Gabriel Sued

Los secretos del Congreso

Con la colaboración de Carolina Ramos

Ediciones B

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A Mari. Por caminar conmigo y mejorarme.

Introducción

El cuello del saco dado vuelta, el cansancio acumulado en los pómulos sobresalientes, el diputado Daniel Lipovetzky entró como una tromba en el Salón de los Pasos Perdidos. Acababa de llamar por teléfono al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, minutos después de las 6 de la mañana. Fue un intento desesperado por convencerlo de que la Casa Rosada debía intervenir para salvar el proyecto de legalización del aborto, que a esa hora naufragaba.

—La gente no se puede ir con las manos vacías —argumentó, para volcar a su favor a la multitud que rodeaba el Congreso desde la tarde, a la espera de la votación.

—Tengo las manos atadas. No puedo hacer nada, Daniel —le respondió el funcionario en el último contacto, una hora atrás.

Después dejó de atenderle el teléfono. Lo mismo había hecho más temprano el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

—¿Qué pasó? ¿Qué dicen en el Gobierno? —interceptó al diputado uno de los periodistas acreditados, al tanto de las gestiones con el Poder Ejecutivo. Justo debajo de Los constituyentes del 53, el óleo gigante ubicado en uno de los extremos del salón, Lipovetzky se sacó la bronca:

—¡Son unos pelotudos! ¡Nos dejaron solos y se fueron a dormir! ¡El Gobierno se fue a dormir!

Para un periodista que disfruta de la política, ser acreditado en el Congreso es como vivir en un parque de diversiones. Permite presenciar acontecimientos históricos en contacto permanente con los protagonistas; aprender los detalles del proceso legislativo y descubrir las trampas para sortear el reglamento; entender las dinámicas y las lógicas del poder, más allá de lo que dicen los libros de educación cívica; conocer los secretos que se cuentan a puertas cerradas; asomar la cabeza a los entretelones de la historia.

Este libro es el resultado de un esfuerzo por radiografiar, con honestidad y compromiso con el lector, un lugar inigualable del sistema político argentino. No es exagerado. El Congreso es el único ámbito donde la disputa política, en el sentido más elevado del término, discurre en vivo y en directo; donde oficialistas y opositores practican la esgrima verbal y, de cara a la sociedad, postulan modelos de país antagónicos. Las peleas suelen incluir enojos, insultos y, en algunos casos, trompadas limpias. En ese teatro de la política, los acreditados tenemos reservada la primera fila.

Muchas otras batallas se libran entre bambalinas, lejos del escrutinio público. En el Palacio se pelea con la misma intensidad por la presidencia de una comisión y por la aprobación de un contrato para un asesor; por un artículo de una ley y por la asignación de un despacho; por la agenda de una sesión y por la autorización de viáticos para visitar un país lejano. Como el diablo, el poder está en los detalles.

Para envidia de las series de Netflix, la acción de este libro transcurre en un palacio centenario, una joya arquitectónica de principios del siglo XX que guarda una obra de arte y una historia en cada rincón. El edificio mismo quedó envuelto en un escándalo de corrupción poco tiempo después de su inauguración, en 1906, y el ingeniero que lo construyó murió de manera trágica, sin ver su obra terminada. ¿Un augurio de lo que vendría después? A las cuatro de la tarde del 23 de julio de 1935, el senador Enzo Bordabehere fue asesinado de tres tiros, en plena sesión. Casi a la misma hora, cincuenta y siete años después, Juan Kenan, asesor del diputado Julio Samid, se convirtió en “diputrucho” al usurpar una banca por unos segundos, dar quórum y facilitar la privatización de Gas del Estado, en el gobierno de Carlos Menem. Ocho años más tarde, el Palacio fue escenario del escándalo de los sobornos en el Senado, antesala del que “se vayan todos” y la rebelión popular que, en 2001, terminó con la caída de Fernando de la Rúa. En la semana siguiente, asumieron en ese lugar cuatro presidentes, en un proceso que, aunque caótico, salvó el sistema institucional y la democracia.

El Congreso también es inigualable porque, en simultáneo a las inquinas partidarias y las peleas cotidianas, es el único lugar de la política nacional donde el poder se comparte. Por encima de las fronteras ideológicas, diputados y senadores conviven. Participan de un juego con reglas propias y ocultas. Intercambian favores. Cooperan. Comparten intereses y secretos. Forman, con excepciones, parte de la misma corporación.

Así se explica la duplicación de la cantidad de comisiones y de cargos desde el retorno de la democracia; la creación de cuerpos de trabajo con presupuesto millonario y actividad nula; la falta de control de buena parte de los gastos; el ocultamiento de datos; la contratación de empresas a pedido; el incremento del 50 por ciento del número de empleados durante los últimos veinte años. Un adelanto de lo que quedará demostrado en las páginas de este libro: el Congreso es también un paraíso de nepotismo y una fuente de financiamiento ilegal de la política, sin distinción de partidos.

Este libro no es, sin embargo, un texto de denuncia. Es un intento por entender y explicar antes que por corroborar prejuicios y denunciar. Está tan lejos de la justificación del contubernio como del odio de la antipolítica. Está escrito por alguien que disfruta de la política y que reivindica su autonomía. Esto es, una actividad con reglas propias, distintas a las del derecho y la moral; una práctica donde las líneas divisorias son más complejas que aquellas que separan lo legal de lo ilegal y a los buenos de los malos.

En este libro la rosca política no es mala palabra y, en algunos casos, hasta se considera jugada maestra. Este texto es un pase VIP para recorrer los pasillos del Palacio, aprender su idioma y descifrar sus reglas. Para entender lo que pasa en las oficinas de la institución más importante de la república y, a la vez, una de las más desprestigiadas.

Con información precisa y datos contrastables, este libro responde a preguntas siempre presentes en las oleadas de indignación popular: ¿Cuánto trabaja un legislador? ¿Cuánto le pagan? ¿Cuántos empleados tiene a su disposición? ¿De qué privilegios dispone por su cargo? Con soporte académico también intenta establecerse cuánto poder real tiene hoy el Congreso.

Otros interrogantes guían el recorrido: ¿Qué artículos del reglamento se violan a diario? ¿Quiénes no hablaron nunca en el recinto ni presentaron un proyecto de ley? ¿Cómo son las sesiones que terminan de madrugada, en las que pueden aprobarse cien leyes en cinco minutos? ¿En qué consisten las negociaciones secretas para conseguir el quórum? ¿Qué puede ofrecer un presidente de cámara o un jefe de bloque para torcer el voto de un legislador? En definitiva, ¿cuál es la moneda de cambio en el Congreso? Un adelanto más: hasta la marca del agua mineral que toman los diputados en las sesiones puede ser parte de los acuerdos para construir una mayoría.

A partir de la reconstrucción de hechos reales, las páginas de este libro también desnudan los intereses en juego detrás de algunos de los debates más trascendentales de los últimos años, como la reforma del sistema previsional y la legalización del aborto. El primero, una discusión donde el gobierno de Mauricio Macri tejió acuerdos políticos y descargó todo su poder de disciplinamiento, en medio de enfrentamientos violentos en los que se fundieron las calles y el recinto. El segundo, un momento en que el Congreso cobró vida, abrió sus puertas, involucró a la sociedad, y mostró lo peor y lo mejor de diputados y senadores.

Con lujo de detalles, este libro cuenta además una batalla cíclica: la que libran cada dos años diputados y senadores por quedarse con los mejores despachos del Palacio y sus edificios anexos. Como la disputa que se dio en el verano de 2016 por la conquista del tercer piso de la Cámara de Diputados, cuando Cambiemos lanzó una ofensiva simbólica para quedarse con las oficinas de un territorio que históricamente le perteneció al peronismo. O como la que se produjo en diciembre de 2017, cuando Cristina Kirchner pulseó con el radical Eduardo Costa para quedarse con el despacho más grande del Senado.

Es también un retrato íntimo de sus protagonistas: los legisladores. El foco se posará en las dos figuras más destacadas de los últimos treinta años: Miguel Ángel Pichetto y Elisa Lilita Carrió. Dos caras muy distintas de la misma moneda. Un senador con dieciocho años de permanencia ininterrumpida en el Senado y veintiséis en el Congreso, que hizo del Palacio su territorio político. Una diputada con veinticuatro años de trayectoria legislativa, que construyó su poder mirando hacia afuera. Un senador que rinde culto al verticalismo y la disciplina partidaria. Una diputada que nunca tuvo jefe y que disfruta de nadar contra la corriente. Un dirigente que siempre fue oficialista, incluso cuando fue opositor. Una dirigente que siempre fue opositora, también cuando integró el oficialismo. Dos dirigentes que pelearon por dejar de ser lo que son, por abandonar el Congreso y consagrarse en un cargo ejecutivo. Dos políticos feroces. Dos mentes brillantes.

Sin haber ocupado nunca una banca, un tercer personaje les hace sombra. Lleva en su cargo quince años ininterrumpidos y ejerce un poder inigualable. Se llama Norberto Tano Di Próspero y encabeza la Asociación del Personal Legislativo (APL), el sindicato con más afiliados en el Congreso. Hijo de un dirigente ferroviario y exconcejal de Tres de Febrero, Di Próspero empezó como empleado de la Biblioteca y, a fuerza de presiones y una notable muñeca política, construyó un entramado de relaciones y de intereses que le permitieron controlar la estratégica obra social y mantener su poder en el gremio, incluso tras la caída del kirchnerismo.

El Palacio es a la vez el lugar de trabajo de miles de empleados anónimos, actores de reparto y testigos privilegiados. El lector podrá conocer las dos peluquerías que funcionan en el Senado y las reglas de etiqueta que deben cumplir los trabajadores del exclusivo restaurante para senadores. En comparación con Diputados, en el Senado todo tiene aire de distinguido, como si hubiera una diferencia de clase entre las dos cámaras. La mejor definición la dio un diputado, que va por su quinto mandato: “Diputados es la Bristol y el Senado, un spa”.

La recorrida incluye una visita guiada a la imponente cúpula verde cobre, que alcanza los ochenta metros de altura y tiñe de insignificancia al resto del edificio. No hay que confundirse: la estructura, de treinta mil toneladas, no podría sostenerse sin la contracúpula de granito, ubicada en los oscuros subsuelos del Palacio. Toda una metáfora del Congreso, un lugar donde el poder no se preserva con ornamentos, sino con bases sólidas y en general invisibles.

Capítulo 1

Un imperio en miniatura¹

El 1 de marzo de 2018, en el recinto de la Cámara de Diputados, se desencadenó una rebelión. Con todas las miradas puestas en el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa, la revuelta pasó inadvertida, incluso para los periodistas parlamentarios que seguían el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Minutos antes de que Mauricio Macri exigiera desde el estrado redoblar los esfuerzos para alcanzar el equilibrio fiscal, referentes del oficialismo y de la oposición intercambiaron llamadas, conversaron en los pasillos e hicieron correr la voz entre las bancas, en uno y otro extremo del recinto. De regreso de sus vacaciones, peronistas y radicales estaban furiosos por igual con el presidente de la cámara, Emilio Monzó. El motivo: los cambios que había hecho durante el verano para limitar el reparto de pasajes entre los legisladores y restringir el canje de los tickets por dinero en efectivo.

Ese mismo día, Pablo Kosiner, Agustín Rossi, y Mario Negri, jefes de las tres bancadas principales, llevaron el reclamo, que subía como lava desde las bases, hasta las oficinas de la presidencia. Le reprocharon a Monzó haber impuesto “un ajuste”, sin tener en cuenta el destino que se les daba a esos pasajes. Era un paquete de veinte tickets de avión y veinte de ómnibus, que todos los meses podían usar para viajar dentro del país, transferir a terceros o cambiar por plata. La bronca escaló cuando los diputados se enteraron de que la reforma no sería replicada en el Senado, donde la vicepresidenta Gabriela Michetti había decidido sostener el sistema de reparto discrecional y canje.

Ante la presión de sus pares, Monzó dio marcha atrás, solo veinticuatro horas después. Pero el escándalo tendría un nuevo capítulo, unas semanas más tarde, cuando se conocieron los montos que habían percibido los diputados por los canjes del año anterior. Encabezaban la lista Lilita Carrió, de la Coalición Cívica (CC), y Alberto Roberti, del Bloque Justicialista. En diciembre de 2017 habían solicitado la liquidación de todo el dinero en efectivo, unos 355.000 pesos, el equivalente al 40 por ciento de sus ingresos durante ese año, según publicó Infobae. El portal accedió al listado completo gracias a un pedido de acceso a la información de la Fundación Directorio Legislativo, una de las ONG que en 2015 obtuvieron un fallo favorable de la Justicia para que el Congreso publicara datos que permanecían ocultos, como el detalle del reparto de becas escolares y subsidios, y la nómina de empleados de cada cámara.

Como pasa cada tanto, el Congreso monopolizó la agenda política de los medios durante semanas y los legisladores quedaron en una tormenta de indignación. Con el correr de los días, emergió una cuestión que irrita a buena parte de la opinión pública, y que diputados y senadores, sin distinción de partidos, se esfuerzan por mantener bajo tierra: el manejo de recursos en el Poder Legislativo. Es una polémica cíclica que se nutre de un sentimiento extendido de rechazo a la política y que tiene como telón de fondo un problema irresuelto en la Argentina y en muchos países del mundo: el financiamiento de las actividades partidarias. A los cuestionamientos por los pasajes pronto les siguieron otros, sobre los sueldos de los legisladores y la intensidad del trabajo que realizan. En abril de 2019, después de unos meses de actividad escasa en Diputados, Graciela Camaño, una peronista con siete mandatos en la cámara, hizo estallar la bomba en pleno recinto: “No podemos seguir cobrando tanto dinero mientras no hacemos un carajo”.

DATOS DUROS

Los cuestionamientos que golpean por temporadas contra los muros del Palacio se apoyan sobre datos duros. Desde el retorno de la democracia el Congreso duplicó la cantidad de comisiones y de cargos directivos, creó cuerpos de trabajo con presupuestos millonarios y actividad casi nula, y, en lo que va del siglo XXI, aumentó un 50 por ciento su plantilla de personal, que pasó de menos de 10.000 empleados, en 2001, a casi 15.000 en 2019. Si bien se publica cada vez más información en los sitios oficiales, en especial el de Diputados, muchos datos permanecen ocultos, como los contratos de personal por parte de las comisiones bicamerales. Además, el uso de los fondos no está sometido a controles externos. La Auditoría General de la Nación (AGN), el mayor órgano de monitoreo de las cuentas públicas, jamás revisó los gastos de ninguna de las dos cámaras, simplemente porque los legisladores, a cargo de la comisión bicameral que define el trabajo de la AGN, nunca incluyeron esa auditoría en el plan de acción del organismo.

Las críticas arrastran también una buena dosis de mitos y fantasías. Los fondos que se manejan en el Poder Legislativo Nacional son escasos en comparación con los recursos que circulan en las legislaturas de muchas provincias e insignificantes en relación con los fondos de los poderes ejecutivos de esos mismos distritos o, incluso, de algunos municipios. El “costo” por legislador, un cálculo que se hace dividiendo el presupuesto total del cuerpo por la cantidad de integrantes, es de 56 millones de pesos en el Congreso, según el presupuesto de 2019, un 25 por ciento por debajo de los 70 millones de pesos de la Legislatura porteña y un 7 por ciento menos que los 60 millones de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, solo por poner dos ejemplos. El presupuesto del Congreso se mantiene, además, por debajo del 0,75 por ciento del gasto total del Estado nacional desde 2002, cuando tocó el techo del 1 por ciento, y en las últimas dos décadas osciló entre el 0,09 por ciento y el 0,13 por ciento del PBI. En 2018, insumió el 0,6 por ciento del presupuesto total del Estado, la mitad que el Poder Judicial y un 25 por ciento menos que la Prefectura Naval, una fuerza que, en 2001, tenía un presupuesto casi idéntico al del Poder Legislativo, según datos de la Secretaría de Hacienda.

El Congreso tiene, de todos modos, una particularidad: es la mayor caja nacional de financiamiento multipartidario. Es un submundo con lenguaje propio y códigos corporativos, donde, en paralelo a la discusión de leyes y resoluciones, se libran batallas permanentes por el manejo de los recursos, relativamente escasos si se tiene en cuenta el número de jugadores en pugna. Se disputa por la designación en una comisión y por la asignación de un despacho; por la autorización de un viaje a un país lejano y por la contratación de un proveedor de agua mineral. Se pelea por un escritorio más cómodo y por un televisor más grande. Es una lucha diaria en la que los contratos fungen como moneda de cambio principal. Es una guerra en la que los presidentes de las cámaras, verdaderos guardianes de los secretos de la política, gozan de un amplio margen de discrecionalidad. Es también un ámbito de convivencia entre oficialistas y opositores, donde el poder se comparte y donde un favor se paga con otro favor.

PLAN CANJE

El reparto de pasajes, concebido como una herramienta para garantizar el traslado de los legisladores y de sus equipos de trabajo en un país de grandes extensiones, se convirtió con el correr de los años en un recurso para financiar la actividad de diputados y senadores, sin una frontera clara entre las tareas parlamentarias y las partidarias. “Los usamos para nuestro trabajo como legisladores y para hacer política territorial. Tenemos que viajar a Buenos Aires, pero además debemos estar en distintos pueblos para acercarnos a diferentes problemáticas”, explica un diputado del Bloque Justicialista por Salta. Un legislador del Pro por la Capital da otro argumento: “Los pasajes son una herramienta para dar respuesta a las demandas de la gente: estudiantes de bajos recursos que necesitan hacer un trámite en la Capital, personas que se tienen que operar, o chicos que viajan para un torneo de esgrima, cualquier cosa”.

El escándalo tiene antecedentes históricos. Alcanzó su punto más alto a inicios de la década del 90, cuando se resolvió asignar la impresión de los tickets de vuelo a la Casa de Moneda, después de que se descubrió el robo de chequeras con pasajes al portador que se confeccionaban en la Imprenta del Congreso. En 1991, el juez Miguel Pons investigó otro caso resonante, el de los pasajes del Senado con firmas falsificadas, que, se calcula, permitió la venta de hasta cinco mil tickets adulterados en Aeroparque, Bariloche y Retiro, según una investigación del periodista Armando Vidal.² Por la ausencia de controles, las sospechas sobre la reventa de pasajes se mantienen hasta la actualidad.

Al margen de los casos delictuales, el costado más discutible del sistema radica en el canje, la modalidad que habilita a los legisladores a cambiar los tickets no utilizados por dinero en efectivo. Para los diputados y senadores que eligen esa opción, en su mayoría de la Capital y de las localidades cercanas de la provincia de Buenos Aires, ese pago adicional se transformó en un sobresueldo. El régimen se mantiene vigente en las dos cámaras. Pero se ocuparon de desterrar la palabra canje y, por resolución presidencial, reemplazarla por un término menos irritante: gastos de “movilidad”.

Monzó logró modificar el sistema en abril de 2018, un mes después de la revuelta multipartidaria del 1 de marzo, luego de que se conocieran los montos que habían recibido los legisladores por los pasajes no utilizados el año anterior. La polémica escaló cuando se involucró Macri, que, a tono con la ola de indignación ciudadana, pidió un cambio para “transparentar” el régimen. “El presidente no tiene problemas porque él viaja en helicóptero desde chiquito”, respondió, furiosa, Carrió. A contracorriente, la diputada defendió el sistema, sostuvo que ella usaba la plata para costear los viajes en auto que hacía por todo el país. No faltó quien le recordara a Macri que, en su breve paso por la cámara, entre 2005 y 2007, él también había canjeado todos sus pasajes por dinero en efectivo.

A partir de mayo de 2018, los diputados reciben todos los meses, al margen de su lugar de residencia y de si el Congreso está sesionando o en receso, diez pasajes aéreos intransferibles, de cabotaje y con vencimiento mensual, que no pueden ser canjeados por dinero. Pero además pueden elegir entre un pago adicional, en concepto de “movilidad”, la entrega de doce pasajes aéreos y veinte terrestres transferibles a terceros, o una combinación de las dos primeras opciones. Es decir, ya no reciben dinero a cambio de los pasajes no utilizados, pero pueden cobrar hasta el 75 por ciento de esa suma a fin de mes, como parte de su sueldo. En 2018, el plus por “movilidad” se fijó en 30.000 pesos, lo que en ese momento significaba un 26 por ciento del ingreso de bolsillo de los diputados.

En los primeros dos años del nuevo sistema, el 40 por ciento de los diputados —entre ellos Carrió y el presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi— optó por cobrar el plus por movilidad completo y solo el 25 por ciento eligió los pasajes. El resto se inclinó por una combinación entre las dos primeras variantes. Entre los que pidieron recibir la totalidad en pasajes se destaca la bancada completa del Frente de Izquierda (FIT). “Nosotros los usamos todos, ya sea para viajar a alguna provincia donde hay un conflicto o para hacer venir a la Capital a personas que necesitan hacer conocer una problemática, gente que sufre inundaciones, familiares de víctimas de gatillo fácil”, explicó el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola.

En el equipo de Monzó celebraron que la mayoría haya optado por el dinero en efectivo, lo que permitió, junto con el resto de las restricciones, un ahorro de más del 40 por ciento de lo que se gastaba en ese rubro. Es una paradoja: aunque el canje o el plus por “movilidad” resulten irritantes para un sector de la opinión pública, a la Cámara de Diputados le sale más barato que pagar a las compañías aéreas y de ómnibus por los pasajes que sí se usan.

El sistema de canje se mantuvo intacto en el Senado hasta junio de 2019, cuando Michetti decidió copiar el régimen adoptado en Diputados el año anterior. La discrecionalidad era tal que los pasajes nunca perdían vigencia y podían canjearse a fin de cada mes, o a fin de año, al valor de ese momento, que se actualizaba de manera automática, según el precio de mercado de un viaje aéreo o terrestre a Córdoba, según el tipo de ticket. A fines de 2018, el canje de la totalidad de los pasajes les permitió a los senadores cobrar un adicional anual de hasta 1.100.000 pesos, es decir, 91.000 pesos por mes, un sobresueldo del 72 por ciento.

Según una investigación del periodista de Infobae Leonardo Míndez, en 2018 nueve senadores canjearon la totalidad de los pasajes: el jefe del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Marcelo Fuentes; figuras destacadas del Pro, como Federico Pinedo y Gladys González; los peronistas Omar Perotti, Carlos Reutemann, José Uñac y Daniel Lovera, el radical Juan Carlos Marino, entonces vicepresidente de la cámara, y la senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell.

CUÁNTO GANAN

La diferencia en el rubro pasajes hacía que, en promedio, un senador ganara hasta un 30 por ciento más que un diputado. La remuneración de los legisladores está compuesta por dos ítems fijos, que cobran todos por igual: la dieta, que equivale al 120 por ciento del sueldo de un empleado administrativo de la categoría más alta del Congreso (A1) y que, a partir de 2011, se ajusta de acuerdo con la evolución salarial del personal legislativo, y los “gastos de representación”, cuya actualización depende de las autoridades de cada cámara.

A esa base se agrega un plus no remunerativo por “desarraigo”, un ítem pensado para que diputados y senadores del interior puedan sostener los gastos de un segundo domicilio en Buenos Aires. Lo cobran quienes viven a más de cien kilómetros de la Capital. En 2018, lo percibieron 178 diputados, el 70 por ciento de los integrantes de la cámara, y 66 senadores, el 92 por ciento. Equivale al 14,21 por ciento de la suma en bruto de la dieta y de los gastos de representación, es decir, antes de los descuentos por impuesto a las ganancias y aportes previsionales. Los ingresos se complementan con el canje de pasajes, o el plus por “movilidad”, otro rubro que no sufre descuentos.

De acuerdo con la liquidación de marzo de 2019, un senador y un diputado ganaban un sueldo bruto de 219.000 pesos, lo que equivale a un ingreso de bolsillo de 148.419 pesos: 135.419 pesos, en concepto de dieta, y 13.000, de gastos de representación. Eran unos 3400 dólares, según la cotización de ese momento. Si el legislador cobraba “desarraigo”, de 25.537 pesos, la cifra ascendía a casi 174.000 pesos netos. Si se le sumaba el dinero de los pasajes, los ingresos totales de un diputado podían alcanzar los 204.000 pesos, unos 4650 dólares, y los de un senador, 265.000 pesos, unos 6045 dólares.

¿Es mucho? Depende con qué se lo compare. En marzo de 2019, el ingreso básico de un legislador, sin contar desarraigo y pasajes, equivalía a 14 jubilaciones y a 12 salarios mínimos. De acuerdo con ley 22994, dictada cinco días antes de la asunción de Raúl Alfonsín, los legisladores nacionales deben ganar lo mismo que un juez de la Corte Suprema. Pero según los últimos datos oficiales, el ingreso de esos magistrados, que no pagan el impuesto a las ganancias, rondaba los 350.000 pesos de bolsillo, en marzo de 2019, más del doble de lo que ganaban los legisladores. El sueldo del presidente de la nación se fijó en enero de 2019 en 208.000 pesos de bolsillo, mientras que sus ministros cobraron 183.000 pesos por mes. A diferencia de esos funcionarios, los legisladores no perciben aguinaldo. Eso sí, cobran todos los meses, incluso cuando el Congreso permanece cerrado.

Los legisladores nacionales tampoco ganan mucho en comparación con sus pares de la región. De acuerdo con un ranking que publicó en 2018 Directorio Legislativo, los parlamentarios argentinos ocupaban el séptimo lugar de una tabla encabezada por los legisladores de Chile, a los que les seguían los de Colombia y Brasil, todos con ingresos de más de 8000 dólares. Otro estudio de Directorio Legislativo, de 2016, demostró que los ingresos de los legisladores argentinos estaban por debajo del promedio de un conjunto de catorce países de la región, y que la brecha entre las remuneraciones de diputados y senadores y los salarios mínimos de cada nación era en la Argentina una de las más bajas del continente. “El Congreso no es un lugar para hacerse millonario. Tenés un buen sueldo, pero no tenés una caja potente como para armar políticamente. Es una caja chica comparada con otras”, dice una diputada con cuatro mandatos en la cámara.

CUÁNTO REPARTEN

Los legisladores con muchos años de trayectoria coinciden en que, hasta fines de la década del 90, el Congreso era otra cosa. Los presidentes de las cámaras disponían de fondos reservados para repartir entre los bloques, a razón de 1500 pesos por legislador, que entonces equivalían a 1500 dólares. Diputados y senadores podían además asignar “pensiones graciables”, un subsidio de hasta 600 pesos/dólares por mes para personas de bajos recursos. El manejo era tan discrecional que Jorge Matzkin, presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ) hasta 1997, le entregó una pensión a su madre. Los fondos de las pensiones no se actualizaron tras la salida de la convertibilidad y se eliminaron del todo en 2012, cuando eran de apenas 300 pesos por mes.

Se mantiene vigente la entrega de becas escolares y subsidios, pero los montos fueron perdiendo volumen con el correr de los años, hasta el punto de que algunos legisladores ni siquiera los usan. En 2018, cada diputado dispuso de 60.000 pesos anuales para distribuir entre entidades sin fines de lucro, por un máximo de 10.000 pesos a cada una, y de 40.000 pesos anuales para becas escolares, por un máximo de 10.000 pesos cada una. Es el único rubro en el que superan a los senadores, que dispusieron de 36.000 pesos para subsidios y de 18.000 pesos para becas. El detalle de los beneficiarios empezó a publicarse en 2016, después de que la Justicia falló a favor de un grupo de ONG que había demandado a las dos cámaras, en abril de 2015, por ocultar la información. El sistema mantiene una cuota de discrecionalidad. Los recursos no distribuidos, en promedio más de un 20 por ciento del total, se incorporan a un fondo de reserva que las autoridades de cada cámara reasignan a su gusto. “En votaciones muy ajustadas siempre hay algún diputado que pide un subsidio extra”, cuenta un dirigente con ocho años de experiencia en el Congreso.

Del listado de organizaciones subsidiadas no surgen irregularidades, a primera vista. Pero sirve para conocer las preferencias de los legisladores. En 2016 y 2017, Sergio Massa entregó la totalidad de sus subsidios a la Asociación Civil Conciencia, una ONG de muy buenos vínculos con el mundo empresario. Varios legisladores destinan los fondos a entidades religiosas de sus provincias. El caso más extremo es el de Liliana Negre de Alonso. Entre 2004, año en que se reguló la entrega de becas y subsidios, y 2017, repartió 218.600 pesos entre parroquias, conventos, monasterios, santuarios y asociaciones civiles ligadas a la Iglesia católica. Carrió dona siempre la totalidad de sus subsidios a la Fundación Garrahan. Cristina Kirchner no usó los fondos desde que reingresó en el Congreso, en diciembre de 2017, según los registros publicados por el Senado. Entre 2014 y 2015, la senadora kirchnerista María Inés Pilatti Vergara entregó 72.000 pesos a la Fundación Néstor Kirchner, una asociación civil del Chaco.

En el rubro becas y subsidios, el Congreso también sale perdiendo frente a varias legislaturas provinciales. En 2017, cada diputado de la provincia de Buenos Aires disponía de un millón de pesos para distribuir a discreción, es decir, casi 15 veces más que un diputado nacional, que contaba con 70.000 pesos anuales. A diferencia de lo que pasa en el Congreso, los destinatarios de los beneficios de la Legislatura bonaerense se mantienen en secreto.

CUESTIÓN DE ESTATUS

Otra fantasía corriente es la de creer que todos los legisladores nacionales cuentan con auto y chofer, un privilegio reservado para unos pocos. En la Cámara de Diputados son veinticinco: el presidente de la cámara, los tres vicepresidentes y otros veintiún diputados, entre ellos los jefes de los bloques más numerosos, aunque el reparto no siempre se ciñe a parámetros objetivos. También tiene vehículos el resto de las autoridades de la cámara, como secretarios y prosecretarios, en tanto que otros treinta y cinco autos, de un total de ochenta y tres, forman parte de una flota rotativa, una suerte de remisería que funciona por demanda. En el Senado los vehículos no se encuentran asignados a un funcionario en particular, salvo excepciones que las autoridades prefieren mantener en reserva. La flota de setenta y dos vehículos, aseguran, se encuentra a disposición del senador que lo solicite. “Tenemos que derribar mitos. Los diputados tampoco tienen custodia ni se les pagan los celulares”, dice Florencia Romano, secretaria administrativa durante la gestión de Monzó, responsable de avances en materia de transparencia, según coinciden diputados y directivos de ONG. Una de sus primeras tareas fue ubicar autos que figuraban en la nómina, pero no estaban en el garaje de la cámara.

Otro privilegio que perdieron diputados y senadores son las jubilaciones de privilegio. Fue en octubre de 2002, como respuesta del Congreso ante la crisis política de fines del año anterior. Hasta entonces, los legisladores podían acceder a una jubilación del 82 por ciento de lo que cobraban en actividad, al cumplir 50 años y con solo veinte años de aportes al sistema previsional. Hoy deben alcanzar la edad jubilatoria ordinaria y acreditar treinta años de aportes.

Eso sí, un puñado de legisladores mantienen un cargo como funcionarios del Congreso una vez concluido su mandato, y hasta pueden seguir accediendo a pasajes, becas y subsidios, en una suerte de retiro dorado. Suelen integrarse como secretarios, prosecretarios o directores, en una estructura orgánica que fue creciendo con el paso de los años. En Diputados, hay tres exmiembros de la cámara en esa condición: Oscar Romero, prosecretario administrativo; María Luz Alonso, secretaria de coordinación operativa, y Eduardo Seminara, prosecretario de coordinación operativa. Estos últimos dos cargos se crearon en 1989. En la Secretaría General se desempeña otro exdiputado, Ricardo Spinozzi, como asesor de asuntos políticos con el Estado nacional. En la Secretaría Parlamentaria, fue designada la exdiputada Patricia De Ferrari, como directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Entre las autoridades del Senado, hay tres exlegisladores: Juan Tunessi, secretario parlamentario; Eric Calcagno, prosecretario parlamentario, y Mario Daniele, prosecretario administrativo. Otra exlegisladora, Norma Morandini, encabeza el Observatorio de Derechos Humanos. Además, hay tres exsenadores y diez exdiputados que figuran en la nómina de empleados legislativos contratados por los diferentes bloques, entre ellos Eduardo Fellner, presidente de la Cámara de Diputados entre 2007 y 2011, y Héctor Recalde, exjefe de la bancada kirchnerista en Diputados.

No es lo único que cambió. Hasta la década del 90, todos los legisladores contaban con una chapa patente especial, que convertía sus autos particulares en vehículos oficiales con autorización de libre circulación y estacionamiento. Hasta mediados de los 90 se les consultaba incluso si querían un permiso de portación de armas. “Apenas reabrió el Congreso, después de la dictadura, te ofrecían un arma 9 milímetros. Esto era un arsenal. Por suerte, se derogó enseguida”, recuerda un diputado de aquella época.

Hoy, a requerimiento de los legisladores, se les entrega un cartel para colocar en sus autos que acredita su calidad de diputados o senadores nacionales. Es una identificación sin valor legal, pero que les permite “chapear” para sortear retenes policiales o estacionar en lugares prohibidos, en especial en sus provincias. Los legisladores reciben además una credencial de cuero, una copia de la Constitución, otra del reglamento de la cámara, y un pin de oro, con el escudo del Congreso. En 2017, la Cámara de Diputados gastó casi un millón de pesos en esos distintivos, a razón de 4500 pesos cada uno. Son más caras las medallas de plata y oro que reciben al dejar su cargo. En 2017, se invirtió más de 2.700.000 pesos por 164 de esos recordatorios, a razón de 16.000 pesos cada uno. Ese mismo año, el Senado gastó casi 1.500.000 pesos para la adquisición de “29 pines de oro para legisladores entrantes, 24 medallas de oro para senadores mandato cumplido, 27 medallas por 25 años de servicio, una medalla de oro y 10 de plata para el Premio Delfo Cabrera, y una medalla de oro para el Premio René Favaloro”.

MONEDA DE CAMBIO

La pelea real es por el acceso a los contratos, la moneda de cambio principal en el Congreso. En ese rubro los senadores parten con una ventaja. Cada diputado tiene derecho a designar cuatro asesores, dos en calidad de empleados de su despacho y otros dos asignados al bloque al que pertenece. Los nombramientos pueden insumir un total de 2012 módulos, una unidad administrativa que en marzo de 2019 tenía un valor de 127 pesos con 50 centavos. Eso totalizaba unos 257.000 pesos por mes para gastar en asesores, unos 5860 dólares. Los senadores, en cambio, disponen de 7338 módulos para designar asesores, lo que equivale a casi un millón de pesos por mes, unos 21.300 dólares. Es decir, el cuádruple de fondos que los diputados.

En marzo de 2019, el Senado quedó en medio de un escándalo, cuando se publicó que el sanjuanino Roberto Basualdo (Cambiemos) contaba con un plantel de 60 asesores, 22 de planta permanente y 38 de planta temporaria. El senador publicó un video a modo de descargo en el que anunció que a partir del mes siguiente reduciría su plantilla a 23 empleados. El listado vigente después de ese episodio mostró que dos tercios de los senadores tenían más de 15 asesores. Encabezaban la lista Gerardo Montenegro (Frente Popular-Santiago del Estero), con 42 empleados; Adolfo Rodríguez Saá (Unidad Justicialista-San Luis), con 40; Julio Catalán Magni (Bloque Justicialista-Tierra del Fuego), con 37; José Mayans (Bloque Justicialista-Formosa), con 35, y Omar Perotti (Bloque Justicialista-Santa Fe), con 35 empleados.

Por ese descontrol en la designación de empleados, Basualdo tenía a fines de 2018 un rojo de 1.265.000 pesos por mes, según documentos oficiales del Senado a los que se accedió para esta investigación. Aunque no figuran a la cabeza del listado de cantidad de empleados, en ese entonces había muchos senadores excedidos en la cantidad de módulos, es decir, en los fondos que destinaban todos los meses para sus empleados. Ángel Rozas (Cambiemos-Chacho) tenía un rojo de casi 3 millones de pesos; Silvia Elías de Pérez (Cambiemos-Tucumán), de 917.000 pesos, y Luis Naidenoff (Cambiemos-Formosa), de 684.000 pesos.

Los diputados pueden acceder a una cuota adicional de asesores, según el cargo que ocupen en las comisiones. Los presidentes tienen derecho a designar tres asesores, los vicepresidentes, dos y los secretarios, uno. Por eso, los meses posteriores al recambio de la mitad de la cámara y la designación de las autoridades de cada uno de los 45 cuerpos de trabajo son tiempos de batalla. “Son dos o tres semanas en las que se define a quién se le paga bien o mal”, explica un asesor con muchos años de experiencia. Lo confirma un expresidente de la cámara: “El reparto de comisiones siempre es un ‘quilombo’. La idea es distribuirlas de tal manera que ninguno se quede sin nada. Hay que lograr que cada uno se vaya con su asesor debajo del brazo”.

Como los contratos dependen de la designación en comisiones no es raro que esos cuerpos de trabajo se hayan multiplicado con el correr de los años. En 1983 había 27 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados. En 1995 ya eran 40 y en 2018, 45. El mayor salto se produjo durante la década del 90, cuando se crearon 14. “Más allá de la diversificación de las temáticas por abordar, no hay ninguna justificación de funcionamiento. Responde a necesidades políticas. Se busca contener a todos, que todos tengan un contrato”, explica un funcionario con más de treinta años en la cámara. Los memoriosos recuerdan incluso que hubo comisiones creadas a pedido de determinados diputados: en 1993 se inauguró la Comisión de Cultura, desdoblada de la de Educación, para designar en la presidencia a la menemista Elsa Kelly. Otro caso resonante es el de la Comisión de Economía, creada en 1987, con funciones que se superponen desde el principio con otras dos, las de Presupuesto y de Finanzas. Se abrió para darle una presidencia a Guido Di Tella. Algo parecido pasó con Carlos Grosso, que en 1986 asumió como presidente de la flamante comisión de Modernización. A pedido del peronista Alberto Balestrini, en 1990 se creó la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

Cuando la inflación en el número de comisiones encontró su límite, diputados y senadores hallaron otra triquiñuela para repartir fondos de manera discrecional: la creación de comisiones bicamerales con presupuesto propio. Hasta 2005, solo tenía esa condición la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, nexo del Congreso con la AGN. Ese año se incorporó la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. En 2009 se agregó la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, a cargo de la revisión de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). En 2010, tras la eliminación de las AFJP, la de Control de Fondos de la Seguridad Social. En 2015, la de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, como parte de una ley de telecomunicaciones, sancionada en diciembre de 2014. En lugar de ser sinónimo de transparencia, el control parlamentario se convirtió en una herramienta de reparto discrecional de recursos. Entre 2017 y 2019, se crearon ocho comisiones bicamerales con presupuesto propio, todas por ley: la de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal; la de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación; la de Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria; la de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la de Seguimiento de Contratos de Participación Pública-Privada; la Comisión Especial Investigadora Submarino ARA San Juan; la de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, y la de Administración del Edificio del Molino. En total son 13 comisiones bicamerales con un presupuesto de 185 millones de pesos, casi un 1 por ciento del presupuesto del Congreso.

“Las bicamerales son un descontrol. Solo se rinde los gastos con la firma del presidente y queda en un expediente”, cuenta un exfuncionario de Diputados, involucrado en el manejo de las cuentas de la cámara. “Las bicamerales son muy codiciadas. Porque tienen más contratos y más guita que las comisiones permanentes. Esos contratos sostienen a la política”, explica un exdiputado radical que debió entregar los contratos a su bloque para que aceptaran designarlo en una comisión bicameral. Un diputado peronista recuerda que, en su primera reunión en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, un senador de su partido planteó muy seriamente que debían reclamar un aumento de los recursos. “No podemos permitir que nos bajen el precio”, argumentó. Un expresidente de Diputados confirma: “Las bicamerales son una forma de repartir plata. Cambiemos estaba débil y necesitaban calmar las aguas”.

CLIENTELISMO VIP

Las designaciones en las comisiones bicamerales se hacen a propuesta de los jefes de bloque. Los de las bancadas principales manejan una cuota de poder importante, pero incomparable con el de las máximas autoridades de las cámaras. “El que manda tiene chupetines y hay muchos diputados que están a la caza de los chupetines. El presidente reparte despachos, contratos, autos, decide el giro de los proyectos a comisión, autoriza viajes, entrega pasajes adicionales, habilita un salón para una actividad o la imprenta para publicaciones. Decide si te arreglan el baño, decide todo”, dice una exdiputada con doce años de experiencia. “El presidente tiene una gran discrecionalidad —confirma un diputado que ejerció ese cargo—, pero para cosas muy chiquitas. El Congreso tiene cooptados los recursos en gastos corrientes y planta permanente. Se administra miseria”.

Otro expresidente de Diputados, de los cinco consultados para esta investigación, coincide en que el cargo fue perdiendo peso con el paso de los años. “El Congreso no tiene una caja potente. No se negocia como si fuera un mercado persa”, advierte, pero reconoce que el presidente mantiene un buen margen de maniobra. “El más poderoso fue Pierri [Alberto], por su relación con Menem [Carlos], y porque trató todas las leyes de privatizaciones. Tenía casi quórum propio, pero necesitaba soldar a los propios. Manejó mucha plata y tenía fondos reservados”, dice, y revela uno de los secretos del cargo: “Mientras tu gobierno va bien es fácil gobernar la cámara, porque con boludeces arreglás a todos. Siempre hay cuatro o cinco dirigentes subterráneos, que se conforman con un contrato para el hijo o la amante”.

Un tercer expresidente advierte que el lobby más común es para que se haga una obra en una provincia o para que un funcionario reciba a un gobernador o a un intendente: “El mayor poder que puede tener el presidente de la cámara es una gestión ante el Poder Ejecutivo, porque los recursos del Congreso son limitados”. Esas gestiones se multiplican a partir de septiembre de cada año, durante la discusión de la ley de presupuesto. “El oficialismo en general y el presidente de la cámara en particular definen prioridades para la asignación de recursos. Deciden si se paga una deuda que reclama La Rioja o si se acelera una represa en Santa Cruz. ¿Dónde se pone la plata? Se tienen en cuenta los pedidos de los diputados que se comprometen a votar a favor. Los que tienen un gobernador atrás piden obra pública. ¿Es una forma de comprar un voto? No, es una manera de comprar gobernabilidad”, explica un diputado.

En otras ocasiones los pedidos responden a necesidades personales. “El 80 por ciento de las cosas no se pueden decir públicamente. Los códigos que manejamos en la política no se pueden reconocer. Los favores generan confianza y compromisos. Les hemos conseguido hasta créditos del Banco Ciudad a los diputados. Se volvían a sus provincias con un departamento en la Capital. Es un trabajo artesanal para que te voten. Es una tarea punteril, de clientelismo VIP”, cuenta, divertido, un expresidente. Un dirigente que ocupó el cargo antes que él coincide en que para estar en ese lugar hay que saber guardar secretos. “Un diputado te puede pedir un televisor más grande o un escritorio más cómodo. Además, el presidente conoce los vicios de todos, les llegan las fotos de los que se van al casino flotante después de las sesiones”.

En época de campaña también es habitual que los presidentes reciban pedidos de los diputados que se postulan para un cargo ejecutivo provincial o nacional. “A mí me dieron, entre mayo y diciembre, cinco contratos destinados a pagar cosas de la campaña. Todo eso existió siempre. En general, no lo maneja directamente el presidente, sino una suerte de monje negro encargado de esas cosas. Suele ser el secretario general o el secretario administrativo”, cuenta un excandidato a gobernador que advierte que otra forma de acceder a los “chupetines” es formar un monobloque. “La mayoría de las veces son un negocio, porque habilitan una negociación radial con el presidente de la cámara y de esa forma obtienen cosas que los bloques no les dan”, explica, y señala que a los diputados más pedigüeños puede vérselos los días de sesión, esperando para entrar en las oficinas de la presidencia.

En 2012, el diputado Alfredo Olmedo hizo una gestión con resultados visibles para todos sus colegas en el recinto. Ese año, la cámara cambió a su proveedor habitual de agua mineral para las sesiones y contrató a Aguas Palau, una empresa de Rosario de la Frontera, la ciudad de Salta de donde es oriundo Olmedo.

La discrecionalidad se acotó en los últimos años, coinciden dirigentes de Cambiemos y de la oposición. Cansado de los mangazos, Monzó elaboró en 2017 un programa especial que maneja desde su iPad, una especie de escudo contra los pedigüeños. “Cuando lo va a ver un diputado, pone el nombre en el iPad y le saltan todos los recursos administrativos que maneja: los contratos, los viajes que hizo en el país y en el exterior señalados en un mapa interactivo, si tiene auto, cochera, chofer, qué tipo de despacho, todo”, cuenta un legislador que visita seguido las oficinas de la presidencia. “Es una forma de que le pidan cada vez menos”, explican en el entorno de Monzó.

TURISMO PARLAMENTARIO

Otros de los chupetines de los que dispone el presidente son los viajes al exterior, que requieren de su autorización y, en los últimos años, también de la firma del jefe de bloque correspondiente, en un intento por acotar el llamado “turismo parlamentario”. Según la normativa vigente en el Senado, cada legislador puede hacer solo un viaje internacional al año, o dos, en caso de que asista a reuniones de organismos parlamentarios multilaterales, como la Unión Interparlamentaria o la Confederación Parlamentaria de las Américas. En Diputados no hay límites de viajes, pero sí de días de viáticos: se pagan hasta tres si la cámara se hace cargo del traslado y un máximo de cinco días si los pasajes corren por cuenta de un tercero. Los diputados deben viajar en clase turista, aunque el presidente de la cámara puede habilitar excepciones, en tanto que los senadores pueden acceder a la categoría business en traslados de más de ocho horas.

El monto de los viáticos, con los que debe hacerse frente a hospedaje, comidas y traslados internos, varía de acuerdo con el país que se visite, y puede ir desde los 80 dólares diarios (Afganistán) a los 778 dólares por día (Japón). Para viajes a los Estados Unidos y China, dos de los destinos más frecuentes, es de 354 y 377 dólares por día, respectivamente. Los legisladores deben rendir gastos al regresar, pero no hay un control riguroso y no suele devolverse el dinero sobrante. La vicepresidenta Gabriela Michetti introdujo un cambio importante en 2018: eliminó la posibilidad de que los senadores efectúen “gastos eventuales”, un canal para inflar los fondos usados en el exterior. Un exfuncionario de Diputados explica otro de los trucos: “A veces se van de viaje con toda la familia y se los paga la cámara. Piden una clase ejecutiva y después la cambian por tres turistas. O piden más días de viáticos”.

Entre 2012 y 2018, el conjunto de los diputados hizo un promedio de 178 viajes al año, menos de uno por legislador, con un gasto medio de 895 dólares por viaje. En el mismo período, los senadores hicieron 103 viajes anuales en promedio, uno y medio por senador, con un costo un poco más alto por viaje: 747 dólares, 392 euros y 618 pesos. Del repaso del listado de viajes hechos por los legisladores entre 2017 y 2018, cuyo detalle se publica en el sitio oficial de cada cámara, surge que en muchos casos las restricciones no se cumplen, como el límite de dos viajes por año por senador. En 2017, 39 senadores hicieron un total de 107 visitas al exterior. En 2018, viajaron 33 senadores, menos de la mitad de los integrantes del cuerpo, pero sumaron un total de 81 salidas del país.

Ese año, los cuatro senadores que más viajaron fueron el presidente provisional de la cámara, Federico Pinedo (Pro), que pasó 33 días en el exterior, distribuidos en siete salidas del país; Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), con 72 días afuera, en siete viajes, y Ángel Rozas de la Unión Cívica Radical (UCR), con 56 días en el exterior y 6 viajes. En el Senado explican que esos legisladores forman parte de organismos parlamentarios internacionales. El ranking de viajes en Diputados lo encabezó en 2018 Fernando Iglesias (Cambiemos), que hizo 5 salidas del país y estuvo 47 días en el exterior. Un caso particular es el de Cornelia Schmidt-Liermann (Cambiemos), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo Parlamentario de Amistad con Alemania. Entre 2013 y 2018, hizo siete viajes a ese país, donde estuvo un total de 48 días. Una de esas visitas fue por invitación de la fundación Konrad Adenauer, una de las entidades más activas para invitar a los legisladores.

PLATA GRANDE

El 91 por ciento de los fondos del Congreso se destina a remuneraciones. Del 9 por ciento restante, casi la mitad se usa para costear gastos en viáticos de los legisladores, en el país y en el exterior, según detallaron en las secretarías administrativas de las dos cámaras. Esos números dejan, de todos modos, buen margen para obras y contrataciones, unos mil millones de pesos, según el presupuesto de 2019. Son los recursos más voluminosos que distribuyen los presidentes del Senado y de Diputados. En los últimos años no se abrieron causas penales ni se registraron denuncias resonantes sobre irregularidades en ese rubro. De hecho, en la Cámara de Diputados aumentó un 300 por ciento el número de licitaciones públicas respecto a 2016. Pero, como se dijo anteriormente, tampoco se realizan los controles que deben superar los gastos de esa magnitud en otras áreas del Estado.

Durante toda la gestión de Michetti en el Senado los montos más grandes se asignaron a obras de refacción. Entre la restauración del edificio Anexo Alfredo Palacios, la restauración de la fachada del Palacio, el Salón Eva Perón, el Salón de las Provincias y la cúpula se invirtieron más de 417 millones de pesos. La obra más costosa de Diputados corresponde a la remodelación del Bajo Recinto, a lo que se destinaron 11 millones de pesos provenientes del fondo de reserva de la cámara.

Aunque por un monto no tan alto, en Diputados generó controversia la concesión del comedor del personal, en el primer entrepiso del Anexo A, y de la cafetería, en la planta baja del mismo edificio, a la firma Teylem S. A., por 1.080.000 pesos al año. Se adjudicó en septiembre de 2017, en un concurso público en el que se desestimaron seis ofertas. La empresa es parte del Grupo L, de Víctor Lusardi, un holding que carga con numerosos contratos con otras administraciones macristas, como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y los municipios de Morón y de Vicente López. Pese a que en 2012 recibió denuncias por provisión de yogures en mal estado en escuelas de la ciudad de Buenos Aires, el grupo siguió expandiendo sus negocios con las administraciones del Pro y se diversificó hasta el punto de que en 2014 ganó una licitación en la Capital para la provisión de contenedores de residuos sólidos urbanos reciclables, las llamadas “campanas verdes”.

De las contrataciones publicadas en el sitio oficial de la Cámara de Diputados también surgen perlitas y gastos exóticos. En 2016 se contrató de manera directa, por 760.000 pesos, a la firma Travesías Promocionales, para la realización de dos videos del programa Conociendo mi Congreso. Uno debía durar cinco minutos y el otro debía ser una versión acotada para redes sociales. Ese mismo año, se desestimaron nueve ofertas en una licitación pública y se contrató a la firma Estudio Láser, por 1.393.800 pesos, para la adquisición de mil carteles para señalizar los despachos de los diputados y las salas de comisiones, a razón de 1400 pesos cada uno. En 2018 se contrató de manera directa a la firma Finadi S. A., por 774.400 pesos, para la realización de un “servicio de diagnóstico y relevamiento de evaluación institucional” de la Cámara de Diputados, por un período de cuatro meses con opción a prórroga por otros cuatro. Ese mismo año, en el marco del Programa de Modernización Parlamentaria, se pagaron 795.000 pesos por la realización de una “plataforma digital de leyes abiertas”, donde los ciudadanos pueden participar en la elaboración de los proyectos. El portal se hizo junto con Democracia en Red, una fundación presidida por la exlegisladora porteña del Pro Florencia Polimeni, también parte de la Fundación Hormigas Argentinas, que fue la beneficiaria de la contratación.

Algo similar ocurre en el Senado. En 2018, se contrató de manera directa, por 650.000 pesos, a la firma HG Ingeniería, para un “servicio de consultoría de confección de documentación licitatoria para obras en el Anexo Senador Alfredo Palacios”. El año anterior se pagaron 3.400.000 pesos, sin licitación, a la firma de arquitectos Baudizzone, Lestard y Asociados, para un “servicio de consultoría para el diagnóstico de las condiciones de funcionamiento” de ese mismo edificio. Otra caja que Michetti maneja de forma discrecional es la de pauta publicitaria. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018, repartió más de 7 millones de pesos entre periodistas, portales, programas de radio y televisión. En la nómina de contrataciones, que figura completa en el portal del Senado, aparecen figuras como Eduardo Van Der Kooy, por su programa radial La noche antes, de FM Milenium, al que se destinó 211.750 pesos; Débora Plager, por la emisión de El sexto día, por Radio Belgrano, con 181.500 pesos; Mónica Gutiérrez, por el portal que lleva su nombre, con 36.300 pesos, y Fanny Mandelbaum, por el programa de televisión Sin miedo, de Canal Metro, con 54.450 pesos.

1. En colaboración con la Fundación Directorio Legislativo.

2. Vidal, Armando (1996), El Congreso en la trampa. Entretelones y escándalos de la vida parlamentaria, Buenos Aires, Planeta.

Capítulo 2

El camino de una ley

El reloj marcaba las 5:44 de la madrugada y Emilio Monzó no disimulaba el fastidio. Después de dieciséis horas en el recinto, acababa de terminar el último discurso de la sesión del 18 de mayo de 2016, el debate de la llamada “ley antidespidos”, que marcó la primera derrota de Cambiemos en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados tachó la parte inferior de una hoja que tenía sobre el estrado, tomó aire y leyó a toda velocidad: “Corresponde votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación del Trabajo y otra, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se declara la emergencia pública en materia ocupacional, Orden del Día 109, expediente 7-S-16 y otros. ¡Tiempo!”.

Como en cada una de las votaciones nominales, en las que los legisladores deben identificarse, en el tablero electrónico se inició una cuenta regresiva de quince segundos y se indicó que había quórum, es decir que estaban presentes más de la mitad de los diputados. Los legisladores dan quórum automáticamente al sentarse en las bancas, equipadas con un sensor de peso. En una imagen con forma de semicírculo, con un punto de luz por cada banca, luces celestes se fueron apagando, a medida que los diputados emitieron su voto: se identificaron en su butaca con un detector de huellas digitales y después oprimieron uno de dos botones cuadrados. El rojo dice NO, el verde, SÍ.

Monzó clavó la mirada en el tablero electrónico. “Votamos primero, Graciela”, le respondió a la diputada Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador, que le pedía la palabra fuera de micrófono. En la pantalla aparecieron en celeste los nombres de los diputados de Cambiemos, que habían anunciado la abstención. “Cerramos”, indicó Monzó. La pantalla expuso el resultado, ahora con un hemiciclo de luces verdes y rojas. Con la cadencia de un presentador de boxeo, el secretario parlamentario, Eugenio Inchausti, anunció: “¡Han votado por la afirmativa 145 señores diputados, 3 votaron por la negativa y hubo noventa abstenciones!”. Monzó dio la estocada final: “Resulta afirmativa”.

***

La votación en el recinto, de poco más de un minuto de duración, es el último eslabón de una larga cadena burocrática, el resultado visible de un proceso intrincado, en el que intervienen una decena de direcciones y subdirecciones, el doble de oficinas y cientos de trabajadores de las dos cámaras. El recorrido, que atraviesa de punta a punta el Palacio y varios de sus edificios anexos, tiene tantas reglas como excepciones y un diccionario de términos y siglas solo comprensibles para los que transitan esa ruta a diario. Es un sendero de pasillos largos y despachos con luz de tubo, habitado por perfectos desconocidos, empleados con años de carrera y talentos ocultos, determinantes para que el Congreso funcione, siempre al ritmo de las necesidades de la política.

En el período que va desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 31 de diciembre de 2018, el Congreso aprobó 4461 leyes, un promedio de 124 por año. Para que un proyecto se convierta en ley debe ser sancionado por las dos cámaras y, luego, promulgado por el Poder Ejecutivo, que, a su vez, tiene la opción del veto. Salvo excepciones, en las que la cámara de inicio está preestablecida por la Constitución, el trámite puede empezar por Diputados o por el Senado. Cuando una iniciativa es sancionada por una cámara, la de inicio, esa “media sanción” pasa a la otra cámara, la revisora, que puede rechazarla, aprobarla sin cambios o sancionarla con modificaciones. Si se rechaza, el proyecto no puede volver a tratarse hasta el año siguiente. Si se aprueba sin cambios, se gira al Poder Ejecutivo. Si se hacen modificaciones, regresa a la cámara de inicio, que tiene solo dos posibilidades: aceptar los cambios o rechazarlos e insistir con la media sanción original.

La dirección de la ruta puede variar. Pero el punto de partida siempre es el mismo: la Mesa de Entradas de una de las dos cámaras. Es el primer mostrador del Congreso. La de Diputados es una subdirección, que depende de la Dirección Secretaría, bajo la órbita de la Secretaría Parlamentaria, a las órdenes del presidente de la cámara. Está en la oficina 230, en el segundo piso del Palacio, al final de un pasillo oscuro, con paredes descascaradas, un fardo de cables de colores colgando del techo y, en las sombras, un cuadro de más de dos metros de alto. El mostrador de melanina blanca no tiene mampara divisoria, lo que permite ver el interior de una sala amplia, con tres escritorios y, de fondo, ventanales que dan hacia Rivadavia, cerrados con celosías, para atenuar los ruidos de la calle.

Los días posteriores a la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo de cada año, son temporada alta en Mesa de Entradas. Frente al mostrador, hacen cola los asesores que van a presentar proyectos de sus diputados. En 2018, el récord se dio el 3 de marzo, con 132 proyectos presentados. La oficina atiende de 8 a 20. Las iniciativas son clasificadas con una serie de datos: fecha; origen: “D” si es de Diputados, “S” si es del Senado y “PE”, si es del Poder Ejecutivo; tipo: si es un proyecto de ley, de resolución o de declaración; título: de acuerdo al tema de la propuesta, y número de expediente, lo que permite rastrear la iniciativa a lo largo de todo el trámite parlamentario.

“El número de expediente es como el DNI del proyecto”, explica María Inés Blanco, la directora de Mesa de Entradas de Diputados, que tiene su oficina unos metros a la derecha del mostrador. Habla a toda velocidad, como si cada segundo contara. Empezó a trabajar en la Dirección Secretaría en 1985 y atesora en una carpeta azul la notificación de la renuncia de Fernando de la Rúa, enviada desde el Senado, donde ingresó el 20 de diciembre de 2001. “En los meses donde hay actividad, ingresa un promedio de 40 proyectos por día, y en el verano hay días de un solo proyecto”, agrega. En todo 2018 entraron casi 9000, de ellos, 2736 fueron proyectos de ley.

Las iniciativas se presentan en papel y en un pendrive, con un máximo de 15 firmas. Es uno de los artículos del reglamento que no se cumple: el proyecto para legalizar el aborto alcanzó el récord de 72 firmas. Todas las iniciativas que ingresan en un día se compilan en un documento que se denomina Trámite Parlamentario. Primera sigla para aprender: TP. Además de integrar el Trámite Parlamentario, conforman el Boletín de Asuntos Entrados. Segunda sigla, BAE. Es una publicación interna que compila todo lo que ingresa por Mesa de Entradas: los proyectos aprobados en la otra cámara, los dictámenes de comisión, los pedidos de licencia y cualquier otra solicitud de legisladores o de particulares.

En la oficina 230 tienen “marcados” a dos diputados: Ivana Bianchi, de San Luis, y Alfredo Olmedo, de Salta. “Son dos máquinas de presentar proyectos —los define, con cierto fastidio, uno de los empleados—. Hay TP solo con presentaciones de Olmedo”, cuenta.

El fastidio tiene motivos: Bianchi reproduce año a año y de manera mecánica expedientes propios que nunca se trataron y perdieron vigencia. Para compensar la sobrecarga de trabajo, el asistente de Olmedo que se ocupa de presentar los proyectos lleva regalos para los empleados de Mesa de Entradas, en general bombones o aceite de oliva, de producción propia del diputado.

La tarea de los presentadores seriales de proyectos es más ardua en el Senado: la Mesa de Entradas está en el octavo piso del anexo Alfredo Palacios, sobre Hipólito Yrigoyen al 1700, a una cuadra del Palacio. No es la única diferencia entre las dos cámaras. Para la votación en el recinto, los senadores cuentan desde 2013 con una pequeña pantalla táctil, en la que además de emitir su voto pueden ver el quórum de la sesión, la lista de oradores, el resultado de las votaciones anteriores y hasta pedir un café.

El director de la Mesa de Entradas del Senado es desde hace treinta años Silvio Rodríguez, un homónimo del cantante cubano, que entró en el Senado en 1988. Heredó un puesto en el área por la muerte de su padre, gracias a una regla plasmada en 1995 en la ley 24600, de Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación, que decía que “en caso de fallecimiento de un empleado legislativo de planta permanente con hijos menores a cargo y para cuyo grupo familiar el ingreso de aquel constituyera el único sustento, deberá designarse al cónyuge o a uno de sus hijos en las condiciones que establezca la reglamentación”. Así como en la Mesa de Entradas de Diputados tienen marcados a Bianchi y a Olmedo, en la del Senado miran de reojo a Magdalena Odarda, de Río Negro, y Roberto Basualdo, de San Juan, los que más iniciativas presentan.

Después de clasificar el proyecto, en Mesa de Entradas estudian a fondo su contenido y recomiendan un posible giro a comisiones, una tarea a cargo de la Secretaría Parlamentaria, con la autorización final del presidente de la cámara. Consiste en determinar en qué comisiones va a ser tratado y cuál de ellas será la comisión cabecera, es decir, la que conduzca el debate de las reuniones conjuntas. Ese paso administrativo, en apariencia inocuo, contiene la primera decisión política de alto impacto: al definir en cuántas y en qué comisiones se va a discutir una iniciativa, el presidente de la cámara puede allanar el camino para que llegue sin demoras al recinto o convertirlo en una carrera de obstáculos.

La trascendencia de esa decisión se confirma cada vez que se trata un proyecto de fuerte carga política. Un caso resonante fue el de la legalización del aborto. Ferviente detractora de la reforma, la vicepresidenta Gabriela Michetti dispuso que fuera tratado por cuatro comisiones, una cantidad alta para el Senado y, a diferencia de lo que había hecho Monzó en Diputados, incluyó la Comisión de Presupuesto, presidida por Esteban Bullrich, otro de los máximos opositores a la ley. Ante la resistencia de los promotores de la iniciativa, finalmente se eliminó el giro a Presupuesto.

Otro caso notable se dio en 2009, durante la discusión de la ley de medios. Después del conflicto con el campo, en 2008, el kirchnerismo había roto relaciones con el vicepresidente Julio Cobos, por lo que se las ingenió para saltearlo en el giro del proyecto. Cuando la iniciativa logró media sanción en Diputados, el miércoles 16 de septiembre, Cristina Kirchner instruyó al presidente de esa cámara, Eduardo Fellner, para que demorara el envío al Senado hasta el lunes de la semana siguiente. Como ella viajaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Cobos iba a tener que hacerse cargo del Poder Ejecutivo y ceder la presidencia del Senado al peronista José Pampuro, presidente provisional. En un primer momento, Pampuro acotó el debate a dos comisiones presididas por el kirchnerismo, pero, ante la presión de la oposición, debió ampliarlo a dos comisiones más.

Para estas decisiones los presidentes de las cámaras tienen como aliado y, a la vez como límite, al secretario parlamentario, elegido por los legisladores para desempeñar una tarea técnica y política. El del Senado es el exdiputado radical Juan Tunessi. En Diputados, Eugenio Inchausti, un emblema de los últimos cincuenta años del Congreso. Oriundo de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, ingresó por primera vez a la cámara en 1963, con 20 años. Era secretario privado del presidente del cuerpo, el diputado radical Arturo Mor Roig, durante el gobierno de Arturo Illia. El golpe de Estado de 1966 lo alejó por unos años del Congreso y lo acercó a su otra pasión, el folclore: se integró a Los Arroyeños, grupo con el que recorrió el país y creó el hit “Que se vengan los chicos”. Con el retorno de la democracia, asumió la Dirección Secretaría, cargo que desempeñó hasta 2013, cuando se jubiló. Tras el triunfo de Cambiemos, en diciembre de 2015 lo convocaron para asumir como secretario parlamentario, una tarea que alterna con su participación en el directorio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música.

***

La sala de máquinas de la fábrica de leyes opera en los edificios anexos. Se pone en marcha una vez que se define el giro y el proyecto sale del Palacio. El primer gabinete es la Dirección de Comisiones, centro de gravedad del trámite legislativo. Desde ahí se distribuyen los expedientes, se asignan las salas para las reuniones, se piden los taquígrafos y las cámaras de video, y, una vez terminado el trabajo de cada comisión, se verifica la validez de los dictámenes. Con cuatrocientos empleados a cargo, la Dirección de Comisiones de la Cámara de Diputados queda en el segundo piso del anexo A, el edificio vidriado de Rivadavia y Riobamba, frente al Palacio. La encabezan Carlos Ferreiro, como director, y Eugenio Silva, como subdirector, desde la década del 80. Por esos pasillos sin luz natural y con techos rebajados con placas metálicas transcurre la mayor parte del camino de una ley. Entre el segundo y el cuarto piso están las oficinas de todas las comisiones y siete salas de reuniones. A toda hora, empleados van y vienen con carpetas de lomo ancho, rotuladas con letras y números.

Cuando las iniciativas llegan a las comisiones se produce la segunda gran batalla política: los presidentes, designados por sus pares a comienzos de año, confeccionan la agenda de las reuniones, es decir, deciden qué proyectos se tratan y cuáles se cajonean. Más determinante todavía, resuelven si la comisión se reúne o si entra en estado de hibernación. Es lo que suele pasar cuando no hay voluntad para que un proyecto se trate, dado que basta con la firma de tres integrantes del cuerpo para sacar una iniciativa del cajón y discutirla en la primera reunión que se convoque. Un caso: a fines de 2010 el kirchnerismo paralizó la Comisión de Presupuesto de Diputados para evitar que llegara al recinto un proyecto de acceso a la información pública que ya contaba con dictamen opositor del resto de las comisiones intervinientes.

Mucho antes de que se tomen esas decisiones, los empleados de cada comisión dan ingreso formal a los expedientes. En la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, en el segundo piso del anexo A, cargan los datos en un documento de Excel y, a mano, en un enorme libro azul que, abierto, ocupa todo el ancho de un escritorio. En una pared pegada a la puerta, hay un cuadro con las caras, los nombres y los datos de contacto de los diputados que integran la comisión. En la del fondo, un afiche de campaña de la APL, el sindicato mayoritario: “En APL el 1 de julio, Norberto Di Próspero. Lista verde y blanca, siempre junto a la gente”.

“El primer paso es la elaboración del temario de las reuniones de asesores. Nosotros nos encargamos de unificar todos los proyectos con estado parlamentario que traten sobre el mismo tema y que tengan el mismo giro”, cuenta en una oficina gemela del cuarto piso Nicolás Pancelli, secretario de la Comisión de Legislación del Trabajo desde 2003. Las reuniones de asesores son el lugar donde los proyectos se discuten más a fondo. Se redacta un anteproyecto de dictamen y, siempre que haya decisión política, se cursan las invitaciones a los diputados para la reunión de comisión.

En ese proceso, los asesores cuentan con la asistencia de la Dirección de Información Parlamentaria, una de las oficinas más profesionalizadas del Congreso, donde responden consultas sobre antecedentes legislativos y evacuan dudas reglamentarias.

Las reuniones de comisión son la instancia donde los legisladores fijan postura y discuten los proyectos en público por primera vez. Si el tema es de baja sensibilidad política, pueden resultar un ámbito de debate real, donde oficialistas y opositores negocian para alcanzar acuerdos. Si es una cuestión de alto voltaje, suelen convertirse en el primer campo de batalla, una sesión en miniatura y por anticipado, donde diputados y senadores discuten con el cuchillo entre los dientes, ante una tribuna de periodistas y representantes de los sectores involucrados.

“La presencia de los medios cambia la dinámica por completo. Cuando el reflector es menos fuerte, puede haber cambios de posición. A veces incluso hay reuniones paralelas, en algún despacho. En la discusión sobre la reparación histórica [para los jubilados] Axel Kicillof y Marco Lavagna se pasaron horas sentados con papel y lápiz, como si fueran dos asesores, para tratar de llegar a un acuerdo”, explica Mariel Muntwyler, una politóloga con más de veinte años de carrera en el Congreso, que fue jefa de asesores del diputado Héctor Recalde.

Superada la etapa del debate, las comisiones deben emitir dictamen. En realidad, elaboran “despachos”, que pueden contener uno o más dictámenes. El que tiene más firmas es el “de mayoría” y se discute en primer término cuando el tema llega al recinto.

Los despachos de comisión reingresan por Mesa de Entradas y van a la Subdirección de Órdenes del Día, una oficina del segundo piso del anexo A. Una ventana de dos metros cuadrados que separa dos oficinas se usa como pizarra, con anotaciones en marcador negro y rojo. A modo de ayuda memoria, ahí se describe el “circuito de las OD”, un laberinto de diez pasos, con varios incisos y asteriscos aclaratorios. Primero, se reenumera el expediente, que se convierte en “Orden del Día” y adquiere un número de OD. Después se lo envía a la Imprenta del Congreso. De ahí regresan dos copias, conocidas como “pruebas de galera”. Una se controla en el momento y la otra se manda a la comisión cabecera, para que haga su propio chequeo. Se verifican los nombres de las comisiones, los autores de los proyectos, las firmas de los dictámenes, la fecha y la sala de la última reunión de comisión. Es un momento crítico: si se pasa por alto algún error, todo el trámite corre peligro.

Hechas las eventuales correcciones, las OD vuelven a la Imprenta, un mundo aparte, ubicado en el subsuelo del Palacio, en el que trabajan trescientas personas. La puerta de entrada se abre con lector de huella digital. Adentro se respira otro aire: huele a tinta y se oye el ronroneo constante de las máquinas. Para evitar el deterioro del papel y los materiales, el lugar está climatizado a veinte grados.

“Acá hacemos todo: Órdenes del Día, Trámites Parlamentarios, Boletín de Asuntos Entrados, Diarios de Sesiones, todo. Si es un proyecto de ley, hacemos 900 copias de las OD. Si es de resolución, 600”, cuenta Héctor Pancho Ávila, director gráfico de la Imprenta. Ingresó en 1985, cuando su padre ya trabajaba en el “pozo”, como lo llama a ese subsuelo sin ventanas, de techos con caños y cables a la vista, habitado por empleados de guardapolvo azul. “Cuando se convoca una sesión de urgencia, nos quedamos toda la madrugada, para que el tema se debata en el recinto es obligatorio que las OD estén impresas”, indica.

Cumplido ese paso, entran en escena otras dos reparticiones: personal de Expedición lleva la pila de documentos a Publicaciones, una oficina situada en la planta baja del Anexo A. Ahí hay un casillero para cada bloque. Detrás del mostrador, hay una balanza naranja con un platillo metálico, de las que se usaban en los almacenes. “Como son tantas y tienen un papel tan finito, pesamos las OD, porque si las tuviéramos que contar una por una nos volveríamos locos”, relata uno de los empleados.

Siete días después de su publicación las OD quedan listas para ser tratadas en el recinto. El expediente regresa físicamente al Palacio e ingresa en otra instancia compleja, de injerencia política más directa y resultado incierto: la de su inclusión en el Plan de Labor, el temario de una sesión. La agenda tentativa se elabora en la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria, bajo la órbita de la Prosecretaría Parlamentaria, y termina de definirse en las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria. De estos encuentros, que suelen hacerse los días previos a la sesión, participan los jefes de todos los bloques.

Desde 2002, la Prosecretaría Parlamentaria de Diputados la encabeza Marta Luchetta, otro personaje clave en la historia reciente del Congreso. Ingresó como empleada administrativa en 1973, después de haber trabajado en una agencia de máquinas de tejer. La convocó el diputado peronista Miguel Davico, amigo de su familia. Quedó impresionado al verla hablar en un programa de televisión, al que iban promesas del deporte. Luchetta jugaba al básquet en Social Beccar, su equipo había ascendido a segunda división y en la entrevista dijo que era peronista. Pese a que es un puesto sometido a votación todos los años en el recinto, se mantuvo con administraciones peronistas, radicales y del Pro. “Nadie puede ser presidente de la Cámara de Diputados si no la consulta a Marta por los temas reglamentarios”, define la exdiputada kirchnerista Teresa García.

“Las reuniones de Labor Parlamentaria son cada vez más concurridas, por la proliferación de los monobloques, y se hace muy difícil organizar las sesiones. No puede tener el mismo peso el presidente de un bloque de cien diputados que otro de uno solo”, se queja Luchetta, en su despacho, del primer piso del Palacio. Trabaja en una oficina austera, con una sola ventana, que da a un patio interno. En la pared frente a su escritorio colocó una imagen del hemiciclo, con 257 imanes circulares, cada uno con la foto de un diputado, distribuidos de acuerdo al reparto de bancas en el recinto. “Ahora para este bloque nuevo de Solá me hicieron figuritas de mala calidad”, reniega.

Una de las tareas de Luchetta es gestionar el reemplazo de los diputados en las comisiones, a pedido de los jefes de bloque. Suele ser una maniobra a la que recurren las bancadas para evitar una derrota en las reuniones. Cuando por algún motivo un legislador no puede asistir a un debate, su bloque cuenta con una firma menos para el dictamen. Un caso extremo se dio en 2009, cuando, en plena discusión por la ley de medios, el kirchnerismo reemplazó a dos senadores que estaban enfermos por otros de firme alineamiento con la Casa Rosada.

El paso siguiente es la convocatoria a una sesión. En las sesiones de tablas deben incluirse todas las OD sin observaciones, es decir, todos los proyectos con dictamen de comisión que cumplieron el plazo de siete días desde su publicación. Eso solo sucede si hay acuerdo en Labor Parlamentaria y si la fuerza mayoritaria tiene voluntad de que el tema se debata en el recinto, una caja de resonancia para la minoría, incluso en aquellas cuestiones que no reúnen los votos para convertirse en ley. Para bloquearle ese escenario a la oposición, los presidentes de las cámaras recurrieron con mayor frecuencia en los últimos años a las sesiones especiales, un debate circunscripto al temario propuesto por los legisladores que solicitan la sesión, un mínimo de diez.

“Yo le digo a Monzó que ahora ellos hacen lo mismo que les criticaban a los anteriores”, se planta Luchetta, apretando los labios.

De tablas o especiales, las sesiones son la puesta en escena por excelencia de la política. Su realización demanda una logística de grandes dimensiones. Dos horas antes la Brigada Antiexplosivos revisa el recinto y las galerías con perros entrenados. Se dispone un grupo electrógeno ante posibles cortes de luz y se ordena el catering para los legisladores. El personal de seguridad y los mozos adoptan turnos especiales, sin horario de finalización, al igual que el cuerpo de taquígrafos, situado delante del estrado.

A la derecha del presidente se ubica el secretario parlamentario. En la bandeja de la derecha, pegada al estrado, empleados de la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria, dirigida por Andrea Nievas, con treinta y tres años de experiencia en el Congreso. En la bandeja izquierda, funcionarios de la Dirección de Sistemas Electrónicos y de la Dirección de Informática y Sistemas. Media hora antes del horario de inicio de la sesión, el presidente de la cámara activa un timbre, que se oye en todo el Palacio, para convocar a los legisladores al recinto. Cuando no hay mayorías aseguradas, la primera gran batalla es por el quórum.

El sensor de las bancas para detectar el quórum se recalibró en 1973, después de que dos diputados empujaron una banca hacia abajo y dieron quórum. Hoy se activa con cuarenta kilos. “Imposible llegar a ese peso empujando”, explica Luis Nasso, director de Sistemas Electrónicos.

En 1991 hubo que hacer un ajuste en una de las bancas: la diputada Marcela Durrieu, hoy suegra de Sergio Massa, no alcanzaba el peso para dar quórum, por lo que se colocó un lastre en la parte inferior de la butaca.

El quórum es numérico, no nominal: se conoce el número, pero no quiénes lo dan. De todos modos, empleados de la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria anotan a mano los presentes en el recinto durante toda la sesión. Están provistos de planillas foliadas con las caras de los 257 diputados agrupados por bloque y un mapa coloreado del recinto. Cuentan además con un arma secreta: Aníbal Vecino, el hombre que conoce todas las caras. De 72 años, se jubiló en 2015, después de treinta y cuatro años de carrera. Pero tuvieron que volver a convocarlo.

“Tiene una habilidad extraña, un don natural —cuentan sus compañeros—. Todos aprendimos a memorizar la mayoría de las caras, pero él es el único que identifica en segundos a cualquiera de los 257 diputados”.

Vecino no está seguro de dónde viene ese talento. Sí sabe que además de buena memoria visual, hace falta “experiencia”, “intuición” e “interpretación política” para vincular a diputados que pertenecen a las mismas provincias o a los mismos bloques.

“En las primeras sesiones tengo que preguntar. Pero con el correr de los días voy memorizando la fisonomía de cada uno”, cuenta en su oficina del segundo piso del Palacio. Tiene el rostro tosco y desgastado, y usa un bigote fino y canoso, pegado al labio. Entró en el Congreso en 1974, como empleado de Ordenanzas, de la mano del dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel. Estudiaba medicina y buscaba alternar el trabajo con la universidad, pero nunca llegó a terminar la carrera. En 1976 renunció y, en 1983, volvió con el retorno de la democracia.

“Algunas cosas me desconciertan —confiesa, para relativizar su infalibilidad—, por ejemplo, cuando Facundo Garretón [diputado por Tucumán] se saca los anteojos, de armazón grueso, me cuesta reconocerlo”.

Vecino pudo quedar en la historia en marzo de 1992, cuando durante el debate sobre la privatización de Gas del Estado, estalló el escándalo del “diputrucho”. Él jura que lo registró unos minutos antes de que lo denunciara Armando Vidal, entonces acreditado del diario Clarín, y que lo advirtió a las autoridades, encabezadas por el entonces presidente de la cámara, Alberto Pierri. “Miraron para otro lado”, mastica bronca.

Superado el escollo del quórum, en general las cartas quedan echadas. Aunque el debate se prolongue durante horas, los diputados tienen decidido de antemano cómo van a votar. “Los discursos no convencen a nadie. Esto es matemática: son culos y manos. Nunca vi cambiar un voto por un argumento, sí por un ATN [Aportes del Tesoro Nacional, un fondo que los gobiernos nacionales suelen repartir de manera discrecional entre las provincias]”, reflexiona, sin filtro, la jefa de despacho de un diputado importante. Los primeros en hablar son los miembros informantes de los dictámenes, después los representantes de los bloques, y luego los diputados a nivel individual. La lista de oradores la elabora la Dirección de Labor. Después de los discursos de cierre, a cargo de los presidentes de las bancadas, queda todo listo para votar. Primero en general y después en particular, es decir, capítulo por capítulo o artículo por artículo, según lo acordado en Labor Parlamentaria.

“El sistema de votación es un software hecho a medida del reglamento de la cámara —cuenta Nasso—. Una vez falló el tablero, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Fue un tema técnico, un colapso en las plaquetas. Vino Lilita Carrió y me dijo: ‘Querido, ¿esto es a propósito?’, y yo la miré y le dije: ‘Diputada, es un tema técnico’ [remarca la palabra técnico]. No le puedo decir precisamente qué, pero después le voy a informar”. Y me contestó: “Te creo”.

Si se aprueba, el proyecto pasa a la otra cámara, donde, con pequeñas variaciones, debe recorrer el mismo camino y superar obstáculos similares. Ni siquiera ese primer trámite formal, el envío de una iniciativa de una cámara a la otra, está exento de maniobras. El de la ley antidespidos es un caso digno de estudio. Sancionado en el Senado el 27 de abril de 2016, el expediente debía salir al día siguiente desde la Dirección Secretaría de esa cámara, en el primer piso del extremo sur del Palacio, hacia la Mesa de Entradas de Diputados, en el segundo piso del extremo norte. Son unos doscientos pasos en total, menos de cien metros, con una escalera de mármol de por medio. El viaje demoró ocho días. Diputados aprobó el proyecto en un trámite exprés de doce días. La demora previa le permitió a Mauricio Macri ganar tiempo: cuando el 20 de mayo firmó el veto, el primero de su gestión, ya había alcanzado una tregua con la Confederación General del Trabajo (CGT), para evitar que recrudecieran las protestas.

Capítulo 3

La guerra de los despachos

Unos diez militantes de La Cámpora se reunieron en la mitad del pasillo del tercer piso de la Cámara de Diputados, un territorio codiciado del Palacio, y, por el corredor del centro, avanzaron hacia el despacho del fondo. Uno llevaba una caja de herramientas. El edificio estaba semivacío y por los ventanales con detalles de vitrales se colaban los últimos rayos de sol del 21 de enero de 2016. Al final del camino, esperaba, vestido de traje azul y parado como un granadero, un pibe de unos 20 años. Había ingresado en la Dirección de Seguridad una semana antes y ese día le habían encargado su primera misión importante: que nadie entrara en la oficina 340, ubicada a sus espaldas.

No es un despacho cualquiera. Es un módulo de tres oficinas interconectadas, con dos entradas y buena luz natural. Durante los diez años anteriores había sido de José María Mono Díaz Bancalari, un dirigente histórico del PJ bonaerense. Tras su salida del Congreso, el kirchnerismo lo reservó para Máximo Kirchner. El hijo de la expresidenta había asumido como diputado por Santa Cruz el 10 de diciembre de 2015, en simultáneo con el ascenso de Cambiemos al poder, pero todavía no se había instalado en Buenos Aires. El FPV, patrón del tercer piso del Palacio desde 2003, se había valido de una práctica que Emilio Monzó, flamante presidente de la cámara, estaba decidido a desterrar: la ley del pase de manos, que indica que el diputado que abandona una oficina decide quién será su nuevo ocupante y le entrega las llaves en mano, sin intervención de las autoridades.

El cambio de reglas se produjo de manera abrupta. El primero en notarlo fue Andrés Cuervo Larroque, una mañana de mediados de enero, cuando ingresaba en su despacho, justo enfrente de la entrada principal de la oficina 340. Monzó y el secretario general de la cámara, Guillermo Bardón, aprovecharon que el lugar estaba siendo refaccionado y, en medio de una disputa incipiente por los recursos y el manejo del poder de la cámara, decidieron dar un golpe de efecto. Cambiaron las cerraduras del despacho que el kirchnerismo había reservado para Máximo, colocaron fajas de clausura en las puertas principal y trasera, y ordenaron a la Dirección de Seguridad que prohibiera el ingreso de toda persona no autorizada. Arrancaba una guerra.

—Correte, pibe. Esto no es con vos —le dijo uno de los militantes de La Cámpora al guardia que aquel 21 de enero custodiaba la entrada trasera de la oficina 340.

—Caballero, eso no va a poder ser —respondió el joven, tratando de mantener la calma.

—Sí, te vas a correr, porque tenemos que entrar —levantó el tono uno de los más fornidos.

—Caballero, eso no puede ser. En todo caso, háblelo con mis superiores —replicó el guardia, cada vez más rodeado y nervioso.

—Andá vos a llamar a tus superiores. Nosotros te esperamos acá —dijo otro militante, a modo de ultimátum.

Cuando el joven finalmente dio un paso al costado y fue en busca de ayuda, el que llevaba la caja de herramientas, un cerrajero contratado para la ocasión, se adelantó con un destornillador y un martillo. Uno de los militantes arrancó la faja colocada sobre la puerta de madera, de doble hoja. No hizo falta forzar la cerradura. Ante el primer golpe debajo del picaporte, la puerta cedió y el despacho quedó abierto. El cerrajero cambió las cerraduras y La Cámpora empezó una ocupación que se extendería durante casi dos meses.

Los dirigentes de la agrupación se turnaron para dormir en el despacho: había que evitar que fuera recuperado por el enemigo. Hicieron un documento de Excel y lo compartieron por WhatsApp. Se asignaron tareas día por día, con nombre y apellido. Cada noche se quedaron dos personas de guardia. Siempre debía haber un diputado, provisto de fueros, para que el personal de seguridad no pudiera desalojarlos. Dormían en un sillón de tres cuerpos y en una bolsa de dormir, y comían en las oficinas del Cuervo. “La idea era mantener ese despacho para empezar a demostrar que no íbamos a retroceder. Para entonces Milagro Sala ya estaba presa. Era una batalla simbólica”, recordó Mayra Mendoza, una de las diputadas que durmió en la oficina 340.

***

El despacho de un diputado o de un senador no es simplemente el lugar en el que desarrolla su actividad parlamentaria y el sitio donde trabajan sus asesores. Es una medida precisa de su ubicación en la pirámide de poder del Congreso. Es el lugar que, a fuerza de rosca o peso político, se ganó o le fue asignado en la batalla que libran los legisladores al asumir una banca. Es la pulseada inaugural de una serie de disputas libradas del primero al último día de sus mandatos. Las oficinas son también una de las tantas monedas de cambio del Congreso, una institución en la que se pelea con la misma ferocidad por la agenda de una sesión, por el artículo de una ley y por la aprobación de un contrato. El reparto de los despachos es la demostración de que, aunque todos tienen un voto, no todos valen lo mismo. “Un buen despacho es un símbolo de estatus, de jerarquía política, y en el imaginario de la política la jerarquía es poder y cuenta”, explica una diputada que ocupó una oficina en el tercer piso del Palacio durante siete años.

La guerra se libra cada dos años, entre los diputados y senadores que ingresan en el recambio parlamentario. Arranca a fines de octubre, justo después de las elecciones legislativas, y concluye dos o tres meses después. Como toda guerra tiene sus propias reglas. Una se aplica por igual en las dos cámaras: todos quieren estar en el Palacio. No importa que la mayoría de sus oficinas no tenga baño privado. No interesa que buena parte de las oficinas de los edificios anexos, en especial las del Senado, sean más modernas, amplias y luminosas. Tampoco que en Diputados las reuniones de comisión se hagan sin excepción del otro lado de la avenida Rivadavia. “Estar en el Palacio es signo de mayor prestigio e incidencia. Si te viene a ver gente de afuera, no es lo mismo recibirla en el Palacio que en una oficina cualquiera. El que te viene a ver se queda con la impresión de que sos un tipo importante”, explica un expresidente de la Cámara de Diputados. “Estar en el Palacio es estar dentro del poder”, sentencia otro diputado que pasó por la presidencia del cuerpo. La conclusión queda servida: estar fuera del Palacio es, en el mejor de los casos y salvo contadas excepciones, ser un legislador de segunda categoría.

En la Cámara de Diputados, dueña de la mitad del Palacio que da hacia Rivadavia, el grupo selecto nunca supera los 20 miembros, menos del 10 por ciento del total. Entre 2017 y 2019 fueron 16, distribuidos en tres plantas. El primer piso es territorio del presidente, y de las secretarías parlamentaria y administrativa. Durante su gestión (2015-2019), Monzó reservó el despacho 117, pegado al suyo, a su principal aliado opositor, el referente de la bancada que ayudaba a Cambiemos a alcanzar el quórum. Primero fue Sergio Massa, jefe del Frente Renovador. Después Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista. En la ocupación de los otros dos pisos predomina una lógica bipartidista, que, con algunas alteraciones, se mantiene como tradición desde 1983: el segundo piso es territorio de la UCR y el tercero, del PJ.

Más allá de quién ocupe la presidencia, en el Palacio tienen un lugar asegurado los tres vicepresidentes de Diputados y los jefes de las cuatro o cinco bancadas más numerosas. El reparto del resto de las oficinas obedece a la distribución de poder —a veces pacífica, casi siempre conflictiva— en el interior de las dos o tres fuerzas más importantes. No tiene que ver necesariamente con los cargos parlamentarios: Máximo Kirchner, por ejemplo, entró como diputado raso, pero tenía mucha incidencia dentro del FPV. El presidente del cuerpo se guarda además una cuota de oficinas para cortejar a algunos legisladores a discreción y reconocer su peso político. En la gestión de Julián Domínguez (2011-2015) se consintió, entre otros, a los que habían sido candidatos a presidente: Lilita Carrió, Hermes Binner y Ricardo Alfonsín. Monzó les reservó un despacho en el Palacio a los diputados de la oposición que habían sido gobernadores, como Maurice Closs (Misiones), Claudia Ledesma (Santiago del Estero) y Daniel Scioli (Buenos Aires).

Este último era uno de los pocos privilegiados que tenían dos despachos a la vez. Como presidente de la Comisión de Deportes, cargo que ejerció entre 2017 y 2019, se consiguió una segunda oficina en el Anexo B, ubicado en Riobamba 71. El departamento, un noveno piso con balcón terraza, era la envidia de los habitantes de ese edificio. Otros despachos muy codiciados fuera del Palacio son los semipisos de Rivadavia 1829, un anexo sin nombre. Durante sus últimos años como diputada, ahí tenía sus oficinas la kirchnerista Diana Conti, que presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales. Al dejar su banca, en 2017, le entregó las llaves a Daniel Filmus, en un pase de manos que Monzó convalidó sin chistar.

En el Senado, dueño de la mitad del Palacio que da hacia Hipólito Yrigoyen, la batalla es menos cruenta. Con menos legisladores y más oficinas disponibles, dos tercios de los 72 senadores tienen despacho en el edificio. El tercio restante habita en el anexo Alfredo Palacios, sobre Hipólito Yrigoyen al 1700, frente a la Plaza del Congreso. A ese lugar se lo conoce como “La Caja”, porque ahí funcionaba hasta 1994 la Caja Nacional de Ahorro Postal. La lógica es la misma que en Diputados: estar en la Caja, un edificio con oficinas amplias y funcionales, es para un senador una señal de que empezó su mandato con el pie izquierdo. Salvo excepciones, ahí van a parar los que recién entran o no cuentan con el padrinazgo de un gobernador.

Para colmo, a diferencia de lo que pasa en Diputados, la mayoría de las comisiones del Senado hacen sus reuniones en los salones del Palacio, un beneficio adicional para los senadores que lo habitan. Los de la Caja, en cambio, deben caminar una cuadra de ida y otra de regreso, casi todos los días. Otra particularidad del Senado es que la regla del pase de mano se aplica de manera más acotada que en Diputados, porque rige otra costumbre, que indica que las oficinas deben traspasarse a otro senador de la misma provincia. La regla no siempre se cumple y no alcanza para evitar las peleas: los senadores de La Caja presionan para tener un despacho en el Palacio y los que ya lo tienen pugnan por mudarse a uno más grande.

Una disputa resonante se produjo en diciembre de 2017. Cristina Kirchner, que asumía como senadora por la minoría después de perder con Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, protagonizó durante meses una pulseada cargada de intrigas y traiciones con Eduardo Costa, senador radical por Santa Cruz. Pugnaban por quedarse con el despacho más grande del Palacio, de 225 metros cuadrados. Es un módulo de oficinas del tercer piso, en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, con vista a la Plaza del Congreso. La expresidenta no se involucró en persona. Fue la senadora por Santa Cruz que dejaba el despacho, la kirchnerista Virginia García, quien llamó a fines de noviembre al secretario administrativo de la cámara, Helio Rebot, para garantizar el pase de manos. “Históricamente este fue el despacho de Cristina cuando era senadora”, argumentó García, excuñada de Máximo Kirchner.

El problema era que la expresidenta no asumía como senadora por Santa Cruz, sino por la provincia de Buenos Aires. El radical Costa insistía en que el despacho debía quedar para su provincia y que Cristina debía heredar una oficina de Buenos Aires. Uno de los senadores bonaerenses salientes era Juan Manuel Abal Medina, que se había alejado del kirchnerismo después de la derrota en 2015. Pese a que varios compañeros de bloque le habían pedido su despacho —una oficina de 135 metros cuadrados, en la planta baja del Palacio—, Abal Medina entregó las llaves a las autoridades de la cámara. Casualidad o malicia, Rebot se lo asignó a Esteban Bullrich, el verdugo de Cristina en las elecciones de 2017.

Después de meses de indefinición y de consultarlo con la vicepresidenta Gabriela Michetti, presidenta del Senado, el secretario administrativo de la cámara aceptó el pedido de Cristina. De no hacerlo, tendría que haber desalojado a los asesores de la expresidenta, ya instalados en el despacho del tercer piso. El horno no estaba para bollos. El oficialismo acababa de consumirse, con la sanción de la reforma previsional, buena parte del capital político ganado en las elecciones de 2017. El radical Costa debió conformarse con una oficina en el cuarto piso de La Caja, en el inicio de una relación tensa con las autoridades de la cámara.

Las inequidades también son notorias entre los habitantes del Palacio. Entre 2017 y 2019, al despacho de Cristina le seguía en tamaño el de Carlos Menem. El expresidente tenía un bloque de oficinas de 197 metros cuadrados, en la planta baja, más cómodo que los de los pisos superiores, pero con menos luz natural. En ese período, el club de senadores con despachos de más de 150 metros cuadrados solo tenía otros seis miembros: Fernando Pino Solanas (Capital), Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), José Alperovich (Tucumán), José Ojeda (Tierra del Fuego), Julio Cobos (Mendoza) y José Uñac (San Juan). En el otro extremo de la pirámide, nueve senadores ocupaban oficinas de menos de 40 metros: Dalmacio Mera (Catamarca), Daniel Lovera (La Pampa), Inés Brizuela y Doria (La Rioja), Silvina García Larraburu (Río Negro), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Carlos Reutemann (Santa Fe), Ana Almirón (Corrientes) y Alfredo De Angeli (Entre Ríos). Este último ocupaba el despacho más chico del Palacio, de 22 metros cuadrados.

Cuando en 2012 arrancó el Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE), un programa de refacción integral del Congreso, sus encargados hicieron una radiografía del Palacio y diagnosticaron una sobreocupación que, entre otras cosas, estaba vinculada a la resistencia de los legisladores a tener sus despachos en los edificios anexos. “Se suele decir que en el Palacio cada metro cuadrado cotiza más caro que en la ciudad de Buenos Aires”, cuenta Guillermo García, asesor de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, y asesor patrimonial de Diputados. Esta superpoblación afectaba las “condiciones de habitabilidad”, determinaron los expertos. En el primer piso, la galería que bordea la sala de taquígrafos del Senado, sobre la calle Combate de los Pozos, estaba ocupada con muebles, cuando debía ser un pasillo libre para circulación. Si hubiera que hacer una evacuación de emergencia, advirtieron los expertos, el único escape sería por la Cámara de Diputados. También encontraron oficinas que obstruían la salida en la galería superior del Salón de las Provincias, el vestíbulo que da a la entrada principal del Palacio, sobre la avenida Entre Ríos. Otro ejemplo insólito del hacinamiento: en el balcón ubicado a espaldas del escritorio del presidente del Senado, en una de las esquinas del primer piso del Palacio, funcionaba una cocina.

Las oficinas de la presidencia, con vista a la Plaza del Congreso, quedaron en el centro de la polémica en los primeros meses de 2012, cuando, a poco de asumir, Amado Boudou ordenó una refacción integral. Justo cuando estallaba el escándalo por el caso Ciccone, el entonces vicepresidente mandó a pintar las paredes, cubiertas con boiserie de madera de caoba y cedro, con pintura sintética blanca, a contramano de las normas de conservación de edificios históricos. También compró un escritorio de diseño, fabricado en Italia por el arquitecto Norman Foster e inspirado en la nave espacial Apolo XI.³ Se publicó incluso que el vicepresidente había instalado un gimnasio personal y un jacuzzi, algo que él siempre negó. Los empleados del Senado escondieron los escritorios originales, encargados por el exvicepresidente José Figueroa Alcorta, a inicios del siglo XX, para preservarlos. En septiembre de 2012, el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a Boudou por las obras en esas oficinas. El despacho recuperó su fisonomía en 2017. Los asesores de Michetti no encontraron rastros del gimnasio ni del jacuzzi.

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La batalla por el despacho de Máximo tuvo su germen el 9 de diciembre de 2015, un día antes de la asunción de Macri. En medio de la disputa insólita por la ceremonia del traspaso de la banda presidencial, Julián Domínguez, presidente saliente de la Cámara de Diputados, convocó a su oficina a Monzó, ya elegido para ocupar ese cargo, con el objetivo de acordar los detalles operativos de la sucesión parlamentaria. El dirigente macrista fue acompañado por Nicolás Massot, su mano derecha y futuro jefe de la bancada del Pro. Apenas entraron en el Salón de Honor, en el primer piso del Palacio, se dieron cuenta de que estaban en minoría. Domínguez estaba rodeado por unos diez diputados del FPV, todos pesos pesados, como José Luis Gioja, Héctor Recalde, Julio De Vido, Teresa García, Juliana Di Tullio y el camporista Eduardo Wado de Pedro, que había estado en pareja con la hermana de Monzó. Pese a haber perdido la mayoría, el kirchnerismo seguía teniendo el bloque más numeroso, con 98 integrantes, frente a 90 de Cambiemos.

En el centro de la discusión estaban los contratos de unos doscientos empleados del FPV en Diputados, que excedían el cupo que le correspondía a cada bloque.

—Tengo que tomar determinaciones —advirtió Monzó, con gesto adusto, cuando los kirchneristas pusieron el tema sobre la mesa.

—No vas a tocar a los empleados que trabajan bien, ¿no? —intentó sacarle un compromiso Teresa García.

Los dirigentes de Cambiemos se llevaron una impresión muy clara. Después de atravesar el vestíbulo de la presidencia de la cámara, Monzó y Massot bajaron por la escalera de mármol que conduce a la planta baja del Palacio. No les hizo falta hablar. Se entendieron con una mirada. Cuando salieron a la calle, minutos más tarde, Massot lo resumió con una frase: “Fue como si nos dijeran: ‘Bienvenidos, seguimos gobernando nosotros’”. Si querían ejercer el poder, replicó Monzó, necesitaban marcar la cancha con un gesto fuerte de autoridad. O con varios. ¿Pero cómo? Acordaron diseñar un contragolpe cuanto antes.

Los tiempos se aceleraron con una nota que Recalde, flamante jefe del bloque kirchnerista, envió unos días después a la presidencia de la cámara para designar al diputado Marcos Cleri en la vacante que había dejado en el Consejo de la Magistratura Anabel Fernández Sagasti, elegida senadora en las elecciones de ese año. Massot le llevó una propuesta a Monzó. El oficialismo debía arrebatarle al FPV ese lugar en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de remover y designar a los jueces. El presidente dio luz verde para la ofensiva. Los doce años de kirchnerismo habían dejado muchos heridos y Cambiemos estaba dispuesto a cobijarlos. Las gestiones se mantuvieron en secreto y quedaron a cargo de Massot, que enseguida habló con Margarita Stolbizer. La diputada de GEN acercó a Victoria Donda, de Libres del Sur, y a los socialistas de Santa Fe. Días después se sumaron los peronistas de La Pampa y los diputados de Santiago del Estero que respondían al gobernador Gerardo Zamora. El acuerdo de distintas bancadas, a contramano de todos los antecedentes en esa clase de designaciones, se cerró el 28 de diciembre de 2015 y permitió nombrar por 15 votos de diferencia a Pablo Tonelli, diputado del Pro, en reemplazo de Fernández Sagasti.

El kirchnerismo puso el grito en el cielo y llevó el tema a la Justicia. El golpe le había dolido. Por primera vez había quedado en minoría en el Congreso y, con Cristina en el llano, las lealtades empezaban a resquebrajarse. Para colmo, Monzó mantenía congelada la designación de los empleados de los diputados del FPV que acababan de asumir. No firmaría los nombramientos hasta que la bancada no redujera la cantidad de contratos, les advirtió. Recalde administraba “derrota y miseria”, según él mismo definía, cuando los colegas de su bloque iban a su despacho a reclamar porque sus asesores no cobraban el sueldo. En simultáneo, Macri había dispuesto la primera tanda de despidos en las dependencias del Poder Ejecutivo. Muchos militantes se habían quedado en la calle.

Faltaba un golpe más y Cambiemos estaba dispuesto a darlo. A mediados de diciembre, Massot le había avisado a García, secretaria parlamentaria del FPV, que debían abandonar algunos despachos del tercer piso del Palacio. El jefe de la bancada del Pro confeccionó una planilla con los metros cuadrados que le correspondía a cada bloque en el Palacio según la cantidad de integrantes. Como con el cupo de empleados, el kirchnerismo tenía más de lo que le tocaba. Además de Recalde y García, tenían oficina en esa planta Di Tullio, Gioja, Edgardo Depetri, Carlos Kunkel, Carlos Moreno, Larroque y De Pedro. A metros del despacho reservado para Máximo, funcionaba la Sala de la Juventud Néstor Kirchner, una de las oficinas que ocupó el expresidente durante su breve paso por la cámara en 2010 y, después de su muerte, lugar habitual de reunión de los diputados de La Cámpora. Ninguno estaba dispuesto a mudarse. García transmitió el mensaje a Massot los primeros días de enero. El jefe de bloque del Pro se lo comunicó a su jefe. Monzó ordenó redoblar la ofensiva.

La respuesta corrió por cuenta de Bardón, otro de los hombres de confianza del presidente. Bajo su órbita tenía al director de Coordinación, Fabián Pantano, un funcionario de carrera que ejerce un papel clave en la asignación y remodelación de los despachos desde la década del 90, cuando el menemista Miguel Ángel Pierri ocupaba la presidencia de la cámara. Pantano le confirmó a Bardón que el despacho reservado para Máximo estaba siendo refaccionado y que todavía no había sido ocupado por su nuevo dueño, por lo que el proceso de asignación no estaba terminado. Al secretario general le brillaron los ojos. Tras consultarlo con Monzó, dio instrucciones para el desembarco. La decisión se formalizó con una resolución presidencial hecha a medida, en la que se dispuso que la ocupación de las oficinas por parte de los diputados tenía “carácter transitorio” y que la distribución y adjudicación de los despachos correrían por cuenta de la Secretaría General, es decir, del propio Bardón. Citaron como antecedente una resolución de Alberto Balestrini, que, en noviembre de 2007, había asignado todos los despachos del tercer piso al FPV, en función de los resultados de las elecciones de octubre de ese año.

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El Palacio no siempre fue un lugar exclusivo. En los meses posteriores al retorno de la democracia llegó a albergar a unos cien diputados. Como no había espacio suficiente se subdividieron despachos y se levantaron oficinas de durlock en los pasillos. El clima de aldea comunitaria se quebró hacia mediados de 1984, cuando se habilitó por completo el Anexo A de la cámara. Es el edificio de catorce pisos situado sobre la avenida Rivadavia, justo frente al Congreso. Por sus ventanas exteriores de vidrios espejados, que reflejan la cúpula del Palacio, sus creadores lo bautizaron como el Edificio de Cristal. Pero el tamaño diminuto de sus oficinas hizo que los diputados enseguida lo rebautizaran como La Pajarera. En las primeras cinco plantas funcionan las comisiones y las oficinas administrativas. Del sexto piso hacia arriba tienen sus despachos unos doscientos legisladores. Son los que no lograron ubicarse en el Palacio ni en los otros tres edificios anexos que tiene la cámara, todos en la misma manzana, entre Rivadavia, Riobamba, Bartolomé Mitre y Callao. Pese a que en el Anexo A se hacen las reuniones de comisión y funciona el salón comedor, para un diputado no hay peor destino que La Pajarera.

Un despacho estándar del Anexo A tiene unos treinta metros cuadrados. Son dos plantas con entrada individual, unidas por una escalera angosta, tipo dúplex. Las oficinas de la planta de arriba, en piso impar, están destinadas a los asesores y, según una resolución dictada por Monzó en 2017, cuentan con un escritorio para dos puestos de trabajo, dos sillas operativas, una cajonera, dos computadoras, una impresora, un perchero y un teléfono. Las de abajo, en piso par, son de los diputados y, además de un toilette, están equipadas con un escritorio con mueble de apoyo, una silla de legislador, dos sillas de cortesía, una computadora, un perchero, una bandera nacional con mástil y un teléfono.

Pese al esfuerzo por establecer parámetros equitativos, tampoco dentro de La Pajarera todos los legisladores valen lo mismo. Hay despachos de doble ancho, con más espacio para los asesores y una oficina de reuniones en la planta inferior. Otro factor clave es la ubicación. Todo depende de cómo se haya movido el diputado durante los días de la guerra. “Un despacho sobre Rivadavia, con vista a la cúpula es buen despacho. También son muy codiciadas las oficinas de las esquinas, porque son más luminosas”, explica un expresidente de la cámara, que advierte que este tipo de disputas son una constante desde el retorno de la democracia. “Ya en los años 80 para asegurarse un despacho muchos ponían candados o dejaban a un empleado durmiendo adentro”, recordó.

Los peores despachos, los que no quiere nadie, son los que dan al pulmón interno de La Pajarera, en especial los de las plantas más bajas: casi no tienen luz natural y la ventilación es muy escasa. Una recorrida por el corredor interno del sexto piso permite identificar a los diputados que perdieron la guerra, en general los más desconocidos e inexpertos. “No pude arreglar con un diputado que se iba y tuve que pagar el derecho de piso”, cuenta, en la oficina 628, la bonaerense Josefina González (UCR), expresidenta de la Federación Universitaria de la Argentina, que en 2017 asumió una banca con 25 años, 6 meses y 25 días, convirtiéndose en la diputada más joven de la historia. Además de uno de los peores despachos le asignaron un lugar en siete comisiones, dos más que el promedio, pero no le dieron la presidencia de ninguna, por lo que no le adjudicaron una segunda oficina. Entre 2015 y 2019 otro de los habitantes del sexto piso de La Pajarera era Juan Carlos Villalonga (Pro). Sus asesores, instalados en el séptimo piso, ni siquiera podían abrir la ventana, porque la oficina daba a una escalera de emergencia. Silvana Giudici, diputada radical entre 2003 y 2011, pasó unos años en ese sector. “A las 11 de la mañana se me llenaba el despacho de olor a milanesa porque en el quinto piso funcionaba el comedor”, recuerda.

Otra habitante famosa del sexto piso de La Pajarera fue Patricia Bullrich. En diciembre de 2009, tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones de ese año, ella y Giudici se mudaron al Palacio. Junto con Graciela Camaño, eran capitanas del Grupo A, un conglomerado parlamentario formado por los principales bloques de la oposición al kirchnerismo. Giudici ocupó una oficina del segundo piso. Bullrich, que había entrado en 2007 por la CC, consiguió un despacho en el tercero, que en ese momento era territorio exclusivo del FPV. Agustín Rossi, entonces presidente de la bancada oficialista, logró evitar, en cambio, que desembarcara en ese piso Felipe Solá. Exdiputado kirchnerista, Solá reasumía una banca tras haber participado de la lista opositora encabezada por Francisco de Narváez en las elecciones de ese año. “¡De ninguna manera, acá no vamos a aceptar a ningún opositor!”, le negó la entrada Rossi.

En 2013, empezó una batalla de dientes apretados, cuando el kirchnerismo obligó a Bullrich a mudarse de regreso a La Pajarera. Alejada el año anterior de Lilita Carrió, la diputada de Unión por Todos lideraba un monobloque y su presencia en el Palacio no estaba justificada. Julián Domínguez, que había asumido como presidente de la cámara en diciembre de 2011, ordenó el desalojo a fines de 2013. Bullrich se resistió, consciente de que significaba una degradación en la pirámide de poder interno. Después reclamó que al menos la dejaran llevarse su escritorio. Le respondieron que no. Era un mueble de estilo que pertenecía al Palacio. Entonces pidió que le compraran muebles nuevos. De nuevo le dijeron que no. Como no entregaba las llaves, Domínguez le puso una fecha límite. Ese día, cuando llegó el personal encargado de la mudanza, se encontraron con el despacho cerrado con llave. El presidente de la cámara llamó a la diputada y le avisó que forzarían la puerta. En esa última conversación, Bullrich logró retener el escritorio. Ricardo Angelucci, entonces secretario general de la cámara, y Pantano, el director de Coordinación, cruzaron el mueble en ese mismo momento por el medio de la avenida Rivadavia.

Domínguez ya había tenido que lidiar con diputadas aguerridas en los primeros meses de 2012. En medio de las obras de refacción del Anexo A, que obligaron a reubicar muchas oficinas, Graciela Boyadjian (Tierra del Fuego) se negó a entregar el salón que ocupaba el bloque del Movimiento Popular Fueguino, en el segundo piso. Después del crecimiento que había experimentado en la década del 90, la bancada patagónica había perdido volumen. Ante la intransigencia de la diputada, Domínguez primero mandó a cortar la luz en el sector. Después suspendió la provisión de agua. Boyadjian nunca entregó la llave y los encargados de la refacción debieron ingresar por la fuerza.

En la Pajarera la guerra por los metros cuadrados llega hasta el subsuelo. Son cuatro plantas destinadas al estacionamiento de la cámara, con lugar para trescientos autos. Ahí dejan sus vehículos particulares los diputados, funcionarios de alto rango y algunos pocos asesores. Para evitar inequidades, las cocheras no tienen asignación fija. Se ocupan por orden de llegada, lo que suele generar grandes discusiones los días de sesión, cuando las plantas superiores se llenan desde temprano. Las cocheras son además una de las tantas monedas del Congreso. Un ejemplo: a principios de 2017 un diputado del kirchnerismo aprovechó un favor que le había pedido Monzó para reclamar, a cambio, una mejora en su precaria situación habitacional. Ocupaba un despacho con vista al pulmón interno del Anexo A y disponía de un único pase para el estacionamiento. Después de cumplir con el requerimiento que le hizo el presidente de la cámara, una cuestión territorial fácil de resolver para el diputado, fue reubicado en una oficina de doble ancho, con vista a la cúpula, y le facilitaron una segunda cochera para uno de sus asesores.

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Una vez que La Cámpora recuperó el despacho de Máximo Kirchner, el 21 de enero de 2016, la pelea entró en una nueva fase: la de la opinión pública. Al día siguiente el tema estalló en los portales de noticias, con dos enfoques bien distintos. Se afirmaba, por un lado, que el kirchnerismo había tomado la oficina por la fuerza y que la mantenía ocupada sin permiso de las autoridades y, por otro, que la presidencia de la cámara había “usurpado” las oficinas, pese a que en el sistema de intranet de los diputados ya figuraban a nombre de Máximo Kirchner. Las dos cosas eran ciertas. La disputa era por la interpretación de los hechos. Monzó permitió que los móviles de televisión se instalaran en el tercer piso del Palacio. “TN lo llamó la ‘guerra de los picaportes’ y nos abordaban cada vez que salíamos al pasillo —recuerda Teresa García—. No podíamos ni ir al baño sin salir en cámara”.

En esas entrevistas al paso, los diputados de La Cámpora y de Cambiemos fijaron posición. “Las noticias no nos sorprenden. Todos tenemos que tener el temple para tomarlo con racionalidad. Están pasando cosas graves y esto es una provocación”, declaró el Cuervo Larroque, después de una cumbre en el despacho de Recalde, en la que se definió que había que aprovechar la presencia de las cámaras para darles visibilidad a temas que el gobierno se negaba a tratar en el Congreso, como los despidos en el Estado y la derogación por decreto de artículos clave de la ley de medios. Massot reconoció que se trataba de una pulseada política: “El FPV tiene que entender que hubo un recambio en el poder y que eso tiene que reflejarse en el Congreso, incluso en la distribución de los espacios físicos”. Lo mismo argumentaba Monzó en las conversaciones privadas con los referentes del bloque kirchnerista. “Déjenme gobernar. Si no puedo administrar los despachos, no puedo gobernar la cámara”, les decía.

En paralelo a la batalla que se libraba por la opinión pública, el oficialismo trabajaba para quebrar el bloque que presidía Recalde. Al congelamiento en las designaciones de empleados y a la maniobra para arrebatarle un lugar en el Consejo de la Magistratura, les siguieron negociaciones con sectores del peronismo no kirchnerista, convalidadas por buena parte de los gobernadores del PJ, distanciados de Cristina Kirchner. La ruptura se produjo el 3 de febrero de 2016 y estuvo liderada por Diego Bossio, exdirector de la Anses, y Pablo Kosiner, cercano al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. En cuestión de horas, los dos consiguieron que Monzó les asignara despachos en el tercer piso del Palacio. Otro golpe al orgullo del FPV.

La guerra parecía no tener fin. Cada vez más arrinconado, el kirchnerismo concebía la ocupación del despacho de Máximo como la defensa del último bastión de la resistencia. Subido al ring, el oficialismo no podía mostrar debilidad. El hijo de la expresidenta estrenó las oficinas el 2 de febrero, en la reunión previa a la ruptura de la bancada del FPV. Ingresó por la puerta trasera, porque la entrada principal conservaba la faja de clausura. Monzó permitió el ingreso de Máximo, pero unos días después dispuso una guardia especial en el pasillo que conduce a la entrada trasera. Argumentó que debía controlar que los diputados y los empleados no se llevaran elementos pertenecientes a las oficinas. Advirtió además que siempre debía haber al menos un diputado en el despacho, como garantía del cuidado de las instalaciones.

Cansados de una batalla que los desgastaba ante la opinión pública, los kirchneristas intentaron llegar a un acuerdo. Wado de Pedro y De Vido pasaron por el despacho del presidente de la cámara. También el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. Monzó había trabajado como asesor de su padre, Francisco Durañona y Vedia, diputado por la Ucedé entre 1987 y 1995. Pero las gestiones no dieron resultado y la tensión siguió creciendo.

El oficialismo lanzó la ofensiva final el 25 de febrero. En una carta que le envió a Recalde, Bardón puso un plazo de 72 horas para que el kirchnerismo desocupara el despacho de Máximo, “bajo apercibimiento de adoptar las medidas administrativas pertinentes que garanticen su recupero por parte de la cámara”. La nota exigía también la entrega de los despachos de García y de Kunkel, en el otro extremo del tercer piso. No era todo: por primera vez el oficialismo cruzó una frontera inexplorada y reclamó la devolución de las oficinas 313 y 318, donde funcionaba la Sala de la Juventud Néstor Kirchner.

El plazo de 72 horas se cumplió sin que el kirchnerismo respondiera. El conflicto empezaba a generar fricciones internas en el bloque de Recalde. Si era una cuestión de metros cuadrados, ¿por qué no entregar despachos de otros diputados y cerrar el tema evitando una derrota simbólica? Las miradas apuntaban a Kunkel, Depetri, De Vido, Moreno, Di Tullio, Larroque y De Pedro, otros de los habitantes del tercer piso. Ninguno quería ceder. Sin consultarlo con nadie, Teresa García fue a ver a Monzó los primeros días de marzo. “Terminemos con esto”, le dijo, y puso a disposición el módulo de tres oficinas que ocupaba. El presidente de la cámara enseguida le consiguió dos oficinas con buena ventilación en el primer piso de La Pajarera. Monzó abrió un diálogo sin intermediarios con Máximo. En los meses posteriores los dos construirían una muy buena relación. El 10 de marzo, después de cincuenta días, el presidente de la cámara dio por terminado el conflicto y confirmó que la oficina 340 quedaba en poder del hijo de la expresidenta.

Esa batalla marcó un antes y un después en la guerra de los despachos. En diciembre de 2017, una semana antes del recambio legislativo, Monzó dictó una nueva resolución que dispuso que los diputados salientes debían entregar las llaves de sus oficinas en un plazo máximo de 5 días hábiles tras la finalización de su mandato. De no hacerlo, advirtió, no recibirían la liquidación final de sus haberes. “Vencidos los plazos establecidos sin que se hubiese producido la correspondiente restitución del despacho, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dispondrá las medidas necesarias para efectuar la correspondiente desocupación, a fin de poder reasignar dicho despacho al cumplimiento de otras necesidades”, dice la resolución. Tan solo un marco legal para moderar las batallas venideras.

3. La Nación, 21 de febrero de 2013, por Iván Ruiz y Maia Jastreblansky.

Capítulo 4

La vida secreta del Palacio

Jorge Bravo, director general de taquígrafos del Senado desde 2008, atesora en su despacho, del primer piso del Palacio, el diario de sesiones del 23 de julio de 1935, el día en que asesinaron en pleno recinto a Enzo Bordabehere, senador electo por Santa Fe. Ocurrió cuando Lisandro de la Torre, senador por la misma provincia y jefe de la bancada demócrata progresista, interpelaba al ministro de Hacienda, Federico Pinedo (abuelo del senador del Pro), por irregularidades en el comercio de carnes con Inglaterra.⁴ La discusión subió de tono.

Sr. Ministro de Hacienda. —¡El señor senador por Santa Fe llega, en este momento, a la nota más alta de su histriónica comiquería!

—El senador De la Torre abandona su banca y se acerca a la del ministro de Hacienda.

Sr. Ministro de Hacienda. —¡Insolencia y cobardía me atribuye! El señor senador por Santa Fe es capaz, señor presidente, de retarme a duelo, porque sabe que, por mis convicciones, yo no me bato.

Sr. de la Torre (de pie). —¡Y usted es capaz de no batirse por cobardía!

—Se produce una incidencia personal entre el ministro de Agricultura [Luis Duhau] y el senador por Santa Fe.

—Suena la campana de orden; penetra al recinto gente extraña y se oyen disparos de armas de fuego al lado de las bancas de los ministros, produciéndose un gran tumulto.

Sr. Presidente (Carlos Bruchmann). —Queda interrumpida la sesión.

—Era la hora 16 y 30 minutos.

La “gente extraña” que irrumpió en el recinto eran matones del Partido Conservador, del presidente de facto Agustín Pedro Justo. Ramón Valdez Cora, excomisario bonaerense y custodio del ministro de Agricultura, sacó un revólver y disparó cuatro veces. Bordabehere, que había intercedido para defender a De la Torre, tendido en el piso tras un empujón de Duhau, recibió dos balazos en la espalda y uno en el pecho. Intentaron reanimarlo en una sala contigua al recinto, hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó al hospital Ramos Mejía, donde murió minutos después. El asesino aprovechó la conmoción, salió corriendo, cruzó un pasillo y se metió en la sala de taquígrafos, a metros del recinto. Lo detuvieron cuando intentaba llegar hasta los ventanales que dan hacia la calle Combate de los Pozos.

La versión taquigráfica del 23 de julio de 1935 lleva la firma de Ramón Columba, director de taquígrafos, caricaturista y autor de El Congreso que yo he visto (1943), la obra que mejor retrató la actividad legislativa de aquella época. El asesinato de Bordabehere es un mojón ineludible en la historia argentina. Es también un hito en la vida de un edificio con más de cien años de existencia, con salones, pasillos y rincones que cuentan historias trágicas, ocultan misterios y albergan curiosidades. El Palacio del Congreso es un símbolo de la democracia y es, a la vez, el lugar de trabajo de más de dos mil personas, entre diputados, senadores, asesores, taquígrafos, mozos, peluqueros, lustrabotas, personal de seguridad, ceremonial, administración, prensa, limpieza y de la imprenta, ubicada en el subsuelo.

Iniciada su construcción en 1898, el Palacio del Congreso fue concebido como un altar de la patria, una obra monumental destinada a reflejar el clima de nacionalismo fervoroso y prosperidad febril que se vivía entre las elites de la Argentina a fines del siglo XIX.⁵ Con una superficie de 40.000 metros cuadrados, se convirtió en uno de los parlamentos más grandes del mundo. Alberga al Congreso desde 1906, pese a que las obras se completaron solo en 1946. La ubicación dice mucho del propósito del edificio, nacido de un proyecto de ley de 1889, del entonces presidente Miguel Juárez Celman. A dos kilómetros de distancia de la Casa Rosada, mira de frente a la sede del Poder Ejecutivo, desde el otro extremo de la avenida de Mayo, un reflejo arquitectónico de la separación de poderes que postula la Constitución. Hasta entonces, el Poder Legislativo funcionaba a un costado de la Casa Rosada, en la esquina de Defensa y la antigua calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, casi como si fuera un ministerio.

Para reforzar el carácter monumental del Palacio, sobre el pórtico principal, de seis columnas corintias, se instaló una cuadriga, una escultura de bronce de 20 toneladas y 8 metros de alto, que representa a la república triunfante, a bordo de un carro tirado por cuatro caballos. En cada esquina del edificio, a modo de guardianas de la manzana, se colocaron cuatro figuras aladas de Victoria, la diosa del triunfo, en la mitología romana. Las escalinatas principales se coronaron, a cada lado de la explanada, con grupos escultóricos de Lola Mora, que simbolizaban la paz, la justicia, el trabajo, la libertad y el progreso. Pero las figuras de mujeres con el torso desnudo ubicadas en el centro de esas obras fueron demasiado osadas para la moral de aquella época. Se generó tal escándalo que en 1916 fueron removidas y trasladadas a la provincia de Jujuy. La fachada del edificio recuperó su fisonomía casi un siglo después, en 2014, cuando se colocaron réplicas de esas esculturas, como parte del PRIE, el programa de refacción integral del Congreso, iniciado en 2012.

El gran acierto de Vittorio Meano, el arquitecto italiano que diseñó el Palacio y se encargó de las obras durante los primeros años, fue la dimensión de la cúpula, que alcanza 80 metros de altura. En el momento de su construcción, en Buenos Aires no había edificios de ese porte. En una de las mejores postales de la ciudad, la bóveda puede verse desde el otro extremo de la avenida de Mayo, enmarcada entre los frentes de los palacetes antiguos y las copas de los árboles. El color verde característico se lo da un revestimiento de cobre, que adquiere ese tono en contacto con el aire. La estructura, de 30.000 toneladas, se apoya sobre 4 pilares de hormigón que llegan hasta el subsuelo del edificio, donde se construyó una “contracúpula” de granito, de 10 metros de profundidad, para soportar el peso. En el lugar, al que se accede por una escalera angosta que nace en uno de los patios internos del Senado, funcionan las calderas que calefaccionan todo el edificio. Es un sótano lleno de trastos viejos y muebles en desuso, con letreros decolorados por el paso del tiempo. En la parte baja de las paredes se ve el comienzo de la estructura ovoide que se entierra debajo del suelo. Un elemento arquitectónico que encierra una metáfora política: el poder en el Congreso, de apariencia ostentosa y elegante, se sostiene sobre bases subterráneas, poco vistosas y casi desconocidas.

La construcción del Palacio pronto quedó envuelta en un gran escándalo, augurio de las sospechas que acompañan hasta la actualidad la actividad de diputados y senadores. Con un presupuesto original de 5.776.545 pesos de entonces, se autorizaron sucesivas ampliaciones hasta que, en un plazo de siete años, la cifra se multiplicó por cinco. Las obras quedaron signadas también por un hecho trágico. El arquitecto, que en esos años construía en simultáneo el Teatro Colón, no llegó a ver terminado el edificio. El 1 de junio de 1904, Meano sorprendió en su casa, de Rodríguez Peña 30, a su esposa, Luisa Fraschini, con Carlos Passera, un exempleado de la pareja, de 28 años, al que el arquitecto había despedido un mes antes. Después de una discusión acalorada, el joven le pegó dos tiros a Meano, que murió al instante, con 50 años.

Para acceder a la cúpula del Congreso hay que tomar un ascensor en la terraza del tercer piso. Después hay que subir una escalera recta de unos 50 escalones, que lleva a un balcón en la parte superior del Salón Azul, el más imponente del Palacio, sobre el que cuelga una araña de bronce majestuosa, de 5 metros de alto y 3 de diámetro. Desde ese sitio, con ventanales que dan al exterior, parte una escalera caracol que conduce a un descanso, de unos 15 metros de diámetro, desde donde se aprecia el esqueleto de la bóveda, de vigas color rojizo. Es un lugar lleno de polvo, al que van a morir algunas palomas, iluminado solo por la luz que se filtra por los “ojos” de la cúpula. Son pequeñas ventanas circulares, con reflectores en forma de pantalla, que se encienden de noche e iluminan la punta del edificio. Otra escalera curva, sobre uno de los laterales, lleva a un balcón exterior, que rodea la parte superior de la cúpula, adornada con un aro de cuatro gárgolas. Una última escalera caracol, muy angosta, permite acceder a otro balcón externo, en la base de la aguja. Ahí puede adivinarse el aire de grandeza que inspiró a los creadores del Palacio, como si el ascenso a la cúpula fuera un viaje atrás en el tiempo. Desde la cima, todos los edificios de alrededor parecen pequeños, como lo quería Meano, y la Casa Rosada es un punto apenas visible en el horizonte.

UNA VENTANA A LA REPRESIÓN

La noche del 19 de diciembre de 2001, José Luis Gioja, entonces presidente del bloque de senadores del PJ, se sobresaltó en el sillón de su despacho cuando oyó los alaridos de una de sus asesoras. Los empleados se habían quedado hasta muy tarde en las oficinas del segundo piso del Palacio, para evitar incidentes a la salida. Era regla en esos días. Imbuidos del espíritu del “que se vayan todos”, grupos de manifestantes hacían guardia en las puertas del Congreso para increpar a diputados y senadores. La ligaba cualquiera que vistiera traje y corbata. A contramano de lo que muchos creen, el Palacio no cuenta con canales de evacuación subterráneos. Los únicos túneles que hay en el subsuelo son ductos de calefacción, sin conexión con el exterior. “¡Hay una persona muerta!”, le advirtieron a Gioja, mientras él se acercaba a la ventana que da a la avenida Entre Ríos, por donde se colaba el sonido de las motos policiales, ariete de la represión de las protestas contra el gobierno de Fernando de la Rúa. Un hombre, con camisa y pantalón de vestir, yacía inconsciente boca arriba, sobre la escalinata del acceso principal del edificio. En los escalones, alrededor del cuerpo, había manchas de sangre. Mientras sostenía la cortina con una mano, el senador se tomó la cabeza con la otra. Volvió a su despacho y llamó a su hija, Flavia, monja y puntal espiritual de la familia Gioja, para recobrar algo de tranquilidad. El hombre tendido en las escalinatas se llamaba Jorge Cárdenas y tenía 52 años. Fue trasladado de urgencia al hospital Ramos Mejía, el mismo en el que habían atendido a Bordabehere sesenta y seis años antes. Logró sobrevivir, pese a que había recibido dos balazos de la policía. Pero su salud quedó muy deteriorada y murió seis meses después, como consecuencia de un accidente cerebrovascular. El episodio fue el preanuncio de la feroz represión que al día siguiente selló la caída del gobierno de la Alianza.

La renuncia de De la Rúa ingresó por la Mesa de Entradas del Senado, en el edificio anexo Alfredo Palacios, la noche del 20 de diciembre. La tinta estaba fresca.

Al Sr. Presidente provisional del H. Senado,

Ing. Ramón Puerta

S/D

Me dirijo a Ud. para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación.

Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios.

Confío en que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República.

Pido por eso al H. Congreso que tenga a bien aceptarla.

Lo saludo con mi más alta consideración y estima, y pido a Dios por la ventura de mi Patria.

El reproche de De la Rúa apuntaba al juicio político que acababan de activar los legisladores del peronismo. Con Puerta como presidente interino, la sucesión se definió dos días después, en una reunión en el Salón Gris del Senado, de la que participaron los gobernadores y los líderes parlamentarios del PJ. “Nadie quería agarrar”, recuerda uno de los presentes. Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador de San Luis, emergió desde un costado del salón para autopostularse. Duró una semana en el cargo. Su renuncia a la presidencia, con fecha del 30 de diciembre, también ingresó por la Mesa de Entradas del Senado, el 31 de diciembre.

San Luis, 30 de diciembre de 2001

Asamblea Legislativa:

He puesto mis mejores esfuerzos de argentino para cumplir con el mandato que me otorgaron.

He servido con humildad, honestidad, austeridad a mi querida Argentina.

Algunos gobernadores que no comprenden la gravedad del momento me han quitado el apoyo.

No me queda otro camino que renunciar de forma indeclinable al cargo de presidente de la Nación Argentina.

Muchas gracias a los argentinos que me comprendieron en el difícil momento que vivimos.

El apoyo que le habían quitado algunos gobernadores también se lo había retirado el Congreso. Solo así se explica el episodio del 28 de diciembre de 2001, cuando un grupo de manifestantes volvió a las puertas del Palacio, irrumpió en el edificio por la entrada principal y prendió fuego uno de los sillones de tapizado de cuero del Salón de las Provincias, el primero al que se accede al ingresar por las escalinatas de la avenida Entre Ríos. Una postal perfecta del caos, que empujó a Rodríguez Saá hacia la salida. “Hubo una orden para dejarlos pasar. Las puertas del Palacio son de hierro macizo y tienen quince centímetros de espesor. Si hubieran estado bien cerradas no las abrían ni con una bomba”, explica un empleado de seguridad que en ese momento cumplía funciones en el edificio. Entre los manifestantes que irrumpieron esa noche en el Congreso estaba Victoria Donda, una hija de desaparecidos que, seis años después, regresaría al Palacio como diputada.

Con Puerta recluido en Misiones, debió hacerse cargo del Poder Ejecutivo Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, que convocó a una Asamblea Legislativa para el 2 de enero. La designación de Eduardo Duhalde, que entonces era senador por la provincia de Buenos Aires, se resolvió el 1 de enero en un encuentro reservado, en el despacho de Gioja. El Congreso, donde poco más de un año y medio antes había estallado el escándalo de los sobornos en el Senado, aportaba el presidente y parte del gabinete que se encargarían de la transición. El Parlamento asomaba como último dique de contención del sistema democrático. O, más bien, como un fuerte, si se tiene en cuenta que meses después las dos cámaras mandaron a levantar un enrejado perimetral para proteger el edificio. En 2015, como parte del PRIE, se diseñó un proyecto para conectar el subsuelo de la Cámara de Diputados con el tercer subsuelo del Anexo A, debajo de la avenida Rivadavia. El Senado, durante la gestión de Gabriela Michetti, también proyectó la construcción de un túnel entre el Palacio y el edificio de La Caja, debajo de Hipólito Yrigoyen. Pero las obras nunca empezaron.

TRAMPAS AL DESNUDO

La crisis que terminó con el estallido de 2001 se había venido gestando durante muchos años. El 26 de marzo de 1992 el Congreso sufrió el mayor golpe a su credibilidad desde la recuperación de la democracia, en 1983. Juan Kenan, asesor del entonces diputado Julio Samid, hermano de Alberto, después conocido como el “rey de la carne”, ingresó en el recinto, ocupó una banca, dio el quórum (que en ese momento era de 130) y votó a mano alzada una ley que abrió paso a la privatización de Gas del Estado, en el gobierno de Carlos Menem. “Ese viejo no es diputado”, se percató Diego Mandelman, acreditado de una radio de Córdoba, según relata Armando Mandy Vidal, el periodista de Clarín que destapó el escándalo del “diputrucho”. Los dos seguían la sesión desde el palco de prensa, en la primera bandeja del recinto. Mandy, acreditado en el Congreso desde 1973, se lanzó escaleras abajo, atravesó el Salón de los Pasos Perdidos a las corridas y entró en el hemiciclo por uno de los extremos. Lo seguían Mandelman; Diego Muro, de Página/12, y Anahí Abeledo, de la agencia DyN. Vidal confrontó a Kenan, de 72 años, que salía del recinto con paso cansino.

—No registro su fisonomía como diputado —le dijo, con educación, mientras intentaba recuperar el aire.

—No, no soy diputado —se confesó Kenan.

—Y entonces, ¿por qué estaba sentado en una banca?

—Estoy descompuesto y me dijeron que me sentase allí.

El diálogo, que Vidal narra con maestría en el libro El Congreso en la trampa (1996), formó parte del relato sin fisuras que los cuatro periodistas hicieron ante una comisión investigadora de la cámara y en los tribunales. Los diputados nunca sancionaron a Samid. La Justicia lo condenó en 1995 con ocho meses de prisión en suspenso, mientras que Kenan recibió dos meses, también en suspenso. Desde ese momento, se prohibió el ingreso de los periodistas parlamentarios en el hemiciclo del recinto. Alberto Pierri, presidente de la Cámara de Diputados durante todo el gobierno de Menem, también se las agarró con los taquígrafos, a los que les sacó un despacho que ocupaba el director del cuerpo, Lorenzo Cedrola, con acceso directo al recinto y a las oficinas de la presidencia. “Un problema personal entre ellos”, relató un compañero de Cedrola.

HABITANTES ANÓNIMOS

Los taquígrafos son casi cien, divididos en dos cuerpos, uno por cámara, y están presentes en todas las sesiones y en las reuniones de comisión más importantes. Pero suelen pasar inadvertidos. Siempre elegantes y sobrios, no solo permanecen en silencio, sino que, mientras toman nota de lo que dicen diputados y senadores, deben evitar que en sus rostros se adivinen gestos de aprobación o reprobación. Para Bravo, integrante del cuerpo de taquígrafos del Senado desde 1980, ese requisito no es difícil de cumplir. “Cuando tomás nota, no sos una persona, sos un ente. No tenés tiempo para pensar. Las palabras van directo del oído a las manos, sin pasar por el cerebro. No sabés ni lo que están diciendo. Estás en trance”, cuenta. La tarea es intensa. Los taquígrafos van al recinto en parejas, que se rotan cada 5 minutos, 10 como máximo. Los dos toman lo mismo, al mismo tiempo, y luego se van a la oficina a “traducir”: el de “primera” dicta y el de “segunda” escribe. Cuando terminan, vuelven al recinto. Escriben hasta 200 palabras por minuto y usan dos métodos: la estenotipia, una técnica internacional para la cual se usa una máquina de escribir de solo nueve teclas, en la que están contenidas todas las letras, y la estenografía, un sistema de escritura manual, creado a fines del siglo XIX por Gabriel Larralde, director del cuerpo de taquígrafos de la Cámara de Diputados entre 1904 y 1913.

Trinchera de un oficio en vías de extinción, los cuerpos de taquígrafos son un arcón de recuerdos. En la madrugada del 17 de julio de 2008, el teléfono del despacho de Bravo no paró de sonar después de que el vicepresidente Julio Cobos desempató la votación sobre la resolución 125, de aumento de retenciones a las exportaciones de soja. Todos querían una copia de la versión taquigráfica. Así quedó registrado en el diario de sesiones el tramo final de ese discurso:

Sr. Presidente (Cobos). —Yo creo que la presidenta de los argentinos me va a entender porque no creo que sirva una ley que no es la solución de este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo, pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia, como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar y esto no significa que esté traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos que tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho; todos los aportes que se han brindado, de gente de afuera y de aquí mismo. ¡Que la historia me juzgue! Pido perdón si me equivoco. Voto… Mi voto no es positivo. Mi voto es en contra. (Aplausos.)

Sr. Secretario (Estrada). —En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. Se harán las comunicaciones correspondientes.

—Son las 4 y 21 del jueves 17 de julio de 2008.

Bravo cuenta que en la transcripción de las palabras puede notarse el sello que distingue al cuerpo de taquígrafos del Senado. “Tomamos las frases literales, tal cual fueron dichas, no las arreglamos, no les completamos el significado. Si una idea queda inconclusa, ponemos puntos suspensivos. En la otra cámara quizás lo hubiesen cambiado”, dice, y expone una rivalidad de vieja data. El jefe de taquígrafos de Diputados es Guillermo Castellano, en el Congreso desde 1973. “Solo corregimos errores involuntarios para que la frase tenga el sentido que le quiso dar el diputado”, explica, restando valor a la crítica. Como buena parte de sus colegas, aprendió el oficio en la escuela Carlos Pellegrini, donde daban clases los profesionales del Congreso. Una sola vez, recuerda, los taquígrafos se negaron a ingresar en el recinto. Fue en mayo de 2000, en solidaridad con los trabajadores de la imprenta, cuyo cierre había sido anunciado semanas antes por el gobierno de De la Rúa. Después de un par de horas de incertidumbre, en las que los diputados discutieron si la sesión tenía validez sin la presencia de los taquígrafos, la resistencia cedió e ingresó un equipo de emergencia para tomar nota del debate. “Más que tomar nota de lo que se habla, lo que hacemos es dar fe”, dice Castellano, con orgullo y un dejo de nostalgia. Cuando entró en el Congreso, fue uno de los cinco seleccionados de un concurso con 120 aspirantes. En la última convocatoria, en 2017, se presentaron 9 candidatos para 4 puestos.

Veinte años después del asesinato de Bordabehere, la sala en la que fue atendido se convirtió en un consultorio médico. Como el jefe de los taquígrafos, los profesionales que trabajan ahí recuerdan muy bien la noche de la 125, cuando se quedaron de guardia. En uno de los momentos más calientes del debate, se presentó en el consultorio “un senador del norte” que decía sufrir un ataque de estrés. Contó muy afligido, como relató un testigo de la escena, que le habían ofrecido 300.000 dólares para que votara en contra de la ley y que, a su vez, en su provincia lo tenían amenazado con llenar la calle de carteles “diciendo que era homosexual”. Finalmente votó en contra. Los médicos se reservan el nombre del pecador.

***

La discreción también es una regla de oro entre peluqueros y lustrabotas. El Palacio tiene tres peluquerías. La más tradicional funciona en el primer piso del Senado y es exclusiva para hombres. La de mujeres queda en un rincón insólito, una oficina del cuarto piso, casi inaccesible. Está tan escondida y alejada que muchas senadoras no saben que existe. Para llegar hay que subir tres pisos por una escalera caracol. El último tramo es un agregado, más estrecho, que lleva hasta el nivel de la terraza. “La mayoría de las senadoras se hace lavado y peinado. Algo rápido”, cuenta Hernán, uno de los dos jóvenes que atienden ahí.

El salón para caballeros es una oficina pequeña, sin ventanas, casi una cueva, pero con ubicación estratégica. Queda a mitad de camino entre el despacho del presidente y el recinto. Lo primero que se ve al ingresar es una vitrina, una suerte de santuario de pared, donde se exponen anteojos, tijeras y peines antiguos, y una foto del papa Francisco. Es un homenaje a Roberto Rosito y Francisco Grasso, encargados de la peluquería durante décadas, fallecidos a fines de 2017 y 2018, respectivamente. “El 90% de los senadores se atiende a la tarde y por lo general se hacen detalles, como sacarse la pelusa y afeitarse la barba, cosas de peluquería clásica. Lo toman como un momento de relax, porque este es un lugar neutral”, cuenta Guillermo Marín, que trabaja ahí desde fines de la década del 90. El sillón de lustrado, de cuero bordó, ocupa el sector derecho del salón. “De lo que más se habla acá es de fútbol”, cuenta Fabián Giménez, un formoseño de 45 años, lustrabotas del Senado desde 1994, cuando heredó el cargo de su padre. Atiende a 5 o 6 senadores por día y tiene como clientes más habituales a Miguel Ángel Pichetto, Luis Naidenoff y Marcelo Fuentes. También a senadores que ya dejaron su banca, pero siguen yendo, como Daniel Filmus, diputado desde 2017, e Hipólito Solari Yrigoyen, un radical que se fue del Congreso en 1995. Algunos senadores piden que los atiendan en sus despachos, como hacía Juan Manuel Abal Medina. Otros directamente mandan los zapatos, como Carlos Menem. El servicio de la peluquería es gratuito, pero los legisladores dejan propina, salvo excepciones.

MUNDO SUBTERRÁNEO

La regla de la propina también rige en la peluquería de Diputados, reinaugurada en marzo de 2019, después de una remodelación integral del Bajo Recinto. Es un área de unos 500 metros cuadrados a la que se accede por escaleras ubicadas en el hemiciclo, el pasillo circular que rodea el recinto. Antes de las obras de refacción, ahí funcionaban dos peluquerías, una para hombres y otra para mujeres, y un salón de pedicuría unisex. “Yo aprovechaba las sesiones largas para arreglarme los pies, porque tenía una uña encarnada”, recuerda, divertido, un diputado de La Cámpora. Cuentan los empleados del área que la asistente más asidua a la peluquería era Patricia Bullrich. En el Bajo Recinto también estaba la llamada “suite presidencial”, una pequeña habitación con un baño, destinada al presidente de la cámara. Solo Alberto Pierri, dueño de casa durante todo el gobierno de Menem, solía pasar algunas noches ahí. En agosto de 1984, cuando el presidente de la cámara era el radical Juan Carlos Pugliese, ese cuarto tuvo un ocupante muy especial. El excapellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, que en 2007 sería condenado por su intervención en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, pasó ahí una semana detenido. Dispusieron el arresto los propios diputados, en defensa de los fueros que les brinda la Constitución, después de que él dijera en una entrevista que los legisladores hacían “todo para que volvieran los militares”.

Las obras de remodelación empezaron en 2018, después de años de abandono, en los que toda el área se usó como depósito, casi como un basural. El Bajo Recinto se convirtió en un salón VIP para los diputados, un refugio en el que pueden conversar sin ser vistos ni molestados por los periodistas, a los que se les prohibió el acceso. Justo debajo de la zona de las bancas hay una sala amplia, con mesas, sillones y pantallas led que transmiten en vivo las sesiones. Arriba, discusiones tensas, incluso peleas; abajo, un “roscódromo”, una sala con todas las comodidades para la “rosca” política, una práctica reivindicada por Emilio Monzó, el presidente de la cámara que ordenó la remodelación. Alrededor de ese lugar, debajo del hemiciclo, hay un corredor con mesas para el catering, los baños y una peluquería unisex, que se refaccionó con detalles de época, para que luzca tal como era en su inauguración, a principios del siglo XX.

La mayor parte del subsuelo del Palacio corresponde a la imprenta del Congreso, un universo paralelo dentro del Palacio, un submundo austero, sin luz natural, en el que trabajan unas trescientas personas. Además de imprimirse todos los materiales relacionados con la actividad legislativa, trabajos encargados por otras reparticiones públicas y publicaciones comerciales, en ese sector funciona la División Lujo. Es una dependencia dedicada a la confección artesanal de ejemplares de la Constitución y de los juegos de escritorio de cuero con borde dorado que usan los presidentes de las cámaras. Para llegar a esa oficina, perdida en un pasillo estrecho y oscuro, hay que seguir un sendero gris dibujado en el piso, atravesar tres salas de máquinas, esquivar operarios de guardapolvo azul y sortear pallets cargados de Órdenes del Día, Trámites Parlamentarios y Diarios de Sesiones. En la División Lujo trabajan Darío Serventi y Miguel Castro, empleados del Congreso desde 1986. Toda la oficina es una postal de los años 80. En una de las paredes, atiborrada de pósteres y recortes de revistas, comparten cartel Gustavo Cerati, joven, de anteojos negros, y Alberto Olmedo, en zunga, en las playas de Mar del Plata. Una recorrida por el subsuelo permite completar un álbum de íconos populares: se repiten imágenes de Juan y Eva Perón, Diego Maradona, Jesús y la Virgen de Luján. También hay serigrafías de Norberto Di Próspero, jefe desde 2004 de la APL, el sindicato más importante del Congreso.

LA BRISTOL VERSUS EL SPA

Un rincón neurálgico del Palacio se esconde detrás de la estructura que sostiene El presidente Julio Argentino Roca inaugura el período legislativo, el óleo gigante ubicado en uno de los extremos del Salón de los Pasos Perdidos, el más grande y conocido de los salones de la Cámara de Diputados. Es una sala pequeña, de unos 10 metros cuadrados, justo en el centro del edificio. Equipada solo con un escritorio y una silla, a cada lado tiene puertas de madera de doble hoja, de las que cuelgan cadenas y candados que permanecen cerrados por las noches y durante los fines de semana. Podría ser un simple pasillo, una antesala sin relevancia. Pero no: es el paso principal entre la Cámara de Diputados y el Senado, una suerte de Checkpoint Charlie, el histórico paso fronterizo entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. Los demás caminos suelen permanecer cerrados. Por ahí transitan todas las semanas diputados y senadores importantes, los que pertenecen a comisiones bicamerales o los que negocian por anticipado proyectos que se tratan en una cámara y están por llegar a la otra. También atraviesan ese límite los periodistas acreditados. Todos deben identificarse, con la credencial oficial que expide el Congreso.

Durante la mayor parte del día custodia el lugar Gladys Malimowcka, una señora de 56 años, mucho más amable que los guardias del paso del Muro de Berlín que se convirtió en símbolo de la Guerra Fría. Ingresó en la Dirección de Seguridad del Senado en 2006 y desde 2008 cubre el turno tarde del puesto fronterizo. Con maquillaje de fiesta y en batalla permanente contra el frizz de una cabellera tan dorada como voluminosa, Gladys es implacable en el cumplimiento de su misión: quien no lleva identificación debe dar media vuelta y volver por donde vino. También obedece a rajatabla otra de las instrucciones que recibió de sus superiores: saluda con educación, pero no les habla a los diputados y senadores, salvo que ellos le hablen primero. La discreción propia de su tarea no le impide estar enterada de todo lo que pasa, a los dos lados de la frontera. Sabe la agenda de las cámaras, si habrá sesión o reuniones de comisión, a qué hora empieza y cuándo termina cada actividad. Consumidora voraz de noticias políticas, conoce además los proyectos que se discuten, a veces con más detalles que algunos diputados y senadores. Después de tantos años, Gladys sabe quién es quién.

El paso fronterizo es la separación de dos mundos. Aunque las leyes deben ser aprobadas por las dos cámaras, en el Congreso nadie discute que los senadores tienen más poder que los diputados. De hecho, al Senado se le dice Cámara Alta y a Diputados, Cámara Baja, como en muchos otros países. Por ser menos, los votos de los senadores valen relativamente más. También cuentan con más recursos para asesores y hasta ganan más por su trabajo. El Senado es un destino frecuente para expresidentes y exgobernadores, casi un refugio en el tramo final de sus carreras políticas. Pero no es solo una cuestión matemática, de dinero, ni de peso político. Es una división de clase, una guerra de estilos. “Diputados es la Bristol y el Senado, un spa”, define, con gracia cordobesa adquirida, Mario Negri, un diputado radical nacido en Entre Ríos, con cinco mandatos por Córdoba. Pese a que las reglas de protocolo se fueron relajando en las dos cámaras, las diferencias todavía son notorias. “Si sos senador, cuando entrás en el Palacio o vas caminando por un pasillo, el personal de seguridad se pone de pie y, con solemnidad, te dice: ‘Senador’. Años atrás incluso se inclinaban un poco, en señal de reverencia. Los de Diputados te dicen: ‘¿Qué tal, dipu?’”, cuenta un dirigente que pasó por las dos cámaras. Del mismo modo, hasta hace unos años era una exigencia para los choferes del Senado abrirles la puerta del auto a los senadores.

Otro contraste sobresaliente se da en las sesiones y en las reuniones de comisión. En el Senado no se aplaude. Tampoco se silba ni se abuchea. Es una regla instaurada hace décadas y valorada por todos los senadores, incluso por los que llegan desde la Cámara de Diputados, donde, como parte del folclore, muchos discursos son interrumpidos por ovaciones y gritos. “Los diputados somos representantes del pueblo; los senadores se creen los padres de la patria”, rezonga un expresidente de la Cámara Baja. Julio Cobos, presidente del Senado entre 2007 y 2011, diputado entre 2013 y 2015 y senador con mandato hasta 2021, defiende la tradición: “Es una forma de jerarquizar el debate y de que todos puedan expresarse en igualdad de condiciones”.

La regla del silencio —plasmada en un acta de una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, de 2004, recuerda Juan Estrada, secretario parlamentario de la cámara durante doce años— rige también para el público. Las bandejas superiores del recinto del Senado suelen estar vacías y solo como excepción se habilita el ingreso de visitantes. En esos casos, se les advierte que deben permanecer callados. En mayo de 2018, Gabriela Michetti no tuvo contemplaciones con un grupo de familias que, ubicadas en la primera bandeja, se abrazaron y celebraron con un aplauso medido la aprobación de la Ley Justina, el proyecto que facilitó la donación de órganos. “Sabemos de la emoción, pero pedimos… En el Senado no se aplaude, así que les pedimos por favor… Gracias”, los retó. Entre los que festejaban estaban los padres de Justina Lo Cane, la nena de 12 años que murió en noviembre de 2017 a la espera de un trasplante de corazón.

El Senado también se distingue de Diputados por su dress code: hasta hace unos años los hombres solo podían entrar en el recinto de traje y corbata. El código, que se mantiene para asesores y periodistas, empezó a flexibilizarse entre los senadores a fines de la década del 90, cuando llegó Gioja. Enemigo de la corbata, desafió las reglas, no sin resistencia. En una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria recibió un fuerte reproche de Eduardo Menem, el más atildado de los integrantes de la cámara. Para salirse con la suya, Gioja adujo un problema respiratorio, que le requería tener despejada la zona de la garganta. Después de una dura negociación, acordaron eximir a los senadores del uso de corbata, pero sostener la obligatoriedad del traje. Esa regla se mantiene vigente.

A metros del “despacho de Gladys”, otro lugar simboliza la división de clases entre las dos cámaras: es el Salón Comedor del Senado, exclusivo para los “señores senadores”, como indica un letrero en la puerta. De pisos de parqué taraceado, paredes cubiertas de boiserie y cortinas de terciopelo dorado, es uno de los sitios más distinguidos del Palacio. En uno de sus extremos, sobresale una pieza escultórica de un metro de alto, con dos candelabros, un reloj y una figura de Neptuno, el dios de los mares, en la mitología romana. Los senadores pueden pagar lo que consumen o cargarlo a sus cuentas personales, para que a fin de mes se les descuente de sus dietas o de sus gastos de representación. Como el “roscódromo” de Diputados, el Comedor del Senado es un lugar de encuentro y camaradería interpartidaria. Para tratar de achicar la distancia de clase entre las dos cámaras, Monzó inauguró en 2018 un restaurante de alta cocina, exclusivo para los diputados, en el segundo entrepiso del anexo A. La explotación quedó a cargo de los hermanos Petersen, dos de los chefs más prestigiosos de la Argentina.

La diferencia se agiganta cuando los legisladores salen del país. Los senadores reciben una atención especial de parte de los miembros de las delegaciones argentinas en el exterior. “Los van a buscar al aeropuerto, los tratan como reyes”, se queja un diputado. No es para menos: el Senado tiene entre sus facultades exclusivas la de aprobar los ascensos de los integrantes del cuerpo diplomático, a propuesta del Poder Ejecutivo. Lo mismo pasa con los jueces, fiscales, defensores y militares.

PAREDES QUE HABLAN

Para envidia del Senado, la Cámara de Diputados alberga uno de los sitios más impactantes de todo el Palacio. Ingresar en el Salón de Lectura Oficial de la Biblioteca del Congreso, una sala rectangular, de doble altura, en el primer piso, es como viajar a principios del siglo pasado. Se construyó en 1902 y desde 1974, cuando el resto de la Biblioteca se mudó a un edificio anexo, a dos cuadras del Congreso, se convirtió en un lugar exclusivo para legisladores y funcionarios de alta jerarquía de las dos cámaras. La sala, de piso de parqué taraceado y paredes revestidas de roble de Eslovenia, fue conservada sin cambios. Hasta el cielorraso parece de madera, gracias a una técnica de pintura artesanal, conocida como “cola de conejo”. El centro del salón está ocupado por pupitres, con una inclinación de 35 grados, para que no se refleje la luz de los veladores. En el fondo sobresale, imponente, un reloj de pie de madera tallada, obsequio de la infanta Isabel de Borbón a José Figueroa Alcorta, presidente argentino entre 1906 y 1910. Los anaqueles repletos de libros de lomo grueso, en cada uno de los laterales y en las galerías de la segunda planta, van del piso al techo, a más de diez metros de alto: es como pasear por la biblioteca de Hogwarts, el colegio de Harry Potter. En más de un millón de volúmenes, se acumula toda la memoria escrita de la legislación nacional —leyes, Diarios de Sesiones y fallos de la Corte Suprema— y parte de la legislación extranjera contemporánea. Todo el material, ordenado por la Dirección de Referencia Legislativa, está disponible para la consulta de los legisladores, pero el sitio recibe pocas visitas.

Las vitrinas, de nogal italiano y cristal francés, conservan también una historia de película. En lo alto de una de ellas hay una marca de un impacto de bala. El origen de esa muesca fue un misterio durante décadas. Por la ubicación se sabía que el disparo había ingresado por los ventanales que dan hacia la avenida Entre Ríos, pero se desconocía quién había sido el autor, en qué momento y en qué circunstancias había sucedido. Después de años de investigación,⁶ la incógnita terminó de develarse de casualidad, el 4 de septiembre de 2005, a partir de una nota publicada en La Nación, al cumplirse 75 años del golpe del 6 de septiembre de 1930. Era un relato en primera persona de los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, narrado por el coronel retirado Julio Telmo Pereyra Dante, uno de los rebeldes. En las inmediaciones del Congreso, detalló el autor de la nota, se produjo un intenso tiroteo entre los militares golpistas y las tropas leales al gobierno:

Me acuerdo de que justo un rato antes del tiroteo, cuando marchábamos sobre el Congreso, habíamos notado que se había reunido mucha gente en el lugar. Pero cuando empezaron los tiros no quedó nadie. Unos corrieron como locos para meterse despavoridos en las bocas del subterráneo, sobre Rivadavia. Otros directamente se tiraron dentro de la Fuente del Congreso y se quedaron bien quietitos debajo del agua, pese a lo fresco que estaba el día. Después, cuando nos movimos hacia el edificio mismo del Congreso y nos ubicamos sobre una de las dos subidas que tiene (la más cercana a la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen), observé cómo se movía sospechosamente el cortinado de una de las ventanas del Parlamento, apunté el rifle y disparé. A lo mejor todo fue ilusión mía y no había nadie escondido allí. Terminado el tiroteo y recogidas las bajas de la columna, sabemos que hubo muertos y heridos en el episodio, la columna marchó nuevamente rumbo hacia Plaza de Mayo.

Todavía más impactante es la historia oculta en un rincón del Departamento de Colecciones Especiales, un sector de la Biblioteca desconocido por la mayoría de los habitantes del Palacio, al que solo se accede tras solicitar autorización por escrito. En la dependencia, situada en un rincón del tercer piso de la Cámara de Diputados, se respira un aire distinto: para preservar el material —libros antiguos, primeras ediciones y volúmenes del siglo XIX—, se mantienen condiciones rigurosas de temperatura y humedad. Las ventanas, que dan a la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, tienen un filtro ultravioleta, que neutraliza el efecto de los rayos del sol. Los empleados usan guardapolvos, guantes y barbijos. Cuando ingresan libros quedan por cuarenta días dentro de cajas y bolsas cerradas con tierra de diatomea, un químico. Si es necesario, se protege la encuadernación con friselina y se utiliza papel jabón como separador entre las hojas.

En tres estanterías móviles, casi escondidas en el fondo del lugar, se conserva una de las colecciones más valiosas: la Biblioteca Peronista. Está compuesta de publicaciones oficiales de los primeros dos gobiernos de Juan Perón y de libros incautados y prohibidos tras el golpe de 1955, entre ellos, una joya: una edición en braille de La razón de mi vida, el libro autobiográfico de Eva Perón. Lo más curioso de la colección es que se creó por iniciativa de Isaac Rojas, vicepresidente de facto entre 1955 y 1958 y uno de los máximos detractores del fundador del justicialismo. El 4 de mayo de 1956, casi ocho meses después del golpe, encomendó a la Biblioteca del Congreso, en una resolución oficial, “la recopilación de las publicaciones de propaganda, iconografía y libros de textos de escuelas y colegios y las de carácter oficial y partidario destinadas a servir de instrumento a la dictadura para someter a su control y dirección el pensamiento y la conducta de la población del país”.

En los considerandos de la resolución, que autorizó a la Biblioteca del Congreso a solicitar documentación a todas las dependencias del Estado y dispuso que la colección no fuera de acceso público, se explicó que el objetivo de la recopilación era aportar material para el “enjuiciamiento histórico del régimen depuesto”. Para Rojas, esas publicaciones eran la prueba del delito y así lo manifestó por escrito: “Bajo la dictadura se organizó y ejecutó una abrumadora propaganda escrita, destinada a exaltar al tirano, a su esposa y al régimen, propaganda que en su mayor parte se llevó a cabo con fondos y por medio de organismos del Estado, utilizando todas las formas de la publicidad: libros, folletos, opúsculos, láminas, cuadros, periódicos y calendarios”.

4. Los términos del intercambio se habían establecido en el Pacto Roca-Runciman, celebrado entre la Argentina y el Reino Unido, el 2 de mayo de 1933, y firmado por el vicepresidente argentino Julio Argentino Roca (hijo) y el encargado de negocios británico Walter Runciman.

5. Zago, Manrique (1985), El Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, Manrique Zago Ediciones.

6. A cargo de las empleadas de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Silvana Castro y María Julia Rillo.

Capítulo 5

El gobernador del Palacio

PERFIL DE MIGUEL ÁNGEL PICHETTO

Miguel Ángel Pichetto recorrió sin prisa el trayecto que va desde la sala de reuniones del bloque del PJ hasta su despacho, en el segundo piso del Palacio. Fernando, uno de sus asistentes, le había avisado que tenía una llamada de Mauricio Macri. El jefe de la bancada peronista, la más numerosa de la oposición en el Senado, no se sorprendió: la estaba esperando. Eran las 14:30 pasadas del 11 de junio de 2019. Mientras caminaba hacia su escritorio, con la vista fija en los pisos de madera, repasó mentalmente una frase de Jorge Luis Borges, que había recordado la noche anterior, después de los primeros sondeos del oficialismo, y que repetiría horas más tarde, en conferencia de prensa: “Ante la duda, primero el coraje”. Sabía que después de atender el teléfono, no habría margen para el retroceso. A los 68 años, en el epílogo de su trayectoria política, estaba a punto de darle un vuelco dramático a su carrera, un desenlace estremecedor que cambiaría drásticamente su futuro y se proyectaría hacia atrás para resignificar todo su pasado, toda su vida. El diálogo fue breve y directo.

—Miguel, te llamo porque te quiero proponer que me acompañes como candidato a vicepresidente.

—Muchas gracias, presidente. Desde ya le digo que sí. Estoy dispuesto a acompañarlo. ¿Usted lo pensó bien? ¿Está completamente seguro?

—Sí, muy bien, muy seguro. Más tarde nos juntamos y charlamos.

El presidente hizo el anuncio a las 16:04. Su flamante compañero de fórmula enfrentó a la prensa una hora más tarde, en el Salón Eva Perón, del Senado. “No estoy emocionado. Las emociones no forman parte de mi temperamento”, bromeó, con gesto serio, para alivianar el peso de lo que estaba sucediendo. Era imposible. Después de treinta y seis años de recorrido en el PJ y de un cuarto de siglo en el Congreso, donde obedeció e hizo obedecer sin reservas las órdenes de cuatro presidentes del peronismo, Pichetto, un emblema de la disciplina partidaria, se cambió de bando.

***

Pichetto es el Senado y el Senado es Pichetto. Llegó a la cámara veinte días antes del estallido de la crisis de 2001, después de ocho años como diputado nacional, en los que se mantuvo leal a Carlos Menem. Asumió la jefatura de la bancada peronista en diciembre de 2002, durante el gobierno de Duhalde. Consolidó su poder con la llegada de Néstor Kirchner y, en la madrugada del 17 de julio de 2008, con Cristina Kirchner como presidenta, pronunció un discurso que quedó en la historia, en el cierre del debate por la resolución 125. Pese a que su sueño siempre fue irse del Congreso para gobernar Río Negro, su provincia adoptiva, se convirtió en el senador más influyente desde el regreso de la democracia y, por lejos, en el dirigente con más peso dentro del Palacio.

Fue Pichetto quien impuso y convirtió en tradición de la cámara la regla que prohíbe aplaudir en las sesiones y en las reuniones de comisión. “Eso de aplaudir y gritar, o de tirar papelitos, como hacen en la otra cámara, son estupideces emocionales que no van con la política”, dice, en la sala de reuniones del bloque, la misma donde se plantó frente a los gobernadores. Es Pichetto quien no deja que se tome mate dentro del recinto y quien exige a los senadores que vistan de traje. “Lo del mate me parece grotesco. Yo tomo mate, pero no en el recinto. Hace a una estética y a formas que se conectan con la tradición. Todo se puede degradar: mañana pueden venir con pantalones cortos. Esto no es una sociedad de fomento o una comisión directiva de un club de barrio”, argumenta, mientras se frota las manos y se le escapa una sonrisa, como si a través de esos pequeños gestos de provocación, saliera a la superficie uno de los costados más genuinos de su personalidad.

Otro Pichetto auténtico es el que se irrita cuando no se cumple con el reglamento o cuando se alteran los esquemas de una sesión. En agosto de 2016, se enfureció con Gabriela Michetti, cuando la vicepresidenta quiso intervenir en un debate, facultad reservada a los senadores. Le advirtió que si no se atenía a las normas, él y los integrantes de su bancada iban a empezar a actuar “como oposición”, casi en una confesión de que hasta ese momento habían sido muy receptivos de las necesidades del gobierno. En abril de 2018 detuvo un debate a los gritos, molesto por la actividad de los fotógrafos. “¡Hace cinco horas que nos cruzan con fotos permanentes! ¡Foto, foto, foto! Que hagan la tarea previamente”, se quejó, con gestos ampulosos. Michetti le aceptó la “sugerencia”: los fotógrafos se tomaron un descanso.

La palabra de Pichetto siempre importa. El Senado es su territorio, la provincia que sí pudo gobernar. Desde 2007, controla la seguridad del edificio, por medio de su amigo Mario Daniele, exsenador por Tierra del Fuego y prosecretario administrativo del Senado. “En el debate por la 125 quisieron meter al Movimiento Evita en las galerías y yo lo impedí. También lo saqué a patadas a De Angeli [Alfredo, dirigente de la Federación Agraria]”, se ufana el senador.

De muy buena relación con Di Próspero, jefe del mayor sindicato legislativo desde 2004, Pichetto maneja a casi todos los secretarios de comisión, cuenta una exsenadora del kirchnerismo con más de una década de experiencia en el Congreso: “Vos sabés si una comisión es importante cuando él no te la quiere entregar”. Desde hace años, el senador tiene una silla fija en las comisiones bicamerales de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, y en la Mixta Revisora de Cuentas, el nexo con la AGN. Javier Fernández, representante del PJ en ese organismo desde 2001 y operador incombustible en los tribunales de Comodoro Py, es otro de los amigos del senador. “Acá en el Senado te tenés que llevar bien con Pichetto —coincide un legislador radical, bajando el tono de voz, como si temiera que las paredes pudieran oírlo—. Tiene amigos en Servicios Generales, en la Biblioteca y en Automotores, y en algunos despachos hay cuadros de él”.

En el verano de 2016, en medio de su pelea con el kirchnerismo por el control del bloque del PJ, Pichetto se jactó de su poder territorial. “Estoy acá desde hace mucho tiempo y me entero de quiénes entran y salen de la casa y sé que algunos exfuncionarios estuvieron recorriendo despachos”, advirtió, en una reunión de bloque.⁷ Se refería al exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y al exdirector de inteligencia Oscar Parrilli, dos dirigentes de máxima confianza de Cristina, que habían hecho gestiones reservadas para que la bancada peronista dejara sin quórum la primera sesión convocada por Cambiemos desde la llegada de Macri a la Casa Rosada.

***

Cuando abrió los ojos, en una cama del Hospital Italiano, a Pichetto le dolía todo el cuerpo. Eran las 21:30 del 24 de diciembre de 1998. Dos días antes, el entonces vicepresidente del bloque de diputados del PJ había quedado al borde de la muerte, por un accidente en la ruta 3, a la altura de Mayor Buratovich, una localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. El auto que manejaba, desde Río Negro, chocó de frente contra un tractor, que se cruzó de carril, después de esquivar una zanja. Viajaban con él su esposa y su hija, que también salvaron sus vidas de milagro. Los bomberos los rescataron entre los hierros retorcidos y los llevaron al hospital Pena, de Bahía Blanca. Al día siguiente, los trasladaron a Buenos Aires. Todavía medio dormido por efecto de los calmantes, Pichetto parpadeó varias veces cuando vio quién estaba sentado, en silencio, a un costado de la cama: el presidente Carlos Menem. Había llegado una hora antes, pero frenó a la enfermera cuando ella quiso despertar al paciente. Le pidió que lo dejara dormir.

—Presidente, ¿qué hace acá? Hoy es Navidad.

—Tranquilo, chango, ahora me voy a comer con Zulema.

Pichetto repite una y otra vez que “en política no existen las cuestiones personales”. Pero jamás olvidó ese gesto. “Menem me enseñó que en nuestra tarea la afectividad es un valor importante”, dice. Se habían conocido en 1987, cuando el futuro presidente era gobernador de La Rioja y, ya lanzado a la carrera hacia la Casa Rosada, visitó la Patagonia. Pichetto era intendente de Sierra Grande, una localidad minera de unos 16.000 habitantes, en el sudeste de Río Negro. Llegó ahí en 1977, con 27 años, para trabajar en la empresa minera Hierro Patagónico, después de recibirse de abogado, en La Plata. Nació en 1950, en Banfield, donde pasó su juventud. Se interesó en la política por primera vez en la adolescencia por una novia que militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores.

“Menem era un fenómeno popular impresionante”, dice, mientras observa una foto de aquella época que los muestra juntos y que él exhibe con orgullo debajo de la tapa de vidrio de su escritorio. Menem está de remera y Pichetto, de camisa. En el mismo lugar hay una foto con Néstor Kirchner, durante una recorrida de campaña de 2005: “Kirchner era un tipo duro, discutía, era agresivo, te llamaba, se reconciliaba... Manejaba todas las artes de la política”. En el despacho no hay imágenes de Cristina: “Teníamos un trato respetuoso. Pero ella es más emocional. A veces, no entendía por qué se enojaba. Es muy receptiva de su círculo, de Zannini y Parrilli, que me odiaban. Ellos son más ideológicos”.

Pichetto fue el representante en el Senado de todos los gobiernos peronistas desde 2002 hasta 2015. Cuando Macri llegó a la presidencia, siguió siendo determinante para que se aprobaran las leyes que reclamaba la Casa Rosada. En Cambiemos reconocen su aporte sin reparos. “En Pichetto y Monzó [Emilio, el presidente de la Cámara de Diputados] se explican el 80% de las leyes que sacó el oficialismo en esos años. Se juntaban a comer todas las semanas”, cuenta un diputado influyente del Pro. “Pichetto es de las personas más importantes para el gobierno en esta casa. Es lo más parecido a un estadista. Macri debería hacerle un homenaje”, confirma un senador radical.

Los kirchneristas dicen con desprecio que es “un oficialista de todos los gobiernos” porque “le gusta estar cerca del poder”. Después de su ruptura con Cristina, en el entorno de la expresidenta le descubrieron más defectos. “Es un liberal conservador. Cree que la política es una actividad de Palacio y que todo se maneja en el plano de la racionalidad. No comprende la dimensión de lo popular, por eso nunca pudo ser gobernador”, dice un dirigente de La Cámpora. “Es un burócrata obsesivo, un amante de lo procedimental, capaz de hacer lo peor y lo mejor con tal de cumplir con las normas ISO 9001 de funcionamiento del Estado”, ironiza un diputado.

En su entorno lo defienden a muerte: “Tiene una visión de Estado que trasciende el partido. Él nunca va a poner en riesgo a la Argentina”, dice uno de sus colaboradores. “En los dos primeros años del gobierno de Macri logró cambios estructurales. Las provincias pasaron a estar mejor que la nación en lo fiscal”, sostiene un exsenador. Pichetto da una justificación política: señala que Cambiemos estaba en minoría en las dos cámaras y que, por el tamaño del bloque del PJ en el Senado, un bloqueo sistemático de los proyectos del oficialismo no hubiese sido una resistencia testimonial, “como la que hizo el kirchnerismo”, sino que hubiese derivado en una parálisis del Congreso y en una crisis institucional.

Si el kirchnerismo siempre tuvo reservas con Pichetto, ¿por qué lo mantuvo como jefe de bloque del primero al último día? “Más que mi lealtad, valoraron mi eficacia”, acierta él. Pichetto es, antes que nada, un profesional de la política. “Es el mejor jefe de bloque que pudimos tener. Conoce como nadie el funcionamiento del Congreso, el manejo de una bancada, las cuestiones reglamentarias”, responde Alberto Fernández, jefe de Gabinete en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, y candidato presidencial en fórmula con la expresidenta. “Es un político poco común en la Argentina. Es muy responsable. Todo el tiempo hace lo que corresponde que haga”, sostiene Juan Manuel Abal Medina, exsenador y exjefe de Gabinete de Cristina. “Es un senador romano. Tiene una cultura jurídica muy sólida. Nunca va sin prepararse a las sesiones”, opina Juan Estrada, secretario parlamentario del Senado entre 2003 y 2015. “Es un negociador muy duro. Como estrategia arranca todas las conversaciones enojado. Pero tiene sentido común y es un caballero de códigos, algo que escasea en la política”, lo elogia el exsenador radical Ernesto Sanz. “Trabaja sin descanso, de 9 a 22. Va a las reuniones de comisión y recibe a todo el mundo. Tiene una visión realista del poder: trata con el mundo real y no con el imaginario, que lleva a una división entre buenos y malos”, dice Eric Calcagno, prosecretario parlamentario del Senado y uno de los hombres de confianza de Pichetto. “Reúne condiciones muy difíciles de encontrar. Vive para esto. Siempre está estudiando o atendiendo gente. Cumple los acuerdos, algo fundamental en política, y tiene mucha cintura política: cuando parece que nos vamos a estrellar, saca un conejo de la galera”, cuenta Daniele, uno de los que tiene fotos de Pichetto colgadas en su despacho.

***

El 30 de octubre de 2018, la sala de reuniones del bloque de senadores del PJ se convirtió en un campo de batalla. Con la mandíbula apretada, Pichetto se removía incómodo en la cabecera de una mesa larga y señorial. A sus costados, los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, lo tenían arrinconado: le reprochaban haberlos entregado en las negociaciones con la Casa Rosada por el presupuesto 2019. El proyecto, que incluía recortes millonarios en los giros a las provincias, tenía media sanción de Diputados y en dos semanas iba a tratarse en el Senado. En el extremo opuesto de la mesa, otros cuatro gobernadores, dos vicegobernadores y tres senadores observaban en silencio cómo escalaba la discusión.

—¡Nos tenemos que poner más firmes! —subió el tono Insfrán, el más enojado, sentado justo a la izquierda de Pichetto.

—Nos están cagando, Miguel —se sumó Zamora, ubicado a la derecha.

Los gobernadores habían elegido a Pichetto como representante de sus intereses en el Congreso desde el inicio del gobierno de Macri. Los más lejanos a la Casa Rosada desembarcaron de urgencia en el Palacio para exigirle que, en esta oportunidad, pateara el tablero: querían que avanzara, en la misma sesión del presupuesto, con la derogación del decreto presidencial que había eliminado el fondo de la soja, una caja que repartía unos 100.000 millones de pesos al año entre las provincias y los municipios. Antes de la votación en Diputados, Pichetto había logrado algunas concesiones adicionales de la Casa Rosada, pero la supresión del fondo de la soja había quedado fuera de la negociación. El senador, más habituado al papel de oficialista que de opositor, pretendía cumplir los compromisos asumidos y no poner en riesgo la aprobación del presupuesto.

—No me pueden imponer algo que ustedes negociaron mal. Eso lo tendrían que haber planteado en Diputados, no ahora, que ya está todo cerrado —rompió el silencio Pichetto.

—Pero estás negociando cosas a nuestras espaldas. ¡Vos no podés hacer eso como jefe de bloque! —lo puso contra las cuerdas Insfrán.

—A ver si nos entendemos. ¡Yo no soy un empleado de ustedes! Negocio de la mejor forma que puedo. ¡Y me importa tres carajos el cargo! —estalló Pichetto.⁸

***

El senador escenificó su ruptura con Cristina, en pleno recinto, el 30 de marzo de 2016, durante el debate del acuerdo con los fondos buitre, un proyecto impulsado por la Casa Rosada y resistido por el kirchnerismo. Había conversado con la expresidenta por última vez el 26 de diciembre de 2015, dos semanas después de que ella abandonara la Casa Rosada. Cristina lo llamó para pedirle la designación de una senadora de La Cámpora en la presidencia de una comisión, cuentan en el segundo piso del Palacio. Él le respondió con evasivas. No volvieron a hablar a solas. Fue un capítulo dramático de una historia de lealtad y traición, el desenlace natural de una relación sostenida durante años por el poder y la conveniencia.

“Quiero ser honesto y decir lo que pienso. Miren, yo estuve en un proceso de lealtad indisoluble con mi gobierno hasta el último día, hasta el último minuto”, se despachó el senador, en el cierre de la sesión, para justificar su respaldo a la ley que abrió la puerta al endeudamiento externo. Y continuó: “Pero cuando la presidenta se fue y nos despidió en Olivos, nos dijo que hay que tratar de ayudar al gobierno, no hay que bloquear. Ahora viene un debate mucho más horizontal y, bueno, yo he recuperado la capacidad de pensar y reflexionar y de decir lo que realmente pienso. Ya no estoy atado por las obligaciones que me determinaba ser gobierno y oficialismo”.

La relación entre ellos había quedado herida de muerte en junio de 2015, cuando el senador perdió por segunda vez las elecciones para la gobernación de Río Negro. La campaña quedó envuelta en una protesta de productores de peras y manzanas, con cortes de ruta en la zona del Alto Valle en los cuarenta y cinco días previos a los comicios. Reclamaban respuestas para el sector, afectado por una crisis internacional, y pedían el desembolso de 190 millones de pesos correspondientes a un subsidio comprometido por el gobierno nacional. Cristina viajó a la provincia un mes antes de las elecciones y respaldó a Pichetto, en un acto en General Roca. “Habló de él como si hablara de Néstor”, recuerda un dirigente de La Cámpora. Pero se negó a recibir a los productores. El senador les gestionó una reunión en la Casa Rosada, con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El dinero llegó, pero veinte días después de las elecciones, cuando Pichetto ya había caído derrotado frente al entonces mandatario Alberto Weretilneck. En público, el senador asumió la responsabilidad y despegó a Cristina del resultado. En la intimidad, se convenció de que ella no lo había ayudado y de que había sido víctima de una “conspiración” urdida por Parrilli, Zannini y Axel Kicillof, el ministro de Economía.

El golpe reabrió heridas del pasado. En 2007, había sido candidato a gobernador por primera vez, después de cuatro años de dar muestras de fidelidad al kirchnerismo. Pero, en medio del armado de la Concertación, una alianza del gobierno nacional con un sector de la UCR, Kirchner respaldó la reelección del gobernador Miguel Saiz, un “radical K”, que le ganó a Pichetto por 7 puntos. En 2011, Cristina eligió como candidato al exdiputado Carlos Soria, en cumplimiento de una decisión que había tomado Kirchner días antes de su muerte, el 27 de octubre de 2010. El expresidente apoyó a la fórmula Soria-Weretilneck después de que el Senado aprobó la ley de glaciares, en un debate en el que Pichetto aprovechó la “libertad de acción” proclamada por la Casa Rosada y colaboró para que se sancionara una versión del proyecto, más restrictiva de la actividad minera, que, en el fondo, incomodaba al gobierno nacional. “Nunca me lo perdonaron”, dice el senador. En enero de 2012, tras la trágica muerte de Soria, Cristina respaldó la continuidad de Weretilneck y no habilitó la opción de elecciones anticipadas, que le hubiera dado a Pichetto una oportunidad de oro. “La política no es para corazones solitarios o sentimentales de la ONG”, declaró él meses después, para disimular rencores.⁹ En la intimidad, masticó bronca: “Me condenaron a ser senador perpetuo”. El Palacio se había convertido en su laberinto.

Pichetto no es Frank Underwood, el político impiadoso y estereotipado que interpretaba Kevin Spacey en House of Cards. “Miguel”, a secas, como lo llaman los que trabajan con él, se parece más a un personaje de novela negra, esas que lee con voracidad. Siempre de traje oscuro, camisa con iniciales bordadas, corbata con traba y pañuelo al tono, es un aristócrata de arrabal. “Estamos irremediablemente perdidos”, suele repetir, como latiguillo, para distender el clima entre sus colaboradores, cuando las cosas se complican. No porta armas, pero sabe disparar y, “por seguridad”, tiene dos pistolas en su casa, una Magnum 357 y una 9 milímetros. Para alimentar ese perfil de hombre recio, cuenta que todos los días desayuna leyendo los diarios, con un café de un lado y un revólver del otro. Después de leer los diarios, decide si se toma el café o se pega un balazo. “Es una broma que responde a una visión de finitud de la vida, cosas que me agobian, sobre todo en la primera hora del día. Es una sensación de malestar existencial”, relata.

En la biblioteca de Pichetto, que ocupa toda una pared de su casa de Vicente López, las obras del sueco Henning Mankell, el italiano Andrea Camilleri y el griego Petros Márkaris comparten cartel con las biografías históricas, su otra afición literaria. Es un apasionado de la Revolución francesa y tiene devoción por Napoleón, un espejo en el que le gusta mirarse: “Ni siquiera era francés. Llegó de Córcega, una pequeña isla, y después se convirtió en el dueño del mundo. Admiro su pragmatismo. Dejó a la mujer que amaba porque lo que importaba era Francia”.

Desde que superó la barrera de los 60 años, se cuida en las comidas y va al gimnasio todas las semanas. Hace mucho que dejó de fumar. Prefiere no viajar en avión y no se toma más de cinco días de vacaciones por año. “La inactividad me perturba. Tengo miedo a los días vacíos, como los domingos a la tarde, que son una invitación al suicidio”.

En las oficinas del jefe de bloque del PJ se respira mística y admiración. “Es muy leal y generoso, pero no acepta dobleces ni errores. Es prusiano”, cuenta uno de sus colaboradores. “Tiene la virtud de haber sido un tipo de barrio. Se pone una coraza, pero sabe reírse de sí mismo y es más bueno que Lassie”, dice otro y recuerda la vez que se puso como loco al ver que una empleada del Senado, con un embarazo avanzado, estaba trabajando como ascensorista: “Al instante llamó a Michetti y logró que la reubicaran en un puesto más tranquilo”.

***

En las horas posteriores al anuncio de su candidatura a la vicepresidencia, Pichetto quedó, como nunca antes, en el centro del universo político. “Estoy convencido de que no es bueno que vuelva el pasado. Este es un debate entre democracia y visiones autoritarias”, declaró ante los periodistas, en el Salón Eva Perón, apuntando a Cristina Kirchner. La expresidenta había reconfigurado el tablero electoral tres semanas antes, al anunciar que Alberto Fernández encabezaría una fórmula presidencial en la que ella iría como vice. Después de la conferencia de prensa, Pichetto se reunió a solas con el presidente y habló con Lilita Carrió, que enseguida bendijo su incorporación al oficialismo. En los días siguientes visitó a la gobernadora María Eugenia Vidal y encabezó una cumbre de dirigentes peronistas ya integrados a Cambiemos.

Al ritmo de sus incontables apariciones públicas, las acciones y los bonos argentinos subieron, y el dólar bajó, lo que llevó a muchos analistas económicos a hablar del “efecto Pichetto”. Cómodo en su nuevo papel, él dio rienda suelta a su faceta de polemista, desafió a Cristina a un debate público y se cobró viejas deudas con uno de sus enemigos internos en el kirchnerismo: “El peronismo de la provincia de Buenos Aires lleva a un hombre del PC como candidato. Estoy hablando de Axel Kicillof, que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Estas son las grandes distorsiones de Unidad Ciudadana”. Los excompañeros de bloque de Pichetto también le pasaron factura. José Mayans, vicepresidente de la bancada, ligado a Insfrán, declaró que el flamante compañero de fórmula de Macri había “traicionado a todos sus compañeros” y advirtió que la traición llevaba años: “Pichetto ya trabajaba en dividir al bloque de senadores. Ahora nos damos cuenta de que trabajaba para el gobierno hace tiempo y estaba infiltrado”.

En la primera conferencia de prensa, Pichetto contó que después de aceptar la propuesta de Macri se había comunicado con Sergio Massa y con los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, sus exsocios en Alternativa Federal, el espacio que habían construido como una tercera vía frente a la polarización entre el gobierno y el kirchnerismo. Llamó también a dos expresidentes, Menem y a Duhalde, y a dos de sus amigos radicales, los exsenadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales. Este último, que acababa de ser reelegido como gobernador de Jujuy y reclamaba a la Casa Rosada una apertura mayor hacia el peronismo no kirchnerista, se había encargado de una gestión clave. El día anterior había llamado a Pichetto y le había preguntado si aceptaría un ofrecimiento de Macri para acompañarlo en la fórmula. El presidente no podía sufrir otro desprecio: Urtubey y Sanz ya le habían dicho que no. El nombre del jefe del Bloque Justicialista circulaba en los pasillos de la Casa Rosada hacía diez días. El presidente quedó deslumbrado con la visita que Pichetto hizo a Wall Street, a fines de abril. Cara a cara con los representantes de los principales fondos de inversión y directivos de bancos internacionales, el senador llevó tranquilidad y aseguró que la Argentina cumpliría “con sus obligaciones de deuda”.

La propuesta de Macri le llegó a Pichetto en el momento justo. Después del acuerdo de Massa con el kirchnerismo, Alternativa Federal iba camino a la desintegración. Cuando faltaban cinco meses para el final de su tercer mandato consecutivo en el Senado, la carrera del jefe del Bloque Justicialista se acercaba al ocaso. “Pichetto está terminado”, declaró Alberto Fernández, días antes del anuncio de Macri. El ofrecimiento del presidente cambió todo. “Es una reivindicación de la trayectoria de Miguel. Él siempre había querido ser parte de una campaña presidencial”, analizó uno de sus colaboradores. Es cierto, en 2015 había mandado a pintar paredones de Río Negro para fogonear la fórmula Scioli-Pichetto. Cuatro años más tarde, el senador logró en el macrismo lo que no había conseguido en el kirchnerismo.

***

Después de asumir como diputado nacional, en 1993, Pichetto escaló rápido. Tenía seis años de experiencia como legislador provincial, una formación jurídica sólida y, como si fuera poco, juraba lealtad a Menem, que entonces atravesaba su mejor momento. En 1995 asumió como presidente de la Comisión de Justicia y en 1998 como miembro del Consejo de la Magistratura, cargo que mantuvo hasta 2006 y que le permitió multiplicar sus contactos en el mundo judicial. En 1997 había asumido como vicepresidente del bloque del PJ, encabezado por Jorge Matzkin. De él aprendió una lección que aplicaría durante toda su carrera en el Congreso: “Me enseñó cómo se sacan las leyes: los discursos son de la oposición y las leyes, del oficialismo”.

Se mantuvo leal a Menem hasta el final de su mandato y en abril de 2001 fue uno de los organizadores de un acto que reunió, en el Salón Azul del Senado, a diputados, senadores y gobernadores peronistas, en defensa del expresidente, después de que el fiscal Carlos Stornelli pidió su declaración como sospechoso en la causa por el contrabando de armas. A partir de 2013, cuando Menem fue condenado por ese caso, Pichetto fue determinante para impedir su arresto. Logró imponer entre los senadores de la mayoría peronista la “doctrina Menem”, una posición que establece que solo se debe aprobar un desafuero ante una condena firme.

Con el mismo argumento, Pichetto se opuso a que arrestaran a la expresidenta en diciembre de 2017, cuando el juez Claudio Bonadio pidió su desafuero en la causa por el pacto con Irán. Había obedecido las órdenes de Cristina hasta el último día de su gobierno: por pedido de ella faltó a la asunción de Macri, en medio de la disputa por la ceremonia de traspaso de mando. Pero cuando la expresidenta volvió al Senado, Pichetto la obligó a armar su propio bloque. Lejos de mostrarse agradecida por el rechazo al pedido de desafuero, la flamante senadora dejó trascender que detrás de la decisión del magistrado estaba el propio Pichetto. En el entorno de Cristina afirmaron que la quería arrinconar para que no le disputara poder en la cámara, y recordaron que el senador y el juez eran amigos desde 2005, cuando Pichetto elaboró el dictamen que le salvó el pellejo en el Consejo de la Magistratura, en un expediente por mal desempeño en la causa por irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA. El senador reconoce el vínculo con Bonadio, pero advierte que, como hacía siempre, en 2005 cumplió órdenes de la Casa Rosada, al igual que otros dos consejeros del kirchnerismo, Diana Conti y Carlos Kunkel.

La discusión por la ofensiva judicial contra la expresidenta tuvo una réplica en agosto de 2018, cuando el Senado aprobó, con el voto de la bancada de Pichetto, un pedido de Bonadio para allanar los domicilios de Cristina. “Quédese tranquila, que seguramente usted va a poder ser candidata en 2019, no se haga problema”, le dedicó el senador a la expresidenta, sentada unas bancas más arriba. Pichetto aprovechó además para tomarse una pequeña revancha: “Nosotros no vamos a hacer lo que hicieron con De Vido sus diputados”, le dijo, en referencia a la ausencia del kirchnerismo en la sesión de octubre de 2016, en la que se aprobó el desafuero del exministro de Planificación Federal. Pichetto fue uno de los primeros en visitarlo en la cárcel.

***

El periodista de la revista Noticias Rodis Recalt le preguntó a Pichetto, en una de las decenas de entrevistas que dio en los días posteriores al anuncio de su candidatura a la vicepresidencia:¹⁰

—¿Esto es una traición?

—La traición no es un concepto depreciado y degradante para mí. Yo no tengo la mirada muy primaria y elemental sobre ese concepto. La traición siempre es un punto de fractura con el pasado.

No fue una respuesta improvisada. El senador había estado releyendo Elogio de la traición, de los franceses Denis Jeambar e Yves Roucaute. Es un ensayo de filosofía política, publicado en 1990, que hace una topología de la traición y reivindica “traiciones” de figuras de la historia contemporánea, como François Mitterrand, Mijaíl Gorbachov y Felipe González. En el preámbulo los autores afirman que “no traicionar es perecer: es desconocer el tiempo, los espasmos de la sociedad, las mutaciones de la historia. La traición, expresión superior del pragmatismo, se aloja en el centro mismo de nuestros modernos mecanismos republicanos. El método democrático adoptado por las repúblicas exige la adaptación constante de la política a la voluntad del pueblo, a las fuerzas subterráneas o expresas de la sociedad”.

El senador es uno de los mejores oradores del Congreso. Expone sin leer una palabra, invoca antecedentes históricos y ejemplos internacionales, argumenta con contundencia y audacia, recurre al humor y al dramatismo, maneja la escena como pocos. Pero en ocasiones se equivoca, se enamora de su perfil provocador, muestra su cara más reaccionaria. En septiembre de 2010, en medio de un debate sobre la inseguridad, motivado por el asalto que sufrió a la salida de un banco Carolina Píparo, una mujer embarazada de ocho meses, debió rectificarse después de decir que el hombre que estaba en la fila, detrás de la víctima, “tenía una cara de delincuente terrible”. En febrero de 2013, mientras se discutía el memorándum entre la Argentina e Irán, tuvo que pedir disculpas públicas a la comunidad judía, por afirmar que en el atentado contra la AMIA habían muerto “argentinos de religión judía y argentinos argentinos”. En noviembre de 2016, recibió denuncias de discriminación de parte de diplomáticos de Perú y de Bolivia. Había dicho en una entrevista de televisión: “El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú. Perú resolvió su problema de seguridad y transfirió todo el esquema narcotraficante: las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca”. A fines de 2018, después de lanzar su precandidatura presidencial por Alternativa Federal, levantó la bandera del endurecimiento de la política migratoria: “Ahora hay nuevas figuras de delitos: hay delincuentes de Albania y Europa del Este vinculados al narcotráfico”, señaló en una entrevista, y agregó: “En la década de los 90 entraron los chinos y ahora los senegaleses. ¿Dónde están? Yo no los veo en obras en construcción. Los veo vendiendo cosas truchas. Es maravilloso”.

El senador pronunció dos de sus mejores discursos en los debates por el matrimonio igualitario, en 2010, y por la legalización del aborto, en 2018. Como lo había hecho Néstor Kirchner en Diputados, Pichetto trabajó hasta el último minuto para reunir la mayoría que requería el proyecto que habilitó el casamiento entre personas del mismo género. En el cierre de la discusión en el recinto, invocó los postulados de libertad e igualdad de la Revolución francesa, sostuvo que el Estado tiene la obligación de “garantizar el derecho a la felicidad”, calificó de “nazi” la cláusula de objeción de conciencia que reclamaban quienes se oponían a la ley y acusó a sectores de la Iglesia católica, ferviente detractora del proyecto, de practicar “un oscurantismo medieval”.

Con esas palabras pisoteó las dudas que sobre él habían sembrado, en el inicio del debate, algunos de los promotores de la reforma, incluido Kirchner. Inquieto por la suerte del proyecto, en las semanas previas a la sesión en el Senado, el expresidente mandó al Cuervo Larroque, jefe de La Cámpora, a tantear la posición de Pichetto, en general identificado con posturas conservadoras. Apenas Larroque le sacó el tema, el senador entendió todo: quién lo había mandado y cuál era el objetivo de la visita. Entonces fue al grano, con la brutalidad que solo se desnuda en las bromas que se hacen entre cuatro paredes: “Decile al horrible que se quede tranquilo: si hay algo de lo que estoy más lejos que de los putos es de los curas”.

Más de ocho años después, Pichetto se avergüenza de aquella frase. “Soy un producto del conurbano, de la Argentina blanca, de la proyección de los hijos de los trabajadores rumbo a la universidad. Me manejé siempre con los códigos de la calle. Crecimos con esa visión de la heteronormatividad, de rechazo a los diferentes, nos peleábamos con los ‘negros’. Yo también evolucioné, fui creciendo. El reclamo por los derechos de los homosexuales es un fenómeno de este siglo. El discurso de Pepito Cibrián [durante el debate en comisión en el Senado] me hizo aprender mucho”.

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Cristina y Pichetto se conocieron en diciembre de 1997, cuando ella asumió como diputada nacional por Santa Cruz. En 2001, Cristina convenció a Kirchner para que apoyara a Pichetto en la campaña para ser senador por Río Negro. Dos años después, cuando él ya ejercía como jefe de bloque del Senado, bajo las órdenes de Duhalde, respaldó sin dobleces la postulación presidencial del gobernador de Santa Cruz, el candidato del gobierno, en contra de Menem, su exjefe. Cuando Kirchner llegó a la Casa Rosada no dudó en ratificarlo en su cargo.

El senador tuvo que acomodarse a una nueva realidad, ser jefe de bloque de un gobierno que impulsaba muchos proyectos que él no compartía. No solo tenía que votarlos: debía disciplinar a una bancada en la que se libraban las últimas batallas por el liderazgo en el peronismo. Usó esa debilidad como fortaleza. Mostró cintura política y apeló a una fibra sensible del PJ: la disciplina partidaria. “Ustedes saben que yo soy de derecha”, dijo en una reunión de bloque, en agosto de 2003, para risa de muchos de sus compañeros, antes de reclamar el respaldo a la nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, un proyecto que él había cuestionado en el pasado. Argumentó que era una iniciativa pedida por el Poder Ejecutivo y que no tendría efectos jurídicos.¹¹ En octubre de ese año reunió la mayoría para aprobar la designación de Eugenio Raúl Zaffaroni como juez de la Corte Suprema. “¿No me podés mandar a alguien normal?”, se quejó, un poco en serio y un poco en broma, con Alberto Fernández, después de cruzarse al magistrado, de musculosa y sandalias, en la confitería La Biela, de Recoleta. En septiembre de 2005 juntó los dos tercios requeridos para destituir a Antonio Boggiano, otro de sus amigos en la justicia y uno de los integrantes de la mayoría menemista del máximo tribunal. A mitad de ese año, cuando Duhalde le declaró la guerra a Kirchner, Pichetto no dudó en qué vereda pararse. Mandó a callar a Daniel Scioli, cuando el entonces vicepresidente propuso una “campaña sin agravios”, y después del triunfo de Cristina sobre Hilda Chiche Duhalde, en la provincia de Buenos Aires, reclamó la renuncia del jefe de bloque oficialista en Diputados, José María Díaz Bancalari, un peronista que había jugado con Duhalde.

Esas lealtades cambiantes, esas contradicciones, eran para Pichetto una muestra absoluta de coherencia: “Esto a veces parece incomprensible para otros partidos, ubicados en la izquierda, que cuestionan nuestra disciplina partidaria. Pero creo que ese es nuestro gran mérito para poder gobernar este país. De la Rúa comenzó a debilitarse primero en el Congreso, por el nivel de cuestionamiento que tenían sus políticas. El peronismo es otra cosa: es un partido que se cohesiona detrás del presidente y del gobierno”, declaró en 2004.¹²

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La discusión por la resolución 125, que aumentaba las retenciones a las exportaciones de granos, colocó a Pichetto en el centro de la escena y le reservó un lugar de privilegio en la historia mítica del kirchnerismo. El proyecto llegó al Senado el 6 de julio de 2008, después de cuatro meses de un conflicto que convulsionó al país y lo dejó al borde de un quiebre institucional. El senador hizo todo lo posible para evitar una caída. Antes de la sesión, convocada para el 16 de julio, fue a hablar con Alberto Fernández, jefe de Gabinete, y con Zannini, secretario de Legal y Técnica, para que el gobierno moderara la iniciativa, en un intento por salir de la encerrona política en la que estaban. Recibió la orden de que la ley debía salir sin cambios. La noche de la sesión, al ver que la votación se encaminaba hacia un empate y que el vicepresidente Julio Cobos podía votar en contra, llamó por teléfono a Cristina.

—Estamos empatados. Si tengo margen, puedo hacer una mejora —le propuso.

—Alberto [Fernández] está hablando con Julio [Cobos]. Va a desempatar bien —respondió ella.

Pasadas las 22, Pablo Verani, un senador radical, le contó que, en caso de empate, Cobos iba a pedir un cuarto intermedio, para evitar hacerse cargo de la definición. Pichetto llamó a Sanz, jefe de bloque de la UCR. Como hacía cada vez que el dirigente radical lo visitaba en su despacho, Pichetto subió el volumen del televisor, temeroso de que lo estuvieran espiando, lo invitó a hablar en un rincón e hizo catarsis contra el gobierno. “Una cuestión de intereses la terminaron convirtiendo en una disputa política, de lucha por el poder”, se lamentó. Acordaron que no iban a aceptar el cuarto intermedio que quería Cobos. A las 23 volvió a llamar a Cristina y le advirtió que el vicepresidente se había encerrado en su despacho, con su familia. “Si me das autorización, hago una negociación razonable”, insistió, inquieto por las manifestaciones que rodeaban el Palacio. “Alberto va a ir a hablar con Julio”, respondió ella. A las 00:30 Cristina le avisó que se iba a dormir y le dio la última instrucción de la noche: “Hacé votar y que cada uno se haga responsable”.

Cuando le tocó clausurar el debate, minutos antes de las 4 de la madrugada, Pichetto no ahorró dramatismo: “Yo no quiero agitar fantasmas. No quiero venir con las historias del golpismo en la Argentina, pero indudablemente en la noche de hoy también, y en la Argentina en que estamos viviendo, hay algunos escenarios altamente complejos, y la oposición sabe de qué hablo. Sabe lo que significa que esta noche el gobierno no salga ratificado. Lo sabe muy bien. Son conscientes”. Para terminar: “Y los compañeros que han ejercido el poder en las provincias lo saben mucho más. Son muy conscientes de lo que esto significa. Son muy conscientes de que van a dejar herido al gobierno nacional, con todo lo que esto implica, a seis meses de haber asumido”. En el cierre de su intervención, seguida por televisión por miles de personas en todo el país, Pichetto advirtió que era “inconcebible” que el vicepresidente votara en contra del Poder Ejecutivo y, con una mirada de acero, se dirigió directamente a Cobos: “Usted tiene hoy una gran responsabilidad institucional, histórica. Esperemos que la ejerza con todo su criterio, prudencia y con toda la decisión que usted tiene que tener como hombre de Estado”.

Después de la primera votación, que arrojó un empate en 36, Cobos pidió, imploró, un cuarto intermedio para buscar un acuerdo, antes de hacer una segunda votación, como indica el reglamento. Eran las 4:15. Pichetto lo puso contra las cuerdas, con una frase que en el Congreso muchos recuerdan tanto como la del “voto no positivo”. “Señor presidente —lo apuró el senador, ahora con mirada asesina—, Jesús dijo a los discípulos: ‘Lo que haya que hacer hagámoslo rápido’”.

Fue la primera votación importante que perdió Pichetto. Al otro día, Néstor Kirchner lo llamó para insultarlo. Lo responsabilizaba de haber perdido votos determinantes días antes de la sesión. El senador se tomó una revancha anhelada: le recordó que muchos de los que habían votado en contra, incluido Cobos, habían llegado al Senado en las listas de la Concertación, el experimento que le había impedido a él ganar la gobernación de Río Negro el año anterior. La sesión fue una bisagra en la carrera de Pichetto. Su figura trascendió los muros del Palacio y los simpatizantes del gobierno lo abrazaron finalmente como a uno de los suyos. “En los viajes que hicimos por el interior los meses siguientes, todos le hablaban del discurso, le pedían fotos, fue impresionante”, recuerda un colaborador.

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Pichetto sacó de la galera su buena relación con Menem a comienzos de 2010, cuando el kirchnerismo había perdido la mayoría en el Senado y quedó arrinconado frente al Grupo A, un conglomerado que aglutinó a todos los bloques de la oposición. El 24 de febrero de ese año, la ausencia del senador por La Rioja frustró un intento opositor por quedarse con la presidencia de la mayoría de las comisiones. Ese día Pichetto ensayó una jugada maestra. Se había comprometido a dar quórum, a cambio de que la oposición ratificara a José Pampuro como presidente provisional del Senado, segundo en la línea de sucesión presidencial. Justo después de esa votación, al ver que la oposición no tenía mayoría propia, hizo una seña rápida a los senadores de su bancada, que, en segundos, abandonaron el recinto y dejaron la sesión sin quórum. “¡Menem lo hizo! Ese es el título. Eso tienen que poner”, repetía, exultante, el senador tucumano Sergio Mansilla y dibujaba en el aire un titular imaginario. Mientras el radical Gerardo Morales y el resto de los referentes de la oposición despotricaban contra la actitud del oficialismo, Pichetto cruzó la puerta del recinto en dirección a su despacho, con una sonrisa de labios apretados, como quien acaba de hacer una travesura. “Chau, muchachos”, dijo, al mejor estilo Ramón Díaz, al pasar frente a un grupo de periodistas.

El 14 de abril de 2010, el jefe de bloque del PJ volvió a recurrir a Menem. Por pedido de Pichetto, el expresidente se abstuvo en la votación del pliego de Mercedes Marcó del Pont para presidir el Banco Central, lo que permitió su designación. Fue, para Pichetto, un momento grato en una sesión que terminó con una derrota. El kirchnerismo llevaba semanas bloqueando el quórum, para evitar que la oposición aprobara un proyecto que repartía entre las provincias los fondos del impuesto al cheque. Ese día, Cobos logró abrir el debate gracias a la presencia sorpresiva de Adriana Bortolozzi, una senadora por Formosa que integraba la bancada oficialista. “Estoy sola y tengo miedo”, dijo al tomar la palabra. Pichetto no se quedó de brazos cruzados. Enseguida habló con Daniele, que, a la vista de todos, se paró al lado de la banca de Bortolozzi. “¿Qué hacés?”, le dijo, inclinado para hablarle al oído. “Estoy dando quórum, como deberían hacer todos”, respondió ella. “Te tenés que ir, dice Miguel que te levantes, que quiere hablar con vos”, insistió Daniele. “Decile que me venga a sacar él”, lo espantó ella.

La senadora se quedó sentada y, después de que se aprobara el pliego de Marcó Del Pont, la oposición sancionó la reforma del impuesto al cheque resistida por la Casa Rosada. Recuperado de la derrota, Pichetto se encargó de que los gestos de Menem fueran bien recompensados. En junio de ese mismo año, Nicolás de Vedia, subjefe de despacho del senador riojano, asumió al frente de la Dirección de Comisiones del Senado. La designación fue celebrada con un asado en la sede de la APL, del que participaron el dueño de casa, Di Próspero, De Vedia y el jefe de bloque de senadores del PJ.

Pichetto no es respetado en el Congreso solo por su poder. También por su espíritu de cuerpo. “Es el secretario general del sindicato de la política, al que todos adherimos”, lo define un senador radical. “Defiende lo que tenga que defender, aunque sea políticamente incorrecto”, argumenta un exsenador peronista. “Es uno de los principales exponentes de los códigos de la política, casi como si los hubiera escrito él”, dice un expresidente de la cámara. A finales de 2016, Pichetto respaldó en público, como ya había hecho en otras oportunidades, un incremento del 41% en los ingresos de los legisladores, dispuesto de manera conjunta por Emilio Monzó, presidente de Diputados, y Gabriela Michetti, presidenta del Senado. Ante la ola de críticas, Monzó dio marcha atrás. Michetti mantuvo el aumento, con el apoyo firme del jefe del bloque del PJ. Pichetto asume sin problemas el papel de representante gremial. “Hay una tendencia cultural a que los legisladores estén mal pagos, al compás de un periodismo con mirada destructiva. Yo funciono sin hipocresía y muchos no se atreven”, argumenta. Eso sí, le revienta que los senadores abusen de los viajes al exterior. Se pone de muy mal humor cuando alguno falta a una sesión o a una reunión de comisión importante por estar fuera del país.

Otro gesto muy valorado por oficialistas y opositores en el Congreso, casi una gesta épica para los habitantes del Palacio, tuvo lugar en febrero de 2012. Tres meses después de la reelección de Cristina, el senador encabezó una rebelión para defender el territorio, frente al avance del vicepresidente Amado Boudou. Como flamante presidente del Senado, Boudou pretendía remover a Daniele para designar en la prosecretaría administrativa a Sabino Vaca Narvaja, cercano a La Cámpora. En una batalla interna por el poder en el Senado, Pichetto reunió al bloque, se alió con Aníbal Fernández, recién llegado a la cámara, y consiguió los votos necesarios para sostener a su hombre de confianza. “En política no hay nada personal”, repite Pichetto. “Los enojos duran 24 horas”, agrega. Pero los cuatro años que debió convivir con Boudou fueron “una tortura psicológica”, cuenta uno de sus amigos radicales.

***

En mayo de 2019, en las puertas de una nueva campaña electoral, el senador discutió en público con Agustín Rossi, jefe de la bancada kirchnerista en Diputados, por su posición sobre el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, al que Pichetto había calificado como una “dictadura”. Rossi lo cruzó por Twitter: “Juntos esperábamos para pasar frente al féretro. Como todos, estabas emocionado, quizás con los ojos humedecidos. Era en Caracas, 5 de marzo de 2013, exequias de Hugo Chávez. La conversión exige testimonios, pero... ¿tanto te piden, querido Miguel?”. Pichetto respondió en una entrevista en TN: “Yo no lloré, no lloré ni en el velorio de mi viejo, tengo treinta años de terapia por eso y no lo pude resolver”.

Unos meses antes, en octubre de 2018, había ventilado una vez más sus diferencias con Cristina, en plena sesión, como si no pudieran soportar la presencia del otro. Se debatía un proyecto de consenso que dejaba sin efecto un aumento adicional de la tarifa del gas, que el gobierno de Macri había habilitado para compensar a las empresas distribuidoras por la devaluación. Una discusión menor, sobre la redacción de un artículo, dio paso a un entredicho electrizante, cargado de ironía y resentimiento.

—Nosotros vamos a votar este dictamen. Y, además, en la política lo que importa es el mensaje. La señora expresidenta debería saberlo. Hay un mensaje del Senado muy claro: lo deja sin efecto. Este es el contenido que vamos a votar. Es un mensaje político vigoroso, muy claro —dijo Pichetto.

—Sí, muy vigoroso —se burló ella, fuera de micrófono.

—Le pido que me respete, porque yo la escucho siempre con atención. Así que pido que se me respete.

—Perdón, perdón, perdón. Si quiere, me arrodillo —subió la apuesta Cristina.

—No, no se arrodille. Quédese tranquila.

—Siga hablando, senador.

—Usted nunca se arrodilló.

—Y nunca me arrodillaré.

—No. Claro… Su orgullo es infinito.

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En la entrevista de Noticias, Recalt le preguntó a Pichetto:

—¿Cómo se ve haciendo campaña con globos, al estilo Jaime Durán Barba [asesor estrella del gobierno]?

—Soy un tipo que no es una oda a la alegría. Y me molesta mucho el hiperoptimismo. Tengo más bien un planteo realista. No me gusta bailar porque los hombres duros no bailan, pero, bueno, me voy a adaptar todo lo que pueda.

—¿Bailaría si se lo piden?

—He bailado en otros momentos más difíciles.

7. La Nación, 12 de febrero de 2016.

8. La primera información sobre esta pelea la publicó el periodista Gustavo Ybarra el 4 de noviembre de 2018 en La Nación.

9. Perfil, 29 de diciembre de 2013.

10. Noticias, 14 de junio de 2019.

11. Clarín, 21 de agosto de 2003.

12. La Nación, 19 de enero de 2004.

Capítulo 6

Cuestión de vida o muerte

DEBATES SOBRE EL ABORTO

Los gritos de la tucumana Silvia Elías de Pérez escalaron hasta los techos altos del Salón Gris, una de las dependencias de la presidencia del Senado, en el primer piso del Palacio, y volvieron con más fuerza contra la cabeza de Humberto Schiavoni. De espaldas anchas y 1,90 metros de estatura, el senador por Misiones sintió que empezaba a encogerse.

—¡Te rompo el bloque! ¿Me escuchaste? ¡Me voy! —lo arrinconó ella, con el índice en alto, contra un imponente reloj de péndulo.

Exvicepresidenta de la UCR, militante católica y de vínculos muy estrechos con la jerarquía de la Iglesia, Elías de Pérez se había puesto al frente en el Senado del rechazo al proyecto de legalización del aborto, aprobado en Diputados dos meses antes. Atenta a cada uno de los movimientos en las horas previas a la sesión, acababa de detectar una jugada de último momento de los promotores de la reforma.

—Silvia, por favor, calmate. Van ganando ustedes —Schiavoni, jefe de Gabinete durante la fugaz presidencia de Ramón Puerta, a cargo de la represa Yacyretá en el gobierno de Eduardo Duhalde y presidente del Pro desde 2012, pensó que en sus 60 años nunca había estado tan cerca de que le pegaran un carterazo.

Unos minutos antes el senador se movía a sus anchas en el despacho de Julio Cobos, en el cuarto piso del Palacio. Desde hacía 48 horas trabajaba sin descanso en un plan B para cambiar el rumbo de la sesión, pautada para el día siguiente, miércoles 8 de agosto de 2018. Mantenía la jugada en reserva y les pedía a sus interlocutores que hicieran lo mismo.

“¿No se puede explorar una opción intermedia?”, le consultó por teléfono el fin de semana anterior el jefe de Gabinete, Marcos Peña, después de preguntarle cómo estaba el clima, ante la inminencia de las manifestaciones multitudinarias que iban a rodear el Congreso el día de la sesión. Frente al Palacio, un muro de vallas dividía la plaza en dos: al norte se ubicarían los que apoyaban la legalización, identificados con el color verde. Al sur, los detractores de la reforma, los celestes.

A esas alturas solo quedaba retroceder y conformarse con un mal menor, se convenció Schiavoni, después de repasar mil veces, como si examinara un jeroglífico, la pizarra blanca que tenía en su despacho. A la izquierda, había colocado pequeñas imágenes circulares, con las caras de los que votaban a favor. A la derecha, las figuritas de los que se habían pronunciado en contra. Debajo, los indecisos, que eran cada vez menos. Con las definiciones de última hora del radical Ángel Rozas, el peronista Juan Carlos Romero y la kirchnerista Silvina García Larraburu, los celestes llegaban a 37, la mitad más uno, y la diferencia se tornaba irreversible.

Cuando todavía tenía entre los indecisos la figurita de Rozas, exgobernador de Chaco, Schiavoni hizo un último intento por convencerlo. Le encargó la gestión al exdiputado Ricardo Gil Lavedra, correligionario y pareja de la escritora Claudia Piñeiro, una de las protagonistas más lúcidas de la campaña por la legalización. Solo le sirvió para confirmar que era hora de activar el plan de emergencia.

En el despacho de Cobos la jugada de Schiavoni parecía a salvo. El exvicepresidente había anunciado que votaría en contra de la legalización, pero estaba dispuesto a escuchar las razones de los verdes. La maniobra para salvar el proyecto ya tenía nombre: el Plan Perotti. Senador por Santa Fe, Omar Perotti era uno de los últimos indecisos. Había presentado una iniciativa que no legalizaba el aborto, pero reducía las penas para las mujeres que abortan y convertía en ley el protocolo de aborto no punible surgido del fallo FAL, de la Corte Suprema. La idea era apelar a un artículo en desuso del reglamento que permitía, inmediatamente después de perder la votación sobre la legalización, abrir el debate de la iniciativa de Perotti. Era como arrancar un empate en tiempo suplementario.

El plan no convencía a las dirigentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el conjunto de organizaciones feministas que empuja la reforma desde 2005 y que logró que, como símbolo de la masificación del reclamo, el pañuelo verde se instalara en las mochilas de las estudiantes secundarias. Lo consideraban “un retroceso”. Tampoco seducía a Miguel Ángel Pichetto, otro de los baluartes del ejército verde en el Senado. Pero ante la inminencia de una derrota, permeó entre Las Sororas, el grupo de diputadas que había encabezado la victoria en la sesión del 13 y 14 de junio. Para Schiavoni, el despacho de Cobos era una puerta de ingreso en la fortaleza de los celestes:

—Mañana vamos a tener una multitud en la calle. No se pueden ir sin nada. Va a ser para quilombo —dijo el visitante.

Cuando la conversación empezaba a fluir, Schiavoni sintió un zumbido en el pecho, a la altura del corazón. Le sonaba el teléfono, en el bolsillo interior del saco. En la pantalla apareció el nombre que no quería ni ver: Silvia Elías de Pérez.

El debate en el Senado se habría definido desde el principio, si no fuera por el triunfo épico que habían conseguido los verdes en la Cámara de Diputados. Los cantitos que llegaban de la manifestación que se reunió el lunes 19 de febrero en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, música de fondo habitual para los habitantes del Congreso, llamaron la atención de Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados. Al asomarse detrás de las cortinas de su despacho, en el primer piso del sector que da hacia Rivadavia, confirmó lo que sospechaba: había mucha más gente que en años anteriores. A modo de alerta, lo comentó el jueves siguiente, en la reunión semanal que mantenían los jefes parlamentarios del oficialismo con el jefe de Gabinete, en la Casa Rosada.

—Es un tema del Parlamento —respondió Marcos Peña, gambeteando una definición, pero entreabriendo una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada.

El proyecto de legalización se presenta desde 2007, por impulso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. La cantidad de diputados que acompaña con su firma la iniciativa fue aumentando hasta alcanzar el récord de 72, en 2018. Hasta ese año, el tema casi no se había debatido en comisiones y nunca había llegado al recinto. Ninguno de los gobiernos anteriores, incluido el de Cristina Kirchner, había habilitado el debate.

Una semana después, en su discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri confirmó la luz verde: “Hace treinta y cinco años que venimos postergando un debate muy sensible: el aborto. Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Vemos con agrado que el Congreso incluya el tema en su agenda de este año y espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas”. Las palabras del Presidente operaron como una campana de largada. La primera batalla fue por la conducción del debate en comisiones. Legislación General, que había encabezado la discusión en los años anteriores, estaba presidida por Daniel Lipovetzky, uno de los pocos diputados del Pro que había firmado el proyecto de la campaña. Después de unos días de suspenso, Monzó confirmó que sería la comisión cabecera y que el proyecto también sería girado a las comisiones de Salud, de Legislación Penal, y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Como contrafigura de Lipovetzky quedó Carmen Polledo, presidenta de Salud, amiga de Macri y firme detractora del proyecto.

Lo primero que hizo Lipovetzky fue ir a ver al presidente, a la Casa Rosada.

—¿Hay chances de que vetes? —fue al grano el diputado, después de escuchar un pedido de Macri para que el debate fuera “plural y ordenado”.

—Ninguna posibilidad. Voy a respetar lo que salga del Congreso.

—¿Te llame quien te llame? —lo apuró Lipovetzky, con la mente puesta en el Vaticano.

—Quedate tranquilo —lo cortó en seco Macri.

Los grupos que se oponían a la legalización ya habían empezado a recorrer los despachos. El primero en recibirlos fue el presidente del bloque del Pro, Nicolás Massot, que pronto se convertiría en el principal armador del voto celeste. En esos días, el diputado del Pro esperaba su primer hijo. “No hay que preocuparse; hay que ocuparse”, instruyó a los dirigentes del Frente Joven, en el tercer piso del Palacio. La organización nació en 2010 y está encabezada por el experto en informática Leandro Flocco, formado en el Colegio San Vicente de Paul, parte de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. El Frente Joven se erigió como columna vertebral de Unidad Provida, un conglomerado de más de 150 organizaciones, muchas cercanas a las iglesias católica y evangélica, que estructuró una fuerte campaña contra el proyecto.

En el grupo de WhatsApp del Frente Joven las primeras alarmas se habían encendido el 1 de febrero de 2018, cuando en su programa de televisión Jorge Rial se comprometió a impulsar en los medios el debate sobre la legalización. Frente a la potencia que iba adquiriendo el pañuelo verde, los detractores de la reforma buscaban algún símbolo que los identificara. No les fue fácil. Hicieron un “banderazo” con distintivos rojos, el color de los movimientos antilegalización en otros países. Después probaron con el magenta. Para no copiar el pañuelo, fabricaron pines y remeras. Solo ganaron fuerza cuando asumieron que la campaña era en realidad una contracampaña: los pañuelos celestes los introdujo la agrupación evangélica Jucum (Juventud Con Una Misión), a mitad de mayo. Para entonces también dieron con la consigna “Salvemos las dos vidas”, una idea del licenciado en Comunicación Gustavo Mellado, de la Fundación Ciudadanía, una organización no confesional de buenos vínculos con la Iglesia católica.

En el Congreso pasó lo que había pasado solo dos veces desde el retorno de la democracia. En 1987, con la ley de divorcio vincular, y en 2010, con el matrimonio igualitario. La discusión por la legalización hizo volar por el aire la dinámica de construcción de mayorías, las lealtades internas y el reparto de roles en las dos cámaras. Durante seis meses, el Congreso cobró vida propia. Después de cientos de debates en los que amigos y enemigos eran siempre los mismos, diputados y senadores jugaron a otra cosa. Fundaron nuevos ejércitos y designaron como generales a colegas que hasta entonces solo habían sido buenos soldados. Hablaron en secreto con legisladores a los que nunca habían saludado, escondieron información a sus jefes políticos y hasta dejaron de dirigirles la palabra a compañeros “entrañables”. De uno y otro lado, se crearon grupos de WhatsApp que delimitaron las fronteras. Casi todas las reuniones se transformaron en cumbres secretas. La intriga se diseminó en la gran mayoría de los bloques. En el oficialismo estalló una guerra.

“No podés permitir que nos hablen de esa manera, Daniel. Deberías haberlo frenado, haber dicho algo”, con una pila de carpetas en una mano y la cartera en la otra, Polledo abordó a Lipovetzky a la salida de la sala uno del anexo C de la Cámara de Diputados, después de la primera jornada de exposiciones, el 10 de abril.

Desde el atril, el periodista Luis Novaresio, invitado de los verdes, le había apuntado directamente a ella: “Carmen, no puede dejar que las mujeres se sigan muriendo. Usted no puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoprostol y las mujeres totalmente excluidas, a la rama del perejil”.

Sentada en la cabecera, al lado de Lipovetzky, a Polledo se le transformó la cara. Aunque no se había permitido el ingreso de público, en la sala costaba respirar. Los argumentos de los expositores recorrían el lugar atravesando un filtro de bullicios de diputados, asesores y periodistas acreditados. Nadie se mantenía al margen. A cada palabra desde el estrado, una réplica de murmullos desde las casi doscientas sillas que ocupaban la sala. Las imágenes se veían en pantallas gigantes en la avenida Rivadavia, partida en dos para separar a los manifestantes a favor y en contra de la reforma. En el plenario de comisiones de Diputados, por donde pasaron setecientos veintiocho expositores, las transgresiones a las reglas, por mínimas que fueran, disparaban quejas del sector contrario. Por pedido de los celestes, Lipovetzky le reprochó a Verónica Llinás haber participado de una exposición en ese primer día, sin estar inscripta en la lista de oradores. Junto con Griselda Siciliani y Carla Peterson, había leído una carta pública de Actrices Argentinas, un grupo formado al calor del debate. En las semanas siguientes, los pasillos de los edificios anexos de la Cámara de Diputados se poblaron de figuras del espectáculo, como Dolores Fonzi, Adriana Salonia, Luisa Kuliok y Pablo Echarri. Los enviados se elegían por afinidad generacional, intentando tocar una fibra emocional entre los diputados indecisos.

La guerra dentro del oficialismo volvió a quedar al descubierto en el último día de exposiciones, con la intervención del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que había tomado postura a favor de la reforma. El funcionario definió al aborto como “un problema de salud pública” y sostuvo su posición con cifras oficiales y datos comparativos de todo el mundo. Informó que en 2014 había habido solo en el sistema público de salud de la Argentina más de 47.000 egresos hospitalarios por aborto, que en 2016 se habían muerto 43 mujeres por esa causa y que la cantidad de abortos era mayor en los países con leyes restrictivas. “La evidencia es muy sólida respecto a que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales”, concluyó, después de media hora de exposición.

—No puede estar ahí. Lo lamento, señora. —Dos agentes de seguridad, de traje azul y un pin rojo de la Cámara de Diputados en la solapa, se acercaron a la mesa central de la sala, dispuesta en forma de herradura, para desalojar a Fabiana Tuñez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, y a Piter Robledo, subsecretario nacional de Juventud. Ese lugar es para diputados y expositores, les dijeron y los conminaron a sentarse en las sillas del costado, junto con los asesores.

—¡Es increíble! Esto lo hace Carmen porque ellos vinieron a apoyar la legalización —se enfureció la diputada Silvia Lospennato, secretaria parlamentaria del bloque del Pro, que se había acercado para interceder y de a poco ganaba autoridad entre los verdes.

La orden de Polledo era una devolución de gentilezas. Unos días antes, Lipovetzky había prohibido el reparto de muñecos con forma de feto, que hacía Mariana Rodríguez Varela. La mujer, hija de Alberto Rodríguez Varela, exministro de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla, se hizo conocida entre los diputados como “la loca de los bebitos”.

Tuñez y Robledo estaban en la mira de los celestes. Junto con Lospennato organizaban la foto de respaldo a la reforma que unos cien diputados y funcionarios de Cambiemos se tomaron frente al Congreso, el martes 5 de junio, una semana antes de la sesión. Ese mismo día, Macri convocó a Polledo y Lipovetzky a su despacho, y les insistió para que no se resquebrajara la bancada. Era demasiado tarde: la relación entre Massot y Lospennato, los dos diputados más cercanos a Monzó, estaba quebrada, al igual que el vínculo entre muchos otros integrantes del oficialismo.

A la foto de los verdes le siguió, el 6 de junio, una multitudinaria marcha a favor de la reforma, organizada por el colectivo de mujeres Ni Una Menos. Un día después, el 7 de junio, se concretó la contra foto de los celestes, también frente al Congreso, impulsada por Gabriela Michetti y Federico Pinedo: en el Senado, los detractores de la reforma estaban bien organizados y no perdían el tiempo. Aunque no figuró en la foto grupal que se publicó en casi todos los medios, en el lugar estaba otro personaje clave del armado celeste: Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora, el presidente, el jefe de Gabinete y el resto de las figuras principales del oficialismo, como Lilita Carrió y Horacio Rodríguez Larreta, se habían manifestado en contra de la reforma. Cambiemos era la única bancada de las grandes en la que primaba el rechazo.

El despacho de comisión se emitió el 12 de junio, un día antes de la sesión. El dictamen de mayoría, favorable a la reforma, logró 64 firmas, contra 57 de la minoría. Pero los cálculos previos daban ventaja al rechazo del proyecto en el recinto. Hasta el día anterior, 123 diputados se habían manifestado en contra, 117 a favor, uno por la abstención y 15 se mantenían indefinidos. A la mañana siguiente, antes de empezar el debate, programado para las 11, los verdes sumaron tres nuevos votos, y los indecisos se redujeron a 12. Todo podía pasar.

Mientras se desarrollaban negociaciones tras bambalinas, las primeras horas de la sesión tuvieron discursos de alto voltaje.

“Aquí se pretende elegir el camino fácil para que ese fracaso no se note: eliminemos al otro, eliminemos derechos”, argumentó Massot, que dijo que hablaba en representación de la juventud. Los diputados de La Cámpora se pusieron como locos. Parados al costado de sus bancas y a los gritos, le recordaron los vínculos de su familia con la dictadura. “¿Y vos dónde estás hoy, Juan Cabandié? ¿Vos dónde estás parado hoy? Nunca en democracia nos animamos a tanto. Ni en democracia ni de otra manera —redobló la apuesta Massot, dirigiéndose al nieto recuperado 77—. Tampoco en ese momento, Mayra Mendoza, tampoco en ese momento nos animamos a tanto”, cerró, entre aplausos de algunos diputados de su bloque.

Había pasado menos de una hora de sesión y el recinto estaba en llamas.

Recuperada la calma, después de varias horas de debate, otros diputados también dejaron su huella, al zambullirse de cabeza en el ridículo. Como la diputada Estela Regidor (UCR-Corrientes), quien, cerca de las 20:30, anunció su voto negativo: “Yo soy protectora de animales. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No la llevamos al veterinario para que aborte. Salimos a ver a quién le regalamos los perritos. Las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón?”.

Cuatro horas antes, Alfredo Olmedo también había anotado su apellido, una vez más, en la historia de la infamia: “Hay un negocio encubierto: el tema de las células. Tengamos respeto por el ser humano, no hagamos negocio de la muerte. Si sale la ley, estoy pidiendo un cementerio para las víctimas del aborto. Voy a ser muy duro: los tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto. En el país de las libertades, no podemos vivir en libertinaje”.

Pasadas las 22, Victoria Donda pidió la palabra, sobresaltada:

—Acá afuera, en el hemiciclo, está sentado un médico o una persona con un guardapolvo blanco de la Universidad Austral, que no es asesor, sino un invitado del diputado Massot. No sé por qué se encuentra allí, cuando habíamos acordado que no entraba nadie que no fuese asesor con credencial. Creo que hay que seguir respetando las reglas de juego. Por eso pedimos al señor presidente que las haga respetar.

—Lo invitaré a que se retire de ese lugar, señora diputada. —Monzó hizo un gesto rápido al personal de seguridad, que enseguida desalojó al intruso.

En un descanso en el Salón Delia Parodi, donde los diputados cenan durante las sesiones y socializan sin distinción de bloques, Lospennato se tragó el orgullo e hizo un intento por convencer a Massot. Le habló de una escena de Selma, la película que retrata las movilizaciones por el derecho al voto de la población afroamericana de Estados Unidos, en 1965, encabezadas por Martin Luther King. “Si trajimos a la gente hasta el puente, tenemos que aprovechar la oportunidad, no podemos retroceder sin cruzarlo”, le dijo, en referencia a la multitud que rodeaba el Congreso y replicando el argumento con el que le reprocharon a King no haber cruzado el puente Edmund Pettus, en la segunda de las tres marchas de la ciudad de Selma a Montgomery, la capital de Alabama. Fue en vano. Massot seguiría trabajando sin descanso para asegurar la luz de ventaja que a esa hora mantenían los celestes.

La disputa también llegó a La Cámpora, aunque sin la intensidad de la batalla que se daba en el oficialismo. Pese a que se anticipaba que Cristina Kirchner iba a cambiar su posición histórica y acompañar la reforma, y a que Máximo Kirchner se había sacado una foto con el pañuelo verde, en la agrupación había un foco de resistencia: la del secretario general de la organización, el Cuervo Larroque. Él insistía en plantear un proceso de discusión en la militancia. Estaba de acuerdo en reconocer el derecho de las mujeres, pero sostenía que el Estado no debía adoptar una actitud neutral ante quienes manifestaban su voluntad de abortar. Votó a favor —a regañadientes—, tras confesar en el recinto que había analizado pronunciarse en contra o abstenerse. Además de la incomodidad que le generaba la definición, le molestaba la fraternidad de algunos de sus compañeros de bloque con diputados de Cambiemos, los mismos oficialistas que el año anterior habían votado el desafuero de De Vido y lo habían mandado a la cárcel. Para dejar en claro en qué vereda estaba parado, leyó en su discurso una carta del exministro, en la que denunciaba su detención como arbitraria y se pronunciaba a favor de la legalización.

Las horas pasaban y el recinto iba quedando vacío. Con el pelo revuelto por un descanso improvisado en un sillón de su despacho, Lospennato entró como una zombi en las oficinas de la presidencia de la Cámara de Diputados, único territorio que permanecía neutral a las 5 de la madrugada. Al abrir la puerta del despacho de Monzó, lo encontró conversando, alrededor de una mesa ratona, con dos capitanes del ejército enemigo: Massot y Guillermo Montenegro. Los tres se callaron de golpe. Ella les clavó la mirada, dio media vuelta y se fue.

¿Qué se cocinaba en el despacho de Monzó? Lospennato se enteró minutos después, en el recinto. “Estoy preocupado por la seguridad. La gente que viene a trabajar al centro se va a encontrar con la manifestación”, le transmitió Montenegro, con gesto adusto.

El pedido concreto era que redujeran la lista de oradores, con cuarenta inscriptos, para que se votara antes del amanecer. Monzó había analizado el tema con Mario Negri, Massot y Álvaro González. El presidente de la Cámara intentó persuadir a Lospennato: le dijo que ya estaban los votos para que se aprobara el proyecto. Ella hizo cuentas con sus compañeras. Los números no les daban. Respondió con un contragolpe: “Si están preocupados por la seguridad, levanten a dos diputados para la votación. Si no, votamos a las 10, con 200.000 mujeres en la calle”.

En ese instante, Donda, la trotskista Romina del Plá y las kirchneristas Mayra Mendoza y Mónica Macha salían a la calle para dar una instrucción a la militancia: “¡Convoquen a partir de las 7:30!”.

Con los ojos hinchados, la radical Brenda Austin repasaba en su banca una planilla con los nombres de los 257 diputados. Los detractores del proyecto habían conseguido un triunfo clave a las 3:55. Después de coquetear con el voto positivo durante más de dieciséis horas, el tucumano Facundo Garretón anunció que votaría en contra. En Pasos Perdidos los celestes lo celebraron como un gol. La noticia cayó como una bomba entre los verdes. Lospennato había agotado todos los recursos: cerca de la medianoche le escribió al jefe de Gabinete para que él le aclarara a Garretón que la ley no perjudicaba al Gobierno. “Si rompemos el compromiso de no meternos, rompemos muchas cosas más”, le respondió Peña. Minutos después insistió Negri. “Confío en nuestros líderes parlamentarios”, volvió a cerrar la puerta el jefe de Gabinete.

Después de escuchar a Garretón, Austin entró a Todxs por la IVE, el grupo de WhatsApp que habían creado los diputados que apoyaban la iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo y eliminó al tucumano. ¿Había sido un verdadero indeciso o un infiltrado de los celestes? Ella nunca se sacó la duda.

El objetivo a esa hora era que alguno de los que había anunciado su voto negativo se fuera antes de la votación. Lospennato apuntó a tres de su bloque: Álvaro González, Eduardo Amadeo y Ezequiel Fernández Langan. El único que se mostró permeable fue Amadeo, que, al igual que Álvaro González, daba una batalla al interior de su familia. El actor Benjamín Amadeo, hijo del diputado, había hecho pública su posición a favor de la ley. Amadeo puso una condición: pretendía que también se levantara alguien de otro bloque. Lospennato se apuró a mandar la información al grupo de Las Sororas. Mendoza fue a hablar con Inés Lotto, una diputada de Formosa a que la que había acompañado a una capacitación de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones de la campaña. “Por nosotros no se puede caer esto —argumentó—. Que el oficialismo pague el costo”. Lotto estaba quebrada. El gobernador Gildo Insfrán le había ordenado que votara en contra y la noche previa a la sesión, manifestantes en contra del proyecto le habían pintado el frente de su casa de negro.

Sin margen para nuevas pérdidas, los verdes tenían que recuperar la ventaja como fuera. Lospennato convocó a una reunión de urgencia en su despacho, en el tercer piso del Palacio. Lo hizo por un chat exclusivo, con otras once integrantes: Austin, Donda, Del Plá, Mendoza, Macha, la radical Karina Banfi, la peronista de Jujuy Carolina Moisés, la massista Cecilia Moreau, las diputadas del Movimiento Evita Araceli Ferreyra y Lucila de Ponti, y Malena Galmarini, la única que no era diputada, una de las más activas durante toda la sesión. La denominación del grupo fue variando de acuerdo con los estados de ánimo. Primero se llamó: IVE tan cerca y tan lejos. Después, ¡IVE tan cerca! En la recta final se consolidó el nombre de guerra: Las Sororas. Con un cuadro de Mauricio Macri en lo alto, como supervisando la escena, repasaron los números. Ya sin indecisos, estaban dos votos abajo: 128 a 126. Solo les quedaba una carta: lograr que Carlos Roma, un diputado del Pro por Tierra del Fuego, saltara del rechazo a la aprobación.

A cargo del operativo Roma estaba Héctor Tito Stefani, otro diputado de Tierra del Fuego que había anunciado su voto positivo horas antes de la sesión. Parecía una misión imposible. Roma, integrante de la logia masónica, con viajes frecuentes a Rusia y de fluida relación con el gobierno de Vladimir Putin, estaba en el grupo de WhatsApp de rechazo al proyecto. Casi que lo había fundado. Una semana antes había participado de la foto de pañuelos celestes en la Plaza del Congreso. Después volvió al Palacio conversando con Santiago Santurio, del Frente Joven. Se conocían hacía un par de años. Cuando ellos necesitaban ingresar en el edificio anexo de la Cámara de Diputados para recorrer los despachos, decían que iban a ver a Roma y desde su oficina les autorizaban el ingreso.

Tenía razones Jorge Enríquez, otro de los capitanes del ejército celeste, para no tomarse del todo en serio la advertencia que le hicieron, cerca de las 2 de la madrugada, el día de la sesión, en el Salón de los Pasos Perdidos.

—Parece que dieron vuelta a Roma —lo alertó Antonio Carambia, un diputado del Pro por Santa Cruz.

—No, no puede ser —respondió, después de pensarlo un segundo, con una mueca de incredulidad que reforzó la negativa. Buscaba convencerse a sí mismo—. No, no tiene sentido —se repitió.

Pero la advertencia de Carambia seguía rebotando en su cabeza, como un mal sueño. De pronto reaccionó:

—Vamos a darnos una vuelta por el despacho —le dijo al secretario del bloque del Pro en el Senado, Mariano Gerván, que había cruzado el portal que divide las dos cámaras para fortalecer la causa celeste.

En la oficina 820, del octavo piso del edificio de vidriado sobre Rivadavia, había sándwiches de miga y más gente de lo que esperaba Enríquez. A Roma lo acompañaban Stefani y un hombre pelado y de barba que los visitantes tardaron unos segundos en reconocer. Era el empresario de espectáculos Daniel Grinbank, un agente externo del ejército verde. Estaba ahí hacía un par de horas. De buen diálogo con Stefani y en contacto permanente con Las Sororas, tenía una misión concreta: garantizar el giro de Roma y evitar una reconquista de los celestes. Por eso se le aceleraron los latidos cuando vio entrar a Enríquez. Se sintió desnudo: sin el ingrediente del secreto, su jugada quedaba amenazada. Optó por mostrarse natural. Como la mayoría de los que estaba en el Congreso a esa hora solo buscaba un lugar cómodo para descansar y pasar el rato.

Después de algunos rodeos e indirectas que no llegaron a destino, Enríquez le preguntó a Roma cómo iba a votar. La respuesta fue ambigua. Agotado, al capitán de los celestes lo confundieron sus deseos. Volvió a ubicar dentro de su cabeza imágenes que lo tranquilizaban: Roma en la “marcha por la vida” en Ushuaia, Roma en la foto de pañuelos celestes. Al rato, se fue por donde había llegado, pensando que no había margen para una traición. Con el camino despejado, Stefani y Grinbank siguieron con el sutil juego de seducción. Sin esa carta del todo asegurada, de todas formas, los verdes se encaminaban a una derrota.

El cuello del saco dado vuelta, el cansancio acumulado en los pómulos sobresalientes, Lipovetzky entró como una tromba en el Salón de los Pasos Perdidos. Acababa de llamar por teléfono al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, minutos después de las 6 de la mañana. Fue un intento desesperado por convencerlo de que la Casa Rosada debía intervenir para salvar el proyecto, que a esa hora naufragaba. En plena corrida cambiaria, en el oficialismo ya sabían que en unas horas el dólar pegaría un nuevo salto y, por primera vez, superaría los 28 pesos.

—En este contexto no podemos permitir que la ley no salga. La gente no se puede ir con las manos vacías —argumentó Lipovetzky, para volcar a su favor a la multitud que esperaba la votación. Llevaba una corbata verde recién puesta. Por cábala, a las 5 de la madrugada se había sacado la que traía, también verde, y se había puesto otra que le había regalado Donda.

—Tengo las manos atadas. No puedo hacer nada, Daniel —le respondió Frigerio en el último contacto, una hora atrás.

Después dejó de atenderle el teléfono. Lo mismo había hecho más temprano Marcos Peña.

—¿Qué pasó? ¿Qué dicen en el Gobierno? —interceptó al diputado uno de los periodistas acreditados, al tanto de las gestiones con el Poder Ejecutivo.

Justo debajo de Los constituyentes del 53, el óleo gigante ubicado en uno de los extremos del salón, Lipovetzky se sacó la bronca:

—¡Son unos pelotudos! ¡Nos dejaron solos y se fueron a dormir! ¡El Gobierno se fue a dormir!

Tras diecinueve horas de sesión y cuando las fuerzas ya se agotaban, Monzó se vio rodeado por las tropas verdes. Donda, Lospennato y Cecilia Moreau subieron al estrado de la presidencia para hablarle de cerca. Estaban enojadísimas. No lograban revertir la tendencia negativa y, para colmo, sentían que desde hacía algunas horas jugaban con la cancha inclinada. Todos los dardos apuntaban contra Massot. Lo acusaban de jugar sucio, valiéndose del manejo de recursos de la Cámara, que su jefe solía delegarle para aceitar vínculos con la oposición.

—¡Acá no! —las frenó Monzó, cuando supo de qué querían hablarle, y las hizo pasar a la Galería de los Bastones, una antesala ubicada entre el estrado de la presidencia y el Salón de los Pasos Perdidos.

Se llama así porque, a principios del siglo pasado, los diputados dejaban ahí sus bastones y sus sombreros. En los armarios de madera oscura que cubren las paredes todavía sobresalen listones de bronce con pequeños soportes en forma de herradura. No les prestó atención ninguno de los participantes del encuentro, al que enseguida se sumó el resto de Las Sororas.

—Si tenemos que perder, nos la bancamos, ¡pero queremos flair play, Emilio! —arrancó Donda.

—Eso está garantizado —intentó tranquilizarlas él.

—Están ofreciendo subsidios, viajes, contratos… —siguió Moreau.

La lista de reproches tenía tres puntos. La diputada aseguró que la santiagueña Mirta Pastoriza le había contado que Massot estaba ofreciendo subsidios a cambio de votar en contra de la legalización. José Luis Ramón, el diputado por Mendoza que había anunciado que votaría a favor y que 48 horas después se pronunció en contra, estaba en plena gestión para que le aprobaran unos contratos de su despacho. A Karina Molina, una macrista de La Rioja que iba a votar con los celestes, la Cámara le había pagado, dos semanas antes de la sesión, un viaje al Vaticano para ir a ver al Papa, que los verdes interpretaban como una suerte de premio por anticipado.

—No tengo ni idea de todo eso. No va a haber ningún subsidio y, salga como salga, no le voy a firmar nada a Ramón —se comprometió Monzó. Argumentó que él tenía que firmar los subsidios y les recordó que se habían costeado viajes a pedido de diputados de todos los bloques, sin distinción.

Massot todavía jura que se enteró de las acusaciones solo unos minutos después de ese encuentro. Los periodistas acreditados lo interceptaron cuando atravesaba el hall de la presidencia, en el primer piso, rumbo a uno de los ascensores.

“¡Es una locura!”, se sobresaltó.

La escalera de mármol que lleva al segundo piso estaba superpoblada: delante de un cuadro gigantesco del cruce de los Andes, casi todos los periodistas que cubrían la sesión y algunos asesores de prensa habían suspendido sus actividades para sacarse una foto con pañuelos verdes, en apoyo a la legalización. Era la primera vez que pasaba algo así. Apenas llegó a su despacho, Massot encendió el televisor. Las Sororas daban una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos para denunciar maniobras oscuras y pedir la intervención del presidente Macri.

De regreso en el recinto, Austin detectó un movimiento extraño. Massot se acercó a conversar con los peronistas de La Pampa, Sergio Ziliotto, Ariel Rauschenberger y Melina Delú. El primero, exfuncionario y amigo del gobernador Carlos Verna, había anunciado que iba a votar a favor. A los otros dos votos se los contaba en contra, pero había dudas. Para neutralizar la gestión de Massot, Austin se sentó una fila más abajo, al lado del tucumano Pablo Yedlin.

Lo que no sabían Austin y Massot era que Ziliotto acababa de hablar con Verna. Definido a favor de la legalización, el mandatario le preguntó a su amigo cómo estaba el escenario. Viejo lobo de la política, enfrentado con Macri, Verna vio la oportunidad de quedar en la historia. No tardó en alinear a los otros dos diputados. Ziliotto hizo el anuncio a las 8:11, vía Twitter: “Junto a Melina Delú y Ariel Rauschenberger, los 3 diputados nacionales peronistas por La Pampa votaremos a favor de la despenalización del aborto”.

El Operativo Roma estaba encaminado. Se votó a las 9:51, después de casi veintidós horas de debate. La señal de YouTube de la Cámara era retransmitida por casi 30.000 medios del país y del exterior. Dos millones y medio de personas habían ingresado al sitio en algún momento de la sesión. El secretario parlamentario, Eugenio Inchausti, debió levantar la voz para anunciar el resultado, porque apenas la imagen del tablero electrónico mostró los números finales, 131 votos a favor y 123 en contra, un grito de euforia estalló en el recinto. A tono con el delirio que se vivía en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, cabecera de la manifestación a favor de la reforma, Las Sororas se abrazaban entre lágrimas.

Al festejo le siguió un momento de zozobra. Votos negativos habían sido consignados como positivos. Las correcciones dispararon un nuevo escándalo. El diputado Juan Brügge denunció que eran cinco los votos mal contados. Por un momento, se congelaron los corazones. Si eso se confirmaba, la votación se daba vuelta. Con medio cuerpo volcado sobre una lista que Monzó tenía en el estrado, la prosecretaria parlamentaria, Marta Luchetta, corregía a mano. Después de repasar los registros, el presidente puso final al suspenso:

“Son dos votos los que varían. No varía la votación. ¡Resulta afirmativo!”, confirmó.

***

Schiavoni llegó al Salón Gris preparado para una discusión. Pero no se imaginó que la tensión iba a escalar tan rápido. Reunida con un grupo de mujeres que trabajaban contra la reforma, Elías de Pérez les pidió que se retiraran. Después echó a un empleado de seguridad y cerró la puerta, para que quedaran a solas.

—Ni se les ocurra hacer esa maniobra. Respetemos las reglas —arrancó, enérgica, apuntando directo el plan Perotti, para aprobar un proyecto alternativo.

Sobre las cabezas de los dos pendía, inmóvil, una araña de bronce. En la pared del fondo, un óleo de marco tallado, en el que se divisa a un hombre de uniforme militar, rodeado de personas de traje de etiqueta: Presentación del general San Martín al Soberano Congreso 18 de mayo de 1818. Otra discusión, por otros motivos, justo doscientos años atrás.

—El reglamento lo permite —balbuceó Schiavoni—. Tenés que ser más magnánima, Silvia. Van ganando. Hay que buscar una solución.

La insistencia disparó la ira de Elías de Pérez, que lo interrumpió con un golpe de puño cerrado en la mesa de madera que ocupa el centro de la sala.

—¡Esto es cosa de Marcos Peña! ¡Estoy segura! —levantó la voz la senadora—. ¡Te rompo el bloque! ¿Me escuchaste? ¡Me voy!

La senadora se había hecho muy conocida el 18 de julio, cuando en el debate en comisión discutió con Alberto Kornblihtt, un biólogo genetista que había dicho que, ante la detección de una enfermedad que tornara inviable la vida fuera del útero, los médicos debían darle a la mujer embarazada la posibilidad de abortar.

—O sea que usted está profesando el uso eugenésico del aborto —le dijo ella, con una media sonrisa.

—No, no es un uso eugenésico; es la voluntad de la madre.

—Pero está claro que si de pronto detectan que un niñito con síndrome de Down…

—Yo no dije síndrome de Down —la interrumpió él—, dije enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad incurable?

—No, no —retrocedió la senadora—, pongamos una discapacidad.

—Perdón —arremetió el biólogo, dispuesto a hacerle pagar caro el traspié—. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Lo dijo usted.

—Está bien —quiso cerrar el tema Elías de Pérez, ya sin sonreír.

—No, no está bien, está mal —la aguijoneó él.

Ese triunfo por knock out disparó las acciones del biólogo en el mundo verde. Su frase (“No, no está bien, está mal”) se diseminó en memes y remeras. Pero, por contraste, también le dio popularidad a la senadora en el universo celeste. A su manera, la derrotada había salido ganando. Envalentonada, una semana después presentó, junto con la salteña Cristina Fiore, un pedido al presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, para evitar la exposición del ministro Rubinstein.

El reclamo no prosperó, pese a que en el Senado los celestes tuvieron el control del debate desde el primer momento. El 18 de junio, la muerte trágica de la esposa y del hijo de Luis Naidenoff, jefe del bloque radical y firme promotor de la reforma, había dejado al senador fuera de juego y al ejército verde diezmado. La gran mayoría de la bancada radical se volcó en contra de la legalización. Embanderada con la causa celeste, Michetti hizo sentir su peso: encargada de decidir el trámite de la iniciativa, dispuso que el proyecto pasara por cuatro comisiones, tres de las cuales eran presididas por senadores que estaban en contra de la legalización. El secretario parlamentario Tunessi fue corrido del proceso, por decisión de la vicepresidenta. El exdiputado radical había firmado el proyecto en los años anteriores. En una visita de las dirigentes de la campaña se lo habían cruzado en un pasillo y se habían sacado una foto llena de pañuelos verdes, que circuló entre los senadores. Michetti lo llamó enfurecida.

—Te había dicho muy claro que no te podías involucrar. No te quiero ver más haciendo esas cosas. ¡No te metas más!

—Somos grandes, Gabriela. Ni vos ni yo nos merecemos una conversación en este tono —se plantó Tunessi.

Por la resistencia de los verdes, que acusaban a Michetti de dilatar el proceso, el proyecto finalmente se giró a tres comisiones, dos de ellas presididas por senadores que rechazaban la legalización. Los celestes lograron su cometido: el debate en comisión duraría un mes. El objetivo era ganar tiempo para frenar el envión de la ola legalizadora. Si en Diputados la disputa era pareja, en el Senado los verdes jugaban de visitante. Donda recuerda que una tarde que fue a visitar a Pichetto vio a un cura esparciendo agua bendita por los pasillos del segundo piso. Curas y obispos frecuentaban los despachos, sin limitaciones, se quejaban los verdes.

El lobby religioso cobró, de todos modos, más fuerza afuera del Congreso. En particular, en las provincias del norte. “Los senadores se iban verdes y volvían celestes”, recuerdan con amargura los promotores del proyecto. El 4 de agosto, el sábado previo a la sesión, la Iglesia evangélica hizo una demostración de fuerza, con una manifestación multitudinaria frente al Obelisco, con la consigna “Salvemos las dos vidas”.

Para entonces, todos los conteos anticipaban un triunfo del rechazo al proyecto. Sin posibilidad de aprobar la iniciativa tal como había llegado de Diputados, los senadores que impulsaban la reforma ya se habían replegado en la Opción Córdoba, una propuesta de los representantes de esa provincia que mantenía la legalización, pero introducía cambios para moderar el proyecto.

Los celestes terminaron de cerrar su estrategia para la sesión ocho días antes, después de la última jornada de oradores en el plenario de comisiones. Esa mañana expusieron Rubinstein y Verónica Camargo, la madre de Chiara Páez, una joven de 14 años asesinada por su pareja en 2015 por negarse a abortar. El caso motivó la primera convocatoria del colectivo Ni Una Menos. El testimonio de Camargo, en contra de la reforma, fue celebrado por los celestes como una batalla ganada: legalización y Ni Una Menos ya no podían ser parte del mismo reclamo, argumentaron. La exposición de la madre de Chiara les permitía además superar el tropiezo de la intervención del médico pediatra Abel Albino, quien, una semana atrás, había sostenido que “los preservativos no sirven contra el sida” porque “el virus atraviesa la porcelana”.

El 31 de julio, las luces del despacho de Esteban Bullrich, en la planta baja del Palacio, se apagaron cerca de la medianoche. Unos quince senadores acordaron trabar la emisión de un dictamen en el plenario de comisiones, programado para el día siguiente, 1 de agosto. La estrategia se mantuvo en secreto hasta minutos antes de la reunión. Del encuentro participaron, entre otros, Pinedo, Elías de Pérez, Fiore y el peronista por Formosa José Mayans. En las semanas previas, las senadoras kirchneristas Pilatti Vergara y María de los Ángeles Sacnun visitaron al formoseño para intentar que cambiara de opinión. Él las recibió con una sonrisa y las invitó a sentarse a una mesa grande que tiene en su despacho, en la planta baja del Palacio. Debajo de una tapa de vidrio tenía un afiche con un primer plano de las manos de Cristina Kirchner y el papa Francisco. Ella toda de negro, él todo de blanco. “¿Ustedes dicen que Cristina le mintió al papa cuando dijo que estaba en contra del aborto? Yo no puedo creer que sea así”, les dijo para espantarlas.

Si no había dictamen, los promotores de la reforma no podrían introducir la Opción Córdoba, sino que estarían obligados a tratar la media sanción de Diputados, cuyo texto generaba diferencias entre los verdes. Solo si se aprobaba en general iban a poder hacer los cambios en el articulado. Un obstáculo más.

El día de la sesión perdió casi todo el suspenso una hora antes del inicio del debate. El tucumano José Alperovich, uno de los dos indecisos que quedaban, anunció su voto negativo antes de ingresar en el Palacio, a las 10:30. Con 38 senadores en contra, 31 a favor y solo 2 indecisos, la ventaja se confirmaba como irreversible. El cuadro terminó de consolidarse cuando Carlos Menem y Carlos Reutemann, dos detractores de la reforma, llegaron al Congreso, ahuyentando las versiones de que podían ausentarse. El Plan Perotti quedó descartado en las primeras horas de la tarde. Para los verdes, solo restaba apostar a la calle. Las movilizaciones estaban convocadas para las 18, en un atardecer con pronóstico de fuertes lluvias. El Congreso estaba completamente vallado. Con la victoria casi asegurada, los celestes no estaban dispuestos a ceder ni un centímetro.

—No podemos dejar ingresar a nadie por orden de presidencia —la frenó a Lospennato un agente de seguridad, en el hall de entrada del público, por Hipólito Yrigoyen, metros antes del acceso a las escaleras. Ya era de noche. A la mañana, habían tenido que entrar a los empujones.

—Somos diputadas de la nación —chapeó ella, exaltada, mientras una de sus asesoras grababa la conversación. Estaba con Macha y Malena Galmarini. Iban a un programa de televisión, que se transmitía desde el Salón de las Provincias.

—Solo personas autorizadas. No pueden pasar ni al Salón de las Provincias ni a ningún sector conexo al recinto —siguió el agente, imperturbable. Se fueron masticando bronca, mientras la lluvia ya empapaba a los manifestantes reunidos frente al Palacio, en la Plaza del Congreso. Las imágenes aéreas mostraban un predominio de los promotores de la reforma, una marea de pañuelos verdes que se extendía por Rivadavia hasta el inicio de avenida de Mayo.

Con las negociaciones agotadas y sin conflictos en la calle, toda la atención estaba puesta en el debate. La sesión seguía sin cambios pero con momentos de mucha tensión. Minutos antes de las 19, la disputa interna en el oficialismo hizo temblar el recinto. Michetti apuró a la radical Pamela Verasay, a favor del proyecto, para que terminara su exposición, que ya había superado los diez minutos preestablecidos. En su primera aparición después de su tragedia familiar, Naidenoff intervino para defenderla:

—¡Usted conduzca, pero deje cerrar! —le insistió a la vicepresidenta.

—¡Usted no tiene que decir cuándo termina alguien y cuándo sigue alguien. Lo tengo que decir yo! —respondió Michetti, muy enojada.

Para confirmar la regla de los diez minutos, la vicepresidenta le dio la palabra a Fiore y, fuera de micrófono, despotricó contra Naidenoff: “¡Es un pelotudo! ¡Que no rompa las pelotas”.

Minutos antes de la medianoche, cuando la lluvia ya era una tormenta y los verdes solo apostaban a ganar la batalla discursiva, Pino Solanas hizo vibrar a los manifestantes: “Hoy no es una derrota, se lo digo a las chicas que están afuera. Este es un triunfo monumental, porque hemos logrado colocarlo en el debate nacional. ¡Ellas lo han logrado! Ellas, años de movilizaciones, un debate fundamental de esta Argentina que siempre fue vanguardia en América Latina de grandes causas que estaban prohibidas”. Y finalizó: “Esto se lo digo a los que están afuera: que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! ¡Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas! Esta causa, esta noche, tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir. Y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. ¡Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación! ¡Será ley! ¡Habrá ley contra viento y marea!”.

Una hora más tarde, Cristina Kirchner se tomó 25 minutos para justificar su cambio de posición y fundar su voto positivo: “Creo que debemos tener en cuenta que se trata, más que de una cuestión de género, de una cuestión generacional. Los pibes, una vez más, advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. ¡Si quieren saber quiénes me hicieron cambiar de opinión fueron los miles de chicas que se volcaron a la calle! Verlas abordar la cuestión feminista; verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto”.

Por el oficialismo cerraron Elías de Pérez y Naidenoff. Se votó a las 2:44. Hubo 38 en contra, 31 a favor y 2 abstenciones, una de ellas de Perotti. Michetti, cuestionada por los verdes por su militancia contra el proyecto, dio por levantada la sesión, recibió el abrazo de un colaborador y, sin darse cuenta, volvió a hablar con el micrófono encendido: “¡Vamos, todavía! ¡Vamos!”.

Capítulo 7

¿Son todos vagos?

La diputada Teresa García, secretaria parlamentaria del kirchnerismo durante los últimos seis años de mandato de Cristina Kirchner, saltó de su banca como con un resorte y fue al encuentro de Marcela, su colaboradora todoterreno. En uno de los accesos al recinto, ella la esperaba con un teléfono celular en la mano y una llamada en línea.

—Escuchame bien. Avisale a tu diputado que lo voy a ir a buscar donde esté —García hablaba agitada. Del otro lado de la línea la escuchaba, mudo, uno de los choferes de la cámara.

—Entendido, diputada —reaccionó por fin el chofer.

—Decile que si está en un telo, lo voy a ir a buscar al telo. ¡Que vuelva! ¡Que vuelva ya! ¿Entendiste?

Era el 26 de noviembre de 2015. Daniel Scioli ya había perdido el balotaje con Mauricio Macri y faltaban dos semanas para el cambio de gobierno. El kirchnerismo daba su última batalla legislativa como oficialismo. La sesión especial arrancó al mediodía, con un paquete de casi cien proyectos, pero poco después de aprobarse los primeros, se quedó sin quórum, lo que impedía que se sancionara el resto de las iniciativas. La gran mayoría eran dictámenes de consenso, resultado del trabajo de las comisiones durante todo el año. En el temario también se incluyó la expropiación del Hotel Bauen, un rebusque para seducir a los diputados de la izquierda y garantizar el quórum. Tanto el kirchnerismo como Cambiemos, que reclamaba esperar que asumieran los nuevos diputados para volver a sesionar, interpretaban la convocatoria como una pulseada política. “Hoy se cierra la escribanía”, se plantó Mario Negri, jefe del bloque radical, en el Salón de los Pasos Perdidos, donde aguardaba el fracaso del debate.

Para ganar tiempo, el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, dio un cuarto intermedio, una pausa prevista en el reglamento que mantiene en pie la sesión. Pasaron cuatro horas y más de la mitad de las bancas permanecían vacías. Los manifestantes ubicados en las galerías, trabajadores estatales y mineros de Río Turbio que promovían dos de los proyectos, se impacientaron. “¡Uno más y no jodemos más!”, rugieron, cuando el contador del tablero electrónico llegó a 128 presentes, a uno del quórum. Después volvió a retroceder. La peronista Dulce Granados, esposa del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, se había ido al casamiento de su hija. Otros diputados del oficialismo, liberados del corsé de la disciplina partidaria, directamente no aparecieron.

García, bautizada en esos años como “la Guardiana del quórum”, y Juliana Di Tullio, presidenta del bloque, se instalaron en el hemiciclo, el pasillo circular que rodea el recinto.

—Buscame a los de la izquierda —le indicó García a Luciano, otro de sus ayudantes.

—¡Ahí vienen! —replicó él, mirando por encima del hombro.

Cuando Norma Abdala de Matarazzo, una diputada del kirchnerismo por Santiago del Estero salió del recinto, Di Tullio simuló un desmayo.

—Te juro que vuelvo —se sonrió la santiagueña.

Segundos más tarde salió Leonardo Grosso, del Movimiento Evita.

—Voy al baño y estoy —prometió, con la palma derecha en alto, cuando García y Di Tullio lo acribillaron con la mirada.

De pronto, llegó un mensaje del diputado al que García había amenazado por teléfono. “¡Está en camino!”, informó la Guardiana, apenas levantó la vista de su celular.

Llegó quince minutos después, a las 18:22, tras cuatro horas y media de cuarto intermedio. Domínguez pidió a los diputados que se sentaran. El último en hacerlo fue el oficialista Isaac Bromberg, de Tucumán. El tablero marcó 129. ¡Había quórum! Las galerías estallaron en un grito. Los ayudantes de la Guardiana se abrazaron y largaron insultos al aire. En total, se votaron 90 proyectos, todo un récord. Con el último aliento, el kirchnerismo ganó la batalla de despedida.

En números, fue la sesión más productiva de 2015, un año en el que se aprobaron 121 leyes, en línea con el promedio anual de 124 registrado desde 1983 y muy por encima de la cantidad alcanzada en los años electorales anteriores. La foja de servicio de los diputados del kirchnerismo, incluso la del que llegó en el último minuto, indica que estuvieron presentes y que votaron los 90 proyectos. En las de los opositores quedó registrado el faltazo. Una lectura lineal, cada vez más extendida y alimentada por comentaristas de la política, indica que los primeros cumplieron con su obligación como representantes del pueblo y que los últimos “no fueron a trabajar”. Los papeles se invirtieron en los años siguientes, cuando Cambiemos asumió el rol de oficialismo y necesitó el quórum para aprobar los proyectos del Poder Ejecutivo. Pero las críticas hacia los diputados y senadores se mantuvieron inalterables. En un balance general, resultado de un sentido común cargado de rechazo a la política, se concluye lisa y llanamente que los legisladores “son todos vagos”, no cumplen con sus deberes básicos y que, en el mejor de los casos, trabajan tres días a la semana. ¿Es realmente así? ¿Cuánto trabajan diputados y senadores?

Es imposible dar una respuesta terminante y general. Sencillamente porque como en cualquier cuerpo colegiado, y sobre todo en uno tan numeroso, en el Congreso no todos trabajan igual cantidad de horas ni con la misma intensidad. “Acá cada uno trabaja los días y las horas que quiere, sobre todo si tiene un bloque propio, porque nadie te controla”, explica el jefe de una bancada importante. Se puede alcanzar, eso sí, una idea aproximada de la tarea de buena parte de los diputados y senadores, a partir de un estudio de indicadores numéricos —cantidad de sesiones y de leyes sancionadas, índice de presentismo, reuniones de comisión, proyectos presentados y discursos en el recinto, entre otras cosas—, de una evaluación cualitativa de la actividad parlamentaria y, sobre todo, de un análisis de lo que significa la tarea de un legislador.

Para cualquiera que siga de cerca la actividad del Congreso es absurdo decir que los legisladores “son todos vagos”. El conjunto de diputados y senadores que maneja los hilos en cada cámara tiene reuniones a toda hora, responsabilidades de peso y mucho personal a cargo. Cualquier miembro de ese grupo sobrepasa la jornada laboral promedio de un trabajador del sector privado, incluso de los que cobran un sueldo equivalente o mayor que el de un legislador nacional. También es evidente que la brecha entre los que más y los que menos trabajan es enorme: sin perder de vista que la tarea política es muy difícil de medir, se destaca que hay diputados y senadores que dedican muy poco tiempo a su actividad legislativa. Un caso extremo es el del senador Carlos Menem, que entre 2005 y 2018 faltó a más del 70 por ciento de las sesiones y pasó once años sin pronunciar discursos en el recinto. Pero la pereza no parece ser el factor determinante ni siquiera en el caso del expresidente, que en 2017 arrancó, con 87 años, su tercer mandato en el Senado. Con dos condenas judiciales sobre sus espaldas, más bien convirtió al Senado en un refugio para no terminar su vida detenido.

Al margen de este y otros casos excepcionales, la línea divisoria más importante es la que separa a los diputados y senadores que hacen de la tarea legislativa el eje de su actividad política de aquellos que conciben al Congreso como un mero lugar de tránsito en sus carreras hacia un cargo ejecutivo. Estos últimos usan la chapa de diputado o de senador como un recurso simbólico para ganar visibilidad y hacer campaña en sus territorios o en los medios. Algunos incluso van al Congreso lo menos posible para evitar que su imagen quede asociada a un ámbito de la política visto como improductivo. Un ejemplo es el de Sergio Massa. Cuando asumió como diputado en 2013, tras su triunfo resonante en la provincia de Buenos Aires, dedicó los primeros dos años de su mandato a recorrer el país, con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2015. En ese lapso no participó de las reuniones de comisión y no habló en el recinto, consciente de que el kirchnerismo mantendría la mayoría hasta el final de la gestión de Cristina Kirchner y que, por lo tanto, él no tendría mucha influencia. Con matices, hicieron lo mismo otros de los protagonistas de las elecciones de 2013: Martín Insaurralde, Francisco de Narváez, Hermes Binner y Julio Cobos.

“Hay muchos intendentes o gobernadores que llegan al Congreso con alto perfil y después se pierden, se desdibujan”, señala Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de Directorio Legislativo, la fundación que sigue más de cerca el trabajo del Poder Legislativo. “En todo Congreso hay un reparto de roles que hace que unos legisladores tengan más obligaciones y visibilidad garantizada, y que otros, salvo excepciones, queden relegados a papeles de reparto. No es lo mismo ser Mario Negri [jefe del interbloque de Cambiemos durante el gobierno de Macri] que Nicolás del Caño [diputado del Frente de Izquierda]”, agrega. La diputada García aporta una posible explicación: “Si no tenés clarito tu papel, este palacio se puede convertir en un laberinto, en el que te perdés. Acá se habla un lenguaje distinto al de la calle: plan de labor, orden del día, disidencia parcial… Es como un argot carcelario que no todos hablan y que no todos quieren aprender”. En contra de lo que muchos piensan, la mayoría de los legisladores quiere dejar el Congreso. La tasa de reelección es de las más bajas del mundo.

Dos casos interesantes son los de Macri y Néstor Kirchner. El primero asumió como diputado en diciembre de 2005, se tomó licencia en marzo de 2007 y renunció en junio de ese año, cuando ganó las elecciones para jefe de Gobierno porteño. En ese lapso, Macri faltó a la mitad de las sesiones y habló solo tres veces en el recinto. “Si no te aburre una sesión en el Congreso, sos un anormal”, declaró, en enero de 2006, después de que lo fotografiaron bostezando en pleno debate. Kirchner fue diputado diez meses y medio, entre el 10 de diciembre de 2009 y el 27 de octubre de 2010, cuando murió. Dedicado a trabajar en el Poder Ejecutivo, que en ese momento encabezaba su esposa, nunca presentó un proyecto ni habló en el recinto y faltó a 14 sesiones de un total de 15. Fue, sin embargo, el diputado que más influyó en la sanción de la ley de matrimonio igualitario, aprobada en esa cámara el 5 de mayo de 2010, única sesión a la que asistió Kirchner.

Un segundo elemento por tener en cuenta para medir la intensidad del trabajo de los legisladores es el origen geográfico. Los de Capital Federal y ciudades cercanas de la provincia de Buenos Aires suelen pasar más tiempo en sus despachos. Los usan como oficinas multipropósito y desarrollan ahí tanto su tarea legislativa como sus reuniones político-partidarias. Los diputados y senadores de provincias alejadas están menos horas en el Congreso, porque operan en dos sedes, una en el Parlamento y otra en sus distritos. Los porteños y bonaerenses van además más seguido a los programas de televisión, por lo que a algún desprevenido puede parecerle que, como regla, trabajan más que los del interior.

UN CONGRESO A MEDIA MÁQUINA

Antes de profundizar sobre la actividad de diputados y senadores considerada de manera individual, corresponde evaluar el trabajo del Congreso como cuerpo. El análisis de las cifras desde 1983 demuestra que, en la última etapa, desde inicios de 2007 hasta fines de 2018, funcionó a media máquina. No por la disminución de la cantidad de leyes, que, como se explicará más adelante, no sirve para medir la productividad de los legisladores, sino por la caída pronunciada en el número de sesiones.

En los 36 períodos parlamentarios que van del 10 de diciembre de 1983 al 28 de febrero de 2019, se aprobaron 4461 leyes, 124 por año en promedio. En el mismo lapso, el Congreso tuvo 1565 sesiones, un promedio de 43 por año entre las dos cámaras, casi una vez cada dos semanas por cámara.¹³ Del total de sesiones, 928 se hicieron en el Senado, un 60 por ciento, y 637 en Diputados, un 40 por ciento. Es decir que el Senado tuvo un 50 por ciento más de sesiones que Diputados, donde, como contrapartida, los debates duraron en promedio el doble de tiempo.

El récord anual de leyes sancionadas se alcanzó en 2014, con 197, en la última presidencia de Cristina Kirchner. El podio lo completan 1986, con 183, y 1995, con 167. En el otro extremo, los años con menos leyes fueron 1987, con 57, durante el gobierno de Raúl Alfonsín; 2005, con 65, y 2018, con 66. Con excepción de 1986, el resto de los años con mayor cantidad de leyes comparten la característica de que el presidente de ese momento, Cristina Kirchner (2014) y Carlos Menem (1995), tenía o estaba muy cerca de tener mayoría propia en las dos cámaras. De los tres períodos con menor número de leyes, 1987 y 2005 fueron años electorales, en los que la actividad parlamentaria suele decaer; el primero, marcado por el deterioro de la situación económica que determinaría la derrota del radicalismo en los comicios de ese año, y el segundo, signado por la división interna del oficialismo, declarada ya la guerra entre kirchneristas y duhaldistas, y con una fragmentación récord: solo en la Cámara de Diputados había más de 54 bloques, 28 de ellos de un solo integrante. En 2018, tercer año de la gestión de Mauricio Macri, se combinaron una economía en crisis, un gobierno con minoría en las dos cámaras y una oposición partida.

El número de normas sancionadas dice más del contexto político y económico que de la laboriosidad de los legisladores. Un dato lo demuestra: con solo un año de diferencia, 1986 y 1987 (cuando comenzó el derrumbe del Plan Austral, destinado a estabilizar la economía) se ubican entre los períodos legislativos con mayor y menor cantidad de leyes, respectivamente, sin cambio de gobierno de por medio y con la misma integración en las dos cámaras. Conviene además sacar del camino una confusión: la de creer que el número de leyes es sinónimo de productividad. Parte de la idea de que todas las normas son positivas. “El trabajo del Congreso es solo cualitativo. Nunca lo mediría en números. Se mide en quilates”, sostiene el exdiputado Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Macri. “Hay años que son solo de resistencia, como en la época del kirchnerismo, cuando nos dedicábamos a escribir dictámenes de minoría”, argumenta. El Congreso funciona así buena parte del tiempo: mientras el oficialismo se empeña en construir mayorías para sancionar las leyes que reclama el Poder Ejecutivo, la oposición se esfuerza por bloquear o modificar esos proyectos. “Sos ariete o sos escudo”, coincide el diputado Eduardo Amadeo (Pro), con tres mandatos en la cámara. Las dos tareas son igualmente válidas, aunque en contextos de empate de fuerzas puedan llevar a una merma de la actividad parlamentaria.

Otro argumento contribuye a valorar más la calidad que la cantidad: 2018 fue un período pobrísimo en número de leyes, pero en ese año se debatió por primera vez y con una profundidad inusitada la legalización del aborto, una reforma reclamada durante décadas por un sector amplio de la sociedad. Puede decirse lo mismo de 1987, el período con menor cantidad de leyes, en el que se debatió y se aprobó la ley de divorcio vincular, otro hito en la evolución de los derechos civiles. Dicho esto, la disminución en la cantidad de leyes y de sesiones que se dio a partir del gobierno de Cristina Kirchner marca el comienzo de una etapa singular en el Congreso, que abarca también la gestión de Macri. Mientras que entre 1983 y 2006 se habían aprobado 133 leyes por año, desde entonces la cifra se redujo a 106, un 20 por ciento menos. Si comparamos la última etapa con los 12 años anteriores (1995-2006), la caída es todavía más pronunciada, de casi el 30 por ciento.

En el mismo lapso, la cantidad de sesiones se redujo un 36 por ciento. “Más sesiones significa más trabajo y mejor Congreso. Más leyes, no necesariamente, pero más sesiones sí. Porque hay sesiones cuando hay acuerdo. Esos acuerdos implican un trabajo previo. La sesión es el eslabón final de un proceso legislativo”, explica Alonso Murray. Entre 1983 y 2006 hubo un promedio de 50 sesiones por año, y la cifra cayó a 32 entre 2007 y 2018. En esa última etapa se hicieron en promedio 18 sesiones por año en el Senado, lo que equivale a entre dos y tres por mes, y 14 en Diputados, entre una y dos mensuales. Los años con mayor cantidad de sesiones habían sido 2006, con 65 entre las dos cámaras; 1990, con 62, y 1991 y 2004, empatados en 60. Los de menor cantidad pertenecen todos a la última etapa: 2011, con 20; 2015 y 2018, con 22 cada uno, y 2017, con 25.

Estos cuatro años de récord negativo comparten otra característica. Son años electorales, con excepción de 2018, que, como ya se dijo, es un período muy singular. En los años con elecciones, la actividad cae, en especial en el segundo semestre. De hecho, en siete de los últimos ocho turnos electorales, la cantidad de sesiones en el Congreso fue menor que la de los años inmediatamente anteriores y posteriores. Un ejemplo: mientras que en 2011 hubo 20 sesiones, en 2010 se hicieron 34 y en 2012, 41. ¿Los legisladores están más ocupados en sus campañas que en la actividad legislativa? Sí, por supuesto. Como también lo están los funcionarios del Poder Ejecutivo, solo que la actividad de estos últimos es más difícil de medir.

Más allá de ese elemento, ¿cómo se explica la disminución de sesiones en los últimos años? ¿Los diputados y senadores decidieron trabajar menos? La merma hace que la actividad legislativa les requiera menos tiempo, está claro. Pero no parece una cuestión voluntaria. Se combinan al menos tres factores, como indica el estudio Modernizar el Congreso. Propuestas para el reglamento de la Cámara de Diputados, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). En primer lugar, una polarización creciente, que puso fin a un modelo de consenso, propio de un sistema bipartidista, en el que la agenda de las sesiones se acordaba entre los principales bloques. Eso dio paso a un modelo de mayorías, en el que solo se hace una sesión cuando uno de los dos extremos de la polarización consigue el número necesario para impulsar su agenda. Ese giro puede apreciarse en el aumento de las sesiones especiales, con un temario circunscripto a los proyectos promovidos por los que convocan al debate, y una disminución de las sesiones de tablas, en las que la agenda surge del consenso entre las principales bancadas. El segundo factor es una fragmentación constante, que, sin igualar el pico de 2005, supera en promedio al registro de décadas anteriores y dificulta el funcionamiento del Congreso.¹⁴ En tercer lugar, la casi duplicación del número de comisiones en la Cámara de Diputados, que pasaron de 26 a 45 entre 1983 y 2018. Esta inflación, motivada por la necesidad de repartir más presidencias de comisiones —con sus respectivos contratos— dificultó el trámite de los proyectos. Un cuarto elemento, externo al Congreso, afecta a las dos cámaras por igual: el impulso parlamentario del Poder Ejecutivo, motor principal de la actividad legislativa, también declinó a partir de 2007. Desde entonces, la Casa Rosada envió en promedio 52 proyectos de ley por año, con un piso de 28, en 2018; mientras en los 24 períodos anteriores el promedio fue de 96, con un récord de 144, en 1986 y 1997. Una curiosidad: después de Alfonsín, Cristina Kirchner y Macri son también los presidentes que menos recurrieron a los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Esto permite concluir que en los últimos años en la Argentina simplemente se legisló menos.

A contramano de esa tendencia, a partir de 2007 aumentó de manera exponencial la cantidad de proyectos de ley presentados por los legisladores. En los 12 primeros años parlamentarios desde la recuperación democrática (1983-1994), ingresaron 17.226 en las dos cámaras, a razón de 1436 por año. Entre 1995 y 2006, fueron 27.194 en total, 2266 por año en promedio. Desde 2007 hasta 2018, se presentaron 39.067 proyectos de ley, 3256 por año.¹⁵ El récord se alcanzó en 2016, con 4307 iniciativas: 2764 en Diputados, casi 11 en promedio por cada legislador, y 1543 en el Senado, a razón de 21 por senador. Más proyectos, menos sesiones, menos leyes, sería el resumen del Congreso a partir de 2007. ¿Es para preocuparse? Una comparación en esos tres rubros con otros seis países de América Latina, elaborado por Directorio Legislativo, demuestra que la Argentina no tiene casi nada que envidiarle al resto. Entre 2008 y 2017, se ubica segunda en la tabla de leyes sancionadas, solo detrás de Brasil, y por delante de México, Costa Rica, Panamá, Chile y Colombia. Encabeza además el ranking de proyectos presentados por legislador, a buena distancia del segundo, Brasil. Eso sí, está última en cantidad de sesiones por año, con 35. En esa década, el promedio anual de Brasil fue de 640; el de Chile, de 226; Costa Rica, 190; México, 161; Colombia, 149, y Panamá, 146.

“En esos países no siempre una sesión implica el tratamiento de un proyecto de ley. A veces se hacen reuniones por otros temas, que igualmente se presentan como sesiones, lo cual infla el número final. En Colombia hay muchas sesiones que son para hacer nombramientos. En México, para entregar condecoraciones y reconocimientos”, explicaron Dayanni Olivo y Matías Pellegrini, autores del estudio de Directorio Legislativo.¹⁶ Señalan que “si uno mira los números en frío, se podría decir que los legisladores argentinos trabajan menos porque hacen menos sesiones, y que no le están dando a cada ley el tratamiento que requiere. Pero eso no es así”. Y agregan: “Las sesiones son la punta del iceberg del trabajo legislativo. Abajo hay mucho más, aunque no siempre se vea. Desde las reuniones de comisión de los legisladores hasta los encuentros de asesores, que se ocupan de las cuestiones más técnicas. Por eso, los proyectos llegan al recinto con un trabajo previo que vuelve altamente probable que sean aprobados. Son muy pocos los casos de rechazo”.

EL TRABAJO INVISIBLE

El trabajo más importante del Congreso se produce en las comisiones. Son el corazón del proceso legislativo, un gran filtro que organiza y da un orden de prioridad al fárrago de proyectos que se presentan cada año. También es verdad que en ese ámbito los que más trabajan son los asesores y, en particular, los jefes de asesores, que tienen a su cargo el seguimiento de las iniciativas y la elaboración de la primera versión de los dictámenes. La actividad de los legisladores en las comisiones es difícil de medir, porque recién en los últimos años las cámaras sistematizaron algunos datos. En ninguna de las cámaras hay un registro de asistencia a las reuniones de comisión. En realidad, las dos cámaras mantienen esos datos en secreto, para no exponer a los legisladores.

En 2018, se hicieron 435 reuniones de comisión en Diputados y 285 en el Senado, lo que equivale en promedio a 10 encuentros por cada comisión, alrededor de uno por mes. En ese mismo año, las 45 comisiones permanentes de Diputados emitieron 142 dictámenes sobre proyectos de ley y las 27 del Senado, 149. Si bien los dictámenes suelen incluir más de un proyecto, se despacha menos del 10 por ciento de las iniciativas y, de ellas, menos de un tercio llega a discutirse en el recinto. El ritmo de cada una de las comisiones es muy dispar. Depende de la voluntad de trabajo del legislador que la presida y, en mayor medida, de la cantidad y calidad de proyectos que le giran desde la presidencia de la cámara. Hay cinco comisiones por las que suelen pasar las iniciativas más importantes: Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General, Relaciones Exteriores y Justicia, y otras a las que les llegan muy pocos proyectos. En todo 2016, la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales de Diputados recibió una sola iniciativa, mientras que en ese mismo año a Relaciones Exteriores le llegaron 462. En 2018, único año del que hay información comparable de las dos cámaras, hubo comisiones de Diputados que se reunieron más de una vez por semana, como Legislación General, con 51 encuentros en total, y Presupuesto, con 45, y otras que apenas se juntaron una sola vez en todo el año para designar a sus autoridades, como Población y Desarrollo Humano, y Juicio Político. En el Senado la disparidad también es enorme. Presupuesto y Justicia tuvieron 21 reuniones, a razón de una cada dos semanas; Economía Nacional e Inversión se reunió solo dos veces en el año y Coparticipación Federal de Impuestos ni siquiera se constituyó. La situación es peor entre las 32 comisiones bicamerales: la mitad no se constituyó y algunas vitales en la tarea de control parlamentario del Poder Ejecutivo, como la de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y la de Control de los Fondos de la Seguridad Social, tuvieron un solo encuentro en todo el año. No es vagancia, es decisión política. Es la evidencia de la voluntad del oficialismo de turno, muchas veces en connivencia con la oposición, de debilitar la función de control del Congreso, para no incomodar a la Casa Rosada.

Más allá de esos y otros casos, el sistema no está diseñado para que todas las comisiones funcionen a pleno. En Diputados hay solo ocho salas para las reuniones y cada legislador integra en promedio casi cinco comisiones, más del doble que sus pares del resto de América Latina.¹⁷ Si las 45 comisiones quisieran convocarse todas las semanas no tendrían lugar para hacerlo y la mayoría se quedaría sin quórum. Dicho esto, son pocas las semanas en las que todas las salas están llenas y hay comisiones que modifican mucho su actividad de un año al siguiente. La Comisión de Vivienda de Diputados se reunió diez veces en 2018, con Felipe Solá (Red por Argentina) de presidente, y una sola vez en 2017, cuando la presidía Edgardo Depetri (FPV), que estaba en plena campaña para ser concejal de Lanús.

BOLETÍN DE FALTAS

Una cifra que puede sorprender a muchos es el porcentaje de presentismo en las sesiones en Diputados, única cámara que lleva ese registro: casi el 90 por ciento en promedio entre 2007 y 2018. En ese último año, 116 diputados, un 45 por ciento, tuvieron asistencia perfecta. El cálculo puede parecer algo inflado, dado que se cuenta a los legisladores que estuvieron presentes en algún momento de las sesiones que tuvieron quórum. Basta con ingresar unos segundos en el recinto para figurar en la lista de los presentes. No son muchos los que recurren a esa treta. Pero hay algunos casos llamativos. Uno es el de Lilita Carrió. Nunca tuvo asistencia perfecta, pero tampoco integra el podio de los que más faltan. En esa tabla se destaca el exintendente de Escobar, Sandro Guzmán, que pasó la mitad de su mandato como diputado (2013-2017) de licencia, faltó a 11 de 56 sesiones que se hicieron mientras estaba en la cámara, el 20 por ciento, y se alzó con un récord: fue el único que no emitió palabra en el recinto durante sus cuatro años como diputado. Carrió es, sin embargo, una de las que menos vota. En los últimos años suele abandonar el recinto antes de que terminen las sesiones. En 2016 faltó al 83 por ciento de las votaciones y en 2017, al 90 por ciento. Como suele suceder en los años electorales, 2017 fue en comparación un año de muchas faltas, hasta el punto de que 23 diputados, casi un 10 por ciento de la cámara, se ausentó en más de un tercio de las sesiones.

En este punto cabe despejar el camino de tres confusiones habituales. La primera es creer que los diputados y senadores siempre deben dar quórum y que no hacerlo equivale a incumplir sus funciones. Esto es falso. El quórum es un recurso político. Lo dan y lo buscan aquellos que pretenden que se aprueben los proyectos que componen la agenda de la sesión; en general, los legisladores oficialistas, responsables de la convocatoria de la mayoría de las sesiones y promotores de las iniciativas del Poder Ejecutivo. Niegan el quórum y conspiran contra el inicio de las sesiones los legisladores que no quieren que se aprueben los proyectos en tratamiento; la mayoría de las veces son los opositores. Estos roles cambian según quién ocupe la Casa Rosada. “Hay dos formas de aprobar un proyecto: con la mano o con el culo”, explica García, la Guardiana del quórum del kirchnerismo. ¿Qué significa esto? Que el que se sienta en el recinto y contribuye al quórum colabora para que se apruebe la agenda en debate, aunque después vote en contra de todos los proyectos. La obtención del quórum es la primera batalla política de una sesión. Superada esa barrera, en general las cartas están echadas, por lo que el inicio de un debate suele ser más importante que el momento de la votación.

Los legisladores incurren, de todos modos, en una contradicción flagrante, que deciden ignorar, en defensa propia. En sintonía con la Constitución, los reglamentos de las dos cámaras obligan a los diputados y a los senadores a asistir a todas las sesiones y prevén sanciones económicas para los incumplidores. “A los diputados que sin autorización de la Presidencia faltaren a alguna sesión no se les abonará la dieta correspondiente a aquellas sesiones en las que hubiesen estado ausentes, aunque dichas sesiones no se hubiesen realizado por falta de quórum”, dice el artículo 23 del reglamento de Diputados. El del Senado indica en su artículo 28: “La minoría tiene facultad para compeler a los inasistentes por la aplicación de multas que deben fijarse dentro de la asignación mensual de que gozan los senadores, o por la fuerza pública, si aquellas medidas no dan resultado”.

En los últimos años solo un presidente de la Cámara de Diputados recurrió a esta herramienta, introducida tras la crisis de 2001, como respuesta desesperada del Congreso a los reclamos para “que se vayan todos”. Fue el peronista Eduardo Camaño, a mediados de 2002, en plena presidencia interina de Eduardo Duhalde. “¡No puede ser, los diputados tienen que estar acá!”, estalló desde el estrado el 31 de julio, cuando notó que la sesión se había quedado sin quórum, como ya había sucedido muchas otras veces en ese mismo año. Camaño siguió los pasos administrativos que marca el reglamento: primero publicó la lista de inasistentes y después ordenó aplicar el descuento a los que no pudieran justificar la falta. A la Secretaría Administrativa llegó un aluvión de certificados médicos de dudosa procedencia. Se hicieron algunos descuentos, otros quedaron en suspenso y, con la distensión del clima político, la medida se fue diluyendo. En abril de 2010, Julio Cobos intentó seguir el mismo camino, como presidente del Senado, ante un empate de fuerzas que amenazaba con paralizar la cámara. Llegó a publicar en los principales diarios los nombres de los 36 senadores, en su mayoría del kirchnerismo, que habían faltado a las últimas dos sesiones y dispuso descontarles el 20 por ciento de las dietas si no asistían a la siguiente. Finalmente se llegó a un acuerdo, el Senado volvió a sesionar y no hubo descuento para nadie. Desde entonces, en las dos cámaras rige un pacto de silencio: las faltas no justificadas se registran como “ausencias con aviso”. De esa manera, nadie corre el riesgo de que le toquen un peso de sus ingresos.

Es un tema tabú en el Congreso. “Los legisladores tienen que asistir a las sesiones. No hay excusa para no hacerlo, es su obligación”, concede el jefe de una bancada importante en Diputados. “Pero debería haber una forma de estar presente sin dar quórum, porque la minoría tiene derecho a rechazar el tratamiento de una agenda de proyectos que no comparte. Además, de esa manera se podría distinguir entre los que no dan quórum por cuestiones políticas y los que deciden tomarse el día libre”, sostiene.

La segunda confusión más habitual es creer que el número de proyectos presentados y la cantidad de discursos en el recinto dan una medida precisa del trabajo de un legislador. Son dos indicadores que cobraron visibilidad en los últimos años a partir de rankings elaborados por distintos medios. El más consultado dentro del Congreso es el Índice de Calidad Legislativa, que confecciona El Parlamentario. Es un medio especializado que distribuye una revista mensual, maneja un portal de actualización diaria y desde 1992 organiza una entrega de premios a los legisladores “más laboriosos”, sobre la base de encuestas que se distribuyen en los despachos. Son como los “Oscar del Congreso”. La ceremonia se hace en el Salón Azul, el más importante del Palacio, y suele reunir a los diputados y senadores más influyentes. “Sacar una conclusión sobre la base de los números en rojo puede ser un exceso. Pero las cifras te dan una pauta. Si un legislador mantiene un conjunto de números negativos a lo largo de los años, eso termina hablando del nivel de trabajo de ese legislador”, sostiene José Di Mauro, director de El Parlamentario. “Hay algo que no falla: los diputados y senadores a los que les dan mal todos los números son los que menos trabajan”, agrega.

Esas mediciones, que incluyen un registro de presencias y ausencias, y hasta una tabla de los legisladores más aplaudidos, son resistidas por especialistas de organizaciones no gubernamentales y por buena parte de los diputados y senadores, incluso por algunos de los premiados. “El peor parámetro para medir el trabajo de un legislador es la cantidad de proyectos presentados. Genera una competencia hipócrita que no tiene ningún sentido”, sostiene el exsenador Ernesto Sanz, ganador del premio Parlamentario en 2009. Coincide con él Alonso Murray, de Directorio Legislativo: “Medir las palabras es una ridiculez. Hay gente que es mejor que no hable, porque no está preparada ni conoce los temas en discusión. Además, hay muchos proyectos cuya tramitación consume energía del personal de la cámara, pero que después nadie se encarga de movilizar. Es lo que nosotros llamamos ‘polución legislativa’”.

Dos buenos casos para analizar son los de los diputados Ivana Bianchi, de Unidad Justicialista, de San Luis, y Alfredo Olmedo, de Salta Somos Todos, parte del interbloque de Cambiemos. Bianchi es la que más proyectos presentó entre 2007 y 2018, un total de 4274, a razón de 389 por año, más de uno por día. De ellos, 3406 eran proyectos de resolución y de declaración. Los 868 restantes eran proyectos de ley, de los cuales 9, un 1 por ciento, se sancionaron en las dos cámaras. Hay uno de mucha trascendencia, el que determinó la gratuidad del estudio de detección de la trombofilia, luego vetada por el Poder Ejecutivo. Otras son “leyes trofeo”, como la que declaró a la ciudad de Potrero de los Funes como Capital Nacional del Ajedrez. Olmedo ocupó el primer lugar del podio de iniciativas presentadas en 2017, con 208 proyectos de ley, casi todos en soledad, es decir, sin la firma de ningún otro diputado. Se destacan iniciativas para reimponer el servicio militar obligatorio e instaurar la pena de muerte y la castración para casos de violación. También otras para establecer un horario límite de ingreso a boliches bailables y para crear un colegio profesional de peluqueros. En sus proyectos de declaración celebró los triunfos de Donald Trump, en Estados Unidos, y de Jair Bolsonaro, en Brasil. Ningún proyecto de Olmedo se convirtió en ley. En mayo de 2017, convocó a una sesión especial para tratar todas sus iniciativas sobre delitos sexuales, pero solo asistieron otros dos diputados: Guillermo Durán Cornejo, también de Salta, y de Cambiemos, y Monzó, en calidad de presidente de la cámara. Si en lugar de contarse la cantidad de proyectos, se midiera la tasa de éxito de las iniciativas presentadas, Olmedo pasaría del primero al último lugar de la tabla.

El ranking de diputados y senadores que más hablan en las sesiones suelen liderarlo los presidentes de las cámaras, encargados de asignar la palabra; los jefes de los bloques más importantes, a cargo de los discursos de clausura de las sesiones, y los diputados de izquierda, que, siempre en minoría, conciben al recinto como caja de resonancia de sus planteos políticos. Para escaparle al último lugar de la tabla y no quedar expuestos, en los últimos años cada vez más diputados y senadores hablan al menos una vez al año. Entre 2007 y 2017, los “mudos” en el Senado nunca fueron más de 5 por año (menos del 7 por ciento de la cámara). En Diputados, hubo un pico de 80 “mudos” en 2011 (casi un tercio del total), pero desde entonces la marca se mantuvo por debajo de 35 (menos del 15 por ciento de la cámara). “Antes se respetaban los roles. Hablaban solo los miembros informantes y los jefes de bloque. Hoy las sesiones se desvirtuaron. Habla cualquiera”, se queja el senador Miguel Ángel Pichetto, con veintiséis años de experiencia en el Congreso.

Otro factor que cambió la dinámica de las sesiones son las redes sociales, que les permiten a los legisladores difundir al instante su intervención en el debate, con un corte de video que les provee la cámara, apenas terminan de hablar. “Muchos diputados hablan para YouTube o para Facebook. Piden la palabra para decir cosas que no tienen nada que ver con lo que se discute o para dar argumentos que ya se repitieron veinte veces durante la sesión”, se lamenta una de las autoridades de la cámara. Esa tendencia se refleja en la extensión de las sesiones. Mientras que en 2015 los debates duraron en promedio menos de 9 horas en Diputados y menos de 4 horas en el Senado, en 2018 consumieron más de 13 horas en Diputados y más de 7, en el Senado.

La tercera confusión más habitual es la que indica que los legisladores trabajan tres días a la semana. Esa afirmación, basada en que las sesiones y las reuniones de comisión se celebran de martes a jueves, desconoce o desmerece el trabajo —muy difícil de medir, es cierto— que los legisladores hacen —o deberían hacer— en sus provincias. “Un buen legislador se junta con sus bases, con productores, con comerciantes... recorre el territorio para conocer de primera mano los problemas. Hacer la plancha cuatro años no es gratis. La política sanciona al que no trabaja. Si te dan una presidencia de una comisión y no se reúne nunca, te la sacan. Salvo que tenga una justificación política”, sostiene Alonso Murray. “Hay un requerimiento público que es ineludible. Todo el tiempo te están pidiendo reuniones, estás recibiendo gente. Es necesario recorrer la provincia porque los mejores proyectos surgen de esas charlas”, coincide el exsenador socialista Rubén Giustiniani, ganador del premio Parlamentario en 2013. La tarea legislativa tampoco se circunscribe a tres días por semana para los legisladores por la ciudad de Buenos Aires. “Hay mucho trabajo fuera del recinto. Preparar las preguntas para el jefe de Gabinete, recibir gente, presentar proyectos, negociar con el Poder Ejecutivo y con los otros bloques. Que un proyecto de ley llegue al recinto requiere de un trabajo impresionante, que en su mayoría no se ve”, argumenta la politóloga Carla Carrizo, diputada de Evolución Radical, el bloque de Martín Lousteau.

Julia Pomares, directora ejecutiva de Cippec, propone buscar indicadores de productividad legislativa que sean aceptados por los propios legisladores. “No sirve medir cuánto hablan en las sesiones ni la cantidad de proyectos que presentan. No miden productividad y refuerzan el sentimiento de antipolítica en la opinión pública. La reacción a eso de parte de un legislador es que los de afuera no entienden nada. Cierra más al Poder Legislativo”, sostiene y agrega: “El trabajo parlamentario es el trabajo de generar acuerdos y cooperación, que es el trabajo que más le cuesta a la Argentina en general. ¿Cómo se puede medir la productividad de la rosca? ¿Qué tan productivos son los miles de cafés necesarios para llegar a acuerdos parlamentarios?”. Esos interrogantes conducen a otro más general: ¿En qué consiste el trabajo de un legislador? Sanz ensaya una respuesta: “El legislador es varias cosas a la vez. Un 10 por ciento de la ley sobre el Festival Nacional de la Ciruela, que sirve para representar y darle visibilidad a su provincia o ciudad; un 20 por ciento de atender a todos los que vienen a verlo de la provincia, porque si no lo putean en veinte idiomas; un 40 por ciento de trabajo en comisiones, que es lo más importante; un 15 o 20 por ciento de tarea en el recinto, y un porcentaje de difundir y fortalecer sus ideas en los medios”. Y concluye: “El mejor legislador es el más completo, el que pudo cumplir con todas esas funciones. Un ministro no necesita adosarle tantas cosas a su gestión. El juez solo debe manejar su expediente. El legislador es como un árbol de Navidad, en el que cada función es una pelotita. El que tiene más pelotitas, más guirnaldas y más luces es el mejor legislador”.

CUATRO CATEGORÍAS

Más allá de la afición por el trabajo que tenga cada legislador, en el Congreso hay un reparto de roles. “Pasa en todos los países del mundo. Todos los legisladores valen un voto, pero hay diputados y senadores de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Es una pirámide zoológica, los parlamentos se autorregulan”, define un exdiputado, con casi veinte años de permanencia en el Congreso. De esa distribución de roles surge una clasificación posible, con cuatro grandes categorías. El primer grupo, de entre 5 y 10 diputados, y de entre 5 y 10 senadores, es la “mesa chica”, que maneja los hilos del Congreso. Son las autoridades de cada cámara y de los bloques más importantes, y se encargan de negociar la convocatoria de las sesiones, la agenda de cada uno de los debates y hasta el contenido de los proyectos. Coordinan el trabajo del resto de los legisladores y protagonizan las negociaciones y discusiones en el recinto. Sus integrantes son, en general, diputados y senadores con experiencia, cargan con las mayores responsabilidades políticas y administrativas y, salvo en los períodos de receso, trabajan en el Congreso cuatro o cinco días a la semana. En los últimos años este grupo lo integraron senadores como Sanz, Federico Pinedo, Gerardo Morales, Pichetto y Naidenoff, y, entre los diputados, Graciela Camaño, Agustín Rossi, Héctor Recalde, Kosiner, Massot, Lospennato, Giudici, Di Tullio, Teresa García, Negri, Oscar Aguad, Gil Lavedra y Patricia Bullrich. “En todo cuerpo colegiado numeroso hay un 10 por ciento que lo maneja, que está al tanto de todo lo que pasa, y un 5 por ciento que toma las decisiones. A la Cámara de Diputados la manejan 25 tipos y toman las decisiones 12 o 13. Al Senado lo manejan 7 y deciden 3 o 4. Es siempre así”, teoriza un legislador con más de quince años ininterrumpidos en el Congreso. Los jefes de bloque de las dos bancadas más importantes se encargan además de los discursos de cierre de casi todas las sesiones, por lo que se requiere que tengan habilidad de oratoria, terreno en el que desde 2003 en adelante sacaron ventaja Pichetto, Sanz, Negri y Rossi.

Dentro de la “mesa chica”, Camaño y Lospennato se destacan en otro rubro. Son las diputadas que mejor conocen el reglamento y las formas de sortearlo. “Camaño es el reglamento viviente. Muchos diputados, cuando tenemos una duda, la llamamos a ella, aunque seamos de otros bloques”, confiesa un legislador con dos mandatos en la cámara. Jefa de la bancada del Frente Renovador entre 2013 y 2019, asumió por primera vez en 1987 y, con intervalos, lleva siete mandatos como diputada. No hay discusión reglamentaria de la que ella no participe. Se acuerda de memoria cómo actuó la cámara ante cada situación conflictiva y tiene frescos los argumentos para seguir uno u otro camino. “No todos acá adentro están dispuestos a trabajar y a estudiar. Yo no improviso. Estudio el reglamento y estoy siempre en contacto con la escuelita”, dice, en alusión al Instituto de Capacitación Parlamentaria, una dependencia oficial que brinda cursos para diputados, asesores y periodistas. La diputada lee todos los días el Boletín Oficial, revisa los asuntos que ingresan a la cámara por Mesa de Entradas y analiza las órdenes del día, esto es, los proyectos que pasaron el filtro de las comisiones y están listos para tratarse. “Llego al recinto con todos los antecedentes que necesito y estoy siempre concentrada, sigo los debates. No voy a las sesiones a boludear ni a hacer sociales”, cuenta.

Si Camaño es “el reglamento viviente”, Lospennato es una “rata de biblioteca”, según la definición de la propia diputada del Pro. “Yo estudio y busco antecedentes de todo”, explica, y cuenta que Derecho procesal parlamentario, el libro que publicó Eduardo Menem en 2012, es “una especie de Biblia” para los que quieren aprender las reglas del Congreso. Con el asesoramiento de su equipo, Lospennato le dio al oficialismo la llave reglamentaria para destrabar la aprobación de la ley de presupuesto 2019, en una sesión muy tensa, de octubre de 2018. Para preservar los acuerdos frágiles a los que el gobierno nacional había llegado con un grupo de gobernadores, Cambiemos propuso aprobar el proyecto en general y en particular en una sola votación, y evitar así que, después de la aprobación en general, se abriera una discusión artículo por artículo de resultado incierto. Ante las quejas airadas del kirchnerismo, el presidente de la cámara, Monzó, le recordó a Rossi, jefe del bloque del FPV, que ellos habían hecho lo mismo en 2012. “Es que hacíamos todo tan mal que tienen antecedentes para todo”, cuentan que respondió el diputado.

Otra subcategoría dentro de la “mesa chica” la conforman los secretarios parlamentarios de las bancadas más grandes, en particular los del oficialismo de turno. A cargo de la coordinación operativa del bloque, se pasan toda la semana en el Congreso. “El trabajo previo a la sesión es el más importante, porque lo que pasa en el recinto se parece bastante a una puesta en escena. Muchas de las cuestiones que se discuten durante la sesión ya están conversadas desde antes, incluso cuando se hacen cambios a los proyectos”, explica Lospennato, secretaria parlamentaria del Pro en Diputados durante el gobierno de Macri. “Si un diputado opositor está dispuesto a votar a favor de un proyecto en general, pero reclama modificar un artículo que no es determinante, muchas veces se acuerda que proponga el cambio al micrófono, durante el debate, para que él pueda mostrar que consiguió algo, y nosotros, que estamos abiertos al diálogo”, precisa.

Otra secretaria parlamentaria que dejó su huella fue Teresa García. La Guardiana era la primera que sabía cuántos diputados iban a asistir a las sesiones y cómo iba a salir cada votación. Era la encargada de confirmar la presencia de los propios y de conocer de antemano las ausencias de los ajenos. Todas las semanas confeccionaba una agenda que se distribuía entre los diputados del bloque con el detalle de lo que se trataría en cada comisión. “Era capaz de llamarte cuarenta veces”, cuenta un diputado que la padeció.

La guía de los secretarios parlamentarios es indispensable en las sesiones maratónicas, como suele denominarse a los debates en los que se extienden hasta la madrugada e incluyen decenas de proyectos. El nombre está bien puesto, porque se transforman en verdaderas pruebas de resistencia física. En esas noches largas son pocos los legisladores que permanecen en el recinto. La mayoría se va a descansar a su despacho y regresa cuando le toca hablar o cuando se está por votar. Otros resisten como pueden en las inmediaciones de sus bancas. Si se recorre el hemiciclo de madrugada puede verse a legisladores desplomados en sillones, o durmiendo sentados en una silla, con la cabeza contra una mesa de arrime.

Una segunda categoría la integran los diputados y senadores de la “mesa grande”. Son jefes o secretarios parlamentarios de bloques medianos con agenda nacional que, sin el poder ni la responsabilidad de los miembros de la “mesa chica”, deben estar al tanto de todos los temas, fijar posición en el recinto, coordinar el trabajo de sus bancadas y participar de las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria, en la que se define la agenda de las sesiones. Son otros 5 o 10 legisladores por cámara y suelen estar en sus despachos entre tres y cuatro días a la semana. Margarita Stolbizer, Fernando Sánchez, Diego Bossio, Marcelo Fuentes, Leonardo Grosso, Adrián Pérez y Adolfo Rodríguez Saá son algunos de los diputados y senadores que pasaron por la mesa grande en los últimos años. También Carrió, casi una categoría aparte en el Congreso. Como integrante de bloques chicos, medianos y grandes, y con etapas de mayor y menor intensidad en su trabajo legislativo, se las arregló para destacarse siempre como una de las figuras más influyentes de la Cámara de Diputados.

Un tercer grupo es el “staff permanente”, que componen los presidentes y vicepresidentes de las comisiones más importantes. Suelen tener reuniones casi todas las semanas o cada quince días. Son unos 20 diputados y unos 20 senadores, con formación especializada y, en general, conocimiento de la técnica legislativa. Están forzados a conocer los proyectos, buscar información, desarrollar argumentos y actuar como “miembros informantes” cuando esas iniciativas llegan al recinto. Esto implica que, en el inicio de los debates, deben informar al resto de la cámara sobre el contenido de los dictámenes de mayoría o de minoría. Cargan sobre sus hombros buena parte de la actividad específicamente legislativa y no hay semana que no pasen al menos tres días en sus oficinas. Algunos de los que conformaron ese grupo en los últimos años son Diana Conti, Jorge Landau, Roberto Feletti, Luciano Laspina, Daniel Lipovetzky, Pablo Tonelli, Rodolfo Urtubey, Eduardo Amadeo, Mario Pais, Sonia Escudero y, en su primera época como legisladora, Cristina Kirchner.

“En las sesiones complejas, en las que se tratan muchos proyectos, no hay más de 20 o 25 diputados que sepan qué es lo que se está discutiendo. Es un 10 por ciento de la cámara. El resto se guía por lo que le dice el jefe o el secretario parlamentario de su bloque”, explica Graciela Camaño. Esa situación queda a la vista todos los fines de año, durante la discusión del presupuesto. Solo el presidente de la comisión y dos o tres diputados más conocen el proyecto de punta a punta, con sus planillas anexas y sus modificaciones de último momento, mientras que los demás se enfocan en los artículos que afectan más directamente los intereses de sus distritos o electorados. Durante el gobierno de Cambiemos esa función la cumplieron Laspina, Bossio, Marco Lavagna y Axel Kicillof.

Diputados y senadores sin cargos importantes ni responsabilidades de peso integran el cuarto sector, de “legisladores rasos”, cuyo trabajo es más dispar y sus tareas, más difíciles de encasillar. Este grupo lo componen tanto los que responden a un gobernador y se dedican a representar ese poder territorial como la mayor parte de los miembros de las bancadas grandes y hasta los jefes de bloques chicos. Un funcionario con experiencia en el Congreso identifica entre los “legisladores rasos” a un subgrupo muy especial: “Hay unos que yo digo que son ‘los que están al lado del mármol’ [por su ubicación en los extremos del recinto, cercanos a las paredes], que no entienden nada y se dedican a levantar la mano cuando les dicen”. Entre los “legisladores rasos” también se destaca otra subcategoría, formada por los diputados con monobloques (bancadas de un solo integrante) o presidentes de bancadas muy pequeñas, pero con enfoque nacional, que procuran fijar posición en todos los temas importantes. Son unos cinco diputados y unos dos o tres senadores, “legisladores testimoniales”, muy activos en el recinto y en las reuniones de comisión, aunque sin incidencia en el destino de las votaciones. Néstor Pitrola, Alcira Argumedo, Claudio Lozano, Victoria Donda, Pino Solanas y Magdalena Odarda son algunos ejemplos. “El papel de los diputados de la izquierda está bastante claro. Ellos saben que no van a presidir comisiones y que nunca les van a aprobar un proyecto. Pero deben cumplir una función importante, que es la de representar, la de instalar en la agenda temas que son claves para sus electorados. Por eso hablan tanto y usan las cuestiones de privilegio”, explica Carrizo.

LEYES INSÓLITAS, UN CASO DE ESTUDIO

Para tildar a los legisladores de vagos también suele argumentarse que buena parte de las leyes sancionadas no tiene ninguna relevancia. Son las normas que declaran capitales y fiestas nacionales en distintos rincones del país, o las que llenan el calendario de “días nacionales” para homenajear a personas o actividades. Es otro caso de incomprensión de lo que pasa dentro del Congreso. “Una de las funciones de los legisladores es la de representar a sus electores y el día que se declara una capital o una fiesta nacional, esa ciudad o ese pueblo entran en el mapa, se vuelven visibles. Las leyes que parecen ridículas son en realidad uno de los pocos recursos políticos de los legisladores para representar a sus distritos. Es una crítica capital céntrica”, explica el diputado Amadeo. Otro colega suma argumentos. “Cuando vas al territorio te preguntan: ‘¿Vos qué hiciste por nosotros? Ni una bombita de luz nos conseguiste, no conseguiste nada’. Antes los legisladores podían asignar pensiones graciables y eso les servía para dar alguna respuesta concreta. Cuando lográs meter una obra en el presupuesto lleva más de cinco años hasta que se termina”.

La lista de “leyes trofeo” es extensa. Entre 2015 y 2018 se sancionaron 61 leyes de ese tipo, un 15 por ciento del total. Se declaró Capital Nacional del Tamal a la ciudad de Chicoana, en Salta; Capital Nacional del Pesebre a la provincia de La Rioja; Capital Nacional del Softbol a la ciudad de Paraná, Entre Ríos; Capital Nacional de Pelota a Paleta a la localidad de Venado Tuerto, Santa Fe; Capital Nacional del Fútbol Infantil a la ciudad de Sunchales, Santa Fe; Capital Nacional de la Pelota de Fútbol a la ciudad de Bell Ville, Córdoba; Capital Nacional del Deporte de Pato al partido de General Las Heras, Buenos Aires; Capital Nacional del Asado con Cuero a la ciudad de Viale, Entre Ríos; Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles a la ciudad de Chascomús, Buenos Aires; Capital Nacional del Golf a la ciudad de Villa Allende, Córdoba; Capital Nacional del Vulcanismo al departamento de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, y Capital Nacional del Carnaval Artesanal al partido de Lincoln, Buenos Aires. Como una actividad estaba muy disputada entre dos provincias, se encontró una solución salomónica: se declaró Capital Nacional del Termalismo a la ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y Capital Nacional de los Circuitos Termales a la provincia de Entre Ríos.

En el mismo lapso se le dio categoría de “fiesta nacional” a la Fiesta del Tambero y su Familia, de la localidad de Tránsito, Córdoba; a la Fiesta del Pomelo, de la localidad de Laguna Blanca, Formosa; a la Fiesta Nacional del Tarefero de la localidad de Concepción de la Sierra, Misiones; a la Fiesta del Caballo de Bragado, de la ciudad de Bragado, Buenos Aires; Fiesta de la Tradición Jachallera, de la localidad de Jáchal, San Juan; a la Fiesta Provincial de Exposiciones, de la provincia de Santa Fe. En este rubro sacó ventaja el senador Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino), que en una misma sesión de 2017 logró que se aprobaran seis proyectos de su autoría para declarar como fiestas nacionales a la Fiesta de la Navidad Cordillerana, de la ciudad de San Martín de los Andes; la Fiesta del Pehuén, de la ciudad de Aluminé; la Fiesta del Montañés, también de San Martín de los Andes; la Fiesta de los Jardines, de la ciudad de Villa La Angostura; la Fiesta del Puestero, de la ciudad de Junín de los Andes; la Fiesta del Chivito, la Danza y la Canción, de la ciudad de Chos Malal, todas de la provincia de Neuquén.

Ninguna de estas leyes origina gastos para el Estado nacional, pero puede terminar generando recursos para los pueblos y desembolsos de los gobiernos locales. El circuito es el siguiente. Los organizadores de la fiesta o de la actividad en cuestión buscan un legislador que promueva el proyecto. Una vez que se convierte en ley, ese diputado o senador participa de la ceremonia, sube al escenario, le agradecen, a veces da un discurso. “Hay diputados que nos piden un certificado de la ley para enmarcar y llevar como una suerte de trofeo a sus pueblos”, explica un funcionario de la cámara. Después, con el reconocimiento formal de una ley del Congreso, el círculo se cierra: los organizadores de esos festivales suelen reclamar un subsidio a los gobiernos provinciales o municipales.

13. Según datos de la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación.

14. Bonvecchi, Alejandro; Cherny, Nicolás y Cella, Lautaro (2018), Modernizar el Congreso. Propuestas para el reglamento de la Cámara de Diputados, Buenos Aires, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

15. La tendencia ascendente se registró también en la presentación de proyectos de resolución y de declaración. Entre 1983 y 1994, ingresaron 18.885 proyectos de resolución, 14.834 proyectos de declaración y 7555 proyectos de comunicación, una categoría que solo existe en el Senado. Entre 1995 y 2006, 39.553 de resolución, 33.750 de declaración y 12.113 de comunicación. Entre 2007 y 2018, 42.030 de resolución, 41.157 de declaración y 8598 de comunicación.

16. Infobae, 26 de agosto de 2018.

17. Saiegh, Sebastián (2010), “¿Jugadores activos o apéndices del ejecutivo? Una evaluación del papel de los legisladores latinoamericanos en la toma de decisiones”, Política y gobierno, vol. XVII, n.º 1, primer semestre de 2010, Ciudad de México.

Capítulo 8

A las piñas

25 DE ABRIL DE 2013: LA FURIA DEL CHIVO

Entre los gritos e insultos que cruzaban el recinto hubo uno que lo desencajó. Agustín Rossi se frenó en seco, dio media vuelta y salió disparado en dirección a los diputados de la UCR, ubicados en el otro extremo del salón. Separó los brazos del cuerpo, sacó pecho y pisó fuerte, como quien va a pelear. Tenía en la mira a Miguel Bazze, uno de los radicales que lo había insultado.

El tablero electrónico todavía marcaba que, por un voto, el oficialismo no había alcanzado la mayoría necesaria para sancionar la reforma del Consejo de la Magistratura. Era uno de los proyectos que promovió Cristina Kirchner en su último mandato, como parte de lo que llamó la “democratización de la Justicia”. Un error del sistema de votación, que no registró dos votos afirmativos, había abierto las puertas del escándalo.

En una maniobra rápida, Wado de Pedro y Edgardo Depetri, que se sentaban cerca del estrado de la presidencia, se abalanzaron sobre Rossi para contenerlo. El “Chivo”, como le decían al jefe del bloque kirchnerista, estaba fuera de control. Con más actitud que músculos, Wado lo tomó como pudo de un hombro, pero Rossi se zafó. Intervino a tiempo la chaqueña Sandra Mendoza, que se le paró justo delante, lo tomó de los dos brazos y lo miró con los ojos bien abiertos, como si quisiera hipnotizarlo. Entre los tres lograron detenerlo.

La sesión había comenzado el miércoles 24 de abril de 2013 al mediodía y se extendió hasta la mañana del jueves 25. Después de la medianoche, el pasillo circular que rodea el recinto parecía la postal de una terminal de ómnibus. Alex Ziegler, un misionero de dos metros con el pelo rubio cortado al ras, cebaba mate a otros tres oficialistas sentados en círculo. En un sillón de dos cuerpos, la bonaerense María Zamarreño, una de las más jóvenes de la bancada kirchnerista, dormía acostada sobre las piernas de Pilatti Vergara, una chaqueña que había discutido fuerte con Lilita Carrió durante el debate en comisión.

La pelea en el recinto despabiló a todos minutos antes de las 6. Comenzó cuando el oficialismo aprobó, a mano alzada, que la votación en particular se haría de una sola vez y no artículo por artículo, como marca el reglamento.

—¡Tramposo! —le gritó Tunessi, un alfonsinista de Bahía Blanca, al jefe de bloque kirchnerista.

—No tenés el número, Rossi —se sumó a los gritos Bazze.

—¿No viste cómo salió la votación? ¡Callate! —le respondió el Chivo, muy enojado.

Cuando el oficialismo quiso seguir adelante, el enojo de Tunessi y de Bazze se extendió como una peste. Todos los antikirchneristas se pararon al lado de sus bancas y gritaron:

—¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude!

Cada vez más fuerte:

—¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude!

Victoria Donda, de Libres del Sur, bajó por la escalinata que lleva al estrado de la presidencia aplaudiendo con las manos encima de la cabeza. El diputado radical Manuel Garrido, exfiscal Anticorrupción, golpeaba su banca con el puño derecho.

—¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude!

Imperturbable, Domínguez pidió orden para avanzar con la votación en paquete de todos los artículos. Entonces Graciela Camaño se arrimó al pie del estrado y le tironeó del cable del micrófono.

—¡Lo vamos a discutir! —le gritó varias veces. Acompañaba cada grito con un movimiento enérgico de su brazo derecho extendido, con el dedo índice apuntando directo a la cara de Domínguez.

Después de unos minutos, los kirchneristas también se pararon para gritar.

—¡Ganamos! ¡Ganamos! —cantaba Rossi, parado junto a su banca, con el tono de un chico que acaba de imponerse en un torneo de recreo.

Ante la presión opositora, el oficialismo finalmente accedió a votar artículo por artículo. El escándalo estalló al votar el número 2, que establecía la ampliación de miembros del Consejo de la Magistratura y modificaba su modo de elección. El tablero marcó 128 votos afirmativos, uno menos de la mayoría calificada, de mitad más uno del total del cuerpo, requerida para una reforma como la que se debatía. Sin ese artículo se caía toda la ley. La oposición festejó de pie.

—¡Hay dos votos no identificados! ¡Faltan votar, señores diputados! Hay dos votos que se están aclarando: el de la diputada Alicia Comelli... —se desesperó Domínguez, en medio del griterío de la oposición.

—¡Se ha alterado la sesión, señor presidente! ¡Yo ya adelanté el sentido de mi voto, pero en el momento de la votación no quedó registrado! —convalidó Comelli, cuyo voto figuraba como una abstención.

—¡La señora diputada Comelli está aclarando que no se abstuvo en la votación y lo propio está haciendo el señor diputado Forconi [Juan Carlos]! Por lo tanto, ¡son 130 votos por la afirmativa! —anunció Domínguez, e hizo enfurecer a la oposición. Se lo querían comer.

Rossi se acercó al estrado para pedir que se repitiera la votación. Fue en ese momento cuando los radicales lo insultaron. Para entonces, ningún diputado permanecía en su banca. A su manera, todos participaban de la trifulca. Sergio Pansa, un puntano del peronismo opositor, le revoleó al Chivo una botella de plástico llena hasta la mitad, desde la parte más alta del salón. No le pegó, pero le pasó cerca. Enajenado, Rossi ni se dio cuenta.

Minutos después de la pelea con los radicales, el jefe del bloque kirchnerista quedó otra vez al borde del infarto cuando Domínguez accedió a un pedido opositor para interrumpir la votación y hacer un cuarto intermedio. El Chivo abrió los brazos, miró hacia el cielo, cerró los puños para ahogar un grito. Cuando volvió en sí les ordenó a los oficialistas que se quedaran en sus bancas. Al reanudarse el debate, la oposición abandonó el recinto denunciando un fraude. El oficialismo votó el resto de los artículos en soledad. Para despejar dudas, se volvió a votar el artículo 2, que obtuvo nuevamente 130 votos.

El Chivo solo pudo distenderse al final de la sesión, gracias a un breve encuentro que tuvo en un pasillo con el socialista Jorge Rivas, tetrapléjico desde 2007 por un golpe en la cabeza que recibió durante un robo. El diputado se comunicaba con un puntero láser, aferrado a una vincha, con el que señalaba letras en un letrero con el abecedario.

Después de que Rossi lo saludara con un abrazo, Rivas, que solo movía la cabeza, se inquietó y emitió sonidos guturales. Testigo silencioso de la sesión, él había hecho su propia evaluación de los episodios de violencia y, en particular, del encontronazo del Chivo con Bazze. Su asistente, una mujer que lo acompañaba en las sesiones y lo trataba con mucha confianza, interpretó que quería decir algo. Le puso la vincha alrededor de la frente y le sostuvo el letrero delante de su cabeza. Con movimientos lentos, el puntero se movió y comenzó a formarse la frase, que ella fue leyendo en voz alta. Además de Rossi, estaban Depetri y dos periodistas que habían seguido la sesión durante toda la noche.

—Es-ta-bas… To… total… totalmente.

La asistente demoró unos segundos en interpretar la tercera palabra: legitimado.

—Estabas totalmente legitimado —rearmó la frase.

El láser siguió moviéndose de letra en letra. Pero la mujer se quedó en silencio, con el ceño fruncido. De pronto se rio, sacó la vista del letrero, lo miró a Rivas y, con tono compinche, lo reprendió:

—Mirá que la que lo tiene que leer soy yo, eh —le dijo.

Todos rieron, esperando el desenlace.

Ella se mordió el labio inferior y por fin tradujo la frase completa:

—¡Estabas totalmente legitimado para cagarlo a trompadas!

9 DE MAYO DE 2002: LA BANDERA DE LA DISCORDIA

Cuando el peronista Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, se dio cuenta de lo que estaba por suceder, ya era tarde para evitarlo. Alicia Castro, secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes y jefa de bloque del Frente para el Cambio, acababa de cerrar un discurso incendiario contra la modificación de la ley de quiebras, una de las reformas que impulsaba el gobierno de Eduardo Duhalde a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), y bajaba por una de las escalinatas que conducen al estado de la presidencia. Llevaba en sus manos una bandera de los Estados Unidos. “Si la mayoría de este Congreso va a sancionar las leyes que promueven la impunidad y el saqueo que solicita el FMI; si van a entregar la soberanía política como entregaron la soberanía económica; si van a seguir entregando la decisión del pueblo al que debería representar este Parlamento; en suma, si esto va a seguir siendo así, yo sugiero que quienes sean responsables sean también más sinceros, arríen la bandera nacional y procedan a seguir legislando con esta otra bandera”, dijo en su banca, antes de levantarse y caminar directo hacia Camaño.

Dejó la bandera sobre el escritorio del presidente, en un gesto bien ensayado. La diputada lo había consultado previamente con su compañero de bloque, Alfredo Villalba, que la escoltó en el camino hacia el estrado; con los dirigentes del sindicato, y hasta con su hija, de 14 años, que se sorprendió el día anterior al ver la bandera sobre una silla del comedor del departamento en el que vivían, en el piso dieciséis del edificio Kavanagh. Todos estuvieron de acuerdo. Ninguno dimensionó la convulsión que se generaría en el recinto ese jueves 9 de mayo de 2002, en el que Castro quedó al borde de ser expulsada de la cámara.

La idea nació a inicios de esa semana. La diputada entraba en la sede del sindicato, en Bartolomé Mitre y Riobamba, a una cuadra del Congreso, cuando se encontró con una dirigente a la que no veía hacía mucho.

—¿Cómo estás? —preguntó su compañera.

—Cómo querés que esté, con estos hijos de puta, que hacen todo lo que les manda el FMI. Entregan todo. La verdad, ya deberían bajar la bandera argentina y poner la de Estados Unidos —se descargó Castro y, al hacerlo, se imaginó diciendo esas mismas palabras en el recinto.

Después de unos segundos en silencio retomó el diálogo con su compañera:

—¿Qué te parece si les digo esto en la sesión del jueves y llevo una bandera de Estados Unidos?

—Mataría —respondió su compañera.

Castro sorprendió a Carlos Santana, el conserje del sindicato, sentado a unos metros.

—Carlos, vaya por favor hasta la casa de las banderas, acá en Mitre al 1500, y compre una bandera de Estados Unidos.

—¿De Estados Unidos? —preguntó el empleado, con gesto desorientado.

—Sí, de Estados Unidos. Yo después le explico.

La sesión se vislumbraba agitada. Duhalde, que había asumido el 2 de enero de ese año, convirtiéndose en el quinto presidente en una semana, pretendía tener lista la ley antes de su viaje a España, previsto para fines de mayo, donde asistiría a una cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Uno de los aspectos centrales del proyecto era un artículo que permitía a los acreedores tomar el control de las empresas en bancarrota por medio de la “capitalización forzosa”, una figura que en los meses siguientes dejaría en la calle a miles de empresarios medianos y pequeños. Después de una devaluación brutal y en plena cesación de pagos, el gobierno argumentaba que requería de la ayuda del FMI para poner en marcha la economía. Aunque la mayoría del PJ y la UCR había comprometido su apoyo, la reforma era muy resistida por las bancadas de izquierda y de centroizquierda, como el Frente para el Cambio. El bloque que presidía Castro era un desprendimiento del Frepaso, socio del radicalismo en la fallida experiencia de la Alianza.

La diputada entró en el recinto con la bandera dentro de la cartera, sin levantar sospechas. Cuando empezó su discurso, a media tarde, había pocos diputados en sus bancas, como suele suceder en las sesiones largas. Con sus palabras logró captar la atención de los presentes. Apenas sacó la bandera y la extendió entre sus manos, el clima dio un vuelco. Los oficialistas se pusieron rabiosos. Fue como si pateara un hormiguero.

—Me parece una medida incorrecta la que ha tomado la señora diputada, pero de cualquier forma voy a dejar esto donde ella lo dejó —se contuvo Camaño, mientras Castro regresaba a su banca, sin mirar atrás—. Si es que le causa algún tipo de gracia, lo debo aceptar, pero me parece una incorrección que la Presidencia no merece. Entiendo que es una falta de respeto a la Presidencia y que la señora diputada debería proceder, por lo menos, a retirar lo que dejó aquí —dijo, según la versión taquigráfica.

Fuera de micrófono, las reacciones fueron menos educadas:

—Callate, zurdita de la calle Corrientes —le gritó, de pie y desencajado, Pedro Moisés, diputado peronista por Jujuy.

—¡Putaaa! ¡Tortaaa! —le dedicó Mónica Arnaldi, también del PJ, esposa del entonces intendente de Merlo, Raúl Othacehé. Era la primera vez que se oía su voz en el recinto, detalló el periodista acreditado Eduardo Tagliaferro, en su crónica para Página/12.

Imperturbable, Castro pedía la palabra. Camaño le avisó que no le permitiría hablar hasta que retirara la bandera y anunció que dejaría el estrado para formular, desde una banca, una cuestión de privilegio contra la diputada. Es un recurso reglamentario que puede derivar en una sanción disciplinaria. El presidente le abrió el micrófono al pampeano Manuel Baladrón, del PJ, que pidió que la cuestión de privilegio no pasara a comisión, como se acostumbra, sino que se tratara en ese mismo momento. Varios opositores se pararon para defender a Castro, entre ellos el metalúrgico Francisco Gutiérrez.

—Señor diputado Gutiérrez, acá no está en la UOM [Unión Obrera Metalúrgica]. Tome asiento. Se está planteando una cuestión de privilegio. Usted la debe escuchar y no tiene derecho a protestar. Lea el reglamento —lo reprendió Camaño, reinventando una vieja rivalidad del pago chico de los dos, Quilmes.

A mano alzada, la cámara habilitó el tratamiento de la cuestión de privilegio contra Castro. En minutos, la acusadora se había convertido en acusada. El chubutense Fortunato Cambareri, otro diputado del PJ, subió la apuesta: propuso que se considerara el desafuero de Castro “por inconducta”. La querían expulsar. Entonces el descontrol se apoderó del recinto.

—¡Van a tener que echar a varios! —advirtió el trotskista Luis Zamora, que había salido disparado hacia el estrado.

El entrerriano Jorge Daud, otro peronista, bajó a los saltos desde lo más alto del salón y se le fue encima. Cuando estaba a punto de pegarle, José Roselli, exobrero metalúrgico y compañero de Zamora en Autodeterminación y Libertad, lo frenó en seco con un empujón. El radical Jesús Rodríguez agarró del brazo a Roselli, para separar, pero el diputado lo tomó a mal y casi terminan a las piñas.

Camaño, que había dejado el sillón de la presidencia, pidió la palabra, sentado en una banca de la primera fila. Antes de abandonar el estrado le había hecho una seña muda a uno de sus colaboradores para que retirara la bandera. Mientras observaba las trifulcas desparramadas por distintos rincones del recinto, entendió que era momento de retroceder. Buscó una salida elegante.

—Solicito a mi compañero de bancada, el señor diputado Baladrón, que no demos el gusto de debatir una cuestión de privilegio para que mañana esta discusión del Parlamento aparezca en las cámaras de televisión. Enviemos esta cuestión a comisión para no dar el gusto a aquellos que quieren hacer un escándalo de la República Argentina —dijo, y fue interrumpido por los aplausos de sus compañeros de bloque.

La reforma de la ley de quiebras se aprobó con 180 votos a favor y apenas 47 en contra. La semana siguiente el Senado lo convirtió en ley. La cuestión de privilegio contra la diputada nunca se trató en comisión. Del episodio no hay imágenes de video, solo unas pocas fotos.

17 DE NOVIEMBRE DE 2010: LA PIÑA DE CAMAÑO

“¡A mí no me grites, energúmeno!”. Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se levantó de su silla, en la cabecera de una mesa con forma de herradura, y, tras caminar diez metros entre los asesores y periodistas que colmaban la sala, se agachó y le habló al oído al kirchnerista Carlos Kunkel, que estaba sentado.

El diputado había cuestionado a los gritos la decisión de Camaño de levantar la reunión, convocada para tratar las denuncias de presiones que habían planteado dos diputadas una semana antes, durante la votación del presupuesto 2011, en la sesión del 10 de noviembre de 2010. El FPV exigía que la comisión aceptara el dictamen mayoritario, de rechazo de las denuncias, y acusaba a Camaño de hacer trampa para evitar que el caso se cerrara. “Quieren quemar otra vez la urnas, como en Catamarca”, la aguijoneó Kunkel, en referencia al episodio que protagonizó Luis Barrionuevo, esposo de Camaño, para frenar las elecciones en esa provincia, en 2003. Cuando la diputada se le fue encima todos los presentes se quedaron mirando la escena. “Yo, por lo menos, no soy de los que prometen falsamente que dejan de robar por dos años y después siguen robando”, respondió Kunkel, agitando el brazo, con una sonrisa sobradora y sin mirarla, como para cerrar el diálogo.

Tenía a su izquierda a Juliana Di Tullio y a su derecha a Jorge Landau, que también sonreía. Las bravuconadas de Kunkel eran parte de la rutina habitual de esos años en Diputados.

La frase de Kunkel, referida a una famosa declaración de Barrionuevo (“Si en la Argentina dejamos de robar dos años, nos salvamos todos”), hizo estallar a Camaño, que un segundo antes había estado a punto de dar media vuelta para regresar a su asiento. La diputada dio un paso al frente, tironeó al diputado del hombro con la mano izquierda, como para tenerlo de frente, y con la derecha le estampó un cachetazo potente en la mandíbula. El sonido se oyó en toda la sala.

El sopapo fue el desenlace inesperado y teatral de una batalla política que llevaba semanas. El 27 de octubre de 2010, en medio de una discusión muy dura por el presupuesto, murió Néstor Kirchner. Con los efectos de la conmoción, el oficialismo advirtió que no aceptaría cambios en el proyecto enviado por Cristina Kirchner y denunció que querían dejar al gobierno sin presupuesto. El Grupo A, espacio que nucleaba a los principales bloques de la oposición y que había reunido mayoría a principios de ese año, empezaba a resquebrajarse. Antes de la sesión, Lilita Carrió acusó en conferencia de prensa a Margarita Stolbizer y a los diputados de la UCR y del Pro de haber “transado” con el oficialismo para facilitar la aprobación de la iniciativa. “Se está haciendo la gran Jaroslavsky —dijo, en referencia a César Jaroslavsky, jefe de bloque radical en Diputados durante toda la presidencia de Raúl Alfonsín y los primeros dos años del mandato de Carlos Menem—. En la década de los 80 algunos se oponían en la discusión en el recinto, pero después retiraban algunos diputados y así ganaba el oficialismo. Eso es lo que va a ocurrir hoy”.

Pasada la medianoche, ninguno de los dos bandos tenía la mayoría asegurada y corrían versiones sobre compra de votos. Felipe Solá, uno de los capitanes del Grupo A, propuso que el debate pasara a un cuarto intermedio hasta la semana siguiente, un recurso reglamentario para frenar la aprobación de la ley. Para sorpresa de la oposición, el oficialismo logró sostener en pie la sesión por seis votos de diferencia. En los minutos previos, un puñado de diputados del Pro y de la UCR había abandonado el recinto, por goteo. La gran Jaroslavsky. Entonces tomó la palabra Carrió y, tras plantear una cuestión de privilegio para investigar lo que estaba pasando, dijo lo que se rumoreaba hacía horas: “Vimos muchos escándalos en esta Cámara de Diputados. Lo que sucedió recién en el hemiciclo es un escándalo. Diputados de la oposición que desaparecen, negociaciones por fuera de esta cámara con el señor jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Cualquiera puede ver los mensajes del señor jefe de Gabinete a los diputados de la oposición”.

Federico Pinedo, jefe del bloque del Pro, no pudo hacerse el distraído: solo seis de los once integrantes de su bancada estaban presentes. “Reitero que llegado el caso vamos a votar por el dictamen de minoría [el de la oposición]. De todos modos, queda en claro que nos vemos obligados a hacerlo en circunstancias raras. Estamos obligados a hacerlo con ausencias que no podemos explicar”, dijo, con la cara colorada, exponiendo a los cuatro diputados de su bancada que se habían ido durante el debate: Laura Alonso, Christian Gribaudo, Silvia Majdalani y Soledad Martínez. Sentada al lado de Pinedo, Paula Bertol derramaba algunas lágrimas. Al día siguiente, los cuatro ausentes negaron haber recibido presiones, dijeron que se habían ido porque no querían votar en contra del presupuesto y acusaron a Pinedo de “autoritario”. La crisis interna del Pro duraría meses.

El discurso del jefe de la bancada macrista cayó como una bomba en el recinto. No sería la última detonación. Minutos después tomó la palabra Cynthia Hotton, una militante evangelista con bloque propio que había dejado trascender que estaba siendo presionada. “Yo sé que hay muchos diputados que han recibido distintas presiones. Yo quiero dar fe de que a mí personalmente me han ofrecido algo por teléfono estando aquí en el recinto. No voy a mencionar a la persona que me lo ofreció porque verdaderamente la valoro, y mucho”, dijo sembrando el suspenso.

Los diputados del kirchnerismo se pararon y, a los gritos, reclamaron que diera nombres. Con la voz quebrada, Hotton siguió: “Ustedes muchas veces me ven circulando por estos pasillos con mis papelitos, jorobando en cualquier horario o momento. Son los proyectos del corazón. Yo siempre pido que me ayuden con estructura porque no doy abasto para contener la cantidad de gente que se está sumando al espacio Valores para Mi País. ¿Qué me dijeron entonces? ‘Cynthia, tus proyectos del corazón y tus contratos no son nada al lado de lo que te podemos ofrecer esta noche’”. El griterío le impidió seguir hablando. Todos los diputados estaban de pie, como si las bancas ardieran.

Aunque no la nombró enseguida se supo que Hotton hablaba de la oficialista Patricia Fadel, vicepresidenta segunda de la cámara. Ella daría su propia versión días después. “Hotton me mandó un mensaje diciéndome que necesitaba hablar conmigo”, dijo, y mostró fotos de la pantalla de su teléfono celular. “Esto no es un delito, es lo habitual, por eso somos un parlamento. Niego rotundamente haber intimidado a alguien”, agregó sin desmentir que había intentado convencer a la diputada de la oposición. Para entonces, los hechos eran investigados por la jueza María Servini de Cubría, que le tomó declaración a Hotton. En sobre cerrado, ese testimonio llegaría la semana siguiente a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La sesión depararía otro escándalo. Envalentonada por el discurso de Hotton, la radical Elsa Álvarez, diputada por Santa Cruz, atizó el fuego. “Quiero poner en conocimiento de esta cámara que yo también he recibido dos llamadas invitándome a retirarme del recinto, en una de las cuales me querían comunicar con un alto funcionario del gobierno, a efectos de que no estuviera aquí y fuera aprobado el presupuesto”, dijo. Días después ella juró ante Servini de Cubría que la llamada la había hecho Nelson Gleadell, entonces intendente de Puerto San Julián, la localidad de Santa Cruz de donde venía la diputada, y que le había ofrecido pasarle con el ministro de Planificación Federal, De Vido. El jefe comunal reconoció el contacto, pero no las presiones. La causa se cerró seis meses después, sin procesamientos.

Agustín Rossi, jefe del bloque kirchnerista, intentó salvar la sesión. Negó que hubieran existido presiones de la Casa Rosada y denunció que se había montado una “maniobra de difamación” para dejar al gobierno sin presupuesto. Pero fue imposible. El golpe de gracia lo dio Claudio Lozano, a las 3 de la madrugada, cuando pidió el regreso del proyecto a comisión. Después del escándalo, los números se invirtieron y la oposición ganó por cinco votos de diferencia.

La pelea siguió una semana más tarde, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocada para tratar las denuncias de presiones y compra de votos. Después de seis horas de discusión, el kirchnerismo logró un dictamen de mayoría para archivar las denuncias, con las firmas de Stolbizer, los socialistas y la macrista Laura Alonso. “Según un trabajo de Transparencia Internacional, corrupción es el uso de recursos públicos. Negociar obras en el presupuesto es regla de la democracia”, dijo la diputada del Pro y sostuvo que su ausencia se debió a “diferencias políticas” en su bloque. Cuando se percató de que el oficialismo tenía mayoría, Camaño propuso esperar 24 horas para recibir los dictámenes y recolectar las firmas. Argumentó que muchos diputados estaban ausentes. Entonces Kunkel empezó a gritarle.

Después de pegarle al diputado, Camaño retrocedió, asintió con la cabeza y se retiró ofuscada en dirección a la cabecera de la mesa. Sorprendido, él solo atinó a reírse y a aplaudir. Di Tullio lo tomó del brazo para que no se levantara. Solo se paró unos segundos más tarde cuando todos empezaron a abandonar la sala. Algunos de sus compañeros de bloque se acercaron para saludarlo. Con la cara todavía colorada, él no quiso hacer declaraciones.

Gustavo Ferrari, entonces diputado de la bancada que lideraba Francisco de Narváez, apartó a Camaño para hablarle en un rincón. “Es muy grave lo que acabás de hacer. ¡Tenés que frenar y analizarlo!”, le aconsejó, tomándola de la mano. Unos segundos después, ella daba explicaciones ante los móviles de televisión. “Estoy harta de que el señor Kunkel me acuse de ser la señora de alguien. Soy la señora de alguien y no tengo ningún inconveniente. Yo al señor Kunkel no lo inquiero por sus cuestiones personales; lo inquiero por sus cuestiones políticas”, sostuvo. “La impotencia a veces te hace hacer estas cosas”, dijo, cuando le preguntaron si se justificaba haber llegado a la agresión física. La diputada dejó el edificio anexo con sensaciones encontradas. Estaba preocupada por las derivaciones que tendría el episodio. Pero sentía también, comentó a sus colaboradores, un regodeo interno, una corriente eléctrica que le recorría el cuerpo y le erizaba la piel.

5 DE DICIEMBRE DE 1990: EN LA CARA DE BUSH

Los alaridos del trotskista Luis Zamora retumbaron en el recinto repleto de la Cámara de Diputados. Eduardo Duhalde, entonces vicepresidente de la nación, leía ante la Asamblea Legislativa un discurso de bienvenida al presidente de los Estados Unidos, George Bush, sentado a su derecha. Ese diciembre de 1990, el pasillo circular que rodea la parte superior del recinto parecía una convención de agentes de seguridad: además del personal de la cámara, en cada una de las ocho puertas de acceso al salón había un guardia del FBI, otro de la CIA y un tercero del Servicio Secreto. En el Congreso y sus alrededores había unos doscientos agentes estadounidenses.

—En nombre del pueblo argentino y de sus representantes aquí reunidos tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta casa de la democracia —arrancó Duhalde, tratando de ignorar los gritos que llegaban desde lo alto.

—¡Pido la palabra, presidente! ¡Presidente! ¡Pido la palabra! —lo interrumpió Zamora, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS).

—No corresponde el uso de la palabra. No corresponde, señor diputado —lo cortó en seco Duhalde, sin perder la calma.

Provisto de auriculares de traducción simultánea y de una asistente que le hacía comentarios al oído, Bush padre sonreía con ganas, como si disfrutara del espectáculo. Su visita a la Argentina consolidaba la sociedad con el gobierno de Carlos Menem, en lo que el entonces canciller Guido Di Tella calificó como “relaciones carnales”.

Zamora había llegado con mucha anticipación al Congreso, para pedir que se tratara un proyecto de declaración en repudio a la visita de Bush. El presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, le advirtió que no se podía, porque no era una sesión, sino una Asamblea Legislativa.

—Su visita es un hito de gran trascendencia en la historia de las relaciones entre nuestros países —retomó el hilo Duhalde, después de los primeros gritos de Zamora.

Para entonces el diputado del MAS se había parado y discutía con legisladores de la Ucedé que le habían rodeado la banca para hacerlo callar. En dirección al estrado, él gritó lo que pretendía decir al micrófono. Condenó el homenaje y acusó a Bush de estar preparando una “masacre en Irak”, de “saquear a la Argentina” con los pagos de la deuda externa y de haber sido responsable de los crímenes de guerra de Malvinas, como vicepresidente de Ronald Reagan.

Sin tenerlo presente, Zamora estaba escribiendo el segundo capítulo de una historia que había empezado cincuenta y cuatro años antes, con la visita del presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, durante el gobierno de facto de Agustín P. Justo. El 1 de diciembre de 1936, el discurso de Roosevelt fue interrumpido por los gritos de un invitado, ubicado en las galerías. Era nada menos que Liborio Justo, militante marxista e hijo del presidente. “¡Abajo el imperialismo yanqui!”, bramó, para denunciar las intervenciones militares de Estados Unidos en Latinoamérica, y logró que la frase se colara en las transmisiones de radio. Fue detenido por el incidente y pasó algunos días entre las rejas.

—¡Silencio, por favor! —llamó al orden Duhalde, ante los gritos de Zamora.

La pelea había escalado. Alberto Albamonte, de la Ucedé, se paró delante del diputado trotskista para que no pudiera dirigirse al estrado.

—¡Nos estás desprestigiando ante el mundo, está toda la prensa extranjera! —lo reprendió.

—Quiero expresar mi desacuerdo, después hable usted. ¡Córrase! —respondió Zamora, mientras agitaba el brazo derecho.

Albamonte le dio un empujón para llevarlo hacia la salida más cercana. Pero el diputado del MAS continuó gritando. Los integrantes del bloque del PJ también le gritaban para que se callara. Bush se reía a carcajadas e hizo un comentario a su asistente. “¿Y este de qué museo salió?”, le dijo, según el relato que hizo días después Menem. Duhalde siguió:

—Decía, señor presidente, que su visita es un hito de gran trascendencia en la historia de las relaciones entre nuestros países. Es un hito que revela un contacto más estrecho entre los Estados Unidos y la Argentina cuyas renovadas bases se asientan en la comprensión y respeto mutuo.

Arriado por diputados de la Ucedé y del PJ, Zamora caminó hacia la puerta. Cuando estaba atravesando el cortinado bordó de la salida, alguien empujó a un periodista que estaba en ese lugar, que se fue encima del diputado. Él casi rueda por las escalinatas que dan al hemiciclo. La tensión volvió a crecer: los agentes del Servicio Secreto se le fueron encima. Lo salvaron los guardias de seguridad de la cámara, que, con un traductor de por medio, les explicaron a los agentes extranjeros que era un diputado y que no lo podían tocar.

Minutos después, tomó la palabra Bush. Lejos de ignorar el incidente, le respondió a Zamora:

—De vez en cuando se escucha un eco del pasado, del marxismo en declinación, y si el precio que tenemos que pagar por la democracia es escuchar esos gritos, no me importa. Me siento muy bienvenido aquí —dijo, antes de recibir una ovación de diputados y senadores.

A modo de desagravio, esa misma tarde Bush y Menem jugaron al tenis en la Quinta de Olivos. Al año siguiente, Menem se convertiría en el primer presidente peronista en visitar la Casa Blanca.

29 DE ABRIL DE 1997: PERDÓN A LA SOCIEDAD

El enojo de los diputados de la oposición se disparó después de varias horas de debate, cuando el presidente de la Cámara, el menemista Alberto Pierri, decidió cerrar la lista de oradores. Ese 29 de abril de 1997 el oficialismo pretendía dar media sanción al proyecto de privatización del Banco Hipotecario Nacional, una iniciativa resistida por la UCR, el Frepaso y otras bancadas más chicas.

Ante las quejas de los diputados de la oposición, el jefe del bloque del PJ, el pampeano Jorge Matzkin, los insultó de arriba abajo. En el centro de la lluvia de agravios quedaron los integrantes del Frepaso Darío Alessandro y Mary Sánchez, sindicalista docente y una de las creadoras de la Carpa Blanca. “Vos te callás, guacha de mierda”, oyó la diputada, según relató después. Sánchez saltó de su banca como con un resorte, cruzó el recinto, se paró delante de Matzkin y, después de una discusión breve, le estampó un cachetazo. El diputado se la sacó de encima con un empujón, cuentan las crónicas de los periodistas acreditados.

El incidente operó como campana de largada para una sucesión de forcejeos e insultos entre legisladores del oficialismo y la oposición, en todos los rincones del recinto. A los gritos, los diputados del radicalismo y del Frepaso denunciaron irregularidades en el debate y se retiraron. El PJ logró la aprobación del proyecto, con la colaboración de partidos provinciales. La Casa Rosada había prometido repartir 3000 millones de dólares, de acuerdo con el índice de coparticipación federal. En julio de 1997 la iniciativa se convirtió en ley en el Senado.

Horas después de la sesión en Diputados, el mundo político seguía conmocionado por los episodios de violencia. Carlos Chacho Álvarez, jefe del bloque del Frepaso, criticó la reacción de Sánchez. “Es una mujer que ocupa un cargo institucional muy importante y no puede reaccionar como lo hizo”, manifestó. A las 48 horas, Matzkin y Sánchez se cruzaron en un programa de radio. Conversaron sin levantar el tono. La diputada culpó por el incidente al jefe del bloque justicialista. “Él comenzó a agredir a viva voz, primero a los diputados y luego a mí en particular”, sostuvo. Matzkin negó todo. Dijo que no era su “estilo” insultar a las mujeres, y mucho menos en el terreno de la política. “No puedo arrepentirme de lo que no hice”, se defendió, sin retroceder. Antes de cerrar el diálogo, la diputada pidió disculpas, pero aclaró: “No al diputado, sino a la sociedad”.

24 DE OCTUBRE DE 2018: “¡VAMOS AFUERA!”

Emilio Monzó debió volver a las corridas al sillón de la presidencia. El recinto de la Cámara de Diputados estaba a punto de explotar.

“¡Vayan a sentarse! ¡No me van a conducir la sesión!”, levantó la voz para responder a los opositores Mayra Mendoza y Leonardo Grosso, que, al pie del estrado, le reclamaban a los gritos que interrumpiera el debate del presupuesto e intercediera para frenar la represión policial. Una multitud rodeaba el Congreso desde temprano. Los manifestantes rechazaban el ajuste de casi 500.000 millones de pesos, con fuertes recortes en Salud y Educación, que impulsaba el Gobierno para cumplir con la meta de “déficit cero”, acordada con el FMI.

El presidente de la cámara le preguntó (casi le imploró) al radical Luis Pastori, en uso de la palabra antes de que empezara el griterío, si le concedía una interrupción a Agustín Rossi, jefe de la bancada kirchnerista. Era un intento por contener el desorden, que ya se había propagado por toda el ala derecha del recinto. Pastori se negó y dio rienda suelta a una sucesión de insultos y forcejeos, que casi termina en trompadas limpias. Desde los palcos de prensa, ese 24 de octubre de 2018 el recinto parecía un hormiguero. Después de varios minutos de descontrol, las peleas convergieron en un remolino de empujones en el sector del interbloque de Cambiemos. “Reconsidero y le concedo la interrupción a Rossi”, intentó corregirse Pastori, en medio del caos. Era tarde.

La violencia había empezado en la calle. Los kirchneristas Cuervo Larroque y Adrián Grana, que habían salido para tratar de frenar el avance de la policía, terminaron en la enfermería de la cámara. Al Cuervo le tiraron gas pimienta en la cara después de que saltó un vallado para ir hacia donde un grupo de manifestantes tiraba piedras a la policía. Otra coincidencia con el debate de la reforma previsional, de diciembre de 2017: vía Twitter, Lilita Carrió salió en defensa de la actuación de las fuerzas de seguridad: “No hubo represión. Sí hubo destrucción de los bienes públicos por parte de los manifestantes. Un fiscal debe actuar en forma inmediata por la destrucción”.

Cuando las imágenes de las calles llegaron al recinto, el jefe del bloque del Pro, Nicolás Massot, intentó calmar a Grosso. “¡No tengo ganas de hablar con vos! Están reprimiendo a mis compañeros”, lo rechazó el dirigente del Movimiento Evita. A la discusión enseguida se sumó el kirchnerista Leopoldo Moreau. “¡A vos te gusta la represión, Massot!”, le gritó, haciendo énfasis en el apellido. Vicente Massot, tío de Nicolás, fue dueño y director de La Nueva Provincia, un diario de Bahía Blanca que apoyó a la última dictadura militar. El diputado del Pro perdió los estribos. “¡Vamos afuera!”, lo invitó a pelear a Moreau, de 71 años. Todos los diputados que estaban cerca se sumaron a la trifulca. Desencajado, el kirchnerista Daniel Filmus salió en defensa de su compañero y se fue encima de Massot. El diputado del Pro se plantó, apretó los puños y dio un paso al frente. Lo tuvieron que agarrar entre dos. El fornido Waldo Wolff, a quien en broma en su bloque le decían que era del servicio secreto israelí, se le paró delante. Pablo Tonelli, atildado como pocos, lo tomó desde atrás.

Los intentos de Monzó por recomponer el orden ya no causaban ningún efecto. Él también estaba rodeado. Dos dirigentes de La Cámpora, José Ruiz Aragón y Laura Alonso (homónima de la titular de la Oficina Anticorrupción), se le pararon uno de cada lado. Mientras el diputado les reprochaba a los gritos la represión policial, la diputada le mostraba fotos con su celular de la violencia en las calles. “¡Tomen asiento!”, se los sacó de encima el presidente de la cámara.

La tensión había estado presente desde el primer minuto de la sesión. Después del discurso de apertura del macrista Luciano Laspina, Victoria Donda y las kirchneristas Luana Volnovich y Mendoza colocaron banderas de Estados Unidos y una imagen tamaño real de Christine Lagarde, directora del FMI, sobre la mesa de los taquígrafos. “Diputadas, por favor. Ya fueron retratadas”, las retó Monzó, con tono de maestro de escuela.

Después de la pelea entre Massot y Filmus, el presidente de la cámara ordenó un cuarto intermedio. Solo entonces el recinto recuperó algo de calma. Cara a cara con los jefes de bloque, Monzó se comprometió detrás del estrado a invitar al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo, para que diera explicaciones sobre el operativo policial. El funcionario llegó media hora después para una cumbre con los presidentes de las bancadas. “¿Ya frenaron la represión?”, lo recibió con los tapones de punta Grosso, que había infiltrado en la reunión a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “¡Pará, Leo!”, intentó calmarlo Felipe Solá. Ocampo prometió entregar una lista de heridos y detenidos. Las aguas por fin se aquietaron. El oficialismo logró reanudar el debate dos horas después de iniciados los incidentes. El proyecto se aprobó con 138 votos a favor y 103 en contra.

31 DE OCTUBRE DE 2012: “NARCOSOCIALISMO”

Cuando tomó la palabra el Cuervo Larroque, los militantes que ocupaban las galerías de la Cámara de Diputados, en su mayoría de La Cámpora, lo celebraron con una ovación. El proyecto del oficialismo para habilitar el voto de los jóvenes de entre 16 y 18 años tenía mayoría asegurada. La sesión del 31 de octubre de 2012 no deparaba mayores sorpresas. Pero el Cuervo estaba lleno de bronca. Se había molestado por las denuncias de parte de la prensa sobre un eventual “clientelismo juvenil” de parte de la Casa Rosada y por las acusaciones de la oposición sobre las presuntas razones “electoralistas” de la iniciativa.

“Señor presidente, queríamos hablar de la ampliación de derechos, pero hemos escuchado tantas barbaridades que es imposible no seleccionar algunas”, dijo, como anticipo de lo que pasaría minutos después.

Uno de los diputados que había señalado diferencias con el proyecto del oficialismo era Juan Carlos Zabalza, del Partido Socialista, por Santa Fe. “Resulta imprescindible que la sociedad se preocupe por el espacio de los jóvenes, para canalizar correctamente esa energía juvenil en construcción, palabra a la que le damos un profundo significado. No queremos jóvenes muertos ni por los tiros ni por la droga ni por la marginalidad; queremos jóvenes vivos que den lo mejor de sus ideas y de su acción, con el fin de construir un país para todos”, había dicho Zabalza, de 72 años. Al escucharlo, Larroque recordó que dos semanas antes había renunciado, por supuesta complicidad con bandas de narcotraficantes, Hugo Tognoli, jefe de la policía de Santa Fe, gobernada entonces por el socialista Antonio Bonfatti. El Cuervo reformuló su discurso a último momento y decidió ir al choque, contra todos.

—Veo mucha subestimación a los jóvenes por parte de los señores diputados de la oposición. Me pregunto si hablan con algún joven, si hablan con alguien, si van a algún barrio o solamente van a los estudios de TN, porque evidentemente están viendo otra realidad. A mí también, como decían algunos señores diputados del Pro, me preocupa el desinterés por la política, pero no el de los jóvenes, sino el del jefe de Gobierno de la ciudad, al cual no le interesa la política ni la gente y desprecia al pueblo de la ciudad de Buenos Aires —dijo sobre Mauricio Macri.

Laura Alonso, entonces diputada del Pro, le gritó desde su banca. La militancia respondió con una silbatina.

—Sea respetuosa, señora diputada. Pida la palabra y se la voy a dar —la reprendió el presidente de la cámara, Julián Domínguez.

Larroque y la dirigente macrista volverían a enfrentarse tres meses después, durante el debate en comisión del memorándum entre la Argentina e Irán, sobre el atentado contra la AMIA. “¡Callate, atorranta!”, le gritó ese día el diputado, sentado a un metro de distancia, cuando ella interrumpió, también a los gritos, al jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi. El insulto sacó de quicio a Alonso, que saltó de su silla. “¡Parate, cobarde! ¡Parate, cagón! ¡Decímelo de vuelta!”, lo desafió, mirándolo a los ojos. El Cuervo no le devolvió la mirada y se mantuvo en silencio. Victoria Donda, de Libres del Sur, salió en defensa de la diputada del Pro. “¿Cómo puede ser que diga ‘callate, atorranta’?”, preguntó, dirigiéndose al resto de los presentes. Larroque nunca se disculpó.

Después del reto de Domínguez a Alonso, el Cuervo retomó su discurso y arremetió contra Zabalza, sin nombrarlo.

—Escuchamos a un diputado socialista decir que no quiere más jóvenes muertos. Bueno, hasta hace unos días tenían a cargo de la policía al jefe de una banda de narcotraficantes —dijo, y levantó a la hinchada de las galerías.

Faltaba un golpe más. Con el dedo índice en alto, el Cuervo lanzó la ofensiva final:

—He leído sobre socialismo utópico. He leído sobre socialismo científico. He leído sobre el socialismo real. ¡Pero nunca escuché en la historia ni en ninguna parte del mundo hablar de narcosocialismo! ¡Es una pena!

La frase detonó una bomba. De las galerías llovieron aplausos. Los opositores se pararon al lado de sus bancas e interrumpieron a Larroque a los gritos. Zabalza, Alicia Ciciliani y Roy Cortina, los tres socialistas, agitaron los brazos, enfurecidos. Enrique Thomas, del PJ disidente, dio la orden a sus diputados para abandonar la sesión. Enseguida lo siguió Graciela Camaño. Después, Gustavo Ferrari, de la bancada de Francisco de Narváez. Los radicales también empezaron a irse. Domínguez intentó restablecer el orden:

—Diputado, sea respetuoso y va a tener el uso de la palabra —le dijo a Zabalza, que estaba fuera de sí.

Con una sonrisa, como si disfrutara del lío que se había armado, el Cuervo aprovechó que su micrófono seguía encendido. Levantó la voz para hacerse oír sobre el griterío generalizado y echó más leña al fuego:

—Tengo aquí la tapa de Clarín del 2 de septiembre, donde dice: “Voto a los 16, un mercado de 2 millones de electores”. Así ven las corporaciones a nuestro pueblo: como un mercado. Nosotros los vemos como seres humanos porque son pasibles de derechos. ¡Ellos son esclavos de las corporaciones! —cerró, a los gritos, señalando con el índice derecho a los opositores.

Mientras Larroque hablaba, la mitad izquierda del recinto iba quedando vacía. Los pocos que permanecían en ese sector gritaban desaforados en dirección al Cuervo y a Domínguez, a quien responsabilizaban de haber permitido silbatinas y abucheos de los militantes kirchneristas. Antes de dejar el salón, Zabalza bajó a los saltos la escalinata que conduce hacia el estrado. Llevaba una carpeta, con la que golpeó con fuerza el escritorio del presidente. Exigía que le diera la palabra para plantear una cuestión de privilegio contra Larroque. La presentó en la sesión siguiente, dos semanas después.

La ira de la oposición se trasladó al Salón de los Pasos Perdidos. “Más que enojado, estoy indignado. El socialismo no merece semejante agravio gratuito. Hemos tenido transparencia en el manejo de la cosa pública y hemos hecho de la ética una parte esencial de la política. Me sentí golpeado injustamente”, dijo Zabalza, frente a la prensa acreditada. Los referentes del resto de las bancadas opositoras se turnaron para condenar lo que acababa de pasar. “No se puede tolerar semejante agresión. Son unos sinvergüenzas”, se quejó Margarita Stolbizer. “Que le digan narco al gobierno de Santa Fe cuando tienen a todas las policías provinciales en connivencia con el delito es inaceptable”, sostuvo Donda. El radical Ricardo Gil Lavedra estaba enfurecido. “Todos nos vamos en repudio por lo que dijo este cachivache, por los insultos a todas las bancadas opositoras. Es un muchacho que de derechos humanos debe conocer lo mismo que un orangután”, dijo. A su lado, Federico Pinedo también cargó las tintas contra el Cuervo: “Fue un discurso de un chiquito autoritario y mamarracho”.

Larroque se quedó en su banca. En las galerías, los militantes estaban de fiesta. “¡Vengo bancando este proyecto!”, cantaron, y dedicaron el momento a Néstor Kirchner. Con unos pocos opositores en el recinto, el proyecto se aprobó con 131 votos a favor y 2 en contra.

21 DE OCTUBRE DE 2014: CAMAÑO VS. CONTI

Dos de las mujeres más fuertes de la Cámara de Diputados, Graciela Camaño y Diana Conti, nunca se llevaron bien, pese a haber sido compañeras en el bloque kirchnerista entre 2005 y 2009. La tensión entre ellas estalló el 21 de octubre de 2014, después de años de una relación sostenida por la corrección política. Fue durante el tratamiento de un proyecto de reforma del régimen de hidrocarburos, en un plenario de comisiones, presidido por Conti. Como testigos privilegiados estaban el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el ministro de Planificación Federal, De Vido; el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga.

En una sala repleta, Camaño puso contra las cuerdas a los funcionarios, interesada en conocer los detalles del acuerdo secreto firmado entre YPF y Chevron para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, la joya de combustibles no convencionales, descubierta en Neuquén.

—Presidenta, si quiere le doy la larga lista de los operadores del petróleo que se benefician con esta ley. Los que se llevan la plata siguen siendo los mismos —dijo, dirigiéndose a Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

—Diputada Camaño, ¿puede atenerse a un formato de trabajo? —se irritó Conti, que pretendía que, en esa etapa de la reunión, los opositores no hicieran discursos, sino preguntas a los funcionarios sobre el proyecto en tratamiento.

—¡No me interrumpa, presidenta! No tiene derecho a interrumpirme de esta manera. Usted preside la comisión para ordenar el debate, no para interponerse en el discurso de los señores diputados.

—Mirá, Graciela, lamentablemente siempre terminás en lo mismo. Ahora ya no usás el cachetazo —le dijo Conti, en referencia al sopapo que Camaño le había dado a Carlos Kunkel, en noviembre de 2010—. ¡Terminá, dale! —la apuró, y siguió vociferando, fuera de micrófono.

—Muy educadita la señora presidenta —lanzó un contraataque Camaño—. Fundamentalmente después de que le tiró la ropa del marido de ella a la calle.

—¡Vos porque no te animás a hacer lo mismo con el tuyo! —respondió Conti. Los funcionarios y los diputados no pudieron contener la risa.

—¡No tengo ganas! —replicó Camaño, antes de retomar su discurso.

La discusión, que varios portales calificaron como una “guerra de damas”, continuó al día siguiente, durante el debate en el recinto. Lilita Carrió, que no había participado de la reunión de comisión, salió en defensa de Camaño y, sin nombrarla, planteó una cuestión de privilegio contra Conti.

—Nunca contesté a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero fue destratada la señora diputada Camaño, con cuestiones personales degradantes para una presidenta de comisión, y fueron interrumpidos señores diputados nacionales del radicalismo, con un desprecio absoluto. Creo que esto hace muy mal al Parlamento nacional porque quienes nos observan nos ven a todos, y la verdad es que damos vergüenza. Tengo cariño por esa presidenta de comisión y la conozco hace demasiados años, pero basta —dijo Carrió.

Conti no se quedó callada:

—Escúcheme, diputada Carrió, porque como usted sale tanto de las reuniones, a lo mejor se perdió una parte, y cuando tengo razón, me defiendo. Luego de hablar largamente, le pedí a la diputada Camaño que formulara preguntas porque estaba prácticamente dando un discurso y rompiendo el esquema de trabajo. Fue esa diputada la que con bajeza apeló a cuestiones de mi vida personal.

Varios diputados intentaron interrumpirla. Conti se enojó más.

—Y ustedes, machos, ¿por qué no salen a defender cuando alguien hace las cosas mal? Yo le pedí a la diputada pertinencia, que es lo contrario a la impertinencia, y pertinencia es abocarse a la agenda y a la tarea. Me dirigí a ella en esos términos; en mi llamado al orden no hubo una sola mala palabra ni un solo golpe bajo. Ella, como ahora no cachetea, da golpes bajos y dijo que yo era la que le tiraba la ropa a mi marido afuera de la casa. Además de estar mal informada, usar un golpe bajo para descentrar a una legisladora que está abocada a su tarea no solo es de mala persona, sino también de mala compañera, e indigno para el cuerpo entero, y en eso debería centrar usted su cuestión de privilegio, diputada Carrió. Lo que pasa es que como son parecidas en las chicanas, o vienen acá a rompernos esquemas, o como antes llamabas a las puertas de los cuarteles, ahora vas y hacés denuncias penales ante los jueces. Eso también afecta los fueros de esta cámara y así lo dejo planteado.

No sería el último choque con Conti como protagonista. Un año y medio después, el 23 de junio de 2016, discutió a los gritos con Fernando Sánchez, mano derecha de Carrió en la CC. Se debatía la autorización del allanamiento a una propiedad de De Vido, solicitado por el juez federal Luis Rodríguez, en una causa por enriquecimiento ilícito. El kirchnerismo atravesaba su peor momento. Una semana antes habían descubierto al exsecretario de Obras Públicas José López cuando intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

Pese a ser adversarios políticos durante años, Conti y Sánchez siempre se habían llevado bien. En esa sesión, que tenía como trasfondo las denuncias de CC sobre casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, hicieron un paréntesis en su buena relación y se dijeron de todo.

—Si se aprobara este proyecto de resolución, más allá de convertirse en un acto de onanismo público, que me parece una bajeza institucional para este recinto, sería como poner nuestras partes pudendas en exhibición para degradarnos institucionalmente frente a los otros poderes del Estado, respecto de los cuales tenemos una paridad y el orgullo de pertenecer —argumentó Conti, en el inicio de la sesión.

—Señor presidente, nosotros aquí no estamos haciendo un acto de especulación política, como dijo, en otros términos, la señora diputada Conti. Nosotros estamos llevando adelante un acto de responsabilidad institucional excepcional —respondió Sánchez.

—¡Seguí haciendo actos de onanismo público, Sánchez! ¡Cómo cambiaste! —replicó Conti, fuera de micrófono.

—A pesar de que la señora diputada Conti está gritando, vamos a discutir la procedencia de este proyecto, y lo vamos a fundar —la siguió Sánchez—. La Constitución no defiende a ningún investigado por corrupción. La Constitución no defiende a delincuentes, les da derecho de defensa.

—¡No ofendas a un diputado! —gritó Conti, muy enojada.

Como Sánchez la había nombrado, el presidente de la cámara, Emilio Monzó, le concedió a la diputada un derecho a réplica. Apenas Conti empezó a hablar, quedó claro que la tensión se había disparado.

—Señor presidente, el señor diputado Sánchez tiene larga trayectoria amparándose bajo la pollera de otra diputada para hacer su carrera política. Con el diputado Sánchez tuve un vínculo de afecto. Pero últimamente estoy sorprendida porque el mencionado diputado, ahora con poder, saca lo peor de su cinismo, saca el “gorilaje” de sus venas. Saca la antipolítica como bandera y pretende darnos clases hipócritas de no sé qué.

—¡El Código Penal saco, Conti! —respondió Sánchez.

La temperatura en el recinto siguió subiendo. La mayoría de los diputados hablaba fuera de micrófono, para sumarse a la pelea.

—Es público que el señor diputado De Vido concurre a cada llamado de la Justicia —continuó Conti, elevando el tono de voz—. No bien se le solicita información, se hace presente. Públicamente hemos visto sus idas y venidas de Comodoro Py. Debido a que se publican durante toda la semana, pudimos observar sus procesamientos, pero el macrismo, gobernante desde el 11 de diciembre, nunca en forma tan rápida fue objeto de algún proceso judicial por tener plata en el exterior, por eludir y evadir.

La diputada elevó todavía más el tono, para imponerse sobre el griterío que había copado el recinto, y siguió:

—Tienen funcionarios que poseen incompatibilidades con la función pública. ¡El ministro de Energía no firma, sino que hace firmar a otro! Esto lo hace porque sus intereses están en Shell. ¡Ustedes están pagando la campaña sucia con guita de las corporaciones y devolviéndoles favores!

Monzó intentó poner orden. “Diputados, por favor”, imploró. Fue inútil. Conti se reservaba un cierre explosivo. Con la cara colorada y agitando su brazo izquierdo arremetió:

—Te digo una cosa, Sánchez, que la vuelta de la vida gira, ¡y te vas a tener que meter la lengua donde ahora no tenés pelotas para metértela!

El diputado de la CC no respondió. El proyecto se aprobó con 137 votos a favor, 49 en contra y una única abstención, la de De Vido. El exministro sería desaforado y expulsado de la cámara el 25 de octubre de 2017. Minutos después de la sesión por el allanamiento, Conti y Sánchez se encontraron en un pasillo, enseguida se reconciliaron y se rieron del episodio que acababan de protagonizar. “Ojo, que no nos saquen una foto juntos”, se dijeron, cómplices, en la intimidad de un ascensor.

Capítulo 9

Bienvenidos a la guerra

EL DEBATE SOBRE LA REFORMA PREVISIONAL DE 2017

Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, llegó al estrado unos segundos antes que Lilita Carrió, para una cumbre improvisada con el presidente de la cámara, Emilio Monzó.

—¡No podemos seguir así, Emilio! Los peronistas se sientan y se levantan, se sientan y se levantan. No tenemos los votos —le dijo, agachado, a la altura del oído derecho del presidente, que observaba desde su sillón el caos en que se había convertido el recinto.

—En la Rosada quieren que salga hoy, sí o sí —respondió Monzó, después de un largo suspiro.

—Déjenmelo a mí —propuso Carrió, parada a la izquierda del presidente.

La sesión del 14 de diciembre de 2017, convocada para tratar la reforma de la fórmula de actualización de las jubilaciones, llevaba solo media hora. Pero parecía que había transcurrido un día entero. En la calle la policía reprimía a los manifestantes que habían desafiado el operativo de seguridad, montado la noche anterior para aislar el Congreso. En el consultorio médico del Palacio atendían a dos diputados, afectados por los gases lacrimógenos. En el recinto el kirchnerismo y la izquierda patoteaban a Monzó para que levantara la sesión. Estaba en discusión hasta la legitimidad del quórum con el que se había abierto el debate, a las 14:35. Al pie del estrado, hubo insultos, tironeos y, en respuesta, una trompada del presidente, que no llegó a destino.

Carrió pidió la palabra a las 15:06, después de la cumbre con Monzó y Negri. Los diputados del kirchnerismo no la querían ni escuchar. “¡No hay quórum! ¡No hay quórum!”, bramaban, parados al lado de sus bancas.

—Voy a hablar en minoría en nombre del interbloque Cambiemos. Lo peor que puede hacer la Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia, que no ha sido generado por el interbloque Cambiemos. —Carrió hizo una pausa, obligada por los gritos que llegaban desde el ala derecha del recinto—. La violencia se opone a la Constitución y a la paz. Y como nosotros rechazamos la violencia, pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa.

—Señores diputados, queda levantada la sesión —remató Monzó, a las 15:10.

El anuncio hizo estallar de alegría a la mitad del recinto. “¡Jubilados! ¡Jubilados!”, gritaron, mientras, en el extremo izquierdo, los oficialistas se iban con la cabeza gacha. Los festejos regalaron una postal novedosa. En la parte alta, el trotskista Nicolás del Caño celebraba con Felipe Solá, entonces en las filas del massismo. Agustín Rossi, jefe del bloque kirchnerista, se abrazaba con José de Mendiguren, otro integrante del Frente Renovador, y el exministro de Economía Axel Kicillof intercambiaba sonrisas con Facundo Moyano, también de la bancada massista. Derrotados por Cambiemos en las elecciones legislativas del 22 de octubre de 2017, menos de dos meses antes, esos sectores de la oposición sentían que habían logrado torcerle el brazo al gobierno. Fue solo una batalla de una guerra descarnada, que duró un mes y que marcó un quiebre en la gestión del oficialismo.

El Senado había dado media sanción al proyecto el 29 de noviembre, dos semanas antes de esa sesión caótica en Diputados y solo once días después de que el Poder Ejecutivo envió la reforma al Congreso, el 18 de noviembre. Fue un debate sin sobresaltos, en el que buena parte de los senadores del peronismo refrendó con su voto el acuerdo que los gobernadores de sus provincias habían firmado con Macri: la iniciativa obtuvo 43 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones. Fortalecido por el triunfo electoral que había obtenido en octubre de ese año en la mayoría de los distritos del país, el presidente logró el respaldo de 23 mandatarios, todos menos Alberto Rodríguez Saá, de San Luis.

El denominado “consenso fiscal” contemplaba que las provincias redujeran impuestos y ajustaran gastos. A cambio, el gobierno nacional aumentaría fondos de coparticipación y financiaría los déficits de los sistemas jubilatorios provinciales no transferidos a la nación. En el capítulo primero del acuerdo los gobernadores y el presidente se comprometieron a “promover el tratamiento” de una reforma previsional que modificara el cálculo de actualización periódica de jubilaciones, pensiones y programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

De acuerdo con el proyecto del gobierno, en línea con una recomendación del FMI, las prestaciones ya no aumentarían según la fórmula fijada por ley en 2008, que combinaba el índice de incrementos salariales y la recaudación, sino por otra, que tenía como variables a la inflación y el crecimiento del PBI. Este último componente se reemplazó durante el debate en comisión por el índice de aumentos de sueldos en blanco, que en los años anteriores había superado a la inflación. Fue un pedido del Bloque Justicialista, el más cercano a los gobernadores del PJ. En 2018, el primer año de aplicación de la reforma, el poder adquisitivo de las jubilaciones cayó un 12,9 por ciento, equivalente al haber de un mes, un desplome incluso mayor que el pronosticado por los que votaron en contra de la ley.

En el cierre de un debate sin sorpresas, Miguel Ángel Pichetto justificó el voto afirmativo del Bloque Justicialista y atacó a sus pares del kirchnerismo, que advertían de un “saqueo” a los jubilados. Les recordó, sin nombrarla, que Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, también había firmado el consenso fiscal.

—Que nadie se haga el distraído acá. Todos sabían lo que firmaban, porque dentro del acuerdo estaba consignada la cláusula previsional. Como nosotros tenemos un marco de responsabilidad con nuestras provincias y con nuestros gobernadores, nos toca la ingrata tarea de tener que votar esta ley, porque acompañamos a los gobernadores y porque creemos que los acuerdos y los pactos, cuando se firman, hay que cumplirlos.

Aferrado a los apoyabrazos, el senador apretaba los labios al final de cada frase, como conteniendo la bronca. Sentía que estaba haciendo más por la aprobación de la ley que los propios funcionarios de Macri. Y continuó:

—El gobierno tiene que explicar, que el jefe de Gabinete explique, que el señor Basavilbaso [Emilio, director de la Anses] explique, que el ministro de Economía explique los temas que llevan adelante, que no traten de ningunear los temas porque, si no, la sociedad no sabe lo que pasa. Y lo más fácil es venir a gritarles a los senadores que son entregadores, que están en contra de los jubilados. Esto es lo que pasa siempre. El hilo se corta por lo más fino. Estamos votando este proyecto porque es un proyecto del Poder Ejecutivo y porque nuestros gobernadores lo avalaron con su firma. ¿Está claro?

Cuando el debate llegó a Diputados, la discusión empezaba a instalarse con fuerza en la opinión pública. El oficialismo hizo su aporte. En simultáneo con las críticas de la oposición, Carrió reclamó correcciones a la reforma y generó fuertes tensiones internas. Una frase de Pablo Tonelli, diputado del Pro, contribuyó a la viralización en portales y redes sociales: “Los jubilados van a perder plata, no poder adquisitivo”, dijo, un día antes de que se abriera el debate en comisión.

La reunión conjunta de las comisiones de Previsión y de Presupuesto, convocada para el martes 12 de diciembre, parecía predestinada al escándalo. El ingreso en la sala 1 del anexo C, sobre la calle Bartolomé Mitre, fue tumultuoso. En los pasillos de acceso, referentes de centros de jubilados del conurbano se toparon con Tonelli, que, entre insultos, fue rescatado por los agentes de seguridad. Ese mismo día, cuando el diputado se iba del Congreso, un grupo de manifestantes le golpeó el capó y el techo del auto. Dispuestos a calentar el clima, también llegaron hasta la sala de reuniones dirigentes de sindicatos de la Central de Trabajadores de la Argentina de Hugo Yasky, diputado del kirchnerismo, y de la Corriente Federal, de Sergio Palazzo, también afín a Cristina Kirchner. El presidente de la Comisión de Previsión, el macrista Eduardo Amadeo, se negó a que expusieran en la reunión, que tenía como invitado principal al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Amontonados en el fondo de la sala, los dirigentes de centros de jubilados se las arreglaron para hacerse notar: desde el primer minuto insultaron al funcionario a los gritos.

“Lo que quieren hacer es impedir que hablemos. No lo van a lograr. Pueden gritar todo lo que quieran. Nosotros seguiremos el camino de la democracia”, intervino Amadeo.

El diputado no dudó en seguir adelante. Había sido seleccionado por su larga experiencia para una misión que de antemano se presentaba compleja. El objetivo irrenunciable del oficialismo era sacar dictamen ese mismo día. La ley debía salir cuanto antes.

Triaca levantó el tono de voz y siguió exponiendo, pero en el otro extremo de la sala, la situación se descontroló. Sindicalistas con pecheras de la Anses se fueron encima de los agentes de seguridad, que cerraban el paso hacia el sector reservado para diputados y funcionarios. Primero hubo forcejeos. Después insultos y empujones. Se armó un torbellino de personas que crecía a cada segundo. Volaron piñas. Rossi se acercó al trote para separar. Pero quedó del otro lado de una mesa larga, de un metro de ancho. “¡Paren!”, gritó, sin éxito. Entonces se subió a la mesa y desde ahí se zambulló en el corazón de la pelea, como un luchador de catch. “¡Paren! ¡Paren!”, los separó a los empujones. Recién entonces Triaca hizo una pausa.

La reunión se reanudó enseguida y, cinco horas más tarde, el oficialismo logró un dictamen de mayoría que dejó al proyecto listo para tratarse en el recinto. Si todos los integrantes de los bloques que habían firmado el dictamen daban su apoyo en la sesión, la victoria estaba garantizada. La oposición también se fue satisfecha. “Por lo menos ya nos aseguramos de que esto no pase sin pena ni gloria como en el Senado”, les dijo Rossi a sus colaboradores, mientras repasaban en su despacho los portales de los principales diarios. Todos lo mostraban saltando desde arriba de la mesa. Esa noche se conoció que la sesión, convocada en un principio para el martes 19 de diciembre, se había adelantado, por orden de la Casa Rosada, para el jueves 14, dos días después de firmado el dictamen. El apuro del gobierno era un intento desesperado por evitar el estallido. Pero la mecha ya estaba encendida.

El día anterior a la sesión las organizaciones del denominado “triunvirato piquetero”, Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la Corriente Clasista y Combativa, convocaron a una movilización que iba a terminar al atardecer en el Congreso. Cuando los manifestantes se acercaban al Palacio por avenida de Mayo se encontraron con una barrera doble de agentes de la Gendarmería y de la Policía Federal que les impidieron el paso, auxiliados por vallas, perros y carros hidrantes. Un grupo de diputados salió del Congreso para exigir que se permitiera la continuidad de la movilización. Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Victoria Donda (Libres del Sur) intentaron pasar del otro lado del vallado, pero la Gendarmería los frenó a la fuerza. Entre forcejeos, a la diputada le pegaron patadas en las piernas. A Grosso le tiraron encima un perro, que lo mordió a la altura de las costillas. Los dos terminaron en el consultorio médico de la cámara. Mientras le curaban la herida, el diputado recibió dos llamadas. Una de su madre, a la que le había llegado una versión distorsionada: “Le pegaron un tiro a Leo”. La otra llamada fue de Cristina Kirchner, con la que no hablaba desde hacía años. “Tienen que contar todo lo que pasó”, le sugirió la flamante senadora.

La batalla del día siguiente sería todavía más feroz. El operativo de seguridad, a cargo del gobierno nacional, blindó el Congreso, con casi mil efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería, la misma cantidad que se usa para custodiar un Boca-River. A último momento la CGT anunció su adhesión a la movilización y un paro general. Los incidentes empezaron minutos antes de las 14, la hora pautada para el inicio de la sesión. Primero sobre la avenida Entre Ríos, donde estaba el vallado que separaba el Palacio de los manifestantes. Ante los primeros piedrazos, un grupo de policías y gendarmes avanzaron sobre la Plaza del Congreso. Tiraron gases lacrimógenos y balas de goma. En la puerta de ingreso a la cámara, sobre la avenida Rivadavia, los estampidos se mezclaban con el sonido de la chicharra que llamaba a los diputados a ocupar sus bancas. Los legisladores del kirchnerismo que estaban entrando se fueron contra las vallas de Entre Ríos para intentar frenar la represión. Quedaron en medio del avance de agentes de infantería que iban por Rivadavia desde Combate de los Pozos. Hubo forcejeos y empujones.

En el interior del edificio también se había montado un operativo riguroso. Parados codo a codo, delante del ingreso al Salón de los Pasos Perdidos, el personal de seguridad exigía identificación a los diputados. Algunos no tenían, porque acababan de asumir. Terminaron entrando a la fuerza, en medio de tironeos con los guardias. “¡Te voy a cagar a trompadas!”, encaró un desconocido Daniel Filmus a un agente que le impedía el paso.

Mientras esperaba en el recinto a que se reuniera el quórum, Monzó recibió los primeros reclamos. Diputados del kirchnerismo denunciaron que no estaban dejando ingresar a sus compañeros. El presidente de la cámara decidió salir a la calle. Apenas apareció por la puerta principal, los kirchneristas se le fueron encima. “¡Esto es una locura, Emilio!”, le gritó Máximo Kirchner, que asomó la cabeza en un torbellino de brazos en alto. Cuando la situación estaba a punto de desbordarse, los agentes rodearon al presidente de la cámara y se lo llevaron a la rastra hacia el interior del edificio.

En ese momento, un grupo de diputados cruzó delante del Palacio y fue por Entre Ríos hacia la esquina de Hipólito Yrigoyen, donde la represión recrudecía. Estaban los integrantes de La Cámpora Mayra Mendoza, Matías Rodríguez, Horacio Pietragalla, María Cristina Brítez y Luana Volnovich, y los del Movimiento Evita, Lucila De Ponti y Grosso. Los agentes apostados en ese lugar abrieron un paso en el vallado para que las motos policiales avanzaran sobre los manifestantes que estaban en la plaza. “¡No tiren!”, gritó Pietragalla, uno de los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, alzando la credencial de cuero que les dan a los diputados. Colado entre las motos, pasó del otro lado del vallado, en dirección a una pareja de jubilados que, en la vereda de Yrigoyen, se cubrían la cara, afectados por los gases. Mayra Mendoza intentó ir detrás de él y cuando estaba cruzando las vallas, un efectivo de la Policía Federal le roció la cara con gas pimienta, a menos de veinte centímetros de distancia. En la foto que capturó el momento exacto del ataque se ve a la diputada rodeada de ocho agentes, exhibiendo su credencial, con las dos manos hacia adelante, como quien levanta un crucifijo para hacer retroceder al demonio.

“Me entró en la garganta. Sentía que se me caía la cara, no sabía qué me había pasado. Quedé ciega y escuchaba el zumbido de las balas de goma”, relató Mendoza unos minutos después, cuando se encontró con la dirigente trotskista Myriam Bregman en el bar La Farola, sobre la avenida Rivadavia, justo frente al Congreso.

Antes un vendedor de choripán la había rescatado del foco de los incidentes y le había puesto hielo en la cara. Bregman pidió un sachet de leche y lo fue volcando de a poco sobre la cara de Mendoza, para aplacar el ardor.

“Me quema mucho”, se quejaba la diputada, al borde del llanto, sentada, con el cuerpo volcado hacia adelante.

Mendoza estuvo a punto de hacerle un pedido a Bregman, pero cuando notó que estaban grabando la escena con un celular se mordió la lengua. “Si llegaba a decir ‘tírenme más leche en la cara’, todavía me iban a estar denigrando. Es el machismo con el que vivimos”, recordó, meses después.

De La Farola la trasladaron al consultorio médico de la cámara, en la planta baja del Palacio, donde le colocaron una mascarilla de oxígeno y le aplicaron una inyección con corticoides. En el lugar también estaba Darío Martínez, otro integrante del bloque kirchnerista afectado por los gases. En el consultorio nunca habían atendido tantos diputados en tan poco tiempo. Como Grosso, la diputada recibió entonces un llamado de Cristina Kirchner. “Hay que contar lo que está pasando”, repitió la expresidenta. Mientras esperaba que le hicieran efecto los medicamentos, Mendoza miraba la sesión por YouTube en su teléfono.

A las 14:30, media hora después del momento pautado para el inicio del debate, al oficialismo le faltaban diez diputados para el quórum. Rossi pidió que se levantara la sesión y advirtió que dos miembros de su bloque habían sido “reprimidos por el cerco policial”. Carrió defendió el comportamiento de la policía:

—Los diputados deben tener cuidado y no atropellar a las fuerzas del orden. Digo esto porque yo estaba mirando desde el balcón. —La última parte de la frase quedó tapada por los gritos de los opositores, amontonados en una de las puertas de ingreso al recinto.

—¡Lo primero que quiero decir es que tengan un poquito de respeto! —Donda llegó a su banca en muletas y arremetió contra Carrió—. ¿Querés venir a ver mi pierna? ¿Sabés por qué me hicieron esto? ¡Porque no quieren que defendamos a los jubilados y a los pobres! ¡Que se levante la sesión!

Mientras Donda hablaba, se iban ocupando algunas bancas. El gobierno redobló la presión, vía los gobernadores. Si los diputados no cumplían el acuerdo, la Casa Rosada no enviaría los fondos. Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, recibió una foto de la banca vacía de Rosa Muñoz. “Tu diputada no está sentada”, le advirtieron. Ella se resistió. Cuando faltaba un diputado para el quórum, Nicolás Massot, jefe del bloque del Pro y mano derecha de Monzó, salió disparado hacia el hemiciclo, el pasillo circular que rodea el recinto. Se encontró con unos diez diputados del Bloque Justicialista, el más cercano a los gobernadores, el que había permitido dos semanas antes la sanción del proyecto en el Senado. El oficialismo estaba perdiendo la batalla en la opinión pública y ninguno quería ser el 129, el responsable de la apertura de la sesión.

—Muchachos, esto beneficia a las provincias. Está todo acordado. ¿Qué les pasa? —se impacientó Massot.

Se dio por aludido Walberto Allende, diputado por San Juan, uno de esos legisladores que pasan inadvertidos la mayor parte de su mandato. Cuando lo vio encarar hacia el recinto, Massot volvió corriendo a su banca. Allende se sentó y, a las 14:35, Monzó anunció la apertura del debate, “con 129 señores diputados presentes”.

El oficialismo lo celebró con aplausos, pero antes de que terminara el festejo el tablero volvió a marcar 128. El quórum había durado solo cinco segundos. Aunque por reglamento basta con un segundo de quórum para iniciar una sesión, el sector más duro de la oposición denunció a los gritos que no se había reunido el número y varios diputados se fueron como una tromba hacia el estrado de la presidencia para intentar frenar el debate. Fue el principio del caos. El primero en llegar fue Pietragalla.

—¡Hay una diputada nacional en enfermería! ¡Tenemos una historia y ustedes también la tienen! —El diputado, de más de dos metros de altura, le gritaba a Monzó, pasando sus brazos por encima del estrado.

—Tengo quórum. La sesión no la puedo levantar —atinó a responder el presidente, mientras miraba el tablero electrónico, que seguía en 128.

Las imágenes de la transmisión oficial, con barridas casi completas del recinto, no permitían detectar que ningún diputado se hubiera levantado justo después de haber dado quórum. ¿Entonces? ¿Por qué no había 129? ¿Había habido trampa? El fantasma del “diputrucho” recorrió la cámara. Como ya se mencionó, así se bautizó al escándalo del 26 de marzo de 1992, cuando Juan Kenan, asesor del diputado peronista Julio Samid, se sentó unos segundos en una banca y habilitó el quórum para aprobar el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado. Los kirchneristas denunciaban que habían dado quórum de forma irregular tres diputados electos que ese día debían asumir en reemplazo de otros que habían dejado sus cargos. Advertían que para hacerlo primero debía empezar formalmente la sesión, sin contarlos para el quórum. El oficialismo juraba que ninguno de los tres había ingresado en el recinto. ¿Qué había pasado? Las dudas dominaban también a los miembros de Cambiemos.

A Pietragalla se sumó un grupo de cinco diputados de La Cámpora, encabezado por Máximo Kirchner. Todos le gritaban a Monzó a centímetros de distancia, desencajados. Lo hacían responsable por la represión policial. Casi trepado sobre el estrado, el correntino José Ruiz Aragón golpeaba la mesa con la palma de la mano. Rodrigo Rodríguez, conocido en la agrupación como “Rodra”, agitaba los brazos en dirección al presidente. El Cuervo Larroque se dio vuelta y les exigió a los gritos a los diputados del Bloque Justicialista que abandonaran el recinto. Con Máximo Kirchner encararon a Daniel Di Stéfano, del Frente por la Concordia Misionero, que había sido parte del kirchnerismo: “¿No te da vergüenza lo que estás haciendo?”. En simultáneo, Massot seguía presionando a los peronistas que estaban en el hemiciclo.

A las 14:37, dos minutos después de haber arrancado la sesión, el tablero marcó 130 presentes. Volvía a haber quórum: sobraba uno incluso. Pero en el recinto ya reinaba el descontrol y parecía imposible desterrarlo.

—Con la presencia de 130 señores diputados queda abierta la sesión —lo intentó Monzó.

Al pie del estrado el kirchnerista Carlos Castagneto le tironeó el cable del micrófono con la mano derecha, mientras con la izquierda le mostraba tres cartuchos de gases y balas de goma que había tirado afuera la policía.

—¡Nooo! ¡Nooo! —Monzó abrió los ojos todo lo que pudo, como quien reta a un chico, y volvió a colocar el micrófono en su lugar—. La sesión tiene quórum —insistió.

—¡Están reprimiendo a los viejos, Emilio! —le dijo Castagneto.

—¡Tomen asiento y tratémoslo como corresponde! ¡La sesión tiene quórum! ¡Los escucho! ¡Los escucho! —El presidente estaba cada vez más rodeado.

—¡Pelotudo! ¡Pelotudo! —En puntas de pie y mezclado entre sus compañeros, el kirchnerista Leopoldo Moreau insultaba sin parar a Monzó desde la izquierda del estrado.

—¿Qué decís? ¿Qué te pasa? —El presidente se paró de un salto y lo encaró, enfurecido.

—¡Tenés que defender a los diputados, pelotudo! —retrucó Moreau, con la cara enrojecida.

La seguidilla de puteadas hizo estallar de bronca a Monzó: dio un paso al frente y le tiró un manotazo al diputado kirchnerista, que no llegó a destino. La reacción del presidente enfureció a los kirchneristas que rodeaban a Moreau. Adrián Grana tiró al piso una botella de agua y un teléfono de línea que estaban sobre la mesa. Pietragalla arrancó el micrófono. A Monzó tuvieron que agarrarlo de atrás para que no se tirara de cabeza desde arriba del estrado. Florencia Romano, secretaria administrativa de la cámara, y Marta Luchetta, prosecretaria parlamentaria, lo hicieron retroceder. 

Mientras Máximo Kirchner calmaba a los propios, el kirchnerista José Luis Gioja se apalabraba a su coprovinciano Allende, el diputado 129, para que dejara el recinto. Unos minutos más tarde, Larroque se acercó a hablar con Carrió, sentada en la primera fila.

—Vos estabas en contra —le recordó.

—Sí, pero negocié bien. —Mientras registraba las escenas con su celular, la diputada le anticipó lo que diría al micrófono minutos más tarde: tenía el compromiso de la Casa Rosada para dar una compensación a los jubilados por fuera de la ley que se estaba debatiendo.

Las imágenes de los incidentes se multiplicaban en las pantallas de computadoras y celulares de los diputados. La policía extendió la represión a las calles aledañas al Congreso. Desde su banca, Amadeo llamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para tener información de primera mano. “Eduardo, tomen una decisión rápido porque esto se me va de las manos. Los tipos se les van a meter adentro. Hay mucha presión sobre la policía”, advirtió ella. El diputado corrió a avisarle a Monzó. El presidente acababa de recibir a Grosso, en la Galería de los Bastones, un salón ubicado justo detrás del estrado. “Van a matar a alguien afuera y la culpa la vas a tener vos”, lo corrió el dirigente del Movimiento Evita.

Pese al caos, Massot no se daba por vencido. “La democracia es sentarse ahí y discutir. Los gritos y el patoterismo no son democráticos”, dijo al micrófono, casi sin aire. Entonces entró en escena Graciela Camaño, jefa de bloque del Frente Renovador. Sosteniéndose en los apoyabrazos de su banca, para no sentarse en la butaca y dar quórum, sumó su reclamo para clausurar el debate: “No tienen el número. No sigan pasando vergüenza”. La presión fue demasiada. Negri y Carrió encararon hacia el estrado. Siete minutos más tarde se levantaba la sesión.

La represión policial siguió hasta el atardecer y terminó con veintiséis detenidos. “La presencia de grupos de manifestantes que arrojaban piedras fue tomada como excusa para atacar y disolver una manifestación de varias decenas de miles de personas”, concluyó meses más tarde el Centro de Estudios Legales y Sociales, en un informe titulado El derecho a la protesta, en riesgo.

Tras el fracaso del debate, en la Casa Rosada estalló una crisis. Enojado con los gobernadores peronistas que habían retaceado su apoyo, el presidente evaluó aprobar la reforma por decreto. Desde Jefatura de Gabinete convocaron a los referentes de la bancada oficialista para comunicarles la decisión. Carrió, que al salir del recinto había criticado la magnitud del operativo de seguridad montado por Bullrich, no fue a la Casa Rosada y al caer la noche bombardeó la jugada del gobierno con un tuit: “La Coalición Cívica juró respetar la Constitución Nacional y no la va a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”. A la espera de la reunión, Juan López, el diputado enviado por la CC a la Casa de Gobierno, leyó el tuit en el despacho de Fernando Sánchez, un dirigente de las filas de Carrió que se había integrado a la Jefatura de Gabinete. Los dos tragaron saliva.

Sin otro camino posible que el de una nueva sesión, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, convocó a los gobernadores del PJ, a una reunión en el Congreso, para el día siguiente. Para trazar con claridad la frontera entre los mandatarios que habían colaborado y los que no, en la Secretaría Parlamentaria de Diputados repasaron una y otra vez las fotos y los videos del momento en que se reunió el quórum. Comprobaron para su sorpresa que a las 14:35, cuando se consiguió el número por primera vez, había 128 diputados sentados. ¿Por qué el tablero había marcado 129? El misterio se develó después de horas de análisis del material: el diputado 129 había sido de La Cámpora. Mientras reclamaba el levantamiento de la sesión, Rodra Rodríguez se paró por un instante en la plataforma metálica instalada en una de las esquinas superiores del recinto, para albergar la silla de ruedas de su compañera de bloque Josefina González, en recuperación tras un grave accidente automovilístico. Con su peso, Rodríguez dio quórum.

El repaso de las imágenes le sirvió también al oficialismo para corroborar qué diputados del Bloque Justicialista habían contribuido al inicio de la sesión y cuáles no. La lista de los rebeldes la encabezaba el jefe de la bancada, el salteño Pablo Kosiner, cercano al gobernador Juan Manuel Urtubey, de excelente vínculo con la Casa Rosada. “Hay que seguir negociando. La ley no está lista para salir”, respondió el diputado cuando el mandatario le pidió explicaciones. Para destrabar el conflicto y asegurar el quórum de la nueva sesión, programada para el lunes de la semana siguiente, el gobierno nacional hizo una concesión: los jubilados con haberes de hasta 10.000 pesos recibirían por única vez un bono de hasta 750 pesos, en compensación parcial por lo que iban a perder en marzo del año siguiente como consecuencia del empalme entre la fórmula de actualización anterior y la nueva. El gasto adicional se calculó en 4000 millones de pesos, mientras que la reforma implicaba un recorte de más de 60.000 millones de pesos para 2018.

En paralelo al acuerdo con los gobernadores, Macri resolvió reformular el operativo de seguridad, que pasó a manos de la ciudad. El objetivo era que los incidentes no afectaran el desarrollo de la sesión, como había sucedido el jueves 14. Fabián Rivera, director de Seguridad de Diputados, se comprometió a gestionar un canal seguro de ingreso al Palacio para los legisladores que apoyaban el proyecto. También para los gobernadores, que serían convocados a presenciar el arranque de la sesión.

Con el Bloque Justicialista en el recinto, el oficialismo no demoró en reunir el quórum. La sesión se abrió a las 14:12, cuando en la plaza ya estallaba la violencia. Los gobernadores habían ingresado sin problemas en el Palacio, pese a que el vallado restringía el tránsito varias cuadras a la redonda. Entraron por el edificio de la Biblioteca del Congreso, sobre la calle Alsina, y después de recorrer un pasadizo secreto por el que los condujo Rivera, salieron del otro lado de la manzana, sobre Hipólito Yrigoyen, dentro de la zona vallada. Cruzaron la calle e ingresaron por el acceso del Senado, sin sobresaltos. Con una foto sellaron el respaldo al proyecto.

En ese mismo momento, un grupo de manifestantes que se había desprendido de las columnas de los partidos de izquierda sorteó las vallas y lanzó una lluvia de piedras contra los efectivos apostados en la esquina de Entre Ríos y Callao. Después de resistir el ataque, la Guardia de Infantería avanzó. Con la represión empezó una persecución indiscriminada de manifestantes y transeúntes por las calles de la zona. No se veían escenas de violencia semejantes desde diciembre de 2001.

La televisión repetía la imagen de Sebastián Romero, uno de los manifestantes que se había separado de la columna de los partidos de izquierda: en cuclillas disparó una bomba de estruendo contra la policía, con un mortero de elaboración artesanal. Más tarde se viralizó un video que mostró cómo el policía Dante Barisone atropelló adrede con su moto a un manifestante, ocasionándole lesiones graves. Hubo 162 heridos, la mitad policías, y 68 detenidos. De ellos, 56 fueron liberados antes de que se les tomara declaración, porque la policía no presentó pruebas de los delitos que se les atribuían, concluyó el juez federal Sergio Torres.

Al ritmo de lo que pasaba en la calle, el debate en el recinto estuvo cargado de agresiones y dramatismo. El primer choque lo protagonizaron Rossi y Carrió. Él se quejó por la denuncia penal que ella había presentado contra doce diputados del kirchnerismo por los incidentes de la sesión del jueves anterior. Carrió lo interrumpió fuera de micrófono y se levantó para irse. “Vos, andate tranquila nomás. Total, ¿para qué te queremos acá?”, le dedicó Rossi, mientras la diputada lo saludaba, sobradora, con el brazo en alto. “Te hubieras ido cuando eras funcionaria de la dictadura en el Chaco”, se calentó él. Carrió se la siguió por Twitter: “Habla Rossi, quien tuvo como jefe del Ejército a Milani [César], hoy preso por crímenes de lesa humanidad”.

La frontera entre el Palacio y la calle se volvía cada vez más difusa. “¡Presidente, la represión afuera no para!”, advirtió a los gritos Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita, pasadas las 17. El vuelo de los helicópteros se oía cada vez más cerca. Restos de gases lacrimógenos entraban por los balcones internos, y hacían toser a periodistas y asesores. Acorralado, Monzó sometió a votación una propuesta de Pietragalla para pasar a un cuarto intermedio. La oposición ganó 125 a 111. En Cambiemos se encendieron luces de alarma. Tras bambalinas, el presidente de la cámara reunió a los jefes de bloque y les dijo que pediría instrucciones al Poder Ejecutivo. No tuvo que hacer ninguna llamada. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue uno de los funcionarios que, tras un encuentro con gobernadores, se quedó para monitorear la sesión desde el despacho de la presidencia. La respuesta fue contundente: “Pase lo que pase, esto no se levanta de ninguna manera”.

Monzó reanudó el debate. Larroque, que había salido a la calle para interceder frente a la represión, se acercó agitado hasta el estrado: “¡No van a terminar bien las cosas si no se levanta ya esta sesión!”. También había fricciones al interior del kirchnerismo. El dirigente de La Cámpora le propuso a Rossi que abandonaran el recinto, que dejaran solos a los oficialistas. Pero el jefe de bloque se negó. En medio de la tensión, Carrió redobló la apuesta: “¿Qué significa que un grupo decida que no puede funcionar el gobierno? Eso se llama estado de hecho, que en términos jurídicos es un golpe de Estado”.

El proyecto se aprobó a las 7:06 del martes 19, tras 17 horas de sesión, con 127 votos a favor, 117 en contra y dos abstenciones. Los gobernadores de la oposición aportaron 20 votos. A esa hora se dispuso un cuarto intermedio hasta las 17, cuando los diputados volverían a reunirse para tratar otros proyectos del paquete económico acordado entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.

Amadeo volvió a su departamento, en Retiro, a las 7:30, molido de cansancio. Después de dormir unas horas, salió a la calle para regresar a su despacho. A la guerra le faltaba una batalla. Paró un taxi en la esquina de Santa Fe y Esmeralda. El chofer lo reconoció. “A vos no te llevo a ningún lado, hijo de puta”, le dijo, por la ventanilla. Tuvo que pedirse un auto del Congreso.

Capítulo 10

La gladiadora de los pasos perdidos

PERFIL DE ELISA LILITA CARRIÓ

“Pase por acá, por favor. Lilita la está esperando”. María del Carmen, asistente todoterreno de la dueña de casa, indicó el camino a la visitante, con la mano extendida. La noche del 9 de agosto de 2001, Lilita Carrió y Cristina Kirchner tuvieron un encuentro a solas. Fue el último. Transcurría el segundo año del gobierno de Fernando de la Rúa y las dos integraban la comisión “antilavado” de la Cámara de Diputados, un organismo creado en mayo de ese año para investigar denuncias que sacudían el sistema financiero local y enlodaban a funcionarios y exfuncionarios. La pesquisa, que se había iniciado con la llegada al país de ocho cajas con información enviadas por el Senado de los Estados Unidos, provocó un terremoto que colocó a Carrió, presidenta de la comisión, en el centro del universo político.

Lilita, que acababa de abandonar en malos términos el bloque de la Alianza, convocó a Cristina, entonces diputada del PJ, para convencerla de que respaldara con su firma el preinforme que iba a presentar al día siguiente, viernes 10 de agosto, en una conferencia de prensa, en el Salón de los Pasos Perdidos. Era el corolario de tres meses de trabajo, marcados por los escándalos, las operaciones cruzadas y las peleas internas. Carrió y Cristina tenían una relación de respeto, pero también de rivalidad y de profunda desconfianza. El diálogo fue tenso.

—Dame el fin de semana. No puedo firmar algo que no leí. Son mil quinientas páginas.

—El fin de semana se va a filtrar. Leelo esta noche y mañana lo presentamos juntas.

—Lo tengo que ver bien. Hay operaciones de todo tipo. ¡Cómo pretendés que lea mil quinientas páginas en una noche!

—¡No me tomes de boluda! El informe se presenta mañana, sí o sí. Si no lo vas a firmar, te pido que, por lo menos, no lo boicotees.

Cristina salió enfurecida del departamento de Carrió, en la esquina de Santa Fe y Paraná. Se sentía presionada, casi forzada, a elegir entre dos opciones que la incomodaban: acompañar una jugada de apuro, que tendría a Lilita como protagonista excluyente, o convertirse, ante los ojos de los que apoyaban el trabajo de la presidenta de la comisión, en cómplice de un sistema putrefacto. No era lo único que le molestaba. Se había sentido despreciada por la dueña de casa, por el modo y el lugar en que habían hablado. La “Gorda”, como Cristina llamaba a Carrió, la había atendido en su habitación, acostada en la cama y comiendo bombones.

***

Carrió sacudió los cimientos del Congreso desde su llegada, en diciembre de 1995. Fue una de las primeras mujeres con brillo propio en un lugar dominado por hombres. Era una diputada de lujo, capaz de discutir proyectos en comisión, artículo por artículo, y de pronunciar discursos que dejaban a sus colegas al borde de las bancas, como si observaran el desenlace de una película de suspenso. Puso en jaque los códigos de convivencia bipartidista y se rebeló frente a los pactos de caballeros que garantizaban la paz en el Palacio, donde nunca tuvo despacho, ni lo quiso tener. Construyó su poder denunciando al poder. Tenía un antecedente ruidoso: en la Convención Constituyente de 1994, votó, a contramano de todo el bloque de la UCR, en contra del Núcleo de Coincidencias Básicas, surgido del Pacto de Olivos. Fue un desafío a Raúl Alfonsín, que había sido por años jefe político y amigo de Rolando Coco Carrió, padre de Lilita y dirigente radical del Chaco.

Antes de meterse en política, ella disfrutaba de una carrera académica promisoria, como profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Nordeste, y de una trayectoria ascendente en la función pública, que se había iniciado en 1978, en plena dictadura militar: primero, como asesora de la Fiscalía de Estado de Chaco y, después, como secretaria del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. “Lo reconozco, pero no me preocupa. Nunca levanté un arma ni firmé sentencia alguna. No fui jueza ni fiscal. Era joven, pero debí haberme dado cuenta de algunas cosas, así como otros también debieron haberse dado cuenta”, hizo su descargo en el recinto, en 2006, cuando el kirchnerismo sacó a relucir esa página negra de su currículum.

Su primer gran golpe como diputada fue en la Comisión de Juicio Político, que hasta su llegada cajoneaba casi todas las denuncias contra jueces y fiscales. “Desde 1983 habían echado solo a dos jueces y en 1996 Lilita se cargó a cinco o seis. Ella no presidía comisiones, pero ya gobernaba una parte del Congreso”, recuerda el exdiputado de la CC Fernando Sánchez, un dirigente que acompañó a Carrió durante toda su carrera. Adrián Pérez, el primer asesor de Lilita en el Congreso, uno de los que después la abandonó, también habla maravillas de aquellos años: “Empezó a ser una diputada de lunes a viernes. La mayoría de los diputados hacía política en sus territorios. Cuando llegaban a Buenos Aires, el martes a la tardecita, ella ya había hablado con los medios lunes y martes, y les había marcado la agenda. Fue la primera en descubrir la potencia de los medios para hacer política. Ella decía que sus principales aliados eran los movileros. Extendió las fronteras del recinto”.

Pese a que nunca perdió toda su influencia, en los últimos años Carrió desatendió su tarea legislativa: a partir de 2011, se ausentó en más del 60 por ciento de las votaciones, con períodos en los que esa marca llegó a superar el 90 por ciento. Hace tiempo no tolera las sesiones largas ni las reuniones de comisión: entra cuando le toca hablar y después se va. Pero el Congreso no sería lo mismo sin ella. Carrió está hecha para la Cámara de Diputados. En ese recinto, arena central de las batallas de la política, se mueve como una gladiadora extravagante y audaz, desprovista de complejos y conocedora de todas las artes de la pelea. Cuando Carrió pide la palabra, el recinto tiembla.

“Es magnética. Tiene una voz impresionante. Habla y todo el mundo le presta atención, tenga un bloque de 6 diputados o de 30”, dice Juan López, diputado de la CC desde 2015 y asesor de Carrió desde 2009. “Tiene una formación intelectual sin comparación, una memoria de elefante y una gran capacidad de conceptualizar”, destaca Matías Méndez, su jefe de prensa durante diecisiete años. “Es una mujer de un coraje blindado, podría haber sido una mártir. Además, tiene una capacidad histriónica que es maravillosa para el espectáculo político”, la ensalza el senador del Pro Federico Pinedo, compañero de Carrió en Diputados.

Otro dirigente muy importante de Cambiemos, que terminó peleado con ella, se rinde ante sus virtudes, pero señala sus defectos: “Ella es una solista, y siempre que un instrumento suena distinto que la orquesta llama la atención. No es fácil ser solista, hay que tener una gran formación. Es transgresora en las palabras y hasta en la vestimenta. Otros transgresores tienen 24 horas de fama. Ella fue transgresora durante 25 años”. Hasta los que la detestan, como casi todos los kirchneristas y buena parte de los radicales, reconocen su inteligencia y una cualidad muy codiciada en la política. “Siempre tuvo un excelente manejo de los medios. Cuando habla con los periodistas en Pasos Perdidos, les termina importando más lo que ella dice que lo que pasa dentro del recinto”, reniega un diputado del FPV. En los primeros tiempos en el Congreso, ella dio su propia definición de sí misma: “Me pueden decir periférica, gorda, marginal o chaqueña, pero no tonta”.

***

La Comisión Antilavado de Diputados también se conoció como la Comisión Carrió. No solo porque ella la presidía y lideraba, sino también porque gran parte del trabajo se hizo en su departamento. Lilita se llevó el material a su casa, después de que la policía descubrió que las oficinas de la avenida Entre Ríos, alquiladas especialmente para la comisión, estaban llenas de micrófonos ocultos. Entre mayo y agosto de 2001, el departamento de Carrió se convirtió en el rincón más activo del Congreso, en la sede de un comando de operaciones, tan caótico como lleno de mística, que amenazaba con bombardear las bases de la corrupción estructural de la Argentina. Por ahí desfilaron integrantes de la comisión, informantes secretos y banqueros arrepentidos. La puerta de entrada solía quedar abierta y nunca había menos de quince personas, distribuidas entre el living, el comedor diario, la cocina y el dormitorio principal, donde Lilita hacía sus reuniones privadas. En la pared de uno de los pasillos había un mapa hecho a mano del sistema financiero local, lleno de flechas y anotaciones sobre las irregularidades investigadas. Cuando Victoria, la hija de Carrió, llegaba del colegio, se paseaba entre pilas de papeles, con Don Don, su caniche blanco.

“Tocaba el timbre cualquiera. Decían: ‘Quiero hablar con Carrió, tengo algo importante que decirle’, y alguien bajaba a abrirle. Podía haber hasta cuatro reuniones en simultáneo. Lilita iba y venía, monitoreando todo. Flotaba la sensación de que estábamos cambiando el mundo”, recuerda Adrián Pérez. Las noches previas a la presentación del preinforme, Carrió y sus colaboradores no pegaron un ojo. Quizás por eso, tardaron en descubrir que había algo extraño en un hombre, vestido íntegramente de blanco, que esperó durante horas en silencio, sentado en el comedor diario. Con mucha cautela, uno de los colaboradores de la diputada se acercó y le preguntó si la esperaba a Lilita. Respondió que no, que era kinesiólogo y que lo habían llamado para atender a un paciente. La confusión se aclaró minutos después: había sido convocado desde el octavo piso, pero estaba en el noveno.

En esos días frenéticos, Carrió se hizo amiga del fiscal Carlos Stornelli y entabló una buena relación con la jueza María Servini de Cubría. Ese vínculo permitió que en enero de 2002 la magistrada detuviera al banquero Carlos Rohm, uno de los acusados en el informe de lavado. Lo arrestaron en el aeropuerto de Ezeiza, cuando estaba a punto de partir hacia Suiza. Apenas obtuvo el dato, Lilita fue urgente a ver a Servini, a su despacho de Comodoro Py, y le advirtió que el banquero estaba por fugarse. Ante el pedido concreto de Carrió, la jueza puso sobre su escritorio un péndulo metálico, que en un extremo decía “sí” y en el otro “no”. Después de unos segundos de oscilación, recuerdan los colaboradores de la diputada, el artefacto se inclinó hacia el “sí”. Rohm pasó tres años tras las rejas.

La noche previa a la presentación del preinforme, por el departamento de Carrió también pasaron Carlos Soria, del PJ, y Margarita Stolbizer, de la UCR. Como Cristina, los dos se negaban a firmar, lo que dejaba a Lilita en minoría. Tenía cuatro firmas, sobre un total de once miembros de la comisión. Carrió hizo un último intento el 10 de agosto de 2001, el mismo día de la presentación, en las oficinas de la avenida Entre Ríos. Mientras el Salón de los Pasos Perdidos se llenaba de gente, Lilita se encerró a solas con Stolbizer, en un cuarto pequeño. “Me dijo que estábamos todos amenazados de muerte”, recuerda la exdiputada. Ante la negativa, Carrió la tomó de la mano y, entre lágrimas, le dijo que la presentación del preinforme era un “mandato de Dios”. Fue en vano.

El acto en Pasos Perdidos arrancó a las 18:20, más de tres horas después de lo previsto. Cada minuto de demora alimentaba la expectativa. Cuando la diputada llegó, el lugar explotaba. Solo la acompañaron con su firma Gustavo Gutiérrez (Partido Demócrata), José Vittar (Frepaso) y Graciela Ocaña (Alternativa por una República de Iguales, ARI), su primera gran ladera, otra de las que se alejó de Carrió. Pero la presentación fue un éxito: en el escenario había integrantes de Madres de Plaza de Mayo, de la CGT, el cura Luis Farinello y los diputados socialistas Alfredo Bravo y Héctor Polino, entre otros. En un discurso de una hora y cuarenta y cinco minutos, Carrió denunció ramificaciones en la Argentina de una organización internacional liderada por el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, a quien vinculó con el banquero egipcio Ghaith Pharaon y con Alberto Kohan, secretario general de la presidencia durante el gobierno de Carlos Menem.

Cristina presentó su propio dictamen la semana siguiente, acusó a Carrió de haber hecho un “uso personal” de la investigación y de haberse valido de información no verificada. Carrió defendió el contenido del preinforme. Pero dos meses más tarde denunció que había sido “víctima de una operación de contrainteligencia” y admitió en público que, en una de sus denuncias, había usado información falsa al acusar al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, de tener cuentas no declaradas en el exterior. El dato se lo había aportado un tal Daniel Díaz, que se presentó en la comisión como agente de inteligencia de las Naciones Unidas. Los diputados lo bautizaron como Chuck Norris, por su parecido con el actor. Casi veinte años después, Carrió volvió a quedar enredada en otro caso de falsos espías. En abril de 2019, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, la imputó como presunta integrante de una red de espionaje, encabezada por Marcelo D’Alessio. Era un embustero que se había hecho pasar por agente de la DEA y que, en nombre de Stornelli, había extorsionado a un empresario para que no quedara involucrado en el caso de los “cuadernos de las coimas”.

***

Carrió no está loca, como le dijeron tantas veces. Es ingobernable, que es otra cosa. Ella cuenta que se lo reprochó por primera vez su padre, cuando, con solo 16 años, se casó y se fue de la casa familiar, y que se lo repitió Enrique Santos, ese primer marido, del que se separó dos años después. Pero la ingobernabilidad de Lilita tiene una dimensión política: Carrió es ingobernable porque gobierna. Tenga menos o más influencia, sea parte del oficialismo o de la oposición, ella ejerce siempre hasta el último centímetro de su poder. Es un poder que se expresa en el Congreso, pero que se construye fuera del Palacio. Es una alianza perdurable con un sector de la sociedad, alimentada a través de los medios de comunicación. Sin sostén económico ni aparato político, Carrió negocia con el detonador en la mano, consciente de su capacidad de daño. En ocasiones, comparte su poder para potenciar a algún dirigente de su agrado, o lo invierte en la construcción de un espacio más grande. Pero nunca lo entrega, ni lo somete a un liderazgo que no sea el suyo.

Ya a mediados de 2001, cuando abandonó la UCR y fundó ARI, antecedente de la CC, Carrió se convirtió en su propia jefa, una condición que no abandonaría jamás. Desde entonces gobernó o intentó gobernar a propios y aliados, con mano de hierro. “No tolera que le disputen el liderazgo. Si no le respondés, te declara poste, deja de atenderte el teléfono. A varios que le cuestionaron algunas decisiones les dijo: ‘Yo tengo la legitimidad, así que si no te gusta, andate’”, cuenta un diputado que la quiere. Ese liderazgo verticalista, visto casi como un requisito para los dirigentes que llegan a la cima del poder, resultó insostenible desde el llano, lo que explica buena parte de los desprendimientos que la diputada sufrió a lo largo de los años.

Es una saga que empezó en noviembre de 2002, con el portazo del socialista Alfredo Bravo, cofundador de ARI, y que siguió con otras rupturas ruidosas, como las de Margarita Stolbizer, en 2009, y la de Pino Solanas, en 2014.

Lilita gobernó la Cámara de Diputados en 2010, cuando encabezó el Grupo A, un conglomerado de todos los bloques de la oposición que puso contra las cuerdas al gobierno kirchnerista. Perdió poder después de la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de ese año, y, en las elecciones de 2011, cuando Cristina logró la reelección con el 54 por ciento de los votos, Carrió tocó fondo: quedó sexta, con 1,8 por ciento, incluso debajo de Jorge Altamira, el candidato del Frente de Izquierda. La abandonó incluso Adrián Pérez, la ruptura que más le dolió a Lilita.

Carrió también gobernó o intentó gobernar a dos presidentes a los que ayudó a llegar a la Casa Rosada, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Lilita condicionó al gobierno de la Alianza desde el primer momento: forzó cambios en el proyecto de emergencia económica; rechazó el recorte del 13 por ciento a las jubilaciones; impulsó el juicio político al entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, por el escándalo de los sobornos en el Senado, y se opuso a la cesión de superpoderes a Cavallo, paso previo a su ruptura con el oficialismo. A mediados de 2000, cansado de los desplantes de la diputada, De la Rúa le preguntó a su amigo Rafael Pascual, presidente de la cámara: “¿Qué quiere Carrió?”. Pascual fue contundente: “No quiere nada. Está loca”. Es que Carrió no reclamaba cargos ni prebendas. Quería gobernar.

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“¿Están haciendo una misa dentro del recinto?”. Méndez, el joven vocero de Carrió, hizo lo posible para que no se notara el sobresalto que le causó la pregunta, que, del otro lado de la línea, le había hecho María Julia Oliván, periodista de Detrás de las noticias, el programa de televisión que conducía Jorge Lanata. Faltaban unos minutos para el mediodía del miércoles 31 de julio de 2002. Unas semanas antes, Eduardo Duhalde había anunciado el adelantamiento de las elecciones, para salir de una crisis política que amenazaba con devorarlo. Méndez siguió el manual del vocero eficaz: negó todo, para ganar tiempo. Apenas cortó la llamada, se contactó con Fabiana, la mujer policía que custodiaba a su jefa. “¿Dónde está Carrió?”, le preguntó. La agente hizo una pausa y después le dijo que no lo iba a poder atender. “¿Está haciendo una misa?”, fue al hueso el vocero. La policía se rio, nerviosa, y volvió a hacer silencio. “Decime dónde está. ¿Está en el recinto, con un cura? Pasámela”, la apuró él. Fabiana, por fin, habló: “No te puedo pasar, están cantando, con una guitarra”.

La custodia de Carrió no era el único testigo de la escena. La música había llamado la atención de José María Díaz Bancalari, jefe del bloque de diputados del PJ, con despacho en el tercer piso del Palacio, a metros del acceso a las galerías superiores del recinto. Cuando se asomó desde lo alto no pudo creer lo que veía. La diputada estaba con unas quince mujeres, encabezadas por un cura con atuendo franciscano, que, agitando una vasija metálica, esparcía incienso en el ala izquierda del recinto, justo frente al sector de las bancas del peronismo. Una de las feligresas cargaba una cruz con rayos dorados. Era un ostensorio, la pieza litúrgica donde se coloca el Santísimo Sacramento, la hostia consagrada que, para los católicos, es el cuerpo de Cristo.

El Mono Díaz Bancalari dio un paso atrás y pegó un grito: “¡Charly!”. Carlos Oviedo, jefe de prensa de la bancada del PJ, llegó al trote. Unos segundos después, varios empleados del bloque observaban la escena, murmurando y conteniendo la risa, para no ser oídos desde abajo. Oviedo salió disparado, con una sonrisa que le marcaba las arrugas. Se le hacía agua la boca. La diputada era una enemiga feroz del gobierno de Duhalde y daba batalla contra los principales proyectos de la Casa Rosada. Debía aprovechar la oportunidad para dejarla en ridículo. “¡Carrió está exorcizando el recinto!”, tituló, con picardía, al correr la bola entre los periodistas parlamentarios, que enseguida llamaron a Méndez.

Después de repetir varias veces que todo se trataba de un invento, el vocero logró que su jefa le atendiera el teléfono. La ceremonia había terminado.

—¿Qué hiciste? —le preguntó, entre preocupado y enojado.

—¿Cuál es el problema? —respondió ella con toda calma—. Unas señoras de la iglesia del Santísimo Sacramento querían venir a purificar el recinto y me pidieron que las ayudara a entrar.

—Pero los periodistas me están volviendo loco, se va a armar un escándalo.

—Con la manga de hijos de puta que hay acá, ¡por qué no puede tener presencia Dios!

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Cuando Carrió entró en el Congreso era agnóstica. Empezó a creer en Dios en 1998, a partir de una visita a la Catedral Nuestra Señora del Valle, en la capital de Catamarca. “Sentí que me tiraban del caballo”,¹⁸ contó años después, sobre aquella experiencia mística. En pocos meses se hizo católica militante: iba todos los días a misa, llevaba grandes crucifijos sobre el pecho y, ya separada de su segundo marido, dormía con una figura de la Virgen María al otro lado de la cama. De a poco, incorporó el lenguaje profético a su discurso político. En diálogos privados, contaba que estaba segura de que iba a ser presidenta, porque así se lo había dicho la Virgen, en una aparición. “Decía que tenía una voz interior que le hablaba”, recuerda un diputado que formaba parte del bloque de ARI. En esos años, Carrió entabló una relación muy cercana con Jorge Bergoglio, a quien visitó durante años en el Obispado de Buenos Aires. En 2007, después de una de esas reuniones, Lilita se subió al auto, donde la esperaban su chofer y Méndez, su vocero, y dijo, convencida: “Este tipo va a ser papa”.

La religión no solo impactó en el look y el discurso de Carrió. Fue, a lo largo de los años, un factor determinante para su oposición a proyectos de ampliación de los derechos civiles, un hilo conductor de sus posturas más conservadoras, coronadas en 2018, con su voto contra la legalización del aborto. “A las chicas de 12 o 13 años, que tienen hijos en general de un patrón, las van a llevar al hospital y las van a hacer abortar legalmente”, argumentó en una entrevista de televisión, días antes de la sesión, en la que se mantuvo en silencio.

En 2006, había rechazado la ley que garantizó el acceso gratuito a métodos quirúrgicos de anticoncepción, como la ligadura de trompas. “Que nadie diga acá que es de izquierda. Esta es la filosofía liberal, hedonista y utilitarista vigente en los países anglosajones [...]. Si se establecieron las modas de las cirugías estéticas, también puede pasarse a esta pequeña moda, no en las provincias, sino acá [en Buenos Aires], en las clínicas y no en los hospitales”, argumentó, en un duelo discursivo memorable, que la enfrentó con Marcela Rodríguez, diputada de su bloque y una suerte de discípula. El proyecto se aprobó con holgura, con el voto de la mayoría de los integrantes de la bancada de Carrió, cuando ella ya había abandonado el recinto.

En 2010, se abstuvo en la votación del proyecto de matrimonio igualitario, de nuevo en contra de la posición de la mayoría de los diputados de su bloque, también liderados en ese debate por Marcela Rodríguez. “Voto como cristiana. Es mentira que uno se puede separar. No puedo ir al Santísimo Sacramento [la iglesia a la que acudía] a la mañana y venir a la noche acá y decir otra cosa. [...] No estoy en contra de la unión familiar, pero la palabra ‘matrimonio’ es un sacramento; remite a un sacramento, como la eucaristía. Y yo no quiero dejar de respetar a mi Iglesia”, argumentó, en el inicio de su intervención, que cerró con un golpe inesperado. En respuesta a las críticas que había recibido de parte de los promotores de la ley, contó en público lo que muchos comentaban en privado. “Si aquí hay sentadas mujeres, jóvenes, hombres y personas de distinta identidad sexual, en este Parlamento, es por la Coalición Cívica. Nosotros los hemos incluido, no mandándonos la parte o haciendo discursos, y mi bloque mayoritariamente va a votar este matrimonio, y el miembro informante de mi bloque... —dijo, sobre Rodríguez, e hizo una pausa que puso a todos los diputados al borde de sus butacas— es una persona que tiene una identidad sexual diferente”.

Así, sin pedirle permiso, sin avisarle siquiera, Carrió contó que Rodríguez era lesbiana. Su discípula se quedó petrificada. Si bien sus amigos y compañeros lo sabían desde hacía años, ella nunca lo había dicho en público. Sus padres, que estaban mirando la sesión, se enteraron en ese momento. Carrió nunca le pidió perdón. Rodríguez estuvo tres meses sin ir al Congreso, deprimida y avergonzada. Al año siguiente abandonó el bloque de la CC.

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Carrió nunca fue de izquierda ni de derecha, en sentido estricto. No era de izquierda en abril de 2001, cuando construyó una fuerza con el Partido Socialista y organizó movilizaciones con el sindicalista Víctor de Gennaro y el trotskista Luis Zamora, con la bandera del “que se vayan todos”. Ni siquiera era de izquierda en noviembre de 2001, cuando en el primer encuentro nacional de ARI, en el club social La Emilia, en San Nicolás, subió al escenario con el himno al Che Guevara de fondo. No se hizo de derecha en 2006, cuando formó la CC y sumó a sus filas a Alfonso Prat-Gay y Patricia Bullrich. Tampoco en 2008, cuando respaldó las protestas de los productores agropecuarios contra la resolución 125. Ni en 2015, cuando construyó Cambiemos.

Más pragmática de lo que aparenta, ella explica que esos vaivenes fueron meros “giros tácticos”, en sintonía con el clima de época y la necesidad electoral de cada momento. Movida por una vocación real de poder, Carrió dedicó toda su carrera a construir lo que denominó como “un movimiento republicano”, como contracara de lo que en los últimos años se conoce como “populismo”. Sus acciones, incluso el cambio de perfil de sus aliados, se interpretan mejor si se las lee a la luz de un fenómeno propio de la historia argentina: el peronismo. Aunque abandonó la UCR, Carrió trabajó siempre para liderar un polo antiperonista, volcado hacia la izquierda cuando estaban Carlos Menem y Eduardo Duhalde en el poder, corrido hacia la derecha desde la asunción de Néstor Kirchner. Cada uno de esos movimientos estuvieron acompañados de un ingrediente fundamental: un planteo moral, una invocación a la decencia como factor aglutinante “preideológico”, que le permitió trazar una frontera entre honestos y corruptos, entre buenos y malos.

Esa línea, que se fue corriendo al ritmo de sus alianzas, dio sustento a su postura de oposición acérrima contra Kirchner, con quien había tenido algún coqueteo durante el gobierno de Duhalde. En julio de 2002, compartieron una conferencia de prensa, junto con Aníbal Ibarra, entonces jefe de Gobierno porteño, para reclamar la caducidad de todos los mandatos, como salida política tras la crisis de 2001. Los que organizaron el encuentro, en la Casa de Santa Cruz, juran que no hubo diálogo privado entre ellos. “En medio del terremoto, pasos cortos”, respondió ella a la salida cuando le consultaron si la reunión podía derivar en un acercamiento electoral. Unos meses después, Carrió anunció su candidatura presidencial y Kirchner selló un acuerdo con Duhalde. Después de quedar en el quinto puesto, ella apoyó a regañadientes al gobernador de Santa Cruz, en la previa del balotaje frustrado frente a Menem, pero advirtió que él no podía “justificar su patrimonio”.

Fue el antecedente de una seguidilla de denuncias de corrupción contra el nuevo gobierno. Después de su actuación en la Comisión Antilavado, Carrió volvió a calzarse el traje de fiscal. En diciembre de 2004, presentó el primer informe sobre irregularidades en la asignación de obras públicas, en especial, en la provincia de Santa Cruz. Por primera vez, en esos meses calificó al entonces ministro de Planificación Federal, De Vido, como el “cajero” de los Kirchner. En 2008, tras quedar segunda en las elecciones presidenciales del año anterior, hizo la primera denuncia penal, en la que acusó al expresidente, al ministro y al empresario Lázaro Báez de integrar una “asociación ilícita”, destinada a desviar fondos públicos. Esa y otras presentaciones de la diputada, que durmieron en las estanterías de los tribunales de Comodoro Py durante años, resultaron determinantes, a partir de 2016, para la detención de De Vido y para el avance de la mayoría de las causas que pusieron a Cristina Kirchner al borde del encierro.

Los primeros meses de gestión del santacruceño habían provocado un sacudón en el partido de Carrió, sobre todo, en enero de 2004, con la designación de Ocaña en el PAMI, una medida que Lilita tomó como una declaración de guerra. El kirchnerismo hizo propias muchas de las banderas que ella había levantado durante años, en contra de los bloques de la UCR y el PJ. Como en 1998, cuando, codo a codo con los organismos de derechos humanos, impulsó la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. O en 2002, cuando encabezó una ofensiva en Diputados para destituir a todos los jueces de la Corte Suprema, antecedente de lo que haría Kirchner poco después de asumir. Otras dos iniciativas que Carrió impulsaba desde su ingreso a la política se concretaron en el primer gobierno de Cristina Kirchner: la eliminación del régimen de las AFJP y la implementación de la AUH, que la diputada propuso en 1997, como Ingreso Ciudadano para la Niñez.

La frontera entre buenos y malos se corrió a mediados de 2014, cuando empezó a gestarse el acuerdo con Macri. Desde que él incursionó en la política, en 2003, Carrió lo definió como “un empresario ligado al robo del país” y “un límite moral infranqueable”. En la campaña de 2011, cuando el entonces jefe de Gobierno coqueteaba con una candidatura presidencial, ella lo equiparó con la entonces presidenta: “Hay dos candidatos que garantizan la impunidad. Cristina, con todos los negocios del kirchnerismo, y Macri, con todos los negocios de su padre y de su primo, Calcaterra [Ángelo], con Lázaro Báez. Nadie va a investigar al marido de ella y nadie va a investigar al padre de él”.

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Carrió gobernó (no siempre lo logró) a Macri incluso antes de que asumiera como presidente. Ella era consciente del papel determinante que había jugado en el armado de Cambiemos y estaba decidida a ejercer ese poder, hasta el último centímetro. El acuerdo entre ellos se selló el 29 de enero de 2015, en la casa de Emilio Monzó, después de un trabajo artesanal del futuro presidente de la Cámara de Diputados y del empresario Javier Campos, hermano de Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, la élite de lo que se conoce como el “círculo rojo”. Campos, que en diciembre de 2015 asumió como diputado de la CC, asistía como oyente a las clases que daba Lilita en el Instituto Hannah Arendt, un centro de estudios fundado por ella en 2004, en uno de los breves lapsos en los que estuvo fuera del Congreso.

El pacto entre Carrió y Macri, al que enseguida se sumó el radical Ernesto Sanz, hizo que, en marzo, la convención que celebró la UCR en Gualeguaychú optara por el entonces jefe de Gobierno porteño como candidato a presidente y no por Sergio Massa, como pretendía otro sector de la agrupación. “Al final, los radicales tienen que reconocer que una exmiembro del partido los maneja desde afuera. ¡Es divino!”, se jactaría Lilita tres años después, en una visita a Entre Ríos. En el entorno de la diputada aseguran que ella pergeñó la alianza con el Pro mucho antes de 2015, como un mal necesario para desalojar al kirchnerismo del poder. “A mí no me gusta Macri, pero de los que hay es al que más puedo controlar”, les dijo a sus colaboradores, a mediados de 2014, cuando los puso al tanto de sus planes electorales. Fue, desde el principio, un matrimonio forzado por la conveniencia y marcado por las constantes disputas de poder.

El 1 de diciembre de 2015, nueve días antes de que Macri asumiera, Carrió apuntó en la mesa de Mirtha Legrand contra el presidente de Boca, Daniel Angelici, a quien señaló como el “operador judicial” del presidente electo. En marzo de 2016, tuvo su primera cumbre con Macri, en la Quinta de Olivos, después de que ella ratificara en la Justicia sus denuncias contra Angelici y de que cuestionara en público los aumentos de tarifas, a los que calificó como “un ajuste brutal”. El encuentro, del que también participó Sanz, terminó bien, pero había empezado mal. “¡No me grites! Sos el presidente, pero yo soy una mujer”, se plantó Carrió, apenas Macri levantó el tono. Ya en esa primera reunión el presidente entendió que ella estaba dispuesta a romper Cambiemos. Ese temor, con fragancia a 2001, guio sus pasos durante el resto de su mandato. Contención o muerte, se impuso como consigna.

Desde entonces, Carrió jugó un papel ambiguo. Por un lado, actuó como un órgano unipersonal de auditoría interna, un sello de calidad moral, que dejaba al presidente del lado de los “buenos”. Lo hizo por primera vez en abril de 2016, cuando estalló el caso de Panamá Papers y se conoció que él había participado como director suplente en una sociedad offshore, en los años 90. Franco Macri, padre del presidente y mandamás del grupo empresario, le envió unos documentos a Carrió, a modo de rendición de cuentas. Después de analizar los papeles, ella defendió en público al presidente, dando por cerrado el escándalo. Jugó un rol similar en febrero de 2017, cuando aseguró que el presidente no había estado al tanto del acuerdo cerrado entre la empresa Correo Argentino, del grupo Macri, y el Ministerio de Comunicaciones, que le condonaba al holding una deuda de casi 4000 millones de pesos.

En simultáneo, Lilita se convirtió en una oposición dentro del oficialismo, en una legisladora con poder de veto. Lo demostró en octubre de 2016, cuando volteó la reforma del Ministerio Público. Era un proyecto impulsado por el gobierno y apoyado por el Frente Renovador, de Sergio Massa, para avanzar con la remoción de la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, a la que la Casa Rosada acusaba de ser un soldado del kirchnerismo. La diputada le había hecho saber sus objeciones a Macri, en una charla telefónica que tuvieron el día anterior. El presidente no le hizo caso. Carrió detonó la bomba vía Twitter, 24 horas antes de la sesión: “No vamos a acompañar una ley con nombre y apellido”. Le mostró a Macri que ella también gobernaba. “Lilita es predecible. Si se queja en público, es porque antes ya se quejó en privado”, la defendieron entonces sus compañeros de bloque.

Las constantes disidencias de Carrió en Diputados fueron debilitando la fuerza del presidente en el Congreso: “El problema es que el gobierno siempre le tuvo miedo y que nadie se atrevió a ponerle los límites, porque ella amenazaba constantemente con romper Cambiemos”, sostiene una de las espadas parlamentarias del Pro, que también le reprocha haber “empiojado” la relación de Casa Rosada con la Corte Suprema, con sus denuncias contra Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal hasta septiembre de 2018. Carrió se fortaleció todavía más después de ganar las elecciones en la Capital, con el 51% de los votos, en octubre de 2017.

Macri redobló los esfuerzos por contenerla: la invitó más seguido a Olivos, la hizo sentir importante, intentó fortalecer la relación personal. Ella devolvió las gentilezas. En diciembre de ese año, respaldó la reforma previsional, no sin antes mantener en vilo a todo el oficialismo y de frenar vía Twitter una jugada del presidente, para sancionar la norma por decreto. En mayo de 2018, calificó de “maravilloso” el acuerdo con el FMI y, en junio de ese año, en medio de la crisis cambiaria, aseguró en una entrevista por televisión que el dólar se iba a mantener estable, en 23 pesos.

Fue solo un paréntesis de armonía. En octubre de 2018, presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y presionó a Macri en público para que lo echara. Después de un retroceso táctico, la diputada volvió a poner al presidente contra las cuerdas, en una visita a la Quinta de Olivos. Fue el sábado 9 de marzo, ocho días antes de la fecha estipulada para las elecciones internas que Cambiemos había convocado en Córdoba, una provincia que había sido clave para el triunfo de Macri en el balotaje de 2015.

Carrió apoyaba como candidato a gobernador al diputado radical Mario Negri, que se resistía a someterse a una competencia interna contra el intendente de la capital provincial, el también radical Ramón Mestre, y no estaba dispuesta a que Macri se mantuviera ajeno a la disputa. Así se lo había aconsejado Nicolás Massot, jefe del bloque del Pro en Diputados, armador de Cambiemos en Córdoba y promotor de Rodrigo de Loredo, el dirigente que había elegido Mestre para sucederlo en el gobierno de la capital provincial. “¡O apoyás la candidatura de Negri o yo rompo Cambiemos!”, le dijo Lilita al presidente, cuando caía la tarde en Olivos. Macri cedió, una vez más, y la interna nunca se hizo. Las elecciones provinciales, celebradas el 12 de mayo, resultaron una catástrofe para el oficialismo, que se presentó dividido: el gobernador peronista Juan Schiaretti logró la reelección, con más de 35 puntos de ventaja sobre Negri, que, sin un respaldo claro de la Casa Rosada, quedó segundo con el 18 por ciento de los votos. Mestre salió tercero y el radicalismo perdió la capital provincial, después de 16 años.

La diputada, que se había instalado en Córdoba para apoyar a Negri, estalló de ira al conocer los resultados. Apuntó contra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y Massot, a quienes acusó de haberse “borrado” durante la campaña. “Dan asco”, dijo, en un audio que difundió por sus redes sociales. No fue todo. El miércoles de la semana siguiente, tres días después de la derrota, trasladó la guerra a la Cámara de Diputados. El jefe del bloque del Pro se la cruzó en un pasillo, cuando volvía caminando al recinto, después de conversar con Omar Félix (Somos Mendoza) y Rubén Miranda (Bloque Justicialista). Los había llevado hasta el Salón de Honor, una de las dependencias de la presidencia de la cámara, para convencerlos de que apoyaran la reforma a la ley de financiamiento de las campañas electorales, que se estaba debatiendo en ese mismo instante, en una sesión especial. Al final del pasillo, en una suerte de antesala que comunica las oficinas de la presidencia con el hemiciclo del recinto, vio sentada a Carrió, junto con Atilio Benedetti, un radical de Entre Ríos. “Buenas tardes”, soltó, sin detenerse, para no parecer mal educado. “Yo, a este hijo de puta, no lo saludo”, dijo ella bien fuerte, para que el insulto llegara a destino. Carla Carrizo, una diputada del bloque de Martín Lousteau que fumaba en un balcón pegado a ese pasillo, casi se atraganta con el humo. “Vos no me vas a decir eso”, la encaró Massot, volviendo sobre sus pasos. “Sí, te lo voy a decir, sos un hijo de puta”, le repitió Carrió, cara a cara. “Y vos sos una irresponsable, que te cargaste la ciudad de Córdoba, y no vas a tardar en cargarte a Cambiemos”. Ella insistió: “Hijo de puta”. Carrizo se acercó y lo tomó a Massot del brazo, para que siguiera camino hacia el recinto. Félix, que se había quedado helado durante la pelea, después declaró que si Carrió hubiese sido un hombre, la discusión habría terminado a las trompadas.

18. Página/12, 27 de abril de 2003, por Marta Dillon.

Capítulo 11

El poder permanente

LA INFLUENCIA DEL SINDICATO

El ruido de los bombos y los redoblantes era ensordecedor. Norberto Di Próspero, desde 2004 secretario general de la APL, el sindicato más importante del Congreso, se alejó unos metros, con el teléfono pegado al oído, y escuchó con toda claridad los insultos que llegaban desde el otro lado de la línea: “Te volviste loco, la puta que te parió. A mí no me vas a apretar así, ¿me entendiste?”. Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, estaba fuera de sí. Eran las 10 de la mañana del 16 de diciembre de 2015, llevaba solo seis días en el cargo y enfrentaba su primera protesta gremial: cientos de trabajadores habían copado el Salón de los Pasos Perdidos, a metros de su despacho, para frenar una resolución que suspendía ascensos y traspasos a planta permanente de seiscientos empleados temporarios. Los había dispuesto unos meses antes su antecesor en la presidencia de la cámara, el kirchnerista Julián Domínguez. Los manifestantes cubrieron el salón con banderas verdes, el color característico de APL, ocuparon las galerías del segundo piso y llevaron la protesta hasta el hall de la presidencia. Al Tano Di Próspero no le tembló la voz para responder. “¿Y vos qué carajo te pensás que sos, el dueño del Palacio? ¡Andate a cagar!”, dijo, antes de cortar la comunicación.

Después de ese final abrupto, el secretario general de APL se acercó a sus colaboradores de confianza, que habían seguido sus pasos para escuchar la conversación, y ahora lo miraban desconcertados. “Hay dos posibilidades —les explicó, con el rostro serio y la voz apagada—: que nos rompan el orto o que en dos minutos vuelva a sonar el teléfono”. Unos segundos más tarde, cuando el nombre de Guillermo Bardón, secretario general de la cámara y mano derecha de Monzó, apareció en la pantalla de su celular, a Di Próspero se le escapó una sonrisa. Después de una reunión de media hora con el delegado del presidente, el Tano caminó entre la multitud hasta quedar en el centro del Salón de los Pasos Perdidos, de frente al óleo Los constituyentes de 1853. El lugar se venía abajo. “Hoy decían que había telegramas de despidos. Muchos compañeros lloraban. ¡No voy a dejar que los compañeros se banquen eso!”, gritó, megáfono en mano, después de anunciar que las autoridades de la cámara se habían comprometido a dar marcha atrás.

***

El Congreso tiene un plantel de 14.776 empleados, según la ley de presupuesto de 2019, un 50 por ciento más que en 2001, primer año que publica la Secretaría de Hacienda la serie de leyes de presupuesto. En 2018, ya iniciada la gestión de Cambiemos, alcanzó el récord de 16.196 agentes, un 69 por ciento más que en 2004, cuando tocó el piso de 9587 empleados. La cifra de 2019 incluye a más de mil trabajadores de cuatro organismos autárquicos que funcionan bajo la órbita del Poder Legislativo: la Defensoría del Pueblo, con 546 empleados; la Procuración Penitenciaria, con 340; la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con 146, y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, con 12. De los 13.732 agentes que dependen directamente del Congreso, 5752 están asignados al Senado; 5287, a Diputados; 1501, a la Biblioteca; 679, a la Dirección de Ayuda Social (DAS), la obra social del personal legislativo; 498, a la Imprenta, y 15, a la Oficina de Presupuesto, un organismo creado en 2016 para asistir técnicamente a los legisladores en materia fiscal. Entre 2001 y 2019, la porción del presupuesto del Congreso destinada a remuneraciones pasó del 82 por ciento al 91,3 por ciento.

El número de empleados se fue incrementando de a poco desde 2005 y pegó un salto enorme a partir de 2012, con las gestiones de Domínguez, en Diputados, y de Amado Boudou, como presidente del Senado. El personal de esta última cámara creció como el de ningún otro sector en el Congreso en lo que va del siglo XXI: se fue de 2713 empleados en 2001, a 5752 en 2019, un aumento del 112 por ciento. Solo en los cuatro años de la presidencia de Boudou, el aumento fue del 70 por ciento: pasó de 3539 agentes, a inicios de 2012, a 6020 a fines de 2015, de acuerdo con el presupuesto confeccionado para 2016. En ese mismo período, el personal de Diputados, que arrancó la serie en 2001 con 4914 agentes, creció un 9,3 por ciento: de 5149 empleados a 5625. La gestión de Cambiemos fue la única que disminuyó la cantidad de personal desde 2005. Pero la reducción fue escasa: alcanzó apenas un 3 por ciento, según las leyes de presupuesto de 2016 y 2019. El plantel del Senado se redujo en un 4,5 por ciento: pasó de 6020 empleados a 5752. En Diputados el recorte fue del 6 por ciento: pasó de 5625 a 5287.

¿Hay “ñoquis” en el Congreso? Sí. “Si no, que alguien explique por qué el Senado, con 72 bancas, tiene más empleados que Diputados, con 257”, argumenta, con lógica irreprochable, un exdiputado. Pero es difícil saber cuántos son los que cobran y no hacen nada. En diciembre de 2017, después de haber instrumentado un control de asistencia con molinetes y detectores de huellas dactilares, se comprobó que casi 200 empleados de Diputados no habían ido al Congreso en los dos meses anteriores, por lo que se les abrió un sumario administrativo. En diciembre de 2018, cumplido un año del nuevo sistema de monitoreo, se acumularon 43 renuncias, 120 jubilaciones y 33 cesantías. Buena parte de estas últimas se dictaron contra empleados que no pudieron justificar inasistencias reiteradas.¹⁹ Si se considerara que todos eran ñoquis, la cifra equivaldría a apenas el 3,7 por ciento de los agentes de la cámara. La trampa reside en que, pocos meses después de instrumentar el sistema de control de asistencia en todos los sectores del Congreso, las autoridades de Diputados y del Senado emitieron resoluciones, a pedido de los jefes de las bancadas, para exceptuar del monitoreo a un buen porcentaje de empleados. En las dos cámaras quedaron a salvo los funcionarios jerárquicos y los agentes que dependen de un bloque, de un legislador o de una comisión. Es decir, casi toda la planta política.

En este punto radica una cuestión de fondo: el Congreso paga un buen porcentaje de los sueldos de la política. En simultáneo con las designaciones de cada gestión en planta permanente, que hace que los empleados se acumulen como capas geológicas y que en muchas áreas haya más personal que el necesario, el Parlamento sostiene a personas que están al servicio de diputados y senadores, o de las agrupaciones con representación parlamentaria, sin una frontera clara entre la actividad legislativa y las tareas partidarias. Al margen de casos decididamente irregulares, como las contrataciones ficticias usadas para abultar por vía de retornos indebidos el ingreso de los legisladores, está repleto de situaciones grises. Un ejemplo claro es de los empleados que diputados y senadores tienen en sus distritos. “Un diputado del interior necesita atender a la gente de su provincia. Necesita un empleado fijo allá, que no va a pisar jamás el Congreso, pero no es un ñoqui”, argumenta un expresidente de la cámara.

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Di Próspero llegó a la cima de APL el 1 de julio de 2004. Ganó las elecciones al frente de la Lista Verde y Blanca, con el 56 por ciento de los votos, y destronó a Ricardo Sablich, mandamás del sindicato desde 1992. Durante esos 12 años, el Tano se desempeñó como secretario general adjunto, número dos de Sablich, con quien había fundado la Lista Azul, en 1988. La relación era tan estrecha que Di Próspero es padrino de la hija de su antecesor. El vínculo se quebró a fines de 2003. Las versiones sobre los motivos de la pelea difieren. Sablich, que intentó recuperar su cargo sin suerte en 2008 y en 2016, asegura que fue él quien decidió y le comunicó al Tano que ya no lo quería como coequiper. Adujo cuestiones personales. Di Próspero cuenta, en cambio, que él tomó distancia porque la conducción del sindicato “se había alejado de la gente” y que Sablich no hizo nada por retenerlo: “Si querés, abrite. Yo soy marca registrada”, lo despidió, según recuerda el Tano.

La ruptura era cuestión de tiempo. Di Próspero había crecido mucho desde que, en 1984, entró a trabajar en el Congreso, con solo 19 años. Estudiaba periodismo y consiguió un puesto en la Hemeroteca. Se lo gestionó su padre, Norberto Colorado Di Próspero, concejal de Tres de Febrero, dirigente de la Unión Ferroviaria y amigo del diputado peronista Lorenzo Pepe, que estaba a cargo de la comisión administradora de la Biblioteca. Primero, creó el cuerpo de delegados de su sector y, en 1989, asumió como secretario de interior de APL, un puesto que le permitió entrar en contacto con los sindicatos de las legislaturas y los concejos deliberantes de todo el país y fundar la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina.

Después de romper con Sablich, el Tano debió abandonar la sede del sindicato y refugiarse en un local sobre la calle Bartolomé Mitre, a la vuelta del Congreso. Desde ahí organizó una campaña hormiga. “Fuimos oficina por oficina, cueva por cueva”, recuerda. “Juntó todo lo que había en contra de Sablich”, reniegan sus adversarios, y aseguran que resultó determinante el apoyo de Daniel Scioli, que en 2003 había asumido como presidente del Senado: “El secretario administrativo de la cámara, Carlos Macchiaroli, había sido empleado de la Biblioteca y se conocía con Di Próspero”. El Tano jura que llegó sin ayuda de las autoridades. La Lista Verde y Blanca, los colores de la Unión Ferroviaria, se impuso en casi todos los sectores del Congreso. Ganó en la Biblioteca, la Imprenta, la DAS y el Senado. La excepción fue Diputados, bastión de Sablich.

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La alegría de Di Próspero por el triunfo de diciembre de 2015, cuando logró que Monzó diera marcha atrás con la suspensión de ascensos y traspasos a planta permanente, duró poco. En enero de 2016, la vicepresidenta Gabriela Michetti notificó el despido de 2035 trabajadores del Senado, en sintonía con el achicamiento del plantel estatal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. La presidenta de la cámara dio de baja los nombramientos que había hecho Boudou entre enero y noviembre de 2015. “Quieren hacer una carnicería. Si dicen que hay ñoquis, que los denuncien en la Justicia”, se quejó el Tano. Su vínculo con el vicepresidente de Cristina Kirchner había sido muy especial. En diciembre de 2012, Boudou y Domínguez acompañaron a Di Próspero en la inauguración de un hotel de APL, en Villa Gesell. A partir de 2014, el Tano encolumnó al sindicato detrás de la precandidatura presidencial de Domínguez, que luego quedó en la nada, y del proyecto que, en octubre de 2015, llevó a Juan Zabaleta, entonces secretario administrativo del Senado, a la intendencia de Hurlingham. Antes de dejar el Congreso, Domínguez y Boudou autorizaron pases a planta permanente y recategorizaciones a mansalva, en las que también intervino el Tano.

Después de pegar el primer golpe, Michetti dispuso la creación de una comisión, con representantes de la oposición, para revisar caso por caso y determinar si correspondía dar marcha atrás con algunos despidos, e invitó al gremio a designar veedores. Fueron tres rondas de negociación, en las que la nómina de desvinculaciones se fue achicando. Primero, los bloques hicieron un listado de gente por reincorporar. Di Próspero presentó después una lista para rescatar a los suyos. Hubo una tercera ronda, destinada a casos puntuales, que analizó el secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, mano derecha de Michetti. En el equipo de la vicepresidenta aseguran que se concretaron unos 1700 despidos. Otras fuentes de la cámara indican que fueron unos 700. Pese a la magnitud del recorte, APL no convocó a un paro ni recurrió a la toma del recinto. Al contrario, el sindicato respaldó las medidas. “En los últimos años, se fue incrementando la planta del Senado. Hoy hay un Senado que había que ordenar y se lo está ordenando paulatinamente. Con toda responsabilidad, el diagnóstico de Michetti lo compartimos”, declaró el Tano, en marzo de 2016.

¿Qué había detrás de esa actitud? “Di Próspero tiene un enorme termómetro en el brazo y sabe cuándo el horno no está para bollos”, dijeron en el equipo de la vicepresidenta. La postura del Tano alimentó, sin embargo, las sospechas de sus adversarios internos. Enseguida atribuyeron la pasividad del sindicato a una decisión de Michetti y Monzó, que, dijeron, puso a Di Próspero contra las cuerdas. En febrero de 2016, en plena negociación por los despidos, los presidentes de Diputados y del Senado dictaron una resolución que dispuso una auditoría de las cuentas de la DAS. La obra social, a la que aportan de manera forzosa los empleados de planta del Congreso, es un bastión clave en la estructura de poder de APL.

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Los empleados del Congreso se dividen en tres grupos: los de planta permanente, que gozan de estabilidad en sus puestos, tienen derecho a acceder a la carrera administrativa y, en principio, cumplen tareas no partidarias; los de planta temporaria, agentes políticos que, en teoría, llegan y se van con el legislador o el bloque que los designa, y los “factureros”, personal contratado a través del sistema de locación de servicios, una modalidad de vínculo semestral o anual, implementada en 2002 para nombrar a los asesores de comisión, que se extendió a todas las áreas del Congreso. Según la información publicada por las dos cámaras, a inicios de 2019 Diputados tenía 2339 agentes de planta permanente, 2170 de temporaria y 532 “factureros”, mientras que el Senado contaba con 2699 empleados permanentes, 2209 de planta temporaria y 205 “factureros”. La diferencia respecto de las cifras de personal incluidas en el presupuesto 2019, de más del 10 por ciento en los datos del Senado, puede radicar en que una porción de los contratos de locación de servicios se mantiene en secreto, así como la identidad de esos empleados. Es una especie de agujero negro, un refugio para la discrecionalidad.

Los agentes de planta permanente y temporaria se subdividen en 14 categorías, de A1 a A14. En marzo de 2019, un empleado de la categoría A1, que incluye a los funcionarios políticos o de línea de la jerarquía más alta, como los directores generales, cobraba un sueldo básico de 107.759 pesos brutos (unos 2457 dólares), que podía incrementarse en más de un 50 por ciento por estudios o antigüedad, en cualquiera de las dos cámaras. Los de categoría A14, la más baja, ganaban un básico de 17.598 pesos brutos. Las diferencias aparecen entre los “factureros”. Los de Diputados percibían, a inicios de 2019, entre 17.000 y 51.000 pesos por mes, según el área en que estuvieran asignados. En el Senado podían ganar hasta 130.000 pesos, en parte gracias a una resolución de Michetti, de 2016, que habilitó un pago de un 20 por ciento adicional para ese tipo de contratos. “Fue un incentivo para frenar los ingresos a planta de empleados que después de unos años pueden reclamar derechos adquiridos”, explicó un funcionario del equipo de la vicepresidenta.

El Senado le saca ventaja a Diputados en otro rubro. El 51 por ciento de sus empleados de planta está concentrado en las cuatro categorías superiores, de A1 a A4, correspondientes a cargos de jefe de sector hacia arriba, con un sueldo mínimo de 67.461 pesos brutos, en marzo de 2019, unos 1538 dólares de ese momento. Como contrapartida, en las cuatro categorías más bajas, de A11 a A14, hay solo 182 empleados, un 3,7 por ciento. “La situación era mucho peor en diciembre de 2015. Nos dejaron al 87 por ciento del personal en las cinco primeras categorías”, se descargan en el entorno de Michetti. Además de despidos, la vicepresidenta dispuso días después de asumir el cese de cientos de recategorizaciones. En Diputados, el porcentaje de empleados en las cuatro categorías más altas es del 45 por ciento y en las más bajas, del 3,9 por ciento. El dato entra en cortocircuito con otros dos: solo un tercio de los agentes de la cámara cobra adicional por título universitario y casi un 24 por ciento no acreditó estudios secundarios, según información oficial, obtenida por la Fundación Directorio Legislativo.

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Aunque asumió la jefatura del sindicato en julio de 2004, Di Próspero no conquistó el poder hasta fines de ese año, cuando encabezó una protesta que quedó en la historia del Congreso. El gremio, también formado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y por la Unión de Personal Civil de la Nación, reclamaba que se reabrieran las negociaciones paritarias y se descongelaran los salarios, inmóviles desde 1992. En octubre de 2004 consiguieron un pago adicional de 100 pesos no remunerativos, que aumentó a 150 pesos en diciembre. El conflicto se profundizó cuando los presidentes de las cámaras, Scioli y Eduardo Camaño, comunicaron que en enero de 2005 el monto volvería a ser de 100 pesos. El gremio, con Di Próspero y Horacio el Gallego Álvarez (ATE) como caras visibles, declaró una huelga y convocó a una protesta en el Salón de los Pasos Perdidos para el miércoles 15 de diciembre de 2004, día en que había sesiones programadas en las dos cámaras. Esa tarde se cruzó una frontera que siempre se había respetado: ante la falta de respuesta de las autoridades, los trabajadores emprendieron la toma de los dos recintos. El Tano, que necesitaba hacer una exhibición de fuerza para marcar el sello de la nueva gestión, se lo había advertido esa misma mañana a los negociadores designados por los presidentes de las cámaras: “Si no tengo una solución antes de la 1, tomamos los recintos. El que avisa no traiciona”.

La ocupación del Senado fue pacífica, porque todavía no había empezado la sesión. Se extendió hasta la noche, por lo que Scioli debió postergar el debate para el día siguiente. La de Diputados fue una guerra. Para acceder al hemiciclo que rodea el recinto, militantes de ATE se enfrentaron, cuerpo a cuerpo, con el personal de seguridad. En medio de los forcejeos estalló un vidrio de una puerta de madera. Al advertir lo que estaba pasando, la diputada peronista Graciela Camaño abandonó su banca, dejó la sesión al trote e impidió el avance de los sindicalistas. Parada debajo del marco de una de las puertas de acceso, detectó que uno de los manifestantes estaba a punto de filtrarse y lo frenó de una trompada. “¿Cómo van a hacer esto? ¡Están locos!”, los enfrentó. Di Próspero y Álvarez habían ingresado en el recinto segundos antes de que empezaran los incidentes. Llegaron caminando hasta el estrado de la presidencia. “¡Qué hacen acá!”, los encaró Eduardo Camaño, fuera de micrófono.

“Se terminó la sesión. Estamos tomando el recinto”, le anunció el Tano, ante el desconcierto de los diputados. Jorge Vanossi (Compromiso para el Cambio) presentaría días después una denuncia penal por sedición. “Vamos a sesionar igual”, retrucó el presidente, justo antes de que se oyera el estallido del vidrio. Di Próspero y Álvarez salieron para ver qué estaba pasando. Los militantes se replegaron hacia Pasos Perdidos.

La tensión se trasladó entonces al Senado, que ese día tenía previsto tratar un paquete de proyectos importantes, entre ellos, la designación de Ricardo Lorenzetti como juez de la Corte Suprema. Los manifestantes ocuparon el recinto a las 14:30, provistos de bombos y banderas. ¿El Tano estaba desafiando a Scioli, quien supuestamente lo había ayudado a ganar las elecciones de APL? ¿O los términos de la protesta estaban acordados con el vicepresidente? Las versiones difieren, también en este punto. Di Próspero desmiente cualquier acuerdo y cuenta que, cuando esa misma tarde se reunió con los senadores del peronismo, Scioli le hizo llegar una advertencia: si no dejaban el recinto antes de la medianoche, los sacaban a patadas. En paralelo, el Gallego Álvarez hacía gestiones ante la Casa Rosada. En el entorno del exjefe de ATE Congreso, fallecido en diciembre de 2017, cuentan que Néstor Kirchner alentaba el desorden para debilitar a Eduardo Camaño, leal a Eduardo Duhalde. Las negociaciones se destrabaron minutos antes de las 23, cuando Scioli y Camaño obtuvieron el visto bueno del Poder Ejecutivo para mantener los 150 pesos a partir de enero. Los manifestantes abandonaron el recinto del Senado, sin incidentes. “A partir de ahí me empezaron a respetar. ‘Con este tipo no jodamos porque va a armar quilombo’, dijeron”, infla el pecho el Tano.

La batalla de diciembre de 2004 tuvo un segundo capítulo, a mediados del año siguiente, una vez abierta la negociación paritaria. El 3 de agosto de 2005, los dirigentes de APL y ATE paralizaron la actividad de las comisiones en las dos cámaras, ocuparon el recinto de Diputados e impidieron el inicio de una sesión. El acuerdo llegó en septiembre, cuando se dispuso un aumento del 20 por ciento. Pero el incremento no se hizo efectivo de inmediato porque el Poder Ejecutivo no liberó las partidas presupuestarias correspondientes. Di Próspero logró destrabar los fondos, en una gestión que lo llevó hasta la Casa Rosada y, por primera vez, lo puso cara a cara con Kirchner. De la mano del senador Miguel Ángel Pichetto, el Tano había ido a ver al entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En medio de la charla, el presidente se asomó desde atrás de un cortinado. “¿Qué pasa, Di Próspero? Deciles a Camaño y a Scioli que te den la guita”, bromeó, antes de instruir a Fernández para que liberara las partidas.

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El único sector del Congreso que redujo la cantidad de empleados durante las últimas dos décadas es la Imprenta. Pasó de 650 agentes, en 2001, a 498 en 2019, una disminución de casi un 25 por ciento. La reestructuración empezó a mediados de 2000, después de que el gobierno de Fernando de la Rúa anunció, el 29 de mayo de ese año, la firma de un decreto que disponía el cierre definitivo de la dependencia. La medida, que afectaba a 826 trabajadores, generó la reacción inmediata del sindicato: APL, con la conducción de Sablich, convocó ese mismo día a un paro “por tiempo indeterminado” y amenazó con impedir el ingreso de los legisladores al Palacio. El decreto nunca llegó a publicarse y la protesta se levantó el 1 de junio, después de que las autoridades de las cámaras y los dirigentes gremiales acordaron la reestructuración del área. Hoy es uno de los sectores más profesionalizados del Congreso. Ahí se confeccionan todos los documentos relacionados con la actividad parlamentaria, se imprimen materiales por solicitud de otros organismos del Estado y, desde 2015, publicaciones comerciales. En 2018, el 70 por ciento de las páginas impresas fueron para fines comerciales.

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Con cuatro mandatos consecutivos al frente de APL, Di Próspero ejerce un poder permanente, que construyó con mano de hierro y guantes de seda. En el Congreso, las imágenes con su rostro superan en cantidad a las de Juan y Eva Perón o las de cualquier otro dirigente, vivo o muerto. Su cara está estampada en banderas y afiches, con fondo verde y blanco, que cubren paredes del Palacio y de los edificios anexos. “Di Próspero, conducción”, “Di Próspero cumple” y “Di Próspero, junto a su gente”, puede leerse en las oficinas de las comisiones y en los sótanos de la Imprenta. Su llegada a la cúpula de APL coincidió con el inicio de una “época dorada” para el gremio legislativo. En simultáneo con la discusión de los salarios, el sindicato empezó a participar de la ampliación del personal del Congreso, una condición necesaria para mantener la paz en el Palacio. En cada oleada de ingresos, pases a planta permanente o recategorizaciones, Di Próspero presentó su propia lista.

Después de su primer triunfo, en 2004, las elecciones de APL dejaron de ser parejas. En 2008 alcanzó el 75 por ciento de los votos, en 2012 encabezó una lista única y en 2016 se alzó con el 82 por ciento. La Lista Verde y Blanca también se impuso en los últimos comicios para designar representantes del gremio en la DAS, el 10 de octubre de 2018. Ese día, el Tano votó en el Salón de los Pasos Perdidos y se dio un baño de popularidad. Vestía jeans ajustados, zapatos de punta y un saco de cuadros azules y blancos, con solapa de pana. Apenas ingresó en el salón, quedó rodeado de trabajadores, que se acercaron para saludarlo. Corpulento y de sonrisa fácil, el Tano repartió abrazos y comentarios al oído. A un agente de seguridad lo despidió con una palmada en la cola. “¿No me vas a saludar?”, lo apuró desde atrás una mujer de unos 50 años. Al reconocer a la autora del reproche, él se sonrió, le tomó la cara con las dos manos y le estampó un beso en la boca. Ella se rio a carcajadas. La escena se repitió minutos después, con una mujer un poco mayor.

“Son compañeras de hace 30 años”, dice el Tano, sonriente, en su despacho de la sede de APL, a dos cuadras del Congreso. Detrás de su escritorio tiene una foto con Raúl Alfonsín y otra con el papa Francisco. En un rincón, armó una suerte de santuario, con imágenes de vírgenes y santos. “Son cosas que me regalan los empleados”, cuenta, mientras prepara un mate que lleva estampado su nombre. Cuando se mueve, el Tano suena. Usa cinco anillos, cinco pulseras y diez cadenas doradas. “Son todas de fantasía”, aclara, mientras separa uno de los colgantes. Dice “A mi manera”, el título de su canción favorita. Se lo regaló su exmujer, con la que crio a cuatro hijos y de la que se separó en 2007. “Hace doce años que estoy solo. Elegí esto”, dice, mirando las paredes de su oficina.

En sus dos primeros mandatos, el Tano duplicó la cantidad de afiliados de APL, que pasó de 4500 a 9000, alrededor de dos tercios del total de empleados del Congreso. Ese incremento fortaleció el poder económico del sindicato, al igual que la duplicación de la cuota de aporte sindical, que, en 2009, pasó del 1 al 2 por ciento. Ese año, APL amplió el polideportivo que tiene en Castelar, comenzó las obras de remodelación de la sede del sindicato, un edificio cedido por la DAS, y compró dos nuevos hoteles, uno en Mar del Plata y otro en Villa Gesell. “La mayoría de los funcionarios del Congreso son de APL y le deben planta, categoría o ingreso de familiares a Di Próspero. Por eso tiene tanto poder”, explica un asesor con más de treinta años de permanencia en Diputados.

El Tano no reniega de esas gestiones. “Si a los que critican les decís si quieren meter a su hijo en el Congreso, vamos a ver qué contestan. Si hay una vacante, ¿por qué no hacerlo? No nombro a hijos de compañeros para que no laburen y tener una caja propia. Los nombro para que vengan a laburar. Les estoy consiguiendo un trabajo”, dice.

Esa red de contactos le permite a Di Próspero apelar a métodos poco ortodoxos durante las negociaciones con las autoridades políticas. “El Tano maneja los servicios generales. Cuando no cerraba la paritaria, subía la calefacción en el recinto y los mataba a todos de calor”, cuenta una asesora que ingresó en el Congreso en la década del 90. El secretario general de APL niega esas versiones y asegura que, después de 2005, no volvieron a boicotear una sesión. Confirma, sin embargo, que tiene el poder para hacerlo. “Manejo el audio, la calefacción, el agua, todo. Si quiero, paro el Congreso, manejo toda la línea”, dice, sin subir el tono, pero advierte que el recurso más valioso para las negociaciones con las autoridades políticas no tiene que ver con cuestiones logísticas u operativas: “Manejo información. Si no tengo información después de tantos años, soy un boludo”.

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La designación de familiares no es una costumbre exclusiva de los jefes sindicales. El nepotismo es moneda corriente entre diputados y senadores, sin distinción de partidos. En la nómina de personal temporario de Diputados, publicada a inicios de 2019, figuraban, entre otros, Hugo Antonio Moyano, hijo del líder de camioneros y medio hermano del diputado Facundo Moyano (Red por Argentina); Sergio Rossi, primo de Agustín Rossi (FPV); Diana Russo, hermana de Laura Russo (FPV); María Bahillo, hermana de Juan José Bahillo (Bloque Justicialista); Eduardo Raimundo Brizuela del Moral, hijo de Eduardo Brizuela del Moral (Cambiemos); José de Mendiguren, hijo de José Ignacio de Mendiguren (Frente Renovador); Luis Camilo Gioja, hijo de José Luis Gioja (FPV); Juan Moreau, hijo de Leopoldo Moreau (FPV); Nicolás Salvarezza, hijo de Roberto Salvarezza (FPV); Micaela Tundis, sobrina de Mirta Tundis (Frente Renovador). En la planta temporaria del Senado, aparecían Marina Solanas, sobrina del senador Pino Solanas (Proyecto Sur); Alicia Aguilar, esposa de Eduardo Aguilar (Bloque Justicialista), y José Domingo Mayans y César Mayans, hijo y hermano de José Mayans (Bloque Justicialista), respectivamente. Varios senadores también lograron designar familiares en la planta permanente de la cámara. Algunos casos son los de Lucía Temkin, sobrina de José Alperovich (Bloque Justicialista); Carolina Pichetto, hija de Pichetto (Bloque Justicialista); María Verónica Ghío, esposa de Carlos Reutemann (Cambiemos); Bruno Marino, sobrino de Juan Carlos Marino (Cambiemos); Pedro Fuentes, hijo de Marcelo Fuentes (FPV), y Javier Urtubey, sobrino de Rodolfo Urtubey (Bloque Justicialista).

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La auditoría sobre las cuentas de la obra social puso muy nervioso a Di Próspero. La DAS maneja un presupuesto enorme, de más de 1600 millones de pesos, según el balance de 2016, el equivalente al 14 por ciento de los fondos del Poder Legislativo. Como no está incluida en el régimen de obras sociales, no es controlada por la Superintendencia de Servicios de Salud. La presidencia del organismo depende de las autoridades políticas del Congreso. Pero el sindicato opera como un coadministrador permanente. De hecho, la tesorera del organismo, Rosa Giménez, es una empleada de la Biblioteca que responde a Di Próspero, al igual que la mayoría de los miembros de la comisión directiva.

El análisis contable, a cargo de cuatro profesionales contratados por Michetti de manera directa, se terminó en junio de 2016. Pero sus resultados se mantuvieron en secreto, lo que alimentó las versiones de que la auditoría se estaba usando como una herramienta de presión para domesticar a Di Próspero. En agosto de ese año, dos empleados del Congreso enfrentados con el Tano, Jorge Marchetti y Néstor Molinari, presentaron un pedido de acceso a la información ante el Senado para que se dieran a conocer los resultados de la auditoría. Di Próspero reaccionó furioso. “Lo único que logran estos compañeros es poner en peligro las fuentes de trabajo de los empleados de la obra social. Son miserables, son canallas, no tienen escrúpulos. Realmente merecen el repudio de todos los trabajadores legislativos y de la obra social”, dijo, en un video que publicó en noviembre de 2016, con motivo de la celebración del Día del Empleado Legislativo.

Las autoridades del Senado rechazaron el pedido de acceso a la información, pero la auditoría terminó publicándose, en abril de 2017, después de que la Fundación Poder Ciudadano obtuvo un fallo favorable de la Justicia. Se reveló que la obra social había tenido en 2014 un déficit de 41 millones de pesos, y que la unidad de auditoría interna dependía de la comisión administradora, es decir que reportaba al área que debía controlar. La crisis de la DAS, que incluyó la pérdida de prestadores y el deterioro en la atención, derivó en 2018 en la tercerización del servicio en manos de una empresa de medicina prepaga. Michetti llevó adelante una licitación, en la que se impuso la firma Omint. No fue una sorpresa para nadie: en los pasillos del Palacio se comentaba que iba a ganar esa compañía semanas antes de que finalizara el proceso licitatorio. Di Próspero no puso reparos al nuevo sistema, que garantizó las fuentes de trabajo en la obra social, con unos 679 empleados, según el presupuesto de 2019.

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Detrás del Senado, la Biblioteca es el sector del Congreso donde más aumentó la cantidad de empleados. Pasó de 965 empleados, en 2001, a 1501 en 2019, después de tocar el techo de 1726 trabajadores, en 2018. En 1983, tenía apenas 183 empleados, según informes publicados en mayo de 2000, cuando el gobierno de la Alianza apuntó sus cañones contra el crecimiento del personal legislativo. Como en el resto del Congreso, el mayor salto del plantel de la Biblioteca se dio entre 2011 y 2015. En ese período, la plantilla del organismo, que depende de las dos cámaras, creció un 31,4 por ciento: de 1228 empleados, a inicios de 2012, a 1613, a fines de 2015, según el presupuesto elaborado para 2016. “El 80 por ciento de los que trabajan ahí son de Tres de Febrero, la localidad de Di Próspero. Los tenés ordenados por calle”, exagera un sindicalista, rival del Tano en el Congreso.

En octubre de 2017, el presidente Mauricio Macri puso al organismo bajo fuego. “Hay repartidos por el Estado rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos, en todos los niveles, logran ubicar amigos, parientes, militantes de sus agrupaciones. Un ejemplo que descubrí hace muy poco es el de la Biblioteca del Congreso, que tiene más empleados que las bibliotecas más grandes del mundo, que pasó de menos de 500 a más de 1700 empleados en los últimos años. Este tipo de estafas se tienen que terminar”, dijo al relanzar su gobierno tras el triunfo en las elecciones legislativas de medio término. Di Próspero lo entendió como un ataque personal y le respondió por carta. Le recordó que él no había dicho nada cuando ocupó una banca en el Congreso, entre 2005 y 2007, señaló que la Biblioteca es administrada por una comisión bicameral de seis diputados y seis senadores, entre ellos varios del oficialismo, y sostuvo que las comparaciones internacionales eran inadecuadas porque la Biblioteca del Congreso no es una mera biblioteca parlamentaria, sino que presta servicios a toda la comunidad. “Hay servicios que por lo general se tercerizan, como la seguridad y la limpieza, que nosotros no tercerizamos”, dice el director general del organismo, Alejandro Santa, y advierte que muchos trabajadores que figuran en la plantilla de empleados de la Biblioteca están afectados a otros sectores del Congreso.

Hizo causa común con el Tano la diputada kirchnerista Teresa García, presidenta de la comisión administradora hasta diciembre de 2017. Di Próspero y Teresa García no siempre habían estado del mismo lado. Cuando la designaron al frente de la comisión administradora, estalló una guerra. Primero, el Congreso se llenó de carteles con su nombre, que advertían sobre el nombramiento inminente de cientos de “ñoquis de La Cámpora”. El secretario del organismo y el responsable administrativo, cercanos al Tano, se negaron a entregarle el listado con los sueldos de planta permanente asignados a la Biblioteca. Meses después, diez delegados del sindicato tomaron la oficina de García para advertirle que no iban a permitir despidos. “En un acto por los 40 años de las Madres de Plaza de Mayo le cortaron el agua y la luz, y dejaron todos los baños sucios”, recuerdan en el entorno de la exdiputada.

Pese a que la presidencia de la comisión administradora de la Biblioteca debe renovarse cada dos años, entre 2009 y 2015 la retuvo la senadora santafecina Roxana Latorre, primero leal a Carlos Reutemann y después apadrinada por Pichetto, jefe de la bancada kirchnerista hasta diciembre de 2015. Antes de dejar el cargo, la senadora se encargó de blindar la transición. Dictó una resolución que dispuso que, en adelante, toda decisión debía llevar también la firma del vicepresidente de la comisión, lugar que ocupaba el radical Juan Carlos Marino, un dirigente que responde al histórico operador de la UCR Enrique Coti Nosiglia, símbolo de un poder permanente en distintos organismos del Estado.

Cuando García se fue del Congreso, en diciembre de 2017, Marino asumió la presidencia de la comisión, cargo que mantuvo hasta 2019. En su gestión el plantel de la Biblioteca se redujo un 13 por ciento, por medio de retiros voluntarios, jubilaciones y controles de presentismo. El organismo suspendió por “tiempo indefinido” todo nuevo nombramiento en la plantilla de personal permanente y temporario. Se ordenó, además, realizar una “reorganización de las estructuras administrativas […] procediéndose a la supresión de los cargos que ya no resulten estrictamente necesarios para el cumplimiento de las misiones y funciones de cada área”.

Sin los bríos de otras épocas, el Tano dio una batalla soterrada para defender a los suyos. El presupuesto de 2019, votado a fines de 2018, incluía un ajuste de 235 millones de pesos para la Biblioteca, lo que hubiese implicado una reducción drástica del personal. Di Próspero logró frenar una porción del recorte a último momento, gracias a otra gestión de Pichetto. “No podemos votar el presupuesto con un conflicto dentro de la casa”, advirtió el senador, en una de sus negociaciones con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para aprobar el plan general de ingresos y gastos del Estado. En silencio, el Tano superó lo peor de la tormenta y puso en marcha la campaña para seguir al frente del sindicato, a partir de 2020.

19. La Nación, 2 de abril de 2019.

Capítulo 12

Cuánto poder tiene el Congreso

“Señor presidente: para el oficialismo y hasta el 10 de diciembre este Congreso vuelve a ser una escribanía del Poder Ejecutivo. Que el gobierno lo pretenda se entiende. Que este cuerpo lo convalide resulta inadmisible”.

DIPUTADA MARTA VELARDE

(Justicialismo Republicano, Santiago del Estero).

14 de octubre de 2009. Discusión de la ley

de presupuesto (versión taquigráfica)

“Escribanía”, “sello de goma”, “máquina de impedir”, “amenaza para la gobernabilidad”. Con calificativos de lo más variados, en los últimos años se instalaron dos ideas opuestas acerca del papel del Congreso. La primera indica que es un mero teatro de la política, donde se escenifican guiones escritos en otro lado. La segunda sostiene que cuenta con la fuerza suficiente para obstaculizar las iniciativas del presidente y hasta paralizar la gestión de gobierno.

¿Cuál de las dos visiones es correcta? ¿O las dos son equivocadas? En definitiva, ¿cuánto poder tiene el Congreso en la Argentina?

Tiene más poder del que se cree, pero mucho menos del que podría llegar a tener. Está siempre presente como caja de resonancia potente de las principales discusiones de la democracia, y tiene poder de veto en la designación de jueces y fiscales, y en los ascensos de militares y diplomáticos. Cuando el presidente pierde popularidad, el Congreso gana visibilidad y muestra su fuerza. En casos extremos incluso garantiza la estabilidad del Poder Ejecutivo o favorece su salida. Dicho de otro modo: aunque muchas veces lo parezca, el Congreso no está pintado ni puede ser ignorado por la Casa Rosada. En escenarios de gobiernos fuertes, sin embargo, suele entrar en estado de hibernación, ceder protagonismo y hasta delegar funciones en el Poder Ejecutivo. En los últimos años, esa fragilidad se combinó con una fragmentación récord, una polarización que dificulta su funcionamiento, y una deficiencia profunda en sus facultades de control del Poder Ejecutivo. Es además una pasarela de legisladores inexpertos que, lejos de querer perpetuarse en sus bancas, usan al Congreso como trampolín para sus carreras políticas provinciales. La respuesta completa, con matices y aclaraciones, se puede sintetizar en 15 claves:

Clave 1: En la Argentina gobierna el presidente, no el Congreso

Como todos los países de la región, la Argentina es presidencialista. De acuerdo con su Constitución, el presidente “es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”. Ese diseño institucional descalifica cualquier análisis que pretenda medir el poder del Congreso en comparación con el peso del Poder Ejecutivo en la gestión de gobierno. No solo eso. A diferencia del diseño institucional de los Estados Unidos, fuente de todas las constituciones de la región, los presidencialismos de América Latina optaron por la construcción de un presidente fuerte. Tras la sucesión de conflictos regionales y guerras internas que sobrevinieron a la caída del orden colonial, el peligro no era, como en los Estados Unidos, “la tiranía de las mayorías”, sino la anarquía. “El imperativo que dominó la tarea constituyente fue asegurar capacidad de decisión”, explica la politóloga Ana María Mustapic, una de las referentes en los estudios sobre el Congreso en América Latina.²⁰ En distintos rincones del continente, señala la experta, se citó elogiosamente una frase de Simón Bolívar: “Los nuevos Estados de la América antes española necesitan reyes con el nombre de presidente”.

Clave 2: El Congreso comparte su función primaria, la formación de leyes, con el Poder Ejecutivo

El objetivo de fortalecer al Poder Ejecutivo se nota con claridad en las “atribuciones legislativas” de los presidentes, es decir, en las capacidades que se les confieren para imponerse sobre el Congreso: los poderes de veto y de decreto, y la exclusividad para iniciar el debate parlamentario en determinadas cuestiones. Según una clasificación de las constituciones de la región, que identifica una escala de cuatro tipos de autoridades parlamentarias de los presidentes, la Argentina se ubica —junto con Chile y Ecuador— en la categoría más alta, con un Poder Ejecutivo “potencialmente dominante”, dado que cuenta con todas las atribuciones legislativas mencionadas.²¹ De ahí que, como señalan Mustapic y otros politólogos, no convenga mirar al Congreso argentino con la lupa de los Estados Unidos, donde reside el Congreso más fuerte de los sistemas presidencialistas. Por esa misma razón tampoco procede partir del concepto de “balance de poderes”, puntal del diseño republicano estadounidense. “La relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en nuestra Constitución está gobernada por principios de mayorías y consensos. El presidente argentino, a diferencia del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, tiene capacidad de iniciativa legislativa y participa de la formación de las leyes”, enseña Ernesto Calvo, otro referente de la literatura politológica sobre el Poder Legislativo en América Latina.

Clave 3: Sin Congreso no hay democracia

¿Entonces? ¿Tienen razón los que dicen que el Congreso es una cáscara vacía? No. En el Congreso vive la democracia. Es el único de los tres poderes incompatible con una dictadura. Es el primero que se clausura después de un golpe de Estado. Es el poder con mayor estabilidad de reglas de juego. Es el ámbito de acción de la oposición y el lugar donde todas las fuerzas políticas conviven. Quizás por todo eso el capítulo dedicado al Poder Legislativo en la Constitución figura en primer lugar, antes que los del resto de los poderes.

Clave 4: El Congreso tiene un poder de última instancia mayor que el del presidente

El papel de refrendar o rechazar los proyectos del Poder Ejecutivo, que en escenarios de gobiernos muy fuertes puede hacer parecer al Congreso como una escribanía, no es una función menor, dado que refuerza o debilita la estabilidad del presidente. La potencia de esa atribución se percibe de tanto en tanto y queda a la vista de todos en momentos de crisis, en los que legitima decisiones impopulares y, a costa de debilitarse, delega facultades para fortalecer al Poder Ejecutivo. Ocurrió con claridad en enero de 2002, cuando, a pedido del presidente Eduardo Duhalde, se sancionó la ley de “emergencia económica”, que se fue prorrogando sucesivamente hasta diciembre de 2017. También en marzo de 2001, cuando se otorgaron “superpoderes” al ministro de Economía, Domingo Cavallo, y en 2006, cuando se facultó a la Jefatura de Gabinete para reasignar partidas del presupuesto sin autorización del Parlamento. Con restricciones introducidas en 2016, esa facultad todavía mantiene vigencia, aunque las mayores reasignaciones de fondos se aplican por vía de DNU. El Congreso muestra su fuerza también como ámbito de resolución de disputas, como pasó en 2008, durante el conflicto del campo. En situaciones todavía más extremas, el Parlamento garantiza la continuidad del Poder Ejecutivo o favorece su caída, como sucedió en el final abrupto del gobierno de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001. En esa crisis, actuó como sostén de la democracia y garante de la continuidad institucional. “Los estudios comparativos de ciencia política señalan que hay dos factores que contribuyen a la caída anticipada de un presidente: la calle (protestas masivas) y el Palacio (tener al Congreso en contra), y el segundo es el más relevante —señala el politólogo Andrés Malamud—. Ergo, la explicación de la democracia renga, esa máxima de que en la Argentina ‘solo los peronistas pueden gobernar’, no reside en el peronismo, sino en el Congreso o, mejor dicho, en la capilaridad territorial del peronismo, que le permite controlar el Senado”. Como recurso extremo, el Congreso cuenta con el juicio político, una atribución que le permite destituir al presidente o a cualquiera de sus ministros. En cambio, el Poder Ejecutivo no puede destituir a un miembro del Legislativo. Tampoco puede hacerlo el Poder Judicial.

Clave 5: El nivel de apoyo del Congreso al Gobierno depende del tamaño del oficialismo y de la popularidad del presidente

El uso del juicio político y de otras herramientas menos extremas depende de la composición partidaria de las cámaras, es decir, del respaldo que tenga el presidente en el Congreso. Esa variable es clave, porque en la gran mayoría de las votaciones el recinto se divide entre oficialistas y opositores. Esa relación de fuerzas define la actitud general del Congreso. El nivel de apoyo parlamentario surge de la integración y el tamaño de los bloques, resultado de las elecciones que se hacen cada dos años. En la Argentina, el oficialismo solo estuvo en minoría en las dos cámaras en el gobierno de Mauricio Macri, en los últimos dos años del mandato de Raúl Alfonsín y en los últimos diez días de la gestión de De la Rúa. En todos los casos el gobierno manejó al menos un tercio de una de las dos cámaras, lo que le garantizó el poder de veto. Pero hay otro factor clave que aporta imprevisibilidad al sistema: el nivel de popularidad del presidente. Puede cambiar de manera repentina y convierte al Congreso, en especial a la Cámara de Diputados, en una caja de resonancia o termómetro del humor social. Cuando la imagen presidencial registra alteraciones marcadas, se demuestra que la disciplina partidaria no está garantizada y las fronteras entre oficialismo y oposición se tornan difusas.

Clave 6: El presidente es el actor individual con mayor control sobre diputados y senadores

En escenarios de estabilidad, ante la fragmentación creciente del sistema de partidos, se vuelve relevante otra cuestión: ¿quién tiene el poder en el Congreso?, ¿a quién responden los diputados y senadores, más allá de los bloques a los que pertenecen?, ¿quién maneja los hilos? La respuesta está, en gran medida, en descifrar quiénes son los actores con poder de nominación en el armado de las listas, o, como se dice en la jerga política, en saber quién maneja la lapicera. La distribución de ese poder varía según el partido, el distrito y la época. Pero hay dos actores que mantuvieron el predominio a lo largo de los años, el presidente y los gobernadores. El manejo de la lapicera está fragmentado, porque ninguno de los dos decide más del 30 por ciento de las candidaturas.²² Pero el presidente tiene una ventaja: mientras que los gobernadores son muchos y suelen tener intereses divergentes, el Poder Ejecutivo es unipersonal, tiene bancada propia y dispone de recursos fiscales (fondos) e institucionales (cargos) para negociar. En el Congreso se respeta además una tradición: el partido del presidente, aunque esté en minoría, tiene la presidencia provisional del Senado, de la Cámara de Diputados y de las principales comisiones, lo que le asegura un poder de agenda para determinar qué temas llegan al recinto y cuáles no.

Clave 7: La mayoría de las leyes se origina en el Congreso y buena parte de ellas nace de proyectos de la oposición

¿Entonces? ¿Es cierto que el Congreso es una escribanía del Poder Ejecutivo? No. O, al menos, no es solo eso. Para demostrarlo sirve analizar la composición de las leyes. La influencia de la Casa Rosada varía a lo largo de los años, de acuerdo con el peso parlamentario del oficialismo. Pero hay indicadores que se mantienen constantes. En el período que va del 10 de diciembre de 1983 al 31 de diciembre de 2018, se sancionaron 4461 leyes, de las cuales 2501 (un 56 por ciento del total) nacieron de proyectos de diputados o senadores. Es decir, la mayoría de las leyes tuvo origen en el propio Congreso. La tasa de participación legislativa del Poder Ejecutivo, así se llama este indicador, solo fue mayor que la de los legisladores en la presidencia de Alfonsín, cuando promedió el 53 por ciento, mientras que entre 1989 y 2015 fluctuó entre el 40 y el 47. La tasa de participación legislativa del Poder Ejecutivo cayó al 29 por ciento en la gestión de Mauricio Macri, el presidente que gobernó más tiempo en minoría en las dos cámaras.²³ Otro factor desacredita la idea del Congreso como mera escribanía: del total de leyes surgidas de proyectos de legisladores, casi un tercio nació de iniciativas de la oposición, una tasa “relativamente alta para partidos no oficialistas”, señala Ernesto Calvo, en guerra contra la idea de que los Congresos con “mayorías arrolladoras” dejan sin margen de acción a la oposición. Durante los gobiernos de Cristina Kirchner, etapa en la que se instaló con fuerza la idea del Congreso como escribanía, el porcentaje de leyes con origen opositor se redujo levemente: alcanzó un 28,5 por ciento de las leyes iniciadas por legisladores. Señala el autor de Legislator Success in Fragmented Congresses in Argentina: Plurality Cartels, Minority Presidents, and Lawmaking, referencia ineludible de los estudios sobre el Congreso, que “es cierto, sin embargo, que en los primeros treinta años desde la recuperación de la democracia el peronismo tuvo consistentemente mejores tasas de éxito legislativo que el radicalismo, en particular cuando este segundo partido fue relegado a la oposición. Esta diferencia se explica en gran medida por altas tasas de aprobación de legislación en el Senado, que siempre fue controlado por el peronismo”. El total de proyectos aprobados por los distintos partidos, concluye Calvo, “es proporcional al número de bancas controladas por sus miembros”.

Clave 8: La gran mayoría de las leyes importantes surge del Poder Ejecutivo

El reparto casi igualitario en la tasa de participación legislativa se explica a partir de lo que Mustapic y Alejandro Bonvecchi definieron como el “secreto eficiente” del presidencialismo argentino.²⁴ Es una división del trabajo que consiste en la coexistencia de dos agendas parlamentarias no competitivas: una del Poder Ejecutivo, enfocada en las leyes de alcance nacional, por la que se enfrentan oficialismo y oposición, y otra de los legisladores, centrada en temas locales, en la que se instala un clima de “vive y deja vivir”, según define Ernesto Calvo. A esta división de agendas podría agregarse otra, entre las normas que requieren recursos presupuestarios o afectan la estructura de poder institucional, siempre sensibles para el Poder Ejecutivo, y aquellas de corte social o simbólico, donde se ensancha el margen de acción de los legisladores. ¿Entonces? ¿El Congreso tiene una influencia legislativa equiparable a la del Gobierno? No, para nada. Más allá de la paridad numérica, el peso específico de las leyes del Poder Ejecutivo es mucho mayor que el de las normas de los legisladores. La agenda que marca el ritmo del Congreso es, salvo contadas excepciones, la agenda del Poder Ejecutivo. Los legisladores no son una usina de políticas públicas comparable a la Casa Rosada. La estadística de normas propias se engrosa con un buen porcentaje de leyes peso pluma, como las que declaran capitales y fiestas nacionales en distintos rincones del país, o las que llenan el calendario de “días nacionales” para homenajear a personas o actividades. Con el sueño de ser intendentes o gobernadores, la mayoría de los diputados y senadores convierte buena parte de su producción legislativa en un recurso político para captar la atención de sus electorados locales.

Clave 9: En promedio, el Congreso rechaza o modifica más de la mitad de los proyectos del Gobierno

Un indicador más esclarecedor del poder del presidente en el Congreso es la llamada tasa del éxito legislativo del Poder Ejecutivo, que mide qué porcentaje del total de proyectos enviados por la Casa Rosada se convierte en ley. Entre 1983 y 2017, promedió un 66,9 por ciento, con 2903 proyectos y 1941 leyes. Dicho de otro modo, en los primeros treinta y cuatro años desde la recuperación de la democracia, el Congreso rechazó un tercio de los proyectos del Poder Ejecutivo,²⁵ sin contar los que aprobó con cambios. Señala Calvo que “en la Argentina se ejerce un control legislativo sobre el presidente que es más extenso que el de la mayoría de los presidencialismos contemporáneos, tanto en América Latina como en el mundo. […] La imagen del Congreso argentino como una escribanía es demostrablemente falsa. […] Desde la transición democrática el Congreso ha rechazado o enmendado una mayoría de proyectos de ley de Ejecutivo, en contraste con muchos de sus pares de América Latina”. Y ejemplifica: “El Congreso de Chile, por caso, sanciona alrededor del 90 por ciento de los proyectos de ley del Ejecutivo, mientras que el Congreso de Brasil aprueba casi la totalidad de los proyectos fiscales del Ejecutivo”, y precisa que el Congreso argentino modifica alrededor de un tercio de los proyectos de la Casa Rosada a los que convierte en ley.²⁶

En la medida en que el Poder Ejecutivo no tenga una mayoría sólida deberá pagar un costo mayor de negociación. Para los gobernadores con bloques propios, o “poder de chantaje” en la jerga politológica, son ocasiones inmejorables para sacar provecho. “Los mejores kioscos son los bloques medianos, de 5 o 6 diputados, como los de Santiago del Estero y Misiones”, explica un operador del Pro, quien aclara que estos intercambios no implican actos de corrupción: “Los gobernadores cobran con obras o beneficios para sus provincias. En la negociación del presupuesto 2019, Zamora [Gerardo, gobernador de Santiago del Estero] pidió extender por tres años el contrato del certamen de motos GP y la cancelación de una deuda histórica de la Anses con la obra social de empleados de la provincia”. Sin embargo, la tasa de éxito legislativo del Poder Ejecutivo tuvo variaciones significativas a partir de 2005, cuando el kirchnerismo se consolidó en el poder y obtuvo mayoría en las dos cámaras. Mientras que en las presidencias de Raúl Alfonsín (61,2%) y de Carlos Menem (68% y 55,4%) se mantuvo en un rango moderado, que se extendió incluso durante la breve gestión de Fernando de la Rúa (66,9%), el interinato de Eduardo Duhalde (61%) y la primera mitad del gobierno de Néstor Kirchner (64,1%), en el período 2005-2007 alcanzó el récord de 79,9 por ciento, uno de los más altos de la región. El kirchnerismo mantuvo en adelante una tasa superior al 76 por ciento y obtuvo un récord impresionante, de 92,5 por ciento, en los últimos dos años de gestión de Cristina Kirchner (2013-2015).²⁷ El porcentaje de proyectos del Poder Ejecutivo aprobados sobre el total de los enviados por la Casa Rosada se desplomó en la presidencia de Macri, al caer al 48,27 por ciento, la marca más baja desde 1983.²⁸

Esta variación abrupta marca el inicio de una nueva etapa en el Congreso, que se confirma en 2008 con el quiebre del modelo de consenso y la inauguración de un período mayoritario en la fijación de la agenda de las sesiones. Las cifras tienen, sin embargo, sus matices. El primero es que el gobierno de Cambiemos es una rareza. Fue el único que empezó con minoría en las dos cámaras. La segunda: el éxito legislativo de la última etapa de Cristina Kirchner radica no solo en que tenía mayoría en las dos cámaras, sino en que redujo significativamente la cantidad de proyectos que envió al Congreso, casi a la mitad del promedio anual desde 1983. “La tasa de Macri no es tan diferente al promedio. Todos pensaban que en 2016 el gobierno no iba a poder aprobar leyes y, sin embargo, logró sancionar las más importantes [como el acuerdo con los fondos buitre, la reparación histórica para los jubilados, el blanqueo de capitales y las leyes de presupuesto]”, insiste Calvo, para ahuyentar la idea del Congresos como “máquina de impedir”.

Clave 10: No importa qué haga, el Congreso siempre tiene mala imagen

Si el Congreso no es una mera escribanía ni una máquina de impedir, ¿por qué tiene tan mala imagen? De acuerdo con Latinobarómetro, una organización civil con base en Chile dedicada a medir el nivel de confianza en las instituciones en América Latina, el problema es antiguo y abarca a toda la región. En 2018, el Congreso argentino tuvo un nivel de confianza del 26 por ciento, apenas por encima del promedio del 25 por ciento que había alcanzado en los diez años posteriores a la crisis de 2001, cuando tocó el piso del 9 por ciento. La marca de 2018 se ubicó también arriba del promedio de los parlamentos de la región, del 21 por ciento. Ese año encabezó la tabla Uruguay, con el 33 por ciento de confianza, y la cerró Perú, con el 8 por ciento. La mala imagen de los parlamentos, advierte Calvo, es universal y se sostiene incluso durante de bonanza económica y de alta popularidad del presidente. ¿Por qué? “El Congreso —explica— es una institución en la cual los réditos políticos son capitalizados por los actores individuales o los partidos políticos, mientras que los costos son socializados, absorbidos por la institución”.

Clave 11: La gran mayoría de los legisladores no se quiere quedar en el Congreso

El Congreso argentino tiene una particularidad que lo hace único. A diferencia de lo que podría pensarse, la tasa de reelección de los legisladores es la más baja de la región y una de las menores en el mundo. Entre 1983 y 2018 renovaron al menos una vez su banca menos del 20 por ciento de los diputados y senadores, según un estudio de la Fundación Directorio Legislativo, mientras que en los Estados Unidos esa cifra ronda el 60 por ciento. Como se dijo anteriormente, la gran mayoría de los legisladores ve al Congreso como un lugar de paso, una plataforma de escasos recursos económicos, pero con gran visibilidad para lanzar sus carreras políticas provinciales. Es también una parada donde exgobernadores, exintendentes y exministros se sientan a esperar el tren hacia las próximas elecciones para un cargo ejecutivo. Lo que podría verse como una virtud es, en realidad, una fuerte debilidad. El efecto es un gran número de legisladores amateurs,²⁹ sin especialización en las comisiones de trabajo y, en muchos casos, sin un conocimiento básico del reglamento. Si a eso se suma la profesionalización escasa de buena parte del personal permanente, el resultado es un Congreso en desventaja frente al resto de los poderes. “¿Cuántos ministros perdieron el cargo después de comparecer ante el Congreso? —pregunta el politólogo Juan Pablo Micozzi, especializado en los parlamentos latinoamericanos—. Cuando Domingo Cavallo iba al Congreso en los 90, tenía un equipo de 40 personas. Técnicamente, los legisladores no pueden competir contra eso”.

Clave 12: El Congreso no rechaza los decretos de necesidad y urgencia ni resiste los vetos presidenciales

Otro indicador indispensable para analizar la relación entre el Congreso y el gobierno es el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y de los vetos presidenciales, las principales atribuciones legislativas del Poder Ejecutivo. La aplicación de los decretos se descontroló a partir de 1989, con la asunción de Menem. Mientras que entre 1853 y 1989 se habían emitido 25 DNU, 2 de ellos durante el gobierno de Alfonsín, en la primera presidencia de Menem (1989-1995) se dictaron 177 y en la segunda (1995-1999), 105, un total de 282 en sus diez años y medio de gobierno. Si se tiene en cuenta el tiempo de gestión de cada presidente, el ranking lo encabeza Duhalde, con 9,1 DNU por mes, seguido de Néstor Kirchner, 4,5; De la Rúa, 2,5; Menem, 2,3; Macri, 1,4; Cristina Kirchner, 0,9, y Alfonsín, con 0,03.³⁰

El veto presidencial, una herramienta que le permite al Poder Ejecutivo rechazar una ley o algunos de sus artículos, es menos usado. Desde 1983 hasta 2018, los presidentes vetaron total o parcialmente 193 leyes, menos del 5 por ciento del total. Al tope de la tabla de frecuencia en el uso de vetos se ubica De la Rúa, con 1,1 vetos por mes (26 en total); Duhalde, 0,8 (14 en total); Menem, 0,6 (79); Alfonsín, 0,6 (40); Néstor Kirchner, 0,25 (13); Macri, 0,2 (8) y Cristina Kirchner, 13 (0,1).

Más importante que observar el uso que les dieron los presidentes a esas atribuciones es ver cuál fue la reacción del Congreso. La reforma constitucional de 1994 convalidó los DNU e intentó limitarlos: definió materias vedadas para su aplicación (legislación tributaria, penal, electoral y de partidos políticos) y dispuso que solo podían usarse en circunstancias de “necesidad y urgencia”. La ambigüedad de esta última definición convalidó la continuidad de un uso abusivo, al que el Congreso contribuyó con la ley reglamentaria de 2006, que regula el trámite parlamentario de aceptación de los DNU. Esa ley, sancionada por una mayoría kirchnerista y conservada intacta durante el gobierno de Macri, consagra la aprobación tácita de los decretos: determina que tienen validez desde su publicación, salvo que las dos cámaras los rechacen de manera explícita. El resultado: la abrumadora mayoría de los DNU emitidos desde 1983 no se trató en los recintos de ninguna de las dos cámaras y mantuvo su vigencia con el silencio del Congreso como toda respuesta. Entre 1994 y 2006, el Congreso solo rechazó cuatro decretos de presidentes en ejercicio y, desde entonces, nunca más volvió a hacerlo.³¹ Para contrarrestar los vetos presidenciales, el Parlamento tiene la facultad de la insistencia, un recurso muy difícil de aplicar, dado que para su aprobación se requiere de una mayoría de dos tercios en cada cámara. Como desde 1983 todos los presidentes controlaron al menos un tercio de una de las cámaras, las pocas insistencias que se concretaron contaron con el visto bueno de la Casa Rosada y fueron resultado de una negociación entre el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista. Hubo 36 en total, 30 de ellas en el gobierno de Menem, 5 en el de De la Rúa y una en el de Alfonsín. Desde 2001 el Congreso no resistió ningún veto presidencial.

Clave 13: El Congreso casi no ejerce controles sobre el Poder Ejecutivo

La función de control del Poder Ejecutivo es la que el Congreso peor ejerce. El fenómeno ya fue señalado por el politólogo Guillermo O’Donnell en los años 90, cuando advirtió sobre la falta de un monitoreo intrapoderes, la llamada accountability horizontal, en las democracias latinoamericanas. Para comprobarlo basta con analizar tres indicadores: los pedidos de informe por escrito, las interpelaciones de ministros en el recinto de alguna de las cámaras y el desempeño de las comisiones parlamentarias de control del gobierno. La efectividad de los pedidos de informes, una herramienta de los legisladores para obtener información del Poder Ejecutivo, alcanzó su pico en 2003 y 2004, cuando el gobierno respondió a un tercio de los requerimientos. Desde 2005 se registró un fuerte deterioro, que tuvo su máxima expresión en 2015, cuando el Congreso no aprobó ninguno de los 901 pedidos presentados, en su gran mayoría de la oposición.³² Desde 1983 el promedio de requerimientos presentados para su tratamiento en el Parlamento había sido de mil por año y los efectivamente respondidos por el Poder Ejecutivo rondaban en promedio el 20 por ciento.³³

El declive de las interpelaciones, recurso que le permite al Congreso hacer comparecer a un ministro para que brinde explicaciones en el recinto, fue todavía más marcado. Desde 1983, se presentaron en promedio unos 50 pedidos por año, con una concurrencia aceptable de funcionarios al Parlamento en los años 90. Pero desde 1997 en adelante el Congreso no volvió a interpelar a un ministro.³⁴ La comparecencia de funcionarios a las comisiones creció, eso sí, durante el gobierno de Macri, al igual que la frecuencia del informe de gestión del jefe de Gabinete, previsto de manera mensual desde la reforma de la Constitución, pero poco cumplido en las décadas anteriores. Con el show mediático garantizado, la efectividad de esos intercambios estuvo condicionada por la arbitrariedad en las reglas de juego del interrogatorio, sin posibilidad de repreguntas y con respuestas selectivas. “Los legisladores inician una buena cantidad de acciones de control sobre el Ejecutivo, especialmente pedidos de informes, no con la expectativa de que efectivamente lleguen a ser consideradas, sino para potenciar sus carreras políticas”,³⁵ sostiene Valeria Palanza, autora de varios trabajos sobre el tema. La deficiencia de esta función del Congreso se confirma al analizar el trabajo de las dos comisiones de control más importantes: la Comisión de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, encargada de supervisar a la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, a cargo de orientar el trabajo y aprobar los informes de la AGN, el principal órgano de control externo del Poder Ejecutivo. Son integradas por legisladores con experiencia, pero tienen en general una mayoría de legisladores oficialistas, más preocupados en proteger al gobierno que en ejercer la tarea para la que fueron designados. La Comisión de Fiscalización de Organismos de Inteligencia es una de las más improductivas del Congreso. Entre 2005 y 2009 emitió solo 12 dictámenes, mientras que entre 2010 y 2012 mantuvo la cuenta en cero.³⁶ En 2018 se reunió una sola vez, para designar sus autoridades, en línea con la cantidad de encuentros, siempre secretos, que había tenido los años anteriores. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas tiene reuniones con más frecuencia y emite buena cantidad de dictámenes, obligada a dar tratamiento a los informes de la AGN, que funciona de manera autónoma. La trampa reside en que la comisión funciona como filtro de los informes de auditoría, por lo que solo llegan al recinto los que tienen dictamen unánime, es decir, los que cuentan con el visto bueno del oficialismo. El funcionamiento de las dos comisiones no varió mucho cuando tuvo mayoría opositora, indica el politólogo Tomás Bieda, tras analizar el período 2009-2011, cuando el antikirchnerismo consiguió la mitad más uno de los integrantes. “Esto es explicado, según los actores involucrados, por la existencia de una lógica de la alternancia. La oposición no habría controlado, esperando encontrar una reciprocidad futura de no control, es decir, apostando a una inversión de oficialismo-oposición, en la que siendo oficialismo tampoco lo controlarán”, indica el autor.³⁷

Clave 14. La fragmentación de la representación política entorpece las funciones del Congreso

Las deficiencias en el control se explican también por la falta de una oposición homogénea. La fragmentación facilita las cosas al oficialismo, con más recursos para negociar, construir una mayoría y bloquear las aspiraciones de fiscalización. El debilitamiento de los grandes partidos políticos nacionales, la ruptura del sistema bipartidista que había marcado la primera década desde la recuperación democrática, se tradujo de manera directa en la Cámara de Diputados. Entre 1983 y 2017, la cantidad de bloques se multiplicó por cuatro. En 2018, 24 de los 33 bloques tenían menos de 5 integrantes y 17 de ellos, más de la mitad de las bancadas de la cámara, estaban conformados por un solo diputado. Además de debilitar el control, la fragmentación trastocó el funcionamiento de un ámbito clave: la Comisión de Labor Parlamentaria, encargada de establecer la agenda de las sesiones. Creada en 1962, tiene encuentros secretos y reservados para los bloques de tres diputados o más, pensados para que el oficialismo y la oposición negocien en igualdad de condiciones los temas por tratar. Pero en los últimos tiempos esas reuniones se volvieron “multitudinarias”, lo que dificultó los acuerdos y debilitó el trabajo de la comisión.

Clave 15: La polarización política cambió la dinámica del Congreso

En simultáneo con la fragmentación, el Poder Legislativo experimentó en los últimos años un fenómeno que modificó muchas de sus lógicas de funcionamiento. Desde 2010, el Congreso es otro. Ese año se plasmó por primera vez en la composición de las dos cámaras la polarización entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, nacida a mediados de 2008. No lo demuestran solo las fluctuaciones marcadas en la tasa de éxito legislativo del Poder Ejecutivo, que tocaron su techo y su piso históricos en las gestiones de Cristina Kirchner y Macri, sino también el crecimiento de las sesiones especiales y la disminución de las sesiones de tablas en la Cámara de Diputados y, en menor medida, en el Senado. Lo que parece un detalle formal marca, en realidad, el final de una etapa en la que primaba un modelo de consenso entre mayorías y minorías, y el inicio de otra, en la que la mayoría intenta (no siempre con éxito) quedarse con todo. A diferencia de las sesiones de tablas, aquellas en las que la agenda se define en la Comisión de Labor Parlamentaria y en las que suelen incluirse todos los proyectos con dictamen unánime de las comisiones, en las sesiones especiales solo se debaten los proyectos definidos por los diputados que convocaron a la sesión. Es decir, el que junta el quórum define la agenda y obliga al resto de los bloques a ser actores de reparto. De ahí también que se hayan multiplicado las “cuestiones de privilegio”, un recurso reglamentario creado para atender ofensas contra la cámara o contra alguno de sus miembros, y que las minorías terminan usando para poder hablar de temas que quedaron afuera de la agenda, lo que demora varias horas el inicio de los debates. Después de la formación en 2010 del denominado Grupo A —un conglomerado de bloques antikirchneristas en Diputados—, las sesiones especiales crecieron y en 2011, por primera vez desde 1983, superaron en cantidad a las de tablas. Lo llamativo es que el modelo mayoritario se mantuvo y hasta se profundizó durante el gobierno de Macri. En minoría, Cambiemos procuró acordar con el sector más dialoguista de la oposición para dejar sin margen de acción al kirchnerismo. La tendencia se mantuvo estable hasta 2018 y alcanzó su máxima expresión en 2017, cuando Diputados hizo diez sesiones especiales y ninguna sesión de tablas, algo que no había pasado nunca desde la recuperación democrática. Ese año, también por única vez desde 1983, el Senado tuvo más sesiones especiales que de tablas.

20. Mustapic, Ana María (1997), “El papel del Congreso en América Latina”, Contribuciones, n.º 4.

21. Ibid.

22. Cherny, Nicolás; Figueroa, Valentín y Scherlis, Gerardo (2018), “¿Quién nomina a los legisladores? La conformación de las listas de candidatos para la Cámara de Diputados en la Argentina”, Revista SAAP, vol. 12, n.º 2.

23. Según datos de la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación.

24. Bonvecchi, Alejandro y Mustapic, Ana María (2011), “El secreto eficiente del presidencialismo argentino”, en Manuel Alcántara Sáez y Mercedes García Montero (eds.), Algo más que presidentes: el papel del Poder Legislativo en América Latina, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico.

25. Cherny, Nicolás y Bonvecchi, Alejandro (2018), ¿Cambio o continuidad? La literatura sobre el Congreso argentino y su funcionamiento bajo el gobierno de Cambiemos, IV Encuentro del Grupo de Estudios Legislativos (GEL), Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Ciudad de México.

26. Calvo, Ernesto (2013), “El Congreso de la democracia: mayorías y consensos”, Revista SAAP, vol. 7, n.º 2, noviembre de 2013.

27. Op. cit., Cherny, Nicolás y Bonvecchi, Alejandro (2018), ¿Cambio o continuidad?

28. Según datos de la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación.

29. Jones, Mark; Saiegh, Sebastián; Spiller, Pablo y Tommasi, Mariano (2000), “Políticos profesionales-legisladores amateurs: el Congreso argentino en el siglo XX”, Documento 45, Buenos Aires, Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional.

30. Bonvecchi, Alejandro y Zelaznik, Javier (2012), “El impacto del decreto presidencial sobre el comportamiento legislativo”, Los legisladores en el Congreso argentino. Prácticas y estrategias, Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella.

31. Ibid.

32. Galván, Cecilia (2017), “El control parlamentario en la Argentina: evidencia de dos patrones”, El Congreso en foco. Reflexiones sobre su representatividad y dinámica, Buenos Aires, Fundación Konrad Adenauer.

33. Moscoso, Guido (2015), “Representar, legislar y controlar. El Poder Legislativo argentino a 30 años del regreso de la democracia”, Revista SAAP, vol. 9, n.º 1, mayo de 2015.

34. Ibid.

35. Palanza, Valeria (2006), “Delegación y control parlamentario en la Argentina”, El control parlamentario en Alemania, Argentina y Brasil, Mariana Llanos y Ana María Mustapic (comps.), Buenos Aires, Homo Sapiens Ediciones.

36. Bieda, Tomás (2015), “El control parlamentario en la Argentina”, PostData 20, n.º 1, abril/septiembre de 2015.

37. Ibid.

Agradecimientos

Escribir este libro no habría sido posible sin la ayuda de colegas, familiares y amigos, y de funcionarios y empleados del Congreso de la Nación. Carolina Ramos fue mucho más que una colaboradora eficiente: intervino en todas las etapas del proceso, se puso el proyecto al hombro, con profesionalismo y pasión. Silvia Itkin fue más que una editora, me llenó de confianza y atendió mis pedidos con sensibilidad. Muchas gracias a Mariana Verón, Hugo Alconada Mon, Paz Rodríguez Niell, Emiliano Sued y Martín Rodríguez Yebra, por orientarme, darme fuerza, regalarme ideas y hacer que los textos luzcan mejor. También a Rodrigo Néspolo, por la foto de la solapa.

Gracias a mis compañeros de la sala de periodistas de la Cámara de Diputados, por aportar datos y contactos y por hacer que ir a trabajar todos los días sea divertido, y a mis colegas del diario La Nación Laura Serra y Gustavo Ybarra, que me abrieron las puertas del Palacio. Fue muy importante, en especial en los momentos de naufragio, la colaboración de Fabricio Dietrich, Mario Fiore y Melisa Belver. También de Lula González, Fernanda Díaz Bancalari, Fabián Virtuani y Bárbara Delpech.

La recolección de datos se hizo más sencilla por la excelente predisposición de Clara Sporleder, de la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados; María Isabel Giménez Díaz y el equipo de la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso; Luciana Cañete, responsable de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Diputados; Marta Luchetta, prosecretaria parlamentaria de Diputados; Luciano Román y Matías Ortega, de la Dirección de Prensa de Diputados; Alejandro Santa, director de coordinación de la Biblioteca; Miguel Peñalba, coordinador general de la Imprenta; Matías Arregger e Ignacio Otero, asesores parlamentarios; María Ledezma, del PRIE, y Abel Ávila, de la Dirección de Seguridad del Senado. Gracias también a los amigos Rubén Strato y Víctor Plescia.

Las conversaciones con los politólogos María Paula Bertino, Marcelo Leiras y Andy Tow enriquecieron mi análisis y me ayudaron a escribir el capítulo “Cuánto poder tiene el Congreso”. Agustina De Luca y Mercedes de los Santos, de la Fundación Directorio Legislativo, hicieron un aporte fundamental para los capítulos “Un imperio en miniatura” y “El poder permanente”. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública y la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados brindaron los datos sobre la evolución del Producto Bruto Interno (PBI), que se consignan en el primer capítulo. Juan Trenado, del Archivo del diario La Nación, me dio una mano para los perfiles de Miguel Ángel Pichetto y Lilita Carrió.

De los maestros que tuve en la profesión, dos siempre me insistieron para que escribiera un libro. ¡Gracias, Cristian Alarcón y Jorge Fernández Díaz! También me empujaron a hacerlo Genaro Press y mis amigos Nicolás Soler, Martín Ataefe, Martín Postolski y Nicolás Marrari. ¡Muchas gracias! Levantarme todos los días a las 5:50 de la mañana hubiese resultado una tortura de no haber sido por la atención diligente de Ángel, Patricio y Alfredo, mozos del bar Sócrates, que hicieron que la mesa 7 se convirtiera en un escritorio de lujo. Agradezco también a Natalia Martínez Liss, por contenerme y ayudarme con profesionalismo y calidez.

Gracias a Los Pibes, mis amigos, y a las pibas de La Feliz, por interesarse en este proyecto y por organizar los brindis que vendrán. Muchas gracias a mi mamá, Graciela; a mis hermanos, Emiliano, Matías y Agustina; a mis cuñados y mis suegros, y a mis sobrinos, Franco, Iara, Mora, Santiago, Delfina y Francesca. Muy especialmente, gracias a mi papá, Moisés Sued.

Los secretos del Congreso es un pase VIP para recorrer los pasillos del Palacio, aprender su idioma y descifrar sus reglas. Para entender lo que pasa en la institución más importante de la República y, a la vez, una de las más desprestigiadas.

Con información precisa, este libro responde a preguntas siempre presentes en las oleadas de indignación popular: ¿Cuánto trabaja un legislador? ¿Cuánto le pagan? ¿Cuántos empleados tiene a su disposición? Con soporte académico, también intenta establecer cuánto poder tiene el Congreso.

Otros interrogantes guían el recorrido: ¿Qué artículos del reglamento se violan a diario? ¿Quiénes no hablaron nunca en el recinto ni presentaron proyectos de ley? ¿En qué consisten las negociaciones secretas para conseguir el quórum o para torcer el voto de un legislador?

A partir de la reconstrucción de hechos reales, Gabriel Sued nos muestra la trastienda de debates como la reforma del sistema previsional y la legalización del aborto. Este libro incluye además un retrato íntimo de las dos figuras más destacadas del Congreso en los últimos treinta años: Miguel Ángel Pichetto y Elisa Carrió. Dos caras muy distintas de la misma moneda. Un senador que hizo del Palacio su territorio político. Una diputada que construyó su poder mirando hacia afuera. Un senador que siempre fue oficialista, incluso cuando fue opositor. Una dirigente que siempre fue opositora, también cuando integró el oficialismo.

GABRIEL SUED

Nació en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de noviembre de 1978. Es periodista recibido en TEA y politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló toda su carrera gráfica en la sección Política del diario La Nación, donde ingresó en 2002. Desde 2009 es acreditado en el Congreso, tarea por la que ganó el Premio Parlamentario en 2014. Además, es autor de El soldado de Cristina, un perfil del secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, finalista del Premio de Crónicas La Voluntad. También es coautor de las series de crónicas Viaje al interior de la política (2011), Haciendo política (2012), Marca personal (2013) y Política extrema (2015). En 2016, ganó el Premio Adepa por su cobertura sobre la campaña electoral en la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2013 y 2015 dio clases de periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella, y entre 2015 y 2018 formó parte del ciclo radial Ahora es cuando (FM Blue). En 2017 fue coconductor del programa La gran batalla por LN+, señal en la que en la actualidad se desempeña como columnista político.

Foto: © Rodrigo Néspolo

Sued, Gabriel

Los secretos del Congreso / Gabriel Sued. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ediciones B, 2019.

(No Ficción)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-780-087-6

1. Investigación periodística. I. Título.

CDD 070.44

Foto de cubierta: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).

Edición en formato digital: septiembre de 2019

© 2019, Gabriel Sued

© 2019, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A.

Humberto I 555, Buenos Aires

www.megustaleer.com.ar

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ISBN 978-987-780-087-6

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