El propósito central de este trabajo es analizar con imparcialidad el desarrollo del conflicto bélico que en 1982 enfrentó a argentinos y británicos, para evitar que la versión triunfalista de los vencedores se convierta en la historia oficial de los vencidos. Este volumen es el resultado de un año de investigación llevada a cabo por los autores en la Argentina y en Estados Unidos, donde entrevistaron a casi todos los protagonistas y recopilaron, además de testimonios, documentos inéditos. En sus páginas desfilan los hombres del poder y sus ambiciones, las decisiones secretas que llevaron a los argentinos a enfrentar su primer conflicto bélico y también la primera derrota de sus ejércitos en el siglo XX, y los presupuestos en que se basaban aquéllas. En resumen, la “trama secreta” de esa gran frustración nacional argentina que hoy lleva el nombre de Malvinas.

AA. VV.

Malvinas,
la trama secreta

*

ePub r1.1

Piolin 03.11.2017

AA. VV., 1983

Editor digital: Piolin

ePub base r1.2

MALVINAS
La trama secreta

Por

Oscar Raúl Cardoso

Eduardo Van Der Kooy

Ricardo Kirschbaum

El propósito central de este trabajo es analizar con imparcialidad el desarrollo del conflicto bélico que en 1982 enfrentó a argentinos y británicos, para evitar que la versión triunfalista de los vencedores se convierta en la historia oficial de los vencidos. Este volumen es el resultado de un año de investigación llevada a cabo por los autores en la Argentina y en Estados Unidos, donde entrevistaron a casi todos los protagonistas y recopilaron, además de testimonios, documentos inéditos. En sus páginas desfilan los hombres del poder y sus ambiciones, las decisiones secretas que llevaron a los argentinos a enfrentar su primer conflicto bélico y también la primera derrota de sus ejércitos en el siglo XX, y los presupuestos en que se basaban aquéllas. En resumen, la “trama secreta” de esa gran frustración nacional argentina que hoy lleva el nombre de Malvinas.

Óscar Raúl Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo van der Kooy

Malvinas: la trama secreta

PRÓLOGO

Cada historia tiene sus propias sombras. ¿Acaso las hay de un solo rostro? A lo sumo, una apariencia efímera que el tiempo o la lucidez suelen destruir. Ahí es cuando aparecen las caras superpuestas, la compleja urdimbre de la realidad: su trama.

Ese territorio de revelación —muchas veces invisible a los ojos y reacio a las simplificaciones— es el ámbito natural de este libro y su razón de ser. También allí justifica largamente su valor: no hay un relato sobre la guerra de las Malvinas —por lo menos desde la óptica americana— que haya mostrado tan a fondo las intimidades ideológicas, políticas y humanas de este primer y frustrado enfrentamiento bélico de la Argentina del siglo xx.

Malvinas, la trama secreta abarca un tiempo preciso: el que va desde el derrocamiento del gobierno militar de Roberto Viola, a fines de 1981, hasta la caída de su sucesor, el general Leopoldo Galtieri, a mediados de 1982, dos días después de la derrota —a manos de fuerzas británicas— en Puerto Argentino. Los acontecimientos de ese período admiten varias lecturas; los cronistas de este libro optaron por la más confidencial, la que subyace en las verdaderas —y por entonces secretas— causas del desastre.

No se hallará en esta crónica una suerte de propaganda del vencedor ni aun las excusas del vencido. La historia misma es reacia a los enmascaramientos de los discursos oficiales, una de las caras de la moneda. Con frecuencia, esa historia exige a sus protagonistas o testigos una cuota de verdades, miserias y contradicciones que está en el centro mismo de los hechos. Este relato las registra al responder a dos interrogantes clave en la «cuestión Malvinas»: cómo y por qué los militares argentinos encaramados en el poder por la fuerza decidieron la recuperación de las islas.

Después de un laborioso trabajo de meses en los que conversaron con la mayoría de los personajes implicados en el conflicto, los cronistas de este relato —privilegiados espectadores en tanto periodistas— lograron desmontar una realidad engañosa y esquiva. La memoria privada de los hombres, con su carga de ambiciones, flaquezas y aspiraciones, arrojó luz sobre este mundo reservado, regido por códigos secretos que escondían el núcleo de los sucesos.

Ese logro no supone que Malvinas, la trama secreta sea la «versión definitiva» de la traumática experiencia guerrera que acometieron los militares de Buenos Aires. En cambio, sí es la versión inédita —hasta ese momento— de esa guerra en sus detalles políticos, diplomáticos y bélicos que los autores siguieron paso a paso en 74 días de vigilia y en la posterior investigación para este libro. Sus cronistas —convencidos de que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una aspiración legitimada desde hace tiempo por la sociedad nacional— revelan el costado impiadoso de ese conflicto con una premisa inequívoca: formular una historia común sin las sombras o las culpas con que el poder acostumbra a deformarla.

En esta versión para España, esa consigna mantiene su candente actualidad. El ordenamiento de parte del material de este libro —responsabilidad de quien escribe estas líneas— respeta totalmente su contenido original; sólo se eliminaron el anexo documental (resumido dentro del texto) y algunos episodios —muy pocos— que no alteran en absoluto la propuesta final de este relato: enriquecer el debate sobre un episodio que conmovió a Argentina y América Latina. En síntesis, otra de las tantas formas posibles de cuestionarnos tenazmente para saber alguna vez hacia dónde vamos.

Juan Bedoian

Primera parte

1. EL «PACTO SINIESTRO»

Anaya puso las manos sobre el escritorio y lo miró fijamente.

—Vea, Lombardo, lo que le voy a decir es absolutamente reservado. Estrictamente confidencial, ¿me entiende? Le ordeno que prepare un plan de desembarco argentino en las islas Malvinas. Usted debe ser el primero en el país que se entera de esto. El secreto es prioritario. ¿Me entiende?

El flamante comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Juan José Lombardo, asintió, aunque acusó el golpe. No pudo evitar un gesto —mezcla de sorpresa y orgullo— y se acomodó casi mecánicamente en el sillón. Después de todo, frente suyo estaba el almirante Jorge Isaac Anaya, uno de los tres integrantes de la Junta Militar que gobernaba con mano férrea Argentina.

En el amplio despacho que poseía Anaya en el Casino de Oficiales, las palabras del máximo jefe de la Marina —enérgicas, con esa entonación tan cara a los militares latinoamericanos— no dejaron márgenes para las dudas. Si Lombardo las tenía, el rostro duro de su superior las desalentó inmediatamente.

—Lombardo, sería conveniente entonces —agregó Anaya marcando cada una de sus palabras— que el equipo que escoja para colaborar en el planeamiento de esta operación mantenga la boca cerrada. ¿Me entiende?

Así comenzó a ponerse en movimiento en la mañana calurosa del 15 de diciembre de 1981 uno de los hechos más traumáticos de la historia argentina contemporánea: la ocupación, la guerra y la derrota de las tropas del país en las islas Malvinas, ocupadas por los británicos desde el siglo pasado y uno de los últimos resabios de colonialismo mundial.

La recuperación por la fuerza de estas islas en poder de Gran Bretaña desde 1883 ya había figurado en los planes de los militares que dieron el golpe en 1976 y derrocaron el gobierno constitucional de la viuda de Juan Domingo Perón. Pero recién el 15 de diciembre, cuando Anaya comunicó la orden a Lombardo, el gobierno —a través de la decisión exclusiva de sólo tres hombres encaramados en el poder por la fuerza— se lanzó a una aventura imprevisible que dejaría hondas huellas en la ya resquebrajada sociedad argentina.

La sorpresa que debe haber sentido Lombardo tenía sus justificativos; desde las horas de tensión de 1978 —cuando Argentina orilló un enfrentamiento bélico con Chile por el conflicto en el canal de Beagle—, la guerra había vuelto a ser lo que siempre significó para las fuerzas armadas argentinas del siglo xx: apenas una hipótesis de trabajo recreada en la fantasía íntima de los estados mayores.

Uno de los grandes escritores de la literatura mundial, Jorge Luis Borges, ya había aludido con su clásica ironía —a veces feroz— a ese estigma de los uniformados de su país: «Éstos son militares que no escucharon el silbido de una bala en toda su vida.»

Más allá del sarcasmo borgiano, ese día marcó el principio del fin del denominado «Proceso de Reorganización Nacional», signado por una represión inédita en la historia nacional y una política socioeconómica que sumió a la otrora nación de «vacas gordas» en una crisis sin precedentes.

La gran mayoría de los argentinos, sin embargo, vivió aquella jornada como una más. Con absoluta indiferencia, asistieron a la consumación de otra intriga palaciega que tumbó a otro presidente de la nación al que tampoco habían elegido. El teniente general Roberto Viola, un militar que trabajó pacientemente durante diez años para llegar a la Casa Rosada, no pudo ni siquiera tomarle el gusto al poder. Su fugaz gestión duró apenas nueve meses.

El reemplazante era Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante en jefe del ejército, cargo al que había accedido gracias a la ayuda de Viola. La asunción de Galtieri —el 22 de diciembre de 1981— reavivó viejos fantasmas: la reimplantación furiosa de una política económica basada en el más duro y ortodoxo «monetarismo», llevada hasta sus últimas instancias por el ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz, virtual presidente del país con asiento en el Palacio de Hacienda desde la instauración del poder militar en marzo de 1976 hasta 1980.

El calor de ese día agobió a los habitantes de Buenos Aires y otras provincias del interior aún más que los rumores. Por esas horas, el reclamo de los principales partidos políticos del país exigiendo «elecciones inmediatas y sin proscripciones» había caído en el saco roto de la atención oficial. Ante esa escenografía casi grotesca de desplazamientos y pujas en el seno del poder armado, la gente parecía más interesada en el partido que iba a enfrentar al River Plate dirigido por Alfredo Di Stéfano —con Mario Kempes como estrella principal— con Ferrocarril Oeste, o en el próximo sorteo de lotería de fin de año: un golpe de suerte podía terminar con la penuria de unos cuantos elegidos. El resto —un mayoritario sector de trabajadores, clase media y pequeños o medianos empresarios— se vería obligado a seguir sobreviviendo a duras penas entre las ruinas de un país desesperanzado, con profundas desigualdades regionales y un número incontable de familias que lloraban sus quebrantos económicos, la generalizada desocupación o miles de muertos-desaparecidos por la represión feroz de los últimos años.

Para Lombardo, esa agobiante mañana de diciembre significó la posibilidad —tenaz en la convicción de las fuerzas armadas de esos años— de concretar los sueños de una nueva «gesta emancipadora». Al salir del despacho de Anaya, cualquiera habría percibido su paso casi marcial.

El tema Malvinas siempre fue una herida abierta en el corazón y la mente de los argentinos. El derecho a la soberanía no era cuestionado por nadie y hasta cualquier niño de una escuela primaria podía recitar la consigna: «Las Malvinas son argentinas.» Los reclamos para su recuperación habían transitado una larga, interminable e incansable negociación a través de la historia del país.

Si en 1981 el diálogo Anaya-Lombardo puso en marcha el camino expeditivo de las armas, la posibilidad de recuperar el archipiélago ya había sido barajada por las primeras autoridades que protagonizaron la asonada de 1976. El antecedente inmediato se remonta a los primeros meses de 1977, cuando el propio Anaya —por entonces comandante de la Flota de Mar— elaboró un plan para ocupar las islas por encargo del titular de su fuerza almirante Emilio Massera. También en esa ocasión, el secreto absoluto —ni siquiera el jefe del Estado Mayor Naval supo de la cuestión— rodeó al tema Malvinas. Y también en ese caso —como lo fue la frustrada recuperación de 1982— hubo un sórdido trasfondo político.

En realidad, Anaya recibió la orden de preparar un plan luego de que su superior, el almirante Massera, pusiera en jaque al entonces presidente Jorge Rafael Videla. Con su característico ropaje de falsa bonhomía y humildad —era en realidad un hombre que amaba el poder y sostuvo a rajatabla un sistema político-económico cuyas consecuencias sufrirán por décadas los argentinos—, Videla vaciló ante una presentación formal del «Negro» Massera: una solicitud de su fuerza para que se procediera a la recuperación del archipiélago.

El planteo tenía un fin preciso: hacerle la vida imposible al titular de la Casa Rosada en el marco de un siniestro y por momentos brutal enfrentamiento entre estos dos conspicuos representantes del «proceso».

Individuo de poca imaginación, Videla advirtió la jugada gracias a los consejos de dos generales que habían ayudado a entroncarlo en el poder: Roberto Viola y José Rogelio Villarreal. En términos formales, éstos manifestaron su acuerdo basándose en la «comunidad de aspiraciones» y —allí estuvo la trampa— requirieron mayores detalles del proyecto de la Armada. En realidad, esa fuerza no tenía ningún plan y Massera se dedicó a imaginar nuevos escollos para su adversario político.

Pero no dejó flancos abiertos: comisionó a Anaya para que trabajara en la planificación de ese operativo. Esa documentación, celosamente guardada en los archivos del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), se constituyó en la columna vertebral del operativo del 2 de abril de 1982 en el que fuerzas combinadas argentinas ocuparon esa porción de tierra inhóspita reclamada por décadas.

Con el mismo espíritu que le insufló su jefe, Lombardo comenzó a trabajar en los detalles mientras se aproximaban las fiestas de fin de año y el general Galtieri se perfilaba —para la cúpula militar— como el caudillo que hacía falta para revitalizar el «proceso».

El 20 de diciembre de ese año, dos días antes de que Galtieri luciese por primera vez la codiciada banda presidencial, Lombardo voló desde Bahía Blanca a la capital del país. En su portafolio traía manuscritos —se había evitado el uso de dactilógrafos para evitar cualquier filtración en el informe— con las previsiones para que tropas argentinas pusieran el pie sobre las islas Malvinas.

También era portador de razonables dudas que expondría ante su comandante. Las necesidades de la operación lo obligaban a recurrir al influyente SIN en busca de una serie de datos imprescindibles para el cálculo exacto de las acciones que se iban a llevar a cabo. Entre otras cosas, necesitaba detalles sobre la profundidad de las caletas que rodean a Puerto Stanley —capital de la colonia británica—, el estado de las playas y aptitud para desembarcar anfibios, las vías de acceso más adecuadas a la ciudad y al aeropuerto. La inteligencia naval tenía toda esa información desde hacía mucho tiempo. Pero para recurrir al SIN, resultaba fundamental una autorización del comandante. Cualquier oficial de inteligencia que leyera la lista de requerimientos que pensaba elevar Lombardo, sospecharía y mucho.

Anaya lo recibió, como era su hábito, sentado en su escritorio con las manos entrelazadas y un rostro que no traslucía la menor emoción. Lombardo había trabajado durante cinco días seguidos con un mínimo equipo de tres oficiales: los minutos y las horas de esas cinco jornadas habían sido casi frenéticos.

Sin formalidad previa alguna —el interés se había transformado en un valor sobreentendido entre estos dos hombres—, Anaya y Lombardo intentaron una conclusión: la operación de recuperación se podía llevar a cabo con relativa facilidad, considerando el potencial naval existente. Pero Lombardo puso de relieve dos factores clave: la sorpresa táctica y el secreto estratégico. El primero, para ejecutar una operación «limpia» (sin derramamiento de sangre); el segundo, para que los ingleses no reforzaran su dotación militar en las islas (apenas cuarenta infantes de Marina y un viejo navío).

En un determinado momento, el subordinado no pudo ocultar los interrogantes:

—Señor, ¿van a intervenir las tres fuerzas en el operativo o sólo participarán efectivos de la Marina?

—Será sólo una acción de las fuerzas armadas —replicó Anaya.

—Siendo así, me parece conveniente hablar por lo menos con el general Osvaldo García —sugirió Lombardo en alusión al comandante del V Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca. En el fondo, lo que quería era comprometer a personal superior de las otras fuerzas. «Es un asunto demasiado grande para unas pocas manos», había pensado durante el viaje.

—No, no, para nada —lo desalentó Anaya—. No lo haga hasta que lo autorice expresamente, y esto no será hasta que yo no hable con el general Galtieri. —El tono de su voz había aumentado sensiblemente.

Lombardo asintió. No pudo dejar de mencionar una duda que, sin darse cuenta, tocaba el punto más neurálgico de la cuestión.

—Almirante, ¿qué va a pasar después de tomar las islas?

—Usted no se preocupe por eso porque no le compete —la contestación fue tajante—. Limítese a elaborar el plan para tomar las islas; el resto viene después.

Ni en la mente de estos dos hombres ni en varias de las que participaron en estos preparativos hubo una conciencia de ese después. «Salieron a jugar un partido sin tener idea de las reglas de juego», diría meses más tarde uno de los tantos críticos de este operativo trascendental decidido por las fuerzas armadas.

Leopoldo Fortunato Galtieri llegó a la presidencia apoyado en un cierto ascendiente —no puede hablarse de un liderazgo al estilo de los que habían ostentado en años anteriores Alejandro Lanusse o Juan Carlos Onganía— que ejercía sobre sus subordinados. Su figura creció por contraste con la escasa presencia militar visible en su antecesor Viola. «Galtieri se imponía por presencia, tenía vida militar. Viola prefirió no salir del gabinete», recordaría luego un general que estuvo bajo sus órdenes.

Apoyados en esos datos y en su impresionante contextura física, algunos de los oportunistas civiles que suelen rondar los comandos en jefe como «asesores», diseñaron y promovieron una suerte de campaña para establecer un paralelo entre este descendiente de italianos y el legendario general Patton, héroe norteamericano de la segunda guerra mundial. Poco, salvo algunos rasgos de su rostro y un lenguaje descarnado, era lo que estos dos hombres tenían en común. Uno de sus críticos lo crucificó basándose en ese parangón: «Galtieri es una versión subdesarrollada de Patton.»

Quizá fue esa misma fuente la que no se cansaba de recordar otra «mancha» en el pasado de Galtieri: había sido el único de los militares latinoamericanos que reprobó un curso de ingeniería en Estados Unidos —gracias a una beca del ejército norteamericano— del que era más difícil salir aplazado que airoso. Esa carrera de oficial mediocre se complementaba con una visión lineal de la realidad nacional e internacional: restituir el poder político en el país y revitalizar un proceso militar que estaba dando inequívocas muestras de agotamiento, en el primer campo; desarrollar una sólida alianza con Estados Unidos, país por el que sentía una admiración casi sin límites y era el símbolo de ese mundo «occidental y cristiano» al que adhería sin reservas, en el segundo.

Para él, el visto bueno de esta superpotencia podría asegurar la sobrevivencia histórica del régimen aun bajo una nueva fachada democrática. Siendo ya comandante en jefe del ejército, Galtieri viajó a Norteamérica en agosto de 1981 invitado por el colega de ese país, el general Edward Meyer. Estuvo allí diez días y, entre cónclaves y agasajos, comprometió la presencia de Argentina en los proyectos de la política exterior norteamericana.

En esa época, el tema candente que motivaba largas discusiones en el seno del gobierno militar de Buenos Aires era el de participar o no en la integración de una fuerza multinacional de paz en el Sinaí, como parte de los acuerdos firmados en Camp David por Egipto e Israel y con Estados Unidos como garante.

En varias oportunidades, Galtieri manifestó su apoyo a que Argentina integrara esa fuerza. El 14 de noviembre, en una cena realizada en el exclusivo restaurante neoyorquino Le Cigne —estaban en la reunión diplomáticos de Buenos Aires reacios a la concurrencia y agregados militares—, el entonces comandante en jefe del ejército dio pruebas de su determinación.

La reunión ya agonizaba. Ante la mirada azorada de sus compañeros, apoyó casi con violencia su copa sobre la mesa.

—Señores, Argentina debe estar en el Sinaí. Hoy se lo comuniqué al general Meyer.

Por detrás de esa aseveración nunca concretada —finalmente el gobierno de Buenos Aires no envió tropas para la fuerza de paz a Medio Oriente—, hubo una serie de presiones estadounidenses para conseguir el apoyo argentino del subsecretario de Estado para Asuntos Estratégicos y de Defensa, Jim Buckley, en Washington; del embajador norteamericano en Argentina, Harry Shlaudeman, y su segundo, Claus Ruser, cuyo tacto para la diplomacia era similar al de un elefante en un bazar. En todos los casos, por vías directas o indirectas, los norteamericanos exhortaron en diferentes momentos y lugares a la integración del ejército nacional en el contingente de paz.

La misma embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, llegó en los umbrales de agosto a Buenos Aires para sondear a los militares argentinos sobre su disposición a aceptar la petición del gobierno de Ronald Reagan.

Frente a estas presiones, las opiniones estaban divididas: el ejército auspiciaba la concurrencia como un gesto de amistad hacia Estados Unidos; la Armada y la Fuerza Aérea eran ciertamente renuentes. También se oponía —haciendo propia una tesis del entonces canciller Óscar Camilión— el presidente Viola. En el espectro civil, los pequeños partidos de centro y derecha —al contrario de los mayoritarios partidos peronista y radical— favorecían la iniciativa.

En líneas generales, los que apoyaban la línea concurrencista propugnada por Galtieri estaban convencidos de que la presencia argentina en el Sinaí reencauzaría definitivamente la compleja relación bilateral con Estados Unidos. Ésta se había deteriorado enormemente a raíz de la política internacional de derechos humanos de la administración demócrata de Jimmy Carter. La realidad indica que, de haber sumado sus tropas a la fuerza multinacional en el Sinaí, Argentina hubiera aumentado su compromiso con uno de los bandos en el enfrentamiento Este-Oeste de las superpotencias.

Los «abstencionistas» eran terminantes: «El interés nacional no permite al país formar parte de una fuerza multinacional de la que están excluidos los europeos, los africanos y los asiáticos; es decir, la mitad de Occidente y todos los países no alineados y del grupo de los 77», argumentó uno de sus voceros.

Acaso la historia misma de la política exterior argentina justificaba esas opiniones dispares, pero en esta ocasión, a pesar de que el país no compartió el arbitraje pacífico en Medio Oriente, un dato quedó en claro: Galtieri y sus seguidores —militares y civiles— no estaban más que profesando sus muestras de amor por la superpotencia occidental. La guerra de las Malvinas se encargaría de demostrar meses después que el romance no iba a tener un buen final.

Galtieri se encontraba de regreso en Argentina cuando un domingo de noviembre ingresó al país un hombre corpulento, de rostro grande y rasgos filosos. La prensa detectó su presencia cuarenta y ocho horas más tarde. No era éste un hecho infrecuente en la vida profesional del misterioso visitante.

El teniente general y embajador itinerante Vernon Walters —de él se trataba— arribó a Buenos Aires como emisario personal del presidente Reagan. La elección de Walters por parte del mandatario republicano no era casual: este ex subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) e infatigable lector de historia es un profundo conocedor de las tradiciones y realidades de América Latina. El español es uno de los nueve idiomas que maneja con total fluidez. Además, es un bebedor de envidiable capacidad de asimilación que ha forjado sólidos lazos —por vías tan gastronómicas como afectivas— con numerosos jerarcas castrenses latinoamericanos. Algunos de estos últimos gustaban tanto de las libaciones como de la toma del poder por la fuerza de los fusiles.

Días antes, en Nueva York, el émulo de Patton había hecho algo más que manifestar su admiración por el país del norte.

—Para el ejército argentino —dijo Galtieri a un grupo de periodistas norteamericanos— no hay ningún inconveniente en aportar para la fuerza multinacional en Medio Oriente. Podemos dar eso y mucho más.

Con el hermético secreto que le imprimía a sus visitas, Walters llegó a Buenos Aires para poner a prueba esa «generosidad» incondicional. No fue precisamente por el tema Sinaí. Para Washington, las prioridades habían cambiado. El gobierno norteamericano había computado debidamente los resultados adversos para su causa que arrojó el debate público alrededor del envío de fuerzas a Medio Oriente y no quería obstáculos para obtener la cooperación en otros temas candentes.

En una cena en la residencia presidencial de Olivos —estaban presentes el presidente Viola, los jefes de los estados mayores de las tres fuerzas y varios funcionarios importantes—, Walters les ofreció a los argentinos la posibilidad de compartir un «postre» especial. Sólo mencionó tangencialmente el tema Sinaí. Para lo esencial no hubo rodeos: Estados Unidos quería la cooperación de Argentina para intervenir en la «hoguera» que consumía a América Central.

Ninguno se sorprendió por la franqueza del enviado de Reagan. Después de todo, el mismo Galtieri —semanas antes— había sido explícito con un oficial que visitaba Nueva York: «Quizá no pueda lograr el envío de soldados a Medio Oriente, pero con América Central haremos un negocio mejor.»

Los verdaderos alcances de la presencia de Walters en el país resultan coherentes con la historia del personaje. Una verdadera nebulosa los rodea. El diputado laborista Tom Dalyell —uno de los críticos más encendidos de la primer ministro Margaret Thatcher— aseguró en su libro sobre el conflicto en el Atlántico Sur (One Man’s Falklands) que el enviado de Reagan «estuvo en Buenos Aires, intermitentemente, por muchos días entre octubre de 1981 y febrero de 1982 y discutió, entre otros temas, el establecimiento de una Organización para el Tratado del Atlántico Sur (OTAS) y las ventajas de establecer una base en las Falklands (Malvinas)».

Según ese acuerdo, el pacto debería hacerse entre Estados Unidos y Argentina. Gran Bretaña no tendría participación en la cuestión, cosa que despertó un lógico interrogante de los militares de Buenos Aires.

—Eventualmente, Gran Bretaña gruñirá, gritará, protestará, pero finalmente no hará nada —acaso respondieron los voceros yanquis. Estaba tácito (según las versiones sobre este posible acuerdo) que si existía alguien que podía suavizar «el erizado plumaje inglés», ése era el gobierno de Reagan.

Otro trabajo sobre los resultados políticos de la guerra de Malvinas (Argentine Policy in the Falklands War, del comandante norteamericano Marshall Van Sant Hall) llega un poco más lejos: allí se asegura que «cuando el general Galtieri asumió la presidencia en 1981 ofreció mucha asistencia al presidente Reagan». Para el menos avisado, el canal más adecuado para conseguir esa ayuda era este ex funcionario de la CIA especializado en «misiones discretas».

En su momento, estos cronistas se hicieron eco de un persistente rumor que guarda estrecha relación con el tema Malvinas. Galtieri, según la especie, usó a Walters para sondear la política de Estados Unidos en el caso de una recuperación de estas islas. La respuesta del embajador itinerante deslizó una hipotética instancia de neutralidad norteamericana con la condición de que los argentinos no mataran británicos al capturar las islas. «Fuera por razón de creencia o de coincidencia —dice el libro del militar estadounidense—, los argentinos evitaron escrupulosamente cualquier baja británica o isleña durante la invasión.»

Walters negó, al ser entrevistado por los cronistas de este libro en Washington, que en momento alguno de su contacto con los argentinos éstos hubieran insinuado sus intenciones de recuperar el archipiélago. De lo que sí no caben dudas es acerca del tema central de la gestión de Walters en esta parte del hemisferio sur: lograr que Argentina participara en la crisis centroamericana como parte de una vasta ofensiva de Estados Unidos para frenar «el avance comunista» en el continente.

Para los oídos de los militares argentinos, el tema no era extraño. Si Reagan transformó la política de su país para esa región en una suerte de «cruzada antisoviética», los personeros del «proceso» ya estaban embarcados en una campaña encubierta del mismo signo. Se sabe que Argentina trató de evitar —sin éxito— la caída del dictador nicaragüense Anastasio Somoza proveyéndolo hasta el final de armas y dinero. Luego envió asesores —expertos en «contrainsurgencia»— a Honduras y Guatemala e, inclusive, Galtieri se dispuso a auxiliar a los restos del somocismo en el exilio empeñados en derrocar al nuevo régimen sandinista.

La hipótesis de los mandos nacionales era la siguiente: «Debemos ocupar los espacios vacíos en la lucha continental contra el comunismo.» Sucede que la realidad política nacional e internacional era —lo sigue siendo— mucho más compleja que la que podían percibir estos uniformados admiradores del Tío Sam. La administración republicana no veía con buenos ojos la posibilidad de que Argentina retrasara demasiado el camino hacia la democracia, una especie de acuerdo al que el presidente Viola había llegado en sus contactos con los norteamericanos. El deterioro de las relaciones entre el antecesor de Galtieri y la Junta Militar preocupaba al gobierno de Reagan. Nadie en Washington pensaba que la cooperación en América Central y la democracia eran incompatibles.

En los primeros días de noviembre de 1981, Galtieri retornó a Nueva York para concurrir a la asamblea de comandantes de ejércitos americanos. El embajador argentino en Washington, Esteban Takacs, tuvo un sugerente diálogo con el militar. El motivo: informarle que la administración Reagan estaba inquieta por la crisis institucional que se avecinaba en el país. El fornido militar tenía su propia visión de la realidad; luego de escuchar atentamente a Takacs, quien había recurrido a cuanta figura elíptica le vino en mano para explicar el cuadro de situación, aumentó aún más la incertidumbre del diplomático.

—Yo me voy a ocupar —se limitó a decir con un aire de suficiencia que aparecía recurrentemente en sus gestos y palabras.

Concretamente, el que se ocupó fue Miguel Mallea Gil, agregado militar en la embajada. Empecinado en otorgar al viaje de Galtieri un contenido especial que excediera el marco de la reunión interamericana, Mallea Gil introdujo a este general con ansias de poder en los complejos ambientes de la capital norteamericana. Con la colaboración del exiliado nicaragüense Francisco Aguirre —furioso anticastrista denunciado como agente de la inteligencia norteamericana en varias oportunidades—, Mallea Gil pergeñó un almuerzo en honor a Galtieri en la embajada argentina.

Entre otras cosas, el encuentro sirvió para demostrar los buenos contactos del agregado militar. La lista de invitados no era improvisada: Caspar Weinberger, secretario de Defensa; Richard Allen, asesor en Seguridad Nacional del presidente Reagan; Thomas Enders, secretario de Estado adjunto para Asuntos Inter americanos; Jeffrey Briggs, segundo del anterior; William Middendorf, acaudalado empresario al que el presidente había agradecido sus contribuciones financieras durante su campaña designándolo embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Paul Roberts, subsecretario de Política Económica; Edward Meyer, comandante en jefe del ejército; John Marsh, secretario del ejército; Vernon Walters y Alejandro Orfila, secretario de la OEA. También estuvo, además de Takacs, el embajador de Buenos Aires ante esa institución internacional, Raúl Quijano.

Galtieri, con intervenciones ampulosas, jugó a imponer su figura ante los ilustres invitados. Lo hizo en un esforzado inglés —idioma con el que no tiene una relación demasiado buena— y se granjeó algunas simpatías.

Mientras Weinberger le susurraba al embajador Takacs su entusiasmo por el personaje, el fornido militar argentino se dispuso a dar la estocada final. Se paró. Tenía una copa en su mano.

—Argentina y Estados Unidos marcharán unidos en la guerra ideológica que se está librando en el mundo. En lo externo, nuestro país tiene un rol preponderante que jugar en el mundo y no debe limitarse a un rol secundario.

Los cerebros de los invitados norteamericanos computaron el mensaje: Argentina estaba dispuesta a intervenir en América Central. Al lado del sonriente Galtieri estaban dos invitados argentinos especiales: los generales Alberto Valín —asesor de la Guardia Nacional de Somoza durante la guerra civil— y Mario Menéndez, oficial que se habría ganado una reputación reprimiendo a la guerrilla en la región norte de su país.

Al terminar la reunión, un enjambre de periodistas —hábilmente alertados por Mallea Gil— aguardaba a los comensales. Richard Allen resultó desbordado por su propia retórica: «Galtieri es una personalidad majestuosa.» La adjetivación del asesor de Reagan perdería credibilidad semanas después al verse obligado a renunciar por un confuso caso de soborno.

Aunque los otros invitados fueron más cautos, Galtieri sumó puntos. Su condición de «niño mimado de los norteamericanos» —una autodefinición a la que apeló luego de la guerra el propio Galtieri— había cobrado cuerpo definitivo. El émulo de Patton se creyó al pie de la letra los elogios norteamericanos sobre su figura e imaginó ilimitados alcances a su idilio con los norteamericanos.

Por lo menos, en esa etapa el romance dio sus frutos: Reagan obtuvo del Congreso la autorización para reanudar la asistencia militar de su país a Argentina, suspendida desde 1978 a raíz de la enmienda «Humphrey-Kennedy», con la que el gobierno había sancionado «las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos» cometidas por los militares en Argentina.

En otro plano, el pacto argentino-estadounidense consistió en la entrega de fondos y provisión de inteligencia al gobierno de Buenos Aires para impedir que la ayuda cubana llegara, vía Nicaragua, a los grupos guerrilleros de El Salvador y Guatemala. Washington, según el acuerdo, se reservaba la tarea de obstaculizar las acciones sandinistas en Honduras y, principalmente, prestar apoyo a los somocistas que operaban en este último país en contra de la Junta de Managua.

Hasta los primeros meses de 1982, Argentina fue la principal fuente de financiamiento y adiestramiento de los antisandinistas, pero, tras los episodios de las islas Malvinas, la administración Reagan debió incrementar sus propias operaciones encubiertas ante la deserción argentina.

Algunos testigos recuerdan su rostro crispado, las manos que buscan el hombro de Lucy, los pasos lentos hasta un sillón en el hall del aeropuerto militar cerca de Manhattan. En la fría noche del 7 de noviembre de 1981, cuando se disponía a regresar a Buenos Aires, Galtieri se enteró —lo acompañaba su esposa Lucy— de la enfermedad del presidente Viola, un hecho que inició el desplazamiento de este militar del sillón presidencial. Allí comenzó el inexorable ascenso de Galtieri al máximo cargo de la república.

Los problemas de salud de Viola dibujaron inexorablemente la crisis que se desencadenaría en la cúspide militar. Su internación por varias semanas en el hospital militar —el cuadro clínico mencionaba una «aguda hipertensión arterial»—, su reemplazo por el ministro del Interior, general Horacio Tomás Liendo, y los falsos anuncios del propio Galtieri («No pasó por la mente de la junta reemplazar a Viola»), desfilaron ante la indiferente mirada de los argentinos como una mala película filmada en cámara lenta en la que gran parte del público conoce el final.

Viola, enfermo y jaqueado por presiones diversas, confiaba en que su sitio en la Casa Rosada quedaría vacante hasta su vuelta. Nunca más lo recuperaría. Sus ojos seguían viendo a un Galtieri que él había calificado como «buen soldado, buen comandante de tropa, pero ignorante en política, primitivo, rudimentario». Pero entre la primera semana de noviembre y los últimos días de diciembre, Galtieri desoyó sus convicciones anteriores («no me meto en líos de política, no los entiendo») y fabricó sus propios espacios para acceder al poder.

El sainete (un género teatral nacional que apela al tono burlesco y hasta porciones de grotesco) montado por Galtieri y sus adictos en ese tiempo se acercó al final el martes 8 de diciembre. Esa noche, en la residencia presidencial de Olivos, los dos militares se sentaron frente a frente. Algo más que una pequeña mesa «ratona» los separaba.

—Bueno, Galtieri, ¿de qué quiere que hablemos? ¿De enfermedad o de política? —preguntó Viola.

—¡Ehhh…, hablemos de enfermedad!

Viola se impacientó. Los días de convalecencia, los rumores y acaso una lucidez recién adquirida lo mostraron más decidido y preciso que su vacilante y breve gestión presidencial.

—¿Para qué vamos a hablar de enfermedad?

—Bueno…, porque hay que tomar una decisión —balbuceó Galtieri.

—Entonces le repito que no estoy enfermo. Pero usted y yo sabemos que esto es inútil porque yo digo eso y ustedes [la Junta Militar] sostienen lo contrario. Suponga, Galtieri, que ustedes se convencen de que no estoy enfermo. ¿Podría reasumir en ese caso?

—No. —El monosílabo surgió tenue, como si no perteneciera a la boca de Galtieri.

—Entonces, no jodamos. ¿Para qué mierda quiere hablar de enfermedad? Hablemos de política.

Lo hicieron al día siguiente, pero las palabras estaban sobrando. Los hechos corrían por cuenta de Galtieri. Se reunió con el resto de la junta, acordaron el relevo de Viola y se encresparon por la tozudez de éste de retirarse elegantemente del poder. Si Viola quería un derrocamiento con todas las de la ley, lo tendría. Ya el comandante en jefe había despejado en parte el camino al desplazar —durante la convalecencia de Viola— a cinco generales que no encajaban en los nuevos proyectos. En esos días previos, Galtieri se dio el lujo de sonreír ante el patético lapsus de un periodista que lo llamó «Señor presidente» muchas jornadas antes de que tuviera la posibilidad de acceder efectivamente al cargo.

El jueves 10 de diciembre de 1981, Viola fue citado al Comando en jefe del ejército por la junta. Dialogó con ellos —además de Galtieri, estaban el almirante Anaya y el brigadier general Omar Graffigna, reemplazado a los pocos días por Arturo Basilio Lami Dozo— durante algunos minutos. En una dependencia del Comando, esperó luego algo que ya sabía: sus días en el poder habían terminado. Galtieri ya era el nuevo presidente de facto de un pueblo más interesado en los preparativos de las fiestas de fin de año que en los tejes y manejes de los hombres uniformados.

Anaya, enojado primero por la tenacidad de Viola de permanecer en su cargo, lucía resplandeciente cuando intuyó que sus sueños de recuperar las Malvinas estaban próximos a realizarse. Galtieri, su amigo, no le podía fallar en esa aventura. Era una atracción demasiado fuerte para un hombre convencido —según una descripción del mismo Viola— «de que el mundo gira alrededor de la República Argentina y que ésta gira alrededor de él». El «pacto siniestro» estaba en marcha.

Al día siguiente del relevo forzado de Viola, el diario parisino Le Monde hizo referencia en una nota «al ballet tragicómico que los generales de Buenos Aires representan en torno a la Casa Rosada». Otros medios coincidieron con la óptica sin tener idea alguna sobre la guerra que se avecinaba. En este tema, el baile recién empezaba.

2. EL TEST EN NUEVA YORK

Galtieri llegó a la Casa Rosada con una nación muy próxima al desquicio. Los casi seis años del «Proceso de Reorganización Nacional» habían desgastado tremendamente la imagen de estos uniformados ante la opinión pública nacional e internacional. El monto de la deuda externa argentina —después se sabría que sumaba más de cuarenta mil millones de dólares—, la desocupación y las fisuras que se advertían en la estructura social del país eran sólo algunos de los síntomas de esa crisis.

Sin embargo, a fines de 1981 y principios de 1982, aires renovados circulaban en el clima interno de las fuerzas armadas. La asunción de Galtieri significó una posibilidad de reaseguro para el fisurado edificio militar y una certeza tomó cuerpo entre la cúpula uniformada: el gobierno de facto estaba en inmejorables condiciones para prolongarse en el tiempo. ¿Hasta cuándo? 1990 era un buen año para entregar las riendas del poder a los civiles siempre y cuando éstos respetaran calurosamente «las reglas de juego».

La estrategia de Galtieri apuntaba en varias direcciones: convertir a su arma en la verdadera dueña del poder; aglutinar en torno suyo todas las lealtades de ministros y gobernadores provinciales y crear una fuerza política que soportara en el futuro la candidatura presidencial de Galtieri. Para ello, una decisión trascendente como la que estaba por tomarse resultaba esencial. «El triunfo en las Malvinas hubiera justificado históricamente el gobierno de las fuerzas armadas», se sinceraría mucho tiempo después ante los cronistas un alto funcionario de esa época del proceso.

Hijo de una modesta familia italiana que había vivido en los suburbios de Buenos Aires, a los cincuenta y cinco años Galtieri era, antes que nada, un hombre ingenuamente ambicioso, de palabra fácil y explosiva («Yo siempre voy al frente», dijo el 22 de diciembre al asumir la presidencia), sencillo y emocional, como quedó demostrado en sus viajes a Estados Unidos: Hollywood y Disneylandia fueron sus apetencias turísticas exclusivas.

Durante su gestión, muchos visitantes quedaron impresionados por este presidente que los recibía en mangas de camisa, repantigado en su sillón con un vaso de whisky en la mano y, a menudo, con los pies sobre la mesa.

Lucy, su mujer, que tenía grandes aspiraciones sociales frecuentemente expresadas a través de un declamado interés por el arte, había intentado durante años cubrirlo con un barniz de refinamiento. Todo fue en vano: la rústica vida de cuartel había marcado a fuego a este hombre que resultó definitivamente vencido en la batalla contra su propia pereza intelectual.

En los otros frentes de lucha menos personales, el presidente puso un ahínco demoledor. Con la conciencia de que tenía que reconstruir un poder resquebrajado, llegó a una convicción compartida por sus pares militares: obtener algún tipo de triunfo resonante que diera impulso a un régimen militar al que le estaba costando demasiado esfuerzo respirar. En esa dirección, se rodeó —sin demasiada coherencia— con algunos ministros de figuración. Dio una singular importancia a la designación del canciller con la suposición de que en la política exterior podía esconderse una de las claves del éxito de su gestión.

El hombre ideal debería ser alguien que encajase en el proyecto ambicioso de las fuerzas armadas. Por diferentes razones, los miembros de la Junta Militar convergieron hacia la figura de un veterano diplomático nostálgico del tema Malvinas y asesor de las tres armas en los años previos: Nicanor Costa Méndez.

«Canoro», como lo llamaban los íntimos, resultó ser el hombre compatible con los proyectos de Galtieri y sus aliados en la cúpula de poder. Costa Méndez había sido embajador en Chile y canciller del presidente de facto Juan Carlos Onganía en la década de 1960. En 1978, había redactado la parte dedicada a la política internacional de las «Bases políticas de la fuerza aérea», en la que defendió fervorosamente la inserción de Argentina en el «Occidente cristiano».

En su primer contacto con el presidente, éste le impuso dos prioridades: el Beagle y las Malvinas. Luego se supo que el diplomático condicionó su aceptación del cargo a la certeza de que el gobierno militar no se embarcaría en un conflicto bélico contra Chile. Galtieri deslizó una velada advertencia —no lo dijo, pero su mente estaba puesta en las islas ocupadas por los británicos antes que en el conflicto con Chile— que, para Costa Méndez, cobraría un sentido diferente muchos meses después.

En ese primer diálogo, además del ofrecimiento, el presidente, que había manifestado duramente su aversión al anterior canciller, Óscar Camilión, en varias oportunidades, dio el tono de lo que sería su postura en los tiempos que se avecinaban. Cuando Costa Méndez le manifestó su oposición a la guerra con Chile, Galtieri sonrió levemente, pero el tono de su voz ofrecía un duro contraste.

—Yo llamé a un duro y ahora resulta que vino a verme un blando —dijo.

El 29 de diciembre de 1981, los tres comandantes se reunieron en el microcine del edificio Cóndor, asiento de la fuerza aérea, para presidir la entrega de insignias a los nuevos brigadieres. Con la excusa de despedir el año, Galtieri, Anaya y Lami Dozo tomaron una copa de champaña en la oficina del aviador en el quinto piso. Las trivialidades inevitables se fueron agotando durante la charla. Cerca de la medianoche el presidente y el titular de la Armada revelaron el «pacto siniestro»: dentro de un año se cumpliría el sesquicentenario de la ocupación británica del archipiélago. Para entonces, le dijeron a un azorado Lami Dozo, la bandera azul y blanca debería estar flameando en Port Stanley.

Basilio Lami Dozo maldijo su suerte. Aceptó la propuesta, pero un profundo disgusto lo invadió; la historia le reservaba ser el protagonista de dos hechos riesgosos y comprometedores: el derrocamiento de Viola y, ahora, la propuesta de desembarcar en las Malvinas. El aviador había mostrado un perfil distinto en el manejo de los asuntos políticos y hasta los propios políticos civiles lo veían como un hombre más flexible y desligado del esquematismo ideológico de sus pares.

El primer diálogo informal fue tomando cuerpo. La obsesión de Anaya y los sueños de poder de Galtieri apuraron la decisión. Entre el 1 y 2 de enero de 1982, los militares se pusieron de acuerdo en comunicar al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Osvaldo García, la propuesta. También coincidieron en el nombre del que sería el gobernador de las islas luego de que éstas fuesen recuperadas: el general Mario Benjamín Menéndez, jefe de operaciones del Estado Mayor. Los dos desconocían, por supuesto, ese ambicioso salto que imaginaban sus superiores. Fueron designados in pectore, como «el papa lo hace con sus cardenales», diría luego a los cronistas uno de los protagonistas de la historia.

El 6 de enero la decisión estaba madura. Sólo fue cuestión de buscar una excusa más o menos válida. Ese día, una certeza iluminó los ojos de Anaya: la acción se llevaría a cabo si fracasaba la ronda de negociaciones con Gran Bretaña que iba a celebrarse en Nueva York el 27 y 28 de febrero de ese año.

Anaya agregó una condición formal: la embajada en Londres debía estar ocupada por un almirante cuando se llevase a cabo el desembarco. Propuso a Rodolfo Luchetta, gobernador de Santa Fe, y ex agregado naval en el Reino Unido.

El pedido era, en realidad, un producto de la corta visión del marino. La idea de Anaya era que un almirante estaría en mejor posición que un civil —Carlos Ortiz de Rozas era, en ese momento, el embajador argentino en Gran Bretaña— para explicarle a las fuerzas armadas inglesas el sentido de la operación militar y contaría con elementos técnicos y políticos para entenderse en un mismo idioma con sus pares británicos.

La ingenuidad de ese proyecto demostraba cabalmente la idea del mundo que tenían los militares de Argentina: reducían el problema institucional inglés a «una comprensión entre las fuerzas armadas», como si las británicas estuviesen instaladas en el 10 de Downing Street —sede de la primer ministro Margaret Thatcher—, del mismo modo en que las argentinas lo estaban en la Casa Rosada.

Seis días más tarde, el 12 de enero, los comandantes dieron una vuelta de tuerca definitiva al planeamiento del desembarco. Galtieri avisó a García y Lami Dozo designó al brigadier Sigfrido Plessl, como su delegado en el pequeño «Estado Mayor» del proyecto.

El presidente informó al canciller Costa Méndez sobre el pedido naval y le solicitó que removiera de Londres a Ortiz de Rozas. Era evidente, a esa altura, que Galtieri no quería tener ningún tipo de cortocircuito con su principal aliado, el almirante Anaya, y estaba dispuesto a ceder en la mayoría de los pedidos que éste formulase.

Costa Méndez no estaba de acuerdo con sacar de Gran Bretaña a su embajador para que fuese reemplazado por un militar. Al menos debía evitarse el cambio, le dijo a Galtieri, hasta que se encontrara un lugar importante para enviar a Ortiz de Rozas, dado que éste ocupaba uno de los primeros puestos en el ranking de los embajadores argentinos. Pero Galtieri lo cortó en seco: «Ofrézcale Italia», agregó.

Ortiz de Rozas no se imaginaba lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires. El día 12, cuando regresó de una cena en la embajada de Bélgica en Londres, encontró en su residencia un recado de Costa Méndez, que lo había llamado en su ausencia. Al día siguiente, se contactó con el canciller.

—Quería decirte que por una decisión irreversible de la junta dejaste de ser embajador en Londres. Allí irá un almirante. Esto, Carlos, no tiene nada que ver con tus condiciones ni con tu gestión diplomática, que en ningún momento fue puesta en duda por los comandantes. —Costa Méndez había descerrajado una andanada brutal en los finos oídos del diplomático. El impacto fue neto, a pesar del aderezo que el canciller puso para que la herida no fuera tan dolorosa.

Turbado, Ortiz de Rozas respondió secamente:

—¿Cuál es el motivo, Canoro?

—Una decisión de la junta. Te puedo ofrecer la embajada en Italia.

—No tenés nada que ofrecerme. A esta altura de mi carrera, no quiero hacer turismo —replicó el embajador. Y a su vez, convencido de que su destino actual ya no le pertenecía, contraatacó:

—Podría ser embajador en las Naciones Unidas, que también está vacante.

Costa Méndez quedó en contestarle al otro día. La respuesta llegó y fue negativa. En cambio, le insinuó que podría hacerse cargo de la misión de negociadores argentinos en la Santa Sede en la mediación papal sobre el Beagle. A Ortiz de Rozas no le disgustó esa nueva perspectiva. Pero arregló para viajar a Buenos Aires para conversar personalmente la cuestión. Rápidamente, vía París, encontró una combinación de aviones adecuada y voló a Argentina en un jumbo de Air France. Cuando se encontró con Costa Méndez, el lunes 18, la situación seguía tensa. El canciller hizo un delicado bordado para sortear el mal humor de Ortiz de Rozas.

Finalmente, el tema de su reemplazo fue dejado de lado. Había que hablar del futuro, que era, en definitiva, para lo que había sido convocado. El canciller le explicó la situación: con Luchetta en Londres, Ortiz de Rozas podría ir a Roma y, a la vez, hacerse cargo de la misión negociadora ante el papa. Pero ambos sabían que la duplicidad de funciones sería mal vista por la Santa Sede, presunción confirmada tras los sondeos realizados a nivel eclesiástico en el país y el Vaticano.

Al día siguiente de la llegada de Ortiz de Rozas a Buenos Aires, éste recibió la noticia de que sería recibido por Galtieri el 20 de enero a las 12.30 en la Casa Rosada. Le ofrecerían la titularidad de la misión en la mediación papal en el Beagle en reemplazo de Guillermo Moncayo, cuya labor no satisfacía a Galtieri ni al canciller.

El día de la entrevista, mientras se preparaba para el encuentro con el primer mandatario, recibió una llamada imprevista. Se trataba del embajador británico en Buenos Aires, Anthony Williams, quien le explicó sin vueltas que su gobierno veía con «desagrado» la designación de un militar como embajador, tal como mencionaban los rumores. Ortiz de Rozas le respondió que él —aún tomando nota del mensaje— no era el canal adecuado para recibirlo.

—Iré inmediatamente a la cancillería y plantearé seriamente el tema —respondió Williams.

Una virtual carrera se inició entre los dos diplomáticos. Raudamente, Ortiz de Rozas se desplazó hasta el ministerio para notificar al vicecanciller sobre el diálogo con el británico. Cuando se sentó frente a Enrique Ros, Williams ingresaba en el palacio San Martín exigiendo ser recibido «en forma inmediata» por el vicecanciller. Sin mencionar al interlocutor, la secretaria de la cancillería salió airosamente del paso. «Está en una reunión y lo recibirá en diez minutos», le dijo a Williams.

En esos diez minutos, Ortiz de Rozas justificó su largo conocimiento del mundo de la diplomacia.

—Ros, los argumentos del embajador británico son débiles —explicó—. En Londres existe un jefe de misión (la de Venezuela) que es almirante y se desempeña normalmente. Además, lo de Luchetta no se trata más que de un rumor.

El vicecanciller Ros usó esos argumentos en su charla con Williams, quien señaló la preocupación de su gobierno por la presencia de un militar en Londres, aunque reconoció que el Foreign Office no podía rechazar el pedido de placet para otro embajador.

Mientras tanto, Ortiz de Rozas se retiró por otra salida de la cancillería y se dirigió a entrevistarse con el presidente. Alertado por la presión del representante inglés, le pidió a Costa Méndez que estuviera presente en la primera parte de la charla.

—¡Que los ingleses se dejen de molestar! —estalló Galtieri al enterarse de la gestión de Williams—. Después de todo, nosotros somos dueños de nombrar a quien nos plazca como embajador en Londres. Ya tendremos oportunidad de trabar algún pedido de placet de ellos…

Tras ordenar a Costa Méndez que siguiera las instrucciones de la junta, Galtieri se quedó a solas con Ortiz de Rozas. A lo largo de la investigación de estos cronistas, los testimonios recogidos respecto de esta reunión difieren notablemente. Galtieri, en el único reportaje publicado después de la guerra (diario Clarín, 7-1-1982), aseguró que el diplomático dio su opinión sobre un eventual desembarco argentino en las islas y afirmó que no habría reacción británica si la acción militar se desarrollaba «limpiamente». «Los ingleses no tienen que torcerse ni un tobillo», habría advertido Ortiz de Rozas según la confesión posterior de Galtieri.

En cambio, el embajador negó terminantemente a estos cronistas haber sido informado sobre un desembarco. «Me hubiera opuesto firmemente», afirmó tras negar enfáticamente los términos que le atribuyó el militar. Lo cierto es que este último le ofreció la titularidad de la comisión negociadora ante el Vaticano y Ortiz de Rozas la aceptó con la condición de tener autonomía de decisión y eliminar el canal militar abierto con la Santa Sede, «un canal de una sola mano».

—Quiero tener autorización suya para utilizar ese teléfono rojo. —Ortiz de Rozas señaló el aparato que tenía el presidente en su despacho, un instrumento fundamental para algunas decisiones que no admitían intermediarios en la complicada negociación con Chile. Sin saberlo, al final de la charla Ortiz de Rozas puso «la cabeza bajo la guillotina» al mencionar que las relaciones bilaterales con los británicos habían mejorado luego de la prolongada ausencia de un embajador argentino en Gran Bretaña y que se podía palpar la buena voluntad del gobierno de la Thatcher en las negociaciones con Buenos Aires, aunque esas «buenas intenciones» tenían límites. También le explicó a Galtieri que la recurrencia de los ingleses al argumento de que querían contemplar los «deseos» de los pobladores de las Malvinas era una simple maniobra dilatoria.

—General, el mismo ministro inglés lord Carrington me confesó muy suelto de cuerpo hace poco que las negociaciones con Argentina no progresan porque el problema no tiene «entidad política» para el Reino Unido —agregó Ortiz de Rozas, confirmando una conclusión del anterior canciller argentino Camilión, quien, tras una charla con Carrington, apeló a lo que casi era una broma: «Para los ingleses, las Malvinas son el caso 242 en materia de prioridades de su política exterior.»

Tras afirmar que, de cualquier forma, el proceso negociador duraría mucho tiempo, Galtieri intervino con una pregunta cuyo trasfondo anticipaba la tragedia que sobrevendría meses después:

—En una palabra, ¿diría usted que hasta el año dos mil los ingleses no nos contestarán?

Ortiz de Rozas conocía largamente los vericuetos de este tema árido y acaso eso le sirvió para parecer tan terminante. Apoyó su espalda en el sillón.

—Efectivamente —se limitó a decir.

El 9 de julio de 1982 sería el día D. Ésa fue la fecha tope que se impusieron los mandos militares para efectivizar la recuperación de las islas. El plazo fue decidido en la primera reunión que llevaron a cabo los encargados de la planificación del operativo. García, comandante del V Cuerpo del Ejército, le hizo una velada recriminación a Lombardo. Días antes, éste lo había visitado para profundizar los pasos de una planificación conjunta de las armas ante «cualquier posibilidad de un enfrentamiento bélico». Por supuesto, no mencionó el tema Malvinas.

En su calidad de oficial de mayor antigüedad, García asumió la jefatura de la operación y redactó una pomposa Directiva Estratégica Militar (DEMIL) para presentar ante los tres comandantes. En esos papeles, un punto mencionaba: el desembarco y la recuperación de las islas duraría «D más 5». O sea, todo se desarrollaría en 5 días. Después, esas fechas fueron cambiadas y el nuevo día D se fijó para el 15 de mayo.

Los tres responsables del operativo —García, Lombardo y Plessl— supusieron que estos planes habían sido consultados con alguna de las potencias hegemónicas. Descartaron rápidamente a la Unión Soviética, pues la Armada estaba agitando reiteradamente el fantasma de los submarinos rusos en el Atlántico Sur y alentando, junto al gobierno de Sudáfrica, un acuerdo para formar una alianza estratégica en la región, con la participación de Estados Unidos.

De acuerdo con la opinión prevaleciente entre los militares, una de las salidas para la situación de las Malvinas consistía en ofrecer a Washington una base naval en las islas. Pero ésa era una cuestión a la que debía responder el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta ese momento, la cancillería sólo tenía instrucciones para incrementar seriamente la presión diplomática, apretando las tuercas sobre Londres para obtener algún resultado en las próximas conversaciones.

—En enero —declaró Costa Méndez, durante la investigación— desconocíamos absolutamente los planes militares que se estaban preparando. Sólo sabía que la tensión se incrementaría paulatinamente.

Con ese objetivo, se redactó el memorando para ser entregado a los británicos, el 27 de enero, cumpliendo, por otra parte, un reclamo de Londres que consistía en recibir con la suficiente antelación los temas que los argentinos deseaban abordar. ¡Como si ellos no lo supieran perfectamente!

Tres días antes de la entrega de ese documento, el periodista Jesús Iglesias Rouco reveló en su columna del diario La Prensa que el gobierno presionaría fuertemente a Gran Bretaña para obtener un sistema de negociaciones —con fechas precisas— que determinaran finalmente la restitución de las islas a Argentina. Aseguró que las condiciones que reclamaría Buenos Aires serían «firmes y claras» y que, si Londres no las aceptaba —o no las respondía en un plazo determinado—, Argentina rompería las conversaciones.

Afirmó también que Estados Unidos respaldaría a Argentina en cualquier acción, sin excluir la militar, para recobrar el archipiélago. Sólo la primera parte de la información se reveló exacta.

El extenso documento denominado La posición argentina, que Costa Méndez entregó al embajador británico —copia del cual se obtuvo para este libro—, señalaba en sus párrafos más salientes que «es elemento angular el reconocimiento de la soberanía argentina sobre los archipiélagos mencionados», es decir, las Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. Y reafirmaba que ese reconocimiento «sigue siendo un requisito sine qua non para la solución de la disputa».

Hacía también mención a las resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII) y 31/49 de las Naciones Unidas, subrayando que éstas «conceden debida atención a los "intereses” de los habitantes de las islas, en el contexto de la negociación a que invitan a ambos gobiernos. Las decisiones del organismo mundial en ningún momento se refieren a los "deseos" de los isleños, porque la disputa está circunscripta a los gobiernos argentino y británico».

Finalmente, exponía la propuesta concreta:

«En el entendido, pues, que la cuestión de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur debe ser solucionada pacífica, definitiva y rápidamente en interés de las partes en disputa y de todos los interesados en resolverla, es que el gobierno argentino propone, para desarrollar las tratativas, el establecimiento de una comisión permanente negociadora, que deberá reunirse todas las primeras semanas de cada mes, alternativamente en cada capital, y que tendrá a su cargo mantener la continuidad e impulso de la negociación, no quedando supeditada ésta a encuentros esporádicos, sin objetivos claros ni resultados concretos.

»Su nivel técnico-político debería permitir el tratamiento ágil y profundo de los temas, en condiciones favorables para proponer a los gobiernos. Esta comisión tendría un año de duración. Sería denunciable por las partes en cualquier momento previo aviso a la contraparte.

»El gobierno argentino considera que el establecimiento de esta comisión, de preferencia dentro del segundo bimestre de 1982, unido a una acción sincera de las partes, tendría las mejores posibilidades de alcanzar éxito en su gestión.

»El gobierno argentino analizará el futuro de las negociaciones a la luz de la respuesta que el gobierno británico dé a esta propuesta, esperando que ella sea dada antes o durante la próxima rueda negociadora que se celebrará en Nueva York, en febrero de 1982.»

Ésa sería la propuesta que debería responder Gran Bretaña. En realidad, el documento se basaba en una declaración oficial argentina del 27 de julio de 1981, durante la gestión de Camilión.

De forma simultánea, el pequeño comité militar continuaba activamente desarrollando los planes, que esquemáticamente estuvieron concluidos el 15 de febrero de 1981.

Ese mes encontró al gobierno argentino enfrascado en tres temas excluyentes: fortalecimiento de los lazos con la administración Reagan, consolidación de la estrategia política personal del presidente Galtieri y la negociación con los ingleses, un test final para concretar o no la operación militar que se estaba preparando en secreto.

El idilio con Washington ya tenía cuerpo y un costo: participación abierta en Centroamérica. El mismo día en que el embajador Williams declaró a la prensa argentina que notaba «cierta impaciencia de ambas partes para resolver la cuestión Malvinas», la cadena ABC de televisión norteamericana —poseía uno de los mejores equipos periodísticos en la región centroamericana— lanzó una grave acusación contra los militares argentinos: «Efectivos de ese país —dijo ABC— integran una compañía de luchadores voluntarios para combatir contra el gobierno de Nicaragua.» El canciller del sandinismo, Miguel d’Escoto dio otra vuelta de tuerca al señalar que los militares de Buenos Aires estaban involucrados en «una conspiración para derrocar al régimen» de su país.

Cada uno por su lado, la ABC y D’Escoto estaban certificando una vasta y ambiciosa operación contra los sandinistas y la guerrilla salvadoreña que aspiraba a una cobertura legal bajo el auspicio de la OEA: lograr que ese foro aprobase la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) con el argumento de que en la zona existía una «agresión extracontinental». Según el semanario Newsweek, la operación se denominaba Plan Charlie y consistía en que un «gobierno de derecha» impulsara un «Ejército de Paz» panlatinoamericano «encabezado por Argentina, que podría empujar a los izquierdistas salvadoreños tierra adentro hacia Honduras, donde el ejército de ese país los aplastaría con un movimiento de pinzas».

El gobierno argentino protestó, pero el mismo embajador en Estados Unidos, Takacs, acaso por un lapsus o por deficiente comunicación con Buenos Aires, reconoció que su país dio «un fuerte respaldo a muchas iniciativas de Estados Unidos en el hemisferio». Takacs no era hombre de hablar por hablar. Sabía perfectamente que se estaba cumpliendo al pie de la letra un memorando redactado en diciembre para mejorar las relaciones con la Unión. De ese documento, revelado posteriormente por la prensa argentina (revista Movimiento núm. 5), sólo se cumplieron dos propuestas de las muchas que acercaban al gobierno argentino con la Casa Blanca: el retiro de los embajadores en La Habana y en Managua.

En el segundo terreno, el de la política interna del régimen militar de Buenos Aires, Galtieri imaginó —producto quizá del «microclima» de un entorno obsecuente— que ganaba popularidad. Al tiempo que empezaba a tomarle el gusto al poder, un gigantesco asado en La Pampa con los políticos de casi todo el espectro derechista argentino marcó el comienzo de una campaña que tenía una meta definida: crear una agrupación política reflejo del «proceso» que se perpetuara en el poder. ¿Con qué signo? Ya el diario norteamericano The Washington Post —al asumir Galtieri en diciembre de 1981— había hablado de un régimen «pro norteamericano» de «línea dura». La nota del periódico auguraba el retorno de una característica esencial: la de «los que poseen el gran garrote».

En la tercera cuestión, la de las Malvinas, los hechos se fueron precipitando. A mediados de enero, ya Costa Méndez sabía los planes de la junta para recuperar las islas. Galtieri le exigió reserva total; la ronda en Nueva York para discutir el tema con los ingleses se aproximaba y sus resultados determinarían el curso de los acontecimientos.

Encabezaría la delegación el vicecanciller Enrique Ros, acompañado por el embajador Carlos Lucas Blanco, director del Departamento Malvinas de la cancillería, y un asesor militar, también experto en el tema. Desde Londres, volaron a Nueva York el embajador Ortiz de Rozas y su ministro consejero, Atilio Molteni.

Los británicos aprestaban a Richard Luce, subsecretario del Foreign Office, que reemplazaba a Nicholas Ridley, cuya cabeza había rodado en el Parlamento inglés a causa de las islas. Para la reunión de Nueva York, su reemplazante, Luce, fue acompañado por el embajador Williams y por miembros del consejo legislativo de las Malvinas.

El día de su partida, Ros pidió paciencia y confianza «en que las decisiones que toma el gobierno son las mejores dadas las circunstancias teniendo en cuenta no sólo el pasado sino una visión de futuro». El vicecanciller era un hombre de gran habilidad para hablar sin decir nada. Conceptuado como un profesional competente por sus colegas, Ros tenía la virtud de mantener la boca cerrada constantemente y era un especialista en evitar filtraciones. Sin embargo, carecía de iniciativa. Se ataba casi obsesivamente a las instrucciones y no se movía de ellas ni un milímetro, actitud que luego le criticarían, tanto el secretario general de las Naciones Unidas como los negociadores norteamericanos durante la guerra.

Las conversaciones en Nueva York no se apartaron de la tradición que tenían estos contactos estériles. Luce señaló que el tiempo de duración de la comisión negociadora —tal como lo proponía Argentina— «no era realista». El británico cumplía, también, las instrucciones que le había dado su jefe, lord Carrington: resistir firmemente cualquier presión para poner límite al diálogo. Londres no estaba totalmente en desacuerdo con la integración de una comisión permanente, pero rechazaba discutir la soberanía porque los kelpers (ciudadanos británicos que viven en las islas) eran totalmente refractarios a que se introdujera esa cuestión.

Entregó un «papel de trabajo» con el punto de vista británico sobre el rol de la comisión permanente en el que no se hacía mención a la frecuencia con que ésta debía reunirse, pero los argentinos presionaron fuertemente para obtener una respuesta al sistema mensual y el plazo de un año para resolver la disputa. De cualquier modo, no se trataba de una propuesta concreta del Foreign Office. Apenas era un documento de trabajo.

La estrategia británica consistió en dilatar una definición y evitar que las negociaciones tuvieran fecha de vencimiento. El delegado inglés convino con su colega argentino en mantener estricta confidencialidad sobre el documento británico, pues era un borrador desconocido aún por el gabinete conservador, el Parlamento y el lobby de las Falkland Islands Company. Aunque esto último, obviamente, no lo expresó.

Ros y Luce se estrecharon las manos el 28 de febrero. Al otro día emitieron un comunicado conjunto que decía que las reuniones «tuvieron lugar en un clima cordial y positivo».

«Ambas partes —agregaba— reafirmaron su decisión de encontrar una solución a la disputa de soberanía y considerar en detalle la propuesta argentina para hacer mejores progresos en ese sentido. Acordaron consultar a sus gobiernos.»

Ninguno de los dos sabía que la cuenta regresiva se iniciaría apenas doce horas más tarde.

3. «MENÉNDEZ, ¿CÓMO ANDA SU INGLÉS?»

Para los diplomáticos argentinos, expertos todos ellos en la gimnasia estéril de negociar con los británicos, el resultado de Nueva York era previsible y no lo computaban para el fracaso. Ninguno de ellos conocía en realidad los planes que se desarrollaban en el seno de las fuerzas armadas para recuperar las islas. En cambio, para Costa Méndez todo era distinto: advirtió que el comunicado —insípido, inconducente— caería como una bomba entre los militares.

La alternativa de la fuerza empezaba a acercarse. Esa convicción tomó cuerpo en la mente de Costa Méndez, preocupado además por los flancos débiles que podía ofrecer su gestión frente a los uniformados que lo habían designado. Por detrás de todo eso —Costa Méndez lo sabía— se agitaba la imagen que siempre tuvieron los militares de sus propios negociadores internacionales: «blandos» y claudicantes. El texto acordado por Ros y Luce no llevaba a ningún lado, por lo menos no a un territorio donde el tema se resolviese en términos de paz.

Sobre el mediodía del 1 de marzo de 1981, mientras se disponía a viajar a Brasil para dialogar con su colega Ramiro Saraiva Guerrero sobre la conveniencia de elaborar una posición común frente a la crisis centroamericana —cosa a la que no se plegó el canciller de Brasilia—, Costa Méndez tuvo la certeza de que la reacción militar era francamente adversa a la negociación. Recibió dos llamadas —una, desde la Casa Rosada; otra, desde el Comando en Jefe de la Armada— y supo que los resultados de Nueva York habían puesto muy molesto a Galtieri, presionado a su vez por Anaya.

Costa Méndez, que se disponía a recibir en unos días más a Thomas Enders —uno de los arquitectos de la política de Reagan en el hemisferio— en Buenos Aires, leyó detenidamente el texto acordado en Nueva York. Existían dos elementos muy irritativos: la calificación de «cordial y positivo» al clima de la reunión y la exclusión de las islas Georgias y Sandwich del Sur del conflicto. Esta última era una desprolijidad difícil de explicar. Hasta ese momento, la interpretación británica del litigio era, involuntariamente, favorable a los intereses argentinos. Londres caracteriza a las Georgias y a las Sandwich como dependencias de las Falkland Islands, lo que ayudaba a Buenos Aires a justificar su reclamo de que fueran incluidas en la negociación global sobre la soberanía. Esa posición varió después de la ocupación y el gobierno británico comenzó a sostener que sólo podía incluirse en una negociación a las islas Malvinas.

Las cabezas estaban calientes. El canciller tenía esa convicción y debía producir una respuesta rápida y contundente que, al mismo tiempo, no descubriera el juego a Londres. Convocó a su despacho a Gustavo Figueroa, su influyente jefe de gabinete, y discutió con él la conveniencia de formular una declaración unilateral cuyo borrador llevaría a Galtieri.

Atrapados por la necesidad de mitigar el nerviosismo militar, Costa Méndez, Figueroa y Federico Erhart del Campo (director general de Política de la cancillería, marcado a fuego por su formación en el nacionalismo católico) redactaron un borrador en el que advertían a Gran Bretaña que la ausencia de respuestas a la propuesta argentina y las constantes dilaciones dejaban a Buenos Aires abierto el camino para una decisión unilateral.

El primer borrador elaborado concluía de este modo: «Por lo demás, si eso no ocurriera —es decir, si no había respuesta británica—, Argentina mantiene el derecho de poner término al funcionamiento de ese mecanismo y elegir el procedimiento, entre los contemplados en la Carta de las Naciones Unidas, que más convenga a sus intereses.» La referencia a los mecanismos del organismo internacional —una renuncia implícita al uso de la fuerza, según lo prescribe la Carta— fue motivo de un largo debate: por un lado se pensó que «ablandaba» la advertencia, por otro, si se la testaba, Londres podría percibir un mensaje transparente sobre lo que sobrevendría en el futuro.

Si los británicos leían esta declaración de una manera correcta, relacionándola con otros indicios que circulaban en el ambiente, podían decidirse a reforzar militarmente las islas. El proyecto de recuperación militar sería, de este modo, seriamente afectado por vía de la exposición indirecta de las intenciones. Pese a todo, se optó por eliminar del párrafo cualquier mención a la Carta de la ONU.

Así redactado, el comunicado tuvo el efecto de una melodía preferida sobre cada uno de los sensibles oídos militares; para la opinión pública internacional —desatenta a este gruñido austral— debió haber señalado el inicio de la cuenta regresiva.

Costa Méndez se entrevistó con Galtieri y reforzó su impresión de que el «fracaso» de Nueva York había hecho crujir el frente interno militar. El presidente estaba preocupado porque Anaya aprovechó la oportunidad para hablar de la «debilidad de la cancillería» ante sus almirantes y eso involucraba al poder ejecutivo. Recomendó entonces endurecer el texto, a lo que Costa Méndez no opuso reparos.

Figueroa enfrentó las cámaras de televisión y se dispuso a leer el párrafo último del comunicado en su versión definitiva: «Por lo demás, si eso no ocurriera, Argentina mantiene el derecho de poner término al funcionamiento de ese mecanismo y de elegir libremente el procedimiento que mejor consulte a sus intereses.» Era la tarde del primer día de marzo y el contenido del párrafo no sólo ponía en ridículo a toda la delegación que había viajado a Nueva York. También presagiaba —pocos lo entendieron así— revanchas.

Ros miró por la ventanilla del jumbo. Las luces de Manhattan se esfumaban y sonrió con cierto placer; era una isla que él amaba desde que encabezó la misión diplomática argentina ante las Naciones Unidas. No tenía la menor idea de que lo acordado con su colega británico Luce como ambiente «cordial y positivo» había despertado una ola de indignación en la cúpula militar.

Cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza, un funcionario de la cancillería subió rápidamente al avión antes de que Ros bajara y le entregó una copia del comunicado leído horas antes por Figueroa. Ros se puso pálido. Por lo menos, pensó, evitó el enfrentamiento con los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto, y habrían detectado la ignorancia del diplomático sobre los cambios producidos. Le costaba creer lo que había ocurrido. Pese a estar —a esta altura de su carrera— acostumbrado a los papelones que los militares obligaron a protagonizar a muchos diplomáticos durante sus regímenes, Ros no podía tolerar tal desaire en una negociación internacional. Un día después, en un almuerzo con Lucio García del Solar, ex embajador ante la ONU y uno de los gestores de la resolución 2065, que obligó a Gran Bretaña a sentarse en la mesa de negociaciones, la queja amarga de Ros parecía no tener fin.

—Me jodieron. Acordé con Luce mantener la máxima confidencialidad y este comunicado liquidó el acuerdo. Quedamos fuera, lo rompimos.

Todavía retenía en sus oídos la furia del negociador británico, quien lo había hablado una hora antes.

—Ros, mi Parlamento está embravecido. La declaración de su gobierno contraviene nuestro diálogo en Nueva York. Las amenazas dificultarán cualquier progreso, ya que, como se acordó, la cuestión puede ser resuelta exclusivamente a través de negociaciones pacíficas.

Es difícil saber hasta qué punto este episodio influyó en el comportamiento posterior de Ros, quien se transformó en un notorio representante de la línea dura de la diplomacia argentina durante el conflicto. Mientras éste duró, Ros fue duramente criticado por connacionales y extranjeros por la rigidez e inflexibilidad demostrada durante las negociaciones de paz. Un compañero del Servicio Exterior definió, acaso mejor que nadie, el estilo que caracterizó su gestión: «El que se quema con sopa de verduras después sopla hasta la sandía y Enrique (Ros) no es una excepción a esa regla.»

Por su parte, Luce había tomado ya sus precauciones políticas antes de hablar con Ros. Aunque él y su jefe, lord Carrington, descreían de una acción militar argentina, tal como lo auguraban ciertos presagios en el ambiente, pensó que Buenos Aires no se animaría a desafiar abiertamente el poderío británico.

Por las dudas, había sondeado a Enders, en Washington, sobre esa preocupación. El secretario de Estado adjunto, que días después viajaría a Argentina, se comprometió a transmitir un «mensaje verbal» a los militares porteños sobre la necesidad de mantener serenas las cosas. Enders accedió así al encargo del representante del aliado de su país. «Mantenga las cosas frías», le había recalcado Luce.

¿Sabía la diplomacia argentina sobre esta gestión de Luce? El subsecretario británico se cuidó bien de comentar este desplazamiento suyo, desde Nueva York a la capital norteamericana, cuando se encontró con los argentinos en Estados Unidos. El viaje para reunirse con Enders estaba previsto para discutir la situación en América Central, área geográfica que también era responsabilidad de Luce en el Foreign Office.

La agresiva declaración unilateral argentina conmovió al Parlamento británico, impulsado por el lobby de las Falkland Islands Company, empresa que monopoliza vida y hacienda de los kelpers en las Malvinas. El Foreign Office envió urgentes mensajes a sus embajadores en Washington, Nicholas Henderson, y en Buenos Aires, Anthony Williams. Ordenó tomar contactos con Enders y Harry Shlaudeman, este último representante de la Unión en Argentina. La gestión tenía por destino advertir que el gobierno de su majestad estaba dispuesto a encontrar una solución a la disputa, pero era imposible negociar con un trasfondo de amenazas.

El 3 de marzo, Luce fue interpelado en la Cámara de los Comunes. Soportó el bombardeo de los legisladores con el fantasma del destino corrido por uno de sus predecesores, Nicholas Ridley, quien había sido destrozado políticamente en el mismo recinto, el 8 de diciembre de 1981, luego de un viaje a las islas Malvinas; es decir, por el mismo tema. Uno de los parlamentarios le preguntó:

—¿Prestó atención a la declaración algo agresiva en la prensa argentina del día de ayer? ¿Nos puede asegurar que se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar la protección de las islas contra un ataque inesperado?

Luce hizo una pausa antes de responder. Buscó con la mirada un palco alto de la Cámara de los Comunes y recorrió el sector diplomático hasta que individualizó una figura que le era familiar. En el lugar que había detenido su vista el británico, observaba el debate el encargado de negocios argentinos en Londres, Atilio Molteni, quien acababa de llegar de la negociación en Nueva York.

—No tenemos duda de nuestra soberanía sobre las islas Falkland. Y ninguna sobre nuestros deberes para con los isleños —replicó Luce dirigiéndose tanto a los parlamentarios como al argentino—. La declaración a la que usted se refiere me causa también a mí, honorable y noble amigo, profunda preocupación, especialmente porque las discusiones de la semana pasada tuvieron lugar en un clima amistoso y cordial. Sin embargo, le siguió una declaración que no ayuda en nada a la disputa. Nos causa profunda ansiedad y no ayuda al proceso de encontrar una solución al problema.

Previamente había afirmado: «Sin lugar a dudas no se contempla la trasferencia de soberanía sin consultar los deseos de los isleños o sin el consentimiento del Parlamento.»

«Amenazan con acción en las islas Falkland», señaló en su titular The Guardian al transcribir el comunicado argentino. Jimmy Burns, desde Buenos Aires, decía en el influyente Financial Times: «Gran Bretaña es advertida sobre las Falkland.» Y el circunspecto The Times indicaba: «Argentina aumenta la presión», subrayando que «la decisión de insistir sobre el tema en forma agresiva lleva la marca del general Leopoldo Galtieri (…). Pero aún no está claro si busca obtener una respuesta satisfactoria de Gran Bretaña o si está, en principio, usando el tema para conseguir apoyo dentro de Argentina».

Enders arribó a Buenos Aires el domingo 6 de marzo. Costa Méndez lo esperaba con los brazos abiertos. El funcionario de Reagan tenía también razones para estar contento: la nueva cúpula militar —específicamente los acuerdos con Galtieri— le había prometido al gobierno de la Unión el cielo con luna y estrellas incluidas.

El momento era propicio para el ambicioso proyecto de la administración Reagan: poner en el interior de Nicaragua tropas de una fuerza interamericana en el que los efectivos argentinos jugasen un rol preponderante. En esos días, el mismo Galtieri se pavoneaba —en un tono desmesurado tan propio— de sus magníficas relaciones con Washington. La mente de este militar imaginaba, frente a sus generales, sueños audaces.

—Quieren venir (a Buenos Aires) el secretario de Estado (Alexander Haig), el de Defensa (Caspar Weinberger). Quiere venir el vicepresidente (George Bush). —La pausa deliberada se estiró, matizada por una palabra italiana, para el remate final—. Anche el propio Reagan.

Meses después, uno de los alardes se cumpliría. Sí, Haig vendría a Buenos Aires pero por motivos absolutamente diferentes a los que suponía el émulo de Patton.

Directa y concretamente comprometido en la intervención en la región centroamericana —«Más valen cien Somozas que un sandinista», bromeaban los oficiales argentinos—, el gobierno militar de Buenos Aires también quería pasar «una factura» por los incondicionales favores prestados. La visita de Enders era una buena oportunidad para plantear el tema Malvinas. ¿Acaso ellos no estaban dispuestos a impulsar una convocatoria —de Estados Unidos— para una reunión de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Nicaragua?

Sin embargo, Costa Méndez tenía en claro que no podía poner todas las cartas sobre la mesa. La estrategia argentina consistía, en esos momentos, en involucrar paulatinamente a Washington en su conflicto con Londres, cediendo, a cambio, ante las exigencias estadounidenses. En esta escalada que había comenzado antes de la llegada de Enders al país, Costa Méndez destacó —ante un grupo de miembros de la Cámara de Representantes indiferente e ignorante de la cuestión Malvinas— el deseo de su país de recuperar las islas. Hizo lo mismo después ante los senadores Howard Baker, Ernest Hollings y Paul Laxalt, todos de visita en Buenos Aires durante los primeros meses de enero de 1982. Tal fue el grado de minuciosidad de la exposición de Costa Méndez ante los visitantes, que uno de ellos no pudo evitar la broma.

—¡Basta! No puede ser que los argentinos no hablen de otra cosa que las Malvinas —dijo sonriendo uno de los senadores.

La arremetida de Costa Méndez iría un poco más lejos con el espigado subsecretario norteamericano. A nadie de los que detentaban el poder en Buenos Aires se le hubiese cruzado por la mente la posibilidad de que Estados Unidos se opusiera a la acción argentina. La primera jugada entre estos dos funcionarios que habían desarrollado una mutua simpatía correspondió a Enders. Planteó la necesidad de que Argentina formara parte de un grupo de países patrocinantes del pedido de aplicación del TIAR a raíz de la situación en Centroamérica. La evidencia de esta proposición fue corroborada luego por el diario The New York Times (6-4-82) y por la investigación de estos cronistas en Norteamérica. La respuesta, por parte de la cúpula militar, no podría ser otra que un enfático «sí».

El emisario de Reagan sabía, por otra parte, que tenía una deuda pendiente con estos voluntariosos aliados del Cono Sur: a pesar de los acuerdos que se estaban logrando, la administración republicana no había conseguido todavía, en los hechos, restablecer la asistencia militar a Argentina, prohibida desde 1978, por «la sistemática violación de los derechos humanos» en el país del sur. El Congreso había autorizado anular esa sanción, pero también había exigido una previa certificación escrita de Reagan de que la situación relativa a los derechos humanos se había modificado. Pero por mucho que Reagan deseara cumplir ese requisito, no podía pagar un precio político tan excesivo.

La otra cuestión que Enders traía en su agenda era el litigio con Chile, un tema que preocupaba a las autoridades de Estados Unidos. Éste también se relacionaba con la cuestión de la asistencia militar. El gobierno de Reagan, que había enviado a Enders a conseguir garantías de que no habría un enfrentamiento bélico entre los dos países, no podía aparecer reforzando militarmente a uno de los potenciales contrincantes.

Para un régimen como el que comandaba los destinos del país, la prohibición era una afrenta. No hubo contacto —oficial o informal— en que los argentinos dejaran de manifestar a los norteamericanos que el «orgullo nacional» estaba herido y que la enmienda «Humphrey-Kennedy» debería ser derogada. En realidad, la prohibición no había sido tan efectiva en cuanto a sus objetivos. Franceses, israelíes y hasta ingleses corrieron presurosos a cubrir el vacío dejado por los norteamericanos. Se sabe —según un estudio del Instituto de Estudios para la Paz, Estocolmo, Suecia, 1981— que los militares argentinos gastaron en un solo año (1980) más de 3 000 millones de dólares en armamentos.

Con las consignas que le había impartido su gobierno, Enders dio por terminada la cuestión —en forma momentánea por lo menos— en un diálogo trascendental que mantuvo en el lujoso departamento que el canciller de Buenos Aires poseía en el corazón de Palermo Chico. Las afinidades —ideológicas y hasta religiosas— justificaban el trato cordial.

—Dear Nicanor, can you assure me there will be no war? (¿Puede asegurarme que no habrá guerra?)

—Of course I can! (¡Por supuesto que puedo!) —replicó Costa Méndez, sabiendo que el meridiano del interés militar no pasaba precisamente por una guerra con Chile.

Ésta era una de las certezas que Enders había venido a buscar en Buenos Aires. Lucía exultante mientras apreciaba la magnífica vista que le ofrecían los anchos ventanales.

Pero la gestión de Enders en Buenos Aires fue mucho más allá de esa impecable cena en el departamento de Costa Méndez. El paso del funcionario norteamericano por este país puede ser reconstruido en sus aspectos globales. Los detalles quedaron encerrados en los apuntes personales o en la memoria esquiva de los protagonistas. Las versiones que ofrecen éstos, según demostró la investigación de estos cronistas, no alcanzan para ser enfrentadas pero difieren en algunas instancias.

Siempre ha sido un valor sobreentendido entre los que investigaron, desde cualquier ángulo, el conflicto bélico del Atlántico Sur que el viaje de Enders marcó un hito fundamental en el camino que llevó a la confrontación argentino-británica; inclusive se especuló con que el comportamiento del enviado de Reagan había sido parte de la «luz verde» que Galtieri y los suyos creyeron ver emitir a Washington en el tema, convenciéndolos finalmente de la viabilidad de la recuperación militar.

El informe de la investigación de posguerra que encabezó lord Franks dice que «el señor Enders visitó Buenos Aires desde el domingo 6 al martes 8 de marzo de 1982 y se reunió, entre otros, con el presidente Galtieri y el doctor Costa Méndez. El diario La Prensa informó que se le había proporcionado un informe muy completo sobre el progreso de las negociaciones por las Falkland. El embajador británico en Buenos Aires reportó que su información de la embajada norteamericana era que el señor Enders no había aprovechado la oportunidad para asesorar a los argentinos de mantener baja la temperatura, pero que el mismo señor Enders solicitó que se le informara al señor Luce que había planteado el tema tanto en privado con el doctor Costa Méndez como públicamente, destacando los aspectos estratégicos y humanos del problema, los cuales debían ser resueltos para alcanzar un final exitoso. Aunque los argentinos se habían mostrado reacios a un compromiso, no le dieron la impresión de que estuvieran por hacer nada drástico».

Las fuentes argentinas recordaron que Costa Méndez aprovechó una comida ofrecida en su residencia por el embajador de Estados Unidos —a la que debió asistir protocolarmente el canciller— para hablar «cara a cara» sobre el tema Malvinas con el norteamericano. A los postres de ese encuentro, el anfitrión y Enrique Ros, también presente, ensayaron un gracioso minué de formalidades para dejar expedito el camino a un diálogo privado de sus respectivos jefes.

La conversación se planteó en términos francos; Costa Méndez le comunicó que el gobierno argentino no podía seguir tolerando las dilaciones británicas y que los militares estaban sumamente nerviosos por la actitud de Londres. En este contexto, destacó, el comunicado del 1 de marzo no había sido una simple advertencia más.

Le relató entonces que la diplomacia argentina se lanzaría a una vasta acción de denuncia que debía culminar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en noviembre de ese año. Aunque el canciller argentino no entró en demasiados detalles, dejó implícitamente en claro que la tensión aumentaría. Se pensaba avanzar por etapas si Gran Bretaña persistía en su política dilatoria; el plan incluía desde la reducción en el nivel de las relaciones diplomáticas hasta el cese de la provisión de combustible argentino a las islas y de los vuelos regulares con los que LADE las unía con el continente.

¿Cuál sería la actitud norteamericana frente a este problema?, intentó averiguar el canciller. Hands off («manos afuera», neutralidad) habría sido, según las fuentes argentinas, la respuesta segura de Enders. No era una novedad. Esas dos palabras definían la política tradicional en la materia de Estados Unidos, país que nunca se expidió respecto de los reclamos de soberanía de las partes en litigio. De todos modos, Costa Méndez creyó advertir en el mensaje una ratificación de la prescindencia norteamericana. Ésta era una carta decisiva para los planes militares argentinos.

Las consultas hechas en Washington durante la investigación para este libro arrojaron una versión ligera, pero significativamente diferente de la que guarda el recuerdo de los argentinos. Las fuentes diplomáticas norteamericanas aseguraron que fue Enders —y ya en el primer contacto formal con Costa Méndez en el palacio San Martín— quien se encargó de sacar el tema y manifestar la preocupación de Estados Unidos por la continuidad de la búsqueda de una solución negociada, especialmente a la luz del último comunicado argentino. Afirmaron también, con especial énfasis, que lo dicho por Costa Méndez y por otros funcionarios argentinos no sugirió en momento alguno que el gobierno estuviera considerando la posibilidad de un desarrollo del litigio por la vía de la fuerza.

En un diálogo con Enders, que tuvo lugar a comienzos de mayo de 1983 en su oficina del Departamento de Estado, estos cronistas le preguntaron específicamente por la expresión hands off. En esa oportunidad, Enders aseguró no recordar su empleo, pero, sin descartar por completo la posibilidad, comisionó a uno de sus asistentes para que revisara los archivos oficiales en busca de los registros de la visita. Poco más de una semana después de esta entrevista, y ya en Buenos Aires, los cronistas recibieron una comunicación telefónica en la que el encargado de la indagación confirmó que de los apuntes no surgía que el subsecretario hubiese utilizado esas palabras y que, en cambio, sí aparecían registradas varias fórmulas empleadas por Enders para instar al gobierno argentino, a través de Costa Méndez, a proseguir negociando con los británicos.

Sin embargo hay otro episodio de aquella visita de Enders a Buenos Aires, también de significativa importancia, en el que las versiones ofrecidas por ambos lados coinciden poco menos que en los detalles. En el segundo día de su estadía —el mismo en el que fue a la Casa Rosada a saludar a Galtieri—, el enviado norteamericano recibió un pormenorizado informe sobre el diálogo argentino-británico al que hace referencia el informe Franks. Se lo dio, en el palacio San Martín, el vicecanciller Ros, quien, al concluir su extensa exposición, destacó el sentimiento de frustración nacional frente a los diecisiete años de improductiva negociación, puntualizando que no podía esperarse que «la paciencia del pueblo argentino dure eternamente».

Por qué una afirmación como ésa, en boca de un funcionario de la jerarquía de Ros, no tuvo para los oídos norteamericanos un tono admonitorio es algo para lo cual parece no haber una respuesta enteramente satisfactoria. Las fuentes de Washington explicaron la situación diciendo que la clase de lenguaje utilizado por Ros no es infrecuente en la diplomacia cuando alguien quiere, como deseaban entonces los argentinos, destacar la impaciencia de su gobierno en una cuestión determinada. Sin embargo, la ligereza al interpretar las señales que emitió la cancillería argentina resulta llamativa.

Sea como fuere, esta actitud del enviado norteamericano, o la percepción que de la misma tuvieron los funcionarios argentinos, se convirtió en uno de los argumentos íntimos más sólidos del gobierno argentino para acelerar la acción militar. Ciertamente no fue éste el único recurso de quienes exhibían la, hasta entonces vigente, neutralidad norteamericana como una «sombrilla» protectora para la operación. Otros informes, llegados por vía militar, descansaban en la carpeta del comandante del ejército. El general Mallea Gil —si bien no existen indicios de que conociera los planes de desembarco— creía que la presencia argentina en América Central era de importancia vital para el Putsch que organizaban los norteamericanos en Nicaragua.

Aunque finalmente esa fuerza interamericana no tuvo viabilidad, el compromiso de la Argentina con Estados Unidos era poco menos que total. Había ya militares de Buenos Aires que operaban en forma encubierta en América Central.

Paralelo a estos envites entre militares argentinos y funcionarios estadounidenses, hubo dos hechos en ese marzo caluroso relacionados con la cuestión Malvinas. El primero, una sugerente declaración de Alejandro Orfila, un influyente diplomático de Buenos Aires que en esos momentos ocupaba la titularidad de la OEA. De visita en el país, Orfila dijo en Mendoza —su provincia natal— una obviedad: «Las Malvinas son argentinas.» Pero en ese mismo mensaje —era el 6 de marzo— había un párrafo casi profético: «No pasará mucho tiempo para que en ese rincón del mundo ondee la bandera de la patria.» Tiempo después lamentaría, si no el contenido de su afirmación, por lo menos la oportunidad en que la formuló. Muchos la interpretaron como un síntoma de que el secretario de la OEA —Alex, como lo llama la élite diplomática y política de Washington— había sido informado del operativo de recuperación con anterioridad. Él negó terminantemente eso.

El segundo hecho ya era el comienzo de una odisea que iba a deparar a sus protagonistas aventuras aciagas. El buque Buen Suceso —nombre paradójico si se tiene en cuenta el resultado posterior de su acción— se aproximaba a la bahía de Stromers, en las Georgias del Sur. Surcaba las frías aguas como un fusil sin seguro, con el gatillo aceitado, celoso y pronto a disparar.

En la cabeza del general Mario Benjamín Menéndez daban vueltas las consultas que le iba a hacer a su superior. Eran cuestiones que ocupan el tiempo de los militares cuando éstos no se arrojan sobre la sociedad civil para instrumentar el poder político. Pero Menéndez, en su calidad de jefe de operaciones del ejército, ni se imaginaba que recibiría de Galtieri algo más que instrucciones para atender los asuntos de rutina del ejército.

El presidente lo había citado para las últimas horas de la tarde del 2 de marzo de 1982. Menéndez caminaba por los pasillos del Comando tras una jornada plena de trámites burocráticos. Apenas había leído los titulares de los diarios y sólo se detuvo unos instantes en las crónicas que reprodujeron el enérgico comunicado argentino amenazando a Londres con salirse de la negociación si persistían las dilaciones para discutir los temas de fondo del conflicto de las Malvinas.

Galtieri estaba en su despacho en mangas de camisa. Disciplinado, Menéndez comenzó a informar sobre las cuestiones que tenía entre manos. Su discurso se interrumpió. Galtieri se levantó y comenzó a caminar por el despacho con pasos lentos:

—Bien, bien… Ahora siéntese, Menéndez. Voy a hablar yo. —El subordinado lo hizo. Imaginaba órdenes convencionales sobre los asuntos que había expuesto. Nunca la sorpresiva pregunta de Galtieri—: Dígame, Menéndez, ¿cómo anda su inglés?

—Más o menos, señor. Igual que cuando lo acompañé en su viaje a Estados Unidos. —La sorpresa estaba detrás de cada una de las palabras del militar.

—Bueno, repáselo. Le hará falta.

—¿Por qué, mi general? —Menéndez sabía que el hombre que estaba en la cúspide del poder esperaba esa pregunta al apelar a ese enigmático consejo.

—Hemos tomado la decisión de recuperar militarmente las islas Malvinas y la junta aprobó mi propuesta de que usted se haga cargo de la gobernación militar del archipiélago —anunció Galtieri mientras miraba fijamente a Menéndez con esa recurrencia suya a tratar de que cada uno de sus gestos y palabras tuvieran el signo de la trascendencia. Se hizo una pausa. Sorprendido y emocionado por partida doble, el subordinado fue sincero en su balbuceo:

—Vea, señor… En este momento no puedo pensar mucho. Realmente estoy sorprendido. Es una cuestión de mucha envergadura.

El presidente estaba complacido por el efecto logrado. Era un rasgo suyo la necesidad de teatralizar los «grandes momentos». Le explicó sintéticamente a Menéndez el plan de las fuerzas armadas. Habría una guarnición militar de quinientos efectivos que lo respaldaría y actuaría casi como policía militar. El discurso de Galtieri resultaba vago, impreciso:

—Habrá alguien de la Fuerza Aérea. Un par de aviones Pucará, dos o tres barcos. Usted sabe, por ese problema de la afirmación del espacio aéreo y marítimo… —No esperó comentarios y añadió—: El puesto suyo aquí quedará sin ocupar, ya que, cuando la situación se consolide en las islas, usted volverá al Estado Mayor. Yo quiero que siga siendo mi jefe de operaciones.

—¿Cuándo cree usted que regresaré al continente? —preguntó Menéndez.

—Usted se quedará en las islas hasta noviembre o diciembre, a lo sumo.

—Después de que recuperemos las islas, ¿cuál cree que será la reacción británica? —La pregunta de Menéndez fue casi inconsciente. Quizá ni se imaginaba los alcances que tenía.

—Ése no es problema suyo. Usted preocúpese por prepararse a gobernar. Lo demás es problema de la Junta Militar y del ECI, que ya está trabajando —dijo tajante Galtieri, con la impronta del rígido sistema jerárquico militar. Ante preguntas incómodas, una respuesta eficaz: «Subordinación y valor.»

—Sí, sí, mi general —respondió Menéndez de inmediato. Pensó en el ECI (Equipo Compatibilizador Interfuerzas, una denominación tan pomposa como absurda), pero no le bastó. La charla lo abrumaba.

—¿Con quién puedo hablar sobre el tema? —preguntó.

—Con nadie: el secreto es absoluto. —Era más que una recomendación una orden. Era una especie de amenaza.

La insistencia de Menéndez fue tímida:

—¿Puedo hablar entonces con la gente del ECI (García, Lombardo y Plessl).

—No, ni siquiera con ellos. Esto es absolutamente confidencial —dijo Galtieri mientras encendía otro Galaxy, una marca de cigarrillos livianos que no concordaba con su imagen de duro.

La charla duró media hora más. Galtieri percibió la situación de inseguridad y aislamiento en que había sumido a su subordinado. Finalmente, accedió a que tomase un único contacto con el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división José Antonio Vaquero.

El flamante gobernador militar salió del despacho con el pesado secreto a cuestas. No sabía si saltar de alegría o pedir que la tierra se lo tragara. Tenía varias dudas, algunas cuya distancia ni siquiera quería reconocer; pero la seguridad de Galtieri sobre el éxito de la recuperación de las islas y la afirmación de que la situación no tardaría en consolidarse lo tranquilizaban a ratos.

Pero no se negaba a sí mismo el orgullo que lo invadía. Otro apellido Menéndez ingresaría en la historia militar y seguramente no le iría tan adversamente como a su tío, Benjamín, que se levantó contra Perón en 1951; ni como a su primo, Luciano Benjamín, que se sublevó contra Viola en diciembre de 1979, en una chirinada que culminó sin pena ni gloria.

Él tenía experiencia de guerra, o al menos creía sinceramente que la tenía. Había ayudado a extirpar el foco guerrillero en Tucumán. Claro que ése era otro tipo de guerra, para la que el ejército y sus cuadros de oficiales habían sido preparados. Había integrado las tropas victoriosas sobre los izquierdistas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). De paso, habían aprovechado la campaña para aplastar cualquier otra expresión de disenso contra los militares. Pero ésa era una historia distinta.

Esa campaña tenía «olor de gesta» para las fosas nasales militares. Una marcial melodía de trompetas sacudió el sueño de Menéndez.

Dos días después, pidió hablar con Vaquero. Tenía urgencia de discutir, de compartir con alguien el secreto que lo asfixiaba. Su superior lo recibió por la tarde.

—¿Qué quiere, Menéndez? —Seco, Vaquero tenía por costumbre ir directo al grano.

—Estuve con el general Galtieri el martes pasado. Me habló del operativo Malvinas —introdujo el tema Menéndez.

—Ah… se lo dijo.

—Sí. Dígame, mi general. ¿Cómo ve usted este asunto? —dijo buscando el consejo de su jefe inmediato.

—Vea, Menéndez, yo creo que no debe preocuparse demasiado —le respondió Vaquero presintiendo la preocupación del jefe de operaciones—. Los ingleses están hace mucho con esto y no saben cómo sacárselo de encima. El asunto es que van a gritar mucho, se van a enojar, van a ponerse duros para satisfacer la opinión pública interna. Seguramente será una negociación difícil en la que tendremos que dar el oro y el moro. Pero recuerde, Menéndez, Inglaterra ya no sabe qué hacer con las Malvinas. Les salen muy caras, están muy lejos… Son mil ochocientos tipos que les dan trabajo permanentemente…

El análisis simplón de Vaquero no convenció a Menéndez, pero después de todo era la palabra de su superior jerárquico. Quizá el jefe del Estado Mayor ignoraba cuál era el plan definitivo de Galtieri. Él se especializó, sin lugar a dudas, en ser el comodín de la interna militar y no en otra cosa. Había subsistido a varias crisis recurrentes dentro del ejército y flotado, como un corcho, cuando las aguas se encresparon durante el derrocamiento de Viola.

Pero Menéndez quería cierta seguridad e insistió:

—Vea, señor, la verdad es que lo que me dijo hace unos días el general Galtieri me dejó preocupado. Ahora usted me dice esto; en fin, es una apreciación, pero no sé… Hasta ahora no hay ningún indicio de que la negociación haya fracasado. Seguramente habrá dificultades, pero para el mundo estamos negociando; para las Naciones Unidas, estamos negociando…

—No, no, Menéndez; si usted tiene esas dudas, transmítaselas al general Galtieri —recomendó Vaquero, dando por concluida la conversación.

Tendría que esperar hasta el próximo martes para plantear esos interrogantes. Para disimular ante sus pares, dada la orden de estricto secreto sobre el plan, continuó con sus tareas cotidianas. Rellenaba papeles y papeles, atendía los asuntos relativos a la incorporación de nuevos conscriptos, pero sus ansias estaban en otro lado.

Menéndez no lo sabía, pero los documentos liminares, por emplear el mismo léxico pomposo al que se muestra siempre tan adicto el formalismo militar, suponían la ejecución de una operación sin mayores consecuencias negativas: sólo la gloria con la que se desvelaban estos militares encaramados en el poder. Básicamente, la Directiva Estratégica Militar (DEMIL) —reiteradamente citada ante los cronistas de este libro por algunos de los entrevistados— establecía inicialmente una operación limitada en el tiempo por el retiro de tropas argentinas de las Malvinas. Las previsiones iniciales dispusieron que el día D sería fijado para la segunda quincena de mayo y concluiría cinco días más tarde. El día «D más 5», que simbolizaba el tiempo máximo que podía demorar el operativo, debía concluir el 25 de mayo, una fecha propicia para que las fuerzas armadas, desde las Malvinas, difundieran un mensaje al país anunciando la restauración de la integridad de su patrimonio territorial.

La caracterización política, diplomática y militar del conflicto por parte de la Junta Militar no guardaba ninguna proporción con la realidad, como lo demostraron los hechos posteriores. De estos documentos originales redactados por las autoridades militares, varias de las previsiones mezclaban en igual proporción la ingenuidad con la estupidez. No podía sacarse otra conclusión de los puntos esbozados por la DEMIL:

Una negociación bilateral muy intensa con Gran Bretaña para convencer al gobierno de su majestad del «hecho consumado»;

El fait accompli sería acompañado por concesiones a los británicos que iban desde indemnizaciones a la Falkland Islands Company y a los isleños que desearan emigrar, hasta ofrecimientos de una estrecha cooperación económica con empresas británicas que quisieran explotar con Argentina el petróleo de la cuenca austral y la pesca o el krill;

Involucrar a Estados Unidos en la negociación, ya sea directamente o como garante de los acuerdos que se pudieran lograr;

Trabajar sobre los países del mundo occidental, especialmente los del Mercado Común Europeo para que coadyuvaran con la acción norteamericana de convencer a Gran Bretaña que no había retroceso posible y que debía aceptar el hecho tal cual estaba planteado; Intensificar los contactos con la Unión Soviética, China y países de Europa oriental en una acción dirigida a prever la consideración del problema en el ámbito de las Naciones Unidas.

Ese plan se basó, obviamente, en la ausencia casi total de previsión de una reacción militar británica. Al menos en la ausencia de una reacción contundente, como la que finalmente tuvo lugar.

De los documentos originales de la junta surgen claramente dos aspectos:

1) Que si Gran Bretaña reaccionaba ante el desembarco, lo haría en una forma destinada a forzar la negociación. Por lo tanto sólo enviaría una pequeña fuerza simbólica. Frente a esa eventualidad se preveía dejar en Malvinas un «componente militar, aéreo y marítimo» no superior a los seiscientos o setecientos hombres al mando de un coronel. Esa guarnición argentina serviría como presencia «disuasiva» para evitar un intento de recuperación por parte de la Royal Navy.

La deducción era lineal y simple, tan simple que, después se probó, fue una auténtica ingenuidad. Partía del supuesto de una debilidad notoria del gobierno de Margaret Thatcher, sacudido por una crisis económico-social importante. La flota inglesa de superficie estaba camino al desguace o la liquidación comercial para ceder su lugar a los submarinos nucleares Trident. ¿Qué es lo que podrían enviar a las Malvinas, a catorce mil millas de Londres? Sólo una fuerza chica.

2) Gran Bretaña preferiría o aceptaría la vía de la negociación hasta que se convenciera de que el tema de la soberanía no estaba en discusión. Sólo entonces evaluaría seriamente si se lanzaba a reocupar las islas por la fuerza.

«Cualquier otra apreciación —decía el documento— no se hará por el momento.»

Pero la tesis central elaborada por la cancillería se basaba en la hipótesis de la «potencia hegemónica». Esto es que Estados Unidos intervendría activamente en la búsqueda de una solución pacífica, asumiendo así su responsabilidad de potencia hegemónica de Occidente.

Costa Méndez había abrumado a los miembros de la Junta Militar con esa tesis, utilizando ejemplos como lo sucedido en Suez en 1956, cuando Gran Bretaña y Francia lanzaron una fuerza de tareas conjunta contra Nasser, en represalia por la nacionalización del canal. En ese episodio, el presidente Dwight Eisenhower y su secretario de Estado, John Foster Dulles, obligaron a los agresores a detener su ataque; recordó también la presión norteamericana sobre Israel para que no destruyera al III Ejército egipcio, cercado en el desierto del Sinaí, durante la guerra del Yom Kippur; finalmente, ejemplificó aquel papel de «potencia hegemónica» con la acción estadounidense durante las miniguerras entre El Salvador y Honduras y Perú y Ecuador. El de la guerra árabe-israelí fue un argumento seductor para los militares. Era un buen ejemplo de una guerra iniciada por un país —Egipto— a sabiendas de que una victoria militar suya resultaba imposible. El meollo de la cuestión pasaba por la esperanza de que a la agresión militar le siguiese una intervención de las superpotencias para llevar a las partes a la mesa de negociaciones. Pero la realidad es que el remoto Atlántico Sur no es Medio Oriente.

El pivote, entonces, de la acción argentina para lograr que Gran Bretaña se convenciera de la inutilidad de una acción armada era Estados Unidos, cuya intervención los argentinos aceptarían con gusto.

Buenos Aires, a mediados de marzo, era un caldero hirviente de rumores. En los cerrados círculos del poder —algo de lo que el periodismo ya tenía noticias— circulaba una versión según la cual se preparaba un desembarco en las Malvinas, pero las reacciones eran escépticas y los editores, optando por una actitud prudente, no podían confirmar la especie.

Un extraño episodio sobre el que todavía pesan los interrogantes se produjo el 11 de marzo de 1981. Un Hércules C-130 de la fuerza aérea argentina efectuó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Port Stanley, en la isla Soledad. El comandante de la aeronave dijo que había detectado fallas en el gigantesco transporte cuando se dirigía a una base argentina en la zona antártica. El hecho, según las explicaciones, parecía intrascendente. ¿Se trató de una operación de inteligencia destinada a verificar en el terreno las condiciones de aterrizaje de estos gigantescos aviones? De ser así, ¿valía la pena arriesgar el secreto de la operación por un dato que supuestamente tenían los pilotos de las Líneas Aéreas del Estado (LADE) que cumplían viajes periódicos a las islas?

Accidental o deliberado, el episodio alertó a la embajada británica, que tenía todos sus sentidos puestos sobre las actitudes de los argentinos. El suspicaz Mark Heathcote, primer secretario de la misión inglesa en Buenos Aires, envió un cable cifrado a sus superiores advirtiendo sobre el hecho. Qué pasó con el mismo cuando fue llevado al gabinete de la Thatcher es algo que quedó en el misterio. Las autoridades británicas, aparentemente, según se desprende de la lectura de Falklands Islands Review no tomaron en serio el episodio.

También estaban en ascuas el encargado de negocios en Londres, Atilio Molteni, al igual que los diplomáticos del palacio San Martín, en Buenos Aires. El único medio que prendió la luz roja fue el Latin American Weekly Report, servicio de prensa privado que se edita en Londres, que mencionó la posibilidad de que «el accidente fue planeado» y que la fuerza aérea «está probando la posibilidad de desembarcar tropas en las islas con los aviones Hércules».

En realidad, el secreto estaba entre los tres comandantes, el equipo planificador, el canciller y el general designado para gobernar las islas. Pero un observador atento y suspicaz dentro del ejército habría advertido indicios de lo que planeaba la cúpula militar en las arengas de Galtieri ante sus subordinados inmediatos. El militar había dicho en las reuniones de los primeros meses del año que «los mandos debían tener al día los requerimientos de logística y de operaciones, ya que el poder militar podía ser usado a lo largo del año en el canal de Beagle o en Malvinas o en ambos lugares simultáneamente».

También en esos conclaves, el émulo de Patton no pudo evitar la mención al supuesto rol que le tenía deparada la castigada historia argentina. «Como presidente —dijo— voy a hacer política. No me pidan que en esto me maneje por el reglamento. No se asusten, señores generales, si me ven levantar un brazo o ambos al mismo tiempo.»

Con esas palabras, Galtieri aludía a un fantasma que rondó durante décadas por la mente de los uniformados que soñaban con la gloria: el íntimo deseo de repetir la historia personal de Juan Domingo Perón. La realidad argentina de esas décadas últimas da sobradas pruebas de esa obsesión. Casi siempre fueron las mismas ambiciones, pero nunca el mismo talento. Galtieri no fue una excepción a este mesianismo que terminó devorando a sus protagonistas.

En la segunda reunión que el futuro gobernador mantuvo con Galtieri, éste dio una prueba más de esa omnipotencia. Los hechos registrados por estos cronistas de ese episodio certifican con patetismo el territorio de pura imaginería que la cúpula militar había creado.

—Abrevie, Menéndez. ¿Qué me quiere decir?

—Mire, mi general: yo ya hablé con el general Vaquero, a quien le planteé ciertos interrogantes y él me derivó a usted. La pregunta es: ¿cuáles van a ser las consecuencias directas o indirectas que sufrirá Argentina después de la acción militar?

A Menéndez no le gustó el gesto de su superior cuando dijo:

—Menéndez, Menéndez…, usted no puede ponerse a pensar en eso. Eso ya lo hemos pensado en la junta, con el canciller. Eso está estudiado. Usted dedíquese a ser gobernador militar.

El futuro gobernador supo, entonces, que no podía llegar más lejos en sus preocupaciones. El esquema de la subordinación lo abrumó.

—Está bien, señor, está claro. Ya no pensaré más. Me dedicaré a actuar en términos de gobernador militar.

Asintió enfáticamente con la cabeza cuando Galtieri le aseguró que «no había problemas», que no formara un equipo muy grande ya que, a fin de cuentas, «gobernar Malvinas es una pavada, un juego de niños».

La elocuencia de Galtieri venció los temores del atribulado general. «Después de todo —pensó Menéndez— estoy apostando a mi gloria.» Se relajó. Si todo se desarrollaba como lo pintaba su comandante, aquello no sería una guerra. Sería un paseo.

4. EL OPERATIVO ALFA

El vocero de la cancillería interrumpió el discurso de un funcionario sobre el problema del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) y el caso Nicaragua y se acercó a Costa Méndez con un papel en la mano. Era el 19 de marzo de 1981 y estaban en la sala la plana mayor de la cancillería argentina. Costa Méndez miró el borrador: era el proyecto de declaración sobre el desembarco de un grupo de trabajadores argentinos en las islas Georgias del Sur. Con los anteojos bajados, miró fijamente al atribulado funcionario. Parecía que estaba explicándole un complejo problema a un niño.

—Si quienes bajaron en la isla izaron la bandera argentina, lo hicieron en territorio nacional. La cancillería no tiene nada que comentar. —Para situaciones como ésta, el ministro se reservaba su mejor «cara de póquer». Sólo que esta vez sí había algo que comentar. La mecha había sido encendida y ya nada detendría la acelerada carrera hasta el estallido final.

El de las Georgias fue el primer acto del drama en escalada que culminó en la guerra argentino-británica. Sobre el incidente registrado allí confluyeron dos poderosas fuerzas. En primer lugar, la violenta reacción británica, alentada por el Almirantazgo y por los «halcones» del Partido Conservador de Margaret Thatcher; y, en segundo término, la prédica de los «halcones» argentinos que, en primera instancia, sostuvieron a rajatabla la presencia en la isla de los trabajadores y, luego, la acción de la infantería de Marina. También la percepción del episodio por parte del gobierno argentino como una oportunidad para justificar el desembarco en las Malvinas.

El resultado de la investigación efectuada por los cronistas apunta hacia la existencia de dos operativos superpuestos. Uno, la operación perfectamente legal de Constantino Davidoff para el desguace de las instalaciones balleneras de la empresa Christian Salvensen, según los términos de un contrato firmado en 1979; otro el Operativo Alfa, nombre en código para la instalación en Georgias de un destacamento militar, con apariencia de base científica, similar al que exitosamente había logrado aferrar en la isla Thule de las Sandwich del Sur, en los primeros meses del gobierno militar, impulsado por Lombardo.

La cancillería estaba perfectamente al tanto del plan del empresario Davidoff, ya que allí se había tramitado parte del expediente y también lo había apoyado en una nota enviada al Comando en Jefe de la Armada, en agosto de 1981, con la firma de Ros, entonces segundo del ministro Camilión. El vicecanciller fue el encargado de analizar las implicaciones diplomáticas y, sobre todo, las consecuencias que tendría la presencia argentina en las Georgias del Sur, en las negociaciones con Gran Bretaña.

Con estos antecedentes, no era alocado para los militares pensar en las Georgias. Sin embargo, un pequeño incidente, ocurrido en diciembre de 1981, les debió haber servido para comprender que el temperamento del Foreign Office había variado sustancialmente.

Davidoff, embarcado en el rompehielos Almirante Irízar, viajó ese mes a inspeccionar las instalaciones que sus operarios, de acuerdo con los términos del contrato firmado con Salvensen, debían desmontar en la isla de San Pedro. Envió una carta a la embajada británica en Buenos Aires avisando que haría el viaje y partió el 16 de diciembre, un día después que Lombardo recibiera la orden de Anaya de comenzar a preparar el plan de desembarco en Malvinas.

Sin embargo, Davidoff y Lombardo desconocían mutuamente sus planes. Al llegar a Leith, en un barco de la Armada argentina, el British Antarctic Survey, basado en Grytviken, dio la voz de alarma. Exagerado y exuberante, el gobernador británico, Rex Hunt, demandó la expulsión de Davidoff, sugerencia que el Foreign Office no atendió, aunque pidió que el empresario legalizara su ingreso en las islas yendo hasta Grytviken para cumplir con la formalidad del sellado de sus papeles. Gran Bretaña protestó por el incidente y, en una entrevista del embajador Williams con Costa Méndez, éste le dijo que no tenía conocimiento del viaje del empresario, ni de lo que había ocurrido.

Meses después, cuando el canciller fue informado por el presidente Galtieri de los planes para las Malvinas, Costa Méndez hizo una evaluación del episodio. Su primera conclusión saltó inmediatamente a la vista: una fricción anglo-argentina en las Georgias afectaría, casi con seguridad, la planificación militar. La estela del viaje austral de Davidoff se desvaneció, pero el palacio San Martín solicitó información a la Armada sobre los objetivos del desmontaje de las instalaciones balleneras. Ros fue encargado de la averiguación de todos los detalles. Fue en este momento en el cual el Operativo Alfa llegó a la superficie, montado sobre las intenciones aparentemente comerciales de Davidoff.

El plan no difería sustancialmente del que se había ejecutado en Thule: instalación de una estación científica en la isla de San Pedro. Este test sería, sin duda, más importante que el de las Sandwich del Sur. Las Georgias no eran tan inhóspitas como Thule y, además, había allí una base, también científica, de los británicos, en dotación del British Antarctic Survey. Pero ahora, con una decisión de avanzar militarmente sobre las islas Malvinas, en mayo o en julio, si se producía un incidente con Gran Bretaña sus resultados serían ciertamente perjudiciales.

Aunque, por entonces, Ros no tenía información sobre lo que se pensaba hacer en las Malvinas, adujo ante Costa Méndez que el Operativo Alfa conspiraría contra las posibilidades de éxito que tenía el sistema de negociación propuesto a Londres y que, como se dijo, debía ser discutido en Nueva York. El canciller coincidió con el análisis de su subordinado. Pero, como siempre, el curso de los razonamientos de ambos hombres era enteramente distinto. Mientras Ros pensaba en términos de la negociación, el canciller lo hacía en función de los planes de la Junta Militar. Ingenuamente, creía aún que las riendas de la diplomacia pasarían por sus manos; por lo tanto, abrir un flanco en las Georgias equivaldría a conceder una oportunidad a los británicos.

El Operativo Alfa era también preocupación íntima y personal de Lombardo. Fue su más firme impulsor hasta que recibió las seguridades de que se realizaría a fines del verano 1981-1982, o a principios del otoño de este último año. Estaba satisfecho. Podía ahora decirle a sus oficiales que algo se haría; que la frustración —«profesional», por decirlo de algún modo— que todos sentían por no haber combatido con Chile en diciembre de 1978, resultaría ahora mitigada por la acción en las Georgias.

Cierto, no era lo mismo. En las épocas de la elevada temperatura diplomática con los chilenos, la guerra estuvo a punto de desencadenarse y una casi providencial tormenta detuvo una operación comando argentina que se iba a realizar sobre las islas del canal de Beagle. Luego de este fenómeno meteorológico intervino Juan Pablo II y separó a las partes. Las Georgias eran, entonces, un objetivo menor para muchos de estos oficiales que creyeron haberse educado para la guerra y terminaron integrando comandos irregulares para realizar tareas más o menos policiales.

Pero cuando Lombardo recibió la orden de prepararse para las Malvinas, recordó inmediatamente el Operativo Alfa y comenzó a intentar detener su ejecución con la misma energía que antes había empleado en su promoción.

«No se puede hablar de las Georgias en abril y de las Malvinas, en julio», reflexionó atinadamente. Expuso este criterio en una nota a su jefe, Anaya, advirtiendo como corolario que si se llevaba a cabo el Alfa, «se perderá el factor sorpresa», condición esencial en el plan para recuperar el archipiélago.

La respuesta del comandante en jefe de la Armada al requerimiento de Lombardo fue positiva. La acción en las Georgias sería cancelada, a pesar de que el personal que iba a ejecutarla —escogido por Lombardo— ya había sido designado. Ya en marzo, Costa Méndez recibió similares seguridades sobre la cancelación.

Pero ¿fue realmente cancelado? En el curso de la investigación lo primero que surgió de algunos testimonios fueron indicios de una suspensión —no cancelación— y un traslado de la responsabilidad en el tema, al área de la Jefatura de Operaciones del Estado Mayor Naval. Como todo lo que tiene que ver con el SIN, las alternativas fueron rodeadas desde ese mismo momento por espesas brumas.

Por lo pronto, puede decirse que, pese a la presunta decisión adoptada en relación con el Alfa —atendiendo en lo formal a las inquietudes de Lombardo y Costa Méndez—, la operación de Davidoff siguió recibiendo el entusiasta apoyo de la Armada. Tanto que el ARA Bahía Buen Suceso, buque transporte, fue seleccionado para trasladar a los operarios encargados del desguace.

El 9 de marzo, el empresario comunicó a la embajada británica en Buenos Aires que cuarenta y un trabajadores irían a las Georgias en un buque que zarpó dos días más tarde. No hubo entonces objeciones.

Cuando el ARA Bahía Buen Suceso penetraba en la bahía de Stromers, un artículo de singular contenido se publicó en la prensa británica. El corresponsal de The Guardian en Buenos Aires, Jeremy Morgan, aseguró en un artículo titulado «Concesiones británicas en las Falkland» que los representantes ingleses en la negociación «han accedido aparentemente a un nuevo procedimiento (…) que aún tiene que ser aprobado por el gabinete». Las apreciaciones de Morgan, indudablemente extraídas de fuentes de la embajada británica en Argentina, añadieron un nuevo elemento de confusión al panorama. El equipo político que acompañaba a Williams en su búnker de la calle de Agote, una de las zonas más aristocráticas de Buenos Aires, pudo haber filtrado deliberadamente esa información para calmar los ánimos de los argentinos. Cuando el artículo fue publicado por el diario, los diplomáticos ingleses residentes en Argentina tenían dos datos de primer nivel en sus manos: sabían a ciencia cierta que no existía la posibilidad cercana de que Londres accediera al sistema que proponía Argentina y poseían la comunicación de Davidoff sobre el viaje a las Georgias.

Los trabajadores de Leith izaron una bandera argentina, en una ceremonia sin pompa alguna. Según fuentes militares, este acto había sido previamente convenido por Davidoff con la Armada. Y así se desencadenó el escándalo. Según los británicos, había en las pedregosas playas de las Georgias personal civil y militar.

La bandera azul y blanca flameaba en el extremo de un remo roto, atado, como improvisado mástil, de una torreta del equipo de generación de electricidad; se escucharon disparos y las normas de inmigración no fueron cumplidas. El jefe del equipo del British Antarctic Survey pidió a los argentinos que bajaran la bandera, a lo que éstos accedieron.

Williams se reunió con Costa Méndez y le advirtió que el incidente era serio para el gobierno británico. Similar mensaje recibió en Londres el encargado de negocios argentino, a quien le sugirieron la conveniencia de que las autoridades argentinas tomaran distancia de la «provocación» de los trabajadores. Pero, aun antes que el entredicho tomara estado público, tanto el Foreign Office como el Ministerio de Defensa coincidieron en enviar al HMS Endurance luego que éste embarcara a un pelotón de royal marines, para desalojar a la cuadrilla argentina. El Endurance era un patrullero artillado que, en pocos meses más, sería retirado de la zona como parte del plan de economía del gobierno conservador.

La situación comenzó, así, a escalar peligrosamente. Costa Méndez informó al embajador británico que el buque argentino abandonaría el lugar. La fórmula era ambigua: al anunciar que el ARA Bahía Buen Suceso dejaría Leith, no aseguró que en él se irían todos los trabajadores desembarcados. En Buenos Aires, por otra parte, se aseguraba que no había militares entre los obreros de Davidoff. Muchos datos coincidentes señalan que entre este último y la Armada existían estrechos vínculos. En cambio, el jefe de la base del British Antarctic Survey informó a Londres que algunos de los argentinos que estaban en las Georgias vestían uniformes de infantes de marina y que, también, había unos cincuenta o sesenta civiles. Los que estaban enfundados en ropas de combate, precisó, no portaban armas.

Lejos de ese ajetreo y ausente de lo que ocurría en esas heladas islas, Lombardo se había tomado unos días de vacaciones para reponer fuerzas antes de emprender la última etapa de preparativos para el desembarco en las Malvinas. Como oficial superior sabía que la mayor cuota de responsabilidad en el éxito de la acción recaería sobre la Flota de Mar y la Infantería de Marina.

Tendido sobre la arena de la exclusiva playa uruguaya La Mansa de Punta del Este, reducto que utilizan los dueños del dinero y los militares argentinos para retozar en el verano, aprovechaba el aún intenso sol de marzo. Había decidido comprar los diarios de Buenos Aires sólo día por medio, en un intento por tomar distancia de la compleja realidad que lo aguardaba en su país. Se limitaba a escuchar las sensacionalistas radios uruguayas.

Por una de ellas se enteró del casi descontrolado incidente en las Georgias. Se sintió desconcertado, pero comprendió que el puntapié inicial había sido dado. Un avión lo dejó en Buenos Aires apenas unas horas después y del aeropuerto enfiló directamente al edificio Libertad, donde solicitó una entrevista urgente con Anaya.

Éste le informó que la Armada daría protección a los trabajadores que se encontraban en la isla, que la reacción británica había sido «muy dura» y que la respuesta del gobierno argentino a «la amenaza» sería de similar calibre. Ni un músculo se movió en el inexpresivo rostro del comandante cuando le ordenó a su subordinado que adelantase los planes para la acción en Malvinas. Lombardo no opuso objeciones, aun cuando el cumplimiento de la orden significaba un esfuerzo adicional de gran magnitud. Anaya no le reveló en ese momento cuándo sería el día D, pero estaba claro que ya no se hallaba lejano.

Era el 20 de marzo. Los planes iniciales incluían la utilización de los buques de transporte naval, pero éstos no se encontraban entonces surtos en los puertos: el ARA Bahía Buen Suceso estaba afectado a la operación en Georgias; el ARA Bahía Paraíso navegaba hacia esa misma zona con una dotación de infantes de marina para resguardar a los chatarreros y similar curso había adoptado el rompehielos ARA Almirante Irízar.

Lombardo procedió de inmediato, y ya este primer esfuerzo le depararía una sorpresa. Entre los informes que solicitó y le fueron entregados, uno confirmaba que algunos efectivos de la Armada acompañaban a los obreros de Davidoff. Al revisar la nómina de ese personal naval, descubrió diez nombres de algunos que habían servido bajo su mando hasta octubre de 1981. Eran hombres —buzos tácticos en su mayoría— que él mismo había escogido por su eficiencia profesional para participar del Operativo Alfa.

Pero aquel mes, Lombardo recibió un pedido del vicealmirante Alberto Vigo solicitándole la transferencia a su unidad de aquella decena de marinos. No hubo explicaciones para la solicitud a la que Lombardo accedió, pero éste supuso que Vigo los necesitaba para efectuar tareas de inteligencia en las zonas de posible conflicto con Chile. El jefe de Operaciones Navales no había vuelto a pensar en aquel requerimiento hasta que vio la nómina y reconoció los nombres. La duda era obvia: ¿Había sido realmente cancelado el Operativo Alfa?

No son pocos los protagonistas de esta historia que, entrevistados por los autores, hablaron del episodio registrado en las Georgias del Sur como el más «oscuro» en sus orígenes de todo el conflicto por las Malvinas. Hubo quien sugirió, inclusive, la posibilidad de un «comportamiento autónomo» de Anaya respecto de sus pares de la Junta Militar.

La diplomacia argentina intentaba, en tanto, sacar partido de la situación. En Londres, el ministro Molteni concurrió al Foreign Office para señalar que Davidoff había actuado bajo su propia responsabilidad, que el buque había partido de las Georgias dejando buena parte del equipo en las viejas instalaciones balleneras y que, aun cuando el ARA Bahía Buen Suceso estaba en dotación de la Armada, había cumplido esa vez con los términos de un contrato charter de carácter exclusivamente comercial. Esto significa —agregó Molteni— que no hubo intencionalidad política deliberada, por parte del gobierno argentino, de aumentar la tensión.

La situación repercutió en Port Stanley, donde un grupo de isleños pintó con dentífrico en las ventanas de las oficinas de LADE (Líneas Aéreas del Estado) frases como «diente por diente» y «UK (United Kingdom) OK». También reemplazaron la bandera argentina, colocada en el frente de la pequeña construcción, por la Union Jack. Los responsables, de la Falkland Islands Company estaban nerviosos. Resulta sumamente difícil respirar en las Malvinas sin que la FIC se entere. Maneja con mano de hierro la vida de los isleños y los alienta permanentemente a una actitud de absoluto desprecio y rechazo por lo argentino.

Las actitudes hostiles a Argentina en la capital del archipiélago no constituyeron un hecho grave —mucho menos novedoso— en sí mismo. Anteriormente se habían registrado algunos gestos de animosidad contra los empleados de LADE, Gas del Estado e YPF que trabajaban allí, sin que trascendieran. Pero el cuadro político en el que se inscribieron era totalmente distinto. Las fuentes de inteligencia argentinas filtraron rápidamente las novedades y el canciller protestó formalmente por los incidentes.

Citó al embajador Williams y le transmitió la protesta verbal —posteriormente, como es de rigor, se le entregaría un documento que contenía los términos de la misma—, pero en la misma reunión Costa Méndez admitió que había aún argentinos en Puerto Leith, advirtiendo a su interlocutor que cualquier acción que se emprendiera contra ellos irritaría a la opinión pública.

Los contactos entre el ministro y el representante de la Corona en Buenos Aires se volvían cada vez más difíciles y ásperos. Las recriminaciones recíprocas monopolizaban los diálogos y aumentaban la tensión. Tanta era la irritación, que Costa Méndez había dejado de emplear su impecable inglés con Williams, obligando a éste a hablar en español. El día de la protesta por los episodios de Puerto Stanley, también estaban presentes el vicepresidente Ros y el jefe de gabinete Figueroa. En un momento, la exasperación de Costa Méndez le hizo aconsejar al inglés:

—Y usted se queda muzzarella —acompañando la frase con el gesto de sellar los labios.

Desconcertado, Williams inquirió con ingenuidad:

—¿Qué es muzzarella?

Ros, hasta ese momento silencioso, se sintió en la obligación de recurrir en ayuda del embajador y recurrió al idioma de éste. Formal como es, el vicecanciller igualó la ingenuidad de Williams.

—Muzzarella is the kind of cheese used in pizzas… (Muzzarella es una clase de queso que se utiliza en las pizzas…).

Pareció decidido a proseguir con su didáctica explicación culinaria, pero un gesto impaciente del canciller lo interrumpió. Williams se fue del palacio San Martín sin tener idea de por qué la conversación había adquirido ese momentáneo sesgo críptico.

Presionado por el lobby de la FIC en Londres y con el Parlamento en un punto alto de irritación, Richard Luce hizo un esfuerzo por serenar los ánimos. Informó que el ARA Bahía Buen Suceso había abandonado las Georgias con la mayor parte de su personal a bordo, pero que un reducido contingente de trabajadores permanecía aún en tierra. «Estamos haciendo los arreglos —subrayó— para asegurarnos su pronta salida.»

El optimismo del ministro británico no fue compartido por los legisladores, que descargaron sin piedad su artillería retórica, incluyendo a los de la oposición laborista. Un memorando redactado entonces por el encargado de negocios argentino para el canciller Costa Méndez consignaba el punto de vista diplomático sobre la actitud del Foreign Office. El documento, de carácter reservado, aseguró que la cancillería británica, a través de la exposición de Luce ante el Parlamento, intentó «desinflar» las expectativas generadas por la situación en las Georgias y «relativizar la dimensión del incidente». Subrayó también que la intervención de Luce «no produjo el efecto deseado», ya que «no sólo la oposición, sino también la bancada conservadora, cuestionaron duramente la actitud oficial y aumentaron la dimensión del problema, vinculándolo con negociaciones sobre las Malvinas, con manifestaciones posteriores a la reunión de Nueva York y con la política que sigue el gobierno británico en materia de defensa».

Una coincidencia paradójica se produjo mientras se debatía el incidente en el Parlamento inglés. El ARA Bahía Paraíso volvió a poner proa hacia las Georgias, navegando esta vez en completo silencio de radio. Un grupo de tropas de élite de la Armada, conocidas en la lucha contra la guerrilla como Los Lagartos, desembarcaría, en pocas horas más, para tomar posiciones en las instalaciones balleneras y proteger a los trabajadores de Davidoff de una eventual acción de fuerzas británicas.

El gabinete de Margaret Thatcher, por su parte, aprobó la acción del HMS Endurance contra la cuadrilla de obreros. Sus instrucciones eran las de realizar una escala en Grytviken antes de aproximarse al lugar donde se encontraban los «intrusos argentinos».

Ambos gobiernos estaban llegando a un punto de no retorno sin que ninguna de las partes atinara a dar los pasos necesarios para aliviar la tensión. La impasse resultaba de implicancias impredecibles. El 22 de marzo, Costa Méndez recibió una «nota verbal» del embajador británico cuya redacción —inusualmente amenazadora— fue interpretada como un virtual ultimátum. También se anunció una declaración de los ministros en el Parlamento.

La única propuesta abierta era una sugerencia formulada por Williams: que el ARA Bahía Buen Suceso regresara a las Georgias, recogiera a los trabajadores y los trasladara a Grytviken, donde podrían ingresar legalmente. Los británicos suponían que Costa Méndez había perdido el control de la situación. El mismo canciller le dijo a Williams en varias oportunidades que tenía dificultades, en particular con Anaya, pero que la tremenda y desproporcionada reacción británica había dejado al palacio San Martín con pocas posibilidades de maniobra frente a los «halcones» de la Armada.

Lo que siguió fue el trascendido dando cuenta de la remisión del ARA Bahía Paraíso, con infantes de Marina que —luego se sabría— estaban al mando del capitán de fragata Alfredo Astiz, oficial que había cumplido un importante aunque oscuro papel en la represión, participando en operaciones —según denuncias concretas— como la del secuestro de dos monjas francesas y una adolescente sueca. En ambos casos, las víctimas jamás aparecieron.

En el selecto club integrado por quienes preparaban la operación Malvinas los planes avanzaban, por aquellos días, a toda máquina. La posibilidad de que Gran Bretaña enviara refuerzos era, cada día, más concreta. Si Londres daba este paso, los argentinos quedarían frente a dos alternativas:

1.a Suspender nuevamente los planes de desembarco, lo que provocaría un abierto malestar entre las fuerzas armadas, cuya convivencia era ya decididamente mala. Anaya, por otra parte, había convenido en sostener el acceso de Galtieri a la Casa Rosada, como contraprestación de la «luz verde» para llegar al archipiélago. Otra postergación haría saltar por los aires ese pacto trayendo, más tarde o más temprano, fuertes disensos en el seno del régimen militar.

2.a Seguir adelante con el desembarco, con la posibilidad de que las fuerzas propias enfrentaran una fuerte resistencia y la acción resultara sangrienta, con escaso rédito político internacional. El síndrome de la «Fortaleza Falkland» estaba presente en la mente de estos hombres que, sin embargo, y por paradójico que pueda parecer, no creían en una reacción militar inglesa luego que la ocupación argentina se materializara.

La primera decisión que adoptó Anaya fue enviar dos corbetas misilísticas —las ARA Granville y ARA Drummond— a la zona del conflicto. Se ubicaron entre las Georgias y las Malvinas, cerrando la posibilidad del retorno del Endurance a su base natural.

Otra correspondió a Galtieri: cuando se manifestó el incidente de las Georgias, autorizó a Menéndez a ponerse en contacto con el equipo militar que trabajaba en el plan. Las reuniones de ese grupo tenían lugar en el Estado Mayor Conjunto. En sus primeros contactos, el futuro gobernador tuvo acceso a la documentación.

El objetivo que se habían propuesto los planificadores era el de ejecutar una operación «limpia», si fuera posible sin derramamiento de sangre. En las discusiones que se planteaban entonces se decía que si Gran Bretaña sufría bajas, la recuperación argentina no sería digerida por la comunidad internacional; en cambio, si se evitaba un derramamiento de sangre inglesa e isleña, aun cuando las fuerzas argentinas sufrieran bajas, el hecho consumado sería esencialmente tolerable para Londres.

Pero Menéndez tenía otras cosas en la cabeza, distintas de la especulación sobre las posibles bajas de uno u otro bando. Había recibido la orden de prepararse para administrar las islas y este militar era disciplinado. Escogió a dos coroneles, un capitán de navío y un comodoro. Este último estaba sirviendo en Alemania Federal como agregado aeronáutico. Carlos Bloomer Reever era un veterano de Malvinas. No sólo había vivido en las islas como delegado de LADE y virtual «embajador» argentino en Port Stanley, sino que había sido la mano derecha del canciller Carlos Washington Pastor durante una etapa de las negociaciones. Fue Bloomer Reever quien logró obtener material reservado en la cancillería sin despertar sospechas de los diplomáticos. Además, por gestión de este comodoro, el futuro gabinete malvinense escuchó una exposición del coronel González Balcarce que —en su carácter de funcionario del palacio San Martín— había participado en la ronda de Nueva York.

Menéndez habló claro con todos los miembros de su «equipo de gobierno». «Nadie pregunte nada sobre lo que ocurrirá en el futuro —les previno—, porque yo mismo no lo sé. Tengo las mismas dudas que ustedes, pero, cuando las expuse, la respuesta de mis superiores fue que me hiciese cargo del gobierno de las islas. Estamos trabajando con vistas al gobierno. Y punto.»

El día D no había sido fijado aún. No había todavía consenso en la Junta Militar para una aceleración de la crisis. Pero ese viernes 26 de marzo, el Comité Militar —organismo diseñado para incluir a la junta y al presidente de la nación, cuando este cargo fuera desempeñado por un oficial retirado— debía considerar todo el conflicto en sus variables diplomáticas y militares.

Los británicos temían —con fundamentos, como se vio después— que la impasse que se había creado en la estéril conversación diplomática para solucionar la crisis de las Georgias fuese utilizada por los argentinos para armar una fuerza de tareas con el objetivo de tomar Port Stanley. Pero, a la vez, se encontraban en un callejón sin salida. El frente interno de Margaret Thatcher estaba presionando fuertemente para que no hubiese retrocesos. En este punto, el Almirantazgo cumplió un papel destacado. Gran Bretaña estaba dispuesta a terminar con su flota de superficie: el HMS Invincible, su principal portaaviones estaba virtualmente vendido a Australia; el portahelicópteros HMS Hermes marchaba camino al desguace.

La dura puja interna en el gobierno conservador culminó con la derrota de quienes sostenían la necesidad de mantener la flota. Los buques de superficie serían reemplazados por los submarinos nucleares Trident. De este modo, la gloriosa flota imperial que había combatido en todos los mares se transformaría en un mero apéndice de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Los argentinos le vinieron como anillo al dedo al Almirantazgo. Si el incidente escalaba y el viejo león británico reaccionaba con sus reflejos históricos, quizá se pudiese salvar la flota.

Lord Carrington intentó una nueva maniobra para quebrar la posición de los argentinos. Envió instrucciones precisas a Williams para que urgiera a Costa Méndez a persuadir a la junta de la necesidad de encontrar una salida a la situación. La gestión incluyó, claro está, una presión combinada sobre Washington para que el Departamento de Estado pusiera en vereda a los argentinos. Williams, que a esta altura de los acontecimientos concurría dos o tres veces por día al palacio San Martín, transmitió el mensaje de su jefe, indicando que Londres deseaba detener la escalada, pero que el gobierno argentino no podía tener dudas de que «se defendería la soberanía (británica) en las Georgias como en cualquier otra parte».

Sir Nicholas Henderson, el embajador británico en Washington, recibió un cable similar que epilogaba textualmente: «(…) al final del análisis, nosotros no podemos asentir que se infrinja la soberanía británica y estamos al borde de tomar acciones para restaurar el statu quo.»

Ese viernes 26, los intentos de Williams para comunicarse con Costa Méndez fueron infructuosos. La posibilidad de recibir un enviado británico había sido definitivamente desechada y sólo quedaba en pie la sugerencia de que la cuadrilla argentina reingresara en la zona a través de Grytviken, donde se le sellarían sus white cards (tarjetas blancas que servían de documento binacional a los argentinos que viajaban a las Malvinas), pudiendo luego regresar a Leith. Costa Méndez —asesorado por los embajadores Ros y Blanco— pidió un tiempo para consultar con Galtieri y responder. Sería ésa la reunión decisiva.

En Londres, ese mismo día, Molteni, quien había hecho su propio cuadro de situación, volvió a la carga ante el Foreign Office. En una entrevista con Robin Fearns —jefe de la sección de asuntos americanos del Foreign Office— insistió en la posibilidad de desactivar el incidente mediante la aceptación británica de la propuesta hecha por Argentina en la reunión de Nueva York (cronograma y plazo para las negociaciones). Según su análisis de la fricción en las Georgias, todo no era sino una audaz y riesgosa jugada argentina para presionar a Gran Bretaña.

¿No se había hablado tanto en la cancillería de un proyecto semejante, desde los días de Camilión? Supuso que este ambiente prebélico, que inclusive percibía en las conversaciones con sus pares ingleses, formaba parte del juego pero también que, finalmente, y como había ocurrido en oportunidades anteriores, todo epilogaría bien. Antes de dejar el despacho de Fearns creyó oportuno alertarlo sobre el riesgo de «dar excusas a los "halcones" en Buenos Aires con la falta de una respuesta a la proposición argentina», según constataron estos cronistas.

Otra era la realidad. El presidente solicitó a Costa Méndez que se sumara a la reunión que el Comité Militar celebró ese 26 por la noche. Galtieri, Anaya y Lami Dozo se encontraron con la sensación compartida de que el incidente en las Georgias estaba reduciendo aceleradamente el margen de maniobra del gobierno militar argentino, presionado por la crítica situación interna —el sindicalismo había prometido copar la plaza de Mayo para protestar contra la política económica y social— y por la intransigencia británica. El episodio había llegado a un punto desde el que sería muy difícil para los comandantes retroceder sin deteriorar sus respectivas bases de sustentación. Anaya advirtió esta situación, a partir de lo cual urgió a sus pares una definición. En este juego, Galtieri debía, casi en forma permanente, hacer suyas las posiciones más duras para evitar ser desbordado por el jefe naval.

En el momento de aquella reunión, la flota estaba lista para partir. Dos días antes, el comandante de la fuerza de tareas, contraalmirante Gualter Allara, recibió orden de acelerar los preparativos. Fueron horas de ritmo infernal en que las fuerzas armadas alcanzaron un grado de coordinación pocas veces visto antes y, ciertamente, nunca vuelto a lograr durante el conflicto. La precipitación de los acontecimientos obligó a suspender los ensayos de desembarco que debían realizarse en la zona de Río Grande, sobre el extremo austral del continente argentino.

El tema excluyente de esa noche fue, para la junta, la decisión de una acción inmediata para evitar la fortificación de las Malvinas por parte de Gran Bretaña. Cuando Costa Méndez arribó, descubrió que los comandantes ya estaban reunidos desde más de una hora atrás y que también habían sido convocados el brigadier Plessl, el almirante Lombardo, el general García y el vicealmirante Suárez del Cerro, titular éste del Estado Mayor Conjunto.

El canciller fue recibido por rostros sonrientes. Lami Dozo le dijo entonces: «Tome asiento, doctor. Y prepárese, ya decidimos lo de las Malvinas.» Galtieri le explicó que las circunstancias no permitían ya dar marcha atrás y Anaya especuló sobre la oportunidad «histórica» que se presentaba.

Costa Méndez se limitó a agregar:

—Si ya han decidido llevar adelante la operación, sólo me queda recomendar que se haga a la brevedad. No hay que demorar un minuto más de lo necesario. La información podría filtrarse eliminando las posibilidades de un desembarco incruento.

El columnista político del diario Clarín, Joaquín Morales Solá, dijo que el canciller alentó la decisión militar, azuzando a los comandantes: «Hagámoslo ahora.»

Williams esperó toda la noche el llamado de Costa Méndez. Miró obsesivamente por la ventana de su residencia en el Grand Bourg cómo se iban apagando, una a una, las luces de Palermo y de la avenida Libertador. Su segundo, David Joy, lo acompañó en esa velada de ansiedades. Al día siguiente, el embajador sacó una peligrosa conclusión. «Los argentinos están jugando con nosotros», le dijo en una comunicación cifrada al Foreign Office.

Una declaración pública de Costa Méndez sirvió como respuesta. Ese sábado afirmó que el gobierno protegería a los trabajadores de Davidoff. Esa protección, añadió, no sería sólo diplomática e incluiría el envío del ARA Bahía Buen Suceso con infantes de marina y de las fragatas ARA Granville y ARA Drummond. La lectura de esta afirmación no dejó margen para muchas interpretaciones, por lo que Williams solicitó una nueva entrevista con el canciller. No fue concedida, y, en su reemplazo, fue atendido por Ros. La parquedad del vicecanciller resultó ostensible para el inglés, quien demandó conocer la ubicación exacta del ARA Bahía Paraíso. Ros se limitó a notificarle que la Junta Militar había modificado sus instrucciones en el palacio San Martín.

La negociación quedó así virtualmente rota.

La determinación de acelerar el desembarco obligó a Costa Méndez a preparar a su gente para las batallas diplomáticas que se avecinaban. Como estaba convencido de que la polémica se desarrollaría exclusivamente en su área, decidió convocar a su despacho a seis funcionarios de la primera línea del palacio San Martín. Pero también pensó en la necesidad de preservar el secreto y nada mejor para comprometer a quienes iban a compartirlo que una solemne misse en scène.

Llegaron casi en grupo al despacho del canciller. Estaban Ros, Blanco, Listre, Erhart del Campo, Félix Peña y Figueroa. Costa Méndez detuvo una seria mirada sobre los ojos de cada uno de sus subordinados y los invitó a tomar asiento en los vetustos sillones art nouveau del recinto.

—Por favor, miren todos el crucifijo —dijo con voz firme, mientras señalaba una imagen de Cristo que colgaba de una de las paredes.

Los diplomáticos cambiaron miradas de extrañeza entre sí y alguno que había servido en Estados Unidos creyó estar viviendo la ridícula sesión del Salón Oval de la Casa Blanca, tan bien relatada por Carl Bernstein y Bob Woodward (La caída de Nixon), cuando Nixon le pidió a Kissinger que se arrodillara para acompañarlo a rezar en el epílogo del terremoto institucional de Watergate.

Otros, en cambio, supusieron que se trataba de una broma. Pero se equivocaban. Costa Méndez no les estaba gastando un chiste. Les anunció que, luego de ciento doce años, Argentina podía en ese 1982 entrar en guerra. Y les exigió un juramento de silencio que todos asumieron. Sin embargo, esos seis diplomáticos no fueron los primeros de ese ministerio en enterarse de los planes militares.

Unos días antes, el 20 de marzo, a las 14, Galtieri recibió en su despacho de la Casa Rosada a Eduardo Roca, el flamante embajador argentino ante las Naciones Unidas. Era una época de inquietudes para este amigo íntimo de Costa Méndez, aunque nada tenían que ver con las islas Malvinas, asunto sobre el cual el ministro prefirió dejarlo al margen. Había venido postergando su toma de posesión de la misión argentina ante la ONU por diversos problemas, entre ellos el de la operación de vesícula a la que acababa de someterse. Y ahora se veía urgido a viajar a Nueva York, donde el comandante Daniel Ortega estaba a punto de denunciar ante el Consejo de Seguridad la participación argentina en los preparativos de invasión a Nicaragua. Por esas paradojas de la vida, Roca reemplazaría a Juan Carlos Beltramino, cuya cabeza había rodado por sus contactos con el grupo de países no alineados, según las apreciaciones de los militares acreditados en Washington.

Roca ingresó en el despacho presidencial sin imaginarse lo que allí le sería revelado y pensando sólo en las palabras formales que, pensaba, intercambiaría con el presidente de la nación. Pero no tuvo en cuenta la debilidad de Galtieri por protagonizar acciones teatrales. Luego de algunas trivialidades, el presidente ingresó de lleno en el tema disfrutando el impacto que causaba en su interlocutor:

—Doctor —le dijo pomposamente—, no puedo dejar que usted se haga cargo de su nueva función sin decirle que Argentina ha decidido recuperar lo que le pertenece, las islas Malvinas.

Roca no podía creer lo que escuchaba, pero siguió atento a las palabras de Galtieri.

—Vamos a recuperar las islas, aunque todavía no le puedo decir cuándo con exactitud. Pero trataremos de hacerlo incruentamente, si es posible. Así que, en Nueva York, lo espera una gran tarea.

Roca regresó excitado a dialogar con Costa Méndez, quien intentó relativizar el solemne anuncio presidencial. «No es algo que esté completamente decidido, Eduardo», ensayó como explicación el canciller. Pero no logró convencer a su amigo, quien, el 23 de marzo, voló a Estados Unidos convencido de la inminencia de un operativo militar argentino.

La inteligencia británica no encontraba, por entonces, indicios concretos de que se estuviese gestando una invasión, aunque —después— todo pareció haber sido literalmente realizado bajo sus narices. Lord Carrington alentaba sospechas y creyó llegado el momento de poner en funcionamiento al amigo norteamericano para poner límites a los argentinos. Envió un mensaje a Washington solicitando que el Departamento de Estado intentase una mediación. Y al mismo tiempo impulsó en el gabinete un alistamiento de la flota. Por lo pronto, un submarino nuclear —el HMS Conqueror— recibió orden de zarpar hacia el Atlántico Sur, donde debería llegar el 13 de abril. El almirante John «Sandy» Woodward comenzó a organizar una fuerza de tareas, por si los argentinos osaban desafiar al viejo imperio.

El 28 de marzo zarpó, desde Puerto Belgrano, la Flota del Mar argentina. Su destino: las islas Malvinas.

Segunda parte

1. «BUENOS DÍAS, ARGENTINOS»

—General Galtieri, es el presidente de Estados Unidos. Si Breznev habla con él, usted no puede negarse.

Eran las 22.10 del 2 de abril de 1982 y la sugerencia del canciller Costa Méndez sonó casi como una súplica mientras el teléfono sonaba insistentemente en el despacho de Galtieri. El presidente hizo un gesto desdeñoso, pero el consejo de su canciller era demasiado irrefutable como para desdeñarlo. Miró su reloj y pensó: «Son más de las 10. El operativo Malvinas ya no puede ser detenido.» Entonces levantó el auricular y se dispuso a hablar con la máxima autoridad de una de las dos superpotencias de este mundo.

La línea entre Buenos Aires y Washington estuvo abierta desde las 2 de la tarde de ese 2 de abril, pero los intentos de Estados Unidos fueron vanos. En esa jornada clave, Galtieri gastó todos sus minutos en charlas ansiosas con los otros dos integrantes de la Junta Militar y su canciller. Se mostraba reacio a un diálogo con Reagan. ¿Flaqueza? ¿Temor a que la conversación lo llevase por otros caminos que no fueran los de la gloria tan deseada? Esa misma mañana, el diálogo con el embajador norteamericano en Buenos Aires había bordeado la grosería. Shlaudeman, sin recurrir a demasiados artilugios diplomáticos, le había preguntado frontalmente al presidente sobre la posibilidad de que hubiese una acción militar en las islas Malvinas. Después se sabría que uno de los objetivos de esa charla breve y nerviosa era lograr que el argentino «atendiera al teléfono». Detrás de la pregunta descarnada de Shlaudeman no había ninguna imprecisión; la respaldaban los formidables aparatos de inteligencia norteamericanos y británicos, que habían llegado a la conclusión certera: una incursión militar argentina a las islas era inminente.

También la concurrencia de Shlaudeman a la Casa Rosada era sólo una consecuencia de las comunicaciones febriles que funcionarios de Estados Unidos y Gran Bretaña habían mantenido en las últimas cuarenta y ocho horas. Sendos mensajes entre Alexander Haig y su colega inglés lord Carrington, entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher, eran el trasfondo de ese encuentro acuciante en Buenos Aires.

Galtieri no pudo evitar su irritación. Hizo un gesto negativo con la cabeza mientras miraba al embajador norteamericano:

—No se lo voy a decir, embajador.

El exabrupto de Galtieri hizo abrir los ojos de Shlaudeman. Las palabras del mandatario argentino estaban fuera de todo lo que él entendía por tacto y diplomacia. Prefirió, por razones obvias, no prolongar la entrevista y salió literalmente huyendo en su automóvil hasta la sede de la embajada. Nervioso, pálido, Shlaudeman habló con Haig y confirmó lo que ambos temían: los argentinos se embarcaban en el operativo de recuperación.

De cualquier forma, el representante estadounidense no sabía más que la mayoría de los funcionarios de la Casa Rosada y casi la totalidad de los representantes argentinos en el exterior. Esa desinformación cayó como un balde de agua fría en todos ellos y dio pie a situaciones absurdas, regidas por la irracionalidad. Hombres claves del gobierno como el subsecretario del interior, coronel Bernardo Menéndez, el encargado de negocios en Londres, Atilio Molteni, el propio ministro de economía Roberto Alemann o el embajador en Washington Esteban Takacs fueron enterados a último momento de que las naves argentinas surcaban las aguas del Atlántico rumbo al archipiélago.

La decisión se había tomado mientras los últimos días de la sociedad argentina resultaban conmovidos por la crisis socioeconómica que tenía años de arrastre. El 30 de marzo, dos días antes del operativo Malvinas, la poderosa dirigencia gremial argentina pobló la plaza de Mayo en un acto de protesta que se generalizó en casi todo el país. La represión del gobierno encabezado por Galtieri fue feroz. En la ciudad de Mendoza, un obrero resultó muerto a balazos.

Casi cuarenta y ocho horas después, el proceso militar estaba convencido de que su revivificación era inevitable. Un Galtieri nervioso se desplazaba incansablemente por la Casa Rosada. Cuando decidió atender al presidente Reagan, sabía que el operativo militar no tenía retorno. Hizo una seña a sus ayudantes y tres aparatos fueron descolgados simultáneamente: uno para Galtieri, otro para el canciller y el tercero para un intérprete. Se recurrió a este último tras el intento del mandatario de hablar con Reagan en su vacilante inglés.

Durante la investigación, estos cronistas obtuvieron una copia de la versión en español de ese diálogo. Su reconstrucción casi íntegra revela crudamente uno de los tantos rostros ocultos de esa guerra que se volvió en contra de los jerarcas uniformados como una maldición.

—Señor presidente —dijo Reagan en el primer tramo del diálogo telefónico—, tengo noticias confiables de que Argentina adoptará una medida de fuerza en las islas Malvinas. Estoy, como usted comprenderá, muy preocupado por las repercusiones que una acción de este tipo podría tener. Quiero manifestarle, señor presidente, la preocupación de Estados Unidos y la necesidad de que se encuentre una alternativa al uso de la fuerza.

—Ante todo quiero agradecerle su preocupación, señor presidente —contraatacó Galtieri—. Deseo recordarle que mi país ha mantenido en este litigio con Gran Bretaña una actitud permanentemente favorable a la negociación, como lo demuestran los diecisiete años de conversaciones infructuosas en el marco de las Naciones Unidas que hemos encarado con una nación que, hace más de un siglo y medio, usurpó por la fuerza un territorio que, por derecho, pertenece a Argentina. Nuestra vocación negociadora sigue siendo inalterable, pero también la paciencia del pueblo argentino tiene un límite. Gran Bretaña ha amenazado a ciudadanos argentinos que se encuentran legítimamente en las islas Georgias del Sur y mi gobierno tiene la obligación de protegerlos. Además, el Reino Unido persiste en desoír los reclamos argentinos para poner término a la negociación y no ha respondido, a pesar de nuestra insistencia, a la última propuesta que le hemos formulado para agilizar el trámite. Quiero reiterarle, señor presidente, que nuestra vocación negociadora no ha variado.

—Lo comprendo, señor presidente, pero estimo imprescindible continuar con las conversaciones y buscar una alternativa al uso de la fuerza —insistió Reagan para, inmediatamente después, empezar a deslizar elementos de presión—. Créame, señor presidente, que tengo buenas razones para afirmar que Gran Bretaña respondería con la fuerza a una acción militar argentina.

—Argentina siempre ha estado en favor de una solución pacífica a este litigio —se mantuvo firme Galtieri. Comenzó a exponer sus propias condiciones—. Sólo es posible hallar la alternativa que usted solicita, señor presidente, en un reconocimiento por parte del Reino Unido de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Y ese reconocimiento tendría que ser explícito y público.

—Comprendo su posición, señor presidente, pero es muy difícil que el Reino Unido pueda efectuar ese reconocimiento en forma inmediata y en estas condiciones; es decir, bajo amenaza de una acción militar —intentó razonar Reagan—. Mi gobierno está dispuesto, señor presidente, a ofrecer sus buenos oficios para que se reanuden las conversaciones y llegar a una solución del problema. Si su gobierno lo estima conveniente, yo puedo enviar al vicepresidente Bush a Buenos Aires para mantener conversaciones y comenzar a encontrar una solución negociadora a la situación que se plantea.

Reagan, jugando la carta fuerte con que había abordado la llamada, agregó:

—Además, en el ámbito de las Naciones Unidas se puede hallar también una fórmula adecuada. La embajadora Kirkpatrick está dispuesta a asistir a las partes en este proceso. Usted conoce bien a la embajadora Kirkpatrick, señor presidente, y sabe cómo podría trabajar en este sentido. —El norteamericano trataba evidentemente de tentar a su interlocutor. Pero el argentino estaba en ese momento más allá de toda tentación. Insistió en los argumentos anteriores:

—Aprecio su ofrecimiento, señor presidente, pero deseo que tenga presente que hemos venido negociando infructuosamente a lo largo de diecisiete años en las Naciones Unidas. Están las resoluciones de su Asamblea General (como la mil quinientas catorce, la dos mil sesenta y cinco y otras) las que instaron reiteradamente a las partes a hallar una solución negociada a esta disputa de soberanía. En los hechos, señor presidente, el Reino Unido ha prestado oídos sordos a esos llamados. Precisamente en febrero pasado, en Nueva York, mi gobierno entregó una nueva propuesta a los representantes británicos (expresión del ánimo negociador de Argentina) que fue elaborada teniendo en cuenta los contenidos de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta de Londres, a pesar de que la aguardamos con prudencia y paciencia en la voluntad de encontrar una solución pacífica.

—Sin embargo, no escapará a su comprensión, señor presidente —volvió a presionar Reagan— que un conflicto de esta naturaleza repercutirá en todo el hemisferio y creará una situación de grave tensión. Además se produciría en un momento en que nuestros comunes esfuerzos por mejorar la relación bilateral están dando frutos, después de la situación difícil por la que atravesó durante la administración del presidente Carter. Esa relación especial que existe hoy podría sufrir gravemente. Es necesario, señor presidente, encontrar una solución pacífica y evitar el uso de la fuerza.

—El gobierno argentino, señor presidente, valora en toda su dimensión la relación con Estados Unidos. Por eso deseo que tenga presente que no es mi país el que buscó la actual situación, que estaba en su espíritu encontrar una solución y que ésta aún puede ser hallada si Gran Bretaña reconoce esta misma noche la soberanía argentina sobre las islas Malvinas —replicó Galtieri, cerrando todo margen al intento de Reagan.

—Ese reconocimiento es imposible en este momento —acotó Reagan en un esfuerzo por darle continuidad a un diálogo agotado—. Si la alternativa es un desembarco argentino, el Reino Unido dará (le aseguro señor presidente) una respuesta militar. ¿Qué sucederá con los dos mil isleños, señor presidente?

—Tenga usted la certeza —se esmeró Galtieri— de que el gobierno argentino ofrecerá expresamente todas las garantías a los habitantes de las islas Malvinas. Mantendrán su libertad, su libre albedrío, su propiedad. Podrán permanecer en las islas o emigrar a Gran Bretaña, según lo estimen conveniente. Podrán optar por ser ciudadanos argentinos o británicos y podrán emigrar a Estados Unidos si lo desean. —En esta última oferta Galtieri se excedió irreflexivamente en su «generosidad», ya que Reagan no había planteado la posibilidad de recibir a los kelpers en su país, ni había razón para que así lo hiciera.

—Señor presidente —volvió Reagan por el camino de la presión—, creo que es mi obligación advertir a usted que Gran Bretaña está dispuesta a responder militarmente a un desembarco argentino. Así me lo ha hecho saber el Reino Unido. Además, la señora Thatcher, mi amiga, es una mujer muy decidida y ella tampoco tendría otra alternativa que dar una respuesta militar. El conflicto será trágico y tendrá graves consecuencias hemisféricas.

—Le repito, señor presidente, que Argentina no buscó esta situación y que la voluntad negociadora de Argentina ha quedado inequívocamente demostrada en los últimos diecisiete años de conversaciones —se limitó a reiterar Galtieri.

Las posibilidades estaban virtualmente agotadas y el presidente norteamericano comenzó a ceder ante el peso abrumador de la realidad.

—Debo entender de sus palabras, señor presidente, que Argentina mantiene su posición respecto del uso de la fuerza. No quiero dejar de puntualizar claramente, entonces, que la relación entre su país y el mío sufrirá gravemente. La opinión pública norteamericana y mundial adoptará una actitud negativa frente al uso argentino de la fuerza. Además, el esfuerzo que he puesto para reconstruir aquella relación se verá gravemente afectado. Gran Bretaña, señor presidente, es un amigo muy estrecho de Estados Unidos y la nueva relación que hoy mantiene Washington con Argentina, lograda después de un largo esfuerzo hecho ante la opinión pública norteamericana, se verá irremediablemente perjudicada.

Se hizo un silencio en la línea. Las voces del traductor sonaron lejanas, como suspendidas en la boca del que las emitía.

—Argentina lamenta realmente esta situación, señor presidente. Pero la realidad es que la capacidad negociadora y la actitud pacifista de mi país tienen un límite. El de las islas Malvinas es uno de los últimos casos de colonialismo en el mundo y, en particular, en el continente americano. No hemos llegado a esta situación sin haber agotado antes todas las instancias negociadoras. No hemos sido responsables de la creación de esta situación. Los ingleses no son ni han sido nuestros enemigos. Yo deseo pedirle, señor presidente, que Estados Unidos brinde todo su apoyo para que esta situación pueda superarse de la mejor forma posible. Es preciso que Estados Unidos comprenda el límite al que llegó Argentina. Mi país y mi gobierno esperan que Estados Unidos actúe como un amigo de británicos y argentinos por igual para poder superar la presente situación —aseguró Galtieri, queriendo mitigar el impacto de su negativa sobre el presidente norteamericano.

Había una admisión del fracaso en la respuesta de Reagan. Pero una velada amenaza se imponía a todo lo que había argumentado Galtieri:

—Sólo puedo decir que lamento no haber tenido éxito al transmitirle mi preocupación por el efecto de esta situación en el futuro del hemisferio. Intenté crear un buen caso para persuadirlo de que no recurriera al uso de la fuerza, pero no podía dejar de llamarlo precisamente porque sé cuales serán las consecuencias de esta acción argentina.

—Argentina y el pueblo argentino, señor presidente, le agradecen este gesto; y Argentina y su pueblo esperan que Estados Unidos comprenda su posición. Le agradezco profundamente su llamada, su gestión, señor presidente, y deseo sinceramente que este diálogo nuestro pueda continuar. —El sinceramiento del argentino no era sólo formal. El tono de su voz delataba ansiedades.

«Hubo un par de párrafos de despedida de extrema frialdad», diría luego a los cronistas de este libro una de las personas que escucharon este diálogo estéril.

Por esas horas, las embajadas de Argentina en Londres y Washington seguían los episodios con mucha atención. En la capital británica, el encargado de negocios —Ortiz de Rozas había sido enviado a la misión argentina en la mediación por el Beagle y sus esfuerzos por regresar en la crisis de las Georgias no habían sido autorizados—, Atilio Molteni, leía los periódicos con verdadera fruición, porque eran su punto de referencia más certero sobre los acontecimientos.

El diplomático tenía archivado un artículo de Michael Fidman en The Times, publicado en los últimos días de marzo, donde afirmaba que «los militares argentinos son impronosticables» y auguraba una «posible invasión al archipiélago».

La conexión entre la embajada en Londres y el palacio San Martín era casi nula. Por un lado, porque el gobierno militar había hecho del operativo una cuestión hermética, programada y decidida por una élite. Por otro, porque las comunicaciones entre ambas capitales no eran sencillas. Molteni había hablado telefónicamente en esos días sólo un par de veces con Gustavo Figueroa, el jefe de gabinete del canciller, quien no le dio ninguna pista sobre lo que podía ocurrir. Además, el representante argentino en Londres tenía cierta aprensión hacia ese tipo de llamados. Y no se equivocaba. Las claves que manejaban los argentinos eran perfectamente conocidas por los servicios británicos, según se estimó luego.

De todas formas, la preocupación resultaba perceptible en todos los integrantes de la misión argentina. Molteni estaba inquieto, angustiado y miraba con cierto recelo las actividades que desarrollaban los agregados navales, el almirante Raúl González y el capitán de navío Alfredo Febré. El 30 de marzo, casi al pasar, González había advertido al encargado de negocios, a propósito de las Georgias: «Si esto sigue así, pronto tendremos novedades.» El miércoles 31, recibió una llamada del gerente de Aerolíneas Argentinas en Londres, que le abrió definitivamente los ojos. El funcionario le informó que se habían suspendido los vuelos entre Argentina y Gran Bretaña. Molteni se comunicó de inmediato con el gerente de la sucursal londinense del Banco de la Nación Argentina y lo alertó sobre la disponibilidad de los fondos para el caso de que ocurriera algún incidente en las Malvinas.

La misma actividad, casi febril, había ganado a los funcionarios del área latinoamericana del Foreign Office. Cerca del mediodía del 1 de abril, Ray Whitney, miembro del Parlamento, integrante del Partido Conservador, fue hasta la embajada argentina. Allí dialogó con Molteni y le propuso formalmente el envío de un representante del Reino Unido a Buenos Aires o a cualquier lugar del mundo para entrevistarse con algún jefe diplomático argentino. Molteni fue sorprendido por el ofrecimiento y sólo atinó a preguntar: «¿Y quién sería ese enviado?» Whitney arriesgó los nombres de John Ure, jefe de gabinete de lord Carrington y luego de Francis Pym, y Richard Luce, el subsecretario que había negociado en Nueva York con los argentinos y reemplazante en el cargo de Nicholas Ridley, aquel funcionario que en 1979 estuvo a punto de ser expulsado de Argentina por iniciativa del entonces vicecanciller Carlos Cavándoli. Ridley, tras visitar las islas Malvinas, tuvo mordaces comentarios sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.

Molteni no comprometió ninguna respuesta; sugirió que quizá pudiera ser el embajador Ros un interlocutor adecuado, pero demoró una opinión más concreta porque intuía que la situación en el Atlántico Sur ya no permitía negociaciones de ese tenor.

Mientras se verificaba este contacto entre Whitney y Molteni, el gabinete británico se hallaba en plena deliberación. Humphrey Atkins, quien cubría la ausencia de lord Carrington, que visitaba Israel, informó sobre los últimos episodios registrados en las Georgias. Un «grupo de inteligencia ordinaria de América Latina» entregó un documento sobre los aprestos bélicos de las fuerzas armadas argentinas que vaticinaba el lanzamiento de un posible operativo para el mediodía del día 2. El informe señaló que «no hay evidencia de que la Junta Militar haya decidido la invasión», pero existe «la certeza de una cooperación inusual entre las tres armas y de su activa participación en un grupo de tareas anfibias». El dossier opinó que las fuerzas conjuntas argentinas habían llegado a acumular suficiente capacidad operativa y apoyo logístico para encarar una invasión.

En las horas de la media mañana de aquel día de vísperas, las previsiones británicas fueron adquiriendo otras dimensiones. El Comité de Defensa anunció a la primer ministro que, indefectiblemente, se desarrollaría una acción militar al día siguiente, pero que «aún no se conocen las intenciones del gobierno militar». El comité instó a dinamizar las relaciones diplomáticas —«el gobierno de Estados Unidos (sugirió) puede representar un importante papel»—, pero simultáneamente urgió a realizar preparativos para una eventual alternativa militar. Hará falta una fuerza naval de superficie muy grande para hacer frente con éxito al contingente argentino.

En Washington, aquella misma mañana, el embajador argentino ante la Casa Blanca, Esteban Takacs, recibió una llamada de su colega norteamericana, Jeanne Kirkpatrick. La diplomática fue directa y le comunicó que ya no existían dudas sobre la inminencia de un operativo argentino sobre el archipiélago. «Yo quedé absolutamente atónito. No tenía la menor información sobre este asunto», confesó más tarde el diplomático. Sin duda había una marcada incomunicación entre Buenos Aires y el exterior, pero también un manejo peligrosamente secreto sobre el tema.

Takacs no sabía nada ese día 1, pero, en cambio, veinticuatro horas antes —tal vez algunas menos— el representante argentino ante la ONU había sido impuesto de la decisión militar. Eduardo Roca habló el 30 de marzo con Costa Méndez por «Carola», sobrenombre que los diplomáticos dan al teléfono para comunicaciones reservadas. Este aparato descompone las palabras en sonidos ininteligibles, los que son recompuestos en el otro extremo de la línea. De todos modos, estos procedimientos son siempre relativos en materia de seguridad y el canciller apeló al lenguaje críptico:

—Eduardo, la fecha de ese acontecimiento la lleva Roberto. Va hacia Bonn, pero le pedí que pase por Nueva York para hablar con vos. Llega mañana allí —anunció Costa Méndez. El mensajero era Roberto Guyer, representante argentino ante el gobierno de Alemania Federal. Roca no pudo resistir la tentación de acotar: «¿Cuál fecha, Canoro, la que estamos esperando desde la época de Vernet?» El representante ante la ONU no quedó, sin embargo, menos preocupado que Takacs y el acontecimiento le pareció tan solemne, tan altisonante, que resolvió dormir muy poco y, a las cuatro y media de la mañana, muy abrigado para combatir el frío intenso, ya caminaba con impaciencia por el hall del aeropuerto John F. Kennedy. Apenas bajó del avión, Guyer le comunicó entonces que el desembarco se haría en la madrugada del 1. Fueron a desayunarse juntos y ninguno de los dos pensó en tomar un solo minuto de descanso.

Takacs, en Washington, recibió una llamada del subsecretario Enders invitándolo a concurrir, a la brevedad posible, al despacho de su jefe, Alexander Haig. El diplomático argentino asintió, tomó su impermeable y, menos de veinte minutos después de haber colgado el receptor, ingresó en la oficina del secretario de Estado. Éste le reiteró la información que, horas antes, le había anticipado la Kirkpatrick, pero además le ofreció la intervención personal del vicepresidente George Bush para actuar como mediador. También le advirtió:

—Usted comprenderá, embajador, la importancia que tiene para mi país la relación con Gran Bretaña. Nosotros no deseamos una alternativa bélica porque quizá no podríamos ser neutrales.

El diplomático argentino regresó con rapidez a la embajada y, antes de convocar a sus agregados militares, hizo un repaso de lo acontecido. Estaba casi en estado de shock y no podía comprender los sucesos que se precipitaban a un ritmo vertiginoso. Sobre todo lo preocupaba la forma en que su gobierno parecía haberlo excluido de todo el proceso. Posteriormente se reunió con el brigadier Ricardo Bonino, el almirante Rubén Franco y el general Miguel Mallea Gil, a quienes hizo un prolijo relato de sus contactos, frente al cual los oficiales parecieron sorprendidos. Al menos ésa fue la reacción que demostraron a medida que las palabras del embajador delineaban la intención de recuperar las Malvinas por medio del uso de la fuerza. A pesar de este recuerdo de Takacs, algunas fuentes cercanas al epicentro de aquellos sucesos sugirieron que, por lo menos uno de los tres agregados, el general Mallea Gil, estaba perfectamente al tanto de los sucesos que se desarrollaban en Buenos Aires, lo que no pudo ser confirmado plenamente.

Takacs resolvió comunicarse con el canciller y, en virtud de lo delicado del mensaje —debía cursar el ofrecimiento de Haig— y la gravedad del momento, optó por hacerlo a través de «Carola». La conversación resultó sugestivamente fugaz:

—Haig me ofreció la mediación de Bush —dijo, a la espera de alguna respuesta más o menos precisa.

—Tomo nota —le respondió lacónicamente Costa Méndez.

Ese mismo 31 de marzo —también lo haría el 1 de abril—, Costa Méndez se reunió con el embajador británico en Argentina, Anthony Williams. El diplomático británico, que siempre pareció actuar como si los acontecimientos lo superaran, esperaba una respuesta argentina al ofrecimiento hecho en Londres al ministro Molteni para el envío de un delegado del gobierno de su majestad. Lo que obtuvo fue la siguiente declaración, suscrita por el canciller:

«Desde el nacimiento de este conflicto, Argentina sufre un desaire de su soberanía.

»Yo considero sin sentido el envío de una persona para examinar los sucesos en las Georgias, ya que Argentina considera resuelto este incidente. De hecho, los trabajadores están llevando a cabo sus tareas en condiciones totalmente legales, sin ninguna violación al acuerdo previamente alcanzado entre nuestros dos países.

»Teniendo en cuenta los antecedentes y el curso de las negociaciones llevadas a cabo desde 1964 hasta hoy, nosotros hubiéramos aceptado el envío del representante propuesto por Gran Bretaña si su tarea hubiera sido la de negociar las formas de transferir la soberanía sobre las islas Malvinas y sus dependencias a la República Argentina, lo cual es en esencia la causa central de las presentes dificultades.

»Yo no puedo omitir el llamar la atención sobre el inusual despliegue británico hacia nuestras aguas anunciado en la prensa internacional, el cual sólo puede ser interpretado como una inaceptable amenaza del uso de la fuerza militar. Ello nos obliga a dirigirnos a la Organización de las Naciones Unidas, donde Argentina hará circular una nota con los antecedentes de este caso.»

Efectivamente, el embajador Eduardo Roca apenas había concluido el trámite de la presentación de la nota, cuando recibió una llamada de la embajadora Kirkpatrick, quien lo invitó a tomar el té en su residencia junto con el representante británico Parsons. Roca y Parsons no se conocían, ya que el argentino llevaba poco menos de una semana en Nueva York. Algunas horas antes de esta llamada, el secretario general de la organización, Javier Pérez de Cuéllar, los había convocado para expresarles su «creciente preocupación por la tensión en el Atlántico Sur», pero cada uno llegó en forma separada y con la suficiente diferencia de tiempo para no cruzarse. Posteriormente, Pérez de Cuéllar hizo una apelación pública a ambos gobiernos.

Roca no respondió al convite de la Kirkpatrick porque, en realidad, no sabía muy bien qué actitud adoptar. El embajador ya había sido informado de que la acción militar había sido postergada en la madrugada del 1 por el temporal que envolvía al archipiélago, pero imaginaba que quizá a esa hora —la media tarde— la flota ya habría comenzado su avance definitivo sobre las islas Malvinas. Las negociaciones estaban, a esa altura, clausuradas y Roca pensó que su encuentro con Parsons podía ser visto con malos ojos en Buenos Aires. Habló entonces con la Kirkpatrick y le explicó que era mejor dejar pendiente el encuentro, aunque aceptó la sugerencia de su colega norteamericana de ir hasta el palacio de Cristal para tomar, siquiera de modo formal, contacto con el británico.

El encuentro tuvo lugar en una salita ubicada a un costado del salón del Consejo de Seguridad. El diálogo fue sumamente breve, y Parsons lo concluyó pidiendo disculpas a su interlocutor.

—Me acaban de avisar de mi oficina que está entrando un extenso cable de Londres. Si usted quiere nos reunimos mañana —dijo el inglés. Nunca pudo concretar su ofrecimiento, ya que el mensaje provino del Foreign and Commonwealth Office y avisaba que había información confiable de que una fuerza de tareas navales argentina se concentraría la mañana siguiente frente a Puerto Stanley.

Parsons recibió la nota, la leyó detenidamente, pero en seguida fue advertido de que en no más de cinco minutos le enviarían otro télex. Este segundo mensaje señalaba que el gobernador británico del archipiélago, Rex Hunt, había hecho arreglos para el despliegue necesario de los royal marines, porque existía la firme presunción de un desembarco argentino. Con este último télex en la mano, el representante británico se dirigió nuevamente al palacio de Cristal, donde tramitó con éxito una convocatoria del Consejo de Seguridad.

Esta sesión —la número 2 345— sirvió a los británicos para ventilar la amenaza argentina. Su resultado fue un mandato del Consejo a su presidente, el zaireño Kamanda wa Kamanda, para que solicitara a las partes en conflicto evitar el uso de la fuerza, gestión que éste llevó a cabo de forma inmediata. La misma marcó el ingreso formal del Consejo de Seguridad en la cuestión y un antecedente valioso que Parsons supo explotar a la hora de introducir el proyecto de resolución que sería aprobado el 3 de abril.

Lord Carrington y John Nott debatían, en tanto, pasada la medianoche londinense, la conveniencia de alistar la flota para enviarla al Atlántico Sur, ante el convencimiento de que los sucesos habían llegado a un punto sin retorno. El ministro de Defensa puso en estado de alerta, sin titubear, a la fuerza de tareas navales reunida en puertos británicos. Sabía que en cuarenta y ocho horas los buques podían iniciar su marcha y también se les podían sumar otras naves que, en esos días, realizaban ejercicios en alta mar.

Pocas horas más tarde se entabló una comunicación, también mediante una línea de télex, entre Londres y Puerto Stanley.

Londres: ¿Qué significan todos esos rumores sobre los argentinos?

Puerto Stanley: Tenemos muchos nuevos amigos.

L: ¿Qué hay de los rumores de invasión?

PS: Ésos son los amigos a los que me refiero.

L: ¿Desembarcaron?

PS: Por supuesto.

L: ¿Están ustedes abiertos para el tráfico?

PS: No hay órdenes todavía, uno debe obedecer órdenes.

L: ¿Órdenes de quién?

PS: Del nuevo gobernador.

L: ¿Argentino?

PS: Sí.

L: ¿Los argentinos están en control?

PS: Sí. No se puede luchar contra miles de soldados, además de un enorme apoyo naval. Sólo somos mil ochocientos. Manténgase en línea, por favor.

En este punto del diálogo, según el informe periodístico, las comunicaciones se cortaron abruptamente.

Los militares argentinos ya dominaban, en aquel momento, los puntos claves de la isla Soledad. La operación se había cumplido casi sin problemas porque el clima tormentoso del día anterior había dejado paso a una jornada serena, con aguas calmas en la bahía que ocupa la capital.

Pese a todas las previsiones argentinas, los isleños habían estado alertados del operativo y habían preparado algunos obstáculos. Por ejemplo, la pista de aterrizaje del aeropuerto estaba cubierta por vehículos atravesados y grandes y pesados trozos de hierro. Las tropas de desembarco tuvieron ese día su primera baja, la del capitán de corbeta Pedro Giachino, muerto al aproximarse a la residencia del gobernador.

El operativo naval se había efectuado dentro de los planes previstos, con la única excepción del tramo final del recorrido. La idea original preveía ingresar en la capital luego de dibujar un gran arco al sur del archipiélago. Pero no hizo falta. Los militares argentinos advirtieron que el factor sorpresa de la maniobra estaba perdido, pues captaron una emisión de Radio Malvinas —conducida por el único periodista insular, Patrick Watts— en la que se advertía sobre el inminente desembarco.

Esa jornada estuvo signada también por un incidente entre los militares argentinos —una inexplicable y absurda disputa entre la aeronáutica y la aviación naval por el control del aeropuerto de las islas— que resultó casi una premonición sobre los problemas que se presentarían durante la guerra. Las fuerzas armadas tienen diferencias doctrinarias y operativas —resultado de la ausencia de una conducción efectivamente centralizada— que rápidamente quedaron en evidencia. Nunca antes había sucedido por la sencilla razón de que Argentina había afrontado su última guerra en el siglo pasado.

En la embajada argentina en Londres, Molteni se comunicó con el gerente del Banco Nación para que diese salida a todo el dinero argentino disponible, antes de que se dictara el inevitable bloqueo. Unos quinientos millones de dólares disponibles se fugaron de inmediato hacia Suiza. El triple de esa cantidad, por razones legales y de plazos convenidos, no pudo ser liberado.

Molteni convocó en seguida a todo el personal de la legación. Quedaban entonces cuatro diplomáticos —Fleming, Jaureguiberry, Iglesias, Salvador—, unos diez oficiales de las fuerzas armadas y cincuenta empleados. El encargado de negocios los reunió a todos en su despacho y, además de imponerlos de la novedad, lanzó una encendida arenga. «Es un día histórico, el más importante de nuestra vida», atinó a definir, ganado como estaba por la emoción. Después de entonar el Himno nacional, el espíritu pragmático volvió a ganar al grupo y, sin pérdida de tiempo, Molteni dispuso la destrucción de todo el archivo de la embajada.

El encargado de negocios no debió improvisar demasiado porque desde que se enteró de la suspensión de los vuelos por el gerente de Aerolíneas Argentinas, había venido elaborando un plan de contingencia para una oportunidad como la que se acababa de presentar. Había formado un grupo de trabajo para seleccionar todos los papeles claves y recolectar los artículos que se publicaban en la prensa británica e, incluso, grabar los programas que se difundían por la radio y la televisión.

Molteni no recurrió a ningún método sofisticado. Sencillamente tomó un viejo tacho guardado en alguna oportunidad en el altillo de la embajada y lo trasladó al patio. En ese recipiente colocó los papeles y, tras rociarlos con alcohol, les prendió fuego. Repitió tres o cuatro veces la operación y pensó que el momento debía quedar registrado. Tomó una pequeña cámara fotográfica e impresionó la escena.

Poco después comenzaron a llegar a la embajada todos los agregados militares, muchos de los cuales quedaron sorprendidos por la premura con que Molteni tomaba decisiones. El diplomático temía que los británicos adoptaran algún tipo de acción organizada contra la sede argentina y los oficiales no compartieron ese criterio. Suponían que todo podía realizarse pausadamente, porque no creyeron que la situación tendría derivaciones tan graves en lo inmediato. Al igual que los miembros de la Junta Militar en Buenos Aires, los agregados no pensaban en la posibilidad de una reacción violenta de Gran Bretaña.

Molteni seguía quemando papeles y escondiendo claves cuando recibió una citación del Foreign Office. Eran las dos de la tarde y debía presentarse tres horas más tarde. De inmediato remitió un télex al palacio San Martín reclamando algún tipo de instrucción. Molteni creyó, desde un primer momento, que Gran Bretaña oficializaría la ruptura de las relaciones, pero temía algo mucho más grave. Algunos días atrás un funcionario amigo del Ministerio del Interior británico le había confesado que la primer ministro consideraba —a raíz del incidente en las Georgias del Sur— la posibilidad de internar a los argentinos residentes allí.

La noticia había trascendido a través de un par de periódicos londinenses en los que se resaltaba el malestar reinante en la administración conservadora, en particular frente a la Armada argentina, porque la fragata misilística ARA Santísima Trinidad —que formó parte del grupo de seis unidades que se acercó amenazadoramente al lugar del incidente— había pasado seis meses en puertos británicos. Los ingleses supusieron entonces que su comandante estaba ya al tanto del episodio que se registraría en las Georgias cuando tuvo a la fragata atracada a muelle británico.

Cargado de temores y dudas, Molteni arribó al Foreign Office, donde lo recibió sir Michael Paliser, subsecretario permanente con atribuciones muy significativas. Molteni no aguardó más de dos minutos, cuando un funcionario lo hizo ingresar en el despacho de Paliser. Apenas hubo un saludo.

—Aquí le entrego la nota formal de ruptura de relaciones. Ustedes han invadido territorio británico —le dijo Paliser.

—Disculpe, nosotros hemos recuperado lo que nos pertenece desde siempre —alcanzó a responder Molteni.

—Eso lo vamos a discutir en las Naciones Unidas y en otros lados… —El británico no pudo ocultar el tono amenazador de su voz.

—Así será… —agregó Molteni, sabiendo que el tenso intercambio de bravatas estaba terminado.

Antes de que concluyera la reunión, Paliser le comunicó que Suiza representaría los intereses británicos en Argentina. Molteni dijo que antes de convenir en esto debía consultar a su gobierno, tras lo cual regresó a su oficina e hizo un nuevo cable para Costa Méndez.

El encargado de negocios ajustó también detalles para una cena que se realizaría esa noche en la embajada —planificada varios días antes del operativo— y a la que asistieron un grupo de amigos argentinos del diplomático. No faltaron los brindis por la novedad, pero todo el encuentro estuvo signado por el miedo. El teléfono sonó insistentemente y voces anónimas anunciaron el inminente estallido de bombas.

No había amanecido aún en Washington cuando Takacs ya estaba compartiendo el desayuno con el agregado militar, general Mallea Gil. Hablaron de las previsiones a tomar porque todo el esfuerzo negociador de la crisis, creían, recaería sobre Estados Unidos. El embajador habló varias veces por teléfono a Nueva York para que Roca lo interiorizara de las alternativas previas a la reunión del Consejo de Seguridad. Sin embargo, ese día 2 estuvo signado en Washington por la vacilación que había generado una cena que Takacs debía ofrecer esa misma noche a la representante Kirkpatrick, quien había cumplido su turno del mes de marzo como presidente del Consejo de Seguridad.

Ocurría que ese día Argentina había retomado la posesión de las Malvinas, desoyendo el consejo del propio presidente Reagan y desafiando, simultáneamente, al principal aliado norteamericano. Con una buena dosis de lógica, Takacs supuso que esa reunión social quedaría en la nada y, resignado, esperó que la homenajeada y los restantes invitados cancelaran su presencia. El diplomático argentino pensaba que el gobierno estadounidense quedaría demasiado comprometido con Argentina si sus miembros concurrían. Toda la tarde hubo conciliábulos en Washington. Las esposas de los diplomáticos y de los funcionarios de la Casa Blanca que iban a asistir intercambiaron llamadas telefónicas para hallar el «guiño» que diera el OK o la negativa. Washington es, en realidad, una especie de corte. La vida social gira allí alrededor del poder.

Hasta Roca consideró la posibilidad de no concurrir, aunque por motivos diversos, y así se lo hizo saber a Takacs: «No me animo a dejar la sede ni siquiera por unas horas. Aquí la cosa se está jugando a fondo y no sé lo que puede pasar», le dijo en uno de los diálogos telefónicos que ambos mantuvieron ese día. Finalmente fue convencido por su colega de la conveniencia de que tomara el shuttle a la capital.

Sin embargo, el optimismo de Takacs creció con el correr de las horas. La Kirkpatrick lo llamó al mediodía y le confirmó su concurrencia, aunque avisó que se retrasaría algunos minutos porque debía asistir a una entrevista con el presidente Reagan. No se lo dijo entonces al argentino, pero la determinación de estar presente había sido «adoptada en el más alto nivel», según surgió luego de los testimonios recogidos durante la investigación de los autores en la capital norteamericana.

La decisión fue, reconoció la Kirkpatrick en una de las entrevistas, «una cuestión difícil y delicada». El interés norteamericano en América Central era grande y Argentina se estaba comportando como un aliado de lujo. La embajadora había puesto énfasis en la necesidad de acentuar la imagen de neutralidad de Estados Unidos, asegurándose el margen para una intervención. «Aunque no lo hubiesen creído, Argentina era muy importante para nosotros», explicó luego.

Inaugurando lo que sería una sucesión invariable de criterios enfrentados con la embajadora en las Naciones Unidas, el secretario de Estado, Haig, aconsejó realizar un boicot a la reunión. De este modo —argumentó—, los británicos y argentinos sabrían de qué lado estaba la solidaridad norteamericana. En el caso de una futura gestión, Londres contabilizaría este antecedente en favor de Washington, y, en cuanto a Buenos Aires, aceptaría una intervención de Estados Unidos de cualquier modo, así que no habría de qué preocuparse. Reagan culminó inclinándose en favor de la tesis de la Kirkpatrick. Varias fuentes consultadas en Washington coincidieron en este punto.

El primero en arribar a la residencia del embajador argentino fue el secretario general de la OEA, Alejandro Orfila. «¿Van a venir?», preguntó preocupado por una presunta deserción en masa, y se sintió aliviado cuando el anfitrión le respondió con un gesto de asentimiento. Instantes después comenzaron a llegar los invitados, que fueron ubicados en mesas redondas, ornadas con pequeños arreglos florales, situadas en el salón del primer piso de la residencia. Además de la agasajada, asistieron Tom Enders, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos; Walter Stoessel, segundo en la línea de mando, después de Haig; Frank Carlucci, subsecretario de Defensa; Charles Meyer, titular del Ejército, y William Middendorf, embajador de Estados Unidos ante la OEA.

Los sucesos en el Atlántico Sur dominaron las conversaciones de esa tensa noche social. Takacs deseaba saber qué haría Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y, aunque consideró inapropiado formular una pregunta directa, trató de estimular a sus invitados norteamericanos para que hicieran alguna alusión. Los intercambios de ideas fueron entrecortados y, de vez en cuando, un silencio embarazoso descendía sobre las mesas. «Fue una cena horrenda», evocó Sonia Adler, editora del Washington Dossier, y una de las invitadas.

La comida —en la que el plato principal fue salmón— resultó escasa. La tensión cristalizó finalmente en las palabras de agradecimiento por el homenaje que pronunció la Kirkpatrick. «Ustedes los argentinos son buenos para casi todo, excepto para gobernarse a sí mismos», deslizó haciendo honor a su fama de incontinencia verbal. En una entrevista posterior con los autores reiteró esta opinión.

La Kirkpatrick aguardó hasta los postres para comunicar a Takacs que su país votaría en favor de Gran Bretaña en el Consejo de Seguridad. Aunque en forma disimulada, el argentino acusó el impacto de la noticia, pero antes de que dijera nada la embajadora ofreció su asistencia personal reiterando lo que había dicho Reagan en su diálogo telefónico con Galtieri. También invitó a Takacs y a Roca, junto con Costa Méndez, quien a esa hora volaba hacia Nueva York, a compartir una cena la noche siguiente. «Los espero mañana en el Waldorf Towers», sería la despedida de la Kirkpatrick.

Por asistir a esta reunión —y a pesar de no haber sido el suyo el único caso de funcionario gubernamental en concurrir— la embajadora norteamericana adquirió un carácter decididamente sospechoso para los británicos que la hicieron blanco de críticas. Sir Nicholas Henderson, el representante de Londres en Washington, dijo a la prensa: «[el gesto de la Kirkpatrick] es como si yo hubiera asistido a una cena en la embajada de Irán el día en que tomaron los rehenes norteamericanos en Teherán».

En Buenos Aires, esa madrugada del día 2 fue una prolongada y nerviosa vigilia. Los diarios no apagaron sus luces y, como en las grandes oportunidades —quizá la última había sido la muerte del papa sonriente, Juan Pablo I—, lanzaron varias ediciones. La certeza del operativo había sido recogida apenas algunas horas antes. La tarde del día anterior, uno de los cronistas de este libro cumplió la obligada recorrida por la cancillería y por el Comando en Jefe de la Armada. A esa hora, en el palacio San Martín se insistía aún en la posibilidad de llegar a un acuerdo diplomático. En realidad ya nadie creía en esa alternativa y sólo el afán profesionalista de Gustavo Figueroa mantenía latente la expectativa.

La sensación recogida en el edificio Libertad fue bien distinta. Sin atreverse a confesar que el operativo era ya irreversible, algunos oficiales dejaron entrever, sin embargo, que una acción militar resultaba factible. Pero la tenacidad en el interrogatorio periodístico es, muchas veces, un método infalible para acercarse a la verdad de los sucesos. El cronista se retiró del Comando en Jefe de la Armada con la impresión de que el desembarco tendría lugar esa misma noche. Pero faltaba la palabra directa, el asentimiento tajante de «una buena fuente» para completar el cuadro. Apenas llegó a la redacción, tomó el teléfono y se comunicó con un capitán de navío con quien lo unía una larga relación personal. «Si el tiempo es bueno, el desembarco se hace esta noche. Lo lamento, pero no vas a poder dormir», le dijo el marino en tono burlón.

En la cancillería, Costa Méndez ni siquiera dejó su despacho para cenar, a pesar de que le disgustaba la perspectiva de comer allí, ya que no existe servicio de cocina y hay que adquirir los alimentos en las inmediaciones. Conclusión: suelen llegar apenas tibios o casi fríos a la mesa. La circunstancia especialísima de aquellas horas sirvió para obviar cualquier problema. Figueroa y otros dos o tres colaboradores permanecieron toda la noche en el primer piso de la cancillería, aguardando las novedades, sobre todo las que provenían de los comandos militares.

Pasadas las 22.30, el cronista fue nuevamente hasta el ministerio, donde los periodistas acreditados también montaban guardia. Detrás de una puerta acortinada y luego de esperarlo cinco minutos, apareció Figueroa, sin saco, con su camisa casi salida del pantalón y un rostro marcado por el cansancio. Tomó de un brazo al visitante y juntos se sentaron en un viejo y deteriorado sillón que hay frente al Salón Dorado.

—¿Empezó el desembarco? —No había muchas cosas para preguntar.

Figueroa no intentó responder, menos aún desmentir nada, y después de mirar el reloj, con resignación le confió: «Y… ya falta muy poco.» El cronista pudo percibir en el embajador una extraña mezcla de entusiasmo y preocupación cuando éste agregó:

—Bueno, nene: vamos a ver qué pasa ahora…

Las primeras ediciones de los diarios, que ese día estuvieron en la calle a las 2 de la mañana, preanunciaron en sus titulares la acción militar, pero —conservadores por naturaleza en situaciones como ésta— ninguno arriesgó afirmaciones contundentes. «Inician la reconquista de las Malvinas», tituló Clarín para, en una edición posterior, ampliar: «Tropas argentinas desembarcaron en las Malvinas.» «Se inician las operaciones en el Sur para respaldar la soberanía nacional», informó con mayor ambigüedad La Nación. En una edición posterior señaló: «Tropas argentinas iniciaron acciones militares en las Malvinas.» Cupo a La Razón la oportunidad de ejercitar en su primera plana el tono apoteótico: «Las Malvinas en manos argentinas. Hoy es un día de gloria.»

Sorpresivamente, los ministros de Galtieri fueron convocados a una reunión para las siete de la mañana. Algunos de ellos llegaron como azorados hasta la Casa de Gobierno con los diarios bajo el brazo. No todos los funcionarios sabían lo que había ocurrido esa madrugada. Lentamente se fue llenando la Sala de Situación, paradójicamente un recinto concebido por Juan Carlos Onganía para la elaboración y debate de supuestos planes estratégicos militares. Allí mismo otro presidente anunciaría el operativo de armas argentino más importante del siglo que no había sido sometido a debate, precisamente.

Media hora después de lo previsto, la entrada de Galtieri terminó con los corrillos y un sonoro «Buenos días, argentinos» sirvió para demostrar el exuberante estado de ánimo del presidente. Galtieri habló de la reconquista, pero sin entrar en detalles. En realidad, los ojos de los ministros se posaron una y otra vez sobre Costa Méndez, sobre quien recayó la responsabilidad de explicar al mundo la audacia de los militares que gobernaban Argentina. Esperaban la palabra del canciller como una suerte de sedante.

Algo era evidente ya entonces. No todos los ministros compartían el optimismo de Galtieri sobre el operativo, aunque todos se guardaron de hacer pública cualquier clase de duda que alentaran en su mente. Galtieri no las hubiese tolerado. Quizá ese estado de tensión impidió recoger de los protagonistas versiones coincidentes sobre lo sucedido. Algunas fuentes consultadas aseguraron que Costa Méndez afirmó al gabinete que la situación argentina en la ONU no era difícil y que se podía contar con el veto de los soviéticos o los chinos. Otros —entre ellos el propio ex canciller— afirman que la tesis fue barajada sólo como una posibilidad no demasiado factible.

Ya a media mañana, la plaza de Mayo comenzó a llenarse de público. No pocos funcionarios recordaron la alegría exitista del mundial de 1978 de fútbol, ya que percibían el mismo vaho gratificante y mágico en el aire. Como por arte de un embrujo bienhechor, el enfrentamiento entre policías y manifestantes del 30 de marzo parecía apenas un lejano recuerdo. Allí estaban todos, policías sonrientes y público disciplinado como en un capítulo de ciencia-ficción. Parte de la concurrencia coreó entusiasmada el nombre de Galtieri y la tentación fue más fuerte que el pudor.

El presidente se asomó a un balcón que parecía más inmenso que nunca y dijo a la multitud que Argentina «aceptará el diálogo después de esta actitud de fuerza». Nadie lo supo entonces, pero la afirmación resultaba tardía. Londres ya había ordenado aprestar su flota para enviarla hasta el Atlántico Sur y en Estados Unidos reinaba la incredulidad. «Yo no creí que lo hicieran», confesó un contrariado Reagan a los cronistas de la Casa Blanca. «¿Argentina invadió qué?», fue la pregunta de los estadounidenses que habían escuchado la información en radio y televisión.

En apenas veinticuatro horas Argentina había introducido una nueva pieza, insólita e inesperada, en el tablero de la política mundial. Pero, tras las primeras horas de asombro, las cosas se fueron ordenando.

El optimismo era moneda corriente ese día. Había confianza en que la inminente batalla diplomática en las Naciones Unidas culminaría con un triunfo argentino.

Por la noche, Galtieri habló a la nación y aseguró, sin rodeos, que Argentina había recuperado las Malvinas «sin tener en cuenta cálculo político alguno». La euforia de aquellas horas sepultó la afirmación. Nadie le prestó atención o nadie la creyó. Y, al menos en lo que hace a la reacción internacional, era patéticamente cierta.

2. NI VETOS NI VOTOS

La primavera ni siquiera se había insinuado aún en la costa este norteamericana cuando Costa Méndez y su equipo de colaboradores arribaron al aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, en la mañana del 3 de abril. El cielo estaba cubierto por el gris plomizo del invierno, anticipando lo que cuarenta y ocho horas después sería la última gran nevada de la temporada. A ninguno de los integrantes de la comitiva argentina se le ocurrió, entonces, asociar el clima con un presagio de los acontecimientos próximos, pero uno de ellos comentaría más tarde, al recordar esas horas: «Las dificultades estaban en el aire.»

En el Sur, las tropas argentinas seguían atravesando su bautismo de fuego en este siglo —contra efectivos extranjeros, claro está— y pocas horas después de que Costa Méndez pisara suelo norteamericano, la Junta Militar hizo público, en Buenos Aires, el comunicado número 12, anunciando que las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, al igual que la Soledad y la Gran Malvina, se encontraban nuevamente bajo soberanía argentina. Esta vez fueron tres las bajas argentinas.

En el aeropuerto aguardaban al canciller un nutrido grupo de diplomáticos argentinos, incluyendo tres embajadores: Roca (ONU), Raúl Quijano (OEA) y Takacs (Estados Unidos). Además, signo claro de cómo el operativo del 2 de abril alteró las reglas del juego, también recibieron a la delegación argentina un enjambre de periodistas norteamericanos y británicos. En otras condiciones, las cadenas de televisión difícilmente hubieran enviado sus equipos hasta el aeropuerto para cubrir el arribo de un funcionario argentino —la visita del entonces presidente Jorge Rafael Videla para asistir a la firma de los tratados del canal de Panamá en 1977, por ejemplo, pasó poco menos que inadvertida para la prensa norteamericana—, pero esta vez las cosas resultaban enteramente distintas.

Argentina había alcanzado las primeras planas de los diarios del orbe y los mejores espacios en los noticieros de televisión, dudoso privilegio que sólo cedió, al promediar el conflicto, a la incursión de Israel en el Líbano. Las noticias provenientes de las islas Malvinas —hasta entonces uno de los lugares menos conocidos del planeta— oscurecieron hasta las crisis internacionales más notorias, entre ellas, la centroamericana.

Apenas la tensión mantenía alerta al canciller, literalmente agobiado por el cansancio que se acumulaba sin darle tregua y, en esos instantes, por la «resaca» que invariablemente dejan las casi doce horas de vuelo que emplean los Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas para cubrir el trayecto Buenos Aires-Nueva York. Mientras defendía la causa argentina ante los micrófonos norteamericanos, Costa Méndez hizo notas mentales para la conversación que pensaba mantener con su amigo de la infancia y, ahora, representante permanente ante las Naciones Unidas, Eduardo Roca. Las preguntas más importantes deberían ser formuladas durante el viaje hasta el exclusivo United Nations Plaza Hotel, en el que se alojó la delegación. No sólo resultaba preciso adelantar el trabajo —era inminente una reunión con los embajadores del grupo de países no alineados e, inmediatamente después, debía sentarse a la mesa circular del Consejo de Seguridad—, sino que eran pocas las oportunidades de mantener diálogos reservados a prueba de «filtraciones».

Había que acostumbrarse a convivir con la posibilidad de que los llamados «oídos metálicos» estuviesen permanentemente sintonizados a las palabras argentinas. Ni los cuartos del United Nations Plaza Hotel, ni las oficinas de la misión argentina ante la ONU —ubicadas en el piso 25 del mismo edificio— eran seguros y todos lo sabían. El alojamiento, porque podía tener micrófonos instalados por la inteligencia norteamericana y, aunque esto era menos probable en el caso de la embajada, los argentinos siempre trabajaron pensando que una onda portadora, dirigida con equipos instalados en algún edificio vecino, «monitoreaba» las conversaciones que tenían lugar en el interior de la sede diplomática.

En muchas oportunidades, incluso en sus contactos con los periodistas argentinos, los enviados de Buenos Aires hablaron en voz alta de algún tema intrascendente mientras escribían y hacían circular papeles con mensajes de contenido más delicado.

O bien, salían a caminar una o dos cuadras por la Primera Avenida en busca de la privacidad que, paradójicamente, sólo podía ofrecerles la vía pública. Eran ésos los momentos en los cuales la fantasía que se asocia con las novelas de espionaje se convertía en acechanza cotidiana.

Costa Méndez intercambió los saludos de rigor y subió, junto a Roca y Figueroa, a la negra y lujosa limusina que se había encargado de alquilar la misión para su estadía. El representante argentino ante la ONU estaba más que preocupado. El Consejo de Seguridad se encontraba en sesión continua desde hacía más de veinticuatro horas, convocado a pedido del embajador británico, sir Anthony Parsons, apenas tuvo confirmación del desembarco argentino en Puerto Stanley. Además, el representante de la Corona había introducido ya como documento de la sesión el proyecto que se convirtió luego, casi sin ninguna modificación, en la resolución 502.

En realidad, arrancar al Consejo la mínima concesión de postergar la votación hasta que arribara el ministro argentino había demandado numerosos esfuerzos a Roca y a sus colaboradores y a los miembros de la misión de Panamá —único estado latinoamericano con asiento en el Consejo—, país que de este modo comenzó a ejercitar una solidaridad militante e inalterable con la causa argentina.

Como si esta acumulación de indicios adversos fuera poco, los últimos sondeos realizados por los diplomáticos argentinos entre sus colegas de las restantes delegaciones arrojaron un saldo desolador: los británicos se hallaban cada vez más cerca de obtener los nueve votos necesarios para que fuera aprobada la resolución, gracias a la celeridad que Parsons imprimió a las negociaciones con los representantes de los países del Consejo, en particular con aquellos que eran miembros del grupo no alineado. La crisis «golpeó al Consejo como un rayo del cielo», recordaría luego el representante británico, quien no perdió tiempo en reaccionar.

En honor a la verdad, las «movidas» del representante británico en la ONU fueron un ejemplo de habilidad diplomática. Su colega, el argentino Esteban Roca, no pudo hacer nada frente a los pasos firmes y efectivos de su contrincante.

En la noche del 2 de abril, el embajador Roca comenzó a vivir lo que luego memoraría como una «falsa euforia» a la que fue inducido por el embajador de Jordania, Hazem Nuseibeh, quien le aseguró que «Gran Bretaña no logrará los votos necesarios».

Por la mañana, las primeras informaciones de sus ayudantes trajeron a Roca a la realidad y perfilaron para siempre el despectivo recuerdo que guardaría de su colega jordano. «Es un chanta, un improvisado», dijo categórico desde entonces, cada vez que se refirió a Nuseibeh.

Lo real es que Roca aún no se había repuesto de los efectos de un «espejismo» anterior, esta vez inducido por la representante norteamericana Jeanne Kirkpatrick, quien —al ser sondeada por el argentino el mismo día en que éste arribó a Nueva York— le dio su pronóstico de que era «imposible que Gran Bretaña traiga la cuestión de una crisis en las Malvinas a las Naciones Unidas».

Roca había arribado aquel 24 de marzo cargado de anticipación y encontró que sus colaboradores más cercanos, los ministros Néstor Martínez y Jorge Herrera Vegas, habían extremado hasta la incomodidad su celo al cumplir con las últimas instrucciones que les transmitiera por teléfono antes de dejar Buenos Aires. No sólo habían obtenido las audiencias que les solicitara —la primera para acreditarse ante la ONU y la restante con la Kirkpatrick—, sino que ambas debían tener lugar en las próximas tres horas.

Molesto por las implicaciones de esta apretada agenda —hombre en extremo atildado, ni siquiera pudo cambiarse la camisa que había utilizado en el viaje—, comenzó a ordenar con sus colaboradores los temas que desarrollaría con la Kirkpatrick. Martínez y Herrera Vegas se sorprendieron por el énfasis que su recién llegado jefe ponía en la cuestión de las islas Malvinas, pero, claro está, ninguno de ellos sabía de la confesión de Galtieri a Roca. Para los delegados argentinos ante las Naciones Unidas, lo urgente era la posibilidad de que el comandante Daniel Ortega Saavedra se descolgara con una denuncia pública ese mismo día, ante el Consejo de Seguridad, sobre la participación militar clandestina de Buenos Aires en América Central.

Roca dudaba sobre la sabiduría de colocar el problema del Atlántico Sur en el primer punto del temario. ¿Traicionaría con esa impaciencia el contenido real de su preocupación, que tenía la obligación de disimular frente a la norteamericana? Finalmente —recordando los excelentes vínculos forjados con ella y otros prominentes miembros de la derecha estadounidense desde que coincidieron, en 1979, en el seminario organizado por el empresario Raúl Piñero Pacheco—, optó por estirar el margen de sinceridad hasta donde la seguridad lo permitiera.

Así, exactamente al marcar el reloj el mediodía neoyorquino, diez días antes de concretarse la ocupación de las islas, Roca ingresó en el despacho de su amiga y colega. Sin perder más que los minutos necesarios en las formalidades y en los inevitables comentarios triviales, el embajador argentino llevó la conversación al tema que le causaba, a un mismo tiempo, excitación y desasosiego.

—Los británicos —le dijo Roca a Kirkpatrick— están haciendo del incidente en Georgia, que es de envergadura doméstica, algo de dimensión internacional, y esto es un despropósito.

Roca encontró en la diplomática norteamericana un interlocutor renuente para su planteo. En un par de oportunidades debió hacer un esfuerzo para que ella no desviara el curso del diálogo al problema centroamericano o al del grupo no alineado. Finalmente, y ante la insistencia del argentino, la Kirkpatrick accedió a solicitar un mapa del Atlántico Sur a su secretaria para que aquél le graficara alguna de sus expresiones.

—Nosotros —comentó luego la embajadora, aludiendo a su gobierno— vemos esto como un problema entre argentinos e ingleses y no creemos que Estados Unidos deba intervenir. —Era nuevamente el hands off norteamericano.

Sin embargo, Roca no quedó satisfecho por una referencia tan genérica y ambigua; él había venido en busca de elementos de juicio y, por lo tanto, insistió ensayando la hipótesis de la escalada del incidente.

—En todo caso —arriesgó entonces la Kirkpatrick— es imposible que Gran Bretaña traiga la cuestión de una crisis en las Malvinas a las Naciones Unidas. Aquí todos saben por dónde se entra, pero nadie sabe por dónde se sale en estos asuntos; los británicos desconfían, y con razón, de las Naciones Unidas. —Con esto dio por concluido el tema y pasó a la cuestión centroamericana.

Roca estimó que tal predicción era precisamente lo que había estado buscando y, aunque lo aquejó la sospecha —nunca esclarecida, por cierto— de que su amiga escondió algunos ases en la manga, dejó que el diálogo fluyera dócil en el sentido deseado por su anfitriona. ¿Acaso no había escondido también él la decisión de la Junta Militar? La diplomacia —pensó— es en alguna medida un juego de naipes entre fulleros y desagradable cuando, como en esta oportunidad, había que ejercitarlo entre amigos. Pero, en definitiva, ésas eran las reglas.

Antes de concluir la jornada, Roca había despachado un cable cifrado con un pomposo encabezamiento («Para conocimiento exclusivo de SE el señor canciller») consignando y comentando las afirmaciones de la Kirkpatrick. Después de todo, ¿no era el de las islas Malvinas un problema colonial? ¿Por qué traerlo entonces a un foro internacional donde el término imperialismo y todos sus derivados tenían el valor de un insulto?

Días después, encontraría más de un motivo para lamentar el contenido de ese mensaje.

El 3 de abril de 1982, Costa Méndez era informado sobre los últimos acontecimientos mientras el auto cubría el trayecto entre el aeropuerto y el hotel. A la misma hora, Parsons se encargaba de probar que era posible para Londres defender su causa ante la ONU, echando por tierra los vaticinios de Roca. En aquellos instantes, el canciller y sus asistentes coincidieron en que la reunión que debía mantener con los embajadores de los países no alineados —el así llamado «Caucus No Alineado»— antes de la votación sería de importancia vital para el curso de los acontecimientos.

Obviamente, también habría que continuar trabajando sobre la posibilidad de obtener un veto soviético o chino a la iniciativa británica, pero, después de las gestiones hechas en Buenos Aires por Costa Méndez, y en Moscú y Pekín por los embajadores argentinos, ésta era realmente remota. El mismo día del desembarco, luego de dos reuniones con el embajador soviético en Buenos Aires, Moscú contestó que «se dará toda consideración al caso argentino». A un diplomático avezado como Costa Méndez no podía escapársele que el mensaje no garantizaba ningún tipo de apoyo.

Estaba además el proyecto de resolución panameño, pero sus posibilidades eran mínimas, sesgado como estaba su contenido para que coincidiera con los intereses argentinos.

Ya en el United Nations Plaza Hotel, Costa Méndez escuchó también los informes y opiniones de Takacs y Quijano. El primero —un hombre que contaba con indisimuladas simpatías en muchos niveles de la administración Reagan y, particularmente, del Departamento de Estado— actualizó al canciller sobre los últimos signos de preocupación que se registraron en Washington y todos coincidieron en que éstos, quizá en pocas horas más, darían lugar a un gesto concreto.

Esta última posibilidad era la que, en lo más íntimo, seducía a Costa Méndez. Su análisis previo al operativo militar indicaba que Estados Unidos se comportaría según su rol de «potencia hegemónica», interponiéndose para evitar un enfrentamiento. Era el argumento tomado de algunas lecciones de la historia contemporánea como la que dejó la crisis de Suez en la década de 1950.

Quijano, el profesional embajador argentino ante la OEA, recordó la oposición y las críticas al proyecto del gobierno militar expresadas a Costa Méndez en Buenos Aires («¡Sería una locura!», había dicho Quijano en marzo cuando el canciller le mencionó la hipotética posibilidad de un desembarco), y limitó su papel al de un asesoramiento técnico que brindaba sólo cuando le era requerido. Después aseguraría que le costó disimular su pesimismo.

El descanso le fue negado, ése como tantos otros de los días siguientes, a Costa Méndez. Descendió los treinta pisos que separaban su suite de la calle y, a través del hall que las conectaba con el hotel, se dirigió primero a las oficinas de la misión y luego al palacio de Cristal.

Para ingresar físicamente en el mundo multinacional de las Naciones Unidas desde el United Nations Plaza Hotel, basta con cruzar la Primera Avenida, pero los convencionalismos de la diplomacia resultan algunas veces agobiantes. Costa Méndez volvió a subir resignado a la limusina que lo transportó a través de los escasos ciento cincuenta metros que lo separaban de la entrada. Así, se supone, deben llegar los dignatarios.

Era paradójico que fuera Costa Méndez, un sofisticado intelectual que nunca había hecho un secreto de sus irreductibles preferencias intelectuales por el Occidente, ni del rechazo visceral que le causaba toda corriente «tercerista», quien asumiera la misión de intentar ganar consenso para la causa anticolonialista argentina en el foro no alineado. No fue sólo paradójico; también resultó desgarrante.

Muchos de los embajadores que escucharon a Costa Méndez esa tarde sabían de las islas Malvinas apenas lo leído en las últimas ediciones de The New York Times, o lo escuchado en los noticieros televisivos, o visto como referencias en los cables de sus cancillerías. Pero todos estaban perfectamente enterados de las violaciones a los derechos humanos, de los vínculos «especiales» que unían a Argentina con Sudáfrica, de los militares argentinos que asistían a la represión en Guatemala, Honduras y El Salvador y de las posiciones que asumía Buenos Aires en los problemas de Medio Oriente, casi siempre favorables a Israel. Es más: tenían perfectamente en claro la renuencia del régimen militar a respaldar en los foros internacionales causas anticolonialistas como la que, precisamente ahora, venía a defender su ministro de Relaciones Exteriores.

Más aún, algunos recordaron —al ingresar Costa Méndez en el recinto— que éste era el mismo hombre que había dicho «Argentina no pertenece al Tercer Mundo», así como muchos suponían que el nuevo embajador que había enviado a las Naciones Unidas, Roca, traía la misión de preparar las condiciones para el retiro de Argentina del Movimiento de Países No Alineados, del que era miembro pleno desde 1973.

Roca niega hoy que ésas hubiesen sido sus instrucciones, pero concede, en cambio, que había recibido el encargo de su amigo, el canciller, de «observar atentamente la evolución del Movimiento». Ambos coincidían en que éste era «un altar al que periódicamente había que llegar con ofrendas, sin que éstas dejaran muchas veces réditos concretos». En todo caso, convinieron, habría un período de observación de un año y en el mismo Roca debía verificar la posibilidad de cooperar con los países miembros más moderados, la India y Yugoslavia entre ellos.

En estos casos, sin embargo, la percepción que los protagonistas tienen de la realidad suele ser mucho más fuerte que la realidad misma. Y la percepción que los embajadores no alineados tenían de Costa Méndez y del gobierno que representaba era decididamente mala.

Un inteligente diplomático ugandés daría, semanas después, a los autores la siguiente descripción: «Costa Méndez era un hombre que venía a un lugar en el que no creía, a decir cosas en las que no creía, y nosotros, sus interlocutores, tampoco le creíamos.»

Esa relación mejoró luego con el correr de los días, en la misma medida en que se transformaron la posición del gobierno militar argentino —abandonado por el Occidente al que tanto admiraba— y la del propio Costa Méndez, quien, asegura ahora, mutó muchas de sus convicciones y enfoques.

—Había algunas cosas que entonces no veía o no quería ver —reflexionó ante los autores en una oportunidad—, pero eso cambió. Si el canciller de un país en guerra no es transformado, ¿quién lo va a ser?

La alocución de Costa Méndez fue desafortunada. Urgido por las circunstancias, puso más énfasis en lo que consideraba debería ser el comportamiento de los no alineados —lo que equivalía a darles una lección sobre cómo votar—, que en detallar los méritos de la causa argentina. Por último, no se mostró predispuesto a contestar preguntas.

—La reunión fue mala —afirmó Roca.

Costa Méndez encontró, al final de su alocución, que el único que asentía con la cabeza era el delegado panameño.

De todos modos, las preguntas que pudieran haberse formulado hubiesen significado momentos difíciles de superar airosamente, ya que no pocas se habrían referido al uso unilateral de la fuerza por parte de Argentina.

A pesar de que el sistema internacional, según está deliberadamente concebido, reserva en los hechos el derecho de emplear la fuerza sólo a sus miembros poderosos, los países pequeños suelen ser decididamente reacios a dejar que se sienten precedentes contrarios a la renuncia expresa al empleo de la violencia que hacen todos los Estados que se adhieren a la Carta de las Naciones Unidas.

—Para algunos, convalidar iniciativas como la de Argentina con las Malvinas hubiese equivalido a hipotecar su propio destino. ¿Qué decir de Guayana y de su disputa con Venezuela por el Esequibo? —comentó más tarde un diplomático francés.

Roca recuerda que todos, incluyendo a Costa Méndez, emergieron de la reunión con los no alineados aquejados por un nuevo sentido de urgencia. La actitud de los miembros del «Caucus» había oscilado entre la indiferencia y la hostilidad, y no se podía esperar que prosperase una nueva postergación de la votación. Esto último lo había venido intentando infructuosamente el canciller de Panamá, Javier Illueca, quien se puso directamente al frente de su delegación. El único resultado de sus afanosas gestiones había sido la inclusión en el texto del proyecto británico de las palabras «islas Malvinas» a continuación de cada referencia a las «Falkland Islands». Nada más que eso.

El escenario del drama en las Naciones Unidas estaba completo. De los protagonistas principales sólo estuvo ausente la embajadora Kirkpatrick, reemplazada en la ocasión por su alterno, Charles Lichenstein, a quien todos apodaron el «Woody Allen de las Naciones Unidas», por su semejanza física con el actor. Esta ausencia a la hora de la votación sólo sirvió para aumentar el volumen de las críticas contra la diplomática norteamericana —sospechada de pro argentina por los británicos— y la antipatía que luego le guardaría Parsons.

Previo a la votación, cuando los argentinos consultaron al representante de la URSS si vetaría el proyecto británico, éste puso los ojos en blanco.

—No puedo decidirlo ya —dijo Oleg Troianovsky—. Y ahora en Moscú son las dos de la mañana. —Nadie creyó que la cancillería soviética estuviese incomunicada a esa hora. Las dudas de Troianovsky fueron un presagio.

En ese mismo momento, un asistente de Parsons, Hamilton Whyte, apostó una botella de whisky a un colega norteamericano: «Los rusos no vetarían el proyecto», se jugó el británico. La votación posterior le dio la razón.

El Consejo de Seguridad —organismo ejecutivo específicamente concebido para velar por la paz internacional— tiene quince miembros, de los cuales cinco son permanentes (Estados Unidos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Popular China, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), cualquiera de los cuales puede, con su voto negativo, condenar al fracaso un proyecto de resolución. Los restantes diez miembros son escogidos para cumplir turnos de dos años y, en abril de 1982, el Consejo se completaba con Polonia, España, Panamá, Japón, Togo, Jordania, Uganda, Zaire, Irlanda y Guyana.

Para que una resolución como la que los británicos aspiraban a lograr fuese mandatoria, debía contar con dos tercios de los votos. Y luego de un debate relativamente breve, según la tradición del organismo, la votación confirmó los pronósticos de Parsons: el texto preparado por el abogado David Anderson resultó aprobado por diez votos a favor (Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Francia, Irlanda, Togo, Jordania, Uganda, Guyana y Zaire), cuatro abstenciones (URSS, China, Polonia y España) y apenas una oposición (Panamá).

Dos últimas —casi desesperadas— maniobras de los panameños habían concluido previamente en otros tantos fracasos. Illueca pidió primero una nueva prórroga de dos horas para que el Consejo pudiera considerar el texto de un nuevo proyecto de alternativa; esta propuesta fue derrotada en un voto procesal porque no pudo obtener los dos tercios. Luego, el panameño intentó privar a Parsons de su voto declarando que, de acuerdo con el artículo 27 (3) de la Carta, «en decisiones bajo el Capítulo VI (arreglo pacífico de controversias), una parte de la disputa —en este caso Gran Bretaña— deberá abstenerse de votar». Parsons contraatacó argumentando que la resolución había sido propuesta según el Capítulo VII (acciones en relación con amenazas a la paz), posición en la que fue respaldado por el español Jaime de Piñés, a quien todos respetaban como un experto en los vericuetos de la Carta y el reglamento provisional del Consejo. Illueca desistió en esta oportunidad de reclamar un nuevo voto procesal.

La resolución 502 estableció: «El Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta la declaración hecha por el presidente del Consejo de Seguridad en la reunión 2 345 del Consejo de Seguridad el 2 de abril de 1982, exhortando a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que se abstuvieran de usar la fuerza o amenazar con la fuerza en la región de las islas Falkland (islas Malvinas),

«Profundamente perturbado por los informes de una invasión el 2 de abril por las fuerzas armadas de Argentina,

«Determinando que existe una brecha en la paz de la región de las islas Falkland (islas Malvinas),

»1. Demanda un inmediato cese de las hostilidades.

»2. Demanda un inmediato retiro de todas las fuerzas argentinas de las islas Falkland (islas Malvinas).

»3. Exhorta a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido a buscar una solución diplomática a sus diferencias y a respetar integralmente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.»

Previsiblemente, Costa Méndez se apresuró a rechazar los términos de la resolución. Esta posición variaría luego, cuando Argentina declaró estar dispuesta a aceptar el mandato «en su integridad», afirmando objetar tan sólo la interpretación británica de la misma. Sin embargo, la derrota diplomática y la secuencia que había conducido a la misma eran obvias:

—La teoría de la operación militar como «hecho consumado» quedó invalidada cuando, el 1 de abril, el presidente del Consejo de Seguridad, Kamanda, convocó por separado a Parsons y a Roca para solicitarles de sus gobiernos que ejercieran moderación.

—Este precedente sirvió luego a los ingleses para fundamentar el proyecto de la resolución 502, la que no hesitaron en presentar a la consideración del Consejo de Seguridad, contrariamente a los pronósticos recogidos por Roca.

—Con la aprobación de la resolución, los británicos —que la consideran hoy como «un clásico menor de la diplomacia inglesa de posguerra»— obtuvieron algo más que un mandato desoído por los argentinos. Al demandar a las partes que respetaran integralmente «los propósitos y principios de la Carta», dieron a Londres el margen necesario para pretender introducir el principio de autodeterminación de los isleños en cualquier negociación futura y, además, le permitieron apelar al artículo 51 de la Carta; es decir, «el derecho inherente de autodefensa individual y colectiva si ocurre un ataque armado… hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad». Sobre este «derecho» regresaría una y otra vez la Thatcher, para fundamentar el envío de la fuerza de tareas a las islas Malvinas. Este triunfo motivó la siguiente conclusión de un editorialista de The Washington Post: «Gran Bretaña es una potencia de décima, pero con una diplomacia de primera.»

Para Parsons y los suyos, no tardaron en llegar las felicitaciones de Londres y de colegas de otros países. Alguien encontró en una heladera de la misión británica en la ONU varias botellas de champaña que fueron descorchadas entre sonrisas y vítores.

La aprobación de la resolución 502 era una dolorosa realidad. El asistente de Parsons, Hamilton Whyte, se había ganado en buena ley su botella de scotch.

3. MISIÓN HAIG. I.
EL «SINDROME DE IRÁN»

Aún era demasiado temprano como para que lo supieran, pero aquel 4 de abril de 1982 los diplomáticos argentinos, encabezados por Costa Méndez, acaso intuyeron algo tras la derrota para la causa nacional que significó la aprobación de la resolución 502 en la ONU. Por lo menos debió de haber sido el primer síntoma de peso de que la prometedora —aunque precaria— «relación especial» argentino-norteamericana había comenzado a derrumbarse estrepitosamente tras la decisión argentina de recuperar las islas.

Apenas algunos funcionarios de la administración Reagan intentaban apuntalarla. Figura principal de ese grupo fue la embajadora ante la ONU, Jeanne Kirkpatrick, a la que el presidente prestaba atención. Vernon Walters y Thomas Enders también podían ser incluidos dentro de ese reducido grupo; abogaban por la neutralidad norteamericana en decidida oposición con los «atlantistas» del Departamento de Estado, encabezados por Alexander Haig. Estos últimos no reconocían otra prioridad para la política exterior norteamericana que la que fijaba la causa británica.

La primera reunión realizada en Washington tras la ocupación del archipiélago certificó la abrumadora mayoría de la corriente «atlantista». Hay indicios de que la Kirkpatrick luchó insistentemente por lograr una abstención de Estados Unidos en la ONU o, por lo menos, la postergación de la votación.

Una fuente diplomática estadounidense confesó a estos cronistas que, en esa reunión, el término «relación especial» fue reiteradamente aplicado, pero —al revés del sueño dorado de los militares argentinos— para referirse al vínculo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue una prueba más de la incomprensión de la realidad internacional que ostentaron los uniformados de Buenos Aires.

Con su habitual estilo descarnado, Haig llegó a calificar a los militares argentinos en esa reunión como «esbirros locos de poder» («power mad thugs») y no ocultó su furia por la desconsideración de Galtieri en el diálogo telefónico con Reagan.

Los defensores de la neutralidad se enfrentaron con una serie de irrebatibles argumentos que no dejaban otra opción al gobierno de Reagan que apoyar al de Gran Bretaña. Entre otros, se mencionaron la importancia de conservar a la primer ministro Margaret Thatcher como la aliada personal más valiosa de Reagan, tanto en lo personal como en lo ideológico (Estados Unidos no podía darse el lujo de dejar caer a la Thatcher, elemento clave en la alianza atlántica); la fuerte presión ejercida por los británicos sobre los habitantes de la Casa Blanca para lograr el apoyo a la causa británica; la sensación de culpa estadounidense de no repetir el episodio de Suez, cuando el ex presidente Eisenhower humilló a Gran Bretaña; el historial del mismo gobierno argentino que, para los dirigentes norteamericanos, no podía ser caracterizado de otra forma que de «régimen totalitario» (mucho más después de la toma de Malvinas, una «clara aventura expansionista»); y, por último, el comportamiento de la prensa norteamericana, que condenó desde el inicio mismo la decisión argentina argumentando la «solidaridad de dos democracias anglosajonas» enfrentadas a un régimen militar de deplorable reputación internacional al que, por lo menos, le cabía el calificativo de «fascista».

Un diplomático argentino —que servía por entonces en Norteamérica— trazó en una conversación íntima con los cronistas de este libro el siguiente panorama: «No importa cómo nos sintamos nosotros. Lo cierto es que el operativo Malvinas es, a los ojos de la opinión pública mundial, coherente con “la historia negra" de Argentina y no con sus mejores tradiciones. Para esta opinión, el haber apelado al uso de la fuerza en un problema de relaciones internacionales, mientras había una negociación en marcha, es coherente con la historia de la represión de sus dictaduras, con la violación del principio de no intervención al incursionar clandestinamente en Honduras, El Salvador o Bolivia. Desmentir ese análisis va a ser, si no difícil, imposible.»

Los «neutralistas» —calificación a la que aludió la misma embajadora Kirkpatrick en su charla con estos cronistas— ayudaron, sin embargo, a que Washington intentara una mediación en el conflicto, a pesar de la advertencia británica: «No esperamos otra cosa que una rápida, explícita y completa solidaridad de parte de Estados Unidos.» A través de varios canales, también Gran Bretaña hizo saber que no vería con buenos ojos una gestión norteamericana mediadora.

En su segunda jornada en Washington, Costa Méndez creyó avizorar algún indicio positivo tras las noticias que le llegaron de Buenos Aires. Allí, el embajador Harry Shlaudeman se había reunido con el vicecanciller Ros y ambos hablaron sobre una —aún hipotética— asistencia norteamericana a las partes enfrentadas. Con esos informes, el canciller argentino y sus asistentes elaboraron un «borrador» en el que se especulaba con la posibilidad de un acatamiento argentino a la 502 a través de un retiro de tropas, a cambio del envío a las islas de una fuerza de «cascos azules» (las tropas de la ONU) y del establecimiento de una administración transitoria de las Naciones Unidas.

Dos temas monopolizaron la preocupación del canciller el 4 de abril: el discurso que al día siguiente debía pronunciar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y la postergada cena que compartiría esa noche con la Kirkpatrick. En el primero trabajó junto a los embajadores Quijano, Figueroa y Erhart del Campo —este último redactor habitual de las exposiciones del ministro—, cuidando de que el mismo tradujese, además de un alegato en favor de la causa emprendida, la predisposición negociadora de Argentina. El mensaje estaba destinado no sólo al auditorio americano, sino al de la opinión pública internacional en general; pero, en particular, a los oídos oficiales de Washington.

En las últimas horas de la tarde, desafiando la inclemente temperatura, Costa Méndez y sus principales colaboradores se trasladaron al edificio Waldorf Towers —ubicado en el sector este de Manhattan—, donde tiene su residencia el embajador norteamericano ante la ONU. En rigor, la Kirkpatrick vivía —junto a su familia— en un suburbio de Washington, pero se alojaba en ese departamento cada vez que sus compromisos le impedían regresar a la capital y también allí cumplía buena parte de la vida social que le imponía su función.

Sobre esta reunión, los testimonios de quienes participaron no coinciden completamente. Para Costa Méndez fue un encuentro importante, porque se barajaron algunas hipótesis en que podría plasmarse una «asistencia norteamericana» y porque sirvió para reiterar ante la colaboradora de confianza de Reagan la disposición argentina a recibir asistencia para entablar alguna negociación con Gran Bretaña.

Roca, en cambio, recordó el encuentro como una «velada sombría» en la que la Kirkpatrick eludió cualquier definición sobre el resultado adverso en la sede de la ONU y deslizó un vago compromiso de que seguiría luchando ante Reagan para facilitar el camino de la negociación.

Al día siguiente, Costa Méndez y su delegación se trasladaron a Washington, donde aquél debía exponer ante el Consejo Permanente de la OEA, cuya convocatoria había solicitado formalmente. Su mensaje a los embajadores americanos —como todas las acciones oficiales argentinas de ese día— fue una cuidadosa mezcla de elementos de presión y de conciliación, cuyo objetivo más importante y no explícito era impactar el ánimo del gobierno estadounidense.

El canciller habló de la aspiración de su país de hallar «una solución honorable», a la que buscaría llegar «por el camino de los arreglos decorosos y pacíficos». Pero también denunció la «amenaza a la seguridad continental» que representaba «la presencia colonial británica» y sugirió que quizá pronto podría llegar la hora de poner a prueba al TIAR. En Buenos Aires, simultáneamente, Ros recibió al embajador soviético Striganov, quien reiteró la intención soviética de «seguir de cerca la evolución del conflicto de las Malvinas».

Al concluir su discurso, Costa Méndez recibió felicitaciones de varios de los embajadores acreditados ante ese foro. Con la misma intención se acercó el representante norteamericano, William Middendorf, quien sugirió cortésmente la conveniencia de que expusiera los mismos puntos ante el secretario de Estado. El argentino —presintiendo que las circunstancias se inclinaban en favor de sus previsiones— agradeció su consejo, pero, casi al descuido, mencionó que debía regresar esa misma tarde a Nueva York. La iniciativa norteamericana debía ser clara para poder aceptarla.

Ese día, la cuestión quedó sellada luego de que en una reunión del Grupo de Trabajo para Situaciones Especiales se decidiera recomendar a Reagan que la cooperación argentina en materia de «seguridad hemisférica» y el futuro de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, bien valían un esfuerzo diplomático. Haig decidió cabalgar sobre los acontecimientos y —con su habitual ambición de protagonismo— se propuso como el hombre adecuado para sondear en firme a las partes. Si la iniciativa cuajaba, la responsabilidad era suya y, con ella, la posibilidad de un triunfo que sería tanto del gobierno de Reagan como personal.

Poco después de este encuentro, en su habitual reunión informativa de la tarde, el portavoz de la Casa Blanca ofreció formalmente los «buenos oficios» norteamericanos para asistir a las partes en conflicto. Además, en una improvisada reunión de prensa celebrada en el despacho de Reagan, éste exhortó a ambos gobiernos —calificándolos de «aliados» por igual—, a hallar una solución pacífica y declaró estar preparado para asumir el papel de un «honesto mediador». Costa Méndez contabilizó estos indicios, pero, con la frialdad de un jugador de póquer, partió igualmente a Nueva York.

Su estado de ánimo frente al curso de los acontecimientos conoció sucesivamente alturas y profundidades aquel lunes. Ya en la misión argentina ante la ONU, el canciller se comunicó con su reemplazante formal en el palacio San Martín, el general Saint Jean. Ambos dialogaron extensamente, intercambiando novedades, pero en un momento la conversación sufrió un auténtico «cortocircuito».

El ministro del Interior le relató entusiasmado los resultados de su último encuentro con los dirigentes políticos, quienes habían decidido concurrir en bloque a la asunción de Menéndez como gobernador de las islas Malvinas. «El presidente está entusiasmado con la decisión de los políticos», le dijo Saint Jean.

Según lo recuerda hoy, Costa Méndez, al colgar el teléfono, comenzó a presentir que lo que él juzgaba como la intención original de la recuperación había comenzado a transformarse en algo distinto. Pronto podría confirmar sus temores.

Insistió ante Galtieri, quien estaba sumamente molesto por la derrota en el Consejo de Seguridad. El presidente fue concreto: «Los planes originales han sido modificados.» El canciller no alcanzó a comprender con exactitud el alcance de las palabras de Galtieri. Pero esos cambios —primeros resultados del multitudinario apoyo popular a la recuperación de las islas, que deslumbró al comandante-presidente— no sólo fueron cuestión de palabra: una página de la Directiva Estratégica Militar que dio origen al operativo resultó reemplazada en esos mismos días.

Costa Méndez enfrentó una opción de hierro: renunciar o seguir. Llegó inclusive a confiar la duda a su amigo y colaborador, Figueroa. Por un momento casi cedió a la tentación de abandonar el buque y enfrentar las seguras diatribas de «traidor a la patria» que tan fácilmente salían de los labios oficiales; pero sólo fue una duda, un tropiezo en el camino.

Posteriormente, Robert Service, director de Asuntos del Cono Sur del Departamento de Estado, transmitió una invitación formal de Haig al embajador Takacs para que Costa Méndez concurriera, al día siguiente, a su despacho. Takacs descontó una respuesta afirmativa de su superior, pero igualmente se limitó a responder que consultaría al canciller. Una llamada al United Nations Plaza en Nueva York y luego otro a Service dejaron ajustados los detalles.

Esa noche, Costa Méndez durmió bien. Después de todo, a su colega británico lord Carrington, quien decidió asumir su plena responsabilidad por la «incapacidad de prever la acción militar argentina», los hechos le costaron el cargo. Francis Pym, un político experimentado que había servido en el Ministerio de Defensa, lo reemplazó. Alguien tenía que pagar por «la humillación nacional» infligida al viejo «león inglés». Primero, fue lord Carrington; luego, a «los dictadores del Cono Sur», según se desprende de las declaraciones y gestos de la Dama de Hierro, la inflexible primer ministro Margaret Thatcher.

La reunión con Haig colmó todas las expectativas del argentino. Los dos hombres se entendieron bien desde un comienzo, casi podría decirse que se generó entre ellos una corriente de simpatía. Ninguno sospechó entonces, por cierto, que esa relación personal culminaría antes de que transcurriera un mes, en forma casi brusca, en el mismo despacho en que se había iniciado.

Haig habló de la misión que le encomendara el presidente Reagan —una forma de ratificar sus credenciales ante el interlocutor—, del interés del mandatario en que la crisis del Atlántico Sur tuviera una solución pacífica a la brevedad y se cuidó mucho de dejar traslucir la «anglofilia» —habló de los dos aliados de su país enfrentados— que iría poniendo en evidencia a medida que transcurrió la negociación. No perdió oportunidad tampoco para recordar a Costa Méndez la importancia de preservar activa la cooperación que Estados Unidos y Argentina habían comenzado a desarrollar hacía pocos meses en materia de «seguridad hemisférica», rótulo pomposo que adquiría en la jerga diplomática la intervención clandestina argentina en el «caldero» centroamericano.

El secretario de Estado es un hombre frontal, a pesar de su lenguaje rebuscado (en los medios políticos se mofaban de su escaso respeto por las reglas idiomáticas y se le atribuía el hacer gala «del peor inglés desde Eisenhower»); no titubeó en hablar de su perplejidad —y de la del presidente Reagan— frente al hecho de que un archipiélago tan remoto y desconocido fuera repentinamente causa para un enfrentamiento entre dos naciones de Occidente. Pero también habló de la necesidad de adecuar las aspiraciones argentinas a los principios defendidos por Londres y citó, en particular, la preocupación británica por el destino de los habitantes de las islas.

Costa Méndez decidió dejar fluir el intercambio de ideas por la misma línea argumental que había propuesto su interlocutor. Así, reiteró tanto la importancia que el tema tenía para los argentinos, hasta en su costado emocional, como la voluntad negociadora que animaba a su gobierno. En este marco, dijo, no habría problemas para satisfacer cualquier demanda razonable de los mil ochocientos kelpers.

La conversación ingresó, a partir de ese momento, en el análisis franco de las posibilidades. Haig comenzó a esbozar algunas alternativas que habían preparado sus asesores. Éstas involucraban el retiro de las tropas argentinas y el regreso de la fuerza de tareas despachada desde Portsmouth, pero no la reinstalación de la misma administración colonial británica. Mencionó también la posibilidad de que se constituyera un gobierno interino —hasta tanto se negociara una solución—, del que participarían los países en litigio, asistidos por dos «Estados amigos». Sugirió entonces a Canadá, Brasil y Colombia como opciones para integrarlo.

Esta alternativa estaba siendo considerada apenas en sus aspectos globales, pero la negociación había comenzado de hecho en ese mismo instante. Costa Méndez contraofertó.

—¿Para qué —le preguntó a Haig— involucrar a más países? ¿Por qué no integrar una administración interna tripartita en la que, además de Argentina y Gran Bretaña, Estados Unidos asumiera los papeles simultáneos de colaborador de las partes y garante del acuerdo?

Haig meditó un instante, trayendo el silencio a la reunión. Acto seguido y con entusiasmo respondió:

—I like that idea. I’ll buy it! (Me gusta esa idea. ¡La compro!)

Inmediatamente abogó en favor de comenzar cuanto antes con la redacción de un borrador con los puntos que ofrecían posibilidades de acuerdo.

Así comenzaron a discutir algunos detalles. Haig reseñó lo que a su juicio debería ser una administración interina y, sin proponérselo, fue describiendo un pequeño monstruo burocrático. El argentino objetó:

—Why so much? They’re only 1 800 islanders. (¿Por qué tanto? Son sólo 1 800 isleños.)

—1 800… —repitió mecánicamente Haig.

—Yes, the islands are like a big ranch (Sí, las islas son como un rancho grande). —Ésa fue la poco feliz metáfora que encontró el argentino. El norteamericano comprendió de inmediato.

Costa Méndez, a pesar de haber recibido el «visto bueno» de Galtieri para iniciar la gestión, no quiso presentar a Buenos Aires hechos consumados y frenó el entusiasmo del secretario de Estado explicándole que debía consultar con su gobierno antes de avanzar más en la cuestión. No seguiría sin mandato expreso. Haig se rindió, no sin lamentarlo, ante las exigencias a las que debía responder el argentino. Pero lo urgió a obtener una respuesta inmediata, ya que el tiempo era un factor decisivo.

Costa Méndez salió del Departamento de Estado y se dirigió a la sede de la agregaduría militar, donde lo aguardaban varios de sus colaboradores; al encuentro lo habían acompañado los embajadores Takacs y Figueroa. Poco después de arribar, y a través de «Carola», el teléfono con mezclador de sonidos, se puso en comunicación con Galtieri. En ese diálogo comenzó a gestarse la luz verde argentina para lo que más tarde se conocería como «la misión Haig».

Luego de hablar con su canciller, el presidente reunió a la Junta Militar, la que rápidamente convalidó la opinión positiva inicial de aquél. Una nueva comunicación con Washington —donde esa noche pernoctó el canciller— cerró el ciclo de consultas: en lo que a Buenos Aires concernía, Estados Unidos ya era formalmente parte de su conflicto internacional y para sus militares-gobernantes el hecho traía consigo la cálida sensación de un reaseguro.

Marginados de este nivel de información, algunos escalones intermedios de la administración militar volvieron a mencionar aquel día, en forma oficiosa, la posibilidad de reclamar una convocatoria al TIAR. Si hasta ese momento había habido alguna intención de hacerlo —más allá de la de incentivar al gobierno de Reagan agitando una opción no deseada por éste—, todo se diluyó durante la reunión entre Haig y Costa Méndez.

El secretario de Estado, cuidadoso de las normas en una situación tan delicada, se reunió en la tarde del martes 6 con el embajador de la Corona, sir Nicholas Henderson, quien recibió, sin traducir alegría o desagrado, las novedades de los progresos hechos por el norteamericano con Costa Méndez. En esta audiencia quedó acordado que, una vez producida la aceptación formal argentina, el secretario de Estado viajaría inmediatamente a Londres para dialogar con la primer ministro Margaret Thatcher, iniciando así la gestión de paz. Posteriormente, Haig se reunió nuevamente con el Grupo de Trabajo para Situaciones Especiales que presidía Bush. Lo hizo tranquilo, a esta altura ya nadie podía disputarle esta posibilidad de triunfo o de fracaso en gran escala, aunque sólo el primero de esos resultados atravesaba entonces su mente. Quienes conocen bien a Haig aseguran que la figura de Henry Kissinger —su antiguo jefe— y de su rutilante «diplomacia viajera» casi monopolizaron entonces las fantasías del secretario de Estado.

—No es por Galtieri, Reynaldo. Ya que nos metieron en este despelote, hay que hacerlo por el país. —El general José Rogelio Villarreal hizo un gesto de resignación. Era el 8 de abril de 1982 y tenía frente suyo al general Reynaldo Bignone, quien sería luego el último presidente del «proceso».

Ambos habían sido citados ese día al Estado Mayor Conjunto con el carácter de «urgente». Su superior, el general José Vaquero, no gastó el tiempo en preámbulos.

—Quiero que elaboren un «documento base» que contenga las aspiraciones del ejército en la negociación que va a comenzar —dijo sin mencionar que los dos convocados habían sido pasados a retiro tres meses antes a raíz de los manejos de la junta.

Villarreal y Bignone comenzaron a revisar los antecedentes del litigio y luego, sobre la base de algunos apuntes, grabaron un primer borrador. A las 19, la versión había sido desgrabada, volcada al papel y corregida, y el documento requerido fue finalmente entregado al entonces secretario general del ejército, general José Gutiérrez.

Éste lo leyó y se entusiasmó al punto de felicitar a sus autores.

—Es un trabajo de categoría. Yo no tengo experiencia en este tipo de documento y desde ya les agradezco mucho —confesó, aliviado, el secretario—. Pero no se vayan, Vaquero quiere hablar con ustedes.

En el nuevo encuentro, el jefe del Estado Mayor les indicó la conveniencia de que discutieran el contenido del texto con Galtieri y concertó una cita para los oficiales retirados, a las 8 del día siguiente en la Casa Rosada.

Esa madrugada, Villarreal se despertó sobresaltado por el insistente sonido de la chicharra de su portero eléctrico. Por el intercomunicador se identificó un capitán del Regimiento de Granaderos a Caballo que era portador de un «mensaje urgente» del presidente. En medio de disculpas, el oficial le informó que la cita con Galtieri había sido postergada hasta las 9.30. En realidad, alguien había olvidado usar el teléfono. Pero Bignone, que recibió una llamada en lugar de la visita de un enviado, no tuvo mejor suerte: tampoco pudo volver a conciliar el sueño.

El Jueves Santo, en el comedor privado de la Presidencia de la nación, los dos generales fueron recibidos por un Galtieri visiblemente somnoliento aún. En su estilo campechano, tuvo palabras de elogio para el trabajo y las rubricó con sendos abrazos a sus autores.

La propuesta de Villarreal y Bignone era, en esencia, sencilla. Según la misma, de la mediación norteamericana debía obtenerse: una administración conjunta de las islas en disputa; mecanismos de cooperación para la explotación compartida de sus recursos y un mecanismo de negociación eficaz para resolver el problema de la soberanía en el menor plazo que fuera posible.

—Díganme, a juicio de ustedes, ¿cuándo deberían concluir esas negociaciones? —inquirió Galtieri.

—En un plazo prudencial —respondió Bignone.

—Pero en el documento no se especifica cuál es ese «plazo prudencial».

—Un plazo mediato, necesariamente —acotó Villarreal. Éste y Bignone habían analizado el tema al preparar el documento y arribaron a la conclusión de que asumir la exigencia de una fecha fija en el comienzo de la mediación de Haig podría conducir a la negociación a un callejón sin salida, de antemano.

Galtieri meneó su cabeza y, tomando un marcador rojo, trazó un círculo alrededor de la frase «plazo prudencial».

—Todo debe estar concluido, a más tardar, cuando se cumplan los ciento cincuenta años de la usurpación inglesa —señaló en tono imperativo—. El treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos la negociación tiene que haber concluido y el tres de enero de mil novecientos ochenta y tres deberá efectuarse la transferencia de la soberanía a la Argentina.

Villarreal, el oficial de mayor antigüedad de los dos, objetó:

—Mi general, no creo que esa exigencia sea aceptada por la Thatcher, ni siquiera por Haig, como mediador.

Al comandante no le gustaba ser contradicho. Se levantó de su silla y, enganchando sus dos pulgares en los pliegues de la camisa de su uniforme —como si ésta fuera un imaginario chaleco—, comenzó a caminar por el recinto. Al cabo de unos instantes, y ante sus azorados interlocutores, dijo:

—Si creen que nos van a amenazar con la fuerza militar, se equivocan. ¡El viejo león inglés va a aprender lo que es el ejército argentino!

Bignone y Villarreal intercambiaron una mirada de comprensión. El diálogo estaba agotado. En silencio volvieron a escuchar los elogios de Galtieri al proyecto que habían elaborado y se despidieron del comandante. Ambos se retiraron con la certeza de haber trabajado en vano.

La situación del gobierno militar había dado una vuelta de campana. Del aislamiento casi absoluto en que se encontraba a finales de marzo, saltó a un diálogo fluido con los políticos, a los que solía denostar desde marzo de 1976.

Ese acortamiento de distancias dejó a mano una posibilidad inédita: trabajar con los dirigentes de los partidos para que éstos se convirtieran en portavoces de la legitimidad de la acción argentina en las Malvinas ante la comunidad internacional, que había reaccionado duramente frente al desembarco.

El autor de la idea fue Rafael Martínez Raymonda, dirigente del Partido Demócrata Progresista (centroderecha) y ex embajador del gobierno de Viola, en Roma. El subsecretario Menéndez «compró» rápidamente el proyecto, pero el gobierno carecía de contactos en profundidad como para convencer a los políticos de desplegar una acción de este tipo.

Sin embargo, hubo civiles que trabajaron para que cuajara el proyecto. Con la excepción de Raúl Alfonsín, quien rechazó que la Unión Cívica Radical aportara hombres para esa empresa, y la posterior negativa de los dirigentes del Movimiento de Integración y Desarrollo, otros líderes adoptaron con entusiasmo la idea.

La coyuntura era realmente difícil: un frente externo refractario a tolerar la acción argentina, aun reconociendo los derechos de Buenos Aires sobre las islas, tornaba sumamente árida la tarea de los políticos. Además, la inercia ideológica militar seguía vetando el nombre de algunos dirigentes por considerarlos izquierdistas. Así, por ejemplo, se cuestionó a los peronistas Jorge Vázquez, ex diplomático, y Vicente Saadi, ex senador, y al radical Luis León, por considerarlos irritantes para las fuerzas armadas.

El mismo vicepresidente primero del Partido Justicialista, escribano Deolindo Felipe Bittel, fue quien aportó el nombre de Vázquez cuando surgió el proyecto de enviar a oficiosos «embajadores políticos» al exterior. Fue una idea no exenta de cierta picardía: Vázquez había sido vicecanciller durante la presidencia de Héctor J. Cámpora y, después del golpe de marzo de 1976, había pasado una dura temporada en las cárceles del nuevo régimen de facto. Los militares le enrostraban un discurso suyo de 1973, pronunciado ante la asamblea de la OEA, en que definió la inserción argentina en América de un modo tal que constituyó el antípoda del confuso modelo «occidental y cristiano» que luego prefirieron las fuerzas armadas. Al proponerlo ahora como enviado, Bittel sabía que ello obligaría al gobierno a llevar a cabo un tácito «blanqueo» político de Vázquez, y así lo confesó a algunos amigos. Tuvo razón sólo en parte, ya que Vázquez continuó incluido en el Acta Institucional que lo privó de sus derechos civiles.

En un tono extremadamente franco, el coronel Menéndez se lo explicó a un interlocutor que había armado una estrategia para vencer las objeciones de los políticos.

—Las tropas que están en Malvinas se sentirán muy molestas si se envían esos hombres en representación del país —argumentó. Los soldados estaban preocupados por cuestiones más pragmáticas que las que desvelaban al subsecretario del Interior. Un posterior laudo presidencial alentó este tipo de misiones, con lo que las impugnaciones se derrumbaron.

Los primeros síntomas de resistencia política a los planes de Galtieri se evidenciaron cuando Saint Jean y Menéndez armaron la delegación que iría a Puerto Argentino para la asunción del gobernador militar. La intención principal fue conseguir que fueran los dos ex presidentes constitucionales, los doctores Arturo Frondizi y Arturo Illia. Ambos objetaron algunas cuestiones formales, pero lo concreto era que no querían compartir ese charter que, naturalmente, estaba lleno de suspicacias. Pero los principales dirigentes de los partidos, así como líderes gremiales y empresarios, representantes de la cultura y de la Iglesia marcharon hacia las Malvinas.

La reacción popular en la plaza de Mayo fue mal interpretada por los ocupantes de la Casa Rosada. Creyeron que el respaldo que, sin duda, tuvo la recuperación de las islas se había transformado en una suerte de apoyo plebiscitado al liderazgo de Galtieri. Ese equívoco, del que participaron algunos partidos políticos que compartían los «principios» del gobierno militar, fortaleció la idea de catapultar al presidente como un nuevo caudillo.

Luego de la guerra, uno de los arquitectos de ese proyecto —el coronel Menéndez— manifestó que uno de los errores más graves de Galtieri fue precisamente creer en el espejismo de una plaza desbordada el 2 de abril por centenares de miles de personas que veían concretado un viejo anhelo: recuperar una tierra que sentían suya en el corazón y la mente. En ese marco, había que ser muy hábil para hablar ante la muchedumbre sin dinamitar la negociación. Precisamente esto último fue lo que ocurrió: Galtieri avanzó demasiado en su arenga y a medida que se internaba en el terreno emocional y era abucheado y aplaudido alternativamente, prometió lo imposible.

El 7 de abril la gestión de paz norteamericana adquirió el ritmo vertiginoso que la caracterizaría hasta su fallido final. En la mañana de ese día Costa Méndez —a quien faltaban apenas horas para regresar a Buenos Aires— mantuvo una comunicación telefónica con Haig. En la primera parte de este diálogo, el argentino cumplió con una formalidad: confirmó al secretario de Estado que la Junta Militar había aceptado su intervención, lo que ya había sido anticipado al Departamento de Estado la noche anterior.

Haig, por su parte, le anunció que partiría esa misma tarde hacia Londres y que, tras dialogar con la Thatcher, se desplazaría a Buenos Aires para seguir con la mediación. En esa oportunidad asumieron el compromiso recíproco de mantener un contacto poco menos que permanente —según se verá después, éste fue escrupulosamente cumplido—, requisito que resultaría imprescindible durante las difíciles horas que entonces los aguardaban. Reagan había dejado la crisis en manos de su secretario de Estado y, casi en forma despreocupada, inició unas breves vacaciones en Barbados, en la casa de su amiga y antigua colega en Hollywood Claudette Colbert.

Para el norteamericano, la imagen de un triunfo diplomático en un problema internacional de esa envergadura —se trataba nada menos que de evitar una guerra intestina en «Occidente»— pudo haber resultado grata a su fantasía, pero pronto comprendió que las dificultades no serían escasas. Para comenzar debió superar dos inconvenientes menores, pero irritantes. El primero se planteó al decidir que, contrariamente a la norma, no llevaría periodistas en su avión. Los hombres de prensa reaccionaron irritados por lo que consideraron un desaire y contraatacaron donde más le dolía al secretario, en su ego. Una versión explicó que Haig había tomado esa determinación por «temor» a los periodistas. Lo peor del comentario malicioso fue que era, al menos en buena medida, cierto. Haig estaba lejos de tener, por ejemplo, la seguridad con que su antecesor y ex jefe, Kissinger, manejó a los cronistas en las distintas etapas de su «diplomacia viajera».

Cuando aún lidiaba con este episodio, se enteró de que el avión que le había sido asignado carecía de los equipos de comunicación necesarios y que resultaría difícil, si no imposible, reemplazarlo. Una máquina como la que Haig precisaba, sin embargo, estaba a punto de partir llevando algunos legisladores en un viaje oficial. El secretario de Estado debió llamar telefónicamente al jefe de la delegación, quien no puso objeciones al cambio de aviones. Esta segunda anécdota ingresó también inmediatamente al versionero y los que la relataron lo hicieron en el tono burlón de «nada es suficientemente bueno para Al Haig».

Los sofisticados equipos de comunicación por los que Haig forcejeara con los miembros del Capitolio servirían, las más de las veces y desde un comienzo, para sumarle complicaciones. Poco después de despegar con rumbo a Londres, un cable le trajo la novedad de que el gobierno de la Thatcher había declarado el establecimiento de una «zona de exclusión marítima» de 321 kilómetros, alrededor del archipiélago, efectivo a partir del lunes siguiente. Desde la hora cero de esa jornada cualquier buque de guerra y auxiliares navales argentinos encontrados dentro de esa zona serían considerados hostiles y atacados por las unidades británicas. Haig comprendió que la decisión inglesa estaba dirigida tanto a Argentina, como a servirle a él de indicador del ánimo con que su gestión sería recibida por el gobierno conservador, en pocas horas más.

No se trataba sólo de la opinión de la Thatcher y los suyos. El ánimo británico en general estaba mal predispuesto para este intento de Haig, porque no atinaba a comprender cómo Estados Unidos persistía en permanecer neutral en un enfrentamiento entre la «democracia inglesa» y el «neofascismo argentino».

Aunque el primer encuentro entre Haig y Pym pareció arrojar resultados optimistas para la gestión norteamericana, existía un dato clave que no se podía pasar por alto: el Foreign Office no encarnaba el pensamiento de la Thatcher, menos aún en aquellos momentos en que el Parlamento —casi sin diferencias partidarias— parecía decidido a hacer de la cancillería el «chivo expiatorio», por la humillación que trajo consigo la acción argentina. La cabeza de Carrington acababa de rodar, en un intento por apaciguar en alguna medida las críticas. Además, y aunque no lo manifestara en público, el episodio del 2 de abril no hizo sino agravar en la primer ministro su tradicional desconfianza en el servicio exterior de su país.

Las cinco horas virtualmente ininterrumpidas que Haig pasó en la residencia del 10 de Downing Street, en diálogo —muchas veces difícil—, con la Thatcher, fueron las que realmente marcaron el rumbo y tono de la negociación. Hasta los avances menores que parecieron haberse logrado en la primera reunión, volvieron a transformarse en escollos.

La primer ministro no pensaba negociar desde una posición de debilidad. Tuvo palabras de módico elogio para el esfuerzo norteamericano, pero dejó en claro que el mismo nunca podría suplir el aún esperado «respaldo norteamericano a la causa de la libertad». La única solución posible, argumentó, era que «el agresor» acatara el mandato que el Consejo de Seguridad había dejado explícito en la resolución 502, la que había recibido el unánime respaldo de las democracias, incluyendo el de Estados Unidos, recordó.

Éste era un conflicto que involucraba, por sobre todo, principios. Había, dijo también, que demostrar al mundo que no podía utilizarse el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. «No se puede dejar que la agresión dé dividendos», fue la frase que la Thatcher acuñó y que repetiría una y otra vez a lo largo del conflicto. Gran Bretaña —y, por supuesto, su gobierno— tenía la firme intención de convertir la crisis en el Atlántico Sur en una lección para la historia, aseguró a Haig. Y lo haría con la solidaridad de Occidente, o por sí misma, si fuera necesario.

Los síntomas de que esa «solidaridad» —a la que la Thatcher aludió con plena conciencia del desarrollo de los acontecimientos— había comenzado a materializarse, fueron particularmente nítidos aquel jueves. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno socialista francés, Claude Cheysson, demandó el retiro de las tropas argentinas de las islas Malvinas en el transcurso de un mensaje ante la Asamblea Nacional y además se conoció el anuncio de la decisión del presidente François Mitterrand de suspender la entrega de materiales de guerra a Argentina —entre las armas que embargó figuraban varios aviones y piezas de repuesto para misiles antiaéreos— en respuesta a las solicitudes de Londres. Para ser un gobierno socialista, y por lo tanto presuntamente opuesto a la supervivencia del colonialismo, de un país que jamás reconoció los títulos británicos sobre el archipiélago, el francés comenzó a ejercitar, desde ese momento, un significativo respaldo activo e inalterado al Reino Unido mientras duró el conflicto. En Washington, por otra parte, los embajadores de los diez países del Mercado Común Europeo mantuvieron una reunión y emitieron un comunicado de condena a Argentina.

La Thatcher dejó en claro, además, que aun cuando se verificara un inmediato retiro argentino, su país no retomaría la vía de la negociación sin antes imponer algunas condiciones. El reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago no podría ser un prerrequisito de la nueva etapa negociadora y para los británicos los «intereses y deseos de los isleños» serían «de suprema importancia» (paramount, fue otra de las acepciones que la gobernante inglesa haría populares en aquellos días).

La respuesta del gabinete de guerra británico no dejó lugar para la duda. La nación regresaría a la mesa de negociaciones siempre y cuando Argentina honrara la resolución 502. Entretanto, Gran Bretaña sostendría sus derechos bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Como medida precautoria, Haig fue abrumado con detalles de los horrores del invierno en el Atlántico Sur y con la necesidad de rapidez. Partió esa noche consternado ante la fuerza de la posición británica, como lo admitió a su embajador durante una escala en Brasil.

Los testimonios recogidos coinciden en apuntar que el principal problema que se planteó Haig fue el de convencer a los argentinos de la inflexibilidad de la Thatcher y de sus riesgos. Además de hacerlo constar en sus inminentes diálogos con los argentinos, el secretario de Estado inició un operativo de anticipada presión sobre Buenos Aires. Y aquí es donde el embajador itinerante Vernon Walters encontró una nueva «misión confidencial», de la clase en la que se ha especializado.

Walters estaba en Ceylán cuando recibió la orden de sumarse a la comitiva de Haig, en Londres. Pocas horas llevaba en la capital británica cuando fue despachado a París para realizar una brevísima visita a su amigo, el embajador argentino en Francia, Gerardo Schamis.

El diplomático —por etapas vinculado al desarrollismo y a los gobiernos militares de turno— era visto con buenos ojos en el establishment norteamericano y había trabado con muchos de sus integrantes, en particular con Walters, una excelente relación personal, aunque algunas fuentes sugirieron que la misma excedía ese marco. Por esta razón, el embajador argentino en Francia resultó escogido como blanco en la primera maniobra de «ablandamiento» norteamericano, para lo que pudo muy bien ser propuesto por su amigo, el general itinerante.

La permanencia de Walters en París fue breve, apenas el tiempo necesario para una conversación con Schamis en su residencia, ya que debía reintegrarse a la comitiva de Haig antes que éste emprendiera viaje a Buenos Aires. Al día siguiente, el argentino informó en un cable «cerrado», nombre que reciben los mensajes diplomáticos cifrados, a la cancillería que el norteamericano le había hablado de la preocupación del secretario de Estado por la posición «absolutamente irreductible» de la Thatcher, ya que ésta se encontraba «muy condicionada por su frente interno» por jugar en la ocasión tanto su destino político personal, como el de la administración conservadora que encabezaba. Walters le dijo también a Schamis que la primer ministro estaba segura —y especulaba con esa certeza— de que el gobierno de Reagan terminaría por prestarle su apoyo irrestricto, ya que no arriesgaría su caída y el consiguiente, y casi inevitable en esas circunstancias, acceso al poder del laborismo, que había sufrido un proceso de radicalización ideológica.

El cable de Schamis precedió, en pocas horas, al arribo del secretario Haig, cuya comitiva estuvo integrada por diecinueve personas, incluyendo un representante «sénior», o jerárquico, James Rentschler, del Consejo de Seguridad Nacional. Del grupo original sólo se desprendió Lawrence Eagleburger, principal encargado de asuntos europeos del Departamento de Estado, quien regresó a Washington.

Para los argentinos, otro dato preocupante había sido la declaración de un portavoz de la primer ministro británica, quien, poco después que el secretario de Estado hubiese partido, manifestó la satisfacción gubernamental porque «Washington y Londres están completamente de acuerdo sobre el problema».

El avión que trajo a Haig a Buenos Aires el 9 de abril —el secretario había permanecido un total de veinte horas en Londres— realizó para llegar hasta Argentina dos escalas, una en Dakar (África) y la restante en Recife (Brasil). Desde ambos aeropuertos, el mediador se encargó de enviar señales. En el primero, declaró que «las próximas horas serán difíciles porque el problema es extremadamente complejo». En el segundo, dijo que era «la misión más difícil de mi carrera». En forma más detallada, y ciertamente reservada, expuso estos temas en sendas conversaciones mantenidas a bordo de la aeronave con el presidente Reagan, en Barbados, y con el canciller Costa Méndez, en Buenos Aires.

Cuando Haig puso pie en Ezeiza, casi todas las fuerzas que operaban sobre el conflicto se habían detenido —excepción hecha de los aprestos militares, claro— y el mundo aguardaba en tensión los resultados que pudiera obtener el mediador. Apenas cuarenta y ocho horas antes, el Consejo Permanente de la OEA había interrumpido su análisis del litigio, para facilitar la tarea de Haig. Poco después, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, manifestó su disposición para asistir a las partes, pero aclaró que debían esperarse los resultados de la intervención norteamericana.

En el aeropuerto, el enviado norteamericano fue parco.

—El presidente Reagan me pidió —dijo— que le represente personalmente en tratar de hallar una solución al conflicto. Es mi deseo ser una ayuda sobre la base de la resolución 502 para encontrar una solución diplomática en mi primera visita a Buenos Aires. Yo tuve oportunidades esta semana de enterarme por medio del canciller Costa Méndez de la posición argentina. Como ustedes saben, Argentina y Estados Unidos son compañeros hemisféricos con muchos años de estrecha cooperación. Esta relación es más cordial aún en tiempos recientes y conserva una excelente base. Tendré discusiones importantes con vuestro presidente y con el doctor Costa Méndez. Gracias. —La cantidad de periodistas que lo rodeaba superaba el centenar.

Los funcionarios argentinos, entre ellos el canciller, y a pesar de ciertos trascendidos más o menos oficiales de contenido optimista, estaban preocupados por los síntomas inequívocos de rigidez británica que cada vez eran más nítidos. Por si esto fuera poco, ese viernes se conoció una versión periodística que aseguraba que los «satélites espías» norteamericanos suministraban, según lo establecían las cláusulas del Pacto de la OTAN, datos de inteligencia a los británicos.

A pesar de las bravatas tan caras al lenguaje militar de aquellos días, algunos oficiales de los estados mayores —varios indicios sugieren que esta posición fue particularmente significativa en el seno de la Fuerza Aérea— comenzaron a sugerir la conveniencia de mostrar algún grado de flexibilidad. Pero no hay constancia de que nadie, abiertamente al menos, haya ido más allá de la forma de una tibia y respetuosa sugerencia, convenientemente balanceada por expresiones de confianza en la causa argentina.

En el seno de la Junta Militar la euforia crecía y estaba a punto de conocer su pico más alto. Ese sentimiento suele ser un pésimo consejero político, como lo demostraron las acciones que inspiró en algunos de los responsables del poder. Mientras Haig dormía en su suite del Sheraton, el jefe de la Casa Militar, contraalmirante Benito Moya; el secretario general de la Presidencia, general de brigada Héctor Iglesias —ambos habrían de jugar singulares papeles en los días siguientes— y el secretario de Información Pública, Rodolfo Baltiérrez, estaban sumamente atareados en la implementación de una maniobra destinada a «darle un escenario adecuado a la audiencia que concedería Galtieri a Haig», según recordó un funcionario de la Casa Rosada.

El presidente-comandante debía recibir al enviado de Reagan en un marco de respaldo popular, razonaron sus colaboradores. Si esto se lograba —fantasearon— se podría impactar al norteamericano, contribuyendo a respaldar la imagen de «determinación argentina» que Galtieri estaba decidido a exhibir ante su interlocutor. La ecuación política concebida por los funcionarios consistía en un planteo aparentemente sencillo: si la Thatcher era la Dama de Hierro, el mandatario argentino sería el Presidente de Acero —la imaginación política suele plagarse en tales momentos de superlativos y figuras retóricas grandilocuentes— y lo sería con «la solidaridad de su gente».

El plan recibió la adhesión de otros miembros del gobierno, como la del ministro del Interior, Saint Jean, y de su segundo, el coronel Menéndez, en cuyas especulaciones políticas calzaba a la perfección cualquier manifestación de consenso. De más está decir que una breve consulta entusiasmó a Galtieri, quien dio la necesaria luz verde para los pasos siguientes y, desde ese momento, no fue preciso consultar con nadie más.

En un principio se pensó en formular la «convocatoria popular» para el mediodía del sábado —tal el meollo de la idea—, a través de los canales de televisión y de las emisoras radiales que manejaba el Estado, solicitando luego el apoyo de los medios de comunicación privada y de los dirigentes políticos. Pero esta concepción inicial fue invertida. A todas luces sería más provechoso si el «llamado patriótico» provenía de un sector no oficial.

Así fue que se realizaron varios contactos con los responsables de los distintos medios explotados por el sector privado hasta que, como lo había hecho en otras oportunidades, Radio Rivadavia —la emisora metropolitana de mayor audiencia— asumió como propia la iniciativa. José María Muñoz, el popular comentarista deportivo, y a la vez directivo de la empresa concesionaria de la onda, no dio tregua a los micrófonos, exhortando a concurrir al día siguiente a las 11 a la plaza de Mayo, para «demostrar al señor Alexander Haig y al mundo entero la unidad nacional de los argentinos».

Así se dio la «patada inicial de este partido» en el que muchos jugaron. En sucesivos reportajes concedidos a una pléyade de radios y diarios, los dirigentes políticos y gremiales convalidaron disciplinadamente la convocatoria. Deolindo Bittel (Justicialismo), Carlos Contín (Unión Cívica Radical) y los gremialistas Saúl Ubaldini (Confederación General de los Trabajadores-Brasil) y Jorge Triacca (Confederación Nacional de los Trabajadores) instaron a sus seguidores a que el paseo ubicado frente a la Casa de Gobierno estuviera «repleto» para el mediodía del sábado.

En el caso del Justicialismo se registró, además, un pronunciamiento de su máximo organismo de conducción, el Consejo Nacional, que exhortó «a la masa peronista» en vista de «la amenaza que se cierne sobre la república e interpretando que en esta hora no hay nada más prioritario que la defensa de la soberanía» a que «a partir de la hora 0 (del sábado 10 de abril) se reúna en la histórica plaza de Mayo».

La maquinaria oficial también aportó con celeridad y eficiencia lo suyo, anunciando facilidades extraordinarias para transitar y para estacionar vehículos en las zonas aledañas a la concentración. Los diarios, por su parte, publicaron un prolijo croquis del radio céntrico, detallando las vías de acceso previstas para que aquél fuera ordenado y fluido.

Alrededor de la una de la madrugada, el presidente Galtieri salió a uno de los balcones de la Casa Rosada y ensayó su oratoria frente a algunos centenares de entusiastas manifestantes —los primeros de una multitud de ciento cincuenta mil personas— que habían decidido pernoctar en la plaza para asegurarse los mejores lugares.

—Estén tranquilos en la absoluta certeza de que el pueblo argentino será bien representado por el gobierno —se comprometió.

También los exhortó a permanecer firmes en el lugar «para manifestarles a los norteamericanos que el pueblo argentino está unido». «Llenen la plaza de Mayo y la República», les pidió en un lenguaje casi idéntico al utilizado por la dirigencia civil. Comenzó a sentir nuevamente —igual que el 2 de abril, pero ya en forma más intensa— la agradable sensación de la aclamación popular y creyó que el balcón de la Casa Rosada por fin había hallado al hombre que podía ocuparlo «sin penas ni olvidos», como la inolvidable letra del tango que cantaba el Mudo Carlos Gardel.

El sábado fue una sucesión frenética de reuniones. A las 9, Haig inició su preparación para la negociación deliberando con Shlaudeman para presentarse junto con sus asesores, una hora después, en el palacio San Martín. Allí mantuvo los primeros 45 minutos de conversación con su colega argentino, mientras los restantes funcionarios de ambas partes comenzaban a integrar comisiones informales de trabajo.

No fue ése un buen comienzo, aunque el diálogo resultara cordial. Haig abrió el fuego explicando que la prioridad era evitar una confrontación bélica en el Atlántico Sur y que sólo conseguiría esto si Argentina era capaz de ser flexible, en particular, en lo que concernía al cumplimiento de los términos de la resolución 502. De otro modo, aseguró, la guerra sería una alternativa muy real dada «la inflexibilidad de la señora Thatcher». Costa Méndez recordaría luego la vehemencia que, desde el comienzo mismo, puso el norteamericano en sus palabras y cómo la misma le disgustó, aunque por obvias razones se cuidó de reaccionar.

Haig habló también de América Central, inaugurando un nuevo argumento de presión que emplearía a lo largo de toda su gestión. En varias oportunidades, casi caprichosamente, el secretario de Estado interrumpiría un diálogo sobre un aspecto específico de la negociación para hablar en un tono críptico y admonitorio a la vez sobre la crisis centroamericana y sugerir que ésta podría sufrir en breve un desarrollo importante e inesperado. De este modo recordaba a sus interlocutores argentinos la importancia de que esa presunta novedad no se produjera en forma simultánea con un enfrentamiento de armas argentino-británico y de lo vital que resultaba preservar la cooperación entre Estados Unidos y Argentina, en materia de «seguridad hemisférica».

De los términos precisos en que Haig planteó la cuestión centroamericana al gobierno militar, sólo se pudo establecer con certeza que informó los resultados de un entonces muy reciente viaje secreto realizado por el embajador Vernon Walters a La Habana, donde se reunió con Fidel Castro y otros dirigentes cubanos. Además, a los norteamericanos no se les escapaba que apenas veinticuatro horas antes había regresado a Buenos Aires el embajador cubano Emilio Aragonés Navarro, luego de un año en que las relaciones diplomáticas con Argentina habían quedado reducidas al nivel de encargado de negocios.

Haig y Costa Méndez se trasladaron a las 11 a la Casa Rosada en automóvil, dejando a los expertos de ambas delegaciones que iniciaran el examen de los primeros borradores de solución traídos por Haig desde Londres. Y así, argentinos y norteamericanos ingresaron en lo que estos últimos denominarían como «el síndrome de Irán». Los cancilleres no hablaron de la multitud vociferante reunida frente a la Casa de Gobierno, pero esta falta de referencia no significaba que el fenómeno no estuviera impresionando al visitante.

El secretario de Estado fue recibido por un Galtieri sonriente que intentó lucir sus dotes más seductoras. Tras los saludos, el presidente comenzó a congratularse por la presencia de Haig y deshilvanadamente hizo alusión a su admiración por Estados Unidos y a la circunstancia ventajosa que representaba el hecho de que Haig, al igual que él mismo, fuera un militar. Luego fue el turno de exponer la «férrea voluntad» que animaba «a pueblo y gobierno de Argentina», mientras el general Walters oficiaba como traductor.

El marco de estas afirmaciones estaba dado por el rumor que, proveniente del exterior, llegaba al despacho presidencial. Afuera el lenguaje de la multitud era «¡Patria sí, colonia no!» y otras consignas del repertorio político popular. Algunos, más sesgados por sus simpatías políticas, no dudaron en reflotar apelaciones a Juan Domingo Perón y Eva Perón e, inclusive, alusiones nada elogiosas a la figura del escasamente popular ministro de Economía, Roberto Alemann.

Aquel rumor trajo seguridad a Galtieri, quien comenzó a reivindicar los derechos argentinos sobre el archipiélago y luego a advertir a Haig que las fuerzas armadas estaban preparadas y no dudarían en responder con la guerra a cualquier agresión británica, aunque esta posibilidad no fuera ciertamente la deseada por Argentina.

Éste fue el pie que aguardaba el norteamericano, quien respondió recordando los horrores que son inevitablemente inherentes a cualquier guerra y destacando la imperiosa necesidad de evitarlos en este caso. Si Galtieri había aludido —como una ventaja— a la condición militar que los dos hombres ostentaban en común, Haig empleó esta circunstancia para destacar que nadie estaba en mejores condiciones que un soldado, como lo eran ambos, para conocer lo dramático de una guerra. A partir de allí hiló buena parte de los argumentos que ya había empleado con Costa Méndez. En este encuentro con Galtieri, al igual que el restante que tendría lugar a la noche, se sirvió whisky, y la velocidad con que lo consumió el presidente «asombró primero y luego alarmó a los norteamericanos», según palabras textuales del informe de Hastings y Jenkins (The Battle for the Falklands).

Cuando la audiencia epilogaba, más de una hora y media después de iniciada, Galtieri —que había hecho frecuentes alusiones al «pueblo reunido en la plaza»— sugirió a Haig la conveniencia de que empleara uno de los helicópteros argentinos para trasladarse al Sheraton con el fin de evitar inconvenientes. Obviamente, el objetivo de la concentración no se había de cumplir en su totalidad si el visitante no recibía una vista panorámica de aquella multitud.

Una primera reticencia de Haig —dijo estar seguro de poder cumplir el trayecto en automóvil sin problemas— casi frustró la maniobra, pero la insistencia de los argentinos, particularmente la del propio presidente, dejó a aquél sin argumentos. El secretario de Estado, acompañado por Shlaudeman y Walters, subió hasta el helipuerto ubicado en la azotea presidencial y, tras ser despedido allí por Costa Méndez, abordó su transporte.

No bien éste se elevó e inició un breve sobrevuelo para beneficio de sus pasajeros, los altoparlantes ubicados en el perímetro de la plaza de Mayo anunciaron la partida del norteamericano y la voz de la muchedumbre se alzó en un solo rugido. La escena impresionó vivamente a Haig, quien murmuró algunas palabras referidas a Irán y permaneció unos instantes pensativo. Aunque los que planearon la escena con esmero no lo supieron inmediatamente, el efecto que habían creído poder obrar sobre el ánimo del mediador resultó totalmente contrario a la intención original.

El entusiasmo de los responsables del gobierno no reconocía en ese mismo momento ningún límite. Luego de que Haig se retirara, Galtieri se preparó para salir al balcón a gozar de su momento de triunfo y pronunciar una arenga, que insistió en improvisar a pesar de sus escasas dotes de orador. Lo acompañaron Iglesias, Saint Jean y otros funcionarios. Alguien invitó a pasar a Costa Méndez, pero éste optó por escabullir el bulto a la oportunidad, de lo que después no se arrepentiría.

—Que sepa el mundo, América, que hay un pueblo con voluntad decidida, como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan; les presentaremos batalla —afirmó Galtieri a los manifestantes, que recibieron con muestras inequívocas de satisfacción el tono belicoso de estas frases. El presidente calificó a la concentración como «un cabildo abierto» y reclamó a Gran Bretaña y a su gobierno «moderación en sus expresiones y en sus hechos».

Una sola gaffe tuvo, en términos de repercusión, el discurso de Galtieri. Fue cuando invocó su condición de «presidente de la nación». Desde varios sectores de la manifestación partieron indisimulables abucheos. Que su novel popularidad no alcanzara aún para una legitimación total no preocupó al militar; mucho era lo que restaba por hacer y todo contribuiría a consolidar este triunfo. Nada, se dijo íntimamente, podía empañar la gloria de aquel instante.

Mientras el argentino saboreaba ese momento, Haig y Shlaudeman hablaban, compartiendo el almuerzo, de la concentración popular. El secretario de Estado estaba francamente alarmado; la combinación de hombres como Galtieri y de manifestaciones al estilo argentino, evocaban en las mentes de los norteamericanos las temidas imágenes de Hitler y Mussolini. Había sido así frente al fenómeno político y social del peronismo y lo seguiría siendo. Las muchas explicaciones ensayadas no han atenuado la reacción.

Pero Haig también recordó otra circunstancia más reciente. Habló a Shlaudeman de Irán, del ayatollah Jomeini apelando al fanatismo religioso de su pueblo y de los más de cuatrocientos días de cautiverio que padecieron los miembros de la embajada norteamericana en Teherán, tomados como rehenes por otra multitud en noviembre de 1979. Y allí mismo comunicó al representante en Buenos Aires una decisión.

Shlaudeman debía comenzar inmediatamente a actualizar y poner en marcha los planes de contingencia para evacuar al personal norteamericano del que la legación pudiera prescindir y, a la vez, prepararse para proteger a los ciudadanos norteamericanos que se encontraban residiendo o en tránsito en Argentina —incluyendo también eventuales traslados de emergencia—, y sus bienes, hasta donde fuera materialmente posible. Si existía la más mínima posibilidad de evitarlo, la humillación norteamericana no se repetiría.

Y el abismo entre Washington y Buenos Aires comenzó a abrirse.

Mucho más que «un puñado de rocas perdidas en el Atlántico», como diría luego Ronald Reagan refiriéndose a las islas Malvinas, fue lo que cortó ese romance que alguno creyó auténtico y eterno.

4. MISIÓN HAIG. II.
LA CLÁUSULA LOCA

El sábado 10 y el domingo 11 de abril de 1982 estuvieron signados por febriles e infructuosas negociaciones. Para Haig, las alternativas de aquellas dos jornadas vinieron a completar el cuadro de dificultades que habría que vencer para desactivar la bomba de tiempo de un enfrentamiento armado en el Atlántico Sur. Para los argentinos, particularmente para Galtieri y Costa Méndez, significó enfrentar las primeras sombras de duda respecto de la intervención norteamericana que ambos tanto habían anhelado como solución a la crisis internacional de mayor envergadura que Argentina enfrentó en el siglo xx.

Cuando se reanudaron las negociaciones, alrededor de las 16 del sábado, en el palacio San Martín, sus principales actores albergaban ya los primeros recelos recíprocos. El canciller argentino se sintió poco complacido por la línea argumental de Haig y en particular por el tono vehemente que éste asumió al exponerla. Las referencias reiteradas —algunas más o menos veladas, directas otras— a la importancia de Gran Bretaña en el esquema de la alianza atlántica y de ésta para la seguridad nacional y los intereses nacionales norteamericanos; el contenido implícitamente condenatorio en las alusiones al operativo argentino en las islas y las insistentes menciones a la inflexibilidad de la Thatcher, fueron juzgadas por Costa Méndez como una inadecuada carta de presentación para alguien cuya misión dependía, en gran medida, de su capacidad para asumir una posición neutral entre las partes en conflicto y, también, para presentar esa ecuanimidad de modo convincente.

En cuanto a Haig —además del incómodo impacto que ocasionó en su ánimo la presencia de la multitud en la plaza de Mayo—, se sintió francamente irritado ante los argumentos argentinos, particularmente los que expresó Galtieri. No comprendió —como le sucedió con tantas otras cosas a lo largo de este proceso— la resistencia del presidente a definir el problema en términos de un lenguaje común, ni lo impermeable que resultó su postura cuando aquél planteó la posibilidad de una guerra. Para el enviado de Reagan estos detalles, así como las frecuentes menciones a los «derechos inalienables» que asistían a Argentina en este tema, que poblaron el discurso de sus autoridades, no eran sino otras tantas muestras de la «irrealidad política» que parecía anidar en el poder militar.

Y esto fue sólo el comienzo. Hubo dificultades que los norteamericanos ni siquiera soñaron encontrar, algunas de ellas vinculadas con el fuerte contenido emocional que la cuestión de las Malvinas tuvo históricamente para los argentinos y también a la reacción, no menos emocional, que produjo en Gran Bretaña el exitoso operativo del 2 de abril. Cuando la negociación comenzó a arrojar los primeros borradores de acuerdo, Haig y sus asistentes comprobaron cómo sus interlocutores en Buenos Aires hicieron, de la denominación del archipiélago en los documentos, una cuestión de conflicto.

En un principio los hombres del Departamento de Estado sugirieron la fórmula de doble denominación que se emplea en las Naciones Unidas; como cada texto era redactado tanto en inglés como en español, propusieron para el primer caso mencionar «Falkland/Malvinas», invirtiendo ese orden en la versión restante. No pudo ser y, luego de algunas discusiones, se optó por el sistema de delimitación por coordenadas, según consignó el secretario de Estado adjunto Thomas Enders en sus declaraciones a la Subcomisión de Asuntos Interamericanos de la Cámara de representantes en agosto de 1982.

La larga sesión de trabajo que se inició en la media tarde de ese sábado estuvo dominada por el puñado de cuestiones fundamentales del litigio. En cada una de ellas las posiciones de las partes aparecieron irreconciliables. Una fuente que asistió a la reunión recordó que «fue una suerte de diálogo entre sordos. Escuchar a Haig y a Costa Méndez era asombroso; en lo formal se comunicaban en un mismo idioma (el inglés) y el tema era común, pero de algún modo los “códigos” de cada uno parecían enteramente distintos».

Reconstruir esa primera jornada de negociaciones resulta —como con las restantes— sumamente complicado, porque los intercambios no fueron lineales y, en rigor, tampoco se trató de una única reunión. Haig y Costa Méndez conversaron a solas y acompañados por sus respectivos asesores. Éstos, a su vez, comenzaron a mantener encuentros independientes a medida que se individualizaron algunos puntos específicos. Además, tanto el argentino como el norteamericano se levantaron de la mesa en varias oportunidades para consultar con los expertos de sus equipos y, en el caso de Costa Méndez, para dialogar telefónicamente con Galtieri.

Ese «diálogo de sordos» evocado por el diplomático se centró —según múltiples testimonios coincidentes— en los siguientes temas:

A la insistencia de Haig en la necesidad de cumplir con el mandato de la resolución 502 de las Naciones Unidas, el canciller argentino opuso la demanda de la detención inmediata y regreso de la fuerza de tareas británica. Ésta no podría, en todo caso, superar en su trayectoria la isla de Ascensión (posesión atlántica que la Corona arrienda a Estados Unidos, que la utiliza como base militar y donde la flota despachada por el gobierno de Margaret Thatcher se reabasteció), porque una vez dejada atrás, le restaría recorrer unas pocas millas náuticas para ingresar en la «zona de seguridad» definida en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y ello obligaría a Buenos Aires a convocar a una reunión del Organismo de Consulta de ese pacto. Además, reclamó que Estados Unidos verificara el cumplimiento de las cláusulas de desmilitarización si se llegaba a un acuerdo.

Costa Méndez ofreció vincular la detención y posterior regreso británico con un retiro de las tropas argentinas, que se efectuaría en dos fases, reemplazando a estos efectivos —que ese día sumaban ya seis mil hombres, según los informes oficiosos— por un contingente reducido de fuerzas de seguridad; específicamente se habló entonces de la Policía Federal y de la Gendarmería.

Argentina estaba dispuesta a aceptar una administración interina —en principio se habló de conservar como superestructura la recientemente creada gobernación militar, pero luego se convino en reducir su jerarquía—, con una participación condicionada de los isleños. En este camino se avanzaría hasta contemplar la rehabilitación de los consejos de las islas.

El esquema de la administración se completaría con la presencia de un comisionado de la Corona y de un veedor norteamericano, aunque con la salvedad de que tal esquema tendría un carácter exclusivamente provisional y su vigencia no podría extenderse más allá de finales de 1982, sin que cupiese la posibilidad de una prórroga, ya que ése sería también el plazo máximo para elaborar la solución definitiva. Una vez vencido el mismo, sugirió el canciller, el traspaso de la soberanía sobre las islas a Argentina debía ser automático.

Y por este camino se llegó a los puntos que, en todo momento, condujeron la negociación a la impasse.

Costa Méndez explicó que la negociación tendría como objetivo explícito el reconocimiento de la soberanía argentina sobre el archipiélago y sus dependencias, reclamando que Washington garantizara que la meta sería alcanzada. Según la imaginación de los argentinos, aquella negociación —esta vez teniendo fecha perentoria de culminación— no debía apartarse del marco jurídico que durante diecisiete años le habían dado las Naciones Unidas. Esto significaba que se partiría de resoluciones de la Asamblea General como la 1 514 (XV), la 2 065 (XX), y otras.

Argentina deseaba, además, que los documentos a suscribir para dar lugar a la nueva negociación bilateral —asistida por Estados Unidos— dejaran constancia de que la misma no afectaría el principio de «integridad territorial».

En cuanto a los isleños, el gobierno argentino intentó seducir a Haig —y a través de él a Londres— hablando de libertades, respeto irrestricto a los elementos que conformaban la identidad de la comunidad isleña y, fundamentalmente, de una generosa gama de compensaciones económicas, particularmente para aquellos que desearan emigrar. La posibilidad de que se consideraran los «deseos» de los habitantes era inexistente para Argentina, por la sencilla razón de que no se desandaría el camino recorrido en la ONU, donde, con la oposición de Gran Bretaña, las sucesivas resoluciones de la Asamblea General escogieron la fórmula «intereses de los habitantes», convalidando la interpretación argentina. Aceptar los «deseos» suponía entrar en un desfavorable terreno cuya mayor amenaza estaba dada por la posibilidad de aplicar el «principio de autodeterminación».

Cualquier posibilidad de un acuerdo rápido se desvaneció junto con la luz de ese sábado. Haig se comunicó con su colega británico, Francis Pym, en más de una oportunidad, y supo que el camino que los argentinos lo estaban obligando a recorrer no conduciría al éxito. Los intentos hechos hasta entonces ante Costa Méndez para dotar de alguna flexibilidad a la posición argentina no habían arrojado resultado positivo alguno.

El secretario de Estado —viendo que el panorama distaba de ser claro— reintrodujo en la conversación una fórmula que permitía a Estados Unidos eludir el total de la responsabilidad en la cuestión, si la alternativa de una confrontación por las armas no podía ser superada. Gran Bretaña no aceptaba la continuidad de una administración argentina, menos aún de las características de la gobernación militar que ejercía el general Menéndez, recuerdo vivo de la humillación padecida. Abogó por el diseño de una autoridad especial interina y rescató la idea de que la integraran terceros países, además de Estados Unidos, escogidos por los litigantes. Así se volvieron a barajar los nombres de Canadá —lo que provocó el escozor argentino, ya que este antiguo dominio británico había demostrado una inicial y completa solidaridad con Londres, retirando su embajador de Buenos Aires—, Perú, Colombia y Brasil.

La Autoridad Especial Interina no debía, a criterio de los norteamericanos, tener un límite de tiempo y mucho menos una cláusula de vencimiento contemplando un traspaso automático de soberanía. Esto equivaldría, para los británicos, a enfrentar una negociación «bajo presión». En cuanto a la cuestión del reconocimiento de la soberanía argentina, las fórmulas propuestas por Haig intentaron eludirla. Los británicos habían dejado en claro que no podía haber diálogo entre las partes, mientras una de ellas pretendiera prejuzgar el resultado del mismo.

El general-embajador Walters participó en un tramo prolongado de estas reuniones, pero no en su totalidad. «Mientras estuvo en la cancillería, permaneció la mayor parte del tiempo sentado en un rincón del recinto haciendo apuntes a una velocidad llamativa, aunque parecía estar volcando ideas al papel y no registrando las conversaciones que se llevaban a cabo», memoró un negociador argentino. Según el recuento de varias fuentes, Walters dejó el palacio San Martín en algún momento de aquella tarde para entrevistar a algunos de sus contactos locales.

Si en este hecho hay coincidencia, más difícil es identificar quiénes fueron —en aquel primer tramo de la misión Haig— sus interlocutores en discretos encuentros. El propio Walters admitió, en la entrevista realizada durante la investigación de este libro, haber sostenido diálogos varios con «sus amigos argentinos». Una de las hipótesis de mayor peso es que, aquella tarde de abril, el embajador itinerante de Reagan fue recibido a solas por los miembros de la junta, incluyendo a Galtieri.

Sea en esa oportunidad, o en alguna de las veces que acompañó a Haig a la Casa Rosada, Walters tuvo con el presidente argentino un diálogo de contenido revelador del ánimo que imperaba entonces en la conducción política y militar argentina. Se hablaba, tema al que se regresó una y otra vez, de las dramáticas alternativas que, sin duda, traería consigo una colisión armada entre los protagonistas de la crisis.

Más allá de lo acertados que se hayan probado, con el correr de los días, los pronósticos que los norteamericanos formularon sobre el epílogo de una guerra entre Argentina y Gran Bretaña, también es cierto que aquéllos insistieron en agitar el fantasma de una abrumadora derrota militar, como modo de presionar a Buenos Aires. En aquel intercambio con Walters, el presidente argentino opuso siempre una confianza ilimitada en sus subordinados.

—Estamos preparados para defendernos, general. No le quepa a usted la menor duda. Argentina no desea una guerra, pero peleará, si es preciso —advirtió Galtieri al norteamericano.

—Lo sé, señor presidente —advirtió Walters, pero no sin oponer reparos—. Tenga en cuenta que los británicos tienen un ejército profesional, permanentemente entrenado para combatir, mientras que sus hombres son conscriptos con apenas tres meses de instrucción.

—Los soldados argentinos darán muestra de su coraje, ya verá usted —insistió Galtieri, que no estaba dispuesto a aceptar el razonamiento que proponía el militar-diplomático.

Pero éste tampoco cedió en su intento y, poco más adelante en la conversación, aprovechó una anécdota personal para regresar sobre la delicada cuestión.

—No tengo dudas sobre el coraje de sus jóvenes soldados, pero recuerdo mi propio bautismo de fuego y pienso que el valor por sí solo muchas veces no es suficiente, terrible como es la guerra. Yo inicié mi carrera militar como recluta, como soldado de segunda clase, señor presidente —Walters pertenece a la infantería de Marina—. Como todo muchacho tuve durante mi entrenamiento una idea casi romántica de la lucha; entonces anhelaba entrar en acción. Pero me acuerdo de mi primer día de batalla en el norte de África, durante la segunda guerra mundial. Escuché la metralla cerca y las explosiones de los disparos de la artillería y dije: «¡Mi Dios! Nadie me dijo que esto sería así.»

Galtieri pasó directamente por alto el comentario de su colega norteamericano y éste —lo confesaría luego— no pudo con su asombro. Si los militares argentinos pecaron esa vez —como lo hicieron a lo largo de todo el conflicto— de irrealidad, Haig y los suyos exageraron sus advertencias y produjeron una reacción exactamente inversa a la deseada en el ánimo de Galtieri y de los restantes miembros de la Junta Militar. Los consejos —cualquiera haya sido su intención— se transformaron así en promesas de humillación.

Otras reflexiones que extrajo Walters de sus contactos de aquella jornada dejaron atónitos a sus compañeros de misión. Haig se sintió particularmente impactado al ser informado por el embajador itinerante de que había recogido indicios concretos de que sólo dos de los cinco comandantes de cuerpo del ejército argentino habían sido notificados con adecuada anticipación de los planes del operativo del 2 de abril. Si uno tiene en cuenta que Walters recogió este tipo de información, no resulta excesivamente difícil imaginar cuáles fueron sus contactos.

Cuando las primeras sombras de la noche caían sobre una Buenos Aires agitada y expectante, Haig comenzó a sugerir la posibilidad de un estancamiento en la mediación, insinuando que ciertamente no podría regresar a Londres con las manos vacías, por lo que su destino sería Washington. No era ésta una negociación diplomática más; hablar de un «posible estancamiento» era recurrir a un eufemismo para amenazar con una ruptura. Tras una consulta telefónica de Costa Méndez con la Casa Rosada, los argentinos transmitieron al visitante una invitación de Galtieri para realizar una nueva reunión.

Se trataba de que la «cuerda» que unía precariamente a las partes, y se hallaba en su máximo grado de tensión, no se cortara.

Galtieri encaró el nuevo encuentro con el enviado de Reagan, sintiéndose aún en mejores condiciones que en la mañana. La muchedumbre, ante la que había hablado desde los balcones de la Casa Rosada, actuaba en su ánimo como un poderoso estimulante. Por si esto fuera poco, la fantasía de un liderazgo civil por consenso, al estilo del que había ejercido Juan Domingo Perón, era «potenciada» —como califican los médicos el efecto del alcohol cuando se suma al de las drogas que actúan sobre el sistema nervioso— por las palabras de sus asesores.

En particular las de su ministro del Interior, Saint Jean; del secretario general de la Presidencia de la Nación, general de brigada Iglesias, y del jefe de la Casa Militar, contraalmirante Roberto Benito Moya, aseguraban un futuro cierto de triunfos ilimitados. No hay, después de todo, argumento más convincente que el que uno desea escuchar.

¿Por qué no sentirse así? Existía un largo camino entre la vida profesional opaca de un «oficial tropero» y la condición de «hombre fuerte de Argentina». Y el presidente-comandante creyó aquel día haberlo recorrido de una vez y para siempre. Pronto comprobó, sin embargo, que los motivos de tanta euforia no impresionaron a Haig o, cuando lo hicieron, el efecto sólo sirvió para dificultar el diálogo.

El secretario de Estado aguardaba que aquella gestión en el máximo nivel de poder de Argentina produjera rápidamente las concesiones mínimas que permitieran continuar con la mediación. Pero fue una esperanza infundada. No hubo forma de ingresar directamente en los puntos conflictivos, porque Galtieri tenía intenciones de formular sus propias advertencias al representante de Washington.

La multitud del mediodía fue el argumento central de Galtieri. Si los norteamericanos presionaban, él estaba en condiciones de demostrar que no le faltaban recursos para jugar al mismo juego. Demandó para Argentina un tratamiento equitativo al que Estados Unidos concedía a Gran Bretaña, destacando que su país no aceptaba la posibilidad de ser «furgón de cola» de Occidente. Al mencionar la concentración de la cual se había ofrecido a Haig una privilegiada vista panorámica, expresó preocupación frente a un posible brote «antinorteamericano» en la opinión pública argentina, memorando el inevitable antecedente de la década de 1940, graficado por la frase «Braden o Perón» (el embajador norteamericano en Buenos Aires, Spruille Braden, protagonizó un enfrentamiento por esos años con el entonces coronel Juan Domingo Perón, cuyos seguidores utilizaron la oposición como una formidable herramienta publicitaria).

El intercambio se transformó, a partir de ese momento y durante algún rato en un canje de bravuconadas y acusaciones, más o menos veladas, más o menos corteses en las formas, de ambos interlocutores. Un ejemplo fue la mención de Galtieri a la «información de satélites» norteamericanos con que presuntamente contaba la fuerza de tareas británica, algo que el enviado desmintió categóricamente. Y la amenaza de desembocar en una «vía muerta» surgió nítida otra vez.

Con un lenguaje cada vez más directo, Haig habló del «absurdo» de una guerra y de cómo los puntos de la negociación argentina habían dejado en evidencia factores que, de ser aceptados por la Thatcher, equivaldrían a su «suicidio político», algo que Occidente no podía «tolerar». Allí estaba la respuesta al pedido de equidad de Galtieri. Como señalaría días después a un grupo de periodistas una fuente gubernamental: «Estados Unidos tiene países aliados, pero considera a algunos más aliados que otros.»

Haig volvió a reclamar concesiones de Argentina, señalando que sólo así podría ganar el «tiempo vital» que necesitaba para evitar el fracaso de su esfuerzo. Debían producirse —explicó— concesiones para que pudiese volver a Londres; de otro modo ese viaje carecería de todo sentido.

Ése fue otro instante significativo porque —alrededor de las 22— el hombre que había hablado en el tono de representante único de la voluntad nacional admitió implícitamente, sin advertirlo quizá, sus limitaciones, al manifestar que se imponía una consulta con sus colegas de la Junta Militar para decidir respecto de la flexibilidad que reclamaba Haig. Una hora después, Jorge Isaac Anaya y Basilio Arturo Lami Dozo ingresaban en la Casa Rosada y Galtieri se excusó, para reunirse con sus pares. La fractura del poder que supuso el esquema adoptado por los militares en marzo de 1976 nunca fue de gran ayuda al país en sus relaciones internacionales.

El debate en el seno de la Junta Militar fue arduo. Como lo haría de allí en más y hasta el final, Anaya sostuvo con firmeza que el operativo del 2 de abril no se había realizado para entregar lo conquistado por las armas en una mesa de negociaciones y que, en todo caso, las amenazas norteamericanas no merecían ser tenidas en cuenta. La flota británica no llegaría al Atlántico Sur. Reagan sencillamente no podía darse el lujo de abandonar a un país como Argentina, mientras la Unión Soviética golpeaba otra vez la puerta centroamericana del hemisferio. La voluntad de toda Argentina estaba en juego, como había quedado demostrado ese mismo mediodía, afirmó.

Lami Dozo siguió en la exposición del criterio de su fuerza un curso apenas disimuladamente inverso al de su colega de la Armada. Era preciso —dijo— mantener vigente la alternativa de una negociación pacífica accediendo a la flexibilidad requerida por el secretario de Estado. Después de todo, ¿no habían analizado antes de aceptar la intervención de Haig, que la misma supondría ineludiblemente efectuar algunas concesiones? ¿No habían previsto también la necesidad de sedar los efectos del golpe de fuerza en las islas sobre el orgullo británico? Para que no quedaran dudas, el comandante de la Fuerza Aérea señaló que su posición era el resultado de los sondeos que efectuara pocas horas antes, entre los mandos aeronáuticos.

Galtieri quedó atrapado entre los dos fuegos no porque tuviera una tercera alternativa a las ya expuestas, sino porque en su interior compartía parcialmente los argumentos de ambos. Como a Anaya, le producía horror pensar en un retroceso, pero tampoco le seducía la idea de privarse de la asistencia norteamericana, sumando a Washington a los críticos argentinos.

Se siguió discutiendo sobre estas variantes durante algunos minutos, pero el tiempo no sobraba. Finalmente se acordó entregar a Haig un documento con la posición argentina para que tuviera un elemento que exhibir —esto le permitiría ganar el tiempo que decía necesitar— ante los británicos y se intentaría acomodar su redacción a algunos de los reclamos del norteamericano.

Anaya no se resignó y dio la última vuelta de tuerca. Puso como condición para sumarse al consenso la necesidad de instrumentar una activa participación militar en ese documento. En otras palabras, reclamó la presencia de un delegado suyo haciendo gala una vez más de la desconfianza que los militares argentinos han sentido por los diplomáticos. Alusiones a «los maricones de la cancillería» eran frecuentes en la jerga castrense de aquellas jornadas. No había modo de negarse a esta solicitud, aunque obligara obviamente a los restantes comandantes a colocar también sus delegados personales. Era otra expresión del esquema «treinta y tres por ciento del poder para cada fuerza», que inauguraron en 1976 los primeros responsables del gobierno militar.

Esto abrió la puerta para el ingreso en el primer plano del drama, de tres hombres de confianza de los comandantes: el general de brigada Iglesias, el almirante Moya y el brigadier mayor José Miret. Si Galtieri se refirió muchas veces a la Junta Militar como «mi Senado», los delegados de ese organismo en la negociación fueron el «parlamento» particular de Costa Méndez, que funcionó hasta el final. Más propensos a la ironía, los periodistas argentinos los motejaron «Las tres Marías» y los extranjeros, que los conocieron durante los viajes de Costa Méndez, «Los tres Chiflados» (The Three Stooges).

Cada uno de los tres jugó en diversos momentos del conflicto papeles de importancia —muchas veces de contenidos disímiles, uno respecto del otro—, pero ninguno de mayor significación que el de Moya. En poco tiempo, este oficial naval —por entonces jefe de la Casa Militar de la Presidencia— desplazó a Iglesias en las preferencias de Galtieri.

A medida que la crisis se desarrolló y la derrota se insinuó con más claridad, Moya, quien tuvo un papel importante en la dura represión de esos años, fue convirtiéndose en una figura auténticamente imprescindible para el atribulado presidente, a quien rescataba de los estados depresivos que en forma cada vez más frecuente acosaban al mandatario.

A la una de la madrugada del domingo estaba claro que el fracaso no había sido evitado. El único resultado fue un breve documento —apenas cinco puntos—, conteniendo lo que los argentinos denominaron «exigencias mínimas». Haig advirtió a Costa Méndez que en el mismo se repetían varias de las demandas que Gran Bretaña consideraba inaceptables, como la de cancelar inmediatamente y antes de un retiro de las tropas argentinas, la vigencia de la «zona de exclusión» que regiría a partir del día siguiente, además de suspender las sanciones económicas como las que ya aplicara Londres y las que había anunciado el sábado la Comunidad Económica Europea. Galtieri dejó en claro la renuencia de la Junta Militar a negociar bajo presión.

Lo único que surgió como una tibia promesa de elasticidad ante los ojos de los funcionarios del Departamento de Estado fue el hecho de que la redacción del memorando sugería la aceptación argentina de la negativa británica a reconocer sus reclamos de soberanía en forma previa a la negociación. Como contrapartida, el documento contuvo previsiones para asegurar que la bandera argentina continuara ondeando sobre las Malvinas durante el período interino y que la forma de administración provisional que se implementara garantizase un efectivo control de Buenos Aires durante ese mismo período.

En este punto de la discusión, los argentinos advirtieron al secretario de Estado que Argentina se sentiría en libertad, a partir de la aplicación de aquel bloqueo naval alrededor de las Malvinas, al que consideraba una agresión, para solicitar una convocatoria del Pacto de Río. Esta afirmación originó una nueva discusión. Los norteamericanos volvieron a argumentar contra esta decisión que verdaderamente los preocupaba. No querían que un problema sin solución agudizara aún más la crisis que afectaba al sistema interamericano.

Haig dejó en claro que su gobierno consideraba que las previsiones del TIAR y en particular la principal, la obligación recíproca de los países americanos signatarios de prestarse asistencia en caso de ser agredidos por un Estado extracontinental, no eran de aplicabilidad en este caso. La explicación era tan sencilla como conveniente a la interpretación histórica norteamericana de ese tratado de seguridad: no podía hablarse de agresión extracontinental cuando el uso de la fuerza original había sido —el 2 de abril— responsabilidad de Argentina. Esto la privaba de poder reclamar los derechos de país agredido.

Contra todo lo que el curso del diálogo pudo hacer suponer, sobre el final de aquella larga jornada Haig comunicó a Costa Méndez que emprendería vuelo a Londres la mañana siguiente, aunque aclaró que lo hacía en las peores condiciones posibles para iniciar una nueva ronda de conversaciones con la Thatcher. La ruptura de la cuerda fue evitada esa vez, pero era imposible disimular el resultado real. El secretario de Información Pública, Rodolfo Baltiérrez, apareció a la 1.15 ante los insomnes cronistas gubernamentales para confesar un lacónico:

—No hubo acuerdo.

El avión de Haig partió rumbo a Londres a las 9. Poco antes, el secretario de Estado había escuchado misa en el Santísimo Sacramento, donde tuvo oportunidad de reconocer entre los fieles y estrechar en un abrazo a José Alfredo Martínez de Hoz.

En el avión —recordó luego uno de sus pasajeros— el ambiente fue francamente depresivo. En los intercambios de ideas de aquellas dieciocho horas de vuelo, Haig bordeó varias veces una explosión de ira al recordar el contenido de sus conversaciones con Galtieri. Las alternativas a una confrontación eran —a juicio del secretario de Estado— escasas y así se lo hizo saber a través de una comunicación radial al presidente Ronald Reagan.

Los principales conceptos de aquella conversación fueron luego «filtrados» a la prensa por el polémico columnista Jack Anderson, y así tomó estado público una especulación compartida por el mandatario y su enviado especial, que resultó francamente ilustrativa de cómo veían la cuestión. En una parte de aquel análisis, ambos se preguntaron si la Thatcher vería saciada su sed de «venganza» y satisfechas sus necesidades políticas, cuando los cañones de su fuerza de tareas hundieran un buque argentino.

Pero la posición política de la primer ministro se había fortalecido desde que el secretario de Estado la viera cuatro días antes. Una encuesta realizada en esos días demostraría que el ochenta y tres por ciento de los británicos consideraba el envío de la flota como una respuesta adecuada a la acción militar argentina. No existía ya el riesgo de que el gobierno conservador cayera, al menos, en el corto plazo.

Por lo demás, si la intervención pacificadora de Washington nunca fue completamente «bienvenida» en Londres, a esta altura de los hechos era francamente resistida. Numerosos artículos periodísticos hablaban ya abiertamente de la posibilidad de una «traición americana» y los editoriales reclamaron una solidaridad expresa y definitiva a Reagan. El tiempo vendría a confirmar que la tendrían.

La escena que aguardó a Haig en el aeropuerto de Heathrow fue un símbolo —no muy difícil de reconocer como tal entonces— de lo que le aguardaba. Sencillamente no había allí —a las 5.40 del lunes 12— autoridad alguna para recibir al enviado norteamericano. Los funcionarios de la embajada estadounidense debieron organizar, apresuradamente, una flotilla de automotores para trasladar al secretario de Estado y a su comitiva hasta el lujoso hotel Churchill, donde se hospedó. Las intensas horas de vuelo y trabajo comenzaron a hacer crisis en el organismo de Haig —los bruscos cambios horarios le impedían ya hasta el descanso— y hay indicios de que se insinuó un recrudecimiento de una vieja dolencia coronaria.

Pero la ambición de Haig era, al menos hasta ese momento, más fuerte que cualquier otra consideración. En este conflicto ese sentimiento fue el motor que sirvió a más de una de las personalidades que intervinieron, entre ellas el norteamericano. Como evaluó con agudeza un protagonista de esas jornadas: «Hubo siempre un Premio Nobel de la Paz, alrededor del cual giraban todos como en calesita para sacar la sortija.»

Se inició una nueva y prolongada jornada de negociación en la que Pym recibió a su colega con alusiones a la inflexibilidad de la primer ministro y a los desafortunados rumores sobre la indecisión de Washington para respaldar a su aliado atlántico, que poblaban el Parlamento y el gobierno conservador.

En lo que se refiere a los aspectos prácticos del conflicto, la discusión se centró en algunas pocas variantes:

La alternativa de un condominio argentino-británico sobre las islas. La idea no fue rechazada de plano —Pym llegó inclusive a aceptar en público la posibilidad—, pero su implementación suponía vencer numerosos obstáculos. Era difícil imaginar la forma en que dos naciones a punto de ir a la guerra —y con inocultables resentimientos recíprocos— podrían convivir tan directamente en un proyecto semejante. Por otra parte, esto no satisfaría la cuestión de fondo que para los argentinos seguía siendo la soberanía. En todo caso, como apuntaron algunos comentarios periodísticos de aquellos días, la idea del condominio parecía útil sólo desde el punto de vista de los isleños y, aun así, no había certeza de que ganara consenso entre éstos.

La idea de una «autoridad interina» de las Naciones Unidas, que de todos modos ya había sido descartada en Buenos Aires. Una intervención de características generales similares a la anterior, pero esta vez a cargo de la OEA. Este foro despertaba un absoluto recelo entre los británicos. Además, en esas mismas horas, los presidentes de México, José López Portillo, y de Ecuador, Osvaldo Hurtado, se habían pronunciado solidarios con los reclamos argentinos. Por si esto fuera poco, aquel mismo lunes fracasó un intento del grupo de países anglófonos del Caribe por obtener una condena del Consejo Permanente de la OEA a la acción militar argentina, episodio que culminó con el retiro de todos los embajadores latinoamericanos de la mesa de deliberaciones.

Más confiables resultaron los proyectos de recibir asistencia de terceros países —escogidos en número similar por cada una de las partes en disputa— y Estados Unidos. O bien una autoridad tripartita con la asistencia de Washington. El gobierno norteamericano, se evaluó en forma coincidente, podría actuar no sólo como «colchón» entre los litigantes, sino también ofrecer las salvaguardias que reclamaban los intereses nacionales de ambos. Esta última fórmula comenzó a emerger como la de mayor viabilidad.

El debate sobre la cuestión de la soberanía, para ser concluido en fecha futura, siempre que quedara en claro —acotaron los hombres del Foreign Office— que no se aceptaría plazo alguno que fuera inmediato o rígido. En primer lugar, porque poner una fecha tope implicaba condicionar el resultado de aquella eventual negociación y porque había que asegurar un método para evitar que la amenaza de que una decisión argentina —tal vez la denuncia del mecanismo convenido si éste no transitaba la senda deseada por Buenos Aires— retrotrajera la situación a los orígenes de la crisis.

Los acuerdos que se firmaran debían, además, resguardar explícitamente y en la forma más adecuada que se encontrara «los deseos, derechos e intereses de los isleños». Y también contemplar la reactivación de los consejos Ejecutivo y Legislativo del anterior gobierno, aunque en este punto podría analizarse la incorporación de una representación limitada argentina. Éste era un requisito vital para el interés británico.

De todos modos, ninguna de estas alternativas podía merecer la consideración seria del gobierno inglés, explicó Pym, si antes Argentina no se avenía a cumplir con el mandato de la resolución 502; es decir, si previamente no evacuaba sus tropas del archipiélago. Aun una detención de la fuerza de tareas estaba sujeta irremediablemente a esa precondición. Además, tal satisfacción a la solicitud de retiro del Consejo de Seguridad no podía demorarse más allá de quince días porque, de otro modo, el grueso de la fuerza inglesa habría alcanzado ya la zona de conflicto y un enfrentamiento sería entonces virtualmente imposible de evitar. Haig recibió también la noticia de que ese día el Ministerio de Defensa anunciaría que los primeros submarinos británicos se encontraban en las inmediaciones de las islas y que habían recibido confirmación de la orden de abrir fuego sobre cualquier nave argentina que pretendiera violar la «zona de exclusión».

En una posterior reunión con la Thatcher, Haig se enteró por boca de la primer ministro que era su decisión no ir más allá de la posibilidad de negociaciones ulteriores sin plazo y de una administración interina unidas a un previo retiro de los efectivos argentinos. Además, le informó, enfrentaría al Parlamento —convocado para el miércoles 14 de abril— con esta determinación. Sólo aceptó mantener reserva sobre los términos de la negociación ante sus miembros. En suma, no habría más flexibilidad para con los «agresores», dijo a su interlocutor. Aconsejó además al gobierno norteamericano, por intermedio de Haig, que hasta una auténtica vocación pacificadora debía tener sus límites.

Hay indicios —en las filtraciones periodísticas de aquellos días— que Haig modificó sustancialmente el contenido de sus argumentos en esta segunda visita a Londres. Tanto al dialogar con Pym en el Foreign Office como con éste y la Thatcher en el 10 de Downing Street, se avino a considerar abiertamente la alternativa —y las modalidades— de un próximo respaldo abierto norteamericano a la causa» británica. El canciller inglés diría confiado en una conferencia de prensa realizada en la noche de aquel día que «Estados Unidos no permanecerá neutral entre una democracia y una dictadura».

El semanario The Economist —que posee excelente información del gobierno conservador— señaló en un editorial dedicado a comentar aquella etapa de la misión Haig: «Para Estados Unidos, los intereses en esta disputa son más particulares aunque la necesidad de cualquier potencia, grande o mediana, de no permanecer neutral cuando un aliado arrasa por la fuerza el interés de otro aliado. Y, tal cual pensábamos, se está revelando ahora al presidente Reagan que no podrá estar en ambos lados cuando comiencen los disparos. Ni lo estará. Para mediados de semana los argentinos no lo habían comprendido aún, pero es ahora cierto que si las negociaciones fracasan y los misiles comienzan a volar, Estados Unidos respaldará a Gran Bretaña. No con portaaviones, sin duda, sino probablemente con sanciones económicas similares a las admirablemente invocadas por los socios de Gran Bretaña en la comunidad europea y, mientras el tiempo pasa, quizá con respaldo logístico para la flota británica.» Y eso es una descripción anticipada exacta de lo que sucedió unos quince días después.

Además, el influyente matutino The Washington Post incluyó en su edición de ese día un artículo con la firma de Carl Bernstein —uno de los periodistas que había expuesto el escándalo de Watergate— consignando una «filtración» del Departamento de Defensa sobre la provisión de inteligencia norteamericana a Gran Bretaña. Identificaba también a su principal promotor: Caspar Weinberger. El contenido del informe de Bernstein motivó una consulta telefónica de Costa Méndez a Haig, quien desmintió su veracidad.

Haig consideró con sus asesores la posibilidad de aplicar la misma táctica que empleara en Argentina: tomar lo que le era dado y regresar a Buenos Aires para intentar ajustar las exigencias de la Junta Militar a lo que había conseguido. No hizo falta que llamara a Costa Méndez para sondear la posibilidad, porque éste se anticipó a su intención.

No es aventurado especular sobre las dificultades que el argentino halló para tomar la iniciativa de establecer la comunicación, que tampoco fue la primera de la jornada entre ambos (hubo por lo menos dos anteriores). Ésta se estableció alrededor de las 22.30 y después de una reunión del Comité Militar en la que Anaya introdujo un nuevo elemento conflictivo. La negociación que siguiera a un retiro argentino, explicó el marino, no podría ser encarada de modo tal que se repitieran los diecisiete años de frustraciones de la anterior oportunidad. El acuerdo —demandó— debía incluir un cronograma para el traspaso de la soberanía a Argentina; después de todo, para eso se había enviado a los soldados a las islas.

La nueva exigencia argentina cayó como una piedra sobre el ánimo del mediador, quien la consideró como un «golpe de muerte» a su gestión. No dudó en transmitirle a Costa Méndez que una nueva visita suya a Buenos Aires carecía de sentido, dadas las nuevas condiciones, sugiriendo la posibilidad de dar por concluida su intervención. Tras el balde de agua fría, el canciller argentino sólo podía —y así lo hizo— abogar por la continuidad del esfuerzo. «No debe usted abandonar», le sugirió con insistencia al secretario de Estado. La respuesta de éste fue casi neutra. No asumió otro compromiso que el de remitir a Buenos Aires al día siguiente algunas opiniones escritas sobre la difícil situación.

Otros setenta minutos de abogar ante la Thatcher —en la mañana del martes 13— arrojaron un magro resultado. Apenas una tibia promesa de la primer ministro de considerar nuevas ideas, claro que si primero éstas se le ocurrían al secretario de Estado.

Los dos días siguientes fueron para el mediador, simultáneamente, de trabajo, contactos con las partes y enfrentamientos intestinos con sus críticos en el seno del gobierno republicano. De estos últimos había dos clases: los que sostenían que su esfuerzo no tenía destino y que sólo restaba respaldar abiertamente la causa británica y aquellos que ya lo acusaban veladamente de no ser un auténtico mediador, sino un representante de Londres ante Argentina. Estos últimos eran, notoriamente, minoría.

Luego de reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Clark, y de informar al presidente Reagan, quedó en claro que aún había consenso en el seno del poder para seguir intentando evitar la guerra. ¿Sobre qué base? No había, es cierto, demasiados caminos nuevos para transitar, por lo que Haig concibió —como fórmula de reemplazo a la conciliación de posiciones antagónicas ensayada en vano hasta ese momento— un plan de cinco puntos que implicaba una suerte de partición de las diferencias. Cada una de las partes perdería por cantidades iguales. Este esquema era, a grandes rasgos, el siguiente:

Retiro de tropas argentinas unido a la detención y posterior retroceso de la flota británica a mil millas náuticas en un plazo de quince días. (Gran Bretaña obtenía así el cumplimiento de la 502 y Argentina evitaba el desdoro de producir una retirada unilateral.)

Una administración tripartita interina —enarbolando las banderas de cada uno de sus miembros— integrada por Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos como asistente y garante de las partes. Esta forma de gobierno —que incluiría a los consejos isleños— tendría como plazo el 31 de diciembre de 1982, antes de cuya expiración debía hallarse un acuerdo permanente.

Levantamiento de la «zona de exclusión» y de las sanciones recíprocas y restauración de las comunicaciones entre el continente y el archipiélago.

Un sistema de negociación directa entre las partes en conflicto, asistidas por Estados Unidos y según la práctica habitual de las Naciones Unidas en estos casos. El tema central sería el status definitivo del archipiélago y sus dependencias.

Consulta, mediante referéndum, de la voluntad de los isleños. El plazo fijo para la solución era inaceptable para Londres y el referéndum, como elemento de peso en la evolución última de la disputa, adquiría la misma categoría para Argentina. Pero aquí se trataba virtualmente de «barajar y dar de nuevo», y bastaría con medias palabras de asentimiento, sin contar las objeciones, para empezar. Y así procedió. Las consultas efectuadas con Londres y Buenos Aires obligaron luego a ampliar este esquema básico.

Pero esta vez se dispuso a ejercitar ante los argentinos toda la presión que estuviera a su alcance. Y comenzó a ensayarla ante el canciller Costa Méndez, tanto en sus conversaciones telefónicas como en los mensajes que le cursó por télex con el invariable encabezamiento: «Dear Nicanor.» En todos ellos Haig hizo campear siempre la posibilidad de una ruptura, a la vez que puntualizó las «muchas concesiones» que, a su juicio, había conseguido arrancarle a la Thatcher.

A esa altura, Costa Méndez no podía dejar de percibir que lo de «Querido Nicanor» era un seco formalismo.

El ambiente en Buenos Aires estaba maduro —a pesar de las posiciones asumidas por la Junta Militar, en particular por Galtieri y Anaya— para expresar receptividad a los argumentos norteamericanos. La posibilidad de que los norteamericanos abandonaran la mediación no alegraba a ninguno de los estamentos del poder y, menos que a nadie, al canciller, que había colocado el grueso de sus esperanzas por anticipado en la opción de Washington.

Hay —entre otros posibles— un dato ilustrativo de la creciente preocupación de los mandos militares por lograr un acuerdo bajo la asistencia norteamericana, preocupación que, sin embargo, no encontró un correlato de intensidad entre los miembros de la Junta Militar. El 14 de abril —fecha en la que el secretario de Estado creyó alcanzadas las condiciones para anunciar su regreso a Buenos Aires—, el vicealmirante Lombardo se trasladó a Puerto Belgrano, desde donde, al día siguiente, debía zarpar la flota de guerra que había culminado un período de reaprovisionamiento y puesta a punto, luego del operativo del 2 de abril y en cumplimiento de un plan de navegación que se había aprobado con fecha 12 de abril.

—Quiero decirles —reconoció Lombardo en un discurso ante el personal— que tengo la esperanza de que, mientras ustedes estén en el mar, se llegue a un acuerdo en este problema, porque es la única solución. Nadie se puede engañar: cuando se llegue a ese acuerdo se llegará cediendo cosas. Porque nosotros, en este momento, tenemos teóricamente todo. Tenemos la soberanía y el gobierno. Pero algo habrá que ceder para transar.

Ante el asombro de algunos oficiales —entre ellos el del propio Allara—, Lombardo prosiguió en esta vena inusualmente conciliadora para aquellos días.

—Cuando firmemos el acuerdo, yo lo sé, la gente se quejará. Dirá que somos muy dadivosos. Que no supimos guardar lo ganado. Y mientras más desconozca la realidad el que opine, más protestará por las concesiones. Y ustedes, que han perdido camaradas recuperando las islas, van a tener que explicarle a esa gente por qué fue necesario ceder. —¿A qué se debió ese cambio radical en la actitud del jefe del TOAS? ¿Acaso un convencimiento íntimo?

Ese miércoles hubo una nueva reunión del Comité Militar —en la que también se aprobaron los borradores para la nueva ronda de negociaciones—, y la conclusión central para los argentinos fue la necesidad de ofrecer a Washington una muestra de la buena voluntad argentina. Así fue concebido el recurso de otra comunicación directa entre los dos presidentes. Para que esta concesión no pareciera un retroceso político de Argentina, se convino en que Galtieri le expresaría a Reagan algunas advertencias y le plantearía —en las fórmulas elípticas habituales— la preocupación por las versiones sobre la ayuda norteamericana a Gran Bretaña. Y también el disgusto por las declaraciones de algunos miembros del gobierno norteamericano, como las del secretario de Defensa, Weinberger, poco menos que abiertamente favorables a Londres.

En el primer caso, habría que esgrimir el fantasma de la Unión Soviética —al que Reagan siempre se muestra sensible— y, en el segundo, reclamar una reafirmación de la neutralidad estadounidense. Resulta destacable el énfasis con que el mandatario norteamericano se avino a proporcionar esta última seguridad solicitada.

El diálogo —estos cronistas obtuvieron en el curso de la investigación una copia de la desgrabación textual en español que se reproduce sin modificaciones— se inició a las 19 horas del 15 de abril, apenas tres horas y media antes de que un avión depositara a Haig en Ezeiza. No hubo, esta vez, reticencia del presidente-comandante como en la madrugada del 2 de abril; por el contrario, al argentino le tocó ser esta vez el que «disco el número» de su colega.

—Buenas tardes, señor presidente, a ver cómo me escucha. Cambio. —Se produjo una pausa y luego el argentino insistió—: Buenas tardes, señor presidente Reagan; aquí el presidente Galtieri hablando. A ver cómo me escucha —probó Galtieri para iniciar el intercambio a través de los intérpretes.

—Señor presidente, lo escucho muy bien; estoy enterado de que usted quiere continuar las conversaciones; tengo mucho gusto en escucharlo. Lo escucho muy bien. Estoy a su disposición.

—Es realmente un placer volver a conversar con usted, señor presidente, después de la primera conversación no muy fructífera que tuvimos el uno de abril en la noche cuando prácticamente, desde el punto de vista del gobierno argentino, ya estaban resueltos aspectos muy importantes y no pude acceder a su requerimiento. A ver si me escucha. Cambio.

—Lo escucho muy bien, señor presidente.

—Es deseo, el profundo deseo del pueblo y gobierno argentinos que no siga en un mayor deterioro esta situación y con la insistencia de Estados Unidos en buscar para ambas partes una solución aceptable dentro de la resolución 502 de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta antecedentes existentes sobre este problema, ya sea en forma bilateral, desde hace ciento cincuenta años, como así también todo lo tratado al respecto a través de las Naciones Unidas durante los últimos diecisiete años en lo que a la descolonización en el mundo se refiere. A ver si me escuchó, señor presidente.

—Sí, le escuché todo, señor presidente. Pregunto, señor presidente, si usted quiere que yo formule una respuesta en este momento o deseaba añadir algo más—inquirió Reagan.

—Yo prefiero agregar un párrafo más, señor presidente. Existe la mejor buena voluntad del gobierno argentino, pero yo deseo que también interprete que el avance de la flota y los medios ingleses hacia el océano Atlántico Sur no sólo está poniendo cada vez más en peligro la situación del Atlántico Sur entre ambas naciones, que, por supuesto, me preocupa mucho, sino tiene peligro de envolver a otras naciones en este tema que no quisiera que fuera interferido por otros intereses. Las relaciones establecidas entre ambos gobiernos, acentuadas en estos últimos tiempos entre nuestras dos administraciones tan estrechas; es firme deseo nuestro de continuarlas en todos los aspectos de la vida internacional, y temo que si el… las hostilidades inglesas continúan hacia el Atlántico Sur, se puede ir de las manos y de nuestro control, transformándose en un tema en extremo delicado en todo el mundo. No sé si me ha tomado usted bien, señor presidente —esbozó a modo de advertencia Galtieri.

—Señor presidente, lo escuché muy bien y, por lo tanto, deseaba decirle que yo personalmente permanezco comprometido a una resolución pacífica de esta disputa; esto es de gran importancia, porque como he dicho en el pasado, se trata del enfrentamiento de dos naciones amigas nuestras. Por lo tanto, nosotros continuaremos con nuestros buenos oficios en relación a ambas naciones. Ahora el secretario Haig está encaminado, estará llegando a Buenos Aires dentro de pocas horas para continuar nuestros esfuerzos. Usted sabe ya que el secretario Haig es mi representante personal, en él coloco toda fe y confianza en este asunto. Debo decirle, señor presidente, que yo estoy de todo corazón totalmente comprometido a una resolución pacífica de esta desavenencia; yo concuerdo que una guerra en este hemisferio entre dos naciones amigas de Estados Unidos es cosa impensable; sería una tragedia, un desastre para el mundo occidental; sería un patrimonio amargo para las generaciones futuras, ya sean de argentinos o de británicos y de norteamericanos. La única parte que podría beneficiarse en este tipo de conflicto sería la Unión Soviética y sus aliados esclavos; por lo tanto yo tengo esperanzas de que podamos llegar a una solución en un futuro próximo. Cambio.

—Agradezco al señor presidente. Dígale —en algunos tramos Galtieri pareció dirigirse al intérprete— que comparto sus puntos de vista, pero en la medida que transcurran las horas y continúe el bloqueo por parte de Gran Bretaña en nuestras costas y siga avanzando la flota inglesa hacia el Sur puede producirse, buscado o no por otros elementos interesados del mundo, un hecho desgraciado que va a ser imposible de identificar y va a agravar, sensiblemente, la situación actual. Además, debemos tener mucho cuidado en este sentido porque evidentemente se está buscando producir fisuras; los hechos periodísticos en Estados Unidos y el resto del mundo ocurridos en el día de ayer así lo demuestran, se está tratando de producir fisuras en las excelentes relaciones establecidas por nuestros dos gobiernos y nuestros dos países y nuestras administraciones. Yo tengo temor de que, a medida que transcurra el tiempo, se puedan producir hechos que difícilmente podamos controlar. Por supuesto agradezco al señor presidente el envío, nuevamente, del señor Haig a Buenos Aires, con quien tomaré por supuesto contacto mañana y hablaremos en extenso de este problema que tenemos entre manos y que a todos nos preocupa. Cambio.

—Señor presidente, yo tengo naturalmente esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo que salve esta situación y comparto sus temores de que surja algún hecho que volvería difícil controlar la situación o del cual sería difícil retroceder; yo sé también que usted y los dirigentes británicos desean llegar a una solución de esta situación; que son personas de altísimas cualidades, de liderazgo, de las cuales nosotros esperamos, necesitaremos, una actitud de flexibilidad y moderación para que podamos avanzar en la solución de esta situación. Pero quiero hacer hincapié en mi actitud y mi convencimiento de que se necesita en esta situación una solución pacífica en función de estas circunstancias tan graves. Solución pacífica que corresponda a los intereses de los pueblos involucrados y de la población de las islas, en una forma aceptable para las partes. Pero como usted ha mencionado, el secretario de Estado, dentro de pocas horas, estará en su país. Yo seguramente le voy a transmitir el contenido de este intercambio a mis propios colaboradores y de nuevo deseo asegurarle, señor presidente, sobre el hecho de que yo considero al señor secretario de Estado como mi representante personal. Ésta es una situación extremadamente difícil y también me doy cuenta de que existe un esfuerzo de propaganda de buscar o tal vez provocar una agresión entre nuestros dos países. Nosotros no hemos hecho nada, señor presidente, que sea contrario a nuestro papel que hemos asumido de intermediario neutral y objetivo. La paz equivale a nuestra causa y nuestro único objetivo, la paz entre dos naciones amigas nuestras, la de Argentina y Gran Bretaña, y todo lo que haremos corresponderá a ese objetivo nuestro. Nosotros debemos tener cuidado en continuar esta neutralidad de nuestra parte, neutralidad y amistad para ambas naciones involucradas, porque, de no proceder en esta actitud, naturalmente se perjudicaría nuestro papel de asistencia. Que nosotros procediéramos más allá de este papel de neutralidad, de objetividad, seguramente afectaría nuestra capacidad de ayudar a nuestros amigos de Argentina y Gran Bretaña. Por lo tanto, deseo que usted sepa, señor presidente, que nosotros continuaremos en un rol de neutralidad en este asunto, porque si estallara un conflicto naturalmente se produciría un problema muy grave. Yo naturalmente he sido centro de críticas porque nuestra administración ha mantenido esta línea de neutralidad, pero mi intención es de continuar en esta neutralidad a medida que procedan las negociaciones del caso. Por lo tanto yo espero y pido a Dios que no haya conflicto que sea causado inadvertidamente por una parte u otra durante el tiempo en que estamos dedicados a la solución de esta situación. Cambio.

—Le agradezco mucho al señor presidente el motivo principal de esta llamada y su gentileza para continuar el diálogo que habíamos iniciado el uno de abril, en este intercambio directo entre ambos presidentes, ir manteniendo la cordialidad, la amistad y el entendimiento de ambas naciones, en función de buscar para el mundo occidental las soluciones a los problemas y evitar las fisuras; solamente le quiero agregar que el pueblo de Estados Unidos en mil setecientos setenta y seis, allá en el norte del hemisferio, comenzó la lucha contra el colonialismo y logró su independencia. Nosotros, acá en el Sur, también en el siglo pasado, más tarde que ustedes, hicimos lo mismo, logramos nuestra independencia parcialmente y el dos de abril, apenas en mil novecientos ochenta y dos, tratamos de completarla, un poco más tarde que Estados Unidos. Deseo que el señor presidente comprenda ese sentimiento del pueblo argentino. Cambio.

—Comprendo su preocupación, señor presidente, y le aseguro que nosotros permaneceremos en nuestro papel para llegar a la solución de esta situación como también para mantener la amistad entre dos naciones del mundo occidental. De nuevo deseo agradecerle por su llamada y espero con entusiasmo e interés escuchar las noticias del secretario de Estado después de vuestras conversaciones de mañana, y dicho esto le agradezco y le deseo muy buenas noches.

—Buenas noches, señor presidente, y será hasta algún momento.

Galtieri no lo sabía, pero ese «algún momento» se iría extendiendo indefinidamente en un tiempo que ya comenzaba a serle ajeno.

Naturalmente, las esperanzas crecieron en la intimidad del poder militar luego de aquel diálogo, permitiendo inclusive superar un reciente trauma sufrido por los estrategas argentinos. El miércoles, la primer ministro Thatcher había montado con éxito una nueva demostración de fuerza sacando al Parlamento de su receso para realizar una nueva sesión de emergencia. Lo hizo en medio de rumores sobre la posibilidad de que el cuerpo le negara un voto de confianza, forzándola a renunciar.

El Parlamento, pero especialmente sus integrantes del Partido Conservador, parecían haberse dividido, como dijo un semanario londinense, en "un partido de la guerra" y un "partido de la paz", cada cual de los cuales es menor en número que un grupo de indecisos que se encuentra en el medio». De un modo ingenuo y voluntarista, como en tantas otras oportunidades, los voceros militares se desgañitaron invocando ante los periodistas «argumentos lógicos» e «informaciones de primera» que auguraban el final político de la Thatcher.

La primer ministro obtuvo un mayoritario apoyo y los cuatro partidos principales —conservador, laborista, socialdemócrata y liberal— aceptaron su propuesta de recuperar las islas «por la vía diplomática, pero con un fuerte respaldo militar». El respaldo más claro provino, nada más y nada menos, que del líder de la oposición laborista, Michael Foot.

El consuelo de los «analistas de uniforme» argentinos fue sencillo: quizá fuese mejor así, dijeron. Siempre es preferible negociar con alguien que esté en una posición política de fuerza.

Haig arribó en la noche del viernes reclamando, desde el aeropuerto de Ezeiza, «el esfuerzo supremo para lograr una solución a este problema» y advirtiendo que la misma «requerirá una flexibilidad grande de ambas partes en este conflicto, sin abandonar sus principios, pero demostrando el grado de flexibilidad requerible». Y a la mañana siguiente comenzó a peticionar ante Galtieri, quien lo recibió en la Casa Rosada.

Los apuntes que se tomaron de aquel diálogo —y a los cuales se logró acceso durante la investigación— permitieron la reconstrucción de algunos de sus momentos más importantes. Luego de entregarle un mensaje personal del presidente Reagan, redactado tras su comunicación telefónica con Galtieri, el secretario de Estado comenzó a extraer «las palomas de su maletín», como evocó un diplomático.

—Hemos preparado, señor presidente —dijo Haig—, sobre la base de un análisis cuidadoso de las posiciones de cada una de las partes y de las situaciones existentes en Londres y Buenos Aires, un esquema que contiene siete aspectos principales: Primero. Retiro de tropas argentinas y detención de la flota británica. Segundo. Permanencia de la bandera argentina en las islas, a través de la administración tripartita. Tercero. Expansión considerable del papel argentino en las islas durante el período interino. Cuarto. Garantía de que las negociaciones para una solución de largo plazo serán concluidas antes de fin de año. Quinto. Yo creo, señor presidente, que tenemos el doloroso acuerdo de la señora Thatcher para guiar ese proceso de negociación según los principios de descolonización. Sexto. Normalización de las comunicaciones entre el continente y las islas. Séptimo. Levantamiento de las sanciones y garantía de la asistencia norteamericana durante todo el proceso.

»En Londres —prosiguió—, insistí para que la toma de decisiones fuera por mayoría durante todo el proceso, para que Estados Unidos pueda provocar los cambios sobre las islas. Sinceramente, no creo que ni una parte ni la otra puedan obtener todos sus deseos, pero queremos asegurar una solución de éxito —concluyó.

Galtieri manifestó interés, pero recordó que el gobierno argentino ya había cursado algunas contraofertas e indicó que su canciller sería el encargado de debatir los detalles. Pero no quiso dejar pasar la oportunidad de requerir algunas aclaraciones, como las que le solicitara a Reagan, aunque en una forma más directa.

—Hay cosas que ciertamente no ayudan —comenzó a recriminar Galtieri a su interlocutor—. Mi gobierno recibió con desagrado la solicitud colectiva de visas para ingresar a Uruguay de todos los funcionarios de la embajada norteamericana en Buenos Aires. E igual sensación causaron las declaraciones del ministro Weinberger sobre el apoyo que Estados Unidos está dispuesto a prestar a Gran Bretaña. No me gusta, señor Haig, que el personal norteamericano pida visa para viajar a Uruguay, personal de la embajada de Estados Unidos. No sé si esto es una cuestión de veraneo en Punta del Este —risas—. Entonces es una cuestión de presión de Estados Unidos, no lo entiendo bien.

Era el corolario del «síndrome de Irán», pero Haig prefirió desentenderse del problema poniendo una cara de absoluta indiferencia.

—¿Ésos que usted menciona son funcionarios norteamericanos? Es terrible —mintió el secretario de Estado. El argentino sabía la verdad.

—General, fue como si tuvieran una indicación de Washington de ir preparando la evacuación de la embajada.

—Sólo vea, señor presidente, lo que aconteció hace un tiempo en Estados Unidos —presunta alusión al caso de los rehenes en Irán—. Yo no necesito estar de vuelta en Estados Unidos para reconocer que hay gente de mala fe que está intentando… —dijo a modo de confusa explicación sin terminar la frase.

—Ninguna duda; usted lo reconoció y nosotros mantuvimos la calma en todo un sector del gobierno y tratamos de tranquilizar también en la medida posible al periodismo. Sabemos que esto no es obra del gobierno norteamericano. Pero también están las declaraciones del ministro de Defensa, Weinberger, que no fueron muy alentadoras.

—Él habla sin autoridad, señor presidente. Usted sabe lo que ha dicho el presidente Reagan —replicó Haig—. Nosotros estructuramos con mucho cuidado lo que íbamos a decir y los británicos se pusieron furiosos y hablé con la señora Thatcher por teléfono transatlántico. Hay gente que no entiende que debemos mantener la neutralidad, el equilibrio. Si llegamos a un conflicto, la opinión pública va a empujar a Estados Unidos hacia Gran Bretaña. Es lamentable y debemos tratar de evitarlo.

—Tenemos la mejor buena voluntad para hacer todos los esfuerzos en la tarea de buscar una solución pacífica. Pero no por esta causa que usted dice, sino porque va a traer una explosión y se va a partir América en dos, río Grande arriba y río Grande para abajo. Unos más, otros menos, todos se van a acordar y se va a empeorar sustancialmente el panorama político y estratégico mundial —aclaró Galtieri para probar que él también podía amenazar veladamente.

—Entendemos el problema.

La respuesta de Haig fue parca.

—Vea, general. Yo estoy aquí todo el día. Cualquier cosa, señor canciller, que surja para ir buscando soluciones no dude en comunicarse. Aunque yo espero que me traigan soluciones y ningún problema —contemporizó el presidente apelando al humor.

—Quiero que sepa usted, señor presidente, que nadie en Washington y, particularmente el presidente Reagan, tiene la impresión de que encontré intransigencia aquí en Buenos Aires, sino un esfuerzo serio y de buena fe para solucionar este problema —replicó Haig en el mismo estilo conciliador.

La conversación volvió a girar alrededor de la posible solución y Haig comunicó al mandatario que en Londres no existía interés alguno de que las posibles compensaciones económicas —uno de los «fuertes» de la argumentación argentina— o los aspectos de cooperación futura en la explotación de los recursos de la región en disputa fueran incluidos en esa etapa de la negociación. La Thatcher había sido clara: no se hablaría de dinero cuando estaban en juego los «principios».

En un momento de ese diálogo, Galtieri creyó oportuno volver a plantear la amenaza de que un incidente fuera provocado en forma deliberada dentro de la zona de bloqueo británico por un tercer país. (¿De qué otro país podría tratarse, conociendo la mentalidad de ambos interlocutores, sino de la URSS?) Ya lo había hecho ante Reagan. Y para repetirlo con Haig aprovechó un informe militar consignando que se había detectado el día anterior un submarino no identificado en la zona de las Malvinas.

—La última respuesta —a las sugerencias norteamericanas— que le enviamos ayer envuelve un montón de cosas importantes. Garantías de los derechos y el estilo de vida, intereses económicos propios de cada individuo que quiera quedarse en las islas, como así también del que quiera irse. En ese mismo orden planteamos temas que tienen que ver con intereses estratégicos de Gran Bretaña; de su población, de sus intereses económicos. Envolvemos ahí un montón de cosas… —reseñó confusamente Galtieri.

—Quiero estar seguro, señor presidente, de que todos entendemos la actitud británica. Yo sé que ustedes están poniendo otras cosas, pero yo ya estoy convencido que esa actitud de Gran Bretaña nada tiene que ver con intereses económicos. Después de años de ocupación es difícil ver solamente intereses económicos, allí —opinó Haig, quien volvería a enfrentar ese argumento en otras oportunidades; notoriamente cuando provino de Anaya, según se verá más adelante en el relato. Galtieri decidió cambiar de tema.

—Bueno, muy bien. ¿Qué pasó ayer con mis submarinos? —dijo repentinamente.

—No sé. —Había sorpresa en la respuesta de Haig.

La que se celebró esa mañana en la Casa Rosada fue, en rigor, la última reunión de Haig con los argentinos en la que el tono en que se intercambiaron opiniones fue cordial y el ambiente —con todo lo que aportaba la brevedad del momento— resultó casi distendido. De allí en más, la comunicación se haría más compleja con cada instante transcurrido; las advertencias diplomáticas se transformaron en virtuales amenazas, lo poco de confianza recíproca que restaba se evaporó y ambas partes caminaron a paso seguro hacia el fracaso. En una única oportunidad se vislumbró algo parecido a un acuerdo.

Tras la exposición de las ofertas del secretario de Estado, conviene incluir en detalle la posición argentina —una contrapropuesta a aquéllas— que estaba en poder del norteamericano desde horas antes de arribar a Buenos Aires. La misma se incluye según consta en el «esquema base» aprobado por el Comité Militar en su reunión del miércoles 14 por la noche. Los cronistas tuvieron acceso a una copia de ese documento en la que, inexplicablemente, se omitió consignar el punto 8.°. Con esa salvedad se lo transcribe a continuación.

El texto invocó en su comienzo:

«Sobre la base de la resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la voluntad de la República Argentina y del Reino Unido de resolver la controversia que ha surgido entre ellas y renunciando al uso de la fuerza, ambos gobiernos concuerdan:

»1.° Un cese inmediato de hostilidades.

»2.° A partir de las … horas del día … la República Argentina y el Reino Unido procederán a retirar todas las unidades navales de la zona circundante de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur —en los borradores, de acuerdo estas denominaciones, se tradujeron en coordenadas geográficas—. Dentro de siete días de la fecha del presente acuerdo la República Argentina habrá retirado la mitad de sus fuerzas militares de las islas al continente y el Reino Unido habrá retirado sus unidades navales a una distancia de, por lo menos, 3 000 millas náuticas de las islas.

»Dentro de los 15 días a partir de la fecha del presente acuerdo la República Argentina y el Reino Unido habrán retirado la totalidad de sus unidades a sus bases aéreas operacionales usuales.

»3.° El gobierno británico adoptará las medidas necesarias con respecto a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur para completar la descolonización de las mismas al 31 de diciembre de 1982, de conformidad con las resoluciones 1 514 (XV), 2 065 (XX), 3 160 (XXVIII) y 31/49 y otras aplicables a este caso de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

»4.° A partir de la fecha del presente acuerdo ninguna fuerza militar será introducida en las islas ni zona circundante, las cuales permanecerán desmilitarizadas hasta el 31 de diciembre de 1982.

»5.° Los derechos y garantías que los habitantes de las islas han gozado hasta ahora serán respetados, especialmente los que se refieren a la libertad de opinión, religión, expresión, enseñanza y movimiento; sus derechos a la propiedad, fuentes de trabajo, costumbres, estilo de vida y lazos tradicionales familiares, sociales y culturales con su país de origen.

»6.° La República Argentina estará dispuesta a pagar un precio justo por las propiedades de personas o empresas que no deseen continuar sus actividades en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur; así como a darle compensación especialmente a los habitantes que deseen emigrar.

»7.° Durante el período de transición que termina el 31 de diciembre de 1982, la administración de las islas será como sigue:

»a) El gobernador será designado por el gobierno argentino.

»b) La administración local, con la excepción de la fuerza de policía, será mantenida. Los consejos ejecutivo y legislativo también serán mantenidos, pero serán ampliados con el fin de incluir un número igual de miembros designados por el gobierno argentino. Dichos miembros serán seleccionados preferentemente entre los argentinos residentes en las islas.

»c) El gobernador designará los miembros de la fuerza de policía, los cuales incluirán a todos los miembros locales de dicha fuerza que estuvieron de servicio con anterioridad al 2 de abril. La policía estará bajo la autoridad del gobernador.

»d) Los argentinos del continente y los habitantes de las islas gozarán de iguales derechos y obligaciones.

»e) La bandera argentina continuará ondeando sobre las islas.

»9.° Los viajes, transportes, comunicaciones y todo comercio entre el continente argentino y las islas será promovido y facilitado. A partir de la fecha del presente acuerdo todas las medidas económicas y financieras relacionadas con la actual controversia, incluyendo las que se relacionan con los viajes, los transportes, las comunicaciones y la transferencia de fondos entre los dos países, serán anuladas.

«Asimismo, el Reino Unido solicitará a terceros países que hayan adoptado medidas similares que las anulen inmediatamente.

»10.° Un grupo compuesto por un número igual de representantes de Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido verificarán la aplicación de las obligaciones del presente acuerdo.

»11.° El gobierno de los Estados Unidos de América garantizará la aplicación del presente acuerdo.»

Respecto al punto 8.° —y en vista del orden seguido en los borradores de acuerdo que se redactaron en base a este esquema— cabe colegir que el mismo estaba referido al establecimiento de un método para tomar en consideración «los intereses» de los isleños y los convenios que habría que elaborar para cooperar en la explotación de recursos naturales.

Haig sabía, al llegar al país, de estos puntos planteados por los argentinos. Sin embargo, dialogó como si no fuesen dignos de ser tenidos en cuenta. Él tenía sus propias ideas sobre cómo debía terminar la negociación y a quién debería favorecer. Estableció como prioridad, en esas dos jornadas agotadoras, los reclamos ingleses: los «veedores» propuestos por los argentinos deberían ser una autoridad tripartita; las instituciones de los kelpers tenían que ser reactivadas; la descolonización planteada por Argentina no podía producirse por medidas unilaterales; en las negociaciones se debía tener muy en cuenta «los deseos e intereses de los isleños».

En realidad, Haig ya sabía que estos puntos tocaban el nudo de la cuestión. Fuera de ese margen, estaba la nada.

Fue una tensa deliberación la que el Comité Militar llevó a cabo aquella noche del 16 para intentar hallar fórmulas de acercamiento. Galtieri volvió a encontrarse esa vez entre dos fuegos: el que provenía de Anaya, quien se mostraba reacio a cualquier concesión y aseguraba que Haig actuaba como «abogado de los ingleses» y sus amenazas eran meras bravuconadas que el gobierno norteamericano no podría sostener en los hechos, y la presión conciliadora de Lami Dozo.

Además, el presidente-comandante comenzaba entonces a recibir señales de inquietud de su propio frente interno. Los miembros del generalato que él había diseñado —limpiándolo de cualquier figura que pudiera constituirse en un «rival potencial»— estaban preocupados por el decurso de los acontecimientos y ya no lo ocultaban. Algunos de sus miembros estaban alarmados, más que por la perspectiva de un enfrentamiento armado, por la posibilidad de que se produjera una ruptura total con Estados Unidos. Era paradójico que los mismos mandos a los que había hecho delirar con la idea de los beneficios de una «relación especial» con Washington —concediéndole el margen para la incursión encubierta en América Central—, amenazaran ahora con convertirse en sus críticos si se materializaba la quiebra en el vínculo.

De aquel encuentro surgió apenas el espacio mínimo para que la mediación de Haig pudiera sobrevivir otro día: Argentina aceptaba el establecimiento de un gobierno interino y la realización de negociaciones posteriores con la asistencia norteamericana. Pero éstas deberían llevarse a cabo en un marco que garantizara el objetivo final de la soberanía y Gran Bretaña tendría que renunciar a imponer la voluntad de los isleños. En esto no podía haber concesión.

Costa Méndez concurrió esa misma noche al hotel Sheraton, donde comunicó a Haig las variantes de la posición. El secretario de Estado insistió en que eran insuficientes y planteó la necesidad de que se le permitiera abogar ante la fuente del poder; es decir, ante los integrantes de la Junta Militar. Explicó que quería plantear ante ellos los riesgos de que este esfuerzo fracasara.

Y los argentinos accedieron a su solicitud. En la media mañana, Galtieri, Anaya y Lami Dozo recibieron al enviado de Reagan en la Casa Rosada. Fue este encuentro —coinciden los testimonios recogidos— el verdadero momento de inflexión, el que selló la suerte del drama, aun cuando éste haya continuado algunos días más. Si la animosidad recíproca había estado latente hasta entonces, aflorando en algunos diálogos, esa vez quedó en evidencia. Las fuentes norteamericanas, además, coincidieron en puntualizar que las alternativas de aquella entrevista destrozaron cualquier vestigio de simpatía que Haig haya podido tener por la causa y los gobernantes argentinos. Para éstos, a su vez, marcaría el comienzo del fin de su fantasía «occidental y cristiana», para caracterizarla con los mismos rótulos que ellos idearon.

El diálogo fue tenso, particularmente durante las intervenciones de Anaya, y descarnado en las formulaciones de ambas partes. En un momento del mismo, Haig se quejó de las «filtraciones de prensa» que aseguraban que la Junta Militar lo consideraba «pro británico». Si aguardaba una diplomática desmentida, se equivocó. Anaya se encargó de fijar el tono de la conversación. «Esas versiones reflejan una realidad», le espetó.

El norteamericano optó por volver a argumentar contra la alternativa de una guerra; eligió el camino de poner énfasis en el poderío militar británico y en la determinación de la Thatcher. Anaya volvió a intervenir con una afirmación desmesurada y desafortunada, según se comprobaría después.

—Los argentinos estamos tan decididos como la señora Thatcher. Tenemos nuestro coraje y nuestra sangre para ofrecer —comenzó su alegato el almirante—. Yo mismo tengo un hijo entre los combatientes y, como padre, le puedo asegurar que sería un honor que ofrendase su vida enfrentando al agresor colonial —agregó buscando un clímax deliberadamente dramático.

—Lo comprendo, almirante. Pero también sé que usted puede afirmar eso porque nunca ha tenido la experiencia de ver regresar los cadáveres del frente enfundados en bolsas de plástico.

El tiempo le probaría al marino la inutilidad de apelar a la retórica grandilocuente. Un día después de la rendición de Puerto Argentino, realizó ante el general Walters una gestión telefónica para que éste acelerara la liberación de su hijo, un teniente de la aviación del ejército que había sido tomado prisionero por los ingleses.

Hasta en las instancias en que los protagonistas buscaron la conciliación quedó evidenciada que aquélla era casi imposible porque no había un lenguaje común. Otra vez serían Anaya y Haig los encargados de denunciar con sus juicios esa brecha. En un momento de la conversación, el comandante de la Armada se levantó de su silla, mientras el mediador exponía algunos puntos de un memorando a los miembros de la junta, asistido por la traducción de Walters.

Anaya se acercó a Haig e interrumpió la lectura. Dirigiéndose a Vernon Walters, quien había llegado a Buenos Aires para colaborar en la mediación, le dijo:

—Explíquele al secretario que yo comprendo perfectamente el problema que enfrenta. Los ingleses lo presionan porque quieren el petróleo de las Malvinas. Tienen que saber que eso no puede ser un impedimento para la paz. Nosotros estamos dispuestos a hallar la fórmula para que participen de la riqueza.

La respuesta de Haig no se demoró y fue cortante:

—No creo que el petróleo sea importante en las presentes circunstancias. Los ingleses, almirante, están en esto por lo mismo que ustedes. Por el honor.

Al ver el curso que tomaba el intercambio, Haig no dudó en emplear el total de sus municiones. Lo hizo con inusual torpeza y así llegó el clímax de la reunión. Si la situación se prolongaba —aseguró el norteamericano—, Argentina deberá enfrentar la acción militar británica y el gobierno de Reagan no tendría más remedio que respaldar a Londres, tal como ya lo solicitaba en voz alta la mayor parte de la opinión pública. No había para Washington, en ese caso, otra alternativa que seguir el ejemplo que habían dado los restantes miembros de la OTAN.

Para Buenos Aires eso significaría tener que hacer frente a un formidable adversario. Para evitar la consumación de la batalla —sugirió el norteamericano—, esa alianza haría todo lo que fuese necesario, aunque esto comprometiera la estabilidad del actual régimen argentino. Era una amenaza algo más que implícita e inadmisible para cualquier gobierno que conservase un mínimo de autoestima.

La reunión languideció, una hora y media después de haberse iniciado, y los tan ansiados acercamientos estaban, sin duda, más lejanos que antes. Costa Méndez aprovechó el almuerzo que siguió —realizado en su domicilio particular de Coronel Díaz y Zenteno— para intentar una descompresión, pero no pudo decirse que haya tenido excesivo éxito.

En ese encuentro, al que también asistieron Miret, Moya e Iglesias, el secretario de Estado no quiso apartarse de la línea argumental que había escogido. Así, en el ambiente familiar del living de su casa —hasta el que se extiende una impresionante biblioteca donde predominan volúmenes escritos en inglés—, el canciller volvió a escuchar de boca de su huésped extranjero presagios ominosos sobre el futuro de la administración militar.

Las negociaciones continuaron hasta la madrugada, sin que se produjera un cambio sustancial en las posiciones. No podía haber descanso y todos los actores del drama continuaron prolijamente con su representación en aquel feriado. La única concesión a esta realidad la hizo el propio Haig, jugando al tenis en la cancha de la residencia del embajador Shlaudeman.

Galtieri, por su parte, comprobó cómo la aprensión por el curso de los acontecimientos había crecido entre los generales, al presidir una reunión de mandos. Pero, si en verdad la hubo, más allá de la preocupación de algunos disidentes, la excepcionalidad de las circunstancias no les permitió canalizar las críticas. Si la organización vertical de los militares impide —en circunstancias normales— el control interno de las decisiones de la conducción, en una crisis ésta adquiere facultades omnímodas. En otros sistemas de organización social, por sobre todo en las democracias, aquel control es asumido por el poder civil. Pero en la Argentina de 1982 esa posibilidad estaba vedada por completo a sus habitantes.

Un símbolo del marco de incertidumbre en que se realizaron aquellas conversaciones estuvo dado por las contradicciones que exhibieron los norteamericanos cada vez que se los interrogó sobre sus planes. Haig dijo en varias oportunidades no haber decidido cuál sería su próximo destino, ni cuál el instante de su partida. El domingo, el avión del enviado fue preparado para partir, pero después algunos integrantes de la comitiva fueron vistos convirtiendo dólares en moneda argentina en la administración del Sheraton, lo que pareció desmentir la inminencia del viaje.

Las conversaciones no tuvieron ya como escenario, aquel día, la cancillería, sino la Casa Rosada, lo que no fue sino una evidencia más de que el norteamericano había llevado la presión al seno mismo del poder, imponiendo a Costa Méndez consultas cada vez más frecuentes con Galtieri y a éste con la Junta Militar. Y, en rigor, debe decirse que las condiciones fructificaron en la noche de aquel domingo.

A las 21.30, Galtieri recibió al enviado norteamericano para conversar con él por última vez. En esa ocasión le fue entregado a Haig el borrador de una nueva propuesta argentina que, en verdad, contuvo algunas concesiones sustanciales, en relación con la posición original de la Junta Militar. El presidente-comandante quiso, al participar personalmente, dejar en claro que ese texto era auténticamente el «piso» de las aspiraciones argentinas. No habría otro retroceso.

A través de este nuevo documento, Argentina aceptó:

la Autoridad Especial Interina en los términos que originalmente había reclamado Londres;

la restauración en las islas de una administración muy parecida a la tradicional, ampliada para incluir argentinos, pero con esa participación reducida respecto de su aspiración inicial;

al hacer mención a las negociaciones para hallar una solución definitiva —según el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas— se especificaba que la misma debería hacerse contemplando debidamente los «derechos» de los habitantes. Para balancear esta concesión, se mencionó también el compromiso de respetar el «principio de integridad territorial»; pero, esencialmente, aunque insistía en fijar como fecha límite para llegar a un acuerdo el 31 de diciembre de 1982, no hubo en aquel borrador cláusula compulsiva de traspaso de la soberanía.

Pareció un adelanto sustancial. Galtieri lo defendió ante Haig, pero éste dijo no estar seguro de que el nuevo enfoque argentino alcanzara para satisfacer a Londres. La situación era aún de gran riesgo.

El argentino, que estaba resentido por las amenazas, tuvo entonces casi un estallido emocional.

—Vea, señor Haig. Usted es como yo, un general, y sabe cuál es la primera obligación de un general al que lo cercan: la de romper ese cerco. Yo le pido por favor que no me acorrale, porque yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para romper el cerco. —Las palabras «cualquier cosa» eran de significado prístino; no era otra cosa que una alusión a la Unión Soviética.

Ésta era una opción que Galtieri acababa de esbozar, horas antes, ante los mandos de su fuerza: «Estados Unidos se alió a la Unión Soviética durante la segunda guerra mundial sin que por ello vendiera su alma al diablo», les había dicho a los generales.

Sin embargo, Galtieri se equivocó: la que acababa de exponer ante el norteamericano no era una posición «inmodificable». Esa misma noche, la Junta Militar —en una reunión que se prolongó hasta la madrugada— le introdujo una nueva y fundamental variante, en favor de la cual Anaya empleó toda su influencia. Tras un agitado debate la propuesta contuvo un nuevo punto, el octavo:

«A partir del 31 de diciembre de 1983, y hasta tanto entre en vigencia el acuerdo sobre el status definitivo, la jefatura del gobierno y de la administración será ejercida por un funcionario designado por el gobierno argentino.»

La novedad tuvo el efecto de un balde de agua fría no sólo sobre el ánimo del mediador —quien fue notificado en la mañana siguiente—, sino sobre el de más de uno de los negociadores diplomáticos argentinos. La reacción de uno de ellos, al enterarse, sirvió para dar un sobrenombre definitivo a la propuesta. «Pero ¿qué buscan ahora con esta cláusula loca?», reaccionó ante un colega un funcionario del palacio San Martín.

No fue, la de la cláusula, la única noticia perturbadora que Costa Méndez transmitió a Haig en la mañana del lunes 19. Las novedades del progreso de la fuerza de tareas británica, cuyo grueso había alcanzado la isla de Ascensión, obligaban a Argentina a adoptar la decisión de solicitar la convocatoria a una reunión de consulta del TIAR.

El norteamericano respondió señalando que las condiciones regresaban a «foja cero» la negociación y anunció su regreso inmediato a Washington. Desde ese momento, la opinión pública comenzó a tener indicios sobre la marcha de los acontecimientos: durante toda la mañana y parte de la tarde, las turbinas del avión del secretario de Estado fueron, alternativamente, encendidas y apagadas, en varias ocasiones.

Haig reclamó una última gestión de Costa Méndez ante la Junta Militar para que —al menos— se eliminara la condición coercitiva. El canciller, aunque no pudiera declararlo explícitamente ante su interlocutor, coincidía en la inconveniencia de esta exigencia. Pero sólo pudo acceder, sin demasiadas esperanzas, a realizar el intento.

Poco después de las 17, el secretario de Estado leyó, en tono admonitorio, una breve declaración que reflejó el dramatismo del momento. «Estoy más convencido que nunca —rezaba su conclusión— de que la guerra en el Atlántico Sur sería la mayor de las tragedias y de que, en realidad, el tiempo se está acabando.»

El frío y la llovizna que se abatían sobre Buenos Aires en ese momento contribuyeron a aportar una lúgubre escenografía. Costa Méndez tomó a su colega de un brazo y —mientras ambos cubrieron con deliberada lentitud el trayecto hasta la escalerilla del avión— le transmitió las últimas novedades. El rostro de Haig se tensó aún más.

No habría revisión del punto ocho de la propuesta, le informó. Además, en las próximas horas, Buenos Aires solicitaría una conferencia de cancilleres americanos, en el marco del Pacto de Río. Brevemente, Haig ensayó una nueva argumentación contra esta última posibilidad: no lo hagan, le pidió al canciller. Alegó tener información de que «algo está por suceder en América Central». Había —según el secretario de Estado— indicios de la inminencia de una acción armada de Nicaragua contra Honduras. Si los dos problemas estallaban en la OEA a un mismo tiempo, equivaldría a una catástrofe.

En verdad, el norteamericano se equivocó en, por lo menos, dos de sus apreciaciones de aquella tarde: no hubo agresión nicaragüense y el tiempo ya se había acabado; al menos el tiempo de su intento negociador. La «mayor de las tragedias» estaba realmente cerca.

5. EL FIN DE UNA FANTASÍA

No es, en modo alguno, una exageración afirmar que el resultado global del segundo viaje de Alexander Haig a Buenos Aires produjo «varias crisis dentro de la crisis», según recordó una fuente norteamericana, cercana a la misión del secretario de Estado. Y esta descripción se aplica a lo que sucedió entonces tanto en Buenos Aires como en Londres y Washington. Para comprender el desarrollo posterior de los acontecimientos, es preciso recordar aquellas situaciones.

Para el gobierno militar argentino, la posibilidad de que Estados Unidos desplegara una «sombrilla protectora» sobre la recuperación que imaginaron y desearon fervorosamente los miembros del gobierno militar —en particular el canciller Costa Méndez— se estaba esfumando en el horizonte, como la inmadura fantasía que había sido. Este proceso se operó en modo y velocidad directamente proporcionales al acortamiento de distancias (que la flota británica efectuaba sin pausa) entre la isla de Ascensión y el archipiélago.

Decir que había hombres en la estructura del poder que estaban perplejos con la dirección en que se desplazaban los sucesos es decir poco. Los mismos militares y funcionarios civiles que, apenas días antes, habían desechado cualquier inquietud de los periodistas por la aproximación de los británicos, con un despreocupado «no hay por qué alarmarse, la flota se desplaza a velocidad diplomática; en realidad no piensa llegar hasta aquí», rehuían entonces cualquier contacto.

Es que casi todos los síntomas presagiaban nuevos problemas y de mayor gravedad. La Junta Militar no necesitó más que unas pocas horas después de la partida de Haig, para comprender que la mediación estaba muriendo. Ese mismo lunes 19, a bordo del avión que lo transportaba de regreso a su país, Haig le advirtió a su colega argentino: «Un futuro ajuste sustancial mutuo deberá ser hecho si se ha de evitar la guerra.»

Hay evidencia, sin embargo, de que en la Junta Militar apenas uno de sus integrantes —y de un modo no muy claro, por cierto— concebía entonces la posibilidad de un nuevo «ajuste sustancial». Pero cualquier idea de Lami Dozo en este sentido estaba destinada a hacerse literalmente añicos contra la intransigencia de Anaya y el profundo resentimiento con sus otrora admirados dirigentes del norte que había comenzado a incubar Galtieri.

Esta argumentación se nutría más en la afinidad que los militares argentinos suelen sentir hacia todo lo norteamericano —aunque la misma muy rara vez haya tenido reciprocidad—, que en la urgencia de evitar una guerra, alternativa que ahora comenzaba a hacerse concreta en Buenos Aires. Además, Anaya había cruzado ya el Rubicón sin regreso posible. Por lo tanto, descubrió un nuevo argumento: «Haig está ganando tiempo para que los ingleses coloquen su flota en posición.» No había que dejarse atrapar en su maraña de dilaciones. Por el contrario, se debía echar mano, inmediatamente, a cualquier recurso que estuviera al alcance.

Y ese recurso era América Latina. La misma porción del hemisferio americano que el Proceso de Reorganización Nacional había observado e intentado manipular en algunas oportunidades con sistemático desprecio, eliminando la más elemental solidaridad de sus políticas, cuando no interviniendo groseramente en los asuntos internos de algunos de sus miembros, ya sea por desmedida ambición propia, como en el caso de Bolivia —una inocultable ayuda al régimen del general Luis García Meza, un dictador denostado hasta por Washington—, o por cuenta de los intereses de terceros, como en el de América Central.

El canciller optó, en este marco, por ganar tiempo para el esfuerzo de paz norteamericano. Todavía podría producirse una apertura, sostuvo ante sus jefes; no habría réditos en una ruptura temprana. La decisión final fue, como suele suceder en estos casos, de compromiso. No se adoptó con la administración Reagan una actitud desmañada, pero se abrieron nuevos frentes de presión diplomática que —hasta ese momento— se habían guardado en reserva, en la secreta esperanza de que nunca habría que recurrir a los mismos. Y éste no era tan sólo el caso de América Latina, sino también el del Movimiento de Países No Alineados.

Por su parte, Haig regresó a Washington para encontrar su propio frente interno inequívocamente alborotado. Al pisar el aeropuerto de la Base Andrews, de la Fuerza Aérea, había completado 32 965 millas de recorrido en doce días, un nuevo récord para el estilo de «diplomacia viajera» que inaugurara Kissinger. Pero, a diferencia de éste, no pudo mostrar resultados. Tanto el grueso de los conservadores como el de los liberales se expresaban en términos indisimuladamente críticos respecto del secretario de Estado. Peor aún, por su no asumido fracaso en la cuestión del Atlántico Sur, comenzaron a juzgar el total de su actuación hasta el momento en la función gubernamental.

Durante su ausencia, diarios y revistas habían retratado a Haig tratando de frenar al enfurecido «león británico», mientras protegía con su cuerpo a un militar morocho de gruesos bigotes, ornado por innumerables condecoraciones, entorchados y un enorme espadón. Esta última figura era el estereotipo de «dictador de república bananera» que evocaban Galtieri y sus colegas en la opinión pública norteamericana. Una encuesta realizada a fines de abril arrojaría un resultado abrumador: el sesenta por ciento de los estadounidenses consultados se pronunció a favor de Gran Bretaña y apenas el diecinueve por ciento expresó alguna simpatía por Argentina. Hasta el influyente The New York Times aconsejó en tono entre burlón y paternal en uno de sus editoriales: «Al Haig, quédate en casa.»

Todo hacía entonces predecir que el gobierno republicano no podría demorar mucho más una decisión de respaldar a Londres, si no deseaba pagar por su ambigüedad en la cuestión un precio político. Un investigador norteamericano describió, en un breve ensayo (U.S. Reaction to the Malvinas War, de Mark Falcoff), las circunstancias que llevaron a sus compatriotas —ya sea conservadores o liberales— a reclamar un apoyo de Washington a los británicos. Concluyó en que todos, a su vez, se opusieron en algún grado a la conducta de Haig. «A los conservadores se los escuchó expresar consternación porque el secretario haya cambiado abruptamente de bando en vez de retirarse calladamente de las negociaciones infructuosas, permitiendo que la administración Reagan anunciara su decisión en una fecha tardía. Y muchos liberales sintieron que, dado que el apoyo a Inglaterra era inevitable desde el comienzo, Haig se equivocó al ofrecer sus buenos oficios. En este enfoque, la voluntad de Estados Unidos de posponer el respaldo a Gran Bretaña simplemente alentó a los duros en Argentina a persistir en su posición antes que llegar a un rápido acomodamiento.»

Además, el secretario de Estado descubrió que tantas críticas habían hecho terminar la competencia entre algunos de sus colegas. Se enteró de que la embajadora norteamericana ante la ONU, Jeanne Kirkpatrick —quien apresuradamente se estaba convirtiendo en una suerte de «archienemiga» política de Haig—, se había tomado la libertad de activar algunos mecanismos paralelos, otra forma de apostar a su fracaso en la mediación.

La Kirkpatrick —mantenida deliberadamente al margen de su gestión por el propio Haig— optó por ir construyendo una alternativa con sus colegas británico, Anthony Parsons, y argentino, Eduardo Roca, y con el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Para esto había aprovechado su influyente situación personal. Además de gozar de la confianza y la consideración de Reagan —circunstancia que ya fue mencionada en este trabajo—, la Kirkpatrick no era simplemente una embajadora más. Su cargo incluía un asiento permanente en el gabinete de Reagan, lo que de algún modo la equiparaba en jerarquía al secretario de Estado. Por si esto fuera poco, también por esos días había comenzado a crecer lo que luego devendría en una sólida alianza política de esta influyente funcionaría con el asesor de seguridad nacional del presidente, William Clark.

Con este incentivo que provenía de la Casa Blanca, Pérez de Cuéllar designó a comienzos de la segunda quincena de abril a uno de sus colaboradores inmediatos, el paquistaní Rafee Ahmed, para que integrara y pusiera en marcha un equipo destinado a recopilar antecedentes y vigilar la evolución del conflicto con miras a una posible intervención de la Secretaría General.

Este interés del secretario general de la ONU quedó reflejado en una «nota informal» del 17 de abril de 1982, que fue entregada a las delegaciones de ambos países en conflicto, pero que no produjo una acción inmediata. En el texto, Pérez de Cuéllar señaló su convicción de que «la oportuna aplicación de la resolución 502 llevará a una rápida reducción de las tensiones en el área [del Atlántico Sur]».

El diplomático peruano dejó constancia de que nada debía «interferir» con la misión del secretario de Estado norteamericano, pero también de que «le incumbe [al mismo tiempo] al secretario general interesarse directamente por el desarrollo de la situación que ha provocado la acción que el Consejo de Seguridad ha tomado, de acuerdo con sus responsabilidades, respecto al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales».

En ese texto se sugirió, además, que «se podría utilizar una presencia apropiada de las Naciones Unidas» para cualquier propósito que, de una u otra forma, garantizara la paz.

La «nota informal» especuló también con algunos detalles de la probable participación de la ONU, aunque condicionó la misma a «la naturaleza del acuerdo que hayan logrado las dos partes». Añadió que «cuando el mandato para dicha presencia [de la ONU] haya sido determinado, el establecimiento de dicha presencia podría seguir, mutatis mutandis, las acostumbradas líneas maestras del Consejo de Seguridad, incluyendo la responsabilidad del secretario general para asegurar la integridad, imparcialidad y eficiencia de una participación de este tipo de las Naciones Unidas».

Esta «participación» del organismo internacional había sido uno de los elementos que integró el bagaje de alternativas que el mediador norteamericano llevó, como vendedor ambulante de la paz, a Londres y Buenos Aires. Pero en el esquema del secretario de Estado sólo cabía solicitar la asistencia de la ONU cuando el acuerdo hubiese sido efectivamente alcanzado, nunca antes. Haig estaba decidido a que nadie lo despojara —ni siquiera parcialmente— del crédito que vendría con el triunfo.

En Londres, Pym luchaba en el seno del gabinete de la Thatcher en favor de la continuidad de la intervención norteamericana, sólo para provocar el disgusto de varios de sus colegas, la ira de los mandos militares y la sospecha de la primer ministro. Más recelo aún provocó en su superior la doble actitud del canciller: en la intimidad de los debates gubernamentales, Pym esbozaba argumentos de «paloma», mientras que ante la prensa o el Parlamento no titubeó en aparecer como un «halcón». La Thatcher creyó ver en aquella táctica un resto del intento de reemplazarla al frente del gobierno.

Los integrantes del denominado «gabinete de guerra» veían en los esfuerzos por prolongar la intervención de Washington la velada intención de bloquear el operativo de recuperación de las Georgias del Sur, decisión que ya había sido adoptada, para lo cual se había ordenado a algunas unidades de la fuerza de tareas separarse de la misma y poner proa hacia ese objetivo. El clima general en Gran Bretaña era, además, de neto corte belicista. Los diarios londinenses destilaban guerra en cada titular, como el Express, que demandó «No a la rendición», o el Daily Star, que proclamó: «Concluyamos con la guerra de la política.»

Ni la oposición pudo sustraerse a esta tendencia. El líder laborista Michael Foot pareció abandonar momentáneamente su posición de incentivar la vía diplomática —demandando más actividad en las Naciones Unidas y más tiempo para la negociación— y sumarse a la corriente en la que el enfrentamiento se perfilaba ya como inevitable. Hasta se avino a sancionar a tres de los parlamentarios de su bancada, Tam Dalyell, John Tilley y Andrew Faulds, críticos implacables de la Thatcher. Todos ellos fueron separados de sus cargos como portavoces del «gabinete fantasma» laborista en las áreas de Ciencia, Asuntos Domésticos y Artes, respectivamente. Estaba claro que no había margen para la disidencia.

Menor aún era el espacio político que existía en Londres para defender públicamente una actitud de prescindencia norteamericana que se estaba volviendo francamente sospechosa. Junto con la euforia guerrera que escogió para llenar sus páginas, la prensa británica comenzó a descargar golpes sobre Haig. Tal era el énfasis que los diarios pusieron en ambos temas que, en algún momento, desde el 10 de Downing Street se efectuó una discreta gestión para lograr que los editores «tomaran en cuenta los riesgos que corría la flota británica».

Poco es lo que pudo obtener Pym en esta correntada que le era decisivamente adversa. Apenas un consentimiento expresado en términos renuentes a someter las diferencias entre las partes a un nuevo proceso de acercamiento y a trasladarse hasta Washington para realizar un último intento. Por lo menos un diario, el Daily Telegraph, encontró razonable que el canciller viajara «antes que esperar que el señor Haig añada un nuevo tramo a su ya maratónico viaje a través de los husos horarios».

Haig es —según quienes lo conocen— un hombre que tolera mal que se lo contradiga. Más aún cuando eso ocurre en público. Por esa razón y por el hecho evidente de que había invertido demasiado de su propio capital político en la gestión como para que la misma concluyese en un fracaso notorio, insistió en su propósito. El miércoles 21 cursó un nuevo mensaje a Costa Méndez reasegurándole respecto de la continuidad de su gestión.

Luego del ya rutinario encabezamiento «Querido Nicanor», le decía: «Como ya sabes, Pym vendrá aquí [a Washington] el jueves y viernes para mantener conversaciones sobre el papel desarrollado en Buenos Aires, que, contrariamente a los informes periodísticos provenientes de Londres, no ha sido rechazado.

»Pym nos enviará anticipadamente los ajustes. Lo he urgido para que reduzca los mismos a un mínimo absoluto, en mérito a lo que todos hemos atravesado», le reveló al argentino.

También incluyó una exhortación a la confianza de Buenos Aires: «Creo estar ahora completamente sensibilizado a las preocupaciones argentinas y que podré reflejarlas por completo en nuestras discusiones. Alguna modificación al papel de Buenos Aires —reiteró a continuación su advertencia— es inevitable, pero continúo creyendo que es el marco adecuado en el cual debemos continuar buscando una solución.»

Los argentinos supusieron que, dado este cuadro de situación, el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que sufrió modificaciones en 1975 a raíz de la oposición de algunos de sus miembros a su carácter de «alianza santa» con Estados Unidos) serviría para presionar a los británicos, a través de Estados Unidos. Era la velada amenaza que Galtieri había insinuado ante Haig de «dividir» el continente «río Grande hacia abajo y río Grande para arriba». En este cálculo, como en muchos otros de aquellos días, se equivocaron al alentar expectativas desmedidas. Y si la solidaridad americana pudo, efectivamente, funcionar, fue porque la historia y los intereses comunes impusieron su mecánica propia y no porque éstos hubiesen estado presentes en la conciencia del poder militar.

Algunos de los saldos de la experiencia fueron paradojas convertidas en lecciones. Como la que surge del hecho de que la Junta Militar haya tenido que reclamar —en esa etapa diplomática— la adhesión del gobierno sandinista de Nicaragua, precisamente contra el cual, escasos meses antes, había estado dispuesta a invocar, para complacer a los norteamericanos, las previsiones del mismo tratado de «seguridad hemisférica». Quizá, de haberse producido este último caso, el TIAR hubiese funcionado eficientemente, porque se trata de un instrumento concebido para proteger los intereses del modelo ideológico que propone Washington. Pero el de las Malvinas era —objetivamente, más allá de las intenciones de quienes lo originaron— un caso de lucha anticolonial, característica ésta destinada a entrar en colisión con la esencia misma del tratado.

El TIAR no es otra cosa que un producto clásico —por sus características— del reordenamiento internacional de posguerra y destinado a reflejar los nuevos antagonismos y hegemonías que se manifestaron entonces. Desde su adopción en 1947, durante una conferencia de cancilleres americanos celebrada en Río de Janeiro, se convirtió en uno de los instrumentos más útiles con que contó la política exterior de Estados Unidos. Este país le fue otorgando en los hechos la característica inconfesa de «pacto antisoviético». Su invocación por parte de los norteamericanos durante la «crisis de los misiles» en 1962 y, dos años después, para promover sanciones contra el régimen socialista cubano son pruebas elocuentes.

La «zona de seguridad» definida en el artículo 4.° del TIAR incluye explícitamente a los archipiélagos de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En su momento, esta inclusión constituyó el triunfo diplomático de la delegación argentina a la Conferencia de Río que encabezó el canciller peronista Luis Atilio Bramuglia.

La esencia del Pacto de Río —firmado en 1947— está contenida en su artículo 3.°, que señala: «Las altas partes contratantes convienen en que un ataque armado de cualquier Estado contra un Estado parte será considerado como un ataque contra todos los Estados partes y, en consecuencia, cada una de ellas se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente a la legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.»

Al formular su solicitud ante el Consejo Permanente, el representante argentino, embajador Raúl Quijano, invocó los artículos 6.° y 13.° y mencionó «la inminencia de un ataque armado anunciado por Gran Bretaña», aunque se cuidó de aclarar que «esta decisión argentina no debe ni puede ser interpretada como un signo de negativa a seguir negociando o como un indicio de que la gestión del secretario de Estado Haig ha fracasado. Argentina valora esas gestiones». El martes 20 de abril, dieciocho de los países signatarios votaron en favor de la realización de la reunión de consulta del TIAR, mientras que tres países —Estados Unidos, Colombia y Trinidad-Tobago— se pronunciaron en abstención.

Las correcciones de Pym al «papel desarrollado en Buenos Aires», la convocatoria del Órgano de Consulta del TIAR y, muy especialmente, la información que provenía del frente militar —una parte de la «fuerza de tareas» acortaba la distancia que la separaba de las Georgias del Sur— estrechaban su margen de acción con cada segundo que transcurría. Y un día antes —el miércoles 21— de recibir a su colega británico, concibió una nueva jugada: reunir a las partes en el «territorio neutral» de la capital estadounidense para un encuentro «cara a cara».

Pym estaría dos días en Washington y Costa Méndez debía viajar para asistir al TIAR. A pesar de que no contaba con el asentimiento explícito del británico para programar una reunión de esta naturaleza, sondeó la disponibilidad de los argentinos por vía diplomática, aunque no personal. El secretario de Estado pensó que este contacto directo sería el marco más adecuado posible para presentar su última proposición, que luego recibió la denominación genérica de «Haig II».

La idea atrapó la imaginación de los negociadores profesionales de Argentina, incluyendo la de Costa Méndez. En Washington fue cautamente impulsada por la embajada argentina —que fue el conducto empleado para canalizar la iniciativa— y por la misión ante la OEA. Los beneficios que podían derivar de la idea, desde el punto de vista del Departamento de Estado, eran notorios: si el fin de semana, o aun antes, se alumbraba un principio de acuerdo, podría detenerse cualquier acción bélica y la reunión del TIAR, que se iniciaría el lunes, sería innecesaria, sin que sus repercusiones excedieran lo meramente formal.

Pero la intentona sobrevivió apenas unas pocas horas, las que transcurrieron hasta que sucumbió ante los puntos de vista militares, en Buenos Aires, y la dura lógica de la primer ministro, en Londres.

Costa Méndez la planteó para su consideración ante la junta. Pero para los comandantes —y nada sugiere que esto hubiese sido motivo de disidencia para alguno de los tres— la posibilidad de un diálogo personal con el «enemigo» equivalía, al menos a esa altura de los hechos, a demostrar debilidad.

Por otra parte, hay indicios de que Francis Pym estuvo inicialmente de acuerdo con la idea, pero cuando la presentó, horas antes de partir para reunirse con Haig, provocó en el seno del gabinete una reacción airada de la Thatcher: con el «agresor» no se hablaba, fue la respuesta contundente de la jefe del gobierno inglés.

Otra etapa del esfuerzo resultó, así, abortada. Haig volvió a escribirle a Costa Méndez el viernes 23, el mismo día en que se reunió con Pym y uno antes de que aquél viajara a Washington, con palabras que anticiparon las dificultades que aún debían superarse, pero también dejando constancia de la necesidad de mantener un nuevo contacto personal.

Ese mismo día, en Nueva York, el representante argentino ante la ONU, Eduardo Roca, obtuvo del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados un pronunciamiento en el que se expresó la adhesión de sus miembros al «justo reclamo de la República Argentina» sobre las islas Malvinas y una exhortación a las partes para «evitar cualquier acción de fuerza o amenaza del uso de la fuerza que pueda poner en peligro la paz y la seguridad en la región». Fue la primera repercusión favorable que Argentina consiguió en ese foro desde que iniciara la crisis y también el primer indicio del reacomodamiento internacional que comenzaba a operar Argentina, antes que en forma meditada, al compás de los acontecimientos.

Ya por entonces las representaciones diplomáticas argentinas en Washington y en Nueva York exhibían —según la caracterización hecha por uno de sus integrantes— la «dicotomía propia de las gestiones diferentes que cada una realizaba». Mientras los embajadores Takacs y Quijano cuidaban de mantener «abierto y en buenas condiciones» el canal norteamericano, Roca y su gente eran interlocutores cotidianos de sus colegas del sector No Alineado y de los representantes de la Unión Soviética.

Con el tiempo, los argentinos que prestaban servicio en la misión ante la ONU comenzaron a aludir en tono burlón a sus compañeros de la capital norteamericana —principalmente a Takacs y Quijano— como «las viudas de Washington», por los esfuerzos dialécticos que éstos realizaban para morigerar el impacto que ocasionó sobre la administración Reagan el progresivo «giro a la izquierda» de la diplomacia de Buenos Aires.

El sábado 24 —con los británicos a cincuenta y cuatro millas náuticas de las Georgias del Sur—, el canciller partió, acompañado por una comitiva que integraron los embajadores Figueroa, Erhart del Campo y Listre, y el «minisenado» compuesto por Miret, Iglesias y Moya.

La Junta Militar había despachado a Washington, unos días antes de la partida del canciller, una suerte de «avanzada oficiosa», integrada por varios dirigentes políticos que accedieron a abogar ante gobierno, instituciones y personalidades norteamericanas por la causa argentina, en un esfuerzo por demostrar que la misma no era patrimonio exclusivo del gobierno de facto. Otro tanto se había hecho en Europa, donde, por ejemplo, los hombres de la Democracia Cristiana emplearon sus mejores recursos dialécticos para convencer a sus escépticos correligionarios italianos.

En Estados Unidos lo intentaron los peronistas Antonio Cafiero y Ricardo Guardo, el radical Fernando de la Rúa y el centrista Francisco Manrique. También concurrieron voluntariosamente —pero sin poder ostentar representación alguna— la empresaria Amalia Fortabat y su amigo el coronel (RE) Luis Prémoli, ex funcionario del gobierno del general Juan Carlos Onganía, en la década de 1960.

Decir que la cosecha de ese intento fue magra no constituye una exageración. Los diplomáticos argentinos descubrieron que, en general, los políticos carecían de contactos propios de significación. Esta orfandad obligó a que la mayoría de las entrevistas fueran concertadas a través de la embajada argentina. Y aun en los casos puntuales en que esto no fue así, la recepción norteamericana a los argumentos políticos argentinos osciló entre la frialdad o la franca hostilidad, En el caso de los tres mencionados en último lugar (Manrique, la Fortabat y Prémoli), sus gestiones bordearon el ridículo cuando no un marcado patetismo.

En Buenos Aires, los principales partidos políticos ya comenzaban a preocuparse profundamente por el curso de colisión segura que evidenciaban los acontecimientos. Lo plantearon como inquietud a los mandos militares. Fueron palabras lanzadas al vacío.

En la madrugada del 25 de abril, los cañones británicos abrieron fuego sobre Grytviken modificando sustancialmente la situación o, en todo caso, catalizándola. El viejo submarino Santa Fe, anclado en el puerto, fue severamente dañado. El capitán de fragata Alfredo Astiz —jefe de las tropas argentinas, quien a partir de este ataque ganaría una poco envidiable notoriedad— había ordenado el repliegue a Puerto Leigh para «seguir combatiendo», según informaron los comunicados 27 al 32 inclusive dados por la Junta Militar.

La realidad fue, como tantas veces en aquellos días, una materia que la retórica de los comunicados oficiales ni siquiera rozó. El comunicado número 31 aseguró que el oficial naval había resuelto «romper sus claves» y su equipo de radio —aislándose voluntariamente de su comando— antes de emprender la resistencia. En verdad, menos de dos horas después de iniciado el ataque británico, Astiz ordenó enarbolar la bandera blanca junto a la enseña nacional y procedió a rendir la plaza, casi sin haber resistido.

¿Fue una decisión personal de Astiz la de eludir el combate? Hay algunos indicios que apuntan en dirección contraria. Una vez producido el ataque, los voceros militares pusieron una considerable cuota de esfuerzo para convencer a los periodistas de que aquél «no había constituido una sorpresa para la Junta Militar». Lo cierto es que el propio presidente Galtieri había anticipado —tres días antes, durante su visita a las islas— al gobernador militar de Malvinas, Menéndez, y a sus oficiales que un enfrentamiento de armas sería inevitable antes de que pudiera revitalizarse la entonces desfalleciente negociación (véase capítulo «¿Otro Alcázar de Toledo?»).

Ninguna de las fuentes consultadas pudo —o quiso— confirmar, pero tampoco descartar por completo, la posibilidad de que uno o todos los miembros de la Junta Militar hayan creído que los británicos se conformarían con recuperar las Georgias del Sur, restañando así su orgullo herido. Londres podría demostrar, después de haber «salvado la cara», mejor predisposición hacia una solución negociada, aunque la misma hubiese debido plantearse en condiciones radicalmente distintas respecto de la etapa anterior, ya que hubiera contado entonces con «un pie en la zona».

De haber sido éste el caso, el sacrificio en acción de Astiz y sus «lagartos» —mote que recibían en la jerga militar los hombres del destacamento argentino en las Georgias y que derivaba de su anterior participación en la represión clandestina— hubiese resultado inútil. Con todo, si la especulación existió en el poder militar, fue realmente íntima, ya que el mismo día en que un barbado Astiz estampaba dócilmente su rúbrica sobre el acta de rendición en Grytviken, en Washington, uno de los militares que integraban la delegación de Costa Méndez aseguró a uno de los autores, aludiendo al comandante de los «lagartos»: «No la van a llevar de arriba los ingleses [qué operan en las Georgias]. Ese muchacho está muy "jugado" y no se va a entregar así no más.»

Los presagios más sombríos que el canciller Costa Méndez se llevó consigo al partir de Buenos Aires se vieron confirmados apenas pisó el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, de Nueva York, esa misma mañana del domingo 25 de abril, mientras el duro de Astiz parecía una paloma entre los comandos profesionales británicos. El embajador Roca ingresó en la cabina de primera clase del jumbo de Aerolíneas Argentinas dando muestras de agitación y, sin prólogos, le comunicó la novedad: los ingleses habían hecho estallar la guerra. La ansiedad del embajador era justificada: hubiese sido desastroso que su jefe y amigo enfrentara cámaras y micrófonos sin conocer la dramática novedad. Por alguna razón —que el propio interesado juzgó luego como un «episodio sin importancia»— a nadie se le había ocurrido en Buenos Aires utilizar la radio del avión en que viajaba el canciller para transmitirle la noticia de las hostilidades.

Los planes que, con prolijidad, habían repasado Costa Méndez y sus asesores a bordo del avión se diluyeron en la nueva angustia. El canciller, desconociendo aún los alcances del impacto que la batalla había producido en el frente interno militar, esbozó una fórmula dialéctica de compromiso en sus declaraciones. Condenó el ataque «producido cuando la negociación aún estaba en marcha» y declaró concluido el diálogo con los británicos, pero cuidándose de aclarar que «el mismo permanece abierto con Estados Unidos».

Apenas arribó a Washington, Costa Méndez habló con Galtieri y supo hasta qué punto sus proyectos resultaron alterados por las balas británicas. El presidente le ordenó que cancelara la reunión que ese mismo domingo debía mantener con Haig en el Departamento de Estado. La animosidad contra Washington alcanzó en esas horas su «pico».

Galtieri tuvo muy presente, al instruir a su ministro de Relaciones Exteriores, un argumento esgrimido por Anaya en el seno de la Junta Militar: las advertencias de Haig sobre lo que sucedería si no se hallaba una solución —que hasta ese momento se iban cumpliendo con pasmosa exactitud— confirmaban, dijo, las sospechas de que el secretario de Estado había actuado no como mediador imparcial, sino como un auténtico representante de los ingleses.

Pocas horas después, Haig se enteró de este comentario del argentino que lo hizo estallar en un ataque de ira. «How can he dare think I’m not a free agent!» (¡Cómo se atreve [Anaya] a pensar que no soy un agente libre!), se indignó el norteamericano. Llegó inclusive a considerar la posibilidad de no asistir a la reunión de la OEA, y así lo anticiparon los hombres del Departamento de Estado a varias misiones diplomáticas americanas. La ausencia hubiese constituido un auténtico desplante de difícil aceptación —como se lo hicieron saber al norteamericano varios de los cancilleres que habían arribado a Washington, para estar presentes en la sesión del TIAR— y el golpe de gracia a sus propios esfuerzos. Y, contra todos los síntomas de agonía, Haig no estaba dispuesto aún a confesar un fracaso.

La conexión argentino-norteamericana pendía literalmente de un delgado hilo en aquellas horas. Y no había, por cierto, en ninguno de los dos gobiernos un consenso unánime acerca de la necesidad de preservarla. Esta circunstancia era nítidamente visible en la delegación argentina, mientras Takacs —por ejemplo— apelaba a cuanto recurso tuvo a su alcance para reactivar el diálogo Costa Méndez-Haig, ese fiel intérprete del pensamiento de Anaya que fue, a lo largo de todo el conflicto, el contraalmirante Moya no desaprovechó oportunidad para recordar que en Buenos Aires ardía sin pausa la llama de la intransigencia. En la mañana del lunes 26, cuando los argentinos recibieron la confirmación de que Haig concurriría en persona a la sesión inaugural del TIAR que estaba a punto de comenzar, uno de los diplomáticos ensayó una broma:

—Quizá Canoro no debería saludarlo cuando se cruce con él [Haig] en el pasillo.

Moya, presente en aquella reunión de la sede de la misión, respondió en tono sombrío como si el interrogante le hubiera sido dirigido seriamente a él.

—Si el canciller lo saluda, quizá no siga siendo canciller durante mucho tiempo.

Costa Méndez llegó hasta el mastodóntico edificio de la OEA abrumado por las circunstancias. En pocas horas la guerra lo había obligado a revisar hasta la acción que pensaba desarrollar en ese foro. Siempre con la mira puesta en la gestión de Haig, la diplomacia había preparado una estrategia para el TIAR que deliberadamente omitía la posibilidad de estirar demasiado los márgenes de la solidaridad latinoamericana. La resolución que adoptaran los países signatarios debía servir como elemento de presión sobre el mediador, pero sin llegar a estorbarlo en su gestión.

Además, aquella «solidaridad» potencial tenía —según descubrió Costa Méndez en las consultas previas con las distintas capitales— límites sumamente precisos. La adhesión menos condicionada a la causa argentina surgió de países cuyos gobiernos poseían una política exterior militante, como los casos de Panamá y del régimen sandinista nicaragüense, o bien enfrentaban conflictos similares al que llevó a Argentina a las armas; tal los ejemplos de Venezuela y Guatemala, en las cuestiones de Esequibo y Belice respectivamente.

Pero el resto de América Latina no resignó la cautela, siendo Brasil el ejemplo más claro de este enfoque, o, como sucedió con el gobierno colombiano de Julio César Turbay Ayala, sucumbió a las presiones de Washington. El régimen chileno, con el diferendo por el Beagle en mente, hizo gala de una actitud reacia a cualquier defensa de Argentina, que no alcanzó a ser disimulada por la retórica de sus delegados.

Tales límites no incomodaron inicialmente a Costa Méndez. Después de todo, el borrador de resolución que llevó desde Buenos Aires —pensado para obtener los dos tercios de votos que requería el TIAR para su aprobación— limitaba los objetivos a un puñado de puntos, que no implicaban comprometer a los miembros del pacto a un apoyo activo. Se trataba de cumplir con tres prioridades: 1.a reconocimiento explícito de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas (la OEA no lo había producido aún); 2.a condena a la actitud británica, y 3.a exhortación a que la solución al diferendo fuese alcanzada por la vía de la negociación.

Los argentinos sólo deseaban obviar, si se probaba posible, una referencia a la resolución 502. Pero inclusive estaban dispuestos a aceptar su mención y otra, de tono encomioso por cierto, a la gestión de Haig. Todo lo que Argentina propugnaba estaría enmarcado en el conveniente artículo 6.° del Tratado de Río referido a la preservación de la paz hemisférica.

La verdad es que no había demasiados antecedentes sobre los cuales sustentar la acción. La OEA no se había pronunciado nunca sobre la soberanía argentina en las islas Malvinas. Sólo existía una resolución en ese sentido del Comité Jurídico Interamericano, un organismo asesor.

Pero la acción militar inglesa había modificado sustancialmente las expectativas de los mandantes militares del canciller. Con la característica ignorancia de los mandos respecto de la realidad internacional, se le sugirió ahora a Costa Méndez «aumentar las exigencias».

El destino quiso aquella fresca mañana primaveral de Washington que la indirecta advertencia de Moya al canciller se probara inútil. Costa Méndez arribó a la OEA y se dirigió al despacho del secretario general, Alejandro Orfila, ubicado en forma contigua al Salón de las Américas, donde se llevaría a cabo el primer plenario, para saludarlo. Al salir, se cruzó con Haig, quien hacía en ese preciso momento su ingreso en el recinto.

Con su característico desenfado, el secretario de Estado interrumpió el tránsito del argentino extendiéndole la diestra. Simultáneamente, y sin formalidad alguna, le dijo que era urgente que ambos se reunieran a la brevedad. El tiempo estaba poco menos que agotado, pero aún había una posibilidad, una nueva propuesta. Costa Méndez respondió en términos vagos, hablando de la necesidad de consultar a su gobierno, y finalmente pudo zafar del incómodo ofrecimiento, para el cual carecía realmente de respuesta.

¡En los pasillos, un enjambre de periodistas seguía los acontecimientos. «Amalita» de Fortabat, una de las mujeres más ricas de Argentina, hacía declaraciones a un circunstancial reportero colombiano con la firme creencia de que su presencia en ese contexto podría modificar el panorama adverso que se le presentaba a su país. Hablaba y gesticulaba como si fuese la protagonista principal de una escena teatral de fuerte dramatismo. Nadie se lo dijo, pero en ese contexto sus palabras tenían el peso de un extra de cuarta categoría.

Ya el primer debate, en el que Costa Méndez fue el primer orador, tradujo con nitidez el clima imperante. El argentino produjo un auténtico alegato anticolonialista. «Basta recorrer un poco la historia de este y del pasado siglo —memoró— para advertir la identidad de esta agresión [británica] con las de otras protagonizadas por invasiones y los dos bloqueos sufridos por la joven Argentina, el cañoneo contra Venezuela, la agresión a Suez, la opresión de medio continente africano y de gran parte de Asia, para comprobar qué es Gran Bretaña, cómo se conduce.»

Era Argentina que —paradójicamente por boca de un antiguo admirador confeso del «viejo león británico»— regresaba por sus fueros históricos. «No hemos atentado contra el orden y el derecho internacional —negó el canciller—; lo hemos hecho contra una forma peculiar de orden destinado a preservar una visión oligárquica del sistema internacional, un statu quo del sistema internacional.»

Haig escuchó en silencio y mirando fijamente el rostro al argentino. Presenció la ovación con que lo premiaron sus colegas latinoamericanos —encabezada por el nicaragüense, el padre Miguel d’Escoto, quien no dudó en ponerse de pie para aplaudir— y soportó también una extensa, enjundiosa y hostil exposición del venezolano Zambrano Velazco. Luego le llegó el turno.

El norteamericano intentó una nueva pirueta dialéctica, adoptando una línea argumental que reflejara neutralidad, hasta donde fuera posible. Su exposición no contuvo una sola mención a las «Falkland» o a las «Malvinas». El único argumento sólido fue la necesidad de que se cumpliera con la resolución 502. Pero como efecto resultó insuficiente, ni un solo aplauso recogió su intervención.

—En un ámbito donde los aplausos no se mezquinan, casi se entregan por cortesía, lo de Haig fue un fiasco —aseguró un viejo conocedor del foro.

En tanto se sucedían estas tres exposiciones, el embajador norteamericano ante la OEA, William Middendorf, fue despachado para exponer nuevamente ante su colega, Quijano, la urgencia de una reunión entre sus respectivos jefes. Alrededor de las 16, y luego de hacer llegar sus excusas al panameño Javier Illueca, quien se aprestaba a pronunciar su mensaje, Costa Méndez se dirigió al despacho de Orfila, desde donde se comunicó con Galtieri. El embajador Shlaudeman había invertido en Buenos Aires su cuota de presión personal, de modo que, tras un breve intercambio, el canciller argentino recibió la autorización para hablar con su par norteamericano.

El encuentro —realizado en la oficina cedida por el secretario general de la OEA— fue breve, pero de contenido dramático. Haig habló de la inminencia de una acción militar británica sobre la isla Soledad. También anunció que tenía una nueva propuesta para formular al gobierno argentino e indicó, inclusive, su voluntad de regresar personalmente a Buenos Aires, si fuera necesario, para discutirla con los miembros de la Junta Militar. Si Londres lo veía emprender viaje, sugirió, quizá fuera posible detener la escalada bélica.

Costa Méndez sabía que no tenía plafond para plantear a la junta la posibilidad de una nueva visita de Haig. Ambos hombres acordaron una alternativa diferente: el texto de la propuesta sería simultáneamente entregado a los argentinos en Washington, a través del embajador Takacs, y en Buenos Aires, por intermedio de Shlaudeman. Costa Méndez asumió un único compromiso: la respuesta sería cursada «a la brevedad posible».

Unas horas después, los negociadores argentinos conocieron el texto de la así llamada «Haig II». Sus principales características eran:

Establecimiento de la Autoridad Especial Interina tripartita, de la cual dependería en adelante el gobierno de las islas para poder adoptar «decisiones, leyes y reglamentos».

Se restablecería la «administración local tradicional», pero incorporando a los consejos ejecutivo y legislativo dos representantes designados por el gobierno argentino y por lo menos otro en cada cuerpo para representar a los habitantes argentinos residentes en las islas.

Se izarían en las islas las banderas de los tres integrantes de la Autoridad Interina, lo que implicaba que Argentina no debería arriar su pabellón.

El 31 de diciembre de 1982 concluiría el «período provisional», durante el cual debía completarse la negociación para retirar a «las islas de la lista de Territorios No Autónomos con arreglo al Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas y sobre las condiciones mutuamente acordadas para su condición definitiva, incluida la debida consideración a los derechos de los habitantes y al principio de integridad territorial…».

La autoridad debía, previa consulta con los consejos, presentar «propuestas y recomendaciones específicas» a los dos gobiernos para establecer: a) «La manera en que se tomarán en cuenta los deseos e intereses de los habitantes de las islas, por lo que respecta a las islas con asentamientos, sobre la base de los resultados de un sondeo de opinión de los habitantes, realizado con respecto a las cuestiones objeto de las negociaciones y en la forma que determine la autoridad»; b) Las cuestiones relativas a la explotación de los recursos y al futuro papel de la Falkland Islands Company, y, c) Las cuestiones relativas a las posibles indemnizaciones a los habitantes.

En relación con los mecanismos para garantizar la atención a los «deseos e intereses» de los habitantes, la propuesta establecía que ellos no afectarían las posiciones respectivas de los gobiernos en cuanto a «la fuerza legal que se otorgará a dicha opinión en el logro de una solución definitiva».

Si no fuese posible llegar a la solución definitiva antes del plazo fijado, se establecía una forma de prórroga automática de seis meses.

Resulta sumamente complejo reconstruir las alternativas que se sucedieron —tanto en Buenos Aires como en Washington, ciudades en las cuales se habían dividido el poder y los negociadores argentinos— a partir de la entrega simultánea de la propuesta efectuada en la mañana del miércoles 28 de abril. Más aún si se tiene en cuenta que Costa Méndez y sus colaboradores debieron atender dos frentes casi simultáneos: la actividad en el marco del TIAR y el análisis de la «Haig II».

Para complicar aún más las cosas, la advertencia que el secretario de Estado había formulado al argentino sobre la inminencia de un ataque masivo británico comenzó a hallar confirmación tanto en Argentina como en Gran Bretaña. Esto obligó a Costa Méndez —luego de una reunión mantenida con el entonces delegado argentino ante la Junta Interamericana de Defensa, vicealmirante Rubén Óscar Franco— a denunciar la amenaza y a reclamar una aceleración de las deliberaciones en el primer plenario de la mañana del martes.

Ese mismo día, la Thatcher insistió en defender ante el Parlamento y la opinión pública su política de dureza. Pero la presión de las armas que ejercía Londres sobre la Junta Militar —en cumplimiento de la política anunciada por la Thatcher de «buscar una solución por la vía diplomática, pero con un fuerte respaldo militar»—, lejos de producir el efecto deseado, estaba provocando una reacción diametralmente opuesta.

Tal era el clima de víspera que se vivía, que en Gran Bretaña la oposición laborista ensayó un tímido intento de fractura del consenso que los partidos habían dado a la primer ministro. Michael Foot exigió —en cinco oportunidades— el envío de Francis Pym a Nueva York, para solicitar la mediación del secretario general, antes de lanzarse a una nueva escalada bélica.

Desde la zona de operaciones militares, el almirante John Woodward alimentó esta caldera a punto de estallar afirmando que «Estamos en las instancias previas del gran combate que, en mi opinión, deberá ser un triunfo».

Al realizar el balance del conflicto, muchas de las fuentes norteamericanas consultadas por los autores criticaron este enfoque británico, con la misma vehemencia que aplicaron en el caso de la decisión inicial argentina de invadir el archipiélago.

Apenas el trío militar que acompañaba a Costa Méndez conoció la propuesta y efectuadas las respectivas consultas con sus superiores en Buenos Aires, Iglesias, Miret y Moya, sin excepción, comenzaron a puntualizar a los periodistas que la «Haig II» contenía cláusulas «inaceptables» para Argentina. Ese 28 de abril, el diario Clarín tituló: «La junta rechazó la propuesta de Ronald Reagan.»

Las formas que Costa Méndez tenía para intentar salvar la coyuntura eran menos que escasas. De las consultas que efectuaba con el presidente Galtieri y, a través de su reducido «senado militar», surgió nítido que Buenos Aires no produciría siquiera una contraoferta para colocar ante la impaciente atención de Haig.

Y en la madrugada del 28, el órgano de Consulta dio —sin que sus integrantes se lo propusieran— el «golpe de gracia» a la precaria situación, al aprobar —por diecisiete votos con cuatro abstenciones (Colombia, Trinidad-Tobago, Chile y Estados Unidos)— el proyecto de resolución que había sido arduamente negociado a lo largo de todo el día anterior en las comisiones de trabajo.

En los considerandos, los cancilleres americanos dejaron constancia de «que se deben tener en cuenta los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, tal como están expresadas en importantes resoluciones emanadas de distintos foros internacionales, entre ellas la declaración del Comité Jurídico Interamericano expresada el 16 de enero de 1976…». En las «vistas», por otra parte, mencionaron «la resolución 502 (1982) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual debe ser cumplida en todos sus aspectos».

En sus nueve puntos resolutivos propusieron:

Urgir al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que cese de inmediato las hostilidades que realiza en la región de seguridad definida por el artículo 4.° del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y a que se abstenga, además, de cualquier acto que pueda afectar la paz y la seguridad interamericanas.

Urgir al gobierno de la República Argentina para que, asimismo, se abstenga de realizar cualquier acción que pueda agravar la situación.

Instar a dichos gobiernos a que establezcan de inmediato una tregua que permita la reanudación del normal desenvolvimiento de las gestiones conducentes a la solución pacífica del conflicto, teniendo en cuenta los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, así como los intereses de sus pobladores.

Tomar nota de las informaciones recibidas sobre las importantes gestiones del secretario de Estado de los Estados Unidos de América y expresar sus votos porque contribuyan efectivamente a la solución pacífica del conflicto.

Deplorar la adopción, por los miembros de la Comunidad Económica Europea y otros Estados, de medidas coercitivas de carácter económico y político que perjudican al pueblo argentino y exhortarlos a que dichas medidas sean levantadas, señalando que constituyen un grave precedente por cuanto no están amparadas en la resolución 502 (1982) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y son incompatibles con las Cartas de la ONU, de la OEA y con el Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT).

Encargar al presidente de la Vigésima Reunión de Consulta que presente formal e inmediatamente esta resolución al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que la haga del conocimiento de los miembros del Consejo.

Mantener abierta la Vigésima Reunión de Consulta, especialmente con el objeto de velar por el fiel cumplimiento de esta resolución y de tomar las medidas adicionales que estime necesarias para restablecer y preservar la paz y resolver por medios pacíficos el conflicto surgido.

Los resultados obtenidos en el marco del TIAR fueron sin duda importantes, pero no constituyeron, ni remotamente, el supuesto «milagro» que el aparato de difusión gubernamental se encargó de promocionar ante la opinión pública. En la conciencia de un vasto sector de la sociedad «estalló», repentinamente, la recuperación de una identidad latinoamericana que antes había preferido disimular con desdén, cuando no negar.

En realidad, la solidaridad se corporizó pese a esta actitud y, por sobre todo, pese a los últimos seis años de un gobierno militar que adoptó como uno de los presupuestos básicos de su acción internacional la aceptación de la «balcanización» iberoamericana y su activa promoción. Siempre hay tiempo para rectificar cursos históricos y algo de eso hubo —en la forma de una esperanza— en el gesto de los vecinos hemisféricos. Como expresó en una de sus intervenciones ante la conferencia de cancilleres el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Panamá: «América Latina vuelve sus ojos hacia Argentina, en la creencia de que Argentina también mira hacia América Latina.»

Para los militares en Buenos Aires, la votación de la OEA fue un muy necesitado tónico político que terminó alimentando su intransigencia y para los norteamericanos un alerta sobre «el curso de desastre político que seguían los acontecimientos», según evocó durante la investigación una fuente diplomática.

Los principales diarios norteamericanos reclamaban a Reagan una decisión que diera por concluida la gestión de su secretario de Estado, pero, fundamentalmente, que colocara a Estados Unidos al lado de Gran Bretaña. El Congreso —luego de escuchar a Francis Pym, el 23 de abril— amenazaba con intervenir en forma directa en la cuestión, a través de un proyecto presentado por el senador demócrata por Nueva York, Patrick Moynihan, reclamando la imposición de un embargo comercial a Argentina. Hasta el sector de la administración republicana, que argumentaba en favor de la necesidad de que Washington preservara de daños a su frente latinoamericano se había llamado a repliegue.

Los tambores de guerra batieron sus parches a ritmo cada vez más sostenido, aquel miércoles, cuando Costa Méndez cruzó acompañado por su jefe de gabinete el amplio hall del Departamento de Estado para reunirse, por última vez durante la guerra, con Haig. Poco antes la Thatcher había anunciado en Londres la ampliación de la «zona de exclusión» —321 kilómetros alrededor de las islas— hasta convertirla en absoluta, sumando un bloqueo aéreo al naval ya vigente.

El argentino no tenía demasiados argumentos en su equipaje, apenas la intención de atemperar ante su interlocutor el efecto de los indicios negativos que ya habían salido de la capital argentina y de su propia comitiva y, con suerte, convenir en alguna forma de disimular el rechazo que inevitablemente se produciría. Otra vez era cuestión de ganar tiempo.

Pero Haig no estaba ya dispuesto a ofrecerlo. El encuentro de una hora y media concluyó no sólo con la vigencia de la «opción norteamericana», sino también con el derrumbe de una incipiente amistad entre los dos protagonistas. El diálogo —si puede llamárselo así— fue sumamente tenso, produciéndose algunos silencios que duraron varios segundos y parecía que ninguno sabía cómo salir.

Haig se resistía a aceptar que Argentina no estuviese dispuesta a dar su visto bueno a la proposición y le reprochó al argentino el modo en que —a su juicio— la Junta Militar había condenado al fracaso su gestión. La temperatura ambiente se fue elevando hasta que el anfitrión volvió a apelar a la amenaza.

—Ya no será sólo Gran Bretaña —advirtió—; Estados Unidos la respaldará, y junto con la OTAN presionará e inevitablemente el gobierno militar argentino va a caer. Esté usted seguro.

La réplica de Costa Méndez no se hizo esperar y marcó el fin de la fallida conversación. Quizá pensó que ya no era el elegante diplomático de apenas un mes atrás cuando dijo:

—Esa amenaza, señor, es indigna de un secretario de Estado.

Ese mismo día, Costa Méndez concedió un reportaje a la BBC británica en el que opinó: «Creo que las Malvinas pueden resultar un Vietnam para Gran Bretaña. Es un lugar ubicado a diez mil millas de Londres y muy difícil de defender para los británicos.»

Costa Méndez comprobó que la suerte estaba echada, pero intentando guardar alguna coherencia con lo que había expuesto ante el mediador, quiso preservar un margen de maniobra. Redactó una respuesta en términos cuidadosos en la que expresó que se había efectuado un profundo examen del documento, «comparándolo con nuestras anteriores propuestas y con los puntos de vista que hemos mantenido en nuestros diversos encuentros. De ese análisis —añadió— han surgido diferencias significativas, algunas de las cuales suscitan dificultades que es indispensable superar.

»Como ya ha manifestado mi gobierno al señor secretario, el objetivo que Argentina se ha fijado es el reconocimiento de su soberanía sobre las islas Malvinas. Ese elemento central de nuestras discusiones es el último justificativo de las acciones emprendidas por mi país y, como ya he tenido ocasión de expresarle muchas veces, constituye para nosotros un fin irrenunciable», agregó.

El texto cuestionó también la «imprecisión» de la propuesta norteamericana respecto del reconocimiento del reclamo de soberanía argentino; la ausencia de «mecanismos» que otorgaran a Buenos Aires «mayores facultades para la administración de las islas», durante el período provisional; las previsiones para incorporar representantes argentinos a los consejos ejecutivo y legislativo y el establecimiento implícito de un «referéndum» para sondear la voluntad de los isleños al que juzgó en «abierta contradicción» con el contenido de la resolución 2 065 de la Asamblea General de la ONU.

El anteúltimo párrafo contuvo una referencia a la disposición argentina de seguir negociando, pero en ningún tramo de la nota se incluyó algo que pudiera sugerir una contrapropuesta. Y esto fue lo que condenó al fracaso el postrer intento de Costa Méndez de mantener abierta la alternativa norteamericana. El poder militar argentino no tuvo en la ocasión nada para ofrecer excepto un no.

Con este texto bajo el brazo, un atribulado Takacs ingresó en horas del mediodía del jueves 29 en el despacho del secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Thomas Enders. Éste recordó que el argentino estaba visiblemente molesto por la tarea que le cupo en aquel momento y también la reacción de Haig y sus segundos al tomar conocimiento del contenido de la respuesta.

—Tuvo el efecto de una ducha de agua fría sobre todos nosotros —dijo a estos cronistas cuando lo entrevistaron.

Los argentinos dejaron Washington, rumbo a Nueva York, en la mañana de ese jueves en medio de presagios sombríos. Los «signos de los tiempos» estaban en todas partes. En Londres, el Daily Telegraph aseguró en un largo artículo (el 29 de abril de 1982) que «después de un comienzo lento, América [Estados Unidos] está respaldando a Gran Bretaña como nunca antes desde la segunda guerra mundial», y advirtió que «si los últimos esfuerzos diplomáticos lanzados ayer por el presidente Reagan para evitar una guerra fracasaran, poderosas voces en el Congreso y dentro de su propia administración se alzarán para urgir un respaldo abierto para Gran Bretaña…». Citando al influyente columnista de The New York Times, James Reston, el diario británico señaló que «Washington tendrá que decirles a los generales [argentinos] que el señor Haig ha hecho lo mejor que ha podido para evitar el choque y que si rechazan a Estados Unidos y desafían a la ONU, entonces Estados Unidos se opondrá a ellos, declarará sanciones económicas y dará a la armada británica toda la asistencia a su disposición».

El Senado norteamericano —cuya Comisión de Relaciones Exteriores había escuchado un informe de Haig a «puertas cerradas»— se reunió esa mañana y aprobó velozmente, por el abrumador margen de setenta y nueve votos contra uno, una resolución que demandaba a Argentina el retiro de sus tropas de las islas. La única negativa a respaldar: el proyecto provino del senador ultraderechista, Jesse Helms. Así estaban las acciones argentinas en el mercado político de Occidente.

En las Naciones Unidas, el canciller encontró un ambiente propicio para una convocatoria al Consejo de Seguridad, pero personalmente no hizo nada por alentarla. Sus instrucciones señalaban que Argentina debía abstenerse de solicitarla, ya que cualquiera de las partes en conflicto que lo hiciera estaría admitiendo que su situación era comprometida.

El obstáculo era mayúsculo, ya que Londres no deseaba que el Consejo se reuniera. La Thatcher había declarado ya que su país no aceptaría una nueva resolución del organismo —primero se debía hacer cumplir la 502, advirtió— y que su delegación vetaría cualquier intento de reclamar un «cese del fuego» que no estuviese vinculado con un retiro inmediato de los efectivos argentinos de las islas.

Mientras el argentino conferenciaba con sus colegas de Nicaragua, Panamá y otros, desde la misión norteamericana ante la ONU la embajadora Kirkpatrick ensayó su propia movida política sobre el confuso tablero. Esa mañana había participado de una sesión especial del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, en la que se adoptó la decisión de dar por concluida la gestión de Haig y de aplicar sanciones a Argentina.

Sin consultar con el secretario de Estado —lo que no implica que no lo haya hecho con la Casa Blanca—, la diplomática transmitió la novedad al secretario general de las Naciones Unidas, incentivándolo a actuar. Haig se enteró posteriormente y su reacción fue aumentar su vieja inquina hacia la embajadora.

Pérez de Cuéllar, por su parte, no perdió tiempo y recibió pocas horas después al ministro argentino, ante quien formuló un ofrecimiento —aunque sólo verbal en esa etapa— de interponer sus «buenos oficios». Costa Méndez no asumió, entonces, un compromiso para el que no estaba autorizado, pero se cuidó de dejar abierta la opción.

En esos mismos momentos, el embajador Takacs dejaba la sede de su legación en la capital estadounidense para cubrir nuevamente el trayecto que la separaba del Departamento de Estado, donde recibió la comunicación oficial de la decisión norteamericana. Enders le anticipó que el anuncio se haría público a las diez de la mañana del día siguiente.

Por mucho que esta circunstancia hubiese sido prevista por los argentinos, sus efectos fueron notorios en el ánimo de los integrantes de la delegación. Un grupo de periodistas que regresó esa noche de una cena tardía en un restaurante de la pintoresca zona neoyorquina de Little Italy encontró en la puerta del United Nations Plaza —donde todos se alojaban— a un Miret taciturno, extrayendo el humo de su cigarro en nerviosas y profundas inspiraciones.

El brigadier no respondió al saludo del grupo. Se limitó a decir en voz alta «los norteamericanos se abren», como si se tratara de la continuación de una conversación y no de su comienzo. Los cronistas dudaron inicialmente entre seguir escuchando las reflexiones del angustiado militar y correr hasta el teléfono más cercano para detener las ediciones de sus diarios. Al final optaron por la última alternativa, sabiendo que, a pesar de la hora, no era la jornada la que concluía. Era otra etapa del drama.

Tercera parte

1. «¡HUNDAN AL "BELGRANO"!»

El nutrido grupo de periodistas reunido en los salones de la Casa Blanca guardó silencio. El que hablaba era el presidente norteamericano. Tenía el gesto adusto ese 30 de abril de 1982.

—Argentina es el verdadero país agresor. —Ronald Reagan puso la misma cara que, décadas atrás, le significó pasar sin pena ni gloria por mediocres (o directamente malas) películas de vaqueros.

Simultáneamente y casi sin advertirlo, Argentina se acercaba hacia finales de abril a un enfrentamiento bélico con Gran Bretaña. Había suficientes datos, a esa altura de los hechos, como para suponer que la fuerza de tareas de la Thatcher no había llegado hasta estas lejanas regiones únicamente con el fin de intimidar.

Un contingente naval de impresionante envergadura había atravesado el Atlántico Sur y quizá la última esperanza de evitar el choque quedó sepultada cuando la Royal Navy abandonó la isla de Ascensión.

A partir de ese momento, los sucesos parecieron devorar el calendario y el 25 de abril los argentinos se enteraron, en un domingo gris y lluvioso, que el fuego había estallado en las islas Georgias. Mientras los partes oficiales dibujaban la fantasía de una resistencia inexistente, la Junta Militar parecía aún ajena a una sensación generalizada: el litigio en las Malvinas había llegado a un punto sin retorno.

En realidad, la inoperancia militar argentina tenía alguna explicación. Las fuerzas armadas actuaban en un nivel operativo muy inferior, sobre todo en lo relativo a los servicios de inteligencia. A punto tal, que la primera certeza de los mandos sobre la presencia de la flota británica en aguas del Atlántico Sur la obtuvo un Boeing 707 —al mando del vicecomodoro Fontaine— destinado con ese propósito que, a la altura de cabo Frío, en Brasil, detectó a los buques, pero debió desistir de sus intenciones al ser interceptado por un Sea Harrier que despegó desde uno de los portaaviones.

Argentina no contaba tampoco —al menos nunca hubo indicios de ello— con el apoyo satelístico de la Unión Soviética. Gran Bretaña, en cambio, desarrollaba su propio sistema informativo enriquecido invalorablemente por la asistencia abierta de Estados Unidos.

Cuatro días después del ataque a las Georgias, ocurrió en Argentina un incidente demostrativo de hasta qué punto se operaba en condiciones deficientes y de cómo la junta no estaba aún persuadida de que impulsaba inexorablemente al país hacia una guerra desigual. El 29 de abril por la mañana el comandante del TOAS, vicealmirante Lombardo, resolvió viajar desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires para elevar un informe a los tres comandantes. A bordo de su avión y mientras repasaba algunos apuntes, recibió un radiograma urgente que le informó que un avión Neptune de reconocimiento había divisado tres enormes embarcaciones con proa hacia el continente. Lombardo reaccionó con cierta incredulidad. Sabía que esos aviones, con muchos años encima, no ofrecían garantías de buena información —cualquier alteración climática brusca afectaba los mecanismos del radar— y que algunos de los pilotos, cedidos por la empresaria Amalia Fortabat, carecían de pericia para ese tipo de tareas.

El jefe del TOAS, casi llegando ya a Buenos Aires, ordenó una nueva inspección que arrojó idénticos resultados que la primera realizada. Ya no cabían dudas: tres naves inglesas —no existía autorización para que las argentinas transitaran esa zona— pretenderían cañonear el continente, un temor que había cobrado cuerpo en esos días en las ciudades más australes y que era enfáticamente sostenido por el comandante aéreo de Defensa, brigadier mayor Augusto Hughes. Apenas pisó el aeroparque, Lombardo se dirigió al edificio Libertador, para informar del suceso a Anaya y solicitarle autorización para organizar un contraataque.

Aunque parezca de política-ficción, los comandantes no tenían elaborada, aun entonces, una política sobre «apertura del fuego». Es decir, los jefes militares en el continente y en las islas no sabían a ciencia cierta cuándo podían atacar al enemigo. Y, casi casi, ya se estaba en plena guerra. Anaya dio el «OK» a Lombardo para un avance sobre los supuestos buques ingleses y obtuvo el consentimiento de Lami Dozo, quien ordenó alistar los aviones para un ataque masivo.

Restaba, sin embargo, la autorización de Galtieri, quien, al recibir la solicitud telefónica de Anaya, se mostró renuente y opinó que «es mejor ver qué pasa». Con su temple de hombre obseso, el jefe naval le advirtió:

—Mirá, Lami Dozo también está de acuerdo. Así que estamos dos a uno (las decisiones siempre debían adoptarse por mayoría, en el seno de la junta).

Ya era cerca del mediodía cuando Galtieri pidió que Lombardo lo fuera a visitar a la Casa de Gobierno. El comandante del TOAS, un hombre resuelto, esperó largo rato en la antesala y cuando ingresó en el despacho presidencial encontró a un Galtieri adormilado, en calzoncillos, desprolijo y despeinado.

—General, no podemos esperar más. Los buques van a atacar el continente. Hay que ordenar la contraofensiva —urgió Lombardo.

—¿Le parece? —atinó a contestar el presidente—. Después nos pueden acusar de agresores. En fin, no sé…

En esa deliberación se hallaban, cuando Lombardo fue requerido telefónicamente desde Comodoro Rivadavia. Todo había sido una falsa alarma, le dijeron. En realidad se trataba de tres pesqueros de bandera nacional que, por razones técnicas, habían tenido que poner rumbo hacia el puerto de aquella ciudad. La ciclotimia autoritaria fue justamente uno de los rasgos distintivos de la Junta Militar.

Mucho se comentó —sobre todo en la prensa extranjera— acerca de la supuesta firmeza de Galtieri y Anaya para la toma de decisiones y cierta debilidad exhibida por Lami Dozo. La realidad mostró lo contrario. Abrumados quizá por una responsabilidad que pareció superarlos, Galtieri se sumía con frecuencia en profundos estados depresivos y Lami Dozo alternaba, sin matices, actitudes de dureza y flexibilidad. El más tozudamente equilibrado pareció ser Anaya, quien de todas formas —como se verá más adelante— también incurrió en deslices.

Lo cierto es que el día 30 selló un mojón clave en el prolongado camino del conflicto. En esa jornada, Estados Unidos archivó su actitud neutralista y lanzó sus cargas contra Argentina. Alexander Haig anunció, por ejemplo, sanciones económicas y militares contra Buenos Aires y alertó sobre «probables acciones militares en gran escala» en las islas Malvinas. Fue el día en que el presidente Reagan cargó aún más las tintas y opinó que Argentina «era el verdadero país agresor». Su breve amistad con el gobierno militar argentino era cosa del pasado y se había transformado en un duro intercambio de recriminaciones. Para los británicos había llegado el tiempo de las balas. Implícitamente, Washington estaba dando su OK.

No había entonces motivos para dudar. A las 4.40 del 1 de mayo los aviones Vulcan y luego los Sea Harrier comenzaron sus descargas sobre Puerto Argentino, en lo que marcó el inicio de las hostilidades que sólo cesarían el 14 de junio, cuando el general Menéndez rindió la capital del archipiélago. Ese día significó también el comienzo de una nueva gestión diplomática —tras los sucesivos fracasos de Haig y la inoperancia de las Naciones Unidas— que, como nunca durante el conflicto, tuvo íntimas vinculaciones con lo que sucedía en el frente de batalla: la del presidente peruano Fernando Belaúnde Terry.

Costa Méndez regresaba desde Nueva York y en la escala que su avión hizo en Río de Janeiro fue informado del ataque británico a las islas. El canciller quedó fuertemente impactado, pero en realidad alentaba todavía la certeza de que la decisión norteamericana de abandonar los esfuerzos por hallar una solución negociada a la crisis del Atlántico Sur, podría abrir más vías diplomáticas que las que parecía haber cerrado. Se barajó en esas horas la posibilidad de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y el mismo Costa Méndez trajo escondida en sus carpetas una propuesta indirecta del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, para una posible mediación entre los países en conflicto.

La opinión pública había desconectado su atención del frente diplomático y prefería, en cambio, seguir los acontecimientos de la guerra que eran presentados por el gobierno con un marcado signo triunfalista. El Estado Mayor Conjunto., a propósito, hizo de esas primeras horas una «serena evaluación» —según rezaba el comunicado— de los acontecimientos bélicos y se atrevió a señalar «serias falencias de orden profesional» en las fuerzas inglesas, anunciando que el primer día de batalla había configurado un «triunfo argentino». No extrañó por eso que un simplista espíritu de éxito contagiara a amplias franjas de la sociedad. Una encuesta de la empresa Gallup resultó reveladora: de acuerdo con un muestreo realizado en todos los sectores de la Capital Federal —donde la guerra se vivió apenas como una anécdota lejana—, el 90 % de los consultados reafirmó un espíritu belicista y sólo el 8 % expresó su desacuerdo. Un 82 % desestimó cualquier posibilidad de negociación con Gran Bretaña y un 15 % se inclinó en sentido opuesto.

En ese contexto, nuevamente Estados Unidos promovió otra mediación con una clara premisa: otorgar oxígeno a las negociaciones, porque en última instancia deseaba no tener que optar por Argentina o Gran Bretaña, como debió hacer finalmente. Aun con la posición tomada en favor de Margaret Thatcher, la administración republicana alentó desde Washington al gobierno peruano del arquitecto Fernando Belaúnde Terry —hombre que ha hecho muy sólida su relación con el norte, especialmente con los sectores financieros— para convertirlo en un voluntarioso mediador.

No todos compartieron la idea de que la mano de la Casa Blanca estaba oculta detrás del ofrecimiento peruano, pero la propia embajadora Jeanne Kirkpatrick confirmó esa impresión a los autores. «Era una nueva misión Haig encubierta», llegó a afirmar.

A las 22 horas del 1 de mayo, Costa Méndez recibió una llamada de Javier Arias Stella, su colega de Perú, quien con generoso tacto diplomático buceó la intimidad argentina para conocer la predisposición ante un eventual ofrecimiento. Los militares argentinos estaban entonces verdaderamente envalentonados por lo que —según el juicio de ellos— había sido una jornada de victoria en el frente de batalla. El canciller debió esforzarse mucho, por ese motivo, para que Galtieri aceptara un diálogo con Belaúnde Terry. El presidente argentino se hacía negar argumentando tener «mucho trabajo». La misión del presidente de Perú había comenzado algún tiempo antes. Representante de la pequeña burguesía, Belaúnde siempre fue un entusiasta de la problemática latinoamericana y un propulsor —mucho más teórico que fáctico— de la unidad regional.

Muy temprano el día 1, el presidente de Perú se comunicó con Haig, quien inmediatamente advirtió la posibilidad de establecer a través de Lima un nuevo puente entre Argentina y Gran Bretaña. Haig conocía la amistad de Perú con Argentina —quizá una de las pocas cosas que el secretario de Estado sabía de historia latinoamericana— y sugirió a Belaúnde que se pusiera en contacto con Galtieri.

—¿Para proponerle qué? —fue la respuesta del arquitecto, que conocía de los motivos del fracaso de la misión Haig.

Ambos comenzaron a trabajar entonces sobre la base de algunos proyectos que no habían sido aceptados por el gobierno argentino durante las extenuantes negociaciones de abril, pero con cierta fineza Belaúnde fue sugiriendo mejoras que hicieran potable la propuesta para la Junta Militar.

Advirtió en más de una ocasión, para aflojar la rigidez de principios que evidenciaba Haig, que Argentina había convertido a las Malvinas en un baluarte y que resultaba imprescindible evitar una masacre. Haig fue, en ese sentido, terminante.

—Presidente —le advirtió—, yo soy un militar. Los ingleses vencerán. Han enviado cien buques y, si les hunden uno, mandarán tres en su reemplazo. Si les bajan un avión, mandarán cuatro. Los ingleses tienen un armamento muy sofisticado, que los defensores de las islas, por valiente que sea su resistencia, no podrán contrarrestar.

Finalmente Galtieri aceptó la comunicación de Belaúnde, a quien llamó repetidamente doctor —en una muestra del limitado repertorio militar—, pese a las muecas dibujadas por el canciller allí presente para hacerle comprender que se trataba de un arquitecto. Era por cierto una equivocación menor, pero, a la vez, un síntoma de ese espíritu simplificador que poseen los militares. Al fin y al cabo, la sociedad, para ellos, bien puede dividirse en militares y doctores.

El presidente peruano creyó advertir en Galtieri a un hombre muy predispuesto a recibir ayuda, una impresión que contradecía esa actitud renuente del militar argentino para atender a Belaúnde. La idea de la mediación fue aceptada por el argentino, quien, de todos modos, prefirió que los detalles de una propuesta de solución —que Belaúnde ya había esbozado secretamente con Haig— los conversara con Costa Méndez.

El presidente de Perú transmitió los siete puntos del plan de paz que la cancillería recibió a través de un télex reservado del embajador de Lima, Luis Pedro Sánchez Moreno.

La propuesta consignaba siete puntos principales:

Cesación inmediata de las hostilidades.

Retiro simultáneo y mutuo de las fuerzas.

Presencia de representantes ajenos a las dos partes involucradas en el conflicto, para gobernar las islas temporalmente.

Los dos gobiernos reconocen la existencia de posiciones discrepantes sobre la situación de las islas.

Los dos gobiernos reconocen que los puntos de vista y los intereses de los habitantes locales tienen que ser tomados en cuenta en la solución definitiva del problema.

El grupo de contacto que intervendría de inmediato en las negociaciones para implementar este acuerdo estaría compuesto por Brasil, República Federal de Alemania y los Estados Unidos de América.

Antes del 30 de abril de 1983 se habrá llegado a un acuerdo definitivo bajo la responsabilidad del grupo de países antes mencionados.

Costa Méndez leyó atentamente «el papelito» —singular denominación que otorgó al plan de Belaúnde— y quedó realmente entusiasmado, aun cuando estaba convencido de que habría que hacer todavía un gran esfuerzo, para que la propuesta fuera viable en el frente militar. La gestión mediadora parecía tener en esas horas bríos renovados, pero en el apartado cinco del plan la negociación comenzó a trabarse y la posibilidad de un éxito comenzó a correr una carrera contra el reloj.

Haig había transmitido el proyecto al canciller británico Francis Pym, quien de inmediato hizo conocer sus reparos: el gobierno de la Thatcher no admitiría que se hablara de «puntos de vista e intereses», sino de «deseos e intereses». La objeción parecía no exceder un mero capricho lingüístico. Pero no era así en realidad. Esa modificación apuntaba al fondo mismo del conflicto por las Malvinas, que ambas naciones no habían logrado resolver luego de inútiles décadas de negociaciones.

No fue casual que Argentina también hiciera hincapié en el mismo punto del plan de paz. Primero cuestionó «puntos de vista» y pidió su reemplazo por «aspiraciones». Luego, ante la intransigencia británica, optó por aferrarse a la formulación inicial presentada por el presidente de Perú. Lo que estaba en discusión detrás del contenido sutil de esas palabras era la posibilidad del reconocimiento mismo de la soberanía argentina en el archipiélago.

Es sabido que durante los últimos años de negociación, poco habían avanzado hacia el acuerdo Argentina y Gran Bretaña. Quizá uno de los datos más significativos —al margen de la resolución 2 065 de la ONU, lograda durante la gestión del doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz— surgió de la reunión de delegaciones en Roma en 1977 cuando el poder británico admitió, por primera vez en ciento cincuenta años, que el problema de la soberanía «está sujeto» —rezaba el parte oficial de aquellos días— a consideración de las partes.

Lo que pareció en principio un paso adelante resultó en los hechos una táctica dilatoria de los ingleses, ya que en reuniones posteriores las delegaciones de su majestad —muchas veces disminuidas adrede en su jerarquía para restarles poder de decisión— comenzaron a aferrarse al principio de la autodeterminación de los isleños como condición sine qua non, para dar solución al litigio. La batalla por una palabra, mientras la guerra latía como una cruda realidad, no era por lo visto ociosa. Los ingleses se escudaban en el argumento de respetar «los deseos» de los kelpers, porque en el sofisticado lenguaje diplomático ello podría implicar el reconocimiento de la autodeterminación en las Naciones Unidas. Gran Bretaña avalaba esa idea con la resolución de las Naciones Unidas de noviembre de 1976, que dictaminó la aplicación de la autodeterminación en Belice, cuya independencia formal se cristalizó en setiembre de 1981.

Las analogías con las Malvinas, sin embargo, prácticamente no existían. Ambas constituían dos de los últimos resabios del colonialismo en el continente americano y tenían en común el hecho de ser Gran Bretaña la potencia que ejercía el dominio sobre uno y otro territorio. Pero las similitudes no se extendían más allá de las circunstancias apuntadas.

En Belice existía una población nativa, y sus orígenes, que se remontaban a fines del siglo xvii si bien tenían vinculaciones con la soberanía española, reconocían también la existencia de asentamientos británicos sin una clara relación de dependencia con la metrópoli. No obstante, el gradual abandono de posiciones por parte de España condujo, también gradualmente, a la afirmación de la presencia inglesa y, como consecuencia, a la consolidación de la estructura administrativa de un nuevo dominio.

Con las Malvinas no había ocurrido ciertamente algo similar. En 1833, una fuerza de ocupación inglesa se había apoderado del archipiélago desconociendo los títulos y la posesión española y estableciendo un enclave con ciudadanos traídos desde Gran Bretaña.

Argentina nunca reconoció, por ello, el principio de la autodeterminación, argumentando que tal pretensión no puede ejercitarse en un territorio ajeno. Argentina cuenta además con algunos antecedentes válidos surgidos de las Naciones Unidas: la resolución 1 514, del 14 de diciembre de 1960, que instó «a poner fin al colonialismo en todas sus partes y en todas sus formas» y señaló que en los territorios no autónomos «deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados».

Este instrumento, si bien remarcaba la necesidad de la descolonización, se transformó con el tiempo en una suerte de estorbo para las gestiones diplomáticas argentinas, por el excesivo énfasis que ponía en el principio de la autodeterminación. Al constituirse un comité especial para el proceso de descolonización, llamado Comité de los 24, por la cantidad de países que lo integran, Argentina planteó ante éste, y luego ante la Asamblea General de la ONU, el caso de las islas Malvinas, previniendo sobre un eventual referéndum que legalizara la situación de facto existente, a lo que podría llegarse mediante la aplicación literal de la resolución 1 514.

Se logró así la resolución 2 065, que declaró que la Asamblea General, «tomando nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de dichas islas, invita a esos gobiernos a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el comité especial». En el texto de la resolución se reconoce expresamente que el de las Malvinas es un caso de colonialismo, al que debe ponérsele fin.

En 1973, la ONU dictó la resolución 3 160, que expresó la «grave preocupación» por el tiempo, sin progresos, transcurrido en la negociación sobre las islas Malvinas, y el 15 de noviembre de 1976 surgió una nueva resolución aprobada por amplia mayoría (noventa y cuatro votos a favor, uno en contra —Gran Bretaña— y treinta y dos abstenciones), que destacó la necesidad de respetar el concepto de «integridad territorial», en el caso de las Malvinas. Ello implicó de hecho una subestimación del principio de la autodeterminación y un reconocimiento tácito de la necesidad de restituir a Argentina la soberanía del archipiélago. Ahora, ya concluida la guerra, Gran Bretaña ha ratificado su dominio absoluto sobre las islas, pero ha comenzado a dejar un flanco en el campo diplomático, suponiendo que en un futuro —mediato o inmediato— las negociaciones puedan reanudarse.

El triunfo bélico obligó al gobierno inglés a convertir a los isleños en ciudadanos británicos —condición largamente anhelada por los kelpers— y ese gesto integracionalista no hizo más que debilitar su argumento predilecto en los foros de las relaciones internacionales: la autodeterminación. Parece obvio que un diferendo entre Argentina y Gran Bretaña no puede subordinarse de ahora en más a la voluntad de un grupo de británicos. Ello equivaldría a conferirles la inadmisible condición de jueces y partes.

Esa mañana del 2 de mayo las llamadas telefónicas del presidente Belaúnde Terry se transformaron casi en una obsesión para el gobierno argentino. Por la mañana, como se dijo, ya había hablado con Galtieri y al mediodía insistió sin reparos. Con evidente premura —los argentinos no entendían muy bien por qué— el presidente peruano pidió una respuesta a su plan de paz, pero la burocracia del poder militar argentino —un signo característico del proceso que alumbró en 1976— trabó cualquier salida expeditiva. Galtieri quedó en una posición poco cómoda frente a Belaúnde —se perdía en divagaciones sin atinar a dar una contestación—, y mientras trataba de convocar a la Junta Militar, cedió la responsabilidad de la negociación a Costa Méndez.

Entre las 12 y las 14 horas, Belaúnde dialogó en tres ocasiones con el canciller. Argentina seguía defendiendo su tesis de no incluir la palabra «deseos» en la redacción del proyecto de acuerdo. También objetaba la presencia de Estados Unidos como uno de los integrantes del grupo de contacto. Gran Bretaña, por su parte, había solicitado la exclusión de Perú del mismo bloque, por sospechar cierta parcialidad hacia los intereses argentinos.

Belaúnde tenía por entonces un teléfono en cada oído. Por un lado escuchaba las sugerencias de Haig, quien tenía su canal abierto con Londres a través del canciller Francis Pym, que lo visitaba en su despacho de Washington. Por otro, aguardaba con impaciencia el visto bueno de Buenos Aires. Costa Méndez estaba bastante seducido por la propuesta del presidente peruano e incluso arriesgó durante una de las conversaciones telefónicas que se estaba en las puertas de un acuerdo.

—Yo no puedo decirle ni que sí, ni que no, arquitecto —comentó Costa Méndez, sabiendo que al fin todo quedaba supeditado a la opinión militar—. Si salvamos una o dos cositas, creo que va a andar. Déjeme llevar el papel a la junta, que se reúne a la tarde. Quédese tranquilo. —El pedido del canciller era casi una súplica.

En uno de esos diálogos, Costa Méndez estiró las concesiones hasta el límite de lo posible. El tramo definitorio de esa comunicación, grabada en ambos extremos de la línea, como todas las que de este nivel se hicieron durante el conflicto, es un testimonio vivido de esas dificultades.

—Me ha llamado el embajador de Estados Unidos y me pide dos cosas pequeñas. Primero que utilicemos la versión castellana, porque la versión en inglés fue preparada aquí y no está todo lo pulida que debiera —explicó Belaúnde Terry.

—Correcto, no hay problema —respondió Costa Méndez.

—También me pide que el punto quinto de la versión castellana, donde dice «puntos de vista e intereses de los isleños», quiere cambiar «puntos de vista» por los «deseos». —El mandatario peruano llevaba nuevamente la cuestión al punto crítico.

—Eso es imposible para nosotros —lo atajó el canciller argentino—. Para nosotros la palabra «deseos» es inaceptable. Esto ya fue discutido en varias oportunidades en las Naciones Unidas. Allí siempre, por abrumadora mayoría de votos y con la abstención británica, se desechó la palabra «deseos» y se incluyó la palabra «intereses», como todo lo que nosotros deberíamos tener en cuenta.

—La versión inglesa dice «the views and the interests» [los puntos de vista y los intereses]. Quizá podría aceptarse la fórmula «the views concerning the interests» [los puntos de vista concernientes a los intereses]. Así podría quedar «the two governments acknowledge taking into account the views concerning the interests» [los dos gobiernos aceptan tomar en cuenta los puntos de vista concernientes a los intereses]. —Belaúnde se esforzaba por superar el escollo.

—Podría resultar aceptable —admitió el argentino en un esfuerzo conciliador. Y en realidad lo era, pues suponía desandar, al menos en parte, el camino recorrido por los reclamos argentinos en las Naciones Unidas.

—Bien, tomo nota doctor.

Belaúnde no quedó conforme con la promesa y volvió a comunicarse con Galtieri, quien, a esa altura, ya no podía con su fastidio.

—Sí, por supuesto, lo que habló con Costa Méndez vale. Pero no me obligue a darle una respuesta porque no puedo. Comprenda: yo también tengo mi Senado y debo consultarlo —comentó el presidente, tratando de no perder su tono de esforzada amabilidad. Galtieri hacía referencia, por supuesto, a la Junta Militar. Belaúnde diría tiempo después que comprendió la situación: «Un Senado con galones es una cosa muy seria.» Quizá su poder de captación nacía de experiencias propias. A nadie escapa que tampoco en Perú las fuerzas armadas habían adoptado una actitud prescindente respecto del poder político.

A las 16.30, Belaúnde volvió a hablar con Costa Méndez, quien en realidad poco de nuevo tenía para ofrecer, más allá de un esfuerzo dialéctico para alentar al presidente peruano sobre lo factible de una solución. El canciller argentino confesó alguna vez su arrepentimiento por no haber prestado quizá suficiente atención a sus últimos diálogos con Belaúnde, durante ese 2 de mayo.

Repasando sus apuntes, Costa Méndez recordó más tarde que durante aquella jornada especialmente trágica para los argentinos, Belaúnde estuvo «excesivamente ansioso» y que en un tramo de las conversaciones le había alertado: «Mire que me han dicho que algo puede suceder…»

Belaúnde Terry hablaba con conocimiento de causa. Paul Foot, periodista del diario inglés Daily Mail, opinó que uno de los episodios más penosos de la guerra —el hundimiento del viejo crucero Belgrano, que costó la vida de casi ochocientos marinos argentinos— fue deliberadamente instrumentado por el gobierno de Londres para impedir que se obtuvieran efectos positivos en la mediación promovida por Perú. El gabinete británico no tenía ya una voluntad negociadora.

¿Cómo se explica, si no, la persecución del crucero Belgrano por el submarino nuclear Conqueror, durante más de treinta horas? ¿Por qué consumar el ataque cuando Argentina, al menos, creía estar cerca de una solución? ¿Por qué hacerlo fuera de la denominada zona de exclusión?

Los interrogantes llevan casi inevitablemente a fortalecer la hipótesis de que Gran Bretaña, una vez desatado el incidente en las Georgias y enviada la flota hacia el Atlántico Sur, nunca creyó seriamente en la posibilidad de concluir el litigio acudiendo a la vía diplomática.

Las respuestas integrales a tantos interrogantes están encerradas en los documentos oficiales británicos —donde permanecerán largos años a salvo de la curiosidad— y en las conciencias de los protagonistas. Pero hay algunos indicios que, ensamblados correctamente, dan lugar a una interpretación plausible.

En primer lugar, la crisis del Atlántico Sur otorgó al Almirantazgo británico una oportunidad invalorable para defender su flota de superficie. Ésta estaba entonces destinada a desaparecer, y sus unidades serían reemplazadas por los submarinos nucleares Trident. Maggie Thatcher y su ministro de Defensa, John Nott, estaban empeñados en una transformación que convertiría a la Armada de su majestad en una mera pieza complementaria de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con escasa capacidad operativa fuera de ese marco integrado. Los argumentos de los mandos navales —que abogaban por la permanencia en dotación de las unidades de superficie— se habían estrellado invariablemente contra la firme concepción del gobierno conservador.

Además, la Dama de Hierro había hecho honor a la dureza que le asignaba el mote, despachando la fuerza de tareas apenas horas después del desembarco argentino. Reclamó y obtuvo entonces el consenso de sus gobernados. Ella sabía que no podía hacerla regresar a mitad de camino y sin un claro triunfo, pues desde un primer momento convirtió su enfrentamiento con Argentina en un asunto vital de política interna. Como Winston Churchill se había enfrentado a la Alemania nazi, ella lo hacía ahora con los «fascistas» argentinos. No podía repetirse Suez, en la década de 1980.

Costa Méndez esbozó luego de la guerra otra teoría: supuso que la decisión de torpedear al Belgrano fue adoptada para ejercer presión sobre la Junta Militar y obligarla a aceptar, sin muchos recaudos, la propuesta de Belaúnde. Si ello fuera así, cabría convenir que hubo, por lo menos, un grueso error de evaluación en la cumbre del poder británico.

Los militares argentinos habían llevado el conflicto lo suficientemente lejos —en los hechos y en las palabras— como para no retroceder bruscamente ante el primer traspié importante. Por ello resultaba impensable suponer que el hundimiento del Belgrano obraría como un sedante. Todo lo contrario: habría —como finalmente ocurrió— una exacerbación del espíritu belicista.

Otro testimonio, el de Geoffrey Underwood, autor del libro Our Falklands War, confirma la suposición de que el ataque se llevó a cabo, premeditamente, en el momento exacto para abortar cualquier posibilidad de acercamiento diplomático. De acuerdo con ese relato —escogido por el laborista Tam Dalyell y presentado en el Parlamento—, el capitán del submarino Conqueror reveló que «habíamos localizado al Belgrano el 1 de mayo y lo seguimos por más de treinta horas, informando a Londres que lo teníamos avistado». Allí se explica también que «las instrucciones originales de Londres eran atacar el barco si éste entraba en la zona de exclusión, pero el 2 de mayo dichas instrucciones fueron cambiadas». En las sesiones de la Cámara de los Comunes del 4 y 5 de mayo de 1982, el ministro de Defensa, John Nott, había informado que el Belgrano fue detectado a las ocho de la noche (hora de Londres), tres de la tarde (hora argentina). Un dato semejante constó en el informe elaborado por el titular del Almirantazgo, John Fieldhouse, al concluir el conflicto armado. La BBC, durante el programa «News Night», también realizó una investigación sobre el hundimiento del Belgrano y allí se afirmó que el 2 de mayo, en presencia de Pym, el secretario de Estado norteamericano comunicó telefónicamente a la Thatcher que el plan peruano estaba a punto de ser aceptado por Buenos Aires.

Las coincidencias son, por lo visto, lo suficientemente sólidas —al menos cuantitativamente— como para inferir que el ataque al Belgrano estuvo destinado no sólo a obtener ventajas en el campo de batalla, sino también a reducir el margen para una solución negociada. Belaúnde Terry creyó, sin embargo, hasta el último momento en esa alternativa. Por eso a las 20 (hora de Lima) —18 hora argentina— convocó a una conferencia de prensa en su despacho de gobierno para anunciar el acuerdo argentino-británico.

En Buenos Aires, a esa hora apenas se tenían los primeros indicios del hundimiento del crucero, y grande fue la sorpresa en las redacciones de los diarios cuando la agencia Associated Press alertó, haciendo sonar las campanillas de los télex, que «en pocas horas» se firmaría el documento bilateral, según lo informado en Lima. En Nueva York, en cambio, esa posibilidad de acuerdo parecía no ser tenida en cuenta. Casi simultáneamente con la hora del ataque al Belgrano y mientras la gestión del presidente peruano proseguía, el secretario general de la ONU, Pérez de Cuéllar, convocó a los representantes de Argentina y Gran Bretaña, Eduardo Roca y Anthony Parsons.

A ellos propuso su mediación para buscar una salida al conflicto y no fue poca su sorpresa cuando Costa Méndez se enteró del ofrecimiento. Nadie entendía muy bien cómo podían superponerse dos gestiones de paz, paradójicamente encarnadas por peruanos. Porque si bien era cierto que la propuesta de Belaúnde parecía destinada al fracaso, nadie, al menos a esa hora, estaba aún persuadido de ello.

Las investigaciones llevadas a cabo por los autores de este libro sirvieron para echar luz sobre la cuestión, que, a decir verdad, sigue siendo una gran incógnita para los máximos protagonistas argentinos del conflicto.

La explicación hay que buscarla en la política interna de Estados Unidos y en las disputas de poder en la Casa Blanca, especialmente entre Alexander Haig y Jeanne Kirkpatrick. La embajadora ante la ONU y asesora del presidente Reagan había sido deliberadamente desplazada por Haig durante su misión de paz y «durante ese tiempo», confesó, «no hablé ni con argentinos ni con británicos». Ocurre que a Haig nunca le agradó ese papel desdoblado que cumplía Kirkpatrick: por un lado informaba al secretario de Estado sobre las actuaciones en la ONU, pero por otro tenía acceso directo y reservado a Reagan como integrante de su gabinete. Además, la Kirkpatrick tenía una visión distinta de la de Haig sobre el conflicto. La embajadora alentaba una intervención neutral de Estados Unidos y no «una pro británica como fue la de Haig», según la caracterización que hicieron fuentes cercanas a la embajadora.

Para la Kirkpatrick, Haig no entendía —ni entonces ni ahora— la problemática latinoamericana, aunque le reconoció una dosis de voluntad para llegar a una coincidencia. Contra la opinión de muchos, la diplomática norteamericana también sostuvo que Thomas Enders conocía sólo superficialmente esta región del mundo y que en realidad sólo Vernon Walters —que tuvo a juicio de ella un papel marginal— estaba interiorizado del tema.

Quizá puede suponerse —con algún margen de razón— que las opiniones de la Kirkpatrick están impregnadas de marcado parcialismo, habida cuenta de su encono hacia Haig. Pero hay un dato que habla por sí solo y otorga autoridad a las palabras de la embajadora: es con seguridad uno de los funcionarios norteamericanos con más conocimientos sobre la realidad latinoamericana (es autora de numerosos ensayos sobre la realidad del hemisferio sur). En cambio, bien puede discreparse sobre el papel que —según su opinión— cupo a Walters. Lo que para la mayoría pareció marginal, no lo fue tanto, sobre todo después de algunas comprobaciones efectuadas por los autores y ya expuestas en el primer capítulo de este libro. Lo cierto es que fue la propia Kirkpatrick la que alentó la intervención de Pérez de Cuéllar, pues intuía que la misión de Belaúnde Terry se agotaría sin remedio. La Kirkpatrick había adelantado su propósito a Reagan, aunque la embajadora reconoce que tenía el respaldo de la Casa Blanca, pero «no exactamente el del presidente».

Sin embargo, de acuerdo con investigaciones efectuadas, en la Casa Blanca existía consenso para promover la gestión de Pérez de Cuéllar, situación que enfureció a Haig y lo enfrentó abierta y definitivamente con la Kirkpatrick. En cuanto al visto bueno insinuado por la embajadora, otras fuentes consultadas apuntaron hacia William P. Clark, el influyente aunque primitivo asesor de seguridad nacional del presidente R. Reagan.

La impresión de que el acuerdo impulsado por Belaúnde se desvanecía también creció en Buenos Aires, pese al anuncio intempestivo formulado por el presidente peruano. Había una enorme brecha entre esa expresión de optimismo y la pesadumbre que se advertía sobre todo entre los funcionarios diplomáticos argentinos. A las 19, Costa Méndez ingresó en el edificio Libertador, sede natural del ejército, y lentamente hicieron lo propio Galtieri y Lami Dozo. El canciller insistía con el «papelito» peruano, pero nada podía resolverse porque sin aviso, y contrariando un hábito, el almirante Anaya no había sido puntual ese día.

Llegó cuarenta y cinco minutos después de la hora fijada. Entró pálido, con su gesto hierático, y apenas Costa Méndez insinuó lo de la propuesta de Belaúnde, el almirante fue terminante: «La Armada se retira de la negociación. Nos hundieron el Belgrano.» Llevaba en su mano derecha un télex de sólo dos líneas.

Apenas una tenue luz coloreaba el cielo del Atlántico Sur, cuando un avión Douglas A4Q de la Armada partió desde el portaaviones 25 de Mayo, ubicado en las cercanías del golfo de San Jorge. Era el 1 de mayo y algunas horas antes la guerra había estallado entre Argentina y Gran Bretaña. La flota de mar de la Armada ocupaba posiciones defensivas —casi una constante durante el conflicto— y estaba alertada por el mensaje que había recibido desde el continente. A las 00.59 de ese día el vicealmirante Lombardo, jefe del TOAS, había aconsejado «no ocupar posiciones fuera de la zona de resguardo».

Muchas discusiones generó tras el conflicto la actuación de la flota. La mayoría de las opiniones —salvo las del público no entendido en la materia— estuvieron cargadas de ocultos intereses y nadie ignora que la Fuerza Aérea hizo hincapié en más de una ocasión sobre la pasividad de la Marina en la guerra, así como esta arma se encargó de desmitificar las hazañas de los aviadores. Por ejemplo, fuentes navales dijeron que el ataque al Hermes con un pequeño Pucará, supuestamente a cargo del teniente Daniel Jukic, nunca existió, porque el piloto había fallecido un día antes en el bombardeo inglés a Puerto Darwin. En tanto, el ejército responsabilizó a ambas instituciones por su fracasada defensa de Puerto Argentino.

Quizá valga la pena prestar atención, en este contexto, al juicio vertido por el capitán Richard Hask, comandante estratégico de los submarinos británicos en la revista Gente (14-5-83): «Creo que el comandante tendría que haber arriesgado la flota si quería recuperar las islas. Yo también hubiese estado aterrado por la presencia de submarinos, pero estimo que la decisión de replegar la flota no fue sólo militar. Fue también política. Creo sinceramente que estuvo condicionado políticamente. Desde el punto de vista militar, hubiese sido necesario realizar un operativo conjunto entre la Fuerza Aérea y los buques de superficie con los Super Étendard.»

De la investigación de estos cronistas surge que, en ningún momento, hubo condicionamiento político para el almirante Anaya, quien actuó precisamente con mayor independencia que sus pares en la toma de decisiones durante el desarrollo del conflicto.

Los mandos navales explicaron que la actuación de la Armada, producido el desembarco en las Malvinas el 2 de abril, no podía ser sino ocasional. El mismo Lombardo lo había señalado al Comité Militar en la reunión del 6 de abril, cuando desestimó la intervención de la flota como una forma eficaz de impedir el acercamiento de los ingleses a las islas. En ese encuentro, el jefe del TOAS había planteado las dificultades que presentaba la defensa del archipiélago. Los submarinos ingleses —según su criterio— paralizaban cualquier movimiento de los buques. La Fuerza Aérea y la aviación naval iban a poder operar con dificultades desde el continente porque su autonomía de vuelo les permitía establecer una breve superioridad sobre las Malvinas. La pista de Puerto Argentino, además, no servía para el despegue de los aviones de combate, con la excepción de los Pucará, que en realidad fueron diseñados para la lucha contra la guerrilla y no para combates de esa envergadura.

Es decir, la Royal Navy podía ubicarse —como lo hizo durante la guerra— en el límite de alcance de los aviones y de esa manera neutralizar el método más redituable que pretendía explotar Argentina en el choque armado. Tampoco podían plantear las fuerzas armadas la posibilidad de combates aéreos. Para eso era menester poseer aviones de patrullaje permanente y la alternativa de operar en forma inmediata. Esto resultaba verdaderamente imposible: el portaaviones —vital en esos casos— no podía penetrar en la zona de exclusión ante la amenaza que representaban los submarinos nucleares —seis navegaban la zona, entre ellos el Conqueror, el Spartan y el Splendid— y un avión que parte desde el continente demora aproximadamente dos horas en llegar hasta las Malvinas. En ese lapso, los dúctiles Sea Harrier bien podían sobrevolar y bombardear las Malvinas con absoluta comodidad.

Había una sola hipótesis, dentro de las mil que barajaron los militares esos días, que favorecía los planes argentinos: si los británicos intentaban un desembarco, su flota se fraccionaría inevitablemente y quedaría sujeta durante varias horas a puntos fijos. Por eso la flota argentina quedó dividida a partir del 29 de abril en tres grupos de tarea (GT): el GT1, ubicado cerca del cabo Tres Puntas, integrado por el ARA Hércules, el ARA Santísima Trinidad, el portaaviones y dos destructores; el GT2, situado al norte del golfo de San Jorge, conformado por el Drummond y las corbetas Granville y Guerrico, y el GT3, próximo a la isla de los Estados, con el crucero General Belgrano y los destructores Piedrabuena y Bouchard.

Los jefes navales imaginaron que la flota entraría sólo en operaciones para combates parciales, porque no estaba en condiciones de igualdad para ir en busca del grueso naval del enemigo. Además, sostenían, con criterio discutible, que no debía descuidarse el litigio con Chile en la zona del Beagle y tampoco desecharon una audaz jugada del gobierno de Pinochet.

Por eso —afirman— se ubicó el GT3 tan al sur, liderado por el crucero Belgrano, un añejo buque que había sido reequipado con cañones de seis pulgadas para tiro naval y bombardeo terrestre, cañones de cinco pulgadas para tiro naval y antiaéreo, ametralladoras de 40 mm y baterías de misiles Sea Cat de corto alcance (aproximadamente cuatro mil metros). En realidad, una supuesta intervención de Chile, aprovechando la atención argentina en la guerra con Gran Bretaña, estuvo también en la mente de militares y diplomáticos, pero, a decir verdad, no existen indicios de que el régimen de Pinochet haya pensado en algo semejante.

La única denuncia concreta la formuló el periodista inglés Robert Fox, de la BBC, autor del libro Eyewitness Falklands, quien afirma que los británicos conocieron la posición del General Belgrano gracias a un mensaje que envió el comando de la marina chilena de Punta Arenas al agregado militar británico en Santiago.

Ya desde hacía algunas horas, Puerto Argentino soportaba la presión de un bombardeo por aire y mar. Lombardo recibió en Comodoro Rivadavia el mensaje desde el Douglas e inició de inmediato una comunicación con el gobernador de las islas, general Menéndez. Éste hizo un relato que impresionó a Lombardo: afirmaba la tesis de que los ingleses pretendían desembarcar en las puertas mismas de la capital del archipiélago. En realidad, el jefe de TOAS era bastante escéptico como para creer en un prematuro y abierto intento de los marines.

Estaba seriamente persuadido del poderío y la profesionalidad de los ingleses y en tal sentido discrepaba de algunos militares, entre ellos el general Ramón Camps, quien muy suelto de cuerpo aseguró que la flota británica «era pura chatarra». Siempre había supuesto, en sus planes prospectivos, que los británicos no intentarían un rápido desembarco y mucho menos en la capital de las islas, donde se concentraba el poder de las fuerzas armadas argentinas.

Antes de ordenar el avance de la flota, prefirió cerciorarse y volvió a dialogar con Menéndez, que respondió impertérrito: «Estamos listos para la defensa.» Frente a la evidencia —la flota estaba dividida y pretendía un desembarco—, Lombardo cursó a las 15.55 un télex al comandante de la flota, contralmirante Gualter Allara, apostado en el portaaviones: «Enemigo aferrado. Tiene libertad de acción», le transmitió. A partir de ese momento, los tres grupos de tareas de la flota argentina comenzaron a avanzar hacia el norte de la isla Soledad, donde se estaba concretando el supuesto operativo británico.

Las informaciones que llegaban a Comodoro Rivadavia desde las islas eran francamente optimistas y anunciaban aviones y helicópteros ingleses derribados y un intento de desembarco rechazado, con graves pérdidas enemigas. Lombardo reclamaba precisiones —algún resto de avión caído, el número de matrícula, el nombre de algún soldado capturado—, pero las respuestas se demoraban. En algún momento pensó —pero no quiso creerlo— que todo podía ser fruto de la imaginación y de la inexperiencia. Y así fue, no más.

Cerca de medianoche, el jefe del TOAS consideró imprudente proseguir con el avance de la flota, a la cual había sugerido horas antes la posibilidad de un ataque masivo. Los jefes militares en las islas seguían sin aportar novedades y la idea original de un desembarco parecía definitivamente desvanecida porque los ingleses, desde hacía varias horas, habían cesado el hostigamiento sobre las Malvinas, que sólo reanudaron dos días más tarde.

Los tres grupos de la flota de mar estaban a medianoche cerca de la zona de exclusión —tardaban un día en recorrer las doscientas cincuenta millas que la separaban de la isla Soledad— cuando Lombardo alertó a Allara: «No hay ataques aéreos sobre las Malvinas desde las 19 horas. Desconozco la posición del portaaviones. Enemigo no aferrado constituye una seria amenaza para la flota.»

Los barcos que avanzaban a ritmo acelerado fueron progresivamente aminorando la marcha. Allara comenzó entonces a analizar los riesgos que encerraba, ante tal perspectiva, una agresión al enemigo.

El jefe de la flota evaluó que, aun a riesgo de hallar en el lugar una oposición mayor a la esperada, un operativo resultaba factible si los aviones podían partir desde el portaaviones con su carga plena: seis bombas cada uno y con los tanques de combustible marcando full en el panel de instrumentos. Para que las máquinas pudieran despegar en esas condiciones, era imprescindible, a su juicio, un viento de cola (o apoyo) de por lo menos 25 nudos (50 kilómetros en la hora) y, entonces, la intensidad del viento apenas superaba los cinco nudos (10 km/hora). Allara comunicó sus conclusiones al TOAS y, alrededor de la 1 de la madrugada del día 2, procedió a ordenar el repliegue de la flota.

En ese momento quedó virtualmente concluida la intervención de la flota en el conflicto. Habría, más adelante, una operación fallida con submarinos y varias tesis descartadas, entre ellas la de lanzar masivamente a la flota y a una cantidad de buques mercantes sobre la fuerza de tareas de la Royal Navy.

El retorno a la zona de seguridad era lento y sereno. Nadie creía en la posibilidad de un ataque enemigo, mucho menos transitando fuera de la zona de exclusión. El jefe del TOAS prefirió, sin embargo, proteger al máximo a sus barcos y, pasado el mediodía, avisó al GT3: «Traer de Luis a Miguel.» En el lenguaje común bien podía parecer una orden sin sentido, pero se trataba ni más ni menos que de una de las claves utilizadas en épocas de guerra para evitar que el enemigo capte y comprenda mensajes.

Lombardo había ordenado al Belgrano y a los destructores replegarse hasta posiciones de zaga y de menor profundidad —no superior a los ciento veinte metros— para evitar la presencia de los submarinos nucleares que en esas condiciones no pueden maniobrar con facilidad. El Belgrano —testigo y sobreviviente del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, actor en la batalla de Leyte, que terminó con la escuadra meridional del Japón, con sólo dos víctimas a bordo en toda su historia— avanzaba a baja velocidad, y a diez kilómetros de distancia lo seguían el Piedrabuena y el Bouchard. La luz se iba apagando en la zona mientras el mar parecía atrapado por una bruma cerrada.

Los destructores habían cortado sus transmisiones de radio y trataban, en lo posible, de mantener la máxima distancia respecto del crucero. Había una explicación: el Piedrabuena y el Bouchard —los mejores buques antisubmarinos de la flota— necesitaban casi de un silencio sepulcral para tener mayor alcance en la escucha hidrofónica y de esa manera descubrir la presencia de algún submarino inglés.

El Belgrano —había sido el único de toda la flota que un año antes cumplió, en horario y sin averías, una travesía desde Puerto Belgrano, base naval al sur de Buenos Aires, hasta Río de Janeiro— era justamente la antítesis: sus calderas, sus antiguos motores se asemejaban mucho a un infierno del ruido.

Había calma y tensión en los tripulantes argentinos. Nada había sucedido hasta ese momento, pero toda guerra genera una sensación de angustia difícil de contrarrestar, aun en las horas de mayor serenidad. De los mil setenta y uno integrantes, un tercio estaba descansando y el resto distribuido en tareas de aprestos bélicos y de trabajo rutinario.

Apenas poco después de las 16, el Bouchard creyó percibir un ataque con torpedos. Su casco sufrió un cimbronazo y sólo minutos más tarde el TOAS recibía el primer mensaje: «Ataque con torpedos. Inicio retroceso.»

La verdad era otra. Un minuto después de las 16, el submarino inglés Conqueror descargó tres torpedos sobre el crucero Belgrano. Dos hicieron blanco y la explosión (estos proyectiles no se incrustan en el objetivo sino que estallan debajo) había levantado a la vieja estructura del acorazado en un ángulo de 45 grados. El tercero pasó de largo sin explotar.

El comandante del barco, Héctor Elías Bonzo, relató el momento del ataque:

—El primer impacto perforó cuatro cubiertas hacia arriba hasta llegar a la principal. En una palabra: quedaron afectadas todas las cubiertas en forma vertical. Ése fue un hecho tremendo porque entre cubierta y cubierta se puede mantener estanco al buque cerrando puertas y mamparas, pero no cuando se perforan las cubiertas. El buque navegaba en ese momento en un mar agitado. Salía de la cámara para ir al puente y en ese momento sentí la vibración del buque y una sensación como si estuviera trepando una montaña de arena. Vino un ruido no muy fuerte, un ruido sordo y de repente el silencio. El buque se paró, no avanzó más. Simultáneamente se apagaron todas las luces y se percibió un olor acre que empezó a expandirse por todo el buque. La segunda explosión se produjo un poco más lejos de donde yo estaba: ese torpedo produjo la caída total de la proa en un tramo de quince a veinte metros.

»A los siete u ocho minutos de los impactos, el buque tenía entre trece y quince grados de escora. Como el torpedo había entrado por babor, se fue inclinando hacia babor. A su vez, como el orificio era más grande en la popa, se fue apopando. No hubo posibilidad de sacar el agua. Todo el sistema de achique había quedado afectado. No había energía. Los generadores de emergencia habían quedado totalmente fuera de servicio por una explosión que se produjo en la barra de tableros de distribución de corriente. Hubo gente que quiso poner en funcionamiento los generadores, pero se habían salido de sus bases (reportaje publicado en la revista Gente, del 14-4-83).

El Conqueror, según lo reveló luego Richard Hask, se había acercado aproximadamente a media milla de donde se encontraba el crucero. Disparó tres torpedos MK8 —dos acertaron— y luego se retiró rápidamente del lugar para evitar la réplica del Piedrabuena y del Bouchard.

Los dos navíos argentinos —según testimonios coincidentes en ambos países— dispararon bombas de profundidad, pero sólo como un acto reflejo. En realidad no se enteraron de la presencia del submarino nuclear hasta que las ondas expansivas del ataque al Belgrano repercutieron en ellos. Hask explicó también que el propósito de atacar al Belgrano no significaba de ninguna manera hundirlo.

—Aunque lo hubiésemos tocado con seis torpedos, teniendo en cuenta el porte de la embarcación, no era previsible su naufragio. Ese barco no debió haberse hundido. Me pregunto si estaba realmente listo para el combate, si realmente estaba preparado para una guerra.

Los expertos argentinos también sostienen hoy en día que resulta muy difícil explicar ese episodio. El capitán Bonzo, en coincidencia con la opinión del comandante de la flota, contralmirante Allara, cree que los torpedos disparados por el submarino no fueron de tipo convencional. Y, de este modo, sostiene su hipótesis: «El barco posee un blindaje para evitar la penetración del proyectil. En los laterales tiene una coraza de tres metros de ancho por quince centímetros de espesor apropiada para resistir a los torpedos de la época en que se construyó la nave, en mil novecientos treinta y nueve. —Y añade—: A mi juicio, el Conqueror no utilizó los MK8. Fueron los Tiger Fish. Es la única explicación que cabe para un hundimiento tan acelerado. Si un torpedo de ésos hubiera pegado en un barco de la segunda guerra mundial, no creo que hubiera demorado más de quince minutos en hundirse.»

A las 16.35, el Bouchard comunicó al Teatro de Operaciones que el crucero ya estaba al garete. «Aprecio agrisado. No se observan explosiones ni humo. Desconozco si fue torpedeado. Pido apoyo para verificar situación», comunicó en un télex.

A las 18.36, el Bouchard insistió en que las comunicaciones estaban cortadas y avisó que, tras un repliegue de veinte millas, retomaba contacto con la zona hasta las catorce millas.

Esa actitud de los buques de custodia —que luego del ataque optaron por alejarse de la zona— generó una polémica no sólo en la opinión pública, sino también entre los jefes navales de Argentina y Gran Bretaña. El almirante Woodward, titular de las fuerzas de tareas expedicionaria, dijo en una ocasión que la estrategia del Piedrabuena y del Bouchard impidió que se rescataran más náufragos con vida.

Sin embargo, existe una anécdota —a la que los jefes navales argentinos recurren con insistencia— que explica de alguna manera el comportamiento de los buques escolta. Ocurrió durante la primera guerra mundial, en la que tuvo lugar la primera acción submarina de envergadura en la historia contemporánea. Tres cruceros norteamericanos navegaban esos días por el canal de la Mancha y fueron detectados por un submarino alemán. Los primeros torpedos lanzados hicieron impacto en una de las naves, que comenzó a hundirse. Las otras dos acudieron en rescate de las víctimas y sucesivamente fueron torpedeadas y hundidas, y quedaron en las aguas más de dos mil náufragos.

Desde entonces —coinciden los marinos—, los profesionales saben que cuando se produce el hundimiento de un buque, los escoltas deben replegarse y lanzar bombas de profundidad para cubrir la huida. Esos explosivos tienen más que nada un sentido disuasivo: difícilmente en esas condiciones se puede pretender impactar sobre el enemigo. Lo cierto es que cuando el Piedrabuena y el Bouchard retornaron al lugar del ataque, allí sólo quedaban las aguas encrespadas y, como testimonio de la tragedia, algunas balsas salvavidas desparramadas en el mar.

El viejo crucero Belgrano había sido devorado. En apenas una hora su enorme casco se fue a pique. Con él, la última posibilidad de acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña. La propuesta de Belaúnde Terry también había naufragado.

Un profundo ánimo depresivo era perceptible entre las autoridades del gobierno argentino. Aquella reunión del Comité había quedado abruptamente interrumpida y la intransigencia militar —emotivamente explicable— por el ataque al Belgrano llevó al canciller a archivar la propuesta de Belaúnde, no sin antes advertir a los tres comandantes: «Tengamos en cuenta el papelito. Es muy importante. No lo olvidemos…»

Ni Galtieri, ni Anaya, ni Lami Dozo prestaron demasiada atención a la alerta del canciller, pues en ellos —casi sin excepción— el hundimiento del buque había golpeado demasiado hondo y acaso había despertado una sed de venganza hasta entonces desconocida. Ya cerca de medianoche Galtieri estaba todavía en su despacho de la Casa Rosada, un signo característico de su breve administración. El presidente —cuentan sus allegados— era muy desordenado y disperso para trabajar, lo cual lo obligaba a esfuerzos adicionales. Si habitualmente era frecuente advertir a horas avanzadas la luz encendida a través de las ventanas que dan sobre la plaza Colón, mucho más lo fue en un momento en que el país estaba sumido en su primera guerra del siglo.

Una vez más, como durante toda la jornada del 2 de mayo, la voz del presidente Belaúnde Terry asomó del otro lado del teléfono presidencial. En realidad eran las 0.30 —es decir, la primera media hora del día 3— cuando Galtieri volvió a conversar con su colega peruano. El diálogo marcó la interrupción de la gestión mediadora, aunque simultáneamente dejó abierta una nueva instancia de negociación que se intentaría sin éxito un poco más adelante.

Los cronistas de este libro tuvieron acceso a la versión textual del diálogo entre los presidentes, que vale transcribir porque, a través del mismo, se traslucen detalles que ayudan a comprender las actitudes asumidas por las partes comprometidas en ese tramo del conflicto: Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos y Perú.

—Buenas noches, señor presidente. Estoy deseoso de hablar con usted y algo preocupado —dijo Belaúnde, inaugurando el contacto.

—Yo, más preocupado que usted —advirtió Galtieri en tono enérgico— porque usted sabe muy bien, de acuerdo a lo que le había expresado en la tarde de hoy —en realidad era ayer— acá a las diecinueve horas de Buenos Aires, diecisiete horas de Lima, se reunía la Junta Militar donde íbamos a tratar el tema de la propuesta que su gobierno, tras los contactos con Washington, efectuaba al gobierno argentino para buscar una paz en el Atlántico Sur. Realmente los temas de los siete puntos —continuó Galtieri— fueron analizados en profundidad dentro del tiempo disponible y habíamos quedado en seguir profundizando, dado que el tema es la paz y la soberanía argentina en las islas Malvinas y las Georgias del Sur. Pero todo esto, señor presidente, se ha visto tremendamente afectado y trastocado por la actitud británica al torpedear el crucero General Belgrano de la Armada argentina, para nosotros fuera de los límites de las doscientas millas, que además no aceptamos, del Reino Unido, y evidentemente esta situación particular no solamente no favorece, sino que el gobierno argentino no está dispuesto ante esta presión militar a aceptar ninguna negociación relacionada con la paz en el Atlántico Sur en estas condiciones. Preferimos morir de pie que vivir arrodillados. —¿Sabía Galtieri que estaba recurriendo a una frase de la diputada comunista española Dolores Ibárruri, llamada la Pasionaria, durante la guerra civil en su país?

—Lo entiendo perfectamente, presidente; me he informado a la tarde y naturalmente he comprendido que eso creaba una situación sumamente grave —expresó Belaúnde con alguna resignación.

—Por lo tanto, señor presidente —retomó Galtieri—, yo quisiera mandarle en la mañana al secretario general de la Presidencia, el señor Iglesias, delegado personal mío, si usted lo estima conveniente, para explicarle con la mayor amplitud posible a usted y a los miembros de los comandos de las fuerzas armadas la posición argentina, la que ya hemos intentado infructuosamente acordar con Washington desde los primeros momentos… primeros días de abril, todas las tratativas con los documentos que se han estudiado y que se logre un mayor y total entendimiento de la situación a la que hemos llegado.

—Lo comprendo muy bien —dijo Belaúnde—. Yo comprendo que era prácticamente un entendimiento tácito que mientras había alguna posible negociación se abstendrían esos señores de cualquier acto agresivo, ¿no? Eso es una cosa elemental y así se lo he manifestado al secretario de Estado, Haig, ¿no? Yo estaba muy alentado de que en la mañana de hoy no se hubiera producido ningún acto hostil; para mí ha sido una ingratísima sorpresa y me ha causado la mayor indignación que haya ocurrido este ataque.

—Yo le agradezco, señor presidente, esta comprensión de su parte y no tengo dudas que, como latinoamericano, al sur de Río Grande, todos los que tenemos sangre hispana en las venas debemos sentir, así como siente usted, esta indignación por los hechos que están ocurriendo —replicó Galtieri, apelando a ese nuevo sentimiento regionalista que comenzaba a empapar por esas horas los espíritus militares.

—Ahora, presidente, ¿qué cantidad de víctimas se presume que hay en el Belgrano? —preguntó, inquieto, Belaúnde.

—Vea —dijo Galtieri como para salir del paso—, no tengo la información precisa. Sé que ha sido torpedeado; no está hundido —en realidad lo estaba desde las 17.01 del día anterior—; creo que está al garete, van otros buques en su auxilio; son las últimas novedades que tengo en estos momentos. El Belgrano ha quedado sin comunicación con el exterior por el impacto sufrido; así que no le puedo precisar, presidente.

—Bueno, reciba usted mi completa solidaridad en este hecho que considero que es un drama para toda Latinoamérica, y comprendo que nuestros propósitos tan fervientes de encontrar una salida rápida tienen necesariamente que entrar en un período de paralización.

—Yo, si usted lo desea —insistió Galtieri con una idea que antes no había tenido respuesta—, por el respeto que su gobierno y el pueblo peruano le merecen al gobierno argentino y al pueblo argentino, a primera hora de mañana, le envío al secretario general de la Presidencia para ponerlo a disposición de usted y del Consejo de los señores comandantes o de quien usted estime…

—Con mucho gusto, presidente, con mucho gusto. Claro que en un momento de tanta emergencia no quisiera, en fin, a menos que fuese absolutamente indispensable, crearle, en fin, privarle de un colaborador inmediato; pero cualquier emisario suyo será, en todo caso, muy bien recibido en cualquier momento y circunstancia —aceptó Belaúnde un poco por compromiso.

—Señor presidente, para mí no es ningún esfuerzo. De todas maneras, nos pondríamos en comunicación mañana por la mañana —subrayó Galtieri en un intento por finalizar la conversación.

—Nos pondríamos en comunicación. Yo voy a llamar al secretario Haig. Yo ya le adelanté esto porque él me llamó muy mortificado por la tarde y me anunció algo de la pérdida de un buque. Yo naturalmente le expresé mi estupor, ¿no? Y yo le dije que esperaba su llamada y que en cuanto la tuviera le iba a transmitir su respuesta, la cual naturalmente comprendo que tiene que ser una respuesta como las circunstancias la requieren. De manera que vamos a suspender esto por ahora, pero yo no desespero de que podamos hacer algo por lograr la paz. Fíjese usted, si esta paz se hubiera logrado como yo lo esperaba a las diez de la mañana de hoy, no hubiera ocurrido la pérdida del Belgrano. De manera que yo sé la importancia que tienen las horas y los minutos en estas cosas, ¿no? —dijo Belaúnde a modo de disimulado reproche por el indefinido trámite que había seguido, entre los militares argentinos, su propuesta de paz.

Y añadió:

—En realidad, anoche creíamos que estábamos ya dando en el clavo, ¿no? Pero como se ve, la extrema urgencia en todo lo que sea cese del fuego, ¿no? Porque hay tantas vidas de por medio. Inclusive se anunció un poco esperanzadamente que pudiera llegarse a un acuerdo y algunos periodistas un poco vehementes dieron la noticia como hecha. Se les ha rectificado, naturalmente. Pero ya con lo que ocurre ahora yo comprendo que las preocupaciones suyas son de otra índole. Pero mientras usted enfrenta sus responsabilidades tan delicadas, nosotros, menos recargados aquí, vamos a seguir trabajando y vamos a ver qué se puede hacer. Cuente usted conmigo para todo lo que pueda usted hacer como gestión, tal vez por otros conductos, tal vez en otras condiciones, a fin de acortar cualquier período de peligro y de alarma que pueda haber.

—Yo le agradezco y le reitero el agradecimiento, señor arquitecto, se lo reitero porque sé la enorme buena predisposición suya, personal y la del gobierno peruano, pero… —El presidente argentino no pudo concluir su frase porque Belaúnde retomó de inmediato el hilo de la conversación.

—Ahora estoy estudiando la manera de hacer una comunicación al presidente de Estados Unidos, haciéndole reflexiones sobre la necesidad de que modifique la política errónea que está siguiendo.

—Vea, yo le agradezco porque creo que la expresión en ese sentido del gobierno peruano es muy importante y más si la hace pública. Pero es lamentable, realmente lamentable y va a costar varias décadas de la historia americana remontar esta situación al gobierno de Estados Unidos; porque es incomprensible que, dada su capacidad y su poder no pueda hacer sentir su influencia en una situación tan delicada dentro de América —opinó Galtieri, irritado por la «traición» de Estados Unidos.

—Mire, yo he notado en el curso del día y esto le puede interesar; he notado un cambio de actitud en el general Haig. Él estaba realmente casi eufórico en busca de términos que pudieran ser aceptables a las partes y me pareció que él estaba dispuesto a imponerlo a Gran Bretaña —evaluó Belaúnde con un dejo de ingenuidad—. Pero evidentemente estas noticias y otra que ha habido de que estarían bombardeando las Malvinas o intentando un desembarco han cambiado la situación. Entonces él ha cambiado su actitud, por una actitud de frustración y presenta al señor Pym como un hombre que no tiene ningún interés en la paz, sino simplemente en obtener mayores facilidades para continuar la guerra, ¿no? —muletilla que utilizó infinidad de veces a lo largo del diálogo—. Y, evidentemente, la señora Thatcher está obstinada en este asunto, de manera que vamos a ver qué puerta se nos abre. Pero yo le repetí al embajador norteamericano que acaba de venir a traerme una carta de Reagan, que no hay hora más negra que la que precede al amanecer. Y esto se lo digo a usted con toda convicción, para tratar de cooperar a que usted pueda sobrellevar estos momentos tan difíciles que está viviendo.

—Le agradezco sus expresiones, señor presidente. El pueblo argentino se lo agradece —dijo Galtieri con un dejo inusual de modestia— porque esto no es un problema de un presidente circunstancial que en este momento ejerce la Presidencia de la nación argentina; esto es una vocación histórica de la nación y la comparten todos los sectores de los políticos, que comparten o no el gobierno o son opositores, y todos los sectores del trabajo, de la industria y del comercio de la nación argentina. Todos los niveles. Por eso, realmente cuando usted me expresa que el general Haig se siente frustrado, yo me siento alarmado porque él debe conocerme muy bien y tiene todos los poderes necesarios para poner en orden y para poder encauzar por los medios políticos, económicos y militares, si quiere, la actitud del gobierno de Gran Bretaña. Por eso no comprendo, no alcanzo a comprender (y la nación argentina y el pueblo común no alcanzan a comprender), la actitud de Estados Unidos.

—Bueno —trató de calmar Belaúnde—, yo voy a llamar ahora a Haig. A decirles que ustedes, si bien estaban muy bien inclinados a estudiar estos puntos, se han visto en la obligación de poner esto de lado en vista de las circunstancias ocurridas en la tarde de hoy. Eso es concretamente lo que puedo decirle, ¿no es verdad?

—Así es. Más allá de que los puntos o los siete puntos podrían ser en algunos aspectos reconsiderados y tratados, arquitecto. Pero le vuelvo a repetir, si bien estamos reconsiderando algunos aspectos de la redacción de los siete puntos, la noticia del crucero Belgrano dejó de lado ya todo estudio y razonamiento para apoyarlo en este hecho que es trascendente, psicológica y políticamente, más allá de lo militar, para el público de la nación argentina.

Tras los saludos de rigor, Galtieri y Belaúnde concluyeron su conversación y el presidente argentino se comunicó de inmediato con el general Iglesias y el contralmirante Moya, para encomendarles la misión a Perú.

Muy temprano ese día 3, el canciller Costa Méndez recibió un llamado del ministro peruano, Javier Arias Stella, quien le expresó que el embajador inglés en Lima —nadie supo ciertamente si con honestidad o por obra del humor negro— le había entregado una nota en la cual Londres afirmaba que «la puerta no está totalmente cerrada dentro del marco de lo que se había planteado».

Costa Méndez quedó sorprendido por la revelación —no hacía doce horas que los británicos habían hundido al Belgrano— y transmitió de paso la indignación militar por lo que, en ese momento, se estimaba una desenfadada intervención satelística de Estados Unidos en el episodio del ataque al crucero argentino.

Lo cierto es que los mandos militares argentinos pergeñaron durante esa jornada la posibilidad de un ataque aéreo que hiciera mella en el enemigo y que, simultáneamente, vigorizara a un gobierno alicaído y a una opinión pública a la que la idea de una guerra prolongada ya comenzaba a disgustarle. El 4 fue verdaderamente un día importante para el conflicto. Alrededor del mediodía y mientras los aviones británicos Sea Harrier atacaban Puerto Darwin y la Royal Navy concentraba la atención sobre ese punto, una escuadrilla formada por tres cazabombarderos supersónicos Mirage y un avión Super Étendard se lanzaron sobre dos buques situados a cuarenta millas al oeste de la isla Soledad.

El Super Étendard —la gran novedad mundial que marcó esta colisión bélica entre Argentina y Gran Bretaña—, protegido por los Mirage, disparó un misil Exocet que recorrió treinta y cinco kilómetros hasta que dio de lleno en el Sheffield, uno de los navíos más modernos de la flota británica, con doscientos sesenta y ocho tripulantes y armamento sofisticado.

No pocas personalidades estrechamente vinculadas al conflicto con Gran Bretaña expresaron a los autores, una vez terminada la guerra, que ese éxito argentino en el campo de batalla fue quizá el obstáculo final para arribar a una solución negociada. El ánimo de los militares argentinos se vio de esa forma realimentado y no resultó casual que los enviados de Galtieri a Lima exhibieran un estado triunfalista que no se conjugaba con un análisis desapasionado de lo que podría sobrevenir.

El presidente Belaúnde Terry explicó, precisamente, que salvo el brigadier García —reemplazante de Miret, quien estaba en Estados Unidos—, Moya e Iglesias se aferraron a un pronunciado optimismo para desechar cualquier posibilidad de acuerdo. «Las Malvinas son un baluarte», solían repetir ante la incrédula mirada del jefe de Perú.

«Yo les manifesté —dijo el presidente peruano en un reportaje publicado en la revista Todo es historia, número 191— que había que saber cuándo se estaba triunfando. Ustedes todavía están triunfando, pero quizá dentro de veinticuatro horas no lo estén. Claro, después el optimismo argentino fue decayendo, pero incluso cuando los ingleses habían desembarcado en las Malvinas todavía estábamos negociando nosotros para llegar a un arreglo. Yo tenía la esperanza de poder sacar, un poco simbólicamente, a cien soldados británicos y cien argentinos en un avión Hércules que los llevara a Punta Arenas, y contábamos con autorización de Chile.»

Belaúnde interpretó —utilizando una ecuación simplista— que el hundimiento del Sheffield significaba algo así como un empate en el choque armado. Por eso volvió a comunicarse con Haig y sugirió una propuesta inicial que se reducía, en principio, a un cese de las hostilidades y preveía que en el futuro la administración del archipiélago podría quedar en manos de las Naciones Unidas.

«Pero el gobierno de Buenos Aires resolvió finalmente poner todo el problema en el nivel de las Naciones Unidas, lo que sacaba la negociación del ámbito que habíamos buscado o trabajado», explicó Belaúnde.

Ya a esa altura, el gobierno argentino había colocado el destino de las negociaciones en manos del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Descreía de Belaúnde, descreía de un cúmulo de ofrecimientos para mediar —entre ellos el del propio rey Juan Carlos de España— y parecía haber orientado su suerte hacia el frente de batalla.

A pesar de este hecho, el mandatario peruano volvió a insistir, acompañado esta vez por Venezuela y Colombia en el intento, sin que la fortuna le deparara resultados mejores a los ya obtenidos. El 20 de mayo, Belaúnde Terry acercó a Argentina un documento denominado «Nueva Fórmula de Paz en el Atlántico Sur», con la que pretendió rescatar las aproximaciones logradas entre las partes por el secretario general de la ONU, quien ese mismo día había dado por concluida públicamente su gestión mediadora en una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, Ling Qing.

Esta última propuesta —conocida como «Belaúnde IV» en la jerga diplomática— consistía en que: 1.° cada una de las partes en litigio suscribiría unilateralmente la última proposición de acuerdo presentada a Pérez de Cuéllar; 2.° el secretario general de la ONU procedería a dar cumplimiento a las cláusulas de esas proposiciones en las que hubiera coincidencia (retiro de tropas y de flota, administración interina de las islas, etcétera), y 3.° el secretario general y los países integrantes del denominado «Grupo de Contacto» se encargarían de organizar y presidir las rondas de negociación.

El epicentro de toda la cuestión se había trasladado el frente de batalla, donde un golpe certero —el hundimiento del Sheffield— templó el espíritu de las tropas, y la fantasía de una victoria volvió a seducir a muchos jefes militares.

2. EL NAUFRAGIO DE LA DIPLOMACIA

Alexander Haig enfrentó —en la mañana del 30 de abril— las cámaras de televisión provisto de un texto de menos de cuatro cuartillas de extensión. El rostro pétreo del secretario de Estado no alcanzaba a disimular por completo el desagrado que le producía tener que formular anuncios que, en los hechos, implicaban admitir su fracaso.

En tono firme advirtió, a modo de introducción, que la crisis estaba por «entrar en una nueva y peligrosa fase durante la cual es probable que tenga lugar una acción militar en gran escala», para luego recordar el «esfuerzo extraordinario» realizado por Estados Unidos para encontrar una salida negociada al conflicto, en un intento por preservar «vidas humanas y el orden internacional».

Al aludir a la reciente decisión de la comunidad hemisférica, en el marco del Pacto de Río, no dejó de deslizar el enfoque ideológico de su país.

—También —dijo— hemos realizado este esfuerzo porque la crisis promovió manifestaciones vitales de la solidaridad hemisférica, en un momento en que los adversarios comunistas buscan posiciones de influencia en el continente americano cuando las disputas territoriales latentes en gran parte del hemisferio exigen la unidad y la decidida defensa de los principios.

Recordó su última propuesta, que, aseguró, «representaba nuestra mejor apreciación de lo que razonablemente podía esperarse que ambas partes aceptaran y se basaba, con toda equidad, en nuestros propios principios y preocupación por la vigencia del derecho». Luego vino el primer golpe:

—Teníamos razones para creer —sostuvo Haig— que el Reino Unido consideraría un acuerdo siguiendo los lineamientos de nuestra propuesta, pero Argentina nos informó ayer que no podía aceptarla. La posición de Argentina continúa siendo que debe recibir ahora las seguridades de su eventual soberanía, o la extensión del rol de facto en cuanto al gobierno de las islas.

El párrafo encerraba un dato de la realidad que contribuyó a lesionar la posición argentina ante la opinión pública internacional, pero que no se podía obviar. Cuando Haig presentó su proyecto de acuerdo a Argentina, no tenía aún la certeza de que fuera a ser aceptado por los británicos en todos sus términos. En rigor, Londres había indicado inicialmente que un primer examen del mismo arrojaba la necesidad de introducirle «algunas modificaciones» para hacerlo viable en términos generales.

La respuesta de Buenos Aires fue diferente: lo había considerado «inaceptable», razón por la cual era aún más sencillo endilgarle por completo la responsabilidad del fracaso, mientras simultáneamente se podía elogiar la disposición inglesa a colaborar. Era otro precio que los argentinos debieron abonar en forma íntegra.

Y a los reproches le siguieron las penalidades. Haig anunció lo que el presidente había ordenado:

La suspensión de todas las exportaciones militares a Argentina.

La retención de la certificación de la elegibilidad argentina para las ventas militares.

La suspensión de nuevos créditos y garantías del Export-Import Bank; y

La suspensión de los créditos de la Commodity Credit Corporation.

La lista se cerró con otro golpe de efecto más inmediato. «El presidente también ha determinado que Estados Unidos responderá positivamente a los pedidos de apoyo material de las fuerzas británicas.»

Más allá de la retórica con que desde el gobierno militar argentino se salió al cruce de la decisión norteamericana, ésta causó un impacto profundo e imposible de disimular sobre el ánimo de sus responsables. La realidad es que, aunque los generales, almirantes y brigadieres que diseñaron y ejecutaron desde 1976 el «proceso» estaban acostumbrados al rechazo de sus inspiradores ideológicos —la administración de James Carter y, en general, Europa occidental los habían casi acosado políticamente—, la nueva instancia trajo consigo un vacío muy parecido a la soledad absoluta.

Era parte del efecto que el secretario de Estado se propuso causar. Quería generar condiciones para que una nueva presentación de la «Haig II» tuviera posibilidades de éxito. Y contando con ese golpe renovó su apuesta política, aunque esta vez por un lapso fugaz. Como no podía —por razones nítidas— hacerlo en la misma forma directa que había empleado en circunstancias anteriores, recurrió a un canal latinoamericano: el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry. Tampoco tuvo suerte en este último intento.

Antes de regresar a nuestro país, la delegación argentina que encabezaba Costa Méndez colaboró desde Nueva York, y a la distancia, con la redacción del documento de respuesta a Reagan, que, un día después, leyó en Buenos Aires el ministro del Interior, Alfredo Saint Jean.

Aparte del canciller, que optó por conservar su presencia de ánimo, los demás integrantes de su comitiva no pudieron dejar de trasuntar, de un modo u otro, la consternación que los embargaba. Miret aludió confusamente a «las ideas raras que Shlaudeman parecía haberle metido en la cabeza al presidente Galtieri». La crítica referencia —cuyo sentido último nunca fue aclarado— se originó en un informe telefónico de Lami Dozo, referido a la visita que el embajador norteamericano realizó a la Casa Rosada para entregar el anuncio del abandono de los esfuerzos conciliadores.

Shlaudeman confirmó a estos cronistas durante la investigación que en aquella oportunidad —la última en que dialogó con Galtieri— concurrió acompañado por el agregado militar, vistiendo su uniforme, para subrayar el carácter de su presencia. Sin embargo, no quiso entrar en los detalles del diálogo.

La sesión en que se debatió en Nueva York el contenido de la respuesta argentina —en la noche del 28 de abril— produjo la primera de lo que sería una interminable colisión de criterios entre Miret y Moya. Las disidencias se profundizaron a medida que el conflicto avanzó y la posibilidad de una solución pacífica se fue asemejando cada vez más a una quimera. El aeronauta —en consonancia con su amigo y superior— se fue inclinando hacia el lado de las concesiones, mientras que el marino, no menos coherente con su mando, hizo de la intransigencia su baluarte.

Los intercambios de opiniones entre los dos hombres —mientras los diplomáticos civiles se abstenían con cautela e Iglesias permanecía en el desconcierto que lo caracterizó— degeneraron más de una vez en discusiones. Miret confesaría después, en los umbrales del epílogo, que «Moya se asemejaba mucho a una pesadilla para mí».

Una de esas tenidas es la que debe haber influido en el ánimo de Moya en la tarde del 30 —horas antes de viajar a Buenos Aires— y que le hizo protagonizar un auténtico paso de comedia que le acarreó un mote definitivo. El oficial naval salió del despacho del embajador, en el que acababa de celebrarse una reunión, al amplio hall de las oficinas de la misión, en ese instante colmado por cronistas argentinos y extranjeros con sus equipos de cámaras, micrófonos y grabadores.

En un primer momento, nadie reparó en la pequeña figura del marino, vestido de civil y llevando un portafolio. Después de todo, su rostro era familiar sólo para los argentinos y éstos habían aprendido ya lo escasamente atractivo de su retórica como para abordarlo. De todos modos, el numeroso grupo pareció confundir a Moya, quien —dirigiéndose a nadie en particular— carraspeó y dijo en voz alta: «Tengo que ir al hotel en seguida.»

La frase atrajo la atención de los periodistas, que comenzaron a seguirlo con la mirada mientras éste, desorientado, buscaba la puerta de salida. Desde el hall de la misión se accede a varias oficinas, a un pasillo interior y a otro externo que da a los ascensores. Las puertas que separan el recinto de estos últimos son notoriamente más grandes que las restantes —convergen en doble hoja—; una de ellas tiene empotrada una cámara de circuito cerrado de televisión (la recepcionista controla por este medio el ingreso) y, cumpliendo con disposiciones comunales de la ciudad de Nueva York, ostentan un enorme letrero de acrílico con la inscripción en rojo Exit (salida).

Moya miró varias veces en derredor y titubeó. Finalmente enfiló hacia el pasillo interior y se detuvo frente a un par de puertas corredizas. ¿Buscaba un abrigo en el único placará de la habitación? No, las abrió y con empeño intentó ingresar en el reducido espacio. No hubo risas —los espectadores estaban tan desorientados por sus gestos como el mismo protagonista—, pero Moya tuvo conciencia del escrutinio al que lo estaban sometiendo en silencio y esto lo turbó aún más. Rápidamente giró sobre sus pasos y se introdujo en la oficina de una empleada administrativa. Salió y miró reclamando silencioso auxilio. Para detener la escena, la recepcionista venció su timidez, se acercó a Moya y, con un gesto casi maternal, lo guió hasta la salida. Fue en ese momento en que sus compatriotas de la prensa lo bautizaron «el almirante Exit».

El 1 de mayo de 1982, mientras Belaúnde Terry, a instancias de Haig, negociaba con las partes en pugna, Jeanne Kirkpatrick volvió a susurrar información exclusiva en el oído del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Algunos testimonios sugieren una vieja rivalidad histórica entre Belaúnde y Cuéllar, acaso no tan notoria como la que enfrentó por esas jornadas a los dos altos funcionarios norteamericanos.

La gestión de la máxima autoridad de la ONU —una «gestión de buenos oficios», según su propia denominación— duró hasta el 20 de mayo, día en que convocó al Consejo de Seguridad para informar que había fracasado en su tarea. En esa misma jornada, la Kirkpatrick, ya decididamente protagonista de los intentos de negociación paralelos a los encarados por Haig, citó a uno de sus contactos claves en Washington, el escribano argentino Wenceslao Bunge, un graduado en Harvard que gozaba de la confianza de Lami Dozo y era amigo personal de la embajadora y de Thomas Enders.

La Kirkpatrick usó el apelativo cariñoso con que se había dirigido a Bunge en las dos últimas semanas, pero esta vez había un matiz imperativo en su voz.

—Esto es la guerra total, Wences. Sólo cabe que Argentina anuncie ya mismo que acepta la propuesta. Es la única esperanza y tenemos que encontrar la forma en que se haga realidad.

—Lo que me pides excede mis posibilidades personales —le contestó Bunge, quien había hecho febriles contactos con el establishment norteamericano para propiciar una salida política a la crisis.

—Go public, Wences! Go public! —lo exhortó la norteamericana—.> Esto está manejado por gente que no busca seriamente un acuerdo y los argentinos tienen derecho a saberlo.

Bunge, aquel 20 de mayo, no siguió los consejos de su amiga. Pero, en cambio, tras dejar su oficina, se detuvo ante el primer teléfono público que encontró en una esquina de la Primera Avenida y se comunicó con Lami Dozo.

Desde ese inusual lugar, en plena vía pública, intentó transmitir al comandante de la Fuerza Aérea la misma urgencia que había adivinado implícita en las palabras de la Kirkpatrick. «Arturo —le dijo con familiaridad al miembro de la junta—, créeme si te digo que Juanita [por Jeanne] fue terminante. Es la aceptación o la batalla final.»

A lo lejos, Lami Dozo pareció no poder comprender ni compartir la angustia que había ganado a su amigo. Habló de la imposibilidad de una aceptación si, al menos, Londres no se avenía a retirar del texto la referencia al artículo 73. Sin embargo, ante la insistencia del empresario, se comprometió a impulsar la idea en el seno de la Junta Militar: «Traquilizate, Wences. Ya mismo hablo con el presidente y con Anaya y te llamo en seguida a tu hotel.»

En su habitación del Harvard Club, Bunge recibió varias llamadas de la Kirkpatrick, quien cada vez empleaba un tono más apremiante. También hizo otras a Buenos Aires hasta que, por boca de Lami Dozo, se enteró de que nada había cambiado. Ni Galtieri ni Anaya se mostraron siquiera dispuestos a considerar la posibilidad de revisar la posición argentina. Por su parte, Costa Méndez había insistido en que aceptar el encuadre del artículo 73 equivalía a devolver las islas a los británicos.

Alrededor de las 22, habló por última vez con la embajadora norteamericana para transmitirle las desfavorables novedades. Ésta fue contundente: «Nada se puede hacer, entonces. Tus compatriotas han cambiado una victoria diplomática por una derrota militar.» Poseedora de excelente información de inteligencia, le reveló al argentino: «Londres ya dio la orden para el ataque final.»

Pocas horas después los efectivos británicos desembarcaron y consolidaron una cabeza de playa en San Carlos, confirmando el lúgubre anticipo de la Kirkpatrick.

El epílogo de la también frustrada participación de la Kirkpatrick se produjo cuando los argentinos no se avinieron a aceptar un plan del gobierno conservador inglés presentado el 17 de mayo a Pérez de Cuéllar con los siguientes aspectos destacables:

El acuerdo se encuadraba en las disposiciones del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas.

Sus previsiones no afectaban las posiciones respectivas de las partes en litigio, ni condicionaban la solución final.

Preveía en forma detallada las condiciones a cumplir para desmilitarizar la zona, proceso cuyo cumplimiento sería verificado por la ONU.

Ambas naciones se comprometían a auspiciar en forma conjunta una resolución del Consejo de Seguridad, para que éste tomara nota del acuerdo y concediera el mandato necesario a Pérez de Cuéllar para asistir a las partes en la negociación final.

El secretario general designaría, con el consentimiento de las partes, un funcionario que se haría cargo de la administración interina.

Este delegado debía asegurar «la administración ininterrumpida del gobierno de las islas», consultando con las «instituciones representativas» de los isleños, a las que se sumaría un representante argentino en cada uno de los consejos. Las «leyes y prácticas tradicionalmente vigentes en las islas» serían la base de los actos del administrador.

Las partes iniciarían una negociación bajo los auspicios del secretario general, para arribar a una solución definitiva con el compromiso de concluirla el 31 de diciembre de 1982.

Sin embargo, si esto no fuera posible, el acuerdo provisional conservaría su vigencia plena hasta que aquella solución fuese encontrada.

La propuesta fue largamente debatida por los representantes argentinos con la participación directa de la Kirkpatrick, quien no pocas veces se indignó con el más rígido de ellos, el vicecanciller Ros, reacio a cualquier acercamiento en la propuesta de los dos países en pugna.

La confesión de Pérez de Cuéllar el día 20 en la sede del Consejo de Seguridad sólo fue una certificación del fracaso.

—Mis esfuerzos ya no sirven para el objetivo de paz —dijo ante la mirada preocupada de numerosos delegados.

El dramático anuncio del secretario general de las Naciones Unidas había tenido como preámbulo una serie de negociaciones diplomáticas propiciadas por la Kirkpatrick a través de sus contactos con británicos, argentinos y las máximas autoridades del organismo mundial. La controvertida funcionaria norteamericana había entrado decididamente en la partida e imaginaba resultados más propicios que su rival Haig.

El 2 de mayo, la guerra era franca y el hundimiento del crucero ARA Belgrano concedió el margen definitivo que necesitaba Pérez de Cuéllar. Junto con sus asesores preparó un Aide mémoire destinado a convertirse en la base de su futura «gestión de buenos oficios». Y la oportunidad de formalizar su ofrecimiento sobrevino ese mismo día, cuando el británico Francis Pym accedió a realizar una escala en Nueva York, en su viaje de regreso a Londres desde la capital norteamericana. Según quedó convenido, el canciller y Pérez de Cuéllar cenarían esa jornada en la residencia del embajador Parsons.

Cuidadoso de las formas, el secretario general mantuvo una reunión previa en su domicilio —ubicado en la exclusiva avenida Sutton Place, de Manhattan— con el representante argentino, Eduardo Roca, quien concurrió acompañado por el ministro Néstor Martínez. Ambos diplomáticos recibieron en esa oportunidad el texto, con el compromiso de obtener una respuesta de Buenos Aires en el menor tiempo posible.

Pérez de Cuéllar dio a la entrevista una adecuada promoción previa y los periodistas montaron vigilia frente a las puertas de su casa. Cuando estaban a punto de salir —acompañados cortésmente por el peruano—, Roca advirtió que su segundo llevaba en las manos el sobre que contenía el Aide mémoire y, conocedor de la capacidad de los cronistas para identificar detalles, le dijo: «Guarde eso en un bolsillo, Martínez. Los periodistas nos vieron entrar con las manos vacías y ahora, si nos ven el papel, seguro van a empezar a hacer preguntas.»

El texto era sencillo y seguía, en cuanto a modalidades los lineamientos de su anterior «nota informal» del 17 de abril, entregada dos días después a los embajadores respectivos. En cuanto a los puntos de acuerdo sugeridos, éstos tenían —como no hubiera podido ser de otro modo— todo en común con lo que había venido intentando Haig. «… el secretario general —decía el Aide mémoire— desea sugerir que los dos gobiernos convengan en adoptar simultáneamente las medidas que se enuncian más abajo, que están concebidas como medidas provisionales, que no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes:

»Se propone que, a partir de la hora H que se especifique:

»a) El gobierno de Argentina comience el retiro de sus tropas de las islas Malvinas (Falkland Islands) y el gobierno del Reino Unido el redespliegue de sus fuerzas navales y comience su retiro de la zona de las islas Malvinas (Falkland Islands); ambos gobiernos terminarían los retiros en una fecha convenida.

»b) Ambos gobiernos comiencen negociaciones para procurar una solución diplomática a sus diferencias dentro de un plazo convenido.

»c) Ambos gobiernos revoquen sus respectivos anuncios de bloqueos y zonas de exclusión y pongan término a todos los actos de hostilidad.

»d) Ambos gobiernos pongan fin a todas las sanciones económicas.

»e) Arreglos de transición comiencen a regir para supervisar el cumplimiento de las medidas indicadas y atender a las necesidades administrativas interinas.»

Pérez de Cuéllar aseguró también en su presentación que «los arreglos prácticos relativos a cualquier papel de las Naciones Unidas pueden efectuarse rápidamente, con el consentimiento de las partes y previa decisión del Consejo de Seguridad».

En su diálogo con Pym, el secretario general discutió largamente sobre la conveniencia de convocar al Consejo de Seguridad para que éste oficializara, con el respectivo mandato, la iniciativa del peruano. Pérez de Cuéllar pensaba que ésta era la mejor alternativa, consciente como estaba de los riesgos políticos que significaba actuar sin el respaldo del organismo ejecutivo de la ONU. Esto era particularmente significativo en su caso personal, ya que su elección para el cargo fue el producto de un compromiso político de sectores antagónicos y no del consenso.

Sin embargo, Pym opuso argumentos contundentes. Londres aceptaría, razonó, una nueva gestión de paz oficiosa, pero no un nuevo pronunciamiento del Consejo de Seguridad; su política era atenerse en forma exclusiva a los términos de la 502. Además, siempre cabía la posibilidad de que, si el cuerpo deliberaba para conceder el mandato, se intentara promover un «cese del fuego», en cuyo caso la misma actitud británica condenaría al fracaso todo el proceso.

Se convino entonces en maniobrar en el sentido de postergar cualquier reunión formal del Consejo de Seguridad. Sin saberlo, el representante de Irlanda, Nöel Dorr, un diplomático con una indisimulada inclinación por lo teatral, estuvo a punto de provocar el derrumbe de este esquema, esa misma noche, con una acelerada gestión ante sus colegas para obtener la convocatoria del Consejo. De todos modos, esto llevó a la realización de una serie de «sesiones informales a puertas cerradas» en las que Parsons aclaró que su país no suspendería sus operaciones militares.

Tanto en Buenos Aires como en Londres, la destrucción del Belgrano y del Sheffield habían aportado una dosis —si bien mínima— de sensatez. El canciller británico regresó a su país para hallar que sus opiniones en favor de la negociación eran nuevamente escuchadas con respeto, inclusive por la Thatcher. Hasta la prensa se inclinaba por la cautela: por ejemplo, el semanario The Observer (2-4-1982) opinó con criterio realista en un análisis de la situación: «…Argentina nunca cesará de reclamar las Falkland. Gran Bretaña no puede asegurar su protección en el largo plazo, los deseos de los isleños deben ser respetados, pero no deben dictar si se los sostiene para que corran contra los intereses de la superior masa de sus compatriotas. La causa británica en las Falkland es justa y ahora va bien. Podemos darnos el lujo de la moderación.»

La reacción frente a aquellos sucesos de algunos aliados europeos —que comenzaron a sugerir condiciones a su respaldo— dio nuevo peso a los argumentos de Pym sobre la necesidad de adoptar gestos que no pusieran en peligro el «consenso internacional». El jefe del Foreign Office pudo entonces, inclusive, insinuar en público la aceptación del gobierno a un «fideicomiso» de las Naciones Unidas sugerido una y otra vez por la oposición a través de Denis Healey.

Los conciliábulos no duraron demasiado en ninguna de las capitales, y Roca pudo entregar el 5 una respuesta favorable, mientras Parsons hizo lo propio al día siguiente.

Aquel miércoles fue un día muy especial para el argentino. No sólo cursó un mensaje trascendental al secretario general —la aceptación de sus buenos oficios—, sino que obtuvo un nuevo pronunciamiento favorable del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, luego de dirigir un mensaje ante sus integrantes que causaría una transitoria conmoción en Argentina y un impacto considerable sobre el ánimo del propio diplomático.

El texto ratificaba el pronunciamiento del 26 de abril y confirmaba «el apoyo manifestado en el comunicado a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, reafirmando todas las reuniones en la cumbre y reuniones ministeriales celebradas por el Movimiento, desde la Declaración de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Lima (Perú) en agosto de 1975».

El régimen militar estaba descubriendo y empleando —al impulso de sus propias y urgentes necesidades— la retórica «tercerista» y «revolucionaria» que sólo algunos meses antes erizaba la piel militar. Y Roca la hizo alcanzar un nuevo clímax en la mañana del 5 de mayo,

«La obcecación del gobierno británico al buscar desesperadamente un triunfo militar en el que fundar su prestigio en decadencia —dijo en un tramo de su exposición— ha cobrado una nueva cuota de preciosas vidas de jóvenes militares… Pero hay también otro hecho que, por su importancia singular, por su gravedad y por su perfidia, merece ser expuesto por separado del cuadro cronológico precedente. Me refiero, señor presidente, a la actitud del gobierno de los Estados Unidos de América que ganó para el Reino Unido el tiempo necesario para que la flota punitiva llegara a su destino y que, una vez logrado ese objetivo, volcó la cara a sus propias promesas de imparcialidad, mintió respecto de nuestra propuesta, engañó a su propia opinión pública y ahora ayuda económica y militarmente al colonialismo agresor.

»No es solamente esa alianza colonial espuria —continuó— lo que merece nuestra repulsa, sino que ella traiciona una aspiración legítima y denodada por alcanzar la paz. Como dijera mi canciller, el pueblo argentino no comprenderá ni olvidará que en una de las horas más críticas de su historia, contrastando con la solidaridad que le llega de todos los rincones del continente, Estados Unidos haya preferido tomar el lado de una potencia ajena al hemisferio, cooperando con sus designios agresivos.»

Pocas horas después de pronunciar este mensaje de inflamada oratoria, Roca recibió, en la sala de sesiones de la misión, a dos periodistas argentinos. Uno de ellos —conociendo los antecedentes políticos e ideológicos del diplomático— le dijo en tono de chanza:

—Felicitaciones, embajador. Acabo de hablar con Buenos Aires y me dicen que su discurso está en la tapa de la «quinta» de los diarios de la tarde. Me parece que dejó al padre nicaragüense D’Escoto hecho un verdadero «poroto».

Visiblemente sorprendido, Roca se irguió en su asiento, miró a sus interlocutores y se cubrió instintivamente el rostro con las manos antes de responder con candidez:

—¡Me van a echar de todos los clubes!

En ese preciso momento, uno de sus colaboradores avisó al embajador que el canciller lo llamaba por el teléfono «Carola», y aquél, sin disimular su nerviosismo, se introdujo en su despacho —contiguo a la sala— sin cerrar la puerta divisoria. Los visitantes escucharon a Roca plantear la duda que había crecido en él en los últimos minutos.

—Estoy preocupado, Canoro. Unos amigos me dicen aquí que el discurso ocasionó revuelo. No quiero aumentar los problemas —le explicó a Costa Méndez.

Concluida la conversación, regresó a donde lo aguardaban los periodistas y, visiblemente aliviado, se confesó:

—Me dijo textualmente: «Si yo estuviera en tu lugar, Eduardo, no me preocuparía.» Y yo no voy a hacerlo. —Cuando habló quizá pensó que, efectivamente, el discurso no afectaría sus ritos de hombre de cierto status.

En aquel diálogo con su jefe, Roca fue notificado también de que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Enrique Ros, el experto en Malvinas por antonomasia del palacio San Martín, había sido designado para hacerse cargo de la negociación Desde ese momento, Roca quedaba —en los hechos— subordinado al vicecanciller, mientras que Gran Bretaña sería representada por Parsons. El portavoz duro de los militares de Buenos Aires había dado un paso al frente.

Ros arribó el viernes 7 de mayo, escudado en su habitual circunspección y varios prejuicios íntimos. El resultado de su ronda negociadora de febrero y del comunicado del 1 de marzo, que, al decir de uno de sus colegas del Servicio Exterior, lo había dejado «colgado del pincel», obró una transformación profunda en su ánimo. Este hombre que desarrolló su carrera diplomática obsesionado por la posibilidad de incurrir en un desliz había decidido que no habría más «climas cordiales», ni muestras excesivas de flexibilidad ante el adversario. En un momento, se sinceró frente a un colega apelando a un modismo norteamericano: «No more, “Mister Nice Guy”» («No más, "señor buen tipo”»).

Un día después del arribo de Ros a Nueva York, la Thatcher adoptó en Londres una decisión fundamental: aprobó la sugerencia de su «gabinete de guerra» —convocado a sesión en Chequers— de sumar a la flota el grueso de las fuerzas de infantería necesarias para el desembarco, las que por entonces aún se hallaban en Ascensión. Londres vinculó este nuevo paso en la escalada bélica con la aceptación de los «buenos oficios de Pérez de Cuéllar».

No era sólo otra expresión de la política dual —diplomacia con respaldo militar— de la Thatcher. Era un gesto que reflejaba cautela. Si se deseaba la aquiescencia norteamericana para llevar a cabo el asalto final, había que dar ante Washington muestras suficientes de buena disposición a negociar. Como lo admitió un colaborador de la primer ministro a la revista Time (17-5-82): «No debemos y no repetiremos la terrible equivocación de sir Anthony Eden [ex primer ministro] en Suez, en mil novecientos cincuenta y seis, cuando llevó a Gran Bretaña a la guerra sin el respaldo de Estados Unidos […] no se puede operar militarmente en el hemisferio sur sin el consentimiento, explícito o implícito, de Estados Unidos.»

El gobierno británico también tuvo en cuenta, a la hora de decidir la respuesta al ofrecimiento del secretario general de la ONU, la forma en que los últimos episodios bélicos en el teatro de operaciones habían sensibilizado a su opinión pública. El mismo día en que se analizó el envío del contingente de desembarco a las islas, The Sunday Times instó en uno de sus editoriales a la Thatcher a reconocer que «… la tarea de recapturar las islas es demasiado dificultosa y presumiblemente demasiado costosa en vida humana».

La cautela no era patrimonio exclusivo de Londres. El domingo 9, en un canal de televisión argentina, donde los técnicos del equipo de la cadena CBS de Estados Unidos habían alquilado un estudio, el canciller enfrentó a un grupo de periodistas norteamericanos en el programa «Face the nation». Introdujo ese día un cambio sensible en la posición del gobierno militar que, en su momento, pasó casi inadvertido para los medios de difusión argentinos. Durante el interrogatorio, Costa Méndez afirmó que la soberanía argentina sobre el archipiélago debía ser el «objetivo» de la negociación que habría que llevar a cabo si se acordaba un cese de hostilidades y no su «condición previa», contrariamente a lo que había sostenido durante la gestión de Haig.

El lunes 10 se registró una novedad de importancia que, por escaso margen, no llegó a ser desconocida para la opinión pública. Ese día, a bordo de un vuelo semivacío de la empresa Panam, arribó a Buenos Aires el embajador itinerante Vernon Walters, en la forma «silenciosa» que marcaba su estilo. En pocas horas, el militar diplomático habló con el presidente Galtieri y los otros dos comandantes, con varios miembros de la cúpula militar y con hombres del sector político y empresario. Sin embargo, se abstuvo de hacerlo con Costa Méndez, contra quien había comenzado a operar el resentimiento y la desconfianza de Washington.

Aun cuando la prensa reveló, pocos días después, la presencia del enviado, el Departamento de Estado nunca la admitió oficialmente. En la entrevista que concedió a los cronistas de este libro en Washington, Walters confirmó haber realizado aquel viaje, pero se limitó a definirlo genéricamente como «un esfuerzo por evitar el derrumbe completo de la relación bilateral». Aunque no quiso identificar a sus interlocutores de esa oportunidad, aseguró haber hallado «muchas personas comprensivas y de buena voluntad». La investigación arrojó, sin embargo, algunos indicios que permiten explicar las razones para el envío de Walters e identificar algunos resultados de sus contactos.

El curso de los acontecimientos, especialmente la repercusión en América Latina de la decisión norteamericana de respaldar a Gran Bretaña, comenzó a preocupar a Washington. Y con esta preocupación regresaron las polémicas intestinas, que no fueron precisamente mudas. La Kirkpatrick, según algunos informes periodísticos de entonces, reaccionó iracunda tras escuchar un informe de Haig durante una reunión de gabinete: «La política exterior de Estados Unidos —dijo— está hecha por británicos vestidos con ropas norteamericanas.»

No hay datos concretos que permitan vincular ambos hechos, pero lo cierto es que apenas veinticuatro horas después de que Walters realizara su fugaz tour por los reductos del poder argentino, Ros notificó a Pérez de Cuéllar el consentimiento de su gobierno para una fórmula «bajo la cual el resultado de la negociación diplomática no sería prejuzgado en su inicio». Ese mismo día el enviado argentino definiría crípticamente ante un periodista la etapa de la negociación como una en que las partes corrían «un riesgo calculado». La presentación argentina fue, en lo formal, la respuesta a una nueva presión del secretario general, quien planteó, el 10 de mayo, a los argentinos la referida «fórmula», y demandó que fuese aceptada a la brevedad.

El especialista norteamericano en «misiones silenciosas» completó, pocas horas después de haber regresado a Washington, lo hecho en la capital argentina con una de sus muy infrecuentes declaraciones públicas. «El conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas —dijo— es una guerra tonta […]. El machismo de las mujeres es aún más sensitivo que el de los hombres.» (Clarín, 11-5-82.)

Por aquellos días, las referencias críticas a Argentina no constituían una novedad en Estados Unidos; en cambio, sí lo eran —sobre todo viniendo de un hombre con la inserción que el militar diplomático tenía en el gobierno— aquellas cuyo blanco era la primer ministro inglesa. En esa misma ocasión, Walters se encargó de recordar que «Argentina tiene el gobierno más prooccidental que se haya visto desde hace tiempo».

Estas aproximaciones no habrían de resultar, sin embargo, suficientes. Las conversaciones siguieron sin pausa —el secretario general de la ONU mantuvo dos o más reuniones diarias con cada una de las partes—, y el clima tenso comenzó a erosionar tanto el ánimo de los protagonistas, como sus relaciones. El procedimiento escogido por el peruano, quizá el único posible en aquellas circunstancias, era en sí mismo desgastante: no había reuniones tripartitas, ni confrontación directa de los argumentos de las partes. El mediador recibía las ideas y comentarios y, antes de retransmitirlos, los sometía a un análisis previo y, ocasionalmente, les introducía algunas variantes.

Más de uno de los testimonios recabados permiten afirmar que Pérez de Cuéllar comenzó a sentirse irritado por la obsesión con que Ros se detenía en los detalles, muchas veces a costa de postergar las definiciones sobre los puntos claves de la negociación. El secretario general desarrolló así un creciente desagrado por el argentino, que lo llevaría a asegurar en conversaciones con algunos de sus colaboradores, tras el epílogo de frustración, que el vicecanciller «fue el hombre menos adecuado que Argentina haya podido escoger para la misión».

Roca, que fue en este tramo el principal asistente de Ros, no disintió por completo de la opinión que se formó Pérez de Cuéllar sobre el principal negociador argentino, pero recordó que, en muchas oportunidades, la preocupación del vicecanciller por cuestiones que en apariencia eran sólo de forma se originó en las instrucciones que recibía desde el palacio San Martín, las que evidenciaban una «exasperante tendencia a subrayar los detalles». Lo cierto es que los esfuerzos se prolongaron un par de días más, sin que se pudiera superar algunas dificultades básicas.

La negociación ingresó en una etapa agónica y Pérez de Cuéllar sintió la necesidad de cubrir sus espaldas, dado que su posición era particularmente delicada al no contar con un mandato expreso para lo que estaba haciendo. Reunió a los miembros del Consejo de Seguridad en una sesión secreta y les confesó: «El tiempo para la paz se está agotando.»

Sin embargo, el jueves 13, Parsons y su colega acreditado ante la Casa Blanca, Nicholas Henderson, fueron convocados con urgencia por Londres. ¿Cuál era el motivo de la llamada? Varios hechos renovaron la presión doméstica e internacional sobre la Thatcher, y ésta accedió a las sugerencias de Pym y de otros miembros de su equipo de realizar un «último esfuerzo» antes de librar por completo el potencial militar que la Corona había acumulado en las inmediaciones de las islas.

Entre aquellas razones, había algunas determinantes: la escalofriante alternativa de la «batalla final» —con un elevado número de bajas— había acentuado la cuota de cordura en la opinión pública de los dos países; la decisión de Irlanda e Italia de no renovar su adhesión a las sanciones económicas contra Argentina, pero, fundamentalmente, la nueva insistencia con que Washington reclamaba a Londres mayor esfuerzo diplomático.

La realidad es que las voces de alerta sobre el deterioro que estaba sufriendo la posición norteamericana en el hemisferio, que —sin pausa— oponían la Kirkpatrick y Clark convencieron a Reagan de la necesidad de repartir la presión política en forma más equitativa entre ambas capitales. La visión de una reacción emocional en una «Argentina con gobernantes de facto humillados por el poderío militar británico» —según la definición de la embajadora ante la ONU— era una pesadilla para el grupo de colaboradores presidenciales que temían por el modo en que los resultados de la guerra en el Atlántico Sur influirían en la crisis centroamericana.

Haig se opuso con firmeza a este enfoque y a todos los esfuerzos posteriores que se realizaron. —«Habiendo fracasado en su gestión, ya no quiso que nadie más tuviera éxito allí donde a él se le había negado», aseguró a los autores una fuente diplomática norteamericana—, pero en esa instancia sus argumentos fueron desoídos. No colaboró con su posición el hecho de que algunos de sus subordinados —como Enders y Walters— compartieran las aprensiones de la Kirkpatrick.

Al cabo del fin de semana que Parsons pasó en Londres y en Chequers, sumido en deliberaciones con la Thatcher y con los miembros de los gabinetes civil y de guerra, surgió el documento que generaría la última posibilidad de la diplomacia para evitar la tragedia que, finalmente, sobrevino: la propuesta de acuerdo presentada por Gran Bretaña a Pérez de Cuéllar el 17 de mayo.

Esta nueva instancia tendría una vida sumamente breve, apenas dos días, pero sería rica en episodios reveladores.

Hay constancia de que —aun antes de entregar formalmente el texto al mediador— el gobierno inglés reveló el contenido de su proposición a los norteamericanos y éstos, apelando más a algunos canales oficiosos que a los oficiales, intentaron lograr su aceptación por parte de Argentina.

Finalmente, ésta no se logró a pesar de los intentos desesperados de la Kirkpatrick, quien en este tramo jugó un rol fundamental y hasta se permitió una engañosa euforia.

—Es indispensable que no se apresuren. Creo que la paz está en la mano si se juega bien en esta oportunidad. —Hablaba en su residencia de Washington con su expectante amigo argentino Wences, que asentía enfáticamente con su cabeza.

Dando otra vuelta de tuerca, la Kirkpatrick solicitó a su interlocutor que se pusiera en comunicación con Roca, en Nueva York, para que esa misma noche se reunieran a discutir sobre los papeles la posibilidad de un acuerdo.

Se inició entonces una carrera contra el tiempo. Bunge fue llevado al aeropuerto nacional de Washington en el automóvil del embajador Takacs, desde cuyo teléfono el empresario inútilmente intentó comunicarse con la misión argentina ante las Naciones Unidas y advertir a Roca sobre la reunión.

Finalmente, mientras la embajadora ascendía al avión que la llevaría a Nueva York, Bunge logró la comunicación deseada desde la cabina pública del aeropuerto. Sólo atinó a decirle: «Voy para allá con Jeanne. Espérame en el Harvard Club para cenar juntos.»

Jadeando por el esfuerzo, el escribano no perdió el avión. Se sentó al lado de la embajadora y ésta durante el vuelo comentó lo que intentaría hacer.

Llamándolo familiarmente por su diminutivo, la Kirkpatrick le dijo: «Creo, Wences, que la propuesta inglesa está hecha para ser aceptada. Tiene ganchos para ello. Nosotros podemos forzar esa aceptación. Si bien no comprende las Georgias y las Sandwich, está hecha en un contexto aceptable. —Hizo una pausa y continuó diciendo—: Nuestra tarea es hacerla digerible.»

Llegaron a Nueva York a las 21. Roca, angustiado, había preferido esperarlos en el aeropuerto de La Guardia. En un breve encuentro, la Kirkpatrick cambió el lugar de la cita: sería en su departamento del Waldorf Towers, media hora después.

Bunge, quien quedó sólo con Roca, sintetizó su conversación con la norteamericana, y el embajador —que ese día a las 18 había recibido la propuesta de manos del secretario general con la advertencia de que Londres esperaba una respuesta en el plazo perentorio de cuarenta y ocho horas— estuvo de acuerdo en asistir a la reunión. Pero le señaló: «Yo no puedo ir solo. Debo decirte que Ros tiene que estar allí, porque es virtualmente el negociador del gobierno argentino ante Pérez de Cuéllar.»

Finalmente, a la hora convenida, se encontraron en la residencia de la Kirkpatrick, la dueña de casa, acompañada por José Sorzano, uno de sus colaboradores más cercanos, Roca, Ros y Bunge. Éste creyó necesario explicar las razones de su presencia en la mesa de negociaciones, indicando que su objetivo fue alentar este encuentro. Al terminar esa introducción, intentó levantarse: Ros y la Kirkpatrick le pidieron que continuara con ellos.

Concluidas las formalidades, comenzaron a trabajar sobre el texto de la propuesta británica, método que eligió el subsecretario argentino. Las objeciones de éste se fueron acumulando a lo largo del diálogo.

Fue una charla larga e inútil. La Kirkpatrick comenzó a sentir que su intento por conseguir el triunfo que se le había negado a Alexander Haig, también se desvanecía en el aire.

A partir de la confesión de Pérez de Cuéllar ante el Consejo de Seguridad —«Mis esfuerzos ya no sirven al objetivo de la paz», dijo—, el organismo se sumergió en la búsqueda de un cese de las hostilidades que detuviera la matanza en el frente de batalla y, quizá, trajera la pausa necesaria para la reflexión.

A partir de las primeras sesiones, surgió con nitidez que Gran Bretaña estaba firmemente decidida a bloquear toda posibilidad semejante con su poder de veto. Los partes de guerra hablaban claramente de los veloces progresos realizados por la fuerza de desembarco y la Thatcher no deseaba que nadie la privara de la victoria que con sus vidas estaban ganando «mis muchachos».

Ninguna de las apelaciones públicas que se hicieron —entre ellas el «¡Alguien debe decir basta!», que empleó en una intervención de tono dramático el irlandés Dorr— modificaron un ápice la situación. El uso frecuente por parte de los expositores del derecho a réplica produjo debates en los que Parsons y el canciller de Panamá, Illueca, bordearon el insulto.

Cuatro delegaciones presentaron proyectos de resolución; dos de ellos —auspiciados por Panamá y Brasil— reclamaron un cese de las hostilidades; los restantes —elaborados por las misiones de Irlanda y Japón— obviaron esa instancia y se limitaron a conceder a Pérez de Cuéllar un mandato para que emprendiera un nuevo intento.

Buenos Aires, en tanto, apeló al recurso de presionar sobre Washington. Produjo una nueva solicitud de reunión del TIAR y despachó a Takacs al Departamento de Estado con una nota en la cual se insinuaba la posibilidad de retirar sus delegados ante la Junta Interamericana de Defensa y de romper relaciones bilaterales. Más aún: se comenzó a dejar trascender que Costa Méndez encabezaría la delegación argentina a la reunión del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados que estaba previsto para el 31 de mayo en La Habana.

La Kirkpatrick —quien se resistía a cejar en su empeño— insistió con sus esfuerzos y para su intervención ante el Consejo del sábado 22, volvió a consultar con Bunge, quien se hallaba ya en Buenos Aires, el texto del mensaje que pronunciaría. Los borradores fueron y vinieron —vía télex— desde el edificio de la misión en la Primera Avenida de Nueva York hasta el piso 18 de un edificio de la calle San Martín, donde el empresario tiene su oficina.

«Estados Unidos —dijo la Kirkpatrick en el final de su discurso tan cuidadosamente elaborado— está dispuesto a apoyar toda iniciativa que pueda ayudar a Argentina e Inglaterra a lograr una paz honrosa.»

Si bien su mensaje no tuvo un efecto decisivo, al menos la confirmó en su papel de única «interlocutora válida» ante los ojos de los militares argentinos. Así Lami Dozo comisionó a Miret —quien acompañaba una vez más a Costa Méndez— para que mantuviera un contacto permanente con la diplomática norteamericana.

El secretario de Planeamiento fue el único de los negociadores argentinos por quien la Kirkpatrick conservó un recuerdo impregnado de respeto. «Fue el que menos influido pareció por la retórica triunfalista que fue, contra toda evidencia, la característica más destacada de los argentinos», memoró durante la investigación la embajadora de Reagan.

Pero ni aun con el aeronauta el diálogo fue sencillo. En una oportunidad, el embajador José Sorzano se sintió exasperado por la inutilidad del esfuerzo dialéctico de su jefa por convencer a Miret de que una derrota militar argentina era poco menos que inminente. Abrumado por la testarudez del militar —que sólo se remitía a los partes de Buenos Aires—, el diplomático de origen cubano apeló a su español materno buscando un modismo contundente.

—¡Los ingleses los van a cagar a patadas! —fue la frase que encontró.

En la noche del miércoles 26, poco después que se aprobara la resolución 505, un texto de compromiso elaborado a partir del proyecto irlandés que dio un plazo de siete días para que Pérez de Cuéllar realizara una nueva gestión, Miret convenció a Costa Méndez para concurrir a una de sus reuniones con la norteamericana.

El intento de aproximación concluyó en otro fiasco. Primero fue la polémica sobre la decisión argentina —ya adoptada, pero aún no anunciada en forma pública— de enviar al canciller a La Habana.

—¿Van a ir a Cuba después de haber combatido la subversión izquierdista durante cinco años? —argumentó indignada la Kirkpatrick.

—Sí. ¿Acaso ustedes no combatieron al nazismo alemán aliándose con la Unión Soviética? —retrucó Miret.

Cuando el diálogo parecía encaminado hacia un tono más conciliador —la norteamericana habló de «los amigos, como Clark, con los que Argentina podía seguir contando en Washington»—, uno de sus asistentes la interrumpió para informarle que el secretario de Estado había llamado por teléfono y aguardaba en línea.

La Kirkpatrick se excusó y se trasladó a otra dependencia para mantener uno de los intercambios de opinión más violentos, de los muchos que tuvo esos días con Haig. Éste se había enterado de la reunión con Costa Méndez y le reprochó su iniciativa, acusándola de actuar a sus espaldas.

Esta discusión se demoró y al cabo de media hora el canciller se levantó y se retiró junto con Miret sin despedirse de su anfitriona. «No puedo aguardar más. Si la embajadora desea hablarme, sabe dónde ubicarme», le espetó secamente a uno de los asistentes de la Kirkpatrick.

La nueva deliberación del TIAR arrojó —en la madrugada del sábado 29— una nueva resolución de valor político para Argentina, pero con escasa o ninguna implicancia material. Sus puntos principales fueron la condena del «injustificado y desproporcionado» ataque británico y la solicitud a los Estados miembros para que «presten a la República Argentina el apoyo que cada cual juzgue apropiado». Éste no fue, en los hechos, más allá del respaldo oratorio.

Costa Méndez regresó ese mismo día de Washington en el avión especial de Aerolíneas Argentinas que el gobierno había «charteado» para la ocasión, creyendo por muchos motivos en la conveniencia de que Argentina estuviera representada en la reunión de La Habana por una delegación de la máxima jerarquía. Pero también albergaba razonables dudas acerca de cómo ese periplo sería asimilado en el frente militar. No era cuestión de provocar fisuras en las fuerzas armadas, que estaban encarando una lucha armada contra Gran Bretaña.

La investigación de estos cronistas demostró que fue evidente la insatisfacción militar por la gestión en Cuba, pero también que las dramáticas circunstancias que vivía el país impidieron una expresión orgánica de oposición. Concluida la guerra, sin embargo, fue fácil escuchar condenas por el cordial trato entre Costa Méndez y Fidel Castro, como también irritó a los militares —aunque se vieron obligados a digerirlo— el posterior viaje del presidente Bignone a la India y su encuentro con Yasser Arafat.

Pese a todo, el canciller aseguró que la decisión de viajar a La Habana surgió unánime en el seno de la Junta Militar y que de ninguna forma constituyó una «resolución traumática».

De todos modos, la realidad había asfixiado a las fuerzas armadas argentinas, que durante todo el Proceso de Reorganización habían renegado del Tercer Mundo, algunos de cuyos países eran considerados «verdaderos enemigos de la patria» por haber fomentado supuestamente las actividades subversivas en Argentina.

Costa Méndez llegó a Ezeiza el sábado 29 por la noche —casi pasadas las 22.30— y su mayor deseo a esa hora era recluirse en su confortable departamento de Palermo Chico. Sin embargo, se encontró con una sorpresa: un automóvil de la Presidencia de la Nación lo aguardaba. Galtieri deseaba entrevistarlo en forma inmediata.

El canciller, en compañía de su «minisenado» militar, partió hacia la residencia de Galtieri en Campo de Mayo, la guarnición más poderosa del ejército, en las cercanías de Buenos Aires.

El presidente lo esperó apoltronado en su sillón del living de su casa, fumando lentamente sus cigarrillos con escasa nicotina. Cuando el canciller traspasó la puerta, se puso en pie y le brindó un efusivo abrazo.

Costa Méndez expuso todas las gestiones cumplidas en Estados Unidos y Galtieri pareció entusiasmado con los resultados que, en realidad, no modificaban la incómoda situación argentina en el contexto internacional.

Con una marcada excitación, el presidente interrumpió al canciller y, luego de ponerse en pie, exclamó:

—Bueno…, ahora irán a La Habana. —Hizo un breve paréntesis y añadió—: Con mi amigo Fidel Castro haremos poner de rodillas a la Thatcher…

Miret, pasado el estupor inicial, adoptó una postura cautelosa:

—General, creo que no tengo nada que hacer en la delegación que irá a Cuba. Además este tema debo conversarlo con mi comandante.

Galtieri no dio mayor importancia a la aclaración. Prefirió respaldarse en el mudo asentimiento de Iglesias y Moya. Pero para Miret, sus palabras tenían un significado especial. Conocedor de la intimidad castrense, suponía que tarde o temprano su carrera podría troncharse por ese viaje a la isla del Caribe.

Concluida la reunión, Costa Méndez pudo cumplir su deseo de descanso, pero Miret, casi abrumado por los hechos, se dirigió en automóvil hasta el domicilio particular de Lami Dozo. Era pasada la 1 y el comandante se sorprendió con el inopinado visitante.

Miret relató brevemente lo acontecido en Washington y Nueva York, y de inmediato comunicó a su jefe la voluntad de no concurrir a La Habana. Pero, en realidad, lo había dejado más conmovido la imagen que minutos antes había recogido del presidente.

—Mirá, Arturo, el estado de Galtieri me ha sorprendido. Pensalo bien, pero creo que estamos en manos de un ayatollah. Pero de un ayatollah sin religión… —le confió a Lami Dozo.

Efectivamente, el brigadier Miret quedó al margen de la delegación, cuyo único integrante militar fue el general Iglesias, otro de los hombres de confianza del presidente.

El miércoles 2 de junio por la tarde la misión argentina tocó el suelo cubano e inició, de esa forma, una de las jugadas diplomáticas más audaces del proceso militar. No tanto por la forma en que resultó planificada —la realidad forzó a tomar una actitud de ese tenor— sino por el giro absoluto, en muy escaso tiempo, de una política exterior aferrada únicamente a los principios «occidentales y cristianos».

Fue ése quizá, junto con la posición de Estados Unidos, uno de los aspectos que más conmoción produjo en la intimidad de las fuerzas armadas. Pero tanto uno como otro, aunque de distinto modo, debieron ser aceptados por los militares argentinos.

La Habana había comenzado a ser sacudida en esas horas por un ciclón, y los visitantes apenas tuvieron tiempo para llegar al hotel, mudar las ropas y partir hacia el palacio de las Revoluciones, donde se efectuaba una recepción a las delegaciones asistentes a la reunión de los países no alineados.

Costa Méndez, desde su arribo, fue objeto de un trato preferencial, y en el mismo lugar de la reunión social, en un despacho ubicado en la planta alta, mantuvo su primera entrevista privada con Fidel Castro.

El premier cubano hizo una exposición sobre las situaciones particulares en América Latina que dejó impresionados a los interlocutores. Fue frecuente que el general Iglesias buscara con sus ojos a Costa Méndez para expresarle su sorpresa —jamás aceptaría que había también una pizca de admiración—, pero el canciller obvió toda actitud que pudiera ser percibida e interpretada por Castro como un signo de debilidad o desconocimiento.

Castro se puso en pie en un momento. Sobre un gran planisferio ubicó a las islas Malvinas y comenzó a interrogar a Iglesias sobre las previsiones militares adoptadas para resistir el embate final de una de las potencias de Occidente.

Las explicaciones del general argentino, al parecer, no conformaron al premier de Cuba, quien vaticinó —según reconocerían después los asistentes a la reunión—, sin mucho margen de error, lo que ocurriría en el campo de batalla.

Iglesias se apegó a los argumentos de la defensa —que no eran otros que fortificar las adyacencias de Puerto Argentino—, y en un momento intervino el canciller para aclarar: «Nosotros no hemos venido a pedir ayuda militar.»

Castro replicó sin inmutarse y sin ocultar cierto alivio: «Me alegro que no me la pidan. Porque no sería conveniente ni para mí ni para ustedes.»

En seguida interrogó hasta dónde los militares argentinos pensaban prolongar el enfrentamiento armado con Gran Bretaña. Costa Méndez —como lo hizo cada vez que en el exterior se abordó un tema castrense— cedió la palabra a Iglesias, cuya explicación pareció otra vez dejar insatisfecho a Castro.

El premier cubano insistió entonces en que la causa de las Malvinas se encuadraba en lo que él entendía como una guerra de liberación nacional, e hizo un encendido elogio de la actitud argentina frente al conflicto, aunque con una aclaración inmediata:

—Ustedes deben comprender que ninguna guerra de liberación nacional se pierde. Siempre que se esté realmente dispuesto a pelearla.

En esta última advertencia, Castro dejó entrever sus dudas acerca de la cuota de voluntad con que los militares argentinos se habían lanzado a esa aventura.

—Quien venza en la batalla por esas montañas, tendrá ganada la partida —sentenció Castro, mientras las señalaba en el mapa.

Las respuestas de Iglesias fueron evasivas. En primer lugar, se sentía cohibido por la exuberante exposición militar que estaba haciendo Castro; en segundo lugar, desconocía realmente cuáles eran las previsiones militares de los defensores de la capital de las Malvinas.

Volviéndose hacia Costa Méndez, Castro le preguntó qué clase de general era Menéndez. El canciller quedó sorprendido por la pregunta, pero adivinó su sentido. Evitando una definición concreta, dijo que Menéndez era «morocho, bajito», intentando zafar del brete con una descripción física del gobernador militar.

Castro lo paró en seco y fue directamente al grano.

—Lo que yo pregunto es si Menéndez es un general que pelea o es de los que se rinden…

Costa Méndez prefirió no responder, optando, en cambio, por dejar que la conversación fluyera hacia otro tema, luego de un embarazoso silencio.

Los delegados de los países no alineados conversaban animadamente en un amplio salón, cuando el ruido de una puerta que se abría los alertó.

En primer lugar apareció Costa Méndez y detrás, a muy pocos pasos, Fidel Castro. El canciller comenzó a descender las escalinatas y el premier cubano —en un gesto poco usual— se le acercó y lo acompañó hasta el final del recorrido tomándolo de un brazo.

Al llegar a la salida, esa tenue y persistente llovizna continuaba. Había un dejo de complicidad en el comentario del líder cubano.

—Lluvia y nieve hace falta que caigan en las Malvinas para combatir a los ingleses. ¿No le parece, general? —inquirió dirigiéndose a Iglesias.

La respuesta de éste fue una mueca imperceptible, y, cuando Costa Méndez se aprestaba a ascender al automóvil, Castro tuvo otro gesto que motivó mil comentarios: dio un paso adelante, le abrió la puerta y lo despidió con un efusivo abrazo.

Al día siguiente, el canciller argentino expuso ante el Buró de los No Alineados y denunció una alianza tripartita de la que participarían Gran Bretaña, Estados Unidos y Sudáfrica con el objeto de instalar una base norteamericana en las Malvinas.

Ese mensaje, quizá de tono menos espectacular que los pronunciados en la OEA y en la ONU, sirvió sin embargo para descongelar la reticencia de los países africanos, y ello tuvo inmediata repercusión en el Consejo de Seguridad, pues permitió obtener los nueve votos para la resolución del cese del fuego que obligó a Gran Bretaña a ejercer el derecho de veto.

Mientras ello acontecía, no obstante, los delegados argentinos intentaban imponer un anteproyecto de resolución que condenaba severamente a Gran Bretaña y a Estados Unidos y que era resistido por los países caribeños angloparlantes encabezados por Jamaica.

Ese mismo día, Costa Méndez y Castro tuvieron un nuevo encuentro en un pasillo del palacio de las Convenciones que sólo sirvió para alimentar las expectativas de los periodistas que, en contados segundos, rodearon a aquellos dos hombres.

De regreso a Argentina, la delegación hizo una escala en Caracas y Costa Méndez aclaró allí que «no habrá patria socialista». También definió el papel del país en un punto intermedio entre el Tercer Mundo y el Primer Mundo, que «ni nos acepta, ni nos ha aceptado nunca».

El canciller creyó necesarias esas precisiones, que, en realidad, tenían como destino el caldeado frente militar. Nadie podía confundir a esa altura el real alcance de la misión en Cuba, como tampoco el respaldo muy cálido pero aséptico que había brindado Fidel Castro.

En Nueva York, la segunda gestión de Pérez de Cuéllar alcanzó, en forma más veloz que la anterior, el punto infranqueable y —fiel a las formalidades de su mandato— el secretario general «devolvió la pelota» al Consejo de Seguridad el martes 2 de mayo, y dejó a sus miembros enfrentados otra vez a su importancia para alterar el curso de desastre de los acontecimientos.

Las consultas arrojaron en la solemne sesión realizada el viernes 5 de junio en la sede del Consejo de Seguridad de la ONU un texto inocuo —enmendado sobre un proyecto originalmente auspiciado por Panamá— en el que se reclamaba un cese de hostilidades, pero condicionándolo a una renovada intervención de Pérez de Cuéllar. El texto obtuvo los nueve votos necesarios (España, Panamá, China, la URSS, Polonia, Irlanda, Japón, Uganda y Zaire), cuatro abstenciones (Francia, Jordania, Guyana y Togo), pero resultó condenado por los sufragios negativos —vetos— de Gran Bretaña y Estados Unidos.

Al justificar su propio pronunciamiento, la Kirkpatrick sorprendió al anunciar en un tono que mezclaba la ira y la frustración que «mis asistentes me informan que, según los reglamentos provisorios del Consejo, es imposible cambiar un voto después de que éste fue emitido. Sin embargo, he recibido instrucciones de mi gobierno de dejar constancia de que —de haber sido posible aquel cambio— hubiera transformado el voto negativo en una abstención».

¿Qué había sucedido? La investigación permitió reconstruir con varios detalles aquellos sucesos. La norteamericana había intentado, a lo largo de toda esa jornada, obtener un cambio en sus instrucciones. Un veto resultaría inútilmente irritativo para los argentinos, argumentó, y sería innecesario porque Gran Bretaña opondría el suyo con el mismo efecto castrador del esfuerzo. Además, sondeó permanentemente a las otras delegaciones y, en cables sucesivos, comunicó las decisiones de Japón y de Irlanda de abstenerse.

Este intento —nada sencillo si se tiene en cuenta que Reagan y Haig estaban en París y este último no estaba dispuesto a dar la menor tregua a su rival político— prosiguió aun cuando el Consejo se hallaba en sesión. Una línea telefónica permanentemente abierta llevaba, hasta la habitación del hotel parisino en el que se alojaba Haig, las alternativas del debate.

La Kirkpatrick, además, se mantuvo en comunicación permanente con Walter Stoessel —quien reemplazaba a Haig en el Departamento de Estado— y con Thomas Enders. Éstos, a su vez, hacían lo propio con el secretario de Estado.

Cinco minutos antes de la votación, Stoessel le dijo a la Kirkpatrick:

—Mira, Jeanne, está perfectamente en claro que, hasta este momento, no hay un cambio de instrucciones, por lo que deberás votar en contra del proyecto.

Ése pareció haber sido el fin de la cuestión. Pero apenas hubo levantado su mano para indicar el voto negativo de su país, uno de sus asistentes le transmitió al oído la novedad: Haig había ordenado desde Francia cambiar el voto. La Kirkpatrick hizo responder que eso era técnicamente imposible, pero el secretario de Estado insistió que, por lo menos, debía dejar constancia de la voluntad de cambiarlo.

En un primer momento, la diplomática pensó no cumplir la última orden. Pero, creyendo advertir una maniobra de su enemigo, recapacitó: «Los argentinos habían amenazado con romper relaciones; si yo no registraba el cambio podían hacerlo y Haig tendría una excelente oportunidad de responsabilizarme y, quizá, de exigir al presidente mi remoción del cargo.» A regañadientes, informó al Consejo la nueva orden.

Ajeno a estas especulaciones, el embajador de la Unión Soviética, Oleg Troianovsky, salió del recinto de deliberaciones y se acercó a los asombrados periodistas argentinos. Su sonrisa destilaba ironía.

—¿Qué fue esto?

—No sé, quizá fue un show —respondió uno de ellos.

—Yo creo que fue un show —apuntó categórico el diplomático.

Cualquier cosa que haya sido, aniquiló el último hálito de paz.

Cuarta parte

1. «¿OTRO ALCÁZAR DE TOLEDO?»

Menéndez miraba el cielo de las islas esa mañana del 10 de abril de 1982. «Esto será mucho más difícil que la lucha contra la guerrilla en Tucumán», pensó. Había mucho más que una diferencia de climas, enemigos y convicciones personales. El flamante gobernador de las Malvinas no era un uniformado signado por la lucidez o la imaginación, pero algo le decía que tenía un «pez gordo» entre las manos e iba a ser difícil manejarlo. Sintió el viento helado del archipiélago en el rostro.

Ese día Menéndez se aprestó a recibir la primera visita en las Malvinas. El gobernador estaba allí desde casi una semana atrás y su actividad se había reducido a adoptar medidas administrativas que, de todas formas, ya le habían causado más de un dolor de cabeza. Por ejemplo, el cambio de mano en las calles de Puerto Argentino desató una ola de protesta de los kelpers a punto tal que el obispo en las islas debió tomar intervención. «¿Usted sabe lo que significa para una persona de cincuenta años, que durante treinta manejó por la izquierda, cambiarle sus hábitos de golpe?», argumentó inútilmente el prelado.

Menéndez había gastado su tiempo en ordenar el millar de soldados desperdigados en el archipiélago y en ocuparse de gobernar, tal como le aconsejara el teniente general Galtieri en los albores de marzo. Había que pensar en las escuelas, en el desenvolvimiento de la justicia, en la paulatina utilización del peso argentino, en reemplazo de las libras malvinenses (Falklands pound) e, incluso, estar atentos a los sabotajes que algunos nativos rebeldes estaban dispuestos a cometer —varios de ellos arrojaron al agua las llaves de tractores y jeeps, y agudizaron el crónico problema del traslado de las tropas argentinas— contra los nuevos habitantes de las islas.

Al gobernador ni se le ocurría pensar todavía en la posibilidad de una guerra con Gran Bretaña, pero las noticias que le llegaban, sobre todo por medio de los pocos periodistas que aún tenían autorización para visitar las islas, eran francamente poco tranquilizadoras. La Royal Navy había zarpado y las previsiones tomadas por entonces en Malvinas no alcanzaban ni remotamente para un eventual choque armado con una de las potencias de Occidente.

Por eso fue grande su sorpresa cuando en la mañana del 10 se reunió con el jefe del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, vicealmirante Lombardo, quien era portador de las instrucciones elaboradas en el continente.

Menéndez había trabajado durante el mes de marzo con Lombardo, García, Plessl y Suárez del Cerro en la confección de los documentos que guiarían los pasos a seguir luego de la recuperación de las Malvinas. En ellos se hacía hincapié en la acción diplomática a desplegar, en la segura y violenta reacción de Gran Bretaña en los foros internacionales y, sólo como lejana hipótesis, se analizaba una eventual respuesta militar del gobierno de Margaret Thatcher.

Las prioridades habían cambiado súbitamente para los militares argentinos, y durante esa jornada Menéndez se enteró —no sin antes percibir que una vibración recorría su cuerpo— de que aquellos documentos liminares habían sido trastocados. La guerra ya no se barajaba como una mera posibilidad, y el almirante Lombardo sugirió al gobernador la necesidad de reforzar algunos puntos clave de las Malvinas.

—Bueno, y ahora ¿qué vamos a hacer? —interrogó Menéndez, dubitativo.

—Muévase con toda libertad. Imagínese, yo traje las directivas pero desde el continente poco puedo hacer. Soy comandante del Teatro. Mi problema está con la flota, con la Fuerza Aérea… —replicó Lombardo.

—Comprendo, pero nosotros solos nada podemos hacer aquí si no tenemos apoyo. ¿Qué pueden hacer ustedes?

—Mire, general, ustedes van a tener que resistir como puedan. El apoyo desde tierra es complicado. Piense que tenemos metidos a los submarinos nucleares…

—Bueno, pero algo van a hacer.

—Sí, claro… Si los ingleses intentan el desembarco y ustedes aguantan algunos días, entonces la flota puede intentar un ataque —trató de tranquilizarlo Lombardo.

El titular del TOAS hizo una rápida evaluación de los efectivos apostados en las Malvinas y llegó a la conclusión de que resultaban imprescindibles algunos refuerzos.

—¿Qué le parece una brigada más, general? —interrogó Lombardo.

—Bueno, sería fenómeno, pero hay que saber para qué. Nos faltaba movilidad, posibilidad de traslado.

—Con esa fuerza los ingleses lo van a pensar mejor. Ya se están preparando barcos para venir…

Al día siguiente un Hércules inesperado descendió sobre la todavía intacta pista del aeropuerto de la capital malvinense. De repente la máquina comenzó a vaciarse y de su interior emergieron cientos de soldados. Menéndez fue convocado de urgencia porque nadie conocía el destino que debía darse al Regimiento 3 de infantería.

—¿Qué hace usted aquí, teniente coronel? —preguntó perplejo Menéndez.

—Y… vea, mi general, nosotros vinimos para acá —dijo el oficial.

—¿Quién los mandó? ¿Viene alguien más? —inquirió el gobernador.

—Creo que viene toda la brigada —insistió el teniente coronel Comini.

Ya por la tarde Menéndez y el general de brigada Américo Daher —segundo de aquél en su carácter de comandante de las tropas terrestres de las islas— dialogaban en la residencia del gobernador, cuando el teléfono comenzó a sonar con insistencia. Los jefes militares estaban con los planos desplegados sobre una amplia mesa de madera lustrosa y ninguno prestó atención al timbre intermitente. El coronel Machinandiarena andaba por allí y descolgó el tubo. Instantes después le comunicaba a Menéndez:

—Es el general Jofre, señor.

—¡Hola, flaco! ¿Cómo te va? —preguntó Menéndez a quien era un viejo conocido suyo.

—¿Cómo, cómo te va? —contestó el general de brigada Óscar Jofre con voz de pocos amigos.

—Sí…, cómo te va…, ¿de dónde me hablás? —atinó apenas a decir vacilante el gobernador.

—Te hablo desde aquí, del aeropuerto, al que acabo de llegar y en el que nadie me espera.

—Pero, ¡la puta!, te mando una camioneta —exclamó Menéndez.

Jofre no tenía muy buen semblante. Llegó hasta la residencia del gobernador y allí sin pérdida de tiempo —«Discúlpame, no sabía de tu llegada», se excusó Menéndez— se pusieron a planificar la distribución de los nuevos efectivos y a solucionar los problemas logísticos que planteaba el refuerzo imprevisto.

Lo cierto es que Menéndez comenzó a recibir de buenas a primeras grupos de artillería, elementos de defensa antiaérea, e infinidad de regimientos que elevaron rápidamente a diez mil el número de soldados instalados en las islas. Claro: ya había quedado atrás la primera quincena de abril y la guerra se perfilaba con mucho más realismo que la posibilidad de una solución negociada.

El 19 se presentó en las Malvinas el almirante Anaya. Con su parquedad habitual, el jefe de la Armada dijo muy poco y también rehusó una invitación para conocer a fondo las islas.

Los mandos quedaron un poco sorprendidos y una sensación de angustia los embargó cuando requirieron a Anaya sobre el resultado de las gestiones diplomáticas. «Se sigue conversando», fue todo lo que dijo a un grupo de militares que deseaba saber con certeza si había que prepararse nomás para combatir a sangre y fuego.

El general Jofre se esmeró en detallar todas las previsiones adoptadas y, además del caudal humano recluido en las islas, señaló el tendido de alambradas, los campos y las playas minadas y la instalación de defensas antiaéreas en las inmediaciones de la capital.

Por primera vez Anaya dejó a un lado su gesto enigmático y comentó con inusual entusiasmo: «Esto va a ser como el Alcázar de Toledo», rememorando una de las batallas más dramáticas de la guerra civil española. Jofre no quiso ser menos y con optimismo exagerado agregó: «El Alcázar de Toledo será un poroto…, almirante.» El modesto premio fue una poco habitual sonrisa de Anaya.

El 22 de abril llegó en visita a las Malvinas el teniente general Galtieri —le había precedido Lami Dozo en dos días—, quien no ahorró esfuerzos y pidió al gobernador una rápida excursión por el archipiélago. Menéndez cumplió como un obediente subordinado y, apenas cuarenta minutos después de haber arribado a Puerto Argentino, el presidente ya estaba instalado en el helicóptero que lo trasladaría hasta los puntos más recónditos de la isla.

El primer tramo del vuelo duró casi cincuenta minutos hasta Bahía Fox, pasando por los cerros Rivadavia, las alturas de Darwin y el estrecho de San Carlos. Galtieri, en un momento, pareció impacientarse y en tono quejoso exclamó: «Este helicóptero es un cascajo. ¡Qué lentitud!…»

Menéndez le explicó que las Malvinas tienen de este a oeste unos 250 kilómetros y aproximadamente 110 de norte a sur, con una superficie de 11 600 kilómetros cuadrados. «Más de la mitad de Tucumán», gráfico, apelando a la comparación con una provincia que conoció al dedillo durante la represión contra la guerrilla.

También advirtió que durante los cincuenta minutos de vuelo, el helicóptero podía ser derribado diecisiete veces por un Sea Harrier británico. Los ojos de Galtieri parecieron agrandarse y en un tono de voz, mezcla de sorpresa y susto, exclamó: «Claro… ¡Qué grandes son las islas!»

—¿Le parece que vendrán a Puerto Argentino los ingleses? —interrogó casi de inmediato, sin hacer una pausa en la conversación.

—Mire, mi general, el objetivo de la campaña británica debe ser Puerto Argentino. Pero ellos pueden desembarcar en cualquier sitio alejado de las islas. Hay muchos, y nosotros no podemos defenderlos —respondió Menéndez.

El general Jofre, que viajaba al lado de Galtieri, insistió en más de una ocasión sobre las dificultades del terreno —las turberas, los recortes de la geografía insular, el suelo fangoso— y remarcó los problemas de movilidad que tendrían las tropas argentinas. Menéndez, acompañado por el general (RE) Señorans, reiteró hasta el hartazgo esos aspectos, pero a Galtieri —vaya a saber por qué— le preocupaban las alturas al norte de la península de Fressinet que todavía permanecían desprotegidas.

Por eso, cuando el Puma ya estaba presto para descender en el aeropuerto pidió que se prolongara el viaje hacia aquella zona. Después de un sobrevuelo de quince minutos, Galtieri ordenó: «Allí hay que enviar una brigada para evitar un desembarco.» Menéndez escuchó sin responder, porque la ocurrencia del presidente no parecía tener mucho sentido. El perímetro por él elegido, en realidad, presentaba serias dificultades para un hipotético desembarco británico y sólo cabía la posibilidad de un aerodesembarco.

Ya de retorno a Puerto Argentino, Galtieri reclamó una reunión con los jefes militares asignados para organizar la resistencia.

En una pequeña sala que tenían los infantes de marina ingleses se amontonaron todos: Galtieri, con los miembros de su Estado Mayor, Menéndez, Jofre, Daher, el brigadier Castellanos, coroneles, capitanes de navío, comodoros y hasta algún personal de menor graduación.

Casi había que respirar con precaución, pero ello mucho no importó a Galtieri, quien, entre gritos, comenzó a exponer con una suficiencia que llamó la atención de muchos:

—Bueno, señores: todo lo que está pasando estaba previsto —en ese instante Menéndez estuvo tentado de intervenir porque recordó aquellas primeras directivas de Galtieri, en el mes de marzo, cargadas de sencillez y optimismo, pero se contuvo: «Callate, Benjamín, mejor así…», se autoconvenció—. Las conversaciones con el señor Haig no han dado resultado —añadió—, así que yo creo que el compromiso del gobierno británico es cada vez más grande y entonces se va a producir un choque armado ineludible. Ahora, después de eso, considero que entraremos en una nueva etapa de negociaciones. Habrá que aguantar ese choque y darle tiempo y espacio a la diplomacia para que siga en la búsqueda de una solución.

Luego Galtieri y Menéndez se quedaron en un aparte programando planes de defensa y el gobernador explicó que difícilmente podría ampliarse el radio de defensa sobre Puerto Argentino por la falta de movilidad. El presidente insistió en que convenía enviar más regimientos —como si la acumulación de hombres garantizara una defensa más eficiente—, y que también le parecía útil «meter algunos soldados» en la isla Gran Malvina, del otro lado del estrecho de San Carlos.

En realidad esta idea había germinado por iniciativa de Lami Dozo, que Anaya había respaldado, durante una reunión de la Junta Militar.

Menéndez hizo un nuevo plan de distribución de efectivos en las islas y lo presentó al general García, quien, sin muchas dilaciones, lo rechazó.

—Disculpe, general, pero a usted lo único que le interesa es la defensa de Puerto Argentino —recriminó García.

—Bueno…, ésa fue la idea original…

—De acuerdo, pero hay que cambiar sobre la marcha. Así es la guerra. La Gran Malvina está poco protegida. Hay que mandar más gente —ordenó García.

De repente intercedió el general Jofre, allí presente, e insinuó:

—Mi general, sería bueno que nos mandaran helicópteros. Si no el traslado de los soldados resulta imposible.

Menéndez retomó el hilo de la conversación:

—Vea, general, a mí lo que me preocupa es que si los ingleses hacen lo que creemos yo y el almirante Lombardo, si vienen por el lado norte de la isla Soledad y atacan sobre la capital, los elementos del otro lado del estrecho quedarán aislados, no servirán de nada. En cambio, sería conveniente reforzar Puerto Darwin, que constituye un nexo con Puerto Argentino.

García perdió la paciencia y concluyó el diálogo en forma tajante:

—Bueno, vea, es una decisión de Galtieri. No discutamos más. Ésta es una cuestión terminada.

Galtieri regresó realmente entusiasmado luego de la inspección en las Malvinas. En realidad había llevado una impresión a priori, porque el mismo Anaya le habló maravillas de la fortificación de Puerto Argentino, pocas horas antes que el presidente viajara hacia allí.

—Yo he visto la posición de defensa muy fuerte —explicó el marino— porque, fíjate, cuando se habla de una operación de desembarco las relaciones de fuerza tienen que estar entre cinco u ocho a uno para tener posibilidades de éxito. Si nosotros metimos en Puerto Argentino más de cinco mil soldados, los ingleses tendrán que traer una fuerza de desembarco de por lo menos veinticinco mil hombres. Eso es imposible…

En realidad, Anaya se aferraba a un frágil argumento que los marinos argentinos esgrimieron permanentemente en los prolegómenos de la guerra. Los cronistas de este libro asistieron en varias ocasiones a las reuniones que se realizaban en esos días en el Estado Mayor Conjunto, donde el contralmirante Salvio Menéndez solía exponer su pensamiento sobre la evolución de los acontecimientos.

Precisamente, una de las ideas predilectas era la de persuadir a los periodistas acerca de la inviabilidad de un desembarco británico en las Malvinas. A ello se añadían constantes referencias a la rigurosidad del clima en el Atlántico Sur (Salvio Menéndez solía aludir a la ayuda que prestaría «el almirante invierno») que, a juicio del oficial, difícilmente soportarían los marines —obviando que se trata de profesionales de la OTAN, que suelen realizar sus ejercitaciones en el mar Glaciar Ártico con temperaturas inferiores a los 60° bajo cero— y la prolongada permanencia en los buques a que los obligaría la resistencia argentina, que los desgastaría psicológicamente, olvidando también que la flota de la OTAN navega hasta seis meses continuados.

Menéndez siguió recibiendo refuerzos en Puerto Argentino, pero los elementos de apoyo logístico —helicópteros, vehículos, etc.— no aparecieron y, a decir verdad, la situación no sufrió sustanciales modificaciones hasta la rendición.

El gobernador de las islas insistió muchas veces, superado el enfrentamiento bélico, acerca de que los británicos actuaron tal como él lo había previsto: es decir, desembarcaron en un punto cualquiera de la isla y comenzaron su avance hacia la población capital.

Sin embargo, el teniente general Galtieri asegura que Menéndez siempre supuso que el ataque vendría desde el mar y sólo en el último momento advirtió que la ofensiva se producía por tierra (entrevista publicada en el diario Clarín).

Quien fue gobernador de las Malvinas niega esta interpretación y, a propósito de ella, afirma que tenía un perfecto conocimiento del archipiélago y de todos los sitios desguarnecidos por donde podían penetrar las fuerzas enemigas.

—Eso lo señalé expresamente a los tres comandantes cuando visitaron las islas —remarcó Menéndez.

Sin embargo, Galtieri afirma que, durante su breve estada en las Malvinas, tuvo la sensación de que el entonces gobernador no estaba al tanto de lo que ocurría y que no se movía con seguridad en el terreno de las operaciones.

Salvo un contacto con el general García, que se produjo el día 24 de abril, el gobernador de las Malvinas ya no tuvo más entrevistas personales —se comunicó en cambio por télex o teléfono— con las máximas autoridades militares hasta el final de la contienda bélica.

El 1, de madrugada, el fuego inglés estalló en las islas y la euforia ganó a las tropas allí apostadas cuando una defensa antiaérea, luego de varios intentos fallidos, acertó sobre un Sea Harrier, que se desplomó sobre el fango malvinense.

La Royal Navy también había comenzado las operaciones que cesaron súbitamente, en lo que los militares argentinos, en su gran mayoría, interpretaron como un rechazo a la ofensiva británica.

Sin embargo, esa mañana del 1 ocurrió un episodio digno de tenerse en cuenta, que fue mal evaluado por los mandos. Menéndez se encontraba inspeccionando las posiciones en la capital, cuando fue interceptado en la avenida costanera de Puerto Argentino por un operador de radio que estaba de escucha en el centro de comunicaciones.

—Mi general, el almirante Woodward ofrece la rendición —comunicó el funcionario casi sin aliento.

El rostro del gobernador quedó dibujado con una sonrisa de suficiencia, aunque antes que nada previno:

—¿Está seguro?

—Sí, mi general.

En este tramo del incidente las versiones recogidas por estos cronistas difieren. Las informaciones que en esos días publicaron todos los medios periodísticos, según un despacho distribuido por la agencia oficial de noticias TELAM, señalaron que Menéndez apeló a una mordaz respuesta: «No nos rendimos, porque estamos ganando. Traigan al principito —por el príncipe Andrés, embarcado en el portaaviones Invincible— y vengan a buscarnos.»

Menéndez, en cambio, atribuye esa afirmación al propio operador de la radio, a quien, dice, recriminó su actitud («pero ya no cabían las aclaraciones», explicó). La solicitud de rendición se reiteró luego de pasado el mediodía y también fue desestimada.

Las acciones en el campo de batalla disminuyeron luego del 2 de mayo, cuando fue hundido el crucero General Belgrano, pero la sofisticada tecnología británica comenzó a deteriorar la voluntad de los soldados argentinos.

Por ejemplo, durante la noche del día 4 los radares en Puerto Argentino detectaron un imponente desembarco de las fuerzas británicas.

De más está decir que el «alerta rojo» se dispersó por las islas y los casi diez mil hombres no pudieron pegar un ojo. La Fuerza Aérea no estaba en condiciones de efectuar operaciones nocturnas y de tal forma en ese momento sólo cabía un embate por tierra contra los grupos invasores.

Pasaron más de seis horas y los radares seguían denunciando el desembarco con una perfección de distancias y desplazamientos que comenzó a despertar sospechas en algunos militares. Con el paso de los días, descubrirían que sólo se trataba de simulacros deliberados lanzados por los británicos y programados por computadoras que interferían en las ondas que captaban los mecanismos de detección argentinos. Algo similar a los juegos de video tan difundidos en todo el mundo.

Se reiteraron los cañoneos británicos de hostigamiento sobre Darwin y Puerto Argentino, y en las islas comenzó a crecer la impresión de que el día de la batalla final se acercaba peligrosamente.

Menéndez insistió con sus partes al continente acerca de la falta de apoyo naval y de la intermitente participación de la Fuerza Aérea en las operaciones. Por eso el 12 de mayo pidió una comunicación telefónica con Comodoro Rivadavia y reclamó a Lombardo el envío de lanchas rápidas que, a juicio del almirante Otero, instalado en Puerto Argentino, podían ser útiles para dificultar los prolongados hostigamientos a que la flota británica sometía a la capital insular.

La Marina contaba con apenas dos de esas embarcaciones —provistas con torpedos y cañón de tiro rápido—, y negó su envío aduciendo «dificultades técnicas», entre ellas la carencia de combustible adecuado en las Malvinas para su aprovisionamiento.

Menéndez solicitó entonces dos cañones Hoffman, de nueve toneladas, que fueron trasladados cada uno de ellos en un avión Hércules C-130.

El gobernador esperaba por entonces nuevas directivas para actuar, pero en realidad lo único que recibió en esos días fue una negativa de la Junta Militar a su sugerencia de modificar los planes operativos de la Fuerza Aérea. «Se mantendrá la política de hacer ataques sólo sobre blancos muy rentables», rezaba la orden del triunvirato militar.

La inflexibilidad en la estrategia exasperó de tal modo al gobernador, que el día 14 elaboró un memorando para la junta —que nunca tuvo respuesta—, en el cual reclamó participación en la toma de decisiones y rogó aclaración acerca del significado de «blancos rentables».

El 15 los británicos llevaron a cabo una de las acciones comando más provechosas en la isla Pebble (isla de Borbón), donde fue destruida una dotación de aviones Pucará y volado literalmente un depósito de municiones de vital importancia para las fuerzas argentinas.

Ello impulsó a Menéndez a confeccionar, el día 16, un amplio documento —que coincidió con otro de Lombardo, elevado a la junta, en el cual se hacía una descripción del conflicto y una prospección poco optimista— en el cual volcó todas las dificultades de logística (la Brigada 3, por caso, había llegado a las islas sólo con la ropa y armamento liviano), de inteligencia, carencia de combustible que imposibilitaba el funcionamiento de radares y estrechaba el margen de maniobra de los helicópteros, el agravamiento de las condiciones climáticas, la falta de reservas alimentarias y en general un perceptible decaimiento del ánimo combativo de las tropas. También urgió a reanudar el puente aéreo entre el archipiélago y el continente, que había quedado fracturado desde hacía aproximadamente quince días.

La respuesta de la junta no se hizo esperar y ordenó la formación en Comodoro Rivadavia de un Centro de Operaciones Conjuntas (CEOPECON) a cargo del general García. De hecho ello implicó la desaparición del TOAS y, con él, el eclipse de la figura del vicealmirante Lombardo, cuya evaluación severa pero realista de los acontecimientos disgustó mucho a Galtieri, Anaya y Lami Dozo.

El presidente también prometió a Menéndez el envío de pesqueros con los elementos imprescindibles, especialmente víveres —a esa altura los soldados argentinos andaban a la caza de ovejas, cuya carne resultaba valiosa para componer un menú con calorías indispensables para neutralizar el rigor del clima—, y además le advirtió: «Mire, general. De ahora en adelante entiéndase con García.»

Los militares argentinos estaban ocupados en esas cuestiones, cuando desde Londres se anunció el 19 «un próximo desembarco británico», al cual pocos prestaron atención. Algunos oficiales insistían en que sólo se trataba de una campaña de acción psicológica.

De todas formas, en las islas se tomaron algunas previsiones y unos setenta soldados que estaban atrincherados en Puerto Darwin fueron transportados en helicópteros hasta las proximidades de San Carlos.

El movimiento resultó afortunado porque fue justamente la dotación a cargo del teniente primero Esteban la que detectó signos de desembarco en las playas de San Carlos. Un mensaje por radio alertó al general Menéndez y, a las 8.30 del día 21, la Junta Militar fue advertida acerca de la inminente batalla final por las Malvinas.

El gobernador de las islas, sin imaginar siquiera la magnitud del avance británico, negado sistemáticamente en Argentina a través de los informes que el Estado Mayor Conjunto brindaba a la opinión pública, ordenó un vuelo de reconocimiento por la zona al teniente de navío Owen Critta. El aviador iba en la búsqueda de los cuatro barcos que, según el aviso de Esteban, se habían aproximado hasta las orillas de San Carlos, pero al hacer un giro para tomar la boca de la bahía se encontró con el grueso de la Royal Navy. No menos de doce embarcaciones habían ocupado posiciones estratégicas, y algunas de ellas se dedicaban a cañonear sistemáticamente las posiciones argentinas en Puerto Darwin, que no estaban precisamente bien fortificadas.

Critta quedó sorprendido ante la envergadura de la fuerza enemiga y casi no tuvo tiempo para dudar. Enfiló su Aeromacchi hacia la flota, se persignó e inició un vuelo rasante que concluyó con una fragata inglesa seriamente dañada. El sentido común lo impulsó a no repetir la operación, pues sólo un milagro —quizá su invocación a Dios— le había permitido escapar sano y salvo.

Cuando regresó a Puerto Argentino, casi no le alcanzaron las palabras para relatar lo que había visto. Insistió en acondicionar la máquina y volver a despegar, pero el Aeromacchi no quiso más. Otra cosa era imposible intentar desde las islas, porque el poderío aéreo a esa altura del conflicto estaba visiblemente diezmado. La flota enemiga, en tanto, siguió sus desplazamientos con relativa comodidad y la calma sólo fue alterada en San Carlos alrededor del mediodía, cuando los aviones de la Fuerza Aérea comenzaron a ejecutar sus acciones desde el continente.

A Menéndez lo envolvió el asombro y se fue corriendo hasta su despacho en la residencia, donde pidió una comunicación telefónica con Galtieri.

—¿Desembarcaron, son muchos? —fueron las primeras palabras del presidente.

—No se preocupe, mi general. Estaba dentro de las previsiones. Han bajado en un lugar no defendido. Y bueno…, estamos haciendo lo que podemos —replicó el gobernador.

Galtieri no parecía estar ese día de buen ánimo y algunos allegados confiaron en que la noticia del desembarco lo había sumido en una de sus cíclicas depresiones.

El más preocupado parecía el general García, quien llamó con insistencia al gobernador del archipiélago, desde su flamante puesto en Comodoro Rivadavia. En realidad, nunca pudo saberse a ciencia cierta si el oficial actuó motu proprio o azuzado por los integrantes de la Junta Militar.

—¿Y ahora qué vamos a hacer? —fue uno de los primeros interrogantes que García planteó a Menéndez.

—Bueno, yo ya he explicado que mucho más no podemos hacer. Hemos estudiado la posibilidad de enviar una dotación del Regimiento Doce hacia la zona de los cerros y también hemos trasladado morteros pesados para aumentar la capacidad de fuego. Después vamos a intentar alguna acción con objetivos limitados. Tenemos idea de trepar al cerro, pero existe el riesgo de que los ingleses con sus helicópteros nos ganen las espaldas y quedemos atrapados como en un sandwich. Además hemos dispersado soldados en la isla Pebble —donde se había producido un ataque comando británico— y para rescatarlos ya hemos sacrificado dos helicópteros. El Puma de Pérez Cometo pudo volar entrada la noche y traer a los efectivos. —Las palabras de Menéndez sonaban forzadas frente al mutismo de su interlocutor.

A media tarde, ya se sabía en las islas que la cabeza de playa montada por los ingleses era realmente importante y que San Carlos había cobijado a más de dos mil soldados e infinidad de material bélico altamente sofisticado. Con esos datos a la vista, Menéndez imaginó que los ingleses no demorarían demasiado en iniciar el recorrido hacia Puerto Argentino y que Puerto Darwin debía ser con seguridad el primer objetivo.

Esa zona era clave para desgastar al enemigo en su búsqueda de Puerto Argentino, pero verdaderamente distaba mucho de constituir una amenaza seria para los británicos. El gobernador pidió con urgencia al continente el envío de una fuerza de tarea aerotransportada para ubicar en las inmediaciones de Darwin.

La aeronáutica consideró de sumo riesgo esa operación y ofreció mandar una sección hasta Puerto Argentino y de allí que los soldados fueran llevados en helicóptero hasta Darwin. Los mandos militares en las islas no aceptaron la propuesta, porque al ritmo que tenía el puente aéreo entre las islas y el continente se podría disponer de la totalidad de los hombres cuando los marines ya hubiesen rebasado las posiciones en Darwin.

La situación quedó sin variantes —es decir, sin soluciones— hasta la madrugada del 26 de mayo. Lloviznaba y hacía mucho frío en Puerto Argentino, cuando en plena noche un soldado llegó hasta la residencia del gobernador, donde Menéndez estaba durmiendo.

Los golpes en la vieja puerta de madera alarmaron al jefe militar en las islas.

—Mi general, tiene una llamada urgente en el centro de comunicaciones.

—¿De dónde? —preguntó Menéndez sorprendido, mientras observaba en su reloj que sólo eran las cuatro.

—De Comodoro Rivadavia, mi general.

Menéndez se colocó rápidamente un abrigo, abordó un jeep y se dirigió hasta la sala de comunicaciones. Algo grave debía ocurrir —especuló durante el trayecto—, porque de lo contrario no lo hubiesen desvelado a esa hora de la madrugada. Imaginó, con alguna dosis de optimismo, la posibilidad de un acuerdo diplomático —ignoraba cómo podría haber surgido—, o quizá alguna crisis en el seno de las fuerzas armadas.

Pero no ocurría, en realidad, ni una ni otra cosa. Del otro lado del teléfono estaba el general García, quien sin demasiados miramientos ordenó a Menéndez:

—Hay que iniciar un contraataque sobre San Carlos.

El gobernador creyó no escuchar bien y pensó que su estado de somnolencia le perturbaba la audición.

—¿Un contraataque a San Carlos, me dijo? —preguntó casi en forma refleja.

García explicó que un ataque por sorpresa, bien ejecutado, podría tener gran repercusión interna e internacional —incluso habló de que favorecía la gestión diplomática de Pérez de Cuéllar—, y que un éxito en el campo de batalla ayudaría a fortalecer a una opinión pública que comenzaba a descreer de la seriedad con que los militares habían encarado la guerra.

—Mire, Menéndez —dijo—, saque gente de Puerto Argentino, incluso utilice los soldados que están en la otra isla y también los de Darwin y mándelos sobre los ingleses.

—Pero… ¿por qué esta decisión ahora, de repente?… —sólo atinó a balbucear el gobernador.

—Bueno —insistió García—, ya le expliqué que existen razones de política. Además debemos proteger el prestigio del ejército. Fíjese que la Marina ya aportó su cuota de sangre y la gente se pasa comentando lo que hacen los pilotos de la Fuerza Aérea. En fin, debemos hacer algo. Usted me comprende.

Menéndez ya no pudo descansar ni un minuto más y prefirió compartir su desgracia con un grupo de ayudantes íntimos a quienes, entre mate y mate, comunicó la novedad y los instó a la preparación de un programa de mínimas necesidades para practicar la contraofensiva.

Por la noche, Menéndez habló con García y le anticipó el contenido del plan que le enviarían a la mañana siguiente. En él se requerían desde mochilas para los soldados, hasta un sólido apoyo aéreo y naval para ir en busca de las fuerzas enemigas. También se apuntaba que la operación no podía ejecutarse rápidamente porque, para cubrir la distancia entre Puerto Argentino y San Carlos —algo más de 90 kilómetros—, eran necesarios de ocho a diez días, teniendo en cuenta las dificultades del terreno.

El gobernador, de todos modos, se había quedado con la sangre en el ojo porque, durante aquella conversación, García le había hecho una marcada referencia a la ineficacia de la estrategia urdida para una defensa de Puerto Argentino. Mientras sus ayudantes imaginaban el contraataque, Menéndez decidió elevar un mensaje de una carilla a sus superiores, en el cual refutó las apreciaciones de García acerca de que los objetivos iniciales de ese plan habían sido superados por los acontecimientos.

El gobernador explicó que su idea no era solamente disuadir a los británicos de concretar un desembarco en las puertas de la capital y, de paso, formuló una serie de cuestionamientos a la orden de contraofensiva sobre la cabecera de playa.

Menéndez subrayó, entre otras cosas, que aún se desconocía el destino de los marines que portaba el Queen Elizabeth II, y que en esas condiciones lanzarse sobre San Carlos, dejando para la defensa de la capital no más de dos unidades, constituía una imprudencia difícil de aceptar. Insistió en la falta de cobertura aérea y naval que seguía padeciendo el archipiélago y, como conclusión, efectuó dos enérgicas consideraciones que fueron muy mal recibidas por los mandos en el continente, y que no hicieron sino agudizar el enfrentamiento entre la conducción política y estratégica de la guerra.

Menéndez opinó directamente que el contraataque sobre San Carlos no podía efectuarse —salvo que se tomaran medidas que cambiaran en 180° la dirección de los hechos—, y reclamó que, para cualquier acción en el campo de batalla, se consultara previamente al comandante de la isla.

El párrafo final revelaba la profundidad de la crisis: «En caso de no considerar procedentes mis opiniones, solicito una conversación personal para discutir problemas operacionales y otros de carácter personal.»

El gobernador se volvió a reunir con los colaboradores, a quienes expresó que consideraba «una verdadera locura» la iniciativa promovida desde el continente.

—He enviado el plan y los requerimientos para cumplirlo. Pero además un mensaje personal donde expuse mis puntos de vista. O se aprueba lo que yo digo o estoy dispuesto a presentar mi pedido de relevo —comentó.

Sus ayudantes no lo tomaron muy en serio, lo que les valió una advertencia de Menéndez.

—Quizá mañana tengan un nuevo comandante —dijo.

Ese plan, como tantos otros, quedó en la nada y, unos pocos días después —el 30 de mayo—, Puerto Darwin era rendido a los británicos, pese a los esfuerzos argentinos por reforzar las posiciones. La caída de ese reducto fue un golpe duro de asimilar para las tropas argentinas, las cuales, con razón, veían cómo el enemigo avanzaba hacia la capital sorteando los obstáculos con mayor facilidad que lo previsto. A esa altura de los acontecimientos, todos sabían que la operación Malvinas había dejado definitivamente de ser «un paseo».

A partir de ese momento los mandos militares ocuparon sus horas en pensar en resistir en la capital y en sus alturas adyacentes. Simultáneamente se intentó infiltrar a los ingleses con patrullas de comando, pero para este tipo de acciones había carencias logísticas, como falta de combustible, que impedía el desplazamiento de los helicópteros. No era ése en realidad el único problema que padecían los soldados argentinos. A esa altura la falta de víveres era notable no sólo entre las milicias, sino también en la población.

Gran Bretaña había decidido, a raíz del choque armado, suspender el buque de aprovisionamiento que fletaba la Falkland Islands Company (FIC), que venía desde Londres y que el 16 de abril había sido detenido en Brasil. Los kelpers fueron soportando los contratiempos, pero ya en los primeros días de junio la situación se tornaba insostenible. Faltaba harina, azúcar, leche en polvo, carne y el arribo del buque hospital Almirante Irízar fue casi un bálsamo para el ambiente enrarecido que imperaba en el archipiélago.

Los militares dieron prioridad al abastecimiento de la población, y de allí que algunos batallones apostados en zonas apartadas de la capital no recibieron casi hasta el epílogo de la lucha el refuerzo alimentario que resultaba imprescindible.

El avance inglés prosiguió implacable y Menéndez sugirió a García la posibilidad de realizar desde el continente una operación sobre San Carlos. La idea era sacudir la retaguardia de las fuerzas británicas, que ya habían tomado también posesión de Darwin.

El gobernador sabía que no había mucho margen de tiempo para ejecutar la acción y por eso reclamó con insistencia respuestas a García, quien replicó en varias ocasiones: «Es muy interesante el proyecto. Lo estamos estudiando…»

Menéndez pensaba que cada día que pasaba era un regalo de los ingleses, y comunicó a García la conveniencia de que el general Américo Daher, jefe del Estado Mayor en las islas, se trasladara hasta Comodoro Rivadavia para realizar una amplia exposición y redefinir algunos objetivos de la defensa en Puerto Argentino.

A Galtieri también le sedujo la idea de la reunión, y por eso Daher intentó viajar casi de inmediato, pero las condiciones climáticas hacían inoperable el aeropuerto de las islas. El apuro pudo más y, el 8 por la noche, el jefe de Estado Mayor en las Malvinas se arriesgó a decolar desde Puerto Argentino en un avión que lo dejó en Tierra del Fuego. Desde allí se desplazó hasta Comodoro Rivadavia, y el 9 se reunió con todos los jefes militares.

El presidente, en tanto regresaba de una inspección en el Segundo Cuerpo, con sede en Rosario, cuando le pareció útil un encuentro con Daher. Lo convocó para el día siguiente y junto a él estuvieron los coroneles Cervo y Cáceres y otros oficiales del ejército.

Este encuentro despertó una verdadera polémica entre los militares argentinos, luego de concluida la guerra. Galtieri afirmó en una oportunidad que preguntó a Daher sobre las dificultades a subsanar en las islas, para resistir al máximo el ataque británico, y que éste respondió que lo «único que necesitaban eran diez mil borceguíes y calzoncillos largos para que se hiciera una muda de ropas».

Los cronistas lograron reconstruir a grandes trazos esa reunión, cuyo desarrollo y contenido parecen exceder verdaderamente la apreciación parcial que de ella hizo el presidente. Daher, efectivamente, reclamó un reaprovisionamiento de ropas, pero presentó un plan de tres puntos, de orden operativo, que Galtieri nunca tuvo en cuenta. Quizá con un mínimo margen de razón, porque el proyecto parecía superar los límites de lo posible en la lucha armada.

Antes de que Daher entregara el documento, Galtieri hizo una exposición y repartió consejos a los oficiales del ejército.

—Hay que hacer una defensa dinámica. Moverse de aquí para allá. No tener posiciones fijas, no quedarse atado al terreno, avanzar sobre San Carlos. ¿Me entiende, general? —instruyó.

Daher intentó explicar todos los problemas de logística que había en las islas —escasez de combustible, apenas dos jeeps que funcionaban sin inconvenientes—, pero Galtieri no le hizo caso, hasta que en un momento exclamó:

—¡Vamos, Daher!…, con un poco de voluntad e imaginación todo se puede.

Galtieri buscó respaldo en algunos oficiales que asistían azorados a ese encuentro y los interrogó:

—A ver, usted coronel, que es de Infantería. Opine: ¿podemos actuar así o no?

El oficial dudó un instante y apenas atinó a decir:

—Vea, señor, las condiciones no parecen…

Galtieri pareció intuir una respuesta poco optimista y lo cortó de cuajo:

—Bueno, a ver usted coronel, que es de Caballería. Explique, explique…

—Señor —intentó exponer—, estimo que es conveniente evaluar previamente con precisión la situación actual en el frente de batalla.

Tampoco pudo continuar porque Galtieri percibió de inmediato que no hallaba el eco buscado. Entonces —aferrándose a su visión simplona de la realidad— remató sus instrucciones:

—Bueno…, entonces sigan así. De todas maneras, con la paliza que les dimos el otro día en Bahía Agradable —el 8 de junio los argentinos hundieron una fragata y dos buques ingleses— no van a poder hacer nada hasta el veinte, por lo menos.

Ante semejante perspectiva Daher optó por dejar el documento que proponía ataques con submarinos, el lanzamiento de una fuerza de tareas, la utilización de buzos tácticos y hasta un pedido de ayuda militar a los países de la región, involucrando a otras naciones en el conflicto.

Este último punto es ilustrativo de la desinformación que existía en las islas. La conducción militar estaba convencida de que, habiéndose aplicado el TIAR, los países signatarios estaban obligados a prestar ayuda militar concreta. Así, el pedido de Daher significaba que Brasil debía aportar su flota de mar; Cuba, su aviación; Perú, sus submarinos…

A esa altura, los mandos militares en el continente parecían resignados al curso de los acontecimientos e incapaces de dar nuevas respuestas a la lucha armada. Menéndez insistió con nuevos pedidos para el refuerzo logístico, pero ante el exasperante silencio de los comandantes requirió otra comunicación con Galtieri.

—¿Habló con Daher, señor? —interrogó el gobernador.

—Sí, sí, ya he hablado. Me expuso sus puntos de vista y estamos haciendo previsiones de las medidas que se adoptarán —comunicó Galtieri.

—Bueno, mi general, usted tendrá una idea del esfuerzo que es necesario hacer…

—Sí, no se preocupe. Vamos a hacer todo lo posible —prometió el presidente.

El 10, Galtieri y Menéndez volvieron a conversar.

—¿Cómo andan las cosas, general? —El presidente hablaba como si estuviese ajeno a la guerra.

—La Fuerza Aérea operó con bastante éxito. Hizo un bombardeo. Además pudieron entrar en las islas dos aviones con material de apoyo. Es muy poco, señor.

—Bueno, pero usted sabe que se está haciendo todo lo posible…

—Yo no se lo niego, señor, pero ocurre que tampoco es suficiente —replicó Menéndez, elevando tenuemente su tono de voz.

—Bueno, pero eso es lo que se puede hacer —se fastidió Galtieri.

—Muy bien, mi general. Si eso es lo que pueden hacer…

Hasta el día 13 los contactos con el continente estuvieron prácticamente cortados. Los militares —el país todo, en realidad— ocuparon sus horas en la atención a su santidad el papa Juan Pablo II, cuya presencia en Argentina conmovió y movilizó a un pueblo que ahora sí parecía acongojado por la guerra.

Mientras tanto, las tropas inglesas perforaron en esas jornadas las defensas argentinas en las inmediaciones de Puerto Argentino, instaladas en los montes Dos Hermanas, Challenger y Kent, en la península de Fressinet.

Durante la citada jornada, Menéndez volvió a pedir una comunicación con Galtieri.

—Mi general, se ha producido el primer ataque masivo sobre nuestras defensas —comunicó Menéndez.

—Bueno, pero no hay que aflojar. Dígame, Menéndez, ¿dónde está la línea de contacto? —se interesó el presidente, refiriéndose a las fuerzas inglesas.

—Eso no está muy claro, mi general. Ellos se han aproximado a la capital, pero estimo que todavía hay combates más allá de los cerros.

—Bueno, pero fíjese que lo están cercando por el sur —advirtió Galtieri.

—Sí, ya nos hemos dado cuenta. Hemos reforzado las posiciones. Enviamos hacia allí una compañía del Regimiento tres, otra del Regimiento siete; se han recuperado efectivos del Regimiento cuatro y estamos reaprovisionando algunos otros grupos.

—Hay que poner todo —exigió Galtieri.

—Vea, mi general —dijo Menéndez con voz de agotamiento—, quiero que tenga en claro dos aspectos. En primer término, que hemos logrado una sólida posición en la zona de Williams con el BIM cinco y reforzamos el Regimiento siete. Tenemos tomadas previsiones y nos vamos a prender con todo. Pero quiero también asegurarle que, por la actividad que han desplegado los ingleses durante el día, esta misma noche lanzarán el ataque definitivo y consecuentemente entre hoy y mañana se juega la suerte de Puerto Argentino. Si perdemos esas dos alturas, ya no habrá nada más que hacer…

—Está bien. Ponga todo lo que tenga alrededor de la capital. Allí resistiremos —concluyó Galtieri con una arenga de aspiraciones épicas.

Menéndez intentó imaginar una fortificación que ya era a todas luces inútil. Apenas insistió en proteger al máximo el aeropuerto, cuya caída podía significar el principio del fin. La ciudad capital —una población pintoresca pero realmente precaria, con casitas de madera, reminiscente de los barrios londinenses, y una extensión limitada— estaba atiborrada de soldados argentinos que no hallaban sitios vacíos para apostarse.

El gobernador tenía la certeza de que el desenlace parecía tan cercano como inevitable, y la carencia de agua, entrada la noche, hizo aún más dramática la situación para los kelpers y las tropas argentinas.

El desbande de las defensas era marcado, pasada la medianoche, pero un contraataque de la Compañía 6, a las órdenes del mayor Ianella, en la región de los cerros, detuvo momentáneamente el avance británico e hizo abrigar a Menéndez la esperanza de que quizá podría aguantarse algunas horas más.

«¿Aguantar para qué?», solía preguntarse a cada instante el gobernador. En realidad esa decisión carecía de objetivos, porque nadie alentaba por entonces la posibilidad de una solución negociada.

Cuando el cielo austral apenas se estaba iluminando, una persistente nevisca comenzó a caer sobre Puerto Argentino. Aquella débil luz fue devorada por espesos nubarrones negros y esa súbita oscuridad fue quizá el presagio de la derrota final. El jefe del BIM 5, capitán Robado, ya había comunicado al general Jofre que los ingleses estaban «a la vista». El grueso de sus hombres no habían podido defender las alturas de Williams y Tumbledown y el contraataque del Regimiento 6 había sido bloqueado por las fuerzas enemigas.

A las 8.30 de ese día 14, el grueso de los efectivos retrocedía ante el fuego inglés, a tal punto que el Regimiento 3, a cargo del coronel Comini, no pudo concretar un intento de postrera ofensiva por la cantidad de gente que convergía hacia el pueblo.

Los radares también detectaban la amenazante aproximación de fragatas de la Royal Navy y el retroceso de los soldados ya casi alcanzaba al hospital de Malvinas, enclavado en el corazón de Puerto Argentino.

A las 9.30 Menéndez se comunicó desde el centro de comunicaciones en las islas con el general García, en Comodoro Rivadavia.

—Mire, general, todavía estamos combatiendo, pero esto da para muy poco. Creo que no tenemos alternativas y es urgente que se tomen medidas para salir de esto —explicó angustiado el gobernador.

—Lo comprendo, lo comprendo —repitió García, como disfrazando su falta de respuesta—. Voy a hablar con Galtieri. Pero estas cosas llevan su tiempo.

—Sólo le pido que se apuren, que se apuren, porque no hay nada que esperar… —rogó Menéndez.

Apenas concluyó el diálogo, partió hacia su residencia y, en el trayecto, vio el desfile de soldados quebrados por la adversidad. Gente que deambulaba con las armas caídas, con la mirada extraviada, como aguardando —quizá también deseando— cualquier desenlace.

Menéndez llegó hasta su casa cuando el cañoneo de los buques ingleses se tornaba insostenible. La idea de hablar de inmediato con Galtieri se vio momentáneamente frustrada, porque un certero impacto había dejado a Puerto Argentino sin energía eléctrica. Se dirigió entonces hasta un viejo galpón, donde había muy bien resguardado un equipo auxiliar de comunicaciones.

—General, hemos llegado al límite de nuestras posibilidades. Los ingleses están rodeando el pueblo y tenemos inutilizada la artillería pesada. Además nuestros soldados ya no pueden más, están agotados… —comunicó Menéndez.

—Los ingleses también están agotados, Menéndez. Hay que aguantar, hay que impulsar a las tropas, no hay que sacarlas de los pozos para ir hacia atrás, hay que sacarlas de los pozos para ir hacia adelante. Hay que contraatacar con espíritu —ordenó Galtieri.

—Creo que usted no me entiende, general. Yo le dije que nos íbamos a prender en combate y así lo hicimos durante toda la noche. Pero esto no va más…

—Reagrupen a las tropas y salgan adelante. Hay que pelear, Menéndez —insistió el presidente sin demasiado fundamento.

—General, el BIM cinco, me acaba de decir el almirante Otero, llegó aquí con apenas un comando y una sección. El grupo de artillería cuatro está desaparecido. Hemos perdido todas las posiciones en los montes…

—Yo lo único que le puedo decir es que peleen… —dijo Galtieri obstinadamente.

—General, yo le recomendaría que analicen seriamente la posibilidad de aceptar la resolución quinientas dos.

—No…, por favor. Eso es imposible.

—Bueno, yo no sé más qué hacer… —confesó Menéndez a la espera de alguna propuesta salvadora.

—Después de todo usted es el comandante de las islas y sabe cuáles son sus responsabilidades.

—Las conozco perfectamente. No hace falta que me las recuerde. Las vengo ejerciendo desde hace dos meses y medio y las voy a ejercer una vez más —contestó Menéndez con pronunciada irritación y un tono amenazante que Galtieri escuchaba por primera vez.

El abrupto final de la conversación coincidió con el ingreso al galpón de un oficial de la Armada, el capitán de navío Melbourne Hussey: «General, he captado una comunicación de los ingleses, que ofrecen la rendición.» Menéndez lo miró con el rostro pálido.

El gobernador sintió un repentino alivio, porque hasta ese momento no tenía la menor idea de cómo podía poner fin a ese conflicto. Casi sin pérdida de tiempo, despachó un télex al general García, a quien comunicó la novedad e informó sobre el diálogo que había mantenido con Galtieri.

El jefe del CEOPECON pareció entusiasmado con la idea de aceptar la resolución 502.

—Lamentablemente Galtieri no está de acuerdo —le advirtió Menéndez— y prometió insistir ante el presidente para describirle la realidad del frente de batalla.

—Los ingleses me acaban de ofrecer una conversación —le informó el gobernador.

—Está bien, acéptela —autorizó García.

Un rato después Menéndez recibió en su despacho un mensaje de Galtieri, quien ratificaba la autorización para el contacto con los británicos, pero le advertía que no debía aceptar ninguna condición que significara un «compromiso político» para el país y «mucho menos» la resolución 502.

En tanto Menéndez, acompañado por el capitán Hussey y por el comodoro Bloomer Reeve, se reunía con un oficial británico, el teniente Rose, y el capitán Roderick Bell (intérprete), en las oficinas del Town Hall, Galtieri, desesperado, se comunicó desde la Casa de Gobierno con su canciller. Quería saber qué significaba una posible rendición. ¿Acaso la capitulación de toda Argentina?

Costa Méndez intentó, en esas circunstancias, calmarlo. Había que tener la mente fría para no hundirse más en el pantano. Por lo demás —añadió— podía quedarse tranquilo: la rendición en las Malvinas no significaba que la Union Jack flamearía también en la plaza de Mayo.

El canciller, alertado por fuentes militares y periodísticas sobre el desenlace, solicitó a su departamento legal un memorando aclaratorio sobre los alcances e implicaciones de esa instancia. El embajador Candiotti consignó en una apretada síntesis que, de acuerdo con el derecho internacional, la rendición en las islas sólo alcanzaba ese espacio geográfico.

El oficial inglés propuso rápidamente la rendición, y Menéndez frunció el ceño porque no imaginaba que se hallaría tan rápido frente a una decisión crucial. Un poco por cortesía y otro por estricto reflejo de la verdad, el representante de la Royal Navy elogió «la bravura y el coraje» con que habían luchado las tropas argentinas, y destacó especialmente la actuación de los infantes de marina.

Durante más de tres horas Menéndez y el oficial inglés debatieron los términos de la capitulación que Argentina, estimó, debía ser condicionada, como lo estipulaba la Convención de Ginebra. Menéndez propuso con éxito que los oficiales argentinos retuviesen el mando sobre sus tropas y, de paso, sugirió que también podían conservar la posesión de las armas, El oficial inglés aceptó, pero señaló que las armas iban a tener que ser entregadas antes de retirarse de las islas, porque durante la reconquista del 2 de abril los marines habían sido obligados a dejar todo su material bélico.

En definitiva, los puntos esenciales acordados en la rendición fueron los siguientes:

Las unidades conservarían sus banderas.

Los oficiales conservarían sus armas mientras estuvieran en las islas.

La administración y gobierno de las tropas sería ejercida por sus mandos naturales.

Se formarían grupos de trabajo mixtos para resolver y coordinar problemas de personal y logística.

El regreso del personal argentino al continente podría hacerse en buques de bandera argentina.

Las tropas argentinas deberían estar agrupadas en la zona del aeropuerto, pero evacuarían Puerto Argentino sólo al día siguiente.

Se convino asimismo la formación de grupos especiales para el ordenamiento de los soldados —había más de catorce mil en un pueblo con infraestructura para novecientos residentes—, las inhumaciones y el rastreo de los campos minados para la defensa durante el mes de abril.

La hora fijada para la firma del documento de rendición fue las 19 y, en el ínterin, Menéndez comenzó a recibir desde el continente una seguidilla de mensajes. En el primero de ellos se aconsejaba al gobernador «no firmar ningún papel» y uno posterior de Galtieri ordenaba que no debía arreglarse una capitulación sino un convenio de partes. Un verdadero «pacto de caballeros», sugirió incluso el presidente.

Menéndez pensó por un instante que Galtieri guardaba, pese a todo, una buena dosis de humor y, luego de bañarse y afeitarse —gesto de pulcritud no bien visto por muchos argentinos—, concurrió a su encuentro con Jeremy Moore, jefe de las fuerzas británicas de tierra.

Los militares —solos, sin la presencia de periodistas por pedido argentino, debido a que aún estaba fresco el recuerdo de la fotografía del capitán Astiz firmando la capitulación en las Georgias, que recorrió todos los periódicos del mundo— intercambiaron elogios, y cuando Menéndez tomó el documento en sus manos halló una sorpresa: se trataba de una «rendición incondicional».

—Esto no es lo pactado —reaccionó de inmediato.

—Bueno, pero ya está escrito —contestó Moore.

—El acuerdo fue una rendición con condiciones. Así no la firmo. Seguiremos peleando, no sé de qué manera, pero seguiremos… —planteó Menéndez.

—Eso tiene arreglo —intervino Moore.

Menéndez testó entonces «incondicional» y otro giro idiomático que no le pareció adecuado. Guardó su bolígrafo, estrechó la mano de Moore y se alejó del lugar.

El sueño de la reconquista había concluido en su día setenta y cuatro.

2. LA CAÍDA

La noticia de la rendición de Puerto Argentino cayó como un rayo sobre Galtieri. Impactado por la novedad —meses más tarde confesaría su desazón porque jamás imaginó una resistencia tan breve—, no alcanzó a comprender la real dimensión de lo que había ocurrido. Mascullaba bronca, emitía juicios escasamente benévolos para con los militares en las islas, pero no descubría el meollo de la cuestión: la decisión de Menéndez terminaba también con su gobierno.

Pensó que el duro golpe lo afectaría, pero ideó también de buenas a primeras una fórmula que, en su opinión, le permitiría usufructuar favorablemente la situación. Debía retomar ante todo la iniciativa perdida y el método más adecuado parecía ser el de echar culpas sobre los generales de las Malvinas por la rápida capitulación; quizá, también, haría cargos a la Marina por su presunta deserción del combate por el dominio del mar.

Su estrecha visión política lo llevó a confundir el honesto respaldo popular a la acción en las Malvinas, con un hipotético apoyo a su gestión. Montado sobre ese equívoco, puso en marcha el plan elaborado con premura junto con el almirante Moya, quien a esa altura se había convertido en su principal asesor político y espiritual. La influencia de Moya sobre Galtieri fue en escala ascendente durante la guerra y se tornó mucho más marcada en los días finales de la contienda, cuando el presidente se sumergía en períodos de profundas depresiones. Era el jefe de la Casa Militar el encargado de levantarle el ánimo, acompañándolo en su soledad o introduciéndole en el despacho a ministros o funcionarios con el objeto de alentarlo.

El plan consistía en convocar a los partidos políticos —fundamentalmente a los mayoritarios (peronismo y radicalismo)— para realizar un gran acto en la plaza de Mayo, donde debía ratificarse la voluntad de seguir en la lucha armada. Mientras tanto, Galtieri intentaría mantener ocupados a los altos mandos del ejército, con un trabajo de evaluación.

Esa misma tarde comenzó su operativo: se reunió con los generales de división y les explicó las razones de la caída de Puerto Argentino.

Los testimonios recogidos por los cronistas de este libro sobre ese cónclave son coincidentes en un punto: Galtieri hablaba en un tono casi triunfalista y señaló que sólo se trataba de una batalla perdida. «Si Puerto Argentino es Cancha Rayada, pronto vendrá Maipú», habría razonado en ese momento el comandante, haciendo una poco feliz comparación con dos batallas de la Lucha de liberación de Argentina y Chile contra España. En definitiva, afirmó, las tropas argentinas habían sido derrotadas por Gran Bretaña y Estados Unidos, dos potencias de primer orden.

El silencio de los asistentes se mantuvo en toda la reunión. Había un clima tenso, pero nadie se animó a formular reproches, ni impugnó el vehemente discurso del jefe del ejército.

Galtieri, utilizando lo que creyó un ardid inteligente, les encargó a los generales un trabajo de asesoramiento sobre tres alternativas:

1)Continuar la guerra.

2)Continuar la guerra y negociar en forma simultánea.

3)Negociar con los británicos, con o sin intervención de Estados Unidos.

Era un simple ejercicio intelectual, un entretenimiento que el comandante les entregaba a los mandos. Pero la realidad podía más en esas horas que cualquier proyecto fantasioso, porque la pérdida de las islas era ya irreversible.

Tiempo después, en una conversación con uno de sus más estrechos colaboradores, el comandante se sinceró:

—En momentos de crisis no hay que dejar que los generales piensen. Les di ese trabajo para que estuvieran ocupados.

Era lógico que Galtieri desconfiara. No estaba seguro sobre la respuesta que obtendría de sus subordinados. Por ello prefirió comprobar personalmente el estado de ánimo de los generales de brigada —escalón inmediatamente inferior a de los de división—, donde suponía que encontraría mejor eco para sus planes.

En ese complicado contexto se incluían además varios informes de inteligencia sobre un misterioso viaje de Vernon Walters a Argentina, cinco días antes de la capitulación del archipiélago. Hay versiones contradictorias sobre el objetivo de la misión del «embajador fantasma» de Reagan, pero todas coinciden en que el representante norteamericano estuvo en Buenos Aires.

Walters, en una conversación con estos cronistas, dijo «no recordar» ese viaje a Buenos Aires. El embajador Harry Shlaudeman, por su parte, negó tener conocimiento del episodio. Pero ninguno se pronunció con una negativa tajante sobre la aparición subrepticia del visitante. Galtieri declaró que ignoraba que Walters haya pasado por Buenos Aires en esos días cruciales, pero fuentes calificadas señalaron que el jefe de la Armada, almirante Anaya, lo alertó sobre las conversaciones que Walters solía mantener con militares en actividad.

Uno de los protagonistas centrales del gobierno de entonces confió a los autores que Anaya en una oportunidad le recriminó a Galtieri por esa situación.

—Si mis oficiales hablaran con Walters como lo hacen los tuyos, ya los habría sancionado hace rato —le dijo el jefe naval en ese estilo tan alejado de la diplomacia que lo distinguía.

Ese rechazo de Anaya se contradijo, sin embargo, con la conversación telefónica que mantuvo con el general-embajador, un día después de la caída de la capital de las Malvinas. En la investigación que para este libro hicieron los cronistas en Washington, se confirmó ese contacto de Anaya con Walters, que estuvo vinculado con la situación de los prisioneros argentinos en las islas, entre los cuales estaba el hijo del comandante de la Armada. Anaya solicitó una «gestión especial» del funcionario de la Casa Blanca ante los ingleses, para que apuraran la liberación del joven oficial. El almirante que hizo aquella llamada a Washington fue el mismo hombre que había especulado ante Haig con la idea del orgullo que le produciría si su hijo debía ofrendar su vida en combate.

Esas relaciones especiales que unen curiosamente a todos los militares hacen que, por ejemplo, Galtieri aún mantenga intercambio epistolar con el ex vicedirector de la CIA, tal como se comprobó en la capital norteamericana. Y son esas «relaciones especiales» las que perduran, a pesar de las críticas que, por ejemplo, desgrana Walters sobre Galtieri. En la entrevista con los autores, realizada en el Departamento de Estado, el embajador itinerante señaló en dos oportunidades hacia otras tantas vitrinas: la primera para mostrar un facón de plata hábilmente trabajado que le había obsequiado Viola y, en la restante, para exhibir un juego de boleadoras —también con decoraciones hechas en plata— que le entregó Galtieri, como prueba de reconocimiento. Walters reveló con orgullo, en esa misma ocasión, otro detalle, casi irónico: un pequeño cenicero con la leyenda «Las Malvinas son y serán argentinas» adornaba una mesa ratona.

—Fue hábil para engañarnos —dijo Walters sobre el ex presidente argentino, al referirse a la guerra que contribuyó a desencadenar. Los testimonios indican que Walters sondeó a los militares argentinos sobre la solidez de la alianza que sostenía a Galtieri.

Los norteamericanos disponían de información militar de primera mano: sabían que las defensas de Puerto Argentino estaban siendo debilitadas por los embates británicos, por su artillería terrestre y naval y por la superioridad aérea que habían establecido sobre el archipiélago.

Alentaron una última, casi desesperada, intervención de Javier Pérez de Cuéllar, para detener el combate final, que pronosticaba una masacre. Esa gestión del secretario general de las Naciones Unidas volvió a demostrar una constante que se verificó durante toda la negociación: Pérez de Cuéllar interrumpió invariablemente las conversaciones horas antes de alguna acción militar británica de envergadura.

El sábado 5 de junio, el entonces encargado de negocios argentino ante la ONU, Arnoldo Listre, estaba agotado. Rechazó una invitación a cenar formulada por unos amigos y, mientras se preparaba para dormir temprano, en el departamento que Roca le había cedido, en la Tercera Avenida y la Cuarenta y ocho, muy cerca del edificio de las Naciones Unidas, recibió una llamada telefónica. Era Álvaro de Soto, hombre de confianza de Pérez de Cuéllar, quien manifestó urgencia en conversar con él.

Convino una reunión en la oficina de la representación argentina y hasta allí se trasladó Listre, con la certeza de que tendría que transmitir algo a Buenos Aires. Efectivamente, De Soto le entregó una carta de Pérez de Cuéllar a Galtieri con una última propuesta, que consistía en la separación de tropas en el terreno de batalla.

La carta conmovió a la Junta Militar, que se aprestaba a recibir a Juan Pablo II, quien arribaría el sábado 12 de junio a Argentina. «Son condiciones de rendición —argumentó Anaya en la reunión de la junta y añadió—: El embajador Listre no debería haber recibido esta carta. Tendría que haberla rechazado en el acto.» Costa Méndez, que estaba presente en ese diálogo, defendió al diplomático, y explicó didácticamente al jefe naval que Listre sólo había sido un conducto para una carta del secretario general de la ONU al presidente de Argentina.

La propuesta fue rechazada. Pero ninguno percibió el mensaje que subyacía en la misiva de Pérez de Cuéllar: si la enviaba, cabía suponer que algo grave estaba por ocurrir en Puerto Argentino. Era nada menos que la batalla final.

Pero ¿en qué consistió esa propuesta, qué significó para el gobierno argentino la admisión de la derrota?

La respuesta se encontró en diversas fuentes. Corroborando que el secretario de las Naciones Unidas tenía una información militar exacta, señalaba en el acápite de la propuesta que «el conflicto armado en la región de las islas Malvinas (Falkland Islands) amenazaba con pasar a una nueva fase extremadamente peligrosa, que probablemente resulte en grandes pérdidas de vida para ambas partes. Ello —añadía— comprometería gravemente para el futuro previsible cualquier perspectiva de arreglo de la controversia subyacente. La tensión y el conflicto continuarán, en contradicción con los intereses de las partes involucradas».

Sobre la base de esa perspectiva, formuló un «llamamiento directo», con la «esperanza de que todavía sea posible encontrar una manera de poner fin a los combates e iniciar negociaciones con miras a resolver esta crisis».

Continuaba diciendo que, «en esta etapa tardía, es dudoso que intercambios adicionales con las partes resulten productivos. Por lo tanto deseo sugerirles el siguiente plan, que debe ser considerado como un todo integral:

»1) Una tregua entra en vigor a partir de las 11.00 horas, hora de Nueva York, del lunes 7 de junio de 1982.

»2) El miércoles 9 de junio, los dos comandantes militares en las islas se reunirán en presencia de un representante del secretario general con el propósito de convenir las modalidades de la cesación del fuego, la cual ha de entrar en vigor para las 11.00, hora de Nueva York, del viernes 11 de junio.

»3) Simultáneamente, con la cesación del fuego comenzará el retiro de tropas argentinas de las islas, que se deberá completar dentro del plazo de quince días. Argentina informará al secretario general del programa de retiro.

»4) Dentro de este plazo, el Reino Unido informará al secretario general respecto de los planes para la reducción de fuerzas en la región de las islas Malvinas (Falkland Islands). A la luz de esos planes, el secretario general iniciará consultas sobre la posibilidad de establecer arreglos de seguridad con los auspicios de las Naciones Unidas».

Luego señalaba que se debía entablar negociaciones directas argentino-británicas, con un plazo máximo al 31 de diciembre de 1982, pero que podría prorrogarse por acuerdo de las partes.

Ese plan, para ser eficaz, requería que los gobiernos respondieran sobre la aceptación «sin reservas» para las «20.00 horas, hora de Nueva York, del domingo 6 de junio de 1982».

Como ya se señaló, la respuesta argentina fue negativa y evacuada el día requerido, aunque con una hora de retraso.

Desde un punto de vista estrictamente político y diplomático, un lector experto en este tipo de negociaciones podría inmediatamente adivinar que, después del límite que establecía Pérez de Cuéllar, estaba el abismo. Pero también la conducción militar argentina se resistía a creer que las defensas de Puerto Argentino podrían ser perforadas rápidamente.

Es importante destacar otro punto: cuando Juan Pablo II llegó a Argentina también lo hizo un alto funcionario de las Naciones Unidas, un emisario del secretario general que había gestionado una audiencia con el santo padre. Era Álvaro de Soto.

En un resquicio de su apretada agenda, el papa le concedió a De Soto unos minutos. La entrevista se llevó a cabo en la nunciatura y no hubo ningún tipo de filtraciones, ni de información oficiosa sobre esta reunión. Más aún, sólo durante la investigación realizada para este libro, los cronistas detectaron el viaje del alto funcionario de las Naciones Unidas.

¿Cuál fue su objetivo? La hipótesis más plausible apunta a una gestión para intentar que el papa intercediera ante los argentinos para que éstos aceptaran la iniciativa de Pérez de Cuéllar. Las fuentes eclesiásticas consultadas dijeron desconocer tal intervención.

En la búsqueda de información, los autores detectaron una opinión unánime entre las jerarquías militares y políticas sobre la misión del santo padre. Éste le dio a su visita un neto corte pastoral, alertando a los argentinos sobre el holocausto de la guerra.

Algunos han sostenido que el papa vino a Buenos Aires a preparar el ánimo de los argentinos para que aceptasen una derrota, que se precipitaría apenas dos días después de la partida de Juan Pablo II.

Es incontrovertible, por otra parte, que el anuncio de la visita del santo padre a Gran Bretaña había turbado gravemente al gobierno argentino. Hubo intentos infructuosos del aparato de «acción psicológica» oficial para lograr que los medios de difusión criticaran a la Santa Sede por la visita a Londres. Ninguno de los medios privados accedió a tal requerimiento, que nunca fue oficial sino una sugerencia, tal como se manejó siempre ese tipo de pedidos.

Fueron los cardenales Juan Carlos Aramburu y Raúl Primatesta los que en la Ciudad del Vaticano comunicaron al papa el negativo impacto que había causado en la opinión pública argentina su viaje al Reino Unido. Y así se decidió su maratónica gira por Buenos Aires. El papa debía llegar a estas tierras y ganarle al rush de la infantería británica.

En esa oportunidad, un grupo de civiles intentó hallar una salida política al atolladero en que estaba metido el gobierno. La preocupación nació en Adolfo Critto, un sociólogo de extracción católica, quien se entrevistó con Lucio García del Solar, el ex embajador de Arturo Illia en las Naciones Unidas, hombre ligado a la élite político-diplomática de Argentina, y le mostró los resultados de una encuesta. Se revelaba allí que ocho de cada diez personas consultadas hubiesen consentido, a pesar del clima triunfal que imperaba en el país, en un retiro de las tropas argentinas de las islas Malvinas para evitar lo que ya se presentía como la «batalla final».

El «Plan Critto», escrito pensando en la llegada del papa, consistía en un llamamiento público de Galtieri de retirada de tropas, explicándole al país la imposibilidad de seguir combatiendo con un enemigo superior en preparación y tecnología. Critto había redactado inclusive un borrador de ese discurso, que señalaba los aspectos positivos: se había luchado por una causa justa, por un ideal (la soberanía); se habían hecho sacrificios, pero al combatir frente a un adversario poderoso, con la asistencia de Estados Unidos, era absolutamente inútil seguir peleando. Lo que se había logrado era muy grande y había que preservarlo en la mesa de negociaciones.

El punto clave consistía en aprovechar que Juan Pablo II estaba aquí para ordenar el retiro de las tropas, mientras el papa le daba un marco de paz y comprensión cristiana a la decisión de traer a los soldados al continente y dar por concluido el conflicto bélico. García del Solar apoyó abiertamente este plan.

Dueño de buenas conexiones, amigo de Costa Méndez y de dirigentes políticos de primer nivel, se puso a trabajar para abrirle a Critto un canal hacia el poder. Éste, por su parte, comenzó a sondear a los políticos, con el criterio de que si la Junta Militar compartía la iniciativa, sería bueno que los partidos también lo recibieran con entusiasmo.

García del Solar se reunió con Raúl Alfonsín. Éste lo escuchó atentamente y dijo que la iniciativa era «importantísima», que había que apoyarla fervientemente. Y cuando el ex embajador le explicaba que una llamada de este tipo tocaría las fibras más íntimas de la gente, a Alfonsín se le llenaron los ojos de lágrimas.

—Discúlpeme, Lucio, pero esto me emociona. Usted no sabe cuánto… —se sinceró el dirigente.

Las consultas se profundizaron en el seno del radicalismo, donde ya se había comenzado a extender, como una mancha de aceite, la certeza de una derrota inminente. Alentados por estos resultados, Critto y García del Solar se reunieron con Costa Méndez, quien los recibió en su despacho de la cancillería, ordenando a su secretario privado que nadie lo molestara.

El canciller le dio gran importancia a la propuesta e inmediatamente llamó al embajador Ros, que acababa de regresar de Estados Unidos, para que participara de la conversación. Ambos coincidieron en que había que llevarle el plan a Galtieri sin demoras.

En una conversación posterior con estos cronistas, García del Solar manifestó que lo había sorprendido la disposición de Costa Méndez frente a la propuesta. Al referirse a esa actitud, el ex canciller, manifestó: «Lo conozco bastante como para saber cuándo toma una cosa en serio y cuándo no.» El ministro puso los papeles en una carpeta y se los llevó a la Casa Rosada.

Un día más tarde, García del Solar llamó telefónicamente a Costa Méndez para averiguar el destino que había tenido aquella sugerencia. El ministro le manifestó que la idea «no había sido mal recibida» y que, por el contrario, Galtieri había demostrado cierta receptividad.

Critto, por su parte, no se quedó quieto. Le acercó el plan a un oficial superior retirado de la Fuerza Aérea —el brigadier Osvaldo Cacciatore, ex intendente de la ciudad de Buenos Aires—, quien había compartido la racionalidad del proyecto, para que se lo entregase a Lami Dozo. De acuerdo con los testimonios recogidos, también el jefe de la aeronáutica se mostró entusiasmado.

—Creo que obtuve más receptividad con Lami Dozo que con Galtieri —le confesó entonces Critto a García del Solar.

Todo naufragó veinticuatro horas más tarde. Costa Méndez fue el encargado de comunicarles que el «proyecto había rebotado». La resistencia la opuso, una vez más, Anaya, aunque se duda que Galtieri estuviera dispuesto a llevarla a cabo.

Es que el jefe naval estaba realmente entusiasmado por el gran golpe de la aviación argentina de Bahía Agradable, sobre los transportes de tropas británicos Sir Galahad y Sir Tristan, con graves pérdidas para los expedicionarios.

Quizá cuando se discutía el plan de Critto-García del Solar, que puede haber estado alentado por la jerarquía eclesiástica, Anaya le recordó a Costa Méndez que «Argentina está ganando y usted quiere negociar…». Galtieri también le dio al desastre de Bahía Agradable una interpretación superior. Pensó que los planes ingleses quedarían postergados por bastante tiempo más y que la batalla por Puerto Argentino se pospondría. Hay indicios serios que subrayan que el alto mando argentino pensaba que hasta el 20 de junio los británicos no estarían en condiciones de volver a embestir contra las defensas de la capital del archipiélago.

Si el «Plan Critto» no funcionó se debió a que el gobierno argentino ya había adoptado una decisión sin retroceso posible. El fantasma de la caída estrepitosa de la administración Galtieri era, naturalmente, la amenaza más seria que consideraban los estrategas del régimen si se pensaba, ahora, en retirar las tropas de las Malvinas.

Pero esa exposición sirve como otro testimonio de la información que por diversas vías conformaba un cuadro de situación grave sobre la marcha del conflicto bélico; la confusión mayor fue creer que los exitosos golpes de mano, con un efecto moral enorme sobre la opinión pública, significaban que la guerra se estaba ganando. En realidad, a esa altura era claro que, salvo imponderables, la derrota llegaría más tarde o más temprano.

Es erróneo pensar, sin embargo, que no hubo intentos de otra negociación. Inclusive se pensó en determinada instancia de la guerra en la posibilidad de un encuentro entre la Thatcher y Galtieri, mano a mano. Aunque parezca una hipótesis desaforada, lo cierto fue que hubo análisis serios y sondeos concretos para llevar a cabo esa cumbre.

Fue el presidente mexicano, José López Portillo, quien se ofreció de puente entre Londres y Buenos Aires, para intentar un acercamiento.

Las relaciones argentino-mexicanas estaban considerablemente deterioradas por la reticencia argentina en entregar el salvoconducto a Juan Manuel Abal Medina, ex secretario general del Movimiento Peronista, a quien los militares acusaban de ser uno de los principales ideólogos de la guerrilla izquierdista, que ellos habían combatido hasta el exterminio. Abal Medina se encontraba en la legación mexicana desde el 24 de marzo de 1976, día del derrocamiento del gobierno constitucional de la viuda de Perón, y cuando se desató la lucha por las Malvinas ya había superado el récord de refugio en una representación extranjera, batiendo inclusive el que había establecido en Lima el legendario Víctor Haya de la Torre.

México fue uno de los países que criticó fuertemente a los militares y acogió en su territorio a miles de asilados que huyeron de la represión en Argentina. Esa circunstancia agravó las tensiones entre Buenos Aires y Ciudad de México. Un episodio nunca aclarado sobre la presunta presencia de un comando argentino, que fue denunciado por uno de sus integrantes que desertó al llegar a territorio mexicano, fue mantenido en sordina por el gobierno de López Portillo, pero siempre fue una amenaza latente de la cancillería de ese país hacerlo público.

Por otra parte, el peso de México en la comunidad latinoamericana es ponderable. Para lograr que este país apoyase sin reticencias la posición argentina sobre las Malvinas, Costa Méndez intentó romper la intransigencia militar sobre el salvoconducto de Abal Medina. Paralelamente, en comunicaciones telefónicas con López Portillo, se fueron delineando las características que tendría la gestión para intentar reunir a Galtieri con Margaret Thatcher.

El lugar elegido fue el de las playas de Cancún, el exclusivo centro turístico mexicano bañado por las aguas del Pacífico.

Abal Medina fue liberado en un operativo relámpago, que pasó inadvertido para casi toda la prensa argentina. Pero nadie puede hoy dar explicaciones fehacientes sobre el fracaso de la gestión de López Portillo.

El propio Galtieri, en el reportaje publicado en Clarín, admitió que se pensó en esa reunión, señalando que los países donde se podría haber realizado la entrevista eran México o Suiza.

Se supone, con buena dosis de razón, que pueden haber ocurrido dos cosas:

Que Margaret Thatcher haya rechazado de plano la gestión mexicana, algo absolutamente plausible;

Que López Portillo no haya continuado con su intento, al comprobar que éste era inútil.

También hay que consignar que estas gestiones no estaban avaladas por todos los integrantes de la junta. Fueron aprestos individuales de miembros del gobierno, que se estrellaron posteriormente contra la intransigencia de cualquiera de los tres comandantes.

Todos esos antecedentes desfilaron rápidamente, como una película sin final, por la agotada mente de Galtieri. Cuando se levantó el 15 de junio, se dispuso a continuar con la única posibilidad que tenía: dar una patada en el tablero militar, dividir el país en «traidores» y «leales» e insinuar un vuelco político populista. Ya era tarde.

Esa mañana la plaza de Mayo se fue poblando lentamente. Los hombres que acudieron al lugar habían leído los titulares de los diarios de la mañana que consignaban con tipografía tamaño «catástrofe» que cuatro generales y once mil hombres estaban en manos de los británicos; que la bandera argentina había sido arriada luego de la capitulación de Menéndez y que todo había terminado.

Los gritos fueron: «¡Cobardes!», «¡Queremos fusiles!», «¡No se rindan!» Nadie contestaba desde los solitarios balcones de la Casa Rosada. La violencia estaba a flor de piel.

Alarmado por esa circunstancia, el intendente metropolitano Guillermo Del Cioppo se comunicó telefónicamente con el coronel Menéndez, advirtiendo sobre lo que podía ocurrir si la policía desataba la represión. La apreciación del subsecretario del Interior fue coincidente y habló con el jefe de la Policía Federal para transmitirle idéntica solicitud. Ya era tarde: los gases y los palos se distribuían, a esa hora, sin distingos frente a la Casa de Gobierno.

De pronto, por las emisoras controladas por el Estado se comenzó a difundir una convocatoria a concurrir a la tarde al mismo lugar, para escuchar un discurso de Galtieri.

Éste estaba prácticamente desbordado. El almirante Moya, y en menor medida el general Iglesias, lo sostenían moralmente y lo alentaban a seguir adelante.

La Fuerza Aérea y la Armada, cada uno por su parte, salieron al cruce de ese llamado y lo desautorizaron abiertamente. El gobierno ya crujía en su caída.

El canciller Costa Méndez creyó conveniente que el gabinete renunciara en pleno: había que ofrecer algunas cabezas para lograr una mínima descompresión política. Se reunió con el ministro del Interior, quien coincidió con su colega. Sin embargo, llegada la hora de poner las cartas sobre la mesa, el general Saint Jean no dimitió, amparándose en el discutible criterio de que él era un militar en actividad y debía cumplir órdenes de su superior.

Costa Méndez y Sergio Martini, ministro de Obras Públicas, renunciaron verbalmente ante Galtieri: éste rechazó las dimisiones. Sin embargo, el canciller insistió ante el gabinete en pleno instándolo a adoptar una actitud de renunciamiento colectivo. Lo acompañaron Martini y Roberto Alemann, titulares de Obras Públicas y de Economía, respectivamente. El resto del equipo ministerial mantuvo silencio, casi el mismo silencio que habían mantenido algunos personajes cuando se debatió la suerte del presidente Viola. En ambas ocasiones hubo ministros que miraron al techo.

A esa altura, una sorda lucha se desarrollaba entre el pequeño grupo que acompañaba a Galtieri y el ministro del Interior y el subsecretario Menéndez, que pugnaron por evitar que el presidente hablara. La confusión creció hora tras hora: Galtieri, presionado, intentó evitar la concentración en la plaza de Mayo. Fue su única concesión. Hablaría al país de acuerdo con el texto que le habían preparado Moya e Iglesias.

La gente marchaba hacia la plaza de Mayo contra toda esperanza. Eran enormes el dolor y la defraudación que se despeñaban aquella jornada sobre los argentinos que lealmente participaron del esfuerzo y creído en cuanto se decía de lo que ocurría en las Malvinas. Marchaban, una vez más, para que alguien les explicara esta decepción mayúscula que los desorientaba por completo. Nadie salió al balcón de la Casa Rosada. Hubo una insólita acción policial que desencadenó un pandemónium. La represión, otra vez, fue cruel y dura.

Cuando los gases lacrimógenos todavía flotaban sobre el centro de Buenos Aires, Galtieri se asomó al televisor para dar su versión de la capitulación. El todavía presidente bramó:

—No habrá lugar para la especulación ni el engaño. El ocio será una estafa. El aprovechamiento de la situación, una injuria a la sangre de los que combatieron, y el derrotismo será una traición.

Su mensaje fue claro: nadie podría poner en duda lo actuado por el alto mando militar en la guerra. Eso sería una traición.

Al concluir su arenga, Galtieri fue hasta el octavo piso del Comando en Jefe del Ejército. La máxima jerarquía de su arma lo esperaba, con ánimo guerrero. Allí estaban José Vaquero, jefe del Estado Mayor General; Cristino Nicolaides, jefe del Cuerpo I (su décima brigada había combatido en las Malvinas); Juan Carlos Trimarco, jefe del Cuerpo II; Eugenio Guañabens Perelló, titular del III; Llamil Reston, del IV; Osvaldo García, del V; Horacio Varela Ortiz, titular de Fabricaciones Militares; Luis Martella, jefe de la Policía Federal; Edgardo Calvi, comandante de Institutos Militares, y Saint Jean.

La reunión fue tormentosa. Los mandos estaban directamente alzados contra Galtieri. El primero en encabezar la embestida contra el tambaleante comandante en jefe fue el general Calvi, quien le reclamó agriamente por no haber sido consultado sobre la oportunidad del desembarco en las islas, ni cuando estaban abiertas aún las vías de la negociación, sobre todo durante la gestión de Alexander Haig.

El contraataque de Galtieri fue previsible: no hubo consultas a los mandos de ninguna de las tres fuerzas porque era una operación cuyo éxito dependía del secreto.

Calvi rebatió esos argumentos, sosteniendo que razonablemente una guerra no podían decidirla en secreto los tres comandantes. Galtieri volvió a la carga, señalando que durante el conflicto Calvi prefirió mantener la boca cerrada durante las reuniones de generales que se hicieron entonces.

En apoyo del jefe de Institutos Militares concurrieron los generales Reston y Varela Ortiz. El primero, defensor a ultranza de Estados Unidos, promovió luego de la guerra el retiro del general Ricardo Flouret, ya que éste se atrevió a cuestionarlo en una reunión de camaradería sobre este punto. Para Reston, el mundo está dividido desde Yalta y Potsdam en áreas de hegemonía de las dos superpotencias y quien se atreva a discutir esa premisa paga por ello. Eso fue lo que le pasó a Argentina, según la lógica de Reston.

Galtieri se enfureció por este ataque de Reston, Varela Ortiz y Calvi. Planteó que la guerra se perdió básicamente por «la traición de Washington» y recordó los «servicios» prestados por el ejército argentino a la estrategia norteamericana en América Central.

Reston apeló a su muletilla:

—Yalta existe, mi general —añadió—: No podemos enfrentar a la primera potencia de Occidente.

Galtieri quiso detener abruptamente esta discusión:

—Bueno, señores, yo soy el comandante. El que no esté de acuerdo, ya sabe lo que tiene que hacer.

La alusión era clara: Calvi, Reston y Varela Ortiz debían solicitar el pase a retiro del ejército.

Calvi, fuera de sí, lo pidió verbalmente de inmediato. Reston y Varela Ortiz lo imitaron rápidamente.

El clima era cada vez más tenso. Galtieri decidió dar por concluido el cónclave, y descendió hasta el tercer piso, donde está la oficina del comandante. Su segundo, el general Vaquero, se quedó un tiempo más con los generales, intentando enfriar los ánimos. Cuando consideró que la situación estaba controlada, fue a ver a Galtieri. Su objetivo era también calmarlo, volver las cosas a un plano racional.

Lo recibió en seguida. Seguía enfurecido. Asestando un golpe sobre su escritorio, reveló su plan:

—Voy a reorganizar profundamente los mandos. Pasaré a retiro a Calvi, Reston y Varela Ortiz, y a cualquiera que los acompañe.

Mientras Vaquero trataba delicadamente de sedar el temperamento meridional de Galtieri, el ayudante del comandante le anunció que los tres generales que lo habían enfrentado en la reunión querían hablar con él.

Vaquero salió del despacho y se fue a mantener una reunión con los generales del Estado Mayor, que también deliberaban. Galtieri, por su parte, recibió a los díscolos. Su recuerdo de esa reunión forma parte de la vorágine de esas horas.

—Los recibí por orden de antigüedad. El primero fue Reston. Entró diciendo: «¿Me invita a un whisky?» En la conversación, tanto él como los otros luego, me dijo que la discusión era el resultado de los nervios que vivían, que no había que darle mayor trascendencia. Yo respondí que era posible, que todos estábamos cansados por el esfuerzo que realizábamos. Acordé con los tres que nos olvidaríamos del pase a retiro. Sin embargo, yo me pregunté: ¿Cómo harán mañana para presentarse otra vez frente a todos los generales?

Pero el asedio contra el comandante-presidente no cedería esa noche del 15 de junio. Apenas salió el último de los generales, la voz metálica de Vaquero apareció por el intercomunicador de Galtieri: estaba con los generales del Estado Mayor, que querían discutir la situación con él.

Quizá en ese momento percibió que su oportunidad llegaba. Si conseguía convencerlos, tendría una buena base militar para avanzar en la reestructuración del alto mando militar. Pensó, con cierta lógica, que los integrantes del Estado Mayor, que de una manera u otra habían tenido participación en el conflicto bélico, no discreparían con su enfoque.

Fue otra decepción. Cuando entró en el lugar de la reunión se encontró con los generales Wehner, subjefe del Estado Mayor; Podestá, jefe de Personal; Sotera, de Inteligencia; Meli, jefe de Operaciones; Espósito, de Logística, y Philips, de Movilización. Habían desarrollado una postura, fuertemente crítica, de todo lo actuado por la conducción del ejército durante la guerra.

Acusaban a Galtieri de no haberlos consultado sobre la decisión de desembarcar en las Malvinas; de no haber negociado seriamente, cuando intervino Estados Unidos, incluyendo en sus duras críticas la actuación del canciller Nicanor Costa Méndez; haber establecido vínculos con países que ayudaron a la guerrilla en Argentina, tales como Libia y Cuba; fustigaron la decisión de convocar al pueblo en la plaza de Mayo y de haber incluido en su discurso el término de «traidores a la patria» a quienes discrepen con lo ocurrido en las islas.

La presión directa fue conseguir un arreglo a toda costa con Estados Unidos.

Galtieri lo relató de esta manera:

—La reunión se inició a la una de la madrugada y terminó a las tres y media. Al poco rato empezó una serie de planteos sobre los apoyos que estábamos recibiendo de países o mandatarios que, directa o indirectamente, habían ayudado a la subversión (Cuba y Libia, por ejemplo).

El comandante insistió en su posición: Estados Unidos había colaborado abiertamente con los ingleses en la guerra. ¿Cómo los generales de un ejército que había sido derrotado le reclamaban ahora un acuerdo con el principal aliado del país que había triunfado?

El momento más fuerte fue un enfrentamiento verbal entre Galtieri y Espósito, que tenían una relación personal excelente, tanto que luego el comandante comentaría que una de las cosas que más le dolió fue la actitud que asumió este oficial.

—Vea, Espósito. Usted me está haciendo apreciaciones dignas de un subteniente —dijo Galtieri.

—Sepa que está usted hablando con un general de la nación —replicó Espósito.

Al ver el cariz que tomaban los acontecimientos, Galtieri procuró amarrar el resto de su poder y propuso a los generales de brigada: «Para continuar en el mando yo necesito el respaldo expreso de la fuerza. A mi juicio hay que tomar medidas trascendentales y eso requiere el consenso de los mandos.» El mensaje era transparente: si el escalón inferior lo aguantaba, él descabezaría la cúpula. Sus interlocutores serían la nueva conducción del ejército.

Mientras Galtieri dormía en la Casa Rosada, los dirigentes políticos y algunos militares retirados continuaban deliberando. Era obvio que estaba herido de muerte: había que pensar en cómo reemplazarlo.

Un papel importante entre los generales retirados lo cumplió el ex presidente Viola, que vio ante sí la posibilidad concreta de tomarse la venganza con Galtieri. En realidad, desde antes de la caída de Puerto Argentino se estaba elaborando un plan con la hipótesis de que el gobierno se hundiría por este conflicto bélico.

Había proyectos civiles y militares. El civil tenía varias puntas. Fue Raúl Alfonsín, desde el radicalismo, quien dio el primer envión al plan: el gobierno debería ser asumido por un político indiscutido (propuso al ex presidente Arturo Illia), en un gobierno de transición y unidad nacional, que cumpliera las tareas imprescindibles para la democratización. Se comenzó entonces a hacer un símil con la situación que se vivió en Grecia, cuando el ocaso del régimen de los coroneles.

Illia sería el «Karamanlis» de Argentina, para reemplazar —como en Grecia— a la Junta Militar.

Pero la actitud de Alfonsín se basaba, fundamentalmente, en la certeza de que la aventura concluiría mal. En ese caso, había que desplegar una fuerte acción política para lograr una salida democrática al atolladero en que se habían metido los militares.

Paralelamente, como ya se dijo, Galtieri no abandonaría hasta el final sus sueños de convertirse en líder popular.

Una discusión que al promediar el conflicto mantuvo el coronel Menéndez con Ricardo Yofre, quien desplegó una intensa actividad entre los dirigentes partidarios en esa época, es ilustrativa.

El fuerte cambio de palabras se produjo por la intransigencia del militar frente al punto de vista de los políticos sobre la marcha del conflicto bélico.

—Esto va a ser un desastre —dijo Yofre.

—No estoy de acuerdo, doctor —replicó Menéndez.

—Ustedes siguen cuestionando a Alfonsín (Luis) León o Saadi. Yo le recuerdo que ellos seguirán existiendo, y acaso alguno sea presidente, mientras que ustedes pasarán a retiro —pronosticó Yofre.

—El problema es de diferente enfoque, doctor —eludió el militar.

—Mire, Menéndez. Ustedes van a ser juzgados como en Grecia fueron juzgados Ionnidis, Papadópoulos y otros. Como en Grecia, la pena de fusilamiento será cambiada por la de cadena perpetua. Nos van a meter en un desastre y, a diferencia de Grecia, aquí no tenemos un Karamanlis que asuma el gobierno luego de ese desastre.

—No crea que no pensé en lo que ocurrió en Grecia —respondió apabullado el subsecretario del Interior.

—Yo creo que ustedes se lanzaron a esto por dos razones: necesitaban espacio político, y de tener éxito, lo proyectarían a Galtieri como un líder nacional.

—Usted tiene algo de razón en eso —concedió el militar.

Pero ahora la situación era gravísima para Galtieri. Cuestionado por sus mandos, impedido de lograr un ilusorio contacto con el pueblo en la plaza de Mayo, que sin duda hubiera reaccionado si osaba aparecer en los balcones, siguió jugando sus cartas. Pero su chance de seguir al frente de la Casa Rosada era mínima.

En la mañana del 16 de junio, el ministro Saint Jean recibió a los políticos. Pero los partidos más importantes —el peronismo y el radicalismo, así como sus socios en la coincidencia «multipartidaria», democristianos, desarrollistas e intransigentes— faltaron a la cita. Era imprescindible que éstos fueran para que las posibilidades de Galtieri tuvieran un hálito de vida.

Saint Jean salió como pudo de la encrucijada. Les prometió a quienes concurrieron al Ministerio del Interior que la reunión se postergaría hasta el otro día: había obtenido la promesa de Deolindo Bittel, jefe del justicialismo, y de Carlos Contín, de la Unión Cívica Radical, que no faltarían a la cita. También Arturo Frondizi, del Movimiento de Integración y Desarrollo, había dado su palabra.

Se desarrolló así un fuerte juego de presiones para que estos dirigentes no asistieran a la reunión en la Casa Rosada. Sobre los radicales confluyeron varios militares retirados. En una reunión realizada en la residencia del ex diputado Ricardo Natale, a la que asistieron Contín, Facundo Suárez y Horacio Hueyo, los generales Reynaldo Bignone, Domingo Bussi y Adán Alonso, todos retirados por Galtieri, instaron a los políticos a no concurrir al diálogo con el gobierno.

Plantearon que era necesario un «gobierno fuerte, con una personalidad sólida al frente, con la totalidad de los ministros militares».

No consiguieron torcer la decisión de Contín. Sin embargo, Rogelio Frigerio, influyente dirigente del desarrollismo, había logrado que Frondizi cambiara de actitud: el MID no acudiría a la Casa Rosada.

Similar tarea cumplieron Antonio Cafiero, en el peronismo, logrando que Bittel desistiera, y Antonio Tróccoli en el radicalismo, influyendo para que Contín diera marcha atrás en su inicial propensión a dialogar con el gobierno.

En el estudio jurídico de Tróccoli, ubicado en las cercanías del palacio de Tribunales, se dieron cita los representantes de las cinco agrupaciones de la Multipartidaria: decidieron no concurrir el 17, con lo que dieron al gobierno de Galtieri otro empujón más hacia el abismo.

Pero el presidente todavía quería dar batalla. Ordenó al general Vaquero que solicitara a los generales de división y de brigada su opinión sobre si contaba con el apoyo del ejército. Tal era el irrealismo de Galtieri que le dio siete días de plazo para contestar, cuando en realidad no le quedaba más que un puñado de horas en el poder.

Todo comenzó a precipitarse. En la madrugada del jueves 17 de junio, Galtieri le pidió a Vaquero que asistiera, en su representación, a una reunión de la Junta Militar. Vaquero aceptó a regañadientes: sabía que estaba tratando con un muerto político. ¿Ese día empezó a intuir Galtieri que su fin estaba próximo? La frase que le susurró al oído al general Iglesias puede ser tomada como un síntoma de cómo estaban las cosas en la mente del presidente:

—Huelo muy mal todo esto.

Tenía razón en esta oportunidad. Vaquero decidió terminar con la comedia; por su cuenta, suspendió la reunión de la Junta Militar, convocó a los generales de división y discutió con ellos una salida a la crisis. Era, lisa y llanamente, un alzamiento contra una orden superior.

Rostros serios y palabras terminantes menudearon en esa reunión. Salvo Osvaldo García y Eugenio Perelló, que se encontraban en sus destinos en el interior del país, hubo una coincidencia casi unánime: era necesario remover a Galtieri y quitarle el derecho a designar su sucesor en el ejército. Sólo Saint Jean intentó defender a su comandante.

Mientras se dirigía a Campo de Mayo —residencia habitual de Galtieri—, Vaquero buscaba la forma certera de comunicarle a su superior que ya no era presidente, ni siquiera comandante en jefe del ejército. Galtieri estaba durmiendo y, somnoliento aún, recibió a Vaquero sentado en su cama. Las frases de éste resonaron pesadamente en la habitación y llegaron hasta un Galtieri capaz todavía de uno de sus arranques furiosos, emocionales.

—Quiero que se convoque a todos los generales y se discuta la situación ahora mismo.

—Ya es tarde, no tiene sentido, Leopoldo. —El tono de Vaquero era casi paternal. Pero el presidente percibió el trasfondo amenazador y admitió la derrota. Una profunda depresión lo invadió y sólo atinó a mencionar aspectos formales: la entrega personal del Comando del Ejército y la presidencia a su reemplazante interino, el general Saint Jean.

—Por supuesto que sí, Leopoldo. —La comprensión y la lástima se mezclaban en la concesión de Vaquero. «Después de todo —pensó—, a los condenados se les concede un último deseo.»

Galtieri ya no tenía opciones ni voluntad de lucha. Él mismo lo confesó en el revelador reportaje publicado en Clarín: «Ante esos acontecimientos [los intentos de derrocarlo] yo tenía dos alternativas. Una, aceptar el pedido de renuncia e irme, como lo hice. Otra, provocar el descabezamiento de la cúpula del ejército a través de algunos llamados a los generales de brigada que me respondían con mando y “fierros” [las unidades con poder de fuego]. No lo hice porque temí desatar una convulsión.»

La parábola se había cumplido. Aquel hombre que alguna vez declaró que la «política no era para él» y que luego llegó a considerarse a sí mismo como el líder que esperaban los argentinos y «el niño mimado de los norteamericanos», quedó solo frente a su propia conciencia. Era un hombre que había escuchado por un momento la cautivante y apasionada música del pueblo en la plaza de Mayo y se había ilusionado con ella vanamente. Como una cíclica maldición de la historia contra los soberbios, hasta sus más grandes amigos militares que le prometieron todo, lo dejaron solo.

Anaya, el intransigente jefe naval, cuya miopía frustró varias oportunidades propicias para una negociación, también pasó a retiro.

Lami Dozo, que había titubeado con su disidencia en algunas instancias decisivas del conflicto y que nunca pudo ni supo imponer su criterio, volvió a incurrir en ese error: supuso que el valor y el protagonismo de los aviadores en la lucha le podían servir como una efectiva plataforma para su despegue político. Ni eso le sirvió para salvarse del rechazo y el hastío de toda una nación.

Los tres jefes militares de la guerra vieron cómo la efímera gloria se perdía junto con aquellas lejanas y frías islas australes. Supieron, al fin, que en la historia no hay piedad y entonces se entregaron mansamente para ser devorados por ella.

OSCAR RAÚL CARDOSO, trabajando para el diario Clarín cubrió las guerras civiles en América Central en los años 70, el conflicto del Golfo Pérsico en 1991, el colapso de la Unión Soviética en el mismo año y las guerras de desmembramiento de la ex Yugoslavia. También tuvo a su cargo la cobertura diplomática de la contienda argentina con el Reino Unido por las Islas Malvinas, en 1982. Firmaba regularmente la columna de opinión internacional del diario, fue columnista político de Telefé Noticias y de distintos ciclos en las radios Rock & Pop, Del Plata, Nacional y La Red. Murió en julio de 2009.

RICARDO KIRSCHBAUM, ingresó al diario Clarín en 1976 y desempeñó los cargos de redactor, jefe y editor de política nacional. Fue el principal columnista político del matutino. En 1991 fue designado subdirector periodístico y desde 2003 ocupa el puesto de Editor General. Antes de Clarín pasó por El Cronista Comercial y fue corresponsal de los diarios Jornal do Brasil, Jornal de Brasilia y El Independiente de Madrid. En 1984 ganó, junto a Oscar Raúl Cardoso y Eduardo van der Kooy, el Premio Ortega y Gasset, otorgado por el diario El País (Madrid), por la investigación de Malvinas, la trama secreta. Es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo y del Foro de Editores de la Asociación Mundial de Periódicos, y vicepresidente de Global Editors Network (GEN).

EDUARDO VAN DER KOOY, se incorporó a la actividad periodística en 1971, en los diarios Mayoría y El Cronista Comercial. Hace treinta años que ejerce el periodismo político en Clarín y desde 1990 está a cargo de la columna dominical. Expuso en 2002 en Washington sobre los orígenes de la crisis de 2001. Su trabajo fue publicado por la Universidad de Maryland. Ese mismo año recibió el premio Santa Clara de Asís a la trayectoria periodística. Durante veintitrés años (1982-2005) fue el corresponsal en la Argentina del diario La Vanguardia de Barcelona. Actualmente conduce junto a Julio Blanck el programa Código político, por la señal de cable TN.

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ÓSCAR RAÚL CARDOSO es columnista político de la agencia de Noticias Argentinas y corresponsal diplomático del diario Clarín de Buenos Aires. Trabajó anteriormente en las redacciones del diario La Opinión y de la agencia de noticias TELAM. Fue secretario de redacción de la sección “Internacionales” del diario La Voz. Realizó reportajes en Estados Unidos, España, Francia, Italia, la India, Irak, Siria, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y América Central. Durante la guerra del Atlántico estuvo en las islas Malvinas. Es coautor de Sindicalismo: el poder y la crisis (Buenos Aires, 1982). Tiene treinta y cinco años.

RICARDO KIRSCHBAUM es editor de la sección de política nacional del diario Clarín de Buenos Aires. Fue anteriormente jefe de la sección “Parlamento” de El Cronista Comercial. Realizó reportajes en Estados Unidos, España, Alemania Federal, República Popular de China, Japón, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Estuvo en las islas Malvinas en 1977. Tiene treinta y seis años.

EDUARDO VAN DER KOOY es editor adjunto de la sección política del diario Clarín de Buenos Aires y corresponsal en la Argentina del diario La Vanguardia de Barcelona, donde firma con el seudónimo de Santiago Palacios. Trabajó anteriormente en las redacciones de los diarios Mayoría, El Cronista Comercial y de la agencia de noticias TELAM. Realizó reportajes en Estados Unidos, Italia, España, Japón, Suecia, México, Brasil, Uruguay y Paraguay. Estuvo en las islas Malvinas en 1979. Tiene treinta y tres años.

Por su libro Malvinas: la trama secreta obtuvieron el I Premio de Periodismo Ortega y Gasset 1984, concedido por el diario El País, y el Premio Radio Neederland y Ciespal 1984 al mejor testimonio.