía, así, a lo que luego se denominó “transversalidad”, y sus bases eran el pacto entre nacionalistas y socialistas. Ambas mayorías sociales tenían sus referentes institucionales y, de esta manera, se veían involucradas y concernidas por la política institucional. El autonomismo pasaba a ser, de esta forma, una cultura común, y cabía incluso soñar con una construcción compartida del país. Unos llamaron a eso construcción “nacional” y, otros, la construcción “autonomista” de Euskadi. La convivencia política en la cúspide institucional extendía sobre el país un manto de tolerancia y reconocimiento al otro, al diferente, “al de enfrente”. El pacto y el consenso en las políticas más delicadas atenuaban los perfiles más acusados de cada identidad e imponían, en la práctica, una política centrada y templada, una especie de política moderada a la fuerza.

3) La unidad democrática contra ETA. El pacto de Ajuria Enea, firmado por todas las fuerzas democráticas en enero de 1989, simbolizó y cristalizó este devenir y esta fase (1978-1998) de la política vasca. No es necesario extenderse aquí sobre su contenido y desarrollo, pero —y por sintetizar— el pacto incorporó a la lucha contra el terrorismo diferentes aspectos:

Un compromiso de unidad suprapartidaria en la lucha contra ETA y en su no utilización como instrumento partidario.

La definitiva incorporación del nacionalismo democrático a esa lucha. Las viejas divisiones entre nacionalistas y no nacionalistas, entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, a la hora de analizar y comprometer esfuerzos por la paz, fueron superados, y se estableció una única línea divisoria entre demócratas y violentos. El protagonismo que adquirió el lehendakari Ardanza en la lucha contra el terrorismo, la unidad que simbolizaban sus reuniones en Ajuria Enea, los discursos y apariciones del pacto en los momentos más graves reflejaban un país unido y liderado por sus partidos y por sus instituciones contra la mafia del terror.

Un entendimiento básico entre Madrid y Vitoria en todo lo que se refiere a la estrategia integral contra ETA. Desde lo policial a la política penitenciaria, desde la colaboración francesa a las informaciones más directas sobre la banda, todo se compartía. Hasta la política informativa del terrorismo era, en el fondo, objeto de un tácito entendimiento entre los gobiernos de Euskadi y del Estado.

El aislamiento político de la banda y su entorno. Aunque este aspecto fue siempre objeto de polémica interpretación y de difícil aplicación, el aislamiento era el corolario de la unidad democrática y el preámbulo de una oferta de diálogo sin violencia, tal como se observa en su artículo 10.

Una exigencia de abandono inequívoco y constatable de la violencia como condición y requisito previo a una oferta de diálogo entre los partidos políticos vascos para “normalizar” la política vasca sin violencia.

Seguramente, otros añadirán otros elementos destacables del pacto o cuestionarán la interpretación que aquí se hace de él, pero a los efectos de lo que se trata en este estudio, no se puede negar la objetividad de lo señalado y esto nos sirve para situarnos en 1998.

En 1998, la política vasca sufrió un giro copernicano. En mayo, el PSE-EE (PSOE) decide abandonar el Gobierno vasco ante una serie de desacuerdos parlamentarios con el PNV y EA en materias simbólicas (selecciones deportivas, reglamento de la cámara, etc.) que anunciaban entendimientos políticos entre los nacionalistas y HB y que dieron lugar, más tarde, al pacto de Lizarra (septiembre de 1998). En enero de ese mismo año ya se había presentado el Plan Ardanza como evolución exigida por los nacionalistas para mantener el pacto de Ajuria Enea. El rechazo del PP a ese documento constituyó la muerte formal de dicho pacto.

Ahora bien, debe reflexionarse sobre ello: ¿qué ha ocurrido para que en 1998 las bases de la política vasca —unidad contra ETA, coaliciones de pluralidad y respeto al marco jurídico-político— se abandonen y desemboquen en el pacto de Lizarra con ETA y en la tregua de 1999? Una interpretación que pretenda ser objetiva sobre las razones que provocaron este cambio brusco en el rumbo del nacionalismo debe recordar el contexto y explicar los comportamientos partidarios.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 provocó una verdadera conmoción política y social en Euskadi y en toda España. Luego supimos que era el comienzo de una estrategia terrorista contra los no nacionalistas que hoy seguimos sufriendo. Al asesinato frío y cruel del joven militante del PP de Ermua, le siguió un espíritu de protesta social y de reacción cívica contra la violencia que no se había producido antes. No solamente era una condena masiva de la ciudadanía, era una ciudadanía iracunda, casi violenta, la que llenaba las calles aquella segunda semana de julio. Era un pueblo que sentía el asesinato como un ultraje a su propia dignidad y libertad y que reaccionaba irritado contra todo lo que intuitivamente relacionaba con la banda terrorista, ya fuera la sede de HB o el conjunto del nacionalismo vasco. Así nació el “espíritu de Ermua” que provocó profundo malestar y preocupación en el nacionalismo y en particular en el PNV.

Gregorio Morán, en su obra Los españoles que dejaron de serlo, escribe la preocupación surgida en la familia nacionalista con motivo de las manifestaciones contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Al respecto, cita un artículo de Koldo San Sebastián, portavoz del periodismo militante en el nacionalismo:

[…] después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, centenares de militantes del PNV nos reunimos en asamblea para ver cómo afrontábamos la brutal campaña que se había desatado contra nosotros. En las asambleas se produjeron momentos muy tensos. Había quien pensaba que, efectivamente, sin ETA nosotros nos convertiríamos en una fuerza vulgar6.

Más tarde, y en un clima preñado por esta conmoción popular, el Tribunal Supremo condenó a la Mesa Nacional de HB, y casi treinta de sus máximos dirigentes ingresaron en prisión.

En ese momento, en 1998, el PP gobernaba en España desde hacía casi dos años, y lo hacía mediante un pacto con los nacionalistas catalanes y vascos de CIU y PNV. Ahora bien, ese pacto no incluía —como hubiera cabido esperar— un acuerdo de fondo con el PNV en materia antiterrorista. José María Aznar y Arzalluz, quienes entonces encontraban razones poderosas para entenderse en todo —¡quién lo diría hoy!—, no consiguieron un diagnóstico común sobre ETA. Al contrario, acordaron no entenderse en ese tema y seguir cada cual su propio camino. Seguramente, ambos hallaron poderosas razones electorales —además de estratégicas— para reafirmarse en caminos opuestos. La tentación utilitarista de las víctimas, tan frecuente en el PP, y la dureza contra la banda y todo su mundo resultaban claramente rentables en la opinión pública española. A su vez, la pretensión del PNV, siempre sabida, de absorber al electorado de HB, explica este encontronazo que ha acabado en choque de trenes.

Es en este contexto, a principios de 1998 —y quizás antes— empezaron a producirse contactos políticos serios entre PNV y ETA que culminaron en el acuerdo de Lizarra. Antes, paralelamente a esos contactos, el lehendakari Ardanza había tratado de salvar el pacto de Ajuria Enea, sin conseguirlo, y, como ya se ha visto, los socialistas abandonaron el Gobierno al sentirse traicionados por sus socios (PNV y EA) en sus acuerdos con MB, que resultaron precursores del gran acuerdo de Estella.

Es verdad que el pacto de Lizarra llega “con el pan bajo el brazo”, porque, inteligentemente diseñada la agenda del proceso, ETA anuncia la tregua indefinida en septiembre de 1998. En octubre, los nacionalistas ganaban las elecciones, el PNV y HB veían recompensados sus esfuerzos por la tregua, y en el pueblo vasco se instalaba una poderosa ola de esperanza por la paz.

Ahora bien, el pacto político entre nacionalistas y ETA y el contenido merecen un análisis más profundo, porque es el origen del cambio político que aquí se analiza. Para empezar, porque es un pacto a traición. A traición del Gobierno de España y a traición del PSE-EE, que, durante casi quince años, ha sido socio leal del PNV en todo y para todo: tanto el Gobierno como el PSE-EE se enteraron de todo este entramado casi por los periódicos.

En segundo lugar, conviene recordar que ese pacto entrañaba un acuerdo de fondo entre los nacionalistas y la exclusión de los socialistas, acabando así con la pluralidad e iniciando la etapa de los gobiernos nacionalistas. La farsa de negociación con el PSE-EE que se vivió a finales de 1998 para la formación del gobierno que siguió a las elecciones puso de manifiesto que, entre los acuerdos de Estella, estaba muy claro que el Gobierno vasco debía ser PNV y EA con el apoyo parlamentario de HB.

Pero mucho más importante es el contenido del acuerdo. A diferencia del pacto de Ajuria Enea, el de Lizarra contradice abiertamente la estrategia de unidad democrática, el aislamiento político al entorno de ETA y el diálogo sin violencia, diseñados en Ajuria Enea. Ahora, es el PNV quien lidera la unidad nacionalista, asume la explicación histórica de ETA sobre el conflicto vasco y propone la autodeterminación como llave de la paz. Joseba Eguibar, Juan Mª. Ollora y Gorka Aguirre ya llevaban años defendiendo esta teoría frente al lehendakari Ardanza de entonces. El pacto de Lizarra ofrecía a ETA un camino político para lograr sus objetivos y una salida —no solo digna, sino, cabe decir, triunfante— de abandono de la violencia.

Si Ajuria Enea había dicho que no había ninguna razón para la violencia, Lizarra partía de considerar que hay un problema político previo a la violencia que en parte la explica —aludiendo al viejo conflicto histórico del viejo pueblo vasco—. Si Ajuria Enea había introducido el principio básico de que no es posible compartir fines con quienes utilizan esos medios, Lizarra se olvidó de este principio moral y político y declaró que la solución del conflicto pasaba por el reconocimiento de la soberanía y la territorialidad —eufemismo que entraña la vieja utopía milenarista de una Euskadi reunificada en la que deben estar, indefectiblemente, Navarra y las tres provincias vasco-francesas—. Si Ajuria Enea reiteraba que no es posible negociar mediando la violencia, Lizarra proclamaba que la violencia acabaría con el reconocimiento previo del derecho de autodeterminación, y que esta es la clave de la paz.

En esta apuesta, no quiero excluir, de entre las motivaciones del PNV, su búsqueda sincera de la paz. Personalmente no dudo de que ese objetivo está en el centro de sus preocupaciones, pero, sin duda, es una paz con precio. Es la paz diseñada y protagonizada por el mundo nacionalista en una especie de gran acuerdo interno de todas las familias que el PNV pilota y lidera. Porque, también en sus cálculos estratégicos, los burukides —es decir, los miembros de la junta directiva del PNV—han pensado que las diversas ramas del tronco sabiniano quedarían absorbidas en una unidad casi orgánica, que devolvería a la familia nacionalista la unidad perdida a principios de los sesenta (ETA) y a principios de los ochenta (EA), además de la hegemonía política.

Cabe ahora preguntarse si este esfuerzo mereció la pena. Durante un año largo no hubo muertos y, si no los hubiera habido nunca más, quizás el cristal de nuestra crítica fuera de otro color. Ahora ya no cabe duda de que, además de lo anterior, la tregua era falsa y el PNV fue engañado.

Fue engañado y se equivocó. Se equivocó porque, tentado por la paz de la tregua y buscando, además, objetivos partidarios evidentes —protagonismo, absorción del nacionalismo radical, monopolio del poder, etc.— pactó con ETA un proyecto político impositivo a la población vasca. En palabras de Emilio Guevara, el “error soberanista” que dio carta de naturaleza a ETA y que acabó legitimando la violencia. Pero, además, no se puede negar que toda la buena fe y la mejor intención que puso el PNV en esta operación ha sido burda y groseramente burlada por ETA y HB. Esto es plenamente evidente si se analizan los comunicados de ETA explicado la vuelta a la violencia y el comportamiento de EH en esos dos años.

La ruptura de la tregua fue trágica. En los años 2000 y 2001, ETA asesinó a más de cuarenta personas, a pesar de que la media de asesinatos en los noventa no llegaba a diez por año. La acción terrorista iba dirigida, además, a las personas más representativas de los dos partidos que se oponían a las pretensiones políticas del terrorismo. Las figuras de Fernando Buesa y de Ernest Lluch, los concejales del PP o del PSE, los periodistas, jueces, empresarios, todos los que podían inscribirse en el listado de los terroristas —elenco primitivo y simple, pero perfectamente entendible— era objetivo de la banda. Por primera vez, el terrorismo de ETA no era un terrorismo contra el Estado o contra España (fuerzas de seguridad, militares, etc.), sino contra los vascos que hacían imposible su proyecto. Era y sigue siendo un terrorismo contra la pluralidad vasca.

El periodo 1999-2001 fue calificado como el “bienio negro”. En él se incluye también el periodo de la tregua porque los actos de violencia callejera fueron constantes y graves, configurando lo que ETA confirmó después y que Gesto por la Paz ha denominado la “violencia de persecución”, aludiendo al colectivo de ciudadanos vascos que podían ser objetivo de la violencia.

La situación política se rompió definitivamente. No era solo que nos mataban. Era que, además, el Gobierno vasco y el PNV habían pactado con ellos. Habían actuado conjuntamente en el Parlamento y en la calle. Defendían un mismo proyecto político final, y este se expresaba con marcados acentos etnicistas, sin que el PNV y el Gobierno vasco produjeran una ruptura formal y solemne con esa estrategia. Conviene recordar, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos etnicistas, que durante ese periodo se empezó a gestionar en muchos ayuntamientos el llamado “carné vasco”, con el que se pretendía confeccionar un censo de “vascos de adhesión”, es decir, de vascos que acreditaban un deseo identitario específico.

Esta situación acrecentó el frentismo político y, entonces, tomó carta de naturaleza el “constitucionalismo”, el cual agrupaba al PP y al PSE, unidos en la misma trinchera de los agredidos y defensores, a la postre, de unos valores y de un Estado que solo la Constitución española nos asegura. La legislatura terminó anticipadamente y, en mayo de 2001, volvieron los unos a por los otros.

Había mil razones para que el PNV pagara su pacto: había una causa moral de solidaridad con los perseguidos; había una necesidad real de alternancia en la política vasca; había muchas ganas —quizás expresadas en exceso— de que en Euskadi se produjera un frenazo al etnicismo y a la radicalidad nacionalista. Ahora bien, todo quedó en eso. El 13 de mayo ganó Ibarretxe y el PNV y EA, quienes recuperaron la unidad para la ocasión. Enormemente beneficiados del castigo electoral que sufrió EH por la reaparición de la violencia, el nacionalismo democrático mostró una extraordinaria capacidad de reacción y de aglutinar el voto identitario, incluyendo al nacionalismo moderado, al que ni el PP ni el PSE fueron capaces de atraer.

El análisis de los resultados electorales del 3 de mayo de 2001 da para mucho. Los errores o aciertos que unos y otros cometimos es materia opinable, pero no es cuestión de hacerlo en este momento. Baste señalar que Ibarretxe vio reforzadas sus posiciones frente a ETA/HB y frente al Gobierno central y al bloque, si cabe llamarlo así, de PP y PSE-EE (PSOE).

Esta posición es la que llevó al lehendakari Ibarretxe a trazar una nueva estrategia que, sin embargo, está cimentada en las mismas bases. Su proyecto sigue queriendo debilitar al mundo radical absorbiendo su electorado, y desea un final de la violencia sin derrota del nacionalismo. Además, ha incorporado a su Gobierno a IU del País Vasco para evitar la imagen de su anterior gobierno “solo de nacionalistas” y, para ello, ha encontrado las facilidades de Javier Madrazo y de la IU vasca proclive al entendimiento con el nacionalismo a cualquier precio, con tal de tocar poder.

Si no se tiene en cuenta este tracto argumental, no se puede explicar la iniciativa de Ibarretxe en 2002. En mi opinión, el Plan Ibarretxe se inserta en este contexto, responde a los mismos postulados que el pacto de Estella, porque, en el fondo, es una oferta política a ETA para que abandone la violencia, a cambio de que la unidad nacionalista lidere un proyecto común basándose en el discurso básico de ETA, pero desde la paz y la política.

Es posible que, en la presentación de la propuesta del lehendakari, influyera también el acuerdo antiterrorista de PP y PSOE, sus coincidencias estratégicas en la lucha contra ETA y, sobre todo, la ilegalización de Batasuna. Pero todo ello no ha hecho sino acentuar una tragedia que es de calado y de largo recorrido. La médula de su plan responde a esta estrategia. Por eso es tan importante, porque confirma un cambio copernicano en la política del PNV e implica el abandono del Estatuto marco de convivencia y el enfrentamiento con la comunidad no nacionalista.

El lehendakari ha sido cuidadoso y, en cierto modo, prudente. Ha revestido su propuesta de una cubierta de celofán. Habla de “pacto” aludiendo a un acuerdo interior, y habla de Estatuto y Constitución como soportes de una legalidad en la que parece basarse la aplicación de su propuesta. Ahora bien, es una envolvente engañosa. Tras ese celofán se esconde una propuesta cargada de partidismo nacionalista, inaceptable para quienes no lo son, con unos anclajes constitucionales que son puro artificio —pura fachada—, porque la realización política de esa propuesta supone demoler toda la arquitectura del pacto constituyente. Ibarretxe, además, ha colocado sutilmente una guinda a su tarta, su propuesta aparece como la pócima milagrosa para desbloquear el conflicto y traer la paz. Sus palabras, su discurso y la propaganda que acompaña el plan lo sitúan abiertamente en ese propósito y es lícito pensar además, que la fe del lehendakari así lo pretende. Con todo, también aquí su propuesta es simplemente un brindis al sol con un cebo interesado para atraer hacia sus posiciones políticas a quienes, hartos de violencia, crean que el apoyo a esa propuesta puede erradicarla definitivamente.

La propuesta de Ibarretxe, es verdad, constituye una oferta de calado político, pero no para el conjunto del País Vasco, sino para la izquierda abertzale. En el fondo, es una reedición del pacto de Estella, puesto que sus postulados, grosso modo, se repiten: 1) el conflicto político vasco es anterior a la violencia; 2) su naturaleza es el estatus de relaciones con España, porque el viejo pueblo vasco quiere más libertad; 3) el actual marco jurídico-político es legítimo, pero insuficiente y, por tanto, hay que cambiarlo; y 4) la clave de ese nuevo proceso es la autodeterminación o el reconocimiento de la soberanía originaria del pueblo vasco.

El ideario de ETA y de la izquierda abertzale, salvando algunas diferencias secundarias, no está muy alejado de este esquema. En definitiva, la propuesta de Ibarretxe está hecha pensando en ese mundo y dirigida a ETA para que deje de matar y acepte la vía política hacia sus postulados. Ibarretxe, además, conmina a ETA para que acepte este camino, exigiéndole la paz —no se sabe ni cómo ni en qué medida— a cambio de un referéndum soberanista que ratifique su propuesta. Aquí está el núcleo de las intenciones del lehendakari y, seguramente, de su buena fe en desbloquear el conflicto y resolverlo como el mago de un circo que, sacando un conejo de su chistera —en este caso una paloma—, concluye el espectáculo.

Ahora bien, se me ocurren tres problemas graves, entre otros, que impiden llevar a cabo este programa. El primero es que su plan no trae la paz. En esto, todos podemos equivocarnos y, de hecho, todos lo hemos hecho muchas veces. Aun así, personalmente, he dejado de creer en un final negociado, en un final político, es decir, en un final fruto de una decisión de ETA, colectiva y definitiva. Es mucho menos probable, todavía, que esa decisión fuera consecuencia de una fórmula protagonizada por el PNV. No hace falta ser un experto para conocer las viejas querellas que atraviesan la historia de las familias nacionalistas y para recordar los recelos y las fobias de la izquierda abertzale y de la propia ETA con el PNV —especialmente para con sus burukides—. De hecho, la ruptura de la tregua indefinida a finales de 1999 se explica, en parte, en esa lógica competitiva por el mismo espacio político. ETA no quiere depositar en el PNV la gestión de su historia.

Para quienes todavía dudan de este razonamiento, basta recordar el pronunciamiento de la propia ETA a primeros de diciembre, dos meses después de presentada la propuesta Ibarretxe. Su rechazo a ese camino como cese de su actividad violenta, absoluto. El propio Arnaldo Otegui, portavoz del entorno político de esa estrategia, se ha encargado de recordar al lehendakari que no habrá paz con su propuesta.

De manera que una de las patas de la propuesta del lehendakari quiebra la mesa antes de que empiece a construirse. ¿Cuál será su razonamiento cuando se produzcan nuevos atentados de ETA para demostrar que esta solución no les vale? ¿Cómo convencer a quienes, sin desearlo, pudieran apoyar el “Estado libre asociado” como precio de la paz, si esta no llega?

El segundo gran problema de la propuesta de Ibarretxe es que no ha sido aceptada por una parte importante de los vascos. Dicho alto y claro: la mitad de los vascos no quieren ese destino. No son nacionalistas, y se sienten cómodos en el autogobierno constitucional. La propuesta del lehendakari implica que esa parte importante de la comunidad debe hacer un nuevo esfuerzo de adaptación y aceptación del proyecto más genuinamente nacionalista: la construcción de un Estado vasco independiente. Ciertamente, todo el mundo sabe que esa no es la propuesta, pero es legítimo y razonable pensar que desde el “Estado libre asociado” a la independencia solo hay un paso; y que el trato lógico desde la “soberanía” que implica la libre asociación se dirige hacia la independencia. Entre otras cosas, porque no existe otro modelo homologado para estar en la Unión Europea.

Y si este razonamiento es lógico, debemos admitir también que muchos vascos digan “no”. Ya sea un “no” antinacionalista sustentado en un nacionalismo antagónico: el español. Ya sea un “no” derivado de un rechazo democrático a dar la razón a los que matan y maltratar así, de nuevo, a las víctimas. Ya sea un “no” porque se concibe Euskadi, España y Europa como piezas concéntricas, como muñecas rusas que reparten el poder desde principios federalistas, basados en la subsidiariedad y en la identidad, pero, también, en la solidaridad. Ya sea porque les asusta una aventura territorial tan compleja y con tantos riesgos económicos y políticos. Por cualesquiera de estas razones —y por mil más—, más de la mitad de los vascos no creen en este proyecto y, por tanto, el consenso interno que alcanzó el autogobierno de Gernika no lo alcanzará una fórmula mágica inventada en una noche del verano del 2002, a la luz de los rescoldos del fuego de Estella (con perdón por la licencia retórica).

Añádase a ello un hecho nada despreciable: la negociación política interior que se plantea se presenta en unas condiciones inaceptables, puesto que no se puede olvidar que los dos partidos a los que se convoca para un nuevo esfuerzo de aceptación del proyecto nacionalista —esfuerzo que ya han realizado en diferentes planos de la vida social vasca: lingüístico, cultural, social, etc.— están siendo perseguidos por una violencia cruel que les acosa en nombre de esa misma causa nacionalista. Es fácil comprender tanto la reacción casi visceral que surge en estas circunstancias como las pocas posibilidades de acuerdo en esta coyuntura y en estos términos. PP y PSE-EE tenemos muchas dificultades para presentar listas municipales, puesto que el miedo atenaza a nuestros militantes. ETA anunció que quienes participaran en nuestros actos públicos correrían riesgos. ¿Es esta una confrontación limpia y democrática? ¿Cabe negociar así un nuevo estatus político para Euskadi?

Si no hay acuerdo interior, si el pacto con los partidos autonomistas o constitucionalistas no es posible, ¿cómo articular este proyecto en una reforma constitucional tan profunda como la que implica? Es sencillamente imposible. Por mucho que se estire la interpretación de la disposición adicional y actualización de los derechos históricos, no se conseguirá sustentar dos afirmaciones que están en la base de la propuesta del lehendakari, a saber: 1) que el actual modelo autonómico es el resultado de un pacto entre el Estado y el País Vasco, y 2) que ese pacto debe renovarse sobre la base de la soberanía originaria que corresponde al País Vasco.

Ambas afirmaciones son falsas de raíz. Una cosa es que el Estatuto y sus eventuales reformas sean resultado de acuerdos entre partidos, tanto de ámbito autonómico como estatal, y otra cosa es hablar de un pacto entre el Estado y el País Vasco. El Estatuto es una ley orgánica derivada de la Constitución, y esta solo reconoce una soberanía: la del pueblo español conjunto7. Por ultimo, conviene recordar que la Constitución no es fruto de pacto territorial alguno, sino expresión de la voluntad democrática de la nación española, incluyendo sus nacionalidades y, entre estas, la vasca, que también la votó y la legitimó posteriormente con el refrendo del Estatuto. De manera que no será posible insertar el proyecto Ibarretxe en una eventual reforma constitucional de semejante calado, porque significaría revisar, entre otras cosas, todo el título primero de la Constitución, y no hay posibilidad política alguna de que eso sea realizable. Un nuevo pacto constitucional en España sobre estas bases es política y jurídicamente inviable.

Así hemos llegado a “esto”; y, no hay que olvidarlo, “esto” es un bloqueo de la comunicación política entre partidos e instituciones: una sociedad sin liderazgo institucional ni político; una sociedad dividida abierta y peligrosamente entre dos comunidades identitarias que refuerza cada día sus perfiles antagónicos; una política sin unidad de decisión contra la violencia y con un enfrentamiento creciente de estrategias para la paz. Y es que la política vasca está paralizada y rota. Por eso procede responder a la segunda cuestión: ¿cómo salimos de esto?

¿Cómo salimos de esto?

Conviene analizar una primera cuestión: ETA y el mundo de la violencia son un tema fundamental. En la estrategia antinacionalista del PP, la derrota de ETA es factor principal. En los últimos tiempos, crece la esperanza de que eso sea posible pronto. No obstante, conviene precisar algunas cuestiones:

Desde la ruptura de la tregua se ha confirmado algo ya sabido: es ETA quien dirige la estrategia del mundo de Batasuna, y lo hace desde una lógica estrictamente militar, es decir, que la violencia es la vanguardia de su estrategia.

La renovación de la dirección de la banda ha confirmado su manera de proceder: acciones terroristas selectivas, de máxima propaganda, que extiendan el terror a círculos amplios para socializar la amenaza y que mantengan a la sociedad aterrorizada para que desista por la desesperanza y el miedo.

ETA no tienen un final dialogado: no hay solución política para la violencia. Todos sabernos que Ibarretxe está empeñado en ofrecer a la izquierda abertzale una plataforma de unidad nacionalista basada en un proyecto político hacia la independencia sin violencia. Lo hizo en Lizarra —con la tregua indefinida por medio— y lo ha hecho ahora con su plan, ante la ilegalización judicial y política de Batasuna. Que ETA desprecie esta oferta solo puede entenderse en dos claves: La primera responde a la vieja y profunda querella que la izquierda abertzale mantiene con el PNV y a su rechazo visceral a que este partido protagonice y rentabilice su historia y “su lucha”. La segunda confirma una trayectoria de fundamentalismo, inasequible a cualquier razonamiento: ETA solo quiere imponer su proyecto máximo, y esto es un imposible, por razones por todos conocidas.

La conclusión es clara. Con ETA no hay nada que hacer —políticamente hablando— excepto acabar con ella. Veinte años de negociaciones públicas o secretas para ser un Estado libre asociado en Argel o en Santo Domingo, en las cárceles francesas o en Ginebra, en Lizarra o con el Plan Ibarretxe han demostrado que ETA mantiene su fanatismo violento, su quimera de la Euskadi irredenta. Jamás ha cedido nada. Jamás ha renunciado a algo. Jamás ha pactado. No saben. No pueden y no quieren. Son prisioneros de una lógica militarista, de una subcultura violenta y de una paranoia fanática, sin remedio. Sería muy útil que el nacionalismo democrático tomara nota de estas evidencias para recuperar la unidad democrática y una estrategia consensuada de pacificación.

En los años 2002 y 2003, la acción policial y, sobre todo, la colaboración internacional están dejando a la banda en una extrema debilidad. La estadística del terror ha vuelto a bajar a los índices de los mejores años: menos de cinco muertes por el terrorismo. Las dificultades operativas de la banda parecen cada vez mayores, especialmente en su retaguardia francesa. La reducción de la actividad violenta en las calles es sintomática de un repliegue y de una desarticulación muy eficaz de los niveles secundarios de la banda. ¿Cabe hablar entonces de un camino de esperanza en un final policial de ETA?

En mi opinión, ETA será una organización terrorista en paulatina desaparición muchos años. Su destino es la derrota política y la desarticulación progresiva de sus comandos, pero ese proceso durará mucho tiempo, desgraciadamente. Su fanatismo y su experiencia terrorista no permiten una desaparición rápida y total de su infraestructura, pero a su vez, sus dificultades operativas y los límites políticos de sus atentados no le permitirán sino mantener un nivel de actividad terrorista de bajo tono. Poco a poco, este movimiento se ira “grapizando” en un contexto internacional de creciente colaboración política, policial y judicial en la persecución del terrorismo.

En esa perspectiva, es lamentable la ausencia de un marco político de acuerdo entre Madrid y Vitoria —y entre los partidos políticos vascos— respecto a la estrategia de pacificación que debe acompañar ese proceso. Hay quienes piensan que este es, precisamente, el nudo gordiano del desencuentro político vasco que se inició en 1998, y que resulta ingenuo seguir pretendiendo un entendimiento político con los nacionalistas demócratas sobre el fin de la violencia. Los motivos pueden ser que el nacionalismo vasco desea obtener unos resultados políticos de ese final o que, sencillamente, no desean una derrota total del mundo nacionalista radical que gira en torno a ETA, ya que ello llevaría implícita una derrota política del nacionalismo en general. Seguramente, en la estrategia del Gobierno Aznar y del PP vasco, este análisis es predominante y, en consecuencia, ni se busca, ni se desea ese entendimiento. Solo se busca la derrota política del nacionalismo vasco y el final policial de la banda.

Hay algo de verdad en ambos razonamientos. Los intereses del PNV y EA en el electorado radical son evidentes, pero no lo son menos los del PP en el conjunto del electorado español. La derrota policial y judicial de ETA es condición necesaria para una sociedad en paz y normalizada democráticamente, aunque no suficiente, puesto que sigue habiendo ciento cincuenta mil votos —los votos nulos de 2003— que representan un alto porcentaje de radicalismo político y de trinchera social que no entra en el sistema democrático y en el juego reglado de nuestro marco jurídico-político.

Es en este contexto en el que debemos establecer dos parámetros de reflexión y propuesta. El primero se refiere a las medidas que acompañan la acción policial contra la violencia, que están surgiendo desde el Poder Judicial y Legislativo y que tienen su origen y amparo político en el pacto por las libertades y contra el terrorismo del PP y el PSOE. La ilegalización de Batasuna, HB y EH y los autos del juez Baltasar Garzón o del Tribunal Supremo contra las sedes, periódicos, organizaciones satélites, grupos parlamentarios, etc. tienen una triple explicación:

Se encuentra una conexión jurídica con la violencia en la mayoría de los actos enjuiciados. Lo que la investigación judicial ha demostrado hasta la fecha es la existencia de una conexión humana y organizativa con la violencia en una constelación de organizaciones legales o alegales, funcionando en red en torno a unos mismos fines y estrategias. Esto es algo sabido en Euskadi hasta por los niños. Ahora bien, las operaciones financieras comunes, la conexión de listas electorales con comandos, las pruebas sobre relaciones entre kale borroka y sedes de Batasuna y un largo etcétera que la investigación judicial ha puesto de manifiesto exigían resoluciones judiciales y políticas claras y rotundas.

La violencia de ETA hoy es una violencia contra la democracia y la pluralidad del País Vasco. Se dirige contra los concejales y dirigentes de los partidos no nacionalistas. Pretende su eliminación física y la desaparición de sus representaciones. Hasta sus actos públicos son objetivo de ETA. ¿Cómo se defiende la democracia cuando es atacada directamente? Mirar para otro lado, decir “aquí no pasa nada” y permitir que las organizaciones en red de los terroristas se beneficien de nuestra ausencia y consigan hacer su censo vasco identitario, es una cobardía, y es ceder al chantaje de los terroristas. Estas organizaciones han sido ilegalizadas por consentir y ayudar a que esa “limpieza ideológica” se produjera y tuviera éxito.

Durante veinticinco años, las organizaciones políticas de la izquierda abertzale han desarrollado sus proyectos y actividades sin ninguna limitación. Siempre latía en nuestra generosidad un razonamiento esperanzado, y el pacto de Ajuria Enea es buena muestra de ello —en las posibilidades que ofrecía un partido independentista legalizado para que los violentos abandonaran el terrorismo—. Ahora bien, eso requería a su vez un partido abertzale que liderara la política frente a la violencia, que se desmarcara de ETA, que condenara su actividad armada. Como ocurrió con el Sin Féin de Irlanda respecto al IRA.

La ruptura de la tregua a primeros de 2000 puso de manifiesto la ingenuidad de nuestros propósitos. EH, entonces, se plegó al “razonamiento” de la ruptura y avaló la cruel escalada terrorista, hasta el punto de que son ya muchos en Euskadi los que piensan que la dirección política de la banda no está, toda ella, escondida en Francia. Es la evidencia de que Batasuna no arrastra a ETA hacia la paz y la política, sino que es ETA quien utiliza a sus organizaciones políticas y sociales para consolidar su estrategia violenta, la que nos impone y exige un punto de inflexión en la estrategia anterior. La ilegalización también es consecuencia, pues, de este análisis inapelable.

Transcurridos unos meses de estas decisiones y celebradas ya unas elecciones —las locales y forales de mayo de 2003— en estas condiciones, el balance es positivo. El sistema institucional no ha sufrido ningún revés fundamental. Los ayuntamientos y las diputaciones funcionan con normalidad. Todos los partidos democráticos han aceptado, en la práctica, que los violentos no puedan estar en las instituciones. Las medidas de persecución penal a la kale borroka han producido un cambio espectacular hasta el punto de su casi desaparición. Se han cerrado sus sedes. No tienen financiación. Se les persigue en cualquier actividad pública. Y, a pesar de ello, la sociedad vasca se lo ha tomado con enorme naturalidad y con un alivio generalizado.

Es verdad que no se han terminado los problemas y que, como todo en política, también hay efectos contraindicados en estas medidas; pero, sin duda, estas decisiones están cambiando el panorama de una manera gradual y positiva.

La segunda reflexión concierne a la política vasca, y se refiere: 1) al bloqueo y al antagonismo en que se encuentran las fuerzas representativas y las instituciones democráticas de nuestro país; 2) a los peligrosos riesgos de fractura territorial y, sobre todo, social que se están abriendo como consecuencia de los acontecimientos políticos que hemos narrado; 3) al pulso político que se está librando en torno al Plan Ibarretxe; y 4) al horizonte de incertidumbre y desasosiego que se cierne sobre el futuro político y social de nuestra comunidad.

Los acontecimientos no van a cambiar sustancialmente. Los protagonistas principales de nuestros próximos meses no permiten intuir alteraciones en la agenda política. El Gobierno de Ibarretxe expondrá en septiembre de 2003, tal como lo anunció hace un año, su proyecto articulado y dotará a su plan del formalismo y la solemnidad que implica su presentación parlamentaria. PP y PSE lo rechazarán. Gran parte de la sociedad vasca, también —incluyendo en ella, especialmente, al mundo económico y empresarial que ya ha mostrado, de manera valiente y contundente, su opinión—. PNV y EA lo apoyarán, aunque rivalicen en sus concreciones, e IU lo avalará, aunque con matices. ETA seguirá en su violencia. Mantendrá el nivel de presencia terrorista que le permitan las circunstancias, y sus organizaciones afines tratarán de mantener presencia y existencia en un entorno cada vez más limitado y hostil.

El Gobierno del PP seguirá implacable en su política vasca: incomunicación institucional con el Gobierno vasco, enfrentamiento dialéctico con el PNV por todo y para todo, y refuerzo del bloque de constitucionalistas para derrotar al nacionalismo vasco y sustituirlo en el Gobierno vasco y en Ajuria Enea.

Pasadas las elecciones generales de 2004, el pulso en estos términos puede seguir mucho tiempo. No creo que Ibarretxe disuelva el Parlamento vasco antes de marzo del 2004 —cosa que podría ocurrir si PP-PSE y Batasuna rechazan su plan— ni creo que intente convocar su famoso referéndum. Probablemente, se moverá con más prudencia y esperará al resultado de las elecciones generales de 2004.

A partir del resultado de esas elecciones —en las que, previsiblemente, el PP perderá bien el Gobierno, bien la mayoría absoluta—, es cuando cabe especular con una política vasca más matizada y más inteligente. ¿Qué quiere significar esto? En mi opinión la estrategia de firmeza contra ETA y su entorno radical que se ha iniciado desde el pacto por las libertades debe continuar en la senda de la eficacia policial y de la colaboración internacional que se está produciendo estos últimos anos. Hay que agotar esta fase de ahogo jurídico, legal, económico y político al mundo de ETA, pero dejando claro que no se persiguen sus ideas, sino sus connotaciones con la violencia y su doble juego de aprovechar la democracia para imponer sus proyectos con la presión del terror. Si no hay terrorismo no habrá persecución legal ni política a nadie: no se condenan las ideologías, sino la violencia. No todas las ideologías son legítimas, pero el sistema no las persigue penalmente, salvo por el uso ilegítimo de la fuerza; es decir, un proyecto etnicista no cabe en nuestra Constitución, pero no será perseguido penalmente salvo que utilice la violencia para imponerlo. Este es el espíritu de la ley de partidos, y este es el esfuerzo en el que se debe desenvolver la política vasca en relación con la llamada izquierda abertzale.

Respecto al conflicto político que expresa la comunidad vasca hoy en día, y que podemos concretar en el enfrentamiento que provoca el Plan Ibarretxe entre nacionalistas y constitucionalistas (aunque es una dicotomía que no me gusta utilizar, porque aspiro a que muchos nacionalistas puedan ser también constitucionalistas) y entre nacionalistas entre sí (porque, hasta la fecha, también una parte del nacionalismo rechaza este plan) estamos abocados a un pulso largo y de resultados inciertos.

El Plan Ibarretxe no puede prosperar porque ni es vía de paz, ni es posible un acuerdo interior en la comunidad vasca sobre su aplicación, ni es constitucionalmente encajable en nuestro ordenamiento. El grado de conflictividad que la comunidad vasca sea capaz de expresar en función de una mayoría nacionalista determinada no va a alterar ese ordenamiento ni sus reglas de funcionamiento. Es decir, no va a haber un Gobierno de España ni unas Cortes Generales que vehiculicen o materialicen ese plan.

Ahora bien, puede afirmarse con igual o parecida naturalidad que la suma de los no nacionalistas (PP y PSE-EE) dista mucho de ser una mayoría política en Euskadi, capaz de arrumbar dicho plan a las páginas de la historia. Dicho de otro modo, no parece probable que, sin Batasuna en las instituciones, el PP y el PSE-EE puedan sumar una alternancia real al actual Gobierno vasco de PNV y EA, además de IU. Por ello, este pulso político puede ser, además de largo y duro, inútil.

Hay que cambiar las bases de esta partida. En primer lugar, es necesario reivindicar un autonomismo vasco, auténtico y profundo como base sobre la que construir la alternativa al nacionalismo independentista del Plan Ibarretxe. A esa propuesta de radicalidad nacionalista y de aventura política no se la vence con un nacionalismo de signo contrario, que lo único que consigue es apiñar y aglutinar todo el voto útil nacionalista en torno a PNV y EA. Se ha visto el 13 de mayo de 2001 en elecciones autonómicas, y se ha visto en las recientes elecciones locales. Bilbao es el ejemplo: Aznar se integra en la lista del PP y, durante semanas, se especula con que los “constitucionalistas ganarán en Bilbao”. El resultado es claro: el PNV sube de 9 a 13 concejales; e IU, de 1 a 3, mientras que PP y PSEE repetían resultados (8 y 5, respectivamente). Paralelamente, en San Sebastián o en Eibar, en Zumárraga o en Andoain, en Renteria y en Irún, en Lasarte, en Urnieta y en otros lugares han ganado las alcaldías candidatos socialistas vascos, pegados al terreno —autonomista y constitucionalistas convencidos—, euskaldunes o no, pero identificados con su pueblo y surgidos de él superando al PNV y al Plan Ibarretxe en toda regla.

No hay solución mágica —ni mucho menos, rápida— al bloqueo político vasco. La reconstrucción de la Política con mayúsculas solo vendrá de la aceptación común de cuatro bases, por unos y por otros, a principios sobre los que edificar un futuro lógico y razonable de convivencia común.

Estos son, en mi opinión, dichos principios:

No hay ninguna razón para la violencia. El terrorismo de ETA es radicalmente totalitario y fascista. Los partidos democráticos deben estructurar una plataforma de unidad y defensa del Estado de derecho y dirigir la estrategia de paz.

El Estatuto y la Constitución son el marco político democrático que nos dimos libremente. Responden a nuestra voluntad democrática, no arrastran ningún déficit —ni de origen ni de contenido— y tienen en su seno las reglas y los procedimientos para su evolución y perfeccionamiento. Esas reglas siempre deben ser respetadas.

Euskadi es una sociedad de pluralidad cultural y política. Solo desde el reconocimiento del pluralismo y la integración es posible construir su futuro. Todos combatiremos cualquier proyecto o iniciativa de carácter excluyente, impositivo, etnicista, que vulnere los derechos humanos individuales y los derechos políticos iguales de todos los ciudadanos.

Todos los proyectos políticos democráticos pueden y deben tener libre expresión en la democracia vasca, en nuestro pluralismo constitucional y estatutario. La voluntad democrática de los ciudadanos vascos respecto a su estatus jurídico-político —expresada en paz y en libertad, consecuencia de amplios consensos y con sujeción a las reglas que establece nuestra Constitución— debe encontrar su acomodo en nuestro ordenamiento jurídico. El bloque de constitucionalidad y autonomía no es un corsé, sino un orden democrático vivo, dinámico y potencial.

Si tuviéramos la responsabilidad de gobernar, trataríamos de situar la política vasca en esta perspectiva y convencer a los actores principales (PNV y PP) de la necesidad de esta política. Poco a poco, trataríamos de recomponer las relaciones institucionales entre los gobiernos de Madrid y de Vitoria. Poco a poco, hay que recuperar acuerdos en la estrategia por la paz y condicionar las políticas de Madrid y Vitoria a esos acuerdos. Poco a poco, hay que incorporar a los partidos políticos del arco parlamentario a los principios básicos de lucha contra la violencia en Euskadi y en España. Poco a poco, hay que recuperar relaciones políticas entre los partidos vascos y hacer más fluidos y diversos los entendimientos institucionales en ayuntamientos, diputaciones y cámaras parlamentarias. Poco a poco, hay que retomar el diálogo autonómico para completar el Estatuto y adoptar nuestro modelo territorial (Senado, UE, etc.) a las necesidades del presente. Poco a poco, será posible un diálogo más sereno y constructivo sobre el papel de Euskadi en España y en Europa o sobre el relativismo de las soberanías en un mundo globalizado.

Quizás, nada de esto sea posible y estemos condenados a un enfrentamiento de bloques y a la victoria de unos sobre otros, pero una comunidad multiidentitaria, como la nuestra, no encontrará en ese horizonte el camino de su construcción, sino la seguridad de su fractura.

Yo no sé lo que será Euskadi en el 2050. No lo sé desde luego, porque no estaré entonces, y porque sería un atrevimiento pronosticar resultados en un problema tan complejo y con tantas variables. Ahora bien, no me importa cualquier futuro si este es consecuencia de un respeto a los principios que hemos enumerado. Es importante abordar el diálogo político en Euskadi, sin prejuicios ni imposiciones. Todos los marcos políticos son posibles si son consecuencia de una voluntad democrática libre y pacíficamente expresada con respeto a las reglas establecidas, y a través del procedimiento electoral dinámico que ratifique los consensos necesarios para modificar el estatus jurídico-político. Creo que, en paz y en democracia, la voluntad democrática de los vascos tendrá que encontrar acomodamiento en el ordenamiento constitucional. Y no habrá más remedio, puesto que no se le pueden poner puertas al campo, ni puertas a la democracia en el siglo XXI. Por eso, parafraseando a Gandhi cuando dijo aquello de “no hay caminos para la paz, la paz es el camino”, yo creo que en Euskadi no hay caminos para la paz y para la democracia, sino que la libertad y la democracia son el camino.

Inercias del pasado8

la política vasca está lastrada por su pasado. Las esperanzas del presente se enturbian ante las inercias que nos imponen los acontecimientos pasados y las enormes heridas que abrieron la violencia y sus derivadas. Si la expectativa del final de ETA se consolida, si el acuerdo de convivencia entre vascos se abre paso, si de verdad se abre un tiempo nuevo, serán necesarios muchos esfuerzos y mucha generosidad, innumerables gestos mutuos de mundos antagónicos, interminables diálogos entre quienes hoy ni se conocen ni se reconocen. Me pregunto si seremos capaces de recorrer ese camino, si las inercias del pasado no serán demasiado pesadas y si no acabará siendo más cómodo refugiarnos en los sólidos y confortables muros de nuestros sentimientos y de nuestras estrategias. Me asaltan estas reflexiones al observar dos acontecimientos recientes de nuestra actualidad y al sentirme, yo mismo, objeto de esas inercias.

La escena es fácil de imaginar: la sala de vistas de la Audiencia Nacional. Juzgan a uno de los miembros del comando que mató a Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez. El acusado se niega a declarar y se retira abstraído y ajeno a su banquillo en el interior de la cabina blindada. Comparecen dos testigos, sus compañeros de comando, que ya han sido condenados en firme por ese asesinato. Con una naturalidad que raya en la imbecilidad, describen los pormenores del atentado: cómo integraron el comando; cómo hicieron los seguimientos; dónde prepararon la bomba; cómo colocaron el coche y cómo los mataron. Más que malos, me parecen idiotas morales.

Mientras los veo y los oigo, no dejo de preguntarme: ¿qué hacemos con esta gente? Nunca he dejado que crezca mi sentimiento de venganza, aunque ese legítimo deseo ha golpeado mi conciencia en numerosas ocasiones. Tantas como nos ha golpeado el terrorismo arrebatándonos a tantos amigos y compañeros, matando siempre injustamente a tanta pobre gente, policías y guardias sobre todo, venidos de pobres pueblos de España. Me resisto a desearles la cárcel de por vida, con la naturalidad del deber cumplido, pero también me digo que rechazaré el perdón para quienes describen y sienten sus fechorías como actos propios de la vida, como mera expresión del “conflicto”, casi sintiéndose orgullosos y protagonistas de una lucha ejemplar. No estoy dispuesto a que el final de la violencia lleve aparejada la injusticia del perdón para quienes no piden perdón.

Pero la escena no acaba ahí. Detrás de los primeros bancos en los que seguimos la vista, están los familiares del acusado. No les miro, pero supongo lo que piensan y sienten. Afortunadamente, en este caso, se mantienen discretamente, detrás, en el segundo plano que les corresponde en este drama. Un leve gesto de saludo del acusado y poco más. Hemos evitado que los amigos y familiares de los acusados conviertan el juicio en un acto de exaltación a los asesinos, como desgraciadamente ha ocurrido tantas veces en otras ocasiones.

A mi lado, en mi misma trinchera, un grupo de militantes de un foro cívico que reivindica a las víctimas mantiene sus distancias. Pocos saludos. Frialdad al encontrarse con el PSE. Hay incluso alguna mirada hostil. Algún reproche expreso a la dirección de mi partido. También aquí me pregunto por qué algunos se consideran más legitimados para reivindicar a las víctimas, si ninguno de ellos es objetivamente más víctima que nosotros. Vuelvo a un viejo razonamiento que he exteriorizado con frecuencia: la sociedad organizada en torno a las víctimas, especialmente a partir de 1997, ha sido fundamental para colocarlas en el primer plano de nuestras exigencias y de nuestras políticas, como debieron estarlo en todo momento y como desgraciadamente no estuvieron en los veinte años anteriores. De las muchas cosas que personalmente me autocritico cuando echo la mirada atrás, esta es la que más me duele. Pero, a continuación, no dejo de exigir que sea la política y los partidos políticos, los partidos que representan a todos, con todos sus intereses contrapuestos, con todos sus filtros, con todas sus responsabilidades, cruzadas, heterogéneas y hasta contradictorias, los que hagan la política para la paz.

El otro acontecimiento provocador de estas reflexiones sobre nuestro pasado me lo generó un ácido comentario de un dirigente del PP vasco, a propósito de la actitud del PSE-EE en el presupuesto para la CAV en 2006: “Pacto vergonzante, que renuncia a ser alternativa política y reedita los peores momentos de la historia socialista, como aquel en que fue incapaz de gobernar a pesar de haber ganado en escaños y de ser el tonto útil durante la década de los noventa”. Más allá de la retórica partidista del caso, me alarmaron dos cosas. La primera es el falseamiento de la realidad hasta el punto de que una mentira mil veces contada pueda convertirse en verdad histórica. Cuando el PSE-PSOE obtuvo la mayoría de diputados en el Parlamento vasco, en 1986, tenía 19 escaños. Es verdad que no conseguimos la lehendekaritza, pero no es cierto que fuera por nuestra renuncia, sino porque no había mayoría posible para ello y para gobernar, al negarse todos los partidos nacionalistas a votar la investidura de un lehendakari socialista. Recuérdese que en el bloque constitucionalista solo había cuatro escaños más: dos de AP-PP y dos del CDS. A los que alimentan esta mentira histórica, generalmente coincidentes con los que hoy reclaman un pacto PSE-PP, conviene recordarles que en aquel Parlamento había 23 escaños no nacionalistas sobre 75, y que los nacionalistas sumaban 52 (PNV-17; EA-13; HB-13 y EE-9).

El segundo comentario es más personal, pero no menos político. La coalición de los socialistas vascos con el PNV duró doce años (1987-1998), y en ellos se produjeron grandes acontecimientos que marcaron, para mí, la mejor etapa de la política vasca en los últimos treinta años. El pacto de Ajuria Enea; el desarrollo del autogobierno con la Ertzaintza y Osakidetza, entre otras grandes transferencias; la consolidación del cupo y del concierto; las grandes inversiones que cambiaron el país: el superpuerto, el metro y el nuevo aeropuerto de Bilbao, el Guggenheim y las infraestructuras industriales y tecnológicas entre otras. El Pacto PNV-PSE fue todo menos intrascendente o inútil. Las bases de la política vasca cambiaron de tal manera que la traición de Lizarra en parte lo fue porque una corriente interna del PNV creía que se diluía su proyecto en el pluralismo sociológico y en la moderación política de la coalición con los socialistas (y como prueba me remito a la progresiva equiparación electoral entre nacionalistas y no nacionalistas que se produce precisamente en este periodo). Resulta particularmente injusto que un destacado miembro del PP de entonces y dirigente actual haga un comentario tan despectivo y mendaz. Entre otras razones, porque la emergencia del PP vasco se produjo precisamente a partir de la coalición PNV-PSE, que instauró un clima de reconocimiento político a la pluralidad no nacionalista, legitimó al PP vasco y le dejó franco el espacio no nacionalista.

Ahora, después de la negra experiencia del Pacto de Estella y del Plan Ibarretxe, siete años después de la aventura soberanista, la macropolítica vasca ha empezado a cambiar. No es casualidad, sino fruto de una política consistente. Dijimos “no” al Plan del Estado Libre Asociado y lo derrotamos en las Cortes y en las urnas. El Gobierno vasco ya no tiene un plan de ruptura con España, aunque el lehendakari lo reivindique en Nochevieja, fruto de las inercias del pasado que denunciamos. El PNV colabora lealmente con el Gobierno de Zapatero en uno de los momentos históricos más esperanzadores para el fin de ETA. Importantes problemas pendientes (Ertzaintza, Prestige, cupo, etc.) se han resuelto. Se han acordado grandes y significativas inversiones del Estado (Y vasca, bahía de Pasaia, investigación) y nuevas fórmulas de colaboración del Gobierno vasco en su ejecución. El PNV apoya al PSOE en los presupuestos del Estado y el presidente del EBB del PNV mantiene una muy buena relación personal con el presidente del Gobierno y con el PSOE. Y cuando, en ese marco de cambios tan significativos e importantes, el PSE-EE logra un acuerdo para el presupuesto vasco, vuelven las inercias del pasado y propios y extraños le condenan con gravísimas descalificaciones. Seguramente, en el acuerdo faltan y sobran cosas y, sobre todo, puede explicarse mejor. Pero con todo, es importante constatar de nuevo las enormes resistencias que acumula la política vasca para que sigamos igual, es decir, empantanados, bloqueados y divididos.

Suele decirse que la política no es solo querer. Eso es la utopía. Es también hacer. No hay seguridad plena de que nuestros movimientos sean certeros y de que nuestras decisiones políticas gusten a todos. Eso ya es imposible en las sociedades complejas y ante la complejidad de los problemas, pero mi conclusión es que el pasado no nos puede encadenar cuando es tanto lo que está en juego.

En tu memoria, Isaías9

No éramos amigos, solo compañeros, pero ya formas parte de nuestra memoria colectiva. Una memoria de lucha y de conquistas, de sufrimiento y entrega, de compromiso y esfuerzo. Hace más de cien años que otros como tú y como yo, socialistas de corazón grande, mineros a la fuerza, en las rojas colinas del hierro, empezaron a entregar lo mejor de sí mismos para conquistar un salario digno y una jornada laboral humana. Fueron socialistas como tú los que organizaron el primer sindicato, conquistaron el primer concejal, el primer diputado obrero y arrancaron la democracia de “un hombre, un voto”, frente a la democracia censitaria de los poderosos. Socialistas como tú, que forjaron su sueño de una España reconciliada y libre, democrática y moderna que empezó hace treinta años esa andadura feliz, con gente como tú. Socialistas como tú, que han entregado su vida por la libertad y la paz en Euskadi en un pago desigual, exagerado y trágico; porque perder la vida no puede ser la contrapartida de nada. Porque ni tú, ni Fernando Buesa, ni Fernando Múgica, ni Juan Mari Jáuregui, ni Enrique Casas, ni Germán González, ni tantos otros quisisteis entregar vuestra vida, os la quitaron brutal e injustamente.

No te conocía a fondo, Isaías, pero me bastan los perfiles de tu vida para integrarte en nuestra gran familia. Inmigrante de Zamora que buscó trabajo y futuro en el País Vasco. Otros muchos como tú, desde Castilla, Extremadura o Andalucía, han venido a esta tierra a construirse una vida digna al tiempo que construían Euskadi. ¿Cuántas veces he dicho que la Euskadi del siglo XXI no habría sido posible sin los quinientos mil inmigrantes que llegaron en los años sesenta y setenta a nuestros pueblos y ciudades? En la mía, en San Sebastián, en los barrios en los que se concentraron, Santa Bárbara (Herrera) y Beraum (Rentería) les llamaban cacereños, y Raúl Guerra Garrido escribió una preciosa novela sobre aquella realidad de explotación vasca, que se llamaba precisamente así, Cacereño. Sería muy fácil, y quizás demagógico, que ahora cerrara el círculo y acusara a tus asesinos de haberte matado también por eso. Pero en el fondo no creo que sea tan injusta tan grave acusación. Al fin y al cabo te han matado por ser socialista. Solo por eso. Porque fuiste concejal del PSE-EE (PSOE) y eso te marcó, en este país enfermo que señala, con la cruz blanca con la que marcaban los nazis a los judíos, a quienes tienen la osadía de pertenecer al Partido Socialista. No es tan injusta tan grave acusación, si explicamos a quienes nos lean que cuando apareciste con escolta, porque entonces eras concejal, ya te despidieron de la empresa en la que trabajabas.

Dejaste de serlo y te creíste libre. Nos equivocamos creyéndote seguro y te confiaste, sin comprender, ni tú ni nosotros, que el afán asesino de estos fanáticos puede ampliar el círculo de los objetivos hasta límites insospechados. Buscando al más indefenso, para hacer más fácil y seguro el asesinato vil. Por eso vuelvo al círculo. ¿Quién avisó a los terroristas de tu vulnerable existencia? ¿Por qué te señalaron?

No puedo olvidar que hace muchos años UGT y el Partido Socialista compartieron una sede en una calle muy céntrica de Mondragón. Seguramente nos hemos visto allí. El Partido Socialista siempre tuvo mucha fuerza electoral en esa villa y UGT era un sindicato con cientos de afiliados en los años ochenta. A mediados de los noventa, en aquella tenebrosa fase de Oldartzen, es decir, cuando ETA inició su acoso a los partidos no nacionalistas, la kale borroka la tomó con nuestra sede. Día sí, día también, sus ataques nos provocaban graves daños, incluidos incendios. Los afiliados dejaron de venir. Los vecinos nos instaban a marcharnos. Nadie quería administrar el bar. Cedimos y tuvimos que irnos a un local de un barrio obrero mayoritariamente de inmigrantes. Cuando supe que nos habíamos visto obligados a irnos del centro de Mondragón me invadió una profunda tristeza. Una inevitable sensación de rechazo, casi xenófobo, que la intolerancia abertzale vertía sobre nosotros. Por eso vuelvo al círculo. ¿Por qué te han matado?

No te conocía, Isaías, pero ya no olvidaremos tu nombre. Ni a tu mujer ni a tus hijos, a quienes estos miserables han dejado solos en la vida por nada y para nada. No olvidaremos hacer justicia con ellos y llevarlos ante los jueces para que su horrible crimen no quede impune. No olvidaremos los llantos de dos mujeres: tu esposa y tu hija abrazadas a tu cuerpo ensangrentado, empeñadas inútilmente en salvarte. No te olvidaremos en la gran familia socialista a la que perteneciste y por lo que te asesinaron.

Tus asesinos han pretendido vengarse de sus propios fantasmas. De sus fracasos y de sus miserias. Han querido enviarnos una señal de su existencia con el único acto con el que saben expresarse: matando. Han querido cumplir su amenaza contra los afiliados socialistas que hace unas semanas hicieron pública en uno de sus paranoicos comunicados. Y es verdad, la han cumplido matándote y nos han provocado un dolor enorme que ya conocíamos y que sentimos repetido, cinco años después del asesinato de Joseba Pagaza en Andoain.

Pero te juro, Isaías, que no vamos a ceder. Sobre tu recuerdo imborrable. Sobre tu memoria gloriosa, te juro, Isaías, que seguiremos aquí, de pie, orgullosos, firmes, serenos, enarbolando la bandera de la paz y la libertad como el mejor homenaje a los valores que tú representabas, y en el más íntimo recuerdo a las víctimas, a las que te han sumado, con tu asesinato cobarde y cruel. Que así sea.

Patxi Teillatu en Mondragón10

Un periodista que trata de explicar el ambiente de la vida ordinaria en Arrasate-Mondragón, después del asesinato de Isaías Carrasco, se sorprende de que la verja que rodea la fachada del Banco Guipuzcoano en la localidad aparezca totalmente cubierta de 18 fotos de miembros de ETA, perfectamente enmarcadas y alineadamente colocadas. Nada en el pueblo recuerda al vecino recientemente asesinado. El periodista, sorprendido, mantiene un expresivo diálogo con el director del banco, al que interroga por la gratuita y generosa concesión de su espacio público a ETA, y, entre extrañas y evasivas respuestas, el director concluye: “Es que siempre han estado ahí…”.

Hace ya muchos años, a principios de los ochenta, o incluso quizás un poco antes, Caja Laboral, nacida en Mondragón precisamente, en el seno de ese modelo empresarial que son las cooperativas, lanzó una potente y llamativa campaña publicitaria en la que aparecía un joven tocado con una boina con un texto en el que, más o menos, se leía algo así: “Yo me llamaba Francisco Tejada. Nací en Cáceres, desde joven vine a Euskadi y trabajo en... Ahora me llamo Patxi Teillatu y tengo mis ahorros en...”. El texto es aproximativo y solo recuerdo la base del motivo publicitario. Pido disculpas por los errores aunque creo ser fiel a la idea del anuncio. Cuando aquella impactante campaña inundaba los periódicos vascos, un amigo y compañero, muy querido entonces y tristemente recordado ahora por su asesinato, Fernando Múgica, me contó una divertida anécdota que hace a la cuestión. Un notario de San Sebastián, conocido de ambos en nuestro trabajo como abogados, se encontró una mañana con Fernando y con un notable enfado le dijo: “Acabo de anular mi cuenta corriente en Caja Laboral. He visto este anuncio y me parece indignante. Yo soy aragonés y me llamo Paco Roig y no estoy dispuesto a que para ser vasco me tenga que llamar Patxi Gorria”. También aquí, el recuerdo de la anécdota es personal y probablemente imperfecto, pero vale para lo que nos convoca a esta reflexión.

Isaías Carrasco era un ciudadano vasco, nacido aquí o allí, qué más da, de apellido autóctono o no, a quién le importa, afiliado a un partido o a ninguno, qué tiene eso que ver, que gozaba de los mismos derechos personales y ciudadanos que el común de los mortales en un Estado de derecho y en una democracia como la nuestra. Y, sin embargo, la enumeración teórica de estas obviedades me suena a retórica. ¿De verdad era un ciudadano como los demás? ¿De verdad lo reconocemos como “uno de los nuestros”? Me cuesta y me duele tocar esa línea delicada y peligrosa de nuestras comunidades identitarias, pero, cuando veo que el pueblo de Mondragón olvida al asesinado mientras homenajea en el centro de la villa a los asesinos, me asalta la eterna duda sobre si hemos hecho, de verdad, en nuestros sentimientos y en nuestra cultura social, la integración plena de tantos y tantos ciudadanos que no están blindados por la carcasa nacionalista. La imagen de la realidad diaria en ese municipio reflejada en la crónica citada al principio de este artículo es tan bochornosa que, una vez más, la reflexión sobre la actitud social de los ciudadanos vascos ante la violencia resulta ineludible. Pero, además, el desarrollo de la gestión política de la censura contra la alcaldesa de Batasuna la hace obligada y apremiante.

¿Cómo abordamos el hecho incuestionable de que unos cuantos miles de nuestros conciudadanos, algunos de ellos representantes públicos de todos nosotros, estén materialmente amenazados de muerte por sus ideas o por sus actividades profesionales? Por natural que parezca tal aberración y tamaña injusticia, la pregunta interpela a todos y cada uno de nosotros, y especialmente a los representantes públicos de los ciudadanos y a sus instituciones, a los líderes políticos y sociales del país, a los medios de comunicación y a toda la sociedad civil. Es sencillamente vergonzoso que este pueblo nuestro, tan admirable en tantas cosas, esté aceptando con tanta indignidad como naturalidad este hecho cotidiano y patente sin que nadie mueva una ceja o, lo que es peor, mirando hacia otro lado como si la cosa no fuera con cada uno de nosotros. Es incalificable que los partidos y las instituciones no hayamos construido un clima de apoyo moral y de acompañamiento ciudadano a los amenazados. Es inexplicable que los partidos democráticos no acuerden condenas, rechazos y alianzas políticas contra los que aceptan y ayudan a los asesinos a materializar esas amenazas. Es inaguantable seguir escuchando alegatos partidistas y viejas apelaciones al conflicto vasco, como cobarde excusa para no hacer lo que exigen la democracia y la ética más elementales.

Estamos ante un tema anterior a la política y muy superior a los intereses partidistas. Cuando un partido acepta o apoya el asesinato del adversario, sea cual sea su explicación, debe ser expulsado del sistema. Eso debería ser una premisa acordada por todos. Cuando unos representantes públicos se niegan a rechazar o condenar las amenazas ciertas y evidentes contra los compañeros de corporación y contra los militantes políticos de su ciudad, los demás partidos tiene que darles la espalda, tienen que quitarles la responsabilidad institucional y tienen que proscribirlos como indeseables al tiempo que arropan y animan a los perseguidos. A eso se le llama dignidad personal y política, ética democrática y principios humanos. Lo demás, las explicaciones rebuscadas e incomprensibles, son palabras vacías, partidismos miserables. Es el cinismo más abyecto. Para limpiar sus conciencias o para engañar su miedo, algunos creen que con ellos no va, sin comprender ni recordar el viejo poema de Bretch: “Primero fueron a por los comunistas […]. Cuando vinieron a por mí, ya era demasiado tarde”. Otros se aferran a un discurso tan viejo como falso: “Esta no es la forma de abordar el problema”, “así no se arregla nada’, y adornan su impostura con fraseología y retórica izquierdista más falsa que ellos. Otros, simplemente, hacen cálculos partidistas y niegan apoyos que favorezcan al adversario en este ambiente miserable y sectario en el que se desenvuelven de un tiempo a esta parte las relaciones políticas en Euskadi.

Por una cosa o por otra, el espectáculo es lamentable. La política vasca está dando un nuevo ejemplo de división y de bajeza moral. Huiré de siglas y nombres para no incurrir en subjetivas calificaciones, pero eso no debería tranquilizar a los responsables de lo que está sucediendo en el país, porque todo el mundo sabe quiénes son y cómo se llaman. Hubo un tiempo en que estos hechos eran contestados por una ciudadanía movilizada, un sistema de partidos unido en los postulados democráticos y unas instituciones que lideraban con dignidad y ejemplaridad la respuesta a la violencia. Basta mirar atrás y ver al lehendakari Ardanza rodeado de todos los líderes de todos los partidos políticos, en las escalinatas de Ajuria Enea, dirigirse al país con palabras claras, con condenas rotundas, con convocatorias únicas y estrategias compartidas. Lo que ocurre ahora es penoso.

Pero no son solo los partidos y las instituciones los que deben reaccionar ante estos hechos. Somos todos. Usted también, querido lector, y todos los ciudadanos de bien que tienen en su mano poderosos instrumentos para producir la catarsis vasca que nos saque de este atolladero indigno. Por supuesto, el voto es fundamental, pero no es lo único. Yo no tengo cuenta abierta en el Banco Guipuzcoano, pero juro que si la tuviera la anulaba para decirle al director de ese banco en Arrasate que me repugna su acomodaticia actitud que permite la reivindicación de los terroristas mientras se olvida a sus víctimas.

Disolución y oportunismo11

Decía Webber que la Biblia tenía la maldita costumbre de ponerse del lado de los pobres. Pues bien, hablando de malditas costumbres, en Euskadi, con el terrorismo, hemos desarrollado una que no puede calificarse de otra manera. Es la que nos lleva a especular sobre las intenciones de los terroristas y a buscar las razones que “expliquen” sus atentados. Lo que nos ha llevado, de nuevo, a un debate tan inútil como peligroso tras el asesinado de Ignacio Uría. Dirigentes nacionalistas ven en el atentado de Azpeitia un ataque al PNV. Otros creen que es un ataque a los empresarios vascos; otros, un ataque a la línea ferroviaria de Alta Velocidad, y otros, en fin, una clara y cruel advertencia a los extorsionados por la recaudación terrorista. Al hacerlo, solo contribuimos a ampliar el radio de acción de los terroristas. Llevo años preguntándome si acertamos al amplificar, como lo hacemos en España, el tratamiento informativo e institucional de los atentados (a diferencia de los ingleses, por ejemplo), al descubrir con tanta transparencia las estrategias y objetivos en la lucha antiterrorista y, sobre todo, al discrepar tan abiertamente y tan a menudo entre nosotros.

Este último es el caso de la iniciativa del PP de disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. De nuevo el oportunismo partidista para poner en evidencia al Gobierno y para parecer más firme en la lucha contra ETA ha llevado al primer partido de la oposición a hacer una propuesta legalmente dudosa y políticamente discutible, sin contar con el consenso de las fuerzas políticas y del Gobierno.

Legalmente dudosa

No está claro que el artículo 61 de la Ley de Régimen Local autorice a disolver todos los ayuntamientos con alcalde de ANV. Primero, porque en la mayoría de ellos no se han producido acontecimientos que den lugar a acuerdos o actuaciones municipales que “de forma reiterada y grave supongan cobertura, apoyo o enaltecimiento del terrorismo”. Segundo, porque en los que ha habido atentados (Mondragón y Azpeitia, por ejemplo), está por ver que la no condena equivalga jurídicamente a esa calificación jurídica antes citada. Y, por último, ¿se imaginan que se ejecute la disolución y una sentencia posterior determine su nulidad? Probablemente, pues, sea necesaria alguna reforma legal previa para proceder con esa política, caso de que así lo decidiéramos desde la unidad democrática contra el terrorismo.

Políticamente discutible

Se presenta esta propuesta como pócima milagrosa contra ETA, pero no está escrito que esto sea así. Comparto plenamente el objetivo de la invalidación política del entorno de ETA, y he argumentado muchas veces la legitimidad democrática de esa decisión. Pero eso debe hacerse siempre en el respeto máximo a los principios del Estado de derecho, y el de participación política es uno de ellos, si no el principal. Por eso, en su día, las listas de ANV —un partido legal entonces, aunque ilegal hoy— no pudieron ser impugnadas en todos los sitios; y los elegidos en 2007 no pueden ser privados de su acta de diputados, aunque su partido haya sido ilegalizado. Reiterada doctrina del Tribunal Constitucional así lo ha establecido. Para superar esta dificultad disolvemos toda la corporación, castigando así a los electores que eligieron a los representantes de todos los demás partidos, al privarles de sus concejales electos. Es un efecto indeseado demasiado grave para una decisión demasiado dudosa, desde todos los puntos de vista.

La disolución legal de los ayuntamientos altera el juego de responsabilidades contra la violencia. Somos los partidos vascos los que tenemos la obligación de construir mayorías alternativas a ANV; y en prácticamente todos los municipios importantes en los que gobierna hay una mayoría democrática alternativa. En Mondragón, Pasajes, Azpeitia, etc. la moción de censura es posible y democráticamente exigible. Son los ciudadanos vascos quienes deben juzgar a los partidos y a los responsables políticos que no las hacen posibles. La disolución de esos municipios por ley estatal traslada a Madrid la responsabilidad de esa decisión y permite a los partidos nacionalistas eludir las suyas en la sustitución de los alcaldes de ANV.

Sin consenso

Hay una última razón para discrepar de esta propuesta: el consenso parlamentario para su ejecución es mínimo. Primero, por la forma en que se ha planteado. Cinco minutos antes de la reunión de los partidos convocada para expresar la unidad democrática, tras el asesinato de Ignacio Uría, el PP registró una propuesta sin hablarla antes con nadie. Segundo, por su reiterado interés en que sea debatida y votada en la Cámara, sin acuerdo previo y con la seguridad de que se producirá una sonora división con los partidos nacionalistas y de izquierda de la Cámara. Estas cosas no se hacen así. Para una iniciativa tan grave debe obtenerse primero el acuerdo del Gobierno, no se olvide, principal rector de la lucha antiterrorista. Pero, además, ¿puede hacerse eso contra la voluntad expresa a la disolución de los partidos mayoritarios en esos municipios? ¿Debe o no contar su opinión antes de tomar esa decisión? ¿Hace falta recordar que la Diputación foral de Guipúzcoa, en caso de que fuera ella la encargada de la gestión municipal, está gobernada por PNV y EA, y que son esos los partidos mayoritarios en la mayoría de estos municipios? Me pregunto si no sería más lógico y prudente que los partidos democráticos valoremos esta cuestión y acordemos una estrategia común.

Es verdad que el País Vasco está dando muestras evidentes de incapacidad política y social para enfrentarse a la reaparición de ETA después de la tregua, pero eso no debe llevarnos a equivocaciones estratégicas en este delicado proceso de fin de la violencia. La fractura partidaria es lamentable y procede —conviene no olvidarlo— de aquel pacto divisionista y excluyente que se firmó en Estella. La tensión entre los partidos nacionalistas es esperpéntica y, para muestra, Azpeitia es un botón. Las acusaciones y reproches del PNV y del PP contra el PSE reflejan la triste pérdida de la unidad democrática contra ETA, que data desde la desaparición de Ajuria Enea. Y la gente, la ciudadanía, deambula entre el hartazgo y el desistimiento, falta de liderazgo y tentada por el miedo que infunde el terrorismo.

Creo que fue Schopenhauer el que dijo que no hay ningún viento favorable para el barco que no sabe adónde va. Afortunadamente, hay un Ministerio del Interior que supo lo que hacía en el proceso de paz, bien resumido en una frase con la que tituló El Correo su entrevista al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho: “A ETA se le ofreció acabar como el IRA, pero eligió terminar como los GRAPO”. Un Ministerio que está aplicando una inteligente y eficaz estrategia contra el aparato de ETA. Las detenciones de la cúpula militar de ETA, en el breve plazo de tres semanas, marcan un camino inexorable. Hay, además, unas elecciones vascas a la vuelta de Navidad que pueden y deberían ser un punto de inflexión a estos últimos años de política vasca. Esos son los vientos que nos dan esperanza.

La persiana12

El jueves, ETA volvió a matar a dos guardias civiles en Mallorca. Pero los muertos de verdad son ellos. En el desgraciado quincuagésimo aniversario de la aparición de la banda han coincidido dos contradictorias circunstancias: por un lado, este doble crimen, que siguió a otro atentado brutal, capaz de producir decenas de muertos entre familiares, mujeres y niños, de la Guardia Civil de Burgos; por otro, y paralelamente, una fortísima corriente informativa sobre el fin de la banda. El fanatismo y el odio asesino que demostraron los terroristas, matando en Mallorca y buscando en Burgos una masacre de familiares de guardias civiles (al estilo de Zaragoza y de Vic), no les hace más fuertes, como decía Rubalcaba, les hace, simplemente, más peligrosos. Dicho de otra manera, sabemos que pueden matar y que pueden hacerlo masiva y salvajemente, pero eso no quiere decir que resulten invencibles o que su existencia sea interminable. Por el contrario, abundan las razones que confirman que estamos en la etapa final de ETA.

Hace solo unos días conocimos algunas reflexiones escritas por uno de los dirigentes de Batasuna, el abogado Txema Matanzas, encarcelado por pertenecer a KAS-EKIN-XAKI —aparato ideológico, estratégico e internacional del movimiento civil de ETA, según el Tribunal Supremo—. En un documento intervenido por la Policía, este dirigente, al que se sitúa en el sector duro de apoyo a la banda, expresa sucesivos y razonados argumentos en favor de que ETA abandone la violencia, y expresamente dice: “Ha llegado la hora de cerrar la persiana”. Lo importante de esta información no es tanto su contenido, sino la reafirmación de una serie de datos y realidades en la misma dirección y espíritu, que son comunes a la dirección interior de la izquierda abertzale, a relevantes miembros de la dirección de ETA en las cárceles, al entorno humano de los presos y a la casi totalidad de los analistas y dirigentes políticos del País Vasco.

Jugar literariamente con “la persiana” ofrece casi las mismas posibilidades metafóricas que hacerlo con los trenes. Aplicados ambos términos a la problemática vasca, sugieren de inmediato una serie de imágenes que todos somos capaces de trasladar a categorías políticas. Si hablábamos del “choque de trenes”, aludíamos al enfrentamiento intercomunitario de los sucesivos planes Ibarretxe. Si se sugería “la salida del túnel”, todos entendíamos que había una luz de esperanza para el fin del terrorismo. Coger “el tren de la democracia y el autogobierno” o disparar contra él nos ofrecía una imagen casi fílmica de la desgraciada apuesta por la violencia de quienes nunca creyeron ni en la democracia ni en el autogobierno.

Pues bien, “echar la persiana” se ha convertido en la expresión popular que recorre hoy los círculos abertzales de apoyo a ETA para decir lo que todo el mundo piensa y desea en la sociedad vasca: Que ETA abandone la violencia y “cierre la tienda”: Antes, aludiendo a la ausencia de liderazgo interno para tan difícil y costosa misión, Kepa Aulestia nos dejó aquella otra frase cargada de metafórica expresión: “No hay nadie que apague la luz y cierre la puerta”. Expresado con mayor o menor acierto, con mejor o peor metáfora, lo que hoy recorre cárceles y despachos, tabernas y tertulias, autobuses de familiares o pisos clandestinos, mentideros y foros de reflexión es cuándo y cómo acabarán con la violencia quienes hoy dominan ese entramado.

Tres reflexiones se me ocurren sobre estos hechos. La primera tiene que ver con el desencadenante de esta sensación de “fin de vida” que acompaña a ETA. Para mí la razón última de este movimiento interno hacia el final de la violencia es, sin duda, la ruptura de la tregua en diciembre de 2006 (atentado de la T4 en Barajas) y en junio de 2007 (comunicado oficial anunciando la vuelta a la vía armada). ETA no superará jamás la brutal decepción que produjo no solo en la sociedad vasca sino, y principalmente, en su entorno humano y político, cuando acabaron con el proceso de paz que ellos mismos abrieron en Anoeta en 2004. No hay nadie en Euskadi, ni en sus círculos más íntimos, que no piense que fue ETA, y solo ETA, quien decidió la ruptura. Por eso, la persistencia en el proceso del presidente Zapatero fue meritoria no solo por aguantar las tarascadas de una oposición desatada, sino por la valentía que demostró por apurar hasta la última gota de esperanza, trasladando así la responsabilidad histórica de la ruptura a quienes no podrían asumir, a la postre, las contradicciones de la oportunidad perdida.

La segunda reflexión no es tan de pasado. Yo creo firmemente que el presente de ETA declina el verbo terminar. Pero con la misma convicción creo que se trata de un proceso largo. No solo porque resulte evidente que han iniciado un nuevo ciclo de violencia con el que nos golpean desde diciembre de 2006 y más formalmente desde el verano de 2007. No, sobre todo lo digo porque sabemos y conocemos que sus actuales dirigentes, claramente una nueva generación de los años ochenta, han acordado la vieja estrategia de golpear para exigir después la negociación, una vez acreditada su fuerza, o mejor diríamos, simplemente su existencia. Es evidente además que su clandestinidad y su aislamiento impiden hoy la existencia de liderazgos y reflexiones conjuntas a favor de una discusión de abandono de la violencia.

Por lo tanto, y en tercer lugar, dejemos que las cosas evolucionen en ese entorno, sin cometer errores y manteniendo la máxima unidad entre los partidos democráticos. No cometer errores significa, sobre todo, no cuestionar la estrategia que mantiene el Gobierno desde la ruptura de la tregua. Implacable con la violencia en todos los terrenos; desde luego en el policial, en la colaboración francesa, en el ámbito internacional (hasta extremos inéditos, para que nadie en el mundo les apoye), en la aplicación del principio de que con violencia no habrá participación política (con el importantísimo aval de la Corte de Estrasburgo), en la persecución judicial, en la deslegitimación social, en la nueva colaboración con el Gobierno vasco, etc. Toda esta estrategia dará frutos. Algunos dicen: “Todo eso ya se conoce y no ha terminado con ETA”. Pero olvidan que nunca se aplicó igual ni en unas circunstancias semejantes. Porque nunca fue tanto el rechazo social a ETA como hoy. Nunca estuvieron tan aislados interna e internacionalmente. Nunca tan divididos. Nunca fueron tantos los convencidos en cárceles y en herriko tabernas de que esto ha acabado. Su aparato político nunca estuvo tan alejado de instituciones y de partidos democráticos. Su inexistencia política externa jamás fue tan insoportable.

No cometamos el error de darles el más mínimo resquicio en conversaciones, diálogos, etc., porque ya sabemos que lo convertirán en un estímulo para seguir matando. Nos hemos equivocado demasiadas veces como para cometer ese error fatal. Simplemente permanezcamos unidos cada vez que nos ataquen y esperemos juntos a que “cierren la persiana”, algo que solo ellos pueden hacer y que nadie puede hacer por ellos.

Memoria de una tragedia. ¿Para qué lo mataron?13

Era Fernando un hombre “bueno”. En el sentido más machadiano de la palabra “bueno”. Educado en sus formas. Culto a su manera y en sus cosas. Respetuoso con el adversario. Tolerante con los otros. Frío en sus decisiones y, a veces, algo distante, pero atento a los demás; escuchando siempre los argumentos del interlocutor, razonando sus pensamientos, persuasivo y pedagógico en sus convicciones, rotundo y cartesiano en sus exposiciones, brillante en su oratoria.

Fue un político de vida honesta. Ejemplar en su vida pública y personal y, eso, ya es mucho decir en estos tiempos. Sin ambiciones extraordinarias. Nunca quiso dejar el País Vasco para ocupar otros cargos y siempre se sintió cómodo en su liderazgo alavés y en los puestos institucionales de la Diputación y el Gobierno vasco. Llegó a la política en los albores de la democracia y encontró en el Partido Socialista la organización política más cercana, más próxima a sus ideas y a sus proyectos para el País. Se mantuvo fiel a nuestra causa, de principio a fin. Fue un líder político completo. Tan es así que su desaparición nos causó un vacío imposible de cubrir; muy parecido al que nos provocó el asesinado de Enrique Casas en Guipúzcoa, en 1985. Sus dos mejores características profesionales, eran, de una parte, su rigor intelectual y su coherencia argumental y, de otra, su sentido del equilibrio y del pacto entre las posiciones encontradas que acompañan todo debate y toda decisión.

Lo mataron una tarde cuando venía de casa al partido por los jardines de la universidad. A él y a su escolta, un ertzaina llamado Jorge Díez. Era el año 2000, y ETA había roto la tregua de Lizarra de 1999 y había vuelto con todavía más ímpetu asesino que el que ya nos había mostrado a lo largo de los treinta años anteriores. Ahora se trataba de matar a los dirigentes vascos del PSE y del PP, los que nos oponíamos a su proyecto totalitario. El razonamiento de aquel ímpetu era simple: eliminar al adversario. Eliminarlo físicamente. Que desaparezcan los enemigos de la Euskadi libre, independiente y euskaldun. Matamos a sus dirigentes y se irán como conejos. Algo así pensaban estos desalmados.

Por eso fueron a por la cúpula del PP vasco en el cementerio de Zarautz cuando recordaban a Iruretagoyena, su militante asesinado. Por eso mataban concejales del PP o del PSOE en Rentería o Lasarte. Por eso mataron a Lluch o a Fernando Múgica o a Juan Mari Jáuregui. Fernando Buesa fue el primero de ellos. Otros nos salvamos por la advertencia que representó su asesinato. Fernando no dio su vida. Se la quitaron, solía decir Nati, su viuda.

¿Qué quedó de todo aquello? Los recuerdos de aquella tragedia. El abrazo con Ardanza en la sede del partido. Las lágrimas de los compañeros. La visita a Nati, en la casa de Fernando, junto a Mayor Oreja, la misma tarde del asesinato. La manifestación enorme el día del funeral. La contramanifestación del PNV en defensa de Ibarretxe. Solo unos días después, hubo elecciones generales y el PP arrasó en España y también en Álava. Al año siguiente hubo elecciones en el País Vasco y ganó ampliamente el PNV.

¿Qué queda de todo aquello? Queda todo y no fue nada. Quedan esos recuerdos de uno de los momentos más graves en las relaciones con el PNV en la lucha antiterrorista. Veníamos de la ruptura del Pacto de Ajuria Enea, condición previa al acuerdo de Lizarra. Veníamos de una tregua tramposa en la que ETA engañó al PNV. Teníamos un lehendakari apoyado por el partido que apoyaba a ETA y nos encontramos con que la banda rompió la tregua y mató en el Parlamento al jefe de la oposición política a ese lehendakari.

Todavía recuerdo la mirada soberbia de Arzalluz a los compañeros dolientes de Fernando, sobre su capilla ardiente en el Parlamento vasco. Todavía recuerdo aquel griterío peneuvista arropando a su lehendakari, en vez de sumarse a nuestra ira aquel sábado por la tarde en Vitoria.

Fue grave, pero nada queda. Solo el dolor de sus amigos y el desconsuelo eterno para Nati y sus hijos. Como con tantas víctimas de esta tragedia maldita que hemos vivido casi toda nuestra vida, solo quedan el dolor y el recuerdo de tanta gente que perdió su vida (mejor, que se la quitaron), por una guerra inútil.

Cuando miro hacia atrás y contemplo esos recuerdos, me asaltan dos sensaciones. La primera es una emoción enorme por la paz conseguida, por la victoria democrática que celebramos desde hace más de tres años. La segunda es una pregunta insistente, que me hago con frecuencia: ¿para qué tanto sufrimiento? La pretensión de hacer de todo esto, un relato lleno de móviles políticos y de épica patriótica es, simplemente, patética. Solo produjo dolor y muerte. No lograron nada, sino contaminar y arruinar su propia causa. Solo nos queda el recuerdo de tanto sufrimiento, el de todos, incluido el suyo, para nada. Un poco como en el estrambote del soneto de Cervantes: “miró al soslayo, fuese y no hubo nada”. Solo dolor, añado yo. Recuerdos doloridos de Fernando y tantos más. ¿Para qué lo mataron?

Hobeto ixilik14

El vacío informativo que ha acompañado al documento que al parecer ha elaborado ETA sobre su futura disolución y la falta de reacción que suscitó en las fuerzas políticas vascas son la mejor prueba del desprecio que mereció ese documento. He dudado mucho sobre los inconvenientes de dar pábulo a ese panfleto, pero creo que, en nombre de muchos, merecen una respuesta.

Es muy evidente que el verdadero propósito de sus autores es explicar a su gente su disolución aludiendo a un cambio de estrategia. Pero, en el fondo, bajo la apariencia de un documento para el debate, solo hay un desesperado intento de autojustificación histórica y una patética reivindicación de su papel e influencia en el objetivo independentista. En el fondo, todo es mentira y ellos lo saben.

ETA dice que “no renegará de su aportación”. ¿A qué aportación se refiere? No hace falta repetir lo que todos los vascos sabemos y hemos dicho mil veces sobre los daños que nos han causado a lo largo de estos últimos cincuenta años, incluidos los que se produjeron a sí mismos. Pero, incluso para los que militan en el campo independentista, ¿cuál fue su contribución a su causa? ¿Qué aportaron con sus asesinatos a la lucha obrera? Pues bien, quienes debaten ese papel deberían preguntarse si las aportaciones de ETA a esos objetivos han ayudado o perjudicado su conquista. Pueden incluso mirar a Cataluña y reflexionar al efecto.

Con frecuencia recuerdo el debate que se produjo en ese mundo en los comienzos de la democracia y de la autonomía, a finales de los setenta, cuando rechazaron los sucesivos pasos que otros estábamos dando para construir un Estado social y de derecho, las libertades, la democracia, los Derechos Humanos y el autogobierno. ¡Con qué desprecio nos miraban! ¡Cómo descalificaban lo que ellos llamaban una democracia “militar” y un autogobierno de cartón piedra! ¡Con qué virulencia desplegaron sus armas para asesinar a casi cien personas cada año! Me pregunto y les pregunto, cómo habría sido nuestra vida si hubieran hecho caso a algunos de sus líderes que hicieron el meritorio recorrido de la cárcel a la política y a la democracia, como el recordado Mario Onaindia, entre otros. Tan evidente es que han sido una rémora y una fuerza retardataria, que fue su propio brazo político quien les mandó parar y quien, probablemente, les está escribiendo las esquelas de su defunción.

Dicen que en estos sesenta años se ha producido “una recuperación nacional” y que “el independentismo de izquierda ha colocado las bases suficientes para avanzar en el camino de la libertad”. Pero ¿de qué país hablan? ¿Del que expresa el menor porcentaje de apoyo a la independencia de los últimos cuarenta años?

Nos perdonan la vida diciendo que ETA “ha renunciado siquiera a intentar imponer la integridad de su relato”. Vano intento, añado yo. ¿Creen posible cambiar la historia? Sería algo parecido a los negacionistas que pretenden cuestionar el Holocausto, el asesinato de seis millones de judíos por los nazis. Nunca nadie podrá negar que mataron injustamente a más de 800 personas. No pueden imponer un relato falso, una descripción antagónica de los hechos reales. No es posible que cambien la realidad en la memoria de la ciudadanía vasca. Ni los presos, ni los homenajes, ni el reconocimiento de excesos policiales, ni los recuerdos del franquismo; nada cambiará la realidad de una historia totalitaria y criminal. Por el contrario, su error y sus horrores pesarán definitivamente en un relato que solo puede ser el de la verdad. El de las víctimas, que mantendrán por generaciones su exigencia de verdad y de justicia.

“Nos corresponde cerrar el ciclo del conflicto armado”. Mienten al expresar la idea de que han cumplido su función durante un ciclo (se supone que el de la violencia) y que ahora toca la política. Mienten porque fue su propio mundo el que les reclamó parar, porque arruinaban su causa. Mienten porque pararon cuando la política los desarboló y cuando la ley y el Estado les impidieron seguir combinando violencia y política. No hubo convicción en la entrega de las armas, sino necesidad imperiosa de sobrevivir. No acaba un ciclo y comienza otro, porque tampoco pueden jugar ningún papel en el futuro. Con grandilocuencia dicen descartar su continuidad como “organización convencional” (es decir, como un partido político u organización civil) “al objeto de mantener algún tipo de autoridad moral, las amplias mayorías a conseguir, si son ciertamente amplias, no lo entenderían”. ¡Es el colmo! Todavía pretenden liderazgo social y autoridad moral en lo que ellos llaman nuevo ciclo “en el proceso independentista”. No sé si ETA aporta alguna influencia en la izquierda abertzale. Quizás nostálgica solidaridad en algunos, pero liderazgo, ninguno, influencia, cada vez menos afortunadamente, y autoridad moral… será para algunos presos, y creo que pocos.

Curiosamente hay un rasgo de realismo en sus palabras, cuando reconocen que “las mayorías amplias no entenderían” ese tipo de autoridad moral. Y ese parece ser el argumento que les mueve a desaparecer. Dicho de otra manera, reconocen que su presencia perjudica la obtención de mayorías. Ergo, su actividad criminal les ha condenado. ¡Acabáramos!

Por eso, estamos encantados de que os disolváis. Estamos felices de que desaparezcáis. Pero, por favor, iros discretamente. Mejor, callaos: Hobeto ixilik.

Capítulo 2

La paz, por fin

Durante muchos de los dolorosos años que hemos sufrido el terrorismo, creí que esto no acabaría nunca. Es más, en los años más duros de esta tragedia, los que van de 1978 a 1989, perdí la esperanza de derrotar a ETA. Era una espiral maldita, alimentada por una organización armada muy poderosa, asentada en Francia, soportada económicamente por el secuestro y la extorsión, socialmente apoyada en amplias capas de la población vasca y con amplia comprensión internacional, que la confundían con una lucha antifranquista. El Estado estaba solo, sin apoyos políticos en Euskadi, desprestigiado por una acción policial descontrolada democráticamente, sin información ni inteligencia suficiente, lo que masificaba la represión y encendía a su vez la espoleta de la acción-represión.

Las conversaciones de Argel y el Pacto de Ajuria Enea fueron el primer gran paso en la victoria de la democracia sobre el terrorismo. J. L. Corcuera, entonces ministro del Interior, hizo lo principal. Consiguió el acuerdo de Fraga (PP) y de Arzalluz y Ardanza para negociar en Argel la paz con los dirigentes de ETA, entonces refugiados en Argelia y protegidos por su Gobierno. El fracaso de las negociaciones destrozó la imagen y los apoyos internacionales de la banda. Argelia expulsó a la cúpula de ETA al Caribe y Francia comprendió —¡por fin!— que se trataba de una organización terrorista sin remedio político y abordó un plan de colaboración con la policía española para combatir juntos la extensa red francesa de ETA.

El Pacto de Ajuria Enea, por su parte, fue fruto de un gobierno de coalición en el que los socialistas, generosa pero inteligentemente, cedimos la lehendakaritza para darle un vuelco a la posición nacionalista frente a ETA. El texto, hábilmente gestionado por Benegas, Aulestia y Zubizarreta, bajo la dirección de Ardanza, constituyó una especie de doctrina democrática que durante diez años condujo la unidad democrática vasca y la reacción social y ciudadana contra la violencia.

El otro gran punto de inflexión lo dimos con el Pacto Antiterrorista de finales del año 2000 entre Aznar y Zapatero y con la ilegalización posterior de Batasuna, el brazo político de ETA que durante más de veinte años nos había engañado con el señuelo de que su existencia facilitaba el tránsito a la paz. Nunca fueron esa puerta a la política, sino lo contrario.

El Pacto Antiterrorista entre PP y PSOE venía precedido de la ruptura de Ajuria Enea por un PNV engañado por la tregua de Lizarra y convencido a su vez de que ETA abandonaría la violencia cuando el PNV asumiera la autodeterminación y la defendiera junto a la izquierda abertzale. Fueron los tiempos oscuros de la ruptura de la tregua de 1999 y de una campaña terrorista furiosa contra los dirigentes del PSOE y del PP en Euskadi. De la “socialización del sufrimiento” de los noventa, pasamos a la liquidación física de los enemigos de Euskadi. PP y PSOE éramos sus objetivos. Fueron los tiempos de una extraordinaria conflictividad política, con Ibarretxe a la cabeza de un proyecto autodeterminista que ya había fracasado en Estella.

El otro periodo básico de la derrota de ETA comienza en 2005, cuando Zapatero y Rubalcaba comienzan a tejer, con una discreta y contradictoria colaboración de la izquierda abertzale, la pista de aterrizaje del fin de la violencia. Son los últimos años de la violencia. El brazo político de ETA, ilegalizado y perseguido por la justicia, trabaja e influye en favor del final. Francia y la Policía española instalada allí desmontan sus estructuras y detienen, uno tras otro, a sus jefes. Algunas personas de ámbitos culturales diversos y algunos expolíticos europeos convocados al efecto con apariencia de mediadors internacionales celebran una conferencia de paz en Ayete, y eso les basta para emitir el comunicado del fin definitivo de la violencia. De esto hace ya más de seis años y Euskadi respira, por fin, la paz.

ETA terminó. Su desaparición como organización tampoco parece lejana, aunque su retórica para disolverse es inevitablemente autojustificativa. Ya nadie les hace caso. Euskadi vive otro tiempo y de otra manera. Basta recorrer las calles de Euskadi. Pasear por la parte vieja donostiarra —algo casi prohibido— y descubrir otra sociología urbana, otro ambiente, otra vida. Lo mismo pasa en todas partes, y el país ha entrado en la etapa de reconstrucción de su convivencia, en la reivindicación del relato, en la memoria de las víctimas y de la verdad, en la superación de los daños sufridos por tantos años en el conjunto social: atentados no resueltos, reconocimientos de culpas, petición de perdón, presos, homenajes a víctimas (y, desgraciadamente, a veces, a verdugos); en definitiva, heridas abiertas por una tragedia inmensa en un país pequeño, con cientos de pueblos también muy pequeños, heridas que solo el tiempo, con ayuda de la verdad y la justicia, cerrará.

Los artículos que vienen a continuación corresponden a diferentes momentos de esta larga tragedia y a los caminos por la paz recorridos en ella.

Sin rastro de nosotros15

“Sois todos unos canallas y tú el primero, Jáuregui”, nos gritaba una señora que, supongo militante del PNV, reprochaba a los representantes de ¡Basta Ya! portar unos globos con su emblema. Fui al encuentro de estos pacifistas y salí en su defensa cuando fueron insultados y abucheados en la manifestación del 22 de diciembre en Bilbao, porque semejante injusticia golpeaba mi conciencia. Pero el incidente reflejaba algo más: la profunda sima que se abre entre nosotros. Más aún, el odio que aflora hacia el adversario, cada vez más intensamente.

Euskadi está preñada de división y de fractura social. Muchos se empeñan en amortiguar este diagnóstico atribuyendo estos síntomas solo a la clase política, pero se equivocan. La política está extendiendo hacia la sociedad su manto de enfrentamiento por todo y para todo. Hasta para decir “no” a ETA. Incluso dentro del llamado bloque constitucionalista nos miramos con recelo en función de estrategias y actitudes más o menos firmes respecto al nacionalismo gobernante. Dirigentes socialistas razonamos la conveniencia de acudir al llamamiento de Ibarretxe contra ETA mientras otros explicaban su no asistencia. Lo mismo ocurrió en el PP. ¡Basta Ya! razonó su presencia y el Foro Ermua, lo contrario.

La vieja división entre nacionalistas y no nacionalistas que fuimos capaces de superar a partir de 1987 con el Pacto de Ajuria Enea y la coalición de pluralidad PNV-PSE ha vuelto a instalarse con pasiones renovadas y reforzadas. Desde 1998, con el Pacto de Lizarra, la senda de la unidad nacionalista y el giro soberanista del PNV han situado a Euskadi en un camino hacia no se sabe dónde. Pero, sea cual sea ese destino político, lo incuestionable es que la sociedad se rompe sin remedio.

En miles de familias no se puede hablar de política. En la mía, por ejemplo, en la que somos diez hermanos, ciertos temas están vedados. En las cuadrillas de amigos, salvo que sean políticamente uniformes, pasa lo mismo. Todos estamos etiquetados en función de nuestra posición política ante el conflicto: desde los grupos pacifistas hasta los periódicos; desde los curas hasta los intelectuales. Innumerables signos sociales o símbolos culturales son fronteras, en vez de elementos de cohesión. El idioma que hablas, la televisión que ves, el colegio de tus niños, el periódico que lees, las banderas, el folclore, las fiestas populares, hasta los colores; casi todo en Euskadi tiene una interpretación política en clave grupal. Los argumentos contra “los otros” se retroalimentan sin cesar. Cada día añadimos nuevos reproches y nuevas acusaciones que elevan las respectivas trincheras sociales (la última encuesta del Gobierno vasco acredita que crecen los bloques enfrentados). Lo que dice Joaquín Sabina en uno de sus poemas, aunque hablando del amor, podría aplicarse a nuestro país: “… y cada vez peor, y cada vez más rotos / y cada vez más tú y cada vez más yo / sin rastro de nosotros”.

El día anterior a la manifestación de Bilbao que comentábamos al principio anduve de compras en San Sebastián. Era la fiesta de Santo Tomás. Toda la provincia se concentra en la parte vieja en una gran fiesta popular. Muchos jóvenes se visten con las prendas típicas del caserío y expresan, o por lo menos así lo percibimos, una fuerte reivindicación identitaria. En poco más de dos horas me sucedieron varias cosas que reflejan este ambiente que denuncio. Una amiga, viuda de un compañero y amigo asesinado por ETA, me trasladó todas sus quejas sobre la evolución política del PSE, y en particular su decepción por nuestra falta de firmeza contra el PNV. Un conocido nacionalista me reprochó el seguidismo que, a su juicio, hace el PSOE del PP en la política vasca. Un viejo liberal donostiarra me expresó su hartazgo de la cultura y de la sociedad nacionalista, y entre unos y otros mi escolta me advirtió de que un grupo de Batasuna se estaba concentrando en mi entorno, por lo que decidimos coger el coche y largarnos de la ciudad. Puede ser una visión subjetiva, pero es real como la vida misma. Al día siguiente, en Bilbao, cuando la gente del PNV gritaba e insultaba a Savater y compañía, exploté.

No soy sospechoso de antinacionalismo. Gran parte de mi vida política se explica en esa aspiración de convivencia en paz construida juntos, es decir, junto a ellos. Deploro mucho de lo que se dice y hace contra los nacionalistas fuera de Euskadi. No comparto mucho de lo que el Gobierno y el PP han hecho, hacen y no hacen en Euskadi. Pero a la hora de definir las responsabilidades de este rumbo suicida al que se encamina la nave vasca, tengo que señalar, una vez más, al PNV. En primer lugar, porque, siendo el partido mayoritario y gobernando Euskadi desde hace 22 años, ha dado un gravísimo giro a su estrategia, abandonando el Estatuto y proponiendo un plan soberanista inconstitucional. En segundo, porque ese proyecto intenta atraer al conjunto del mundo nacionalista, especialmente a la izquierda abertzale, que queda huérfana ante la posible ilegalización de Batasuna y el debilitamiento policial de ETA y sus organizaciones afines. (No es casual que el Euskobarómetro señale a esos votantes como los más ilusionados con el Plan Ibarretxe). Esta estrategia es, se quiera reconocer o no, una oferta futura de unidad nacionalista y, junto al proyecto soberanista, es percibida por la comunidad no nacionalista como agresiva e impositiva. Añadamos a todo ello la falta de compasión con los perseguidos. No es un reproche injusto afirmar que los cargos públicos del PP o del PSOE, los jueces, periodistas, pacifistas, intelectuales, etc. que son objetivamente víctimas de un terrorismo nacionalista no se sienten acompañados o defendidos, ni suficiente ni políticamente, por las autoridades nacionalistas.

Pero hay un reproche principal que brota estos días, a la luz de estos acontecimientos que enmarcan este artículo. ¿Qué quedará de una comunidad tan dividida? ¿Cuál es el proyecto de país que permita convivir a ciudadanos con sentimientos identitarios tan encontrados y tan exacerbados? ¿Estamos avanzando hacia la conjugación de un “nosotros” común a la ciudadanía vasca o, por el contrario, nos estamos enrocando en dos comunidades enfrentadas? Incluso desde la concepción de “pueblo vasco” más querida para el nacionalismo, ¿qué pueblo quedará? ¿Cuál será su ethos y su demos? ¿Solo los nacionalistas en dos pequeñas provincias? Cualquiera que sea el significado que pudiéramos dar al “nosotros” vasco, siempre estará configurado por ciudadanos libres y con derechos, en una pluralidad inevitable y enriquecedora, sujetos a un orden democrático de convivencia. Esto es lo que Ibarretxe y el nacionalismo no quieren entender.

El conflicto vasco por excelencia es entonces construir ese orden y conjugar ese marco que nos permita avanzar en libertad hacia un futuro que la democracia y sus reglas no determinan, sino encauzan, haciéndolo posible. Veamos dos ejemplos de dos realidades muy complejas que van construyendo arquitecturas jurídicas capaces de resolver su convivencia. El primero es Irlanda del Norte, que, salvando distancias y diferencias evidentes, está encontrando en la política (y en el abandono de la violencia) su solución.

El segundo es el acuerdo suscrito en Francia estos mismos días entre el Gobierno y las diferentes tendencias de la comunidad musulmana para la integración del Islam sobre una base común de “valores republicanos”. Casi diez años de negociaciones y polémicas en un enconadísimo problema de valores cívicos y creencias religiosas fuertemente enfrentadas han encontrado un camino (no una solución milagrosa) para la convivencia ciudadana y el combate a los fundamentalismos extremistas.

Ahora pregunto: ¿es este el camino que ha elegido el lehendakari? Rotundamente, no. Aceptando que no es el único responsable, aunque sí el principal, en Euskadi no se avanza hacia la integración o la convivencia ordenada de una ciudadanía diversa y hasta antagónica en sus identidades y aspiraciones. La política vasca gira sobre un único eje: la derrota de los contrarios. En Euskadi estamos haciendo “… cada vez más tú y cada vez más yo, sin rastro de nosotros”.

Batasuna y las elecciones16

Hace unos días, en vísperas del domingo electoral europeo, estábamos haciendo campaña en las calles de Vitoria. Ofrecí un clavel a una señora, junto a una bolsa con propaganda y papeletas electorales del PSOE, y la señora lo rechazó con contundencia, pero con buenas formas. “No lo quiero —me dijo—, yo no puedo votar porque me habéis ilegalizado”.

Efectivamente, la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 de 27 de junio ha ilegalizado los partidos y agrupaciones electorales que proceden de la antigua Batasuna y que se han ido presentando sucesivamente a las tres convocatorias electorales que se han producido desde su promulgación: las municipales y forales de 2003, las generales de 2004 y las europeas del pasado 13 de junio.

El debate jurídico y político sobre esta decisión, adoptada por la democracia de nuestro sistema institucional, el Poder Legislativo y confirmado reiteradamente por las más altas instancias del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, no ha agotado, sin embargo, todas sus consecuencias. De una parte, porque la mayoría de los partidos nacionalistas cuestionan políticamente la ilegalización de la llamada “izquierda abertzale”, incluyendo al Gobierno vasco y al propio lehendakari; y de la otra, porque la resistencia de sus votantes nos muestra una anomalía democrática por la decisión consciente de un 10 por ciento aproximado del electorado de votar nulo, como expresión de su rechazo al conjunto del sistema que les ilegaliza.

No es mi propósito volver sobre las razones que explican esta situación, sino argumentar respecto al futuro inmediato que se abre cuando abordemos la siguiente convocatoria electoral. Efectivamente, Batasuna se juega la última instancia de presencia política institucional que le queda, si sus candidaturas son nuevamente anuladas por los tribunales. Y, desde luego, no me cabe ninguna duda de que así ocurrirá si la dirección de esa organización persiste en presentar unas listas, más o menos disfrazadas, respondiendo a la estrategia y objetivos del partido ilegalizado.

Es este escenario más que probable el que preocupa a todos y el que genera no pocas discusiones acerca de sus efectos en la próxima etapa política, que se iniciará con la siguiente legislatura vasca. La izquierda abertzale, angustiada ante su desaparición institucional, además de la ilegalización de su partido. PNV, EA e IU, descontentos de una ausencia que no comparten, aunque se disputen su herencia. Incluso los cálculos electorales de PSE-EE y PP no olvidan el crecimiento por absorción que experimenta principalmente el PNV al repartirse en su beneficio parte del voto ilegalizado. Y ante esto, ¿qué hacemos?

En mi opinión, está en manos de Batasuna la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones autonómicas, si cumple para ello las exigencias legales del sistema. Ni más ni menos que las que aceptamos todos los partidos para participar en el juego democrático. A Batasuna y a las coaliciones o agrupaciones electorales que le suceden no se les ilegaliza por sus ideas, sino por su probada y acreditada conexión con la violencia de ETA. En sentencias reiteradas, el Tribunal Constitucional (marzo y mayo de 2003 y enero de 2004) ha señalado que “las ideologías son en el ordenamiento constitucional español absolutamente libres, y deben encontrar en el poder público la primera garantía de su indemnidad”. Pero, a continuación, añaden: “Pero a ella no pueden aspirar, sin embargo, quienes se sirven para su promoción y defensa de medios ilícitos o violentos y se sirven de la intimidación terrorista para la consecución de sus fines”.

Debe quedar claro, pues, que, mientras sigan ETA y su organización política en los mismos términos que todos conocemos, la democracia española no permitirá su participación electoral. Pero, se preguntaban en su alegato ante el Tribunal los demandantes de la reciente candidatura de HZ en las europeas, ¿es esta una inhabilitación electoral de por vida, una suerte de condición política de “apestado” que sufrirían determinadas personas por su actividad política pasada?

En absoluto, responde el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/2004 de 27 de mayo de 2004. Si los relacionados con esos partidos en el pasado quieren “reconstituirlos” fraudulentamente, deben contar con el riesgo cierto de que aquella vinculación pueda, junto a otros indicios, provocar la convicción judicial de su ilegalidad. Pero la sentencia añade: “Quienes, por el contrario, con esos mismos antecedentes, decidan ejercer su derecho de sufragio pasivo sin instrumentalizarlo al servicio de aquella maniobra defraudadora, no habrán de tener […] dificultad alguna para articular candidaturas en otros partidos o para constituir las pertinentes agrupaciones de electores”.

La sentencia de 27 de mayo va más allá y explicita qué debe hacer la candidatura cuestionada para eludir la ilegalización: “Es perfectamente aceptable en una sociedad democrática que, tan pronto se cierna sobre una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con el terror o con formaciones que han sido proscritas en razón de esa connivencia, puede esperarse de ella, si efectivamente no acepta más instrumentos que los del voto y el debate libre, una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representa una organización criminal y sus instrumentos políticos […]. Con ella habría de bastar para deshacer la eficacia probatoria de indicios que, contra manifestación tan inconcusa, difícilmente podrían acreditar una realidad que así se desvirtúa”.

No he oído ni leído casi nada sobre la importancia de esta sentencia, y me extraña. ¿Por qué el lehendakari, al que la prohibición de HZ disgustó tanto que incluso instó a votar nulo, no pidió a esa candidatura ese pronunciamiento? ¿Por qué el consejero de Justicia, al que tanto gusta deslegitimar a tribunales y legalidad adversos a sus posiciones, no destaca esta importantísima puerta a la legalidad de Batasuna, que abre esta sentencia del Tribunal Constitucional? En definitiva, ¿por qué los dirigentes de Batasuna no se plantean hacer una declaración semejante o literal, si lo desean, para poder participar en las elecciones autonómicas del año que viene, en vez de retorcerse el cerebro para intentar burlar, con un nuevo nombre y candidatos ‘desconocidos’, las exigencias de una ley justa y de una jurisprudencia razonable?

Muchos vascos deseamos ese paso normalizador de nuestro sistema electoral. Queremos que todos tengamos iguales derechos y que no haya tantos conciudadanos que rechacen el sistema y que retroalimentan así las subjetivas razones de su victimismo. Pero depende de ellos. Solo de ellos. No somos los demás los que tenemos que aceptar su legalización mientras sus amigos o jefes practican el siniestro juego de la liquidación física de los adversarios. Ese tiempo acabó. Si la izquierda abertzale quiere defender su proyecto de independencia de Euskadi, de reunificación y euskaldunización, puede hacerlo como lo hacen los de EA, o los de Esquerra Republicana. Pero si no quiere condenarse a la marginación institucional y a la ilegalización de por vida, debe condenar la violencia. Es todo.

Esperanzas y frustraciones17

Hace casi diez años que se inició el proceso de paz en Irlanda del Norte, y quienes conocen Belfast dicen que es una ciudad nueva. Edificios de acero y cristal se elevan junto al río Logan. La Great Victoria Street, una zona del centro en la que antes había solo un restaurante, y con mala suerte podías morir, ahora es un distrito comercial pujante en el que se amontonan restaurantes y otros lugares de ocio. Una crónica de The New York Times destacaba recientemente los “enormes dividendos de la paz” que estaba experimentando su población: la universidad, la arquitectura urbana, la economía, la sociedad, en suma.

Casi al mismo tiempo que leía esta esperanzadora noticia, ETA envió a Gara un vídeo con su mensaje más actual: “Euskal Herria es un pueblo oprimido. Los burukides de ETA respondemos con las armas en la mano a la negación que nos imponen desde la fuerza de las armas […]”. “Utilizamos la lucha armada para recuperar los derechos de nuestro pueblo”. Hace ahora diez años que el IRA declaró el alto el fuego. En 1998 se alcanzaron los Acuerdos de Viernes Santo y, aunque el proceso de paz irlandés es difícil, nadie cree que vuelva la violencia.

Cuando leía la crónica de The New York Times, me acordé del verano del 99 en Euskadi. Llevábamos un año de tregua, y a la gente de Euskadi le brillaban los ojos de esperanza. Luego vino la ruptura de Lizarra y el bienio negro de 2000 y 2001, con casi cincuenta muertos. En septiembre de 2004, ETA sigue en lo mismo. Coincidiendo con el Alderdi Eguna y el debate de política general, ETA proclamaba su vieja doctrina: “Actuar contra quienes niegan los derechos de este pueblo” (sic), es decir, matarlos o extorsionarlos y, en todo caso, amenazarlos.

Hasta aquí, desgraciadamente, nada nuevo. ETA es impermeable a cualquier razonamiento, a toda evidencia. A su enorme soledad internacional, al extraordinario fracaso de sus pretensiones en cualquier cancillería internacional, a la incomprensión infinita que la ciudadanía de todo el mundo muestra a la barbarie terrorista de Nueva York, de Madrid, de Bali o de Beslán. Es impermeable incluso a las enseñanzas que bien podía obtener del proceso irlandés, y que llevó al IRA a la política y a encauzar en cuatro años de paz lo que no obtuvo en 30 años de guerra.

ETA es puro fanatismo. Inasequible a la razón y a la piedad, a la sociedad y a los tiempos. Es curioso observar el desprecio y el bajo tono mediático que ha tenido su comunicado, en gran parte porque no había “noticia” en él, pero también por lo rudimentario y panfletario de su mensaje, por la insoportable anacronía de sus postulados, por la pesada reiteración de sus paranoias.

No creo que en este análisis pesimista influya decisivamente la desarticulación de la cúpula etarra de principios de octubre. La operación es fundamental para la desarticulación policial de la organización y para su progresiva desaparición como banda armada. Pero me temo que estamos condenados a una lenta “grapización”, y que en el camino seguiremos sufriendo la espada de Damocles de su amenaza.

Lo que me parece destacable y de interés político es la particular actitud que adoptan los partidos nacionalistas ante este horizonte y en este estadio. Por ejemplo, me resultó patético el consejo de Begoña Errazti al presidente Zapatero en su visita a la Moncloa, para que “retomara el camino del diálogo” con la banda. Algo parecido dijo Egibar en el debate de política general: “Si el cierre no es dialogado, puede acabar siendo un cierre en falso”. No sé qué más tiene que ocurrir para que nos convenzamos de que no hay un final dialogado de la violencia. No solo porque ofende a las víctimas y a su memoria. No solo porque sus exigencias son democráticamente imposibles. También porque todas las experiencias “negociadoras” han fracasado por la incapacidad congénita de ETA de negociar y de ceder sobre su esencialista concepción de pueblo oprimido y su etnicista ambición de una Euskal Herria “libre”. Basta recordar, otra vez, el vídeo del 27 de septiembre.

Pero produce mayor preocupación el fondo del mensaje del nacionalismo democrático en estos momentos y circunstancias. Al mismo tiempo que ETA reiteraba que seguirá la lucha armada hasta que se respeten los derechos del pueblo vasco, los burukides nacionalistas, el lehendakari en el Parlamento vasco, Imaz en el Alderdi y Egibar en Radio Euskadi insistían en un escenario político bien parecido.

Es evidente la aproximación ideológica que en los últimos años ha recorrido el PNV en su estrategia respecto a ETA. Ya en Lizarra, el nacionalismo rompió con el Pacto de Ajuria Enea y asumió la naturaleza del conflicto vasco, así como la explicación histórica de la violencia, al establecer que esta era la consecuencia de aquel y que, más allá de su condena, debían atajarse sus causas. Esta apelación al viejo pueblo vasco y a sus ancestros como sujeto de derechos estaba en Lizarra, está en el Plan Ibarretxe y vuelve a citarse como el tótem ideológico de ETA en el comunicado-vídeo del pasado 27 de septiembre.

La otra gran coincidencia, más allá de divergencias tácticas, es que el PNV ha finiquitado la vía estatutaria y abandera una misma “solución” a la violencia: una consulta para legitimar el derecho de autodeterminación. No es casualidad que Batasuna aprecie del Plan Ibarretxe precisamente esas tres cosas: a) que da por superado —y fracasado, añaden— la vía estatutaria; b) la primacía de la soberanía del pueblo vasco; y c) que se convocará una consulta popular sobre esos términos y en contra del Estado. Otra cuestión es que su grupo político exige una negociación directa en el proceso y el protagonismo histórico de la alternativa.

Esta es la cuestión: ETA está siendo desarticulada por la Policía, y el nacionalismo cubre con su manta ideológica y discursiva una lucha fracasada. Es verdad que ofrece a ETA y a la izquierda abertzale una salida a la política, pero lo hace asumiendo sus principios y sus objetivos para imponerlos a la otra mitad de los vascos, que no quieren más nacionalismo sino más pluralidad y democracia. Buscan la desaparición de la violencia, pero quieren ganar para su causa común, la nacionalista, las ventajas y el precio de la paz. Y ante todo ello surge una pregunta: ¿No estarán ayudando a que se retroalimente, otra vez, la bestia de una violencia justificada por estas explicaciones y estas aspiraciones? A esos chavales que capta ETA, ¿cómo les educaron? ¿Quiénes les han influido?, ¿Quién alimenta sus fantasías? ¿Quién les engaña?

Rogelio Alonso, un estudioso de la realidad norirlandesa que nos ilustra sabiamente sobre lo ocurrido en Irlanda, en estas mismas páginas nos insiste en que el IRA abandonó la violencia cuando llegó a la conclusión de que la violencia, además de una vía de muerte, era una vía muerta. ¿Cómo les ayudamos a los nuestros a que lleguen a esa misma conclusión? Los caminos de los nacionalistas y de los autonomistas divergen hasta el antagonismo, y así está Euskadi.

Tentaciones peligrosas18

Hemos entrado en la última fase: el final de la violencia. Mirado desde la atalaya de treinta intensos y trágicos años, el terrorismo de ETA parece abocado a su final. El Pacto de Ajuria Enea, a finales de los ochenta, la colaboración francesa, la eficacia policial, el espíritu de Ermua, la acción judicial y el pacto por las libertades, entre otras muchas cosas, nos han conducido a la victoria de la sociedad vasca y de la democracia española. Abordamos ahora una tarea delicada, en la que las virtudes democráticas deberían ayudarnos a vencer algunas tentaciones peligrosas. Hay muchas que ya se observan: la ansiedad y la prisa exageradas por dar pasos y tomar medidas cuyo ritmo solo el tiempo aconseja; los protagonismos y cálculos partidarios, legítimos pero mezquinos ante la grandeza de la causa, y otras muchas, que la brevedad de estas líneas no permiten comentar. Me detendré, sin embargo, en dos que me parecen nocivas.

La primera es la que parte de un falso supuesto: ETA ha sido derrotada y lo único que cabe es esperar a que renuncie definitivamente a la violencia y entregue las armas. Cuando lo haga y pida perdón tomaremos medidas para con sus problemas humanos. Solo entonces podrán incorporarse a la democracia. Quienes piensan así, desconocen los complejos meandros de estos asuntos y su escabrosa realidad. Tan verdad es que ETA ha perdido su guerra como que podría continuarla bastantes años más. Por supuesto que ello ahondaría la derrota de su gente y de su causa, pero, si podemos evitar un final largo, caótico y descontrolado, no exento de violencia, debemos intentarlo. Naturalmente, lo que hagamos para ello debe corresponder a lo que legal y legítimamente cabe en el Estado de derecho, pero sin duda hay mucho margen en la democracia para buscar la paz en el contexto creado después del “alto el fuego permanente”. Por eso tiene interés recordar la inteligente, aunque pueda parecer ambigua, frase de Zapatero: “No habrá precio político por la paz, pero la política puede ayudar al fin de la violencia”.

Puede haber una tentación política en quienes se arrogan la dignidad de la democracia o apelan a la memoria de las víctimas para oponerse a dialogar y acordar la definitiva renuncia a la violencia. Bajo esas apelaciones bien se puede esconder una actitud interesada en que el proceso no avance, atando de pies y manos al Gobierno en la gestión de esta delicada fase final de ETA. Veamos dos ejemplos. Un acercamiento progresivo de los presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco ayuda, y mucho, a que “el alto el fuego permanente” sea para siempre. A su vez, la relegalización de Batasuna, naturalmente asumiendo las exigencias de la Ley de Partidos, favorecerá la apuesta por la política que se intuye en el abandono de las armas. Si el primer partido de la oposición se opusiera a tales medidas, cuando sea necesario adoptarlas, por considerarlas inoportunas o precipitadas, estaría mostrando una discutible voluntad de colaboración en el proceso de paz.

De manera que esta primera tentación peligrosa debiera evitarse con algo que se llama lealtad. Los partidos democráticos, y el PP más en particular, pueden ejercer su colaboración crítica y controlar los pasos que acordemos dar en la búsqueda del final definitivo, pero lo que no sería admisible es que alimenten el discurso de la intransigencia y el inmovilismo, impidiendo de hecho una gestión proactiva y dialogada de ese final.

Hay otro riesgo más plausible. Es el que se deriva de una pretensión del nacionalismo vasco que sigue presente en nuestro paisaje político. El lehendakari, acompañando de EA y Ezker Batua en su Gobierno y siguiendo la filosofía de los inventores del Pacto de Estella, sigue empeñado en “la acumulación de fuerzas nacionalistas” para imponer un determinado estatus jurídico-político a los no nacionalistas y a España, aprovechando el final de la violencia. La precipitación y las prisas por constituir una mesa de partidos en la que se “acuerde” una solución al conflicto político vasco, que sea sometida a consulta de la ciudadanía vasca, en el filo de la paz, es una carga de profundidad a la democracia, un fraude a la pluralidad vasca y un nuevo intento tramposo de obtener beneficios políticos, esta vez por la renuncia a las armas.

Ellos saben que ETA mantiene todavía una cierta amenaza, una especie de espada de Damocles, mientras no anuncie la renuncia definitiva a la violencia; y saben también que en estas circunstancias cualquier acuerdo político estaría preñado de sospechas sobre supuestas concesiones por dejar de matar. ¿Dónde queda aquí la memoria de las víctimas y la causa por la que les mataron? Si se trata de hacer concesiones políticas en el último momento, ¿por qué no las hicimos antes para evitar su muerte?

Pero no es solo esto, es que la mesa de partidos que dialoga hasta encontrar un acuerdo mientras ETA no ha desaparecido definitivamente es una negociación bajo amenaza, democráticamente inaceptable. Se supone que solo cuando a ETA o a sus representantes les valga la “solución” se producirá la definitiva renuncia y abandono de la violencia. A su vez, y para evitar que la legalidad española pueda objetar tal solución, se convoca una consulta previa a la ciudadanía vasca en la que la confusión ventajista de un sí a la paz legitimaría una propuesta identitaria en clave nacionalista (desde la autodeterminación a la libre adhesión).

No lo vamos a aceptar. El conflicto vasco no se arregla con más nacionalismo, sino con más democracia. Los que hemos sufrido 20 años de presión terrorista queremos, con la paz, recuperar la libertad para defender nuestras ideas. El diálogo político vasco no es para que algunos recojan las últimas nueces del último empujón, sino para que acordemos reglas de convivencia que garanticen que los vascos votemos siempre en paz y en libertad, y mi intuición me dice que, en paz y en libertad, el gradiente nacionalista será distinto. O dicho de otro modo, crecerá la pluralidad.

Personalmente no cuestiono las mesas, ni el diálogo político. A lo que me niego es a un final predeterminado en el marco de las viejas reivindicaciones nacionalistas. Lo que reclamo es que el final del diálogo sea respetar las reglas de una convivencia plural en la que todas las opciones democráticas sean legítimas y políticamente posibles, pero en la que todos tengamos iguales derechos para defenderlas. La solución del conflicto vasco, incluso en la concepción nacionalista del conflicto, no está en que una parte del país lo configure a su imagen y semejanza, sino en que seamos capaces de vertebrar una amplia mayoría de vascos en torno a un proyecto común. Eso son soluciones, y lo demás son tentaciones antidemocráticas.

Precisiones al proceso19

¿Avanza adecuadamente el proceso de fin de la violencia o, por el contrario, estamos rindiendo al Estado frente a ETA? ¿Satisfacción y esperanza, o gravísima preocupación por el rumbo de los acontecimientos? ¿Cuál es el estado de esta cuestión vidriosa y delicada, enigmática y confusa?

La durísima oposición del PP al proceso ha colocado el análisis del asunto en extremos antagónicos. Acompañado de ciertos medios de comunicación y de algunos columnistas y comunicadores, el PP ha desautorizado de raíz todo lo que haya podido hacer el Gobierno antes del alto el fuego permanente, y todo lo que dice y hace después del 22 de marzo. En el PP hay un cálculo estratégico que, nos guste o no, explica su posición: necesita desbaratar este intento para no perder las próximas elecciones. Pero en su entorno hay muchas personas que están dando crédito a la desautorización que, desde hace ya varios años, viene tejiendo la derecha sobre el presidente del Gobierno, y que irresponsablemente está centrada ahora en su gestión del fin de la violencia.

Me gustaría ofrecer algunas precisiones a los que dudan, convencido como estoy de que no se puede hacer cambiar de opinión a los que no quieren que esto salga, a los de la rosa y la serpiente.

Primera: el alto el fuego de 2006 no es una tregua como las anteriores. La expresión utilizada es distinta, y parece cuidadosamente elegida. No ha sido precedida de una ofensiva terrorista, sino de una inédita y prolongada ausencia de violencia y, más allá de la retórica de los comunicados y reportajes de la prensa afín, parece unilateral e incondicionada. ¿Qué refleja todo ello? En mi opinión, que por primera vez, es ETA quien llama a la puerta de la democracia, ofreciendo una salida a su violencia. ¿Y esto por qué? Pues, evidentemente, porque saben que su estrategia ha tocado techo y que están condenados a un proceso lento de paulatina degradación y derrota. El clima internacional después del 11S, el 11M en España, la desaparición del IRA, el rechazo de la sociedad vasca y, sobre todo, la presión policial francesa y española, junto a la persecución judicial y la ilegalización de su entramado político les ha llevado a una conclusión incuestionable: o buscan un acuerdo de cierre de su historia, o la historia acaba con ellos. En definitiva, la democracia ha vencido al terrorismo.

Segunda: si ETA quiere el final, la democracia no puede darle un portazo. Todos los gobiernos lo han intentado, pero ninguno en estas condiciones. Aznar negoció sabiendo que era una “tregua-trampa”, y que la base política de la tregua era el Pacto de Estella. González fue a Argel a los pocos meses de uno de los atentados más sangrientos: el de la Casa Cuartel de Zaragoza. Zapatero ha gestionado el alto el fuego porque era su obligación, como lo habría hecho Rajoy si el líder del PP hubiera sido el presidente y hubiera conocido los datos y las informaciones que corresponden al presidente del Gobierno. No hay ninguna razón para desacreditar esa gestión. Al contrario, el balance no puede ser mejor. Tres años y medio sin asesinatos, cuatro meses de alto el fuego permanente, absolutamente verificado en Francia y España, y una ausencia de violencia total y absoluta como jamás habíamos disfrutado. Recuperando la doctrina de Ajuria Enea, ¿no son estas, acaso, las condiciones que siempre exigimos y nunca se dieron para iniciar el diálogo?

Tercera: el diálogo es necesario para la desaparición de la banda. ¿He aquí la prueba de la rendición y del deshonor del Estado? ETA debe renunciar definitivamente a la violencia, pedir perdón y disolverse, y luego ya hablaremos, dicen algunos de los más incrédulos y desconfiados. Pero, si eso ocurriera, ¿para qué íbamos a hablar con ellos? ¿Qué necesidad tendríamos entonces de hablar con esa gente? Seamos serios. Todos sabemos que el final de estos fenómenos, aquí y en todo el mundo, exige este tipo de contactos, y recorrer estos caminos que afectan a múltiples planos de la disolución de una organización político-terrorista que, desgraciadamente, dura ya más de cuarenta años. Es más, la gestión de esta oportunidad ha merecido el apoyo de todas las cancillerías del mundo, incluidas las de EE UU y Rusia, y muy especialmente de Inglaterra y de Francia. Atención a Francia, que es fundamental en este asunto, y no precisamente para que Chirac conteste a las bobadas de Batasuna, sino por razones bien contrarias.

Cuarta: con todo, ETA no ha desaparecido. Las advertencias sobre experiencias anteriores están cargadas de razón. La metodología de Ajuria Enea (diálogo político una vez constatada la voluntad de abandono de las armas) dibuja una línea demasiado difusa y sinuosa para asegurar que el diálogo conducente a la adaptación de nuestro marco estatutario no resulta presionado de hecho por la existencia de ETA, aunque sea solo nominalmente. Por último, se observan todavía demasiadas reticencias y resistencias a la legalización política en los términos establecidos por las leyes, en el mundo sociológico de la izquierda abertzale. Son demasiados años de connivencia descarada en una estrategia que combinaba violencia y política, y que acabó construyendo una subcultura sobre la legitimidad y la utilidad de la violencia, demasiado extendida en sus bases. Al fin y al cabo, la naturaleza esencial del famoso proceso es precisamente esto, es decir: abandonar la violencia y defender sus objetivos, como los demás, solo con la palabra y con los votos. Todo ello nos debe llenar de prudencia y de espíritu abierto a las críticas y a los consejos que muchos expresan, desde la lealtad del “acompañamiento crítico”, como lo llamaba Joseba Arregi en estas mismas páginas.

Quinta: por eso, el proceso será largo, duro y difícil, como se ha encargado de repetir el Gobierno. Descartada la negativa a explorar esta ocasión, y rechazadas las críticas más sectarias a la rendición del Estado y a la traición con que lo descalifican diariamente los emisarios del PP, la cuestión principal estará precisamente en llevar a definitivo e irreversible el alto el fuego permanente, y hacerlo con dignidad democrática. También aquí, las metáforas (paz sin precio político) y las afirmaciones generales (nuevo pacto de convivencia, etc.) son todavía demasiado ambiguas. Y no puede ser de otra manera a estas alturas del proceso. Pero su posterior concreción constituirá la materia principal de nuestro análisis. Es ahí, en mi opinión, donde deben hacerse valer las posiciones críticas y las firmes defensas de las líneas rojas democráticas. Solo que, para entonces, algunos habrán agotado ya su capacidad de descrédito y de extremismo político, y habrán perdido legitimidad para defender nada, y será una pena, porque les necesitamos.

Primero la paz…20

La hemeroteca está llena de nuestros errores. Todos, analistas y expertos, políticos o periodistas, tertulianos o policías, nos hemos equivocado tantas veces en la larga historia de esta tragedia que deberíamos empezar nuestros análisis con ese humilde reconocimiento. Quienes, además, hemos sido dirigentes políticos y ostentamos todavía alguna responsabilidad pública, debemos hacerlo por partida doble. Desde luego ese es mi caso y así me presento ante ustedes, queridos lectores, reconociendo que, a pesar de tantos años y de tan larga experiencia en esta noria maldita, siento en estos momentos la necesidad de anunciarme bajo la cita de Sócrates: “Solo sé que no sé nada”.

Pero estamos obligados a explicar nuestros actos, a aprender del pasado y a emprender de nuevo este camino de la paz tortuoso y sin mapa, en el que la democracia transita desde hace treinta años. Y es desde esta perspectiva histórica desde la que extraigo una primera reflexión esperanzadora. Por dura y sorprendente que haya sido la brutal ruptura del “alto el fuego permanente” anunciado el 22 de marzo, sostengo con convicción que estamos en el final de la violencia. Será un final largo, y no exento de atentados, aunque más puntuales, más contenidos, más esporádicos. Basta observar la curva estadística del terrorismo desde 1977 para comprobar la tendencia declinante de sus ataques. Además, hay multitud de argumentos geopolíticos, ideológicos, sociológicos y de distinta naturaleza que avalan la misma convicción que la que hemos sostenido estos meses, sobre la solidez del famoso “proceso”. Todas esas razones en las que sustentábamos la esperanza del final de la violencia persisten hoy igual que ayer y siguen sobre la mesa de unos estrategas que, por muy fanáticos que sean, acabarán sucumbiendo a la evidencia de que con su locura violenta solo hunden y desprestigian su causa.

Pero con la misma convicción sostengo que ETA no admite el final dialogado de su violencia en los términos que le ofrece la democracia. Desgraciadamente, una vez más, ha quedado perfectamente claro que, cuando les reiteramos nuestra disposición a dialogar para integrarles en la democracia, ellos entienden que estamos dispuestos a negociar sus pretensiones políticas, y de ahí arrancan los malentendidos y los fracasos. Ha ocurrido así en todos y cada uno de los procesos anteriores: en Suiza en 1999, en Argel en 1989 y en cuantas conversaciones o contactos se han producido a lo largo de estos treinta años, excepto en el caso de los polimilis. Esta es una cuestión esencial porque de ella se derivan dos desencuentros claves entre las fuerzas democráticas. El primero se refiere al sentido del final dialogado de la violencia; y, el segundo, a las condiciones y contenidos políticos de ese diálogo. Cuando hicimos el Pacto de Ajuria Enea, hace ya cerca de veinte años, hubo consenso de todos los partidos sobre la necesidad de formalizar el final de la violencia mediante un diálogo que solo podía producirse cuando tuviéramos constancia del abandono de las armas, y que a su vez se trasladaba a dos mesas con interlocutores y materias diferentes. La una entre ETA y el Gobierno, para las cuestiones operativas y humanas; y la otra, a los partidos políticos, para las cuestiones políticas. Así concebido, el final dialogado permite un final absoluto, es decir, logra la disolución de la banda, la desaparición total de la violencia, y permite iniciar una etapa de reconciliación en un país trágicamente fracturado por más de mil muertos. Naturalmente, de ese final dialogado surge también la incorporación a la política de los objetivos y partidos derivados de las causas que defendían los violentos.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha perseguido exacta y exclusivamente este final. Por eso aprobó en mayo de 2005 una resolución parlamentaria con el contenido literal del famoso punto 10 del Pacto de Ajuria Enea. El PP se ha negado a ese final, a pesar de su acuerdo con él en los años ochenta y noventa y a pesar de que lo buscó, como era su deber, en 1999. Ahora insiste en que el único final posible es la derrota policial, legal y judicial de todo el entramado ETA-Batasuna. Pero yo pregunto: ¿cuándo y cómo es posible ese final? Porque, para que efectivamente se produzca, es necesario que ETA acepte su derrota y se disuelva, o que operativamente desaparezca. Conste que no niego tal hipótesis, pero, si optamos por esta única estrategia, debemos tener la honestidad de decir a los ciudadanos que debemos aceptar las incertidumbres sobre ese final y la imposibilidad de fijar plazos para él.

Pero, también nosotros, quienes hemos defendido el final dialogado, debemos reconocer que nuestras exigencias y condiciones previas para aceptar el diálogo han quedado superadas por las experiencias fracasadas. Las treguas, por ejemplo, han servido como base aceptada del diálogo. Y aunque este “alto el fuego permanente” ha venido precedido de un largo periodo sin asesinatos y ha elegido cuidadosamente su terminología para afianzar la voluntad de abandono de la violencia, lo cierto es que ha sido manifiestamente violado desde el verano de 2006 y brutalmente liquidado con la bomba de Barajas. En consecuencia, y como muy bien dijo Patxi Zabaleta, “no se han cargado una tregua, se han cargado la tregua…” y, por lo tanto, parece razonable pensar que, en adelante, solo el abandono unilateral y definitivo de la violencia debería dar lugar a un nuevo “final dialogado”. Todo esto pone en evidencia la necesidad de encontrar —en el diálogo interpartidario y democrático— un nuevo consenso sobre las condiciones exigibles para abrir ese escenario. En este sentido, quizás, el pleno del próximo lunes en el Congreso de los Diputados pudiera ser una buena ocasión para que todos los partidos de la democracia española contestáramos al comunicado de ETA de ayer, diciéndole que no puede seguir vigente un alto el fuego con bombas y extorsión y que no admitimos ningún diálogo bajo su amenaza.

La segunda cuestión no es menos importante. ¿Cabe el diálogo político sobre los temas nucleares de la política vasca mediando la violencia? La experiencia nos demuestra que ETA concibe el diálogo político como condición de su disolución, y no como su consecuencia. Es más, exige ese diálogo político mientras permanece vigilante y fuerza la consecución de sus objetivos no solo con la amenaza de su permanencia, sino con una violencia “controlada”, cuya intensidad decide a través de sus terminales clásicas: kale borroka, cartas de extorsión, etc. Este esquema deja al descubierto la otra gran mentira del proceso: la autonomía de la izquierda abertzale, sometida de principio a fin, a las decisiones tácticas de la banda.

Por eso resulta inconcebible que el lehendakari y otros dirigentes nacionalistas acepten esa malévola ecuación de paz y diálogo, sin exigir la secuencia democrática que mejor que nadie ha establecido J. J. Imaz: “Primero la paz y luego la política”. Pero cabe ir más allá, incluso. No se trata solo de la radical imposibilidad democrática de negociar políticamente mediando la violencia, sino de plantear a los partidos nacionalistas el sostenimiento de sus propias y legítimas aspiraciones mientras ETA mate por ellas. Ya sé que esto duele, pero somos muchos los que pensamos que esta exigencia desde el nacionalismo democrático al nacionalismo violento es la condición que nos falta para el final. No les pedimos que renuncien a su proyecto de Euskadi, sino que condicionen su realización a la paz y a la libertad de todos. No mutilamos sus aspiraciones nacionalistas. Demandamos que las liberen de la contaminación violenta, que arruina su causa.

En los albores del Pacto de Ajuria Enea, Ardanza pronunció una frase capital: “No solo no compartimos sus medios. Tampoco sus fines”. Cerrar el círculo de ese discurso democrático y pacifista del nacionalismo exige hoy aplicar con convicción el otro principio esencial: “Primero la paz y luego la política”.

El pacto de Imaz21

Acostumbrados a todo y aburridos, todo hay que decirlo, de iniciativas y propuestas, acuerdos y desacuerdos en el tema eterno de la lucha contra el terrorismo, hemos dejado pasar con sorprendente desatención una propuesta interesante, que merece más comentarios. El presidente del PNV estuvo en Madrid en un desayuno periodístico hace unos días y, en base a sus malos presagios sobre un atentado terrorista, recomendó la unidad de los partidos democráticos para afrontarlo. Imaz concretó posteriormente algunas bases de ese posible acuerdo y, aunque no formalizó su propuesta, mantiene ostensiblemente una función mediadora para facilitarla y hacerla posible.

La propuesta no tiene novedades políticas. La novedad es quién la propone y las razones en que la sustenta. Que su contenido no sea novedoso se explica en la imposibilidad material de encontrar nuevos elementos de conexión partidaria en este tema. Desde Ajuria Enea y el Pacto por las Libertades, está todo inventado. La ilegitimidad absoluta de la violencia, los principios democráticos en que se basa la lucha contra ETA, los instrumentos para combatirla, la importancia moral, social y política de las víctimas, etc., todo ha sido ya ampliamente discutido y, por supuesto, redactado y suscrito. De manera que, naturalmente, Imaz no ha aportado nada nuevo en su propuesta de pacto, salvo su deseo de que tal pacto se formalice, dando por supuesto que el PNV estaría en él.

No deja de ser llamativo que sea el PNV quien reclame un pacto contra ETA y que lo haga llamando a él al PSOE y al PP y ofreciéndose como el único puente de mediación entre ambos partidos. Y lo que sobrepasa la sorpresa hacia el campo de lo inexplicable es la fría acogida que tal actitud ha provocado en PP y Gobierno/PSOE. Solo puede argumentarse que el tiempo electoral, en plena campaña, no es propicio para estos propósitos, y que cabe esperar una recuperación de la idea a partir del 27M. Quizás por ello el Gobierno se ha limitado a manifestar su simpatía por la idea, ha recordado que la intentó en enero después del atentado de Barajas, y ha añadido que probablemente formará parte de la agenda de la reunión que Zapatero y Rajoy tienen prevista para junio, después del 27 de mayo. Estoy seguro de que así será, aunque mantengo mis serias dudas sobre la posibilidad del acuerdo, conocidas las diferencias estratégicas entre Gobierno y PP para acabar con la violencia.

Y, sin embargo, la búsqueda de un mínimo común denominador contra ETA, aunque sea solo para los próximos doce meses que nos quedan hasta que se forme el próximo Gobierno de la IX legislatura española, está cargada de sentido común. En primer lugar para que ETA obtenga una respuesta democrática unitaria a sus acciones, sean estas las cartas de extorsión terrorista, una campaña de verano con bombas en localidades turísticas o la reanudación de atentados contra personas. Dicho de otro modo, que los analistas de ETA no encuentren, entre los motivos para sus atentados, provocar la división y la fractura en el sistema partidario y en la sociedad española producida después del pasado 30 de diciembre. Porque supongo que nadie dudará a estas alturas de que a ETA le conviene una política española desunida y debilitada por la controversia partidaria que puedan producir sus acciones.

En segundo lugar, porque un pacto de mínimos entre los partidos democráticos en estos momentos debería reafirmarse en que, hasta que la violencia no haya desaparecido definitivamente, 1) no se dialogará y no se negociará sobre el futuro político del País Vasco; 2) se aplicará el principio de no participación política en el entorno político de ETA, es decir, Batasuna. Es verdad que, sobre este último aspecto, arrastramos un considerable desacuerdo por ambos lados, es decir, por quienes piensan —el PP— que una parte de ese entorno ya está presente, en las listas de ANV no impugnadas, y por quienes creen que todo él debe estar en las instituciones (EA-Aralar, IU y PNV solo en parte). No se me ocurre mejor fórmula para superar este punto que dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y aceptar la situación de hecho producida por la acción del Gobierno y de la Fiscalía.

Por último, ese pacto transitorio, si fuera posible, pondría las bases de la negociación de un nuevo acuerdo que la democracia necesita en la próxima legislatura para abordar el fin de la violencia, fase en la que sin duda estamos y que tendría como punto central el acuerdo entre los partidos para determinar cuándo es posible un diálogo final para la disolución de la banda y sobre qué bases, condiciones o límites debe abordarse ese diálogo. No es difícil aventurar que el próximo Gobierno de España deberá iniciar su andadura recomponiendo la división creada en esta materia estos años, herederos, no lo olvidemos, de dos grandes pactos ya periclitados: Ajuria Enea (1988) y contra el Terrorismo (2001).

¿Qué ha motivado al PNV a ejercer este novedoso papel mediador en la búsqueda de un Pacto Antiterrorista de los partidos estatales? Para empezar, me gustaría destacar la enorme significación política de la iniciativa, dada la controvertida y variable estrategia por la paz del partido Jeltzale. Que el partido que suscribió el pacto de Lizarra hace unos años haga ahora esta propuesta, me reconocerán hasta los más conspicuos y obstinados detractores del PNV, es como pasar de la noche al día.

¿Que hay un cálculo partidario electoral en la forma y el tiempo de la propuesta? Todos hacemos todo en esa clave, pero no creo que quepa una explicación tan simple, entre otras cosas porque no están claras las ganancias en ese terreno para el PNV en este contexto (anulación de listas de Batasuna y disputa nacionalista por el voto radical), y, sobre todo, si reconocemos que esa iniciativa ahonda seriamente la división interna del PNV en esta cuestión.

Más bien creo que la propuesta de Imaz responde a tres impulsos consistentes. El primero es el que se deriva de la firmeza de sus principios democráticos. La oferta del presidente del EBB es clara: “Rechaza negociar el futuro político de Euskadi con ETA y solo admite el dialogo con la banda terrorista tras el cese definitivo de la violencia, circunstancia que no ocurre hoy en día”. La contundencia de la cita habla por sí sola y complementa aquella otra tan acertada como oportuna “primero la paz y luego la política”. El segundo es el fruto de la experiencia. De dos procesos tan diferentes como el de Lizarra y el del año pasado, el PNV no puede extraer otra conclusión que la desconfianza y el descrédito de su interlocución con ETA-Batasuna. En el primero, ETA les engañó. En el segundo, Batasuna les decepcionó. Por eso lo dijo también Imaz, hace unos días, “que no nos mareen”, refiriéndose a los cantos de sirena, mezclados con las consabidas amenazas, que les dirigen los portavoces batasunos y exigiéndoles, de contrario, autonomía política y rechazo a la violencia. Y el tercero es el que me parece más destacable políticamente, porque representa el giro copernicano del PNV en este asunto, al pasar del pacto de mayoría nacionalista que se impone a los no nacionalistas en Lizarra al compromiso con el pacto de pluralidad vasca y al entendimiento político previo y constante con el Gobierno del Estado en el camino hacia la paz. En este sentido, siempre he pensado que uno de los logros de este proceso que hemos vivido es la creciente empatía personal y entendimiento político que ha surgido entre el líder del PNV y el presidente del Gobierno.

De manera que volvamos al principio. La idea o propuesta —o lo que sea que ha hecho Imaz— de reconstruir un Pacto Antiterrorista entre los partidos, especialmente dirigida a PSOE y PP, para sacar del debate partidista la política antiterrorista ante el riesgo de acciones terroristas, no es, para nada, despreciable. Es más, creo que corresponde al presidente del Gobierno volver a proponérselo al líder de la oposición, después del 27M. Es difícil, lo sé, pero ya lo dijo Voltaire: “Les grandes choses sont souvent plus faciles qu’on ne pense”.

Lecciones para todos22

Decía Camus que “la paz es la única causa por la que merece la pena morir”. Es un buen preámbulo para explicar, en términos generales, la iniciativa del presidente Zapatero en torno al fracasado proceso de paz. ¿Se equivocó al iniciarlo? ¿Lo ha conducido con acierto? ¿Morirá (políticamente, se entiende) en ese intento, por esa causa? Me gustaría ofrecerles una reflexión crítica sobre lo ocurrido evitando, en lo posible, el natural sesgo partidario en el análisis.

Estamos recibiendo visiones antagónicas del proceso, casi todas simplificadas y maniqueas. Una de ellas es la que parte de 2004 con una ETA cuasi derrotada que emerge ahora, tres años después, rearmada y fortalecida por el oxígeno recibido de un proceso lleno de concesiones y errores del Gobierno. Es muy fácil desbaratarla. Ni estaban derrotados a comienzos de 2004, ni ahora son más fuertes. Vuelven al terror, sí, pero seamos prudentes y, desde una mirada serena, con perspectiva histórica, coincidiremos en la lenta agonía de su existencia. Tampoco cabe una lectura triunfalista que destaca los cuatro años transcurridos con “solo” dos muertos y exagera la importancia de las disidencias internas de la izquierda abertzale o de la propia ETA. En mi opinión, nuestro análisis después de la batalla debe hacerse constatando avances y retrocesos, cambios a mejor y otros no tanto y, sobre todo, extrayendo lecciones que todos, repito todos, debemos extraer de lo acontecido.

Decía el presidente del Gobierno en el Comité Federal del PSOE del sábado pasado que había puesto “montañas de esfuerzo personal en este intento”. Me consta. Se ha dedicado en cuerpo y alma y ha sufrido una notable decepción. La primera, el 30 de diciembre, pocas horas después de su optimista anuncio para 2007. Quizás por ello, Zapatero ha aprendido una buena lección antes que nadie; la de conocer mejor a esta gente de ETA y Batasuna. A lo largo de estos años me ha sorprendido el tesón con el que el presidente sostenía el proceso. Es más, he admirado la intención con la que insuflaba la confianza en la paz y la valentía de sus mensajes hacia el entorno violento. ¿Le han engañado? No lo creo, pero hoy los conoce mejor que ayer, sin duda. Primera lección.

En la misma línea, procede reflexionar sobre un objetivo que ha estado siempre en las estrategias de la paz: conseguir que Batasuna arrastre a ETA hacia la política. Convencidos de que los dirigentes de la izquierda abertzale quieren que esto acabe, hemos dedicado ingentes esfuerzos a “convencerles” de su papel mediador y protagonista en la solución. Pero, una vez más —y son innumerables— se ha puesto de manifiesto, con claridad meridiana, que es ETA quien manda y que utiliza a Batasuna como simple recadista de sus decisiones. Mirando hacia atrás, resultan patéticas las imágenes de Anoeta 2004, el ramo de olivo, las dos mesas y toda la liturgia legitimadora desplegada por los ingeniosos dirigentes de Batasuna durante estos años. ETA se ha cargado toda su alambicada arquitectura sobre las mesas negociadoras, toda su calculada ambigüedad semántica de la violencia, todas sus pretensiones políticas personales y colectivas. ETA manda y al final, como siempre, las pistolas imponen su lenguaje. ¿Qué hacer pues, con Batasuna y la izquierda abertzale, si de nada sirven los diálogos y las conversaciones con sus dirigentes? Es más, si ni siquiera ayudan a la paz, ¿quedan todavía dudas sobre su ilegalización, mientras sus jefes nos matan a los demás?

La tercera lección es de democracia básica. Es el alfa y omega del fin de la violencia. ETA y la izquierda abertzale, incluidos sus votantes, no han aprendido que sus objetivos políticos solo serán posibles en paz y en libertad, y que la democracia no pagará precios políticos a su chantaje. Ni con Navarra, ni con la autodeterminación, ni con nada. La irrupción de ETA en el diálogo del año 2006 ha sido evidente y abrupta. Evidente porque de nuevo son sus planteamientos maximalistas ya conocidos los que rompen el proceso y abrupta porque, presos de su lógica militarista, colocan la bomba en Barajas para “avanzar en su negociación”.

Dos son las lecciones que cabe extraer de estos hechos: la primera es que la tregua se la cargan cuando les interesa, otorgando un carácter táctico a sus promesas de cese de la violencia, aunque se llame “alto el fuego permanente” y arruinando, espero que para siempre, sus treguas como condición del diálogo. La segunda es que este, el diálogo, sigue anclado en unas pretensiones ilegítimas, por antidemocráticas y por ilegales. Con ellos no cabe más diálogo que el dirigido a resolver las circunstancias humanas y operativas de la disolución de la banda, tal como ha quedado dicho desde Ajuria Enea en 1988 y tal como ha quedado demostrado también, en este proceso, roto precisamente por eso.

De todo ello se desprende lo que para mí es materia principal de un nuevo pacto de todas las fuerzas democráticas contra ETA. Además de los principios de actuación suprapartidaria (una de las cosas que no ha sido cumplida en esta ocasión y más graves de lo ocurrido en estos años), además de los instrumentos de lucha contra la banda y de los mensajes unitarios que ese tipo de pactos trasladan a la sociedad y a los violentos, el próximo pacto debe clarificar las condiciones del cuándo, el para qué y los límites del diálogo con ETA, a efectos de su disolución.

Por último, y aunque soy consciente de que faltan todavía lecturas que nos enseñan este pasado, resulta obligado reflexionar sobre la manera en que se ha desarrollado este proceso. Honradamente, no ha podido ser peor. La durísima oposición que ha hecho el PP al Gobierno es, en mi opinión, inadmisible. No hay justificación alguna. Ha podido haber errores en la gestión del proceso para con el PP. ¿Lo fue la aprobación de la resolución parlamentaria de mayo de 2005 sin su consenso? ¿Lo pudo ser el anuncio de la reunión PSE-Batasuna en pleno debate del estado de la nación de 2006, cuando se había pactado no polemizar sobre el proceso? Quizás las relaciones personales del presidente y Rajoy reclamaban alguna mediación. Pero, nada de todo eso y mil agravios más merecían una oposición política tan brutal, manipuladora y desleal como la que ha hecho el PP al Gobierno y a su presidente. Me pregunto, sin embargo, si, visto lo visto, un Gobierno de España puede iniciar una andadura tan compleja y delicada como esta sin el concurso de su principal oposición. La pregunta es peligrosa porque, de responderla negativamente, estaremos otorgando un derecho de veto a la oposición en un tema fundamental de la política nacional, para la que el Gobierno está legitimado y democráticamente mandatado con el apoyo de la mayoría gubernamental.

Todo ello me lleva a recomendar una doble fase en la recuperación del consenso antiterrorista. Por ser pragmático, creo que debemos acordar hoy un pacto de unidad frente a ETA que nos permita responder unidos a sus atentados, que traslade un mensaje unívoco de la democracia vasca y española a los ciudadanos en términos de confianza institucional y que a su vez responda a su probable ofensiva con un claro y rotundo: “perder toda esperanza”. Más tarde, quizás después de las elecciones, debemos recomponer la estrategia para vencer definitivamente a ETA y acordar entre todos los partidos puntos y problemas más delicados que atañen al diálogo sobre su disolución. Pero para eso, falta un tiempo.

Una sentencia relevante23

Yo estuve allí. Cuando los responsables del Gobierno de Aznar y de su partido nos informaron en la reunión del Pacto Antiterrorista, en febrero de 2002, de que era su intención proceder a ilegalizar a Batasuna, quienes representábamos al PSOE estábamos casi en ascuas. Acabábamos de leer, media hora antes, un teletipo de la Agencia Efe en el que el PP anunciaba esta iniciativa para dejar bien sentado quién mandaba y a quién correspondía el protagonismo político de la propuesta.

Yo estaba allí por pura casualidad. La dimisión de Nicolás Redondo en el PSE-EE en diciembre de 2001 provocó una crisis interna que me tocó gestionar como presidente de una gestora hasta el congreso de marzo de 2002, en el que fue elegido Patxi López. Como representante del partido en Euskadi, asistí a aquella reunión y recuerdo bien nuestra sorpresa. Desagradable por la deslealtad del anuncio previo del PP, y perpleja por las consecuencias que no habíamos calculado y que, a priori, parecían graves.

Este es el primer plano de las consideraciones que quiero hacerles sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, por unanimidad de sus siete magistrados ponentes, el pasado 30 de junio ha considerado plenamente congruente la famosa Ley de Partido Políticos (LOPP 6/2002 de 27 de junio) con todos los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me refiero al plano político de la iniciativa. Yo creo que el Gobierno de Aznar acertó plenamente. Otra cosa es que lo hubiera consultado y consensuado previamente con un partido que se comportaba con la máxima lealtad y que colaboraba con el Ejecutivo sin asomo de oposición en esta materia. Pero, al margen de esto, hay que reconocer que tomaron la iniciativa cuando procedía, y la tomaron acertadamente.

Durante veinte años de democracia, los demócratas implorábamos a Batasuna que participara en las instituciones y Batasuna nos despreciaba, haciendo mutis por el foro, boicoteando con sus votos y sus representantes el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento vasco y las Juntas Generales. Excepto los ayuntamientos, la llamada izquierda abertzale despreciaba todas las instituciones democráticas. La estrategia de la democracia consistió en reiterar una y mil veces la oferta de participación política (véase el Pacto de Ajuria Enea como paradigma de ese deseo) a Batasuna, convencidos como estábamos de que la violencia necesitaba desaguar a la política como cauce natural para su desaparición. ¿Cuánto tiempo más necesitábamos para convencernos de lo inútil de nuestro esfuerzo? Durante más de veinte años, estuvimos convencidos de que Batasuna arrastraría a ETA hacia la política, sin comprender, a pesar de las muchísimas evidencias, que era ETA la que utilizaba la política para justificar y fortalecer la violencia.

Era hora, pues, de reconocer esas evidencias y algunas otras: como, por ejemplo, que ETA seguía utilizando un universo legal o alegal de la democracia y el autogobierno vasco para nutrir su entramado humano (más de cuatrocientos detenidos de ETA procedieron de organizaciones y listas electorales de Batasuna) y para cubrir su infraestructura delictiva (locales y pisos del partido usados en sus actividades violentas). O, como por ejemplo, que toda la actividad política de ese universo estaba al servicio de la iniciativa y la estrategia que marcaba la cúpula de la banda que, con una jerarquía militarizada, la imponía de principio a fin a todo el entramado.

Cuando, en enero de 2000, ETA lanza su ofensiva contra los dirigentes y militantes del PSE y PP en Euskadi, desborda todos los límites y lanza un pulso que la democracia no puede perder. Al Pacto por las Libertades de septiembre de 2000 le sucede el acuerdo político PP-PSOE (2002) para ilegalizar ese entramado antidemocrático y violento que acepta entre sus medios la liquidación física del adversario político.

Quedaba por ver la legalidad del intento. El proyecto de ley del Gobierno fue ampliamente discutido y consensuado con el PSOE y recurrido al Tribunal Supremo y al Constitucional por los afectados, y hasta por el Gobierno vasco de la época. Más tarde, ante el Tribunal de Estrasburgo por los partidos ilegalizados. Por fin llegó la sentencia y, sin duda, es relevante. Primero porque confirma la ley y declara que en la ilegalización de los partidos Batasuna-Herri Batasuna y Euskal Herritarrok no se ha producido vulneración alguna de los derechos a la libertad de expresión y de asociación (artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos). ¿Se imaginan ustedes la situación actual de haberse declarado lo contrario?

Pero, segundo, es relevante por la fuerza jurídica de los argumentos empleados. El Tribunal reitera que la Ley de Partidos Políticos (LOPP) no está dirigida a acabar con el debate ideológico en el País Vasco. La LOPP no considera ilegal o prohibida ninguna ideología o finalidad que se autoimpongan los partidos políticos (democracia militante); lo que prohíbe es la utilización de determinados medios (atentar contra los principios democráticos y los derechos de los ciudadanos). El propio Tribunal Europeo da validez a los argumentos de los tribunales españoles al establecer que la actividad de Batasuna-HB-EH forma parte de una estrategia común contraria a los principios democráticos constitucionales, y ampara la violencia que está vinculada al entramado de ETA. El Tribunal destaca que la ley exige reiteración y gravedad en las conductas que permiten la ilegalización y constata que se producen, al considerar que los partidos políticos recurrentes entran en contradicción directa con el concepto de “sociedad democrática”. Es así como el Tribunal Europeo halla causa legítima en la ilegalización para proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos, llegando a considerar la ilegalización “una necesidad social”.

¿Quiere esto decir que acabó ya la discusión jurídico-política sobre este asunto? Desgraciadamente no. La sentencia entierra las dudas y las disensiones que suscitó la ley, pero no resuelve todas las ilegalizaciones que se adopten en su aplicación con posterioridad. Efectivamente, la ilegalización de los llamados partidos “sucesores o herederos” de Batasuna, en siglas antiguas (ANV, por ejemplo) o nuevas (Aukera Guztiak, entre otras) si fueran recurridas, deberán pasar la prueba de demostrar que efectivamente son organizaciones políticas o agrupaciones de electores que suceden fraudulentamente a HB-EH-Batasuna. Lo mismo puede decirse de todas aquellas listas municipales que, bajo distintas etiquetas de agrupaciones de electores locales, solo pueden ser ilegalizadas si se demuestra su conexión con los partidos ilegalizados y se acredita su pretensión defraudadora de la ley. Pero los propios tribunales españoles, especialmente el Tribunal Constitucional, vienen exigiendo cada vez más requisitos procesales y probatorios para acreditar esa sucesión fraudulenta, y cuando esas pruebas no existan o no se puedan aportar, la ilegalización no será posible. Aunque nos conste que son sucesores de Batasuna o que Batasuna “ocupará” esas listas con sus votos, como acaba de suceder con Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas de junio pasado.

Pero esa es también la grandeza del sistema democrático, que reconoce que el derecho de elegir y el de ser elegido son fundamentos infranqueables de un Estado de derecho. Salvo excepciones reguladas, como es el caso de la Ley de Partidos Políticos, que ha confirmado el máximo y último Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dando un inmenso varapalo jurídico a quienes dudaban de la calidad de nuestra democracia, y avalando una decisión política que resultaba obligada y necesaria.

Para el autor, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con su sentencia, ha dado “un inmenso varapalo jurídico a quienes dudaban de la calidad de nuestra democracia” y ha avalado “una decisión política que resultaba obligada y necesaria”.

Fin de ETA y negociación24

Mantienen algunos dirigentes del PP una malévola sospecha sobre las intenciones de Zapatero respecto a ETA. Su argumento es conocido: como mantuvo negociaciones con ETA en 2006 y las sostuvo hasta después de la T4, en cuanto pueda volverá a hacer lo mismo para lograr el fin de ETA. Mayor Oreja, en su obsesiva acusación, relaciona ese fantasmal intento con las próximas elecciones generales de 2012, suponiendo que en tal caso el fin de ETA daría la victoria electoral a Zapatero y al PSOE. Hay dos precisiones que conviene hacer en tan delicado y espinoso tema.

La primera se refiere a la sesgada interpretación que, intencionadamente, hace el PP del frustrado proceso que, entre 2004 y 2007, nos tuvo a las puertas del final de la violencia. Muy al contrario de esa valoración, la mayoría de la población pensó, y piensa, que se hizo lo que se debía y que se hizo bien. Los resultados electorales del PSE en las autonómicas del año pasado lo atestiguan, y el propio Mayor se traiciona en su razonamiento atribuyendo a una negociación semejante un éxito electoral seguro no solo en Euskadi, sino en España entera. ¿Es eso lo que realmente teme? Pero, incluso suponiendo que el común de la ciudadanía estuviera equivocada, ¿de dónde se obtiene la conclusión de que el proceso de paz de 2006 fue un error? Ya es hora de decir que, en gran parte, hoy hablamos del fin de ETA porque en aquel proceso el Gobierno agotó hasta la extenuación las posibilidades de la paz y cargó a ETA con todas las responsabilidades de la ruptura. Fue la firmeza en no ceder a las pretensiones políticas antidemocráticas de los terroristas lo que derivó en el atentado de Barajas, y fue la arriesgada defensa del proceso que se mantuvo en 2007 lo que obligó a ETA a darlo por definitivamente roto en julio de ese año, asumiendo así la total y única responsabilidad de la reanudación de la violencia ante las cancillerías del mundo, las pocas organizaciones internacionales que todavía les apoyaban, sus presos, sus electores, la izquierda abertzale y la opinión pública en general. Tan evidente es que desde entonces ETA ha entrado en una irreversible decadencia que bien puede afirmarse que, si no hubiera habido un proceso de paz como el que tan equivocada como malintencionadamente critica el PP, hoy no estaríamos hablando del final de ETA con tantas y tan reiteradas razones.

La segunda precisión es más delicada porque alude a la manera en que unos y otros contemplamos el final de ETA. El PP antepone simplificada y demagógicamente un supuesto final “por derrota de ETA” a un final por negociación que atribuye a los socialistas, incluyendo en él las más perversas intenciones partidistas y las más indignas condiciones. Yo creo que ya es hora de que el PP abandone este espantajo. Primero porque mantiene estas afirmaciones contra toda evidencia. El mismo día en que Zapatero acude a París para acompañar a los policías franceses en el asesinato por ETA de uno de ellos, después de que se haya detenido a casi quinientos miembros de ETA desde que rompieron la tregua, entre ellos tres de sus sucesivas cúpulas políticas y militares, y en las vísperas de una reforma legal para cerrar los resquicios a la participación electoral de sus brazos políticos, sostener que se está negociando con ETA es sencillamente ridículo. En segundo lugar, porque “la derrota de ETA” ya se ha producido, lo que no asegura el fin total de su actividad terrorista. Este, el cierre de la persiana de ETA, como metafóricamente hemos descrito tantas veces ese final soñado, solo se producirá cuando ellos —solo ellos— quieran hacerlo y esa decisión solo será consecuencia del desistimiento. Trabajar para que ese desistimiento interno se produzca es la única estrategia inteligente para conseguir la paz. Y en eso estamos cuando desmantelamos comandos, cerramos a cal y canto la casa de la democracia a los totalitarios o intensificamos la colaboración con Francia y Portugal para destruir su retaguardia. Pero, junto a ello, hay que reiterar la oferta de la democracia para que hagan política, para que defiendan con los votos sus objetivos y rompan con ETA o les convenzan de que lo dejen, que es el mensaje que día sí, día también les lanza Rubalcaba. Buscar ese final es parte de la estrategia antiterrorista, y eso no significa “negociar”, como peyorativamente califica el PP esos intentos.

Desgraciadamente, lo más probable es que no haya ese final. Mucho me temo que toda esta especulación se quede en un feo juego interpartidario porque ellos, los que están escondidos en cuatro pisos de Francia, los que mantienen el control de todo este entramado, los que manejan los “hierros” seguirán prisioneros de su violencia y no serán capaces de asumir su derrota y el fin de su trágica historia. Asistiremos así a un proceso más gradual de violencia residual y declinante, sin que nadie pueda ni deba atribuirse méritos de un final feliz o de fórmulas taumatúrgicas que nadie tiene. Por eso me parece que está de más pretender engañar a los ciudadanos con promesas de paz tan falsas como su pretenciosa firmeza.

Paz, piedad, perdón25

Estas tres hermosas palabras, pronunciadas con tanta brillantez como ingenuidad por el presidente de la República, Azaña, en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona en la primavera de 1938, cuando la derrota republicana se intuía inevitable, fueron tan despreciadas por sus enemigos como desoídas por sus amigos. Vuelven a mí con motivo del debate abierto con el ofrecimiento de los presos de ETA de acogerse a las vías de la reinserción, una vez declarado su rechazo a la violencia y su reconocimiento del daño causado.

El mundo de Batasuna quiere aprovechar esta declaración para lanzar una campaña favorable a la relajación de la política penitenciaria que permita ir sacando a la mayoría de los presos de ETA y acercarlos a todos a las cárceles vascas. Es la estrategia de la “reconciliación”, basada en las múltiples violencias, “los daños multilaterales generados como consecuencias del conflicto” y en un relato de parte que no cuestiona la lucha armada de tantos años, aunque la rechacen hoy. Su retórica es despreciable. Sus argumentos, oportunistas y cínicos.

En el otro extremo, asociaciones de víctimas, articulistas, medios de comunicación y el propio Gobierno de Rajoy nos dicen que el comunicado de los presos solo busca facilidades para su liberación y nos recomiendan no hacerles el menor caso. “Nada ha cambiado”, parecen decirnos, o simplemente nos advierten de que son terroristas y de que deben pudrirse en la cárcel los próximos treinta o cuarenta años que les queden por cumplir.

Son legítimas ambas posiciones. Son incluso comprensibles. Pero ninguna de las dos nos ayudará a hacer irreversible y sólida la paz de la que disfrutamos desde el 20 de octubre de 2011, a superar las inevitables heridas que atraviesan a la sociedad vasca después de tanta tragedia y tanto dolor y a construir nuestro futuro desde la memoria real de lo pasado, desde un relato fiel y auténtico de lo que ha significado el terrorismo de ETA.

En mi opinión, la mayoría de la sociedad vasca mira este tema crucial de nuestro pueblo con un mayor equilibrio, con un afán más constructivo, con más piedad, si ustedes quieren. Con más capacidad de perdón. No digo con voluntad de olvidar o, mucho menos, de aceptar el engaño de un relato falsario. No, a eso la sociedad vasca no está dispuesta, y me parece imposible que tal manipulación de nuestra reciente historia tenga la más mínima posibilidad de asentarse. Pero, dejando claro esto, creo muy mayoritaria la opinión pública vasca que nos pide que aseguremos la disolución y la desaparición definitiva de ETA y que seamos capaces de sentar las bases de una convivencia respetuosa y tolerante en la que quepamos todos. En este esquema, los presos de ETA pueden ser tratados como personas reinsertables y, por tanto, deben ser objeto de un tratamiento individualizado que persiga, desde luego, el cumplimiento de sus penas, pero también que permita su progresiva reinserción social en función de los delitos cometidos y de las penas impuestas, del grado de su cumplimiento, de su edad, de su comportamiento personal, de su salud, incluso de su colaboración en el esclarecimiento de sus crímenes.

¿Por qué es posible hacer esto hoy? Primero, porque ETA ha sido derrotada y hace más de dos años que ha desaparecido la violencia de nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a la ausencia de la violencia de ETA y de su entorno con rápida naturalidad, pero, durante muchos años, hemos dudado de que ese final llegara, incluso de que fuera posible y, salvo en estos últimos diez años, nunca creímos que ese final soñado fuera por rendición y desistimiento de la banda. Segundo, porque el fin de la violencia ha sido una victoria de la democracia limpia y rotunda. Nada se ha pagado ni nada les debemos. ETA anunció el final de su historia sin negociación previa y sin contrapartidas políticas, y lo hizo porque estaba desarticulada policialmente y su expresión política le exigió el abandono de las armas, a riesgo de la desaparición de su causa. Tercero, porque el comunicado de los presos implica —aunque lo haga con sus inaceptables eufemismos— su rendición a la ley, el reconocimiento del daño causado, la aceptación de sus condenas, el tratamiento individualizado y un compromiso inequívoco de utilizar solo las vías políticas y democráticas. Nunca habían dicho eso. Nunca habían dicho tanto. Cuarto, porque es la democracia quien controla el proceso y puede condicionarlo absolutamente a los siguientes pasos que faltan: la disolución de ETA y la entrega de su arsenal, de manera que, si esas circunstancias no se dan, o se produjeran otras que cuestionaran la apuesta democrática, el Estado siempre podría revisar su política penitenciaria.

Hay muchas víctimas de ETA que aceptamos la generalización de la llamada “vía Nanclares” al conjunto de los presos de ETA. Cada uno es dueño de sus sentimientos, y los de las víctimas del terrorismo son especialmente dignos de respeto. Pero, ni todas las víctimas pensamos lo mismo, ni podemos pretender imponer nuestros deseos al interés general. Conviene recordar, además, que ni uno solo de los presos reinsertados por esa vía ha fallado a sus compromisos de reinserción. Pienso que avanzar con calma por ese camino es también lo más inteligente para que quede claro que es el Estado de derecho el que ejerce su potestad, es la ley la que se aplica, son los derechos humanos los que guían nuestra conducta y que, en consecuencia, es la democracia la que establece las reglas y la que ha derrotado a la violencia. Ese es el relato fiel y justo que nos merecemos.

No se tratará de un proceso fácil ni corto. Durará muchos años, exigirá generosidad para perdonar, que no olvidar, y reclamará apoyos mediáticos y consensos políticos y sociales. Pero así son las grandes causas. Así se hacen grandes cosas. Cuando hicimos la Transición democrática española fuimos admirados en todo el mundo por nuestra capacidad de pacto y de perdón. Algo parecido nos toca hacer en Euskadi los próximos años. Así seremos capaces de poner, de verdad, un final digno y democrático a esta trágica historia y construir un marco de convivencia a la altura de nuestro pueblo.

Paradojas del final de ETA26

Hace dos años largos que acabó la violencia de ETA, y, primera paradoja: en el País Vasco se disfruta la paz y en el debate político español parece que todo sigue igual. Tertulias, periódicos, víctimas, declaraciones del Gobierno persisten en una especie de cruzada interminable contra los restos de aquel desastre. La gente en Euskadi ha recuperado la libertad, han desaparecido los escoltas y el miedo. Nadie está extorsionado ni amenazado. La política, por fin, monopoliza todos los debates y la violencia ha desaparecido total y absolutamente de nuestras calles. Pero la inercia informativa, los intereses creados y el populismo que arrastra este tema siguen haciendo que la burbuja capitalina político-mediática desconozca o desprecie la realidad de lo que vivimos y sentimos en el País Vasco.

Segunda paradoja: ETA anunció el abandono definitivo de la violencia de manera unilateral e incondicionada. Fue un cese por rendición, aunque lo envolvieran en su falsa retórica. Pero esta evidencia no se ha instalado en la cultura política del país, y es sistemáticamente cuestionada por importantes protagonistas políticos y mediáticos. Hasta el punto de que quienes no quieren reconocer este hecho —la derrota de ETA— acaban construyendo una argumentación en contrario, es decir, avalan y extienden la idea de que ETA ha ganado a la democracia, convirtiendo así a los derrotados en triunfadores. La derrota de ETA no equivale a la desaparición física de quienes la defendían, sino a su abandono de la violencia y su incorporación a las reglas de la democracia. Nuestra victoria no consiste en su renuncia a sus ideas, sino en que las defiendan con la voz y la palabra y dejen para siempre las pistolas y las bombas. Por eso, no podemos alarmarnos de que nuestro combate a sus ideas y a sus pretensiones se dilucide ahora en las instituciones democráticas. Cuestionar este hecho con alarmismo mediático o peticiones ilegalizadoras echa por tierra nuestro pluralismo democrático y la superioridad moral de nuestras convicciones.

A esta posición se llega desde muy distintos lugares políticos y con muy diferentes propósitos, pero todos acaban convergiendo en esta peligrosa y falsa conclusión. Algunos porque no quieren reconocer al Gobierno de Zapatero-Rubalcaba ese mérito histórico. Otros, porque no saben ni pueden vivir sin este tema. Otros, porque buscan réditos populistas en la posición ultra del tema. En fin… Sectarismo, oportunismo, populismo, llámenlo como quieran, lo insufrible es que otorguen la victoria a los terroristas cuando son la democracia y el pueblo español quienes han derrotado a ETA.

Les haré una confesión. Durante muchos años, mientras sufríamos más de cincuenta asesinatos al año, muchos pensábamos que nunca acabaríamos con este problema. Después del pacto de Ajuria Enea (1988), ya en los años noventa, creí que la paz sería la consecuencia de algún tipo de acuerdo entre las fuerzas políticas vascas y que exigiría mucha generosidad a un final dialogado como cobertura al cese de la violencia, aunque sin concesiones políticas. Hoy puedo decirles que nunca imaginé un final tan limpio, tan claro, tan rotundo, como lo ha sido. ETA se ha ido sin nada. Nada se ha pagado y nada les debemos. Nada se ha pactado. ETA ha sido derrotada por la sociedad, desarticulada por la Policía y la ley, empujada por la política hacia la aceptación de sus reglas, desbordada por la realidad y por su propia gente, hacia el abandono de su fanatismo. Todo lo que ha ocurrido desde aquel octubre de 2011 avala la derrota sin paliativos del terrorismo y la victoria plena de la democracia. Todo, hasta el comunicado de los presos, aunque su foto nos resulte repugnante. ¿A qué viene, entonces, negar la evidencia y darle la vuelta a la realidad? ¿Qué se pretende? ¿A quién beneficia actuar ahora como hace diez años o, como si la violencia no hubiera acabado? Yo recuerdo muy bien su historia. Las razones que esgrimieron para despreciar la autonomía y la democracia en 1978. Su agenda reivindicativa, tan ampulosa, su alternativa KAS, la autodeterminación, Navarra, la expulsión de las fuerzas de seguridad… ¿Qué ha quedado de toda aquella retórica? ¿Cómo explicarán por qué y para qué mataron tanto? Es la historia de un fracaso rotundo, de una historia errática y miserable. Eso, en Euskadi, lo saben hasta los niños. ¿Por qué entonces otorgarles la victoria? ¿Qué teoría enferma y absurda quiere privarnos de este logro inmenso de la democracia y la paciencia del pueblo español?

Tercera paradoja: Euskadi estaba como una balsa hace unas semanas. El pacto PNV-PSE había orientado la política vasca por derroteros muy distintos a los de Cataluña. El País Vasco vivía otro tiempo. Otras eran sus inquietudes: consolidar la paz y trabajar para mejorar la convivencia de una sociedad todavía atravesada por las heridas terribles de la violencia; construir un relato fidedigno que honre a las víctimas; salir de la crisis, etcétera. Hablando, hace unos días, con dirigentes nacionalistas de Cataluña, coincidían en este análisis. “Vosotros no tenéis agravios, me decían, vivís en otras coordenadas, vuestras preocupaciones son otras”. Pero, de pronto, se han acumulado una serie de acontecimientos que nos han devuelto a la épica del pasado, a las antiguas trincheras, a las viejas dialécticas. Peor aún, a las peligrosas alianzas entre nacionalistas que rivalizan por liderar sus esencias y su anacrónico milenarismo. ¿Quién les empuja hacia ello?

El Gobierno deberá analizar estas paradojas porque su gestión de estos temas —no diré más— no ha mostrado hasta la fecha las virtudes exigibles en tan delicada materia, y puede acabar en un fracaso rotundo que lo será de todos y lo pagaremos algunos. Consolidar la paz, asegurar el desarme y la desaparición de ETA, recuperar una convivencia construida sobre la verdad y la justicia, superar los enormes daños humanos producidos tantos años, incluso definir el futuro vasco desde “el deber de memoria”, a la luz de la experiencia que nos proporciona la barbarie sufrida, son materias de alto valor político, de enorme sensibilidad social. La política, en estos casos, es una ciencia que reclama inteligencia y valentía y alejarse de populismos cortoplacistas. Gobernar estos temas a golpe de portada de periódico, o mirando de reojo al sector ultra del electorado, o temiendo perder un puñado de votos a manos del partido rival, no solo no es recomendable. Es peligrosamente grave.

Pasos pendientes27

La entrega de las armas es el segundo paso de la paz. El primero fue el cese de la actividad armada un venturoso día 20 de octubre de 2011. ¿Cuáles son los siguientes? El tercero será la disolución de la banda. En términos operativos, esos pasos son definitivos e irreversibles y acreditarán el fin de ETA y de su trágica historia. Tarde, pero bien.

Esa era, es y será la única forma en que tenía que acabar esta pesadilla de casi 50 años. La democracia venció esta anacrónica y fanática apuesta por la violencia que hicieron algunos nacionalistas vascos al final del franquismo y, más precisamente, en los difíciles comienzos de la democracia y de la autonomía vasca. Porque, no es ocioso repetirlo, ETA no fue una organización antifranquista, sino una banda criminal contra España, su democracia y su pluralismo político.

¿Qué viene ahora? Su disolución como condición necesaria para corregir actitudes que no debemos admitir. La primera es la justicia. Quedan 300 asesinatos sin aclarar, y la contribución a su esclarecimiento ayudaría enormemente a crear un clima de generosidad para con quienes colaboraran en ello. Hay enormes posibilidades legales de ser generosos en el cumplimiento de sus penas y, personalmente, creo que eso sería inteligente. No digo que fuera justo, digo que la generosidad es la virtud del vencedor, y la democracia española puede serlo.

La segunda actitud es la exigencia de la verdad en el relato del pasado. Solo hay un relato posible, y nada ni nadie puede perturbarlo con falsas equidistancias o apelando a esotéricos contextos. Son las víctimas de ETA quienes protagonizan ese relato, y ellas son la única verdad de esta historia triste.

La foto de la derrota28

En una tribuna de opinión publicada recientemente en El Mundo, una periodista se preguntaba: “¿Por qué nos niega este Gobierno la foto de la derrota de ETA?”. ¿Qué foto es esa?, me pregunto yo. ¿Qué foto nos falta?

Se dice que los vencidos suelen ser más inteligentes que los vencedores porque están obligados a forzar la inteligencia para superar las consecuencias de su derrota. Espero sinceramente que esto no ocurra en este caso. Hay en algunos círculos políticos y mediáticos una resistencia incomprensible a dar por finalizada la violencia y, peor aún, a dar por derrotada definitivamente a ETA. Digo incomprensiblemente porque al hacerlo alimentan la duda sobre quién es verdaderamente el derrotado.

El final de ETA se produjo hace ya más de cinco años, el 20 de octubre de 2011, cuando la organización terrorista anunció el “fin definitivo” de la violencia. No hubo condiciones previas, no hubo cambios en las leyes ni en los marcos jurídicos y políticos de nuestra democracia, no hubo cambio alguno en la política penitenciaria. Fue un cese unilateral e incondicionado. Algunos nunca pensamos que el final de tan trágica historia fuera tan limpio, tan claro, tan democrático.

Cinco años después anuncian su desarme. Poco importa que lo envuelvan en el celofán de un acto supuestamente político. Poco importa que la teatralización de la entrega de la información sobre la ubicación de sus armas al Gobierno francés se vea acompañada de una propaganda inmerecida, como si les debiéramos algo por hacerlo, o como si ellos fueran los buenos de una película de asesinos. Todo eso es colateral, lo importante es que abandonaron las armas hace cinco años y ahora las entregan. Y mañana disolverán la banda. Siempre soñamos que su final fuera así. Y puesto que la democracia ganó, no cometamos el error de atribuirles a ellos la victoria cuando solemnizan su propia derrota.

Quienes aspiraban a otro final deberían explicarnos cómo debiera haber sido, y si lo hicieran, muchos pensamos que quizá todavía lo estaríamos esperando. ¿Es que ha triunfado su causa? Evidentemente no. Su violencia arruinó su causa. Fue tal la contaminación moral que produjo el terrorismo a la causa nacionalista que lo impulsó que hoy el País Vasco está sereno y estable en el autonomismo, y el PNV, la fuerza política mayoritaria, se aleja de su contacto con sabia prudencia. Hacen política y están en las instituciones, claro, pero ¿es eso malo? ¿No fue precisamente ese el argumento que la democracia utilizó para deslegitimarles? “Hagan política —les decíamos— y no maten. Utilicen la palabra, participen en las instituciones, usen la democracia”. Pues bien, eso es lo que hacen y ese es nuestro triunfo.

Por supuesto, hay causas pendientes y heridas muy abiertas. El relato de la verdad, por ejemplo, es un tema importante. Personalmente, tengo pocas dudas sobre cuál será el relato histórico de esta tragedia. ¡Es tan evidente! No habrá confusión sobre la realidad, porque ni el contexto, ni las equidistancias, ni la represión policial —incluidos sus errores— podrán ser manipulados para falsificar sus horribles crímenes. Habrá negadores del holocausto, pero la fuerza y el drama de las víctimas los borrarán del mapa de la memoria colectiva. Por eso, ellas, las víctimas, deberán permanecer como protagonistas activas de ese relato de la verdad y como causa permanente de nuestros deberes de reparación y justicia.

“Queremos un fin de ETA sin impunidad”, se dice también. No hay razones para dudar de que esto esté siendo así. La policía sigue investigando atentados y deteniendo a activistas. La justicia sigue produciendo condenas a día de hoy, los condenados están en cárceles y no hay ni una sola medida de atenuación o acortamiento de penas. Es más, el régimen penitenciario de los presos de ETA se produce en cárceles distantes a pesar de que la política de dispersión aplicada no tiene hoy las necesidades y las razones que tenía cuando se adoptó a principios de los años noventa del siglo pasado. Aplicar la Ley Penitenciaria en la perspectiva resocializadora de su función no es impunidad, es justicia.

Disolución, memoria y perdón29

Hace ya más de cinco años que ETA abandonó la violencia. En los primeros días de abril entregarán las ramas. ¿Qué falta? Que disuelvan la banda. Es a partir de ese hecho que la democracia puede ser generosa y aplicar la ley penitenciaria con flexibilidad y con el sentido de reinserción que late en nuestro sistema punitivo.

Hay una fuerte corriente de pensamiento (y no sé si también de sentimiento) en la derecha española que rechaza cualquier gesto de humanidad con los etarras y que incluso niega lo evidente: la derrota de ETA. A unos les mueve la venganza y a otros el sectarismo de no querer reconocer que ETA fue derrotada en la etapa de Rubalcaba y Zapatero; aunque fuera la democracia en su conjunto (sociedad, Policía, leyes, etc.) quien la venció realmente. Algunos hasta piden al Gobierno español que no nos niegue la “foto de la derrota”. Yo no sé muy bien qué foto es esa ni qué necesidad hay de inmortalizar lo que todos sabemos: que ETA terminó hace cinco años y que vivimos en paz desde aquel venturoso 20 de octubre de 2011.

Los vascos sí lo sabemos. Quienes allí viven lo saben bien. Pero quedan cosas por hacer: la primera es hacer irreversible la paz con la disolución de la banda después de su desarme. La segunda es acercar a los presos a cárceles próximas al País Vasco. Ya no hay razones políticas, ni policiales, ni siquiera legales para mantener la dispersión. La tercera es construir un relato de lo sucedido basado en la verdad. Las víctimas deben ser el eje de esa memoria y los testigos de una realidad incontrovertible. No puede haber equidistancias ni contextos justificativos de su terrorismo.

En ese contexto, la flexibilidad en la aplicación de la Ley Penitenciaria humaniza y facilita una reinserción necesaria. La generosidad es la virtud del vencedor. La democracia española puede ser generosa porque ha derrotado a la violencia. La generosidad y la inteligencia en este asunto nos ayudarán a superar con bien esta trágica página de nuestra historia. No se trata de eximir de la culpa ni de acortar las condenas, sino de aplicar la justicia con generosidad. La ley lo permite, y no por ello deja de ser justicia.

Paz y presos30

Hubo un tiempo en que la sociedad y la política vascas creyeron que “paz por presos” era una ecuación razonable. Al mismo tiempo, se negaban tajantemente concesiones políticas a la violencia. Se decía: “La política no es negociable con las armas, pero si las abandonáis, seremos generosos”. Más o menos ese era el esquema filosófico de nuestra estrategia en los ochenta, bien reflejada en el propio pacto de Ajuria Enea.

Eran tiempos de desesperanza en que el final fuera posible. Durante muchos años, vivimos esos sentimientos de dificultad para salir de aquel túnel horrible. Nunca valoraremos lo suficiente esta extraordinaria victoria de la democracia sobre el terror. En estos días en que conmemoramos los treinta años de Hipercor y Zaragoza y los veinte de M. A. Blanco, recordamos algo obvio: nadie puede cuestionar que el final de ETA ha sido limpio, democrático, irreversible, “para siempre”, como rezaban las pancartas que tantas veces, tantos años, portábamos las fuerzas democráticas.

Pronto hará seis años que ETA asumió el fin del terrorismo, y desde entonces nada ha puesto en duda esa decisión. Por el contrario, a lo largo de estos años han ido confirmando su voluntad de abandonar las armas, a través de una serie de anuncios y actos que hacen más creíble todavía la realidad de la paz en la que vivimos, al margen de la ampulosa liturgia en la que los han envuelto. La localización de sus zulos, los actos de reconocimiento del daño causado y de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas y la disolución del Comité Internacional para la Verificación son los últimos gestos que acreditan esa decisión. Sin duda, queda algo muy importante por hacer: disolver la organización armada y encauzar a la política sus causas. Esta solemne decisión no la han tomado y, en mi opinión, es condición necesaria para un tratamiento penitenciario diferente de sus presos.

“De ninguna manera”, dijo el ministro de Justicia hacer unos días en Santander para cerrar el debate sobre la posibilidad de cambiar la política penitenciaria. No obstante, conviene recordar que la dispersión se basaba en la necesidad de desarticular a la banda también en las prisiones, porque estaba comprobada su influencia en la continuidad de las acciones terroristas, incluso a veces exigiendo desde ellas más asesinatos. Pero sin violencia y con la mayoría de los presos en fase de reinserción social, no hay razón para la dispersión en cárceles alejadas de sus familias. Esto no quiere decir que haya que traer y juntar a los presos de ETA en las cárceles del País Vasco. Seguirá habiendo fuertes razones para mantener aislados y alejados a presos con nulas intenciones de reinserción o con peligrosas actitudes en favor de la violencia. Pero una gran mayoría de presos de ETA puede y debe acercarse a cárceles vascas y evitar así sufrimientos paralelos a sus familias.

También puede flexibilizarse el régimen de cumplimiento de las condenas a aquellos presos cuya voluntad de reinserción social es evidente y, por lo que sabemos, son mayoría. Cosa por otra parte muy comprensible y razonable cuando se arrastran decenas de años en la cárcel. Los permisos temporales, la prisión condicional y otras fórmulas de cumplimiento de las penas más favorables están pensados para la reinserción precisamente. También se puede y se debe facilitar el cumplimiento de las penas en arresto domiciliario cuando la enfermedad grave del preso lo aconseje.

En septiembre, la mayoría de presos de ETA van a solicitar a los jueces de vigilancia penitenciaria la aplicación de este tipo de medidas. Esto significa que los presos, previamente aceptan la legalidad, renuncian a la militancia en la organización terrorista, rechazan los delitos cometidos y asumen compromisos para resarcir a sus víctimas. Me pregunto si vamos a reaccionar con escándalo informativo y protestas políticas a las medidas que adopten los jueces en aplicación de la ley.

Yo creo que hay que consensuar una estrategia de discreción y respeto a una aplicación flexible y generosa de nuestra ley penitenciaria para con todos aquellos presos de ETA cuya voluntad de reinserción social esté acreditada. Y el Estado tiene medios y conocimientos para saberlo. No estamos hablando de indultos, ni de reducción de penas, ni de cuestionar las sentencias de los tribunales. Por el contrario, lo que procede es continuar con la política de reinserción que ya se practicó desde el momento mismo en que se inició la dispersión. Lo que procede es aplicarla a la mayoría porque ya no hay violencia, han renunciado a las armas y son la mayoría los que solicitan esta reinserción.

Yo creo que la generosidad es la virtud del ganador. La democracia derrotó a ETA. Lo hizo policialmente, socialmente, políticamente, internacionalmente. La derrotó en todos los frentes, hasta el punto de que fueron sus propios apoyos y defensores quienes le forzaron a diseñar un final con apariencias de pacto, convencidos de que su continuidad arruinaba su causa e impedía su futuro. Fue una victoria de la sociedad, de la ley, de las víctimas, del Estado, de la democracia, en suma. Y es a esa victoria a la que le corresponde ahora ser inteligente y generosa al suavizar los sufrimientos humanos y los sentimientos antagónicos que generó esta tragedia. Leí hace unos días una encuesta que aseguraba que dos tercios de los vascos están de acuerdo con estas ideas. Creo que esta es una reflexión muy extendida en la sociedad vasca. Pero no solo. Conozco a muchas víctimas de ETA que pensamos así. Porque el relato de la verdad, que nadie mejor que ellas asegura, gana legitimidad y grandeza con esa actitud humanitaria y conciliadora del Estado, con esa generosidad inteligente de la democracia.

Capítulo 3

El Estatuto: el triunfo del pacto

El Estatuto fue mucho más que la recuperación del autogobierno para los vascos. Fue también el marco de convivencia de su pluralidad identitaria. Sus frutos han sido excelentes, enormes. Nunca tuvimos tanto, me gustaba afirmar cuando se ponía en duda su potencialidad autonómica. Y es verdad. Por mucho y muy lejos que miremos en nuestra historia, los vascos nunca fuimos un país, más allá de determinadas señas comunes a los que vivían en estas tierras. La primera vez que nos constituimos en comunidad política fue en 1936, en plena Guerra Civil, dando fin así a las interminables negociaciones que tuvieron lugar en los tiempos de la República.

Pero en 1979 hicimos mucho más. La Constitución española de 1978 nos otorgó un camino expedido hacia el autogobierno, al reconocernos la capacidad de restaurar el régimen autonómico de 1936 y, puestos a ello, fuimos los primeros —adelantándonos en horas a Cataluña— en presentar en las Cortes un proyecto de Estatuto, breve pero preciso y ambicioso, para abrir así las negociaciones con el Gobierno del Estado y con las fuerzas políticas del Parlamento.

Aquellas negociaciones fueron tensas y complejas. Hubo noches en las que la ponencia constitucional estaba esperando que le llegaran los frutos y los acuerdos de negociaciones paralelas en la Moncloa. Lo cierto es que el 25 de octubre de 1980 el pueblo vasco ratificó el que se llamó Estatuto de Gernika por alusión a la simbólica villa foral. El Estatuto ha proporcionado un nivel de autogobierno como nunca tuvimos y bastante mayor que cualquier comunidad, land, cantón o región intraestatal en el mundo. Junto al Concierto, constituye un modelo privilegiado de pertenencia a un Estado. Se puede querer más, pero eso no equivale a mejor. En un mundo de soberanías compartidas, en una Europa de organización federal, nuestra autonomía se ubica en una envidiable posición de poder político y económico.

Pero la otra gran virtud de aquel acuerdo entre los vascos y de los vascos con el Estado fue la voluntad de encontrar un marco de convivencia a quienes teníamos opiniones y sentimientos muy diferentes sobre nuestra identidad personal y colectiva, y aspirábamos a objetivos políticos no solo diferentes, sino incluso antagónicos.

Con frecuencia echo en falta aquel espíritu de pacto que presidía la política aquellos años. Los desprecios a las conquistas que logramos gracias a él son ignorantes y mezquinos. La Constitución y el Estatuto fueron extraordinarios y en gran parte fueron posibles por una actitud constructiva y una voluntad de avanzar acordando que han desaparecido de la escena política española.

En el caso de Euskadi, se trataba de hacer real aquel grito de nuestras reivindicaciones antifranquistas de la Transición: “libertad, amnistía y Estatuto de autonomía”. El pareado era necesario para el grito, pero resumía bastante bien la agenda de la época. Se trataba de encontrar un marco jurídico y político para Euskadi, en el que se garantizara el máximo de autogobierno en un Estado ordenado, de naturaleza federal, que diera cabida así a las aspiraciones nacionalistas asegurando el engarce político y jurídico en y con el Estado. Se trataba, en definitiva, de integrar en ese proyecto a todos los vascos, a los que no creían en la democracia española y mataban contra ella, a los que aspiraban al sueño sabiniano del zazpiak bat, aunque aceptaban la democracia y sus reglas, y a los que queríamos una Euskadi autogobernada en una España moderna y democrática. Eso fue el Estatuto, y eso sigue siendo.

La historia de su desarrollo es conocida. España y sus gobiernos fueron aceptando y asumiendo la creación de una comunidad con amplios poderes, competencias y facultades, en un organigrama institucional amplio y generoso, que bien podríamos calificar como paraestatal. Por supuesto, no fue fácil y hubo intentos de reordenación (LOAPA), resistencias a traspasos, instrumentos unificadores, etc. por parte de sucesivos y diferentes gobiernos. Pero, en general, España ha sido leal con el Estatuto y el Concierto, a pesar de que en la década de 1980 nadie sabía cómo construir la España autonómica y a pesar de que la Constitución tampoco había previsto ni los caminos ni los destinos del desarrollo de su Título VIII.

El nacionalismo vasco nunca valoró esta apuesta con justicia. El violento, combatió el Estatuto a sangre y fuego. Gran parte de su lucha fue contra él, aunque golpearon a España, a sus instituciones y a sus defensores. Todavía lo desprecian aunque viven en él. El PNV nunca aceptó el término del viaje estatutario y eso le llevó a un cuestionamiento permanente, a una relativización de sus poderes, a una actitud de denuncia de sus incumplimientos tan exagerada, que muchas veces pareció desprecio estatutario.

La vía del Estatuto sufrió, sin embargo, un fuerte ataque a raíz del Pacto de Estella (PNV-EA-HB) en 1999, cuando el PNV asume la autodeterminación como objetivo, dando lugar a una tregua —que fue trampa— de ETA y que llevó después al lehendakari Ibarretxe a defender en sus gobiernos (2001 a 2009) la vía que adoptó su nombre. Varios de los artículos que siguen responden a esos momentos críticos que vivió la política vasca, y la española, por supuesto.

Años después, un Gobierno socialista, monocolor y con apoyo del PP, sustituyó a Ibarretxe, y a Patxi López le siguió Urkullu. Uno de los proyectos de sus gobiernos es encontrar un nuevo consenso vasco sobre un nuevo Estatuto, que a veces llaman “nuevo estatus”. También sobre este tema de hoy van los artículos que siguen. En particular una contribución que hice a la Ponencia para la Reforma del Estatuto que se constituyó en el Parlamento vasco, cuando fui requerido como experto.

Nacionalismo31

Dios o diablo. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Constructor o destructor de sociedades? ¿Ideología de paz o de guerra? ¿Anacronismo o modernidad? Las respuestas reclaman el filtro de la realidad, las derivadas de la casuística, la identificación previa de quién responde, porque el Nacionalismo lo ha sido todo, unas cosas aquí y las contrarias allí.

Hitler fue un nacionalista y su programa lo fue genuinamente, hasta el infinito. Esto llevó a su contemporáneo Stefan Zweig a exclamar, en pleno horror nazi, en 1941 (un año antes de suicidarse): “He visto nacer y expandirse ante mis propios ojos… la peor de todas las pestes, el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea”. Pero Gandhi también lo fue a su manera, por cierto, bien distinta, y su nacionalismo creó la India de hoy. Fue el nacionalismo surgido de la Ilustración y del Romanticismo el que ayudó a configurar las naciones de Europa en el siglo XIX, pero es también nacionalista el movimiento que cuestiona muchos de esos estados nación, en la actualidad (“es bueno mi nacionalismo y repulsivo el tuyo”). Aceptamos y entendemos el nacionalismo de los estados a la hora de limitar nuestras cesiones de soberanía para la construcción Europea y negamos, rechazando por absurdo, injustificable y anacrónico, el de algunas naciones culturales que quieren ser naciones-estado, políticamente hablando.

¡Cuánto se ha escrito sobre el nacionalismo y qué opiniones tan encontradas y antagónicas suscita cada uno de los casos de nacionalismos que conocemos! No hay probablemente un término político tan controvertido y subjetivo.

Tradicionalmente el nacionalismo ha sido identificado emoción de los seres humanos respecto a su grupo, colectividad o comunidad de pertenencia. Dicho vulgarmente, nacionalismo es “amor a la patria”, es decir, “una emoción nacional”. Pero en fin, en torno a la nación y al nacionalismo se ha escrito todo. Desde Renan, respondiendo en la Sorbona en 1882 a la pregunta “¿qué es la nación?” diciendo que es un alma, un principio espiritual con dos caras: “La una como posesión común de una herencia rica en recuerdos. La otra, un acuerdo de presente, el deseo de vivir unidos”. Curiosamente, más de un siglo después, en mayo de 2002, el canciller alemán Schroder definía su idea de nación como “un espacio de recuerdos, democracia y solidaridad compartida”.

Como se ve, el concepto de “nación”, como base de la ideología nacionalista ha sido atravesado y complementado por todos los planos posibles; desde la emoción sentimental, a los valores comunes; desde la unidad cultural a las exigencias humanas en derechos y en actitudes que han incorporado, más tarde, los constitucionalistas y la política democrática en general.

No es este el momento ni el lugar para describir las innumerables y en gran medida divergentes teorías que explican la nación y el nacionalismo, la etnia y la identidad, los diferentes modelos de nacionalismo, la nación cultural y la nación política, los aspectos psicológicos, económicos, históricos y sociales de los nacionalismos. Interesa en esta obra razonar sobre tres aspectos políticos de este fenómeno:

La reaparición de los conflictos étnicos y nacionales en un contexto de globalización, mundialización e internacionalización de la economía y de las finanzas, de los mercados y de la política.

Las respuestas de la política a este fenómeno. Las diferentes fórmulas de tratamiento a la erupción nacionalista en pleno siglo XXI.

La convivencia multicultural: el pluralismo y la democracia frente a los nacionalismos excluyentes y xenófobos.

Nacionalismos y globalización

¿Por qué resurgen los nacionalismos? Como al igual que en otros acontecimientos históricos, la humanidad y sus dirigentes se han visto sorprendidos por fenómenos que no habían previsto. La caída del Muro de Berlín fue uno de ellos, y la desaparición del comunismo y la superación de un mundo bipolar nos trajeron una sucesión de conflictos étnico-nacionales que están desestabilizando el mundo. La mayoría de las guerras que todavía padece la humanidad responden a conflictos nacionalistas, si en este término incluimos las derivadas fundamentalistas que la religión (factor esencial de muchos nacionalismos, no lo olvidemos) está incorporando a este complejo fenómeno.

Alain Touraine ha pronosticado que el siglo XXI estará dominado por “la cuestión nacional”, como el siglo XX lo estuvo por la cuestión social. “En todas las partes del mundo —señala— es visible el desgarramiento entre el universalismo arrogante y unos particularismos agresivos. El principal problema político es y será limitar ese conflicto total, establecer unos valores comunes entre intereses opuestos”.

¿Qué nos está llevando, de nuevo, a adorar a nuestros orígenes? Durante los dos últimos siglos, herederos de la Ilustración y el racionalismo, fundados en el humanismo, hemos creído que razón y progreso, tolerancia y democracia, educación y cultura, irían construyendo sociedades abiertas y universales, pero nos estamos encontrando con una creciente apología de la diferencia y de los orígenes, como si la definición de nuestra identidad tuviera que remitirse irremisiblemente a nuestros antepasados y como si nuestras mejores cualidades fueran solo las que se derivan de nuestras diferencias para con los demás. Buscar la identidad es legítimo, dice Sami Nair, como lo es defender la nación oprimida, las lenguas destruidas, las creencias despreciadas. “Pero la identidad se convierte en racismo cuando se petrifica en un particularismo que se opone al resto de la comunidad de los humanos. La identidad, que comienza por la necesidad de la diferencia, se prolonga con frecuencia en una necesidad de distinción a cualquier precio, y termina a veces en un racismo hosco”.

La cuestión es incluso peor, porque nunca podremos comprender por qué tanta gente comete hoy crímenes horribles en nombre de su identidad étnica, religiosa o nacional, como se pregunta angustiado Amin Maalouf reivindicando una identidad mixta, “a caballo entre países, entre dos o tres lenguas, entre varias tradiciones culturales. Esa es mi identidad…”. Sin embargo, el fantasma identitario-nacionalista recorre de nuevo el mundo. Desde Afganistán hasta Palestina. Desde Timor oriental en Indonesia a Chipre, también una pequeña isla europea en la que no pueden convivir chipriotas, griegos y turcos. Desde los Balcanes a Los Urales. Desde Córcega a Quebec. ¿Por qué resurgen los nacionalismos?

Desde luego, y contra lo que pudiera parecer, porque la globalización y los imperios mediáticos y sociales están provocando una rebelión particularista contra la uniformización. La reaparición de fuertes sentimientos identitarios es una reacción a esa modernidad capital que anula las identidades tradicionales, ofreciendo como único sustituto las grandes superficies, las cadenas de comida rápida y los megacentros de consumo y ocio. Y unas pautas de conducta social masificadas y simples. De esa sociedad global e igual surgen inseguridades colectivas, actitudes antiplurales, rechazos al diferente, exacerbación de lo propio y regresos a la singularidad.

Un segundo argumento surge de los acontecimientos políticos están teniendo lugar en los últimos años. De una parte, los estados nación están sufriendo un progresivo estrechamiento competencial. No es una crisis existencial (porque sobre ellos se seguirá haciendo el mundo), pero el acelerado proceso de transferencia de símbolos y soberanía a las entidades supranacionales (Unión Europea, Mercosur, NAFTA, etc.), acompañado de importantes traspasos de poder político y servicios esenciales a las regiones y nacionalidades interiores (Inglaterra, España, Italia, etc.) han provocado una cierta crisis de los estados, al tiempo que un reforzamiento de las entidades locales y nacionales no estatales.

Los nacionalismos han emergido también por la aparición de nuevos estados nación, donde parecía que se habían instalado fronteras indelebles. A finales de los ochenta, en un encuentro con el entonces embajador de la todavía Yugoslavia, hablábamos sobre pueblos y sobre Europa. El embajador me decía que las fronteras fijadas en Versalles en 1919 y las confirmadas después de la Segunda Guerra Mundial no cambiarían en los próximos cien años. Diez años después de tan atinado pronóstico, su propio país había generado tres o cuatro nuevos estados. Checos y eslovacos se separaron, emergieron las repúblicas bálticas y todas las ex repúblicas soviéticas del Este y de los Urales eran un auténtico polvorín. Poco se ha dicho todavía sobre el efecto emulación que ofrecen esos nuevos y pequeños países, en viejas y poderosas regiones o naciones europeas, sin Estado, que miran con envidia a estos nuevos países que próximamente además, serán estados de la Unión Europea ampliada.

Todo ello se produce en un contexto de crisis ideológica. La izquierda, que durante todo el siglo XX conformó y lideró una causa de justicia y de emancipación humana hacia la democracia y la justicia social, ha perdido capacidad de arrastre y de encuadramiento ideológico. La nueva sociedad del “fin de la historia”, dominada por el neoliberalismo, instaura valores y conductas individuales, conservadoras y descreídas. La sociedad de la información es una sociedad ignorante y egoísta. Quiere respuestas simples a problemas complejos. El avance de la ultraderecha es una muestra. Un nuevo nacionalismo ocupa el vacío ideológico, y seis millones de franceses votan a Le Pen, es decir, no a Europa y fuera los inmigrantes. La inmigración, a su vez, crece. Crece porque la necesitamos, porque nuestra economía y nuestra demografía les llaman y porque la globalización no puede cerrarse a los movimientos humanos. Vienen en exceso, y además no se integran, porque muchos proceden del mundo musulmán, que está sufriendo una ola creciente de integrismo religioso y de un victimismo, en parte justificado, contra Occidente. Estas y otras razones explican la fuerza y la importancia creciente de los nacionalismos y ponen en evidencia la necesidad de soluciones políticas a sus conflictos.

Políticas ante el nacionalismo

Aunque el nacionalismo surja para reivindicar una semejanza cultural como vínculo social básico (Ernest Geliner), o aunque su origen y motivación respondan a la recuperación o conservación de una lengua y unas tradiciones, o una lógica demanda de autogobierno, lo cierto es que el nacionalismo cultural acaba transformándose casi siempre en un nacionalismo político y, como tal, acaba equiparando etnia con nación y nación con Estado. Aquí surgen los problemas, porque esta es la ecuación conflictiva.

Conflictos que surgen de la dificultad de aceptar una lógica absurda y anacrónica respecto a los tiempos globalizadores que vivimos. No cuestiono la justicia y la moral que avalan esa reivindicación, pero nadie puede negar que resulte contrario al signo de los tiempos y a la evolución de los acontecimientos políticos y económicos. Porque cuando resulta cada vez más necesario fortalecer las estructuras políticas internacionales; cuando creamos nuevos espacios supranacionales; cuando importantísimas demandas de la humanidad (desde el hambre a la ecología, pasando por el codesarrollo y la expansión tecnológica) requieren un mayor y mejor gobierno de la globalización; cuando todo eso reclama universalismo tiene difícil explicación que el universo se trivialice, de nuevo, en una sucesión interminable de nuevos estados, animados por la ecuación nacionalista de que a toda lengua o a toda etnia le corresponde una nación y a toda nación le corresponde un Estado. Llegados a este punto, conviene recordar que en nuestro planeta hay no menos de seiscientas lenguas vivas y más de cuatro mil grupos étnicos diferentes, como nos ha recordado el historiador británico E. Hobsbawn.

Conviene recordar igualmente que, a diferencia de los nacionalistas, la nación no es un hecho natural e incontrovertible, no es un fenómeno universal y antihistórico. Como nos ha demostrado E. Gellner, el nacionalismo aparece en la transición de la sociedad agraria a la industrial, con el declinar de la cultura popular y en el contexto de la aparición de los estados nación. Es en ese mundo de naciones, como lo fue el siglo XIX y en parte lo ha sido el siglo XX en la última década, cuando la dominación ideológica del nacionalismo produce una especie de ilusión óptica, de lógica emulativa, dando a entender que siempre han existido las naciones.

También conviene recordar que prácticamente ningún Estado responde a una única nación. Todos los países son consecuencia de conflictos y acuerdos, de guerras y tratados que han configurado poblaciones diversas en sus culturas y lenguas, en sus recuerdos y sentimientos de pertenencia. La homogeneidad que exigen los nacionalistas a su nación hace imposible las configuraciones políticas de la convivencia y muchas veces convierte en extranjeros a quienes, ostentando el mismo derecho de ciudadanía, no responden al patrón homogéneo nacional que los nacionalistas quieren imponer.

El conflicto político de los nacionalismos se agudiza igualmente porque el nacionalismo lleva en su seno la semilla del extremismo, y en muchas ocasiones se expresa de manera violenta. Me apresuro a matizar que tal afirmación puede resultar, y de hecho lo es, profundamente injusta con los nacionalismos que han construido una convivencia armónica y tolerante; con los nacionalismos que han reivindicado y protagonizado la recuperación del autogobierno para sus nacionalidades; con los nacionalismos que, con su esfuerzo, han recuperado su lengua y su cultura en un ambiente uniformizador o represivo; con los nacionalismos que han dotado a su país de símbolos y patrimonio, actualizando sus recuerdos colectivos y sus tradiciones; con los nacionalismos que han construido y vertebrado una comunidad, incluyendo su pluralidad, y la han movilizado para tareas nobles y solidarias, o simplemente para compartir y construir juntos un futuro en democracia y progreso. Ese nacionalismo no puede ser confundido con el violento, sino a costa de una gran injusticia y una torpeza política imperdonable.

Pero qué duda cabe de que la patria, adobada en una historia manipulada y en un imaginario irredentista y ensoñado, ha dado y da lugar, desgraciadamente, a crímenes horrendos y a fanatismos increíbles. Bien porque sátrapas y tiranos han utilizado el nacionalismo como bandera de poder y de guerra (Hitler y Milosevic son un buen ejemplo), bien porque la exacerbación nacionalista y la violencia misma generan sucesivas generaciones de “patriotas” dispuestos a matar y a morir.

La política no está afrontando bien este complejo problema. La política en general y más en particular la izquierda, que siempre ha despreciado esta fenomenología como una cuestión menor ante la entidad del debate ideológico, y, sin embargo, cada día nos damos de bruces con las pantallas del televisor y con las portadas de los periódicos, trasladándonos a conflictos interminables y a escenas horribles de violencia y locura, siempre con la misma causa: la difícil convivencia de naciones y nacionalistas diferentes en estados complejos. Por eso, conviene precisar la tipología de los nacionalismos y sus soluciones políticas.

Modalidades actuales del nacionalismo

El nacionalismo se nos presenta hoy bajo tres modalidades que configuran esta problemática:

a) Los nacionalismos en los estados plurinacionales

Estamos hablando de los nacionalismos interiores a estados nación complejos, que han emergido por la diversidad cultural, los diferentes orígenes históricos y los movimientos reivindicativos de identidad y autogobierno. No hay una definición unívoca para realidades muy diferentes. Algunos países tienen una equilibrada relación interna entre el Estado y su nación (Dinamarca, Portugal, Grecia, Japón o Suecia, por ejemplo) y otros arrastran una compleja y tensa dialéctica centro-periferia o, si se quiere, entre los nacionalismos periféricos y el nacionalismo estatal (los casos de Italia, España, Francia, Inglaterra, etc., lo atestiguan). También aquí la naturaleza e intensidad de la fenomenología ofrece una casuística en nada comparable. Desde los problemas de la regionalización italiana con la Padania del Norte, a los de bretones y sobre todo corsos en Francia. Desde la “devolución” identitaria que está haciendo Tony Blair con Escocia y Gales a la complejidad de la convivencia política de flamencos y valones en Bélgica. Desde la tensión interestatal de los länder alemanes al catalanismo político de Cataluña en España. Desde las consultas secesionistas de Quebec en Canadá al separatismo terrorista de ETA en el País Vasco de España.

b) Los estados nacionalizadores

Nos referimos a los modelos políticos que utiliza el Estado para “nacionalizar” en torno a la nación dominante, cuya lengua, simbología y bienestar se protege y promueve al servicio de una concepción etnocrática del Estado. Se parte de que la nación oficial sufre un déficit de homogeneidad y no se encuentra plenamente desarrollada, lo que justifica políticas nacionalizadoras, compensatorias de la discriminación histórica sufrida. Todo ello se traduce en una escisión entre los ciudadanos, porque quienes no pertenecen a la “concepción nacional auténtica” son sometidos a políticas de normalización lingüística, asimilación y aculturación, según los patrones de la nación hegemónica.

Estos procesos nacionalizadores han rebrotado en los últimos años, no solo en estados de reciente creación (Estonia, Letonia, Ucrania, India, Croacia, Yugoslavia y otros), sino que también son visibles sus rasgos en algunos nacionalismos interiores a estados plurinacionales, cuando están dotados de fuertes instrumentos políticos, en algunos casos comparables a los poderes de un Estado (es el caso de Quebec, País Vasco y otros).

c) Las minorías nacionales

Nos referimos a las minorías nacionales que pertenecen a una nacionalidad étnico-culturalmente diferenciada, que reclama a su vez el reconocimiento de la suya en clave de derechos políticos o culturales. El mundo está lleno de minorías nacionales más o menos oprimidas por otros nacionalismos. En algunos casos, además, con cambios traumáticos en el poder y dominio de unas etnias sobre otras. Por ejemplo, más de dos millones de rusos han visto pasar su condición de etnia dominante a minoría en las tres ex repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. Es también el caso de tribus y etnias que han resultado oprimidas por los estados coloniales surgidos de la descolonización y reivindican una vuelta a sus viejos nacionalismos fundamentalistas de los orígenes de la lucha por la independencia (en África, India, Pakistán, etc., los casos son frecuentes).

Pero Europa en particular está llena de estos casos: húngaros en Rumania, albaneses en Serbia y Montenegro, serbios en Croacia y Bosnia, turcos en Bulgaria, armenios en Azerbaiyán, polacos en Lituania, uzbekos en Tayikistán, etc.

¿Qué políticas son posibles para estos casos?

Debe hacerse una primera afirmación. Todas las políticas antinacionalistas cuya base final sea la eliminación de la raíz subnacional y la unificación étnico-cultural y política han acabado fracasando. Desde luego, los procesos más agresivos de estrategia institucional y política antinacionalista son la limpieza étnica y el genocidio. De ambos hemos tenido recientes y dramáticos ejemplos en la antigua Yugoslavia, y lo seguimos viendo en Chechenia, Palestina, etc. La conclusión de estos procesos siempre nos lleva a una solución indeseada pero inevitable cuando la violencia y la guerra dominan la escena: solo la creación de nuevos estados que correspondan a territorios en los que habita una etnia mayoritaria parece la menos mala de las soluciones. De ahí que las estrategias antinacionalistas más belicosas tengan en el pecado su propia penitencia.

Más sutiles son las estrategias asimilacionistas. Ramón Maíz, de la Universidad de Santiago, ha sintetizado con acierto estas políticas en la imposición de dos axiomas:

Que la única “cristalización” nacional posible es la que corresponde a la etnia dominante.

Que la identidad étnico-cultural dominante es, por definición, excluyente.

Al igual que Linz, Maíz afirma que se implementan las políticas no consensuadas, pero mayoritarias en el ámbito cultural, imponiendo una lengua en la educación, Administración, etc., se “controla” la política y la Administración con una sobrerrepresentación de la etnia dominante; se establecen privilegios jurídicos y económicos a favor de las élites y de las actitudes correspondientes a la nación hegemónica.

La democracia y la experiencia, sin embargo, nos han ido incorporando al plano de las soluciones inteligentes. Adaptarse a la pluralidad reconociendo las diferencias étnico-culturales o los encontrados sentimientos de pertenencia y respetando siempre reglas democráticas y minorías con derechos constituye el único camino posible. Se ofrecen dos soluciones políticas sobre estos parámetros:

a) La democracia consociativa

Incluye fórmulas diversas, como los gobiernos de grandes coaliciones que incorporan a los grupos étnico-políticos de la comunidad; la proporcionalidad en los órganos e instituciones del Estado; los vetos a las decisiones especialmente sensibles y la autonomía para las decisiones propias, sin perjuicio de las fórmulas proporcionales para las decisiones comunes.

En este plano, son conocidas también las fórmulas de respeto a las minorías como son el reconocimiento de derechos poliétnicos, que incluye la protección legal y la financiación de determinadas prácticas asociadas a determinados grupos étnicos o religiosos y el establecimiento de derechos especiales de representación (escaños garantizados para grupos étnicos o nacionales en el seno de las instituciones más importantes del Estado en que residen).

La Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) adoptó en 1991 una Declaración sobre los Derechos de las Minorías Nacionales y, posteriormente, estableció un Alto Comisionado para las Minorías Nacionales en 1993. Las Naciones Unidas han estado debatiendo dos textos importantes: una Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas y Lingüísticas (1993), y un borrador de una Declaración Universal sobre los Derechos Indígenas (1988).

El Consejo de Europa, por otra parte, adoptó una declaración sobre los derechos de las lenguas minoritarias en 1992 (la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias).

b) El federalismo

El federalismo como cultura política, como modelo de articulación del poder al territorio, con todas sus variables y con todos los adjetivos que se le quieran añadir, constituye la fórmula más ingeniosa y democrática para resolver las demandas de las nacionalidades sin Estado en el seno de estados plurinacionales. Es, además, la mejor fórmula para orientar la construcción de los espacios supranacionales y resolver los mecanismos de subsidiariedad e identidad de los estados nación con la necesaria cohesión y coordinación entre los Estados

El federalismo constituye la fórmula más generosa y profunda de descentralización política, entendiendo por tal no la mera delegación o descentralización administrativa, sino la disposición de un Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con competencia propia para decidir, mediante órganos elegidos en el ámbito de la comunidad, y con reglas democráticas propias, sobre los problemas económico-culturales y sociales de su interés.

Es cierto que, en según qué casos, estas fórmulas realimentan tensión identitaria e incentivan los nacionalismos disgregadores, incluso las demandas de secesión. En general, ese riesgo no procede de la fórmula federal, sino de la causa que el federalismo quiso resolver. Ese riesgo, la demanda secesionista por la vía de la autodeterminación o semejante, es el fracaso del modelo de convivencia poliétnico y solo puede afrontarse desde la democracia y la reivindicación de la pluralidad interna de las propias comunidades nacionalistas. Por eso, y citando a Ramón Maíz:

Pese a todo, el federalismo asimétrico, democrático, constituye hasta la fecha el más contrastado modelo de regulación de conflictos nacionales que permite ensayar la difícil síntesis de autonomía política, solidaridad, confianza interterritorial y democratización. Su mayor virtud consiste precisamente en presentarse como alternativa más flexible y renegociable, y a la vez más cooperativa y democrática, que la aparición de estados independientes nacionalizadores o no. Pues el federalismo sitúa como fulcro, precisamente, la pluralidad y riqueza de la multinacionalidad en convivencia pacífica, generando, mediante la solidaridad y tolerancia institucionalizadas, una mucho más rica y profunda diversidad democrática.

Todo parece indicar que el siglo XXI será también, de nuevo, el de los conflictos interétnicos, el de las guerras tribales, el siglo de las migraciones masivas, el de los pluralismos culturales y religiosos, el de las convivencias multirraciales, el del cosmopolitismo y las reivindicaciones identitarias surgidas, quizás, con nuevas fuerzas por el sometimiento de los particularismos a la homogeneidad de la globalización. De nuevo, organizar el poder político en estados complejos, multirraciales, pluriétnicos o plurilingüísticos, sin que esas realidades políticas y sociales provoquen su partición ni generen conflictos irresolubles, seguirá siendo nuestra asignatura pendiente. Reestructurar la organización política del estado nación, en el marco de la creación de nuevos espacios supranacionales y en el proceso de adelgazamiento de lo público, en plena ofensiva neoliberal, son tareas que exigirán una profunda reflexión política y una reivindicación más urgente y necesaria que nunca de la política misma.

En ese contexto, el federalismo parece la fórmula más razonable para ilustrar y orientar las soluciones que cada caso merezca. Federalismo es unión, lealtad y libertad, es autonomía en cooperación. Federalismo es la manera política más ingeniosa de hacer compatible subsidiariedad e identidad con cohesión. Federalismo es soberanías compartidas sometidas a un orden jerárquico y organizado de decidir en un marco de cooperación y no de competencia. Federalismo es hacer compatibles espacios concéntricos de organización territorial del poder político a través de un orden constitucional basado en una cultura y unos principios de respeto mutuo y de colaboración desde la autonomía.

A semejanza de las muñecas rusas, que se abren para dar lugar a otra menor, el federalismo permite, desde el respeto a la identidad local, que a su vez exige la subsidiariedad, armonizar una organización territorial superior a la municipal y a la comunitaria, llamada estado nación, que a su vez da lugar a la estructura supranacional, llamada en nuestro caso Unión Europea. Todo ello desde el principio de la cohesión, que impone derechos iguales y solidaridades necesarias, porque también estamos construyendo una convivencia de derechos y valores que condicionan y limitan las competencias locales. Que el federalismo inspire soluciones a la convivencia política interior en los estados plurinacionales, al tiempo que oriente la creación de las nuevas estructuras políticas supranacionales, parece ser el mejor método que tenemos para organizar nuestro futuro.

Nacionalismo y convivencia multicultural

Pero, además de soluciones políticas a las naciones y a los estados, a los nacionalismos periféricos en estados plurinacionales o a los nacionalismos identitarios, ya estén en el poder de estados nacionalizadores o ya sean las minorías irredentas, el debate político ha situado con fuerza, en los últimos tiempos, el debate de la sociedad multiétnica.

La fuerza de la presión migratoria sobre Occidente, especialmente sobre Europa, EE UU y Australia, y los problemas de integración de parte de estos inmigrantes, principalmente la comunidad musulmana en la sociología, religiones y normas de convivencia constitucional de los países de acogida, está despertando un nuevo nacionalismo que lleva en su seno el fantasma del racismo.

No es el nacionalismo antisemita de otros tiempos. Son otros los motivos que lo generan, y otras las personas afectadas. La sociología electoral de los partidos de extrema derecha en Europa responde a amplias capas obreras en barrios periféricos que se sienten perjudicados por la competencia laboral y el rechazo que genera en gran parte de la población autóctona la vida en guetos de los inmigrantes, con arreglo a normas y costumbres a veces incompatibles con los valores y las normas de nuestra cultura social y democrática. Sin olvidar la peligrosa ecuación en parte cierta, porque se trata de una población empujada a la marginación y obligada a la ilegalidad.

El debate sobre multiculturalidad y pluralismo se está planteando con fuerza a raíz, sobre todo, del polémico opúsculo de Giovanni Sartori La sociedad multiétnica. Pero, más allá de tan interesante debate, interesa aquí resaltar la importancia de las políticas de inmigración ante un fenómeno que va a caracterizar nuestro futuro. El control de nuestras fronteras parece cada vez más obligado, al margen de nuestras actitudes morales ante este hecho. La contratación en origen y la cooperación al desarrollo en los países que ejercen mayor presión migratoria es la segunda regla que casi ningún país realiza correctamente. Por fin, la política de integración es la gran ausente de las políticas de inmigración en casi toda Europa. Canadá, Australia y algunos países nórdicos, quizás por este orden, nos han enseñado la necesidad de hacer un enorme esfuerzo económico, político y social para favorecer la progresiva integración de los inmigrantes en nuestro marco de convivencia con tolerancia y respeto a sus costumbres y cultura.

Nuestro mundo será cada vez más mestizo y pluriétnico. Las ciudades y las capitales, sobre todo, son mosaicos humanos de razas y orígenes. Nuestro trabajo lo encontramos en sociedades multinacionales y nuestros compañeros (subordinados o superiores) son de países diferentes. La pluralidad identitaria, cuando hay nacionalismos, cualesquiera que sean sus formas o sus pulsiones, se hace presente en los estados y en las Nacionalidades, porque ya no hay naciones homogéneas, ni en Córcega, ni en Pedanía, ni en Escocia, ni en Euskadi. La Unión Europea fomentará nuestra vida en común. Surge así la necesidad de dar un contenido medido y tolerante a una concepción cosmopolita de nuestra vida. No se trata de condenar a los individuos y a las sociedades a un universalismo abstracto, que el admirado nacionalista democrático moderado Arregi calificaba de inhumano. No se trata de renunciar a las raíces, aunque, como decía Gertrude Stein “… no tienen ningún sentido si uno no puede llevárselas consigo”.

Se trata de anteponer el derecho a la patria y la razón universal a los símbolos de la pertenencia nacional. Se trata de ser “ciudadano del mundo”, como Diógenes, respondiendo a quien le preguntaba de dónde venía. Se trata de ser español o americano, y amar París, vivir feliz en Roma o en Buenos Aires. Se trata de moderar y relativizar el ámbito propio y local de nuestras respectivas pertenencias, conscientes de la enorme riqueza y diversidad del mundo (¡qué pena sufriría Unamuno al comprobar que su pronóstico: “el nacionalismo se cura viajando”, no ha tenido gran éxito!). Se trata de que el énfasis en el orgullo patriótico no acabe destruyendo la nación, porque destruye su unidad eliminando su pluralidad. Se trata de servir a tu país, pero preservando los derechos y los valores universales y sustantivos de la libertad y la justicia, que en tanto que valores moralmente buenos, son recomendables y extensibles a todos los seres humanos. Como nos lo cuenta Séneca: los estoicos, seguidores de Diógenes, describieron su “cosmopolitismo” (ciudadano del mundo) aduciendo que todos habitamos en dos comunidades: la comunidad en la que nacemos y la comunidad de deliberación y aspiraciones humanas, que es la verdaderamente grande y común.

Martha C. Nussbaum describe el cosmopolitismo de Diógenes diciendo que pensar como ciudadano del mundo era una invitación a exiliarse de la comodidad del patriotismo y de su sentimentalismo fácil; a considerar nuestros propios estilos de vida desde el punto de vista de la justicia y el bien. El accidente de dónde se ha nacido no es más que esto, un accidente; todo ser humano ha nacido en alguna nación. Una vez admitido esto, sostenían sus sucesores estoicos, no debemos permitir que diferencias de nacionalidad, de clase, de pertenencia étnica o incluso de género erijan fronteras entre nosotros y ante nuestros semejantes. Debemos reconocer la humanidad allá donde se encuentre, y conceder a sus ingredientes fundamentales, la razón y la capacidad moral, nuestra mayor lealtad y respeto.

Como se ve, muchos siglos antes que Habermas y algún oportunista de nuestro país, nuestro admirado Diógenes ya nos había descubierto el patriotismo constitucional. Si el cosmopolitismo pudiera ilustrar y orientar nuestros sentimientos de pertenencia, incluso para aquellos que se consideran nacionalistas, relajando y relativizando su orgullo patriótico, todos iríamos mucho mejor.

La historia interminable32

Como en el título de la novela de Michael Ende, las tensiones patrióticas del péndulo nacionalista son interminables. El debate entre pragmáticos y patrióticos, entre autonomistas e independentistas del PNV, sigue tan presente como hace cien años, y acaba de proporcionarnos otro de sus más sonoros episodios. El anuncio de retirada política de J. J. Imaz ha sido la implosión de ese viejo debate en el seno del centenario partido vasco. El autor alemán de aquella famosa novela de fantasía de los ochenta decía que “un mundo no habitable para los niños tampoco puede serlo para los adultos”. Podríamos aplicarla, parafraseándola, a uno de los fundamentos del discurso de Imaz: una Euskadi no habitable para quienes no se sienten nacionalistas no puede serlo para los nacionalistas.

Estoy persuadido de que la naturaleza y la intensidad del debate político en el seno del PNV es esencial, es decir, que pertenece a la esencia y a los fundamentos de ese partido y supera en dimensión y contenidos a la escisión de 1986. En aquella ocasión había un debate sobre la organización interna del país (territorios históricos vs Gobierno vasco) y un conflicto personal entre el presidente de EBB y el lehendakari, derivada de una discusión sobre las funciones y el papel del partido y del Gobierno. En esta ocasión, el debate es mucho más ideológico, afecta a la idea misma de país, a la manera de construirlo, a la estrategia concreta de salida de la violencia, al proyecto que el PNV ofrece para el siglo XXI y a las relaciones con el marco español y europeo en el que se inserta ese proyecto.

Imaz se va, precisamente porque el síndrome de la escisión con EA pesa demasiado en su partido y en su propia conciencia. Se va porque ha perdido. Porque no ha conseguido arrastrar a la mayoría de sus afiliados a sus tesis. Porque los suyos, los más próximos, los que le apoyaban, han preferido pactar una ponencia ambigua, un paraguas que vale para todo, según vengan los tiempos, para la lluvia y para el sol. Se va porque el lehendakari, desde mayo de 2001, es una figura intocable en el PNV a pesar de su desgraciada y radicalizada deriva política. Se va porque, desde dentro, lo han machacado con desprecio y con insultos, aunque quizás también porque ha sido demasiado atrevido, demasiado valiente en plantear sus postulados de la manera en que lo ha hecho (abriendo el debate más a la opinión pública que al interior de su partido) y por la enorme sacudida intelectual que proponía a una militancia acostumbrada al poder y perezosa para los cambios. Se va porque, desgraciadamente, los rescoldos de Lizarra, el señuelo de la unidad nacionalista que absorbe el espacio de la izquierda abertzale y salta al soberanismo para hacer un Estado libre asociado o lo que sea, late con más fuerza en el corazón de los batzokis cuando parte de sus dirigentes y su propio Gobierno los embarcan en la aventura de la autodeterminación rupturista. Se va, no sabemos si para siempre, a pesar de que sus postulados eran genuinamente nacionalistas. Es más, sostengo que los tres grandes perfiles del discurso de Imaz son los que se corresponden con la tradición más asentada y más fructífera de la política del PNV.

El primero es el reconocimiento de la pluralidad identitaria vasca. Efectivamente, su proyecto político descansaba sobre este pilar democrático de importancia fundamental en el mosaico identitario vasco. El reconocimiento de la pluralidad vasca y su plasmación en una política del nacionalismo moderada y pactista fue una de las grandes conquistas de la coalición PNV-PSE de finales de los ochenta hasta 1998 (vísperas de Lizarra). Curiosamente fue Arzalluz quien, en su famoso discurso del Arriaga, pronunciara el contundente “vascos somos todos”. Aunque fue J. A. Ardanza quien más extensamente reivindicara la pluralidad, no como un límite a las pretensiones nacionalistas, sino como una inapreciable riqueza de la comunidad vasca. Imaz ha sido, pues, congruente con aquella doctrina, y ha mostrado una convicción profunda con ese principio, al establecer su estrategia en base a “no imponer” el país nacionalista a quienes no lo son.

El segundo de sus grandes postulados es el pacto con el Gobierno de España. Es verdad que la formulación “no impedir”, esconde una pretensión jurídicamente discutible porque se fundamenta en un cierto soberanismo de Euskadi como origen y destino de su propia decisión, privando al proceso legislativo en cortes de la legitimación del todo (el conjunto de España) para establecer el marco político de una parte (la comunidad autónoma vasca). Pero quiero entender que no impedir después de no imponer implica pactar, y que la concreción práctica de su proyecto se basa en la negociación aquí y allí de una reforma consensuada entre todos.

¿Y no es eso lo que ha hecho el PNV durante estos últimos treinta años? Sostengo que la política pactista es la política del PNV, y que el rupturismo soberanista de Ibarretxe es lo más contrario y anómalo de la trayectoria política de ese partido. ¿Quién negoció el Estatuto, aquí y allí a finales de los setenta? ¿Y el Concierto Económico? ¿Y la Ertzaintza y las competencias? ¿No es acaso el PNV el partido que gobierna el País Vasco desde hace treinta años con base en un marco jurídico pactado, aceptado y legitimado por la sociedad vasca y en permanente negociación con el Estado sobre el día a día de su desarrollo?

Por último, Imaz ha aplicado personalmente el principio de la paz antes que nada, a lo largo de todo el proceso de búsqueda de la paz de estos últimos años. Y sostengo, igualmente, que ese ha sido también uno de los postulados básicos del nacionalismo democrático. El rechazo a la violencia del PNV no es discutible, aunque sí lo sean sus diferentes actitudes y estrategias a lo largo de estos años. Pero Imaz retomó con el documento de octubre de 2005 una estrategia infinitamente más próxima a Ajuria Enea que a Lizarra, y al hacerlo recuperó un discurso y unos principios que han guiado al nacionalismo vasco durante una docena de años en los que se asentó la derrota política de ETA y su ulterior declive operativo.

La historia interminable empezó con el propio Sabino Arana, que se volvió federalista al final de su vida, y continúa hoy con Josu Jon Imaz, que se va. Pero, en fin, esta página de esta historia interminable se está escribiendo todavía. En abril de 2001 J. J. Imaz escribió un artículo a modo de carta abierta “A un amigo socialista”, contestando a otro mío titulado “A un amigo nacionalista”. Recuerdo muy bien su cordial y razonado argumentario explicando la política del PNV en aquellos momentos de profundo desencuentro y abierto enfrentamiento entre nacionalistas y socialistas. Estas eran sus últimas palabras: “[…] porque este país lo tenemos que construir los que estamos en el desencuentro. Si no, no habrá país. Un abrazo y hasta siempre”. Lo mismo te digo.

¿El futuro?: pluralismo y pacto33

Casi en dos palabras podría resumir mi visión del futuro vasco. La tesis es tan sencilla de explicar como compleja en su materialización: Euskadi es un país con una fuerte y diversa pulsión identitaria. Ser o sentirse vasco, dominar o no la lengua vasca, mirar el pasado con mitológica reverencia o, simplemente, pasar de él, querer ser solo vasco o tan vasco como español, sentirse oprimido por España o, al contrario, sentirse harto de un nacionalismo irredento y manipulador que a su vez oprime a quienes no lo son, son todas ellas categorías identitarias que dibujan un abanico de pluralidad sentimental, tan amplio como las tablillas de ese instrumento manual del aire. En Euskadi nadie es indiferente a estas categorías que explican nuestra trágica historia reciente y que siguen atravesando la sociología política de la ciudadanía vasca.

La única solución a tan intensa pluralidad es el pacto de convivencia. A esta regla elemental de la democracia respondió, en su momento, el Estatuto de autonomía de 1979. Un autogobierno profundo, con alto contenido competencial e institucional y una cuasi soberanía fiscal, derivada del histórico Concierto Económico, proporcionaban las dos bases del pacto: Atender las demandas de autonomía política y de recuperación cultural del País Vasco, al tiempo que se fortalecían y modernizaban los lazos de pertenencia y de unidad en un nuevo marco estatal de una España democrática y federal (aunque la llamemos autonómica). Todas las corrientes políticas de la Transición y todas las fuerzas representativas aceptaron ese esquema, a excepción de quienes despreciaron la democracia y el autogobierno y escogieron la violencia para defender un proyecto sectario, inviable y totalitario. Treinta años después, ese modelo ha proporcionado el grado de autogobierno más avanzado que Euskadi ha tenido en su historia (en términos de historia contemporánea) y que supera, con mucho, cualquier modelo de autonomía política y económica de cualquier entidad subestatal del mundo.

Hablar, pues, del futuro de Euskadi, y hacerlo ahora, en los luminosos días de julio de 2012, exige partir de esas dos premisas, y desarrollar después la evolución de la sociedad vasca en estos últimos treinta años, analizando especialmente el desenlace de lo que parece el final de la violencia, y dibujar los espacios en los que puede dilucidarse el futuro del país.

Desde un punto de vista estrictamente partidario, todo parece indicar que el espacio político parece definitivamente perfilado entre cuatro grandes fuerzas políticas; dos nacionalistas (PNV y Batasuna) y dos de organización estatal (PSE y PP). El otro eje que configura la estructura partidaria de Euskadi, el ideológico derecha-izquierda, es menos lineal que el anterior, porque nadie sabe bien la ubicación ideológica en la que se situará la llamada Izquierda Abertzale, y porque los perfiles social-cristianos y centristas del PNV no tienen una correspondencia exacta con la derecha cultural y neoliberal del PP.

Con más o menos alteraciones, el espectro nacionalista ocupará entre el 50 y el 60 por ciento del electorado vasco, según se trate de elecciones generales o autonómicas, respectivamente. La fuerza mayoritaria del nacionalismo seguirá siendo el PNV, aun a pesar del voto-premio a SORTU, por el fin de la violencia. Pero ese soufflé se irá desinflando en los próximos años, cuando ETA sea solo un recuerdo, y cuando el filtro de la realidad y las contradicciones de gobernar hayan convertido a ese conglomerado radical independentista en un partido más.

Esta configuración política responde bastante bien a la sociología identitaria del país, que, a lo largo de los últimos treinta años, ha permanecido bastante anclada en tres grandes categorías respecto a su proyecto político. Efectivamente, analizando las tablas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) desde el año 1984 hasta finales de 2006, sobre la base de los cinco grados de identidad en los que la ciencia sociológica divide las actitudes personales, se observa, en primer lugar, que la característica fundamental de la sociedad vasca es su pluralidad identitaria y, en segundo, la estabilidad de esos sentimientos a lo largo de tantos años. El CIS nos dice que, excluyendo a quienes solo se sientes vascos (± 26 por ciento) o solo españoles (± 7 por ciento), la suma de las tres categorías identitarias centrales: “tan vasco como español” (± 35 por ciento) o “más vasco que español” (± 20 por ciento) o, “más español que vasco” (± 6 por ciento) es, reiteradamente, una categoría muy mayoritaria que supera el 60 por ciento de los vascos.

La permanencia de este gradiente identitario durante tanto tiempo y, a pesar de las dramáticas circunstancias en las que hemos vivido los vascos desde la Transición democrática española, acredita que los espacios políticos de la población son bastante estancos y que, pase lo que pase, son bastante impermeables a las pretensiones partidarias de configurar mayorías resolutivas. A diferencia de Cataluña, donde una serie de circunstancias están produciendo un efecto acumulativo independentista (la Sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Estatut, la crisis financiera de la Generalitat y, sobre todo, la demanda de un sistema fiscal propio), cuyos efectos políticos concretos no conocemos todavía, en Euskadi, las pretensiones rupturistas con el statu quo autonómico no han avanzado ni retrocedido. Y eso, a pesar de que durante treinta años hemos sufrido la tragedia terrorista, cuya base ideológica era precisamente la causa independentista, y aunque durante casi diez años de poder institucional (1999-2008) el PNV abrazó un modelo “de independencia a plazos” basado en principios autodeterministas.

Pero resaltar la estabilidad identitaria de los vascos no debiera llevarnos a una conclusión equivocada. Dar por zanjada o resuelta la convivencia vasca en torno a un solo y único proyecto es, en el fondo, pretender imponer a los otros nuestro modelo de la Euskadi del futuro. Quienes pretenden imponer a los nacionalistas un marco político único, invariable, forzosamente integrado en una realidad política estatal, en la que el nacionalismo vasco podrá ser influyente, pero nunca determinante, están cerrando las posibilidades del cambio, están negando, en la práctica, la existencia de proyectos alternativos y están alimentando así el victimismo nacionalista. Pero, a su vez, quienes quieren hacernos a todos nacionalistas a la fuerza, como en gran parte lo pretendía el llamado Plan Ibarretxe, imponiéndonos un modelo de país, basado en un ideario histórico, cultural, lingüístico y político, nítidamente nacionalista, con el objetivo único de construir un Estado propio, olvidan que, en tal caso, la división interna de la comunidad será inevitable y la fractura territorial, irreversible. Hablar del futuro de Euskadi exige pues, partir de esta exigencia de pacto entre dispares para “conllevar” la pluriidentidad. Como España, con sus nacionalismos, siguiendo la sentencia de Azaña, hemos de “conllevar” nuestra pluralidad identitaria hacia un destino que ni podemos, ni debemos prefijar impositivamente.

Hay dos circunstancias que definen el momento. El fin de la violencia y la crisis económica en España y en Europa. ¿De qué manera influirán ambas circunstancias en el corto plazo? Políticamente viviremos una cierta exaltación nacionalista por la suma mayoritaria de los nacionalistas. Al fin y al cabo, el único precio que hemos pagado por la paz es la aceptación de su proyecto en la democracia. Un precio ineludible, coherente con lo que siempre les decíamos para que dejaran la violencia y un precio, en suma, plenamente democrático. Pero será un tiempo transitorio. Quienes temen que la suma de los nacionalistas prefigure un camino a la independencia de Euskadi atribuyen al PNV una identificación de proyecto con Batasuna absolutamente imposible hoy.

Por otra parte, la situación económica de Euskadi, de España y de Europa no permite aventuras. Es verdad que la economía vasca no se ha visto tan afectada como el conjunto de la española por esta crisis sistémica y por la burbuja inmobiliaria, especialmente. Es verdad que los sectores productivos de Euskadi (más de un treinta por ciento de industria) y las entidades financieras (BBVA y las Cajas Vascas) están fuera de toda sospecha. Es verdad, en fin, que las finanzas públicas vascas gozan de la incomparable ventaja de un sistema fiscal propio que proporciona un importante plus de financiación sobre el resto de las CC AA. Pero, siendo cierto todo ello, la economía vasca navega en el mismo barco que el conjunto de las economías españolas y europeas, y no puede proyectarse al futuro, si no es sobre la salida conjunta a la crisis. Hay quienes piensan que la dramática situación económica que vivimos en España hace crecer sentimientos separatistas en Cataluña y en Euskadi. Quizás. Habrá gente, sin duda, que pensará —en el más ortodoxo nacionalismo— que “mejor solos que mal acompañados”. La tentación victimista y la clásica culpabilización al vecino de todos nuestros males, tan querida por la ideología nacionalista, animará esa pretensión radical en algunos. Pero no creo que sea la consecuencia política de la mayoría. Más bien, la contraria.

Euskadi es una comunidad rica. En 2008, éramos la tercera región europea en PIB per cápita (en paridad de capacidad de compra). Es una de las 25 regiones más desarrolladas de Europa. No por casualidad, tiene los sueldos y las pensiones más elevados de España, y su industria es la más internacionalizada. Un tercio de los empleados son profesionales, técnicos y directivos, y es uno de los países de Europa con mayor proporción de licenciados universitarios en ciencia y tecnología entre la población laboral de Europa. El desarrollo de la I+D+i y de las infraestructuras físicas e inteligentes de la sociedad de la información alcanzan niveles plenamente europeos. Una sociedad así no arriesga su bienestar. No se vuelve al pasado. No apuesta por la aventura. En Euskadi se trabaja, pero se vive. El consumo, la cultura del buen vivir, la inversión en segunda vivienda, en viajes es notable. El cálculo económico y la seguridad material estarán, pues, en la primera línea de las decisiones políticas. Pero es que, además, la pretensión independentista en Euskadi se enfrenta a obstáculos insalvables:

Primero: no hay un país con densidad suficiente para ello. La mitología nacionalista y el fundamento político del proyecto independentista de hoy concibe Euskal Herria como una patria para todos los vascos integrados en un territorio que abarca la actual comunidad autónoma, Navarra y las tres provincias vascas del sur de Francia. En total, tres millones de personas. Navarra no quiere ser Euskadi, y ni la propia Batasuna navarra aceptaría que lo fuera en contra de la voluntad de los navarros. Por su parte, en el país vasco-francés, las fuerzas nacionalistas vascas (no necesariamente separatistas) no llegan al 10 por ciento de la población en las elecciones locales y no pasan del 5 por ciento en las generales francesas.

Segunda: planteado un proyecto así, únicamente para la comunidad autónoma vasca, debe advertirse que Álava abandonaría ese marco político. El llamado derecho a decidir se utiliza como argumento victimista contra el ordenamiento jurídico constitucional, aunque, llevado a sus últimas consecuencias dialécticas, resulta imposible negarlo para los territorios históricos o, incluso, para ciudades o espacios territoriales inferiores.

Tercera: la pluralidad expuesta a lo largo de este artículo es la mejor prueba de que una consulta o referéndum favorable a la independencia supondría una fractura social enorme en el interior mismo de la comunidad. En cada pueblo, en las escuelas, en las asociaciones cívicas, en los clubes deportivos, entre los vecinos de una casa, hay personas y familias con sentimientos patrióticos antagónicos. Una consulta de ruptura es una herida social profunda. Un país que tiene pendiente la sutura de las enormes heridas que nos ha producido la violencia se desangrará irremisiblemente si en el proceso generacional de reconstrucción de la convivencia incorporamos semejante disparatada disyuntiva.

Cuarta: ninguna decisión sería definitiva. Por el contrario, la ausencia de mayorías rotundas convierte a las decisiones de ruptura en reversibles, lo que somete al país a una inestabilidad insoportable. ¿Quién puede negar a los perdedores de un referéndum su derecho a convocar otro para revocar una decisión que, quizás la misma noche electoral del primero, ya está cambiando?

Quinta: no hay ninguna tradición histórica de ruptura con España. Al contrario, nuestros lazos culturales, económicos y políticos han sido siempre intensos. Y lo siguen siendo. Por citar solo uno, a veces nos olvidamos de que entre 1960 y 1980 llegaron a Euskadi quinientos mil ciudadanos de otras tierras de España. Euskadi no puede entenderse sin España, y viceversa.

Sexta: el mantenimiento del Concierto Económico configura una relación económica-fiscal con España muy favorable para el País Vasco. Bien podría decirse que los costes económicos de un nuevo statu quo para Euskadi podrían resultar muy gravosos para los vascos, incluso sencillamente inviables. Sin olvidar que no hay sitio en Europa para nuevos estados surgidos de los actuales estados miembro de la UE.

Se me dirá que la pretensión independentista no es tan brusca. Que se busca convencer, no imponer. Que se plasma en mayorías democráticas logradas progresivamente… Pero entonces, ¿para qué se exige el derecho a decidir? O bien, si no se desea la independencia, ¿cuál es el nuevo estatus que se reclama para Euskadi? Durante los años 2006 y 2007, en calidad de portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, negocié y redacté los nuevos Estatutos de autonomía para Cataluña, Andalucía y otras seis comunidades autónomas. El País Vasco nos trajo el Plan Ibarretxe, y el Congreso lo rechazó. Pero durante aquellos meses pensé con frecuencia en la oportunidad que perdía Euskadi al no renovar su Estatuto y renunciar así al impulso de autogobierno que representaban esas reformas. Pensaba entonces —y ahora— que nuestro Estatuto, hecho hace más de treinta años, podía renovarse y mejorar:

Con una amplia regulación de derechos y libertades, en el ámbito autonómico, confirmada ya esta posibilidad por el Tribunal Constitucional.

Con una definición más precisa de los aspectos identitarios, lengua, historia, etc.

Con la mejora del autogobierno a través de la incorporación de nuevas competencias y la clarificación jurídica de los ámbitos competenciales.

Con una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad.

Con una organización de la administración de la Justicia y del Poder Judicial, con una visión más autonómica y más eficiente.

Con una nueva regulación de la participación en los asuntos de la UE, así como nuevas facultades de Acción Exterior.

Ahora que ha llegado la paz en el marco de una crisis económica sistémica, en la incertidumbre europea y en medio de unos cambios tecnológicos, sociales y geoestratégicos desconocidos por su intensidad y por su velocidad, ¿Qué puede y qué quiere ser Euskadi? Euskadi solo puede ser una nación que pacta. Que pacta internamente su convivencia identitaria, reconociendo su propia pluralidad, su bilingüismo imperfecto, sus aspiraciones nacionales diversas y hasta antagónicas, su diversidad ideológica interna… y que pacta también su marco de relaciones externas con el Estado en el que se inserta y al que pertenece.

Ese doble pacto surge de su propia voluntad. De su propia composición. Es un marco de convivencia interior y exterior, que se abre al futuro sin limitaciones. Nadie sabe qué seremos mañana y cómo viviremos. Es imposible y antidemocrático, además, configurar un horizonte cerrado en el que no quepan proyectos políticos democráticamente posibles. Por eso, el diálogo vasco, el doble pacto vasco fruto de nuestra propia pluralidad, debería responder a tres principios básicos:

El Estatuto y la Constitución son el marco político democrático que nos dimos libremente. Responde a nuestra voluntad democrática. No arrastra ningún déficit ni de origen ni de contenido y tiene en su seno las reglas y los procedimientos para su evolución y perfeccionamiento. Esas reglas siempre deben ser respetadas.

Euskadi es una sociedad de pluralidad cultural y política. Solo desde el reconocimiento del pluralismo y la integración es posible construir su futuro. Todos combatiremos cualquier proyecto o iniciativa de carácter excluyente, impositivo o etnicista que vulnere los derechos humanos individuales y los derechos políticos iguales de todos los ciudadanos.

Todos los proyectos políticos democráticos pueden y debe tener libre expresión en la democracia vasca, en nuestro pluralismo constitucional y estatutario. La voluntad democrática de los ciudadanos vascos respecto a su estatus jurídico-político, expresada en paz y en libertad, consecuencia de amplios consensos y con sujeción a las reglas que establece nuestra Constitución, debe encontrar su acomodo en nuestro ordenamiento jurídico. El bloque de constitucionalidad y autonomía no es un corsé, sino un orden democrático, vivo, dinámico y potencial.

Cuando he soñado (despierto) —muchas veces— que me tocaba resolver en un texto, toda esta complejidad, siempre pensé en un Nuevo Estatuto de Autonomía para Euskadi que renovase el de Gernika de 1979, que ampliara su autogobierno en la línea de los estatutos reformados en 2006 y 2007 y que tuviera una amplia exposición de motivos, explicando la tragedia sufrida con la violencia de ETA, el fin del terrorismo, la incorporación de la Izquierda Abertzale a la política, la repercusión de la convivencia, el comienzo de un nuevo tiempo.

Primero un nuevo acuerdo, después, la consulta34

A Cataluña, con respeto y con afecto.

Me sumo a las terceras vías. Me sumo a los que piensan que las dos estrategias que tenemos sobre la mesa conducen al desastre: la consulta a la independencia y el rechazo al enconamiento y a la retroalimentación victimista de los extremos del péndulo antiespañol y anticatalán. Un horror. Pero digo, con intención, terceras vías, porque en ese espacio un poco ambiguo y poco conocido se esconden fórmulas o estrategias diferentes, que conviene clarificar.

Vayamos por partes. ¿Por qué no es posible una consulta autodeterminista en España? La respuesta tiene una lógica jurídica aplastante: porque no la reconoce nuestra Constitución; porque la soberanía es de la ciudadanía española, y esa decisión nos corresponde a todos; porque luego habría que extenderla a otros territorios y porque ningún país serio introduce en su ordenamiento jurídico una disposición tan profundamente desestabilizadora que le condene a su demolición. ¿Hace falta más? No, no es posible un proceso de esa naturaleza en la España europea de hoy. ¿Son posibles otro tipo de consultas? Sí, claramente, sí. El Parlamento español puede aprobar otro tipo de consultas, pero todos sabemos que, a estas alturas del camino, no se trata de trasladar al pueblo de Cataluña una o varias preguntas disimuladas o sugerentes de negociaciones futuras. Seamos serios, eso no lo aceptarían, ni lo demandarían así, las fuerzas políticas catalanas que apoyan el famoso “derecho a decidir”.

Partimos pues, de esta doble hipótesis. Primera: la consulta del derecho a decidir se plantea única y exclusivamente en términos de obtener un “sí” o un “no” a la independencia de Cataluña, con intención, naturalmente, de que venza el “sí” porque, incluso los que reivindican el derecho a decidir sin ser independentistas, tendrán que apoyarla, para no sumarse al “no” que defenderán las llamadas fuerzas españolistas. Segunda: es más que probable que ni el Gobierno ni el Parlamento del Estado acepten, aprueben y permitan la celebración de esa consulta. Conclusión: no hay espacios intermedios ni terceras vías ni en el debate, ni en las estrategias sobre el derecho a decidir.

¿Cuál es para mí la tercera vía? Es aquella que parte de reconocer que en Cataluña hay un conjunto de reivindicaciones ampliamente sentidas sobre su estatus económico, autonómico, cultural y político, que debemos atender en una negociación seria y profunda de su marco jurídico y político de relación con el Estado. Coincide que eso se suma a diferentes problemas de funcionamiento de nuestro modelo territorial autonómico que reclaman una solución urgente e integral de nuestro Título VIII: la conversión del Senado en una cámara federal, la clarificación federal de las competencias, la institucionalización de los hechos singulares (lengua, financiación, etc.), la participación federal en los asuntos europeos, etc.

¿Cuál es en concreto nuestra propuesta? Abordemos de inmediato una negociación de todos estos problemas. Hagámoslo en una ponencia para la reforma de nuestra Constitución que aborde otros ajustes de tiempo y de contexto (Europa, la crisis, Internet, la regeneración democrática, etc.), en un texto que ha servido magníficamente en este periodo de nuestra democracia, pero que necesita una modernización importante y una renovación de su legitimación social sustentada en un hecho incontrovertible: los menores de 53 años no pudieron votarla. También para mejorar nuestro modelo territorial avanzando en claves federales, para mejorar el autogobierno y el funcionamiento del Estado.

Una reforma de nuestra Constitución nos ofrece una oportunidad única para abordar, de verdad, los problemas reales de Cataluña porque, a diferencia de la frustrada experiencia con la reforma del Estatut, estamos hablando de recoger en nuestra carta magna la forma de ser y estar Cataluña en el Estado. De manera que, aquel Estatut que refrendó el pueblo de Cataluña en 2006 no podría ser declarado inconstitucional. Estamos hablando de una nueva Constitución que debería ser pactada con las fuerzas mayoritarias de Cataluña, porque su refrendo posterior lo hace imprescindible. Estamos hablando de darnos una nueva oportunidad de seguir viviendo juntos en la solución previa de los contenciosos que ahora tenemos. El final de esta legislatura es un tiempo propicio para este proyecto, tan ambicioso como necesario. Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales y la disolución de las Cámaras bien podría coincidir con la aprobación del nuevo texto constitucional.

El derecho a decidir cobra, así y aquí, pleno fundamento. Los catalanes votarían a sus representantes en las Cortes. Votarían después la nueva Constitución en un referéndum, junto a todos los españoles, y decidirían, después, ellos solos, el marco jurídico-político estatutario, su propia Constitución, resultado de este marco singular negociado paralelamente.

¿Cuáles son las diferencias de estos derechos de decisión que se ofrecen en esta propuesta? Primero: que lo que votan los catalanes no es una opción extrema del problema (independencia Cataluña-sumisión a España), sino una formulación integral, medida, razonada, que excluye los perfiles radicales del problema y responde a la centralidad identitaria de Cataluña. Segundo: que ofrece al elector catalán los resultados de una negociación que la consulta autodeterminista omite. Por eso también nos oponemos a ella quienes creemos que la democracia exige dar al ciudadano una información veraz y objetiva de las consecuencias de sus decisiones. Una consulta aquí y ahora oculta los impredecibles efectos de una negociación con España y con Europa, de consecuencias incalculables para los ciudadanos de Cataluña. Tercero: un proceso de decisión refrendataria como el que propongo se asienta en la ley y en la estabilidad, porque, ¿quién garantiza que en los meses siguientes de la consulta autodeterminista una parte del electorado independentista, o del que se ha abstenido, no milite abiertamente en la tesis del pacto con España?

El llamado derecho a decidir, si Cataluña se va o se queda, esconde una grave distorsión democrática porque no permite decidir —de verdad— las enormes consecuencias de una decisión apriorística. Por eso, el derecho a decidir debe ser refrendatario de lo que la política, los partidos y las instituciones negocien y acuerden. De lo contrario, no es solo ilegal, es desestabilizador porque no acaba nunca, rompe la comunidad en extremos identitarios y oculta al ciudadano la complejidad de las opciones en juego y de sus consecuencias.

¿Quiere todo esto decir que un proyecto independentista no puede materializarse nunca? ¿Estamos negando, con este razonamiento, viabilidad jurídica a una aspiración democrática? Planteo en abierto estas preguntas porque quiero ser honrado con mis argumentos y porque me constan esas inquietantes preguntas en el interlocutor nacionalista de este debate. Mi respuesta —personalísima— es que, en todo caso, un proyecto independentista no puede materializarse de manera tan traumática, coyuntural y tramposa. De un día para otro, en plena crisis económica, que ha puesto el descontento de los recortes al servicio de una campaña sectaria, maniquea y antiespañola, sin explicar objetivamente las consecuencias de una ruptura tan grave, en un clima de exaltación sentimental, hábilmente manipulado en contra de nuestra historia común. No, así, no. Pero, siempre he creído, mayorías muy sólidas, ampliamente mayoritarias, socialmente muy vertebradas, instaladas en todo el territorio, reiteradas de manera sucesiva, pacíficamente expresadas y adecuadamente negociadas deben tener siempre acomodo y respaldo en el ordenamiento jurídico-político de un país. Eso es decidir. Eso es democracia y ley.

Paradojas vascas35

La política vasca sigue ofreciendo signos distintivos, incluso tres años después de desaparecida la más trágica expresión de nuestras anomalías: la violencia terrorista. Así, por ejemplo, no me negarán que resulta poco explicable que un joven político, que jamás ha hecho política en Euskadi y que es solo conocido por la televisión y desde hace muy pocos meses, sea el político con más apoyo popular para los vascos, muy por encima del lehendakari Urkullu. Eso es lo que destacaba el Euskobarómetro de diciembre, otorgando a Pablo Iglesias una valoración de 5,6 con un nivel de notoriedad del 89 por ciento por delante de Urkullu, que no llegaba al aprobado (4,6).

Admito, desde luego, que el descontento de la crisis arrastra a las peores valoraciones a quienes llevamos tiempo representando a los ciudadanos y responsabilizándonos de su gobierno. Pero hay algo inconsistente en este depósito de confianza en un desconocido, lo que me reafirma en la idea de que mucho del apoyo que suscita la nueva fuerza política estelar es más voto de castigo que esperanza de cambio.

Tampoco se explica fácilmente que, a punto de concluir los cuatro años de mandato, la gestión de Bildu en las instituciones guipuzcoanas no sufra ningún desgaste. Porque, si quitamos el “efecto Podemos” sobre Bildu, todos los sondeos confirmaban hasta hace muy poco que, en San Sebastián y en el conjunto del territorio guipuzcoano, la coalición abertzale no sufriría un descenso significativo de sus expectativas electorales, a pesar de fracasos tan sonoros como la suspensión de las obras de la incineradora que han dejado a Guipúzcoa sin solución a sus residuos urbanos, o el rechazo social que ha generado su “modelo” de recogidas de basuras, por no citar su fracaso en la gestión fiscal y del empleo, así como sus relaciones con el tejido empresarial.

Aquí, la estrategia de Eguibar y el PNV guipuzcoano negándose a una coalición con el PSE, esperando el fracaso de Bildu en las instituciones, ha resultado parcialmente errónea. Lo que a su vez muestra un interesante acomodo del electorado radical al sistema autonómico institucional y pone en evidencia, una vez más, la solidez de ese espacio sociológico. Todo ello, a la espera de que Podemos le dé —o no— un bocado por el lado de los descontentos y antisistema.

Otro rasgo peculiar de nuestro particular espacio político es el que examina la evolución del nacionalismo tres años después del fin de la violencia. Hay una doble percepción. Por una parte, los espacios políticos del PNV y Bildu se consolidan y se presume su asentamiento en las instituciones locales (ayuntamientos, diputaciones y comunidad). Dicho de otra manera, el voto nacionalista se consolida en su identificación con las instituciones locales y autonómicas. Pero, por otra, y al mismo tiempo, el proyecto independentista se relaja y la tensión nacionalista del llamado “conflicto vasco” se serena y tiende a atenuarse.

Personalmente aprecio el apaciguamiento de la tensión identitaria en el país. Desaparecida la violencia, parece como si los ciudadanos se hubieran quitado la presión a la que nos sometía el fanatismo del relato terrorista. El drama y la tragedia de los atentados y el miedo difuso a ese poder siniestro en la sombra han desaparecido, y los vascos empezamos a sentirnos libres de esa exigencia sorda y tácita, pero constante y espesa, de ser vascos a su manera.

Un análisis objetivo de la información política en Euskadi confirma también este enfriamiento de la tensión nacionalista. Nuestros debates parlamentarios y partidarios no giran ya tanto sobre plataformas reivindicativas de nuestra autonomía como sobre la gestión de nuestro autogobierno. Las denuncias al Gobierno central, ruidosas y constantes durante muchos años, se han suavizado y son más esporádicas. Tres décadas de un autogobierno pleno, muy beneficioso en términos económicos (máxima autonomía fiscal y un cupo inmejorable) y plena soberanía en los ámbitos simbólicos (lengua, TV, policía, territorios, ayuntamientos, etc.) han ido instalando la opinión de que es difícil tener un mejor statu quo.

Por supuesto que hay un sentimiento nacionalista fuerte y que una parte de la población sigue aspirando a ser un Estado. Pero la pluralidad es tan fuerte, las tres ciudades son tan claramente cosmopolitas y el proyecto independentista tan arriesgado que bien puede decirse que la sociedad vasca busca más perfeccionar lo que tiene que cambiarlo por lo desconocido (o por lo imposible, añado yo).

El PNV no es ajeno a este aquietamiento y serenidad política. El tándem Urkullu-Ortuzar está resistiendo, con inteligente estrategia, las presiones de su rival más directo (Bildu) y del proceso catalán que produce en Euskadi una lógica emulación. Sin embargo, es preciso reconocer que el PNV está muy lejos de esa estrategia y de ese proyecto político, ciertamente cargado de riesgos para el país y para sus propias siglas.

Estos rasgos, paradójicos en parte, de la política vasca a comienzos de un año electoral, pueden verse alterados por las aspiraciones de una nueva fuerza política con expectativas a todas luces desproporcionadas y con todas las incógnitas del mundo, que ni sus propios creadores serán capaces de resolver. Pero, si de paradojas hablamos, mucho me temo que puede haber muchas más si esas expectativas se materializan. Entonces no hablaremos de paradojas, sino de un terremoto político cuyo análisis merecerá otros comentarios.

El brexit vasco36

Empeñarse en un referéndum sobre la independencia de Euskadi, el verdadero y único objetivo del llamado “derecho a decidir”, es algo muy parecido a asumir las enormes y costosas consecuencias que están soportando los británicos con su brexit. Su “derecho a decidir” —si se iban o no de la UE, es decir, si se independizaban de Europa— se lo propuso Cameron hace dos años, lo decidieron en junio de 2016 y ahí siguen, perdidos en la niebla de un futuro incierto y cada vez más preocupante. Incierto porque incluso cabe un segundo referéndum que vuelva atrás la anterior decisión, si las condiciones de salida no gustan a la mayoría. Y claro, puestos a decidir, ¿quién puede negar el derecho a otro referéndum una vez que las consecuencias reales en las que se concreta la decisión mayoritaria de irse sean conocidas? De hecho este sería un derecho a decidir muchísimo más genuino y democrático, porque se decidiría sobre condiciones concretas, no sobre un abstracto deseo, y porque supondría una verdadera participación ciudadana a la hora de confirmar o no los resultados de una negociación tan compleja como decisiva para la vida de los ciudadanos. Además, reconociendo ese derecho una vez, ¿cómo y por qué negarlo en otras?

De manera que no es de extrañar la acumulación de voces que se están produciendo en el Reino Unido reclamando una segunda consulta para revertir lo que se supone el desastre derivado de la negociación de salida. ¡No es para menos! La primera alarma surgió con la paz en Irlanda del Norte, porque los delicados equilibrios que sustentan esa paz pueden saltar al establecerse una frontera exterior de la Unión ante las dos Irlandas, lo que ataca la naturaleza y la esencia de los Acuerdos de Viernes Santo, que reconocían la doble condición irlandesa y británica del norte de la isla y garantizaban, para ello, una frontera blanda, en la que la circulación humana y material fuera libre. La salida del Reino Unido de la Unión distorsiona la relación humana y social, además de la económica, entre las dos Irlandas, y aleja a la ciudadanía católica-irlandesa de su referente sociopolítico en Dublín. Todos buscamos resolver esa ruptura, pero nadie sabe todavía cómo hacerlo.

La fractura territorial en el Reino Unido se ha agravado con el brexit, hasta el punto de que Escocia acabará pidiendo otro referéndum de salida del Reino Unido, si las condiciones del acuerdo futuro entre la UE y el Reino Unido perjudican sus intereses. Salvando las distancias y las evidentes diferencias, sería parecido a que, tras una consulta en la que una mayoría vasca hubiera decidido la independencia, y tras conocer las condiciones de una negociación entre Euskadi y España, Álava decidiera salirse de Euskadi y permanecer en el Estado.

La segunda y gran alarma permanece encendida con los derechos ciudadanos que tendrán los británicos en Europa y los europeos en el Reino Unido. Más de cuatro millones de personas, sin contar sus familias ni sus entornos sociales, están pendientes de unos acuerdos que aseguren su actual estatus. Pero no es fácil garantizarlos a los largo de sus vidas. Me pregunto sobre la angustia vital que produciría una negociación semejante para tantos miles de vascos y españoles que vivimos a caballo de una geografía tan próxima y tan íntima.

Por último, la tercera gran espada de Damocles que pende sobre el referéndum del brexit es el marco económico del futuro. Es evidente que se está produciendo, y se producirán más todavía, monumentales consecuencias. Una enorme incertidumbre sobre el futuro marco comercial entre la UE y el Reino Unido afecta a todos los sectores: alimentos y agricultura, industria, servicios… Estos sectores están pendientes de saber si habrá aranceles o no en el nuevo acuerdo. Reino Unido era el país —junto a Alemania— que más talento atraía, y esto ha terminado. La City y su poderío financiero tiemblan ante la competencia futura de Frankfurt. Los centros de decisión de muchas compañías se reubican en Europa, fuera de Londres. Pensemos ahora en una situación semejante en un País Vasco que “decide” su independencia. ¿Hace falta dar nombres sobre las compañías que trasladarían su sede a Madrid? ¿No es suficiente saber que más de tres mil empresas lo han hecho en Cataluña estos meses? Pensemos, en nuestra economía, en la reducción de la recaudación fiscal que esto supondría, y en la pérdida de capacidad de decisión de las grandes empresas vascas que dependen de Stuttgart, Clermont-Ferrand, EE UU, Alemania, Madrid, etc.

El brexit ha fracturado la sociedad británica. Por edades, por regiones, en las universidades, en los clubes, en las familias,.. ¿No nos ha ocurrido eso mismo a nosotros durante años? ¿Volvemos a esa senda fratricida o seguimos construyendo nuestra pluralidad identitaria desde el reconocimiento y el respeto mutuo, como ahora?

Comparecencia ponencia estatuto37

Hablar sobre el Estatuto de autonomía Vasco, sobre su estado actual o sobre las posibilidades de su reforma exige análisis técnico, juicio ponderado y pluralidad de opiniones. Hablar sobre otros marcos jurídico-políticos para el País Vasco, incluso la legítima aspiración independentista para construir un nuevo Estado europeo, reclama un debate sereno y riguroso antes de lanzar propuestas sin base o sin consensos suficientes.

Por eso, empiezo por felicitarles por el método que ustedes eligieron para debatir primero en esta ponencia, escuchar y dialogar con expertos, para negociar entre ustedes y, en su caso, para acordar las propuestas futuras sobre un tema tan esencial de nuestro país.

1. Les voy a hablar libremente. Es decir, les voy a trasladar mi punto de vista personal, sin ataduras orgánicas y sin comprometer por ello a mi partido. Quiero darles mi opinión personal como ciudadano vasco sobre los que considero que pueden ser los mejores caminos del futuro de nuestro país. También voy a hacerles un análisis fundado. Es decir, basado en mis conocimientos teóricos y prácticos sobre esta materia. He tenido la suerte y el honor de haber vivido este periodo democrático y autonómico desde su inicio, hace casi 40 años, y de haber estudiado y trabajado el modelo autonómico-constitucional español a lo largo de estos últimos años. Si les digo que el llamado “documento de Granada”, es decir, la propuesta de reforma federal del PSOE, es de mi puño y letra, no digo más que la verdad. Y perdón por lo pretencioso de la información.

2. Hay tres posiciones encontradas sobre nuestro actual marco estatutario:

a) Quienes estás satisfechos con el modelo autonómico actual, no quieren modificarlo o, de hacerlo, lo harían en un sentido recentralizador.

b) Quienes nunca lo aceptaron y siempre o, simplemente ahora, desean un Estado independiente de España en Europa.

c) Quienes desean esta autonomía política y económica pero la quieren mayor, la quieren mejor y, sobre todo, la quieren actualizada a un tiempo nuevo y a un espacio geopolítico y económico, muy distintos a los de 1980.

3. Doy por descartadas las dos primeras hipótesis; la primera, porque resulta muy minoritaria y extraordinariamente conflictiva en todos los órdenes. La vuelta atrás del sistema autonómico no es posible. Administrativamente, sería un desastre organizativo y, políticamente provocaría nuevas tensiones territoriales, quizás insuperables. La segunda, porque se trata de una opción imposible por los siguientes motivos:

No hay una población ni mayoritaria, ni suficientemente homogénea en el territorio para sustentar una ruptura con España.

El proyecto nacionalista de Euskadi Estado nación pretende la integración de siete territorios, de los cuales tres son Francia, y no dejarán de serlo nunca. El cuarto, Navarra, no quiere integrarse en Euskadi. En esas condiciones, no hay densidad poblacional, geográfica ni económica para sustentar un Estado.

La opción independentista supone una fractura social y territorial en el País de incalculables consecuencias. Álava y las tres capitales, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, son ciudades de una pluralidad identitaria incompatible con un proyecto nacionalista que pretenderá la asimilación y homogeneización cultural e ideológica de sus ciudadanos.

Las consecuencias económicas de la ruptura con España son incalculables, e inasumibles para Euskadi.

Europa no aceptará nuevos Estados desgajados de los Estados miembros actuales.

Perdonen que no me extienda en los argumentos y la contundencia de mis afirmaciones; pero debo ser claro en este punto, y la brevedad me exige concentrarme en mi propuesta.

4. Yo creo que el Estatuto de Gernika y el Concierto Económico de los que disfrutamos desde hace treinta y cinco años largos han dado magníficos resultados. Más allá de las críticas a su desarrollo lento, incompleto u oportunista, lo cierto es que el modelo de autonomía política y económica que tenemos es de los más altos del mundo, en términos de derecho comparado. No conozco ninguna región, país o nación dentro de un Estado que disfrute de este nivel de autogobierno fiscal y competencial. De hecho, sigue siendo el modelo deseado por las comunidades nacionales semejantes (Escocia o Flandes lo envidian), o sigue siendo el modelo a implantar en regiones conflictivas con etnias enfrentadas, como vemos, en tantos lugares del mundo que sufren ese conflicto. Como solía decir el historiador, Juan Pablo Fusi, “nunca tuvimos tanto”.

Pero la política exige reconocer los problemas y afrontarlos, y hoy nadie puede negar que, a pesar de estas evidencias, en Euskadi haya una demanda de revisión de este estado de cosas. Me apresuro a añadir que no es tanto una demanda ciudadana, sino nacionalista. Es decir, de los partidos nacionalistas. A diferencia de Cataluña, donde toda una serie de acontecimientos (que no es este el momento de citar) han provocado una oleada social incuestionable, en Euskadi eso no existe. No es, objetivamente, una preocupación ciudadana; aunque, preguntados sobre la cuestión, una amplia mayoría manifiesta sentimientos favorables a la mejora del autogobierno en general. Pero, repito, la prueba de que en el fondo la ciudadanía vasca está mayoritariamente en las posiciones centradas del autogobierno es que no hay un sentimiento colectivo de frustración o de maltrato a nuestra comunidad, y el cambio a un nuevo estatus político no es —en absoluto— una preocupación social. Pero, repito, dicho esto, la política debe mirar a los problemas a la cara, y sobre esta mesa late una demanda política de las fuerzas mayoritarias que nos obliga a reflexionar sobre sus causas. ¿Cuáles son estas?

La primera y primordial, que el nacionalismo vasco nunca ha aceptado la autonomía de Euskadi como el marco estable o definitivo de su aspiración política última. Eso ha provocado una deslegitimación permanente, una devaluación calculada, una crítica constante a un modelo que el propio Partido Nacionalista protagonizaba y gestionaba y que, sin entrar en detalles, nos proporcionaba un estatus envidiable. Permítanme recordarles que, si en septiembre de 2013, el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, hubiera accedido a la petición que le hizo el señor Mas, presidente de la Generalitat, de conceder a Cataluña el Concierto Económico vasco; hoy, probablemente, no habría el problema político que tenemos en Cataluña.

No se ha destacado suficientemente que el Estatuto fue, ha sido y es (hasta que otro consenso mayor lo sustituya) el punto de encuentro de la pluralidad identitaria del país.

El modelo autonómico tuvo que generalizarse, y eso ha provocado una pérdida de singularidad y de profundidad autonómica. A las comunidades inicialmente llamadas “históricas”, la extensión del modelo les privó del estatus peculiar y “solo para las tres comunidades” y, por otra parte, objetivamente hay que reconocer que “la aplicación a 17”, siempre ha representado un freno a la profundización autonómica de las primeras autonomías.

El proceso de transferencias fue difícil y conflictivo. Es comprensible que así fuera. Es natural el resistencialismo central a perder poder, influencia, funcionarios, presupuesto… Pero lo cierto es que el retraso y los problemas asociados a las transferencias trasladaron una imagen peyorativa de la construcción autonómica.

El Poder Legislativo español no se ha adecuado al modelo territorial autonómico. El Senado nunca ha sido una cámara de las CC AA.

El modelo de reparto competencial fijado en la Constitución y en los Estatutos ha sido una fuente inagotable de problemas y de conflictividad jurídica. El Estado ha abusado de las leyes básicas. Muchas veces se han producido invasiones competenciales mediante leyes que desarrollaban conceptos y servicios considerados “básicos”, privando así a las CC AA de ámbitos competenciales.

De cualquier manera, hoy nos encontramos ante la necesidad de explorar qué mejoras cabe y conviene hacer en nuestro modelo de autogobierno, y de enmarcarlas en las propuestas políticas que circulen este año y los próximos en los que, muy probablemente, vamos a asistir a un amplio debate sobre estos temas en un panorama político, parece que muy cambiante para España. Lo diré muy resumidamente: en mi opinión hay que proceder primero a una reforma de nuestra Constitución y, después, a una revisión de nuestro Estatuto.

La reforma constitucional debe ser en clave federal, y eso significa:

Que debe crearse un Senado tipo el Bundesrat alemán, con presencia de las CC AA y un importante papel en el proceso legislativo, especialmente en todas aquellas materias relacionadas con las competencias autonómicas.

Que debe alterarse el sistema de atribución de competencias, pasando a una definición única de las competencias exclusivas del Estado y dejando el resto a las CC AA, bajo el principio de la subsidiariedad.

Que deben establecerse en la Constitución los principios en los que debe basarse el sistema de financiación de las CC AA, con respeto al Concierto Económico vasco y al convenio navarro.

Que deben establecerse mecanismos federales de cooperación más flexibles, que permitan la participación efectiva de las CC AA en las materias de gobernación común, especialmente instalando en el Senado las instituciones y los mecanismos de la cooperación.

Que deben facilitarse los mecanismos de colaboración entre CC AA vecinas para establecer acuerdos y convenios en políticas comunes.

Que deben incorporarse a la Constitución la determinación y el reconocimiento de los hechos diferenciales de nuestras comunidades; es decir: lenguas, denominación (nacionalidades), insularidad, derechos históricos y regímenes económicos.

Una definición flexible sobre la organización territorial de la Justicia.

Una nueva definición del papel de las CC AA en la UE y en la acción exterior del Estado.

Constitucionalizar el principio de participación de las CC AA en la gobernación del Estado, e incorporar a la gobernación de España los principios e instrumentos federales de lealtad y colaboración.

Y por último, reformar el control constitucional de las reformas estatutarias (lo que ocurrió en Cataluña no debe volver a suceder).

Por supuesto, una reforma del Título VIII de la Constitución deberá abordar otras materias autonómicas, como son la denominación de las CC AA, el derecho transitorio que se creó para el acceso a la autonomía y algunas otras disposiciones de parecido tenor. Naturalmente, la reforma de la Constitución española no abordará únicamente el Título VIII. En mi opinión, la reforma de la Constitución es también una demanda democrática y social. La reforma Constitucional es necesaria para adecuarla a las nuevas demandas de la sociedad española y a las nuevas realidades del siglo XXI. Hace treinta y cinco años no estábamos en la UE, ni había Internet, ni éramos una sociedad de inmigración, ni nuestra economía estaba globalizada, ni había una crisis financiera como la que hay ahora, ni se habían desarrollado servicios sociales básicos como la educación, la sanidad o las pensiones. La Constitución española tiene que adaptarse también por la grave crisis política que sufre nuestro país para reforzar y relegitimar sus instituciones y sus reglas básicas de convivencia democrática.

Permítanme añadir una idea central. En este proceso de reforma política y constitucional, Euskadi debe tener un papel principal. No cometamos el error de quedarnos fuera como si esto no fuera con nosotros. Nos afecta como ciudadanos de España. Nos importa porque de la Constitución reformada saldrá un nuevo marco autonómico-federal en el que situar nuestro Estatuto y en el que reafirmar nuestras singularidades. Nos interesa porque el País Vasco tiene un papel que jugar en la forma de hacer Estado y determinar su futuro. Somos una comunidad querida y respetada en España, no debemos perder ese rol histórico. Por último, es importante que la reforma constitucional de España cuente con apoyo social en el País Vasco. El pasado no debiera repetirse.

El siguiente paso será revisar nuestro Estatuto.

Permítanme, en primer lugar, que les razone la necesidad de revisar y actualizar nuestro Estatuto. El Estatuto de Gernika es un texto muy breve; redactado para establecer los principios institucionales básicos: denominación de la comunidad autónoma, composición, instituciones propias, competencias, disposición económica y poco más. En 47 artículos, se regulan los parámetros del inicio autonómico. Se trata, además, de un texto con numerosas ambigüedades, fruto de textos pactados con prisas y nocturnidad. Susceptibles de dobles interpretaciones y coletillas de imposible concreción: “en su caso”; “sin perjuicio”, etc.

Han pasado casi cuarenta años de aquel texto, y el mundo ha cambiado mucho: estamos en la UE; tenemos una moneda común con otros veinte países; las finanzas, la economía y la producción se han globalizado; hay retos climáticos inexistentes antes y hay fenómenos sociales nuevos: la inmigración, el envejecimiento o la concentración de la vida en las ciudades. Junto a todo ello, se está produciendo una transformación trepidante de ideas (de la geopolítica, de la gobernanza económica, etc.) que reclaman una puesta a punto de la gran Carta Constitucional vasca. Quién puede dudar de que la soberanía sea un concepto cambiante y en permanente evolución sobre estas transformaciones. Nadie puede negar que la democracia se está adaptando a nuevas exigencias con la vida en red que nos proporciona Internet: Transparencia, empoderamiento ciudadano, participación son conceptos que demandan su incorporación a nuestros textos fundamentales.

Yo creo, señorías, que abordar esta revisión es una de las grandes tareas de este Parlamento y de la política vasca. A partir de aquí, ¿cuáles son los temas que, en mi opinión, podemos abordar en una revisión acordada por la mayoría de las fuerzas políticas vascas, como base de una negociación posterior con el Estado y de un acuerdo que pudiera ser ratificado en un referéndum vasco? Con base en una Constitución reformada en su Título VIII con arreglo a la propuesta que acabo de señalar, un nuevo Estatuto vasco podría y debería abordar los siguientes temas:

Una definición más precisa de los aspectos identitarios históricos, culturales, políticos y lingüísticos de Euskadi. En mi opinión, este es un tema crucial porque, entre otros temas de singular importancia para nuestro país, deberíamos tratar:

Múltiples cuestiones de carácter simbólico que reclaman acuerdos internos sobre definición y semántica precisa de la comunidad vasca, composición, etc.

Una referencia obligada, en la exposición de motivos, a nuestra historia reciente, que nos permita una descripción real y consensuada de la violencia sufrida, y que nos proyecte a un futuro común con base en la memoria y en la verdad, en la paz para siempre y en el pluralismo democrático de una convivencia renovada.

Una nueva y amplia regulación de derechos y deberes de los vascos que, en concordancia con los derechos fundamentales de la Constitución, establezca y regule una carta de relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos de la comunidad.

Una nueva definición competencial, con incorporación, en su caso, de nuevas competencias, así como clarificación jurídica de sus ámbitos y funciones.

La específica competencia exclusiva en materia de organización territorial del País Vasco, y en su régimen administrativo local.

De la capacidad competencial exclusiva de Euskadi en materia de régimen local se desprende la revisión de nuestra organización interna. Un nuevo Estatuto Vasco deberá definir su marco institucional para clarificar la distribución competencial interna entre territorios históricos y comunidad, evitando duplicidades, reduciendo el entramado administrativo público y resolviendo las múltiples disfunciones en la gestión pública vasca.

Una determinada organización territorial de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma y de las competencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como última instancia judicial.

Una definición mejor de los mecanismos de intervención en la política comunitaria de la UE, especialmente en las materias de competencia exclusiva del País Vasco, y una mayor flexibilidad de acción exterior de la comunidad en los nuevos parámetros de la política supranacional.

La garantía de bilateralidad en las relaciones con el Gobierno del Estado en las materias propias, así como una participación común en las competencias concurrentes a través de mecanismos federales de cooperación (en el Senado, principalmente).

Estas materias, bien reguladas y mejor consensuadas, añadiría yo, darían lugar a un Estatuto amplio, moderno, integral, auténtica Constitución Interna de los Vascos, y permitirían un acomodo inteligente de Euskadi a la realidad del siglo XXI. Un siglo en el que compartir soberanías competenciales en círculos concéntricos (municipio, comunidad nacional, Estado y Unión Europea) es y será la mejor y la única solución a la convivencia de identidades plurales y ciudadanos iguales en espacios de gobernanza supranacional. El destino de Euskadi es ese; cualquier otro será peor.

Un nuevo Estatuto de autonomía38

A diferencia del proceso catalán, lleno de ruido y de rupturas, y me temo que de frustraciones futuras, los partidos vascos decidieron constituir una ponencia sobre el futuro de la autonomía vasca, llamar a expertos, escuchar a todos y hablar entre ellos para escoger el mejor camino en la definición de nuestro marco jurídico y político para los próximos decenios.

A decir verdad, no es esta una urgencia social hoy en día. Todas las encuestas muestran que este tema ocupa los últimos lugares de las preocupaciones de los vascos. Pero no es menos cierto que dos partidos actualmente mayoritarios, el PNV y Bildu, cuestionan el actual marco, los segundos abiertamente y los primeros hacia un “nuevo estatus” cuyos perfiles no están precisamente claros.

El principal mérito del proceso abierto en el Parlamento vasco es que se busca un nuevo consenso interno. Es decir, se ha renunciado a imponer un proyecto, aunque pudiera parecer mayoritario, a costa de una fractura social interna del país, y se demanda un nuevo esfuerzo de adaptación a las opciones ajenas en la búsqueda de un mínimo común, aceptable para todos. La pregunta que debemos hacernos en ese razonamiento es: ¿cuáles debieran ser las reformas de nuestro Estatuto y cómo llevarlas a cabo? Para empezar, conviene recordar que el Estatuto de Gernika no se ha actualizado en sus 35 años de vida, a pesar de los enormes cambios producidos en este tiempo, en todos los órdenes. Es un texto breve, de pocos artículos, en los que nos limitamos a señalar las instituciones de la autonomía, competencias y poco más, sin olvidar la calculada ambigüedad de algunas de sus disposiciones, redactadas con clara intencionalidad de admitir interpretaciones diversas y que han dado lugar a una conflictividad jurídica y política, de todos conocida.

A su vez, la Constitución española pide a gritos una reforma puntual pero importante, tanto de su Título VIII (el estado de las autonomías) como de otros importantes elementos de nuestras instituciones. En mi opinión, la reforma de la constitución es también una demanda democrática y social. Es necesaria para adecuarla a las nuevas demandas de la sociedad española y a las nuevas realidades del siglo XXI. Hace treinta y cinco años no estábamos en la UE, ni había Internet, ni éramos una sociedad de inmigración, ni nuestra economía estaba globalizada, ni había una crisis financiera como la que hay ahora, ni había desarrollado servicios sociales básicos como la educación, la sanidad o las pensiones. La Constitución española tiene que adaptarse también por la grave crisis política que sufre nuestro país para reforzar y relegitimar sus instituciones y sus reglas básicas de convivencia democrática.

De una reforma constitucional que configure un verdadero Senado federal, un nuevo, y clarificador reparto competencial, incluso un reconocimiento más explícito de los hechos diferenciales, se va a deducir la oportunidad y la necesidad de renovar nuestro Estatuto de autonomía, que bien podría obtener avances significativos en temas como los siguientes:

Una nueva y amplia regulación de derechos y deberes de los vascos que, en concordancia con los derechos fundamentales de la Constitución, establezca y regule una carta de relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos de la Comunidad.

Una nueva definición competencial, con incorporación, en su caso, de nuevas competencias, así como la clarificación jurídica de sus ámbitos y funciones.

La específica competencia exclusiva en materia de organización territorial del País Vasco y en su régimen administrativo local. Un nuevo Estatuto vasco deberá definir su marco institucional para clarificar la distribución competencial interna entre territorios históricos y Comunidad, evitando duplicidades, reduciendo el entramado administrativo público y resolviendo las múltiples disfunciones en la gestión pública vasca.

Una determinada organización territorial de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma y de las competencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como última instancia judicial.

Una definición mejor de los mecanismos de intervención en la política comunitaria de la UE, especialmente en las materias de competencia exclusiva del País Vasco y, una mayor flexibilidad de acción exterior de la comunidad en los nuevos parámetros de la política supranacional.

Garantizar la bilateralidad de las relaciones con el Gobierno del Estado en las materias propias, así como una participación común en las competencias concurrentes a través de mecanismos federales de cooperación (en el Senado principalmente).

El nuevo Estatuto deberá abordar además una importante exposición de motivos en la que cabe una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales y políticos de Euskadi. Y por supuesto, un relato consensuado de nuestra historia reciente, que nos permita una descripción real y consensuada de la violencia sufrida y que nos proyecte a un futuro común en base a nuestros deberes para con las víctimas, a la memoria y a la verdad, a la paz para siempre y al pluralismo democrático de una convivencia renovada.

No es tarea fácil ni urgente. Estamos hablando de la próxima legislatura, unos años que coincidirán con cambios generacionales y del sistema de partidos y con un proceso de superación de las heridas que la violencia de cincuenta años nos ha dejado. Pero esa recuperación de consensos internos y de estabilidad institucional es condición necesaria para abordar los grandes retos socioeconómicos del país.

¿Un proyecto moderado?39

Leída con detenimiento la propuesta del PNV sobre un nuevo Estatus para Euskadi. No resulta tan moderada como ha sido calificada por la mayoría de columnistas y editoriales. Tiene, eso sí, concesiones estratégicas que merecen una valoración positiva; pero el modelo de país que propone y la relación que plantea a España y al marco jurídico-político del Estado resultarán muy difíciles, por no decir imposibles, de ser aceptados por una Constitución renovada.

Vayamos por partes. El PNV ofrece tres plataformas pragmáticas que conviene destacar. Primera: renuncian de manera clara y terminante a liderar un proyecto independentista a través de una acumulación de fuerzas nacionalistas, para intentar materializarlo de manera unilateral. Dicho de manera más sencilla, rechazan la vía catalana de estos últimos años y, en consecuencia, es de suponer que rechazarán también la colaboración con Bildu en ese camino, que el reaparecido Otegui parece querer recorrer. En esto, a la prudencia Jeltzale se añade un inteligente cálculo que ve en la experiencia catalana no solo el fracaso de dicha vía, sino además el peligro de ser superado (sorpaso nacionalista, lo podríamos llamar) por su eterno rival. Segunda: el PNV reconoce la pluralidad vasca, y sobre ese factor de racionalidad sociológica construye un proceso que parte del consenso como base de elaboración del nuevo Estatus. Hay aquí, en principio, un significativo giro sobre otros proyectos nacionalistas de triste recuerdo, al establecer la exigencia del acuerdo entre la pluralidad identitaria vasca como requisito previo a la reforma. Muy diferente, pues, de aquella mayoría nacionalista, obtenida con el apoyo de la violencia e impuesta abierta y agresivamente a las otras expresiones sociopolíticas del país hace algo más de 10 años. Tercera: el PNV opera sobre la legalidad. Es decir, propone una reforma del Estatuto que nace en Euskadi, se negocia con Madrid y se ratifica por referéndum vasco (en teoría, igual que la elaboración o la reforma del Estatuto de Gernika).

¿Dónde están, pues, los problemas de la propuesta del PNV? Para empezar, el proyecto de país se sustenta en el mítico imaginario nacionalista. El razonamiento es el siguiente: “Somos un solo pueblo, tan viejo como los tiempos, radicado en dos Estados, Francia y España, y en tres ámbitos jurídicos diferentes (incluyendo la Comunidad Foral de Navarra). A ese pueblo vasco le corresponden derechos colectivos propios para su unificación como nación o Estado en el futuro”. Esta retórica milenarista resulta incompatible con la realidad, con el derecho internacional y con los ordenamientos jurídicos actuales, especialmente si se pretende sustentar en ese pueblo un sujeto político con derechos decisorios. Que respetemos la concepción sabiniana de pueblo vasco no equivale a que aceptemos esa formulación política para el futuro de Euskadi. Somos muchos los vascos que no estamos pensando en ese futuro Estado vasco, quimérico, inviable e imposible en la Europa de la globalización. Es más, somos mayoría los vascos conformes con el estatus autonómico actual, sin perjuicio de su modernización y mejora.

Tampoco compartimos la mayoría de los ciudadanos vascos esa visión catastrofista y minimalista que hace el PNV del Estatuto de Gernika. Muy al contrario, el eterno debate sobre su desarrollo ofrece ya una visión consensuada en el País sobre una realidad incuestionable: a) Nunca, en ningún momento de nuestra historia, tuvimos tanto autogobierno; b) nadie tiene más que nosotros y c) jamás gozamos de una situación financiera tan ventajosa como la que nos ofrece el Concierto Económico Vasco. No compartimos, por eso, una reforma estatutaria en gran parte pensada para dotar de estructuras de Estado al sistema actual (por ejemplo, con una seguridad social propia) y con una exclusividad competencial, incompatible en muchos casos con un Estado mínimamente ordenado.

Será también un obstáculo insalvable pretender para Euskadi una especie de “Estado asociado” a España, en base a la bilateralidad constitucional que, a su vez, implica reconocer el derecho de decisión de Euskadi en la Constitución española. En esto, el nuevo estatus nacionalista bebe de las fuentes del Plan Ibarretxe y propone a España un modelo confederal, que ningún partido estatal aceptará. Recuperar el histórico “pase foral” del Antiguo Régimen, sobre la base de la aceptación de dos soberanías iguales, la vasca y la española, fractura la organización política del Estado. No hay ningún país en el mundo que funcione sobre esa anomalía, diseñada, en el fondo, para hacer posible la independencia poco a poco y ejercerla cuando convenga.

Por último, no es tampoco menor el problema que planteará la celebración de un referéndum en el País Vasco antes de enviar la reforma del Estatuto al Congreso de los Diputados. Democráticamente no es fácil cuestionar ese paso, pero la consecuencia es la imposibilidad de negociar después la constitucionalidad de la propuesta. Porque ¿quién será capaz de modificar, reducir o cuestionar, siquiera, un texto avalado previamente por la ciudadanía vasca? Anular así la preceptiva negociación de una reforma estatutaria en el Poder Legislativo del Estado impone de facto la soberanía vasca a la del conjunto del Estado al que pertenecemos.

Se supone que, para llevar a cabo todo este proceso, hará falta previamente cambiar la Constitución española, y ahí el PNV es muy claro. Solo le interesa, de esa reforma, el reconocimiento de la soberanía propia del “pueblo vasco” y, en consecuencia, el reconocimiento de su derecho a decidir. Sin eso, la Constitución española no le interesa al PNV. ¿Creen ustedes que es este un proyecto moderado?

La consulta habilitante40

El PNV ha definido con esta misteriosa expresión su pretensión de hacer un referéndum en el País Vasco sobre el texto acordado por las fuerzas políticas vascas y aprobado por el Parlamento vasco, para un nuevo Estatuto de autonomía que sustituya al actual. Y digo “misteriosa”, porque no hace falta ninguna consulta que habilite al País Vasco para tramitar su reforma estatutaria. El pueblo vasco está en su pleno derecho para iniciar esa reforma con un proyecto que obtenga el máximo consenso interno —como corresponde a un texto de esta naturaleza— y sea aprobado por la mayoría absoluta de su Parlamento. No hace falta más.

Luego, naturalmente, el texto es enviado a las Cortes, negociado allí y aprobado, en su caso, para ser sometido después a consulta de ratificación en el País Vasco. El referéndum vasco equivale así a la legitimación soberana de la ciudadanía, a un texto inapelable y definitivo, porque ya no podría ser recurrido ni modificado (recuérdese la corrección efectuada en la Ley del Tribunal Constitucional después del fiasco catalán). Dicho a la manera que gusta hoy, será su derecho a decidir en pleno cumplimiento de la legalidad.

¿Por qué entonces se ha inventado el PNV una consulta en la mitad del proceso y la ha llamado de manera tan misteriosa como confusa? Evidentemente, detrás de esta idea, hay razones que corresponden al ideario nacionalista, no siempre fácil de insertar en el ordenamiento del Estado. Se me ocurren dos: la primera es simbólica. Un referéndum previo en el País Vasco equivale a establecer una soberanía previa del País Vasco y paralela en su momento a la que puedan establecer las Cortes en la representación del conjunto del pueblo español. En el fondo es como la contraposición de dos poderes propios, el vasco y el español, legítimos y paralelos, que negocian el texto que establece la forma de ser y de estar del País Vasco en España. Una formulación más cercana a lo confederal que federal. La segunda es política. Un texto aprobado en referéndum en el País Vasco no se puede alterar en su paso por las Cortes. O por lo menos es muy difícil hacerlo porque siempre se dirá desde aquí: “Esta es la voluntad de los vascos”. Formalmente se negocia, pero es casi una ley de artículo único, como ocurre con el Concierto Económico, en la que la voluntad del Legislativo español no puede ejercerse porque el texto vasco resultaría casi blindado por la consulta previa. Esta es la manera “paccionada” que reclama el PNV, equivalente a la llamada “bilateralidad” que esgrimen los nacionalistas en este tema.

Urkullu es más prudente que otros burukides respecto a esta consulta. En su entrevista del domingo pasado, el lehendakari reconoce que la consulta habilitante es un objetivo del PNV, y deja entrever su flexibilidad personal respeto a ella. Pero otros burukides la exigen abiertamente, y los documentos del Partido en la ponencia del Estatuto la reivindican formalmente.

Personalmente creo que este es un tema conflictivo que debiera evitarse en la ya complicada tarea de reforma del Estatuto. Es muy difícil que esa consulta sea acordada y autorizada por el Gobierno del Estado que, de hacerlo, vería seriamente comprometida su capacidad negociadora y su deber de someter a la Constitución cualquier texto legal aprobado en el Parlamento. El “trámite” parlamentario de las Cortes para aprobar el Estatuto responde no solo a una exigencia legal inevitable, sino también a una lógica política aplastante. Es la representación estatal la que debe “ajustar” las pretensiones autonómicas al conjunto de los intereses de los ciudadanos del Estado. Es la única manera de salvaguardar principios fundamentales en el funcionamiento de un Estado moderno como la solidaridad, la cohesión o la eficiencia en el reparto competencial, y es la única manera de hacer compatible la identidad y la diversidad de las comunidades con la unidad del Estado.

No. No será fácil que ese sea el procedimiento, y por eso algunos defendemos como paso previo a la reforma estatutaria una reforma de la Constitución como marco en el que puedan caber las demandas del autogobierno vasco y que pueda garantizar una tramitación más consensuada del texto que surja, después, del Parlamento vasco.

La reforma del Estatuto es una reivindicación del mundo nacionalista, y este es mayoritario en el país. Yo no creo que sea una necesidad objetivamente importante para la ciudadanía vasca, ni creo que un nuevo Estatuto nos proporcione grandes novedades en el autogobierno, porque las principales competencias ya son autonómicas. Es más, creo que, en el ámbito económico y financiero, cualquier reforma será peor que el actual Concierto. Pero acepto y respeto que esa es la voluntad política de quienes han ganado las elecciones. Sobre todo, veo en esa reforma una oportunidad para cerrar la herida interna de un país que ha sufrido una tragedia por aquellos que combatieron a sangre y fuego el Estatuto de Gernika, y que hoy pueden tener una extraordinaria ocasión de sumarse a un marco que lo debe ser para todos los vascos. Esa será su grandeza si lo hacemos bien.

Por eso alabo el pacto PNV-PSE, y con ese espíritu advierto que la “consulta habilitante” es una piedra pesada en un camino que solo hemos empezado a recorrer, y que el PNV hará muy bien en no convertir en bóveda de su anunciada voluntad de consenso en el tema. Al fin y al cabo sería una perversa operación histórica integrar a la izquierda abertzale en el marco jurídico-político común, perdiendo a quienes siempre hemos estado en el esfuerzo de compartir y defender autogobierno e identidad, aunque nuestro ideario político no fuera solo ese. Y no me refiero solo a los socialistas vascos, sino a una grandísima parte de la ciudadana vasca, mal llamada “no nacionalista”.

Enseñanzas catalanas para los vascos41

De todo lo que está ocurriendo en Cataluña, el nacionalismo vasco y los vascos en general deberíamos extraer enseñanzas políticas imprescindibles. La primera y más importante: la independencia, esa especie de ensoñación naíf que nos proponen los nacionalistas es, además de imposible, enormemente costosa y dañina para quien la persigue. El cúmulo de falsas promesas que los gestores del Procés habían propagado durante años ha sido diluido como el azúcar en agua por una realidad aplastante cuando han intentado materializar su proyecto.

La respuesta de los mercados ha sido tan rápida como elocuente. Las inversiones se paralizan, los pedidos se reducen hasta el 30 por ciento, ya sea en las ventas como en las reservas hoteleras. Cerca de 3.000 empresas se han ido de Cataluña. Y nadie sabe si volverán. Los daños económicos son de tal dimensión que tardarán tiempo en recuperarse de esta aventura. Por su parte, Europa ha dicho “no” a estos procesos y a estas pretensiones. Nadie quiere aquí nuevos estados separados de los actuales estados miembro. La oposición europea a los nacionalismos va a crecer inexorablemente.

Segunda enseñanza. Quienes han dirigido todo este proceso desde hace ya varios años son movimientos sociales surgidos de asociaciones cívicas o culturales del nacionalismo, que han impuesto la estrategia y las movilizaciones, los objetivos y programas al conjunto de los partidos nacionalistas. Es más, estos han sido en parte penetrados y absorbidos por una nueva clase dirigente surgida desde esos movimientos. Así, alegres y combativos, los catalanes se han lanzado a las movilizaciones y a los referendos hasta llegar al vacío del precipicio.

La antigua Convergencia es el mejor ejemplo de ese “dejarse llevar” que ha transformado radicalmente un partido que fue mayoritario durante casi 40 años. El problema de esa dejación de funciones de los líderes y de las estructuras partidarias es que los movimientos sociales o culturales, esa especie de revolución desde abajo, no asumen responsabilidades electorales y no tienen ni filtros, ni contrapesos, ni las claves deliberativas de los partidos. Nadie había calculado las consecuencias legales, personales, económicas y políticas de la realización del referéndum contra toda la legalidad y de la declaración unilateral de la independencia a través de un proceso lleno de arbitrariedades parlamentarias, desobediencias al Tribunal Constitucional y graves vulneraciones al orden constitucional. Las rectificaciones posteriores son patéticas, ya sean ante el juez, ya sean en los nuevos programas políticos en los que se renuncia a la unilateralidad. ¿Ahora qué? ¿Y quién paga el daño causado?

Porque no es solo el daño económico y el desprestigio nacional que han provocado. Es también la fractura social que han generado y la decepción colectiva que arrastrará el nuevo pragmatismo en una ciudadanía engañada por mitos y mentiras por doquier. Me cuesta creer que las elecciones del 21D no pongan a esta gente en su lugar.

Tercera enseñanza y no menos importante: la aventura independentista acaba en la pérdida del Gobierno autonómico. El 155 se ha aplicado, y el autogobierno y la gestión pública de la Administración en Cataluña no se han alterado. Es verdad que al 155 le acompañó una inteligente convocatoria electoral, pero no es despreciable constatar la normalidad con que el Gobierno del Estado ha asumido la gestión de la autonomía de Cataluña. De manera que el precedente sirve de lección a futuro. Nos guste o no, un mecanismo constitucional que muchos creyeron políticamente inaplicable forma parte ya de nuestra realidad.

Por último, la experiencia vivida en Cataluña ha perjudicado enormemente las propias reivindicaciones autonómicas, y el futuro del modelo territorial se ha situado en un nuevo plano de debate en el que nuevas y poderosas fuerzas antinacionalistas son también parte del nuevo reequilibrio. Es el caso del constitucionalismo catalán, que reclamará, con todo derecho, su peso electoral y su capacidad de movilización para exigir que se le tenga en cuenta en el futuro acuerdo Cataluña-España y en el ejercicio autonómico de muchas de las competencias autonómicas, hasta hoy ejercidas en clave nacionalista. El Procés ha activado el unionismo, y eso ya no hay quien lo pare. Dos Cataluñas viven juntas. Y antes de dar nuevos pasos tendrán que entenderse dentro. Pero, además, el nacionalismo catalán no está evaluando todavía el daño que se ha hecho a sí mismo al tirar por la borda el nivel de confianza mutua que se necesita para avanzar en cualquier nueva esfera de poder autonómico. Vista la experiencia, y visto el comportamiento de su Policía, ¿sería razonable transferir la Justicia, o la Hacienda que recauda los impuestos? ¿No estará en el cálculo político de los interlocutores del Estado que esos nuevos poderes se utilizarían para otro Procés? Es evidente que se han dado un tiro en el pie y que tendrán que pasar muchos años para recuperar un clima que permita negociar el autogobierno con la confianza que la deslealtad de hoy ha destruido.

Hay que aprender de lo ocurrido en Cataluña y, en particular, el nacionalismo vasco de PNV y EHBildu deberían evitarnos algunas herramientas perversas y objetivos inconvenientes. Me refiero, desde luego, a la autodeterminación y a la independencia, respectivamente. Nunca estaremos mejor que como estamos. Y espero que Podemos reflexione sobre su ubicación nacionalista en ambos temas.

Concierto vasco, lealtad y solidaridad42

El debate sobre el sistema fiscal vasco se produce en el marco de dos parámetros fundamentales. El primero es el soporte constitucional que lo ampara. El segundo es la creciente animosidad económica que suscita. Respecto al primero, hay que decir que las dos grandes fuerzas políticas del país, PSOE y PP, han venido mostrando a lo largo de casi cuarenta años de democracia un apoyo firme y sostenido al Concierto Económico vasco. Así ha venido ocurriendo, tanto en la regulación del Concierto mismo como en las negociaciones técnicas que definían el Cupo y en la coordinación fiscal de los impuestos y de las administraciones tributarias.

Este apoyo político al Concierto no es solo obligado por el mandato constitucional. Me atrevo a pensar que la fundamentación política del Concierto vasco en el establishment español es más profunda y responde a la convicción de que este singular marco de relación económica del País Vasco con el Estado es base incuestionable de su anclaje sociopolítico en España. Es más, todo el mundo sabe que cuestionarlo significaría una peligrosísima provocación de males mayores, y todo el mundo acepta esa sabia regla de la política que exige no tomar decisiones que, por arreglar una parte, destruyen el todo.

Pero no es menos cierto que el otro parámetro de nuestro debate, el que se refiere a la crítica que suscita en el resto de comunidades autónomas, está creciendo por momentos. Por lo que yo sé, nadie cuestiona el Concierto, es decir, la recaudación fiscal autónoma de los impuestos, sino el cálculo del Cupo para pagar las cargas no asumidas, es decir, las competencias del Estado que este realiza con carácter exclusivo para el conjunto de España. La complejidad técnica de este cálculo genera debates muy primarios, manipulaciones mediáticas y políticas muy burdas. Este es para mí el terreno más peligroso para el futuro del Concierto. Por eso me permito hacer algunas recomendaciones:

La primera se refiere al uso que el País Vasco y Navarra hagamos de nuestra autonomía para fijar tipos e impuestos que puedan generar competencia fiscal con las regiones frontera o con el resto de España y Europa. Digámoslo con claridad: los márgenes para esa autonomía son cada vez menores, y la armonización fiscal en toda Europa avanza inexorable. Hace solo unos meses, dirigí una carta al lehendakari y a la presidenta navarra anunciándoles una directiva de la Comisión Europea que pretende consolidar las bases del impuesto de sociedades en el conjunto de los 27 países de la Unión. Los escándalos fiscales de Lux-Leaks (la competencia desleal de Luxemburgo cerrando acuerdos con las compañías para que instalen allí sus sedes centrales) y los problemas de cobro del impuesto a las compañías tecnológicas y trasnacionales que han dado lugar a la directiva (Country by Country) para asegurar el pago de los beneficios en cada país son solo dos de los impulsos a esa armonización. Después llegaron Panamá Papers, Paradise Papers, etc., en una alarma social cada vez más expansiva, reclamando a las administraciones normas comunes contra la evasión y la elusión fiscal. Esa lucha por la justicia fiscal nos obliga y nos limita cada vez más. No olvidemos además que cuando hemos utilizado nuestra autonomía fiscal para competir con otros territorios hemos sido sancionados gravemente (vacaciones fiscales), y si lo hacemos en el futuro seremos denunciados —sin ninguna duda— ante la Comisión de la Competencia por “ayudas de Estado”.

Mi segunda recomendación es que el País Vasco debe ser transparente y pedagógico en la utilización del Concierto. Los vascos no pagamos menos impuestos que el resto de españoles, y eso no todo el mundo lo sabe. La reducción de un punto nominal en sociedades es una minucia que será compensada con menos deducciones y desgravaciones, por lo que las empresas en Euskadi pagarán probablemente un tipo real y medio superior al resto, pero esto tampoco se sabe. En todo caso, el anuncio a bombo y platillo de esa reducción en las mismas fechas en que se aprobaba el Cupo ha sido un error manifiesto de oportunidad.

El Gobierno vasco debiera dar más y mejores explicaciones sobre el Cupo que pagamos y la financiación per cápita que tenemos para nuestras competencias. La acusación que viene de otras comunidades, de expertos y de medios económicos atribuye al País Vasco y Navarra una financiación casi un 50 por ciento superior a otras comunidades. Son cálculos interesados, inexactos y manipulados. Pero nuestra explicación brilla por su ausencia. El Concierto puede dar diferencias finales de financiación, porque su naturaleza y el riesgo de la recaudación propia conllevan también esa ventaja, pero nos corresponde ser más explícitos en nuestros números para amortiguar esa crítica.

Por último, y en relación con lo anterior, el Cupo debiera incluir más explícitamente nuestra contribución a la solidaridad interterritorial. Es cierto que algunas de las partidas de cálculo del Cupo ya lo hacen, por su propia naturaleza. Pero llegados a este estado de las cosas, sería inteligente —y justo— que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos. Como lo hace Europa con las regiones menos desarrolladas, y como lo hizo España con Euskadi en la reconversión industrial o en la transformación urbana del Gran Bilbao.

Concierto, lealtad y solidaridad no debieran ser términos incompatibles. Mantener el Concierto es políticamente clave. Ser leales en su utilización con las regiones vecinas y con el conjunto de España y Europa es necesario. Ser solidarios con las comunidades más pobres es justo. Ese es el camino para evitar la simplificación y la demagogia contra una institución que forma parte sustancial de nuestro marco jurídico y político.

Epílogo

El PSE-EE: Un partido de país, de paz y de pacto

Cien años largos de historia dejan huella. Lo que representa el socialismo vasco en la Euskadi de hoy viene descrito en su trayectoria histórica y en su presente institucional. No se puede entender el movimiento obrero y la industria vasca sin aquellos fundadores del primer sindicalismo en las minas del hierro de la margen izquierda. Ramiro Pinilla describió como nadie aquella vida miserable y antagónica a la otra orilla del río en “Verdes valles, colinas rojas”. Allí nacimos. El socialismo vasco nació de aquellas luchas, de aquellos hombres, de esa industria al calor de los hornos y el acero que fabricaba barcos y maquinaria. Eso somos. No por casualidad nuestra presencia institucional y electoral sigue siendo densa en esas zonas fabriles en la que se concentraron poblaciones de orígenes diversos; castellanos, extremeños y andaluces, sobre todo; atrayendo mano de obra en los años del desarrollo industrial a principios y a finales del pasado siglo. Junto a ese socialismo de base obrera, creció también en las ciudades (Bilbao, San Sebastián, Irún, Vitoria) un socialismo ilustrado, liberal y progresista conectado con círculos culturales democráticos y republicanos. Hoy los llamaríamos centro izquierda de ciudadanía no nacionalista.

El Partido Socialista fue siempre un partido del país. Aunque adversario político del nacionalismo, su compromiso con el autonomismo y con los intereses culturales y simbólicos de la identidad vasca le convirtieron en pieza clave del puzle político vasco. Solo en dos momentos históricos muy concretos conseguimos superar al nacionalismo vasco en la cúspide del país: fue en 1979, cuando se eligió a Ramón Rubial presidente del órgano preautonómico vasco, y en 2009, cuando Patxi López fue elegido lehendakari de un gobierno socialista con el apoyo del PP vasco. En el resto de la vida institucional vasca, el PSE fue casi siempre partido de coalición con el PNV en los diferentes gobiernos de coalición que ha tenido el autogobierno vasco. Así fue en el primer Gobierno autonómico que presidió José Antonio Aguirre, y nos mantuvimos en ese Gobierno en el exilio hasta 1978, y así fue en los Gobiernos de coalición de Ardanza y Urkullu a lo largo de varias legislaturas de la democracia (1980-2018).

Nuestro compromiso con el país siempre estuvo por encima de cálculos partidistas. El Gobierno de coalición PNV-PSE de 1987-1990 fue un buen exponente de esa actitud. Teníamos dos diputados más que el PNV, pero cedimos la lehendakaritza porque vivíamos un tiempo horrible en la lucha contraterrorista y en la situación económica del país.

Construir consensos en la compleja pluralidad identitaria del país fue otra de nuestras señas políticas. Lo hicimos en el pacto estatutario de Gernika, en la defensa del Concierto, en la continuidad institucional del Gobierno vasco del exilio, en la defensa del euskera, en la fusión de las ikastolas con la escuela pública vasca… Fue fruto de un socialismo vasquista que estaba en el corazón de nuestro ideario. En Éibar nuestros militantes eran obreros euskaldunes. En San Sebastián o en Irún eran socialistas vascos de origen y entornos sociales ligados a la lucha antifranquista con los círculos nacionalistas. Respirábamos y sentíamos esas mismas demandas tan horizontales y transversales en la ciudadanía vasca. Asumimos tareas institucionales que nos obligaban a una representación plural de los vascos, como les ocurrió a José Ramón Recalde y a Fernando Buesa, ambos consejeros de Educación y protagonistas clave de los grandes pactos educativos de la enseñanza vasca.

Esa misma realidad inspiró la fusión del PSE con Euskadiko Eskerra, ahora hace veinticinco años. Confieso que siempre soñé con esa fusión. Quizás por mis orígenes, quizás por cálculo político, quizás por amistad con sus dirigentes, quizás por esas y otras razones, siempre quise fortalecer el alma vasca del PSE, de la misma forma que ellos querían tener un alma obrera y los votos del socialismo histórico. Siempre quise integrar cuadros políticos cualificados de la izquierda nacionalista, al igual que ellos querían formar parte de una gran familia socialdemócrata española y europea. Éramos claramente formaciones complementarias, y en 1993 conseguimos fusionarnos.

Recuerdo que viví con Mario Onaindia, impulsor intelectual de la fusión, unos años preciosos impulsando el nuevo proyecto. Fueron años llenos de ilusión, convencidos de que podíamos ganar al PNV después de que la fusión obtuviera en las elecciones generales de 2003 un resultado aplastante como primer partido de Euskadi. Fueron los años del posnacionalismo porque creíamos —ingenuamente, añado ahora— que el tiempo del nacionalismo tocaba a su fin. Fueron años (1993-1994) en los que alcancé un nivel alto de euskera para presentarme a las elecciones de 1994 con la idea de presidir el Gobierno vasco desde la nueva fusión del PSE-EE (PSOE).

Entre mis compañeros socialistas, y probablemente en una mayoría de los ciudadanos vascos que me recuerdan, tuve fama de pactista. Desde luego lo soy. Acepto por ello que quizás mi tendencia al acuerdo me debilita como negociador. Puede ser. Pero mi voluntad de pacto con el nacionalismo vasco tiene otros fundamentos, y tuvo siempre sólidas razones políticas. La primera es el reconocimiento de su representatividad. Nos guste o no, este país tiene unas bases sociológicas identificadas con el nacionalismo vasco difíciles de combatir. Son sentimientos, herencias culturales, mitologías transmitidas de padres a hijos, adaptaciones históricas a su relato y un partido-movimiento que estructura todo el proyecto con una enorme influencia social y con no menor eficiencia organizativa y electoral. A los hechos me remito.

Aceptar esa base representativa es reconocer la realidad. Establecer una estrategia frente a ello es legítimo y necesario. El pacto es en parte necesidad aritmética para gobernar, y en parte, opción política. En nuestra relación con el nacionalismo vasco ha habido de todo. En muchas ocasiones fueron razones de supervivencia, como los gobiernos vascos de la República o del exilio durante cuarenta años. En otras, fue la trascendencia misma del acuerdo, porque estábamos configurando el marco jurídico y político del país, como cuando pactamos el Estatuto de Guernika. En otros momentos, los pactos han sido de gobernabilidad, de estabilidad política, imprescindibles ante la ausencia de mayorías alternativas. En otros fue la suprapartidaria lucha por la paz, como lo fueron los pactos antiterroristas, singularmente el Pacto de Ajuria Enea en 1989.

Mi particular predisposición al pacto con el nacionalismo vasco se fundó siempre en la idea del reconocimiento de nuestra pluralidad y de la mutua aceptación. Euskadi solo puede proyectarse al futuro sobre la base del pacto de convivencia, sobre su pluralidad identitaria y sobre la común aceptación de unas reglas comunes de juego político en las que todos los proyectos políticos puedan realizarse. La constatación de que nuestras aspiraciones de futuro son distintas no puede conllevar la imposibilidad de convivir. Por eso el pacto incluye el reconocimiento del disenso y del sometimiento a unas reglas comunes para que sea la democracia, es decir, el pueblo, es decir, la ciudadanía, quien decida la Euskadi del futuro.

Siempre pensé que los pactos con el PNV moderan y constitucionalizan al nacionalismo. Y así ha sido. El papel que la política parlamentaria española concedió al PNV también ayudó a ese propósito. Cierto que, a veces, esos pactos han generado agravios y rechazos en el resto de España, pero no es menos cierto que su papel en la gobernabilidad española ha sido determinante en no pocas ocasiones.

El pacto con el nacionalismo vasco ha estado, por último, justificado en la larga y compleja lucha contra el terrorismo. Integrar al PNV en el frente democrático contra ETA fue fundamental a finales de los ochenta, y siempre ha sido necesario en los largos años que duró. No siempre estuvimos de acuerdo, no siempre fue fácil, pero siempre resultó necesario. Desde el liderazgo nacionalista en la reacción social a ETA hasta la política de reinserción de sus presos. Desde la colaboración entre los cuerpos policiales hasta la aprobación y apoyo en los delicados momentos de las conversaciones con la banda para lograr su fin.

Cuarenta años después del comienzo democrático, la política española sobre los nacionalismos y sobre la construcción territorial de España sigue siendo la gran asignatura pendiente de nuestro país. La tensión catalana dista mucho de resolverse a corto plazo, y si el PNV suma a su “nuevo estatus” un anacrónico y confuso derecho a decidir, el Estado se verá enfrentado a un pulso con ambos nacionalismos que reclamará finalmente nuevos pactos. No prejuzgo cómo y cuáles serán, pero presumo que serán necesarios.

Notas

  1. VV AA (1997): Ermua, 4 días de julio, Madrid, El País Aguilar.

  2. El Correo, 10 de febrero de 2003.

  3. P. Unzueta y J. L. Barbería (2003): Cómo hemos llegado a esto: la crisis vasca, Madrid, Taurus, p. 17.

  4. Ibid., p. 18.

  5. VV AA (2004): Miradas sobre Euskadi, Irún, Alberdania, 1ª ed.

  6. G. Morán Suárez (2003): Los españoles que dejaron de serlo, Barcelona, Planeta, p. 41.

  7. Artículo 1.2. de la CE.

  8. El Correo, 16 de enero de 2006.

  9. El Correo, 8 de marzo de 2008.

10. El Correo, 3 de mayo de 2008.

11. El Correo, 13 de diciembre de 2008.

12. El Correo, 1 de agosto de 2009.

13. El Correo, 20 de febrero de 2015.

14. El Correo, 3 de marzo de 2018.

15. El País, 28 de diciembre de 2002.

16. El Correo, 27 de junio de 2004.

17. El Correo, 10 de octubre de 2004.

18. El País, 14 de abril de 2006.

19. El Correo, 24 de julio de 2006.

20. El Correo, 10 de enero de 2007.

21. El Correo, 23 de mayo de 2007.

22. El Correo, 14 de junio de 2007.

23. El Correo, 12 de julio de 2009.

24. El Correo, 2 de abril de 2010.

25. El Correo, 7 de enero de 2014.

26. El País, 27 de enero de 2014.

27. La Razón, 18 de marzo de 2017.

28. El Huffington Post, 8 de abril de 2017.

29. Revista Vida Nueva, 1 de abril de 2017.

30. El Correo, 17 de julio de 2017.

31. J. Conill (2002): Glosario para una Sociedad Intercultural, Valencia, Bancaja.

32. El Correo, 23 de septiembre 2007.

33. Revista Política Exterior, octubre de 2012.

34. La Vanguardia, 30 de septiembre de 2013.

35. El Correo, 5 de enero de 2015.

36. El Correo, 23 de enero de 2018.

37. Parlamento vasco, Vitoria, 25 de febrero de 2015.

38. El Correo, 30 de marzo de 2015.

39. El Correo, 23 de marzo de 2016.

40. El Correo, 11 de diciembre de 2016.

41. El Correo, 17 de diciembre de 2017.

42. El Correo, 1 de diciembre de 2017.